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DS. Senado, Pleno, núm. 105, de 11/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 105
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 11 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De DON JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la previsión del Gobierno de hacer
públicas las balanzas fiscales de cada Comunidad Autónoma, para que sea
conocida y actualizada periódicamente esta información, que es una
necesidad para la mejor comprensión de la dinámica interna del Estado de
las Autonomías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000600.)
--De DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si considera el Gobierno posible la creación de puestos de trabajo
estables, mediante el control y reducción de las horas extraordinarias
realizadas en la Administración del Estado. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7
de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000620.)
--De DON MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si piensa el Gobierno reconocer o impulsar el lenguaje de signos como
lengua oficial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000621.)
--De DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) los Ayuntamientos de Estepona y Marbella (Málaga). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000606.)
--De DON JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas por el
Gobierno para que se haga realidad el acuerdo del Congreso de los
Diputados, sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo de la
realidad plurilingüe del Estado, que afectará a las emisiones de papel
moneda del Euro. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000618.)
--De DON JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación contradictoria que
se da en la política de subvenciones por parte de la Fundación para la
Formación Continua (FORCEM), con respecto al sector de la construcción.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000617.)
--De DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para dar respuesta a las reivindicaciones de las centrales
sindicales en relación con su política para la protección por desempleo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente
680/000622.)
--De DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Seguridad Social los Ayuntamientos de
Estepona y Marbella (Málaga). (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre
de 1998). (Número de expediente 680/000623.)
--De DON JUAN Moya SANABRIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la cumbre sobre
seguridad y salud laboral celebrada recientemente en Madrid. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000626.)
--De DON LLUIS ARMET I COMA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
piensa el Gobierno cumplir los acuerdos de la cumbre franco-española
celebrada en 1994 acerca de la conexión del Tren de Alta Velocidad (AVE)
entre Madrid, Barcelona y Francia, que preveían el enlace con Francia
para el año 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000624.)
--De DON PEDRO LUIS CALVO POCH, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones de actuación de la prolongación del tren de
cercanías de la línea C1 de Tres Cantos a Colmenar Viejo, en la Comunidad
de Madrid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 680/000629.)
--De DON AGUSTIN GARCIA MILLAN, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras de la autovía
del noroeste en el tramo comprendido entre San Román de Bembibre y
Villafranca del Bierzo, en la provincia de León. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578,
de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000630.)
--De DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si goza el Vicepresidente Primero de la confianza del
Presidente del Gobierno. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 680/000605.)
--De DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la
emisión en directo y en exclusiva que realizará Televisión Española, S.
A. (TVE), de la boda de una conocida pareja de resonancia social que
tendrá lugar en Sevilla el día 23 de octubre de 1998. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578,
de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000610.)
--De DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si tiene conocimiento el Gobierno de un documento
remitido desde el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al Fiscal General del
Estado, en el que se vierten acusaciones contra distintas instituciones
públicas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 680/000625.)
--De DOÑA LAURA MARTINEZ BERENGUER, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si cree el Gobierno que con las medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas se cubren las
expectativas que garanticen las necesidades de vivienda de los militares
en activo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 680/000627.)
--De DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre los datos que posee el Ministro del Interior para afirmar
públicamente y en calidad de su cargo, que la banda terrorista ETA manda
entre los firmantes del «Acuerdo de Estella». (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7
de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000619.)
--De DON MANUEL ACACIO COLLADO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los motivos que han llevado a las autoridades españolas a
la prohibición cautelar de importación de animales de raza bovina de
Portugal. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 680/000628.)
--De DON JOSE IGNACIO CENICEROS GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas que se van a adoptar para mejorar la
seguridad de la circulación vial en la autovía de Logroño. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 680/000631.)
Segundo
Interpelaciones:
--De DON ANGEL FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el acuerdo alcanzado entre el sector eléctrico y el Gobierno en relación
con la implantación del diseño que configura el actual marco normativo de
dicho sector. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 670/000104.)
--De DON ANTONIO GARCIA CORREA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno tendentes a la dinamización
económica, mejora de las infraestructuras, planes de formación y
saneamiento medioambiental de las zonas y comarcas afectadas por la
crisis de las empresas de minería no energética, de similares
características a las medidas contempladas en el Plan 1998-2005 de la
Minería del Carbón. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 670/000109.)
--De DON JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en materia
de becas y de transferencias pendientes. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7
de noviembre de 1998). (Número de expediente 670/000106.)
--De DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno acerca del sistema de
precios de referencia para la financiación pública de medicamentos y los
efectos de su aplicación. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 670/000110.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el
Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y
92/13/CEE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 109,
de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado
621/000109.) (Número de expediente Congreso 121/000112).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 100, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número
de expediente Senado 621/000100). (Número de expediente Congreso
121/000113.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 4812)
De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la previsión del Gobierno de hacer
públicas las balanzas fiscales de cada Comunidad Autónoma, para que sea
conocida y actualizada periódicamente esta información, que es una
necesidad para la mejor comprensión de la dinámica interna del Estado de
las Autonomías (Página 4812)
El señor Ferrer i Roca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer i Roca.
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si considera el Gobierno posible la creación de puestos de trabajo
estables, mediante el control y reducción de las horas extraordinarias
realizadas en la Administración del Estado (Página 4813)
El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díez González. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si piensa el Gobierno reconocer o impulsar el lenguaje de signos como
lengua oficial (Página 4815)
El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arjona
Santana.
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) los Ayuntamientos de Estepona y Marbella (Málaga) (Página 4816)
El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene
de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno de dúplica, lo hace el señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para
que se haga realidad el acuerdo del Congreso de los Diputados sobre la
política del Gobierno en materia de desarrollo de la realidad plurilingüe
del Estado, que afectará a las emisiones de papel moneda del Euro
(Página 4818)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene
de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De don Joan Horaci Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación contradictoria que se
da en la política de subvenciones por parte de la Fundación para la
Formación Continua (FORCEM), con respecto al sector de la construcción
(Página 4819)
El señor Simó i Burgués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para dar respuesta a las reivindicaciones de las centrales
sindicales en relación con su política para la protección por desempleo
(Página 4820)
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez de la Borbolla Camoyán. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Seguridad Social los Ayuntamientos de
Estepona y Marbella (Málaga) (Página 4821)
El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano
Vázquez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Juan Moya Sanabria, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración que hace el Gobierno de la cumbre sobre seguridad y
salud laboral celebrada recientemente en Madrid (Página 4823)
El señor Moya Sanabria formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra).
De don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
piensa el Gobierno cumplir los acuerdos de la cumbre franco-española
celebrada en 1994 acerca de la conexión del Tren de Alta Velocidad (AVE)
entre Madrid, Barcelona y Francia, que preveían el enlace con Francia
para el año 2004 (Página 4824)
El señor Armet i Coma formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Armet i Coma. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones de actuación de la prolongación del tren de
cercanías de la línea C1 de Tres Cantos a Colmenar Viejo, en la Comunidad
de Madrid (Página 4825)
El señor Calvo Poch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Calvo Poch.
De don Agustín García Millán, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras de la autovía
del noroeste en el tramo comprendido entre San Román de Bembibre y
Villafranca del Bierzo, en la provincia de León (Página 4826)
El señor García Millán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor García Millán.
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si goza el Vicepresidente Primero de la confianza del Presidente
del Gobierno (Página 4827)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la emisión en
directo y en exclusiva que realizará Televisión Española, S. A. (TVE), de
la boda de una conocida pareja de resonancia social que tendrá lugar en
Sevilla el día 23 de octubre de 1998 (Página 4828)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué
i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de
las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Industria y Energía (Piqué i Camps).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si
tiene conocimiento el Gobierno de un documento remitido desde el
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al Fiscal General del Estado, en el que
se vierten acusaciones contra distintas instituciones públicas (Página 4829)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De doña Laura Martínez Berenguer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si cree el Gobierno que con las medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de la Fuerzas Armadas se cubren las
expectativas que garanticen las necesidades de vivienda de los militares
en activo (Página 4830)
La señora Martínez Berenguer formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Martínez Berenguer.
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre los datos que posee el Ministro del Interior para afirmar
públicamente y en calidad de su cargo, que la banda terrorista ETA manda
entre los firmantes del «Acuerdo de Estella»
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Manuel Acacio Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los motivos que han llevado a las autoridades españolas a
la prohibición cautelar de importación de animales de raza bovina de
Portugal
Esta pregunta ha sido retirada.
De don José Ignacio Ceniceros González, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas que se van a adoptar para mejorar la
seguridad de la circulación vial en la autovía de Logroño
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 4831)
De don Angel Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
acuerdo alcanzado entre el sector eléctrico y el Gobierno en relación con
la implantación del diseño que configura el actual marco normativo de
dicho sector (Página 4831)
El señor Franco Gutiez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Franco Gutiez, por el Grupo Socialista, y Unceta Antón, por el
Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Industria y Energía
(Piqué i Camps).
De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno tendentes a la dinamización
económica, mejora de las infraestructuras, planes de formación y
saneamiento medioambiental de las zonas y comarcas afectadas por la
crisis de las empresas de minería no energética, de similares
características a las medidas contempladas en el Plan 1998-2005 de la
Minería del Carbón (Página 4842)
El señor García Correa realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Simó i Burgués, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; García Correa, por el Grupo Socialista, y Esteban Albert, por el
Grupo Popular. El señor García Correa interviene de nuevo en virtud del
artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de Industria y Energía
(Piqué i Camps).
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència
i Unió, sobre la política del Gobierno en materia de becas y de
transferencias pendientes (Página 4851)
El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y
Gil de Biedma). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ferrer Roselló, por el
Grupo Mixto; Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Fernández
Rozada, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de
Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios del Gobierno acerca del sistema de
precios de referencia para la financiación pública de medicamentos y los
efectos de su aplicación
Esta interpelación ha sido aplazada.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4858)
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y
92/13/CEE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4858)
El señor Cañellas Fons, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor García Carnero consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y García Carnero, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Mixto por 1 voto a favor, 191
en contra y 3 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 18. El señor Caballero Lasquibar da por defendidas las enmiendas
números 44 a 52, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Beguer i Oliveres defiende la enmienda número 54, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán
defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 31 a 34, 36, 38, 39 y
41 a 43, así como la supresión de la disposición adicional cuarta, nueva,
incorporada por la enmienda número 28, del Grupo Popular, retirando la
número 35. El señor Huidobro Díez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto, y Huidobro Díez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 13 y 16, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 197 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 10, 12 y 17, del Grupo Mixto, por 2
votos a favor, 120 en contra y 77 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 9, 11, 14, 15 y 18, del Grupo
Mixto, por 79 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 6 votos a favor, 192 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 83 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 44 a 50, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 190 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31 a 34, 36, 38, 39 y 41 a 43, del
Grupo Socialista, por 79 votos a favor y 120 en contra.
Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la supresión de
la disposición adicional cuarta, nueva, por 79 votos a favor, 121 en
contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 6 votos a favor, 187 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 3 y 19 del dictamen por 120 votos a favor, 2 en
contra y 78 abstenciones.
Se aprueba el artículo 51 del dictamen por 194 votos a favor y 6 en
contra.
Se aprueba la disposición adicional cuarta por 121 votos a favor, 4 en
contra y 75 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 198 votos
a favor, 1 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias (Página 4868)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la propuesta
de veto número 3. El señor Granado Martínez defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Socialista. El señor Utrera Mora consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Granado Martínez, por el Grupo
Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 83 votos a
favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Mixto, por 83 votos a
favor, 123 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 36. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 156 a 214. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas
números 39 a 57, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 217 a 221, 223 a 229, 231
a 235, 237, 238, 241, 242 y 246, retirando la número 243, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Cobo Fernández
defiende las enmiendas números 58 a 65 y 67 a 155, del Grupo Socialista.
(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 106, del jueves 12 de
noviembre de 1998)
Se suspende la sesión a las veinte horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON JOAQUIM FERRER I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA PREVISION DEL GOBIERNO DE HACER
PUBLICAS LAS BALANZAS FISCALES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, PARA QUE SEA
CONOCIDA Y ACTUALIZADA PERIODICAMENTE ESTA INFORMACION, QUE ES UNA
NECESIDAD PARA LA MEJOR COMPRENSION DE LA DINAMICA INTERNA DEL ESTADO DE
LAS AUTonomIas. (680/000600)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, preguntas. En
primer lugar, la de don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la previsión del
Gobierno de hacer públicas las balanzas fiscales de cada Comunidad
Autónoma, para que sea conocida y actualizada periódicamente esta
información, que es una necesidad para la mejor comprensión de la
dinámica interna del Estado de las Autonomías.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en la etapa de madurez del Estado de las Autonomías en la
que nos encontramos se ha suscitado la necesidad de disponer de un
instrumento que se denomina balanzas fiscales, que sería aquel
instrumento realizado con la garantía del Estado para informar sobre la
aportación que cada Comunidad hace al Estado y lo que recibe de éste.
Esta preocupación ya se suscitó en una moción que presentó nuestro Grupo
al terminar el debate sobre el Estado de las Autonomías, en 1997. Esta
moción fue rechazada en el Senado pero unos meses después fue aprobada en
el Congreso de los Diputados, y este año ha vuelto a ser aprobada.
Como sea que no tenemos noticias de que se estén elaborando esas balanzas
fiscales y continuamos experimentando la necesidad de disponer de ellas,
formulo al señor Ministro la pregunta sobre cuándo tiene previsto el
Gobierno hacer públicas estas balanzas fiscales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Lo que plantea el señor Ferrer es que se hagan públicas las balanzas
fiscales, es decir, que se diga --así lo entiendo
yo-- cuánto aporta cada Comunidad Autónoma al conjunto de la recaudación
total estatal --se entiende que los ciudadanos que viven en esa Comunidad
Autónoma, que son los que pagan los impuestos-- y cuánto recibe del
conjunto de esa recaudación total la Comunidad Autónoma de que se trata.
Entiendo que la petición --así se señala en la exposición de motivos-- no
se hace para negar el concepto de solidaridad, sino simplemente para una
mejor comprensión de la dinámica interna del Estado de las Autonomías.
Es verdad que el Senado rechazó en su día una moción y el Congreso la
aprobó en un debate posterior. El Gobierno, cumpliendo las indicaciones
del Congreso, ha trabajado en este asunto; ha utilizado ya alguna
metodología para elaborar tan compleja balanza fiscal y nos gustaría
--aunque no puedo asumir el compromiso de que vaya a ser así pero vamos a
intentarlo-- poder presentar en una próxima reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera una metodología que nos sirva para
confeccionar esa balanza.
Y quiero señalarle al señor Senador, porque creo que no sería leal por mi
parte decir otra cosa, que es ciertamente compleja la elaboración de esta
balanza tanto en los ingresos como en los gastos, y voy a darle algunos
datos.
Señor Ferrer, en el capítulo de ingresos, en impuestos como el de la
Renta de las Personas Físicas, el hecho gravado es la obtención de la
renta, independientemente del territorio en que se haya generado; lo
mismo ocurre con el de sociedades, que grava el beneficio social,
independientemente del lugar en el que se haya producido, y en ambos el
criterio de residencia del sujeto pasivo tan sólo sirve para determinar
las obligaciones fiscales de carácter administrativo.
Mucho más compleja es la situación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido, que a su vez está diseñado para ser gestionado a nivel nacional,
independientemente de que los flujos comerciales o la producción tengan
una dimensión local, regional o autonómica. Y por si ello fuera poco, hay
algunos impuestos especiales de fuerte poder recaudatorio, como son los
impuestos sobre el proceso de fabricación, con el objeto de poder
facilitar su recaudación a nivel nacional. Es decir, que es ciertamente
complejo, por no entrar ya en el análisis de la Seguridad Social.
Pero tampoco son fáciles las cosas desde el punto de vista del gasto
porque, primero, muchos de los gastos generales de los presupuestos se
podrían --aunque hay que reconocer que es difícil-- imputar o distribuir
por Comunidades, y me refiero a esos gastos que no son
territorializables. Pero es que hay algunos gastos de los llamados
territorializables que tampoco se sabe si es justo o injusto imputárselos
a una Comunidad o a más; piensen, por ejemplo, en las carreteras, en los
ferrocarriles, en los pantanos o en muchos otros servicios públicos.
Por tanto, el asunto es complejo, difícil, no va a ser fácil llegar a un
acuerdo sobre una metodología que, en cualquier caso, no va a ser
aceptada por todos y, desde luego, lo que va a ser mucho más complejo es
llegar a un análisis sobre los resultados.
Quiero ponerle de relieve estas dificultades, que fueron las que
justificaron que mi Grupo votara que no tanto en el Senado como en el
Congreso, pero, en cualquier caso, como soy consciente de que tenemos que
hacer lo que nos dice el Parlamento, quiero significarle también, como le
dije al principio de mi intervención, que estamos haciendo un esfuerzo
para ver si somos capaces de buscar una metodología, habiendo manejado ya
alguna que ciertamente no nos pareció la más correcta. De hecho, se han
publicado distintos estudios en algunos medios de comunicación recogiendo
resúmenes de algunos manuales sobre estos asuntos, cuyos resultados tengo
que decir que son bastante discutibles --todo depende de la óptica desde
la cual se mire.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señor Ministro.
No discuto la complejidad de las balanzas fiscales, pero como, señor
Ministro, no es un lujo, no es un adorno del que queramos disponer, sino
que es una necesidad --digámoslo claro-- para atajar la frivolidad de
muchísima gente, o de algunos, y para atajar también la demagogia que se
hace con frecuencia sobre la aportación de determinadas Comunidades
Autónomas al quehacer conjunto del Estado, a pesar de la dificultad no
habrá más remedio --aparte del acuerdo parlamentario que se ha producido
por dos veces-- que trabajar intensamente en ello. Porque, insisto,
nosotros no formulamos este propósito político y lo reiteramos porque sí,
sino porque representa una necesidad para nosotros. Y cuando digo
nosotros no me refiero solamente a la Comunidad catalana, me refiero
también a la del País Valenciano, a la de las islas Baleares o a otras.
Necesitamos este instrumento para conocer exactamente dónde estamos y,
seguramente, también será un instrumento que sirva para mejorar el
funcionamiento en los próximos años. Total, que es un instrumento
necesario en esta etapa ya de madurez del Estado de las Autonomías. Por
consiguiente, señor Ministro, yo le reitero la necesidad de incentivar
todo lo que se pueda la elaboración de los criterios y la misma redacción
de las balanzas fiscales.
Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca (El señor
Ministro de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.)
El señor Ministro consumió su tiempo de intervención en la primera parte,
incluso con creces, y reglamentariamente no puedo darle la palabra.
-- DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO POSIBLE LA CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO
ESTABLES MEDIANTE EL CONTROL Y REDUCCION DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
REALIZADAS EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. (680/000620)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno posible la
creación de puestos de trabajo estables mediante el control y reducción
de las horas extraordinarias realizadas en la Administración del Estado.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta queda formulada en los términos expresados por su señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Señor Ministro de Administraciones Públicas, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, a efectos de responder a esta pregunta, hay que distinguir
entre el personal funcionario y el laboral.
El personal funcionario realiza horas extraordinarias que son retribuidas
en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios prestados
fuera de la jornada normal, lo cual está regulado en la Ley 30/1984 de
Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se trata de
gratificaciones por trabajos realizados fuera de la jornada normal sin
que, en ningún caso --y esto es importante--, puedan ser fijas en su
cuantía y periódicas en su devengo. Esta norma de la Ley de 1984 es
ratificada en los Presupuestos Generales del Estado del presente año,
1998, donde se reitera el carácter excepcional de estas horas
extraordinarias.
Y precisamente por ese carácter excepcional es bastante difícil que se
pueda crear un número significativo de nuevos puestos de trabajo con
carácter estable a través de la reducción del concepto presupuestario
destinado a la retribución de las horas extraordinarias del personal
funcionario. Es decir, que se trata de gratificaciones por trabajos
extraordinarios no predecibles, no son fijos ni en cuantía ni en
periodicidad y, por tanto, es muy difícil que puedan servir a esos
efectos.
Cosa distinta es el personal laboral, que recibe el 0,4 por ciento de sus
retribuciones en concepto de horas extraordinarias. En ese sentido,
quiero señalar que en el proceso de elaboración del convenio único para
el personal laboral de la Administración General del Estado que estamos
negociando actualmente con las centrales sindicales, se está teniendo muy
en cuenta este tema; así, en el citado convenio se establece que las
horas extraordinarias se reducirán a un máximo de sesenta horas anuales y
se compensarán preferentemente con tiempo de descanso.
Se consigna también, como declaración general, que se procurará la
reducción de las horas extraordinarias y, por tanto, aquí sí que hay un
campo mayor para crear puestos de trabajo estables. Ahora bien,
cuantificar cuántos puestos de trabajo pueden crearse es ciertamente
complejo, pues dependerá no sólo de la reducción del número efectivo de
horas, sino también de otros muchos de los factores que se tienen en
cuenta a la hora de elaborar la oferta pública de empleo, entre los
cuales están --a título de ejemplo--, las altas y bajas del personal por
distintas causas, las redistribuciones y reasignaciones de efectivos
entre Ministerios, los estudios sobre necesidades de nuevo personal en
las distintas áreas o sectores de la Administración General del Estado,
etcétera.
En resumen, veo difícil hacer esto en el caso de los funcionarios
públicos, sin embargo, hay más posibilidades de llevarlo a cabo --y se
está trabajando en ello-- con los laborales de la Administración, que en
este momento son en total unas cien mil personas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Díez González, tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿por qué planteamos esta pregunta? A nuestro juicio, el
Gobierno está obsesionado en que la única política de empleo posible es
la que procede del crecimiento económico, y creemos que esto es un error.
Incluso la Cumbre de Luxemburgo así lo afirmaba y los gobiernos de
carácter progresista en Europa están asumiendo las políticas activas de
empleo que debe desarrollar todo gobierno, en las cuales el papel de las
horas extraordinarias tiene bastante que decir.
A nuestro juicio, en las administraciones públicas también tiene que
desarrollarse una política activa de empleo con la reducción de las horas
extraordinarias. Porque, señor Ministro, el pasado año --y usted tiene
los datos porque nos los ha facilitado por vía parlamentaria-- en la
Administración del Estado y en los organismos autónomos dependientes de
su señoría, del Gobierno de la nación, se realizaron aproximadamente
800.000 horas extraordinarias, casi todas ellas en el ámbito
correspondiente a los trabajadores laborales. Concretamente, los
Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente aglutinaron aproximadamente
500.000 horas extraordinarias. En el conjunto de las administraciones
públicas, no solamente las dependientes de la Administración del Estado,
se han realizado cerca de cuatro millones de horas extraordinarias.
Creemos, por tanto, que el Gobierno debería impulsar una política --no es
la más importante pero sí una más a tener en cuenta-- de creación de
empleo en este ámbito, concertando acuerdos con las organizaciones
sindicales correspondientes de forma que vayan disminuyendo las horas
extraordinarias al tiempo que se transforman en empleos estables. Creo
que ésa es una política que, como he dicho antes, se sugiere en el
acuerdo de Luxemburgo y que no vemos en la actuación del Gobierno
español.
Avanzaríamos, señor Ministro, hacia un reparto de trabajo real, auténtico
y, por otra parte, trabajaríamos menos precisamente para trabajar todos.
Esa es una dinámica
--repito-- que se diseña en la Cumbre de Luxemburgo y que no vemos en las
políticas que el Gobierno español está desarrollando. El Ministerio de su
competencia debería hacer un esfuerzo para llegar a esa realidad,
esfuerzo que, sin ninguna duda --y usted lo reconocía en su
intervención-- puede crear empleo estable en un ámbito en el que el
Gobierno tiene plena competencia a través de la concertación adecuada con
los agentes sindicales representativos de los funcionarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor
Díez González, pero con otras ya no lo estoy tanto.
Yo no creo que la función básica de las administraciones públicas sea la
creación de empleo; creo más bien que su función básica es generar las
condiciones y, sobre todo, adoptar las medidas presupuestarias y
económicas que permitan que los agentes sociales creen empleo. No
olvidemos que más del 80 por ciento de los empleados en España lo están,
sobre todo, en pequeñas y medianas empresas, aunque también haya en las
grandes. En cualquier caso, sí estoy de acuerdo con los datos. Es verdad
que el Ministerio de Medio Ambiente y el de Fomento tienen un número
enorme de horas extraordinarias. El caso de Medio Ambiente es
perfectamente entendible, porque hay más laborales que funcionarios en
ese Ministerio.
También estoy de acuerdo en que, dentro de lo que son las competencias de
la Administración central del Estado, algo hay que hacer. Es una pequeña
aportación dentro de lo que es el conjunto. En el ámbito funcionarial ya
le he dicho que lo veo difícil; en el de los laborales, lo veo menos
difícil. Por eso le repito que en el convenio que estamos negociando
estos días, y que me gustaría poder cerrar pronto, con las organizaciones
sindicales se prevé una reducción de estas horas extraordinarias. Pero en
cualquier caso, la oferta de empleo público depende de muchos factores;
sin duda de éste, pero también depende de las necesidades de la
Administración, de la posibilidad de que exista o no movilidad entre
ministerios, y de otros asuntos.
Por lo tanto, no es que esté en desacuerdo con lo que ha dicho usted.
Tengo un acuerdo parcial. Y en cuanto a los contratados laborales de la
Administración, le informo de que esa es la vía por donde irán nuestros
planteamientos en el futuro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
-- DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO RECONOCER O IMPULSAR EL LENGUAJE DE SIGNOS
COMO LENGUA OFICIAL. (680/000621)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Arjona Santana, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno reconocer o
impulsar el lenguaje de signos como lengua oficial.
Tiene la palabra el Senador Arjona Santana.
El señor ARJONA SANTANA: Señor Presidente, señora Ministra, en España
existen más de 200.000 personas que no oyen absolutamente nada, y son más
de 400.000 las que tienen problemas muy graves de audición, personas que
viven en un mundo de silencio y ruido y que, para comunicarse, tienen que
utilizar la mirada, los labios, las manos o los gestos. Son un gran
colectivo de hombres y de mujeres inteligentes y capaces de valerse por
sí mismas, pero necesitan medios para no sentirse discriminados respecto
a otros ciudadanos. No debe seguir tratándoseles como a un colectivo de
discapacitados, y hay que reconocerlos como lo que son: una minoría
lingüística. Existen medios para conseguir que puedan comunicarse
correctamente. Si se ponen esos medios, podrán integrarse adecuadamente
en la vida social, en el trabajo, en la educación, en definitiva, en la
sociedad.
Para conseguirlo hay que dar los pasos necesarios dirigidos a reconocer
el lenguaje de signos como lengua oficial, con todos los derechos que eso
conllevaría, y las obligaciones de contar con intérpretes, al menos en
centros oficiales, así como otras medidas como serían la enseñanza en
centros especiales, etcétera.
Son ya bastantes los países que han adoptado o están en vías de adoptar
el lenguaje de signos como lengua oficial. Así, Estados Unidos, Noruega,
Suecia, Dinamarca, Suiza, Argentina, y algunos incluso como Finlandia y
otros, reconocen en sus propias constituciones esta lengua que, en
diferentes formas, es la que aprenden millones de sordos en todo el
mundo.
Por todo ello, señora Ministra, le pregunto: ¿Piensa el Gobierno
reconocer e impulsar el lenguaje de signos como lengua oficial, y qué
pasos y medidas está dando para que así sea considerada?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arjona Santana.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Compartimos con el Senador que acaba de intervenir su preocupación por
ese colectivo de personas que tienen ese problema de audición. El
Gobierno está trabajando en la línea marcada por la proposición no de ley
que el Congreso
de los Diputados aprobó el pasado día 16 de diciembre del año 1997, por
unanimidad, en la Comisión de Política Social y Empleo.
En esa proposición se instaba al Gobierno a elaborar un informe detallado
de las medidas que pueden adoptarse para el progresivo reconocimiento e
implantación del lenguaje de signos, así como la evaluación de las
necesidades y consecuencias que tendría para las distintas
administraciones su implantación generalizada.
El Gobierno ha tenido desde el primer momento --y antes de ser Gobierno
también, y así lo ha demostrado en las distintas proposiciones no de ley
que se debatieron en el Congreso y aquí en el Senado en la Comisión
especial que se constituyó para las minusvalías en el año 1992-- una
especial sensibilidad para apoyar la lengua de signos como medio
fundamental de comunicación de las personas sordas.
El Ministerio de Educación y Cultura, que es el ámbito que a mí me
compete, ha firmado, como forma específica para el apoyo de este
lenguaje, un convenio con la Confederación Nacional de Sordos Españoles
por el cual contratamos todos los años intérpretes de la lengua de signos
y asesores sordos destinados a los institutos de enseñanza secundaria.
Este año se han aprobado, por primera vez, los ciclos formativos de
Formación Profesional y el título superior de interpretación de lengua de
signos que tiene ya su reconocimiento oficial. Tiene 2.000 horas de
duración y es el que dará lugar al título de técnico superior. Se ha
autorizado, precisamente, a la Confederación Nacional de Sordos para que
imparta estas titulaciones.
El Real Decreto 696/1995, de ordenación de la educación de los alumnos
con necesidades educativas especiales, establece en el artículo 8.6 la
necesidad de que la administración educativa favorezca el reconocimiento
y el estudio de la lengua de signos y facilite su utilización en los
centros docentes.
Así lo estamos haciendo en los centros docentes en los que especialmente
se integran alumnos con estos problemas. Estamos trabajando activamente
para facilitar la plena integración de todas aquellas personas que tienen
algún tipo de discapacidad y especialmente aquellas a las que su señoría
se refiere, que son las que tienen el problema de audición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Arjona Santana.
El señor ARJONA SANTANA: Gracias.
Señora Ministra, tomo nota de su respuesta. El Grupo Parlamentario
Socialista va a seguir muy cuidadosamente el desarrollo de todas las
iniciativas que tome el Gobierno porque creemos que es de justicia que a
este gran colectivo, discriminado como decía anteriormente, se le busquen
soluciones, unas soluciones que están al alcance de una sociedad como la
nuestra. Es necesario que cuanto antes todos nos pongamos en marcha para
buscarlas y, fundamentalmente, el Gobierno que es al que le corresponde.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arjona Santana.
¿Señora Ministra desea intervenir? Gracias.
-- DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A REALIZAR EL GOBIERNO ANTE LAS
DEUDAS QUE MANTIENEN CON LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(AEAT) LOS AYUNTAMIENTOS DE ESTEPONA Y MARBELLA (MALAGA). (680/000606)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco José Zamorano Vázquez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar
el Gobierno ante las deudas que mantienen con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) los Ayuntamientos de Estepona y Marbella
(Málaga).
Tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, en los últimos días hemos asistido a
un sinfín de declaraciones sobre la difícil situación económica y las
deudas de los Ayuntamientos de Marbella y Estepona gobernados por Gil,
así como de las sociedades municipales por ellos participadas.
Como bien conoce, a lo largo de toda esta Legislatura me he interesado en
muchas ocasiones por la situación de estos Ayuntamientos y por sus
deudas. De hecho, le he formulado más de cincuenta preguntas escritas
interesándome por este asunto. Me he interesado por las deudas de IRPF
que había sido retenido y no ingresado, por las deudas de IVA no
ingresado y por otros conceptos tributarios. Igualmente, me había
interesado por si se había iniciado algún tipo de inspección tributaria.
En todos los casos usted se ha negado a facilitarme los datos alegando el
carácter reservado de los mismos. Yo discrepo de esta interpretación.
Entiendo que las cuentas de las entidades y de las empresas públicas
deben ser públicas y no pueden tener en ningún caso un carácter
reservado. Ha de haber transparencia. Las cuentas deben ser diáfanas.
Por ello, espero que en esta ocasión facilite a la Cámara los datos y
exponga las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las deudas que
mantienen con la Agencia Tributaria los ayuntamientos gobernados por Gil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Senador.
Las actuaciones de la administración tributaria en relación a cualquier
contribuyente son las que establece la ley y, por tanto, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, como organización administrativa
responsable en nombre y por cuenta del Estado de la aplicación efectiva
del sistema tributario estatal y aduanero, tiene entre sus funciones
desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para que el
sistema tributario se aplique con generalidad y eficacia a todos los
obligados.
En concreto, y en relación con la recaudación de tributos de los que son
deudores las corporaciones locales, la Agencia Tributaria actúa siguiendo
las pautas recogidas a esos efectos principalmente en la Ley General
Tributaria y en el Reglamento general de recaudación. Para hacer frente a
las deudas tributarias, las corporaciones locales, al igual que el resto
de los obligados tributarios, tienen posibilidad de solicitar, tanto en
período voluntario como ejecutivo, el aplazamiento o fraccionamiento,
según el artículo 48 y siguientes del Reglamento general de recaudación.
Si la deuda no es satisfecha en el período voluntario de pago y no se
solicita aplazamiento o fraccionamiento, siendo las corporaciones locales
entes inapremiables, como sabe su señoría, el medio con que cuenta la
Agencia Tributaria para hacer efectiva la deuda es el procedimiento de
compensación regulado en el artículo 68.2 de la Ley General Tributaria y
en el artículo 63 del Reglamento que antes he mencionado.
De acuerdo con la normativa citada, la compensación se realiza, en primer
lugar, con los créditos que a favor de las entidades citadas existan en
las correspondientes delegaciones y, en segundo lugar, con cargo a las
cantidades que correspondan sobre los importes que la Administración del
Estado deba transferir a aquéllas, cuestión esta última regulada por la
disposición adicional decimocuarta de la Ley de las Haciendas Locales así
como por el artículo 82 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998.
En relación con las informaciones sobre actuaciones concretas, difiero de
la interpretación de su señoría, y así me lo hacen ver los servicios
jurídicos del Ministerio ya que, según lo dispuesto en los apartados 1 y
2 del artículo 113 de la Ley General Tributaria, no resulta posible
proporcionar datos o hechos concretos sobre ningún sujeto tributario. Por
tanto, me tengo que limitar a darle a su señoría la información que acabo
de darle.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, su actitud de no facilitar los datos de las deudas
solicitados a la Agencia Tributaria contrasta con la de otros
representantes del Partido Popular, e incluso con la de su propio
Gobierno, como se ha puesto de manifiesto estos días en los distintos
medios de comunicación.
Desde luego, tengo que discrepar de esa interpretación de dar carácter
reservado al conocimiento de las cuentas públicas, pero en cualquier caso
quiero hacer unas consideraciones en relación con estos ayuntamientos.
Cuando unos ayuntamientos como los de Marbella y Estepona, utilizando
todos los medios a su alcance y contando con lamentables complicidades,
intentan confundir permanentemente a la opinión pública, ocultan y
engañan de forma intencionada su situación, limitan la participación
democrática e imponen el oscurantismo total en sus actuaciones,
corresponde a las demás administraciones restablecer la normalidad y la
transparencia para que los ciudadanos puedan conocer y valorar la
situación.
Pero, además, señor Vicepresidente del Gobierno, existe en la sociedad
una sensación de que Gil puede actuar con absoluta impunidad y de que no
sucede nada, y usted debe convenir conmigo en que el que exista esta
sensación no es bueno. Existe la sensación de que desde el Gobierno no se
tratan las actuaciones de Gil de la misma forma que las tratarían si las
realizara cualquier otro ciudadano, empresa o entidad. Usted debería
convenir conmigo en que la existencia de esta sensación no es buena.
Existe la sensación de que la Administración, en este caso la
administración tributaria, no tiene la misma diligencia para actuar sobre
Gil que la que tiene para actuar sobre cualquier otro ciudadano, empresa
o entidad. Convendrá conmigo, señor Vicepresidente, en que la existencia
de esta sensación no es buena.
Pero yo no le voy a pedir ningún tipo de actuación especial sobre Gil. Lo
único que le voy a pedir es que actúe igual que lo haría con el resto de
los españoles, con el resto de las entidades públicas, y que actúe con la
máxima diligencia y con la máxima transparencia posible. Porque esa
sensación de impunidad de los actos de Gil debe ser superada por toda la
sociedad para que todos veamos de una forma clara y diáfana que somos
tratados igual por la Agencia Tributaria y para que todas las actuaciones
de las administraciones públicas puedan ser un ejemplo para todos los
ciudadanos.
Señor Ministro, las ciudades de Marbella y Estepona tienen una
trascendencia internacional, y debe tener en cuenta la singularidad de
las actuaciones de sus propios alcaldes; actuaciones que también
trascienden del mero ámbito nacional y tienen un reflejo a nivel
internacional. Por ello, creo que el Ministerio tiene la obligación de
contribuir de forma clara y diligente a disipar todas las dudas y
clarificar esta situación. Y se lo pido, señor Ministro, en beneficio de
la salud democrática de este país.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, confundir el derecho a la reserva de los datos tributarios
de todo contribuyente con la impunidad es una confusión excesiva y que su
señoría no ha hecho, pero a la que casi nos ha llevado.
Todas las valoraciones políticas sobre la gestión municipal de
ayuntamientos concretos son por cuenta de su señoría, y yo puedo
compartirlas o no políticamente. Pero que saque como consecuencia que
como usted tiene una determinada percepción política debe haber datos
tributarios que sean públicos y otros que no lo sean es un error que no
puedo compartir.
De lo que aquí se trata no es de hacer un juicio sobre la gestión
criticable de un determinado alcalde o de varios, sin que yo tenga que
entrar ahora en esa cuestión, sino de que los datos tributarios en España
son reservados para todo el mundo. Por tanto, que su señoría también
saque como consecuencia que el derecho de reserva significa que la
administración no está actuando tampoco se corresponde con la realidad.
Esté, pues, absolutamente seguro de que la actuación de la administración
tributaria no sólo es igual para todos los españoles y para todas las
personas jurídicas y entidades públicas, sino que además es rigurosa y
exigente. Pero, contando con ese rigor y exigencia, estoy seguro de que
su señoría compartirá conmigo que los sujetos tributarios están
protegidos por la ley independientemente de la opinión de su señoría
sobre esos sujetos. Porque si la protección de la ley variara en función
de la opinión que tenemos sobre las personas protegidas coincidirá
conmigo en que habríamos abandonado el Estado de Derecho, y estoy seguro
de que ni su señoría ni yo tenemos la menor intención de hacerlo. Y si
hay personas que lo abandonan, eso no nos lleva a los demás a tenerlo que
abandonar, sino todo lo contrario.
Por tanto, paso a leerle literalmente lo que el servicio jurídico de la
Agencia Tributaria me indica sobre su pregunta: El servicio jurídico
considera que la información solicitada a la administración tributaria en
la pregunta de referencia --que es la de su señoría-- tiene carácter
reservado, por lo que no resulta legalmente posible que la Agencia
facilite los datos requeridos.
Por otro lado, su señoría sabe que esta contestación se la había
anunciado personalmente. Por tanto, cuantas veces me pregunte sobre esta
cuestión le tendré que contestar lo mismo, como también le digo que no
tenga ningún miedo a pensar que la actuación de la administración
tributaria es igual para todos, rigurosa y exigente.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
-- DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
GOBIERNO PARA QUE SE HAGA REALIDAD EL ACUERDO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DESARROLLO DE LA
REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO, QUE AFECTARA A LAS EMISIONES DE PAPEL
MONEDA DEL EURO. (680/000618)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Josep Varela i Serra,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para que se haga realidad el
acuerdo del Congreso de los Diputados sobre la política del Gobierno en
materia de desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado, que afectará
a las emisiones de papel moneda del euro.
Senador Varela i Serra, su señoría tiene la palabra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, en el Pleno del Congreso de
los Diputados se aprobó el 23 de diciembre del año pasado una moción
sobre la política del Gobierno en materia de atención a la diversidad
plurilingüe del Estado. En ella se instaba al Gobierno a fomentar la
realidad plurilingüe del Estado, y concretamente se pedía que dicha
realidad se reflejase en las emisiones de papel moneda. Por tanto, ante
la cercanía de la puesta en circulación del euro, ¿qué medidas ha
adoptado el Gobierno para que el acuerdo del Congreso, es decir, tener un
euro plurilingüe en España, pueda hacerse efectivo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela i Serra.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, su señoría tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, efectivamente, la moción aprobada por el Congreso de los
Diputados instaba al Gobierno a reflejar en las nuevas emisiones de papel
moneda la realidad plurilingüe del Estado español, y quisiera hacer las
siguientes consideraciones al respecto.
En primer lugar, el Tratado de Maastricht establece que un Estado miembro
de la unión económica y monetaria no podrá modificar los textos de los
billetes en euros que circularán a partir del 1.º de enero del año 2002.
La competencia exclusiva para aprobar el diseño de esos billetes
corresponde al Banco Central Europeo y, como su señoría sabe, éstos ya
han sido aprobados por dicho Banco, no por los gobiernos.
En cuanto a los billetes en pesetas que se emitan de aquí al año 2002,
como también sabe su señoría, el artículo
15.2 de la Ley de Autonomía del Banco de España otorga la facultad
exclusiva de emisión de billetes en pesetas al Banco de España. Por
tanto, el Gobierno no tiene ninguna competencia sobre las emisiones en
billetes. Es la única contestación que puedo dar a su señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
La respuesta no es muy positiva para nuestras aspiraciones, pues pensamos
que es una magnífica oportunidad la que se presenta para que se respeten
las distintas lenguas que hay en España, y el Gobierno, aunque desde
luego ha de respetar la autonomía del Banco de España, debe hacer llegar
la aspiración de que las diversas lenguas del Estado sean también objeto
de especial respeto y protección, como nos pide la Constitución Española.
Lo que pedimos, señor Vicepresidente, no es tan extraordinario. Hay
muchos estados en el mundo, más de 60, con billetes bilingües y
plurilingües como, por ejemplo, Irlanda, Bélgica, Canadá, China,
Finlandia, Suiza, en cuyas monedas está reflejada la realidad plurilingüe
del Estado. Me parece que es lo más natural del mundo o, por lo menos,
debería serlo.
Hace pocos días se aprobaba en el Parlament de Catalunya, con un 90 por
ciento de votos, una propuesta que es bien fácil de ejecutar. Uno de sus
puntos dice así: La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre debe acuñar la
moneda metálica del Euro con la leyenda del Estado en el anverso en todas
las lenguas oficiales: Espanya --en catalán--, Espanha --en gallego-- y
Espainia --en vasco--, con igualdad espacial y formal.
Insisto en que esta sería una magnífica oportunidad de manifestar este
respeto por la diversidad de lenguas en España. Desde luego, no cabe
mayor y más bonita expresión de lealtad y sería un hecho que nos haría
sentir más cómodos en esa España, que es lo que queremos todos.
Por tanto, yo entiendo las razones que usted ha aludido, pero me parece
que el gobierno debería esforzarse más para que esta realidad que pedimos
fuese posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela i Serra.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador.
Efectivamente, el señor Senador reconoce, como no puede ser de otra
manera, que con respecto a la emisión de papel moneda, que es a lo que se
refería la moción, la actuación del Gobierno no tiene margen, puesto que
la autonomía del Banco Central Europeo decide.
Con respecto a las monedas metálicas, efectivamente, el Gobierno tiene un
margen más amplio, y en ese sentido, como su señoría ya sabe, a finales
del pasado trimestre fueron presentadas las primeras emisiones, que son:
en la cara nacional de las monedas, la catedral de Santiago de
Compostela, para las monedas de uno, dos y cinco céntimos; Cervantes,
para las de 10, 20 y 50 céntimos de euro --me estoy refiriendo a euros--
y Su Majestad el Rey, para las de uno y dos euros. Estos diseños han sido
ampliamente divulgados y los únicos textos alfabéticos que aparecen son:
la palabra España y Cervantes, aparte de euro y eurocent en la cara común
europea.
Yo estoy de acuerdo con que en sucesivas emisiones debemos no sólo
cambiar los motivos de las monedas, sino introducir propuestas como las
que su señoría expone. Pero en este caso tenemos que tener en cuanta cuál
es en este momento la recomendación del Comité Monetario, que nos pide
que en los primeros años de circulación del euro se mantengan estables
las monedas a fin de que los ciudadanos se puedan familiarizar con ellas.
Creo que esa pretensión y necesidad de estabilidad puede ser
perfectamente compatible con lo que propone su señoría y nosotros lo
estudiaremos en cualquier caso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
-- DE DON JOAN HORACI SIMO I BURGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION CONTRADICTORIA QUE
SE DA EN LA POLITICA DE SUBVENCIONES POR PARTE DE LA FUNDACION PARA LA
FORMACION CONTINUA (FORCEM), CON RESPECTO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
(680/000617)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Joan Horaci Simó i
Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, sobre la situación contradictoria que se da en la política de
subvenciones por parte de la Fundación para la Formación Continua, con
respecto al sector de la construcción.
Tiene la palabra el Senador Horaci Simó i Burgués.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, los trabajadores del sector de la construcción
padecen un déficit secular de formación profesional y, a la vez,
requieren una constante preparación en muchas especialidades, entre las
que cabe destacar la de prevención y eliminación de riesgos laborales.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia).
Este sector recibe de la Forcem en los últimos años, unas subvenciones
muy por debajo de los importes solicitados.
Si en el año 1996 se adjudicaron a dicho sector más de 4.000 millones de
pesetas en concepto de formación continua, en el presente ejercicio no se
han alcanzado siquiera los 2.500 millones por el mismo concepto, a pesar
del fuerte incremento del volumen de obra, lo que ha supuesto que el
mismo ocupe, aproximadamente, el 11 por ciento de la población activa,
subsistiendo en este alto nivel de ocupación una demanda real de
especialistas, lo que no se satisface por la falta de formación del
personal.
Pregunto al Gobierno el porqué de esta situación contradictoria en la
política de subvenciones por parte de la Forcem con respecto al sector de
la construcción.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar a su señoría con sumo gusto en nombre del Gobierno
aunque, como bien sabe, podrían contestar mejor directamente los
responsables de la Forcem y, en concreto, los representantes de las
organizaciones sindicales y empresariales que, como también sabe, tienen
una directa implicación en los fondos de formación continua.
Es cierto lo que ha manifestado su señoría. Hay una incidencia menor en
los planes de la construcción y permítame que le diga que, en mi opinión,
esta circunstancia obedece a dos supuestos. El primero es que sería
absolutamente necesario el incremento de planes presentados por parte del
sector de la construcción. Su señoría sabe que el número de planes
presentados en su totalidad en 1998 es de 5.439, y que sólo 115
pertenecen al sector de la construcción, por lo que sería muy importante
su incremento, pero esto no depende del Gobierno. Y el segundo es que va
a tener una incidencia positiva también el cambio de criterios producido
en la decisión de la financiación pública de los costes financiables de
la formación continua. Ese cambio se ha producido de cara a 1998 y la
cuantía de la subvención ya no va a depender de la aportación por cuota
de formación profesional y del esfuerzo inversor de las empresas, sino
que va a depender, fundamentalmente, más que antes, de la valoración
técnica de los proyectos, así como de la perfección de esa estructura en
la valoración técnica.
Por tanto, tengo la esperanza de que si se aumenta la presentación de
planes, con los nuevos criterios que se van a aplicar en la distribución
de fondos de la Forcem el sector de la construcción tendrá más peso del
que tiene en estos momentos en la formación continua.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA DAR RESPUESTA A LAS REIVINDICACIONES DE LAS CENTRALES
SINDICALES EN RELACION CON SU POLITICA PARA LA PROTECCION POR DESEMPLEO.
(680/000622)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación pasamos a la
siguiente pregunta, formulada por el Senador don José María Rodríguez de
la Borbolla Camoyán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar respuesta a las
reivindicaciones de las centrales sindicales en relación con su política
para la protección por desempleo.
Tiene la palabra el Senador don José María Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
La formulación de la pregunta se plantea teniendo en cuenta que, por una
parte, los sindicatos, las organizaciones sindicales, están pidiendo que
se amplíe la cobertura de desempleo y, por otra, fuerzas políticas
--nosotros en este caso-- que existe un margen financiero suficiente en
la actualidad para ampliar dichas políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a su señoría su pregunta, así como
ponerle de manifiesto que, como bien conoce, este Gobierno no ha tomado
ningún tipo de decisión que pueda considerase como lesiva para los
derechos de los desempleados, sino que a lo largo de esta legislatura ha
tomado la decisión de incrementar la protección por desempleo a los
trabajadores con contratos a tiempo parcial marginal.
En segundo lugar, he de decirle que frente al incremento de la cobertura
de la protección por desempleo, el Gobierno es partidario de ofrecer a
los parados de larga duración muy singularmente, formación profesional
con compensación económica no sólo para que dispongan de rentas sino para
que se incorporen al mercado de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
En este asunto nos encontramos ante lo que podríamos llamar una de las
otras caras del problema del empleo
en España. Es cierto --lo reconocemos-- que la economía española está
creando empleo en términos notables, pero, junto a ello, es cierto
también --y el Ministro lo sabe y lo saben los afectados-- que hay un
margen notable de desempleados faltos de protección o de cobertura.
Por tanto, nos encontramos ante la cara de la desprotección del desempleo
e, incluso --y esto quizás pueda ser más grave, señor Ministro--, ante la
cara de la aplicación torcida y se podría decir que tramposa de los
ingresos derivados de las cotizaciones por desempleo que se aplican a
fines no previstos y no legales.
Daré tres o cuatro datos, simplemente, para expresar nuestra opinión
relativa a que es perfectamente posible en estos momentos --quizás no lo
fuera en otros, pero sí ahora-- ampliar la cobertura de la protección por
desempleo.
Actualmente en España, parados sin cobertura, según los datos del Inem,
son en torno a 770.000. Si se incluyeran los datos de la EPA, nos
encontraríamos con 1.975.000. De estos parados sin cobertura, los parados
de larga duración y mayores de 45 años son entre 108.000 y 110.000. Y los
parados, entre aquellos que son mayores de 45 años, con cargas familiares
y sin cobertura, son 87.200. Es decir, es un colectivo perfectamente
identificable, colectivo para el cual se pueden poner en marcha medidas
no sólo para la formación sino de cobertura económica, esto es seguir la
línea que se establece por los órganos correspondientes y en las
comunicaciones de la Unión Europea, de que, junto a la formación y la
preparación para la reinserción laboral, se presten ayudas económicas que
permitan que esas familias se sostengan con dignidad.
Y decimos que esto es posible ahora y no sólo para esos parados --sería
cuestión de estudiar qué colectivos son los más afectados--, porque desde
1996 los gastos del Inem vienen bajando notablemente. Existen superávit
presupuestarios en el Inem y existen excedentes. Los superávit se pueden
cifrar para este año que entra...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la Borbolla,
vaya finalizando.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Acabo inmediatamente.
