Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 112, de 14/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 112
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el lunes, 14 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Habilitación del día 18 de diciembre de 1998 para la tramitación del
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial y de las propuestas de reforma de los
Estatutos de Autonomía del Principado de Asturias, de las Islas Baleares,
de Castilla y León y de La Rioja, así como para el conocimiento de la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, hecho en Oslo
el 18 de septiembre de 1997, y del Quinto Protocolo anexo al Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero
de 1998. (500/005025).
Segundo
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 112, de fecha
14 de diciembre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000112)
(Número de expediente Congreso 121/000141).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
113, de fecha 14 de diciembre de 1998). (Número de expediente Senado
621/000113) (Número de expediente Congreso 121/000142).
SUMARIO
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
Habilitación del día 18 de diciembre de 1998 para la tramitación del
proyecto de ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial y de las propuestas de reforma de los
Estatutos de Autonomía del Principado de Asturias, de las Islas Baleares,
de Castilla y León y de la Rioja, así como para el conocimiento de la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, hecho en Oslo
el 18 de septiembre de 1997, y del Quinto protocolo anexo al Acuerdo
general sobre el Comercio de Servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero
de 1998 (Página 5131)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5131)
De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999 (Página 5131)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 5131)
El señor Tomey Gómez, Vicepresidente de la Comisión de Presupuestos,
presenta el dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999. El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión
de Economía y Hacienda, presenta el dictamen del proyecto de Ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo) defiende ante la Cámara ambos proyectos de ley.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Granado Martínez defiende las propuestas de veto del Grupo
Socialista a ambos proyectos de ley. La señora De Boneta y Piedra
defiende la propuesta de veto del Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. El señor
Nieto Cicuéndez defiende la propuesta de veto del Grupo Mixto, en nombre
propio y en el de la señora Costa Serra, a ambos proyectos de ley. El
señor Román Clemente, también del Grupo Mixto, defiende la propuesta de
veto presentada en su propio nombre a ambos proyectos de ley. El señor
Utrera Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra la señora De Boneta y Piedra y el señor Román Clemente, por
el Grupo Mixto, así como los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, Granado Martínez, por el Grupo
Socialista y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1999 por 93 votos a favor, 133
en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señora De Boneta y
Piedra, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999
por 94 votos a favor, 135 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Nieto Cicuéndez y
señora Costa Serra, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999 por 95 votos a favor, 133 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Román Clemente, al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 por 95
votos a favor, 134 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista al proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por 89 votos a
favor, 138 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Nieto Cicuéndez y
señora Costa Serra, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social por 90 votos a favor, 140 en contra y
1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto, señor Román Clemente, al
proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
por 90 votos a favor, 137 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.
Título I (artículos 1 a 12). Anexos I y II.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1.169, 1.172, 1.173 y 1.236. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto,
da por defendidas las enmiendas número 241 y 244. El señor Serrano
Alvarez-Giraldo defiende las enmiendas números 699 a 709 y 738 a 740, del
Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente,
por el Grupo Mixto; Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo Socialista, y
Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Título II. Capítulo I (artículos 13 y 14). Capítulo II (artículos 15 a
18) Anexos IV y V.
El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 1.032 a 1.034,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Ostos Domínguez
defiende las enmiendas números 710 a 713, del Grupo Socialista. Los
señores Martínez García y Alierta Izuel consumen un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ostos Domínguez,
por el Grupo Socialista, y Martínez García, por el Grupo Popular.
Título II. Capítulo III (artículo 19).
No ha sido objeto de enmiendas.
Título III (artículos 20 a 36)
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1.174 a 1.193. El señor Ferrer Roselló, del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 220 a 224. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto,
defiende las enmiendas números 245 a 264. El señor Ferrer Roselló, del
Grupo Mixto, da por defendida la enmienda número 1.084, originariamente
presentada por el señor Ríos Pérez. El señor Gangoiti Llaguno defiende la
enmienda número 1.035, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1.098, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Arévalo Santiago
defiende las enmiendas números 678 y 714 a 717, del Grupo Socialista. El
señor Espert Pérez-Caballero consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto, Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y Espert
Pérez-Caballero, por el Grupo Popular.
Título IV (artículos 37 a 46) Título VIII (artículos 89 y 90). Sección
07, Clases Pasivas.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1.194 a 1.197, 1.213 y 1.214. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto,
defiende la enmienda número 273. El señor Gangoiti Llaguno defiende las
enmiendas números 1.036 a 1.038 y 1.082, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor González Príncipe defiende las enmiendas
números 679 a 683, 719 a 721 y 745, del Grupo Socialista. Los señores
Martín Iglesias y Fernández Menéndez consumen un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores González
Príncipe, por el Grupo Socialista, y Martín Iglesias, por el Grupo
Popular.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las trece horas y cinco minutos.
-- HABILITACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1998 PARA LA TRAMITACION DEL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
DEMARCACION Y PLANTA JUDICIAL Y DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA DE LOS
ESTATUTOS DE AUTONOMIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE LAS ISLAS BALEARES,
DE CASTILLA Y LEON Y DE LA RIOJA, ASI COMO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA
CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION, HECHO EN OSLO
EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1997, Y DEL QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO
GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, HECHO EN GINEBRA EL 27 DE FEBRERO
DE 1998. (500/005025)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
La Mesa del Senado, en su reunión del 14 de diciembre de 1998, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación del
día 18 de diciembre de 1998 para la tramitación del proyecto de ley de
modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
Planta Judicial, y de las propuestas de reforma de los Estatutos de
Autonomía del Principado de Asturias, de las Islas Baleares, de Castilla
y León y de La Rioja; asimismo, se propone la habilitación para el
conocimiento de la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción, hecho en Oslo el 18 de septiembre de 1997, y del Quinto
Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, hecho
en Ginebra el 27 de febrero de 1998.
¿Puede entenderse aprobada la propuesta por asentimiento? (Pausa.) Queda
aprobada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1999. (S. 621/000112) (C.D.
121/000141)
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (S.
621/000113) (C.D. 121/000142)
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Presupuestos, en relación con el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.
De la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el proyecto de ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Para la
presentación del dictamen del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, tiene la palabra el representante que, en su caso,
haya designado la Comisión. (Pausa.) Para consumir un turno de diez
minutos, tiene la palabra el Senador Tomey.
El señor TOMEY GOMEZ: Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente
Segundo, tengo el gusto de presentar ante el Pleno del Senado el dictamen
de la Comisión de Presupuestos relativo al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Con fecha 24 de noviembre de 1998, fue publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales» el texto remitido por el Congreso de los
Diputados, trasladándose este proyecto de ley, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 104 del Reglamento del Senado, a la Comisión de
Presupuestos.
El plazo de presentación de enmiendas quedó fijado hasta el 30 de
noviembre. Se presentaron cuatro propuestas de veto firmadas, la primera,
por doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto; la
segunda, por don José Luis Nieto Cicuéndez y doña Pilar Costa Serra,
también del Grupo Parlamentario Mixto; la tercera, por el Grupo
Parlamentario Socialista; y la cuarta, por don José Fermín Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto. También se formularon a los
distintos títulos, artículos y secciones, 1.977 enmiendas.
El día 2 de diciembre, la Ponencia designada para estudiar el proyecto de
ley, integrada por los Senadores don Ramón Aleu i Jornet, don Mariano
Alierta Izuel, don Sixte Cambra i Sánchez, don Jon Gangoiti Llaguno, don
Octavio José Granado Martínez, don Vitoriano Ríos Pérez y don Francisco
Utrera Mora, aprobó su informe, acordando no introducir modificaciones en
el texto remitido por el Congreso de los Diputados, dejando para su
debate en Comisión todas las propuestas de veto y enmiendas presentadas.
Los días 9 y 10 de diciembre se reunió la Comisión a fin de debatir las
correspondientes propuestas de veto y las enmiendas formuladas al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, emitiendo
el preceptivo dictamen. Este fue publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», con fecha 14 de diciembre de 1998. Se han presentado
10 votos particulares que contienen cuatro propuestas de veto y diversas
enmiendas, que se debatirán en esta sesión plenaria.
Señor Presidente, esto es todo cuanto tengo el honor de comunicar a esta
Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Tomey. Presentación del
dictamen del proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, por el representante que haya designado la Comisión, en
este caso el Senador Soravilla.
Tiene su señoría la palabra.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, señorías, me cabe el honor de presentar ante este Pleno, en
nombre de la Comisión de Economía y Hacienda, el proyecto de ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que, desde hace
años, acompaña y complementa el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado. Conocido como es su contenido, no me referiré a él, como hago
en otras ocasiones con otros proyectos, sino tan sólo a su trámite
procedimental desde su entrada en esta Cámara, y lo haré, además, de
forma muy breve.
Desde que fue remitido por el Congreso de los Diputados el pasado 24 de
noviembre, el plazo de presentación de enmiendas se prolongó hasta el 30
de noviembre de 1999.
A este proyecto de ley se presentaron tres vetos cuyos autores eran el
Senador Nieto Cicuéndez, la Senadora Costa Serra, el Senador Román
Clemente y el Grupo Parlamentario Socialista, y 470 enmiendas. La
Comisión se reunió el 1.º de diciembre para designar la Ponencia que
había de informar el proyecto de ley, y el día 10 se reunió para
dictaminar el proyecto de ley, acordando introducir diversas
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Este dictamen es el que hoy me honro en presentar ante sus señorías para
someter a debate con sus correspondientes votos particulares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, tengo el honor
de presentar ante el Senado el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, así como su ley de acompañamiento.
Sus señorías son plenamente conscientes de que la vigencia de esta ley
coincidirá con la entrada en vigor de la moneda única. Por tanto, podemos
considerar ya en este final de 1998, que lo que hasta ahora había sido un
objetivo de la política presupuestaria en particular, y especialmente de
todas las políticas económicas españolas en los últimos años, se
convierte a partir de 1999 en un marco de referencia en el que se van a
desarrollar, no sólo los presupuestos para 1999, sino el conjunto de la
política económica española así como el futuro de la misma.
Sin duda, la llegada del euro va a ser uno de los cambios más importantes
que se van a producir, no sólo en España, sino en el conjunto de la Unión
Europea y también en el sistema monetario y financiero internacional.
Va a suponer un cambio estructural en relación con cómo se va a entender
y cómo va a evolucionar el sistema económico internacional, y
probablemente va a constituir uno de los cambios más importantes que se
hayan podido producir en los últimos decenios.
El área euro, con los 11 países hoy representados en ella --cifra que
todos esperamos se incremente a lo largo de los próximos años hasta
llegar a un total de 15 países miembros contando con aquellos que cumplan
los requisitos establecidos en el Tratado--, tendrá un peso comparable al
de la economía estadounidense, así como un papel claramente privilegiado
en los mercados financieros internacionales y en las transacciones
comerciales.
El establecimiento de una moneda única en Europa exige una creciente
coordinación de las políticas económicas de la que ya hemos tenido una
primera muestra en la reducción concertada por parte de todos los bancos
centrales del tipo de interés de intervención el pasado 3 de diciembre.
Por tanto, los europeos ya estamos presenciando, incluso antes de su
nacimiento, los efectos de estabilidad que proporciona el euro, pero
también la capacidad creciente de coordinación de los distintos países
miembros.
Pero además de la existencia de una moneda única cuyo nacimiento coincide
con la vigencia de esta ley de presupuestos, nos encontramos inmersos,
señor Presidente, en una crisis financiera internacional que ha rebajado
las previsiones de crecimiento de la economía mundial y en la que, desde
luego, el euro ha actuado como un elemento de estabilidad para los países
miembros, pero también para el conjunto del sistema internacional,
haciendo que las soluciones para esta crisis resulten más fáciles y que
muchas de ellas provengan de Europa, y haciendo también que las
consecuencias de esa crisis puedan ser más manejables en el conjunto del
sistema financiero internacional.
La crisis internacional, que como sus señorías saben comienza en Asia, ha
tenido sin duda diversas evoluciones --ha influido en aspectos
importantes en el comercio internacional y también en los mercados de
capitales especialmente a partir de la crisis de la deuda rusa--, y se
presenta hoy, a mediados de diciembre, dentro de un contexto menos
pesimista que el que había a finales de octubre cuando tuve el honor de
presentar este mismo proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, todos hemos de ser conscientes de que aún continúa habiendo
riesgos de gran importancia que están afectando, no sólo al crecimiento
de la mayor parte de las economías emergentes, sino muy especialmente a
los países asiáticos, que todavía se encuentran inmersos en un
crecimiento extraordinariamente bajo, si no negativo; y el Gobierno
español, junto con el conjunto de los Gobiernos europeos, sigue
considerando que una parte sustancial de la solución de la crisis pasa
por la toma de decisiones por parte del Gobierno japonés.
En cualquier caso, señor Presidente, nos encontramos en un escenario muy
distinto al que ha acompañado a otras leyes de presupuestos generales del
Estado para España, tanto desde el punto de vista del marco monetario y
cambiario --es decir, del euro--, como desde el de la situación
financiera internacional.
Pero si es distinto el marco en el que nos vamos a desenvolver, también
lo es, y de manera muy importante, la realidad de la economía española.
La política económica aplicada por el Gobierno desde junio de 1996, con
el apoyo de los grupos parlamentarios que le respaldan, nos ha permitido
aprovechar intensamente una coyuntura económica favorable para crecer y
crear empleo a un ritmo también muy intenso desde el punto de vista de
nuestros competidores europeos. Y no sólo eso, sino que, además, la
política llevada a cabo --con los respaldos políticos que he mencionado--
nos ha permitido efectuar un saneamiento macroeconómico que hoy nos sitúa
en mejores condiciones, por un lado, para afrontar los retos que se
derivan de la crisis financiera internacional y, por otro, para
aprovechar las oportunidades que resultan de nuestra pertenencia al euro.
En los últimos tres años la economía española ha crecido más que la media
del conjunto de las economías europeas y ha creado más empleo a un ritmo
mucho más intenso. Y de acuerdo con las previsiones de la propia Comisión
Europea, en 1999 también vamos a continuar con ese mismo patrón, es
decir, creciendo claramente por encima de la media europea
--aproximadamente un punto, según las previsiones de la Comisión-- y
creando empleo a un ritmo tres veces superior al de aquélla, cosa que ya
hemos realizado durante 1997 y 1998.
Desde junio de 1996 hay casi un millón de ocupados más en España. Como
sus señorías ya saben, sólo durante este año --es decir, 1998-- la
economía española creará 450.000 empleos netos, 123.000 más de los que
tuve ocasión de presentar aquí en el debate de los presupuestos del año
pasado. Además, para 1999 esta ley de presupuestos acompaña una previsión
de crecimiento del empleo de 368.000 nuevos empleos, una cifra
considerable, aunque también marcada por la prudencia de las cifras de
ejercicios anteriores por la necesidad que tiene el Gobierno de
transmitir a esta Cámara cifras prudentes, sobre todo, aquellas que
afectan a las previsiones de recaudación; en este caso, de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
De este modo la tasa de paro se situará a finales de 1998 claramente por
debajo del 19 por ciento; y siendo aún, sin duda, la más alta de la Unión
Europea, todavía nos queda un largo recorrido para conseguir que los
niveles de empleo y, por tanto, los niveles de satisfacción, de
solidaridad y de prosperidad de nuestro país se puedan acercar a aquéllos
de nuestros principales socios. Sin embargo, es indudable que al ritmo al
que en estos momentos estamos, no sólo creando empleo, sino reduciendo el
paro, nos encontramos en la línea y el camino adecuados para cumplir ese
objetivo tan altamente demandado por la sociedad española en los últimos
decenios.
Por lo que se refiere a los colectivos sobre los que esta Cámara y el
conjunto de las Cámaras tienen una especial preocupación, como es el caso
de los pensionistas, somos todos conscientes de que en los últimos tres
años éstos han ganado poder adquisitivo por encima de la media de lo que
han subido los precios como consecuencia de que
la reducción de la inflación ha sido más intensa de la que inicialmente
se preveía en las sucesivas leyes de presupuestos. Y debido a esta
reducción de las tensiones inflacionistas se ha producido una intensísima
bajada de tipos de interés, los cuales se sitúan hoy aproximadamente a la
mitad de lo que estaban hace dos años y medio, con una clara ganancia
desde el punto de vista de la renta disponible para las familias, pero
también para los recursos públicos, que hoy podemos dedicar a políticas
mucho más importantes que las del servicio de la Deuda.
Sin duda también, como sus señorías son conscientes, las reformas
estructurales que permiten y han permitido que junto con un intenso
crecimiento de nuestra economía se esté produciendo una clara
desaceleración de los precios se han trasladado en la mejora que tienen
los ciudadanos en mercados tan importantes como el de las
telecomunicaciones, el energético --en concreto, en los últimos dos años
y medio la factura de la luz ha disminuido un 10 por ciento en términos
reales-- y también por otros servicios, como es, por ejemplo, el caso de
las telecomunicaciones, donde se está produciendo una clara mejora de
costes para las empresas y para las familias.
Lo que es interesante comprobar, señor Presidente, señorías, es que en
fases de recuperación económica anteriores la economía española también
crecía más que la media de las economías europeas, lo cual,
indudablemente, tiene que ver con nuestro potencial de crecimiento, pero
la novedad de la situación actual es que este crecimiento se hace con dos
características que hasta ahora no habían sido así: una, la intensidad en
la creación de empleo y, la otra, la estabilidad macroeconómica, tanto
desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista del
déficit público como desde el punto de vista de la financiación exterior,
lo cual nos permite trabajar en un escenario a medio plazo de crecimiento
sostenido y estable y un crecimiento intenso en la generación de empleo.
En concreto, en 1998 se habrá cumplido uno de los objetivos políticos más
demandados por las Cámaras y por la opinión pública --y en el que yo creo
que podemos tener un alto grado de consenso--, como es trasladar el mayor
porcentaje de crecimiento al empleo: pues bien, en 1998 el 90 por ciento
del crecimiento se habrá trasladado a empleo. En ese sentido, podemos
comparar los cambios profundos que se han operado en la economía
española, y así si sus señorías tienen interés les diré que en el decenio
que va de 1985 a 1995 sólo la mitad del crecimiento se trasladó al
empleo; pero si sus señorías quieren ver una evolución, podrán comprobar
cómo esa cifra del 50 por ciento trasladado a empleo en los años 85 al 95
fue, sin embargo, sólo del 25 por ciento entre el año 90 y el año 95, y
entre el año 96 y el año 99 se está acelerando este proceso
aproximadamente con un 80 por ciento, mientras que en el año 98 en
concreto la creación de empleo supondrá prácticamente el 90 por ciento
del crecimiento.
Sin duda, en el centro de esta transformación --yo diría positiva
transformación de la economía española: crecimiento sin desequilibrios y
crecimiento intenso en creación de empleo-- se sitúa la política
presupuestaria, que ha permitido reducir el déficit público a niveles
históricamente bajos, probablemente los más bajos de los últimos 20 años,
y al mismo tiempo, como no podía ser de otra manera, ha permitido también
una liberación importante de recursos para financiar políticas positivas
que ayudan al empleo y a la modernización de nuestra economía, pero
también ha permitido un crecimiento muy importante de las posibilidades
de la economía productiva del sector privado español.
El fuerte vigor de la demanda interna, que en el segundo trimestre de
1998 se sitúa aproximadamente en un crecimiento del 4,4 en términos
reales, se basa principalmente en el crecimiento de la inversión, con
tasas superiores al 9 por ciento, y que claramente sienta las bases de
crecimientos de ejercicios futuros y permite una imprescindible
modernización de nuestra economía en este marco nuevo competitivo de la
Europa unida y también de la economía globalizada. Sin embargo, ello no
impide que, con una tasa de crecimiento interna muy intensa y al
contrario de lo que sucedía en otras recuperaciones económicas, el ritmo
de nuestras exportaciones continúe siendo más del doble del crecimiento
del comercio mundial, al mismo tiempo que, con una tasa de crecimiento
tan importante desde el punto de vista interno, sigamos manteniendo, por
un lado, una creciente estabilidad de precios, con una inflación que se
situó en el mes de octubre en el 1,7 --claramente por debajo del objetivo
de precios del Gobierno del 2,1, pero también por debajo del objetivo
marcado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios--, y,
por otro, que nos encontramos también con una situación excedentaria de
nuestra financiación con el exterior, lo cual nos da margen para
continuar creciendo en el futuro, y todo ello dentro de un contexto en el
que la tasa de ahorro interna, especialmente la tasa de ahorro familiar,
se mantiene estable pese a un crecimiento tan intenso de nuestra economía
--también un hecho diferencial con respecto a otros ciclos económicos
ascendentes de nuestra reciente historia.
Este es el panorama que hoy se presenta para la economía española, en el
que se produce un cambio muy importante de la coyuntura internacional.
Como he mencionado al principio de mi intervención --y todas sus señorías
son conscientes--, desde mediados de 1997, pero especialmente a partir de
la primavera-verano de 1998, se ha asentado una situación de crisis
financiera de comercio y de crecimiento en varias áreas del mundo, que ha
obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento de
prácticamente todos los países del mundo y que augura tasas de
crecimiento negativas o muy modestas en países de gran importancia para
1999, tanto en Iberoamérica como en Asia.
Sin duda, y como también he mencionado, las circunstancias
internacionales han evolucionado en los últimos dos meses, desde que tuve
el honor de presentar esta ley en el Congreso de los Diputados, y algunas
de las incógnitas más preocupantes de principios de octubre se han
despejado y favorablemente, al menos, con un cierto grado de
satisfacción, como es el caso de las medidas tomadas por el Gobierno
japonés para sanear su sistema financiero,
las medidas anunciadas para relanzar su economía, tanto con aumento de
gastos como con reducción de impuestos, y como es el caso del acuerdo
alcanzado por el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno brasileño.
Sin embargo, como también sus señorías son conscientes, todos estos
acuerdos que se han producido en los últimos meses y que son positivos,
están teniendo una realización difícil, como probablemente no podía ser
de otra manera, y en algunos casos compleja, como puede ser la evolución
que se ha producido en las últimas votaciones del Parlamento brasileño.
En este escenario, nuevo, con una moneda única por un lado, y con una
crisis financiera y de comercio internacional, creo que los efectos de la
política seguida por este Gobierno y apoyada por los grupos
parlamentarios que le dan estabilidad hablan por sí mismos.
Señorías, desde mediados de 1998 y especialmente en 1999 ya no se sitúa
nuestra economía en el marco de una recuperación económica internacional,
que había sido la causa aducida por algunas opiniones sobre la evolución
de la economía española, sino que, bien al contrario, en estos momentos
estamos comprobando cómo la política económica seguida desde 1996 permite
que la economía española reaccione de manera muy distinta, incluso, si
ustedes quieren, radicalmente distinta ante una crisis financiera
internacional.
En ese sentido, si nos remontamos no muy atrás y comparamos cuál fue la
reacción de la economía española en 1992 o en 1994 ante las crisis
internacionales que entonces se produjeron, algunas con dimensiones
claramente inferiores a la que estamos sufriendo en este momento,
podremos comprobar cómo las diferencias entre entonces y hoy son
notables.
Por un lado, los tipos de interés españoles no sólo no han tenido que
sufrir ninguna elevación para garantizar la credibilidad de nuestra
economía, sino, al contrario, coincidiendo con la crisis económica
internacional se ha producido una sustancial reducción de los tipos de
interés, es más, precisamente coincidiendo con la crisis financiera
internacional, España ha acercado totalmente sus tipos de interés a los
de países como Alemania y Francia.
En segundo lugar, como han podido comprobar sus señorías, la cotización
de nuestra moneda no ha tenido prácticamente ninguna oscilación en todos
estos meses. Y la recuperación en la confianza de nuestros mercados de
capitales ha sido similar a la de los países europeos y atlánticos más
importantes, encontrándonos con que el mercado de capitales, por ejemplo,
de la Bolsa de Madrid, ha recuperado en estos momentos una tasa de
crecimiento entre principios del año 1998 y la fecha actual cercana o
superior al 25 por ciento.
Es indudable que la economía española se comporta hoy ante una crisis
internacional de manera radicalmente distinta a la de situaciones
anteriores en las que devaluaciones, subidas de tipos de interés, de
intervención del Banco Central, pérdidas de confianza, caídas del
crecimiento, aumento de desempleo, etcétera, eran la tónica de nuestras
reacciones ante una situación de inestabilidad de los mercados
internacionales.
La explicación de nuestro comportamiento diferenciado y claramente
positivo respecto a crisis financieras internacionales está en los
márgenes que hemos ganado en estos años. Es indudable que no sólo desde
el punto de vista de la estabilidad macroeconómica sino también de la
flexibilidad de nuestra economía, la economía española se encuentra hoy
en una situación muy distinta de la de hace escasamente tres o cuatro
años. En este sentido, en la actualidad, cuando se está produciendo en el
entorno mundial una crisis de crecimiento y una crisis de estabilidad, el
Gobierno español puede presentar ante las Cámaras, y en concreto ante el
Senado esta mañana, una ley de Presupuestos Generales del Estado que
pretende afianzar el crecimiento, poner en marcha políticas que
garanticen el mismo y, por tanto, la creación de empleo. Estamos en
condiciones no sólo de enfrentarnos a una crisis financiera internacional
sino también, al mismo tiempo, de aprovechar oportunidades que se nos
ofrecen, como la reciente bajada de tipos de interés por parte de los
países-euro, sin que nuestra moneda se vea afectada por esa situación, ya
que en estos momentos la economía española no tiene ni problemas de
inflación ni tampoco sufrimos ataques especulativos contra nuestra
moneda.
A la vez que planteamos un presupuesto con una intensa reducción del
déficit público podemos destinar recursos crecientes a políticas de
empleo, a políticas de investigación y desarrollo, a políticas de
infraestructuras o modernizar nuestro sistema impositivo avanzando más
deprisa que otros países europeos.
Hoy debatimos en el trámite de los presupuestos para 1999 enmiendas que
presentan los grupos parlamentarios y que indican claramente que podemos
centrar nuestro debate no en una política de ajuste para ponernos a salvo
de una crisis financiera internacional, sino que podemos dedicar nuestros
debates presupuestarios a mejorar la gestión de la sanidad, a mejorar el
poder adquisitivo de los pensionistas, a impulsar a través de la
titulización la financiación de las pequeñas y medianas empresas, como
motor de empleo, o a dedicar cada vez más recursos a la financiación de
políticas activas, de infraestructuras o de formación. Al mismo tiempo,
podemos plantear reformas estructurales que nos permitan avanzar por el
camino que otras leyes anteriores nos han marcado en la reforma de
mercados tan importantes como el de la electricidad.
Hoy podemos debatir estas cuestiones, independientemente de la posición
de los grupos, cuestiones que preocupan a los ciudadanos y en las que
dichos grupos, en su libertad política, plantean sus alternativas frente
a lo que tendríamos que estar haciendo si tuviéramos una economía en las
condiciones en que se encontraba ésta en 1995; podemos avanzar en la
credibilidad de la Seguridad Social con bases saneadas y podemos
concentrar nuestros esfuerzos claramente en políticas que mejoran
nuestras posibilidades de crecimiento y empleo, así como la calidad de
los servicios públicos.
Pero además de poder reaccionar de manera distinta ante una crisis
financiera internacional, al mismo tiempo que debemos protegernos de sus
efectos más negativos, podemos avanzar en políticas que interesan a los
ciudadanos
desde el punto de vista de la creación de empleo o de la calidad de vida.
También estamos en condiciones y en cierto sentido estamos obligados a
jugar un papel distinto y diferenciado en el conjunto del sistema
financiero internacional. España, como ha demostrado en el otoño de 1998
puede y debe reaccionar ante una crisis financiera internacional no sólo
mirando hacia dentro sino también mirando hacia fuera. Puede y debe
España en una crisis financiera internacional cumplir con sus
obligaciones de estabilidad pero también plantear en los foros
internacionales de los que somos miembros reacciones positivas y activas
para evitar que la crisis pueda durar más tiempo o que pueda tener costes
más intensos para las economías en las que tenemos un alto interés
político, social, humano y económico como son las economías
iberoamericanas.
Como sus señorías saben, el Gobierno, las Cámaras han debatido fórmulas
por las cuales España no sólo ha acelerado su contribución al Fondo
Monetario Internacional, sino que ha puesto a disposición del mismo una
cantidad adicional de 3.000 millones de dólares para, precisamente,
luchar contra los efectos-contagio en la liquidez de las economías
iberoamericanas. España es, después de los principales miembros del G-7,
el principal contribuyente a un fondo de financiación de la economía
brasileña imprescindible para resolver los problemas de credibilidad del
conjunto de las economías iberoamericanas.
Estas son muestras suficientes de los cambios profundos y positivos que
se han producido en la economía española en los últimos años que
demuestran que el modelo de crecimiento y el modelo económico, en el cual
nos estamos asentando desde 1996, no es capaz de responder ante
situaciones internacionales de estabilidad y de pujanza, sino que es un
modelo económico plenamente flexible y adaptable a situaciones mucho más
complejas que las actuales.
Quisiera, brevemente, señor Presidente, hacer referencia --antes de
describir las políticas que inspira la ley de Presupuestos para 1999--, a
la ejecución del Presupuesto de 1998. Hace dos años, por estas mismas
fechas aproximadamente, tuve la ocasión de anunciar en el Senado que en
1996 --cumpliendo así la Ley de Presupuestos de entonces que no había
sido diseñada por nosotros-- el Gobierno cumpliría el objetivo de déficit
público.
El objetivo de déficit público no se había cumplido en una Ley de
Presupuestos desde que yo soy miembro de la Cámara, es decir, desde el
año 1982. Pues bien, desde 1986 las leyes de presupuestos cumplen sus
objetivos de déficit. En este sentido, quiero anunciar a la Cámara que no
sólo --la Cámara lo sabe-- en 1996 se cumplió el objetivo de déficit
público, sino que el objetivo que entonces yo presenté para 1997, en
concordancia con los requisitos del Tratado de Maastricht, es decir, de
un tres por ciento de déficit para el conjunto de las Administraciones
públicas, fue superado, siendo el déficit del 2,6 para 1997, lo cuando no
sólo nos permitió cumplir una de las condiciones básicas de la moneda
única, sino que nos permitió hacerlo en mejores condiciones de las
previstas y en mejores que las de la mayor parte de las economías grandes
europeas.
Para 1998 --se lo recuerdo a la Cámara-- teníamos previsto un déficit
público del conjunto de las Administraciones públicas equivalente al 2,4
del Producto Interior Bruto. Tengo la satisfacción de anunciar a la
Cámara que el déficit de las Administraciones públicas para 1998 en
España se situará por debajo del dos por ciento, en el 1,9, lo cual
supone una mejora de cinco décimas respecto de lo previsto y una mejora
muy importante respecto de 1997, es decir, una mejora de siete décimas
respecto de 1997.
En este sentido, se produce una intensísima reducción del déficit público
y, como es natural, una equivalente reducción del peso de la deuda
pública en el conjunto de nuestra economía. Como ha sido reconocido por
la propia Comisión Europea, España se sitúa entre los países que más
intensamente están reduciendo el déficit público como consecuencia del
crecimiento económico. Frente a las críticas de algunos países miembros
que dicen que no estaban aprovechando el crecimiento económico para
reducir intensamente el déficit público, la Comisión Europea ha
reconocido expresamente que, desde el punto de vista de la política
presupuestaria española, se está produciendo una traslación a la
reducción del déficit público como consecuencia de los aumentos de
crecimiento, lo cual se manifiesta en la cifra que acabo de darles a su
señoría.
Por lo tanto, por tercer año consecutivo, señor Presidente, señorías,
acudo a la Cámara no sólo a presentar una ley de Presupuestos para el
ejercicio siguiente, sino también a rendir cuentas de cómo hemos cumplido
los objetivos previstos en las leyes anteriores y de cómo hemos
aprovechado las oportunidades que se han presentado para acelerar un
proceso de reducción del déficit público que tan importante ha sido no
sólo para garantizar la hasta ahora satisfactoria evolución de la
economía española, sino la que será especialmente a partir de ahora en un
contexto de moneda única y de política monetaria única para todos los
países euro.
Señor Presidente, paso a presentar los objetivos para 1999. Los
Presupuestos del año 1999 responden esencialmente a dos objetivos: por un
lado --como he mencionado--, prolongar el crecimiento y la creación de
empleo, teniendo en cuenta el nuevo contexto en el que vamos a vivir, es
decir, la moneda única y la crisis internacional y, por otro, mejorar la
calidad de los servicios públicos y, en particular, los sistemas de
protección social.
Si la Cámara coincide con estos objetivos y estima que merecen el
respaldo del conjunto de los Grupos, me gustaría que considerara si los
instrumentos que ponemos al servicio de los mismos nos permiten
garantizar su cumplimiento. En concreto, para la consecución de estos
objetivos --es decir, mantenimiento del proceso de creación de empleo,
crecimiento económico y mejora de la calidad de los servicios públicos,
en particular de los sistemas de protección social-- ponemos en marcha
instrumentos que tienen cuatro rasgos fundamentales. En primer lugar,
profundizar en la estabilidad macroeconómica;
en segundo lugar, reducir la presión fiscal; en tercer lugar, priorizar
entre los gastos a favor de aquéllos que profundizan y mejoran la
inversión en capital humano, tecnológico y en infraestructuras y, en
cuarto lugar, mejorar la calidad de los servicios públicos y nuestro
sistema de protección social.
Desde el punto de vista de la contribución a la estabilidad, quisiera
resaltar una vez más que la estabilidad es un factor clave de la política
económica española. Sin la aplicación de una política presupuestaria
rigurosa y creíble, basada en la disminución del déficit público a través
de la contención del gasto y, por lo tanto, de la pérdida del peso del
gasto en la economía y la reestructuración de las políticas de gasto, no
hubiera sido posible reducir la inflación, ni los tipos de interés, ni
mantener el crecimiento y la creación de empleo ni, desde luego, nuestra
pertenencia a la moneda única.
En 1999 el objetivo de déficit público para el Estado será del 1,4, y el
déficit del conjunto de las Administraciones públicas se situará en el
1,6, es decir, 5,7 puntos del PIB menos que en el año 1995. En este
período España habrá pasado de ser un país que se situaba claramente por
encima de la media europea de déficit público en 2,5 puntos, a ser un
país que se sitúa claramente por debajo de la media europea en varias
décimas. Es decir, tenemos unos presupuestos más saneados que hace tres
años, pero también relativamente más saneados que los de nuestros socios.
Hemos hecho un ajuste presupuestario más intenso que el de nuestros
socios y hoy nos situamos en una posición claramente favorable, desde el
punto de vista del peso del déficit público, en nuestros presupuestos con
respecto a la media europea.
Además, como he señalado, esta reducción del déficit público se ha
realizado en un 90 por ciento como consecuencia de la reducción del gasto
y, dentro de ello, de los gastos de funcionamiento. Según las cifras del
Presupuesto, en 1999 el gasto corriente en bienes y servicios todavía
estará por debajo del nivel que alcanzó en 1995. Durante los últimos tres
años se ha registrado un superávit primario; descontados los intereses de
la deuda, los ingresos han sido superiores a los gastos, lo cual ha hecho
posible que desde 1997 la deuda represente un porcentaje cada vez más
pequeño de la renta de los españoles, y en 1999 el Gobierno plantea una
previsión de superávit primario casi cercana a 2 puntos del Producto
Interior Bruto: el 1,9.
Además, también desde 1997 el monto de las inversiones públicas ha sido
superior al déficit público, lo cual nos permite decir que en estos
momentos el incremento de la deuda pública se hace exclusivamente para
financiar la inversión.
Señor Presidente, seguramente a estas alturas, después de tres años de
política económica, algunas de las sorpresas y de las incredulidades
habrán desaparecido. Se nos decía que era imposible reducir el déficit
público, mantener y mejorar la prestación de solidaridad y modernizar
nuestro sistema impositivo, pero los hechos han demostrado no sólo que no
era imposible, sino que es posible y, además, necesario.
Señorías, la contención de los gastos que poco aportan al crecimiento, a
la calidad de vida y al empleo, es la que nos está permitiendo dedicar
cada vez más recursos a las políticas que contribuyen al bienestar y al
futuro de los españoles. Por eso hoy, en 1998 y en 1999, podemos tener el
déficit más bajo de nuestra historia presupuestaria de los últimos 20
años, reducir los impuestos para las pequeñas y medianas empresas,
duplicar en tres años la inversión en políticas activas y de
investigación y desarrollo, aumentar la capacidad adquisitiva de los
pensionistas por encima de la inflación prevista, y dotar a las políticas
de solidaridad, por ejemplo, con el mayor presupuesto que han tenido en
su historia y, al mismo tiempo, llevar a cabo políticas demandadas por la
sociedad, como es la desaparición del servicio militar obligatorio.
Es más, si hubiéramos mantenido las prioridades del gasto del año 1995,
es decir, si sus señorías analizan en qué se gastaba en dicho año, podrán
comprobar que en las políticas que yo calificaría de más importantes para
la sociedad, como pueden ser pensiones, sanidad, educación, políticas
activas de empleo, infraestructuras o investigación, de cada cien pesetas
se gastaban 45,7. En el año 1999 de cada cien pesetas se gastarán 51 en
esas políticas, es decir, casi cinco pesetas más. Eso quiere decir que en
el año 1999 podemos dedicar un billón 600.000 millones de pesetas a
pensiones, sanidad, educación, empleo, infraestructuras e investigación,
que si hubiéramos tenido el modelo presupuestario de 1995 no podríamos
dedicar. Creo que eso indica claramente la profunda reestructuración del
gasto que hemos llevado a cabo, además de la reducción del déficit
público.
Señor Presidente, quisiera hacer una consideración adicional a la Cámara.
Antes he señalado que la política presupuestaria está en el origen de la
estabilidad que hemos alcanzado. Hoy la estabilidad es un nuevo marco en
el que se elaboran los presupuestos y tiene consecuencias no sólo desde
el punto de vista de la confianza de los mercados, o de los ciudadanos, o
de la evolución de la inflación, sino que también tiene consecuencias
internas en el propio presupuesto. Para que sus señorías puedan tener una
idea, aproximadamente el 45 por ciento de la evolución del presupuesto
viene ligado a la inflación. Luego, independientemente de cuáles sean las
prioridades del gasto de un Gobierno, un Gobierno que tiene una inflación
del 4 por ciento o un Gobierno que tiene una inflación del 1,6 tienen
márgenes presupuestarios radicalmente distintos, puesto que el 45 por
ciento de las políticas de gasto está ligado a la evolución de los
precios.
