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DS. Senado, Pleno, núm. 115, de 17/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 115
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 17 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999. (Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 112, de fecha
14 de diciembre de 1998). (Fin del debate) (Núm. exp. S. 621/000112)
(Núm. exp. C.D. 121/000141).
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados
casos especiales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 114, de fecha
14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S. 621/000114) (Núm. exp. C.D.
121/000122)
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie II, número 111, de fecha 14 de diciembre de
1998). (Núm. exp. S. 621/000111) (Núm. exp. C.D. 121/000128)
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, Serie III-B, número 31, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm.
exp. S. 605/000007) (Núm. exp. C.D. 127/000007)
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
III-B, número 32, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Núm. exp. S.
605/000008) (Núm. exp. C.D. 127/000008)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999 (Fin del debate) (Página 5390)
Sección 21. Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende la enmienda número
659. El señor Román Clemente defiende las enmiendas números 1.694, de
veto, y 1.695 a 1.709, dando por defendida la número 110, de la señora
Costa Serra. Asimismo se da por defendida la enmienda número 187, del
señor Ferrer Roselló, y las números 485, de veto, y 486 a 495, del señor
Nieto Cicuéndez y la señora Costa Serra, del Grupo Mixto. El señor
Gangoiti Llaguno da por defendida la enmienda número 1.079, a esta
sección, y 1.081, a la Sección 26, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Rodríguez Rodríguez defiende las enmiendas números 931,
de veto, y 932 a 959, del Grupo Socialista. El señor Bernáldez Rodríguez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Rodríguez
Rodríguez, por el Grupo Socialista, y Bernáldez Rodríguez, por el Grupo
Popular.
Sección 22. Administraciones Públicas.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número
1.710, de veto, y da por defendidas las números 1.711 a 1.716. Se dan por
defendidas las restantes enmiendas del Grupo Mixto. El señor Gallego
cuesta defiende las enmiendas números 960, de veto, y 961, del Grupo
Socialista. El señor Garzarán García consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Gallego Cuesta, por el Grupo Socialista, y Garzarán García,
por el Grupo Popular.
Sección 23. Medio Ambiente.
El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende las enmiendas números
660 a 672. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
número 1.718, de veto, y da por defendidas las números 1.719 a 1.875. La
señora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 66 a 76. La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 113 a 119, 128 y 499 a 582, a esta sección, así como
las demás enmiendas presentas por ella misma y por el señor Nieto
Cicuéndez a las secciones que quedan por debatir. El señor Cambra i
Sánchez retira las enmiendas números 1.094 a 1.097, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende
las enmiendas números 962, de veto, y 963 a 1.002, del Grupo Socialista.
El señor Esteban Albert defiende la enmienda número 1.147, del Grupo
Popular. El señor Pascual Fernández-Layos consume un turno en contra. El
señor Aleu i Jornet consume otro turno en contra de la enmienda defendida
por el Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la
señora de Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, el señor Cambra i Sánchez,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Esteban Albert,
por el Grupo Popular.
Sección 25. Presidencia.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1.876 a 1.880. El señor López Carvajal defiende la enmienda
número 1.003, del Grupo Socialista. El señor Escuín Monfort consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Escuín Monfort, por el
Grupo Popular.
Sección 26. Sanidad y Consumo e Insalud.
El señor Blasco Nogués, del Grupo Popular, defiende las enmiendas números
673 a 677. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
número 1.881, de veto, y 1.882 a 1.895. El señor Zamorano Vázquez
defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 1.004, de impugnación
a la Sección 26, 1.027, de impugnación al Insalud, 1.005 y 1.028 a 1.031,
así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda del Grupo Popular número 1.155. El señor
Bellido Muñoz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Zamorano Vázquez, por el Grupo Socialista,
y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Sección 31. Gastos diversos Ministerios.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendida la enmienda
número 1.952. El señor Aleu i Jornet da por defendidas las enmiendas
números 1.006 a 1.009, del Grupo Socialista. El señor Cambra i Sánchez
defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió que postula la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda del Grupo Popular número 1.162. El señor Bueno
Fernández defiende las enmiendas números 1.157 a 1.161, del Grupo
Popular, al tiempo que consume un turno en contra de las demás enmiendas
defendidas con anterioridad. El señor Aleu i Jornet consume un turno en
contra de las enmiendas defendidas por el Grupo Popular. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista, y Bueno
Fernández, por el Grupo Popular.
Sección 34. Relaciones financieras con la C.E.
No ha sido objeto de enmiendas.
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendida la enmienda
número 1.967. El señor Acacio Collado consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Román Clemente, por
el Grupo Mixto.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1.965 y 1.966. La señora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto,
defiende las enmiendas números 60 y 62. El señor Acacio Collado consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el
señore Román Clemente, por el Grupo Mixto.
Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.
El señor Acacio Collado consume un turno en contra de la enmienda número
95, del Grupo Mixto, señor Armas Rodríguez. No se utiliza el turno de
portavoces.
Ente público RTVE.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1.977, de veto, y 1.968 a 1.972. El señor Agramunt font de Mora
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto.
Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
El señor Acacio Collado consume un turno en contra de las enmiendas
presentadas, que ya habían sido defendidas con anterioridad. No se
utiliza el turno de portavoces.
Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1.973 a 1.976. No se hace uso del turno en contra. No se utiliza
el turno de portavoces.
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).
No consumen turnos a favor de la enmienda presentada, en contra ni de
portavoces.
Anexo de Inversiones Reales.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendida la enmienda
1.964. No se hace uso del turno en contra. No se utiliza el turno de
portavoces.
Preámbulo.
No ha sido objeto de enmiendas.
Se procede a votar.
Sección 21.
Se rechaza la enmienda número 659, del Grupo Popular, por 8 votos a
favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1694, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 133 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.695, 1.698, 1.701, 1.707 y 1.708, del
Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 131 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.709, del Grupo Mixto, por 85 votos a
favor, 129 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Román
Clemente, por 89 votos a favor, 128 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 110, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
129 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 187, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
130 en contra y 89 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 485, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
133 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 486 y 487, del Grupo Mixto, por 6 votos
a favor, 130 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Nieto
Cicuéndez y señora Costa Serra, por 90 votos a favor, 129 en contra y 6
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 931, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 135 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 934 y 935, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 130 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de resolución en relación con la enmienda número
1.079, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 134 votos a
favor, 4 en contra y 87 abstenciones.
Se aprueba la Sección 21, con las modificaciones introducidas, por 130
votos a favor, 87 en contra y 6 abstenciones.
Sección 22.
Se rechaza la enmienda número 1.710, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 134 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.712, 1.714 y 1.716, del Grupo Mixto,
por 88 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.711, 1.713 y 1.715, del Grupo Mixto,
por 89 votos a favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor,
122 en contra y 87 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 112, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor,
130 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 496, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
130 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 497, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor,
133 en contra y 87 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 960, del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 131 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 961, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 128 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba la Sección 22 por 132 votos a favor, 91 en contra y 2
abstenciones.
Sección 23.
Se rechazan las enmiendas números 660, 661, 666, 668 y 672, del Grupo
Popular, por 9 votos a favor, 126 en contra y 90 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Popular, señores Fuster
Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García, por 92 votos a favor, 127 en
contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.718, del Grupo Mixto, por 85 votos a
favor, 133 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.779 y 1.784, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 130 en contra y 90 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.720, del Grupo Mixto, por 83 votos a
favor, 132 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.819 a 1.837, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 210 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.722, 1.740, 1.741, 1.746, 1.763,
1.778, 1.781 a 1.783, 1.798, 1.799, 1.802, 1.804, 1.813, 1.843, 1.845,
1.851, 1.857 y 1.858, del Grupo Mixto, por 90 votos a favor, 130 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 81 y 84, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 129 en contra y 90 abstenciones.
Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, señor Román Clemente,
por 4 votos a favor, 128 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 66 a 76, del Grupo Mixto, por 10 votos
a favor, 128 en contra y 87 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 113 a 119 y 128, del Grupo Mixto, por 6
votos a favor, 130 en contra y 89 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 183, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
134 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 184, 210, 211, 214 y 215, del Grupo
Mixto, por 89 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Ferrer
Roselló, por 7 votos a favor, 129 en contra y 88 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 498, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
130 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 500, 504, 512, 514, 516, 520, 540, 542,
546, 556, 562 y 577, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 129 en contra
y 8 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Nieto
Cicuéndez y señora Costa Serra, por 6 votos a favor, 131 en contra y 88
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4 a 17, del Grupo Mixto, por 9 votos a
favor, 130 en contra y 85 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 962, del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 133 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 970, 979 y 992, del Grupo Socialista,
por 91 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 963 y 978, del Grupo Socialista, por 90
votos a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 86 votos a
favor, 127 en contra y 9 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 1.147, del Grupo Popular, por 129 votos a
favor, 88 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 1.160 a la Sección 31, del Grupo Popular, por 136 votos a favor,
84 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba la Sección 23, por 131 votos a favor, 85 en contra y 6
abstenciones.
Sección 25.
Se rechaza la enmienda número 584, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
129 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.880, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 132 en contra y 86 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.876 y 1.877, del Grupo Mixto, por 88
votos a favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.003, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba la Sección 25 por 132 votos a favor, 86 en contra y 5
abstenciones.
Sección 26.
Se rechazan las enmiendas números 673 a 677, del Grupo Popular, por 6
votos a favor, 127 en contra y 91 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor,
121 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 120 a 122 y 124 a 127, del Grupo Mixto,
por 5 votos a favor, 130 en contra y 89 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 585, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor,
131 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 586 a 589, del Grupo Mixto, por 6 votos
a favor, 130 en contra y 88 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.881, del Grupo Mixto, por 89 votos a
favor, 133 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.882, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 213 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Román
Clemente, por 5 votos a favor, 129 en contra y 90 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.081, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 8 votos a favor, 122 en contra y 93 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.004, del Grupo Socialista, por 89 votos a
favor, 134 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.027, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 129 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.030 y 1.031, del Grupo Socialista,
por 90 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, así como la
vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda número 1.155 del Grupo Popular, por 87 votos a favor, 130 en
contra y 8 abstenciones.
Se aprueba la Sección 26 por 134 votos a favor, 87 en contra y 4
abstenciones.
Sección 31.
Se rechaza la enmienda número 1.952, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 125 en contra y 90 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió que postula la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 1.162 del Grupo Popular, por 96 votos a
favor, 122 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.006 a 1.009, del Grupo Socialista,
por 86 votos a favor, 128 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que postula la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda
número 1.162 del Grupo Popular, por 95 votos a favor, 119 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1.157 y 1.159, del Grupo Popular, por
128 votos a favor, 87 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueban dos propuestas de modificación en relación con las enmiendas
número 1.158 y 1.161, del Grupo Popular, por 134 votos a favor, 87 en
contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la Sección 31, con las modificaciones introducidas, por 132
votos a favor, 87 en contra y 4 abstenciones.
Sección 34. Se aprueba por 128 votos a favor, 88 en contra y 6
abstenciones.
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Se rechaza la enmienda número 1.967, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 128 en contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 807, 808 y 810, del Grupo Socialista,
por 88 votos a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al ente público Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias por 133 votos a favor, 87 en contra y 2
abstenciones.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Se rechaza la enmienda número 1.965, del Grupo Mixto, por 88 votos a
favor, 130 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1.966, del Grupo Mixto, por 5 votos a
favor, 129 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 60 y 62, del Grupo Mixto, por 11 votos
a favor, 129 en contra y 84 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 592, 593 y 594, del Grupo Mixto, por 6
votos a favor, 129 en contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 809, 811 y 812, del Grupo Socialista,
por 88 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por 132 votos a favor, 87 en contra y 3 abstenciones.
Ente público de la Red Técnica Española de Televisión.
Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
130 en contra y 89 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al ente público de la Red Técnica
Española de Televisión, por 134 votos a favor, 88 en contra y 3
abstenciones.
Ente público de RTVE.
Se rechaza la enmienda número 1.977, del Grupo Mixto, por 86 votos a
favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, señor Román Clemente,
por 6 votos a favor, 127 en contra y 89 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 241, del Grupo Mixto, por 91 votos a favor,
128 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo el ente público RTVE por 131 votos a
favor, 89 en contra y 4 abstenciones.
Entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
Se rechazan las enmiendas números 79 y 80, del Grupo Mixto, por 90 votos
a favor, 130 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 596, 597 y 598, del Grupo Mixto, por 90
votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 830, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 130 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo a la entidad pública empresarial Correos
y Telégrafos por 135 votos a favor, 85 en contra y 4 abstenciones.
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. (SEPI).
Se rechazan las enmiendas números 1.973 a 1.976, del Grupo Mixto, por 4
votos a favor, 130 en contra y 91 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por 128 votos a favor, 91 en contra y 3 abstenciones.
Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. (GIF).
Se rechaza la enmienda número 595, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor,
212 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al ente público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias por 133 votos a favor, 89 en contra y 3
abstenciones.
Anexo de Inversiones Reales.
Se rechaza la enmienda número 1.964, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 212 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al anexo de Inversiones Reales por 134
votos a favor, 87 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el dictamen relativo al resto de organismos, sociedades y
entes públicos por 135 votos a favor, 87 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba el preámbulo por 135 votos a favor, 87 en contra y 3
abstenciones.
Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6, 12 y 47, así como el Anexo I, por
134 votos a favor, 88 en contra y 3 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las 14 horas y 30 minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados
casos especiales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 5436)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Comienza el debate del veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1, al tiempo que defiende las enmiendas números 1 a 4, al
articulado. El señor Fernández Menéndez consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Capdevila i Bas,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Aguilar Belda,
por el Grupo Socialista, Fernández Menéndez, por el Grupo Popular.
Se rechaza el veto número 1, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 106
en contra y 3 abstenciones.
Se inicia el debate del articulado.
La señora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
número 5. El señor Albistur Marin defiende la enmienda número 6, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Aguilar Belda defiende
las enmiendas números 7 a 11, del Grupo Socialista. El señor Sanz Pérez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Albistur Marin,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Aguilar Belda, por el
Grupo Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular. Los señores Aguilar
Belda y Albistur Marin intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Mixto, por 92 votos a favor y
122 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 92 votos a
favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 93 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 7 a 11, del Grupo Socialista, por 91
votos a favor, 122 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el texto del dictamen por 123 votos a favor, 89 en contra y 2
abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial (Página 5449)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Marín Rite defiende las enmiendas números 4, 7 y 8, del Grupo
Socialista. La señora de España Moya consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto cicuéndez, por
el Grupo Mixto; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Prada Presa, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 4, 7 y 8, del Grupo Socialista, por 85
votos a favor, 119 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban varias propuestas de modificación por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 124 votos a favor y 84 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
(Página 5454)
El señor Espert Pérez-Caballero, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen relativo a la propuesta de reforma de los Estatutos de autonomía
del Principado de Asturias, Islas Baleares, Castilla y León y La Rioja.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
41 a 45. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 a 40. No se hace uso del turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; García Fernández, por
el Grupo Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular. Los
señores Román Clemente, Laborda Martín y Fernández Rozada intervienen de
nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 41 a 45, del Grupo Mixto, por 1 votos a
favor, 201 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2, 23 y 33, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 199 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Román
Clemente, por 4 votos a favor, 199 en contra y 3 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara la subsanación de un error en el
texto del artículo 10.
Se aprueba el texto del dictamen por 205 votos a favor y 2 en contra.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
(Página 5454)
No se produce debate de totalidad.
La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 60
a 77. El señor Román Clemente defiende las enmiendas números 1 a 57. El
señor Jaén Palacios consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora Costa Serra, por el Grupo Mixto, y los
señores Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Garcías Coll, por el Grupo Socialista, y Jaén Palacios, por el
Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 60, 65 y 67, del Grupo Mixto, por 10
votos a favor, 192 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 73 y 76, del Grupo Mixto, por 85 votos
a favor, 116 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto, señora Costa Serra,
por 8 votos a favor, 194 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 45 y 56, del Grupo Mixto, por 85 votos
a favor, 114 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto, señor Román Clemente,
por 3 votos a favor, 191 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 201 votos a favor y 2 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1999. (S. 621/000112) (C.D.
121/000141) (Continuación.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Buenos días, señorías. Se abre
la sesión.
Comenzamos con el debate de la Sección 21, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda número 659, de los
señores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y Estaún García, tiene la palabra
el Senador Blasco.
El señor BLASCO NOGUES: Gracias, señor Presidente. Buenos días.
La enmienda 659 tiene su origen en la negociación presupuestaria de 1997
entre el Partido Aragonés y el Partido Popular, en la que, entre otros
compromisos, figuraba una partida para la modernización y la creación de
nuevos regadíos en Aragón.
Desgraciadamente, este compromiso sigue pendiente, ya que no se llevó a
cabo en los presupuestos de 1997 ni en los de 1998, por lo que de nuevo
presentamos esta enmienda a los presupuestos generales del Estado para
que el Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Diputación
General de Aragón, impulse el regadío aragonés, un regadío que,
desgraciadamente, ve de nuevo cuestionado su futuro en el recientemente
presentado Libro Blanco del Agua.
Este es un tema que debatiremos en su momento, en el correspondiente
trámite parlamentario, limitándonos ahora a pedir el apoyo de sus
señorías --tanto de las presentes como de las ausentes-- (Risas.) a esta
partida económica para la potenciación del regadío aragonés.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Blasco.
El Senador Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
presentadas las enmiendas número 1.694 a 1.709.
Para su defensa, tiene su señoría la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
En cuanto a la enmienda número 1.694, consistente en una propuesta de
veto, la doy por defendida en los términos en que está expresada.
Por otro lado, me gustaría llamar la atención de sus señorías sobre la
enmienda número 1.695, que propone una pequeña cantidad para un grave
problema que existe en los caladeros de Garrucha, en Almería.
Asimismo, quiero destacar la enmienda número 1.698, referente a un plan
para el sector del olivar y del aceite de oliva. Ya conocen sus señorías
todos los problemas que este sector ha tenido.
En cuanto al resto de las enmiendas, las doy por defendidas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Enmienda número 110, del Grupo Parlamentario Mixto, originaria de la
Senadora Costa Serra. ¿Se puede dar por defendida, Senador Román?
(Asentimiento.)
Muchas gracias.
Igualmente, la enmienda del Senador Ferrer Roselló, del Grupo
Parlamentario Mixto, se da por defendida y se mantiene para su votación.
Asimismo, las enmiendas de los Senadores Nieto Cicuéndez y Costa Serra,
números 485 a 495, se mantienen vivas para su votación.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y para la
defensa de la enmienda 1.079, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas números 1.079 y
1.081, a la Sección 26, y se mantienen para votación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.
Enmienda de veto número 931 y enmiendas números 932 a 959, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, nosotros tenemos a esta Sección una enmienda
de veto y, además, dos enmiendas de impugnación a los Programas 714.A y
531.B.
Este es el tercer presupuesto que presenta el Gobierno del Partido
Popular para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que sólo
oscila respecto del de 1997 en 1.651 millones de pesetas --han oído bien,
1997--, porque la secuencia de los presupuestos de la señora De Palacio
ha sido 186.395 millones para 1997, 179.371 para 1998, con una reducción
del 4 por ciento, y 188.046 para 1999, lo que representa un 0,8 por
ciento de aumento respecto del de 1997, primer presupuesto del Partido
Popular, en un Ministerio que ya no tiene transferencias a las
Comunidades Autónomas y que en el año en el que estamos, 1998, fue el
único Ministerio inversor que descendió en los presupuestos generales del
Estado en términos nominales y en términos reales. Es evidente, pues, el
papel y el peso que el Gobierno del señor Aznar quiere darle al sector
agrario y pesquero en la economía
española: la pérdida para el año 1999 con respecto al producto interior
bruto es de un 5 por ciento.
¿Se puede decir, pese a esto, que con estos presupuestos se abordan los
problemas y necesidades globales o sectoriales de la agricultura española
en el último año del siglo XX? Nuestra respuesta rotunda es no. Vamos a
ver algunas de las cuestiones más significativas.
La ganadería. La señora De Palacio votó en Bruselas a favor de una cierta
renacionalización de las ayudas con la posibilidad de ayudas nacionales
al vacuno para afrontar las consecuencias de la crisis de las vacas
locas, y este sector en España sólo en este año ha tenido unas pérdidas
de 2.500 millones de pesetas. ¿Dónde están en los presupuestos las ayudas
nacionales fuera de las obligadas por la Política Agrícola Común? ¿Dónde
estuvieron en el año 1998 y ahora para 1999? Simplemente, no las hay.
Solamente en vacas nodrizas dejan de percibir más de 1.300 millones de
pesetas dentro de lo que permite la normativa comunitaria de financiación
nacional.
En el sector del porcino. Hemos tenido una peste porcina clásica con
bastante responsabilidad del Ministerio, sobre todo en la expansión de la
enfermedad por el territorio nacional, y se ha tenido que acudir al
crédito extraordinario. Ahora estamos sumidos en pleno hundimiento de los
mercados, de lo que si bien no es responsable el Gobierno, sí lo es de
actuar. ¿En qué partidas figuran fondos presupuestarios con carácter
específico para afrontar esta situación? Y es un sector que significa el
16 por ciento de nuestra producción final agraria, 50.000 empleos y 4.000
explotaciones. ¿Qué dinero se presupuesta para compensar la caída de
renta que en estos momentos es ya del 6 por ciento? En el presupuesto que
nos presenta el Ministerio, cero pesetas. En cambio, sí hemos leído esta
mañana que el señor Pujol arbitra una cantidad de 2.000 millones de
pesetas para su Comunidad Autónoma. A mí no me parece mal que lo haga el
señor Pujol, lo que me parece mal es que no lo haga el Ministerio y con
carácter general. Problablemente, en el futuro estos 2.000 millones de
pesetas del señor Pujol entrarán en el gasto del Ministerio porque él
buscará la forma para que sea financiación nacional.
En los cereales. Estamos teniendo años de abundantes lluvias y buenas
cosechas y, sin embargo, las rentas de los cerealistas están cayendo. Un
sector que representa el 8 por ciento de nuestra producción final agraria
está sufriendo una bajada de precios del orden del 17 por ciento, unos
65.000 millones de pesetas en términos monetarios, y, traducido en renta,
una pérdida del 1,5 por ciento. ¿Qué recursos presupuestarios figuran en
el presupuesto del MAPA destinados a que los cerealistas vean reducidos
los costes de producción en semillas, insumos, gasóleos, seguros,
etcétera? No los hay.
Los ragadíos. En un año en que ha de ponerse en marcha el plan nacional
de regadíos la fórmula utilizada por primera vez en los presupuestos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiste en acudir al
capítulo 8. A nosotros nos parece que esto es promover la privatización
del agua de riego por la puerta de atrás, y lo dije en Comisión. La
partida más importante en volumen económico de todo el presupuesto de
este Ministerio se destina al Capítulo 8. Se destinan 25.000 millones de
pesetas para adquisición de acciones y participaciones de entidades y
empresas para ejecución de infraestructuras y gestión del agua destinada
a riego.
Está claro que la finalidad no es otra que capitalizar a empresas
mercantiles, que van a controlar y gestionar el agua de riego. ¿Alguien
cree que los agricultores con menos capacidad económica van a poder
constituir estas empresas y no van a quedar a merced de esos nuevos
administradores del agua? Nuestra posición sobre el uso del agua de riego
está en total contradicción y contraposición con esta propuesta.
El sector lácteo. A la hora de debatir los presupuestos otros años
teníamos que hablar de las multas de la supertasa, pero esta vez no es
necesario. ¿Será que hemos conseguido el aumento de un millón de
toneladas como tiene prometido el Partido Popular? Ya nos gustaría a
todos, pero no hay nada nuevo, señorías. La única novedad que se contiene
en el presupuesto es un plan de reconversión, que se le denomina de
reordenación, que consiste en una reducción de la producción que en la
práctica se convierte en un plan de reconversión salvaje que abandona a
su suerte a las pequeñas y medianas explotaciones, porque no se
presupuestan recursos suficientes para el plan de calidad de la leche
pero sí se incentiva --y esto figura en los presupuestos-- el abandono de
la producción.
Hay otros sectores que, no teniendo reglamentos comunitarios tipo OCM, sí
tienen gran importancia social en nuestro país, sobre todo en algunas
zonas, y como ejemplo puedo citar lo que ocurre con la patata. Es un
sector que sufre crisis cíclicas, y con este presupuesto no se favorece
el potencial que tiene. No hay partidas presupuestarias para las
organizaciones de productores ni para los fondos operativos para la
comercialización; es decir, no hay una política de auténtica vertebración
de estos sectores y han de ser otras instituciones, por ejemplo, las
Diputaciones Provinciales --y esta mañana aquí hay personas
representativas de las mismas que conocen bien este tema--, que han de
acudir en ayuda de este sector ejerciendo un papel que no les corresponde
y que es competencia del Ministerio de Agricultura.
En otro ámbito similar como puede ser el de frutas y hortalizas, la
secuencia para los fondos operativos ha sido la siguiente: en el año 1997
eran 600 millones, 800 millones en 1998 y ahora ha sufrido una caída
porque suponen 300 millones de pesetas.
En resumen, señorías, la política agraria del Partido Popular a través de
los presupuestos, que es el aspecto más significativo, es un buen ejemplo
de la política neoliberal que está llevando a cabo este Gobierno, que
abandona a su suerte a los sectores más necesitados de ayuda y más
deprimidos.
En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
contemplan algunas partidas presupuestarias que tienen un sesgo
significativo y poco discutible a este respecto. Por ejemplo, ¿dónde
están los fondos prometidos por la señora Ministra para el olivar
marginal? En las comparecencias se nos dijo que en las medidas
agroambientales, pero ¿cómo es posible esto cuando baja este Capítulo?
¿Acaso pretenden atender, con menos recursos, compromisos que no existían
hasta esta campaña y mantener los que ya había? Hace unos días
manifestaba el Presidente del Parlamento Europeo, el señor Gil Robles,
que no se puede hacer más Europa con menos presupuesto. Señoras y señores
Senadores del Partido Popular, no se puede ayudar más al olivar con menos
dinero.
Otro ejemplo significativo lo constituyen las indemnizaciones
compensatorias de zonas desfavorecidas, las llamadas ICM. Se congelan en
el presupuesto y baja la ayuda, porque aumentan los beneficiarios, en
11.000 pesetas por beneficiario. La ayuda media pasa de 80.000 pesetas
para el año 1998 a 69.000 para el año 1999. Y esto no es todo, porque en
este capítulo como en el de la industrialización, otro que también baja,
se pierden importantes partidas de cofinanciación europea, hasta un 70
por ciento. Al no optimizar los recursos, España desperdicia fondos de la
Unión Europea y pierde importantes oportunidades con la disponibilidad de
ese dinero. Lo mimo sucede con la modernización de explotaciones, que es
otro capítulo que también baja.
Todo esto, en lugar de acercarnos a Europa, lo que hace es alejarnos. No
solamente estamos escandalosamente aislados en las negociaciones de la
PAC --y por eso la señora Ministra no quiere hablar de estos temas a la
Cámara y recientemente hemos tenido ocasión de comprobarlo en la Comisión
de Agricultura--, sino que con estos presupuestos nos alejamos de los
grandes objetivos que persigue precisamente la reforma de la política
agrícola comunitaria que no son otros que garantizar un nivel de vida
aceptable en el medio rural, la creación de empleo, la integración de los
objetivos medioambientales, la mejora de la competitividad y la calidad
de los alimentos. Con los déficit estructurales y sectoriales que estoy
señalando, está bien claro que el camino que llevamos no nos lleva
precisamente en esta dirección.
En plena reforma de la PAC, el Partido Popular nos presenta unos
presupuestos continuistas, sin ideas nuevas, sin apuestas o prioridades
que marquen referencia y, desde luego, sin crear no solamente ilusión,
sino sin estimular la esperanza o despejar incertidumbres. Los únicos
cambios que contiene este presupuesto afectan a su estructura; cambian
las denominaciones de los programas, se desglosan dos, pasando de 12 a
14, pero el contenido, en cuadros, cifras, programas específicos, es lo
de siempre, es exactamente el mismo que el del año pasado y el de años
anteriores. En el Congreso lo tildaron de operación cosmética; creo que
ni siquiera es esto, porque la cosmética por principio tiende a
embellecer; aquí es exactamente lo mismo de siempre; se parece más bien a
aquellos que compran un regalo y que piden que se les envuelva en una
caja muy grande o con muchos lacitos para que parezca más valioso; repito
que es exactamente lo mismo de siempre. Lo más llamativo es que los
mismos que los confeccionaron ya nos anunciaron en la Comisión que no les
gusta y que el año que viene lo volverán a cambiar; es decir, a ellos
mismos parece ser que no les satisface.
Este es un presupuesto cuya nueva presentación está orientada a la
propaganda, la foto y el engaño, orientación que preside y caracteriza la
gestión de la señora Loyola de Palacio.
A nosotros no nos importa tanto la presentación externa cuanto el
contenido interno del propio presupuesto. Los presupuestos han de
responder a unos objetivos básicos de política agraria que, en nuestra
opinión, no pueden ser otros que la mejora de la renta de los
agricultores y el desarrollo de un sector agroalimentario eficaz y
competitivo que contribuya al mantenimiento del sector y al equilibrio de
nuestra balanza de pagos. Ello pasa fundamentalmente por incentivar
programas de apoyo dirigidos a impulsar la viabilidad de las
explotaciones agrarias, el desarrollo del asociacionismo y el
cooperativismo y la modernización de la agroindustria.
Por eso, en coherencia con todo lo que he señalado, aparte del veto,
presentamos 26 enmiendas parciales que totalizan 35.105 millones de
pesetas, que es el incremento que matemáticamente produce en el gasto la
cantidad que nosotros estimamos necesaria para corregir el retroceso del
peso del sector agrario respecto del producto interior bruto en la
economía española.
Estas enmiendas, resumidamente, las agrupo en 9 apartados que son:
reducción de costes, 2.500 millones de pesetas; mejora de la organización
productiva, pensando sobre todo en la ganadería y en el porcino, 2.100
millones de pesetas; regadíos, 25 millones de pesetas pero no en el
capítulo 8, sino en el 6, para inversión nueva y para mejoras de
regadíos; para asociaciones y organizaciones de productores, 1.200
millones; para modernización de explotaciones, que es fundamental para la
competitividad de nuestra agricultura, 1.200 millones; para
investigación, mejora de la calidad y fomento de la industrialización
agroalimentaria, 1.500 millones; para indemnizaciones compensatorias de
montaña, 1.000 millones; para formación de capital humano, 500 millones,
y para apoyo al sector pesquero, 1.100 millones de pesetas. Por cierto,
que la cantidad más importante destinada a este sector, nosotros la
apuntamos en el capítulo de renovación de la flota, que también baja en
el presupuesto. Pensamos que no se puede bajar la guardia en esto cuando
aún surgen acontecimientos luctuosos --y tenía previsto decir esto antes
de leer la prensa de esta mañana-- que ponen en evidencia las necesidades
del sector en el aspecto de renovación y modernización de nuestra flota.
Señoras y señores Senadores del Grupo que soporta al Gobierno, no es nada
frecuente que en estos trámites se acepten las propuestas de la
oposición, estén éstas muy bien fundamentadas, bien fundamentadas o no
tan bien fundamentadas. Pero la excepción confirma la regla en cualquier
norma. Harían ustedes un buen servicio a la agricultura y al país
aceptando nuestras enmiendas para mejorar este presupuesto, y harían
Historia. Como no la harán es si aprueban estos presupuestos tal y como
vienen, ni harán Historia en el momento de aprobarlos, ni con su gestión
posterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bernáldez, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi Grupo para rechazar las enmiendas de veto así
como aquellas que han sido presentadas a la Sección 21, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En su enmienda 485, a la totalidad de la sección, el Grupo Parlamentario
Mixto plantea una serie de problemas tales como el crecimiento armónico
de los diversos modelos de producción, el relevo generacional, la
modernización de las estructuras, las explotaciones en zonas
desfavorecidas, la erradicación de la peste porcina, etcétera. Debo decir
que todas estas materias tienen un especial tratamiento y consideración
en el presupuesto del Ministerio de Agricultura para 1999, de forma que,
a lo largo de este próximo ejercicio, se irán resolviendo lo más
aceleradamente posible los problemas que tiene planteados el sector
agrario. Precisamente el presupuesto para 1999 se ha elaborado mediante
un nuevo enfoque que pretende alcanzar los objetivos básicos del
Departamento como son, en primer lugar, conseguir un sistema
agroalimentario eficaz y competitivo, siempre respetuoso con el medio
ambiente, y promover el desarrollo del medio rural a través de la
diversificación de la economía. Para estos fines se ha ordenado, regulado
y dotado, con carácter prioritario, todo un conjunto de actuaciones sobre
la investigación, los regadíos, el desarrollo rural, la innovación
tecnológica, el relevo generacional, la mejora de la calidad de la
producción, el fomento de la organización productiva, el fomento del
aseguramiento, etcétera. Por lo tanto, este conjunto de actuaciones
resuelve los problemas que fundamentan la enmienda de veto del Grupo
Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de impugnación,
la 931, así como otra al Programa 714A y otra al Programa 531B, plan
nacional de regadíos. Debatiré estas enmiendas de manera conjunta.
Dicen ustedes que el presupuesto no tiene carácter expansivo.
Evidentemente, los Presupuestos Generales del Estado priorizan
determinadas líneas. No obstante, el crecimiento de los recursos
asignados al Ministerio de Agricultura es superior a la media. Fíjense
ustedes: los gastos no financieros crecen un 4,7 por ciento, y si
incluimos los activos financieros, el crecimiento es del 18,6 por ciento.
Por lo tanto, señor Senador Rodríguez Rodríguez, no coincidimos con la
cifra que usted daba de un decrecimiento del 5 y pico por ciento.
Por otra parte, la distribución de dotaciones destinadas a ciertas líneas
de actuación que ya han cumplido sus objetivos permite reciclar cerca de
21.000 millones de pesetas en el marco de la envolvente presupuestaria de
este Departamento. Todo ello pone de manifiesto una fuerte apuesta del
Gobierno por los sectores agrario, pesquero y alimentario, sin que, por
tanto, haya perdido importancia el conjunto agroalimentario respecto al
resto de los sectores, sino todo lo contrario, ya que el crecimiento real
de las disponibilidades se situaría en un 30 por ciento.
Me resulta ciertamente extraño, señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, su afirmación de que no están suficientemente dotadas las
partidas que han de poner en marcha el plan nacional de regadíos. Mire,
Senador Rodríguez, precisamente el Programa 531.B, que trata sobre el
plan nacional de regadíos, tiene una dotación de 38.684 millones de
pesetas frente a los 9.147 millones de pesetas que tenía en el
presupuesto de 1998.
Estos recursos, la inversión real y directa del Estado, aumentan en un 50
por ciento, dando un especial impulso a los regadíos que se encuentran en
ejecución, para los cuales las dotaciones crecen en un 80 por ciento.
El plan nacional de regadíos es el programa donde el Ministerio de
Agricultura ha hecho un mayor esfuerzo tanto presupuestario como
potenciando otras fórmulas de financiación que permitan dar un fuerte
empuje al desarrollo definitivo de este programa básico para las
estructuras del sector agrario.
Dicen también ustedes en su enmienda de veto que no se optimizan los
recursos orientados a las partidas cofinanciadas por la Unión Europea. Le
voy a dar un dato. El 84,6 por ciento de los recursos consolidados,
capítulos 6 y 7, se destina precisamente a financiar líneas que después
van a ser cofinanciadas, de manera que los 100.000 millones que invierte
el Ministerio serán cofinanciados a través de reembolsos o de ayudas
directas con 180.000 millones de pesetas. Es decir, existe una
cofinanciación de 1,8 a uno o, lo que es lo mismo, por cada 2,8 pesetas
de inversión cofinanciada una peseta corresponde al Ministerio de
Agricultura y 1,8 pesetas a retornos de la Unión Europea. Entendemos, por
lo tanto, que la relación de cofinanciación es adecuada.
No se coordinan --éste es otro de sus argumentos-- ni se intensifican las
medidas orientadas a la sanidad animal, peste porcina clásica,
encefalopatía bovina, etcétera. Debo decirle que las catástrofes
sanitarias no pueden quedar presupuestadas ya que no se puede prever su
aparición, ni su virulencia, ni su expansión. Pero debo decirle también
que las enfermedades de origen animal, tales como la PPC, la EEB, la
tuberculosis, la brucelosis, la leucosis, etcétera, están debidamente
dotadas en este presupuesto.
El Estado no tiene competencias en sanidad animal. Fueron competencias
transferidas a las Comunidades Autónomas en su momento. El Estado no
puede, para ser consecuentes con lo anterior, presupuestar en materia de
sanidad, puesto que no es de su competencia. No obstante, el presupuesto
sigue muy atento a las necesidades que demandan tanto la sanidad vegetal
como la sanidad animal, y prueba de ello es que los recursos operativos
asignados a esta línea de actuación tienen un nivel de crecimiento del 17
por ciento.
En cuanto a la regulación del mercado por parte de las asociaciones de
productores agrarios, debo decir que continúan aplicándose fuertes
recursos en el presupuesto para
1999 que ascienden a 5.585 millones de pesetas. No podemos compartir con
ustedes, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, su opinión de
que no se apuesta por la modernización de las explotaciones ni en materia
de estructuras ni para la profesionalización de activos agrarios,
renovación generacional o acceso a la propiedad agraria. Se mantienen las
dotaciones en modernización de estructuras. Este crecimiento se ve,
además, potenciado por el fuerte descenso de los tipos de interés, que
permitirá amplificar notablemente el marco de ayudas destinadas a este
fin. Se mantienen también los recursos destinados a la formación
profesional y se incrementan fuertemente los destinados a la
diversificación de la economía rural que para la parte formativa captan
adicionalmente cerca de 2.300 millones del Fondo Social Europeo.
El cese anticipado --línea básica y fundamental para promover el relevo
generacional-- está incluido entre las medidas de acompañamiento de la
PAC que cofinancia el FEOGA-Garantía y al cual se ha dado un fuerte
impulso en el presupuesto de 1999.
Las medidas agroambientales, la forestación de tierras agrícolas y la
diversificación de actividades del medio rural cuentan con una fuerte
dotación en el presupuesto de 1999. La diversificación de la economía
rural crece. Ya que usted quería comparar las oscilaciones de este
presupuesto con el anterior, le diré que la diversificación de la
economía rural sube un 123,5 por ciento; las medidas agroambientales
suben un 77,5 por ciento; la forestación de tierras agrícolas sufre un
incremento del 23,9 por ciento. En definitiva, estas dotaciones
corresponden a la aportación estatal, pero además hay que tener en cuenta
que estas aportaciones generan adicionalmente fondos comunitarios en
cantidades importantes como son, por ejemplo, las siguientes:
provenientes del FEOGA-Garantía, 44.390 millones de pesetas, procedentes
del FEOGA-Orientación, 6.992 millones de pesetas, y procedentes del Fondo
Social Europeo, 1.216 millones de pesetas. En total, 52.600 millones de
pesetas.
En cuanto a que el presupuesto no atiende a la modernización y
vertebración del sector industrial y comercial agroalimentario, nuestro
Grupo no está de acuerdo con su afirmación, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Además, tengo que decirle que el fomento de
industrialización agroalimentaria viene siendo un eje básico de la
política agraria de este Gobierno, y a este sector agroalimentario se le
vienen dedicando precisamente cantidades importantes de recursos que
derivan incluso de antiguas disposiciones, que usted recordará, como el
Real Decreto 1462/1986, cuyos compromisos --se lo recuerdo-- todavía
están pendientes de ser atendidos en su totalidad debido a los errores de
la Administración anterior y a la falta de recursos. Y usted sabe de qué
estoy hablando, Senador Rodríguez Rodríguez.
Es muy posible que en el último trimestre del presente ejercicio queden
todos los compromisos atendidos y, desde luego, le insisto en que es
propósito de este Gobierno y del Ministerio de Agricultura dar un impulso
a la industrialización normalizada en el vigente marco comunitario de
apoyo. Y como prueba de ello puedo decirle, por ejemplo, que el balance
de la industria agroalimentaria en el primer semestre de 1998 ha sido
totalmente satisfactorio. Fíjese, señoría, cerca de 400.000 ocupados,
cifra récord de empleo en la industria agroalimentaria.
Dentro de la tónica general de expansión que atraviesa la economía
española, la industria agroalimentaria ha demostrado en el primer
semestre de 1998 un comportamiento excelente, registrándose avances
importantes en sus indicadores macroeconómicos entre los que destacan,
como le he dicho anteriormente, la cifra récord en relación con el número
de empleos alcanzados en este sector.
Gracias a la reducción de la inflación y a la capacidad demostrada de la
industria agroalimentaria, ambas características han permitido a nuestras
empresas ganar competitividad en el exterior y darle la vuelta a la
balanza comercial. Si 1997 fue el año de despegue, 1998 apunta a ser el
año de la consolidación de ese crecimiento, ya que el mismo se está
traduciendo en la creación de empleo. El número de personas ocupadas en
la industria agroalimentaria en el segundo semestre de este año alcanzó
su récord con una cifra de cerca de 400.000 empleos. Durante ese período
se registró un incremento de trabajadores en esta rama de actividad de
33.000, lo que representa un aumento del 8,9 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Bernáldez, ha
sobrepasado su tiempo. Le ruego concluya.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Ya acabo, señor Presidente.
Y, en fin, podríamos seguir dando uno por uno argumentos suficientes para
rechazar las enmiendas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios.
Si quiere su señoría, después insistiré brevemente en la privatización
del agua, pero esté tranquilo, Senador Rodríguez, porque los 25.000
millones de pesetas que figuran en el capítulo 8 no van a dedicarse
precisamente a la privatización del agua. La propia Ley de Aguas
establece que es un bien público y, desde luego, este presupuesto no
pretende su privatización, todo lo contrario, sino actuar impulsando las
medidas de modernización de regadíos y consolidación de los ya
existentes.
Señor Presidente, termino ya diciendo que, en definitiva, éste es un
presupuesto austero en el que la contención de los gastos corrientes de
funcionamiento corresponde a los criterios de disciplina presupuestaria y
reducción del déficit público, exigencia ineludible del proceso de
convergencia que creo que ustedes compartirán con nuestro Grupo. Es un
presupuesto solidario con el resto de los sectores económicos y
fundamentalmente con los sectores agrario, pesquero y agroalimentario. Es
un presupuesto inversor; las inversiones en infraestructuras productivas
agrarias y pesqueras aumentan considerablemente. Es un presupuesto que
desarrolla nuevos proyectos de investigación. Es un presupuesto social y
económicamente activo que contempla la rentabilidad de los proyectos a
medio y largo plazo. Es un presupuesto que utiliza la técnica adecuada
para captar fondos de la Unión Europea, como he dicho anteriormente. Es
un presupuesto, en resumen, en el que el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
demuestra que se puede invertir más y mejor sin necesidad de gastar menos
puesto que, en definitiva, se trata de gastar mejor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bernáldez.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Seré breve. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha tenido
oportunidad de entrar a debatir algunas de las enmiendas, por lo que
simplemente voy a recordar los argumentos expuestos para rechazar algunas
de ellas. Me estoy refiriendo en concreto a las dos enmiendas que he
citado, que proponen pequeñas ayudas para los caladeros en Garrucha,
Almería, y para el olivar. No obstante, si estima oportuno entrar en la
consideración de algunas otras enmiendas, podremos atender a las razones
por las que se rechazan.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no haga mucho caso de los
papeles que le presenta el Ministerio porque le engañan a usted, y
engañándole a usted intentan engañarnos a todos nosotros.
Ha hecho usted el cálculo del crecimiento del presupuesto incluyendo los
25.000 millones del capítulo 8, y usted sabe --porque estaba presente--
que los representantes del Ministerio en las comparecencias señalaron que
esa cifra no tenía por qué ser una cantidad de gasto nacional, puesto que
lo iba a pagar Europa. Una de dos, o es gasto de presupuesto o lo paga
Europa.
Por lo tanto, no se pueden hacer los cálculos en esos términos, como
tampoco se puede hablar del billón 100.000 millones de pesetas que gasta
el Ministerio teniendo en cuenta el FEOGA. Lo manifestó usted en Comisión
--hoy no lo ha citado-- y lo dice la señora Ministra en la prensa. Usted
sabe, igual que yo, que ese billón es como si pone 30 billones, porque
las estimaciones del FEOGA son ayudas directas que están en función del
número de cabezas, de la superficie cultivada, etcétera, y no se conocen
más que a presupuesto vencido.
La realidad sobre el gasto del presupuesto, señor portavoz, es la que
manifestó la señora Ministra en su presentación en el Congreso de los
Diputados; es decir, descontando el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que se
destina a la agricultura y a la pesca española son 124.813 millones de
pesetas. Esa es la realidad del esfuerzo nacional para el sector
agroindustrial español. Y, señor portavoz, se da la circunstancia de que
esta cifra coincide exactamente con la cantidad que paga el Gobierno como
sobresueldos a los altos cargos. Esa es la mejor comparación que se puede
hacer.
Respecto a los regadíos, señala usted que aumentan y que se destina la
cantidad suficiente. Yo utilizo las mismas cifras que da el Gobierno y
que figuran en el Libro Rojo. Así para el año 1999 no se cumplen las
previsiones establecidas para el año 1998. En concreto, se reduce la
programación plurianual. Para el año 1999 figuran 10.561 millones de
pesetas para nuevos regadíos y, en cambio, la cantidad que ahora nos
presentan son 8.379 millones, cuando se va a poner en ejecución el plan
nacional de regadíos. En mejora de regadíos, en la programación
plurianual para 1999 figuraban 8.643 y la cantidad que ahora se
presupuesta son 4.854, es decir, el 50 por ciento. Por lo tanto, en esta
materia hay poca discusión.
Pero, además, me habla usted de los capítulos 6 y 7, y se lo agradezco
porque me viene muy bien para poder argumentar. El capítulo 7, que son
transferencias de capital, constituidas en su mayoría por ayudas a las
explotaciones agrarias, a las empresas agroalimentarias para mejoras
estructurales, se congelan en términos reales, ya que nominalmente lo que
aumentan es el 1,7 por ciento. Para modernización, me sirve lo que
manifestó el señor Díaz Eimil, crecen un 3 por ciento. Si según sus
estimaciones el presupuesto crece un 4,7, está claro que descienden las
partidas de modernización.
En instalaciones para jóvenes, qué quiere que le diga, se congela la
cantidad y aumentan los beneficiarios.
En lo relativo a las medidas agroambientales, señor portavoz, yo utilizo
su propia documentación. En el Libro Rojo que tengo en la mano, en la
página 348 dice: medidas agroambientales. Presupuesto 1998: 15.000
millones. Presupuesto 1999: 11.760 millones.
En relación con la industria, la cantidad que presupuestan ni siquiera
llega a alcanzar las cifras de los gobiernos socialistas de hace tres,
cuatro y cinco años, y no es competencia autonómica. Por lo tanto, si
tenemos en cuenta la inflación, equivale a una reducción clara.
En resumen, señor Presidente, y para no extenderme, siguiendo las
indicaciones de los señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular que
me están pidiendo brevedad, quiero decirle que estos presupuestos es otra
oportunidad desaprovechada. Lo que tendríamos que hacer es realmente
apostar por la modernización de estructuras, propiciar el relevo
generacional, fomentar el asociacionismo y el cooperativismo --aquí se
congelan las cantidades--, impulsar la industria de transformación y
aprovechar la situación para impulsar una política de costes y mercados
que asegure un auténtico y mejor nivel de renta de los productores del
sector agropecuario y agroindustrial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Rodríguez, vuelvo a decirle que el Plan Nacional de Regadíos,
Programa 531B, es uno de los programas estrella de este presupuesto. En
regadíos en ejecución hay una partida de 6.600 millones de pesetas,
frente a los 3.700 de 1998, es decir, hay una variación del 80 por
ciento. Así podríamos continuar con el seguimiento y actualización del
Plan Nacional de Regadíos y otras líneas de actuación de este programa,
que tienen un incremento de un 48 por ciento. No estoy de acuerdo con
usted en que esos 25.000 millones de pesetas del capítulo 8 no puedan ser
adicionales aquí. Según un informe de expertos, esos 25.000 millones de
pesetas del Capítulo 8 pueden adicionarse perfectamente al Plan Nacional
de Regadíos, con lo cual este plan tendría una dotación presupuestaria de
38.000 millones de pesetas, es decir --fíjense en la cifra-- un 330 por
ciento superior a las dotaciones existentes para 1998; eso, sin contar la
financiación adicional que pueden generar esos 25.000 millones de
pesetas, puesto que deberán ir acompañados por otras inversiones de la
misma suma a cargo de las empresas privadas, insisto una vez más, no para
privatizar el uso del agua, sino precisamente para impulsar la
consolidación y transformación de los regadíos existentes. Por tanto,
junto con estos 25.000 millones de pesetas puede haber otra cantidad
adicional, con lo cual tendríamos en total 50.000 millones de pesetas
para promover obras de consolidación de regadíos. Insisto, la finalidad
de la inversión es sencillamente usar agua y promover obras de regadío.
