Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 108, de 25/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 108
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 25 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De DON VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los logros de la Cumbre del cambio
climático que se ha celebrado en Buenos Aires (Argentina). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000633.)
--De DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto al desarrollo de
alguna medida para la conservación de la biodiversidad. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586,
de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000642.)
--De DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la posición del Gobierno respecto a las graves
acusaciones publicadas en un diario de difusión nacional contra
magistrados del Tribunal Supremo. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de
noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000638.)
--De DON IGNACIO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca del
servicio común de notificaciones y embargos como órgano dependiente del
Juzgado Decano de la provincia de Burgos. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha
23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000643.)
--De DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre si el Teniente Coronel Jambrina sigue desempeñando servicios
especiales, como el seguimiento del proceso de elaboración del Proyecto
de Ley de reforma del Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID), bajo las órdenes directas del Director de dicho Centro.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000632.)
--De DON JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración y el grado de aceptación que hace el Ministerio de
Defensa del informe de daños y perjuicios de la Junta de Castilla y León
y de la Empresa de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA), en relación
con el incendio del monte Teleno (León) ocurrido el pasado mes de
septiembre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente 680/000641.)
--De DON JOAN OLIART PONS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
previsiones del Gobierno para resolver el deficiente funcionamiento de
los servicios e instalaciones de la terminal de carga del aeropuerto de
Barcelona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente 680/000635.)
--De DON ANDRES LUIS CALVO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
opinión del Gobierno respecto a la gestión del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA). (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de
noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000640.)
--De DON SEBASTIAN CONTIN PELLICER, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que se van a adoptar para mejorar la seguridad
vial en la circulación de la autovía de Logroño. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586,
de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000646.)
--De DON REYES MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Ministerio de Educación y Cultura
de la relación alumnos por profesor, en la enseñanza pública. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000644.)
--De DON LEOPOLDO RUBIDO RAMONDE, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución del gasto por alumno en la enseñanza pública,
desde el comienzo de la Legislatura. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de
noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000645.)
--De DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los motivos que impiden que se
cumpla la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, para el traspaso de funciones de la
Oficina de Compensación de Energía Eléctrica (OFICO). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586,
de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000634.)
--De DON JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si pretende el Gobierno privatizar la Fábrica de Combustibles Nucleares
de la Empresa Nacional del Uranio, S. A. (ENUSA) en la localidad de
Juzbado (Salamanca). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000639.)
--De DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los motivos que ha tenido el Gobierno para sustituir al
Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000636.)
--De DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno de la gestión
realizada en el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), por don
Fernando López-Amor García. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre
de 1998). (Número de expediente 680/000637.)
Segundo
Interpelaciones:
--De DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno acerca del sistema de
precios de referencia para la financiación pública de medicamentos y los
efectos de su aplicación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de
1998). (Número de expediente 670/000110.)
--De DON ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la situación y perspectivas a corto y medio plazo de la Agencia
Tributaria, requiriendo datos para conocer, por una parte, la evolución
del nivel objetivable de eficacia en la gestión y, por otra, los
problemas y tensiones que afecten al funcionamiento del organismo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente
670/000113.)
Tercero
--Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la
Violencia que sufren las mujeres. (Número de expediente 630/000010.)
Segundo
Interpelaciones (Continuación):
--De DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política del Gobierno en relación con la reducción de la jornada
laboral. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente 670/000112.)
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de introducción del euro. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 110, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente Senado 621/000110.) (Número de expediente Congreso
121/000137).
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 106, de fecha 23 de noviembre de
1998). (Número de expediente Senado 621/000106). (Número de expediente
Congreso 121/000107.)
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 107, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente Senado 621/000107.) (Número de expediente Congreso
121/000114).
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 4974)
De don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre los logros de la Cumbre del cambio
climático que se ha celebrado en Buenos Aires (Argentina) (Página 4974)
El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres.
De doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto al desarrollo de
alguna medida para la conservación de la biodiversidad (Página 4975)
La señora Díaz Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Díaz Villegas.
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la posición del Gobierno respecto a las graves acusaciones
publicadas en un diario de difusión nacional contra magistrados del
Tribunal Supremo (Página 4976)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca del
servicio común de notificaciones y embargos como órgano dependiente del
Juzgado Decano de la provincia de Burgos (Página 4978)
El señor Ariznavarreta Esteban formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ariznavarreta
Esteban.
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre si el Teniente Coronel Jambrina sigue desempeñando servicios
especiales, como el seguimiento del proceso de elaboración del Proyecto
de Ley de reforma del Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID), bajo las órdenes directas del Director de dicho Centro (Página 4979)
La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración y el grado de aceptación que hace el Ministerio de
Defensa del informe de daños y perjuicios de la Junta de Castilla y León
y de la Empresa de Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA), en relación
con el incendio del monte Teleno (León) ocurrido el pasado mes de
septiembre (Página 4980)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo.
De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
previsiones del Gobierno para resolver el deficiente funcionamiento de
los servicios e instalaciones de la terminal de carga del aeropuerto de
Barcelona (Página 4981)
El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Andrés Luis Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
opinión del Gobierno respecto a la gestión del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) (Página 4983)
El señor Luis Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Luis Calvo. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que se van a adoptar para mejorar la seguridad
vial en la circulación de la autovía de Logroño (Página 4984)
El señor Contín Pellicer formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Contín Pellicer.
De don Reyes Martínez García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Ministerio de Educación y Cultura
de la relación alumnos por profesor, en la enseñanza pública (Página 4985)
El señor Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Martínez
García.
De don Leopoldo Rubido Ramonde, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución del gasto por alumno en la enseñanza pública,
desde el comienzo de la Legislatura (Página 4986)
El señor Rubido Ramonde formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rubido
Ramonde.
De don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los motivos que impiden que se
cumpla la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, para el traspaso de funciones de la
Oficina de Compensación de Energía Eléctrica (OFICO) (Página 4987)
El señor Albistur Marín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marín. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
pretende el Gobierno privatizar la Fábrica de Combustibles Nucleares de
la Empresa Nacional del Uranio, S. A. (ENUSA) en la localidad de Juzbado
(Salamanca) (Página 4988)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los motivos que ha tenido el Gobierno para sustituir al Director
General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) (Página 4989)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno de la gestión realizada en
el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), por don Fernando
López-Amor García (Página 4990)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué
i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de
las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Industria y Energía (Piqué i Camps).
INTERPELACIONES (Página 4991)
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno acerca del sistema de
precios de referencia para la financiación pública de medicamentos y los
efectos de su aplicación (Página 4991)
El señor Zamorano Vázquez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Zamorano Vázquez, por
el Grupo Socialista, y Hernández Guimerá, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). Los
señores Zamorano Vázquez y Hernández Guimerá intervienen de nuevo en
virtud del artículo 88.
De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la situación y perspectivas a corto y medio plazo de la Agencia
Tributaria, requiriendo datos para conocer, por una parte, la evolución
del nivel objetivable de eficacia en la gestión y, por otra, los
problemas y tensiones que afecten al funcionamiento del organismo
(Página 5001)
El señor Gibert i Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el
Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular. Cierra
el debate el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la
Violencia que sufren las mujeres (Página 5010)
Se aprueba la declaración institucional por asentimiento de la Cámara.
INTERPELACIONES (Continuación) (Página 5011)
De don Vicente Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política del Gobierno en relación con la reducción de la jornada
laboral (Página 5011)
El señor Ferrer Roselló realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por
el Grupo Mixto; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5019)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de introducción del euro. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 5019)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate de las enmiendas.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
6 a 9. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 33 a 43. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números
1 a 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i
Comes defiende las enmiendas números 22, 23 y 25, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Ostos Domínguez defiende las
enmiendas números 26 a 32, del Grupo Socialista, así como la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados del artículo 22 y de la disposición
adicional cuarta (nueva), modificado e introducida, respectivamente, por
las enmiendas números 14 y 20, del Grupo Popular. El señor Alierta Izuel
consume un turno en contra y defiende una propuesta de modificación con
relación a la enmienda número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Ostos Domínguez consume un turno en contra de la
propuesta de modificación propugnada por el Grupo Popular. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Ostos Domínguez, por el Grupo Socialista, y Alierta Izuel, por el
Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 6, 7 y 8, del Grupo Mixto, por 6 votos
a favor, 128 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 9, del Grupo Mixto, por 86 votos a favor,
129 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 33, 36, 38, 39, 41 y 42, del Grupo
Mixto, por 3 votos a favor, 211 en contra y 6 abstenciones. Se rechazan
las enmiendas números 34 y 43, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 126
en contra y 87 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 35, 37 y 40, del Grupo Mixto, por 87
votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 8 votos a favor, 211 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 92 votos a favor y 128 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 22, 23 y 25, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 93 votos a favor, 120 en contra y 7
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 26 a 32, del Grupo Socialista, así como
la vuelta al texto del Congreso de los Diputados del artículo 22 y
disposición adicional cuarta nueva, modificado e introducida,
respectivamente, por las enmiendas números 14 y 20 del Grupo Popular, por
83 votos a favor, 127 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 125 votos a
favor, 94 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una corrección relativa a la disposición adicional cuarta,
firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba el artículo 32 y la disposición adicional segunda del dictamen
por 216 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 22 y la disposición adicional cuarta, por 131
votos a favor, 85 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la disposición adicional quinta (nueva), por 134 votos a
favor, 83 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 218 votos
a favor y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de Ley de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Página 5031)
El señor Cañellas Fons, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor García Carnero consume un turno a favor. No se hace uso del
turno en contra. No se utiliza el turno de portavoces.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
2 a 18, 20 a 23, 25 a 33, 35, 68 y 70. La señora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1. El señor Gatzagaetxebarría
Bastida defiende las enmiendas números 36 a 44, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende las enmiendas
números 79 a 82 y 84, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Gallego Cuesta defiende las enmiendas números 45 a 47, 52,
55 y 59, del Grupo Socialista. El señor Uriarte Zulueta consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 6 y 21, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 129 en contra y 75 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4, 8, 14, 20, 22 y 26, del Grupo Mixto,
por 79 votos a favor y 123 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 5, 7, 9 a 18, 23, 25, 27 a 33,
35, 68 y 70, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 202 en contra y 3
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor,
198 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 12 votos a favor, 194 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 36 a 42 y 44, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 4 votos a favor, 201 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 79, 82 y 84, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 194 en contra y 6
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 80 y 81, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 121 en contra y 79
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 45 a 47, 52, 55 y 59, del Grupo
Socialista, por 78 votos a favor y 130 en contra.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con el artículo 1.4
del dictamen (artículo 6.5 del texto que se modifica) por asentimiento de
la Cámara.
Se aprueba el artículo 1, punto 11, párrafo 5 (artículo 43 del texto que
se modifica) por 130 votos a favor y 77 en contra.
Se aprueba el artículo 1, punto 21 (artículo 103, párrafo 2, del texto
que se modifica) y punto 31 (artículo 117, párrafo 2, del texto que se
modifica) por 128 votos a favor, 78 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la disposición adicional decimosexta por 130 votos a favor y
78 en contra.
Se aprueba el artículo 1, apartados 3, 4 y 5 del dictamen por 204 votos a
favor, y 4 abstenciones.
Se aprueba el artículo 1, apartado 8 del dictamen por 204 votos a favor,
3 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el resto del texto del dictamen por 206 votos a favor de los
206 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras (Página 5042)
El señor López Borderías presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 11. El señor Vidal i Perpiñá da por defendida la enmienda
número 43, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y fija
en este turno la posición de su Grupo Parlamentario respecto del proyecto
de ley. El señor Fernández Moreda defiende las enmiendas números 12 a 27
y 29 a 34, del Grupo Socialista. El
señor Alierta Izuel consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores González Laxe, por el Grupo
Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 6 y 7, del Grupo Mixto, por 1 votos
a favor, 193 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 5 y 8 a 11, del Grupo Mixto, por 71
votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 186 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 12 a 27 y 29 a 34, del Grupo
Socialista, por 75 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 2.1, 4.2, 16.2, 18.1, 19.3, 27.1, 31.2 y 34 e),
la exposición de motivos, así como las disposiciones adicionales segunda,
apartado 2, y tercera del dictamen, por 121, votos a favor y 75 en
contra.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 192 votos
a favor de los 192 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veinte horas.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS LOGROS DE LA CUMBRE DEL CAMBIO
CLIMATICO QUE SE HA CELEBRADO EN BUENOS AIRES (ARGENTINA). (680/000633)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La primera pregunta la formula el
Senador don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre los logros de la Cumbre del
Cambio Climático que se ha celebrado en Buenos Aires (Argentina), para la
formulación de la pregunta tiene la palabra el señor Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente, señora
Ministra, señorías.
Hace escasos días concluyó la IV Conferencia sobre el cambio climático
celebrada en Buenos Aires. Al parecer, según las informaciones de las que
disponemos, dicha conferencia concluyó con algunos logros, toda vez que
Estados Unidos firmó el Protocolo de Kyoto durante el desarrollo de la
misma.
A pesar de estos logros, los resultados no han sido todo lo buenos que
muchos hubiéramos querido, debido a que ha permanecido la pugna entre
Estados Unidos y los países en desarrollo --aquellos superpoblados como
India y China-- sobre las obligaciones que estos últimos deben asumir. Se
ha criticado también que la Unión Europea no haya asumido el liderazgo
necesario para dar pasos en este sentido.
Ante estas informaciones, en parte discordantes, en parte
contradictorias, sobre el resultado de esta cumbre, nos gustaría conocer
la opinión del Gobierno y de la señora Ministra, tanto sobre los
resultados o los logros de esta conferencia como sobre cuál es la
aportación o las obligaciones que va a asumir España respecto a esta
cuestión. Es evidente que España tiene un papel limitado como parte de la
Unión Europea, pero también tiene otro importante como es el asumir,
dentro de nuestro país, aquellas acciones que se consideren relevantes
para llevar a cabo una acción efectiva en este sentido. Esta es nuestra
pregunta.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Senador, contesto a su pregunta en cuya contestación, como es
evidente, no voy a poder extenderme todo lo que quisiera dado el breve
espacio de tiempo del que dispongo. Pero sí puedo decirle que el día de
hoy, parlamentariamente hablando, va a estar dedicado de forma
monográfica a esta cuestión.
Empiezo respondiendo a la pregunta de su señoría. A continuación, a las
diez y media, intervendré, lo que dure la mañana, en el Congreso de los
Diputados precisamente para explicar todo lo que significó la Cumbre de
Buenos Aires y la estrategia de cambio climático que pone en marcha el
Gobierno de España. Esta tarde, tendré nuevamente en el Congreso una
interpelación sobre la misma materia.
Por lo tanto, remito ya de entrada a su señoría a todas las explicaciones
que voy a dar a lo largo de todas estas horas en las que voy a
pronunciarme sobre esta materia. En cualquier caso, he de decirle,
Senador, que las expectativas eran muy grandes porque el problema del
cambio climático, la situación que estamos viviendo ya y la que van a
vivir las generaciones venideras es realmente dura. Por eso, era
importante que adoptáramos un convenio de lucha frente al cambio
climático que ya se inició con el protocolo de Kyoto y que,
lamentablemente, aunque sigue
ese proceso negociador, no ha respondido a las expectativas que todos
teníamos en la reciente Cumbre de las partes en Buenos Aires.
No comparto con su señoría la afirmación de que la Unión Europea no ha
liderado estas iniciativas. La Unión Europea lideró antes de Kyoto el
convenio de cambio climático y ha liderado nuevamente en Buenos Aires la
adopción de medidas concretas, para lo cual, en el último Consejo de
Ministros del 6 de octubre elaboramos un plan de trabajo muy concreto
para ser aprobado en la Cumbre de Buenos Aires.
En ese plan concreto se decía, en primer lugar, que teníamos que dotarnos
de un desarrollo específico de lo que se llaman mecanismos de
flexibilidad, lo que supone que si bien aceptamos la utilización de los
mecanismos de flexibilidad nunca puede ser en detrimento de la reducción
de emisiones a nivel nacional, lo que significa que esos mecanismos de
flexibilidad, bien sean mecanismos de desarrollo limpio, bien sea la
compra de permisos de emisión a países que todavía no han alcanzado esa
cuota de niveles de contaminación, no pueden comportarse como un mercado
libre, sino que tienen que tener necesariamente un techo. Esto es lo que
los Estados Unidos y algunos países del llamado efecto paraguas que
forman parte de estas negociaciones en el mismo bloque que los Estados
Unidos no fueron capaces de aceptar, porque ponían como condición que los
países en vías de desarrollo tuvieran necesariamente que adoptar
limitaciones en sus emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero.
La Unión Europea, señorías, no puede compartir esta tesis, puesto que
piensa que los que tenemos que ser ejemplares en el control de emisiones
de estos gases tan nocivos para la atmósfera somos, precisamente, los
países desarrollados. Por esta razón, aunque reconocemos que se sigue
negociando, que se sigue avanzando en el camino de lucha frente al cambio
climático, lo más importante es que cada Estado presente iniciativas
concretas de ámbito nacional. Eso es lo que España ha iniciado en el
Consejo Nacional del Clima elaborando el primer borrador de estrategia
frente al cambio climático que tendré ocasión de presentar a partir de
las diez y media en el Congreso, como le acabo de decir a su señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
Señor Beguer, usted no ha intervenido para responder. Su señoría tiene la
palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: No había intervenido porque a la señora
Ministra se le había acabado el tiempo y, si el señor Presidente no fuera
generoso, no tendría tiempo para contestarme.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Ministra no tiene tiempo, pero su
señoría sí.
El señor BEGUER I OLIVERES: Entonces, únicamente le quiero agradecer a la
señora Ministra su respuesta y solicitarle, si es posible, que nos avance
algunos puntos del documento de la estrategia sobre el cambio climático
que ha elaborado su Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
-- DE DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL DESARROLLO DE
ALGUNA MEDIDA PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD. (680/000642)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno
respecto al desarrollo de alguna medida para la conservación de la
biodiversidad.
Tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, desde hace ya bastantes años, aunque hemos de lamentar
que no siempre haya sido así, se ha venido planteando la necesidad de
proteger la biodiversidad, es decir, la diversidad total de vida en la
tierra, cuya conservación ha de ser una responsabilidad en la que todos
debemos implicarnos. Y ello, señora Ministra, no sólo como una obligación
ética hacia las generaciones futuras, que lo es, sino que se ha
convertido en una verdadera necesidad para sobrevivir y asegurar la
habitabilidad del planeta, y constituye motivo de preocupación universal.
Recordamos que fue en los años ochenta cuando en la estrategia mundial
para la conservación de la naturaleza aparece el concepto de desarrollo
sostenible, tratando de armonizar el aparente conflicto entre un
desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales y la
imprescindible necesidad de conservación de la naturaleza, y en la
búsqueda de un equilibrio entre ambas.
Esta preocupación se materializó en la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio
de 1992, en la que se firmó el convenio sobre diversidad biológica, que
España ratificó en diciembre de 1993. En dicho convenio se hace constar
que las partes contratantes son conscientes del valor intrínseco de la
diversidad biológica, así como los múltiples valores de sus componentes,
y fija como objetivos su conservación, el uso sostenible de los mismos y
la participación justa en todos los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos.
España tiene una riqueza de patrimonio natural de las más importantes de
Europa, tanto desde el punto de vista de la diversidad de especies como
de su estado de conservación. Y tenemos la gran responsabilidad de
entregar este legado natural bien conservado. No podemos obviar que se
han producido pérdidas irreparables en décadas pasadas y que nuestra
biodiversidad se ha visto afectada por las grandes infraestructuras, por
el abandono de usos
tradicionales en el campo, por el uso intensivo de herbicidas y
pesticidas, por la sustitución de árboles autóctonos por otros de
crecimiento rápido, por la contaminación de agua, atmósfera, suelo y
otros factores negativos.
Señora Ministra, con medidas adecuadas todavía estamos a tiempo de
defender y conservar esa magnífica biodiversidad que posee nuestro país.
Somos conscientes de que ha aumentado considerablemente la
sensibilización y la participación de la sociedad en cuanto a la
valoración y protección de la misma, algo a lo que no es ajeno el cambio
en la dinámica de actuación por parte de la Administración Central que en
materia medioambiental se ha producido desde que el Partido Popular
gobierna en España y creó el Ministerio que usted, señora Ministra, con
tan alto grado de compromiso dirige.
En consecuencia, nos gustaría conocer qué medidas tiene previsto el
Gobierno desarrollar en esta materia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Díaz Villegas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Muy poco he de añadir a la magnífica exposición que su señoría ha
realizado sobre lo que significa precisamente el uso sostenible de los
recursos biológicos. En ese convenio de biodiversidad que usted ha citado
se solicita a las partes que elaboren una estrategia nacional de
biodiversidad, y este Ministerio se ha empeñado a fondo en ello para que
cuanto antes podamos contar con esta estrategia que es la que de una
forma más precisa nos va a detallar cuáles son las políticas y medidas a
seguir para proteger ese uso sostenible de los recursos de la naturaleza.
Como es norma en el Ministerio de Medio Ambiente, queremos que esa
estrategia de biodiversidad sea obtenida con auténtico consenso, para lo
cual hemos acudido a la vía del diálogo. En estos dos años y medio hemos
tenido multitud de reuniones en diversas mesas sectoriales no solamente
con las Comunidades Autónomas y las comunidades locales, sino también con
organizaciones no gubernamentales, con todos los expertos, investigadores
y científicos que de esta materia conocen y se ocupan, y estamos
precisamente en disposición de poder presentar a la sociedad esta
estrategia nacional de biodiversidad.
Lo que ocurre es que antes queremos que tenga el visto bueno de la
Conferencia Sectorial puesto que, como su señoría conoce muy bien, es
precisamente competencia de las Comunidades Autónomas la gestión del día
a día en estos recursos naturales. Por tanto, el próximo 1.º de
diciembre, en la Conferencia Sectorial que celebraremos en Valladolid,
esperamos poder obtener el visto bueno definitivo de quienes han sido
parte en los borradores de la estrategia para que, a partir de ahí, se
pueda poner en marcha toda esa serie de medidas.
Si hay algo que, efectivamente, caracteriza a España en estos recursos
naturales y en su protección es la existencia de parques nacionales, y
puedo comunicar a su señoría que ya se ha puesto en marcha la nueva ley
de gestión de parques nacionales, en donde por primera vez se establece
una auténtica cogestión de los mismos: el 50 por ciento de su gestión
corresponde a la Administración Central del Estado y el otro 50 por
ciento corresponde a las Comunidades Autónomas con parque nacional.
Igualmente, en esta semana pasada, en el Parque Nacional de Ordesa
pusimos en marcha el consejo rector de la Red Estatal de Parques
Nacionales que está dando las últimas pinceladas al Plan Director de esta
Red de Parques Nacionales. Creemos que como uso sostenible, como ejemplo
claro de lo que ha de ser el desarrollo económico y social, el turismo y
el ocio, unido a la protección de la naturaleza, nuestros parques
nacionales son un ejemplo modélico. A todo ello podríamos añadir la
política de aguas, la política de evitación de vertidos y la política de
gestión de residuos con la nueva Ley de Residuos. Todo ello va encaminado
a que efectivamente cada vez sea más importante y más participativa la
protección de esos recursos biológicos, que constituyen
institucionalmente la estrategia de biodiversidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero agradecer a la señora Ministra su información y
decirle que la valoramos muy positivamente, sobre todo en la referencia
que ha hecho a ese consenso que está buscando y que, sin duda, va a
colaborar a que las posibilidades del bienestar futuro de la humanidad no
se vean seriamente amenazadas, porque nadie cuestiona que el futuro de la
tierra va a depender de la forma correcta o incorrecta de actuar en los
próximos 20 ó 30 años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díaz Villegas.
-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS GRAVES
ACUSACIONES PUBLICADAS EN UN DIARIO DE DIFUSION NACIONAL CONTRA
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO. (680/000638)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de don Juan Antonio Arévalo
Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del
Gobierno respecto a las graves acusaciones publicadas en un diario de
difusión nacional contra magistrados del Tribunal Supremo.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señores del Gobierno, seguro que esta vez sí conoce el Gobierno
las publicadas acusaciones contra el Tribunal Supremo, profusamente
derramadas por conocidos medios de comunicación. Seguro que también
conoce la enérgica repulsa del Presidente de la Sala Segunda, y la
intervención del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina el
Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Gobierno conoce las múltiples acusaciones que se han realizado, de
forma reiterada, a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
por medios de comunicación y por representantes de la vida política
nacional. El Gobierno, como siempre, reclama el más escrupuloso respeto a
todas y cada una de las decisiones judiciales, no sólo del Tribunal
Supremo, sino de cada uno de los integrantes del Poder Judicial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿por qué se pone a la defensiva? (Rumores.) ¿Es que no
es capaz de distinguir? (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor AREVALO SANTIAGO: La Sala de lo Penal del Supremo ha decidido el
procesamiento del señor Gómez de Liaño. No ha dictado sentencia, sino que
ha acordado simplemente juzgarle. La reacción ha sido fulminante: en un
periódico, a cuyo director y autor recibe la Ministra en su despacho, sin
luz ni taquígrafos (Rumores.) se ha llamado a los magistrados
«manipuladores de pruebas» y «trujimanes del Derecho», entre otras
lindezas; pero no es eso lo importante. Lo importante es que se les ha
acusado directamente de un delito: prevaricación.
Pueden los autores haber incurrido en delito privado, pero éste es sin
duda un notorio delito público. La Sala decidió, y cuando la Sala
resuelve es todo el Tribunal Supremo quien resuelve. El Poder Judicial no
es personal, está residenciado en el órgano competente, colegiado en este
caso. El calumniado es el Tribunal Supremo, y el delito es el tipificado
en el artículo 504 del Código Penal, que dice: «Incurrirán en la pena de
multa de 12 a 18 meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente
al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al
Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo...».
El pasado día 18, el Consejo del Poder Judicial debatió la propuesta de
remitir los artículos de «El Mundo» a la Fiscalía General del Estado. Fue
aprobado, pero como se precisaba la mayoría absoluta de los presentes,
que en ese momento eran 18, no se pudo culminar el trámite. Se aprobó
también, con sólo dos votos en contra --y seguro que usted sabe de
quién-- (Protestas.), una nota de repulsa por las más torpes
insinuaciones y graves calumnias producidas, y también la nota era de
amparo a los magistrados maltratados. El Fiscal podía haber iniciado, de
oficio, la actuación oportuna, pero en estos casos la Fiscalía no sabe,
no contesta. Es cierto que en cualquier momento los magistrados pueden,
personalmente, querellarse contra los presuntos autores de la calumnia,
pero si eso hicieran, serían recusados de inmediato, por el procesado
Gómez de Liaño, que conseguiría apartarles del conocimiento de los autos.
Y, a todo esto, ¿qué hace el Gobierno? ¿No debería interesar de la
Fiscalía que intervenga, ya que no lo hace de oficio? ¿O prefiere
mantenerse callado? La justicia sigue gozando de mala salud, porque este
Gobierno es parte en todos los pleitos, por acción o por omisión.
(Protestas.)
Doña Margarita, que debería tener cuidado por cumplir tan bien las
órdenes de Aznar --ya ve lo que les pasa a sus más fieles servidores--,
no cumple en cambio su obligación como Ministra de Justicia. (Rumores en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor AREVALO SANTIAGO: En vez de velar por la aplicación del Derecho,
mira hacia otro lado. Así se benefician sus ancestrales protegidos y se
perjudican, a veces muy gravemente, sus particulares enemigos. (Aplausos
y protestas.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, he asistido embelesada, de verdad, a la clase de Derecho que ha
dado en este foro. Pediré el «Diario de Sesiones» para poder demostrarle
en su día qué es lo que ha dicho su señoría aquí: que el Gobierno dé
instrucciones, que el Gobierno actúe de Consejo General del Poder
Judicial, que el Gobierno defienda a unos magistrados y a otros no. Eso
es lo que su señoría ha expresado ante la Cámara. (Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, el
Derecho no es lo que uno
quiere que sea; el Derecho es igual para todos, recuérdelo. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
-- DE DON IGNACIO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DEL
SERVICIO COMUN DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS COMO ORGANO DEPENDIENTE DEL
JUZGADO DECANO DE LA PROVINCIA DE BURGOS. (680/000643)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Javier Ariznavarreta
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede
informar el Gobierno acerca del servicio común de notificaciones y
embargos como órgano dependiente del Juzgado Decano de la provincia de
Burgos.
Tiene la palabra el señor Ariznavarreta.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra de Justicia, como usted conoce perfectamente,
el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial previene la
posibilidad legal de creación y puesta en funcionamiento, en las
distintas ciudades con diversos juzgados u órganos jurisdiccionales, de
servicios u oficinas comunes de notificaciones y embargos, siempre que
exista una demanda para la implantación de esta infraestructura y el
conjunto de la actividad judicial en ese ámbito así lo justifique. Estos
servicios comunes, cuya competencia viene determinada igualmente por el
citado artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, suponen y
significan, sin lugar a dudas, una considerable mejora en la gestión de
los órganos judiciales y lo que es, a juicio de este Senador, más
importante, en la atención que por parte de estos órganos se presta a los
ciudadanos.
Por ello, desde diversos sectores y órganos de la Administración de
Justicia y colaboradores de ésta, en la capital burgalesa se ha venido
demandando de un tiempo a esta parte la instalación y puesta en
funcionamiento de una oficina o servicio común de notificaciones y
embargos dependiente del Juzgado Decano de los de primera instancia e
instrucción, cuya creación depende y es competencia de su Ministerio. El
mismo ha sido informado favorablemente por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, por su sala de gobierno, así como por la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, prueba
también de que la necesidad en cuanto a su creación es evidente.
Por todo ello le pregunto, señora Ministra, sobre las previsiones de su
Ministerio en torno a la creación de este servicio común de
notificaciones y embargos en la ciudad de Burgos dependiente del Juzgado
Decano de los de esta capital.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ariznavarreta.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, tras la petición o puesta en conocimiento por el
Juzgado Decano y el Tribunal Superior de Justicia de Burgos acerca de la
necesidad de un servicio común y los informes favorables del Consejo
General del Poder Judicial, efectuados a finales de septiembre del
presente año, el día 5 de octubre se aprobó la creación de dicho servicio
y la plantilla orgánica, dotada con un secretario judicial, cinco plazas
de oficial, cuatro de auxiliar y nueve de agente. A fecha de hoy ha sido
convocado el concurso de traslado para los cuerpos auxiliares y de
secretarios donde se incluyen estas plazas. A finales del próximo mes de
enero, una vez resueltos dichos concursos, entrará en pleno
funcionamiento este servicio común cuya necesidad es patente no sólo en
el ámbito del Tribunal Superior de Justicia sino, como he dicho, para el
Consejo General del Poder Judicial.
Gracias, señoría.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Ariznavarreta.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, muchas gracias por su contestación, especialmente por el
contenido de la misma que, una vez más, y ya son varias en la presente
legislatura, demuestran su sensibilidad y la de su Ministerio para con
las necesidades de la provincia de Burgos en torno a la Administración de
Justicia, sus infraestructuras y dotaciones.
Posiblemente se nos podrá acusar desde la oposición de complacencia, de
benevolencia o de servilismo hacia el Gobierno o, en este caso concreto,
hacia su Ministerio, confundiendo el debate electoralista y político con
las realidades y las necesidades que la Administración de Justicia puede
presentar en un ámbito territorial determinado.
Sin duda alguna, lo que no quieren reconocer esas personas, que así
actúan y así nos acusan, es que durante 14 años, en algunas provincias,
sabíamos que existía el Ministerio de Justicia por referencias en los
periódicos o por lo que decía el Ministro y en ningún caso por las
infraestructuras o por las dotaciones que allegaban a ellas en cuanto a
la Administración de Justicia. Por eso le agradezco sinceramente el tono
y el contenido de su contestación.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
-- DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE SI EL TENIENTE CORONEL JAMBRINA SIGUE DESEMPEÑANDO SERVICIOS
ESPECIALES, COMO EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO
DE LEY DE REFORMA DEL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID), BAJO LAS ORDENES DIRECTAS DEL DIRECTOR DE DICHO CENTRO.
(680/000632)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Teniente Coronel Jambrina sigue
desempeñando servicios especiales, como el seguimiento del proceso de
elaboración del Proyecto de Ley de reforma del Centro Superior de
Información de la Defensa, bajo las órdenes directas del Director de
dicho Centro.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la pregunta que le dirijo es una más de la serie de
preguntas orales o escritas que le he venido dirigiendo sobre
filtraciones de supuestas dudosas actuaciones del CESID. Probablemente,
hoy más que ayer pero menos que mañana, por las cuestiones que han
surgido desde que le formulé la pregunta --el día 11 de noviembre--, le
podría seguir dirigiendo otras cuantas más.
Sin embargo, en este momento, le pido que me conteste a la pregunta que
ha leído el señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, la pregunta, en sus propios términos, como la ha formulado su
señoría, tiene una respuesta clara, tajante y concisa: no, ni ahora ni
antes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Obviamente, tengo que creer que ésa es la información que el señor
Ministro tiene.
Sin embargo, como le decía con anterioridad, en otras ocasiones se han
producido otras informaciones. Me refiero a otras preguntas presentadas y
algunas contestadas, como el supuesto cese de 32 agentes como
consecuencia de las escuchas realizadas en Vitoria a la sede de HB,
asunto sobre el que se han iniciado diligencias judiciales --como su
señoría sabrá--, o como las supuestas escuchas a la sede de Bilbao de
Herri Batasuna o el supuesto seguimiento de los periodistas que dieron a
conocer el operativo montado para estas escuchas, que, por cierto, fueron
demostradas --pregunta formulada por escrito--. El día después de
formulada mi pregunta apareció en la prensa que dos de sus asesores
estaban siendo seguidos y controlados y en otras noticias se decía que un
supuesto agente del CESID se había puesto en contacto con militantes de
HB, que se presentaron en Comisaría, probablemente para constatar si esto
era verdad o mentira. Es decir, hay una serie de filtraciones que algunos
atribuyen a unas supuestas malas relaciones, unos tira y afloja, entre el
Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa.
Por otra parte, señoría, creo que es muy serio que representantes
políticos podamos estar siendo controlados de alguna manera, para ejercer
--se supone-- cierta presión sobre nuestras posiciones ante ese proyecto
de ley de la reforma del CESID, tan anunciado, y sobre el que yo
manifesté hace pocos días que me conformaría con que fuera tal como el
Partido Popular lo exigía en 1995.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, vivimos en un Estado de libertad y, por tanto, cada uno puede
escribir lo que quiera. De ahí a pensar que todo lo que se escribe tiene
el crédito de los Santos Evangelios va un trecho que su señoría
reconocerá que es largo.
Es verdad que de vez en cuando aparecen rumores, noticias, su señoría les
ha llamado filtraciones, que suelen tener como dardo, como objetivo
final, el Centro Superior de Información de la Defensa. Si el titular del
Departamento al que está adscrito el Centro le desmiente a su señoría
rotunda, categórica y formalmente cualquier atisbo de veracidad de esas
informaciones y el resultado es no dar crédito a la respuesta, entonces
reconocerá su señoría que podemos estar así hasta el día del juicio
final.
No existe ni ha existido nunca una sala de escuchas. Pero es que el
Teniente Coronel al que se hace referencia, señoría, está desde hace
mucho tiempo dedicado a actividades no ejecutivas en el área de
información exterior, de manera que no hay nada más alejado de la
realidad. Pero es que, además, señoría, espero que haya recibido la carta
que el imputado le ha dirigido, en términos que creo que se contestan por
sí mismos.
Además, creo que deberíamos reflexionar sobre el hecho de dar crédito a
cualquier información, por poco contrastada que esté, que haga daño a un
instituto como el Centro, que está encargado, bajo la dirección del
Gobierno que le dicta los objetivos, de defender, procurar y mantener la
seguridad colectiva de los españoles. Pero hay más aún: este Centro, al
que se le están haciendo constantemente imputaciones como la de hoy,
podría decir que si hay algún político que haya sido seguido, que lo diga
en los tribunales de justicia, que para eso están, o en las comisarías.
Cuando el Ministro ha pedido que si
alguien tiene atisbo, noticia, indicio, el más mínimo, de que una
actividad de ese orden pudiera estar siendo realizada por algún miembro
del CESID que se ponga en su conocimiento y transcurren semanas, meses y
años y no sucede, habrá que pensar que hay un interés distinto del de la
verdad en producir esas informaciones.
Le reitero que no hay ni el más mínimo indicio de verosimilitud en las
informaciones, que su señoría puede estar absolutamente tranquila y que
por no ser verdad nada, ni siquiera es verdad que haya un proyecto de ley
de reforma, porque no ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros
ningún texto de esa índole, sino que, como se ha informado reiteradamente
a la opinión pública, el titular de Defensa está teniendo conversaciones
con los representantes de los partidos políticos del arco parlamentario
para intentar alcanzar un amplio consenso en la materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
-- DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION Y EL GRADO DE ACEPTACION QUE HACE EL
MINISTERIO DE DEFENSA DEL INFORME DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEON Y DE LA EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S. A.
(TRAGSA), EN RELACION CON EL INCENDIO DEL MONTE TELENO (LEON) OCURRIDO EL
PASADO MES DE SEPTIEMBRE. (680/000641)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración y el grado de
aceptación que hace el Ministerio de Defensa del Informe de daños y
perjuicios de la Junta de Castilla y León y de la Empresa de
Transformación Agraria, S. A. (TRAGSA), en relación con el incendio del
monte Teleno, de la provincia de León, ocurrido el pasado mes de
septiembre.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Señor Ministro, como muy bien sabe, el pasado 13 de septiembre, cuando el
Regimiento Asturias realizaba unos ejercicios con fuego real en el campo
de tiro del Ejército de Tierra del Teleno, un misil «Milán», que impacta
en un desguazado carro de combate que sirve de blanco, origina en su
interior y en sus alrededores un pequeño incendio. Incendio que, por una
serie de desgraciadas circunstancias, traspasa los límites del campo y
provoca un fuego que destruye más de 3.000 hectáreas de pinar en los
montes de utilidad pública propiedad de las juntas vecinales de Tabuyo
del Monte, Castrocontrigo, Herreros de Jamuz y Nogarejas. La
extraordinaria actuación de los servicios de la Junta de Castilla y León,
con toda la colaboración que le es posible prestar al Ejército, controlan
y extinguen el incendio en poco más de 24 horas.
Señor Ministro, los leoneses le están muy agradecidos por la
sensibilidad, la prontitud con que su señoría visita la zona siniestrada,
comprueba in situ los daños y se reúne con afectados y autoridades.
A mediados del mes de octubre los servicios de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León presentan el preceptivo informe sobre daños y
perjuicios al que, en caso de siniestro en montes de utilidad pública,
están obligados a elaborar por imperativo de la ley. Este informe valora
los daños y perjuicios de la producción apícola, cinegética, ecológica,
forestal y medioambiental en 1.700 millones de pesetas. En paralelo, y
por encargo de su Departamento, la empresa TRAGSA elaboró otro informe
para conocer las labores de reforestación que será necesario realizar y
las medidas que es aconsejable adoptar en el campo de tiro para que
sucesos de estas características no se repitan.
Señor Ministro, con objeto de transmitir tranquilidad y confianza a los
ciudadanos de la Maragatería respecto a sus Fuerzas Armadas, creo que es
conveniente que se conozca el estado de tramitación del expediente de
daños y perjuicios, la voluntad política de abono de los mismos y las
medidas de seguridad que se adoptarán en el futuro.
Por todo ello formulo mi pregunta sobre los informes a los que
anteriormente me he referido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lobo Asenjo.
Señor Ministro de Defensa, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Ministro entendió que era su obligación personarse con la
máxima celeridad en el lugar de los hechos para comprobar personalmente
cuál era la extensión de los daños causados como consecuencia del
incendio al que se ha referido su señoría.
Tengo que agradecer aquí el comportamiento de los ciudadanos y de los
alcaldes de los municipios afectados, porque desde el primer momento
mostraron unánimemente una posición comprensiva y facilitadora de la
labor del Ministerio.
La Junta de Castilla y León emitió un informe el pasado mes de octubre
sobre los daños y perjuicios producidos en los montes Tabuyo,
Castrocontrigo, Herreros y Nogarejas como consecuencia del incendio
ocurrido los días 13 y 14 de septiembre, y en él los daños se evalúan en
1.560 millones de pesetas. Hemos contrastado dicho informe con otro
encargado a la empresa TRAGSA, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y hemos aceptado en su práctica totalidad el
informe elaborado por la Junta.
Pero antes, el Ministerio, con la voluntad política de compensar lo más
rápidamente posible el resarcimiento de los daños producidos, inició el
trámite de responsabilidad
patrimonial, que debe ser informado preceptivamente por el Consejo de
Estado. En este orden de ideas, se ha acordado con la Junta de Castilla y
León el establecimiento de una mesa en la que estén representados el
Ministerio de Defensa, la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos de
los pueblos afectados para proceder al pago de indemnizaciones; con ello
se pretende dotar a este proceso de la máxima transparencia y objetividad
posible.
Señoría, quiero agradecer una vez más el comportamiento de los alcaldes y
ciudadanos de los municipios afectados.
Independientemente de lo que he comentado antes, se han adoptado otras
iniciativas de las que quiero darles cuenta. Se han iniciado dos planes:
uno orientado a la regeneración de la masa forestal perdida y otro
dedicado a mejorar las medidas para prevenir un alcance similar. Para
ello se encargó un informe a la empresa estatal TRAGSA, que hemos
estimado correcto, y se están adoptando medidas de elevada cuantía
económica para prevenir incendios o para poder sofocarlos con total
seguridad. Asimismo, está en trámite de regulación orgánica una nueva
directiva que hace más exigentes los requerimientos de las normas de
actuación de los campos de tiro para que casos como el que nos ocupa no
vuelvan a repetirse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Lobo, tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero reiterarle nuestro agradecimiento y congratularme por el contenido
de la satisfactoria respuesta que he recibido en este momento, ya que la
misma supone trasladar cierta tranquilidad a los afectados y el
reconocimiento de la seriedad del trabajo de evaluación llevado a cabo
por los servicios territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León. Y lo que, a mi juicio, señor Ministro, es más importante, el
hecho de que estas soluciones puedan ser el sólido comienzo de unas
nuevas y mejores relaciones entre nuestras Fuerzas Armadas y sus vecinos
de la Maragatería, que tantas muestras de colaboración con la Defensa
nacional han dado en la no siempre fácil, como sabe muy bien el señor
Ministro de Defensa, convivencia con un campo de tiro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lobo.
-- DE DON JOAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA RESOLVER EL DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS E INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA. (680/000635)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joan Oliart Pons, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para
resolver el deficiente funcionamiento de los servicios e instalaciones de
la terminal de carga del aeropuerto de Barcelona.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, la terminal de carga del aeropuerto de
Barcelona está perdiendo carga en los últimos meses. Todos los operadores
coinciden en señalar que la causa es el mal funcionamiento de los
servicios y de las instalaciones de la mencionada terminal. Las
consecuencias, señor Ministro, son el desvío de mercancías hacia
aeropuertos europeos, el malestar general de los operadores, preocupación
total de los sectores económicos e institucionales de Cataluña y usted
mismo sabe, señor Ministro, que tiene una amenaza de huelga de los
transportistas que operan en dicha terminal si la situación no se
resuelve urgentemente.
Lo que más me ha extrañado de todo ese proceso --porque ya es largo-- ha
sido el silencio del Gobierno. Señor Ministro, urge resolver esa
situación que afecta a intereses básicos no solamente de Cataluña, sino
del conjunto de toda España y amenaza a nuestra competitividad en Europa.
Por ello, señor Ministro, le pregunto: ¿Qué piensa usted hacer para
resolver de inmediato esta situación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, con su permiso, de silencio del Gobierno nada de nada. Hace
cuatro meses se inició el proceso de constitución de una sociedad para la
promoción de la carga aérea del aeropuerto de Barcelona. La necesidad de
actuar por consenso y de involucrar los intereses de todas las
administraciones públicas lleva su tiempo. La gestación de un consenso es
un proceso complicado y todavía no se ha alcanzado un pleno acuerdo sobre
los porcentajes de participación accionarial en la sociedad de promoción.
Pero, señoría, al mismo tiempo hay otras actuaciones en curso que
demuestran la actuación que se ha emprendido para resolver el problema de
la carga en el aeropuerto de Barcelona.
En estos momentos está en obra el edificio de servicios generales, que va
a tener 20.320 metros cuadrados --14.000 en una primera fase--. Por otra
parte, está en curso la urbanización general del recinto de carga del
aeropuerto, que se terminará en el primer semestre del próximo año 1999;
están concluidos los proyectos para hacer una configuración de todo el
conjunto de instalaciones que deben dar servicio a la actividad de carga.
Puedo reseñar las siguientes: Las denominadas instalaciones
de primera línea suponen 57.879 metros cuadrados de naves y 10.129 metros
cuadrados de oficinas. Son naves diseñadas para satisfacer los
requerimientos individuales de los clientes con las características
justamente demandadas; las instalaciones de segunda línea, que benefician
de manera muy particular a los llamados agentes transitorios, agentes de
carga y operadores logísticos, lo que suponen 20.366 metros cuadrados de
naves y 5.514 metros cuadrados de oficinas.
Todo ello, es decir, el edificio de servicios generales y los proyectos
de instalaciones de primera y de segunda línea, supone una construcción
de 114.000 metros cuadrados para la terminal de carga del aeropuerto de
Barcelona. La inversión en curso asciende a 1.800 millones de pesetas.
Están programados, y por lo tanto presupuestados, otros 7.000 millones
más para la realización de los proyectos que acabo de indicar a su
señoría.
Este es el conjunto de medidas que deben hacer frente a una actividad de
importancia económica creciente, como es el transporte de la carga aérea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por facilitarme esa información que,
indudablemente, todos los sectores económicos de Cataluña van a
agradecer.
No obstante, deseo puntualizar algunas cosas.
Usted ha hablado de una sociedad que se creó hace unos seis o siete meses
y supongo que se refería, aunque no lo ha dicho, a la sociedad CLASA. Esa
sociedad no ha entrado todavía en servicio y, por lo tanto, hay que
ponerla en marcha. (El señor Ministro de Fomento, Arias-Salgado y
Montalvo, hace signos negativos.) Y no sé a qué otro tipo de sociedad se
está refiriendo usted.
Lo que sí le puedo decir es que las críticas a AENA son generalizadas y
que lo que es necesario y se está reclamando desde los sectores
económicos de Cataluña y también desde los sectores institucionales,
incluido el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, es la
creación de una empresa coparticipada que, indudablemente, opere mucho
mejor y tenga mejor estrategia en lo que se refiere al negocio de la
carga en el aeropuerto de Barcelona.
Ustedes presentaron anteayer un plan director en el que también está
proyectado convertir la terminal de Barcelona en una gran base logística
de cara a Europa. Pero lo que en estos momentos estamos pidiendo son
medidas a corto plazo, mientras aquéllas a medio y largo plazo se
cumplen, porque la situación actual es gravísima y todos las empresas del
sector, la Cámara de Comercio y otras instituciones importantes reclaman
día a día --parece que son llamadas de auxilio-- que se resuelva.