Los superávit se pueden cifrar en una cantidad cercana a los 750.000
millones de pesetas y con esos superávit se están financiando desde los
subsidios por desempleo hasta las bonificaciones para las empresas por la
contratación indefinida. Y eso no es lo que está previsto en la Ley
General de Seguridad Social, señor Ministro.
Por tanto, pensamos que existe margen y, si este Gobierno no toma medidas
en este sentido, iremos planteando nuestras iniciativas, ya sea vía
enmienda en los presupuestos, ya sea a través de mociones e iniciativas
ulteriores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco el tono de la intervención del señor Rodríguez
de la Borbolla. En ese mismo tono de corrección, tengo que explicitarle
mis discrepancias con su intervención.
En primer lugar, su señoría me está pidiendo --y eso es legítimo-- que
este Gobierno modifique las actuaciones que llevó a cabo el Gobierno
anterior durante los años 1992 y 1993, que afectaron al desempleo y que
son las normas responsables de la actual cobertura de la protección por
desempleo, y considero legítimo que su señoría me plantee unos años
después esa modificación. Igual de legítimo es que le diga a usted que en
España la única lesión de la protección por desempleo se ha producido en
los años 1992 y 1993 por decisiones anteriores. Legítima su posición y
legítima la posición del Gobierno.
En segundo lugar, ¿hemos incrementado la protección por desempleo de
algunos trabajadores? Sí, de los que tenían contrato a tiempo parcial
marginal.
En tercer lugar, ¿qué dice la Unión Europea? Que se incrementen las
políticas activas de empleo, que las políticas pasivas de empleo se
transformen en políticas activas de empleo. Por eso, este año dedicamos
en los presupuestos para 1999, si las Cámaras así lo acuerdan, más de
700.000 millones a políticas activas de empleo.
Se nos dice que hay personas que están desprotegidas, pero dígase que
también en España existe el salario social y los salarios de rentas
mínimas, que van destinados a las personas que no tienen protección por
desempleo.
Y, finalmente, hay una cuestión, señorías, que es la fundamental. Ustedes
pueden decir que se incrementen los subsidios, que, por cierto, ya
existen. El Gobierno les dice con toda claridad: incrementamos la
formación, la cualificación con compensación económica, porque no nos
queremos quedar en paliar una situación económica con renta, sino en que,
de verdad, se puedan incorporar al mercado de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A REALIZAR EL GOBIERNO ANTE LAS
DEUDAS QUE MANTIENEN CON LA SEGURIDAD SOCIAL LOS AYUNTAMIENTOS DE
ESTEPONA Y MARBELLA (MALAGA). (680/000623)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Seguridad Social
los Ayuntamientos de Estepona y Marbella, en la provincia de Málaga.
El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la pregunta queda formulada en los términos expresados
por el señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Las actuaciones que ha desarrollado y que pueda desarrollar la Seguridad
Social con respecto a esos dos municipios serán exactamente iguales a las
que ha desarrollado o pueda desarrollar en el resto de los municipios,
porque la Seguridad Social, a la hora de tomar medidas con respecto a un
ayuntamiento, no distingue en torno a cuál es la figura de su alcalde.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Zamorano tiene la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, conoce mi preocupación por la cuantía de las deudas de
los ayuntamientos de Estepona y Marbella y las sociedades por ellos
participadas con la Seguridad Social porque periódicamente le he
formulado preguntas para su contestación por escrito; esta preocupación
se refiere tanto al volumen como al crecimiento que está teniendo esa
deuda.
A 31 de enero de este año usted me decía que la deuda sumaba 11.925
millones de pesetas; a 30 de abril apareció otra información indicando
que la deuda había ascendido a 13.244 millones, más de 9.790 para el
ayuntamiento de Marbella y cerca de 3.500 millones para el ayuntamiento
de Estepona.
¿Cuál es la deuda ahora, señor Ministro? ¿Cómo se ha podido llegar a esta
situación? Y, sobre todo, ¿qué actuaciones ha realizado el Ministerio,
tanto con los ayuntamientos como con las sociedades por ellos
participadas?
Señor Ministro, en este tiempo usted ha guardado silencio. Recientemente
--repito que sólo recientemente-- y tal vez por la proximidad de las
elecciones, representantes de su partido se han llevado las manos a la
cabeza por el importe y el crecimiento de esta deuda, pero hasta ahora
todo habían sido parabienes o silencios ante la gestión del señor Gil.
Usted mismo inició una campaña contra la Junta de Andalucía por una
supuesta deuda de ésta contra la Seguridad Social, deuda que, por otro
lado, no quedó constatada y que, además, no había sido compensada como
había sucedido con otras Comunidades Autónomas. Pero tratándose de la
deuda del señor Gil, hasta ahora usted ha guardado silencio.
Por ello, señor Ministro, entendemos que usted es bastante responsable en
la situación que se ha creado, responsable tanto en su condición de
Ministro, como en su condición de Presidente del Partido Popular en
Andalucía, que ha protegido, alentado, pactado y asociado con el señor
Gil, e incluso usted ha premiado a aquellos que han seguido este camino.
Ahora denuncian al señor Gil, a su gestión y a sus deudas con la
Seguridad Social, pero le recuerdo, señor Ministro, que fueron ustedes
los que le pusieron al frente de la mancomunidad de municipios de la
Costa del Sol occidental, a cambio de sus votos para la Presidencia de la
Diputación de Málaga, cosa que, además, no era necesaria.
Ahora anuncian, incluso, una moción de censura para desalojarlo de la
presidencia de la mancomunidad. Nosotros le decimos que cuenten con el
voto de todos los socialistas para que esta moción se concrete, pero
existe la sospecha, cuando no la creencia, de que esa moción no se va a
concretar precisamente porque es usted quien la está paralizando.
Como le he dicho, también ha premiado a aquellos que han seguido sus
instrucciones y han colaborado con el señor Gil. Le recuerdo que su
Directora General de Ordenación de las Migraciones fue concejal en el
Ayuntamiento de Benahavís en el mismo equipo de Gobierno que el concejal
del señor Gil que precisamente hace poco tiempo ha sido inhabilitado por
seis años por el Tribunal Supremo y que, incluso, le dio su voto para que
fuese el representante del ayuntamiento frente a la mancomunidad de
municipios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Zamorano, agotó su
tiempo.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Termino en un segundo.
Simplemente quiero indicar que estos son sus hechos y su responsabilidad.
Esperamos que la conversión del PP no sea electoralista, sino sincera y,
en todo caso, espero que exponga aquí las actuaciones que se van a seguir
para con las deudas de los ayuntamientos de Estepona y Marbella con la
Seguridad Social, así como con sus sociedades participadas. (Aplausos en
los escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Señoría.
El señor Ministro de Trabajo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, no le pido amparo porque ya en una ocasión la Presidencia me
contestó muy cortésmente que no me daba amparo porque no lo necesitaba,
según su opinión. Pero en este caso, repito, no le pido amparo porque
vengo a esta Cámara a responder en mi condición de miembro del Gobierno
de
España y me parece, señor Presidente, que no estoy obligado en absoluto a
responder en ninguna otra condición.
Yo creo que el foro de debate de los partidos políticos, por respeto a
las instituciones, está en otro ámbito: en los medios de comunicación, en
la oposición de cada ayuntamiento, en la oposición de cada parlamento
autonómico. Me parece que, por respeto a esta Cámara, todas las
observaciones de tinte partidario o partidista que se han hecho no deben
merecer por mi parte ninguna contestación más que la referida a las
instituciones.
En ese sentido, he de reiterar, como he dicho anteriormente, que el
Gobierno de España tiene la misma preocupación por la deuda de cualquier
ayuntamiento o de cualquier Comunidad Autónoma, y que a diario los
funcionarios de la Seguridad Social se preocupan exactamente igual de que
pague las deudas con la Seguridad Social la Junta de Andalucía que el
Ayuntamiento de Marbella y el de Estepona. Lo que sería una solemne
barbaridad, en mi opinión, es plantear que las paguen Marbella y Estepona
y que no las pague la Junta de Andalucía, o plantear que las pague la
Junta de Andalucía y no Marbella y Estepona. Hay que comprometerse con la
Seguridad Social porque incluso se puede dar la circunstancia de que, a
la vez que no se pagan las deudas de la Seguridad Social, se esté
prometiendo incluso incrementar las pensiones, lo que resulta ya, no una
barbaridad, sino un tanto esperpéntico. (Rumores en los escaños del Grupo
Socialista). Me refiero a la institución Junta de Andalucía.
En cualquier caso, señor Presidente, la Seguridad Social ha tomado todas
las medidas legales que se tenían que tomar e incluso algunas que no se
habían tomado antes, ya que la deuda de Marbella y Estepona no es de
ahora, como, por ejemplo, el procedimiento de deducción, que es el
principal instrumento que tiene el Gobierno. En cualquier caso, señor
Presidente, para las cuestiones de partido y otras parecidas ahí está el
foro pertinente, que no debe confundirse con el foro institucional cuando
se defiende el Estado de Derecho. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JUAN MOYA SANABRIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA CUMBRE SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CELEBRADA RECIENTEMENTE EN MADRID. (680/000626)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Juan Moya Sanabria, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la Cumbre sobre
seguridad y salud laboral, celebrada recientemente en Madrid.
Tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias señor Presidente.
Señor Ministro, es innegable que pese al esfuerzo realizado por su
ministerio en los dos últimos años, plasmado en una intensa labor
normativa, con quince reales decretos y tres órdenes ministeriales, que
desarrollaban la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, persiste una
alta siniestralidad laboral.
Ese gravísimo problema requiere del diálogo y del esfuerzo de todos los
sectores implicados y excede su solución del ámbito de su ministerio. No
veo otra solución para alcanzar una cultura de prevención, un mayor
cumplimiento de las nuevas normativas y un exacto conocimiento de las
ventajas que aporta la adopción y el respeto de las medidas preventivas,
por lo que resulta imcomprensible que en tantos años de padecimiento del
problema, porque este problema no es de ahora ni es de hace dos años, no
se hubiera celebrado jamás un encuentro entre administraciones y agentes
sociales a tal fin. Felicitándole por tanto de antemano por la
convocatoria, le pregunto sobre la valoración que hace el Gobierno de la
Cumbre sobre seguridad y salud laboral, celebrada recientemente en
Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracia, Senador Moya.
Tiene la palabra, señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Moya su pregunta, y tengo
que agradecérsela porque, si bien es cierto que la primera preocupación
de los españoles gira siempre en torno al desempleo, el problema
cualitativo más importante que tiene nuestro mercado de trabajo, con
mucha diferencia, es el problema de los siniestros laborales, que nunca
deben verse además, nunca, como una estadística, como una cifra, como un
reflejo informático, sino como lo que son: tragedias personales,
tragedias familiares de muchos trabajadores españoles.
El Gobierno tiene que hacer una valoración positiva de esa Cumbre porque,
ciertamente, cuando se consigue que en un día seis miembros del Gobierno
participen con varios Presidentes de Comunidades Autónomas y con los
máximos responsables de las organizaciones sindicales y empresariales se
está poniendo de manifiesto ante la sociedad española que los siniestros
laborales son objeto de nuestra principal preocupación, y eso me parece
muy positivo.
En segundo lugar, el hecho de que en esa Cumbre se haya acordado por
parte de todos un plan de choque contra los siniestros laborales
significa que tenemos un problema de diseño compartido y que tenemos que
ejecutar ese plan desde el diseño compartido, partiendo --permítame la
redundancia-- de que los siniestros laborales en España no deben ser de
preocupación exclusiva del Gobierno, que lo son, sino de sindicatos, de
empresarios y de las Comunidades
Autónomas que tienen competencias. Permítame también que refleje lo
positivo que resulta que en esa misma Cumbre --que no estuvo mal citada
como tal cumbre-- se aprobara una Ponencia de cooperación territorial,
que entiendo que es imprescindible para que, desde la lealtad, afrontemos
el problema de los siniestros laborales.
Se dice, señorías, con reiteración, que España es el país de Europa donde
se producen más siniestros laborales. Me parece que es importante para el
futuro que se homologuen las estadísticas, porque los conceptos jurídicos
e incluso administrativos de accidentes laborales son distintos en los
países de la Unión Europea.
Me gustaría terminar diciendo que lo más importante de todo es el
compromiso con el empleo estable, porque desgraciadamente la tasa de
siniestralidad en el empleo temporal duplica a la tasa en el empleo
estable, así que si el Gobierno sigue --y lo va a seguir haciendo--
fomentando el empleo estable está atacando también de forma certera los
siniestros laborales que se producen en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON LLUIS ARMET I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA CUMBRE FRANCO-ESPAÑOLA
CELEBRADA EN 1994 ACERCA DE LA CONEXION DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD (AVE)
ENTRE MADRID, BARCELONA Y FRANCIA, QUE PREVEIAN EL ENLACE CON FRANCIA
PARA EL AÑO 2004. (680/000624)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Lluís Armet i Coma, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si piensa el Gobierno cumplir los acuerdos de la cumbre
franco-española celebrada en 1994 acerca de la conexión del Tren de Alta
Velocidad (AVE) entre Madrid, Barcelona y Francia, que preveían el enlace
con Francia para el año 2004.
Tiene la palabra el Senador Armet i Coma.
El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.
La pregunta es muy clara. Tiene usted, señor Ministro, la posibilidad de
deshacer un gran entuerto, una gran tormenta, una gran desazón que se ha
producido por unas declaraciones suyas de hace unos días en las que
situaba esta cuestión en el año 2006 o 2007, en contradicción con todos
los portavoces del Gobierno, de todos los ministerios, de las
administraciones autonómicas y locales de Francia y de todos los
ayuntamientos por los cuales pasaría el recorrido del ferrocarril. Tiene
usted una magnífica oportunidad de clarificar y restablecer el equilibrio
perdido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Le quiero decir a su señoría que el Gobierno cumplirá todos los acuerdos
y compromisos internacionales previamente contraídos y que hará el máximo
esfuerzo posible para que el tren de alta velocidad pueda llegar en el
año 2004 a la frontera francesa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Me parece muy bien, señor Ministro, que esta
declaración hecha en el Senado, Cámara territorial, cierre una polémica
que usted inició con un grado de irresponsabilidad grave, desde mi punto
de vista, porque abría realmente un interrogante y, desde este punto de
vista, le agradezco la corrección. No es corriente en política y, en este
caso, quiero decir con toda claridad que es positivo hacerlo y hacerlo en
esta Cámara.
Me gustaría plantear al señor Ministro cuatro elementos básicos de
reflexión. Los acuerdos de 1984 del Plan Director de Infraestructuras
crean una senda de unanimidades, de lógicas positivas, de entendimientos
entre administraciones que no se pueden romper. La misma reunión
Aznar-Chirac, de los dos Presidentes, del 5 de noviembre de 1996,
significó una ratificación del compromiso adquirido para el año 2004.
Creo que es positivo.
Segunda cuestión. Un proyecto tan importante como éste no puede moverse
en el calendario por intereses españoles. Para mejorar nuestra
competitividad es del todo necesario hacer todo lo posible para llegar a
este objetivo.
Punto número tres. En 1992, como consecuencia de una decisión adoptada en
1986, se acuerda construir el AVE Madrid- Sevilla bajo un principio de
solidaridad, de forma que se haga lo más difícil, lo que está en la cola,
que lo otro ya vendrá, pero es bien cierto que este esfuerzo de
solidaridad que hicimos muchas fuerzas políticas y que así todo el mundo
lo entendió --lo digo con toda claridad-- necesita una programación
precisa de los compromisos adquiridos porque si no caeríamos en el
surrealismo y en el absurdo, con lo cual esto nos obliga a todos a hacer
del 2004 un objetivo de primerísima magnitud.
Por último, quiero decirle también que cuando una decisión afecta a dos
Estados lo importante, desde el punto de vista de planteamiento
estratégico, es a quién le interesa más, y es obvio que la red de alta
velocidad francesa está en un 90 por ciento completada y tiene,
evidentemente, unos déficit de «conectividad» con España, y España tiene
necesidad de conectarse con Europa. Es obvio que el planteamiento debe
ser siempre defender los intereses españoles y, siempre que coincidan con
los nuestros, también los franceses, y nunca esperar --esta frase se ha
dicho desde su Ministerio-- a ver qué piensan los franceses o a ver cómo
respiran los franceses. Respire como respire todo el mundo, nuestros
intereses logísticos,
nuestros intereses de planificación territorial nos obligan a situarnos
en la frontera en el año 2004.
Gracias, señor Ministro, por la rectificación que hoy ha hecho en esta
Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, le rogaría que aceptara la siguiente consideración. En primer
término, no se ha producido ninguna rectificación. Lo que pasa es que con
frecuencia, cuando se hace una reflexión en voz alta dentro de un
parlamento largo, se toma como una declaración concreta, como un
compromiso concreto o como una rectificación de un compromiso
anteriormente contraído.
Por tanto, si se escuchara en su totalidad la declaración que tuve
ocasión de hacer a Radio Nacional de España, se vería que no hay una
rectificación respecto al objetivo de intentar llegar a la frontera
francesa en el año 2004. Lo que pasa es que, en una revisión en voz alta,
se ponen encima de la mesa una serie de dificultades.
Vamos a recordar el proceso histórico, porque las declaraciones de
voluntad son necesarias y lo son de manera particular en política y, en
mayor medida, cuando se trata del Gobierno Central porque tiene que
impulsar los servicios de las administraciones públicas y las
inversiones.
Toda esta historia, como usted sabe muy bien, empezó con la declaración
de un proyecto prioritario en el Consejo Europeo de Essen para el que
entonces se preveía una financiación específica. Después ocurrió que
había 14 proyectos prioritarios en la lista del Consejo de Essen y no
hubo financiación específica. Por tanto, hubo que acudir a la
financiación comunitaria ordinaria: Fondos de cohesión y, eventualmente,
al pasar por algunas Comunidades Autónomas, Fondos estructurales.
En ese contexto, en el año 1994, el Gobierno socialista, en Foix, acordó
con el Gobierno francés constituir una agrupación europea de interés
económico para que hiciera los estudios de la llamada sección
internacional, el tramo estricto de conexión entre España y Francia. En
1995, en la Cumbre hispano-francesa de Madrid, se firmó el acuerdo para
la construcción y explotación de la sección internacional, y se previó
que se financiase mediante capital privado; que se hiciera una
convocatoria de un concurso público para ser adjudicada la construcción,
en su caso, si hubiera ofertas, mediante capital privado. En el convenio
hispano-francés se contemplaba que pudiera haber ayudas públicas, pero la
financiación de la sección internacional se preveía con cargo al capital
privado.
A partir del año 1995, señorías, no se mueve para nada el proyecto de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Cuando este Gobierno
llega, en mayo, al ejercicio de sus funciones, se encuentra con un
pequeño tramo de obras, entre Ricla y Calatayud, y con otro pequeño tramo
entre Lleida y Zaragoza, pero con la singularidad, señoría, de que se
estaba construyendo con el ancho de Renfe. Por tanto, cuando este
Gobierno llega, después de las elecciones del año 1996, no se está
haciendo en España el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera
francesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, debería abreviar
a alta velocidad.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor
Presidente.
Es este Gobierno el que pone en marcha de verdad la construcción del tren
de alta velocidad Madrid-Zaragoza- Barcelona-frontera francesa. En este
momento, señoría, hay 300 kilómetros en ejecución de obra; está la
totalidad del trazado en marcha, algunas partes en obra y otras partes
pendientes de la declaración de impacto ambiental y, ahora mismo, acaba
de salir a información pública todo el trazado que va desde
Martorell-Barcelona hasta la frontera francesa. Pero es este Gobierno el
que lo ha hecho, señoría, no los gobiernos anteriores.
Para concluir le diré que hay que distinguir entre lo que es un
compromiso internacional y lo que es una declaración de voluntad
política. En ninguno de los textos firmados por ningún Gobierno español
aparece ninguna fecha. Eso no obsta para que este Gobierno haga el máximo
esfuerzo posible para anticipar la llegada del tren y llegar cuanto antes
a la frontera francesa, porque efectivamente todos compartimos que es una
exigencia estratégica y --por emplear unas palabras más sencillas-- una
exigencia de sentido común.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON PEDRO LUIS CALVO POCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DE ACTUACION DE LA PROLONGACION DEL TREN DE
CERCANIAS DE LA LINEA C1 DE TRES CANTOS A COLMENAR VIEJO, EN LA COMUNIDAD
DE MADRID. (680/000629)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones de actuación de la prolongación
del tren de cercanías de la línea C1 de Tres Cantos a Colmenar Viejo en
la Comunidad de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, mi pregunta, tal como la ha enunciado el
Presidente de la Cámara, es la siguiente: ¿Cuáles son las previsiones de
actuación de la prolongación del tren de cercanías de la línea C1 de Tres
Cantos a Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Calvo Poch.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como su señoría sabe, en el seno del Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid se elaboró un estudio para ampliar la red de
cercanías y, como complemento, se hizo el Proyecto básico de ampliación
de las redes de cercanías al municipio de Colmenar Viejo.
En ese estudio se preveían tres actuaciones: en primer lugar, la
duplicación de la vía y la electrificación del trayecto Tres
Cantos-Colmenar Viejo, en los puntos kilométricos 14,500 a 26,500; en
segundo lugar, la adecuación de la actual estación de Colmenar Viejo para
el servicio de cercanías y, en tercer lugar, una futura nueva estación
cercana a la autovía, que, con un aparcamiento, sirviera de conector para
los viajeros procedentes ya de Colmenar Viejo ya de la Sierra Norte.
El pasado 16 de septiembre el Ministerio de Fomento ha licitado el
contrato de consultoría de asistencia técnica para la realización del
proyecto constructivo de modernización de la línea Madrid-Burgos entre
los puntos kilométricos 14,500 a 26,500.
La adjudicación de este concurso está prevista para el mes de diciembre
del presente año y habrá un plazo de redacción del proyecto de ocho
meses. Señoría, eso significa que si las cosas transcurren normalmente, a
finales del próximo año se podrán comenzar las obras para la ejecución
del tren de cercanías a Colmenar Viejo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra su señoría.
El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco la información facilitada sobre la ampliación
de esta línea de cercanías, que viene a corregir lo que durante mucho
tiempo había sido una situación de marginación para la ciudad de Colmenar
Viejo que, como alguna de sus señorías conocerán, ya tiene más de 31.000
habitantes. En años anteriores, concretamente en el año 1990, esta línea
se amplió tan sólo hasta la población de Tres Cantos, que entonces
pertenecía al Ayuntamiento de Colmenar, y cuya población era de 10.000
habitantes; no se consideró aconsejable, por parte de quienes en aquel
momento tenían la capacidad de tomar la decisión, llevar esta línea hasta
la población que contenía la mayor parte de los habitantes, hasta
Colmenar Viejo.
Esta futura ampliación de la línea C1 o de la línea de cercanías, junto
con la iluminación reciente de la M-607 --en su día, en el año 1989, una
vez más se marginó a la población de Colmenar, ya que la iluminación fue
tan sólo hasta Tres Cantos-- viene, repito, a solucionar un problema de
marginación y una deuda que tenían las instituciones con la población de
Colmenar Viejo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Poch.
-- DE DON AGUSTIN GARCIA MILLAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE LA AUTOVIA
DEL NOROESTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE SAN ROMAN DE BEMBIBRE Y
VILLAFRANCA DEL BIERZO, EN LA PROVINCIA DE LEON. (680/000630)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pregunta formulada por el Senador
don Agustín García Millán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la situación en que se encuentran las obras de la autovía del
noroeste en el tramo comprendido entre San Román de Bembibre y
Villafranca del Bierzo, en la provincia de León.
Tiene la palabra el Senador García Millán.
El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Fomento, el Senador que está en el uso de la
palabra lo es por la provincia de León, y concretamente procede de la
comarca del Bierzo.
Dicho esto, señor Ministro, entenderá perfectamente mi preocupación por
el contenido de la pregunta, preocupación que es compartida por todos los
ciudadanos de esta importante comarca leonesa. Todos los bercianos
esperamos con ansiedad la finalización de las obras de la autovía del
noroeste, y con ella que se abran de una vez nuestras expectativas de
comunicación por carretera, tanto tiempo silenciadas, lo que sin duda
supondrá un importante paso en nuestro desarrollo, tanto social como
económico.
Por ello, señor Ministro, le pregunto sobre la situación en que se
encuentran las obras de la autovía del noroeste, en el tramo comprendido
entre San Román de Bembibre y Villafranca del Bierzo, en la provincia de
León.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador García
Millán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, si no surge ninguna circunstancia imprevisible, antes de las
próximas Navidades se podrá abrir el tramo entre San Román de Bembibre y
Villafranca del Bierzo. Son 27 kilómetros y finalmente va a tener un
coste de unos 14.777 millones de pesetas. De esta forma se
da un paso adelante muy importante en la culminación de la autovía del
noroeste que vertebra Castilla y León y conecta Galicia con Castilla y
León y con Madrid.
Desde esta perspectiva, considero que es una buena noticia, ya que antes
de las próximas Navidades espero poder estar presente en la provincia de
León para abrir al tráfico este tramo tan importante de la autovía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco esta información, que indudablemente va a
disipar todas las dudas, ya que el correo de información negativa venía
poniendo en duda lo que usted nos acaba de contestar en este momento. No
le quepa duda de que va a ser un gran paso y que ahora los ojos de todos
los bercianos van a estar puestos en torno a los otros tramos que quedan
desde Manzanal a San Román de Bembibre, que esperemos que también sean
puestos en marcha con toda celeridad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI GOZA EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CONFIANZA DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (680/000605)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta la formula el Senador don Juan
Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
goza el Vicepresidente Primero de la confianza del Presidente del
Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores del
Gobierno si Aznar ha dicho: Alvarez-Cascos cuenta con todo mi respaldo,
está más que justificado que el Gobierno responda en sede parlamentaria
si el Vicepresidente Primero goza de la confianza del Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el señor Ministro, Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Sin ninguna duda, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Arévalo, tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: No me han sorprendido sus profundas e
inteligentes reflexiones, ya le vamos conociendo. Lo que nos sigue
llamando la atención es que usted, que es el Ministro que acumula más
ausencias y no es portavoz parlamentario del Gobierno --cada Ministro
responde de sus competencias--, hable aquí sobre asuntos tan alejados de
industria.
El Vicepresidente Primero no comparece para contestar preguntas e
interpelaciones ni en el Congreso ni en el Senado desde que comenzó este
período de sesiones. Más de dos meses lleva desplazado de los asuntos en
que antes participaba sin justificar su ausencia. Se ve que al señor
Alvarez-Cascos le ha prohibido el Presidente del Gobierno --no puede ser
otro-- hablar en el Parlamento, fórmula intermedia para, sin cesarle de
momento, callarle lo que se pueda.
Miguel Angel Rodríguez sí pasó a mejor vida, dicen que se dedica a la
novela, y no es que antes maquinara otras cosas. Por cierto, no dijo la
verdad, señor Piqué, cuando el 23 de septiembre aseguró aquí que se fue
por motivos personales. Rodríguez lo ha desmentido.
Si MAR hizo méritos de fidelidad, no digamos FAC, el más enérgico
cumplidor de las órdenes del jefe. (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Por ejemplo, su colaboración para crispar el
clima político ha sido impagable. Impulsó iniciativas y persecuciones sin
preocuparse de poner en peligro la estabilidad del Estado, como dijo
Ansón --lo dijo Ansón--. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Protagonizó las relaciones con Amedo y Ramírez. Arengó a los
tribunales para que resolvieran conforme a una supuesta opinión pública
mayoritaria. Aportó una increíble doctrina sobre el interés general para
machacar al infiel, etcétera.
Da la casualidad de que el que ha dado en el clavo ahora es el íntimo
amigo de Aznar, el lúbrico Pedro José Ramírez (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.), al decir que la operación centro se
dedica a la imagen y no cambia la mentalidad conservadora con la que
Aznar viene ejerciendo el poder. Pero Alvarez-Cascos estorba, no da la
imagen, pero no se le puede o no se le debe cesar. Solución: someterle a
libertad vigilada. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Y si Aznar no permite a Cascos atender todas sus
obligaciones, entre las que está el control parlamentario, ¿no se siente
Cascos obligado a dimitir? Parece que no. Y es que Cascos, al fin y al
cabo, es el digno Vicepresidente de un Gobierno cuyo Presidente es Aznar.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo
Santiago.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, yo ya sé que es difícil hacer oposición a un Gobierno que puede
presentar un balance de gestión y de resultados francamente bueno, por
ello ustedes buscan elementos para entretenerse y algunos de ellos tan
perifrásticos y tan estrambóticos como el que usted plantea. Lo que sí le
quiero decir con toda sinceridad es que para un Gobierno realmente es una
bendición del cielo tener una oposición como la de ustedes.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Míranos! ¡No bajes la mirada! ¡No estamos tan mal!--Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué mal educados!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
EMISION EN DIRECTO Y EN EXCLUSIVA QUE REALIZARA TELEVISION ESPAÑOLA, S.
A. (TVE), DE LA BODA DE UNA CONOCIDA PAREJA DE RESONANCIA SOCIAL QUE
TENDRA LUGAR EN SEVILLA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1998. (680/000610)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
la Senadora doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la
emisión en directo y en exclusiva que realizará Televisión Española, S.
A., de la boda de una conocida pareja de resonancia social que tendrá
lugar en Sevilla el día 23 de octubre de 1998.
Tiene la palabra la Senadora doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, esta Senadora no se ha confundido en los tiempos de los
verbos. La pregunta estaría bien formulada si este Senado no sufriera los
continuos aplazamientos que se producen. La actualidad de este
acontecimiento ya ha pasado gracias a la táctica que ustedes utilizan:
enfriar las noticias e intentar evadirse del control parlamentario.
Además, señor Ministro, lo que ustedes suelen hacer es enviar a dar la
respuesta a quien, aplicando la lógica, no le corresponde darla, aunque
sí la aplican cuando se trata de cumplir el Reglamento. Por ejemplo, la
semana pasada formulé una pregunta, también aplazada por supuesto, sobre
los vertidos de hidrocarburos de la empresa CLH, que está bajo el control
del Ministerio de Industria y Energía --y creo que usted sigue siendo el
Ministro de Industria y Energía--, y me contestó la señora Tocino. Ahora
viene usted a contestar una pregunta sobre Televisión, asunto sobre el
que habitualmente ha contestado el Vicepresidente Alvarez-Cascos. Pero es
más, hace dos semanas hablábamos de Televisión en la Comisión, y en esa
ocasión contestaba el señor Arias-Salgado.
Entonces, ¿a qué están jugando ustedes? ¿Al escondite? Si es así, ¿qué es
lo que están escondiendo detrás de eso que llaman el centro? ¿El
monopolio con nostalgias franquistas de televisión? ¿Eso es lo que
quieren esconder, que son una derecha pura y dura en la aplicación de
aparatos de propaganda? Pues eso no lo va a consentir la oposición, ni
con resultados económicos ni sin ellos.
Simplemente formulaba la pregunta sobre la boda del día 23 para que el
Ministro me contestara cuál había sido la cobertura y el comportamiento
de Televisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Ante la formulación de la pregunta de su señoría, he pedido información a
Radio Televisión Española, concretamente a su Director General sobre los
criterios que han permitido ofrecer la retransmisión de ese
acontecimiento social protagonizado por una conocida pareja de resonancia
social, como usted misma lo plantea en su pregunta.
La respuesta que he recibido es la siguiente: El interés general se
deriva de los siguientes datos objetivos: Los representantes de dos
operadores españoles privados de televisión, Antena 3 y Tele 5,
solicitaron por escrito a Radio Televisión Española el acceso en directo
a la señal de la ceremonia matrimonial alegando --y transcribo
literalmente-- el alto interés social despertado por el acontecimiento.
Los índices de audiencia alcanzados por Televisión Española con ocasión
de la retransmisión de la citada boda vienen a reiterar, a posteriori, el
interés social de la misma, puesto que las cuotas de pantalla fueron en
algunos momentos cercanas al 80 por ciento. A lo expuesto anteriormente
cabe añadir que los contrayentes cedieron la retransmisión de la boda en
exclusiva y de forma gratuita a Televisión Española, que cedió
posteriormente sus imágenes a todas las demás cadenas de televisión.
Esta es la explicación que me da el Director General de Radiotelevisión
Española y que yo le transmito con gusto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Señora Senadora, tiene usted la palabra.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, el día 23 en los periódicos se publicaban las siguientes
noticias: Final de la campaña electoral de las elecciones vascas; ETA
expondrá en las próximas
horas sus condiciones para abrir una negociación; personalidades de trece
países reciben los premios Príncipe de Asturias; crisis de Pinochet;
Pinochet no sabe que está detenido; Ford da el ultimátum vía satélite en
Almussafes, el Gobierno penalizará el uso abusivo de contratos
temporales; el PSOE acusa a Aznar de violar la Constitución; la
izquierda, a excepción de Izquierda Unida, se une contra el nuevo IRPF.
Estas son noticias de interés público, y ninguna de ellas tuvo en
Televisión, ni siquiera todas juntas, el tiempo que se le concedió a ese
acontecimiento que el Director General denominó el acontecimiento del
año. Cinco horas de cobertura, treinta y cinco cámaras, quince camiones,
diez unidades móviles. ¿Cuántos millones ha costado eso? ¿Cuántos
millones costó, señor Ministro?
Pero hay más. Esa exclusiva institucional que la familia cedió, por lo
visto desinteresadamente, no se corresponde con el tratamiento
monopolístico llevado a cabo por el señor López-Amor, que cedió solamente
cinco minutos a las demás cadenas y con tres horas de retraso para que no
pudieran interferir en su tiempo de emisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, se le acabó el
tiempo. Debería terminar muy pronto.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Termino en seguida.
La última noticia que ese día se publicó en los periódicos fue que el
señor Marcelino Oreja, Comisario Europeo, había manifestado en unas
jornadas celebradas en Madrid que en Televisión el dinero público ha de
ser para el servicio público y no para actividades comerciales. Eso lo
dijo el señor Marcelino Oreja el día 23. Otra curiosa noticia del mismo
día: Tele 5 reparte un dividendo a cuenta de 1.500 millones de pesetas.
Mientras, el señor López Amor, en sólo un año, ha perdido 172.000
millones de pesetas. Ha gastado, ha tirado el dinero público para hacer
la competencia a las cadenas privadas, donde esa noticia habría estado
mucho mejor ubicada. Ha tirado el dinero público...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, por favor.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Termino, Presidente.
... encubriendo la quiebra a la que ha llevado a esa empresa, y todo eso
lo quiere esconder detrás del «pelotazo», de retransmitir y ganar en
«prime time» no sé cuánta audiencia.
Gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sabe su señoría que aquí también,
como en televisión, el tiempo está muy tasado.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro. (El señor Laborda Martín: ¡El
Gobierno!, ¡El Gobierno¡)
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): El Gobierno va
a ser muy breve, ya se lo anticipo (Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.), y lo va a ser en cuanto a las respuestas. (El
señor Laborda Martín pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, por
supuesto. Yo también estoy de acuerdo con su señoría en que los
periódicos traen muchas noticias todos los días, ese día y otros, y no
creo que eso tenga nada que ver con la programación, que, además, puede
resultar contradictoria con esa especie de queja implícita que me ha
parecido detectar en sus palabras respecto a que las otras cadenas de
televisión no pudieran gozar precisamente de la capacidad para
retransmitir ese evento.
Tengo que decirle algo a título personal: al ver esta pregunta me tuve
que enterar de quiénes habían sido los contrayentes, porque no lo sabía.
Es una cuestión que me preocupa muy poco. (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Pero sí deseo decirle que no sigan por
ese camino de olvidarse de dónde viene el actual modelo de
Radiotelevisión Española. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Laborda Martín pronuncia palabras que no se
perciben.) No nos debemos olvidar ni ustedes ni el Gobierno, porque
conseguir un nuevo modelo de Radiotelevisión Española es responsabilidad
de todos y, desde luego, la posición del Gobierno es conseguir que se
base en un consenso de todos, no en el olvido del pasado.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO DE UN DOCUMENTO
REMITIDO DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MALAGA) AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO, EN EL QUE SE VIERTEN ACUSACIONES CONTRA DISTINTAS INSTITUCIONES
PUBLICAS. (680/000625)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pregunta de don Juan Antonio
Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene
conocimiento el Gobierno de un documento remitido desde el Ayuntamiento
de Marbella (Málaga) al Fiscal General del Estado, en el que se vierten
acusaciones contra distintas instituciones públicas.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores del
Gobierno, el 28 de octubre llegó a la Fiscalía General del Estado un
alegato en ocho folios firmado por don Jesús Gil, Alcalde de Marbella.
Acusa al Fiscal Anticorrupción, don Carlos Jiménez Villarejo, y al
titular del Juzgado número 7 de Marbella, don Santiago Torres, de ser
íntimos amigos y de urdir una operación maquiavélica ordenada por quien
podía hacerlo --no sé si se refiere al Presidente del Gobierno--. Dice
saber a ciencia cierta que la consigna del señor Jiménez Villarejo es:
¡Vamos a cargarnos a Gil! Y la operación se monta --dice-- con el Cesid.
Asegura que las instrucciones que recibe Villarejo son estrictamente
políticas, aunque los responsables de la alta política ahora dicen que
tampoco ellos son los linchadores. Repite Gil que estamos en una aparente
democracia, y que es una ironía llamar al nuestro Estado de Derecho.
Confiesa humildemente que no ha aprendido la lección de cuáles son las
consecuencias que se producen si la maquinaria del Estado se pone en
marcha, cosa que ha ocurrido al cometer la osadía de poder presentarse a
las elecciones en La Línea, Ceuta y Melilla, a pesar de la advertencia
que nos ha hecho --no dice quién-- de que esto nos va a electrocutar. No
hay que continuar con las acusaciones, porque supongo que el Gobierno
conoce este documento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no, pero su señoría parece que sí.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias.
Su contestación me llena de inquietud, primero, porque no lo conozca
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), después,
porque esperaba un contundente rechazo, ya que le he citado las cosas que
él ha dicho de las azañas de Jesús Gil, y el anuncio de que el Gobierno
ya habría interesado del Fiscal General del Estado las oportunas
actuaciones.
El PP ha colaborado mucho con Gil, consiguiendo, entre otras cosas,
repartirse poder, sin olvidar que Gil ha pedido el voto para el Partido
Popular en elecciones generales. Tampoco Gil se corta para que el
Ayuntamiento corra todos los años con los gastos de estancia, comidas y
entretenimientos de unas jornadas jurídicas a las que doña Margarita ha
asistido como miembro de la privada asociación profesional de la
Magistratura.
Ahora no gusta al Partido Popular que Gil presente candidaturas en La
Línea, en Ceuta y en Melilla, aunque, si llega el caso, le apoyarán como
otras veces. Gil, como Ruiz Mateos, seguirá elogiando a Aznar. Y ya está
bien de mirar hacia otro lado, cuando no de comprender, acompañar y
proteger a quienes en España protagonizan brotes antisistema.
Por unos votos no se puede jugar con el Estado. Estos personajes tienen
que recibir de las instituciones, que tantas veces desprecian, y por
tanto del Gobierno, la más enérgica reprobación. Ni debe Aznar aceptar
los elogios de Gil y de Ruiz Mateos ni el Gobierno consentir siquiera las
amenazas lepenistas de estos protagonistas estrambóticos, duros,
iluminados y aprovechados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, termine.
El señor AREVALO SANTIAGO: A no ser que prefieran ustedes ser confundidos
con ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, nuevamente me sorprende colgando de una percha un alegato que no
tiene nada que ver con el contenido de su pregunta.
Todo lo que ha dicho es absolutamente incierto y solamente quiero
destacar una cuestión: yo no he asistido como miembro de la Asociación
Profesional de la Magistratura a ninguna jornada jurídica; tal vez haya
asistido como vocal del Consejo General del Poder Judicial y en
representación institucional, señoría.
Partiendo de que ese dato es incierto, imagínense cómo será todo lo
demás: meras suposiciones, señoría. Yo quisiera que se fuera consciente
de que cuando se tratan temas judiciales sus señorías, y también el
Gobierno, tienen que ser estrictamente escrupulosos y respetuosos.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DOÑA LAURA MARTINEZ BERENGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE CON LAS MEDIDAS DE APOYO A LA
MOVILIDAD GEOGRAFICA DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS SE CUBREN LAS
EXPECTATIVAS QUE GARANTICEN LAS NECESIDADES DE VIVIENDA DE LOS MILITARES
EN ACTIVO. (680/000627)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
doña Laura Martínez Berenguer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si cree el Gobierno que con las medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas se cubren las
expectativas que garanticen las necesidades de vivienda de los militares
en activo.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Berenguer.
La señora MARTINEZ BERENGUER: Gracias.
Señor Presidente, señorías, señor Ministro, el Consejo de Ministros ha
aprobado la remisión a las Cortes de un
proyecto de ley para establecer un sistema de apoyo de la movilidad
obligatoria de los miembros de las Fuerzas Armadas. El sistema vigente en
esta materia, que se plasmó en el Real Decreto 1751/1990 resultado de la
refundición de los patronatos de las casas de los ejércitos que, por otra
parte, amparó situaciones personales que permitieron conservar la
vivienda a un elevado número de militares, hizo que su futuro estuviera,
desde el principio, hipotecado. Al no poder aplicar la política de
desalojo de viviendas, por diferentes razones, fue deteriorándose y
perdiéndose, por tanto, la función principal de la vivienda.
Como el nuevo proyecto de ley aborda una nueva política que pretende
tener una mayor estabilidad en relación con la operatividad de las
Fuerzas Armadas, ¿cree el Gobierno que con las medidas de apoyo a la
movilidad de las Fuerzas Armadas se cubren las expectativas que
garantizan las necesidades de vivienda de los militares en activo?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, la legislación vigente hasta el momento tenía una «ratio legis»,
una razón de ser fundamental, que consistía en facilitar la movilidad
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas en activo para no
perjudicar la operatividad de las mismas. Sin embargo, como su señoría ha
expresado perfectamente, diferentes circunstancias sociales de muy
distinta índole hicieron que lo que se había concebido como un
instrumento para facilitar la movilidad se convirtiera con el paso de los
años en un instrumento para facilitar la inamovilidad.
La utilización de una vivienda era la causa de que hubiera muchas
dificultades para realizar los cambios de residencia necesarios para la
operatividad de las Fuerzas Armadas. Por eso, señorías, el proyecto de
ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas, que actualmente está en tramitación parlamentaria,
mantiene el mismo principio esencial: facilitar la movilidad geográfica
del militar en servicio activo derivada de la disponibilidad por razones
profesionales. Pero cambia el instrumento. Para ello, el proyecto de ley
establece diversas ayudas, con sus correspondientes incompatibilidades
entre ellas, a las que tienen acceso todos militares profesionales.
Sinceramente, considero suficientes estas medidas para cubrir las
expectativas de necesidades de vivienda.
Estas ayudas podemos resumirlas en el siguiente esquema: la piedra básica
de la nueva legislación es una compensación económica mensual durante el
período de tiempo que se encuentren destinados de forma continuada en una
localidad, que puede tener una duración máxima de 36 meses, y así, cuando
se produzca un traslado, ese apoyo económico adicional facilitará
--pensamos-- la movilidad geográfica. Los beneficiarios serán los
militares de carrera y también los de tropa y marinería que mantengan una
relación de servicios de carácter permanente cuando se encuentren en
situaciones de actividad o de reserva con destino, así como los militares
de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que
teniendo una relación de servicios no permanente, es decir, temporal,
tengan más de seis años de servicio. Y con carácter residual, para
algunos casos por razones de operatividad, de funcionalidad o de
seguridad, se mantendrá el régimen vigente de asignar una vivienda.
Además, el proyecto establece determinadas ayudas para el acceso a la
vivienda en propiedad. En primer lugar, determina la enajenación a los
usuarios, a los que tienen actualmente la utilización de la vivienda,
excepción hecha de las que se declaren expresamente con carácter residual
no enajenable. En segundo lugar, se consideran ayudas a los militares en
servicio activo, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
especialmente mediante la subvención de parte de los intereses que puedan
concertar con entidades financieras privadas. Por último, también se
contemplan medidas como, por ejemplo, la enajenación de suelo a entidades
cooperativas, con lo cual, señoría --y con esto termino--, queda, a
nuestro juicio, perfectamente garantizado este derecho de los militares.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Berenguer.
La señora MARTINEZ BERENGUER: Gracias, señor Ministro.
Gracias a esta Ley se pueden archivar expedientes de desalojo abiertos
por la aplicación de la normativa anterior siempre que las causas no
correspondan a incumplimientos típicos de los contratos de arrendamiento.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
INTERPELACIONES:
-- DE DON ANGEL FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL SECTOR ELECTRICO Y EL GOBIERNO EN RELACION
CON LA IMPLANTACION DEL DISEÑO QUE CONFIGURA EL ACTUAL MARCO NORMATIVO DE
DICHO SECTOR. (670/000104)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del orden del día: interpelaciones. La primera de ellas la formula
el Senador don Angel Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el acuerdo alcanzado entre el sector eléctrico y el Gobierno en
relación con la implantación del diseño que configura el actual marco
normativo de dicho sector.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
señor Ministro, después de diez meses de implantación de la ley del
sistema eléctrico hemos de constatar un rotundo fracaso.
La ley del sistema eléctrico, que fue aprobada en noviembre de 1997,
tenía como objetivos aumentar la competencia, disminuir el precio de las
tarifas, aumentar la calidad en el servicio y, en definitiva, generar un
mercado de la electricidad.
Esta ley es muy importante para la sociedad y era muy importante también
para los consumidores, sean industriales, de servicios o sean
consumidores individuales. Esta ley es un instrumento fundamental para el
desarrollo económico y social, pero, ¿qué hemos constatado al cabo de
nueve meses? Hemos constatado un rotundo fracaso. ¿Y por qué digo un
rotundo fracaso? Porque la ley, según las expectativas que ustedes
planteaban, desarrollaría por sí misma la competencia de forma estimable
en el sector y, por consiguiente, podría ir generando las condiciones que
cualquier mercado hace posibles con todas las consecuencias positivas y
negativas que el mercado tiene.
Pasados nueve meses, prácticamente ninguno de los más de diecinueve
millones de posibles compradores de electricidad se ha convertido en
elegible. Ya lo advertíamos: esta ley era teóricamente liberalizadora,
pero en la práctica supone un cierre a la competencia y al mercado. Y lo
decíamos, porque no es posible tanta influencia de los duopolios
eléctricos en el diseño de la norma. Los duopolios eléctricos no quieren
la competencia y su influencia se ha dejado sentir en la norma: umbrales
excesivamente altos, posibilidad de que elijan tan sólo unos quinientos
electores, y de éstos prácticamente ninguno lo ha hecho. Insisto: los
umbrales son excesivamente altos para elegir, hay una alta garantía de
potencia, peajes altos, etcétera: es decir, se trata del puzzle adecuado
confeccionado por las eléctricas para que aquí no haya ningún tipo de
competencia.
Pero, ¿por qué tienen miedo las eléctricas a la competencia? ¿Acaso
saldrían perjudicadas, o tienen el músculo tan poco desarrollado que
tienen miedo a salir al mercado? Sin embargo, en la norma tomamos una
decisión por la vía parlamentaria consistente en compensar a las
compañías eléctricas por los riesgos o costos de la transición a la
competencia con un importante volumen económico. Y me pregunto para qué
se hizo eso, si en estos momentos, después de transcurrido casi un año,
no hay competencia, aunque las eléctricas ya han recibido una parte del
pastel que el Parlamento definió. ¿Quizá es que las compañías eléctricas
españolas son distintas a las existentes en cualquier otro país? Insisto,
¿por qué tienen miedo a la competencia?
En cualquier país --por ejemplo, Estados Unidos, Suecia o Alemania--
todos pueden ser electores en el mundo de la electricidad. Aquéllos que
más han desarrollado la competencia, como Inglaterra o Noruega, hoy son
nuestros principales competidores, están saliendo al mercado con fuerza,
porque la competencia ha creado empresas más eficientes, poderosas y
potentes y les ha aportado una experiencia que en estos momentos les
permite salir de esos países y competir en otros, incluido el nuestro.
¿Qué hacer, pues, ante esta situación, en la que la ley no ha
desarrollado sus potencialidades porque tenía cepo, como el que se pone a
los coches? ¿El Gobierno tiene mecanismos que le permitan garantizar y
aumentar el nivel de competencia?
Si repasamos algunos de los elementos centrales de la ley, por ejemplo,
la elegibilidad, vemos que la ley es muy clara en ese sentido. El
Gobierno tiene facultad para, revisando las circunstancias del mercado,
bajar los umbrales para la elección de la electricidad. Insisto en que
nosotros advertimos que los umbrales eran muy altos, que no iban a dar
ningún juego o resultado. Pero ustedes siguieron erre que erre. Es cierto
que hicieron una pequeña quita, y en el protocolo firmado por las
empresas eléctricas consiguieron que el umbral a partir del cual se
pudiera elegir fuera de 20 gigavatios. Se hizo una pequeña concesión ante
nuestras resistencias y bajó hasta 15 gigavatios. Sin embargo, nosotros
planteábamos que el umbral fuera de 5 gigavatios en 1998 y de 0,5 en el
año 2000; es decir, queríamos que existiera un mercado real de demanda,
que pudieran acudir al mercado de electricidad, no las grandes empresas o
las multinacionales, sino fundamentalmente el tejido industrial español,
por eso proponíamos que disminuyeran los umbrales, de forma que la
elegibilidad pudiera ser efectiva. Asimismo, pedíamos que en el año 2003
pudieran elegir todos los consumidores individuales.
Pues bien, ustedes se empeñaron en poner esa barrera, lo hicieron, y aquí
tenemos los resultados: 15 gigavatios en 1998; 9 gigavatios en el 2000; 5
gigavatios en el 2002, y un gigavatio en el 2004. Y ahora, ante el
fracaso, no han tenido más remedio que romper el esquema, pero --aquí
quiero hacer la primera observación-- la ley le permite al Gobierno
hacerlo, no necesita el compromiso con nadie ni dar ningún tipo de
contrapartidas ni someterse de nuevo a la decisión de las cuatro grandes
compañías eléctricas, que ya antes, por la influencia que ejercieron,
dificultaron el desarrollo del mercado, y veo que ahora de nuevo, con sus
pretensiones, vuelven a hacerlo y, encima, a conseguir grandes y
suculentas contrapartidas. (El señor Alonso Buitrón: ¡No te escucha!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Silencio, por favor, señoría.
El señor FRANCO GUTIEZ: En segundo lugar, otro de los objetivos centrales
del desarrollo de la ley era reducir las tarifas. ¿Quién puede hacerlo?