Las grandes líneas ya se las he expuesto anteriormente, señor portavoz.
Estos presupuestos tienen un incremento muy importante en investigación,
un 17 por ciento más que en 1998. Las actuaciones sobre el territorio se
ejecutan a través de los dos programas a los que me he referido antes:
regadíos y desarrollo rural, que tienen un importante incremento. La
tercera línea de actuación es la de las explotaciones, que se concretan
en dos programas, el 713B y el 713C, y en ella el conjunto de créditos
alcanza la cantidad de 32.000 millones de pesetas, por tanto está
suficientemente dotada. Lo mismo podemos decir de las producciones
ganaderas.
En cuanto a la mejora y comercialización de las producciones agrarias,
creo que he sido suficientemente explícito desde la tribuna. La industria
agroalimentaria sigue estando bien tratada por parte de este Gobierno.
Respecto a las actuaciones en el sector pesquero, el incremento en
relación al presente ejercicio --véase el presupuesto, Senador
Rodríguez-- es del orden del 80 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Bernáldez, vaya
terminando, por favor.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, me ratifico en que este presupuesto, además de ser austero y
solidario, es un presupuesto inversor, es un presupuesto social y
económicamente bien dotado y, desde luego, es un presupuesto que sirve
para modernizar y preparar al sector agrario, alimentario y pesquero para
los retos derivados de la Agenda 2000.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bernáldez.
Terminado el debate de la Sección 21, pasamos a debatir la Sección 22.
Ministerio de Administraciones Públicas.
A esta sección se ha presentado una enmienda de veto, la 1.710, y las
enmiendas números 1.711 a 1.716 del Senador Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender la propuesta de veto a la Sección 22 Ministerio de
Administraciones Públicas. También daré por defendidas el resto de las
enmiendas que hemos presentado a esta sección.
Señorías, cuando formulamos la propuesta de veto, analizábamos, como
hemos hecho en el transcurso de este debate, la política salarial que el
Gobierno tiene respecto a los empleados públicos.
El Gobierno incluye un incremento global de las retribuciones íntegras
del personal al servicio del sector público del 1,8 por ciento, que es
igual a la previsión de inflación con carácter de máximo. Pero, señorías,
esta propuesta, desde nuestro punto de vista, no tiene en cuenta
determinadas cuestiones. La primera es la pérdida de poder adquisitivo
para los empleados públicos en los últimos seis años, que ha supuesto, al
entender de Izquierda Unida, un 9,9 por ciento respecto al IPC, así como
la mejora de la productividad del empleo público en el mismo período. Por
otra parte, tampoco ha tenido en cuenta la evolución de los salarios del
conjunto del país, que ha supuesto un diferencial de un 11,1 por ciento
sobre los salarios de los empleados públicos en el citado período.
Izquierda Unida considera que el planteamiento lógico hubiera sido la
elaboración por parte del Gobierno de un plan de actualización salarial
para el sector público que contemple los aspectos antes enumerados, que
supondría para 1999 una recuperación del poder adquisitivo del 2 por
ciento que, unido a la previsión de inflación, daría un incremento global
del 3,8 por ciento.
Para el personal dependiente de la Administración General del Estado y
teniendo en consideración la falta de homogeneidad en la pérdida de poder
adquisitivo en los distintos colectivos de empleados públicos, se
deberían haber adoptado las siguientes medidas: Incremento del 2,8 por
ciento de las retribuciones íntegras de todos los empleados públicos; y,
con el 1 por ciento restante establecer un fondo que tenga carácter
consolidable, para adecuar las retribuciones de los colectivos más
afectados por la pérdida de poder adquisitivo, fondo que tendría un
montante que hemos cifrado en torno a 19.200 millones de pesetas.
Ya recordaba antes --e insistiré en el transcurso de este debate-- que el
proyecto carece de una cláusula de revisión
salarial para todo el sector público, con carácter consolidable, si el
incremento del IPC fuera superior al 1,8 por ciento previsto.
Frente al ajuste preconizado por el Gobierno para las retribuciones
globales del sector público, el proyecto de presupuestos abre la
posibilidad de incrementar los fondos destinados a productividad y
gratificaciones, que se otorgan de forma arbitraria --así lo entendemos,
y quiero explicarlo con total tranquilidad-- por los directores de
unidades orgánicas y que tradicionalmente favorecen a los altos cargos y
capas directivas de la Administración. Hemos cifrado que esto puede
suponer más de un 20 por ciento de sus retribuciones. Nosotros proponemos
otra política diferente a seguir, que debería haber sido limitador
taxativamente que los fondos de productividad y gratificaciones no
superen el incremento del 2,8 por ciento, y sobre todo fijar criterios
objetivos de carácter general para la asignación de dichos conceptos,
negociando --como no podía ser de otra forma-- con los sindicatos, y con
el correspondiente control parlamentario. Estos criterios objetivos
deberían tener en cuenta el especial rendimiento, la actividad y
dedicación extraordinaria y la iniciativa en el desempeño del puesto de
trabajo, evitando la vinculación al nivel del puesto de trabajo. En la
misma línea habría que plantear eliminar la posibilidad de que los altos
cargos tengan productividad, al ser este concepto inadecuado para la
condición de alto cargo. Sin duda, su eliminación implicaría una
adecuación de los complementos de destino y específico para garantizar
unos salarios racionales.
Otra de las razones por la que rechazamos esta sección es porque el
proyecto de presupuestos mantiene la tendencia a la eliminación acelerada
--no a la creación-- de empleo público, al establecer que el número de
plazas de nuevo ingreso sea inferior al 25 por ciento de la tasa de
reposición de efectivos, con la excepción de las Fuerzas Armadas, que
están en período de profesionalización, y del personal de la
Administración de Justicia. Esta medida para Izquierda Unida significa
acentuar la tendencia en contra de la creación de empleo y va a provocar
una mayor ineficacia de las Administraciones, especialmente en servicios
esenciales, que necesitan mayores recursos humanos: sanidad, enseñanza,
Seguridad Social, organismos públicos de investigación, servicios
medioambientales y un largo etcétera.
Las actuaciones deberían haberse orientado hacia el mantenimiento del
empleo público --y hemos presentado enmiendas en este sentido que sus
señorías han rechazado a lo largo de toda esta tramitación--,
estableciendo un número de plazas de nuevo ingreso igual al cien por cien
de la tasa de reposición de efectivos; que los nuevos ingresos se
concentraran en los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o afecten al funcionamiento de servicios públicos
esenciales; transformando empleo precario o temporal que realice
funciones permanentes en empleo fijo (hasta el momento la no cobertura de
las vacantes obliga a la temporalidad, a la precarización en el empleo);
estableciendo un período máximo de seis meses para que las distintas
Administraciones elaboren planes de ordenación y desarrollo de recursos
humanos, donde se analicen las necesidades reales del personal, se
establezcan los mecanismos para reasignar los efectivos y se planifiquen
las necesarias ofertas de empleo público.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Román, vaya concluyendo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Concluyo, señor Presidente.
Del contenido y desarrollo de estos planes se dará información al
Parlamento. Asimismo, solicitamos que se adopten medidas para la
disminución de la jornada en las Administraciones Públicas a 35 horas,
eliminando horas extraordinarias, a excepción de las causadas por fuerza
mayor.
Por último, no entendemos cómo las retribuciones para 1997 de altos
cargos institucionales (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal
Constitucional y Tribunal de Cuentas) se incrementan sorprendentemente,
en una clara contradicción con la política de austeridad y recortes en
otros conceptos, en una media de un 40 por ciento, estableciéndose
cuantías entre 16 y 20 millones de pesetas anuales, muy superiores
incluso a las retribuciones del Presidente del Gobierno, que son 12,5
millones de pesetas al año; una clara contradicción.
Por todo ello, señorías, hemos presentado esta propuesta de veto, y doy
por defendidas el resto de las enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.
El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, efectivamente,
se dan por defendidas y quedarán para votación. Quedan vivas dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las números 960, de veto, y
961.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender la propuesta de veto y otra enmienda más, catalogadas con
los número 960 y 961, y presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
En síntesis, desde nuestro punto de vista, el presupuesto de la Sección
22, Ministerio de Administraciones Públicas, reproduce un esquema
continuista, que se ha desvelado como manifiestamente insuficiente para
el buen funcionamiento del conjunto de las Administraciones Públicas. De
manera muy singular y especial esto se ve en la Administración periférica
del Estado y en la denominada cooperación económica local, que contienen
graves y grandes defectos de concesión, que ya de por sí justifican
plenamente la presente enmienda de propuesta de veto.
Es bien conocido cómo el presupuesto del Ministerio de Administraciones
Públicas ha subido en su conjunto un 7,3 por ciento, cifrándose la
cantidad global en
247.878 millones de pesetas. El incremento, en principio, parece
moderado, pero tras un estudio en profundidad vemos cómo esa moderación
tan cacareada y predicada hace unos años, que tanto tronaba en el
Congreso y en el Senado, no se practica. Y así, observamos con cierta
decepción cómo los gastos de los incentivos del rendimiento de
productividad en el Capítulo 2 se incrementan de manera amplia en un 10,5
por ciento, y los gastos corrientes del Ministerio se incrementan, nada
más y nada menos, que un 13,1 por ciento.
Como saben todas su señorías, el Ministro Rajoy y el Grupo Parlamentario
Popular siempre han dicho que la pieza clave donde se iba a impulsar la
reforma de la Administración esa reforma que estaba pendiente,
precisamente venía proporcionada por la nueva Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración general del Estado, la LOFAGE. Pues
bien, vamos a ver de manera muy concisa algunos de los problemas que
tiene con carácter general la Función Pública española. En cuanto a los
gastos de personal, la subida retributiva para el ejercicio de 1999 será
del 1,8 por ciento, que como saben, es un precepto básico. Pero esto a
nosotros no nos da ninguna seguridad de que se vaya a aplicar para todos
los cuerpos, puesto que aquí hay un doble rasero y se ha manifestado
claramente a lo largo de este año. Existen incrementos sustanciosos del
16,3 por ciento para algún cuerpo. Y no hablemos ya de lo que ha ocurrido
con los Secretarios de Estado y la falta de percepción de las dietas por
parte de los Consejos de Administración, que antes las percibían, y lo
que prepararon ustedes, cuando decían que esto no se podía justificar y
era escandaloso. Pero ahora ustedes donde decían digo, dicen Diego y les
han aplicado un incremento del 30 por ciento. Luego no se puede afirmar
que tienen carácter moralizante y que a todos aplican el mismo rasero.
Y lo mismo puede ocurrir con otros aspectos importantes que denunciaban
cuando estaban en la oposición y que ahora no llevan a la práctica.
¿Recuerdan la reducción de altos cargos, esos 4.000 puestos de altos
cargos que iban a reducir, que iban a sacar la espada de Damocles y
decían a Felipe González que era un despilfarro? Cuando ustedes llegaron,
proclamaban que iba a haber una nueva etapa, una nueva era, con menos
cargos. Por el contrario, lo que ha ocurrido es que, aplicando criterios
homogéneos para los niveles 27, 28 y 29, se ha pasado ni más ni menos que
de 9.906 altos cargos en mayo de 1996 a 11.123 altos cargos en julio de
1998, con una diferencia de 1.217 altos cargos más en el haber --o en el
debe, depende como se mire-- del Gobierno del Partido Popular. En contra
de lo que afirman sobre que ha disminuido su número, aquí tengo estos
datos que el propio Secretario de Estado de Administraciones Públicas me
ha facilitado. Y obras son amores. Y así les podría manifestar, con todos
los respetos, que ustedes han caído en un alto fraude electoral en esta
materia.
La Administración no es más sencilla ni más eficaz ni se ha profundizado
en absoluto en los derechos de los ciudadanos frente a las
administraciones públicas. Y esto se nota también con la reforma de la
administración periférica, que para nosotros ha sido un fracaso. Es un
fiasco y no tienen más remedio que reconocerlo, aunque no lo hagan de
manera clara y evidente. Y hay expertos que así lo denuncian, como el
Catedrático de Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón, quien dice
que el Gobierno del Partido Popular carece de un objetivo, de un diseño y
de una estrategia de reforma de la Función Pública española. La reforma
del empleo público --en su opinión, que comparto plenamente-- es
necesaria, vigente y está por hacer y debe ser sustantiva y no meramente
legal. Para dar solución a los problemas reales de fondo de la función
pública, para evitar que se rutinicen sus comportamientos y conseguir que
la Administración General sea activa, dinámica y eficaz es preciso
regenerar el alicaído estado de nuestra función pública. Hay que invertir
la tendencia e infundir a sus efectivos toda la ilusión por el servicio
público que se ha ido perdiendo y que es necesario recuperar para que las
cosas funcionen. Y eso no se logra con esa política neoliberal que
pretenden llevar a la práctica deteriorando y desvalorizando lo público.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Gallego, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor GALLEGO CUESTA: El programa 121E, de la administración
periférica del Estado, ese gran fiasco que está conduciendo a una
administración más compleja y barroca, no a una administración más
sencilla y eficaz, esa pieza clave que era para ustedes este programa,
después de puesto en funcionamiento, después del tiempo que lleva en
práctica y haberlo evaluado vemos que sólo ha motivado más disfunciones,
que la administración periférica es más cara, no es más eficaz y ha
perdido el norte y no se sabe a dónde va. Asimismo, se constata que sus
funcionarios no tienen precisamente la moral muy alta y se observa un
alto grado de desencanto, porque no pueden hacer carrera administrativa,
porque su aprecio desde el punto de vista retributivo es menor que el de
los funcionarios de las administraciones autonómicas. Es curioso observar
que cuando se operan las transferencias se deriva un incremento
importante para todas las categorías. Por tanto, no pueden tener ese
horizonte de carrera administrativa y no tiene un buen horizonte --por el
contrario, hay una incertidumbre de futuro-- debido a conceptos básicos
que ustedes no han sabido explicar, como el de la administración común o
la administración única. ¿Qué es eso? Cuando se les refiere a los
funcionarios y a los ciudadanos no acaban de entenderlo. Es un concepto
etéreo, que ustedes tendrían que explicar. Es un tema que todavía está
pendiente de laboratorio y con cosas de laboratorio, como con la gaseosa,
no se pueden hacer muchos experimentos.
En cuanto al Programa 912, de cooperación económica local del Estado, con
una consignación de 24.801 millones de pesetas, y con una subida
insuficiente del 6,02 por ciento respecto del presupuesto inicial de
1998, comprobamos un año más que tiene una escasa dotación
presupuestaria, siendo un programa clave para la vida económica de
nuestros pequeños y medianos municipios,
principalmente, para los de menos de 5.000 habitantes. En primer lugar,
porque necesariamente tienen que hacer frente a unos servicios
obligatorios y mínimos establecidos por el artículo 26 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local. Además, en este país es
necesario, fundamentalmente en el medio rural, incrementar la cohesión
social y territorial, así como la calidad de vida de los ciudadanos.
Por tanto, entendemos que esta es una asignatura pendiente. Y si me lo
permiten sus señorías, les diré que la cooperación económica local del
Estado es una de las cenicientas de este Gobierno, porque con este dinero
escaso, raquítico y rácano, los ayuntamientos no pueden llevar a cabo las
inversiones que se requieren para la calidad de vida que también es
preciso llevar a nuestras zonas rurales. Por ello, los ayuntamientos se
las ven y se las desean, y el dinero sale inevitablemente de los
bolsillos de los vecinos para hacer frente a la cofinanciación de las
obras de los planes provinciales. Además, observamos con grave inquietud
y preocupación cómo en el capítulo 7, de transferencias de capital, con
una subida de un 6,02 por ciento...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Gallego, no puede usted
continuar capitulo por capítulo, porque ya ha duplicado el tiempo que
tenía concedido para la defensa de estas dos enmiendas.
El señor GALLEGO CUESTA: Termino ya, señor Presidente.
Existe un incremento de un 17 por ciento destinado a un plan de obras y
servicios para la Generalidad de Cataluña y, sin embargo, el incremento
medio para el resto de las corporaciones locales es del 4,7 por ciento, e
incluso se produce un decrecimiento en el caso de mi Comunidad Autónoma
--una vez que han desaparecido las comarcas de acción especial-- del 1,03
por ciento.
Señor Presidente, consideramos que si todas estas actuaciones no se
explican correctamente pueden provocar agravios comparativos, y en mi
opinión pueden obedecer a la necesidad de conformar a los socios
nacionalistas. Los ayuntamientos y las diputaciones han recibido con
decepción los escasos fondos de cooperación del Estado, y por eso con la
enmienda número 961 solicitamos un incremento de 3.000 millones de
pesetas para la cooperación económica local del Estado con las
corporaciones locales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gallego.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, aparte de referirme a estas dos enmiendas a
la totalidad, haré algunas puntualizaciones sobre alguna enmienda,
porque, por supuesto, no me va a dar tiempo a hacer mención de todas
ellas, y lo siento. En cualquier caso, creo que es fundamental que
dejemos los conceptos claros desde esta tribuna.
En primer lugar, y por lo que se refiere al Senador Román Clemente, le
diré que el Gobierno sólo va a efectuar esta subida salarial muy a pesar
suyo, pero teniendo en cuenta que tiene que converger con Europa, en un
ejercicio de responsabilidad y pidiendo un sacrificio a los funcionarios,
lo va a realizar así.
Es cierto que el capítulo de personal sube el 2,3 por ciento, y eso se
debe a que precisamente vamos a incrementar, al contrario de lo que
ustedes dicen, algunos complementos a los niveles más bajos; precisamente
por eso aumenta el 2,3 por ciento. Por otro lado, es evidente que durante
estos años los funcionarios han perdido poder adquisitivo, pero eso se ha
debido a unas políticas presupuestaria y económica malas. Sin embargo,
este año van a adquirir mayor poder adquisitivo porque la inflación va a
ser menor de la prevista. Y si eso se hubiera hecho en años anteriores no
se hubiese perdido ese poder adquisitivo que, indudablemente, vamos a
intentar recuperar. No estamos de acuerdo, por supuesto, con que haya que
subir una cantidad consolidable del 2,8 y el 1 por ciento, ni estamos de
acuerdo tampoco con que se favorece a los niveles altos. Esto no es así,
señor Román Clemente, esto no es así, de ninguna forma.
Dice usted que mantiene la línea de eliminación del empleo público. Yo
creo que racionaliza la Administración. Estamos transfiriendo a las
Comunidades Autónomas una cantidad enorme de competencias y, lógicamente,
lo que está ocurriendo en la Administración periférica del Estado es que
hay inflación, pero de personal, porque se transfiere educación.
Cuando ustedes hablan de mejores servicios en sanidad, en competencias
ligadas a la educación y de todas esas cosas, lo que tienen que saber es
que el 60 por ciento de la sanidad, está transferida, que el 1.º de enero
se transfiere prácticamente a todas las Comunidades Autónomas la
educación, que el Estado ya no tiene nada que ver con esto, que estas son
funciones de las Comunidades Autónomas. Ustedes están hablando mucho de
un sistema federal, están hablando de que las Comunidades Autónomas
adquieran más competencias y cuando defienden los Presupuestos Generales
del Estado, ¿qué quieren, inflacionar de funcionarios el nivel central?
¿Cree que eso es adecuado con la línea general del Gobierno de
descentralizar la Administración? Pues no, no pueden ustedes argüir esto.
Lo que pasa es que todavía están en un discurso antiguo, metido en una
urna y utilizan los tópicos. Pero lo que hay que entender en política es
lo que se hace en política, no venir aquí a hacer el discurso de siempre,
porque cuando se hace el discurso de siempre lo que ocurre es que uno se
equivoca.
Usted ha hecho un discurso basado en dos ejes, el de las retribuciones y
el del empleo. Yo le quiero decir que, gracias a Dios, no está en nuestro
pensamiento disminuir ninguna de las dos.
Nosotros lo que queremos hacer, y contesto ya al Grupo Parlamentario
Socialista, es mejorar los procedimientos e impulsar la calidad y
eficacia de los servicios públicos, y eso es lo que estamos haciendo a
través de estos presupuestos, además de racionalizar, perfeccionar y
modernizar la Administración pública, aunque usted no lo crea. Nos hemos
encontrado una Administración pública que estaba prácticamente
desinformatizada, no sabíamos ni el número de personas que formaban parte
de la Administración, y fueron sus Gobiernos los que no lo hicieron.
Nosotros estamos intentando poner las bases futuras, estamos invirtiendo
fundamentalmente en sistemas de ordenadores.
Y respecto a lo que dice sobre la Administración única, le diré que no
hace falta dinero para eso, hace falta voluntad política de hacerlo, y la
voluntad política se manifiesta a través de los programas de ordenación
del sistema.
Señoría, con un sistema informático la ventanilla única es la cosa más
sencilla del mundo, de forma que el ciudadano que llega a una ventanilla,
y gracias al sistema informático, recibe y arregla todos sus papeles en
cualquier sistema administrativo. ¡Fíjese usted si es sencillo! Y no se
necesita dinero, se necesita racionalizar la Administración. Para esos
sistemas informáticos, para racionalizar la Administración, para aumentar
su eficacia, para aumentar su efectividad, para hacerla mucho más
asequible al ciudadano tiene usted dotaciones en estos presupuestos, que
podrán ser escasas, las que podamos, pero, por supuesto, estamos en la
línea perfecta de ejecución de una política que tenemos en nuestro
programa electoral.
Dice usted que tenemos un doble rasero, no señor, no; y que incrementamos
las dietas de algunos organismos hasta el 30 por ciento, y tampoco; y que
aumentamos el Capítulo 6 del INAP, incremento que efectivamente se
produce porque hay un desfase entre las cifras reales que se emplean para
asistencia a tribunales y a órganos de examen.
En el poco tiempo que me queda quiero hacer referencia a la enmienda que
han presentado al Programa 912B a fin de incrementarlo con 3.000 millones
de pesetas; dicen que la dotación es escasa, y a lo mejor es poco. Sucede
lo mismo que con el concepto de suficiencia financiera. ¿Qué es la
suficiencia financiera? ¿Qué concepto tiene usted o cualquier persona
sobre ese concepto? Es algo que no tiene medida.
Para terminar quiero abordar una cuestión. En el año 1995 ustedes
presupuestaron 27.900 millones de pesetas. Este año nosotros hemos
presupuestado algo más. ¿Sabe qué cantidad ejecutaron? Pues 22.900
millones. Es preferible presupuestar lo que se ejecuta a hacer lo que
ustedes hacían, que presupuestaban lo que fuese pero a la hora de
ejecutar se quedaban bastante cortos. No es cuestión de presupuestar, se
trata de ejecutar. En los presupuestos pueden figurar las cifras que uno
quiera, por supuesto, pero lo importante es lo que realmente se ejecuta
con lo presupuestado. Ahora vienen ustedes y presentan una enmienda para
introducir 3.000 millones de pesetas. Les ha traicionado el subconsciente
y han incorporado una cantidad que coincide con el déficit que se produjo
por no cumplir su presupuesto, cerca de 5.000 millones de pesetas. Así no
podemos continuar, hay que tener cierta seriedad.
Vamos a rechazar esta enmienda, así como las presentadas por el Senador
Román Clemente. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, quiero hacer una reflexión sobre un tema al que se ha referido,
a los altos cargos. Efectivamente, las cifras que ha dado son reales; se
las ha dado el Ministerio y son ciertas. ¿Pero sabe usted por qué? ¿Lo ha
llegado a averiguar? Pues porque cuando se marcharon ustedes crearon de
repente una cantidad ingente de altos cargos en la Administración. Como
el registro de personal es posterior al traslado de funciones, en éste se
reflejó el incremento de altos cargos de la Administración que ustedes
habían hecho. O sea, nos achacan a nosotros lo que han hecho ustedes.
Francamente, no lo entiendo. Le puede decir con exactitud en qué fecha se
ha producido el nombramiento de los altos cargos y en qué fecha se han
incorporado al registro de personal, y le puedo asegurar que se
sorprendería al saber cuándo se han nombrado esos altos cargos en la
Administración. Una vez que ustedes los han creado, nosotros no podemos
quitarlos, porque nosotros cumplimos la ley.
En cuanto al personal eventual, se ha disminuido sustancialmente. Le voy
a dar alguna cifra para que usted lo sepa. El número de personal eventual
al servicio de las administraciones en relación con los cargos de
confianza y de asesoramiento en los Ministerios, que es el que podemos
nombrar nosotros, ha disminuido. Actualmente hay 753 plazas; de ellas,
266 están ocupadas por funcionarios, 383 por no funcionarios y quedan 104
vacantes. A 1.º de enero de 1996 ustedes disponían de 1.030 plazas,
frente a las 753 que tenemos nosotros. ¡Miren si disminuimos el personal
que podemos nombrar! Pero si nos dejan ustedes nombrado el personal, me
temo que no podamos hacer otra cosa que admitirlo y seguir funcionando
con él.
Nuestra voluntad política es la de mejorar la Administración y la de
hacer que se cumpla la ley y que sea más eficaz para el funcionario y
mucho mejor para los administrados, que creo que es lo importante.
De todas formas, si en su momento quiere usted alguna explicación y se la
puedo dar, se la daré muy a gusto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, Senador Garzarán.
Turno de portavoces. El Senador Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Sí hay turno de portavoces, sobre todo para decirle al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que deje a Dios que se ocupe de sus asuntos y que
se ocupe él del presupuesto, porque si hay algún discurso incoherente en
materia de función pública es el que su señoría nos ha traído esta
mañana.
Señoría, decir que tenemos que converger con Europa y que los
funcionarios o los empleados públicos tienen que hacer un sacrificio, es
una canción no sólo antigua, sino además contradictoria y sin sentido. El
que los empleados públicos sean los que tengan que soportar sobre sus
hombros la convergencia con Europa no se lo cree ni su señoría.
Además, su señoría quiere hacer aquí un discurso en el que dice que las
retribuciones crecerán en un 1,8 por ciento, cuando el Capítulo 1,
personal, crece un 1,7 por ciento. ¿Sabe por qué, señoría? ¿Tendrá algo
que ver con la no cobertura de las vacantes? ¿Tendrá algo que ver con la
temporalización? ¿Tendrá algo que ver con la precariedad? ¿Tendrá algo
que ver con que sus señorías están encargando trabajo de las
Administraciones Públicas al sector privado? Su señoría dice que, además,
los empleados públicos van a recuperar poder adquisitivo y esta mañana
nos hace una predicción: la inflación al final crecerá menos de la
prevista. Pero eso es una declaración de intenciones. Al día de hoy, los
funcionarios, los empleados públicos vienen perdiendo un 9,9 por ciento
en los últimos 6 años. Eso es una realidad, esos son hechos. Su señoría
de lo que me habla es de intenciones.
Además, su señoría viene a decirnos que tenemos un discurso
contradictorio en el tema de la construcción de un Estado federal y que
queremos inflacionar, aumentar el número de empleados públicos en las
distintas administraciones.
Hay dos cuestiones que su señoría no puede olvidar. La primera es que con
sus normas dan carácter básico a las retribuciones, y cuando alguna de
las administraciones, incluso las gobernadas por sus señorías en
ayuntamientos o en otro tipo de instituciones, incrementan las
retribuciones por encima de las que sus señorías fijan --me refiero a la
época de la congelación salarial y a otras no de congelación salarial--
ustedes lo recurren ante los Tribunales. Ese carácter básico, señorías,
no me lo vaya a cargar sobre mis espaldas.
Sus señorías, también limitan la capacidad de oferta de empleo público.
Su señorías, dándoles carácter básico, establecen cómo las diferentes
Administraciones, ya sea en sanidad, en enseñanza, ya sea en todas las
comunidades, fijan el porcentaje en el que debe crecer, hasta un máximo,
la tasa de reposición; no crean empleo, y eso es contradictorio con los
principios que dicen mantener en estos presupuestos. En el sector público
destruyen empleo, no reponen el empleo; obligan a los empleados públicos
a deteriorar el servicio, porque con una situación como la que están
viviendo en este momento, donde las vacantes no se cubren y han de hacer
el mismo trabajo con 10 que con 40, no pueden desempeñarlo adecuadamente.
Eso sí que es un discurso antiguo y un contrasentido. ¿Por qué? ¿Por qué
tiene que recaer sobre los empleados públicos el sacrificio de converger
con Europa? No, señoría. Podrían haber escogido cualquier otro
procedimiento, porque ustedes la autoridad no la han practicada lo mismo
con los niveles más bajos que con los niveles altos.
Las retribuciones de los altos cargos significan un 20 por ciento más de
incremento en función de los complementos que sus señorías establecen
--complementos arbitrarios-- sin criterios objetivos. ¿Me puede explicar
por qué algunos altos cargos institucionales cobran muchísimo más que el
Presidente del Gobierno, señoría? ¿Me puede explicar por qué? ¿Qué ley
está invocando su señoría? Efectivamente la que hacen sus señorías, que
permite eso. ¿Por qué condenan a los empleados públicos con niveles
inferiores a seguir perdiendo capacidad adquisitiva y no hacen un
esfuerzo para superar unos salarios que son claramente insuficientes? Si
esto es un discurso antiguo, señorías, sigo prefiriendo el discurso más
solidario y más justo a aquel que mantienen sus señorías de
contradicción, dando más a los que más tienen y manteniendo en precario a
los que menos tienen.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco el tono del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero no
puedo estar de acuerdo con algunas manifestaciones, porque no son
rigurosas. No tiene razón en la cuestión de los altos cargos. Para
aquello que no se puede explicar siempre se alude a la herencia recibida.
Tampoco tiene razón en lo referente a la ventanilla única, que no es una
primicia, no es algo que se haya implantado con el gobierno del Partido
Popular. Y está bastante desinformado --y lo digo con todo el respeto--
respecto a los procesos de informatización. La informatización se hizo de
forma masiva, ha caído en estos últimos años, y para el próximo quieren
recuperar un poquito, pero es insuficiente para hacer que la
Administración pública sea más dinámica, más eficaz y más simplificada.
Usted manifiesta que el Programa 912B, de cooperación económica local, es
escaso. Pues si lo es, vamos a hablar no de tiempos anteriores sino del
presente y del futuro, y como obras son amores, acéptenos las enmiendas y
en concreto la que se refiere a ese programa. Los más agradecidos, los
más beneficios serán los ayuntamientos, los pequeños y medianos
municipios rurales. Vamos, por lo tanto, a aplicar la coherencia y así,
cuando digamos algo, tendremos que estar, correlativamente, en esa misma
clave.
Han manifestado que están siendo serios y que están aplicando la
normativa, pero quiero llevar al ánimo de la Cámara una breve reflexión.
¿Usted considera que se está cumpliendo con la normativa que establece la
Ley de incompatibilidades del año 1995? ¿No cree que política, ética y
estéticamente se está incurriendo en una gran contradicción porque se
está mirando para otro lado, no se está demostrando ningún carácter
ejemplarizante ni moralizante, y se ha perdido la autoridad moral, ya que
a ninguno de los 46 altos cargos cesados que han abandonado su puesto de
trabajo se les ha exigido o ha presentado esta declaración de
compatibilidad, y muy especialmente al ex Secretario de Estado de
Comunicación,
Miguel Angel Rodríguez, que está desempeñando un cargo de manifiesta
incompatibilidad? Por lo tanto, ahí hay un abandono notorio de funciones
por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, que tendría que
actuar de otra manera para recibir más crédito y no dedicarse sólo a la
propaganda, como se hace en la última revista de Muface, en la que se
emplean recursos de los funcionarios para darse autobombo y hacer
propaganda de la Administración; no la usan para informar, sino para
manipular la opinión --en el sentido político y más noble de la
expresión-- de los ciudadanos y de los funcionarios.
Como última reflexión diré que no se sabe adónde va esta Administración
periférica, ha perdido el norte y ustedes tendrían que reorientar la
acción política, porque en los territorios, en las provincias, se tiene
la sensación de que el funcionario de aquella Administración, si puede,
se marcha a otra, con lo cual se está descapitalizando en cuanto a sus
efectivos más valiosos. En este orden de cosas tendrían que explicar el
porqué en ese Programa 912B, de cooperación económica local, hay tantas
diferencias entre unas y otras regiones de España.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Gallego Cuesta.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero volver a reiterar que creemos adecuado para los
objetivos que nos proponemos el presupuesto que hemos elaborado. Por lo
tanto, les remito a las cifras que están ahí e intentaré aclarar algunas
cosas, pues tengo aquí unas pequeñas notas. Concretamente, el Capítulo 1
--como les he dicho a los representantes del Partido Socialista y de
Izquierda Unida-- sube el 2,3 por ciento, lo que supone aproximadamente
unos 585 millones de pesetas más sobre el presupuesto. Las retribuciones
salariales aumentan el 1,8 por ciento, cifra que es igual para todos los
funcionarios; para todos.
Sí que es cierto que hay un incremento específico para determinados
sectores como el persona laboral que tiene retribuciones inferiores a la
media de los funcionarios. Hay un aumento del complemento de mínimos como
consecuencia de la aplicación de un acuerdo sobre la ordenación de
retribuciones aprobadas por el Consejo de Ministros del 12 de junio y hay
un aumento del complemento de productividad para el personal de Correos
que se incorpora a los gabinetes telegráficos de las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno.
Es nuestra responsabilidad ejecutar esta política de austeridad y de
convergencia, aunque les duela y aunque les moleste, porque creemos que
es un bien para toda la sociedad. La evidencia está ahí. Nosotros hemos
hecho todo lo posible por converger con Europa. No sé si ustedes lo
hubiesen podido lograr, seguramente no, pero nosotros sí que lo hemos
conseguido. Eso sí que es un hecho. Eso sí que es una realidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Garzarán.
Pasemos ahora al debate de la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Blasco Nogués para defender sus enmiendas 660
a 672.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Partido Aragonés presenta esta serie de enmiendas
relativas a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente.
En ellas hacemos referencia a una serie de proyectos hidráulicos
recogidos en el Pacto del Agua de Aragón y en el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro. Concretamente, se habilitan partidas para los pantanos
de Mularroya, Montearagón, Calcón, Biscarrues, Alcamines y El Batán entre
otros. El proyecto del pantano de Mularroya, al que se refiere la
enmienda número 662, ya está finalizado y no tiene ningún rechazo social.
Su urgencia es perentoria por cuanto daría satisfacción a las necesidades
de la margen derecha que está absolutamente deficitaria de agua desde
hace muchos años.
Además se habilitan las partidas necesarias para iniciar, acelerar o
desbloquear estas iniciativas, en función de las diversas vicisitudes que
en cada una de ellas están surgiendo, unas obras, por otra parte,
consensuadas por todas las fuerzas políticas aragonesas desde el año 1992
y que en algunos casos no tienen ni siquiera el proyecto redactado. Se
habilitan también presupuestos para reparaciones territoriales y
medioambientales para solucionar las afecciones negativas presentes y
futuras de estas necesarias infraestructuras.
La enmienda 661 solicita una dotación para la rehabilitación del entorno
del Pantano de Mequinenza. La 668 prevé una partida de 5.000 millones de
pesetas para los planes de regulación territorial en los lugares
afectados por la regulación de los ríos Ara y Esera.
La enmienda 660 presenta una partida de 1.800 millones de pesetas para la
depuración de los ríos pirenaicos, de forma que aceleremos los plazos de
adaptación a la normativa europea en materia de depuración de aguas
residuales en las cabeceras de los ríos con los beneficios
medioambientales que no es preciso explicar.
La enmienda 667 solicita 500 millones de pesetas para aplicaciones
forestales en la cuenca del Ebro de manera que todas estas actuaciones en
materia hidráulica se vean acompañadas y reforzadas con la reforestación
y protección de las riberas continuando con la larga tradición existente
en esta cuenca desde principio de siglo en la consolidación de los
terrenos susceptibles de ser erosionados como la mejor política de
regulación de los recursos hídricos.
En este mismo aspecto de protección medioambiental de territorios con un
alto valor ecológico se enmarca la enmienda número 669, en la que
solicitamos 1.000 millones de pesetas para la implantación del Plan de
Residuos Sólidos Urbanos ya que debido al consabido desequilibrio que se
da en Aragón entre población y extensión territorial
--a la que ya hemos aludido en anteriores enmiendas-- se hace necesario
un impulso que permita su rápida y efectiva implantación.
Por último, en la enmienda número 672 se solicita una pequeña cantidad
que ayudaría a que se reforzara el Convenio recientemente firmado por el
Ministerio de Medio Ambiente y por algunas organizaciones sindicales y
sociales para la recuperación de pueblos abandonados, de los que tan
sobrados andamos por algunas zonas del territorio aragonés, incorporando
un proyecto de recuperación de la localidad de Grieval en la provincia de
Huesca.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Blasco
Nogués.
Para defender las enmiendas números 1.719 a 1.875 tiene la palabra el
senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio que doy por defendidas ante sus señorías las 157 enmiendas que
nuestro Grupo ha presentado a esta Sección. Por tanto, me centraré en
nuestra propuesta de veto que defenderé con rapidez.
Señorías, la justificación de nuestra enmienda de devolución a la Sección
23, Medio Ambiente, podríamos resumirla con una frase tan simple como
ésta: estábamos ante un precipicio y hemos dado un paso adelante.
Señorías, efectivamente, la política medioambiental del Ministerio estaba
ante un precipicio y con este presupuesto ha dado un paso hacia adelante.
Señorías, presentamos esta propuesta de veto, e Izquierda Unida rechaza
radicalmente este presupuesto, entre otras, por las consideraciones que
paso a exponer. En materia de saneamiento y calidad de agua, la partida
que se asigna a obras de abastecimiento y depuración, lejos de
racionalizar y aumentar la dotación desde un punto de vista cualitativo y
cuantitativo, lo que realmente hace es despreciar una política activa de
ahorro y de eficacia. Para nosotros resulta especialmente grave el receso
de los programas LINDE y PICRHA, que expresa una despreocupación
ministerial sobre materias de deslinde de dominio público y restauración
hidrológica forestal, máxime tras los graves sucesos, que recordarán sus
señorías, de Biescas o Badajoz.
En protección y mejora del medio ambiente, y concretamente en lo que se
refiere a calidad ambiental, contaminación atmosférica acústica y
sistemas de gestión, hay un descenso de 204 millones de pesetas, es
decir, de un 8,25 por ciento.
En materia de gestión de residuos sólidos urbanos, con la aprobación de
la Ley de Envases y Residuos, en nuestra opinión se ha dado un salto
cualitativo. Este presupuesto resulta insuficiente en ese sentido si
tenemos en cuenta las modificaciones que habrán de acometerse, sin
olvidar tampoco las dificultades con que van a encontrarse los entes
locales para que dicha Ley se cumpla. Además, en este presupuesto no se
refleja ninguna partida tendente a financiar a dichos entes por el hecho
de que tengan que cumplir esa Ley.
En lo que se refiere a protección y mejora del medio natural, existe un
gravísimo problema en cuestiones de desertificación. Coinciden los
expertos en lo concerniente a desertificación y erosión de los suelos
--los informes que vamos teniendo cada vez son más alarmantes--, pero no
se contempla una dotación presupuestaria adecuada para acometer la
solución de este problema dada la magnitud que alcanza en todo el
territorio del Estado.
En cuanto a infraestructuras y obras hidráulicas, quiero hacer una
reflexión. En estos presupuestos generales del Estado se consolida una
cada vez peor disimulada tendencia a incorporar el capital privado en la
ejecución y gestión de las infraestructuras, fundamentalmente, insisto,
en estas infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, se produce una
reducción de las competencias del Estado. Nosotros consideramos que esto
lleva --en coherencia con sus planteamientos ideológicos-- a priorizar el
criterio de mercado y las operaciones de capital para asegurar una cierta
rentabilidad económica pero no sucede lo mismo en cuanto a la
rentabilidad social de lo que se pretende.
Señorías, entendemos que la política medioambiental se hace cada vez más
insoportable, no es concordante con la protección debida al medio
ambiente, y por estas razones presentamos la propuesta de veto.
Insisto, señor Presidente, voy a dar por defendidas las 157 enmiendas
restantes, en el sentido de no hacer una defensa pormenorizada de cada
una de ellas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Las enmiendas números 81 y 84, del Senador Armas, están defendidas.
Tiene la palabra la Senadora doña Inmaculada de Boneta y Piedra, para la
defensa de las enmiendas números 66 a 76, por tiempo de cinco minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo señalar que, entre las enmiendas a las que me voy a
referir en este momento, hay esencialmente dos grupos: las que hacen
referencia a problemas relacionados con el saneamiento de rías y playas
de distintas zonas, como la de Somorrostro o la de Sopelana, en Vizcaya,
para las que solicitamos pequeños créditos; y las que no sólo afectan al
saneamiento de las propias rías, sino también a las playas, a sus
márgenes y a los diques de entrada a los puertos.
Concretamente la enmienda número 76, que es la última que hemos
presentado, hace relación a un proyecto que ya trajimos aquí, que está
totalmente finalizado y que está visto con muy buenos ojos desde el
Ministerio de Medio Ambiente --al menos ésa es la impresión que se tiene
desde el Municipio y por parte de esta propia Senadora, que ha tenido
ocasión de hablar en varias ocasiones con el director correspondiente del
Ministerio de Medio Ambiente--; me refiero al saneamiento de las rías y
playas de Deba y Lapari. Es un proyecto importante y, obviamente,
tendría que ser objeto de una dotación plurianual, al estar compuesto de
distintas fases.
En la Sección 23, Servicio 06, existe una dotación concreta para el
saneamiento del margen izquierdo de la ría de Deba en Guipúzcoa. Esta
sería una parte de la cuestión, pero además existe un dique totalmente
deteriorado y destruido que tiene por objeto evitar la entrada de
embarcaciones en esas rías, que estropean las playas, que también debería
ser reparado con las consiguientes obras de saneamiento. El presupuesto
es de algo más de 780 millones de pesetas. Insisto, el Ministerio tiene
conocimiento del mismo y podría tener encaje además de en esa partida
concreta que existe para la recuperación o rehabilitación de la margen
izquierda de la ría de Deba, en la partida general destinada a la
recuperación y saneamiento de playas y costas del mismo servicio,
contemplada genéricamente como provincia de Guipúzcoa, en el mismo
Departamento de Medio Ambiente.
Traigo esta cuestión porque es un tema importante. Además, insisto,
necesita de esa coordinación entre las administraciones, toda vez que en
este momento el Gobierno Vasco en su Plan de Puertos está haciendo uno en
Deba, al que sería imposible acceder si no se rehabilita la ría y se
mejora ese dique que impide el paso no ya de grandes embarcaciones, sino
de pequeñísimas embarcaciones, de las llamadas motoras, a ese puerto
deportivo.
Además, habría que proceder también a completar las obras realizadas en
la playa de la Zurriola, con un voladizo que evite las inundaciones que
sufren las instalaciones de esa playa recién estrenada, por así decirlo,
cuyo problema se debe, quizá, a un proyecto no adecuado realizado por la
Dirección de Costas.
Otras peticiones de las enmiendas se refieren al saneamiento de suelos.
En este momento estoy pensando en la recuperación o regeneración de
suelos industriales en Sestao, o en la margen izquierda de la ría del
Nervión. Ustedes conocen los problemas de esa zona, que ha sufrido una
desindustrialización brutal y necesita obras como el saneamiento de
cauces, tanto en la ría de Nervión-Ibaizábal, que obviamente podía ser
objeto de plurianualidad, con una dotación de 2.000 millones de pesetas,
como en la ría de Pasaia, con una dotación de 1.400 millones de pesetas,
o en la ría de Gernika-Mundaka, en Urdaibái.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora, agotó su tiempo.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Como ustedes saben, es importante porque tiene una ley específica de
protección, por las especialidades de su ecosistema y por la riqueza de
su flora y fauna, declarada incluso a nivel europeo como depositaria de
algunas especies no existentes en toda Europa.
Respecto a las enmiendas que se refieren a los paseos marítimos, tienen
consignaciones muy pequeñas, y consisten en pequeños saneamientos y
evitación de vertidos en playas, en Bermeo, etcétera. Espero que, al
menos, alguna de estas enmiendas, sea atendida, sobre todo aquellas para
las cuales he señalado una posibilidad de introducir consignaciones
presupuestarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, como me quedan por
defender sólo las enmiendas números 60 y 62, aunque no son a esta
Sección, quiero aprovechar este turno para darlas por defendidas y así
terminar con mis enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Las enmiendas números 60 y 62 se refieren a
los aeropuertos de Noaín, en Pamplona, y Foronda, en Vitoria. Son
dotaciones para la mejora de estos aeropuertos, y las doy por defendidas
con lo que acabo de manifestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 113 a 119 y 128, presentadas por la
Senadora Costa Serra, y las enmiendas números 499 a 582, presentadas por
la misma Senadora junto con el Senador Nieto Cicuéndez, tiene la palabra
la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a defender las enmiendas presentadas por esta Senadora de
forma individual y las presentadas junto con el Senador Nieto Cicuéndez a
la Sección 23. Y anuncio a la Presidencia, si lo estima conveniente, que
procederé a la defensa del total de las enmiendas de ambos Senadores al
resto de las Secciones.
Comenzando por la Sección que estamos debatiendo, de Medio Ambiente,
quisiera hacer referencia a una serie de enmiendas respecto a la
recuperación de dunas, tanto en Ibiza como en Formentera. Cierto es que
existe un proyecto de recuperación de dunas en Formentera, si bien no se
ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año que
viene la partida presupuestaria que hasta el año pasado sí se recogía en
los presupuestos. Entendemos que es necesario recuperar este proyecto
concreto sobre dunas en Formentera.
Por otra parte, en la enmienda 128 se propone un proyecto sobre
recuperación del sistema dunar de Eivissa, por cuanto que existen playas
como Ses Salines, Es Cavallet, Cala Comte, en las que hay una total
degradación del mismo. Por tanto, proponemos un alta de 20 millones de
pesetas, con la consiguiente baja que a continuación explicaré, porque va
en relación también con la recuperación de nuestras costas.
Me estoy refiriendo a la regeneración de playas que anualmente y desde
los distintos ayuntamientos de las Islas
Baleares se viene reclamando. Creemos que, si bien es cierto que es
necesario contemplar un proyecto global sobre la recuperación de las
playas, la reposición de arena que anualmente se está llevando a cabo
está perjudicando muy seriamente todo el ecosistema, por cuanto que no se
prevé a largo plazo cuáles son los motivos que provocan que cada año
haya, como decía, una pérdida de arena, al tiempo que de forma constante
se solicita por parte de los ayuntamientos su reposición a fin de que
para el verano y la temporada turística estas playas se encuentren en
mejores condiciones. No obstante, ésta puede ser una solución a corto
plazo, pero a largo plazo en nada beneficia, como decía, a nuestras
playas. Por tanto, proponemos una baja en la partida respecto a la
reposición de arena, porque entendemos que debe existir un proyecto
global, un estudio sobre las causas que están motivando que nuestras
playas vayan perdiendo progresivamente su arena.
Siguiendo con la Sección de Medio Ambiente, en nuestra enmienda 114
proponemos que en los presupuestos --y cumpliendo con el artículo 24 de
la Ley de Régimen Especial de las Islas Baleares-- se prevea la
financiación del transporte marítimo de los residuos que se generan en
las Islas y respecto de los que sea necesario su transporte marítimo. Y
solicitamos esto porque así viene contemplado, como decía, en la Ley de
Régimen Especial de las Islas Baleares, de reciente aprobación.
Por otra parte, hay todo un conjunto de enmiendas referidas al desarrollo
y cumplimiento de la Ley de Reserva Natural de Ses Salines, de Ibiza y
Formentera, por cuanto que desde el año 1995, cuando se aprobó por el
Parlamento esta Ley, sigue sin cumplirse la misma, ya que por parte del
Partido Popular se alega que existe un recurso de inconstitucionalidad
por invasión de competencias a la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, por lo que hasta el momento, insisto, no se ha desarrollado la
Ley. Entendemos que, si bien es cierto que la Comunidad Autónoma tiene
que participar y gestionar esta reserva natural, lo que no se puede hacer
es tener en suspenso la ejecución de esta Ley, porque el propio Tribunal
Constitucional denegó esta petición por medio de auto y decretó que la
Ley se tenía que cumplir. Cuando tengamos la resolución del Alto Tribunal
ya se decidirá en este sentido.
Es muy grave que a estas alturas sigan sin desarrollarse planes para la
reserva natural, la única que tenemos en Ibiza y Formentera, como el plan
de ordenación de recursos naturales. Lo único que se ha hecho por parte
del Ministerio de Medio Ambiente ha sido nombrar un director y unos
vigilantes, actuaciones totalmente insuficientes, como decía, ya que no
se desarrollan los planes esenciales.