Hay una serie de medidas a corto plazo, señor Ministro, que creo que se
podrían poner en marcha de forma inmediata: una aduana más ágil, con más
funcionarios y unos horarios más amplios y flexibles, material de carga y
descarga más moderno, abundante y disponible, más personal especializado,
más espacio disponible para carga y descarga y mejora de las oficinas de
los transitarios y empresas; mejor organización, en suma, en tanto no
tengamos todo eso que usted nos ha prometido hoy. Además --otra vez
insisto-- es necesario que haya una empresa que gestione directamente la
carga.
Y permítame, señor Presidente, señor Ministro, que haga una consideración
final. Creo que es de interés general promover y reforzar al máximo la
proyección de Barcelona y su área metropolitana en el área delimitada por
Barcelona, Marsella, Génova, Milán, Toulouse, Barcelona, porque si
Barcelona consigue jugar un papel decisivo como centro neurálgico y
logístico de tan importante zona económica, los beneficios son para
Cataluña y para toda España.
Es necesario, señor Ministro, una mejor gestión de la carga, no sólo en
El Prat, sino también en otros aeropuertos españoles. Y, por las noticias
que tengo, creo que AENA no está en este sector a la altura de las
circunstancias que demandan los tiempos modernos.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, comparto la reflexión que ha hecho sobre la importancia de
articular el conjunto del territorio español como una gran plataforma
logística de recepción y de emisión de carga por medio del transporte
aéreo. Pero añadiría, señoría, que ha sido este Gobierno el que ha puesto
en marcha todo el proyecto de organización, reorganización y ampliación
de la nueva terminal de carga del aeropuerto de Barcelona. Este no es un
problema que se haya planteado en el año 1998 ó 1997. Es un problema que
lleva planteado bastante tiempo. Y es este Gobierno el que lo ha puesto
en marcha, como es este Gobierno el que ha puesto en marcha la ampliación
del aeropuerto de Barcelona, que el Gobierno que apoyó su señoría en
legislaturas anteriores había programado para el año 2015 y que, sin
embargo, la experiencia ha demostrado que dicha programación no sólo era
equivocada, sino que hoy resulta claramente incomprensible.
Por consiguiente, señoría, lo que le transmito es que es este Gobierno el
que ha empezado a tomar las medidas para resolver un problema que está
vigente desde hace bastante tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON ANDRES LUIS CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA
OPINION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA GESTION DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS
ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA). (680/000640)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Andrés Luis Calvo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno respecto a la
gestión del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué opinión tiene el Gobierno sobre la gestión del Ente
Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo entiendo que, como todo en la vida, la gestión de AENA es
mejorable, y le aseguro que va a mejorar con los nombramientos que se han
hecho recientemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la dimisión del Director General del Ente Público AENA,
encargado de la gestión de los aeropuertos españoles, se ha sumado a la
cadena de destituciones y dimisiones producidas en los últimos meses en
el entorno de la aviación civil. El Director General era el máximo
responsable del plan de ampliación del aeropuerto de Barajas y, por
tanto, también responsable del fracaso del plan de aislamiento acústico
de las viviendas y de las universidades cercanas a Barajas.
La dimisión del Director General parece lógica cuando las operaciones de
Barajas se vienen convirtiendo desde el pasado verano en el hazmerreír de
toda Europa, con la acumulación de retrasos descomunales y difícilmente
justificables, con la pérdida masiva de maletas, y con el hacinamiento
inhumano de viajeros. La dimisión del Director General de AENA parece
lógica cuando los pilotos españoles califican, a través de su sindicato,
las nuevas instalaciones de parche y chapuza. La dimisión del Director
General de AENA parece lógica cuando, a juicio de los pilotos,
determinadas maniobras serán más complicadas, con la paradoja de que la
pista más larga de Europa no sirve para que despeguen con más holgura los
aviones más grandes. La dimisión del Director General parece lógica
cuando los controladores se quejan de la escasa visibilidad de la nueva
torre. La dimisión del Director General parece lógica cuando esa tercera
pista se inaugura sin mapa de ruido, rechazando Medio Ambiente la llamada
huella sonora. Pero no basta con exigir responsabilidades hacia abajo, no
basta con sustituir a los cargos medios, si tales medidas no se acompañan
de las explicaciones adecuadas. Porque sin esas explicaciones, los
cambios en los gestores son un sistema más para bloquear la posible
petición de responsabilidades políticas en la caótica gestión de aviación
civil, cuyos desastrosos resultados se manifiestan en el desbarajuste
permanente del aeropuerto de Madrid.
Señor Ministro, usted es el responsable de los nombramientos de los ahora
destituidos o de los que han dimitido y todavía no se lo ha explicado a
aquéllos ante los que es usted responsable, los ciudadanos, ni tampoco ha
explicado por qué Barajas sigue sin tener un plan de futuro convincente
que garantice su posición dominante en el tráfico aéreo, puesto que es el
único aeropuerto europeo con potencial de crecimiento. Cuando en el
entorno de la aviación civil se han producido cinco cambios en menos de
un año, además de varios cargos intermedios y del propio Secretario de
Infraestructuras, señor Abril Martorell, ha llegado el momento de
preguntarse si el problema está en esos gestores intermedios o el
problema es usted mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Me parece extraordinariamente interesante la pregunta que me formula, y
voy a dejar al margen la contestación a cada una de las puntualizaciones
que ha tenido a bien leer su señoría, porque muchas de ellas son
simplemente falsas. El elemento más importante de su pregunta es los
cambios frecuentes que ha habido en la dirección de AENA. Señoría,
efectivamente ha habido cambios frecuentes en la dirección de AENA y eso
refleja un problema de gestión. Problema de gestión que puede derivar, en
mi opinión, de la propia concepción de AENA y de la necesidad de
reorganizarlo. Pero le voy a decir lo siguiente, señoría: en 24 meses,
con los cambios de responsables en AENA, este Gobierno ha dotado a
Barajas de una pista de aterrizaje, de una torre de control, de 200
nuevos controladores, ha cambiado el sistema de gestión informática del
tráfico aéreo, y ha definido un nuevo espacio aéreo para Madrid, y hoy
empiezan a resolverse los problemas de Barajas, como demuestra el proceso
que viene sucediendo desde la puesta en marcha de la tercera pista. El
Gobierno socialista, señoría, no hizo ningún cambio en AENA, mantuvo a
los mismos responsables. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Pero fíjese, señoría, escuchen... (Fuertes
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Escuchen,
señorías, que ya sé que no les gusta oírlo: no cambiaron a ningún
responsable de AENA; en diez años no pusieron ni una sola piedra en el
aeropuerto de Barajas; se equivocaron con el aeropuerto de Sevilla, en
donde hicieron una inversión faraónica y está hoy sobredimensionado y
trabaja al 30 por ciento de su rendimiento. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista) ¿Saben para cuándo programaron la tercera
pista del aeropuerto de Barcelona? Para el año 2015; esta previsión, como
le decía antes a su compañero, es magnífica y demuestra el correctísimo
funcionamiento de los dirigentes de AENA en su época.
Señoría, también podríamos hacer un análisis del coste, de las
dimensiones y de la funcionalidad de la terminal del aeropuerto de Palma
de Mallorca; ustedes no cambiaron a los responsables, pero no aportaron
ninguna de las soluciones necesarias. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON SEBASTIAN CONTIN PELLICER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD VIAL EN LA CIRCULACION DE LA AUTOVIA DE LOGROÑO. (680/000646)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que se van a
adoptar para mejorar la seguridad vial en la circulación de la autovía de
Logroño.
El Senador Contín Pellicer tiene la palabra.
El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en las Cortes de Aragón en repetidas ocasiones se ha
tratado sobre la cuestión de la peligrosidad de la autovía de Logroño en
el tramo más próximo a la ciudad de Zaragoza; por lo menos, tengo
recogidas 12 preguntas y cuatro proposiciones no de ley en estas Cortes,
algunas incluso aprobadas por todos los grupos parlamentarios, que son
muestra de la gran preocupación existente tanto en la ciudad de Zaragoza
como en todo Aragón, debido sobre todo a que el tema se ha reverdecido
por los numerosos accidentes que están sucediendo en esta autovía. La
Consejería de Ordenación del Territorio de Aragón ha realizado múltiples
gestiones a este respecto, en especial, con el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes y con el propio Ministerio de Fomento.
Esta preocupación, que el señor Ministro ha compartido con el Presidente
de Aragón, señor Lanzuela, se plasma en el trabajo de ambos encaminado a
la eliminación del peaje o en otra solución que se pudiera plantear.
Por ello, formulo al señor Ministro esta pregunta, que en los
prolegómenos he convertido en minimoción: ¿Qué medidas van a adoptarse
para mejorar la seguridad vial en la circulación de la autovía de Logroño
y en concreto en las intersecciones de la fábrica Pikolín y Monzalbarba?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Contín Pellicer.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, la pregunta que me formula la puedo contestar de la siguiente
manera: se ha planteado la solución al problema que suscita mediante dos
actuaciones.
La primera de ellas es la conexión de la carretera nacional N-232 con la
autopista A-68 en la zona de Utebo-Monzalbarba. Este proyecto está
sometido en este momento a información pública. Tan pronto como termine
el período de información pública, se hará la redacción del proyecto
constructivo y se sacará a licitación en el año 1999; tendrá un coste
aproximado de 2.000 millones de pesetas.
La segunda actuación es la ampliación de la plataforma y de las vías de
servicio en el tramo de Zaragoza a Casetas; esta obra está ya en
ejecución; se terminará también en el primer semestre del año 1999, y
tiene un presupuesto de 2.000 millones de pesetas, que actualmente, como
digo, señoría, está en ejecución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
El Senador Contín Pellicer tiene la palabra.
El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su respuesta porque por primera vez hay un
Ministro de Fomento o de Obras Públicas, como se llamaban los que
recientemente sufrimos, que se ha ocupado de este problema. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Tras cuatro Gobiernos de Aragón, dos de ellos del PSOE y otros dos del
PAR, presididos por los respectivos Partidos, vislumbramos en este
momento una solución precisamente en un Gobierno que preside en Aragón el
PP, al igual que en España, ¡qué casualidad! Mucha demagogia (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) --esto va dirigido
especialmente a los que se ríen-- se ha hecho en Aragón con este tema
precisamente por parte de aquellos que jamás hicieron nada por
solucionarlo --me imagino que quisieron hacerlo, aunque por los
resultados permítanme que lo dude--, y han sido los actuales Gobiernos de
Aragón y de España, a través de sus contactos y negociaciones con el
Gobierno, con la empresa concesionaria y con los afectados, los únicos
que han hecho
algo útil al respecto, en plena sintonía con el clamor social que durante
tantos años ha existido en Zaragoza con esta cuestión, con el fin de
encontrar una solución que no solamente fuera política, sino también
económica, puesto que en ella intervenía la empresa concesionaria como
parte de las negociaciones que se iban a llevar a cabo en la autopista,
sin olvidar las dificultades añadidas, que todos conocemos, por otros
Gobiernos regionales, que se han opuesto a la solución del levantamiento
del peaje en la autovía.
Señor Ministro, le doy las gracias más sinceras por contestar a una
pregunta que no pretendía ser de complacencia, sino dura en la exposición
y que reconozco que usted ha satisfecho.
Muchas gracias, señor Presidente. (Algunos señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Que se besen!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín.
-- DE DON REYES MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DE LA RELACION ALUMNOS POR PROFESOR EN LA ENSEÑANZA PUBLICA. (680/000644)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por don Reyes
Martínez García, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración que
hace la señora Ministra de Educación y Cultura de la relación alumnos por
profesor en la enseñanza pública.
Tiene la palabra el Senador Martínez García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es un hecho innegable --y estos datos lo demuestran-- el
empeño del Gobierno del Partido Popular por conseguir los mayores niveles
de calidad en la educación de nuestros niños y jóvenes, mediante un
sistema público de educación que satisfaga esas necesidades.
Una de las condiciones necesarias para lograr esos niveles de calidad es
la adecuada relación numérica --la ratio-- profesor número de alumnos.
Por ello, señora Ministra, le pregunto: ¿Cómo valora el Ministerio de
Educación y Cultura la relación alumnos profesor en la enseñanza pública?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la situación de la enseñanza pública en España ha experimentado
un notabilísimo avance desde que el Partido Popular se hizo cargo de la
responsabilidad del Gobierno en mayo de 1996. Se han conseguido alcanzar
unas ratios medias globales de alumnos por profesor, por aula y por
grupo, que demuestran que la educación es una prioridad fundamental de
este Gobierno. (Rumores.)
Así, señorías, cuando afirman con la cabeza, pero parece que niegan en el
fondo, tengo que darles los datos. No estoy haciendo valoraciones, sólo
estoy dándoles los datos. (Rumores.)
Fíjense, señorías, en la educación infantil y primaria la ratio era de
17,1 alumnos por profesor en el curso 1995-1996, y hoy es de 14,45 en el
curso 1998-1999. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista:
¿Los vais matando?) Hoy, 14,45 y cuando ustedes gobernaban, 17,1.
(Rumores.) Si no escuchan los datos, señorías, ¿cómo los van a rebatir?
Yo prefiero que los escuchen y así podrán rebatirlos, porque lo que yo
estoy dando son datos, no valoraciones.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE EducaciOn Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): En
los centros de secundaria hay un profesor por cada 12 alumnos y 26
alumnos por aula, frente a la ratio anterior, cuando nos hicimos cargo,
que era: un profesor por cada 14 alumnos y 34 alumnos por aula; es decir,
de 14 a 12 y de 34 a 26.
Esto no quiere decir, señorías, que la ratio de alumnos por aula o grupo
sea el indicador de calidad más importante. Saben sus señorías que he
dicho muchas veces que ni es el único ni el más importante, pero es
cierto que es un indicador de calidad. Para mí, los resultados de la
enseñanza constituyen el verdadero indicador de calidad, pero también
tenemos que incrementar los medios, y es lo que quiero demostrar que
estamos haciendo constantemente, señorías.
En los alumnos por grupo, estamos en 19,6 en infantil; en 20,17 en
Primaria; en 26 en la Secundaria Obligatoria, es decir, cinco menos de
los que prevé la LOGSE; y en Bachillerato tenemos una media de 27, es
decir, 8 menos del límite máximo fijado en la LOGSE. Y en cuanto a la
Formación Profesional, la ratio es de 21 alumnos por aula, es decir,
nueve menos de los que establece la ley, que son treinta alumnos.
Como ejemplo, diré que en Francia, un país más rico que España y del cual
muchas veces se pone como ejemplo su calidad educativa, todas las ratio
--la maternal, la primaria, el «college» y el liceo-- son superiores a
las españolas. Por tanto, señorías, estamos ante unas muy buenas cifras
que repercuten directamente en la calidad del sistema educativo y, desde
luego, nos encontramos en una situación mucho mejor que la que existía en
años anteriores, cuando nos hicimos cargo de la responsabilidad de
gobernar y decidimos hacer de la educación una prioridad fundamental de
este Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra, Senador Martínez.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
De la reacción de los bancos del Grupo Socialista se desprende que vamos
por el buen camino. (Risas.) Está claro que cada día del Gobierno actual
le supone a ustedes perder algunos de sus banderines de enganche, sea en
pensiones, en trabajo, o en educación, como ocurre en este caso.
No obstante, señora Ministra, en materia de educación siempre hemos de
estar insatisfechos. Creemos --y además lo demostramos-- que la inversión
más rentable es aquella que se hace en educación, por dos razones
básicas. En primer lugar, porque la educación es la gran palanca de
movilidad social. Y en segundo lugar, porque es el gran instrumento para
que el ciudadano desde su más tierna infancia haga ejercicio de ese
principio fundamental que es el de igualdad de oportunidades.
Dicho esto, hay que destacar que el esfuerzo inversor --y se trata de
datos, no elucubraciones o demagogias--, el aumento de plantillas, sobre
todo, en la Educación Secundaria, y un programa ambicioso de
construcciones escolares o de adecuación a las ya existentes demuestra
que estamos apostando decididamente --y felicito por ello a la señora
Ministra-- por mejorar la calidad de nuestro sistema público --y quiero
enfatizar el término público-- de educación. Entre todos vamos a
conseguir esos objetivos. Y todo ese esfuerzo se hace además cuando,
desgraciadamente, desciende el número de niños.
Por tanto, creo que tenemos sobradas razones e indicadores para
felicitarnos, pero, como digo, es el comportamiento de nuestros rivales
políticos el que me hace ver nítidamente que lo estamos haciendo
francamente bien, aunque, como he dicho, contando con la insatisfacción
que siempre existirá en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez.
¿Señora Ministra de Educación y Cultura? (Pausa.)
Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON LEOPOLDO RUBIDO RAMONDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DEL GASTO POR ALUMNO EN LA ENSEÑANZA PUBLICA
DESDE EL COMIENZO DE LA LEGISLATURA. (680/000645)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Leopoldo Rubido
Ramonde, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución
del gasto por alumno en la enseñanza pública desde el comienzo de la
Legislatura.
Senador Rubido Ramonde, su señoría tiene la palabra.
El señor RUBIDO RAMONDE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, según se ha dicho por el Gabinete que usted preside, el
curso escolar 1998-99 es en el que mayor esfuerzo económico y más medios
ha puesto la sociedad española al servicio de la educación. Nunca se ha
destinado tanto dinero, tantas becas, tantos institutos y colegios,
tantos esfuerzos y programas sociales como los que este año dedica el
Gobierno a la enseñanza, y especialmente, a la enseñanza pública.
Esta inversión se hace a pesar de que hay 100.000 alumnos menos como
consecuencia de la baja tasa de natalidad que se padece. España cuenta
con un gasto educativo similar a la media de los países que disfrutan de
los mejores niveles de enseñanza. La educación es una prioridad absoluta
del Gobierno del Partido Popular, que lleva a cabo una política de
liberalización en la economía, la fórmula más eficaz para crear riqueza y
prosperidad en beneficio del mayor número de ciudadanos, al mismo tiempo
que consolida los pilares del Estado del bienestar, uno de los cuales es
la educación.
En consecuencia, señora Ministra, me gustaría saber cómo ha evolucionado
el gasto por alumno en la enseñanza pública desde el comienzo de la
Legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rubido Ramonde.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, desde que el Partido Popular ostenta la responsabilidad de
gobernar el gasto del Ministerio en lo que a la educación anterior a la
universidad se refiere ha aumentado de forma muy considerable. Así, desde
1996 se ha producido un crecimiento nominal del 15,7 por ciento que,
traducido a crecimiento real, es decir, deflactándole el IPC, supone un
crecimiento del 9,1 por ciento. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Parece que en los bancos de sus señorías
desagrada esta cuestión. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Yo
creo que deberían mostrarse entusiasmados, porque ha sido el mayor
crecimiento real en el gasto (El señor Zamorano Vázquez pronuncia
palabras que no se perciben.) de los que han tenido lugar en toda la
década. Lo ha dicho el Senador que ha formulado la pregunta. Por primera
vez, la sociedad ha puesto a disposición de la Educación, en este año, 5
billones de pesetas, y esa es una cifra emblemática, porque supera el 6
por ciento del producto interior bruto. (Varios Senadores ¡Uh! ¡Uh!)
Tengo que decir que este crecimiento ha sido aún mayor que el de la
economía. (El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no se
perciben.) El gasto
en educación ha evolucionado por encima del crecimiento económico, y eso
que estamos en años de crecimiento económico muy grande. No sé cuál es el
problema de sus señorías, porque esto son cifras, no les estoy dando
valoraciones, aunque si quieren se las doy, pero de momento sólo les
estoy ofreciendo cifras, y la correspondiente al crecimiento real de este
presupuesto, señorías, es la mayor que se ha dado en toda la década desde
que se aprobó la LOGSE.
Me pregunta su señoría cuál ha sido el incremento del gasto por alumno.
En los centros públicos, éste ha experimentado un crecimiento del 18,3
por ciento desde 1996. Esta cifra es superior incluso al incremento del
gasto del conjunto del Ministerio, que es, como le he dicho antes, del
15,7 por ciento. Y en cifras, señorías, el gasto por alumno ha pasado de
339.000 pesetas en 1996 a 401.000, que es la prevista para 1999. Estos
son unos datos, señorías, que confirman una vez más que la educación es
una de las prioridades principales para este Gobierno; que en al año 1999
--hecho que ya ha tenido lugar en el año 1998-- va a haber más colegios,
más institutos, más becas y más profesores para menos alumnos, porque
decrece desgraciadamente el número de españoles comprendidos entre los 3
y los 18 años de edad; y que esto tiene una importantísima traducción en
la calidad de nuestro sistema educativo que, sin duda, como he dicho
antes, no es el principal indicador de calidad, pero es uno de los más
importantes. Este Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por ahorrar
recursos, al contrario, lo que ha hecho ha sido ir incrementándolos
constantemente año a año, lo cual nos ha permitido inaugurar un colegio o
un instituto nuevo cada seis días: 184 desde el 6 de mayo de 1996 hasta
el 31 de diciembre de 1998. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Rubido Ramonde.
El señor RUBIDO RAMONDE: Muchas gracias, señora Ministra, por su
información.
Aprovecho para felicitarla por el esfuerzo que su Ministerio está
llevando a cabo, pese a quien pese, en la mejora de la educación, y de
manera especial en la pública.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Señora Ministra? (Pausa.)
-- DE DON FRANCISCO JAVIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS MOTIVOS QUE IMPIDEN QUE SE
CUMPLA LA DISPOSICION TRANSITORIA DECIMOCUARTA DE LA LEY 54/1997, DE 27
DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO, PARA EL TRASPASO DE FUNCIONES DE LA
OFICINA DE COMPENSACION DE ENERGIA ELECTRICA (OFICO). (680/000634)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Fancisco Xabier Albistur Marin, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los motivos
que impiden que se cumpla la Disposición Transitoria Decimocuarta de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para el traspaso
de funciones de la Oficina de Compensación de Energía Eléctrica (OFICO).
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente, señor
Ministro.
Nuestro Grupo ha tenido como preocupación durante la negociación de la
Ley que afecta al sector eléctrico, tanto la aprobada en el año 1994 como
la que después se reformó y aprobó en noviembre de 1997, el posible
sobredimensionamiento de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico en su
función reguladora e instrumental.
En esas negociaciones nos hemos opuesto a un incremento de costes, que
son financiados fundamantalmente por el sector, porque la financiación
llega a la Comisión a través de parte de la tarifa. También porque para
la competitividad del sector es necesario que se racionalicen los medios,
sobre todo, aquellos que son ajenos a la producción. Y porque para
conseguir esta economía de medios era necesaria la cooperación con los
servicios administrativos de las Comunidades Autónomas.
Nos preocupa la actual situación de OFICO, su futuro y su incorporación a
la Comisión Nacional del Sector Eléctrico. Este es el contenido de
nuestra pregunta y quisiéramos conocer cuál es la respuesta de su
Ministerio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, la respuesta a sus inquietudes tiene que ser doble. Es verdad
que la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional, la llamada LOSEN,
del año 1994, preveía ya el traspaso de los medios materiales y humanos
de OFICO a la entonces Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Pero esa
Ley no se pudo articular dado el nulo desarrollo reglamentario que tuvo.
Con la nueva Ley del Sector Eléctrico que se aprobó, efectivamente, a
finales del año pasado se ha procedido, en cambio, a un desarrollo
reglamentario muy intenso que ha permitido que una parte de las funciones
de OFICO, en concreto las que responden a las funciones de liquidación
propias del sistema, se haya transferido a la Comisión del Sistema
Eléctrico, mientras que se está trabajando para que la parte
correspondiente a la percepción de las ayudas de explotación para las
centrales termoeléctricas, ligadas al carbón nacional, sea transferida al
Instituto de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras.
Estamos haciendo los correspondientes trámites de audiencia con los
consiguientes informes preceptivos.
Esperamos poder proceder a la extinción definitiva de OFICO, repartiendo
sus funciones entre la Comisión del Sistema Eléctrico y el Instituto del
Carbón, si podemos, antes de que finalice el presente ejercicio.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame que ponga en duda el intenso desarrollo reglamentario del que
hablaba. Tengo dudas sobre el tiempo y también sobre los contenidos, pero
no es ése el tema de la pregunta. Podríamos hablar mucho tiempo sobre
ello, pues usted conoce perfectamente cuáles son las preocupaciones de
nuestro Grupo en esta materia.
Nos preocupa, puesto que conocemos el proyecto de Real Decreto y el
informe de la Comisión del Sector Eléctrico Nacional, que el personal que
viene realizando las funciones en OFICO se traspasa, en virtud de este
proyecto de Real Decreto, a la Comisión Nacional del Sector Eléctrico que
ha sido ajena, y va a seguir siéndolo, a las funciones relacionadas con
las ayudas al carbón.
Sin embargo, en ese Decreto no se le asigna personal al Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras. A nosotros nos parece sorprendente que el personal
especializado en este tipo de actividad, que ha venido desempeñando estas
funciones hasta la fecha, se traspase a la Comisión Nacional del Sector
Eléctrico, que no va a realizar función alguna sobre estas cuestiones, y
no a quien las va a realizar, que es el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón.
Esta solución --les remito a la formulación de mi pregunta-- nos parece
una mala asignación de recursos humanos e implica un aumento, en términos
generales, del gasto público. La Comisión Nacional del Sector Eléctrico
--lo reitero-- no va a realizar ninguna función nueva relacionada con el
carbón. Y mediante este Real Decreto, según sus propias palabras del día
19 en el Congreso y de hoy en el Senado, se duplica su plantilla actual
con un personal que en gran medida ha venido realizando funciones
relacionadas con las ayudas del carbón.
Desde el mes de abril, mes en el que ustedes recibieron el informe de la
Comisión Nacional del Sector Eléctrico y en el que todavía este Real
Decreto se encontraba en vías de publicación, OFICO no realiza función
alguna, ya que las ayudas al carbón se gestionan en el Instituto que
anteriormente he mencionado y de las funciones de compensaciones y de
recaudación, que anteriormente realizaba, se encarga la Comisión Nacional
del Sector Eléctrico.
Desconocemos cuál es el informe del Consejo de Estado en relación con
este Decreto. Es el único informe que no hemos conocido, pero nos
gustaría, en aras de la racionalización que anteriormente hemos pedido
para el sector, que hubiera una solución rápida y, sobre todo, que se
consiguiera una economía de medios para una Comisión que es eminentemente
reguladora y puro instrumento en el sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, contesto con mucha brevedad y tomo nota de sus apreciaciones.
Estamos pendientes de los informes, como ya se ha dicho, del Consejo de
Estado, así como de los Ministerios de Administraciones Públicas y de
Economía y Hacienda. Estoy seguro de que compartimos los mismos criterios
de eficacia y de asignación correcta de los recursos humanos. Por tanto,
en la medida de lo posible intentaremos ponernos de acuerdo tanto en este
tema como en muchos otros.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Industria y
Portavoz del Gobierno.
-- DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI PRETENDE EL GOBIERNO PRIVATIZAR LA FABRICA DE COMBUSTIBLES NUCLEARES
DE LA EMPRESA NACIONAL DEL URANIO, S. A. (ENUSA), EN LA LOCALIDAD DE
JUZBADO (SALAMANCA). (680/000639)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don José Castro Rabadán,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si pretende el Gobierno
privatizar la Fábrica de Combustibles Nucleares de la Empresa Nacional
del Uranio, S. A. (ENUSA), en la localidad de Juzbado, en Salamanca.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el día 17 de este mes, en la Comisión de Industria del
Senado y ante una pregunta sobre el definitivo cierre de las minas de
Saelices El Chico, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) pertenecientes a la
empresa pública ENUSA, afirmó que el Gobierno continúa con la política de
privatizaciones de las empresas públicas, estando pendientes las que
conforman ENUSA, entre otras, la planta de Juzbado, según sus palabras,
muy competitiva, con un gran futuro y que está dando beneficios.
Por tanto, le pregunto si pretende el Gobierno privatizar la Fábrica de
Combustibles Nucleares de ENUSA en la localidad de Juzbado, en Salamanca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no hay ninguna previsión ni proyecto de privatización de la
Fábrica de Juzbado. Sí hay una voluntad dentro del programa de
modernización del sector público empresarial de privatizar el conjunto de
la compañía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no concuerda su respuesta de hoy con la que me dio el
otro día. Usted dijo taxativamente que estaban en contacto con las
compañías eléctricas y que si llegaban a acuerdos se privatizaría también
la planta de Juzbado. No obstante, la política a la que usted se ha
referido de privatizaciones de toda la compañía ENUSA --no entiendo cómo
se puede privatizar ENUSA y una de sus divisiones no-- llevada a cabo por
el Gobierno, está liquidando al cien por cien el patrimonio empresarial
público de todos los españoles, para favorecer a unos pocos de sus
correligionarios que ocupan el poder económico a través de los consejos
de administración que previamente nombra el Gobierno. Los españoles en
general, y los trabajadores en particular, son las víctimas de estas
operaciones. Como ejemplo, tenemos una de las empresas que ustedes
privatizaron al cien por cien: Telefónica, que anuncia 10.000 despidos
nuevos.
Le reitero de nuevo: ¿es cierto o no que están pensando en realizar
acuerdos con las compañías eléctricas españolas, u otras, para privatizar
la planta de Juzbado? Y, ¿de qué forma, el Gobierno, a través de un
acuerdo legítimo, puede llegar a garantizar los puestos de trabajo que
existen en estas empresas? Concretamente, en Juzbado, hay una plantilla
de 309 trabajadores más 50 eventuales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, voy a precisarles los puntos anteriores. Cuando el otro día
hablaba de la privatización de ENUSA me refería también a la planta de
Juzbado porque si estamos pendientes de la evolución y del cierre de la
mina, es prácticamente el único activo industrial relevante que tiene la
empresa. Por tanto, se produjo ahí una identificación.
La privatización se va a plantear para el conjunto de ENUSA que,
lógicamente, contiene la planta de Juzbado. Y lo vamos a hacer como lo
hemos hecho en todas las demás privatizaciones. No hemos venido aquí a
discutir esto porque lo hemos discutido en muchísimas ocasiones y me
parece que ustedes se van dando cuenta del grado de aislamiento que sus
argumentos producen en cuanto al programa de privatizaciones, porque en
el resto del mundo mundial todo el mundo sabe que lo que estamos haciendo
es lo que hay que hacer. Y en este caso concreto, además, lo vamos a
hacer como en los casos anteriores: defendiendo un plan industrial y
defendiendo el empleo para que ENUSA tenga futuro de verdad y no esté
pendiente de consideraciones administrativas, como hasta ahora.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HA TENIDO EL GOBIERNO PARA SUSTITUIR AL
DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE).
(680/000636)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de don Francisco Javier
Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos que ha
tenido el Gobierno para sustituir al Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española.
Tiene la palabra, Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El día 13 de noviembre, ante los rumores de cese, renuncia o váyase,
señor López-Amor, en distintos medios de comunicación, el entonces
Director General manifestó: Esto es una intoxicación; ya avisé a alguien
de que se iba a meter un patinazo; que el intoxicador tenga narices, diga
quién es y asuma lo que dice. Además manifestaba: No van a encontrar otro
mejor que yo; es un problema de competencia. Señor Piqué, ante estas
declaraciones es por lo que le he formulado la pregunta que ha leído el
señor Presidente de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, tengo que precisar el sentido de la pregunta, porque el Gobierno
no ha sustituido al Director General; el Gobierno ha solicitado la
renuncia del Director General (Risas.), y, en un gesto que le honra, el
Director General, la ha presentado. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria y Portavoz del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Portavoz del Gobierno. Haga poco caso de los aplausos,
porque aquí se aplaude a todo el mundo y sabemos dónde están aquéllos a
los que se les aplaudía. (Rumores.) Señor Piqué, si repasa el «Diario de
Sesiones» de cuantas veces se ha hablado de Radiotelevisión Española en
esta Cámara, se dará cuenta de que el Gobierno ha dicho justamente lo
contrario de lo que al final ha hecho, que ha sido cesar a tres
Directores Generales de Radiotelevisión Española. Y digo cesar, porque es
cesar. A pesar de que luego los coloquen bien, los han cesado.
El Partido Popular, que hizo bandera de Radiotelevisión Española en la
campaña electoral, decía en su programa electoral --y me parece
importante que quede reflejado en el «Diario de Sesiones», aunque supongo
que lo conocen ustedes--: la irresponsable y sectaria dirección ejercida
por el Partido Socialista ha conducido a Radiotelevisión Española a una
situación de extrema gravedad, tanto por el exorbitante nivel de
endeudamiento como por una gestión caracterizada por el despilfarro y la
beligerancia y orientación partidistas. Ante esta situación --decían
ustedes en su programa electoral-- el Partido Popular va a proponer un
acuerdo con todas las fuerzas políticas para diseñar un modelo viable de
Radiotelevisión Española. Estarán ustedes de acuerdo en que, de esto,
nada de nada. (Protestas.) En eso al menos estaremos de acuerdo. (Varios
señores Senadores: ¡OTAN, no!--Risas.) Sí, señor Piqué, sí; yo sé que a
usted estas cosas le hacen mucha gracia, pero tendrá que reconocer, al
menos la primera vez, que cuando menos en algo teníamos razón la
oposición cuando hemos venido criticando durante dos años y medio la
gestión de Radiotelevisión Española.
Ustedes han intentado tres veces poner directores con el fin de corregir
una situación que, desde su punto de vista, era caótica. Pues bien,
Radiotelevisión Española tenía 250.000 millones de pesetas de deuda y
para 1999 tiene 765.000 millones de pesetas. Hemos pasado de hablar de
planteamientos partidistas a que los Ministros del Gobierno parezcan
locutores de televisión, porque están todo el día en la pantalla. Se han
emitido programas zafios, cutres, demostrando Radiotelevisión Española
que no tiene ningún interés por los planteamientos que hace. Estas cosas,
señor Piqué, no las dice solamente la oposición, sino que las dice
alguien que les merecerá a ustedes algún respeto, como el señor Mendo. El
dijo que se iba del Consejo de Radiotelevisión Española --un hombre
puesto por el Partido Popular-- porque desde el Gobierno se perseguía a
medios de comunicación. A esto, el Vicepresidente del Gobierno contestó
que lo incompatible era pertenecer a Prisa y defender los intereses
generales. Eso es lo que nos dijo el Vicepresidente del Gobierno.
Afortunadamente, hoy el Vicepresidente del Gobierno está también, no diré
dónde, porque lo saben ustedes perfectamente; seguramente está en
posición parecida a la del señor López-Amor y a la del señor Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Termine, Senador Rojo, por favor.
El señor ROJO GARCIA: Termino, señor Piqué, recogiendo el guante de lo
que usted ha dicho que quieren hacer con Radiotelevisión Española.
Aportaremos lo que haga falta a la solución de Radiotelevisión Española,
pero entiendan que colaborar no es estar subordinados al Gobierno.
Colaborar es aportar y tratar de conducir Radiotelevisión Española en una
mejor dirección que la que lleva.
Si lo que pretenden ustedes es que el Grupo Socialista les dé un cheque
en blanco sobre lo que tienen que hacer en Televisión Española para
seguir haciendo lo mismo, señor Piqué, no cuenten con nosotros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra el señor Ministro y Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor Presidente.
Señoría, déjeme empezar por el final. Efectivamente, el pasado lunes, en
la toma de posesión del nuevo Director General, tuve ocasión de
intervenir e hice una oferta de diálogo y de voluntad de búsqueda de
consenso y, por lo tanto, hay una base de búsqueda de cooperación. Nos
podemos encontrar con un problema, y es que ustedes no están
acostumbrados a cooperar para discutir el modelo de Radiotelevisión
Española porque no lo hicieron nunca. (La señora Pleguezuelos Aguilar:
¡Siempre!). A partir de ahí podemos hablar del pasado. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
No lo han hecho hasta ahora porque no han presentado ni un documento ni
una alternativa al actual modelo. Lo que les digo es que nosotros sí
vamos a iniciar ese diálogo y a buscar el consenso necesario para tener
un modelo de Radiotelevisión pública que preste servicios a los
ciudadanos, que cumpla con sus deberes frente a los ciudadanos y que
realmente sea viable, cosa que hasta ahora, efectivamente, no se ha
conseguido, porque estamos heredando un modelo que, desde luego, no
inventamos nosotros, que está inventado desde hace muchísimo tiempo y más
o menos perfeccionado en la época en que ustedes decían aquello de «OTAN,
no».
Muchísimas gracias. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO DE LA GESTION
REALIZADA EN EL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) POR DON
FERNANDO LOPEZ-AMOR GARCIA. (680/000637)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas,
del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración del Gobierno de la gestión realizada en el Ente
Público Radiotelevisión Española por don Fernando López-Amor.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, Radiotelevisión Española es una catástrofe, es un caos.
Se merece depender del señor Arias-Salgado. Es un caos económico, con
unas deudas astronómicas; es un caos ético, con una violencia, un sexismo
y un mal gusto desbordante, y es un caos democrático donde la
manipulación y la tendenciosidad no conozco en toda Europa nada, ni
privado ni público, que se le parezca.
Ustedes rompieron el consenso que había presidido la regeneración de
Radiotelevisión y que se había alcanzado en todas las leyes que regulan
la Televisión. Lo rompieron también en la Comisión Especial de contenidos
televisivos que por unanimidad constituyó este Senado y ahora pretenden
restaurar de nuevo el consenso.
Señor Ministro, ¿por qué el Gobierno ha preferido que los 800.000
millones de agujero que tiene Televisión vayan al despilfarro de
Televisión en vez de ir a complemento de mínimos para las pensiones no
contributivas o a pagar la deuda histórica y el reconocimiento de la
población de Andalucía? ¿Por qué esos 800.000 millones de despilfarro no
han ido a construir el AVE Madrid-Barcelona? ¿Por qué esos 800.000
millones de pesetas de despilfarro no los ha empleado el Gobierno en
hacer las transferencias de educación a las Comunidades que no las
tienen? ¿Por qué con los intereses, con la carga financiera que paga
Televisión, el Gobierno no se ha decidido a hacer lo que hacen las
televisiones privadas, que solamente con ese dinero gestionan toda su
programación y encima reparten beneficios? ¿Por qué con los 500 millones
diarios de pérdidas que tiene Televisión Española, para ofrecer lo que
ofrece, no contribuimos, por ejemplo, a la recuperación de Centroamérica?
¿Por qué la prioridad de este Gobierno, del cual usted es Ministro y
Portavoz, se dedica a despilfarrar en Televisión Española en lugar de
destinar el dinero a estos otros fines que yo le indico? (Un señor
Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡A los fondos reservados!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Señor Ministro, le recuerdo que su obligación es contestar a la pregunta
tal y como está en el texto.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Me resulta un
poco confuso su planteamiento, señoría, y le voy a decir por qué. Me ha
parecido interpretar, en primer lugar, una defensa de la gestión privada
de este tipo de empresas, porque ha hecho una comparación. En segundo
lugar, me ha parecido interpretar que lo que hay que hacer es buscar la
rentabilidad y no tener que dedicar tantos recursos a Televisión Española
para destinarlos a otras finalidades. Para eso hace falta hacer cosas.
Díganme ustedes qué cosas quieren hacer para que eso se produzca. Eso es
lo que nosotros queremos también plantear y, a partir de ahí, tener una
buena Televisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro y Portavoz del
Gobierno.
Tiene la palabra la señora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, no se lo diremos; lo haremos cuando gobernemos, que va a
ser pronto. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Lo único que quiero decirle es que, si usted es la imagen del centro de
este Gobierno, estamos apañados, porque usted, señor Ministro, dentro de
poco va privatizar hasta la Puerta de Alcalá. Se ha dedicado a privatizar
todas las empresas que tenían beneficios, ha privatizado hasta el manso,
ha privatizado Telefónica, eso sí, para hacer de un monopolio público un
oligopolio privado al servicio de un amigo de colegio del señor Aznar.
(Protestas.) Ahora, en Telefónica, en Endesa, en todas esas empresas que
usted ha privatizado, van a colocar a los que le han hecho a Aznar el
trabajo sucio en el Gobierno, cobrando sueldos muy millonarios; van a
colocar allí a todos los cadáveres políticos de la era del trabajo sucio
para Aznar (Protestas.) En cuanto usted dijo al señor Presidente del
Gobierno que no era un político y que venia del mundo de la empresa, le
nombraron portavoz y le pusieron con la cara del centro, pero ¡vaya! Es
usted más de derechas que don Pelayo, señor Piqué. (Rumores.-- Protestas)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz. Tiene la palabra el señor
Ministro de Industria y portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría --y amplío mis palabras al resto del Grupo Parlamentario
Socialista--, el día que quieran hablar seriamente de Radiotelevisión
Española y no de tonterías avísenme, por favor (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)
INTERPELACIONES:
-- DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ACERCA DEL SISTEMA DE
PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA FINANCIACION PUBLICA DE MEDICAMENTOS Y LOS
EFECTOS DE SU APLICACION. (670/000110)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día:
Interpelaciones.
En primer lugar, de don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los criterios del Gobierno acerca del
sistema de precios de referencia para la financiación pública de
medicamentos y los efectos de su aplicación.
Tiene la palabra el Senador Zamorano Vázquez, por un tiempo de 15
minutos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el Gobierno presentó recientemente ante el
Consejo Interterritorial de Salud un proyecto de real decreto, por el
cual se iba a regular el sistema de precios de referencia para la
financiación pública de medicamentos. Sin embargo, el contenido de ese
proyecto, así como la regulación que con anterioridad ha dado este
Gobierno a los llamados medicamentos genéricos, requieren una
clarificación de los objetivos que se pretenden y un despeje de las dudas
que se contienen. Por eso hemos hecho esta interpelación, señor Ministro,
para que aquí, en esta Cámara a la que le cuesta tanto venir, nos diga
cuáles son los criterios que se han empleado para la presentación de este
proyecto y su valoración sobre los efectos que va a tener su aplicación.
Los socialistas hemos reiterado que estamos a favor de la implantación de
un sistema de precios de referencia, como mecanismo que puede y debe
servir para el control del gasto farmacéutico, y a que se implante de
forma similar a la que se ha estado desarrollando en otros países de la
Unión Europea. Los precios de referencia, como bien conoce, fueron
aplicados por primera vez en Alemania, en 1989, y, desde entonces, se ha
extendido a diversos países: Holanda, Suiza, Dinamarca, etcétera, es
decir, está siendo utilizado tanto por autoridades sanitarias como por
seguros de salud.
Su concepción es bastante simple. Cuando en el mercado sanitario
coexisten varios medicamentos de igual composición, es decir,
terapéuticamente intercambiables pero de diferente precio, el precio de
referencia es el precio máximo que el sistema sanitario financia para que
el paciente tenga acceso, de forma gratuita o en el porcentaje
establecido, al fármaco que precisa. Evidentemente, si el paciente quiere
adquirir otro producto, puede hacerlo pagando la diferencia de precio.
Con esto, además de abaratar la factura farmacéutica, conseguimos
introducir la competencia por el precio en este segmento del mercado
farmacéutico forzando a la baja el precio de determinados productos
farmacéuticos.
Si estamos de acuerdo con este planteamiento, convendrá conmigo, señor
Ministro, que el sistema de precios de referencia es, ante todo, algo que
tiene un carácter eminentemente económico. Aquí es donde surgen las
primeras sorpresas por el contenido y la redacción que tiene este
proyecto de decreto, muy farragoso, con términos como bioequivalencia,
genéricos, conjuntos homogéneos, etcétera, que lo único que va a hacer es
dificultar la comprensión por parte de la sociedad de que se trata de una
medida económica y de que el paciente puede estar muy tranquilo, porque
la introducción de esta medida no le va a suponer ninguna merma en la
calidad. Por eso creemos que sería mucho mejor un decreto que resaltase
el carácter económico, dejando al margen cuestiones de tipo farmacéutico
o médico, porque no es ese el sentido de una medida de este tipo.
Analizando el proyecto de decreto, señor Ministro, lo primero que llama
la atención, aparte de esta farragosidad, es que el título no se
corresponde con el contenido. El título se refiere a un sistema de
precios de referencia, pero en el artículo primero, en su primer
apartado, se habla ya de la aplicación exclusivamente a la financiación
de las denominadas especialidades farmacéuticas bioequivalentes; es
decir, tiene un carácter mucho más restrictivo que lo que supone la
aplicación de un sistema de referencia en cualquier otro país de la Unión
Europea. Además, el concepto de especialidad farmacéutica bioequivalente
es algo confuso, porque reconocerá conmigo que no está recogido dentro de
la Ley del Medicamento. De hecho, en el proyecto de decreto lo único que
se dice es que se entienden como especialidades farmacéuticas
bioequivalentes aquellas que decida el Director General de Farmacia, pero
en la Ley del Medicamento no están, dando lugar a una interpretación muy
confusa si este concepto se aplica con la regulación que en esa Ley del
medicamento se da a la denominada especialidad genérica, porque es en el
único caso en el cual se habla de bioequivalencia, y concretamente se
dice: La especialidad farmacéutica genérica debe demostrar la
equivalencia terapéutica con las especialidades de referencia mediante
los correspondientes estudios de bioequivalencia --eso es lo que dice la
Ley del Medicamento.
De aquí se podría deducir --y espero que nos saque usted de dudas-- que
los precios de referencia sólo serán factibles para aquellas
especialidades en las que se hubiese demostrado su bioequivalencia y que
la bioequivalencia sólo es aplicable a las especialidades farmacéuticas
genéricas, por lo que sólo sería posible la aplicación de precios de
referencia en aquellos principios activos para los cuales existiese
comercializada una especialidad genérica. Y espero una aclaración, porque
si esto es así, señor Ministro, la limitación sería tan grande que este
proyecto afectaría a un sector pequeño, más bien raquítico, del mercado
farmacéutico español; si fuera así, querría una clarificación de por qué
esta limitación en el concepto.
Nuestra posición en esto siempre ha sido clara, y si no se la digo ahora.
Nosotros creemos que los precios de referencia deben incluir también los
conjuntos de fármacos que sean terapéuticamente intercambiables, es
decir, aquellos principios activos farmacológicamente similares y
aquéllos con efectos terapéuticos comparables. Y aquí le hago una
pregunta muy clara, señor Ministro: ¿Por qué no está de acuerdo con esta
interpretación? Deme las razones, porque, si no, no sería comprensible
que algo que está sucediendo en la mayoría de los países de la Unión
Europea ustedes lo limiten, lo constriñan totalmente y no apliquen este
concepto. Además, estas limitaciones en el ámbito de aplicación quedan
muy palpables en el desarrollo de este proyecto. En el apartado tercero
del primer artículo limita la aplicación de los precios a las
prestaciones
farmacéuticas incluidas en los distintos conjuntos homogéneos siempre y
cuando exista al menos una especialidad farmacéutica genérica. La
exigencia de la existencia de la especialidad farmacéutica genérica
supone que el impacto real, como ya le he dicho, vaya a ser muy limitado.