Las tarifas las puede reducir el Gobierno que no necesita consultar con
nadie ni llegar a ningún acuerdo con nadie. Es una autonomía que nadie
sabe por qué el Gobierno la cede. Usted me dirá que, uno de los logros de
la Ley del sector eléctrico es que se han rebajado las tarifas de forma
sustantiva, hasta más del 10 por ciento.
Señor Ministro, en el desarrollo de la ley le decíamos que las tarifas
fijadas en el Protocolo eran exiguas --también, qué casualidad, firmadas
con los empresarios-- y que era posible reducirlas de forma mucho más
sustantiva porque las circunstancias favorables de aquellos momentos lo
permitían. Insisto en que eso lo decíamos en el debate de la ley.
Ustedes, en el posterior desarrollo, ya han hecho algunas cosas, y las
reconocemos. Han bajado las tarifas más allá de lo que el Protocolo
planteaba, pero usted sabe también que el Protocolo permitía al Gobierno
bajar las tarifas en mayor cuantía si se producían una serie de
circunstancias. ¿Cuáles son las condiciones que planteaba el Protocolo?
(De nuevo se volvieron a engañar los empresarios.) Si los intereses
bajaban del 6,5 por ciento o si la demanda aumentaba por encima del 2,5
por ciento. Pues bien, estas dos variables fundamentales en el sector se
han modificado y, por consiguiente, el Gobierno podía haber bajado las
tarifas de electricidad siguiendo estos parámetros aprobados en el
Protocolo, mucho más allá del 3 por ciento; en torno al 8 por ciento. Y
el Gobierno no lo ha hecho, dejando ahí ya un margen importante a las
compañías eléctricas.
El segundo aspecto que quería resaltar es que para bajar las tarifas no
hace falta llegar a acuerdos con nadie y para bajar los umbrales de
elegibilidad tampoco. Es verdad que si éstos se bajan para aumentar el
número de electores, es posible que las empresas pierdan algunas
cantidades de dinero, y nosotros no queremos que se arruinen las empresas
ni hacerlas ineficientes; al contrario, queremos que sean potentes y
eficientes, porque eso garantiza no solamente un mejor funcionamiento del
servicio, sino, a la larga, una mejor garantía para los consumidores.
Por eso, no protestamos por no bajar del 8 por ciento las tarifas
eléctricas, porque pensamos que si esto se acompaña con la bajada de los
umbrales de elegibilidad, las pérdidas de las eléctricas se podían
compensar y, por consiguiente, aumentar el número de electores,
garantizando un beneficio para los consumidores y, al mismo tiempo, un
desarrollo del mercado que, a la postre, sería un beneficio para el
conjunto de los consumidores.
Además, teníamos que contemplar un tercer elemento que la ley planteaba,
los CTCs, es decir, los costos de tránsito a la competencia, las ayudas
que los empresarios, de forma excepcional, deberían recibir a través del
Estado para compensarles de las posibles pérdidas por el desarrollo del
nuevo sistema. Sin embargo, hay que resaltar que los costos de tránsito a
la competencia venían cifrados en la ley como máximo en un billón,
800.000 millones de pesetas. Ya en aquel momento nosotros hicimos una
enérgica protesta, pensando que lo máximo que se podía pagar eran 480.000
millones de pesetas y que, en principio, ahí se ponía por la cara un
billón, 500.000 millones de pesetas más.
Sin embargo, el Gobierno podía dar a las eléctricas estos costos de
tránsito a la competencia en cantidades de año a año y, al mismo tiempo,
revisar la cantidad total, que era un umbral máximo, en función de las
variables que el mercado plantease, de forma que se ajustase de verdad lo
que era equivalente al costo que las empresas padecían por entrar en el
tránsito a la competencia.
Usted sabe perfectamente que era necesario analizar año a año los costes
de los equipos de generación, los activos productivos, el nivel de la
demanda, los tipos de interés, la vida de las centrales, etcétera, y, en
función de ello, se iría ajustando esta cantidad máxima para que
finalmente el Gobierno pudiese pagar a las empresas lo que hubiesen
perdido por la entrada en la competencia, pero ni una peseta más. Al
mismo tiempo era una garantía para los consumidores que podían tener la
seguridad de que el coste del tránsito a la competencia era el justo y
equilibrado.
En estos momentos, las empresas, amparándose en la necesidad de
liberalizar el mercado, amparándose en el hecho de la necesidad de
rebajar las tarifas, plantean una cuestión absolutamente desmedida, desde
nuestro punto de vista, que es la titulización. ¿Qué quiere decir esto?
Que el Estado garantice con su aval la entrega a las empresas eléctricas,
en garantía de los costes de tránsito a la competencia, un billón 100.000
millones de pesetas. Ya tendremos oportunidad de explicar esto un poco
mejor.
Los empresarios pretenden con ello conseguir la inseguridad para las
empresas eléctricas. Es verdad que titulizar es una ventaja para éstas,
pero es extraordinariamente perjudicial para los consumidores y para los
demás agentes del sector. Usted sabe, señor Ministro, que prácticamente
todos los consumidores, todas las organizaciones de consumidores se han
enfrentado a este presunto acuerdo que usted ha hecho con los empleados
del sector. El Parlamento deliberadamente quiso que los consumidores
pagaran la electricidad por encima del precio de competencia pero la
cantidad total estaba en relación con las variables a que antes me he
referido. Además, ello era indicativo. Con los costes a la competencia se
pretendía garantizar un seguro para las empresas eléctricas. Sin embargo,
con la titulización éstas quieren un derecho. Pensamos que si ustedes
materializan este acuerdo con las empresas eléctricas, éstas podrían
recaudar más dinero del que necesitan para cubrir los costos del tránsito
a la competencia. El límite máximo que fijábamos en la ley sólo sería
posible en una situación extrema, en una grave recesión, en la
disminución de la demanda o el acortamiento de la vida de las centrales.
Si se fija ahora una cantidad determinada y concreta, la diferencia entre
el coste real y el que se les haya pagado, ya no será devuelto nunca; es
decir, será un costo adicional para los consumidores incomprensible e
innecesario. No se puede saber qué cantidad es la necesaria, la justa,
porque, como he dicho antes, la cantidad final depende de la evolución de
estas variables y no sabemos cómo será dicha evolución en el mercado. Por
consiguiente, cualquier planteamiento que ustedes hagan en este momento
no garantiza un descenso ni un beneficio para los consumidores, sino un
exceso de beneficio para los empresarios. Con esta titulización que
ustedes proponen, los empresarios podrán adquirir 600.000 millones más de
lo que les correspondería, y esta cantidad debería ser pagada por los
consumidores.
En definitiva, creemos que se debe liberalizar el mercado, que se deben
bajar las tarifas y que se deben pagar los costos del tránsito a la
competencia, pero tal y como lo plantea la ley. No es necesario cambiar
ningún marco
de la ley. El marco de la ley desequilibra el acuerdo que existía en el
anterior marco legal mediante el cual los empresarios obtenían un
beneficio pero también existían garantías de no perjudicar a los
consumidores.
Pensamos que cualquier modificación que se efectúe distinta a la que
plantea el marco legal es un perjuicio para los consumidores, que se
arriesgan a que no bajen las tarifas en el futuro y a que la competencia
no llegue; igualmente perjudica a los grandes consumidores, puede causar
perjuicio a los autogeneradores, a los transportistas y a los
distribuidores, así como a los entrantes en el mercado, es decir, puede
dificultar la competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, debería terminar
cuanto antes.
El señor FRANCO GUTIEZ: Con esto acabo.
Ya se lo dijimos en el trámite de la Ley. Ustedes hablan de
liberalización, pero, en el fondo, lo que consagran es el monopolio. Si
ustedes no desarrollan la norma en los extremos que nosotros hemos
planteado, donde tengan participación aquellos que quieren competencia,
que son, fundamentalmente, los que van al mercado a comprar, ustedes
pueden impedir una vez más que exista mercado, que haya competencia,
porque no es suficiente con que en un mercado haya demandantes, sino que
es fundamental que existan oferentes. Y en estos momentos todas las
trazas parecen indicar que los oferentes son un duopolio, que van a
pactar incluso los precios, y, por consiguiente, el mercado no va a
existir, pero sí, mientras tanto, seguiremos pagando los costes
multimillonarios a la competencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Franco
Gutiez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor Presidente.
Señorías, a estas alturas creo que no hace falta que insistamos demasiado
en la forma en que el contexto externo en el que nuestro país está cada
día más integrado condiciona nuestra política económica y, en especial,
nuestra política industrial. A lo largo de los últimos dos años y medio,
el Gobierno ha comparecido ante las Cámaras en múltiples ocasiones
explicando las implicaciones que van a tener para nuestras empresas
fenómenos tales como la internacionalización o la pérdida del mecanismo
del ajuste del tipo de cambio ante pérdidas de competitividad en el
contexto de la unión económica y monetaria europea, de manera que hoy en
día todos somos conscientes de la necesidad de ser competitivos y de la
relevancia que adquiere en este sentido la liberalización de los mercados
de factores productivos, y, desde luego, la electricidad lo es.
Después de mucho tiempo de asimetrías en el sentido de que nuestras
industrias han tenido que competir en los mercados internacionales de
bienes, de productos finales, sin poder simultáneamente disfrutar de los
mercados de factores suficientemente flexibles --más bien, enormemente
intervenidos--, el Gobierno se ha propuesto firmemente poner fin a este
tipo de distorsiones. Y por ello se ha puesto en marcha un conjunto de
reformas estructurales, que, como era de esperar, tiene uno de sus
capítulos fundamentales en el sector energético, y, dentro de éste, en el
sector eléctrico.
Aunque el Grupo Parlamentario interpelante lo conoce bien porque era
quien apoyaba al Gobierno responsable, creo que para comprender la
magnitud de las reformas que estamos haciendo conviene recordar la
situación de partida. Hace poco más de dos años nuestro país contaba con
un sector eléctrico fuertemente intervenido por la Administración a
través de la planificación obligatoria de las inversiones, de la reserva
para el Estado bajo la consideración de servicio público de algunas de
las actividades que integran al suministro eléctrico y de tarifas
administradas, de manera que no existían incentivos --y en la práctica se
vio con toda claridad-- para que las empresas incorporasen las
tecnologías más eficientes que hicieran posible trasladar ganancias de
productividad hacia los consumidores. Hay que decir que el sistema,
ciertamente, aseguraba el suministro, pero hay que decir también que lo
hacía a un coste demasiado elevado.
En consecuencia, se hacía necesario liberalizar el sector simplificando
trámites administrativos para ejercer las actividades de suministro de
energía eléctrica, devolver el protagonismo a las empresas en la toma de
decisiones en situaciones de riesgo y apostar por una mejora en la
asignación de los recursos a través de la competencia y las reglas del
mercado; en definitiva, una reforma profunda destinada a mejorar tanto la
situación de las empresas, como la de los consumidores, una reforma,
señorías, que ha supuesto una clara ruptura con el enfoque seguido por
anteriores Gobiernos en lo que se refiere a la liberalización de los
mercados de factores y, en particular, a la liberalización del sector
eléctrico.
Es cierto que nuestros predecesores iniciaron una tímida liberalización
de los mercados de factores productivos, pero se trataba de una
liberalización de mínimos, con frecuencia impuesta por la normativa
europea, aunque de la intervención del interpelante parece que la
normativa europea no tiene nada que ver con los ritmos y con los
calendarios --podríamos hablar también de eso después--, y siempre, desde
luego, una liberalización en el límite o en el margen, es decir, una
liberalización que sólo afectaba a los nuevos entrantes y pretendía hacer
compatible el llamado sistema independiente con la continuidad del
llamado sistema integrado. Este es el caso tanto del mercado eléctrico,
en el que la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, la LOSEN,
crea un mercado independiente en el que, ciertamente, son posibles
negociaciones de precios entre consumidores y empresas eléctricas --no se
produjo ni una--, pero sólo con carácter marginal y sometidas a
autorización administrativa.
Esta estrategia de liberalización al margen, en el límite era, en
realidad, una liberalización de diseño, de simple
cosmética, de imagen, porque se liberaliza en el margen pero se conserva
el carácter profundamente planificador, por lo que no se obtuvo resultado
alguno sobre los precios. En efecto, el Gobierno de aquella época evitó
asumir el inevitable coste que toda verdadera liberalización comporta. Es
decir, el coste derivado al reducir los privilegios de los antiguos
monopolios, oligopolios o grupos de interés, que parece que han surgido
ahora con la nueva ley, y sin cuya asunción no hay ganancia posible para
los consumidores. Desde nuestro punto de vista, ésta no era la estrategia
adecuada para reducir la simetría del entorno competitivo al que estaban
sujetas las empresas españolas, a las que antes me refería.
Por estas razones, frente a esta estrategia errónea de liberalizar en el
límite, el actual Gobierno optó por una estrategia de liberalización
global que, a diferencia de la anterior, no cambia las reglas del juego
solamente para el que actúa en el margen y para los nuevos entrantes,
sino que va dirigida a todos por igual.
Tras estas nociones, que me parece necesario recordar, sobre los
principios que sustentan las reformas, voy a intentar ahora describirles
brevemente los cambios que han tenido lugar en el sector eléctrico.
Para proceder a su liberalización y tras la firma del famoso Protocolo
eléctrico con las empresas, que permitía iniciar la reforma sobre una
base de consenso, el Gobierno inició la reforma legislativa que hoy se
plasma en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. La
Ley gira en torno a seis principios básicos: la libertad de
establecimiento, la creación de un mercado mayorista organizado de
energía eléctrica, la libertad de aprovisionamiento, si bien es cierto
con algunas restricciones, por ejemplo, para el carbón nacional --me
refiero a aprovisionamiento de materias primas--, la libertad de elección
de suministrador, el apoyo específico al régimen especial de generación y
el establecimiento de un período transitorio para la recuperación de los
denominados costes de transición a la competencia.
Como consecuencia de ello, a lo largo de los dos últimos años hay que
destacar una serie de hitos que voy a intentar resumirles.
En primer lugar, hemos hecho un amplio trabajo para avanzar en el
desarrollo reglamentario de la ley. Les recuerdo que ésta se aprobó el 27
de noviembre --no hace ni tan siquiera un año-- y que conseguimos que
todo estuviese listo para poner en marcha el mercado el 1 de enero --por
tanto, un poco más de un mes--. En estos momentos, también se están
ultimando los reales decretos que regulan la sociedad de transportes,
distribución y comercialización y el régimen especial; hay dos borradores
ya en trámite de audiencia, y esperamos su aprobación en Consejo de
Ministros en muy breve plazo.
En segundo lugar, se ha conseguido una sustancial reducción de tarifas.
Nunca antes se habían reducido las tarifas que supone más de un 6,5 por
ciento nominal entre 1996, 1997 y 1998, cifra que se eleva por encima del
10 por ciento en términos reales y que es un 11 por ciento nominal en el
caso de las tarifas industriales, que en términos reales asciende a un 15
por ciento.
Desde principios de año hay que destacar también el satisfactorio
funcionamiento del mercado eléctrico, que se ha ido perfeccionando a
medida que se creaban las primeras empresas comercializadoras y los
primeros contratos con clientes cualificados, primero, para atender
demandas adicionales en horas punta y, más recientemente, ya de carácter
bilateral. Esta misma semana se van a otorgar las primeras autorizaciones
de agentes externos, según lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de
julio, con lo que esperamos dar mayor profundidad al mercado al
incorporarle, además, una dimensión exterior que nunca ha tenido.
Por último, hay que resaltar también la creciente dinamización en lo que
respecta a la modernización de la capacidad instalada. Son varias las
empresas que han anunciado ya su intención de acometer nuevas
inversiones, apostando tanto por el régimen especial como por tecnologías
más eficientes, por ejemplo, ciclos combinados basados en gas natural, lo
que nos confirma que contamos efectivamente con un marco jurídico
adecuado para incentivar la modernización de un sector tan estratégico
para la competitividad de un país, como es el sector eléctrico.
En definitiva, han sido dos años de intenso trabajo en los que se han ido
sentando las bases de un sector eléctrico moderno y eficiente, y en los
que hemos logrado avances muy significativos en beneficio de los
consumidores, a la vez que el nuevo marco regulatorio está propiciando
una dinamización sin precedentes de las estrategias empresariales tanto
en lo que se refiere a las estrategias comerciales, como a las decisiones
de inversión.
Pero es evidente que faltan cosas por hacer. Crear un mercado de la nada,
porque no había mercado, no es fácil y requiere siempre una cierta
transición. Hay que tener en cuenta que los consumidores cualificados
pueden optar entre consumir a tarifa o contratar la energía con los
comercializadores, y en la medida en que los clientes que ostentan ahora
mismo la condición de cualificados disfrutan de tarifas claramente
competitivas, es razonable que este mercado se haya iniciado,
básicamente, contratando consumos adicionales a determinadas horas del
día, por ejemplo, en las horas punta.
A pesar de las dificultades, lo que sí quiero subrayar con toda
rotundidad es el compromiso inequívoco del Gobierno con el proceso de
liberalización del sector. Los condicionantes de la regulación anterior,
que carecía totalmente de un mecanismo competitivo de asignación de
recursos, y el hecho de que seamos un país pionero en esta experiencia,
lleva a que la liberalización siga un proceso continuo y, si me permiten
la expresión, de prueba y error, y esto no nos tiene por qué extrañar. Un
proceso en el que vayamos dando pasos firmes que conduzcan a mayores
niveles de competencia y capacidad de elección por parte de los
consumidores, sin poner en riesgo, como también decía el interpelante, la
situación económico financiera de unas empresas que a medio plazo, sin
duda, han de acometer una importante modernización de sus instalaciones y
se encuentran ante un mercado cada vez de mayor dimensión.
Ello explica el reciente principio de acuerdo a que han llegado Gobierno
y empresas eléctricas, porque el Gobierno, a través del Ministerio de
Industria y Energía, estaba insatisfecho con los niveles de
liberalización real alcanzados en los primeros meses de aplicación del
nuevo marco regulatorio --y no pasa nada--, y a partir de ahí se han
propuesto una serie de medidas tendentes a dinamizar el mercado de
clientes cualificados, acelerando el calendario para adquirir dicha
cualificación, reduciendo peajes de acceso a las infraestructuras y
abaratando el coste de la garantía de potencia, y desde luego con ello se
va mucho más allá, no sólo de lo que dice la directiva comunitaria --que
de hecho la propia ley ya establecía unos ritmos más ambiciosos que los
que establece la directiva comunitaria--, sino anticipando en cinco años
la reducción a un gigavatio, que creo que es algo muy significativo y
relevante. Estos acuerdos también permiten conseguir reducciones de la
tarifa para los consumidores no calificados para el año que viene
superiores a las pactadas en el protocolo de 1996.
Es evidente que eso supone una mayor incertidumbre para las empresas,
derivada de un entorno en el que habrán de hacer frente a mayores niveles
de competencia, y que se intenta compensar --y ahí es donde están los
equilibrios del acuerdo y del diálogo con los sectores-- con una
reducción de la incertidumbre que viene afectando al cobro futuro de los
costes de transición a la competencia. A partir de ahí se propone la
titulación de una parte importante de esos costes, pero hay de nuevo una
nueva renuncia expresa de las empresas a cobrar algo más de 257.000
millones de pesetas. Ello exige la afectación de un porcentaje de la
tarifa, no un recargo, como si lo fue la titulización de los costes
derivados de la moratoria nuclear, que además era una titulización que
tenía la garantía global y completa del Estado, tanto para el principal
como para los intereses como para el período de recuperación. Por tanto,
no es un recargo, ni tiene la garantía del Estado, sino que es un
porcentaje que se afecta de la tarifa y, por tanto, hace falta
efectivamente en ese punto modificar la ley del sector eléctrico, y sólo
en ese punto. De manera que los términos en que el acuerdo se plasme
definitivamente dependen ahora --aunque el Gobierno hará un
planteamiento-- de los representantes de la soberanía popular, a través
del Parlamento; el Gobierno está abierto a escuchar, como es natural,
todas las posiciones y a sacar las conclusiones más adecuadas.
Señorías, la intención liberalizadora del Gobierno creo que queda clara
en las medidas que se han ido adoptando y en el contenido de este
preacuerdo. La reforma del sector ha tratado de lograr un equilibrio
entre los intereses de los consumidores --y los beneficios son
constatables-- y los de las empresas eléctricas, que reciben
compensaciones, que no ayudas, por la transición a un marco competitivo,
y por tanto por el cambio de reglas del juego al que se las somete, y por
un montante desde luego sustancialmente inferior al de los costes
reconocidos. El protagonismo del Estado se reduce, a partir de ahí, cada
vez más, en favor de la libre competencia asegurando la operatividad de
los mecanismos --que garantiza la libre competencia en otros sectores de
la economía-- en el del suministro eléctrico.
Es verdad que siempre se puede cuestionar el ritmo liberalizador, bien; o
ciertas cuestiones puntuales, bien. De hecho, lo hace la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, y demuestra con eso su buena
independencia, pero creo que nadie puede discutir que los progresos
realizados, tanto en el ámbito de los consumidores --porque dígase lo que
se diga nunca hasta ahora habían bajado las tarifas-- como en el de las
empresas eléctricas, han sido notables en estos dos últimos años. Nunca
se hablaba de nuevas inversiones en el sector eléctrico, y en cambio
ahora se habla de inversiones muy importantes. Existe un amplio consenso,
del que participa además la propia Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, en el sentido de que hoy tenemos un sistema eléctrico desde
luego mucho más competitivo y mucho más eficaz que el que contemplaba la
LOSE, que tampoco es tan antigua, es más bien reciente, en el que las
empresas eléctricas viven desde luego de forma más incómoda, pero también
es verdad que tienen más oportunidades, y sobre todo en el que los
consumidores se están beneficiando ya de precios nominales y reales mucho
más bajos.
Lo que a este Ministro le resulta difícil de entender, señoría, es que
las principales críticas a dicho proceso, que siempre es complejo, vengan
precisamente de aquellos que otorgaron los privilegios y que en su
momento no hicieron nada para eliminarlos; los mismos que ahora pretenden
darnos lecciones de liberalización y a los que yo desde luego pediría un
poco más de modestia y un simple ejercicio de memoria, porque tampoco ha
pasado tanto tiempo.
Desde luego, el acuerdo alcanzado con las empresas eléctricas se inscribe
en esta estrategia de avance en la liberalización, mediante el equilibrio
de intereses. Permítanme insistir en que, en todo caso, su plena
aplicación exige cambios en la ley del sector eléctrico y, por lo tanto,
su plasmación definitiva depende ahora, no ya directamente del Gobierno,
sino de los representantes de la soberanía popular, y desde luego, como
he dicho antes, como siempre vamos a escuchar a todo el mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro de
Industria.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted estaba muy interesado en la competencia --y yo no
se lo discuto-- cuando debatimos la Ley y hemos descubierto que es un
fracaso. Me da la sensación de que su excesiva buena voluntad la han
interpretado perfectamente las compañías eléctricas y cada acuerdo al que
usted llega con estas compañías, lejos de diseñar o desarrollar la
competitividad, supone un nuevo freno a la competitividad. ¿Por qué se
empeña usted en negociar con las compañías eléctricas si el duopolio
eléctrico no tiene ningún interés en la competencia, si la
competencia puede perjudicar los intereses de estas compañías? ¿Por qué
no habla usted, a la hora de desarrollar la ley, con aquéllos que son los
auténticos interesados en que haya competencia que son los consumidores?
Usted sabe que existe una Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Lo
primero que han hecho ustedes es un planteamiento extraordinariamente
opaco. Nadie sabía ni que estaban ustedes negociando. De la noche a la
mañana aparece un acuerdo, y usted sabe que cualquier desarrollo de la
Ley debe contar con la opinión de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, donde están todos los agentes del sector, y ustedes tienen
miedo a que hablen los agentes del sector, donde hay intereses
contradictorios, donde los temas son incompatibles muchas veces y hay que
llegar a acuerdos. Por eso ustedes se empeñan en no ir ni a la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico ni al Consejo.
Usted no hace más que confirmarme mis temores. ¿Por qué ustedes intentan
ligar la rebaja de tarifas, el aumento de elegibilidad con el regalo que
hacen a las eléctricas? Ya le he dicho que ustedes tienen plena
competencia, desde el punto de vista legislativo, para bajar las tarifas
y que éstas pueden bajar más de lo que en estos momentos se están
planteando. ¿Cómo me dice que ha llegado a un compromiso con las
eléctricas para bajar las tarifas en los años 1999, 2000 y 2001 si las
tarifas eléctricas pueden bajarse en función de las variables del
mercado, si pueden, como este año, no bajar el 3 por ciento sino el 8 por
ciento? Ustedes están haciendo un nuevo regalo a las eléctricas porque
las tarifas podían bajar mucho más de lo que lo van a hacer. Es más, si
se cumple este acuerdo, las eléctricas van a impedir que se bajen las
tarifas en el futuro en los términos que sería deseable, porque ustedes
van a provocar que los consumidores paguen la titulización, el billón
100.000 millones de pesetas y esto ¿en base a qué criterios? Lo máximo
que podemos pagar en coste de tránsito a la competencia son 480.000
millones de pesetas, y hay estudios que lo avalan. ¿Por qué es un billón
100.000 millones de pesetas? Dice usted que es porque consideran que es
así. Pero en la Ley se planteaba que año tras año el Gobierno podría
hablar de los costes de tránsito a la competencia que hay que dar a las
empresas eléctricas para compensarles en función de las variables del
mercado. ¿Por tanto, en qué se basan para afirmar que es un billón
100.000 millones de pesetas a las eléctricas? ¿Es que acaso ustedes son
profetas? ¿Saben ustedes lo que va a ocurrir en los años 1999, en el
2000, en el 2001 o en el 2002, hasta el 2007? Porque si ustedes titulizan
un billón 100.000 millones de pesetas, lo que pueden estar haciendo es
regalar enormes cantidades a las eléctricas que tendrán que pagar los
consumidores. Por eso viene la protesta de los consumidores, porque se
pierde el equilibrio. Antes existía un garante, que era el Gobierno,
sobre la base de unas circunstancias; en estos momentos el Gobierno
también deja su garantía, pierde su autonomía, pierde capacidad para
decidir cuántos son los millones de pesetas que supone el tránsito a la
competencia. Esto va a perjudicar notablemente a los consumidores, porque
son los que tendrán que pagar lo titulizado, los gastos de la
titulización y porque la ley, para que esto no se produzca, tiene que
variarse, porque el Parlamento decidió que los costes de tránsito a la
competencia se harían año tras año y analizando las circunstancias del
mercado y de las industrias para, al final, no darles ni una peseta de
más ni una peseta de menos. Y usted me dice que bajan las tarifas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Franco, ha terminado su
tiempo. Tendrá ocasión de volver a intervenir.
Entramos en el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es evidente que estamos ante una filosofía que este
Senador no comparte.
Indudablemente, la manera en la que se están produciendo las
privatizaciones, sin control, está llevando a lo que era previsible que
llevara, y no solamente ocurre en las eléctricas, sino también en
Telefónica y en otros sectores que son estratégicos y en los cuales, la
entrada en la competencia, que era el eje principal a la hora de hacer
las privatizaciones, es un proceso complejo.
Para paliar de alguna manera la falta de control del Gobierno, puesto que
éste se desentiende de estas empresas, ya que al privatizarse y cotizar
en Bolsa son ya de capital privado en plena competencia, se preveía que
las organizaciones de consumidores fueran los mecanismos que ejercieran
un cierto control.
Pues bien, las organizaciones de consumidores, tanto en el marco de las
eléctricas como en el de la telefonía, están quejándose permanentemente
porque no están siendo consultadas ni tenidas en cuenta para nada. Está
resultando claro que, de alguna manera, tiene que haber unos mecanismos
serios y correctores, y que el Gobierno, en definitiva, no puede
renunciar a ejercer ese tutelaje. El objetivo era, por un lado,
garantizar la competencia real y efectiva, y, por otro lado, servir mejor
a los usuarios. Estamos ante un sector, como el eléctrico, en el que la
acumulación del capital de las empresas eléctricas ha sido el resultado
de un sacrificio enorme de generaciones de españoles; en lo fundamental,
no ha sido una aportación de los inversores, sino de los usuarios,
quienes a través del pago obligatorio de las tarifas eléctricas han ido
haciendo una acumulación de capital, razón de más para que ahora, al
privatizarse, los consumidores tengan un papel importante en el control
de las empresas eléctricas. Efectivamente, estamos en un proceso de
inicio de las privatizaciones de sectores estratégicos como éste, pero
hay experiencias en el marco europeo como para saber que un monopolio con
incidencia estatal se puede convertir en un oligopolio privado si el
Estado renuncia a intervenir en él, y no se consigue el objetivo que
teóricamente se perseguía: abaratar el servicio, que éste se diera mejor
y que hubiera una liberalización real y una amplia competencia en estos
sectores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos considera el tema de esta interpelación, que nos
reúne hoy, de vital importancia para el sector eléctrico y para los
consumidores. También es importante para la competitividad industrial,
dado que entre todos hemos llegado a un acuerdo político en el cual hemos
establecido que un pie de esa competitividad industrial es precisamente
el descenso de los costes energéticos en general.
Sobre el contenido de la interpelación presentada por el Senador Franco
se está hablando excesivamente en el exterior y muy poco en el foro
político, que es donde se debería hablar. Incluso, invitaría al Grupo
Parlamentario Socialista, en el espíritu de fomentar un debate político
importante, a que continuara presentando una moción como consecuencia de
interpelación, porque me parece que no hay tiempo suficiente para este
debate político, o no se busca, y es necesario buscarlo. Me parece que el
tema es de un contenido lo suficientemente importante como para que haya
un verdadero debate político entre los grupos políticos.
El Grupo Parlamentario Vasco tanto en el Congreso como en el Senado está
preocupado por esta materia. Estamos preocupados fundamentalmente por la
transparencia habida en la discusión del tema que afecta a la
titulización. Conocemos que hay un acuerdo --lo hemos visto-- y, sin
embargo, no sabemos dónde estamos. Existe un informe, elaborado por la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico que, a nuestro modo de ver, no ha
tenido respuesta oficial. Hemos podido leer y estudiar un proyecto de
enmienda que iba a ser presentada en la Ley de acompañamiento, cuyo
destino final no sabemos cuál es ni cuándo va a aparecer, que por
supuesto nos gustaría debatir, y nos encontramos ante una incertidumbre
que es fundamentalmente política. Nuestro Grupo, tanto en el Congreso
como en el Senado, no quiere verse obligado a tomar posiciones políticas
que no quiere adoptar. Señor Ministro, éste es un mensaje que le
transmito a usted directamente.
Nuestro Grupo tuvo un protagonismo importante en la confección de la ley,
pero en estos momentos nos encontramos ignorados. Entendemos que la
titulización tiene efectos no homogéneos en todo el sector; dependiendo
de la decisión y del grado de decisión que se tome, unos y otros, los
componentes del sector, van a verse favorecidos de manera diferente. Para
nosotros la titulización debe buscar objetivos para invertir en
modernización del sector y competir de forma que tengamos una energía que
reduzca los costes energéticos generales de nuestra sociedad y de nuestra
industria. Para nosotros ése es un objetivo fundamental y estamos
dispuestos a hablar en todo lo que sea necesario.
Nuestro Grupo está preocupado y, como le decía, estamos ignorados porque,
como usted ha señalado, están los reales decretos sobre el régimen
especial, sobre redes de transportes, sobre autorizaciones de generación
donde todavía no hemos tenido respuesta a las cuestiones que hemos
planteado, y nuestro Grupo colaboró con el Gobierno y con su Ministerio,
estimo que de forma eficiente y eficaz, en sacar adelante la ley y, sobre
todo, contribuyó a que se hiciera mucho y a que se cambiara mucho en el
sector energético.
Estamos dispuesto a hablar, pero no para renegociar acuerdos y proyectos
ya establecidos y aceptados. Además, nuestro Grupo está preocupado por la
elegibilidad. Bien es verdad que uno de los objetivos que nuestro Grupo
se marcó en toda la negociación de la ley, que es que el consumo de un
gigavatio fuera comprendido para los calificados como clientes a partir
del año 1999, está previsto. Sin embargo, no queremos pararnos ahí.
Entendemos que tampoco se debe vincular la elegibilidad a los puntos de
conexión, ya que nos podemos encontrar en este tema con una pequeña
trampa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le quedan dos segundos.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor Presidente, brevemente.
Además, la verdadera competitividad, la competitividad industrial
efectiva está en introducir a aquellos que consumen menos de un gigavatio
o giran en torno al 0,3 y 0,1 para que ellos puedan incorporarse también
a partir del año 2000, y toda una pléyade de pequeñas y medianas
industrias puedan incorporarse al carácter de consumidores calificados.
Finalmente, señor Ministro, estamos preocupados por qué pasará en el
sector eléctrico en el futuro, dónde termina verdaderamente el proceso de
demandas del sector, cuándo termina la transición a la competencia de una
santa vez y cuándo y cómo se consolida el sistema del régimen especial.
Son muchas las preguntas que tenemos, y consideramos que este debate
político abierto hoy debe continuar --por ello insistía en mi propuesta
al Grupo Parlamentario Socialista--, un debate político, señor Ministro,
con los Grupos Parlamentarios, en su Ministerio y también en las Cortes
Generales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracia, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, ante la cuestión planteada por la interpelación
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y después de oír al
interpelante, al señor Ministro y a los demás Grupos, nuestro Grupo,
Convergéncia
i Unió, va a fijar su posición sobre dicha interpelación.
Primero, nuestro Grupo acordó en su momento la reforma de la Ley y
estableció un marco de liberalización. Segundo, el actual marco normativo
del sector eléctrico todavía está pendiente de su desarrollo, por
ejemplo, mediante el decreto de régimen especial y el decreto de
retribución de la distribución, entre otros, como ha dicho antes el señor
Ministro. Tercero, nuestro Grupo no está en contra de la titulización,
pero sí de que se modifique la Ley quebrando el consenso.
En todo caso, nuestro Grupo siempre, siempre estará abierto al diálogo
para que la configuración definitiva del sector eléctrico se alcance en
el marco de un acuerdo lo más amplio posible.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez, por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En conclusión, la Ley del sistema eléctrico ni ha mejorado la competencia
--era un futurible--, ni ha rebajado las tarifas en la medida en que era
posible. Y ya que usted habla tanto de rebaja de tarifas, señor Ministro,
según un estudio de Unesa, durante el período 1992 a 1996, sin ley del
sector eléctrico, se bajaron las tarifas el 11 por ciento. Ustedes van a
rebajar las tarifas, con la Ley, un 10 por ciento hasta la fecha, un 2,5
en 1999, en total, un 12 o un 14 por ciento. Por consiguiente, están
hablando de una cantidad que parece exagerada ocultando que en los años
anteriores, sin ley, también se rebajaban esas tarifas, y ocultando al
mismo tiempo que se pueden rebajar las tarifas mucho más en función de
las variables que se citan en el propio protocolo.
Por otro lado, la Ley del sistema eléctrico confirma la posición
dominante del monopolio de las eléctricas en la elaboración de la Ley y
en su desarrollo o cambio. No entendemos por qué ustedes intentan ligar
la titulización --de la que ya hemos dicho que estamos en contra-- con la
bajada de tarifas y con el aumento de accesibilidad. Si se tituliza no
bajan las tarifas, esto es falso. La reducción de las tarifas debe
hacerse independientemente de cualquier otro compromiso, y el Gobierno
puede hacerlo según la motivación de las variables mencionadas, que son
las que deben utilizarse para rebajar las tarifas en 1999, en el 2000 y
en el 2001. Porque en estos momentos, dada la situación del mercado, los
mayores ingresos que tienen las compañías no se deben a su eficiencia y,
por consiguiente, deben recaer en los consumidores. Si se acepta esta
petición de las eléctricas de ligar la rebaja de tarifas con la
titulización se disminuye la capacidad del Gobierno para reducir las
tarifas en el futuro, y es muy posible que las tarifas no bajen después
de que se titulice y que incluso suban, porque hay que pagarlo.
Es también un engaño que si se tituliza haya una quita de 250.000
millones de pesetas, porque, señor Ministro, no puede haber quita de
250.000 millones de pesetas donde no hay cantidad fija, sino solamente un
límite superior. Es falso, por consiguiente, decir que bajar la cantidad
en 250.000 millones de pesetas sería beneficioso para los consumidores,
porque, sin ninguna duda, la cantidad en la que se cifran actualmente los
costes de la transición a la competencia es el límite máximo y nunca el
límite correcto.
Por otra parte, ustedes también argumentan que la titulización traerá
consigo el aumento de elegibilidad. Ya le he demostrado antes que esto no
es así, que ustedes tienen capacidad, según la ley actual, para bajar los
umbrales de acceso al consumo eléctrico. Si ustedes nos hubiesen hecho
caso, hoy estaríamos hablando de otra manera.
Además, ustedes pactan con las eléctricas y es muy tímida la
elegibilidad; es muy tímida. ¿Cuántas empresas se van a beneficiar? ¿Ocho
mil empresas? ¿Quiénes serán, señor Ministro? ¿Las pequeñas empresas, las
que fundamentalmente componen el tejido industrial español, o éstas se
van a quedar otra vez al margen? ¿Se van a beneficiar las
multinacionales? Sí, al igual que las grandes cadenas comerciales, porque
es muy tímida esta capacidad de elegibilidad, y de nuevo las empresas
eléctricas imponen su dominio.
Usted dice que la titulización de un billón 100.000 millones de pesetas
da seguridad a las eléctricas. Claro que produce cierta seguridad en las
eléctricas, y ¿a quién produce inseguridad? A quien tiene que pagar la
titulización de un billón 100.000 millones de pesetas. ¿Quiénes son los
que tienen que pagar esto? Los consumidores. ¿A través de qué? A través
de las tarifas. Por consiguiente, señor Ministro, lo que es bueno para
las eléctricas es malo para los consumidores.
Pero además, el Parlamento español decidió cómo tenían que pagarse los
costos de tránsito a la competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Franco Gutiez, debería
acabar.
El señor FRANCO GUTIEZ: Termino ya.
Debía hacerse año a año y revisando los propios costos en función de las
circunstancias. Con lo que ustedes van a hacer --y sinceramente esperamos
que no lleguen a hacerlo-- y con la opacidad que han venido mantenido no
se va a aumentar el nivel de competencia, porque, si bien es verdad que
se va a aumentar éste por la vía de los compradores, no se va a aumentar
éste a corto plazo por la vía de los oferentes. Y usted sabe
perfectamente que los nuevos entrantes están incorporándose en estos
momentos de la mano de los que hoy forman parte del duopolio o del
monopolio eléctrico.
Por consiguiente, lo que ustedes pretenden es beneficiar a las eléctricas
en más de 600.000 millones de pesetas, perjudicar notablemente a los
consumidores, no aumentar el nivel del mercado; en definitiva, dejar que
las eléctricas sean las que, aparte de diseñar el proyecto de la ley,
desarrollen el cambio de la ley o creen otra norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, la interpelación que hoy presenta a la Cámara
el Senador Franco Gutiez en nombre del Grupo Parlamentario Socialista no
la puedo definir como oportuna o inoportuna porque la misma no tiene más
que una calificación, la de extemporánea: impropia en el tiempo en que se
hace, fuera de su tiempo propio y oportuno.
Califico la interpelación de extemporánea, Senador Franco, porque después
de catorce años de gobiernos socialistas que hoy, sin ninguna razón, como
voy a tratar de demostrarle, vengan a criticar los acuerdos alcanzados
entre el MINER y las empresas eléctricas --usted ha citado ciertos
aspectos como los costes de transición a la competencia, los CTCs y la
titulización de los mismos-- es propio de un cinismo político o de un
juego demagógico o, al menos, de una repentina pérdida de memoria.
Señor Franco, ¿han perdido la memoria? Pues no se preocupe su señoría
porque yo se la voy a recobrar. Los CTCs, señoría, son consecuencia de la
aplicación de los acuerdos alcanzados entre los gobiernos socialistas y
el sector; acuerdos que ustedes no fueron capaces, ni en la LOSEN ni
después, de eliminar o renegociar porque el intervencionismo primaba
sobre la liberalización. Estos CTCs, señor Franco, se refieren a la
amortización de las inversiones realizadas en cumplimiento de las
políticas económicas y energéticas definidas y de la planificación por
los pasados gobiernos socialistas, que fueron aprobadas en el Parlamento
y cuya recuperación fue garantizada por el Estado. ¿Lo va recordando,
señor Franco? La valoración de las mismas, señorías socialistas, en la
contabilidad de las empresas eléctricas alcanzaba la cifra de 3,5
billones de pesetas, que ustedes no negaron nunca a pesar de estar en la
contabilidad de las mismas.
Hasta aquí, señores socialistas, podemos decir que es el antes, pero hay
un después que se plasmó a partir de marzo de 1996, que llevó a los
acuerdos del Gobierno con el sector, y que yo le voy a tratar de aclarar.
El Gobierno Popular, a través del protocolo, de la ley, incluso de los
acuerdos alcanzados con las empresas eléctricas dentro de un contexto
real de liberalización mediante un equilibrio de intereses, como era
lógico, aunque por debajo de los costes de amortización que correspondía
a las empresas eléctricas, llegó a lo siguiente --y quiero añadir,
además, que no existe en mí un ánimo crítico, pero que voy a tratar de
ilustrale, Senador Franco, porque me ha parecido, por su intervención,
que usted flotaba en el conocimiento del problema--: frente a la cifra de
3,5 billones de pesetas presentada por las empresas eléctricas, a 31 de
diciembre de 1997, el acuerdo final se cifró en un billón 998.000
millones de pesetas. De ellos, señorías socialistas, 295.000 corresponden
a la utilización del carbón autóctono para el consumo de las empresas
eléctricas. En los acuerdos a los que se llegó posteriormente, a 31 de
diciembre de 1998, se rebajó esta cifra, que queda en un billón 610.000
millones de pesetas, que voy a explicar. Es decir, señorías socialistas,
que estarán ustedes de acuerdo en que, frente al coste previsto --y aquí
sí que se puede utilizar lo de la herencia recibida de ustedes--, el
coste final ha sido rebajado de manera importante. ¿Qué ha supuesto este
acuerdo? Yo se lo digo: que los progresos realizados tanto en el ámbito
de los consumidores como en el de las empresas eléctricas en los dos
últimos años han sido notables, y también se lo voy a explicar.
Tenemos hoy en día un sistema eléctrico, señorías, más competitivo y
eficaz que el pregonado por ustedes con la LOSEN, en el cual las empresas
eléctricas --es cierto-- tienen que luchar en un mercado competitivo más
duro, pero también más amplio y, como consecuencia, los consumidores ya
se están beneficiando de precios nominales y reales mucho más bajos. Le
recuerdo, a propósito de lo que usted ha dicho, y en lo que creo que está
equivocado --tengo aquí el informe de Unesa por si lo quiere ver--, que
desde 1982 a 1996 la evolución del precio medio de la energía en pesetas
corrientes pasó de 7,49 pesetas kilovatio/hora a 14,54 pesetas
kilovatio/hora, y únicamente permaneció invariable --qué casualidad-- en
1996, año de elecciones ¿Qué ha pasado desde 1996 hasta hoy, señorías
socialistas, con las medidas adoptadas por el MINER, por el Gobierno
Popular? Se ha conseguido una sustancial reducción de tarifas que supone
más del 6,5 por ciento nominal, 10 por ciento en términos reales, que
equivale a un 11 por ciento nominal y que en el caso de las tarifas
industriales supone casi un 15 por ciento real.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, por favor,
concluya su intervención.
El señor UNCETA ANTON: Termino, señor Presidente, pero permítame...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No. Tiene que terminar usted.
El señor UNCETA ANTON: Esto es lo que critican en su interpelación,
Senador Franco. ¿Acaso era mejor su modelo, señorías socialistas? Se
reducen sustancialmente los precios eléctricos para los consumidores
cualificados al rebajar los peajes, hoy en día ya en el 25 por ciento, y
la garantía de potencia disminuye 1 peseta kilovatio/hora. En 1999
disminuyen un 2,5 por ciento las tarifas pagadas por los consumidores no
cualificados, y un 1 por ciento en el 2000 y en el 2001. La rebaja total
alcanzada desde 1997 hasta el 2001 será de un 10,7 por ciento en términos
nominales, y del 18,8 por ciento --no del 13, como usted decía-- en
términos reales.
Senador Franco, quiero subrayar que, desde nuestra posición, no
rechazamos el papel de la oposición, de control del Gobierno cuando está
fundamentado y puede mejorar su labor en beneficio de aquéllos a los que
todos
representamos democráticamente, más cuando se reduce a los argumentos
expuestos por el Senador Franco en esta interpelación, no podemos hacer
otra cosa que rechazarla.
Por otra parte --y acabo, señor Presidente, se lo prometo--, debo
tranquilizar al Senador Franco: es cierto que la titulización de un
billón de pesetas compromete a este Gobierno, pero no será así respecto a
los futuros gobiernos, no les afectará a ustedes. Se liquidarán las
obligaciones por gobiernos populares, y cuando algún día pasen de
alternativa a Gobierno, que será dentro de unos cuantos lustros, al menos
recibirán una herencia diferente de la que recibió este Gobierno.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Esta interpelación, Senador Franco, tiene una parte positiva, se lo tengo
que admitir, ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, por favor, concluya.
El señor UNCETA ANTON: Termino con esto, señor Presidente.
Tiene una parte positiva, Senador Franco, porque nos lleva al
aseguramiento de que el Ministro de Industria, el Gobierno, están en la
buena senda, y ese descubrimiento a través de sus argumentaciones
expuestas en relación con esta interpelación es algo digno de
agradecimiento.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted sabe que el
tiempo, en la vida parlamentaria, es un recurso escaso, y que lo
importante es optimizarlo, no gastar más. Esa es una buena política
industrial.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, agradezco las intervenciones de todos los señores Senadores
porque todas ellas han hecho aportaciones interesantes a un debate que
--como, en particular, ha dicho el Senador Albistur-- es uno de los más
importantes que podamos hacer en estas Cámaras para hablar de la
competitividad y del futuro de nuestro país.
Al señor Nieto quiero decirle que es evidente que estamos en posiciones
ideológicas completamente distintas. Yo, desde luego, respeto su
posición. Simplemente, quiero manifestarle que la alternativa basada en
la intervención administrativa y en el carácter público de buena parte de
las empresas que estaban en el sector eléctrico consistió en hacer algo
que todo el mundo ha reconocido después, y es que nuestros costes
eléctricos eran de los más altos de Europa y, además, las tarifas subían
un año tras otro.
Agradezco también las ofertas de diálogo del Senador Albistur y del
Senador Simó y las comparto. En mi intervención he dejado clara muestra
de esa voluntad de diálogo que se está produciendo ya. Estoy seguro de
que es perfectible como siempre. Nuestra disposición a discutir las
eventuales enmiendas y los diferentes desarrollos reglamentarios de la
ley es permanente. Estamos ahora en trámite de audiencia respecto de la
reglamentación de transporte, de distribución y de régimen especial, y
esa va a seguir siendo nuestra actitud.
También es verdad que podemos discutir muchas veces sobre el ritmo de la
elegibilidad, sobre si hemos de considerarla o no sobre la base de los
puntos de conexión, sobre si hemos de agruparlos o rebajar más los
umbrales de elegibilidad. La actitud del Gobierno, que es
--como he dicho al principio-- realista y pragmática, es ir probando
para ver cómo va reaccionando el mercado, y esa posibilidad la dejamos
abierta siempre. De hecho, ahora lo hemos demostrado con ese intento de
rebajarla sustancialmente.
Decir que hace apenas un año bajamos de un 23 por ciento de la demanda
con capacidad de ser elegible a casi el 50 por ciento y que de unos pocos
centenares de empresas pasamos a casi 8.000 puede parecer poco. Puede
parecer poco, pero, desde luego, es bastante relevante y no se puede
minimizar. Insisto en que estas quejas que aluden a la mayor demanda de
liberalismo serían mucho más creíbles si en algún momento, en el pasado,
se hubiera sido coherente con esa posición.
Hablar ahora de que hay un duopolio eléctrico, dejando aparte que esto no
responde a la realidad, queda bien, pero lo que había hasta ahora eran
monopolios, cada uno en su territorio. Ahora hay varios agentes que
intervienen en el mercado. Nos pueden parecer muchos o pocos. Están
apareciendo muchísimos en régimen especial, muchísimos cogeneradores y
autogeneradores que empiezan a tener un porcentaje muy importante en el
mercado.
Van a hacerse nuevas inversiones. Va a haber agentes externos. Un mercado
no se construye en dos días. Pero, desde luego, como no se construye es
sobre la base de un monopolio, que es lo que había.
Quiero decirle al Senador Franco que si comparamos la transparencia a la
hora de negociar un protocolo, firmarlo, hacerlo público, llevar una ley
del sector eléctrico al Parlamento, debatirla hasta la saciedad, negociar
de nuevo con el sector eléctrico, plantear la cuestión aquí, venir
infinidad de ocasiones a explicar las cosas, si comparamos eso con
aprobar los decretos de tarifas en la Noche Vieja en los despachos de mis
predecesores o comparamos eso con la transparencia que supone aprobar el
marco legal y estable con un decreto, esto no merece ningún tipo de
comentario.
Por lo tanto, quiero decirle al Senador Franco que su intervención me ha
recordado ese famoso chiste que consiste en que cuando se pilla a una
persona in fraganti en una infidelidad, se lo cuenta a un amigo y el
amigo le pregunta: oye, ¿y tú que hiciste? La respuesta fue: No, yo
negarlo. Pues eso es lo que ustedes están haciendo ante la evidencia.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
-- DE DON ANTONIO GARCIA CORREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO TENDENTES A LA
DINAMIZACION ECONOMICA, MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, PLANES DE
FORMACION Y SANEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS ZONAS Y COMARCAS AFECTADAS
POR LA CRISIS DE LAS EMPRESAS DE MINERIA NO ENERGETICA, DE SIMILARES
CARACTERISTICAS A LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN 1998-2005 DE LA
MINERIA DEL CARBON. (670/000109)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Formula la siguiente
interpelación el Senador don Antonio García Correa, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno tendentes a la dinamización económica, mejora de las
infraestructuras, planes de formación y saneamiento medioambiental de las
zonas y comarcas afectadas por la crisis de las empresas de minería no
energética, de similares características a las medidas contempladas en el
Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
Tiene la palabra el Senador García Correa. (El señor Vicepresidente,
Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la interpelación que hoy presento tiene por
objetivo que el Gobierno informe a la Cámara sobre las medidas que piensa
adoptar tendentes a la dinamización económica, mejora de las
infraestructuras, planes de formación y saneamiento medioambiental de las
zonas y comarcas afectadas por la crisis de las empresas de minería no
energética, de similares características a las medidas contempladas en el
Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón.