Por otra parte, tenemos un conjunto de enmiendas destinadas a la
eliminación o soterramiento de cables de alta tensión. Esta es una
reclamación hecha no sólo desde los grupos u organizaciones ecologistas,
sino también por la propia población y vecinos afectados y, sobre todo,
entendemos que es urgente y necesario especialmente en las zonas de
espacios naturales.
Daré por defendidas el resto de las enmiendas que afectan a esta Sección
23, por el escaso tiempo que me queda para defender el resto de enmiendas
a las otras Secciones, para resaltar, en primer lugar, todas aquellas que
se refieren a Sanidad.
En esta materia, ya tuve ocasión de defender el año pasado enmiendas que,
desgraciadamente, eran muy similares a las que se presentan este año, ya
que seguimos teniendo una serie de carencias tanto en el único hospital
que existe en la isla de Ibiza, como en el único centro de salud que
existe en Formentera.
Para ello solicitamos que se aumente la partida presupuestaria para el
Hospital de Ibiza, por cuanto está prevista una reforma muy importante en
urgencias, en la planta de psiquiatría y en la UCI, obras que se han
anunciado ya hace tres meses, Además, se ha producido un hecho muy grave.
Lleva cerrada una planta de este hospital desde hace tres meses, bajo el
pretexto de que este cierre era necesario para acometer las obras que
antes he señalado. Pues bien, han pasado los meses, la planta sigue
cerrada y no se han comenzado estas obras. Yo no quisiera pensar que esto
tiene alguna relación con la obsesión del Gobierno de sacar rentabilidad
económica a todos los servicios, y muy especialmente refiriéndonos a
sanidad, porque me parece que es impresentable y que no se puede aceptar
que se intente sacar esa rentabilidad económica a un servicio tan
fundamental y que tendría que llegar por igual a todos los ciudadanos,
como estaba sucediendo hasta ahora. Me temo muy mucho que este cierre de
planta probablemente va a seguir así muchos meses, bajo el pretexto, como
decía, de las obras, aunque éstas no han comenzado. Por otra parte, hace
más de un año que el Ministerio está diciendo que se pondrá en
funcionamiento el servicio del 061, y es imprescindible que así se haga,
porque la isla de Ibiza es la única de las islas Baleares en que todavía
no se ha puesto en funcionamiento dicho servicio.
También quisiera resaltar --y creo que es importante-- la enmienda número
123, que solicita la creación de un servicio de urgencias en el centro de
salud de Formentera. Creo que no es redundante recordar que la isla de
Formentera no tiene hospital, sólo tiene un centro de salud, y sólo hay
médicos de cabecera que, con un esfuerzo sobrehumano, tienen que atender
a todas aquellas urgencias, incluso especialidades, que no están
previstas en ese centro de salud, y después remitir a los pacientes al
hospital de referencia, que está en otra isla, en Ibiza. Creo que no es
muy difícil imaginarse que no es lo mismo estar en la península donde se
pueda hacer un traslado, vía terrestre, con más comodidad o normalidad,
que un traslado de urgencia a otra isla, cuando hay mar de por medio, y
no les contaré, sobre todo en invierno, en qué condiciones tienen que
realizarse muchas veces estos traslados. Por eso me parece que es
importante resaltar que, como mínimo, tendría que existir un servicio de
urgencias en este centro de salud de Formentera. Además, debería existir
asistencia periódica de especialistas, por cuanto nos encontramos con que
diariamente muchos ciudadanos de la isla de Formentera, sin costearles el
viaje,
tienen que desplazarse continuamente para recibir esta atención
sanitaria.
Como veo que acaba el tiempo, señor Presidente, y antes de que me lo
recuerde usted, voy a dar por defendidas el resto de enmiendas a todas
las secciones, presentadas tanto por esta Senadora, de forma individual,
como las presentadas conjuntamente con el Senador Nieto Cicuéndez.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Las enmiendas presentadas por el Senador Ferrer Roselló están todas
defendidas y las presentadas por el Senador Padrón Rodríguez también. Por
tanto, ahora tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para anunciar que las cuatro enmiendas que nuestro Grupo
mantiene a esta Sección de Medio Ambiente las retiramos en este momento,
y el motivo es porque todas ellas tenían por objeto asegurar la
realización de determinados aspectos de proyectos que ya están dotados
dentro del texto actual de esta Sección, y una vez hemos podido comprobar
--y nos lo ha confirmado el Ministerio-- que los aspectos concretos que
nosotros queríamos complementar con estas dotaciones podrán ser abordados
con las cantidades ya incluidas en las partidas correspondientes, hemos
decidido retirar las enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
La Senadora Francisca Pleguezuelos tiene la palabra para defender su veto
número 962, y las enmiendas 963 a 1.002.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros no hemos tenido la misma suerte que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quizás porque luego no vamos
a recibir ni siete ni cuatro ni cinco mil millones. Por eso hemos
presentado un veto a esta sección y una serie de enmiendas puntuales que
reclaman actuaciones concretas, que nos encantaría que obtuvieran el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo porque en muchas de
ellas solicitamos recursos o inversiones que, además de necesarias y
urgentes en muchos casos, resolverían la paralización real a la que han
llegado algunas de las inversiones que se iniciaron con otros gobiernos y
que con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación están
paralizadas.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, analizado este presupuesto y
vista la trayectoria de los dos anteriores que la señora Tocino nos ha
traído a las Cámaras, es preocupante ver como un Ministerio que es
fundamentalmente inversor, desde que llegó el Partido Popular al
Gobierno, se ha caracterizado por la disminución del gasto público. Pero,
¡ojo! La disminución del gasto público no se ha producido en aquellos
temas en los que podríamos estar de acuerdo, sino en la caída de la
inversión pública real. Ni se destinan recursos a esas inversiones
hidráulicas tan necesarias en un territorio como el nuestro, tan extenso
y, en muchos casos, con problemas de agua, ni tampoco se destinan
recursos a la protección y mejora del medio ambiente. Por tanto, hay una
caída drástica de la inversión, que supone un retroceso incluso respecto
a los años anteriores a la existencia del Ministerio de Medio Ambiente
como tal.
Esto es así, porque --como decía antes-- no hemos analizado sólo este
presupuesto, hemos realizado una labor de análisis de los tres años, que
viene a demostrar que no hay forma de compensar esa drástica caída de la
inversión pública real del Departamento de la Ministra Tocino, que en
estos presupuestos que se están ejecutando se sitúa en torno a 150.000
millones de pesetas. ¿Por qué? Porque con la asignación de recursos que
se han destinado al Capítulo 8, que por cierto no computan a efectos de
déficit público --otra de las trampas--, no se ha compensado nada. Ni los
44.000 millones de los presupuestos de 1997, ni los 50.000 millones de
los presupuestos de 1998, que iban en ese Capítulo 8, y nos tememos que
tampoco los de este ejercicio de 1999 han ido a ninguna obra iniciada.
¿Saben ustedes a lo que se han ido? Se han ido a la constitución y
dotación de sociedades estatales de aguas, que --como decía yo en la
Comisión-- siguen vírgenes en lo relativo a su forma de cofinanciar
iniciativas privadas, y no conocemos los efectos futuros en cuanto a algo
tan importante como el precio del agua.
La Ministra Tocino no sólo ha reducido hasta unos niveles serios la
inversión pública en los ejercicios de 1997 y 1998 --es verdad que en
este ejercicio menos--, sino que hay otro dato que confirma la falta de
credibilidad de este Ministerio: el escasísimo grado de ejecución
presupuestaria. En este ejercicio presupuestario suben los niveles de
inversión. Tanto como presumía la señora Tocino de cumplir con los
objetivos de Maastricht, ahora, de pronto, viene la manga ancha, que
estamos encantados de que venga, sólo queremos que los recursos se
repartan bien y con criterios y prioridades objetivas. Pero este
incremento en este ejercicio nos da un tufillo cuando vemos que se
acercan procesos electorales que permiten que, aunque las inversiones no
se hayan ejecutado en los presupuestos de 1997 y 1998, sí se puedan
vender en las distintas circunscripciones.
Y puedo poner algunos ejemplos, basados en datos oficiales, es decir,
facilitados por los altos cargos del Ministerio y derivados de la
documentación sobre ejecución presupuestaria, para que vean que no
estamos hablando de nuestros propios datos --y posteriormente los
portavoces del Grupo Popular nos recordarán la herencia socialista--,
sino, insisto, de los oficiales, dados por los altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente respecto de la ejecución presupuestaria.
El más lamentable de los ejemplos es el que se refiere al Capítulo 7, de
la Dirección General de Calidad Ambiental, que, como saben, contiene los
recursos que deben ser transferidos a las Comunidades Autónomas para dar
cumplimiento a esos planes nacionales de residuos que ya aprobó el
Gobierno socialista en 1995 ¿Y saben ustedes el porcentaje de ejecución
que alcanzaba hace un mes? Sólo el 4 por ciento. Y esa misma Dirección
General, en el Capítulo 6 también alcanzaba una cifra bajísima de grado
de ejecución: el 23 por ciento.
Si hablamos de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
también en el Capítulo 6 --siempre, insisto, según datos oficiales--,
sólo alcanzaba el 38 por ciento de nivel de ejecución, mientras que el
Programa 441.A, de depuración de aguas residuales --un problema serio en
nuestro país--, llegaba a un escaso 17 por ciento.
Sin duda, señorías, si damos crédito a lo que ya viene siendo habitual
que nos diga la señora Tocino y el Secretario de Estado de Aguas acerca
de que los anexos de inversiones no son vinculantes, está claro que no
les vinculan ni siquiera para ejecutar sus propios presupuestos.
Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente ha reducido el gasto
público en otros aspectos; por ejemplo, en personal. En ese sentido, se
podría pensar que se ha reducido el personal que puede entenderse como
superfluo o excesivo para la propia dotación del Departamento. Pero no es
así; esa disminución de personal ha afectado sobre todo a la tutela y
vigilancia del dominio público hidráulico. Así, los funcionarios de las
confederaciones hidrográficas --que según el Secretario de Estado de
Aguas, don Benigno Blanco, había que potenciar-- han disminuido en un 5
por ciento desde 1996 a 1998, siempre, vuelvo a repetir, según datos del
propio Secretario de Estado.
Sin duda, señorías, estos datos nos hacen plantear un veto a esta
sección. Y pensamos que la alternativa consiste, básicamente, en asignar
esos recursos, que los presupuestos de 1999 destinan una vez más en el
Capítulo 8 a inversiones de iniciativa privada --a las que no les vemos
el pelo--, a una vinculación real presupuestaria y no a una financiación
extrapresupuestaria, que no computa en el déficit público y con la que no
se realizan esas inversiones.
Por tanto, los 47.000 millones que en este ejercicio recoge la Ministra
de Medio Ambiente para la iniciativa privada, junto con los recursos que
entendemos que serían imputables a la baja en la recaudación por
impuestos directos derivada de la reforma del IRPF, suponen algo más de
106.000 millones de pesetas que podrían compensar--si se hiciera de forma
definitiva-- la caída de la inversión. Con ello pretendemos corregir esa
ausencia de prioridades ambientales que no aparecen en absoluto en el
proyecto de presupuestos de 1999, como tampoco figuraban en los
ejercicios anteriores.
Y paso a mencionar algunos temas a los Senadores del Grupo Popular, para
que también quede constancia en el «Diario de Sesiones» de que se
destinan menos recursos a cuestiones de carácter medioambiental que
creemos prioritarias. Por ejemplo, se reducen los recursos para la
modernización, protección o seguridad de las infraestructuras hidráulicas
que ya existen; para la prevención de avenidas; para la política
forestal; para la lucha contra el cambio climático; para la política de
residuos, etcétera. Señorías, si todo esto no reclama una inversión mayor
en temas tan importantes para el medio ambiente, vuelvo a insistir en lo
que nos temíamos cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se puso
al frente del mismo a alguien que no cree en el medio ambiente: es una
operación de imagen que no se corresponde ni siquiera con la realidad. Y
en este presupuesto de 1999 --que, como decía antes, está mejor dotado,
es verdad-- analizamos adónde van estos recursos, cuáles son las
prioridades del Gobierno y sobre todo si se van a gastar de verdad,
porque en estos dos años y medio ha sido poco real el que se ejecuten
esas inversiones.
Voy a centrarme ya en las enmiendas que mi Grupo ha presentado, de los
nueve programas que configuran este Ministerio, a los que consideramos
los cinco básicos, pilares del medio ambiente y de este Ministerio.
En primer lugar, por supuesto, a la protección y mejora del medio
ambiente natural hemos presentado un conjunto de enmiendas que tampoco
suponen un incremento tan importante, porque son sólo 3.000 millones de
pesetas, pero que es necesario para consolidar la Red de Parques
Nacionales. Ustedes estarán conmigo en que en estos últimos años se han
incorporado a la Red de Parques Nacionales una serie de nuevos parques
--algunos ya estaban-- para seguir gestionándose por sí mismos, por la
Comunidad, pero acogiéndose a los recursos del Estado --me estoy
refiriendo a Aigües Tortes--, otros son de nueva creación --el Parque de
Sierra Nevada-- y algunos otros como Picos de Europa. Consecuentemente,
tenemos que consolidar esta Red y los recursos son fundamentales para
esos municipios que tienen serias, por lo menos, faltas de compensación
por tener en sus territorios parques nacionales.
También solicitamos un incremento de 9.300 millones de pesetas para una
serie de actuaciones que entendemos necesarias para la protección del
medio natural y recuperación de la cubierta vegetal. Señorías, en esta
Cámara hemos abordado una moción --mi Grupo la planteó-- para recuperar
esos fondos de cohesión perdidos por una decisión del Ministro Rato --que
los destinó a los fondos del Feoga y que al final son importantísimos,
del orden de 75.000 millones de pesetas, es verdad que no en una
anualidad-- y que eran para atender los problemas de erosión de este
país, sobre todo en la vertiente atlántica y, fundamentalmente, en la
mediterránea. El Gobierno no cumple sus compromisos y la Ministra de
Medio Ambiente permite que se desvíen los fondos de cohesión y que al
final no vayan a ese Plan de intensificación de protección de la cubierta
vegetal, pero tampoco incorpora en los presupuestos de este año algunos
recursos destinados a esos objetivos.
Respecto al programa 443D, de Protección del medio ambiente, entendemos
también como prioritario incrementar los recursos, las transferencias que
se destinan a las Comunidades Autónomas --lo decía en la primera
parte de mi intervención-- para realizar los planes nacionales de
residuos peligros, de suelos contaminados y de residuos sólidos urbanos,
porque si con la dotación que recogen estos presupuestos cree la Ministra
que puede llegar a algo, las basuras nos superarán a todos, pues los
ayuntamientos, las entidades locales, no tienen capacidad para
gestionarlo y las Comunidades Autónomas --que son, al final, las
transmisoras de las competencias-- no tienen tampoco esa disponibilidad
de recursos. Incrementamos, por tanto, esta partida en 8.000 millones de
pesetas.
Hay para nosotros otro programa importante, como son las actuaciones en
la costa. Nuestro país es todo costa, pero si no protegemos nuestras
costas se irán deteriorando, y encima son fuente de riqueza turística.
También pedimos un incremento de 8.800 millones de pesetas para que se
realicen una serie de actuaciones para la regeneración de esos bordes
marítimos y del litoral en los muchísimos kilómetros de costa que
tenemos.
Señorías, hay un Programa, el 512.A, de gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora, se le ha acabado el
tiempo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Voy terminando, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No, tendría que terminar ya.
Tendría que terminar cuanto antes, no poco a poco.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Me quedan trece segundos, y usted ya me
ha robado por lo menos cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No, se equivoca. Los ha consumido
ya.
Fíjese como sube el número, ya marca veinte.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señoría, entonces le pido disculpas. Me
queda poco para terminar, y le pido un poco de benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sepa que entre todos debemos
hacer cumplir aquel principio kantiano que dice: Haz aquello que puedan
hacer los otros.
Imagínese que el resto también sobrepasase el tiempo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señoría, le entiendo perfectamente.
Pero con esta discusión que estamos manteniendo entre los dos, estamos
perdiendo un tiempo magnífico para mi Grupo y para no perder esos aviones
que tanta prisa generan.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, la pérdida de tiempo...
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: No importa, señoría.
Esto es habitual. Dejo la palabra inmediatamente, pero creo que no
enriquece los debates que se corte con tanta rapidez el uso de la
palabra.
Manifiesto mi protesta porque es la cuarta vez que me ocurre, y luego se
hacen excepciones con otros Grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, el debate lo organiza un
servidor y no usted. (La señora Pleguezuelos Aguilar pronuncia palabras
que no se perciben.)
Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado la enmienda número 1.147.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras a la brevedad que nos sugiere y que todos debemos acatar,
intentaré ser muy breve y tan sólo daré una pequeña explicación de
nuestro voto en contra a los vetos. Reservaré el mayor tiempo posible
para que después mi compañero, el Senador Pascual, dé cuenta de la
enmienda que hemos presentado.
El marco competencial del Ministerio de Medio Ambiente tiene un carácter
subjetivo muy relevante. ¿Hasta dónde llega la defensa del medio
ambiente? Probablemente, cada uno tenga una concepción diferente.
¿Es lógico y posible dedicar el máximo nivel de recursos disponibles a la
defensa del medio ambiente y a la financiación de infraestructuras
hidráulicas que puedan hacer el desarrollo sostenible? Sin duda. ¿Dónde
está el límite? ¿Quién lo pone? Los vetos que se han presentado aquí
están llenos de buena intención en defensa del medio ambiente, aunque
también hay quien formula enmiendas de campanario que sirven luego para
recorrer la provincia diciendo lo que se ha solicitado y que el Gobierno
y el Partido Popular no quiere hacerlo; y a lo mejor después se realiza
porque están incluidos en otro programa. Eso demuestra lo importante que
es que el presupuesto tenga una coherencia.
Senadora, a mí me gustaría hacer un acto de ciencia ficción política. Es
decir, que cogiéramos el proyecto de presupuestos enviado por el Congreso
de los Diputados e introdujéramos las enmiendas formuladas por su señoría
y por otros grupos, para después ponernos a ejecutarlo. Realmente me
gustaría hacerlo para que vieran que es imposible. A fuerza de criticar y
de decir que no se dedican suficientes fondos, aunque este año parece que
se destinan más, llegan a afirmarse cosas que le obligan a uno a
responder. En el Capítulo 8 se mete la constitución de empresas públicas
mixtas hidráulicas que ya se han hecho, por ejemplo, la del Ebro con
43.000 millones, la del Júcar con 15.000, y están previstas para este año
la del Guadalquivir, la del Duero y la del Segura, y encima se pone como
argumento que es que no computa déficit. ¿Lo que quiere es que compute
déficit? Dígamelo si es así. A lo mejor su Grupo prefiere que compute
déficit y
entonces se perderían los fondos de cohesión o los fondos europeos
necesarios para eso. ¿Dígalo? Porque en esta tribuna hay que empezar a
decir con coherencia las cosas.
Su Grupo ha presentado enmiendas a muchas secciones, pero a ésta las ha
presentado por un importe elevadísimo de millones de pesetas. ¿Sabe dónde
les ha dado usted la baja? En la Sección 31. Como esta sección no tiene
suficiente dotación, ¿qué es lo que hacen? Presentan una enmienda, la
743, en donde piden un aumento de 950.000 millones de pesetas en el
capítulo de ingresos. Esto también hay que explicarlo porque es la
política presupuestaria del Partido Socialista. ¿Sabe de dónde se sacan
esos 950.000 millones de pesetas, Senadora? También habrá que decir la
justificación que ustedes dan aquí: mantenimiento para el ejercicio de
1999 de la vigencia del IRPF; derogación de la tributación fija y única
del 20 por ciento; retención del 30 por ciento sobre plusvalías de fondos
de inversión, pago fraccionado del 20 por ciento en el Impuesto sobre
Sociedades y unificación de tipo del 35 por ciento en el Impuesto sobre
Sociedades. Es decir, el aumento exagerado y bestial de la presión
fiscal.
Diga usted aquí si es verdad que para hacer esas obras hidráulicas, para
atender su presupuesto, como usted solicitaba al Grupo Parlamentario
Popular, tenemos efectivamente que hacer eso. Eso es lo importante de un
presupuesto.
No le veo coherencia a ese tema. Poner en funcionamiento una política
medioambiental inexistente hasta el año 1996 --dicho coloquialmente-- no
es ponerse a freír un huevo y cuesta un trabajo y una andadura, sobre
todo cuando se tienen que pagar --también dicho coloquialmente-- las púas
de la gestión de gobiernos anteriores por valor de más de 150.000
millones de pesetas, y cuando uno se encuentra una habitación llena de
convenios, unos sin autorización y otros sin compromiso de gasto.
Creo, señorías, que el Ministerio de Medio Ambiente está dando pasos
importantísimos: ha hecho una transposición de directivas comunitarias
que no se había realizado; se han hecho avances importantes en materia de
conservación de legislación como las leyes de envases y de residuos, o la
nueva creación de parques nacionales. Sobre todo en materia de aguas ha
dado un paso de gigante con la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca y la próxima financiación, con los usuarios de las
infraestructuras hidraúlicas necesarias para aquellos proyectos que ellos
quieren mantener y disfrutar. Eso lejos de ser una privatización es poner
en funcionamiento mecanismos que agilicen y hagan posible
infraestructuras hidraúlicas que de otra manera no se podrían hacer. Si
no está usted de acuerdo, puede decirlo.
Usted me pregunta si hacemos o no el pantano de La Breña; si lo hacemos
con la sociedad o no; o si hacemos o no el del Arenoso. Dígalo. Esas
cosas también hay que decirlas aquí. Esas son ofertas hidraúlicas que sin
duda son necesarias realizar.
Quiero agradecer el tono de todas sus señorías y quiero decirles que
estoy con ustedes en una cosa. Es necesario que entre todos la política
medioambiental de este país vaya hacia adelante, que queda mucho por
hacer y sus señorías, sin duda, colaborarán en ello.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
El Senador Pascual Fernández-Layos tiene la palabra.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo reconocer la ardua tarea de todas sus señorías para
elaborar tan elevado número de enmiendas en tan corto espacio de tiempo,
enmiendas que estoy convencido, por otra parte, responden a proyectos
necesarios y seguramente algunos de ellos esperando su realización desde
hace tiempo.
El Gobierno, dentro de un marco presupuestario restrictivo de contención
del gasto encaminado a la reducción del déficit público, que sea creíble
para la sociedad y los círculos financieros y que tan buenos resultados
nos está dando hasta ahora, ha hecho un esfuerzo importante incrementando
su montante económico un 12,37 por ciento.
Por la premura del tiempo, voy a intentar responder a todas las
enmiendas, y lo voy a hacer de una manera global y por programas.
Al Programa 512.A, de gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos,
se han presentado, por el Senador Román Clemente, 79 enmiendas, así como
otras 34 de supresión; el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 18
enmiendas; Unió Valenciana, a través de su Senador Vicente Ferrer, 23
enmiendas; los Senadores José Luis Nieto y la Senadora Pilar Costa, 43
enmiendas; la Senadora Costa, por otra parte, ha presentado dos
enmiendas; la Senador De Boneta, una enmienda; CIU ha retirado las suyas
y el Partido Aragonés, 10 enmiendas. Las altas de todas ellas se cifran
en unos 160.000 millones de pesetas, situándose las bajas prácticamente
todas ellas en el Programa 511.E y en la Sección 31 mayoritariamente.
Es un montante económico muy considerable que nosotros no podemos aceptar
porque rompería la filosofía política con que se han redactado estos
presupuestos, ya que la inmensa mayoría de las bajas van, como he dicho,
a la Sección 31, programa 633.A y al Programa 511.E de esta sección,
artículo 85, de adquisición de acciones y participación en el sector
público, asunto este ya suficientemente debatido en el Congreso y en esta
Cámara el año pasado e incluso en la Comisión de Presupuestos. Es una
cuestión de principios económicos dispares en la que lamentablemente no
podemos estar de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y con el
Grupo de Izquierda Unida fundamentalmente.
El Senador de Unió Valenciana, como es lógico, circunscribe sus
peticiones a su Comunidad Autónoma. Creemos honradamente que en estos
presupuestos no resulta agraviada dicha Comunidad Autónoma con respecto a
las demás. En cuanto a las enmiendas del Partido
Aragonés, sí es cierto que tenemos establecido un convenio, pero ustedes
conocen lo mismo o mejor que yo, que se han desbloqueado las obras del
pacto del agua y que en estos presupuestos están previstas obras muy
importantes para todo Aragón.
Tampoco estamos de acuerdo con las enmiendas de supresión que plantea el
Senador Román Clemente porque responden a proyectos de obras encaminadas
a asegurar los recursos hídricos en épocas de sequía, así como a
minimizar, en algunos casos, los efectos devastadores de las
inundaciones.
Tanto en este programa como en el resto de la sección hay, por otra
parte, numerosas enmiendas que, al no contar con los proyectos de
ejecución de obras e impacto ambiental, seria técnicamente imposible que
se pudieran licitar en este año.
Al Programa 511.E, de planificación y ordenación territorial, se han
presentado tres enmiendas por el Senador Román Clemente. La supresión de
87.000 millones de pesetas debe de ser un error, porque el artículo 85
sólo tiene 47.000 millones de pesetas. Lo fundamental en este programa es
el capítulo 8, de activos financieros. Es política de este Ministerio dar
un gran protagonismo en la ejecución presupuestaria a los organismos
autónomos, especialmente a las confederaciones hidrográficas y a las
sociedades estatales, descentralizando la ejecución del gasto y la
inversión, aparte de que estas sociedades estatales, según nuestro
criterio y con las aportaciones privadas, duplican el número de
inversiones, tan necesarias para minimizar los efectos de las sequías
que, en nuestro país, son recurrentes. Esta es la razón por la que
rechazamos estas enmiendas.
Al Programa 441.A, de infraestructura urbana de saneamiento y calidad del
agua, se han presentado, por el Senador Román Clemente, 40 enmiendas; por
el Grupo Parlamentario Socialista, 10; por Unión Valenciana, cinco; el
Senador Nieto y la Senadora Costa, 9; la Senadora De Boneta, 8 y el
Partido Aragonés, 2.
Las altas se cifran en unos 120.000 millones de pesetas, situándose las
bajas, fundamentalmente, en la Sección 31 y en el Programa 511.E. También
rechazamos estas enmiendas con los mismos criterios antes expuestos,
aparte de que este programa ha experimentado un alza muy importante,
alrededor del 20 por ciento, para ayudar a los ayuntamientos en su
financiación con fondos europeos en la depuración de aguas residuales, su
reutilización, etcétera.
Al Programa 443.D, de protección y mejora del medio ambiente, el Senado
Román Clemente ha presentado 15 enmiendas; el Grupo Parlamentario
Socialista, una de 8.000 millones de pesetas para transferencias a las
Comunidades Autónomas; Unión Valenciana, una enmienda; el Senador Nieto y
la Senadora Costa han presentado dos y la Senador De Boneta, otras dos.
Las altas se cifran en unos 53.000 millones de pesetas, y las bajas se
sitúan fundamentalmente en la Sección 31 y en el Programa 511.E.
Rechazamos, por lo tanto, estas enmiendas por los mismos motivos antes
expuestos, aparte de que las competencias de este programa corresponden a
las Comunidades Autónomas.
Al programa de costas, 514.C, ha presentado el Senador Román Clemente
seis enmiendas; el Grupo Parlamentario Socialista ocho; Unión Valenciana
cuatro; el Senador Nieto y la Senadora Costa 14 enmiendas, la Senadora
Costa tres; el Senador Padrón 13, el Senador Armas una y la Senadora De
Boneta seis, cifrándose las altas en unos 48.000 millones de pesetas.
Asimismo, las bajas se sitúan otra vez en la Sección 31 y en la Sección
14.
También rechazamos las enmiendas presentadas por los argumentos
anteriormente expuestos. Les recuerdo a los Senadores canarios, aunque no
veo ninguno, el convenio de este Ministerio con su Comunidad Autónoma en
materia de costas que ya cuenta con dotación suficiente en esta Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Al programa de meteorología se ha formulado una sola enmienda del Senador
Román Clemente y cuatro del Senador Nieto y de la Senadora Costa,
cifrándose las altas en 35.400 millones de pesetas. Las bajas van al
Programa 511.E y a la Sección 31. Son rechazadas por los mismos criterios
anteriores. Además, se ha conseguido por parte de la empresa
adjudicataria una gran integración técnica de los diferentes sistemas
informáticos que componen este proyecto. Como consecuencia, se han
reducido de forma muy significativa los costes asociados a los mismos,
también por la baja de precios en el mercado tecnológico de las
comunicaciones, siendo mucho más real la cantidad que figura en los
presupuestos que las enmiendas que proponen sus señorías.
Al Programa 533.A, de protección y mejora del medio natural, el Senador
Román Clemente ha presentado ocho enmiendas, el Grupo Parlamentario
Socialista tres, Unión Valenciana una, el Senador Nieto y la Senadora
Costa cuatro, la Senadora Costa una, el Senador Padrón una, el Senador
Armas una y el Partido Aragonés dos enmiendas, cifrándose las altas en
57.650 millones de pesetas. Las bajas van, fundamentalmente, a la Sección
31 y al Programa 511.
Rechazamos estas enmiendas por las razones antes expuestas, aunque quiero
destacar el aumento espectacular del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, que experimenta un 40 por ciento de altas respecto del año
anterior, y hacer notar que una parte importante de las competencias de
este programa son compartidas con las Comunidades Autónomas.
Doy por defendidas en sus justos términos las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular. No obstante, quiero hacer notar que en la enmienda
1.147, la baja del Programa 441.A, concepto 751, «transferencias de
capital a Comunidades Autónomas», está contemplada en el ejercicio 1998,
en el Plan de Saneamiento de Depuración de Aguas Residuales en el
concierto convenido con la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Señorías, cabe preguntarse para terminar...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, ha terminado su tiempo.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Termino inmediatamente.
Unicamente quiero decir que no podemos aceptar ninguna de estas
enmiendas. Tenemos una filosofía económica distinta de la del Grupo
Parlamentario Socialista y de la de Izquierda Unida. En sus enmiendas nos
dicen que se pueden hacer estas obras aumentando los impuestos. Pues
bien, todas las políticas son buenas o lícitas. Ustedes tienen unas y
nosotros tenemos otras. Cada cuatro años nos examina el pueblo español a
todos y en su día determinará con qué clase de políticas o de filosofías
económicas quiere ser gobernado, mientras tanto nosotros asumimos nuestra
responsabilidad de gobierno intentando sacar adelante con nuestro Grupo
Parlamentario en el Congreso unos Presupuestos Generales que nos permitan
la convergencia real con Europa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Pascual.
Turno de portavoces. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
¿Señor Presidente, cabe entender defendida la enmienda 1.147?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Exactamente.
El señor ALEU I JORNET: Quisiéramos hacer un turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Están ustedes en su derecho.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.147 pretende echar para atrás lo que una enmienda en el
Congreso de los Diputados aprobó, que era un incremento de 2.100 millones
para el convenio de saneamiento en Cataluña con una baja en la Sección
31. Ahora esto se hace al revés, es decir, se dan de alta 2.100 millones,
se dan de baja en la Sección 31, se dan de baja 1.650 del convenio y 450
de un proyecto concreto 1986-17-06-1345 que corresponde ni más ni menos
que a los riegos de la acequia de Piñar.
La justificación de la enmienda en el Congreso era la siguiente: en
cumplimiento de los acuerdos relativos al Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales. Era una enmienda del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió que debía ser verdad y que nosotros votamos a
favor. Pues si era verdad, no entendemos que ahora se quite, y si no era
verdad, ¿por qué se presentó?
Segunda consideración. Ayer, en el debate de la enmienda número 1.134 del
Grupo Parlamentario Popular, que nosotros apoyamos, que trataba de un
plan cultural para Barcelona, el portavoz en aquel momento del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió anunció su voto
en contra porque se producía una baja de 80 millones de pesetas para el
Archivo de Lérida. Pues aquí se produce una baja de 450 millones de
pesetas para un regadío importantísimo en Lérida. ¿Qué van a hacer?
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero hacer simplemente unas observaciones en torno a las respuestas que
se han dado en relación con las enmiendas que hemos presentado.
En primer lugar, hay que reconocer que, efectivamente, la mayor parte de
nuestras enmiendas están referidas a esta Sección 31. Sin embargo, sin
perjuicio de importantes bajas que suponemos habrá en esta Sección, debo
decir a modo de ejemplo lo siguiente en relación con el primer grupo de
enmiendas que esta Senadora ha presentado.
En la número 68 solicitamos simplemente una cantidad de 38 millones de
pesetas para la mejora del paseo marítimo de Portugalete. La número 74 se
refiere a depuración, saneamiento y evitación de vertidos en playas, y en
ella se solicitan concretamente 26.750.743 pesetas. Hablando de
saneamiento de playas, solicitamos en las enmiendas números 70 y 75 una
cantidad de 40 y 43 millones de pesetas respectivamente para las de
Somorrostro y Sopelana.
Nos hemos referido en repetidas ocasiones a un proyecto que viene
planteándose desde los presupuestos del pasado año y en relación con el
cual la Dirección General de Costas ha manifestado su interés repetidas
veces --interés que he tenido ocasión de ver también personalmente por
parte del Alcalde de la localidad correspondiente.
Pues bien, en relación con dicho proyecto, nuestra enmienda número 76 se
refiere concretamente al saneamiento de las playas de Deba y Lapari así
como a otras acciones a realizar en la propia ría, pero debo decirles a
sus señorías que en el Anexo de inversiones reales para 1999 y en la
programación plurianual, Programa 514.C, consta la rehabilitación de la
margen izquierda de la ría del Deba, lo que sólo arreglaría parcialmente
el problema sin que se solucionen los otros a que me he referido.
Pero es que, además, hay un problema genérico de infraestructuras y de
regeneración de playas para cuya solución se solicita una cantidad
suficiente con carácter plurianual de 7.494 millones de pesetas solamente
para 1999. Nosotros en modo alguno hemos rebajado la cantidad importante
de más de 780 millones de pesetas que hemos dado de baja en la Sección
31, sino que de esa consignación del propio Anexo de inversiones reales
solicitamos la creación, en esa dotación genérica, de un subconcepto.
Tenemos que concluir que la no respuesta satisfactoria puede deberse,
bien a inadvertencia, a no haber leído bien lo que planteamos, o bien a
una clara falta de voluntad política por más que el responsable, el
propio Director de Costas considere este proyecto necesario para
completar obras importantes que son competencia de la Dirección de Costas
a realizar en el litoral de la Comunidad Autónoma vasca, obras que,
curiosamente, vienen realizándose en todos los municipios afectados,
desde Donostia pasando por Orio, Zarautz, Zumaia, saltando a Motrico
hasta la costa vizcaína.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador don Sixto Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Aleu, en relación a su turno en contra de esta enmienda alegando
que íbamos a votar a favor de esta enmienda, me voy a remitir a la
intervención del pasado lunes sobre los vetos. Tanto usted como yo
llevamos aquí cuatro días y muchas horas debatiendo, por lo que es muy
difícil recordar lo mucho que se ha dicho. Nosotros manifestamos que se
había incrementado sustancialmente la inversión en Cataluña, que es uno
de los motivos por los cuales damos nuestro apoyo a estos presupuestos, y
que manteníamos unas discrepancias y malentendidos con el Gobierno que
prevenían de compromisos presupuestarios anteriores que entendíamos no se
habían ejecutado correctamente.
Esta enmienda que se aprobó en el Congreso hacía referencia a ello. Han
sido comprometidas estas actuaciones, que se llevarán a cabo con cargo a
los compromisos presupuestarios aprobados anteriormente --por lo tanto
con cargo al Presupuesto de 1998--, y éste es el motivo por el que
nuestro Grupo va a votar favorablemente esta enmienda. En ningún caso
renunciando a la ejecución del proyecto citado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Senador Esteban Albert, no voy a hacer ciencia ficción, porque es
bastante incompatible hacer ciencia, que es rigor, con la ficción. Sólo
voy a hacer historia.
Le he explicado a usted cómo hemos enmendado esta Sección, y lo hemos
hecho trasladando los 47.000 millones del Capítulo 8, que entendemos no
debe gestionar la iniciativa privada. Así lo interpretábamos en 1997, en
los primeros presupuestos que elaboraron ustedes, y nos lo ha confirmado
el tiempo, porque no han intervenido un solo duro en ninguna de las obras
iniciadas.
Le señalaba que no computara déficit por casualidad, porque luego ustedes
presumen de que han bajado el déficit; y no es que yo quiera que se
pierdan fondos europeos; eso lo hacen ustedes continuamente: han perdido
los fondos de cohesión y van a perder otros fondos; si no, podemos
remitirnos a la Cumbre de Viena y la falta de rigor del Presidente Aznar
en sus planteamientos.
Señorías, hago historia por una razón, porque la misma Ministra ha
presentado a esta Sección siete enmiendas. De esas siete, cinco afectan a
la Sección 31. ¿Qué le pide a la oposición? ¿Qué haga algo distinto de lo
que hace la propia Ministra? Las otras dos enmiendas son de remodelación
interna del programa.
Lo que no hacemos nosotros es lo que usted y su Grupo hacían mucho cuando
estaban en la oposición, que era dar de baja de la Sección
correspondiente, la 60, a la Seguridad Social, porque nosotros no
queríamos acabar con la estructura. Parece ser que ustedes, a pesar de
los esfuerzos que hace el Ministro campeón --como decían por aquí-- sí
acabarán con ella.
En materia de agua, la Ministra no sólo no ha hecho nada, sino que ha
hecho lo contrario de lo que había prometido. Prometió presentar el Plan
Hidrológico a estas Cámaras en un año; no lo hizo. Luego, al finalizar la
legislatura; ahora señala que el día 10 de este mes comparecerá para
presentar el Libro Blanco del agua, y no lo ha hecho, y suspende la
comparecencia en Comisión el día anterior, que era a petición propia. No
voy a cuestionar --debería haberlo hecho-- que debería haber presentado
ese mismo informe para su estudio y debate en el Consejo Nacional del
Agua, pero sí que no debería haber excluido a esta Cámara del debate en
materia de agua, sobre todo porque ustedes han cambiado mucho. Nosotros
hemos seguido teniendo el mismo Plan Hidrológico Nacional; ustedes han
copiado muchos de los elementos de ese plan.
Senador Esteban Albert, a la hora de enmendar lógicamente puede haber
criterios distintos y las prioridades no son compartidas. Si usted me
hubiera hablado de prioridades de fondo, podría hasta entenderlo. Pero
usted me habla de forma, cuando ustedes han presentado auténticas
enmiendas de campanario.
Yo le he explicado a usted desde esta tribuna que hemos enmendado a este
Ministerio inversor porque le han adjudicado la materia inversora
hidráulica, ni más ni menos que del orden de 105 millones --casi nada es
de la Sección 31-- de los 47.000 millones de pesetas y de las bajas de
esa reforma de IRPF por la que ustedes apuestan. Nosotros hemos cambiado
el capítulo de ingresos. Consecuentemente, no me puede cuestionar la
forma, porque, entre otras cosas, su historia es la que cuestionaba antes
y ahora la forma. Hasta tal extremo, que no me resisto a darle sólo un
ejemplo para que vean cómo hacen ustedes electoralismo. De las siete
enmiendas que presenta la señora Ministra, además de aquella a la que ha
hecho el turno en contra el Senador Aleu, que atañe a Cataluña, las que
dan de baja de la Sección 31, ¿sabe usted a dónde van? A la Comunidad
Autónoma de Galicia, con anualidades no solo de este ejercicio, sino para
los ejercicios
de 1999 y el 2000. Sin embargo, en la otra enmienda, que sólo viene a
tapar ese electoralismo que ustedes necesitan, se da de alta en «otros
planes de riegos en el Guadalquivir», dotada con 100 millones de pesetas.
Es decir, una remodelación interna, en este caso la baja también es de
otras actuaciones en inversiones hidráulicas de la misma Confederación.
Pues bien, ¿sabe usted que están haciendo con estos otros planes de
riegos en el Guadalquivir? Vender esos cien millones, que son una
ridiculez, en todos los municipios cercanos al Guadalquivir, venderlo en
mi provincia y en cualquier sitio.
Sean ustedes rigurosos, y díganme --aunque en cierta manera al final lo
ha dicho-- que en la alternativa nuestras prioridades no coinciden con
las suyas, pero no me critique una forma que es más rigurosa que la de
ustedes y que la forma en que ustedes presupuestan. Por eso, le he
recordado el déficit.
Por último, señor Presidente, como no quiero que me ordene más el debate,
porque yo sí dispongo de mis tiempos, de mis palabras y de mis silencios,
para que no pierda usted el avión, me callo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Como se dice coloquialmente, como no está el horno para bollos, intentaré
no caldearlo mucho más. Sí le quiero decir que la verdad es que he
intentado prestar toda la atención que he podido a las sucesivas
reflexiones que nos hacía la Senadora Pleguezuelos, sin coherencia ni
ilación, pero no las he podido poner en orden.
En su primera intervención afirmaba que, a buen seguro, le iba a recordar
la herencia. No la he tocado, y ahora, al contrario, me la recuerda
usted, estos son los clásicos argumentos. Sí tengo que felicitarle porque
si de lo que se trataba era de que ninguno nos enteráramos de cuál era su
proyecto lo ha conseguido plenamente. No sabemos cuál es su alternativa a
estos presupuestos.
No es una cuestión de rigor lo que ustedes han planteado a la Sección 31.
Lo que me llama poderosamente la atención es que cuando a ustedes se les
descubre que hacen un ingreso a la Sección 31 a través de la enmienda
743, ampliando toda la base impositiva y todo el sistema tributario
español, no lo digan. Digan: en vez de 100 millones, que es una
ridiculez, quiero que pongan 500 millones de pesetas y, para eso, hay que
elevar la imposición por IVA o por IRPF. Se dice, se asume, y a eso le
veo rigor y coherencia. A lo que no le veo rigor ni coherencia es a
criticar una política enmarcada en un contexto general de austeridad para
entrar dentro de un compromiso europeo --que ya veremos qué éxito tiene,
o no, de momento no va mal-- y a decir después que se hace una política
electoralista, que si usted quiere, le diré que es legítima, pero no por
eso voy a dejar de responderle.
Esta política en materia medioambiental es muy subjetiva, desde luego va
a ser difícil que haya acuerdos en filosofías tan distintas. Estoy
convencido, y eso no lo puedo poner en duda, de que ustedes van buscando
igual que nosotros y el resto de los grupos políticos lo mejor en esa
materia, pero tengo que entender que el sistema que utilizan, hasta ahora
no ha dado el resultado apetecido.
Sabe usted que la Ley de Aguas es del año 1985, que mandataba hacer un
plan hidrológico nacional y que aún estamos sin él. Y alguna
responsabilidad habrán tenido ustedes. Evidentemente, el agua y el medio
ambiente no han empezado a existir en mayo de 1996. No obstante, en estos
momentos estamos más cerca del final que del principio. Cuando llegamos
--y usando palabras del Senador Román-- a Medio Ambiente, efectivamente,
no podíamos ni dar ese paso hacia adelante. Estábamos en el abismo. Por
tanto, estoy convencido, como he dicho anteriormente, de que con las
aportaciones de sus señorías, desde la coherencia y el rigor frente a
estas materias, respecto de las que la población es bastante sensible,
sin duda que dentro de pocos años podremos tener una política
medioambiental mucho más asentada y respetada por los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a debatir la Sección 25, de Presidencia.
La enmienda 584, del Senador Nieto Cicuéndez, está defendida.
Corresponde la palabra al Senador Román Clemente por las enmiendas 1.876,
1.877 y 1880.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Y ahora la del Grupo Parlamentario Socialista, número 1.003, para cuya
defensa tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Señor Presidente, señorías, como tuve ocasión de
manifestar en el debate de esta sección llevado a cabo en la Comisión, la
gran novedad que presenta la Sección 25 del presupuesto para 1999 es la
inclusión de un nuevo Programa que, con el número 542.M se denomina de
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica; un
programa que, en mi opinión, exige un análisis detenido, aun cuando en el
tiempo no pueda ser excesivamente largo, pero por lo menos sí respecto de
su filosofía, porque, como también expuse en la Comisión, el punto de
vista del Grupo Socialista es que su inclusión en la Sección 25 supone un
completo desajuste, ya que no forma parte del objetivo que habitualmente
se debe suponer a la Presidencia del Gobierno.
En cuanto a esta duda, que en su momento expuse en la Comisión y respecto
de la que por parte del Senador Escuín se respondió diciendo que podíamos
estar tranquilos, se trata de una tranquilidad que ni siquiera comparten
ustedes, porque ahora, después de un año de experiencia, en la ley de
acompañamiento, en el artículo 60.2, ustedes introducen una nueva
modificación en todo lo que ya es el complejo mundo de la coordinación en
la investigación científica y tecnológica y crean un nuevo órgano, el
cual superpone sus funciones con este de la Oficina de Coordinación de la
Investigación Tecnológica, que es el Consejo General de la Ciencia y de
la Tecnología, pero es un órgano que tiene la peculiaridad de que será
presidido también por el Presidente de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, que no es otro que el Presidente del Gobierno. Y
esto, repito, es bastante contradictorio, porque desde el tiempo que hace
--que ya son tres años-- que el señor Aznar ostenta la Presidencia de la
CICIT no se ha reunido nada más que una vez. Es, por tanto, dudoso pensar
que la incardinación de esta Oficina en la Presidencia del Gobierno va a
suponer una mayor eficacia en el tema de la coordinación científica. Por
tanto, concluyo este argumento diciendo que para nosotros existe una
sensible y clara falta de adecuación de los objetivos propios de la
Sección con la inclusión de este programa.
En términos generales, cuando ustedes hablan de la Sección 25 no son
especialmente modestos, sino todo lo contrario, están bastante orgullosos
de cómo se presenta el presupuesto de la Sección 25, definiéndolo con
tres grandes conceptos.
Dicen ustedes incluso que éste es un presupuesto ejemplar, porque es
austero, es transparente y porque hay, como no podía ser de otra manera,
una adecuación de las partidas a los objetivos. Yo quisiera hacer un
breve repaso a estos tres conceptos.
No estamos ante un presupuesto austero, porque para ello tendríamos que
estar dentro de la evolución mínima que ha tenido el crecimiento del IPC
en el período de tiempo que ustedes llevan gobernando. Y ya dije en su
momento en la Comisión que si se tiene el interés --como yo lo he
tenido-- de hacer un análisis comparativo entre la liquidación del
presupuesto de 1996, que fue el que ustedes heredaron del Gobierno
socialista, y el que presentan para 1999 , se puede observar que el
resultado es totalmente distinto, porque, repito, excluyendo de este
presupuesto de 1999 las partidas que no son gastos estructurales, sino
coyunturales, ustedes han crecido un 7,71 por ciento. En el subsector
Estado, que es el que nos importa realmente, han pasado de 15.500 a
20.170 millones de pesetas. Si el IPC ha subido un 4 por ciento, ustedes
se han separado notablemente de ese objetivo que teóricamente podría
definir lo que ustedes llaman austeridad.
Lo mismo podría decir de otros apartados totalmente importantes, como
ocurre por ejemplo con el Capítulo 2, que es en el que durante más tiempo
ustedes han insistido que ha tenido un incremento del 7,24 por ciento
entre 1976 y 1999, que también se desvía notablemente. Y, cómo no, el
paradigma es el Capítulo 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Termino en treinta segundos, señor Presidente.
El Capítulo 1, Presidencia del Gobierno, ha tenido un incremento del
42,77 por ciento desde que ustedes son los responsables de gestionar este
país.
Acabo --espero poder seguir, en el turno de portavoces, con la conclusión
de mis reflexiones-- diciendo que está sobradamente justificado, desde el
punto de vista numérico, desde el punto de vista cuantitativo y desde el
punto de vista de la filosofía de la Sección 25, el veto que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta a los presupuestos del año 1999.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Escuin Monfort.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, contrariamente a lo manifestado por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, consideramos que los presupuestos que amparan
la Sección 25 son los apropiados para cumplir los fines a los que están
destinados, además de ser claros y suficientes. Rechazamos por ello la
enmienda de veto del Grupo Parlamentario Socialista, el único grupo que
ha presentado un veto a esta sección en esta Cámara y que, si bien no es
especialmente inversora, sí tiene una especial relevancia política, por
afectar precisamente al Presidente y Vicepresidente del Gobierno. Esta
circunstancia hace comprensible el veto socialista, más que razones de
verdadera consistencia.