Le recuerdo que el señor Castellón, en la comparecencia que tuvo aquí la
semana pasada --quien, por cierto, no me ha aportado los datos que quedó
en remitir y espero que usted los traiga--, dijo que los medicamentos
genéricos aprobados eran 159, que correspondían sólo a 23 principios
activos y de los cuales solamente 106 estaban comercializados. Esto es
algo ridículo en el conjunto de todo el mercado farmacéutico español y,
desde luego, se corresponde con las limitaciones que este Gobierno ha
estado poniendo en marcha para impedir la entrada de los medicamentos
genéricos, lo que, en definitiva, va a hacer que tenga muy poca
incidencia en la aplicación de los precios de referencia. La alternativa
sería la misma que se hace en Holanda o en Alemania, señor Ministro --hay
que fijarse también en lo que se hace en otros países--, y es extender
los precios de referencia a todos los medicamentos, tanto si tienen
genéricos como si no tienen genéricos.
Pero no contentos con esta limitación al concepto de genérico, van más
allá y lo limitan también a lo que denominan conjuntos homogéneos. Dice
textualmente el proyecto: se considera conjunto homogéneo la totalidad de
las especialidades farmacéuticas autorizadas que tengan la misma
composición cualitativa y cuantitativa, forma terapéutica, dosis, vía de
administración y presentación. Al encuadrarlos en distintos grupos se van
a dar situaciones que rayan en lo ridículo, porque, en función de la
dosis, comprimidos de un gramo podrán tener precio de referencia pero no
podrán tenerlo los de quinientos miligramos; o en función del tamaño, los
paquetes grandes podrán tener precio de referencia y los pequeños no,
porque al tener distinta forma de presentación unos se encuadrarán en un
grupo homogéneo y otros en uno distinto. Señor Ministro, convendrá
conmigo que esto es bastante ilógico.
Por eso, la Ley del Medicamento no hace referencia a las presentaciones,
sino que prevé los precios de referencia para cada principio activo y no
para cada forma de presentación. Estas situaciones ridículas que le he
expuesto no pertenecen al campo de la ciencia ficción, sino que se dan
hoy en día en nuestro mercado farmacéutico, y le voy a poner tres
ejemplos sobre tres posibles variables.
La amoxicilina de 500 miligramos en paquetes de 12 comprimidos tendría
precio de referencia porque existe una especialidad farmacéutica
genérica; sin embargo, la amoxicilina de 250 o 750 miligramos no tendría
precio de referencia. Otro ejemplo: la ranitidina de 50 miligramos
tendría precio de referencia porque se comercializa un genérico; sin
embargo, la misma ranitidina de 50 miligramos en comprimidos
efervescentes, que también está comercializado, ya no tendría precio de
referencia. Otro ejemplo más: el diclofenaco de 50 miligramos en un
envase de 40 comprimidos tendría precio de referencia porque existe un
genérico comercializado con esa presentación; sin embargo, si la
presentación de ese mismo producto es de 30 comprimidos no tendría precio
de referencia.
Comprenderá que esto no es serio y va mucho más allá de la mera anécdota,
porque si el proyecto de decreto permite estas situaciones, y según está
redactado lo permite, no tiene ningún futuro, ya que los laboratorios
tienen las puertas abiertas para poder eludir el sistema de precios de
referencia. Señor Ministro, ¿por qué se quiere provocar con la regulación
dada esta situación?
Con estas limitaciones, ¿qué volumen de especialidades farmacéuticas va a
tener incidencia en los precios de referencia? ¿Sobre qué volumen de
gasto farmacéutico va a tener incidencia? Espero que usted pueda
contestarme a estas dos cuestiones a las que no me respondió el señor
Castellón.
Si eran pocas las limitaciones impuestas en cuanto a la limitación del
concepto y al campo de aplicación, el procedimiento que se exige para la
fijación de los precios es extremada e injustificadamente complejo y da
lugar a muchas dudas respecto al objetivo que se pretende alcanzar. El
apartado 4 del artículo 1 establece, y se lo leo textualmente, que en
cada conjunto homogéneo se determinará un precio de referencia de acuerdo
con la media ponderada por las ventas de precio de comercialización del
número mínimo de especialidades de menor precio necesario para alcanzar
una cuota de mercado y unidades del 20 por ciento.
Desde luego, la redacción es bastante rebuscada, pero si además
analizamos su aplicación práctica vemos que es bastante limitativa y que
prácticamente no va a servir para nada. Porque generalmente los
medicamentos de menor precio son los genéricos cuyo volumen --y le he
dado la cifra anteriormente-- es bastante pequeño. Esto significa que,
para poder alcanzar una cuota de mercado del 20 por ciento, se van a
tener que introducir otras especialidades con unos precios muy
superiores, con lo cual el precio de referencia se va a situar en la
banda alta del precio y no en la baja; por tanto, el ahorro que supondría
la aplicación de la medida sería prácticamente insignificante.
A pesar de todo lo dicho, usted dice que no hay que preocuparse. Parece
que se ha establecido una cláusula de salvaguardia, aunque es de suponer
que sólo sería para la industria farmacéutica, porque en el hipotético
caso de que el precio de referencia fuese inferior al del genérico se
adoptaría el de este último y no el del medicamento con precio inferior.
Si tenemos en cuenta que los genéricos en España no tienen unos precios
inferiores a las marcas de fantasía, al 25 por ciento, llegamos a la
conclusión de que la aplicación de este proyecto de decreto tendrá muy
pocos efectos. Por eso le pregunto que a quién cree que va a beneficiar
todo esto y quién será el principal perjudicado en caso de que no se
produzca una importante bajada de precios o una mayor competencia en el
mercado de los precios de estas especialidades. Espero que tenga
contestaciones claras al respecto.
Hemos visto que este proyecto de decreto genera muchas limitaciones en el
concepto, muchas limitaciones en la aplicación y muchas limitaciones en
la fórmula de calcular el precio, es decir, es extremadamente puntilloso
en que la aplicación del precio de referencia no se vaya de las manos, y
es absolutamente relajado en lo relativo a la forma de incentivar para la
aplicación del proyecto.
Hemos escuchado muchas voces, muy cualificadas, indicando que sin
incentivos la aplicación de los precios de referencia iba a ser un
fracaso. Asimismo, hemos oído su voz dejando todo a la buena voluntad del
mercado. Es un concepto extraño, pues el mercado es el mercado y tiene
poco que ver con las buenas voluntades, tiene más que ver con las
relaciones comerciales y con la obtención de beneficio.
Por ello, parece imprescindible establecer un mecanismo de incentivos
para que estos precios de referencia puedan ser aplicados y tenga sus
efectos. Sin embargo, no se contempla ninguno, y convendría que usted
aquí nos indicara si se van o no se van a aplicar.
Señor Ministro, ¿se va a incentivar, y cómo, a los médicos para que
prescriban los medicamentos más baratos o los equivalentes? ¿Se va a
incentivar, y cómo, a los farmacéuticos para que incidan de forma activa
en la sustitución de los fármacos por el precio de referencia? ¿O se va a
dejar a la buena voluntad de las partes? La buena voluntad de las partes,
como hemos visto en muchas ocasiones, no va a conducirnos a nada.
Para concluir, señor Ministro, diré que espero que aclare las cuestiones
que he planteado. Sepa que estamos absolutamente a favor del
establecimiento de un sistema de precios de referencia. Cuente con
nuestro apoyo para el establecimiento de ese sistema, pero siempre que
sea un sistema claro que desarrolle la libre competencia en el mercado de
las especialidades farmacéuticas; un sistema que sirva para conseguir una
importante reducción en la factura farmacéutica de nuestro Sistema
Nacional de Salud y que, señor Ministro, no provoque mayores cargas en
los bolsillos de los pacientes.
Salvo que usted me saque de dudas, cuente con el más absoluto rechazo al
proyecto que nos ha presentado, porque sólo beneficia y blinda los
beneficios de la industria farmacéutica, perjudicando seriamente al
Sistema Nacional de Salud, que no va a obtener los ahorros necesarios ni
la competencia de precios necesaria, y perjudicando a los bolsillos de
los españoles, ya que, con su pacto con Farmaindustria, serían los únicos
que tendrían que aportar dinero si se aplica este sistema de precios de
referencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Zamorano, celebro que ustedes estén de acuerdo con los precios de
referencia, lo que siento es que no lo hayan hecho antes. Han gobernado
ustedes durante muchos años, y pudieron introducir éstas y otras medidas
y no es que introdujeran unos precios de referencia que pudiéramos
considerar prudentes, limitados y de pocos efectos, es que no
introdujeron ninguno, como no introdujeron ningún genérico. Ahora dicen
que el Gobierno obstaculiza e impide la entrada de medicamentos
genéricos. ¡Pero si nosotros hemos regulado los medicamentos genéricos y
en dos años ya hay aprobados 159! Ustedes fueron los que impidieron los
medicamentos genéricos «ab initio», porque no hicieron absolutamente nada
en ese punto. ¿No se da cuenta usted de que es incongruente presentarse a
pedir ahora soluciones ambiciosas cuando se ha renunciado a lo mínimo en
esta materia en el tiempo que han ejercido el poder?
¿Quién beneficia a la industria farmacéutica? ¿Nosotros? ¿Con unos
precios de referencia? Su señoría puede decir lo que estime conveniente,
pero tiene que reconocer que van a producir algún ahorro y que va a
producir algún perjuicio a los ingresos de la industria farmacéutica. ¿No
fueron ustedes los que beneficiaron a la industria farmacéutica al no
tener precios de referencia durante todo el tiempo que ejercieron sus
responsabilidades?
Yo con mucho gusto le voy a explicar el alcance y contenido de este
decreto, que supone la introducción en España de esta figura,
conjuntamente con los medicamentos genéricos. Somos el único país de
Europa que va a tener las dos figuras, los medicamentos genéricos y los
precios de referencia, con un sistema de precios intervenido, pues
normalmente los precios de referencia se aplican en países que tienen
precios libres.
Esta doble medida de precios de referencia, medicamentos genéricos y
precios intervenidos, revela el interés de este Gobierno por mejorar la
situación del gasto farmacéutico de nuestro país, por reducir esos
crecimientos del gasto farmacéutico, rectificando una situación de
partida que, lamentablemente, nos situaba como el país de Europa con
mayor proporción de gasto farmacéutico en relación con el gasto sanitario
--eso era lo que teníamos cuando nosotros llegamos al poder-- y con
crecimientos anuales acumulativos altísimos, como conoce su señoría.
Efectivamente el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, celebrado el pasado 5 de octubre, tuvo conocimiento de un
proyecto de real decreto por el que se regula el sistema de precios de
referencia en la financiación de medicamentos con cargo a fondos de la
Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad. Puede
afirmarse que en las manifestaciones que efectuaron los diferentes
Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas hubo un total acuerdo
en cuanto al fondo de la cuestión y se formularon una serie de
reflexiones y consideraciones, que estamos estudiando cuidadosamente
porque deseamos ampliar la base del consenso en este asunto y llegar a un
texto final que, con todo el rigor técnico y la prudencia aconsejables,
cuente con la mayor aceptación política posible.
Una vez señalado esto, quiero que sus señorías sepan que el objetivo del
Gobierno al elaborar este proyecto de
real decreto, así como el resto de medidas que hemos abordado a lo largo
de la legislatura, es inequívoco y se dirige a aumentar la eficiencia en
la asignación y gestión de los recursos económicos destinados a la
sanidad pública, desarrollando una política farmacéutica moderna y acorde
tanto con las características de nuestro país como con la normativa
comunitaria.
Como sus señorías saben, el precio de referencia consiste en la
determinación para un conjunto de especialidades farmacéuticas del
importe máximo a financiar por el sistema sanitario público. En nuestro
país se trata de una iniciativa necesaria y novedosa, al igual que lo
fueron las medidas que adoptamos para la creación del mercado de
genéricos, hasta hace dos años inexistente y actualmente en plena
expansión. En total hay 159 medicamentos genéricos registrados,
autorizados, de los que 111 se encuentran ya comercializados. Estas
cifras, afortunadamente, mejoran cada día y la previsión es que a finales
de año estén autorizado entre 175 y 225 medicamentos.
Es una medida que en la actualidad está implantada en cinco países de la
Unión Europea: Alemania, Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia, aunque el
modelo y los criterios de fijación de los precios de referencia son
diferentes, fundamentalmente, y esto es fácil de entender, porque en cada
caso responden a las características peculiares de su mercado
farmacéutico, al papel de los poderes públicos en la fijación de los
precios de los medicamentos y a la lógica evolución del modelo de los
precios de referencia en base a la experiencia adquirida y a la respuesta
generada en los diferentes actores del sistema sanitario. Esta falta de
uniformidad en los criterios utilizados para diseñar los sistemas de
precios de referencia en los distintos países ha conducido a que cada uno
de ellos esté aplicando un método con sus propias especificidades,
totalmente diferenciado del resto. Así en algunos casos, como en
Alemania, la formación del conjunto de medicamentos se efectúa
considerando el efecto terapéutico, a lo que se refería su señoría, lo
que lleva a que en un mismo grupo se incluyan y se comparen medicamentos
diferentes. Igualmente, el criterio para la determinación de los precios
de referencia para cada grupo de medicamentos es muy diferente en los
distintos países, y en gran medida está vinculado a la intervención de la
Administración pública en la fijación del precio del medicamento. No son
comparables las situaciones de Alemania, Dinamarca, Suecia o Noruega,
donde es nula o prácticamente nula la intervención del Estado, con la de
Holanda, que tiene un modelo similar al nuestro.
En definitiva, con el proyecto que hemos elaborado, que responde a las
características específicas de nuestro Sistema Nacional de Salud y de
nuestro mercado de productos farmacéuticos, se continúan las actuaciones
normativas dirigidas a racionalizar la financiación de medicamentos con
fondos públicos en condiciones semejantes a las de otros países de la
Unión Europea. Lo que también se pretende con los precios de referencia
es estimular el mercado de especialidades farmacéuticas genéricas para,
de esta forma, ser más eficientes en la gestión de los fondos públicos,
tal y como ha sucedido en Alemania, en Dinamarca o en Holanda.
Evidentemente este proyecto cumple todas las normas impuestas por el
derecho comunitario, ya que en ningún caso existe trato discriminatorio
alguno en relación con el origen de los productos. En definitiva, los
precios de referencia están dirigidos a armonizar las políticas de
contención del gasto farmacéutico y de uso racional del medicamento con
el desarrollo de la industria farmacéutica, tanto de la investigadora
como de aquella que opera bajo un modelo empresarial basado en la
fabricación de especialidades farmacéuticas genéricas, lo que favorecerá
el incremento del número de especialidades genéricas en el mercado y la
innovación farmacéutica.
Por otro lado, al ser el precio de referencia una media ponderada de los
precios más bajos del grupo, su nivel será tanto más reducido cuanto
mayor sea la cuota de mercado de los medicamentos genéricos, así como de
aquellas especialidades con marca cuyo precio se encuentre en el entorno
de los genéricos.
La cuantificación del impacto de los precios de referencia en el gasto
farmacéutico no es fácil de determinar con total exactitud en este
momento, dado que influyen una serie de factores, como son, en primer
lugar, el hecho de que el mercado de genéricos se encuentre en una etapa
inicial de desarrollo; en segundo lugar, porque se propicia la
instauración de un sistema de competencia vía precios en segmentos del
mercado en los que hasta ahora no existía y, en tercer lugar, porque
dependerá también de la aceptación social de los medicamentos genéricos.
Sobre la base de las consideraciones que ya hemos hecho repetidamente
sobre esto y haciendo una estimación muy grosera, porque, como digo, no
tenemos en estos momentos todos los elementos de juicio necesarios, y
teniendo en cuenta los principios activos que estarán a finales de año,
sobre los cuales habrá un genérico al menos, se supone un valor de ventas
de unos 100.000 millones de pesetas y, puesto que el precio de
referencia, como mínimo, supone una rebaja del 10 por ciento del precio
de la molécula original, de ahí se deriva esa estimación que hemos
anticipado de, como mínimo, un ahorro de 10.000 millones de pesetas,
cantidad que, naturalmente, tiene vocación de ir aumentando a medida que
aumenta el número de los genéricos en el mercado y se producen todos esos
fenómenos de acoplamiento de los precios hacia la parte baja del segmento
como consecuencia del juego de los genéricos y de los precios de
referencia.
Sobre todos estos factores, lo que sí puedo asegurar a sus señorías es
que estaremos muy atentos a su evolución, que seguiremos agilizando el
registro y autorización de medicamentos genéricos y que, en la medida en
que sea necesario, estableceremos las oportunas acciones divulgativas
para la población en relación a los medicamentos genéricos y a los
precios de referencia.
Quiero señalar que la inclusión en nuestra legislación del concepto de
medicamento genérico no es por sí misma suficiente para implementar una
política real de medicamentos
genéricos e impulsar su consumo. En este sentido, la incorporación de un
sistema de precios de referencia, junto al resto de medidas que ya hemos
implantado, así como las que en estos momentos estamos desarrollando y
entre las que quiero destacar la revisión del contenido de los envases de
medicamentos, supondrá un estímulo a los diferentes agentes que
participan en la prestación farmacéutica.
El proyecto de real decreto que hemos elaborado ha valorado
suficientemente los siguientes aspectos: la antigüedad de registro de las
especialidades afectadas y la existencia de un volumen de ventas
significativo, la garantía de que se trate de un precio de referencia
adecuado con el que el suministro se encuentre asegurado en todo el país
y que los productos posean la calidad de vida, el cálculo del precio de
referencia teniendo en cuenta, lógicamente, los diferentes precios de las
especialidades que constituyen un grupo homogéneo y la determinación del
plazo de validez del precio establecido y de los sistemas de revisión.
Uno de los criterios que hemos analizado con mayor detenimiento es el de
asegurar la misma calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos
incluidos dentro de un determinado precio de referencia, es decir, de
todos los de cada grupo homogéneo, utilizando la terminología del
proyecto del real decreto. Para asegurar esta bioequivalencia; de los
productos ha parecido necesario vincular el establecimiento de los
precios de referencia a la existencia de medicamentos genéricos, porque
el medicamento genérico incorpora en su propia definición el concepto de
bioequivalencia y es esta cualidad la que lo hace intercambiable con la
especialidad prescrita. Al vincular los medicamentos genéricos con los
precios de referencia se garantiza la total identidad entre la
especialidad prescrita y aquélla con la que se puede intercambiar en los
casos de sustitución. Precisamente, esta bioequivalencia --que no es un
término farragoso, sino técnico y científico-- es el factor fundamental
que garantizará tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios
que la sustitución de los productos no supone ningún menoscabo en la
calidad de la prescripción. No obstante, es evidente el papel de los
profesionales sanitarios y de los farmacéuticos en este proceso de
divulgación entre los ciudadanos de que los medicamentos genéricos no son
productos de inferior calidad, sino todo lo contrario: son medicamentos
de los que la Administración garantiza que su calidad, seguridad y
eficacia son equivalentes a los del producto original. Y en esta labor,
puedo asegurar a sus señorías que encontrarán todo el apoyo de las
administraciones públicas, tal como se puso de manifiesto durante el
debate celebrado en el Pleno del Consejo Interterritorial, al que antes
me he referido.
Igualmente, se ha analizado con detalle el método de cálculo del precio
de referencia y se ha considerado que si estableciéramos como precio de
referencia el del medicamento genérico más barato podrían generarse
problemas a los beneficiarios del sistema sanitario público en aquellos
casos en que el laboratorio titular de ese genérico no pudiese mantener
abastecida la totalidad de las oficinas de farmacia por carecer de
capacidad de producción necesaria. Piensen, sus señorías, que en el
supuesto que al beneficiario se le prescribiese un medicamento incluido
en el precio de referencia y no se le pudiese sustituir por el
correspondiente genérico, tendría necesariamente que abonar la diferencia
de precio entre la especialidad prescrita y el de referencia o volver al
médico para que realizase una nueva prescripción. Carece de toda lógica
pensar que con esta medida estamos transmitiendo la responsabilidad de la
sustitución a los usuarios o que estamos introduciendo algún tipo de
copago. Por el contrario, la responsabilidad de la prescripción es y será
siempre de los facultativos.
En el proyecto del real decreto lo que se otorga a los usuarios es la
posibilidad de elegir bien el medicamento que el sistema sanitario
público financia o bien otro de idénticas características, pero asumiendo
el coste de esta decisión. Igualmente, con esta medida, estamos
devolviendo a los farmacéuticos con oficina de farmacia un protagonismo
fundamental en la dispensación farmacéutica inherente a su profesión y
que lamentablemente apenas se desarrolla.
Por tanto, no hemos introducido ningún copago en la prestación
farmacéutica distinto a los que ya existieran ni estamos proponiendo
ningún menoscabo en la calidad y en la amplitud de la prestación
farmacéutica pública ni estamos proponiendo coartar la libre prescripción
de los facultativos. Se trata de una medida que no se había introducido
nunca en nuestro país, que no oculta nada, que asegura que todos los
usuarios seguirán recibiendo los medicamentos que precisan y que
transmite responsabilidad a todos los sectores.
En resumen, entendemos que los criterios establecidos para determinar los
precios de referencia son equilibrados y prudentes, y responden con
realismo a la situación actual del mercado farmacéutico de nuestro país.
En este caso, al igual que ocurre en todos los procesos en estado de
iniciación, parece razonable conjugar la prudencia con un nivel de
exigencia adecuada en cuanto a los beneficios económicos a obtener a
corto plazo. El hecho de que el precio de referencia calculado
inicialmente pueda ser en algunos grupos homogéneos solamente inferior en
un 10 por ciento al de la especialidad de precio más elevado facilitará
que muchos productos con marca reduzcan su precio hasta el de referencia
al ser este porcentaje de disminución fácilmente asumible en muchos casos
por las empresas. Con ello el usuario podría continuar obteniendo el
medicamento habitual sin tener que realizar ningún desembolso adicional.
Por otra parte, transcurrido el primer año de aplicación de este real
decreto, es lógico pensar que el precio de referencia se reducirá
nuevamente, aproximándose de este modo en gran medida al del medicamento
genérico, con la correspondiente repercusión sobre el gasto farmacéutico
público.
Quiero también recordar a sus señorías que no se trata de una medida
aislada, sino que ha ido precedida de todo un conjunto de iniciativas
dirigidas tanto al sector industrial como a los profesionales sanitarios.
Hemos introducido y seguiremos haciéndolo y potenciando mecanismos
de incentivación de los profesionales sanitarios, reales y creíbles, con
los que se reconoce que compensa tanto el nivel de actividad que realizan
como la calidad de los servicios que prestan. Indudablemente un indicador
de esta calidad es la adecuación en la prestación farmacológica; además,
lo hemos hecho de una forma clara y abierta, reconociendo el esfuerzo y
recompensando el interés y la dedicación de los profesionales.
En definitiva, señorías, y con esto finalizo, estos son los objetivos y
los criterios que sustentan el proyecto del real decreto que ha sido
elaborado por el Departamento y sometido a informe del Consejo
Interterritorial.
A partir de la aprobación de este real decreto, seremos el primer país de
la Unión Europea con precio de referencia que además tiene precios
intervenidos, es decir, tendremos un doble sistema de control sobre los
precios de medicamentos, lo que nos permitirá avanzar de una forma firme
y continuada en el objetivo de controlar el crecimiento del gasto y la
calidad y contenido de la prestación farmacéutica pública.
Señor Zamorano, si se aplicaran precios de referencia no sólo a conjuntos
de medicamentos idénticos, sino también a similares, se produciría un
daño grave a los pacientes. Países como Dinamarca o Suecia, que aplican
precios de referencia a productos idénticos, siempre exigen que haya al
menos un genérico, como se hace en España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
El señor Zamorano tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me preocupa que usted quiera seguir ligando los precios
de referencia, que son una medida estrictamente económica, con calidad de
fármacos, con calidad de tratamiento, bioequivalencia, etcétera. Esa es
la mejor forma de crear confusión entre los ciudadanos, de meterles miedo
en el cuerpo al objeto de que crean que, aceptando el medicamento del
precio de referencia, van a verse mermados en la calidad de lo que
necesitan, en la calidad de lo que tienen prescrito. Esa es la mejor
manera de hacerle el caldo gordo a la industria farmacéutica, que es la
que se opone a la implantación de este sistema: crear miedo en los
ciudadanos y confusión sobre lo que esto es.
Hay que dejarlo muy claro: los precios de referencia son una medida
estrictamente económica. Simplemente significa que el Sistema Nacional de
Salud, de entre los fármacos que tiene prescritos, va a pagar el más
barato sin que ello signifique ninguna merma para la calidad de la
prestación o para el producto que necesita. Entrar en otra consideración
es simplemente sembrar dudas, lo que, de entrada, significa impedir el
éxito de esta medida.
Cuando yo le hablaba de farragosidad, lo hacía refiriéndome al decreto,
no al concepto de bioequivalencia, que, desde luego, lo han redactado de
forma bastante confusa --en el «Diario de Sesiones» figura, y se lo digo
ahora para que lo tenga claro--. Un decreto o un proyecto de decreto que
solamente pretende una medida económica no tiene por qué utilizar
términos médicos, términos sanitarios, porque si lo hace, da lugar a
confusión.
Y el precio de referencia es simplemente pagar lo más barato, no lo más
caro. No lo confunda usted con criterios terapéuticos, con otros
conceptos que creen confusión, miedo y alarma social, porque al final
está sembrando la semilla del rechazo del ciudadano al precio de
referencia.
Me habla de sus previsiones con los genéricos, y a ese respecto su
Gobierno y su Ministerio tienen bastante poca credibilidad. Puede ser
que, a lo mejor, que sea adivina Farmaindustria, porque le quiero
recordar que, cuando se habló de los genéricos, en la asamblea de
Farmaindustria del 18 de julio de 1997 se decía que ésta quería una
política de genéricos pequeña, que no distorsionara el mercado ni
incidiera negativamente en los niveles de precio y que propiciara unos
precios de referencia excesivamente bajos. Y es lo que ustedes hacen con
este decreto: propician unos precios de referencia que no sean
excesivamente bajos, como se dijo en aquella asamblea.
Pero, además, señor Ministro, después de las grandes declaraciones, de
las grandes intenciones, ustedes han paralizado totalmente el proceso y
no tienen ya credibilidad.
El día 22 de noviembre de 1996, en la Comisión de Presupuestos del
Senado, preguntándole a la señora Nogueira el porqué de la urgencia de
incluir la reforma de la Ley del Medicamento en el proyecto de ley de
medidas para ese año, que entraría en vigor en enero de 1997, ella decía:
porque de esta forma en los próximos dos años conseguiríamos un ahorro de
30.000 millones de pesetas. Ni este ahorro se ha producido, ni se ha
producido la entrada de genéricos en el mercado. Ustedes lo han estado
ralentizando, limitan el precio a la baja de los medicamentos genéricos y
ahora nos viene a decir otra vez, con un decreto que tiene validez para
un año, que con ello van a intentar reducir las facturas farmacéuticas,
lo que no va a ser posible con las limitaciones y con los impedimentos
que han puesto para la implantación de los medicamentos genéricos en este
país.
Ha hablado de incentivación a los profesionales, yéndose otra vez a
cuestiones grandilocuentes, limitándose a leer un texto, sin ofrecer
ningún tipo de incentivación concreta respecto a los médicos y a los
farmacéuticos e, incluso, sin comentar la incidencia que pueden tener
sobre los usuarios las campañas de información, etcétera.
En cuanto a los dos elementos fundamentales, le he preguntado qué volumen
de productos y que volumen de valores de gasto en el mercado farmacéutico
va a ser incidido actualmente por este proyecto de decreto. No me ha
contestado. No me ha dado el nivel de reducción. Me ha dado una cifra de
una previsión de 10.000 millones de pesetas, que luego entraré a comentar
porque es muy significativa.
El contenido de este proyecto de decreto parece que cuadra con lo que se
informó a la junta directiva de Farmaindustria
el día 18 de junio de 1997, es decir, con bastante anterioridad a la
presentación de este proyecto. Se decía que el día 23 de mayo habían
mantenido una reunión con la entonces Directora General de Farmacia, los
entonces Subdirectores, Plaza, hoy día Director, y Luca, para la
aplicación de los precios de referencia y se felicitaba Farmaindustria
porque se tenían en cuenta sus criterios. Lo cual, efectivamente, se ha
tenido en cuenta porque son los que usted ha contemplado en este decreto.
¿Y quiere que le diga claramente a quién perjudica y a quién beneficia?
Pues se lo voy a decir, señor Ministro. Beneficia absolutamente a
Farmaindustria porque usted le blinda sus beneficios sin que ésta, con la
aplicación de este sistema, vaya a aportar ni una peseta más a las arcas
del Sistema Nacional de Salud. Y perjudica exclusivamente a los bolsillos
de los pacientes, que son los que van a tener que poner dinero con la
aplicación de este decreto, en contra de lo que es un criterio de precio
de referencia. Porque, señor Ministro, con el convenio que usted firmó
con Farmaindustria --convenio que le hemos pedido reiteradamente que
denuncie y anule-- los ahorros que se puedan obtener con la aplicación de
este decreto serán deducidos de su aportación, de tal forma que si usted
quiere obtener una cifra de 10.000 millones, como la aportación de
Farmaindustria es mucho mayor, con el decreto resultaría: Farmaindustria,
cero, y serían los bolsillos de los pacientes y los pensionistas los que
cargarían con la diferencia de precio en este, no copago de complacencia,
sino copago encubierto que usted quiere implantar.
Por eso, insisto, le hemos dicho que denuncie ese convenio con
Farmaindustria y que mantenga otro tipo de relaciones con ella. Usted no
puede mantener unas relaciones con la industria farmacéutica sobre la
base de decir: Págueme algo para que yo lo deje todo igual o para que no
tome medidas que a usted no le beneficien. Le pido, pues, que sostenga
unas relaciones con Farmaindustria basadas en la lógica de nuestro
sistema sanitario y de una economía de mercado, pero no con la de obligar
a pagar para mantener sus privilegios y derechos, porque eso es un método
muy extraño y, desde luego, no propio de un sistema como el español.
El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano, le recuerdo que si lo desea puede
volver a hacer uso de la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino ya, señor Presidente.
Señor Ministro, vuelvo a insistir en que denuncie ese convenio con
Farmaindustria y establezca unos precios de referencia que favorezcan la
competencia en ese segmento del mercado farmacéutico, que sirvan para
abaratar la factura farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y que no
hagan gravitar el ahorro farmacéutico exclusivamente sobre los bolsillos
de los ciudadanos; especialmente, sobre los de aquéllos más
desfavorecidos, los que menos comprenden esta medida --porque usted se
está encargando de que no sea comprendida-- y que pueden tener menor
capacidad adquisitiva, como pueden ser los pensionistas, que serían los
únicos que al final aportarían algo más al Sistema Nacional de Salud con
este decreto dictado para los intereses de Farmaindustria --que no es
aislado, sino que se complementa con el convenio que usted firmó con
ella-- y que, en definitiva, como ya he dicho, sólo va a perjudicar al
Sistema Nacional de Salud y a los bolsillos de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Qué duda cabe de que esta interpelación tiene su oportunidad, porque nos
encontramos con que el gasto sanitario aumenta y aumenta por múltiples
factores que no por ser conocidos debemos olvidar, como el envejecimiento
de la población, las mejoras técnicas, la aparición de nuevas patologías,
etcétera. Y llegará un momento, señor Ministro, en el que quizá sea
conveniente recabar la opinión de la sociedad acerca de cómo prefiere que
se repartan los recursos que, por vía impositiva o por vía tributaria,
constituyen el fondo de los presupuestos. Así, habrá que preguntarles si
su preferencia consiste en conservar o gastar en lo que se entiende por
Estado del bienestar --bien sea en sanidad, pensiones, educación,
etcétera-- o en obra pública. Como digo, llegará un día en el que quizá
sea conveniente que eso se pregunte, aunque ya se hace de forma indirecta
en los programas electorales, lo cual también es una forma de que esa
cuestión se decida.
Pero gobernar es priorizar, y a veces las situaciones no son agradables,
sobre todo, teniendo en cuenta el incremento incesante del gasto
sanitario. De la misma forma crece el gasto farmacéutico, y habrá que
intentar frenar ese aumento continuado. Parece, pues, que algo hay que
hacer. El interpelante ha dicho que también estaría de acuerdo con una
medida de este tipo, pero en la forma, y hay que cuidar, en cuanto a la
forma se refiere, las consecuencias indeseables. Ya ha hablado el señor
Ministro de ser prudentes y de ver los efectos consiguientes.
Estamos en un contexto de influencia de la publicidad. Hay pastillas para
todo, para cualquier cosa, pero no nos acordamos de los efectos
secundarios, y no hay ningún medicamento que no los tenga. Hay que tener
eso presente. Así pues, es importante la implantación de genéricos, la
adecuación de las formas de presentación a las patologías --porque en
muchos tipos de medicamentos no hace falta que los frascos tengan una
determinada cantidad de comprimidos--, o las formas de control de ciertas
corruptelas, por ejemplo, las que pueden producirse en las recetas
farmacéuticas.
Pero, señor Ministro, permítame también, aunque no sea el interpelante,
que manifieste que hay algunas
cuestiones que nos suscitan algunas dudas, como es la siguiente. En un
país con escasa cultura en genéricos --es verdad--, el introducir un
sistema de precios de referencia, con sustituciones hechas por alguien
que no es propiamente el mismo médico recetador, por razón de precio, por
tanto, por motivos economicistas, nos provoca dudas sobre esa cuestión
que le hemos planteado.
Además, existe también la posibilidad de que se produzca el efecto «J»,
descrito por el economista don Fabián Estapé, que provoque un descenso en
el primer instante pero, después, dé lugar a una subida, no sólo al nivel
anterior, sino por encima, por desplazamiento en la prescripción de los
médicos a otros productos con marca que podrían ser más caros, con lo
cual, no sólo no se ahorrará algo, sino que luego podría incrementarse el
gasto farmacéutico.
También tenemos dudas respecto a las dificultades en las posibles
relaciones tanto médico-farmacéutico, como médico-paciente o
farmacéutico-paciente. Nuestro punto de vista es que, en principio, la
sustitución no debiera hacerse sin el consentimiento del médico
recetador. No lo digo yo, sino el presidente de la Organización Médico
Colegial, el cual ha manifestado que los médicos no podemos admitir, por
imperativos éticos y prácticos, el que esa sustitución se lleve a cabo a
nuestras espaldas y sin nuestra autorización. Prescribir y dispensar son
dos actividades diferentes que se complementan correctamente. El
farmacéutico tiene un objetivo diferente del nuestro, pero forma parte,
junto con los médicos, de la complementariedad del Sistema Nacional de
Salud, que no debemos olvidar. Es un binomio claramente establecido en su
formación profesional.
Otra duda que tenemos, señor Ministro, surge respecto a la
responsabilidad profesional, y también lo dice el Presidente de la
organización médica colegial. ¿Significa esto que la legislación exime de
responsabilidad al médico atribuyéndosela por ley al farmacéutico? ¿O es
la Administración la responsable?
Creo que para solucionar esas dudas y otras venideras es necesario que
exista un marco estable de financiación y que se dé un pacto entre estos
dos profesionales que lleve a ambos a un cordial entendimiento. Es en eso
en lo que tiene que incidir el proyecto de real decreto que conocemos,
pero por otras vías.
Otra duda que se nos plantea es sobre la posibilidad de una prestación
dual, que perdamos aquel principio de equidad en el sistema, que estoy
convencido de que es algo que no se pretende, que no se busca y que,
además, se procurará que no se caiga en ello. Pero podría suceder que, de
una parte, estuvieran aquellos que suplementan la diferencia de precio y
aquellos otros que no pueden o no deben aceptar el producto farmacéutico
genérico por el cual sea sustituido. Estos serán normalmente pacientes
crónicos o ancianos, con la prescripción de pensionistas. No debe
buscarse romper la equidad, y hay que preservarla a toda costa.
Hemos atendido al interpelante, Senador Zamorano, y también lo hemos
hecho atentamente, como es natural, respecto a las contestaciones del
señor Ministro, pero tendremos que estar más atentos, si cabe, a la
moción que se suele presentar en todas las interpelaciones cuando, aunque
no sea preceptivo, sí es frecuente.
Termino, señor Presidente, adoptando una actitud constructiva y, si me lo
permite la Presidencia, haciendo una propuesta a las dos partes, tanto al
grupo parlamentario interpelante como al Gobierno: que el Grupo
Parlamentario Socialista renuncie a presentar la moción consiguiente en
el próximo Pleno, como es preceptivo --no debe olvidar tampoco que puede
presentar una moción en el próximo período de sesiones--, si el Gobierno
se compromete --en este caso el señor Ministro-- a presentar en esta
Cámara el proyecto de real decreto en un tiempo prudencial, por ejemplo,
antes de que termine el actual período de sesiones.
Creo que sería una actitud constructiva. Podríamos debatirlo unos y
otros, todos los grupos parlamentarios de la Cámara. No sería cuestión de
interpelar por interpelar, sino de interpelar de forma constructiva y
también de conocer aquellas propuestas que tiene a bien hacer el Grupo
Parlamentario Socialista. No debemos olvidar que la oposición, cuando
toca serlo, también puede hacer propuestas constructivas. La habilidad
está en recogerlas y adoptar entre todos lo más conveniente a la sociedad
a la cual nos debemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente en turno de portavoces para responder a la
intervención del portavoz de CiU. Efectivamente, señor Ministro, usted no
ha contestado a todas las preguntas que le he hecho y, por eso, no me ha
despejado todas las dudas. Pero como nuestro afán es constructivo
consideramos que hacerlo es necesario, dadas las muchas variaciones que
se han hecho sobre el proyecto originario, para nuestro sistema
sanitario. Somos conscientes de que estamos ante un proyecto que puede
tener muchas modificaciones. Esperemos que sean recogidas las que le he
indicado.
Por ello, sumándome a la solicitud de CiU, el Grupo Parlamentario
Socialista está dispuesto a aceptar que usted comparezca sin esa premura
de tiempo, sin condicionar su comparecencia a este período de sesiones.
Podría ser antes de la promulgación del real decreto, para que usted lo
presentara en esta Cámara, una vez pasado el trámite del Consejo
Interterritorial de Salud.
Como el decreto va a afectar a la sanidad transferida a las distintas
Comunidades Autónomas, nosotros no presentaríamos ninguna moción
--recogiendo la propuesta de CiU-- si antes de la promulgación de ese
real decreto usted lo presenta y lo debate en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Hernández
Guimerá.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, cada vez estoy más obnubilado por las preguntas que ha
hecho y por la forma de actuar del Grupo Parlamentario Socialista. Señor
Zamorano, la Ley del Medicamento sí define al genérico, pero no la Ley
del Medicamento que ustedes hicieron, sino lo que nosotros incluimos
porque ustedes no fueron capaces de definirlo.
Estamos hablando del ahorro y usted mismo dice, señor Zamorano, que un
decreto económico no tiene que nombrar palabras técnicas. No lo entiendo,
sinceramente. Precisamente, la ley de sanidad que ustedes hicieron,
aunque no desarrollaron yo diría que casi nada y en relación al
medicamento nada en absoluto, habla de precio y calidad en la prestación
conjuntamente. Y ustedes no quieren usar palabras técnicas en un real
decreto. Me sigue usted sorprendiendo.
Usted dice, además, que se puede llegar, incluso, a tener un precio de
referencia más barato que el más barato genérico. No creo que nadie
entienda esto. Lo que sí está claro es que se acercará al genérico.
También dice usted que se siente mal porque para fijar precios de
referencia tiene que haber un genérico y que hay principios activos con
distinta dosificación que no los tienen, lógico. Nosotros hemos hecho en
año y pico lo que ustedes no lograron ni iniciar en 14 años. Ahora mismo
hay 159 autorizados y se seguirán autorizando más. Ya ha dicho el
Ministro que hay que llegar a 225. Entonces, ya veremos si se van
acercando o no a esas dosificaciones que a usted también le sorprenden.
Yo no sé si es que trata de decir verdades a medias o que tiene un
desconocimiento total del tema. La verdad no lo entendemos.
Como usted muy bien sabe, con el célebre Plan del «medicamentazo», hemos
contribuido al ahorro, y ustedes, que también hicieron otro, en lugar de
ahorrar gastaron más. Farmaindustria sabe que va por buen camino y no
estamos supeditados a ella. He de recordarle que ustedes también
efectuaron algunos acuerdos con ellos.
Respecto a lo que ha manifestado sobre el médico, el farmacéutico y el
paciente existe efectivamente una persona que prescribe, un dispensador y
un consumidor con los que se están celebrando ya reuniones que se darán a
conocer al público para que sepan de verdad qué son los genéricos.
Además, ustedes no tocaron ni una sola coma en su Ley del Medicamento.
Sin embargo, este Gobierno, en los dos años largos que lleva gobernando,
le ha restado un punto a la distribución farmacéutica; y le resta dos
puntos de beneficios a las oficinas de farmacia porque de lo que se trata
es de dar pasos valientes. Ustedes, en más de trece años, no se
atrevieron a tocar nada en este tema. Absolutamente nada. Y, en cuanto a
los genéricos, ¿para qué hablar? Hemos tenido que hacerlo nosotros todo y
en muy poco tiempo. Hemos avanzado muchísimo y no estamos ralentizando
nada. Estamos haciendo todo lo que se puede, pero con los pies en el
suelo. No sé donde los tendrían ustedes cuando en cerca de catorce años
de gobierno no hicieron nada. De todas maneras, estamos haciendo unos
buenos genéricos, con unos buenos precios de referencia, al igual que
estas cinco naciones: Primero Alemania, después Holanda, Noruega, Suecia
y Dinamarca, que aunque no exactamente igual, sí tienen entre ellas un
fondo común. En su momento ya veremos cuánto vamos a poder ahorrar porque
ustedes no proporcionaron una base para poder saberlo.
Señoría, estamos caminando bien, estamos haciendo cosas verdaderamente
positivas no solamente en el ahorro sino en cuanto a la información que
se le está dando al paciente, al consumidor tanto por parte del médico
como del farmacéutico, y asimismo, estamos realizando una gran labor
desde el Gobierno de José María Aznar a través del Ministerio y de
nuestro Ministro, al cual felicito aquí públicamente porque, como se
suele decir, se ha puesto los pantalones de cuadros y estamos
consiguiendo una verdadera labor de ahorro del medicamento.
Señor Zamorano, ahora que estamos hablando de genéricos, he de decirle
que con sus argumentos tan fantásticos y tan poco genéricos, se devalúa
cada vez que sube a esta tribuna. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Guimerá.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Senadores, me gustaría aclarar algún concepto que puede
haberse prestado a confusión después de lo que aquí se ha escuchado.
La medida que presentamos, señor Zamorano, tiene solamente efectos
económicos porque adoptamos las garantías para que no perjudicara a la
calidad de la prestación. Usted se ha armado un lío. Si pretendiéramos
que la medida fuera solamente económica, no deberíamos hablar de
conceptos técnicos sino justamente de lo contrario. Para que se pueda
entender que esta medida sólo tiene por objeto conseguir un ahorro en el
gasto farmacéutico, sin merma de la calidad de la prestación
farmacéutica, hay que introducir estos requerimientos vía equivalencia y
demás, que son los que garantizan que la medida sólo tenga efectos
económicos y no perjudique la calidad.
Sobre nuestra credibilidad en materia de genéricos, me parece suficiente
lo que ya manifestó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo le
puedo decir --y usted tendrá que convenir conmigo-- que si a
Farmaindustria le gustan pocos genéricos más le gustaba ninguno. Y esa
era exactamente la situación en la que se encontraba con ustedes. Estaban
mucho más a favor de Farmaindustria no teniendo ningún genérico, de lo
que nosotros lo estamos, contando con los que hay ahora, que ya no son
tan pocos, como los hechos van acreditando. Por tanto, puestos a
ralentizar, es más lo que ralentizaron ustedes en trece años que lo que
nosotros estamos haciendo en estos meses.
Le he dicho que la estimación de ahorro para el próximo año, groseramente
realizada y con esa base de cálculo que se puede tener, sería la
siguiente: de cada 100.000 pesetas
de importe de la prestación en relación con los principios activos que
van a tener un genérico en el mercado, y con un mínimo de ahorro del 10
por ciento, supondría un ahorro de 10.000 millones de pesetas. Ahí están
todos los datos para poder hacer esa estimación, que decimos grosera,
burda, inicial, me atrevo a decir que mínima.
Le quiero recordar que Farmaindustria está aportando al sistema nacional
de salud 40.000 millones de pesetas este año, a pesar de los medicamentos
genéricos, a pesar de la lista negativa, y cuando ustedes gobernaban esa
aportación era de 15.000 millones de pesetas, sin lista negativa y sin
genéricos. Por otra parte, vuelve usted a caer en otra contradicción.
Dice, a Farmaindustria le interesan pocos genéricos, y ustedes tienen
pocos genéricos porque a Farmaindustria le interesan pocos genéricos.
Pero, por otro lado, nos dicen: cuantos más genéricos haya, mejor para
Farmaindustria, porque cuantos más genéricos, menos paga Farmaindustria.
Elija usted el que más le guste, señor Zamorano, pero no nos ofrezca
argumentos contradictorios, como éste que acaba de dar.
Por último, y elegido el camino de la demagogia, no podía faltar la
referencia a los pensionistas. Los pensionistas, como todos los
ciudadanos, van a tener garantizados sus productos sanitarios sin ninguna
aportación, porque siempre habrá un producto bioequivalente que les pueda
garantizar una prestación farmacéutica de calidad, sin tener que pagar un
céntimo. Si alguien quiere pagar esa diferencia, usted, que dice que está
de acuerdo con los precios de referencia, tendría que asumir que esa
diferencia se tendrá que pagar, y estará de acuerdo conmigo en que más
tendrían que pagar con unos precios de referencia ampliados, como ahora
demagógicamente usted plantea aquí, que con unos precios de referencia
acotados, limitados y prudentes, como son los que nosotros planteamos.
El señor Cardoña me dice que tiene sus dudas porque a la gente le pueda
parecer que esta sustitución se hace por efectos económicos. Es verdad
que se hace por efectos económicos, pero con garantías de bioequivalencia
que me parece que a todos nos permiten afrontar esta situación con
seguridad, con firmeza, y realmente con respeto a la libertad de
prescripción del facultativo, y garantizada la libertad de prescripción
del principio activo y la sustitución por otro principio activo
bioequivalente, la libertad de prescripción médica está garantizada con
el mecanismo que nosotros introducimos, y no es imprescindible que eso se
extienda a la libertad de la prescripción con marca de un principio
activo por encima de estas otras consideraciones de interés general, que
son las que están en juego para introducir en el sistema de precios de
los medicamentos. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Por lo demás, seguiré buscando el mayor consenso en ese tema. El proyecto
está en una fase inicial de su tramitación; en el curso de esa
tramitación hay un marco procedimental que puede facilitar que ese
consenso se produzca, que se reciban aportaciones de distintas
organizaciones y con diferentes orientaciones políticas también y, por
tanto, que entre todos, en la fase de tramitación del proyecto de
decreto, sin necesidad de trasladar a otro foro y a otro contexto esa
fase de elaboración de estas disposiciones, se pueda conseguir el mayor
consenso en este punto, que sería también nuestro deseo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Pasamos a la siguiente interpelación... (El señor Zamorano Vázquez pide
la palabra.)