Por tanto, en una situación como la actual, en la que claramente los
precios crecen menos, incluso sustancialmente menos de la mitad de lo que
crece la economía, la mitad de los gastos tienden a perder peso en el
presupuesto, gracias exclusivamente a la reducción de la inflación.
La segunda consecuencia de la estabilidad sobre la política
presupuestaria es que nos permite continuar en un proceso de reducción
del coste de la deuda. Es verdad, como he dicho, que los intereses se han
reducido a la mitad entre 1996 y 1998, pero no es menos cierto que
todavía
el 55 por ciento de la deuda en circulación está emitida a tipos
superiores al siete por ciento. Y aunque es cierto, como sus señorías
saben, que tanto en el año 1997 como en el año 1998 hemos llevado a cabo
importantes canjes de deuda para anticipar gastos de intereses altos al
ejercicio actual y descargar ejercicios posteriores, todavía --vuelvo a
repetir-- el 55 por ciento de la deuda pública que está en circulación
está emitida a tipos de interés superiores al siete por ciento. Pues
bien, sus señorías son conscientes de que según esa deuda se vaya
transformando en deuda con tipos de interés al cuatro por ciento o por
debajo, que es la situación actual, estaremos todavía ampliando mayores
posibilidades de reducción del gasto público y, por tanto, de reducción
del déficit público.
Creo que estos dos ejemplos, la inflación y la evolución de la deuda, nos
indican claramente cómo la estabilidad macroeconómica, además de producir
efectos muy beneficiosos para el conjunto de la economía, tiene efectos
internos dentro del presupuesto nada despreciables. De este modo, no sólo
las políticas discrecionales, las que puede tomar la Cámara o el Gobierno
voluntariamente, permiten la reducción del gasto público, sino también la
propia estabilidad macroeconómica contribuye a eso en un círculo
coherente que alimenta un proceso de saneamiento continuo de la política
presupuestaria.
En ese sentido, en las próximas fechas el Gobierno hará público y
remitirá a la Comisión Europea el Plan de Estabilidad del Reino de España
para los años 2000 a 2002, que hemos de presentar antes del 31 de
diciembre. Y quiero resaltar --como ya he tenido ocasión de hacer-- que
nuestro horizonte en el año 2002 será de estabilidad y de equilibrio
desde el punto de vista presupuestario, y con una deuda pública que se
sitúe por debajo del 60 por ciento del producto interior bruto.
Pero además de una política de estabilidad como elemento básico para
conseguir los dos objetivos del presupuesto, es decir, el crecimiento y
el empleo y la mejora de calidad de los servicios públicos y de las
políticas de solidaridad, otro de los instrumentos es la reducción de la
presión fiscal y, en concreto, en 1999, la transformación y modernización
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, como sus
señorías saben, ha sido aprobado por las Cámaras en fechas recientes.
Esta reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
el conjunto de los contribuyentes empezará a aplicarse en 1999 a los
salarios y a las pensiones, puesto que el resto de las rentas tendrán que
esperar a la declaración del año 2000 para sentir los beneficios de la
reducción de impuestos.
En ese sentido, en 1999, como estaba previsto ya en el Plan de
Convergencia, se producirá una reducción de la presión fiscal como
consecuencia de la aplicación de las retenciones a salarios y pensiones
de dos décimas durante este ejercicio y, además, continuaremos con una
política de aceleración y adelantamiento de las devoluciones para
conseguir mantener los ritmos que se han impuesto durante los años 1997 y
1998 y que claramente no sólo benefician a los particulares, sino que
también sanean ejercicios futuros.
Quisiera destacar que los efectos recaudatorios de la reforma no se
compensan con ningún otro impuesto. Era también objeto de debate que la
reducción del IRPF tendría que venir obligatoriamente acompañada del
aumento de otros impuestos. Pues bien, sus señorías podrán comprobar cómo
tasas e impuestos especiales no tienen revalorización en términos de IPC
y, por lo tanto, decaen desde el punto de vista de sus tipos, y sólo el
Impuesto de Hidrocarburos se mantiene congelado en términos reales.
La aplicación del nuevo sistema de retenciones, como he dicho, supondrá
una mejora de la renta disponible de las familias de 495.000 millones de
pesetas en 1999 y comenzará a aplicarse a partir del mes de enero. Desde
dicha fecha, quienes vivan de una nómina o pensión de hasta dos millones
de pesetas van a ver una reducción media de la retención del trabajo del
45,59 por ciento, quienes tengan rentas de trabajo o pensiones entre
2.022.000 pesetas y 3.145.000 pesetas tendrán una reducción de sus
retenciones del 22,91 por ciento, quienes tengan rentas del trabajo o de
pensiones entre 3.145.000 y 5.166.500 tendrán una reducción de sus
retenciones del 14,39 por ciento, aquéllos que tengan rentas o pensiones
hasta 7.862.000 pesetas desde 5.166.500 tendrán una reducción de sus
retenciones del 12,39 por ciento y el resto de las rentas más altas
tendrán una reducción del 8,62 por ciento; es decir, todos los españoles
que tengan rentas de salarios o pensiones verán reducidas sus
retenciones, desde el 45,59 por ciento para las modestas, hasta el 8,62
por ciento para las más altas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
En general, los salarios y pensiones de hasta 1.250.000 pesetas dejarán
de soportar retención y no tendrán ninguna. Este límite aumenta si se
tienen obligaciones familiares, así, salarios de 2.025.000 pesetas para
una familia con dos hijos también dejarán de tener retención, y
aproximadamente un millón de asalariados y pensionistas dejarán de tener
retención por estos conceptos en 1999, cuando sí la tenían en 1998.
Pero los efectos de la reforma del IRPF no sólo van a ser de
modernización y de mejora de las rentas de nuestros asalariados y
pensionistas, es decir, de la mayor parte de los ciudadanos españoles,
sino que, además, van a tener efectos claramente dinamizadores en el
crecimiento y en el empleo. Gracias a la reforma del IRPF, en 1999 la
economía española crecerá medio punto más y creará 50.000 empleos
adicionales.
Señor Presidente, paso a comentar el tercer instrumento para garantizar
que estos presupuestos mantienen el crecimiento y el empleo y mejorar las
políticas de servicios públicos y de solidaridad, como son las políticas
de competitividad y empleo, de las que voy a mencionar las más
importantes, es decir, aquellas políticas presupuestarias que inciden
claramente en mejoras de la competitividad de nuestra economía o en
mayores oportunidades para la creación de empleo, empezando por las
políticas activas de empleo.
Como he dicho al principio de mi intervención, señor Presidente, una de
las características de nuestra actual situación económica es la
intensidad en la creación de empleo
y su traducción entre crecimiento y empleo, y quiero destacar que se
trata de un empleo también de mayor calidad. Desde mayo de 1997 hay un
millón y medio más de españoles que tienen un empleo estable, de los
cuales un millón lo tienen gracias al contrato pactado entre sindicatos y
empresarios, pacto aprobado por esta Cámara, que fue una de las últimas
modernizaciones de nuestro mercado laboral más importante, una de las
pocas realizadas con consenso social y que, como digo, está teniendo
efectos concretos sobre la vida de un millón de personas en nuestro país.
En opinión del Gobierno, estos resultados claramente nos indican dos
cosas: por un lado, la necesidad de mantener y profundizar el diálogo
social y, por otro lado, la necesidad de continuar profundizando y
modernizando nuestro mercado laboral dentro de los principios que hemos
acordado con nuestros socios europeos y que inspiran tanto el Consejo
Europeo de Luxemburgo como el reciente Consejo Europeo de Viena, que han
sido el eje del Plan Nacional de Empleo, presentado por el Reino de
España junto con el conjunto de los países europeos, y que, como sus
señorías saben también, este plan español, junto con el francés, ha sido
objeto de distinción por parte de la Comisión Europea por ser uno de los
más completos.
El impulso a la contratación estable a tiempo parcial, que acaba de ser
también acordada entre sindicatos y el Gobierno, es un paso importante
más en esa dirección en la que tratamos de combinar estabilidad y
flexibilidad en el mercado laboral y que está permitiendo a la economía
española crear empleo en nuestro país a un ritmo tres veces superior a la
media europea. Como sus señorías saben muy bien, el empleo a tiempo
parcial en nuestro país representa sólo un 8 por ciento del empleo frente
a prácticamente el doble de lo que supone este tipo de contratación en la
Unión Europea.
Pero junto a la modernización del mercado de trabajo, el Gobierno ha
impulsado desde un primer momento la inversión presupuestaria en
políticas activas, y no en vano estas políticas son las que más han
crecido en los últimos dos años y también serán las que más crezcan en
1999.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1999, que tengo el
honor de defender ante sus señorías, recogía ya cuando fue enviado al
Parlamento, el desarrollo de tres líneas de actuación definidas en el
Plan de acción para el empleo del Reino de España para 1998: en primer
lugar, dar cada vez mayor prioridad a las políticas activas frente a las
pasivas. Así en el año 1999 se destinarán más de 700.000 millones de
pesetas a políticas activas; esta es una cifra considerable. Pero todavía
lo es más si sus señorías la comparan con lo que había en 1998, es decir
un 67 por ciento más de las cifras en políticas activas que la Cámara
aprobó hace sólo un año y el doble de lo que se dedicaba a políticas
activas en 1996.
En segundo lugar, la promoción del empleo de la mujer. Quiero destacar
ante esta Cámara, como también lo hice en el Congreso, que cuando se
analiza el mercado laboral español y estudiamos la situación del
desempleo, creo que todos somos conscientes de que en España hay una
situación claramente distinta y dual en cuanto al trabajo masculino y el
trabajo femenino. Realmente las tasas de desempleo masculino en nuestro
país se encuentran próximas a la media europea y, sin embargo, las tasas
de desempleo femenino superan el 26 por ciento de la población activa, es
decir, más del doble de la anterior. En ese sentido nos ha parecido
siempre imprescindible potenciar las posibilidades de creación de empleo
femenino, y medidas ya adoptadas por el Gobierno, como el coste cero de
la maternidad o la reducción de las cuotas sociales en la creación de
empleo estable para la mujer, demuestran esa preocupación por parte del
Gobierno del Partido Popular y de sus socios parlamentarios. En 1999
continuaremos en esa dirección. Nuestra intención es que al menos el 30
por ciento de los recursos destinados a la formación profesional
ocupacional se dirigirá a las mujeres para fomentar su presencia en
mercados laborales en los que están claramente subrepresentadas.
En tercer lugar, además de dar mayor prioridad a las políticas activas y
a la promoción del empleo de la mujer, habrá un proceso creciente,
continuación de años anteriores, en la integración laboral de quienes
tienen más dificultades para encontrar empleo; tal es el caso de los
parados de larga duración con cargas familiares, los jóvenes y los
discapacitados.
Durante la tramitación llevada a cabo en esta Cámara, los grupos
parlamentarios han incorporado a ley de acompañamiento el programa de
fomento del empleo estable para 1999, en el que se contemplan las
bonificaciones para los contratos indefinidos a jóvenes desempleados, a
mayores de 45 años, a parados de larga duración y a mujeres paradas de
larga duración y que comenzará a partir de mayo de 1999, coincidiendo con
el final de los incentivos pactados hace dos años. También se han
intensificado las acciones y medidas para favorecer la inserción de los
discapacitados a través de las enmiendas presentadas en esta Cámara, y se
han adecuado los costes e ingresos para la protección por desempleo que
suponen los contratos temporales, lo que, nuestro juicio, va a redundar
en una mayor estabilidad en el empleo.
Pero no sólo las políticas activas de empleo forman parte de lo que
podríamos llamar políticas de modernización y de mejora de la
competitividad de nuestra economía, sino que también hay que tener en
cuenta las políticas de infraestructura. La inversión pública del Estado,
que se realiza directamente o a través de otras Administraciones y queda
reflejada en los capítulos 6 y 7, va a crecer un 6,1 por ciento, es decir
2,5 puntos por encima del gasto corriente. Las políticas de
infraestructuras, las más importantes dentro de las políticas de
inversión pública, crecerán un 9,1 por ciento respecto a 1998, situándose
en un billón 100.000 millones de pesetas, un incremento de un 21 por
ciento respecto a 1995.
Dentro de las políticas de modernización y de empleo, la inversión en
investigación y desarrollo, coordinada ahora al máximo nivel desde la
Presidencia del Gobierno, ha crecido a un ritmo superior al 33 por ciento
en el año 1997, hasta alcanzar los 460.000 millones de pesetas. En
este esfuerzo de desarrollo tecnológico de la economía española a través
de fondos públicos se ha involucrado claramente a la empresa pública con
la puesta en marcha de prototipos y de contratos especiales que permiten
la inversión en investigación y desarrollo en nuestro sector. Después del
saneamiento y gracias a estas iniciativas, empresas como Bazán o Santa
Bárbara tienen hoy un proyecto de futuro y juegan un papel determinante
en la modernización del conjunto de la economía española.
Señor Presidente, paso a referirme al cuarto instrumento imprescindible
para conseguir un mayor crecimiento, un mayor empleo y una mejor calidad
de vida de los españoles; estoy hablando de la mejora de la calidad de
los servicios públicos y los sistemas de protección social. El Gobierno
del Partido Popular, que tiene el respaldo de los grupos parlamentarios
que le apoyan, desde el principio otorga a las políticas de bienestar una
máxima prioridad. La mejora de la calidad de la sanidad y de la
educación, el poder adquisitivo de las pensiones y las políticas de
solidaridad son claros objetivos de los presupuestos de 1999.
Concretamente, quisiera destacar ante la Cámara que las políticas de
solidaridad van a contar en 1999 con el presupuesto más alto de su
historia: 50.000 millones de pesetas más que cuando dependían de un
Ministerio independiente. A esto hay que sumar, como ya he dicho en
alguna parte de mi intervención, la modernización de la justicia y de las
Fuerzas Armadas.
Señor Presidente, quisiera hacer una breve mención a la sanidad, dada la
importancia que tiene el presupuesto en esta materia para 1999, porque va
a superar los cuatro billones de pesetas. Como sus señorías recuerdan, en
el año 1998 se presentaron por estas fechas, a través de una enmienda a
la ley de acompañamiento, las consecuencias presupuestarias del acuerdo
logrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas las
Administraciones involucradas sobre el nuevo modelo de financiación de la
sanidad para el período 1998-2001. Un sistema que no sólo aumentó en más
380.000 millones la financiación de nuestro Sistema Nacional de Salud y
redujo las diferencias de financiación por habitante entre las
Administraciones gestoras, sino que también introdujo importantes
reformas encaminadas a la racionalización y asignación más eficiente del
gasto sanitario y del control del fraude, cuyos resultados, a diferencia
de otras medidas adoptadas en el pasado, están revirtiendo en el propio
sistema. Todos los ahorros que se han practicado en el Sistema Nacional
de Salud durante los años 1997 y 1998 no han contribuido a la reducción
del déficit público, sino que se han reinvertido en el propio Sistema
Nacional de Salud. Además, en el acuerdo de política fiscal y financiera
del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el nuevo modelo de
financiación de la sanidad, al que estoy haciendo referencia, se
incorporaron incentivos para mejorar la calidad en forma de financiación
adicional a partir del año 2000, que está condicionada, como sus señorías
recuerdan, a que las administraciones gestoras cumplan con determinados
objetivos en la reducción de listas de espera.
Pues bien, el nuevo acuerdo de financiación de la sanidad va a suponer un
aumento de financiación por habitante de 6.000 pesetas. No es una medida
aislada para mejorar la calidad de los servicios públicos. Además, como
sus señorías saben, el Gobierno ha puesto en marcha la utilización de los
medicamentos genéricos, la aplicación de precios de referencia y un mayor
control de las prescripciones; ha acordado con la industria farmacéutica
una reducción de márgenes; ha reducido las listas de espera quirúrgica a
menos de la mitad; y ha llegado a acuerdos importantes para modernizar la
gestión de la sanidad. Un ejemplo es el amplio acuerdo alcanzado en esta
Cámara en la tramitación de la Ley 15/1997, por la que se habilitaban
nuevas formas de gestión del sistema nacional de salud, y ahora,
precisamente sobre la base de ese acuerdo, se incorporan enmiendas en la
ley de Medidas que permitan avanzar en la autonomía de la gestión de los
centros de salud y hospitalarios mediante la creación de fundaciones
públicas sanitarias.
Por lo que respecta a las pensiones, señor Presidente, los presupuestos
para 1999 son también un importante paso en la garantía del sistema de
pensiones desde el punto de vista financiero, pero también desde el de la
mejora del poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno ha acelerado
la puesta en marcha de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en
1999, por primera vez en su historia, la sanidad se financiará totalmente
con recursos públicos de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo
tanto, sin tener que dedicar ni una peseta de las cotizaciones sociales
de trabajadores y empresarios a la financiación de la sanidad, cumpliendo
totalmente, en este aspecto, con lo previsto en el Pacto de Toledo. En
ese sentido, los grupos parlamentarios podrán renovar el Pacto de Toledo
en 1999 en un marco de mucha mayor transparencia y estabilidad financiera
de nuestro sistema de Seguridad Social.
Puede afirmarse en estos momentos, y creo que es algo que se ha dicho por
otras personas y que yo también voy a repetir, que en nuestro país ha
desaparecido la duda sobre el futuro de las pensiones públicas, y creo
que eso es extraordinariamente positivo. Los pensionistas españoles
tienen hoy garantizada la actualización de sus pensiones por ley,
remitida a las Cortes por un gobierno del Partido Popular, continuando
con un acuerdo de todos los grupos del Pacto de Toledo. Pero, además, en
los últimos tres años, como he dicho, se ha ganado más de un punto de
poder adquisitivo como consecuencia de una mejor evolución de los precios
reales sobre los precios previstos, y esto también se producirá en 1998.
Precisamente una enmienda de los grupos parlamentarios a la Ley de
Medidas garantiza una modificación de la Ley de la Seguridad Social para
permitir que las ganancias del poder adquisitivo redunden siempre en
favor de los pensionistas.
También en otro servicio público como es la educación, los Presupuestos
para 1999 tienen un crecimiento claramente superior a la media, es decir,
del 6,5 por ciento, hasta alcanzar un total de un billón 120.000 millones
de pesetas, el incremento más alto desde 1991 en términos reales y dentro
de un contexto claro de descenso de la tasa de natalidad, lo cual nos
permite no sólo tener más
recursos, sino poder aplicar más por alumno. Este aumento va a permitir
la puesta en funcionamiento de 67 nuevos centros, uno cada seis días,
aumentar la plantilla secundaria en 1.310 profesores, potenciar la
enseñanza en inglés en la educación infantil, mejorar la política de
becas y conceder 300.000 ayudas para la adquisición de libros de texto y
material escolar.
Desde el punto de vista de la financiación de las administraciones
territoriales, se ha incorporado en el Senado el acuerdo adoptado por
unanimidad entre la Administración central del Estado y la Federación
Española de Municipios y Provincias para la financiación de las
corporaciones locales entre los años 1999 y 2003, así como las
modificaciones que deben introducirse en el resto de la normativa
contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dichos acuerdos,
que están recogidos, como he dicho, en la ley de Presupuestos Generales
del Estado y en la de Acompañamiento, mediante enmiendas en el Senado,
van a permitir, en primer lugar, la participación de las entidades
locales en los tributos del Estado y otras medidas para adaptar las
operaciones financieras de estas administraciones a los requisitos del
pacto de estabilidad. Para el año 1999, la participación se ha fijado en
un billón 389.000 millones de pesetas, de los cuales 895 se destinarán a
municipios y 493.000 a las provincias. En los restantes años del
quinquenio, la participación evolucionará al ritmo del PIB nominal, a
precios de mercado, si bien no podrá crecer menos que el índice de
precios al consumo a 31 de diciembre de cada año. El mismo acuerdo prevé
que para determinar el índice de evolución se utilizará el primer valor
que fije el Instituto Nacional de Estadística, lo que en la práctica
supone un adelanto en las liquidaciones definitivas para evitar las
tensiones de tesorería que hasta ahora venían produciéndose en algunos
ayuntamientos. Además se establecen tres garantías en beneficio de los
municipios, que son las siguientes: en primer lugar, ningún municipio
tendrá una participación inferior a la de 1998; en segundo lugar, se
garantiza a los municipios de hasta 5.000 habitantes, es decir, a los más
pequeños, una financiación per cápita mínima que asciende a 15.646
pesetas; en tercer lugar, se establece que las liquidaciones definitivas
no podrán producir saldos deudores de las entidades locales --con lo
cual, siempre saldrán beneficiadas--, lo que supone ya para las
liquidaciones de 1997 y de 1998 unos mayores recursos sobre los previstos
de 1.400 millones de pesetas en el año 1997 y de 5.400 millones de
pesetas en 1998.
Además, el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de
Municipios y Provincias representa otros avances importantes en otros
ámbitos de la financiación de las entidades locales. Se les dota de mayor
agilidad en la gestión de sus tasas y tributos; se amplía su capacidad
política al permitirles mayores márgenes para determinar los tipos,
deducciones y exenciones de sus propios tributos, y por último, también
se contempla una mayor participación de las entidades locales en los
fondos europeos. A este respecto, en el Senado se han introducido
enmiendas, a propuesta de la Federación Española de Municipios y
Provincias, a fin de que el reparto de estos fondos sea cada vez más
equitativo.
Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, hay que hacer una
distinción clara entre aquellas que se han adaptado al nuevo modelo de
financiación y las que no. En cualquier caso, en 1999 se consolidará un
modelo de financiación que será claramente favorable a aquellas
Comunidades Autónomas que lo han aceptado, lo que permitirá no sólo un
crecimiento de sus ingresos, sino, además, una capacidad normativa y
política que irá perfeccionando nuestro sistema de corresponsabilidad
fiscal.
Con esto, señor Presidente, llego ya al final de la presentación del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, y a
continuación mencionaré algunas de las cuestiones políticas más
importantes que se han incorporado en el trámite del Senado.
Quisiera decir, señor Presidente, que estos presupuestos para 1999 son
los últimos que elaboraremos para este siglo, pero quiero referirme
especialmente a que su tramitación está teniendo lugar en una nueva
situación económica española, en un nuevo contexto europeo; en una nueva
economía española que puede afianzarse a lo largo de los próximos años
como una de las economías europeas más dinámicas y con una transformación
más intensa de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de sus
oportunidades; con un sector público que, de tamaño más reducido y mucho
más saneado, puede jugar un papel distinto y mucho más positivo en la
vida de los ciudadanos al dedicarse cada vez mayor cantidad de recursos a
determinadas políticas con las que se verán beneficiados como, por
ejemplo, la de estabilidad y reducción del déficit público, que hoy nos
permite gastar menos dinero en intereses y más en sanidad y en pensiones.
En ese sentido, señor Presidente, avanzamos en ese cambio del papel del
sector público en nuestra economía. Desde el punto de vista del empleo y
del crecimiento, nuestra economía se afianza cada vez más como una
economía basada en la capacidad emprendedora del sector privado, y al
mismo tiempo, el sector público, con mayores capacidades y menores costes
financieros, puede jugar papeles de modernización proporcionando igualdad
de oportunidades a los ciudadanos, aspecto que hasta ahora no había sido
capaz de realizar. Por otra parte, la crisis internacional nos está
permitiendo comprobar la resistencia y la flexibilidad de la economía
española, y también nos está permitiendo jugar un papel distinto en el
contexto de las economías industriales.
Señor Presidente, creo que todos estos son datos positivos que en ningún
caso pueden hacer pensar que España se encuentra en el final de un
proceso, sino, por el contrario, en el principio. Durante muchos años,
más de una generación, los españoles y los distintos gobiernos, las
fuerzas sociales y económicas y el conjunto de la sociedad han luchado
para que España estuviera en una posición similar a aquella en que se
encuentra hoy. A partir de ahora se abren oportunidades nuevas dentro de
un contexto internacional distinto en el que España hoy puede aprovechar
las diferencias y las ventajas que tiene desde
el punto de vista de los costes, de la flexibilidad o de la capacidad de
crecimiento.
Por todo ello, señor Presidente, creo que los presupuestos para 1999 hay
que contemplarlos, no sólo en sus cifras concretas, que desde luego; no
sólo en el reparto de gastos y de esfuerzos que realizan, que desde
luego; no sólo en la contribución inmediata que van a producir en la
reducción del déficit público o de la estabilidad macroeconómica, que
también, sino asimismo como un proceso continuado de cambio de nuestra
política económica.
Durante el próximo año, 1999, la economía española se diferenciará de
otras economías europeas, no porque vaya a ser más lenta, más inestable o
más inflexible, sino precisamente porque será una economía con menos
déficit público que las de muchos de nuestros socios europeos, con una
similar tasa de inflación, pero claramente con una mayor capacidad de
crecimiento y empleo.
Al final, señor Presidente, creo que esos son los objetivos que todos los
grupos parlamentarios han buscado y buscan en los presupuestos, y en ese
sentido pienso que el Gobierno puede pedir con un cierto grado de
seguridad el respaldo de la Cámara para esta ley de presupuestos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos vetos: uno al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 y otro al
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Octavio Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista en este
turno va a efectuar la defensa de los vetos al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999 y a la Ley de Medidas que
acompañan al Presupuesto, haciendo a la vez un turno en contra, un veto
al proyecto que se presentó ante el Congreso de los Diputados en el mes
de septiembre y al proyecto que es, al que en estos momentos estamos
comenzando a discutir.
La primera cuestión sobre la que quiero llamar la atención a sus señorías
es sobre la especificidad concreta que tiene el trámite de la Ley de
presupuestos en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de presupuestos es
una ley cuya iniciativa legislativa compete en exclusiva, según la
Constitución, al Gobierno. Tiene un espacio reservado en la Constitución
a su tramitación en cuanto al período de tiempo, a la posibilidad de
presentar enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios y goza de
numerosas especialidades en lo que es la tramitación de los presupuestos
que se han ido incorporando al proyecto de ley de medidas; pero
fundamentalmente tiene una misión constitucional específica, consistente
en estimar los ingresos y los gastos necesarios para que el Ejecutivo
haga política por mandato de las Cortes Generales y también derivado,
acompañado de la Ley de acompañamiento --y valga la redundancia-- de
aquellas medidas conectadas con el presupuesto que son necesarias para
instrumentar la política de ingresos y gastos que compone el presupuesto.
Lo primero que tenemos que señalar aquí, el año en que se cumple el
vigésimo aniversario de la Constitución, es cuál es el sentido
democrático que tiene la tramitación del proyecto de ley de presupuestos.
De acuerdo con nuestra Constitución, los Reglamentos de las Cámaras
establecen que los proyectos de ley se tramitan en Ponencia, en Comisión
y en Pleno, primero en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado.
Se hace así no solamente para garantizar la seguridad jurídica, sino
también para posibilitar el acercamiento entre los grupos parlamentarios
que dé solvencia y estabilidad a las normas jurídicas. Cuando se habla de
estabilidad de una política económica también es importante que esa
estabilidad se base en el consenso que las decisiones de esa política
económica vayan a conseguir en el Pleno de las Cámaras.
Y con esto ser así, nos encontramos con un abuso auténtico de los
Reglamentos de las Cámaras que ha permitido la constante tramitación, a
través de su presentación como enmiendas en el Senado, de numerosas
modificaciones legislativas que no estaban en modo alguno contempladas en
el proyecto que el Gobierno envía a las Cámaras.
Este batiburrillo de enmiendas ha llegado este año a su más perfecta
expresión. Hemos entrado, sin duda, en el «Libro Guinness» de los récords
de la tramitación presupuestaria, porque en ningún país se acepta que una
sola norma, tramitada en veinte días en esta Cámara y a través de su fase
de enmiendas, modifique un total de sesenta leyes, que son las
modificadas por la Ley de medidas.
Pero con ser esto grave, no es lo más grave. El problema es el contenido
material de dichas enmiendas, y podemos agruparlas en diferentes partes.
Un primer bloque de enmiendas, que no tendrían desperdicio, serían las
enmiendas de fe de erratas, enmiendas por las que podemos descubrir que
leyes aprobadas por esta Cámara hace bien pocos días, deben ser
corregidas porque si no las dudas de interpretación son tales que no se
sabe lo que quieren decir. En algunos casos, como la Ley de servicio
postal, para conseguir que el texto se adecue a las defectivas
comunitarias, porque al parecer no lo hacía; en otros casos porque
podrían derivarse posibles inseguridades jurídicas; en los de más allá,
porque la regulación propuesta por el Gobierno vulneraría principios
generales, y estoy leyendo literalmente las justificaciones de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de
medidas en su tramitación en esta Cámara. A veces se modifican normas de
imposible cumplimiento, como es
aquella que establecía que debían relacionarse las enfermedades
declarativas de incapacidad en el texto de la Ley de reforma de la
Seguridad Social, aprobado en el año 1997; en otros casos, decisiones
adoptadas con el voto a favor de diputados del Partido Popular en el
Congreso son corregidas porque --y leo literalmente-- tendrían un alto
coste para el Tesoro e interferirían en la racionalidad económica. Este
primer grupo de enmiendas, que denominaríamos enmiendas de fe de erratas,
son del Partido Popular destinadas presumiblemente a corregir textos
elaborados por «Pepe Gotera y Otilio».
Un segundo bloque de enmiendas, que no se corresponden con esta fe de
erratas, son las que podríamos englobar en lo que se podría denominar el
interés general. Así, por ejemplo, nos enteramos de que es necesario
modificar la Ley de patrimonio histórico porque se ha comunicado por
ciertos particulares la posibilidad de sacar definitivamente colecciones
de obras de arte fuera de España, si no se cambia la Ley, para que no
pierdan valor. Esto lo dice también una justificación de una enmienda del
Grupo Popular. La Ley de Cámaras se modifica porque el Presidente del
Consejo de Cámaras quiere modificarlo e introducir algunas personas en el
mismo o, en el colmo de los colmos, modificamos la Ley de Sociedades
Anónimas, a través de una reforma de la Ley del Mercado de Valores, a su
vez reformada a los pocos días de haberse aprobado en la Cámara, porque
en su día dijimos que, para que algunas sociedades pudieran pagar un
dividiendo, era necesario que tuvieran dilatado el plazo de amortización
de su fondo de comercio. Como dicha sociedad --porque ya es en singular--
no ha pagado dividendos y además ha hecho público que no lo va a pagar
los próximos años, ahora volvemos a modificar la ley para que tenga un
amparo legal para esa decisión del consejo de administración, y cuando
los socialistas vengan a reclamar su dividendo se les diga que hay una
imposibilidad legal, establecida por las Cortes Generales, para pagar
dividendos si se ha optado por la dilatación del plazo de amortización
del fondo de comercio. Y es que, al parecer, hay algunos empresarios de
este país que no solamente juegan al paddle con el Presidente del
Gobierno, sino que juegan al paddle con los preceptos que aprobamos en
estas Cámaras. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)
Pero, con ser todo esto gravísimo, lo más grave es lo que sucede a
continuación. Señoras y señores Senadores del Partido Popular, ustedes
que popularizaron la expresión «rodillo» para referirse al modo que tenía
el Partido Socialista de ejercer la democracia, nos prometen ahora no ya
un rodillo, sino una forma de ejercer los reglamentos de las Cámaras que
va en contra de nuestras funciones constitucionales, a juicio de los
Senadores socialistas. Porque si ya es desagradable convertirnos
permanentemente en fe de erratas de nosotros mismos, porque demuestra lo
mal que hacemos las cosas, si todavía es mucho más desagradable dar carta
de naturaleza, en leyes aprobadas por el Parlamento español, a preceptos
inspirados directamente por «lobbies» o grupos de presión, ya no es, a
nuestro juicio, decoroso forzarnos a adoptar decisiones de una
importancia económica indudable, sin tener el tiempo material para
conocerlas en detalle, forzando además las reservas constitucionales
establecidas para la ley de presupuestos y para la ley de medidas, tanto
en la Constitución como en los reglamentos de las Cámaras.
Tal sucede, a nuestro juicio, con una primera pretensión, que es la del
Ministerio de Sanidad de hacer encomiendas de gestión a diversas
fundaciones sanitarias públicas, disgregando nuestro sistema de salud en
sistemas de gestión enfrentados en un mercado interno. Esta decisión
obedece a un fracaso muy claro y muy concreto, el fracaso de la política
sanitaria del Partido Popular. Ustedes nos prometieron aquí, en el debate
del presupuesto de 1998, que iba a disminuir el gasto de farmacia --un 2
por ciento, nos decían en las cifras del presupuesto-- y el gasto de
farmacia se ha incrementado en un 9 por ciento; nos prometieron que
disminuiría las incapacidades transitorias, y las incapacidades
transitorias se están comportando, en el año 1998, de la misma manera que
se comportaban en el año 1997; han acabado ya de maquillar las listas de
espera, impidiendo que la gente entre en ellas. Por tanto, han acabado ya
de conseguir las mejoras de gestión que ustedes se propusieron y, ahora,
quieren obtener las rentabilidades que no obtuvieron con estas mejoras a
través de una nueva figura; una nueva figura inspirada directamente en la
experiencia de la amiga del General Pinochet, cuando fue Primera Ministra
del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Pero tengo que
decirle al señor Aznar --que presume de ser amigo del señor Blair-- que
la experiencia de la señora Thatcher fue despachada por el Libro Blanco
sobre sanidad del Partido Laborista con un título tan rotundo como
evidente: «Desechar lo que ha fracasado». Según los laboristas ingleses,
la experiencia de la señora Thatcher fragmentó el Sistema Nacional de
Salud inglés; creó más problemas que los que resolvía; creó la
competencia por los pacientes y, con ello, injusticias; obligó a las
organizaciones del sistema a competir entre sí, cuando hubiera sido mucho
mejor cooperar; elevó los costes administrativos a niveles insostenibles,
como, por cierto, ya está sucediendo en algún hospital gestionado por
fundación en España, y obligó a los centros a competir, cuando deberían
de integrar sus funciones.
Los socialistas creemos en la autonomía y en la mayor eficiencia de los
centros sanitarios, pero les advertimos muy claramente que la autonomía
en los sistemas comunitarios gestionados por la Administración pública no
depende únicamente de indicadores económicos, no es más eficaz un
profesor que tiene más alumnos en clase o un médico que ve más pacientes
en una hora de consulta en un centro de salud. La eficiencia no puede
medirse con esos indicadores económicos, sólo hay una manera real de
medir la eficiencia de un sistema: la satisfacción de los usuarios y el
control por parte de la comunidad y por parte del Parlamento de lo que el
sistema hace y de cómo funciona. Este control es, precisamente, el que
intenta eliminar el sistema de fundaciones públicas sanitarias. Lo que
intenta conseguir es rentabilidades: rentabilidad en las compras,
rentabilidad en la política de personal, etcétera;
rentabilidades, convirtiendo en mercado interno lo que debiera ser un
sistema integrado de salud. Pero, además, como todo esto es una chapuza,
se ha cometido otra chapuza más, y es que se denomina a estos entes
públicos de gestión, que no son entes públicos, como fundaciones, sin
serlo, sin caer en la cuenta de que el artículo tercero de la Ley de
Fundaciones, aprobada por esta Cámara en el año 1994 y todavía no
modificado, dice literalmente que sólo las entidades inscritas en el
Registro de Fundaciones podrán utilizar la denominación de fundación. Es
decir, tenemos unas fundaciones que no lo son, tenemos unos entes
públicos que no lo son, copiamos la peor de las experiencias sanitarias
de la que tenemos conocimiento en la Europa de los años ochenta y
noventa, confundimos autonomía con competencia, descontrol público con
eficacia y disgregación con eficiencia, y esto ni es autonomía, ni es
eficacia, ni es eficiencia, sino puro descontrol. Y a esto tenemos que
decir literalmente que no y que, además, han vulnerado sus obligaciones
constitucionales por no consultar a los agentes económicos y sociales, el
Consejo de Administración del Insalud y los sectores afectados de la
profesión, que están rechazando absolutamente y por unanimidad todo este
tipo de medidas que no van a ninguna parte.
Pero si las fundaciones públicas sanitarias son un ejemplo de
despropósito, qué no podríamos decir de la denominada titulización de los
costes transitorios de la competencia del Sistema Eléctrico Nacional.
En el año 1997 el Gobierno se propone impulsar la competencia en el
sector eléctrico, en un objetivo que nosotros, los Socialistas,
compartimos; para frenar las resistencias de las compañías define una
horquilla variable de costes de transición a la competencia, que cabría
mejor denominar como ayudas variables a las inversiones que realizaron
estas compañías en una época de monopolio. Lo hace y las compañías
inicialmente están satisfechas; y lo hace, además, en un ámbito en el que
ya muchos, y no solamente los Socialistas, sino muchos analistas
financieros y consumidores, pensaban que lo que se estaba retribuyendo a
las compañías era mucho mayor que los costes de transición que iban a
soportar las propias compañías.
Y ahora nos encontramos con que, sin que exista competencia, sin que
sepamos si la competencia en el sector eléctrico va a ser real o virtual,
sin que en modo alguno conozcamos los costes a la transición de esa
competencia, convertimos la expectativa de las compañías eléctricas en
una retribución fija, que van a pagar en forma de tarifa, el 4,5 por
ciento, todos los consumidores de este país, empresas y consumidores
particulares.
En el derecho español --y es una norma de la que nos hemos servido los
legisladores con mucha frecuencia y muy consolidada por la doctrina del
Tribunal Constitucional-- se ha distinguido siempre entre los derechos
adquiridos y las expectativas de derecho, lo que ha permitido al
legislador modificar las relaciones de determinadas corporaciones
profesionales, la política de pensiones, la política económica en muchas
y diversas actividades.
Con esta disposición estamos generando un precedente peligrosísimo, no ya
porque estemos confundiendo una expectativa de derecho con un derecho
adquirido, sino porque estamos convirtiendo en un derecho adquirido de
las compañías eléctricas lo que es una mera compensación por una
expectativa de perjuicio, sin saber si éste va a ser real y sin saber
cuál va a ser el coste que le vamos a retribuir por anticipado.