Yo creo que hoy nos vamos a entender mejor, señor Ministro. Ya le dije
una vez en Comisión que en realidad éramos compañeros de trabajo aunque
con una pequeña diferencia: mientras yo conducía un volquete en Corta
Atalaya, usted era el Presidente de Ercros, pero en realidad trabajamos
en el mismo grupo. Le estaba diciendo que creo que hoy me va a entender
bastante mejor que algunos representantes de su Grupo, porque como usted
ya sabe de qué le hablo, estoy convencido de que no va a culpar a los
socialistas de que se hayan tenido que cerrar minas en la provincia de
Huelva, me refiero a la minería de pirita, porque usted era el Presidente
de Ercros en aquellos momentos, y usted llevó a cabo la reconversión del
sector de fertilizantes en este país. Por tanto, si hablamos de culpas
--usted tampoco la tenía, es que había que hacerlo--, es posible que
usted tuviera un poco más de culpa que la que teníamos los socialistas en
aquellos momentos.
Quiero hacer también una referencia a la minería del carbón para que todo
quede hoy muy claro y para que después no se digan cosas que no se han
dicho desde esta tribuna. Si en algún momento hago referencia a la
minería del carbón y al plan de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, en ningún momento estamos queriendo decir que estemos en contra
de lo que el Gobierno y los agentes sociales hicieron en aquel momento.
Ya dijimos el año pasado, y lo decimos desde esta tribuna, que nosotros
estamos completamente de acuerdo con lo que hizo el Gobierno entonces.
Creemos que hay que apoyar a la minería --de ahí esos cientos de miles de
millones que se destinan a la minería del carbón--, y así lo hacían los
gobiernos de Franco, los de la UCD, los gobiernos socialistas y lo sigue
haciendo el Gobierno del Partido Popular, y también creemos que hasta que
no haya una alternativa para que esos trabajadores mineros puedan seguir
trabajando, habrá que seguir apoyando esa minería. Por tanto, que quede
claro el apoyo del Partido Socialista.
Y también apoyamos que, una vez que hay unos fondos que antes no había,
una vez que el Gobierno del Partido Popular está desinvirtiendo, está
privatizando todo lo público que hay en este país, y puesto que se está
generando una cantidad de dinero muy importante, una parte de ese dinero
se destine a un plan de desarrollo alternativo a estas comarcas para que
poco a poco vayan dependiendo menos de la minería. Me parece que eso es
correcto y, por tanto, nosotros lo apoyamos. Ahora bien, creo que también
estamos en nuestro derecho de defender --para eso nos han votado y para
eso estamos aquí-- que si con ese dinero procedente de las
privatizaciones se financian estos planes de desarrollo alternativo en
unas comarcas mineras, se financien también con ese mismo dinero en otras
que igualmente lo necesitan. Y el señor Ministro así lo ha reconocido en
contestación a mi pregunta --luego haré referencia a ello--, como lo ha
reconocido también la Directora General de Minas. Estas comarcas lo
necesitan porque lo están pasando incluso mucho peor que las comarcas del
carbón.
Por tanto, que no se haga demagogia después en las provincias --no digo
que la haga el señor Ministro-- diciendo que los socialistas hemos venido
a Madrid para que se cierren las minas y diciendo que cuando pedimos un
plan de desarrollo alternativo a la minería lo que en realidad estamos
pidiendo es que se cierren las minas y que se cree otro empleo. Eso no es
verdad. Se falta a la verdad y se miente cuando se dicen esas cosas.
Lo que nosotros decimos es que no sólo hay que apoyar la minería que
tenemos, sino seguir investigando. Debemos seguir investigando,
concretamente en mi tierra, la faja pirítica, ya que pensamos que en el
futuro podrían aparecer nuevos yacimientos que pueden generar empleo y
riqueza para nuestro país. Pero también sabemos que esa investigación es
lenta, que los proyectos mineros tardan muchos años en desarrollarse, que
necesitan inversiones de muchos miles de millones de pesetas, y, mientras
tanto, la gente tiene que seguir comiendo, señor Ministro. Porque en esas
cuencas mineras existe un 50
por ciento de paro, a pesar de que se trabajan las minas que todavía
existen, sobre todo, en las cuencas de minería metálica; luego, si se
cierran, para qué queremos más. Y si ese porcentaje de población en paro
está tranquilo es gracias a las ayudas de los distintos Gobiernos
socialistas, señor Ministro, porque usted sabe perfectamente que un día
puede ocurrir que se presente un expediente de suspensión temporal de
empleo y que después puede producirse el cierre de las minas de Tharsis,
que cuenta con mil mineros con una media de edad superior a los 50 años.
Por tanto, los Gobiernos socialistas --tanto de Madrid como de
Andalucía-- ayudaron a esa pobre gente. ¿Qué iban a hacer? Insisto, les
ayudaron y concedieron planes de pensiones para que más del 50 por ciento
de esa gente pudiera quedarse en sus casas. Ante eso, algunos miembros
del Partido Popular dicen que vamos por ahí jubilando a la gente,
dándoles limosnas, y cosas por el estilo. Estoy seguro de que el Partido
Popular hubiera dejado en la calle a todos ellos. (Rumores.) Pero el
Partido Socialista no hizo eso, sino que les dio una pensión justa para
que pudieran seguir manteniendo a su familia.
Posteriormente hubo, ha habido y sigue habiendo una serie de planes de
choque --porque no había más remedio-- por parte de la Junta de Andalucía
para que la gente de esos pueblos mineros pudiera seguir comiendo. Por
tanto, quiero que quede perfectamente claro que nosotros defendemos la
minería al cien por cien, y luego pedimos todo lo demás.
También quiero indicar que, aunque me refiera en mayor medida a las minas
que más conozco --obviamente, las andaluzas--, nosotros siempre hablamos
de las cuencas mineras y no hacemos lo que decía el portavoz popular el
año pasado, con motivo del debate de una interpelación, afirmando que
mezclábamos unas cosas con otras, que hablábamos de todas las minerías:
de la de cantera --que estaba muy bien--, de la del mármol, de la de
pizarra, etcétera. Pero eso no son cuencas mineras, y usted lo sabe muy
bien. Nosotros sabemos lo que decimos, hablamos de cuencas mineras, y no
de una cantera de mármol, pizarra o granito que pueda haber en un
determinado municipio. Eso no es una cuenca minera. Por tanto, la moción
que presentamos y la negociación que seguimos exigiendo que se lleve a
cabo entre los sindicatos, el Gobierno y las administraciones afectadas
puede delimitar perfectamente lo que son cuencas mineras, que todos
sabemos cuáles son: las cuencas del carbón, y las cuencas que hay en
Andalucía; por ejemplo, en la provincia de Huelva, o en Granada, donde
está la mina de Alquife, que tiene 400 trabajadores, y todos están en la
calle esperando a ver qué van a hacer con ellos.
Y vamos a ver qué ocurre con Aznalcóllar, porque desde el año pasado --en
que se defendió por parte del Grupo Socialista una moción-- hasta estos
momentos, desgraciadamente, las cosas han cambiado para mucho peor.
Entonces los mineros de Aznalcóllar estaban trabajando sin problemas. El
señor Ministro me dijo en Comisión que le habían invitado a la
inauguración del yacimiento de Los Frailes, a la que no pudo ir debido a
un problema, pero que era un yacimiento importante. Ha habido una
desgracia de la que nadie tiene la culpa; todos sabemos lo que ocurrió, y
eso ha ocasionado lo que todos conocemos. Pero ahora todos los mineros de
Aznalcóllar están en suspensión temporal de empleo.
Por otro lado, en aquel momento, y aunque mal --ya lo decía este
Senador--, los trabajadores de Minas de Río Tinto estaban trabajando.
Había más de 700 en una Asaja que, como ya dije entonces, hubo que
constituir, y los trabajadores se quedaron con la mina porque la empresa
se marchó. Pero esos trabajadores hoy no están trabajando; se ha tenido
que despedir a todos aquellos que tenían contratos temporales, y se
encuentran en la calle sin tener siquiera derecho al desempleo porque no
habían trabajado el tiempo suficiente para generarlo. Y en cuanto a los
trabajadores fijos de la empresa, más de 600, están casi en su totalidad
en suspensión temporal de empleo y sin saber lo que va a ocurrir. El
Ministro decía también hace un año que el problema de Río Tinto era
coyuntural, que se debía a la bajada del precio de cobre, y que esperaba
que éste subiera. Pero ha pasado un año y, desgraciadamente, el precio se
mantiene entre los 1.500 y 1.600 dólares/tonelada. ¿Va a seguir así mucho
tiempo? No lo sé, no soy adivino. No sé si dentro de tres meses el cobre
va a subir y aquello entonces pueda ser rentable, pero la realidad es lo
que ocurre en estos momentos.
Y mientras tanto, se habla de que se va a defender la minería, de que eso
está por encima de todo, de que va a haber mucha ayuda para los mineros,
etcétera. Por supuesto. Pero eso no sólo hay que decirlo, sino también
hacerlo; y hay que hacerlo con pesetas, con unos presupuestos en
condiciones. Lo que no puede ser es que mientras un 50 por ciento de los
mineros trabajan la minería del carbón y el otro 50 por ciento trabaja el
resto de la minería, los Presupuestos Generales del Estado contemplen
para un 50 por ciento de los mineros más de 200.000 millones de pesetas y
para el resto, 1.200 millones de pesetas.
Eso es lo que había en los Presupuestos de 1998 para ayuda a la minería.
Y de esos 1.200 millones de pesetas, para la minería metálica, que es la
que tiene más problemas, solamente 600. Así, la Directora General de
Minas me decía un día que ella tenía 600 millones de pesetas y que
estaban más que comprometidos, por lo que ella no podía hacer otra cosa.
Y tenía razón. ¿Qué va a hacer con 600 millones de pesetas en un momento
de crisis como este en la minería metálica?
Por tanto, no sólo hay que hablar y decir cosas, sino que después hay que
plasmarlas en los Presupuestos Generales del Estado. La Junta de
Andalucía --tengo que decirlo-- en los Presupuestos de 1998 tenía 1.000
millones de pesetas para ayuda a la minería y pasó a 2.000, es decir,
dobló la cantidad. Es insuficiente todavía, pero, por lo menos, pasó de
1.000 millones de pesetas a 2.000. Sin embargo, la Administración central
aporta solamente 600 millones de pesetas para la minería metálica de todo
el Estado.
El señor Ministro ha hablado también de que había que investigar nuevas
tecnologías, de la tecnología de la hidrometalurgia, etcétera. Estamos de
acuerdo, señor Ministro,
pero no sólo hay que decirlo, hay que hacerlo. Eso lo decía usted el año
pasado.
Y mientras que la Junta de Andalucía ha previsto en los Presupuestos
Generales del Estado de 1998 hay una cantidad de 400 millones de pesetas
y el compromiso de poner más dinero si sigue adelante la planta
hidrometalúrgica, por parte de la Administración central no se ha puesto
ni un duro.
En cuanto a la ayuda a la minería, señor Ministro, por parte de la Junta
de Andalucía se han concedido a la empresa Minas de Río Tinto, S. A.,
2.200 millones de pesetas de los que han cobrado ya 1.850 y el resto está
pendiente de que presenten las certificaciones oportunas.
Y en los Presupuestos Generales del Estado de 1999 hay un aval de 1.500
millones de pesetas para Minas de Río Tinto, S. A., más otros 670
millones de pesetas para la cuenca. Mientras tanto, muchas promesas,
muchas declaraciones en Huelva, pero la verdad es que las pesetas no se
ven por ningún lado.
Hay otras minas cuyo problema está a la vuelta de la esquina como, por
ejemplo, Minas de Tharsis. Sabe usted, señor Ministro, que hace unos años
tenía mil trabajadores repartidos por una serie de poblados de la cuenca
minera del Andévalo, que de esos mil trabajadores, como dije al
principio, quedan unos 100 que extraen pirita y a los que,
desgraciadamente, les queda muy poco tiempo para seguir haciéndolo. Usted
sabe que el único cliente que tiene es Fertiberia --empresa que usted
conoce muy bien--, la cual está invirtiendo en el polo químico de Huelva
6.000 millones de pesetas para construir una planta de ácido sulfúrico a
base de azufre elemental. No podemos objetar nada a eso; nosotros somos
sensatos, señor Ministro; comprendemos que una planta de ácido sulfúrico
en un pueblo industrial como Huelva es mucho mejor a base de azufre
elemental que de pirita, porque genera mucha menos contaminación, es
obvio, porque, primero, es una fábrica nueva y, segundo, no deja
residuos, ya que el azufre se quema todo, mientras que la pirita tiene un
47 o 48 por ciento de azufre, que es lo que se quema, por lo que queda un
51 o un 52 por ciento de residuos. En consecuencia, no podemos decir que
no a eso, pero cuando esa planta empiece a producir, ¿qué hacen los
trabajadores de Minas de Tharsis?
Le he hablado de Alquife, de Río Tinto, de Tharsis, y ya sabe usted cómo
está Cala. Presur se está manteniendo, está pagando el salario a los
obreros, pero, ¿hasta cuándo? No sabemos. La realidad es que en los
últimos dos o tres años se han perdido ya 50 o 60 puestos de trabajo en
esa mina. Le he hablado de Aznalcóllar y de las minas de Almadén, donde
se ha perdido gran cantidad de empleo y es otra cuenca minera importante
para nosotros.
Yo creo, señor Ministro, que lo que hace falta es dinero y tratar de que
estas minas puedan seguir tirando, algunas con muchas dificultades
--somos conscientes de ello--. Porque si hay una mina de pirita y no hay
nadie que compre ni un kilo de pirita, difícilmente se puede mantener esa
mina. Es como este Parlamento, si ustedes no acuden a él --como hacen
muchas veces--, si no vienen aquí los Ministro, ¿para qué queremos las
sesiones de control? No sirven para nada. Exactamente igual ocurre con la
minería, si nadie compra pirita, ¿para qué queremos las minas de pirita
abiertas? ¿Quién las va a financiar?
Señor Ministro, en la primera parte de mi interpelación he querido dejar
claro que nosotros defendemos la minería, para que nadie vaya diciendo
después por ahí que queremos cerrar las minas. Hay que defenderlas, hay
que salvarlas, porque todavía generan en Andalucía unos 2.500 puestos de
trabajo, y son importantísimos porque están en unas comarcas donde es
difícil la diversificación económica para crear otro tipo de empleo.
Con los puestos de trabajo que existen en las minas difícilmente se puede
mantener esta comarca. Por ejemplo, el 50 por ciento de la población
activa en la comarca de Río Tinto se encuentra en paro, trabajando sus
minas al cien por cien, con 700 trabajadores. Exactamente igual ocurre en
las comarcas mineras de Cala, de Andévalo, de Alquife, o de Almadén, en
Ciudad Real: El 50 por ciento de la población activa de estas cuencas
mineras se encuentra en paro, funcionando las minas. Por tanto, decimos
sí a la ayuda a la minería. Queremos que los Presupuestos Generales del
Estado contemplen unas partidas para poder hacer frente a esas ayudas. Si
no se recoge lo que el Gobierno ha presentado, pedimos la aceptación de
las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a estos
presupuestos para poder disponer ya de unas partidas dignas y hacer
frente a los problemas que tiene la minería.
Entramos en la parte principal de mi interpelación. Usted sabe que
venimos reivindicando el Plan de Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras porque entendemos, señor Ministro, que, aunque trabaje el cien
por cien de la minería y por mucho que la defendamos, repito que siempre
el 50 por ciento de la población activa se encontrará en paro. Ya le he
manifestado nuestra conformidad con el acuerdo que se firmó en su día
porque va encaminado a generar empleo alternativo en cuencas mineras
donde hasta hace muy poco lo único que existía era el trabajo en la mina.
Por tanto, nos parece extraordinario que surjan otras actividades
económicas en la zona. Con el dinero de las privatizaciones, que es
dinero de todos los españoles, se ha acordado invertir 520.000 millones
de pesetas durante ocho años a un ritmo de inversión de 65.000 millones
de pesetas/año en las comarcas mineras del carbón, y lo que pedimos es
que se negocie algo parecido con los sindicatos y con las
administraciones afectadas para que las cuencas mineras que no son del
carbón tengan el mismo tratamiento.
Nos consta que existen problemas en el desarrollo del plan del carbón,
sabemos que hay incumplimientos por parte del Gobierno en la provincia de
León y en alguna otra, pero esperamos que poco a poco se vaya arreglando
y para eso están los agentes sociales firmantes del Plan, para exigir al
Gobierno el cumplimiento del compromiso que asumieron en su día.
Señor Ministro, lo mismo que se destinan 50.000 millones anuales para
obras en infraestructuras, 10.000 millones para potenciar proyectos
empresariales generadores
de empleo, o 5.000 millones anuales para formación, queremos que se haga
algo similar en estas comarcas porque estoy convencido de que así estas
comarcas no morirán ni se sentirán tan marginadas por parte del Gobierno
del Partido Popular como se encuentran en este momento. Y no me pregunten
por qué no lo hicieron los socialistas, porque ya hace unos años que
están gobernando. Todos los días no se puede vender una Telefónica ni se
puede vender una Argentaria, ni se puede vender todo lo público que
existe en este país. Además, señor Ministro, estas cuencas mineras se lo
merecen porque durante muchos años, cientos de años, han estado aportando
mucho a la economía nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador García Correa, le ruego
vaya concluyendo.
El señor GARCIA CORREA: Voy terminando rápidamente, señor Presidente.
Estas cuencas mineras han aportado mucho a la economía nacional. Aquella
aportación se debió tanto al trabajo en las minas como, desgraciadamente,
a los muchos mineros que tuvieron que emigrar. En todos los países de la
Comunidad Europea hay mineros de Río Tinto, de Tharsis y de muchos otros
sitios. También se encuentran en Cataluña, en Bilbao, en todas partes.
Estos emigrantes mandaron mucho dinero a España para que se pudiera
desarrollar nuestro país y se pudieran crear empresas como Telefónica,
Argentaria y tantas otras que ahora se están vendiendo por parte del
Partido Popular. Por tanto, es justo que ahora que se está recogiendo
parte de ese dinero, una parte importante del mismo sirva para solucionar
el problema de estas cuencas mineras.
Como dispongo de dos intervenciones más, no quiero añadir nada. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Correa.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor Ministro de
Industria y Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, creo que todos compartimos un objetivo, que es la defensa de la
actividad minera en nuestro país, una defensa basada sobre la
racionalidad, sobre la búsqueda de la rentabilidad y de la eficiencia,
sobre la base también de ciertas formulaciones de carácter político, y
creo que debemos salir de la confusión de equiparar lo que se puede hacer
en la minería del carbón, que por definición es minería energética y que,
por tanto, entra dentro de la responsabilidad de las bases de la política
energética que corresponde al Gobierno central, de lo que es la
formulación de apoyo a la minería no energética, que responde a los
mismos requerimientos que cualquier otro sector de la economía, por lo
que no es admisible plantearlo en términos de hace falta dinero, porque
para eso --incluso para la minería del carbón, como usted sabe-- hace
falta ir a Bruselas y que se aprueben los regímenes de ayudas y, como
para cualquier otro sector, las ayudas públicas en principio están ya
prohibidas y hay que hacer planteamientos que no se anclen en el pasado.
De la misma manera, le informo --lo digo para que no lo vaya repitiendo
posteriormente-- que el dinero que se dedica a la reactivación, a la
reindustrialización y a la diversificación de las cuencas mineras del
carbón no procede de las privatizaciones. No lo vuelva a decir. Los
dineros proceden de recursos que están en los Presupuestos Generales del
Estado, que forman parte del gasto público y que, por lo tanto, cargan
sobre el déficit. Los dineros de privatizaciones no sirven para financiar
ni el gasto, ni el déficit público. Están sirviendo, entre otras cosas,
para cubrir todas las obligaciones sociales derivadas de las
reconversiones que hicieron los Gobiernos socialistas, que hicieron pero
no pagaron, y tenemos que pagar ahora.
En cualquier caso, ¿sabe quién vendió el 75 por ciento de Argentaria,
quién vendió el 33 por ciento de ENDESA, quién vendió el 90 por ciento de
REPSOL? Yo se lo puedo recordar: fueron ustedes, fueron los socialistas.
Y, por lo tanto, también tenían posibilidad, porque entonces sí que se
podían utilizar para este tipo de cuestiones, no como ahora, que los
recursos de privatizaciones no pueden ir a financiar el gasto y el
déficit.
Por tanto, no vayamos repitiendo cosas que, como son tan falsas,
descalifican el resto de su argumentación. No querría descalificarlo
porque hay una base de fondo que le acepto y celebro, y es esa
preocupación por muchas personas que están pasando por una situación
grave, por una situación complicada, derivada de una serie de
circunstancias que intentaré explicar.
En los últimos años se han producido hechos tales como el progresivo
agotamiento de algunos yacimientos y eso no se puede resolver.
Normalmente cuando se agota un yacimiento se provocan situaciones
críticas en algunas empresas, como en todos los sectores, lo que no
quiere decir que no haya que ser sensible y ver qué se puede hacer. Pero
no estamos ante un fenómeno extraño o distinto a otros fenómenos que
pueda haber en el resto de la economía. Y hay también una crisis en los
precios de los metales. Nuestro margen de maniobra ya es pequeño en
general y lo es cada día más porque cada vez estamos más integrados en
una unión monetaria que nos permite hacer una política presupuestaria con
unos márgenes muy pequeños, pero, desde luego, lo que no podemos hacer es
afectar el funcionamiento de los mercados internacionales de capitales y,
en el caso de los minerales metálicos, está pasando lo que está pasando,
además de muchísimas otras cosas.
De todas maneras, para no contribuir a la confusión existente, le
recordaré que usted me decía que no mezclara una minería con otra, que
las cuencas mineras son una cosa y la actividad minera es otra, pero
después ha hecho esa comparación de que el 50 por ciento es minería
energética y el otro 50 por ciento es minería no energética, en una hay
recursos y en otra no. Ya le he explicado por qué en una puede haber
recursos y en la otra no, por lo menos en la misma cuantía, pero es que,
además, dentro de la minería no energética hay muchas cosas que van bien
y,
en concreto, en la minería no metálica de momento las expectativas del
sector son bastante buenas.
Dentro de la minería metálica, los índices de dependencia y
vulnerabilidad en el abastecimiento nacional de materias primas minerales
han aumentado rápidamente y, por tanto, el valor de la producción minera
ha descendido de forma alarmante, han caído mucho los precios de los
metales en los últimos tiempos, hasta el punto de que en estos momentos
prácticamente sólo seis minas mantienen su actividad. Pero también es
verdad que, como consecuencia de las investigaciones que vienen
realizando las empresas del sector, la minería metálica encara
actualmente un ciclo que puede ser mejor que lo sucedido en los años que
estamos pasando de incertidumbre y receso porque se están descubriendo
nuevos yacimientos. Usted ha dicho --y tiene razón-- que eso lleva
tiempo, que requiere grandes inversiones, pero así es la actividad minera
y así hay que hacerlo. Ya ha entrado en producción, por ejemplo, en
Asturias, el río Narcea, para la extracción de oro, y otras pueden
incorporarse en un futuro próximo --esperemos que así sea--, en el caso
concreto de Huelva, Aguas Teñidas, muy cerca y en la provincia de Badajoz
pero en el extremo ya casi tocando a Huelva, Agua Blanca, y también Las
Cruces, en Sevilla.
La problemática principal digna de destacar dentro de la minería no
energética se centra, y es verdad, en la crisis de la minería metálica,
porque usted ha mencionado la problemática de los lodos planteada en la
explotación de los Frailes de Boliden, ahora tenemos la suspensión de
empleo de Minas de Río Tinto y, finalmente, tenemos también la situación
de Andaluza de Minas, que aunque no está en la faja pirítica, está en
Granada, pero también está paralizada desde hace tiempo por problemas
económicos.
Frente a estos problemas coyunturales de crisis de algunas empresas del
sector, y que en algunos casos tienen causas estructurales y de fondo, el
Ministerio de Industria y Energía no es que quiera rehuir --después diré
lo que podemos y queremos hacer--, pero no tiene competencias; la minería
está transferida a todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de
La Rioja que está en trámite. En todo caso, nuestra intervención en la
minería del carbón no responde al hecho de que sea minería, sino al hecho
de que es energética.
En este contexto estamos actuando en diferentes frentes. Sabe que hay una
orden del 8 de abril de 1997, por la que se regula la concesión de ayudas
a la exploración, investigación y desarrollo tecnológico y actividad
minera no energética, y se otorgan ayudas a los proyectos de inversión,
considerando como objetivo prioritario, precisamente, los localizados en
la faja pirítica, que reciben aproximadamente la mitad del importe que
estaba previsto en los presupuestos de 1997.
Por otro lado, también el Ministerio, en colaboración con la Junta de
Andalucía y la Confederación de empresarios en la minería y metalurgia,
propició, ya desde el año 1990, la creación de una Comisión mixta de I+D
que ha venido actuando hasta el momento, y en fecha muy reciente, este
mismo año, se ha constituido el comité de empresas andaluzas de la
minería metálica como asociación en defensa de esos intereses.
Estas comisiones van trabajando, y se ha puesto en evidencia la
conveniencia de profundizar en el estudio de factibilidad técnica y
económica del aprovechamiento de los concentrados globales de sulfuros
complejos, aprovechando las posibilidades que usted mencionaba que
ofrecen las modernas tecnologías hidrometalúrgicas. Pero hay que ser
riguroso a la hora de ver cómo se pone en marcha, y en este sentido, y
tras diversas reuniones entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de
Industria y Energía y empresas del sector, se ha considerado como
prioritaria la consecución del objetivo de obtener un procedimiento
rentable para el tratamiento de los minerales de la faja pirítica y
desarrollar una planta hidrometalúrgica a escala semiindustrial que haga
viable el proceso, pudiéndose en una primera fase realizar una planta de
demostración. Hace falta que se resuelvan los problemas que atraviesa la
empresa Minas de Río Tinto, que es la principal interesada en el
proyecto, junto con las portuguesas Somincor y EDM, así como la
Administración General del Estado y la Junta de Andalucía. En la
actualidad estamos dispuestos a llevar adelante el proyecto, siendo
necesario buscar la financiación a la aportada por cada una de las
partes. En cualquier caso, sí le digo que el Ministerio ha comunicado en
varias ocasiones a la empresa --forma parte de un compromiso público, por
lo tanto-- la intención de colaborar en el proyecto con una financiación
prevista aproximada de unos 200 millones de pesetas por año. Por ello se
están haciendo las gestiones necesarias, una vez Minas de Río Tinto
constituya una entidad jurídica con las empresas referidas portuguesas,
que lleve la titularidad del proyecto y pueda acogerse a partir de ahí a
los programas de desarrollo regional y transfronterizo, que permitirán la
financiación adicional necesaria.
En el campo de la exploración, la acción del Ministerio, por medio de las
zonas de reserva a favor del Estado, se centra principalmente, en la faja
pirítica, en donde por medio de las reservas zona de Huelva y faja de
minerales piríticos del suroeste de España ejerce la coordinación
integradora del Estado en conjunción con las empresas para optimizar los
trabajos de exploración.
Finalmente, y también como ejemplo de colaboración entre administración y
empresas, quisiera señalar la continuación de los trabajos que ha llevado
a efecto el Consorcio Estado Español, representado por la empresa, que
usted ha mencionado también, Presur --Reducidos integrados del suroeste
de España-- y en su momento Atlantic Copper, antes Río Tinto Minera, para
la evaluación y puesta en explotación del yacimiento de cobre y níquel de
Agua Blanca, descubierto en las reservas del Estado, la Monaguera y la
Remonta. Dentro de los planes de investigación del yacimiento, durante el
año pasado, la empresa, en representación del Estado, ha ejecutado unos
2.500 metros de sondeo, con unos resultados que han permitido ampliar el
volumen de reservas conocidas en profundidad. Esos trabajos, quiero
recordar, han sido financiados
al cien por cien por el Ministerio de Industria y Energía, que contó con
un presupuesto de 123 millones de pesetas.
El Consejo de Ministros del 17 de julio de este año aprobó la cesión del
50 por ciento correspondiente a Atlantic Copper, que había manifestado la
pérdida de interés en ese proyecto, a la empresa irlandesa Navan, que
últimamente se hizo, además, con la propiedad del yacimiento de Aguas
Teñidas y de la empresa Almagrera, Sociedad Anónima, que es bien
conocido. Con lo que se espera que se puedan dinamizar estos proyectos y
poner en su explotación Agua Blanca, cuyos trabajos preparatorios, como
es la rampa de acceso al yacimiento, ya han comenzado.
Como resultado de esta cesión, está prevista la continuación de los
trabajos por el Consorcio, que tienden más que a la evaluación del
yacimiento, que se da por conocido para su posible explotación a cielo
abierto, a la ejecución de trabajos mineralúrgicos y metalúrgicos del
concentrado obtenido.
Por último, no debemos olvidar las políticas horizontales en materia de
minería que realiza el Ministerio para fomento de la minería: exploración
minera, investigación y desarrollo, ordenación y seguridad minera. Como
resumen puedo decir que la política del Ministerio, dentro de su ámbito
competencial, para apoyo de la minería no energética se centra en un
conjunto de programas y líneas de acción basadas en el fomento y apoyo a
la minería metálica. Creemos que todo ello tendrá como resultado una
recuperación del sector que pueda encarar un nuevo ciclo que sea más
positivo en el futuro, aunque --ya se ha dicho-- el descenso de los
precios de los metales está creando evidentemente problemas de
subsistencia a empresas del sector, no sólo en nuestro país, sino en
muchos otros.
No obstante, hay que tener en cuenta que el desarrollo por parte del
Ministerio de Industria y Energía de lo que usted mencionaba, las
políticas de reindustrialización, tiene como objetivo fundamental atender
a la regeneración del tejido industrial de las zonas en las que se
produzcan procesos de ajustes laborales de empresas públicas, pero debo
decirle que estamos en disposición de que pueda constituir un instrumento
para dinamizar económicamente otras zonas, entre las que se incluyen
desde luego aquellas en las que se desarrolla actividad económica minera.
Pero es necesario que ese proceso se desarrolle precisamente en los
mismos términos en los que se están acometiendo iniciativas de
reindustrialización en otros territorios, mediante la presentación de los
correspondientes proyectos y el correspondiente planteamiento por parte
de las autoridades locales y regionales afectadas, por parte de las
empresas, por parte incluso de las propias organizaciones sindicales y,
sobre la base de ese planteamiento, el Ministerio de Industria estaría
dispuesto a considerarlo, como así lo ha hecho con otras zonas del
conjunto de España y también de Andalucía, como por ejemplo la bahía de
Cádiz o ahora el Campo de Gibraltar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador García Correa.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, escuchando la contestación a mi
interpelación... (El señor Unceta Antón: No le ha escuchado.) Perdón,
señor Unceta, sí le he escuchado, y muy detenidamente. Decía que he
observado --quizá porque usted ahora tiene otras ocupaciones y le vemos
todos los días en ese «NO-DO nacional» que es Televisión Española-- que
va poco por el Ministerio y que le tendrían preparada la contestación a
las preguntas que le tengo formuladas y que tiene que contestarme en la
Comisión de Industria de la próxima semana, sobre Aguas Blancas, sobre de
la moción que se aprobó aquí del Grupo Parlamentario Popular de ayuda a
los polimetálicos, etcétera. Usted ha contestado a todo eso, pero no me
ha contestado a la moción presentada aquí, señor Ministro, que se refiere
a si el Gobierno del Partido Popular piensa llevar a cabo un plan de
desarrollo alternativo de estas comarcas mineras --y que sería negociado
por las centrales sindicales y las administraciones--. Eso es lo que le
he preguntado, señor Ministro, no lo otro. He hecho un poco de historia
de cómo está la minería, desde el año pasado --que es cuando se presentó
la moción-- hasta estos momentos, en que ha empeorado muchísimo, y luego
he terminado preguntándole si piensa llevar a cabo ese plan de desarrollo
alternativo, y usted me ha hablado de Aguas Blancas, etcétera.
Le voy a demostrar que usted va poco por el Ministerio y sus asesores no
le tienen bien informado. En su contestación a la primera pregunta que le
he formulado cuando usted presentó este plan, decía: «Ha hecho usted una
referencia muy interesante a la utilización del dinero de las
privatizaciones. Ojalá pudiéramos atender a todas las necesidades que
todavía subsisten en muchas zonas de nuestro país, afectadas por procesos
de diversificación productiva. De momento ha habido unos planteamientos
concretos que pasan por la financiación extrapresupuestaria, por la vía
de ingresos de privatizaciones, y que permite la cofinanciación del
sector privado para determinadas obras de infraestructura» etcétera. Al
final dice usted: «Pero recojo su comentario y estoy dispuesto a
reflexionar sobre ese punto». (El señor Ministro hace signos negativos.)
Eso lo dijo usted, señor Ministro, y le doy la fecha: el 11 de diciembre
de 1996, en la Comisión de Industria, que fue cuando usted presentó el
plan.
Después, la señora Directora General de Minas, en respuesta a mis
preguntas, volvió a contestar lo mismo: que el dinero de las
privatizaciones, en principio, iba a ser para las cuencas del carbón,
pero que estaban dispuestos a estudiarlo.
En una pregunta en el Pleno de esta Cámara, señor Ministro, para que vea
que vengo informado, me dijo: «Señoría, efectivamente recuerdo
perfectamente esa comparecencia en la que manifesté la disposición del
Ministerio de estudiar la posibilidad de extender las ayudas
a la diversificación productiva y al desarrollo alternativo de las
comarcas mineras a aquellas que no estuvieran específicamente centradas
en la minería del carbón». Después me dijo usted: «Sí le digo que
seguimos estando en disposición de tener en cuenta las necesidades de
otras comarcas mineras que también han estado afectadas por una situación
crítica que en este momento no está siendo objeto ni de tratamiento
específico ni de negociación, pero que también se merece la atención del
Gobierno». Todo eso lo ha dicho usted.
En aquella misma sesión, cuando yo le comenté que había ayuntamientos y
corporaciones locales que iban a presentar proyectos a su Ministerio lo
mismo que estaban presentando las cuencas mineras del carbón, usted me
contestó: «En cualquier caso, yo recibo con placer los proyectos que se
me presenten desde ese área para ver si, de alguna manera, los podemos
encajar». Eso me contestó usted. Ahora me dice que es bueno que presenten
proyectos, que ustedes verán si pueden encajarlos o no. La Diputación
Provincial de Huelva le presentó, con fecha 15 de junio de este año, una
serie de proyectos por un importe total de unos 1.500 millones de pesetas
y ni siquiera se lo han dicho. ¿Es que usted no va por el Ministerio?
Esto está presentado desde el 15 de junio de 1998 y, sin embargo, no se
ha dado contestación. No vayan a decir ustedes ahora que venimos aquí,
nos dicen que presentemos proyectos y que no lo hacemos. Estos proyectos
están presentados y usted no se ha dignado ni siquiera a contestarlos.
Quiero agradecer la presencia --no lo hice antes-- de la mayoría de los
alcaldes de las cuencas mineras --creo que hay 16-- que están aquí hoy
escuchando lo que el señor Ministro de Industria contesta a esta
interpelación. Asimismo, quiero agradecer la presencia del señor
Vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva.
Por tanto, señor Ministro, no venga usted diciéndonos que no hemos
presentado proyectos porque sí lo hemos hecho, y le ruego, por favor, que
conteste a la interpelación si lo cree conveniente y, si no, puede hacer
lo mismo que ha hecho en la primera intervención, es decir, agache la
cabeza, no mire a nadie y líese a leer una serie de papeles que le han
preparado. No, nosotros queremos saber si el Gobierno del Partido Popular
está dispuesto a negociar con los agentes sociales, porque en esa
negociación puede quedar muy claro cuáles son las comarcas mineras, a
cuáles deben ir esas ayudas y qué ayudas deben concederse, es decir, lo
que es una negociación. Asimismo, también se debe negociar con las
administraciones afectadas porque algo tendrán que decir. ¿Está el
Gobierno del Partido Popular dispuesto a negociar o va a seguir como
hasta ahora marginando a las cuencas mineras que no son del carbón y que,
como dije al principio, se merecen un respeto y unas pesetas por parte
del Gobierno del Partido Popular?
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Correa.
Iniciamos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero manifestar mi solidaridad y mi apoyo a
la interpelación que ha traído a esta Cámara el señor García Correa.
Señor Ministro, indudablemente el tema de fondo es si existe voluntad
política o no para resolver los problemas, no si hay capacidad para
destinar una parte de las privatizaciones para un tema u otro. Si hay
voluntad política para abordar los problemas éstos tienen solución.
En definitiva, hacer un plan --que es lo que se pide en la
interpelación-- para la minería no es algo imposible. Igual que existe
para la minería del carbón puede existir un plan para el resto de la
minería que no está contemplado en el plan marco. Las fórmulas de
financiación --y usted lo sabe-- se pueden buscar. Es un problema de
sensibilidad social y de situar en primer plano eso de lo que ustedes
permanentemente hablan: la política fundamental del Gobierno es la
creación y el desarrollo del empleo. La creación y el desarrollo del
empleo, viendo que hay zonas que cada vez van a estar más deterioradas,
exige elaborar planes que permitan canalizar el desarrollo del futuro de
esas comarcas que durante años y con mucho sacrificio han hecho su
aportación al desarrollo y a la renta nacional. Llega un momento en el
que se agota el mineral y es necesario buscar soluciones para dignificar
esas comarcas, sus medios de comunicación, y buscar las vías alternativas
en proyectos de inversión que permitan que, antes de que la minería
desaparezca totalmente de ellas, esté encauzado su desarrollo sostenible.
Para esas cosas merece la pena endeudarse. Esas cuestiones de futuro,
esas cuestiones de sensibilidad social, la resolución de los problemas de
las personas de carne y hueso, sí que merecen la pena, tienen que estar
en sus preocupaciones y deben ser prioritarias.
Yo animo --aunque sé que no le tengo que animar mucho-- al Senador García
Correa para que esta interpelación se convierta en una moción y permita
que votemos y sepamos cada uno no solamente lo que se dice con las
palabras sino dónde está la sensibilidad social.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es política del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos manifestar el apoyo a soluciones y proyectos que quieren plantear
alternativas a regiones, comarcas, sectores y municipios con economías
bloqueadas y con difícil salida, en particular, tras escuchar el
recordatorio del Senador García Correa acerca de que muchos de sus
conciudadanos de aquella área son
hoy día ciudadanos vascos, de los cuales nos sentimos orgullosos porque
han contribuido al desarrollo de nuestro pueblo.
Por eso, por coherencia, nos gustaría poder estar aquí apoyando las
implicaciones de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones y de los
Ayuntamientos afectados, presentando planes ante la Administración
Central, dado que son ellos los protagonistas de impulsar toda la
problemática socioeconómica existente en este tipo de cuencas.
Sin más, alentando y esperando que haya soluciones, manifestamos la
solidaridad de nuestro Grupo con las iniciativas de las instituciones y
personas que impulsan el cambio económico en estas regiones mineras,
esperando además que sea algo unánime en esta Cámara. Queremos solicitar
también que se atiendan las peticiones económicas planteadas por el señor
García Correa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, después del Plan de desarrollo 1982-2005 para
la minería del carbón, las comarcas en las que están ubicadas las cuencas
de la minería metálica merecen ser atendidas por el alto índice de paro
que en ellas existe y por las características especiales de su entorno,
que consisten, en muchos casos, en una población dispersa en pequeños
núcleos, zonas aisladas de difícil comunicación por la mala conexión con
la red general de transportes.
Entendemos que un plan de desarrollo de estas comarcas, atendiendo no
sólo a la infraestructura y ordenación del territorio, sino a todo un
conjunto de medidas de tipo social, como educación, formación y
equipamientos sociales de diversa índole, sería conveniente para elevar
el nivel de calidad de vida de estas zonas.
Con estas palabras, señor Presidente, señorías, este Senador intervenía
en esta Cámara hace poco más de un año, el 23 de septiembre de 1997, para
anunciar el voto afirmativo del Grupo de Convergència i Unió a la moción
presentada por el mismo Grupo que hoy interpela al Gobierno sobre las
medidas a adoptar para la mejora de estas comarcas mineras.
Nuestro Grupo sigue preocupado por el futuro de estos territorios mineros
y comparte, por tanto, el interés mostrado por el interpelante acerca de
la situación en que se encuentran estas comarcas. Por lo tanto, confiamos
y esperamos que el Gobierno sea sensible al mismo y se tomen las medidas
adecuadas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García
Correa.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para agradecer a los Grupos de la Cámara que han
mostrado su apoyo a esta interpelación, lo mismo que en su día apoyaron
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Mi
agradecimiento al Senador Nieto, al Senador Albistur y al Senador Simó.
Al señor Ministro debo decirle que su señoría es portavoz del Gobierno y
le han nombrado para intentar convencer a todos los habitantes de este
país que el Gobierno del Partido Popular va girando hacia el centro. En
situaciones como ésta es cuando hay que demostrarlo y no salir diciendo
solamente que se es muy bueno. En situaciones como ésta, cuando existen
unas comarcas deprimidas como éstas, cuando hay necesidad de que se
inviertan unas pesetas en estas comarcas es cuando hay que comprobar si
verdaderamente el Gobierno del Partido Popular va inclinándose hacia el
centro y trata también de ayudar a estas clases más desfavorecidas y a
estas comarcas más marginadas o es solamente, como usted hace, un lavado
de imagen de la derecha pura y dura que ha sido hasta ahora el Partido
Popular.
Por lo tanto, señor Ministro, anuncio que vamos a presentar una moción
consecuencia de interpelación. Considero que la situación se arregla
fácilmente. Señor Ministro, le voy a hacer una propuesta. El Plan de
desarrollo alternativo de las comarcas mineras tiene una consignación
presupuestaria de 65.000 millones de pesetas/año, y usted sabe bien que
la minería metálica siempre ha representado el diez por ciento de la
minería del carbón --me refiero a las comarcas mineras, no minas, porque
una mina metálica no es una comarca minera--, por lo tanto, con una
partida de 6.500 ó 7.000 millones de pesetas anuales en los presupuestos
seleccionaríamos el problema. Usted quedaría bien como Ministro y se
terminaría con la injusticia que supone para unas comarcas mineras que
extraen una sustancia mineral que sólo por el color de la misma tengan un
tratamiento distinto a otras comarcas mineras.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García Correa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar el turno de portavoces en nombre de mi Grupo. Debo decir
que me parece que en esta interpelación hay tres cosas que han quedado
suficientemente claras. Primera, que efectivamente se ha puesto de
manifiesto en la tribuna unas situaciones extraordinariamente inestables
y de difícil complejidad en unas comarcas, cuyo análisis sería mucho
profundo de realizar que el que he tenido ocasión de escuchar hoy al
Senador interpelante. Segunda, que se ha puesto de manifestó --estamos
hablando de las comarcas andaluzas-- la falta de credibilidad
que para usted, señor Senador, tiene la Junta de Andalucía, que es la
institución competente en estas materias. No le puedo criticar por ello
y, en definitiva, no tengo mucha más credibibilidad que la que ha
demostrado su señoría en esta materia. Más adelante tendré oportunidad de
podérselo demostrar. Por último, que se ha puesto de manifiesto que, al
hilo de que no se habla de la minería, pero sí se habla de la minería, lo
que uno pretende aquí no es recibir información del Gobierno, sino la
posibilidad de presentar una moción consecuencia de interpelación para
intentar poner al Gobierno y al Grupo que lo sustenta entre decir si o
decir no para poder publicitarlo en Canal Sur en Andalucía. Claro está
que estas técnicas son suficientemente conocidas.
Senador García Correa, yo también quiero dar la bienvenida a los dignos
representantes de la provincia de Huelva que hoy están aquí con nosotros
--a los que usted hacia referencia--, y a otros concejales que no son del
mismo partido al que usted pertenece, sino de otro, al que supongo que
por error no habrá querido citar; espero que sea por eso y no por un
carácter patrimonialista de lo que es la soberanía en determinadas zonas
de Andalucía en la que tienen ustedes bastante arraigo. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Respecto a la falta de credibilidad en la Junta de Andalucía, le diré que
la Junta de Andalucía como institución es competente para lo que usted
solicita, lo cual es tan manifiesto como que en el año 1987, no para
mantener una actividad minera, como usted decía, sino para cerrar la
línea del cobre, la Junta de Andalucía, la empresa en aquel momento y las
centrales sindicales firmaron un determinado convenio --en el año 1987,
¿lo recuerdan, no?-- que recogía: Medidas de fomento en la cuenca minera
de empleo, de formación, de investigación minera, de personal
(jubilación, etcétera), de comunicaciones (carreteras), de recursos
hidráulicos, de gestión medioambiental, de otras comunicaciones, de
inversiones... Y terminaba: Las partes consideran que este acuerdo puede
contribuir de forma decisiva a la consecución de los objetivos que las
partes han considerado fundamentales a lo largo de las conversaciones
mantenidas, es decir, mantener e incrementar en lo posible el nivel de
empleo en la comarca (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la
Presidencia.)
Y es que, señor García Correa, ¿cuando la situación minera y los precios
internacionales del cobre no eran tan malos como los actuales no había
desempleo en la comarca? No había, ¿verdad? Había. Pues uno de los
firmantes de este acuerdo fue usted, señor García Correa. (El señor
García Correa hace signos negativos.) Si señor, está aquí puesto. (El
señor García Correa hace signos negativos.) Pues quítelo usted de aquí,
porque dice: Por la UGT, don Miguel Romero Mateo, don Diego Ferias
Gordillo, don Antonio García Correa, don Santiago Pérez Ortega, etcétera.
(El señor García Correa hace signos negativos.--Rumores y protestas.)
Aquí está el acta.
Por eso cuando decía el señor Ministro que todos compartimos el fomento
de la actividad minera, yo tengo que decirle al señor Ministro que unos
más que otros, unos más que otros. Porque hasta ahora el Gobierno del
Partido Popular no ha cerrado nunca una actividad minera y, sin embargo,
usted sí ha sido copartícipe en la firma del cierre de la línea del cobre
en Río Tinto en el año 1987, cuando la Junta de Andalucía estaba
gobernada por su Partido y el Gobierno de la nación también.
¿Y si entonces, en 1987, era competente la Junta de Andalucía para estas
medidas que usted solicita, es que ahora no lo es? ¿O antes no era
competente el Gobierno de la nación y ahora si lo es? Se ve muy a las
claras, Senador --y yo le conozco a usted bien--, lo que en definitiva
esconde: la grandilocuencia, vamos a dar no sé cuántos miles de millones,
es un aval, después es un crédito, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Esteban Albert, vaya
concluyendo.
El señor ESTEBAN ALBERT: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor ESTEBAN ALBERT: Estoy convencido de que hablaremos más sobre
este asunto, pero un comunicado de los alcaldes sobre la problemática
socioeconómica de la cuenca minera en el año 1987 decía: Para nosotros el
futuro socioeconómico de la cuenca minera es prioritario al cierre o
apertura de la línea del cobre; por lo tanto, si es posible ese
desarrollo económico con la línea del cobre abierta, que se abra, pero si
económicamente es necesario mantener cerrada la línea del cobre para tal
desarrollo, aceptamos su cierre, ya que los trabajadores afectados no
quedarían tan perjudicados como para sacrificar de ellos las esperanzas
de futuro de los actuales parados, de sus hijos y de sus nietos. Alcaldes
que hoy, como he dicho, señor Presidente, y termino, nos dignan con su
presencia.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Rumores y silbidos en la tribuna pública.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Estoy oyendo un silbido. Si fuera
alguna manifestación de tipo parlamentario debo recordar que sería
indigno de nuestra representación. Creo que no es así pero, en todo caso,
les recuerdo que manifestarse de ese modo supone perder el respeto a la
institución del Estado.
El señor GARCIA CORREA: Señor Presidente, le pido la palabra amparándome
en el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene usted toda la razón en
invocarlo. Tiene la palabra por un minuto.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente, seré muy breve.
Yo no he tenido cargo institucional alguno y me da mucha categoría el
señor don Arturo Esteban cuando me dice que yo cerré la línea del cobre.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Yo he sido consejero, presidente de Junta, ministro o
empresario para cerrar la línea del cobre?
En segundo lugar, habla usted de la soberanía que tenemos. La soberanía
es del pueblo, nosotros no tenemos la culpa en absoluto de que el Partido
Popular no tenga en toda la cuenca minera de Huelva ni un solo alcalde.
Eso no es culpa nuestra, es culpa de los mineros y de la gente de allí,
don Arturo, y usted lo sabe.
En tercer lugar, don Arturo, la competencia de la Junta en este asunto es
exactamente igual que la de Castilla y León, la de Asturias, etcétera,
porque el Ministro ha dicho muy bien que las transferencias de minería
han sido transferidas a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, si se
pueden llevar a cabo estos planes de desarrollo alternativo en Asturias,
Castilla y León e incluso en Andalucía, porque allí también hay
inversiones, por qué no se pueden abordar también en las cuencas de
minerías metálicas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría ha hecho uso de la
palabra no en función del artículo 87, que ya había utilizado, sino por
alusiones.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Creo que la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular me
exime de hacer referencia a algunos aspectos que quería comentar. Ante un
tema de estas características, todos debemos hacer un esfuerzo para,
dejando de lado la demagogia y la confusión conceptual, intentar no sacar
rédito político inmediato.
La intención del Senador García Correa era evidente antes de iniciarse el
debate. Su señoría venía aquí con la pretensión de presentar una moción y
de poner, entre comillas, en un compromiso al Gobierno de España. Pero no
insista, porque los esfuerzos inútiles generan melancolía, y nosotros no
tenemos ningún tipo de complejo a la hora de explicar qué es lo que
podemos hacer, lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo.
Respecto a los comentarios que usted hacía, que ya se han convertido en
habituales, sobre mis otras funciones y sobre el carácter de centro del
Gobierno, tengo que decirle que esa aproximación de centro de un
Gobierno, moderada y dialogante, se manifiesta llegando a acuerdos casi
todos los días con los sindicatos o siendo extraordinariamente sensibles
a las necesidades de comarcas afectadas por una actividad declinante como
es la minería del carbón y aportando muchísimos recursos. Se demuestra de
muchas formas, pero claro, como esto no sucedía antes, no es de extrañar
que les moleste el contraste, aunque afortunadamente lo está empezando a
comprender el pueblo español, y ésa es la línea que hay que seguir.