Señor Zamorano, a qué efectos pide la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Es por una alusión descalificadora del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. (Protestas.) Es cuestión de
treinta segundos, y creo que las descalificaciones deberían de ser
tratadas en esta Cámara. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El artículo que usted ha usado ha
sido el 87, y realmente sería el artículo 88 al que habría que acogerse
si es que hubiera habido descalificaciones personales, y sobre este único
asunto le doy treinta segundos.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo para decirle al señor Hernández Guimerá que cuando usted sube a esa
tribuna se enaltece, como todos los Senadores, por tener la
representación que tenemos. Creo entender que la descalificación que me
ha hecho sólo se refiere a que no tenía razones contra mi argumentación,
y por eso considera que me devalúa cuando sube ahí. Usted, como todos los
que tienen representación popular, cada vez que sube ahí, se enaltece.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Hernández Guimerá pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Hernández Guimerá.
El señor HERNANDEZ GUIMERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Zamorano, yo no devalúo a ningún Senador en general; devalúo la
actitud que usted ha tomado hoy aquí y otras en las cuales nos hemos
enfrentado y me mantengo en ello. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
-- DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA SITUACION Y PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA, REQUIRIENDO DATOS PARA CONOCER, POR UNA PARTE, LA EVOLUCION
DEL NIVEL OBJETIVABLE DE EFICACIA EN LA GESTION Y, POR OTRA, LOS
PROBLEMAS Y TENSIONES QUE AFECTEN AL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.
(670/000113)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente
interpelación que formula el Senador don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la situación y perspectivas a corto y
medio plazo de la Agencia Tributaria, requiriendo datos para conocer, por
una parte, la evolución del nivel objetivable de eficacia en la gestión
y, por otra, los problemas y tensiones que afecten al funcionamiento del
organismo.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, me permito suponer
que está usted de acuerdo en que una gestión recaudatoria de tributos
neutral, moderna y eficaz es una de las columnas de un Estado de Derecho.
Un paradigma de la situación opuesta lo podemos observar hoy,
desgraciadamente, en Rusia --no se inquiete nadie que no tengo ninguna
intención de comparar la situación de nuestra Agencia Tributaria con la
rusa--. Más allá de la persistente cantinela del Grupo Popular según la
cual --lo oímos casi todos los días-- todos los miembros de los antiguos
gobiernos socialistas eran malos, feos y torpes y todos los miembros del
actual Gobierno son buenos, guapos y listos, lo cierto es que todos los
gobiernos tienen aciertos y desaciertos, y supongo que en esto también
podemos estar de acuerdo.
Hoy quiero hablarle de una de las muchas cosas, a mi juicio, que los
gobiernos socialistas hicieron bien o bastante bien. Con la inestimable
ayuda de técnicos y profesionales preparados que pocos años antes no
existían, y con la coincidencia en el tiempo de una vertiginosa evolución
de los instrumentos informáticos, lo cierto es que se consiguió en pocos
años un sistema moderno de gestión recaudatoria que otros países europeos
habían tardado décadas en implantar. A un nivel todavía insuficiente, por
supuesto. Cuando ustedes en la oposición hablaban de un diferencial de
fraude fiscal en relación con otros países europeos probablemente tenían
razón. Digo esto porque medir el fraude fiscal es, por definición, algo
siempre impreciso. Tal vez podemos estar también de acuerdo en que
probablemente existía y sigue existiendo dicho diferencial. Y me temo que
hemos acabado el capítulo de posibles acuerdos.
Hoy ese diferencial, es decir, el fraude fiscal tiende en los últimos
meses sobre todo a incrementarse, entre otras causas --no únicamente por
ésta--, por la llamada en los medios crisis de la Agencia Tributaria.
Ustedes, en dos años y medio, creo que están frustrando, si es que no lo
han hecho ya, la evolución hacia una forma moderna y eficiente de
recaudar tributos. Estamos, creo, caminando hacia atrás. Ya estando en la
oposición cometieron ustedes el error de escuchar a la vieja guardia del
sistema recaudatorio, incompetente y arbitraria, que no podía soportar
este proceso de modernización, pero desde la oposición esto tenía una
importancia relativa. Fue más grave el error de seguir escuchándoles
cuando llegaron al Gobierno, y más grave aún el de situar a esta vieja
guardia al frente de la Agencia Tributaria al inicio de su gestión. Ese
error ya les costó un cierto ridículo al denunciar una supuesta amnistía
fiscal a los «amiguetes» del PSOE --supongo que recuerda las palabras--,
que tuvieron que rectificar haciendo mutis por el foro. Un año después de
nombrarlos tuvieron que destituir a los máximos responsables de la
Agencia al descubrir que por las noches entraban en las oficinas de la
propia Agencia para ocultar pruebas de sus propias chapuzas anteriores.
Los sustituyeron --cabe reconocerlo-- por personas con un perfil más
profesional y competente, pero probablemente ya era tarde, como se ha ido
poniendo de manifiesto. La desmoralización y desmotivación ya habían
ganado mucho terreno y el desconcierto y la pérdida de eficacia en la
Agencia se ha ido incrementando, especialmente en los últimos meses. La
tensión interna se ha ido haciendo insostenible y la reiteradamente
presentada dimisión del Director de la Agencia es sólo una de las
consecuencias. El caos es notable, el Secretario de Estado de Hacienda ha
demostrado una gran capacidad para encontrar un problema para cada
solución y muy poca para resolver los problemas que, además, iba creando
él mismo. Como muestra tal vez sirva la ya larga duración del conflicto
planteado por los subinspectores de la Agencia, en huelga de celo o algo
parecido desde hace aproximadamente un año y que últimamente se airea
mucho en los medios de comunicación, con pactos chapuza que no arreglan
los conflictos sino que los avivan y los convierten en enfrentamientos
entre grupos de funcionarios.
Pero esto, siendo grave y afectando al funcionamiento de la Agencia, no
es lo que más nos preocupa. Lo más preocupante es el grave deterioro de
la calidad de la gestión que se está produciendo.
La promulgación de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y
Garantías de los Contribuyentes, no ha colaborado precisamente a mejorar
la situación. La música de esta ley suena bien, todos somos partidarios
de las máximas garantías para los derechos de los contribuyentes, pero
cuando se legisla no se hace sólo para que sea agradable la música;
además de que suene bien y además de dar garantías, hay que pensar en la
viabilidad de la aplicación de la ley y prever la casuística que de ella
se deriva.
Ya advertimos en su momento, como lo hizo también la propia Agencia
Tributaria, desde la Dirección General de Tributos --y por eso votamos en
contra de buena parte de esta ley--, que todas sus prescripciones no eran
de aplicación inmediata. Los objetivos tal vez fueran y son deseables en
buena medida; los compartimos. Pero la gradualidad era necesaria para no
provocar efectos no deseados. Les voy a poner un ejemplo. La ley entró en
vigor el 19 de marzo de este mismo año, y la aplicación informática
adaptada a la ley no ha estado disponible en las distintas oficinas de la
Agencia hasta este mes de octubre, siete meses después. El resultado de
esta increíble imprevisión, como no podía ser otro, ha sido el
amontonamiento de expedientes, dudas sobre el tratamiento adecuado en
algunos casos y acumulación de retrasos. Sólo este hecho sería ya motivo
suficiente para pedir responsabilidades a alguien.
Pero hay más. La ley pasa de cinco años, como plazo máximo para instruir
un expediente de infracción fiscal, a un año, dos en algunos casos. En
principio, está bien. Cinco años era un período sin duda excesivo, una
especie de tortura para el contribuyente, eso esta claro, pero un año tal
vez sea insuficiente para determinados supuestos; hay que medirlo bien.
La resolución de recursos requiere períodos de audiencia de partes y de
investigación y comprobación en muchísimos casos que requiere tiempo. La
tramitación se cierra precipitadamente debido a este plazo tan corto, y
las resoluciones son más frágiles ante procedimientos
económico-administrativos o contenciosos. Se está propiciando una
judicialización bastante creciente y empiezan a ser numerosos los casos
de contribuyentes que los ganan, no en virtud de ejercer sus derechos, lo
cual estaría muy bien, sino de defectos de la instrucción, y, lo que es
más grave, ya se empieza a correr la voz.
Otro ejemplo. La ley obliga a desdoblar en dos los expedientes de actos
de infracción, uno para determinar el montante y otro para tramitar la
habitual sanción. Aparte de que tenemos bastantes dudas sobre qué añade
este procedimiento en forma de garantías, ocurre que el expediente
sancionador debe tramitarlo --esto sí tiene sentido desde el punto de
vista de las garantías-- un funcionario o un órgano distinto del que
tramita el principal --esto es aplicable en muchas oficinas de la
Agencia--, esto comporta que en oficinas con un solo inspector el
expediente sancionador lo firme otra persona que no conoce ni estudia el
expediente, pero que después debe resolverlo o atender al contribuyente.
Por otra parte, eso multiplica casi por dos, o por lo menos por un índice
notable, el número de expedientes, aunque los medios siguen siendo los
mismos y, además, para esos expedientes de sanción no se requiere aval
para presentar recurso, de acuerdo con la ley, por lo cual proliferan
mucho, se recurren una inmensa mayoría, restando capacidad de maniobra y
operatividad a la Agencia y acentuando este proceso de judicialización.
Señor Rato, siendo todo esto muy grave a nuestro juicio, he dejado para
el final lo que nos parece más preocupante: dos aspectos más del problema
que estamos planteando y con los que voy a terminar. En el primero de
estos dos aspectos quiero ser muy cauto. A finales de octubre del año
pasado se habían tramitado cinco millones de declaraciones de IRPF; en la
misma fecha de este año se han tramitado ocho millones --insisto-- con
los mismos medios. Si esto se debe a un incremento de productividad sería
fantástico, estaríamos todos muy contentos; si fuera en detrimento del
rigor, sería de extrema gravedad. Por eso me limito a preguntar --porque
insisto en que quiero ser muy cauto en este aspecto-- si se han
modificado las instrucciones sobre la revisión de declaraciones del IRPF
en las que el tratamiento informático, mediante los cruces de datos
pertinentes, detecta diferencias; es decir, si se ha fijado un límite de
tolerancia más alto del que estaba establecido para este año para
comprobar o no las declaraciones. Si es así, ¿cuál era el anterior límite
y cuál es el actual? Pero incluso modificando este límite, se hace
difícil explicar un incremento de productividad del orden del 60 por
ciento, se hace difícil --por lo menos a nosotros nos lo parece así--,
sobre todo teniendo en cuenta el --entre comillas-- buen ambiente que hay
en la Agencia en estos momentos.
El señor Costa parece tener un solo objetivo: efectuar todas las
devoluciones antes de fin de año --por un compromiso adquirido, yo lo
comprendo--, y tenemos indicios de relajación. Como sigo intentando ser
muy cauto, hoy lo dejaremos aquí, pero sepa usted, señor Rato, que tan
sólo unas cuantas devoluciones correspondientes a declaraciones
incorrectas que se hubieran devuelto sin comprobar, solamente unas
cuantas, sería un grave perjuicio para la credibilidad del sistema porque
se volvería a correr la voz, y supongo que no hace falta que le diga más
sobre este tema.
El segundo y último aspecto que quería tratar es el de la eficiencia de
la Agencia en la lucha contra el fraude, si se ha deteriorado o no. Para
hacer estas afirmaciones hacen falta datos objetivos, y con menos datos
de los que sería deseable porque la Agencia Tributaria no ha publicado su
memoria en los dos últimos años, no sé por qué --tal vez porque los
resultados no son del todo satisfactorios o por alguna otra razón que le
ruego que si la conoce me la diga--, y con menos datos de los que sería
deseable también por la gama de datos contradictorios con los que el
señor Costa nos ha obsequiado en las últimas semanas --lo que es, según
nuestro parecer, una muestra de incompetencia o de desconcierto--, pero
con un dato que, a nuestro juicio, no admite discusión, voy a referirme a
esta cuestión.
Como sabe usted, una de las fuentes de financiación de la Agencia
Tributaria, según el artículo 103 de su Ley de creación, es una
participación en la recaudación por actas, cuya liquidación o base de
cálculo mensual publica la Dirección General del Tesoro. Pues bien, las
cifras liquidadas --que es un parámetro bastante preciso de la eficacia
en la lucha contra el fraude-- fueron en 1997 ligeramente inferiores a
las de 1996, 404.000 millones de pesetas frente a 407.000; a finales de
septiembre de este año estábamos también por debajo de la cifra
equivalente de 1997, 294.000 frente a 299.000 en 1996, y lo que es más
grave y preocupante es la evolución de los últimos meses, de mayo a
septiembre --los datos que tengo son hasta septiembre--: a partir del
afloramiento de los conflictos latentes y de la acumulación de retrasos,
así como por problemas en la propia Agencia, los descensos han sido del
7, 16, 22, 18 y 0,4 por ciento, respectivamente, en relación con los
mismos meses del año anterior.
Señor Vicepresidente, nos interesan mucho las explicaciones que sin duda
nos dará sobre las cuestiones que le he planteado, pero nos interesa
todavía mucho más lo que haga o lo que piense hacer. Si es posible,
díganos lo que piensa hacer, pero aunque no nos lo diga, haga usted algo
antes de que la situación empeore y el caos de la Agencia Tributaria sea
definitivo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene usted la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente,
señorías.
Senador Gibert, muchas gracias por el tono de su intervención y también
por la oportunidad. Al Gobierno le parece positivo que se plantee un
debate sobre algo tan importante como no sólo el funcionamiento de la
Agencia Tributaria, sino las reflexiones que entre todos podemos obtener
de los últimos dos años y medio de gestión de la Agencia Tributaria y del
cambio de modelo.
Su señoría ha reconocido --y yo le agradezco que lo haga-- que su Grupo
Parlamentario nunca fue partidario, por lo menos no con una intensidad
descriptible, del nuevo cambio de relaciones entre el contribuyente y la
Agencia Tributaria, y, en ese sentido su Grupo Parlamentario continúa
manteniendo, por lo que veo, las posiciones de lo que era la antigua
Agencia Tributaria en sus relaciones con el contribuyente. Para
justificar esta posición --su señoría ha sido muy claro-- se parte de la
base de que los derechos de los contribuyentes, ya sea en los plazos en
los que deben ser inspeccionados, ya sea en los plazos en los que deben
obtener las devoluciones, deben ser siempre considerados como
subsidiarios de la eficacia de la Agencia. Ahí su Grupo Parlamentario
toma un camino y nosotros hemos elegido otro, que es hacer coincidir los
intereses generales de los contribuyentes con la eficacia de la Agencia y
demostrar --como voy a hacerlo-- no con alusiones retóricas sino con
datos, que hoy nos encontramos con una Agencia Tributaria que sirve mejor
a los intereses generales, que ofrece un mejor trato a los
contribuyentes, que les devuelve antes su dinero, que les da más
garantías jurídicas y que funciona con una eficacia igual o superior a la
anterior.
Ya sé que a su señoría todo eso, como ha manifestado, le parece la
cuadratura del circulo, pero tiene que reconocerme que en temas de
política económica, concretamente de política tributaria, su grupo
parlamentario va de sorpresa en sorpresa, porque todo lo que ustedes
decían que era imposible hacer se está produciendo, y éste es un ejemplo
más.
Empezaré comentando lo que pasa con las relaciones con los
contribuyentes. Cuando nosotros estábamos en la oposición siempre
sostuvimos lo que estamos haciendo ahora en el Gobierno y cuando ustedes
estaban en el Gobierno --tengo que reconocerlo-- sostenían lo mismo que
mantienen ahora en la oposición: que era imposible lo que nosotros
proponíamos y que pretender dar más derechos y garantías a los
contribuyentes repercutiría en una disminución de los ingresos y, por
tanto, de los intereses de la Hacienda Pública.
Señor Gibert, con lo que ha sucedido en estos dos años y medio se ha
demostrado que ustedes no tenían razón y que nosotros lo estamos
logrando. Por poner un ejemplo, hablemos de la ayuda que hoy presta la
Agencia estatal de la Administración Tributaria a los contribuyentes, y
subrayo lo de ayuda. El cambio de filosofía, al que ustedes no se han
querido sumar, que adopta el Estatuto del Contribuyente parte de la base
de que la Agencia Tributaria puede cumplir su responsabilidad de
gestionar los ingresos tributarios del Estado con mucha más eficacia si
plantea una relación de ayuda en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes. Esta medida sirve, por un lado, para
conseguir que los contribuyentes se sientan más cómodos y tengan menos
obligaciones formales de modo que las cumplan con mayor facilidad; por
otro lado, sirve --como la experiencia demuestra-- para que sea mayor el
número de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
Cuando ustedes gobernaban se confeccionaban el 20 por ciento de las
declaraciones de los contribuyentes; es decir, de cada cien
contribuyentes la Agencia Tributaria confeccionaba veinte declaraciones.
En dos años y medio el porcentaje se ha elevado a 66; es decir,
actualmente de un total de 15 millones de contribuyentes casi 11 millones
hacen sus declaraciones a través de la Agencia Tributaria. Se acercan
allí, aportan sus datos y es la propia Agencia Tributaria la que, a coste
cero, le hace al contribuyente su declaración. Eso que su señoría y sus
compañeros de Gobierno y de Grupo no fueron capaces de realizar y
consideraron que no era necesario realizarlo, nosotros lo estamos
llevando a cabo consiguiendo, en nuestra opinión, que la Agencia
Tributaria haga lo que tiene que hacer: servir al público.
En ese sentido, no sólo se ha planteado la profundización multiplicando
notablemente el número de declaraciones confeccionadas y, por lo tanto,
la máxima ayuda al contribuyente, sino que además se han introducido
nuevas fórmulas de ayuda al contribuyente. Una de ellas es que el
contribuyente pueda solicitar los datos fiscales que están en poder de la
Administración, lo que no sólo facilita la vida al contribuyente sino que
le da una clara seguridad jurídica. Hoy todos los españoles le pueden
preguntar a la Administración Tributaria: ¿Usted qué datos tiene de mí? Y
ésta tiene la obligación de contestar. Fíjese que importancia tiene esto
para que un ciudadano sienta que está en una relación, no sólo de
igualdad, sino de colaboración con la autoridad tributaria; y por eso
cuando uno pregunta sobre sus datos la respuesta es mostrárselos. No se
trata de que el contribuyente viva en la zozobra de no saber de qué datos
disponen sobre él, se trata de lo contrario, señor Gibert, y ésa es una
innovación que ustedes nunca quisieron plantear.
Además, nosotros, como anticipo del Estatuto del contribuyente, pusimos
en marcha el Consejo para la defensa del contribuyente. Es decir, no sólo
la Agencia Tributaria está sometida a los controles internos y a los
controles de cualquier órgano de la Administración Central del Estado, al
control parlamentario y al control del Tribunal de Cuentas y la
Intervención General del Estado, sino que, además, nosotros creamos, con
el respaldo de otros Grupos Parlamentarios --no recuerdo si con la
abstención o no del suyo--, el Consejo para la Defensa del Contribuyente,
que permite en este momento no sólo que el contribuyente
pueda dirigirse a la Agencia y a este Consejo independiente para
solicitar información o plantear las cosas que le parezcan, sino que
también el Parlamento pueda estudiar esa Memoria, que será hecha pública
antes de finales de este año y que, como es natural, se refiere al
ejercicio de 1997.
Por lo tanto, la Agencia Tributaria va a tener un elemento más de
medición que no tenía antes, que es el Consejo de defensa del
contribuyente, a través del cual, por un lado, los contribuyentes pueden
influir y dirigirse a un órgano especialmente diseñado para darle
servicio y, por otro, la opinión pública, y en especial el Parlamento, va
a tener un elemento más de juicio y de transparencia de la Agencia
Tributaria, que espero sea objeto de debates y análisis por parte de sus
señorías y del resto de los Grupos Parlamentarios.
Señor Gibert, no es de extrañar que hoy los españoles tengan otra opinión
de la Agencia Tributaria. No venga usted a hablarme de los problemas
corporativos; hábleme del interés general; hábleme de los ciudadanos que
van por la calle y que hoy se encuentran en una situación mejor con
respecto a la Agencia Tributaria. Si su señoría considera que los
instrumentos de medición de la opinión pública tienen alguna relevancia,
podrá comprobar cómo se ha mejorado en 7 puntos el índice del porcentaje
de españoles que se sienten satisfechos o muy satisfechos del trato
recibido en las oficinas de Hacienda, que es de un 84,2 por ciento,
frente a un 9,1 por ciento que se sienten poco satisfechos o muy
insatisfechos. Me gustaría saber cuántos servicios públicos, de los
cuales es responsable el Gobierno o cualquier otra Administración
pública, pueden presentar unas cifras de satisfacción de los usuarios tan
altas, que cifran el número de satisfechos o muy satisfechos en el 84,2
por ciento, y el número de insatisfechos o muy insatisfechos en el 9,1
por ciento.
Ahora bien, su señoría puede decir: se ha hecho todo a costa de que la
Agencia Tributaria no cumpla con sus obligaciones. Le voy a demostrar que
no es así, sino todo lo contrario.
Puede su señoría comprobar cómo el 71,9 por ciento cree que el servicio
de atención e información al contribuyente es bueno, frente al 5,6 que lo
consideran malo; y el 61,5 cree que el trato al contribuyente ha mejorado
respecto al de hace 5 años, frente al 2,5 que cree que ha empeorado. Si
su señoría me puede exhibir cualquier otro servicio público de cualquier
administración y de cualquier nivel de responsabilidad que pueda
presentar datos mejores que éstos, desde el punto de vista de la opinión
pública, es muy dueño de hacerlo, pero lo dudo.
Ahora bien, su señoría me puede decir: ¿Qué importa lo que opinen los
contribuyentes? Lo importante es lo que opinen los que saben del asunto.
De acuerdo. Si le importa la opinión de los españoles aquí está la
opinión de los españoles que, como es natural, tiene una base, que está
en el servicio público que se les está dando.
Voy a seguir con el servicio público que se les está dando. Su señoría,
al parecer, considera que corremos un grave riesgo con las devoluciones.
No puedo compartir la opinión de su señoría. Estamos obligados a realizar
las devoluciones. ¿Qué es esto de que de los 15 millones de declaraciones
10 millones tengan derecho a devolución? ¿Qué sistema tributario es el
que se está asentando sobre el principio de que la Hacienda pública
retiene un dinero, al que no tiene derecho, durante dieciocho meses y
que, además, cuando un Gobierno se plantea hacer las devoluciones en el
plazo de seis meses y posteriormente pagar intereses, el primer partido
de la oposición diga que eso es peligroso? ¿Peligroso, para quién? ¿Para
la Hacienda Pública? No. ¿Para el Estado de Derecho? Ni mucho menos.
¿Para los españoles? Al revés. Es una obligación que tenemos, y no puedo
comprender cómo esta Cámara puede pretender que la Hacienda Pública no
cumpla con la primera de sus obligaciones, que no es la de recaudar
impuestos, sino la de recaudar justamente. Las devoluciones son
absolutamente la medida por la cual se recaudan impuestos justamente.
Piense usted que en estos momentos, y gracias a nuestro Grupo
parlamentario y a los grupos parlamentarios que le han apoyado, los
contribuyentes no sólo tienen derecho a unas devoluciones en un plazo de
seis meses, sino que, además, si se pasa ese plazo, la Hacienda Pública
tiene que pagar intereses sobre las mismas.
Porque, además, señoría, las devoluciones indican los efectos perversos
de una tarifa. Cuando una tarifa está mal diseñada se produce esta
situación. Cuando una tarifa está injustamente diseñada resulta que de 15
millones de declaraciones hay 10 millones que están pagando más de lo que
les corresponde. Por eso nosotros tenemos intención, y lo estamos
haciendo, de hacer que haya pocos españoles que sufran las consecuencias
injustas de la tarifa de 1991. Estamos decididos a evitarlo cambiando la
ley a partir del año 1999 y acelerando las devoluciones hasta el año
1999. Efectivamente, en el año 1996 devolvimos 171.000 millones más que
en el año 1995, en el año 1997 devolvimos 337.000 millones más que en el
año 1996, y en el año 1998 se van a devolver 512.000 millones más.
A su señoría no le parece bien; no comparto su posición. No estamos
corriendo ningún riesgo. Claro que se está incrementando el servicio
público y la productividad; sí, señoría, lo estamos haciendo. Usted creía
que no era posible y resulta que sí lo es. Estamos reduciendo el tiempo
de las devoluciones a la mitad, de 192 días de media a menos de 90 días
de media. ¿Su señoría puede considerar que eso es una mala gestión de la
Agencia Tributaria? ¿Me va a decir que ese es el caos de la Agencia
Tributaria? ¿Me va a decir que haber reducido el tiempo de las
devoluciones a la mitad significa que los profesionales y los
funcionarios de la Agencia Tributaria trabajan hoy peor que antes? No sé
a quién quiere convencer su señoría con esas afirmaciones, pero desde
luego, desde el punto de vista político, no me lo puede poner más fácil.
Pero continuemos con otras cuestiones que seguramente muestran también a
lo que me estoy refiriendo. Su señoría me plantea que es verdad que
corremos riesgos con las devoluciones porque estamos debilitando la
capacidad de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria. Nosotros
hemos puesto en marcha un plan bianual del fraude, del cual hemos dado
cuenta a la opinión pública, que ha aumentado en un 34 por ciento el
fraude descubierto en el bienio anterior, en 555.000 millones de pesetas,
de los cuales la gestión tributaria ha supuesto un 32 por ciento de
aumento, la inspección financiera y tributaria en actas liquidadas y, por
tanto, perfectamente preparadas para el cobro, lo ha incrementado en un
20 por ciento, en aduanas se ha incrementado en un 115 por ciento, y en
recaudación, es decir, en la gestión de recaudación para evitar que se
perjudiquen derechos de la Agencia Tributaria en casos de recargos, de
suspensiones de pagos o de quiebras, en las cuales el propio servicio de
recaudación actúa con diligencia, se ha incrementado en un 108 por
ciento.
Seguramente su señoría me tendrá que reconocer que si puede haber
incrementos a estos ritmos es porque había mucho margen para hacer las
cosas de otra manera. Pero le voy a decir a su señoría que de lo que ya
no hay ninguna duda, ni jurídica ni política, es de que como consecuencia
de los retrasos en el funcionamiento de algunas actas tributarias se han
perdido 200.000 millones de pesetas. (Rumores.) Su señoría lo sabe, su
señoría y su grupo parlamentario dijeron que eso no era exacto, que los
tribunales no lo habían asentado, y usted sabe que sí. Eso ya no está
sucediendo. Su señoría considera que un plazo de un año es demasiado
corto para inspeccionar a un contribuyente; nosotros no estamos de
acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Vicepresidente, ha
terminado su tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Termino enseguida, señor Presidente, pero
es que quiero dar satisfacción al Senador.
Creemos que ese es un plazo suficiente como para que se concilien los
derechos de los contribuyentes y los derechos generales que representa la
Agencia Tributaria.
Respondiendo al requerimiento del señor Presidente, voy a hacer,
brevemente, alguna otra valoración sobre las afirmaciones y las
peticiones de información que me ha solicitado su señoría.
Hablemos de la recaudación, que seguramente es una muestra de eficacia de
gestión. Le he hablado a usted del servicio al contribuyente, de las
devoluciones, de la lucha contra el fraude, pero vamos a hablar de la
recaudación.
En una economía que está creciendo al 6 por ciento, la recaudación en los
impuestos, por ejemplo, que afectan a las pequeñas y medianas empresas en
cuanto a retenciones del trabajo personal se está incrementando al 14 por
ciento, es decir, está creciendo más del doble de lo que crece la
economía y mucho más de lo que crece el empleo. ¿Cómo es esto posible?
Porque estamos luchando contra el fraude; porque cuando les dijimos que
la simplificación del sistema de módulos iba a traer no sólo una mejora
de la fiscalidad de las PYMEs, sino una mejora de la recaudación, ustedes
no nos creyeron y estamos demostrando a sus señorías que eso es verdad. Y
con un consumo privado que está creciendo al 3 por ciento, el IVA, que
creo que todos somos conscientes de que es una fuente de fraude
importante, está creciendo casi al 10 por ciento. Y en el conjunto de los
impuestos especiales, una de las zonas más complejas desde el punto de
vista de generación de fraude, se están produciendo incrementos del 15
por ciento. Y en el tabaco estamos consiguiendo mejoras del 25 por
ciento.
Y ya muy brevemente, voy a hablar del Estatuto del contribuyente. Su
señoría dice que, además de que ha sido excesivamente utópico, generoso o
peligroso que --no sé qué palabra ha utilizado-- hemos jugado con la
posibilidad de que la Hacienda Pública hiciera las cosas que está
haciendo, logrará la recaudación que está consiguiendo, logrará las
cifras de lucha contra el fraude que está consiguiendo, además dice que
no hemos sido capaces de ponerlo en marcha.
Señoría, la Ley entra en vigor el 19 de marzo de 1998. El 1.º de abril se
aprueba la instrucción de desarrollo por parte del Director General de la
Agencia; en la misma fecha hay una resolución del Director General de la
Agencia por la que se modifican los modelos de actas; el 11 de abril se
pone en marcha la explotación de la aplicación informática que recoge la
resolución anterior; el 14 de septiembre se pone en marcha el Reglamento
regulador del procedimiento sancionador, y el 15 de septiembre la
explotación de la aplicación informática sobre el Reglamento; es decir,
un cambio --le doy la razón a su señoría-- radical y valiente de las
relaciones entre el contribuyente y la Hacienda Pública está
completamente en marcha y creo que a satisfacción de todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Vicepresidente, le
agradeceré muchísimo que vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Acabo ya, señor Presidente.
Y sobre la transparencia, sólo voy a abordar dos cuestiones.
En primer lugar, en cuanto a la Memoria de la Administración Tributaria
del año 1996, que está a disposición pública --la de 1997, como su
señoría es consciente, se publicará en los primeros meses de 1998, cuando
sepamos los efectos completos de las devoluciones-- y la Memoria
específica de la Agencia Tributaria, hemos entendido que ésta era una
reiteración de la Memoria de la Administración Tributaria.
Pero, además, como su señoría sabe, hay unas comparecencias
cuatrimestrales del Secretario de Estado de Hacienda tanto en el
Congreso, como en el Senado que proporcionan toda esa información. Hay
unos objetivos anuales que por primera vez van a ser presentados en el
Parlamento, porque hasta ahora los objetivos de la Agencia no se
presentaban al Parlamento. Y su señoría va a tener ocasión, por mandato
de la Ley aprobada por nosotros y por los Grupos Parlamentarios que nos
apoyan, de poder tener anualmente una información directa del mayor
responsable de la Agencia sobre los objetivos anuales, a lo que hay que
sumar, como es natural, todas las peticiones de información que hagan sus
señorías.
Por último, en cuanto a las discrepancias de los datos sobre el fraude,
oficialmente, en los últimos seis meses, el Parlamento ha tenido dos
informaciones escritas sobre el mismo: una el 31 de mayo y otra el 31 de
agosto y no hay ninguna divergencia. Su señoría puede --no lo sé porque
no me lo ha explicado-- que base sus divergencias en unos datos de una
nota de prensa de finales de agosto en la cual estaban excluidos los
datos de aduanas. Y su señoría debería saber --porque lo hemos explicado
«ad nauseam»-- que esos datos eran parciales. Pero si su señoría no lo
sabe, yo se lo ratifico ahora.
Y lo que le puedo decir, desde el punto de vista de los datos de lucha
contra el fraude --que se lo he dicho antes--, ha sido reiterado por el
Secretario de Estado de Hacienda en sus comparecencias de mayo y octubre
en las Comisiones del Congreso, cuyas actas, como es natural, están a
disposición de su señoría.
En definitiva, señor Presidente, la Agencia Tributaria funciona a
satisfacción de los españoles. Les presta un servicio mejor, un servicio
de ayuda mucho más intenso y consigue que tengan en sus bolsillos con
mucha más celeridad el dinero que la tarifa de 1991 hacía que tuviesen
que pagar a Hacienda. Han aumentado notablemente las cifras de lucha
contra el fraude. Estamos en condiciones de decir que en estos momentos
el nuevo modelo de relaciones entre el contribuyente y la Agencia
Tributaria está plenamente en vigor.
A la pregunta final de su señoría sobre qué vamos a hacer a partir de
ahora, le puedo contestar que vamos a profundizar en este nuevo modelo;
vamos a seguir manteniendo nuestros principios de que nuestro primer
objetivo es servir al ciudadano, servir al contribuyente y garantizar los
intereses generales. Le estamos haciendo y vamos a continuar haciéndolo,
espero que con la colaboración crítica o activa de su Grupo
parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
El Senador Gibert i Bosch tiene la palabra.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
«Si en España todo el mundo hablara sólo de lo que sabe, se produciría un
inmenso silencio que podríamos aprovechar para estudiar». Desde que don
Manuel Azaña, otrora tan abusivamente reivindicado por el actual
Presidente del Gobierno, acuñara esta, a mi juicio, ingeniosa frase, en
este país no sólo ha llovido mucho, sino, por fortuna, todo el país en su
conjunto ha estudiado mucho.
El problema, señor Rato, es que de su conocimiento sobre el
funcionamiento y sobre la situación real de la Agencia Tributaria se
deduce que usted ha estudiado más bien poco; además, tiene un mal
mensajero, quien seguramente le ha dicho que solamente hay problemas
corporativos, que insiste en el baile de datos, que le dice que habrá
menos devoluciones --estamos de acuerdo en que con algunos cambios puede
ocurrir eso y, además, sería bueno--, pero sería prudente que algunas
cosas se hicieran después de que se produjeran menos devoluciones; y
seguramente también le ha dicho que estamos en contra de la filosofía del
Estatuto del Contribuyente, lo cual es falso. Estaríamos, en todo caso,
en contra de la aplicación imprudente de una fórmula que, a nuestro
juicio, debería ser más gradual, pero no en contra de la filosofía.
De su intervención también se desprende que confía en sus colaboradores
--y es lógico--; en ese caso concreto ha creído al pie de la letra las
explicaciones que le ha dado el señor don Juan Costa y las ha transmitido
a esta Cámara, cosa que le agradecemos. Comprendo que sea así; por eso
tiene usted colaboradores; por eso supongo que los ha elegido lo mejor
que ha sabido y en función de la confianza que les tiene depositada. Y lo
comprendo, porque ciertamente he observado al señor don Juan Costa en
algunas comparecencias --hace pocos días estuvo en el Senado presentando
los presupuestos-- y cuando se le escucha consigue dar la impresión de
que sabe de qué van las cosas que cuenta.
Supongo que usted ha creído también que está funcionando como una seda el
llamado plan de modernización de la Agencia, de febrero de 1998.
A nuestro juicio, y sin querer exagerar, la Agencia Tributaria no
funciona bien, por las razones que sea. Y el señor don Juan Costa no se
lo va a solucionar y, si a usted le niega que hay problemas --cosa que no
sé si ocurre--, todavía lo va a solucionar menos.
Hace unos seis meses tuve ocasión de interpelar al todavía Vicepresidente
Primero del Gobierno, señor Alvarez Cascos, sobre el funcionamiento de
AENA --era un tema distinto-- y me permití sugerirle, recomendarle o
aconsejarle que sustituyera la dirección de AENA porque era evidente que
no funcionaba, que no daba la talla, que no estaba a la altura de la
responsabilidad encomendada. Transcurridos seis largos meses, o sólo
después de seis meses --según como se quiera ver--, el Director General
de AENA y el Director del Aeropuerto de Barajas --éste de forma poco
elegante, por cierto-- han sido sustituidos.
Los inspectores de la Agencia Tributaria ya se dirigen a usted a través
de los medios de comunicación, y supongo que también por otros medios,
dando la impresión de que no aceptan como interlocutor al señor don Juan
Costa --alguna razón tendrán.
La eficacia y el rigor del sistema de recaudación tributaria es algo muy
serio, señor Rato, y por ello debería tomar alguna decisión al respecto,
sin dramatizar. No espere porque la situación no permite esperar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert i
Bosch.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente, creemos que esta interpelación
fundamentalmente refleja un hecho: que la Agencia Tributaria necesita ser
reformada, porque en los dos últimos años se han producido importantes
cambios legislativos, a los que nuestro Grupo ha dado su apoyo, que
entendemos que siempre deben tener un tratamiento preferente al
funcionamiento de un organismo de gestión, como es la Agencia Tributaria.
Estamos plenamente de acuerdo con lo que ha manifestado el señor
Vicepresidente, en cuanto a que es la Agencia la que debe adaptarse y
conseguir llevar a cabo con eficacia su gestión a partir de lo que se
determina en la legislación vigente que, en este caso, es la Ley aprobada
este año de derechos y garantías de contribuyente, por lo que la Agencia,
lógicamente, debe adaptarse al derecho del contribuyente en todos sus
aspectos, como facilitarle la gestión, información, etcétera.
Creemos, por tanto, que debe llevarse a cabo esta reforma, para lo cual,
damos soporte pleno al señor Vicepresidente y al Secretario de Estado de
Hacienda. Creemos que el marco que se va a crear a partir de la
introducción de una enmienda la semana pasada en el Congreso de los
Diputados en la Ley de Medidas --naturalmente pendiente aún de su
tramitación en el Senado y de la definitiva aprobación en el Congreso de
los Diputados--, que hace referencia a la Agencia Tributaria supone un
buen paso. Se establecen una serie de compromisos concretos que el
Gobierno debe llevar a cabo. Uno de ellos, presentar los objetivos en el
plazo de un mes y los otros dos compromisos en un plazo de seis meses.
Confiamos plenamente en que mediante estas medidas se podrán llevar a
cabo las reformas necesarias para que se mantenga la eficacia y para
ello, señor Vicepresidente, cuenta plenamente con nuestro apoyo, que
queremos que también transmita al Secretario de Estado, don Juan Costa.
Se ha hecho también referencia al cambio producido en la tramitación de
las devoluciones. En este caso reciba nuestra felicitación por el hecho
de que se hayan podido producir con mayor rapidez, porque creemos que eso
es muy importante. Y sobre todo nos felicitamos --lo digo también en
primera persona--, por el hecho de que la nueva normativa fiscal ahorrará
mucho trabajo. Había un número inmenso de devoluciones que no tenían
ningún sentido y, como ha dicho el señor Vicepresidente, eran el reflejo
de que la normativa no se ajustaba realmente a las necesidades actuales
de recaudación del Impuesto sobre la Renta.
Quiero agradecer al Senador Gibert que haya planteado este tema, y que lo
haya hecho con rigor, defendiendo algo que ya se hizo evidente en el
debate que en su día mantuvimos sobre la Ley de Defensa del
Contribuyente. Ha dicho que están de acuerdo en el espíritu, aunque no en
la letra, en cómo se resuelven determinados temas, lo que es lícito.
En cualquier caso, nosotros apoyamos este proyecto, porque creemos que
los planteamientos de la Agencia Tributaria han de ser acordes con lo que
marca la legislación vigente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert
i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Socialista va a presentar
una moción constructiva y esperamos que, incluso, asumible, porque, desde
luego, nos parece mucho más importante el buen funcionamiento o por lo
menos la normalidad en el funcionamiento de la Agencia Tributaria que
mantener una dialéctica Gobierno-oposición sobre el particular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera
Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con suma brevedad, puesto que todo lo relevante ya se ha
dicho, pero quiero manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular
sobre lo dicho y oído aquí, y voy a extractarlo de la forma más sencilla
posible.
Senador Gibert, usted tiene razón en una cosa, y se la reconocemos que
toda gran reforma tributaria, como la que este Gobierno está realizando,
necesita una Administración Tributaria capaz de gestionarla. A nivel
conceptual nosotros ya sabemos desde los años setenta y ochenta, desde la
reforma última del año 1991, que en efecto, si no hay una Administración
Tributaria capaz de gestionar los cambios fiscales, éstos se quedan en
nada. Y creo que su afirmación puede aplicarse con mayor propiedad a
algunas de las reformas que hemos vivido en el pasado, durante la
transición democrática española, bienintencionadas en muchos casos, pero
frustradas en bastantes de ellos. Y a puro título de ejemplo le recuerdo
cómo la reforma del Impuesto sobre la Renta --la reforma de 1991--, que
venía precondicionada por una sentencia adversa del Tribunal
Constitucional, tuvo que ser deshecha, prácticamente despedazada en
cuestión de meses, precisamente porque no se habían tomado en
consideración las circunstancias económicas, ni tampoco --al menos, así
lo entiendo-- las capacidades de administrar esa reforma.
Por tanto, tiene usted razón: toda reforma tributaria, toda gran
modernización del sistema tributario --y qué duda cabe de que el Estatuto
del contribuyente lo es, al igual que la rebaja del Impuesto sobre la
Renta--, necesita de una administración tributaria eficaz. En ese
sentido, agradecemos su preocupación por la cuestión, pero en modo alguno
compartimos los adjetivos y los conceptos que usted ha vertido en esta
interpelación, porque no se puede hablar de caos notable, de situación
insostenible, y mucho menos de que se está corriendo la voz. Esta última
afirmación la han hecho ustedes en general, porque
aquí sólo se ha corrido la voz de que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria está trabajando con los procedimientos
normativos previstos y con eficacia.
Usted ha intentado --y creo que esa ha sido la oportunidad que ha
pretendido darle a esta interpelación-- convertir un problema corporativo
en un problema político. Pero no lo ha conseguido, puesto que, aparte de
esta observación, no ha aportado información relevante alguna. Por el
contrario, repasando las palabras dichas por el señor Vicepresidente del
Gobierno y la actuación de la Administración Tributaria en los dos
últimos años, nos encontramos con que, efectivamente, ha habido un cambio
muy importante en las relaciones con los contribuyentes y con el nuevo
Consejo de Defensa del Contribuyente y que las devoluciones son un acto
de justicia. Así, la Hacienda Pública tiene que recaudar, pero tiene que
hacerlo justamente y no retener innecesariamente pagos excesivos, y
durante largo tiempo, de los contribuyentes.
Pero, además, en la lucha contra el fraude --al cual usted ha dedicado
los adjetivos más vibrantes del buen tono de su intervención-- creo que
no ha considerado de forma suficiente el cambio que ha operado este
Gobierno ya desde el 5 de julio de 1996, cuando por acuerdo del Consejo
de Ministros se aprobó el Plan bianual de mejora del cumplimiento fiscal
y de lucha contra el fraude tributario y aduanero. Como digo, desde
entonces se ha producido un cambio cualitativo en la forma de perseguir y
erradicar el fraude fiscal en nuestro país.
Son dos las líneas estratégicas en las cuales descansa la persecución o
lucha contra el fraude fiscal. En primer lugar, y es lo que usted ha
ignorado --lo ignoraron cuando estaban ustedes en el Gobierno y lo siguen
haciendo en la oposición--, hay que actuar previniendo. La prevención del
fraude fiscal incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias a través de un mejor servicio a los contribuyentes forma
parte esencial, no sólo de la relación tributaria, sino de la garantía de
recursos para la Hacienda Pública. Y la evolución de la recaudación de
los últimos años en algunos impuestos muy significativos, que ya se han
señalado --el Impuesto sobre el Valor Añadido o el Impuesto sobre
Sociedades--, así como del contrabando de tabaco demuestran que
precisamente esa línea preventiva, y a su vez penalizadora, como es
lógico, está consiguiendo aumentos de recaudación voluntarios por parte
de los contribuyentes.
La segunda línea, que tampoco se puede abandonar, es la corrección del
fraude una vez que éste se ha producido, es decir, la penalización de
actuaciones defraudadoras. Pero no lo olviden nunca: la prevención es una
parte esencial para el mantenimiento y eficaz funcionamiento del sistema
tributario.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted sabe que en esta
interpelación he sido magnánimo con el tiempo utilizado por el señor
Vicepresidente, pero ahora debería ser muy riguroso.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino en un minuto. Me gustaría señalar otra cuestión que usted ha
ignorado en su intervención. Y voy a hacerlo de la forma más concisa
posible. A grandes rasgos, hay dos formas de concebir las actuaciones de
inspección, actuaciones todas ellas necesarias, qué duda cabe. Así, se
puede engordar la cifra de movimientos o actuaciones de los órganos de
inspección, simplemente mediante la realización de múltiples actuaciones
parciales, insignificantes e irrelevantes en muchos casos, que
ciertamente arrojan un gran número de actuaciones de inspección, pero que
posteriormente tiene muy pocas consecuencias para garantizar el
cumplimiento voluntario y para garantizar la recaudación una vez que el
fraude se ha cometido. Por eso nosotros estamos convenidos de que la
línea adoptada por el Gobierno es la adecuada, y ha sido llevada a cabo
mediante la creación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude
Fiscal, mediante el Plan de Objetivos de la Agencia Estatal para el año
1999, mediante la concreción de objetivos, mediante la creación de medios
para la lucha contra el fraude institucionalizado y, en definitiva,
realizando una persecución del fraude fiscal en su conjunto y no meras
actuaciones parciales, meras intervenciones secundarias y residuales que,
eso sí, a lo mejor en ciertas memorias dan un enorme número de
intervenciones que no tienen tampoco excesiva relevancia. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Estamos convencidos, como lo está el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, de que el Presidente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, señor Costa, y el Vicepresidente Segundo
del Gobierno, señor Rodrigo Rato, están impulsando convenientemente las
labores de inspección, gestión y recaudación del sistema tributario, y
eso es precisamente lo que está posibilitando las reformas, la
modernización del sistema tributario que, no lo olviden, a partir del 1
de enero del año próximo va a permitir que, por primera vez en la
historia de la transición política española, los contribuyentes españoles
paguen menos impuestos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias.
Voy a ser muy breve, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios sus
intervenciones, a los portavoces del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Popular el
respaldo a la política del Gobierno y a lo que, sin duda alguna, es un
nuevo modelo más exigente con la Agencia Tributaria. Coincido con las
apreciaciones del portavoz de Convergència i Unió de que estamos en una
nueva relación con el contribuyente en la que se exige más a la
Administración
Pública y en la que, tanto ésta como los profesionales de la Agencia
Tributaria, están demostrando claramente que son capaces de cumplir ese
objetivo y ese reto que es el de, al final, modernizar la vida económica
española y aumentar los grados de satisfacción del ciudadano en su
relación con los servicios públicos. Como ha puesto también de relieve el
portavoz de Convergència i Unió, hay incluso iniciativas concretas sobre
la Agencia Tributaria en la Ley de acompañamiento, que serán objeto de
debate en el Senado, y que van en la línea de lo que ha expuesto el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y que él ha anunciado que
planteará en su moción, es decir, medidas positivas que nos permitan
controlar e incentivar al Gobierno para que cumpla los objetivos, que es
en lo que todos podemos coincidir. No puedo menos que considerar,
primero, que las críticas y los controles que realicen los grupos
parlamentarios, y más concretamente los de la oposición, son positivos y
sirven para que tenga lugar un debate constructivo. La intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos indica que, en la moción,
podremos avanzar en ese debate constructivo. Sepa la Cámara que el
Gobierno es el primer interesado en que ese debate sea así, y que piensa
--yo lo creo sinceramente-- que tiene datos para demostrar que hemos
hecho un cambio sustancial en la Agencia, el cual es indudable que no
podríamos haber llevado a cabo sin un respaldo político de los grupos
parlamentarios que nos lo han prestado, sin un modelo propio que nosotros
teníamos, pero sobre todo, o al menos en el mismo nivel, sin una
efectividad de los equipos profesionales que estaban en la Agencia, que
en ella funcionan y que la recorren toda.