Y nada importa que esta decisión cuente con el enfrentamiento claro de
las organizaciones de consumidores, de la mayor parte de las Comunidades
Autónomas representadas en la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, de
todos y cada uno de los grandes consumidores de este país. Nada importa
que plantee reparos la COSEN, la Comisión Europea, los grupos
parlamentarios de la oposición, porque este es un compromiso del Gobierno
con un sector del empresariado. En este sentido es ese sector del
empresariado el que ha traído aquí la enmienda. Esta mañana decía el
señor Ministro de Economía y Hacienda que ahora podemos discutir
enmiendas planteadas por los grupos. El Grupo Parlamentario Popular firma
la enmienda, pero ¿quién la ha redactado? La ha redactado una consultoría
por encargo de la Confederación de las Organizaciones del Sector. Las
coincidencias del texto son absolutamente evidentes. Pero hoy por hoy
desconocemos en modo alguno por qué se está aplicando esta política. Hoy
mismo un medio de comunicación dice que la titulización es una exigencia
que han planteado las compañías para aceptar la rebaja de tarifas, la
cual es muy insuficiente y, desde luego, mucho más pequeña que la
inicialmente planteada cuando se discutió la Ley del Sector Eléctrico.
Pero hay otro medio de comunicación que compromete el apoyo de un grupo
parlamentario --para qué ocultarlo--, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, diciendo que éste ha conseguido
arrancar a cambio de su apoyo a esta medida, el compromiso de que el
Gobierno va a modificar la distribución de costes y beneficios operada
entre las diferentes compañías para beneficiar a dos en detrimento de las
demás.
¿Qué estamos haciendo aquí, señorías? En las últimas semanas el Ministro
de Economía ha llegado a decir que esta norma no va entrar en aplicación
de manera inmediata porque va a tener que ser discutida con la Comisión
Europea.
¿Por qué necesitamos nosotros veinte días para discutir esta propuesta de
enmienda y la Comisión Europea va a discutir esta propuesta tres meses?
¿En qué es menos el Parlamento español que la Comisión Europea? Pero
imaginemos más. Imaginemos que la Comisión Europea y el Gobierno pactan
modificaciones a lo que ustedes van a votar --porque nosotros vamos a
votar que no--. ¿En qué lugar quedamos nosotros? ¿En qué lugar quedamos
en un proceso en el que el redactor de las propuestas es una consultoría
por encargo de un «lobby»? El transmisor: el Gobierno; el que puede
plantear enmiendas: la Comisión Europea, porque aquí nada vamos a
enmendar de lo que han decidido previamente en los despachos de las
compañías eléctricas; en cuanto a los plazos, tampoco son modificables.
Al final, esta disposición verá carta de naturaleza en función de lo que
decida
la Comisión Europea y no en función de lo que decida el Parlamento
español.
Este enorme despropósito sólo tiene una posible solución. Y es que
ustedes retiren este texto, presenten un proyecto de ley específico para
su tramitación por la Cámara, negocien en paralelo con la Comisión
Europea y, si es su voluntad, el acuerdo con la Comisión Europea
conviértanlo en proyecto de ley. De lo contrario, este Parlamento pierde
incluso el decoro, porque se va a convertir en amanuense de los dictados
de un «lobby», con el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular por
medio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Si este es el debate del presupuesto que nos llega, nos queda el debate
del presupuesto que se presentó. Esta mañana el Ministro de Economía
hacía una magnífica relación de la situación de bonanza económica, que
podía haber suscrito cualquiera de los ministros de economía de la Unión
Europea o de países de nuestro entorno. Es verdad. En el tercer trimestre
los crecimientos del producto interior bruto han sido en todos estos
países importantes. La inflación se está controlando hasta el punto de
que algunos países hablan ya de deflación, por cierto mejor que nosotros.
Todos los países de la Unión Económica y Monetaria han acordado la
reducción conjunta y en paralelo de sus tipos de interés, incluso algunos
que no han llegado a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
están reduciendo sus tipos de interés. Y en muchos países, no sólo en
España, se conocen tasas de ocupación históricas, superiores a las de los
últimos 30 años. Por cierto, que la economía española está creando
puestos de trabajo a un ritmo del tres por ciento en términos de
población activa ocupada desde la reforma laboral del año 1994; tampoco
es una novedad. El proceso se inició bastante antes de marzo de 1996.
Sin embargo, hay algunos elementos preocupantes. La palabra volatilidad
se está enseñoreando de los mercados, y hay bajas bursátiles importantes.
Existen incertidumbres en cuanto al ritmo de nuestras exportaciones. Los
organismos internacionales han reducido a la baja nuestras previsiones de
crecimiento y por el lado de los gastos algunos créditos extraordinarios
que van a tener que ser abordados el año que viene comprometen nuestra
capacidad de contención del gasto. Tampoco parece que vayan muy bien
nuestras expectativas en cuanto a los créditos comunitarios, --los
retornos que obtiene España de su participación en las instituciones
europeas--, lo cual es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que
España recibe de la Unión Europea más de lo que invierte el Estado en un
año. Nuestro saldo acreedor es el que de alguna manera mantiene nuestra
ya menguada capacidad de inversión.
Todo esto con un Presidente de Gobierno que habría que decir que ha
pasado de descalificar de manera un tanto altanera las peticiones y las
negociaciones de su antecesor a intentar, casi diría desesperadamente,
que los únicos cambios que se operen en la Unión Europea estén inspirados
por el barón de Lampedusa, aquél que decía que tiene que cambiar algo
para que no cambie nada. El señor Aznar, como en el chiste, peregrina por
Europa diciendo aquello de: Virgencita, Virgencita, que me quede como
estoy. Y si no tenemos especiales elementos de preocupación desde el
punto de vista de la situación económica internacional porque Europa ha
resultado ser un bastión muy eficaz contra la crisis del Extremo Oriente,
tenemos estos elementos particulares que en la situación española
aconseja una determinada prudencia.
A nuestro juicio, el presupuesto debía ser el elemento que inspirara
confianza y que contribuyera a despejar las incertidumbres.
Lamentablemente, este presupuesto no lo va a hacer, porque ustedes han
realizado una determinada opción en política económica. El año pasado el
Presidente Clinton daba explicaciones del primer año que cerraban los
Estados Unidos con superávit fiscal en los últimos años de su historia.
Decía: Es un buen año; y hacía una cita literal que me interesa
transcribir: Después de haber conseguido este superávit algunos nos dicen
que ha llegado la hora de bajar el Impuesto sobre la Renta. Yo diría que
ha llegado la hora de consolidar nuestro sistema de pensiones.
Ustedes han mantenido la opción de los republicanos americanos, no
solamente en política económica --a veces también les gustan los
jueces--, y han preferido bajar los impuestos. Hasta tal punto han
preferido bajarlos que, de alguna manera, esa bajada servirá para paliar
los incrementos de ingresos que se han obtenido en los últimos años por
la vía de incremento de impuestos indirectos y de tasas. Pero, en todo
caso, van a bajar los ingresos del Estado, y es verdad que en 1999 van a
bajar y se prevé que sean menores que los del año 1998, porque, además,
se acabaron ya las privatizaciones y los ingresos que por la vía de los
Capítulos Impuestos de Sociedades, Ingresos Patrimoniales allegaban las
privatizaciones al presupuesto del Estado.
¿Cómo podemos hacer para mantener la reducción del déficit público
bajando los ingresos? Porque, además, no vamos a obtener mayores ingresos
del fraude fiscal; la Agencia Tributaria está como está, parece el
camarote de los hermanos Marx. Ustedes un año nos dicen que hay que
refundir los cuerpos de Inspección, otro que hay que desagregar los
cuerpos de Subinspectores. Hoy es el día en el que todavía no sabemos
cuál va a ser la redacción definitiva de las enmiendas sobre la Agencia
Tributaria que ustedes nos plantean; no sabemos si vamos a tener una o 17
Agencias Tributarias de las diferentes Comunidades Autónomas y lo único
que sabemos es que se están relajando --por decirlo de una manera suave--
las comprobaciones sobre el fraude, es decir, que se están relajando las
comprobaciones sobre las declaraciones de los contribuyentes; eso sí,
pagamos antes que nadie, incluso antes de saber si lo que nos reclaman
está bien o mal pagado. Pero los ingresos del Estado van a bajar.
¿Cómo soportamos esta bajada de los ingresos del Estado? Se podrá decir:
gracias a la contención del gasto corriente. Señores, no es así. El
Capítulo de personal crece en los Presupuestos del Estado el 1,7 por
ciento. Se podrá decir: un crecimiento muy moderado. Si tenemos en cuenta
que las Comunidades de Aragón, Baleares y La
Rioja han visto traspasarse sus servicios educativos y que éstos suponen
un poquito más del 3 por ciento del Capítulo I de personal de los
Presupuestos del Estado, el 1,7 se convierte en un más de un 4, lo cual
tiene mucho mérito, porque un año en el que los salarios de los
funcionarios crecen al 1,8, el hecho de que el Capítulo de personal de
los Presupuestos del Estado crezca al 4,8 sin incrementar las plantillas
demuestra muy bien que aquello de los 5.000 altos cargos, etcétera, se
quedó en lo que se quedó, que fue en complementos de productividad
específicos para determinados colectivos, categorías y, a veces,
funcionarios concretos.
El Capítulo de gastos corrientes baja en los Presupuestos, porque en la
realidad no bajará. En los años 1997 y 1998 nos gastamos 100.000 millones
más de lo presupuestado en gastos corrientes, y lo seguiremos haciendo en
1999, entre otras cosas, porque se esconde gasto. El presupuesto de la
propia Agencia Tributaria, por no ir más lejos, es un ejemplo de cómo se
han deflactado las previsiones de gasto hasta tal punto que el actual
presupuesto que ustedes van a votar no serviría ni para pagar las nóminas
del personal que ocupa la Agencia.
Por lo tanto, por mucho que nos empeñemos en pintar más bajas las cifras
del Capítulo de gasto corriente, no quiere decir que hayamos demostrado
que somos capaces de controlar el crecimiento del gasto corriente 100.000
millones más cada año.
La reducción del gasto público se opera fundamentalmente sobre tres
componentes del Presupuesto; en primer lugar, sobre la financiación
autonómica. Ustedes han colgado de la percha de la reforma del Impuesto
sobre la Renta una reforma de la financiación autonómica desde el mismo
día en que entró en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica:
desde 1.º de enero de 1997. Modifican el sistema porque el sistema
quebró; en la práctica, el sistema está quebrado. Vinculan los ingresos
de las Comunidades a un impuesto que cada vez recauda menos y las
Comunidades cada vez tienen que gastar más. Para evitarlo, ustedes hacen
tres cosas. En primer lugar, incrementan la tarifa que se cede a las
Comunidades Autónomas --67.000 millones más que no están en el estado de
gastos del Presupuesto--; garantizan que los ingresos de las Comunidades
subirán lo mismo que el producto interior bruto en términos nominales
--73.000 millones más que tampoco están en el Presupuesto--, y anticipan
parte de la liquidación del año 1999 que se realizará en el 2001 en los
Presupuestos de 1999 --45.000 millones más que no están en los
Presupuestos--. En total, 186.000 millones de pesetas fuera de los
estados de gastos para conseguir que el señor Rato pueda decir que las
Comunidades que rechazaron el modelo son Comunidades que se han visto
perjudicadas. Por supuesto que se han visto perjudicadas por los 186.000
millones, porque no van a ver un duro de esta cantidad. Pero tampoco hay
un duro de estos 186.000 millones, que son gasto público efectivo de los
estados de gastos del Presupuesto.
Hemos cambiado las reglas del juego, hemos cambiado las reglas de la
partida, empezamos a jugar de una manera y las cambiaremos las veces que
haga falta para conseguir que un sistema que era malo no se convierta en
uno peor. Y lo hacemos a costa del gasto público, pero eso sí, escondido
el déficit para que no figure en el presupuesto.
El segundo de los grandes elementos de contención del déficit público que
nos propone los presupuestos es el desastre de la inversión pública en
este país. La inversión pública en España en términos de empleo de
capital y de formación bruta de capital fijo será más baja en 1999 que en
1995. Pero es que, además, esta es la inversión que se prevé en el
presupuesto, pero vamos a hablar de cómo va la inversión en el año 1998.
Teóricamente en el año 1998 la inversión iba a subir un 9 por ciento,
igual que en 1999, en la práctica, a 30 de octubre, las obligaciones
reconocidas por el Capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado,
Inversiones reales, eran más bajas en el año 1998 que en el año 1997. Y
en los años 1997 y 1998 ya suponían una caída del 40 por ciento sobre el
año 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, le pediría que
terminara cuanto antes.
El señor GRANADO MARTINEZ: Voy terminando, señor Presidente.
La formación bruta de capital fijo baja el 14 por ciento a fecha 30 de
octubre de este año. Con esta disminución de gastos en la inversión
pública es imposible que este país convierta su crecimiento en desarrollo
de manera sostenida. Es posible que lo haga a corto plazo, pero no es
posible a medio y largo plazo.
El tercer elemento de contención del gasto público de los presupuestos, y
el último al que puedo hacer referencia en esta intervención, es la
política de protección social. En el año 1995 las aportaciones del Estado
a los gastos de protección social eran el 5,6 por ciento del producto
interior bruto; en el año 1999 será el 5,1 por ciento. Han subido un 14
por ciento en cuatro años en los que el producto interior bruto ha subido
un 25. Y lo han hecho porque ustedes, al contrario que nosotros, y ese si
es un elemento difererencial de la actual época de reactivación de la
economía española, ni invierten más ni gastan más en protección social.
Cuando nosotros pusimos en marcha la Ley de Pensiones no contributivas, o
los complementos para cónyuges de las pensiones de la Seguridad Social, o
garantizamos que todos los pensionistas con la pensión mínima tuvieran 14
pagas --porque esto no existía cuando llegamos los socialistas al
Gobierno, sino unas pensiones asistenciales de 5.500 pesetas--, lo
hicimos en los años en que se podía disminuir la aportación al desempleo.
Ustedes han hecho desaparecer prácticamente de los presupuestos las
aportaciones al desempleo y no han mejorado en nada nuestro sistema de
protección social, con una situación preocupante porque se están
cumpliendo las previsiones de la Seguridad Social a base de que cada año
haya 400.000 o 500.000 cotizantes nuevos. ¿Qué va a suceder el año en que
no tengamos ese número de cotizantes nuevos? Estamos haciendo depender
las políticas de protección social
únicamente de las cotizaciones y, lo que es peor, las políticas de
incentivos al empleo.
El empleo en España se comporta bien, pero el elemento que hace más
difícil la creación de empleo en nuestro país es el alto coste de las
cotizaciones sociales. Y ustedes, que han bajado la imposición sobre los
beneficios empresariales, no solamente no bajan las cotizaciones
sociales, sino que las hacen subir, o diciéndolo en dos palabras: ustedes
cobran menos impuestos a la empresa que tiene menos trabajadores y más
impuestos a la empresa que tiene más trabajadores. Así no vamos a generar
empleo y, lo que es peor, cuando entremos en la fase recesiva del ciclo
económico lo que nos sucederá será, pura y simplemente, que ajustaremos
costes de las empresas como lo han hecho siempre los empresarios en este
país: despidiendo trabajadores.
En conclusión, estos presupuestos suponen el reconocimiento de un cierto
éxito, el éxito de una situación económica común en los países de nuestro
entorno, común en la Europa comunitaria, común en el norte de América,
pero suponen también el reconocimiento de muchos fracasos. Hay una
política fracasada de reforma de la Administración pública, que el
Gobierno no es capaz de hacer y, por tanto, supone su incapacidad para
controlar el Capítulo de personal de los Presupuestos Generales del
Estado. Hay un fracaso evidente del sistema de financiación autonómica,
que vamos a cambiar de tal manera que se parezca como un huevo a una
castaña al sistema anterior en estos presupuestos. Hay un fracaso en la
política sanitaria que nos obliga a extraer rentabilidades donde no las
hay, porque hemos sido incapaces de controlar el gasto farmacéutico y de
hacer que no tengamos que gastar cada vez más dinero en conciertos con el
sistema privado porque el sistema público no es capaz de atender las
necesidades de los ciudadanos. Hay un fracaso evidente del cumplimiento
del Pacto de Toledo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, vaya terminando.
El señor GRANADO MARTINEZ: Medio minuto, señor Presidente.
La fiscalidad general no va a mantener ya las prestaciones no
contributivas del sistema. La fiscalidad general es cada vez menor y son
las cotizaciones de trabajadores y empresarios las que sostienen las
prestaciones no contributivas del sistema.
Y hay un último fracaso, señoras y señores Senadores del Partido Popular:
el fracaso de esta Cámara, que es utilizada de manera, a nuestro juicio,
sumamente indecorosa para dictar en el «Boletín Oficial del Estado» las
normas legales que se elaboran en los despachos de los «lobbies».
Nosotros, los Senadores socialistas, no estamos dispuestos a que esto sea
así. Además, nos parece que hacerlo en la tramitación de los
presupuestos, tal como se ha venido haciendo con enmiendas de última
hora, es una burla a la Cámara. Por eso, les anunciamos ya que llevaremos
el tema al Tribunal Constitucional, para que éste dictamine --y puedan
conocerlo además todas las personas interesadas-- si realmente esto es
una manera de gobernar España o es una manera de ser gobernados aun
estando en el Gobierno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Los turnos en contra se harán
conjuntamente al final de todas las propuestas de veto.
Hay una propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, otra propuesta
de veto del Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa Serra y una
tercera propuesta de veto del señor Román Clemente.
Quizás por exclusión, el del Grupo Parlamentario Mixto debe corresponder
a la Senadora De Boneta y Piedra. (Un señor Senador: No quiere dar la
cara.)
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenía entendido, según me había comunicado mi portavoz, que mi veto iba a
ser el último en debatirse. En modo alguno esta especie de espera para
ver cómo comenzaba el debate respondía a no querer dar la cara, como se
ha oído por algún lado.
Sabe su señoría que los Senadores del Grupo Parlamentario Mixto --y esta
Senadora, en representación de Eusko Alkartasuna, con mejor o peor
fortuna, pero siempre intentando plantear razonamientos constructivos y
una política constructiva-- dan la cara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría sabe que todo lo bueno
se hace esperar.
Puede usted empezar su discurso.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
El veto que Eusko Alkartasuna plantea a los Presupuestos Generales del
Estado responde, en todo caso, a la misma razón por la que en años
anteriores ha venido presentando un veto a los Presupuestos Generales del
Estado.
Una vez más, en estos presupuestos se están contemplando dotaciones
correspondientes a competencias que por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre, esto es, el Estatuto de Guernika, el Estatuto de Autonomía del
País Vasco, deberían estar ya desde hace 19 años entre las competencias
de la Comunidad Autónoma Vasca, algunas de las cuales --hay más de 40 por
transferir--, especialmente sensibles, especialmente importantes para el
autogobierno, justificarían por sí solas el veto que esta Senadora
presenta ante sus señorías.
Me estoy refiriendo una vez más a la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social --artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco--, a la investigación científica y técnica, que se contempla en el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en coordinación,
eso sí, con la del Estado --y con la de quien haga falta, puesto que hoy
todos sabemos que investigar no es cosa de un reducto--. En todo caso, la
competencia
debe estar donde debe estar y sigue estando donde no debe estar.
Hay aspectos importantes, como toda la política de promoción y gestión
del empleo, formación profesional, etcétera --estoy hablando nada más que
de las competencias más importantes para el bienestar de los ciudadanos,
en este caso de los ciudadanos vascos-- que siguen residenciadas y
dotadas en estos Presupuestos Generales del Estado. Sólo esto sería
suficiente para mantener un veto de carácter y de aspecto totalmente
político.
No vamos a detenernos ahí. Vamos a plantear algunas otras cuestiones por
las cuales creemos que éste no es un presupuesto adecuado para el momento
económico que vivimos, que éste no es un presupuesto progresista, que
éste no en un presupuesto social, que no ayuda a mejorar las condiciones
de vida de los más desfavorecidos, que éste es un presupuesto, en
definitiva, que no mejora el bienestar social y la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Voy a dar sólo unos pocos
datos.
Señor Presidente, me gustaría que tomase nota de que en este turno voy a
defender también los vetos a las secciones que esta Senadora, por razones
políticas y competenciales, tiene planteados: veto a la Sección 60
Seguridad Social, al Programa 542, a la función 54 que es investigación
científica y técnica, a lo que se refiere al INEM y también a algunas
cuestiones relacionadas con supresiones que hacemos en partidas concretas
en algunos departamentos como el de defensa, en materia de fondos
reservados, o el planteamiento --que una vez más no se contempla ni
siquiera de lejos-- de un acercamiento a la solidaridad necesaria para
que se contemple ese 0,7 por ciento en materia de cooperación que año
tras año venimos pidiendo; todas estas cuestiones que son de índole
política general quedarán defendidas por mi parte en esta enmienda de
veto a la totalidad del presupuesto.
Aparte de estas razones políticas a las que me he referido, hay razones
de fondo. Por ejemplo, cuando vetamos una sección del presupuesto y
hacemos desaparecer el Programa 542 a), que es el de investigación, nadie
puede pensar que somos tan inconscientes que no nos damos cuenta de que
la investigación es el motor del desarrollo de un país, que el I+D es lo
más importante en la vida de un país, que la innovación redunda en
bienestar. Como he dicho antes, creemos que eso tenía que estar en los
presupuestos del País Vasco. Además, pensamos que estos presupuestos
hacen un escasísimo esfuerzo en materia de investigación. Cuando se dice
que en el Programa correspondiente a investigación hay un presupuesto con
una cantidad muy cercana al 1 por ciento del PIB --por otra parte, muy
alejado del 2 o el 3 por ciento de los países de nuestro entorno--,
cuando se habla de un aumento importantísimo en materia de investigación,
cuando se habla de un aumento del 46,8 por ciento en relación a los
presupuestos del año pasado, podríamos pensar que efectivamente no
estamos muy bien si nos comparamos con los países de nuestro entorno,
pero hemos mejorado mucho en relación a anteriores presupuestos.
Señorías, no voy a citar fuentes propias, fuentes del Gobierno vasco,
fuentes de nuestro Partido, ninguna fuente «casera», El otro día escuché
al profesor Fuentes Quintana, que no creo que sea de Eusko Alkartasuna,
en los «Desayunos de Radio 1». El profesor Fuentes Quintana hablaba del
impacto destinado a I+D en estos presupuestos, si descontábamos lo
destinado a defensa. Ustedes me dirán que los avances en defensa han
provocado avances importantes en otras cuestiones aplicables a la vida
diaria de los ciudadanos, sin embargo el presupuesto de Defensa está
haciendo engrosar de forma considerable el presupuesto. Lo que hay en
I+D, en innovación, en industria, en energía, en educación y cultura,
llega escasamente al 40 por ciento, ya que el resto es para el proyecto
Leopard y otras cuestiones por el estilo.
También creemos que no se prevé ninguna iniciativa presupuestaria seria
para mejorar la situación científica en el Estado español, y que
cantidades destinadas a I+D y a la investigación de la universidad siguen
siendo un accidente feliz, algo con lo que se dota a determinados
proyectos, pero que realmente no tiene una política coherente y un avance
sustancioso que nos haga, si no colocarnos a la par de los países de
nuestro entorno, sí reducir distancias. En todo caso, sí hay algo que
quiero manifestar respecto a estas cantidades que se están invirtiendo en
I+D, y ahora me estoy refiriendo a datos de periódicos, en concreto de
«El País» de 22 de noviembre de 1998. En él se dice, por ejemplo, que en
España se gastan 4.030 dólares USA por estudiante universitario, cantidad
que nos sitúa por delante sólo de Grecia; Suecia gasta 12.820 dólares USA
por estudiante. Cuando se gasta por estudiante, se gasta también en
investigación, en dotaciones para que esos estudiantes, esos equipos de
profesores, logren avanzar en técnicas que luego puedan ser aplicadas a
la mejora real de las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso es
innovación. Por eso me refería a los datos que daba el profesor Fuentes
Quintana, el cual, además, insistía en que las dotaciones para
investigación tienen una importancia principal, no sólo para los avances
o como motor del desarrollo, sino para la creación de empleo, porque
decía que en la innovación están precisamente todos esos nichos de empleo
que pueden producir una mejora en la vida de los ciudadanos, reducir el
número de horas que se dedican a la jornada laboral, y llegar --él estaba
seguro de ello-- a esas 35 horas que algunos venimos reivindicando. Todos
esos asuntos están relacionados con esta cuestión, por eso no sólo
estamos rebatiendo este presupuesto por razones puramente políticas, por
razones puramente nacionalistas, por razones de defensa del autogobierno
vasco, sino que lo hacemos por razones objetivas en cuanto a la
presentación de este presupuesto.
Para terminar, me voy a referir a otra cuestión que nos parece
importante, también relacionada con la política de empleo. Se nos dice
algo que ya tuve ocasión de leer en la reciente comparecencia en el
Senado del señor Pimentel, Secretario General de Empleo, que tuvo lugar
el día 18 de noviembre de 1998, en la cual explicó que este presupuesto
mantenía las políticas pasivas e incrementaba
las políticas activas un 67,4 por ciento, con especial incidencia --esta
mañana también lo decía el Vicepresidente del Gobierno, señor Rato-- en
la creación de empleo y en la formación, sobre todo en aquellos sectores
más desfavorecidos, en este caso el de las mujeres, que es al que me
parece que se refería el vicepresidente, y él mismo reconocía --y cierto
es-- que las mujeres siguen siendo las más afectadas por el desempleo con
cotas del 26 por ciento.
A pesar de estos planteamientos y de que la cobertura del desempleo crece
un 0,20 por ciento en relación a la del año pasado --según el Secretario
General de Empleo--, si se traduce en lo que representa para los
desempleados y desempleadas, puede afirmarse que hay más de un 50 por
ciento de personas sin cobertura por desempleo. Y me estoy refiriendo a
datos diferentes, por ejemplo, a los aportados por un estudio de UGT,
según el cual esa cifra es mayor del 50 por ciento, y a otros estudios
elaborados por otras centrales sindicales e incluso de alguna otra
procedencia, algunos de ellos tan poco sospechosos, por cierto, como uno
de La Caixa, en el que se expone que un 50 por ciento --vamos a dejarlo
ahí-- de desempleados y desempleadas que están registrados en el Inem no
tienen absolutamente ninguna cobertura. Cuando el Secretario General de
Empleo manifiesta que prefiere políticas activas de creación de empleo y
de formación a una política de subsidio, he de decir, así, en frío, que
yo también las prefiero, lo que pasa es que hay que preguntarse qué
ocurre con ese 50 por ciento de personas que están sin cobertura. Esa es
la cuestión, por cierto, una de las que no resuelve este presupuesto.
Yo considero que, además de que se puede ser más progresista, y además de
que, efectivamente, se puede invertir más en políticas activas, también
se puede tener en cuenta que estas personas, que estos parados y paradas
registrados en el Inem no tienen ningún tipo de cobertura, puesto que se
ha pasado de una dotación del 3,1 por ciento del PIB en el pasado
presupuesto a una del 1,9 por ciento del PIB en el actual. No vale decir
que ha habido un aumento importante en la creación de empleo porque, como
digo, todavía hay un 50 por ciento de parados sin cobertura, según los
datos del estudio de UGT y otros. Pues bien, he de decir que una política
social, progresista, una política ni siquiera demasiado progresista,
tímidamente progresista, una política de centro, es la que debería
proporcionar cobertura a todas esas personas.
Por esta razón, y también porque en ese aumento de las políticas activas
creíamos que podría haber habido una mayor alegría --por decirlo de algún
modo--, dadas las circunstancias actuales de crecimiento económico,
consideramos que no debería resumirse todo ello en una reducción del
déficit. A nosotros nos parece que una sola décima de déficit que no se
redujera y que se aplicara a estas cuestiones podría mejorar enormemente
las condiciones de vida y el bienestar de muchos ciudadanos y ciudadanas
del Estado español, y por esa misma razón creemos también que en ese
aspecto estos presupuestos son dignos de ser vetados.
Por último, señoría, he de decir que ésta es la primera vez en que esta
Senadora --la primera vez desde que empecé a formar parte de esta
Cámara-- no plantea un veto a la llamada ley de acompañamiento. Por
primera vez esa modificación histórica --porque no solamente corresponde
al Gobierno del Partido Popular sino también a gobiernos anteriores--, de
un número enorme de leyes a través de este proyecto de ley de medidas
fiscales --algunas de ellas tienen que ver con materia económica y de
otras se puede pensar que ligeramente tienen alguna relación-- en
realidad es una modificación de tapadillo, aunque parecía que este año
habían sido más discretos en el tratamiento de esta ley de
acompañamiento, motivo por el que no presentamos ninguna enmienda de
veto. Pero nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos encontramos con que
todo el calado, con que toda la importancia que tienen esas medidas, ni
siquiera se pudo calibrar en los pocos días que mediaron entre su
publicación en el Boletín Oficial hasta el momento en que las enmiendas
se tratan en Comisión. Me estoy refiriendo, obviamente, a las enmiendas
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Sólo por
la forma en que se han presentado estas enmiendas, por la forma de eludir
el debate, sobre todo en aspectos muy importantes --se han modificado
aproximadamente diez leyes más de las que ya se modificaron a través del
proyecto de ley que entró en el Congreso-- y, en todo caso, por el calado
de algunas cuestiones, por ejemplo, las titulizaciones de las compañías
eléctricas y el billón de pesetas que se destina a éstas, o las
fundaciones sanitarias, independientemente de que afecte o no a la
Comunidad Autónoma Vasca, toda vez que tenemos transferidas las
competencias de sanidad y disponemos de nuestro propio organismo, el
denominado Osakidetza...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta, le ruego que
termine.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino ya, señor Presidente.
Decía que sólo por la forma en que se han presentado estas enmiendas, por
la premura con que se ha hecho y por hurtar el debate la ley de
acompañamiento debería haber sido objeto de veto, por nuestra parte. Por
tanto, espero que se nos den las suficientes explicaciones y también que
haya voluntad por parte del Grupo Popular para llegar a acuerdos con el
resto de la Cámara sobre estas enmiendas y así evitar que este tema pase
de tapadillo y de mala manera, porque esa es una actitud que difícilmente
casa con el papel que el Parlamento --es decir, el Congreso y el Senado,
las Cortes Generales-- debe tener. Por eso he querido referirme también a
la actitud de Eusko Alkartasuna respecto de la ley de acompañamiento.
Creo que han quedado suficientemente aclarados los puntos centrales en
los que basamos nuestra enmienda de veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Le agradecería que indicara a los servicios de la Cámara las secciones
que con esta intervención ha dado por defendidas.
Para la defensa del veto presentado por el Senador Nieto Cicuéndez y la
Senadora Costa Serra, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy hemos iniciado el debate más importante que celebramos en
el transcurso del año. Y digo que es el más importante, porque es en los
presupuestos y en la ley de medidas que los acompañan donde se refleja la
política que hay que realizar durante todo un año para mejorar o no la
vida de los ciudadanos, una de las tareas parlamentarias que tenemos
encomendadas, entre otras. Por tanto, creo que no descubro nada al decir
que es con este debate, que es con la forma en que se recauda y se
invierte, como se refleja la filosofía que impregna a cada fuerza
política a la hora de abordar los problemas del país. Indudablemente, lo
que digo es una obviedad.
Dicho esto, no es de extrañar, pues, que los presupuestos y la ley de
medidas que los acompañan tengan un sesgo político determinado; y ese
sesgo político es el centrismo --entre comillas--, que se refleja de
arriba a abajo, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en la
ley de acompañamiento.
Y paso a referirme brevemente a lo que el señor Rato nos ha dicho esta
mañana, que supongo que también lo dirá el portavoz del Grupo Popular en
contestación a los vetos. Nos ha presentado a la Arcadia feliz, a Alicia
en el País de las Maravillas. ¡Y ojalá fuera así! Si sólo se tratara de
un problema de voluntad estaríamos encantados de que la economía fuera
tan bien como se dice que va y que de cara al futuro fuera mejor; de que
hubiera más capacidad recaudatoria, incluso bajando los impuestos; de que
hubiera, en definitiva, una mayor capacidad distributiva y se creara más
empleo, independientemente de por donde fueran las inversiones, etcétera.
Como ésa no es la realidad ni es lo que percibe una parte importante de
la sociedad ni este Senador, voy a manifestar algunas cosas. El problema
es que no nos creemos la capacidad de ingreso que se refleja en los
presupuestos, y no nos lo creemos por lo siguiente. Hemos rebajado el
IRPF, lo que va a suponer una menor capacidad recaudatoria del Estado
--como ya hemos debatido--, en torno a 600.000-700.000 millones de
pesetas. Hemos rebajado el Impuesto sobre Sociedades, lo que también va a
suponer una menor capacidad recaudatoria. Hemos vendido ya un buen
paquete de las empresas públicas, aunque es verdad que todavía queda
algo, pero igualmente en ese capítulo este año habrá menos capacidad
recaudatoria y, por tanto, menor capacidad de crecimiento. Además hay
otra cuestión --y ojalá me equivoque--: la previsión de unos ingresos de
1,3 billones de pesetas de los Fondos Estructurales europeos. Estamos en
pleno debate de estos asuntos, se están cuestionando y, repito, ojalá eso
no afecte a las previsiones del Gobierno para este año en forma de algún
recorte presupuestario. Efectivamente, aquí sí advertimos una
contradicción, ya que, por un lado, todo va bien, pero al mismo tiempo
vamos a tener mayor dificultad para convencer a nuestros socios europeos,
y uno se teme mucho que, de una u otra manera, por ahí puede venir algún
recorte presupuestario de los ingresos. Además, a mí no me casa el
crecimiento de empleo con la capacidad de recaudación de la Seguridad
Social, que aumenta desproporcionadamente con arreglo a la previsión de
creación de empleo, e igualmente por ese concepto se va a recaudar menos.
También considero que el 9,6 por ciento de aumento por recaudación de IVA
es un poco excesivo, y parece que se hace al objeto de que al final
puedan cuadrar los números correspondientes a los ingresos. En
definitiva, hay una parte importante del planteamiento que se hace de los
ingresos que no nos creemos.
Por otra parte está el cómo se prevén los gastos de este presupuesto. Hay
que hacer constar --y eso es muy importante-- que se da una manifiesta
regresión fiscal en estos presupuestos, tal y como están planteados,
porque se prevé ingresar más por impuestos indirectos --que aumentan el
7,7 por ciento-- mientras que los impuestos directos bajan el 1,8 por
ciento. Por tanto, la capacidad recaudatoria está en cuestión.
Ahora entramos en un tema que se casa muy mal, porque hay una política
aparentemente expansiva en todo lo que se refiere al Inem --y ya se ha
manifestado aquí--, ya que crecen sus políticas activas de empleo, y sin
embargo hay una bajada del 9,5 por ciento en la cobertura del desempleo.
En lugar de aumentar la partida para que las personas que no tienen
ninguna cobertura por desempleo la puedan tener, por ejemplo los parados
de larga duración, esa partida baja el 9,5 por ciento. Por tanto, hay
también una regresión social en la política presupuestaria.
A continuación voy a hacer algunas consideraciones sobre las medidas
fiscales y administrativas. Es indudablemente una metodología perversa
--es verdad que no viene de ahora-- aprovechar la tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado y las leyes de acompañamiento para
modificar las leyes y hurtar su debate a las Cámaras. Es verdad, repito,
que se hacía, pero es que ustedes en esto baten todos los récords del
«Guinness». Modifican, a través de las medidas fiscales, más de cincuenta
leyes --entre leyes y decretos-leyes--, por lo que la inseguridad
jurídica está servida, es decir, los bufetes de abogados van a tener que
estar estudiando todos los días y se van a volver locos, porque van a
estar presentando demandas y a lo mejor no se han dado cuenta de que, de
rondón, se han modificado más de cincuenta leyes. Habría que arbitrar
algún procedimiento que evitara este mecanismo perverso que no da
seriedad, no da cohesión, no da seguridad jurídica, en definitiva, no
ayuda a dar credibilidad a un Estado asentado donde efectivamente existe
alternancia, se discuten y se aprueban las leyes que se pueden modificar,
pero utilizando los mecanismos adecuados y no a través de los
Presupuestos Generales del Estado y de la ley de acompañamiento.
Por último, quiero referirme a algo que ya se ha comentado aquí, y es
que, efectivamente, los presupuestos
eran malos, pero ustedes con las enmiendas que han introducido en el
Senado hacen un servicio enorme a la regresividad en todos los términos.
De rondón meten ustedes un billón de pesetas a las eléctricas. Decían que
iban a privatizar estas compañías para conseguir competencia y, en
consecuencia, que la libertad del mercado permitiera la bajada de las
tarifas. ¡Pero así cualquiera! No creo que sea una manera de incentivar
la sociedad de mercado y la libre competencia, incluso como la entienden
ustedes, si además de pagarles el coste de la privatización se les regala
ahora un billón de pesetas que vamos a pagar todos los españoles.
Todos estos temas son los que hacen que estos presupuestos sean
regresivos y, por tanto, que se haya presentado y se mantenga este veto.
No me voy a referir --porque también se ha comentado y no quiero
extenderme-- a la manera sesgada y de rondón que poco a poco aprovechan
ustedes para sentar las bases de la privatización de los servicios
públicos sanitarios a través de las fundaciones.
Es la regresividad de estos presupuestos lo que indudablemente justifica
nuestro veto tanto a los Presupuestos Generales del Estado como a las
medidas fiscales, administrativas y, según dicen ustedes, del orden
social, aunque yo no sé si serán del orden social o del receso social;
puede quedar de la manera que ustedes quieran, pero la realidad es la
realidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Para la siguiente propuesta de veto tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta mañana hemos tenido ocasión de presenciar la presentación
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 por
parte del Gobierno; presentación extensa y pormenoriza que me suscita
algunas reflexiones. Lo que hace el Gobierno, con gran propaganda,
plantea cuanto menos dudas, pero lo que no anuncia pero va a hacer,
suscita una gran preocupación.