A partir de ahí, quiero recordarle que a cada uno le corresponde lo que
tiene que hacer, y usted mismo lo acaba de confundir en su última
intervención en la que ha hablado de la minería para, a continuación,
referirse al plan de dinamización. Por eso en mi primera intervención he
intentado explicarle lo que estamos haciendo por la actividad minera y al
final de la misma --a lo mejor no ha tenido ocasión de escucharme-- le he
dicho que podemos estar en disposición de trabajar en la
reindustrialización o en la dinamización, y he pedido que se presenten
proyectos. Es cierto que se han presentado proyectos en el mes de julio,
pero en la Dirección General de Minas. Esto hay que analizarlo en el
marco de los programas de reindustrialización, y eso es lo que estamos
haciendo.
Aprovecho esta ocasión, dada la asistencia de los señores alcaldes y
representantes de las corporaciones locales de Huelva, para animarles a
que discutan estos temas con la Dirección General de Industria, que es la
competente en estas cuestiones. Se trata de debatir sobre qué se puede
hacer, pero hay que hacerlo con planteamientos razonables, de acuerdo con
los recursos presupuestarios existentes y recogiendo la sensibilidad que
manifiestan todos los grupos de la Cámara y que yo acepto, pero lo que no
acepto es que no se reconozca que nosotros también la tenemos. Porque
además nuestra sensibilidad se ha manifestado por la vía de los hechos en
mayor medida que la demostrada por gobiernos anteriores respecto a la
problemática de la minería; hasta ahora nunca se había hecho nada para
intentar buscar una alternativa a la situaciones de monocultivo y a la
pérdida de empleo que las cuencas mineras han venido sufriendo durante
muchísimos años. Nosotros sí que estamos abordando esta problemática con
seriedad y rigor, porque nos gusta hacer las cosas bien. Ese es el
planteamiento a seguir, y estoy convencido de que así lo creen los
representantes de las Corporaciones Locales de la provincia de Huelva,
que lo van a valorar y a aprovechar.
Ese es nuestro esquema, que se sustenta sobre la base de la corrección
política, de pensar de verdad en los problemas concretos de las personas
para intentar resolverlos, y no sobre la base de, con argumentos
demagógicos, intentar obtener réditos políticos a corto plazo que al
final se vuelven en contra de quien los plantea porque todos tenemos
nuestra historia y nuestro pasado; a veces cuesta recordarlo, pero es
así.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA
DE BECAS Y DE TRANSFERENCIAS PENDIENTES. (670/000106)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación es la
que formula el Senador don
Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en materia de becas y
de transferencias pendientes.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta interpelación, señora Ministra, está hecha desde la cordialidad,
como siempre, pero también desde la exigencia, porque el no cumplimiento
del Estatuto ha generado un considerable malestar en Cataluña. Así, se lo
digo llana y sencillamente, el Estatuto no se cumple.
El artículo 15 de dicho Estatuto dice exactamente: Es competencia plena
de la Generalitat la regulación y la administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el
ámbito de sus competencias. Pues bien, en algo tan importante para una
política educativa como es la compensación de las desigualdades
socioeconómicas y eliminar en lo posible las carencias que dificultan el
acceso a la educación en condiciones de igualdad, en algo tan importante,
señora Ministra, resulta que Cataluña y las demás Comunidades con
competencia plena en educación se ven tratadas como una mera dirección
provincial del Ministerio. Las becas las convoca el MEC, las decide el
MEC, y las Comunidades hacen de meras ventanillas burocráticas.
La situación, además de ser incorrecta, pues no se cumple el Estatuto
adecuadamente, es injusta para los alumnos y las alumnas de Cataluña, que
se ven privados de una regulación que, desde más cerca y conociendo más y
mejor la realidad socioeconómica del territorio, se ajuste más
equitativamente a las necesidades de la población.
Existe el prurito de que dictar normas uniformes exactamente iguales para
todo el Estado es en apariencia más justo, pero esto es discriminatorio
puesto que las condiciones de vida son bastante diferentes, o muy
diferentes, de un territorio a otro del Estado, y con el sistema actual
salen perjudicadas las economías familiares con una renta media/alta en
relación con la media española, pero en condiciones reales difíciles dado
el mayor coste de la vida en Cataluña.
El Gobierno catalán entiende, señora Ministra, que la convocatoria,
tramitación y resolución de las becas deben ser competencia de la
Generalitat y, obviamente, de los gobiernos de aquellas Comunidades con
competencias en educación que lo soliciten.
En coherencia con este principio, la Generalitat ha interpuesto recursos
por conflicto positivo de competencias contra las convocatorias anuales
del Ministerio. Como todas las cosas cuestan mucho, no fue hasta
noviembre de 1997 y el 2 de octubre de este año cuando el Gobierno
central decidió, en Consejo de Ministros, darnos la razón y aprobar la
distribución territorial de una parte de las becas: las destinadas a la
adquisición de libros y material escolar, las de educación especial y las
de educación infantil en centros concertados. Esto se aprobó en Consejo
de Ministros el año 1997, pero ¿cuándo, señora Ministra, se empezarán a
concretar realmente los términos de ese acuerdo, de manera que sea
posible su aplicación para el curso escolar 1999-2000? Desde que se
produjo el acuerdo de Ministros de noviembre de 1997, hace más de un año,
ha pasado un tiempo más que suficiente, si hubiera habido voluntad
política, para dar satisfacción real a las demandas de Cataluña,
reconocidas legítimamente por el Gobierno, para el curso 1998-1999, pero
no ha sido así. Nos cuesta mucho --demasiado-- obtener acuerdos
positivos, y todavía hay que seguir luchando para conseguir que, una vez
que se haya llegado a unos acuerdos, éstos pasen a ser realidades
concretas, y encima se nos critica diciendo que estamos siempre
instalados en la reivindicación. El acuerdo del año 1997 se podía haber
aplicado para el curso 1998-1999, pero no se ha hecho así, y ahora
todavía estamos intentando ver si es posible --ese es el objetivo de esta
interpelación-- aplicarlo para el curso 1999-2000.
Es seguro que la señora Ministra apelará en su respuesta a la necesaria
igualdad y solidaridad entre todos los miembros del Estado. Muy bien, ya
le digo desde ahora --y usted lo sabe-- que Cataluña es enormemente
solidaria con el resto de España, pero no hay manera de que
veamos publicada por el Gobierno central la balanza fiscal de cada
Comunidad para que se vea lo que aporta cada una. Reclamamos ese estudio.
Sobre esta cuestión se acaba de publicar en Cataluña un libro del
catedrático Antoni Castells que es socialista y, por tanto, nada proclive
a ayudar al Gobierno actual de la Generalitat. En él evalúa en más de un
billón de pesetas anuales la diferencia entre lo que aporta Cataluña a
las arcas del Estado y lo que recibe de él; un billón anual. Los
ciudadanos de esta Cataluña a la que se pide que sea solidaria --y a fe
mía que lo es-- resultan enormemente perjudicados en la distribución
territorial de los recursos públicos. De hecho, estamos a la cola junto
con la Comunidad Valenciana.
¿Cómo se aplica esta solidaridad en la cuestión de las becas? Por
ejemplo, en cuanto a las universitarias, los estudiantes catalanes son
los que reciben menos becas de todo el Estado. Con más de un 13 por
ciento de estudiantes universitarios recibimos menos del 10 por ciento de
los recursos. La beca media estatal por alumno es 30.000 pesetas superior
a la que cobran los universitarios de Cataluña. Frente a un 14 por ciento
de estudiantes de la Universidad de Barcelona o de la Politécnica de
Cataluña que reciben becas y un 18 por ciento de alumnos receptores de
becas de la Universidad de Gerona, nos encontramos con un 25 por ciento
de estudiantes de la Universidad de Salamanca y con un 30 por ciento de
estudiantes de las universidades de Extremadura y de Sevilla que sí
reciben becas. Esto ocurre porque el sistema y los criterios de concesión
perjudican a las familias de padres asalariados.
En Cataluña no hemos parado de reclamar el traspaso de competencias de
las becas universitarias para poder eliminar tan desfavorable situación.
En la Comisión Mixta de traspasos se ha aprobado esta petición y estamos
esperando que se concrete de una forma real y aplicable de manera
inmediata. Aspiramos, señora Ministra, a conseguir
lo mismo con las becas de la enseñanza no universitaria porque los
desequilibrios son similares. A pesar de las promesas formales de los
diversos responsables del Ministerio de Educación y Cultura, no se ha
previsto con las Comunidades Autónomas un calendario, ni siquiera
aproximado, para realizar el traspaso de las transferencias, y puesto que
los meses avanzan y hay que dar oportunidad a cada Comunidad Autónoma
para preparar su respectivo marco jurídico administrativo y operativo
para la concesión de esas becas para el curso 1999-2000, nos tememos que
esta indefinición de plazos para la transferencia de este proceso pueda
derivar nuevamente --como ocurrió con el curso 1998-1999, en que se nos
diga que no hay tiempo para preparar el decreto para el curso siguiente--
y tengamos que volver a esperar una nueva convocatoria.
Las preguntas son, señora Ministra: ¿Cuál es el calendario previsto?
¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Cuál es la forma jurídica que adoptará el
Ministerio de Educación y Cultura para que se haga efectiva la
transferencia para dar ayudas para libros, para educación especial e
infantil y para los alumnos escolarizados en centros concertados y que
esto sea realidad en el curso 1999-2000?
Finalmente, nos interesaría conocer si tiene previsto el Gobierno iniciar
negociaciones con las Comunidades Autónomas para el traspaso de las becas
restantes de la convocatoria general.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela i
Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, me gustaría agradecer al Senador Varela la
oportunidad que me brinda de exponer ante esta Cámara los aspectos
básicos de la política de becas del Ministerio de Educación y Cultura. En
segundo lugar, espero que lo que diga aquí en relación con los traspasos
de las becas venga a aclarar las posibles dudas que sobre el tema se han
suscitado en los últimos días.
Siempre he dicho, señorías, que son tres los principios inspiradores de
la política del Ministerio: el principio de calidad, el principio de
libertad y el principio de equidad. Precisamente, en este tercer
principio, en el de equidad, inscribimos la política de las becas. Y lo
hacemos porque debemos ayudar más a aquellos que más lo necesitan. El
Gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para alcanzar este
propósito y en materia educativa el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy
importante.
En el proyecto de presupuestos para 1999, que llegará a esta Cámara
próximamente, el Gobierno propone destinar a becas un total de 97.860
millones, lo que supone 9.926 millones más que en los presupuestos de
1998 o, lo que es lo mismo, un incremento de algo más del 11 por ciento.
Esto quiere decir que, desde que nos hicimos cargo del Ministerio de
Educación y Cultura, el crecimiento acumulado en el crédito para becas en
los años 1997, 1998 y 1999 alcanza ya el 24 por ciento. Y esto sólo en
los ejercicios presupuestarios últimos.
Tenemos que tener en cuenta, además, que la implantación generalizada del
tercer curso de la ESO hace que, al ser esta enseñanza gratuita, las
ayudas al estudio se concentren en los tramos de edad de las enseñanzas
postobligatorias, con lo que el incremento para el próximo año resulta
más significativo, puesto que hay toda una franja de edad, la que está
situada entre los 14 y 16 años, que antes tenía becas compensatorias y
que ya no necesita tenerlas puesto que su escolarización es totalmente
gratuita.
En la etapa de 3 a 6 años, a la que se ha referido el Senador Varela, se
incrementa la ayuda por niño escolarizado hasta alcanzar la cifra de
75.000 pesetas para avanzar así en una progresiva oferta de gratuidad en
el segundo, ciclo de educación infantil. (Hay que decir que toda la
enseñanza pública infantil del segundo ciclo es absolutamente gratuita y
que es en el caso de la enseñanza privada donde se dan estas ayudas.)
Quiero decir también que siguiendo la iniciativa que pusimos en marcha en
el curso 1997-98, se ha ampliado la concesión de ayudas para la compra de
libros de texto y de otro material escolar destinando a esta convocatoria
especial la cantidad de 3.000 millones de pesetas, lo que supone un
incremento muy importante respecto al curso anterior, un 50 por ciento
nada menos puesto que las becas son de 10.000 pesetas. El año pasado se
cubrieron con las becas los libros de texto de las 200.000 familias más
necesitadas, y este año las familias que podrán disfrutar de estas ayudas
llegarán a las 300.000.
Estas ayudas, junto con la autorización de descuentos de hasta un 12 por
ciento que se pueden hacer en el precio de venta de los libros de texto,
contribuirán, sin duda, a paliar los gastos que el inicio del curso
comporta sobre todo para las familias más necesitadas. También hay que
destacar, en lo que a los libros de texto se refiere, la inclusión de
25.000 pesetas en el mínimo familiar exento del IRPF por cada niño entre
3 y 16 años en concepto de material escolar.
Pero volvamos a la convocatoria de becas universitarias. Para este curso
académico 1998-99 se han introducido una serie de medidas que constituyen
sin duda importantes mejoras en el sistema. Por una parte se han elevado
los umbrales máximos de renta familiar que permiten la obtención de la
beca en un porcentaje superior al índice de variación del IPC.
Especialmente a las familias que tienen tres o más hijos se les han
aumentado sus umbrales de renta en un 4,2 por ciento, es decir, el doble
del IPC. Por otra parte, también se han flexibilizado los umbrales
máximos de patrimonio familiar. Me estoy refiriendo concretamente --y
creo que esto afecta muy especialmente a Cataluña-- a la supresión de los
umbrales que se establecían para la adquisición de maquinaria agrícola y
ganadera en el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que facilita la obtención
de becas por parte de alumnos procedentes del mundo rural.
También quiero destacar el incremento de las cuantías, que alcanzan en
este curso por primera vez la cantidad de 589.000 pesetas para los
alumnos universitarios, cantidad a la que hay que añadir el importe de la
matrícula y de cuyo pago quedan exentos los alumnos becarios. Por tanto,
el Ministerio se hace cargo de esas 589.000 pesetas y asimismo del pago
de las tasas de matrícula.
Además, la actual convocatoria recoge también un incremento de un 10 por
ciento en los umbrales máximos de renta familiar para facilitar la
obtención de becas a los alumnos universitarios que hayan obtenido plaza
entre las ofertadas en las universidades por la vía del distrito
compartido precisamente como medida de apoyo a la movilidad
interuniversitaria.
En relación con las transferencias de becas que señala el Senador Varela,
me gustaría exponerles a sus señorías el marco en que se ha desarrollado
esta cuestión.
Como conocen sus señorías, el vigente régimen general de becas procede
del Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, y es en este marco que
establece este Real Decreto en el que se han venido efectuando las
convocatorias anuales de becas y ayudas, tanto las denominadas de régimen
general, que son las correspondientes a los estudios posteriores a la
educación obligatoria, como las denominadas de régimen especial, que son
las correspondientes a los estudios de educación infantil, educación
especial y enseñanza obligatoria.
Como consecuencia de diversos requerimientos de incompetencia planteados
por la Generalitat de Cataluña en relación con sucesivas convocatorias de
becas de ayudas efectuadas por el Ministerio a partir de 1994 --por
tanto, es cierto lo que propone el Senador, la Generalitat viene
planteando esta cuestión desde el año 1994; la primera aceptación de
requerimiento data de esa fecha y no del año 1997, es decir, es de tres
años antes--, por un acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de octubre de
1994 se admite la posibilidad de traspasar a la Generalitat la gestión y
la administración de las becas convocadas con cargo a los presupuestos
generales del Estado. En este acuerdo se manifestaba expresa y
textualmente lo siguiente: La plena disponibilidad del Gobierno para
proceder a la revisión, con el máximo consenso posible, de todas las
Comunidades Autónomas del régimen vigente derivado del Real Decreto
2298/1983.
El actual Gobierno de la nación ha respondido en términos muy similares a
los posteriores requerimientos formulados por la Generalitat contra
distintas convocatorias de becas y ayudas, tanto del régimen especial
como del régimen general. Y el Gobierno está decidido a abordar el
traspaso de becas con arreglo a tres principios que me interesa exponer
aquí.
En primer lugar, queremos que el sistema de becas siga cumpliendo su
función de solidaridad y de reequilibrio territorial. En segundo lugar,
pretendemos asegurar la participación de todas las Comunidades Autónomas
en la definición del nuevo sistema, puesto que al ser esta materia de
legislación básica tiene que hacerse por consenso. Y en tercer lugar,
queremos garantizar la movilidad de los estudiantes, razón por la cual
creemos que las becas destinadas a este fin --es decir, a que un alumno
de una determinada población pueda estudiar en una universidad distinta
de la correspondiente a su población de origen o incluso a su Comunidad
Autónoma-- deben potenciarse a través del sistema de becas. Así pues, las
becas aplicadas a la movilidad interterritorial no serán objeto de
traspaso, sino que seguirán siendo de titularidad y gestión estatales.
Por tanto, el Gobierno ha manifestado expresamente su disposición a
traspasar las competencias a las Comunidades Autónomas en materia de
becas y ayudas al estudio, pero para ello es necesario la derogación del
Real Decreto anterior que las regula. Precisamente con esa finalidad, se
han venido manteniendo diversas reuniones y conversaciones con la
Generalitat de Cataluña, que han dado pie a un acuerdo de bases para
efectuar el traspaso en materia de becas y ayudas al estudio de carácter
universitario.
En dicho acuerdo --que ha sido aprobado por la Comisión Mixta de
Traspasos de la Administración del Estado-Generalitat de Cataluña en su
sesión del pasado 23 de septiembre-- el Gobierno de la nación manifiesta
su propósito de modificar en el plazo más breve posible el régimen de
becas para adecuarlo al orden de distribución competencial. Para ello, el
Ministerio se compromete a elaborar un proyecto de real decreto, que ya
está finalizado --puedo decirle a su señoría que esta misma tarde se
estudiará en el Consejo de Dirección del Ministerio-- y que en fechas
próximas será presentado a todas las Comunidades Autónomas reunidas en la
conferencia sectorial --conferencia ampliada a todas las Comunidades
Autónomas, puesto que todas ellas tienen competencias en materia
universitaria--, con objeto de alcanzar el máximo consenso posible sobre
el nuevo real decreto, que es el que va a establecer los criterios
generales con arreglo a los cuales se produce la territorialización de
los fondos de los presupuestos dedicados a becas.
Y me gustaría insistir en este último aspecto. Como digo, el traspaso de
las becas se va a tratar con todas las Comunidades Autónomas para
intentar alcanzar el consenso con todas ellas. Señorías, dado que los
criterios competenciales adoptados para las becas universitarias son
igualmente aplicables a aquéllas destinadas a otros niveles de enseñanza,
el Ministerio de Educación y Cultura presentará también un proyecto de
real decreto destinado a las becas de educación infantil, enseñanza
básica y educación especial, con el fin de que la adecuación al orden de
distribución competencial se refiera al conjunto de las becas; es decir,
no sólo a las universitarias, sino a todas las que se convocan con cargo
a los presupuestos generales del Estado.
El Ministerio entiende que el sistema general de becas con cargo a los
presupuestos generales del Estado debe estar ordenado a la remoción de
obstáculos que, por razones socioeconómicas, impidan o dificulten a
determinados estudiantes en cualquier parte del territorio español el
ejercicio del derecho fundamental a la educación, de manera que quede
asegurado el principio de igualdad de todos en este ámbito, como quiere
el artículo 27 de la Constitución.
Por eso resulta especialmente necesario que todas las administraciones
educativas estén de acuerdo no sólo en lo que se refiere a los criterios
para la distribución territorial de los créditos presupuestarios
destinados a becas. Y esta es una cuestión polémica, señoría, no se lo
podemos ocultar. Los criterios que se adopten no pueden ser
exclusivamente de población, sino que también tienen que atender a la
renta de esa población. Por tanto, las Comunidades Autónomas más ricas
estarán menos favorecidas --y este es el caso de Cataluña-- que aquéllas
cuya renta es inferior, que saldrán más favorecidas de la aplicación de
los criterios de renta que de los de población. Pero esta es la condición
que tiene siempre cualquier distribución territorial de los fondos, en la
cual el Gobierno quiere lograr el máximo consenso entre las diecisiete
Comunidades Autónomas.
Señoría, también tenemos que ponernos de acuerdo en los aspectos básicos
comunes, que garanticen esos principios de igualdad. Y una vez que se
apruebe ese marco básico, también con el máximo consenso, procederemos a
formalizar los acuerdos de traspaso a todas las Comunidades Autónomas en
materia de becas y de ayudas al estudio, de tal modo que quede
garantizado el efectivo ejercicio de las competencias que les
corresponden en esta materia, que debe ser plenamente compatible con la
finalidad que persigue un régimen general de becas, que afecta a todos
los estudiantes españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia.
Como les decía, señorías, el Ministerio tiene como prioridad garantizar y
fomentar la movilidad de los estudiantes dentro del territorio nacional y
creemos que de ésta, como la de los profesores, por cierto, se derivan
consecuencias muy beneficiosas para el conjunto del sistema educativo.
Esta es la manera de hacer real y efectiva la libertad de elegir el
centro docente universitario, que consagra el artículo 25 de la Ley de
Reforma Universitaria, cuando dice que el estudio en la universidad de su
elección es un derecho de todos los españoles. Dicha Ley no habla del
estudio en la universidad próxima a su domicilio, sino en la de su
elección. Por tanto, entendemos que es obligación del Gobierno el atender
a la posibilidad de los estudiantes españoles a elegir la universidad en
la que creen más conveniente estudiar, a través de becas y removiendo los
obstáculos que, por razones socio-económicas, pudieran impedirles
estudiar fuera de su domicilio habitual.
Para garantizar ese derecho, fomentarlo y potenciarlo, el traspaso de las
becas previsto excluye el de las de movilidad, que van a seguir siendo
convocadas, gestionadas y resueltas por el Ministerio de Educación y
Cultura. Puedo anunciarles desde este momento que nuestra intención es
destinar un volumen de recursos suficiente para garantizar la movilidad
de los estudiantes.
Ya termino, señorías. Queremos traspasar a las Comunidades Autónomas la
gestión de las becas, precisamente porque creemos que es un medio para
mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos. Yo estoy
de acuerdo con lo que ha dicho el Senador Varela. Se conoce mejor la
realidad cuanto más cerca se está y, por tanto, conviene hacer este
traspaso. Y queremos también, cómo no --el Senador Varela ha anticipado
que yo lo diría--, garantizar plenamente las finalidades de solidaridad y
de movilidad interterritorial que tiene que tener el Sistema Nacional de
Becas. Pretendemos, en suma, pasar de un sistema en el que el Estado
convoca y gestiona, a uno en el que el Estado hace la convocatoria
general y las Comunidades Autónomas desarrollan las especificidades de
cada uno de sus territorios en sus propias órdenes, adaptan y gestionan
con absoluta garantía de la solidaridad y del derecho a la movilidad de
los estudiantes en todo el territorio nacional. Por eso, vamos a buscar
el máximo consenso con todas las Comunidades Autónomas, el cual también
me gustaría expresar en esta Cámara, que encauza, precisamente, la
representación territorial de todos los españoles.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero reconocer, porque es verdad, el esfuerzo
importante por parte del Ministerio para aumentar las dotaciones de
becas. Nuestro Grupo lo valora positivamente porque la política
compensatoria es muy importante para el sistema educativo.
En segundo lugar, me alegro del anuncio de la voluntad del Gobierno del
traspaso de las competencias de las becas. Estamos de acuerdo en que el
Gobierno se reserve el garantizar la movilidad de los estudiantes. No
ponemos ninguna objeción. Lo encontramos perfecto. En un país como
Cataluña, tan abierto, siempre estamos encantados de que vengan cuantos
más estudiantes mejor.
Estamos de acuerdo con el principio de solidaridad pero es que, a veces,
tenemos la mosca tras la oreja, porque se pide a los catalanes que sean
solidarios --a lo que estamos dispuestos-- pero a costa de salir
perjudicados en diversas cuestiones. Por ejemplo, a nivel general, la
solidaridad de Cataluña se ha manifestado con creces, pero después las
inversiones públicas del Estado en esta Comunidad Autónoma han sido
deficitarias, año tras año. Esto ha ocurrido así aunque --hay que
reconocerlo-- ha mejorado últimamente pero dichas inversiones siguen
siendo deficitarias.
Hace pocos días, el Alcalde de Barcelona manifestaba en una entrevista
que en esta ciudad se invierte la quinta parte que en Madrid, por citar
un ejemplo de inversión pública, por lo que, al cabo de los años, la
diferencia es tremenda.
Queremos ser solidarios pero no a costa de un esfuerzo excesivo. Estamos
de acuerdo en ser solidarios pero con sentido común. Le he puesto el
ejemplo de las becas universitarias, donde los estudiantes catalanes se
encuentran muy discriminados respecto a los del resto del Estado y
esperamos que con este real decreto anunciado, estos aspectos puedan ser
subsanados.
Por tanto, repito, estamos de acuerdo con el principio de solidaridad,
pero bien aplicado. También lo estamos en la participación de todas las
Comunidades Autónomas. Ya he explicado en mi intervención que solicitaba
el traspaso de competencias no solamente para Cataluña sino para todas
aquellas Comunidades Autónomas que lo demandasen.
Como estamos conformes con los principios generales, voy a hacer dos
observaciones. Una, de fondo, que se refiere a que cuando el Gobierno
elabore el real decreto con los aspectos básicos que debe cumplir, éstos
han de ser los mínimos posibles; es decir, queremos dejar de ser una
oficina del Ministerio de Educación y Ciencia, queremos hacer una
política de becas. El Gobierno central tiene también la obligación de
hacerla, pero nuestra competencia educativa no podrá ejercerse de manera
plena, como manda el Estatuto, mientras no tengamos un poder real de
regular la política de becas, la política de compensaciones. Si todo
viene regulado desde el Gobierno central es imposible que podamos
llevarlo a cabo. Si hay un real decreto cuyas normas básicas son amplias,
tampoco podremos subsanar esta situación. Debe haber por parte del
Gobierno central una generosidad y entendimiento de la voluntad de los
gobiernos autónomos para ejercer dignamente esta competencia de la
política compensatoria en el ámbito de la educación.
El segundo aspecto no es de fondo sino de procedimiento. Me causa una
gran alegría comprobar la voluntad del Gobierno mediante el anuncio de
estos reales decretos no solamente para la enseñanza universitaria sino
también para la no universitaria. Pero, ¿para cuándo? El tiempo vale en
política...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Varela, ha terminado su
tiempo.
El señor VARELA I SERRA: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nos gustaría que estos reales decretos posibiliten su aplicación para el
curso 1999-2000. Este es el objetivo y, si se cumple, nos daremos por
satisfechos. Caso contrario, nos sentiremos de nuevo a disgusto por la
política del Gobierno en este aspecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente para agradecer al Senador Varela su delicada
referencia al esfuerzo solidario de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Herranz Martínez.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, esta interpelación se presenta porque hay una
controversia de competencias entre la Generalitat de Cataluña y el
Ministerio de Educación y Cultura respecto a la convocatoria de becas
para la adquisición de libros de texto, para la educación especial y para
el segundo ciclo de educación infantil. Y hay un requerimiento de
incompetencia por parte de la Generalitat ante la convocatoria que se
realiza y se solicita al Ministerio de Educación el que se añada una
disposición adicional o bien se deroguen estas órdenes o bien se
distribuyan mediante unos criterios objetivos los fondos presupuestarios
destinados a tal fin.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estas ayudas, que son de
carácter complementario y de subvención, tienen que ir encaminadas
esencialmente a hacer efectivo el principio de igualdad de derecho a la
educación, tal y como esta recogido en la LOGSE, y tienen que compensar
las condiciones económicas desfavorables de los alumnos, en la idea de
solidaridad que está contenida en esta Ley que aprobamos.
La finalidad de estas ayudas es la de paliar los gastos que a principio
de curso tienen las familias que deben comprar libros de texto en unas
condiciones económicas desfavorables y para que los alumnos de familias
económicamente modestas que tengan un grado de discapacidad reciban
ayudas en cuanto a residencia, comedor y transporte. Igual sucede con
aquellos alumnos del segundo ciclo de educación infantil que no superan
los umbrales reflejados en la política de becas.
Por eso, hay que ser especialmente cuidadosos en el reparto de estas
ayudas, revisar en profundidad la normativa que las regula y hacer las
consultas previas que sean necesarias para llegar a un consenso con todas
las Comunidades Autónomas --en esto estamos de acuerdo--, ya que dentro
de poco, a nuestro entender, deben tener transferidas --aquéllas que aún
no las tienen-- las competencias en materia educativa.
Y además es que existe una serie de jurisprudencia continuada de
sentencias del Tribunal Constitucional según las cuales, en materia de
educación, como norma general, el Estado ha de limitarse a asegurar lo
básico de la acción prestacional, pero sin agotar la regulación que las
Comunidades Autónomas con competencias en educación puedan ejercitar, de
acuerdo con sus facultades ejecutivas y normativas.
Por todo esto, ya que se ha anunciado que se va a presentar un proyecto
de real decreto, entendemos que el Estado debe realizar una convocatoria
marco anual de estas ayudas, asegurando las exigencias de igualdad y
regulando los criterios básicos para otorgar estas ayudas en lo referente
a destinatarios, requisitos económicos, orden de prelación, así como el
tipo de ayudas y la dotación individual de cada una de las mismas. Y las
Comunidades Autónomas competentes en materia educativa, una vez que
dispongan de este marco, deben realizar sus respectivas convocatorias
anuales dentro de su ámbito territorial, para realizar la gestión de
éstas. Lógicamente, los fondos
presupuestarios destinados a tal fin deben ser distribuidos teniendo en
cuenta el principio de solidaridad marcado en la LOGSE.
Esta es nuestra posición y creemos que esto es lo que esencialmente debe
reflejarse en el real decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Herranz
Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señoras y señores Senadores, muy brevemente, porque no
quisiera estropear la intervención rigurosa, pedagógicamente hablando,
que acabamos de oír por parte de la señora Ministra en contestación a un
tema tan actual como es el de la política de becas, planteada, además,
con la corrección que le caracteriza, por el Senador Varela. (El señor
Laborda Martínez: ¡Qué caballero!) Siempre ha sido costumbre de este
Grupo Parlamentario, señor Laborda, reconocer las intervenciones que se
plantean con rigor y seriedad, como ha hecho el Senador Varela, quien
además, posteriormente ha reconocido el esfuerzo que en materia de becas
y de otras cuestiones, que ya hablaremos cuando discutamos los
presupuestos, está haciendo el Gobierno del señor Aznar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No dialoguen entre ustedes.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Es conocido también que nuestro Grupo
Parlamentario siempre apoya la política de nuestro Gobierno en el sentido
de ayudar más a aquellos que de verdad lo necesitan, y desde el Gobierno
ha demostrado hoy la señora Ministra que se están adoptando todas las
medidas necesarias para alcanzar este propósito. Tendremos ocasión, como
antes decía, de verlo en el debate que próximamente vamos a tener aquí
sobre los presupuestos generales para 1999, pero ha adelantado unas
cifras que son elocuentes de esta importante prioridad del Gobierno en
materia educativa: casi 100.000 millones de pesetas destina el Gobierno
este año en materia de becas, casi 10.000 millones más que en los
presupuestos anteriores de este año 1998, incrementándose en un 11,2 por
ciento, y la cifra más importante, que probablemente haya pasado
desapercibida, es que en los ejercicios presupuestarios del actual
Gobierno de Aznar la Ministra ha conseguido un 24 por ciento de aumento
en una política de becas que tanto reclamábamos aquí desde esa
solidaridad a Gobiernos anteriores, como muy bien sabrán sus señorías.
Estos son datos objetivos, son datos reales que están ahí y que
demuestran esa preocupación.
El Gobierno mantiene esa posición de modificación, e incluso dice que
esta misma tarde, en el Consejo de Dirección, le darán ya salida desde el
propio Ministerio a ese real decreto, que será presentado en fechas
próximas a todas las Comunidades Autónomas, precisamente con el fin de
alcanzar el máximo consenso sobre su contenido.
Me gustaría insistir en este tema del consenso, del que han hablado los
portavoces intervinientes, porque el traspaso de becas se va a tratar con
todas las Comunidades y se va a intentar lograr el consenso con todas
ellas.
Señorías, pretendemos pasar, como muy bien decía la señora Ministra, de
un sistema en el que el Estado convoca y gestiona, a un sistema en el que
el Estado convoca y las Comunidades Autónomas desarrollen, adopten y
gestionen con absoluta garantía esa solidaridad aquí reclamada y el
derecho a la movilidad de los estudiantes en todo el territorio nacional.
Por ello finalizo, señorías, diciendo que si se habla de consenso y se
habla de solidaridad encontrarán esa receptividad en un Gobierno que está
demostrando con los hechos que pueden conseguirse esos objetivos, sin
necesidad de confrontaciones a veces innecesarias, sólo por la vía de la
aplicación del sentido común y la apuesta por una prioridad tan
importante en cualquier sociedad como es la educación. Eso lo está
demostrando el Gobierno Aznar a través de la Ministra actual de
Educación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quería comenzar respondiendo a la segunda intervención del Senador
Varela. En lo que se refiere a las inversiones en Cataluña del Ministerio
de Educación y Cultura, sobre todo en la ciudad de Barcelona, creo que su
señoría podrá comprobar que hemos invertido en el Liceo, en la Biblioteca
pública del Estado, en el Palau, en el Auditorio... En todas las
instituciones culturales catalanas se está invirtiendo una cantidad nada
despreciable, superior incluso en el porcentaje de distribución al
porcentaje de población.
Respecto a que los estudiantes catalanes están discriminados, creo que
esto es lo que nos interesa debatir aquí. El hecho de que Cataluña
represente el 16 por ciento de la población española y que el número de
estudiantes becados es inferior a ese porcentaje, no quiere decir que los
estudiantes catalanes estén discriminados, sino que los umbrales de renta
de sus familias en el caso catalán son superiores a los de las familias
extremeñas o andaluzas, y esto le ocurre a la Comunidad de Baleares y a
otras Comunidades Autónomas, a la de Madrid, por ejemplo.
Yo sé que ustedes oponen a ese argumento el de que la vida en Barcelona
es más cara, pero Cataluña no es sólo Barcelona; Barcelona tiene dos
millones de habitantes y Cataluña tiene seis millones. Quiero decir con
esto que eso es lo que habrá que discutir, pero por eso hay que poner
unas bases generales, aceptadas por todos.
Con eso quería contestar a las dos observaciones que ha hecho su señoría.
La primera, que el Real Decreto regule aspectos básicos y que éstos sean
los mínimos posibles.
Efectivamente, tiene que regular los aspectos básicos, y entre ellos
están los que ha citado después el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Por supuesto que tiene que figurar cuál será el orden de
prelación, cuáles serán los umbrales, cómo será la distribución, todo eso
hay que fijarlo porque afecta a todo el nivel de solidaridad
interterritorial de las Comunidades Autónomas, aunque no tenemos interés
alguno en hacer una regulación exhaustiva, al contrario: regularemos lo
básico y luego creemos que son las Comunidades Autónomas quienes mejor lo
pueden conocer.
La segunda cuestión se refiere al procedimiento, y su señoría pregunta
cuándo. Al empezar, su señoría me ha dicho que iba a ser durísimo porque
estábamos incumpliendo, y yo quiero decirle que no es cierto. El acuerdo
de la Comisión Mixta se ha firmado el día 23 de septiembre de 1998, y el
punto quinto del acuerdo dice: El Ministerio de Educación y Cultura
elaborará, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de este acuerdo
--23 de septiembre--, un proyecto de norma que será presentado a la
consideración de las Comunidades Autónomas. Por tanto, señoría, esta
tarde se aprobará previsiblemente en el Consejo de Dirección y antes del
23 de noviembre, en que se cumple el plazo de tres meses, las distintas
Comunidades Autónomas lo tendrán para poder formular las observaciones,
con lo que termino diciéndole que nuestro objetivo es también, por
supuesto, conseguir que sea en el curso 1999-2000 cuando comience a ser
efectivo este traspaso de las becas a las Comunidades Autónomas.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero decirle que estoy absolutamente de acuerdo con lo que
ha dicho. Lamento que no me escuche, porque ahora estoy diciendo que
estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Estoy absolutamente de acuerdo
con lo que ha planteado, en primer lugar, con cuál es el objetivo de la
política de becas, que no es otro que remover los obstáculos para que
puedan acceder al estudio aquellas personas que, por motivos
socioeconómicos, no hubieran podido hacerlo. Y, en segundo lugar, estoy
también de acuerdo con la visión que ha planteado de la nueva
distribución competencial en materia de becas. El Estado hará una
convocatoria marco anual, y las Comunidades Autónomas serán las que
desarrollen, en el ámbito de su territorio, esa convocatoria atendiendo a
las especificidades y necesidades que en cada una de ellas se planteen,
dentro del marco general básico, para tranquilizar al Senador Varela;
pero las Comunidades Autónomas podrán hacer la convocatoria, las
gestionarán, serán las que concedan las becas y las que gestionen esa
parte del presupuesto que, anualmente, de los Presupuestos Generales del
Estado se territorializará a cada Comunidad Autónoma.
Termino, señor Presidente, con una referencia al Senador Fernández
Rozada. Primero, quiero agradecerle su intervención, y, segundo, su
señoría ha dicho: la Ministra ha conseguido que suba el presupuesto el 24
por ciento. Yo soy mucho mas modesta que eso. Creo que hay que
agradecérselo a los Diputados y a los Senadores que han venido aprobando,
año tras año, unos presupuestos que han logrado, es verdad, que este año
el incremento sea del 11,2 por ciento, y que el incremento acumulativo de
toda la partida dedicada a becas haya sido, desde el año 1996, es decir,
desde los Presupuestos para 1997, para 1998 y para 1999, de un 24 por
ciento, que creo que es un porcentaje muy importante que nos lleva ya
casi a los 100.000 millones de pesetas, a más de noventa y tres mil
millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN LOS SECTORES DEL
AGUA, LA ENERGIA, LOS TRANSPORTES Y LAS TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE
INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 93/38/CEE
Y 92/13/CEE. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000109)
(C.D. 121/000112)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el debate sobre dictámenes
de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
En primer lugar, de la Comisión de Interior y Función Pública en relación
con el proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones,
por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas
93/38/CEE y 92/13/CEE. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Tiene la palabra, para la presentación del dictamen, el Presidente de la
Comisión, Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, el proyecto de ley que, en
cumplimiento del mandato que me confirió la Comisión de Interior y
Función Pública, tengo el honor de presentar a la Cámara, tuvo su entrada
procedente del Congreso de los Diputados el 23 de octubre. En esa misma
fecha se publicó, puesto que tenía que tramitarse por el procedimiento de
urgencia y al mismo, que se compone de una exposición de motivos, 71
artículos, tres disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco
finales, se presentaron una propuesta de veto por parte
del Grupo Mixto y 54 enmiendas, 18 del Senador Román Clemente, 12 del
Grupo Parlamentario Popular, 13 del Grupo Parlamentario Socialista, 10
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y una del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
La Ponencia se reunió el pasado día 28 de octubre y, en el transcurso de
la elaboración de su correspondiente informe, admitió una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista y las 12 del Grupo Parlamentario Popular.
La reunión de la Comisión tuvo lugar el pasado día 4 de noviembre y en la
emisión del dictamen que ahora se va a debatir ante la Cámara se aceptó
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cañellas.
Se ha presentado una propuesta de veto que corresponde al Senador Román
Clemente que tiene en estos momentos la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, presentamos una propuesta de veto al proyecto de ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE
porque, para Izquierda Unida, su existencia es totalmente innecesaria,
entre otras, por las siguientes razones.
Los sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones son objeto de un abundante tratamiento normativo, que
abarca, lógicamente, los contratos y los correspondientes procedimientos
de adjudicación de éstos, especialmente aquellos supuestos en los que una
de las partes contratantes es una Administración pública, en cualesquiera
de los ámbitos constitucionales reconocidos. Quiero recordar que la Ley
13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
recoge, en sus artículos 2 y 3, el conjunto de entidades que han de
proceder como sujeto de derecho público en sus procedimientos
contractuales, que también deberán abarcar todo lo concerniente al agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
Señorías, para Izquierda Unida no hay duda de que los sectores
contemplados en el proyecto de ley son de gran relevancia, pero ello no
justifica que puedan dejarse de lado otros sectores igualmente
relevantes, como pueden ser la sanidad, la educación, la agricultura o la
protección del patrimonio histórico.
Se pretende realizar la transposición de dos directivas, la Directiva
93/38, sobre contratación, y la Directiva 92/13, sobre reclamaciones, y
yo quiero hacer una reflexión sobre el sentir mismo de las directivas.
Son directivas que, efectivamente, nos orientan y nos obligan, pero no
nos dirigen; en sí mismas no tienen razón de ser.
Izquierda Unida considera que mezclar liberalización de los servicios del
agua, de la energía, del transporte y de las telecomunicaciones con
privatización, con rentabilidad y con competitividad, se aleja de la
obligación de prestar servicios públicos de calidad a todos los
españoles, sean quienes sean y vivan donde vivan.
Izquierda Unida puede entender que el mercado deba ajustar la oferta y la
demanda, sobre todo en determinadas cosas. Los servicios públicos son
derechos universales que corresponden a todos los ciudadanos, a los de la
Unión Europea y, sin duda, a los españoles. Además, el Consejo de Estado
se pronunció sobre el texto y dijo que era, al menos, dudoso y que
necesitaba ciertos retoques. Frente a la posibilidad de efectuar reformas
de leyes específicas ya existentes, el Gobierno ha preferido una ley
global que se presta a confusión.
Por todas estas razones, presentamos esta propuesta de veto, que tiene
como objetivo que pueda aprobarse una ley --ley que llega con retraso,
porque las directivas tenían que estar en funcionamiento desde el 1 de
enero de 1997, por tanto entendemos mal la urgencia del Gobierno en este
tema después de este retraso-- con un texto que sea más inteligible,
tanto para quienes lo han de interpretar, como para quienes lo deben
cumplir. Señorías, nuestro objetivo es buscar normas que, además de
eficaces, tengan ciertas perspectivas de continuidad.
Por ello, señorías, insistiendo en que el objetivo es la aprobación de un
proyecto de ley, pero de una ley que pueda recoger nuestro ordenamiento
jurídico, que tenga claridad, que pueda ser entendida y fácil de
interpretar, presentamos esta propuesta de veto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo manifiesta su posición contraria a la propuesta
de veto que acaba de formular el portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
De sus afirmaciones, que hemos escuchado con interés por conocer cuáles
eran las razones por las que se oponían a que este proyecto de ley fuese
tramitado en esta Cámara, en principio no hemos encontrado ninguna de las
razones en las que habitualmente se fundamenta una propuesta de veto.
Normalmente, quien formula una propuesta de veto entiende o que el texto
es muy malo y, por lo tanto, es imposible de corregir o de mejorar con
enmiendas o simplemente que es innecesario.
Comienza el portavoz de Izquierda Unida argumentando la siguiente causa:
Izquierda Unida considera que este proyecto es innecesario. Pero acto
seguido empieza a manifestar que llega tarde, que debería haberse
tramitado hace ya no sé cuantos meses. Por lo tanto, su señoría no puede
decir dos cosas contrarias y a la vez, porque ambas cosas son
absolutamente imposibles.
Señorías, considero sinceramente que ustedes ni se oponen al proyecto
porque lo consideren innecesario ni
porque consideren que el texto es malo y no se puede mejorar; se oponen
simplemente por la difícil tarea política de oponerse a aquello que
plantea el Gobierno, sin más consideraciones.
Si su señoría hubiese realizado hoy una argumentación razonada y seria
tendría que habernos dado la visión de su Grupo político respecto a cuál
es la posición de Izquierda Unida en relación a España y la Unión
Europea. Deberían ustedes señalar si creen o no que España debe estar
integrada en la Unión Europea y, por lo tanto, homologar sus textos
normativos --en este caso en lo relativo a las contrataciones de los
servicios y de las obras y suministros en los sectores del agua, la
electricidad, de los transportes o de las telecomunicaciones, sectores
especiales conocidos como excluidos--, y deberían decir si creen o no
que, formando parte de la Unión Europea, debemos tener un sistema
homologado e incorporar a nuestro sistema normativo las directrices que
la Unión Europea ha dictado para todos los países miembros.
Esa es la cuestión, porque en este proyecto de ley lo único que se está
haciendo es transponer esas directrices comunitarias de obligado
cumplimiento para todos los países miembros al sistema jurídico español.
Esa es y no otra cosa.
Asimismo, su señoría ha manifestado que en España ya están reguladas a
través de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas este tipo
de relaciones. Pero su señoría se olvida de que en muchas ocasiones estos
servicios son gestionados o bien directamente por las Administraciones
públicas, o a través de concesiones administrativas a empresas públicas,
privadas o mixtas. Por lo tanto, estas directivas comunitarias lo que
hacen es homologar los procedimientos de selección de contratistas, los
procedimientos de ejecución de los contratos, de los suministros y de las
obras con un sistema equiparable en todos los países para todo tipo de
contratantes, sean o no Administraciones públicas.
Si el Consejo de Estado emitió un informe referido a esta ley, en él
aconseja hacer algunos retoques, como su señoría señalaba, esa es la
función de los grupos parlamentarios: estudiar, analizar el texto que
presenta el Gobierno, retocarlo, mejorarlo, enmendarlo y obtener un texto
normativo con la mayor perfección posible.
Por otra parte, señorías, si usted empieza diciendo que es un texto
innecesario, no entiendo que solicite al Gobierno que le envíe otro más
inteligible. Señor Román, la realidad es que con este proyecto de ley el
Gobierno da un paso necesario e imprescindible para el buen desarrollo y
funcionamiento de las relaciones de España con el resto de los miembros
comunitarios. De este modo nuestro sistema normativo se adapta y, por lo
tanto, tiene los mismos parámetros que los procedimientos de contratación
que se utilizan en el resto de los países europeos. Esa es una exigencia
para participar en las negociaciones inmediatas del nuevo marco
comunitario europeo y si no nos adaptamos a este tipo de normativas,
España tendría enormes dificultades en las próximas negociaciones. Esta
es la realidad.
Además se ha elaborado mediante lo que consideramos el denominador común
de la acción de este Gobierno en todos los campos: la búsqueda de la
negociación, del diálogo y del consenso. Se ha hablado con todas las
fuerzas políticas, con todas las Comunidades Autónomas y con los
principales representantes de los sectores a los que se dirige este
proyecto de ley. Después de escuchar a todos y recoger sus aportaciones,
aquellas sugerencias que enriquecían o mejoraban el texto y, además, no
contravenían las directrices europeas, se envió este proyecto de ley al
Parlamento. Fue debatido en el Congreso, allí y en esta Cámara ha sido
mejorado con algunas incorporaciones en los trámites de Ponencia y
Comisión, y confiamos en que en el debate que vendrá a continuación se
mejorará aún más, fruto de las aportaciones de todos los grupos
políticos.
Esa es la realidad, y negarse a ello, como hace el Grupo de Izquierda
Unida, es negar la evidencia. Creo que en el fondo de la cuestión lo
único que subyace es esa posición tan difícil de explicar, tan en contra
de la generalidad de la opinión pública de los españoles, que es creer
que España no está bien en el Mercado Unico Europeo, que España no está
bien en el concierto económico de las naciones europeas y, por lo tanto,
todo lo que signifique adaptarnos a ese proceso económico común, contará
siempre con la oposición frontal de Izquierda Unida, sin más razones y
sin más argumentos que oponerse por oponerse. Esta es una posición
respetable, pero nada acertada. Por esa razón, y porque creemos que el
texto es necesario y urgente, votaremos en contra de la propuesta de veto
que su señoría acaba de defender.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero. Pasamos al
turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría dice que es una contradicción, en todo caso, la contradicción
es imputable al Gobierno, que tenía que haber aplicado una de las
directivas a finales de 1996 y la otra a comienzos de 1997. La
responsabilidad de remitir este proyecto de ley, señorías, no es de la
oposición ni del Grupo de Izquierda Unida.
Usted dice que nuestra oposición es por ejercer la oposición. Señoría, he
explicado que no nos oponemos a que se dé traslado a las directivas, lo
que no entendemos es la urgencia después del retraso del Gobierno para
enviar este proyecto de ley. Pero, además, el texto es confuso, no sólo
para Izquierda Unida, sino para el Consejo de Estado, que en su informe
señala que necesita numerosos retoques.
Su señoría reconocerá que su grupo ha presentado numerosas enmiendas a
este proyecto de ley, así como que en el transcurso de la tramitación ha
querido buscar el consenso, porque este texto en el momento en que
estamos realizando el debate tiene todavía serias lagunas, y después
tendré oportunidad de referirme a ellas.
Señoría, hemos entendido que había dos procedimientos a seguir para hacer
la transposición de estas directivas: buscar el ordenamiento jurídico
vigente y efectuar sobre el mismo los cambios necesarios. El Gobierno ha
preferido escoger una ley que dé carácter global y con la que surgen
dudas de interpretación, y yo le voy a sacar de una.
Creemos que España es fundamental en la construcción europea, pero
tenemos puntos de vista distintos sobre cómo debe hacerse. Según parece,
Izquierda Unida ya no está tan sola, y en Europa empiezan a existir otros
aires sobre cómo deber realizarse la construcción europea. Reconocerá
conmigo su señoría que todas las directivas no se transponen al cien por
cien, y le recuerdo, por ejemplo, el debate sobre la Ley Postal donde el
Gobierno no hizo la transposición completa de la directiva; en algunas
cosas sí y en otras no, en algunas incluso se va más allá de lo que dicen
las propias directivas. No busque las contradicciones, que sin duda las
tenemos, y muchas.
Hemos querido también aportar al consenso la oportunidad de aprovechar
esta transposición a nuestro ordenamiento jurídico para elaborar una
norma más clara, más fácil de interpretar para los que tienen que
aplicarla y para los que tienen que cumplirla, que es de lo que se trata.
Su señoría me dice que esto obedece a la posición de Izquierda Unida de
oponerse por oponerse. Yo le garantizo que no, aunque la labor de la
oposición es precisamente hacer oposición al Gobierno.
Señoría, también queremos homologar los textos comunitarios, pero
entendemos que el procedimiento seguido por el Gobierno no es el más
correcto, y todavía nos tememos que después de este trámite donde vamos a
discutir las enmiendas tampoco esté resuelto. Es verdad que sus señorías
han tenido que hacer un esfuerzo para atender los requerimientos del
Consejo de Estado para hacer más comprensible este proyecto de ley, pero
al día de hoy no se ha conseguido.