El presupuesto de la Sección 25 comprende al subsector Estado y a los
organismos autónomos y entes públicos dependientes de él. Contiene los
programas de Presidencia del Gobierno, Infraestructura para situaciones
de crisis, Relaciones con las Cortes, Secretaría de Gobierno y apoyo a la
alta dirección y Cobertura informativa, a los que habrá que añadir, como
una novedad, el programa de Fomento y coordinación de investigación
científica y técnica, que ha sido especialmente criticado por el portavoz
socialista, lo cual supone que, más que una propuesta de veto, hubieran
sido necesarias, por las tres objeciones que prácticamente ha hecho a
esta Sección, tres enmiendas particularizadas y no un veto a la
totalidad.
Como organismos autónomos figuran: el Centro de Investigaciones
Sociológicas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el
«Boletín Oficial del Estado» y el Patrimonio Nacional. Se incluyen además
dos programas presupuestarios gestionados por entes del sector público,
como el programa de Seguridad nuclear y protección radiológica,
gestionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, y el programa de
Promoción y cooperación cultural, que se limita a reflejar una subvención
a favor del Ente Público Radiotelevisión Española y a la Fundación
Nacional del Vidrio, así como becas para la formación de profesionales.
Señorías, como estamos debatiendo una enmienda de totalidad, quiero
analizar, aunque muy someramente, el conjunto de toda la sección, y no
los tres aspectos parciales del veto del Grupo Parlamentario Socialista.
Esta sección tiene un presupuesto total, para 1999, de 47.558 millones,
de los que un 67,7 por ciento se destina a transferencias a
Radiotelevisión Española, al contrato con la Agencia EFE, a
transferencias a organismos autónomos, al pago de sentencias del Tribunal
Supremo y a la Oficina de la Ciencia y Tecnología. El resto, 10.357
millones, se destina a los diferentes capítulos de la sección. Es una
cantidad muy inferior a la que hace unos momentos señalaba aquí el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carvajal.
El aumento de gastos de personal, del Capítulo 1, queda absorbido por el
1,8 por ciento de incremento de subvenciones --que no es criticado por el
Grupo Parlamentario Socialista-- y los correspondientes y derivados de la
incorporación de la Oficina de Ciencia y Tecnología. Por consiguiente, no
hay aumento en personal.
Respecto al Capítulo 2, Gastos corrientes, se lo dije en Comisión y se lo
repito ahora, el crecimiento de 1.574 millones constituye sin duda un
aumento importante, pero queda reducido a 113 millones al descontar los
1.195 que están destinados al contrato con la Agencia EFE, y otros 265
debidos a la incorporación de la Oficina de Ciencia y Tecnología. Por
cierto, este crecimiento es bastante inferior al ejercicio del año
anterior, que fue de 295 millones, por tanto vamos descendiendo en el
Capítulo de gastos corrientes.
El Capítulo 4, transferencias corrientes, constituye la principal partida
de gastos de la sección. Crece en 5.818 millones, pero se debe a que
3.390 millones están destinados al cumplimiento de sentencias del
Tribunal Supremo y otros 2.352 millones para el pago al exterior, por la
participación en centros y programas internacionales de investigación,
incluido el nuevo programa 542.M.
Por lo que se refiere al Capítulo 8, transferencias de capital, su mayor
crecimiento se debe fundamentalmente a la nueva dotación para el
desarrollo de la investigación científica y técnica, de 3.900 millones, y
para la construcción del telescopio Grantecan de 900 millones, además de
las transferencias a los organismos autónomos, especialmente al
Patrimonio Nacional, que va a hacer inversiones en el Palacio Real.
El Capítulo 6 de inversiones es el más comedido, a diferencia de
presupuestos anteriores. Crece únicamente en 63 millones de pesetas, con
una inversión total de 961 millones, y cuyos proyectos figuran claramente
relacionados en los documentos presupuestarios a los que todo Senador
tiene acceso.
Los programas que más crecen, aparte del 542.M, son el de cobertura
informativa, porque figura el pago de indemnizaciones de sentencias del
Tribunal Supremo, el 458.A del Patrimonio Nacional, por las inversiones
del Palacio Real, de 772 millones, y el 543 de investigación científica y
técnica, por la dotación de 500 millones para la constitución de la
Fundación Iberoamericana.
Las transferencias al ente público de Radiotelevisión Española se
mantienen, al igual que el ejercicio anterior, en 11.043 millones.
Mientras no se pacte un nuevo modelo de Televisión Pública nos parece que
destinar más recursos ni resuelve su abultado déficit, ni permite
determinar cuáles son las ayudas necesarias. Si a ello añadimos que la
Unión Europea plantea la restricción de las ayudas a las televisiones
públicas, porque se altera el régimen de competencia con las privadas,
parece suficientemente justificada la decisión de no incrementar esta
participación en los presupuestos de 1999.
Señor Carvajal, esté usted tranquilo respecto a la coordinación de la
investigación científica y técnica. Para nosotros es una garantía que el
Presidente del Gobierno, el máximo responsable y el jefe de nuestro
partido, se preocupe de la coordinación de la ciencia y de la
investigación. Por tanto, no sea usted agorero y déjenos ver cómo se
desarrolla ese tema. Hubiera preferido que en lugar de una enmienda a la
totalidad, que no tiene sentido, hubiésemos discutido este asunto. En
cualquier caso, le insisto en el argumento que le he expuesto.
Por último, ha hecho usted una referencia al programa de Presidencia del
Gobierno, posiblemente el programa estrella sobre el que usted se fija.
Pues bien, señor López Carvajal, por lo que se refiere a los gastos
totales del programa de Presidencia del Gobierno, en 1997 fueron de 3.528
millones; en 1998, de 3.734 millones, es decir, ascendió un 5,84 por
ciento, y le recuerdo que se hizo para que hubiera transparencia en
relación con los viajes. Por tanto, el aumento está ahí. Y en los
presupuestos que estamos discutiendo, es decir, para 1999, el importe es
de 3.812 millones. La subida es, pues, del 2,07 por ciento.
Y en cuanto al Capítulo 2 de este programa específico de Presidencia del
Gobierno, en 1997 el importe fue de 784 millones; en 1998, de 939
millones, y para los presupuestos que estamos discutiendo es de 958
millones, es decir, asciende respecto del anterior en un 2,02 por ciento.
Esos son los números, señor López Carvajal.
Así pues, insisto, por las escasas objeciones existentes, rebatidas todas
ellas, y por el criterio que sostiene el Grupo Socialista respecto de la
Oficina de Ciencia y Tecnología, creemos que esta enmienda de totalidad
no tiene sentido y que lo mejor que podría hacer el Grupo Socialista es
retirarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que concluya.
El señor ESCUIN MONFORT: Termino ya, señor Presidente.
En cuanto a los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, por lo que se
refiere a las enmiendas relativas a Televisión Española sirve el mismo
argumento que he expuesto en relación con el veto del Grupo Socialista.
Respecto de la Agencia EFE, creo que el incremento de estos miles de
millones es suficiente por ahora.
Para finalizar, no podemos aceptar la última de sus enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Escuin.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Escuin, son ustedes incorregibles: siguen ustedes haciendo desde
el Gobierno una parte del discurso que hacían desde la oposición. En este
sentido, en la mayoría de los casos, cuando analizo la Sección 25 lo hago
estrictamente con los mismos criterios que ustedes pusieron en
circulación cuando estaban en la oposición, criterios que no deben
olvidar.
Resulta ridículo que a la altura de 1999 se diga que la falta de
transparencia del presupuesto de los años 1994, 1995 y 1996 se debía a
los expedientes de modificaciones de créditos que tenían que hacerse en
algunos casos para las consignaciones de las partidas denominadas
indemnizaciones por viajes. Pues bien, después de la experiencia que
ustedes han tenido en 1996 y 1997, si analizan el presupuesto de 1998
comprobarán que esa partida ha sufrido un incremento del 95 por ciento,
lo cual demuestra la falta de previsión que se puede tener para este tema
concreto.
Y repito que son incorregibles, porque siguen ustedes insistiendo en la
falta de sensatez y de generosidad cuando hablan del pasado. Sin embargo,
yo a veces les respondo con bastante más generosidad que ustedes. Por
ejemplo, usted ha ocultado algo importante: ¿Cuánto aumenta el Capítulo 1
del presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas para 1999? Se
lo voy a decir: un 19 por ciento. ¿Tiene eso algo que ver con que a
ustedes les interese mucho ese viaje hacia el centro, cuando el centro
--se lo digo por si no lo sabe-- es el territorio de las encuestas y
precisamente el CIS es el encargado de hacerlas y, por tanto, el eje de
su política de imagen? Insisto, dicho capítulo aumenta un 19 por ciento,
y no me lo estoy inventando. Puede usted comprobarlo.
Y cuando habla de las inversiones, es normal que si durante una serie de
años se hacen inversiones en el entorno de la Presidencia del Gobierno
--que, como ustedes saben, tiene más de 200.000 metros cuadrados--, una
vez hechas ya no hay por qué insistir en ese tipo de inversiones. No
presuman. Ustedes se han encontrado un complejo que está ahora mismo
adecuado y que es funcional gracias a las inversiones que se hicieron
durante la época del Gobierno socialista.
Yo creo que este Presupuesto --repito y acabo-- no responde la filosofía
con la que ustedes lo presentan. El día y la hora en que ustedes hablen
del presupuesto de la Presidencia del Gobierno como corresponde a un país
normal y corriente, donde no se le discuten al Presidente del Gobierno
las cosas que ustedes discutían al señor González, a lo mejor entramos en
otra dinámica; pero, mientras tanto, nosotros vamos a seguir analizando
este presupuesto con el mismo discurso que ustedes empleaban cuando
estaban en la oposición, ni más ni menos, con el mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador López
Carvajal.
Senador Escuin, tiene usted la palabra.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
A pesar de cuanto ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, no sin cierta habilidad, pues alguna hay que tener para
defender esta enmienda de totalidad a la Sección 25, quiero decirle,
señor López Carvajal, que esa habilidad la ha demostrado usted saliéndose
por los cerros de Ubeda.
Aquí, en el Senado, ha discutido cosas y aspectos de la Sección que no
fueron discutidos en el Congreso de los Diputados, porque esta enmienda
es fiel calco, es idéntica a la que se presentó en el Congreso de los
Diputados; en cambio, usted ha discutido aquí lo que allí dieron por
bueno. Y ahora, ante los argumentos que le demuestran a usted lo
equivocado que está, nos vuelve a salir con otra serie de historias.
Una enmienda de totalidad significa ver en su conjunto toda la Sección
25, cosa que usted no ha hecho. En la justificación de su enmienda dice
que esta enmienda a la totalidad procede por un fuerte aumento del
presupuesto de la Sección que, según ustedes, conduce al Ministerio de la
Presidencia a una estructura progresivamente más compleja y, por lo
tanto, ineficaz. Desde un punto de vista literario queda muy bien el
párrafo, pero totalmente falso en la realidad.
Porque, señor López Carvajal, este fuerte aumento queda reducido a 835
millones de pesetas, es decir, un 2,36 por ciento, prácticamente el
equivalente a la actualización económica, porque esa cantidad es la que
resulta de sustraer a los 12.200 millones de pesetas las partidas
destinadas al pago de indemnizaciones de sentencias, como he dicho,
también al contrato de la Agencia Efe, que usted no ha discutido, y al de
la Oficina nueva de la Ciencia y Tecnología. Pero es que, además, señor
López Carvajal, a esos 835 millones de pesetas hay que restarles 129, que
equivalen al incremento del 1,8 por ciento de los funcionarios, que usted
tampoco ha criticado, y 529 millones del Patrimonio Nacional, que tampoco
usted ha criticado. Y el resto, 114 millones, es en lo que realmente
aumenta esta Sección. ¿Sabe cuál es el porcentaje? El 0,33 por ciento, y
por un aumento del 0,33 por ciento ustedes dicen que esto es un fuerte
aumento de la Sección.
Señorías, no quiero dar más explicaciones porque los datos, las cifras
que figuran en los documentos --a pesar de que usted se empeñe-- avalan
la postura de este portavoz.
Como conclusión, cualquier persona puede convenir conmigo en la
valoración de su enmienda: en primer lugar, un intento vano de erosionar
la figura del Presidente del Gobierno, con la que ustedes parece que
están obcecados; segundo, es una pérdida miserable de tiempo, y, por
último, una oposición totalmente intrascendente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Escuin.
Pasamos ahora a debatir la Sección 26, Sanidad y Consumo, e Insalud.
Tiene la palabra el Senador Blasco Nogués para defender las enmiendas
números 673 a 677.
El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, las enmiendas números 673 a 677 del Partido Aragonés,
correspondientes a esta Sección, prevén que la transferencia sanitaria
que posiblemente va a realizarse se haga de forma más real y adecuada a
las necesidades sociales aragonesas.
La aprobación de la enmienda número 673 permitiría resolver el déficit
acumulado del Hospital de Jaca provocado por la insuficiencia de su
Ayuntamiento a la hora de aportar su participación en un convenio
concertado a partir de junio de 1998 entre el Insalud y el propio
Hospital de Jaca, dejando al Ayuntamiento en un porcentaje bastante
inferior.
La enmienda número 674 hace referencia al importe real preciso para el
equipamiento clínico y mobiliario del Hospital Royo Villanova, cumpliendo
así el acuerdo del 28 de enero de 1998. Los 150 millones de pesetas
contemplados en la enmienda número 1.166 del Grupo Parlamentario Popular
son casi la mitad de los 290 millones que recoge nuestra enmienda,
cantidad que coincide con la valoración real que se hizo en aquel
acuerdo.
En cuanto a la enmienda número 677, los 1.300 millones de pesetas
permitirán concertar la actividad del Hospital Royo Villanova mediante la
fórmula de concierto singular sustitutorio con efectividad desde el día 1
de enero de 1999.
La enmienda número 675 incluye una partida presupuestaria para un
proyecto de Hospital comarcal en las Cinco Villas.
La número 676 recoge una partida de 3.200 millones de pesetas, cantidad
equivalente a la aportada por la Diputación General de Aragón entre los
años 1987 y 1997 para la construcción y equipamiento de centros de salud
y consultorios locales. Lo hizo, a pesar de que no era competencia de la
Diputación General de Aragón --y sigue sin serlo--, pues no tiene la
transferencia. La Diputación General, guiada por un ánimo de
colaboración, aportó estos anticipos que ahora, previamente a que se
produzca la transferencia efectiva, sería preciso dejar regularizados.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Blasco
Nogués.
Las enmiendas presentadas por la Senadora Costa Serra y el Senador Nieto
Cicuéndez ya han sido defendidas.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente, para defender las enmiendas
números 1.882 a 1.895 y 1.897 a 1.951.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Anuncio de antemano que vamos a dar por defendido el conjunto de las
enmiendas, y paso a centrarme, aunque sea brevemente, en la justificación
de la enmienda de devolución a la Sección 26, Sanidad y Consumo.
Señorías, entendemos que este presupuesto contempla un gasto en actividad
de salud pública inferior al uno por mil del presupuesto del Ministerio,
algo incompatible con el concepto de atención a la salud que preconiza la
Organización Mundial de la Salud. Además, el servicio dedicado a
actividades de planificación sanitaria tiene un presupuesto que se
corresponde con el 0,46 por mil del total del presupuesto del
Departamento, lo cual caracteriza un sistema de salud que nosotros
consideramos contrario a la planificación y orientación exclusiva por la
demanda asistencial.
En una actividad de gran trascendencia social, como es la sanidad, es muy
importante la prestación de calidad, y está muy vinculada, como decimos
en nuestra exposición de motivos, a una constante y adecuada formación.
Curiosamente el sistema sanitario dedica a la formación de sus
profesionales la ridícula cantidad del 0,86 por ciento del presupuesto.
Por otra parte, no respeta los compromisos dedicar una fracción
significativa del gasto sanitario a ayuda a países en vía de desarrollo,
destinando a cooperación sanitaria internacional la ridícula cantidad de
196 millones de pesetas. No incrementa las nuevas inversiones con
respecto al año 1998, lo cual hace avanzar muy lentamente la construcción
de redes, centros de salud y de nuevos hospitales.
Por último, en el capítulo de investigación sanitaria gran parte del
crédito se destina a crear funciones sobre las que no se aporta ningún
tipo de información --y a lo largo de esta tramitación parlamentaria
hemos solicitado a las Cortes Generales que permita hacer un control
presupuestario de la actividad investigadora--, a pesar de que se crea
con fondos públicos.
Con todo ello doy por defendidas las enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías.
La enmienda número 1.081 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos ya ha sido defendida.
Tiene la palabra el Senador don Francisco Zamorano, para defender el veto
1.004 y las enmiendas números 1.027, 1.005, 1.028, 1.029, 1.030 y 1.031.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A los Senadores del Grupo Parlamentario Popular les voy a hacer una
primera reflexión: ¿Qué es lo que vamos a debatir y qué es lo que con su
mayoría absoluta pueden aprobar? Porque poca relación tiene lo que hoy
aquí debatamos y aprobemos con lo que quiere hacer el Ministerio para el
año que viene.
El Congreso nos ha remitido un proyecto de presupuestos para el año 1999
con un contenido que ha sido sustancialmente modificado en las
previsiones de actuación con las enmiendas que ustedes presentaron a la
Ley de medidas, introduciendo las fundaciones públicas sanitarias
y sustrayendo todas las garantías del proceso parlamentario.
Si ustedes aprobaron la fundaciones públicas sanitarias, ustedes son los
que están pidiendo que el presupuesto que nos remitió el Congreso sea
devuelto al Gobierno para que vuelva a reelaborarlo con estos objetivos
de creación, de constitución de las fundaciones públicas sanitarias. Ya
se ha anunciado en distintos medios de comunicación la inmediata puesta
en marcha de estas fundaciones en Baleares, en Murcia, en Madrid y, sin
embargo, ni una sola está reflejada en los presupuestos. ¿Qué vamos a
debatir y qué vamos a aprobar?
Les pido que sean respetuosos con esta Cámara y digan al Gobierno que
rehaga los presupuestos conforme a lo que esta Cámara aprobó con su
enmienda; les pido que tengan coherencia política.
Si ustedes han decidido que para el año próximo se deben poner en marcha
las fundaciones públicas sanitarias, dótenlas de los créditos
suficientes, contémplenlas en las consignaciones presupuestarias que el
presupuesto nos remite. Entiendo que difícil justificación podría tener
otra actitud. Respeten a esta Cámara, tengan coherencia política y,
conforme con lo que ustedes han introducido, devuelvan el presupuesto al
Gobierno, y que éste lo vuelva a remitir a debate con este contenido que
ustedes han introducido y que no figura en lo que nos ha enviado el
Gobierno desde el Congreso.
Esta confusión se encuadra dentro de lo que es la táctica que
permanentemente ha estado utilizando el Ministerio de Sanidad y este
Gobierno en materia sanitaria, que podíamos definir en unos presupuestos
absolutamente faltos de credibilidad y obscurantistas. Y esto no lo
decimos sólo los socialistas, sino que lo dice el propio Gobierno. El
señor Núñez compareció ante esta Cámara para explicar los objetivos de
estos presupuestos, y cuando se le preguntó por qué los ingresos por
prestaciones a terceros disminuían, dijo que lo que se contemplaba en los
presupuestos anteriores era falso, era muy alto y ahora habían intentado
ajustarlo a la realidad. Se trataba de presupuestos que él mismo había
presentado para el año 1997 y para 1998, y que nosotros denunciábamos
como poco creíbles. Esta poca credibilidad la vemos en la propia memoria
de objetivos que nos han presentado.
Recordarán ustedes que en la Comisión de Sanidad hemos tenido diversos
debates sobre los objetivos asistenciales en política sanitaria y su
cumplimiento. Cuando comparábamos los objetivos que tenía el Ministerio
con lo que se había realizado, las diferencias eran abismales. Por ello,
tal vez en la memoria se nos dice ahora --cito textualmente--: Con
carácter general en los indicadores de este programa --se refieren tanto
a la atención primaria como a la atención especializada-- se especifica
que los datos contenidos en la columna objetivos para 1998 pueden no ser
coincidentes con los recogidos en la memoria para dicho ejercicio, ya que
se realizó una previsión que fue modificada por las negociaciones de los
contratos de gestión, llevadas a efecto con posterioridad. Es decir, los
objetivos que se contemplaron en 1988 no coinciden para nada con los que
se presentaron en la memoria.
Le pregunté al señor Núñez si esto iba a pasar también con los
presupuestos de 1999, y nos dijo que sí. Por tanto, ¿qué estamos
aprobando? ¿Un proyecto de presupuestos que el mismo señor Núñez reconoce
que no es creíble y cuyos objetivos asistenciales también reconoce que no
son creíbles porque los va a modificar el año que viene?
Todo esto enmarcado en una línea de absoluto oscurantismo en cuanto a las
intenciones del Gobierno, que no quedan reflejadas, y en cuanto a los
créditos previstos en los presupuestos, y que se pone de manifiesto en la
oscuridad con que se está llevando la cuestión de las fundaciones ya
constituidas, como la de Manacor o la de Alcorcón. Oscuridad total en
cuanto a la posibilidad de obtención de datos, oscuridad total en cuanto
a la posibilidad de saber la gestión, tal vez para intentar ocultar el
convenio que se ha firmado con la entidad privada Novomedic para prestar
asistencia a sus asegurados. Y cabría preguntarse qué diferencia puede
haber, qué ventajas más van a tener los asegurados en esta sociedad
privada que los que proceden del sistema público para que les sea
rentable acogerse a esas pólizas. ¿No será que puede existir en esa
fundación una discriminación en cuanto a los usuarios del sistema, por
debajo de aquellos otros usuarios que, además, tengan suscrita esta
póliza privada? Esos hechos nos parecen lo suficientemente graves, y son
una de las causas de este oscurantismo total que tenemos tanto en
objetivos como en política de fundaciones. Oscurantismo, referente a las
fundaciones públicas sanitarias, tanto en su forma de presentación vía
enmienda, en esta Cámara, como en su no aparición en los créditos
presupuestarios para el año que viene.
Pero este oscurantismo tiene un sentido. No lo consideramos ya dentro de
esa estrategia general de crear cortinas de humo, de hacer declaraciones
por una lado para luego hacer lo contrario. En este caso, tiene un doble
objetivo muy claro. Uno de esos dos objetivos es ocultar los grandes
fracasos del Gobierno en política sanitaria, que podríamos desglosar en
tres grandes líneas: fracaso en el modelo de financiación acordado el año
pasado, fracaso en la política de control del gasto farmacéutico y
fracaso en las actuaciones en política sanitaria, como puede ser en el
plan de las listas de espera. Pero junto a este objetivo de ocultar los
fracasos del Gobierno, también hay otro, que es el de ocultar el intento
de dualización que están tratando de implantar en la sanidad española. Y
si no, veámoslo más detenidamente.
El año pasado nos opusimos al modelo de financiación que habían
introducido, también vía enmiendas, en esta Cámara, por considerarlo
insuficiente, y este carácter de insuficiencia ha quedado luego reflejado
en lo que han dicho todas las Comunidades Autónomas. Lo considerábamos
incorrecto en sus formas de financiación por cuanto se contemplaban
ahorros en farmacia o ahorros en incapacidades temporales que debían
revertir al sistema, y decíamos: Si esos ahorros no se producen, lo que
van ustedes a conseguir es incrementar el déficit. Y
esos ahorros no se han producido. Aquí presentaron el año pasado una
enmienda que reducía los gastos de farmacia en el Insalud, deduciendo
22.000 millones de pesetas, lo que se traducía, en definitiva, en una
reducción del gasto farmacéutico de dos puntos. Al cabo de un año, ¿cuál
ha sido el resultado? El resultado ha sido que el gasto farmacéutico no
sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado 11 puntos, es decir,
que hay un diferencial de 13 puntos de gasto entre lo que ustedes
preveían el año pasado y la realidad de los hechos. Fracaso total en esa
política. Tan grande es el fracaso, que ni siquiera este año se contempla
una enmienda de disminución del gasto farmacéutico a pesar de que el
modelo de financiación tenía un plazo de cuatro años para su aplicación.
Este año ya no lo aplican. Decía el señor Núñez que lo irían haciendo
conforme se fuera produciendo, pero eso no fue lo que hicieron el año
pasado. Esto es lo que viene a significar el total fracaso en este
modelo, y del que ustedes son conscientes, al igual que ha fracasado la
pretensión de reducción en incapacidades temporales, tanto en los
objetivos cuantitativos como en los decretos que ustedes han desarrollado
y que, como muy bien saben, han sido recurridos ante el Tribunal Supremo.
Pero, además, decíamos que era un presupuesto injusto y discriminatorio,
y ya no lo decimos sólo nosotros. En la presentación de «Papeles de
economía», al referirse a la salud, quedó muy claro cuáles eran las
Comunidades Autónomas más beneficiadas y cuáles las más perjudicadas con
el sistema de financiación que ustedes habían establecido, y quedaba
también muy claro que el Insalud no transferido tenía un déficit de
financiación con respecto a la media del Insalud de 15.000 millones de
pesetas por año, y que había una Comunidad Autónoma que resultaba mucho
más beneficiada que todas las demás. Este informe, además, fue presentado
por expertos de todas las Comunidades, de todas las universidades, con lo
cual no se puede considerar como un informe sectario.
Como este modelo se aplica durante cuatro años y como hay un diferencial
de 15.000 millones de pesetas sobre la media y de otros 15.000 millones
de pesetas sobre la Comunidad más favorecida que daría al cabo de los
cuatro años de aplicación un diferencial de gastos de 150.000 millones de
pesetas en detrimento de las Comunidades que no tienen la sanidad
transferida, los socialistas presentamos, el año pasado y este año, una
enmienda que trata de corregir esa diferencia, una enmienda que trata de
dotar con 15.000 millones de pesetas más la financiación en inversiones
tanto en atención primaria como en atención especializada.
Este carácter discriminatorio que ha tenido esta financiación sanitaria
con el Insalud se vuelve a poner de manifiesto este año. Aquello que
decíamos de que el Ministro de Sanidad estaba utilizando el Insalud como
si fuese un cortijo en el cual pudiese añadir o quitar financiación, aún
a costa de tener luego que transferirla a las Comunidades Autónomas, se
vuelve a ver este año. Cuando el año pasado se aplicó el modelo de
financiación, los institutos estatales, es decir, aquellas entidades cuya
actividad sanitaria se realiza para todo el Estado y no para Comunidades
Autónomas concretas, como puede ser el Centro de Parapléjicos de Toledo o
de Silicosis, quedaron excluidos del modelo de financiación a repartir
porque se entendía que no tendría que ser ninguna Comunidad Autónoma la
que tuviese que financiar algo que afectaba a todas las Comunidades. Sin
embargo, este año ustedes detraen 500 millones de pesetas del Insalud,
sólo del Insalud no transferido, para subvencionar la Fundación
Oncológica.
Nosotros decimos que sí a esos 500 millones de pesetas para la Fundación
Oncológica, pero que salgan del Ministerio o que salgan de los gastos de
otros ministerios. No queremos que se financie una fundación que va a
afectar a todo el Estado con fondos exclusivos de aquellas Comunidades
Autónomas que no tienen la sanidad transferida. Eso nos parece injusto.
Eso nos parece discriminatorio. Y salvando la mayor, salvando la
necesidad de financiación, volvemos a decirle al Ministro que no puede
tratar al Insalud como un cortijo particular donde pueden destinar
financiación para políticas generales a costa de lo que luego será la
financiación sanitaria en estas comunidades cuando les sea transferida la
sanidad.
Pero hay otra línea de gran fracaso, y es el gasto farmacéutico. El
Ministro ha hecho constantes declaraciones de su éxito en el control del
gasto farmacéutico. El señor Aznar dijo en el año 1996 que había llegado
a acuerdos para limitar el crecimiento de beneficio de Farmaindustria y
que esto iba a significar una reducción en nuestra factura farmacéutica.
Señorías, en ese mismo estudio del que les hablé antes queda claro que el
peso del gasto farmacéutico sobre el total del gasto sanitario público en
España se ha incrementado desde el año 1996 hasta el año actual, 1998, en
dos años de gobierno del Partido Popular, en tres puntos.
Ese es el éxito del Partido Popular en el control del gasto farmacéutico:
incrementar tres puntos sobre el valor total del gasto sanitario público.
Y, si quieren más datos, recientemente se ha conocido el gasto de
octubre. El Insalud ha crecido en ese mes un 9,13 por ciento y en el
conjunto de todo el año --como he dicho antes-- un 11 por ciento, cuando
el objetivo era reducir dos puntos. Ese es el gran éxito que ha tenido el
Partido Popular en el control del gasto farmacéutico. ¿Pero por qué no lo
ha tenido? Porque no tenía una política clara, ni siquiera una conciencia
clara de lo que tenía que realizar, porque las vinculaciones de este
Ministro con Farmaindustria son conocidas y notorias y porque todas las
actuaciones que ha venido desarrollando han significado mecanismos de
control falsos que, al final, repercutían más en la cuenta de beneficios
de Farmaindustria que en los ahorros de nuestro Sistema Nacional de
Salud.
El Ministro firmó un convenio con Farmaindustria donde se establecía ya,
incluso, que los ahorros que se tendrían con el recetazo, con la
aplicación de los precios de referencia o con la introducción de
genéricos, irían en detrimento de las aportaciones de la industria
farmacéutica, porque este Gobierno ha establecido un mecanismo de
relaciones con la industria farmacéutica que no se basa en los mecanismos
de relaciones que una economía de
mercado establece para un proveedor y un comprador, sino en la idea de
«tú me pagas dinero para yo poder decir que justifico un ahorro en la
industria farmacéutica y proteger así tus intereses». Ese mecanismo de
pago por protección no es lógico en un sistema como el español, en una
economía de mercado como la española. Es un mecanismo poco calificable
que, desde luego, debería ser inmediatamente roto para poder desarrollar
una política de genéricos que en dos años ha estado prácticamente
paralizada --el otro día el señor Castellón reconocía que eran sólo 23
los principios activos que tenía el medicamento genérico-- y una política
de precios de referencia que dé lugar a un abaratamiento real de nuestra
factura y no que, al final, signifique exclusivamente que sean los
bolsillos de los ciudadanos los que tengan que aportar dinero para la
reducción del gasto, porque si algo afectara a la industria farmacéutica
ésta lo iba a descontar de las aportaciones que actualmente se hacen.
Insisto, el mecanismo de relaciones basado en la idea de pago por
protección ni es apropiado, ni está obteniendo los resultados que exige
nuestro sistema.
Y del mismo modo nos encontramos con la consabida política de
prestaciones sanitarias. Mucho bombo y platillo en cuanto a que estaban
ustedes reduciendo las listas de espera, pero lo único que han conseguido
ha sido crear una lista de espera para la lista de espera, haciendo que
los pacientes tengan que ir de la Ceca a la Meca simplemente para que se
les incluya en una lista de preespera a la lista de espera, siendo el
objetivo y el procedimiento establecidos que sólo entre en la lista de
espera aquel número de pacientes que sea igual al de los que ya han sido
intervenidos.
Pero esto, desde luego, no es un éxito en la política de prestaciones
sanitarias, sino más bien un éxito, en primer lugar, de los teléfonos por
las intervenciones telefónicas que realizaron y, en segundo lugar, de los
despachos dando o no entrada en esas listas en función del número de
intervenciones realizadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, termine cuanto antes,
por favor.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino ya, señor Presidente.
Como digo, el segundo punto que trata de enmascarar el ocultismo de estos
presupuestos, además de los fracasos del Gobierno, es la propia
ocultación de la implantación de un sistema dual, cosa que podemos ver
claramente a través de lo que se ha hecho, por ejemplo, en el hospital de
Alcira, en la reforma que se ha realizado en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en las fundaciones públicas sanitarias que
ustedes han introducido y en la contrarreforma de la Ley General de
Sanidad que está avisando el Ministerio.
Y es que el objetivo está muy claro, señorías, y ya termino, señor
Presidente. El Ministerio está socavando nuestro Sistema Nacional de
Salud porque, en definitiva, quiere convertirlo, siendo como es un
sistema universal, en uno en el que el acceso a los servicios sanitarios
sea un acceso estratificado tanto en lo que al propio acceso se refiere
como en lo relativo a calidad de los servicios, y que dependa más, no del
carácter universal que el sistema tiene actualmente, sino del nivel de
renta o de la clase social a que pertenezcan los pacientes. Pero,
señorías, estamos radicalmente en contra de eso y no se lo vamos a
permitir.
El carácter universal de acceso, el carácter de aseguramiento público y
único no lo vamos a permitir. Ese sistema dual de una sanidad privada
para ricos, de una sanidad asegurada para clases medias y de una sanidad
de beneficencia para los menos favorecidos, que es el objetivo que
siempre ha perseguido el Partido Popular y que intenta ocultar con estos
presupuestos, no se lo vamos a permitir bajo ningún concepto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Zamorano se preguntaba qué es lo que vamos a
debatir. Pues tengo que decirle que yo tengo muy claro --aunque parece
que su señoría no lo tiene tanto-- que en este momento estamos en las
secciones 26 y 60 del proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado y debatiendo las enmiendas que a dichas secciones han presentado
los distintos grupos políticos.
Senador Zamorano, todavía no soy Ministro de Sanidad porque,
afortunadamente tenemos un gran Ministro de Sanidad, ni soy aún
Presidente del Insalud, puesto que ahí tenemos al señor Núñez Feijóo
quien, por cierto, lo está haciendo muy bien. Por eso mismo, su señoría
no debería haber utilizado su turno como si se tratara de una
interpelación al Ministro de Sanidad o al Presidente del Insalud. Su
señoría debería haber empleado su turno para defender las enmiendas que
ustedes legítimamente han presentado a los presupuestos que propone el
Gobierno.
Debo contestar ahora a los distintos grupos políticos que han presentado
enmiendas de veto a estas secciones.
En relación con el del Senador Nieto, del Grupo Parlamentario Mixto,
aunque su señoría no se encuentra presente en este momento, debo decir
que en modo alguno este presupuesto del Ministerio de Sanidad es
conformista puesto que representa un incremento en relación al PIB. Este
es un presupuesto que supera históricamente la barrera de los cuatro
billones de pesetas, lo que supone un incremento de más del 9 por ciento,
cantidad que, entendemos, puede hacer frente de una manera clara a todas
las necesidades del Sistema Nacional de Salud.
Al margen de esta enmienda de veto, su señoría presenta una serie de
enmiendas con objeto de que se creen distintas unidades asistenciales en
la Comunidad Autónoma de Madrid. Debo decir que dichas unidades ya están
creadas y en funcionamiento, y que algunas de ellas van a ver
incrementadas sus dotaciones, por ejemplo, las unidades
de cuidados paliativos, en la medida en que lo vaya requiriendo la
demanda de la población.
En cuanto a las enmiendas presentadas por la Senadora Costa Serra, debo
señalar que se ha destinado un presupuesto de 2.187 millones para ayudas
por desplazamientos entre las distintas islas Baleares. En el presente
año 1999 entra en servicio el 061 en Ibiza, lo que va a suponer una
cobertura asistencial a la isla de Formentera, y dentro de ese servicio
se va a disponer de un helicóptero sanitario. Asimismo, en la actualidad
ya se realiza un desplazamiento de especialistas desde el Hospital
General de Ibiza a la isla de Formentera.
En relación a las enmiendas del Partido Aragonés Regionalista, debo decir
que el Hospital Comarcal de Jaca, como bien conoce su señoría, no es un
hospital de la red de Insalud y se mantiene con un convenio que se revisa
anualmente. Igualmente hay una inversión para el Hospital Royo Villanova,
que el Insalud considera suficiente para la ejecución que durante el
presente ejercicio se va a realizar en el mencionado hospital.
Por otra parte, he de señalar que, según el criterio del Insalud, no
existe deuda acumulada que afecte en este caso a los centros de salud de
Aragón, por lo cual entendemos que no está justificada la dotación de los
3.200 millones que solicitan.
En cuanto al concierto con el Hospital Royo Villanova, actualmente se
tiene suscrito ese concierto complementario con el Insalud para la
asistencia de beneficiarios de la Seguridad Social.
En relación al veto presentado por el Senador Román Clemente, de
Izquierda Unida, se ha formulado en los mismos términos en que se
presentó en el Congreso de los Diputados. Entiendo que ya se dio cumplida
respuesta --posiblemente no la suficiente que hubiese deseado el Grupo de
Izquierda Unida--. Me voy a referir, muy someramente, a los distintos
puntos, debido a la escasez de tiempo.
Entendemos que en materia de salud pública este cometido está transferido
a las distintas Comunidades Autónomas que tienen competencias en esa
materia. No obstante, debo decir al Senador Román Clemente que existen
distintos programas, que ejecuta el propio Ministerio de Sanidad, de
aplicación en todo el territorio del Estado con asignación de distintas
cantidades. Evidentemente, a su señoría y a su Grupo le puede parecer
insuficiente, pero nosotros entendemos que, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, es suficiente.
En cuanto a la planificación de asistencia sanitaria, debo decirle que no
sólo se encierra en el Programa 412P, sino que también se efectúa desde
los Programas 411A y 413B, como puede ser, por ejemplo, el de la oferta y
uso racional del medicamento.
En cuanto a la cooperación internacional, es cierto que la cifra puede
parecer baja, y hay otros Ministerios que colaboran en esta materia. Sí
puedo manifestar que con respecto a lo que se venía presupuestando en
ejercicios anteriores incluso en ejercicios gestionados por gobiernos
anteriores al Partido Popular, se ha incrementado esa dotación con
respecto al año pasado en un 19 por ciento.
En cuanto a inversiones en construcción de centros de salud y nuevos
hospitales, si en el año 1998 el Insalud gestión directa cifró la
inversión en 41.093 millones, para 1999 estas inversiones se cifran en
65.341 millones, lo que supone un incremento del 59 por ciento. Esta
cantidad a su señoría le puede seguir resultando insuficiente, y
posiblemente al resto de la población española, pero entendemos que sobre
la base de estos presupuestos y de los acordados en todas las Comunidades
Autónomas, van a dar una cobertura sanitaria suficiente.
Por último, la investigación sanitaria es uno de los capítulos que más se
incrementa, un 12,4 por ciento. Hay una variación absoluta de más de
1.690 millones de pesetas, con un volumen total en el Programa de 15.300
millones, cantidad que estimamos suficiente para afrontar los distintos y
nuevos retos, como puede ser la lucha contra el cáncer o las enfermedades
cardiovasculares.
Hay un última punto que hace referencia al Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona. Esta transferencia se establece por la normativa vigente,
la Ley de 17 de julio de 1956, y ahora mismo el Ministerio de
Administraciones Públicas está negociando con la Generalidad de Cataluña
un nuevo enfoque a esta situación jurídica.
Dado el volumen de enmiendas parciales que presenta Izquierda Unida,
evidentamente, no puedo contestar a todas ellas. Algunas de esas
peticiones se han acometido y se les ha dado cumplimiento, si no en la
cantidad que su señoría solicita, sí en la que el Insalud ha entendido
oportuna; en otras casos no es competencia del propio Insalud hacer
frente a las inversiones que se solicitan y en otras, estaremos de
acuerdo en que cualquier Gobierno tiene que establecer unas prioridades,
un criterio político del que se responsabiliza. El Gobierno del Partido
Popular ha establecido el suyo, y aunque sean muy respetables todas las
sugerencias que se hacen, los fondos son limitados, y ahí nos sometemos a
esa responsabilidad política a la hora de destinarlos a un sitio o a
otro.
Por último, en los seis minutos que me restan voy a contestar al Grupo
Parlamentario Socialista. Seré reiterativo en algunos de los
planteamientos porque ya se han expresado en el debate de las enmiendas
de veto de los dos grupos parlamentarios anteriormente citados. El
presupuesto del Ministerio de Sanidad es equitativo y suficiente. Un
presupuesto de 4 billones 12.000 millones de pesetas, con un incremento
del 9,3 por ciento, lo consideramos más que suficiente. Y en cuanto a esa
disminución a la que posiblemente se refieren del 40 por ciento respecto
a ejercicios anteriores, sus señorías saben muy bien que en el año 1998
se fijó la última anualidad, 5.794 millones de pesetas, del convenio
establecido con Canarias para la construcción de un hospital y, por
tanto, esa cantidad ya no figura en los presupuestos para 1999.
En materia de salud pública, he comentado al Senador Román Clemente la
justificación de la inversión, así como en el programa de investigación
sanitaria.
En cuanto al veto socialista a la Sección 60, Insalud, creo que el modelo
de financiación sanitaria aprobado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para el cuatrienio 1998-2001 se caracteriza precisamente por
un
marco de estabilidad financiera que, en contra de lo que ha dicho su
señoría, apoyan y aprueban 15 de las 17 Comunidades Autónomas. Usted sabe
muy bien que también lo apoya una Comunidad Autónoma gobernada por el
Partido Socialista, que está gestionando la sanidad, la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que, además, por boca de su Consejero de Salud,
García de Arboleya ha manifestado reiteradamente la suficiencia
financiera
--como no podía ser de otra manera, ya que él firmo este acuerdo--
para ejecutar los planes sanitarios en la Comunidad Autónoma andaluza.
Es un modelo de financiación que se ajusta precisamente a lo que ustedes
desarrollaron en la Ley General de Sanidad, ya que el 98 por ciento de
los recursos se asigna conforme a lo establecido en esta ley. No se
produce, como ustedes plantean, la dualización del sistema.
El capítulo de conciertos crece un 5,3 por ciento, por debajo del
crecimiento global del presupuesto sanitario del Insalud.
Han mencionado un incremento en la administración y servicios generales,
y tengo que comentarle que dicho incremento del 30,61 por ciento se debe
a la inclusión en este capítulo del programa de control interno y
contabilidad, que estaba en otro capítulo en el presupuesto del año
anterior.
Por otra parte, creo que no hay opacidad en cuanto a los recursos que
llegan por la vía del control de la incapacidad laboral transitoria --y
con esto doy también respuesta a la enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos--, en el sentido de que estos fondos van
directamente orientados a la consecución de unos objetivos y será a lo
largo del período presupuestario de 1999 cuando se delimite claramente la
consecución de dichos objetivos y cuál ha sido el ahorro que se genera
por el control de la incapacidad laboral transitoria. Y en ese momento
habrá que hacer una modificación presupuestaria para dirigir a las
distintas Comunidades Autónomas los fondos resultantes de este control y
del cumplimiento de estos objetivos.
En cuanto al presupuesto de formación de personal del Insalud, crece un
2,52 por ciento, porque esa es la previsión de crecimiento en función de
las 1.000 personas que se prevé que van a recibir formación a lo largo
del próximo año.
En cualquier caso, reconociendo y aceptando, evidentemente, que los
distintos grupos políticos puedan considerar que este presupuesto
sanitario podría incrementar sus inversiones, tengo que decirles que se
ha hecho un enorme esfuerzo y que, en términos homogéneos, las
inversiones del presupuesto del Insalud crecen en este año un 19,325 por
ciento con respecto al ejercicio anterior y, como digo, atendiendo a las
necesidades más perentorias del propio Insalud no transferido y, desde
luego, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias que entre todos
aprobamos en un momento dado y atendiendo también a esas prioridades que
nacen de la responsabilidad política del ejercicio de Gobierno.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bellido.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Bellido, no sé si usted quiere ser Ministro o Presidente del
Insalud --eso es algo que tiene que hablar con su Grupo--, pero la
coherencia política se la tengo que pedir a aquellos que presentan las
iniciativas en esta Cámara y, que yo sepa, la iniciativa por la cual se
crean, vía enmienda, las fundaciones públicas sanitarias la presenta el
Grupo Popular. Todavía hay separación de poderes entre el Legislativo y
el Ejecutivo. Y esa enmienda que presenta en el Senado el Grupo Popular
establece un sistema de fundaciones públicas sanitarias que modifica
sustancial y radicalmente el contenido de los presupuestos.
Por tanto, si son coherentes políticamente, deberán devolver ese
presupuesto al Gobierno para que contemple en los créditos para el año
que viene lo que ustedes aprobaron con sus votos vía enmienda. Lo
contrario sería una falta de respeto importante a las deliberaciones en
esta Cámara porque estamos deliberando sobre algo que no va a existir y,
desde luego, una incoherencia política total con sus objetivos, ya que lo
hacen vía enmienda en cuanto a su ordenación y luego aprueban algo que no
contempla los créditos necesarios para poder llevarlo a cabo.
Esa, desde luego, es una política bastante oscurantista, incoherente y
que deja en mal lugar a todos los Senadores en cuando al debate que
estamos manteniendo. Puesto que debatir hoy sobre unos créditos del
Insalud para el año que viene cuando no se contempla ni una fundación
pública sanitaria, como el Hospital de la Princesa, o como las anunciadas
para Murcia y Baleares, no tiene ningún sentido. Por eso, no interpelo al
Ministro. Le pido coherencia política y respeto a esta Cámara al Grupo
que presentó la enmienda y que con sus votos la aprobó.
Por otra parte, se vuelve a referir usted al papel de Andalucía en la
financiación sanitaria. Se lo dije el año pasado, y no me escuchó. Se lo
vuelvo a decir este año. Lo que Andalucía hizo con el modelo de
financiación sanitaria es exactamente lo que los socialistas queremos
para todo el Estado: un modelo de financiación que sea conforme a la
población de cada Comunidad Autónoma, no que existan Comunidades
Autónomas que estén sobrefinanciadas con respecto a su población
protegida, ni Comunidades Autónomas que estén infrafinanciadas con
respecto a su problación protegida. Andalucía tiene exactamente lo que
piden los socialistas y lo que le corresponde: el porcentaje de
financiación del 18 por ciento, que es el porcentaje de población
protegida que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El problema radica en que el Insalud no transferido tiene una
financiación por habitante inferior a la del resto del Insalud
transferido. Y lo que pedimos los socialistas para toda España es
exactamente lo mismo que ha conseguido Andalucía. Lo que es incongruente
es que ustedes
sí reconozcan el censo de Andalucía para la financiación sanitaria y no
lo reconozcan para el resto de la financiación, para la financiación
autonómica o para la educación. Eso sí que es incoherente y es utilizar
la sanidad, al igual que se pueden utilizar otros mecanismos, como
elemento de presión y de tráfico.
Lo que queremos los socialistas es exactamente lo que tenemos en
Andalucía, y lo queremos para toda España. Desde luego, no es lo que
sucedió con ese modelo de financiación. Igual que espero ahora coherencia
por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió: no entremos en una subasta dentro de la sanidad pública, y sean
coherentes con el voto de abstención que se dio para las fundaciones
públicas sanitarias, que ese voto no pueda cambiar en función de subastas
que perjudiquen las prestaciones sanitarias de los españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra, Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Zamorano, usted institucionaliza la figura del socialista
solidario y del socialista insolidario porque, como usted bien sabe, el
modelo de financiación sanitaria que se aprobó contó con el voto de los
socialistas: de los socialistas presentes en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y de los socialistas presentes en el Consejo
Interterritorial de Salud, y ellos sabían perfectamente lo que votaban;
no votaban exclusivamente un modelo de financiación sanitaria para
Andalucía, sino que votaban un modelo de financiación sanitaria para el
resto del sistema nacional, para todo el sistema nacional de salud. Por
tanto, está claro --y sería bueno que lo explicase usted en Andalucía
cuando vuelva mañana-- que los socialistas andaluces son insolidarios con
el resto del territorio, y usted, cuando atraviesa Despeñaperros, se
convierte en absolutamente solidario.
Evidentemente, el debate de hoy no es el de las fundaciones. Es un debate
que desgraciadamente ustedes intentaron ningunear, al menos su portavoz
en esta Cámara, en lo que fue el trámite de la Comisión de Sanidad,
debate que fue amplio, extenso, enriquecedor y en el que, como digo --y
lamento que precisamente quien fuera Presidente de esta Cámara restara
valor a esos debates que se mantienen en las Comisiones del Senado--,
quedaron absolutamente claros todos los puntos. Por ello, no me parece
lógico que usted hoy solicite que estos presupuestos recojan partidas
concretas para fundaciones sanitarias, cuando usted bien sabe que es una
enmienda simplemente técnica que no necesita de ningún recurso adicional
más que aquellos que ya están recogidos en el nuevo modelo de
financiación sanitaria.
Senador Zamorano, el otro día se lo decía en Comisión: yo sé que su
partido atraviesa un mal momento, que nosotros lamentamos, y que además
deseamos puedan resolver, como partido; eso les lleva a la incoherencia
entre lo que practican y hacen en Andalucía y lo que dicen y proponen en
Madrid. Nosotros, afortunadamente, estamos en otra situación y, desde esa
coherencia, nos vemos obligados a rechazar, al menos en este caso, sus
enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Estamos entrando ya en la recta final de este debate; quedan una serie de
secciones; si las hacemos con cierta agilidad, si así lo consideran los
señores Senadores, podríamos terminar a la una y media.