Analizada la presentación hecha por el Gobierno del proyecto de
presupuestos para 1999, tengo que decirles que para Izquierda Unida
plantea una peligrosa reducción de lo público en todos sus frentes; una
gran reducción de los ingresos por IRPF, con graves consecuencias para la
suficiencia del sistema de bienestar social. Nos anuncia una liquidación
del escaso patrimonio que nos queda; un incremento de la gestión privada
en los sectores básicos, preferentemente públicos: educación, sanidad
--después tendré oportunidad de referirme a ese proceso por el que se
crean las fundaciones, aunque es verdad que sus señorías no hacen más que
repetir modelos que se vienen poniendo en práctica en otras partes de
España por gobiernos diferentes a los de sus señorías, llámense
fundaciones, empresas o empresas públicas-- e infraestructuras, y un
empeoramiento de los servicios públicos al limitar al 25 por ciento la
sustitución de las vacantes existentes, lo que sin duda va a incrementar
la temporalidad en la Función Pública y va a impedir la mejora salarial y
laboral de dos millones de empleados públicos.
También vemos, señorías, que los presupuestos son muy generosos con los
que dan su apoyo al Gobierno y poco o casi nada con el compromiso con el
Estado social y de Derecho que la Constitución declara; generosos,
señorías, para repartir cientos de miles de millones a empresas sin
compromisos de inversión obligatoria ni de contratación indefinida. Por
el contrario, son restrictivos para mejorar el empleo, las pensiones y
los salarios.
Los presupuestos son regresivos en los ingresos. Los ciudadanos pagaremos
menos por capacidad económica --impuestos directos-- y pagaremos más,
todos por igual, en los impuestos indirectos, especiales o en tasas.
No son unos presupuestos dedicados a reducir el paro y a ampliar la
cobertura del desempleo; son unos presupuestos que demuestran que se
carece de un modelo de Estado solidario, que refuerzan el carácter opaco
y de escaso rigor y que abusan a través de la ley de acompañamiento, que
cada vez más señorías consideran que es inconstitucional.
Una última reflexión: las obligaciones con las situaciones pasivas: paro,
enfermedad, invalidez o vejez, no las quieren ligar a los beneficios,
pero sí a la capacidad de ahorro de unos salarios cada vez más limitados.
Por tanto, señorías, los presupuestos para 1999 presentados por el
Gobierno están elaborados de espaldas a la creación de empleo estable;
renuncian a utilizar el crecimiento económico para incrementar la
cobertura del desempleo --que apenas llega al 48 por ciento de los
desempleados--, para transformar los contratos temporales en contratos
indefinidos --que suponen apenas el 8 por ciento de los que se realizan
al año--, para dotar de cobertura social a los contratos a tiempo parcial
y para adoptar medidas para aplicar la reducción de tiempo de trabajo y
de las horas extraordinarias.
Señorías, si analizamos el presupuesto del Inem, que tiene una especial
relevancia para los fines que he citado antes, podemos observar que la
partida que este organismos destina al pago de prestaciones por desempleo
desciende en 1999 un 10 por ciento. En los tres años de Gobierno Popular
el gasto para este fin ha bajado en 500.000 millones de pesetas, señoría,
pasando de dos billones de pesetas a 1,5 billones. Se puede decir que
supone menos recursos y una cobertura cada vez menor para el conjunto de
los trabajadores y trabajadoras, y no quiero olvidar que dos tercios de
los que no tienen empleo, según la encuesta de población activa, carecen
de protección. Sin embargo, esta mañana el Gobierno nos decía que
aumentan los recursos destinados a la llamada política de fomento del
empleo, a las políticas activas que, en buena medida, señorías, se
destinan a subvenciones y bonificaciones a los empresarios.
Además, estos presupuestos no se han elaborado desde el diálogo social.
Se repite una vez más la historia, señorías, volviéndose a confundir
empleo con contratos. Para un mismo empleo hay cuatro o cinco
empleados, y
es un empleo por horas, que se repite sistemáticamente mes a mes todo el
año. Eso no es empleo, señorías.
No se hacen los presupuestos sobre un plan de empleo que mejore la
calidad y cantidad del mismo, tampoco para mejorar la protección social,
por lo que, sin duda, comprenderán que se presentan teniendo enfrente a
una mayoría real de la población que demanda una economía productiva que
esté ligada al empleo estable y a un crecimiento económico comprometido
con la mejora de la capacidad adquisitiva de las pensiones, de los
salarios en general y de los empleados públicos, en particular. Son unos
presupuestos ajustados a los intereses de quienes apoyan, impulsan y
favorecen al Gobierno, sea desde los sectores económicos y financieros de
la economía especulativa, la cual favorece el fraude, sea desde sectores
políticos.
Estos presupuestos, señorías, ayudarán a profundizar las desigualdades
territoriales y sociales al carecer de un modelo de Estado basado en una
superación de los problemas nodales de cada pueblo, región, nacionalidad.
En lo referente a los ingresos podemos calificar este presupuesto de
regresivo. Pagarán menos los beneficiarios de la economía, los de mayor
capacidad económica, mediante los impuestos directos y, sin embargo,
todos los españoles por igual pagarán más a través de impuestos
indirectos, especiales y tasas.
En cuanto a los gastos, también es regresivo, señorías, porque se
incrementa el gasto en defensa e interior, se entrega a las empresas
700.000 millones de pesetas en gastos fiscales y 300.000 millones de
pesetas en fomento a la contratación sin ninguna garantía de inversión ni
de generación de empleo y sin unas condiciones de acceso a estas
aportaciones, claras, precisas y transparentes. Los mayores gastos en
educación, sanidad e infraestructuras se orientan a los sectores privados
y no a los públicos.
Uno de los instrumentos en los que confía el Gobierno para amortiguar los
efectos de la crisis es la reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, por lo que se aumenta la renta disponible de las
familias al reducir el impuesto y, por tanto, se incentiva el crecimiento
del consumo privado. Lo reiteraba esta mañana el Ministro y explicaba
pormenorizadamente este proceso, aunque está por ver qué parte del
aumento de la renta disponible se va a dirigir al consumo o qué parte al
ahorro, pero en todo caso los recursos a los que renuncia el Estado
podrían destinarse a otras finalidades sociales, con un efecto más claro
y cierto sobre la expansión de la demanda interna.
El razonamiento del Gobierno queda en evidencia --y esta es la gran
contradicción-- cuando a cambio de la bajada del impuesto considera
necesaria una mayor moderación salarial. Según las previsiones contenidas
en el cuadro macroeconómico, en 1999 los salarios deberían crecer por
debajo de la productividad perdiendo, una vez más, participación en la
renta nacional. En términos de empleo, está previsto un crecimiento del
2,8 por ciento frente a un 3,2 por ciento de aumento para 1998.
Esta mañana el señor Ministro pretendía explicarnos la necesidad de una
moderación en los cálculos y lo justificaba argumentando que la realidad
había superado las previsiones. Señorías, esto no es creación de empleo.
Estamos hablando precisamente de estos datos con crecimientos del
producto interior bruto en 1998 y 1999 del 3,7 y 3,8, respectivamente. Se
reduce por tercer año el peso del gasto público sobre el producto
interior bruto. En este año se situará en torno al 40 por ciento, cuando
en 1998 estaba en el 41,5 por ciento. Al mismo tiempo, se deterioran los
servicios públicos al reducir la oferta pública de empleo a un 25 por
ciento de las vacantes que se produzcan. Sin duda, volverán a faltar
maestros, personal sanitario y profesionales de los servicios sociales
con respecto a los que ya existían en 1998.
El Capítulo I sube un 1,7 por ciento, con salarios que aumentarán 1,8 por
ciento y se aborda la privatización del escaso sector público actual e
incluso de servicios públicos generando un incremento del desempleo en
cada acto privatizador.
Un año más se produce una restricción en la oferta de empleo público. Los
salarios de los empleados públicos crecerán con la previsión de la
inflación el 1,8 por ciento, sin recuperar la pérdida de poder
adquisitivo que han sufrido desde 1992. El Gobierno argumenta que esta
austeridad es necesaria para alimentar la inversión pública. La realidad
es otra, señorías. Es difícil conocer lo que crece esta magnitud:
inversión pública. Una gran parte de la misma se realiza de forma
extrapresupuestaria, con criterios de contabilidad que podríamos
denominar espúreos. En todo caso, el nivel de inversión pública fue muy
bajo en los presupuestos de 1996, 1997 y 1998. Hay que recordar los
datos: de 1,2 billones en el año 1996 se redujo a 800.000 millones en
1998 y ahora se proponen 900.000 millones para 1999. Según las
previsiones del presupuesto esto supone un crecimiento en torno a un 9
por ciento, pero con respecto al porcentaje sobre el producto interior
bruto vuelve a reducirse.
Por tanto, el sector público se aleja de recuperar su carácter inversor
ligado, entendemos desde Izquierda Unida, al programa de un desarrollo
articulado territorial y sectorialmente. Nos encontramos ante unos
presupuestos maquillados, poco creíbles y alejados de la realidad. Se
basan en un cuadro macroeconómico excesivamente optimista. Esta mañana
matizaba el señor Ministro sobre los efectos de la crisis financiera
internacional y nosotros entendemos que provocará una corrección de los
mismos. Pensamos que al menos para el segundo semestre de 1999 deberán
efectuarse algunas correcciones, lo que significará un menor dinamismo de
los ingresos previstos, sobre todo después de la reforma del IRPF, y una
contención del crecimiento de la demanda interna. Y decíamos que son unos
presupuestos maquillados porque hacen que lo relevante del déficit
público sea el déficit contable y no el déficit real; porque abusa de las
privatizaciones en la SEPI, que sirven para reducir las transferencias
que el Estado debe hacer a las empresas deficitarias, porque usa las
cotizaciones de la Seguridad Social para gastos no contributivos y
universalizados, contabilizando al final una vez más un préstamo del
Estado a la Seguridad Social; porque, señorías, alarga la deuda a corto
plazo en
deuda a medio y largo plazo, trasladando los intereses y amortizaciones a
realizar en 1999 a ejercicios posteriores; porque derivan hacia activos
efectivos financieros o mediante el sistema de pago aplazado gastos que
deberían figurar en inversiones anuales o en transferencias de capital.
Señorías, las propuestas de veto que realiza Izquierda Unida se hacen
para que sea posible la elaboración de una propuesta presupuestaria que
esté cimentada en la creación de empleo estable y en el reparto del
trabajo, en un mayor protagonismo de lo público, en un esfuerzo inversor
del Estado, con un programa de desarrollo que corrija los desequilibrios
territoriales y sociales.
Señorías, tenemos la oportunidad --no es la primera vez que lo hemos
hecho-- de denunciar la situación de abuso por parte del poder Ejecutivo
a la hora de adoptar iniciativas legislativas que se plasman en el
proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Decía antes que cada vez son más las voces que hablan de lo
inconstitucional de estas medidas. Y es que es muy difícil justificar la
conexión con el debate presupuestario porque, señorías, a veces no pasa
de ser puramente una anécdota. Se comienza por leyes de acompañamiento,
leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que
justifican, que abrevian, que hacen más fácil el trabajo del Ejecutivo, y
se termina por presentar enmiendas que significan un proyecto de
presupuestos cuasi nuevo en esta Cámara.
Decía el informe del Letrado de las Cortes Generales adscrito a la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, el 29 de octubre de 1996, con
motivo de la ley de acompañamiento para 1997, que era un procedimiento
que presentaba problemas de inconstitucionalidad. Se basaba en algunas
cuestiones, como el principio de seguridad jurídica, visto desde la
vertiente de la claridad y de la certidumbre; en el ejercicio adecuado de
la función legislativa, tanto por el Congreso de los Diputados como por
el Senado y también en la posibilidad de existencia de fraude de ley. La
duda sobre la constitucionalidad de estas leyes predomina cada vez más en
la doctrina.
Podríamos citar en estos momentos al Consejo Económico y Social.
Podríamos hablar, señorías, de la comodidad que supone para el Ejecutivo,
pero también de la incomodidad para aquellos que lo tienen que
interpretar y para quien lo tiene que aplicar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, vaya
terminando.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente. Concluyo. Señorías,
presentamos estas dos propuestas de veto no desde una discrepancia en la
gestión, sino desde una confrontación clara con los principios
ideológicos con que se elaboran estos presupuestos.
Señorías, termino con la reflexión que hacía al principio. La propaganda
que hace el Gobierno nos crea no pocas dudas, pero lo que no anuncian y
luego hacen, a través de las enmiendas que presentan en el Senado o a
través de lo que realiza el Gobierno, nos provoca una profunda
preocupación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
Para un turno en contra conjunto, tiene la palabra el Senador Utrera
Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
La hora --cinco y media-- en la que debatimos estas propuestas de veto
parece que invita a la reflexión serena, sosegada, y es lo que parece que
hemos tenido en la presentación de los vetos, porque ideas ha habido muy
pocas, todas ellas muy manidas, conocidas todas y eficaces ninguna.
Hemos oído hablar de maquillaje y, por enlazar con la última
intervención, se han puesto tres ejemplos de libro de lo que no es
maquillaje porque no se cuenta en el déficit público, sencillamente. Es
decir, se nos expone: es maquillaje porque se están privatizando empresas
públicas. Senador Román, sí se están privatizando empresas públicas, pero
no afecta en lo más mínimo al déficit público, porque no se puede
contabilizar ni como ingreso los ingresos obtenidos por las empresas
públicas y, por tanto, no afecta al déficit. El déficit es el que es con
independencia de que se privaticen o no empresas.
También pone como un ejemplo de maquillaje el préstamo a la Seguridad
Social. Pues, mire, no maquilla nada, porque el préstamo a la Seguridad
Social se materializa en gasto de la Seguridad Social, y como tal gasto,
ya sea Capítulo I, retribución a personal, ya sea Capítulo II,
Adquisición de bienes, servicios, ventas, etcétera, o ya sea Capítulo IV
ó VI, se materializa dentro del gasto y, por tanto, tiene los efectos que
todo gasto tiene sobre la ampliación del déficit.
Y ya el tercer ejemplo que pone, que es el traslado de los tipos de
interés al futuro, indica que usted no ha entendido lo que se está
haciendo con la deuda pública. Precisamente como hay holgura
presupuestaria, como se está ejecutando el presupuesto en términos
rigurosos --la austeridad es una precondición que se establece en los
presupuestos, pero, luego, la ejecución durante el ejercicio es
rigurosa--, precisamente por eso se está canjeando deuda. Es decir, se
está adquiriendo la deuda cara que se emitió en el pasado a tipos de
interés superiores al siete y en algunos casos superiores al 10 por
ciento, se está comprando en los mercados a un valor superior al nominal,
puesto que el nominal tiene en cuenta el precio actual, los intereses
actuales, y nadie vende deuda del siete, del ocho, o del diez por ciento
al mismo precio que la deuda al 3,5 o al 4 por ciento, pide un
sobreprecio o una prima por tipos de interés. Por tanto, se está
comprando con prima deuda cara para emitir deuda barata, con lo cual lo
que estamos haciendo es traer al presente los costes de intereses,
aliviando la carga de intereses de los ejercicios futuros, precisamente
porque hay margen presupuestario para hacerlo.
En lugar de dar respuesta puntual a cada uno de los vetos que se han
definido en una primera fase, ya lo haré después, diré que, por ejemplo,
la Senadora De Boneta --a quien, por cierto, no veo en la Cámara en este
momento, quizás porque no esperaba ni tampoco le interesaba la réplica
que este portavoz pudiera darle-- afirmaba que en realidad le daba igual
la cuestión de las fundaciones sanitarias porque el País Vasco se rige
por su propia normativa, pero le sonaba raro eso de las fundaciones, se
está aplicando allí algo parecido, pero como le suena raro para el resto
del Estado, entonces por eso objeta que aquí se introduzca una enmienda
para fundaciones sanitarias. De la misma manera que le sonaba raro,
parece que tampoco conocía los contenidos de lo que se está hablando, los
costes de transición a la competencia, y como le suena raro y como le
suena que algunos dicen que eso puede violentar el espíritu del Senado
como Cámara sosegada y de reposo y que, por tanto, el Senado no tiene
iniciativa legislativa, por eso, aunque no había presentado enmienda de
totalidad, la asumía implícitamente y se adhería a las enmiendas de
totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios o dentro del Grupo
Parlamentario Mixto por otros Senadores.
Qué decir del Senador Nieto que, por lo menos, ha tenido la honestidad
--no porque yo dude de la honestidad de ningún otro de los ponentes que
han desarrollado desde esta tribuna las enmiendas de veto-- de reflejar
los argumentos en los que sustenta su enmienda de veto y hacerlo de forma
lineal, concisa, y explícita. Otros portavoces han tratado mucho más de
ocultar su carencia de ideas con argumentos sencillamente traídos por los
pelos. No ha sido el caso del Senador Nieto ni tampoco del Senador Román.
¿Qué nos queda? No quiero desaprovechar esta intervención y no hablar de
los Presupuestos Generales del Estado, es justamente lo que no se ha
hecho en la sesión de esta tarde, hablar de los Presupuestos Generales
del Estado.
Sí hemos tenido ocasión de asistir a una presentación --que entiendo
bastante acertada-- de lo que los Presupuestos Generales del Estado
suponen para el año 1999 y esa presentación ha sido la realizada esta
mañana por el Vicepresidente Segundo del Gobierno, pero lo que es en esta
tarde, de presupuestos todavía no hemos oído hablar prácticamente nada.
Me gustaría recordar a todas sus señorías que estamos hablando de unos
presupuestos hasta cierto punto especiales, aunque continúan la línea de
la política económica desarrollada por el Gobierno en los últimos tres
años. Todos los argumentos que voy a ir manifestando son razones por las
cuales el Grupo Parlamentario Popular apoya los presupuestos y rechaza
todas y cada una de las enmiendas de veto presentadas. Permítanme, por
tanto, que a esos argumentos concretos utilizados me refiera sólo en la
muy última parte de mi intervención, porque --vuelvo a repetir--
entendemos que no tienen consistencia como para dedicar toda la
intervención de réplica a los vetos que se han formulado.
Por tanto, entendemos que estos son unos presupuestos especiales porque,
por un lado, culminan lo que ha sido un proceso, ansiado largo tiempo y
materializado en estas fechas, de entrada de España en la Unión Europea,
pero en la Unión Europea en su club más selecto en este momento y más
exigente, como es el club del euro. Por tanto, estos presupuestos por sí
solos reflejan el éxito de la política económica de los años anteriores.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que desde Europa se nos pedía.
Entiendo, por tanto, todas aquellas propuestas de veto que parten de la
formulación de que Europa y el euro no son positivas para nuestro país ni
en términos económicos, ni en términos sociales. Quien parta de esas
premisas, obviamente, entiendo que rechace estos presupuestos. No sucede
así para nosotros y, consecuentemente, entendemos que estos son unos
magníficos presupuestos aunque solamente fuera, que no es así, por su
valor simbólico: son los presupuestos del euro.
En segundo lugar, son unos presupuestos que, dentro de la lógica que les
inspira --rigor presupuestario, contención del déficit público,
equilibrios macroeconómicos, etcétera--, son compatibles con dos hechos
esenciales que ya se han señalado esta mañana: en primer lugar, España
crece más que el resto de la Unión Europea, en términos medios hasta un
punto más que el resto de los países europeos. En segundo lugar, en
España se está creando mucho más empleo que en el resto de los países
europeos. Por tanto, no nos irá tan mal cuando gracias a las políticas de
estabilidad que se están practicando y gracias a la política de
recuperación de equilibrios económicos crecemos más y creamos más empleo
que el resto de los socios comunitarios.
Evidentemente, de alguna manera esto invalida esa tesis largo tiempo
sostenida --francamente, pensé que este año no la iba a utilizar el
portavoz socialista--, la tesis de que estos presupuestos reflejan que
desde fuera nos están empujando los buenos vientos pero que dentro somos
incoherentes, es decir, la tesis de que es la economía internacional la
que nos lleva en volandas. Este argumento se ha venido utilizando durante
dos ejercicios y, sencillamente, pensé que no lo iba a utilizar este año
por pudor conceptual, por la sencilla razón de que precisamente estos
datos y todos los referentes a la coyuntura económica reflejan justamente
lo contrario, que la crisis financiera ha enturbiado las previsiones y ha
traído nubarrones sobre algunas economías europeas. Por ejemplo, el caso
sueco es paradigmático. Suecia, país estable donde los haya en estos
momentos, que ha recuperado sus equilibrios, que está realizando una
política económica rigurosa y ortodoxa, sin embargo ha visto cómo su
divisa se tambaleaba, se bamboleaba con los aires de la crisis
financiera. Evidentemente, hay que explicarse esta situación por el hecho
de no estar bajo el paraguas del euro y también hay que explicarse por
qué esta crisis ha afectado más a algunos países que tienen una
imbricación mayor en las áreas que han resultado más desfavorecidas.
Pero, en todo caso, lo que parece claro es que esos nubarrones de la
crisis financiera internacional --ya iniciada el año pasado, pero, sobre
todo, concretada en los últimos meses, principalmente en torno al verano
y primeros
meses del otoño de este año-- han pasado por nuestro país rozando, sin
manchar, cuando, por el contrario, hemos visto que en otros países,
efectivamente, la perturbación ha sido mucho mayor. Y eso a pesar de la
profunda imbricación que los inversores internacionales han percibido
entre nuestra economía y nuestras empresas. No en vano España es uno de
los países que más capitales exporta --es el segundo mayor exportador de
capitales-- a los países iberoamericanos, que ha sido un área económica
que ha sufrido las perturbaciones de esta crisis cambiaria y bursátil, y
no en vano esas dudas trasladadas sobre esos inversores españoles
alteraron precios bursátiles, ya afortunadamente recuperados. Pero ni la
divisa española, ni los tipos de interés españoles, ni la confianza en
los mercados de deuda pública se han resentido lo más mínimo, lo cual
indica precisamente que algo se ha hecho, y no solamente beneficiarnos de
los vientos internacionales.
Por tanto, somos distintos, pero en lo bueno; crecemos más que el resto;
hemos sabido aprovechar más las ocasiones que nos ha brindado la
integración monetaria y la actual coyuntura internacional, que es
positiva --eso sí que se reconoce-- para crear bastante más empleo. Tanto
empleo se ha creado que desde el mes de junio de 1996 --por remontarnos a
una fecha relevante para nosotros ya que fue el inicio de la gestión del
Gobierno sustentado por el Grupo Parlamentario Popular y por los otros
Grupos que le apoyan-- ya hay un millón de puestos de trabajo; además, de
ese millón, desde el ejercicio de 1997 tenemos que contabilizar un millón
y medio de puestos de trabajo --es decir se ha absorbido temporalidad--,
que lo son con contratos indefinidos; con lo cual, la temporalidad,
aunque muy lentamente se está reduciendo en nuestro país; al mismo
tiempo, se han tomado iniciativas muy importantes, se han hecho acuerdos
muy importantes.
Por tanto, no es verdad, Senador Román, que estos presupuestos adolezcan
de falta de consenso, de falta de diálogo. Por supuesto que los
presupuestos son iniciativa del Gobierno, y, como usted sabe, si se
repasa la Constitución española, es el Gobierno el único que tiene
capacidad de iniciativa legislativa en materia presupuestaria. Pero eso
no quiere decir que estos presupuestos no sean la concreción de una
política en la que las dosis de diálogo incorporado son enormes tanto en
la reforma de las modalidades de contratos en los mercados de trabajo
como en otras cuestiones importantes como la liberalización de sectores
productivos, la nueva regulación que se está operando en materias tan
importantes como el sector eléctrico o como el sector hospitalario u
otros por el estilo y, consecuentemente, nosotros no percibimos problemas
de diálogo.
En relación con esta política económica que tan buenos frutos esta dando
en términos de crecimiento económico y de creación de empleo, tengo que
decir que sus resultados se están obteniendo no por una fuerte presión
del gasto público que está empujando la economía, como a algunos les
gustaría, sino que lo que se está configurando es precisamente un marco
de estabilidad macroeconómica y también presupuestaria.
Se ha anunciado esta mañana --creo entender que es la primera vez que se
hace este anuncio, pero no la primera vez este año, ni referido al
ejercicio 1998, sino la primera vez en la historia de la democracia
española-- que el déficit público se reduce del 2 por ciento del producto
interior bruto. Esto no se conocía. No nos hablen de maquillajes puesto
que aquí no hay maquillajes. Son criterios europeos establecidos por
Eurostat, criterios rigurosamente contrastados y, por tanto, criterios
firmes. Repito que es la primera vez que se produce en la historia de la
democracia.
Y llega la segunda derivada en estos debates de veto o de totalidad. Dice
el Senador Granado, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que
ahora toca consolidar el sistema de pensiones, o lo que es lo mismo,
después deriva algunas conclusiones: desastre en la financiación
autonómica, desastre --utilizo los términos que ha empleando-- en la
inversión pública en nuestro país y también desastre en la protección
social. Creo que precisamente el exceso verbal que ha utilizado su
señoría para calificar políticas conocidas, identificables y cuyos
éxitos, o si prefiere usted, cuya eficacia está contrastada descalifican
la mayor parte de su intervención.
Desastre en la financiación autonómica, y lo concreta en que hay 186.000
millones de pesetas más en los Presupuestos Generales del Estado para las
Comunidades Autónomas y en que se están cambiando las reglas del juego.
Aprovecha también para decir que detrás de esa cifra histórica de
reducción del déficit público se esconde déficit público porque se hacen
ciertas operaciones de Tesorería, autorizadas, por cierto, en el propio
proyecto de ley, porque me imagino que cuando el Senador Granado dice que
modificamos bastantes leyes se refiere a la Ley General Presupuestaria
como a una de ellas, ya que, en efecto, estas operaciones de Tesorería se
autorizan precisamente en este proyecto de ley.
Desastre en la inversión pública, y aporta unos datos que no sabemos de
donde saca, puesto que los que yo tengo, tanto los referidos al capítulo
7, inversiones reales, como los referidos al total de operaciones de
capital, es decir, la suma del capítulo 6 y del capítulo 7, indican que
si consideramos la inversión presupuestaria más --quizá eso es lo que
usted ha obviado-- la inversión de otros organismos no consolidados
dentro de la inversión del Estado --como en el caso del año 1995, AENA y
Puertos del Estado, y en el caso del año 1998, AENA, Puertos del Estado,
Gerencia de Infraestructura de Ferrocarriles, Aguas del Ebro y Aguas del
Sur entre los más importantes--, si consolidamos la inversión que
realizan el Estado más estos organismos, que llevan a cabo funciones de
inversión en infraestructura pública sin ninguna duda, tendríamos que las
inversiones reales presupuestadas en el año 1995, y posiblemente
ejecutadas --ahora no tengo la cifra de ejecución, pero no lo olviden
ustedes: 7 por ciento de déficit público en el año 1995, es decir, cuatro
veces más en cuantía que el importe de estas inversiones; cuatro veces
más, insisto--, entonces se financiaban por
un importe de un billón 160.000 millones de pesetas --la suma del Estado
más estas dos agencias que le he señalado, AENA y Puertos del Estado--,
todo ello con deuda pública, y otras tres veces más de esta inversión, en
gasto corriente, también con deuda pública. Ahora, por el contrario,
tenemos un gasto, capítulo 6, inversiones reales, programado para el año
1999 --repito: presupuestos del Estado, AENA, Puertos del Estado,
Gerencia de Infraestructura de Ferrocarriles, Aguas del Ebro y Aguas del
Sur-- por un billón 300.000 millones de pesetas, y todos ellos entran
perfectamente dentro de la financiación pública, o dicho de otra manera:
no es necesario emitir deuda pública, y la que se emite lo es
exclusivamente para inversiones, no hay gasto corriente financiado con
inversiones públicas.
Por tanto, no hablemos de desastre. Diga usted --e incluso yo podría
estar de acuerdo con usted-- que es necesario invertir más para
capitalizar a medio y largo plazo nuestro país. Puede usted decir incluso
que echa en falta infraestructuras concretas: hidráulicas, ferroviarias o
de otro tipo. Puede incluso decir que se está demorando el acercamiento
de determinadas regiones de España --y yo lo siento muy de cerca porque
procedo de una provincia pospuesta durante más de un decenio en la
integración con los ejes principales de comercio de España--, que se
están posponiendo, que se están aplazando o que no se está siendo
suficientemente diligente en ciertos proyectos de inversión. Hablemos de
todo eso, pero, por favor, no lo califique como desastre, porque en ese
caso lo que estará haciendo será descalificándose usted mismo.
La protección social también es un desastre, y me cita un pequeño ejemplo
que yo, la verdad, por más que miro los datos no sé cuál es, como el de
que la protección social es el 5 por ciento del producto interior bruto.
Nosotros preferimos hablar de gasto social, porque en estos momentos es
la terminología acuñada que más se emplea, el cual incluye, junto a
sanidad y educación, es decir, los grandes servicios públicos, los pagos
por pensiones, etcétera. Es mucho más que el 5 por ciento del producto
interior bruto, muchísimo más como usted sabe, y ya se han dado las
cifras esta mañana, pero nos gustaría saber si usted las rebate o las
cuestiona. Y lo que se está diciendo es que, en los Presupuestos
Generales del Estado del año 1995, del total del gasto presupuestario, en
torno a un 47 por ciento es gasto social, y ahora, en 1999, en torno a un
52 por ciento --52 pesetas de cada cien-- es gasto social, definido como
la suma de esas seis grandes agrupaciones de gasto a las que esta mañana
hacía referencia el Vicepresidente del Gobierno. Por consiguiente, nos
encontramos con que 5 puntos de ganancia tan sólo en cuatro ejercicios
presupuestarios significan una auténtica modificación estructural del
gasto público en España en favor del gasto social.
Por tanto, como todos sabemos, no ha habido merma del poder adquisitivo
de los pensionistas, no ha habido retroceso en la financiación pública de
la sanidad, ni tampoco ha habido retroceso en la financiación de la
educación, a pesar de que sí ha habido, por cuestiones demográficas,
reducción del número de alumnos, como tampoco ha habido retroceso alguno
en la financiación de todas aquellas prestaciones que suponen mejoras de
bienestar para los ciudadanos que lo requieran. Y es que en todos estos
casos el gasto público en España ha aumentado estructuralmente --por
supuesto que también en pesetas--, ha aumentado en importancia relativa
desde un punto de vista estructural en estos últimos cuatro años.
Y me referiré ahora a una afirmación que ha hecho el Senador Román en su
defensa del veto que nos ha sorprendido mucho. Nos ha hablado de las
políticas pasivas de empleo, y se lamentaba de que en España se estén
reduciendo los pagos por desempleo. Pues mire, señoría, a la tristeza que
parece haber en una parte del Grupo Mixto por la reducción en los pagos
de prestaciones por desempleo, he de enfrentar la satisfacción que
sentimos desde el Grupo Parlamentario Popular porque se hayan creado un
millón de puestos de trabajo, porque se haya reducido la necesidad de
pago de esas prestaciones, y porque no solamente se haya reducido el
gasto presupuestario, sino porque, además, se haya cambiado la lógica de
intervención presupuestaria desde la pura política pasiva, es decir,
desde el puro tener que soportar las rentas --por supuesto que hay que
soportar las rentas de los desempleados--, habiendo llegado a políticas
activas, es decir, a políticas de promoción del empleo en España como las
que ya están en marcha en Europa y como las que se presentan para este
ejercicio de 1999.
Por tanto, no hay desastre en la protección social, Senador Román y
Senador Granado, no hay desastre. La protección social en España ha
aumentado. A igualdad de beneficiarios del sistema, han aumentado las
prestaciones sanitarias, las educativas, las prestaciones por pensiones y
por mantenimiento de rentas.
La reforma del Impuesto sobre la Renta es otro de los ejes sobre los que
se han hecho girar algunas de las enmiendas de veto que se han
presentado, pero como creo que eso está ya suficientemente debatido no
vamos a entrar en ello, aunque si me gustaría hacer simplemente una
mención.
Este Gobierno, dentro de la política económica que está practicando, ha
decidido modernizar el sistema tributario porque estamos convencidos de
que no se trata sólo de la reducción de la fiscalidad --por tanto, de la
devolución a los contribuyentes de parte de sus rentas, que la van a
percibir inmediatamente, en el mes de enero--, de una reducción que no
solamente es progresiva sino que, además, el efecto económico inducido
que ello va a producir sobre la economía, sobre las empresas, sobre los
agentes va a permitir que la propia fase de crecimiento económico se
alargue y contribuya no sólo a sustentar la recaudación por el Impuesto
sobre la Renta y por otros impuestos del sistema, sino que va a coadyuvar
a que a medio y largo plazo España crezca más y se cree más empleo. Por
tanto, no se trata sólo de una pura medida presupuestaria, sino que hay
que enmarcarla dentro de las políticas económicas estructurales que se
están desarrollando: es una política de empleo.
No quiero hacer demagogia, ya lo dije en esta tribuna, pero ustedes me
invitan a ello cuando digo que quienes
se oponen a la reforma del Impuesto sobre la Renta quizá en su
inconsciencia no se están dando cuenta de que están haciendo política
contra el empleo. El empleo ni se crea ni se destruye por casualidad. Hay
que establecer los mecanismos, los incentivos que favorezcan la creación
de empleo. Unos son las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y que tanto desagrado han producido, y otros son la
creación de las condiciones económicas tales como la rebaja de ciertos
impuestos, la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, la
fiscalidad sobre la renta de los contribuyentes, que permiten, potencian
y avalan la creación de empleo.
Credibilidad. Creo que en estos momentos quizá sea el factor más
importante de las políticas económicas. De hecho, si se leen los últimos
artículos sobre políticas económicas y sobre las consecuencias de esta
última crisis financiera hay una palabra que los economistas utilizan con
práctica unanimidad: credibilidad. Porque la credibilidad de las
políticas económicas en los tiempos que corren, en un mundo globalizado,
es, sin duda, la propiedad más importante que se puede postular de la
acción de un Gobierno. Así, un Gobierno que es creíble internacionalmente
no será penalizado por los mercados financieros. Un Gobierno que es
creído y creíble interiormente no será penalizado con políticas
disparatadas o absurdas, ya sean de la oposición, o de otros agentes
sociales.
Y como creemos que en materia presupuestaria nuestro aval de credibilidad
es máximo, no entendemos algunos de los argumentos que se han utilizado
al defender estas enmiendas de veto. Porque tenemos los datos que tenemos
sobre la ejecución presupuestaria, la ejecución del gasto, la ejecución
de los ingresos, en términos de evolución de la inflación, de tipos de
interés, etcétera, y creo que todo ese marco --que permítanme que no
repita-- configura un contexto de política económica, política
presupuestaria y política fiscal absolutamente creíble. Y es precisamente
esa credibilidad la que nos ha permitido integrarnos en el euro desde el
primer momento; es esa credibilidad la que nos ha permitido crear 450.000
empleos netos, nuevos, en 1998, y es esa credibilidad, a través de los
mensajes que se lanzan a los mercados financieros, la que nos ha
permitido estar exactamente en las mismas condiciones en que están los
países más desarrollados de Europa, como Alemania, y la que nos va a
permitir reducir la deuda pública y ponerla en el nivel del que el Grupo
Parlamentario Socialista y el Gobierno al que entonces sustentaba la
sacaron: en torno al 60 por ciento del producto interior bruto. Ese es el
objetivo del programa de convergencia que se aprobará próximamente para
el año 2002: reducir al 60 por ciento el nivel de deuda pública en
relación con el producto interior bruto.
Y qué decir de las políticas de investigación y desarrollo, o de los
propios servicios sociales. Por ejemplo, en 1999 la sanidad va a recibir
una financiación que es 6.000 pesetas por habitante superior a la
recibida en 1998. Los gastos educativos, creciendo a tasas superiores al
6 por ciento, van a permitir, no sólo que los traspasos de competencia se
realicen de forma eficaz --cosa que, lógicamente, requiere el concurso de
varias partes, puesto que se trata de una negociación--, sino también la
dotación de nuevos centros escolares, con un gasto y una política que
durante largos años estuvo bastante paralizada en el Gobierno anterior.
Lo mismo podríamos decir de la financiación de las administraciones
territoriales --y supongo que será otra de las enmiendas a las que se
hacía referencia, como modificativa de legislación básica--, con un nuevo
sistema de financiación de las haciendas locales y alguna modificación en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En conclusión, entendemos que estos eran los presupuestos que necesitaba
España para 1999 y que van a ser eficaces para seguir incidiendo en la
política que se está desarrollando y que tan eficaz está resultando para
nuestro crecimiento y empleo. Por tanto, creemos que estos presupuestos
son muy consistentes con los objetivos programados.
Y creo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha entendido
exactamente lo mismo --es decir, que, efectivamente, estos presupuestos
son muy consistentes--, por el hecho de que, aparte de unos pocos chistes
y unos pocos argumentos, picoteando en el total del mar presupuestario,
no se ha dicho nada sobre los presupuestos generales del Estado. Y toda
la intervención del portavoz socialista, Senador Granado --al cual, como
él sabe, se le tiene en mucha estima desde mi Grupo Parlamentario--, se
ha limitado de nuevo al rumor, al runrún de que podemos estar ante un
caso de inconstitucionalidad. Pero para que usted, Senador Granado, me
pueda contestar sobre qué hay de cierto en lo que usted ha dicho antes, y
no tanto en lo que yo le diga ahora --en que simplemente me voy a limitar
a reflejar sus palabras--, le voy a señalar la incoherencia conceptual
que hemos percibido de sus palabras. Se dice: modifican más de sesenta
leyes y presentan muchas enmiendas. Tengo aquí una relación de todas las
leyes que modifican ustedes con sus enmiendas, pero no una ley genérica o
teórica, sino la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
1999 y la ley de acompañamiento, y repito que se podría hacer una
relación exhaustiva. Desde luego tienen un número de enmiendas muy
superior al nuestro y tienen también, dentro de ese muy superior número
de enmiendas, unas modificaciones legislativas de mucho calado y a muchas
disposiciones legales.