Sobre las cuestiones corporativas que puedan plantearse, quiero decir, en
primer lugar, que ninguna de ellas es irrelevante, y es parte de la
obligación del Gobierno el gestionarlas combinando el diálogo con los
intereses sociales. En los últimos días se ha comprobado que hay ese
diálogo y que éste permite acercar posiciones sobre cuestiones,
razonables o no, pero sí muy lógicas y que en ningún caso afectan al
funcionamiento de la Agencia. Se está avanzando en un modelo interno de
relaciones fluidas, sinceras y equilibradas. En cualquier caso, la propia
Cámara va a tener ocasión de debatir algunas de ellas a través de la Ley
de acompañamiento.
No quiero terminar, señor Presidente, sin agradecer a todos los
intervinientes sus exposiciones y sin mostrarme dispuesto una vez más,
como no podía ser de otro modo, a debatir este asunto en todos los
niveles y con toda la profundidad necesaria en la Cámara, así como a
aumentar el grado de transparencia y de medición que tenga la actuación
del Gobierno en esta área.
Las comparecencias periódicas, la información que se reciba a través del
consejo del contribuyente y la información que va a dar lugar al debate
anual de los planes y de los objetivos de la Agencia, son un paso
sustancial para conseguir un mayor control parlamentario y una mayor
efectividad a la hora de explicar ante la opinión pública el
funcionamiento de la Agencia Tributaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
-- DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA QUE SUFREN LAS MUJERES. (630/000010)
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la siguiente interpelación pido
autorización a la Cámara para modificar el orden del día y poder así leer
una declaración institucional aprobada por todos los grupos
parlamentarios con motivo del Día Internacional contra la violencia que
sufren las mujeres.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Gracias. Paso a leer la declaración institucional.
El Senado, reunido el día 25 de noviembre de 1998, fecha en la que tienen
lugar, a nivel internacional, diversos actos de rechazo a la violencia
que sufren las mujeres, y que este año coincide con el cincuenta
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Se felicita por la Declaración adoptada el día de ayer por la Conferencia
Europea de Seguimiento de la Plataforma para la Acción de Pekín sobre la
violencia ejercida hacia las mujeres,
Reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr
los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y, además, impide o dificulta
el disfrute por parte de las mujeres de los derechos humanos y libertades
fundamentales inherentes a la dignidad de la persona,
Subraya que la violencia contra las mujeres constituye, singularmente, un
atentado contra la igualdad y contra su derecho a la vida, a la
seguridad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica, y supone,
por tanto, un obstáculo para su pleno desarrollo como personas que puede
revestir muy distintas formas y producir daños físicos, sexuales o
psicológicos en las víctimas,
Considera que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres,
que impide el pleno desarrollo de las mujeres en la vida social,
económica, laboral, cultural y política,
Manifiesta su voluntad de que se alcancen nuevas fórmulas de cooperación,
compromiso y relaciones entre las mujeres y los hombres que permitan la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que favorezcan la
erradicación de la violencia contra las mujeres en todos aquellos ámbitos
donde se produce y particularmente en el núcleo familiar y, en este
sentido, apoya las campañas que se realizan, internacionales y
nacionales, con tal finalidad, como la campaña conjunta en 1999
organizada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,
Se compromete a desarrollar y fortalecer los instrumentos legales y a
impulsar otras medidas que prevengan y combatan todas las formas de
violencia contra las mujeres, así como sus consecuencias.
Hasta aquí la declaración institucional. (Aplausos.)
Entiendo que queda aprobada por asentimiento.
INTERPELACIONES (Continuación)
-- DE DON VICENTE LILIANO FERRER ROSELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA REDUCCION DE LA JORNADA
LABORAL. (670/000112)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente interpelación: De don Vicente
Liliano Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política
del Gobierno en relación con la reducción de la jornada laboral.
Tiene la palabra el Senador Ferrer Roselló por tiempo de 15 minutos.
El señor FERRER ROSELLO: Gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, señorías, no creo que sea preciso
resaltar la extraordinaria importancia del debate generado sobre la
reducción de la jornada laboral. El debate es importante porque la
cuestión lo es en sí misma. Las repercusiones económicas y sociales de la
que ya conocemos como semana de 35 horas no están siendo, a nuestro
juicio, valoradas en su justa medida. La implantación de la semana de 35
horas constituirá un hito que, con toda seguridad, condicionará la
competitividad de nuestras empresas, el propio mercado de trabajo y, en
general, el desarrollo económico del país. Quede perfectamente claro que
cuando afirmamos su capacidad para condicionar el desarrollo económico
del país, en ningún caso estamos emitiendo un juicio de valor; en ningún
caso estamos prejuzgando el carácter positivo o negativo de esta medida,
porque mantenemos que los efectos de la reducción de la jornada laboral y
su carácter beneficioso o perjudicial, dependerá no tanto de la propia
implantación del sistema como del tiempo y del modo en que se produzca.
Señor Ministro, las cuestiones que nos preocupan son el cuándo y el cómo.
Porque respecto de la reducción de la jornada laboral no cabe plantearse
la ecuación en los términos de ser o no ser. Hoy, señor Ministro, y a
estas alturas del problema, sería ingenuo pensar que no puede llegar la
semana de 35 horas. Muchas son las razones que abonan nuestra seguridad
al realizar tal afirmación. Me voy a centrar en dos únicamente. La
primera, porque Francia es ya una realidad, pospuesta hasta el año 2001,
pero una realidad. Y su señoría puede aplicar la constante histórica de
que al igual que la Enciclopedia, nuestra Casa reinante o el Código de
Napoleón, la semana de 35 horas tomará carta de naturaleza en nuestro
país sin que su señoría deba fiar para muy largo este negocio. En segundo
lugar, porque la cuestión ha sufrido en su naturaleza un proceso de
mutación extraordinariamente significativo. El debate sobre la reducción
de la jornada laboral parece plantearse en origen como consecuencia de la
aplicación de fórmulas solidarias para la lucha contra el desempleo, cuyo
fundamento pudieran ser las teorías del reparto del trabajo.
Señor Ministro, este planteamiento ha cambiado radicalmente. Las
organizaciones sindicales han modificado sustancialmente el discurso.
Hoy, la lucha por las 35 horas se nos propone en clave de reivindicación
o de conquista social. Y este planteamiento dista mucho del texto y del
espíritu del punto sexto, capítulo primero, apartado a) del Acuerdo
Interconfederal para la estabilidad del empleo, lo único que se ha
pactado al respecto del problema que nos ocupa entre patronal y
sindicatos. En cualquier caso, es evidente que si la sociedad asume como
propia esta reivindicación, y si de algo podemos estar absolutamente
seguros, es de que vamos a subir esa colina. Por tanto, señor Ministro,
volvemos al cuándo y al cómo de la cuestión. Me va a permitir explicarle
cuándo y cómo no queremos que se plantee y cuándo y cómo nos tememos que
finalmente vaya a abordarse este tema.
Señorías, se ha abierto últimamente el debate sobre la fecha de
convocatoria de las próximas elecciones generales. A este respecto, hay
opiniones para todos los gustos y, como consecuencia --razonable por otra
parte--, estamos en la más absoluta ignorancia. Pero me parece que sería
insensato ignorar cuál lleva camino de convertirse en uno de los temas
estrella de la próxima campaña electoral; nos referimos, por supuesto, a
la reducción de la jornada laboral, a la promesa de la semana de 35
horas; una cuestión que, como afirmábamos al principio de esta
intervención, es estratégica para el desarrollo económico español y, sin
embargo, llevamos o el camino de ventilarlo en 15 días de campaña
electoral, sin más fundamento que las encuestas y sin otro apoyo que el
asesoramiento de estrategas electorales y directores de campaña. Después
de que las fuerzas políticas de este país nos hayamos mantenido
respetuosamente al margen de este debate, terciaremos en el peor momento
posible, es decir, en medio de la campaña electoral, de forma y manera
que, al igual que la Magdalena de la Venganza de Don Mendo, haremos con
toda seguridad mal tercio. Pero estamos además en disposición de
adelantarle al señor Ministro no sólo el momento del debate, sino también
el cariz que tomará el mismo. A este respecto, tampoco podemos darle
buenas noticias, porque el debate ni abordará todos los aspectos del
problema ni se centrará siquiera en los más relevantes. El debate se
desencadenará cuando alguna de las fuerzas políticas mayoritarias asuma
como propio el compromiso de imponer por ley la reducción de la jornada
laboral, de imponer por ley la semana laboral de 35 horas, tal y como
sucedió en Francia. A partir de este momento, toda la cuestión girará, en
el mejor de los casos, sobre la conveniencia o no de recurrir a la
adopción de medidas legales para dar entrada a la reducción de jornada y,
en el peor de los casos, todo se reducirá a una carrera por conocer quién
legisla más y mejor sobre el tema. Este panorama, a nuestro juicio
sombrío, no da la justa medida del cuándo y del cómo debe producirse el
proceso de toma de decisiones a este respecto.
Difícilmente el marco de una campaña electoral será el adecuado para
dilucidar una cuestión de la importancia y la trascendencia de ésta. Y no
esperará, señor Ministro, que en el plazo de legislatura que resta hasta
la convocatoria de los próximos comicios, los interlocutores sociales,
patronal y sindicatos, vayan a alcanzar un acuerdo
que zanje el debate. Son muchas las cuestiones a dilucidar, muchas las
incógnitas a despejar. En primer lugar, la ya planteada sobre la
conveniencia o no de legislar a este respecto. Parece que el Gobierno ha
optado por la solución de poner el tema en manos de los interlocutores
sociales, pero, ¿qué sucederá si las centrales sindicales y la patronal
no alcanzan un acuerdo? Acuerdo que, por otra parte, a la vista de los
informes de los que he podido disponer estos días y de las movilizaciones
a las que hemos asistido, parece cualquier cosa menos fácil y próximo.
En segundo lugar, ¿tiene sentido tratar esta cuestión en el ámbito
estatal, o es ésta una cuestión que debería trasladarse al marco de la
propia Unión Europea? Porque parece evidente que la adopción de distintas
soluciones por cada país miembro puede afectar a la competitividad de las
empresas y al equilibrio del mercado. En cualquier caso, es evidente
también que falta un criterio uniforme en el seno de la Unión, y que esto
no puede dejar de traer consecuencias.
Por otra parte, la globalización de la economía plantea, a nuestro
juicio, cuestiones de difícil solución, por ejemplo, la dura competencia
a la que nos vemos sometidos por los productos manufacturados de Extremo
Oriente. ¿Cómo vamos a proteger la competitividad de nuestras empresas
frente a países que, si bien han alcanzado un alto grado de
industrialización y de penetración en nuestros mercados, no disponen de
una legislación social tan avanzada o sencillamente carecen de toda
legislación social? No pretendemos decir que estas situaciones deban
detener los avances sociales en los países más industrializados, pero ¿es
ésto el momento de afectar la capacidad de competir de nuestras empresas?
¿Va a producir, a medio y largo plazo, un efecto favorable o desfavorable
sobre el empleo en nuestros países? ¿Qué medidas concretas podríamos
adoptar para proteger o mejorar la capacidad de competir de nuestras
industrias, para que ello fuera compatible con el aumento de costos que,
en mayor o menor medida, supondrá una reducción de la jornada laboral?
En tercer lugar, ¿conocemos el coste para el país de la adopción de la
semana laboral de 35 horas? ¿Quién va a pagarlo? Porque, ¿estamos
hablando de reducción de jornada y reducción de salario como una medida
de apoyo a la generación de empleo o al reparto del mismo, o hablamos de
reducción de jornada sin reducción de salario? Y, en tal caso, ¿piensa
compensarse a las empresas por el aumento de los costes de producción con
alguna medida por parte del Estado? Y, de ser así, se me plantean dos
nuevas dudas: ¿cómo piensa el Gobierno hacer frente a la disminución de
sus ingresos y, por otra parte, cómo piensa el Estado dejar esta cuestión
en manos de los interlocutores sociales y mantener su actual posición de
neutralidad, cuando afecta directamente a sus ingresos? ¿Es posible
condicionar la reducción de la jornada laboral al aumento de la
productividad, ya que éste parece el único procedimiento, a priori,
razonable para compensar el aumento de costes? Y, en tal caso, ¿es ello
compatible con el deseo de que la medida aumente de manera significativa
la oferta de empleo? En este sentido, ¿se tienen previstos mecanismos
para conseguir que una reducción de la jornada laboral propicie la
creación de nuevos empleos y no derive en un sencillo aumento del número
de horas extraordinarias realizadas, o propicie la reaparición --en el
caso de nuestro país-- de fenómenos como el pluriempleo?
Otra cuestión distinta. ¿Cuál sería el ámbito adecuado de negociación y
aplicación, en su caso, del proceso de reducción de jornada? ¿Debe
tratarse de un acuerdo general para todos los sectores? ¿Debemos afrontar
el tema sector por sector, o la diversidad y la complejidad de la
actividad empresarial hace aconsejable que éste se aborde empresa por
empresa? Una pregunta más, señor Ministro. ¿El cómputo de la reducción
debe hacerse partiendo de la jornada legal, de la jornada media, de la
jornada efectiva? Y, ¿es sensato abordar la reducción de jornada laboral
basándose en la semana de 35 horas o deberíamos hablar de períodos
anuales, a la hora de cuantificar la reducción y sumar a este concepto el
de flexibilidad en los horarios? Por último, ¿qué efectos sociales y
económicos tendrá el hecho de un aumento significativo de las horas de
ocio?
Evidentemente, no pretendo, señor Ministro, que me conteste a todas estas
cuestiones, pero sí deseamos llamar su atención sobre cuatro aspectos
que, a nuestro juicio, son fundamentales.
En primer lugar, la extraordinaria importancia que para el desarrollo
económico y social del país tiene el debate sobre la reducción de la
jornada laboral. En segundo lugar, sobre la enorme complejidad del tema.
En tercer lugar, sobre el riesgo de politización inminente del mismo o,
si lo prefiere, sobre el riesgo de que intereses políticos --legítimos,
indudablemente-- resulten incompatibles, sin embargo, con el adecuado
tratamiento de la cuestión. Y por último --y con ello finalizo--, si los
poderes públicos pueden estar, como están en este momento, apartados de
este debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer Roselló.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, en primer lugar quiero agradecer
al Senador Ferrer la interpelación que formula en el día de hoy al
Gobierno, en cuyo nombre intervengo en este debate, porque,
independientemente de los contenidos, de las coincidencias, de las
discrepancias, siendo el empleo la primera preocupación que tienen las
españolas y españoles, me parece muy certero que las Cámaras
permanentemente abran debates que tengan que ver directa o indirectamente
con la creación de empleo, porque además estoy absolutamente convencido
de que de cualquier debate sobre empleo siempre saldrán ideas positivas
para que el Gobierno, las Cámaras, las mayorías y las minorías
parlamentarias las puedan tener en cuenta en beneficio del conjunto de la
sociedad.
En segundo lugar, quiero reconocer que su intervención me ha parecido muy
coherente desde el principio hasta el final. Lo digo porque al comienzo
ha dicho que no quería prejuzgar sobre lo positivo o lo negativo de la
incidencia de la jornada de 35 horas --entiendo que jornada legal-- en el
mercado de trabajo, y me parece que el contenido de su intervención, más
que pronunciarse a favor o en contra de esa medida, lo que hace es
referirse a los cuatro puntos finales con que su señoría ha cerrado su
turno.
Su señoría cree que este es un debate importante y yo quiero coincidir en
que lo es; su señoría cree que este debate es complejo y quiero coincidir
con su señoría en que, desde luego, lo es; su señoría dice que hay un
riesgo de politización y creo que ese riesgo existe --no necesariamente
tiene que ser malo, aunque en este caso sí me parece que es negativo--, y
su señoría dice, y en eso no coincido, que el Gobierno está apartado del
debate. El Gobierno, en todo lo que significa la organización del tiempo
de trabajo, está muy activo en el debate, tanto en el ámbito de España
como en el ámbito de la Unión Europea donde, por cierto, está
compartiendo criterios con la inmensa mayoría de los países,
independientemente del componente ideológico que tengan sus gobiernos,
porque, como muy bien ha dicho su señoría, solamente en dos países de la
Unión Europea se ha adelantado una posible solución de jornada legal de
35 horas. En el caso de Francia, habiendo situado la frontera su señoría
en el 2001, parte de la medida se aplicará a principios del año 2000, y
en el caso de Italia también, tras un debate profundo en el parlamento
italiano, se anticipa la jornada laboral de 35 horas para el año 2001.
En consecuencia, prefiero seguir en mi contestación básicamente la
intervención de su señoría más que los folios que traía preparados para
contestarle. En primer lugar, que la decisión de jornada legal
generalizada de 35 horas sea un elemento de creación de empleo es más que
discutible. No hay ninguna demostración de que sea una verdad, que sea
certero, es más que discutible. Incluso en los países donde se ha puesto
en marcha permanece todavía una gran discusión política y social en torno
a esa medida.
Ha hecho usted una serie de preguntas que no puede contestar el Gobierno,
sino quien propone la reducción de jornada a 35 horas por ley, y la
pregunta clave es la que hacía su señoría: ¿Cuando hablamos de reducción
de jornada estamos hablando también de reducción de salarios? Esa
pregunta tiene que contestarla quien proponga eso. Yo sí le digo, en
nombre del Gobierno, que no me cabe ninguna duda, que una reducción de
jornada que no afecte a salarios supone atentar contra muchas empresas
españolas en su productividad y en lo que significa la competitividad
externa de esa empresa. En consecuencia, esa es una respuesta que tienen
que darla los que proponen la medida.
En segundo lugar, dice usted que ésa es una medida que nos va a llegar.
Permítame que le diga que nos está llegando, no esa medida, sino el que a
través de la negociación colectiva se produzca una reducción de la
jornada. De hecho, desde hace varios años, en España estamos por debajo
de la jornada legal en cuanto a las jornadas pactadas en convenios.
Usted pregunta al Gobierno si opina que en el transcurso de los próximos
años se va a ir reduciendo la jornada en España; el Gobierno opina que
sí. Pero la clave, en este caso, no es el cuándo; la clave es el cómo.
¿Qué queremos? ¿Que todas las empresas en España tengan 35 horas de
jornada legal, que no afecte a los salarios y que eso no tenga
consecuencia para nuestra competitividad internacional, para la evolución
de nuestras exportaciones, para el incremento de las importaciones y para
la evolución de la inflación por el incremento del factor trabajo? Es
imposible que eso se produzca. Lo que sí tiene sentido es que, si las
empresas van a adaptarse y a organizar su tiempo de trabajo con menos
duración de jornada, sean las propias empresas y los propios trabajadores
los que vayan marcando ese camino de adaptación. Decía usted antes: Una
empresa va a mejorar su productividad reduciendo jornada. Y yo le digo:
No hace falta ninguna norma pública. Se pondrá de acuerdo el empresario,
que gana productividad, y se pondrán de acuerdo los trabajadores, que
ganan reducción de jornada. En consecuencia, el Gobierno defiende, como
método para abordar la organización de tiempo de trabajo, el acuerdo
entre sindicatos y empresarios, y estamos dispuestos a impulsarlo y a
fomentarlo.
Hay dos elementos cruciales. En el primero, tengo que hacer una llamada
de atención a sus señorías. Ha dicho usted en su intervención que quizá
este tema sea de Unión Europea. Señoría, ya lo ha sido: Cumbre de
Luxemburgo, Acuerdos de Cardiff, Planes de empleo de 1998, Orientaciones
de empleo de 1999. En todas las posiciones europeas se dice: váyase a la
organización de tiempo de trabajo con pacto entre sindicatos y
empresarios; contémplese el cómputo anual; mézclense flexibilidad y
estabilidad. Esos son parámetros acordados en la Unión Europea. En este
momento, quien quiera estar en línea europea tiene que defender la
organización de tiempo de trabajo a través del acuerdo entre sindicatos y
empresarios. Esa es la posición, muy mayoritaria, que se da en la Unión
Europea.
Además, en el caso de España, usted lo ha citado en su intervención, se
produce en mayo de 1997 un acuerdo importantísimo de fomento de empleo
estable entre sindicatos y empresarios, y en el texto del acuerdo se nos
dice que la organización de tiempo de trabajo quieren llevarla a cabo los
sindicatos y los empresarios. Usted me puede decir: sí, pero ha pasado
más de un año desde ese acuerdo y no ha tenido todavía ninguna
consecuencia. Yo le digo que al Gobierno le interesa mucho, como a
cualquiera, que esa organización de tiempo de trabajo pactada se dé
cuanto antes. Esa reforma ha sido muy exitosa, está a punto de dar un
millón de contratos indefinidos para los sectores más desfavorecidos de
nuestra sociedad y a nosotros nos gustaría como Gobierno, y sería bueno
para nuestro mercado de trabajo, que existieran unos criterios de
organización de tiempo de trabajo compartidos por sindicatos y por
empresarios.
Dice su señoría que probablemente las 35 horas se conviertan en un
eslogan en la campaña electoral. A mí me parece un error. ¿Por qué me
parece un error? Porque las 35 horas hay que contemplarlas siempre en
función del empleo, no en función de las elecciones. En materia de
creación de empleo, por la importancia que tiene para nuestros países, no
podemos hablar de eslóganes políticos; tenemos que hablar de fórmulas que
signifiquen creación de empleo. En mi opinión, el asunto estrella de las
elecciones --a lo mejor me equivoco-- no va a ser el de las 35 horas, va
a ser el empleo. Desde luego, en este momento, cuando se están creando en
España más de 450.000 empleos, el Gobierno está convencido de que las
políticas económica y de mercado de trabajo que está llevando a cabo son
acertadas y no encontramos ningún motivo para variarlas. No lo digo en
absoluto desde la arrogancia y la prepotencia, que deben abandonarse
siempre, especialmente cuando se está en el Gobierno; lo digo desde la
eficacia en los resultados de las políticas que el Gobierno ha puesto en
marcha. ¿Sigue siendo básico para nuestra sociedad que tengamos un
excelente comportamiento en los precios? Por supuesto que sí. ¿Sigue
siendo un asunto fundamental que sigamos con la reducción del déficit
público? Por supuesto que sí. ¿Qué efectos está teniendo en la inversión
en España en la creación de empleo la paulatina reducción de tipos de
interés, que no podíamos imaginar hace tres años que estuvieran en los
niveles que están --efectos excepcionales para la confianza de la
inversión y la creación de empleo--? En materia de política neta de
empleo el gran esfuerzo es cómo convertimos crecimiento económico en
creación de empleo, y en este momento el crecimiento económico --que en
ocasiones se dice que está yendo a beneficios-- está yendo a la creación
de más de 450.000 empleos al año en España. Luego creemos que no va a ser
el eslogan político de la campaña.
Me parece que ha hecho usted referencia a los partidos mayoritarios.
Desde luego, por las discusiones que he tenido con miembros del partido
mayoritario, que respalda al Gobierno, le descarto que vaya a ser su
eslogan en la campaña. Y por lo que he oído al segundo partido, primero
en la oposición, tampoco para él será un elemento fundamental, porque
siempre ha puesto de manifiesto, con matices, con críticas --que son no
sólo normales, sino deseables incluso, porque un Gobierno que tiene
críticas es un Gobierno que tiene siempre un acicate para mejorar--, que
había una posición en torno a las decisiones de la Cumbre de Luxemburgo y
a las decisiones de la Cumbre de Cardiff. Es cierto que otras formaciones
políticas, con mucha presencia parlamentaria y mucho respaldo popular, sí
lo han convertido en un tema esencial de sus reivindicaciones, como puede
ser el caso de Izquierda Unida, que lo ha planteado en esos términos de
ley de 35 horas.
Señoría, si el Gobierno estuviera convencido de que esa fórmula conduce a
la creación de empleo dudaría muy poco en plantearla como propuesta; pero
estamos convencidos, incluso, de que una fórmula de reducción
generalizada de la jornada laboral que no contemple la evolución de
salarios puede ser un elemento que no contribuya a la creación de empleo.
Estamos en plena línea comunitaria de Unión Europea en estas posiciones y
le agradezco de todas formas su interpelación, porque, independientemente
de que haya coincidencias o discrepancias, siempre habrá en este debate
elementos positivos que sirvan para intentar paliar lo que sigue siendo
la primera preocupación de las españolas y de los españoles: el empleo.
Tal como le he dicho, se está creando mucho empleo, pero también quiero
decirle que quedan muchísimas cosas por hacer en materia de empleo y que
ojalá que mantuviéramos el ritmo actual, pues si lo hiciéramos así en un
plazo de cinco años podríamos llegar a decir que España es también un
país europeo en materia de empleo.
Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.
Senador Ferrer, tiene la palabra por cinco minutos.
El señor FERRER ROSELLO: Muy brevemente, señor Ministro, quiero
agradecerle el tono de su intervención y manifestarle algunas cuestiones.
Yo comparto el deseo del señor Ministro de que la cuestión de las 35
horas no se transforme en la estrella de las próximas elecciones. Lo
comparto y de hecho es prácticamente el origen de mi intervención, pero
yo no apostaría por ello, señor Ministro, y le voy a decir por qué. A
nosotros nos preocupa extraordinariamente el ejemplo francés, todos
conocemos lo que sucedió en nuestro vecino del norte. El señor Jospin,
que antes de ser Primer Ministro fue candidato, se comprometió a la
semana laboral de 35 horas; el señor Jospin se convirtió en Primer
Ministro francés. No pretendo decir que sea una ecuación tal cual, pero
sí que la tentación es muy fuerte, señor Ministro, la tentación es muy
fuerte.
Evidentemente, en este tema, en el que se han anticipado italianos y
franceses, no podemos ser originales, a eso ya no llegamos, pero sí
podemos ser rigurosos y serios, y no pretendo decir con ello que no lo
sea el Ministerio. Es decir, tenemos una magnífica oportunidad, si
empezamos ahora --que sí puedo asegurar, estoy absolutamente convencido,
que va a llegar, y va a llegar, sobre todo, señor Ministro, porque,
repito, es importantísimo el cambio de tono en el discurso: ya no se
trata de una fórmula de batalla para combatir el desempleo, hoy está
oyéndose hablar de este tema como una conquista social, y eso es
imparable, antes o después acabará llegando--, de hacerlo bien, de
tenerlo previsto y preparado, porque el tema tiene una importancia
absolutamente extraordinaria.
Yo creo que los poderes públicos podrían intervenir más en este asunto, y
muy especialmente las Cámaras. Y cuando digo que intervengan las Cámaras
no entiendo que deban hacerlo legislando, porque ésta sería precisamente
una de las primeras cuestiones que deberíamos debatir, pero sí trabajando
al respecto.
Por todo ello, y con esto finalizo mi intervención, anuncio mi intención
de proponer que sea en esta Cámara donde se habilite una Comisión que
estudie todo el proceso de la implantación de la reducción de jornada
laboral.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer Roselló.
Abrimos el turno de portavoces.
El Senador Nieto tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al señor Ferrer por su interpelación,
porque se trata de un tema de primerísima importancia que debe tener
continuidad de una u otra forma en las Cámaras, ya sea a través de
mociones o con la creación de una comisión que estudie la repercusión que
tendrá en todos los órdenes la reducción de la jornada laboral. Comparto
el planteamiento que ha hecho el señor Ferrer sobre la necesidad de
abordar esta materia que afortunadamente es imparable.
Estoy de acuerdo con el señor Ministro en que la reducción de la jornada
a 35 horas debe ir acompañada de otras medidas complementarias como la
limitación de las horas extraordinarias o algunas de las que figuran en
los últimos acuerdos firmados por las centrales sindicales, que
desgraciadamente no ha aceptado la CEOE pero que sí tienen el respaldo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como puede ser la
regulación de los contratos a tiempo parcial, puesto que todas ellas son
necesarias y hay que verlas como elementos de una misma estrategia para
solucionar el principal problema --y todos coincidimos en esto-- que
tiene nuestro país: la creación de empleo.
Para actuar en ese marco --como se ha dicho muchas veces-- no es
imprescindible ser originales sino rigurosos, porque a veces somos muy
dados a descubrir mediterráneos que ya están descubiertos. Hace un siglo
la reducción de la jornada a 8 horas originó distorsiones en el mundo
laboral de entonces, obligó incluso al cierre de varias empresas. Por
ejemplo, cuando se introdujo la máquina de vapor en la industria textil
se produjeron muchas distorsiones en el proceso productivo.
Pero la competencia entre las empresas obliga a fomentar su desarrollo
tecnológico y a que no sea el coste de la mano de obra el único factor
por el que se mida la competitividad. Hay otros factores a valorar,
máxime cuando estamos en la etapa de la cibernética, de la informática y
de la robótica. Por tanto, la rentabilidad del puesto de trabajo no puede
medirse como se hacía hace veinte o treinta años, porque en términos
netos la producción de un trabajador de cualquier sector de la industria
ha variado mucho; por ejemplo, hoy en día para hacer un túnel se emplean
topos pero antes había que hacerlo con pico y pala, a pesar de que hay
ciertos sectores como la hostelería en los que el cambio no es tan
patente, aunque también ha avanzado mucho y se han adoptado nuevas
técnicas que ahorran mano de obra como los autoservicios. La rentabilidad
es un factor importante y, por tanto, todo lo que sea elevar su valor
supone obligar a las empresas a salir del marasmo en el que se encuentran
en razón de basar todo su coste productivo única y exclusivamente en el
valor de la mano de obra. Hay otros factores importantes que hay que
tener en cuenta.
Por lo tanto, la reducción de la jornada obliga también al desarrollo
tecnológico, obliga a la renovación industrial. En principio, la fórmula
de intentar hacerlo a través de acuerdos entre las partes, es positiva,
pero al final del proceso, señor Ministro, habrá que legislar. Esa es la
percepción que tiene este Senador. ¿Por qué habrá que legislar? Porque
--usted lo ha señalado-- actualmente ya hay empresas puntas en las que la
reducción de la jornada laboral está prácticamente en las 35 horas, otras
empresas están en las 36 horas o en las 35 horas y media, y si no se
regulariza la situación, incluso se puede crear una distorsión dentro del
propio sector.
Como aportación a este debate, debo señalar dos cuestiones que no están
suficientemente debatidas, ni en el ámbito político ni incluso en el
sindical, que son que la negociación colectiva tiene que ser sectorial,
no empresa por empresa, y que la jornada laboral tiene que establecerse
en cómputo anual, porque el semanal ya se queda corto en una reducción de
jornada, para una planificación de la empresa, para la creación de
puestos de trabajo, etcétera.
Este es un debate que, política y sindicalmente, nos interesa hacer a
todos. Por ello, agradezco al señor Ferrer esta interpelación que, si da
origen a una moción, permitirá a esta Cámara seguir debatiendo este tema,
que es muy importante.
A mí no me preocupan las campañas electorales ni quien lo realice...
El señor PRESIDENTE: Senador Nieto, vaya terminando.
El señor NIETO CICUENDEZ: ... la cuestión es abordar las dificultades del
país para solucionar el serio problema del paro y situarnos en el marco
adecuado para solucionar de la mejor manera posible los problemas de
nuestro país.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, la interpelación que nos ocupa hoy de reducir
la jornada laboral a 35 horas es básicamente para crear empleo, pero esto
aún no está demostrado.
No obstante, deseo felicitar al señor Ferrer por traer esta interpelación
hoy aquí porque este debate es interesante, es algo de lo que estamos
hablando desde hace tiempo y deberemos continuar hablando mucho más y, si
se planteara en campaña electoral, lo mejor sería que la batalla no fuera
la de las 35 horas.
Es verdad que la mayoría de los países europeos tienen dificultades para
crear empleo. Esto está sucediendo aquí y en otros países y está
dificultando dar respuesta a la demanda de la población activa, que se
está generando continuamente.
La tendencia más utilizada en los últimos años en la Unión Europea ha
sido la reducción progresiva de las horas de trabajo efectivo --esto lo
hemos dicho aquí, el señor Ministro lo ha manifestado, así como el señor
Nieto-- disminuyendo el número de horas semanales o ampliando el período
de descanso o de vacaciones. Esta reducción se ha realizado sin disminuir
las retribuciones pactadas y, al mismo tiempo, se ha posibilitado la
incorporación de nuevos colectivos a un puesto de trabajo nuevo. Otras
medidas utilizadas en estos últimos años han sido la reducción de la edad
de jubilación o la ampliación de la edad de la formación, escolaridad,
etcétera. Así pues, con la reducción efectiva del tiempo de actividad de
los trabajadores, la redistribución del trabajo se ha hecho de una forma
más o menos automática, y esto ha sucedido en estos últimos años.
¿Estos mecanismos son válidos? Sí, pero posiblemente en momentos de
fuerte competitividad como los actuales y de mercados también
globalizados, los esfuerzos hechos hasta el momento están llegando a su
límite, ya que una nueva reducción de las horas realmente trabajadas
manteniendo la misma retribución, comportaría evidentemente una pérdida
de competitividad. No obstante, nuestro Grupo, como ha manifestado en
otros debates, opta por que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo
para la reducción de la jornada laboral a través de los convenios
colectivos y que, en función de determinadas necesidades, se haga por
sectores, por empresas, y también que se pongan de acuerdo, como decía el
Senador Ferrer, en el cómo y en el cuándo, pero siempre dentro de la
negociación colectiva.
Todos estamos de acuerdo en que es necesario buscar nuevos mecanismos que
hagan posible el objetivo de
crear puestos de trabajo y, sobre todo, posibilitar la integración
laboral de aquellos colectivos que lo deseen. Estoy hablando de crear más
empleo y ello de alguna forma está ligado a las 35 horas semanales o la
reducción de la jornada laboral, pero hay que buscar mecanismos. Una
buena fórmula para conseguirlo es la implantación del trabajo a tiempo
parcial, como han dicho el señor Ministro y el Senador Ferrer. Esta
solución nace del planteamiento del reparto del trabajo de la forma menos
radical y menos costosa para las empresas y para el sistema de
protección, ya que supone que un mismo puesto de trabajo se lo puedan
repartir dos o más personas. Evidentemente no estamos hablando del mismo
nivel de rentas que los que trabajan a tiempo completo, pero por lo menos
hay integración en el mercado laboral de muchas más personas y, sobre
todo, una mejor distribución del trabajo existente.
La fórmula, aún poco utilizada en nuestro país y muy lejana de la media
europea, cuenta hoy con más de 23 millones de personas en el ámbito
territorial de la Unión Europea, con una clara tendencia a aumentar
progresivamente. Podemos avanzar a través del contrato de trabajo
indefinido a tiempo parcial, que en estos días se ha acordado. Debo
felicitar por ello al Gobierno y a los sindicatos, y sería conveniente
que los empresarios lo aceptaran, quizá con algunas matizaciones que hoy
no han llegado a acordarse, y lo pudieran firmar.
Para terminar, quiero decir que sí deseamos mantener la cohesión social y
ampliar la oferta de puestos de trabajo, cualquier nueva tendencia puede
ser positiva y adecuada. El reparto de trabajo nos agrade o no, es una
buena fórmula para disminuir el paro estructural de nuestra sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
En este debate tan importante intentaré en cinco minutos transmitir dos o
tres ideas claras. La primera es saludar la iniciativa del Senador Ferrer
porque nos ayuda a que se plantee en esta Cámara un debate. Y anuncio que
si se plantea su continuidad vía comisión específica para el análisis de
todo lo relacionado con la reducción del tiempo de trabajo, nosotros
apoyaremos su constitución.
Dicho esto, quiero resaltar que la reducción del tiempo de trabajo tiene
dos caras. Es una iniciativa o una política con doble faz.
Por una parte, es una mejora de los derechos de los trabajadores. Mejora
la condición de vida y es un objetivo positivo en sí mismo, puesto que
hace que cada ser humano que tenga que trabajar tenga más tiempo para
dedicarse a realizarse en otras actividades. Es una histórica lucha de
los trabajadores, que en España, dicho sea de paso, ha tenido dos
momentos señeros en su avance: uno con la Ley de 1931, promovida por el
Gobierno de la República, y otro con la Ley de 1983; la primera, Ley de
48 horas; la segunda, Ley de las 40 horas.
Pero no sólo es eso. También sirve para redistribuir el trabajo en la
sociedad. Hay estudios --y seguro que el señor Ministro los conoce-- que
demuestran que si no se hubiera producido la reducción del tiempo de
trabajo que se produjo con la Ley de 1983, es decir, si no estuviéramos
en la norma legal de las 40 horas semanales, con el brutal incremento de
actividad que se ha producido en España durante los últimos años,
seguramente habría ahora dos millones más de parados, es decir, la
reducción de jornada puede ser también un instrumento para hacer que se
reparta el trabajo existente. Y para ello, para hacer que se reparta, es
necesario impulsarlo unitariamente para
toda sociedad. Esto no quiere decir --que nadie me entienda mal-- que la
panecea universal tenga que ser una ley que regule las 35 horas
semanales. En política, algunos hemos aprendido ya que, por lo menos, en
los momentos actuales, las cosas que hay que experimentar hay que
desarrollarlas de tal manera que si no funcionan no hagan mucho daño. Por
tanto, habrá que ser posibilitas en esta materia, y considero que en los
discursos que se están produciendo hoy en este debate todos estamos
siendo posibilitas.
Pero dicho eso, habría que añadir otra cuestión. Parece que no hace daño,
no tiene por qué hacer daño a la competitividad de las empresas, una
reducción de tiempo de trabajo para crear más empleo si esa reducción
destinada a tal fin va acompañada de un incremento de la productividad.
Lo ha dicho el Ministro. De hecho, ha dicho que los incrementos de la
productividad --no estoy de acuerdo, pero cabe la posibilidad de poder
valorarlo así-- no han ido a beneficio de las empresas, sino a creación
de puestos de trabajo. Esto lo ha dicho el Ministro. Yo no estoy de
acuerdo, porque creo que se están incrementando muchísimo los beneficios
de las empresas, pero aunque así fuera, aunque fuera verdad lo que ha
dicho el señor Ministro, esa sería una verdad en términos
macroeconómicos, en términos de distribución general del trabajo y el
ocio en una sociedad en su conjunto.
El problema en la sociedad en la que estamos entrando es que hace falta
crear empleo a nivel microeconómico. De ahí la importancia de las
iniciativas locales de empleo y la importancia de tener en cuenta la
situación concreta de tantas y tantas empresas determinadas, cuya
situación se puede valorar debidamente desde un impulso de los poderes
públicos. ¿Cómo? Incentivando determinadas iniciativas en las empresas,
subvencionando o bonificando determinadas reducciones de tiempo de
trabajo siempre que éstas lleven aparejada la creación de nuevos puestos
de trabajo. Es decir, desde nuestro punto de vista y dicho en el tono en
el que estoy interviniendo, no pensamos que la gestión del empleo en
España hoy se pueda confiar solamente a las políticas que está
desarrollando el Gobierno del que forma parte el señor Arenas. Pensamos
que no solo se puede confiar en el mercado; el mercado está evolucionando
positivamente --es cierto--, pero que también hay otras caras del empleo
y otras caras del desempleo con este funcionamiento del mercado. Y son
esas otras caras del empleo y el desempleo las que se pueden corregir,
porque --con esto acabo, señor Presidente-- nos parece que en una
positiva situación global como la que vivimos, lamentablemente --por lo
menos, esa es nuestra impresión--, el Gobierno se está limitando a
gestionar la coyuntura temporalmente positiva, pero no está empeñado en
proyectar para el futuro ni en impulsar el medio y el largo plazo. Y a
nosotros nos parece que es el momento de proyectar, de pilotar el futuro
y que para ello hoy hacen falta medidas. Nosotros propondremos algunas,
dirigidas si no salieran bien, a que no produjeran mucho daño, y vamos a
hacer propuestas en este sentido en los presupuestos.
Esperamos que sepan entender que nuestro objetivo es hacer lo posible
para que también a nivel micro --no sólo a escala de grandes cifras-- se
puedan ir generando mejores condiciones para el empleo, gracias a la
reducción del tiempo de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Sanz Pérez tiene la
palabra.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez de la Borbolla, supongo que luego le contestarán, pero
desde el Grupo Parlamentario Popular sí le puedo decir que el Gobierno
está pilotando el futuro --otra cosa es que usted no comparta las
formas--, y estoy convencido de que la situación actual no es coyuntural.
Por lo tanto, señoras y señores Senadores, señor Ministro, me congratulo
también de la presentación de esta interpelación por parte del señor
Ferrer Roselló. Otra cosa es que no comparta alguno de sus argumentos,
pero eso hasta cierto punto es bueno y lógico. Me felicito por lo que han
opinado el resto de los grupos políticos que han intervenido en este
importante tema porque a todo aquel debate que se abra en la dirección de
intentar solucionar uno de los problemas más importantes en nuestro país,
como es el desempleo, hay que darle la bienvenida. Además, contrastando
opiniones estoy convencido de que se sacarán frutos muy importantes.
Se han venido tomando en los últimos años medidas muy ambiciosas
encaminadas a reducir el desempleo en nuestro país en todos los sectores,
dirigidas a todas las edades, incidiendo fundamentalmente en la población
juvenil, en la población femenina y en los parados de larga duración.
Los datos lo contrastan. Quiero recordar que la tasa de actividad en
nuestro país ha pasado del 49,9 por ciento en 1996 al 50,3 por ciento en
el año 1998; la tasa de ocupación en nuestro país en 1996 estaba en el
38,9 por ciento y está en el 40,9 por ciento, y la tasa de paro estaba
cerca del 22 por ciento y estamos en el 18,5 por ciento. Estos son datos
que traslucen que los resultados son satisfactorios.
Somos conscientes, señorías, de que en nuestro país es posible crear
empleo; es posible acercar cada vez más los niveles de crecimiento
económico y los de creación de empleo, a los cuales algunos portavoces
han hecho referencia antes. Igualmente somos conscientes de que nuestro
país, a pesar del evidente y progresivo avance al que estamos asistiendo
en los últimos años, sigue teniendo un grave problema de desempleo,
problema que, aun con los especiales tintes negativos que afectan a
nuestra sociedad, es compartido en mayor o menor medida por nuestros
socios comunitarios.
Estaremos de acuerdo en que el debate relacionado con la gestión del
tiempo de trabajo, la duración y la redistribución
de la jornada es necesario vincularla a temas que también se han
planteado aquí, y que quiero recalcar, como es el empleo y la
productividad, en lo que estamos todos de acuerdo que deben ir ligados.
A la hora de hablar de reparto de tiempo de trabajo tenemos que comprobar
qué efectos económicos tiene sobre la inflación en su conjunto, dado que
estaremos, supongo, de acuerdo en que el comportamiento de la inflación
es esencial para creación de empleo, y así se puede mantener, como se
viene manteniendo en los últimos años, pese a algunos agoreros, el poder
adquisitivo tanto de los parados como de los pensionistas y de la
sociedad en general.
Por ello, señorías, se está en el camino correcto de generación de
empleo, aplicando como se está haciendo políticas integrales, coordinadas
y con rigor --subrayo con rigor--, con la participación de la sociedad
española y de los representantes sociales, como empresarios y sindicatos.
Saben sus señorías --ya se ha hablado aquí-- que este es un debate
abierto en Europa. En la Unión Europea hay dos países, como Dinamarca y
Reino Unido, que no tienen duración legal de jornada de trabajo, y otros,
como Francia e Italia, han dado ese paso importante, pero no se sabe ni
los resultados que va a tener ni los frutos. Hay que decir que los
experimentos, como vulgarmente se dice, en este campo no serán nada
positivos.
Quiero recordar que en la pasada Cumbre de Luxemburgo, a la que se
refería el señor Ministro, o en la Cumbre de Cardiff hay un acuerdo --los
avances del estudio del plan de empleo del Reino de España para 1999 van
en esa línea-- que dice expresamente que se abordará el problema de la
reducción de jornada en el marco de la negociación colectiva entre
empresarios y sindicatos. Yo creo, señorías, que la paz social que goza
nuestro país, resultado del diálogo social, está dando en la sociedad
española muy buenos frutos.
Estamos hablando de reparto y reorganización de tiempo de trabajo, y yo
me pregunto: ¿Qué razones existen para que sea mediante acuerdo entre
empresarios y sindicatos la forma de abordar el reparto de tiempo de
trabajo? Estoy esperando alguna contestación a esta pregunta o algún
razonamiento coherente.
Esta semana, en la Comisión especial sobre el Desarrollo Económico y
Social del Estado español comparecieron los representantes de
organizaciones sindicales y se alegaba que existen intereses enfrentados
y que, por tanto no se puede abordar este tema mediante negociación o
diálogo social. Tenemos experiencia en nuestro país en los temas de
prevención de riesgos laborales, de pensiones, de formación profesional,
de reforma laboral de 1997, afortunadamente con los contratos a tiempo
parcial, en los que también hay intereses confrontados y se ha llegado a
una solución.
Además quiero indicar que en el marco de las relaciones laborales se
pueden abordar los temas bajo tres posibilidades: Una, que vayamos a una
dialéctica permanente de intervención de los poderes públicos, que
lógicamente no debemos compartir; dos, que vayamos a una estrategia
permanente de confrontación, que tampoco compartimos; tres, y sí estamos
de acuerdo, que cada día tengan más importancia, más potencia, el diálogo
social y la negociación colectiva por la que apostamos.
Quiero traer a colación el hecho de que hace escasas fechas el Parlamento
Europeo aprobó un informe que considera que la fórmula de disminuir el
paro es crear empleos productivos y que los Estados Miembros, menos dos,
muestran su escepticismo respecto a que la reducción de jornadas
laborales o reorganización cree empleo.
Señor Ministro, para terminar, yo creo que el Grupo Parlamentario Popular
--de hecho así es-- hace suyas las medidas dirigidas al empleo que se
están tomando: empleo para minusválidos, para las mujeres, para los
jóvenes, para los trabajadores de avanzada edad, para los de larga
duración... Y quiero poner un especial énfasis en el día de hoy en la
igualdad de oportunidades que el Ministerio que usted dirige ha puesto en
marcha en beneficio de la sociedad española.
Hay que seguir trabajando en crear empleo productivo, con medidas como
las que han culminado con la entrada de nuestro país en la Unión
Económica y Monetaria, como instrumento de estabilidad económica,
fomentando educación, fomentando formación, dotando los presupuestos para
el próximo año con más recursos para políticas activas, reforzando los
sistemas fiscales, como ya se ha hecho, para que no perjudique el empleo,
apoyando a las pequeñas y medianas empresas y siguiendo la senda, eso sí,
de potenciar el diálogo social.
El señor Ferrer ha terminado planteando cuatro cuestiones, que yo creo
que son el quid de la cuestión. Es un tema importante para el desarrollo
económico; lógicamente. Es un tema complejo; de la conclusión de la
intervención, se deduce. Espero y deseo --ya nos damos todos por
advertidos o si hay algún grupo que tuviera esa intención ha de
advertírsele-- que no se politice ese tema. Creo que si usted lo canaliza
en una moción, consecuencia de interpelación, debatiremos y podremos
avanzar en ese tema pero pienso que no es el momento adecuado para crear
una comisión. Dejemos que la sociedad trabaje y que sean los
interlocutores sociales los que vayan avanzando en este camino.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con mucha brevedad para decir que no será una sorpresa
para la Cámara que comparto los argumentos que ha esgrimido el Senador
Sanz en su última intervención.