Asimismo queremos, y no es contradictorio, que se apliquen las
directivas. Hubiera sido necesario haberlo hecho en su tiempo; no se hizo
y no vamos a referirnos ahora a ello. Estamos de acuerdo en que es bueno
que se haga la transposición, pero háganla respetando más nuestro marco
jurídico y de forma más sencilla. Han escogido el peor procedimiento y
han mezclado temas que no debían mezclar.
Sin duda en el debate tendremos oportunidad de entender por qué este
texto no consigue el objetivo que se había marcado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, fruto de
transposición de las directivas correspondientes, dejó excluidos en su
día, siguiendo las previsiones del Derecho Comunitario Europeo, a los
sectores de agua, energía, transportes y telecomunicaciones. El proyecto
de ley que ahora debatimos viene a suplir esta laguna incorporando al
ordenamiento jurídico español la Directiva 93/38, de 14 de junio de 1993,
y la Directiva 92/13, de 25 de febrero de 1992.
Hemos de precisar, como en otras ocasiones, que existe un estrecho margen
de discrecionalidad en la interpretación de las directivas, ya que en
muchos casos resultan de aplicación prácticamente directa, y entendemos
que éste es uno de ellos.
La Directiva 93/38 regula los procedimientos de aplicación en el campo de
los sectores excluidos a los que nos hemos referido. Por su parte, la
Directiva 92/13 constituye una norma de control de la aplicación de la
anterior.
Es objeto de este proyecto la regulación del procedimiento en la
adjudicación de los contratos de obras, suministros y servicios por las
entidades tanto públicas como privadas, que operan en los sectores
mencionados relacionados con el agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones.
Su único objetivo, que a nuestro juicio se cumple correctamente, es dar
cumplimiento a la obligación de incorporar a nuestro ordenamiento la
normativa comunitaria referida, y entendemos que se realiza mediante un
procedimiento en el que se armoniza la agilidad con la publicidad y la
concurrencia, huyendo de esquemas excepcionalmente rígidos, como en otras
ocasiones ocurre, y que en todo caso pueden ser correctos para otros
asuntos, pero que en este que nos ocupa no debieran serlo, y de ahí el
origen de estas directivas y de este proyecto de ley.
Nuestro Grupo participó activamente en la tramitación en el Congreso de
los Diputados --lo ha hecho también en el Senado-- en donde, en su
momento, efectuamos algunas objeciones de cierta entidad como, por
ejemplo, la calificación del título que se proponía por el prelegislador,
ya que si no fue necesario en su día acudir a los artículos 149.1.6.ª o
149.1.8.ª de la Constitución Española para regular los controles de las
Administraciones públicas, nos parecía que tampoco era necesario en esta
ocasión.
También hicimos alguna salvedad relativa a que si la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas no determina que todo su contenido sea
básico, tampoco debía serlo en este proyecto de ley. Propusimos asimismo
la incorporación a este proyecto de ley de contratos excluidos de la
Directiva 98/4; que la publicidad de las licitaciones no se efectuase
sólo en diarios o en el Boletín Oficial del Estado, sino también en los
boletines de las Comunidades Autónomas y la necesidad de la comunicación
de los contratos a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Otras enmiendas que también formulamos en su momento iban dirigidas a
aspectos de procedimiento administrativo, algunas de las cuales fueron
aceptadas, y pensamos que en su trámite parlamentario en el Congreso de
los Diputados se avanzó positivamente. Teniendo en cuenta que unas fueron
aceptadas, otras transaccionadas y algunas retiradas, en el momento
actual mantenemos
una sola enmienda que defenderemos en su momento, incorporada como
enmienda nueva en el trámite en el Senado.
Nuestra posición, por tanto, es claramente favorable al proyecto de ley
y, en consecuencia, contraria a la propuesta de veto que acaba de
defender el Senador Román Clemente.
No obstante, quisiera hacer una salvedad respecto a la redacción de la
exposición de motivos, tras la incorporación de la enmienda número 19,
del Grupo Parlamentario Popular, en el trámite de Comisión en el Senado.
Hemos de señalar que los títulos competenciales que se enuncian en la
exposición de motivos no son aplicables a la totalidad de los artículos
del proyecto de ley y, en cambio, podría citarse algún otro título
competencial como el del procedimiento administrativo común. Hacemos esta
precisión porque pensamos que esta ley podrá ser desarrollada en su
momento por las Comunidades Autónomas, y así queremos señalarlo en
defensa de sus competencias.
Por lo demás, nos reiteramos en nuestro acuerdo sobre el proyecto de ley,
y manifestamos nuestra oposición al veto que acaba de defender el Senador
Román Clemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención va a ser muy breve, pues sólo deseo anunciar que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar favorablemente la continuidad en la
tramitación de este proyecto de ley, es decir, que vamos a votar en
contra de la propuesta de veto debido a una razón que se subdivide en
tres.
Esta ley es compleja, pero es importante y positiva. Es una ley compleja
por cuanto supone la ordenación de un área de actividad en la que son
muchos y muy dispares los sujetos actuantes, así como son muchos y muy
complejos los intereses públicos y privados que están en juego y que
pueden entrar en conflicto. Siendo compleja, sin embargo, la ordenación
de esos intereses, la regulación que se hace de los conflictos, es
básicamente positiva. Por eso, mantenemos algunas enmiendas que
defenderemos posteriormente.
Es una ley compleja, por otra parte, porque la ordenación de todo ese
entramado de intereses es más complicada todavía en España, ya que ha de
tenerse en cuenta la pluralidad de niveles en los que se organiza la
Administración pública en nuestro país. En consecuencia, ha de ser
respetuosa con la distribución de competencias ya existentes entre dichas
administraciones públicas. Lo es. Es básicamente respetuosa con el
reparto de competencias. La complejidad ha sido abordada de un modo
suficiente.
En segundo lugar, es un proyecto de ley importante porque nos permite
avanzar, dar pasos adelante, en dos procesos que ya estaban iniciados,
uno a escala de la nación española y otro en la Unión Europea. Este
proyecto constituye el desarrollo y cierre --por así decirlo-- del cuadro
de modernización de toda la regulación de la contratación pública que
tuvo su hito más importante en la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Por otra parte, este proyecto supone la transposición al Derecho nacional
de las iniciativas ya desarrolladas en la Unión Europea. Es positivo,
finalmente, el proyecto de ley por cuanto supone que esa traslación de
las directivas de la Unión Europea conlleva la transposición a nuestro
Derecho no sólo de una serie de normas, sino de una serie de principios,
fundamentos y objetivos que nos parecen importantes para la ordenación de
la vida social y económica en estas áreas.
Con este proyecto de ley se pretende avanzar en la apertura de los
mercados, facilitar la libre competencia de empresas a escala europea e
impedir toda discriminación nacional a las empresas que actúen en
cualquier país europeo.
Este proyecto de ley está basado en una serie de principios: igualdad de
oportunidades y no discriminación entre contratantes; incremento de la
publicidad y trasparencia de la contratación en unos sectores de
actividad que llegan, en algunos casos, a rondar el cuatro por ciento del
Producto Interior Bruto de la economía de los países europeos y,
finalmente, garantía de la libertad de elección de contratantes.
En definitiva, es un proyecto de ley que merece seguir adelante y que,
con independencia de las matizaciones que haremos posteriormente, va a
contar con nuestro apoyo para su tramitación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad simplemente para invitar al portavoz del
Grupo de Izquierda Unida a que aproveche este momento para retirar la
propuesta de veto que ha presentado. Si lo hace, su señoría evitará un
trámite absolutamente innecesario a la Cámara. Evitará, que es lo más
importante, quedarse solo.
Todos los demás grupos políticos han manifestado, señorías, con claridad
la necesidad de esta ley. Sólo su señoría cree que es una ley
innecesaria. Si su señoría aprovecha la oportunidad y retira el veto
empezará a ser más congruente consigo mismo porque no se puede acusar,
señoría, de una cosa y de la contraria. No se puede acusar al Gobierno de
traer este proyecto demasiado tarde y, a la vez, criticar que se tramite
por el procedimiento de urgencia. Esas cosas, señoría, ocurren cuando la
carencia de argumentos le hacen buscar recursos más llenos de demagogia
que de fundamento. Tampoco debe sorprenderle a su señoría que el Partido
Popular presente enmiendas a una
ley. Comprendo que desde posiciones políticas como la suya quizá resulte
difícil entender que existe una separación entre el Legislativo y el
Ejecutivo, y que se puede dar soporte al Gobierno y a la vez criticar,
mejorar y presentar enmiendas a un proyecto de ley. Sé que estos
posicionamientos políticos a veces pueden resultar difícilmente
comprensibles para quien no los entiende, pero así es.
Por tanto, porque nuestro Grupo cree que esta ley es necesaria, se opone
al veto que su señoría plantea. Porque nuestro Grupo cree, como usted ha
manifestado en algún momento, que es necesario que esta ley se incorpore
pronto al ordenamiento, la está tramitando por el procedimiento de
urgencia. Y porque nuestro Grupo cree que este proyecto de ley es
mejorable, ha presentado enmiendas al texto, lo cual es nuestra
obligación.
Concluyo, señor Presidente, agradeciendo las intervenciones de los
portavoces del resto de los grupos, que se han manifestado en contra del
veto porque creen, al igual que nosotros, que esta ley debe tramitarse, e
insistiendo una vez más en la reflexión hecha al representante de
Izquierda Unida, para ver si es capaz de retirar el veto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación el veto presentado a este proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, uno; en contra, 191; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 5, del Senador Román Clemente,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 18, ambas inclusive.
(Rumores.) Silencio al salir. Son como los niños traviesos de los
colegios. (Risas.)
Senador Román Clemente, su señoría tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Con brevedad,
voy a defender las enmiendas que hemos presentado, para que el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Dionisio García Carnero, no pueda decir
que entorpezco la urgencia del Gobierno. En todo caso, una urgencia
pausada, lenta, después de dos años de demora en la tramitación de esta
transposición.
Señorías, las enmiendas números 1 a 11, ambas inclusive, y la enmienda
número 18, persiguen algo que he tenido oportunidad de manifestar en mi
anterior intervención, que es una mayor coherencia con lo dispuesto en la
Directiva 93/38.
La enmienda número 12 pretende una ampliación del plazo de respuesta. Y
está suficientemente explicitada en la justificación de la misma.
Con la enmienda número 13 se pretende una mejor aplicación de la Ley
30/1992, de Procedimiento Administrativo Común.
La enmienda número 14 pretende una mejor adecuación a la transposición de
la Directiva 93/13.
Con la enmienda número 16 se persigue una mejor aplicación del artículo
2.8 de la Directiva 92/13.
Pretendemos con la enmienda número 15 una mayor seguridad jurídica.
Y con la enmienda número 17 pretendemos la aplicación de lo establecido
en la Ley 13/1995.
Señorías, con esta intervención doy por defendidas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
El voto particular número 4 corresponde al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y, concretamente, a las enmiendas números
44 a 52, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En aras a la brevedad, que entiendo que exige esta sesión plenaria, como
la defensa de nuestras enmiendas ya fue realizada en un trámite anterior
las voy a dar por defendidas en sus propios términos, no sin antes decir
que todas se refieren al Capítulo II del proyecto, en el que se regula el
procedimiento o tramitación de las reclamaciones.
Desde nuestro punto de vista, el texto prima el criterio de la celeridad
sobre el de la seguridad jurídica. De ahí que nuestras enmiendas estén
fundamentadas en los contenidos de la Ley 30/1992, de Procedimiento
Administrativo Común.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
El voto particular número 1 corresponde al Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y, concretamente, a la enmienda número
54.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Dada la brevedad de los otros grupos y que
nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene solamente una enmienda, debería dar por finalizada mi intervención,
pero, en cualquier caso, tengo que defenderla.
En primer lugar, quiero hacer referencia a la enmienda número 54 de
nuestro Grupo, cuya finalidad es que la consideración de precio privado
se mantenga, en cuanto hace referencia a la prestación del servicio
público de distribución de agua, siempre que se realice en régimen de
derecho privado e independientemente de la titularidad pública de quien
lo presta.
Esta es nuestra enmienda y, en cualquier caso, queremos reiterar nuestra
salvedad --y nos gustaría que el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular se hiciese eco de ello-- a la exposición
de motivos, en cuanto a la incorporación de la enmienda número 19, del
Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que determinados títulos
competenciales enunciados en la exposición de motivos no son aplicables
en su totalidad y si sólo parcialmente, y ello reiterando que es en
defensa de las posibles competencias de las Comunidades Autónomas para un
desarrollo posterior de la ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
corresponde a supresión de la disposición adicional cuarta, que es nueva,
incorporada por la enmienda número 28 del Grupo Parlamentario Popular.
Además, el otro voto particular, del Grupo Parlamentario Socialista,
corresponde a las enmiendas números 31 a 36, 38, 39, 41 y 43.
Ambos votos particulares van a ser defendidos conjuntamente por el
Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender conjuntamente el voto particular con brevedad. En la
tramitación de esta ley, la actitud del Grupo Parlamentario Socialista ha
sido constructiva y rigurosa y los resultados han sido positivos. Hemos
intentado ir planteando enmiendas que pudieran producir una mejora real
de la ley desde una posición de búsqueda de acuerdo y de consenso. Fruto
de esta actitud ha sido la incorporación al proyecto de ley de un
conjunto de enmiendas presentadas, tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado.
Aprovecho esta intervención para decir que la enmienda número 35 al
artículo 17.1 debe entenderse retirada puesto que ha servido para
soportar una transaccional de la que, seguramente, hablará el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular.
Me voy a centrar en cuatro enmiendas, dando el resto por defendidas,
porque pensamos que todavía es posible que el Grupo Parlamentario Popular
atienda las razones que se hallan detrás de su presentación.
La enmienda número 32, al artículo 3,d), pretende incorporar una
redacción que clarifique el concepto de red pública de
telecomunicaciones. No entendemos por qué no se acepta la incorporación a
este texto de las mismas formulaciones que sirven para definir la red
pública de telecomunicaciones en las leyes y normas que lo ordenan.
Repito, no entendemos por qué no se acepta el inciso que dice: será red
pública aquella que se utiliza, total o parcialmente, para la prestación
de servicios de telecomunicaciones disponibles para el público. Nos
parecería oportuna la aceptación de esta enmienda porque evitaría
interpretaciones por las cuales se considera red pública de
telecomunicaciones para la contratación, en unos casos, y para la
ordenación de las telecomunicaciones, en otros.
La enmienda número 33 no pretende nada más que el ajuste terminológico de
esta ley a los artículos 172 y 173 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
La enmienda número 36 pretende reducir los márgenes para la
discrecionalidad en los contratos restringidos. Por eso parece
conveniente que se introduzca el inciso: los criterios objetivos deben
hacer referencia a la solvencia económica y financiera, técnica o
profesional, y no a cualquier otro criterio objetivo que se pretenda.
Finalmente, el voto particular número 2 pretende la vuelta al texto del
Congreso de los Diputados en la adicional cuarta. La adicional cuarta
refleja una operación jurídica cuando menos cuestionable: En su apartado
uno se hace una llamada a una entidad pública específica, la AENA, por la
que se introduce en la Ley, cuando no existe otro organismo o entidad
pública presente en la misma. ¿Para qué? Para decir dos cosas: en primer
lugar, que en lo no regulado en esta Ley y en la Ley de Contratos de la
Administración Pública estará sujeta a las normas de contratación
privada, lo cual es obvio; pero se aprovecha esto para hacer una segunda
normativa, cual es la regulación ex novo del régimen patrimonial de los
bienes de dominio público afectos al servicio aeroportuario.
Es verdad que el texto que se incorpora en esta adicional cuarta es
coincidente, punto por punto, coma por coma, con el texto mediante el
cual se regula el régimen patrimonial de los puertos del Estado y de la
marina mercante, expresado en la Ley 27/1992. No es nada nuevo. Se aplica
a AENA el mismo régimen que se aplica a los puertos del Estado, pero nos
parece que no es este el texto legal en el que esa operación jurídica
debe proponerse, sino que hay otras muchas posibilidades. Por tanto,
rogamos al Grupo Parlamentario Popular que reconsidere esta posición,
porque puede hacer perfectamente esta regulación mediante cualquier otra
iniciativa parlamentaria ulterior, con el acuerdo de todas las fuerzas
políticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
como este portavoz decía en su intervención en la Comisión, ante un
proyecto de ley que trata de incorporar al ordenamiento jurídico español
las normas de unas directivas comunitarias y respecto del que en el
trámite del Congreso de los Diputados se ha trabajado intensamente, sobre
todo en Ponencia, y se han incorporado muchas de las iniciativas de los
grupos parlamentarios, difícilmente cabe la posibilidad de que en este
trámite se pueda llegar a admitir ninguna otra de las enmiendas
presentadas.
Ya en Comisión hice un examen exhaustivo, una por una, de todas las
enmiendas presentadas, por lo que en este momento me van a liberar de esa
posibilidad y, en aras de la brevedad de la que todos los portavoces han
hecho gala, voy a hacer lo mismo: ser breve, con la seguridad de que con
lo que voy a decir no dejaré de contestar
a ninguna de las enmiendas ni grupos que han intervenido.
Vamos a rechazar, las enmiendas presentadas a las que hoy hacemos
referencia, salvo la número 37, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la que se ha transaccionado un texto que ya estaba transaccionado en el
Congreso de los Diputados y que entregaremos firmado a la Mesa de la
Cámara para que se incorpore. No aceptamos la enmienda número 1,
presentada por Izquierda Unida porque precisamente lo que pretende esta
Ley es incorporar las directivas al ordenamiento jurídico tal como
preveía la disposición transitoria sexta de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. La finalidad es cumplir con algo que se
exigía.
Las enmiendas números 2, 3, 4, 6, 8, 11 y 15 se rechazan porque, de
adoptarlas, no se añadiría nada a lo que contiene el texto del proyecto
de Ley, por lo que preferimos este último al que presentan dichas
enmiendas.
La enmienda número 5 se rechaza porque lo que pretende ya se contempla en
la disposición adicional primera. Hace referencia a que no se incluye el
IVA en los precios, cuestión que ya se recoge en el texto de la Ley.
Lo mismo ocurre con la enmienda número 7, en la que figura cuál es la
definición de contrato de obra, que ya se contempla en el artículo 5.1.a)
del proyecto.
Se rechaza la enmienda número 9 porque su aceptación supondría suprimir
una garantía para los contratantes.
La enmienda número 10 no se acepta porque supondría suprimir una mayor
publicidad y seguridad jurídica.
La enmienda número 13 se desestima porque con el régimen sobre
reclamaciones de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común,
no se respondería a las previsiones de eficacia y rapidez que la
Directiva intenta conseguir mediante esta regulación de la contratación
en estos aspectos y sectores especiales.
Rechazamos la número 16 porque el texto del proyecto contiene garantías
en favor de las empresas contratantes que no deben suprimirse.
No se acepta la número 12 porque consideramos suficiente el plazo
concedido y porque, de todas maneras, el proyecto no impone que sean tres
días, sino, como mínimo, tres.
La enmienda número 14 se rechaza porque, como hace la Directiva, el Grupo
Popular en este caso, en el conflicto de intereses entre los derechos de
los particulares --que serían mejor protegidos con la enmienda propuesta
por Izquierda Unida-- y la seguridad jurídica, se inclina por mantener la
seguridad jurídica.
La enmienda número 17 no se acepta porque la administrativización del
sistema en este punto es contraria, precisamente, al espíritu que inspira
la Directiva.
Por último, se rechaza la enmienda número 18 porque el procedimiento de
conciliación regulado por la Directiva 1992/13 de la Comunidad Económica
Europea y normas que la desarrollan no debe sustituirse por el propuesto
en la enmienda, ya que el Grupo Popular piensa que un Estado miembro no
debe regular la actividad propia de la Comisión.
Se rechazan las enmiendas números 44 a 51, ambas inclusive, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque pretender que la
tramitación de las reclamaciones por la infracción de lo dispuesto en
esta ley se rija por la Ley 30/1992, no nos parece que sea lo que reclama
la Directiva, ya que precisamente si establece algunas especialidades es
con el objetivo de cumplir con la finalidad propia de estas directivas,
que es mayor publicidad, mayor eficacia y mayor rapidez, cosa que no se
conseguiría, como digo, con el procedimiento establecido por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Se rechaza la enmienda número 52 por las mismas razones expuestas al
hablar de la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario Socialista. Y en
cuanto a la referencia que se ha hecho a una transacción no recogida en
el Congreso, la hemos mencionado al hablar de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y, como digo, pasaremos a la Mesa el texto
firmado por todos los grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
presentada una enmienda, y ha hecho una observación sobre la que quiero
hacer dos precisiones. Con la enmienda número 54 pretende introducir una
nueva disposición adicional, con la que se persigue mantener la
prestación de precio privado a la prestación patrimonial que se
establezca como consecuencia del otorgamiento de un servicio público de
distribución de agua, siempre que se realice el mismo en régimen de
derecho privado y con independencia de la titularidad de quien lo presta.
El Grupo Popular entiende que esta pretensión no parece que tenga un
claro encaje en el marco de este proyecto de ley, ni siquiera en este
momento. El Grupo Parlamentario Popular es consciente de que el problema
que se plantea en esta enmienda no tiene una respuesta clara y unánime, y
que incluso es motivo de discusión y debate, no sólo a niveles
doctrinales, sino incluso a niveles gubernamentales. En principio, no nos
parece justificada la pretensión contenida en la enmienda al no
considerar homologables a estos efectos la gestión directa con la
indirecta o con la mixta, ya que en la primera, al prestar la corporación
local un servicio público obligatorio, el régimen de retribución del
mismo difícilmente puede vincularse a un sistema de precios privados.
Aunque la exposición de motivos no contenga enmiendas --y reconocemos que
es cierto--, consideramos que no es necesario corregirlo, ya que con la
precisión que vamos a hacer queda subsanado, y si bien es verdad que el
único título competencial para la aplicación o para la incorporación de
estas normativas al Derecho no son las competencias del Estado, sino
también las de las Comunidades Autónomas, es lo cierto que estamos en la
representación en el Senado y, por tanto, no habría ningún inconveniente
en incluirla, pero nos parece que tampoco pasa nada porque no se incluya.
Por otra parte, el contenido de la disposición final primera atribuye el
carácter de legislación básica a una de las normas de este proyecto de
ley, y está reconociendo la
posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en la regulación que hagan
de esta materia ajustándose a la Directiva, puedan regular algunas
materias. Luego, por lo tanto, esta disposición final primera, aun cuando
en la exposición de motivos no se diga expresamente, está reconociendo
que las Comunidades Autónomas algo tienen que decir sobre esta cuestión.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista podríamos dividirlas en
dos grupos. Por un lado, se solicita la supresión de la disposición
adicional cuarta, es decir, volver al texto del Congreso, porque se dice
que no es el lugar adecuado para que en esta regulación se mencione a
AENA. Resulta preciso concretar que el régimen de contratación aplicable
a AENA en todos aquellos aspectos regulados explícitamente en el proyecto
de ley de que se trata, dado la singularidad y funciones de este
organismo público, es propio de este proyecto de ley. AENA, que debe ser
considerada una entidad pública empresarial, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 6 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, de 14 de abril de 1997, desarrolla una
ingente labor contractual, tanto como adjudicataria del contrato de obras
de ingeniería civil, por la necesidad de ir ampliando y modernizando
nuestros aeropuertos, como de contratos de servicios y suministros,
imprescindibles para la conservación y explotación de aquéllos.
En este sentido, resultaría paradójico que los contratos cuya cuantía
estuviera por debajo de los umbrales establecidos precisamente en este
proyecto de ley, los contratos que son de menor importancia, estuvieran
sujetos a la disciplina más rígida de la legislación de contratos de las
administraciones públicas y, por el contrario, los contratos de mayor
entidad, como se ha señalado, los que superan los umbrales establecidos
por la propia Directiva y por este proyecto de ley, estuvieran regulados
por un régimen de contratación mucho más flexible y tolerante. Es
evidente que este resultado no es lógico ni coherente con el dinamismo de
un organismo público con singular protagonismo en el sector del
transporte y que es este lugar en el que debe de recogerse.
Por otro lado --recuerdo que esta disposición adicional tiene dos
partes-- ha parecido razonable integrar en la misma disposición adicional
una referencia explícita y complementaria --aunque entendemos que quizá
fuera más adecuado otro lugar para introducirlo-- en lo que se refiere al
régimen patrimonial del organismo público, habida cuenta de que su campo
de actividad resulta en absoluto similar en cuanto a planteamientos con
otras entidades públicas vinculadas al transporte marítimo y terrestre,
como ha citado el propio portavoz del Grupo Socialista, como son las de
Renfe, Feve, que tienen un tratamiento que se ha mostrado a lo largo de
su vigencia altamente satisfactorio para resolver los problemas que se
plantean. Las cautelas que, en todo caso, se introducen en esta
disposición adicional constituyen garantía suficiente para asegurar la
bondad del modelo por el que se opta.
El portavoz del Grupo Socialista se ha referido brevemente al resto de
las enmiendas y yo voy a hacer una rapidísima alusión a las mismas
porque, como digo, en Comisión ya hicimos referencia a ellas una por una.
El mismo ha reconocido que las enmiendas números 32, 33, 34, 36 y 39 a
veces tratan de clarificar o de hacer ajustes dialécticos y, por lo
tanto, puesto que no aportan nada especial ni en nada contradicen el
contenido del proyecto, preferimos rechazarlas.
La enmienda número 38 se rechaza porque su aceptación supondría ir mucho
más allá de la finalidad perseguida por la Directiva en su artículo 25.3.
La enmienda número 41 no se acepta porque garantiza mejor el derecho de
los reclamantes al remitir la solución de los problemas que exigen un
estudio más detallado al momento de la resolución que al momento de la
inadmisión del recurso.
La enmienda número 42 se desestima porque la adopción de medidas
cautelares supone la imposición de cargas, a veces muy onerosas, para las
empresas contratantes y el Grupo Popular piensa que la duración de estas
medidas no debe quedar pendiente de la inactividad del órgano encargado
de resolver.
La enmienda número 43 se rechaza porque el Grupo Popular, entre las
posibles soluciones a adoptar por el órgano competente para resolver,
elige la indemnización en vez de la anulación del contrato optando por el
mal menor. No cabe duda de que una actuación malintencionada del órgano
dado, el órgano para resolver, podría acelerar la formalización del
contrato con el fin de evitar su anulación, pero esa actuación sería
fraudulenta y podría dar lugar a su impugnación precisamente por haberse
formalizado en fraude de ley. Esta impugnación resolvería los problemas
creados por esta actuación fraudulenta, por lo que la acusación que en
dicha enmienda se hace no tendría razón de ser y, de todas las maneras,
el problema vendría mejor resuelto para los contratantes como lo hace el
texto del proyecto que como se pretende en la enmienda.
Gracias, señor Presidente, con esto doy por terminada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Huidobro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Intervendré también con brevedad para resaltar en este momento del debate
que, con el objetivo de aclarar y hacer más fácil la interpretación de
esta ley, nos pronunciamos favorablemente para que se recojan las
sugerencias que los servicios jurídicos de la Cámara hacen sobre ella.
Consideramos que, después de un detenido estudio, las precisiones que se
realizan en estas sugerencias podrían significar una mejor claridad en el
texto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionales Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para no dejar sin contestación la intervención del señor Román
Clemente.
Efectivamente, el trabajo realizado por el Letrado de la Comisión ha sido
importante --no solamente por haber puesto de manifiesto estas posibles
correcciones--, pero la tramitación que ha seguido este Proyecto de Ley y
la urgencia de la misma nos impiden entrar en el examen de esas
precisiones terminológicas que, aun cuando mejorarían el proyecto, en
nada cambiarían su finalidad y contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Terminado el debate, procedemos a la votación.
Enmiendas correspondientes al Senador Román Clemente. En primer lugar,
votamos las enmiendas números 1, 13 y 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 2; en contra, 197; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación de las enmiendas números 10, 12 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, dos; en contra, 120; abstenciones, 77.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 79; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En
primer lugar, votamos la enmienda número 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, seis; en contra, 192; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 52.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 83; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la
palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pedimos votación separada de la
enmienda número 53.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Huidobro Díez pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Señor Presidente, la enmienda número 53 se había
incorporado al texto en la misma Comisión.
El señor PRESIDENTE: Senador Aleu, al parecer está incluida en el texto.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, hemos consultado con el autor
de la enmienda, que es el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, y han señalado que mantenían la enmienda. Si es así, pedimos
votación separada. Si no la mantienen, evidentemente no la pedimos.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al Grupo autor de la enmienda. Tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Lo siento, señor Aleu, le he entendido mal,
ya que se ha incorporado al texto en la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, Senador Aleu, no es necesaria su
votación.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, siete; en contra, 190; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos
las enmiendas correspondientes al voto particular número 1, a excepción
de la número 35.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 79; en contra, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente
al voto particular número 2, referida a la supresión de una adicional
nueva.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 79; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 54 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, seis; en contra, 187; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación una enmienda transaccional firmada por todos los
grupos parlamentarios. ¿Se puede votar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
A continuación, votamos el dictamen. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de los artículos 3 y 19 y de la disposición
adicional cuarta. (El señor Caballero Lasquibar pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada del artículo 51.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En primer lugar, votamos los artículos 3 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 120; en contra, dos; abstenciones, 78.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 194; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, votamos la disposición adicional cuarta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 121; en contra, cuatro; abstenciones, 75.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor 198; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a su sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS Y OTRAS NORMAS
TRIBUTARIAS. (S. 621/000100) (C.D. 121/000113)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que,
en su caso, haya designado la Comisión, el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, saben que nos espera
una tarde de bastante trabajo. Les pediría cuanta más agilidad mejor para
poder empezar este nuevo debate.
El señor SORAVIILA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar, en nombre de la Comisión de
Economía y Hacienda, el dictamen emitido por ella sobre este Proyecto de
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias para su definitivo debate y votación por el Pleno de la
Cámara.
No se oculta a sus señorías que nos encontramos ante un proyecto de ley
de importancia considerable para un Parlamento. Fueron los impuestos en
general la raíz histórica que dio vida y razón al sistema parlamentario,
pero, además, y en particular, en el proyecto de ley que hoy nos ocupa
tratamos en concreto de uno de los elementos fundamentales de nuestro
sistema tributario, que responde precisamente al principio recogido en el
artículo 31.1
de nuestra Constitución, por el que se establece que todos contribuirán
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.
Con este espíritu y por su generalidad --afecta a 31 millones de
españoles, y he aquí otra muestra del alcance de nuestra
responsabilidad--, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
permite, quizá mejor que ningún otro, una redistribución de la renta y
una solidaridad que, sin duda, dota de auténtico contenido a la
definición de nuestro Estado como social y democrático de Derecho, tal
como se expresa en el frontispicio de la Constitución.
Así ha sido desde que se implantara el modelo actual en 1977 y esa misma
voluntad es la que ha ido impulsando las distintas y necesarias
modificaciones, fruto de los cambios sociales y económicos de nuestra
sociedad, hasta la última reseñable, de junio de 1991. La presente
debemos enmarcarla en la necesaria adaptación de nuestro modelo a las
nuevas circunstancias derivadas del mercado único al que pertenecemos, en
el que las políticas fiscales nacionales deben ser homólogas y estar
coordinadas para alcanzar los objetivos deseados, fundamentalmente la
creación de empleo, el fomento del ahorro y el crecimiento económico, tal
como exigen el Pacto de Estabilidad y Empleo y la Unión Económica y
Monetaria Europea.
Si atendemos a los programas electorales de las distintas fuerzas
políticas, comprobamos que la mayoría de ellas han coincidido en esta
necesidad de adaptación, aunque, como era de esperar en un sistema plural
como el nuestro, no lo han hecho en los medios para alcanzarla. Esta es
la razón por la que, una vez remitido el proyecto de ley a nuestra Cámara
por el Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre y finalizado
el plazo de presentación de enmiendas, que tuvo que ser ampliado desde el
día 7 de octubre hasta el 14 del mismo mes, se registraron tres vetos a
la totalidad del proyecto y 290 enmiendas parciales.
De los tres vetos uno ha sido suscrito por el Grupo Parlamentario
Socialista y los otros dos por los Senadores Nieto y Costa Serra y Román
Clemente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto.
El pasado 6 de octubre se reunió la Comisión para designar la Ponencia,
que quedó integrada por seis miembros: los Senadores Alierta y Utrera, en
representación del Grupo Parlamentario Popular; Cobo y Granado, por el
Grupo Parlamentario Socialista; Cambra, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y Gangoiti, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El día 28 del mismo mes se reunió esta Ponencia y acordó por mayoría
rectificar determinados errores técnicos, modificar los artículos 51 y
62, introducir una nueva disposición adicional, incorporar, salvo tres,
todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, aceptar en su
totalidad, o en parte, nueve de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y una del Grupo
Parlamentario Socialista. En el mismo acto los representantes del Grupo
Parlamentario Popular retiraron una de sus enmiendas.
Al día siguiente, 29 de octubre, se reunió la Comisión para dictaminar el
proyecto de ley. Rechazados los vetos por mayoría, fueron debatidas las
enmiendas de los distintos grupos y, finalmente y también por mayoría, se
aprobó como dictamen el texto del informe de la Ponencia en sus términos.
El proyecto de ley que nos ocupa se estructura en un título preliminar y
diez títulos, que comprenden 90 artículos, y las correspondientes
disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, de cuyo
texto cabría destacar tres aspectos: La exención de un mínimo de renta,
con arreglo a circunstancias personales y familiares del contribuyente;
respecto a la tarifa, la minoración de la carga tributaria con una rebaja
general de tipos y una reducción de tramos, lo cual supondrá una
simplificación; y el hecho de no alterar el modelo de financiación
autonómica del quinquenio 1997-2001, al mantener la estructura del
gravamen autonómico y garantizar la corresponsabilidad fiscal y la
suficiencia de recursos de las Comunidades Autónomas.
Tanto los tres vetos como todas las enmiendas presentadas por los grupos
y que no fueron incorporadas al dictamen, han sido objeto de votos
particulares para el debate y votación de este importante proyecto de ley
ante el Pleno de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
A este proyecto de ley se han presentado tres propuestas de veto. Dos
hacen referencia al voto particular número 1 del Grupo Parlamentario
Mixto. El primero de ellos lo va a presentar el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Buenas tardes, señorías.
Voy a intentar sintetizar el contenido del veto, puesto que la
argumentación ha sido expuesta antes de llegar a esta Cámara.
Empezaré haciendo una consideración que, aun siendo de tipo general,
tiene que ver con el veto que planteamos. Indudablemente esta es una ley
de una enorme importancia y de una enorme trascendencia. Yo diría que
refleja distintas filosofías y, por tanto, la del Partido Popular, que
sustenta al Gobierno, y que queda sintetizada en esa expresión que
repiten ustedes muchas veces de «menos Estado y más sociedad», idea que
queda perfectamente recogida en esta ley. La izquierda entiende que el
Estado debe ser y debería seguir siendo un elemento redistribuidor de la
renta. Lo que aquí se plantea es que, en teoría, se rebajan los impuestos
a una franja --que luego veremos cuál es--, y que el Estado deja de
recaudar aproximadamente, según nuestros cálculos, entre 600.000 y
700.000 millones de pesetas. Esa falta de recaudación del Estado, ¿en
perjuicio de quién va a ser? Es indudable que de todas las políticas
sociales: de la sanidad, de la enseñanza, del seguro de desempleo,
etcétera. Esa voluntad del Estado de recaudar menos va a ir, como es
lógico, en
detrimento de las políticas sociales y también, por qué no decirlo, de
las políticas que ustedes dicen que son prioritarias, como es la creación
de empleo. Con esos 600.000 o 700.000 millones de pesetas menos que va a
recaudar el Estado, se podría incentivar la creación de empleo e incluso,
si ustedes quieren, hasta se podría incentivar fiscalmente a las pequeñas
y medianas empresas para estimularlas en la creación de más puestos de
trabajo. Pero no; se trata de rebajar los impuestos. Pero no a todos en
general, aunque en apariencia ustedes quieran venderlo así, sino a las
franjas de los que más ganan. Con esta ley que ustedes proponen lo que
sucede es que la relación entre las rentas de capital y las rentas del
trabajo en vez de aminorarse progresivamente, estas últimas adquieren más
peso en la recaudación que las rentas del capital. Está clara la
filosofía de esta ley y a quién beneficia. No me voy a extender mucho,
pero yo sé que eso forma parte de su filosofía.
Pero es que, además, yo creo que van ustedes con un poco de retraso, que
son poco originales, porque este modelo se ensayó y se puso en práctica
con la política de Reagan y de la señora Tatcher, y esa política dio
lugar a distorsiones que han tenido que ser corregidas y enmendadas por
los sucesivos gobiernos, tanto en Norteamérica como en Inglaterra. En
consecuencia, nada de originalidad, sino que supone ir con retraso y
apuntándose a modelos ya ensayados, que no incentivan el empleo, que no
redistribuyen la renta, etcétera. Este es el motivo de fondo, que no de
forma, del veto que traemos a esta Cámara.
También se olvidan ustedes en esta ley del fraude fiscal, o bien pasan
por encima de él. Pero la cuestión de fondo es también el porqué, ya que
¿quiénes son los que más defraudan? Los que tienen más capacidad para
defraudar son los que tienen más ingresos. Esto se refleja en que la
penalización de los delitos fiscales y toda esa serie de cosas se
aminoran. No se incentiva tampoco ese elemento propagandístico de que
«Hacienda somos todos» que trata de estimular la realización de la
declaración de la renta, que es un servicio que, en denifitiva, revierte
en todos los ciudadanos.
Esa rebaja, que aparentemente consiste en que no tendrán obligación de
declarar las rentas inferiores a los tres millones y medio, va a suponer
que una parte de los ciudadanos --ya veremos-- no declarará y no porque
ganen menos de tres millones y medio de pesetas. Se beneficiarán los
profesionales liberales y otra serie de gente que tiene gran capacidad de
defraudar, pero no así los que tienen un salario o una nómina, que no
tienen capacidad de defraudar porque están archicontrolados.
Se facilita el fraude fiscal --que ustedes saben que es muy alto-- en vez
de perseguirlo mediante una ley que haga posible que aflore. Ustedes
saben donde están las bolsas de fraude. Pero este eso aparentemente,
parece que no les preocupa.
La ley es, por tanto, regresiva, aunque aparentemente parezca que,
efectivamente, nos van a descontar menos y que incluso a los asalariados
se les va a retener menos. Eso es lo que ustedes van a vender en un
principio, pero las consecuencias que esto va tener en la educación, en
la enseñanza, en la sanidad y en todas las cuestiones básicas, serán
nefastas. Lo que ustedes venden irá en detrimento de las mismas.
Esta mañana, al contestar al Ministro, el señor Rodríguez de la Borbolla
hablaba del paro y de los que no cobran seguro de desempleo.
Efectivamente, hay una parte importante de trabajadores de larga duración
que, incluso, no cobran seguro de desempleo. Si ésta es la situación, si
no estamos en un Estado del bienestar boyante, si estamos intentando
acercarnos al marco europeo y conseguir, al menos, las prestaciones que
ya tienen los países de nuestro entorno, con esta ley, con esta manera de
redistribuir la renta, se empeoran las condiciones de los trabajadores. Y
esto se hace cuando estamos en una situación que nos permitiría que el
Estado tuviera una capacidad recaudatoria mayor y, por tanto, una mayor
capacidad distributiva.
Ustedes renuncian a eso por su concepto de liberalismo, porque piensan
que cuanto menos intervenga el Estado en la sociedad, en los servicios y
en una serie de cuestiones, mejor. Y resulta que cuando menos interviene
el Estado es mejor para los pudientes. Los débiles necesitan un Estado
--repito-- redistributivo.
También hemos de ver otro problema --y con éste si que voy a terminar--,
y es el de la financiación de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades
Autónomas van a disminuir sus ingresos con esta reforma. Aún con la
cesión del 30 por ciento del IRPF, la capacidad recaudatoria en general,
de aprobarse este Impuesto, va a ser menor. Tendremos, por tanto, un
problema añadido porque el papá Estado tendrá que cubrir los déficit de
las distintas Comunidades Autónomas al tener éstas menor capacidad
recaudatoria.
En definitiva, esta ley refleja una filosofía y una política de fondo que
no compartimos. Por eso, todos los agentes sociales, los sindicatos de
clase, toda la gente que vive de un salario, de una profesión y todo el
que tenga sentido común está en contra de este proyecto de ley. Por eso,
mantenemos, por inadecuada, el veto a la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
El otro veto, dentro de este voto particular, lo va a defender el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero defender el veto presentado por Izquierda Unida al
Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras normas tributarias.
Señorías, se presenta esta propuesta de veto al proyecto de ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por no ser útil para
hacer frente a las deficiencias del actual IRPF; por la pérdida de
igualdad al estar basado en las rentas del trabajo y la no efectividad a
rendimientos de capital o plusvalías; por la eliminación paulatina de la
progresividad debido al incremento de deducciones o gastos fiscales en la
base; por la reducción de justicia redistributiva por el incremento del
fraude fiscal
y la ocultación de rentas y, sobre todo, por las dudas sobre la
suficiencia de la imposición directa.
La propuesta del Gobierno profundiza en las limitaciones actuales y,
junto a una pérdida de recursos públicos no explicada con la minoración
del gasto público, da un paso más en la contrarreforma fiscal con un
recorte efectivo de la progresividad y la igualdad fiscales que exige el
artículo 31.1 de nuestra Constitución, al cual se hacía referencia al
presentar este proyecto de ley, y que dice así: Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.
El proyecto de ley tiene como finalidad básica hacer el sistema fiscal
menos suficiente, más regresivo, reduciendo el gravamen de los
contribuyentes con mayores ingresos y primando las rentas del capital y
empresariales en detrimento de las del trabajo. Está elaborado, además,
con el apoyo de una comisión de expertos como cobertura para una
pretendida neutralidad nunca alcanzada, y ni siquiera perseguida, que
limita el apoyo a la organización empresarial CEOE y provoca el rechazo
social de las centrales sindicales por su carácter regresivo y
antisocial.
El coste de la reforma del IRPF plasmada en este proyecto de ley podrá
superar los 600.000 millones de pesetas anuales como consecuencia de una
rebaja media del 11 por ciento, según ha estimado el Gobierno del Partido
Popular. En este sentido, hay que pensar, en primer lugar, en los
capítulos de gasto público que verán mermada su financiación futura y en
el recorte que sufrirán en cantidad y calidad los servicios públicos,
pues esta pérdida de recaudación no se podrá emplear en mejorar nuestra
protección social, que no olvidemos que es cinco puntos porcentuales del
producto interior bruto inferior a la media comunitaria.
Con esos 600.000 millones de pesetas se podría, por ejemplo, ampliar la
cobertura al desempleo --y tengo que recordar que más del 60 por ciento
de los parados y paradas no reciben prestación--, aumentar la cuantía
media de las pensiones --y también quiero recordar que el 70 por ciento
de las mismas son inferiores al salario mínimo interprofesional--, o
dotar de terminales informáticos todas las aulas de colegios para
integrar el uso de ordenadores en el umbral del siglo XXI, por citar una
situación de mejora de la enseñanza pública.
En segundo lugar, la rebaja fiscal no va a afectar a todos los
contribuyentes por igual. De la pérdida de progresividad que se deduce
del proyecto de ley se van a beneficiar en mayor proporción los
contribuyentes de mayores rentas, no sólo porque obtendrán un ahorro
fiscal superior, sino porque además son éstos los que menos necesitan de
los servicios y bienes públicos. Y también quiero recordar en este
momento que la presión fiscal en Europa en relación con el producto
interior bruto es más de seis puntos superior a la española y que en los
impuestos directos sobre la renta y el patrimonio se detraen casi cuatro
puntos más del producto interior bruto.
La disminución de los tramos y tipos de la tarifa y la traslación de
deducciones de la cuota a la base conforman un reparto menos equitativo
de la carga del tributo. El tipo marginal máximo se reduce ocho puntos
porcentuales --pasando del 56 al 48 por ciento-- y eso, señorías, es un
regalo fiscal para aquellos contribuyentes con rentas superiores a los 11
millones de pesetas. Por el contrario, el tipo marginal mínimo disminuye
dos puntos porcentuales del 20 al 18 por ciento.
En este sentido, los ahorros para las rentas modestas, por ejemplo
inferiores a los dos millones de pesetas, son más teóricos que reales,
pues con la actual configuración del IRPF, cuya obligación para declarar
comienza a partir del 1,2 millones de pesetas, y con las deducciones
actuales en la cuota, los supuestos beneficios disminuyen y, en algunos
casos, ni siquiera existen, valga por ejemplo para aquellos que pagan
alquiler por su vivienda actual.
Por otro lado, el proyecto de ley no mejora el tratamiento
discriminatorio que sufren las rentas del trabajo, pues no corrige el
sesgo favorable del que gozan las rentas empresariales y el capital que
se ha traducido en continuos beneficios fiscales de todo tipo,
fundamentalmente a partir de 1988.
De particular importancia es el tratamiento de las plusvalías, pues se
consolida con este proyecto de ley su exclusión de la base general y de
la progresividad del tributo, haciéndolas tributar a un tipo proporcional
del 20 por ciento. Es necesario lograr una armonización fiscal de la
renta del capital distinta a la de fiscalización total, estilo
Luxemburgo.
Tampoco se hace nada para empezar a luchar de forma efectiva contra el
fraude fiscal, verdadero atentado contra la equidad y una profunda lacra
en nuestro sistema fiscal, y las medidas que se han introducido en los
últimos años han colaborado a consolidarlo: Amnistía fiscal en 1991,
modificación en 1995 de la Ley General Tributaria y del delito fiscal o
el nuevo Estatuto del Contribuyente, que dificulta la lucha de la
Hacienda Pública contra el fraude fiscal.
Señorías, es más, el Gobierno nos asegura que disminuyendo el tipo
marginal máximo del IRPF a los contribuyentes de rentas elevadas se
incentivará a un mayor número de personas a cumplir con sus obligaciones
tributarias. Consideramos que eso es una vana ilusión, pues las rentas
que pueden seguir ocultándose, al no ser controlables por la
Administración, se seguirán eludiendo al margen de cuál sea la carga
tributaria.
En suma, el conjunto del proyecto de ley supone una pérdida de justicia
tributaria, al atacar la suficiencia y la progresividad y significará
menos recursos y obtenidos éstos de forma menos equitativa.
Señorías, el pensamiento conservador siempre ha apostado por disminuir
los impuestos y por reducir la progresividad del sistema tributario en su
conjunto, atendiendo a teorías «lafferianas», que dan cobertura a la
bondad de menores impuestos, mayor actividad económica y mayor
recaudación. Sin embargo, estas teorías han quedado oxidadas por su
inoperancia y allá donde se han puesto en práctica, o bien han disparado
el déficit público
o bien han provocado un aumento de la imposición indirecta, que es, por
definición, regresiva.
La cuestión es que no existen motivos objetivos en nuestro país para
reducir la carga fiscal del IRPF y recortar su progresividad, básicamente
porque la presión fiscal general y la del IRPF en particular se sitúan
muy por debajo, como he dicho antes, de la media comunitaria.
En concreto, la presión fiscal general es 6 puntos porcentuales inferior
y la del IRPF se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo. Pero
señorías, además, peligra a medio plazo nuestro sistema de protección
social.
El coste recaudatorio puede verse en cierta medida enjugado a corto plazo
por la fase moderada expansiva del ciclo económico en la que se encuentra
nuestra economía, pero, señorías, al agotarse ésta asistiremos una vez
más a una ofensiva que afirmará la imposibilidad de mantener, cuando no
cuestionar, que ni siquiera ya mejorar, la protección social y los
servicios públicos.
En estos momentos nos encontramos en plena euforia por nuestra
integración en la «zona euro», pero el verdadero ajuste está por llegar,
como consecuencia, tanto de los esfuerzos creativos que han realizado los
gobiernos para cuadrar las cuentas públicas, cuanto por el compromiso
asumido de lograr equilibrios presupuestarios, cumpliendo el Pacto de
Estabilidad.
En este contexto el Gobierno del Partido Popular quiere reducir la
presión fiscal y la progresividad impositiva, aprovechando que crecen los
ingresos públicos como consecuencia del crecimiento económico, en la idea
de que cuando éste se ralentice, y los ingresos con él, señorías,
entonces se reducirá el gasto público. Así, cuando se recupere la
actividad económica de nuevo, se propondrán nuevas bajadas de impuestos y
el gasto público soportará nuevos ajustes. En definitiva, los grandes
derrotados serán la política redistributiva y la cohesión social.
Izquierda Unida plantea la necesidad de elevar en nuestro país los
ingresos públicos de acuerdo con los criterios de progresividad y
capacidad económica con objeto de potenciar las políticas de gasto
público y fortalecer la cohesión y el desarrollo económico.
Para Izquierda Unida el IRPF debe jugar un papel fundamental y, por
tanto, entiende inaceptable cualquier reforma que recorte su
progresividad y lamine la suficiencia y equidad del sistema fiscal. (El
señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Este impuesto constituye un instrumento imprescindible para cumplir la
función redistributiva del Estado. No es el único, es cierto, pero no
puede existir el llamado Estado del bienestar sin un impuesto personal de
la renta con el suficiente potencial recaudatorio, que incorpore un
aceptable grado de progresividad o, lo que es igual, de justicia
tributaria.
Existe una amplia coincidencia a la hora de diagnosticar el principal
defecto de nuestro sistema fiscal, en el sentido de que se trata de un
sistema profundamente injusto que descansa casi exclusivamente en las
rentas del trabajo dependiente. Si a ello añadimos que nuestro gasto en
protección social es de los más bajos de Europa y que dichos gastos han
de financiarse con criterios redistributivos, lo deseable sería una
reforma fiscal que mejorara la justicia tributaria y la capacidad
financiera del Estado. Justo lo contrario de lo que pretende el proyecto
de ley.
Izquierda Unida plantea esta propuesta de veto al proyecto del Gobierno y
solicita su retirada y reelaboración, siguiendo al menos los siguientes
criterios: Corregir el tratamiento discriminatorio de las rentas del
trabajo en el IRPF, para lo que es preciso lograr una mayor tributación
efectiva de los rendimientos del capital y luchar activamente contra el
fraude fiscal. La lucha contra la elusión fiscal no sólo debe realizarse
contra aquellos que manifiestamente incumplen la ley, sino también
eliminando las puertas legales existentes que permiten eludir el pago de
impuestos sin correr riesgos. Es lo que, de forma eufemística, se llama
ingeniería fiscal, y que no es otra cosa que la versión más sofisticada
del fraude fiscal. Además, es inconcebible que la Unión Europea no avance
en la armonización de la tributación de la renta del capital.