La primera enmienda a la Sección 31 es del Senador Román Clemente, que
tiene la palabra por un minuto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Menos que todo eso, señor Presidente. Queda
defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para defender las enmiendas
números 1.006 a 1.009, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente, ya fueron
defendidas en su momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Cambra para defender la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
suprimiendo la enmienda 1.162, del Grupo Popular.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Este es el único voto particular que presentó nuestro grupo a las
enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular, en el trámite
de Comisión, ya que no entendemos por qué se quiere ahora retirar el
crédito otorgado para poder compensar al Ayuntamiento de Barcelona por
las pérdidas de recaudación en el Impuesto de Actividades Empresariales,
en el IAE, producidas en 1995 a causa de la reducción del coeficiente,
que era el máximo, el 2, y pasó al 1,9, según se previó en el artículo 23
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.
No entendemos el motivo de la retirada de este crédito y, por tanto,
solicitamos la vuelta al texto original que venía del Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Para defender las enmiendas
números 1.157 a 1.161, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Senador Bueno.
El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Debo decir que me considero muy satisfecho de esta sección, porque parece
que todas las enmiendas de todos los grupos y de todas las secciones se
cargan sobre ella. Indudablemente, al final las cosas quedan en su sitio.
En aras a la brevedad que pedía la Presidencia, anuncio que vamos a
rechazar las dos enmiendas de Izquierda Unida, una de ellas porque se
desconoce la razón del Estatuto de Cádiz, y la otra porque no es
enmendable por sí misma.
En cuanto a las enmiendas socialistas, nosotros tenemos un concepto
distinto de lo que debe ser la Oficina de Ciencia y Tecnología, por tanto
también las rechazamos.
Nuestras restantes enmiendas las mantenemos en sus justos términos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: ¿Debo entender que las enmiendas números 1.057 a
1.061, incluidas las tres transaccionales, se han dado por defendidas?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Exactamente.
El señor ALEU I JORNET: En tal caso, queremos hacer turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene usted la palabra, señoría.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Observo que soy discriminado --a pesar de todo se lo agradezco-- porque a
otros Senadores se les da la palabra en catalán y a mí se me da en
castellano. No me da vergüenza ni me sienta mal, pero quiero hacer notar
que el Presidente, en uso de su libertad, me está discriminando. En fin,
vamos a hablar de las enmiendas.
Estas enmiendas tienen por objeto deshacer una votación del Congreso. Son
fruto de unas enmiendas que presentó el Grupo de Convergència i Unió y
que nuestro Grupo aprobó. Hoy van a ser votadas en contra y se van a
echar atrás. Nosotros no queremos que sean dadas de baja. La votamos en
su momento y no entendemos que el grupo que las presentó no haga ahora
turno en contra y esté tranquilo; algún pacto habrá habido.
Para nosotros no está justificado dar de baja 400 millones de los 500 que
se dieron de alta del Canal Segarra-Garrigues, ni 100 millones del
encauzamiento de cauces pirenaicos de una partida total de 165 millones;
no está justificado dar de baja 1.870 millones de expropiaciones de un
total de 3.903; no está justificado dar de baja el acondicionamiento de
cauces del Ebro en una cantidad de 300 millones, cuando la partida total
era de 417 millones; no está justificado dar de baja 500 millones de las
Rieras del Maresme de los 1.000 millones que se dieron de alta y, sin
duda alguna, está mucho menos justificado dar, además de la enmienda
1.147, 325 millones más de la Acequia de Piñana, de los 1.154 que tenían;
400 más 325 son 725 millones, mucho más que los 80 que justificaron un
voto negativo. Aquel voto negativo, la baja de los 80 millones, tenía
como parte positiva una actuación cultural para Barcelona; ahora las
altas son a la sección 31.
Por tanto, nuestro Grupo votará en contra y pide a toda la Cámara que
haga lo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Aleu.
Sus señorías saben que me he autootorgado una cierta comprensión hacia el
hecho de dar la palabra en catalán a algunas Senadores catalanes. Esta
complicidad llegará a todos ustedes.
Senador Aleu, moltes gracies.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Voy a intervenir con la misma brevedad que
antes.
Señorías, no queda como estaba, porque sus señorías han enmendado la
Sección 31 con sus enmiendas. Por tanto, señorías, en algo habrá
cambiado: las suyas sí han prosperado; las que hacemos otros no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por lo que se refiere a las enmiendas que mantiene el Grupo Popular,
números 1.157, 1.158, 1.159, 1.160 y 1.161, tres de ellas --las números
1.158, 1.160 y 1.161-- soportan transacciones. Y en cuanto a las números
1.157 y 1.159, las vamos a votar a favor.
Por otro lado, vuelvo a decirle al Senador Aleu lo que le he dicho antes:
nuestro Grupo, que da soporte a esos presupuestos, ha negociado un
conjunto de inversiones positivo para Cataluña, y estas enmiendas
respondían a unos incumplimientos presupuestarios. Sin embargo, el tema
se ha resuelto correctamente en ese sentido, y entendemos que el objetivo
de inversiones que se previó por parte de nuestro Grupo para el medio
ambiente, que es la sección afectada, también es el correcto.
Con estas transacciones se mantiene íntegramente la partida de 1.870
millones para el encauzamiento del río Llobregat, que era el aspecto en
el que fundamentalmente discrepábamos cuando el lunes manifestamos el
malentendido que todavía existía con el Gobierno en esta materia.
En cuanto a su segunda referencia a la dotación para Barcelona, estamos
de acuerdo en el alta, pero no así en la baja, y eso no tiene nada que
ver con el contexto global de la Sección de Medio Ambiente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
De las palabras dichas por el Senador Cambra debo entender que ahora
están de acuerdo en el alta y en la baja, es decir, en que se traslade a
la Sección 31 cantidades que figuraban, no ya en las enmiendas
introducidas en el Congreso, sino en el proyecto inicial, para la acequia
de Piñana. Se trata de 1.170 millones, y de ellos votan ustedes a favor
de la baja de 725 millones en dos enmiendas. No lo entendemos.
Y le daré un consejo: nosotros este año nos hemos referido a las
enmiendas de precaución, y aunque no me atrevería a decir que ustedes
deberían hablar de enmiendas de chantaje, hablen también de enmiendas de
precaución, que sería como decir: Si no nos hacen caso, las votaremos.
Entonces tendrán su justificación, y todos sabremos de qué se trata. Pero
la justificación de las enmiendas presentadas en el Congreso y que
nosotros votamos a favor no tiene nada que ver con lo que usted nos ha
explicado hoy. Y le creo, pero insisto en que no tiene nada que ver.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bueno.
El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que este tema está lo suficientemente claro. Como ya he dicho, estoy
muy orgulloso de esta sección, a la cual se han incorporado enmiendas de
otros grupos por valor de dos billones y medio de pesetas. Por tanto, si
es difícil explicar una o dos, hacerlo en el caso de enmiendas que suman
un importe de dos billones 600.000 pesetas es mucho más difícil. Pero
como no nos explicamos de dónde va a salir ese dinero, tampoco voy a
incidir en las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, según
las cuales con un aumento de los impuestos se pretende financiar otras
actividades. Que se lo expliquen ellos a los ciudadanos. En este aspecto,
mantenemos nuestra postura anterior.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno.
La Sección 34 no ha sido objeto de enmiendas.
A Puertos del Estado y Autoridades Portuarias se ha presentado una
enmienda por parte del Senador Román Clemente.
Su señoría tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
La doy por defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Todas las enmiendas que quedan están ya defendidas en la Sección 17.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Rechazamos las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo Mixto como por
el Grupo Socialista.
En la enmienda número 1.967 el Grupo Mixto pide una devolución, según se
dice por falta de transparencia por ser una empresa pública. Yo,
particularmente, no entiendo el razonamiento que hacen en la
justificación de la enmienda. Supongo que será una más de las enmiendas
que se presentan por parte de este Senador para enmendarlo todo, por lo
que nuestro voto va a ser en contra.
En cuanto a las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, no las
ha defendido pero yo sí se las voy a rechazar amablemente diciéndole que
si la inversión total de esta entidad pública empresarial para estos
presupuestos es de 68.272 millones, de los cuales 6.964 millones van a ir
destinados a Canarias, entendemos que esas cantidades son suficientes
para cumplir lo que piden las enmiendas respecto a ciertos puertos de la
Comunidad canaria. Por tanto, votaremos en contra, no de esas mejoras en
los puertos, sino de las enmiendas tal y como se presentan aquí.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Ante argumentos tan contundentes sobre la capacidad de enmendar que
tienen los diferentes grupos, muestro mi perplejidad. Los grupos
enmendamos lo que nos parece pertinente enmendar y este es el trabajo que
hacemos en un debate presupuestario.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se ha notado a lo largo de todo
el debate. Muchas gracias, señoría.
¿Ninguna otra intervención en turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Senador Román, tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto que quedan también han sido
defendidas, así como las del Grupo Parlamentario Socialista.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Gracias, Presidente.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, he de decirle al
Senador Román que, por ejemplo, no entiendo el tercer párrafo de la
justificación de su enmienda número 1.965, porque dice que la cantidad
que se asigna a este ente público debería contribuir a una verdadera
nacionalización funcional y social de la política de aeropuertos, que han
de tener, a juicio de Izquierda Unida, un carácter regional no local; por
ello Izquierda Unida presenta esta enmienda de devolución.
Es una frase muy bonita pero yo no sé si lo que nos está diciendo es que
hasta que no haya no sé cuántos aeropuertos no locales y no regionales en
una región que no se haga un aeropuerto más en otro sitio, o si quiere
decir otra cosa. Supongo que no quiere decir eso, por supuesto, pero
entiendo que cuando se hace una enmienda de devolución debería
justificarse un poquito más y no poner frases redondas que no sabemos ni
lo que dicen. Desde luego la vamos a rechazar y si quiere le hago una
frase bonita también para rechazarla, pero, sencillamente, le digo que no
encaja.
En cuanto al resto de las enmiendas, podría hacer lo mismo que en la
anterior, que es leer las inversiones que se van a hacer, incluso las
Comunidades Autónomas a las que afectan, pero como todo tenemos el texto
simplemente digo que las vamos a rechazar, no porque no queramos
conseguir lo que en esas enmiendas se pide, que son cosas muy
particulares, sino porque con las cantidades globales hay suficiente para
atender esas necesidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Acacio.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Brevemente, señor Presidente.
Señoría, yo no tengo la culpa de que en este trámite parlamentario su
señoría tenga poca opción de intervenir y haya traído un discurso
preparado un poquito más largo. Esto es lo que hay, a unos les tocan unas
cosas y a otros otras.
En todo caso, sí coincido con algunas declaraciones recientes sobre la no
privatización de los aeropuertos españoles y la necesidad de nuevas
inversiones y demás. Algún día, en alguna otra ocasión, tendré
oportunidad de explicarle esa enmienda y algunas otras más, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
¿Ninguna otra intervención en turno de portavoces? (Pausa.)
El siguiente título es el del Ente Público de la Red Técnica Española de
Radio televisión.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, del Senador Armas
Rodríguez, que ya está defendida.
¿Senador Acacio, se da su turno en contra por hecho?
El señor ACACIO COLLADO: No se da por hecho.
Quiero decir que hay preocupación por la recepción de televisión en
Lanzarote, y en general en algunas zonas de Canarias donde hay problemas,
pero que está en vías de solución. Hay unos acuerdos con los Cabildos de
distintas islas para esas mejoras, que se están produciendo ya, y ese es
el motivo de rechazar la enmienda.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El siguiente título es el del Ente Público de Radiotelevisión Española.
El Senador Román Clemente ha presentado un veto y las enmiendas
comprendidas entre la 1.968 a la 1.972.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Espero que en esta ocasión la motivación sea lo suficientemente extensa y
clara como para poder justificar una posición política con respecto a
Radiotelevisión Española; en todo caso, me remitiré a ello después, en el
turno de portavoces. Si sigue suscitando alguna duda, como antes ha
sucedido con el portavoz del Partido Popular, no tendré ningún
inconveniente en aclararla.
Doy por defendido el resto de las enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Se da por defendida la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar nuestra oposición a todas las enmiendas,
fundamentalmente porque son contradictorias. En unos casos se pide la
devolución completa y, pese a ello, se trata de rectificar una serie de
partidas,
dándose bastantes situaciones paradójicas en los planteamientos.
En cualquier modo, el Senador enmendante sabe que el día 31 de diciembre,
es decir dentro de pocos días, termina el plazo para que la Ponencia
creada en la Comisión Constitucional del Congreso para resolver los
problemas que existen con la financiación y organización del Ente Público
Radiotelevisión Española termine sus trabajos. Trabajos que, como sabe su
señoría y toda la Cámara, el Gobierno y el Partido Popular siempre han
planteado en la línea de alcanzar el máximo consenso posible, y estamos
en ello.
Reconozco que existen problemas que hay que resolver, no son problemas de
hoy sino que se arrastran desde el momento en que surgen las televisiones
autonómicas y privadas. Estamos en el buen camino para alcanzar una
solución por consenso de todos los grupos parlamentarios y partidos
políticos, y vamos a esperar a que llegue ese momento.
Mientras tanto, es más conveniente mantener esta postura, y en el fondo
creo que se trata de una cuestión de diferencia de criterios contables
que no afecta al funcionamiento. Por lo tanto, vamos a esperar a que la
Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso eleve su informe para
ver si somos capaces, entre todos, de resolver la cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Agramunt
Font de Mora.
Turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, no es incompatible la
presentación de una propuesta de veto con la presentación de enmiendas.
Su señoría sabe que es normal en un trámite parlamentario como el que
estamos viviendo, entre otras cosas, porque si no el debate
presupuestario que hemos tenido no tendría sentido.
La situación de la Ponencia es complicada, igual que la de
Radiotelevisión Española, y la necesidad urgente de adoptar medidas
justifica la presentación del veto.
Es posible que exista alguna inconcreción en cuanto a la redacción de
algunas enmiendas, pero de lo que no hay duda es de que Radiotelevisión
Española está atravesando una gravísima situación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pasamos al siguiente título, el de la Entidad Pública Empresarial Correos
y Telégrafos, del que ya han sido defendidas todas las enmiendas.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Intervengo para manifestar que rechazamos las
enmiendas que ellos han dado por defendidas.
Quiero centrarme en la enmienda número 830 que, según recoge el texto, es
de impugnación a la Sección. Ya la defendieron, pero creo que la
justificación que dan --textualmente dice: Insuficiente dotación de
recursos e inadecuado reparto de los mismos en la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos-- es demasiado telegráfica para una
enmienda tan importante que contempla todo el volumen presupuestario
destinado a Correos y Telégrafos. Lo bueno que tiene esta enmienda es que
les vale para el año que viene, guárdenla y preséntenla el próximo año.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Acacio.
El siguiente título es el de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.
Senador Román Clemente, tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, quedan defendidas las
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
No hay turno en contra ni turno de portavoces.
El siguiente es el del Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias.
La enmienda ya ha sido defendida; tampoco hay turno en contra ni de
portavoces.
El siguiente es el anexo de inversiones reales.
El Senador Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Queda defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
No hay turno en contra, ni turno de portavoces.
El preámbulo no ha sido objeto de enmiendas.
Por tanto, «finis coronat opus», ya hemos terminado.
Vamos a llamar a votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones de las secciones que
quedaron ayer pendientes y que se acaban de debatir durante la mañana.
En primer lugar, Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Enmienda número 659, de los Senadores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y
Estaún García.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 243; a
favor, ocho; en contra, 128; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Senador Román Clemente. En primer lugar, votamos la
enmienda 1.694, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 87; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.695, 1.698, 1.701, 1.707 y 1.708.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 86.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1.709.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 85; en contra, 129; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Senador Román
Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 128; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 110, de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 90; en contra, 129; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 187, del Senador Ferrer Roselló.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Senador Nieto y de la Senadora Costa Serra.
Votamos la enmienda número 485, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 486 y 487, del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora
Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Nieto y de la Senadora
Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 90; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene una
enmienda que mantiene una transaccional que votaremos luego.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos la
enmienda número 931 que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 934 y 935.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda 1.079 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que mantiene una transaccional. Podríamos,
además, votar simultáneamente una corrección de errores que está suscrita
por todos los grupos parlamentarios. (Pausa.)
Me comunican los servicios de la Cámara que no hace falta votarla.
Simplemente se manifiesta así y votamos la transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 134; en contra, cuatro; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 130; en contra, 87; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 22, Administraciones Públicas. Corresponde someter a votación las
enmiendas del Senador Román Clemente. En primer término, votamos la
enmienda número 1.710 que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 87; en contra, 134; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 1.712, 1.714 y
1.716.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 88; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, procedemos a votar las enmiendas números 1.711, 1.713,
1.715.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 111 de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 14; en contra, 122; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 112 de la misma Senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 90; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a proceder a votar las enmiendas presentadas por el Senador Nieto
Cicuéndez y la Senadora Costa Serra.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 496 del Senador
Nieto y de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 89; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 497 de los mismos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, cinco; en contra, 133; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, votamos la enmienda 960, que sostiene un
veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 86; en contra, 131; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda número 961, del Grupo Parlamentario
Socialista, única que resta por votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 128; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación el dictamen correspondiente a la Sección 22.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 132; en contra, 91; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos la votación de las enmiendas presentadas a la Sección 23,
Ministerio de Medio Ambiente.
Sometemos a votación las enmiendas números 660, 661, 666, 668 y 672,
presentadas por los señores Senadores Fuster Muniesa, Blasco Nogués y
Estaún García.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, nueve; en contra, 126; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los mismos señores
Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 92; en contra, 127; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Comenzamos la votación de las enmiendas del Senador Román Clemente. En
primer lugar, votamos la enmienda número 1.718, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 85; en contra, 133; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 1.779 y 1.784.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, cinco; en contra, 130; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 1.720.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 83; en contra, 132; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 1.819 a 1.837.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, cinco; en contra, 210; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1.722, 1.740, 1.741, 1.746, 1.763, 1.778,
1.781 a 1.783, 1.798, 1.799, 1.802, 1.804, 1.813, 1.843, 1.845, 1.851,
1.857 y 1.858.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 90; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 81 y 84, del Senador Armas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 129; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, cuatro; en contra, 128; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la Senadora De Boneta y Piedra, números 66 a 76.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 10; en contra, 128; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la Senadora Costa Serra, números 113 a 119 y
128.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Ferrer Roselló. Votamos la número 183, que sostiene
un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 184, 210, 211, 214 y 215.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 89; en contra, 128; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Ferrer Roselló.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, siete; en contra, 129; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 498, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 89; en contra, 130; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 500, 504, 512, 514, 516, 520, 540, 542,
546, 556, 562 y 577, también de los mismos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 129; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y de la
Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Senador Padrón, números 4 a 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, nueve; en contra, 130; abstenciones, 85.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer
lugar, sometemos a votación la número 962, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 86; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Pedimos votación separada de las enmiendas
números 963 y 978, conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Votamos en primer lugar las enmiendas números 970, 979 y 992.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 91; en contra, 130; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 963 y 978.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 90; en contra, 127; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 86; en contra, 127; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 1.147, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 129; en contra, 88; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos una transaccional en relación con la enmienda 1.160, del Grupo
Parlamentario Popular a la Sección 31, por reflejar un alta en dicha
Sección.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 136; en contra, 84; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el dictamen correspondiente a esta Sección.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 131; en contra, 85; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Comenzamos las votaciones de las enmiendas presentadas a la Sección 25,
Ministerio de la Presidencia. En primer lugar, votamos la enmienda del
Senador Nieto, número 584.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 89; en contra, 129; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Comenzamos la votación de las enmiendas del Senador Román Clemente. En
primer lugar, votamos la enmienda número 1.880.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 132; abstenciones, 86.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas números 1.876 y 1.877.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 88; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1.003, que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 132; en contra, 86; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a la votación de la Sección 26, Sanidad, Consumo e Insalud.
Enmiendas de los Senadores Blasco, Fuster y Estaún, números 673 a 677.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 127; abstenciones, 91.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda de la Senadora Costa Serra.
Enmienda número 123.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 14; en contra, 121; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 120 a 122 y 124 a 127, de la misma Senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cinco; en contra, 130; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra.
Enmienda 585, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 586 a 589, de los mismos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Román Clemente.
Enmienda 1.881, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.882.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, seis; en contra, 213; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, cinco; en contra, 129; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1.081, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, ocho; en contra, 122; abstenciones, 93.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda 1.004, que sostiene un veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 134; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.027, que sostiene otro veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 88; en contra, 129; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Es para pedir votación separada de las enmiendas
1.030 y 1.031, conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 1.030 y 1.031,
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 90; en contra, 128; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, así
como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados, modificado por la
enmienda número 1.155, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 130; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 134; en contra, 87; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente vamos a votar la Sección 31, Gastos diversos Ministerios.
En primer lugar, enmienda número 1.952, del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, seis; en contra, 125; abstenciones, 90.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, que postula volver al texto remitido por el Congreso de los
Diputados, suprimiendo la enmienda número 1.162, del Grupo Parlamentario
Popular, introducida en Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 96; en contra, 122; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
números 1.006, 1.007, 1.008 y 1.009.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 86; en contra, 128; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista referente a
volver al texto remitido por el Congreso de los Diputados, suprimiendo la
enmienda número 1.162 del Grupo Parlamentario Popular, introducida en
Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 95; en contra, 119; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 1.157 y 1.159, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 128; en contra, 87; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas números 1.158 y 1.161, que sostienen unas transaccionales del
Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 134; en contra, 87; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el dictamen referente a la Sección 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 132; en contra, 87; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La Sección 34 no ha sido objeto de enmiendas, por tanto votamos el
dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 128; en contra, 88; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación vamos a votar lo relativo a Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.
Enmienda número 1.967, del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, seis; en contra, 128; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 807, 808 y 810, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 88; en contra, 127; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen del ente público Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 133; en contra, 87; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Enmienda 1.965 del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 130; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1.966, también del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, cinco; en contra, 129; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la Senadora De Boneta y Piedra, números 60 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 11; en contra, 129; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra, números
592, 593 y 594.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, seis; en contra, 129; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números 809, 811 y 812.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 88; en contra, 130; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen referente al ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 132; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos lo correspondiente al Ente Público de la Red Técnica Española de
Televisión.
Enmienda número 95, del Senador Armas Rodríguez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 130; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del ente público de la Red Técnica Española
de Televisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 134; en contra, 88; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Realizamos a continuación las votaciones relativas al ente público de
Radiotelevisión Española.
En primer lugar, enmienda número 1.977, que sostiene un voto, del Senador
Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 86; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, seis; en contra, 127; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 241, del Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa
Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 91; en contra, 128; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del Ente Público Radiotelevisión Española.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 131; en contra, 89; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las votaciones correspondientes a la Entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos.
Enmiendas del Senador Armas Rodríguez, números 79 y 80.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 90; en contra, 130; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra,
números 596, 597 y 598.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 90; en contra, 129; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 830, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 88; en contra, 130; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen de la Entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 135; en contra, 85; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación pasamos a Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Román Clemente números
1.973, 1.974, 1.975 y 1.976.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, cuatro; en contra, 130; abstenciones, 91.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 128; en contra, 91; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
Primeramente votamos la enmienda número 595, que corresponde al Senador
Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 212; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del ente público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 133; en contra, 89; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación pasamos al anexo de inversiones reales.
Enmienda número 1.964, del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, seis; en contra, 212; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del anexo de inversiones reales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 134; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el dictamen del resto de organismos, sociedades y entes públicos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 135; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El preámbulo no ha sido objeto de enmienda.
Votamos el dictamen del preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 135; en contra, 87; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 2, 3, 4, 6, 12, 47 y el Anexo I, que fueron
debatidos con los Títulos I y V.
El artículo 2 recoge un gasto de 32.296.525.009 miles de pesetas que hay
que incrementar en 74.192.600 miles de pesetas como consecuencia de la
aprobación de la enmienda número 271 del Senador Nieto Cicuéndez.
Asimismo, los artículos 3, 4, 6, 12 y 47 y el Anexo I han de recoger
cifradas las modificaciones introducidas.
Sometemos a votación los citados artículos y el Anexo I.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 134; en contra, 88; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Anuncio a los Senadores que el Pleno se reanudará a las cuatro de la
tarde. Esta tarde debatiremos las dos leyes pendientes y las propuestas
de reforma de los Estatutos de Baleares y Asturias, cuya votación se hará
conforme a la costumbre habitual, terminado el debate correspondiente.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
-- DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DICTAN REGLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
JUBILACION ANTICIPADA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN DETERMINADOS
CASOS ESPECIALES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1998, DE 29 DE MAYO).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000114) (C.D.
121/000122)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, que es el dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social en relación con el proyecto de ley por la que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales.
Tiene la palabra el Senador Molina para presentar el dictamen.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero informar a la Cámara de que mediante el proyecto de ley que se
presenta al Pleno de hoy se dictan normas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada y tiene su origen en un Real Decreto-Ley 5/1998, de
29 de mayo. Entró en la Cámara el día 28 de noviembre, calificado por vía
de urgencia, en virtud del artículo 135.1 del Reglamento del Senado. El
plazo de enmiendas terminó el día 2 de diciembre y la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social lo dictaminó el día 10, aprobando previamente el
dictamen directo en la Comisión, sin presentar ponencias.
Tiene una propuesta de veto presentada por el Senador Román Clemente, que
se rechazó en la Comisión, y cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto; una, de la Senadora De Boneta y Piedra; otra, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y cuatro del Grupo
Parlamentario Socialista.
Tras el debate no fue aceptada ninguna y se aprobó el texto del dictamen
por la Comisión, anunciando los grupos parlamentarios que mantendrían sus
enmiendas y, por tanto, la propuesta de veto, ante esta Cámara.
No entro en el contenido del dictamen, ya que será objeto de debate
posterior.
No tengo nada más de qué informar a la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Román Clemente para la defensa del voto
particular número 3, que es la propuesta de veto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me van a permitir que exponga una amarga queja a todo este
proceso de tramitación del proyecto de ley. No dudo de lo necesario de su
urgencia, pero la convocatoria
de la Comisión, se hizo precisamente en un día de excesiva concentración
de Comisiones, que originó una rapidez en la tramitación y todo esto,
señorías, nos lleva a estar debatiendo en este Pleno, en cierto modo
atípico, de una forma extremadamente urgente.
Quiero hacer referencia de forma conjunta, señor Presidente a la
propuesta de veto y a la enmienda número 1 de este Senador a la
exposición de motivos del proyecto de ley por la que se dictan reglas
para el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la
Seguridad Social, en determinados casos especiales, procedentes del Real
Decreto-Ley 5/1998, de 29 de mayo. Anuncio a sus señorías que tampoco me
extenderé al hablar del mismo ya que está suficientemente explicitado.
Señorías, hay dos formas de enfocar el trabajo parlamentario: una de
ellas es tratar de exponer suficientemente las razones en la exposición
de motivos, para que tengan ustedes la oportunidad de poder debatir sobre
ella y sobre estas enmiendas y propuestas que razonan el veto, y otra
sería establecer un largo debate, debido a su extensión.
La enmienda número 1 y la propuesta de veto están formuladas en los
mismos términos. Vienen precedidas de otros debates importantes dentro de
las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, bien mediante una
proposición no de ley formulada por Izquierda Unida, bien sea como
consecuencia de la aprobación de normas por parte del Ministerio y su
posterior corrección.
A todo ello nos referimos en nuestra motivación en la exposición de
nuestro veto y, por tanto, también a la modificación que hacemos a la
exposición de motivos.
La enmienda número 4 es puramente técnica y pretende con la adición de
una disposición final que «todos los derechos reconocidos en la presente
Ley tendrán carácter retroactivo a partir de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».»
Las enmiendas números 2 y 3 se refieren a lo reproducido en la propuesta
de veto. Así, la enmienda número 2 pretende sustituir el texto del
Artículo 1.º, por el siguiente: «Cómputo recíproco de cotizaciones entre
los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social». Aquí
proponemos cómo ha de ser su desarrollo. Y en la enmienda número 3 al
artículo 2 hablamos de: «Cotizaciones anteriores en el extranjero antes
del 1 de enero de 1967 a los efectos de jubilación en España». También lo
explicamos suficientemente.
Les voy a ahorrar ese tiempo que nos ha faltado. Hemos ido tan deprisa en
el debate presupuestario que tendremos oportunidad de reflexionar en el
transcurso de éste.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo en que la semana ha sido intensa, mucho más para el
portavoz y a su vez representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Román Clemente, aunque sabemos que representa a Izquierda Unida. Yo decía
que era un todo terreno porque lleva aquí desde el lunes, no ha fallado
una sola vez y, además, ha expresado todos los temas con suficiente y
meridiana claridad.
Senador Román Clemente, quiero agradecerle también su exposición para
justificar la presentación de su veto a esta Ley que regula determinados
casos especiales de jubilaciones anticipadas. Pero como el contenido
proviene de un Real Decreto y el turno en contra de las enmiendas
corresponde a mi compañero el Senador Sanz, sólo le haré un pequeño y
breve comentario al proyecto, para lograr clarificarlo y hacerlo
comprender.
Este proyecto que hoy se debate previene de la necesidad de clarificar
con entidad jurídica suficiente los requisitos para acceder a la
jubilación anticipada que estaban recogidos en una normativa no sólo
preconstitucional, sino transitoria y, además, por la necesidad de evitar
las situaciones abusivas consideradas así --y esto lo sabemos-- por
varias sentencias del Tribunal Supremo.
Señorías, este proyecto que hoy debatimos, como decía anteriormente, debe
su texto al Real Decreto Ley 5/1998, de 29 de mayo, y éste a su vez, hay
que decirlo también, a una moción del Congreso de los Diputados que fue
asumida por todos los grupos políticos y que tuvo una acogida favorable
entre los interlocutores sociales.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que este proyecto de ley era
necesario. Además, el contenido lo hemos basado precisamente en unos
criterios de moderación que permitan no mermar derechos adquiridos por
los trabajadores, a la vez que impiden no generar situaciones abusivas o
discriminatorias entre los diferentes colectivos de trabajadores, todo
ello respetando el marco del Pacto de Toledo, que es una de las normas
que debemos tener presentes y sobre la mesa en todo tipo de trabajos que
vayan encaminados, precisamente, a lo que son jubilaciones y otros temas
sociales.
En las recomendaciones IX y X de dicho Pacto, se determina que, sin
perjudicar el criterio de solidaridad de las prestaciones, se debe
garantizar una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotizaciones
realizado y se eviten así situaciones de falta de equidad. Si atendemos a
los criterios que su señoría expone en el veto, un sólo día de cotización
a una mutualidad de previsión social o asimilada antes de 1967, daba el
mismo derecho a acceder a la jubilación anticipada sin tener en cuenta el
hecho de estar encuadrado en el régimen de la Seguridad Social que
contemple el derecho a la misma.
Usted sabe que hay algunos regímenes de la Seguridad Social que no
contemplan el derecho a la jubilación anticipada y de eso creo que hemos
hablado ya en más ocasiones en esta Cámara y hay opiniones de todos los
grupos, incluso del grupo mayoritario de la oposición que, en su momento,
cuando hemos debatido esto, era el grupo que sustentaba al Gobierno.
Por lo tanto, nosotros entendemos que este proyecto de ley no elimina la
posibilidad de acceder a la jubilación
anticipada en determinados casos especiales, sino que regula la misma,
dándole a éste derecho a una seguridad jurídica de la que carecía. Es
más, yo me atrevo a decir aquí que la mitad, o la mayor parte de las
personas que podían haber tenido derecho a esta jubilación anticipada, lo
han ignorado, porque ni siquiera han tenido la información suficiente a
este respecto durante muchos años. Y ni siquiera la han recibido por
quienes los asesoraban, o sea, que el desconocimiento de este derecho fue
durante muchos años ignorado.
Señorías, estoy convencido de su inquietud social. Si tenía alguna duda,
que no la tenía, lo pude corroborar en sus intervenciones en esta Cámara
en lo que va de semana, sobre todo en aquello que se refería a temas
sociales. Por eso le pido que reflexione sobre este veto, porque sabe muy
bien que para preservar el sistema público de pensiones y otros servicios
sociales es necesario racionalizar la Seguridad Social dotándola de la
normativa adecuada que haga posible mirar el futuro con la garantía que
requiere cada día un mayor gasto social. No podemos tampoco decir que
existe la posibilidad de jubilar indiscriminadamente ni tampoco negar el
derecho a jubilarse a aquellas personas que lo tienen y, sobre todo,
debemos tener muy claro y mantener ese tramo de jubilaciones anticipadas
en determinados casos de trabajos muy especiales, como los que están
sometidos a materias insalubres o peligrosas, e incluso aquellos otros
que de su trabajo también depende la seguridad de muchas otras personas y
requiere mantener un gran nivel de reflejos. Por lo tanto, hay algunos
casos en los que la edad o las características del trabajo podrían
limitar las condiciones laborales de estas personas.
Por todo lo dicho, le voy a anunciar que votamos en contra del veto y le
repito que reflexione sobre la necesidad de racionalizar el sistema
porque no podemos estar tirando tanto de él y que llegue a un extremo que
ya no aguante más.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Entramos en turno de portavoces.
¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para posicionarnos respecto a la propuesta de veto
presentada por el Senador Román Clemente. Dicho veto, tal y como se ha
puesto de manifiesto, proviene de una iniciativa del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha de ser
coherente con el debate mantenido con ocasión de la moción presentada por
el mismo Grupo y aprobada mayoritariamente el 31 de marzo de 1998 por el
Pleno del Congreso de los Diputados. Nuestro Grupo apoyó el contenido del
texto del presente proyecto de ley, articulado en cumplimiento de este
mandato al Gobierno producto de aquella moción, al considerar que su
contenido se encuentra dentro del espíritu y marco del Pacto de Toledo.
Por dicha moción se dejaba en suspenso la entrada en vigor de las
polémicas circulares del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14
de noviembre y de 5 de diciembre de 1997, que francamente limitaba las
posibilidades de jubilación anticipada de un grupo importante de personas
adscritas en los régimenes especiales.
La discusión se centra en que la suspensión de la entrada en vigor de
dichas circulares venía a quedar vigente, manteniéndose el contenido de
las circulares del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 9 de
agosto de 1978, y de la Dirección General de Prestaciones, número 112, de
26 de septiembre de 1978. Tal y como se ha puesto también de manifiesto,
ante la existencia de un criterio jurisprudencial del Tribunal Central de
Trabajo, unificado doctrinalmente por el Tribunal Supremo, como ha venido
reconociéndose, se vino a considerar que las disposiciones antes citadas
fueron articuladas exclusivamente para reconocer derechos adquiridos a
trabajadores del régimen general y, por tanto, con exclusión de otro tipo
de trabajadores de regímenes especiales. Dicha doctrina no podía ser
desconocida y el proyecto de ley fija unos criterios para el
reconocimiento de la jubilación anticipada, en esos casos especiales, más
favorables que las exigidas por dicha doctrina.
Por esto, nuestro Grupo, y a tenor de todo lo que antes he mencionado,
anuncia el voto contrario al veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Capdevila.
El Senador Aguilar Belda tiene la palabra.
El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para manifestar nuestro apoyo al veto del Senador
Román y para reservarnos la argumentación de este apoyo en el momento de
la defensa de nuestras enmiendas.
Al hilo de la intervención del Senador Fernández Menéndez no puedo por
menos de manifestarle que no tenemos ningún inconveniente en que se dé
una nueva regulación a esa normativa preconstitucional, que es cierto que
así es, que reconoce esos derechos, pero estamos radicalmente en contra
de que con esta ley se eliminen los mismos. Se podría haber regulado esa
normativa preconstitucional con otra ley que los reconociera.
Es la primera vez que escucho en esta Cámara el argumento de que se van a
recortar derechos porque los beneficiarios no hacen uso de los mismos por
desconocimiento de la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
El Senador Fernández Menéndez tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo solamente para contestar al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que el proponente del veto no ha hecho uso del turno de
portavoces, y estoy perfectamente de acuerdo y agradezco la posición del
representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Al Senador Belda quiero decirle que como estamos hablando de regímenes
especiales, generalmente de trabajadores por cuenta propia, me parece que
no debería olvidar los distintos debates que tuvimos en esta Cámara y lo
que se ha hecho en virtud de los mismos, incluso aquello de que los 45
años de edad menos un día no daban derecho a ningún tipo de prestación
por la Seguridad Social, y que se mantenía aún en el año 1991 cuando
debatíamos estos temas. También quiero decirle que, además, bien vista
como está la ley, le aseguro que no recorta ningún derecho de
trabajadores, sino que los regula como tal.
Siguiendo en parte su consejo de la necesidad de racionalizar el sistema,
que me lo ha repetido a mí muchísimas veces, no tengo más remedio que
decirle que esté muy tranquilo porque no va a haber ningún tipo de
recorte con respecto a los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el veto presentado por el Senador Román
Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 178; a favor, 69; en contra, 106;
abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
Pasamos, a continuación, al debate de la parte dispositiva de este
proyecto de ley. (Rumores.)
Señorías, si nos lo permiten, podemos ya empezar el debate.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra para defender su enmienda
número 5.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
No puedo por menos que defender la única enmienda que mantenemos a este
proyecto de ley, máxime después de lo que le he escuchado al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular hace escasos momentos. Ha dicho que el
compromiso del Pacto de Toledo incluye una mayor proporcionalidad a la
hora de realizar el esfuerzo de las cotizaciones con el fin de preservar
el sistema público de pensiones. Creo que ha dicho esto textualmente.
Tengo que decir a este respecto que cuando presentamos la enmienda número
5, en nombre de Eusko Alkartasuna, solicitamos que se mantuviera el
apartado 2 b) del artículo único en sus propios términos, salvo al final.
Pensábamos que era suficiente con que se acreditasen un mínimo de tres
años en los regímenes señalados en los apartados anteriores. Nos estamos
refiriendo al apartado a). Lo aclaro porque para un desconocedor de lo
que dice la ley podría inducir a error.
Estamos hablando, señoras y señores Senadores, de los interesados que
tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero del 67. Estamos
hablando de la vida laboral del trabajador sea de 30 o de más años. En
este caso, la reducción de cinco a tres años no afectaría en absoluto a
la quiebra del sistema público de pensiones. Afecta a muy pocas personas.
Afecta a personas muy concretas que han estado en el extranjero, que han
cotizado en regímenes especiales. Afecta a una mayoría de mujeres que en
esa época a la que nos estamos refiriendo, antes del 1 de enero de 1967,
trabajaran o no, si lo tenían a bien o si tenían en algún caso la
debilidad de contraer matrimonio, tenían un premio por hacerlo y salían
así de su trabajo. En este caso, se veían forzadas a dejar unas
cotizaciones que luego malamente, con otros regímenes, han podido ir
completando.
Número de personas a las que puede afectar esto: Teniendo en cuenta el
momento a que nos estamos refiriendo, 30 años y cotización anterior al 1
de enero de 1967, no se produce ninguna quiebra. Este tope de cinco años
que establece la ley lo único que hace es excluir a muchas personas, a
las más desfavorecidas y --tengo que decirlo también-- especialmente a
muchas mujeres trabajadoras.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra para defender su enmienda el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Poco más tengo que añadir a las palabras que ha dicho mi compañera, la
Senadora de Eusko Alkartasuna.
Estamos planteando un caso de absoluta excepcionalidad. Las
excepcionalidades en regímenes como estos de la Seguridad Social, para
los casos de jubilaciones que se van a producir en momentos históricos
determinados, que no van a ser extensibles en el tiempo con toda
seguridad y que cuantificados representan poquísimos miembros de un
colectivo que hoy puede parecer importante, aportan, bien es verdad, un
determinado gasto, pero, sobre todo, suponen --y ahí es donde quiero
poner el dedo-- un trabajo burocrático temporal. Fundamentalmente hay que
hacer que reflexionen determinados colectivos de funcionarios que
trabajan en la Seguridad Social hoy día.
En definitiva, hay que tratar de cuantificar el colectivo, darles una
respuesta, una salida, buscarles los recursos correspondientes en un
plazo de tiempo, dado que todos tienen ya una edad muy cercana a su
jubilación y algunos también tienen muy cercana, desgraciadamente, la
desaparición definitiva de esta dulce vida. Se trataría fundamentalmente
de poder atender situaciones que, de otra manera, van a quedar para toda
una vida en procesos que para unos van a ser de frustración, y para otros
de insatisfacción, y eso en una sociedad de bienestar, en una
sociedad que se gasta miles de millones de pesetas en atender a
colectivos marginales que ni siquiera han contribuido solidariamente a
las cargas generales del Estado para atender la Seguridad Social, la
sanidad y otras prestaciones complementarias.
A nuestro modo de entender, el haber demostrado --cosa que no se ha hecho
hasta este momento, y esperemos que, a lo mejor, a la hora de la votación
pueda producirse algún otro cambio-- la sensibilidad suficiente como para
haber escuchado, con la reducción de dos años nada más --dos años, porque
en la ley está establecida en torno a los cinco años de cotización y
nosotros estamos hablando de tres--, y con la posibilidad precisamente de
haber satisfecho a un número de personas que verían cumplidas sus
expectativas en su jubilación es el objetivo con el que planteamos esta
enmienda.
No creemos que existan razones más de fondo, porque las razones de fondo
son aquellas por las que se ha hecho la ley. Pensamos que existen razones
fundamentalmente de eficacia y de eficiencia en el servicio a colectivos
determinados de nuestra sociedad que pueden ser perfectamente atendidos
de forma solidaria, como lo son otros colectivos, a través de la
beneficencia pública o de medidas que, sin llamarse beneficencia pública,
son algo parecido, y que se llevan a cabo después con cargo a los
presupuestos de las Comunidades Autónomas, de los municipios, de la
propia Administración central, y que son atendidas de una forma marginal.
El objetivo de nuestra enmienda es muy claro. Se trata de hacer una
apuesta que tiene una respuesta muy concreta y muy limitada, y esperemos
que sea atendida. Si no, señores del Partido que sostiene al Gobierno,
habremos dejado a un colectivo señalado con el dedo, cuantificado y
frustrado en la posibilidad de poder acogerse a un beneficio que
corresponde a la totalidad de aquellos que han contribuido a las cargas
generales de la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Aguilar Belda.
El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presidente.
Para entender el alcance de este proyecto de ley, no puedo por menos que
remontarme a los antecedentes legislativos y normativos que anteceden --y
valga la redundancia-- a este proyecto.
En el año 1967, la nueva Ley de Bases de Seguridad Social, en su
disposición transitoria segunda, establece que la jubilación será a los
sesenta y cinco años para todos los ciudadanos, pero se reconoce también
la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada a todos aquellos
que hayan cotizado al mutualismo laboral, que era el régimen que viene a
extinguirse con esta Ley de Bases, con anterioridad al año 1967.
El 16 de noviembre de 1973, se promulga un Decreto, el 2.957, que viene a
perfeccionar y a interpretar esta reserva de derecho a la jubilación
anticipada. Posteriormente, en el año 1978, el Instituto de la Seguridad
Social publica una circular aclaratoria ante problemas de
interpretaciones respecto a quienes pueden acceder a la jubilación
anticipada. Y lo cierto es que, hasta este proyecto de ley, todos
aquellos que habían cotizado con anterioridad al año 1967 al mutualismo
laboral veían reconocidos la posibilidad y el derecho de jubilarse a
partir de los sesenta años. Son trabajadores a los que, en el año 1967,
el Estado español cambió las normas por las que se regían, y se les hizo
la promesa de que mantendrían los derechos consolidados. Se les aseguró
--si bien es cierto también que desde otra legitimidad no democrática,
pero el Estado no puede tener paréntesis en su funcionamiento-- que,
aunque se cambiara la edad de jubilación, a ellos se les iban a respetar
estos derechos.
Toda esta normativa a la que me he referido lo que viene a hacer es a
reconocer ese derecho y --lo repito-- a jubilar de forma anticipada a
todos aquellos que hayan cotizado antes del año 1967 cuando cumplan los
sesenta años. Bien es cierto que con un coeficiente corrector del 8 por
ciento por año, que puede llegar hasta un 40 por ciento de la reducción
de su pensión si es que se jubilan cuando cumplen exactamente los sesenta
años.
¿Y qué ha ocurrido durante estos 20 o 30 años, época de la que data la
última normativa interpretativa? Pues que todos aquellos que cotizaron al
mutualismo laboral y que después siguieron cotizando en lo que se
denominó régimen general en la nueva Ley de Bases, fruto de las crisis de
los año setenta y ochenta, han tenido que reconvertirse y pasarse a otros
trabajos. Fruto de las crisis y de las reconversiones industriales se han
visto obligados a cambiar de empleo y muchos de ellos han tenido que
crearse uno por sí mismos, con lo cual muchos de esos trabajadores se han
hecho autónomos.
Y dentro de esta cuestión había un colectivo muy importante de mujeres
--como decía la Senadora De Boneta-- a las que se les daba una dote
cuando se casaban --señorías, estamos hablando de los años cincuenta y
sesenta-- y a continuación se las expulsaba del trabajo. Y entre ellas ha
habido personas que después han pretendido completar su carrera de
cotización por la vía del autoempleo, es decir, por la vía de crearse su
propio empleo como autónomos o por la del régimen de empleados de hogar,
etcétera.
Y estamos hablando también de un colectivo muy importante de ciudadanos
que tuvieron que irse de nuestro país para trabajar en el extranjero
porque aquí no había empleo para ellos, personas que cotizaron en
aquellos países a regímenes asimilables a lo que eran entonces nuestras
mutualidades laborales y que hoy en día es nuestro régimen general,
ciudadanos que retornaron años más tarde en las mismas condiciones a las
que me acabo de referir, es decir, teniendo que crearse su propio empleo
en este país, y que tuvieron que empezar a cotizar a otro tipo de
regímenes.
Pues bien, a esos miles de trabajadores y trabajadoras --muchísimas
trabajadoras, por cierto-- ustedes les retiran en esta ley, y con
sordina, su derecho a jubilarse anticipadamente, y lo hacen, en primer
lugar, de forma sibilina, con sordina. Y digo esto porque eso fue
comunicado en una circular con fecha 14 de noviembre de 1997 y por una
Resolución del 5 de diciembre, también de ese mismo año, en la que se
daban instrucciones a las Direcciones
provinciales del INSS para que dijeran que esas personas no tenían esos
derechos y que, por tanto, se les retiraba en concreto su derecho a esa
jubilación.
Cuando las Cortes Generales, y más concretamente el Congreso de los
Diputados levanta la voz ante este atropello y ante ese recorte de
derechos, resulta que se debate en esa Cámara una interpelación que luego
se convierte en moción y que obliga a que el señor Ministro de Trabajo,
es decir, a que el Gobierno del Partido Popular regule esto --que si hay
que regularlo porque hay sentencias al respecto y porque se trata de
legislación preconstitucional efectivamente debe regularse--, pero el
Congreso de los Diputados no le dice al Gobierno que recorte derechos,
no. Lo único que le dice es que los regule y que mantenga los derechos
adquiridos. Eso es lo que le dice en esa moción y, sobre todo, que no
derogue una norma que no es que haya estado en vigor una semana, un mes,
un año o dos, no, no, una norma que tiene un período de vigencia de más
de 20 años. Y es que hay ciudadanos que se habían programado su vida y su
carrera de seguro y que ahora mismo lo ven recortado y atropellados en
sus derechos.
Pero a la vez que estas personas ven truncada su previsión y su sistema
protector de vejez, es que estamos hablando de un colectivo relativamente
pequeño --y lo ha dicho algún antecesor mío en el uso de la palabra--. El
Ministro de Trabajo, su Ministro de Trabajo, señores del Grupo
Parlamentario Popular, dijo en una comparecencia en el Congreso de los
Diputados que eran 2.000 trabajadores los que se jubilaban al año
acogiéndose a estos derechos que tenían adquiridos. Hay quien dice que
son 10.000, pero si quieren incluso duplico la cifra yéndonos hasta los
20.000 trabajadores.
Señorías, estamos hablando de trabajadores que, suponiendo que hubieran
accedido al empleo, es decir, a cotizar a las mutualidades laborales, con
una media de 18 años de edad --y podríamos poner también como ejemplo
alguna situación excepcional puesto que en aquellas épocas se empezaba a
trabajar con 14 y 15 años--, para que tuvieran 18 años en el año 1967 y
pudieran haber cotizado antes de ese año, que es cuando se regula esta
norma, habrían nacido en 1947 o en 1948. Luego estamos hablando de un
derecho que se va a extinguir cuantitativa y temporalmente por sí mismo
como muy tarde en el año 2008, es decir, que se trata de un colectivo
pequeño que, además, se va a extinguir, y en función del cual no hace
falta regular nada. Por sí mismo va a caer puesto que no es un colectivo
en ascenso sino en recesión.
