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DS. Senado, Pleno, núm. 107, de 24/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 107
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 24 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998.
Segundo
Mociones consecuencia de Interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo una
negociación con las centrales sindicales más representativas y las
administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de
desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan
1998-2005 de la Minería del Carbón. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de
noviembre de 1998). (Número de expediente 671/000057.)
Tercero
--Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1998
para la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y del Proyecto de Ley procedente del
Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para
el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad
Social en determinados casos especiales. (Número de expediente
550/000023.)
Segundo
Mociones consecuencia de Interpelación (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
presentar ante las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo
estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión
Nacional de Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en
un marco de equilibrio de intereses. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de
noviembre de 1998). (Número de expediente 670/000058)
Cuarto
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que considere, dentro del programa de reindustrialización del
Ministerio de Industria y Energía gestionado por la Dirección General de
Industria y Tecnología, los proyectos que se presenten para la
implantación de actividades industriales alternativas en las zonas
afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería
metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a
esa minería. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 586, de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número
de expediente 662/000146.)
--Del Grupo Parlamentario SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades
Autónomas del plan de intensificación del programa de protección de la
cubierta vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento
de estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en
las materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión
Europea y otras instancias internacionales. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586, de fecha
23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000145.)
--Del Grupo Parlamentario DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se
insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, ordene la
corrección y actualización de datos en el ordenador central que gestiona
el Documento Nacional de Identidad (DNI), en relación a las nominaciones
propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y publique un
decreto por el que todos los nombres propios que figuran con carácter de
lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y
admitidos a todo efecto oficial y administrativo. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 586,
de fecha 23 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000142.)
Quinto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción
Militar. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 104, de fecha 15 de octubre de 1998). (Número de
expediente Senado 621/000104) (Número de expediente Congreso 121/000090.)
--Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las Compañías Aéreas las
bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los
ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea residentes en las Islas Baleares, Islas
Canarias y Melilla. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 108, de fecha 19 de octubre de
1998). (Número de expediente Senado 621/000108) (Número de expediente
Congreso 121/000118.)
Sexto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
103, de fecha 18 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado
621/000103) (Número de expediente Congreso 121/000116.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley
Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia
de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el
tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B,
número 29, de fecha 20 de noviembre de 1998). (Número de expediente
Senado 624/000019) (Número de expediente Congreso 122/000191.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998
(Página 4921)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4921)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para
que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo una
negociación con las centrales sindicales más representativas y las
administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de
desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan
1998-2005 de la Minería del Carbón (Página 4921)
El señor García Correa defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Esteban Albert, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 80 votos a favor y 126 en
contra.
Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1998 para
la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999, del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y del Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley
5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para el reconocimiento
de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social en
determinados casos especiales (Página 4924)
Se aprueba la propuesta de habilitación por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Continuación) (Página 4924)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
presentar ante las Cortes Generales un proyecto de modificación de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo
estudio de los informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión
Nacional de Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en
un marco de equilibrio de intereses (Página 4924)
El señor Franco Gutiez defiende la moción. El señor Unceta Antón defiende
la enmienda del Grupo Popular. El señor Franco Gutiez expone la posición
de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Simó i Burgués, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 92 votos a favor, 116 en
contra y 13 abstenciones.
MOCIONES (Página 4929)
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por el que se insta al
Gobierno a que considere, dentro del programa de reindustrialización del
Ministerio de Industria y Energía gestionado por la Dirección General de
Industria y Tecnología, los proyectos que se presenten para la
implantación de actividades industriales alternativas en las zonas
afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería
metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a
esa minería (Página 4929)
El señor Esteban Albert defiende la moción. El señor García Correa
defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Esteban Albert expone
la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Simó i Burgués, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; García Correa, por el Grupo
Socialista, y Esteban Albert, por el Grupo Popular. Los señores García
Correa y Esteban Albert intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 219 votos a favor y 1
abstención.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que
cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas
del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta
vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento de
estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en las
materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión
Europea y otras instancias internacionales (Página 4935)
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la moción. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida defiende una enmienda «in voce» del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. La señora Pleguezuelos Aguilar expone la
posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Calvo Poch, por el Grupo
Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 93 votos a favor, 125 en
contra y 7 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se
insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, ordene la
corrección y actualización de datos en el ordenador central que gestiona
el Documento Nacional de Identidad (DNI), en relación a las nominaciones
propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y publique un
decreto por el que todos los nombres propios que figuran con carácter de
lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y
admitidos a todo efecto oficial y administrativo (Página 4941)
El señor Bolinaga Bengoa defiende la moción. El señor García Carnero
defiende la enmienda del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los
señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y García
Carnero, por el Grupo Popular. Los señores Bolinaga Bengoa, Oliart Pons y
García Carnero intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 100
votos a favor, 118 en contra y 3 abstenciones.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4951)
Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción
Militar (Página 4951)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 8.070.673.205 pesetas, para abonar a las Compañías Aéreas las
bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los
ejercicios 1995 y 1996, a los ciudadanos españoles y de los demás Estados
miembros de la Unión Europea residentes en las Islas Baleares, Islas
Canarias y Melilla (Página 4951)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de protavoces, se
aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4951)
De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de
1997 (Página 4951)
El señor López Henares, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Fernández Aguilar consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; González Laxe, por el Grupo Socialista, y Fernández Aguilar, por
el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 218 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Bolinaga Bengoa defiende la enmienda número 2, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende la
enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; González Laxe, por
el Grupo Socialista, y Fernández Aguilar, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
por 14 votos a favor, 117 en contra y 87 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 217 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de
perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico
ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves (Página 4962)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Caballero Moya, por el Grupo Socialista, y Mancha Cadenas, por el
Grupo Popular.
Se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
-- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 1998
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día, lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de 1998.
¿Alguna alegación a las mismas? (Pausa.)
¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE, EN UN PLAZO NO SUPERIOR A TRES MESES, SE LLEVE A CABO UNA
NEGOCIACION CON LAS CENTRALES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS Y LAS
ADMINISTRACIONES AFECTADAS, TENDENTE A CONSEGUIR LA FIRMA DE UN PLAN DE
DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS CUENCAS MINERAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN
1998-2005 DE LA MINERIA DEL CARBON. (671/000057)
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelación. En primer
lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno para que, en un plazo no superior a tres meses, se lleve a cabo
una negociación con las centrales sindicales más representativas y las
administraciones afectadas, tendente a conseguir la firma de un plan de
desarrollo alternativo de las cuencas mineras no contempladas en el Plan
1998-2005 de la Minería del Carbón.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, el Senador García
Correa, por tiempo de cinco minutos.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que tengo el honor de defender en representación del Grupo
Parlamentario Socialista es consecuencia de una interpelación que fue
debatida en el último Pleno de esta Cámara referente, como bien ha dicho
el señor Presidente, a un plan de desarrollo alternativo para las cuencas
mineras no contempladas en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
Como ya dije en el Pleno de la semana anterior con motivo de la
interpelación, en el año transcurrido desde que fue debatida en esta
Cámara la moción que fue defendida por este Senador del Grupo
Parlamentario Socialista y que obtuvo el voto en contra del Grupo
Parlamentario Popular las cosas han cambiado. Han cambiado y nos han dado
la razón a los socialistas. Considero que ha quedado claro que ninguno de
los argumentos expuestos en aquel momento por el portavoz del Grupo
Popular se han consolidado a lo largo de este año.
En primer lugar, el señor representante del Grupo Parlamentario Popular
señalaba que no apoyaba la moción porque en la misma se englobaba a toda
la minería no energética. En esta que presentamos ahora proponemos un
segundo apartado que diga lo siguiente: «2. En la negociación se
especificarán las comarcas de minería no energética que por su
dependencia histórica de la minería, pérdida de empleo, falta de
infraestructura y de tejido industrial exista en nuestro país». Lo
excluimos para que no quepa duda de que nos referimos --aunque quedó muy
claro el año pasado-- a comarcas mineras --no a minas-- que por la
dependencia histórica de la minería, por la falta de tejido industrial,
por la pérdida de empleo, etcétera, requieran un tratamiento similar al
que tienen las cuencas mineras del carbón.
En la moción que presentamos ahora también añadimos un tercer punto en el
que se señala lo siguiente: «3. El Senado insta a los Grupos
Parlamentarios a presentar una enmienda que contenga la cuantía de 7.000
millones de pesetas a la sección 20, Ministerio de Industria y Energía,
organismo 10.101, Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la reactivación económica de las
comarcas de minería no energética especificadas anteriormente».
¿Por qué decimos esto? Porque llevamos un año perdido. Como saben sus
señorías, en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 ya se
contemplaban esos 65.000 millones de pesetas para el desarrollo
alternativo de las comarcas mineras del carbón. Sin embargo, no se
contemplaba ni una sola peseta para el resto de las comarcas que están en
la misma o peor situación que las del carbón. Como hemos perdido un año,
pedimos esos 7.000 millones para 1999, lo hacemos porque la minería
metálica, la minería no energética --sobre todo la primera--, siempre ha
representado el 10 por ciento de la minería del carbón. Cuando en el
preámbulo del plan que se firmó entre el Gobierno de la nación y los
sindicatos se afirma que en 1998 había en España 44.000 mineros en el
carbón, en aquel momento los trabajadores de la minería metálica eran
aproximadamente 4.400, y en 1997 se había perdido en el carbón casi el 50
por ciento del empleo, por lo que los trabajadores del carbón en este
momento son aproximadamente unos 24.000 y unos 2.400 en la minería
metálica.
Por lo tanto, las cuencas mineras de la minería metálica aproximadamente
constituyen el 10 por ciento con respecto a las cuencas mineras del
carbón. De ahí que solicitemos esos 7.000 millones porque es
aproximadamente el 10 por ciento de la cuantía que todos los años se
destina para ese plan de desarrollo alternativo.
Vuelvo a manifestar lo mismo que señalé el año pasado, y es que al hablar
de minería no energética nosotros hablamos de cuenca, no de minas, y aquí
pueden entrar la minería metálica y también otra minería que pueda tener
los mismos problemas en esas cuencas donde están ubicadas.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular manifestaba el año
pasado --lo sigue diciendo y así se está recogiendo en algunas
provincias, sobre todo en la mía, en Huelva-- que esto se hiciera a
través de la Junta de Andalucía y, sin embargo, competencias de las
administraciones regionales se están financiando a través de este fondo
de 65.000 millones. Tengo aquí el acuerdo que se firmó y vemos una
cantidad de proyectos impresionante: de infraestructuras, de carreteras,
de regeneración medioambiental de esas cuencas, de potenciación del
empleo en las mismas, dinero para formación, para sanidad, para todo; en
definitiva, competencias que son de las Comunidades Autónomas y que, sin
embargo, se están financiando con este fondo procedente de las
privatizaciones, a pesar de estar incluidas en los Presupuestos Generales
del Estado.
Por todo lo expuesto, señorías, --no quiero excederme de mi tiempo--,
solicito su voto favorable para esta moción, que creo de justicia, para
que no se discrimine una vez más a estas comarcas mineras con respecto a
otras comarcas mineras de España.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Correa, por su
intervención y por ajustarse al tiempo establecido.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya hice en la interpelación, nuestra posición es de apoyo a esta
reivindicación, que creo que es justa. Las razones están suficientemente
explicadas, pero, además, entra dentro de la preocupación fundamental de
todos, o al menos de la que se declara, que es contribuir a paliar o
impedir el desempleo. Estamos en el momento oportuno para tener en cuenta
la realidad de estas zonas en declive a las que se refiere la moción,
para tomar las medidas pertinentes a la hora de la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado y hacer frente a esta situación.
Por tanto, manifiesto nuestro apoyo a la moción defendida por el Senador
García Correa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado día 11 de este mes cuando se debatió en esta Cámara
la interpelación sobre el estado en que se encuentran las cuencas de la
minería metálica y las comarcas en que están ubicadas, ya tuvimos
oportunidad, como en otras ocasiones anteriores, de expresar la
preocupación de nuestro Grupo sobre esta situación y la necesidad de un
plan de desarrollo para las mismas, atendiendo no sólo a infraestructuras
y ordenación del territorio, sino a todo un conjunto de medidas de tipo
social referentes a la educación, formación, y equipamientos sociales de
toda índole, con el fin de elevar el nivel de calidad de vida de estas
zonas.
Como consecuencia de aquella interpelación, el Grupo Parlamentario
Socialista nos presenta la moción objeto de debate, en la que se insta al
Gobierno a tomar una serie de medidas y, además, solicita que se incluya
en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda presentada por
todos los Grupos, con una cuantía de 7.000 millones de pesetas para la
sección 20, Ministerio de Industria y Energía, organismo 10.101,
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de la
Comarcas Mineras para la reactivación económica de las comarcas de
minería no energética.
En primer lugar, nuestro Grupo entiende que la presentación de una
enmienda conjunta de todos los grupos parlamentarios necesita un acuerdo
previo, para lo cual el Grupo proponente debe establecer conversaciones
con los demás para discutir y formalizar la misma. La presentación a
través de una moción no nos parece el camino más adecuado.
Por otra parte, tengo que añadir que dado que en esta sesión vamos a
debatir otra moción tendente asimismo a solucionar los problemas que
afectan a las comarcas que se encuentran en las condiciones antes
descritas, en la que se insta al Ministerio de Industria y Energía para
que dentro del programa de reindustrialización se incluyan los proyectos
para la implantación de actividades industriales alternativas en las
zonas afectadas, no podemos dar el voto favorable a esta moción del Grupo
Parlamentario Socialista ya que en esta sesión vamos a debatir otra
moción que presenta la misma tendencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Simó i Burgués.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono de todos los intervinientes. Parece que este es
un paso positivo para poder llegar a acuerdos en esta materia, que, sin
duda, como ya decía el señor Ministro con ocasión de la interpelación que
se debatió en el Pleno, a todos nos preocupa y motiva.
Sencillamente, hay dos puntos de vista diferentes, no sobre la
problemática en sí, sino sobre cómo se puede atajar, y, sin duda, los dos
serán igual de legítimos. Lo que ocurre es que mi Grupo no puede apoyar
esta moción consecuencia de interpelación ni por su contenido, ni por su
forma.
Respecto a la forma, el portavoz de Convergència lo acaba de explicar,
por lo que no perderé más tiempo en incidir en que la moción simplemente
plantea cuestiones para rellenar un espacio en el papel --lo digo con
todo el respeto--, porque es un brindis al sol decir que el Senado inste
a los grupos parlamentarios a presentar una enmienda de 7.000 millones de
pesetas. ¿Por qué no 10.000, ó 5.500, ó 12.000 millones de pesetas? Esta
moción no muestra ningún tipo de contenido político ni técnico, aun
cuando estoy convencido de que los sentimientos que inspiran al
proponente de la moción sin duda son loables y van encaminados a ese fin.
Pero tenemos que seguir en desacuerdo porque consideramos que este no es
el foro adecuado donde pedir ese tipo de planes: de infraestructura, de
formación para el empleo, etcétera, que competen a las Comunidades
Autónomas en su conjunto. Usted dice que hay Comunidades Autónomas con
competencia sobre esta materia. Pero sabe que fue consecuencia de un
Reglamento CECA, de la Comunidad Europea, aprobado en el año 1994 y
presentado por el Gobierno socialista. Eso es así y en aquellos momentos
así se decidió.
Termino, señor Presidente, porque, como se ha dicho ya, en la próxima
moción que se debatirá esta tarde tendremos más tiempo para poder
enjuiciar los distintos modelos que se plantean sobre este asunto, un
asunto que no sé cuantas veces ha venido ya a esta Cámara, como también
al Congreso de los Diputados, y siempre con la misma tendencia, es decir,
la pretensión de que se elaboren planes de choque, de actuación en
infraestructura, etcétera. Pero ya hemos dicho, en primer lugar, que no
creemos que este sea el foro adecuado y, en segundo lugar, que es inútil,
consideración que avala el hecho de que ninguno de los tres planes que al
respecto se pusieron en marcha por la Junta de Andalucía ha tenido éxito.
Hubo empresas que se instalaron allí e inmediatamente se tuvieron que
marchar. La generación de empleo y de riqueza no se logra con planes
grandilocuentes o «primorriveristas», es decir, vamos a hacer carreteras,
puertos, de todo y, si no hay puente, haremos el río para después poder
hacer éste. No, vamos a estudiar esta cuestión con rigor y seriedad,
señorías, porque lo que nos estamos jugando y lo que nos proponemos hacer
entre todos es muy loable, y en la próxima
moción podremos llegar a puntos de encuentro que nos permitan hacer
viables las aspiraciones de unas cuencas que, evidentemente, están
pasando por malos momentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban.
Terminado el debate, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 80; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1998
PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 1999, DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL Y DEL PROYECTO DE LEY PROCEDENTE DEL
REAL DECRETO-LEY 5/1998, DE 29 DE MAYO, POR LA QUE SE DICTAN REGLAS PARA
EL RECONOCIMIENTO DE LA JUBILACION ANTICIPADA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN DETERMINADOS CASOS ESPECIALES. (550/000023)
El señor PRESIDENTE: Les comunico que la Presidencia, en ejercicio de la
delegación de la Mesa del Senado conferida en su reunión del día 10 de
noviembre del presente mes, y la Mesa del Senado en su reunión del día 24
de noviembre actual, oída la Junta de Portavoces, han acordado solicitar
al Pleno la habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre
de 1998 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social y del proyecto de ley, procedente del
Real Decreto-ley 5/1998, de 29 de mayo, por la que se dictan reglas para
el reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad
Social en determinados casos especiales.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento dicha propuesta? (Pausa.)
Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (CONTINUACION):
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR ANTE LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY
54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO, QUE RECOJA, PREVIO
ESTUDIO DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR, LA COMISION
NACIONAL DE ENERGIA Y EL CONSEJO DE ESTADO, LOS CAMBIOS PERTINENTES, EN
UN MARCO DE EQUILIBRIO DE INTERESES. (670/000058)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es
la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes
Generales un proyecto de modificación de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, que recoja, previo estudio de los
informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de
Energía y el Consejo de Estado, los cambios pertinentes, en un marco de
equilibrio de intereses.
Esta moción consecuencia de interpelación tiene una enmienda que ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del
Grupo proponente, el señor Franco Gutiez, por tiempo de cinco minutos.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como era de prever, el intento de modificar la Ley del Sector Eléctrico,
aprobada en noviembre del pasado año, ha generado una gran polémica en el
conjunto del Estado. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor FRANCO GUTIEZ: Todos estamos de acuerdo en que es necesario
dinamizar el sector eléctrico, en que es necesario aumentar el volumen de
competencia para que, en consecuencia, haya una mayor capacidad de rebaja
en las tarifas para el conjunto de los consumidores. (Fuertes rumores.)
Sin embargo, no todo es posible ni razonable a la hora de introducir o
incorporar el proceso de liberalización.
Es verdad que la Ley actual ha fracasado en sus intentos de introducir
más competencia y más mercados. Es conveniente, pues, aumentar la
liberalización por la vía de los consumidores, aunque pensamos que
también es imprescindible aumentarla por la vía de los vendedores.
Consideramos que el método utilizado por el Gobierno para liberalizar el
mercado es incorrecto. El Gobierno no tiene que negociar con nadie la
liberalización del mercado ya que la Ley le permite ampliar el volumen de
sujetos elegibles. Por eso encontramos en este punto nuestra primera
discrepancia en relación con la propuesta del Gobierno.
Es necesario bajar los umbrales para que haya más gente que pueda elegir,
es necesario bajar los peajes, y también es necesario bajar la garantía
de potencia. Si el Gobierno hubiese hecho esto cuando se tramitó la Ley,
hoy hablaríamos de otra manera. Sin embargo, en estos momentos es
discutible la bajada de los umbrales y también es discutible el volumen
de sujetos que pueden acceder
a un mercado más libre, y a ese respecto también se producen
discrepancias. Consideramos que 8.000 consumidores es poca cosa ya que ni
siquiera pueden acogerse a esta capacidad de elección las pequeñas y
medianas empresas, el bloque fundamental de los consumidores industriales
y de servicios, teniendo en cuenta que la electricidad juega un
importante papel en la competitividad. Por consiguiente, se reduce el
volumen de acceso a determinados sectores industriales que, si bien es
verdad que saldrán beneficiados, ese beneficio siempre se producirá sobre
la base de una mayor competencia precisamente con las pequeñas y medianas
empresas.
Por otro lado, también es discutible la bajada del peaje. Nosotros
creemos que se trata de una bajada excesiva que, si bien en estos
momentos facilita el acceso de esos 8.000 consumidores, sin embargo puede
llegar a constituir un freno para el siguiente tramo ya que las empresas
podrían encontrarse, bien con déficit, bien con la necesidad de que se
planteara de nuevo una subida de tarifas para compensar las pérdidas por
el aumento de industrias que puedan ser elegibles.
Por consiguiente, tenemos aquí una primera discrepancia, una primera
discusión ya que unos son beneficiados y otros son perjudicados; unos son
beneficiados en tanto que nadie sabe cuándo esos otros van a ser
beneficiados en un futuro. Este es uno de los temas que debería ser
objeto de discusión, de intercambio y de negociación. Por eso hay fuerte
discrepancia en relación con estas medidas. Y de hecho ayer, en el
Consejo Eléctrico, las medidas planteadas por el Gobierno eran
contestadas prácticamente por todos los sectores con excepción de las
compañías eléctricas, alguna Comunidad Autónoma y las grandes empresas
industriales.
En segundo lugar, si el Gobierno ha decidido rebajar los umbrales de
elegibilidad, también decidió no rebajar las tarifas en 1997, y quizá ha
hecho bien en no rebajarlas aunque todo el mundo sabe que podía haberlas
rebajado en un 8 por ciento añadido. Sin embargo, este aumento de
elegibilidad podía traer consecuencias negativas para las
administraciones de las industrias, y el hecho de que no hayan bajado las
tarifas puede ser la compensación que el Gobierno hace a las compañías
eléctricas en base al aumento de elegibilidad.
Por ello, nosotros tampoco estamos de acuerdo con el método seguido en la
bajada de tarifas como elemento compensador del aumento de elegibilidad,
porque ya hemos dicho que venía compensado por la ausencia de la bajada
de tarifas durante el año 1998. Con esto el Gobierno, intentando bajar
las tarifas en los años 1999, 2000 y 2001 puede perjudicar notablemente a
los consumidores porque en el Protocolo eléctrico la bajada de tarifas se
basa fundamentalmente en una serie de variables, que en estos momentos
posibilitarían que las tarifas fuesen inferiores, como son el aumento de
la demanda, o la bajada de los tipos de interés o la excesiva
pluviometría que hemos tenido en estos años anteriores.
Por consiguiente, sobre esto también se debería discutir y negociar, y el
Gobierno no debería perder la autonomía como instrumento que le permita
rebajar las tarifas en los años sucesivos y, asimismo, se produce un
beneficio añadido, innecesario, a las compañías eléctricas.
En tercer lugar, el problema más agudo que se plantea es la titulización,
que el Gobierno en estos momentos se empeña en poner en práctica por
todos los medios y que es una auténtica barbaridad. ¿Por qué digo esto?
Porque para valorar los costes exactos del tránsito a la competencia hay
muchos criterios diferenciales, desde 200.000 millones de pesetas, que es
la cifra que en estos momentos pueden plantear, los 480.000 millones de
pesetas que da el ente regulador, hasta el billón 600.000 millones de
pesetas que aparece en el escenario de la Ley.
Nosotros pensamos que ninguna medida se puede titulizar porque puede
poner en riesgo la competencia, dar más volumen de recursos a las
eléctricas, generar un mayor coste para los contribuyentes y, en
cualquier caso, no garantiza la competitividad que en estos momentos es
fundamental para que el marco eléctrico pueda ser beneficioso para el
conjunto de los agentes económicos y sociales del país.
Por todo ello, solicitamos que no se tome ninguna decisión al respecto;
que se escuche a todos los interlocutores, tanto en el marco de la CNSE
como en el de los distintos entes organizados; que las conclusiones a las
que se lleguen sean fundamentadas y no lesivas para ninguno de los
sectores y que, en consecuencia, el Gobierno traiga al Parlamento una
modificación de la norma que permita de forma sosegada discutir en esta
Cámara un tema de tanta trascedencia para el conjunto del país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Franco Gutiez.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, cuyo portavoz, el señor Unceta Antón, tiene la palabra por
tiempo de cinco minutos.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como es lógico subo a esta tribuna para defender la enmienda
del Grupo Palamentario Popular a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, por la cual se solicita que el Gobierno presente a las Cortes
Generales un proyecto de modificación de la Ley del Sector Eléctrico, que
recoja en un marco de equilibrio de intereses, previo estudio de los
informes emitidos por las empresas del sector, de la Comisión Nacional de
Energía y del Consejo de Estado, los cambios pertinentes.
Señorías, la posición del Gobierno en este tema ha sido claramente
transparente, como ya quedó patente el pasado día 11 en el debate de la
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista por parte del señor
Ministro de Industria y Energía y del Grupo Parlamentario Popular. El
Ministro manifestó a la Cámara los acuerdos previos, no firmados en
documento alguno, Senador Franco --lo digo porque usted manifestó que
poseía ese documento y yo le recomiendo, con el mejor afán, que vigile a
quien le asesora que, en este caso, le ha vendido humo y no creo que se
merezca su confianza--, a través de los cuales el
Gobierno, eso sí es cierto, Senadores socialistas, pretende acelerar el
proceso de liberalización del mercado a partir de enero de 1999, sobre la
base y las modificaciones, en algunos casos, de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre.
Como suele decir el Ministro de Industria --quien ya lo manifestó en la
presentación de la propia ley del sector eléctrico--, este reciente
mercado creado por el Gobierno del Partido Popular está sujeto, como es
lógico, a las pruebas y correcciones de impulsos que pueden aparecer,
pero siempre con el fin de lograr la aceleración de la liberalización del
mercado eléctrico amparado por la citada ley.
Una vez que los acuerdos con el sector, que ahora están sobre la mesa, se
hayan firmado o comprometido de alguna forma --porque un acuerdo por lo
menos necesita de un papel que lo explique y para que se acepte-- serán
remitidos a la Comisión Nacional de Energía, al Consejo de Estado, a los
consumidores, etcétera, pero nunca se hará antes de que estén firmados.
Le recuerdo, Senador Franco, que estos acuerdos contienen puntos muy
importantes que no puedo desgranar ahora debido al tiempo de que
dispongo. Pero, como usted muy bien ha dicho, por ejemplo, se pretende
reducir los límites de potencia consumida para aumentar el número de
consumidores cualificados hasta llegar a los 8.000, lo que supone
aproximadamente entre el 44 y el 46 por ciento de la energía consumida en
nuestro país. Por otro lado, a partir de enero de 1999 se reducirán las
tarifas de acceso a la red en un 25 por ciento y de 1,3 a 0,3 pesetas el
kilovatio/hora para garantizar la mayor liberalización en el acceso a la
potencia. Asimismo, por primera vez se creará una tarifa de acceso
reducida para las exportaciones. Estas son algunas de las medidas que se
llevarán a cabo, las cuales, como he dicho, no puedo desgranar por no
disponer de tiempo para ello.
Como puede ver, Senador Franco, este Gobierno llega con esta ley hasta
donde ustedes no llegaron, porque la LOSEN no fue sino una ley de
mínimos. Y, por cierto, durante el tiempo que estuvo en vigor no hubo
ninguna empresa española que se acogiera a sus medidas liberalizadoras.
Hoy se presentan ustedes aquí como apóstoles de la liberalización.
Bienvenidos al club. Pero eso es sólo una apariencia, porque realmente lo
que se deduce de su moción es algo que todos sabemos: que ustedes quieren
retrasar por la forma que sea la aplicación de cualquier tipo de medidas
que pretenda acelerar la liberalización. Ustedes ni comen ni dejan comer,
a pesar de que en este caso se hayan puesto la piel del cordero
liberalizador, algo que por lo menos este Senador no se cree.
Por eso, señor Franco, hemos presentado una enmienda a esta moción que va
más allá de lo que ustedes solicitan, porque somos responsables en lo que
se refiere a acelerar la liberalización del sector eléctrico. La enmienda
del Grupo Popular, que es más lógica y comprometida, dice que el Senado
insta al Gobierno a que articule en el menor plazo posible y a través del
rango normativo que se precise las medidas necesarias que, teniendo en
cuenta el equilibrio de intereses entre empresas eléctricas y los
consumidores, permitan avanzar en la liberalización del suministro de
electricidad. Medidas que deberán entrar en vigor el 1.º de enero
próximo.
En el punto segundo se solicita que el Gobierno presente a lo largo de
1999 un plan de fomento de las energías renovables, según establece la
disposición transitoria decimosexta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.