Ustedes reproducen todas las enmiendas del Congreso de los Diputados,
donde, por ejemplo --¡qué sorpresa!--, ¿saben que modifican la Ley del
Sector Eléctrico? Modifican ustedes la Ley del Sector Eléctrico, y
precisamente los costes de transición a la competencia. Proponen en sus
enmiendas --y sólo me fijo ahora en disposiciones adicionales-- varias
modificaciones fiscales sobre los libros de texto, lo cual es lógico; la
disolución y liquidación de fondos de promoción de empleo; la mejora de
cobertura del subsidio de desempleo; incentivos a cuotas de la Seguridad
Social para aquellas empresas que reduzcan la jornada de trabajo, en
presupuestos se incentivan las cuotas de Seguridad Social para aquellas
empresas que reduzcan la jornada de trabajo; se regulan horas
extraordinarias en las Administraciones públicas; se da un mandato al
Gobierno para que antes de seis meses remita un proyecto de ley de
regulación del Servicio Estatal de Empleo; se establecen programas de
interés estatal de inspección de trabajo y Seguridad Social; se modifica
la Ley de Regulación de Empresas de Trabajo Temporal; se regula el fondo
de garantía de pago de alimentos, consecuencia de convenio o resolución
judicial en casos de separación o divorcio; la supresión de beneficios
fiscales a autopistas de peaje en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles; la
reducción de la compensación a las compañías titulares de servicios
públicos, en los casos de modificación de tendido de líneas, etcétera.
Además, en el Senado se añaden modificaciones en la Ley del Medicamento,
bonificación en cuotas de Seguridad Social para empresas pesqueras
mixtas, bonificaciones fiscales para incentivar la capitalidad cultural
de Salamanca; se incorpora a la base de cotización de la Seguridad Social
el tronco de propinas de los trabajadores de casinos de juego; se
prorroga por cuatro años la autorización de la actividad de empresas
operadoras de televisión por cable, actualmente en servicio, con lo cual
cambiaría también la ordenación de ese sector, etcétera.
Por tanto, tenemos un elevadísimo número de enmiendas y también un muy
elevado número de modificaciones legislativas, incluso algunas
compartidas, porque ustedes, por ejemplo, presentan una enmienda que
hemos presentado todos los demás grupos para permitir a los pensionistas,
o, mejor aún, para garantizar que los pensionistas mantengan los
beneficios que para ellos supone la política económica del Gobierno; es
decir, que las tasas de inflación realizadas sean inferiores a las tasas
de inflación previstas. Pero ocurre, sin embargo, que ampliada esta
enmienda, en la cual estamos todos de acuerdo puesto que todos hemos
presentado la misma enmienda --ha sido un acuerdo muy positivo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, terminó su
tiempo.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor Presidente, rápidamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Cuanto antes.
Muchas gracias.
El señor UTRERA MORA: Decía que puesto que todos hemos presentado la
misma enmienda supongo que estarán de acuerdo con la enmienda que han
firmado y presentado, lo estábamos todos los grupos, y supongo que
también estarán de acuerdo con la ampliación que hicimos de la misma en
Ponencia, donde a los pensionistas de clases pasivas también se les
extendía este beneficio, como por otro lado era lógico, y resulta que
ésta no es insconstitucional; ésta no, ni ninguna de las 140
modificaciones que proponen en sus 140 enmiendas, en números redondos, a
la ley de presupuestos en el Senado; éstas no.
Temía que, por coherencia con su discurso, dijera que lo que se estaba
haciendo en la ley de medidas era un abuso por definición y que,
consecuentemente, toda enmienda presentada y que introdujera alguna
modificación debía de ser calificada como inconstitucional; creo que eso
hubiese sido bastante más coherente que, si no he entendido mal, el
discurso del Senador Román Clemente, lo cual podría tener una cierta
coherencia, repito. Pero no; el Senador Granado nos habla de fe de
erratas, donde no entiendo cómo introduce la adecuación a normativa
comunitaria o eliminar inseguridad tributaria, aunque sí es verdad que
habrá otras muchas enmiendas que son auténticas correcciones de erratas.
Introduce --además no he entendido el tono despectivo-- como de interés
general un segundo apartado donde aparece una enmienda, que nosotros
entendemos relevante, para corregir un muy importante problema que
presentaba la ley socialista que regula la exportación de obras de arte.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, tendrá ocasión en
este Pleno, que es muy largo, de exponer todas las ideas que todavía le
faltan.
El señor UTRERA MORA: Termino en unos minutos, señor Presidente.
Se trata, efectivamente, de evitar la exportación y posterior
importación, es decir, el puro movimiento físico de unas obras de arte
para que sencillamente no sean catalogadas entre las obras de arte que se
han de quedar fijas en territorio español. Consecuentemente, ese es el
único objeto, evitar el movimiento físico de las obras de arte para
mantenernos en una situación que nosotros entendemos, de momento,
bastante satisfactoria.
Por último, llegamos a aquellas enmiendas que fuerzan la Constitución, y
de todas las presentadas --sorpresa que nos hemos llevado-- únicamente ha
citado dos, es decir, todo le ha parecido bien. De las 110 enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario únicamente a dos enmiendas se les
ha atribuido esa amenaza latente de que se llevarán al Tribunal
Constitucional. Yo espero que esta amenaza no sea en vano, de la misma
forma que lo fue, por lo menos hasta donde me llega la información, la
cuestión de las aportaciones de fondos al Fondo Monetario Internacional,
donde se dijo que se recurriría y, que sepamos, todavía no se ha hecho, y
que sepamos también posiblemente no se recurra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, mi tozudez es más
institucional que la suya. Por lo tanto, le pido que termine ya.
El señor UTRERA MORA: Termino en un minuto, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un minuto es demasiado, señoría.
El señor UTRERA MORA: De hecho, lo que parece inaugurarse aquí es una
nueva teoría muy extraña sobre el funcionamiento del Senado. Esa teoría
extraña que se deduce de su discurso, Senador Granado --y le ruego
que me matice la corrección que crea oportuna--, consiste en que parece
ser que únicamente no son constitucionales aquellas enmiendas del Grupo
mayoritario que son apoyadas por el minoritario o consentidas, y que
pasan a la categoría de inconstitucionales aquellas enmiendas ni
autorizadas ni consentidas por el Grupo minoritario, por el Grupo
Socialista, o por algún medio de comunicación o por algún miembro
concreto del Partido Socialista, como parece ser el candidato señor
Borrell. Y si esa teoría política de democracia orgánica o democracia
organizada sobre principios extraños es lo que usted nos está proponiendo
con esa amenaza de recurso al Tribunal Constitucional, le diré que, sin
entrar en el fondo de la cuestión --tampoco ha entrado usted, y parece
que únicamente venía a poner la etiqueta de inconstitucionalidad--, desde
nuestro punto de vista hará usted muy bien en presentar esos recursos y
en defenderlos, pero ya les anticipo que harán el ridículo, entre otras
cosas por la intervención que ha tenido usted, que vuelvo a repetirle, ni
lo son todas ni siquiera las que no se apoyan, sino únicamente las que en
Pleno o en un debate se detectan como posibles inconstitucionales.
Frente a eso, y termino ya, señor Presidente, he de decirle que desde
nuestro Grupo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, le he advertido
cuatro veces. Yo creo que es suficiente. Muchas gracias, señoría.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al turno de portavoces.
Dada la excepcionalidad del debate, el Grupo Mixto esta vez va a partir
su turno en dos.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra por un tiempo de cinco
minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente, y me va a sobrar
parte de esos cinco minutos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Quiero decirle, Senador Utrera, que lamento mi momentánea ausencia de la
Cámara, debida a una obligación, y que su señoría ha aprovechado para
decir que no me respondía porque no estaba aquí.
En todo caso, quiero plantearle un par de cosas. En primer lugar, creo
que he dejado bien claras las razones, especialmente políticas, de la
postura de veto de Eusko Alkartasuna a los presupuestos. Una vez más, se
contempla en estos Presupuestos Generales del Estado el incumplimiento
sistemático de las competencias establecidas en el Estatuto de Guernika,
en especial, todas aquellas relacionadas con temas muy sensibles como la
investigación, el régimen económico de la Seguridad Social o el empleo.
No voy a insistir más en este tema, porque creo que lo hemos debatido
muchas veces y su señoría nunca contesta con demasiada precisión.
Olvidando ese tema y centrándonos en los propios presupuestos, me voy a
referir a otra cuestión muy sensible para Eusko Alkartasuna. Decía su
señoría --no refiriéndose a mí, pero yo también he planteado ese tema en
nombre de Eusko Alkartasuna-- que el Partido Popular tiene la
satisfacción de haber impulsado la creación de un millón de puestos de
trabajo, desde 1996, gracias a la gestión del Gobierno de José María
Aznar, y que, en este sentido, se ha reducido el pago por desempleo sin
reducir las prestaciones sociales, que han aumentado para los que siguen
teniendo cobertura por desempleo. Si no he entendido mal, creo que decía
algo parecido. Lo que yo he planteado aquí, y le repito al señor Utrera,
es qué pasa con ese 50 por ciento de desempleados y desempleadas
inscritos en el INEM, que no reciben ninguna prestación, que no tienen
ninguna cobertura. ¿Qué pasa con estas personas más desfavorecidas, en
una situación de crecimiento económico y de reducción histórica del
déficit, como usted mismo ha manifestado? A lo mejor resulta que habría
que reducir menos el déficit y pensar más en estas personas más
desfavorecidas. La cuestión no es si han mejorado la calidad o la
cantidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos, sino qué pasa
con las personas que no las reciben. Esa es la pregunta que yo he
planteado aquí y esa es la cuestión por la que he dicho que, sin
perjuicio de que no estemos en contra de que es mejor una política de
creación de empleo y de formación que de subsidio, no podemos olvidarnos
de todas esas personas que no reciben ningún subsidio.
La otra cuestión que he planteado es la de las fundaciones sanitarias.
Señor Utrera, el País Vasco tiene transferida la sanidad; tenemos un
organismo que se llama Osakidetza, que aprovecho para decir que tiene un
funcionamiento que es muy bien percibido por las ciudadanas y ciudadanos
vascos, según las encuestas, pero desde una defensa a ultranza del
autogobierno no se puede aprobar que un debate tan importante se plantee,
en este momento, en el Senado, a través de las enmiendas que ustedes han
presentado y no del proyecto de ley del Gobierno, que hubiese dado la
oportunidad de debatirlo más profundamente, y que se produzca una
transferencia a aquellas Comunidades que tienen competencias, pero no
tienen transferida la sanidad, con una predeterminación hacia un modelo.
A mí, desde el punto de vista de defender el autogobierno --lo que no
quiero para mí, no lo quiero para los demás--, me parece que, aunque no
me afecte, tengo la solidaridad y la coherencia suficiente como para
pensar que esta cuestión tenía que ser objeto, al menos, de un
planteamiento desde el proyecto de ley, que hubiera permitido --sin
entrar en inconstitucionalidades o no-- un debate más en profundidad.
No quiero insistir en más cuestiones, ya que el Senador Utrera no ha
hecho alusión a otras distintas de las que yo he planteado. Unicamente
quería manifestar esto y el que, lamentablemente, ha aprovechado mi
ausencia para decirlo en la Cámara. He sentido no asistir porque hubiera
escuchado todo el discurso del señor Utrera con mucho interés, como
siempre.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente, por tiempo de cinco minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente
Seré breve, señor Utrera.
Decía que las medidas que proponíamos carecían de todo tipo de utilidad,
que están pasadas de moda y que no tienen ninguna efectividad. No deja de
ser una opinión política que sustenta unos presupuestos ideológicos y
unos planteamientos completamente contrarios a los de este Senador.
Pero su señoría se centraba en la base de la austeridad. Sin duda, señor
Utrera, austeridad, pero más con unos que con otros, presupuestos
generosos para los sectores que le apoyan y presupuestos austeros para
pensionistas, para trabajadores, para salarios, para servicios o para
prestaciones sociales. En eso sí hay austeridad; en eso sí hay recortes,
señoría, y en lo otro generosidad.
Decía que este presupuesto crea empleo y creo que los parámetros que
recoge se crea menos empleo que en el año 1998. No sé si querrán o no
corregirlo, pero para el año 1999 sus señorías plantean crear menos
empleo con un crecimiento económico mayor que en 1998.
Vuelvo a insistir en que sus señorías confunden empleo con contratos. Un
empleo para cuatro o cinco o seis empleados, que puede suponer contratos
de horas, que puede ser reiterativo a lo largo de los meses del año,
señoría, desde nuestro punto de vista, ni es empleo ni tiene calidad.
Pero su señoría decía que los que estamos en contra del sistema del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que recientemente han
aprobado y que también van a reformar en consecuencia con las enmiendas
presentadas en esta Cámara, estamos en contra de la creación de empleo.
¿Puede decirnos en este momento cuánto se va a dedicar, de esos posibles
beneficios derivados de estas modificaciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, a consumo interno y cuánto al ahorro? ¿Lo puede
concretar? ¿Puede cifrar en parámetros cuánto va a significar? Esta
mañana algo apuntaba el Ministro, pero su señoría no deja de descalificar
los argumentos contrarios también con generalidades.
Para ir concluyendo, su señoría dice que este es un presupuesto avalado
por un diálogo social. Senador Utrera, descalifica los planteamientos que
hacemos desde la oposición, en concreto, los de la propuesta de veto de
Izquierda Unida. Dice que hablamos de generalidades, pero no de
presupuestos, y que este presupuesto goza del diálogo y del consenso
social. Pues no, Senador Utrera, no. El Gobierno puede haber alcanzado
acuerdos con empresarios y sindicatos, pero en lo que respecta al
presupuesto, no. Naturalmente, señor Utrera, que leo la Constitución,
pero también convendría que su señoría releyera leyes orgánicas, como la
de Libertad Sindical o los derechos que se otorgan a los empleados
públicos para poder expresar su opinión con respecto a los presupuestos,
y que esas opiniones pudieran ser contempladas en la política
presupuestaria. Senador Utrera, no puede descalificar ambas cosas y
después arrogarse el mismo argumento. No puede decir que este es un
presupuesto que viene avalado por el diálogo social, porque es contestado
socialmente por no crear empleo y porque las políticas no se traducen en
la mejora de las prestaciones sociales.
Tendremos oportunidad de debatir las políticas en educación, en sanidad o
en prestaciones sociales, y no voy a entrar ahora en ello, pero, desde
luego, no puedo aceptar de ninguna forma que diga que el presupuesto
viene avalado por el diálogo social.
En cuanto a la ley de acompañamiento o Ley de Medidas Fiscales, ¿les
recuerdo cuál era su comportamiento en la oposición? ¿En cuántas
ocasiones sus señorías han criticado con dureza al Gobierno por las
medidas que se acompañaban en estas leyes? Pero sus señorías desde el
Gobierno han cambiado la posición. Hablar de modificación de 52 leyes,
hablar de la modificación de 26 entes, de numerosas reformas en la
estructura organizativa administrativa de organismos públicos no deja de
ser una perversión; no deja de ser, como dicen algunos en la doctrina,
algún fraude de ley.
Es cómodo para el Gobierno modificar de una sola vez todos estos
preceptos legales que en su gran mayoría no tienen nada que ver con la
política presupuestaria. Y su señoría, además de todo esto, añade unas
modificaciones que se introducen en el Senado. Es imposible hacer un
seguimiento de todos estos cambios; es imposible y pone en una posición
muy difícil a quien tiene que aplicar estas leyes, a quienes tienen que
acatar y cumplir estas leyes y el seguimiento de las mismas. Sus señorías
harían bien en aceptar lo que dicen los servicios jurídicos de las
Cámaras, el Consejo Económico y Social, así como la mayor parte de la
doctrina al respecto. Hay indicios más que razonables de la
inconstitucionalidad de la medida.
El señor PRESIDENTE: Senador Román Clemente, su tiempo ha terminado.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, concluyo.
Su señoría no ha querido entrar en este tema, afirma que son recetas.
Practiquen algunas, porque es imposible decir cómo mejora la prestación
por desempleo, con 2.900.000 personas en paro; porque sólo van a cubrir
prestaciones por desempleo en un número aproximado de 1.100.000 y porque
se va a producir con respecto de 1999 a 1998 aproximadamente, como media,
una cantidad de 80.000 pesetas menos en la percepción de la prestación.
¿Esto es mejorar, señoría? ¿Por qué no se mejora la capacidad adquisitiva
de cinco millones de pensionistas con pensiones que oscilan entre 38.000
y 64.000 pesetas? ¿Por qué, señoría? Haría bien en explicármelo porque
estoy dispuesto a entender sus argumentos. Haré un esfuerzo por intentar
entenderlos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gangoiti por un tiempo de diez minutos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, lamento que en este momento no se encuentre aquí quien ha
presentado los Presupuestos Generales y la ley de acompañamiento, el
señor Vicepresidente del Gobierno. Entiendo que tenía otra serie de
cuestiones importantes pero es una pena que no pueda responder a la
intervención de los diversos grupos parlamentarios, incluido el nuestro.
Señorías, he subido a esta tribuna para fijar la posición del Partido
Nacionalista Vasco en el debate de la Ley por excelencia del año
legislativo, cual es la Ley de Presupuestos. En este sentido diré que
nuestro Grupo Parlamentario va a votar en contra y vamos a hacerlo por
razones esencialmente políticas; razones políticas que se encuentran en
el incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo suscrito entre el
Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco con la investidura del
hoy Presidente Aznar. Dicho acuerdo decía textualmente: El PNV compromete
el voto favorable a la investidura del señor don José María Aznar como
Presidente del Gobierno basado en la asunción, por parte del Partido
Popular y del Partido Nacionalista Vasco de los siguientes compromisos
políticos. Y el punto número uno, que es el punto del desacuerdo, decía
textualmente: Desarrollo estatutario. El pleno y leal desarrollo del
Estatuto de Gernika, de conformidad con los principios que le inspiraron
y respetando su singularidad, ha sido reafirmado de nuevo por el
Parlamento Vasco el 20 de octubre de 1995. En tal sentido, su desarrollo
íntegro se realizará básicamente de conformidad y con los contenidos en
el informe sobre prioridades de negociación de las transferencias
pendientes.
El PNV cumplió en su momento el acuerdo entre ambos partidos votando
afirmativamente la investidura del hoy Presidente Aznar. Pasado el
ecuador de la legislatura podemos observar que por parte del Gobierno ha
habido un flagrante incumplimiento del punto uno del acuerdo de
investidura que he citado hace unos momentos.
Cuando el Partido Popular llegó al poder, el Estatuto Vasco, el más
antiguo de los estatutos del Estado de las Autonomías, se encontraba
incompleto a falta de 47 transferencias. Hoy, dos años después, restan
aún 37 transferencias, es decir, se han llevado a cabo tan sólo cinco.
Siguiendo este ritmo transferencial, el Estatuto de Gernika necesitaría
19 años para que pudiera gozar de pleno contenido; es decir, en el 2019
estaría completo este Estatuto, casi 40 años después de su aprobación por
ley orgánica y por referéndum al que se sumaron mayoritariamente los
ciudadanos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Señorías, cuando el PNV presentó como primer punto para el acuerdo de
investidura el pleno desarrollo del Estatuto no estaba haciendo, única y
exclusivamente, un legítimo planteamiento de partido o partidista, sino
que solicitaba que se diese cumplimiento a la voluntad expresada
mayoritariamente por el Parlamento Vasco en dos ocasiones, en 1993 y en
1995, de un Parlamento Vasco que solicitó en ambos casos el cumplimiento
íntegro y lo más rápidamente posible del Estatuto de Gernika.
De hecho, en el primero de los debates celebrado hace cinco años, el
portavoz popular en la Cámara de Vitoria, señor Barreda, entre otras
cosas, dijo: Este es un informe de consenso, un informe fruto del acuerdo
entre grupos que representan la mayoría de esta Cámara, en el que no hay
un autor principal y donde se han evitado lecturas maximalistas. El
desacuerdo entre las fuerzas políticas vascas ha sido superado al menos
por una mayoría.
En cuanto al estado del cumplimiento estatutario, el señor Barreda decía
en 1993, época del Gobierno socialista: hoy persiste la sequía de
transferencias en esta Comunidad Autónoma. Por último, el portavoz del
Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca sintetizaba
textualmente su posicionamiento con estas palabras: Ni el informe ni la
transferencia plena de las 55 materias a las que se refiere --eran 55 en
aquel momento-- pueden colmar el desarrollo estatutario por más que así
se haya dicho o se le haya atribuido al Vicelehendakari, señor Buesa,
porque la propia Constitución conceptúa el proceso autonómico como algo
abierto y susceptible de nuevos desarrollos, y por más que a algunos les
pueda parecer chocante que sea el Partido Popular quien recalque esos
extremos, lo cierto es que ésa es la legalidad constitucional. Con el
artículo 150.2 en la mano el proceso de transferencias puede ser
ilimitado.
En consecuencia, señorías, se puede decir que el pacto de investidura
PNV-Partido Popular, en cuanto al desarrollo estatutario se refiere, es
ante todo un planteamiento de consenso, alejado de maximalismos, que
representa la voluntad mayoritaria de la Cámara y de los ciudadanos
vascos con objeto de dar cumplimiento tan sólo a una parte del
autogobierno vasco que es el Estatuto de Gernika.
Posteriormente, en el debate de investidura del hoy Presidente Aznar,
celebrado el 3 de mayo de 1996, el portavoz del PNV en el Congreso, señor
Anasagasti, decía que: ante la nueva situación creada por los resultados,
aceptamos la invitación del Partido Popular a hablar.
Ustedes nos propusieron mirar al futuro en lugar de reprocharnos el
pasado. Aceptamos la invitación porque creímos en el diálogo y en el
acuerdo. Pero en ese diálogo nosotros expusimos muy claramente y como
elemento primordial que el Partido Nacionalista Vasco no podía dar su
apoyo a un Gobierno que no aceptase el cumplimiento íntegro del Estatuto
de Gernika, puesto que ello nos obligaría a replantearnos nuestra acción
política. De hecho, en el debate de investidura, el señor candidato y hoy
Presidente, señor Aznar, se refería a Iñaqui Anasagasti, nuestro
portavoz, señalando: El desarrollo del Estatuto de Gernika con plena
lealtad, con plena asunción del mismo en lo que significa además el
desarrollo de los acuerdos del Parlamento Vasco que han sido respaldados
por todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, es de suponer que no se
podría escuchar --o coherentemente no se debería escuchar-- ninguna voz
discordante en lo que significa un compromiso general respecto al
desarrollo del Estatuto de Gernika.
Esto es lo que se dijo durante la última investidura respecto a una parte
fundamental del Pacto PNV-Partido Popular. El PNV cumplió en su momento
lo acordado, e incluso a lo largo de la legislatura ha votado
favorablemente en la Cámara Baja con el Gobierno en múltiples ocasiones y
en momentos difíciles, como por ejemplo, la Ley Helms-Burton.
A partir de hoy, el Partido Nacionalista Vasco --lo quiero decir aquí--
considera incumplido el Pacto sobre el acuerdo del Parlamento Vasco en
cuanto al desarrollo del Estatuto y, en consecuencia, su postura en las
Cámaras será de total libertad e independencia en cuanto al sentido del
voto. Ello no significa una labor de acoso y derribo al Ejecutivo, ni
mucho menos, pues no es ésa nuestra forma de hacer política, pero también
significa que nuestro Grupo Parlamentario no acudirá en apoyo del
Gobierno en temas en los que no estemos de acuerdo, aunque exista la
posibilidad de que el Ejecutivo pierda en la Cámara Baja.
El señor PRESIDENTE: Senador Gangoiti, por favor, vaya terminando.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Voy terminando, señor Presidente.
Respecto a la votación de estos Presupuestos en el Senado, somos
conscientes de que ustedes no necesitan numéricamente de nuestro voto,
pero sí quiero señalar que, políticamente, respecto a la legislatura
pasada hay un menor apoyo parlamentario. De hecho, tan solo dos partidos
políticos de los que tienen grupo parlamentario propio apoyarán estos
Presupuestos.
En cuanto a la ley de acompañamiento, y a pesar de expresar nuestra
protesta por la batería de enmiendas presentadas por el Partido Popular
en esta Cámara, a través de la cual se reforman casi 60 leyes, cuatro de
ellas aprobadas este año --que creemos no es de recibo ni política ni
democráticamente--, vamos a votar a favor; un voto favorable que va en la
línea de lo indicado anteriormente: votar en conciencia, y que echa por
tierra las manifestaciones de algunas personalidades sobre lo que
denominan «la pataleta del PNV» y de votar sistemáticamente en contra del
Gobierno.
En resumen, señorías, señores del Gobierno, aunque estén ausentes,
señores del Grupo Parlamentario Popular, el no del Grupo Vasco a los
Presupuestos es un no político fruto del incumplimiento gubernamental
sobre el acuerdo de investidura en lo referente al desarrollo
estatutario.
El señor PRESIDENTE: Senador Gangoiti, ha terminado su tiempo.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Presidente, me gustaría que me
concediera un minuto.
El señor PRESIDENTE: Estamos intentando ser inflexibles en los tiempos.
Tiene la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Un Estatuto que da la sensación de que está
agotado o en vía muerta. Lo más grave de esta situación es que actitudes
de este tipo propician la desconfianza política.
El problema radica cuando se produce un incumplimiento de lo pactado y lo
afirmado. En ese caso, la desconfianza, entre otras cosas, hace acto de
presencia y en la desconfianza el acuerdo se hace difícil, incluso en los
casos en los que las diferencias puedan ser mínimas.
Ustedes, señores del Grupo Popular, sabrán mucho mejor que yo lo que
resta de legislatura. Mirando hacia un futuro, sería bueno que antes de
que ésta se agote se retorne al Pacto de investidura, dando cumplimiento
al acuerdo sobre el desarrollo del Estatuto de Gernika. Ello significaría
dotar de credibilidad al Pacto de investidura y devolver la confianza
política a una de las partes. Desde luego, y a pesar de la profunda
decepción que nos ha causado el incumplimiento, puedo asegurarles,
señorías, señores del Grupo Popular y señores del Gobierno, que nuestro
Partido celebraría y valoraría positivamente el restablecimiento del
Pacto, lo que normalizaría las relaciones entre el Grupo Parlamentario
Nacionalista y el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces y para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en este
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y en el proyecto de
ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, voy a
dividir mi intervención en dos grandes bloques; el primero de ellos, para
fijar el posicionamiento concretamente sobre el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado, en el que vamos a justificar nuestro
apoyo al mismo, y el segundo bloque, para comentar el debate que se ha
abierto en el Senado sobre la ley de acompañamiento y las enmiendas que
se han presentado a la misma por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Por lo que hace referencia al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado, es evidente que viene marcado porque a partir del próximo día
1 de enero entra en vigor el euro, y el Banco Central Europeo empieza a
operar con las competencias en política monetaria y financiera que le
hemos cedido los países miembros. Por ello, la presentación del proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 marca el fin de un
período de integración de la economía española en Europa con nuestra
integración en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, y
finalizamos, por tanto, el proceso de
convergencia nominal y de acercamiento de políticas económicas. A partir
de 1999 iniciamos un proyecto político y económico, y ya no se trata de
aplicar políticas similares, sino políticas comunes. A partir de ahora la
convergencia nominal se presupone, vamos a compartir moneda, vamos a
compartir determinadas políticas económicas y, en consecuencia, vamos a
tener que competir directamente con las demás economías europeas en
igualdad de condiciones, lo que evidentemente nos exige una convergencia
real. Este es el marco político y económico en el que se presentan los
Presupuestos Generales del Estado para 1999, un contexto ilusionante,
pero, sin duda, no exento de riesgos y dificultades.
Desde nuestro punto de vista, la economía española alcanza este fin de
etapa en unas condiciones muy favorables. Si hubiera que poner una nota
al proceso transitorio de aproximación y convergencia europea creo que no
debería bajar del notable alto. Fallaron los presagios pesimistas de
quien situaba nuestra economía lejos de este proceso. La convergencia ha
sido un éxito: hemos reducido o controlado los desequilibros
macroeconómicos que nos alejaron de Europa, a la vez que hemos situado la
economía en la senda del crecimiento. De hecho, no ha sido hasta después
de las devaluaciones de 1993, cuando se han producido las grandes
transformaciones de nuestra economía que nos han permitido pasar de una
situación de crisis, destrucción de empleo, y pérdida de competitividad,
a la situación actual, con crecimiento económico, creación de empleo,
creciente presencia internacional y constantes mejoras de competitividad.
Un breve repaso a la evolución de seis grandes magnitudes macroeconómicas
en este período puede contribuir a ilustrar sobre la magnitud de la
transformación. La primera de esas magnitudes es el crecimiento
económico; en 1998 la economía ha crecido por quinto año consecutivo con
una tasa cercana al 4 por ciento. La segunda es la creación de empleo; en
los últimos cinco años se han creado 1.400.000 empleos. La tercera
magnitud es la inflación, que se ha reducido hasta situarse en mínimos
históricos del 1,6 por ciento en el pasado mes de septiembre. La cuarta,
los tipos de interés, que estaban en el 11 por ciento en 1994, y están en
el 3 por ciento después de la reciente decisión concertada de los bancos
centrales europeos. La quinta es la internacionalización de nuestra
economía. Ya no sólo se trata de captar inversiones e importaciones del
exterior, sino que invertimos en el exterior. En 1998 la inversión
española directa en el exterior supera el billón y medio de pesetas. Y la
sexta es el déficit público, que se ha reducido hasta el 1,8 por ciento,
como ha anunciado muy recientemente el Vicepresidente del Gobierno.
Este cambio experimentado por nuestra economía no es coyuntural, ya que,
por una parte, tiene unos componentes estructurales que responden a los
cambios de dimensión del mercado español que se ha adaptado al mercado
europeo y, por otra, es consecuencia de decisiones trascendentales de
política económica. Al realizar estas reflexiones, y sin minimizar en
absoluto el acierto y los logros del actual Gobierno, ni la orientación
económica que ya se inició en la última etapa del anterior Gobierno
socialista, quiero poner de manifiesto una vez más el papel activo,
relevante y motor que ha tenido Convergència i Unió en este proceso.
En primer lugar, en 1993, al propiciar un cambio de la política económica
hacia la economía productiva; en segundo lugar, dando confianza en 1996
al actual Gobierno Popular, sobre una base de continuidad y mayor impulso
del proceso de convergencia económica iniciado y, en tercer lugar,
otorgando un apoyo inflexible a dos ejes fundamentales del proceso de
transformación de nuestra economía: el apoyo a la integración plena en la
Unión Europea y el apoyo claro a la estabilidad política, como garantía
de nuestra voluntad de ultimar este proceso ante la sociedad y ante los
mercados. Finalizamos, por tanto, el período transitorio de integración
en una buena situación para afrontar el proyecto del euro.
Mantener esta situación en el futuro es nuestro gran reto y nuestro
principal objetivo. La aprobación de los presupuestos para 1999 es la
primera de las decisiones que compartimos con el Gobierno para afrontar
este reto y para mejorar nuestro presente. El primer gran objetivo que
compartimos en estos presupuestos es el de consolidar el crecimiento
desde la estabilidad. Estamos ante unos presupuestos de equilibrio:
consolidan la austeridad, el gasto público crece por debajo del
crecimiento previsto para la economía, los ingresos aumentan como
consecuencia del crecimiento económico y permiten asumir el coste de la
reforma del IRPF y además una ligera moderación en la presión fiscal
global, otorgan prioridad al crecimiento de la inversión frente al
crecimiento del gasto corriente y, desde la perspectiva financiera, la
inversión supera al déficit público, lo cual resulta una garantía de
presupuestos públicos saneados, como ya ha comentado anteriormente el
Senador Utrera como un dato importante comparándolo con otros ejercicios
anteriores en que quizás la inversión era superior pero no se daba este
hecho, que, sin duda, es un claro reflejo del saneamiento de la economía
pública.
El segundo gran objetivo que compartimos es el de consolidar el Estado
del bienestar. El gasto social sigue representando más de la mitad del
presupuesto consolidado y, además, incrementa su peso en el gasto total.
En consecuencia, señor Presidente señorías compartimos con el Gobierno
las líneas generales de los presupuestos para 1999, compartimos también
los principales objetivos en política económica que ha manifestado esta
mañana desde esta tribuna el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
compartimos su instrumentación a través de la política fiscal y de la
política presupuestaria de gasto público.
Señorías, entrando ahora en la segunda parte que he comentado al
principio de mi intervención, en lo que hace referencia al debate que se
ha suscitado sobre el trámite de la ley de medidas, no queremos abrir una
polémica sobre si antes se hicieron más o se hicieron menos
modificaciones a leyes en esta ley de medidas. Por tanto, no creo que sea
ese el debate.
Lo que sí entendemos, porque ha sido la práctica de los últimos años, es
que la ley de medidas debe modificar
leyes. Pero no nos preocupa el uso, sino que lo que nos puede preocupar
es el abuso que de ello se pueda hacer. Es evidente que presentar por
parte del Grupo que soporta al Gobierno 110 enmiendas y que, además, una
gran parte de ellas se hayan modificado cuando se han introducido en el
trámite de Ponencia o de Comisión creemos que debe llevar, como mínimo, a
una reflexión. Se modifican en el Senado un mínimo de 23 leyes que no se
modificaban en el texto originario. Por tanto, creemos que, cuando menos,
refleja una cierta improvisación en el trato de estos temas.
Convergència i Unió constata, simplemente, esta situación, sin hacer
mayores valoraciones, porque, además, algunas de las enmiendas, por su
transcendencia, necesitan, en nuestra opinión, de un estudio profundo, y,
por tanto, vamos a agotar el proceso legislativo, es decir, lo que queda
en el Pleno del Senado y su vuelta al Congreso, para definir nuestro
posicionamiento sobre estos temas. Estoy hablando de asuntos como la
titulización de los costes del tránsito a la competencia de las compañías
eléctricas o de la posibilidad de constituir fundaciones públicas
sanitarias para la gestión de los hospitales públicos. Son temas muy
importantes, temas de gran calado y, por tanto, nuestro Grupo va a agotar
el trámite para decidir una posición definitiva ante cuestiones de tanta
importancia.
Hay otros aspectos que se tratan en estas enmiendas que ha presentado el
Grupo Popular respecto de los que también mantenemos nuestras dudas. Por
ejemplo, respecto a la modificación que se propone de la disposición
adicional trigésimo segunda, que hace referencia a la Agencia Tributaria,
hace quince días hubo un debate sobre una interpelación y una moción
sobre esta cuestión y nosotros dijimos que dábamos soporte a lo que
hiciera el Ministerio de Economía. Mantenemos esta posición y por ello
queremos poner la duda encima de la mesa sobre si es conveniente o no
revisar lo que se aprobó en el Congreso con un amplio consenso. Es,
simplemente, una reflexión y esperamos que lo que se haga sea con un
consenso entre todos, sea aprobar la enmienda, sea retirarla, sea
transaccionarla.
Otros aspectos como los que hacen referencia a los agentes de aduanas o a
algunas enmiendas introducidas en el Congreso por Convergència i Unió,
evidentemente no nos satisfacen, pero en el debate posterior habrá
ocasión de manifestarlo sobradamente.
Por último, señor Presidente, quería hacer una mención a un tema para
nosotros importante por la trascendencia que tiene actualmente la
política económica, que no es otro que el tema de las infraestructuras.
En estos presupuestos la inversión crece, aunque el esfuerzo necesario es
muy grande, y este año, y una vez más lo reconocemos, las inversiones en
Cataluña aumentan y, además, de forma sustancial. Pero, como
contrapartida, nuestro Grupo no está satisfecho con la ejecución de las
inversiones presupuestariamente comprometidas por el Gobierno en 1998, y
este es el origen de los malentendidos que entre nuestro Grupo
Parlamentario en el Congreso y el Gobierno se produjeron en referencia a
este tema.
Esperamos que en el Senado las enmiendas introducidas en el Congreso por
el Grupo Parlamentario Popular respecto al Ministerio de Medio Ambiente
puedan resolverse con el mismo consenso que en el Pleno del Congreso se
resolvieron las del Ministerio de Fomento. Presentar estas enmiendas
corrigen determinados olvidos o errores, al igual que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular aquí en el Senado cuando ha presentado enmiendas
para inversiones que deben efectuarse en Ceuta y Melilla o en Galicia o
en Castilla y León. Esperamos, por tanto, que se trate con esta misma
perspectiva, repito, los temas pendientes que hay de medio ambiente a
través de estas enmiendas que mantiene aún vivas el Grupo Parlamentario
Popular.
Por último y como conclusión, señor Presidente, quiero manifestar que
estos presupuestos abordan con realismo la coyuntura actual de la
economía después de cinco años de crecimiento y en el momento de
incorporarnos a la Europa del euro. Hemos sabido responder positivamente
al reto de las exigencias de Maastricht mejor de lo que se esperaba de
nuestra economía y mejor que otros países más desarrollados; hemos sabido
actuar en el corto plazo y ser disciplinados con nuestros compromisos. En
este sentido estos presupuestos permiten dar continuidad a este ciclo de
bonanza económica. Sin embargo, con el euro se inicia un nuevo período en
el que la convergencia real tendrá más importancia que la convergencia
nominal.
En definitiva, y finalizo señor Presidente, esta etapa finaliza y empieza
otra de no menos exigencias, y estos presupuestos para 1999, los primeros
presupuestos del euro --como también los ha bautizado el Senador
Utrera--, son un documento útil para alcanzar los objetivos que tenemos
fijados. Es por lo que nuestro Grupo va a votar contrariamente a los
vetos que se han defendido con anterioridad en esta Tribuna y va a dar
soporte a los presupuestos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Granado tiene la
palabra.
EL señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Utrera ha comenzado su intervención diciendo que no había
observado ninguna idea en las intervenciones de los Grupos de la
oposición respecto a los vetos al Presupuesto y a la ley de medidas. Yo
no sería tan concluyente, Senador Utrera, porque le voy a dar dos ideas
que estaban en nuestras intervenciones y que están en los Presupuestos.
Una primera idea es la de establecer una retención sobre las plusvalías,
sobre los incrementos de patrimonio producidos por las inversiones en
capitales financieros. Esa idea la ha acogido el Gobierno para cuadrar
mínimamente las cifras de la reforma del Impuesto sobre la Renta, y no le
quiero repetir a usted lo que dijo el Senador Alierta el año pasado
cuando se discutió esta enmienda
socialista. Le puedo jurar que la contundencia es mala amiga de los que
se ven obligados a rectificar.
Una segunda idea es la enmienda sobre pensiones que ahora vamos a votar
todos conjuntamente y de acuerdo: vayamos francamente y yo el primero
--recordemos lo que decía Fernando VII-- por la senda de la enmienda de
las pensiones, que deroga un precepto que ustedes introdujeron en la Ley
de Seguridad Social contra nuestro criterio, que hemos pedido que se
derogara en todos y cada uno de los debates de presupuestos desde que se
introdujo, que ustedes han defendido hasta el mismo momento de la
presentación de las enmiendas socialistas al presupuesto de 1999 en el
Congreso, y que ahora ustedes asumen como idea suya lo que ha sido el
planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista en los dos últimos años.