Pues bien, ustedes sacan toda esta serie de normativas e invocan que lo
hacen para dar cumplimiento a sentencias jurídicas y a doctrina del
Tribunal Superior de Trabajo y del Tribunal Constitucional, cosa con la
que estamos total y absolutamente de acuerdo. Cumplamos con esas
sentencias y regulemos. Ahora bien, invocar las sentencias jurídicas a la
hora de articular, redactar y votar una ley, no me parece lo más
adecuado. Si hay un órgano que tiene que hacer leyes es el Parlamento, el
Congreso de los Diputados y el Senado, no son los jueces. Los jueces
pueden interpretar y recomendar, pero en esas recomendaciones no nos
dicen que traigamos una norma que recorte derechos, como es la norma que
nos traen sus señorías en estos momentos.
La capacidad de legislar, la capacidad normativa la tienen estas Cámaras
y no podemos invocar vacíos legales, destapados por sentencias
judiciales, para traer esta norma total y absolutamente discriminatoria.
Pero, además, cuando hablan de la necesidad de traer esta ley, invocan
sus señorías que la norma anterior era discriminatoria en cuanto a la
contribución, a la proporcionalidad, y nos traen una norma que sigue
siendo discriminatoria. Me decía el Senador Fernández Menéndez que no
recorta derechos. ¿Cómo que no recorta derechos? A aquellos ciudadanos
que con solo un día de cotización tenían derecho a acceder a la
jubilación anticipada, hicieran o no uso de ese derecho, ahora les
exigimos, como mínimo, tres años y nueve meses de cotización al Régimen
General. Y a aquellos que hayan cotizado 30 años les exigimos cinco; y a
los que hayan cotizado 28 años les exigimos siete; y a los de 24 años les
exigimos 6. Por lo tanto, esta ley que sus señorías traen a la Cámara no
respeta los criterios de proporcionalidad y contribución, en absoluto.
¿Qué proporcionalidad hay en exigir 5 años de cotización al Régimen
General a un trabajador que ha estado cotizando 30 años, que tiene una
carrera larga de seguro, que no es el que pone en quiebra la Seguridad?
La Seguridad Social la ponen en quiebra las carreras cortas de seguro,
los que acceden a la jubilación con pocos años de cotización. A los
trabajadores que tienen 30 de cotización les exigen ustedes cinco años, y
a los que tienen 15 años de cotización, la mínima, les exigen tres años y
9 meses; y a los que tienen 24, seis años; y a los de 28, 7 años. No
guardan para nada los principios de proporcionalidad.
Dan otro argumento, enarbolan la bandera del Pacto de Toledo. El Pacto de
Toledo no era ni más ni menos que un mandato a los gobernantes para que
mantengan el sistema de protección social en igualdad de condiciones y de
derechos a como lo recibieron en el año 1996. A mí me gustaría saber en
qué página o párrafo del Pacto de Toledo se dice que se recorten estos
derechos. No lo he visto en ninguna.
Efectivamente, el Pacto de Toledo dice que, con carácter general, la
jubilación será a los 65 años. Estamos total y absolutamente de acuerdo;
que los principios de proporcionalidad y contribución son los principios
que marcan las características de nuestro Sistema de Seguridad Social.
Total y absolutamente de acuerdo. Lo hemos estado defendiendo.
Senador Fernández Menéndez me invocaba usted la defensa que he hecho
desde esta tribuna durante sucesivos años de estos principio cuando lo he
hecho, y lo sigo manteniendo.
También se convino en el Pacto de Toledo que el régimen transitorio de
jubilaciones anticipadas que existía iba a seguir en vigor. Eso lo dice
el Pacto de Toledo, y en la recomendación décima se consagró el derecho y
el respeto a preservar el derecho a la jubilación anticipada igual que se
escribió también en el Pacto sindical que firmó el Ministro de Trabajo
con los sindicatos el día 9 de octubre de 1996.
Pero, además, les quiero decir algo más del Pacto de Toledo. Era una
reunión de personas, con unos intereses, teóricamente comunes --conforme
va a avanzando la legislatura
vemos que no hay intereses comunes, que ustedes van por otro camino, que
van socavando el Estado protector que se ha creado con mucho sacrificio y
con muchas aportaciones durante muchos años--, y era única y
exclusivamente un pacto. Si vamos a hacer una norma que va a modificar
algunos derechos adquiridos por esos beneficiarios, lo mínimo es
consultar a los protagonistas del pacto, que no son otros que los grupos
parlamentarios. No sé si sus socios parlamentarios habrán recibido algún
tipo de consulta, pero me da la impresión de que ninguna --algunos de sus
socios parlamentarios me indican que no--. Nosotros no hemos recibido
ningún tipo de petición de ayuda, de acuerdo, de petición de pacto, de
continuación de ese Pacto de Toledo de mantenimiento del sistema
protector.
Pero, además, les quiero añadir más datos; no solamente las razones de
protección social, sino también cuestiones de tipo técnico, como pueden
ser que la jubilación anticipada en determinados casos son un instrumento
de competitividad también para las empresas, para poder mantener ritmos
adecuados de producción, para sustituir con trabajadores jóvenes
cualificados plantillas que, de alguna manera, se han quedado obsoletas
tecnológicamente, incluso, a nivel de salud y de capacidad para poder
desarrollar determinados trabajos, y que viene a solucionar un problema
muy importante del paro juvenil, que está en torno al 50 por ciento del
colectivo.
Los Senadores del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
seguro que lo van a entender, porque, además se les ha aludido en el
Congreso de los Diputados. Un ejemplo: les he hablado de emigrantes, de
empleadas o empleados de hogar, de autónomos, pero también hay
cooperativas, de las que cuando perdieron su trabajo en el mutualismo
laboral o en el régimen general se convirtieron en pequeñas cooperativas
y empezaron a cotizar en ese régimen cooperativo. Por ejemplo, la
Cooperativa Mondragón --sé que van a ser muy receptivos los Senadores del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- prejubiló con una
media de edad de 61 años a 1.000 trabajadores, e hizo 6.500 contratos a
trabajadores jóvenes, lo que ha permitido la viabilidad del proyecto
cooperativo Mondragón.
Ahora tengo que comentar la alusión al equilibrio económico-financiero y
a la invocación a mis sucesivas intervenciones en esta tribuna en defensa
de ese equilibrio económico-financiero. Mantener estas jubilaciones
anticipadas no pone en riesgo el equilibrio económico-financiero. Hay
estudios actuariales que señalan que el costo de mantener esta medida es
cero, pero les voy a decir por qué. Primero, porque el colectivo es muy
pequeño; en segundo lugar, porque no es un colectivo acumulativo, ya le
he dicho que estaba en recesión y que llega un momento en que se acaba,
como muy largo ese momento es el 2008 o el 2010; pero, en tercer lugar,
porque estamos hablando de un colectivo que tiene un coeficiente
corrector del 8 por ciento por año. Es un colectivo al que cuando se
jubila a los 60 años, se les quita el 40 por ciento de su pensión para
toda su vida. No recuperan ese 40 por ciento cuando cumplen los 65 años,
se les quita para toda su vida de jubilados. Luego, el equilibrio
económico-financiero está total y absolutamente garantizado y el costo es
cero.
En cuarto lugar, creo que lo más importante de este proyecto de ley es
resaltar los problemas sociales y de difícil retorno de personas a las
que se les crearon unas expectativas de prejubilación hace 20 o 30 años,
que les ha cogido por sorpresa este recorte, que planificaron su vida
tomando decisiones, que han visto truncadas con este proyecto de ley. Con
esta ley se deja desprotegido a un colectivo que esperaba jubilarse a los
60, 61, 62, 63 ó 64 años. Ahora tendrán que esperar entre tres o cinco
años personas con situaciones profesionales de difícil o imposible
continuidad. Se vuelve a penalizar y a desproteger por haber cambiado de
régimen, fruto de la crisis y de la recesión económica de los años
sesenta y setenta colectivos muy desprotegidos.
Yo invoco al Senador Someso, que veo que no está, me da la impresión de
que le resulta difícil aguantar y mantener este debate, porque conoce muy
bien que hay regiones en nuestro país donde el 40 por ciento de la
población activa o son autónomos, o son trabajadores del régimen agrario,
a los que afectan muy directamente este proyecto de ley y estos recortes.
Yo sé que el Senador Someso es sensible a la defensa de este colectivo
porque ha sido representante, y no sé si lo sigue siendo, del colectivo
de autónomos, y va a tener muy difícil mantener el discurso de defensa de
la protección social de los autónomos, una vez aprobemos en esta Cámara y
se refrende luego en el Congreso de los Diputados este proyecto de ley.
Va a tener muy difícil la interlocución con ese colectivo.
El Senador Fernández Menéndez les puede poner a esos dramas familiares,
lo mismo que el Senador Someso, nombres y apellidos, les diré más,
incluso les puede poner hasta caras. Aparte de conocer nombres y
apellidos puede poner caras a los trabajadores que desde el sector del
transporte autónomo están esperando cumplir los 60 años para acceder a
una prejubilación porque físicamente no pueden continuar más por la
dureza de su trabajo. Tenían esa previsión y están en una situación
laboral de no retorno.
Además, señorías, nos traen esta reforma en un momento en el que se les
llena la boca diciendo que crece el empleo en España, que crece el número
de cotizantes a la Seguridad Social --y nosotros nos alegramos--, que se
rebaja la recaudación por IRPF en 750.000 millones de pesetas --y ayer el
Ministro de Trabajo nos felicitaba diciendo que nos iba a dar una buena
noticia porque nosotros también íbamos a pagar menos al año que viene-- y
en que se regala --y lo hemos visto en este debate sobre presupuestos--
más de un billón de pesetas a las empresas eléctricas para que aborden la
competencia --la competitividad y la competencia-- y en un momento en
que, según sus señorías, España va bien. Y yo le diría que España va bien
para esos señores de las eléctricas, para las rentas del capital, a las
cuales les han bajado ustedes la imposición, y para los que más tienen,
pero, desde luego, no vayan con esta explicación a este colectivo. Por el
contrario, nosotros sí vamos a ir y desde el Grupo Parlamentario
Socialista nos vamos a dirigir al colectivo de los autónomos de España
para explicarles el sentido de la votación.
Y después de esta intervención, hago una llamada al Grupo de Convergència
i Unió, a los señores Capdevila y Carrera. Ustedes tienen una gran base
electoral y no digo
que tengan que hacer política única y exclusivamente teniendo en cuenta
planteamientos electoralistas, porque, desde luego, esa es una política
de cortos vuelos, que a la larga da pocos resultados, pero tienen un gran
vivero de votos en un colectivo de pequeños comerciantes, de pequeños
autónomos, a los cuales en esta ley se les recortan derechos; no se
engañen. No estamos normalizando sentencias. Las sentencias del Tribunal
Superior de Trabajo y del Tribunal Supremo y la doctrina del mismo las
podríamos plasmar con otros principios que no fueran de recorte. Por
tanto, hago un llamamiento porque, ya que se les llena la boca diciendo
que mantienen, amplían y mejoran la protección social, hoy están
socavando y recortando derechos y protección a uno de los colectivos más
desfavorecidos de nuestro país.
Una vez dicho esto, huelga que les hable de las enmiendas. Son cuatro y,
prácticamente, un veto de totalidad al proyecto de ley, pues en la número
7 les decimos que elimen la expresión «si bien» de la exposición de
motivos, para que se ajuste literalmente a lo que dice la moción aprobada
en el Congreso de los Diputados; la número 8 elimina de la exposición de
motivos la referencia que hacen a la necesidad de acreditar una cuarta
parte de sus cotizaciones al Régimen General; la 9, en coherencia con la
anterior, la posibilidad de cubrir ese período mínimo por la vía de un
convenio de aquellos trabajadores que puedan aportar la cuota laboral y
la cuota obrera para cubrir ese período mínimo que ustedes les exigen; la
número 10 solicita eliminar la letra b) del apartado segundo del artículo
1, que habla también de una cuarta parte de cotización, y la número 11, a
la disposición adicional, la posibilidad de que puedan firmar un convenio
por el que ingresen la cuota laboral y la cuota obrera, con posibilidad
de convenio individual de estos trabajadores.
Poco más les tengo que decir. Comentaba el Senador Román que, tras el
largo debate que hemos tenido de Presupuestos --lo comprendo porque él,
efectivamente, ha corrido una maratón en estos cuatro días de
intervenciones parlamentarias--, este proyecto de ley no merece pasar de
tapadillo por esta Cámara, porque es un proyecto de ley que, les vuelvo a
reiterar, socava derechos de trabajadores, derechos adquiridos, y que
perjudica a uno de los colectivos más débiles de nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aguilar
Belda.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Sanz Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos hablando de jubilaciones anticipadas y, después de la semana que
llevamos, da la impresión de que usted no ha estado en este debate,
cuando parece que quiere dejar clara su posición volviendo a referirse
una vez más a las eléctricas, al paro, a temas sociales, etcétera.
Si usted no quiere ver que en los presupuestos que hemos aprobado a
mediodía se incrementa el gasto social; si usted no quiere ver que el
paro en nuestro país no está aumentando y si usted no quiere ver otra
serie de cuestiones es su problema y el de su Grupo. Pero yo le tengo que
decir algo más, ya que tanto se le está llenando la boca con el tema de
las eléctricas, etcétera. He llegado al convencimiento de que con quien
han ganado dinero las eléctricas ha sido con ustedes durante catorce
años, segurísimo. Usted, lógicamente, con su preparación, ha hecho un
repaso acertado desde el año 1967 hasta el año 1978, que está en esa
línea, pero se olvida del año 1995. No habla usted de los recortes --esos
sí que lo fueron-- que hicieron ustedes gobernando en este país, en 1995,
con las famosas jubilaciones anticipadas; eso sí, hay que decir en su
honor que luego rectificaron. Ahí sí que se afectó a un número importante
de españoles, de las clases desfavorecidas, que ustedes abanderan que
defienden, cosa que yo, sinceramente --lo he dicho desde esta tribuna--
dudo mucho. Ustedes en el año 1995 sí que dieron a las clases
desfavorecidas de este país, a los pensionistas, donde más les duele.
Dice usted que se retira el derecho a un número importante de españoles,
y, encima, se hace de forma sibilina. Esto se ha debatido durante todo el
año 1998, en bastantes sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados
y en el Senado; más claridad imposible, más transparencia imposible.
Desde luego, si usted valora que eso es hacerlo de forma sibilina, es que
debemos de tener conceptos diferentes de lo que es trabajar
sibilinamente, más aún en política.
Usted se olvida aquí de decisiones tomadas en el Parlamento. Este
proyecto de ley lo que hace es cumplir un mandato del Parlamento,
debatido en el Congreso de los Diputados, a instancias de Izquierda
Unida.
Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Es posible que a ustedes no
les guste el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional porque les
recuerda algunas cosas. Nosotros lo que hacemos es cumplir estrictamente
lo que mandan el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Respecto al Pacto de Toledo, desde luego, lo que firmamos lo cumplimos.
Dice usted que con este proyecto de ley se están socavando derechos. Se
lo he dicho al principio de mi intervención: repásese y estúdiese las
cantidades y los presupuestos destinados a gasto social; repásese las
cantidades destinadas a políticas activas etcétera.
Pregunta usted dónde se recoge en el Pacto de Toledo eso de lo que
hablamos tanto. Usted lo ha dicho, en la recomendación décima. Pero usted
no la ha leído toda, le invito a que su Grupo lo lea. La recomendación
décima dice que se mantendrán los sistemas de jubilación anticipada
ligados a los contratos de relevo y a los de sustitución, que son los ya
previstos. Puede hacer usted los gestos que crea convenientes.
Yo le pregunto a usted y a los grupos que se oponen a este proyecto de
ley: ¿Es justo o no que si una persona ha cotizado a varios regímenes de
la Seguridad Social y, habida cuenta de que considerando de forma
exclusiva las cotizaciones por separado no se tiene derecho a una
jubilación anticipada, pueda realizarse una valoración conjunta de todos
esos regímenes en los que se ha trabajado y resolver en derecho a la
petición de que se pueda acreditar
esa pensión de jubilación teniendo en el cómputo total los años
suficientemente cotizados? ¿Es justo o no que si no se hubiera alcanzado
la edad que en ese régimen que se considera, pueda acreditarse ese
requisito en cualquiera de los regímenes para poder acceder a una pensión
de jubilación? Ese es el meollo de la cuestión de este proyecto de ley,
y, desde luego, no se desampara absolutamente a nadie.
Supongo que en el turno de portavoces podré contestarle a algunas
cuestiones principalmente políticas que usted ha planteado en su
intervención.
Voy a hacer algunas observaciones respecto a la enmienda número 1,
presentada por el señor Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.
Una de ellas, principal e importante, es que esa exposición de motivos es
técnicamente defectuosa, al ser más propia de una memoria explicativa que
una explicación del contenido del proyecto que estamos debatiendo.
Por otra parte, quiero hacer constar que el contenido del Real Decreto
2957/1973, de 16 de noviembre, al que usted ha hecho referencia, sobre
cómputo recíproco de cuotas, no fue --como se dice en el párrafo cuarto
de su enmienda-- insuficiente para dar solución a los casos planteados,
sino que venía a establecer de forma clara unas reglas que fueron
absolutamente desconocidas en la Circular 112/1978, tal y como ha puesto
de relieve el Tribunal Supremo al que luego me referiré.
En el párrafo quinto de su enmienda no deja de ser paradójico --luego
usted me lo puede explicar-- el que se haga constar que los tribunales,
al resolver sobre los litigios planteados, hayan desconocido la
existencia de una circular a la que de ninguna manera están sometidos y
que, además, contrariaba el tenor de la norma aplicable. En nuestra
opinión, no es posible afinar tanto a través de la exposición de motivos
a la que usted ha hecho referencia.
Respecto de la enmienda número 2, con la que se pretende modificar todo
el artículo 1, he de decir que su contenido excede del ámbito de la
prestación de jubilación, no guardando, por tanto, coherencia con el
título de este proyecto de ley. Además, el apartado 3, que usted plantea
como nuevo, resulta contradictorio con el actual apartado número 2. Y le
voy a explicar por qué. Si mientras en éste se relega a posteriores
normas reglamentarias el establecimiento de reglas para el mantenimiento
de los derechos mediante la totalización de los períodos de permanencia
en los distintos regímenes, el nuevo apartado 3 vendría a introducir
directamente esa totalización.
En el apartado 4 se formulan diversas reglas sobre la forma en que ha de
operar el cómputo recíproco. Pero su redacción, aparte de ser confusa,
lleva a resultados que pueden perjudicar los derechos que actualmente
tienen reconocidos los trabajadores, de los que usted también dice que se
le van a minar sus derechos, adquiridos hace tiempo.
En el segundo párrafo de este apartado, letra a), no parece admitirse la
posibilidad de que acreditándose cotizaciones en varios regímenes, y
reuniendo los requisitos para acceder a una misma prestación en todos
ellos, puedan ser reconocidas las indicadas prestaciones.
En cuanto a las letras b) y c) del citado apartado, de la primera se
pueden deducir consecuencias similares a las que ya he mencionado. Por
otro lado, la letra c) se contradice con lo anteriormente dicho; sobre
todo, en lo que guarda relación con el apartado 5, según el cual se
mantendrían los criterios anteriores al Real Decreto 5/1998, en el
sentido de que una única cotización antes del 1.º de enero de 1967 a una
mutualidad laboral por cuenta ajena permitiría la jubilación anticipada a
los 60 años, aunque a partir de esa fecha indicada toda la carrera de
cotización a la Seguridad Social se hubiera acreditado en regímenes de la
Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia.
Y por lo que respecta a la enmienda número 3, para la adición de un
segundo artículo, me remito a la explicación que ya le he dado, en
coherencia con mi referencia a las enmiendas anteriores.
La enmienda número 4, como bien ha dicho en su exposición para la defensa
del veto, se refiere a que los derechos reconocidos tengan carácter
retroactivo, enmienda que vamos a rechazar por las razones que ya he
apuntado, y también en coherencia con nuestro rechazo a las enmiendas
anteriores.
En cuanto a la enmienda número 5, de la Senadora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto --y con esto también contesto al Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos--, quizá pudiéramos estar algo de acuerdo en la
filosofía, pero deberían haber echado bien las cuentas. Y me explico. El
contenido de la enmienda provoca una mayor diferenciación en la exigencia
requerida de cotización. Es decir, el quid de la cuestión, insisto, está
en hacer números correctamente. Pongamos el caso de un trabajador que
acredite 29 años de cotización para poder jubilarse anticipadamente. ¿Qué
le tendremos que exigir? Un período de cotización como trabajador por
cuenta ajena de siete años y un trimestre. Pero con la enmienda que
ustedes presentan, si ese mismo trabajador acreditase un año más de
cotización, es decir, 30 años, le sería suficiente con que las
cotizaciones como trabajador por cuenta ajena fuesen de al menos tres
años. Tienen razón. Pero la diferenciación entre ambas situaciones es
difícilmente explicable y no se sostiene, porque en este caso se rompen
los importantes principios del Pacto de Toledo, que hemos firmado todos
los grupos políticos, de equidad y contributividad.
Por otro lado, tengo que agradecer las manifestaciones del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos y, especialmente las de su Grupo en el
Congreso, según las cuales están de acuerdo con los objetivos de este
proyecto de ley --al menos, eso es lo que han manifestado-- y, sobre
todo, en algo muy importante, a lo que luego me referiré: la seguridad
jurídica que da este proyecto de ley a un número también importante de
españoles.
Paso a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. La número 7 no
respeta la moción que ustedes presentaron y que fue aprobada en el debate
que tuvo lugar el 31 de marzo de este año en el Congreso de los
Diputados. El apartado que ha citado, el párrafo cuarto de la exposición
de motivos, no pretende reproducir los términos literales del texto.
Voy a referirme conjuntamente a las enmiendas números 8 y 10 para aclarar
varias cuestiones. A través de las enmiendas que ustedes plantean
pretenden mantener en su integridad determinados criterios
administrativos principalmente sobre aplicación de mecanismos de
jubilación anticipada, que ya fueron cuestionados y desechados por
nuestro alto Tribunal en unificación de doctrina. Ya le manifesté en la
propia Comisión que era abusivo el hecho de que se pudiera dar la
posibilidad de que con un único día de cotización antes de enero de 1967
a la mutualidad laboral de trabajos por cuenta ajena se pudiera uno
jubilar a los 60 años. Estas situaciones, que a nuestro entender son
abusivas, chocan frontalmente con la letra y espíritu del Pacto de
Toledo, del que nos hemos declarado y nos seguimos declarando defensores
y cumplidores.
En el texto alternativo que ustedes proponen desconocen ambas
directrices. No sólo favorecen sistemáticamente el cese anticipado de los
trabajadores en su vida activa y producen agravios comparativos entre
colectivos, sino que además destierran cualquier criterio de
proporcionalidad o contributividad respecto a lo que he dicho antes.
Lo que sí es cierto es que han de respetarse los derechos transitorios de
ciertos trabajadores por cuenta ajena. Pero no es menos cierto que dicho
colectivo ha de ser perfectamente identificado a los efectos de evitar
prácticas abusivas, ya denunciadas por y ante el Tribunal Supremo, que
sólo pueden distorsionar las reglas generales del sistema.
La moción --y usted la conoce mejor que yo-- que fue aprobada por el
Congreso de los Diputados el día 31 de marzo del año en curso, se
pronunciaba a favor de mantener los criterios administrativos extensivos,
si bien dentro del marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que
debe servir de pauta y moderación, y desde luego sus enmiendas no lo
siguen.
Otro aspecto importante al que podemos hacer mención es que la política
llevada a cabo en esta materia desde hace dos años y medio están basadas
en el diálogo social. Comprendo que usted lo dude por una sencilla razón,
porque en sus trece o catorce años de Gobierno no ha habido tanta paz y
diálogo social como en la fecha. Nosotros sí que respetamos las
observaciones que hicieron a fondo en este tema los agentes sociales, que
no pusieron ningún obstáculo para que este proyecto de ley siguiera
adelante.
Me voy a referir conjuntamente a las enmiendas números 11 y 9, porque
están íntimamente relacionadas. El proyecto de ley condiciona la
jubilación anticipada, cuando el régimen llamado a resolver no contemple
este beneficio en sus normas reguladoras, a que el interesado acredite
las cotizaciones antes de los 60 años.
Las enmiendas números 11 y 9 que ustedes han presentado pretenden ir más
allá, dado que en el caso de que no se acreditase el período indicado
ustedes le abren al interesado una puerta peligrosa, y me hubiera gustado
que hubiera explicado esto detenidamente. Esa puerta peligrosa consiste
en que cabe la posibilidad de haber estado afiliado a una mutualidad de
trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de 1967, y poder acceder a la
jubilación anticipada siempre que se abone la cuota empresarial y obrera
correspondiente a dicho período.
Esto se traduce en algo bastante importante: la compra de una pensión.
Compra de pensión que constituye un grave precedente que podría ser
invocado en otros ámbitos y que está totalmente denostado en el ámbito
del sistema español de la Seguridad Social.
En otro orden de cosas, he de decirle que con la alternativa que ustedes
proponen podría entenderse que el acceso a la jubilación anticipada se
subordina en los casos señalados a un mínimo de 19 años. Le digo lo mismo
que antes: echen ustedes los números, porque no se trata sólo de que
abran una puerta para comprar una pensión. En los casos que yo indico de
un mínimo de 19 años, como tiene que contemplar cuatro en régimen de
trabajadores por cuenta ajena, el interesado tendría derecho a pensión en
cuanto que ha debido cotizar por lo menos 15 años. Por tanto, he de
decirle que el único requisito que puede faltarle es completar una cuarta
parte, es decir, un mínimo de tres años y tres trimestres.
En el apartado c) plantean una base de cotización que me atrevo a definir
como un tanto ficticia, dado que rompe el principio de cotización por
salarios reales, o, si no, luego me lo explica.
En otro orden de cosas, yo entiendo que sólo sería factible la
disposición adicional que ustedes plantean para aquellos trabajadores que
tuvieran medios económicos suficientes para abonar las cotizaciones de
Seguridad Social, de modo que el modelo de acceso a la jubilación
anticipada que ustedes plantean se haría dependiendo realmente de la
capacidad económica del interesado.
En principio, esta es la postura del Grupo Parlamentario Popular --el
veto lo presentó mi compañero Angel Fernández-- respecto a las enmiendas
planteadas.
Quisiera agradecer el trabajo realizado por los portavoces de los grupos,
porque entiendo que enriquecen de forma importante el debate de este
Proyecto de Ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sanz.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Román Celemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Tiene razón, Senador Aguilar, tiene razón. Efectivamente, un proyecto de
ley de esta importancia no debe pasar inadvertido en esta Cámara.
Mi amarga queja, expresada al comienzo de mi intervención anterior, se
debe al hecho de que en el orden del día del Pleno hayamos utilizado un
procedimiento que nos está llevando, precisamente, a un debate que
después se traduce en la votación con unas ausencias también anormales.
Tengo que felicitarle, Senador Aguilar, por una magnífica intervención.
Hay que ver lo a fondo que hay que emplearse para recortar los derechos
de los trabajadores,
que tampoco son un gran número. Hay que ver lo rebuscado que pueden ser
nuestras argumentaciones a la exposición de motivos desde el punto de
vista técnico. Hay que ver con qué minuciosidad se puede uno detener para
ver que un Tribunal desconoce. ¡Claro!, no reconoce porque esas
circulares no se ajustaban a derecho y hubo que corregirlas, Senador
Sanz.
¿Cómo se puede transformar un debate parlamentario como el que hubo en el
Congreso de los Diputados para cercenar, limitar, recortar --escoja su
señoría-- unos derechos? El debate llevaba a garantizar unos derechos, no
a recortarlos, señorías, y ustedes lo pueden denominar como suficiencia
del sistema, pero no me gusta el debate que hemos tenido a lo largo de
todo el presupuesto respecto a las eléctricas. Mire, señoría, si quiere
no se lo repito, no le llamo tránsito a la competencia, sino tránsito a
la desaparición de un derecho, si lo prefiere así.
No haga una interpretación restrictiva del Pacto de Toledo en función de
que tiene que argumentar unos recortes, porque no son los mismos
instrumentos que están utilizando sus señorías con los poderosos, no,
donde todo es flexibilidad y facilidad. Le he repetido en multitud de
ocasiones a lo largo de este presupuesto que son políticas,
efectivamente; son líneas políticas que obedecen a una ideología y que
miran pormenorizadamente cómo se pueden recortar, limitar, los derechos
de los trabajadores, porque ponen en peligro la subsistencia del sistema;
sin embargo, esas políticas son muy relajadas a la hora de conceder
enormes beneficios, ya sean fiscales o económicos, a los más poderosos.
Señoría, no podemos compartir esa filosofía y la atacamos.
Eso quería decir en la propuesta de veto y en las enmiendas. ¿Que
técnicamente tienen alguna deficiencia? Corríjanla, para eso está el
Gobierno. Yo no he venido aquí a discutir sobre problemas de gestión de
otro Gobierno. Su señoría, sin duda, tendrá que argumentar que otros
Gobiernos hicieron una deficiente gestión. Ahora la gestión es de su
competencia y en este caso están tomando una decisión que cercena,
limita, erradica derechos de los trabajadores. Eso, señoría, es
antisocial y por eso lo tiene tan difícil a la hora de justificarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Sanz, usted no es el portavoz del Partido Popular en el debate de
esta Ley. Usted es el portavoz de un núcleo duro que, encerrado en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, está empecinado en no resolver
un problema, porque esta Ley no tiene un carácter puramente
administrativo ni competencial, es una Ley eminentemente política. Vamos
a hacerlo así porque esto procede profundamente de un acuerdo político y
si usted no está convencido, primero debe convencerse, preguntar y
debatir dentro de su propio grupo político, y ya veremos si no podíamos
haber llegado a acuerdos anteriormente.
A mí me parece, y lo tengo que decir así de claro, que ustedes no han
debatido, que no se han dado cuenta, que están en manos de un grupo de
funcionarios que en su castillo construido prácticamente después de la
guerra civil, que es aquel Ministerio, encerrados allí sin conexión con
la sociedad, están en absoluto desacuerdo con lo que ésta realmente
demanda.
No nos echen la culpa de querer discriminar a un señor que, porque ha
cotizado 29 años, no puede ajustarse a la enmienda que proponemos. Eso es
falso. Ustedes están discriminando a los señores a los que se exigen
cinco años de cotización cuando antes se exigía solamente un día, y
nosotros estamos haciendo el esfuerzo de reconocer por lo menos tres años
de cotización para que pueda incorporarse y beneficiarse al mayor número
de personas. No nos digan tampoco que no hemos hecho números. Aquéllos
que le asesoran también los han hecho y se han puesto la cara roja de
vergüenza cuando saben a qué tienen que negarse.
El viernes pasado su propio Gobierno en el Consejo de Ministros aprobó
por fin un Decreto que afecta a un colectivo de la sociedad española,
mediante el cual se beneficiaba a aquellos que habían sido religiosos o
religiosas y habían perdido durante muchos años el derecho a percibir una
prestación de la Seguridad Social. Le diría que haciendo números no está
muy lejos un colectivo de otro. Se ha hecho justicia con ese colectivo.
Lo hemos trabajado con anterioridad en el Congreso de los Diputados y por
fin se ha conseguido hacer justicia. Señor Sanz, aquí estamos en lo
mismo. Usted nos está achacando --y esta es una injusticia que no le
admito-- que no estamos conformes con el Pacto de Toledo y, por tanto,
con la Ley, porque usted nos ha colocado entre aquel colectivo que no
está conforme con ella y, sin embargo, sí lo estamos. Nosotros le decimos
que el Pacto de Toledo se hizo para la solidaridad y para solucionar
problemas al Estado, no para ahorrar hoy sino para el futuro, pero
precisamente solucionando problemas ahora. Este es el objetivo, el
verdadero espíritu del Pacto de Toledo. Si continúan todos estos
problemas, el Pacto de Toledo es una auténtica frustración para la
sociedad española, se lo digo así de claro. No le voy a decir más. No sé
como conmover ningún corazón porque el núcleo duro de ese Ministerio es
inamovible, pero eso no es política, es otra cosa, iba a decir pereza
funcionarial, pero me parece muy grave. También me parece muy grave que
en este Parlamento tengamos que votar contra ese tipo de actuaciones.
Esta es una Ley eminentemente política, con un contenido político
importante: resolver la situación de un colectivo, y habrá que buscar la
solución hasta las últimas excepciones. Sin embargo, hoy no se va a
producir, y lo lamento mucho, señor Sanz. Estaba en nuestras manos
haberlo conseguido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Graciès, senyor President.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió llega
a esta fase del debate del presente proyecto de ley sin haber formulado
enmienda alguna al texto de dicho proyecto.
Consideramos que el proyecto de ley presentado por el Gobierno cumple con
el mandato que le instaba el Congreso de los Diputados en la moción a que
se ha hecho referencia en este debate y pensamos que su texto se
encuentra dentro del marco del Pacto de Toledo.
Evidentemente, puede que la normativa sea objeto de discusión en algún
punto, y de ahí la oportunidad que se ha tenido para su debate por todos
los Grupos Parlamentarios al ser tramitado como proyecto de ley. En el
Congreso de los Diputados se tuvo oportunidad de celebrar el debate con
la propuesta de veto y las enmiendas que se han presentado por el Grupo
Mixto en el Senado, las seis enmiendas formuladas y reproducidas en este
acto por el Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y las dos
formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto a través del Bloque
Nacionalista Gallego.
Consideramos que el proyecto de ley se halla dentro de los límites
razonables, los límites impuestos por la letra b) del artículo único y,
lamentablemente, no podemos apoyar las enmiendas que han formulado los
diversos Grupos Parlamentarios y que han mantenido vivas en este acto al
entender que el texto está dentro de estos límites razonables, que, en su
caso, es más favorable que esta doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo y que, evidentemente, da una mayor seguridad jurídica en
evitación de situaciones de indefensión. De ahí el apoyo de nuestro Grupo
Parlamentario al proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Aguilar Belda.
El señor AGUILAR BELDA: Gracias, señor Presidente.
Senador Sanz, respecto al debate, creo que no me ha entendido o no me ha
querido entender. El debate no es el empleo, el paro o las eléctricas. Le
he dicho que se hace esta reforma en un momento en que ustedes dicen que
crece el empleo y que hay menos paro, y nosotros nos congratulamos, nos
alegramos y se lo reconocemos. Esto se hace en un momento en que tienen
una situación, parece ser, de superávit en las arcas del Estado cuando
hacen regalos económicos a las empresas eléctricas o regalos a los
bolsillos de los contribuyentes y deben tener suficiente dinero para
mantener la protección social. No era este el debate. Eso se lo he
reconocido, es decir, que había más cotizantes, que había menos paro,
etcétera.
¿Sibilino? Por supuesto que ha sido sibilina la forma de querer recortar
estos derechos, lo que pasa es que se les cogió en renuncio, pero ustedes
lo hicieron por la vía de una resolución y de una circular del INSS, y
cuando se levantó la voz de que se iban a recortar unos derechos por la
vía de circular de unos funcionarios, como decía el Senador Albistur, que
estaban interpretando la norma y que querían modificarla de más de veinte
años es cuando tuvieron que llevarla al Parlamento, pero instados, o sea,
cogidos un poco del ramal, no porque tuvieran la propia iniciativa de
hacerlo.
Usted hablaba de una puerta abierta peligrosa. El edificio que da
protección social en nuestro país se inició hace más de 40 años y se ha
ido perfeccionando a lo largo de todo ese período. Se han ido
superponiendo una serie de normas, se han creado unos regímenes, se han
quitado o unificado otros, pero lo que sí se ha hecho siempre ha sido
atender los problemas sociales de forma individualizada. Se ha intentado
atender a aquellos colectivos que tenían una problemática común, y cuando
se crearon algunos regímenes especiales se les permitió hacer una
aportación económica de pago único para ponerse al corriente de
cotizaciones que no habían realizado con anterioridad, y eso no era una
compra de pensiones, sino única y exclusivamente atender de forma
individualizada un problema común.
Su señoría me ha sacado una serie de muletillas que son costumbre en
muchos de los parlamentarios de su Grupo como, por ejemplo, que si no nos
gustan las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
que por algo será, que si el diálogo social, etcétera. Yo le reto, y le
retaron en el Congreso de los Diputados, a llamar a los interlocutores
sociales, a los sindicatos, para ver si están de acuerdo con el proyecto
de ley que nos presentan sus señorías. Estoy seguro de que no. Se llena
la boca del diálogo social, de que no nos gustan las sentencias, de que
el parlamento les dijo. No son más que muletillas. Contésteme única y
exclusivamente a una cosa, señor Sanz: ¿Habría en este momento un
colectivo de miles de trabajadores que estarían en disposición de
jubilarse anticipadamente hoy y que la semana que viene, cuando el día 22
vote el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que les vamos a
remitir con las enmiendas que hemos introducido, no van a poder
jubilarse? ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí lo es, y no me puede dar más
que una contestación afirmativa, se están recortando derechos.
Siguiendo con los símiles taurinos de las muletillas, le diré que en este
hemiciclo hay espadas habituales en el cartel de este tipo de debates, y
estoy viendo con cara cariacontecida al Senador Someso, al Senador
Fernández Menéndez, al Senador Lobo, porque realmente comprenden y saben
la transcendencia y alcance que tiene este problema.
A ustedes, señorías, señor Sanz, le han largado el morlaco de esta ley
para que lo toree, pero le han dejado sin los trastos de faena.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
El Senador Sanz tiene la palabra.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De toros entiendo muy poco. Pero antes de nada quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió su apoyo a este
proyecto de ley.
Al señor Román Clemente le quiero decir, en primer lugar, que,
lógicamente, todo lo que se debate en esta Cámara y lo que se pone en
marcha por parte de un Gobierno y por parte de los partidos son debates
políticos; eso es lógico y usted no ha descubierto absolutamente nada
nuevo.
En segundo lugar, su Grupo político y los grupos de izquierda de esta
Cámara no tienen la patente de defender a la clase más desfavorecida de
este país, porque además hay una cuestión muy importante (Rumores.), y es
que eso es un debate de hace bastantes años, y se puede demostrar: el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado y el equipo de Gobierno al que
apoya defiende como el que más a las clases desfavorecidas de este país.
(Varios Senadores del Grupo Parlamentario Popular: Muy bien, muy bien.)
Senador Albistur, no he pretendido molestarle, si así me ha captado
usted, ni en mi intención ni en mi argumentación, si así ha sido, le pido
sinceramente disculpas.
También le quiero decir que llevo dos años y medio o tres en esta Cámara.
Desde luego, comparado con otras personas que llevan bastante tiempo
quizá no sea el espada al que el señor Aguilar Belda se refería, pero sí
tengo muy claro que estoy aquí para realizar una labor, como me imagino y
entiendo que al igual que todos ustedes, e intento hacerla lo mejor
posible. En este proyecto de ley soy portavoz porque así me ha asignado
mi Grupo, y he estudiado y me he preocupado de empaparme el tema, me he
preocupado de contactar con las personas que en algunos casos han
denunciado ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo
esta cuestión, y en otra ocasión me tocará otras cosas. Le puedo
garantizar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que no es
ningún morlaco, primero, porque no me gustan los toros y, segundo, porque
entiendo que entra dentro del trabajo y del sueldo de todos nosotros.
Señor Albistur, le diré que núcleos duros en el Gobierno del Partido
Popular y en este Grupo no los hay. Grupos y núcleos duros los hay en
otros sitios, porque el núcleo duro al que usted se refiere dialoga con
las organizaciones sindicales, con las empresariales y llega a acuerdos
muy importantes para todo el país.
Senador Aguilar Belda, no voy a entrar en temas taurinos porque
sinceramente no entiendo. Me parece que una vez que usted entra en temas
taurinos, usted mismo puede definir la contundencia de argumentos para
defender este proyecto de ley, pero hay una cuestión sumamente
importante: con este proyecto de ley se pretende, como he dicho y quiero
recalcarlo una vez más, cumplir un mandamiento del parlamento. Cumplimos
escrupulosamente y respetamos mucho lo que dicen los jueces, y muy
especialmente el Tribunal Supremo, y lo queremos aplicar. No pretendo
molestarle, pero quiero que quede claro que nosotros actuamos de esta
forma.
Invito a los grupos políticos que van a votar en contra de este proyecto
a que se lean los informes que yo me he leído del Defensor del Pueblo de
los años 1995, 1996 y 1997, y ahí encontrarán algunas conclusiones.
También quiero decirles que con la aprobación de este proyecto de ley se
va a dar seguridad jurídica, que no tenían hasta la fecha y que no
estaban amparados porque no existía el rango legal correspondiente al que
hoy vamos a dar forma, a un número importante de trabajadores y
trabajadoras de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador. (El Senador
Aguilar Belda pide la palabra.)
El Senador Aguilar seguramente se ha sentido aludido. Tiene su señoría la
palabra por un minuto.
El señor AGUILAR BELDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero manifestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que retiro mis manifestaciones y mis símiles taurinos, si es que en algún
momento ha pensado que podían ser ofensivos para su persona. Nada más
lejos de mi intención. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Lo
único que quería era exclusivamente resaltar el poco entusiasmo que los
portavoces tradicionales para estas cuestiones de Seguridad Social y de
protección social estaban manifestando, en su propio Grupo, hacia este
proyecto de ley. Pero mis símiles taurinos no tenían en ningún caso
connotaciones peyorativas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Albistur Marín pide la
palabra.)
¿Senador Albistur?
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias.
Pido la palabra de acuerdo con el mismo argumento que el anterior
interviniente.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias.
Sólo deseo decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que disentir
no significa discrepar en absoluto, que no me he sentido molesto y que no
nos confunda, porque presentar una enmienda no es estar en contra; es
simplemente disentir.
Votaremos a favor de este proyecto de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminado el debate, vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Sometemos a votación el voto particular número 2, de la Senadora De
Boneta y Piedra, que corresponde a su enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 92; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 3, del Senador Román Clemente. Corresponde a las
enmiendas números 1 a 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 92; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Corresponde a su enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 93; en contra, 118; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Socialista que
corresponde a las enmiendas números 7 a 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 91; en contra, 122; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el artículo único, la disposición adicional, las disposiciones
finales primera y segunda y la exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 123; en contra, 89; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de
Ley por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación
anticipada del sistema de la Seguridad Social en determinados casos
especiales.
-- DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACION DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y DE
PLANTA JUDICIAL. (S. 621/000111) (C.D. 121/000128)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcación y de Planta Judicial.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador o Senadora
designada por la Comisión.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley que se somete a votación y a consideración de la
Cámara en la sesión del Pleno tuvo su entrada en el Senado el pasado 18
de noviembre fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de las
Cortes»; terminando el plazo de enmiendas el pasado 30 de noviembre del
98.
A este proyecto de ley se presentaron 14 enmiendas distribuidas del
siguiente modo: una del señor Nieto Cicuéndez, una del señor Román
Clemente, seis del Grupo Parlamentario Socialista y seis del Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia estuvo integrada por la Senadora Inmaculada España Moya, los
Senadores Capdevila i Bas, Galán Pérez, Marín Rite y Prada Presa. Inició
su informe el pasado 2 de diciembre, incorporándose al texto del Proyecto
de Ley todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la enmienda
número 3 del Grupo Parlamentario Socialista y parcialmente la enmienda
número 5 también del Grupo Parlamentario Socialista, siendo rechazadas
las demás enmiendas.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 9 del presente mes.
En el transcurso de dicha sesión, la Ponencia acordó modificar su informe
con objeto de incorporar con pequeñas correciones lo propuesto en la
parte de la enmienda número 5, no aceptada inicialmente por la misma, y
la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia, igualmente resolvió que la referencia contenida en el Anexo
quinto de la Sección de Ceuta y Melilla quedase incluida en las Secciones
de la Audiencia Provincial de Cádiz y Málaga respectivamente.
La Comisión aprobó en todos sus términos la nueva propuesta de la
Ponencia y emitió el correspondiente dictamen en la forma en que está a
disposición de sus señorías en la publicación de la Cámara.
A este dictamen se ha formulado un único voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley, tal y como se somete al debate y votación del Pleno
del Senado, consta de un preámbulo, cuatro artículos, tres disposiciones
transitorias y dos disposiciones finales.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al debate de las enmiendas. Voto
particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista que corresponde a
las enmiendas 4, 7 y 8.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, defiendo el voto particular de mi Grupo comenzando por afirmar
que desde la presentación de este proyecto de ley en el Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista adoptó una posición crítica
en relación con el mismo. En primer lugar, porque en el proyecto de ley
se contiene una vez más, una reforma de la planta parcial. Incurre una
vez más en el error --a nuestro juicio y creo que a juicio de todos
porque es difícil defender la reforma parcial de la planta, salvo,
lógicamente, en casos excepcionales en los que podría ser necesaria una
reforma de este tipo-- incurre en el error --digo-- de acometer una
reforma parcial, cuando la mayoría de los grupos parlamentarios entienden
que debe precederse a una reforma global, completa de la planta.
Nosotros nos ofrecemos a colaborar en un trabajo de este tipo, que
probablemente no conseguirá la unanimidad de todos --es muy difícil--,
probablemente contente a unos y disguste a otros, pero será un trabajo
más serio, más global y con un enfoque más riguroso del tema que se
contiene en la reforma de la planta.
Señorías, es cierto que cuando se abre un proceso de este tipo ese
proceso tiene una dinámica interna que es muy difícil de evitar. Es muy
difícil evitar que la mayor parte de las ciudades que consideran que
tienen derechos o posibilidades para obtener un órgano judicial o --como
el caso que nos ocupa-- la sección de una Audiencia lo soliciten y se
muevan y hagan esfuerzos para ver resueltas sus pretensiones. Y lo hacen
generalmente con razón. Lo hacen apoyándose generalmente en criterios que
son ciertos, apoyándose en los informes de los Tribunales Superiores de
Justicia, apoyándose en los informes del propio Consejo General del Poder
Judicial, es decir, que son demandas fundadas aunque fraccionadas puesto
que llegan hasta los responsables políticos así, de modo fraccionado. Y
ahí está el verdadero problema.
Porque, señorías, señores del Grupo que apoya al Gobierno, está claro que
no solamente las nueve ciudades que van a ver cumplido su deseo de
obtener una sección de la Audiencia Provincial son las únicas que en
España podrían tener de modo razonable una sección. Pero el proyecto de
ley, sin embargo, sólo se ocupa de esas nueve ciudades. Y no voy a
mencionar aquí una serie de ciudades de Cataluña, del País Vasco o de
otros territorios, que con los mismos argumentos que esas otras nueve
podrían ver cumplidos sus deseos de poder tener una sección de la
Audiencia Provincial. No lo voy a hacer porque no he subido a esta
tribuna, ni a provocar ninguna tensión ni a nada parecido. Sólo expongo
esto, señorías, como argumento de reflexión en el sentido de que la
parcialidad del proyecto encierra una dinámica y unas contradicciones a
las que simplemente hago referencia.
Otra razón de nuestra crítica al proyecto es el problema de la confusión
a propósito de la jurisdicción. La jurisdicción de las Audiencias
Provinciales, como su nombre indica, es una jurisdicción provincial. En
el proyecto de ley no se aclaraba, incluso se confundía la cuestión, y
aparecían las secciones de las Audiencias Provinciales como dotadas de
jurisdicción. Y en varios lugares del proyecto, fundamentalmente en el
lugar más grave, en el Anexo, aparecía la sección de la Audiencia
prácticamente como la de una Audiencia con jurisdicción sobre
determinados partidos judiciales. Esta confusión en relación con la
jurisdicción era, a nuestro juicio, también un asunto grave.
Pero en lo que quizá hacíamos hincapié de forma más consistente --y lo
que va a condicionar nuestro voto al final del debate-- era en la
cuestión de la posible pérdida de medios materiales y humanos en las
sedes provinciales de las Audiencias. Nosotros siempre hemos entendido, y
lo seguimos manteniendo, que está bien que se creen las secciones de las
Audiencias Provinciales dentro de un enfoque global, como antes he
comentado, pero hemos entendido y entendemos también que esa creación de
las secciones no debe ir en detrimento de las ciudades donde están las
sedes de las Audiencias Provinciales, es decir, que ello no debe suponer
una operación de desvestir a un santo para vestir a otro. Creemos que
deben mantenerse los medios, sobre todo porque se nos ha dicho hace muy
poco tiempo, en el debate del proyecto de ley que modificaba el artículo
14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las Audiencias Provinciales
estaban en una situación de atasco muy grave y que por ello había que
tomar esa medida --importante, a nuestro juicio regresiva-- de disminuir
el criterio de colegialidad en el enjuiciamiento de los asuntos.
Precisamente por ello, en lógica consecuencia, deben mantenerse los
medios. Tampoco queda aclarado en el proyecto, lo que condiciona nuestro
voto de una manera importante.