Esta enmienda, señor Franco, señorías socialistas, únicamente pretende,
atendiendo a las medidas que el Gobierno está estudiando para el sector,
acelerar el proceso de liberalización. Y vuelvo a decirle que de la
exposición que usted ha hecho de su moción no entiendo más que una cosa:
que ni comen ni dejan comer, porque les interesa desde el punto de vista
político.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Unceta.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez para contestar por un tiempo de
cinco minutos.
El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, ni somos apóstoles de la liberalización ni pretendemos
retrasarla; simplemente, queremos desgranar las contradicciones que
existen entre su presunto afán liberalizador y la práctica que indica
todo lo contrario.
No pretendemos retrasar la liberalización, porque si hubiesen aceptado
nuestras enmiendas en estos momentos no estaríamos hablando en estos
términos, ya que más de 8.000 consumidores serían en la actualidad
consumidores cualificados. Y no pretendemos retardar la aplicación de la
liberalización porque ustedes han tenido tiempo para haber discutido con
el conjunto del sector las medidas que hubiesen buscado el equilibrio en
el sector y el equilibrio entre los intereses contradictorios entre
consumidores y empresarios, propietarios de la electricidad. Sin embargo,
ustedes han perdido todo el verano, han llegado a septiembre de forma
opaca, han estado negociando a oscuras con las empresas del sector y, de
pronto, ha aparecido una propuesta que ha levantado no solamente los
recelos sino la oposición de prácticamente todos los sectores de los
consumidores: los consumidores domésticos, los consumidores industriales,
los consumidores de pequeña y mediana empresa, y los consumidores de
asociaciones de grandes servicios, entre otros El Corte Inglés, los
grandes supermercados, etcétera. Todos ellos han visto que en estos
momentos se primaba de forma descarada a un sector que nada tenía que ver
con la liberalización.
Por consiguiente, nos oponemos a su enmienda porque en ella no se
garantiza un diálogo y una discusión entre las partes opuestas; no
garantiza que de esa discusión pueda llegar al Parlamento un texto que
garantice un debate tranquilo y sosegado, y tampoco garantiza que esto se
realice en el tiempo oportuno.
Con su enmienda pretenden un subterfugio para que se presente una
modificación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que apenas
haya lugar al debate,
que no haya discusión y que se imponga el acuerdo que han hecho ustedes
con las empresas eléctricas.
Le repito que no nos oponemos a la liberalización. Sin embargo, tenemos
nuestras dudas de que este esquema sea un nuevo esquema liberalizador y
le voy a decir el porqué. Las empresas que se van a beneficiar son pocas,
8.000, fundamentalmente las más potentes y poderosas, pero fíjese usted
los miles de empresas que tenemos en España.
Por otro lado, ustedes hacen una bajada del peaje tan alta que,
efectivamente, en estos momentos, es positiva para estas empresas, pero
si existiesen otras 40 ó 50.000 con este nivel de peaje las empresas
perderían dinero, en cuyo caso no tendrían más remedio que aumentar los
impuestos por la vía de las tarifas. Por consiguiente, en la actualidad
ustedes benefician a los grandes núcleos industriales pero van a
retrasar, sin duda, el acceso de los pequeños industriales, de las
pequeñas empresas en el futuro.
Lo más intolerable es lo que ustedes hacen con los CTC, los costes de
tránsito a la competencia. ¿Qué tiene que ver la liberalización con los
costes del tránsito a la competencia? Ya se lo dicho. Se puede
liberalizar y, al mismo tiempo, compensar a las empresas eléctricas para
evitarles riesgos financieros. ¿Cómo se compensa? Se está compensando a
través de la no bajada de las tarifas, que, actualmente, supondría
aproximadamente 170.000 millones de pesetas que ya se han entregado, lo
que significaría rebajar el 8 por ciento.
Por tanto, lo que ustedes no nos dicen es que hacen un regalo añadido. El
CTC, es decir, titulizar un billón 100.000 millones de pesetas es un
regalo que hacen a las empresas eléctricas, y lo que nosotros decimos es
que éstas deben justificar este volumen de negocio, que sea contrapuesto
con otro estudio de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico para que,
finalmente, se vea con claridad cuál es el coste de tránsito a la
competencia que, en algunos casos, no llega ni a 200.000 millones de
pesetas.
Estos días, además, se demuestra con palpable claridad que a las empresas
eléctricas no hay que compensarlas por el coste de tránsito a la
competencia. La compra de activos por parte de National Power de una de
las empresas eléctricas españolas indica que sus activos son mucho más
elevados de los que en principio habían planteado las empresas
eléctricas, e indica con claridad que no hay que pagar ni un solo duro
por el tránsito a la competencia. Ustedes, en este caso concreto,
aprovechando la liberalización, no bajan las tarifas lo que debían, las
hipotecan para los tres próximos años y encima dan un regalo de un billón
cien mil millones de pesetas a las eléctricas, lo cual saben ustedes que
significa que hay que hacer una seria modificación de la ley y que esa
cantidad máxima tendría que ser revisada año a año por el Gobierno para
garantizar que no se diese ni un solo duro más.
Con esto, perjudican notablemente a los consumidores a los que habrá que
repercutir un 4,5 por ciento en las tarifas y ponen en grave riesgo la
competencia para el conjunto de los sectores industriales. Nosotros les
hacemos un llamamiento a ustedes, al Grupo Parlamentario Popular, para
que apoyen nuestra moción que viene a decir, simplemente, que es
importante la liberalización del sector eléctrico, que es importante que
esto funcione y que funcione bien, que es importante que se equilibren
los intereses contrapuestos y que se escuche a ambas partes para que el
Gobierno pueda traer a las Cámaras un proyecto que modifique la ley, para
que éstas puedan discutir y debatir un fenómeno de tal magnitud que
afecta al conjunto de la comunidad española, que es lo que ha intentado
decir el Ministro: Hablemos con todos; no está cerrado nada. Cumplan
ustedes lo que el Ministro ha dicho.
Vamos a intentar que salgan beneficiados el conjunto de los consumidores,
que no salgan perjudicadas las eléctricas y que no se regale, desde
luego, este billón de pesetas. Algunos han manifestado que este acuerdo
es algo así como decir a las eléctricas: toma el billón y corre, y si te
he visto no me acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Franco Gutiez.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur por un tiempo de cinco minutos.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Le tengo que agradecer al Senador Franco que me haya dado la oportunidad
de haber convertido la interpelación en una moción y así poder
profundizar en el debate. Perdóneme que no pueda hablar mejor, pero esta
Casa, que está hecha con todas las técnicas modernas, es un foco de
miasmas, por no decir otra serie de cosas, que provoca situaciones como
la presente. Lo digo por si acaso a alguien se le ocurre un día
ventilarla y sacar fuera a estos gérmenes que generamos todos por aquí y
que producen unas bronquitis como la que yo tengo. Por eso, le pido
disculpas.
Vuelvo al tema. Lamento tener que decirle al Partido Popular y, en
particular, a mi amigo Juan José Unceta, que le toca ser sufridor
portavoz del Partido Popular en esta moción (El señor Unceta Antón hace
signos negativos.) --sí, sufridor, señor Unceta, porque en el fondo usted
sabe que estamos todos de acuerdo en lo que debe hacerse para llegar a la
unanimidad--, que nosotros vamos a apoyar esta moción del Partido
Socialista. Y lo vamos a hacer porque el Ministerio de Industria está
empeñado en sacar adelante, atendiendo a razonamientos puramente
orgánicos, un acuerdo con las empresas del sector eléctrico sin que se
tenga ningún conocimiento de las negociaciones que se llevaban a cabo
entre el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas, lo que
supondría tener que cambiar la recién aprobada ley Eléctrica del 27 de
noviembre de 1997, pues se introduciría, lo cual se va a hacer
próximamente, una enmienda en la ley de acompañamiento a los presupuestos
generales para 1999 que tendría que contar con el apoyo de nuestro Grupo
si quiere
ser aprobada, aunque no en esta Cámara, pero sí cuando vuelva al
Congreso.
Yo me pregunto, y le quiero preguntar al Ministro de Industria --aunque
no esté aquí presente como la otra vez-- si es éste un ánimo
colaboracionista o va a ocurrir como con la moratoria nuclear --entonces
estaba el Partido Socialista-- que después de realizar un esfuerzo enorme
no se obtuvo reconocimiento político alguno.
¿Cuál es la necesidad financiera actual para realizar este trámite con
tanta premura? Señores Senadores, en menos de 15 días hay que decidir
sobre dar un billón de pesetas a un sector cuyo valor en bolsa ha
mejorado en los últimos meses pese a la propia crisis; a un sector cuyo
valor en bolsa, repito, desde el año 1995 hasta octubre de este año ha
pasado de algo más de tres billones a más de siete billones de pesetas,
es decir, sus accionistas no sólo no han sufrido, sino que han salido
beneficiados.
Nuestro Grupo está muy preocupado, porque recibir la casi totalidad de
las ayudas por los costes de transición, independientemente de lo que
ocurra en la evolución del proceso de liberalización e introducción de
competencia en el mercado, nos parece un asunto muy grave y de contenido
importante. Se va a producir una disminución del margen de maniobra para
realizar futuras reducciones de la tarifa eléctrica debido a que
compromete un porcentaje importante de la tarifa, el 4,5 por ciento hasta
el año 2014, lo cual puede producir un efecto de rebote y no dejar margen
en el futuro para bajar tarifas. Incluso pudiera suceder que se
necesitara incrementarlas para poder hacer frente a los costes del sector
incluido el 4,5 por ciento de la titulización.
Voy a terminar, señorías, diciendo que el consumidor pudiera llegar a
pagar más de lo necesario si la evolución de las variables ligadas al
sector eléctrico fuera favorable, como el incremento de la demanda, los
precios del mercado, el IPC, el precio del dinero, la poca competencia,
la vida útil residual de las centrales, etcétera.
Los argumentos que existen en este caso para poner en duda el tema de la
titulización son enormes. Por eso consideramos que debe abrirse un
debate; un debate que se debería haber abierto quizás durante toda la
discusión presupuestaria y no en estos últimos 15 días del mes de
diciembre para hacer una enmienda a la ley de acompañamiento que se
presentará en este Senado. Creemos que el tema es muy grave. Nuestro
Grupo quiere participar en esta cuestión y está dispuesto a llegar a
acuerdos. Entendemos, sobre todo por lo que atañe a las empresas
afectadas en el País Vasco, que pueden ser favorecidas con un beneficio
necesario para su continuidad y su buen hacer en el futuro del sector,
pero se nos está obligando, como dije el día que se debatió la
interpelación, a votar lo que no queremos votar. No hay diálogo, no hay
acuerdo, no hay debate; hay que imponer sin aportar verdaderamente un
análisis, un debate sobre las consecuencias futuras para el sector y el
aseguramiento de que no se producirán situaciones como la que actualmente
empezamos o, simplemente, amagamos con debatir.
Vamos a apoyar la postura del Partido Socialista porque nos parece
coherente y esperamos una reflexión por parte del Gobierno y del Partido
que lo sustenta para establecer un debate amplio, un reconocimiento de
los argumentos de todas las partes y poder llegar a un acuerdo finalmente
con la aprobación definitiva de los presupuestos en el Congreso de los
Diputados.
No vamos a apoyar su enmienda, señores del Partido Popular, porque en el
fondo es una trampa. Ustedes, sabiendo que van a presentar una enmienda a
la ley de acompañamiento, nos están queriendo decir que aprobar su
enmienda sería prácticamente aprobar la enmienda que se va a presentar.
Queremos debate, queremos participar en ese debate y dejar bien claro
nuestros criterios; criterios que no queremos imponer, sino consensuar
con todos los grupos políticos de esta Cámara, con los consumidores, con
los futuros clientes elegibles y con las empresas del sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado
esta moción que nos ocupa, como consecuencia de la interpelación del
pasado día 12 de noviembre, instando al Gobierno a presentar un proyecto
de modificación de la ley del sector eléctrico que recoja, en un marco de
equilibrio de intereses, los cambios pertinentes, previo estudio de los
informes emitidos por las empresas del sector, la Comisión Nacional de la
Energía y el Consejo de Estado.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó
otra moción con la misma fecha, 12 de noviembre, en el registro de
aquella Cámara, en la que se insta al Gobierno al cumplimiento de varias
cuestiones que se especifican en diez apartados. Entre las mismas figuran
algunas, dirigidas en el sentido que subyace en la moción que nos ocupa,
referentes a la liberalización del sector eléctrico.
Nuestro Grupo en el Congreso ha presentado una enmienda de sustitución a
la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, dado que
Convergència i Unió ya se ha pronunciado sobre el problema de la moción
que estamos debatiendo hoy en el Senado, presentando una enmienda de
sustitución, se va a abstener tanto en la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, como en la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. Vamos a hacer esto en espera del resultado que
se produzca en el Congreso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Simó.
Vamos a votar esta moción consecuencia de interpelación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 92; en contra, 116; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE CONSIDERE, DENTRO DEL PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACION DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA GESTIONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE
INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, LOS PROYECTOS QUE SE PRESENTEN PARA LA
IMPLANTACION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES ALTERNATIVAS EN LAS ZONAS
AFECTADAS POR AJUSTES O REESTRUCTURACION EN LAS EMPRESAS DE MINERIue se
insta al Gobierno a que considere, dentro del programa de
reindustrialización del Ministerio de Industria y Energía gestionado por
la Dirección General de Industria y Tecnología en colaboración con las
Comunidades Autónomas afectadas, los proyectos que se presenten para la
implantación de actividades industriales alternativas en las zonas
afectadas por ajustes o reestructuración en las empresas de minería
metálica y con excesiva polarización de la actividad económica en torno a
esa minería.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador Esteban, por tiempo de veinte minutos.
(Rumores.)
Señorías, silencio.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Se hace extraordinariamente difícil, señor Presidente, intentar encontrar
algún argumento nuevo relativo a esta materia que no haya sido comentado
a lo largo de este año y medio en alguna de las sucesivas e innumerables
iniciativas parlamentarias presentadas tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado.
Querría hacerles a sus señorías un breve resumen de las diversas
iniciativas que se han presentado. El 23 de abril de 1997 se formuló una
pregunta oral en el Congreso; en el Senado se ha presentado una moción
del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario
Popular; se celebró una comparecencia del Secretario de Estado de Energía
y Recursos Minerales y otra de la Directora General de Minas; el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en el
Congreso de los Diputados y, posteriormente, otra que todavía está
pendiente de tramitación; compareció el Ministro de Industria y,
finalmente, en el último Pleno tuvo lugar una interpelación al Ministro
de Industria en la que también se abordó este tema.
Todas las iniciativas han sido coincidentes y recurrentes en un mismo
tema: que se le dé un trato igualitario a las comarcas mineras metálicas
y a las de la minería energética.
Señor Presidente, no se pueden extrapolar las actuaciones para el
desarrollo alternativo en las cuencas mineras del carbón a las llevadas a
cabo en otras cuencas mineras. Las primeras existen --como ya dije en mi
anterior intervención-- y están diseñadas en el contexto de la política
energética del Gobierno como acompañamiento a un plan de reducción de la
producción y del empleo en la minería del carbón. Pero en la minería
energética surgen problemas coyunturales derivados de la evolución del
mercado, y sus consecuencias merecen la misma atención por parte del
Gobierno que otros sectores industriales, teniendo en cuenta las
transferencias de competencias realizadas a las Comunidades Autónomas y
la disponibilidad presupuestaria.
Por lo tanto, la extrapolación planteada por las mociones socialistas en
ésta y en otras iniciativas, «sensu contrario» de los planteamientos que
mantienen en los debates, a nuestro juicio, generaría una discriminación
frente a otros sectores industriales y podría muy bien llegar a producir
una denuncia ante las instituciones comunitarias de difícil discusión.
Por lo tanto, señor Presidente, es necesario apartar en nuestro debate y
en nuestra formulación cualquier parecido que puedan tener las ayudas --o
lo que se solicita en esta moción-- de lo que se haya podido hacer con la
minería del carbón en su plan de desarrollo alternativo hasta el 2005.
Quiero afirmar aquí que el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al
Gobierno no está a favor de incidir sólo en el fomento de la minería o de
crear solamente medidas alternativas para el desarrollo de esas comarcas,
sino que está a favor y hace una proclamación indiscutible del fomento de
la minería como el mejor modelo de desarrollo económico en esas cuencas
mineras y de posibilidad de generación de puestos de trabajo y de empleo
a través de proyectos que, con la consistencia, el rigor y la seriedad
suficiente, puedan dar buen fruto para no lamentarlo una vez más dentro
de unos años.
Por ello, el Ministerio de Industria y el Gobierno de la nación siguen
avanzando para resolver los problemas que padece la minería. El fomento a
la minería es para nosotros una pieza clave de nuestra posición. Es
necesario seguir investigando y desarrollando políticas de I+D; es
necesario arbitrar nuevos proyectos, como la planta hidrometalúrgica, y
otros más; es necesario seguir haciendo investigación para la obtención
de nuevos yacimientos, de nuevas leyes, de nuevos procedimientos de
obtención de minerales, así como realizar un estudio de la nueva
adecuación de los minerales a los nuevos usos de la sociedad
internacional.
Esta es además nuestra intención y éste es el objeto de esta moción.
Señores socialistas, su modelo y el nuestro varía sensiblemente en
determinados proyectos. Ustedes proclaman planes generales, piden 7.000,
8.000 ó 3.000 millones, y no se sabe muy bien para qué. Posteriormente,
como casi siempre, o no se invierten o se invierten mal y, al final, como
señalábamos anteriormente, hay que lamentarlo al cabo de los años.
Nosotros decimos: Con diputaciones, con ayuntamientos, con las centrales
sindicales, con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas
afectadas, estúdiense los proyectos de viabilidad y de desarrollo
alternativo que puedan producirse en esas comarcas mineras.
En ese proyecto, que puede ser un proyecto industrial cualquiera, o un
proyecto de turismo rural, o un proyecto medioambiental, deben
involucrarse todas las administraciones en aras a obtener los mejores
resultados. Cuando se haya estudiado alguno de esos proyectos que pueda
capitalizar y captar mano de obra para impedir que nuestros jóvenes se
vayan de esas comarcas y evitar la desertización de las mismas, que es
una de las peores ruinas que puede ocurrirle a un país y a una cuenca,
entonces es el momento de saber qué recursos son los que hay que aplicar.
En ese momento sí le admito a usted, señor García Correa, que diga: vamos
a presentar juntos una enmienda para posibilitar la realización de ese
proyecto. Pero venir a esta Cámara, una vez más, a hablar del dinero de
las privatizaciones, del agravio comparativo, de la creación de marcos
generales de inversión sin saber dónde se va o no a invertir, es hablar
de un modelo fracasado, de un modelo socialista al que en ningún caso hay
que seguir el rastro.
Hoy por hoy, el agotamiento de su pensamiento político, el agotamiento de
la gestión política de su Grupo, no puede ser un rastro de ejemplo para
seguir avanzando. Es necesario olvidar el retroceso que esas políticas
representan. Es necesario aplicar rigor y seriedad de verdad y no
intentar buscar el fruto electoral más inmediato a las inversiones
públicas.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero dirigirme especialmente al resto
de los Grupos de la Cámara para decirles que lo que se oculta detrás de
esta moción no es ni más ni menos que lo que acabo de decir. Es necesario
que dentro de los programas de reindustrialización del Ministerio de
Industria y Energía se arbitren las medidas, se disponga de los recursos
necesarios para que con el resto de las Administraciones Públicas y con
los agentes sociales, tanto privados como sindicales, puedan establecerse
y estudiarse los proyectos que, una vez realizados, puedan dar
satisfacción a las demandas que esas cuencas mineras han presentado ante
la sociedad y ante las Administraciones. Pero en ningún caso cabe seguir
con la técnica de la aplicación de caracteres generales para no sé qué
carretera, para no sé qué programa y, al final, que sigamos teniendo lo
mismo.
Las cuencas mineras están en una situación difícil, es cierto, sobre todo
la minería metálica. La bajada de los precios es muy importante, en estos
momentos cuantas más toneladas se sacan, más se pierde. Puede ser también
un problema de gestión de empresas, sin duda, pero no se puede decir que
sea la causa de los males que ahora tenemos. Hemos tenido épocas en las
que el cobre, por citar uno de los minerales, ha estado alto y se ha
generado riqueza, sin embargo, esas zonas han estado tan deprimidas como
ahora.
Por lo tanto, no queremos desligar un asunto de otro. Nuestra obligación
como partido, como Grupo, y nuestra recomendación al Gobierno es que se
siga y se insista en el fomento de las políticas mineras, que es la
actividad a la que se han dedicado toda la vida en estas zonas y, al
mismo tiempo, arbitrar los proyectos y las medidas necesarias para que
cuando estos modelos mineros estén en crisis, puedan servir de colchón
para recepcionar mano de obra y evitar la desertización de esas zonas de
cuencas mineras, que nos puede dejar en la peor de las ruinas: la
despoblación juvenil o humana.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se ha
estado dirigiendo a mí, que esta es otra moción del Grupo Parlamentario
Popular, no es la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que no tiene
absolutamente nada que ver con ésta, es completamente distinta.
Ha hablado de las muchas iniciativas que se han presentado, y las que
quedan por presentar, porque en todos los años que lleva este Senador en
esta Cámara, que van a ser veinte, hasta este momento en el que el Grupo
Parlamentario Socialista ha traído aquí este tema, el Grupo Parlamentario
Popular no ha presentado ni una sola iniciativa relacionada con la
minería metálica, ni una, ni estando en la oposición se preocuparon de
los problemas de la minería en Huelva.
Después ha hecho un comentario que no me ha gustado al decir que la
moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista era
«primorriverista». Eso de Primo de Rivera parece que les suena a ustedes
mucho. Esa moción lo único que solicita es que lo que se ha hecho en las
cuencas mineras del carbón se haga también en las cuencas de la minería
metálica. Entonces, si es «primorriverista» será lo que ha hecho el
Partido Popular y el Ministerio de Industria, no el Grupo Parlamentario
Socialista que lo único que propone es que se reparta la tarta de manera
que a estas cuencas de la minería metálica llegue también la parte que le
corresponda y nada más, o sea, «primorriveristas», ustedes.
La enmienda que presentamos dice --la voy a leer ahora, no vaya a ser que
me extienda demasiado, el Presidente me corte y no tenga tiempo para
defenderla--:
«El Gobierno, en un plazo no superior a tres meses, por Orden
Ministerial, determinará los criterios geográficos, temporales y
económicos por los que se ordenarán las ayudas a la reindustrialización
de las cuencas de la minería metálica». Esta es la enmienda que
presentamos a la moción.
Continúo, señor Presidente.
Su señoría dice también que en esta Cámara presentamos iniciativas que no
tienen calado e importancia. Lo que no hacemos es mentir a la Cámara.
Este Senador no ha mentido nunca a esta Cámara, ni lo va a hacer en el
futuro. En cambio, ustedes sí han mentido en esta Cámara y mintió el
Ministro de Industria en el debate de la interpelación del anterior
Pleno. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Sus señorías recordarán perfectamente que cuando el señor Ministro pidió
que se presentaran proyectos al Ministerio, que se estudiarían, etcétera,
este Senador, en el turno de réplica, le respondió que ya se habían
presentado proyectos por un montante de 1.500 millones de pesetas y que
no se habían contestado. A continuación, el señor Ministro dijo que,
efectivamente, se habían presentado, pero en la Dirección General de
Minas, y no en la Dirección General de Industria, que es donde tendrían
que haberse llevado. Eso consta en el «Diario de Sesiones», y si quieren
sus señorías lo leo textualmente.
Mentira. El señor Ministro engañó a la Cámara, porque los proyectos que
presentó la Diputación de Huelva los mandó directamente al excelentísimo
señor Ministro de Industria y Energía; no lo mandó ni a la Dirección
General de Minas ni a la Dirección General de Industria, sino al
Ministro. Por tanto, el Ministro, como ya le dije entonces, como va poco
por el Ministerio, no se entera.
Asimismo, usted insiste una y otra vez --y ya está bien, por eso tengo
que contestarle-- en que la línea del cobre en Río Tinto se cerró en el
año 1987 ó 1988 --no recuerdo la fecha exactamente--. Incluso me ha
llegado a decir que fui copartícipe de que la línea del cobre se cerrara.
Pero, señorías, la línea del cobre no se cerró. La empresa, que estaba
perdiendo una cantidad de dinero impresionante, puesto que el coste de
producción estaba muy por encima del precio del cobre, hizo una propuesta
a la Unión General de Trabajadores, a los alcaldes de la cuenca y a la
Junta de Andalucía: si le permitían cerrar el cobre hasta que su precio
alcanzara un nivel en el que fuera rentable su explotación, la empresa se
comprometía a poner todo el dinero que se iba a perder durante los dos
años siguientes, aproximadamente unos 3.000 millones de pesetas, para
desarrollar la zona. Y gracias a que los alcaldes, la Unión General de
Trabajadores y la Junta de Andalucía aceptaron aquella propuesta, se creó
algún empleo en la zona. Los proyectos más importantes son los que se
crearon entonces.
Por tanto, no insista tanto en que si la reestructuración, que si la
Junta de Andalucía no ha hecho nada, etcétera. La Junta de Andalucía
declaró la ZUR, se incentivaron a las empresas que se ubicaron allí y,
gracias a ello, hay una explotación de 3.000 hectáreas de cítricos, que
va a generar casi más empleo que la propia empresa; gracias a ello, está
allí Río Tinto Plásticos, una fábrica de tintes, etcétera, es decir, una
serie de empresas que se crearon en aquel momento, y ello gracias a que
fueron valientes la Unión General de Trabajadores, los alcaldes de la
cuenca y la Junta de Andalucía, que aceptaron ese reto y permitieron que
la zona no quedara completamente muerta.
Sin embargo, ahora, los propios trabajadores, que son los dueños de la
empresa, han parado la línea del cobre. Hoy, señorías, los trabajadores
de la línea del cobre en las minas de Río Tinto están todos en suspensión
temporal de empleo. ¿Y hay que culparles porque han parado la extracción
de cobre en Río Tinto? No, quizás haya que culparlos de no haberlo hecho
mucho antes, porque lo que no puede ser es que, mientras que el coste de
producción está a 2.100-2.200 dólares por tonelada, el precio de cobre
esté a 1.500-1.600. Mantener esta situación durante un año ha ocasionado
una pérdida de muchos miles de millones de pesetas y por eso muchos
pequeños industriales de la zona están completamente arruinados. Y usted
lo sabe, señoría.
No obstante, usted siempre hace el mismo discurso, Parece que lo tiene
grabado. Dice: nosotros apostamos por la minería, nosotros ayudamos a la
minería... Pero eso hay que demostrarlo con pesetas, no diciéndolo aquí
de esa manera o tratando de llevarlo a la opinión pública a través de los
medios de comunicación que les son afines.
En esta Cámara, el año pasado usted dijo lo mismo. Y en el mes de octubre
se aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular mediante la cual el
Gobierno de la nación instaría a la Junta de Andalucía, a Extremadura, a
los agentes sociales, etcétera, para llevar a cabo un plan de apoyo a la
minería de los polimetálicos. ¿Alguien sabe qué es lo que se ha hecho por
parte del Gobierno de la Nación? ¿Dónde están esas ayudas?
Dice que hay que ayudar a la minería y que hay que poner en marcha la
planta hidrometalúrgica. Y a la hora de dar las pesetas la Junta de
Andalucía en los presupuestos de estos años ha puesto ya 400 millones y
el señor Ministro dice que estaría dispuesto a poner 200. Sin embargo, la
Directora General de Minas dice que está de acuerdo con esa cantidad de
200 millones siempre que Minas de Río Tinto, S. A., no pida más ayudas y
que el dinero se destine solamente para esa planta hidrometalúrgica.
¡Hombre!
En esta Cámara dicen que nosotros queremos no sé qué; que no apostamos
por la minería; que ustedes no están por esa línea; que se presenten
proyectos, que después se estudiarán, pero después, van al Parlamento
andaluz y en Huelva convocan una rueda de prensa diciendo que el Partido
Popular va a pedir a la Junta de Andalucía, a través de una enmienda
presentada a la ley de presupuestos, que 9.000 millones de pesetas se
destinen a las minas, de los cuales 4.000 millones de pesetas son para la
planta hidrometalúrgica y ayuda a la minería y 5.000 para un plan de
desarrollo alternativo de la comarca.
¿Ahí hay proyecto y aquí no? De verdad, don Arturo, le diré que lo he
pasado mal escuchándole. He observado
a Senadores del Grupo Vasco y de CiU, y presumo que no se creían lo que
estaban oyendo.