En este sentido, las dos únicas ideas que a ustedes se les ocurren para
cuadrar las cifras del presupuesto o para mejorar la situación de
protección social en España son ideas del Grupo Parlamentario Socialista,
y cuando alguien predica la carencia de ideas de los demás: «Dime de lo
que presumes y te diré de lo que careces». Porque es que, además, el
problema que tienen ustedes no es que no tengan ideas, es que, como decía
mi abuela, que en paz descanse, no tienen idea buena. Le voy a decir
cuáles son sus ideas en este presupuesto. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Primera idea. La verdad es que cuando se acusa a los demás de no entrar
en el fondo de los asuntos, me gustaría oírle dar algún motivo para saber
por qué las empresas y los consumidores de energía de este país van a
tener que pagar un billón de pesetas a las compañías eléctricas los
próximos quince años (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.), porque no ha dado usted ni un solo argumento para explicar
el porqué hay que pagar ese billón, que es más del doble de lo que las
compañías eléctricas podrían recaudar a los ciudadanos si se aplicara el
modelo establecido en la Ley del Sector Eléctrico, y me gustaría que
cuando usted nos acusa de hacer el ridículo, o cuando, como en el caso de
un compañero suyo del Congreso, que ha calificado al Presidente de la
Comisión del Sistema Eléctrico de clónico del Grupo Parlamentario
Socialista --yo creo que estas son notas de color que le vienen bien a un
debate tan árido como este--, se pusiera a reflexionar qué tipo de
epítetos podría dedicar a sus señorías en relación con UNESA. Por ejemplo
son ustedes la prótesis parlamentaria de UNESA (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.), porque esta es la enmienda de UNESA, no
es la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Este es el billón de
UNESA. No es el billón del Grupo Parlamentario Popular. Este es un
impuesto, pero es un impuesto privado que no va a recaudar el Estado
español, en cuyo caso nosotros podríamos entrar en la discusión, sino que
lo van a recaudar las compañías eléctricas para su patrimonio, y es un
impuesto, porque se impone a los ciudadanos en función de una expectativa
de derecho que no existe como tal derecho adquirido y que ustedes
consagran como tal, y esto es entrar en el fondo de los asuntos. (Algunos
señores Senadores socialistas: ¡Muy bien!) Segunda idea. Me gustaría
poder oírle dar alguna argumentación para defender por qué unas
fundaciones que no pueden llamarse fundaciones y que no son entes
públicos, pero que se disfrazan de tales, van a administrar el patrimonio
de la Seguridad Social en nuestro país. Porque el único argumento que he
oído del Senador Utrera ha sido uno que demuestra que usted, en esta
cuestión, sí que no tiene conocimientos profundos, y es cuando ha hablado
del funcionamiento de los Osakidetza. Usted le ha dicho a la Senadora
Boneta: Es que en el País Vasco trabajan con figuras parecidas. No,
Senador Utrera; de verdad que no. En los Osakidetza la personalidad
jurídica de todas las figuras de gestión la sigue ostentando el Servicio
Vasco de Salud, y esa es la discrepancia fundamental que hay sobre este
asunto con ustedes. Ustedes quieren que las figuras de gestión tengan
personalidad jurídica; ustedes quieren crear el mercado interno
sanitario, como hizo la señora Thatcher y en eso se equivocan ustedes,
porque autonomía y descentralización no es crear el mercado interno, y
eso es lo que hacen ustedes con su figura. Me gustaría oírle dar algún
argumento que no estuviera también un poco manido.
Tercera idea. Me dice que no entiende de lo que le hablo cuando me
refiero a los gastos de protección social. Pues aprovechando que estamos
en el vigésimo aniversario de la Constitución, yo hablo de lo que ésta
dice en su artículo 41, que mete en un mismo bloque los gastos de
protección social, el desempleo, la sanidad y las pensiones. A eso es a
lo que me refiero cuando le hablo de protección social. Cuando el Grupo
Parlamentario Socialista habla de protección social lo hace utilizando la
terminología de la Constitución, y esos gastos eran el 5,6 por ciento del
producto interior bruto el año 1995, y ahora son el 5,1 en las
aportaciones del Estado. Porque ustedes siguen incrementando las
cotizaciones sociales a la vez que baja la fiscalidad sobre los
beneficios, y nuestro criterio es exactamente el contrario, es el del
Pacto de Toledo, es la fiscalidad general la que tiene que crecer para
seguir aportando más dinero a la protección social, y de bajar algo,
deberían hacerlo las cotizaciones sociales. Ahora vuelven ustedes a dar
otra vuelta de tuerca: incrementan la cotización de los contratos
temporales. Está bien que los contratos temporales y los contratos fijos
tengan diferente cotización al desempleo, pero no puede hacerse
simplemente incrementando los unos y manteniendo los otros. Hay que
redistribuir las cargas, y la fiscalidad general --y esto es una
reflexión, ya no solamente española, sino europea-- debe contribuir a los
gastos de protección social. Porque en caso contrario, Senador Utrera, el
crecimiento del empleo que podemos tener puede ser una vez más en la
historia de España, por desgracia, un crecimiento de empleo que no tenga
continuidad a medio plazo. Usted me decía: Se han creado un millón de
puestos de trabajo en los últimos tres años. Muy bien: y un millón tres
cuartos en los últimos cinco años, Senador Utrera. Estamos en una época
de enorme crecimiento del empleo desde la reforma laboral del año 1994.
Nosotros nos alegramos de eso. Queremos hacerlo permanente. Ustedes
también, me
imagino, pero su sistema, Senador Utrera, es pura y simplemente
contradictorio, porque ustedes hacen crecer el coste del empleo para
crear más empleo. Ustedes hacen crecer las cotizaciones sociales para que
eso bonifique el empleo, y nosotros no creemos en ese tipo de figuras.
Por último, ha hecho usted alguna referencia al gasto educativo. No me ha
dado tiempo, Senador Utrera, a intervenir en el gasto educativo. Me ha
pasado lo mismo que a usted. Nos pasa todos los años. Este es el problema
de traer enmiendas a última hora a esta Cámara: que no tenemos tiempo
para discutirlas y no tiene tiempo el Parlamento español, y esto es
gravísimo en una sociedad democrática.
Ha hablado usted del gasto educativo. Le voy a decir simplemente una
cosa: Yo comparto la apreciación del Presidente de mi Comunidad Autónoma
que estima que, con las partidas que hay presupuestadas en el Presupuesto
para 1999 no podrá llegar bien valorada la transferencia de educación a
Castilla y León. (Algunos señores Senadores socialistas: ¡Muy Bien!)
Simplemente con eso. Y si no convénzanle ustedes de que acepte la
transferencia. Yo estoy de acuerdo con el Presidente de mi Comunidad
Autónoma; en ese sentido, más que con usted.
Ha hablado usted de por qué descalificamos cosas tan absurdas desde mi
punto de vista como la enmienda que han presentado ustedes a la ley de
medidas en la que dicen literalmente lo siguiente: Una obra de arte
importada, al cabo de diez años, pasa a tener la consideración de obra de
arte sometida al régimen general de la ley, es decir, que puede ser
declarada. Usted me dice: La gente, para evitar la declaración, las saca,
y entonces ¿qué hacemos nosotros en nuestra enmienda? Pues permitimos que
las saquen sin permiso. Eso es lo que hacen ustedes en su enmienda. Se lo
digo también con algún grado de conocimiento de causa. Es una enmienda
absurda. Eso sí, les va a venir bien a algunos importadores de obras de
arte; al Patrimonio Histórico Nacional, poco. Pero también me gustaría
saber si es una enmienda del Grupo Parlamentario Popular o si se la ha
sugerido algún galerista, porque si quiere hasta le digo el nombre del
que lo ha hecho. (Algunos señores Senadores socialistas: ¡Dilo, dilo!)
No, no lo digo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y al final, la apelación que peor llevo, desde un punto de
vista personal, es que usted me diga que no entiende cómo utilizo yo los
datos del presupuesto cuando preparo mis intervenciones. ¡Si todos los
datos están extraídos de la documentación presupuestaria!
Senador Utrera, si yo le digo que los empleos de capital y que la
formación bruta de capital bajan en España en el año 1998, es porque
tengo aquí delante este documento del Ministerio de Economía que lo dice.
Si yo le digo a usted que en empleos de capital y en formación bruta de
capital fijo los presupuestos de 1999 van a ser inferiores a los de 1995
es porque lo dice ese documento en términos de contabilidad nacional.
Esto es lo que está sucediendo en este país.
Le acepto que la inversión pública no es un desastre, pero acépteme usted
que debería ser mayor, y acépteme que hace falta una política fiscal que
no se base pura y simplemente en la contención de ingresos. De la misma
manera que ustedes han tardado dos años en enterarse de que había que
hacer retenciones sobre las plusvalías --nosotros lo propusimos hace dos
años--, seguro que dentro de dos años van a tener que aplicar ustedes las
medidas tributarias que nosotros proponemos ahora. Pero nosotros no
tenemos empacho en decirles a los ciudadanos que a veces hay que pagar
más si se quiere tener más. El problema que ustedes tienen es que no
quieren hacerlo.
Ustedes siguen fabricando presupuestos con ingresos teóricamente
reducidos. Incluso a veces para aclarar las cuentas se permiten algunas
alegrías, como decir que el Impuesto sobre la Renta va a subir en 1999, y
luego quieren incrementar los gastos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que,
al final, las inversiones que tenían que crecer un 9 por ciento en 1998
no crecen y que los gastos sociales no pueden crecer tampoco.
Y nuestro sistema de protección social sigue siendo insuficiente, Senador
Utrera. No den por bueno lo que han hecho los socialistas. Aporten
ustedes su granito de arena al sistema de protección social de este país.
Si quieren, permitan ustedes que se apruebe alguna enmienda que mejore el
sistema de protección social (Rumores.), pero no me diga usted que
simplemente por aceptar una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
con dos años de retraso, para no descontar diferenciales de inflación,
están ustedes contribuyendo a la mejora de la protección social en este
país porque no es verdad.
Y al final, como en ese sentido son ustedes incapaces de hacer una
política que no sea simplemente la de navegar en la cresta de la ola, lo
más relevante del debate de presupuestos en este Senado no será, por
desgracia, que se haya aceptado la enmienda socialista que pedía que se
incrementaran las pensiones de los pensionistas de clases pasivas y de la
Seguridad Social con complemento a mínimo porque esa la van a rechazar.
No será que van a aceptarse enmiendas que mejoren las inversiones en
algún territorio o en otro porque ésas las van a rechazar.
¿Qué enmiendas van a pasar a la opinión pública aprobadas por este
Senado? Con sus votos van ustedes a garantizar a las compañías eléctricas
un billón de pesetas, con «b», que va a desintegrar el Sistema Nacional
de Salud con un sistema de gestión que ha fracasado en el Reino Unido y
que van a enmendar 110 veces, con 110 correcciones de errores, con 110
descalificaciones de su propia acción y Gobierno la Ley de medidas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Utrera por
tiempo de diez minutos.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, señorías, quiero agradecer las
intervenciones de todos los portavoces, tanto las de quienes apoyan el
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y la ley que les
acompaña,
como las de quienes los rechazan y enmiendas incluso a través de
propuestas de veto.
En primer lugar, y antes de entrar en materia, quisiera deshacer algunos
malentendidos que parece haber suscitado mi intervención anterior. En
relación con la Senadora doña Inmaculada de Boneta, efectivamente,
mencioné su ausencia pero únicamente porque me habría gustado en aquel
momento poder dar contestación a algunas de sus afirmaciones, lo que hago
ahora con mucho gusto.
Cuando se planteaba desde Eusko Alkartasuna la necesidad de ampliar su
enmienda de veto, lo que nosotros sentíamos únicamente era que dicha
enmienda se incorporaba a un debate que ya de por sí era bastante pobre,
y que, ciertamente, quien se escuda en la peculiaridad de su régimen
territorial tanto en materia fiscal como competencial, debería haber
tratado con algo más de rigor, tanto los costes de transición a la
competencia como la propia propuesta, que es de mejora de gestión de las
fundaciones sanitarias públicas.
En cuanto al Senador Román Clemente, no creo haber dicho, y si lo he
dicho en este mismo momento lo retiro, que las propuestas que realiza
están pasadas de moda. No creo haber utilizado esos términos. Lo más
próximo, que sí creo haber dicho, es que para quienes mantienen
posiciones contrarias a la incorporación a Europa y, por tanto, a la
incorporación de España al sistema monetario común europeo, al euro,
lógicamente los presupuestos generales del Estado y todas las grandes
propuestas que en ellos se incluyen les tienen que resultar extrañas,
paradójicas e incoherentes, con lo cual, entiendo su veto aunque no lo
comparto. Pero no creo haber utilizado la expresión «pasados de moda» --y
si lo he hecho, pido disculpas por ello--, entre otras cosas, porque no
creo en la moda y, por tanto, tampoco voy a creer en nada que pase de
moda. De hecho, estamos asistiendo a una continua y perpetua recuperación
de temas antiguos y antiquísimos, y a su revitalización en todo momento.
En ese sentido, también me gustaría afirmar ahora que el Senador Granado
tiene razón: que desde el Grupo Socialista se insistió en que tenía que
haber retenciones sobre la rentabilidad de los fondos de inversión, y en
1999, por primera vez, y a través de una enmienda del Grupo Popular, eso
se va a hacer.
Sin embargo, no estamos de acuerdo --y sigo con el discurso del Senador
Román Clemente-- con sus afirmaciones en contra de los contratos a tiempo
parcial ni tampoco con la negación de que ha habido diálogo social
incorporado, aunque no directamente vinculado a la negociación salarial
de estos presupuestos para 1999. Porque sí ha habido diálogo social, que
destilan muchas de las enmiendas y de las modificaciones que se
introducen, tanto en los presupuestos, como en la ley de medidas. Y a eso
me refería cuando hablaba de diálogo social implícitamente incluido en
los presupuestos generales del Estado, porque, como usted sabe, lo que es
la propia ley de presupuestos generales del Estado corresponde a
iniciativa exclusiva del Gobierno.
Por otro lado, agradezco la intervención del Senador Cambra, y lamento
mucho la posición del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos en relación
con los presupuestos generales del Estado.
Por último, paso a centrarme en la intervención del Senador Granado.
Señoría, seguimos pensando que ustedes están encubriendo la falta de
alternativa, por un lado, con un discurso incoherente --aunque, eso sí,
vistoso-- y, por otro, con la búsqueda de señuelos permanentes; en este
caso, con los recursos de inconstitucionalidad. Esta es una nueva forma
de hacer oposición: recurrir de inconstitucionalidad lo que no gusta. Sin
embargo, en coherencia --y, por favor, apúntese esta idea--, si todas las
enmiendas presentadas --todas ellas, sean las del Grupo Popular, sean las
del Grupo Socialista-- introducen modificaciones, unas más importantes, y
otras, menos, todas ellas deberían ser consideras inconstitucionales.
Pero no ocurre eso, sino que han sido consideradas así exclusivamente
dos, que no han gustado a determinados agentes de comunicación y a los
líderes socialistas. Pero sepan ustedes que nosotros pensamos que su
actitud --al igual que la del Grupo Mixto, que ha avalado este concepto--
lo único que hace es devaluar el papel del Senado como segunda Cámara del
Parlamento. Ustedes están restando iniciativa parlamentaria al Senado;
pero, eso sí, de una manera peculiar, porque solamente aquellas enmiendas
que no gustan al Grupo Parlamentario Socialista son recurribles de
inconstitucionalidad, mientras que otras, que pueden ser tan importantes
o más --y le he puesto a título de ejemplo la relativa al mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones--, no solamente son
constitucionales, sino que además van a ser votadas favorablemente por el
Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que tienen la misma conexión
con las leyes de presupuestos. Revisen su planteamiento, porque es
erróneo, y creo sencillamente que van a hacer el ridículo con la
presentación de sus recursos de inconstitucionalidad.
Por otra parte, cuando he dicho que ustedes no tenían ideas me estaba
refiriendo, lógicamente, a sus intervenciones, es decir, que no he
apreciado ideas relevantes en las mismas. En cualquier caso, repase usted
el «Diario de Sesiones» y comprobará que me refería a las intervenciones
que se han mantenido en defensa de los vetos desde el Grupo Parlamentario
Socialista. Pues bien, después de este turno de portavoces me reafirmo en
que no hay ideas novedosas o que podamos considerar relevantes en defensa
del veto a los presupuestos generales del Estado para 1999 en la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Este nos
habla de alegrías presupuestarias, y en este sentido quiero recordarle al
Senador Granado --aunque la vista atrás siempre tiene aspectos positivos
y negativos, pero en este caso estamos convencidos de no equivocarnos--
que, no ya alegrías, sino auténticas orgías presupuestarias son las que
hemos venido viviendo durante los primeros años de esta década de los 90.
Repito, auténticas orgías presupuestarias donde no se sabía qué es lo que
se gastaba, no se sabía dónde estaba el gasto y ni siquiera se sabía en
qué se había materializado el gasto. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Le quiero recordar al Senador Granado, dentro de esa pura orgía, cómo
hubo tres billones de pesetas, nada más
y nada menos, que aparecieron en los cajones una vez finalizadas las
elecciones generales de 1993. Quiero recordarle también cómo de los
cajones salieron igualmente más de 700.000 millones de pesetas de pagos
pendientes de realizar o al menos de contabilizar presupuestariamente en
los Presupuestos de 1996. (Rumores.-- Protestas.) Observen ustedes cómo
se enlazan las cuestiones. Hubo que aflorar tres billones en el año 1993
por el Gobierno Socialista que resultó de las urnas de 1993, y tan só1o
menos de tres años después hubo que aflorar casi otro billón más, que
estaba todavía sin materializar presupuestariamente. (Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Mentira!) Eso son orgías
presupuestarias y no alegrías presupuestarias. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamantario Popular.) El señor Presidente ocupa la
Presidencia. En cuanto al Pacto de Toledo parece sorprendente que en un
ejercicio presupuestario en que la financiación de la sanidad se
desvincula totalmente de los presupuestos, se nos recuerde que hay que
reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y hay que aumentar la
protección social. Les quiero recordar que en fecha tan próxima como el
año 1992 quien hizo un «decretazo» recortando las prestaciones de
desempleo fue el Gobierno Socialista, y no el Gobierno del Partido
Popular, (Rumores.--Protestas.) que no ha recortado todavía ni un solo
derecho adquirido por ningún grupo social. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto, quien recortó prestaciones fue
el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista. (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
Puede proseguir, Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Podríamos seguir, pero al final de todos estos
argumentos nos encontraríamos con que, desde la oposición, a veces se
sostienen posturas incoherentes; desde la oposición, a veces también por
desconocimiento de las labores de Gobierno, se mantienen enmiendas y
posturas imposibles. Pero lo que todavía quedaba por ver en España, en la
transición democrática, en este largo tránsito de veinte años, es que
desde la oposición se formulara, y además con aires de auténtica
fortaleza democrática, justo lo contrario de lo que se estuvo haciendo en
el Gobierno hasta hace apenas tres ejercicios presupuestarios, tres años.
(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor UTRERA MORA: ¿Cómo se ha caído en la hipocresía al exigir a
otros lo que nunca se fue capaz de hacer y cuando se están dando pasos
fundamentales en la creación de empleo, en la flexibilización y
adaptabilidad del mercado de trabajo? (Protestas.) Cuando se están dando
pasos sustanciales en la protección social y en la garantía futura de
mantenimiento del Estado del bienestar y de la protección social, ¿cómo
se dice: es que ahora tienen que bajar las cotizaciones sociales --cuando
nunca se les pasó por la cabeza--, y tienen que mejorar la protección
social --cuando aprobaban «decretazos» que recortaban precisamente las
prestaciones sociales--? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: Estamos asistiendo, Senador Granado, a una
auténtica ceremonia de la confusión (Fuertes protestas.) cuya guinda
intentan poner con una amenaza, que por otro lado ni siquiera viene del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, lo cual a nosotros todavía
nos perturba más, sino de la Ejecutiva Federal, como es que se van a
recurrir, por inconstitucionalidad, dos enmiendas sobre las cuales,
Senador Granado --y puede usted leer el «Diario de Sesiones» de la
Comisión de Economía en que se discutió y debatió la Ley de Medidas--,
tuve una muy larga intervención, tanto de los costes de transición a la
competencia como de las fundaciones sanitarias. Por tanto, si de ellas no
he hablado, no es por desconocimiento, como le puede corroborar el
Senador Gibert, sino porque ya lo hice en la Comisión de Economía.
Si quiere que le diga más, le diré que los costes de transición a la
competencia... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: Los costes de transición a la competencia, Senador
Granado, están siendo utilizados por su Grupo Parlamentario, por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso y por algunas autoridades de la
Comisión del Mercado Eléctrico, claro está, también de filiación
socialista reconocida y probada --de eso no hay ninguna duda--, como una
argumentación demagógica y simple de que se está regalando algo cuando ni
hay consignado crédito presupuestario ni tampoco van a subir las tarifas
eléctricas. (Un señor Senador desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡No, qué va!.--Fuertes rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.
El señor UTRERA MORA: Los costes de transición a la competencia son
precisamente el resultado del descenso de las tarifas.
Dice usted que hay una enmienda que procede de la patronal eléctrica.
Senador Granado, ¿sabe usted lo que pide unánimemente el sector
eléctrico? Del contenido de las conversaciones que todos tenemos con los
distintos sectores se desprende que solicitan la tarifa garantizada que
ustedes les habían reconocido en el marco estable eléctrico hasta 1997.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor UTRERA MORA: No tienen ninguna duda. Solicitan la tarifa
garantizada, la recuperación de los costes de inversión, que se han
valorado precisamente por las empresas eléctricas del sector privado para
el año 1998; lo que hubieran obtenido con la tarifa garantizada frente a
lo que han obtenido, costes de transición incluidos, supone una pérdida
--y eso te lo dicen cuando te lo pueden decir-- de 150.000 millones de
pesetas. (Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista: !Un billón!) Ese era el regalo que cada año
ustedes le hacían al sector eléctrico. (Fuertes rumores y protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Senador Utrera, vaya terminando.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor Presidente, afirmando que ni nos han
convencido sus razonamientos, ni sus palabras, ni sus enmiendas, ni mucho
menos sus gestos; que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos
utilizado el procedimiento legislativo previsto en este Reglamento para
enmendar aquello que hemos creído necesario enmendar, y que a nosotros ni
ningún candidato ni ningún dirigente nos tiene que decir qué es lo que
hay que recurrir, qué es lo que no hay que recurrir, qué enmiendas hay
que meter o qué enmiendas hay que sacar.
Gracias, señor Presidente. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, vamos a llamar a votación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la votación de las propuestas de
veto que acabamos de debatir.
En primer lugar, propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al
proyecto de ley y de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
(Rumores.)
Silencio, señorías. (Rumores.)
Por favor, ruego que permanezcan en silencio al menos durante las
votaciones.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 93; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, original de la señora De
Boneta y Piedra, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio, el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 94; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa
Serra al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 95; en contra, 133; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Senador Román Clemente al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1999.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 95; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 89; en contra, 138; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, original del Senador
Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra, al proyecto de ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 90; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto del Senador Román Clemente al proyecto de ley de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 90; en contra, 137; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a debatir el articulado y anexos del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
En primer lugar, Título I, Anexos I y II.
El Senador Román Clemente ha presentado las enmiendas números 1.169,
1.172, 1.173 y 1.236.
Tiene la palabra el señor Román Clemente. (El señor Vicepresidente, Rigol
i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, todavía queda mucho
tiempo para finalizar la sesión. Les pido, por favor, que guarden el
silencio necesario con el fin de comenzar esta parte del debate.
Solicito a los grupos de Senadores que están a mi derecha, como los
Senadores Utrera, Gibert y Granado, que guarden silencio.
Puede empezar, Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En cuanto a las enmiendas que hemos presentado al Título I, señorías, me
van a permitir resaltar la enmienda número 1.169, al artículo 2, apartado
dos, de modificación. Tiene sentido con las enmiendas que posteriormente
hemos presentado al Capítulo de gastos porque incrementa los ingresos.
Señorías, la obtención de dos billones de pesetas de más con relación a
los ingresos previstos mejoraría la política de inversiones selectivas en
ahorro energético e hídrico, aumentaría los créditos destinados a reducir
las brechas sociales y la dualidad social, y mejoraría las partidas
presupuestarias destinadas a la nivelación de servicios públicos.
Señorías, paso a expresar brevemente el contenido de esta enmienda,
mediante la que pretendemos que se aumenten las cantidades previstas de
ingresos en los términos siguientes... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, espere un
segundo, por favor.
Señorías, estamos debatiendo el presupuesto y les pido, por favor, que
nos permitan poderlo hacer. Les agradezco el esfuerzo que están haciendo,
pero pido que sean constantes en ello.
Puede continuar, señor Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que con la enmienda se pretende un aumento en las cantidades
previstas de ingresos en los siguientes términos: En el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas un billón, 130.000 millones de pesetas.
¿Cómo se puede conseguir? A través de un nuevo tratamiento fiscal de los
incrementos y disminuciones patrimoniales, supresión de la reducción por
aportaciones a planes privados de pensiones, nuevas tarifas con más
tramos y tipos más elevados para las rentas más altas, traslado de las
reducciones en la base imponible a deducciones en la cuota y supresión de
la deducción por doble imposición de dividendos.
En el Impuesto sobre Sociedades se pretende la revisión y disminución de
diversos gastos fiscales y el aumento del tipo general. Por ello,
llegaríamos a 300.000 millones de pesetas.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se reducen los ingresos previstos
en 300.000 millones de pesetas: por restablecer el tipo normal en el
epígrafe de bebidas refrescantes, por reducir al tipo de IVA
superreducido el transporte público, y por disminuir el tipo
superreducido del 4 al 1 por ciento. Mayores ingresos fiscales, como
consecuencia de una mayor inversión pública y aplicación de fondos
comunitarios: 150.000 millones de pesetas. Mejores resultados en la lucha
contra el fraude y la elusión fiscal: 500.000 millones de pesetas.
Mayores ingresos por nuevas figuras tributarias (impuesto sobre viviendas
desocupadas, impuesto sobre las grandes fortunas y tasas de aplicación
ecológica): 220.000 millones de pesetas.
Consecuentemente, con esta política de ingresos, los gastos aumentarán de
acuerdo con la previsión de nuevos ingresos, en un billón 580.000
millones de pesetas en la partida presupuestaria 31.633-A.
La enmienda número 1.172, de modificación, al artículo 3, pretende
sustituir la estimación porque consideramos que ayudaría a una reducción
de algunos gastos fiscales de difícil justificación económica para
obtener mayores ingresos y mejorar la progresividad del conjunto del
sistema fiscal.
La enmienda número 1.173 pretende conocer ordenadamente la pérdida de
recursos y el coste de oportunidad de estas políticas. Por ello
proponemos añadir al artículo 3 un párrafo del siguiente tenor: Desde
este ejercicio presupuestario y en adelante, el Gobierno adjuntará a los
documentos presupuestarios una memoria de beneficios sociales que
comprenda el conjunto de bonificaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, ha
terminado su tiempo.
El señor ROMAN CLEMENTE: Termino, señor Presidente.
... Exenciones o subvenciones que afecten a los ingresos de las distintas
Administraciones públicas y, en particular, de la Seguridad Social.
Gracias, señor Presidente por su benevolencia. Espero que cuando llegue
el conjunto de las enmiendas podamos compensar con las reducciones que
efectuará este Senador.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría por su
comprensión.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, hay dos enmiendas originales del
Senador Nieto Cicuéndez y de la Senadora Costa Serra.
Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Intervengo para dar estas enmiendas por
defendidas conforme están formuladas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de las enmiendas
números 699 a 709 y 738 a 740, tiene la palabra el Senador Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en este Título se resumen las propuestas
globales que los grupos políticos hacemos a los Presupuestos Generales
del Estado con nuestras alternativas a las políticas del Gobierno en
materia de ingresos y gastos. Se trata, en definitiva, de la síntesis de
los presupuestos con la dificultad que conlleva el que posteriormente las
enmienda al articulado y a las secciones trastoquen en gran medida lo que
en estos momentos estamos debatiendo.
Señorías, el Gobierno asegura, en el texto que ha enviado a esta Cámara,
que en este Título I no hay novedades respecto a la Ley del año pasado, y
da por sentado que se mantiene el rigor, la austeridad, el control del
déficit y la disciplina presupuestaria de años anteriores, lo que viene a
chocar con la realidad que la liquidación del Presupuesto nos ha
presentado desde que la derecha gobierna este país o con el cotejo de los
números que se habían propuesto y no se han ejecutado. Por eso nuestro
Grupo mantiene nueve enmiendas en el Capítulo II que pretenden, en primer
lugar, que los recursos que los ciudadanos ponen a disposición del
Ejecutivo sean administrados correctamente, que no hagan ustedes como en
años anteriores, que dicen una cosa, la que plasman en la Ley, y luego
hacen lo que quieren, porque abusan de su mayoría en esta Cámara y la
utilizan mal al poner y sostener los medios legales para efectuar las
modificaciones después, lejos del control parlamentario.
En segundo lugar, nuestras enmiendas pretenden reconducir el triunfalismo
del Gobierno, que sigue sin enterarse de que las condiciones en que podía
moverse la economía española al confeccionar los presupuestos para 1999
han cambiado sustancialmente, por lo que nos encontramos con un cuerpo
legal ajustado, sin tener en cuenta la crisis económica internacional, de
espaldas a las necesidades de nuestra economía para competir en el euro,
sin contemplar los cambios importantes que esto exigirá si queremos
aprovecharlo en beneficio de todos. Y no es este Senador quien opina así
únicamente. Ya el Consejo Económico y Social consideraba el 6 de
septiembre pasado que el Gobierno debería replantearse las cifras
macroeconómicas básicas de los Presupuestos de 1999 y adecuarlas a las
negativas consecuencias de la crisis financiera y bursátil internacional.
En tercer lugar, nuestras enmiendas pretenden que la madeja
presupuestaria sea representativa de la verdad sobre las cuentas públicas
del Estado, porque lo que hace el Ejecutivo en el Capítulo II de este
Título es pedir autorización para hacer lo que le dé la gana, y se
produce de nuevo una situación tan paradójica como la que ya
denunciábamos en el debate de los Presupuestos de 1997: no limitar las
transferencias de créditos dentro de una misma función, cuestión que hoy
vuelven a plantear ustedes y que no admitirán para que el Gobierno siga
haciendo de su capa un sayo. Si el Gobierno quiere mayor rigor en la
gestión presupuestaria, estamos dispuestos a ayudarle. Aquí están
nuestras enmiendas para conseguir la austeridad y el control del déficit.
Acéptenlas y todos, incluso esa España que tan bien va para algunos, se
lo agradecerán.
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas al Capítulo III de este Título
I cuya finalidad es mantener el espíritu y la letra del Pacto de Toledo.
Señorías, en 1999 comenzará a aplicarse el acuerdo de dicho pacto en el
que se establece que las cuotas sociales sostengan el lado contributivo
de la Seguridad Social y que sean los impuestos los que mantengan el lado
asistencial del sistema de protección social; es decir, las cotizaciones
sociales dejarán de contribuir al sistema sanitario público, si es que
tras las modificaciones que se pretenden introducir con nocturnidad y
alevosía en esta Cámara nos permiten seguir llamándolo así, y serán los
impuestos los que lo financien.
El artículo 12 de la Ley obliga a la Seguridad Social a endeudarse en
298.000 millones de pesetas, que es la manera artificiosa que desde 1997
vienen empleando ustedes para incrementar las deudas a largo plazo y los
pasivos de la Seguridad Socia, haciendo que cada vez que ustedes
intervienen presupuestariamente sobre ella sea para intentar abocarla al
fracaso, porque no creen en ella y tratan de romper uno de los pilares
básicos del Estado del bienestar social que creamos los socialistas.
Señorías, el presupuesto para el próximo año, igual que los dos
presupuestos anteriores, traslada déficit del Estado a la Seguridad
Social, a la que se impide que constituya, con cargo a sus actuales
superávit del sistema contributivo, las reservas que necesitará en el
futuro para poder aplicar lo previsto en el Pacto de Toledo. Ya les
advertimos en 1997 que estos anticipos de tesorería no tenían nada de
coyuntural, sino que aportaban la financiación necesaria para pagar los
complementos de mínimos y para cubrir la diferencia entre lo que ustedes
esperaban cobrar y lo que realmente cobraban. La no aceptación de
nuestras enmiendas supondrá la quiebra del Pacto de Toledo, por mucha
propaganda que haga el Gobierno con su Ministro campeón a la cabeza.
Para finalizar, señor Presidente, mencionaré las enmiendas a los Anexos
II y VI que mantenemos vivas para este Pleno. Quiero destacar la primera
de ellas por cuanto supone alcanzar el 0,35 por ciento del producto
nacional bruto español de este año para atender los gastos derivados de
proyectos de ayuda oficial al desarrollo, incluidos los propuestos o a
ejecutar por las organizaciones no gubernamentales, con destino a países
en vía de desarrollo y en coherencia con el compromiso de alcanzar
progresivamente el objetivo del 0,7 por ciento, en lo que supongo que
estaremos todos de acuerdo, al menos un partido que pretende ser de
centro derecha sí que lo estaría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, Senador Serrano.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
En el Capítulo I del Título I se recoge un resumen de ingresos y gastos.
El señor Román ha presentado una enmienda al artículo 2 que modifica el
estado de ingresos y
anuncia, correlativamente, un cambio en el estado de gastos.
Hemos de incidir en que estas cifras que se recogen en el artículo 2 son
en sí el resultado de las estimaciones que en los estados de ingresos se
van haciendo a los diferentes apartados. Por lo tanto, la enmienda
debería haberse formulado a un estado de ingresos, especificando los
temas y, al mismo tiempo, puesto que se trata de ingresos que vienen de
diferentes tipos de impuestos, las modificaciones a que darían lugar
estos impuestos o leyes impositivas.
Si, por ejemplo, se propone un ingreso de más de un billón 130.000
millones de pesetas en el impuesto sobre la renta, no por admitir esta
enmienda este ingreso quedaría así, sino que habría que modificar toda la
legislación referente al impuesto sobre la renta que vendría acompañada
del estado de ingresos; es decir, la complejidad de esta enmienda impide
su consideración. No obstante, debo decirle, yendo al fondo de la
cuestión, que la política del Partido Popular, del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno es la disminución de la presión fiscal. En
consecuencia, nosotros no podemos apoyar una enmienda que trata de
incrementar esta presión en 2,3 billones de pesetas. Entendemos que éstos
no son objetivos de política económica y, como se ha señalado repetidas
veces, no hace falta este aumento en la presión fiscal para que los
servicios públicos, las prestaciones sociales y las inversiones alcancen
los niveles adecuados y vayan avanzando.
En cuanto a las enmiendas del señor Román, que se refieren a los
beneficios fiscales, también se puede hacer la misma objeción: estos
beneficios fiscales hacen referencia a diferentes tipos de ingresos y
para su modificación haría falta reformar las leyes respectivas. Debo
señalar que con esta complejidad sería difícil asumir esta enmienda. Pero
aún así, necesitaríamos saber en qué aspecto de los beneficios fiscales
recoge estos 500.000, porque están sin determinar; haría falta saber si
son reducciones por inversión en vivienda en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o por supresión de un tipo superreducido en el
IVA, que es de donde salen los gastos fiscales o cualquier otra entidad.
Asimismo, con respecto a la enmienda relativa a la Memoria de beneficios
fiscales, esa Memoria existe, se acompaña en el Presupuesto y es uno de
los tomos que nos han ido entregando en esta Cámara a los miembros de la
Comisión de Presupuestos. Se viene publicando desde hace unos años y,
como es natural, acompaña a la documentación que ha remitido el Gobierno
a las Cámaras.
En relación con la enmienda del señor Nieto, aunque no ha sido defendida,
debo decirle que lo más significativo en este contexto es que entendemos
que los ingresos adicionales deben dirigirse fundamentalmente a reducir
el déficit público, atendidos como están los servicios públicos, las
prestaciones sociales y los gastos en inversión.
Respecto a las enmiendas defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista
en este Título I, debemos señalar, con carácter general, que este Título
recoge unos presupuestos con los que estamos conformes Y satisfechos.
Resumiendo lo que son estos Presupuestos, vuelvo a insistir en que
mantienen los servicios públicos, mantienen e incrementan adecuadamente
las prestaciones sociales en muchos servicios, disminuyen la presión
fiscal, mantienen las inversiones --que, como se ha señalado, son
superiores en este ejercicio a las que figuraban en los Presupuestos en
1995, que ustedes ponen como ejemplo-- y, en consecuencia, cumplen los
fines de política social y económica, al mismo tiempo que permiten una
disminución del déficit público. Por lo tanto, de alguna manera
significan un éxito de la política económica y de la política
presupuestaria, y es natural que estemos satisfechos.
No me voy a extender en aspectos más concretos con objeto de no entrar en
política, pero sí voy a hablar sobre las cifras globales.
En cuanto a sus afirmaciones en relación a las enmiendas dedicadas a los
artículos siguientes del Capítulo II, donde se habla de ejecución de los
Presupuestos y las normas para su modificación, debo decirle que estos
recursos son adecuadamente administrados por el actual Gobierno. No voy a
hacer comparaciones, pero si tuviera ejemplos no eludiría un debate de
esta naturaleza en cuanto a la corrección o no con que los recursos
públicos son administrados. Entendemos que los recursos que los
ciudadanos ponen en manos del Estado han sido administrados por este
Gobierno, por lo menos tan bien como los anteriores y, desde luego,
apostaríamos fácilmente porque han sido bastante mejor administrados que
en el pasado.