Modificar el tratamiento fiscal de las plusvalías que no son sino rentas
del capital acumuladas, integrándolas en la base general del tributo.
Potenciar la progresividad efectiva del IRPF aumentando los tramos de las
tarifas y estableciendo tipos impositivos que aseguren una mayor
tributación a medida que aumenta la capacidad económica del
contribuyente.
Revisar y reducir el conjunto de bonificaciones y deducciones que operan
hoy en el tributo, con objeto de simplificarlo y potenciar su
progresividad. En concreto, eliminar la deducción por doble imposición de
dividendos; eliminar la deducción de la base imponible por aportaciones a
planes privados de pensiones y revisar el gasto fiscal en vivienda y por
enfermedad.
Trasladar a políticas activas ligadas a fondos obligatorios de inversión
generadores de empleo.
Y para finalizar, señorías, incrementar las retenciones de empresarios y
profesionales para equiparar su renta a la realidad efectiva, evitando
sistemas de camuflaje de rentas en otros impuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
Existe un tercer veto del Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, este debate concluye en términos
parlamentarios el día de hoy en el Senado; volverá al Pleno del Congreso
de los Diputados después de varios meses de tramitación parlamentaria,
tramitación que no ha sido muy intensa pero que ha estado precedida de la
presentación del informe de los expertos encargado por el Gobierno y que,
en todo caso, merece que hagamos el esfuerzo de no duplicar argumentos de
los ya consumidos en anteriores discusiones parlamentarias y sí algunas
reflexiones sobre el momento presente de la coyuntura económica de
nuestro país.
La coyuntura no es exactamente la misma que en el momento en que se
presentó el Impuesto. Ha venido una crisis, que es verdad que no nos ha
afectado más que colateralmente, pero ante la cual ha habido elementos de
cierta preocupación. En todo caso, merece una primera reflexión por parte
del Grupo Parlamentario Socialista y de la persona que les habla.
Ya es una convención --lo acaba de recordar hace pocos días el Comité
Monetario, los directores generales del Tesoro de los diferentes países
miembros de la Unión Europea y antes lo habían dicho la propia Comisión
Europea y los gobernadores de los bancos centrales-- que a finales del
año 2002 los Estados miembros de la Unión Europea adheridos al euro
deberán exhibir una situación presupuestaria cercana al equilibrio o con
superávit.
Esto nos va a plantear problemas a los españoles, ya que en estos
momentos estamos difiriendo, bajo la fórmula de créditos extraordinarios,
alejando hacia el endeudamiento a los entes públicos y empresas públicas
que no se subvencionan con cargo a los presupuestos del Estado, o
planteando el diferimiento de algunas obligaciones que son ineludibles
con sistemas como el de abono total de precio, lo que realmente va a
hacer sumamente difícil para el Estado español que la disciplina del
gasto público se mantenga hasta el año 2002.
Pero si la disciplina por el capítulo de los gastos aparece comprometida,
por el capítulo de los ingresos la situación no es mucho mejor. Si sus
señorías han tenido la curiosidad de observar el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, habrán descubierto que las previsiones de
ingresos son inferiores en las operaciones no financieras a los ingresos
públicos que se prevén para el ejercicio de 1998 en el avance de
liquidación del mismo. Y vamos a tener menores ingresos aun cuando las
cuentas públicas contemplan para el año 1999 que los ingresos por renta
van a crecer en 150.000 millones de pesetas, a pesar de la reforma que
estamos discutiendo en estos momentos y a pesar del incremento del
porcentaje que se transfiere a las Comunidades Autónomas.
En realidad, este Gobierno, que ha sido afortunado en algunas de sus
previsiones económicas, presupuestarias y en grandes términos
macroeconómicos, nunca ha acertado demasiado con el Impuesto sobre la
Renta. Ya en el año 1996 el avance de liquidación del presupuesto de
dicho ejercicio se equivocó en 269.000 millones de pesetas sobre la
liquidación final de dicho año en recaudación por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. En el año 1997 se equivocaron en 375.000
millones y entre el presupuesto de 1998 y el avance de liquidación del
mismo la equivocación es de 250.000 millones de pesetas, lo cual no está,
francamente, nada mal: casi 900.000 millones de pesetas de errores
acumulados en previsiones presupuestarias en el momento de formalizar
alguna previsión sobre el comportamiento de la recaudación en términos de
caja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pero si analizamos los incrementos de las entregas a cuenta que van a
recibir las Comunidades Autónomas por el 15 por ciento cedido del
Impuesto, descubriremos que para el año 1999 lo que se prevé con esta
reforma es que se recauden 250.000 millones de pesetas más por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre el tramo estatal y
el tramo autonómico del Impuesto. ¿Cuánto deberían crecer los ingresos de
los españoles para recaudar esos 250.000 millones de pesetas más? Si la
recaudación va a crecer un cinco por ciento, con unas tarifas que, por
término medio, bajan un 12, el crecimiento de las bases liquidables
debería ser cercano al 20 por ciento. ¿Alguien se cree que los ingresos
de los españoles van a crecer el 20 por ciento en el año 1999? Creo que
no se lo cree nadie.
El problema es que necesitamos recaudar esos 250.000 millones de pesetas
más en el año 1999, como hubiéramos necesitado recaudar los de 1996, los
de 1997 y los de 1998. El problema es que para cuadrar las cuentas
públicas, para no deprimir la inversión, para formar el capital humano,
para permitir que la formación bruta de capital fijo no disminuya, como
está sucediendo en el presente año, se hundió en 1996 y se recuperó sólo
levemente en 1997, necesitamos esos recursos.
Por tanto y como primera reflexión, para defender las previsiones
presupuestarias de este Gobierno, les invito a las Senadoras y Senadores
del Grupo Parlamentario Popular a que rechacen esta reforma, porque, si
la reforma tiene éxito, las previsiones se hundirán y, si las previsiones
se hunden, nuestras cuentas públicas no van a sufrir precisamente la
mejor de las coyunturas posibles de aquí al 2002.
Una segunda reflexión sobre el sentido final de todo nuestro sistema
fiscal y lo que es la competitividad de la economía española dentro de la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Es una convención entre
todos los especialistas que han analizado el sistema fiscal español --y
citaría como fuente de autoridad a alguien tan cercano a sus señoría como
el señor García Margallo-- que precisamente el «handicap» principal de
nuestro sistema fiscal en relación con los sistemas fiscales europeos no
está en el Impuesto sobre la Renta, ni en los impuestos indirectos, donde
todavía tenemos --digámoslo así-- unos tipos medios inferiores a la media
de la Unión Europea; está en las cotizaciones sociales. Las cotizaciones
sociales españolas sí son más altas que la media de los países de la
Unión Europea y la de muchos países europeos, por eso cuando todas las
fuerzas políticas firmamos con el anterior Gobierno socialista el Pacto
de Toledo nos comprometimos formalmente, entre otras cosas, a que la
fiscalidad general se hiciera cargo de aquellos gastos que no fueran
prestaciones contributivas del sistema de seguridad social. Pero nos
comprometimos a algo más; nos comprometimos --y cito literalmente-- «a
que la fiscalidad general hiciera frente a la bonificación en las
cotizaciones de los contratos dirigidos a grupos de especial dificultad
en la búsqueda de empleo». Es decir, el diseño de nuestro sistema de
protección social en el Pacto de Toledo lo que viene a señalar es la
obligación de que sea la fiscalidad general la que financie las
bonificaciones al empleo, porque si no, entramos en un circuito perverso
de difícil justificación, y es el de que las bonificaciones
al empleo se soporten fiscalmente sobre la base de las cotizaciones de
los trabajadores y, en este sentido, se configuren como un coste asociado
al factor empleo.
Más bien al contrario, lo que viene haciendo este Gobierno es que las
cotizaciones por desempleo de los trabajadores y empresarios financien,
no sólo ya las prestaciones no contributivas en materia de desempleo,
sino que en el año 1999 financien incluso las bonificaciones al empleo, o
lo que es lo mismo, vamos a incrementar los costes asociados al factor
empleo para bonificar la creación de nuevos empleos, lo cual no es
precisamente muy razonable, como no es nada razonable que precisamente
esto se haga disminuyendo las aportaciones del Estado al presupuesto del
Instituto Nacional de Empleo. Esto se hace así porque ustedes han
decidido disminuir la fiscalidad general; disminuir en particular la
fiscalidad sobre los beneficios, disminuir la fiscalidad sobre el
patrimonio, y ahora disminuir la fiscalidad sobre la renta de las
personas físicas, a la vez que ustedes siguen manteniendo las
cotizaciones al desempleo y las cotizaciones a la seguridad social, en
una línea absolutamente equivocada, a nuestro juicio, y que en todo caso
no es nuestra opción. En nuestra opción, debería darse prioridad a la
disminución de los costes asociados al factor empleo, y en este sentido
debería mantenerse la fiscalidad general.
Nosotros no queremos disminuir la fiscalidad sobre los beneficios; si
queremos disminuir la fiscalidad sobre el trabajo, y en este sentido nos
parece que esta reforma va en la dirección equivocada.
Una tercera reflexión: Cualquier reforma sobre el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas exigiría un conjunto de actuaciones que nos
permitiera actuar --y valga la redundancia--, que nos permitiera
intervenir más eficazmente contra el fraude fiscal, porque también es una
convención entre los estudiosos del sistema fiscal español que el
problema del mismo, al margen de la equidad o inequidad de las normas en
sí mismas, es su aplicación inequitativa; es su aplicación
discriminatoria, porque el fraude es el primero de los impuestos
injustos, ya que hace que no paguen quienes deberían pagar.
¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en la Agencia Tributaria?
Lo que está pasando ha sido descrito por sus funcionarios en términos de
caos, y me parece que es una palabra tremendamente gráfica. Se ha llegado
a pedir una investigación parlamentaria, que va a realizar el Congreso de
los Diputados, sobre --y cito literalmente las palabras de la portavoz de
la Asociación de Subinspectores-- «el fracaso de los planes de
inspección; el maquillaje de las cifras ofrecidas a la opinión pública, y
el aumento de las comprobaciones superficiales a contribuyentes».
Cualquier reforma que quiera ponerse en práctica en estos momentos, con
el polvorín que es la Agencia Tributaria, no va a ir en la buena
dirección, por la sencilla razón de que el fracaso en la gestión
convierte en inequitativa la aplicación de la norma.
Voy a darles a sus señorías un dato que no está manejado por las
asociaciones de inspectores o subinspectores de la Agencia. En el año
1997 la recaudación en vía ejecutiva por impuesto de patrimonio cayó un
19,5 por ciento --fuente: Inspección General del Ministerio de Economía y
Hacienda--. Ese mismo año la recaudación voluntaria por impuesto de
patrimonio creció un 16 por ciento, lo cual es lógico teniendo en cuenta
la buena marcha de la economía española. ¿Cómo es posible que las
inspecciones en patrimonio hagan disminuir la recaudación en vía
ejecutiva de este impuesto, las liquidaciones paralelas, las
liquidaciones complementarias practicadas por los servicios de la
Agencia? Por la sencilla razón de que ustedes no solamente han decidido
disminuir la fiscalidad de los patrimonios, sino que también han decidido
que, además, lo que deba recaudarse por vía ejecutiva cada vez sea menos,
y si no lo han decidido así --y evidentemente sería perverso pensar que
obran ustedes en esa dirección--, por lo menos son ustedes responsables
del fracaso en la gestión que estos datos manifiestan.
Esta reforma y cualquier otra necesita, en primer lugar, de una Agencia
Tributaria que esté en condiciones de aplicarla, y ustedes han convertido
a la Agencia Tributaria en una administración en crisis permanente y
acelerada que, además, está profundizándose cada vez más porque cada día
nos desayunamos con una nueva noticia que nos alerta sobre la magnitud de
esta crisis.
Una cuarta reflexión: El reparto de la carga tributaria en la reforma que
nos ocupa. La reforma es negativa, a nuestro juicio, porque no es una
reforma adecuada a la coyuntura económica española, no lo es porque,
además, disminuye nuestras posibilidades de reformar el sistema fiscal
español en aquellos apartados en los que el sistema si es más sensible a
las necesidades de competitividad de la economía, debe ser bien
gestionada y no lo puede ser y, además, esta reforma, por sus contenidas,
es profundamente regresiva. En primer lugar, ustedes han vaciado de
contenido la tributación conjunta y, en ese sentido --y no lo decimos
sólo los socialistas, sino también los estudiosos de la reforma--, han
tratado discriminatoriamente a las familias españolas porque se han
negado a permitir que la mayor parte de las familias españolas con
trabajadores por cuenta ajena, que siguen siendo todavía las familias con
un único perceptor, se beneficien de cualquier fórmula de imputación de
rentas al segundo cónyuge si este cónyuge no trabaja o tiene unos
ingresos exiguos. Esta situación es injusta porque en estos momentos son
las únicas rentas que en un matrimonio en régimen de gananciales no van a
poder imputarse al 50 por ciento, porque todas las demás, por una vía o
por otra, más directa o más indirectamente, se reparten entre dos, porque
además han desnaturalizado la tributación conjunta y, aunque la mantienen
teóricamente en el impuesto, la hacen absolutamente inviable salvo para
categorías familiares que son, en términos estadísticos, marginales --no
quiero con esto hacer ningún matiz peyorativo--; me refiero a que
solamente una ínfima minoría de familias españolas van a verse
beneficiadas, entre comillas, por el acceso a la tributación conjunta,
porque a la inmensa mayoría les va a resultar más desfavorable.
Además, ustedes llevan a cabo una reforma en la cual es relevante --y en
Comisión se nos dijo algo así como que era el chocolate del loro, que era
un elemento marginal
o mezquino de la reforma-- la supresión que realizan de buena parte de
las deducciones por cargas familiares, por trabajo, gastos de enfermedad,
etcétera, y las han llevado a las deducciones a la base. En comisión se
nos dieron algunos argumentos que, francamente, me resultan peregrinos,
como por ejemplo decir que esta es una cuestión irrelevante y mezquina
cuando estamos hablando de medio billón de pesetas, no de 50.000
millones, sino de medio billón de pesetas que antes eran deducciones en
la cuota que afectaban por igual a todos los contribuyentes y ahora se
van a convertir en reducciones en la base imponible y, por lo tanto, van
a estar supeditadas a la progresividad de la tarifa, van a beneficiar más
a aquellos que pagan más impuestos en función de que también,
lógicamente, tienen mayores rendimientos, pero no se nos da ninguna
argumentación congruente. ¿Por qué, por ejemplo, es congruente que las
Comunidades Autónomas sigan teniendo la posibilidad de practicar
deducciones en cuota por cuestiones familiares, como el número de hijos,
y sin embargo estas cuestiones se llevan a reducciones a la base en el
tramo estatal del impuesto? ¿Qué sentido tiene este doble tratamiento?
Ninguno. Simplemente que es imposible que las Comunidades Autónomas
reduzcan la base, por lo que van a seguir teniendo deducciones y nosotros
vamos a tener reducciones en la base, lo cual es una incongruencia. ¿Por
qué la reducción por trabajo dependiente es menor para los tramos de
rentas más altas y no pasa lo mismo para las reducciones por hijo o por
material escolar? Simplemente porque nos interesa que el impuesto sea
progresivo en determinados límites y en determinados límites nos interesa
que no lo sea, y es un atentado general contra la progresividad del
impuesto.
Hago una quinta reflexión y voy acabando, señor Presidente.
Ustedes, con sus reformas fiscales del verano de 1996, consiguieron
producir una huida de billones de pesetas de los ahorros españoles hacia
los fondos de inversión, con el tratamiento evidentemente desequilibrado
que produjeron entre unas y otras rentas. Ahora, desandan el camino
andado en el verano de 1996, y para reponer los depósitos de ahorro de
los ahorradores españoles y, fundamentalmente, para solucionar un
problema de liquidez de las entidades bancarias, ustedes generan un nuevo
producto de seguros financieros con un tratamiento fiscal igualmente
privilegiado, a fin de recomponer lo que desequilibraron hace dos años.
¿No es posible que el sistema fiscal español trate de una manera neutral
a los diferentes rendimientos del capital y del ahorro, de tal manera que
las decisiones de los ahorradores o de los inversores no tengan por
matriz el tratamiento fiscal? Ustedes siguen empeñados en que la gente
produzca ingeniería fiscal y financiera; que tenga que examinar la
fiscalidad de un determinado producto de ahorro o inversión a la hora de
ponerlo en marcha, en vez de su rentabilidad en términos estrictamente
económicos. Ese es un grave error, porque, al final, ustedes están
logrando que sea el sistema fiscal el que determine si los españoles
quieren ahorrar o invertir, y eso es una equivocación, no debe ser el
sistema fiscal el que determine eso, debe ser el mercado. Francamente,
hago profesión de fe liberal; ustedes son menos liberales de lo que
parece para algunas cosas y están empeñados en que sea el sistema fiscal
el que determine que los españoles gasten su dinero de una u otra manera.
Voy a hacer una penúltima reflexión sobre lo que está pasando en las
retenciones a cuenta. Evidentemente, la guinda que corona el pastel de la
reforma fiscal es el cambio de retenciones a cuenta a muchos millones de
españoles por devoluciones menores cuando luego tengan que presentar la
declaración. Se dice que esto va a beneficiar a todos por igual y, en
especial, a las rentas más bajas; a continuación tendría que añadirse a
las rentas declaradas más bajas, que, en este país y por desgracia,
siguen siendo las rentas empresariales, porque los empresarios siguen
declarando rentas muy inferiores a las de los trabajadores por cuenta
ajena. Lo que no se añade es cómo se va a hacer esto.
Voy a darles a ustedes unas cifras para que se vea a quién beneficia esta
disminución de retenciones. El Secretario de Estado de Hacienda nos dice
que las retenciones van a bajar un 11 por ciento por término medio; el
Ministro de Economía y Vicepresidente segundo del Gobierno nos dice que
las retenciones a cuenta de los depósitos de ahorro, de los rendimientos
del capital mobiliario, van a bajar de un 25 a un 18 por ciento, lo cual
supone, en términos gruesos, una bajada de entre el 25 y el 30 por
ciento; ustedes acaban de presentar una enmienda a la tramitación
parlamentaria en el Senado de este proyecto de ley, diciendo que los
pagos a cuenta de los empresarios, que tenían ustedes limitados al 20 por
ciento en su reducción, pasan a estar limitados en su reducción al 25 por
ciento. Cualquiera que sepa cómo se calculan estos pagos sabe
perfectamente que si ustedes han presentado esta enmienda es porque la
inmensa mayoría de los pagos de los empresarios van a verse reducidos
entre un 20 y un 25 por ciento. Si los rendimientos del ahorro van a
bajar entre un 25 y un 30, y los pagos a cuenta de los empresarios van a
bajar entre un 20 y un 25, y la suma total de las retenciones va a bajar
un 11, ¿cuánto van a bajar las retenciones de los trabajadores por cuenta
ajena? Pues menos que los depósitos de ahorro y menos que los pagos a
cuenta de los empresarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Granado, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor GRANADO MARTINEZ: Voy terminando señor Presidente.
¿A quién beneficia esta reforma, este nuevo impuesto? La conclusión me
parece obvia.
Para terminar, no podía faltar en esta Cámara territorial una referencia
al impacto de la reforma del impuesto en la financiación de las
Comunidades Autónomas.
Cuando se puso en marcha el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas, nosotros advertimos en el Senado lo que iba a pasar y, como el
«Diario de Sesiones», en esta Cámara, se escribe, está escrito en febrero
de 1997. Nosotros dijimos: La renta va a crecer menos de
lo que ustedes dicen. Los Ministros del Partido Popular nos contestaron
desde esta tribuna: Les invitamos a ustedes a que lo comprueben al final
del ejercicio. Al final del ejercicio resultó que nosotros teníamos
razón: la renta en estos tres últimos años ha crecido muy por debajo del
Producto Interior Bruto nominal.
¿Qué ha pasado? Lo que ha sucedido es que el sistema de financiación ha
quebrado y, como consecuencia de esta quiebra del sistema de
financiación, ustedes han tenido que llevar al proyecto de ley de
Presupuestos para el año 1999 una disposición que garantiza que los
ingresos por renta de cada Comunidad Autónoma de las acogidas al nuevo
modelo van a sumir al menos lo mismo que el PIB nominal, lo cual nos va a
costar el primer año 100.000 millones de pesetas. Esa es la diferencia
entre lo que entregó a cuenta el Estado el año 1997 y lo que tiene que
liquidar por renta a las Comunidades Autónomas que se acogieron al
sistema, o sea, más de 100.000 millones de pesetas.
¿Qué va a suponer esta reforma? Lo que va a pasar con esta reforma es que
esta garantía que ustedes tienen que dar para evitar que la quiebra del
sistema se desplace sobre los recursos financieros de las Comunidades
Autónomas --ahora se va a desplazar sobre los Presupuestos del Estado--,
va a suponer que el Estado cada año va a tener que detraer de sus
Presupuestos 50.000 millones adicionales para garantizar que las
Comunidades Autónomas no pierden dinero o, lo que es lo mismo, que al
final del quinquenio el porcentaje de participación de las Comunidades
Autónomas va a ser en la práctica, en aquellas Comunidades Autónomas que
han aceptado el modelo de financiación, no del 30 por ciento, sino
prácticamente cercano al 40. Esto va a gravitar también sobre las cuentas
públicas, porque el Estado va a recaudar menos renta y va a tener que
destinar un porcentaje mayor de esa recaudación a los fondos de las
Comunidades Autónomas. Además, instrumentando técnicamente una auténtica
aberración, porque con este sistema el porcentaje de participación de
cada Comunidad Autónoma en cada tramo de la tarifa es distinto. Pero no
es que sea progresivo, es que es distinto, hace dientes de sierra, con lo
cual vamos a conseguir el récord de que no haya dos Comunidades Autónomas
que tengan el mismo porcentaje de participación en renta cada año. Pero
es que la misma Comunidad Autónoma no va a tener el mismo porcentaje de
participación en diferentes años. Esas magnitudes van a ser distintas en
cada año y para cada Comunidad Autónoma y para cada tramo de la tarifa.
Un auténtico disparate en términos técnicos.
En conclusión, esta no es la reforma que necesita la coyuntura económica
española. No es la reforma interna que necesita el impuesto. Nosotros
hubiéramos estado dispuestos a discutir una reforma que disminuyera la
capacidad de recaudación del impuesto si hubiéramos compensado con otras
figuras impositivas la recaudación global que necesitan nuestras cuentas
públicas. Pero no se ha hecho así. Hubiéramos estado dispuestos a
discutir una reforma que hubiera venido acompañada de una mejora en la
eficacia de la gestión de la Agencia Tributaria, pero no se ha querido
hacer así. Hubiéramos estado dispuestos a discutir una reforma que
hubiera permitido que los Presupuestos del Estado, la fiscalidad general,
cumpliera con los compromisos del Pacto de Toledo. Pero no se ha hecho
así. Hubiéramos estado dispuestos a discutir una reforma que solucionara
problemas de financiación de las Comunidades Autónomas, y ésta no
solamente los acentúa, sino que crea problemas al Estado.
Es una reforma con un coste desconocido; es una reforma con una
administración tributaria crecientemente ineficaz; es una reforma que
genera un sistema de financiación de las Comunidades Autónomas a la
carta, y es una reforma injusta. Ni la ineficiencia, ni la incertidumbre
sobre los costes, ni la injusticia son cuestiones que el Grupo
Parlamentario Socialista esté dispuesto a aceptar.
Por ello pedimos la devolución del proyecto de ley y que el Gobierno
elabore un nuevo proyecto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Granado.
Para consumir un turno en contra de los vetos, tiene la palabra el
Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
En este debate sobre la reforma del Impuesto sobre la Renta ya iniciado
en la Ponencia y muy adelantado en la Comisión, se han mantenido los tres
vetos propuestos originalmente, dos procedentes del Grupo Parlamentario
Mixto y uno del Grupo Parlamentario Socialista.
No hemos encontrado hoy --como tampoco en las sesiones anteriores de la
Comisión-- ningún argumento sustancial que nos haga pensar que la reforma
del Impuesto sobre la Renta es tan perversa como se ha dicho.
Seguimos pensando --lo diremos con mayor o con menor energía, pero
siempre con el rigor de quien sabe que está promoviendo reformas
importantes para la modernización del sistema tributario español y de las
instituciones democráticas españolas-- que es una reforma que tiene una
doble finalidad: por un lado, mejorar la equidad del sistema tributario
español y, por otro, mejorar su eficacia; eficacia en el doble sentido de
dotar de flexibilidad a una figura central desde el punto de vista
recaudatorio y de los objetivos sociales que pretende, cual es el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de la promoción de
actividad económica, de empleo y de crecimiento.
Son argumentos que ya se han repetido mucho. Es innecesario extenderme en
exceso sobre ellos, pero sí quiero hacer alguna reflexión, porque de lo
aquí dicho por los ponentes y defensores de los tres vetos presentados al
proyecto de ley se deduce que o bien no han descendido al detalle de las
propuestas de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
o bien --y nos tememos que es esto último-- han decidido interpretar el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en una clave
estrictamente de oposición política y no de construcción de un sistema
tributario mejor y más moderno.
Voy a referirme a continuación al veto del Senador Nieto Cicuéndez y de
la Senadora doña Pilar Costa y al del Senador Román Clemente. Permítanme
que los trate conjuntamente porque, aunque no son iguales, qué duda cabe,
son bastantes similares en su concepción. En ellos se hace especial
énfasis en tres argumentos: El primero es que el gasto social está en
peligro por la caída de recaudación, ya que esta reforma fiscal va a
rebajar la carga fiscal --ciertamente, puesto que ese es el objetivo que
se pretendía-- de los contribuyentes. El segundo argumento que se ha
utilizado es que es una reforma ya probada en otros países y que además,
de acuerdo con la defensa del veto número tres, es innecesaria porque
España se encuentra en parámetros de fiscalidad inferiores a los de los
países de la Unión Europea y de la mayor parte de los países de la OCDE.
Y en tercer lugar, se da una serie de argumentos en relación con la
equidad del sistema, como que la tributación no es equitativa sobre los
asalariados y que trata mejor a las rentas más altas que a las más bajas.
Sintetizando estos tres argumentos, diremos que efectivamente hay una
lectura poco comprensiva de lo que se va a aprobar hoy aquí con la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estamos
debatiendo. El gasto social, señorías --con esto adelanto mi
argumentación a la propuesta de veto número dos, del Grupo Parlamentario
Socialista-- nunca ha estado más en peligro que cuando con aumentos
fiscales adicionales cada año, tratando de exprimir la fiscalidad y de
proceder a elevaciones continuas en impuestos indirectos, en concreto, en
los especiales, no se llega y hay que recurrir a endeudamientos
crecientes que generan una pelota, un «stock» de deuda y una carga de
intereses al año siguiente, unido a la desconfianza y a la falta de
credibilidad de la política presupuestaria. Además es una deuda que hay
que pagar a tipos de interés muy caros, con lo cual esa pelota de
intereses para el año siguiente es como un efecto bola de nieve, que
exige acarrear muchos más ingresos tributarios para obtener el mismo
resultado, es decir, dificultades de financiación del gasto público, un
déficit público todavía mayor y, consecuentemente, un «stock» de deuda
que para el año siguiente va a generar unas cargas por intereses aún
mayores.
Esta situación no nos es desconocida en España, y no estamos hablando de
hace muchos años, sino de hace tres, cuatro o cinco años. Estamos
hablando también de hace diez años, pero fundamentalmente de los últimos
años del Gobierno socialista. Acuérdense ustedes de que esa política
económica, desafortunada en su concepción, sobre todo porque le tocó
vivir tiempos duros, nos llevó no solamente a pagar muy cara la deuda
pública y a los españoles muy caro el endeudamiento, ya sea a las
empresas o a los particulares, sino que, además, exigió crecientes
volúmenes de recursos tributarios para llegar a un déficit que en el
ejercicio de 1995, de gestión socialista, se situaba por encima del siete
por ciento del producto interior bruto. Piensen que ahora estamos
hablando de un déficit que se sitúa en torno al 2 por ciento; nos
dirigimos hacia el 2 por ciento y para el año 2002, como señalaba el
Senador Granado, las propuestas de convergencia nos llevarán a un déficit
prácticamente nulo.
Por lo tanto, fíjense cómo han cambiado las cosas. Hemos pasado de unos
volúmenes de endeudamiento sorprendentemente rápidos en su evolución y de
unos niveles de déficit público que parecían incontenibles en su
crecimiento a una situación de estabilidad presupuestaria, de
consolidación del déficit público y de relativa calma en las cuentas
públicas.
Pero, como se nos apuntaba, ¿es que esa calma no se corresponde con la
situación que atraviesa la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria? Nosotros esperamos que la calma general que vive la economía
española se traslade a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, donde obsérvese que los conflictos son más de tipo salarial y
laboral que de dirección de la propia Agencia, y mucho menos de las
normas que la regulan.
En cuanto al gasto social, yo estoy dispuesto a aceptar que es necesario
garantizar unos ingresos tributarios suficientes para mantener un gasto
público, sobre todo un gasto público social que cubra las demandas de una
sociedad moderna en materia de educación, de sanidad, de políticas
activas de empleo, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Pero no es cierto
el argumento de que una reforma tributaria que genera crecimiento
económico y actividad vaya necesariamente, por la reducción recaudatoria
que ello supone, a poner en peligro el gasto social. Valga como muestra
de ello los Presupuestos Generales del Estado para el año 1999. En el
citado año 1999 las partidas que se identifican como propias de gasto
social van a aumentar en torno al 7 por ciento. En 1998 ha crecido el
gasto social tres puntos por encima del gasto presupuestario del resto de
las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por lo tanto, no es verdad que esta política de austeridad presupuestaria
haya gravitado sobre el gasto público, como tampoco es verdad que las
previsiones para el año 1999 de reducción de la recaudación del Impuesto
sobre la Renta, porque ése es el efecto querido y deseado, vaya a
provocar una reducción del gasto social. Todo lo contrario, se ha
presupuestado el gasto y se va a cumplir como se ha hecho en los últimos
ejercicios, y en la realización efectiva del mismo se ha previsto un
crecimiento de tres puntos por encima del gasto medio presupuestario.
Dicen que es una reforma poco original, ya ensayada e innecesaria. Aquí
es donde nos alejamos porque son concepciones que no solo no compartimos
sino que consideramos propias del pasado. La convicción de que desde el
Gobierno hay que promover crecimientos ininterrumpidos de presión fiscal
como medio de modernidad o para garantizar la justicia social, pertenece
al pasado. Hemos podido comprobar que esto no ha servido, y tenemos como
ejemplo lo ocurrido con los países del Este y con otros regímenes
totalitarios o del socialismo real. Tampoco han servido las iniciativas
llevadas a cabo por un sector público recaudador en demasía, porque esa
actuación genera desincentivos y perturbaciones importantes en el marco
economicista, con lo cual se resiente el
empleo y la actividad económica. Esta es la experiencia vivida años
atrás, no demasiados años, en la política económica española.
Esto ya está rechazado, tanto en el mundo intelectual como en las
políticas que se están aplicando en los países más avanzados, y ni qué
decir tiene que también en la Unión Europea, donde bajo ningún concepto
puede realizarse, porque el programa de convergencia propone la reducción
y convergencia de déficit, y no precisamente mediante aumentos de presión
fiscal. Por tanto, estamos hablando de dos modelos distintos: ustedes
tienen el suyo y nosotros el nuestro; como son diferentes, presentan su
veto, pero, como no lo compartimos, lo vamos a rechazar.
Paso a referirme a la tercera argumentación principal, al deterioro en
las rentas laborales y a la inequidad de la reforma, que ya tratamos en
la Comisión pero lo volvemos a repetir ahora. A pocos números que hagamos
y a poco que reflexionemos sobre los instrumentos genuinos que se han
creado con esta reforma, como puede ser el mínimo personal y familiar,
que supone llevar las deducciones de base a cuota y que ha sido tan
criticado por el veto número dos del Grupo Parlamentario Socialista,
veremos que, tal como se ha distribuido la carga, la progresividad del
impuesto se estructura en torno a varios parámetros, fundamentalmente la
tarifa, donde se reducen los tramos marginales más altos del 56 al 48 y
los más bajos. La tarifa se reduce en todos sus tramos. Además, están los
mínimos exentos y personales que, como usted sabe, al ser una deducción
en cuantía fija tienen un efecto mucho mayor en cuanto a su eficacia
sobre las rentas más bajas.
Considerando todo ello conjuntamente y aplicándolo a la base estadística
de declaraciones del ejercicio 1996, es decir, no ya a supuestos
concretos que nosotros podamos concebir o imaginar sino a la base
estadística disponible sobre las declaraciones que los contribuyentes
españoles realizaron en 1996, resulta que, en efecto, los contribuyentes
se van a ahorrar en el Impuesto sobre la Renta, en promedio, del orden de
un 11 ó 12 por ciento de su carga. Pero, además, esa distribución no es
igual, sino que en las rentas más bajas, en las rentas salariales, en las
rentas familiares, o sea, hechas en declaración conjunta, por familias,
pensionistas y minusválidos, la reducción es mayor del promedio: el 20
por ciento para las rentas de hasta 2 millones de pesetas por término
medio. Eso sale así, eso son hechos. Podemos estar aquí horas
discutiendo, pero lo que resulta de toda la base estadística disponible y
de aplicar los parámetros de la reforma es eso y no otra cosa. Si ustedes
dicen que es regresivo, nos parece muy bien, lo será, pero lo cierto es
que los hechos demuestran que hay reducción de la carga tributaria para
todos los contribuyentes y que, en porcentaje, esa reducción es
significativamente mayor para los contribuyentes de rentas bajas que para
los contribuyentes de rentas altas. Y dentro de éstos, es
significativamente bastante mayor para los contribuyentes que declaran
salarios, es decir su renta principal es la salarial, o pensiones, que
tienen el mismo trato tributario, o bien que padecen alguna minusvalía,
porque en ese caso las deducciones que operan son más altas. Esos son
hechos, y nosotros no hemos oído que se hayan refutado aquí.
Respecto al veto número 2, permítanme que me extienda algo más en su
desarrollo. La verdad es que de la intervención del portavoz, el Senador
Granado, hemos entendido que, en realidad, ha adelantado el debate sobre
los Presupuestos Generales del Estado para 1999, puesto que a éstos ha
referido la mayor parte de ese contraste
--hasta cierto punto de muy dudosa validez-- entre reforma e
Impuesto sobre la Renta y Presupuestos Generales del Estado para 1999. Si
lo que desea efectivamente es debatir sobre los presupuestos para el año
que viene, vamos a discutir sobre ellos y no sólo del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
¿Sabe usted cuáles son las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales del Estado en el
Congreso de los Diputados? Se las voy a relatar de forma muy sintética en
lo referente a los ingresos. Podríamos también hablar de los gastos, pero
voy a hacerlo fundamentalmente sobre aquéllos. Proponen un aumento de los
ingresos de 870.000 millones de pesetas para el ejercicio 1999, pero no
proceden de cualquier sitio; no. Proceden sobre todo del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. ¿Cómo? En primer lugar, proponen el
mantenimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
vigente, y valoran que de aquí salen 431.000 millones de pesetas. Primera
conclusión: la reforma tributaria no cuesta tanto. El otro día se nos
decía que costaba del orden de un billón de pesetas. Para ustedes mismos
cancelar la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
es decir, desactivar esa reforma, en 1999 cuesta 431.000 millones de
pesetas. Luego hay otros 225.000 millones de pesetas, porque aplicarían
una retención del 25 por ciento a las plusvalías obtenidas en fondos de
inversión y suprimirían el régimen tributario de las plusvalías, es
decir, el tanto por ciento del tipo impositivo fijo, y esto por 225.000
millones de pesetas.
Esto nos sugiere dos cuestiones. Primera, que en sus enmiendas valoran en
menos el coste recaudatorio de la reforma que lo que se deriva de sus
intervenciones parlamentarias. Y segunda, que una vez más --usted,
Senador Granado, ha hecho una expresa mención a ello-- se nos solicita en
esta Cámara que renunciemos a nuestras reformas. Se nos dice: renuncien
ustedes a la reforma del Impuesto sobre la Renta.
Yo recuerdo que en la Sala Internacional, y concretamente en el seno de
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, se nos solicitó, nada
más y nada menos que por un Presidente de Comunidad Autónoma socialista,
que renunciáramos a la reforma de la financiación autonómica, que nos
estuviéramos quietos durante un año y que mientras tanto se nos daba
cobertura parlamentaria plena para hacer no sabemos qué.
Ahora no se nos ha dado cobertura parlamentaria. Se nos ha garantizado en
la parte final de la intervención del portavoz, Senador Granado, que
están dispuestos a hablar de todo, pero lo es que no están dispuestos a
hablar de nada, ni de la reforma de financiación ni de la reforma
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas frente a la cual --ya
se lo dije en la Comisión-- ustedes mantienen una oposición con muy pocos
argumentos, una oposición --así lo entendemos nosotros-- puramente
visceral, en el sentido de que se oponen porque toca oponerse.
¿De dónde piensa usted, de acuerdo con el Pacto de Toledo que ha sido una
de sus líneas críticas en este veto, que salen las prestaciones no
contributivas del sistema de Seguridad Social? Se lo voy a explicar,
porque usted está mezclando pasado con presente y saca conclusiones
erróneas para el futuro. Creo que tenemos que mantener separados ambos
ámbitos temporales.
Sabemos que desde hace ya muchos años, desde la transición democrática
española, todos los gobiernos han ido asumiendo el compromiso de absorber
cada vez más prestaciones no contributivas, es decir, las prestaciones
universales del sistema de aseguramiento social, a través de impuestos,
es decir, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Efectivamente, de esa manera se alivia la carga fiscal que suponen
estrictamente sobre rentas de trabajo las cotizaciones a la Seguridad
Social.
Este es un movimiento que se viene desarrollando durante muchos años y
que en 1999 --como tuve ocasión de manifestarle en la Comisión y usted
podrá comprobar-- se amplía una vez más absorbiendo los Presupuestos
Generales del Estado la totalidad de las prestaciones sanitarias.
Por lo tanto no nos descubre usted nada si nos dice que todavía las
cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social siguen pagando
prestaciones no contributivas. Es verdad. Pero eso es así este año, lo
será en 1999 lo fue en 1996, lo fue en 1986 y lo fue en 1976. Por
consiguiente, usted no nos ha descubierto absolutamente nada con ese
argumento. Lo importante es saber que la separación de fuentes sigue
avanzando. Y sigue avanzando en 1998 y en 1999. Ustedes pretenden
cancelar esta reforma antes de que nazca, a diferencia de la que ustedes
hicieron en el año 1991 que cancelaron en el año 1992 en un proceso de
viraje de 180 grados en su política fiscal y presupuestaria. Ustedes ya
están proponiendo, antes de que nazca, mutilar esta reforma porque
--sacan un argumento que todos conocemos desde hace más de 20 años-- hay
que separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. En eso
estamos. No se preocupe porque eso no plantea ningún problema para la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, termine, por favor.
El señor UTRERA MORA: Termino enseguida.
Son dos las cuestiones de la intervención del Senador Granado, en
relación con el veto número 2, sobre las que me gustaría en este momento
reflexionar. La primera es el fraude --lo ha dicho literalmente-- como el
primero de los impuestos injustos, con lo cual estamos de acuerdo. No es
muy apropiada la calificación porque siempre se ha dicho que el impuesto
más injusto es la inflación. En cualquier caso, como digo, estamos de
acuerdo en que, efectivamente, el fraude es absolutamente injusto, ya que
se trata de un «no» impuesto, y a quien está obligado al pago de
impuestos y no cumple con esa obligación hay que tratarle como a un
defraudador. Cuestión distinta de la inflación, que promueve una erosión
permanente en la renta disponible de los contribuyentes. Insisto en que
estamos de acuerdo en ello, y no nos descubre nada nuevo. Aunque este no
es un proyecto de ley de ordenación del sistema tributario sino sólo de
una figura impositiva, del Impuesto sobre la Renta, en él se avanzan
algunas medidas para el control o la mejor administración del tributo que
estamos convencidos que también van a permitir mejoras sustanciales en el
control del fraude fiscal. Como dichas medidas se encuentran contenidas
en el proyecto, no haré mención de ellas en este momento, pero no podemos
aceptar que se diga que con esta reforma del Impuesto sobre la Renta se
está dando alas al fraude fiscal. Ese sería un argumento mezquino.
Ustedes podrán estar de acuerdo o no con que la reforma es operativa
desde el punto de vista del fraude fiscal --nosotros pensamos que sí lo
es por la propia simplificación que opera--, pero, insisto, no se puede
decir en modo alguno --como aquí se ha argumentado-- que va a promover el
fraude fiscal. Eso, sencillamente, es un disparate.
La segunda cuestión se refiere al reparto de la carga tributaria. Ustedes
han vuelto a incidir en cuestiones manidas; por ejemplo, en que se
produce una discriminación para las familias. La tributación de las
familias se reduce, y se hace en mayor medida que la correspondiente a
los contribuyentes solteros, sobre todo, en los niveles más bajos de
renta. Por otro lado, por lo que respecta al cambio de deducciones en
cuota a base imponible, en Comisión ya le di una explicación bastante
amplia del sentido de esa modificación. Ahora, por el poco tiempo de que
dispongo, se lo vuelvo a repetir de forma muy sintética. Se lleva a cabo
esa modificación porque es necesario definir la capacidad de pago de los
contribuyentes, y ese principio de capacidad de pago va a permitir
simplificar el impuesto y no supone merma ninguna de la progresividad del
tributo. Por otra parte, en caso de querer más progresividad, pueden
ustedes proponer un aumento en las tarifas. El argumento quedaría en esos
términos; por tanto, es necesario desarrollarlo más.
En cuanto a la tributación de las rentas del capital, ya no sé a quién
creer si a usted o al Secretario General del Partido Socialista, quien
señalaba el 28 de junio que de gobernar el Partido Socialista no habría
marcha atrás en esa tributación, es decir, que mantendría el sistema de
tributación de las rentas del capital diseñado por el Gobierno del
Partido Popular --y tengo la referencia--, dando como argumento, que no
entiendo muy bien, que en un contexto de inflación controlada, de baja
inflación, no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Pero en las
enmiendas que ustedes han presentado en el Congreso a este proyecto y al
de Presupuestos Generales del Estado para 1999 han rechazado de nuevo la
tributación de las rentas del capital que desde 1996 tenemos en España.
Por
tanto, parece que ustedes tienen una cierta confusión en esta materia.
Lo mismo ocurre en la financiación de las Comunidades Autónomas, sobre la
cual, mucho más recientemente, el que fue Vicepresidente del Gobierno y
es actual Presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso, don
Narcís Serra, declaraba textualmente: que el socialismo español no es
homogéneo ni nos interesa que lo sea en materia de financiación
autonómica. Por tanto, tampoco sabemos si replicarle a usted, a don
Narcís Serra, o al señor Bono, quien vino aquí a decirnos que teníamos
toda la cobertura parlamentaria necesaria y que detuviéramos la reforma
de la financiación autonómica.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, para evitar que sus señorías le
odien profundamente, le sugeriría que terminara su intervención.
El señor UTRERA MORA: Termino ya, señor Presidente, agradeciéndole su
benevolencia, agradeciendo a los ponentes el tono y la claridad con la
que han expuesto sus argumentos en defensa de sus vetos, pero anticipando
nuestro voto negativo a los mismos. En primer lugar, porque estamos
satisfechos con la reforma tributaria y con los objetivos de equidad y
eficiencia que en ella se persiguen y, en segundo lugar, porque no hemos
advertido argumentos realmente consistentes sino sólo la simple apelación
a males todavía desconocidos --males que, por otra parte, refutan los
hechos del pasado inmediato--, como que el gasto social puede entrar en
crisis, cuando no ha sido así en los últimos tres años ni tampoco en los
presupuestos para 1999. Así pues, ni vemos esas amenazas de futuro ni
argumentos que nos hagan pensar que la reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas no deba entrar en vigor a partir del 1.º de
enero del próximo año favoreciendo a todos los contribuyentes al
rebajarles la carga fiscal que soportan.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
son culturas fiscales diferentes, pero, señorías, hoy existe la impresión
de que el que puede no paga y que los que más tienen no pagan. Existe esa
cultura, señorías. Por tanto, algo que debemos exigir es que paguen todos
los que deban hacerlo, que se acabe con el fraude, y que paguen por todo
lo que deben pagar. También hemos tenido oportunidad de expresar que las
rentas del capital, con plusvalía, paguen en una proporción similar a lo
que pagan las rentas del trabajo.
Nosotros entendemos que esta reforma no beneficia a todos los españoles;
además, técnicamente puede ser bastante mejorada. No es la mejor,
señorías. Desde luego, no sirve para generar empleo. Podrá servir para
generar fondos de inversión, pero no empleo.
Nosotros seguimos manteniendo que con esta reforma las rentas bajas no se
van a beneficiar. Un número significativo, al menos 3 millones de
españoles, está fuera de esta reforma porque ya está siendo aplicada
otra. Es un hecho constatado con las cifras y estudios que ustedes
acompañan a este proyecto de ley que la reforma beneficia más a los que
ganan más.
Por eso, señorías, yo tengo que decir que desde Izquierda Unida queremos
comprometernos con la sociedad para cambiar esta reforma. Apoyamos a
aquellos agentes sociales, en concreto a los sindicatos, que quieren
cambiarla y rechazan esta propuesta.
Por no repetir más los argumentos, ya que tendremos después oportunidad
de expresarlos en el debate de las enmiendas, sólo diré que consideramos
que en estos primeros años es posible que por la situación de crecimiento
económico los efectos de la reforma se queden solapados, pero, sin duda,
señorías, con el paso del tiempo aparecerán las consecuencias de la
reforma, que afectarán directamente al gasto social y comprometerán las
políticas sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para manifestar el
posicionamiento del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió en referencia a este proyecto de ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Nuestro voto, como es conocido, va a ser contrario a las tres propuestas
de veto porque nos sentimos plenamente corresponsables en la elaboración
y tramitación de este proyecto de ley.
Creemos que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas es necesaria, que es demandada por la sociedad, y para nosotros
supone un objetivo político el que se lleve a cabo.
Por tanto, somos partidarios de que se apruebe un proyecto de ley que
regule de forma distinta a la actual el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Fiel reflejo de que es un compromiso político por parte
de nuestra coalición es el programa electoral con el que concurrimos a
las elecciones autonómicas de 1996, en el que uno de los objetivos
prioritarios para este período era precisamente la reforma del IRPF.
Respecto al contenido del proyecto de ley y a este compromiso adquirido,
el hecho que de una forma más visible refleja que es un proyecto de ley
que sigue la pauta
que proponíamos es, sin duda, que los nuevos tipos que contiene el
proyecto son exactamente los que proponíamos en nuestro programa
electoral, es decir, un tipo máximo del 48 por ciento y un tipo mínimo
del 18 por ciento. No acaba aquí nuestro objetivo y entendemos que este
nuevo IRPF es necesario y positivo porque se adapta a la actual política
económica, porque ayuda a corregir desigualdades e injusticias que la ley
actualmente vigente contiene y porque reduce la presión fiscal individual
y familiar.
Creemos que la actual Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas necesita un cambio, tal como la sociedad ha transmitido durante
los últimos años. Creemos que este es el momento de hacerlo y la
coyuntura económica actual permite llevar a cabo este cambio.
Fundamentamos esta necesidad en que la actual regulación del IRPF ha
quedado desfasada y es inconsistente porque no distribuye equitativamente
la carga tributaria; porque no contribuye a los objetivos de la política
económica, ya que ha perdido la flexibilidad recaudatoria; se aleja de
las tendencias de los impuestos sobre la renta que imperan actualmente en
los diferentes países europeos y es excesivamente compleja en su
tramitación, lo que dificulta igualmente su control y, por tanto, incita
al fraude.
Según nuestro criterio, este nuevo proyecto de ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas es, respecto al actual, más justo, más
equitativo y más equilibrado. Además, ayuda a consolidar el objetivo
general de crecimiento económico estable y de creación de empleo, que es
el principal objetivo de la actual política económica.
Entendemos que con este nuevo proyecto se trata de reducir la presión
fiscal, sobre todo a aquellas personas que ya cumplen correctamente con
sus deberes tributarios; se trata de contribuir al crecimiento económico
y a la creación de empleo fomentando la renta disponible y su ahorro como
principal generador de inversión; se trata de propiciar una distribución
más justa de la carga tributaria con el objetivo de mejorar claramente la
fiscalidad de la familia y el reequilibrio de las rentas de trabajo en
relación a las de capital, tema en el que, obviamente, discrepamos con lo
que se ha manifestado en la defensa de los vetos; se trata de simplificar
el impuesto y, por tanto, tener unos criterios más efectivos y claros
para luchar contra el fraude.
Esta reforma fiscal baja la presión fiscal --valga la redundancia-- una
media del 11 por ciento. Creemos que esta reforma se puede asumir por la
actual coyuntura económica; es coherente con la política económica
actual, con la coyuntura actual, con la bajada producida en el déficit,
con la situación de los tipos de interés, con la situación de la
inflación. Es una reforma que se hace en el momento oportuno y en
coherencia con lo llevado a cabo en Europa; concretamente son ocho los
países que en los últimos meses o años han bajado sus tipos máximos del
60 por cien a una media de entre el 48 y el 50 por ciento.
Otro aspecto que es muy importante para nosotros es que con esta reforma
se han garantizado los ingresos de las Comunidades Autónomas. Caso
contrario, hubiera creado problemas de financiación que, lógicamente,
nuestro Grupo no desea en ningún caso.
Por tanto, reiteramos nuestro apoyo global al proyecto de ley.
Agradecemos el tono en que se han efectuado las discrepancias
manifestadas en esta tribuna porque se han basado en argumentos técnicos
con los que no estamos de acuerdo y se ha huido de otros tipos de
planteamientos utilizados en anteriores sesiones en esta misma Cámara
que, a mi modo de ver, fueron demagógicos, sobre todo al referirse a
conceptos como la progresividad. Nuestro Grupo cree que uno de los
grandes avances que se han conseguido en estos 20 años de democracia ha
sido el que se introdujo muy al principio de este período: un nuevo
sistema fiscal del Impuesto sobre la Renta que introducía un alto grado
de progresividad. Y, evidentemente, nuestro Grupo no hubiera colaborado
en un proyecto de Ley que eliminara, aunque fuera parcialmente, esta
progresividad, que, sin duda, hoy es una herramienta imprescindible para
poder mantener el Estado del bienestar, así como una redistribución de
rentas, lo que, desde nuestro punto de vista, es un objetivo económico
prioritario.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
yo también agradezco el tono de las intervenciones de los Senadores
Utrera y Cambra, que siempre es un tono correcto. Y me centro en
continuar el debate.