Agradezco al Senador interpelante que haya presentado la iniciativa y el
tono y los contenidos de todas las intervenciones que se han producido en
torno a este debate.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención
y brevedad.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas y quince minutos.
Eran las catorce horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE INTRODUCCION DEL EURO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (S. 621/000110) (C.D. 121/000137)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto tercero del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de
introducción del euro. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda tengo el honor
de presentar ante este Pleno el dictamen emitido en relación con el
proyecto de ley sobre introducción del euro.
Como el título indica, se trata de un proyecto de ley cuyo propósito es
adecuar y armonizar nuestro ordenamiento interno para que los mecanismos
de introducción del euro como moneda única sean efectivos, facilitar a
los ciudadanos su uso casi inminente, y hacer posible su coexistencia con
la peseta durante el período transitorio previsto.
Aunque parezca anecdótico, de la misma manera que se hace en el preámbulo
del proyecto de ley que nos ocupa, yo también desearía recoger y expresar
con una nostalgia anticipada la cálida despedida de esta Cámara a la
peseta, que durante los últimos 130 años acompañó nuestras vidas, sueños,
y en ocasiones pesadillas, y que con este proyecto de ley declaramos en
vías de extinción, si me permiten esta expresión más de naturalista que
económica.
Al mismo tiempo, y también con gran intensidad, quiero expresar el deseo
--espero que en nombre de todos nosotros-- de que desaparezcan por fin
las pesadillas de los españoles para que podamos multiplicar nuestras
esperanzas y sueños futuros convertidos, eso sí, en euros.
Este proyecto de ley se nos remitió desde el Congreso de los Diputados el
pasado 6 de noviembre para su trámite en esta Cámara por el procedimiento
de urgencia previsto en el Reglamento. En consecuencia, el plazo de
presentación de enmiendas quedó abierto hasta el siguiente día 10 y fue
ampliado hasta el 12 de noviembre, día en el que se registraron 43
enmiendas.
La Comisión que me honro en presidir se reunió el 10 de noviembre para
designar la Ponencia encargada de informar, lo que hizo el siguiente día
18, acordando por mayoría incorporar una adición al apartado 2 del
artículo 27 en la redacción remitida, así como el resto de las enmiendas,
excepto tres, del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por último, la Comisión volvió a reunirse el 18 de noviembre, y aprobó el
texto del informe de la Ponencia en sus propios términos como dictamen,
que es el que a continuación someteremos a debate con los votos
particulares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 2, de la Senadora De Boneta y
Piedra, correspondiente a sus enmiendas números 6 a 9, originariamente
presentadas por el Senador Nieto Cicuéndez y por la Senadora Costa Serra,
y enmiendas números 33 a 43, presentadas originariamente por el Senador
Román Clemente.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente. Defenderé las seis
enmiendas que tenemos presentadas la Senadora Pilar Costa Serra y yo.
En Izquierda Unida somos favorables a la ley, y lo que queremos con las
enmiendas que hemos presentado es intentar, dentro del marco de la
gestación de la ley, mejorarla en algunos aspectos técnicos. De todas
formas, con la introducción de la enmienda transaccional que se ha
pactado en torno a la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, se mejoran algunos aspectos que nos
preocupaban, como es el de que las contabilidades que hay que llevar en
el período transitorio se pueden realizar tanto en euros como en pesetas.
Queremos que se tomen las medidas oportunas para que no haya ningún
elemento discriminatorio o penalizador en función de que las
contabilidades y la fiscalidad en ese período transitorio se puedan hacer
de las dos formas: en euros o en pesetas. Nos parece que con enmienda
transaccional se mejora este aspecto que a nosotros nos preocupaba y que
también planteábamos en una de nuestras enmiendas.
Hay otra serie de enmiendas que son exclusivamente técnicas encaminadas a
dejar más claro todo lo relativo a
la fiscalidad y a dar más garantía jurídica durante el proceso
transitorio.
Existe una cuestión en la que me voy a detener brevemente. Se trata de la
enmienda número 9, referente a la disposición adicional segunda, que nos
preocupa tal y como viene en el proyecto. La reestructuración del Banco
de España, su papel y el de los Bancos centrales, ya está recogido en su
Ley de Autonomía ya debatida. Sin embargo, nos preocupa lo que se dice de
que, a partir de ahí, se puede hacer una reorganización. Creemos que
cualquier tipo de reestructuración que pueda hacerse tiene que llevarse a
cabo en el marco del Estatuto de los Trabajadores. De otro modo esto
puede dar pie a que se aproveche de rondón esta ley del euro
introduciendo elementos que puedan llevar a una reestructuración de
plantilla en función de la entrada del euro cuando cualquier tipo de
reestructuración y funcionamiento del Banco de España ya está recogido en
la Ley 66/1997.
Creemos que esa parte de la disposición adicional segunda sobra. Por lo
tanto, este tema está suficientemente recogido en la ley que regula el
funcionamiento de los bancos. De ahí que no hace falta que la ley de
introducción del euro se ocupe de ningún tipo de reestructuración o
funcionamiento del Banco de España que puede prestarse a equívocos.
La enmienda número 9 es importante en ese sentido. Ha de estar claro
jurídicamente, por si hubiese algún problema, pues cualquier tipo de
estructuración del Banco de España ya está recogida en una ley anterior y
no se debe aprovechar ésta para plantearse algo que no sabemos si está en
el espíritu del legislador o no. En todo caso, habrá más garantía
jurídica si esa parte de la disposición adicional segunda desaparece por
innecesaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente que defenderá las enmiendas 33
a 43.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en numerosas ocasiones se ha pedido a Izquierda Unida que haga
un esfuerzo a la hora de plantear enmiendas, sobre todo, cuando
presentamos enmiendas de veto.
Señorías, quiero recordarles que a este proyecto de ley de introducción
del euro, el Grupo Federal de Izquierda Unida presentó en el Congreso de
los Diputados una enmienda a la totalidad. Esta enmienda tenía como
objeto introducir mejoras, mediante nuestras aportaciones, en el proceso
de introducción al euro.
Hemos preferido en esta ocasión no presentar propuesta de veto. Creemos
que el debate que se suscitó en aquel momento y el que, posteriormente,
se desarrolló con motivo de las enmiendas hicieron innecesaria la
presentación de propuesta de veto. Pero, señorías, sí quiero recordar que
en este momento hemos presentado una serie de enmiendas con las que
pretendemos que la introducción al euro se haga de otra manera.
Voy a centrarme, por tanto, en la defensa de las enmiendas 33 a 43.
Señorías, estas enmiendas lo son a los artículos 10, 11, 32, 33, 35 y a
algunas disposiciones adicionales.
Me centraré en el artículo 10. Señorías, con la enmienda número 37, que
forma parte de un paquete de enmiendas, pretendemos garantizar la defensa
de los consumidores. Es una enmienda formulada al artículo 10, segundo
párrafo, último inciso. En ella pretendemos, en concreto, reforzar las
garantías de los consumidores ante el cambio de moneda. En los supuestos
de contrato entre consumidores y usuarios, la sustitución, señoría, tal
como nosotros lo reflejamos en una enmienda de modificación, no debe
suponer una reducción de los derechos de éstos ni tampoco un incremento
de sus obligaciones.
Al artículo 11, señorías, hemos presentado dos enmiendas, la enmienda
número 33 y la número 43. El artículo 11 se refiere al redondeo. La
enmienda número 33 es de adición. Con ella pretendemos adicionar un punto
tres con el que se trata de evitar posibles situaciones de abuso
aprovechando la puesta en marcha del euro. Esta enmienda viene a decir
que en los importes monetarios que constituyan precios de venta para el
consumidor, deberá siempre hacerse público, además de las circunstancias
previstas en el artículo 35, los importes de los precios en la unidad de
cuenta peseta correspondientes a cada producto o servicio que existiera
antes de las operaciones de conversión y el redondeo.
La enmienda número 43, de adición, pretende que no sólo se efectúe la
protección de los consumidores sino que, además, debe completarse con la
garantía de la defensa de los derechos de los trabajadores para evitar
que la implantación del euro implique situaciones de abuso.
Por tanto, esta enmienda pretende que en aquellas materias que incidan en
el ámbito laboral o que afecten a los derechos sociales y económicos de
los trabajadores, en cuanto puedan producirse operaciones de conversión y
redondeo de las previstas en esta Ley, deberá acordarse con los
representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales las
circunstancias concretas en que se aplicará la normativa que la misma
contiene.
Al artículo 32 sobre el MIBOR presentamos tres enmiendas. Dos de adición
y una de modificación. En concreto, la enmienda número 34 pretende que
como paso previo a la resolución del Ministro debe existir un trámite de
consulta a las asociaciones de consumidores para que éstas tengan
oportunidad de expresar su parecer. Con estas enmiendas se pretende
extender los derechos de los consumidores.
Si en la enmienda número 34 proponíamos un punto cinco, de adición, la
enmienda número 35 pretende la adición de un punto cuatro. La facultad
discrecional que se otorga en el proyecto de ley al Ministro de Economía
y Hacienda creemos que debe ser corregida para incorporar las necesarias
garantías de cara a la protección de los usuarios de los servicios
financieros.
La enmienda número 41 al artículo 33, es de adición, y pretende añadir a
este artículo un punto cuatro redactado en los siguientes términos: «Las
leyes propias de cada tributo regularán aquellos casos en que la
introducción del euro suponga una alteración de la obligación de
contribuir cuya causa derive, directa o indirectamente, de la
redenominación en la nueva unidad de cuenta».
Señorías, somos conscientes de que aun cuando en el artículo 2 se intenta
definir que la redenominación no tiene naturaleza de hecho imponible,
consideramos que ante una posible existencia de supuestos que originen
problemas de alcance tributario, éstos deben regularse con carácter de
ley.
Señor Presidente, voy concluyendo. La enmiendas números 38, de
modificación y 42, de adición, ambas son al artículo 35. La enmienda
número 38 persigue la finalidad de establecer necesariamente el régimen
de protección de los consumidores, dotando de eficacia a esta norma en
cuanto entendemos que no la posee en su actual redacción. Todo ello sin
menoscabo de lo establecido por las competencias de las Comunidades
Autónomas.
La enmienda número 42 es de adición y pretende que se debe contemplar el
régimen de protección de los derechos de los consumidores mediante el
adecuado régimen sancionador. Por tanto, el texto que pretendemos añadir
establece precisamente un régimen de infracciones y sanciones.
La enmienda número 40 es de supresión a la disposición adicional segunda.
Consideramos que se trata de un precepto vacío de contenido y por tanto
es innecesario. Nos referimos, como sin duda ya conocen, al Banco de
España.
La enmienda número 39 pretende la creación de una nueva disposición
adicional con la que creemos tener una magnífica oportunidad para hacer
frente al fraude. Trata por tanto de luchar contra el fraude fiscal y con
ella pretendemos que el Gobierno muestre sus intenciones de hacer frente
al mismo. Somos conocedores --no le cabe duda a la Cámara-- de que
existen sectores conocidos que están registrando movimientos como
resultado de la desviación de patrimonios fiscalmente ocultos y que
podrían ser controlados y fiscalizados con éxito por parte de la Hacienda
Pública. Esta enmienda es de adición de una disposición adicional cuarta
referida a actuaciones fiscales con motivo de la implantación del euro, y
tiene dos apartados. El apartado uno hace referencia a que, a partir de
1999, los planes anuales de inspección incorporarán actuaciones
específicas dirigidas a combatir las bolsas de fraude fiscal que pudieran
ponerse de manifiesto con motivo de la conversión de pesetas en euros.
Todo ello, señorías, pretendiendo lógicamente, con la introducción de
esta enmienda, una anticipación a los movimientos de los defraudadores
que pretendan recolocar sus rentas y patrimonios con el fin de evitar el
afloramiento, de mantener la opacidad fiscal, señorías, de sus activos.
El apartado dos indica que el canje de pesetas por euros implicará el
estricto control fiscal y la identificación de todas las personas físicas
y jurídicas que lo realicen, para lo que el Gobierno mediante ley
determinará los términos concretos del deber de colaboración al que
estarán obligadas las entidades financieras que participen en estas
operaciones, incluido el Banco de España. Insisto en que es una magnífica
oportunidad para luchar contra el fraude fiscal.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas, diciendo
algo que sus señorías conocen y que ya pudimos anticipar también en el
debate del Congreso de los Diputados: el euro, sí, señorías, pero de otra
manera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y que corresponde a las enmiendas números 1 a 5,
ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha presentado cinco enmiendas a este proyecto, que al final
van a quedarse en cuatro, porque en la enmienda número 5, la última,
hemos llegado a una transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, que
será detallada por su portavoz. En consecuencia, paso a defender las
cuatro enmiendas que mantenemos.
La primera enmienda es de modificación del artículo 4, y se presenta
porque precisamente en ese artículo se establece la posibilidad de
utilizar la peseta como unidad de cuenta en «todo», instrumento jurídico
--y esto es importante--, como una subdivisión de la nueva moneda, del
euro, durante el período transitorio. Este enunciado, genéricamente
correcto, en virtud de la aplicación del principio de no prohibición, no
obligación, es matizable, ya que la propia reglamentación de la Unión
Europea establece para determinados instrumentos jurídicos, como son
aquellos relacionados con la emisión de la Deuda Pública, por ejemplo, la
obligación de la utilización del euro en los mismos desde el inicio del
período transitorio, imposibilitando la utilización de las monedas
nacionales preexistentes como unidad de cuenta. Como ejemplo, señorías,
el artículo 15 de esta ley define taxativamente al euro como unidad de
cuenta del mercado de deuda pública en anotaciones. Por tanto, se trata
de una corrección que creemos que está basada en el propio artículo 15,
como he dicho antes.
La enmienda número 2 es de modificación, porque nosotros consideramos que
de alguna forma existe una laguna en el texto que se nos ha presentado.
Con esta enmienda planteamos que la posibilidad de que no exista acuerdo
del emisor no ha sido contemplada en el apartado dos de este artículo,
que establece como unidad de cuenta (únicamente) el euro.
La enmienda número 3 también es de modificación, y pretende que el
artículo 16, que es al que se refiere, sea más concreto. En ese sentido,
pensamos que habría una mayor precisión con el término «título», que es
el que introducimos en nuestra enmienda, que con el que viene en el
texto, que es el de «valor».
Por último, la enmienda número 4 de nuestro Grupo se presenta al artículo
31 y está relacionada con un tema conocido por todos, el MIBOR. Esta
enmienda se justifica porque la mayor parte de los países ya han
comunicado que van a sustituir sus índices monetarios domésticos por el
término EURIBOR, tanto para los contratos nuevos como para los antiguos,
es decir, hay un cambio de denominación y concepción respecto al actual
MIBOR. En ese sentido, el método de formación hará que sea un índice
mucho más transparente, porque estamos ante un mercado mucho más amplio y
profundo que el MIBOR, el cual será residual.
Por otro lado, el EURIBOR evitará los problemas de interpretación que
obligan en estos momentos a concretar en los contratos, con mucha
precisión, a qué MIBOR se están refiriendo, quién lo publica y por qué
medio, de forma que el nuevo índice dote a las relaciones mercantiles de
una mayor seguridad jurídica contractual, tanto en el ámbito del Estado
como en los contratos que se realicen dentro de la Unión Europea.
Como he dicho, señorías, teníamos otra enmienda, la número 5, sobre la
que hemos llegado a un acuerdo con una transaccional con el Partido
Popular y, por lo tanto, no la voy a defender.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
que corresponde a las enmiendas números 22, 23 y 25.
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
mantiene tres enmiendas en este debate en el Pleno de esta Cámara que
corresponden a los números 22, 23 y 25.
La primera de ellas se presenta con el afán de modificar el preámbulo de
este proyecto de ley en su apartado VII, concretamente los párrafos
tercero y cuarto, en algún caso suprimiendo alguna frase y en otro,
concretamente en el párrafo cuarto, añadiendo una frase.
La intención final de nuestro Grupo es ajustar el preámbulo a las
modificaciones incorporadas en el Congreso de los Diputados sobre este
proyecto de ley, relativas a la adecuación de la gestión de recursos
humanos derivados de la integración del Banco de España en el Sistema
Europeo de Bancos Centrales.
La enmienda número 23 pretende modificar el artículo 31 con una nueva
redacción en el sentido de que la expresión del importe equivalente en la
unidad de cuenta euro se realizará por el contravalor del importe
principal del contrato. Entendemos que el carácter temporal y meramente
informativo de la expresión en euros de los importes de los contratos
expresados en pesetas aconsejan que esta exigencia se limite al importe
principal del contrato y no a todos y a cada uno de los importes
reflejados en el mismo.
Nuestra última enmienda, la número 25, pretende añadir una nueva
disposición adicional, en el sentido de que las emisiones de papel moneda
en la moneda europea «euro» por parte del Sistema Europeo de Bancos
Centrales, cuando su acuñación y puesta en circulación corresponda al
Banco de España reflejarán la realidad plurilingüe del Estado.
La justificación escrita de esta enmienda creo que se ajusta plenamente
al sentido que hemos dado a esta enmienda y que me van a permitir, con
toda brevedad, explicar. Dice: Las conclusiones del Consejo Europeo
celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1995 determinaron la
denominación «euro» a la moneda europea común, en todas las lenguas
oficiales de la Unión Europea, así como la denominación «cent» a la
división del euro, en cien unidades fraccionarias, pero al mismo tiempo
especificaban que esta denominación no excluía la utilización de
variantes de este último término en el uso cotidiano, dentro de los
Estados miembros.
Desde la perspectiva española, que reconoce en la Constitución la
oficialidad de diversas lenguas, debe establecerse en el papel moneda la
especificación de las cantidades y la expresión de los cents en las
diversas lenguas que tengan carácter oficial en el territorio del Estado.
Este reflejo de la realidad plurilingüe del Estado ya fue aprobado en una
moción, por el Congreso de los Diputados, el pasado 16 de diciembre de
1997.
Si me permite el señor Presidente, aprovecho para hacer mención a nuestra
posición respecto al proyecto de ley en un par de minutos.
Estamos ante una ley que va a permitir el proceso técnico de sustitución
de la peseta por el euro. Quiero indicar, en primer lugar, que estamos
totalmente de acuerdo con este proceso de incorporación plena de España a
la tercera fase del sistema monetario europeo. También lo estamos en
cuanto a la opción legislativa que ha llevado a cabo el Gobierno de
establecer una posición conceptualista, una posición general, que
reafirmando la neutralidad del proceso de adaptación, garantice las
reglas generales para poder operar el proceso de sustitución con una ley
general, denominada como ley paraguas, en la que se contienen los
criterios generales, pero remarcando que deberá ser objeto de un extenso
y detallado desarrollo reglamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carrera.
Votos particulares números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proponen la vuelta al texto recibido por el Congreso de los Diputados, en
el artículo 22 y en la disposición adicional cuarta nueva, modificado e
introducida por las enmiendas números 14 y 20, del Grupo Parlamentario
Popular, y las enmiendas números 26 a 32.
¿Se van a defender conjuntamente? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el Senador Ostos Domínguez.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta este voto particular porque
cree que la enmienda número 14, admitida en Ponencia, que pretende
introducir el PP, está
en total contradicción con la filosofía que se quiere desarrollar desde
la Comisión Europea a través de su Comunicado 1998, 39 final, de 6 de
febrero de 1998. Esta documentación no habla para nada de sanciones que
parecen representar una persecución para quienes a través de acciones
publicitarias pretendan divulgar el euro. No; todo lo contrario. Las
acciones de información y divulgación tienen un carácter totalmente
prioritario y, por tanto, van dirigidas no solamente a los Estados, sino
también a los entes regionales, locales, operadores económicos del sector
privado y a numerosos grupos específicos.
No es su objeto poner trabas administrativas y sancionadoras, sino que el
gran objetivo de la política informativa y divulgativa parte de la idea
de que la Unión Económica y Monetaria es ya una realidad y que hay que
prepararse para el uso del euro. Por eso, sus objetivos más específicos
son: explicar el euro al mayor número posible de ciudadanos y posibilitar
que el mayor número de ellos se familiaricen con la nueva moneda. Para
conseguir estos objetivos la Comisión pretende involucrar a toda la
sociedad y mantiene que las iniciativas informativas de toda índole deben
ser fomentadas, sostenidas y ejecutadas contando con la participación de
los sectores sociales: empresas, bancos, detallistas, prestadores de
servicios, etcétera.
El papel del Estado es alentar y no imponer multas de hasta 100 millones
de pesetas; alentar a las autoridades locales y regionales, a las ONG, a
los sindicatos, a las organizaciones profesionales, etcétera, a actuar
como enlaces y canales de información sobre el euro. El papel del Estado,
al igual que el de la Comisión, es facilitar, estimular y coordinar las
informaciones a fin de conseguir el objetivo último: que todos los
ciudadanos se familiaricen con la nueva moneda sin necesidad de hacer las
conversiones en el menor tiempo posible.
Para todo este tipo de acciones la Unión Europea dispone de fondos que el
Gobierno debe poner a disposición de la sociedad, o ¿es que detrás de
estas autorizaciones de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera se esconde una intención recaudatoria vía tasa o sanción? No
creemos que ésta sea la mejor manera de posibilitar la mayor divulgación
y familiarización de todos los ciudadanos con el euro, y por eso nos
oponemos a la enmienda número 14 del PP y pedimos la remisión al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
El Grupo Parlamentario Socialista también se opone a la enmienda número
20 del Partido Popular, que pretende introducir una nueva disposición
adicional, la quinta. El Grupo Parlamentario Socialista se opone a ella
por entender que no es necesario introducir una adicional de este tipo en
la ley sobre introducción del euro. Esta disposición adicional es tan
sólo un conjunto de directrices o disposiciones internas que, en todo
caso, pueden y deben darse con autonomía entre el Banco de España y el
resto de entidades de crédito. Creemos que excede de las competencias de
esta Cámara el regular las relaciones entre las entidades de crédito y el
Banco Central Europeo o el resto de Bancos Centrales de los Estados
miembros de la Unión Económica y Monetaria, teniendo en cuenta que éstos
disponen de autonomía.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una serie de enmiendas, que
voy a pasar de defender, con las que pretende mejorar el texto remitido
por el Congreso de los Diputados. Con estas enmiendas el Grupo
Parlamentario Socialista pretende conseguir tres objetivos.
En primer lugar, exigir a la Administración del Estado y a sus
administradores, es decir a los Ministros, un grado de responsabilidad y
de obligación para que den ejemplo al resto de la sociedad; de esta
manera la sociedad comprobará que los esfuerzos que se le solicitan son
compartidos también por el Estado. Para ello presentamos las enmiendas
números 26, 27, 28 y 31, referidas a los artículos 18, 20 y 34, donde
solicitamos que el Ministro de Economía y Hacienda, así como el de
Trabajo y Asuntos Sociales aborden la regulación de forma obligatoria --y
aquí pedimos que sea cuanto antes-- con la finalidad de ofrecer mayores
garantías a los inversores y mayor claridad y facilidad a los
empresarios.
El segundo objetivo es homogeneizar el tratamiento que tendrán todos los
créditos con tipo de interés referencial MIBOR. Para ello presentamos las
enmiendas números 29 y 30, que se refieren al artículo 32. Creemos que la
transición al euro no puede diferenciar la finalidad de un crédito en
función de que sea hipotecario o no. Por tanto, como he dicho antes, el
tratamiento debe ser el mismo.
El tercer objetivo es reafirmar con claridad y contundencia el principio
de neutralidad impositiva con ocasión de la introducción del euro.
Para ello presentamos la enmienda número 32, por la que pretendemos
introducir una disposición adicional nueva, en la que solicitamos la
exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en todos los documentos que se realicen para redenominar la
peseta por su equivalencia en euros.
Con este grupo de enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista pretende
mejorar un proyecto de ley que compartimos, como más adelante manifestaré
en el turno de portavoces, y para el que pido el apoyo de los demás
Grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ostos Domínguez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
La introducción del euro el próximo 1.º de enero está básicamente
regulada por dos Reglamentos dispuestos por la Unión Europea. Esta
legislación sería suficiente, pero la mayor parte de los países han
optado por hacer regulaciones adicionales para adecuar su ordenamiento
jurídico y tratar de evitar algunos problemas que puedan surgir.
Este ha sido también el caso de nuestro país, que ha presentado este
proyecto de ley sobre introducción del
euro, que trata de delimitar cómo va a operarse este cambio en el futuro
y prever algunas de las circunstancias que puedan darse.
Como consecuencia adicional de lo dispuesto estrictamente en los
Reglamentos, el proyecto de ley que hoy vamos a debatir se ocupa de
muchos aspectos que afectan a la cotidianidad, a los efectos diarios que
esta introducción va a producir.
Hago referencia al porqué de este proyecto de ley para determinar que en
el mismo hay numerosos apartados y artículos que tratan de precisar que
la introducción del euro en ningún caso afectará a los negocios jurídicos
y, por supuesto, a los derechos de los consumidores. El proyecto de ley
que nos ocupa tiene entre sus objetivos precisamente establecer que los
derechos y obligaciones de los consumidores van a permanecer tal y como
estaban previamente determinados, independientemente de que se produzca
una sustitución en la moneda nacional y de la peseta se pase al euro.
Hago esta referencia porque bastantes de las enmiendas presentadas por
los grupos parlamentarios tratan, con buena intención, de proteger y
ampliar los derechos de los consumidores.
Consideramos que algunas de las enmiendas que se han presentado son, por
así decirlo, redundantes, pues tratan de explicitar o hacer más precisos
los contenidos o la protección y, leído el texto del proyecto en sus
propios términos, ello está suficientemente recogido. En consecuencia,
estas enmiendas no son necesarias para mejorar el texto del dictamen,
puesto que éste atiende con suficiente detalle esta protección.
Así pues, las enmiendas presentadas por el señor Román, números 33, 34,
35, 37 y 38, entrarían dentro de esta categoría. La información a los
consumidores está asegurada; la información en los períodos transitorios
también. Este proyecto de ley hay que interpretarlo dentro de un plan que
el Gobierno ha desarrollado de introducción del euro, donde existe
información.
En el mismo sentido debemos considerar las enmiendas números 26, 27 y 28
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto a la
información a los consumidores, que debe proceder de diferentes
instituciones, se establece en el proyecto de ley que el Gobierno podrá
determinar que se haga. El Grupo Parlamentario Socialista plantea que se
diga que se establecerá.
Entendemos que ello no es estrictamente necesario. En el caso de valores,
son mercados de gran conocimiento por parte de las personas que en ellos
operan, o en el caso de sociedades de inversión colectiva, o fondos de
pensiones o aseguradoras o mutualistas.
Nosotros entendemos que, aparte de existir una necesidad de información,
recogida en el proyecto de ley, en estos casos particulares lo normal es
que las propias instituciones a las que se refieren estas enmiendas ya
provean suficiente información a las personas a las que se dirigen. El
proyecto de ley contiene la previsión de que si en algún momento esta
información es deficiente, el Gobierno podrá adoptar las medidas
necesarias para que dicha información llegue a todos los consumidores.
Esta medida es suficiente y no hace falta tratar de legislar más allá de
lo que en la práctica va a ser necesario. Serán las propias instituciones
financieras en sus relaciones con sus clientes las primeras interesadas
en proveer toda clase de información adicional, sobre todo teniendo en
cuenta que proporcionar este tipo de información, tanto la conversión de
pesetas en euros como las explicaciones adicionales --que en sí no añade
nada, puesto que es algo mecánico y se trata de unas conversiones
estrictamente estipuladas que se realizan con meras operaciones
aritméticas-- no implica responsabilidad adicional alguna. Por lo tanto,
lo lógico es esperar que no sea necesario tener que poner en marcha esta
exigencia.
Igualmente, las pretensiones de algunas enmiendas respecto a los
consumidores ya están suficientemente recogidas en el texto de la ley, y
sucede lo mismo en dos de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en una de las cuales, la
precisión que se pide ya está contemplada en el artículo siguiente de
manera explícita y, por tanto, parece innecesaria.
De entre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, hay una, la número 23, en la que
plantean la necesidad de que en los documentos que autoricen los notarios
y que estén expresados en la unidad de cuenta peseta, el importe
equivalente en la unidad de cuenta euro se realice por el contravalor del
importe principal del contrato. Nosotros entendemos que es más
conveniente que esta conversión se haga en un contrato tanto si se cifra
en euros y la contrapartida en pesetas como si se cifra en pesetas y la
contrapartida en euros, porque hay casos en los que las cuotas de los
préstamos pueden ser diferentes, y no creemos que esto añada una gran
complicación. Normalmente las escrituras que realizan tanto los notarios
como los registradores hacen referencia en cuanto a los valores nominales
a unos pocos. Por tanto, especifica uno de ellos no tiene por qué causar
preocupación por una mayor complejidad en su trabajo.
Asimismo, la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en
cuanto a la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados ya está recogida en el precepto
correspondiente, que señala que ninguna operación de conversión o de
redondeo estará sujeta a tributo alguno. Por lo tanto, especificar y
hacer referencia a un tributo concreto es incidir en algo que ya está
genéricamente recogido en la ley.
Lo mismo podríamos decir de las enmiendas presentadas por el Senador
Román respecto a las leyes propias de cada tributo o su referencia a la
repercusión del euro en el ámbito laboral. Evidentemente, la ley señala
que no puede incidir de ninguna manera en los derechos u obligaciones de
empresas o trabajadores. Es un principio general de la ley y las
reconversiones no tienen por qué disminuir ni aumentar derechos y
obligaciones. Por tanto, su preocupación planteada en la enmienda número
43 está garantizada en el propio texto de la ley y, por ello,
consideramos que no es pertinente su incorporación.
Hay un tema en el que se han concentrado las enmiendas, y con razón,
porque es un elemento que preocupa, es
lo relacionado con el MIBOR. Es diferente la problemática que plantea el
MIBOR a un año, que se considera como elemento de los préstamos
hipotecarios, de la del MIBOR a otras referencias, que son acuerdos entre
partes. En el texto de la ley se regula y garantiza la sustitución y la
continuidad mediante una fórmula que se ha ido precisando a lo largo de
la tramitación recogiendo aportaciones de diferentes grupos
parlamentarios, de tal forma que este MIBOR a un año que afecta a los
préstamos hipotecarios tenga continuidad en el futuro mediante un índice
que le sustituya o mediante el mismo índice con una nueva forma de
cálculo, que permita que estos préstamos no se vean afectados. Respecto a
los contratos que utilizan el MIBOR a otros plazos de referencia habrá
que estar al acuerdo de las partes.
De todas maneras, a este respecto también hay que pensar en el contexto
en el que nos movemos, y debo señalar que el propio Gobernador del Banco
de España, en la comparecencia que con ocasión de la tramitación del
proyecto de ley de presupuestos tuvo en el propio Senado hace unos días,
nos señaló el interés del Banco de España y del mundo financiero en su
conjunto en seguir manteniendo lo que hoy se viene denominando MIBOR, es
decir, transacción financiera con unos índices de referencia, porque la
existencia de estos mercados circunscritos al ámbito nacional, donde se
mantiene una determinada cotización, es un elemento más para mantener un
sistema o un mercado financiero de entidad dentro de nuestro propio país,
es decir, a los elementos pertenecientes al sistema financiero les
interesa --y, por lo tanto, el Gobernador del Banco de España mostró su
interés a este respecto-- que estos índices que venían siendo con
referencia al mercado de Madrid, MIBOR, no desaparezcan en el futuro, por
cuanto que ello ayudará a mantener la importancia del sistema financiero
español y que éste no se subsuma en mercados financieros extranjeros,
europeos o internacionales, donde hay otras plazas que, por su mayor
potencia financiera, podrían desplazar a nuestros mercados financieros, e
interesa conservarlos. Por tanto, existe la voluntad de hacer un esfuerzo
en este sentido por parte de las propias instituciones.
En consecuencia, en cuanto a los problemas que hoy nos pueden plantear
los préstamos o contratos con referencias a un MIBOR a seis meses, a unos
plazos no demasiado largos, es de estimar que en la práctica no sea
necesario buscar fórmulas alternativas por cuanto que estos mismos
índices seguirán existiendo.
Otro tema que también se ha suscitado es el relacionado con el Banco de
España. A este respecto, entendemos que la incorporación del Banco de
España al Sistema Europeo de Bancos Centrales implica una renovación de
sus funciones, pero, sobre todo, es importante dicha incorporación porque
hay que estar en ese Sistema, que tiene sus propias formas de
funcionamiento, por lo que es lógico hacer una referencia a la necesidad
de que el Banco de España no sólo adapte sus estructuras al gran cambio
que va a suponer su incorporación a este sistema, sino también a estas
nuevas formas de pagos, que exigen unas actuaciones más precisas.
Asimismo, en el trámite en Comisión en el Senado se introdujo una
disposición adicional cuarta nueva, que establece un sistema de
garantías, y esta disposición era necesaria porque, como también señaló
explícitamente el propio Gobernador del Banco de España en la
comparecencia con motivo de la tramitación del proyecto de ley de
presupuestos, es frecuente en otros países que las relaciones de los
bancos con el Banco Central sean mediante operaciones que conlleven
garantías, cosa que no ha venido siendo frecuente en este país. Por
tanto, interesa una legislación que determine cómo se establecen estas
garantías para que las instituciones financieras y los bancos españoles
puedan disponer en el futuro de las mismas oportunidades de
refinanciación y tener iguales facilidades en relación con el Banco
Central Europeo o con el banco nacional, con los que tendrán que
relacionarse. Estas garantías existen en los bancos europeos e insisto en
que no era práctica habitual en nuestro país, pero es de esperar que la
existencia de una normativa relacionada con un sistema de garantías se
extienda al conjunto de la Unión Europea y, por lo tanto, nos afecte. En
consecuencia, era necesario y conveniente introducir, por nuestra parte,
una normativa que determinase estas garantías y el alcance de las mismas.
Esta es la razón por la que se introdujo esta nueva modificación.
Hay otros puntos más concretos, sobre los que pasaré brevemente. En
cuanto a la sustitución del término «valor» por el de «título», que
señalaba el portavoz del grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, he de señalar que en este proyecto de ley el término «valor» hace
referencia tanto a títulos, como a anotaciones en cuenta. Por lo tanto,
es una expresión más amplia, por lo que conviene mantenerla.
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALIERTA IZUEL: Termino, señor Presidente.
Respecto a la observación hecha por el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió relativa al plurilingüismo
respecto al euro, le diré que esta denominación es plurilingüística.
Afecta a todos los Estados de la Unión y es prácticamente común a todas
las naciones que van a formar parte del sistema monetario europeo.
En lo que se refiere al fraude, que ha planteado el Senador Román, he de
manifestar que por parte de la administración correspondiente ya está
previsto tomar las medidas oportunas y, además, entendemos que esta
cuestión no debería contemplarse en este proyecto de ley, que, de
aceptarse su enmienda, quedaría incluida en el mismo.
Señalaré, por último, que a la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se pretende la introducción
de una disposición adicional nueva, en la que se trata de soslayar
algunos problemas que se plantean para las empresas en cuanto a
responsabilidades por llevar su contabilidad en euros y no en pesetas,
hemos presentado una enmienda transaccional, la cual ya se ha hecho
llegar a
la Mesa de la Cámara. Con esta enmienda transaccional se amplían las
responsabilidades que pudieran derivarse, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, del hecho de que en una transmisión se cambie de
pesetas a euros o de euros a pesetas en el futuro. Esta disposición
adicional cuarta que introducimos trata de prever con generalidad las
responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse y
determinar que éstas no se modifican por el hecho de que desaparezca la
peseta.
Asimismo, se ha hecho llegar a la Mesa de la Cámara un escrito con una
serie de modificaciones que son prácticamente correcciones, que se han
detectado precisamente en esta propia disposición adicional cuarta.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
El Senador Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha defendido una enmienda
transaccional. Quisiéramos una aclaración y, además, consumir un turno en
contra de la misma. Hasta este momento no se ha hecho turno en contra y,
repito, nosotros queremos consumir un turno en contra de esta enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Creo que no hace falta ninguna aclaración. Si el
Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer turno en contra de la
enmienda transaccional presentada, puede hacerlo.
El señor ALEU I JORNET: La aclaración es la siguiente: si el texto
elimina la disposición adicional cuarta o añade una quinta.
El señor PRESIDENTE: Creo que el representante del Grupo que acaba de
hacer la defensa de la enmienda se lo puede explicar.
El señor Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, es
conocido en nuestra nación, y es normal porque el Derecho así lo protege,
que cualquier resquicio que la legislación permite suele ser utilizado
por los ciudadanos en su legítimo derecho para defender sus intereses.
Hoy existen numerosas disposiciones en las cuales, las multas, los
castigos, las penalidades están referidas a pesetas, y, entonces...
El señor PRESIDENTE: Senador Alierta, me parece que no ha entendido lo
que queríamos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pide
explicaciones porque usted ha defendido antes una enmienda transaccional,
y quiere saber en qué términos y si dicha enmienda sustituye la
disposición adicional cuarta que viene plasmada en el texto.
El señor ALEU I JORNET: Concretamente mi pregunta es: ¿esta enmienda
sustituye la actual disposición adicional cuarta, como dice el texto, o
es una quinta?
El señor PRESIDENTE: Esa es la pregunta, Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, yo había entendido que tenía
que explicar en qué consiste la enmienda transaccional presentada.
El señor PRESIDENTE: No. Eso ya se ha hecho. Se pregunta si es
sustitutiva o no y, en caso de que no lo sea, sí se añadiría al texto una
disposición adicional quinta nueva.
El señor ALIERTA IZUEL: Me excuso. No es sustitutiva de la disposición
adicional cuarta que acabo de explicar. Como he señalado, es una enmienda
transaccional a la enmienda número 5, presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que trata de introducir
una nueva disposición adicional. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Por lo tanto, debe ser la disposición adicional
quinta.
El señor PRESIDENTE: Sí, tiene que ser así.
El señor Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, me excuso, pero es que de mi
intervención creo que ha quedado claro que era una transaccional a la
enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
El señor PRESIDENTE: Luego sustituye a la anterior.
El señor ALIERTA IZUEL: No.
El señor PRESIDENTE: Tampoco. ¿Se adiciona?
El señor ALIERTA IZUEL: Evidentemente que se adiciona.
El señor PRESIDENTE: El Senador Aleu tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: En estos momentos el texto ya tiene una
disposición adicional cuarta. Tenemos una enmienda que dice: se añade una
disposición adicional al texto del proyecto, que sería la cuarta, con el
texto que sigue, disposición adicional cuarta. Mi pregunta es: ¿Esa
disposición sustituye a la cuarta o no? ¿O es un error?
El señor PRESIDENTE: Es un error, señor Aleu.
El señor Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Como dice que es una nueva, si hay una cuarta y
aquí pone una cuarta, es un error material poner cuarta, y sería la
quinta.
El señor PRESIDENTE: Está bien. El Grupo Parlamentario Socialista puede
hacer uso de un turno en contra puesto que tiene derecho a ello. Eso sí,
ruego brevedad a su portavoz.
Tiene la palabra el señor Ostos.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy
breve.
Efectivamente, se trata de una disposición adicional quinta. Esta
disposición no es ni más ni menos que una parte que se ha sacado del
texto remitido por el Gobierno al Congreso, texto al que se opone
expresamente el dictamen del Consejo de Estado en diferentes términos y
que nosotros hacemos nuestros.
En primer lugar, el Consejo de Estado señala en su dictamen que no es
buena técnica legislativa el que en una ley ordinaria se legislen
preceptos de rango orgánico, y el punto 6 de esta enmienda dice que la
presente disposición tiene rango de ley orgánica.
Por tanto, consideramos que no es precisamente lo más adecuado que se
introduzcan modificaciones relativas a leyes orgánicas en leyes
ordinarias. Sin embargo, el propio Consejo de Estado opina que sí es
adecuado, y a este respecto se basa en sentencias del Tribunal
Constitucional. Por otro lado, el dictamen del Consejo de Estado, que
nosotros asumimos como propio, dice también --volviendo sobre la misma
enmienda-- que la introducción de esas modificaciones no es necesaria
puesto que el Reglamento 974/1998 de la Unión Europea ya contempla este
tipo de cosas que vienen a decirse en esta enmienda que, como he dicho
antes, no es más que una parte del texto remitido por el Gobierno al
Congreso de los Diputados, texto que, por otro lado, no modifica la misma
materia que en él se dice pretender modificar puesto que no se está
tratando de modificar una ley orgánica sino el cambio de pesetas a euros
a través de este proyecto de ley.
Por último, tampoco podemos olvidar que este proyecto de ley ha sido
tramitado en el Congreso de los Diputados en una Comisión con competencia
legislativa plena. Creemos, por tanto, que no es de recibo una
modificación a una ley de rango orgánico que ni siquiera ha pasado por el
Pleno del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, nos oponemos a dicha enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ostos.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy
breve.
En este momento del debate tengo que hacer alguna referencia a las dudas
que me suscitan algunas de las enmiendas presentadas. Algunas son
redundantes en mi opinión, y por tanto, creo que no son necesarias, pero
en otras ocasiones, algunas otras, teniendo el mismo argumento, es decir,
siendo redundantes, parecen ser necesarias puesto que así son
consideradas por el Grupo que apoya al Gobierno. Pero tampoco quiero
hacer ningún debate de esta cuestión.
Sus señorías entienden que estas enmiendas dirigidas a defender los
derechos de los consumidores son redundantes, en tanto que nosotros
creemos que son enmiendas que, una vez incorporadas al texto del proyecto
de ley, dejan claras algunas situaciones. Pero como no son aceptadas,
puede decirse que en realidad la cuestión se centra en el criterio del
Gobierno frente al de Izquierda Unida, que sí cree necesario amparar y
ampliar el derecho de los consumidores.
Señorías, nosotros creemos que lo que establece la disposición adicional
segunda en relación con el Banco de España es no sólo redundante sino
innecesario. Existen otros mecanismos, otros procedimientos para hacer
frente a eso que quieren introducir en la ley, señorías. Háganlo a través
de una ley específica o reformen las ya existentes, pero repito que no es
el procedimiento adecuado el regular o reestructurar a través de una
disposición adicional el Banco de España.
Con respecto a lo que se ha dado en denominar, por decirlo de modo suave,
el afloramiento del dinero como consecuencia de la conversión de la
peseta en euros, somos conscientes en este momento de que las fórmulas
que se han venido utilizando no son satisfactorias puesto que todavía no
se ha llegado a ver cuál es el mecanismo adecuado para actuar sobre este
fenómeno que se está produciendo. Nuestra enmienda venía a garantizar
precisamente la lucha contra el fraude fiscal, señorías, a hacer que los
procedimientos tengan claridad y transparencia. El Gobierno no considera
que sea necesario. Nosotros creemos que es imprescindible, que es bueno
para la Hacienda Pública, y que se puede actuar de forma decidida y
positiva para ésta. El Gobierno no lo considera así. Simplemente, estamos
en total desacuerdo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Desde esta Presidencia saludamos al señor Gobernador de la provincia de
San Luis, en Argentina, el doctor Adolfo Rodríguez Saa, que está al
frente de una importante delegación de ese país. (Aplausos.--El señor
Rodríguez Saa saluda desde la tribuna.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para felicitarnos por el hecho de que
estemos debatiendo esta ley de adaptación
al euro, un proyecto con el que muchos hemos soñado y que va a entrar en
vigor prácticamente dentro de un mes.
De lo que sí queremos dejar constancia es de que, en estos momentos en
los que se ha llegado a este proyecto de ley sobre la introducción del
euro, a este tema tan importante para el futuro de Europa y de la Europa
financiera, la Unión Europea, y, en consecuencia, de los Estados y de los
políticos, tenemos otra asignatura pendiente que es la Europa del empleo.
Ojalá seamos capaces de hacer, en un corto espacio de tiempo, una Europa
del empleo con un consenso como el que ha habido sobre la Europa de la
moneda única.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ostos Domínguez.
El señor OSTOS DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Estamos debatiendo una ley de contenido netamente europeísta, y podemos
alegrarnos de los pasos que hoy mismo se han dado en la búsqueda de una
futura ley europea e internacional que proteja los derechos humanos, en
concordancia con la voluntad ya manifestada por el Congreso de los
Diputados y por este Senador.
Nuestro Grupo apoya el proyecto de ley sobre la introducción del euro
porque no es ni más ni menos que un paso más en un largo camino que
iniciaron los gobiernos socialistas junto a los demás Estados miembros.
Definimos e iniciamos los trámites para la creación de la unión económica
y monetaria europea. Fuimos quienes hicimos la reforma necesaria, a veces
traumática, de nuestro tejido productivo para hacerlo competitivo con el
europeo. Sentamos las bases de nuestra economía, modernizamos nuestras
infraestructuras, aumentamos nuestra presencia y nuestra influencia en
los organismos europeos. Dicho de otra forma, plantamos los árboles y
sembramos los campos, y por eso la cosecha también es nuestra. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No se nos puede decir
que hace dos años no cumplíamos ningún criterio de convergencia; tampoco
lo cumplían los demás países. No ha habido ningún milagro ni ninguna
acción extraordinaria del actual Gobierno: tan sólo un devenir --no sólo
en España, también en los demás países-- de lo que ya se había empezado a
hacer, y nosotros agradecemos que el actual Gobierno haya continuado para
conseguir estar desde el primer momento en la configuración de la nueva
Europa, como era y es nuestro objetivo.
Los socialistas pensamos que el euro tendrá unos efectos muy positivos
sobre nuestra economía, tanto para las inversiones como para nuestro
comercio exterior, en el intracomunitario, por sus bajos costes en cuanto
a la tramitación de la moneda, y en el extracomunitario por la influencia
financiera del euro que, con seguridad, será mayor que la suma de la
participación de las monedas que desaparecen; así como el atractivo que
para terceros países tendrá el euro como reserva de divisas e incluso la
fijación del precio de materias primas en euros, de forma que las
turbulencias del dólar no afectarán al precio que haya que pagar en
euros.
De cara al consumo y a los tipos de interés no cabe duda de que la actual
coyuntura pasará a ser estructural con la puesta en marcha del plan de
estabilidad, garantizando la evolución de los tipos de interés y él IPC,
que serán las mayores garantías para el consumidor. No obstante, sabemos
que las oportunidades que se nos abren no son el final de una meta, sino
el principio, y dependerá de futuros gobiernos, que esperamos sean
socialistas, que estas ventajas se conviertan, a su vez, en mayores cotas
de bienestar, en una mayor igualdad y en más empleo y no en ventajas para
unos, creando una sociedad dual.
Termino manifestando la posición del Grupo Parlamentario Socialista
respecto de las enmiendas de los demás Grupos. Votaremos a favor de las
enmiendas 1, 2 y 3 del PNV que creemos mejoran el texto y no así de la 4
ni de la 5 porque esta última ha sido retirada y porque estamos en contra
de la implantación automática del EURIBOR que es lo que se pretende con
la enmienda número 4.
También votaremos a favor de la enmienda de Convergència. Nos
abstendremos en las votaciones de las enmiendas 6, 7 y 8 del señor Nieto
Cicuéndez y de la Senadora Costa porque si bien pretenden mejorar el
texto, simplificándolo, no hay que olvidar que esta ley es en parte una
traslación de reglamentos comunitarios que tampoco necesitarían
publicarse porque tienen vigencia por sí mismos.