¿Cómo puede venir a Madrid, al Parlamento nacional, un Senador de una
Comunidad Autónoma como la andaluza --con los problemas que hay en esa
comarca, y que usted conoce perfectamente-- a oponerse rotundamente a que
vaya para allá una peseta y después, en el Parlamento regional, presentar
una enmienda a la ley de presupuestos de 9.000 millones de pesetas?
¡Hombre! Además, sabe usted que los recursos de la Junta de Andalucía son
muy limitados y que hay que acudir a muchas cosas. La Junta de Andalucía
no está vendiendo empresas públicas porque no las tiene; sin embargo,
aquí sí y por ello se están recaudando muchos cientos de miles de
millones de pesetas.
A mí me ha dado pena que venga un Senador de mi tierra a esta Cámara a
decir que el Gobierno del Partido Popular no da una peseta para esas
comarcas y que lo pida a la Junta de Andalucía, que es la que está
apostando por aquellas comarcas y es la que ha puesto allí muchos miles
de millones de pesetas. Se cumple aquello que decían ustedes en la
campaña electoral cuando pasaron de Despeñaperros hacia arriba: «Aznar el
norte, Felipe González el sur». A lo mejor ahora quieren castigar a una
zona que no les vota. Palabrita del niño Jesús, don Arturo, que yo no
tengo la culpa de que en la cuenca minera no vote casi nadie al Partido
Popular. De verdad, que no tengo la culpa. Ustedes quieren crear allí la
confusión. Quieren salir diciendo una cosa, y que nosotros digamos otra a
ver si de esa manera algún medio de comunicación dice que el transfondo
es una lucha por el poder de la cuenca minera. El transfondo no es ese.
El transfondo es que ustedes no ponen ni una peseta allí, y luego aquí
hacen un discurso que cualquiera que no lo conozca o que no conozca
aquella zona puede hasta creérselo, pero le aseguro que allí no se lo va
a creer nadie. Allí hay que llevar pesetas.
Habla usted de turismo rural, y le diré que turismo rural es el que
empezaron a hacer por la cuenca minera cuando iba usted con el señor
Arenas paseando por allí. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Pero si no se ponen las pesetas que hay que
poner, difícilmente van a poder ustedes seguir haciendo turismo rural en
aquella zona.
Por lo tanto, no engañemos más y a ver si somos capaces de llevar allí
pesetas como se lleva a otras zonas; lo que pedimos nosotros aquí es lo
que ustedes han hecho en otras cuencas mineras. No creen confusión
tampoco al hablar de la minería energética; no digan ustedes que eso va a
la minería energética porque eso viene de Bruselas, de no sé dónde, a
través de los fondos Rechar. No. Aquí no estamos hablando ahora de minas
de carbón, no estamos hablando del cuarto de billón que hay en los
presupuestos para ayuda de la minería del carbón. Aquí estamos hablando
de un plan de desarrollo alternativo a las cuencas mineras, y eso viene
en los presupuestos del Estado con dinero de los españolitos y no de
Bruselas. Eso es hacer carreteras y eso es poner tierras en regadío, y
eso que nosotros pedíamos no tiene absolutamente nada que ver con la
moción que usted presenta, ya que es otra cosa completamente distinta.
Como no tiene contenido alguno, nosotros lo que hacemos es presentar esa
enmienda, que espero por lo menos que la aprueben. No sé lo que nos dirán
ustedes en su turno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Correa.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias.
Señor Presidente, créame que subo a esta tribuna bastante decepcionado.
Senador García Correa, si el rigor que usted pone en lo que pide es el
mismo que ha empleado al utilizar un mecanismo parlamentario para
presentar una enmienda que prácticamente no dice nada y que ni siquiera
ha defendido puesto que se ha limitado solamente a hacer uso de un turno,
tengo que decirle que ése es el más puro estilo socialista y demagógico
que les ha llevado a ustedes a perder las elecciones generales.
(Risas.--Fuertes rumores.)
Usted ha venido aquí y se ha dedicado a insultar. (El señor García Correa
hace signos negativos.--Rumores.) Ha dicho usted que yo he mentido y que
también ha mentido el Ministro. Ha venido a decir poco menos que ha
mentido todo el mundo porque, eso sí, el único que está en posesión de la
verdad es usted, y supongo que también el señor González, que parece ser
un enviado de Dios. (Rumores.) Sí, señorías, ¡si aquí también se ha
citado al señor Arenas y aún queda más!
Ante esto, yo puedo hacer dos cosas: entrar a debatir una enmienda que no
merece el título de tal y ejercer el derecho parlamentario que me
corresponde, o entrar con usted en un cuerpo a cuerpo burdo y demagógico
--cosa que probablemente nos podrá dar mucha o poca satisfacción a
nosotros dos-- pero lo que sí le digo es que con estos actos usted no
defiende ni representa a ese pueblo que usted pretende representar y
defender. (Rumores.)
Usted dice que yo me he opuesto a dar una sola peseta. ¿Dónde consta eso?
¿Cómo dice usted que no hemos presentado ninguna moción si usted votó a
favor de una que presentó mi Grupo el año pasado? (Rumores.) Sí, sí,
ustedes podrán decir lo que quieran pero el caso es que se presentó y se
aprobó.
El problema está en que si ustedes tienen las claves de la solución del
problema tan claras como usted dice tenerlas, no sé entonces cómo en
catorce años usted no aconsejó a su Grupo que lo hiciera.
Y es que todo esto es mentira. Todo este juego es mentira. Es un juego
burdo para intentar que desde la Comunidad Autónoma andaluza --y estamos
asistiendo todos los días a eso-- se haga oposición al Gobierno del señor
Aznar. (Rumores.) Pero como efectivamente, Senadores socialistas, este
papel (El señor Esteban Albert muestra a la Cámara el texto de la
enmienda a la moción
que se está debatiendo.) no merece siquiera la pena entrar a evaluarlo
por el alto desprecio que usted ha mostrado ante su propia enmienda, mi
Grupo no va a entrar en ello y, desde luego, no la va a votar a favor.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.
Entramos en turno de portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Lamentablemente, no he podido intervenir en la moción presentada por don
Antonio García Correa aunque me hubiera gustado hacerlo. Creo que,
efectivamente, el señor García Correa tiene razón cuando habla de
presentar un plan para una región afectada por un problema de
reconversión. Hay que buscar recursos suficientes para ello, hay que
comprometer a las instituciones correspondientes y también se tiene que
comprometer en ello esta Cámara.
Pero con esto no quiero desmerecer en absoluto la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, en mi opinión importante y sobre todo
oportuna. Lo único que ocurre es que lamento que no se hayan puesto entre
ustedes de acuerdo. Nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo
Parlamentario Popular y también la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. Y queremos apoyarla fundamentalmente por una razón de
carácter político ya que en el fondo de lo que se trata es de que tomemos
aquí decisiones de carácter político puesto que es la política la que
mueve a cambiar decisiones que ni la técnica, ni siquiera las empresas
privadas, ni muchas veces los hombres y mujeres de unas determinadas
tierras que carecen de recursos son capaces de cambiar si no hay detrás
un empeño político importante. Lo queremos hacer desde la solidaridad que
hemos pedido para nuestra margen izquierda u otras zonas de Donostialdea
o fronterizas que han necesitado recursos o la calificación de zona de
urgente actuación por parte de la Unión Europea.
Y lo queremos hacer, fundamentalmente, porque el Partido Nacionalista
Vasco y el Grupo que lo representa aquí en el Senado entiende que no
pueden producirse estas situaciones en un final de siglo, en un país que
pretende, precisamente, ser una de las potencias económicas del mundo y
donde fundamentalmente las Comunidades Autónomas tienen algo que hacer
como es, en primer lugar, preocuparse por los problemas que afectan a sus
ciudadanos, con los cuales conviven.
Nos ha gustado mucho más la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
y, en este caso, no por razón de preferencias políticas, sino porque
verdaderamente responde a la necesidad de atender a un plan y poder
dotarlo de los recursos suficientes. No sé si la cantidad de 7.000
millones de pesetas es necesaria o no, pero indica, por lo menos, un
compromiso político concreto.
Votaremos a favor del Grupo Parlamentario Popular, pero pediremos a ambos
Grupos, que son los motores políticos de este Estado, en el cual nosotros
coadyuvamos, precisamente, a su Gobierno, que se pongan de acuerdo para
sacar a una región que merece la pena y a sus ciudadanos de la situación
de incertidumbre económica y social en la que se encuentran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
No quería repetir lo que he expresado otras veces en las interpelaciones
y en las mociones, pero sí que tengo que decir que nuestro Grupo siempre
ha defendido que es necesario presentar un plan de desarrollo para estas
comarcas mineras metálicas.
También estamos de acuerdo con lo que expresa la moción del Grupo
Parlamentario Popular, que las Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Industria y Energía tienen que encontrar soluciones para estas comarcas.
Por tanto, nuestro Grupo va a apoyar la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García
Correa.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, ha hecho usted referencia a que con la postura
demagógica, según usted, hemos perdido las elecciones. Aquí estamos
hablando de una circunscripción, que es Andalucía, y le puedo hablar de
Huelva, cuyos resultados conoce, que no llegamos al 100 por cien de votos
socialistas, pero le faltó muy poco.
En segundo lugar, cuando la dirección del Grupo me encarga un trabajo, yo
trato de prepararlo, como es lógico, y de investigar, por lo cual la
enmienda que presento está más que justificada. Lo que ocurre es que
usted no se lo ha preparado, de verdad, y sabe que la moción que presenta
es muy genérica. Dice que la Dirección General de Industria y Tecnología
para procesos de reconversiones y para atender a los proyectos, dé el
dinero que hay en los Presupuestos Generales del Estado, etcétera. En
definitiva, dice muy poquito, casi nada.
Además, para eso no hace falta que el Senado inste al Gobierno a que lo
haga. El señor Ministro dijo aquí lo mismo que usted ha dicho: que se
presentaran proyectos, que fueran la Dirección General de Industria, que
se iban a coger con mucho cariño, etcétera. El Gobierno ya ha dicho que
sí. ¿Es que ustedes no se fían del Gobierno? No me extraña que no se fíen
ustedes del portavoz del
Gobierno, que fue el que lo dijo. Que no lo hagamos nosotros es normal,
pero yo creo que, por lo menos, ustedes debían de fiarse de él y creerle.
Se dijo que se iba a estudiar y desde la Dirección General se invitó a
los alcaldes que estaban en la tribuna a que fueran a hablar con la
Directora General de Industria para ver los proyectos que podían encajar,
etcétera; eso ya está hecho. ¿A qué tiene que instar el Gobierno? ¿Qué
enmienda presenta el Grupo Parlamentario Socialista? Pues bien, hay ya un
precedente sobre este tema que se encuentra en la Orden Ministerial de 19
de mayo de 1997, por la que se fijan las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización, la
convocatoria para conceder esas ayudas a empresas públicas con problemas,
etcétera. Es decir, atendiendo al presupuesto de la Dirección General de
Industria y Tecnología para los procesos de reindustrialización, el año
pasado el Gobierno dictó una orden ministerial en la que se establecían
las ayudas que se iban a conceder, el ámbito territorial, los modelos
para su solicitud por parte de las empresas, de los entes locales,
etcétera.
Y nosotros pedimos que si verdaderamente el Gobierno tiene voluntad
política de llevar este tema adelante haga exactamente lo mismo, es
decir, que por la vía de la orden ministerial --y tal como solicitamos en
nuestra enmienda-- determine los criterios geográficos para que quede
claro qué comarcas se van a beneficiar. Porque, como usted decía, hay
comarcas o minerías que van bien y a lo mejor no tienen necesidad de esas
ayudas. Por tanto, habrá que fijar esa cuestión de alguna manera, ¿o
vamos a dejar que se decida de forma arbitraria desde Madrid? Y no sólo
deben determinarse los criterios geográficos, sino también los temporales
y económicos. Porque, ¿cuándo se va a conceder esas ayudas: dentro de
uno, cinco, u ocho años? ¿Y cuánto dinero hay para las mismas? Porque yo
he estudiado detenidamente los presupuestos generales del Estado y lo que
hay está más que comprometido. Por ejemplo, se destina una cantidad muy
elevada para la ayuda a la industria naval, etcétera, pero quedan muy
poquitas pesetas para la reindustrialización.
Por tanto, como la moción no dice absolutamente nada, y como ya el
Ministro dijo aquí lo que dice la moción, creemos que ustedes han
intentado hacer lo mismo que el año pasado, porque este no es un tema que
presenta el Grupo Socialista, sino algo que está haciendo el Gobierno del
Partido Popular en otras comarcas del territorio español. Lo único que
pedimos es que se haga algo parecido en las comarcas de la minería
metálica, que tan mal lo están pasando, y negarse a eso es dificilísimo.
La prueba de que ustedes no tienen voluntad alguna de ayudar a esas
comarcas es que nunca han presentado una iniciativa al respecto. ¿Por qué
estas dos mociones se presentan al día siguiente de que los socialistas
presentáramos las nuestras? ¿Por qué si ustedes estaban dispuestos a
ayudar a esas comarcas, al igual que el Gobierno negoció con los
sindicatos y las Administraciones afectadas el plan para el desarrollo
alternativo de las comarcas mineras del carbón, no inició también un
proceso como el Gobierno hubiera creído conveniente; por ejemplo, a
través del Ministerio de Industria, de la Dirección General de Industria,
de la Dirección General de Minas, etcétera? (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Porque ya llevan ustedes casi tres
años gobernando, y es ahora cuando presentan esta propuesta.
Por último, Senador Esteban, presentan ustedes una moción, pero pesetas
no hay ni una. De eso no ha hablado. Ha subido usted a la tribuna un
poquito nervioso, ha dicho cuatro cosas, pero no se ha referido a la
moción que se aprobó por unanimidad de esta Cámara en el mes de octubre
del año pasado. ¿Qué hay de ella? Porque, que yo sepa, no ha habido
ninguna reunión de la Junta de Andalucía, los sindicatos y las empresas
y, sobre todo, no conozco que se hayan dado pesetas, como decía un
compañero mío. Por tanto, menos discursos y más pesetas, don Arturo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra, Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Empieza uno a no saber dónde está, porque antes, en el turno defensa de
la enmienda, ésta no se ha defendido, y ahora, en el turno de portavoces,
que es para explicar el sentido del voto, es cuando se ha hecho. Si
ustedes trabajan siempre con ese mismo rigor, desde luego, no vale la
pena atender a esto.
Señoría, su enmienda me parecía digna de tenerse en cuenta, pero ha sido
usted quien la ha tirado al cubo de la basura con su intervención.
(Risas.) Y digo esto, porque no ha hecho una defensa de ella. Usted no la
ha presentado para mejorar nuestra moción, y lo sabe muy bien. La ha
presentado para tener dos intervenciones, porque, como usted ha dicho,
lleva ya muchos años aquí; tenía pantalón corto cuando llegó. (Risas.)
Usted lo sabe muy bien y no nos podemos engañar.
Por otro lado, ha dicho usted cosas tan increíbles como que no hemos
presentado iniciativas. Pues bien, no hemos presentado ninguna iniciativa
sobre los fondos AEPSA, pero resulta que esos fondos para la cuenca
minera del Andévalo y la cuenca minera de Huelva son los más importantes
de toda la historia de la democracia. Tampoco hemos presentado una
iniciativa para la política en escuelas taller y también es importante.
Nunca se han dado tantos recursos para el fomento del empleo ni se han
generado puestos de trabajo como ahora. Y el Grupo Parlamentario Popular
no ha tenido que presentar ninguna iniciativa. ¿O es que el Gobierno sólo
puede funcionar a base de iniciativas más o menos primorriveristas o
rimbombantes, como usted quiera? Es igual. Esto es lo que les caracteriza
a ustedes en su gestión, es decir, todo se queda en palabras.
Tengo que asentir con lo manifestado por el Senador Albistur. Este es un
tema que sobrepasa con mucho la posibilidad de un enfrentamiento aquí. Le
invito a que se una a esta moción, a que intente trabajar en ella.
Usted me pregunta qué ha pasado con la moción del último año. Se lo voy a
explicar. Que la Junta de Andalucía no se ha querido reunir. (Protestas.)
Sí señor. Esto es verdad. ¿Las competencias en materia de fomento de la
industria y de la minería no son competencias autonómicas? ¿No? ¿Y las de
empleo tampoco? (Protestas.) Bien. Tampoco les puedo achacar a ustedes
que no crean en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene dinero
y, además, se le envía mucho. Usted podría estar protestando porque por
hacer oposición al Gobierno de la nación, Andalucía ha perdido 70.000
millones en el sistema de financiación autonómica. (Protestas.)
Contésteme, si no ahora hágalo otro día. De los 20.000 millones de la
deuda histórica: Aznar, 20.000 millones, González, cero. ¿Cuánto ha
pedido usted para la reconversión del sistema minero? Nada. No utilice
usted la demagogia, que ya no le va, que ya está usted mayor para
utilizar argumentos tan pobres, tan tristes y además trasnochados y
caducos. (Protestas.)
Nada más. Muchas gracias. (El señor García Correa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Por qué artículo pide la
palabra?
El señor GARCIA CORREA: Le soy sincero, señor Presidente. No sé si el
artículo 87 es el más indicado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien; ha acertado. Dispone de
un minuto.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias por su generosidad.
En contestación a don Arturo Esteban, quiero decirle que ha manifestado
que soy Senador, que llevo ya 20 años y entré con pantalones cortos. Yo,
por desgracia, con pantalones cortos comencé a trabajar en la mina,
porque los gobiernos de derecha que había entonces me sacaron del colegio
y me mandaron a la mina. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Y en aquella época, don Arturo,
usted llevaba todavía dodotis. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el señor Esteban
Albert. Dispone usted de un minuto.
El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, solicito la palabra también
por el artículo 87.
Intervengo muy brevemente para solidarizarme con el Senador don Antonio
García Correa y decirle que siento lo mal que le ha tratado la vida todos
estos años. Se le nota demacrado y mal. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación el
texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular que
ahora hemos terminado de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 219; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE CUMPLA SUS COMPROMISOS DE COFINANCIACION CON LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS DEL PLAN DE INTENSIFICACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE LA
CUBIERTA VEGETAL, Y A QUE PRESENTE ANTE LAS CORTES GENERALES UN DOCUMENTO
DE ESTRATEGIA FORESTAL NACIONAL QUE ESTABLEZCA LAS LINEAS GENERALES EN
LAS MATERIAS Y PERMITA UN PLANTEAMIENTO HOMOGENEO EN EL MARCO DE LA UNION
EUROPEA Y OTRAS INSTANCIAS INTERNACIONALES. (662/000145)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente moción la presenta
el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
cumpla sus compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas
del plan de intensificación del programa de protección de la cubierta
vegetal, y a que presente ante las Cortes Generales un documento de
estrategia forestal nacional que establezca las líneas generales en las
materias y permita un planteamiento homogéneo en el marco de la Unión
Europea y otras instancias internacionales. (Rumores.)
Señorías, permitan que la Cámara pueda seguir con el debate. (Rumores.)
Señorías, como se decía antiguamente, no se reúnan más de cuatro
personas. (Rumores.--Risas.)
Señorías, llevamos tres minutos intentando empezar la siguiente moción.
Sin su colaboración va a ser difícil. Ruego, por tanto, a todos los que
intentan desalojar la sala que lo hagan con agilidad.
Muchas gracias. Puede usted empezar, doña Francisca Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ustedes conocen, entre los proyectos medioambientales a
financiar con cargo al Fondo de Cohesión se encuentra el llamado Plan de
intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal. Este
plan es fruto de una propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura a
las Comunidades Autónomas en cumplimiento de unas recomendaciones que se
realizaron en esta Cámara, en el Senado, en 1993 con objeto de
intensificar la prevención de los incendios forestales y la regeneración
de los ecosistemas.
A través de ese plan, cuyo período de ejecución comenzó en 1995 y
finalizaría en 1999, el Gobierno central, con financiación procedente del
Fondo de Cohesión, debe
destinar a las Comunidades Autónomas un importante volumen de recursos
para realizar proyectos forestales de lucha contra la erosión y la
desertización.
En enero de 1997 el Ministerio de Economía y Hacienda estableció nuevos
criterios a los que debían someterse los proyectos del Fondo de Cohesión
para esos años 1997, 1998 y 1999, es decir, el PP también aquí cambió el
modelo y el Ministro Rato propuso como novedad que los proyectos de este
programa de protección de la cubierta vegetal, conocidos como programas
de forestación, aunque mantuviesen la prioridad general, no se
presentarían al Fondo de Cohesión y el Gobierno Popular adquirió el
compromiso de dotarlos con cargo al FEOGA-Orientación en el submarco
plurirregional.
Por lo tanto, nos encontramos con que, con cargo a ese Fondo de Cohesión,
se han dejado de financiar en ese trienio más de 112.000 millones de
pesetas correspondientes a proyectos forestales redactados por las
Comunidades Autónomas, de los cuales casi 70.000 corresponden a la
Administración central y el resto a cada uno de los gobiernos
autonómicos. Digo que se han dejado de financiar porque al día de hoy los
recursos alternativos del FEOGA prometidos por el señor Rato no se han
materializado y están, por la vía de hecho, impidiendo que las
Comunidades Autónomas ejecuten esa inversión que tienen pendiente. Por lo
tanto, es primordial para las Comunidades Autónomas afectadas por este
problema --que, por cierto, son la práctica mayoría-- que el Gobierno
Popular se pronuncie sobre la forma de instrumentar esa integración de
los fondos, en este caso FEOGA, que han de incorporar en sus presupuestos
las Comunidades Autónomas porque con esta ingeniosa novedad del Ministro
Rato lo único que se ha conseguido es bloquear --congelar diría yo-- gran
parte de las inversiones forestales en el trienio 1997-1999.
Y no es un tema menor, señorías, muy al contrario. Hay Comunidades
Autónomas, como todas las de la cuenca del Mediterráneo y muy
especialmente la Comunidad Autónoma andaluza, donde la inversión forestal
es fundamental, porque la existencia de importantes procesos de
desertización ponen en peligro no sólo el propio sector forestal, sino
también otra serie de actividades productivas que exigen cuantiosas
inversiones para que se puedan restaurar esas zonas degradadas y, en
definitiva, mantener y mejorar las áreas forestales.
Con este incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de
Aznar --compromisos adquiridos, por cierto, con cada uno de los gobiernos
autonómicos--, las pérdidas en inversión y empleo son preocupantes. En el
caso de Andalucía, por citarles una de las Comunidades más afectadas por
este incumplimiento de los compromisos del Gobierno Popular con la Junta
de Andalucía, en materia de repoblación forestal, el Gobierno central,
dejará de invertir en ese trienio del que hablábamos 19.268 millones de
pesetas procedentes del Fondo de Cohesión, y con eso se van a perder más
de un millón de jornales repartidos por toda la superficie forestal de
Andalucía. Lo que está claro es que con esta actitud del PP se está
poniendo incluso en peligro la pervivencia de una serie de pequeñas y
medianas empresas forestales con el consiguiente coste adicional para el
empleo y la actividad económica.
Señorías, lo que está claro es que el Gobierno central no puede seguir
mareando la perdiz porque es urgente y prioritario seguir luchando contra
la erosión y la desertización en esas zonas de riesgo de nuestro país y,
especialmente, en esas Comunidades a las que antes me refería de la
cuenca mediterránea y andaluza, porque el Gobierno tiene que seguir
financiando las políticas de restauración de la cubierta vegetal para que
se pueda seguir dinamizando el cumplimiento de los consensuados planes
forestales. Tanto en el caso de Andalucía, donde hay un plan forestal
aprobado por unanimidad de la Cámara, como en el País Vasco, en Murcia y
en casi la totalidad de las Comunidades Autónomas hay que seguir
invirtiendo en esos proyectos de forestación para dinamizar el
cumplimiento de los consensuados planes forestales.
Pero también --y esto es muy importante-- hay que desarrollar una
estrategia de lucha contra la desertización y defensa del bosque
mediterráneo que implique a la Unión Europa. Señorías, es verdad que la
política forestal actual de la Unión Europea responde básicamente a las
características y a las necesidades de los bosques del centro y norte de
Europa y olvida, casi totalmente, las peculiares condiciones del sur, en
general, y de la cuenca mediterránea, en particular.
El bosque mediterráneo agrupa una serie de ecosistemas que ocupan más de
los dos tercios de la superficie forestal española, ecosistemas que son
muy variados, pero que tienen características comunes, fruto de esa
existencia de un marcado período estival árido y de las frecuentes
precipitaciones, que se presentan como aguaceros torrenciales,
concentradas en muy pocos días del año. Estas circunstancias hacen que el
bosque mediterráneo sea escasamente productivo por unidad de superficie,
pero también hacen que sea muy importante como elemento generador de
beneficios ambientales y sobre todo de mantenimiento de la biodiversidad.
No es menos importante señalar al Gobierno central y a la Unión Europea
los riesgos que aparecen en el bosque mediterráneo, porque en él existen
muchas zonas degradadas, fruto sobre todo de la explotación de los
recursos en épocas anteriores. Por tanto, la restauración de esas zonas
es prioritaria y nos debe ir llevando a corregir esos procesos de
desertización, que están suponiendo, sin duda, un freno al desarrollo de
muchas zonas rurales y que están llevando incluso a su despoblamiento.
Señorías, a ninguno de los que nos sentamos aquí no nos cabe duda de que
la conservación y la restauración exigen una política forestal activa y
coordinada. Una política activa que financie los proyectos de
reforestación y de protección de la cubierta vegetal, pero también una
política coordinada con el desarrollo rural, que contribuya a asegurar la
conservación de los recursos y a mantener la biodiversidad para las
generaciones venideras.
Pues bien, parece que el Gobierno español carece de esa política forestal
decidida y es urgente que el Gobierno de Aznar tenga clara esa necesidad
de definir una política
en materia forestal que, respetando las competencias de las Comunidades
Autónomas, permita un planteamiento homogéneo en la esfera europea e
internacional.
Decíamos antes, y lo reitero ahora, que es verdad que la Unión Europea
carece de una política forestal común, lo que origina, sin duda, que la
asignación de los fondos a este sector sea mínima, sobre todo en
comparación con el montante de la política agraria comunitaria. Esto
supone que además de que los recursos que se destinan en estos fondos son
escasos, también son permanentemente discutidos por no ser estrictamente
agrícolas, ni siquiera totalmente medioambientales, lo que sin duda hace
que su gestión sea muy compleja.
Siendo todo esto verdad, lo que también es cierto, y además es
lamentable, es que el Gobierno español no sea capaz de definir una
política forestal propia, que proteja y preserve el bosque mediterráneo,
y que no sea capaz de defender esa política en la Unión Europea. Todo
esto es lamentable, señorías, porque lo que se está produciendo en la
realidad es una drástica reducción de la inversión en los terrenos
forestales, que representan más de la mitad del territorio nacional y que
están poniendo en peligro el aprovechamiento de sus recursos y su
conservación, teniendo una alta incidencia en la pérdida de empleo de
forma cuantitativa, sin duda, pero también en condiciones de calidad,
porque coincide que, generalmente, las zonas forestales son áreas
desfavorecidas y tienen pocas o casi nulas --diría yo-- alternativas
socioeconómicas.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista plantea con su moción dos
cuestiones que consideramos importantes y urgentes y que hay que abordar
con carácter inmediato.
En primer lugar, exigimos al Gobierno del señor Aznar que cumpla sus
compromisos de cofinanciación con las Comunidades Autónomas del Plan de
intensificación del programa de protección de la cubierta vegetal, en
definitiva, del plan de forestación, aunque no siempre se trata de seguir
una estrategia forestal porque a veces no es ésta la política adecuada
para obtener las mejores condiciones medioambientales.
Señorías, no estamos ante un tema baladí en razón de su urgencia, porque
las Comunidades Autónomas necesitan saber cómo integrar en sus propios
presupuestos la parte de cofinanciación que les corresponde de esas
inversiones. Ya han pasado dos ejercicios en los que no lo han podido
hacer, aunque en la mayoría de los casos están asumiendo como propias
estas inversiones y abordándolas con cargo a sus propios presupuestos en
detrimento --y esto se agudiza en algunas Comunidades donde el monto de
recursos es importante, como en el caso de Andalucía que es el más alto--
de sus propios recursos.
En enero de 1997 el señor Rato adquirió un compromiso de inversión con
los Gobiernos autonómicos, pero estamos finalizando el año 1998 y nadie
sabe nada, nadie contesta. Ninguno de los Ministerios afectados, ni Medio
Ambiente, ni Economía y Hacienda, ni Agricultura se ha pronunciado al
respecto.
Es urgente, señores del Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno que
ustedes sustentan descongele los recursos financieros comprometidos con
las Comunidades Autónomas para poder continuar con las inversiones y los
proyectos previstos en el Plan de protección de la cubierta vegetal
durante el período 1995-1999.