Respecto a las críticas relativas a las posibilidades de modificación de
los Presupuestos, debo decir que son más reducidas que las que existían
en muchos Presupuestos del Gobierno socialista, como conoce
perfectamente. En primer lugar, porque hubo una Ley de disciplina
presupuestaria que se aprobó hace unos años que ya reducía el margen de
la Ley General Presupuestaria, que sigue vigente. En segundo lugar,
porque las especificidades que se recogen en estos Presupuestos no son
diferentes, más bien son más escasas que las que, con generalidad, se
recogían en otro tipo de Presupuestos. Son excepciones --lógicamente
admitidas-- mínimas y, si se estudia cuál es su contenido, se comprobará
que ni mucho menos dan pie para esas afirmaciones de que aquí se aprueban
unos aspectos y que los Presupuestos que se van a aprobar son otros.
Debo recordar a este respecto --incidiendo en un comentario realizado por
el portavoz socialista--, que la Ley General Presupuestaria señala que
los Presupuestos son la cifra de los gastos máximos que se podrá gastar
en un determinado aspecto.
En relación con las enmiendas presentadas al artículo 12, relativas a la
Seguridad Social y a su financiación, debo decir al Portavoz del Grupo
Socialista que precisamente uno de los éxitos de los Presupuestos de los
últimos años --lo que sucede es que quizá haya razones por las cuales sea
difícil asumir por parte del Grupo Socialista, que había pensado que la
protección social era un monopolio, no sé por qué exactamente-- ha sido
precisamente el cumplimiento del Pacto de Toledo, que cuando
se aprobó todo el mundo dijo que era difícil de cumplir. Tan así es, que
en este año, siguiendo las líneas y los caminos marcados, la asistencia
sanitaria está ya totalmente atendida con transferencias del Estado. Como
se dijo en Comisión, y vuelvo a repetir para que lo conozcan todos los
señores Senadores y tengan información a la hora de evaluar los
presupuestos que estamos debatiendo, la financiación de la asistencia
sanitaria por parte del Estado en los presupuestos para 1995 alcanzaba
2,5 billones, en números redondos; en los presupuestos para 1999 están
previstos, redondeando, cuatro billones, exactamente 3 billones 981.000
millones. Es decir, la financiación de la asistencia sanitaria por parte
del Estado ha aumentado de 2,5 billones a cuatro billones desde el año
1995 hasta 1999, exactamente en cuatro ejercicios. Verán que el
incremento es impresionante, sobre la base de estas cifras no se puede
decir que se desatiende la protección social y la Seguridad Social. Al
mismo tiempo, la Seguridad Social en esos ejercicios se ha visto liberada
de tener que contribuir a la asistencia sanitaria. En 1995 la Seguridad
Social debía dedicar de sus cuotas 658.000 millones a financiar la
asistencia sanitaria; en 1999 nada. Es decir, la Seguridad Social
respecto a pensiones contributivas y otras finalidades se ha visto
liberada de atender a la asistencia sanitaria en 600.000 millones de
pesetas, con lo cual puede atender complementos de mínimos, pensiones no
contributivas y cualquier otro tipo de contribución.
Sus enmiendas, básicamente de modificación, son de una entidad del orden
de 140.000 millones de pesetas. Pues bien, si usted compara sus enmiendas
con la realidad de los presupuestos verá que estamos hablando de una
cantidad relativamente pequeña, de sobra recogida en la propia evolución
de los Presupuestos, que en el artículo 12 a lo largo de los últimos años
refleja cuál es la financiación de la Seguridad Social.
El préstamo que usted ha mencionado es de tesorería y se cancela al final
del ejercicio. En cuanto al otro préstamo a largo plazo, por importe de
88.000 millones de pesetas, que usted anuncia como la ruina de la
Seguridad Social, todos recordamos, no hace muchos años, que en este
mismo artículo del Capítulo II se recogían préstamos del orden de 400.000
millones de pesetas del Estado a la Seguridad Social. Entonces, ¿se va
hacia la ruina o se va hacia una consolidación? Cualquier persona que
estudie estos números y los datos resumen de la evolución de la
financiación de la Seguridad Social verá que se va a una consolidación,
no sólo porque las transferencias a la asistencia sanitaria se han
incrementado, sino porque adicionalmente, como consecuencia de la buena
política presupuestaria, en la que se incluyen estos mismos presupuestos
que hoy estamos debatiendo, el número de personas afiliadas a la
Seguridad Social ha ido creciendo en una cifra del orden de más de
1.300.000 cotizantes, y su base económica está mucho más sólidamente
asentada que hace tres años. Es decir, la Seguridad Social hoy tiene unas
expectativas de futuro que por todos los lados que las miremos son
mejores, tanto por las transferencias que recibe del Estado como por su
propia economía.
Y debo decir que el hecho de que haya más cotizantes y más empleo, aunque
depende de muchos factores, se justifica en gran medida por la política
presupuestaria que se ha aprobado, que ustedes dijeron que no iba a
funcionar, que ustedes dijeron que no iba a servir y que no iba a dar los
frutos, pues ahí los tienen: más de un millón de nuevos cotizantes a la
Seguridad Social, casi 4 billones de pesetas de transferencias al
Instituto Nacional de la Salud para financiar la asistencia sanitaria y,
señor Senador, al mismo tiempo una disminución del déficit. Si quiere
saber cómo se hace y los secretos de esto, cuando debatamos el Título V
en el que se habla de operaciones financieras y se estudian los gastos
financieros, la Sección 06, podremos hablar de cómo se ha conseguido y de
cómo ha sido posible esto que ustedes decían que era imposible: atender
las prestaciones sociales, los servicios públicos, guardar las
inversiones, mejorar la financiación de la asistencia sanitaria y, al
mismo tiempo, disminuir la presión fiscal e ir resolviendo estos
problemas. Sí es posible, usted ha debatido el Título I, y cuando uno
estudia todos los presupuestos también está el Título V y la Sección 06,
donde está la explicación, es bien sencillo. Por otra parte, hace muchos
años que lo veníamos diciendo. Y lo único que ha pasado es que lo que les
veníamos diciendo desde hace seis años que estaba mal hecho ha dejado de
hacerse mal y las cosas han ido como tienen que ir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Alierta, lo que nos pedía de modificación legal lo tenemos en la
enmienda 1.171, que es justo la que viene a continuación, donde
proponemos esos mayores ingresos.
Con respecto a la enmienda que, por falta de tiempo, no tuve oportunidad
de recordarles y a la que su señoría no ha respondido, enmienda 1.236,
está dedicada a algo que les debe sonar, porque fue un compromiso que
asumieron hace ya algún tiempo: 0,35 por ciento del producto interior
bruto en cuantía de ayuda oficial al desarrollo.
Entenderán sus señorías que, en cuanto a esa diferencia de comportamiento
según se esté en la oposición o en el Gobierno, deberían hacer un
esfuerzo por hacerla un poquito más chiquitita. Y en este caso, no tengan
tanta discrepancia y consignen, al menos --cantidad que ya es
suficientemente reducida este-- 0,35 por ciento del producto interior
bruto en cuantía de ayuda oficial al desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Alierta, en este turno de réplica quiero insistir en algo que me
parece fundamental, aunque usted no admite ni en éste, ni en los
anteriores debates, y en lo que creo que tenemos razón. En el fondo, lo
que en estos momentos estamos debatiendo es si los presupuestos que
aprueban las Cámaras son y se hacen según los programas y los objetivos
que se definen en este Título I y son los que realmente luego se
ejecutarán, y no porque las circunstancias lo impongan, sino porque no
existe voluntad política del Gobierno para hacerlo así. Y si no, veamos
las modificaciones, esas que usted dice que son las mínimamente
exigibles.
Senador Alierta, las modificaciones financieras y no financieras
introducidas durante los últimos años han supuesto: en 1996, 4,7 billones
de pesetas; en 1997, 7,1 billones de pesetas y en el presupuesto de este
año van reconocidos 3,8 billones de pesetas. Este es el verdadero
problema que estamos debatiendo y que quisiéramos atajar con nuestras
enmiendas e impedir o, al menos, limitar al máximo las modificaciones
presupuestarias, y más cuando luego veremos la Ley de Medidas, que
modifica una veintena larga de artículos de la Ley Presupuestaria.
Y en cuanto a las otras enmiendas, las que atañen a la Seguridad Social,
tienen el mismo sentido. El artículo 12 se va a debatir en profundidad en
la Sección 19, pero lo que el Gobierno reconoce en este título es que a
la Seguridad Social le faltan en sus presupuestos, como mínimo, 298.000
millones de pesetas, aunque, posteriormente, cuando veamos la liquidación
del presupuesto, salgan muchos más, como se observa en ejercicios
anteriores, y la deuda va a ser mucho más alta.
Por eso, queremos que el artículo 12 ni se mencione, que desaparezca,
porque, Senador Alierta, ¿qué reserva va a constituir la Seguridad Social
en 1999? Ninguna. Lo que el Gobierno nos propone son 298.000 millones de
pesetas de deuda y endeudamiento a largo plazo, lo que nos parece
inaceptable y, por lo tanto, pedimos su retirada.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Ciertamente, ha sido una omisión el no hablar de la enmienda del Senador
Román, que solicita, no que se incremente la ayuda oficial al desarrollo
--este tema tiene su contexto en la Sección correspondiente, donde se
debatirá--, sino que el crédito correspondiente se haga ampliable. Y la
política, en general, es que los créditos ampliables se reduzcan al
máximo posible. Esto ha sido así y su señoría habrá podido observar que
en ejercicios anteriores el número de líneas de créditos ampliables se ha
ido reduciendo. Hace unos años ocupaba, prácticamente, varias páginas y
ahora su extensión en los presupuestos, incluso física, es mucho menor.
De todas maneras, contestándole al tema y también en cuanto al fondo, le
diré que ese crédito aumenta este ejercicio con respecto al anterior, que
falta para llegar a ese límite pero que vamos hacia él y bastante
deprisa, por lo menos tanto o más como se ha ido en el pasado; ese
crédito aumenta un 6,1 por ciento, es decir más que lo que aumentan los
presupuestos en su conjunto; es una de las partidas que aumenta más
deprisa que los presupuestos, en unos ejercicios que todavía están
condicionados por limitaciones presupuestarias como han sido estos
ejercicios. Puede contar su señoría con que es una partida a la que se
atiende en momentos de presión presupuestaria y que desde luego no se
olvida. De todas maneras, en cuanto al fondo del tema de la ayuda oficial
al desarrollo en su contexto se podrá discutir más ampliamente.
Con respecto a las observaciones realizadas por el representante del
Grupo Parlamentario Socialista, quiero señalarle que ha suscitado el tema
relativo a la ejecución de los presupuestos. Debo decirle a su señoría
que tengo aquí las modificaciones presupuestarias desde el año 1987 hasta
1997. Quiero ahorrarle a la Cámara todos estos datos y modificaciones que
ha habido, pero ha tenido mala suerte que haya venido con las fotocopias
de las ejecuciones presupuestarias desde 1987. Le voy a dar un detalle y
luego le haré un comentario.
Créditos iniciales en el ejercicio 1987, 7 billones 899.000 millones;
créditos totales, 17 billones 151.000 millones; es decir casi 10 billones
más o proporcionalmente aumentó dos veces y medio --recuerdo estos datos
porque me llamaron la atención.
Señoría, debo decirle algo: esta cifra no es significativa, porque si se
estudia se ve que en pasivos financieros son 7 billones 997.000 millones,
es decir una reconversión de deuda de un tipo a otro y se refleja aquí,
pero realmente eso es una modificación de créditos que puede estar
condicionada por considerandos de tipo financiero y puede estar
justificada si está o no bien hecha y, por lo tanto, la cifra global no
es significativa. Por eso, las cifras que me ha dado su señoría hay que
matizarlas también de esta forma. Conviene ver en qué partidas ha habido
modificaciones, e ir a capítulos, operaciones corrientes y operaciones de
capital.
Le invito a su señoría y al Grupo Socialista a que se hagan una fotocopia
de estas hojas sobre modificaciones presupuestarias desde el año 1987
hasta 1998. Teniendo en cuenta el avance de liquidación que es disponible
por las cifras...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Alierta vaya concluyendo,
por favor.
El señor ALIERTA IZUEL: A 31 de agosto, comprobará que la ejecución
presupuestaria en los últimos años, comparada con los anteriores, es
afortunadamente muy notable y mucho más ajustada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Pasamos al debate del Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14, enmiendas
1.032 a 1.034 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El Senador Gangoiti tiene la palabra por tres minutos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.032, como conocen sus señorías, trata de reformar el
proyecto que hay en lo relativo a la ratio profesor/unidad de los Centros
concertados.
La enmienda 1.033 se refiere a los módulos económicos de las unidades de
BUP, de COU y del Bachillerato LOGSE; es una enmienda de modificación. El
apartado 2 del artículo 49 de la LODE, así como la propia Ley de
Presupuestos Generales del Estado establecen que los módulos económicos
por unidad escolar que aprueben las sucesivas leyes de los diferentes
Presupuestos Generales del Estado son básicos y mínimos. Por ello, las
Administraciones Educativas que tienen competencias pueden adecuar los
propios módulos fijando cantidades inferiores a las aprobadas en la
correspondiente ley de Presupuestos Generales del Estado.
Por último --y acabo, señor Presidente-- la enmienda 1.034 es de adición
relativa a la constitución de una comisión de seguimiento de la
distribución de los fondos públicos destinados a conciertos educativos.
La presentamos porque pensamos que es necesario controlar la aplicación
del crédito y verificar la suficiencia, y dado que los conciertos
educativos son un pacto entre titulares de los centros docentes y la
administración educativa, incumbe única y exclusivamente a las
organizaciones empresariales que representan legalmente a los centros
concertados el seguimiento de la aplicación de los créditos
presupuestarios destinados a conciertos educativos. Los titulares de los
centros concertados, en definitiva, son los únicos responsables ante la
administración educativa de las obligaciones derivadas de los conciertos
mencionados. Por ello, dichas organizaciones empresariales son las
representantes de dichos titulares y, en consecuencia, deben ser las que
defiendan sus intereses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Para defender las enmiendas número 710 y 711, tiene la palabra el Senador
Ostos.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Presentamos dos enmiendas al artículo 13. Con ellas pretendemos hacer que
llegue a ser realidad eso de lo que se está hablando del control y del
rigor presupuestarios.
La enmienda 710 es de supresión. Creemos que con el párrafo que aparece
en el apartado uno, en el que se dice: «Provisionalmente, y hasta tanto
no se regule reglamentariamente la financiación de los Ciclos Formativos
de Grado Superior, éstos se financiarán con arreglo a los módulos
económicos de Formación Profesional de Segundo Grado», se abre un
portillo a la gratuidad generalizada de la enseñanza postobligatoria en
los centros concertados, de tal forma que creemos que, sin criterio
alguno y en una ley como esta, es algo que no debe hacerse, sino que, en
todo caso, habrá que modificar la ley de concierto.
La segunda enmienda que presentamos a este artículo 13 pretende también
llegar a ese rigor presupuestario, puesto que creemos que en el apartado
cinco se abre un portillo para la ampliación de profesores que deben ser
pagados por el Estado en los centros concertados. Se trata de la frase
que dice: «... así como de la progresiva potenciación de los equipos
docentes.» Sin criterio alguno, los centros, individualmente, podrán
aumentar sus plantillas o la ratio profesor-aula concertada, teniendo en
cuenta este texto tal y como está. Por lo tanto, nosotros pedimos la
supresión de este texto a fin de llegar, como hemos dicho, a un rigor
presupuestario. Esta es una buena ley de medidas de control
presupuestario puesto que creemos que se podría disparar unilateralmente
por parte de los centros.
Presentamos dos enmiendas al artículo 16, la 712 y la 713.
Con la enmienda 712 intentamos modificar el apartado cuatro de este
artículo, puesto que estamos hablando no solamente de las modificaciones
que podrá tener sino también de la determinación de las retribuciones del
personal en las nuevas fundaciones que se creen. Creemos que se debe
mantener al igual que se fija en el artículo 35 de esta misma ley para el
resto del personal laboral. Se debe fijar la autorización, además del
informe previo conjunto del Ministerio de Economía y Hacienda y del
Ministerio para las Administraciones Públicas, y no solamente la
información favorable, siempre que se aumente la masa salarial. De esta
forma creemos que unificamos las retribuciones de este personal con
respecto del personal laboral de la Administración del Estado.
Por último, presentamos la enmienda 713, de adición, a este mismo
artículo, puesto que creemos que esa misma información sobre el gasto que
realice el Ministerio de Sanidad y Consumo se dirija el Ministro de
Economía y Hacienda, y que a su vez éste lo remita a las Cortes para que
pueda ser conocido y debatido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ostos.
Además de las enmiendas números 710 y 711, han sido también defendidas
las números 712 y 713.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Martínez García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
He de decir que a la hora de empezar a defender nuestro rechazo a estas
enmiendas me encuentro casi como el asno de Buridán, ya que en la
enmienda número 1.032 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos se solicitan una serie de consideraciones que se niegan en la
número 711 del Grupo Parlamentario Socialista. Dicho lo cual, empezaré
por referirme a la enmienda número 1.032 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
En esta enmienda de modificación, la ratio o relación profesor-alumnos
queda incrementada siempre en función del total de profesores afectados
por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando y que se
encuentran incluidas en la nómina del pago delegado. Asimismo, podrá ser
incrementada por la progresiva potenciación de los equipos docentes, que
es justamente sobre lo que nos llama la atención el Grupo Parlamentario
Socialista en su enmienda.
En cualquier caso, señorías, la relación alumnos-profesor o ratios
siempre es un tema vigente, recurrente y problemático, porque pretende
conciliar dos aspectos de difícil conciliación: de un lado la libre
elección de centro por parte de los padres, y de otro el tope en el
número de alumnos por aula.
La enmienda número 1.033, al artículo 13.Uno, es de modificación. En la
justificación de esta enmienda se dice que, según una cláusula que se
introduce en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, las
unidades de Bachillerato Unificado Polivalente, el Curso de Orientación
Universitaria, así como el nuevo Bachillerato LOGSE, se financiarán
conforme a los módulos establecidos en el Anexo IV de esta ley,
solicitándose la modificación del párrafo quinto del apartado Uno del
artículo 13 por el que dicha financiación se limita a las
disponibilidades presupuestarias.
Rechazamos esta enmienda ya que si esa aplicación no se limita a las
disponibilidades presupuestarias, ello supondría un incremento de gasto
para el cual no se prevé financiación alguna.
En lo que se refiere a la número 1.034, tal y como ya dije en el debate
en Comisión, realmente existen suficientes medios y cautelas como para
que ese seguimiento tenga lugar. La materia objeto de esa enmienda no
afecta directamente a los costes de personal, por lo que el centro
directivo tiene la posibilidad de poner las cautelas y los controles
oportunos, pero en cualquier caso, la Administración tiene suficientes
recursos para ese control.
Ciñéndome ahora a las enmiendas números 710 y 711 del Grupo Parlamentario
Socialista, he de decir, señoría, que no se abre ningún portillo.
Ustedes, con ocasión y sin ella, tienen siempre una especie de fijación
con el tema de la enseñanza concertada.
En el sistema educativo anterior a la LOGSE se financiaba la Formación
Profesional de Segundo Grado. Si la LOGSE va sustituyendo estas
enseñanzas por los ciclos formativos de Grado Superior, parece lógico,
parece coherente y parece lo apropiado que se mantenga provisionalmente
este sistema de financiación hasta que en su momento se regule
presupuestariamente, por lo que no se entiende la gratuidad sino que se
está haciendo en los nuevos tiempos lo mismo que se hizo antes con la
otra ley.
Y donde le sigo diciendo que no tema que se abra ningún portillo es en la
número 711 al artículo 13.Cinco. Aquí es donde parece que a ustedes les
preocupa lo que parece bueno, es decir que exista una progresiva
potenciación de los equipos docentes, sea en la enseñanza pública, sea en
la concertada, pero toda ella sostenida con fondos públicos.
Por consiguiente, no resulta nada conveniente --y entra en franca
colisión con lo que, a su vez, enmendaba el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos-- que se suprima el final de ese párrafo al que se
refiere la enmienda. Y no tenga ningún temor su señoría a que de manera
progresiva se potencien los equipos docentes en educación; repito, sea en
la enseñanza concertada, sea en la enseñanza pública, pero toda ella
sostenida con fondos públicos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Martínez
García.
Para un turno en contra de las enmiendas 712 y 713, tiene la palabra el
Senador Alierta, por tiempo de tres minutos.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 712 y 713 se refieren al artículo 16, relativo al
régimen presupuestario de las fundaciones de naturaleza o titularidad
pública.
Debo señalar que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
modifican el texto que actualmente figura en el proyecto de ley de
presupuestos en cuestión de grado, pero no básicamente. Así, respecto de
las modificaciones de carácter retributivo para el personal de estas
entidades, que el proyecto de ley establece que deberán ser comunicadas,
se propone que deban ser informadas favorablemente. Y en cuanto a la masa
salarial de cada ejercicio económico, que el texto indica que deberá ser
informada favorablemente con carácter previo a cualquier incremento
retributivo por los indicados órganos, a los cuales hay que comunicar
cualquier modificación, se propone que deba ser autorizada por dichos
órganos. Como digo, se trata de una cuestión de grado.
En cualquier caso, entendemos que la existencia de fundaciones permite
una cierta flexibilidad, que es lo que se pretende dar a esos órganos o
unidades de administración en lo que se refiere a su gestión. Por tanto,
deben tener un cierto margen que, como se puede comprobar por el propio
texto de la ley, está lo suficientemente tutelado; es decir, que su
independencia es muy relativa, ya que tienen que comunicar cualquier
modificación a los órganos pertinentes y la masa salarial en su conjunto
debe ser informada favorablemente. Creemos que estas limitaciones, que
supondrían para cualquier entidad una auténtica sujeción, son suficientes
para éstas de las que estamos hablando, y les permiten un cierto margen
de flexibilidad y de capacidad de gestión que de apoyarse las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista se vería notablemente reducido.
No cabe duda de que la existencia de estas fundaciones de naturaleza o
titularidad pública tiene por objeto
que estas entidades puedan tener la posibilidad de una mejor gestión en
lo que respecta a servicios, costes, o a la administración de los
recursos que se les puedan conceder. Por tanto, necesitan un cierto grado
de libertad que, vuelvo a repetir, no es muy amplio teniendo en cuenta lo
que establece el texto del proyecto. Por eso, vamos a rechazar estas
enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alierta.
Abrimos turno de portavoces.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Ostos.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, me ha parecido oír algo así como que el Grupo Socialista está en
contra de la enseñanza concertada. Por tanto, vamos a dejarlo claro: el
Grupo Socialista nunca ha estado en contra de la enseñanza concertada,
sino en contra de lo que aquí se propone, porque creemos que eso abre un
portillo. Y si no es así, establezcan ustedes que esa autorización de
personal docente se haga en función de la enseñanza concertada y la
enseñanza pública y previa autorización de la Administración del Estado.
Porque, tal como está redactado, unilateralmente, creemos que el centro
privado puede aumentar su plantilla, y el Estado estaría obligado a pagar
el profesorado.
Por último, respecto de las fundaciones, estamos hablando de rigor
presupuestario, pero creemos que en este caso precisamente se relaja la
disciplina, porque una cosa es la flexibilidad de la que ya dispongan las
fundaciones, y otra que lo que antes estaba sujeto a autorización ahora
lo esté a informe. Por tanto, lo que pedimos es que esté sujeto a
autorización.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Martínez García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
En un primer momento, señor portavoz socialista, me había alegrado porque
efectivamente esta enmienda la había etiquetado como de recelo, y de tic
innecesario; pero esa alegría me la ha disipado inmediatamente cuando ha
dicho: poder, poder. Claro, por poder, podemos discutir sobre el sexo de
los ángeles, pero qué duda cabe que nadie está dispuesto a permitir, ni
autoridad ni Administración alguna, que la gente hinche --que sería la
palabra castiza-- el profesorado y falsee datos. No, pero es lo que está
ocurriendo en la pública, con fondos públicos, y en la concertada,
también con fondos públicos; a veces hay un foso entre la realidad y los
datos oficiales --según arrojan las encuestas y los trabajos de campo--,
por esa falta de niños que hay en los centros, y la gente a toda costa
quiere mantener los cupos de profesores. Es decir, esa dinámica o ese
problema o ese riesgo existe en la pública, existe en la concertada, y lo
único que tienen que hacer las autoridades educativas, en un campo o en
otro, es vigilar celosamente para que no ocurra y no haya toperas por las
que se fuguen fondos públicos de manera innecesaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Al Capítulo III del Título II no se han presentado enmiendas.
En consecuencia, pasamos al Título III. Para defender las enmiendas
números 1.174 a 1.193, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
(Pausa.) Nos da una buena noticia el señor Senador al decir que sus
veinte minutos se van a reducir a pocos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Efectivamente, señor Presidente.
En este título, señorías, tratamos sobre la función pública, y en ella
hemos querido recoger con enmiendas lo que es una constante. Ante la
posibilidad, más que probable, de pérdida de poder adquisitivo, cláusula
de revisión salarial. ¿Cómo recuperar poder adquisitivo? Hemos presentado
una enmienda en la que se cifra el incremento de las retribuciones en el
4 por ciento. Pretendemos con ello que se recupere el poder adquisitivo
que se ha ido perdiendo en los últimos años.
También presentamos enmiendas dirigidas a la creación de empleo público.
Entendemos que el límite para cubrir las vacantes existentes fijado en el
25 por ciento va en contra de la prestación de un buen servicio público.
Consideramos que debe cubrirse el cien por cien de las vacantes
existentes. No tiene ninguna justificación obligar a los trabajadores de
la función pública a trabajar en las condiciones de estrés en que tienen
que hacerlo, y todo ello para justificar, señorías, aquella teoría ya
expresada en reiteradas ocasiones por el Grupo Parlamentario Popular de
que la función pública está sobredimensionada, y que se puede hacer el
mismo trabajo con menos funcionarios. ¿En qué condiciones de deterioro se
puede hacer el trabajo en la función pública y en qué condiciones de
estrés lo están haciendo? Por tanto, la limitación del 25 por ciento es
cuando menos, señorías, una cortapisa para la creación de empleo público
que choca con las teorías del Gobierno que pretenden crear empleo. Ya
dijimos en cuantas ocasiones hemos tenido oportunidad de debatir este
punto que no tiene razón de ser la no cobertura de todas las vacantes
existentes.
También hemos planteado enmiendas con respecto al personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas, tanto en cuanto a la necesidad
de incremento de sus retribuciones como a la dotación de un fondo para
compensar los salarios más bajos.
Aquí, señorías, cabría también aplicar aquello de cuánto tiempo sin
promoción interna en determinados grupos o categorías, lo que provoca
precisamente desmotivación y que las condiciones en las que tiene que
trabajar el personal al servicio de la Administración Pública sean cada
vez más difíciles.
El conjunto de nuestras enmiendas, y cumpliendo lo que había anunciado al
Presidente, van dirigidas precisamente a una mejora de las
Administraciones Públicas, porque no podemos compartir, sino al
contrario, enfrentarnos con dureza, a aquellos que vienen diciendo que
las Administraciones Públicas realizan un trabajo con un personal que
está sobredimensionado para las necesidades que tiene y para justificar
después posteriores recortes.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para defender las enmiendas números 220, 221, 223 y 224, y por un tiempo
de tres minutos, tiene la palabra el Senador Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: Señor Presidente, señorías con esta intervención
voy a dar por defendidas la totalidad de las enmiendas presentadas tanto
al proyecto de ley de presupuestos como al de medidas fiscales. Ya que no
he podido lograr el apoyo de sus señorías para la aprobación de las
mismas, por lo menos espero con esta iniciativa ganarme su
agradecimiento.
No sería justo si no reconociera que coincido en muchos de los aspectos
que parecen informar, a la vista de lo manifestado por el Ministro del
ramo, la presente Ley General Presupuestaria. Creo acertada la filosofía
general que inspiran los presupuestos, y no niego que pueda ser la
adecuada para hacer frente a los retos fundamentales a los que debemos
hacer frente en materia económica, que no son más que dos, la moneda
única por un lado y minimizar los efectos de la crisis mundial en nuestro
país, por otro.
Es una realidad también la reducción del déficit público, la disminución
de los tipos de interés, el crecimiento del empleo o el control de la
inflación, por citar algunas de las magnitudes macroeconómicas que están
en boca de todos, pero a pesar de reconocerles todo eso, a fecha de hoy
nuestro partido no tiene intención de apoyar los presupuestos, y no lo va
a hacer por dos razones, salvo que las circunstancias cambiaran de una
manera notable a lo largo de este debate.
En primer lugar, porque esta es una Cámara territorial, o lo va a ser, o
debió serlo en algún momento y, aunque este no es el debate que nos
ocupa, evidentemente sí es el lugar adecuado para hablar de la
distribución territorial del esfuerzo inversor del Estado.
Señorías, la Comunidad Valenciana constituye el diez por ciento del
territorio nacional. Los valencianos sumamos aproximadamente el diez por
ciento de la población y aportamos algo más de ese diez por ciento a los
ingresos totales del Estado, y descontada nuestra buena voluntad, lo que
en términos generales podríamos cifrar en nuestra razonable aportación al
concepto de solidaridad interregional, las inversiones generales del
Estado en la Comunidad Valenciana distan mucho de poder entenderse como
justas y, desde luego, quedan lejos de las que podrían estimarse como
necesarias.
El Senador que les habla ha propuesto enmiendas que suman un montante
total próximo a los 115.000 millones de pesetas en inversiones directas,
no sólo en la Comunidad Valenciana, sino también en proyectos de Estado,
en proyectos que tienen un evidente impacto positivo para todos. Sin
embargo, ni una sola de ellas se ha estimado en Comisión.
En segundo lugar, y respecto de la utilización de la ley de
acompañamiento, he tratado de encontrar las expresiones más afortunadas o
adecuadas para exponer mi opinión por el hecho de que tantas y tan
importantes cuestiones se ventilen con esta premura, y finalmente he
optado por la sencillez. Esto no está bien. Las cosas no se hacen así.
Ustedes lo saben, lo sé yo también, lo sabe toda la Cámara y
probablemente lo sabe todo el país, y no voy a esconderles en este
momento que me siento, francamente, algo defraudado. A riesgo de resultar
recurrente, permítanme que les diga que no se puede acordar una
indemnización de un billón de pesetas, que sale del bolsillo de todos los
españoles, con esta --si me permiten la expresión-- alegría. Hace algunos
días, en el pasado Pleno, les hablaba de la necesidad de valorar, de
hacer un esfuerzo por estudiar con tranquilidad y serenidad el impacto de
la jornada laboral de 35 horas, por ejemplo, y creo que cuesta menos de
ese billón de pesetas que vamos a aprobar en esta escasísima semana. Es
decir, no se puede cambiar el modelo de gestión de una parte básica de la
sanidad de esta manera; no se debe hacer. Y no voy a alargarme más porque
las razones están en la mente de todos. Repito, ustedes lo saben, yo lo
sé, todos lo sabemos y el país también.
Por tanto, debo dejar constancia de que es voluntad de Iniciativa de
Progreso, de mi partido, si las circunstancias no cambian de forma
radical, no apoyar la presente ley de presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer
Roselló.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez, para defender las enmiendas
números 245 a 264.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una defensa global de estas enmiendas, en tres aspectos,
aunque repita algunos argumentos utilizados por el Senador Román.
En primer lugar, como la economía crece y estamos en un buen momento y
como sabemos que los funcionarios han perdido poder adquisitivo en este
período, presentamos una serie de enmiendas en las que proponemos que el
aumento sea del 2,8 por ciento en vez del 1,8 por ciento previsto. Esta
sería una manera de recuperar algo de poder adquisitivo.
Por otro lado, tratamos de que haya mayor flexibilidad en la negociación
colectiva tanto en las Comunidades Autónomas como en las Administraciones
locales, tanto para temas de reajuste salarial, como para poder llegar a
acuerdos con los sindicatos en temas de creación de empleo y que no haya
cortapisas en ese sentido. Podría ser bueno para incentivar la creación
de empleo que todas las Administraciones Públicas tengan capacidad y lo
vean en el marco de sus propias necesidades, porque tanto los municipios
como las Comunidades Autónomas pueden desarrollar labores importantes en
torno a la creación de empleo.
Por último hay una enmienda que, aunque aparentemente no tiene mucha
importancia, trata de subsanar lo que consideramos que es una injusticia,
como es que los jueces y fiscales, cuando realizan sustituciones
inferiores al mes, puedan percibir retribuciones no equivalentes a las
recibidas por aquellos a los que están sustituyendo. Aunque esto sea una
cosa nimia, que no supone nada desde el punto de vista presupuestario,
con ello se mitigaría un cierto malestar que existe en la judicatura a la
hora de hacer las sustituciones, en función de las retribuciones que
cobran los sustitutos en comparación con aquellos a los que sustituyen,
independientemente del período que sea. En ese sentido, hemos presentado
dos enmiendas proponiendo la equiparación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Seguramente algún Senador del Grupo Parlamentario Mixto estará dispuesto
a dar por defendida la enmienda número 1.084, del Senador Ríos Pérez,
para que no decaiga. (El señor Ferrer Roselló pide la palabra.)
Le escucho atentamente, Senador Ferrer.
El señor FERRER ROSELLO: Téngase por defendida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti, para defender la enmienda número 1.035.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente.
Efectivamente, como decía el Presidente, nuestro Grupo ha presentado una
única enmienda a este Título. Es una enmienda de modificación, que es
realmente importante para nosotros.
La presentamos porque nos parece de sentido común que si una Comunidad
Autónoma tiene saneadas sus finanzas, y así lo certifica el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pueda retribuir al personal a su servicio
sin atenerse estrictamente al criterio del incremento del 1,8 por ciento
que se ha fijado con carácter general.
Asimismo, en cuanto a la supresión del segundo inciso del apartado
cuatro, consideramos improcedente constitucionalmente el mandato que se
da en estos Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades Autónomas
y a las Corporaciones Locales de que se reproduzca la normativa básica.
Este es el sentido de nuestra enmienda número 1.035.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra para la defensa de la enmienda número
1.098.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para defender la enmienda número 1.098,
al artículo 21, que hace referencia a la oferta de empleo público.
Nuestro Grupo está de acuerdo en su enunciado básico, que se refleja en
la primera parte del párrafo uno, en el sentido de que las convocatorias
de plazas se concentran en los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideran absolutamente prioritarios y que afecten
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Pero, en contrapartida, en la segunda parte de este párrafo el número de
plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior al 25 por ciento de la tasa
de producción de efectivos.
La totalidad de los apartados dos y tres creemos que deben ser
suprimidos, ya que con ello proponemos que no se recorte la competencia
que en el ámbito de autoorganización tienen las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales, como es en este caso la fijación de un número
de plazas que pueden ofertar en función de sus necesidades concretas.
Creemos que esta limitación de competencias no es conveniente y, por
ello, presentamos la enmienda que acabo de defender.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo para defender las enmiendas números 678 y 714 a 717.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, haré la defensa de todas las enmiendas.
En primer lugar, ya es hora de desbloquear la oferta de empleo público.
Es el tercer año que se limita al 25 por ciento de la tasa de reposición
de efectivos y, naturalmente, ya es hora de que esto termine y de que,
por lo menos, se suba hasta el 75 por ciento.
Lo cierto es que con esta situación se está produciendo un mayor
deterioro en la calidad y, además, como ya anunciamos hace dos años, hay
más jubilaciones por parte de las escalas más bajas y, sin embargo, los
del grupo A, especialmente, esperan hasta los 70 años. Por tanto, se
requiere el desbloqueo de esta situación.
Los funcionarios están siendo sometidos a discriminaciones y agravios
retributivos sin previa explicación ni justificación. El 1,8 por ciento
es el aumento general previsto en estos presupuestos, pero a final de
año, igual que ha sucedido en el que ahora termina y en el anterior, se
habrán producido variaciones que mejorarán las retribuciones de unos y
despreciarán a otros. Cada año aumenta notablemente en los presupuestos
el complemento de productividad. Si para 1997 era de 35.468 millones de
pesetas, subió a 41.153 millones de pesetas en el año 1998, alcanzando en
los que discutimos ahora la cifra de 46.351 millones de pesetas. No hay,
por tanto, otro procedimiento para el reparto que la discrecionalidad y
el ocultismo. Con los cargos de procedencia política, el abuso del
complemento de productividad obliga de una vez a reclamar un control
doble: Primero, que este complemento no supere el 30 por ciento de las
retribuciones base establecidas en la ley. Y segundo, que se ponga en
conocimiento público las cantidades percibidas por este concepto.
Resulta escandaloso que el Gobierno nos sorprenda con aumentos
injustificados y no explicados. Los presupuestos marcan un crecimiento
por este concepto que se reparte caprichosamente. Se benefician altos
cargos y algunos cuerpos distinguidos de funcionarios y no otros, también
del Grupo A, y, desde luego, en pocas ocasiones les toca esta lotería a
los grupos de funcionarios más humildes.
Se falsea, se engaña con el aumento del 1,8 por ciento, que es general y
que es exactamente lo que les corresponde a unos, pero muy aumentado para
otros. Mejor sería un reparto justo, equitativo y transparente. El
beneficio para unos es un injusto método que busca el clientelismo y
perjudica a los otros.
Atrévanse de una vez a decir la verdad. Es cierto que hay que mejorar las
retribuciones de los servidores públicos, pero sin tapujos. No es la
regla a unos sí y a otros no; pero cuando así tenga que ser hay que
explicarlo, razonarlo y acordarlo. ¿No se avergüenzan con el número que
han montado con los Secretarios de Estado? Hace un año denunciamos un
«affaire» inconfesable. Los Secretarios de Estado pasaron de ser con los
Ministros miembros del Gobierno, al Régimen General retributivo
establecido para los funcionarios. De esta forma podrían cobrar el
complemento de productividad. El aumento suponía un 30 por ciento de las
retribuciones que cada responsable del Partido Popular explicaba de forma
distinta y vergonzante. Aquí, en el Senado, contestándome a una pregunta,
el Vicepresidente Segundo, don Rodrigo Rato, aprovechando la teoría de
una falsa trasparencia, dijo que los Secretarios de Estado ya no
cobrarían por los consejos de administración de las empresas públicas,
cosa que se ha demostrado también falsa. La mejor explicación, cómo no,
la dio el señor Presidente, respondiendo a su amigo Ramírez, que
preguntó: ¿Cómo es posible que los Secretarios de Estado tengan un
incremento del 30 por ciento? Aznar respondió: Eso mismo me preguntó mi
mujer desayunando el otro día. ¿Cómo se lo explicó? --preguntó el
amigo--. Aznar lo aclaró: Es que son muy importantes los Secretarios de
Estado. Tan importantes que ahora pretenden incluir en sus pensiones
indemnizatorias, que se crearon cuando figuraban en el otro capítulo
presupuestario y para compensar la incompatibilidad, que tampoco cumplen
algunos, el complemento de productividad. Hace unos días, en Comisión, el
portavoz en ese trance del Grupo Parlamentario Popular, contestando a mis
razonamientos sobre la enmienda, defendió que los Secretarios de Estado
vieran incluida en su pensión indemnizatoria el complemento de
productividad, al igual que el trabajador que cobra nocturnidad
contabiliza este concepto cuando está de baja.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha terminado su tiempo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Termino, señor Presidente.