Votaremos a favor de la enmienda 9 del señor Nieto Cicuéndez y de la
Senadora Costa porque entendemos que la adicional segunda, tal como está
redactada, no dice nada.
Por último, apoyaremos las enmiendas 35 y 37 de Izquierda Unida y la 40
que, al igual que la 9, hacen referencia a los derechos de los
consumidores. Nos opondremos al resto porque no compartimos la filosofía
que las inspira. Además, nos abstendremos en la votación de las enmiendas
34 y 43.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ostos Domínguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamento haber causado la confusión que se ha producido al final del
debate y que nos ha hecho tener que dedicarle unos minutos.
Ya he explicado, en parte, respecto de la disposición adicional quinta
nueva que se trata de imponer, cuáles son nuestras razones, razones que
voy a utilizar en este turno de portavoces para contestar al Senador que
ha realizado
el turno en contra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Les decía, como ejemplo, que una sanción se establece en pesetas y así
figura en nuestro Código Penal. Dentro de tres años esa sanción en
pesetas no puede satisfacerse en pesetas porque no existirán las pesetas,
existirán los euros. Se puede alegar ante un tribunal que uno no está
obligado a pagar esas pesetas o esa sanción porque no existen.
Evidentemente, con nuestra legislación esto se puede aclarar, pero
mientras alguien lleva su caso a los tribunales, éstos dictaminan y se
aclaran se pasa el tiempo. Y quien habla de sanciones penales habla de
sanciones administrativas. Existe la posibilidad de utilizar un resquicio
legal, decir: tengo algo sancionado en pesetas, pero como no existen las
pesetas no voy a pagar. Sería una excusa más, por ejemplo, para no pagar
una multa de tráfico.
Conviene dejar claro que el hecho de que dentro de tres años no existan
pesetas a efectos penales, sancionadores o administrativos, no eximirá de
responsabilidad a nadie. Esto quiero dejarlo claro desde ya. Esta es la
razón por la cual se introduce ese tema. Se plantea algo que es obvio,
que conviene dejar escrito para evitar que mientras estas cosas se
aclaren en los tribunales perdamos tiempo y energía en trámites
administrativos.
Los restantes apartados de la ley vienen a ser aspectos primos hermanos
de lo que acabo de decir. Esta es la razón por la que se introducen.
Señor Presidente, debo terminar contestando al representante del Grupo
Parlamentario Socialista que ha comenzado atribuyendo a los socialistas
todos los méritos de la entrada en el euro. Evidentemente, la realidad es
que este país es el resultado de lo que hemos realizado todos, con
nuestras virtudes y nuestros defectos. Me gustaría poder decirle que
tiene más razón de la que en realidad tiene. Quizá en su Grupo no
reconozcan --o les cueste hacerlo-- los méritos del Gobierno del Partido
Popular en cuanto a la entrada del euro, pero esto no es así.
La Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara ha realizado dos
viajes, uno a Frankfurt, en el que visitó el Banco Central Europeo y el
Bundesbank y, otro, hace poco tiempo, a Estados Unidos, a Washington,
donde estuvo en diferentes instituciones. En el primer viaje, el
Presidente del entonces Instituto Monetario Europeo, señor Duisenberg,
que a partir del 1 de enero será Gobernador del Banco Central Europeo o
Presidente del Consejo, nos comunicó a todos los miembros que allí
estábamos, Mesa y portavoces de los diferentes grupos, su felicitación y
sorpresa por los avances que España había realizado, que, en su propia
opinión, eran auténticamente inesperados un año antes.
Puedo repetir lo que se nos informó en el Bundesbank donde, tanto el
Vicepresidente que nos atendió como el Consejero, señor Otmar Issing que
en este momento es miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central
Europeo porque está considerado como una de las máximas autoridades
monetarias en la República Federal Alemana, nos manifestaron tres cuartos
de lo mismo: su sorpresa y su felicitación. Incluso, cuando con ocasión
de la presentación de los presupuestos para este ejercicio les
mencionamos su contenido y objetivos para este año presentados por el
Gobierno, el señor Issing, de la República Federal Alemana, una
personalidad conocida en todos los ambientes financieros, nos preguntó
cómo lo habíamos conseguido, porque en su país, en esos momentos, los
objetivos que pretendían alcanzar estaban por encima.
El Subsecretario de Estado del Gobierno americano, a quien tuvimos
ocasión de visitar, se manifestó en el mismo sentido. Comenzó su
exposición manifestando su sorpresa y felicitación por lo que España
había realizado en los últimos años, de todo punto inesperado y que se
había conseguido.
Señor Senador, puede usted preguntar a los miembros de su Grupo que
estuvieron en dichas visitas porque son testigos presenciales de que esto
fue así; no le voy a mencionar artículos aparecidos en prensa ni otras
observaciones respecto a esta materia.
Espero que en el futuro participemos del euro y que entre todos sepamos
aprovechar las oportunidades que para este país ofrece formar parte de
esta materia, que no nos empecinemos en hacer las cosas de tal forma que
posibilidades que podrían resultar beneficiosas nos conduzcan a
situaciones en las que nos encontremos presos de nuestros propios actos y
que el euro sea una reja que no nos permita avanzar, que también es
posible. El euro puede ser una fuente de posibilidades, pero también
puede ser una fuente de limitaciones para este país en el futuro. Repito,
debemos saber aprovechar las posibilidades que nos ofrece, que son muchas
y en su totalidad, así como soslayar los peligros que para nuestro
progreso, para el crecimiento, para la prosperidad, para el empleo, en
ese marco, pueden suponer unas acciones que desde el punto de vista de
política económica no son las más convenientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Terminado el debate, vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Iniciamos las votaciones de este Proyecto de Ley sobre Introducción del
Euro.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez
y de la Senadora Costa Serra, números 6, 7 y 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, seis; en contra, 128; abstenciones, 86.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 86; en contra, 129; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Senador Román Clemente. En primer lugar, las enmiendas
números 33, 36, 38, 39, 41 y 42.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, tres; en contra, 211; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 34 y 43.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, cuatro; en contra, 126; abstenciones, 87.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 35, 37 y 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 87; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. En primer lugar, enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, ocho; en contra, 211; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Rechazada.
Pasamos a la votación de las enmiendas números 1, 2 y 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 92; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
La enmienda número 5 soporta una transaccional.
Votamos, a continuación, las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 22, 23
y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 93; en contra, 120; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.
En primer lugar, enmiendas números 26 a 32 y vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en el artículo 22 y en la disposición
adicional cuarta nueva en los términos derivados de las enmiendas números
14 y 20 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 83; en contra, 127; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Votamos, a continuación, las propuestas de modificación.
En primer lugar, transaccional sobre la enmienda número 5, del Grupo
Nacionalista Vasco.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 125; en contra, 94; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobada.
Hay una corrección de la disposición adicional cuarta firmada por todos
los Grupos. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento queda aprobada.
A continuación votamos el dictamen. En primer término, el artículo 32 y
la disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 216; en contra, tres; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos, a continuación, el artículo 22 y disposición adicional cuarta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 131; en contra, 85; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Aprobado. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Como consecuencia de la aprobación de la
transaccional pedimos también votación separada de la que, suponemos,
debe ser disposición adicional quinta.
El señor PRESIDENTE: Sería realmente votar dos veces lo mismo, porque se
entiende que ha sido aprobada. De todas maneras, por mi parte no hay
ningún problema. ¿Algún Grupo no está de acuerdo en que se pueda votar?
(Pausa.)
Votamos ahora en los términos que acaba de decir el Senador Aleu.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 134; en contra, 83; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 218; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA, EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE
REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMUN. (S. 621/000106) (C.D. 121/000107)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Interior y Función
Pública en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que implica la reforma de lo que
abreviadamente se viene en llamar el Procedimiento Administrativo Común
tuvo entrada en esta Cámara el 19 de octubre pasado y fue publicado el
mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Al proyecto se presentaron un total de 84 enmiendas: una de la Senadora
de Boneta y Piedra; 34 del Senador Román Clemente; 11 del Senador Ríos
Pérez; nueve del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos;
seis del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
15 del Grupo Parlamentario Socialista y ocho del Grupo Parlamentario
Popular.
La Ponencia se reunió el día 12 de noviembre pasado, constituida por los
Senadores Arévalo Santiago y Gallego Cuesta, del Grupo Parlamentario
Socialista; Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto; Carrera i
Comes, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió y García Carnero y Uriarte Zulueta, por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
La Ponencia, en su reunión, aceptó siete de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, nueve de las presentadas por el Senador Ríos
Pérez y nueve del Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión tuvo lugar el 18 de noviembre último, y en el transcurso del
debate se aceptaron, además de las transacciones de los distintos grupos,
seis enmiendas.
En la actualidad, el proyecto mantiene vivas cinco enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nueve del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, seis del Grupo
Parlamentario Socialista y 36 del Grupo Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cañellas.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con enorme satisfacción intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, en este turno a favor del proyecto de ley de
medidas de modificación de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Este es un proyecto de ley que elaboró el Gobierno cumpliendo un mandato
parlamentario, merced a la aprobación de la proposición presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el 3 de junio del pasado año,
y atendiendo además a la sugerencia del Consejo de Estado que, a través
de su Ponencia de estudios, elaboró un informe en el que recomendaba la
conveniencia de modificar este texto legal.
Señorías, a nuestro juicio, la razón fundamental de este debate es
mejorar y simplificar el trato que los ciudadanos tienen con la
Administración y la regulación de la actuación de la propia
Administración, que hoy resulta excesiva, compleja y dispersa.
Creo que todos coincidimos en que la Ley 30/1992 es una norma muy
importante, e incluso en alguna ocasión se la ha denominado como el
verdadero estatuto del ciudadano. Por esta razón la elaboración de un
texto legal de esta importancia y, por su puesto, su modificación no
puede ser sólo el resultado de los trabajos de un Departamento
ministerial sino que tiene que ser el resultado de los estudios
realizados por el conjunto de los Ministerios, por la doctrina
científica, por todos los operadores jurídicos encargados de su
aplicación, y sobre todo por el consenso entre las diferentes fuerzas
políticas en el empeño de elaborar las medidas necesarias encaminadas a
hacer más fácil la vida del ciudadano, que no lo olvidemos, es el
receptor de los servicios de la Administración y al que ésta viene
constitucionalmente obligada a servir.
Señorías, ya hemos dicho que consideramos que la Ley 30/1992 fue una
buena apuesta, y la modificación que ahora debatimos se lleva a cabo con
el objetivo de complementar y subsanar aquellas cuestiones cuyo
tratamiento necesitaba de un proceso de más amplia reflexión. Por eso nos
gustaría destacar que con este proyecto de ley estamos ante una ley de
mínimos mediante la que
se pretende reformar sólo aquellos artículos o aspectos que demandan una
urgente modificación.
Insistimos en que con este conjunto de modificaciones se pretende
fortalecer la posición jurídica del ciudadano frente a la Administración,
reforzar sus garantías frente a la inactividad y, por supuesto, frente a
la arbitrariedad administrativa. Entre los aspectos más importantes que
hemos considerado necesario modificar nos gustaría subrayar los
siguientes.
En primer lugar, se introducen dos principios de actuación en las
administraciones públicas. Por una parte, el principio de la buena fe y,
por otra, el principio de confianza legítima que los ciudadanos han de
tener en la actuación de la Administración Pública. Entendemos que esta
actuación no puede ser alterada arbitrariamente, y lo creemos así por
razones de seguridad jurídica y de consideración a quienes son los
destinatarios de la principal obligación de la Administración, que es
servir con objetividad a los ciudadanos y a los intereses generales. Se
incluye, además, el principio de lealtad institucional como un criterio
rector que facilite la colaboración y la cooperación entre las diferentes
administraciones públicas, recogiéndose reiterados pronunciamientos del
Tribunal Constitucional en este sentido.
Las relaciones entre diferentes administraciones deben basarse en el
respeto pleno y mutuo de las competencias de cada una y en el ánimo de
conseguir entre todos servir mejor a los ciudadanos, cooperando cuando
sea preciso y colaborando mutuamente. La ley que hoy estamos debatiendo
pretende adecuar nuestra normativa procedimental al desarrollo de nuevas
tecnologías, y así se incluye como importante novedad el establecimiento
de un sistema de intercomunicación entre los registros de diferentes
administraciones. Estas medidas que quieren implantarse harán que el
procedimiento administrativo se agilice de forma considerable.
Dentro de las modificaciones más notables de esta ley que regula las
relaciones de los ciudadanos con la Administración cabe destacar las que
afectan al procedimiento administrativo. Señorías, convendrán conmigo que
un procedimiento administrativo que no sea ágil y breve difícilmente
podrá constituirse como una institución al verdadero servicio de los
ciudadanos.
En esta línea la reforma establece que el plazo general de duración de
dichos procedimientos no ha de sobrepasar los tres meses, sin que en
ningún caso pueda superarse por vía reglamentaria el plazo de seis meses.
Sólo a través de una ley, y cuando así se prevea en normas comunitarias
europeas, se podría establecer un plazo mayor. El plazo de duración de
los procedimientos sólo podrá suspenderse por causas expresamente tasadas
y recogidas en esta reforma, entre ellas el requerimiento. Además, en la
cuestión relativa a la duración de los procedimientos es también
importante la modificación que afecta a los supuestos en los que,
transcurrido el plazo para resolver, la Administración no haya contestado
al ciudadano. Esto es lo que se denomina como silencio administrativo,
denominación que, por cierto, se recupera y se vuelve a incorporar al
proyecto de ley, ya que nos parece que es una denominación mucho más
precisa, más técnica, más comprensible que el circunloquio que hasta
ahora se venía utilizando para, en lugar de decir silencio
administrativo, señalar: efectos de falta de resolución expresa en el
plazo.
En este sentido, se realiza el silencio positivo o, lo que es lo mismo,
se entenderá estimada la solicitud del ciudadano. Las excepciones a esta
regla general del silencio positivo sólo podrán ser establecidas a través
de una ley. Esta es la única manera de evitar lo que ha ocurrido hasta
ahora, esto es, que sea la propia Administración y el Gobierno quienes
introduzcan excepciones generalizadas para el futuro, reservándose a
partir de ahora a las Cortes el control y la facultad decisoria en esta
materia.
Conviene destacar que, en la actualidad, con la vigente ley, si la
Administración no resolviera en el plazo y la norma que regula el
procedimiento establece que éste tiene silencio positivo, para que el
mismo surta efectos, el ciudadano tiene que pedir la denominada
certificación de acto presunto, es decir, solicitar a la Administración
que así lo declare, disponiendo ésta de 20 días para dárselo, pudiendo en
este tiempo, como ocurre en ocasiones, resolver en sentido contrario.
Señorías, la reforma suprime esta certificación del acto presunto y, por
lo tanto, la posibilidad que ahora tiene la Administración de dictar una
resolución contraria al silencio que favorece al ciudadano. El silencio
operará automáticamente y así, una vez vencido el plazo, se producen sus
efectos sin necesidad de que la Administración disponga de otro tipo de
subterfugios como hasta ahora podría suceder.
En cualquier caso, y con el fin de abordar detenidamente la
transformación del régimen del silencio de cada uno de los más de 2.000
casos de procedimientos que existen en la actualidad pendientes de que la
Administración General del Estado resuelva sobre ellos, y en la línea que
ya hemos señalado de apuntar hacia la profundización del silencio en
sentido positivo favorecedor del administrado, el Gobierno establecerá
una Comisión Interministerial, presidida por el Ministerio de
Administraciones Públicas, que tendrá como objetivo adaptar el sentido
del silencio, el silencio positivo, y reducir el gran número de los
procedimientos actualmente pendientes. Esa misma precisión se introduce,
como es lógico, para las Comunidades Autónomas.
Además de estas modificaciones, y con la finalidad de reforzar las
garantías jurídicas de los ciudadanos frente a la actuación de la
Administración, se introducen importantes reformas en el campo de los
recursos administrativos. La más importante, reiteradamente solicitada
desde el ámbito local, es el restablecimiento del recurso de reposición,
aunque con carácter potestativo para el interesado.
En definitiva, lo que se pretende es que el ciudadano pueda recurrir de
nuevo al órgano que dictó un acto administrativo para que reconsidere su
postura, sin necesidad de acudir a los tribunales.
Otra modificación importante es la relativa a la posibilidad que ahora
tiene la Administración de revisar los
actos anulables, es decir, aquellos actos que infringen el ordenamiento
jurídico, excepto los que son nulos de pleno derecho. De esta forma, si
la Administración quiere revisar algún acto dictado por ella, tendrá que
acudir, como el resto de los ciudadanos, a los tribunales. Así,
Administración y ciudadanos se colocan en una posición equiparable, ya
que para revisar un acto favorable los dos tienen que acudir a los
citados tribunales.
Como sus señorías saben, con la normativa actual se produce una
distorsión en el régimen de recursos administrativos, sin que se sepa a
veces con claridad si el acto puede o no considerarse firme en vía
administrativa.
Además, también se modifican algunos aspectos de algo tan importante como
es el sistema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas, se clarifica la regulación existente y se prevé la
actualización de la cuantía de la indemnización en beneficio siempre del
afectado.
Por lo que se refiere a la responsabilidad de autoridades y personal al
servicio de las Administraciones públicas, mediante esta reforma de la
Ley citada se potencia la posibilidad, que hasta ahora a veces era
dudosa, de que sea la Administración, y no sólo las personas que están al
servicio de la Administración, las económicamente responsables, lo cual
da una mayor fortaleza a la garantía patrimonial que pueden tener los
administrados que se sientan lesionados.
Estas cuestiones, además de otras de un carácter más técnico, tienen como
finalidad agilizar y simplificar el procedimiento administrativo y, por
lo tanto, facilitar las relaciones de los ciudadanos con la
Administración. Son éstos unos aspectos cruciales de una reforma, que ha
sido exigida desde hace ya mucho tiempo, la referida Ley 30/1992, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Con el debate en esta Cámara --como lo ha sido ya en la otra-- de este
proyecto de ley se han recogido la mayor parte de las peticiones de
reforma que provenían de todos los sectores afectados.
Se ha elaborado y se ha ido mejorando el texto ajustándolo a la realidad
de nuestra Administración pública, a la vez que se ha pretendido que sea
motivador de mejoras en la acción administrativa, configurándose de esta
manera un procedimiento ágil, sencillo, que garantice plenamente los
derechos del ciudadano, sin cargarle con imposiciones innecesarias, y
equilibrando su posición con la de la propia Administración.
Pero lo que más nos llena de satisfacción, señorías, es que, a nuestro
juicio, todos hemos entendido que las relaciones de los ciudadanos con la
Administración nos afectan a todos por igual, que no hay cuestiones
ideológicas, sino de interés por encima de los colores políticos.
Por otra parte, todos somos conscientes de que la Administración del
siglo que iniciamos tiene que configurarse como una Administración
moderna, ágil, donde la eficacia y la eficiencia de la prestación de los
servicios sean sus notas fundamentales. Todos somos conscientes de que
una buena Administración no depende sólo de unas u otras normas, sino del
quehacer diario en el que se adoptan decisiones, se realizan actuaciones,
que son en sí mismas el motor de funcionamiento de la propia
Administración. Por eso, nos parece importante ponernos de acuerdo sobre
cuáles han de ser estas líneas básicas que han de regir la actuación de
la Administración.
Finalmente, señor Presidente, señorías, nos gustaría resaltar la positiva
labor desarrollada por todos los Grupos, tanto en los debates en el
Congreso como en los precedentes a este debate plenario que han tenido
lugar en los trámites de Ponencia y Comisión, en los que se han ido
incorporando aportaciones que, en forma de enmiendas, han enriquecido el
texto presentado por el Gobierno. Confiamos en que el debate de las
escasas enmiendas que aún quedan vivas enriquezca aún más esta norma,
pero confiamos, sobre todo, en que tras su entrada en vigor, todos los
ciudadanos nos veamos liberados de la pesada carga que en muchas
ocasiones suponía la relación de la Administración con los ciudadanos. En
ello confiamos, y para ello, señorías, solicitamos el voto mayoritario
favorable de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular
número 4, del Senador Román Clemente, que corresponde a las enmiendas
números 2 a 18, 20 a 23, 25 a 33, 35, 68 y 70.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, atenderé sus ruegos gustoso porque después de la exposición del
Senador don Dionisio García Carnero hablando en profundidad y en
extensión del proyecto de ley, creo que me van a agradecer que no entre a
defender una a una todas las enmiendas que tenemos presentadas.
Seguro que lo van a agradecer, pero, señorías, tengo que reconocer que
efectivamente en la tramitación de este proyecto de ley ha primado un
espíritu de consenso. Es algo que tenemos qué agradecer, tanto en el
Congreso de los Diputados como en el Senado en los trámites de Ponencia y
Comisión. Es verdad que hemos tenido oportunidad de discutir ampliamente
sobre el proyecto de ley y las mejoras que se han pretendido introducir.
Y es cierto que se han recogido enmiendas de los diferentes Grupos.
Señorías, voy a decir en este momento cuáles son los tres principios que
han inspirado las enmiendas que hemos presentado y hemos mantenido hasta
este trámite de debate
en Pleno. Tratan, fundamentalmente, de adecuar la Administración a la
nueva realidad de la composición del Estado y de la necesidad de
establecer cooperación, recogida en la Constitución, entre las diferentes
administraciones.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha presentado el proyecto
de ley hablaba de otorgar relevancia a los ciudadanos. Con un grupo de
enmiendas nosotros hemos pretendido que efectivamente los ciudadanos
tengan protagonismo frente a la Administración, que no sea ésta la que
imponga las condiciones a los ciudadanos, que éstos puedan tener
oportunidad de ser los que marquen la iniciativa.
Y el tercer bloque de enmiendas está inspirado en la necesidad de la
transparencia en la información y en el acceso a los datos de que
disponga la Administración, a fin de que los ciudadanos puedan contar con
toda la documentación necesaria en las actuaciones que juzguen oportuno
establecer.
Y, señorías, el hecho de que en estos momentos la Administración necesite
de todos los esfuerzos encaminados a su mejora es lo que nos ha llevado a
presentar --y tengo que agradecer que se hayan aceptado algunas
enmiendas, que han sido motivo de transacción--, como aportación y mejora
en ese proceso de consenso, las enmiendas que hasta este momento
mantenemos vivas, a cuyo texto me remito para darlas por defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 5, de la Senadora De Boneta y Piedra, que
corresponde a la enmienda número 1.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también, intervengo para expresar el consenso general de
esta Senadora de Eusko Alkartasuna ante esta Ley. Sin que sirva de
precedente, tengo que compartir lo que ha manifestado el Senador García
Carnero, en representación del Grupo Parlamentario Popular, esto es, que
en muchos puntos mejora una Ley ya importante y que en su momento
representó un sustancial avance para la Administración del Estado.
Estamos absolutamente de acuerdo con muchos de los extremos que se han
mencionado, como en lo referente a la desaparición del certificado de
actos presuntos, las materias relativas al silencio, etcétera.
Es por esa razón por la que hemos presentado una única enmienda, que, en
el fondo, coincide también con el razonamiento que ha expresado mi
compañero de Grupo, el Senador Román Clemente. Si se admite que existe
una nueva estructura en el Estado, es lógico que se tenga en cuenta
--como ya se tiene en la Ley, pero, si es posible, mejorándolo-- lo
relativo a la lengua de los procedimientos. En este sentido, hemos
presentado una enmienda, que inicialmente se refería al artículo 7.1, al
artículo 36, y que, obviamente por el cambio sufrido en Ponencia, en este
momento se refiere al artículo 8, artículo 36, igualmente, de la Lengua
de los procedimientos.
¿Y qué es lo que decimos? Entre otras cosas, que el 24 de marzo de 1998
el Senado aprobó una moción --muy adecuada, por cierto, del Grupo
Parlamentario Socialista-- en la que se pedía la adhesión a la Carta
europea de las lenguas regionales o minoritarias, hecha en Estrasburgo en
noviembre de 1992. Así, lo que solicitamos en esta enmienda es que,
además de concretar todos esos aspectos que se contienen en el artículo
8, lengua de los procedimientos, se tenga en cuenta también que la
Administración General del Estado deberá adaptarse a las prescripciones
que se contienen en dicha Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias en aquellas cuestiones que no estén contempladas en esta
ley, porque, de hecho, existen algunas cuestiones que no lo están. Me
refiero, concretamente, al artículo 10 de dicha Carta, relativo a la
Administración General del Estado y que tiene en cuenta aspectos como los
relacionados con todos aquellos documentos administrativos que también la
Administración del Estado tiene que ofrecer de forma bilingüe a los
administrados, así como algunos otros extremos que, si bien deben
cumplirse, todavía no se cumplen en toda su extensión.
Esta enmienda no añade nada a todo aquello que se cumpla, solo trata de
añadir aquellas cuestiones que no vengan contempladas en este artículo,
Lengua de los Procedimientos, toda vez que esta propia Cámara, insisto,
ha aprobado la ratificación de esa Carta en esos puntos en los que se
contienen algunos extremos que no vienen contemplados. Por esta razón
enmendamos este artículo 8 con una cláusula general que lo único que hace
--insisto-- es añadir aquello que no se contempla.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 36 a 44,
ambas inclusive.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario hace una valoración de carácter general
positiva de esta iniciativa legislativa. Ha habido un consenso
generalizado entre los diferentes grupos políticos y, sobre todo, entre
el Gobierno y los grupos representados en la Cámara, sobre la necesidad
de reformar parcialmente la Ley 30/1992. Esta Ley que, como decía el
señor García Carnero, podía considerarse como el estatuto del ciudadano,
es una ley fundamental en la medida en que disciplina las relaciones
entre un poder público, que es la Administración pública, y el ciudadano,
como administrado. Y lo hace en base a un título competencial, que es el
149.1.18.ª de la Constitución, en el cual existen intervenciones
competenciales de naturaleza diversa. Una cuestión es el procedimiento
administrativo común, respecto del cual los poderes centrales del Estado,
esta Cámara, tiene competencia exclusiva para la regulación plena y
absoluta del mismo, mientras que para
la fijación de las bases de las administraciones públicas simplemente
tienen los poderes centrales del Estado la competencia para fijar esas
bases, ese mínimo común denominador. En base a ello, nosotros estimamos
positivos los avances que se han incluido en esta iniciativa legislativa
como, por ejemplo, la eliminación de la comunicación a la Administración
de la interposición del recurso contencioso-administrativo; esa
comunicación que se fijó como obligatoria y que no existía en el Derecho
Administrativo Español con anterioridad a noviembre de 1992.
El nuevo régimen del silencio administrativo positivo, obviamente aparece
con este concepto jurídico y anteriormente no aparecía, y nosotros
estimamos que es favorable, es buena esta regulación respecto al régimen
que existía en la Ley 30/1992.
La justificación de las medidas provisionales, la necesidad de
justificar, adecuar, razonar y motivar la adopción de medidas
provisionales que vayan a garantizar la resolución final en un
procedimiento administrativo, es también una cautela para el ciudadano.
Las mejoras que se introducen en el régimen de la responsabilidad
objetiva de las Administraciones públicas, las facultades que se dan a la
administración para poder adoptar, cuando se inicia un procedimiento
administrativo, medidas cautelares que garanticen también la decisión
final que se toma en el procedimiento administrativo son mejoras
importantes y, por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario coincide en gran
parte de lo regulado en este proyecto de ley con lo en él contenido. Sin
perjuicio de ello, nuestro Grupo Parlamentario mantiene algunas enmiendas
relativas al régimen de cooperación contenido en los artículos 5, 6 y 7,
respecto de los cuales tenemos una serie de enmiendas puntuales, ya que
no tenemos una coincidencia plena con la mayoría que apoya al proyecto de
ley. Discrepamos también en la regulación que se realiza no en este
proyecto de ley, sino en el texto que le sirve de soporte, la Ley 30/1992
vigente, y nuestro Grupo Parlamentario había presentado una serie de
enmiendas, de la número 39 a la 43, en virtud de las cuales entendemos
que no existe título competencial específico para intervenir en la
regulación que se realiza de los órganos administrativos, de la
delegación, del funcionamiento de los órganos, etcétera. Porque nosotros
entendemos, y así lo defendimos con ocasión del debate de la Ley 30/1992,
que no son bases del régimen de las Administraciones públicas, sino que
la regulación de los órganos, el funcionamiento de los mismos, todo ese
tipo de cuestiones como la encomienda, etcétera, en definitiva, los
preceptos 13 a 27 del texto vigente de la Ley 30/1992 --que no son objeto
de reforma en este proyecto de ley-- forman parte de la potestad de
autoorganización de las Comunidades Autónomas.
Cataluña, por ejemplo, tiene un régimen organizativo, a través de una ley
aprobada en el Parlamento catalán, sobre el régimen jurídico de la
Administración en Cataluña. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene
también una ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas
canarias. El País Vasco tiene también una ley de Gobierno donde se
disciplinan todas estas cuestiones.
Por tanto, nosotros habíamos planteado una serie de cuestiones dirigidas
a que desaparecieran de la regulación de la Ley 30/1992 estas previsiones
por entender que no tenían soporte suficiente en el Título que se
invocaba en su día y que se sigue invocando implícitamente, que es el
artículo 149.1.18.ª de la Constitución en lo concerniente a apartado de
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Quiero señalar también, señor Presidente, que nuestro Grupo Parlamentario
discrepa, en lo que a la lengua se refiere, de la regulación que se
contiene en el procedimiento administrativo, en la medida en que no es
acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando examina
los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno del
Estado frente a las leyes de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento
de Galicia y del Parlamento vasco, sentencias todas ellas del año 1986, y
en virtud de las cuales se viene a establecer que ninguna de las lenguas
en el procedimiento administrativo puede desplazar a la otra.
Esto resulta curioso, porque en la sentencia que concierne a la ley del
Parlamento vasco, se declara inconstitucional la regulación que preveía
la ley del Parlamento vasco que decía que en caso de discrepancia la
lengua a utilizar sería el euskera. Tal inciso de la ley es declarado
inconstitucional porque dice el Tribunal Constitucional que ninguna de
las dos lenguas cooficiales --en función de cada Comunidad Autónoma--
puede desplazar a la otra. Pues esto es lo que se hace en el artículo 36
de la vigente Ley 30/1992 que actualmente se mantiene. En caso de
discrepancia en un procedimiento administrativo, el castellano desplaza a
otra lengua cooficial distinta del mismo, sea el catalán, el euskera o el
gallego. Por tanto, hay que adecuar esa regulación a la doctrina del
Tribunal Constitucional.
Por ello, lo adecuado sería que, en caso de discrepancia sobre qué lengua
utilizar en un procedimiento administrativo, cada uno de los
administrados en el procedimiento utilizara aquella lengua cooficial que
estime oportuna. Es decir, que ante un procedimiento administrativo
seguido ante un órgano de la Administración central ubicado en el
territorio autónomo de Galicia, y habiendo varios interesados en el
procedimiento administrativo, a ese órgano --por ejemplo, el ente público
Puertos del Estado, dependiente del Estado-- debería poder dirigirse
cualquier ciudadano de la Comunidad Autónoma de Galicia en un
procedimiento administrativo tanto en castellano como en gallego.
Pero eso es lo que no se prevé en este proyecto de ley y es lo que, en
definitiva, no se adecua a la realidad de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que una lengua no puede desplazar a la otra. Y aquí se
desplaza. Porque aunque se reconoce la posibilidad de que los documentos
o testimonios se expidan en la lengua que el interesado quiera, no se
tiene la facultad de invocar a la Administración, de dirigirse a ella en
catalán, en gallego o en euskera. Se podrá solicitar de esa
Administración que le entreguen los documentos o los testimonios en la
lengua que solicite, pero el interesado no puede dirigirse
a la Administración central ubicada en Cataluña, en Euskadi o en Galicia
en esa lengua cuando haya varios interesados en el procedimiento. Por
tanto, esa es una cuestión muy importante políticamente y de gran
sensibilidad que para nosotros sería necesario corregir.
Termino, señor Presidente, haciendo una referencia al artículo 44, en el
que pretendíamos una mejora técnica relativa a aquellos casos en los que
el procedimiento administrativo se ha iniciado de oficio y no ha sido
objeto de terminación o de notificación dentro del plazo. En aquellos
casos en que se vaya a producir la caducidad, deberá determinarse si los
efectos para unos administrados pueden ser favorables o desfavorables.
Esto no se contiene en el proyecto de ley, puesto que éste habla
simplemente de aquellos supuestos en los que se originaría el silencio
administrativo negativo por la no resolución en el plazo del
procedimiento iniciado de oficio, o de aquellos supuestos en los que la
Administración tuviera potestades sancionadoras, que producirían la
caducidad.
Para el caso que planteamos, que haya pluralidad de interesados para
algunos de los cuales esa no notificación o esa no resolución en plazo
puede ser favorable o desfavorable pedimos que se fije un régimen
jurídico, que sería el de la caducidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Corresponde a las enmiendas números 79 a 82 y 84.
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, mantenemos para su
defensa en este trámite cinco enmiendas que, visto el resultado en
Comisión y una vez constatada la posición del grupo mayoritario, es
seguro que no van a prosperar. No obstante, nos ha parecido oportuno
mantenerlas como voto particular, y así lo hemos hecho.
La primera de ellas se refiere al artículo 5, conferencias sectoriales y
otros órganos de cooperación, y concretamente a su apartado 8, que
establece que, cuando la materia del ámbito sectorial afecte o tenga
relación con las competencias de las entidades locales, se pueda invitar
a las asociaciones de ámbito estatal con mayor implantación a asistir a
sus reuniones plenarias. Nuestra enmienda intenta que pueda también
invitarse a las asociaciones representativas con mayor implantación en su
Comunidad Autónoma, aunque su ámbito sea inferior al estatal.
Las dos enmiendas siguientes, números 80 y 81, son mejoras técnicas en
coherencia con el contenido de otros artículos del proyecto de ley. Piden
que, tanto cuando la Administración esté obligada a dictar resolución
expresa y a notificarla, como cuando la misma Administración fije el
plazo máximo en que deba notificarse la resolución, se proceda en ambos
casos a su publicación.
La enmienda número 82 va en la línea de proteger los derechos de los
administrados, anulando la posibilidad de que el órgano competente para
la revisión de oficio pueda acordar la inadmisión a trámite de
solicitudes cuando hayan sido desestimadas otras sustancialmente iguales,
por entender que en ningún caso se trataría de supuestos idénticos.
La última de nuestras enmiendas pretende la inclusión de una nueva
disposición adicional segunda, con objeto de proteger los derechos de los
destinatarios de las disposiciones generales, incorporando la
obligatoriedad de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en el
plazo de diez días a contar desde la firmeza de la sentencia.
Estas serían, señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, para las cuales pido el voto favorable
de esta Cámara.
Aprovecho, señor Presidente, para exponer brevemente la posición de
nuestro Grupo respecto a este proyecto de ley. Este es un proyecto
--todos estamos diciendo lo mismo, y es cierto-- respecto del que se ha
alcanzado un alto grado de consenso, reconocido --repito-- por la mayoría
de los grupos parlamentarios, una vez incorporadas muchas de las
enmiendas presentadas y que, sin duda, han mejorado el texto inicial.
Nuestra posición, por tanto, es claramente --y lo digo así, de forma
taxativa-- a favor del proyecto.
Como se indica en la exposición de motivos, la regulación del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común constituye una pieza clave en la relación de la
Administración con los ciudadanos. Basándose en estos planteamientos, la
Ley 30/1992 sustituyó la Ley del Procedimiento Administrativo de 1958,
sin embargo, durante su aplicación se han suscitado algunos problemas que
han llevado a plantear la necesidad de su modificación.
La proliferación de normas reguladoras, problemas detectados y referidos
al silencio administrativo y a la supresión del recurso de reposición son
una muestra y, por tanto, el objeto de esta ley es modificar los aspectos
más problemáticos de la mencionada Ley 30/1992.
Nuestras aportaciones vía enmiendas en el Congreso han intentado
básicamente aumentar la seguridad jurídica del administrado. Durante
muchos años la situación del ciudadano se ha visto notablemente reforzada
con la entrada en vigor de la Constitución y con numerosas leyes
posteriores y, sin embargo, la asignatura pendiente ha sido mejorar la
situación del ciudadano frente a la Administración. Por lo tanto, el
objetivo era mejorar y dignificar esa posición del administrado. La
clarificación del plazo de duración de los procedimientos y su
notificación, con su repercusión en el silencio positivo o negativo; la
regulación de la notificación defectuosa; el hecho de que las medidas
cautelares sólo podrán adoptarse, antes de la iniciación del
procedimiento, en aquellos supuestos en los que la ley prevea; la
ampliación de los supuestos de impugnabilidad de los actos de trámite con
la finalidad de adaptarlo a la Ley de lo Contencioso-Administrativo y la
ampliación de los plazos de interposición del recurso de reposición o del
recurso de la alzada en los supuestos de
silencio son una muestra, señorías, de nuestro intento de mejorar el
contenido de este proyecto de ley.
El texto, sin duda, ha mejorado y no sólo con nuestras aportaciones, sino
también con las del resto de los grupos y, en especial --así lo
remarco--, gracias a la voluntad de consenso del Grupo Parlamentario
Popular. Dejo constancia de ello porque entre todos conseguiremos dar un
paso para que los modelos administrativos se construyan siempre en
función de los ciudadanos y no al revés y para que la Administración
pública sirva, en definitiva, con objetividad los intereses considerados
generales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 45 a 47, 52, 55 y 59.
Su señoría tiene la palabra.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, como no he intervenido, en nombre de mi Grupo, en los
turnos anteriores voy a hacer, en síntesis, algunas alusiones y
reflexiones sobre el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista
en relación con este proyecto de ley de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
La regulación del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común constituye una pieza clave en las
relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Es
evidente que las Administraciones Públicas, a tenor del artículo 103 de
nuestra Constitución, deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar conforme a los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, sometiéndose
plenamente a la ley y al Derecho.
Se trata de un proyecto --como se ha resaltado-- en el que tiene
competencia exclusiva el Estado a tenor del artículo 149.1.18 de nuestra
Constitución Española, que fija que hay que regular las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas de manera homogénea para toda
España, con el ánimo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
Sin duda, este planteamiento debe ser fundamental, como lo es para
nosotros.
Es evidente, a su vez, que la Ley 30/1992 adoptó el marco del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas al artículo 97 de la
Constitución Española, fijando con mucha nitidez y mucha claridad las
diferencias entre el Gobierno y la Administración. Afortunadamente, la
Administración siempre tiene que someterse --como es evidente en una
democracia plena-- al principio de legalidad.
Todo ello no es óbice, desde nuestro punto de vista, para declarar que la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 fue una buena
ley, una ley longeva, una ley que tuvo un buen alcance, que significó una
base importante para la Administración, y una ley homogénea, clara,
precisa y ordenada. Pero era una ley que había que modificar porque el
escenario de 1958 no era el mismo que el de 1992; en 1958 no había en
España un Estado democrático de Derecho, en 1992 sí; en 1958, por una
parte, los ciudadanos no tenían derechos claros de una manera amplia, se
consideraban en muchos aspectos súbditos y, por otra, no existían los
mecanismos de modernización de la Administración Pública ni los
mecanismos de una intensa modernización acompañada de la informatización.
Todo ello vinculado al Estado de las Autonomías, que es una piedra
angular que diferencia un contexto político de otro.
Por tanto, en aras del beneficio de los ciudadanos y pensando en ellos,
La Ley 30/1992 operó cambios profundos y muy positivos. Lo que se ha
denominado el estatuto de los ciudadanos, incorporando reformas
singulares dirigidas, por ejemplo, a la regulación de la institución del
silencio administrativo. A partir de ese momento, la Administración se
fijó unos plazos determinados para contestar y, si no se contestaba, los
funcionarios tenían unas responsabilidades disciplinarias, podría
suponerles la remoción del puesto de trabajo en el supuesto de que
incumplieran sus obligaciones. Además, hubo una regulación de la
certificación del acto presunto; se regularon igualmente las relaciones
de cooperación entre las administraciones públicas, tarea muy difícil
puesto que hay que contemplar la múltiple y compleja realidad que supone
la coexistencia de tres administraciones públicas sobre un mismo espacio
geográfico y subjetivo. Pero, a partir de la Ley 30/1992 se quiso que la
cooperación entre las administraciones públicas fuera un aspecto activo,
indispensable para su funcionamiento; además se reconocieron los derechos
de los ciudadanos en el procedimiento administrativo la introducción de
nuevas causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos,
la revisión de oficio de los actos administrativos, el régimen de
recursos y la responsabilidad patrimonial de las administraciones.
Como antes he manifestado, en la Ley de 1958 --y hago una síntesis
total-- no se contemplaba más que un proceso de racionalización de la
Administración española, que en aquellos momentos era importante. Pero no
tenía en cuenta la informatización, que es el soporte y tejido nervioso
de las relaciones sociales y económicas de nuestra época y, por ello,
hasta el año 1992 tristemente la incidencia sustantiva en el
procedimiento administrativo por falta del reconocimiento formal de la
validez de documentos y comunicaciones emitidos por dicha vía de la
informatización, fue total. El parque informático y telemático de las
administraciones públicas se limitaba al funcionamiento interno, sin
correspondencia relevante con la producción jurídica de su actividad
relacionada con los ciudadanos.
La Ley 30/1992 acabó con las técnicas burocráticas formalistas,
supuestamente garantistas y que a algunos les parecían inamovibles,
abriéndose decididamente a la tecnificación y a la modernización de la
actividad administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la
adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas.
¿Cuál es el origen de este proyecto de ley? Proviene de dar cumplimiento
a una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el
3 de junio de 1997 para adaptar y corregir la Ley 30 --y eso es
legítimo-- con objeto de hacerla mejor. No tenemos nada que oponer, desde
nuestro punto de vista, pero inicialmente fue un proyecto de ley, y así
se recoge por el Consejo de Estado en la memoria justificativa del
proyecto, hecho a la contra, hecho frontalmente y casi con ánimo de
revancha, con críticas ácidas, sin venir a cuento. Nos pareció en algunos
puntos insuficiente y, en otros, hasta agresivo. Por ejemplo, en el tema
del silencio, teníamos muchas disconformidades y desacuerdos, pero es
elegante decir que ha habido una tramitación en el procedimiento ejemplar
y hasta diría que modélica, que ha llevado a la desaparición de esas
expresiones despectivas, por haber trabajado en común, y eso hay que
decirlo desde la lealtad de los distintos grupos parlamentarios; es
decir, que se ha reconocido el significado y la trascendencia de la Ley
30/1992. Por eso, quiero dejar constancia de que lo que ha presidido
siempre ha sido el ánimo de mejorar y enriquecer el proyecto de ley.
Por tanto --y finalizo en dos minutos, señor Presidente--, de las 24
enmiendas presentadas por nuestro grupo, sólo quedaron dos vivas para el
Pleno del Congreso de los Diputados. De las 15 enmiendas que presentamos
en el Senado, han quedado sólo seis vivas, entre el trámite de Ponencia y
el de Comisión, las números 45, 46, 47, 52, 55 y 59.
Voy a dividir la defensa en dos bloques, claramente definidos. Es verdad
que el primer bloque marca una diferencia sustancial en cuanto a la
filosofía que ha defendido el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y la que defiende el Grupo Parlamentario Popular,
que se refleja y viene tipificada en el proyecto de ley.
En cuanto al Título I, relativo a las relaciones entre Administraciones
Públicas, entendemos que hay que avanzar más en la institucionalización
de las técnicas y procedimientos que hacen efectiva la cooperación entre
las Administraciones Públicas. No partimos de cero, hay un acuerdo
suscrito el 28 de febrero de 1992 entre el Partido Socialista y el
Partido Popular, en el que se apoyó y se impulsó la necesidad de llegar a
una mayor institucionalización de estas técnicas de cooperación entre las
distintas Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la experiencia
habida hasta entonces.
Creemos que era una buena oportunidad que no se ha aprovechado
suficientemente a la hora de establecer el régimen jurídico de las
relaciones de cooperación interadministrativa, y precisamente había un
borrador de cooperación interadministrativa que no vio la luz, puesto que
se convocaron las elecciones. Desde ese punto de vista, la finalidad de
nuestras enmiendas números 45, 46 y 47 es establecer el régimen jurídico
de las conferencias sectoriales y de otros órganos de cooperación, de los
propios convenios de colaboración y de los convenios específicos o
relacionados con organismos de la cooperación. Han sido tachados de
excesivamente reglamentistas, pero la cooperación interadministrativa
está reclamando, desde nuestro punto de vista, una mayor y mejor
regulación en todo lo que afecta a las relaciones entre el Estado y las
Autonomías. En aras del consenso, no obstante, hemos aceptado muchas
enmiendas: hemos cedido en nuestros puntos de vista con la finalidad
específica de buscar esa aproximación, pero no estamos totalmente de
acuerdo con esas tres enmiendas. No se nos admite prácticamente nada de
la enmienda número 47.
Respecto al otro bloque de enmiendas, voy a dar por defendidas las
números 52 y 59, y la número 55 gira en torno al artículo 103, ya que mi
grupo está en contra de la supresión de la revisión de oficio de los
actos anulables. Pensamos que hay que reconocer a la Administración una
potestad anulatoria directa entre los actos anulables y no sólo la
declaración de lesividad y la ulterior impugnación en vía contenciosa,
todo ello sin perjuicio de las garantías de que haya que dotar al
ejercicio de dicha potestad.
Este proyecto de ley tiene una gran trascendencia para los ciudadanos; su
finalidad es hacer más eficaz y moderna la Administración, al tiempo que
garantizar y agilizar el reconocimiento de los derechos de los
ciudadanos. Por eso, cuenta con nuestro apoyo ampliamente, por lo que
nuestra votación será favorable, a excepción de los temas a los que antes
he aludido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego Cuesta.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero ratificar y agradecer las constantes
manifestaciones que se han hecho aquí sobre el elevado grado de consenso
que se ha alcanzado en este proyecto. Su manifestación más clara es que,
al votarse el dictamen en la Comisión, no hubo en absoluto ningún voto en
contra y se aprobó con los votos favorables de toda la Comisión, con una
sola abstención.
Voy a referirme muy brevemente, porque dado este grado de consenso
tampoco creo que se exige un examen más detenido, a la exposición de las
enmiendas que han hecho los representantes de los distintos grupos.
En primer lugar, Izquierda Unida presentó un bloque muy numeroso de
enmiendas, ya que de 84, 34 eran suyas, y algunas de gran interés. Los
ponentes del Grupo Popular les dedicamos una gran atención y gracias a
eso conseguimos que se aprobaran con el carácter de transaccional tres
enmiendas de Izquierda Unida: la número 19, que se refería a las
limitaciones de los plazos durante los cuales se puede suspender la
tramitación del procedimiento por la petición de informes preceptivos;
otra que se refería a los requisitos mínimos de las notificaciones en el
caso de que sean intentadas, y la enmienda número 34, transaccionada con
Izquierda Unida, que en el caso de responsabilidad penal de los
funcionarios de las administraciones establecía una no acumulación de los
plazos de prescripción, de tal manera que los particulares pudieran
esperar tranquilamente a que terminara el procedimiento penal sabiendo
que sólo a partir de ese momento entraba en plazo el período de
prescripción. Repito que, a lo mejor, hubiera sido posible llegar a un
acuerdo sobre algunos otros puntos. Lamento que quizá la extensión de las
enmiendas de Izquierda Unida haya dificultado ese consenso en el que, sin
duda, nos hubiera gustado trabajar.