Pero no es menos importante la segunda parte de nuestra moción, señorías,
y no sólo por el contenido sino también por la oportunidad temporal de la
misma. Disponemos del informe de evaluación forestal elaborado en Europa
y, por tanto, tenemos la oportunidad de plantear las políticas forestales
que, en el marco de la Unión Europea y con el máximo respeto a las
competencias autonómicas, queremos que lleve a cabo este Gobierno en el
futuro.
La segunda parte de nuestra moción es oportuna tanto en el tiempo como en
el contenido. Planteamos la necesidad de presentar y discutir en las
Cortes Generales un documento de estrategia forestal nacional que,
respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, establezca unas
líneas generales de actuación homogéneas a los planteamientos propuestos
en la Unión Europea y en otras instancias internacionales, de manera que
nos permita apostar por la biodiversidad y por nuestros bosques.
Señorías, para finalizar quiero decirles que sólo cuando el Gobierno
central debata en las Cámaras y elabore, teniendo en cuenta la aportación
de todas las fuerzas políticas y el respeto a las competencias de cada
una de las Comunidades Autónomas, ese documento de estrategia forestal
que tanto necesitamos, sólo entonces podremos defenderlo en la Unión
Europea. Así, el bosque mediterráneo no será el último en las prioridades
de Europa y estará al mismo nivel que los bosques del norte y centro de
Europa, que ahora tienen prioridad en el contexto de la Unión Europea.
Por todo lo dicho espero de sus señorías el apoyo a la moción presentada;
una moción que es justa porque reivindica y exige el cumplimiento de unos
compromisos por parte del Gobierno, que en todo este tiempo no se ha
pronunciado sobre el tema y que tan sólo dice que no hay Fondos de
Cohesión y que quizá pueda abordarse con el FEOGA-Orientación.
Mi grupo no se ha querido limitar a traer la voz de las Comunidades
Autónomas exigiendo ese compromiso, también queremos que se estudie un
documento que aúne posturas y consensue voluntades, de forma que en
España podamos apostar todos por la defensa del medio ambiente frente a
los que apuestan por otro tipo de políticas medioambientales distintas,
por lo menos en las prioridades, en el marco europeo.
Por ello, espero el voto afirmativo para esta moción y deseo que este
debate no sea nada más que el comienzo de los cumplimientos y, sobre
todo, de ese documento de estrategia de política forestal nacional, de la
que carecemos en este momento, a pesar de tener un Ministerio de Medio
Ambiente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece oportuna la presentación de esta moción, ya que suscita un
debate en torno a la actuación que las Administraciones Públicas realizan
sobre los montes y el aprovechamiento forestal.
Se trata de una materia sobre la que esta misma semana se está celebrando
en Madrid el Congreso de Medio Ambiente, donde se tendrá la oportunidad
de analizar la incidencia que puede tener la protección o desprotección
del medio ambiente en fenómenos tan importantes como puede ser el cambio
climático --con la reciente reunión que ha habido en Buenos Aires-- o el
agujero de la capa de ozono. En definitiva, temas que afectan a la
totalidad de la humanidad como conjunto y a personas concretas y
determinadas.
Además, señor Presidente, se da la paradoja de que las grandes agresiones
al medio ambiente fundamentalmente devienen de los países
industrializados, y en cambio los perjudicados de esas agresiones al
medio ambiente, como pueden ser los efectos inducidos del cambio
climático o del agujero en la capa de ozono, son los países en vías de
desarrollo. Recientemente hemos comprobado todos los ciudadanos los
efectos del huracán «Mitch» en Centroamérica. Es en este contexto donde
también se enmarca la iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista, en cuanto a la necesidad de una protección del medio ambiente
forestal, del medio ambiente natural, por la incidencia que puede tener
lugar en efectos, como he señalado anteriormente, como el cambio
climático.
Nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con la exposición que ha
realizado doña Francisca Pleguezuelos. Consideramos que ha sido una
intervención conocedora de la realidad y rigurosa. Ahora bien,
simplemente hemos planteado una enmienda puntual --que previamente hemos
consultado con su Grupo Parlamentario--, llegando a una aproximación o
acuerdo.
Señor Presidente, con nuestra enmienda se pretende recordar la
competencia que en esta materia tienen las Comunidades Autónomas. La
señora Senadora ha señalado adecuadamente que Comunidades Autónomas como
Murcia, Andalucía y el País Vasco tienen aprobados planes forestales en
sus parlamentos autonómicos, es decir, instrumentos de planificación de
cómo han de actuar las administraciones en la protección del bosque y
cómo se han de aprovechar los usos forestales. Esa es una cuestión que
nosotros considerábamos importante. Por ello, el texto final, con nuestra
enmienda, vendría a decir lo siguiente: Presentar ante las Cortes
Generales para su discusión un documento de estrategia forestal nacional
que, respetando las competencias --se añadiría lo siguiente--: «... y la
planificación en la materia de las Comunidades Autónomas...». El resto
quedaría igual redactado. Unicamente se añadiría este pequeño párrafo
relativo a la planificación ya efectuada por las Comunidades Autónomas.
Con este añadido, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos estarían de acuerdo en
esta iniciativa parlamentaria que se ha sometido a la Cámara, y votaremos
encantadoscias, señor Presidente.
El espíritu de la enmienda es atar aún más corto ese documento de
estrategia forestal nacional para que no vulnere la planificación de cada
una de las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia,
por entender --y creo que esto es muy importante-- que si pretendemos
hablar de una política forestal común europea hay que respetar la
pluralidad, las competencias de cada una de las Comunidades o de los
territorios, y, al mismo tiempo, queremos recursos europeos.
Por tanto, si su señoría entiende que puede aceptarse esa enmienda «in
voce», nosotros también, ya que se limita exclusivamente a añadir en el
párrafo dos del texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que habla de: «... respetando las competencias», el inciso
«... y la planificación en la materia...». Con ese matiz el Grupo
Parlamentario Socialista aceptaría la enmienda, porque lo único que hace
es añadir cautelas que compartimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
En definitiva, es una enmienda «in voce» que requiere el visto bueno de
los demás grupos parlamentarios para ser tramitada. Por tanto, si algún
grupo parlamentario tiene algún inconveniente para asumir esta enmienda,
que lo diga ahora o que calle para toda la vida. (Risas.)
Se acepta la tramitación de esta enmienda (Asentimiento.)
Por tanto, pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo
Poch.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, siento de verdad tener que cerrar el debate sin haber tenido la
más mínima posibilidad de debatir con el grupo proponente su moción.
Estaba absolutamente convencido de que el Reglamento de la Cámara me
ofrecía un turno en contra antes del turno de portavoces para que
pudiéramos debatir los argumentos que voy a
dar, en primer lugar, para rebatir los suyos y, en segundo lugar, para
argumentar el voto en contra de mi grupo parlamentario a la moción que ha
presentado su grupo parlamentario.
Lo voy a hacer desde el convencimiento, señoría, de que aunque ustedes no
lo puedan reconocer, votando en contra de esta moción les vamos a hacer
un favor. (Risas.) Les vamos a hacer un favor porque con esta moción,
créanme, en algunos de sus aspectos ustedes se hacen oposición,
concretamente hacen oposición a la labores del Gobierno central en los
años 1994, 1995, y la pequeña parte del año 1996. Si su señoría me
permite que se lo explique, se lo demostraré.
Además en su intervención usted ha faltado a la verdad al achacar el
problema al Gobierno de España, cuando usted sabe, señoría, que en
determinado momento fue la Comisión Europea la que decidió cambiar los
objetivos a los que se deben destinar los Fondos de Cohesión. Luego, si
su señoría quiere, podremos hablar de cómo el Gobierno central
precisamente a partir del año 1997, pese a esa decisión de la Comisión
Europea, sostiene los compromisos financieros que había adquirido con las
Comunidades Autónomas para programas relacionados con el medio ambiente,
efectivamente no tocantes a la problemática forestal o de la cubierta
vegetal de nuestro país, en los que participaron todas las Comunidades
Autónomas y destinados a no perder los Fondos de Cohesión o, por lo
menos, el compromiso financiero que el Gobierno de la nación había
adquirido en el año 1994.
Fue precisamente a finales del año 1994, con motivo --sus señorías lo
recordarán--, desgraciadamente, de la intensidad y gravedad de los
incendios forestales de aquel verano, cuando el Ministerio de
Agricultura, a través del ICONA, presentó un plan de actuaciones con el
objetivo de intensificar los trabajos de restauración y de recuperación
de la cubierta vegetal, que en los últimos años --no sólo en el año
1994-- se habían visto notablemente disminuidos. Creo recordar que la
superficie reforestada anualmente en toda en España hasta aquella fecha
era de 25.000 hectáreas.
Por tanto, el llamado plan de intensificación del programa de protección
--que, señorías, no se llegó a aprobar nunca-- preveía una inversión --le
voy a poner el ejemplo de la Comunidad Autónoma que usted también ha
indicado-- para Andalucía de 32.620 millones de pesetas para el período
1995-1999, distribuido al 50 por ciento entre la Administración central y
la Junta de Andalucía. Y similar era la distribución de la financiación
con respecto a otras Comunidades Autónomas.
Para la ejecución del plan se buscaba el apoyo financiero de los Fondos
de Cohesión de la Unión Europea. Este Fondo tiene carácter nacional y su
principal objetivo consiste en hacer compatibles las rígidas condiciones
de convergencia macroeconómica necesarias para conseguir la unión
monetaria con el mantenimiento de la actividad inversora en los países
más desfavorecidos. Esos son los fines, señoría, y el principal objetivo
de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea. Digo esto porque que
tengamos claro cuál es el objetivo de estos fondos es clave para entender
lo que a continuación voy a explicar.
El Fondo de Cohesión se diferencia de los Fondos Estructurales en que no
está, por tanto, diseñado para atender a criterios de desarrollo
regional, sino que se configura como un instrumento al servicio de
políticas de ámbito estatal que favorezcan; evidentemente, la
aproximación de España a niveles medios de desarrollo de la Unión
Europea. No obstante, el Gobierno de la nación decidió admitir por aquel
entonces --me cuesta ahora mismo recordar quién gobernaba-- la
presentación de proyectos de las Comunidades Autónomas al Fondo de
Cohesión y de esta forma quedó reflejado en el acuerdo --probablemente su
señoría lo haya leído a la hora de estudiar la presentación de su
moción-- del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 21 de septiembre
de 1994, en el cual se fijaba, entre otros, el importe total de la ayuda
del Fondo para trabajos forestales de las Comunidades Autónomas para el
año 1995, dentro de ese plan de intensificación, que --repito a sus
señorías-- no se llegó a aprobar nunca.
Con estos antecedentes, se presentó en el año 1995 la cartera de
proyectos para ese ejercicio, que incluía una relación de actuaciones a
financiar por las Comunidades Autónomas, por un importe sensiblemente
igual al determinado por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y el ICONA. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la
mayoría de las Comunidades Autónomas --ruego ahora a la Cámara la máxima
atención-- el ICONA --y estamos del año 1994-- no pudo alcanzar los
niveles señalados en el plan de intensificación, al ser la dotación
presupuestara aprobada en los Presupuestos Generales del Estado
insuficiente para ello.
En el año 1996 el proceso seguido fue similar al reseñado para el año
1995. En principio, señoría, todo indicaba la posibilidad de continuidad
hasta el año 1999 en la línea iniciada. Sin embargo, diversas
circunstancias parecen haber inducido a la Dirección General de la
Comisión Europea responsable a replantearse la ayuda a los proyectos de
restauración hidrológica-forestal. Y precisamente por ello, ante ese
cambio de opinión de la Dirección General competente de la Comisión
Europea, el Ministerio de Economía y Hacienda convocó a los responsables
de las Comunidades Autónomas en los primeros meses del año 1997
solicitando el establecimiento de prioridades de los proyectos relativos
al medio ambiente que sí fueran susceptibles de ser financiados a través
del Fondo de Cohesión.
Evidentemente, para la Junta de Andalucía los proyectos forestales
también gozaban de la máxima importancia, como para el resto, señoría, y,
sin embargo, al igual que las otras Comunidades Autónomas, ante las
dificultades surgidas en el seno de la Comisión Europea en una segunda
fase, los desplazaron al último lugar, anteponiendo proyectos de residuos
sólidos urbanos, de depuración de aguas, de abastecimiento y transporte,
aunque también es cierto --que es lo que su señoría mencionaba-- que se
ofreció a estudiar la posibilidad de dar continuidad a estos trabajos, es
decir, a los proyectos inicialmente
presentados, mediante el encaje de su financiación a través del
FEOGA-Orientación.
Por tanto, el planteamiento expuesto no es exclusivo --como me ha
parecido entender de las palabras de su señoría-- de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sino que debe de extenderse al conjunto de las
Comunidades Autónomas.
En relación con la posibilidad de encajar la financiación de los trabajos
aludidos, o sea de los que inicialmente se presentaron como que podrían
formar parte de los financiados a través de los Fondos de Cohesión, en
estos momentos se encuentra en fase de análisis.
En principio, la posible vía de financiación de proyectos forestales
excluidos del Fondo de Cohesión procedería del déficit de ejecución de la
Administración central en los programas operativos del FEOGA-Orientación.
Como quiera que la finalización de estos programas alcanza el año 1999 no
se sabe aún, sería aventurado y complicado hacer ahora una previsión de
cumplimiento y cuantificar el crédito sobrante. La complejidad del tema
aumenta si consideramos, además, que se ven afectadas varias direcciones
generales de dos Ministerios, en este caso del de Agricultura, Pesca y
Alimentación y del de Medio Ambiente.
Podría resumir lo dicho hasta ahora en que, en primer lugar, el plan de
intensificación --que no se llegó a aprobar nunca, señoría-- permitió a
las Comunidades Autónomas a acceder al Fondo de Cohesión, posibilitando
una ayuda financiera del 85 por ciento sobre el coste de los trabajos; en
segundo lugar, que diversas circunstancias han conducido a la Comisión
Europea a replantear la idoneidad de la financiación de proyectos de
restauración forestal con cargo al Fondo de Cohesión para el período
1997-1999, y que proyectos de otra naturaleza parecen más acordes con los
objetivos del Fondo de Cohesión, por lo menos a juicio de la Comisión
Europea; y, tercer lugar, que conforme a lo que he dicho, la Junta de
Andalucía, igual que el resto de las Comunidades Autónomas, modificó en
el año 1997 sus líneas prioritarias, anteponiendo proyectos de
saneamiento, de depuración, etcétera, a los de restauración forestal,
ante la aventurada posibilidad de un encaje de esos proyectos a través de
la vía del FEOGA.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Calvo Poch, vaya
terminando, por favor.
El señor CALVO POCH: Voy terminando ya, señor Presidente.
Esa parte de su moción no es cierta.
En cuanto al segundo punto, que se refiere a la estrategia forestal
nacional, no sé si el Senador Gatzagaetxebarría de alguna manera da el
visto bueno a lo que subyace de él y es, a lo mejor, creer que el
Gobierno no está trabajando en la elaboración de la estrategia forestal
nacional. Creo que el señor Gatzagaetxebarría por lo menos conoce que en
estos momentos está ya avanzado un documento relativo a la estrategia
forestal nacional, disponible para todas sus señorías porque está,
además, en Internet, es decir, es público y notorio. Este documento tiene
cinco partes, donde además del diagnóstico actual, pueden sus señorías
encontrar las consideraciones del modelo forestal nacional, la reformas
estructurales necesarias, los instrumentos para la planificación que
debería coordinar la Administración General del Estado y acciones
sectoriales, la aplicación y seguimiento de la estrategia forestal
española y, por supuesto, como todas sus señorías saben también,
próximamente tendrá entrada en las Cortes Generales la ley de montes, que
este Gobierno se ha comprometido a presentar.
En el año 1997 se elaboró un primer borrador de estrategia forestal, que
fue retirado porque se le acusó --es cierto-- de especialmente
productivista, y a principios de este año se inició la elaboración de
otro texto, que ya ha sido presentado, Senador Gatzagaetxebarría, a las
Administraciones públicas con competencia en la materia; es decir, el
Gobierno del País Vasco ya conoce el documento del que le estoy hablando.
Además el citado documento se ha dado a conocer a colectivos
involucrados. En estos momentos se encuentra en discusión en una serie de
grupos de trabajos que se han establecido a tales efectos y cuyas
conclusiones y recomendaciones se podrán conocer en la próxima semana.
Si hubiéramos tenido la posibilidad de un turno de réplica y de dúplica,
probablemente me hubiera dado tiempo a explicar por qué la Senadora
Pleguezuelos ha presentado una moción en la que trata simplemente de
justificar, poniéndose la venda antes de la herida, por qué la Junta de
Andalucía a lo mejor no va a poderse beneficiar de los fondos del FEOGA
para la mejora de la cubierta vegetal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (La
señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
Senadora Pleguezuelos, no es obligatorio hacer uso del artículo 87 del
Reglamento en cada moción. No infrinjo el Reglamento si no le concedo la
palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, es que el Senador Calvo
ha estado diciendo que quería que hubiera debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vuelvo a decirle que en
esta ocasión no ha lugar ningún otro debate. Muchas gracias.
Vamos a llamar para las votaciones. (Pausa.)
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista que acabamos de debatir, con la introducción de
la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 93; en contra, 125; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, CON LA MAXIMA URGENCIA POSIBLE, ORDENE LA
CORRECCION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN EL ORDENADOR CENTRAL QUE GESTIONA
EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI), EN RELACION A LAS NOMINACIONES
PROPIAS Y REALES DE CADA TITULAR O, EN SU DEFECTO, ELABORE Y PUBLIQUE UN
DECRETO POR EL QUE TODOS LOS NOMBRES PROPIOS QUE FIGURAN CON CARACTER DE
LENGUA ESTATUTARIA Y COOFICIAL EN EL DNI A RENOVAR SEAN RESPETADOS Y
ADMITIDOS A TODO EFECTO OFICIAL Y ADMINISTRATIVO. (662/000142)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir la moción
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
por la que se insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia posible,
ordene la corrección y actualización de datos en el ordenador central que
gestiona el documento nacional de identidad, en relación a las
nominaciones propias y reales de cada titular o, en su defecto, elabore y
publique un decreto por el que todos los nombres propios que figuran con
carácter de lengua estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean
respetados y admitidos a todo efecto oficial y administrativo.
Para su defensa tiene la palabra el Senador don Imanol Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente, por otorgarme
la palabra y por su magnífico enunciado de la moción que presenta el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Simplemente he intentado leer lo
que ha sido literatura propia de usted, Senador.
Muchas gracias.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señorías, señor Presidente, la presente moción
intenta ser formulada de modo principal bajo un concepto de autoreflexión
crítica y de cara a la pluralidad que se da realmente en nuestra
sociedad, una pluralidad social y cultural que, en ocasiones, como en
ésta, nos exige una toma de decisión responsable sobre materias que le
son concernientes.
Estamos convencidos de que el total de esta moción se sustenta
nítidamente tanto en la legalidad vigente como en la naturaleza misma del
ser humano y, de modo particular, en algo tan íntimo y personal, como lo
que afecta al nombre propio de cada cual que, no hace falta decirlo, es
una cuestión de derecho inalienable y fundamental de todo ser humano. El
nombre propio es un derecho humano por ontología.
Como antecedente previo, debo rememorar con agrado aquella sesión
plenaria celebrada en esta misma Cámara, con fecha 24 del pasado marzo,
en la que aprobamos por unanimidad la ratificación de la Carta Europea de
Lenguas Minoritarias y Regionales del Consejo de Europa, cuyo artículo 10
en todas sus partes ha de ser tenido especialmente en cuenta a efectos de
dirimir la presente moción. Fue un debate a través del cual quedó firme e
inequívocamente constatada la voluntad unánime de respetar y animar la
conveniencia y el derecho del uso y disfrute sin restricciones de cada
una de las lenguas, tanto en lo privado como en lo oficial, y cuando
menos, dentro del ámbito territorial de su respectivo desenvolvimiento.
Sinceramente creo que todas las intervenciones registradas por el motivo
citado se desarrollaron con altura de miras y sinceridad expresiva, sin
dudas ni interrogantes. Entre todas las habidas, evoco con singular
contento y satisfacción el magnífico discurso de nuestro estimado colega
del Partido Popular, Senador González Pons, que calificó con el feliz
término de lenguas estatutarias las diferentes lenguas vernáculas
habladas en el Estado. Tan feliz expresión, repito, fue y es, sin duda
alguna, el fiel reflejo de una apreciación óptima sobre el particular, en
el claro sentido de realzar su carácter de oficialidad reconocida y
predicar el respeto y aprecio que todas ellas merecen, tanto, desde un
punto de vista privado, como desde el oficial y público. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría, espere un
segundo.
Sus señorías pueden hablar, pero con un tono un poco más bajo, por
respeto al Senador que tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Evidentemente, entiendo que no pudo ser tratada
la cuestión de otra manera que la preestablecida en el actual paradigma
de la pluralidad lingüística, cultural y del derecho de gentes, y en un
medio plenamente normalizado y de elemental convivencia, en el que todos,
sin excepción, estamos comprometidos con pleno sentido de responsabilidad
política y cívica. Por lo menos, esa es nuestra convicción.
Dejo también constancia de que los contenidos de la Carta Europea fueron
estimados como condicionantes mínimos de orden general y de que todos
tuvimos a bien afirmar que, comparativamente, nuestras leyes propias de
uso interno al respecto --la Constitución y los Estatutos,
preferentemente-- sobrepasaban con creces el contenido normativo de la
repetida Carta Europea, mostrándonos conscientes de su aplicación en el
día a día de nuestras relaciones sociales, incluidas las comprendidas
entre la Administración y el administrado. Y evoco nuevamente, señorías,
el artículo 10 de dicha Carta Europea.
Precisamente es a este último aspecto al que se refiere nuestra moción,
ya que no fuimos lo suficientemente previsores como para tener en cuenta
la existencia de un ordenador central que emite datos referidos a la
gestión del
documento nacional de identidad y que en verdad muy poco o nada entiende
de debates y acuerdos parlamentarios. El ordenador va a lo suyo: a emitir
los datos en él introducidos con mayor o menor fortuna y sin caer en
mientes de veracidades ni sensibilidades. Por supuesto, señorías, lejos
de mi intención despreciar el sistema. ¡Faltaría más!
Lo que verdaderamente me resulta inadmisible es que los datos emitidos
por un ordenador, por muy central que éste sea, se conviertan sin más en
dictado de comportamiento hiriente cuando los datos previamente
introducidos en él no se ajustan a la verdad que deben contener y se
encuentran fuera de la realidad social a la que debe atender,
enmendándole la plana a un estatus convivencial respetuoso y tensionando
métodos de comportamiento legalmente establecidos. En efecto, según fue
reconocido por el señor Ministro del Interior en respuesta a una pregunta
de este Senador, es cierto que el ordenador central que gestiona el
documento nacional de identidad incorporó en su momento como datos
iniciales aquéllos de los libros de primera inscripción de los servicios
centrales, se supone que por error, y por ello en ese ordenador que
gestiona el documento nacional de identidad en toda España no aparecen
consignados los nombres legalmente señalados por los interesados al
renovar su documento nacional en la provincia correspondiente, lo cual
produce discordancias entre los datos de las comisarías y aquéllos de los
servicios centrales del Documento Nacional de Identidad.
Eso es lo que el señor Ministro, con sinceridad que se agradece, nos
expresó en relación con los nombres propios consignados en las distintas
lenguas vernáculas, salvo en la castellana. Me alegró saber por boca del
señor Ministro que lo cuestionado no mantenía relación con ningún
problema político, sino que era derivado de un problema técnico. Era un
error técnico, y así se lo acepté. También acepté su firme voluntad de
dar satisfacción a todos los ciudadanos vascos --fueron sus palabras
literales-- y de que lo iba a hacer cumpliendo con la obligación del
Gobierno, porque para eso está el Gobierno de España (sic).
Pues bien, la finalidad de esta moción es facilitar al Gobierno su tarea
de dar satisfacción a todos los ciudadanos afectados por la errónea
incorporación de datos en desajuste con las realidades personales
legalmente existentes, en cuanto se refieren a la nominación propia y
personal, no castellana, de numerosos ciudadanos de toda índole, bien por
ser cual es su denominación de origen, bien por su opción libre y
reglamentada en su día como compensación justa de anteriores
prohibiciones «anti natura».
En definitiva, por cuestiones técnicas derivadas de un tipo erróneo de
incorporación de datos se constata que no sólo se producen discordancias
internas que jamás deberían haberse producido en aras de una correcta
interrelación, sino que, por añadidura y sobre todo, se generan
inquietud, desazón, disgusto, demora y un costo económico para los
ciudadanos susceptibles de afectación; ciudadanos que son ajenos en su
totalidad al más mínimo sentido de responsabilidad sobre las deficiencias
técnicas erróneamente constituidas y que únicamente son imputables a una
gestión o a una interpretación administrativa que ha fallado nítidamente
y que, en conclusión, debe corregirse a sí misma sin ocasionar el más
mínimo menoscabo en los derechos o en la textura legal de la ciudadanía
afectada, sin provocar en ésta sensación alguna de discriminación,
humillación o frustración, después de tanto tiempo transcurrido, con el
convencimiento de que el actual es mucho mejor que el pasado, aquel
pasado del que oportunamente, señorías, hicimos borrón y cuenta nueva.
No pretendo ensañarme en el error ya verificado de la Administración ni
en la búsqueda de responsabilidad o de responsables, porque en verdad
reconozco que todos estamos sujetos a posibles errores. Tampoco quiero
incidir con tintes negros en las desagradables consecuencias, en las
reacciones de enojo que tal error está produciendo. No es mi estilo en el
quehacer diario de esta Cámara.
Pretendo decir que hemos de esforzarnos en aprender de la historia pasada
y de la reciente; aprender de los errores en general y, en particular, de
este error técnico, suficientemente manifiesto, con el solo ánimo, en
principio, de que sea subsanado con urgencia y en evitación de posibles
reincidencias, dispuestos siempre a interpretaciones acordes con las
exigencias y con la realidad de cada época, y más con la convicción de
que la rectificación de errores constituye hoy un ejercicio más saludable
que nunca por razones obvias.
Señorías, con todo respeto el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos ha formulado esta moción con el fin de instar al
Gobierno a que, con la máxima urgencia, ordene la debida corrección y
actualización de datos en el ordenador central en relación a las
nominaciones propias y reales de cada titular del documento nacional de
identidad respectivo o, en su defecto, tenga a bien elaborar y publicar
con inmediatez un decreto, que bien podría ser una orden ministerial o
una simple orden de régimen interno, que corresponda, en su caso, a tan
importante función concreta, que es del máximo interés para la normal y
correcta relación entre la Administración y la totalidad de sus
administrados, de manera que, sin exclusiones ni reservas de ningún tipo,
todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua estatutaria
y cooficial en el documento nacional de identidad a renovar sean
respetados y admitidos en su propia transcripción y valía a todo efecto
oficial y administrativo.
Todo ello se explica porque en un Estado de Derecho, mucho menos por mero
error técnico de la Administración del mismo, no es admisible que para
las relaciones entre la Administración y los administrados se genere una
especie de ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, tanto menos
cuanto que no se trata más que de nombres propios redactables y
aplicables bien en lengua castellana bien en otra lengua estatutaria,
todas ellas respetables por igual.
Señorías, esta es una moción limpia, sin enconos ni segundas intenciones,
que simplemente refleja una realidad y reclama solamente igualdad de
oportunidades en el trato debido de la Administración hacia los
administrados,
todos ellos respetables y estimables por igual, llámense como se llamen,
en uso legal de cualquier idioma. Y esta moción hoy se justifica y se
fortalece más que cuando fue presentada, porque ayer mismo, el Senador
que les habla pudo renovar su documento nacional de identidad
habiéndosele respetado su nombre propio en euskera, sin ningún trámite
oficial por su parte, pese a una tajante negativa en los primeros
momentos de dicho trámite; negativa que hube de contrarrestar con
idénticos argumentos a los aquí expuestos y haciendo valer mis
acreditaciones parlamentarias ante las que el funcionario de turno me
dijo: Si hubiera sabido antes que usted es tan importante... Señorías,
esta frase la dejo a la consideración de ustedes para que reflexionen
sobre si lo que es factible para un modesto Senador no lo ha de ser para
el resto de los ciudadanos.