Por otra parte, el Gobierno y el Partido que lo apoya de alguna manera
--quizá no de una forma directa-- están deslegalizando la Planta. Se está
permitiendo cada vez más que el Gobierno tenga una mano abierta, fuera
del control parlamentario, en relación con la Planta judicial, y nos
parece un asunto grave.
El Parlamento de Andalucía fue sensible a esta cuestión y aprobó una
moción, por unanimidad de los grupos --también fue apoyada por el Grupo
Parlamentario Popular y tengo que decirlo porque es así--, en la que se
pedía que no se disminuyeran los medios en las Audiencias donde se
crearan Secciones, que no son Secciones desplazadas, como se ha dicho,
sino que quizá la forma correcta y técnica de llamarlas sean Secciones de
la Audiencia Provincial con sede distinta de la capital de la provincia.
Esa sea quizá la forma correcta de denominarla.
Señorías, es cierto que en el trámite del Senado el proyecto ha mejorado.
Se ha corregido en gran parte la confusión de la jurisdicción.
Lamentablemente, se mantiene en otros artículos del proyecto, y por eso
tenemos que mantener nuestras enmiendas. En el Anexo ahora aparecen las
secciones como auténticas secciones que no están dotadas de una
jurisdicción distinta de la de la Audiencia matriz, sino que tienen
adscritos partidos judiciales. Se ha creado la Sección de la Audiencia
Provincial de Elche, en virtud de una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular, que fueron refundidas
durante el trámite de Ponencia y tenemos que alegrarnos y felicitar a los
ciudadanos de Elche, Alicante, y felicitarnos todos por la creación de
esta Sección.
Lamentablemente, no ha podido aclararse del todo la cuestión de la
jurisdicción, por lo que mantenemos las enmiendas números 4 y 7 a los
artículos primero y cuarto, en donde todavía se habla de ella. Nos es muy
difícil comprender cuál es el fundamento para admitir la aclaración de la
jurisdicción en un precepto de la ley y en otros dos no. Es decir, en el
anexo, que en la Planta es significativo porque es en el que se describen
los órganos jurisdiccionales, se acepta eliminar la confusión de la
jurisdicción de la Sección y, posteriormente, en dos artículos aparte no
se admite la eliminación de la expresión «jurisdicción». Se nos escapa
qué fundamento puede tener.
Tampoco se ha admitido la enmienda número 8, que es la que garantiza la
no disminución de los medios materiales. Por ello, señorías, aun
reconociendo la labor que se ha realizado en el Senado, aun reconociendo
que el proyecto ha mejorado, nosotros vamos a votar favorablamente
nuestras enmiendas y vamos a abstenernos en la votación del dictamen.
Señorías, termino diciendo que es importante resaltar el papel del
Senado. Hay que decirlo, desde aquí, desde la tribuna, y lo tenemos que
decir nosotros, los Senadores. El Senado, el mejor Senado que ha tenido
España, está haciendo un trabajo distinto de la segunda lectura. Este
trabajo que se ha hecho hoy es un trabajo, como en muchas otras
ocasiones, de perfeccionamiento de los proyectos que llegan a esta
Cámara. Y nosotros debemos decirlo y, además, sentirnos orgullosos de
ello.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Marín Rite.
Tiene la palabra la señora España, para un turno en contra.
La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que se debate hoy en el Pleno tiene como
finalidad la creación de secciones de la Audiencia Provincial fuera de
las capitales de provincia, en concreto, las que se señalan en el
mencionado proyecto.
He de decirle al Senador del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio
Marín, que se trata de una reforma puntual, efectivamente, pero que la
finalidad de esta ley es el buen funcionamiento de la Administración de
Justicia, y como él mismo ha dicho, ante demandas fundadas. No entiendo
por qué el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista afirma que hacían
falta más secciones en más capitales de provincia. Si fuera así no sé por
qué no se han presentado enmiendas al efecto.
Paso a realizar el turno en contra de las enmiendas que han quedado vivas
después del debate en Comisión, tratando únicamente las tres enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista, ya que no se presentó voto particular
para su defensa en el Pleno de las dos enmiendas restantes pertenecientes
al Grupo Parlamentario Mixto.
Por lo que respecta a la enmienda número 4 al artículo primero, de
sustitución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza
por entender que lo sustancial de esta enmienda se encuentra recogido y
mejorado en la que se presentó con el número 14 por el Grupo
Parlamentario Popular a dicho artículo, que ya está incorporada al
proyecto desde la Ponencia.
La jurisdicción provincial de las Audiencias no se ve modificada por la
creación de las secciones desplazadas que enumera el proyecto y encuentra
su fundamento y justificación en el artículo 80 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que recoge expresamente la posibilidad de crear secciones
de la Audiencia Provincial fuera de la capital de provincia, a las que
quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales, como menciona el
preámbulo del proyecto.
Esta ponente entiende que cada sección que enumera el proyecto en el
artículo segundo es una sección desplazada de la Audiencia Provincial
correspondiente. Por tanto, como Audiencia Provincial que es, se ejerce
en ella la jurisdicción sobre los partidos judiciales que tenga
adscritos. No hay duda, por tanto, de la jurisdicción provincial con el
preámbulo de la ley, y si hubiera alguna duda, con la aceptación de la
enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Socialista al artículo segundo
del proyecto, se prueba que lo que persigue el Grupo Parlamentario
Popular es la perfección de la Ley.
Por lo que respecta a la enmienda número 7, de modificación del artículo
4, párrafo segundo, la vamos a rechazar por entender que lo sustancial de
esta enmienda se encuentra igualmente recogido y mejorado en la número 11
del Grupo Parlamentario Popular, conectada, por la remisión que se hace,
a la número 14, que ya han sido incorporadas al proyecto.
En cuanto a la enmienda número 8, de adición a las disposiciones
transitorias, es totalmente innecesaria la previsión que realiza el Grupo
Parlamentario Socialista y suficiente con el contenido de las
disposiciones transitorias del proyecto.
Por último, y brevemente, al sobrarme tiempo en este turno en contra,
esta Senadora quiere poner en conocimiento de la Cámara, como muy bien ha
dicho el Senador José Antonio Marín, y en esto estoy totalmente de
acuerdo con él, el esfuerzo que hemos realizado los distintos portavoces
de los grupos parlamentarios para que este proyecto de ley se
perfeccione, y que, efectivamente, el Senado cumpla con su misión de
Cámara de segunda lectura. De 14 enmiendas que se presentaron en el
Senado, sólo han quedado vivas tres para el debate en el Pleno y, entre
ellas, se aprobaron por unanimidad las presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, que se unificaron con las socialistas, las que
permiten que la Audiencia Provincial de Alicante tenga una sección
desplazada en la misma, con sede en Elche. Mis compañeros Senadores de
Alicante, Miguel Barceló y Laura Martínez, y yo misma, nos encontramos
satisfechos por lo que significa para la provincia de Alicante y, en
concreto, para Elche, ya que conllevará un acercamiento de la justicia a
los ciudadanos, aliviará la acumulación de asuntos judiciales, así como
la dilación en la tramitación de los mismos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para ser breve, diré, en primer lugar, que hago mías todas las palabras
que en este debate ha expresado el Senador Marín Rite, y las hago mías
considerando el doble sentido del concepto de la Ley, puesto que se
trata, como ha puesto de manifiesto el Senador Marín Rite con más
brillantez de lo que lo pueda hacer yo, de que exista una ley
globalizadora, porque estamos de acuerdo en que se creen secciones de las
audiencias y se agilice el tema de la Justicia, y ello sin demostrar
ninguno de los medios que ahora tengan las audiencias provinciales.
Dicho esto, quiero aclarar también que sólo es imputable a nosotros el
hecho de que las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto no se hayan
mantenido vivas, ya que se nos pasó el plazo para el mantenimiento de las
mismas.
No obstante, tengo que manifestar que, al igual que estamos de acuerdo
con las secciones de las audiencias que se han creado, en Comisión
planteamos la Sección de lo Social de Mieres. Es verdad que no hemos
podido mantener la enmienda que hace referencia a esta cuestión por un
error técnico, pero compartimos las palabras del Senador Martín Rito en
cuanto a que se haga --ya no puede enmedarse en este trámite de la Ley--
una revisión globalizadora del concepto de las secciones. Al igual que
este proyecto de ley contempla el desdoblamiento y la creación de
secciones en algunas capitales de provincia, hay otras necesidades igual
de acuciantes, como la de Elche. Insisto en que en Comisión planteamos el
caso de Mieres, aunque hay que añadir que el Grupo Popular ya se
manifestó en contra.
Por tanto, este Senador va a mantener su reserva con la voluntad de que
se vuelva a retomar este tema, por lo que nos mantendremos en el voto de
la abstención.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La modificación de la Ley 38, de 28 de diciembre, de 1988, sobre
Demarcación y de Planta Judicial, que propugna el gobierno a través del
proyecto de ley cuyo dictamen debatimos hoy viene justificada por el
contenido del apartado segundo del artículo 80.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, al autorizar la creación de secciones en las audiencias
provinciales fuera de la capital de provincia y, en definitiva, con el
objetivo de acercar la Justicia al ciudadano.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
--y así lo expresó ya en el Congreso de los Diputados con ocasión de su
debate-- no era realmente partidario del desplazamiento de las secciones
en las Audiencias Provinciales. La presente modificación --y con ello
compartimos cierto temor-- bien pudiera provocar alguna disfunción del
principio de unidad en la aplicación del ordenamiento jurídico, a razón
de que esta dispersión pudiera provocar también una dispersión de
criterios jurisprudenciales.
Compartimos cierto temor también a que provoque desgaste, como puede
suceder con la asignación del número de magistrados, pues, obviamente, a
los asuntos civiles o penales sí sigue un movimiento de personas, en
contradicción con los procedimientos contencioso-administrativo, respecto
a los que prácticamente lo que se mueve son papeles. Por ello, es
probable que en algunos supuestos de la sección desplazada se arrastre un
mayor volumen de asuntos.
Compartimos con el señor Marín Rite la opinión de que deberíamos dejar de
parchear la expresada Ley de Demarcación y de Planta Judicial, con el
desgaste que ello provoca y en el que pudiera incurrirse.
Abogamos, pues, por una modificación global en la que se estudie, de una
vez, en su conjunto, la problemática de la demarcación y planta judicial,
de acuerdo con la realidad geográfica, económica y poblacional de las
distintas Comunidades Autónomas.
No obstante, a pesar de que la reforma interesada no afectaba a la
Comunidad Autónoma de Cataluña, nuestro Grupo, Convergència i Unió, tuvo
un interés especial en introducir algunas enmiendas. En total fueron
presentadas cinco, de las que cuatro fueron incorporadas al texto ya
redactado, tal y como salió del Congreso de los Diputados, y la última
fue retirada una vez se suprimió, por una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, la disposición transitoria cuarta, que implicaba
un incremento indiscriminado de la plantilla de algunas Audiencias
Provinciales en las que se llevaba a término el desplazamiento de
secciones en detrimento de aquellas en las que se mantenía la unidad.
Dos de dichas enmiendas de nuestro Grupo han tenido un cierto calado. Por
una parte, se deja clara la legitimidad de las Comunidades Autónomas para
fijar la sede de la sección desplazada en la Comunidad Autónoma
correspondiente. Por otra parte, se introduce algo que en la práctica ya
venía sucediendo, que era exigir previamente la preceptiva audiencia de
la Comunidad Autónoma correspondiente para la transformación de los
órganos jurisdiccionales. Así lo establece el artículo tercero del
proyecto de ley, que modifica el párrafo segundo del artículo 20.1 de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, para la transformación de los juzgados
de una clase en juzgados de una clase distinta de la misma sede,
cualquiera que sea su orden jurisdiccional. Es decir, salimos ya al paso
de uno de los argumentos contenidos en el contencioso-administrativo,
presentado por el Colegio de Procuradores de Cádiz contra el presente
proyecto de ley, tal cual salió del Congreso de los Diputados, al alegar
que el Gobierno no tuvo en cuenta el informe de
la Junta y remitió el proyecto de ley a las Cortes antes de cumplirse el
plazo de su presentación. Pues bien, lo que propugna nuestra enmienda,
que fue incorporada ya al texto, es precisamente evitar dichas
situaciones.
Verdaderamente, por razón de la dispersión o desplazamiento de las
secciones de las Audiencias Provinciales, puede ocurrir, bien a causa de
concentración de un sector importante de la población, bien por
concentrar gran número de litigios, que pudieran sobrepasarse estos
módulos de máximo de asuntos por magistrado y año. No hay que olvidar que
el Libro Blanco de la Administración de Justicia establece 375 asuntos
por magistrado y año. Efectivamente, a grosso modo, y haciendo una
sencilla operación matemática, entre los asuntos en marcha durante el año
1997 y los magistrados asignados en las Secciones desplazadas arrojan un
módulo de trabajo superior al máximo aconsejable, que dificultaría
enormemente e incluso podría colapsar alguna sección, siendo razonable
pensar que, de seguir a dicho ritmo, podría precisar un esfuerzo de otros
magistrados, así como personal y material. De ahí la incorporación del
redactado de la disposición transitoria tercera, que prevé, en función
del volumen de la litigiosidad de las secciones desplazadas, la
posibilidad de aumentar el número de plazas de magistrados, oído siempre
el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma afectada.
Por ello, con un texto así, a tenor del resultado de los efectos
procesales de la reciente reforma del artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con la supresión de una importante carga de
asuntos de las Audiencias Provinciales, por devolución de dicha
competencia otra vez a los juzgados de lo Penal, así como por otras
reformas procesales, creemos que deberían calibrarse las necesidades
reales y más ajustadas.
El propio Grupo Parlamentario Socialista, en su debate en el Congreso de
los Diputados, ya admitió esto al decir que estamos en condiciones de no
saber con claridad el número de asuntos que va a haber en las Audiencias
Provinciales. De ahí, pues, que lo más razonable sea esperar los
resultados y, por consiguiente, lamentamos no poder apoyar la enmienda
número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto pretende el
mantenimiento de las plazas de magistrados, de los recursos humanos y
materiales que actualmente las integran. Además, si las secciones
desplazadas en teoría deben soportar, según se ha argumentado, un mayor
volumen de litigiosidad, parece más prudente esperar los efectos de las
repetidas reformas procesales y la marcha de las mismas para que, en todo
caso, en su momento se proceda a su incremento para lograr precisamente
esa mejora de operatividad y el perfeccionamiento en la consecución del
mejor servicio público de la justicia y su acceso a ella por parte de los
ciudadanos.
Ese es el motivo de nuestro voto favorable a este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con esta reforma de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial
el Gobierno del Partido Popular y el Ministerio de Justicia avanzan una
vez más en la senda de los proyectos de reforma para adecuar la Justicia
de cara al próximo milenio, al siglo XXI.
Se avanza en conseguir una justicia ágil, eficaz y próxima a los
ciudadanos. Se avanza en el desarrollo del modelo de Justicia diseñado en
la Constitución de 1978. Por primera vez, se modifica la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial para crear secciones de las audiencias
provinciales fuera de la capital de la provincia. Con esta reforma se
potencia el principio de eficacia de la Justicia. Con esta reforma se
potencia el derecho a la tutela por los jueces y tribunales de los
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Y con esta reforma se
potencia la garantía del fácil acceso de los ciudadanos a los diversos
órganos judiciales.
Señorías, creo sinceramente que el Senado, como Cámara parlamentaria, con
el esfuerzo y acuerdo de los grupos parlamentarios ha mejorado
sustancialmente el proyecto que hoy debatimos y que será sometido a
votación en breves momentos. Evidentemente, yo también me siento
orgulloso de la labor que ha realizado el Senado en esta tramitación, y
creo que todos hemos contribuido a prestigiar esta Cámara y a
prestigiarnos a nosotros mismos.
Quiero referirme someramente a las importantes modificaciones que se han
producido en este trámite parlamentario del Senado. Hemos introducido
mejoras técnicas que despejan cualquier género de dudas sobre la
atribución del carácter provincial a la jurisdicción de las Audiencias
Provinciales. Asimismo, hemos mejorado el texto desde el punto de vista
de la ordenación metodológica. Pero las dos modificaciones que a juicio
de mi Grupo tienen una mayor relevancia o importancia son, en primer
lugar, la referida a la reducción de los partidos judiciales adscritos a
la nueva sección desplazada que se crea en Santiago de Compostela, siendo
tres los partidos judiciales que quedan adscritos a dicha sección. Con
esta modificación el Grupo Popular ha querido redistribuir las cargas de
trabajo de forma equilibrada y de acuerdo con las necesidades de la
Audiencia Provincial de A Coruña, de tal manera que más del 76 por ciento
de estas cargas de trabajo van a corresponder a la misma, es decir, a la
Audiencia Provincial de A Coruña, mientras que menos del 24 por ciento
restante de las mismas corresponderá a la nueva sección que se crea, con
sede en Santiago de Compostela.
Por último, señor Presidente, señorías, hay que referirse a la creación
de una nueva sección en Elche/Elx, que tiene el legítimo privilegio de
encontrarse entre las ciudades que contarán de forma inmediata con una
sección desplazada de la Audiencia Provincial. Así, Elche/Elx se suma a
Jerez de la Frontera, Algeciras, Ceuta, Melilla, Gijón, Mérida, Santiago
de Compostela, Vigo y Cartagena.
Señor Presidente, señorías, con esta reforma hacemos realidad el
principio de eficacia de la Justicia. Con esta
reforma acercamos la justicia a los ciudadanos. Con esta reforma logramos
una mayor operatividad y racionalidad en la distribución de los recursos.
Y con esta reforma cumplimos nuestro compromiso programático y con los
ciudadanos españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Vamos a llamar para la votación. (Pausa.)
En primer lugar, votamos el voto particular número 1 del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas número 4, 7 y
8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 85; en contra, 119; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se han presentado una serie de propuestas de modificación que son
conocidas por todos los portavoces. ¿Pueden entenderse aprobadas por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobadas por asentimiento.
Votamos los artículos primero a cuarto; las disposiciones transitorias,
de la primera a la tercera; las disposiciones finales primera y segunda y
el Preámbulo según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 124; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senador al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS. (S. 605/000007) (C.D. 127/000007)
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES. (S.
605/000008) (C.D. 127/000008)
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA Y LEON. (S.
605/000009) (C.D. 127/000009)
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA RIOJA (S.
605/000010) (C.D. 127/000010)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del dictamen de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de
reforma del estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Una
representación de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlamento
asturiano, al frente de la cual está su Presidente, nos acompaña en estos
momentos. (Aplausos.) Tiene la palabra el Senador Espert para la
presentación de los cuatro dictámenes de los Estatutos que entre hoy y
mañana vamos a debatir y espero que a aprobar.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señorías, quiero dar un cariñoso saludo a los
representantes del Parlamento asturiano. (Aplausos.)
Me cabe la satisfacción de presentar ante el Pleno, como Presidente de la
Comisión, los dictámenes de cuatro proposiciones de ley orgánica: las de
reforma de las Leyes Orgánicas 7/1981, de Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias; 2/1983, de Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares; 4/1983, de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y 3/1982,
de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Estas proposiciones de leyes orgánicas fueron remitidas por el Congreso
de los Diputados el 26 de noviembre de 1998, publicándose ese mismo día
en los Boletines Oficiales de Cortes Generales números 31, 32, 33 y 34-A,
Serie III-B, respectivamente. La Mesa del Senado acordó encomendar su
dictamen a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y abrir un
plazo para la presentación de enmiendas, que finalizó el 9 de diciembre
del presente año. Fueron presentadas 45 enmiendas a la reforma del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, 79 a la del de las
Islas Baleares, 41 a la del de Castilla y León y 81 a la del de La Rioja.
La Comisión se reunió para designar las Ponencias que habían de informar
las proposiciones de ley orgánica el 30 de noviembre de 1998, quedando
constituidas la del Principado de Asturias por los Señores don Lluís
Armet i Coma, don Isidro Fernández Rozada, don Joaquim Ferrer i Roca, don
Pablo García Fernández, don Gregorio Garzarán García, don José Fermín
Román Clemente y don Joseba Zubia Atxaerandio.
La de las Islas Baleares por el señor don Lluís Armet i Coma, la señora
doña Pilar Costa Serra y los señores don Joaquim Ferrer i Roca, don
Antonio Garcías Coll, don Manuel Jaén Palacios, don Francisco Utrera Mora
y don Joseba Zubia Atxaerandio.
La de Castilla y León por los señores don Lluís Armet i Coma, don Joaquim
Ferrer i Roca, don Dionisio García Carnero, don Octavio José Granado
Martínez, don Alfredo Prada Presa, don José Fermín Román Clemente y don
Joseba Zubia Atxaerandio.
Y la de La Rioja por los señores don Lluís Armet i Coma, don José Ignacio
Ceniceros González, don Ignacio Díez González, don Joaquim Ferrer i Roca,
don Gregorio Garzarán García, don José Fermín Román Clemente y don Joseba
Zubia Atxaerandio.
Las Ponencias informaron las respectivas proposiciones de ley el 10 de
diciembre de 1998, acordando por mayoría mantener en sus propios términos
los textos remitidos por el Congreso de los Diputados, salvo en la de
reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en la que la
Ponencia por mayoría acordó incorporar las enmiendas números 58 y 59 del
Grupo Parlamentario Socialista y las enmiendas números 78 y 79 del Grupo
Parlamentario Popular.
La Comisión se reunió para dictaminar estas proposiciones de ley el 10 de
diciembre de 1998, aprobando como dictamen el texto de los informes de la
Ponencia en los casos del Principado de Asturias y de La Rioja,
incorporando una enmienda transaccional en el de las Islas Baleares y en
el de Castilla y León incorporando las enmiendas números 32 a 36 del
Grupo Parlamentario Popular y las enmiendas números 37 a 41 del Grupo
Parlamentario Socialista.
Los dictámenes fueron publicados en sendos Boletines Oficiales de las
Cortes Generales el día 14 de diciembre de 1998.
Señorías, permítanme añadir, no ya como Presidente de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas sino como Senador por La Rioja, unas
palabras: desde el respeto al legítimo derecho de los enmendantes de
todas las proposiciones de ley a defender --con ardor, estoy seguro-- sus
enmiendas, justificadas en la mayoría de los supuestos por el loable
deseo de aumentar las cotas de autogobierno de las Comunidades Autónomas
afectadas, quiero rogarles que la no aprobación, en su caso, de las
enmiendas no les impida votar favorablemente las proposiciones de ley,
pues todas ellas gozan del apoyo por mayorías muy cualificadas de los
respectivos Parlamentos regionales.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.) A continuación pasamos al debate de las
enmiendas.
Voto particular número 1, del Senador Nieto Cicuéndez, que corresponde a
las enmiendas números 41 a 45.
Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de la Comunidad
Autónoma de Asturias que han venido a este acto. Indudablemente, la
voluntad de este Senador es que, independientemente de las
consideraciones que voy a hacer, puesto que tenemos presentadas 41
enmiendas, votaremos a favor del Estatuto de Asturias.
Permítanme que haga una breve consideración: este Senador, que hoy milita
en las filas de Nueva Izquierda, siente un calor especial hacia la
Comunidad asturiana. He convivido con los asturianos muchísimos años.
Asturias es de las regiones de España que quizás haya luchado más por la
democracia y por las libertades. Por tanto, el Estatuto asturiano es para
este Senador una cuestión muy importante, porque forma parte de ese
bagaje de conquista de libertades y de autogobierno que hemos conseguido
entre todos los españoles y, fundamentalmente, este Senador siente un
cariño especial hacia los mineros asturianos, hacia los trabajadores
asturianos que han luchado, repito, por esas libertades. Si pudiéramos
poner el peso en la balanza quizá hayan contribuido a alcanzar estas
conquistas más que nadie en el conjunto del Estado español. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hecha esta consideración, voy a defender globalmente las enmiendas porque
no son de gran calado, aunque algunas de ellas pueden ser de contenido.
(El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Nuestra enmienda número 41 propone la supresión del término «comunidad
histórica» porque pensamos que no añade nada. Estamos en un debate en el
conjunto del Estado de pujas por la historia. Todas las Comunidades
Autónomas, todas las regiones, todas las ciudades tienen en nuestro país,
afortunadamente, mucha historia, dependiendo del siglo al que nos
remontemos.
El problema fundamental no es que se suscite que la Comunidad Autónoma de
Asturias se declare histórica. Los conceptos de comunidad histórica,
nacionalidad histórica no ayudan absolutamente nada. La Comunidad
asturiana necesita el mayor grado de autogobierno, al igual que el resto
de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Constitución Española.
Esto se halla reflejado en el Estatuto y, al mismo tiempo, se debe
respetar la diversidad de cada Comunidad Autónoma.
También hemos presentado algunas enmiendas que se refieren al hecho
lingüístico de esta Comunidad, que tiene unas especificidades diferentes
a otras Comunidades Autónomas, a otras regiones de nuestro país, que es
el bable, pero también es necesario aclarar si el bable es el castellano
antiguo o el derivado del mismo.
Por tanto, creemos que todas estas cuestiones tenemos que situarlas en el
marco de la realidad reconociendo esas variedades, pero no las podemos
situar en el marco de otros idiomas que se dan en el Estado español sin
reconocer esa peculiaridad de Asturias. Este es el sentido de las
enmiendas que hemos presentado. Lo contrario supondría no hacer ningún
bien a la construcción del país ni al desarrollo constitucional que nos
hemos dado.
En el debate de adónde vamos, adónde queremos ir --y esta es una
consideración que yo quería hacer desde esta tribuna-- creo que debemos
tener cierto grado de racionalidad para saber que estamos construyendo un
país descentralizado, con un grado de federalismo muy importante y, de
alguna manera, no entrar en pujas o competencias entre unas Comunidades
Autónomas y otras porque creo que eso no nos ayuda absolutamente
nada, sino que todas las Comunidades Autónomas --también en ese sentido
hemos presentado nuestras enmiendas-- deben alcanzar un determinado grado
de competencias y que en eso no haya discriminaciones, no debemos
introducir elementos invocando historias u otras cosas que no ayudan nada
a la construcción del Estado que, en un proceso muy importante, estamos
haciendo entre todos.
En definitiva, independientemente de que las enmiendas se aprueben o no,
este Senador va a votar a favor de la reforma del Estatuto del Principado
de Asturias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Voto particular número 2, del Senador Román Clemente, que se corresponde
con las enmiendas números 1 a 40.
Para su defensa tiene su señoría la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para saludar también a los
representantes de la Junta del Principado.
Cuando nos propusieron la tramitación de la reforma de estos Estatutos,
los que vamos a debatir esta tarde y mañana, este Senador planteó una
preocupación. Finalizó el plazo de presentación de enmiendas el día nueve
por la noche, el día diez se reunió la Comisión, por la mañana tuvimos
Ponencia y por la tarde dictaminó la Comisión. A este Senador, señorías,
siempre le ha parecido de una gran importancia que la reforma de los
estatutos tenga la atención y el respeto que esta Cámara de
representación territorial siempre nos ha merecido, pero incluir estas
reformas por no sé qué razones, qué prisas, al terminar el debate
presupuestario, este Senador entendía que restaba ese protagonismo que
esta reforma importante debe tener.
Señorías, tuve oportunidad de decir en la Comisión, y hoy lo reitero, que
no contribuimos precisamente a dar prestigio a esta Cámara de
representación territorial con procedimientos tan ajustados y tan poco
respetuosos con la profundidad del debate que nos debe merecer esta
reforma, y a ella me voy a ceñir, señorías.
Quiero expresar esta tarde por qué Izquierda Unida no puede sentirse
incluida en estas reformas. Les voy a garantizar que voy a hacer todo el
esfuerzo que pueda --y a estas alturas comprenderán sus señorías que
además haya necesitado agua porque después del intenso debate que hemos
tenido uno ya puede poco-- para explicarles por qué Izquierda Unida no
puede sentirse representada en esta reforma del Estatuto.
Les decía que quiero hacer el esfuerzo hasta el último momento por
ampliar el consenso; no quiero restar consenso sino que quiero sumar
consenso.
Izquierda Unida no necesita, con fórmulas que no tienen representación en
la Junta del Principado, dorar la píldora a nadie. Entenderán que no
surgimos de repente, tenemos representación en la Junta del Principado,
tenemos una trayectoria. Hemos hecho un tremendo esfuerzo y lo vamos a
seguir haciendo esta tarde por conseguir aumentar el consenso, señorías,
y les voy a explicar por qué.
Nos parece que esta reforma es tímida, y por qué no --lo digo con
tristeza-- prepotente. Es prepotente porque a todos los intentos que
hemos hecho desde Izquierda Unida por incrementar el consenso se nos ha
respondido con un talante prepotente, aunque es verdad que no todos y
después haré referencia a ello. Es tímida porque todas las reformas de
estatutos de autonomía, fundamentalmente las del 143, han sufrido un
frenazo brutal para acceder a nuevas competencias.
En buena parte de las enmiendas que plantea Izquierda Unida --de las 40
presentadas, después daré por defendidas casi todas y me centraré sólo en
tres-- quiere reforzar la capacidad de autogobierno de Asturias, pero el
acuerdo entre las fuerzas mayoritarias nos ha impedido poder alcanzar ese
consenso. Hoy sigue el esfuerzo de acercamiento de Izquierda Unida; hoy,
de nuevo, le hago la oferta de acercamiento.
Hemos renunciado a cosas importantes y hemos aceptado cosas importantes.
Esta tarde no se me podrá decir que no hemos aceptado lo decidido por la
Junta del Principado. Han sido las fuerzas mayoritarias las que han
modificado precisamente los acuerdos de la Junta del Principado. Pero,
señorías, les decía que todo mi esfuerzo y toda mi capacidad voy a
centrarlos, en este tiempo que me queda, en hacer el llamamiento para
reforzar y ampliar ese consenso.
Me voy a centrar en tres enmiendas de Izquierda Unida que las fuerzas
mayoritarias no quieren aceptar. En primer lugar el conflicto del
asturiano o bable. ¿Por qué nosotros entendemos que no se respeta la
capacidad de autogobierno de Asturias? ¿Habrá algo más sentido, más
propio de un pueblo que pueda ser su lengua? Conocen perfectamente, como
yo, que el Consejo de Universidades, en contra de lo que debió ser el
respeto a la autonomía universitaria, rechazó la solicitud formulada por
la Facultad de Filología que, además, había sido aprobada por la Junta de
Gobierno de la Univesidad de Oviedo para la creación de la licenciatura
de filología asturiana y su inclusión, lógicamente, en el catálogo
estatal de titulaciones universitarias. Algunos especialistas del Consejo
de Universidades no consideraron al asturiano como lengua. Señorías,
desde nuestro punto de vista eso significa una falta de rigor y también
--lo digo con tranquilidad pero con contundencia-- un desprecio, en la
medida que no respeta lo que establece el artículo 6 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo donde, además, no sólo se reconoce al asturiano
como lengua, sino que es a la vez asignatura que, como tercera lengua, se
cursa en el plan de estudios de filología hispánica, y los dos textos,
señorías, están publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Yo no le
hago ninguna revelación nueva, porque mi compañero Mariano Santiso tuvo
oportunidad de decir todo esto en el debate en el Congreso de los
Diputados. Pero, señoría, seguimos avanzando. Nosotros consideramos que
se trata de
un desprecio a las instituciones asturianas. Decía antes que lo más
sentido que tiene un pueblo es el derecho a decidir sobre las cosas que
le afectan, y más sobre algo con tantas raíces como la lengua. En este
caso, tan importante como la cooficialidad es el derecho de Asturias a
decidir. Y fíjense, señorías, que en nuestras enmiendas decimos que
cuando exista el consenso social --que en nuestra enmienda fijamos en
tres quintos--, cuando lo decida el pueblo de Asturias, se regulará esta
materia en una ley específica. No hay que esperar a una posterior reforma
del Estatuto aquí, en esta Cámara, como si de una tutela del pueblo de
Asturias se tratara, señorías. Pero eso decimos --y quiero poner en ello
todas mis fuerzas-- que recapaciten.
No rompemos el consenso, queremos aumentarlo y reforzarlo, y lo hacemos
con dos medidas más. Una de ellas obedece a la necesidad de la figura del
Defensor del Pueblo. Estamos reformando estatutos. Unos contienen esta
figura, otros no. Nosotros consideramos que una figura similar a la del
Defensor del Pueblo, recogida en la Constitución, es buena para el pueblo
de Asturias, es una garantía de la defensa de los derechos de los
ciudadanos asturianos, por eso nos parece importante incorporarla a esta
reforma.
Hay una tercera enmienda que quiero resaltar. En ella planteamos la
apertura de la horquilla en la presentación de la Junta del Principado
precisamente para ajustarse a lo que son ahora mismo las necesidades del
pueblo asturiano. Para ajustarse ya, para tener cierta semejanza con
otras Comunidades Autónomas, planteamos una horquilla entre 46 y 60
cuando se estime oportuno, cuando lo diga la Junta del Principado.
Es verdad que en el debate en Comisión el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular dijo a Izquierda Unida: Estamos dispuestos a
reforzar el consenso y a ampliarlo. No queremos romper el consenso con el
Partido Socialista Obrero Español. Muy bien, señorías. Perfecto. Nosotros
queremos ampliar y reforzar ese consenso. Al día de hoy, todavía no nos
sentimos reflejados en el Estatuto, en esta reforma, pero queremos
participar en ese proyecto común, y se nos excluye de él. ¿Qué razones
tácticas, partidistas, llevan a la exclusión de una fuerza con presencia,
tradición e historia en la Junta del Principado? ¿Por qué? ¿Qué razones
hay para argumentar esta exclusión? A lo largo de estos días hemos tenido
oportunidad de compartir impresiones en los pasillos, y yo le decía que
iba a citar a un cantante asturiano. Yo, que soy un hombre del sur, como
conoce su señoría, quiere hoy apelar a una preciosa letra de una canción
sobre Asturias, que no sólo me parece de una gran profundidad, sino que
manifiesta un gran respeto, y que hace referencia a que Asturias nunca ha
tenido miedo en la Historia cuando ha debido enfrentarse a los problemas
y jugársela, señoría; y se la ha jugado.
Yo les digo a sus señorías que entre la comodidad del pacto, entre la
tranquilidad política y electoral del pacto, no lo duden, señorías, hagan
como Asturias: juéguenselo. El consenso que les ofrecemos merece la pena.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.
Pasamos al turno en contra. (Pausa.)
Turno de portavoces.
Me imagino que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto no hará uso de
este turno.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, efectivamente no haré uso de
él.
El señor vicepresidente (Aguilar Belda): Gracias, señoría.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera aprovechar este trámite parlamentario que hoy estamos iniciando,
y por el que se van a llevar a cabo las reformas de diferentes Estatutos
de Autonomía, para hacer, en primer lugar, una reflexión general que vale
para todos ellos.
Mi reflexión se centra, en primer lugar en nuestro reconocimiento a los
constituyentes por el acierto que tuvieron al no cerrar ese marco
autonómico que se contempla en la Constitución Española, cuyo XX
aniversario acabamos de celebrar. Precisamente eso permite este impulso
de construcción del Estado de las Autonomías --si se quiere por etapas y
a veces con una cierta ralentización-- a instancias de las propias
instituciones autonómicas. No en vano hoy podemos recordar que esta
reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias que hoy tramitamos es la
tercera que se ha hecho en sus quince años de vigencia.
La segunda reflexión que quiero someter a la consideración de esta Cámara
de representación territorial es que en todas las reformas estatutarias
habidas nuestro Grupo ha seguido una misma línea argumental, cual es la
de aceptación de que de la forma más consensuada posible, los
representantes legítimos, bien sean los de cada Asamblea o Parlamento
correspondiente bien los representantes en las Cortes Generales --a veces
el consenso total no es posible, pero en este caso es elevado, está
alrededor de un 80 por ciento, es decir, es un consenso sustancial aunque
sería de desear que el 20 por ciento restante también se sumara a ese
consenso general--, tengan a bien asumir la petición natural a la que les
sometan los ciudadanos, a quienes se deben, no sólo a nivel competencial,
sino por lo que ellos mismos representan en cuanto a voluntad de
desarrollar esas competencias y poderlas ejercer con eficacia y con
eficiencia, en función, cómo no, de su capacidad técnica, administrativa
y política.
¿Quiénes mejor que ellos, que esos representantes, sabrán lo que nos
proponen? No queremos incidir más en ello sino someternos a la voluntad
de estos representantes legítimos de los ciudadanos de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
Si me lo permiten, señor Presidente, señorías, haré una última reflexión
en relación con nuestro deseo de que
si un día se suscita una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
se tenga esta misma sensibilidad, no digo ya por parte de las otras
Comunidades Autónomas de las cuales sólo estarán aquí sus representantes,
sino por parte de los grupos políticos que puedan haber sido elegidos en
su momento.
Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a apoyar la reforma del
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Y aprovecho también
para felicitar a los dignísimos representantes del Parlamento de Asturias
por esa reforma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador García
Fernández.
El señor GARCIA FERNANDEZ: Señor Presidente, manifestamos, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, nuestra bienvenida a quienes,
representando a la Junta General del Principado de Asturias, nos honran
con su presencia.
También debemos agradecer las palabras elogiosas del Senador Nieto, el
anuncio de su voto afirmativo, y la actitud del Senador Román Clemente.
Para nosotros también es un motivo de satisfacción escucharle en esta
tribuna y, aunque no aceptaremos ninguna enmienda, lo queremos razonar.
Señorías, concluimos hoy la segunda reforma del Estatuto de Autonomía
para Asturias. La anterior, llevada a cabo en 1994 como consecuencia del
Pacto Autonómico entre el Partido Socialista y el Partido Popular, aún no
se ha materializado en su totalidad. Quedan aún pendientes algunas
competencias que no han sido asumidas efectivamente por el Gobierno
asturiano debido a los desacuerdos en la Comisión Mixta de traspasos.
Entre las competencias inasumidas se encuentra --necesario es recordarlo
por su importancia-- la educación no universitaria. Creemos es un deber
recordar el pasado para dejar constancia de lo trabajoso que resulta
rematar de modo efectivo procesos como el que hoy estamos concluyendo. No
podemos ignorar que los procesos de reforma son un complicado juego de
equilibrios en el que, en último término, aparecen los criterios de
valoración financiera de los traspasos, que tanto preocupan a las
Comunidades Autónomas.
Pero no vamos a detenernos en lo que algunos consideran menudencias, en
los momentos en los que estamos, a punto de cerrar nuestra segunda
reforma estatutaria. Estuvimos embarcados en ella y estamos a punto de
llegar a la orilla. Lo hacemos cuando se cumplen los 20 años de vigencia
de nuestra Constitución, que tan excelentes resultados ha dado a los
españoles, en especial en lo relativo al desarrollo del Estado
autonómico.
Recordemos ahora que eso que llamamos el bloque constitucional, que
incluye la Carta Magna y los Estatutos de Autonomía, tiene para todos los
asturianos un significado muy importante. El bloque constitucional está
vivo; el Estatuto de Asturias está vivo. Ha sido reformado en dos
ocasiones y en ambas lo hemos hecho de acuerdo con las reglas de juego
que el propio Estatuto prescribe. Y no sólo eso, se ha hecho también
respetando los plazos que el Estatuto contiene.
Dicho eso, también es de obligada justicia recordar precisamente aquí, y
desde aquí, a quien podemos considerar el padre de la autonomía
asturiana, una persona que se encuentra entre nosotros en esta Cámara y
que estuvo en el origen del proceso al que ahora nos referimos. En
efecto, el hoy Senador, don Rafael Fernández Alvarez, asumió en la década
de los setenta la responsabilidad de conducir nuestra región hacia lo que
la Constitución preveía en su artículo 143. Hoy eso puede pasar
inadvertido para algunos y por ello es necesario recordarlo. Rafael
Fernández orientó aquella situación muy distinta y más complicada que la
actual con mucha maestría política y una buena dosis de entrega personal.
Después de aquellas circunstancias tan novedosas, es verdad que cuatro
presidentes del Principado han ido cumpliendo las previsiones
estatutarias, desarrollando su contenido, adaptándolo a las cambiantes
condiciones de la vida política, económica y social de nuestra región.
Todos ellos deben ser recordados hoy porque ellos han sido los
arquitectos de la autonomía asturiana. En ese trabajo hemos participado a
lo largo de estos años con ilusión y entusiasmo los socialistas.
Quisimos compartir desde el inicio de esta aventura nuestras ideas y
posiciones con el mayor número posible de formaciones políticas y grupos
parlamentarios. El apoyo que tendrá el nuevo texto estatutario en esta
Cámara dejará constancia de ese empeño. Es cierto que el apoyo no es
total; sabemos que hay opiniones y posiciones en Asturias que discrepan
del texto que hoy aprobaremos; las enmiendas presentadas dan fe de esas
discrepancias. Digamos que todas esas posiciones son respetables, y las
nuestras también, porque las nuestras son producto de la voluntad de
encontrar el máximo nivel de acuerdo posible. Nosotros hemos hecho un
esfuerzo sincero para incrementar el nivel de consenso, y lamentamos no
haberlo conseguido. No obstante, también debemos poner de manifiesto que
una organización política que tiene convicciones firmes sobre lo que cree
que es el mejor marco para la convivencia de los ciudadanos, está
obligada a trabajar por el consenso, pero hacerlo en el marco de lo que
cada uno considera que es mejor para nuestra Comunidad.
Esta reforma no sólo incluye cuestiones institucionales, como la potestad
que atribuye a la Presidencia del Principado para la disolución del
Parlamento, sino que eleva en cuantía significativa el nivel competencial
de la Comunidad Autónoma, una cuestión en la que vamos a detenernos un
momento, ya que sirve para dar homogeneidad a las competencias de todas
las Comunidades Autónomas del artículo 143 y las equipara, salvo hechos
concretos, a las Comunidades del artículo 151.
Con la reforma de 1994 y la que aprobaremos hoy, Asturias, como otras
Comunidades, tendrá competencias en materia educativa y sanitaria.
Citamos tan sólo estas
dos por la relevancia que tiene para los ciudadanos, y también por la
importancia que las dos competencias van a tener para la vida financiera
del Principado.
Todos nosotros medimos el grado de autonomía por el nivel de gasto
público que las Comunidades Autónomas son capaces de controlar. Pues
bien, esas dos competencias darán lugar en nuestra tierra a un incremento
muy sustancial de los recursos financieros que el Gobierno regional va a
tener a su disposición para reforzar nuestras posibilidades de
autogobierno. Por tanto, a partir de la vigencia de esta reforma tenemos
muchos más instrumentos para gobernarnos a nosotros mismos. Lo vamos a
hacer en circunstancias felizmente distintas a las que planeaban sobre la
vida política española y asturiana en los momentos en los que se
alumbraba este Estatuto. Ahora nuestro país está completamente
descentralizado desde el punto de vista político, como pocos lo están en
estos momentos, pero participamos también de un proyecto político muy
importante para la sociedad asturiana y española. En pocas semanas nos
veremos embarcados en la senda de la moneda única, que es un paso más de
un proceso político europeo.
En esas nuevas condiciones, la región asturiana adquiere hoy un
instrumento para participar en pie de igualdad en esta nueva andadura.
Tenemos en nuestras manos, o más exactamente en las de aquellos a los que
el pueblo asturiano otorgue su confianza, unas herramientas para trabajar
por nuestra región. De nosotros dependerá, y sólo de nosotros, que los
asturianos tengan por esta reforma y por el Estatuto que resulta el
aprecio político que merecen. Nosotros hemos trabajado en esta Cámara con
esa ilusión y, por eso, le vamos a dar nuestro apoyo, manifestando una
vez más que la responsabilidad de los socialistas asturianos nos hace
trabajar por nuestra tierra sin usar la demagogia, sabiendo que el
progreso no está reñido con la prudencia y reiterando nuestro deseo para
un futuro y total consenso.
Finalizo, señor Presidente, señorías, recordando que procedo y resido en
la Asturias profunda de las cuencas mineras, nuevamente enlutada por otro
fatal accidente en el pozo Monsacro, en el municipio de Riosa, con el
resultado de dos mineros muertos y tres heridos, dos de ellos muy graves.
Vaya mi sentimiento de pesar y permítame, señor Presidente, que
interprete asimismo el de toda la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Así
es, Senador García Fernández. Gracias.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada, en turno de portavoces, por
el Grupo Popular.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, quiero unirme, en primer
lugar, al saludo efusivo de todos los intervinientes a la delegación
encabezada por nuestro Presidente en la Junta General del Principado, a
quien acompañan los portavoces de varios Grupos Parlamentarios y una
representante de la Mesa de la Junta General del Principado, lo que da
idea de la importancia que esa Junta General concede a la reforma que hoy
tramitamos.
En segundo lugar, quiero unirme a las últimas palabras del portavoz
socialista, quien ha hecho referencia a su procedencia de la cuenca
minera, la misma que la mía, puesto que somos vecinos del mismo municipio
minero. Es obligado manifestar ese sentimiento de dolor cuando ocurren
tragedias como la sucedida hace dos días en el pozo Monsacro, con muertes
y heridos graves, al igual que obligada la solidaridad, la unidad de
acción y lo que supone estar al lado de quienes más sufren esas
consecuencias, y, por ello, nuestro Grupo Parlamentario también va a
unirse a ese dolor aquí expresado por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Estamos en el último trámite de una nueva reforma, la tercera desde hace
16 años, de nuestro Estatuto. En la toma en consideración en el trámite
en el Congreso de los Diputados, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo,
nuestra Diputada por Asturias, Mercedes Fernández, entre otras
consideraciones de índole política, competencial y funcional, hizo
referencia a la apelación al consenso mayoritario en torno a la reforma.
Dejó claro ya en la toma en consideración que la voluntad política de
nuestro Grupo Parlamentario estaba justamente en esa apelación a ese
consenso mayoritario que la reforma pudiera obtener y esto porque no es
un capricho, no es algo que surge en un momento determinado, sino la
consecuencia de ser coherentes con el planteamiento que en las elecciones
de 1996 hicimos a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Y justamente en nuestro programa electoral marco, páginas 151 y152,
hablábamos de un marco estable para la España de las autonomías y
decíamos --y así nos hemos comprometido, por lo tanto, desde el año
1996-- que las propuestas de política autonómica del Partido Popular,
inspiradas en los principios de consenso político y de cooperación entre
Estado, Comunidades Autónomas y corporaciones locales, tal y como ha sido
desarrollado por el Tribunal Constitucional, persiguen la configuración
de un marco estable para la España de las autonomías. Se ha de tender
--manifestábamos en el programa-- a una equiparación sustancial de
competencias. Respetando la voluntad dispositiva de las propias
Comunidades Autónomas, las Cortes Generales han de velar por la cohesión
del Estado resultante del proceso autonómico.
En consecuencia, inspirada precisamente en los principios de amplio
consenso y cooperación, la política del Partido Popular se centrará en
los siguientes aspectos: completar el proceso de transferencias, proponer
e impulsar un nuevo pacto autonómico, definir las competencias del Estado
intransferibles e indelegables de acuerdo con el Título VIII de la
Constitución, fijar las materias o atribuciones que sean susceptibles de
transferencias o delegación y culminar el proceso de transferencia de
competencias a las Comunidades Autónomas al amparo del artículo 151 de la
Constitución. Precisamente para ello establecíamos, si llegábamos a
gobernar, un programa con un horizonte máximo de dos legislaturas para
realizar
un proceso de equiparación competencial básica entre todas las
Comunidades Autónomas.
La coherencia con ese planteamiento nos hace coincidir en estos momentos
con la voluntad política de quienes quieren sumarse al consenso, un
consenso importante, que el portavoz de Convergència i Unió ha puesto de
manifiesto aquí. Efectivamente, el consenso conseguido en Asturias es
importante. Más del 80 por ciento de los diputados, representantes de la
soberanía popular en la Junta General, ha logrado un pacto que es el que
ha llegado a través de esta propuesta de ley a las Cortes Generales. Las
dos fuerzas políticas que han llegado a este pacto representan, en
términos electorales, más del 80 por ciento de la voluntad libre de los
ciudadanos asturianos. Por tanto, estamos satisfechos, porque es un
amplio consenso, pero nuestra voluntad política de incluir en el mismo a
fuerzas parlamentarias que, como Izquierda Unida y el Partido
Asturianista, también forman parte de esa Junta General, nos hizo llevar
a cabo reuniones paralelas que pudiesen llegar, a través de una
negociación, al objetivo de introducirlas en ese consenso político.
Por ello, la posición del Partido Popular de Asturias ante la reforma del
Estatuto fue desde un principio clara, coherente y contundente en su
manifestación. Hemos dicho siempre que manteníamos nuestra voluntad de
acuerdo con el PSOE y, por tanto, no íbamos a cuestionar en modo alguno
lo que suponía ese consenso tan importante al que acabo de referirme.