Senador Utrera, usted empieza por reprocharme que hablo de presupuestos,
pero, ¿de qué quiere usted que hable sobre un impuesto? De cuánto hay que
ingresar y cómo debe gastarse. Los impuestos no se ponen porque el Estado
sea sádico. Los impuestos se ponen porque el Estado necesita financiar
actividades. Y esto es lo fundamental.
Senador Utrera, contésteme usted. ¿Cuánto dinero más hay que recaudar en
España por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1999?
¿250.000 millones de pesetas más, que es lo que dicen ustedes en los
presupuestos que se va a recaudar? En ese caso, le digo que si usted cree
que en España hace falta recaudar 250.000 millones de pesetas más por el
Impuesto sobre la Renta no puede votar a favor de este proyecto, porque
usted sabe que si se aprueba jamás llegaremos a esa recaudación, de la
misma manera que usted sabe --porque eso ya es indiscutible-- que no se
llegó a la recaudación prevista en el año 1996, que no se llegó a la
recaudación prevista en el año 1997 y que no se va a llegar a la
recaudación prevista en el año 1998. Durante todos esos años, sus
previsiones de recaudación eran las que eran porque era necesario
recaudar ese dinero. Ustedes han conseguido trampear las caídas en renta
con incrementos en tasas y en ingresos patrimoniales. Esto es lo que ha
pasado en la evolución de los ingresos del Estado. Pero eso se acaba,
porque ya no se puede vender nada más y porque las tasas también tienen
un límite, entre otras, las tasas que se cobran en función de la
reducción de la deuda, que, evidentemente, cada vez se van a cobrar
menos. Este es el principal problema, que ustedes nos siguen diciendo
presupuesto tras presupuesto que hay que recaudar un volumen de dinero
que luego no se recauda. Y me gustaría saber cuánto dinero hay que
recaudar por renta, si el que ustedes dicen cuando presentan los
presupuestos o el que al final es, y en ese sentido, que se justifique
esta incongruencia.
Más adelante, el Senador Utrera se ha referido al endeudamiento del
Estado en términos bastante apocalípticos. Creí que se refería a lo que
ha estado pasando en estos últimos años con el endeudamiento de la
Seguridad Social. Se podría descubrir fácilmente en iguales términos,
porque el endeudamiento de la Seguridad Social en estos tres últimos años
se ha multiplicado por más de tres, algo que también nos preocupa.
A continuación, se ha extendido en una larga disquisición sobre las
prestaciones no contributivas. Vamos a ver si nos entendemos. No estoy
hablando de eso. Le voy a leer lo que dice el Pacto de Toledo: Las
aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para
garantizar las prestaciones no contributivas --hasta ahí de acuerdo--.
Asimismo, la fiscalidad general debe hacer frente a la bonificación en
las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad
en la búsqueda de empleo, así como a aquellas actuaciones que en materia
de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayudas a sectores
productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del
sistema.
Ustedes están cumpliendo las dos primeras líneas e incumpliendo las cinco
siguientes. Así de claro. Y usted me dice que esto pasaba en 1976,
etcétera. Este año, Senador Utrera, la aportación del Estado a los
presupuestos del Inem de 158.000 millones de pesetas y las bonificaciones
a la creación de empleo del Inem suponen 290.000 millones de pesetas.
Este año, por primera vez en la historia de España --ni en 1976, ni en
1986, ni en 1972, ni en 1982--, el Inem va a pagar bonificaciones al
empleo con cotizaciones de trabajadores incumpliendo el Pacto de Toledo y
el sentido común, porque el principal «handicap» que tiene el empleo en
nuestro país --y lo dice todo el mundo y en esto estamos de acuerdo-- es
los costes asociados al factor trabajo. Y nosotros queremos que haya más
aportaciones del Estado al presupuesto del Inem para evitar que sean los
trabajadores con los costes del factor trabajo los que tengan que pagar
las bonificaciones al empleo. Esto es lo que firmamos en el Pacto de
Toledo, y ustedes lo incumplen, y usted me sigue diciendo que no existe
ninguna relación entre la financiación del gasto social y las
disminuciones de recaudación.
La progresividad en la reducción de la tarifa. Yo tengo aquí una fuente,
que a usted le podrá gustar o no, pero seguro que le gusta más que a mí:
el Instituto de Estudios Económicos. Este Instituto define la
progresividad de su nuevo impuesto con una tabla que sus señorías pueden
ver en este documento que les muestro, y que no va a quedar reflejada en
el «Diario de Sesiones», y que indica que las reducciones en la tarifa
serán del 6 por ciento a partir de los 10 millones de pesetas, y que de
los 8 a los 2 millones de pesetas, para los trabajadores por cuenta
ajena, va a suponer una reducción del 2 por ciento. Lo dice el Instituto
de Estudios Económicos y yo creo que tiene razón. En cualquier caso, si
nos equivocamos, nos equivocamos los socialistas y el Instituto de
Estudios Económicos, porque esto es lo que va a producir su reforma.
En cuanto a la tributación de la familia, vamos a ver lo que dice una
fuente tan conocida por sus veleidades trotskistas como el Instituto de
Estudios Económicos. Después de recordarles que han vaciado ustedes de
contenido la tributación conjunta, que era el sistema tributario que más
beneficiaba a las familias con un único cónyuge, dice literalmente que el
proyecto no tiene intención de dispensar una protección especial a las
familias, todavía no muy numerosas en nuestro país, en las que las rentas
procedan en exclusiva de uno de los cónyuges. Estas familias resultan,
por consiguiente, muy perjudicadas ante el nuevo Impuesto sobre la Renta.
Esto mismo es lo que les decimos nosotros, y les proponemos una solución
--que no les gusta-- de «splitting» atenuado. ¿Que no les gusta? Muy
bien, pero ustedes no diseñan ninguna solución para ese tipo de familias,
ni para las familias en general, porque la tributación conjunta la hacen
ustedes inviable; la hacen ustedes desfavorecedora, desde el punto de
vista económico. ¿En qué beneficia el nuevo proyecto a las familias?
Sigue siendo una incógnita.
Ustedes afirman que con nuestras enmiendas al presupuesto valoramos en
431.000 millones de pesetas los costes de no poner en funcionamiento...
No, Senador Utrera, usted no lo entiende, y se lo voy a explicar y lo va
a entender, porque es usted una persona muy inteligente. Nosotros
pensamos que si no se aplica la nueva reforma, en este país se pueden
recaudar 5,6 billones de pesetas por Impuesto sobre la Renta, en los
Presupuestos del Estado, lo cual no es mucho pensar, pero es lo que
pensamos. Y esos son los 431.000 millones de pesetas. Si se aplica la
reforma, nosotros pensamos que se va a recaudar un billón menos, así de
claro, pero en nuestras enmiendas nosotros no ponemos lo que ustedes van
a hacer, sino lo que pensamos que debe ser. Estamos entre el imperativo
categórico y el imperativo moral, que mencionaba Kant. Nuestras enmiendas
pertenecen al imperativo moral: lo que deberían ser las cosas. Por una
vez, en estos cuatro últimos años, por renta en este país se puede
recaudar la cantidad de dinero que fijen los Presupuestos Generales del
Estado y no 300.000 millones de pesetas menos, porque sus previsiones en
eso, de verdad, no han sido muy afortunadas.
En ese sentido, despeje usted cualquier argumento en favor de nuestras
enmiendas, que lo que vienen a reconocer es que en este país, en los tres
últimos años, se han presupuestado muy mal los ingresos en renta, y
nosotros incorporamos una corrección a la baja en ese sentido. Pero me
dice usted: nos piden que renunciemos a la reforma del Impuesto sobre la
Renta, como antes nos pidieron que renunciáramos a la reforma de la
financiación autonómica.
No, Senador Utrera. Nosotros nunca les pedimos que renunciaran a la
reforma de la financiación autonómica; es más, usted sabe que hay un
acuerdo del Pleno de esta Cámara que dice que tiene que haber una
Comisión para estudiar esta reforma, que por cierto no se ha constituido,
entre paréntesis, porque a ustedes no les da la gana. Pero es que además,
si ese fuera el argumento a esgrimir, les pediríamos que hicieran
exactamente lo mismo que han hecho con la reforma de la financiación
autonómica. Usted me decía a mí hace tres años que los mínimos son
incompatibles con la corresponsabilidad fiscal, y llegan ustedes este año
al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como bien ha indicado el
Senador Cambra, garantizan que como la reforma va a suponer una caída de
recaudación muy importante, todas las Comunidades Autónomas tienen
garantizado --por cierto, desde el año 1997, con efecto retroactivo, no
vinculado a esta ley, sino a sus desastres de gestión en materia de
renta-- el PIB nominal de incremento de sus ingresos por renta. El
sistema de financiación que va a estar en vigor cuando se apruebe el
artículo 86 de la ley de presupuestos del año 1999 se va a parecer tanto
al sistema de financiación que usted defendió ardorosamente en septiembre
de 1996 como un huevo a una castaña; se parece mucho más al sistema de
financiación que existía en España antes del año 1993, porque es un
sistema de garantía de mínimos. Esto mismo les pedimos que hagan con el
Impuesto sobre la Renta: mantengan ustedes el proyecto y dentro de 15 ó
20 días o de seis meses corrijan sus evidentes distorsiones que, por
cierto, ya lo van a hacer, porque estamos discutiendo un proyecto de ley
que va a modificar la ley de medidas y la ley de presupuestos de 1999, es
decir, ni siquiera lo que vamos a votar hoy es lo que va verse al final
aplicado a los bolsillos de los españoles. Ustedes nunca han tenido
empacho en rectificar, son maestros en el arte de la rectificación, han
rectificado leyes antes de que se publicaran en el «BOE» y no pasa nada
porque rectifiquen también ésta y es lo que les pedimos que hagan.
Nosotros queremos que haya una reforma del Impuesto sobre la Renta, lo
que pasa es que ésta no nos gusta porque pensamos que es desacertada. Me
ha vuelto usted a sacar la cantinela de que no puede haber deducciones en
cuota porque eso no atiende a la progresividad del impuesto, sino que
dicha progresividad se establece por la tarifa y por eso las deducciones
familiares tienen que ir a las reducciones en la base y no a la cuota.
¿Por qué entonces las Comunidades Autónomas van a seguir aplicando
deducciones familiares en la cuota? Si las deducciones familiares en la
cuota son malas, ¿por qué son buenas para las Comunidades Autónomas? Si
las deducciones en la base son buenas sin ningún tipo de limitación, ¿por
qué las limitan ustedes para los rendimientos del trabajo? ¿Por qué no
las limitan ustedes para el material escolar o para los hijos? ¿Por qué
lo que es bueno en un caso es malo para el otro? Yo le pido que me
explique la congruencia de sus actos, no la congruencia de los míos
porque lo tengo muy claro, son todo deducciones en cuota y se acabó.
En materia de trabajo aceptamos su punto de vista y nos parecería incluso
aceptable que el sistema de trabajo se aplicara a otras deducciones, pero
eso no tiene explicación, Senador Utrera, por mucho que usted se
esfuerce, porque algunas determinaciones de este impuesto son
fundamentalmente incongruentes y negativas. Dice usted: Con este impuesto
no se va a producir más fraude fiscal. A mí no se me ocurriría decir una
aberración como ésta. Lo que sí les digo es que con el caos de gestión
que tienen ustedes en estos momentos en la Agencia Tributaria este
impuesto no va a beneficiar por igual a todos los españoles; este
impuesto va a beneficiar más a algunos, a los más listos --entre
comillas--, y no precisamente en el sentido de inteligentes, y que antes
de producir la reforma del impuesto ustedes deberían haber atendido más a
las necesidades de gestión y haber hecho una reforma que le diera a la
Administración Tributaria mayores medios y ustedes se los han recortado,
y se lo vuelvo a decir como se lo dije en Comisión: Espero que en la ley
de medidas de este año todavía corrijamos alguna de las barbaridades que
hemos aprobado con el Estatuto del Contribuyente, porque con esta norma,
en estos momentos, guiado de buenísimas intenciones, está haciendo
imposible la gestión de muchos procedimientos tributarios en este país.
Cuanto antes se den ustedes cuenta y antes rectifiquen mejor harán,
porque en caso contrario, cuando rectifiquen, les podremos decir que se
lo habíamos advertido cuatro y cinco veces, y lo van a hacer, porque
están ustedes preparando el texto de las rectificaciones en el
Ministerio, o sea, que no me salga diciendo que no va a haber
rectificación porque va a quedar en una posición muy desairada.
En conclusión, les voy a leer a ustedes un texto sobre una referencia que
ha hecho el Senador Cambra. Casi tenía pena de que no me permitieran
hacer esta referencia porque es bonita. El Senador Cambra ha dicho que
esta es la reforma que se está aplicando en muchos países europeos. Les
voy a leer lo que dice un texto de un programa electoral: A pesar del
hecho de que el Impuesto sobre la Renta ha disminuido considerablemente
en los años recientes, la presión del Impuesto sobre la Renta media de
los trabajadores ha crecido desde el 39 por ciento en 1982 al actual 45,5
por ciento. En el mismo período la presión fiscal sobre los beneficios y
las riquezas empresariales ha decrecido considerablemente. Esta injusta
política fiscal debe cesar. Este es el texto del programa del Partido
Socialdemócrata alemán con el que ha ganado las elecciones y la reforma
del Partido Socialdemócrata alemán del Impuesto sobre la Renta va a
conseguir que esta situación, que era injusta en Alemania, cese. Cuando
los socialistas volvamos a gobernar en España tendremos que hacerlo con
un programa electoral que tendrá un texto muy parecido al del SPD.
Ustedes han conseguido que el Impuesto sobre la Renta baje todos los años
sobre sus previsiones, que crezca la participación de las rentas del
trabajo y que disminuyan otras participaciones que están siendo mucho más
beneficiadas por la situación económica. Cuando lleguemos nosotros al
Gobierno cambiaremos este impuesto, no porque nos guste cobrar más
impuestos a los españoles, sino porque nos gusta que los impuestos sean
más justos, y este impuesto suyo, tanto de Convergència i Unió como del
Partido Popular, es un impuesto injusto y
debe ser cuanto antes corregido. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Utrera por
un tiempo de cinco minutos.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con brevedad en este turno de portavoces para replicar a
alguno de los argumentos que aquí se han expuesto.
En primer lugar, se ha dicho que existe en España una cultura del fraude.
Yo no sé si en esto España es diferente de otros países --espero que
no--, pero lo que sí es labor nuestra, de todos los españoles y
particularmente de los parlamentarios, es conseguir que esa cultura del
fraude desaparezca.
En este proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se ponen algunos medios, quizá no tantos como los Senadores
Granado y Román hubieran deseado, pero, desde luego, se ponen todos los
medios que pueden ponerse en una reforma de un impuesto; otra cosa sería
en los proyectos de reforma legislativa del sistema de gestión tributaria
en su conjunto, donde puede caber alguna otra reforma. Estamos esperando
sugerencias, porque nosotros siempre hemos dicho que necesitamos ideas y
aportaciones, porque los proyectos de ley son técnicamente mejorables. Si
éste fuera el caso, no tema el Senador Granado, que en la ley de
acompañamiento rectificaremos todo aquello que sea necesario cambiar,
siempre y cuando sea para mejorarlo.
Quizá tenga razón y exista esa cultura del fraude tributario, yo no me
atrevo a decirle categóricamente que no, aunque lo pienso, pero más que
recrearnos en ella, caso de existir, lo que tenemos que hacer es
impedirla. Esto es lo que se hace modestamente en este proyecto de ley;
tan modestamente como que quién decida cambiar de residencia a un paraíso
fiscal, con este proyecto de ley de reforma tributaria, por primera vez
en España, a partir del día 1 de enero de 1999, tendrá que seguir
tributando en nuestro país durante los cuatro ejercicios siguientes por
los rendimientos que obtenga aquí.
Al mismo tiempo se refuerza a la Administración Tributaria, a pesar de
que el Senador Granado diga lo contrario, con nuevos instrumentos
legales, a parte de los instrumentos materiales que se dotan en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
En segundo lugar, el Senador Román no ve tampoco el efecto de la reforma
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre el empleo. Ese
efecto va a existir previsiblemente. A ese respecto me gustaría hacer una
reflexión interesante. Cuando se planteó la propuesta de reforma del
Impuesto sobre la Renta, incluso antes de presentarla al Parlamento,
cuando se estaba gestando --primero en el Libro Blanco de los expertos de
la Reforma Tributaria y, posteriormente, en el proceso de consultas que
se abrió a sectores y agentes económicos y sociales--, se acusó al
proyecto desde la oposición --desde su Grupo, Senador Román, y desde el
suyo, Senador Granado-- de inoportuno desde el punto de vista de la
coyuntura económica, porque podría producir un recalentamiento que, en
última instancia, terminara por desequilibrar las cuentas, las variables,
que pudiera poner en peligro la inflación y, por tanto, la convergencia y
los objetivos de integración monetaria y económica que compartimos casi
todos los grupos parlamentarios. Esta amenaza, que para nosotros nunca
existió, desapareció este verano con una crisis bursátil, que tampoco ha
sido tan relevante como parecía y, desde luego, en España se ha disipado
cualquier temor a una crisis importante. El argumento que ahora se
utiliza no es tanto el recalentamiento como que los márgenes
presupuestarios se han reducido porque se reduce el crecimiento
económico.
Pues bien, ni hubo recalentamiento hasta el mes de julio, ni tampoco
ahora hay márgenes presupuestarios más estrechos que los que hubo hasta
ese mes. Lo que sí es cierto es que es una reforma tributaria que, en
1999, previsiblemente, dejará en manos de los contribuyentes españoles
495.000 millones de pesetas más de renta disponible, a pesar de que
precisamente el incentivo a los instrumentos de ahorro a largo plazo ha
hecho que las familias españolas se estén situando en tasas
históricamente muy altas de ahorro. A pesar de esas tasas se está
asistiendo a una aceleración importante del consumo privado, a un aumento
de expectativas de producción y, por tanto, a una creación de actividad y
de empleo. Hemos estimado ese efecto --que podrá ser mayor-- en medio
punto de crecimiento de actividad económica en 1999, y hemos valorado que
al menos 50.000 empleos de los 370.000 nuevos previsibles en 1999 podrían
deberse a esta reforma del Impuesto sobre la Renta. Por tanto,
enlazaríamos con un argumento, que sería utilizar demagogia por mi parte,
que es decirles a ustedes que oponerse a la reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en España es oponerse a que se creen 50.000
puestos de trabajo, gracias a que la actividad económica va a aumentar en
medio punto de la producción bruta. Lógicamente ustedes no están pensando
en esa derivada cuando proponen la reforma del Impuesto sobre la Renta.
No creo que se utilice ese argumento para evitar precisamente que 50.000
españoles encuentren empleo. Ahora bien, existe una conexión favorable al
empleo de una reforma tributaria que permite mejorar la renta disponible
de los contribuyentes.
Agradezco el apoyo y los argumentos utilizados por el Senador Cambra en
su brillante intervención de apoyo a esta reforma del Impuesto sobre la
Renta.
Por último, en cuanto a las reflexiones del señor Granado, voy hacer unos
muy breves comentarios que quizá puedan situar lo que son nuestras
posiciones en la reforma del Impuesto sobre la Renta y lo que han sido
tradicionalmente las suyas.
Es cierto que los socialistas en su programa electoral para 1996
proponían una rebaja de impuestos. Es cierto también que intentaron
aquella rebaja en 1991 y tuvieron que deshacerla y dar marcha atrás en
1992. La práctica nos hace pensar --y podemos razonablemente decir-- que
durante todos sus años de Gobierno nunca encontraron un
momento razonable para promover una rebaja de impuestos. Cuando lo han
querido hacer las circunstancias no les han dejado y cuando lo han
deseado política e ideológicamente, se han quedado sin gobernar España.
¡Qué casualidad! Han estado gobernando durante tantos años y nunca han
tenido la ocasión. Cuando lo intentaron, ya en última instancia, no
pudieron llevar a cabo la reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Reforma que, por otro lado, si hemos de atender a su
propuesta programática no es sustancialmente distinta de la nuestra. No
lo es en cuanto a las tarifas. Ustedes dejan en el 50 por ciento el tipo
máximo, incluyen además esa tarifa entre sus enmiendas, y de la lectura
de las mismas --y ésta es la acusación más importante que les voy a hacer
a ustedes en este turno de portavoces a las propuestas de veto--, hacen
ustedes en la tarifa exactamente lo contrario de lo que ahora señalan
como argumento principal para rechazar la reforma que el Grupo
Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno ha propuesto para su
aprobación a estas Cámaras.
Si ustedes hacen cálculos aritméticos sencillos comprobarán que con su
tarifa da el mismo resultado aritmético --porque es aritmética
insalvable-- que con una tarifa progresiva, es decir, de una tarifa que
parte de tipos del 17 ó 18 por ciento y llega a tipos en torno al 50 ó 48
por ciento, necesariamente siempre aumentos o reducciones porcentuales
--como es éste el caso-- pequeños en los tramos más altos de renta se
convierten en reducciones importantes absolutas, mientras que reducciones
porcentuales muy importantes en los tramos bajos de renta se convierten
en reducciones pequeñas en términos absolutos. No sé si me estoy
explicando.
Voy a poner un ejemplo.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, ruego sea breve en el ejemplo,
porque no ha cumplido su promesa. (Risas.)
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, no pongo el ejemplo y finalizo.
Ustedes han hecho un juego de demagogia política incoherente al señalar
que esta reforma favorece a las rentas más altas porque la tarifa del
impuesto lleva a ése resultado. Eso no es cierto o, de serlo, lo es
también con su propuesta de reforma de tarifa del Impuesto sobre la
Renta.
En segundo lugar, siguen haciendo demagogia con las deducciones por
gastos personales, pasándolas de la base a la cuota. Nosotros las pasamos
de la cuota a la base y ustedes proponen su devolución a la cuota.
Sirva una reflexión muy breve a este respecto, pero muy relevante.
Ustedes mantenían una deducción por intereses en la base imponible del
Impuesto sobre la Renta de hasta 800.000 pesetas. Nosotros hemos pensado
que el mejor incentivo a la vivienda debía plasmarse en la cuota. Si es
en la base imponible, tenemos el efecto que ustedes nos están
denunciando; lo tenemos exactamente en su Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el que ustedes quieren que vuelva ahora con su
propuesta de reforma en el Congreso, con su enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado, y ahora nos piden que rechacemos nuestra reforma.
¿Sabe usted cuántos hijos debe tener una familia para compensar el efecto
de 800.000 pesetas de deducción en base imponible por intereses por
adquisición de vivienda? Hacen falta muchos hijos, podemos hablar de
ocho, nueve y diez hijos para compensar ese efecto regresivo que provoca
su deducción de intereses en base, que nosotros hemos dejado en la cuota,
como es más lógico, por otro lado, en una política de incentivo de
adquisición de vivienda de precio más reducido.
Por tanto, no utilicen esa demagogia simplona, que yo efectivamente
califiqué en la Comisión de mezquina porque esa misma argumentación es a
ustedes aplicable. Lo importante es que han perdido los argumentos
principales, que son que con esta reforma, que a ustedes les hubiera
gustado llevar a cabo, no se pone en peligro el déficit público ni el
gasto social y se mejora la distribución de la carga del Impuesto entre
los contribuyentes y, además, se garantiza la flexibilidad del Impuesto
en el futuro. En una cosa sí tiene usted razón: en que la recaudación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no está evolucionando
satisfactoriamente, y esa evolución cambiará dotando de flexibilidad al
Impuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Utrera, por su brillante y
completa intervención.
Vamos a votar las tres propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta
de veto número 1 del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 83; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de veto número 3, también del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 83; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta de veto número 2, que corresponde al
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 207; a
favor, 83; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Continuamos con el debate de las enmiendas. En primer lugar, se
defenderán las enmiendas números 1 a 36, originariamente presentadas por
el Senador Nieto Antúnez,
y las números 156 a 214, originariamente presentadas por el Senador Román
Clemente.
Señorías, salgan pero háganlo en silencio. (Rumores.)
Por favor, ruego silencio para que pueda intervenir el Senador Nieto
Antúnez. (Risas.)
Perdón, Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Es que es muy difícil acordarse de mi apellido.
(Risas.) No pasa nada, un lapsus lo tiene cualquiera.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero hay que reconocer que la equivocación ha
tenido su gracia. (Risas.)
El señor NIETO CICUENDEZ: El Presidente me ha ascendido a Almirante.
(Risas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Senador, y no Almirante, Nieto Cicuéndez, tiene la
palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Con el mismo sentido del humor vamos a
continuar el debate en el que voy a intentar sintetizar la defensa de las
enmiendas, porque, indudablemente, este Senador no espera a estas alturas
del debate convencer al Grupo Parlamentario Popular para que acepte las
enmiendas que hemos presentado. Por tanto, con la carga de escepticismo
que me corresponde voy a hacer una breve intervención.
Quería dejar claro que, tanto los que hemos planteado el veto como el
resto de grupos de la Cámara, tenemos propuestas concretas que, desde
luego, reflejamos en las enmiendas y que responden a una filosofía
totalmente diferente a la mantenida por el Grupo Parlamentario Popular,
razón por la que no creo que se vayan a aceptar las enmiendas más
fundamentales.
El Senador Utrera decía que los grupos debíamos presentar propuestas, y
me voy a referir a lo que pretendemos con nuestras enmiendas. Propuestas
concretas, como la que recoge la enmienda número 26, de un nuevo tipo
impositivo, aquí reflejado, que mantiene la progresividad del impuesto.
Ustedes tienen otra concepción: en vez de hacer el impuesto progresivo lo
hacen más favorable para los que más ganan, luego indudablemente aplican
otra filosofía sobre la reforma impositiva de la que estamos tratando.
El señor Utrera ha dicho que había que buscar alternativas concretas para
el tema del fraude fiscal. La enmienda número 35 --recomiendo que se la
lean, no lo voy a hacer yo porque es bastante larga--, plantea qué
medidas tienen que acompañar a esta ley para evitar o mitigar el fraude
fiscal. Planteado está y con inciativa concreta, por tanto, recomiendo al
señor Utrera y al Grupo Parlamentario Popular que acepten la enmienda
número 35, en la que damos alternativas concretas sobre cómo perseguir el
fraude fiscal.
Estoy convencido de que no es un problema de demagogia --y lo repito
aunque parezca redundante--, sino que es un problema conceptual. El
problema es que tenemos distintas filosofías, de ahí que no me sorprenda
que ustedes planteen esta reforma fiscal conforme lo hacen. Pero, como
también se ha dicho desde esta tribuna, lo que va a ocurrir es que los
efectos, en el caso de que perdure este tipo impositivo porque no seamos
capaces de cambiarlo, se van a notar a medio plazo, no durante este
primer año. Y este año no se podrá cambiar, ya que depende de que se
celebren elecciones generales en 1999, en cuyo caso intentaríamos cambiar
el rumbo impositivo, porque es un problema muy importante para la
sociedad española.
Con independencia de estas cuestiones, lo que quería dejar nítidamente
planteado y claro es que sí tenemos alternativas y que, además del veto,
presentamos enmiendas que pueden contribuir a hacer una ley de reforma
del IRPF mejor y más progresista que la que ustedes han traído a esta
Cámara.
No me voy a extender mucho porque estoy convencido de que es muy difícil
que alguna de las 36 enmiendas que hemos presentado entren en el concepto
de su filosofía, porque reflejan un sistema diferente de cómo hacer la
carga tributaria en todos los sentidos: más progresiva, que paguen más
los que más tienen, que las primeras viviendas estén exentas, la cuestión
familiar, de la que ya se ha hablado aquí, etcétera. No voy a repetir
todos los temas sociales, sólo quiero insistir en que recaude más el
Estado, que se haga una política más redistributiva para los más débiles
de la sociedad. Como sé que el debate está prácticamente terminado, doy
las enmiendas por defendidas, pero sí le pido que considere la
posibilidad de que hayan sufrido un lapsus y que acepten la enmienda
número 35, en la que proponemos medidas concretas para evitar el fraude
fiscal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez. Ha hablado
hoy con una especial autoridad, no sé por qué. (Risas.)
Enmiendas números 156 a 214, presentadas por el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
También me van a permitir sus señorías que no defienda enmienda por
enmienda, pero sí que recuerde cuáles son los principios sobre los que se
basan las enmiendas que hemos presentado, que van de la 156 a la 214.
Con ellas, señorías, tal y como tuvimos oportunidad de expresar en la
defensa del veto, y de forma más extensa, queremos que se corrija el
tratamiento discriminatorio de las rentas del trabajo; queremos modificar
el tratamiento fiscal de las plusvalías integrándolas en la base general
del tributo: queremos potenciar la progresividad efectiva aumentando los
tramos de las tarifas y estableciendo tipos impositivos que aseguran una
mayor tributación a medida que aumenta la capacidad económica del
contribuyente; queremos reducir el conjunto de bonificaciones y
deducciones y, en concreto, eliminar la deducción por doble imposición de
dividendos, la reducción en la base imponible por aportaciones a planes
privados de pensiones y, por otra parte, revisar el gasto fiscal en
vivienda
y por enfermedad, ya tuvimos oportunidad de incidir sobre esto, así como
incrementar las retenciones de empresarios y profesionales para equiparar
sus rentas a la realidad efectiva. Estas cuestiones, señorías, unidas a
las enmiendas que pueden denominarse de mejora técnica o de redacción,
argumentan el conjunto de las enmiendas que hemos planteado. No fueron
aceptadas en Comisión. Por tanto, no me extenderé más en el tratamiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 6 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 39 a 57,
ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado estas enmiendas que paso a defender
brevemente. Empezaré por la enmienda número 46, que trata de eliminar los
tratamientos personales de la base trasladándolos a cuota, de forma que
los tratamientos familiares sean iguales para todos los contribuyentes,
con independencia de su renta.
Las enmiendas números 39 y 41 se basan en el mismo planteamiento.
La enmienda número 40 solicita que se amplíe la exención a la totalidad
de la prestación, eliminando el límite de 1.000.000 de pesetas.
La enmienda número 42 pretende una mejora en el tratamiento de las rentas
de trabajo más bajas, incorporando una progresividad al Impuesto.
La enmienda número 43, señorías, está basada en la especificidad propia
de las sociedades cooperativas y, en ese sentido, pedimos la modificación
al respecto.
La enmienda número 44 pretende eliminar la restricción de actualización
del valor de adquisición solamente en el caso de bienes inmuebles.
La enmienda número 45 pretende permitir la exención por reinversión
cuando se cumplan los requisitos para acogerse a ella en los términos
especificados en la Ley 43/1995.
La enmienda número 47 es de modificación. Se propone dar una nueva
redacción al artículo 43.2. a) de la siguiente forma: «La entrega a los
trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal
de mercado, de participaciones en el capital social de la propia empresa
o de otras empresas de grupo de sociedades, en la parte que no exceda,
para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 1.000.000 de
pesetas anuales o de 3.000.000 millones de pesetas en los últimos cinco
años, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan».
La enmienda número 48 está basada en la legislación cooperativa, es de
adición y pretende que se dé un tratamiento adecuado de acuerdo con la
especificidad de este régimen.
La enmienda número 49 es de supresión. Se propone suprimir el requisito
establecido para los contratos de seguros concertados con mutualidades de
previsión social, tal y como viene contemplado en estos momentos en el
texto.
La enmienda número 50 es de modificación y está, de alguna forma, muy
ligada a la enmienda número 49, ya que ha sido formulada al artículo 46,
apartado 1, y se refiere a las cantidades abonadas en virtud de contratos
de seguros concertados con mutualidades de previsión social por
trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores que tuviesen por
objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8.6 de
la Ley 8/1987 de Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, incluyendo
el desempleo para los citados socios trabajadores, así como las
contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto
de rendimientos de trabajo cuando dichas imputaciones se hubiesen
efectuado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera
de la citada Ley.
La enmienda número 51, de modificación, propone incrementar la
progresividad del Impuesto, reduciendo el marginal inferior de la tarifa
y ampliando hasta el 50 por ciento.
La enmienda número 52 pretende eliminar los tratamientos personales de la
base trasladándolos a la cuota, de forma que estos tratamientos
familiares sean iguales para todos los contribuyentes, con independencia
de su renta.
La enmienda número 53 también plantea incrementar la progresividad del
Impuesto, reduciendo el marginal inferior de la tarifa y ampliando ésta
hasta el 50 por ciento.
En cuanto a la enmienda número 54, la presentamos en coherencia con la
que ya he defendido al artículo 40 del texto. Decimos que el tratamiento
que debe otorgarse a la tributación conjunta se hace equivalente a la
existencia de una tarifa específica en la que se duplica el tramo a tipo
cero.
Respecto de la enmienda número 55, de modificación, creemos que el texto
propuesto por nuestro Grupo contribuye a un hecho importante. Conviene
despejar cualquier duda respecto de la no imputación fiscal de las
contribuciones satisfechas a las mutualidades de previsión social en el
régimen de exteriorización de compromisos por pensiones con pasivos, al
tratarse de una de las conclusiones de la proposición no de ley sobre los
sistemas de previsión social aprobada por el Congreso de los Diputados en
sesión de 10 de febrero de 1998.
La enmienda número 56, de supresión, está relacionada con la que he
defendido con anterioridad al artículo 46, apartado, 1, párrafo tercero.
Por último, en cuanto a la enmienda número 57, de adición, la redacción
que se propone pretende corregir los efectos negativos que ocasiona la
doble imposición en los retornos cooperativos, que se agrava cuando son
varias las cooperativas intervinientes. Así lo ha considerado el Consejo
Económico y Social en el dictamen que emitió recientemente, el 20 de
abril de este año, sobre el anteproyecto de ley del IRPF.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas todas las enmiendas que ha
mantenido vivas para el Pleno el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 217 a 221,
223 a 229, 231 a 235, 237, 238, 241 a 243, y 246.
El Senador Cambra tiene la palabra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a procurar hacer una defensa breve, agrupando los diferentes temas
que tratan las 23 enmiendas que nuestro Grupo mantiene vivas para el
trámite del Pleno. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
En primer lugar, tenemos dos enmiendas que hacen referencia a un objetivo
que nosotros pretendemos modificar en el actual redactado del proyecto de
ley para evitar una discriminación en el tratamiento fiscal que se está
dando a la liquidación de los diversos regímenes económicos del
matrimonio. Creemos que la situación actual perjudica claramente al
régimen económico matrimonial de separación de bienes por no darle el
mismo trato fiscal que está otorgando al régimen de participación o al de
sociedad de gananciales. A esta cuestión se refieren las enmiendas
números 217 y 225.
Hay otro bloque de enmiendas, en concreto, las números 218, 219, 220,
221, 228 y 234, cuyo objeto es mejorar aspectos muy puntuales del
proyecto de ley, en cuanto al tratamiento que se hace de las aportaciones
a mutualidades o entidades de seguros y, tal como he dicho, afecta a
distintos aspectos. Algunas de ellas tienen un carácter eminentemente
técnico. Siendo éste uno de los temas más complejos que se tratan en este
proyecto de ley, estas enmiendas pretenden hacer una última mejora en
algunos de los aspectos y creemos sinceramente que ello redundaría en un
mejor tratamiento fiscal de todos ellos.
El objetivo de la enmienda número 223 es favorecer y potenciar la
actividad forestal con la exención de sus rendimientos netos. Esta
enmienda soporta una transacción, que supongo que ya está en poder de la
Mesa, con cuya aceptación la damos por defendida y no será sometida a
votación en su texto actual. Por lo que hace referencia a las enmiendas
números 224 y 231, el objetivo es mejorar las deducciones por doble
imposición de dividendos. Actualmente el coeficiente corrector que se
aplica es del 140 por ciento y, posteriormente, la deducción de 40 por
ciento. Nuestra propuesta es elevar estos dos coeficientes a 148 y a 48
por ciento, respectivamente. Creemos que estas cantidades darían un
tratamiento más neutro a la doble tributación de dividendos, ya que
entendemos que la situación actual no la elimina plenamente.
La enmienda número 226, que hace referencia a las aportaciones no
dinerarias de socios, pretende incorporar la aplicabilidad a las personas
físicas del régimen especial contenido actualmente en el artículo 108 de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades para este tipo de aportaciones,
tomando en consideración el nuevo tratamiento que el proyecto de ley
establece para estas operaciones cuando las mismas son realizadas por
personas físicas.
La enmienda número 227 tiene por objeto, a través de una mejora técnica,
introduciendo una letra n) al artículo 35.1 y una letra g) al artículo
43.2 de la Ley, propiciar la participación de los trabajadores en el
capital de las empresas. Creemos que actualmente el incentivo de
favorecer esas participaciones debe tener un tratamiento fiscal que
incentive su uso, ya que es una modalidad que permite una mayor
identificación sobre todo, una mayor estabilidad de los trabajadores con
sus empresas.
La enmienda número 229 pretende que el tratamiento que la Ley ya prevé
para rehabilitación de la vivienda habitual a efectos de desgravación
fiscal sea también extensivo a la rehabilitación de las fachadas de los
edificios urbanos, ya que ello redundará en beneficio de la restauración
y mejora de los núcleos antiguos de las ciudades, naturalmente siempre
que ello represente una importante modificación en estas fincas urbanas.
Creemos que incorporar la reparación de fachadas sería un elemento
positivo al ya existente de la rehabilitación de la vivienda habitual.
La enmienda número 233 --juntamente con las enmiendas números 241 y 242,
que pretenden modificar aspectos del tratamiento que efectúa el Impuesto
sobre Sociedades sobre la transparencia fiscal-- propone que se pueda
optar por la disolución y liquidación de las sociedades transparentes de
tenencia de bienes, con una serie de condiciones que, en ningún caso,
supongan obtener un beneficio fiscal para los que a ello se acogieran en
cuanto a las plusvalías de los activos pertenecientes a estas sociedades.
Entendemos que en este momento favorecería la situación que genera este
tipo de sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal que, a
causa de las sucesivas modificaciones legislativas, han quedado sometidas
a una grave discriminación de carácter fiscal, que se acentúa
especialmente en la tributación por rendimientos derivados de plusvalías
a largo plazo.
Las enmiendas números 241 y 242, que también hacen referencia a la
transparencia fiscal, en este caso concreto, a la transparencia fiscal de
sociedades de profesionales, proponen que exista la opción de mantener la
transparencia o someterse al régimen general del Impuesto sobre
sociedades, siempre y cuando estas entidades tengan unos datos objetivos
que garanticen que se está efectuando realmente una actividad económica
consistente.
La enmienda número 242 va a soportar una transacción que ha sido
presentada ya a la Mesa y que consideramos favorable. No está en la línea
del contenido concreto de nuestra enmienda, pero ya hemos firmado esa
transacción y, por tanto, no vamos a someter a votación el texto
originario de la enmienda. No así en lo que hace referencia a las
enmiendas números 233 y 241.
La enmienda número 235 está defendida en sus propios términos. Hace
referencia a la subordinación de las oficinas liquidadoras a las
Comunidades Autónomas.
La enmienda número 237, desde nuestro punto de vista, es la culminación
de un proceso iniciado en la anterior legislatura sobre el tratamiento en
el Impuesto sobre el Patrimonio de los activos empresariales de
empresarios
familiares, con la exención concretamente del Impuesto sobre el
patrimonio. La normativa vigente por la cual la aportación mínima
individual es actualmente del 15 por ciento, debe reducirse al 5 por
ciento, porque con ello se evitarán discriminaciones que actualmente se
están produciendo. Pensamos que este 5 por ciento es un porcentaje
aceptado normalmente para determinar una participación significativa en
los Impuestos sobre sociedades y de renta.
La enmienda número 238 con la adición de una nueva disposición adicional
pretende manifestar una voluntad clara de actuar en una dirección
determinada de política económica pero, dadas sus características, la
retiramos en este proceso.
Señor Presidente, para terminar, también retiramos la enmienda número 243
en el trámite de Pleno. Es un tema que esperamos se solvente en la
próxima Ley de Acompañamiento ya que, como hace referencia a una
modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, puede incorporarse
perfectamente a la Ley de Acompañamiento y, por tanto, la retiramos.
La enmienda número 246 pretende eliminar la doble imposición que se
produce en la separación del socio en relación con la ganancia obtenida
por éste, atribuible a plusvalías tácitas o a fondo de comercio.
Quedan defendidas la totalidad de las enmiendas. Sólo quiero manifestar
que todas son mejoras, algunas de tipo técnico, muy puntuales pero, en
cualquier caso, no varían en absoluto el apoyo global de nuestro Grupo a
este proyecto de ley que he manifestado en la intervención anterior.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cambra.
Votos particulares números 2 y 3, del Grupo Parlamentario Socialista, que
se corresponden con las enmiendas números 58 a 65 y 67 a 155.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cobo.
El señor COBO FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a defender las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta tanto al Título
preliminar, como al Título I del proyecto de Ley que en estos momentos
nos presenta el Grupo Popular. Estamos hablando de la reforma de la Ley
que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de gran
importancia recaudatoria, uno de los impuestos que pretenden gravar la
capacidad económica de los ciudadanos.
A pesar de las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular
refiriéndose a que hacemos una defensa de nuestra postura demagoga,
simplona y mezquina, he de empezar haciendo alguna afirmación tajante
para poder situar nuestra posición política.
En primer lugar, no es cierto que el Gobierno rebaje los impuestos en
España. Hemos tenido constancia de que han subido el resto de los
impuestos, ha subido la presión fiscal 1,6 puntos referidos al PIB, ya
que lo que están haciendo es disminuir los impuestos que gravan la
capacidad económica, es decir, los impuestos directos --esta Ley es un
ejemplo--, y están gravando aquellos que pagan todos los ciudadanos, sin
referencia alguna a su capacidad económica. Esa es la realidad. No se
está rebajando la presión impositiva sobre los ciudadanos de este país.
Lo que se está haciendo es rebajar selectivamente y aumentar
selectivamente. Esto no es una casualidad y, evidentemente, no se refiere
a una ignorancia técnica, sino a una voluntad política, una voluntad
política que se expresa por el Partido Popular con un doble lenguaje: por
un lado, con un lenguaje de cara a la galería y, por otro, con un
lenguaje técnico en el articulado, que expresa la verdadera voluntad de
la política fiscal del Partido Popular.
El Título preliminar debiera ser un título que hablara de los
sustantivos, y no de los adjetivos. Por eso proponemos una serie de
enmiendas, en concreto, al artículo 1, para que, figuren antes los
sustantivos --igualdad, generalidad y progresividad--, que debe ser una
consecuencia que se deduzca de todas las técnicas que aplican a lo largo
de la Ley. Sin embargo, lo ponen en el preámbulo quizá para ocultar que
justamente lo que pretenden con la Ley es la desigualdad, la falta de
generalidad y la falta de progresividad en el tratamiento de las
distintas rentas. Por eso, lo que pretendemos con nuestra enmienda número
59 es lograr una redacción más imparcial. Esto por lo que se refiere a
nuestras enmiendas al Título preliminar.
Lo que ocurre es que es necesario que, además de lo técnico, podamos
hablar de lo político. Cuando uno se plantea grandes temas de la política
en España seguramente tendrá que partir de una pregunta previa, cual es,
simplemente, qué es lo que anda mal y cómo se puede mejorar. Y
aprovechando la coyuntura económica, el Partido Popular determina qué es
lo que va mal en España. Al respecto, el otro día leía un libro de un
economista estadounidense, quien expresaba que el gran problema para
crear empleo, según los de derechas de su país, y proteger la actividad
económica y, por tanto, la competitividad de la economía, es que los
ricos ganan poco y los pobres gastan demasiado. Creo que este es el
principio dogmático sobre el que el Partido Popular asienta toda su
reforma del IRPF.
La pregunta previa a cualquier actuación del Partido Popular debiera
haber sido: ¿qué funciona mal y cómo mejorarlo? Una vez que todos
reconocemos --el Partido Popular, nosotros y todos los españoles-- que
hay un profundo abismo que separa a los afortunados de los necesitados de
este país y del mundo entero, podríamos preguntarnos: ¿cómo se puede
colaborar desde la política económica, desde la política financiera, para
mejorar este profundo abismo que hay entre los afortunados y los menos
afortunados? ¿Cómo mejorar los servicios públicos, cómo mejorar el medio
ambiente, cómo ser solidarios con el sur, cómo podemos luchar contra el
desempleo, cómo mejorar las comunicaciones, cómo mejorar los regadíos?
Otra pregunta, ¿cómo avanzamos para hacer realidad esa aspiración
internacional del 0,7 por ciento del PIB para colaboración internacional
con los países del sur, y mucho más en la actualidad, con las desgracias
de Latinoamérica?
Ante estas preguntas, el Partido Popular dice, en lenguaje de IRPF, lo
siguiente: es necesario, es bueno para la economía, los ciudadanos
prefieren pagar menos, los más pobres un poquito menos, a cambio de que
no les
hagan infraestructuras; prefieren no ser más solidarios, no tener más
regadíos, prefieren eso a mantener la capacidad recaudatoria y, por
tanto, la capacidad de gasto del Estado para mejorar las
infraestructuras, los gastos sociales, la solidaridad. Ellos interpretan
que es mejor que las rentas no procedentes del trabajo coticen mucho
menos que las rentas procedentes del trabajo, y yo hago otra pregunta, al
margen de otras consideraciones: ¿es cierto que a determinados niveles de
renta de las personas físicas, aquellas procedentes del trabajo, podrán
cotizar al 30, 35, 48 por ciento, según la propuesta del Partido Popular,
y las mismas rentas, las mismas cantidades, si no proceden del trabajo,
cotizarán a un tipo único del 20 por ciento, y por tanto se discriminará
a los ciudadanos, en virtud de cómo obtienen las rentas? ¿Eso es cierto o
no?
¿Es cierto igualmente que, como dice el Partido Popular, se beneficia
precisamente a las rentas más bajas y a las salariales? ¿Es cierto o no
que los que tienen rentas más altas asumen, en términos absolutos, es
decir, en pesetas reales, todos los beneficios que se le dan a las rentas
más bajas y que van asumiendo y sumando, en beneficio propio, las que se
le dan a todos los escalones, desde el más bajo hasta el más alto? ¿No es
cierto que van sumando, en términos absolutos, los beneficios que a cada
tramo de renta se le dan? Por tanto, ¿saldrán más beneficiados en esta
reforma aquellos que tienen las rentas más altas? ¿No es eso cierto? ¿No
es absolutamente verdad?
Al poner el mínimo personal y familiar descontado en la base, ¿no es
cierto que al aplicarle los tipos marginales más altos, según la
capacidad económica y de renta de cada individuo, después, en pesetas
constantes, en pesetas reales, sufren un descuento inferior los de rentas
más bajas, al aplicárseles un marginal más bajo que a aquéllos de rentas
más altas, que tienen un marginal más alto? ¿No es cierto, por tanto, que
en iguales circunstancias personales y familiares, dos individuos que
tengan el mismo número de hijos, el mismo número de ascendientes algún
discapacitado --si tienen esa desgracia o esa alegría-- viviendo en casa,
las mismas circunstancias, desgravarán en pesetas muchísimo más aquellos
que tienen un marginal más alto y por tanto rentas más altas que aquellos
que tienen un marginal más bajo y rentas más bajas? Eso es absolutamente
cierto.
¿Quién es aquí el demagogo? Aquel que dice --y nosotros también podemos
decirlo para no caer en demagogia-- que en términos relativos es verdad
que los descuentos pueden ser menores para las rentas más bajas que en
términos absolutos. Vamos a decir las dos cosas. ¿Pueden ustedes decir
las dos cosas para no confundir a la ciudadanía? En pesetas reales se les
hacen descuentos absolutos mucho más altos a los de rentas más altas que
a los de rentas más bajas, y eso es una profunda injusticia.
Presentamos asimismo la enmienda número 60, que pretende que no se defina
aquí lo que es la base imponible, diciendo que es lo que se debe
descontar de la base de la renta, y que la base imponible consiste en
descontar el mínimo personal y familiar. Eso se debe hacer en el capítulo
correspondiente, que sería el Título II.
Con respecto al Título I tenemos una serie de enmiendas importantes pero,
debido a la premura de tiempo, me voy a detener en una muy concreta. ¿No
es cierto que cuando en una familia existe un sólo perceptor de rentas no
salariales se puede dividir su renta entre los dos miembros del
matrimonio y así salir muy beneficiados con respecto a aquellas familias
que tienen un sólo perceptor de renta salarial porque a éstas no se les
permite hacer esa división? ¿No salen de esta manera discriminados los
millones de familias que hay en España con un sólo perceptor de rentas
salariales frente a aquellas otras con perceptores de rentas no
salariales porque éstos pueden dividir entre dos dichas rentas en la
declaración conjunta? Si eso es así, ¿no lo podemos corregir como
proponemos en nuestra enmienda número 67 para que haya una especie de
«splitting» reducido, como explicaba nuestro portavoz, de tal manera que
en aquellas familias donde haya un sólo perceptor de rentas de trabajo al
menos el 30 por ciento se lo pueda atribuir como renta el otro miembro de
la familia para que así resulte más equilibrado con aquellas familias que
solamente obtienen sus rentas de otras fuentes distintas al trabajo?
Nosotros no creemos que el principio que deba dirigir una reforma fiscal
sea aquel que diga que es necesario que coticen menos las rentas no
procedentes del trabajo que los procedentes del capital, porque el
capital es menos dominable que el trabajo, sobre todo en una sociedad
donde hay tantos parados. No estamos de acuerdo con que lo más
conveniente para los empresarios sea el descuento importantísimo que se
les quiere hacer en sus beneficios; creemos que ellos estarían mucho más
de acuerdo --y también los trabajadores y los sindicatos-- en que
disminuyeran las cotizaciones sociales que gravan indirectamente el
trabajo para que hubiera más posibilidades de empleo y de actividad
empresarial.
Creemos que para conseguir una mayor prestación de servicios y para crear
condiciones que permitan un crecimiento económico con inversiones
públicas es mucho más justo y solidario un impuesto que tienda a
desgravar las rentas del trabajo y a conseguir un equilibrio cada día
mayor en las rentas de distinta procedencia porque, al final, la renta no
debe tener un desequilibrio en los ingresos públicos del Estado.
Nosotros, antes que la disminución de impuestos a los perceptores con
rentas más elevadas, lo que queremos es aprovechar el crecimiento
económico y la mejor situación económica de España para mejorar las
prestaciones sociales, las infraestructuras y para generar condiciones
para un mayor y mejor desarrollo económico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cobo.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez.
Eran las veinte horas y cinco minutos.
(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 106, del jueves, 12
de noviembre de 1998.)