Espero confiadamente de sus señorías la aceptación de cuanto me ha sido
permitido exponer. Confío --tal vez sea mucho confiar-- en que sea
unánime el voto favorable para lo pretendido en justicia, que no es más,
pero que tampoco es menos, que el debido respeto a toda la ciudadanía sin
excepciones y a todas las lenguas estatutarias y al solicitar la
renovación del documento nacional de identidad vigente. Por favor,
señorías, no me fallen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, tiene
la palabra el Senador don Dionisio García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, inicio esta intervención aludiendo a las últimas palabras que
ha pronunciado en esta tribuna el Senador Bolinaga. Si la intención de
esta moción es que reiteremos nuestro respeto por la utilización de las
lenguas cooficiales en España, de las lenguas estatutarias, como las ha
denominado el Senador de nuestro Grupo, si esa es la intención, señorías,
dé por supuesto nuestro voto; yo creo que el de toda la Cámara, pero,
desde luego, el del Grupo Parlamentario Popular.
Las apreciaciones que se han hecho en esta Cámara sobre otros tiempos,
sobre la oficialidad de las lenguas, sobre los derechos individuales a
utilizar el nombre propio, resultaban innecesarias, pero como lo que
abunda no daña, nuestro Grupo debe hacer una declaración de principios.
Hoy, señoría, no hay ningún problema en toda España para utilizar los
nombres propios de las personas en castellano o en el idioma cooficial en
cada Comunidad. Se utilizan sin ningún problema.
Como ese problema no existe, afortunadamente, las discusiones sobre esa
cuestión están felizmente superadas y no hay que hacer ningún
pronunciamiento político ni hay voluntad política de coartar, de
cercenar, de mermar ninguno de los derechos individuales y colectivos de
los pueblos. Como eso, señor Bolinaga, es así, me parecía innecesario
decirlo, pero a la vista de sus primeras manifestaciones, he tenido que
hacer una declaración de principios. Creo que así lo entienden todos los
grupos políticos y, desde luego, el grupo político que represento, que es
el Grupo Parlamentario Popular. Pero eso es una cosa, señoría, y otra es
el contenido literal de la moción que su señoría plantea.
Tenemos la impresión de que su señoría ha hecho una montaña de un grano
de arena, que su señoría está viendo una marejada en un vaso de agua. Tal
vez el que un caso particular, un error o una dificultad técnica haya
coincidido con su señoría ha podido exacerbar un poco sus ánimos o su
voluntad, pero no es esa la cuestión, señoría.
Nosotros creemos que ésta es una moción improcedente. Y le diré por qué.
Su señoría tuvo la oportunidad de plantear una pregunta al Ministro en
esta misma Cámara hace no más de 15 ó 20 días, el pasado 28 de octubre.
El señor Ministro dejó claro entonces que no había ningún problema
político, que era exclusivamente un error de tipo técnico que se había
producido ocasionalmente; que la voluntad de los servicios
correspondientes del Ministerio de Interior era claramente la de evitar
ese tipo de dificultades o de incorrecciones técnicas y, desde luego, sin
originar ningún tipo de molestias para los usuarios o para los
ciudadanos. Por eso nos parecía que las explicaciones del señor Ministro
hacían innecesario que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos utilizase un procedimiento como es la moción para plantear un tema
que, desde luego, no es general, no afecta a los ciudadanos y no tiene
ningún cariz político.
Señoría, repito que esta iniciativa nos parece improcedente e
innecesaria, porque ya se han dado las instrucciones pertinentes a todos
los servicios oficiales que expiden y renuevan el documento nacional de
identidad para que cuando puedan producirse esas diferencias entre los
datos que se registran en el ordenador central y los que obran en el
documento a renovar --que, insisto, son casos muy aislados--, de manera
inmediata, de oficio por parte de la Administración, se recurra a la
fuente originaria, la que da fe, que es el Registro Civil, siendo los
propios servicios encargados de emitir y renovar el documento nacional de
identidad los que comprobarán y contrastarán con los Registros Civiles
correspondientes la veracidad de los datos en lo referido a los nombres
propios, fechas o cualesquiera otros datos que obran en el Registro Civil
y cuya constatación para renovar el documento nacional de identidad es
obligatoria.
Por eso, señor Bolinaga, nos parece innecesario que cuando algo ya se
está haciendo y además existe la voluntad expresada en esta Cámara por
parte del señor Ministro --y que hoy le reitero en nombre de nuestro
Grupo-- de corregir esas pequeñas dificultades técnicas cuando así
surjan, haya de planteárselo al Gobierno nada menos que a través de un
instrumento parlamentario como es una moción.
Puestos a analizar, señoría, el texto de su moción, reconocerá conmigo
que en el planteamiento de la misma hay algunas inexactitudes --vamos a
llamarlas así--, porque no se ajusta a la realidad. Por ejemplo, dice su
señoría que en el ordenador central se incorporaron incorrectamente
en su momento los datos iniciales. No se incorporaron incorrectamente, se
incorporaron los datos que había. Quizá alguno no se ha actualizado, pero
la incorporación no es incorrecta.
Tampoco es cierto lo que asevera su señoría cuando dice que sólo aparecen
consignados nombres propios en lengua castellana, con exclusión de los
nombres en las lenguas estatutarias. Señoría, eso puede ocurrir en algún
caso, pero en el ordenador central hay decenas y centenas de miles de
nombres registrados en la lengua estatutaria. Dice su señoría,
textualmente, que en ese ordenador que gestiona el DNI en toda España
sólo aparecen consignados los nombres propios en lengua castellana, con
exclusión de los que debieron ser consignados, con idéntico derecho y
función, en la lengua estatutaria. Su señoría sabe que eso no es verdad,
que cada día se están emitiendo documentos nacionales de identidad con
nombres en la lengua correspondiente cooficial en cada Comunidad.
No pretendo, señoría, cebarme ni hacer un debate político sobre
inexactitudes en el planteamiento de la moción, porque lo realmente
interesante y sustancial, al margen del debate político, son las
propuestas que su señoría hace y a las que nosotros no podemos prestar
nuestro apoyo. Su señoría plantea en esta moción que se inste al Gobierno
a una de estas dos cosas: o a que se renueven todos esos datos que
pudieran estar incorrectos --estoy seguro de que su señoría no tiene un
conocimiento aproximado de lo que eso podría significar, porque
supondría, en palabras de los técnicos encargados de esta gestión,
colapsar totalmente la emisión y renovación de documentos nacionales de
identidad si su señoría pretende hacer eso de una manera inmediata--, o
que mediante un decreto del Gobierno, una orden ministerial o una simple
orden se modifique algo que viene regulado por la Ley del Registro Civil,
de fecha 8 de junio de 1957, que dice que el documento nacional de
identidad debe reflejar fielmente el contenido del Registro Civil en lo
referido a los datos de nacimiento, nombre, apellidos, etcétera. Es
decir, la única fuente para la emisión o la renovación del documento
nacional de identidad es el Registro Civil, y cuando haya cualquier tipo
de error o de diferencia entre los datos del documento a renovar y los
datos registrados en el ordenador, lo que hay que hacer, lo que está
haciendo el Gobierno y lo que, a partir de la pregunta de su señoría, se
hará si cabe con mayor intensidad y con mayor celo, es contrastar de
oficio, por iniciativa de la propia Administración, reclamando del
Registro Civil correspondiente la certificación de los datos sobre los
que hay controversia. El documento nacional de identidad que se expida no
puede tener otra fuente más que la del Registro Civil.
Por otra parte, señoría, comprenderá que es absolutamente imposible, que
es ilegal, modificar una ley con otra norma de rango inferior, como es un
decreto o un decreto-ley.
Por tanto, las dos posibilidades que su señoría nos plantea en la moción
son absolutamente imposibles de admitir por nuestro Grupo. Esa y no otra
es la razón por la que, entendiendo desde el Grupo Parlamentario Popular
la voluntad que mueve a su señoría, que es evitar todo ese tipo de
disfunciones, que es evitar las molestias, incluso los sinsabores que
puedan surgir en algunos casos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador García Carnero, ha
superado su tiempo.
El señor GARCIA CARNERO: Termino en seguida, señor Presidente.
Decía que, recogiendo lo que nosotros creemos que es el espíritu de su
moción --que no la letra--, hemos planteado esta enmienda de modificación
mediante la cual instamos al Gobierno a que continúe en ese proceso, ya
iniciado, de corregir todas esas deficiencias --insisto-- puntuales que
puedan surgir. Pero eso, señoría, que es una cuestión puramente técnica,
que carece de pronunciamiento e impregnación política y que, a nuestro
juicio, no permite ni mucho menos recurrir a argumentos sobre la
voluntad, el deseo o las dificultades que pueden existir en la España de
hoy --que no existen-- para que cada uno utilice algo tan propio como es
su nombre en la lengua que considere mejor, porque todos los derechos,
tanto los individuales como los colectivos de los pueblos están
perfectamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, están
perfectamente desarrollados en las normas que desarrolla --valga la
redundancia-- la Constitución y, sobre todo, están perfectamente
incorporados al quehacer y a la cotidianidad de los españoles; de todos
los españoles --creemos nosotros--, desde luego, de los que representa el
Partido Popular con toda seguridad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga Bengoa, para posicionarse sobre esta
enmienda.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador y estimado colega García Carnero, en primer lugar, le agradecería
mucho que tuviera a bien no imputarme el haber cometido inexactitudes en
las que en ningún momento creo haber incurrido.
Tal vez este Senador no se ha explicado suficientemente bien como para
que usted le entienda, porque piensa en euskera y habla en castellano, y
esto dificulta su expresividad, pero creo que he sido lo suficientemente
claro y conciso como para que todos los asistentes a este foro hayan
interpretado correctamente mis palabras.
También lamento que usted haya dicho, haya pensado e, incluso, me haya
imputado el hecho de haber tratado de generalizar un hecho particular que
me había ocurrido a mí. Le asevero con toda firmeza que nada sería más
pobre por mi parte. No se trata de una cuestión personal, aunque
efectivamente, dentro de esa gran generalidad, ha coincidido casualmente
mi caso particular, que he tratado de explicitarles.
He pasado por alto hacer cualquier tipo de valoración política respecto a
este tema y me he ajustado estrictamente al sentido y al valor de un
error, supuestamente técnico, que haya podido darse. Además, me he
expresado con las palabras literales, exactas y estrictas empleadas por
el propio señor Ministro ante este foro cuando he dicho que, según fue
reconocido por el señor Ministro de Interior en la respuesta a la
pregunta formulada por este Senador, es cierto que el ordenador central
que gestiona el documento nacional de identidad incorporó en su momento
como datos iniciales los datos de los libros de primera inscripción de
los servicios centrales, y yo he añadido entre paréntesis que se supone
que por error.
En ese ordenador que gestiona el documento nacional de identidad en toda
España, según palabras del señor Ministro, no aparecen consignados los
nombres legalmente efectuados por los interesados, y yo no he dicho ni
vascos, ni catalanes, ni valencianos, ni castellanos, me he ajustado
literalmente a las palabras del Ministro. No aparecen consignados los
nombres legalmente efectuados por los interesados, sean los que sean, al
renovar su documento nacional de identidad en su provincia
correspondiente, y ello produce discordancias entre los datos de las
comisarías y los de los servicios centrales del documento nacional de
identidad. Esto es lo que nos dijo el señor Ministro y es lo que yo he
repetido en este foro hace un momento. He usado palabras literales del
señor Ministro. Por tanto, no me impute inexactitudes o conceptos sobre
los que yo no me he expresado ni explayado.
Usted dice que no hay ningún problema en que un ciudadano, llámese como
se llame, utilice su nombre propio «ad personam», y estamos de acuerdo en
que en la vida cotidiana no surge ningún problema. Sin embargo, sí se
produce un problema en el momento en que usted o yo vamos a renovar
nuestro documento nacional de identidad, y es un problema generalizado
con todos aquellos nombres que por error no fueron bien incorporados al
ordenador central. Yo no le puedo cuantificar cuántos somos, solamente
puedo decirle que somos muchos, pero podríamos ser todos. ¿Por qué no?
¿Por qué todos tenemos que utilizar un nombre en castellano? Se trata de
un mal administrativo y social general, y hay que valorarlo como tal.
No es que yo quiera hacer una gran marejada en un vaso de agua de una
anécdota o de un caso particular, que es lo que le he referido
anteriormente. No se trata de eso. Yo admito el error técnico y, como es
lógico, pido su rectificación porque de sabios es rectificar, pero al
mismo tiempo solicito, y creo que tengo derecho a exigirlo, que el
documento nacional de identidad del que un titular es portador sea un
documento oficial; un documento oficialmente emitido por el Ministerio
del Interior que tiene valía oficial ante cualquier estamento.
Mi documento nacional de identidad me ha servido para realizar todas las
funciones y escritos durante diez años y de pronto, por arte de
birlibirloque, me dicen: no, usted no se llama Imanol. Pero ¿cómo es eso?
No, usted se llama Manuel porque el ordenador central, que lo sabe todo,
dice que usted no es Imanol, que es Manuel. ¿A usted le parece eso
normal? ¿Le parece lógico que yo presente el documento nacional que
identifica mis datos personales, el documento nacional de identidad
oficialmente emitido con un carácter oficial pleno y absoluto con el que
me tengo que identificar ante todas las instancias y estamentos
políticos, administrativos y sociales, y que no tenga validez ante el
funcionario de turno o ante la Administración correspondiente por el
hecho de que un ordenador central, por muy sabio que sea, dice que no? ¿A
usted le parece eso normal? ¿No es normal que los datos oficiales
constatados en ese documento nacional de identidad, documento oficial,
puedan ser trasladables al nuevo documento nacional de identidad que vaya
a emitirse, puesto que hay que renovar el que caduca cuando se cumplen
los plazos, en tanto en cuanto sabiamente la Administración central, el
Ministerio del Interior o quien corresponda esté --como ustedes dicen--
prosiguiendo e intensificando los trabajos que se están llevando a cabo
para la corrección de los datos sobrantes en el ordenador central que
gestiona el documento nacional de identidad, y lo haga a fin de que éstos
se ajusten a los que figuran en el Registro Civil? ¿No le parece normal?
Es eso exclusivamente lo que estamos pidiendo, que el documento nacional
de identidad, que acredita oficialmente nuestra personalidad, sea válido
precisamente para aquello y en aquello en razón de lo cual fue emitido.
No es más ni es menos que eso. Luego no nos compliquemos la existencia,
no nos pongamos a lucubrar y no nos confundamos. La cuestión es simple,
sencilla y llana: está a pie de calle, a nivel de cualquier intelecto,
alto, medio o bajo. ¿Se acepta o no se acepta el documento nacional de
identidad tal cual es? Esta es la pregunta y espero que su respuesta sea
bastante mejor que la que ha emitido hace un momento, con todo afecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Imanol
Bolinaga Bengoa.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la Senadora doña Erragube de Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente. Es muy amable
por su parte intentar hacer una traducción un tanto difícil, puesto que
en este caso el nombre más usual de Inmaculada Concepción es el que
responde a la traducción de Concepción y no de Inmaculada; Inmaculada, en
el nomenclátor de Euskaltzaindía viene como Errugabe, que significa «sin
culpa». En todo caso, yo me llamo Inmaculada y me llamo así también en el
documento nacional de identidad.
Anécdotas aparte, debo manifestar que me parece absolutamente oportuna la
moción y considero que el Senador Bolinaga debe recibir la felicitación
efusiva --yo diría que de toda la Cámara--, desde luego la mía por el
rigor con el que ha explicado la situación de disfunción que se produce y
con los matices empleados, que en ningún caso --he creído yo entender--
tuviera ninguna segunda intención.
El Senador Bolinaga, obviamente, ha puesto un ejemplo de la lengua
propia, de la cooficial, de la lengua estatutaria del País Vasco, pero
estoy segura de que estas disfunciones se producen en cualquiera de las
otras lenguas del Estado.
Efectivamente, considero que el artículo 10 de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales y Minoritarias --al que ha hecho referencia--, que
aquí aprobamos y cuya ratificación solicitamos, debe tener unos efectos
en la práctica y no debe referirse sólo a estos problemas que hoy se
plantean en torno al nombre propio en el documento nacional de identidad.
Sucede exactamente igual con el pasaporte y con los apellidos, cuya
grafía es distinta, ha sido corregida en el Registro Civil y, sin
embargo, figura con error en los datos de ese ordenador central. Incluso
cuando en el documento nacional de identidad o en el pasaporte figura,
por ejemplo, la calle donde vive una persona, si el nombre de la calle se
corresponde con un apellido vasco figura también cambiado en el documento
nacional de identidad o en el pasaporte.
En todo caso, todas las modificaciones con efectos legales que se deben
hacer en una oficina administrativa suelen tener dificultades de
resistencia ante el cambio. Eso es obvio porque no solamente uno se
encuentra con cuestiones como las que se han planteado; a título de
anécdota tengo que decir que a veces también se producen problemas en la
autorización de una madre a una hija o a un hijo menor de edad para
realizar un viaje al extranjero, porque le dicen que venga a firmar el
padre cuando naturalmente, en este país desde hace mucho tiempo la patria
potestad es compartida.
Existen muchos problemas que se deben corregir y éste es el sentido de la
moción que hoy se traído aquí. En todo caso es bueno procurar corregir
los problemas en este momento en el que, además, los medios técnicos no
tienen nada que ver con los de otras épocas, y evitar caer nuevamente en
aquellos cambios de nombres y apellidos que han producido unos efectos,
como en el caso de los ciudadanos vascos, por ejemplo, que como
consecuencia de los escribanos de entonces tienen unos nombres
absolutamente alejados de la realidad como, por ejemplo, llamarse señor
Lamona, en vez de Lemoa o Lemona.
Se trata de corregir y no oponerse a una cuestión absolutamente
razonable. Creo que se deben hacer las adaptaciones necesarias no sólo en
el ordenador, sino en el reciclaje de aquellos funcionarios que tienen la
responsabilidad directa de atender a los ciudadanos.
Hace muy pocos días, no es una anécdota personal, he tenido que acompañar
a un ciudadano que llevaba muchos años llamándose Txomin en su carné de
identidad y, de repente, no le admitían este nombre y le ponían el nombre
de Domingo, teniendo en cuenta que, además, había presentado toda la
documentación necesaria y que por la propia Ley 30/1992 el administrado
no tiene obligación de volver a presentar documentos que haya presentado
ante la Administración.
Por tanto, hay que insistir en que estas disfunciones se están
produciendo, y por mi parte he de dar todo mi apoyo a la moción
presentada. No se pueden añadir muchas cosas más porque el Senador
Bolinaga lo ha explicado con absoluta corrección y claridad. Desde luego,
desde mi punto de vista, es falso que haya unas segundas intenciones que,
al parecer, se le achacaban, y aunque parezca que utilizo demasiado el
botafumeiro, quiero terminar felicitando otra vez al señor Bolinaga por
su oportunidad y por su exposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias.
Senador Bolinaga, ¿desea intervenir de nuevo? (Pausa.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías, antes de nada quiero señalar que en el panel
está anotado actualización de datos del documento nacional de identidad
vasco, cuando, en defensa del propio Senador Bolinaga, creo que él le ha
dado una mayor amplitud, menos centrada en lo que es el propio problema
vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Creo que ha habido propina al que
teclea eso. (Risas.)
El señor CARRERA I COMES: Dicho esto, quiero poner de manifiesto dos
cuestiones más que, en definitiva, son a favor del Senador Bolinaga; a
favor de sus palabras iniciales cuando ha hablado de autorreflexión
crítica, que creo que es una expresión muy acertada, de pluralidad de la
sociedad y de legalidad vigente. Y si me permiten, señorías, expondré mi
conformidad también con una de sus últimas expresiones, la relativa a que
ésta es una moción sin enconos y sin segundas intenciones.
Sin duda, el planteamiento de la moción es muy concreto. Se trata de
evitar los problemas que comporta --en el País Vasco, como en otros
sitios también-- la renovación del documento nacional de identidad y que
afecta a los nombres propios --en vasco en este caso-- de los
interesados.
El día 28 de octubre pasado, el Senador Bolinaga --como él mismo ha
recordado-- hizo una pregunta al señor Ministro de Interior pidiendo
aclaraciones al respecto. Y tanto la pregunta del señor Bolinaga como la
explicación del señor Ministro fueron muy concretas, como puede verse en
el «Diario de Sesiones». Se trata de evitar que la Policía Nacional ponga
objeciones para la renovación del documento nacional de identidad,
exigiendo documentos legales que certifiquen los nombres propios, aunque
así consten en el DNI a renovar. Incluso el propio Senador hacía mención
a una posible interpretación --y este punto fue cuestionado-- de
discriminación étnico-lingüística. Y el señor Ministro del Interior
también intentó acotar en gran manera su respuesta. Rehuyó, es cierto,
cualquier referencia o implicación a cuestiones étnico-lingüísticas y se
basó sólo en problemas técnicos y, más en concreto, se refirió
al período 1985-1991, porque dijo que a partir de dicha fecha el cambio
de sistema había resuelto el problema. Pero el señor Ministro hizo más:
asumió el compromiso de reiterar la instrucción de la circular de febrero
de 1998 en la que se especifica que se harán de oficio las necesarias
indagaciones. Y ahora, con esta nueva iniciativa, el Senador Bolinaga
aprovecha --y creo que acertadamente-- el reconocimiento del señor
Ministro del Interior de la incorporación incorrecta al ordenador central
que gestiona el documento nacional de identidad de los datos iniciales y
presenta la moción que estamos debatiendo.
Por nuestra parte --y creo que debiera haber sido así por parte de todos
los Grupos de la Cámara--, no hay ningún reparo a esta moción. Hace
referencia explícita a lo manifestado en aquella pregunta oral e insta al
Gobierno a que, con la máxima urgencia posible, se ordene la debida
corrección y actualización de datos en el ordenador central, o se elabore
y publique un decreto --este aspecto puede ser cuestionable--, de manera
que todos los nombres propios que figuran con carácter de lengua
estatutaria y cooficial en el DNI a renovar sean respetados y admitidos.
Y decía que puede ser cuestionable porque tenemos nuestras dudas sobre si
el camino del decreto es bueno o no, como comentábamos con el portavoz
socialista. Sí lo es la exigencia de que se regularice de una vez esta
anomalía. Y yo diría que sea como sea, no sé si a través de decreto, o
no, pero solucionándose adecuadamente --que es lo que creo que preocupa a
su señoría, como a todos los demás-- la cuestión referida al período
transitorio en que estamos, a la espera de que se vaya solventando esta
modificación de este famoso ordenador central.
Asimismo, entendemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular no
ayuda a avanzar en esta exigencia de regularización, como tampoco
garantiza --cuestión que nos preocupa-- la resolución de este período
transitorio. Y es una lástima, porque no tiene ninguna justificación que
en este caso sus votos, legítimos, paralicen una moción que debería haber
obtenido el apoyo total de la Cámara.
Yo sí creo, Senador García Carnero, que la moción es procedente. En
realidad, se trata --si me permite la expresión-- de remachar una
cuestión que ya está en marcha, es cierto y lo reconozco. Por tanto, no
pasa nada porque se remarque en este trámite parlamentario. El texto
podría haberse modificado, pero me da la impresión de que por parte de su
Grupo no ha habido un esfuerzo importante para intentar encontrar la
solución final a este texto.
Repito que estoy convencido de que en el fondo ustedes tampoco están
poniendo ningún reparo en esta cuestión, pero no ha habido --la enmienda
presentada lo demuestra-- un esfuerzo adicional encaminado a encontrar el
consenso necesario en esta Cámara en un tema que es importante y que
hubiera requerido el voto unánime.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Moltes gracies, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, té la paraula el Senador Joan
Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos insta al Gobierno a que normalice con urgencia la expedición del
DNI consignando el nombre propio en la lengua cooficial elegida en su
momento por el interesado. Para conseguir este fin el señor Bolinaga nos
propone dos vías distintas: o bien la normal de la Administración en
estos casos para resolver cuestiones técnicas, que sería a través de
circulares y de instrucciones oportunas; o bien la vía del decreto.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en que urge solucionar
esas disfuncionalidades detectadas y reconocidas, además, por el propio
Ministro de Interior, y que han sido ampliamente expuestas por el Senador
Bolinaga. Es una cuestión esencial que afecta a la identidad de la
persona y a su derecho a ver consignado en todos los documentos, sean
públicos o privados, su nombre en la lengua propia. Anticipamos, pues,
nuestro voto a favor.
Tenemos, eso sí, reservas en torno a la necesidad de un decreto. ¿Por
qué? Porque creemos que ésta es una obligación de la Administración que
ha de resolver la cuestión inmediata y urgentemente. ¿Por qué? Porque el
marco legal es muy claro y lo único que falta es que se cumpla. Voy a
precisar cuál es ese marco legal porque, además, será bastante
ilustrativo. La Ley de Registro Civil, de 8 de junio de 1957, en su
artículo 54 decía que los nombres impuestos se consignarán en lengua
castellana. La Ley 17/1977, de 4 de enero, de reforma del artículo 54
dispone, en primer lugar, que los nombres deberán consignarse en alguna
de las lenguas españolas. Quiero recordar que éste era un período
preconstitucional y anterior, todavía, a las elecciones del 15 de junio,
lo que significa que los grupos políticos de la transición veían ya desde
aquel preciso momento esta necesidad de que cada uno pudiese inscribir su
nombre en la lengua que prefiriera. En segundo lugar, establecía que a
petición del interesado el encargado del Registro sustituirá el nombre
propio impuesto con anterioridad a la vigencia de la presente Ley por su
equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas. Y, más
tarde el Real Decreto 3.455/1977, de 1 de diciembre, establecía que
también se permiten los nombres extranjeros. Por lo tanto, no solamente
se admiten las lenguas cooficiales de cada una de las Comunidades
Autónomas, sino también los nombres extranjeros. En consecuencia,
libertad casi total y derecho ampliamente reconocido.
Quiero recordar también que la inscripción en el Registro es obligatoria,
y que debido a su carácter público está apoyada por las garantías de
veracidad y legalidad. Por tanto, la fe pública registral es consecuencia
de la inscripción y constituye un medio de prueba que la Administración
ha de aceptar sin discusión. En cualquier caso, si quiere presentar algún
recurso tendrá que hacerlo en los tribunales correspondientes. Por tanto,
no parece
que desde la regulación legislativa sea necesario añadir nada más a lo ya
existente, que parece suficiente.
Veamos ahora el ámbito político. Creo que todos estaremos de acuerdo en
que no existe ninguna fuerza parlamentaria opuesta al ejercicio de un
derecho y de un sentimiento hondamente arraigado entre quienes siempre
han sido llamados en su tierra y en su familia por su nombre en la lengua
propia y quieren que este nombre sea reconocido oficialmente. No hay
obstáculos, pues, tampoco por esta parte.
¿Dónde reside, pues, el problema? En el funcionamiento de la
Administración. De la respuesta del señor Ministro de Interior se deduce
lo siguiente: primero, que existen problemas para quienes quieren renovar
los DNI gestionados en el período 1985-1991. Segundo, que no hay ningún
problema para renovar los DNI gestionados a partir de 1991. Tercero, que
pueden existir discordancias entre los datos de las comisarías y los de
los servicios centrales del Documento Nacional de Identidad. Cuarto, que
se intenta solucionar la cuestión aunque no hay garantías de que esto sea
todavía definitivo.
Aceptando, pues, señorías, que el problema es de carácter técnico, no por
ello es menos urgente que se subsane lo antes posible, y ello por varias
razones muy importantes: primero, el respeto a la voluntad de quien elige
la forma de su nombre obliga a garantizar que no tenga que hacer ningún
esfuerzo suplementario como, por ejemplo, volver a presentar su partida
de nacimiento. Si no, podríamos entender incluso que habría voluntad de
disuadir a aquél que quiere poner su nombre en su propia lengua.
Segundo, a efectos legales de identidad --quiero recordarlo-- tiene tanto
valor el nombre propio como el apellido. Es decir, que a efectos de
identificación policial, a efectos de documentación notarial puede haber
muchísimos problemas y, por tanto, podría quedar afectada la seguridad
jurídica del interesado.
Tercero, se abre un agujero en el sistema de seguridad del Estado pues se
dificulta la identificación de las personas y se pueden originar incluso
peligrosas confusiones. Nada más cierto en esta ocasión que aquello de:
no sabe usted con quien está hablando, porque realmente el funcionario
podría estar hablando con persona distinta de la que él cree.
Urge, pues, señores, una normalización total, una garantía de que no van
a existir más discordancias entre los distintos archivos y departamentos,
y de que los interesados no tengan que probar que son ellos mismos cada
vez que se les llama. Porque cuando el error es de la Administración, la
carga de la prueba recae sobre la propia Administración. Pero no parece
que dicha garantía sea hoy por hoy absoluta, puesto que aunque el propio
Ministro de Interior nos dijo que el problema se había resuelto
técnicamente a partir de 1991, todavía puede haber dificultades para
quienes solicitaron su DNI en un período determinado y tengan que
renovarlo en su momento.
Por otra parte, el señor Ministro de Interior se comprometió a reiterar
la instrucción de la circular de 4 de febrero de 1998 para que ninguna
persona del País Vasco tuviera que hacer ningún esfuerzo suplementario en
el momento de la renovación. Con esto admite implícitamente que todavía
puede haber problemas en el futuro, pero es que, además, el problema no
atañe sólo al País Vasco sino que es un problema general. Por tanto,
puede afectar a Galicia o a Cataluña, y afecta a todos aquéllos,
extranjeros o nacionales, que consignaron su nombre en lengua no
castellana en el momento de la expedición o renovación del documento.
Daremos, pues, nuestro voto a la moción del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, pero pensamos, eso sí, que no es
necesario ningún decreto, sino simplemente que el Gobierno tome las
medidas pertinentes para solucionar de inmediato el problema técnico y dé
las debidas seguridades. Pensamos que en la era de la informática, y con
los medios tecnológicos actuales de que dispone la Administración, no es
mucho pedir. Y si no se hace así, habrá que pensar que no existe voluntad
de resolver la cuestión con la rapidez y la rotundidad que exige.
Esperábamos del Grupo Parlamentario Popular y de todos los demás grupos
una resolución consensuada. Lamentamos que no haya sido así y pensamos
que el Grupo Parlamentario Popular se ha equivocado en el planteamiento
del debate, pues el Gobierno podía asumir perfectamente el compromiso de
corregir la situación en un plazo razonable, pero con plenas garantías a
partir de dicho plazo de que no volverán a producirse los errores
detectados.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Joan Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Dionisio García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces vamos a tratar de esforzarnos en
corregir o en aclarar interpretaciones que se han podido hacer de nuestro
discurso anterior que, desde luego, ni se corresponden con la literalidad
ni con el espíritu.
Algunos portavoces han hablado de que no existía detrás de esta moción
ningún tipo de segundas intenciones. Ni yo, desde luego, lo manifesté
así. Pero, señorías, quien empezó hablando aquí de la Carta Europea, del
reconocimiento a las lenguas minoritarias, no fue este portavoz; quien ha
hablado desde esta tribuna --ahí está el «Diario de Sesiones» para
comprobarlo-- de discriminación étnico-lingüística, tampoco fue el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Luego no hemos sido nosotros
quienes hemos querido darle a esta cuestión otro tipo de lectura.
Señorías, si los errores en el ordenador central del DNI hubiesen sido
--que a veces lo son--, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, ¿creen
ustedes que esta moción se hubiese planteado? A fin de cuentas, es un
error técnico exactamente igual.
Por tanto, nosotros no hemos sido los que hemos buscado otro tipo de
lecturas en esta cuestión. Y lo que quizá
le ha ocurrido a quien se ha pronunciado de esta forma es que le ha
traicionado su subconsciente.
Tengo que decir al Senador Bolinaga, que sabe que no sólo mantengo un
profundo respeto por su Grupo, sino que incluso le expreso un afecto y
admiración personal, que no he pretendido en modo alguno que un hecho
particular que le pudiera afectar personalmente sea la causa de haber
hecho referencia a ello y, si lo he hecho, señoría, ha sido porque usted
lo ha citado desde esta tribuna, y no por otra razón. Además, lo he dicho
en el sentido de expresar que tal vez esa circunstancia, el haber vivido
un error de la Administración, le ha hecho a usted sentirse más sensible
por un problema.
Queda pues claro, señorías, que desde la posición del Grupo Parlamentario
Popular no hay dobles lecturas y me interesa también recalcar una vez más
que para nuestro Grupo está perfectamente claro que hoy en la sociedad
española el tema de la utilización de los nombres propios en cualquiera
de las lenguas oficiales o cooficiales del Estado no es ningún problema,
no hay ninguna dificultad, nadie se rasga las vestiduras. Por tanto, no
creemos problemas donde realmente no los haya.
Yo insisto en que estoy seguro de que si las dificultades y los errores
hubiesen surgido, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, en el lugar o
en la localidad, seguramente no se hubiese planteado este tema. Y se han
sacado a flor de piel susceptibilidades que, a mi juicio, no venían al
caso. Esa es la cuestión.
Cuando yo he dicho que hay inexactitudes, me tengo que reiterar, porque
yo leo el texto de la moción, y dice: sólo aparecen consignados los
nombres propios en lengua castellana, con exclusión de los que debieron
ser consignados con idéntico derecho en otras lenguas. Y eso no es
cierto, señorías. Basta ir a cualquiera de las oficinas que expiden el
documento nacional de identidad para ver que cada día se están emitiendo
multitud de ellos con nombres en otras lenguas que no son el castellano.
Por tanto, eso es, como mínimo, una inexactitud. Yo no he hecho sino
constatarlo aquí.
Cuando desde otros grupos se aplaude la oportunidad y el contenido de
esta moción, yo tengo que decir que nosotros hemos manifestado que
estamos de acuerdo en lo que creemos que es la voluntad del Grupo que
presenta la moción: evitar todo tipo de errores, todo tipo de
dificultades, incluidas las de nombre. Precisamente por eso hemos
presentado una enmienda de modificación --sobre la que no he escuchado el
pronunciamiento del grupo que tiene que pronunciarse, es decir, de aquél
que presenta la moción--, que dice que el Senado insta al Gobierno a que
prosiga e intensifique los trabajos que se están llevando a cabo --porque
así está ocurriendo-- para la corrección, en su caso --es decir, cuando
proceda, cuando haya errores--, de los datos obrantes en el ordenador
central que gestiona el documento nacional de identidad a fin de que
éstos se ajusten a los que figuran en el Registro Civil.
Esa es nuestra propuesta: que la Administración se esfuerce todo lo
posible para que los errores de ese tipo, y de cualquier otro, se
minimicen y, si es posible, que no existan. Aunque pensar que una
Administración nunca va a cometer ningún error es una utopía.
¿Cuáles son, pues, las razones para que presentemos esta enmienda de
modificación y no estemos de acuerdo con el contenido literal de la
moción? Que, estando de acuerdo con esa voluntad, no es posible aceptar
los términos en los que ésta se expresa. Respecto del decreto, ya se han
manifestado aquí algunas reticencias. En este sentido, ¿creen sus
señorías que mediante un decreto o una orden ministerial se puede
modificar una ley? Eso es absolutamente imposible, y merece un suspenso
mayúsculo el que una Cámara legislativa lo dé como bueno. Por tanto, creo
que el primer camino es inaceptable.
En segundo lugar, se pide que se introduzcan todos los datos. Pero, ¿se
ha valorado lo que eso significa? ¿Se han tenido en cuenta los miles de
millones de datos que se contienen en todos esos registros? ¿Se ha
considerado que eso significaría colapsar durante mucho tiempo la
expedición de documentos nacionales de identidad? Y a propósito de esto,
quisiera decirle al portavoz del Grupo Socialista, que ha pedido que la
Administración se esfuerce, que he tenido el buen criterio de no
referirme a las fechas en que se decidió esta informatización. Pero ya
que su señoría pide un esfuerzo a la Administración le diré que tuvo
lugar en el segundo semestre de 1990 y, concretamente en el País Vasco,
en febrero de 1991. Por tanto, no nos atribuya la responsabilidad de los
errores que la Administración tuviera en aquel momento. Creo que hay que
tener un poco más de prudencia y cautela en estas cuestiones.
Señorías, no hay dobles lecturas, sino una voluntad clara por parte del
Gobierno y del Partido Popular, que lo sustenta, en primer lugar, para no
abrir ningún tipo de debate sobre un tema que está aceptado, asumido y
perfectamente compatibilizado, como es la utilización en el quehacer de
cada día de los nombres propios en las lenguas oficiales que hay en
España, es decir, el castellano y el resto de las lenguas. No hay ningún
problema o dificultad para ello; ni la tienen los ciudadanos, ni la tiene
la Administración, ni tampoco el Gobierno.
En segundo lugar, nuestra exigencia es que la Administración corrija ese
tipo de dificultades cuando éstas se produzcan. Sin embargo, Senador
Bolinaga, usted pedía que cuando surjan esas dificultades, cuando los
datos que obran en el documento nacional de identidad que se va a renovar
no coincidan con los del ordenador, se dé validez a los que figuran en el
documento nacional de identidad. Pero, en primer lugar, eso vulnera la
Ley del Registro Civil. Y, en segundo lugar, y lo que es más importante,
cada día aparecen documentos nacionales de identidad, no ya erróneos,
sino falsificados. ¿Y qué le parecería a su señoría que alguien con un
documento nacional de identidad falsificado se presentara a renovarlo y
que, al no coincidir esos datos con los del ordenador central, exigiera
--porque así se le ha pedido parlamentariamente al Gobierno--, sin
efectuar otro tipo de comprobaciones, que dichos datos fueran los que
tuvieran validez? Creo que, aparte de una vulneración de la ley, eso
sería una barbaridad. Y con buen criterio, no ya los políticos, sino los
técnicos, tanto del Ministerio
del Interior, como del Ministerio de Justicia, nos hacen ver la necesidad
de atenernos a la ley que regula esta cuestión y a no tratarla
alegremente.
Concluyo, señor Presidente, haciendo una reflexión al Senador Bolinaga.
Señoría, usted decía al principio: quizá no me expresado bien porque
pienso en euskera y he hablado en castellano. Lamento no estar de acuerdo
con su señoría. El pensamiento es universal, el pensamiento no tiene
idiomas porque si los tuviera, entre otras cosas, estaría usted limitando
la capacidad de pensar a los sordomudos, simplemente porque no conocen
los idiomas. (Rumores.)
Muchas gracias. (Los señores Bolinaga Bengoa y Oliart Pons piden la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Bolinaga, por el artículo
87, tiene usted un minuto. Por tanto, concentre su mensaje en ese tiempo.
El señor BOLINAGA BENGOA: Voy a seguir pensando en euskera aunque me
exprese en castellano, señor Presidente, con permiso del Senador y
querido colega García Carnero.
Efectivamente, en principio no nos es posible aceptar la enmienda que nos
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular aunque la hemos admitido
prácticamente en su total integridad, sólo que a la misma queríamos
añadir una adicional en el sentido de que, en el ínterin en que la
Administración rectifica su error, sean de validez los documentos
nacionales de identidad actualmente existentes.
A fin de cuentas, no hay que modificar absolutamente ninguna ley para
alterar dicho documento, porque los datos que figuran en él son
consecuencia precisamente de los que emite el propio Registro Civil. Por
consiguiente, entiendo que no es necesaria ninguna ley expresa...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted piensa en euskera
y yo pienso en catalán, pero su tiempo ha terminado.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, no tengo más que agradecer su
bondad, así como agradecer a los portavoces y a los distintos grupos
políticos de esta Cámara que hayan comprendido bien nuestra moción y
estén dispuestos a apoyarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Oliart, tiene usted la
palabra por un minuto.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Está claro que el Grupo Parlamentario Popular, cualesquiera que sean sus
portavoces, no puede dejar de hablar como un disco rallado en cuanto a
decir que la culpa la tiene el Gobierno socialista. Ustedes están
gobernando desde hace tres años y, por tanto, en el momento en que fue
detectado este error han tenido tiempo más que suficiente para
subsanarlo. Y aquí nadie ha denunciado si este error estaba bien o mal;
naturalmente que todos los errores están mal. Lo que ocurre es que fuese
quien fuese el que lo cometiese, la cuestión es resolverlo lo antes
posible. Ustedes son los que están gobernando en este momento y son los
que lo han de resolver. Y si quieren hacerlo han de poner los medios
necesarios y oportunos. Caso contrario, voy a pensar que no tienen
voluntad para ello y voy a recordarles que todavía no han ratificado
ustedes, el Gobierno, la Carta Europea de las Lenguas Regionales, a pesar
de la moción que en su momento se aprobó en esta misma Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se ha terminado su
tiempo.
Tiene la palabra el Senador García Carnero por dos minutos.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más se constata quien tiene verdaderamente dobles o segundas
voluntades; otra vez más son otros portavoces y no nosotros los que sobre
una exclusiva dificultad técnica, unos errores técnicos, hacen alegatos a
la Carta Europea de las lenguas minoritarias.
Por último, nos gustaría que el Senador Bolinaga nos dijese si acepta o
no nuestra enmienda, sobre todo a los efectos de votar o que el señor
Presidente así lo exprese y, en contra también del criterio del señor
Presidente, le animo a que el pensamiento sea universal y no lo restrinja
a la utilización de un idioma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría, a mi entender, no
debe confundir las cosas. El pensamiento, lógicamente, como el Humanismo,
tiene que ser universal. Yo le recomiendo a su señoría que se instruya en
lo que es la filosofía del lenguaje porque descubrirá lo que significa el
lenguaje como expresión personal donde cada uno se identifica en una
capacidad.
Muchas gracias. (Aplausos.) (El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, no tiene la palabra su señoría. Le pido, simplemente,
que responda a mi pregunta. ¿Es aceptada o no es aceptada la enmienda que
ha presentado el Partido Popular?
El señor BOLINAGA BENGOA: Creo que ya lo he dado a entender en mi
anterior intervención, señor Presidente. No la podemos aceptar.
Lamento que el portavoz del Partido Popular haga tantas veces referencia
a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, no le he dado un turno
de palabra. Le he pedido simplemente que me conteste a la pregunta y ya
lo ha hecho adecuadamente. Se lo agradezco señoría. Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 100; en contra, 118; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ha sido rechazada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- PROYECTO DE LEY DE PLANTA Y ORGANIZACION TERRITORIAL DE LA
JURISDICCION MILITAR. (S. 621/000104) (C.D. 121/000090)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al cuarto punto del orden
del día: conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones
de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero de ellos es
el Proyecto de Ley de Planta y Organización Territorial de la
Jurisdicción Militar.
Se presenta directamente a la Cámara, por lo que cabe ahora un turno a
favor. (Pausa.) No hay turno a favor. ¿No habrá turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) No hay turno de portavoces.
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así
constará.
Queda, por lo tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de ley de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción
Militar.
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE DE 8.070.673.205 PESETAS, PARA ABONAR A LAS COMPAÑIAS AEREAS LAS
BONIFICACIONES APLICADAS EN LAS TARIFAS DE PASAJES AEREOS DURANTE LOS
EJERCICIOS 1995 Y 1996 A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES Y DE LOS DEMAS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UniOn EUROPEA RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES, ISLAS
CANARIAS Y MELILLA. (S. 621/000108) (C.D. 121/000118)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Proyecto de
Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de
8.070.673.205 pesetas, para abonar a las compañías aéreas las
bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los
ejercicios 1995 y 1996 a los ciudadanos españoles y de los demás estados
miembros de la Unión Europea residentes en las islas Baleares, islas
Canarias y Melilla.
Este proyecto de ley está en la misma situación anterior. Es de
presentación directa y no ha pasado por Comisión.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?
(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió?(Pausa.) ¿Grupo Parlamentario
Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por importe de
8.070.673.205 pesetas, para abonar a las compañías aéreas las
bonificaciones aplicadas en las tarifas de pasajes aéreos durante los
ejercicios 1995 y 1996 a los ciudadanos españoles y de los demás estados
miembros de la Unión Europea residentes en las islas Baleares, islas
Canarias y Melilla.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR ESPAÑA DEL
TRATADO DE AMSTERDAM POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNION
EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL DIA 2 DE OCTUBRE DE
1997. (S. 621/000103) (C.D. 121/000116)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El quinto punto del orden del día
es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. A ello hace referencia el de
la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el proyecto de ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador López
Henares. (Rumores.)
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, la Comisión me ha concedido el
honor de presentar brevemente el dictamen respecto al proyecto de ley
orgánica para autorizar la ratificación del Tratado de Amsterdam.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espérese un segundo, por
favor.
El señor LOPEZ HENARES: Gracias, señor Presidente.
El Tratado de Amsterdam, que tiene una enorme relevancia, puesto que pasa
a ser, con los Tratados anteriores, lo que viene en llamarse la
Constitución de la Unión Europea,
es un paso más de notable importancia en el lento y positivo proceso de
construcción de la unidad europea. Su antecedente próximo es el Tratado
de Maastricht o de la Unión Europea, que estableció la posibilidad de
convocar, en su artículo n), una conferencia intergubernamental para
estudiar y proponer las adaptaciones o modificaciones que se considerasen
necesarias transcurridos cinco años desde la vigencia de aquel Tratado.
El Consejo de la Unión, en su sesión del 16 de enero de 1996, convocó
formalmente la conferencia intergubernamental y pocos meses después se
abría la conferencia en Turín el 26 de marzo del mismo año. Los trabajos
concluyeron los días 16 y 17 de junio de 1997 en Amsterdam, y el 2 de
octubre del mismo año se firmó el Tratado en la misma ciudad holandesa,
iniciándose entonces el procedimiento de ratificación por los diversos
Estados miembros, de conformidad con sus respectivas previsiones
constitucionales.
Los trabajos de la conferencia, señor Presidente, como bien saben sus
señorías porque ha habido amplia información sobre los mismos, han sido
arduos y complicados pues, además de abordar las posturas siempre
contrapuestas fundamentalmente entre los partidarios de un avance hacia
la integración más intensa y los que desean preservar con mayor celo la
soberanía de los Estados, hubo que hacer frente además al problema
histórico planteado justamente ahora, en estos años, entre la
profundización en las instituciones y, por otra parte, la necesidad de la
ampliación de la Unión.
El Tratado en su redacción final no ha satisfecho las ambiciones y los
propósitos de los partidarios de intensificar el proceso de integración,
hasta el punto de que el propio ex Presidente Giscard D'Estaing habló de
un fracaso en Amsterdam. Sin embargo, señor Presidente analizado con
detenimiento el Tratado, si se tiene en cuenta que el gran proyecto de
paz, de libertad, de justicia y de progreso que la integración europea
representa hay que contemplarlo como un proceso, es decir, como un
proyecto dinámico que exigirá muchos lustros, un proyecto en marcha para
el que, junto a la solución de los problemas que plantea, que son
numerosos y complicados, hay que conseguir el apoyo popular respetando la
diversidad de opiniones, sensibilidades, convicciones políticas, la
distinta visión de los gobiernos y parlamentos nacionales, los diferentes
intereses, como hoy mismo pone de manifiesto el acuerdo del Consejo de
Financiación, para hacer un análisis global, y cuando se hace este
análisis respecto al Tratado es una valoración positiva la conclusión
final, porque el Tratado abre una fase nueva de consolidación de la Unión
Europea en cuatro sectores básicos: la solución a los grandes problemas
de carácter económico, como la Unión Monetaria, problemas sociales,
etcétera, preparar la Unión para la posible ampliación, el acercamiento
del proyecto a la sociedad civil y la intensificación del espacio
judicial y policial.
Como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica que hoy se somete a
la aprobación de la Cámara, el Tratado contiene importantes innovaciones
en lo relativo al mantenimiento y ampliación del espacio de libertad,
seguridad y justicia; reafirma las garantías de los derechos
fundamentales con relevantes avances en ese sentido; profundiza en el
desarrollo de las políticas comunitarias en el ámbito laboral y social;
abre las posibilidades para la reforma institucional necesaria ante las
futuras ampliaciones previsibles y mejora aún el cuadro para poder poner
en marcha la ansiada y difícil política de unidad en materia exterior y
de seguridad.
El Tratado prevé además, como manifestación de esta aspiración al espacio
común en materia policial y judicial, la competencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas para pronunciarse con carácter
prejudicial y que ésta sea aceptada por los Estados miembros mediante
determinadas modalidades.
La ley consta de un solo artículo autorizando la ratificación del
Tratado, que es muy complicado, ya que modifica el Tratado de la Unión,
los tratados de las Comunidades y los numerosos protocolos y actos
anexos. Además, tiene una disposición adicional referente, justamente, a
esta posibilidad de que sean sometidos actos prejudiciales al Tribunal de
Justicia Europeo.
El proyecto, señor Presidente, entró en el Congreso de los Diputados el
19 de octubre pasado, y dentro del plazo de enmiendas se presentaron una
propuesta de veto, por don José Fermín Román Clemente, de Izquierda Unida
(Grupo Mixto), una enmienda suscrita por el Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió y otra por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
La Ponencia designada por la Comisión estaba compuesta por don José
Castro Rabadán, Vicepresidente de la Comisión, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario
Popular; don Joaquín Ferrer y Roca, del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió; don Fernando González Laxe, del Grupo Parlamentario
Socialista, portavoz del mismo en la Comisión, y don José Luis Morales
Montero.
La Ponencia rechazó, por unanimidad, la propuesta de veto y, por mayoría,
las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su reunión del 12 de noviembre,
rechazó, por un solo voto a favor y 19 en contra, la propuesta de veto de
don José Fermín Román Clemente y, después de debatir las dos enmiendas
presentadas, aprobó el informe de la Ponencia, por un voto en contra y
dos abstenciones.
Convertido así el informe de la Ponencia en dictamen de la Comisión, ésta
es la propuesta, señor Presidente, que traemos al Pleno de la Cámara,
insistiendo que el dictamen es idéntico al que formuló el Congreso en su
día, proponiendo por tanto la ratificación del Tratado, modificando el
Tratado de la Unión Europea, los tratados de las Comunidades y los
protocolos y actos anexos, en la forma que figuran en el texto que sus
señorías conocen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador López
Henares.
Se ha presentado una propuesta de veto. Para su defensa, tiene la palabra
el Senador Román Clemente. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa
la Presidencia.)
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la propuesta de veto formulada al proyecto de ley Orgánica por
el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam,
nos lleva a hacer algunas reflexiones en este momento.
Desde nuestro punto de vista, la diferencia entre los Estados miembros,
señorías, resulta cada vez más evidente. En nuestra propuesta de veto
decíamos, y lo mantenemos, que eso no puede más que provocar una crisis
de confianza en el modelo de unidad europea que pretende llegar más allá
del mercado único.
Señorías, tenemos la impresión de que Europa está girando hacia
posiciones de una mayor preocupación social. No es adecuado sostener que
ese giro que se está produciendo en Europa sea producto del Tratado de
Amsterdam, más bien podría parecer, y parece, que puede deberse a que
diversos países están adoptando una posición social y política diferente.
Señorías, la preocupación respecto a la estabilidad y a la convergéncia
está en este momento por encima de las preocupaciones sociales y de la
cohesión social de Europa. No es aventurado decir que la propuesta que
contiene el Tratado de Amsterdam está alejada de los cambios que Europa
está viviendo en estos momentos. Una parte de Europa se encuentra a las
puertas de iniciar un camino colectivo en el ámbito monetario, con la
creación de la moneda única y de una política monetaria común.
Al decir de algunos estamos ante un momento histórico. Señorías, podemos
y debemos confrontar estas grandes declaraciones y decisiones con el
impacto que van a tener en cuestiones tan vitales para la mayoría de los
ciudadanos como son el bienestar social, el paro, la igualdad, la
marginación y la injusticia.
Reflejaba recientemente en un artículo mi compañero Salvador Jover, un
magnífico artículo, que el proceso de convergéncia iniciado en Maastricht
ha tenido un claro sesgo monetarista. Los países han tenido que ajustar
con tenacidad sus presupuestos públicos, e insisto en el hecho de que han
tenido que ajustar con tenacidad sus presupuestos públicos, y han
aplicado un elevado rigor monetario. Para ello, señorías, se han
liquidado sectores públicos empresariales, se han reducido partidas
públicas sociales y de inversión, se han flexibilizado los mercados
laborales, y todo eso se ha hecho --y hay que decirlo-- desarrollando una
ingeniosa práctica para camuflar los datos que no cuadraban en sus
cuentas.
Aun así, la mayoría ha sido incapaz de alcanzar el objetivo de deuda
pública sobre producto interior bruto, aunque de entrada se sabía que no
podría cumplirse. Señorías, esto nos da pie a hacernos una pregunta, ¿se
dirige la Unión Económica y Monetaria a la creación de un gran mercado
interior con una moneda y una política monetaria desinteresándose de los
problemas reales, es decir de los problemas sociales?
Señorías, la Unión Económica y Monetaria puede ser a partir de 1999 una
realidad, pero sólo en su vertiente monetaria. Las reglas de gestión
presupuestaria, la unidad de los mercados, la armonización de la
fiscalidad indirecta, o bien son elementos que refuerzan el rigor
monetario, o bien liberan las fuerzas de mercado en un espacio más amplio
y profundamente heterogéneo. Por eso echamos en falta un compromiso
político claro para construir una verdadera Unión Económica, vertebrada,
como toda organización política, alrededor de un presupuesto que pueda
considerarse como tal en una economía avanzada.
Decíamos en la exposición de motivos de este veto que el Tratado ni
siquiera ha logrado modestos compromisos en materias tan importantes como
la reforma de las instituciones.
Es verdad que cuando se discutió el veto en la Comisión el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular se refería a cuestiones tan anecdóticas como
lo relativo al número de comisarios. Pero señorías, estamos hablando de
una reforma de las instituciones; estamos hablando de que ni siquiera se
han puesto de acuerdo en el número de comisarios, ni en las velocidades
de integración, y si me apuran, señorías, ni siquiera en la ponderación
del voto en el Consejo.
Por otra parte, y haciendo algo de historia, señorías, podemos recordar
cómo la presión del Gobierno francés pudo introducir el debate sobre la
Europa social. En este punto, debo recordar que la resolución sobre
crecimiento y empleo es sumamente incompleta; carece de recursos
financieros y depende del Pacto de Estabilidad, lo que significa que de
ningún modo contribuye a solucionar el problema del paro en Europa.
Señorías, queda algo claro en torno al Tratado: se fija la fecha de
entrada en vigor del euro y, por otra parte --estaba claro--, la sumisión
al modelo alemán.
Señorías, la Unión Monetaria, tal y como se contempla, provoca un
antagonismo entre moneda y empleo. Por ir terminando, no me voy a referir
nada más que de pasada a lo devaluada que ha quedado la voz única en
política exterior, ni qué decir, señorías, en materia de justicia e
interior donde la situación es peor. Se establecen cláusulas de exclusión
a la aplicación del Tratado de Schengen por parte de tres países y, por
otra parte, el texto aprobado amplía sus plazos de aplicación y ésta
queda condicionada a la unanimidad. Asimismo, a ello se une el derecho de
veto en los temas de visados, inmigración y asilo.
Señorías, voy a hacer una referencia, aunque breve, a cómo ha quedado
--desde nuestro punto de vista de forma negativa-- el que no se incluyan
sanciones económicas a los países que no respetan la libre circulación de
mercancías, algo tan sensible para nuestro país.
Señorías, por todas estas razones que de forma breve he expuesto, hemos
presentado la propuesta de veto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Señor Presidente, señorías, desde que Robert
Schuman formuló su famosa declaración por la que proponía la creación de
una organización abierta a todos los países europeos, a la que puede
denominarse acta de nacimiento de la Unión Europea, hasta nuestros días,
han transcurrido casi cinco décadas. Ha sido necesario, por tanto, que
transcurran cincuenta años para que hayamos podido llegar a alcanzar este
nuevo escalón que se llama Tratado de Amsterdam.
Permítanme sus señorías que, aunque muy brevemente, haga algunas
referencias que explican cómo Europa se viene construyendo poco a poco,
paso a paso, y cómo los distintos momentos históricos y los tratados
alcanzados marcan la evolución desde las ruinas de una Europa destrozada
tras dos guerras mundiales sucesivas hasta el nuevo orden europeo que
ahora vivimos, marcado por la unión y la reconciliación.
Si en 1957 el Tratado de Roma dio luz verde al nacimiento de la Comunidad
Económica Europea, en 1985 fue posible el Acta Unica que dio un nuevo
impulso al mercado interior, mientras que en 1993 el Tratado de
Maastricht trazó la vía de la Unión Económica y Monetaria, el principio
de política exterior, así como la voluntad de crear en Europa un espacio
de libre circulación dentro de la seguridad.
Han sido necesarias casi cinco décadas hasta llegar al 17 de junio de
1997 para que los Jefes de Estado y de Gobierno llegaran a un acuerdo
político y se comprometieran conjuntamente en la seguridad, el empleo, la
política exterior, en la defensa de la legitimidad de las instituciones
que afectan directamente a todos los ciudadanos europeos. El encaje de
este puzzle hará posible que durante el año próximo seamos testigos de un
hecho de gran trascendencia histórica para Europa y el mundo cuando entre
en vigor el Tratado de Amsterdam, porque se producirá el crucial hecho de
la entrada en funcionamiento de la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, el nacimiento del euro y el inicio del proceso de integración
de otros países.
Ha sido preciso, señorías, mucho tiempo, muchos tratados, mucha tenacidad
para obtener tan importantes logros en sucesivos avances, venciendo
grandes dificultades, crisis institucionales, problemas difíciles, como
el de la política agraria, los propios recursos presupuestarios, las
disparidades regionales, y la diversa sensibilidad de los protagonistas
de la vida política de los distintos Estados en cada tiempo histórico.
Por eso, entre otras cosas me sorprende, señorías, que se presente un
veto a la totalidad del Tratado de Amsterdam por parte del representante
de Izquierda Unida, señor Román Clemente, adscrito al Grupo Parlamentario
Mixto del Senado. Que no se tenga en cuenta tanto esfuerzo, que no se
valoren tantos logros, y que el veto se fundamente, a mi juicio, en
aspectos menores o parciales que descalifican sin causa a la totalidad es
toda una desmesura parlamentaria, dicho con el mayor respeto y
consideración.
El texto en que se justifica el veto se fundamenta, en razonamientos del
proponente, en que cree encontrar algunas deficiencias o carencias, como
el número de comisarios, las velocidades de integración, o la ponderación
del voto en el Consejo. Como indiqué al Senador Román Clemente durante el
debate en Comisión, estos planteamientos, por su limitación, más bien
parecen meros posicionamientos propios de una enmienda parcial, que
también, en su caso, hubiera merecido nuestro voto negativo.
Me interesa mucho resaltar ante sus señorías otro aspecto del Tratado que
en el texto del señor Román se califica de incompleto, y a mí me parece
todo lo contrario por el tratamiento que hace del crecimiento y el
empleo. Porque para la construcción de una Europa más integrada, la Unión
debe abordar prioritariamente la promoción del empleo. El desempleo
constituye hoy el principal desafío económico y social al que deben hacer
frente los Estados miembros. El nuevo Tratado prevé la coordinación de
las políticas nacionales y la adopción de medidas que incentiven a los
Estados. Se incorpora el Protocolo social para luchar contra la exclusión
social y se consagran el principio de igualdad, de remuneración a igual
trabajo entre hombre y mujer, y el principio de cohesión económica y
social.
En cuanto a materia de justicia, en el veto se hace otra valoración
errónea porque en el Tratado se crean las bases de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, y se consagra el respeto a los derechos
fundamentales. Con este propósito se ha integrado el Acuerdo de Schengen
en el marco de la Unión Europea.
Por lo que respecta a temas relacionados con España, sobresale el
tratamiento dado a las regiones ultraperiféricas al amparo del artículo
227 del Tratado de la Unión Europea, siendo ésta una cuestión primordial
para las Islas Canarias, donde la propuesta española ha sido plenamente
recogida.
De igual modo ocurre con los intereses de España en el marco del
contencioso de Gibraltar y que han quedado plenamente protegidos, ya que
seguiremos con los controles al tráfico de personas procedentes del Reino
Unido y de los territorios que representa en la Unión en cualquier punto
de entrada al territorio nacional.
A la luz de todo el proceso histórico que dura tanto tiempo, señorías, es
fácil comprender la transcendencia del Tratado de Amsterdam, tener la
evidencia de que la Unión Europea, el sueño de una fuerte Europa unida se
construye paso a paso y que levantar la compleja arquitectura de su
proyecto histórico es fruto de la maduración y de que las piezas vayan
encajando ordenamente, de modo que se alcance una mayor eficacia, una más
clara articulación, una mejor consecución de objetivos, respetando los
grandes ideales de la defensa de la propia democracia, de los derechos
del hombre, de la solidaridad interestatal, de la transparencia, de la
subsidiariedad para, de esta forma, ampliar los iniciales ideales de paz
europea, hasta los de prosperidad de cara a los desafíos del tercer
milenio. Voy terminando, señorías.
A cada cumbre europea no debe exigirse soluciones definitivas, ni grandes
decisiones que resuelvan todos los problemas de la Unión Europea. La
perspectiva histórica ya nos ha enseñado, nos ha demostrado que la unión
se
va alcanzando paso a paso, en un proceso abierto, inconcluso, de
obtención de pequeñas y medianas metas. Y por primera vez desde hace más
de 500 años, señorías, tenemos la posibilidad de reconciliar el
continente europeo consigo mismo mediante la ampliación de la Unión.
El Tratado de Amsterdam, negociado por el Gobierno que nos precedió y por
el que ahora gobierna España, ha tenido el apoyo de la gran mayoría de
las fuerzas parlamentarias, sensibles a la necesidad de consenso en las
cuestiones fundamentales de la política exterior, por lo que la posición
de España durante su negociación fue coherente y firme, rindiendo
posteriormente sus frutos. El éxito alcanzado por el Gobierno español en
este laborioso proceso de negociación lo es también del Gobierno
anterior, es también el éxito del Congreso y del Senado y es el éxito de
todos los españoles que creen firmemente en la apuesta por una
integración europea cada vez más completa y sólida, más fuerte y
definitiva.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular estima que esta
propuesta de veto debe ser rechazada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández
Aguilar.
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Es cierto, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
tuvimos ocasión de debatir en Comisión y que el texto que justificaba la
presentación de veto era más motivo de una enmienda, que igualmente
hubieran rechazado. Pero, señoría, ya rechazaron también en otro momento
procesal un texto alternativo que teníamos sobre la posición de reforma
del Tratado de Maastricht.
Asimismo, hemos manifestado, ampliando los razonamientos que exponíamos
en la propuesta de veto, la siguiente reflexión: frente a esos grandes
discursos, a esos grandes momentos históricos, es necesario contraponer
aspectos vitales para los ciudadanos y que quiero resaltar otra vez.
¿Cómo quedan los ciudadanos en todo lo relativo a política de bienestar,
señorías? ¿Cómo quedan los ciudadanos en todo lo que se refiere a
política de justicia, igualdad, marginación y el paro? Su señoría no ha
querido entrar en estas cuestiones. Se ha quedado en la anécdota del
número de comisarios y ha rehuido entrar en el debate sobre la situación
del paro, de la desigualdad, de la injusticia, de la marginación. Hay
importantes razones para oponerse a este Tratado, porque en política
--como le decía y terminaba mi anterior intervención-- de justicia e
interior hay importantes exclusiones.
Nos pregunta su señoría que cómo podemos oponernos en este momento a la
ratificación. La razón es que deseamos algo que se está produciendo en
Europa, que es un giro social, un cambio político social. Su señoría no
ha querido entrar en ese debate y me parece bien ya que tiene una
posición. Habla de logros, habla de pasos, pero también ha hablado de
encajar las piezas. Pero no ha hecho una reflexión sobre si falta alguna
pieza por encajar. Yo pregunto, ¿qué pieza falta por encajar?
En el Tratado hay aspectos monetaristas muy claros, pero también hay
dudas más que razonables sobre los efectos generalizados. Hay quien
mantiene que es difícil conseguir ese efecto en todos los países. Si eso
no es así, ¿cómo se van a arbitrar los mecanismos de compensación?
Sabe que estamos metidos en este momento en una importante batalla sobre
la necesidad de los Fondos de Cohesión y conoce la importancia de los
mismos. Por tanto, estamos hablando de la necesidad de establecer un
cambio que gire más a lo social.
Quiero remitirme a lo que fue el debate que introdujo Francia en su
momento, de no haberlo hecho posiblemente no se hubiera abordado, pero lo
que está claro es que aspectos fundamentales que en Europa tanto como en
España importan, como es el desempleo, siguen y van a continuar sin
resolverse. Pueden quedar instalados en ese gran discurso en esos
momentos históricos, señorías, pero frente a eso queda otra política que
es la política por abajo, la política social, la política de los
ciudadanos que no se sienten reflejados en ese tipo de discursos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
(El Senador Fernández Aguilar pide la palabra.)
Senador Fernández Aguilar, le recuerdo que estamos en turno de
portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
El Senador Bolinaga tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Tratado de Amsterdam no nos satisface plenamente, sin embargo lo
aceptamos inequívocamente porque necesitamos la Unión Europea. Es por
ello, sencilla y llanamente, por lo que no podemos apoyar el veto que se
está debatiendo en estos momentos, aun cuando en realidad estamos muy de
acuerdo con muchas de las cuestiones planteadas hábilmente por el
estimado colega Senador Román Clemente.
En todo caso, y como quiera que el Tratado en sí mismo es inmutable por
esta Cámara, vamos a intentar reflexionar en voz alta con el fin de
reforzar nuestra posición con la inmediatez de lo que hay y de lo que se
nos avecina a pasos agigantados. El Tratado nos llega justo cuando la
Unión Europea está en vísperas de una de las mutaciones más importantes
de su historia: Agenda 2000, Unión Monetaria, nueva revisión de los
Tratados, ampliación al este y definición del papel que a la Unión
Europea le ha de corresponder en el mundo. Sin embargo, tanto el proceso
a seguir como el mismo objetivo final aún están a falta de ser definidos
en función de una concepción clara y de un proyecto preciso de
construcción, tal como suena.
Parece que hay mucho de improvisación y se manifiestan no pocas dudas que
no terminan de ser despejadas cuando precisamente hay que preparar ya el
futuro de Europa ineluctablemente.
La preparación de ese futuro no es sólo tratar las cuestiones
institucionales que siguen sin ser resueltas, sino mejorar la eficacia y
la gestión de la Comisión, superar el déficit aún vigente o acercar la
Unión Europea a sus ciudadanos, etcétera, que son sí elementos
absolutamente necesarios sin duda alguna.
El debate, señorías, debe ser mucho más amplio en nuestros parlamentos
por la obligación que tenemos de responder --clarificándolas-- a
cuestiones de fondo que plantea la ciudadanía --que parece ser la gran
olvidada de siempre--, como son por ejemplo: qué solidaridad económica,
social y política habrá entre nuestros Estados y nuestros pueblos, qué
trato se le va a dar al paro y cómo se va a aminorar, qué seguridad
interior, qué defensa y seguridad habrá, cuál y cómo será nuestra
política exterior, qué fronteras existirán, quién va a dirigir la Unión,
quién es el responsable de ella, etcétera. Estas son preguntas que se
hacen en la calle.
¿Sabe la ciudadanía y somos nosotros mismos conscientes, por ejemplo, de
que cuando se configure definitivamente la Unión Europea el único Estado
que tras tal fecha va a existir en el término exacto del concepto es la
Unión Europea? Deben darse respuestas claras a todo ello antes de la
próxima ampliación porque, tanto en interés general de los Estados
miembros como en interés de los candidatos, la casi duplicación de
miembros de la Unión en el horizonte del año 2010 no puede efectuarse en
la ambigüedad de hoy.
Ante la evolución de la Unión, es tan indispensable como urgente un
«aggiornamento» de los tratados, tratados que, como éste que hoy nos
ocupa, quedan lejos de lo que de ellos se hubiera esperado. Por ello
nuestro Grupo apoya la demanda del Parlamento Europeo en el sentido de
que se abra el procedimiento de revisión antes de que finalice el año en
curso sobre la base de las orientaciones realizadas por la Comisión para
una reforma conjunta de los tratados, revisión que deberá efectuarse con
un método más transparente, más democrático y eficaz que el utilizado en
el Tratado de Amsterdam que hoy contemplamos. Un método, señorías,
inspirado en el procedimiento de codecisión legislativo y por el que,
precisamente, el Tratado de Amsterdam pone al Parlamento Europeo y al
Consejo en un plano de igualdad, de tal manera que se haga posible un
verdadero diálogo con la ciudadanía, con esos ciudadanos que tienen
derecho a esperar de sus dirigentes que la duda y la improvisación dejen
por fin paso a una acción decidida tras una reflexión profunda en la que
ellos participen y de manera que entre todos construyamos un espacio
europeo de solidaridad, paz y ciudadanía.
En suma, señorías, una Unión Europea de y con los ciudadanos, a quienes
siempre y para todo hay que tener muy presentes no castigándoles con
tratados farragosos sino haciendo que éstos sean claros, simples,
legibles e interpretables a primera vista.
No en vano, y sí con entera razón, decía aquel europeísta de pro, don
Salvador de Madariaga: Europa existirá cuando existan los ciudadanos
europeos y entiendan los tratados. A esta frase excelente nos permitimos
añadir esta otra: Europa no debe predicar opiniones, debe predicarse a si
misma. Y debe predicarse diáfanamente, bajo el crisol, señorías, señor
Presidente --y termino ya--, de todo un sistema de principios y de
valores fundamentalmente basados en la libertad, la democracia y el
respeto de los derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bolinaga.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Estamos ante un acto parlamentario de gran importancia, sobre todo porque
en él se van a poner a prueba la construcción europea y también los
partidos políticos aquí representados.
Creo que el Tratado de Amsterdam viene a dar los pasos sucesivos que son
necesarios para la construcción adecuando los cambios que se están
produciendo y teniendo en perspectiva los desafíos que habrá que afrontar
en los próximos años.
Todos estamos de acuerdo en que Europa no se construye de la noche a la
mañana, y en que tampoco vamos a estar completamente de acuerdo todos los
europeos: los de la Europa del Mar Báltico, los de la Europa del
Mediterráneo, los de la Europa del Atlántico, los de la Europa interior o
los de Europa central y oriental. Las distintas heterogeneidades que
existen en Europa promueven que todos los países, todos los políticos
europeístas, traten de encauzar sus energías para que converjan en un
texto común para todos.
Ya se dio un paso decisivo recientemente en Maastricht, donde se
definieron muchas de las políticas que hoy día están en vigor, donde se
han marcado muchas de las reglas comunitarias, idénticas para todos, y
donde se han dejado también encima de la mesa aquellas discrepancias y
actos por los cuales todavía es preciso seguir discutiendo.
Pero de Maastricht salió un trabajo importante, que es la realización de
una Conferencia Intergubernamental, en cuyo seno se ubicó a una persona
que hiciera el trabajo de reflexión. Y en estos momentos, en el día de
hoy en el Senado, había que rendir un importante homenaje a esa persona
que presidió el grupo de reflexión preparatorio de la Conferencia
Intergubernamental, base del Tratado de Amsterdam. Me refiero al español,
ex Ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Westendorp. El canalizó muchas
energías y, a partir de ahí, todos los países, todos los políticos y
ciudadanos convencidos de la construcción europea, fueron colocando las
bases.
Por tanto, el Tratado de Amsterdam viene a ser en sí mismo una
continuación o una revisión y una reforma de aquellas bases
institucionalizadas en el Tratado de Maastricht, pero con algo más: prevé
lo que son las próximas ampliaciones y marca lo que son los propios
desafíos.
Así pues, aunque haya aspectos excluidos del Tratado, también hay que
decir que los trabajos son positivos. El Grupo Parlamentario Socialista
es consciente de las imperfecciones que puede tener este Tratado, como
también de aquellas otras de los anteriores, pero, no obstante, también
tiene que afirmar que en este Tratado de Amsterdam se trata de acercar
Europa a los ciudadanos, permitir y acelerar que la Unión funcione más
eficientemente y preparar las futuras ampliaciones, dotando a la Unión
Europea de una mayor capacidad de acción exterior.
La modificación de un sinfín de detalles, integrando todas aquellas
experiencias adquiridas en los últimos años después de la puesta en
marcha del Tratado de Maastricht, la reescritura de ciertos aspectos, el
dotar de un mejor fundamento jurídico a las nuevas políticas
desarrolladas y la nueva renumeración completa de artículos, es lo que
hoy se presenta a votación. En el Tratado de Amsterdam hay nuevos
capítulos y artículos, se compone de numerosas declaraciones --16--, de
numerosos protocolos --14-- y de varios anexos.
Hechas estas consideraciones generales, es preciso detenerse en cuatro
grandes aspectos: el nuevo espacio de libertad, de seguridad y de
justicia; la Europa de los ciudadanos y el nuevo capítulo sobre el
empleo; la política exterior y de seguridad común y la reforma de las
instituciones.
Hablar en un día como el de hoy de espacios de libertad, de seguridad y
de justicia, pone de manifiesto la necesidad de acordar los valores
democráticos y los derechos del hombre, y de esta forma el Tratado de
Amsterdam amplía los conceptos incluidos en el de Maastricht relativos a
los derechos de los ciudadanos y del hombre. Como aspectos más
sobresalientes también se incluyen reglas de circulación de los
ciudadanos, condiciones de concesión de visados, de asilo, de inmigración
y de cooperación judicial en materia civil, abriendo nuevas oportunidades
en el ámbito de la comunitarización. Asimismo, la cooperación policial,
aduanera y judicial en materia penal, aunque limitada, es objeto de
ámbitos comunes para los Estados Miembros. Por tanto, con este aspecto de
espacios de libertad, de seguridad y de justicia se trata de
comunitarizar parcialmente el tercer pilar, renovarlo y permitir la
integración de los Acuerdos de Schengen en la Unión Europea.
Dentro del segundo gran bloque, la Europa de los ciudadanos, es
importante resaltar el nuevo capítulo referido al empleo. En el momento
actual, con una elevada tasa de desempleados en Europea, este nuevo
título...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, terminó su tiempo.
Procure acabar cuanto antes.
El señor GONZALEZ LAXE: Termino inmediatamente, señor Presidente.
Aparte del empleo, puede ser importante recalcar la especificidad de las
regiones ultraperiféricas incluidas en el Tratado de Maastricht y, al
mismo tiempo, toda la identidad en la escena internacional.
Y dejo para el final, señor Presidente, si me lo permite, el manifestar
que uno de los aspectos con el que no estamos satisfechos, es la reforma
institucional, aquella que hace referencia a la composición de la Unión
Europea y a la reponderación de los votos o a la institucionalización de
la cooperación, reforzada para suplir los defectos que tiene dicha
reforma institucional.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por el Tratado
de Amsterdam, va a contribuir a formar la voluntad europea conjunta y
reforzada de todos los países, e invita al resto de los grupos a que así
lo hagan en la votación que posteriormente tendrá lugar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde mi escaño para ratificar todas las argumentaciones que
he expuesto en mi intervención anterior insistiendo en la certeza de
cuanto he defendido.
He de felicitar muy sinceramente al portavoz del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, señor Bolinaga, y del Grupo Socialista, señor
González Laxe, de quien hago míos casi todos sus planteamientos.
En cuanto al señor Román Clemente, le digo una vez más que sus
inquietudes también son las mías. Su inquietud por el empleo es también
mi inquietud como político, como hombre de centro, como persona a la que
le preocupa un problema tan grave como es el desempleo. Y para su
tranquilidad le diré que todo lo que usted ha manifestado viene recogido
en el Tratado de Amsterdam. Para hacer la construcción de una Europa más
integrada se dice que la promoción del empleo es básica. El desempleo
--manifiesta el Tratado-- constituye hoy el principal desafío económico y
social al que deben hacer frente los Estados miembros de la Unión
Europea. Por ello, el Tratado de Amsterdam prevé la coordinación de las
políticas nacionales y la adopción de medidas que incentiven a los
Estados miembros a profundizar en esa vía.
También se incorpora el Protocolo para luchar contra la exclusión social,
cuestión que tanto preocupa a su señoría. Y, asimismo, en el articulado
del nuevo Tratado se consagra el principio de la cohesión económica y
social, irrenunciable para España, para que se mantenga todo el acervo
existente sobre los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación del veto. (Pausa.)
Sometemos a votación el veto presentado por el Senador Román Clemente,
por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, tres; en contra, 218; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
A continuación, pasamos a la defensa de las enmiendas con el voto
particular número uno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Bolinaga. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, cuanto antes quede la
sala en situación de debate antes podremos continuar y terminar a una
hora razonable, con el esfuerzo de todos ustedes. Les pido silencio.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente. Su señoría siempre
tan oportuno.
Señorías, esta enmienda de nuestro Grupo, que en nada afecta al Tratado
en sí sino al proyecto de ley orgánica que pretende ratificarlo, surge de
una realidad que no puede quedar solapada. Esa realidad es que nos
encontramos en un Estado compuesto, el Estado de las Autonomías, que debe
ser interpretado en toda la acepción del concepto, debido precisamente al
reparto real de poderes competenciales en los ámbitos respectivos que se
constituyen como realidades constitucionales, democrática y jurídicamente
dispuestos para su más correcto funcionamiento.
Por tanto, siendo esto irrefutable y teniendo a la vista ejemplos
prácticos de carácter netamente positivo, como los ofrecidos por Bélgica,
Alemania y Austria, ¿quién puede negar hoy aquí que, tal como suscribimos
en nuestra enmienda, la acción de la Unión Europea también afecta a
numerosos ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas tienen
atribuidas competencias de legislación, desarrollo normativo y ejecución
en la construcción en sus respectivos estatutos de autonomía? Creemos que
nadie en absoluto. La inclusión de nuestra enmienda en la exposición de
motivos del proyecto de ley orgánica es de total congruencia con lo que
se predica y con lo que se halla constitucionalmente establecido, sin que
altere nada su contenido, pero conlleva un cierto carácter de título
recordatorio que encaja con absoluta precisión en este proyecto de ley
orgánica; encaja a la perfección porque es un tema objetivamente
importante del que nadie duda y al que se tiene que encontrar una
solución de cara a un proceso de cooperación interna y a la construcción
de un sistema de participación directa de los representantes autonómicos
en materias de su competencia exclusiva ante los foros europeos de
decisión que abarquen temas de su exclusividad, dicho sea como axioma
generalmente admitido.
Por lo tanto, nuestra enmienda es asumible por pura lógica con lo que
somos y por cómo queremos estar realmente, sin que pueda haber objeción
alguna para que sea recogido e incluido como nuevo párrafo dentro del
presente proyecto de ley orgánica y en los términos que se proponen,
tanto por ser políticamente oportuno como jurídicamente correcto, puesto
que, en síntesis, no recoge más que una obviedad.
Una cosa es cierta, señorías, ya es hora de que se elimine toda
reticencia para aceptar representantes de las Comunidades Autónomas como
miembros de la delegación del Estado en los foros de Europa para debatir
sobre cuestiones que les conciernen directamente y evitar así el déficit
de participación que se provoca cuando la Unión Europea asume una materia
que internamente es de competencia autonómica y únicamente es la
Administración central la que participa en la adopción de decisiones a
nivel europeo.
Esta enmienda, por otra parte, no puede calificarse de improcedente en
este que es hoy aquí un cauce jurídico y parlamentario tan adecuado como
cualquier otro para formular enmiendas, máxime si éstas no minoran ni
alteran el sentido y fundamento del proyecto de ley y sí tienen relación
directa con el texto del Tratado o con la propia adopción del mismo,
independientemente de que el contenido de nuestra enmienda sea tratado
paralelamente por otras vías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la enmienda pretende adicionar un párrafo entre el segundo y el
tercero de la exposición de motivos. Dice el proyecto: «El nuevo Tratado
contiene importantes innovaciones relativas al mantenimiento y desarrollo
de un espacio de libertad, seguridad y justicia; la reafirmación de las
garantías de los derechos fundamentales; la profundización en el
desarrollo de las políticas comunitarias, en particular en el ámbito
laboral y social, y la incorporación de instrumentos para dotar a la
política exterior de la Unión de mayor coherencia y eficacia». Queríamos
añadir: «Asimismo, el nuevo Tratado (...) amplía los ámbitos de la
actuación comunitaria. De esta manera, la acción de la Unión Europea
afecta también a numerosos ámbitos materiales en los que las Comunidades
Autónomas tienen atribuidas competencias de legislación, desarrollo
normativo y ejecución en la Constitución de sus respectivos Estatutos de
Autonomía».
La justificación es clara. Es una realidad, todavía no reflejada, que la
ampliación de la acción material de la
Unión Europea está afectando, cada vez de manera más intensa, a los
ámbitos materiales en los que las Comunidades Autónomas tienen
reconocidas competencias en nuestro orden constitucional. Por lo tanto,
es necesario prever que la adaptación mantenga el principio de
subsidiariedad.
Yo aprovecharía, señor Presidente, este turno para dejar constancia de
nuestra posición ante la ley, dado que no lo hemos fijado cuando se ha
debatido el veto a la totalidad. Quiero decir lo siguiente. Ya hemos
manifestado nuestra opinión en sucesivas ocasiones sobre el Tratado de
Amsterdam. Hemos dicho que es un paso importante en la construcción
europea que desde sus orígenes, por cierto, forma parte del ideario de
Convergència i Unió. Es un Tratado mucho más escaso de lo que nosotros
hubiéramos querido, pero supone un avance importante en el proceso de la
construcción europea.
Con este Tratado vamos hacia una Europa más social, más preocupada por
temas sociales y de empleo, hacia una Europa más preocupada por crear un
espacio de justicia, de libertad y de seguridad, con un mayor peso en el
escenario político mundial y hacia una Europa que se prepara poniendo las
bases para la reforma de sus esquemas institucionales.
El resumen que haríamos sería que es un tratado más pobre de lo que
hubiéramos querido, que supone un avance para la integración europea más
lento de lo que deseamos, pero que debe ser, en todo caso, bienvenido.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra don Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias señor Presidente.
Señorías, este trámite de hoy sobre la ratificación por España del
Tratado de Amsterdam no es uno más, ni mucho menos, de los múltiples y
variados tratados y convenios que en cada Pleno se someten a la
consideración de sus señorías. Es un tratado que, en estas postrimerías
del siglo XX, afecta en la práctica casi al 70 por ciento, de una u otra
manera, en el quehacer de todos los españoles. Esta modificación en
profundidad desde el Tratado de Roma al Acta Unica y al Tratado de
Maastricht significa nada más y nada menos que una especie de segunda
Constitución Española desde que nos adherimos a la Comunidad Europea.
Esta incorporación plena de España a la Unión Europea y a las sucesivas
modificaciones --no se hace Europa de golpe, sino a impulsos reiterados y
distintos, como predijo uno de los padres de la Unión, Monnet-- ha ido
quitando soberanía al Estado español y ha afectado a los respectivos
Estatutos de Autonomía.
Estos hechos son incontrovertibles, pero también hay que decir que esta
pérdida de soberanía, que no hay por qué ocultarla sino constatarla, ha
sido quizá necesaria y mayoritariamente los españoles estamos de acuerdo
en este proyecto de la Unión Europea, de los pueblos y de sus ciudadanos,
con todas las limitaciones e imperfecciones que se le objetivan, desde el
déficit democrático del Parlamento Europeo al poder concentrado en los
respectivos gobiernos de los Estados miembros, pasando por ciertas
deficiencias graves en el desarrollo de los problemas sociales y los
interrogantes en la instauración de la moneda única, el euro.
En este turno de portavoces del Grupo Mixto, como se puede constatar, hay
opiniones distintas sobre la validez positiva de este Tratado, pero
mayoritariamente le es favorable en su conjunto. Específicamente este
Senador les habla en nombre del Grupo Territorial de Senadores
Nacionalistas Canarios del Grupo Mixto, concretamente en el de Coalición
Canaria, y manifiesta nuestro voto rotundo y decididamente favorable.
Señorías, Canarias en la historia, desde el punto de vista económico,
cultural y social, siempre se ha sentido europea. Creemos oportuno hacer
aquí y ahora un relato de algunos hechos. Canarias se vincula a Europa
históricamente desde el siglo XV; el arte flamenco decora las paredes de
templos y palacetes; navegantes y comerciantes de la vieja Europa recalan
en nuestras islas en intercambios de productos; las ideas europeas
encuentran eco en nuestros intelectuales históricos; la Corte británica
conoce los vinos malvasías canarios que tienen su reflejo en los dramas
de Shakespeare; ciudadanos de diversas nacionalidades de Europa se quedan
e integran con nosotros conformando una brillante sociedad en Canarias
que conoce del arte, de la técnica y de la agricultura, el comercio y la
navegación; los modernos conceptos del arte de vanguardia penetran en el
Estado español a través de Canarias y hoy millones de europeos y canarios
dan ejemplo de convivencia diaria en nuestro archipiélago bajo nuestro
tranquilo sol.
Nuestras islas contribuyen, debido a su posición geográfica y a sus lazos
humanos, económicos y culturales, de forma relevante a la difusión de la
universalidad y diversidad europea en América. Canarias, señorías, es un
archipiélago europeo anclado a pocas millas del continente africano y
bastante alejado de las costas del viejo Finisterre. Por su cultura,
sociología y economía son euroislas, aunque no renuncian a su situación
geográfica ni reniegan de su vocación emigrante americanista. Sus mujeres
y hombres mayoritariamente no solamente son europeos con mestizaje
aborigen, sino europeístas, dispuestos al esfuerzo de la renovación del
viejo continente. Canarias ha apostado con entusiasmo por ser cocreadora
de la nueva Europa, de la que es su frontera más meridional.
Con respecto al texto de estas modificaciones que adquieren el rango
nominativo de Tratado de Amsterdam, creemos que son, en general,
favorables a España y a su desenvolvimiento dentro de la Unión Europea.
Pero específicamente, el Grupo Territorial de Senadores Nacionalistas
Canarios del Grupo Mixto, expresa su profunda satisfacción por la
modificación 55 del artículo 2 de la Ley Orgánica, que afecta al apartado
2 del artículo 227
primitivo, que quedaría con el siguiente texto: «Las disposiciones del
presente tratado se aplicarán a los departamentos franceses de ultramar,
las Azores, Madeira y las islas Canarias.
«No obstante, teniendo en cuenta la situación estructural social y
económica de los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira
y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad,
reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de
un reducido número de productos, factores cuya preexistencia y
combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por su
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en
particular, a fijar las condiciones para la aplicación del presente
Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.
«El Consejo, al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el
párrafo segundo, tendrá en cuenta ámbitos tales como la política aduanera
y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas
agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas
y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones
de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales
comunitarios.
«El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo
teniendo en cuenta las características y exigencias especiales de las
regiones ultraperiféricas...». Así se ha convertido posteriormente este
artículo en el número 299 del Tratado.
Este reconocimiento de la ultraperificidad del archipiélago sus
características peculiares que acabo de leer conceden a Canarias una
situación especial dentro de la Unión Europea, algo así como un «estatus»
del Estatuto permanente diferencial, dándose la circunstancia de que la
Comunidad ha reconocido antes que el Estado español este hecho
diferencial de la lejanía.
En la Constitución española, señorías, está objetivado el hecho insular
en el artículo 138.1 y abarca la situación geográfica tanto de las islas
Canarias como de las Baleares, pero no la lejanía. La disposición
adicional tercera de la Constitución recoge la obligación de un informe
previo de la Comunidad Autónoma para la modificación del régimen
económico y fiscal canario, pero no se especifica el reconocimiento de la
lejanía como en este Tratado de Amsterdam. Esta necesidad de especificar
el concepto ha sido ya expuesta en los planteamientos hechos en la
Ponencia de la Comisión especial para la modificación del Senado, que ha
realizado su tercer bloque de estudios en relación con las
particularidades de las diversas nacionalidades. Hago este recordatorio,
porque hace meses que no se reúne la citada Ponencia y desconozco si
tendrá continuidad.
La necesidad de objetivar el concepto de lejanía es muy importante a la
hora de la legislación estatal, pero es que ya lo tiene a nivel del
Estatuto de Autonomía que, en su artículo 46.2, dice textualmente --abro
comillas--: Dicho régimen económico y fiscal incorpora a su contenido los
principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de
Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las
modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características
estructurales permanentes que dificulten su desarrollo, y que deben ser
asumidos --entendemos-- como concepto dentro de lo que llamamos bloque de
la constitucionalidad.
En síntesis, señorías, para todos los canarios hoy es un día de
felicitación. A partir de 1983, con la vinculación de España a la
Comunidad Europea, la adhesión de Canarias ha pasado por un largo
proceso. En primer lugar, el archipiélago ingresó, a través de una
situación especial llamada Protocolo 2, fuera del cinturón aduanero.
Después de varios años se realizó un replanteamiento global de la
situación y en 1991 se decidió la integración total, dejando
salvaguardadas ciertas condiciones específicas previas, lo que se ha
llamado el acervo histórico del archipiélago y poniéndose en marcha un
programa específico de ayudas denominado Poseicán.
Canarias, señorías, es un pueblo joven, que ante la evolución de los
tiempos ha apostado fuertemente por la Comunidad Europea y sigue creyendo
en ella a pesar de los agoreros y de las dificultades que se nos ha
presentado en la aceleración de la historia en la que estamos actualmente
inmersos.
El logro de esta realidad permanente no es exclusiva de ningún partido ni
de ningún gobierno, sino la expresión de que cuando hay voluntad política
ante hechos reales que defender, todos nos hemos puesto a trabajar, desde
el anterior Gobierno socialista y su partido, al actual Gobierno del
Partido Popular, pasando por el Gobierno de Coalición Canaria. A todos,
señorías, el agradecimiento de los canarios por el esfuerzo mancomunado.
Pero aún no está todo resuelto. El desarrollo de este nuevo artículo 299
del Tratado necesitará un esfuerzo complementario y un desafío a la
creciente tendencia política funcionarial en la homologación de todas las
peculiaridades existentes. Esta tendencia se ha potenciado últimamente
ante las perspectivas del aumento de integraciones de países del este en
la Unión Europea.
El trabajo que hay que realizar dentro de la Comisión interservicios
europea es complejo, por lo que será necesario aunar esfuerzos entre los
gobiernos central y canario y los grupos de la oposición para completar
el éxito hasta ahora obtenido.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del PNV afectan a ciertas decisiones recogidas en
sus respectivos Estatutos de Autonomía limitando su soberanía, tienen un
valor recordatorio de hechos reales y recogen la necesidad de que estén
presentes en las negociaciones aquellas Comunidades Autónomas a las que
les afecte directamente las decisiones importantes, y esto ya lo hemos
solicitado en esta Cámara reiteradamente en iniciativas conjuntas varios
grupos políticos nacionalistas.
Recordamos específicamente que en el artículo 38.1 del Estatuto de
Autonomía de Canarias se dice que la Comunidad debe ser informada y que
puede opinar sobre estas cuestiones, por lo que, aunque sea de forma
testimonial,
el voto de Coalición Canaria será positivo a las enmiendas presentadas
por el PNV y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Por último, quiero reiterar el apoyo decidido a la ratificación de este
Tratado, así como para que se tramite con la mayor urgencia posible, de
forma que se haga vigente en Bruselas a la mayor brevedad y que sus
efectos directos comiencen de inmediato.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pido autorización a la Cámara, después de las cinco horas que llevamos de
sesión, para poder continuarla para terminar los deberes de hoy.
(Asentimiento.)
Muchas gracias. Continuamos.
Continuamos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por
el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González
Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos intervenir para posicionarnos sobre las dos enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que son idénticas.
La posición de nuestro grupo, como ya explicamos en Comisión, es que
estamos de acuerdo en el fondo de la enmienda; fondo en el que aparece
reflejado algo que en principio alguien podría decir que es obvio,
mientras que otro podría decir que tiene un valor recordatorio --como
dijo antes un interviniente-- o un valor político, y yo me quedaría con
este último matiz. Tiene un valor político.
Es obvio porque es cierto que si una Comunidad Autónoma tiene atribuidas
competencias de legislación, de desarrollo normativo y ejecución de la
Constitución y de sus respectivos Estatutos de Autonomía y, por lo tanto,
tiene la capacidad de poder instrumentalizar cualquier tipo de acciones,
es evidente que eso no genera ningún equívoco en relación con las
competencias que tiene transferidas y que tiene que ejecutar, bien sean
aspectos comunitarizados o recogidos en convenciones, en tratados o en
convenios internacionales. Por tanto, en el fondo uno puede decir que
esto es obvio, mientras que otro puede decir que tiene un valor político
importante.
La otra cuestión es la forma, y ahí discrepamos. Discrepamos en la forma,
pero tampoco la presencia en el preámbulo va a ser excusa para que mi
grupo parlamentario vote en contra. En estos momentos se va a votar el
texto del Tratado de Amsterdam y las modificaciones del Tratado de la
Unión Europea, pero lo importante, y lanzo la oferta al resto de los
grupos parlamentarios del Senado, es buscar una solución que permita que
aquellas competencias que tengan las Comunidades Autónomas o los
ayuntamientos, que también tienen competencias sobre determinados
aspectos de materias comunitarizadas, puedan, a partir de un momento
determinado y siguiendo los propios acuerdos del Senado y de la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea --y estamos todos de
acuerdo--, puedan quedar reflejadas como valores políticos.
Evidentemente, los Senadores del PNV y del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió van a contar con nuestro apoyo, pero
tendrán que mirar para otros bancos porque en estos momentos gravita en
ellos la responsabilidad de decidir cómo instrumentalizarlo.
Lo que quiero que entiendan, y se lo digo a título personal, es que ese
valor político de las Autonomías y las competencias que tienen atribuidas
no tiene por qué ser menoscabado en medida alguna ni por un tratado ni
por un convenio; es obvio que, si tienen que estar reflejados, lo hagamos
de común acuerdo entre todos esperando la fórmula, no sé si mágica o no,
que dé solución a este problema.
Resumiendo, estamos totalmente de acuerdo en el fondo, pero en cuanto a
la forma estimo que lo mejor es buscar una solución inmediata, a lo que
nos brindamos. Si de la intervención del Grupo Parlamentario Popular se
puede derivar una propuesta, evidentemente, por nuestra parte no habría
ningún inconveniente en aceptarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, deliberadamente he renunciado a mi derecho a intervenir en el
turno en contra, pese a que el voto de mi Grupo será negativo a las
enmiendas presentadas por CiU y PNV, porque de esa forma he querido
subrayar mucho más lo que nos une --que es el voto favorable a la
totalidad--, y matizar ahora, en turno de portavoces, que no deseamos
establecer un debate sobre dichas enmiendas ni discutir sobre el fondo,
en su propósito de incluir un nuevo párrafo entre el segundo y el tercero
de la exposición de motivos del proyecto de ley que vamos a aprobar
ahora.
Las enmiendas propuestas por CiU y PNV, de idéntica redacción y
contenido, van a ser rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular
solamente porque el trámite parlamentario que ahora tratamos de
desarrollar es el de la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica por la
que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam,
respetando en su totalidad el texto remitido por el Congreso de los
Diputados, y porque el cauce jurídico y parlamentario que requiere esa
cuestión debe ser otro y, desde luego, no este Proyecto de Ley Orgánica.
Señor Bolinaga, existe un acuerdo, aprobado en el Congreso de los
Diputados, sobre la participación de las Comunidades Autónomas en los
ámbitos de actuación de la Unión Europea, que es el punto de partida para
dicha propuesta. Además, la propuesta de CiU y PNV ha comenzado
ya a debatirse en otros ámbitos, en un proceso de toma de decisiones a
través de las conferencias sectoriales.
Es improcedente, según nuestro criterio, que un proyecto de ley de
ratificación de un tratado internacional incluya referencias a cuestiones
que no tienen relación con el texto del tratado o con la adopción del
mismo por el ordenamiento español. (El señor Bolinaga Bengoa hace signos
negativos.) España, señor Bolinaga --observo que gira usted con
frecuencia la cabeza en sentido negativo--, hubiera deseado un acuerdo
sobre la reforma institucional en Amsterdam, aunque el protocolo sobre
las instituciones, aprobado, encauza de forma adecuada la manera de
desarrollar esa carencia antes de que se produzcan nuevas adhesiones.
Los intereses españoles en las instituciones de una Europa a Quince
quedan, así pues, preservados, ya que se reconoce que España es un caso
especial que debe quedar solucionado en el momento en el que se lleve a
cabo tal reforma institucional, que afecta fundamentalmente a la
composición de la Comisión y a la reponderación del voto en el Consejo.
Asimismo, se ha recogido la propuesta española para el reforzamiento del
Comité de las Regiones casi en su totalidad, y se le ha dotado de mayor
autonomía a la vez que se han reforzado sus competencias, y los poderes
del Parlamento Europeo han aumentado en las materias de codecisión.
De todas maneras, hemos de resaltar también un dato positivo como es el
que el desarrollo constitucional español y el grado de autogobierno,
competencias y descentralización alcanzado por las Comunidades Autónomas
va por delante del que se disfruta en otros Estados de la Unión Europea,
obligándonos a nosotros, los españoles, a la necesidad de encontrar unos
cauces que hagan efectiva la participación de las Comunidades Autónomas
en los asuntos comunitarios europeos que afectan a las competencias que
han asumido y que han ido aumentando según se progresaba en el desarrollo
constitucional español.
En este proceso de búsqueda de soluciones, y gracias a la iniciativa del
Gobierno, se han alcanzado logros pragmáticos como la ley que regula la
conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, de 29
de noviembre de 1997. Esta conferencia es el mecanismo más original del
modelo español de participación. De igual modo ocurre con la labor
sectorial que se desarrolla a través de las conferencias sectoriales, que
han celebrado más de cien reuniones, desde el inicio de esta legislatura.
Se quiere consolidar así, señorías, un modelo de participación a través
del principio de cooperación, que garantice el impulso, el seguimiento y
el procedimiento de participación de las Comunidades Autónomas en las
políticas o acciones comunitarias que afecten a sus competencias.
No querría terminar sin dedicar unas palabras al Senador Ríos, de
Coalición Canaria, que ha hecho mención a lo que con anterioridad yo
también narraba a sus señorías, de gran importancia para España, y a su
satisfacción uno la mía por el tratamiento dado a las regiones
ultraperiféricas al amparo del artículo 227 del Tratado de la Unión
Europea, que es una cuestión primordial, ciertamente, para las islas
Canarias y ha sido una propuesta española plenamente recogida en el texto
en su integridad.
Señorías, estos son nuestros razonamientos y nuestra ratificación, a lo
que uno nuestro deseo de que este espíritu de concordia, de cooperación
entre todas las fuerzas parlamentarias representadas en el Senado haga
posible la próxima puesta en marcha y la participación de España en el
Tratado de Amsterdam, al mismo tiempo que ratificamos nuestro voto
negativo a las enmiendas presentadas exclusivamente por las razones
expuestas, que son coincidentes en cierto modo con las tesis defendidas
también por el Senador socialista González Laxe.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Fernández Aguilar.
Vamos a someter a votación conjunta las dos enmiendas, la número 2, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la número 1, del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 14; en contra, 117; abstenciones, 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen: su artículo único,
disposición adicional, disposición final y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 217; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Amsterdam el día 2 de octubre de
1997.
-- DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA
DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACCION INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL
TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS GRAVES.
(624/000019) (122/000191)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación vamos a debatir el
dictamen de la Comisión de Justicia
en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción
investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas graves.
No se han presentado votos particulares a esta proposición.
¿Hay algún Senador para presentar la misma? (Pausa.)
El señor Moya Sanabria tiene la palabra.
El señor MOYA SANABRIA: La Proposición de Ley Orgánica que se somete a la
consideración del Pleno tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 6 de
octubre, fecha en que igualmente se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes, terminando su plazo de presentación de enmiendas el día 19 del
mismo mes.
A la proposición de ley se presento una única enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.
La Ponencia, que estuvo integrada por don Hilario Caballero Moya, don
Salvador Capdevila i Bas, don José Manuel Chapela Seijo, don Jesús Andrés
Mancha Cadenas y don José Antonio Marín Rite, emitió informe con fecha 12
de noviembre.
En el texto aprobado, la Ponencia incluyó tanto la enmienda socialista,
referente al artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
artículo de nueva creación, como modificaciones surgidas del debate en el
seno de la Ponencia referentes al párrafo quinto del Preámbulo, al
artículo 263.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al citado nuevo
artículo 28.,bis de la misma Ley y a la parte final del artículo 2 de la
Proposición de Ley.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 17 del presente mes
de noviembre, sesión en la que aprobó la propuesta de la Ponencia en
todos sus términos.
A esta Proposición de Ley Orgánica no se han formulado votos
particulares.
La Proposición de ley, tal y como se somete a debate y votación del Pleno
en el Senado, consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición
derogatoria y una disposición final.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, creo que ha convencido a
gran parte de la Cámara.
Muchas gracias, Senador Moya Sanabria.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?
(Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
Senador Nieto Cicuéndez.
El señor nieto cicuéndeZ: Señor Presidente, tan sólo quiero anunciar que
apoyaremos la Proposición de Ley.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Reglamento, como ustedes saben, es muy sabio y señala que al cabo de
cinco horas de debate se debería haber terminado.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Capdevila tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Como el mismo título de la Proposición de Ley Orgánica indica, se trata
de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en un hecho muy
puntual sobre la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal
de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Ningún grupo parlamentario mantiene viva enmienda alguna en este acto.
Por tanto, hemos de felicitarnos por el gran consenso obtenido por todos
los grupos parlamentarios; asimismo, debemos felicitarnos y
congratularnos del consenso facilitado por los Grupos proponentes,
Popular y Socialista.
Nos encontramos en una época de gran expansión de la llamada delincuencia
organizada que se caracteriza por la envergadura de ciertos tipos
delictivos, bien por la magnitud de las implicaciones en ellos, bien por
la estructura organizada, que generalmente traspasa las fronteras de
diversos países en temas como la droga, la prostitución, el terrorismo,
los delitos económicos y, cómo no, el delito de blanqueo de dinero, que
prácticamente es común a todos ellos.
No debemos olvidar que esa delincuencia organizada, y precisamente por
los grandes recursos económicos que normalmente maneja y la fácil
disponibilidad que los mismos provoca, hace que la propia estructura
organizativa de que disponen se adelante y vaya a una velocidad tal que a
las legislaciones de los diversos países les resulta difícil de atrapar,
máxime en ese tipo de delincuencia que, tal y como se ha manifestado,
traspasa generalmente los diversos países. En consecuencia quizá sea
necesario tomar unas medidas cuyo objetivo primordial sea precisamente el
otorgamiento de una ley uniforme comunitaria con criterios unitarios para
abordar, aunando todos los esfuerzos, adecuadamente dicho fenómeno,
incluso, por qué no, con la constitución de un tribunal internacional al
objeto de aplicar dichas disposiciones uniformes que faciliten la
presentación ante la Justicia de todos los implicados, con la
consiguiente cesión parcial de soberanía en la legislación penal, en pro
del principio de que los derechos fundamentales debieran estar por encima
de los derechos patrimoniales y que el secreto bancario debiera estar
sometido a derechos más relevantes de persecución del crimen organizado.
Para no extenderme más, diré que nuestro Grupo Parlamentario va a votar a
favor de esta Proposición de Ley Orgánica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Capdevila.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo también se felicita de que esta Proposición de Ley llegue al
Pleno sin mantener ni una sola enmienda
viva y, como es natural y derivado de esta circunstancia, nuestro
pronunciamiento es general y positivo.
Esta es una Proposición de Ley fruto de la refundición de las respectivas
iniciativas legislativas de los Grupos Parlamentarios Popular y
Socialista, por la que se pretende dotar con los instrumentos adecuados a
las unidades de Policía y a la Justicia para luchar contra el crimen
organizado y para que esta lucha se vea facilitada y sea más eficaz.
Como ya se ha dicho por el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, hay que resaltar el amplio consenso que ha existido durante toda
su tramitación y que ha permitido no sólo la refundición de las dos
iniciativas, sino que se hayan aceptado la mayoría de las enmiendas
presentadas, con lo que el texto ha resultado claramente enriquecido, y
ello tanto en su trámite en el Congreso como en esta Cámara.
La Proposición de Ley fue votada por unanimidad en el Pleno del Congreso,
y durante su tramitación en el Senado sólo se formuló una enmienda que
fue incorporada al texto en el trámite de Ponencia. Pero aquí quisiera
subrayar la importancia de esta Cámara en el proceso de las iniciativas
legislativas y especialmente en el trámite de Ponencia.
En efecto, como decía, sólo se había formulado una enmienda, pero la
Ponencia se pronunció a favor de la modificación de los dos artículos de
que consta la Proposición de Ley, introduciendo modificaciones
sustanciales no ya sólo desde un punto de vista de técnica legislativa,
sino posibilitando que, más allá de la ampliación que originariamente
pretendía la Proposición de Ley y que era extender la figura de la
entrega vigilada propia del tráfico de drogas al blanqueo de dinero y el
comercio ilícito de precursores, se incluyesen en este tipo de
autorización otras conductas delictivas no menos graves como el tráfico
ilegal de especies vegetales, de especies animales amenazadas, tráfico de
armas, de explosivos, fabricación, introducción en el país o distribución
de moneda falsa y el depósito de armas, municiones o explosivos por
cuenta de una asociación con propósitos delictivos.
Esta relación, que completa los supuestos del tráfico de drogas, blanqueo
de dinero y comercio ilícito de precursores, no se ha hecho de una manera
arbitraria o discrecional sino tomando como referencia el Convenio por el
que se crea la Oficina Europea de Policía, con la finalidad de combatir
la criminalidad organizada transnacional. Dicho Convenio fue ratificado
por España el 9 de junio de 1997.
Con ello, y por imperativo de seguridad jurídica --no olvidemos que el
concepto de criminalidad organizada no está definido en el Código
Penal--, quedan explicitados los delitos que pueden ser combatidos
mediante la técnica de la entrega vigilada.
Además de ampliar la relación de delitos, la Ponencia ha solventado el
problema de la sustitución de droga en los envíos postales exigiendo las
garantías judiciales pero obviando la presencia del destinatario que, con
seguridad, daría al traste con la investigación.
Respecto al nuevo artículo 282.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que habilita legalmente la figura del agente encubierto, la Ponencia
amplió el margen de maniobra que se les otorgaba, pero teniendo en cuenta
el límite de no provocar la comisión de delitos y tener la preceptiva
autorización judicial para actos que puedan afectar a los derechos
fundamentales.
Además de ordenar los delitos por referencia numérica al Código Penal, se
han concretado los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
que son susceptibles de ser cometidos por las llamadas delincuencias
organizadas, e incluido delitos como los relativos al tráfico de material
nuclear y radiactivo, al de flora y fauna amenazada, y el referido al
patrimonio histórico. Con ello se amplía la enumeración taxativa de
delitos a los que se refiere el término delincuencia organizada a los
efectos de autorización del agente encubierto.
Por todo ello, creo que es justo resaltar la importancia que para el
enriquecimiento de esta Proposición de Ley ha tenido esta Cámara.
Quisiera también manifestar que, desde nuestro punto de vista, han sido
cuatro las claves que han guiado el quehacer de los distintos grupos
políticos: primero, el deseo de proveer a nuestro ordenamiento de las
medidas que faciliten la investigación de determinados delitos removiendo
las dificultades que obstaculizan su esclarecimiento y sanción. Segundo,
el huir de la provocación del delito. Tercero, garantizar los derechos
fundamentales y, cuarto, el control jurisdiccional de las actuaciones.
Permítanme que haga hincapié sobre la preocupación preeminente y
constante que el control judicial de las actuaciones ha tenido a lo largo
del trámite de esta Proposición de Ley y que resalte algunos de los
aspectos en relación con ello. Así, respecto a la circulación y entrega
vigilada, se exige que las resoluciones de los jueces vayan a parar al
juez decano, y que las de los jefes de las unidades orgánicas de la
Policía Judicial centrales o de ámbito provincial y sus mandos superiores
--no puede darse la autorización por cualquier funcionario-- vayan al
Ministerio Fiscal. Y si existiese procedimiento abierto, éstas y las del
Ministerio Fiscal deberían ir al juez de instrucción competente.
Respecto al agente encubierto, la facultad de autorización se atribuye al
juez de instrucción y al Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al
juez. En ambos casos la resolución ha de ser fundada.
Para terminar, señorías, diré que mi Grupo considera que la Proposición
de Ley que en estos momentos nos ocupa supone un importante avance en la
lucha contra la criminalidad organizada y que se ha conseguido un
aceptable equilibrio entre eficacia, garantía y control.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, don Hilario
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Mancha
Cadenas.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de iniciar mi corta intervención quisiera, señores
portavoces, y creemos que el momento procesal es oportuno, que
subsanáramos una errata existente en el artículo 263, bis, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pues falta una coma en el párrafo segundo del
apartado
primero, y en el apartado segundo, entre las palabras equipos y
materiales. Ese es el sentido que contempla el artículo 371.1 del Código
Penal.
Muchas gracias.
Permítame, señor Presidente, que exprese el reconocimiento del Grupo
Parlamentario Popular al ejercicio de entendimiento desarrollado por
todas las fuerzas políticas y que ha desembocado en la consideración de
una norma, que ha contado con un consenso tan compacto, que podemos
afirmar con rotundidad que existe ausencia de protagonismo. Y ello no
viene sino a ratificar las palabras del señor Ministro de Interior, Jaime
Mayor, cuando en marzo de 1997 ofrece a todos los grupos parlamentarios
la posibilidad de que pudiera aparecer como una propuesta conjunta de
todas las fuerzas políticas, en forma de proposición de ley, de manera
que no apareciese únicamente como una iniciativa del Gobierno.
La proposición de ley presenta causas de forma inmediata en las
propuestas obtenidas en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio
del problema de la droga, entre las cuales se encuentran la lucha contra
la oferta, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Por otra parte, como se ha dicho, la Convención de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas,
celebrada en Viena el 20 de diciembre de 1988, insta a las partes, entre
ellas a España, a adoptar las medidas necesarias, incluidas las de orden
legislativo y administrativo que, de conformidad con las disposiciones
fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos sean necesarias
para hacer frente con la mayor eficacia a los diversos aspectos del
tráfico ilícito de estupefacientes.
Como ya se ha expuesto, la regulación que contiene el artículo 263, bis,
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente de la denominada entrega
vigilada, es incompleta y debe ser completada en la forma que ya se ha
indicado, ya que la Convención de la ONU insta a las partes a que asuman
en su ordenamiento la referida técnica de investigación respecto a todos
los delitos descritos en su artículo tercero.
Además, es preciso tener en cuenta que la regulación de la misma, como
ocurre con la figura del agente encubierto, no persigue otra finalidad
que intentar llegar a descubrir y poner a disposición de los jueces y
tribunales a todos los responsables del delito cometido, sin que las
investigaciones se queden en los escalones inferiores de la cadena de un
tipo de delitos que habitualmente requieren para su comisión un amplio
conjunto de medios materiales y humanos.
Sería pues, paradójico, señorías, que se pueda emplear la entrega
vigilada para la investigación del tráfico de drogas y que no se pueda
emplear en la averiguación y descubrimiento de todos los responsables del
delito de blanqueo de capitales, como consecuencia del cual introduce en
el circuito financiero el producto económico obtenido de aquél,
determinando el criminal enriquecimiento de los partícipes en aquel
tráfico especialmente de los máximos responsables de las organizaciones
dedicadas al mismo.
A igual finalidad obedece la regulación que ahora se pretende llevar a
cabo en la figura del agente encubierto. Con su regulación se legaliza la
misma, solventándose los problemas que la utilización del mismo venía
provocando en cuanto al enjuiciamiento en sus actuaciones por los
tribunales.
En todo caso, la proposición de ley preserva la competencia de éstos para
juzgar y depurar las responsabilidades en que el agente encubierto pueda
incurrir extralimitándose en sus funciones.
Señorías, la complejidad originada por el crecimiento y la consolidación
de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y el blanqueo
de capitales demandaban la búsqueda de nuevas técnicas de investigación,
que tiendan a encontrar soluciones más efectivas y, de ahí, la necesidad
asimismo de diseñar una política criminal que permita investigar estas
organizaciones delictivas, penetrando en su propia estructura con el fin
de conocer su funcionamiento, sus intereses y su financiación.
Dada la eficacia de este instrumento de lucha contra la criminalidad, es
deseable extender su utilización al máximo número de figuras delictivas
posibles en las cuales sea necesario el concurso de organizaciones
criminales. En definitiva, se trata de que delitos tan graves como el
tráfico de armas puedan ser combatidos conforme a lo previsto en el
artículo 263, bis.
Voy finalizando, señor Presidente, haciendo nuestras las manifestaciones
de todos los portavoces, como ya indicamos en el trámite de esta norma en
Comisión. En aquel entonces afirmábamos con rotundidad que el texto que
hoy analizamos y presentamos a la consideración de sus señorías supone un
monumento de generosidad de todos los grupos parlamentarios, y hemos de
sumarnos a las reflexiones que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso exteriorizaba, cuando apostillaba que el
equilibrio entre la eficacia de la norma y el respeto a los derechos
fundamentales y procesales de los encausados está plenamente garantizado.
La convergencia de los grupos mayoritarios de la Cámara en la elaboración
de seis enmiendas que mejoran sustancialmente el texto remitido por el
Congreso de los Diputados y la asunción de la única adición que proponía
el Grupo Socialista nos conduce a un camino de entendimiento sólido.
Señorías, entre todos hemos hecho un ejercicio para amortiguar las
disfunciones, y creemos humildemente que hemos de felicitarnos porque a
dar a luz una norma tan esperada y sustancial como es ésta. Y ello --lo
manifestamos con satisfacción-- nos abre nuevamente el camino del
consenso en temas que tanto afligen a nuestra sociedad, porque estamos
convencidos de que a los más directamente afectados les reconforta
comprobar que los políticos vamos navegando en la misma dirección en este
doloroso tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por tanto, así consta. Muchas gracias.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie
sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su
Majestad el Rey.
Se levanta la sesión hasta mañana a las diez.
Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.
CORRECCION DE ERRORES:
En el Diario de Sesiones número 106, Sesión Plenaria del jueves, 12 de
noviembre de 1998, página 4905, intervención del señor Blancas Llamas,
donde dice: «... la tributación mínima tiene que ser del 85 por
ciento...», debe decir: «... la tributación mínima tiene que ser del 35
por ciento...». Asimismo, donde dice: «Es una enmienda en base al
artículo 25.1.a) del Reglamento de la Cámara...», debe decir: «Es una
enmienda en base al artículo 125.1.a) del Reglamento de la Cámara...». De
la misma manera, donde dice: «A esos contribuyentes se les reduce el 99,7
por ciento...», debe decir: «A esos contribuyentes se les reduce el 29,7
por ciento...».