Fiel a ese espíritu y a ese compromiso, el Partido Popular de Asturias, a
través de sus grupos parlamentarios regional y nacional, mantiene, como
valor esencial del acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía de
Asturias, la incorporación al consenso de Izquierda Unida y del Partido
Asturianista, precisamente como fuerzas parlamentarias representativas de
esa voluntad popular de los asturianos.
En todas las negociaciones realizadas, en los trámites del Congreso y del
Senado, en torno a la aprobación definitiva de esta reforma, el Grupo
Parlamentario Popular mantuvo y sigue manteniendo, sin cuestionarla, su
voluntad de acuerdo con el Partido Socialista, esforzándose al máximo en
propiciar fórmulas de acercamiento de posiciones hacia las propuestas de
Izquierda Unida, que permitan a ésta incorporarse al consenso.
El Partido Popular de Asturias y este grupo parlamentario constatan
positivamente la voluntad de consenso de Izquierda Unida y reiteran
nuevamente, tal como lo hemos explicado en esas conversaciones
bilaterales, tanto con Izquierda Unida como con el PSOE y, en Asturias,
con el Partido Asturianista, que no tiene representación en las Cortes
Generales, la invitación permanente a avanzar en la flexibilización de
criterios imprescindibles para alcanzar el consenso proclamado. Nosotros,
en modo alguno cuestionamos ese pacto.
A mí me hubiera gustado de verdad que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, al que le agradezco el tono como a todos los demás
intervinientes, en una voluntad constructiva, hubiera explicado ante esta
Cámara las razones o planteamientos objetivos que tiene su Grupo para
rechazar las enmiendas de las que ha hablado el portavoz de Izquierda
Unida, el Senador Román Clemente, referidas especialmente a otorgar una
reserva de ley, que permita con un quórum determinado --nosotros
proponemos dos tercios-- que la Junta General pueda debatir en su día,
con competencia plena, en primer lugar, el desarrollo del artículo cuarto
del Estatuto de Autonomía; en segundo lugar, la inclusión de la
institución del Defensor del Pueblo y, en tercer lugar, la posibilidad de
abrir esa horquilla que daría entre 46 y 60 diputados, como consecuencia
de esa voluntad de mayor capacidad de autogobierno que buscan los
asturianos y que podían encontrar también en el aumento del número de
diputados a elegir en esa horquilla a la que se refiere.
En ese sentido, nosotros mostramos nuestra posición favorable a esas
enmiendas, y lamentamos profundamente que con la intervención del Grupo
Parlamentario Socialista se niegue toda posibilidad de que se sumen a ese
importante consenso precisamente las fuerzas políticas que han planteado
en este trámite y en trámites anteriores esa cuestión.
Pasando ya a la última parte de mi intervención, las principales reformas
que aquí se contemplan son las siguientes. De un lado, las denominadas
reformas competenciales, incluyéndose nuevas materias sobre las cuales
tendrá competencia exclusiva el Principado de Asturias. Y de otro, y
también en el ámbito de competencias, existirá un nuevo marco de
desarrollo legislativo y de ejecución dentro de la legislación básica del
Estado.
Me gustaría poder referirme, no sólo a las importantes reformas
competenciales, sino también a las reformas institucionales, pero la
falta de tiempo me lo impide. No obstante, diré que se ha hablado por
parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la ampliación de
los períodos de sesiones y del importante nivel de autogobierno de los
asturianos, con lo que supone de mayor capacidad de autogobierno.
Asimismo, se ha referido a la posibilidad de una disolución anticipada de
la Cámara, acordada con anterioridad a la finalización del mandato de los
cuatro años.
En suma, señorías, el nivel de autogobierno que se consigue con esta
reforma es importante, y nos lleva a calificar a la misma de muy positiva
para Asturias. El Estatuto de Autonomía de Asturias ha mejorado a lo
largo de estos últimos 16 años de modo continuo, constante y también
flexible. Si a ello hubiéramos podido añadir un mayor consenso,
estaríamos ganando una ocasión para Asturias y para todos los asturianos.
En todo caso, señorías, esta reforma no culmina el proceso, y habrá
nuevas reformas en las que probablemente se lleguen a conseguir esas
propuestas, que hagan que fuerzas políticas que hoy no van a respaldarla
puedan hacerlo.
Repito que la reforma es importante y está respaldada por porcentajes muy
amplios, tanto de los representantes del pueblo asturiano, sus Diputados,
como de los electores, por lo que es un acuerdo sólido que incrementa
sustancialmente los techos competenciales de nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, señorías, y a pesar, insisto, de la imposibilidad de poder
aumentar el consenso ya obtenido por la
posición clara, firme y rotunda del PSOE de no admitir ni una sola
enmienda, nuestro Grupo parlamentario, teniendo en cuenta esa parte tan
positiva de la reforma que hoy se va a aprobar, sigue en ese acuerdo con
el Grupo Parlamentario Socialista, con el Partido Socialista, y votaremos
conjuntamente la reforma de este Estatuto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández
Rozada. (El señor Román Clemente pide la palabra.) Señoría, ¿en virtud de
qué artículo solicita usted la palabra?
El señor ROMAN CLEMENTE: Por el artículo 87, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene usted la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean para sumar mi dolor y mi rabia a la
de los mineros asturianos y, en general, a todo el pueblo de Asturias por
las recientes muertes que allí se han producido.
Señorías, el Reglamento no me permite seguir participando en el debate
porque no se ha utilizado un turno en contra para rechazar mis enmiendas.
Aunque quisiera, no podría entrar a rebatir los argumentos planteados por
el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular.
Quiero expresar que voy a solicitar votación separada de las enmiendas
números 2, que se refiere al asturiano; la número 23, que pretende la
ampliación del número de Diputados de la Junta General del Principado; y
la enmienda 33, que propone la creación de una figura similar al Defensor
del Pueblo. Como no puedo entrar a rebatir su contenido ni hacer una
nueva llamada al consenso, simplemente las dejo formuladas.
Señorías, nos gustaría estar presente en este proyecto, porque en caso
contrario tendremos que votar en contra de la reforma del Estatuto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Tan sólo puedo decirle que el uso o no uso del turno en contra es
potestativo del interviniente, pero en ningún caso es obligatorio. (El
señor Laborda Martín pide la palabra.)
¿Senador Laborda?
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo le solicitaría un turno, no sé cuál. Veo que el Secretario General
esta ilustrando a su señoría y comprendo que no tengo derecho a hacer uso
de la palabra, pero creo que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
algo tengo que decir a la intervención del Senador Fernández Rozada.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Laborda, dispone de un
minuto por alusiones al Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LABORDA MARTIN: Efectivamente, se ha aludido a este Grupo.
Pero fundamentalmente quiero que quede reflejado en el «Diario de
Sesiones» que me parece incomprensible --lo digo sinceramente, Senador
Fernández Rozada-- que usted haya hecho la intervención en esa tribuna
como si fuera miembro de un partido de la oposición. El partido de la
oposición soy yo, porque soy yo el que no tiene mayoría en esta Cámara.
Por lo tanto, este Grupo no tiene la responsabilidad de rechazar las
enmiendas a las que su señoría acaba de referirse. Ya me hubiera gustado
a mí que, a lo largo de la tramitación de los presupuestos, su señoría me
hubiera otorgado esa facultad a la hora de debatir esas grandes
cuestiones que hemos discutido en horas anteriores.
Esto no es lo principal, Senador Fernández Rozada. Lo importante es que
en los pocos asuntos en los que su partido y el mío alcanza algún acuerdo
--y los acuerdos son sagrados, especialmente cuando hablamos de cosas
como las que usted ha leído ahí acerca de la estabilidad del modelo y
demás cuestiones-- los pactos se cumplen aunque a uno no le guste.
Porque una de dos, o su señoría tiene que decirnos formalmente que los
pactos están definitivamente rotos para saber a qué atenernos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Le ruego que vaya concluyendo,
Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, ruego un poco de benignidad.
En caso contrario, su señoría tiene que aclararme en nombre de quién está
hablando. Entiendo que usted está hablando en nombre del Grupo
Parlamentario Popular y, por lo tanto, asume los compromisos que su
Gobierno ha asumido en este asunto; o está hablando en nombre de una
fracción del Partido Popular de Asturias, o está acomplejado por esa
fracción del Grupo Parlamentario Popular de Asturias que sigue el actual
Presidente de la Comunidad Autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Laborda, concluya.
El señor LABORDA MARTIN: Termino, señor Presidente.
En cualquier caso, Senador Fernández Rozada, usted no debería olvidar que
si sigue atizando este asunto y continúa descargando la responsabilidad
que usted tiene de cumplir el pacto y de ser fiel a la mayoría, esta
volviéndose de espaldas a una realidad que usted conoce a la perfección,
igual que yo. Le digo esto porque a cuenta de estos asuntos, algunas
personas están siendo objeto de violencia en Asturias. Por ejemplo, mis
compañeros de
Oviedo han tenido un grave incidente en su sede a cuenta de este asunto.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Laborda.
Imagino que el Senador Fernández Rozada hará uso de la palabra al amparo
del artículo 87.
Tiene su señoría la palabra.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad para decirle al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que es una pena que su desconocimiento sobre lo
que fue el proceso de negociación en la reforma le lleve a hacer un tipo
de intervención absolutamente fuera de lugar como la que ha hecho aquí.
Nosotros siempre hemos manifestado que teníamos voluntad política de
hacerlo, y lo hemos demostrado con nuestro compromiso electoral. En
coherencia con eso, una fuerza política puede intentar llegar a un
acuerdo con otra que no está dentro del consenso; nosotros nunca lo hemos
negado, ni tampoco su grupo, que se ha reunido para ver si lograba
incluir en ese acuerdo definitivo y de consenso precisamente a Izquierda
Unida y al Partido Socialista, con el que hemos tenido reuniones.
Nosotros hemos llegado a un acuerdo; ellos, no. Por tanto, nosotros, como
queremos cumplir los pactos y los pactos que teníamos eran con el Partido
Socialista, en contra de nuestra voluntad, en alguna de las enmiendas,
nosotros vamos a votar conjuntamente para que se cumpla ese pacto, pero
nos hubiera gustado que ustedes se hubieran unido al mismo.
No hay ni más ni menos que eso y si quiere buscar en torno a la situación
política de Asturias cuestiones que no vienen al caso, será porque les
gusta distraer la atención de sus señorías cuando nosotros, los
asturianos y este Grupo Parlamentario, aquí representado por el Senador
que les habla, estamos muy interesados en lograr la mayor capacidad de
autogobierno del Principado de Asturias y en lograr para Asturias el
mayor consenso posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Fernández Rozada.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Rumores.) (El señor
Laborda Martín pide la palabra.)
Senador Laborda, estamos llamando a votación.
El señor LABORDA MARTINEZ: Solicito que se suspenda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Se suspende la sesión por diez
minutos. (Pausa.)
Voy a hacer una aclaración al Grupo Parlamentario Popular y al resto de
la Cámara. Me ha parecido que los portavoces del grupo mayoritario y de
la oposición solicitaban un receso para algún tipo de pacto o acuerdo
previo a la votación.
Como he comprobado que no es así y habiendo transcurrido ya el tiempo
suficiente, se va a proceder a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, voto particular número 1, del Senador Nieto Cicuéndez,
que corresponde a las enmiendas números 41 a 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, uno; en contra, 201; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos a continuación las enmiendas números 2, 23 y 33 del Senador Román
Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, cinco; en contra, 199; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, votamos el resto de las enmiendas presentadas por el
Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, cuatro; en contra, 199; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Antes de votar el dictamen tengo que significarles que en el apartado 1
del artículo 10, donde dice «Organización, reforma y funcionamiento»,
debe decir «Organización, régimen y funcionamiento». Es un error que creo
que podemos subsanar simplemente con esta aclaración.
Por tanto, votamos el artículo único, disposición final y preámbulo,
según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 205; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.).
Enhorabuena a los asturianos.
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES. (S.
605/000008) (C.D. 127/000008)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas en relación con
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al voto particular número 1, de la Senadora Costa Serra, que
corresponde a las enmiendas números 60 a 77.
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a defender las enmiendas presentadas por esta Senadora en
nombre y representación de la Agrupación de Electores de Eivissa i
Formentera al Senat a la reforma que hoy estamos debatiendo del Estatut
d'Autonomía de les Illes Balears. (Rumores.)
¿Por qué presentamos enmiendas a esta reforma? Se presentan porque
entendemos que el resultado de esta reforma no contenta a nadie.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, porque si no la Senadora
Costa Serra no puede intervenir.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que el motivo por el cual hemos presentado estas enmiendas a la
reforma del Estatut de les Illes Balears se debe a que esta reforma no
contenta ni gusta incluso a los Grupos que la habían pactado. Por
supuesto, lo que pretende es mejorar el texto, elevando el techo
competencial para nuestra Comunidad y nuestro autogobierno.
Ya manifesté en la Comisión de Comunidades Autónomas que ésta era una
mini-reforma y, además, la reforma de la insatisfacción, porque no gusta
ni contenta a ninguno de los Grupos Parlamentarios ni aquí ni en el
Parlament.
Sigo manteniendo que vamos a desaprovechar una oportunidad muy importante
porque cuesta mucho llegar a un consenso para reformar el Estatut de
Autonomía y vamos a perder, como decía, una oportunidad de oro para
elevar nuestro techo competencial. Además, todos los Grupos reconocen que
muy pronto, o por lo menos en un tiempo no muy lejano, abordaremos una
nueva reforma. No nos vale que se nos diga que ésta era la única reforma
posible y que era la reforma que se había pactado entre Partidos. Digo
que al menos a mí no me puede satisfacer ni me puede contentar, porque
por encima de los intereses o de los pactos que se hayan hecho entre
determinados partidos, están los intereses colectivos de los ciudadanos
de les Illes Balears y, sobre todo, quiero insistir en que se pierde una
oportunidad para aumentar nuestro techo competencial. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
También quiero hacer referencia a las enmiendas de idéntico contenido del
Partido Popular y del Grupo Parlamentario Socialista sobre el tema de la
nacionalidad histórica que se incorporaron a la ponencia. Es cierto que
se aprobó en el Congreso una enmienda del Partido Nacionalista Vasco en
la que se reconocía la nacionalidad histórica de les Illes Balears. Se da
un caso insólito, ya que hemos sido nacionalidad histórica por 35 días;
la verdad es que tampoco nos consuela mucho y creemos que estaba más que
justificado que se hubiera mantenido y se hubiera aprobado, con el
consenso de todos los Grupos, esta designación de les Illes Balears como
nacionalidad histórica por cuanto no sólo tenemos una lengua propia, la
lengua catalana, sino, además, un derecho civil foral propio, así como la
especialidad geográfica de nuestras islas. Pienso que es una lástima que
no se haya podido consensuar y que finalmente no haya quedado esta
declaración que, como digo, ha sido así por 35 días. Esperemos que en un
futuro podamos recuperar esta declaración y ya por tiempo indefinido.
Paso a defender las 18 enmiendas presentadas por esta Senadora. En primer
lugar, agruparé las que hacen referencia a la potenciación de nuestra
lengua propia, de la lengua catalana; con ellas se pretende equiparar las
dos lenguas, el castellano y el catalán, que son las cooficiales de
nuestra comunidad. Entendemos que para llegar a una igualdad plena, esta
equiparación pasa porque las dos lenguas sean iguales en derechos y
obligaciones.
Es cierto que el texto de la reforma manifiesta que las dos lenguas
tienen que situarse en un plano de igualdad, pero no llegaremos nunca a
este plano de igualdad si no se impulsa y no se fomenta la lengua
catalana que, como todos sabemos y reconocemos, se encuentra en
condiciones de inferioridad.
Por tanto, nosotros solicitamos, a través de una enmienda, que se
equiparen las dos lenguas en cuanto a derechos y obligaciones. Asimismo,
se propone que la lengua propia sea la lengua principal en la educación
porque en la educación de los más pequeños es donde se puede llegar a
esta igualdad de la que antes hablábamos y que, además, sea la lengua
vehicular de los medios de comunicación que creara como propios la
Comunidad Autónoma.
Por otra parte, hay otro conjunto de enmiendas que solicitan el aumento
de competencias y de autogobierno. Perdemos, también, como decía, una
oportunidad para que se reconozca que la Comunidad Autónoma podrá asumir
todas aquellas competencias que no hayan sido reservadas expresamente al
Estado por la Constitución Española y, por tanto, que estas competencias
fueran asumidas de forma exclusiva por les Illes Balears. Este punto era
fundamental para elevar nuestra capacidad competencial.
Luego me referiré también a otro conjunto de enmiendas que ya discutimos
ampliamente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y
parecía ser que también había bastante unanimidad. Me estoy refiriendo a
la capacidad del Parlamento para disolver la Cámara de forma anticipada.
Es del todo increíble que a estas alturas todavía estemos discutiendo que
el Parlamento de nuestra Comunidad Autónoma tenga o no tenga esta
capacidad para disolver el Parlament, porque se pueden dar situaciones en
las que existan problemas de gobernabilidad, y quién si no el Presidente
de la Comunidad va a tener que decidir la posibilidad de esta disolución.
Es cierto que esta
disolución anticipada se hace mucho más difícil si no se reconoce lo que
nosotros también solicitamos en otra enmienda, que es la separación entre
los consellers y los diputados autonómicos. Nosotros demandábamos que se
separaran las listas para las elecciones a los respectivos consells
insulars y al Parlament balear. Esta situación es la que existe en las
Islas Canarias, y yo creo que es del todo correcto que se separe esta
elección y que los consellers, independientemente de que no exista
incompatibilidad para ambos cargos, sí estén de forma exclusiva, salvo
excepciones, en el Consell Insular y que la lista al Parlament se haga de
manera separada, con lo cual se facilitaría esta disolución anticipada de
la que antes hablábamos.
Por otra parte, también recogemos en otra enmienda la cuestión de que las
consultas populares o los referendos que pudieran ser asumidos los
plantearan los consells insulares para, como decía, convocarlos en
nuestro ámbito territorial.
He dejado para el final, ya que me parece fundamental y quería centrarme
en ello, el ámbito competencial de los consells insulars. Una vez más,
estos consells, que son la institución de autogobierno insular
--autogobierno entre comillas-- van a quedar, desgraciadamente, con una
capacidad competencial muy limitada. Lo que nosotros proponemos es que se
aumente esta capacidad competencial de los consells insulars y que
tengan, por encima de todo, capacidad normativa reglamentaria y, por
tanto, todas aquellas competencias que hayan sido transferidas por la
Comunidad puedan asumirlas de forma plena los respectivos consells
insulars. Lo que daría esta competencia plena a los diferentes consells
insulars sería un mayor autogobierno para cada una de las islas.
Por otra parte, y para acabar con los consells insulars, me quería
referir a la enmienda sobre la posibilidad de que el Consell Insular de
Ibiza y Formentera pueda traspasar al Ayuntamiento de Formentera las
funciones que le han sido atribuidas en virtud del artículo 39 del
Estatuto, que se refiere a las competencias que puede asumir la
Comunidad, y que éstas puedan ser transferidas al Ayuntamiento de
Formentera.
Se da también la peculiaridad de que Formentera es la única isla que no
tiene Consell Insular, la única que, administrativamente, es tratada como
si fuera un municipio más de Ibiza, y si bien estoy convencida de que a
la larga, es decir, en un futuro no será así porque Formentera acabará
asumiendo todas las competencias que ahora asume de forma conjunta el
Consell Insular de Ibiza y Formentera, creo que en cualquier caso hubiera
sido necesario que se hubiera aprobado esta enmienda o que se hubiera
podido consensuar que Formentera asumiera esa capacidad que el Consell
Insular le transfiriera.
Por otra parte, es cierto que en la disposición adicional cuarta del
proyecto de ley de esta reforma lo que se recoge es que el Ayuntamiento
de Formentera participe en la gestión de las competencias que le haya
atribuido por ley el Parlamento, pero nosotros no estamos de acuerdo con
que el Ayuntamiento de Formentera vaya a entrar simplemente en esa
gestión. Por tanto, entendemos que hubiera sido muy importante, sobre
todo para el funcionamiento y para el autogobierno de nuestras Islas, que
Formentera hubiera podido asumir estas competencias propias.
No quiero alargarme más, pero sí quisiera resaltar que es una lástima que
no hayamos podido consensuar más ampliamente la reforma de este Estatuto,
y decir que los grupos que desde el principio han apoyado esta reforma,
han reconocido, también desde un principio, que tampoco es ésta la que
les gusta. Por tanto, si no era la reforma que gustaba, era éste el
momento en el que se tenía que discutir hacia dónde queríamos ir y cuál
era nuestro objetivo.
De todas formas, quiero anunciar que en ningún caso mi voto será
contrario a esta reforma del Estatuto por entender que se da un
pequeñísimo paso, que se adelanta algo con ella en la asunción de
competencias concretas, aunque, eso sí, se pierde una oportunidad, como
decía antes, de que nuestra Comunidad Autónoma tenga más capacidad
competencial.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Costa.
Voto particular número 2, del Senador Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, que se corresponde con las enmiendas números 1 a 57.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este Senador, que está a punto de cumplir casi doce horas de
debate en el día de hoy, manifiesta su imposibilidad de romper el pacto
entre Partido Popular y Partido Socialista. Señorías, hemos expresado
simplemente nuestra voluntad de mejorar el consenso, y también lo vamos a
hacer ahora, pero entenderán sus señorías que no entre a defender las
enmiendas una por una.
Cuando debatíamos en Comisión la reforma, me decían sus señorías que con
algunas de nuestras enmiendas estaban de acuerdo y expresaban su voluntad
de apoyarlas, de votarlas, pero también decían que se lo impedía el
pacto.
Pues bien, señorías, desde el respeto profundo que me pueda suponer ese
pacto entre Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, tengo
que decirles que no se puede apelar al consenso porque, señorías, son dos
cosas contradictorias.
Conocen perfectamente sus señorías que mejorar y hacer cualitativamente
ese consenso más amplio es una demanda a la que aspiramos todas las
fuerzas políticas. Saben sus señorías que no se pueden ni se deben perder
oportunidades cuando se trata de dar a cada Comunidad Autónoma mayor
capacidad de autogobierno. Saben sus señorías que lo que estamos
planteando con nuestras enmiendas es precisamente mejorar y equiparar la
capacidad de autogobierno entre las Comunidades Autónomas y que nos
inspira, por encima de todo, ese principio de atender las necesidades que
demandan los ciudadanos.
Señorías, no estamos sometidos, y ustedes lo deben entender, a un pacto
entre formaciones políticas --que
puede ser muy interesante para estas formaciones políticas-- y nuestro
esfuerzo, el esfuerzo de hoy, se ha concentrado precisamente en dar
argumentos a ese respecto. Pero, señorías, me he sentido impotente porque
no he tenido oportunidad de debatir sobre las razones por las que ustedes
rechazaban nuestras enmiendas. Posiblemente en reformas de otros
Estatutos se tenga alguna valentía en defender o simplemente rechazar las
enmiendas. Señorías, hoy estamos ante una reforma muy importante --todas
las reformas de los Estatutos de Autonomía lo son--, estamos dando a los
pueblos desde estas Cámaras la capacidad de autogobernarse, les estamos
dando las competencias para decidir por sí mismos lo que es de su
competencia, lo que tiene que ser su aspiración de resolver la calidad de
vida de sus ciudadanos. Por ello, señorías, no voy a entrar en la defensa
del conjunto de las enmiendas que tienen este objetivo.
Apoyaré la mayor parte de las enmiendas de la Senadora doña Pilar Costa,
que coinciden en una mejor capacidad de autogobierno, en resolver, desde
les Illes Balears, los problemas que les son queridos, que les son
propios a los ciudadanos. Señoría, ante eso, cualquier pacto quedará
siempre en segundo lugar.
Coincido con su señoría en que los pactos entre estas dos fuerzas
políticas no pueden estar por encima de los intereses de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, no tenía previsto intervenir en este turno,
y pensaba dejarlo para el siguiente, de portavoces, pero creo que debo
hacer algunas aclaraciones a cuestiones que se han Planteado desde la
tribuna.
El Senador Román Clemente, ha presentado muchas enmiendas, 57 si la
memoria no me falla.
Tengo que señalar que durante el trámite parlamentario en el Parlamento
de Baleares se introdujeron muchas enmiendas en Ponencia y en Comisión,
muchas de ellas de Izquierda Unida, pero otras tantas no se pudieron
aprobar porque las diferencias que nos separaban eran muchas. Me va a
disculpar si no entro al detalle de esas 57 enmiendas, ya que es muy
difícil en el tiempo que tengo de intervención.
La enmienda número 9 hace referencia a los principios rectores de la
política del Gobierno. Esa enmienda es una mera transcripción, bien es
verdad que sistematizada, del actual artículo, porque todos podemos
compartir los principios que ahí se dicen, los principios de la paz, los
principios de un gobierno por el interés general. Estamos todos de
acuerdo.
Pero hay otras muchas enmiendas que usted presenta --sólo me voy a
referir a algunas-- en las que la distancia es abismal. Una de ellas hace
referencia a la creación de la policía autonómica. Otra enmienda se
refiere al concierto económico, que ustedes adjetivan con el término de
solidario. No compartimos en absoluto estas dos enmiendas. La
Constitución Española permite y ampara descentralizar la seguridad
pública, y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en su exposición de motivos recoge tres aspectos. El primero, aquellas
Comunidades Autónomas --son siete, aunque en realidad son tres-- cuyos
Estatutos contemplan su policía autonómica y la tenían en marcha con
anterioridad a esta ley; la exposición de motivos recoge que se han de
respetar esas policías autonómicas --me refiero al País Vasco, a Cataluña
y a Navarra--. En el resto de las otras cuatro Comunidades Autónomas,
entre ellas Valencia, Galicia, Canarias y Andalucía, señala que la
policía autonómica se hará a través de la adscripción de una unidad del
Cuerpo Nacional de Policía.
Ese es el modelo que se ha seguido por convenios con el Gobierno. Y luego
hay otros Estatutos, como el de Baleares, para el que a nosotros nos
parece que no es el momento de una policía autonómica, porque crea muchos
problemas de coordinación. Creemos que ahora lo más prudente es adscribir
una unidad del Cuerpo Nacional de Policía.
La voluntad del constituyente no era hacer 17 policías autonómicas y he
tenido ocasión de compartir esta idea con otras personas, ahora que
celebramos el vigésimo aniversario de la Constitución. Por tanto, esa
voluntad hay que respetarla. Como también hay que respetar la voluntad
constituyente, estatutaria en ese caso, de Baleares, puesto que en torno
a la lengua, en torno a los Consejos Insulares hubo un pacto muy difícil
de alcanzar, y se ha de prolongar en el tiempo. Por tanto, me disculpará,
pero esa enmienda nosotros no podemos apoyarla en modo alguno.
Me referiré también a la enmienda del concierto económico solidario. No
hay antecedentes en Baleares, ninguno; uno se remonta a un proyecto de
Estatuto de 1931, que solamente suscribieron la isla de Mallorca y la
isla de Ibiza. Fíjese usted cómo estaba en Baleares el concepto de
nacionalidad en el año 1931. Esa redacción duró dos meses porque no fue
posible aprobarla por ningún sitio, y ahí se hablaba de que las Islas
Baleares contribuirían al Estado federal de manera similar a las
Provincias Vascongadas, que era el término que se empleaba en ese
Estatuto.
Nosotros no estamos en condiciones, como en Navarra o en el País Vasco,
porque ellos no han tenido nada delegado. El Estado no les ha dado nada,
el Estado ha reconocido unos derechos históricos. Y eso está recogido en
la Constitución Española en su disposición adicional primera. No queramos
ser como los demás, seamos como somos. «Siau qui Sou» es una expresión
que decimos en Baleares, no queremos parecernos a los demás, cada uno ha
de ser como es y reconocer lo que es.
Hay otras enmiendas que son de especial interés, pero por cuestión de
tiempo he de remitirme a la intervención de la Senadora Pilar Costa.
Aunque antes he de decirle al
Senador Román que tenga en cuenta que por parte de su grupo
parlamentario, Izquierda Unida en el Parlamento de las Islas Baleares,
tres Diputados han introducido enmiendas en esta propuesta de reforma del
Estatuto. Yo he sido el coordinador de la Ponencia, y así ha sido y lo
puedo decir aquí en este momento.
La Senadora Costa hacía referencia al término de nacionalidad. Usted no
ha presentado ningún voto particular para defenderlo. Por tanto, obvio la
discusión, pero tengo que decirle que remontándonos a la historia en
Baleares no existe una nacionalidad histórica en las tres islas, hay un
Reino de Mallorca, muy importante, pero reclamar esas cuestiones, como
reclamar otras que hacen referencia a nombres históricos, nos podrían
llevar a plantear, por ejemplo, en Menorca, donde sufrimos cuatro
dominaciones inglesas y una francesa, nombres para ayuntamientos
distintos. Y podemos decir, por ejemplo, que en Palma de Mallorca el
Alcalde puede ser denominado el «Batle Real». Yo creo que estas
cuestiones, que se introdujeron por una votación errónea en el Congreso,
tampoco vienen al caso.
Senadora Costa, con todo el afecto le digo que hay dos temas que debemos
repensar, sobre todo usted. Usted representa a la Agrupación de Electores
Eivissa, cuyo núcleo esencial de votos es el Partido Socialista,
fundamentalmente, también están los verdes, los independentistas y,
luego, supongo que personas que no han votado al Partido Popular y, por
eso, usted tuvo la oportunidad de salir elegida, motivo por el que ya la
felicité en su momento. Pero usted presenta aquí dos enmiendas a las que
el Grupo Parlamentario Socialista se ha opuesto frontalmente. Una de
ellas propone la disolución del Parlamento, y la otra hace referencia a
lo que llamamos allá la doble lista, con un sistema parecido a Canarias
respecto a los Consejos Insulares y el Parlamento. Para que reflexione
tengo que decirle que todos compartimos la disolución del Parlamento
porque en un sistema parlamentario la moción de censura tiene que tener
un contrapeso, que no es nada más que la disolución del Parlamento que el
Presidente del Gobierno puede hacer por decreto; y puede hacerlo por
gobernabilidad, para que en las instituciones se gobierne y no estén al
albur de grupos que hacen un desgobierno día a día.
Pero esta enmienda, vamos a respetarla, como decía el Senador Laborda,
«pacta sunt servanda», vamos a respetar los pactos, como también el Grupo
Parlamentario Socialista respeta otras enmiendas, que seguramente votaría
a favor, si bien nos parece que esa discusión no tiene que ir adelante,
porque el argumento del Grupo Parlamentario Socialista en su momento era
que disolver el Parlamento podía aprovecharse como una piedra lanzada
contra los consejos insulares. Por tanto, en función de eso, nosotros
renunciamos a disolver el Parlamento, como digo, una atribución
fundamental de un Presidente de Gobierno y, seguramente, será la única
Comunidad que quedará sin esa facultad de disolución del Parlamento; mal
que nos pese, pero así es y así lo aceptamos y asumimos.
Y en cuanto a la cuestión de la doble lista, tampoco la mayoría de sus
electores en Ibiza, representados por el Partido Socialista, están a
favor. Dijimos en la Comisión que había cuestiones respecto de las que,
incluso entre los propios Partidos, había posiciones muy distintas. Pero,
al final, por ahí no entrábamos y ello por tratarse de cuestiones cuya
evolución se verá con el tiempo y con la experiencia.
Y con esto finalizo ahora, si me permiten, diciendo que esta reforma --ha
hecho referencia a ello la Senadora Costa-- es la reforma posible.
Efectivamente, la política es el arte de lo posible. En la entrada
principal del Senado, situada en la Plaza de la Marina Española hay una
estatua de Cánovas que recuerda su triste fallecimiento, ya que fue
asesinado por un anarquista en el País Vasco. Pues bien, Cánovas, cuya
memoria ahora hemos recordado con un centenario próximo, decía que en
política sólo hay que desear aquello que sea realizable. Y esta reforma
es ahora la realizable. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Y por
eso, nosotros la votaremos a favor, satisfechos de haber dado un paso
más, un paso importante, razón también por la que rechazaremos sus
enmiendas, puesto que nos parece que no son adecuadas en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora
Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más tengo que decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
Senador Jaén Palacios, que no puedo compartir las explicaciones que aquí
se nos han dado. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para mostrar
mi contrariedad porque este debate de reforma del Estatuto de las Islas
Baleares, tan importante para nosotros, haya quedado completamente
diluido en esta jornada maratoniana de Presupuestos Generales --y lo
digo, sobre todo, por el Senador Román Clemente, quien decía que lleva
doce horas de jornada interviniendo constantemente en esta tribuna--, y
es cierto que ha sido una lástima que no hayamos podido no sólo discutir
este Estatuto, sino el resto que queda.
Centrándome en el debate, quiero decir al Senador Jaén Palacios que no
puedo compartir que esta reforma se tenga que prolongar en el tiempo
porque sí. Se tendrá que prolongar en el tiempo en la medida en que
creamos necesario que es posible otra reforma que aumente nuestra
capacidad competencial y nuestro autogobierno. Por tanto, no comparto
esta mentalidad inmovilista y creo que, si hay un consenso y se puede
reformar en un futuro --y cuanto antes mejor, en el sentido de aumentar
esta capacidad competencial--, bienvenida sea la reforma.
Por otra parte, no intente usted invertir los términos diciendo que no se
presenta una enmienda respecto a la nacionalidad histórica. No, lo que
ustedes han hecho es echar atrás lo que ya se había aprobado en el
Congreso y, por supuesto, ya manifesté que estaba a favor de cómo
había quedado la reforma, o cómo salía del Congreso de los Diputados con
la aprobación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Por último, Senador Jaén Palacios, ustedes nunca desaprovechan la ocasión
para recordarme a quién represento. Entiendo que ustedes no se hayan
levantado todavía del golpe y que tengan obsesión por haber perdido por
primera vez el escaño al Senado, después de tanto tiempo, pero tienen que
tener en cuenta que precisamente la Agrupación de Electores a la que
represento es totalmente diversa y plural. Que en ella, como usted ha
dicho, le han dado apoyo los cinco partidos progresistas de las islas,
entre los que están el Grupo Parlamentario Socialista, los Verdes,
Izquierda Unida, nacionalistas, etcétera. Esta pluralidad hace que se
enriquezcan nuestras argumentaciones y nuestras discusiones; esto es
positivo y es lo que traigo a esta Cámara. No hace falta que usted me
recuerde a mí a quién represento, sino que más vale que ustedes se
recuerden a sí mismos cuáles son los motivos que les han llevado a perder
estas elecciones y este escaño. Precisamente, entre los votantes de la
agrupación de electores se encuentran los votantes del Partido
Socialista, por ser el partido mayoritario dentro de los grupos
progresistas de nuestras islas. Quiero dejar claro que esta pluralidad de
las fuerzas progresistas y de la izquierda no impedirá nunca, en este
caso, que exista debate y que la izquierda siga siendo plural, ya que el
diálogo entre estas fuerzas progresistas nos hace enriquecer mucho más el
debate, cosa que, desgraciadamente, no ocurre dentro de su grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa Serra.
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente.
En primer lugar, quiero reiterar todo lo manifestado en el turno de
portavoces, en el debate del Estatuto de Autonomía de Asturias, que
también es válido, en todos sus términos, para la reforma del Estatuto de
Autonomía de les Illes Balears.
También quería hacer una reflexión al Senador Román Clemente, en cuanto a
favorecer, impulsar e intentar mejorar el autogobierno de todas y cada
una de las Comunidades Autónomas. El autogobierno implica ya, de entrada,
como condición indispensable, la voluntad de los implicados. Por tanto,
difícilmente podemos pedir que aumente el autogobierno para no ejercerlo.
Esta es la cuestión. Aquí se ha invocado en otras intervenciones, si se
podrá hacer una nueva reforma, cuando sea el momento porque las
necesidades lo exijan.
En cualquier caso, queremos decir que estamos a favor de la no
uniformización de las Comunidades Autónomas, porque lo que a unas les
puede venir ancho a las otras les puede parecer estrecho. Además se tiene
que tener en cuenta no sólo la voluntad sino la capacidad de poder
ejercer esas competencias, porque tenerlas plasmadas en un Estatuto, que
queda muy bonito, para después no tener la voluntad política de
ejercerlas, me parece que nos llevaría a un modelo de Estado de las
Autonomías que no era el que pretendían los constituyentes en su momento,
que era muy diverso y muy asimétrico. Lo que ustedes hacen en todas las
enmiendas que presentan a la reforma de los Estatutos es dar a todas las
Comunidades Autónomas las mismas competencias, con independencia de la
voluntad política y real de los ciudadanos de aquellos territorios.
Nosotros vamos más por la línea que hemos expuesto anteriormente.
Queremos anunciar también, señor Presidente, que votaremos favorablemente
las enmiendas números 60, 65 y 67, de la Senadora Costa, porque afectan
precisamente al impulso de la lengua común, de la lengua catalana, y ya
que muchas veces intervenimos en cosas de matiz, no podíamos dejar pasar
esta ocasión, aunque sea una diferenciación con la forma de actuar en
otros Estatutos de Autonomía. Por tanto, a efectos de los servicios de la
Cámara, pedimos votación separada de las enmiendas 60, 65 y 67.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor, creo que por tercera vez, de subir a esta
tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de
la reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears. Digo que me
cabe el honor, y creo que es importante resaltar ese término, dado que
estamos debatiendo la reforma de un Estatuto de Autonomía sobre la cual
puede haber cierto resquemor por parte de algunas de sus señorías, en el
sentido de que no hay voluntad para la misma.
Sin embargo, he de decir que el Grupo Parlamentario Socialista cree que
es una buena reforma que hace avanzar nuestro autogobierno en todos los
campos, por ejemplo, en el competencial; es una reforma que hace avanzar
nuestras instituciones propias, y se trata de una reforma que, como
fueron las otras, se ha basado, paso a paso, y año a año, en los acuerdos
posibles con el resto de las fuerzas políticas para conseguir que los
intereses de los ciudadanos de Baleares estén cada vez mejor defendidos y
representados.
No recuerdo ahora quién ha sido el portavoz que ha dicho que esta reforma
se hacía en contra de los intereses de los isleños, pero creo que es un
grave error emplear esos términos, porque más del 80 o el 90 por ciento
de los ciudadanos, a través de su representación política, la aprueban. Y
si bien cada uno de los partidos políticos
puede mantener diferencias al respecto, eso nos hace avanzar con paso
seguro para alcanzar mayores cotas de autogobierno.
Es cierto que los pactos deben cumplirse, y también lo es que para pactar
hay que ceder, pero tienen que hacerlo todas las partes. Desde la
coherencia de lo que un compañero denominaba el bloque constitucional,
hemos estado defendiendo la misma política desde el Gobierno y desde la
oposición. Teníamos que avanzar en nuestro Estatuto de Autonomía a través
del consenso, de la reforma y del acuerdo. Eso ha significado que en
momentos en los cuales hemos estado gobernando y algunos partidos
políticos se han atrevido desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma, por
tener mayoría, y por puro electoralismo, a plantear reformas que incluso
se salían del marco constitucional, nosotros no hemos estado de acuerdo.
Posteriormente, en el Parlamento del Estado español, que al final es el
que tiene competencias en este sentido por tratarse de una ley orgánica,
estas reformas no han prosperado y se ha tenido que retomar el consenso.
Y en estos casos hemos agradecido que el Partido Popular volviera a él,
es decir, que volviera a la fórmula de sumar opiniones en todo lo que
pudiéramos estar de acuerdo.
Desde el inicio de la reforma del Estatuto --y creo recordar que llevamos
casi dos años de debates en el Parlamento de las Islas Baleares-- creo
que se produjo la participación de todas las fuerzas políticas. La verdad
es que desde un principio las diferencias entre nuestro Grupo y el
Partido Popular en temas institucionales y propios de la Comunidad
Autónoma eran bastante profundas. Pero conseguimos llegar a acuerdos. Por
ejemplo, en lo que se refiere a la doble lista. ¿Cómo lo hicimos? Al no
existir una posición firme ni en un partido ni en otro, se acordó
mantener una sola lista con incompatibilidades, para mejorar el
funcionamiento de los consells insulares. Asimismo, también se tuvo que
ceder en la disolución del Parlamento por parte del Presidente del
Gobierno autónomo, dado que si no se conseguía la doble lista eso hacía
imposible que pudiera disolverse el Parlamento, porque al mismo tiempo se
disolvía el Consell Insular y, por tanto, una competencia del Presidente
privaba a una organización, que sigue siendo de régimen local, de sus
representantes. Por tanto, con eso llegamos al acuerdo que les
trasladamos; quizá no contente a todos, pero sí a la mayoría, y con eso
nos conformamos por el momento.
Pero también hemos avanzado en los temas institucionales. Izquierda Unida
y el Grupo Parlamentario Socialista proponían que el Estatuto de
Autonomía contemplase el Consejo Económico y Social, el Sindic des
Greuges y la Sindicatura de Cuentas. Todo ello son avances que se han ido
consiguiendo en la Comisión dedicada al estudio del Estatuto de Autonomía
de les Illes Balears.
Además de todo eso, en el Congreso de los Diputados y por consenso se
presentaron diez enmiendas por parte del Partido Popular y del Partido
Socialista; enmiendas que mejoraron nuestra posición, que hasta puede ser
compartida por el Partido Popular, sobre lo que no habíamos conseguido
consensuar en el Parlament de las Islas Baleares. Enmiendas en las que
habíamos mantenido posturas diferentes como en el tema de la
cooficialidad de las lenguas o en el de la representación de la Comunidad
Autónoma en asuntos internacionales.
Todo lo que se fue planteando se fue trasladando al papel, y así fue
mejorándose nuestro Estatuto de Autonomía. En estos momentos siguen
existiendo diferencias entre los grupos mayoritarios que han pactado, y
desde nuestro punto de vista estamos orgullosos de haber pactado y de
haber acordado la aprobación de este Estatuto de Autonomía, porque es una
herramienta muy eficaz para el autogobierno.
Pero seguimos manteniendo las diferencias que surgieron con el Partido
Popular en el inicio del acuerdo político, y no ha sido posible alcanzar
un acuerdo; por ejemplo, no coincidimos acerca de la capacidad
reglamentaria y normativa de los Consells Insulars. Por eso desde un
principio nuestro partido, tanto en el Congreso como en el Senado, ha
otorgado su voto a favor a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida
y por la Senadora Pilar Costa.
Al decir esto quiero expresar que nuestro grupo se siente satisfecho de
que, transcurridos quince años, podamos llegar a los niveles de
autogobierno que hoy asumimos con la aprobación de este Estatuto de
Autonomía.
Me gustaría apuntar algo, tanto al representante de Izquierda Unida como
a la Senadora Pilar Costa. Creo que sería muy positivo, para enfrentarse
con más fuerza a la creación de todas estas instituciones que hemos ido
introduciendo a través del Estatuto de Autonomía, que votasen a favor. Al
final éste es el instrumento al que tenemos que atenernos todos, ustedes
y nosotros.
Todos sabemos que reforma tras reforma vamos mejorando nuestro
autogobierno, pero no es posible terminar nuestro edificio autonómico de
golpe, y quizá sea ésa la diferencia que hemos mantenido con Izquierda
Unida. Consideramos que es preferible avanzar paso a paso, en algunos
temas será imposible llegar a acuerdos y en otros será más fácil, y por
eso creemos conveniente que los representantes de Izquierda Unida
emitiesen un voto a favor de esta reforma. Es cierto que se ha logrado
con el consenso y que todos estamos orgullosos, y nos gustaría que la
representación de Izquierda Unida estuviese orgullosa de esta reforma del
Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Coll.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho este breve turno de portavoces para enviar un saludo afectuoso
al señor Ferriol, representante del Gobern Balear, que nos acompaña desde
la tribuna de invitados. (Aplausos.) Consumo el turno de portavoces desde
la satisfacción porque una reforma estatutaria presentada por nuestro
Parlament llega aquí a Madrid y las Cortes Generales lo
aprueban sin modificaciones de carácter sustancial. Esa es la verdad, se
diga lo que se diga, por lo que nosotros estamos satisfechos.
Yo quiero hacer una referencia que también es preciso hacer. Desde el año
1981 el desarrollo autonómico viene encauzado por acuerdo de las grandes
fuerzas políticas, a las cuales se han sumado en algún otro momento
otras, fundamentalmente UCD en su momento y el Grupo Parlamentario
Socialista y ahora el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Popular. Los acuerdos de 1981 fueron importantes para
continuar o iniciar esa senda de autogobierno. Los acuerdos de 1992
tardíos en el tiempo, la verdad, pero fructíferos; después las
transferencias, que supusieron un paso importante para Baleares, hasta el
punto de que nuestra Comunidad Autónoma, durante este año al menos, ha
sido la cabeza de las Comunidades Autónomas de régimen común, porque ha
tenido las transferencias de educación, de enseñanza no universitaria, y
ha sido la primera que ha estado gestionándola desde el 1.º de enero.
Por tanto, yo creo que es un momento de hacer una llamada a ese consenso
estatutario que debe ir en el tiempo.
Hemos hecho una reforma desde la racionalidad, la reflexión, a lo que mi
colega, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho
referencia. Más de dos años en trámites parlamentarios en el Parlament
hablando del Estatuto, incorporando enmiendas de Izquierda Unida, de los
grupos nacionalistas, del PSM, un partido que aquí no tiene
representación parlamentaria hay incorporadas en este Estatuto 27
enmiendas. Por tanto, es una reforma hecha desde el acuerdo, el mejor
posible, desde el sentimiento autonómico y, desde luego, desde los
principios de lealtad constitucional, porque somos respetuosos con los
principios que nuestra Constitución consagra de unidad, autonomía y
solidaridad.
¿Qué supone la reforma? Un avance en la construcción del autogobierno o
un paso adelante, para unos pequeños, para otros más grande, como es
nuestro caso. Y, desde luego, cuando una consulta con personas que hace
15 años hablaban de la preautonomía, ninguna esperaba, al menos en
Baleares, que llegásemos a las cotas de autogobierno que en este momento
tenemos. Nadie esperaba llegar en 15 años a esto. Y la verdad es que las
últimas encuestas del CIS ponen de manifiesto que las autonomías han
acercado la Administración a los ciudadanos. Es la verdad.
No hemos hecho referencia a la reforma, pero también conviene citar
algunas cosas. Tiene dos ámbitos, el competencial y el institucional.
Respecto al primero, aprovecho, Senador Cardona, para decirle que
queremos, como todos, más autonomía, pero el Senador Román presenta
enmiendas que, en realidad, no son de ámbito competencial. Le pondré un
ejemplo. A Cataluña se le transfirió el año pasado las competencias en
tráfico y vehículos a motor y se hizo por la vía del artículo 150.2 de la
Constitución Española, que es el camino. Porque una competencia de
carácter exclusivo del Estado sólo puede transferirse por esa vía. El
Senador Román Clemente la presenta aquí como competencia de la Comunidad
Autónoma en su Estatuto. Eso no es posible. Por tanto, nosotros queremos
autogobierno, pero no ese, porque es una soga al cuello que no va a
ningún sitio.
Lo mismo podría decir de otras enmiendas referentes a elevación
competencial, que no son tales, como, por ejemplo, la que hace referencia
a la expropiación, que quiere que sea competencia de desarrollo
legislativo y no es posible porque es de ejecución; o la competencia de
ordenación farmacéutica que quiere que esté en el artículo 11, desarrollo
legislativo, y está aprobada aquí, transferida a la Comunidad Autónoma y
él la sitúa en otro ámbito. Por tanto, nosotros somos muy respetuosos con
esos principios y los mantenemos.
En el aspecto institucional hay muchas reformas que afectan al Gobierno y
al Parlamento, y no voy a cansar a sus señorías porque les agradezco la
atención que me vienen prestando a lo largo de los Presupuestos y no
quiero abusar de su paciencia. Pero quiero decirles que, tras 15 años de
autonomía, damos un paso importante en esta senda de autogobierno, que no
será el último; tampoco es ésta la primera reforma, que yo recuerde es la
tercera.
Por tanto, vamos a seguir ahí. Agradezco el esfuerzo del Senador Román
Clemente en el día de hoy, que es un ejemplo para todos nosotros.
Agradezco la colaboración de la Senadora Costa, sus enmiendas y nuestras
conservaciones tanto en Comisión como aquí en el Pleno y, cómo no, quiero
agradecer también la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista que
cumple los pactos, al igual que nosotros. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Jaén.
A continuación vamos a llamar a votación. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 60, 65 y 67, de la
Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 10; en contra, 192; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 73 y 76, también de la
Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 85; en contra, 116; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de la Senadora Costa Serra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, ocho; en contra, 194; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas números 45 y 56, presentadas por el Senador Román
Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 85; en contra, 114; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, tres; en contra, 191; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos 1 a 5, disposición transitoria, disposición final y
preámbulo, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 201; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva por Su Majestad el Rey (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta las diez de la mañana.
Eran las veinte horas y treinta minutos.