Es una comparación parece que muy oportuna. Lo que ya no sé es lo que nos
dirán hoy, o lo que dirían por separado los señores Rato, Rajoy, Cascos y
Aznar. No sé lo que dirían cada uno por separado. Desde luego, estoy muy
interesado y muy emocionado esperando la respuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voy a informarles de que en principio tenemos previsto terminar alrededor
de las nueve de la noche, pero tenemos una planificación orientativa del
debate y si pudiéramos entrar en el artículo cuarto la seguiríamos, lo
cual pienso que redundaría en beneficio de todos. Por ello, quizá pudiera
alargarse un cuarto de hora más.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a procurar colaborar con los deseos de esta Presidencia. Agradezco
prácticamente a todos los intervinientes su brevedad porque son temas muy
recurrentes. Sinceramente, hubiera facilitado mucho mi trabajo el leerme
los «Diarios de Sesiones» del debate presupuestario de los dos ejercicios
anteriores, porque las enmiendas son prácticamente las mismas, y mi
respuesta tiene que ser la misma. No he acudido a esos Diarios para
intentar ser original pero indudablemente voy a repetir argumentos
anteriores. Quizá la única novedad sea la enmienda novedosa del Grupo
Parlamentario Socialista en la que parece que no les gustó mi respuesta
en Comisión.
Hagamos tres bloques de enmiendas, como han hecho prácticamente todos los
intervinientes. Primero están las enmiendas que afectan al incremento
retributivo de los funcionarios. Todos los grupos tienen enmiendas en
este sentido, proponiendo, como el Senador Ferrer Roselló, un incremento
del 2,6 por ciento en lugar del 1,8; otros proponen el 2,8, el 4 por
ciento, la creación de un fondo de compensación para la pérdida del poder
adquisitivo, el abono de determinadas partidas a los soldados de
reemplazo,
el permitir que esta limitación que se establezca no afecte a convenios o
acuerdos que se realicen para determinados pactos y sean válidos aquellos
que impliquen un crecimiento superior al 1,8, etcétera.
Señorías, no podemos aceptar las enmiendas por las mismas razones que
expusimos en años anteriores. Esta limitación del 1,8 responde a un
criterio de contención del gasto y de reducción del déficit. Además, la
experiencia anterior nos ha demostrado que es una buena política para
conseguir otras muchas cosas que no voy a enumerar. Bástenos decir que
son los que han permitido cumplir los criterios de convergencia. Podemos
caer en contradicciones. Alguien ha dicho que como la economía crece se
ha de permitir que los empleados públicos puedan participar de ese
crecimiento. ¿Pero no nos cuestionamos que quizá la economía crece porque
estamos cumpliendo a rajatabla esos principios de contención del gasto y
reducción del déficit? Pero es que, además, niego la principal. Niego que
haya habido una pérdida de poder adquisitivo. No ha existido tal pérdida
de poder adquisitivo.
Concluidos el 31 de diciembre del 97 los acuerdos con los sindicatos y
analizadas y valoradas las masas salariales del período 1994-1997, cuyos
resultados fueron puestos a disposición de los representantes de los
funcionarios, las retribuciones habían experimentado un incremento
superior al del índice del coste de vida del mismo período,
independientemente de que quizás a algún funcionario no le hubiera
afectado ese crecimiento parejo al del IPC.
En junio de 1998 se negoció con los sindicatos, para paliar ese posible
efecto, una distribución de 2.000 millones de pesetas. El acuerdo afectó
a 40.000 empleados públicos a los que supuso un incremento salarial de
entre el tres y el cinco por ciento.
En el mismo bloque incluyo aquellas enmiendas que pretenden negar
carácter básico a este artículo 21, regulador de las retribuciones del
personal público. Me refiero a la enmienda del Senador Nieto y de la
Senadora Costa y a la enmienda 1.035 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, este último Grupo con el matiz de que no estén
sujetas a esa limitación aquellas comunidades que cumplan los criterios
de convergencia.
El condicionamiento para la aplicación de la excepción nos da
indirectamente la razón. Se persigue cumplir los criterios de
convergencia, la contención del déficit y que aquella Comunidad Autónoma
--como si fuéramos compartimentos estancos-- que cumpla los criterios de
déficit quede liberada de esa limitación.
Nosotros entendemos que el carácter básico está constitucionalmente
avalado. Se trata de la política económica general, competencia exclusiva
del Estado, artículo 149.1.13 y artículo 56, que también admite este
carácter constitucional. Por lo tanto, entendemos que la obligación de
cumplir esos requisitos --y uno de los mecanismos que influye en ello es,
precisamente, esta reducción salarial que se establece en el artículo
20-- afecta a todos: Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales.
El otro bloque importante de enmiendas afecta a la oferta de empleo
público. El argumento es que no se sigue la política de crear empleo al
no aumentar las plantillas y no hacer nuevas contrataciones por encima de
ese 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos. Se da un peor
servicio y no se crea empleo.
La política del Gobierno no es improvisada, sino que se le ha dado
continuidad a lo largo de tres ejercicios y, precisamente, en su
mantenimiento tiene la garantía de su eficacia. Se trata de seguir
prestando un buen servicio
--los enmendantes no han acreditado prueba alguna de que haya un
peor servicio-- y de que al mantenerse la prestación del servicio se
pueda conseguir una redistribución de efectivos, aparte de contribuir
también a la contención del gasto público.
Dentro de este bloque de enmiendas, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió pretende eliminar la limitación del 25 por
ciento. Admite los criterios que persigue el precepto, pero entiende que
el poder autoorganizativo de cada Comunidad Autónoma puede verse afectado
por esta limitación.
Insisto, igual que he manifestado en los temas retributivos, en que
afecta a los principios generales económicos, incluso macroeconómicos y,
por lo tanto, es competencia del Estado, al que deben someterse todas las
Administraciones públicas en su obligación de colaborar en esos
objetivos.
Hay un grupo de enmiendas, que no han sido defendidas expresamente,
relativas a la petición de información a los sindicatos de distintos
conceptos: contrataciones con cargo a los créditos de inversiones,
distribución del complemento de productividad, etcétera. Considero que
las Cámaras tienen suficientes organismos de control como para que no sea
preciso establecer por ley una obligación en temas tan casuísticos como
el de informar trimestral o semestralmente al Parlamento.
Por lo que se refiere al complemento de productividad, que parece que
despierta todas las sospechas, cuando no las diatribas --especialmente
por parte del Grupo Parlamentario Socialista--, debo señalar que el
complemento de productividad está regulado por la Ley 30/1984 para todos
los funcionarios, por lo que no vemos razón ni para eliminarlo ni para
que no siga adecuándose a la normativa que lo regula, Ley 30/1984, que no
fue precisamente aprobada por el Grupo Parlamentario Popular. Es más,
pretender establecer una limitación a esos incrementos de productividad,
que no figuran en la Ley reguladora, para determinados funcionarios sí y
para otros no, supondría una clara discriminación.
Por último, en cuanto a mi intervención en Comisión, que al parecer
produjo la hilaridad del Senador que ha defendido las enmiendas, debo
señalar que sí hice esa comparación. Se podrá discutir si los Secretarios
de Estado tienen o no derecho a la pensión compensatoria; no cabe duda de
que ése sería un debate. Yo justifiqué el derecho que tienen en virtud de
sendas leyes de los años 1980, 1981 y 1991, ninguna bajo el mandato del
Partido Popular. Se puede argumentar que no es así, que ahora que tienen
el complemento de productividad, porque no forman parte del Gobierno, no
tienen derecho a una pensión compensatoria. Si desde un primer momento
hubieran
sido funcionarios con derecho a productividad, ¿se hubiera defendido la
eliminación de la pensión compensatoria? Yo puse el primer ejemplo que me
vino a la cabeza, el de un trabajador en cualquier empresa que cobre un
plus determinado por un excesivo esfuerzo, peligrosidad, nocturnidad, por
las circunstancias que usted quiera. Nadie puede decir que estoy poniendo
el ejemplo de un trabajador manual, ya que puede ser un alto cargo de una
empresa que tenga un complemento de este tipo. Esos complementos, bien
sea para su jubilación, bien sea en concepto de baja por enfermedad, bien
sea por motivo de unas vacaciones, en las cuales no se da ninguna de las
circunstancias que motivan el pago de esa prestación especial estando en
activo, las perciben en las otras circunstancias, bien en una situación
de ILT o en unas vacaciones. Esto es lo que defendí y esto es lo que sigo
defendiendo.
En conjunto, señorías, vamos a oponernos a todas las enmiendas por
entender que su aceptación en el fondo iría en contra de una política de
carácter general, porque la experiencia en el mantenimiento durante
varios ejercicios consecutivos de una política de reducción de plazas de
nuevo ingreso, de contención de los incrementos salariales, etcétera, ha
producido unos efectos que nos permiten gozar de una situación económica,
que esta tarde he oído decir aquí a representantes del Grupo
Parlamentario Socialista que es inmejorable, aun cuando las razones para
ellos pueden ser muy otras.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.
En turno de portavoces, ¿algún portavoz tiene la tentación de intervenir?
(Pausa.) (El señor Román Clemente pide la palabra.) Pues caiga usted en
ella, que para eso son las tentaciones.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque sea levemente, señor Presidente, caeremos en la tentación. No
podía ser de otra forma, tendiéndonos esa iniciativa de la austeridad,
Senador Espert. Austeridad, pero ¿qué forma de entender la austeridad? Es
curioso que se pueda ser austero con salarios inferiores a las 100.000
pesetas mensuales y no serlo con el incremento de altos cargos. Es un
concepto distorsionado, señoría, de la austeridad. Muy pocos incrementan
sustancialmente sus retribuciones y muchos, con retribuciones muy bajas,
no las incrementan porque tienen que hacer un esfuerzo de austeridad y de
contención del déficit; es difícil de explicar.
Como es difícil de explicar por parte de su señoría el incremento en la
oferta de empleo público. No, señoría, si ni siquiera es incremento sobre
las plantillas vigentes legalmente, es que se repongan las tasas de
efectivos que por una razón u otra están dejando vacantes. No incrementan
la plantilla, es que procedan a sustituir aquellos funcionarios o
funcionarias que han dejado de prestar el servicio. Ustedes dicen: no
aportamos datos sobre cómo afecta a la calidad del servicio, porque
ustedes están privatizando parte de los servicios públicos. No cubren las
vacantes y otorgan a contratas o a empresas privadas la prestación de
determinado tipo de servicios, con el consiguiente ahorro. Esa es una
política en contra de la Función Pública, una política difícil de
justificar. Dicen sus señorías que con ella contienen el déficit público,
contienen el gasto y lo dedican a otras cuestiones como inversiones, pues
usted no ha aportado un solo dato sobre en qué han mejorado las
inversiones a lo largo de este presupuesto y del anterior.
Usted afirma que no aportamos datos y que no hay pérdida de poder
adquisitivo. No consigo entender cómo se decreta congelación salarial y
no hay pérdida del poder adquisitivo. Además, dentro del ejercicio de
gobierno usted hace un esfuerzo y señala: desde este año a este otro
hemos analizado con los sindicatos y hemos llegado a la conclusión de que
no hay pérdida de poder adquisitivo, pero su señoría se olvida de que los
empleados públicos han venido perdiendo poder adquisitivo durante
bastantes años.
Las enmiendas tienen esa finalidad: la posibilidad de establecer, a
través del derecho recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en
algunas otras leyes que regulan la determinación de las condiciones de
trabajo, la cláusula de revisión salarial para evitar esa pérdida de
poder adquisitivo. Señoría la congelación de las plantillas, la no
cobertura de todas las vacantes significa un deterioro. Eso lo saben sus
señorías, ese deterioro está provocando un estrés cada vez mayor dentro
del servicio público y de la Administración pública. Lo podrán justificar
como quieran, pero ¿cómo es posible que en un centro que tengan 40 en
plantilla, y estén trabajando en este momento 20 o 25 personas puedan
prestar el mismo servicio que con el conjunto de la plantilla? Sus
señorías, aunque no lo dicen públicamente para no enfrentarse con los
empleados públicos, afirman que la Administración pública está
sobredimensionada, que sobran funcionarios y acuden a una justificación
más sutil: la movilidad geográfica, funcional y demás.
Señorías, hagan el esfuerzo, los argumentos serán todo lo recurrentes que
quieran, pero en la función pública faltan efectivos que hay que reponer.
Han perdido poder adquisitivo que no van a recuperar con este
presupuesto. Ustedes tienen un concepto de la austeridad como la ley del
embudo: para muy poquitos incrementos sustanciales porque la ley se lo
permite, y para muchos sus incrementos salariales no les van a permitir
superar en los niveles bajos las 100.000 pesetas mensuales. ¡A ver cómo
lo explica, señoría! Es un concepto de austeridad en una línea política
que, desde luego, no podemos compartir y a la que nos oponemos
abiertamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, no me llama la
atención que no modifique la comparación que el otro día hizo entre el
complemento de productividad de los Secretarios de Estado y el plus de
nocturnidad. Es más, me temo que en el próximo ejercicio apliquen el plus
de nocturnidad también a los Secretarios de Estado, porque, como algunos
seguro que trabajan de noche, me parece que ya les ha dado una idea.
Puede aplicarse el plus de nocturnidad a los Secretarios de Estado, según
me parece que usted propone.
Lo que sí me llama la atención es que siga manteniendo la misma postura
que en Comisión, cuando el miércoles por la tarde el señor
Alvarez-Cascos, Vicepresidente Primero del Gobierno, en su reaparición
parlamentaria dijo que el 15 de octubre ya se había acordado que los
Secretarios de Estado no cobraran el complemento de productividad dentro
de su pensión indemnizatoria. Lo que me sorprende entonces es que usted
siga manteniendo la misma postura. O es que usted no se ha enterado, o es
que lo que dijo el señor Alvarez-Cascos es ahora rectificado, también en
sede parlamentaria y, por tanto, se vuelven atrás y siguen defendiendo
que dentro de la pensión indemnizatoria de los Secretarios de Estado debe
incluirse el complemento de productividad. Seguro que usted nos lo aclara
en su próxima intervención.
Pero si es lo primero, si es lo que ha dicho el Vicepresidente, resulta
que, si votan ustedes en contra de nuestras enmiendas 715 y 716, van a
quedar muy mal. Volverán a demostrar que son especialistas en ocultismo,
sorpresas y otras artes mágicas.
Pero es que no nos fiamos, no nos fiamos nada, y debe especificarse, por
tanto, en la Ley la propuesta que nosotros hacemos. Hay que frenar al
Ejecutivo de una vez y ustedes mismos, el Grupo Popular, deberían
intentar hacerlo y exigirle que cumpla lo que figura en el programa
electoral del Partido Popular: dar prioridad a un sistema retributivo sin
margen para la discrecionalidad. Hagan sólo que se cumpla eso, porque
ustedes, que un buen día anunciaron la austeridad en la Administración
Pública, han aclarado lo que esto les viene a significar. Aumentan el 30
por ciento de los gastos corrientes y en el último Consejo de Ministros,
en el del pasado viernes, han sido aprobados casi 28.000 millones de
pesetas en créditos extraordinarios. Como no había 5.000 altos cargos que
suprimir, aumentaron escandalosamente la plantilla, mejoraron
notablemente las retribuciones de Secretarios de Estado, de jefes de
gabinete de Subsecretarios, etcétera. Instalaron en la Administración la
más absoluta discrecionalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo termine cuanto
antes.
El señor AREVALO SANTIAGO: Termino, señor Presidente.
Con estos presupuestos, que supongo que son los que culminan esta
Legislatura, ya que me parece que dentro de un año no discutiremos otros
presupuestos del Partido Popular, la operación Administración Pública
queda terminada. Más gasto, menos eficacia, más discriminación y menos
justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente, y muy
brevemente, porque no se trata de hacer floridos discursos.
Siento que el Senador Román Clemente haya utilizado algún argumento casi
demagógico, porque ha venido a decir que aquí predicamos la austeridad
para los pobres y para nadie más.
Para comprobar que no hay pérdida del poder adquisitivo, vamos a fijarnos
en el último presupuesto, el del año pasado. El incremento salarial, que
ustedes también criticaron, diciendo que suponía pérdida del poder
adquisitivo, fue del 2,1 por ciento. El IPC previsto para finales del año
rondará el 1,9 por ciento. Luego, en este año ha habido ganancia de poder
adquisitivo.
En cuanto a la reposición de efectivos estamos en lo mismo. Son dos
políticas diferentes. Usted tiene perfecto derecho a defender su
política; la nuestra es distinta: creemos que la que debe crear empleo es
la empresa privada, no el Estado. Además, no creemos esas agoreras
manifestaciones del estrés que se produce en determinados servicios. No
tenemos ningún miedo a hablar con los funcionarios, a decir que hay
sectores de la Administración Pública que están sobredimensionados. Sin
embargo, lo que he dicho yo oponiéndome a sus enmiendas es que la
política que persigue el Gobierno con esta normativa es la de
redistribuir efectivos y que es una política que no se puede hacer en uno
ni en dos años, sino que la política de readaptación y redistribución de
efectivos ha de ser una política continuada.
Senador Arévalo, la verdad es que si alguien tiene que cobrar
nocturnidad, a lo mejor debíamos ser nosotros en este momento porque
estamos llegando a altas horas de la noche.
Es muy hábil el Senador Arévalo diciendo chirigotas y lanzando
acusaciones gravísimas bajo una apariencia casi humorística; porque yo
alabo su verbo, su ingenio incluso, pero hace acusaciones gravísimas que
yo refuto globalmente.
En cuanto a la política retributiva en relación a los altos cargos, la
transpariencia u opacidad, en la que usted hace tanto hincapié, cuando
quiera la contrastamos con la que durante 14 años practicó el Partido
Socialista.
Para terminar con una sola palabra le diré que usted nos ha acusado de
manejar los conceptos retributivos con discrecionalidad; ustedes lo
hacían con arbitrariedad, que es mucho peor en Derecho Administrativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Espert.
Con el permiso de ustedes terminaremos en el Título IV, y así cumpliremos
un poco la planificación.
En el Título IV los artículos 37 a 46; en el Título VIII los artículos 89
y 90 y la Sección 07.
Primeramente están las enmiendas 1.194 a 1.197 y 1.213 y 1.214 del
Senador Román Clemente, que tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Ahora tengo que superar un poco menos la tentación. Quiero resaltar dos
enmiendas, dando por defendidas el resto.
Con la enmienda 1.195 pretendemos equiparar todas las pensiones al
salario mínimo interprofesional y con la enmienda 1.213 --algo que está
también relacionado con otras enmiendas-- cambiamos la cotización de las
horas extraordinarias.
Insisto, señor Presidente, en que damos por defendidas el resto de las
enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Realmente, señoría, ha superado
todas las tentaciones y está en el camino de la santidad. Muchas gracias.
El Senador Nieto Cicuéndez tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la misma brevedad diré que es una enmienda que fundamentalmente está
centrada en los trabajadores del mar. Ese régimen especial tiene que
tener el tratamiento adecuado y con esta enmienda lo aportamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti para defender las enmiendas 1.036 a 1.038 y
1.082.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 1.036 es de adición y se refiere a las pensiones
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado que debido a su
importancia debería ser estudiada por el Gobierno.
La 1.037 es una enmienda de adición sobre pensiones extraordinarias del
Régimen de Clases Pasivas originadas por incapacidad o inutilidad física.
En aras de la brevedad la enmienda 1.038 la voy a dar por defendida en su
propios términos.
Por último, la 1.082 es una enmienda de adición con la que pretendemos
encajar de una vez por todas y debidamente la problemática de los buques
pesqueros de la flota de altura y gran altura en los que concurre la
circunstancia del sistema de remuneración «a la parte» y un tonelaje
inferior a las 150 toneladas de registro bruto. Con esto se pretende
posibilitar un marco de acuerdo entre la empresa y los trabajadores en el
seno del grupo segundo, cotizando por salarios reales siempre que exista
un acuerdo entre las dos partes señaladas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 679 a 683 y 719 a
721, así como la 745. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista referentes al capítulo
destinado a las pensiones intentan poner en claro el derecho que tienen
los sectores más débiles de la sociedad a participar de los frutos del
crecimiento económico y de la generación de riqueza.
Cuando hay crecimiento y hay un gobierno de progreso, cuando hay un
gobierno de izquierdas, se aprovecha el crecimiento para hacer una mejor
distribución de la renta y aumentar más las rentas de los que menos
tienen. En otra época, en nuestro país, en los años ochenta, hubo un
período de crecimiento, incluso con tasas mayores que las actuales, que
fueron aprovechadas por el gobierno socialista en aquel momento para
construir lo que hoy tenemos de Estado del bienestar. ¿Y cómo se mide
eso? Se mide sobre la participación que tiene la protección social en el
PIB, en la riqueza. ¿Cómo actúa un gobierno de derechas cuando hay
crecimiento económico? Actúa bajo mínimos, es decir, todo lo que se pueda
ahorrar lo quita de las partidas destinadas a la protección social,
entendiendo por protección social las contribuciones del Estado al
sistema de la Seguridad Social y al Inem.
¿Por qué decimos esto y por qué lo digo yo en concreto hoy y aquí? Si
hacemos las cuentas del último gobierno socialista y observamos cuánto
era lo que se dedicaba a protección social, verán ustedes que era el 5,6
por ciento del PIB. Si hacemos las cuentas y vemos cuál es la aportación
del Estado a la Seguridad Social y al Inem que hace hoy el Gobierno,
verán ustedes que es el 5,1 por ciento del PIB. Para expresarlo en
términos que los ciudadanos entienden: estamos desaprovechando la
oportunidad del crecimiento económico para igualar más los niveles de
renta de nuestro país. O lo que es lo mismo: cuando hay una fase de
crecimiento y de generación de riqueza ustedes reducen los compromisos
del Estado con las rentas más bajas, y eso supone 400.000 millones de
pesetas. Me van a permitir que les diga que esto es una cutrez, porque
moralmente no se puede decir que el Estado permite que no se paguen
impuestos por ingresos inferiores a 550.000, ya que afirman que esa
cantidad es el mínimo vital. Lo dicen ustedes, lo han votado ustedes y,
sin embargo, dejan por debajo de ese mínimo vital las pensiones que
reciben miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, miles y
miles de familias. Al menos han de reconocer que tienen ustedes un doble
discurso, si no una doble moral: para pagar se tiene en cuenta el mínimo
vital, pero para que reciban los más pobres no hay mínimo vital.
¿Cuál es la propuesta que hacemos los socialistas? La propuesta que
hacemos es incrementar las cantidades destinadas a las pensiones no
contributivas, a las de complementos para mínimos, de tal forma que
también participen de parte de esa generación de riqueza y que, desde
luego, el Estado sea moralmente aceptable, que no tenga un doble
discurso: si hay un mínimo vital para no pagar impuestos, debe haber un
mínimo vital para ayudar a las familias a salir adelante. Hasta aquí he
defendido el conjunto de enmiendas relativas a las pensiones.
En cuanto a las enmiendas de nuestro Grupo referentes a cotizaciones
sociales, tienen un único objetivo: favorecer y permitir la generación de
empleo en nuestro país. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, no admitiendo que
las horas extra coticen más barato que el salario normal en las
contingencias comunes. No es de recibo que en un país que tiene todavía
una elevada tasa de desempleo las horas extra coticen menos a la
Seguridad Social que las horas normales trabajadas. Además, hay un deseo
compartido por la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, por la
inmensa mayoría de la sociedad española, de que la reducción de las horas
extra se traduzca en una mejor y mayor generación de empleo. En ese
sentido, si desde el punto de vista de las cotizaciones sociales resulta
más barato hacer horas extra que crear nuevos empleos, le estamos
abriendo la puerta al diablo para que se hagan más horas extra de las
debidas y se creen menos empleos de los necesarios.
Otra de nuestras enmiendas está relacionada con los trabajadores del mar.
Tengo que decirles a sus señorías que yo soy de Vigo, el puerto pesquero
más importante de Europa y donde está la flota de altura más importante
de la Unión Europea y posiblemente del mundo, y allí conocemos bien una
forma especial de retribución: el salario a la parte, salario que
consiste en que, partiendo de una retribución mínima, los pescadores
perciben parte del producto final de la venta del pescado.
Pues bien, lo que pretendemos los socialistas es cumplir con aquellos que
firmaron todas las fuerzas políticas y los sindicatos en el Pacto de
Toledo: que las cotizaciones del salario real sean también salario
oficial. Es decir, lo que pretendemos es que ambos salarios se vayan
acercando, porque de nada vale que un trabajador que esté faenando en el
Atlántico sur, en el Atlántico noroeste o en el Indico tenga ahora un
hermoso salario, si cuando llega el momento de su jubilación o si su
familia tiene la desgracia de perderle resulta que su nivel de pensión o
de indemnización es muy inferior en relación a la cantidad que percibía
por su trabajo. Estamos hablando de un caso de justicia que sabemos que
no se puede conseguir en un solo año. Por eso en nuestra enmienda
hablamos de una fórmula gradual por la cual ir acercando progresivamente
en el tiempo el salario real al oficial.
Para no provocar las iras de sus señorías termino ya refiriéndome a las
cotizaciones del Inem. Señorías, tenemos que alegrarnos de que por
primera vez en la historia del sistema de protección social español, lo
que recaudamos, es decir, las cotizaciones para el Inem, sean mayores que
las prestaciones. Esto es un éxito de este país que ha coincidido con
este Gobierno y, por tanto, también es un éxito de este Gobierno.
Pero el problema está en qué hacemos con ello. Vuelvo a lo dicho al
principio de mi exposición. ¿Qué hay que hacer cuando van bien las cosas?
Ustedes creen que lo que hay que hacer es que el dinero de las cuotas, de
la cuota patronal y de la cuota obrera para el desempleo, sirva para que
el Estado aporte menos, pero nosotros creemos que lo que hay que hacer,
si es que queremos hacer...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador González Príncipe, ha
agotado su tiempo.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Termino en dos segundos, señor Presidente.
Lo que pretendemos es que se rebajen la cuota obrera y la cuota patronal.
Así pues, hemos presentado una enmienda que pretende reducir dichas
cuotas y, por tanto, estimular la generación de nuevos empleos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, y para un turno en contra, tiene la palabra el
Senador Martín Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señoras y señores Senadores, voy a fijar la posición del Grupo
Popular respecto de la Sección 07, Título IV, porque al Título VIII lo
hará el Senador don Angel Fernández Menéndez.
Me gustaría comenzar mi intervención diciendo que desde 1996, desde que
accedió al Gobierno el Partido Popular, se han ido revalorizando
puntualmente, y año tras año, las pensiones de nuestros mayores. Y se han
ido actualizando conforme al IPC previsto, incluso antes de la entrada en
vigor de la Ley 24/1997. Desde la entrada en vigor de la citada ley el
artículo 48.1.3 fue interpretado en el sentido más favorable para
nuestros pensionistas, evitando, eso sí, la absorción de las diferencias
entre el IPC previsto y el IPC real, lo que les ha permitido no sólo
mantener, sino también incrementar su poder adquisitivo.
A este respecto, me gustaría al menos decir a los Senadores de los
distintos grupos intervinientes que la evolución del IPC y la
revalorización de las pensiones desde 1986 hasta la fecha ha sufrido un
incremento positivo de 1,2 puntos. Todo ello significa que lo que decía
el Senador González Príncipe no responde a la realidad, porque si hay una
realidad son los hechos, y éstos ahí están y nos demuestran cómo las
pensiones de nuestros mayores, repito, han ido ganando poder adquisitivo
año tras año.
Paso a referirme a todas las intervenciones de los Senadores que me han
precedido en el uso de la palabra, comenzando por la del representante de
Izquierda Unida, Senador Román Clemente. Sus enmiendas no son nuevas en
este debate ni en esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que las pensiones del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, el antes denominado SOVI, se
vienen actualizando, al igual que el resto de las pensiones no
contributivas, pese al carácter residual de las primeras, y en el mismo
porcentaje que se establece para el incremento de todas las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. Este porcentaje de incremento del 1,8 por
ciento de las pensiones entendemos que mantendrá el poder adquisitivo de
estos pensionistas.
De otra parte, creemos que de aceptarse las propuestas que se pretenden
eso supondría un mayor costo económico, que la enmienda que se propone no
cuantifica en ningún tipo de cantidad. También creemos que la política de
contención del gasto público implicaría que se extendiera a otra serie de
pensiones, lo que chocaría con el principio fundamental del Pacto de
Toledo, que es el crecimiento ordenado del sistema.
En cuanto al representante del Partido Nacionalista Vasco, Senador Jon
Gangoiti, tengo que decir que en principio compartimos la especial
sensibilidad de las enmiendas presentadas. Respetamos la absoluta
coherencia y la responsabilidad en el planteamiento que viene haciendo
año tras año el citado grupo, por lo que nuestro Grupo Parlamentario
mantiene una seria reflexión al respecto para, a ser posible, llegar a un
punto de acuerdo o de coincidencia que nos permita dar una solución al
problema.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, me gustaría extenderme fundamentalmente en una, la número
682. En este sentido, me gustaría decirle que en relación con esta
enmienda se formulan las siguientes observaciones. Con carácter general y
desde una perspectiva de técnica legislativa, no se considera adecuado
introducir a nivel de ley formal una precisión de tal naturaleza. El
propio precepto que pretende enmendar remite, en cuanto al procedimiento
y forma del reintegro, a lo que reglamentariamente se determine. Así, el
artículo 45 de dicha ley se limita a establecer la obligación de
reintegro sin descender al procedimiento que, por tanto, queda diferido
tácitamente a normas reglamentarias. Se presume el mandato parlamentario,
y me refiero a la moción aprobada en junio de 1998 sobre el proceso de
devolución de los complementos por mínimos indebidamente percibidos. En
primer lugar, no resulta apropiado --y usted lo sabe, señoría-- que una
moción parlamentaria, por la que se insta al Gobierno a tomar algún tipo
de medida, sea de orden material o normativo y se pretenda implantar
paralela o subsidiariamente mediante ley formal. Y, en segundo término,
hay que recordar que la moción de referencia limitaba sus efectos, como
también su señoría sabe, a los años 1994, 1995, 1996 y 1997, mientras que
la enmienda propuesta afectaría a los mínimos percibidos indebidamente a
lo largo del año 1999. En realidad la moción no pretendía modificar los
criterios legales vigentes en el sentido de que las deudas de
prestaciones indebidas deben ser devueltas íntegramente, sino
flexibilizar dichos criterios con ocasión de las operaciones de control
de complementos por mínimos que se llevaron a lo largo del año 1997. Por
ello, la moción ha de entenderse referida a dicha operación de control
situada en un tiempo concreto, y sin que deba considerarse extensiva a
fases sucesivas. Por último, hay que indicar que el mandato parlamentario
contenido en la moción del Congreso de los Diputados está siendo objeto,
eso sí, de cumplimiento mediante un proyecto de real decreto que en estos
momentos se encuentra en trámite de informe en el Consejo de Estado.
Quiero terminar diciendo que el Partido Popular va a votar en contra de
las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Martín Iglesias.
Tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para contestar a las enmiendas que han presentado
los distintos grupos al Título VIII, muchas de ellas coincidentes entre
grupos y generalmente dirigidas precisamente a dos temas muy concretos:
la cotización de las horas extraordinarias y la cotización de los
trabajadores del mar.
El debate de este título, que es más técnico, de cálculo, va a verse
posiblemente más en la Sección 60, ya que de alguna forma los ingresos
que se pueden generar dentro de las cotizaciones sociales son los que
también determinan la salud económica del sistema. Pero bien es cierto
que, como también apuntan los grupos enmendantes y yo mismo también lo
creo así, hay tipos de cotizaciones que pueden incentivar o desincentivar
ciertas acciones que pueden favorecer o retraer la creación de empleo.
Tengo que decirles, señorías, con respecto a las cotizaciones de los
trabajadores del mar, que hace un año, en el debate de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998, y firmada por todos los grupos políticos
presentes en la Cámara, se aprobó una enmienda transaccional cuyo origen
fue una enmienda del Partido Nacionalista Vasco en la cual tomábamos como
base de cotización de los trabajadores de este régimen especial unas
cantidades que se determinaban de una forma no tan fija como ustedes
dicen, sino como promedio de los ingresos de un año, lo que quiere decir
que se aproxima bastante a la realidad. Por lo tanto, si esto solamente
lleva en este caso concreto once meses en vigor y, de alguna forma, ya
estamos tratando de modificarlo porque va a convenir a un grupo no
incluido en éste, creo que tendremos que hablar de esto en lo sucesivo,
pero no es ahora el momento. Yo reconozco el trabajo que ustedes han
hecho al presentar estas enmiendas con el ánimo de mejorar el texto del
proyecto, pero la verdad es que, razonando profundamente sobre esta
materia, entiendo que no es precisamente el momento, por lo que mi Grupo,
el Grupo Parlamentario Popular, no va a aceptar estas enmiendas.
Las cotizaciones de las horas extraordinarias, es un debate muy viejo no
sólo en esta Cámara, sino también en el Congreso de los Diputados y en
otros foros. Las cotizaciones por horas extraordinarias no van a
mejorar el
empleo, y lo estamos viendo cada día, cada año. La verdad es que el
empleo ha mejorado en España sin haber cambiado la cotización de las
horas extraordinarias; esta es la verdad. Además, no creo que lo que
representan las horas extraordinarias, como se plasma en estas enmiendas,
tanto del Grupo Mixto como del Grupo Socialista, suponga crear más empleo
ni favorezca la competitividad en la producción de las empresas que pagan
horas extraordinarias en casos muy concretos a personas muy
especializadas en determinadas materias y únicamente cuando su producción
lo requiere.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que se refiere a la
cotización a la baja de la empresa y el trabajador por la contingencia de
desempleo. Por el contrario, nosotros, hemos presentado una enmienda a
este artículo 89 con una posición contraria, es decir, subir los tipos de
cotización según los tipos de contrato con el fin de no incrementar estos
colectivos que van al paro. Lo que se pretende es que incentivando un
tipo de contrato más estable, un tipo de contrato indefinido, aunque sea
a tiempo parcial, se mejore la calidad del empleo. No creo que con este
tipo de cotización a la baja en el contingente por desempleo vayamos a
mejorar el empleo, sino que creo más bien que potenciaríamos la
inestabilidad de los contratos y, en consecuencia, serían de peor
calidad.
Señor Presidente, muchas gracias por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias a usted, señoría.
Entramos en turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Intervendré simplemente para darles un dato.
Son ustedes poco generosos, porque a la propuesta que hemos hecho los
socialistas ustedes me han contestado diciendo que se han revalorizado
las pensiones ¿Sabe cuánto se han revalorizado los pensionistas de
mínimos por encima de la diferencia entre el IPC previsto y el IPC real?
Tres pesetas al día. Con un poco de suerte, al cabo de mes y medio, un
café.
Nosotros no estamos dispuestos a discutir más de la economía de la
miseria, y lo que nos parece absolutamente que no es de recibo es que
haya un mínimo vital por el que los ciudadanos no pagan impuestos y el
Estado no sea capaz de garantizar ese mismo mínimo vital para los que
tienen que vivir de la solidaridad del Estado. Es una incongruencia. Si
no se paga por esa cantidad, al menos que la pensión mínima tenga ese
mínimo, porque, si no, se está tratando desigualmente a sectores de
ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Simplemente, quería contestar al Senador
González Príncipe.
Yo creo que el Partido Popular ha dado muestras más que sobradas de que
tiene una profunda sensibilidad en todos los temas relacionados con las
pensiones. Nosotros, como usted sabe perfectamente, establecimos por ley
que las Pensiones se revalorizaran en función del crecimiento o en
función del IPC. Es decir, no fue nada graciable el hecho de que si se
producía o no se producía una situación de desfase entre lo previsto y lo
no previsto, el Gobierno a los dos o tres meses, a través de una carta,
le mandara una cantidad de dinero porque se había quedado corto en sus
previsiones. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular, garantizar que
todos nuestros pensionistas sepan que el crecimiento de su pensión no es
fruto de ninguna formación política, de ninguna, ni de ustedes ni de
nosotros, simplemente, es fruto de una cosa que se conoce con el nombre
de solidaridad. El Gobierno, el que sea, en este caso el nuestro, el de
todos el del Partido Popular, ha hecho posible que nuestros pensionistas
entiendan lo que ya entienden perfectamente: que si el crecimiento del
IPC es el 1,8, la revalorización es el 1,8 por ciento; que si es del 1,3,
la revalorización es del 1,3 por ciento, y que si se produce una
situación como la que se está produciendo, gracias a la política que está
llevando a cabo el Partido Popular en materia económica, en el sentido de
que las previsiones del IPC se nos quedan cortas por arriba --este año es
posible que el IPC descienda todavía más de lo previsto-- nuestros
pensionistas sigan manteniendo el poder adquisitivo y lo están
manteniendo --se lo repito--. Tengo aquí unos datos: El crecimiento del
IPC del año 1996 fue del 3,2, la revalorización de las pensiones de ese
año fue del 3,5 por ciento; crecimiento del IPC en 1997: dos puntos,
revalorización de las pensiones: 2,6 por ciento; en el año 1998 las
previsiones eran del 1,8, el crecimiento fue del 2,1 por ciento. En
definitiva, nuestros pensionistas, todos, han ganado en poder adquisitivo
y de esto nos tendríamos que congratular todos, ustedes y nosotros.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Se suspende la sesión hasta mañana, a las nueve de la mañana.
Eran las veintiuna horas y treinta minutos.
(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 113, del martes, 15
de diciembre de 1998.)