La Senadora De Boneta presenta una sola enmienda que se refiere al
artículo 36 (Lengua de los Procedimientos). Tiene un contenido bastante
peculiar, porque pretende que se haga constar que la utilización de las
lenguas en el procedimiento tendrá que ajustarse, en todo caso, al
Convenio europeo sobre protección de lenguas regionales y minoritarias
del año 1992. La intención de la Senadora De Boneta será buenísima, pero
la forma en que está planteada es totalmente inaceptable por varias
razones. En primer lugar, porque el Convenio es del año 1992 y no está
todavía ratificado por España. Se ha instado al Gobierno a que lo
ratifique, pero no lo ha hecho aún. Por lo tanto, ese Convenio no es
vinculante todavía para España. En segundo lugar, porque la eficacia de
los convenios ratificados por España se deduce del artículo 96 de la
Constitución y no es preciso repetir en cada artículo de cada una de las
leyes españolas que esto se hace sin perjuicio de lo que digan los
tratados internacionales. En tercer lugar, porque la legislación española
en materia de lenguas regionales es mucho más generosa, como regla
general, que la Carta europea sobre lenguas minoritarias. Tanto es así
que España, que fue uno de los primeros firmantes, si no lo ratificó en
un primer momento fue por un problema semántico acerca de la forma en que
había que designar a la lengua oficial de la Comunidad Valenciana, pero
repito que la tónica general es que la legislación española es mucho más
generosa que la Carta europea de lenguas minoritarias.
Finalmente, me sorprende que la Senadora De Boneta se preocupa muchísimo
de que en la Administración del Estado se aplique la Carta europea de
lenguas minoritarias y no tiene el mismo interés cuando se trata de la
Administración autonómica o local, lo cual no deja de ser verdaderamente
sorprendente.
El Partido Nacionalista Vasco ha presentado varias enmiendas. Es el único
Grupo Parlamentario al que no se le ha aceptado ninguna enmienda en el
Senado, ni siquiera con carácter transaccional. Esto no quiere decir que
no haya participado en la elaboración del proyecto. Sus enmiendas son
importantes, como las que se refieren a las disposiciones adicionales
decimosexta y decimoséptima, y es más, las enmiendas números 77 y 78 del
Grupo Parlamentario Popular se han presentado de acuerdo con el Partido
Nacionalista Vasco y para rectificar un error que se había deslizado en
la disposición adicional decimoséptima. Repito que en esta fase es verdad
que no se le ha aceptado ninguna enmienda.
Las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco se pueden agrupar en tres
bloques, como ha señalado ya el portavoz del Grupo. Un primer paquete se
refiere a las formas de cooperación. En este punto trata de establecer
una diferenciación, que juzgamos excesiva, entre la cooperación
multilateral y la cooperación bilateral. Los conceptos son radicalmente
únicos y lo que no procede es mezclar la cooperación bilateral, como
hacen las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, con los convenios bilaterales. Hay que distinguir claramente
entre lo que son formas de cooperación y lo que son instrumentos
circunstanciales de colaboración. Creemos que esta cuestión no está
claramente recogida en las enmiendas números 36, 37 y 38 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Hay otro paquete de enmiendas, las números 39, 40, 41 y 42, que responden
a una finalidad distinta que tampoco podemos aceptar. Esta finalidad es
excluir de la ley un grupo bastante grande de materias, fundándose en una
interpretación muy restringida de esa competencia exclusiva del Estado
para regular el Procedimiento Administrativo Común, que contiene el
artículo 149.1.18 de nuestra Constitución. Pues bien, dentro de esa
concepción muy restringida, se producen además errores técnicos
incomprensibles. Por ejemplo, la enmienda número 40 deroga los artículos
13 a 17 y 22 a 27, la enmienda número 41 vuelve a derogar el artículo 13
y la enmienda número 42, después de haber derogado los artículos 22 a 27,
con lo cual éstos desaparecerían según la técnica utilizada en la
confección de esta ley, vuelve a dar una nueva regulación al artículo 22.
Es una regulación muy confusa y tampoco hemos podido aceptarla.
Por último, en cuanto a las lenguas del procedimiento, la enmienda número
43, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, es
limitadísima. Quiero tranquilizar al Senador Gatzagaetxebarría porque de
ninguna forma está establecido que los administrados no puedan dirigirse
a la Administración del Estado en las lenguas cooficiales. Eso se afirma
terminantemente en el artículo 36.1: Los interesados que se dirijan a los
órganos de la Administración General del Estado, con sede en el
territorio de una Comunidad Autónoma, podrán utilizar también la lengua
cooficial con ella y, en este caso, el procedimiento se tramitará en esta
lengua.
El retoque que trataba de introducir el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos tenía un carácter mucho más limitado,
restringiéndose a la expedición de documentos en castellano a aquellos
que lo soliciten y, desde luego, tenía muy poco interés.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, se ha llegado a una transaccional relativa a la enmienda número 83.
Con esta enmienda se pretendía establecer el sistema sustitutivo de
recursos, aparte de otras materias, con algunos defectos que impedían
aceptarlo. El acuerdo ha sido encargar al Gobierno que, en el plazo de 18
meses, presente un proyecto sobre esta materia. Creemos que es una
solución francamente razonable.
Respecto al resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, voy a referirme solamente a la número 79,
que pretende conseguir que en los órganos multilaterales que traten de
temas que afectan a las entidades locales estén representadas
las entidades mayoritarias de todas las Comunidades Autónomas, con lo
cual, en un órgano de estos pueden concurrir hasta 17 entidades
representativas, lo cual sería francamente improcedente.
La enmienda número 84 trata de introducir una reforma a la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta Ley ha sido aprobada
este mismo año y creemos que no es adecuado proceder ya a su reforma. El
contenido de la modificación es mínimo, puesto que se trata de imponer,
en todo caso, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por último, me voy a referir a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En la misma Ponencia se aceptaron nada menos que siete de las
15 enmiendas y luego se han aceptado otras dos con carácter
transaccional, por tanto quedan solamente seis enmiendas no aceptadas,
que forman parte de dos grupos. Uno de ellos se refiere a las formas de
cooperación y contiene las enmiendas números 45, 46 y 47. Responden a una
filosofía muy diferente de la que contiene el proyecto; responden a un
proyecto de ley que en su día había elaborado el Gobierno anterior y que
ahora ha resultado difícil encajar en este Gobierno. Se han aceptado
algunos retoques parciales, pero el conjunto no ha podido serlo.
En cuanto a las otras materias, hay algunas de interés, como la enmienda
número 52, que se refiere a los requisitos para la expedición de la
certificación de actos presuntos. Hay que tener en cuenta que la
certificación de actos presuntos, que tenía muchos problemas, antes
ofrecía un gran interés porque era la única forma de acreditar el
silencio administrativo. Como actualmente se puede acreditar por otros
medios y como la certificación de actos presuntos tiene muchos
inconvenientes, creemos que no es necesario insistir sobre este tema y
confiamos en que la certificación de actos presuntos se utilice con un
carácter muy limitado.
La enmienda número 55 pretende mantener la revisión de oficio de los
actos meramente anulables. Pues bien, uno de los puntos fundamentales de
la reforma ha sido precisamente limitar todo lo posible la revisión de
oficio de los actos verdaderamente nulos, excluyendo los anulables. Se
entiende que para los anulables es preferible acudir al sistema general
de declaración de lesividad y al recurso contencioso-administrativo.
Por último, la enmienda número 59, que corresponde a un tema puramente
técnico y de evolución, se refiere al problema del efecto positivo del
doble silencio administrativo. Como sus señorías saben, en materia de
recursos y como excepción al principio general del silencio positivo, el
silencio tiene carácter denegatorio, pero en el caso del doble silencio,
es decir cuando el recurso se ha interpuesto contra una decisión adoptada
por silencio administrativo y en el recurso también ha habido silencio,
adquiere carácter positivo. Esto se aplicaba con la anterior Ley de 1992
al recurso ordinario, pero ahora, al introducirse el recurso de
reposición, era necesario pronunciarse sobre si se va a producir este
efecto o no en el recurso de reposición. El Partido Socialista Obrero
Español, y no quiero hacer del asunto un caballo de batalla, consideraba
que debía aplicarse también al recurso de reposición. En Ponencia se
aceptó la enmienda número 62 de Coalición Canaria en el sentido de
limitar ese carácter positivo del doble silencio administrativo al
recurso de alzada, puesto que el recurso de reposición es algo que se
ofrece al particular para no perturbarle, pero no es lógico que se
convierta en una fuente de derechos individuales.
Nada más, señorías, vuelvo a ratificar la satisfacción de los ponentes
del Grupo Parlamentario Popular por el consenso alcanzado en esta materia
gracias a la incorporación de enmiendas de todos los grupos
parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte Zulueta.
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
Senador Gatzagaetxebarría, tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario coincide con parte de la exposición del señor
Uriarte Zulueta, concretamente en que estamos ante una ley positiva, que
hemos conseguido avances importantes --él hacía referencia a las
disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima-- y que, por lo
tanto, hemos logrado un grado de consenso elevado. Como se decía
anteriormente, aunque no se aprueben determinadas enmiendas en este
trámite parlamentario, ha habido sensibilidad al abordar esta cuestión
porque en las negociaciones que han tenido lugar entre los grupos del
Congreso de los Diputados ya se incorporaron algunas de nuestras
iniciativas al texto que se habría de remitir al Senado. Por tanto, en
ese aspecto coincidimos.
Obviamente, no estamos de acuerdo con la parte de su exposición en la que
hacía referencia a la supresión de unos preceptos, puesto que
interpretamos de forma distinta el ordenamiento jurídico. Cuando se
debatió la Ley 30/1992 mantuvimos la misma postura --y en esa ocasión
este Senador tuvo la oportunidad de ser ponente--, y entonces la mayoría
de la Cámara residía entonces en el Grupo Parlamentario Socialista y no
en el Grupo Parlamentario Popular, pero los argumentos que en su día
esgrimió el Grupo Parlamentario Socialista son los que ahora también
esgrime el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, mantenemos esa
diferencia de opinión sobre el carácter que esos preceptos deberían tener
en cuanto a la organización de las Administraciones.
También tenemos diferencias de matiz respecto a la articulación de las
conferencias sectoriales. Creo que son aspectos que no tienen tanta
trascendencia como otros que han sido aprobados en el proyecto de ley.
Por último, quiero aclarar que quizá ha habido un malentendido en el tema
de la lengua. Estamos de acuerdo en que cualquier interesado se puede
dirigir en la lengua que elija, ya sea el castellano, el gallego, el
catalán o el
euskera. Pero, en caso de discrepancia en el procedimiento, la
Administración establece la primacía del castellano sobre las demás
lenguas. Ese «prius», esa prioridad que se le da al castellano hace que
la Administración Central, en aquellas Comunidades Autónomas en las que
existan lenguas cooficiales, lo tramite siempre en castellano.
Nosotros entendemos que si es inconstitucional la regulación de la ley
vasca que daba primacía al euskera, obviamente es inconstitucional esa
regulación --por ello la Generalitat de Cataluña ha recurrido la Ley
30/1992, y se está a la espera de la sentencia del Tribunal
Constitucional--. Hubiera sido más razonable que, en el caso de
discrepancia, se tramitará por la Administración en ambas lenguas, de tal
manera que, por ejemplo, para aquel ciudadano de Vigo que se dirija a la
autoridad portuaria de Vigo, si existiesen varios interesados en un
procedimiento administrativo, la administración gallega tramitará todas
las resoluciones, todos los expedientes, todos los informes de manera
bilingüe sin que prevaleciera una lengua sobre otra, sin perjuicio de que
los testimonios o documentos se expidan en la lengua que uno solicite. Me
estoy refiriendo al trabajo «ad intra» de la Administración en la
tramitación del expediente, lo que nos parece más razonable y más acorde
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentencias 82/1986 y
123/1988, a favor de la tramitación en ambas lenguas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Gracias.
Vamos a iniciar las votaciones de este proyecto de ley.
Votamos, en primer lugar, el voto particular número 4, del Senador Román
Clemente, enmiendas números 6 y 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 4; en contra, 129; abstenciones, 75.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 4, 8, 14, 20, 22 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a
favor, 79; en contra, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 2; en contra, 202; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 5 de la Senadora de Boneta, concretamente enmienda
número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, ocho; en contra, 198; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la enmienda número 43.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 12; en contra, 194; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 36 a 44, excepto la 43, que acabamos de
votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, cuatro; en contra, 201; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 1 que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, votamos las
enmiendas números 79, 82 y 84.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, ocho; en contra, 194; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 80 y 81 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, ocho; en contra, 121; abstenciones, 79.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3 que corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 78; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos la propuesta de modificación del dictamen al artículo 1.4, que se
refiere al artículo 6.5 del proyecto
que estamos votando. (El señor García Carnero pide la palabra.)
Tiene la palabra.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos gustaría que repitiese lo que se va a someter a votación.
El señor PRESIDENTE: Una propuesta de modificación del dictamen que se
refiere al artículo 1.4, pero es el artículo 6.5 del proyecto que estamos
votando, firmada por todos los grupos parlamentarios.
Por tanto, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
Pasamos a votar el dictamen, en primer lugar, párrafo quinto del punto 11
del artículo 1, que realmente corresponde al artículo 43 del proyecto que
se modifica.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 130; en contra, 77.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 21 del artículo 1, que se refiere al artículo 103 del
proyecto, párrafo 2, y el punto 31 del artículo 1, que se refiere al
artículo 117, punto 2, y el proyecto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 128; en contra, 78; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposición adicional decimosexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 130; en contra, 78.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el artículo 1, apartados 3, 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 204; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 1, apartado 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 204; en contra, tres; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, finalmente, el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 206.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY REGULADORA DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO Y DE SUS SOCIEDADES
GESTORAS. (S. 621/000107) (C.D. 121/000114)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el proyecto de Ley reguladora de las entidades de
capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador López
Borderías.
El señor LOPEZ BORDERIAS: Señor Presidente, señorías, me cabe el honor de
presentar a la Cámara, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda,
el proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus
sociedades gestoras.
Dicha ley viene a establecer un marco jurídico estable y completo a las
entidades de capital-riesgo españolas, entendiendo por capital-riesgo
aquella actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio
y largo plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas que
presentan dificultades para acceder a otras fuentes de financiación. La
Ley establece un régimen jurídico de autorizaciones, inspecciones y
sanciones e incorpora modificaciones en el régimen fiscal actualmente
vigente para estas sociedades.
A este proyecto se presentaron 44 enmiendas. La Ponencia que se
constituyó acordó, por mayoría, incorporar todas las del Grupo Popular, a
excepción del contenido de la letra c) de la enmienda 39, añadiéndose un
nuevo párrafo a la disposición final segunda, sobre la base de la
enmienda 44, del Grupo de Convergència i Unió. Asimismo, se incorporaron
modificaciones técnicas en los artículos 20, 36 y 38. La Comisión se
reunió para dictaminar este proyecto de ley el 18 de noviembre, aprobando
el texto del informe en sus propios términos.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular
número 2, de la Senadora De Boneta y
Piedra, que corresponde a las enmiendas números 1 a 11, presentadas por
el Senador Román Clemente.
El Senador Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas en los términos en que están
redactadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 43.
El Senador Vidal tiene la palabra.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
A nuestro Grupo nos queda una enmienda, la número 43, que hace referencia
a la disposición adicional tercera, número 1, condición 3.ª La
justificación queda muy clara en el texto y no voy a repetir lo que pone
en el Boletín Oficial de las Cortes y, por tanto, la doy por defendida.
Si me lo permite, voy a utilizar este turno para fijar nuestra posición
en relación a este proyecto de ley reguladora de las entidades de
capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. Nuestro Grupo está
totalmente a favor de la misma porque viene a revisar el marco legal hoy
vigente. Se ha demostrado que la regulación que existía hasta el momento
no funcionaba por las muchas trabas que existían e incluso es obsoleto en
la actualidad. Todos estos inconvenientes hacían que hubiera muy poca
actividad o incluso que fuera nula por parte de estas entidades en estos
últimos tiempos.
Este proyecto responde a los tiempos que vivimos dentro del marco
europeo, y a través de este proyecto a las entidades de capital-riesgo
les permitirá invertir en pequeñas y medianas empresas y hacerlas más
grandes, más competitivas y estar mejor dotadas, sobre todo de nuevas
tecnologías, lo que ayudará a impulsar y fomentar proyectos con un alto
porcentaje de I+D.
Este proyecto evidentemente es mucho más abierto. A nadie de esta Cámara
debería asustarle que este proyecto sea abierto, más flexible y con menos
limitaciones que el anterior y que, de alguna forma, no ponga trabas ni
limitaciones a unas iniciativas que a buen seguro llevarán a más
inversión a estas pequeñas y medianas empresas, que de hecho son las que
hoy están generando empleo, y en definitiva ayudarán a crear más riqueza
en nuestro país. Estamos de acuerdo en que las gestoras de fondos de
inversión puedan también invertir en capital-riesgo gracias a la
aprobación de este proyecto de ley que estamos debatiendo y vamos a
aprobar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vidal.
Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 12 a 27, 29 a 34.
El señor Fernández Moreda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ MOREDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El objeto de este proyecto de ley es unificar en un único texto legal
toda la legislación que regula la actividad financiera del capital-riesgo
y adaptarla a las nuevas necesidades que el paso del tiempo pone de
manifiesto.
Nosotros compartimos este criterio: el capital-riesgo debe tener mayor
incidencia en la actividad económica y en la generación de empleo
fomentando y desarrollando el tejido empresarial, especialmente a través
de la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas, que son las que
tradicionalmente generan mayores puestos de trabajo.
Para nosotros la regulación es oportuna y, por ello, no hemos presentado
ninguna enmienda de devolución en el Congreso, ni veto ahora en el
Senado. No compartimos, sin embargo, algunos de los aspectos del proyecto
de ley por considerar que más que regular el capital-riesgo, lo
desnaturaliza, desvirtúa su concepto para convertirlo en algo totalmente
diferente a lo que se entiende por esta actividad.
El capital-riesgo es una actividad financiera que consiste en
proporcionar recursos a medio y largo plazo, pero sin vocación de
permanencia ilimitada, a empresas con dificultades para acceder a otras
fuentes de financiación. Existen empresas que por distintas razones
tienen serias dificultades para acceder a unas fuentes de financiación
tradicionales a las que otras empresas acceden sin dificultad. Son
empresas que, por sus reducidas dimensiones, por lo arriesgado del
proyecto que pretenden acometer, o simplemente por hallarse en una
incipiente fase de desarrollo, no disponen de las garantías para que las
entidades financieras les faciliten el acceso al endeudamiento a largo
plazo. Por lo arriesgado de los proyectos en que participan, y por la
incertidumbre que ello genera desde el punto de vista del beneficio, es
por lo que se dota a esta actividad, de unas indudables ventajas
fiscales.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene a este proyecto de ley 22
enmiendas con la finalidad de ajustarlo más a la actividad que se
pretende regular tal como anuncia su título, las entidades de
capital-riesgo y sus sociedades gestoras, y de configurarlo como una
actividad cuya finalidad sea el reforzar los mecanismos de financiación
de las pequeñas y medianas empresas reforzando también con ellas las
características nucleares de esta actividad, es decir, que dirijan sus
inversiones hacia sociedades que tienen muy limitadas sus posibilidades
de financiación, que tengan una vocación de financiación temporal de las
empresas, ya que basan sus expectativas de rentabilidad en las plusvalías
previstas en la desinversión, y que no se limiten a prestar recursos sino
que también puedan colaborar en la gestión de las empresas aportándoles
su credibilidad y su experiencia.
Este proyecto que hoy debatimos no tiene por objeto esencial, a nuestro
juicio, la regulación de la actividad financiera del capital-riesgo, sino
que lo desregula y lo desnaturaliza. Está pensado más para favorecer las
operaciones en capital-expansión en empresas de tamaño medio ya
consolidadas que para favorecer aquellas inversiones iniciales de semilla
y puesta en marcha, objeto principal del capital-riesgo.
Es cierto que además se podrán hacer operaciones típicas de la actividad
que el proyecto regula, pero ¿quién va a hacerlo pudiendo invertir en
empresas ya consolidadas, en proceso de expansión, si van a gozar de las
mismas ventajas fiscales? ¿Para qué asumir riesgos si se obtiene el mismo
beneficio en operaciones con un menor nivel de incertidumbre? Desde
luego, a aquel que utilice esta ley para actividades propias del
capital-riesgo, podríamos calificarlo de mecenas de la economía.
Antes de entrar en el análisis pormenorizado de nuestras enmiendas
quisiera expresar nuestra oposición a que se regule mediante esta ley la
actividad financiera conocida como «factoring». No parece muy oportuno
justificar este proyecto en la necesidad de reunir en un único texto toda
la legislación que sobre esta materia existe, para que, a continuación,
en la disposición adicional tercera se regule de una forma insuficiente y
poco rigurosa algo que nada tiene que ver con la actividad del
capital-riesgo y que sí justificaría una norma específica que la
regulase.
Nuestra oposición a que se regulen las cesiones de crédito es una
oposición formal. No nos negamos a su regulación, Pero consideramos que
éste no es el procedimiento adecuado para ello. En este sentido se tiene
que entender nuestra enmienda número 34, que suprime la regulación de las
cesiones de crédito, y en relación con ella la número 14, por la que se
suprime de la exposición de motivos la referencia que se hace al
«factoring».
El artículo 2 del proyecto de ley define el objeto principal de las
sociedades de capital-riesgo ampliando este concepto hasta el punto de
que se puede entrar en contradicción con la definición que se hace de
esta actividad en la exposición de motivos cuando se refiere a empresas
con dificultades para acceder a otras fuentes de financiación.
Consideramos que esta redacción abre demasiado, sin límites definidos, el
objeto de esta actividad. Por ello, en nuestra número 15 proponemos que
se vuelva a lo que hasta ahora está vigente según el Decreto de 1996.
Creemos que el capital-riesgo todavía no ha alcanzado la importancia que
debería tener dentro del campo de la actividad financiera y que es
necesario aprovechar este proyecto de ley para eliminar rigideces o
corsés que pueden impedir o dificultar el desarrollo de este sector, pero
consideramos también que lo que no podemos hacer con este proyecto es
desregularizarlo de tal forma que lleguemos a no reconocerlo
conviertiéndolo en otra cosa.
En el número 2 del artículo 4 se continúa por el camino iniciado en el
artículo 2. En la enmienda número 16 se propone la supresión de este
apartado ya que no nos parece conveniente que las sociedades gestoras de
instituciones de inversión colectiva se dediquen a gestionar activos de
sociedades de capital-riesgo y fondos de capital-riesgo. Este tipo de
sociedades no gestionan la actividad de las empresas en las que
participan ni forman parte de sus órganos de gobierno ni las asesoran.
Seleccionan las inversiones con el afán de obtener rentabilidad
financiera, pero no con el de administrar o desarrollar proyectos de
inversión. Son, por otra parte, especialidades totalmente distintas.
Mientras una evalúa un proyecto en términos de innovación tecnológica,
capacidad gerencial o empresarial de quien lidera el proyecto, su
evaluación contable y financiera, etcétera, el analista de inversiones
analiza balances y estudia la trayectoria de una empresa en un sector ya
consolidado, trabajan sobre activos financieros de renta fija o renta
variable en mercados organizados, y sus inversiones las hacen en activos
de gran liquidez, y no poseen, en principio, especialización alguna en la
evaluación de proyectos productivos, tecnológicos o de mercadotecnia.
Las enmiendas números 12, 24, 25 y 27, están en concordancia con la 16.
Con ellas pretendemos suprimir las referencias que se hacen a este tipo
de sociedades gestoras en la exposición de motivos y en los artículos 27,
31 y 34 del proyecto de ley.
La enmienda número 17, al artículo 7, pretende añadir un apartado, el
punto c), en el que proponemos que la inscripción en el Registro
administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se publique
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el boletín de su respectiva
Comunidad Autónoma si su ámbito de actuación se circunscribe a ella. Con
esta enmienda pretendemos regular las condiciones de acceso a esta
actividad de forma similar a la que existe para las sociedades y agencias
de valores en la Ley del Mercado de Valores.
El proyecto regula, en el artículo 16, el coeficiente obligatorio de
inversiones y establece que, como mínimo, el 60 por ciento de su activo
tendrá que estar en acciones y participaciones en el capital de las
empresas que sean objeto de esta actividad, pudiendo dedicar hasta el 50
por ciento de ese porcentaje a préstamos participativos, a empresas que
sean objeto de su actividad, estén participadas o no por la sociedad de
capital-riesgo.
Continuamos abriendo portillos con este artículo. Nos parece más adecuado
a la finalidad que estamos regulando mantener el porcentaje que
actualmente está en vigor --el 15 por ciento en lugar del 30--, y este es
el contenido de la enmienda número 18.
El artículo 2, en su número 1, establece que el objeto social principal
consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de
empresas, y ahora, con este artículo, estamos permitiendo equiparar el
porcentaje del coeficiente obligatorio de inversión que se dedica a la
toma de participaciones con el porcentaje que se puede destinar a
préstamos participativos. Esto parece que no tiene mucho sentido.
Por otra parte, la vocación del capital-riesgo es participar en el
capital. El préstamo participativo es una actuación complementaria que
tiene por objeto reforzar la solidez financiera de la empresa, y no
parece prudente que se equipare con el porcentaje de inversión en
capital, y mucho menos cuando existe la posibilidad de que pueda hacerse
en empresas no participadas por la entidad de capital-riesgo, pues
acabamos convirtiendo a éstas en meros prestamistas, y esta no es la
función para la que están pensadas.
La enmienda número 19 pretende que sólo pueda destinarse como máximo el
10 por ciento del capital social a elementos de inmovilizados frente al
20 por ciento que
establece el proyecto. Nos parece excesivo que una sociedad de estas
características pueda dedicar hasta el 20 por ciento de su capital a
inmovilizado cuando sus finalidades son otras muy diferentes.
El artículo 18 permite una elevada concentración de las inversiones de
las entidades de capital-riesgo, equiparándolas de hecho casi con una
sociedad de cartera con un tratamiento fiscal excepcional.
Existen ya muchos tipos de sociedades para emprender todo tipo de
actividades: sociedades de garantía recíproca, sociedades de desarrollo
regional, sociedades en régimen de transparencia fiscal, sociedades de
carteras, nuevos tratamientos de plusvalías y minusvalías. ¿Para qué
queremos hacer del capital-riesgo otra cosa distinta de lo que es el
capital-riesgo?
Con la enmienda número 20, al artículo 18, pretendemos reducir del 25 al
15 por ciento la posibilidad de invertir su activo en una misma empresa.
Este porcentaje nos parece excesivo desde el punto de vista de la salud
financiera, máxime en una actividad de alto riesgo como puede ser la de
este tipo. Por ello nos parece más adecuado una mayor diversificación.
Por otra parte, al tener un tope más reducido, estamos aumentando la
posibilidad de colaboración entre distintas sociedades de capital-riesgo
que se invitarán mutuamente a coinvertir en proyectos atractivos. Es
decir, que estamos facilitando la sindicación de operaciones, y ese
intercambio mejora el capital humano de las sociedades gestoras, que es
esencial para el éxito de su actividad.
El proyecto fija unos plazos razonables de posibles incumplimientos de
las inversiones: los tres primeros años a partir de su constitución y
durante 24 meses después de que se produzca una desinversión. Son unos
plazos razonables con los que estamos de acuerdo. Lo que no nos parece
razonable y con lo que no estamos de acuerdo es que, mediante
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estos plazos
puedan ampliarse sin limitación alguna e, incluso, eximiesen el
cumplimiento de estos porcentajes de inversión obligatoria, pero ¿que
estamos regulando con esta ley: el capital-riesgo, las sociedades de
cartera y los fondos de inversión?
Es tal el grado de desregularización que se propone que los perfiles se
difuminan y no sabemos muy bien a dónde queremos ir a parar. Este número
3 del artículo 19 introduce un elemento de arbitrariedad que no sólo no
es bueno aquí, sino en ninguna parte.
Nuestra enmienda número 21 pretende suprimir el número 3 del apartado 19
por considerar que los plazos fijados en el número 1 son suficientes,
dadas las características del sector que estamos regulando que no
consisten, precisamente, en invertir el capital en fines que nada tienen
que ver con el objeto de su actividad durante un tiempo ilimitado, aunque
sea con autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Con la enmienda número 22 pretendemos que no sólo se auditen las
entidades de capital-riesgo, sino que también lo sean, en los términos
previstos por la ley, las sociedades en que participan. De esta forma, se
obtiene más información y ésta es más transparente. Nos parece una medida
adecuada tal y como está el articulado del proyecto.
Con la enmienda 23 pretendemos que los desembolsos de capital se efectúen
en efectivo, pues de otra forma pueden darse problemas de valoraciones y
otros conflictos que se evitan con esta enmienda.
La enmienda número 26 propone añadir un nuevo artículo cuyo enunciado
sería: «Limitaciones a las participaciones». Con él pretendemos subsanar
lo que consideramos un olvido del proyecto. Con la enmienda regulamos la
participación en las sociedades o fondos de capital-riesgo estableciendo
que éstas no podrá ser mayoritaria.
La redacción del proyecto permite que haya sociedades o fondos de
carácter unipersonal que, obviamente, va en la línea desreguladora del
proyecto, pero que no nos parece conveniente, salvo cuando se trata de
entidades y empresas públicas u organismos oficiales. Tal como está
redactado el proyecto posibilitamos que cualquier persona se monte su
chiringuito para financiar a sus empresas con unas exenciones fiscales
extraordinarias.
Las enmiendas 29 y 30 hacen referencia al régimen de infracciones.
Consideramos que incumplir, en perjuicio grave para los partícipes de un
fondo de capital-riesgo, el régimen de subscripción y reembolso de
participaciones no debe considerarse como infracción grave, tal como
recoge el proyecto, sino como infracción muy grave.
Finalmente, las enmiendas 13, 31, 32 y 33 hacen referencia a la
disposición adicional segunda. El proyecto aumenta de 10 a 12 años el
período de exenciones sobre el Impuesto de Sociedades, posibilitando que
éste pueda llegar hasta el año decimoséptimo. Pensamos que la actual
limitación de 10 años regulada en el Decreto-Ley 7/1996 es más correcta,
pues entendemos que para una participación temporal y minoritaria en una
empresa que ha de desarrollarse, crecer y ofrecer plusvalías a sus
accionistas, 10 años son suficientes si tenemos en cuenta que estamos
regulando el capital-riesgo, cuya actividad financiera es proporcionar
recursos sin vocación de permanencia ilimitada a empresas que presentan
dificultades para acceder a otras fuentes de financiación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Morera.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
No es necesario que nos extendamos en este momento en lo que significan
las sociedades de capital-riesgo y las sociedades gestoras de este tipo
de entidades o fondos de capital riesgo y en la importancia que todo el
mundo espera que pueda tener el desarrollo económico para la promoción de
nuevas tecnologías, de nuevas empresas y, en consecuencia, para obtener
un mayor bienestar y más empleo.
La realidad es que existe una legislación ya vigente en esta materia,
pero sus efectos, en cuanto al número de empresas y volumen de recursos
que manejan, al número
de empleos que han creado, no han sido los que hubieran sido deseables o,
al menos, el que sería, a efectos comparativos, deseable en este país
teniendo en cuenta lo que este tipo de empresas han hecho en otras
latitudes y en otros países.
Estas son las razones que justifican la presentación del nuevo proyecto
de Ley que estamos debatiendo, un proyecto de ley que, evidentemente,
amplía las posibilidades de actuación de estas empresas, elimina
restricciones operativas y les da mayores posibilidades y mayor
flexibilidad.
Anuncio esto porque, evidentemente, la finalidad del proyecto contrasta
sobre todo con los contenidos de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
En su documentada exposición el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha defendido una serie de
enmiendas, ha expuesto su contenido y esencialmente
--por no incidir en una enumeración exhaustiva-- trata de reducir
coeficientes, en casos de inversión; reducir ámbitos de ampliación;
suprimir posibilidades en algunos casos y limitar las participaciones.
Evidentemente, muchos de estos argumentos pueden defenderse. Se puede
defender un coeficiente del 25 ó 30 por ciento. Pero volvemos a
encontrarnos con la paradoja original. Se pretende que estas sociedades
que no han arrancado en España se encuentren con un marco legislativo
menos restrictivo, menos encorsetado que les proporcione un incentivo
para que puedan extenderse.
En consecuencia, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
pretenden reducir estos límites, y el riesgo que conlleva es que, de
aceptarse, nos encontremos con que volvemos a la legislación actual, que
no ha sido eficaz. Por ello, creemos que estas enmiendas son contrarias a
la filosofía del proyecto y vamos a rechazarlas.
El proyecto actual no desnaturaliza las empresas de capital-riesgo,
amplía sus horizontes y sus posibilidades de funcionamiento; por ejemplo,
los créditos participativos pueden ser un mecanismo para que en un
momento determinado se pueda proporcionar financiación a una empresa o
bien para que mediante la proporción entre participación directa y
créditos participativos se pueda entrar en una empresa, lo que en otro
caso no hubiera sido posible. Si esta posibilidad permite que este tipo
de actividades se amplíe, bienvenida sea.
Lo específico de este proyecto de ley es que a las empresas que cumplen
unas determinadas condiciones se les dan unas ventajas fiscales, y que
estas empresas de capital-riesgo tienen más posibilidades de operar. Pero
si se analiza el proyecto de ley, las ventajas fiscales se reducen a
aquellos ámbitos de actuación que son, como ha dicho el portavoz del
grupo Parlamentario Socialista, más propios de las entidades de
capital-riesgo. Como dice la disposición adicional, se reducen a las
actividades reguladas en el artículo 2.1 que son participaciones en
empresas; es decir, que en este sentido no se desnaturalizan las
entidades de capital-riesgo. Esta la puede montar cualquiera y hacer lo
que quiera. Aquí la regulamos porque con determinadas condiciones y
requisitos se les conceden beneficios fiscales. Si éstos se reducen a un
ámbito de actuación más propio de lo que es la esencia, realmente estamos
diciendo que los beneficios fiscales los obtendrá en ese ámbito de
actuación, pero puede hacer más cosas, tiene más opciones y su operativa
no está restringida a unas posibilidades que han demostrado que, en la
práctica, este tipo de sociedades no tiene la capacidad de desarrollo que
pueda tener en otros países. Estas son las razones que nos inducen a
pensar de este modo, porque significa volver a una legislación más
restrictiva, que no ha sido operativa. Por otra parte, todo el mundo ha
estado de acuerdo, el portavoz del grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, e incluso lo he podido deducir de las palabras del representante
del Grupo Parlamentario Socialista, en la necesidad de que estas
sociedades se regulen de forma que pudieran tener un mayor impulso.
Básicamente entiendo que éstas son las líneas argumentales por las cuales
vamos a rechazar las enmiendas; no porque no pudiera considerarse
individualmente alguna, sino porque entendemos que el proyecto necesita
abrirse en el futuro.
Hay que tener en cuenta también en algunos casos que estamos operando
dentro de un ámbito de profesionales que conocen el mundo de la
inversión, el mundo de las finanzas y que, en consecuencia, no es
necesaria una regulación tan estricta como en otros ámbitos; es decir,
estas empresas se dirigen a personas con una formación financiera, se
supone, por encima de la media, no como los fondos de inversiones
normales que se dirigen a la mayoría de las personas. Por tanto, los
requisitos que se deben exigir son siempre menores porque las partes que
van a intervenir en los negocios entre empresas o partícipes de las
mismas, son personas con mayor nivel de información. Por tanto, es un
ámbito en el que es ciertamente posible permitirse una mayor
desregulación, limitada porque la ley impone requisitos muy precisos para
poder disponer de estos beneficios fiscales, y no en otros ámbitos como
las sociedades de valores, que se dirigen a un público más general. Por
ejemplo, en este mismo contexto, una infracción en el régimen de
suscripción y reembolso de participaciones de fondos de este tipo tiene
un carácter de grave, y no de muy grave, como sí sería exigible en ese
otro ámbito de fondos de inversión que se dirige al gran público. Cuando
alguien va a suscribir participaciones en un fondo de capital-riesgo, ya
se supone, de entrada, que tiene que ser una persona con cierta
preparación y que sabe dónde está poniendo sus fondos; por tanto necesita
una menor protección por parte de la legislación que una persona que se
dirija hacia un fondo de inversión.
Algunas de las enmiendas que han sido defendidas por el Grupo Mixto, en
la persona del Senador Román, también pueden ser contestadas en esta
dirección. Asimismo, hay un amplio capítulo de enmiendas dedicadas a
mayores infracciones. Nosotros entendemos que las infracciones recogidas
en el proyecto de ley son suficientes, y se les puede aplicar el
argumento que le acabo de dar el ámbito en el cual se desenvuelven, tanto
las empresas como sus socios, es un ámbito de mayores posibilidades
de conocimiento y, por tanto, las infracciones entendemos que están bien
medidas.
Señores Senadores, creo sinceramente que éste es el resumen y la esencia
de las razones por las que no vamos a admitir las enmiendas, y, en
consecuencia, entiendo que sobraría una exposición más detallada y difusa
que, por otra parte, ya conoce la Cámara por la exposición de los
portavoces de los distintos grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ya ha
agotado su turno.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, después de
la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, porque
de lo que hemos oído en el debate, tanto en Comisión como aquí en el
Pleno, llegamos a una conclusión que puede ser compartida por todos, y es
que las sociedades de capital-riesgo son una apuesta de todos los grupos
parlamentarios. Por tanto, estamos convencidos de su utilidad y de su
necesidad.
Ahora bien, lo que nos diferencia a unos y a otros es, como usted ha
matizado, la extensión del campo de actuación de las sociedades de
capital-riesgo. Para algunos, también para el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, la legislación que existía tenía
trabas, muchas cautelas, y era necesario --sigo con la intervención del
Grupo Parlamentario Popular-- abrir el concepto de las sociedades de
capital-riesgo. Nosotros decíamos: muy bien, si la economía y el mundo se
están globalizando, internacionalizando, y hay que adaptarse
sucesivamente a los cambios que se producen, es lógico que las
legislaciones se vayan actualizando progresivamente. Pero, ¿hasta dónde?
La solución a un tipo de legislación ¿es hacerla arbitraria, flexible,
sin limitaciones y no poner ninguna traba a las actualizaciones? Esta
ley, si la analizamos todos de forma consciente y mirando hacia el
futuro, puede tener rasgos importantes de actualización, pero por otro
lado está introduciendo conceptos de arbitrariedad, de una absoluta
flexibilidad y de ausencia de limitaciones.
Se empieza a confundir lo que es una sociedad de capital riesgo con otro
tipo de sociedades, como las instituciones de inversión colectiva o
fondos de inversión. Se intenta confundir al inversor, al proponente o al
que quiere incentivar las sociedades de capital-riesgo en cuanto a los
coeficientes obligatorios de inversión, incluso sobre las tomas de
participación y la diferencia que hay sobre los préstamos participados,
sobre los elementos de inmovilizado, sobre la elevada concentración en la
participación de capital, y llega al paroxismo total cuando entramos en
el artículo 19.3, donde se fijan los plazos de incumplimiento. Fíjense,
señores representantes del Partido Popular y del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, hasta donde llevan el
artículo 19.3, donde dicen que hay que eliminar las trabas y las
cautelas. Llevan a lo siguiente --y leo textualmente--: «La Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrá, con carácter excepcional, eximir
del cumplimiento de los porcentajes previstos en el apartado 2 del
artículo 16, o autorizar la ampliación de los plazos a que se refiere el
apartado 1 de este artículo, a solicitud de la Sociedad de Capital-Riesgo
o de la Sociedad Gestora del Fondo, en atención a la situación del
mercado y a la dificultad de encontrar proyectos para cubrir,
adecuadamente, el porcentaje mencionado.» Es decir, podemos eximirlo de
todos los cumplimientos, de apartados tan importantes como los que
figuran en la lectura que he realizado.
Tiene que haber una definición, un cauce, una dimensión, un marco de
actuación. Lo que no debe haber, creo yo, en un marco institucional,
legislativo, de funcionamiento de una sociedad de capital-riesgo, es esa
exención tan importante en la cual la Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá, con carácter excepcional, eximir del cumplimiento de los
porcentajes. Tiene que haber otro tipo de cauces. Hasta ahí hay un
contenido elevado de arbitrariedad, de flexibilidad y de ausencia de
limitaciones.
También pasa lo mismo con las exenciones fiscales para las rentas que se
obtengan por la transmisión de acciones y de participaciones en las
empresas. Es obvio que tiene que haber una exención fiscal del 99 por
ciento, tal y como se fija. Perfecto. Es obvio que se pueda discutir si
son 10 ó 12 años, y tampoco sería gran problema, pero de repente ampliar
el campo de actuación de las exenciones fiscales hasta los 17 años para
una sociedad de capital-riesgo cuando en un principio hemos dicho que son
aquellas sociedades que necesitan un impulso inicial y un mantenimiento
sobre su período de madurez, 17 años da la impresión de que si lo
comparamos con la vida media de las sociedades anónimas limitadas en
España estamos por encima. Por tanto, éstas, que son de impulso, van a
tener la misma conceptualización y categorización que otro tipo de
sociedades. Creo que ahí también pasamos del campo del exceso o el miedo
a las trabas y cautelas al exceso de arbitrariedad y flexibilidad.
Estos son, señor Presidente, los argumentos filosóficos que subyacen en
la posición de nuestras enmiendas que antes ha explicado con total
autoridad mi compañero Salvador Fernández Moreda. Es evidente que el
Grupo Socialista va a mantener las enmiendas y se prueba una vez más y de
forma muy clara las distintas filosofías, los distintos marcos de
actuación que tenemos unos Grupos y otros a la hora de enfocar el
nacimiento e impulso de unas sociedades de capital-riesgo tan necesitadas
y que todo el mundo, tanto gobiernos, como ayuntamientos, como
Comunidades Autónomas y otras entidades buscan en ellas la solución a los
problemas del desempleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a dejar una cosa clara. No sé si hay diferencias ideológicas en
este aspecto, pero no es aplicable o, por lo menos, nuestra intención
aquí no viene de un planteamiento previo ideológico con respecto a
ninguna materia. Es una cuestión práctica y la acabo de decir. ¿Interesan
las entidades de capital-riesgo? Ustedes creen que sí, los demás Grupos
también creen que sí y nosotros creemos que sí. ¿Han funcionado estas
entidades de capital-riesgo en este país? En general estimamos que su
funcionamiento ha sido bastante inferior al que se esperaba. En
consecuencia, es por razones prácticas de funcionamiento de estas
entidades, porque cumplan las funciones que esperamos que cumplan en
desarrollo de empresas y creación de empleo por lo que traemos esta ley,
pero no porque aquí el Grupo Popular o el Gobierno que este Grupo
sostiene pretenda aplicar el dicho de «ancha es Castilla» o «todo el
monte es orégano», en absoluto.
Señor Senador, aquí tiene el contenido de la ley. En la ley se definen
las entidades de capital-riesgo y, a partir de ese concepto, y apoyándose
en sus argumentos, parece que todo el monte es orégano y que se le dan
una serie de ventajas a una serie de señores que no tienen ningún
requisito, que no tienen ninguna condición y que, por lo tanto, esto es
la libertad absoluta. No, éste es el contenido de la ley que está
publicada. Por ejemplo, el régimen de autorización. Tiene usted dos
páginas sobre el régimen de autorización, con siete artículos. Cuando en
un texto se dedican dos páginas al régimen de autorización, con siete
artículos, no se puede decir con toda ligereza que esto es la apertura y
que aquí va a poder entrar cualquiera, puesto que el régimen de
autorización está muy precisados. Nosotros modificamos la legislación
precedente en el sentido de dar facilidades, pero eso no quiere decir que
se vaya todo por la borda, señor Senador, señores Senadores del Grupo
socialista y señoras y señores Senadores.
El siguiente apartado es sobre las condiciones de ejercicio. Sobre esto
tiene usted dos páginas y media y le dedica nueve artículos. ¿Esto es una
desregulación total? ¿Ha visto usted que en la Ley de Sociedades Anónimas
haya algún artículo sobre las condiciones de ejercicio de su actividad
social? ¿Esto es una desregulación total? No. ¿Quiere que siga? Pues,
sigo.
Sobre sociedades y fondos de capital-riesgo, ya que ustedes les dedican
tiempo, déjenos a los demás que les dediquemos tiempo para contestarles.
Sobre fondos de capital-riesgo hay tres páginas sobre cómo deben ser,
cómo se deben regular, cómo deben funcionar, etcétera. ¿Eso es la
desregulación total? No. ¿Qué piden ustedes? Ustedes piden que haya
sociedades de capital-riesgo que creen trabajo y encima los culpables
somos los demás. Si estas empresas de capital-riesgo funcionan en el
futuro como esperamos y volvemos a tener otro debate, espero que no pase
como en el que he intervenido hace dos horas en esta Cámara, que ustedes
se atribuyan los méritos porque han dicho que estaban a favor de las
entidades de capital-riesgo. Sí, es verdad que ustedes apoyan a las
entidades de capital-riesgo, pero las enmiendas que nos están proponiendo
nos vuelven a un tipo de legislación que ha impedido que se desarrollen.
Nosotros esperamos que esta legislación --aunque no hay ninguna
garantía-- va a permitir que se desarrollen, por razones prácticas. En
consecuencia, por lo menos dejen a los demás tomar la iniciativa.
Es cierto que hay acuerdos en algunas cosas. Yo no he descalificado sus
enmiendas. No saquemos las cosas de quicio. No por el hecho de que se
modifiquen algunos aspectos --no todos, porque quedan muchos ámbitos y
condiciones de ejercicio reguladas-- hay que hacer un canto colocando al
Grupo Parlamentario Popular donde ni está ni pretende estar. Cuando se
cree empleo, allí estaremos. Hasta ahora este tipo de empresas no ha
funcionado. Ya nos gustaría a nosotros que las sociedades de este tipo
funcionaran como lo han estado haciendo en Estados Unidos, en el ámbito
de la informática, o en otros países. En consecuencia, si no están de
acuerdo no lo estén, pero no hagan calificativos sobre lo que no es.
Nosotros estamos aquí por razones prácticas. Si me apuran, hasta ustedes
han reconocido la necesidad de modificar la ley. Por tanto, déjennos que
la modifiquemos, pero no nos descalifiquen por ello.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.
Vamos a iniciar las votaciones de este Proyecto de Ley reguladora de las
entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.
En primer lugar, efectuamos la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, concretamente de las números 1, 6 y 7 del Senador
Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, uno; en contra, 193; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a
favor, 71; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 43 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, nueve; en contra, 186; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de las números
12 a 27 y 29 a 34, todas ellas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, 75; en contra, 119; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar, votamos los artículos 2.1,
4.2, 16.2, 18.1, 19.3, 27.1, 31.2 y 34 e), la exposición de motivos, así
como el número 2 de la disposición adicional segunda y la disposición
adicional tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 121; en contra, 75.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a
favor, 192.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas.