Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 104, de 10/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 104
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 10 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998.
Segundo
Mociones consecuencia de Interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, en
cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de la normativa
vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de las solicitudes
de extradición de los jueces y tribunales españoles, especialmente las
dirigidas a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los
delitos contra la humanidad, de genocidio, de terrorismo, de torturas y
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, cometidos
por las Juntas Militares de Chile y Argentina. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 577, de fecha 6
de noviembre de 1998). (Número de expediente 671/000055.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
elaborar, en el plazo más breve posible, un nuevo Marco General de
Financiación de las Universidades Públicas; a presentar, al término del
actual período de sesiones, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley
de Reforma Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la
máxima atención a la formulación final del Informe sobre el Futuro de la
Universidad Española y a estudiar las posibilidades de nuevos
instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de
acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Universidades, así como la
previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 577, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente
671/000056.)
Tercero
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los
sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo de formación
continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 578,
de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de expediente 662/000139.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, actuaciones
dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y elaborar
material escolar específico orientado a la erradicación de los
comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación
del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a
la violencia doméstica y el fomento de los valores del respeto y de los
derechos humanos plenos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de
1998). (Número de expediente 662/000140.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno para que,
con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de
febrero, sobre zona económica, según dispone la Disposición Final
Primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan
los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago
canario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 578, de fecha 7 de noviembre de 1998). (Número de
expediente 662/000137.)
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley
aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el
19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo
relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al
Protocolo anexo al Convenio de Roma. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 179, de fecha 23 de
septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000179) (Número de
expediente Congreso 110/000179.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la
modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de
1987. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 180, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de
expediente Senado 610/000180) (Número de expediente Congreso 110/000180.)
--Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5
de marzo de 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 181, de fecha 25 de septiembre de
1998). (Número de expediente Senado 610/000181) (Número de expediente
Congreso 110/000181.)
--Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de
diciembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 182, de fecha 25 de septiembre de
1998). (Número de expediente Senado 610/000182) (Número de expediente
Congreso 110/000182.)
--Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2
de marzo de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 198, de fecha 7 de octubre de 1998).
(Número de expediente Senado 610/000198) (Número de expediente Congreso
110/000201.)
--Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Georgia al
Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 185,
de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado
610/000185) (Número de expediente Congreso 110/000186.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de
1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 186, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de
expediente Senado 610/000186) (Número de expediente Congreso 110/000187.)
--Convenio entre España y Rumania complementario del Convenio relativo al
procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en
Bucarest el 17 de noviembre de 1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 187, de fecha 25 de
septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000187) (Número de
expediente Congreso 110/000188.)
--Protocolo Adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979 hecho
en Rabat el 27 de enero de 1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 188, de fecha 25 de
septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000188) (Número de
expediente Congreso 110/000189.)
--Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil,
hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 189, de fecha
25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000189)
(Número de expediente Congreso 110/000190.)
--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición
entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10
de marzo de 1995, y declaraciones formuladas en relación con el mismo.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 190, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente
Senado 610/000190) (Número de expediente Congreso 110/000191.)
--Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Telecomunicaciones
(ETO), hecho en Copenhague el 1 de septiembre de 1996. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 191,
de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000191)
(Número de expediente Congreso 110/000192.)
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de
Nicaragua, firmado en Managua el 12 de noviembre de 1997. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
192, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado
610/000192) (Número de expediente Congreso 110/000193.)
--Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones
introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de
Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica,
así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de
la República Portuguesa. hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 193, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente
Senado 610/000193) (Número de expediente Congreso 110/000194.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de
España y de la República Federal de Alemania sobre el estatuto de las
fuerzas españolas durante estancias temporales en la República Federal de
Alemania, y Declaraciones relativas al ejercicio de la Jurisdicción
Penal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 194, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de
expediente Senado 610/000194) (Número de expediente Congreso 110/000195.)
--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 195, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de expediente
Senado 610/000195) (Número de expediente Congreso 110/000196.)
--Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación anejas a los
Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25
de septiembre de 1981. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 196, de fecha 7 de octubre de 1998).
(Número de expediente Senado 610/000196) (Número de expediente Congreso
110/000197.)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre
asistencia judicial en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de
1998. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 197, de fecha 7 de octubre de 1998). (Número de
expediente Senado 610/000197) (Número de expediente Congreso 110/000200.)
--Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de
1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y
Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 199, de fecha
25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado 610/000199)
(Número de expediente Congreso 110/000202.)
Quinto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión
Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Libertad Sexual. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 105, de fecha 15 de octubre
de 1998). (Número de expediente Senado 621/000105) (Número de expediente
Congreso 121/000117.)
Sexto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B,
número 28, de fecha 6 de noviembre de 1998). (Número de expediente Senado
605/000006) (Número de expediente Congreso 127/000006.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998
(Página 4760)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4760)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que, en
cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de la normativa
vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de las solicitudes
de extradición de los jueces y tribunales españoles, especialmente las
dirigidas a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los
delitos contra la humanidad, de genocidio, de terrorismo, de torturas y
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, cometidos
por las Juntas Militares de Chile y Argentina (Página 4760)
El señor Nieto Cicuéndez defiende la moción. El señor Prada Presa
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Nieto Cicuéndez expone
la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Marín Rite, por el Grupo
Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Mixto, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Popular y la adición del texto firmado por todos los Grupos
Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
elaborar, en el plazo más breve posible, un nuevo Marco General de
Financiación de las Universidades Públicas; a presentar, al término del
actual período de sesiones, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley
de Reforma Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la
máxima atención a la formulación final del Informe sobre el Futuro de la
Universidad Española y a estudiar las posibilidades de nuevos
instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de
acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Universidades, así como la
previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades
(Página 4765)
El señor Iglesias Marcelo defiende la moción. El señor Varela i Serra
defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Barahona Hortelano defiende la enmienda del Grupo Popular.
El señor Iglesias Marcelo expone la posición de su Grupo Parlamentario
respecto de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo
Mixto, y el señor Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 98 votos a favor, 114 en
contra y 9 abstenciones.
MOCIONES (Página 4770)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los
sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo de formación
continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud (Página 4770)
El señor Gutiérrez Ruiz defiende la moción. El señor Beguer i Oliveres
defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Gutiérrez Ruiz expone la posición de su Grupo
Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores López Carvajal, por el Grupo Socialista, y
Gutiérrez Ruiz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 123
votos a favor y 93 en contra.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, actuaciones
dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y elaborar
material escolar específico orientado a la erradicación de los
comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación
del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a
la violencia doméstica y el fomento de los valores del respeto y de los
derechos humanos plenos (Página 4774)
La señora Martín i Vigil defiende la moción. La señora San Baldomero
Ochoa defiende la enmienda del Grupo Popular. La señora Martín i Vigil
expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, y Varela i Serra, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Martín i Vigil,
por el Grupo Socialista, y San Baldomero Ochoa, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno para que,
con la mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de
febrero, sobre zona económica, según dispone la Disposición Final
Primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que unan
los puntos extremos de las islas e islotes que componen el archipiélago
canario (Página 4783)
El señor Ríos Pérez defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto;
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Pérez García, por el Grupo Socialista, y Galván de Urzáiz, por el
Grupo Popular. Los señores Ríos Pérez, Pérez García y Galván de Urzáiz
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 96 votos a favor, 115 en contra
y 7 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4792)
Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley
aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el
19 de junio de 1980, así como a los Protocolos primero y segundo
relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al
Protocolo anexo al Convenio de Roma (Página 4792)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la
modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo
entre el Gobierno de España y el Gobierno de la India, hecho en Nueva
Delhi el 10 de abril de 1987 (Página 4792)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5
de marzo de 1996 (Página 4792)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre
el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de
diciembre de 1997 (Página 4793)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hace uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo Mixto.
Se aprueba el acuerdo por 198 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones
y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2
de marzo de 1998 (Página 4793)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hace uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo Mixto.
Se aprueba el tratado por 200 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones
y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación por España de la adhesión de Georgia al
Convenio sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 4794)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 3 de marzo de
1998 (Página 4794)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre España y Rumanía complementario del Convenio relativo al
procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en
Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 4794)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo Adicional al Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, modificando el Convenio General de Seguridad Social entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho
en Rabat el 27 de enero de 1998 (Página 4794)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre España y Rumanía sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil,
hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997 (Página 4795)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo al procedimiento simplificado de extradición
entre los Estados Miembros
de la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y
declaraciones formuladas en relación con el mismo (Página 4795)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio por el que se crea la Oficina Europea de Telecomunicaciones
(ETO), hecho en Copenhague el 1 de septiembre de 1996 (Página 4795)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de
Nicaragua, firmado en Managua el 12 de noviembre de 1997 (Página 4795)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones
introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de
Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica,
así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de
la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996
(Página 4795)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de
España y de la República Federal de Alemania sobre el estatuto de las
fuerzas españolas durante estancias temporales en la República Federal de
Alemania, y Declaraciones relativas al ejercicio de la Jurisdicción Penal
(Página 4796)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995
(Página 4796)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación anejas a los
Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25
de septiembre de 1981 (Página 4796)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre
asistencia judicial en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de
1998 (Página 4796)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad
biológica en el Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de
1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y
Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo (Página 4796)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza
al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4796)
Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión
Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Libertad Sexual (Página 4796)
El señor Velasco Bueno consume un turno a favor. No habiéndose consumido
turnos en contra ni de portavoces, se aprueba el proyecto de ley por
asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4797)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria (Página 4797)
El señor Vallines Díaz presenta el Dictamen. La señora Díaz Villegas
consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ferrer i Roca, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Gorostiaga Sáiz,
por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 14. La señora Díaz Villegas consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Román Clemente, por el Grupo
Mixto, y las señoras Gorostiaga Sáiz, por el Grupo Socialista, y Díaz
Villegas, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 14, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 194 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban los artículos trigésimo, relativo al artículo 24 del
Estatuto, y trigésimo primero, que se refiere al artículo 25, por 202
votos a favor y 2 en contra.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 202 votos
a favor y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y quince minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 27 y 28 de octubre de 1998.
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: lectura y
aprobación, si procede, de las actas de los Plenos celebrados los días 27
y 28 de octubre.
¿Se pueden aprobar por asentimiento o hay alguna alegación?
(Asentimiento.)
Quedan aprobadas por asentimiento.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE,
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 118 DE LA CONSTITUCION Y DE LA NORMATIVA
VIGENTE SOBRE EXTRADICION, COLABORE CON LA TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES
DE EXTRADICION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES, ESPECIALMENTE LAS
DIRIGIDAS A LA PERSECUCION Y ENJUICIAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LOS
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD, DE GENOCIDIO, DE TERRORISMO, DE TORTURAS Y
DE VIOLACIONES GRAVES Y SISTEMATICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMETIDOS
POR LAS JUNTAS MILITARES DE CHILE Y ARGENTINA. (671/000055)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, mociones
consecuencia de interpelación.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al
Gobierno a que, en cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y de
la normativa vigente sobre extradición, colabore con la tramitación de
las solicitudes de extradición de los jueces y tribunales españoles,
especialmente las dirigidas a la persecución y enjuiciamiento
de los responsables de los delitos contra la Humanidad, de genocidio, de
terrorismo, de torturas y de violaciones graves y sistemáticas de los
derechos humanos, cometidos por las Juntas Militares de Chile y
Argentina.
Tiene la palabra el Senador autor de la moción consecuencia de
interpelación, señor Nieto Cicuéndez, por tiempo de cinco minutos.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, la moción que hoy
vamos a debatir es producto de la interpelación que discutimos en el
Pleno anterior.
Podría entenderse que ha perdido actualidad y el propio sentido de la
misma. Y es verdad que, en parte, he estado tentado de retirarla, pero no
lo he hecho por las razones que voy a exponer brevemente.
En primer lugar, para congratularme públicamente de que el Gobierno de
nuestro país haya estado en este caso a la altura de las circunstancias
tramitando la extradición del ex dictador Augusto Pinochet, tal y como
había solicitado el juez Baltasar Garzón, una vez que la Audiencia
Nacional ha declarado competentes a los jueces españoles para enjuiciar
los crímenes contra la Humanidad cometidos en Argentina y en Chile por
sus Juntas Militares y, por tanto, desautorizando a los fiscales que
negaron dicha competencia, contradicción que, en mi opinión, el Gobierno
ha resuelto en este caso de la mejor manera posible.
En segundo lugar, para felicitar a todas y a todos los que no han cesado
en estos largos años de clamar por que se esclareciera la verdad, que es
el primer paso en el camino de hacer justicia. Señorías, es obligado
homenajear en este foro el tesón de los familiares de las víctimas y a
todas las personas que han creído y creen que la Justicia debe prevalecer
por encima de cualquier razón de Estado por más legítima que ésta pueda
parecer, ya que la primera razón que legitima a la raza humana no puede
ser otra que repudiar tan horrendos crímenes.
En tercer lugar, porque este Senador está convencido de que el mejor
favor, el mayor acto de solidaridad con las fuerzas democráticas de estos
países es contribuir a que la Justicia prevalezca ante el horror y el
crimen sistemáticamente planificado contra todo adversario político real
o supuesto, como llevaron a cabo estas dictaduras, saltándose toda norma
de Derecho Internacional, en aras a su megalomanía en proclamarse
salvadores de valores eternos.
Y por último, señorías, también quiero manifestar mi apoyo en este caso
al Gobierno de España en todo aquello que suponga agresión por los
nostálgicos de las dictaduras argentina y chilena y manifestarle que no
hay lugar a aceptar ningún chantaje. Si la Justicia sigue su curso en el
marco del Estado de Derecho que tanto sacrificio nos ha costado
reconquistar y se respalda la acción de la Justicia, con el mayor respeto
a la soberanía que nos merecen todas las víctimas de las dictaduras de
estos países, estamos convencidos de que los reticentes de hoy entenderán
que las democracias difícilmente se construyen mediante el chantaje del
olvido.
Por tanto, señorías, aun reconociendo que una parte de esta moción ya ha
sido diligenciada por el Gobierno, como lo ha sido la tramitación de la
petición de extradición realizada por el Juzgado que lleva el caso, en el
fondo pensamos que con dicha moción, que espero sea aprobada por toda la
Cámara, con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular
y que ya anuncio que ha sido aceptada, haremos un buen servicio a nuestro
país, un buen servicio a la democracia en general, a los chilenos, a los
argentinos y a todos los que sufren y son maltratados en el mundo. Porque
ésta es una resolución, en este marco del Senado de España, que nos
dignifica a todos, dignifica a la Justicia de nuestro país y abre
elementos importanes en el marco del Derecho Internacional.
No es casual que en todo el mundo, sobre todo en Europa, haya habido
declaraciones desde el Parlamento Europeo, posicionamientos de la
Justicia en Francia, en Alemania, en Suiza, en Suecia, etcétera,
respaldando la acción de la Justicia española. Eso es importante y lo
deberán entender también --y espero que lo entiendan rápidamente-- tanto
los Gobiernos de Chile como de Argentina y, asimismo, deberán comprender
que lo que hoy vamos a aprobar aquí no es ninguna intromisión en sus
asuntos internos. Somos respetuosos con sus normas y con los procesos
complejos que están viviendo, pero entendemos que los derechos humanos
están por encima de cualquier frontera, y creemos que ellos entenderán
también que lo que hacemos desde este foro del Senado de España en este
XL aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es
contribuir a que la Justicia se abra camino en todos los lugares del
mundo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Esta moción tiene una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular que va a defender el Senador Prada también por tiempo de cinco
minutos.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero expresar, en
primer lugar, la felicitación de mi Grupo al Senador Nieto por promover
esta iniciativa parlamentaria, que nos va a dar a todos la oportunidad de
pronunciarnos sobre la solicitud de extradición del General Pinochet
formulada por un juez español para que sea juzgado en nuestro país por
los gravísimos delitos que se le imputan de genocidio y terrorismo.
Son de agradecer también las palabras del Senador Nieto en relación con
la actitud del Gobierno de España con respecto a este tema, actitud que
en el plano de la realidad deja sin efecto y sin contenido el propio
«petitum» de la moción. Por ello, señor Presidente, nuestra propuesta de
modificación implica que el «petitum» elaborado por el Senador Nieto no
se limite al caso concreto del General Pinochet, que ya está resuelto y
cumplido, sino que se generalice a todos los procesos judiciales
presentes y futuros.
Señorías, el paso dado por el Gobierno supone, a nuestro juicio y sin
ningún género de dudas, un paso más hacia la universalización de la
defensa de los derechos humanos. Situaciones como la que hoy debatimos
nos llevan al convencimiento de la imperiosa necesidad de que exista un
tribunal internacional permanente para juzgar, por un lado, los crímenes
de guerra y, por otro lado, las violaciones de los derechos humanos.
Estamos convencidos de que sólo un tribunal penal internacional puede
convertirse en una instancia judicial efectiva para castigar a los
responsables de la represión política.
Deseamos un tribunal independiente, justo y eficaz, y es necesario un
esfuerzo colectivo, político y económico para convertir este deseo en
realidad. Señorías, las grandes potencias mundiales deben de
concienciarse y sensibilizarse de esta necesidad.
Quiero dejar constancia también --y constancia clara-- de la postura de
mi Grupo en relación con las múltiples referencias que en la tramitación
de este tema ha habido con respecto a la actuación del Ministerio Fiscal
y a las solicitudes de cese que se han formulado. Si estas posiciones las
analizamos desde el punto de vista jurídico habría que llegar a la
conclusión de que todos los días, en todos los juzgados de España,
múltiples fiscales deberían de ser cesados porque sus tesis jurídicas no
son admitidas por los jueces o tribunales a la hora de dictar
resoluciones o sentencias. Si estas posiciones las analizamos desde el
punto de vista político, reiterando nuestra inequívoca posición en favor
de las víctimas y en contra de los responsables de los delitos de
genocidio, tortura, asesinato y terrorismo y que éstos no queden impunes,
y que quede muy claro que aun sin compartir estas tesis jurídicas del
Ministerio público, sí respetamos escrupulosamente su autonomía funcional
y el ejercicio de las funciones del Ministerio Fiscal regido por el
principio constitucional de unidad de actuación, también habría que
recordar las tesis jurídicas defendidas por el último Fiscal General del
Estado nombrado por el Gobierno que presidía el señor González Márquez.
La tesis de considerar como no competentes a los tribunales españoles
estaba también avalada por la Junta de Fiscales de Sala, que, como sus
señorías saben, es el órgano que asesora técnicamente a la Fiscalía
General del Estado. Todo ello sin perjuicio de que la Fiscalía ha
rectificado y ha acatado las resoluciones judiciales desde el momento en
que se ha conocido el auto dictado por la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, admitiendo la competencia de los tribunales españoles
para poder juzgar al General Pinochet.
Hoy, señorías, una vez más y con más fuerza y fundamento, queremos
reiterar que este asunto es, a nuestro juicio, exclusivamente jurídico, y
su politización obedece a una manifiesta irresponsabilidad política. Hoy
los hechos han dado la razón a los que hemos manifestado que este asunto
afectaba a diferentes sensibilidades, y prueba de ello ha sido la
reacción del Gobierno democrático de Chile, llamando a consultas a su
embajador en Madrid, o la reacción del pueblo chileno en clara división
de opiniones. Hoy los hechos nos han dado la razón a los que siempre
hemos mantenido la tesis de que este Gobierno cumple con sus compromisos
y es respetuoso con las decisiones judiciales. Hoy los hechos nos han
dado la razón a los que dijimos, desde el primer momento, que el Grupo
Parlamentario Popular era inequívocamente partidario de que se tramitara
la solicitud de extradición del General Pinochet.
Señorías, a mi juicio, ha sido una expresión patética la actitud de algún
líder de la oposición, que el viernes pasado por la mañana, cuando ya se
sabía --porque la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ya
lo había acordado-- que el Consejo de Ministros iba a dar curso a la
solicitud de extradición, instaba al Gobierno para que cursara esa
extradición. Presumiblemente, podemos llegar a la conclusión de que la
única finalidad era conseguir un titular de prensa del que debía estar
muy necesitado.Y ese mismo dirigente político, ese mismo día por la
tarde, reconocía que el Gobierno había actuado por imperativo legal, pero
sin convicción moral. Si actuaba por imperativo legal, ¿qué razones había
para instar al Gobierno a cumplir con la legalidad? En cuanto a
convicciones morales, señorías, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A las
convicciones morales que respecto a este tema ha manifestado pública y
reiteradamente el señor González?
Señorías, señor Presidente, todos debemos reconocer que el Gobierno del
Partido Popular ha trabajado, con hechos y no con palabras, más que
ningún otro gobierno del mundo para que se juzgue al dictador Pinochet.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Para contestar, tiene la palabra el portavoz del Grupo autor de la moción
si tiene algo que decir sobre la intervención del señor Prada.
El señor NIETO CICUENDEZ: Ya he manifestado la aceptación de la enmienda.
Por tanto, no pensaba hacer uso de la palabra, porque en el turno de
portavoces va a intervenir la Senadora Costa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.
Que quede claro que no hay turno de portavoces para los que han
intervenido antes. Es decir, que los Grupos que ya han intervenido no
pueden volver a hacerlo luego en turno de portavoces. El Reglamento es
así.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como tantas y tantas veces hemos repetido, nuestro Grupo parte
de la base fundamental de que jamás debe darse razón de Estado alguna que
permita a nadie desviarse de las normas éticas que la razón del
individuo, la conciencia individual, tiene que observar. En modo alguno
debe ser posible admitir una manera de actuación político-estatal que
ignore el Derecho legítimo vigente o
la moral dominante. Siempre y en todo caso, incluso en situaciones de
excepción, se ha de actuar con arreglo a Derecho y sin extralimitaciones
de ningún tipo.
Por ello señorías, y dicho con sinceridad, consideramos que la moción
formulada por el estimado colega Nieto Cicuéndez se sustenta con absoluta
obviedad, máxime si tenemos en cuenta la enmienda transada, que es
excelente, habida cuenta de la división de poderes que debe regir en todo
Estado de Derecho y amén de conocidas las decisiones adoptadas y los
trámites seguidos desde aquí con respecto al dictador chileno, el General
Pinochet, figura infausta del siglo XX, que han sido decisiones y
trámites de gran calado y nada fáciles en materia política pero con
resultados éticamente gratos de modo indudable, que reconocidamente han
salvado lo esencial del tema.
Por lógica deducción, nuestro Grupo entiende que la línea de actuación
seguida en el caso citado habrá de tener similar continuidad en todos los
casos en que corresponda ser partícipes o colaboradores para la
persecución y enjuiciamiento de quienes hayan atentado contra la
Humanidad gravemente, con abuso de poder ilimitado y perversamente
adquirido, que, por sí mismo, ha de negar inmunidad a quienes así hayan
podido proceder, porque los derechos del hombre son algo más que una mera
declaración.
Nunca debe sernos posible consagrar el sistema del golpe de Estado por
vía cruenta para acabar con un régimen legítimamente constituido y
decidido por el pueblo, porque éste puede acabar siendo tiranizado con
actos posteriores desde un poder constituido ilegítimamente. A nadie, por
muy gobernante o Jefe de Estado que se haya autoproclamado, le es lícito
procurar la felicidad de una parte del pueblo a costa de la destrucción,
la tortura y el secuestro de la otra parte, aunque ésta sea
ideológicamente distinta del tirano y de quienes le apoyan.
Señorías, señor Presidente, jamás hay razones históricas ni ha existido
tratado internacional alguno con facultad de otorgar algún tipo de bula
para cometer delitos, y, menos aún, para que éstos luego puedan ser
tapados so pretexto de que fueron cometidos por el cargo de Jefe de
Estado o por obediencia debida.
Como bien decía el articulista a quien trato de remedar, cuando las
prisiones se llenan de pobres y menesterosos, aunque delincuentes, y
cuando sus puertas se hayan cerradas para los tiranos delincuentes, algo
no va bien. Como tampoco va cuando actualmente hay quien se opone a que
se constituya un tribunal internacional penal, como medio disuasivo y
eficaz de la comunidad internacional, que ayude a poner fin a situaciones
de impunidad formal y sustancial de culpables de crímenes contra la
humanidad, genocidios y crímenes de guerra que tantas veces y tan
excesivamente han dejado su impronta sobre el presente siglo; siglo XX
que ya acaba, y con el que deseamos fervientemente que acabe todo género
de actuaciones del tipo señalado.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, nos complace anunciar nuestro
apoyo a la moción presentada por el Senador Nieto Cicuéndez, habida
cuenta de la magnífica enmienda que ha sido transada en base a la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Ferrer i Roca tiene la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, voy a posicionarme en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió acerca de esta moción; moción que fue presentada el 28 de octubre,
el mismo día en que se había debatido en el Pleno del Senado la
interpelación. Por consiguiente, y como sea que los hechos se han
sucedido de forma muy rápida, como era deseable, también el texto de la
moción que presentó el Senador Nieto ha envejecido rápidamente y
enseguida ha dejado de reflejar lo que era la realidad, como deseábamos
todos, porque lo que en un principio planteaba el texto del Senador Nieto
ha sido ya ejecutado por el Gobierno.
La moción planteaba que el Gobierno colaborara eficazmente, de la manera
más inmediata y con todos los medios a su alcance, en la tramitación que
los jueces y magistrados propusieran, y eso ya está hecho.
Gracias a una enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular se
ha incorporado al texto una referencia a que esta rapidez y eficacia se
extienda a todos los procesos presentes y futuros. Por otro lado, una
enmienda suscrita por todos los Grupos ha incorporado también la
coletilla de: «... a las Juntas Militares de Chile y Argentina, así como
en cualquier otro país». Porque, como es natural, todos, señorías,
estamos interesados en colaborar en la solución y en que la Justicia
resplandezca allí donde la dictadura se produzca y esté al alcance de los
jueces ejecutarla.
No creo que sea necesario repetir los argumentos que ya expusimos al
intervenir con motivo del debate de la interpelación. Quiero recordarlos
telegráficamente.
Nuestra posición en este caso se mueve por imperativo moral, y es inútil
ocultar que sentimos una gran satisfacción también moral por el hecho de
que un dictador --yo creo, señorías, que deberíamos dejar de calificar al
señor Pinochet de General-- pueda ser objeto de una persecución justa por
parte de jueces y magistrados.
Recordamos también el día 28, como un símbolo de toda la gente que murió
asesinada en aquellos años en Chile, a una persona para nosotros familiar
y muy querida, el sacerdote Joan Alsina, que no es ni más ni menos que
uno de los muchos millares que cayeron asesinados en Chile, víctima de
aquella dictadura.
Dijimos asimismo --e insistimos en ello-- que nos mostrábamos partidarios
de que se respetara la decisión de los jueces.
Esto es lo que dijimos, esto es lo que continuamos afirmando, y por esta
razón daremos nuestro voto afirmativo a esta moción, no sin antes
agradecer al Senador Nieto que la haya traído a este Pleno, y cuyos
argumentos
ya expuso con motivo del debate de la interpelación, para que, en esta
cuestión tan importante de sensibilidad democrática, haya sido posible
suscitar este debate, y que todos nos encontremos en la defensa de la
democracia y de la Justicia.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Marín
Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, la interpelación del
señor Nieto --creo que debemos ser justos con su actuación-- ya incluía
una generalización en relación con la concesión de la extradición en
supuestos de delitos contra la Humanidad. Por lo tanto, creemos que, al
menos en esa parte, la iniciativa del señor Nieto conserva su actualidad.
Señorías, las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional para
enjuiciar las responsabilidades de Augusto Pinochet en el golpe de Estado
de Chile han traído una serie de consecuencias, algunas de ellas
positivas y otras, a nuestro juicio, negativas.
Quisiera hablar de los aspectos positivos de la actuación del Gobierno
--por qué no--, pero voy a referirme, en primer lugar, a los aspectos
negativos de la cuestión, y primeramente, sin duda alguna, a la actuación
de los fiscales, tanto a la del Fiscal General del Estado, señor
Cardenal, como a la del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, señor
Fungairiño.
Señorías, en estos días hemos asistido con asombro, con preocupación a
una especie de oposición en cadena al juicio de Pinochet. Se ha dicho que
no hay competencia para intervenir, que las actuaciones que se le imputan
no son un genocidio, que no constituyen la figura jurídica del genocidio
y, en último lugar, que los Jefes de Estado gozan de la inmunidad que les
es propia.
Los fiscales han recurrido todas las decisiones judiciales. Decía el
Senador Prada que, al final, han aceptado --lógicamente, todos tenemos
que aceptarla, como no podría ser de otra forma-- la decisión de los
tribunales de justicia.
El otro día la señora Ministra de Justicia hizo, al responder a la
interpelación, una referencia --el señor Prada la ha vuelto a hacer-- a
la autonomía de las fiscalías. Es cierto que desde la Fiscalía se predica
la autonomía y no la independencia, pero la autonomía funcional. Y no es
ocioso recordar en un momento como éste que el nombramiento del Fiscal
Jefe de la Audiencia Nacional lo hace el Gobierno a propuesta del Fiscal
General del Estado y que el Fiscal General del Estado es propuesto por el
Gobierno. Asimismo, funciona el principio de la dependencia jerárquica
como uno de los principios inspiradores de la institución del Ministerio
Fiscal. Además, según el Estatuto orgánico, el Gobierno puede interesar
actuaciones del Ministerio Fiscal.
Señorías, ¿qué podíamos esperar en este asunto? ¿Cree alguien realmente
que a estos fiscales hay que decirles algo? Cuando se nombra a un fiscal
que no cree en el pluralismo, cuando se nombra a un Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional que entiende que las actuaciones de Pinochet y de
Videla son paréntesis en la democracia ¿puede alguien extrañarse de que
defiendan después a Pinochet? ¿No es acaso una consecuencia necesaria de
esa actitud que ellos tienen y que han manifestado? No olvidemos que
hablamos de manifestaciones de los propios interesados.
Señorías, me temo que en este caso al asunto se le puede dar una solución
satisfactoria. Esto hay que decirlo. Pero este Senador manifestó en su
día, cuando se hicieron estos nombramientos, lo mismo que ha dicho ahora,
que esto volverá a ocurrir. Y eso no es bueno para nadie y tampoco es
bueno para el Partido Popular. Esto volverá a ocurrir porque ésa es la
tendencia natural de quien piensa de esta forma.
Señorías, quisiera referirme también a los aspectos positivos de esta
cuestión. En muchas ocasiones desde nuestro país se ha mandado a
Iberoamérica un mensaje casi retórico, que empezó a cambiar con la
transición. Al contrario, en estos días hemos enviado a Iberoamérica, al
otro lado del océano, dos mensajes de solidaridad: uno, el de la
solidaridad del pueblo español, de su Gobierno y de otros gobiernos de
las Comunidades Autónomas con las víctimas de las inundaciones. Y, dos,
este asunto de la extradición de Pinochet, que puede ser también
interpretado en clave de solidaridad. Solidaridad, señoras y señores
Senadores, es estar con los que sufren. Solidaridad es estar con
Iberoamérica, con los problemas de los iberoamericanos, con los problemas
de estos pueblos. Y en esta Cámara, que tiene una especial vocación
iberoamericana --no debemos olvidar que existe en ella una Comisión
Permanente de Asuntos Iberoamericanos--, es razonable hablar y destacar
esta cuestión.
Señorías, la declaración de la Audiencia Nacional sobre la competencia en
materia de crímenes contra la Humanidad tiene, sin duda, una relevancia
extraordinaria, una importancia que está por encima del propio Pinochet
y, sin duda alguna, hemos dado un paso importante en pro de la Justicia
universal. La persecución de los crímenes contra la Humanidad por encima
de las fronteras de los Estados es un paso, un avance, un progreso de la
Justicia. La afirmación de que la tarea de un jefe de Estado no es
cometer crímenes contra la Humanidad es una obviedad, pero es una
obviedad que algunas veces es necesario combatir en la esfera
internacional...
El señor PRESIDENTE: Senador Marín Rite, le ruego concluya.
El señor MARIN RITE: Termino inmediatamente, señor Presidente, tal y como
lo hacía al defender la posición de mi Grupo en el debate de la
interpelación. Decíamos entonces, señorías, que manteníamos nuestra
posición pensando más en el futuro que en el pasado, y hoy queremos
repetirlo aquí: pensamos más en el futuro que en el pasado. Creo que
hemos dado un paso de progreso, un paso hacia adelante que ha
constituido, sin duda alguna, un avance para la Justicia española y para
la Justicia universal.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Terminado el debate, entiendo que, dado el tenor de las intervenciones de
los portavoces, se puede aprobar por asentimiento esta moción
consecuencia de interpelación con la enmienda que ha incorporado el Grupo
Popular y asimismo con el añadido firmado por todos los Grupos
Parlamentarios en el siguiente sentido: detrás de «... Juntas Militares
de Chile y Argentina,» deberá añadirse: «... así como en cualquier otro
país.»
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado. Muchas gracias.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ELABORAR, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE, UN NUEVO MARCO GENERAL DE
FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS; A PRESENTAR, AL TERMINO DEL
ACTUAL PERIODO DE SESIONES, EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY
DE REFORMA UNIVERSITARIA; A PRESTAR SU PATROCINIO A LA ELABORACION Y LA
MAXIMA ATENCION A LA FORMULACION FINAL DEL INFORME SOBRE EL FUTURO DE LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA Y A ESTUDIAR LAS POSIBILIDADES DE NUEVOS
INSTRUMENTOS DE COORDINACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL, DE
ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS UNIVERSIDADES, ASI COMO LA
PREVISIBLE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
(671/000056)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a elaborar, en
el plazo más breve posible, un nuevo marco general de financiación de las
universidades públicas; a presentar, al término del actual período de
sesiones, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma
Universitaria; a prestar su patrocinio a la elaboración y la máxima
atención a la formulación final del informe sobre el futuro de la
universidad española y a estudiar las posibilidades de nuevos
instrumentos de coordinación del sistema universitario español, de
acuerdo con las Comunidades Autónomas y las universidades, así como la
previsible modificación del Reglamento del Consejo de Universidades.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Iglesias Marcelo, por tiempo de cinco minutos.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el pasado Pleno interpelé al Gobierno sobre su política
universitaria, política que yo califiqué de escasa, de precaria, de
insuficiente y de bajo nivel, pero el objetivo fundamental de la
interpelación era poner en marcha al Gobierno para que dé solución a un
conjunto de problemas universitarios que son evidentes, que no podemos
ocultar ni ignorar y que están reclamando una solución de las
administraciones públicas y de la sociedad española.
La respuesta de la señora Ministra me pareció excesivamente
autocomplaciente. Dijo haber hecho un par de cosas, importantes
evidentemente, pero absolutamente insuficientes. Pocas respuestas y
muchos problemas son, pues, los que podemos considerar presenta la
situación actual.
Desde ese momento hasta el día de hoy han ocurrido algunos
acontecimientos interesantes. Este último fin de semana se ha celebrado
en la ciudad de Salamanca la Conferencia de Presidentes de Consejos
Sociales de las universidades españolas con una representación de 30
Consejos Sociales. En dicha Conferencia de Presidentes y Secretarios se
trataron problemas de actualidad que tienen mucho que ver con el
contenido de la interpelación del pasado Pleno.
La señora Ministra de Educación dijo literalmente lo siguiente: Estamos
en una nueva y compleja situación universitaria. La universidad ha
crecido en los últimos años vertiginosamente. También se ha realizado en
estos últimos años un gran esfuerzo, pero las demandas evolucionan, y
ahora las demandas son distintas, son nuevas, entre ellas la demanda de
la calidad. Son necesarias reformas de una mayor envergadura, una
reflexión en profundidad sobre el futuro de la universidad, aportaciones
necesarias que no tienen que partir del sectarismo sino que tienen que
partir de la independencia y de la neutralidad. Y la señora Ministra
saludó la oportunidad de la versión española del informe de Lord Dearing,
quien en aquella misma sesión expuso sus puntos de vista. Como digo,
saludó como conveniente la elaboración de dicho informe, diciendo que en
estos momentos lo importante es sumar y no dividir, que lo importante es
aglutinar esfuerzos y no separarlos.
Y paso a comunicarles literalmente uno de los acuerdos de la Conferencia
de Presidentes de Consejos Sociales: Realizar una serie de estudios sobre
la sociedad del aprendizaje en España para definir los paradigmas
actuales, señalar los que deben modificarse y establecer los cambios
necesarios. Estos estudios deben llevarse a cabo en estrecha colaboración
con la Asamblea de Presidentes de Consejos Sociales y la Conferencia de
Rectores de Universidades en el ámbito legal y administrativo del Consejo
de Universidades del Ministerio de Educación y Cultura.
Creo que existe un amplio consenso sobre el diagnóstico de los problemas
que tenemos por delante: calidad, modelo de universidad, financiación,
problemas del profesorado, coordinación del sistema, etcétera. El
diagnóstico me parece amplísimo y unánime, pero es posible que no
coincidamos en las propuestas de solución, porque en esta moción no
proponemos soluciones, sino caminos para encontrarlas. Pongamos como
ejemplo un debate sobre
la financiación de la universidad. Esta cuesta dinero. Pero ¿quién debe
pagar y cómo se debe pagar el dinero que cuesta la universidad?
La Ley de Reforma Universitaria tiene que ser modificada. Lo hemos dicho
por activa y por pasiva, y como autores de esa Ley no nos duelen prendas
en reconocer que quince años después de su entrada en vigor tiene que ser
actualizada. Lo reconocemos, lo hemos intentado y hay que seguir
intentándolo.
Pedimos el apoyo para la versión española del Informe Dearing, que es un
examen de problemas, no una propuesta de soluciones; éstas llegarán al
final de ese estudio. Asimismo, es necesario una amplia coordinación del
sistema español.
Insisto, nosotros no proponemos soluciones, sino el análisis de los
problemas e instrumentos de trabajo para llegar a esas soluciones. Ahora
es el momento de la universidad, y no podemos dejar que éste pase, porque
es un momento clave en la evolución del sistema universitario. Nos lo
está demandando la sociedad y la propia universidad, y no podemos ser
reticentes ante esa demanda. Espero, pues, que seamos capaces de arbitrar
una respuesta adecuada para un conjunto de problemas que ya no admiten
más demora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos
enmiendas, y la primera de ellas corresponde al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para su defensa, y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el
Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender esta enmienda, y al mismo tiempo manifestaré la posición
de nuestro Grupo sobre la moción presentada por el Senador Iglesias.
En primer lugar, hemos de reconocer --como ya hice en el debate de la
pasada interpelación-- la oportunidad de traer este tema a la Cámara,
tanto por la importancia de la cuestión que estamos debatiendo como
porque objetivamente existe un gran malestar en la universidad, hay
desazón.
Hoy se ha publicado un magnífico artículo en «El País» de un gran
conocedor de la universidad española, como es Michavila, que cita a
Pericles, quien cuando su pueblo tenía problemas decía: Nos parece que la
primavera ha desaparecido de nuestro año.
Y en cierta medida dice Michavila, y nosotros pensamos lo mismo, que la
primavera ha desaparecido de la universidad española en el sentido de
que, como digo, hay desazón y deseos de que se produzca un cambio de
rumbo del Gobierno respecto de la universidad. Insisto, lo dice Michavila
y también lo decimos nosotros.
Hace 15 días con motivo del debate de la interpelación también decíamos
nosotros que no bastaba con seguir por inercia por el camino actual, sino
que era necesario iniciar una nueva etapa en la reforma de la universidad
en España, pues había un claro agotamiento de modelo.
Nosotros estamos de acuerdo con la interpelación y con la moción en su
sentido más global en cuanto a que, como decía el Senador Iglesias, la
intención era poner en marcha al Gobierno para que actúe de una vez
acerca de los grandes problemas que tiene la universidad.
La respuesta de la Ministra en ese sentido fue insatisfactoria, razón por
la que estamos nuevamente de acuerdo con la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, pero hemos presentado dos enmiendas con el fin
de expresar los puntos con los que no estamos de acuerdo.
La primera enmienda hace referencia al informe. La moción Socialista pone
el énfasis en el Informe Bricall, el cual tiene todo el reconocimiento de
nuestro Grupo. No dudamos de su capacidad y seguro que lo que haga será
de gran mérito, pero no nos parece que sea conveniente darle a él la
exclusiva del informe para la universidad española, y, como usted mismo
acaba de citar, Senador Iglesias, la Conferencia de Presidentes de
Consejos Sociales, celebrada en Salamanca, pensamos que la participación
de los Consejos Sociales también sería interesante para elaborar este
informe sobre el futuro de la universidad.
Por ello, respecto a la primera enmienda, pensamos que no debemos
sujetarnos al Informe Bricall, sino hacer un informe general sobre el
futuro de la universidad española, que incluya el marco general de la
financiación de las universidades españolas. Por tanto, pedimos un
informe global y no ceñirnos únicamente al Informe Bricall, sino hacerlo
más amplio con la participación de los Consejos Sociales.
La segunda enmienda es en relación con el Consejo de Universidades.
Estamos de acuerdo en que hay que modificar la Ley de Reforma
Universitaria, pero nosotros pedimos --y ya lo dije con motivo de la
discusión de la interpelación-- una reforma a fondo de esta Ley, no
solamente del Título V, sino también, por ejemplo, del Consejo de
Universidades, porque pensamos que éste realiza tareas de gestión que no
le correspondería hacer en absoluto, ya que tendrían que realizarlas los
Gobiernos Autónomos con competencias en la materia. Por tanto,
propugnamos una reforma a fondo del Consejo de Universidades. En
consecuencia, en nuestra enmienda pretendemos añadir al final del número
2 de la moción y después de la palabra «alumnado» el siguiente texto:
«..., así como del Consejo de Universidades, a fin de que se convierta en
un organismo de debate y asesoramiento para la planificación general y
coordinación del sistema universitario español». Hablando con el Senador
Iglesias, con el que tengo una magnífica relación --que me honra--, me
decía que esta enmienda significa el desmantelamiento del Consejo de
Universidades. No es tal, Senador Iglesias. Fíjese bien en el texto de la
enmienda: «..., así como del Consejo de Universidades para que se
convierta en un organismo de debate y asesoramiento para la planificación
general y coordinación del sistema universitario español».
Me parece que este papel que nuestro Grupo atribuye al Consejo de
Universidades no le anula en absoluto. No es nuestra intención, ni en el
fondo ni en la forma.
Por tanto, estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no nos
gusta que en el estudio sobre el futuro de la universidad no se puedan
incluir los Consejos Sociales ni que no se pueda proceder al mismo tiempo
a una reforma a fondo del Consejo de Universidades.
Por todo lo expuesto, pedimos la aceptación de estas dos enmiendas y, en
caso contrario, nuestra posición sería de abstención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Hay una segunda enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, en este caso, su portavoz, señor Barahona, por tiempo
de cinco minutos.
El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que con el crecimiento cuantitativo de la Universidad
se ha generado una sensación de incertidumbre sobre sus objetivos, a lo
que hay que añadir quizá una disminución del papel de la misma como
referente intelectual y cultural, como consecuencia de un afán desmedido
por la profesionalización. Sin embargo, no es menos cierto, tal como
difundía ayer una nota de la Agencia EFE, que la calidad de la enseñanza
superior española es equiparable a la del resto de Europa, después de
analizar los primeros datos del Plan Nacional de Evaluación de Calidad de
las Universidades, calidad que queremos afianzar y potenciar.
En cualquier caso, es necesario volver a conseguir que la Universidad no
sólo forme para el ejercicio de las profesiones con la mayor competencia
científica y técnica posibles, sino también para la producción científica
y del pensamiento (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia), para la transmisión y conservación de la cultura y los
conocimientos, así como para la enseñanza del razonamiento, la
abstracción y la crítica sobre aspectos doctrinales de los distintos
saberes.
En esta inquietud, que compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista,
autor de la moción que se presenta simultáneamente, en esta Cámara y en
el Congreso de los Diputados, sería deseable lograr auténticos acuerdos
de Estado, sería deseable despolitizar la Universidad, huir de la
demagogia y, sobre todo, no utilizar a la Institución como arma
arrojadiza de diatribas políticas. Con espíritu constructivo, proponemos
caminar en busca del consenso, no en sentido proustiano, no por el tiempo
perdido, sino para encontrar soluciones que alivien el daño infligido por
la normativa vigente.
Presentamos a la consideración de esta Cámara una enmienda de
modificación que, en el apartado de la moción relativo a la financiación
universitaria que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, resulta
inaceptable y contradictorio en sus propios términos. La financiación de
las universidades es una competencia de las Comunidades Autónomas. No
existe ningún precepto que permita al Estado inmiscuirse y destinar sus
recursos a financiar algo que está transferido. Significaría alterar el
reparto competencial, creando un gravísimo precedente.
La propuesta socialista reproduce los ecos periodísticos de la solicitud
de la conferencia de rectores; básicamente se piden 400.000 millones más
para, según dicen, acercarnos a los niveles europeos y dedicar
aproximadamente el 1,4 por ciento del PIB en el año 2004. Pero aquí se
han equivocado los términos y se desliza un error de gran calado, al
confundir recursos totales con gasto público. Las cifras manejadas no se
refieren a la financiación pública genérica sino a la suma total de
recursos que la sociedad española invierte en educación superior. En la
media de la OCDE se incluye el gasto público y el privado, y además los
datos se refieren al conjunto de enseñanza superior incluyendo la
enseñanza no universitaria. La intervención estatal podría ser
contraproducente, acentuando la regresión social del sistema.
Por todo ello, no procede aprobar nada que plantee un acuerdo marco sobre
financiación universitaria y sí una compensación a las universidades por
las tasas económicas adeudadas por la modificación legal del concepto de
familia numerosa. En este sentido, el Gobierno ha previsto en los
Presupuestos Generales del Estado cantidades para atender a las
reclamaciones correspondientes, como ya ha sido explicado por la señora
Ministra, en una reciente comparecencia parlamentaria.
Igualmente, proponemos incrementar los programas de becas, ayudas y
préstamos a los estudiantes para garantizar la igualdad de oportunidades
y estimular su movilidad, aunque el Estado no debe gastar más en
financiación universitaria a través de transferencias, pero sí, en todo
caso, a través de una política de becas que permita pasar de los 57.000
millones de pesetas actuales a unos 230.000 millones como dotación ideal,
es decir, multiplicarlo por cuatro.
Con respecto a la modificación de la LRU contenida en la moción
socialista, ya era hora que se produjera ese acto de contrición. No
tenemos ningún inconveniente en asumirla, como se refleja en nuestra
enmienda, de manera que se consiga respecto al profesorado la solución de
los problemas actuales como pueden ser, entre otros, la incertidumbre de
quienes inician la carrera académica, el sistema perverso de provisión de
plazas, la utilización inadecuada de la figura del asociado, como es el
asociado a tiempo completo, la igualitaria e incongruente plenitud
docente investigadora que produce la indiferenciación del profesorado
ordinario --el problema de los profesores de Medicina con plaza
vinculada--. Por lo tanto, es urgente erradicar el localismo y la
endogamia que desde 1983 en adelante caracterizan a la selección de los
profesores. En este sentido, decía Cajal que suele crecer la planta según
la dimensión de la maceta. Y añadía que el talento aldeano confinado en
su rincón difícilmente alcanzará su pleno florecimiento.
Es necesario dotar de movilidad a los profesores mediante concursos de
méritos; la de los estudiantes se conseguirá mediante un próximo
Real-Decreto que sustituye al 1.005/91, que próximamente será enviado a
la Comisión de Subsecretarios.
Estas y otras cuestiones han provocado un sentimiento general de rechazo
de la ley por un lógico deseo de cambio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Barahona, se ha terminado
su tiempo.
El señor BARAHONA HORTELANO: Concluyo rápidamente, señor Presidente.
Es por todas estas razones por las que presentamos la enmienda de
modificación que sometemos a la consideración de esta Cámara, de la que
esperamos su aceptación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo para contestar a las
enmiendas presentadas.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, como no podía ser
de otra manera, he estudiado con gran interés las propuestas de
modificación presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular.
Valoro los aspectos positivos que ambas propuestas de modificación
contienen pero, a nuestro juicio, también contienen aspectos negativos
que hacen imposible que podamos aceptar su incorporación al «petitum» de
esta moción.
Lo explicaré en pocas palabras. La propuesta del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió contiene una enmienda al
punto primero de nuestra moción que nos parece sumamente oportuna y
acertada y podríamos asumirla sin ningún tipo de reservas. Por lo tanto,
no hacemos ninguna crítica a la primera parte de la propuesta. Sin
embargo, en relación al punto segundo de su moción tenemos graves
reservas para su aprobación.
Debemos recordar que el artículo 23 de la Ley de Reforma Universitaria,
relativa a las funciones del Consejo de Universidades, en la enumeración
de sus funciones señala que el Consejo de Universidades tiene tareas de
ordenación, coordinación, planificación, propuesta y asesoramiento. Es
decir, un abanico de funciones de naturaleza diferente que,
evidentemente, tiene un calado distinto y una distinta envergadura.
La propuesta del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió propone que el Consejo de Universidades se convierta en un
organismo de debate y asesoramiento para la planificación y para la
coordinación del sistema. El Consejo de Universidades debate y asesora
sobre planificación y coordinación, pero no decide. Si debate y asesora,
el órgano de decisión es distinto. Hay que preguntarse: ¿quién decide?,
¿dónde está la función de planificación, de ordenación y de coordinación?
Alguien tendrá que hacerlo, porque es absolutamente inevitable que esa
función se realice. Queda absolutamente en la oscuridad.
Por lo tanto, a nuestro juicio vacía de contenido las funciones del
Consejo de Universidades, por lo que la enmienda que nos proponen nos
resulta difícilmente aceptable.
Respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, le diré al
Senador Barahona que no tenemos que llevar el tema de la discusión a
términos de sentido religioso o muy profundos, como los actos de
contrición. Tratándose de un profesor universitario y de alguien que
quiere ser también un observador neutral de la realidad le diré que las
cosas se deben expresar de una manera muy sencilla; se trata de analizar
lo que ha pasado, de ver cuáles son los defectos y de rectificar sobre la
marcha la situación. No hay que arrepentirse de las cosas que se hicieron
sinceramente y, por lo tanto, no hay que lamentarse de errores que
seguramente se han cometido, ya que ¡quién no los ha perpetuado!
En ningún momento pido que el Estado financie el crecimiento económico de
las universidades, ni las cifras que su señoría ha aducido se presentan
en la moción como un elemento de referencia. ¿Hace falta dinero para las
universidades? Es evidente. ¿Todo el mundo pide recursos para el
crecimiento de la Universidad? Es evidente. ¿Cuánto y quién debe pagar
esos recursos? Eso es lo que me pregunto. No supongo ninguna
contestación; no estoy haciendo cálculos acerca del final. Estoy
simplemente presentando hipótesis para el comienzo, hipótesis para
trabajar.
De su propuesta, el punto primero nos parece bien; el punto cuarto
también; el punto tercero nos parece innecesario, y el punto segundo nos
parece inaceptable por una razón fundamental porque siendo el Gobierno el
destinatario final del informe sobre la situación y el futuro de la
Universidad, en su moción lo que hacen es convertir al Gobierno no en el
destinatario, sino en el origen de ese informe. Nos parece que debe ser
la sociedad en general quien estudie la situación de la Universidad, para
que ese estudio sea remitido al Gobierno, para que lo tenga en cuenta y
para que en uso de sus competencias decida lo que tenga que decidir,
acerca de lo cual nosotros no vamos a suplantar la capacidad ni las
competencias del Gobierno; el Gobierno tendrá que hacer lo que tenga que
hacer, pero el estudio debería ser independiente del Gobierno para que
éste pudiera tener una visión muy amplia de las necesidades de la
universidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias, vaya
concluyendo, por favor.
El señor IGLESIAS MARCELO: Termino, señor Presidente.
Por eso la enmienda en su conjunto no es aceptable para nuestro Grupo
aunque valoramos los dos aspectos positivos que contiene.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
En turno de portavoces, la Senadora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a establecer la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en
este caso la de esta Senadora de Eusko Alkartasuna, sobre la moción
consecuencia de interpelación presentada por el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Iglesias.
Nuestra opinión es que tanto la interpelación como la moción que se
presenta es absolutamente oportuna, teniendo en cuenta la necesidad de
acometer los problemas que en este momento tiene la Universidad en
general, y en este sentido somos conscientes y estamos de acuerdo --todos
estamos debatiendo y planteando enmiendas o posibilidades de acometer
esta situación-- en la necesidad de proceder a una reforma que erradique
los problemas y mejore su calidad.
Estamos de acuerdo en el fondo con todos los planteamientos de la moción
y vamos a votar a favor de la misma, no sin antes plantear una serie de
cuestiones que tienen relación con lo que aquí se ha debatido.
En primer lugar, entendemos que el punto primero, el que se refiere a
establecer con la colaboración de las Comunidades Autónomas, la Comunidad
Universitaria y las representaciones de los consejos sociales, un nuevo
marco general de financiación, nos parece oportuno.
No es cuestión de decir si es competencia o no, si técnicamente es la
palabra adecuada. Todos sabemos lo que estamos hablando, es decir de que
mucho de los problemas --no todos-- que aquejan a la universidad
provienen muchas veces de la insuficiencia financiera.
Por tanto, el marco general implica que todos nos debemos poner de
acuerdo en cómo se puede arreglar esta cuestión y cómo se debe financiar
la Universidad, y, teniendo en cuenta las competencias de cada
institución, deberá acometerse en esa dirección.
Por esta razón, entiendo que la posición del Grupo Popular ha sido, no la
de ir al fondo, sino la de quedarse en planteamientos técnico-jurídicos
que no hacen al caso. Por el contrario, estoy de acuerdo con aquel
planteamiento y me parece importante.
Creo también que hace falta, a la mayor brevedad posible, la presentación
del proyecto de ley. No tendría empacho en decir que en este período de
sesiones o en el siguiente, porque creo que la colaboración necesaria de
todos los que tienen que participar en este asunto, así como la
complejidad de aspectos como los que se refieren a las fórmulas de acceso
de personal, tanto funcionario como no funcionario, las modalidades de
colaboración, etcétera, pueden exigir un tiempo. Por tanto, creo que
puede ser mejor esperar un poco más si así se hace mejor.
En todo caso, apoyaremos todos los puntos, uno por uno, si bien
entendemos que hubiera sido interesante recoger las enmiendas que se
planteaban por parte del Grupo de Convergència i Unió, del Senador
Varela, puesto que estamos de acuerdo con que no nos debemos ceñir
únicamente, en el punto tercero, al Informe Bricall.
Y en relación con la modificación de la LRU, creemos que la no aceptación
de los planteamientos de Convergència i Unió se debe, creo que del mismo
modo que respecto a lo que antes decíamos sobre los planteamientos
relativos al primer punto, a que se está precisando un debate sobre las
palabras y no sobre el fondo.
Asimismo, consideramos que hay que intentar modificar, no sólo el Título
V de la LRU, sino acometer también, aunque el artículo 23 diga lo que
dice --precisamente por eso--, la modificación del mismo. En ese sentido,
lamentamos que el Grupo proponente no haya aceptado las enmiendas, que
creo que mejoraban el texto presentado.
Vamos a apoyar, con las reservas mencionadas, el texto propuesto,
pensando, en todo caso, que tendremos que seguir hablando de estos temas
y quizás plantearnos, no sólo la reforma del Título V, sino, como
proponía Convergència i Unió, algunos otros artículos de la LRU.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Imanol Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Señorías, empiezo diciendo que las enmiendas presentas a esta moción,
tanto por el Grupo Popular, como por CIU, nos parece, realmente, que son
fruto de un esfuerzo político importante, que siempre es de estimar. Y si
acaso, por cuestiones de la propia naturaleza humana, les ha faltado ese
último empuje «punch» o punto de suerte para ser admitidas, cosa que
realmente lamentamos. No obstante --y que conste-- siempre es de
agradecer el esfuerzo y la voluntad de alcanzar cotas de entendimiento,
que en algún momento o en mejor ocasión tendrá, sin duda alguna,
resultados óptimos.
En relación a esta moción fruto de interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la Universidad, quiero hacer las
siguientes consideraciones, aunque no sea más que de manera telegráfica.
Si bien la Universidad atraviesa en estos momentos graves problemas
estructurales derivados, en parte, de la Ley de Reforma Universitaria,
también es cierto que, en términos generales, la Universidad actual ha
mejorado notablemente con respecto a la que conocíamos hace unos años.
Pero ello no quita para que sea subrayable la existencia de algunos
problemas graves --se han apuntado ya-- y que requieren actuaciones
rápidas y decisivas si queremos que la Universidad sea competitiva y
capaz de amoldarse a los cambios que la sociedad la exige, tal como
pretende la moción.
Financiación de las universidades públicas. España, señorías --creo que
se dijo el otro día--, es uno de los países europeos que menos invierte
en educación superior. Figuramos a la cola del furgón, por detrás de
países como Portugal y justo por delante de Grecia. Algunas universidades
privadas europeas reciben más fondos públicos por alumno que nuestras
universidades públicas. Dependiendo de cómo se hagan los cálculos, en
España se invierten unas 400.000 mil pesetas por alumno, mientras que la
media europea está más cerca del doble de esa
cantidad. Debe haber, por lo tanto, una política de Estado clara en este
sentido porque los efectos los pagan los alumnos pero también los
profesores, con unos sueldos que han perdido poder adquisitivo de forma
preocupante. Muchas veces un recién licenciado que es contratado por
alguna administración gana más que un catedrático que ha tenido que pasar
varias y duras oposiciones públicas. En muchas universidades existen
meros empleados que ganan más que el rector.
Urge modificar aspectos centrales de la Ley de Reforma Universitaria,
regular el profesorado funcionario y no funcionario, sistemas de acceso,
formas de movilidad, etcétera, pero también la composición, competencias
y responsabilidad de los órganos de gobierno. La universidad es una
institución caracterizada por tener repartidas las competencias entre
muchos órganos y concentradas las responsabilidades en el equipo rectoral
y el rector. En nuestras universidades existen centenares de órganos que
están tomando decisiones continuamente, a veces contradictorias entre sí:
cien directores de departamento, cien consejos de departamento, treinta
decanos o directores de centro, cien vicedecanos, treinta juntas de
centro, tres juntas de campus, varias comisiones estatutarias con
importantes competencias, la junta de gobierno, el claustro, el equipo
rectoral, etcétera, lo que deriva en competencias cruzadas y
supercruzadas. Hay que buscar, pues, sistemas por los que quien ha sido
elegido pueda gobernar y pueda rendir cuentas cuando sea necesario.
Por lo que se refiere a los planes de estudio, se deben modificar con
directrices más restrictivas y de acuerdo a una estrategia común.
Generalismo «versus» especialidad, ciclos cortos «versus» ciclos largos,
etcétera, y reflexionar sobre la composición de las comisiones que juzgan
las plazas.
En cuanto a la carrera docente, hay que primar a los que más trabajan:
iguales en el punto de partida, diferentes en la llegada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, tiene su tiempo
agotado.
El señor BOLINAGA BENGOA: Hay que buscar sistemas de incentivo en el
sueldo de los profesores. Hoy esto se contempla de forma anecdótica y,
por otro lado, la Ley fija los salarios del profesorado en el ámbito
estatal. Eso es un absurdo, a nuestro entender. Creo que hay que apoyar
el Informe Bricall para que se pueda redactar un trabajo que analice la
situación universitaria y proponga actuaciones concretas. Hay que
clarificar, señorías, las posibilidades de actuación de las Comunidades
Autónomas. Las distintas sentencias del Tribunal Constitucional han
coartado de manera grave la autonomía de las universidades y de las
Comunidades Autónomas en materia universitaria. Salvaguardar los derechos
se confunde con uniformidad total y esto es un absurdo soberano. Lo que
hay que asegurar, por ejemplo en la contratación del profesorado, es que
una persona no tenga ninguna ventaja por haber nacido en un sitio o en
otro, pero eso no equivale a decir que todas las universidades deben de
utilizar sistemas idénticos de contratación. Pueden ser diferentes
siempre que aseguren el principio de la igualdad para todos los
aspirantes.
En conclusión, señor Presidente, señorías, entendemos que si no se actúa
con celeridad y bien, el sistema universitario va a sufrir en el futuro y
va a perder competitividad.
Y termino. Respetando, como he dicho anteriormente, las enmiendas
presentadas, su sentido y el esfuerzo que implican, el voto de mi Grupo
va con el contenido y sentido definitivo y real de la moción. No en vano,
señorías, conformamos políticamente grupos distintos en esta misma
Cámara, lo que, consiguientemente, nos lleva a emitir nuestro voto con
plena conciencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bolinaga.
Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a elaborar, en el plazo más breve posible un nuevo Marco General
de Financiación de las Universidades Públicas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 98; en contra, 114; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A IMPULSAR, EN COORDINACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LOS
SECTORES PROFESIONALES IMPLICADOS, UN SISTEMA HOMOGENEO DE FORMACION
CONTINUADA VALIDO EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (662/000139)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tercer punto del orden del día:
Mociones.
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las Comunidades
Autónomas y los sectores profesionales implicados, un sistema homogéneo
de formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud.
(Rumores.)
Señorías, pediría a los grupos que están en los pasillos que los dejen
libres y, en todo caso, continúen la conversación fuera del hemiciclo.
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la formación continuada de los profesionales sanitarios
constituye un tema de singular importancia en el ámbito sanitario. Si en
todos los campos de las actividades profesionales es conveniente la
constante actualización de conocimientos, en los servicios sanitarios esa
actualización se convierte en una auténtica necesidad con carácter
permanente y a lo largo de toda la vida profesional.
Es una necesidad por varios motivos, entre los que deben destacarse el
gran valor subjetivo y objetivo que, tanto a nivel individual como
social, tiene el bien salud, así como el constante y acelerado proceso de
evolución, progresión y desarrollo que caracteriza a los conocimientos
científicos y a los medios técnicos que se aplican y utilizan en el
sistema sanitario por parte de los profesionales que lo componen.
Si queremos, no ya incrementar, sino simplemente mantener la calidad de
los servicios sanitarios modernizando y consolidando el Sistema Nacional
de la Salud, es preciso que nuestros profesionales, que son quienes en
definitiva aplican las técnicas y conocimientos, mantengan
permanentemente actualizado tanto su nivel científico como sus actitudes
profesionales a través de la formación permanente o continuada.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la combinación del proceso
transferencial en materia sanitaria supondrá una reconsideración del
ejercicio efectivo de la función de coordinación del sistema, que
corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo en base a las previsiones
contenidas en el artículo 149.16 de nuestra Constitución, con la
irrupción en el escenario de una plena descentralización, la dirección
del Sistema Nacional de Salud ha de desarrollarse fundamentalmente en la
búsqueda del consenso y la participación de las Comunidades Autónomas,
quienes han de contribuir, a su vez, al mantenimiento de la identidad
común del sistema de acuerdo a los principios de lealtad institucional y
cooperación recíproca. Todo ello, asimismo, en el cumplimiento de las
propuestas contenidas en el acuerdo parlamentario, del 18 de diciembre de
1997, de consolidación y modernización del Sistema Nacional de Salud.
Siendo conscientes de todo ello, las Consejerías de Sanidad y Salud de
las Comunidades Autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad y Consumo y
el Ministerio de Educación y Cultura, previo consenso con todas las
organizaciones profesionales, científicas y educativas del sector
sanitario, convinieron en establecer un sistema de acreditación de la
formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud,
basado en los principios de coordinación y colaboración eficaz entre
todas las administraciones públicas. Para ello, el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del día 15
de diciembre de 1997, aprobó el convenio de conferencia sectorial sobre
formación continuada de las profesiones sanitarias, que fue publicado en
el BOE del día 13 de febrero de 1998, por el que se instituyó, como pieza
fundamental para articular el sistema indicado, la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud, compuesta por un representante
de cada una de las Comunidades Autónomas, otro del Ministerio de Sanidad
y Consumo y otro del Ministerio de Educación y Cultura, incorporándose a
la misma personalidades de reconocido prestigio en materia de formación y
pertenecientes al colectivo profesional que en cada caso se trate.
Con la creación de dicha Comisión se intenta ordenar la formación
continuada de todas las profesiones sanitarias, a través de la
implantación de un sistema de acreditación que responda a la necesidad de
vigilar la calidad de las actividades formativas impartidas por centros e
instituciones, así como de resaltar el carácter profesional que tiene la
formación continuada, cuyo fin no es otro que la actualización de
conocimientos, mejorando tanto la capacitación científica y técnica como
la calidad asistencial prestada.
Por todo ello, la creación del sistema acreditado descrito ha de
valorarse como altamente positiva, dada su utilidad intrínseca como
elemento de mejora cualitativa de la prestación sanitaria y como elemento
de incremento de la motivación y satisfacción de los profesionales
sanitarios.
El Senado insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las
Comunidades Autónomas, las organizaciones profesionales sanitarias, el
Consejo General del Colegio de Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos,
sociedades científicas y universidades, un sistema homogéneo de formación
continuada, válido a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, que
pueda contribuir a elevar la calidad de la formación continuada de
nuestros profesionales sanitarios, lo cual sin duda mejorará la calidad
de la práctica médica y, en definitiva, la asistencia que se presta a los
ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, en ausencia del
Senador Jaume Cardona paso a defender la posición del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto a la moción que
acaba de defender el Senador Gutiérrez.
No hay duda de que, con esta moción, el Grupo Parlamentario Popular
reitera una contrastada sensibilidad respecto a un asunto importante que
es la formación continuada de los profesionales de la salud: médicos,
farmacéuticos y diplomados en enfermería.
Nadie puede dudar sobre la repercusión de la formación continuada en el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional. Nadie cuestiona la
relación entre la competencia profesional y la calidad de las
prestaciones sanitarias que reciben los ciudadanos.
España ha alcanzado un notable nivel en calidad de asistencia sanitaria.
Los recursos económicos, técnicos y humanos se acrecientan de año en año,
y el incremento de la calidad exige la continua puesta al día de los
recursos
humanos. En consecuencia, la intencionalidad que pretende esta moción es
encomiable, y en este caso nuestro Grupo no tiene dificultad en compartir
los criterios del Grupo Parlamentario Popular en términos básicos y
generales.
La exposición del Senador Gutiérrez nos ha parecido correcta, y así lo
manifestamos. Más aún: la misma Unión Europea es plenamente consciente de
la necesidad de dedicar medios a la formación. Los programas Sócrates y
Leonardo da Vinci, entre otros, promueven intercambios entre profesores y
estudiantes de formación profesional. Pero una cuestión es la correcta
intencionalidad de la iniciativa y otra no menos importante es la
repercusión práctica de la misma en caso de que prosperase tal como viene
redactada o como puede interpretarse de su redacción en un sentido
estricto.
Señorías, en el entorno occidental más avanzado --Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, etcétera-- la formación
continuada es competencia de la profesión, de las sociedades científicas
y de aquellos entes representativos de cada especialidad sanitaria.
Las administraciones públicas facilitan que los profesionales puedan
actualizar sus conocimientos y aptitudes, pero sin ejercer un
intervencionismo que, a la larga, redundaría en un efecto contrario al
pretendido.
Los expertos internacionales coinciden en la necesidad de un reparto de
responsabilidades. Podría ser el momento de exponer aquí con mayor
extensión los argumentos, pero el tiempo no nos lo permite, y quizás
sería en la Comisión de Sanidad en la que, en su caso, puede plantearse
un debate con profundidad.
En otro sentido, señorías, y apoyando la argumentación anterior, ¿cómo
vamos a conseguir un sistema homogéneo de formación continuada válido en
todo el Sistema Nacional de Salud si esta propuesta difícilmente se ha
conseguido en ningún país? Es cierto que los españoles somos un país
imaginativo y creativo, pero en estas cuestiones, ya muy debatidas en
foros internacionales debemos ser prudentes. En este asunto, señorías,
debemos tener en cuenta la opinión de aquellos países que están en
vanguardia en enseñanza universitaria, en investigación, en desarrollo y
en formación académica.
Voy a terminar, señor Presidente, haciendo hincapié en el aspecto básico
de nuestra enmienda de sustitución, si se quiere de modificación, porque
es una modificación concreta pero a nuestro juicio importante y necesaria
para evitar fricciones en el campo de las competencias de las Comunidades
Autónomas.
Me refiero a una cuestión esencial, a las competencias de las Comunidades
Autónomas en formación continuada y muy especialmente en el terreno
sanitario y en el de la medicina en concreto. No olvidemos, por ejemplo,
que en Cataluña existe el Consejo Coordinador de Formación Continuada
participado por la Consellería de Sanidad, la Consellería de Ensenyament,
la Universidad, las sociedades científicas y los colegios de médicos.
El camino es válido y muy eficaz. Por ello, entiendo que los argumentos
expuestos con anterioridad tienen la suficiente solidez como para
justificar la conveniencia de que esta moción, en el caso de que sea
aprobada por el Senado, lo sea con la modificación formulada. No
homogeneicemos, busquemos soluciones adaptadas a las necesidades que no
tienen por qué ser idénticas. Podremos entonces impulsar una buena
formación en todo el Sistema Nacional de Salud con la participación del
mundo colegial y académico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería manifestar, en nombre de mi Grupo, que vamos a apoyar la enmienda
de CIU porque, a nuestro juicio, básicamente no modifica la nuestra y
viene a abundar en el criterio de consenso alcanzado en el Consejo
Interterritorial del INSALUD y espero que también en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López
Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con alguna frecuencia ocurre que los debates parlamentarios
apenas si son escuchados por los propios intervinientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Y por esta Presidencia, señoría.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Ciertamente.
En esta ocasión quisiera poner un cierto énfasis en mis palabras para ver
si no se produce un diálogo de sordos y podamos tomar conciencia de qué
es lo que realmente estamos debatiendo y cuál puede ser el alcance de los
acuerdos que se proponen en esta moción que trata de un tema de
indiscutible importancia, cual es el de la formación médica continuada.
Yo empezaré diciendo algunas palabras sobre la importancia de este
aspecto porque todos somos conscientes de que la enseñanza media
continuada es una necesidad insoslayable en el contexto de la práctica
médica presente. A ello obligan los rápidos y múltiples cambios en la
medicina clínica tanto en lo que se refiere a la aparición de nuevos
conocimientos teóricos y técnicas médicas como en lo que atañe al
reconocimiento de la ineficacia o
desfase de otro aspecto hasta hace poco tiempo aceptado y hoy
periclitado.
Estar al día a base de estudiar libros y revistas, a base de asistir a
congresos, aunque sea una actividad loable y conveniente, no es
suficiente. Ello es así porque en cualquier especialidad médica el caudal
de novedades es difícilmente asumible en el plano individual, siendo, por
tanto, previsible que en un plazo más o menos largo el clínico presente
graves lagunas de ignorancia en el campo que le concierne. Todo ello sin
tener en cuenta que existe un importante colectivo médico que quizás
carezca «per se» de estímulos para mantenerse informado o acaso no tenga
tiempo y oportunidades para ello.
Si esto es así, el ciudadano que enferma puede no encontrar en el médico
que le corresponde o en el que elige el caudal de conocimientos
competente y actualizado, lo que puede significar un grave detrimento
para el correcto manejo de su proceso patológico.
En palabras del eminente clínico inglés George Pickering, los doctores
que completaron su educación formal hace un cuarto de siglo y que no han
participado después en actividades educativas, son una vía muerta para la
profesión y una amenaza para el enfermo.
Hasta hace pocos años la solución de este problema recaía estrictamente
en la capacidad individual de cada facultativo, pero en la actualidad la
cuestión ha cambiado radicalmente su dimensión para convertirse en una
responsabilidad de las autoridades que tienen a su cargo la custodia de
la salud pública. Y así, como muy bien se ha citado, el dictamen de la
Subcomisión parlamentaria para el estudio de la modernización y
consolidación del Sistema Nacional de Salud ya recoge como uno de sus
objetivos fundamentales, exactamente en el epígrafe de la ordenación de
las profesiones sanitarias, el promover las actividades de formación
continuada en el ámbito de las profesiones sanitarias desarrollando
mecanismos de coordinación de las distintas administraciones públicas
para su acreditación y control. Y al mismo tiempo, en el artículo 12 del
borrador del estatuto marco del personal de los servicios de salud se
reconoce expresamente el establecimiento de sistemas obligatorios o
voluntarios de formación continuada o de capacitación o reorientación
profesional. Es decir, está habiendo una evolución desde un ámbito
estrictamente personal y deontológico hacia un problema de derechos de
los trabajadores de la salud. Y más exactamente, en el artículo 25 de
este proyecto de estatuto del personal sanitario del Servicio Nacional de
Salud ya se reconoce que la formación continuada es un derecho de todos
los trabajadores sanitarios.
Y la pregunta que surge en torno a esta serie de acontecimientos es cuál
es la respuesta competente que han dado o deben dar las administraciones
públicas implicadas en relación con este asunto. Me ha sorprendido
gratamente que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya dicho que
la respuesta más eficaz que se ha dado hasta este momento
--independientemente de lo que ya se establece en la Ley de Bases de
Salud, donde se recoge jurídicamente la capacidad y la competencia que
deben tener el Sistema Nacional de Salud y todos sus organismos e
instituciones para aplicar esta docencia continuada-- ha sido el acuerdo
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado el
día 15 de diciembre pasado, y en virtud del cual se establece un convenio
de conferencia sectorial de dicho Consejo en relación con la formación
continuada de las profesiones sanitarias, convenio que en su punto
primero ya establece la creación de una comisión de formación continuada
para la coordinación de las Consejerías implicadas en esta cuestión junto
con los dos Ministerios asimismo implicados --el Ministerio de Sanidad y
el de Educación--, y que da el carácter de Comisión permanente a este
órgano en función de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de
régimen interior del Consejo Interterritorial.
Este convenio tiene la virtud de que no sólo profundiza --es decir, no se
queda solamente en una exposición de motivos, que es loable, y que aquí
han reproducido algunos de los intervenientes--, sino que además
desarrolla esta declaración de principios al conceder competencias
concretas a la Comisión del Servicio Nacional de Salud para la
acreditación de los centros docentes en las Comunidades Autónomas.
Incluso va más allá y crea una Comisión específica para la elaboración
del programa de formación médica continuada, que es por donde, a mi modo
de ver, se entiende también de manera positiva que debe iniciarse la
solución de este problema. Es decir, que los médicos deben ser los que
inicialmente se beneficien de la elaboración de un programa de estas
características.
Y la gran pregunta surge en este momento. Si tenemos todo este caudal de
información, si tenemos un acuerdo adoptado por el Consejo
Interterritorial de manera consensuada, ¿cuál es el motivo por el que se
debate hoy aquí esta moción? ¿Qué aporta esta moción que propone el Grupo
Popular al problema de la formación continuada del personal sanitario a
raíz de los acontecimientos que se han producido en este país desde el
pasado mes de diciembre de 1997?
Esa es la pregunta a la que habría que responder. Es la pregunta que
ustedes --y concretamente el portavoz del Grupo Popular, que es el Grupo
que sostiene al Gobierno-- tienen la obligación de formular aquí para
convencernos de por qué es necesaria una moción que hace referencia a un
tema que se está resolviendo bien, que está bien encauzado, que se viene
desarrollando en tiempo y forma por cada uno de los intervinientes en
este acto administrativo, es decir, tanto por parte de los Ministerios
correspondientes, como de las Comunidades Autónomas. Pero esta pregunta
que he formulado en voz alta no tiene respuesta. No la tenía cuando leía
la exposición de motivos de la moción --que, como se sabe, es
simplificadora--, y también ha quedado sin respuesta después de oír su
intervención.
En mi opinión no hay justificación alguna para que el Senado debata hoy
este asunto, porque se nos propone adoptar un acuerdo simplista sobre la
compleja y significativa situación de la formación continuada del
personal sanitario después de que las administraciones competentes hayan
adoptado ya un acuerdo también complejo --fíjense: simplicidad frente a
complejidad-- y que, como
ya he dicho, se viene ejecutando con normalidad. Pero, al mismo tiempo,
si nos atenemos a la literalidad de la moción podemos comprobar que
introduce elementos de confusión, cuando no de colisión con el texto
aprobado en diciembre de 1997 por el Consejo Interterritorial. Insisto,
la moción introduce elementos de colisión, y me pregunto cómo se puede
presentar una moción cuya parte dispositiva sólo recoge de manera
incompleta y defectuosa --y que, como ha afirmado el portavoz de
Convergència i Unió, puede ser susceptible de malas interpretaciones--
cuatro párrafos de un acuerdo que consta de quince folios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador López Carvajal, le ruego
que concluya.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nos encontramos en una situación absolutamente irracional y, por tanto,
absurda. Por ello, el Grupo Socialista no puede entrar en la dinámica que
el Grupo Popular introduce hoy con esta moción, algo que viene haciendo
de manera sistemática, sobre todo, cuando hablamos de temas sanitarios.
Digo esto, porque ustedes presentan mociones que pretenden impulsar
acuerdos sobre hechos que ya han sido acordados, en primer lugar, para
dar la apariencia de que tienen iniciativas --cosa que no es cierta
porque ese tipo de iniciativa corresponde a las administraciones
públicas--, y en segundo lugar, para demostrar que el Gobierno puede ser
diligente a la hora de aprobar los acuerdos del Senado, cuando realmente
los mismos ya han sido adoptados tiempo atrás.
Por consiguiente, reitero que el Grupo Socialista no va a entrar en esa
estrategia, que entendemos que es completamente absurda y está falta de
sentido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el Senador Gutiérrez Ruiz.
El señor GUTIERREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El motivo fundamental de la presentación de esta moción ha sido, sin duda
alguna, tratar de obtener el respaldo parlamentario para unos trabajos
que a mi juicio han desarrollado con mucho éxito, tanto todas las
administraciones públicas, como todos los colectivos profesionales
implicados en este tema.
Y como la formación sanitaria continuada es un tema tan importante --algo
que se ha reconocido por todos los grupos--, es un éxito que se haya
conseguido un acuerdo absoluto para la creación de un sistema de
formación continuada válido para todo el Sistema Nacional de Salud. E,
insisto, el refrendo parlamentario a esos trabajos, que al mismo tiempo
debe servir de impulso para seguir profundizando en ellos en el futuro,
ha sido el motivo fundamental por el cual hoy este Grupo ha decidido
presentar a esta Cámara esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Popular, por la que se insta al Gobierno a impulsar un sistema homogéneo
de formación continuada válido en todo el Sistema Nacional de Salud.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 123: en contra, 93.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR, EN COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ACTUACIONES
DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOVER CAMPAÑAS Y ELABORAR
MATERIAL ESCOLAR ESPECIFICO ORIENTADO A LA ERRADICACION DE LOS
COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, Y A REALIZAR CURSOS DE ORIENTACION Y FormaciOn
DEL PROFESORADO QUE AYUDEN A INCORPORAR A LA TAREA EDUCATIVA EL RECHAZO A
LA VIOLENCIA DOMESTICA Y EL FOMENTO DE LOS VALORES DEL RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS PLENOS. (662/000140)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al debate de la moción
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
actuaciones dirigidas a la comunidad educativa para promover campañas y
elaborar material escolar específico, orientado a la erradicación de los
comportamientos violentos, y a realizar cursos de orientación y formación
del profesorado que ayuden a incorporar a la tarea educativa el rechazo a
la violencia doméstica y el fomento de los valores y del respeto y de los
derechos humanos plenos.
Tiene la palabra para su defensa la Senadora Francesca Martín i Vigil.
(Rumores.)
Espere un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero expresar las razones por las cuales mi
Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta hoy a la Cámara esta
moción.
La primera razón, como se deduce fácilmente del texto de dicha moción, es
nuestra preocupación por los acontecimientos que se están produciendo en
torno a lo
que se viene llamando la violencia doméstica, la violencia que sufren
muchas mujeres en el ámbito más próximo a su vida cotidiana.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espere un momento, por
favor. (Rumores.)
Puede usted continuar.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, decía que la primera de las razones, obvia quizá de explicar,
que nos conducen a presentar esta moción a la Cámara, es nuestra
preocupación ante los hechos que se están sucediendo y a los que
denominamos como violencia doméstica. La segunda razón, íntimamente
ligada a la primera, es la de ser consecuentes con el compromiso que
adquirió nuestro Grupo cuando se presentó en marzo del año pasado el III
Plan para la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, elaborado y
aprobado por este Gobierno.
En aquel momento, nuestro Grupo criticó abierta y, desde nuestro punto de
vista razonadamente, ese III Plan. Concretamente, en el área de
educación, nuestro Grupo señaló lo que entendía que eran carencias
importantes, mermas respecto a la trayectoria que llevaban los planes
anteriores, tanto el I como el II, así como carencias que se planteaban
con respecto a otros marcos, como el IV Plan por la Igualdad comunitario
y otros de orden internacional.
Quisiera insistir en la crítica que en aquel momento ya hicimos a dicho
Plan. Es obligado referirme a ella porque, en consecuencia, hemos
actuado. Entonces dijimos que ya que no habíamos tenido posibilidades de
intervenir, de colaborar en la elaboración de dicho plan, presentaríamos
las mociones, las propuestas, en definitiva, las iniciativas
parlamentarias que pudieran contribuir a la mejora y desarrollo del
mismo.
Aquí nos encontramos con esta iniciativa que pretende justamente eso. En
un apartado tan importante como el educativo, y dadas las circunstancias
que se vienen produciendo en los últimos tiempos, que ciertamente han
causado preocupación --diría incluso alarma-- en la sociedad, que demanda
de los poderes públicos una respuesta ante un problema que,
efectivamente, es un problema social, hemos planteado una cuestión que
entendemos afronta el llamado problema de la violencia doméstica contra
las mujeres en el epicentro del mismo, en su génesis, que no es otra que
la de la cultura de las personas, de los hombres y de las mujeres; la
génesis se encuentra justamente en la transmisión de unos valores que
hace que las personas se comporten de una forma, unos autoritaria y más
que autoritaria, y otras, de forma sojuzgada, respecto a la otra parte de
la población, que es la masculina.
La emergencia de la violencia doméstica a veces puede conducirnos a la
tentación de pensar que en los últimos tiempos, incluso alguien lo ha
expresado así algunas veces, parece que crece este tipo de agresión, este
tipo de conflicto social. Sostenemos que lo que sucede no es exactamente
eso. Lo que ocurre es que, efectivamente, en este momento, la sociedad
deja ver cada vez con más fuerza los problemas que tiene en su interior.
La evolución de las mujeres tiene bastante que ver con ello, su propia
emancipación hace que las denuncias por malos tratos, por vejaciones, por
agresiones, en definitiva, sean cada vez más importantes.
Por otra parte, cada vez más los medios de comunicación son también
sensibles a esta cuestión y la tratan de forma abundante. En definitiva,
la sociedad tiene cada vez más interés en saber exactamente no aquello
que parece, sino aquello que realmente es y que configura unas
relaciones, una sociedad ciertamente mejorable.
Decía yo que la sociedad demanda a los poderes públicos una respuesta
ante ese grave problema, y hay que decir que, efectivamente, los poderes
públicos venimos dando respuesta a esta situación. Pero es verdad que
venimos dando una respuesta que afronta los episodios de violencia cuando
ya existe un agresor, cuando ya existen unas víctimas. Y bien está y hay
que hacerlo y, desgraciadamente, habrá que seguir haciéndolo y habrá que
hacer planes, tomar medidas y elaborar normas o cambiar las existentes.
Con ello seguramente podremos paliar la situación, podremos crear un
estado distinto de las cosas, dejar menos impunes estas situaciones,
llamar la atención sobre ellas, que no es poca cosa, y atender a las
víctimas de esa situación, así como corregir a los agresores de esas
situaciones.
Decía al comienzo de mi intervención que es necesario ir a la génesis del
problema que nos incumbe, que es intentar transmitir unos valores
distintos a las personas desde el primer momento para que la convivencia
sea distinta. Seguramente eso que llamamos el cambio estructural en la
sociedad ya es una cuestión imparable, y seguramente el cambio
estructural de la sociedad dependerá mucho de la presión y de las voces
que emitan muchos colectivos que sufren situaciones de discriminación,
así como de lo que puedan afrontar los poderes públicos, que tienen la
obligación de considerarlos puesto que, repito, es un problema social, no
son cuestiones individuales que deban dilucidarse en el marco de la vida
privada de las personas. En ese contexto hay que hablar de educación.
Señorías, esta Senadora es muy consciente de que cuando se habla de
educación hay que recordar que ello conforma un ámbito muchísimo más
amplio que el de la escuela, que el del sistema educativo. La educación
la conforman muchísimos más factores que impregnan la vida cotidiana con
muchísima fuerza, que transmiten, que impresionan, que logran inducir
conductas que, en definitiva, crean imágenes y estereotipos que
determinan comportamientos y mucho más que eso, que determinan a veces
leyes que fomentan las costumbres.
Es verdad que la escuela, el sistema educativo, es parte importante de la
educación. Vamos hoy a tratar, pues, de una parte no completa, pero sí
importante, de la educación, que es el sistema educativo, ya que es el
que compete a los poderes públicos garantizar con la máxima calidad.
En ese sentido se plantea esta moción, y podemos referirnos a una de las
más recientes reflexiones que se han
hecho ante esta Cámara y ante el Congreso de los Diputados, como es el
estudio y la reflexión que el Defensor del Pueblo planteó justamente hace
una semana, el martes pasado, ante las Comisiones del Defensor del Pueblo
y Mixta para los Derechos de la Mujer.
Me voy a referir a ella. En su momento, el martes pasado, los distintos
Grupos hicimos una valoración en general positiva de la iniciativa del
estudio del Defensor del Pueblo sobre la violencia contra las mujeres. El
Grupo Parlamentario Socialista señaló algunas cuestiones que podían
plantear alguna carencia, y señaló también algunos apartados que merecían
un desarrollo más profundo. En esa línea intentamos profundizar para dar
un contenido lo más amplio posible y, sobre todo, para obtener un
compromiso del Gobierno lo más serio posible a partir del estudio que
presentó el Defensor del Pueblo.
Me voy a ceñir sobre todo a lo que el propio Defensor del Pueblo señala
en ese estudio y al marco en el que sitúa sus reflexiones, su análisis y
sus recomendaciones en materia de educación. Señorías, el Defensor del
Pueblo en ese estudio hace recomendaciones en materia de educación al
Ministerio de Educación y Cultura y a todas y cada una de las Comunidades
Autónomas que tienen competencias plenas en esta materia, y las hace
todas en el marco de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
diciendo claramente que es una ley que no solamente permite, sino que
proporciona orientación, que da elementos, que señala caminos y que da
contenidos para que el sistema educativo realmente se cualifique
incorporando a sus contenidos y a sus formas aquellas materias que
conduzcan la incorporación de valores que puedan erradicar de raíz la
violencia de género.
El Defensor del Pueblo señala, por ejemplo, que la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo --dicho sea de paso diré que es una
espléndida ley la que pudimos aprobar y la que tenemos como marco
legislativo referencial en el sistema educativo para trabajar en
profundidad estas cuestiones e incorporarlas-- en sus artículos 1 y 2 ya
define los fines y los principios hacia los que han de tender las
enseñanzas, el sistema educativo respecto a las libertades de las
personas, los niños, las niñas, los jóvenes y las jóvenes, respecto a los
derechos también de los alumnos y de las alumnas, también del
profesorado, respecto a la efectiva igualdad entre las personas, se
entiende la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades.
El Defensor del Pueblo refería también como pauta los artículos 13 y 19
de la LOGSE para recordar que allí se enumeran objetivos específicos que
deben formar parte de la educación primaria y de la educación secundaria
obligatoria, potenciando la llamada área transversal, que es la educación
para la igualdad de oportunidades y que ha de impregnar todos los
contenidos curriculares.
Además, sus señorías me permitirán que haga una referencia a lo que el
Defensor del Pueblo señala como cuestión importante antes de hacer sus
propuestas, que es la resolución ministerial de enero de 1995 que hizo la
Dirección General de Renovación Pedagógica. Dice el Defensor del Pueblo:
parece muy conveniente que habría que volver a impulsar la materia
optativa llamada, papeles sociales de hombres y mujeres. Hace más
referencias a la LOGSE el Defensor del Pueblo, como a los artículos 55 y
los siguientes que hablan de otra cuestión --a la que mi Grupo también
hace especial referencia en la moción que hoy presentamos-- referida a la
formación del profesorado. Me detendré un momento en esta cuestión.
Es verdad que hay una formación inicial del profesorado, la que realizan
los profesionales y las profesionales para tener la certificación
adecuada que les permita después ejercer su profesión; en esa formación,
que podríamos llamar inicial, hay que incorporar contenidos que permitan
dotar de instrumentos a los profesionales y a las profesionales para
desarrollar la tarea en esa perspectiva de género y con el objetivo que
tratamos hoy que es el de la erradicación de la llamada violencia
doméstica contra las mujeres.
Pero hay otra formación, como saben muy bien sus señorías, que es la
formación continuada del profesorado, y hay unos planes de formación
continua del profesorado. Es aquí donde creemos que hay que incorporar
estos aspectos.
No proponemos, señorías, que de forma coyuntural, quizás por un sentido
de alarma o de preocupación, se lleven a cabo planteamientos puntuales,
temporales, que respondan a una demanda que se pueda acotar fácilmente,
puesto que son numerosos los casos de mujeres víctimas en los últimos
tiempos. Creemos, en cambio, que hay que incorporar estos planteamientos
de formación del profesorado en el plan continuo de formación del mismo.
Es ahí donde hay que incorporar esas materias, esas orientaciones y esos
recursos.
Señalamos en el texto de la moción que hay que elaborar materiales,
promover campañas, en definitiva, hacer visible la actuación de la
Administración en este sentido. Hay que promover --o intensificar, como
me dirá más tarde la señora San Baldomero-- campañas, actuaciones y, en
definitiva, el esfuerzo de quien tiene la obligación principal de
hacerlo, que es el Gobierno y, más concretamente, el Ministerio de
Educación y Cultura, eso sí, en estrecha colaboración, en la medida que
corresponda, con las Comunidades Autónomas; en un determinado grado con
las que tienen las competencias plenas, por descontado --parece obvio,
pero es necesario decirlo--, y en un grado distinto con las que no las
tienen.
Parece lógico también que las Comunidades Autónomas tengan cabida en las
cuestiones que el Ministerio puede impulsar y tengan, además, los
recursos necesarios para poderlas llevar a cabo y adaptarlas a su
situación, a sus realidades. Por cierto, en el mapa que muy bien plantea
el Defensor del Pueblo sobre situaciones de violencia contra la mujer ya
se ve que hace falta que todo el mundo se aplique en esta cuestión, es
decir, todas las Comunidades Autónomas, las que tienen competencia plena
en la materia y las que no la tienen también, deben mirar esta cuestión
con preocupación, pero con entusiasmo también para buscar soluciones,
porque es verdad que no se observan grandes diferencias en dicho mapa en
cuanto a situaciones de necesidad de actuación, a víctimas, si bien sí
existen diferencias en las respuestas que dan las distintas
administraciones, cuestión que también conviene recordar, a fin de
intensificar las políticas donde más se necesite y donde el Gobierno, el
Ministerio de Educación y Cultura, tenga que ayudar, orientar, promover
en mayor medida.
En definitiva, esta es una iniciativa que pretende acercar el III Plan
para la Igualdad de Oportunidades a lo que nosotros y nosotras hubiéramos
planteado y no pudimos hacer, es una iniciativa que llega en este momento
porque la situación es lamentable y no parece que sea suficiente con las
medidas que se han planteado para cuando se producen casos de agresión,
si bien, efectivamente, habrá que seguir llevándolas a cabo, y esta es
una moción que pretende dar a la educación la dimensión --seguramente
todos los Grupos coincideremos en ello-- que debe tener, con el profundo
poder de cambio que ésta conlleva, de cambio en las actitudes, que
básicamente será lo que nos moverá hacia una sociedad mejor.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la Senadora doña Isabel San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando la Senadora Martín i Vigil estaba en la tribuna en el
uso de la palabra me recordaba los muchos años que he estado en esta
Cámara también en la oposición, defendiendo temas y cuestiones que
entendía justas y sobre las que pedíamos y exigíamos a los gobiernos que
hicieran más. Además, también recordaba el talante con que lo ha hecho,
cómo lo ha explicado, en qué se ha basado y porque no es necesario que
aquí exista ningún tipo de violencia porque bastante violencia tenemos
que estar erradicando de nuestra sociedad. Por eso, Senadora Martín i
Vigil, quiero decirle que me siento cerca de usted y que, como decíamos
hace un rato, creo que me sobran los dedos de una mano para señalar las
cosas que nos pueden diferenciar en el empuje, en el punto de no retorno
que tenemos en este momento las mujeres en nuestro avance por la
igualdad. Son siglos de cultura que ahora, en este momento, están
debatiéndose no solamente en el Parlamento donde, al fin y al cabo, lo
único que hacemos es recoger lo que está en la calle, lo que nos demanda
la gente que nos ha puesto aquí. Por lo tanto, a mí me gustaría que las
cuestiones dedicadas a la mujer las viéramos en nuestra Comisión, pero
entiendo que un Pleno del Senado debe tener entidad máxima para que los
temas de mujer también sean debatidos. Esta mañana mismo dos mociones del
Grupo Socialista han sido debatidas y consensuadas en la Comisión de la
Mujer, por lo que creo que estamos en ese momento imparable de la
igualdad.
Su señoría ha mencionado dos documentos importantes basados en el tema de
la educación para erradicar la violencia. Uno ha sido el III Plan de
Igualdad, donde usted dice que el tema de la educación no estaba tratado
correctamente, y otro el Informe del Defensor del Pueblo que, desde mi
punto de vista, ha sido oportuno --de las pocas veces que se está en el
momento justo y en el sitio preciso-- y que, como decíamos el otro día
todas las portavoces, va a ser el guión y la muestra porque ha sido el
que ha incidido más en la sociedad y al que más deberemos referirnos.
Con respecto al III Plan de Igualdad --y lo reconocerá porque todos lo
conocemos, espero que también nuestros compañeros parlamentarios
senadores-- existe un área nueva, el área de violencia, donde se incluyen
temas de educación. Lo puede consultar su señoría, si lo quiere ver, en
las páginas 76 y 77. En este área se incluyen diversas actuaciones como,
por ejemplo, campañas de información para sensibilizar a la sociedad
contra la violencia, desarrollo de programas de asesoramiento y
rehabilitación o investigación de las causas que dan lugar a ejercer la
violencia contra las mujeres.
En el tema educativo concretamente se incluye la promoción de proyectos
para la prevención de la violencia, para el fomento de la autoestima,
etcétera. Cuantas más cosas se pidan mucho mejor. En eso no hay ningún
problema.
El siguiente asunto que quiero tratar --porque, señor Presidente,
intervengo en el debate como portavoz del Grupo Popular y para defender
la enmienda-- es el Plan de acción contra la violencia que presentó el
Gobierno y que ustedes bien conocen. En este tema nos encontramos con un
problema que había surgido en los medios de comunicación y que debíamos
atajar porque, aunque lo conocíamos, nadie todavía había puesto el dedo
en la llaga. Ahí sí tenemos ya muchos temas de educación para la no
violencia.
Si sus señorías tienen a bien, y lo tienen a mano --si alguien no lo
conoce desde el Grupo Popular se lo podremos enviar-- pueden seguir el
mismo guión que yo. En la página número 7 se hace referencia a incentivar
a los centros escolares para que elaboren y difundan materiales
educativos dirigidos a la prevención de la violencia contra las mujeres y
a la difusión, en el ámbito educativo, de los materiales que, editados
por las diferentes administraciones y organizaciones públicas y privadas,
aborden la cuestión de la violencia.
El punto 2.1 trata de potenciar en la práctica escolar el área
transversal: educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos,
educación para la paz.
El punto 2.2 trata de potenciar los centros de profesores y recursos y
colaborar en programas europeos. En el currículo de la educación de
personas adultas se incluirán unidades didácticas para la cuestión de la
violencia y cursos de formación para profesionales.
Señorías, en esto, como en el tema de su moción, vamos a estar
absolutamente de acuerdo, y espero que también lo estén el resto de los
grupos parlamentarios. Solamente quería hacer unas acotaciones a la
redacción de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y que
espero consensuar con todas sus señorías, es que la palabra campaña,
debería sustituirse por «campañas educativas», para que no se confunda
con campañas de publicidad o de sensibilización. Para que se ajuste más a
lo que pretende su moción, creemos que debería decir «campañas
educativas», y así nos olvidamos de los genéricos.
En lugar de «material escolar específico», quizá sería más adecuado
hablar de «material pedagógico», porque, aunque yo no soy ducha en la
materia, entiendo que el calificativo de escolar se refiere más a la
educación primaria y podría circunscribirse al uso exclusivo de los
alumnos. El material pedagógico, que es parte de la moción, debería ser
el instrumento para intensificar la campaña, de manera que ésta tuviera
su material adecuado.
Por último, señorías, hablamos de derechos humanos plenos. El otro día,
el Presidente de la Real Academia de la Lengua, don Fernando Lázaro
Carreter, echó una pequeña bronca --entre comillas-- a los periodistas
porque no se utilizaba correctamente el lenguaje. Yo --a millones de años
luz--, entiendo que no deberíamos decir «derechos humanos plenos», como
son teórica y comúnmente definidos, sino que la expresión correcta y que
espero que acepten, señorías, podría ser «pleno ejercicio de los derechos
humanos».
Respecto a esta moción, solamente quiero darles unos datos cuyo
conocimiento considero importante para todos los Senadores y Senadoras
que están en este momento en la Cámara. Durante el curso 1997-1998, y con
respecto a las actuaciones que ha tenido que hacer el Gobierno, en el
territorio de gestión del Ministerio, respetando absolutamente --como su
señoría ha dicho-- a las Comunidades Autónomas y sus plenas competencias,
se han formado en el tema de la no violencia 8.604 profesores, en 411
cursos --ésa es una realidad que espero que nos satisfaga absolutamente a
todas y a todos--, con jornadas específicas sobre prevención de la
violencia, la intolerancia y la igualdad. Para el curso 1998-1999, se van
a dar estos mismos cursos, en un número de 460, a los que se espera que
acudan otros 8.700 profesores.
El Ministerio de Educación y Cultura me informa que en este momento se
está trabajando en una red de trabajo preventivo para detectar y prevenir
la violencia doméstica, centrada en los departamentos de los centros
educativos.
En el currículo de educación de las personas adultas ya se han incluido
unidades didácticas destinadas a abordar la violencia contra las mujeres.
Por último, existe un grupo de trabajo interautonómico e
interministerial, basado en el Plan de acción contra la violencia, para
llevar a cabo numerosas actuaciones en materia educativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se termina su tiempo.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, me voy a permitir hacer
algo que no he hecho nunca en esta Cámara, y es recomendar a sus señorías
que lean un libro hermosísimo que se llama «Mentiras, secretos y
silencios», de Adrianne Rich.
El libro comienza así, y así termino: «Cualquier mujer que ha salido del
campo de juego del discurso masculino para penetrar en el dominio donde
las mujeres estamos desarrollando nuestras propias descripciones del
mundo conoce el sentido extraordinario del cambio, igual que sucede
cuando soltamos el pesado equipaje ajeno que hasta ahora hemos venido
trasladando».
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Senadora Martín i Vigil, tiene la palabra.
La señora MARTIN I VIGIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora San Baldomero, quisiera poder responder a todas las cuestiones que
usted ha planteado aquí, pero no voy a poder hacerlo porque no dispongo
del tiempo suficiente. Ha aportado usted ideas al respecto, y en la
Cámara, y por descontado en la Comisión, podremos seguir discutiendo y
poniendo en común preocupaciones y, cómo no, algunas discrepancias. De
todo modos, algo comentaré acerca de lo que usted ha expresado aquí.
Ha puesto de manifiesto su preferencia a que los temas de la mujer se
traten en la Comisión Mixta. Entiendo que existe una Comisión Mixta para
el estudio de los derechos de la mujer y que es allí donde deben
abordarse muchísimas cuestiones, pero esta Senadora entiende que la
moción aquí planteada no es estrictamente un tema exclusivo de mujeres.
Creo que va más allá, por lo que nuestro Grupo ha considerado que valía
la pena que se tramitará en el Pleno de la Cámara.
Señora San Baldomero, como le dije antes en privado y también en esta
tribuna, no quería entrar en las críticas que ya formulamos en su momento
sobre el III Plan; sin embargo, usted ha ocupado una buena parte de su
tiempo en defenderlo otra vez y en explicar las realizaciones llevadas a
cabo por el Gobierno. Sinceramente, yo hubiera preferido que todas y
todos los intervinientes hubiéramos abundado en la oportunidad que nos
brinda esta moción y en el contenido que debe dársele, amén de los
fundamentos que le dan sentido, para que el Gobierno pueda recogerla en
toda la amplitud y dimensión que todas y todos queremos que tenga. Pero
como usted ha hablado del III Plan, yo también me referiré a él en la
medida que el tiempo me lo permita.
Señora San Baldomero, el III Plan, que ya se aprobó y que nosotros
estamos dispuestos a mejorarlo con iniciativas, diálogo y aportaciones,
es un plan muy carente y muy deficitario en el área de educación. El Plan
se queda corto, por ejemplo, con respecto a las medidas aprobadas y
firmadas por el Gobierno español en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la mujer que se celebró el año 1995 en Pekín.
Los nueve objetivos que figuraban en el II Plan y los seis que figuran en
la plataforma de acción de la citada
conferencia han quedado reducidos a cuatro en el III Plan, no porque haya
hecho un redactado más amplio o un trabajo de síntesis, sino porque ha
eliminado todos los demás. Por ejemplo, figuraba en el II Plan una
cuestión que a mí me parece importante y que tiene que ver con el tema
que hoy nos ocupa --y soy consciente de que se trataba de una cuestión
muy difícil de llevar a cabo, pero como estaba contemplada se inició--, y
es la de establecer la participación igualitaria de las mujeres en la
administración educativa y en la adopción de políticas y toma de
decisiones en materia de educación. Esta medida ha desaparecido en el III
Plan.
Es un plan que habla de promover en general, en educación y en todo, pero
que llama muchísimo la atención sobre ésta: promover, impulsar,
intensificar. Estas cautelas quizá hubieran sido explicables en los
primeros planes. Podían ser necesarias entonces, cuando se trataba de
poner las bases para una política de igualdad, pero ya no son admisibles
en este momento. Además, en esos términos en los que no se plantean
acciones sino declaraciones de intenciones, es muy difícil evaluar. No
hay cuantificación porque no hay --repito-- acciones ni actuaciones.
Yo no tenía intención de entrar en esta crítica --admito que reiterada
por nuestra parte-- del III Plan, pero usted ha defendido un apartado que
yo creo que hoy, con esta moción que espero que aprobaremos, se demuestra
que tenía carencias. Por lo tanto, si quiere usted, vamos a dejar de
hablar del III Plan y vamos a ir, con vistas al futuro, a plantear las
cosas que nos parece que pueden completarlo y mejorarlo.
En el II Plan, por ejemplo, se alude efectivamente a la necesidad de
garantizar el acceso a la enseñanza y a la formación de calidad a las
mujeres discapacitadas y a las mujeres emigrantes, a las refugiadas y a
las desplazadas. Es una cuestión importante. Me parece que también es
pertinente que lo comentemos hoy. En el III Plan tampoco hay nada
relativo a esta cuestión, y no tendría tiempo de referirle todas las
cuestiones que han desaparecido en materia de educación. Por lo tanto,
vamos a emplear nuestro tiempo en lo que decía hace un momento: vamos a
intentar incorporar a las políticas para la igualdad las ideas, los
compromisos de cada uno de los grupos, y vamos a tratar de mejorarlo.
Centrándome ya en lo que constituye la enmienda que su Grupo plantea al
texto de la moción que hemos presentado, deseo manifestar lo siguiente.
Señora San Baldomero, si ustedes prefieren que en lugar de hablar de
material escolar se hable de material pedagógico, nuestro Grupo no va a
poner ninguna objeción, pero no lo va a hacer porque nuestro objetivo
central, nuestra aspiración respecto a esta cuestión, es que se apruebe y
que el Ministerio de Educación tome nota, acuse recibo y haga lo que
tiene que hacer. Usted dice que no está ducha en la materia. Yo tampoco
lo estoy, soy enseñante, y nos pareció que escolar era un término más
amplio que pedagógico, pero parece que ustedes supeditan su planteamiento
a que se diga pedagógico; pues pedagógico.
Si tengo tiempo, comentaré la enmienda referida a los derechos humanos
plenos. En efecto, estoy de acuerdo con usted, pero escribimos derechos
humanos plenos con conciencia plena de que lo escribíamos, y le comentaré
por qué. Usted sabe muy bien que hasta el año 1994, en la Conferencia de
Viena preparatoria de la IV Conferencia sobre la Mujer, de las Naciones
Unidas, no se consideró, no se discutió y no se estudió el hecho de que
los derechos de las mujeres formaran parte de los derechos humanos, y fue
en el año 1995 cuando, tras arduas discusiones y después de salvados
muchos obstáculos, pudimos concluir esa afirmación que parece una
obviedad pero que repito que costó tanto, y que ha de ser también el
frontispicio de nuestra actuación, que es la de que los derechos de las
mujeres son derechos humanos. Y quizá porque el subconsciente actuó
cuando redactábamos, nos permitimos poner derechos humanos plenos para
que se considerara que había que recordar los derechos humanos en esta
consideración última, recientemente incorporada a esa apreciación. De
todas maneras, quiero agradecer la actitud, la predisposición y la
comprensión, porque uno y otro grupo hemos expuesto lo que hemos deseado
pero, en definitiva, nuestra iniciativa ha prosperado, y contamos con que
también lo hará su seguimiento para que el Gobierno realice en esta
materia las políticas que encaminen a la erradicación de la violencia.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora doña
Inmaculada De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo no voy a hacer comentarios sobre el
III Plan porque disponemos de poco tiempo --como ha manifestado aquí la
Senadora proponente, señora Martín i Vigil-- y, si nos extendemos, no
podríamos decir todo lo que queremos, por tanto, es mucho mejor que nos
centremos en el texto de la moción y en su oportunidad.
Señora Senadora del Grupo Parlamentario Socialista, la moción me parece
absolutamente oportuna. En este caso, señorías, sí que podemos decir que
lo que abunda no daña.
A pesar de que la semana pasada tuvimos ocasión de asistir conjuntamente
a las Comisiones Mixtas del Defensor del Pueblo y de la Mujer y de
escuchar al señor Defensor del Pueblo, quien nos habló de los estudios,
verdaderamente interesantes, que se han hecho y, además, directamente
aplicables, dado el empuje importante que tiene la institución del
Defensor del Pueblo en la defensa --como decía la Senadora San
Baldomero-- o en el desarrollo de los derechos humanos plenos --quizá la
acepción que figura en la moción sea la correcta--, debo decirle que,
aunque lo contemple el III Plan, es importante que incidamos en lo que el
texto de esta moción plantea: promover campañas y elaborar material
escolar.
Me da igual que se hable de material pedagógico o de material escolar
porque, si no he entendido mal --yo tampoco soy especialista en la
materia--, la pedagogía es la
ciencia que enseña a enseñar. El material escolar tiene una acepción
instrumental que se puede aplicar en los distintos niveles educativos
teniendo en cuenta la población escolar, las edades y los niveles a los
que se refiere. Por lo tanto, las dos expresiones «material escolar» y
«material pedagógico» son correctas, aunque en este caso me parece más
correcta la que figura en el texto de la moción.
Tengo esta cuestión como la que hace referencia al respeto de los
derechos humanos plenos son importantes. Si estamos continuamente
hablando de tolerancia, si penamos como delito en el Código Penal
actitudes intolerantes, como las xenófobas o racistas, ¡cómo no vamos a
incidir entonces en el tema de la tolerancia al género humano, a una
parte del mismo, al género femenino, que de una manera ancestral y
predemocrática y casi tribal no entiende que algunos tics y algunos
comportamientos van directamente encaminados a provocar actitudes en los
adultos generadoras de violencia para con las mujeres!
Insisto, esta moción es importante --no me voy a extender más-- y
oportuna. Asimismo, son también importantes las aportaciones de la
Senadora San Baldomero, Presidenta de la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer. He entrado directamente a valorar lo esencial de la moción
porque cuando uno no pertenece ni al partido que apoya al Gobierno ni al
partido mayoritario de la oposición puede dedicarse a ir hasta el fondo
de las cuestiones y no a ver quién lo hace mejor y qué rifirrafes se
plantean para tener la razón. Esta moción es oportuna y la vamos a votar
a favor aceptando las enmiendas que se han propuesto. Esperamos que así
lo haga también el resto de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra don Imanol Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si no recuerdo mal, en aquellos tiempos de la famosísima
Revolución francesa hubo un grupo de mujeres que formuló, al margen de la
Declaración de los derechos del hombre, una Declaración específica sobre
los derechos de la mujer. Creo que en el punto 10 de aquella Declaración
venían a decir que si la mujer sube al patíbulo también debe subir a la
tribuna de oradores, y evidentemente tenían razón, aunque posteriormente
la Asamblea Nacional echó por tierra toda aquella Declaración de las
mujeres francesas.
Hoy, después de haber escuchado a las tres señoras Senadoras que me han
precedido en el uso de la palabra, con absoluta dignidad por supuesto,
debo declarar que en verdad han sabido subir a la tribuna como buenas
Senadoras y perfectas señoras cumpliendo el punto 10 de aquella famosa
Declaración de las mujeres de la Revolución francesa.
Dicho esto en homenaje a las tres Senadoras, entro ya en el tema de hoy
para decir en nombre de mi Grupo que, con respecto a esta moción, no
podemos por menos de mantener nuestra plena coincidencia, tanto con su
exposición de motivos, como con los fines que en la misma se pretenden
desde una política educativa a fin de que ésta pueda dar sus frutos más
idóneos en el futuro. Entendemos, obviamente, que debe ser así, y así lo
aceptamos.
Consecuentemente, nos resulta cómodo anunciar nuestro voto favorable a la
moción, sobre todo cuando está de por medio una enmienda del Grupo
Popular transada que nos satisface plenamente.
El tema de hoy, señorías, me conduce a hacer unas breves reflexiones a
título personal sobre la cuestión que van a permitirme explayarme
brevemente, posiblemente al margen del propio intríngulis de la moción,
ya que creo que ese intríngulis se ha sabido explicar y enfocar
perfectamente hacia el presente.
Las excesivamente numerosas violencias domésticas de hoy tienen un largo
precedente histórico en el que se ha partido del sostenimiento de una
antropología antropocéntrica centrada en el varón y a cuyo amparo se han
formulado aseveraciones muy básicas y de graves consecuencias históricas
sobre la mujer y su ser, aseveraciones tales como: el varón es principio
y fin de la mujer; la mujer es algo defectuoso y malogrado, según aquello
del «aliquis deficiens est occasionatum» de Tomás de Aquino, o la
expresión del varón fallido de Aristóteles --lo que resulta curioso--
cuando aplicaba su doctrina de acto, forma y potencia materia a la
fisiología, y afirmaba que en la generación de un ser humano el varón es
la parte activa procreadora y que la mujer, por el contrario, es en
exclusiva la parte receptora, es decir, la parte pasiva que sólo pone a
disposición la aptitud para el ser humano.
Ambos grandes intelectos, Aristóteles y Tomás de Aquino, coincidían en
que la dificultad de por qué el hombre engendra en un caso a un niño y en
otro caso a una niña responde o puede deberse a una debilidad nada menos
que de la potencia generadora masculina o a la disposición femenina, o
también --extráñense sus señorías-- a una influencia externa del viento
norte para los niños y del viento sur para las niñas, de forma que en un
caso nacería un varón de valor integral y en el otro un varón fallido: la
mujer.
Felizmente, todas esas teorías hoy día están superadas. No obstante, no
extrañan las consecuencias tan nefastas de tales y otras muchísimas
concepciones durante siglos, tanto laicas como religiosas, cuyas
secuelas, queramos o no, lamentablemente siguen padeciéndose hoy, en que
en demasiadas ocasiones parece que aún perdura cierta incapacidad para
percibir en qué consiste la permanente desventaja, con frecuencia
represión, de la mujer en virtud de la posición preferente del varón.
Varón o varones que, por cierto, tantas veces han destronado reyes en el
transcurso de la historia y se han abstenido de destronar al supuesto rey
de la casa: ellos mismos.
Es esta una situación que todavía hoy constituye en no poca medida un
auténtico desafío de la modernidad o la era actual, en la que,
ciertamente, todavía se está muy presto a fustigar la explotación social,
tal y como debe
ser, pero sin tematizar conjuntamente la explotación en aquellas familias
o sociedades en las cuales se sigue viendo a la mujer exclusivamente
desde su constitución natural: como madre sumisamente atada de hecho a la
familia y al hogar y, cómo no, con una total y absoluta supeditación al
hombre.
Obviamente, señorías, hay que reconocer que se está dando un cambio
importante de paradigma respecto del reconocimiento y función de la mujer
en cuanto a su valía y capacidad como ser integral, si bien es cierto que
los paradigmas no cambian de un día para otro y precisan forzosamente de
un proceso que por nuestra parte estamos obligados a activar al máximo
con todos los medios disponibles a nuestro alcance, sin duda.
Por ello y para ello, la aprobación de la presente moción, correctamente
enmendada, resulta incuestionable para el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos en pro de la mujer. No la apoyamos por compasión
hacia la mujer, sino por la justicia que con toda razón es exigible para
ella, incluso a finales ya del siglo XX, que sigue sin ser perfecto, pues
todo hay que reconocerlo.
Señorías, aquí todos debemos entender --y estoy seguro de que así es--
que, por supuesto, las mujeres en nada son inferiores a los hombres y que
ellas mismas han de ser las directoras de su propia vida, con la
convicción personal de sus propios valores, actitudes y medidas, en la
dimensión antropológica hombre-mujer, en la necesidad de la permanente
igualdad de rango de la mujer y en la dimensión de la solidaridad entre
hombre y mujer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las reflexiones que se están produciendo en torno a la moción presentada
por la Senadora Francesca Martín i Vigil son, desde luego, de un gran
interés y nuestro Grupo la felicita por la oportunidad de esta moción.
Al igual que ella misma, todos nosotros estamos preocupados por la
lamentable violencia doméstica que se está viviendo y por la paradójica
situación de que se produzcan avances --aunque, evidentemente, no
suficientes-- para la igualdad de derechos de hombres y mujeres y, al
mismo tiempo, tengan lugar esas situaciones inaceptables de violencia que
todos rechazamos y para las cuales nos empeñamos en buscar soluciones;
soluciones que no son fáciles, pero que tenemos la obligación de buscar.
Esta solución que nos plantea la Senadora Francesca Martín es una más,
quizá de las más importantes, porque, al igual que ella, nuestro Grupo
también cree en el profundo poder de cambio que tiene la educación, es
decir, creemos firmemente en su poder revolucionario y, por tanto, como
la Senadora Martín i Vigil, pensamos que no hay que hacer planteamientos
puntuales --ha dicho--, sino una política global. Entendemos que estos
acuerdos que hemos obtenido felizmente por unanimidad, después de
aportaciones tan interesantes por parte de la Senadora San Baldomero, son
de política global profundos.
Lo que se pide seguro que ya se hace en muchos lugares, pero también, y
al hilo de una frase que ha dicho la Senadora De Boneta en otro contexto,
lo que abunda no daña. Es decir, cosas que ya se hacen, seguramente será
conveniente insistir en que se hagan y mejor. Por ejemplo, en la
Generalitat de Cataluña, que ya tiene competencias en educación y están
más preocupados por esta cuestión, se realizan muchas acciones en
relación a lo planteado por la Senadora Francesca Martín. Y en el
curriculum educativo ya se plantea, aparte de las prioridades
principales, el fomento de los derechos, de la igualdad de oportunidades
y el desarrollo integral de las personas.
También ha de quedar claro que en todas las resoluciones del Departamento
de enseñanza de la Generalitat se determina que en el proyecto educativo
del centro y en el proyecto curricular se establezcan programas de
actuación para el fomento de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación por razón de sexo. Lo que yo conozco ya se hace
actualmente en Cataluña y seguro que en otros lugares. No pretendo que se
haga sólo en Cataluña.
El Departamento de enseñanza realiza publicaciones dedicadas a los
profesores y, en colaboración con el Institut Catalá de la Dona, elabora
materiales para el profesorado y para el alumnado. Se ha elaborado un
vídeo que contiene elementos de reflexión a partir de experiencias
realizadas en centros educativos sobre coeducación e igualdad, y ya está
en los centros de recursos pedagógicos a disposición de los centros que
lo soliciten. Es decir, ya se han hecho bastantes actuaciones al
respecto, por ejemplo, el Departamento de enseñanza libera cada año a un
profesor o profesora, le da una licencia de estudios para que pueda
elaborar trabajos y estudios sobre educación y coeducación para la
igualdad de oportunidades.
Por tanto, lo que se plantea, tan loable y necesario, ya se está
haciendo, pero como, desgraciadamente, los hechos de violencia se
suceden, no podemos bajar la guardia ni instalarnos en ningún tipo de
autocomplacencia, que sería suicida y seguro que falso, pero también hay
que reconocer los esfuerzos que ya hacen las administraciones para atajar
este grave problema de violencia doméstica que sucede en España.
Finalmente, nuestro Grupo dará el apoyo total a esta moción, con las
enmiendas aceptadas.
Sólo me queda hacer dos reflexiones de tipo general. Una, que hace
relación al marco educativo. Como pasa muchas veces, cuando hay un
problema que no se sabe cómo atajar se dice: que lo haga la escuela.
Pongo un ejemplo trivial: no se consume suficiente pan en las panaderías
de España, pues vamos a hacer ejercicios didácticos en las escuelas para
que los alumnos vean lo que es el pan y así aprendan a consumir más pan
en el futuro. A veces cargamos demasiadas cosas en las escuelas y esta
cuestión después no va paralela con el respeto, con la valoración que nos
deben merecer los profesores. Hay un cierto desequilibrio --y hago esta
reflexión aquí-- porque otorgamos unas responsabilidades a las escuelas
--que las
tienen, y ya he comentado antes que creemos en el poder de cambio de la
escuela y del modelo educativo--, pero también hemos de dar a los
profesores y profesoras autoridad moral y autoridad real, hemos de darles
realce social para que puedan efectuar su tarea. Desgraciadamente, la
valoración social de los maestros y profesores en nuestro país ha
descendido en estos últimos años. En parte, es tarea de los políticos y
autoridades hacer un punto de inflexión en este ámbito para hacer
reconocer a la sociedad, a los padres, la gran dificultad, la gran
responsabilidad, la gran misión que tienen los profesores y profesoras en
las escuelas. Por tanto, no se puede despreciar nunca esa tarea tan digna
e importante.
Esta es mi primera reflexión general: demos más responsabilidades a las
escuelas pero, por favor, ayudemos a promocionar la figura del profesor o
profesora.
La segunda reflexión general me la ha sugerido la Senadora Francesca
Martín i Vigil. Se ha referido a la génesis del problema y a que quizá
habrá que hacer un cambio de estructuras, un cambio de cultura. Este es
el meollo de la cuestión. Ha hablado de transmisión de valores. Por mucho
que hagamos no serán sino paños calientes si no hacemos todos una
reflexión sobre el modelo de la sociedad que estamos construyendo, sobre
los valores que estamos transmitiendo, y si no trabajamos todos por una
sociedad más justa en la que no se produzcan tantas situaciones de
marginación, que no justifican pero favorecen actitudes de intolerancia.
Por tanto, hemos de esforzarnos, además de efectuar medidas puntuales
globales, como pedía la señora Senadora, por conseguir una sociedad más
justa, más solidaria, en la que no haya desequilibrios. Caso contrario,
no podrá fructificar la tolerancia, que es lo que todos perseguimos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.
La señora MARTIN I VIGIL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir brevísimamente. No me queda sino mostrar mi
agradecimiento a todas sus señorías, a todos los grupos parlamentarios
por la actitud, por el interés, por las aportaciones realizadas, en
definitiva, a esta cuestión, demostrando así un gran respeto al debate
parlamentario pero también, y muy especialmente hoy, un respeto e interés
extraordinario en esta cuestión que afecta de forma importante a la
sociedad y a su futuro. Agradezco a todas y cada una de sus señorías el
tono de sus intervenciones, así como el contenido y las aportaciones que
han realizado.
Quería comentar al Senador Bolinaga que él también ha estado a la altura.
Las Senadoras podemos convenir en darle una buena nota. En este sentido,
espero que podamos continuar hablando de estos temas.
El Senador Varela ha informado de forma bastante abundante a la Cámara
del interés y de las actividades que, basadas en ese interés, realizada
el Institut Catalá de la Dona. Las personas que somos de allí las
conocemos más y las que no son de Cataluña las conocen menos, pero
siempre es interesante el intercambio y la información. Efectivamente,
hay Comunidades Autónomas que hacen un trabajo importante en este
sentido. Cataluña ha realizado las que ha señalado el Senador Varela y
algunas más que seguramente se podrían comentar. En cierta manera, se me
ocurre motivar a sus señorías para que conozcan el trabajo que está
realizando el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía en esta
materia, que es muy interesante, así como el excelente trabajo de
EMAKUNDE, Senador Bolinaga, el Instituto Vasco, que es uno de los que
posee una solvencia más probada.
En definitiva, doy las gracias a todas sus señorías.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña
Isabel San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Gracias, señor Presidente.
A veces da tanto gusto dar cumplimiento a las cuestiones que debatimos en
esta Cámara --así me ha parecido entender por parte de todos los Grupos
Parlamentarios--, que verdaderamente es una satisfacción pensar que tal
vez hoy muchas mujeres de España sientan que hemos trabajado para ellas
durante un buen rato y para erradicar la violencia.
Doy las gracias a la Senadora De Boneta por sus palabras y por haber
aceptado nuestra enmienda, aunque le gustaba más la otra. Es una mujer, y
seguro que todas las mujeres nos ponemos de acuerdo.
Respecto al Senador Bolinaga, como tengo la suerte de que sus apellidos
terminan en «a», igual que los del Senador Varela, he de decirle que, por
lo menos la cuestión femenina, la lengua y la palabra la llevan ustedes
en sus apellidos. Por lo tanto, muchas gracias. El gorro frigio todavía
no lo hemos traído, pero tal vez nos pongamos algún día una chapela.
Senador Varela, como siempre, en tantas y tantas ocasiones, además de las
dos Diputadas magníficas que forman parte de la Comisión de la Mujer y
que defienden los intereses de la mujer, es usted un Vicepresidente de
lujo en la Comisión de la Mujer. Hoy ha sido, una vez más, la persona que
ha aportado todos los textos.
A la Senadora Martín i Vigil debo decirle que siempre nos va a encontrar
cerca. Su obligación es pedir, instar, insistir. La nuestra es trabajar y
hacer. Pero debo mencionar dos cuestiones: Primero, la reunión
interministerial realiza una evaluación continua tanto del Plan de
Igualdad de la Mujer como de la erradicación de la violencia y, segundo,
el Plan de Igualdad de la Mujer, al que ustedes han achacado una serie de
deficiencias, tendrá una evaluación anual. Cada año nos veremos y estoy
segura de que cada año lo mejoraremos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Propongo a los distintos Portavoces que esta moción sea aprobada por
asentimiento.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así es y, por lo tanto, queda aprobado por asentimiento el texto de la
moción con la enmienda incorporada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE, CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, DESARROLLE LA LEY 15/1978, DE 20 DE
FEBRERO, SOBRE ZONA ECONOMICA, SEGUN DISPONE LA DISPOSICION FINAL
PRIMERA, EN LO RELATIVO A LA MARCACION DE LINEAS DE BASE RECTAS QUE UNAN
LOS PUNTOS EXTREMOS DE LAS ISLAS E ISLOTES QUE COMPONEN EL ARCHIPIELAGO
CANARIO. (662/000137)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Moción del Grupo Parlamentario
Mixto, por la que se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad
posible, desarrolle la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre zona
económica, según dispone la Disposición Final Primera, en lo relativo a
la marcación de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las
islas e islotes que componen el archipiélago canario.
Tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria trae hoy aquí una moción que puede parecer
obvia y, además, lo es. Venimos a solicitar a esta Cámara, al Senado,
nada más y nada menos que inste al Gobierno de España a que cumpla una
ley vigente, la Ley 15/1978. Ciertamente es una ley, para hace veinte
años, contemporánea casi a nuestra Constitución, moderna, progresista en
los medios internacionales, auspiciada por un gobierno de UCD, ante unas
Cortes básicamente constituyentes. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.) Es una Ley que pretendía delimitar la
soberanía de nuestros mares a lo largo de la costa Atlántica y del
archipiélago oceánico canario, dejando para una posterior decisión en su
caso, las costas mediterráneas.
A lo largo de estos años Coalición Canaria se ha preocupado muchísimas
veces de esta cuestión, pues la hemos considerado fundamental para el
desarrollo de la Comunidad Canaria. Ya en 1991, en comparecencia ante la
Comisión de Exteriores del señor Cajal, Subsecretario en los años 1993 y
1995, el Senador por Coalición Canaria y portavoz, Miguel Angel
Barbuzano, presentó sendas proposiciones de ley en las que planteaba la
necesidad de una modificación de la citada Ley vigente 15/1978. No fueron
tomadas en consideración con argumentos contrarios poco sólidos, pero
que, además, hoy ya han desaparecido, desde mi punto de vista. Se indicó
que afectaba al statu quo de los países vecinos, especialmente del
Mediterráneo, y que afectaba a la pesca con Marruecos y, además, que era
inoportuno, pues coincidía con el contencioso con Canadá en el Atlántico
Norte, pero, sobre todo, se indicó que se estaba pendiente de la
ratificación de la Convención de Jamaica sobre los Derechos del mar y que
la Comunidad Canaria no podía ser considerada un archipiélago, pues el
Estatuto sólo hablaba de islas. Por último, esa proposición de ley, al
modificar ampliamente la vigente 15/1978, creaba simultáneamente varios
problemas de Estado. Estos eran los argumentos esgrimidos muy poco
sólidos.
Hoy traemos a esta Cámara de nuevo este problema, pero todos los
condicionantes se han modificado profundamente. Esta iniciativa no es una
proposición de ley, sino una moción para que se desarrolle la Ley 15/1978
en la zona que afecta solamente a las islas Canarias, y no a todo el
Estado; además, se refiere a las aguas interiores del archipiélago, no
hacia el exterior del perímetro archipelágico. Por último, dos cuestiones
nuevas vienen a dar oportunidad a la iniciativa: la modificación del
Estatuto de Canarias definiendo a la Comunidad como archipiélago y la
ratificación del Convenio de Jamaica por España, ambos fueron hechos en
1996, aquél posterior a este en el tiempo.
La citada modificación estatutaria, dice en su artículo 2 que el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma comprende el archipiélago canario, y
en su artículo 40.1 indica que todas las competencias contenidas en el
presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, definido en el artículo 2, sin perjuicio de la
competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicción
española.
Creo que quedan diáfanamente claras las competencias en el ámbito
territorial definidas en el artículo 2, es decir archipiélago comprende
mar y tierra.
Señorías, me van a permitir que cite algunas definiciones recogidas en
los diversos diccionarios sobre la voz «archipiélago». En el RALE:
conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una superficie más
o menos extensa, de mar; en el María Moliner: por extensión, se aplica a
cualquier porción de mar poblada de islas; en el Casares: parte de mar
poblada de islas. Asimismo, la Comisión de Jamaica en 1982 entiende por
la voz «archipiélago» un campo de islas, incluidas partes de islas, las
aguas que las conectan y otros elementos naturales que estén tan
estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos
naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca
o que históricamente hayan sido consideradas como tal.
Precisamente lo que pretendemos es que se aplique la Ley 15/1978 vigente
sobre Zona económica marítima, ya que en su artículo 1 señala que «en el
caso de los archipiélagos, el límite exterior de la zona económica se
medirá a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos
de las islas e islotes que respectivamente los componen, de manera que el
parímetro resultante siga la configuración general de cada archipiélago».
Señorías han pasado veinte años, desde que esta Ley entró en vigor y, sin
embargo, no se ha hecho nada por desarrollar sus preceptos. De hecho, no
se han delimitado
de nuevo las líneas de base rectas de las costas del Estado en base a
esta Ley, que no contradice en nada al Derecho Internacional.
De ahí que se solicite el desarrollo de esta Ley en los términos que se
establecen en su disposición final primera, cuando se indica que la
aplicación de las disposiciones de la presente Ley se limitará a las
costas españolas del Océano Atlántico --incluido el Mar Cantábrico--,
peninsulares e insulares, y se faculta al Gobierno para acordar su
extensión a otras costas españolas. De esta forma, lo que se pretende es
que el Estado, tal y como se deduce de la Ley 15/1978, marque las líneas
de base rectas en este caso concreto del archipiélago canario.
Las disposiciones de la Ley de 1978 sobre la medición de la zona
económica exclusiva a partir de líneas de base archipelágicas no son
incompatibles con la Convención de Montego Bay, de Jamaica, ya que no
prejuzgan el estatuto de las aguas archipelágicas ni el régimen de
navegación a través de las mismas. Su única consecuencia es la de
facilitar la determinación y el trazado del límite interior de la zona
económica de las Canarias, que es el problema que actualmente planteamos.
Al firmar la Convención de Montego Bay, España debería haber elaborado
una declaración interpretativa más concreta, pero lo que ha hecho creemos
que es suficiente para dejar a salvo la normativa española, aunque no
fuera estrictamente necesario. Sin embargo, Portugal, que también es un
Estado mixto, continente e islas, sí realizó una declaración
interpretativa mucho más clara al respecto. Leo textualmente de la
información que envía la Embajada de Portugal: «Portugal reafirma que, a
efectos de mar territorial, de plataforma continental y de zona económica
exclusiva los derechos derivados de la legislación interna portuguesa en
lo que respecta al territorio continental y a los archipiélagos e islas
que lo integran».
No debe olvidarse que en el Estatuto de Autonomía de las Azores, en su
artículo 1.º, apartado segundo, se dice que la región autónoma de las
Azores comprende, además de las islas y de los islotes, el mar
circundante y sus fondos definidos como aguas territoriales y zona
económica exclusiva en los términos de la Ley.
Las citadas declaraciones interpretativas que hace España a la
ratificación de la Convención de Jamaica se refieren principalmente --y
justo en el momento de la firma, en 1982-- a su punto cuarto, donde está
recogido el artículo 42, y ahora, en 1997, en los puntos primero y
tercero deja claramente definido que esta ratificación no le impedirá
dictar leyes y reglamentos en este sentido, que se reserva las
competencias transferidas a la Comunidad Europea y que a su debido tiempo
hará una declaración detallada, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo IX de la Convención.
Y por último, en el punto 3.1 de la Declaración se indica la
compatibilidad, de acuerdo con la parte III de la Convención, de dictar
sus propias reglamentaciones para aplicar en los estrechos utilizados por
la navegación internacional.
Por todo ello, creemos que el Gobierno español está actualmente
perfectamente autorizado para desarrollar, como pedimos, la Ley 15/1978,
ya que sólo ha faltado hasta ahora voluntad política.
Otra de las novedades que se aportan hoy es que en el último debate del
estado de la Comunidad Canaria, celebrado hace escasamente un mes, se
aprobó una propuesta de resolución, la número 20, que decía, exactamente,
lo siguiente: El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias
para que demande al del Estado a que desarrolle la normativa legal
necesaria en relación al artículo 2.º del Estatuto de Autonomía de
Canarias en lo que respecta a la definición del archipiélago, según los
términos marcados por la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay, Jamaica, en 1982.
De esta manera, el territorio canario estaría marcado por el parímetro
resultante de la unión de los extremos occidental punta de Orchilla, en
El Hierro, y oriental, Roque del Este, y los comprendidos entre el punto
más al sur, punta de la Restinga, en El Hierro, y el situado más al
norte, la punta saliente de la isleta de Alegranza.
Esta resolución fue aprobada en la Cámara sin ningún voto en contra, y es
un dato más a aportar sobre la sensibilidad con la que en Canarias se
vive este problema de cara al futuro, y de que no se trata ni de una
obsesión, ni de un capricho de Coalición Canaria. Es un sentimiento
generalizado en nuestra ciudadanía. Como saben sus señorías, el insular
ve el horizonte marino como propio, pues se identifica con él, y cuando
desde cualquier lugar de las islas se vislumbra en la lejanía, la mayoría
de las veces envuelta entre nubes, otra isla hermana, ese mar
--que hoy estamos aquí reivindicando-- nos separa y nos une
simultáneamente. Y ese mar, señorías, no es nuestro.
Creo que es oportuno ahora narrar una anécdota. En el telegrama del orden
del día de este Pleno, el Letrado de la Cámara encargado de su redacción
no pudo ser más acertado al titular esta moción «Unión islas Canarias».
De esto se trata, señorías, nada más y nada menos.
En nuestro caso, los habitantes del archipiélago oceánico que es Canarias
contemplan con preocupación y angustia cómo buques petroleros o de otra
condición, cobijándose en la situación anómala en la que se encuentran
determinados espacios marinos cercanos a las islas entre Gran Canaria y
Fuerteventura --entre Gran Canaria y Tenerife preferentemente existen
varias millas consideradas mar libre, ya que las 24 millas restantes
corresponden, tal y como indica la Ley de 4 de enero de 1977, sobre Mar
Territorial, a la suma de los mares territoriales de ambas islas--
realizan vertidos de todo tipo de manera incontrolada. Asimismo, existe
la posibilidad de que se lleven a cabo prospecciones petrolíferas o de
otra índole y de que se establezcan plataformas pesqueras. De ahí que se
reclame para el espacio marino aludido la asunción de las competencias
originales reseñadas en los artículos 32.12, protección del medio
ambiente, y 33.9, salvamento marítimo, del Estatuto de Autonomía.
Pero no se trata sólo de una reivindicación medioambiental. De hecho, y
desde el punto de vista estratégico, esta indefensión también se traduce
en que, dada la peculiar situación del archipiélago dentro del entramado
de la
OTAN, Canarias todavía parece estar dentro de esa llamada burbuja,
espacio sobre el que no existe aún un control determinado, ya que se
desconoce quién va a ejercer el poder necesario sobre la franja clave de
la zona delimitada al norte por Ayamonte (Huelva), al este por Marruecos
y el Sahara Occidental y al sur por la indicada burbuja. De ahí que la
eventual presencia de posibles adversarios no deba ser desdeñada. En
consecuencia, la delimitación del archipiélago canario, según los
términos explicitados por la Ley 15/1978, aclararía el horizonte y
facilitaría las cosas a nuestro país a la hora de diseñar un eje en el
que estuviera incluida Canarias.
Así las cosas, con la marcación de las líneas de base rectas se lograría
que, tal y como se establece en el punto 2 del artículo 8.º de la III
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar --abro comillas--
«cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el
método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como
aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales,
existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal y como se
establece en esta Convención». Las competencias serían las establecidas
por su actual Estatuto de Autonomía, según se expresa en el artículo 40.1
del mismo y por la Constitución española vigente.
De esta manera, el territorio estaría marcado por el perímetro resultante
de la unión de los extremos occidental, punta de la Orchilla en El
Hierro, y el oriental, Roque del Este, y los comprendidos entre el punto
más al sur, punta de la Restinga, en El Hierro, y el situado más al
norte, la punta saliente de la isleta de Alegranza. A modo ilustrativo y
para que se conozca lo absurdo de la situación actual anteriormente
indicada, si tomamos como ejemplo Gran Canaria y Tenerife, y teniendo en
cuenta, de un lado, que entre las islas existe una distancia aproximada
de 30 millas y, de otra parte, que cada una de ellas tiene 12 millas de
mar territorial, nos vemos en la necesidad de calificar esta zona de seis
millas entre los mares territoriales de las referidas islas como alta
mar, una interpretación literal de la Ley 10/1977 y de la 15/1978, que
nos llevaría a la conclusión que extrae la autora María del Pilar
Alvarado: en primer lugar, que esas seis millas no son mar territorial
porque la Ley de 1977 extiende sólo la anchura del mismo a 12 millas y la
zona que queremos calificar está fuera de esas 12 millas de cada isla. En
segundo término, que tampoco son zonas económicas exclusivas, porque si
nos atenemos al artículo 1.º, párrafo primero, de la Ley de 1978, las 200
millas de zona económica exclusiva se miden hacia afuera, a partir del
perímetro archipelágico, y las seis millas cuestionadas están situadas
hacia adentro de tal perímetro, cuestionando entonces la situación de tal
perímetro.
Finalmente, el último espacio marítimo que queda es el de alta mar o mar
libre, que no está sujeto a la soberanía o jurisdicción de ningún Estado.
Resulta evidente que esta conclusión está fuera de toda lógica, pues es
imposible la existencia de alta mar entre el mar territorial y la zona
económica exclusiva. Dicho de otro modo, ¿pueden existir aguas de todos
entre isla e isla y aguas sometidas a la jurisdicción española alrededor
del archipiélago? Esta situación anómala sería única en el mundo. El
absurdo al que lleva una interpretación literal ha de permitirnos
calificar entonces a las aguas encerradas dentro del perímetro señalado
como interiores, según el punto 2 del artículo 8.º de la Conferencia de
Montego Bay.
En el supuesto, además, de que esta propuesta fuera aplicada al
archipiélago canario, seguiría el camino trazado por otros Estados, ya
que en 1951 Ecuador --como se señaló con anterioridad-- estableció en su
Derecho interno que las Islas Galápagos formasen un todo --islas y aguas
del archipiélago-- unitario, con independencia de la distancia entre unas
y otras, con un régimen jurídico especial. También Dinamarca, a su vez,
estableció en 1963 un sistema de líneas de base rectas en torno a las
Islas Feroe, y en 1976 proclamó una zona exclusiva de pesca de 200 millas
medidas a partir de dichas líneas. Noruega estableció además un sistema
de líneas de base rectas en torno al archipiélago de Spitzberg en 1970 y
calificó como interiores las aguas encerradas dentro del perímetro
archipelágico. En esta misma línea hay que situar la Ley española de
1978, sobre la zona económica.
No debemos olvidar que Canarias es una región con unos condicionantes
económicos muy específicos. A la obvia insularidad y lejanía añade unas
cifras de paro preocupantes y una densidad de población que triplica la
media estatal. Si al territorio canario se le añadiese el marítimo, se
vería mejorada esta situación de desamparo, ya que la aplicación de las
competencias que emanan de su actual Estatuto podrían ejercerse sobre un
espacio que le es propio y que, hasta ahora, le ha permanecido ajeno. De
ningún modo se pretende que Canarias asuma más competencias, sino de
hacer efectivo el control sobre el que debe ser su territorio real y de
desarrollar las competencias ya señaladas en el Estatuto de Autonomía.
Se da la curiosa y extraña coincidencia, señorías, de que esta tarde,
después del debate de esta moción, se van a someter a la consideración de
esta Cámara, para su aprobación, unos tratados internacionales que tienen
que ver muy directamente con la propuesta que planteo. Uno de ellos es el
Tratado entre España y Portugal para la represión del tráfico ilícito de
drogas en el mar, en el cual se contempla que cada país --España y
Portugal-- tiene jurisdicción exclusiva de actuación en sus aguas
territoriales y preferente en relación con el pabellón del buque que se
trata para su intervención, y resultaría ahora que en los mares de los
archipiélagos de Azores y Madeira la tendrá siempre Portugal, y en
Canarias, salvo las 12 millas de cada isla y, por tanto, en las franjas
entre islas, la tendrá el pabellón del buque afectado, nunca España.
Otro es el Acuerdo con Marruecos, sobre inversiones económicas en zonas
marítimas, definidas como zona económica y plataforma continental, más
allá de las aguas territoriales, y donde España tenga o pueda tener
derechos soberanos y jurisdiccionales. Pues bien, aún no están
delimitadas y, sin embargo, repito, se están suscribiendo tratados
internacionales sin tener las zonas delimitadas. Todo esto significa,
señorías, un gran despropósito.
Insistimos en que no es motivo de esta propuesta el forzar al Gobierno a
que entre en un litigio con Portugal y con Marruecos, estando todavía
pendiente el referéndum del Sahara y la contemplación definitiva de las
islas Salvajes como parte del archipiélago de Madeira. Lo único que se
pretende es que Canarias ejerza sus competencias sobre los límites que
define el propio Estatuto en el territorio terrestre y marítimo que marca
su perímetro. Ya habrá ocasión en el momento oportuno de desarrollar
hasta sus últimas consecuencias la Ley 15/1978 y de establecer la
equidistancia o la línea media en los supuestos en los que la línea del
mar territorial o de la zona exclusiva entorpezcan las líneas de otro
país limítrofe.
Por todo lo expuesto, se presenta, para su debate y aprobación en el
Pleno, la siguiente moción: «El Senado insta al Gobierno para que, con la
mayor brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, según dispone la
disposición final primera, en lo relativo a la marcación de líneas de
base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que
componen el archipiélago canario».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho este turno de portavoces para completar mis planteamientos
anteriores, pensando en lo que puede ocurrir en las intervenciones de los
subsiguientes portavoces.
La Ley 15/1978 es, según los expertos, una buena ley, aprobada justo en
el momento en el que se estaban llevando a cabo las sesiones
preparatorias de lo que luego sería la III Conferencia de Montego Bay,
sobre Derecho del Mar. De esta Conferencia emanó el denominado principio
archipelágico, aplicable preferentemente a los Estados archipelágicos,
esto es, Fidji, Indonesia y Filipinas. La diferencia entre éstos y los
archipiélagos de Estado es, según aducen los expertos y la misma
delegación española presente en Jamaica, totalmente arbitraria. Se impuso
el criterio de las grandes potencias, que veían con temor la
proliferación de casos a los que se puede aplicar este principio, siendo
Canarias, como archipiélago de Estado, una posibilidad real. En resumidas
cuentas, las trabas que se pusieron obedecían a cuestiones de orden
político y estratégico exclusivamente.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa no se trata de aplicar este
principio, sino de desarrollar una ley que está dentro del ordenamiento
jurídico español y que, por causas que desconozco, no ha sido
desarrollada, con el perjuicio que representa en esta ocasión para
Canarias. De hecho, si lo que deseáramos fuera aplicar este principio
archipelágico a Canarias hubiéramos aludido en la exposición de motivos a
aguas archipelágicas, figura de ámbito muy superior a la reclamada de
aguas interiores, que es lo que hemos hecho.
Por ello, podrán observar sus señorías que bajo ningún concepto queremos
poner en el disparadero al Parlamento español aprobando una medida que
podría contradecir el Derecho Internacional de alguna forma. Aunque cabe
decir que tampoco se ha dado una prioridad absoluta a este asunto, ya
que, de hecho, países como España han tardado catorce años en ratificar
una firma suscrita en diciembre de 1982, y que, finalmente, fue
respaldada por esta Cámara en noviembre del año 1996, esto no debe
convertirse en una guerra de informes jurídicos de especialistas del
Derecho del Mar, sino que se debe aplicar el sentido común.
Nuestra demanda, como habrán podido observar, es más modesta, y tan sólo
trata de desarrollar la mencionada ley y que las aguas que se encuentran
enmarcadas dentro del perímetro resultante de la marcación de las líneas
de base rectas pasen a ser consideradas como aguas interiores. No se
trata de asumir más competencias ni de poner en duda la soberanía del
Estado español sobre las mismas. Sólo deseamos que se apliquen sobre
estas aguas, al fin y al cabo territorio canario, las competencias
derivadas del Estatuto de Autonomía canario, de la actual Constitución
española y de las reservas que ha expresado España al ratificar la
Convención de Jamaica, que --como antes he señalado-- queda libre de
desarrollar sus propias leyes.
También he aludido a las cuestiones de índole medioambiental y
estratégico que se derivan de la actual situación. No se trata
exclusivamente de una situación de cierta indefensión para el
archipiélago, sino que si saliese adelante esta moción y se llevara a la
práctica en profundidad, esos espacios marítimos que hoy por hoy no
tienen un propietario específico pasarían a ser controlados por nuestro
país, algo que sería visto con muy buenos ojos por nuestros socios
comunitarios.
En otro orden de cosas, no es cierto el planteamiento que se pone de
manifiesto de que en la Convención de Jamaica se diferencian los Estados
archipielágicos de los archipiélagos de Estado. En ningún caso se habla
de archipiélagos de Estado, y donde no se distingue, según el principio
del Derecho, no hay que distinguir. De la relación de archipiélagos de
Estado que hemos podido consultar, Canarias es prácticamente el único por
donde se puede navegar y pasar impunemente alrededor de sus islas sin
ninguna normativa propia. No ocurre esto ni con los daneses, ni con los
ingleses, ni con los noruegos ni con los portugueses, por no citar las
múltiples islas del Pacífico, en donde no existe ninguna diferenciación
entre Estados propios y archipiélagos de Estado.
En la propuesta que hacemos no existe, en caso de su aplicación, ningún
problema con Estados ribereños y vecinos, ya que la disposición se
refiere al océano, al mar hacia dentro de Canarias, nunca hacia afuera.
Tampoco afecta a la pesca, ya se trate de Mauritania directamente o a
través de la Unión Europea, no afecta a Marruecos, ni al banco pesquero,
llamado aún canario sahariano para mayor vergüenza. Los contenciosos con
Canadá
por la pesca del fletán han pasado ya a la historia, aunque está
pendiente uno con Portugal a causa del litigio sufrido en relación con
las Islas Salvajes, pero la proyección de esta moción no afecta a este
asunto porque no llega a la zona correspondiente.
Por último, tampoco afecta al Mediterráneo, ni a Gibraltar, ni a Ceuta ni
a Melilla, ni, por supuesto, al contencioso del siempre pendiente
referéndum sobre el Sahara occidental.
Con el Tratado entre España y Portugal, que cité antes, sobre represión
del tráfico ilícito de drogas en el mar, ambos países tendrán
jurisdicción exclusiva de actuación en sus aguas territoriales y
preferente en relación con el pabellón del buque que se trate para su
intervención. A partir de ahora ocurrirá que, mientras España continúa
con la ceguera política en estos asuntos, barcos de guerra portugueses
podrán moverse libremente por nuestras islas y los nuestros nunca estarán
en las de ellos. Esto, como primera medida, en cuanto comience su
vigencia, supondrá una clara situación de inferioridad para España, pues
no hay que olvidar lo que hemos dicho anteriormente sobre la actitud y
normas portuguesas vigentes.
En relación con el Tratado con Marruecos sobre inversiones económicas y
zonas marítimas definidas como zona económica y plataforma continental,
más allá de las aguas territoriales, en el mismo se hace referencia a
allá donde España tenga o pueda tener derechos soberanos y de
jurisdicción, y éstos se podrían regular si estuviesen las zonas
deslindadas, pero aún no lo están porque, como hemos dicho, para la zona
económica hay que partir en los archipiélagos de las líneas de base
rectas y desarrollar la Ley 15/1978 mientras esté vigente, salvo que el
Gobierno del Estado esté dispuesto a abolir la citada norma, con los
perjuicios definitivos que acarrearía a España, en general, y a Canarias
en particular.
La realidad es que este Tratado es fundamental para las inversiones en
zonas marítimas, particularmente para el archipiélago canario y el sur
peninsular. Creo que, al desarrollar el citado Tratado, se verá la
urgente necesidad de resolver lo que pedimos en estos momentos.
A lo largo de estos veinte años se ha podido objetivar con claridad
cierta pereza en los regidores de los Ministerios de Asuntos Exteriores
que se han ido sucediendo, y creo que es obligación de los Parlamentos
incitar a los Gobiernos a estar en la punta de lanza de la modernidad.
Creemos que en este campo de las relaciones exteriores y, más
concretamente, en el mundo del mar España ha adolecido de cierto complejo
de inferioridad después de la derrota naval de 1898. Debemos recordarles
entre todos que España, por su situación geográfica, por su historia y
por sus costas, debe volver a ser una primera potencia mundial en asuntos
del mar, y no como en este último siglo, en el que estuvo y está a
remolque de otras potencias con menos razones y justificaciones en la
política general marítima.
Por último, deseo recordar que en las anteriores iniciativas legislativas
que presentó el Senador Barbuzano, sobre todo en relación con la última
en el Pleno del 6 de abril de 1995 el Senador Juan Cardona, del Grupo
Parlamentario Popular, dijo textualmente: Apoyaremos esa proposición de
ley por cuanto significa un intento de unificar y sistematizar la
legislación española sobre la cuestión con un marco general en el que se
fijen las normas a partir de las cuales se debe desarrollar la política
estatal de delimitación marítima.
Esta moción, señorías, no pretende modificar leyes, sino que es de un
rango más modesto, pues sólo trata de hacer que los Gobiernos cumplan la
normativa vigente. Es, por lo tanto, mucho más simple, y por eso espero
el apoyo de todos los grupos parlamentarios. A los que lo hagan, nuestra
gratitud, pues han entendido y considerado justas nuestras pretensiones.
Si no saliera adelante por motivaciones políticas más o menos
coyunturales, continuaremos insistiendo con nuevas iniciativas, pues
Coalición Canaria considera imprescindible la consecución de estos
objetivos archipelágicos para el futuro desarrollo equilibrado y la
supervivencia como pueblo de los habitantes de las islas Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar nuestra posición desde el escaño en relación con
esta moción planteada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por
el Senador Ríos, de Coalición Canaria, que trata un asunto de gran calado
en el archipiélago canario, de enorme trascendencia, como él decía, y
sobre todo que produce una gran sensibilidad en las islas Canarias en la
medida en que está afectando al ejercicio de competencias públicas en un
área que puede ser territorial o en la zona de mar territorial pero, en
definitiva, sobre un espacio, en este caso marino, sobre el que
horizontal o verticalmente inciden competencias públicas de las que
dispone la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con el bloque
de constitucionalidad, es decir, el doble juego de la Constitución y los
Estatutos de Autonomía, en medio ambiente y en pesca. Por lo tanto, la
determinación del concepto de aguas interiores y la fijación de las
líneas de base rectas como parámetro que sirva de medida a la hora de la
determinación de la zona económica exclusiva es un punto de enorme
envergadura y de gran importancia. Nuestro Grupo Parlamentario coincide
con esa resolución del Parlamento de Canarias a la que se ha referido
adecuadamente el Senador Ríos, que, por unanimidad, aprueba una
iniciativa instando al Gobierno a la materialización de las previsiones
contenidas en el apartado 1 de la Ley 15/1978.
Nuestro Grupo parlamentario, en el que hemos seguido con atención la
intervención del Senador Ríos, va a apoyar la moción. Somos sensibles a
la trascendencia política que este tema tiene en Canarias por la
plasmación en un espacio marino de poder político, y como se trata
de reivindicar poder político desde una Comunidad Autónoma como Canarias,
nuestro Grupo la va a apoyar entusiastamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, intervengo para
explicitar la posición de nuestro Grupo de Convergència i Unió en
relación con esta moción. Voy a intervenir muy rápidamente porque éste es
un tema que todos conocemos. La primera constatación que uno debe hacer
al acercarse a este tema es que ya ha sido propuesto por senadores
canarios --como ha recordado aquí el Senador Ríos-- en diversas
ocasiones. Se planteó en octubre de 1993. Se volvió a plantear en 1995 y
ahora, en forma de moción, se trae de nuevo a colación por el Senador
Victoriano Ríos.
Hay que decir --como él lo ha recordado-- que en la votación de abril de
1995 el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra y el Grupo
Parlamentario Popular a favor. Hoy no sabemos exactamente lo que va a
suceder, pero no me sorprendería que un extraño efecto gubernamental, por
así decirlo, trocase las posiciones y hoy el Grupo Parlamentario
Socialista votase a favor y el Grupo Parlamentario Popular en contra; lo
cual nos lleva a considerar que éste debe ser un tema realmente
importante, Senador Ríos.
Se hace referencia en la exposición de motivos a la Ley 15/1978 y,
concretamente, a su artículo 1.º, que es muy preciso. En dicha exposición
de motivos también se hace referencia al desarrollo de la disposición
final primera que se refiere a las costas españolas del Océano Atlántico.
Por consiguiente, es evidente que esto está pendiente y que existe una
preocupación evidente por esta cuestión en Canarias, que es canalizada
por los senadores canarios.
Un dato que también hay que tener en cuenta es que esta inseguridad de
los límites produce una cierta inquietud en la misma NATO. Este también
es un aspecto importante.
Es evidente que tratamos de una cuestión que preocupa y que ha sido
objeto de la reflexión política. Nosotros no creemos que la propuesta de
una moción sea capaz de desencallar un tema como éste que seguramente
debe encontrar grandes obstáculos, contra los cuales, de momento, no han
hecho mella ni las iniciativas políticas presentadas en épocas de
gobierno del Partido Socialista ni, previsiblemente, la que se presenta
ahora, aparentemente, hará mella en el Gobierno y en el Grupo que le da
su fuerza, que es el Grupo Parlamentario Popular.
Si esta cuestión se plantea reiteradamente será señal --insisto-- de que
es un problema; si esta cuestión se plantea reiteradamente será señal
--insisto-- de que no se encuentra solución a este problema; o sea, que
nos debe alarmar que una misma iniciativa sobre una misma cuestión se
haya presentado, como mínimo, tres veces en esta Cámara.
Creemos que es una lástima que no se haya encontrado una manera de
encauzar el diálogo y de que pudiera haber habido una posterior
coincidencia. Creemos que es una lástima. En este contexto, nosotros, que
tenemos tendencia a dar nuestros votos y a propiciar con los mismos
soluciones efectivas, creemos que en esta ocasión votar favorablemente la
moción del Senador Ríos, a pesar de que estamos convencidos de que
traslada a esta Cámara un problema efectivo, no iba a resultar adecuado.
Por consiguiente, este Grupo se abstendrá en la votación, lamentando que
no haya sido posible esta tarde o estos últimos días encontrar una
solución, una plataforma de reflexión para resolver este problema que,
evidentemente, existe. También es evidente, señorías, que estos problemas
deben existir cuando esta cuestión, que se plantea reiteradamente
--insisto--, no ha podido ser canalizada. Alguno o algunos problemas
serios deben existir para que se aplique esa Ley 15/1978, lo cual no se
ha hecho en 20 años curiosamente, que expliquen esta tardanza tan
descomunal. Algunos problemas deben existir, pero nosotros creemos que no
pueden disiparse con la presentación --muy meritoria por lo que
significa-- de una moción esta tarde.
Por consiguiente, señor Presidente, reitero que nuestro Grupo se va a
abstener en la votación de esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Pérez
García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la
verdad es que el requiebro dialéctico que ha hecho el Senador Ferrer i
Roca me ha dejado sorprendido. Yo sé que su señoría no es ni como
parlamentario ni como persona frívolo, pero repito que me ha dejado
sorprendido porque ha empezado por ponerse a cubierto ante posibles
cambios de posición de otros grupos parlamentarios para luego anunciar
que, como considera que su voto favorable no va a ser útil, se abstiene
para así resolver un problema y, efectivamente, es un problema.
Ese requiebro dialéctico del Senador Ferrer i Roca habría sido impecable
si en esta ocasión se hubiera dado lo que se conoce en la teoría jurídica
internacional como el principio de «rebus sic stantibus», es decir, si
las cosas hubieran estado igual que en el año 1995 a todos los efectos,
pero han pasado algunas cosas, Senador Ferrer i Roca. Y voy a utilizar su
intervención como hilo conductor de la mía.
Han pasado algunas cosas, y no sólo que quienes entonces estábamos en el
Gobierno o quienes le apoyaban estemos ahora en la oposición. Han pasado
varias cosas. La primera de ellas --que entiendo que a su señoría no le
resultará intranscendente-- es la aprobación de la Ley Orgánica 4/1996,
de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias. En esa Ley se introduce un elemento de gran transcendecia a
la hora de definir algo tan importante a su vez como el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha introducido el
concepto «archipiélago», lo que a estas alturas ya forma parte del bloque
de constitucionalidad.
Y también se ha producido, Senador Ferrer i Roca, algo que tampoco
consideramos intranscendente: la reciente aprobación por el Parlamento de
Canarias, sin ningún voto en contra, de una propuesta de resolución que
está en la línea de la moción que aquí se ha presentado. Y hoy estamos
discutiendo, no una proposición de ley, sino una moción que tiene por su
propia naturaleza una voluntad de impulso político.
El Grupo Socialista va a votar a favor de esta moción por entender que la
misma tiene una misión fundamentalmente dirigida hacia nuestro derecho
interno. En esta moción no se le pide al Gobierno de España que adopte
decisiones que tengan que ver con los sucesivos espacios marítimos, con
las sucesivas franjas marítimas en las que se ejercen funciones
jurisdiccionales, ya sea la plena jurisdicción soberana u otras funciones
o potestades derivadas de la soberanía española.
Estamos hablando esencialmente de un instrumento técnico, de la
utilización con relación a las Islas Canarias --y sólo con relación a las
Islas Canarias-- de unas líneas de base recta que en lugar de mantener la
situación actual, en la que se delimita isla a isla, se establezca una
delimitación archipelágica coherente con la innovación que se ha
producido en nuestro Estatuto de Autonomía a partir de la promulgación de
la Ley Orgánica 4/1996. Seguramente esto formará parte de un proceso que
ha tenido un aplazamiento derivado de complicadas razones, algunas mejor
fundadas, otras peor fundadas, algunas relacionadas con momentos
políticos distintos del actual, y algunas de ellas relacionadas con
incógnitas que ya se han ido despejando. Pero este es un proceso que
tendrá su «iter», su camino, y a nosotros nos mueve una idea que
seguramente tiene mucho que ver con el sentido común y con la percepción
por parte de los canarios de su propia realidad. Esa percepción que ha
ido emergiendo, que ha ido pujando, es la que al final se ha plasmado en
nuestro Estatuto de Autonomía. Y quiero aprovechar este momento para
tener un recuerdo especial hacia el Senador don Miguel Angel Barbuzano,
ya mencionado por don Victoriano Ríos, que fue un constante batallador en
esta materia y cuya batalla se plasmó en diversas iniciativas
parlamentarias.
Creemos que hoy está justificado, en primer lugar, votar a favor de una
moción que es un elemento de impulso de la acción política del Gobierno.
Este tendrá la oportunidad de responder a la moción, si resulta votada
favorablemente por la Cámara, en los términos que entienda justificados.
Pero aquí no se está instando al Gobierno a efectuar pronunciamientos
sobre una directa y preferente repercusión de este tema en el Derecho
internacional, sino que estamos hablando de establecer una delimitación
con un instrumento técnico que, según los propios informes de la asesoría
jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, permite pero no impone a
nuestro país hacer esos pronunciamientos, insisto, relacionados con las
diferentes franjas del mar en las que se ejercen funciones o potestades
derivadas de la soberanía española.
Por tanto, ha habido una modificación legislativa importante, la de
nuestro Estatuto de Autonomía, ha existido un pronunciamiento del
Parlamento de Canarias, y estamos hablando de una moción parlamentaria,
no de una proposición de ley, que en el caso de ser sometida a debate y
aprobación por esta Cámara tendría que ser examinada punto por punto por
las repercusiones que podría tener en el Derecho internacional, como las
que tuvieron en su día los términos de la proposición de ley presentada
por el Senador Miguel Angel Barbuzano.
Así pues, el Grupo Socialista votará a favor de esta moción, entendiendo
que la dimensión que preocupa y motiva su presentación está esencialmente
relacionada con la distribución de competencias entre el Estado y la
Comunidad Autónoma en lo que esas competencias han sido atribuidas a
nuestra Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía, y no pone en
cuestión las competencias estatales que, derivadas de la soberanía, debe
seguir ejerciendo el Gobierno de España dentro de los límites de este
perímetro, cuya definición se propone a través de esta moción.
No sé si es fácil explicar el que esta moción, además de un contenido
competencial, tiene un contenido vivencial, un contenido muy relacionado
con la forma en la que los canarios nos sentimos a nosotros mismos. Y en
lugar de con un frío discurso parlamentario, quizá pueda darle a todas
sus señorías una idea de lo que quiero expresar --y con ello termino,
señor Presidente-- con los versos de un poeta canario, de un poeta
especialmente allegado a los socialistas canarios, Pedro García Cabrera,
que desempeñó importantes responsabilidades en nuestro Partido durante la
II República, y que lo expresaba así: Si las soñáis --a las islas
Canarias--, soñadlas en su atuendo de morenas muchachas pescadoras.
Soñadlas siempre dueñas de sí mismas, hijas del mar, del fuego y las
tormentas.
Esta moción obedece a una sensibilidad, a una preocupación que ha tomado
cuerpo en nuestro Estatuto de Autonomía y en el reciente acuerdo del
Parlamento de Canarias y, como ya he dicho, esa sensibilidad, esa
pulsión, tiene mucho que ver con la idea que los canarios tenemos de
nosotros mismos y de nuestra tierra. La moción tiene además una dimensión
competencial esencialmente relacionada con nuestro Derecho interno, que
no va a introducir ninguna nueva distribución o reparto de competencias,
sino simplemente va a delimitar el ámbito en el que la Comunidad Autónoma
de Canarias puede y debe ejercer las competencias que ya tiene atribuidas
por su Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señoras y señores
Senadores. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no puedo empezar de otra forma, sino diciendo que el
sentimiento de los canarios es compartido por todos los canarios y que,
por supuesto, el mar que rodea las islas, que integra las islas, es un
mar canario.
Pero aquí no venimos a discutir de sentimientos porque no podemos hablar
de ellos en la Cámara, y si hablamos, lo hacemos de forma muy
compartimentada. Lo que venimos a plantear aquí es la moción que ha
presentado el Senador Ríos en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Yo quisiera hacer unos apartados necesarios para dejar perfectamente
matizada la posición del Grupo Parlamentario Popular. Tenemos que hablar
del análisis de la moción, de las pretensiones planteadas con
anterioridad en esta Cámara y que están directamente relacionadas con su
contenido, con la situación que está planteada hoy, con la coherencia
política de los distintos grupos políticos en los distintos debates
habidos en esta Cámara, con la posición del Parlamento de Canarias y con
lo que ha sucedido en los últimos años con el Gobierno del Partido
Popular.
Quiero resaltar este último punto porque quizá tenga mucho que ver con lo
que ha pasado en este dilatado tiempo de veinte años. Decía el Senador
Ferrer, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, que obviamente no podía dar su voto a favor en nombre de su Grupo a
la moción presentada por el Senador Ríos porque si una iniciativa
política presentada por Coalición Canaria, vía proposición de ley, vía
moción y, en este caso, vía de moción a través de un trámite
parlamentario, digamos que no tan abierto para el debate político en
profundidad, parecía que podía quedar demasiado acortado para un problema
que, repito, en veinte años no ha tenido solución.
Yo creo que, efectivamente, en 1985 se perdió una oportunidad para, de
alguna forma, materializar la Ley 15/1978, en el mismo sentido que lo
hizo Portugal con las islas de Madeira y Azores, pero lo cierto es que no
se hizo, y alguna razón de peso tendría el Gobierno de España, en aquel
entonces del Partido Socialista, para no hacerlo, quizá las
circunstancias fueran distintas a las que tenía Portugal con Madeira.
Digo esto porque en política hay que centrar las cuestiones debidamente
para hacer un análisis sereno y riguroso que no nos lleve a
planteamientos que confundan los términos. No hablamos de sentimientos ni
hablamos del Estatuto de Autonomía, aunque tenga relación indirecta con
el marco competencial que se estableció en la reforma del Estatuto en
diciembre de 1996, sino que venimos a hablar exclusivamente de una acción
del Gobierno de España que, facultado por una Ley, la 15/1978, podría
determinar la marcación del perímetro exterior de las islas Canarias,
tomando como base las líneas rectas archipelágicas que unen los extremos
de todas las islas e islotes incluidos en ese territorio insular de
Canarias. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ello no ha sido posible con
las tres iniciativas de Coalición Canaria?
En 1995, cuando se reunió la Comisión Interministerial de Política
Marítima e Internacional, integrada por distintos representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Defensa, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de
Economía y Hacienda, etcétera, se consideraron básicamente --y esa fue la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, digamos que
la que refrendó o fundamentó su rechazo a la iniciativa legislativa
presentada por Coalición Canaria-- tres motivos: En primer lugar, la
modificación del perímetro archipelágico supondría la quiebra del
principio internacional de que las líneas de base recta no deben
separarse excesivamente de las marcaciones de costa. En segundo lugar,
supondría la utilización de un principio internacional de delimitación
del perímetro archipelágico que sólo pueden aplicar los Estados
archipelágicos y no los Estados con archipiélago. Entramos en un concepto
estrictamente jurídico.
En tercer lugar, se expandiría --consideraba la Comisión Interministerial
refrendada aquí por la posición del PSOE en el Senado-- la zona económica
exclusiva obteniéndose aguas añadidas pero creando potenciales problemas
con naciones soberanas ribereñas, a lo que se refería el señor Ferrer.
Es obvio que Canarias está en una situación de proximidad absoluta a la
costa marroquí sahariana; es obvio que una posición del Gobierno de
España, demarcando con nitidez el perímetro exterior de Canarias, aunque
resolviera un problema a los canarios en el sentimiento, quizá produciría
también un problema a los canarios en su conjunto, a la economía canaria
en su conjunto. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia). No quiero entrar en ese detalle porque podríamos hablar
largo y tendido.
Es evidente que había y hay un problema. Cuando se debatió la tramitación
de esa proposición de ley de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario
Popular hizo un ejercicio de responsabilidad y votó a favor de su
tramitación. Quiero recordar que el señor Juan Cardona, en aquel entonces
Senador y portavoz del Grupo, vino a decir que la posición favorable a la
tramitación de dicha ley no significaba que fuera una tramitación ligera,
no modulada, no enmendada, con el exclusivo fin de no generar situaciones
que pudieran colocar a Canarias, especialmente, en una situación
comprometida. Esa fue la intervención del señor Juan Cardona para
justificar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Hoy estamos en la misma tesitura. No nos alejamos mucho de esta situación
porque este largo período de veinte años no se puede analizar diciendo
que el Gobierno de España no ha hecho nada para fijar el perímetro
exterior de las aguas canarias. No. El Gobierno de España ha venido
analizando con sumo cuidado --diría que con prudencia-- una situación que
era harto complicada.
Señorías, quisiera resaltar que este Senador, preocupado por esta
cuestión, preocupado concretamente antes de que entrara en esta Cámara la
moción del Grupo de Coalición Canaria, presentada por el Senador Ríos, el
29 de octubre de 1998, preguntó al Gobierno qué estaban haciendo
los barcos Hespérides, Meteor y Tales, barco español, francés y alemán,
respectivamente, en aguas canarias. Esa pregunta tenía por finalidad
saber si realmente estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, es
decir, una investigación de los fondos, del subsuelo canario, de las
aguas de Canarias, para comprobar si se estaba confeccionando la
cartografía de la zona económica exclusiva. Se me contesta en el sentido
siguiente: En lo que se refiere a los trabajos para la elaboración de la
cartografía señalada en la pregunta de su señoría, todavía no han
concluido. Dada la extensión de la zona se prevén necesarias tres
campañas en los años 1998, como así se ha efectuado en los meses
transcurridos, 1999 y 2000, esperando completar la recogida de datos en
el citado año 2000.
Por tanto, señorías, quiero dejar constancia en acta de que el Gobierno
no ha estado parado, no ha estado mano sobre mano. Ha estado trabajando
en una cuestión importante y fundamental para Canarias. Por ello,
obviamente, en el curso de estos veinte años podemos decir que hay una
preocupación y que estamos en ello. Pero, a mayor abundamiento, ¿qué se
puede plantear a la vista de la normativa jurídica aplicable cuando se
plantea la necesidad de desarrollar la Ley 15/1978? Lo que se plantea es
que se encierren aguas internacionales. Ese es uno de los problemas,
nuestro vecino, Marruecos, y aguas internacionales centradas
especialmente entre Gran Canaria y Tenerife, seis millas de aguas
internacionales.
España ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, y lo ha hecho recientemente, en 1996, tanto en el Congreso como
en el Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galván de Urzaiz, debería
ir terminando.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar
concluir.
La ratificación de la Convención ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 14 de febrero de 1997. Si nos atenemos a la
normativa jurídica aplicable, vinculante por el artículo 94 de la
Constitución Española, es decir, se incorpora como Derecho positivo, y
entraría en colisión con la posible normativa que regulara las mismas
cuestiones que no coincidan con esta convención. Por lo tanto, es
absolutamente vinculante para las partes, aunque podría haber diversidad
de criterios fundados en Derecho. Está claro que los artículos 46 y 47 de
la Convención hablan de Estados archipelágicos, de archipiélagos y de las
capacidades y facultades que tienen los Estados archipelágicos. España
precisamente no es un Estado archipelágico; España tiene archipiélagos,
pero no es un Estado archipelágico.
Por ello, considero que esta moción, planteada de esta forma en este
trámite parlamentario, en todo caso hubiera requerido, como bien han
mencionado los compañeros Senadores, un largo proceso de estudio, de
debate, de documentación y fundamentación. Porque, obviamente, lo que sí
debemos hacer es trabajar en silencio, no despertar suspicacias ajenas y
conseguir el fin, que es regular la situación de Canarias. En política
eso es trabajar en positivo, consiguiendo al final rematar la labor.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Termino, señor Presidente.
Esa es nuestra posición. Por ello, no deberíamos mantener la posición de
instar al Gobierno a la mayor brevedad posible, cuando ya se está
trabajando en la cartografía de la zona económica exclusiva de Canarias,
para terminar esos trabajos.
Por lo tanto, consideramos que el Gobierno está haciendo lo que tenía que
hacer.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Ríos Pérez pide la palabra.) El artículo 87, que es un artículo
mágico, como usted sabe, me permite conceder la palabra por tiempo de un
minuto.
Tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Estoy autorizado a intervenir durante un minuto.
A la vista de los argumentos utilizados por el Senador del Partido
Popular, me hubiera gustado que empleara el turno en contra para haber
mantenido un debate a fondo, ya que en un minuto no voy a poder hacerlo.
Pero sí debo decirle dos cosas; la primera es que no me ha contestado al
planteamiento de la moción. Además, ha hablado del perímetro exterior, al
cual no me he referido en absoluto. Estamos hablando de las aguas
interiores. Por si no ha
leído la moción, la voy a volver a repetir, con el permiso del señor
Presidente. Dice: El Senado insta al Gobierno para que, con la mayor
brevedad posible, desarrolle la Ley 15/1978, según dispone la disposición
final primera, en lo relativo a la marcación de líneas de base rectas que
unan los puntos extremos de las islas e islotes que componen el
archipiélago canario. No estoy hablando de modificar las leyes, señorías,
ni de nada de esto.
Termino diciendo que me parece curiosísimo que el barco Hespérides esté
haciendo prospecciones para la zona económica. Lo está haciendo para otra
cosa, de lo que hablaremos sucintamente cuando entremos en los Tratados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Pérez García pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le concedo un minuto.
El señor PEREZ GARCIA: Senador Galván, como habrá observado, mi posición
ha sido sumamente ponderada. Yo esperaba que su señoría no intentara casi
caricaturizarla hablando de una intervención basada en los sentimientos.
No puede ser, porque resulta un poco fuerte
digerir que cuando el Partido Popular vota a favor de una proposición eso
sea un acto de responsabilidad y cuando vota en contra de una iniciativa
parlamentaria distinta, que no se va a incorporar de inmediato a nuestro
ordenamiento jurídico, también sea un acto de responsabilidad. O lo es en
un momento o lo es en otro porque, si no, es llevar una mano por el cielo
y la otra por el suelo.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador. (El
señor Galván de Urzaiz pide la palabra.)
Senador Galván, tiene su señoría la palabra.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer el tono de todos los intervinientes, ratificándome en mi
posición y señalando que he llevado el debate a términos jurídicos de
normativa aplicable y, en todo caso, Senador Ríos, es cierto que,
hablando de aguas interiores, encerramos aguas internacionales, y ese es
el problema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación el
texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por la que
se insta al Gobierno para que, con la mayor brevedad posible, desarrolle
la Ley 15/1978, de 20 de febrero, en lo relativo a la marcación de líneas
de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que
componen el archipiélago canario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 96; en contra, 115; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Dicha moción ha sido rechazada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el conocimiento de tratados y convenios.
Pido a sus señorías que si tienen que salir de la sala, lo hagan en
silencio porque viene un momento en el que hay que hablar mucho.
-- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY
APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL
19 DE JUNIO DE 1980, ASI COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO Y SEGUNDO
RELATIVOS A SU INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, HECHO EN
BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARACION COMUN RELATIVA AL
PROTOCOLO ANEXO AL CONVENIO DE ROMA. (S. 610/000179) (C.D. 110/000179)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primero es el Convenio
relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio sobre la Ley aplicable a las
obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de
1980, así como a los Protocolos primero y segundo relativos a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, hecho en Bruselas el 29 de
noviembre de 1996, y Declaración Común relativa al Protocolo anexo al
Convenio de Roma.
No se han presentado propuestas. ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Así es y, por lo tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento a este Convenio.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA INDIA SOBRE
LA MODIFICACION DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA INDIA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 10 DE ABRIL DE
1987. (S. 610/000180) (C.D. 110/000180)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre España y la India sobre la modificación del
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno
de la India, hecho en Nueva Delhi el 10 de abril de 1987.
No se han presentado propuestas; tampoco hay petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así es y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento a este Canje de Notas.
-- SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA (NUMERO 162), HECHO EN ESTRASBURGO EL 5
DE MARZO DE 1996. (S. 610/000181) (C.D. 110/000181)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el sexto
Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades
del Consejo de Europa (número 162), hecho en Estrasburgo el 5 de marzo de
1996. No hay propuestas, tampoco petición de palabra. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es y, por lo tanto, se autoriza
en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a este sexto
Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades.
-- ACUERDO SOBRE LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES,
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN MADRID EL 11
DE DICIEMBRE DE 1997. (S. 610/000182) (C.D. 110/000182)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el acuerdo sobre
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de
1997. No hay propuestas. (El Senador Ríos Pérez pide la palabra.)
El señor Ríos tiene la palabra en turno de portavoces.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones,
entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 11
de diciembre de 1997, se habla de inversiones y se incluyen inversiones
terrestres e inversiones en zonas marítimas. El punto 4 dice lo
siguiente: el presente acuerdo se aplicará al territorio de cada una de
las partes contratantes, así como a las zonas marítimas de cada una de
las partes contratantes, esta última definida como la zona económica y la
plataforma continental que se extienden más allá del límite de las aguas
territoriales de cada una de las partes contratantes y sobre las cuales
éstas tienen o pueden tener de conformidad con el Derecho Internacional,
derechos soberanos y jurisdicción a efectos de prospección, explotación y
preservación de los recursos naturales.
Este Senador se sorprende de que se haga un Tratado de este tipo, cuando
no están delimitadas estas zonas con respecto, por ejemplo, a Canarias.
Asimismo, quiero recordar que, con fecha 23 de junio de 1998, se debatió
en esta Cámara una moción, que fue aprobada con la unanimidad de todos
los Grupos Parlamentarios:
1. El Senado insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad, y en todo
caso, antes de que finalice el próximo período de sesiones, elabore y
proponga a las Comunidades Autónomas un procedimiento concreto, para que,
con carácter general y en aplicación del principio de cooperación,
institucionalice la información a las Comunidades Autónomas en el proceso
interno de elaboración de tratados y convenios internacionales en las
negociaciones de adhesión a los mismos en cuanto que afecten a materias
de específico interés de dichas Comunidades y de manera que haga posible
el diálogo adecuado al efecto.
2. El antedicho procedimiento definirá el alcance que deba darse en este
contexto al concepto «específico interés de las Comunidades Autónomas» en
relación con las competencias propias de éstas, y regulará tanto los
supuestos en que dicho interés sea de varias Comunidades Autónomas, como
los que se correspondan con una sola.
3. Mientras se elabora el procedimiento en cuestión, se insta al Gobierno
a que continúe intensificando la información a las Comunidades Autónomas
sobre la elaboración de tratados internacionales a través de las
correspondientes conferencias sectoriales y de manera bilateral, según
los casos.
Como tengo la información de que el Gobierno de Canarias no ha sido, en
absoluto, informado sobre este tema y, además, por lo que he comentado
anteriormente respecto a cómo se contrata sobre zonas que no están
deslindadas, ruego al señor Presidente que ponga a votación este Tratado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, ahora vamos a someter a votación un acuerdo concreto de los
tratados internacionales.
Previsiblemente, dentro de los muchos acuerdos y tratados que hoy hemos
de aprobar, habrá otro respecto del que también se va a pedir votación;
concretamente, del número 24.
Les sugiero, si ustedes me dan permiso, que ahora votemos éste, tratemos
inmediatamente el siguiente que tendremos que votar y luego
continuaríamos con los otros. (Asentimiento.)
Vamos a someter a votación el acuerdo sobre la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 198; en contra, dos; abstenciones, nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. Por lo tanto, se
autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Acuerdo sobre la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, hecho en Madrid el 11 de diciembre de 1997.
-- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL MAR, HECHO EN LISBOA EL 2
DE MARZO DE 1998. (S. 610/000198) (C.D. 110/000201)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto número 24 del
orden del día, que es el Tratado entre el Reino de España y la República
Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar,
hecho
en Lisboa el 2 de marzo de 1998. (El Senador Ríos Pérez pide la palabra.)
No se han presentado propuestas.
Tiene la palabra, en turno de portavoces, el Senador don Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Además de lo que he indicado en relación con que no
hemos estado informados en absoluto con respecto a un tema que nos afecta
directamente, como es el tráfico ilegal de drogas en la zona de Canarias,
hay un problema importantísimo, que es el diferente trato que van a tener
Portugal y España en estos casos, en tanto en cuanto hay exclusividad en
la zona territorial y la hay del pabellón del barco correspondiente en la
zona no territorial. Por lo tanto, en esa famosa franja que habíamos
comentado que las Azores ni Madeira tienen y nosotros sí, podremos tener
la presencia de los buques de guerra portugueses y en ningún caso habrá
buques de guerra españoles entre las islas portuguesas de los
archipiélagos. Por lo tanto, también ruego que se ponga a votación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por tanto, vamos a someter a votación el Tratado entre el Reino de España
y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de drogas
en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 200; en contra, uno; abstenciones, ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por tanto, se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado entre el Reino de
España y la República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de
drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.
-- DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE GEORGIA AL
CONVENIO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE
MENORES HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (S. 610/000185) (C.D.
110/000186)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Declaración de aceptación por
España de la adhesión de Georgia al Convenio sobre aspectos civiles de la
sustracción internacional de menores hecho en La Haya el 25 de octubre de
1980.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicha Declaración.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE
1998.
(S. 610/000186) (C.D. 110/000187)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Turquía sobre transporte internacional por carretera,
hecho en Madrid el 3 de marzo de 1998.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Acuerdo.
-- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO RELATIVO
AL PROCEDIMIENTO CIVIL CONCLUIDO EN LA HAYA EL 1 DE MARZO DE 1954, HECHO
EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997. (S. 610/000187) (C.D. 110/000188)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre España y Rumanía
complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en
La Haya el 1 de marzo de 1954, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de
1997.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este Convenio.
-- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE
MARRUECOS, MODIFICANDO EL CONVENIO GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1979, HECHO
EN RABAT EL 27 DE ENERO DE 1998. (S. 610/000188) (C.D. 110/000189)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Protocolo Adicional al Convenio
entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, modificando el Convenio
General de Seguridad Social entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, de 8 de noviembre de 1979, hecho en Rabat el 27 de enero de
1998.
No se han presentado propuestas y tampoco hay peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Protocolo Adicional.
-- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL,
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL,
HECHO EN BUCAREST EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1997.
(S. 610/000189) (C.D. 110/000190)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre España y Rumanía
sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia civil y mercantil, hecho en Bucarest el 17 de noviembre de 1997.
No hay propuestas ni peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Convenio.
-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE EXTRADICION
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 10
DE MARZO DE 1995, Y DECLARACIONES FORMULADAS EN RELACION CON EL MISMO.
(S. 610/000190) (C.D. 110/000191)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio establecido sobre la
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo al
procedimiento simplificado de extradición entre los Estados miembros de
la Unión Europea, hecho en Bruselas el 10 de marzo de 1995, y
declaraciones formuladas en relación con el mismo.
No hay propuestas; tampoco hay peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
-- CONVENIO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES
(ETO), HECHO EN COPENHAGUE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1996. (S. 610/000191)
(C.D. 110/000192)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio por el que se crea la
Oficina Europea de Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague el 1 de
septiembre de 1996.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabras.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este convenio.
-- TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
NICARAGUA, FIRMADO EN MANAGUA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997. (S. 610/000192)
(C.D. 110/000193)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tratado de Extradición entre el
Reino de España y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 12 de
noviembre de 1997.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Tratado de Extradición.
-- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO RELATIVO A LA
COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN
MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, ASI COMO AL PROTOCOLO RELATIVO A SU
INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, CON LAS ADAPTACIONES
INTRODUCIDAS POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE
DINAMARCA, DE IRLANDA Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL
NORTE, POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA HELENICA,
ASI COMO POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE ESPAÑA Y DE
LA REPUBLICA PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996.
(S. 610/000193) (C.D. 110/000194)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio relativo a la adhesión
de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de
Suecia al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales, en materia civil y mercantil, así como al
Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con
las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del
Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, por el Convenio relativo a la adhesión de la República
Helénica, así como por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de
España y de la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de noviembre
de 1996.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Convenio.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL REINO
DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE EL ESTATUTO DE LAS
FUERZAS ESPAÑOLAS DURANTE ESTANCIAS TEMPORALES EN LA REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA Y DECLARACIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION PENAL.
(S. 610/000194) (C.D. 110/000195)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Canje de notas constitutivo del
acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la República Federal
de Alemania sobre el estatuto de las fuerzas españolas durante estancias
temporales en la República Federal de Alemania y Declaraciones relativas
al ejercicio de la Jurisdicción Penal.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a este canje de notas.
-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS, FIRMADO EN BRUSELAS EL 26 DE JULIO DE 1995.
(S. 610/000195) (C.D. 110/000196)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio establecido sobre la
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.
No se han presentado propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.
-- ENMIENDA DEL PARRAFO 13 DE LAS REGLAS DE FINANCIACION ANEJAS A LOS
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO, ADOPTADA EN ROMA EL 25
DE SEPTIEMBRE DE 1981. (S. 610/000196) (C.D. 110/000197)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Enmienda del párrafo 13 de las
reglas de financiación anejas a los Estatutos de la Organización Mundial
de Turismo, adoptada en Roma el 25 de septiembre de 1981.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicha enmienda.
-- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA SOBRE
ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN LA PAZ EL 16 DE MARZO DE
1998.
(S. 610/000197) (C.D. 110/000200)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convenio entre el Reino de España
y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal,
hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho convenio.
-- PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA EN EL MEDITERRANEO, FIRMADO EN BARCELONA EL 10 DE JUNIO DE
1995, ANEXOS, ADOPTADOS EN MONACO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1996 Y
DECLARACIONES ADJUNTAS A DICHO PROTOCOLO. (S. 610/000199) (C.D.
110/000202)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El punto 24 del orden del día ya
ha sido sustanciado.
Pasamos al punto número 25: Protocolo sobre las zonas especialmente
protegidas y la diversidad biológica del Mediterráneo, firmado en
Barcelona el 10 de julio de 1995, Anexos, adoptados en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996 y Declaraciones Adjuntas a dicho Protocolo.
No hay propuestas; tampoco peticiones de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho protocolo.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA COMPOSICION DE LA COMISION
NACIONAL DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (S. 621/000105) (C.D. 121/000117)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto quinto del orden del día:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es el proyecto de ley por el que se modifica la composición de
la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Velasco.
El señor VELASCO BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a
los efectos de evitar que el proyecto se ponga a votación por
asentimiento sin haber hecho antes una mínima reseña o consideración del
trámite llevado a cabo en el Senado.
Defenderé el mismo señalando que, como indica la exposición de motivos
del texto remitido por el Congreso, el proyecto de ley trae su causa de
la Ley Orgánica del Poder Judicial 5/1997, de 6 de diciembre, cuyo
apartado 3 del artículo 350 establece que, fuera del Tribunal Supremo,
los Magistrados de dicho Tribunal sólo pueden ser presidentes de
tribunales de oposición a ingreso en la carrera judicial o miembros de la
Junta Central Electoral.
La Ley 35/1995 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual recogía en su artículo 11 la creación de una
Comisión nacional competente para resolver los procedimientos de
impugnación de las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en
materia de las ayudas a estas víctimas reguladas por dicha Ley. Comisión
que dispuso que fuese presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo,
nombrado por el Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
Como puede comprobarse, al impedir esta posibilidad la nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial, se hacía preciso modificar este artículo 11 a fin de
que este órgano colegiado continúe siendo presidido por un miembro de la
carrera judicial que no tenga la condición de Magistrado del Tribunal
Supremo. Este es el imperativo legal de este proyecto de ley que consta
de un preámbulo y un artículo único por el que se modifica el apartado 2
del antes citado artículo 11. Proyecto de ley que ha sido aprobado en el
Congreso por la Comisión de Justicia e Interior, actuando con competencia
legislativa plena, sin haber sido presentada ninguna enmienda al mismo.
Proyecto de ley que en este trámite de consideración parlamentaria en el
Senado no ha sido objeto de la presentación de enmienda alguna; por
tanto, no ha dado motivo a la creación de la Ponencia que lo informase ni
a la emisión del dictamen por parte de la Comisión de Justicia.
Se ha traído directamente, cumpliendo el Reglamento, al Pleno de la
Cámara, en donde yo espero que sea aprobado por asentimiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Velasco
Bueno.
Como no hay otra intervención, procederemos a votarlo por asentimiento.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se
modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a
las Víctimas de Delitos Violentos contra la Libertad Sexual.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACION CON
LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA CANTABRIA.
(S. 605/000006) (C.D. 127/000006)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día, el sexto, se refiere a los dictámenes de Comisiones sobre proyectos
y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
El que figura como número 27 hace referencia al dictamen de la Comisión
General de Comunidades Autónomas, en relación con la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Para la presentación de dicho dictamen, tiene la palabra el Senador don
José Luis Vallines.
El señor VALLINES DIAZ: Señor Presidente, señores Senadores, es para mi
una satisfacción y un honor presentarles esta proposición de ley; honor y
satisfacción que dimana de mi condición de Senador por Cantabria y de
haber sido Diputado de la Asamblea Regional de Cantabria durante doce
años, motivo por el que llevo cuatro años como Senador autonómico.
Permítame, señor Presidente, desde esta condición, saludar a los
invitados que han venido desde Cantabria para acompañarnos en este día,
encabezados por el Presidente de la Asamblea Regional, por los Ponentes y
Diputados regionales y la representación del Consejo de Gobierno de la
Diputación Regional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Esta proposición de ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria tuvo entrada en el Senado el 28 de septiembre de 1998, con el
texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento se remitió a la Comisión
General de Comunidades Autónomas, y abierto el plazo de presentación de
enmiendas, se recibieron dieciséis, catorce del Senador Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario Socialista y
una del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia designada por la Comisión, en sesión celebrada el 26 de
octubre, acordó la incorporación en su informe de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, que eran
idénticas, y rechazar las catorce enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 26 de
octubre de 1998, que contó con la presencia y participación del
Presidente de la Diputación Regional de Cantabria, aprobó el informe de
la Ponencia con todos los votos favorables menos una abstención.
Igualmente se acordó, por unanimidad en este caso, en la misma sesión de
la Comisión, la inclusión de trece modificaciones o correcciones
advertidas como necesarias durante la tramitación en este Senado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallines.
Para consumir un turno a favor, tiene la palabra la Senadora doña Gema
Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Señor Presidente, señorías, culmina hoy aquí, en
esta Cámara, a falta del trámite de aprobación final por el Congreso de
los Diputados, un proceso trascendente e histórico en el caminar de
Cantabria como Comunidad Autónoma. Llegamos a la recta final de la
reforma de su Estatuto de Autonomía. Pero antes de continuar permítame,
señor Presidente, que exprese el saludo y el agradecimiento por su
presencia al Presidente de la Asamblea Regional de Cantabria, don Adolfo
Pajares, así como a los parlamentarios autonómicos, ponentes y artífices
de la reforma, y que hoy representan más que nunca al pueblo cántabro.
Gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta Cámara de representación
territorial.
Señorías, hoy es un gran día para Cantabria. El acto en el que nos
encontramos cierra el ciclo de una importante y profunda reforma, que es
la expresión viva del diálogo y del acuerdo, y que ha tenido siempre
presente, no sólo el orgullo y el respeto por nuestras raíces y por
nuestra identidad histórica, sino que su compromiso ha estado en lograr
que, en el nuevo Estatuto, puedan integrarse las ideas de todos y
encuentre así respuesta la Cantabria del siglo XXI.
Este proceso comenzó con la creación de una ponencia que inició el
difícil pero fructífero trabajo de sentar las bases para un mayor
autogobierno y fijar como eje fundamental la equiparación competencial
con el resto de las Comunidades Autónomas, dentro de lo que nuestra Carta
Magna prevé en su artículo 149, y con el firme propósito de hacer del
diálogo el instrumento fundamental de su actuación y que permitiera
elaborar y presentar una propuesta de reforma que, sin ningún matiz
partidista, fuese de todos y para todos. Para ello, fueron llamadas a
comparecer ante dicha Ponencia los sectores sociales, económicos,
culturales, académicos, es decir, prácticamente todos los representantes
de la sociedad, cuya opinión se recabó para conocer cuantas inquietudes,
demandas, aportaciones y sugerencias en relación al autogobierno y a las
instituciones de Cantabria pudieran proporcionarnos.
Este esfuerzo y este trabajo culminaron, como establece la propia
exposición de motivos de la proposición de ley, en una reunión en un
pueblo tan profundamente cántabro como Carmona, en Cabuérniga, en donde
se selló un texto fruto del más firme y responsable consenso.
Señorías, tras casi 17 años de ejercicio de la autonomía en la que
Cantabria se ha consolidado como región y ha afianzado su identidad, esta
meditada y profunda reforma no significa sólo un mayor número de
competencias, sino que nos reafirmamos en la voluntad de autogobierno de
los cántabros en el conjunto de España.
Señor Presidente, no puedo pasar sin hacer --eso sí, de forma muy
somera-- referencia a algunos de los contenidos de esta reforma que,
nuestro Grupo, piensa que son dignos de destacar. Nos referiremos, entre
otros, a la modificación que se introduce para la mejor definición de sus
instituciones, a la vez que clarifica y reordena su contenido. Así, nos
encontramos con que la Asamblea Regional se denominará Parlamento porque
creemos que es un concepto mucho más claro que representa mucho mejor su
contenido. El Consejo de Gobierno será Gobierno de Cantabria.
Desaparecerá la Diputación Regional y el cuestionado artículo 58 que
permitía la anexión a una Comunidad limítrofe. Asimismo, se crean
instituciones nuevas como el Consejo Consultivo o el Defensor del Pueblo,
de gran transcendencia ambas.
Se facilita también el trabajo a los diputados y se fomenta una mayor
actividad parlamentaria al ampliar el período de sesiones de cuatro a
ocho meses. Desaparecen las barreras sobre el límite que existía respecto
del número de consejerías. Se le otorga al Presidente la capacidad de
disolución anticipada de la Cámara y convocatoria de nuevas elecciones al
igual que se ha hecho con otras reformas que ya se han tramitado
siguiendo la lógica coordinación electoral que nos lleva a una economía
electoral.
De esta reforma, en cuanto a materia institucional se refiere, nos
satisface enormemente la relación que queda establecida entre los
distintos poderes de la Comunidad y el equilibrio de esta relación. En
materia de competencias, señorías, se redefinen algunas de las existentes
a la vez que se incorporan otras, a nuestro juicio, de relevancia e
interés máximos, puesto que se trata de cuestiones hacia las que somos
todos especialmente sensibles porque nos afectan en nuestra vida
cotidiana, en nuestro día a día, como es el caso de la gestión sanitaria
que estamos seguros de que va a mejorar notablemente al aproximarse al
ciudadano y obtener así, por lo tanto, un mayor conocimiento de sus
problemas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular insiste en afirmar que hoy es un
día especialmente satisfactorio para todos los cántabros. Permítanme que
les exprese mi satisfacción personal e, incluso, yo diría que mi emoción
por poder intervenir y participar directamente en esta recta final con mi
voto para apoyar esta importantísima reforma.
Por cierto, les voy a llamar la atención sobre algo que quizás no tenga
especial significado para sus señorías, pero que para esta Senadora que
les habla va a suponer un hecho destacado en su humilde patrimonio
político, y es que soy la única persona que ha tenido la oportunidad de
votar dos veces, es decir, de votar doblemente esta reforma. Esto me
satisface mucho porque tenemos una gran confianza en que Cantabria, con
esta reforma y con la asunción de competencias que la misma conlleva,
sienta satisfechas sus aspiraciones y aproxime a los ciudadanos los
centros de decisión y de gestión; es decir, el autogobierno; un
autogobierno en el que el pueblo cántabro, a través de sus representantes
políticos, ha demostrado tener absoluta confianza en su capacidad y, por
ello, ha apostado fuertemente por la descentralización, moviéndose dentro
de los límites que nuestra Constitución nos da, que es la que nos
garantiza el derecho a la igualdad
en la diferencia, al tiempo que garantiza una España solidaria y plural
que permite la convivencia pacífica de la diversidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Díaz
Villegas.
Si no hubiera turno en contra, pasaríamos ya al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Joaquim Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, intervengo para
manifestar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió en este importante trámite de ratificación y votación
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Adelanto ya que, naturalmente, nuestro voto será a favor, pero debo decir
que nuestro posicionamiento se construye a partir de la creencia de que
este acto parlamentario es, sin duda, un signo de vitalidad del Estado de
las Autonomías. Por consiguiente, y como acabamos de oír, hoy es un gran
día para Cantabria, pero también lo es para el conjunto del proyecto
político.
Una característica importante de esta reforma, que nos fue comunicada e
informada por el Presidente de Cantabria, es que ha sido elaborada y
tramitada con la unanimidad de todo el Parlamento de Cantabria. Creo
interesante, por tanto, subrayar esta característica importante del
proyecto que hoy culmina.
Pero aparte de esta constatación, no puedo evitar hacer referencia a algo
que va dirigido a la Comunidad Autónoma de Cantabria aunque en realidad
se dirige a todos. La reforma de un Estatuto de Autonomía no es un
trámite cualquiera, sino un trámite importante. Por consiguiente, aunque
sea telegráficamente, voy a enunciar los tres puntos que constituyen la
trabazón del Estado de las Autonomías.
En primer lugar, podemos decir que al reformar un Estatuto de Autonomía
nos damos cuenta de que la autonomía no fue un hallazgo exótico, sino que
fue simplemente el reencuentro de una tradición que durante muchos siglos
había ido configurando la estructura política adecuada para conservar y
defender la diversidad congénita de la Península Ibérica. Por tanto, nos
damos cuenta de que la autonomía va haciendo su camino, no echando sus
raíces, sino encontrando las que ya tenía. Primera constatación.
Una segunda constatación, que sirve tanto para Cantabria como para todas
las demás Comunidades Autónomas, es que autogobierno equivale a
responsabilidad, equivale a más competencias, como las que se configuran
en esta reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria, equivale a una
mayor responsabilidad. Esto es algo que también se nos debe recordar a
todos. El lícito deseo de ampliar las competencias significa también para
todas las Comunidades Autónomas, no sólo para Cantabria, profundizar en
su responsabilidad para ejercerlas.
En tercer lugar, quiero recordar también que el derecho a la autonomía
política, reconocido y afirmado en la Constitución, es un derecho
permanente, es decir, no es un derecho para unos días, no es una foto
fija, como nos ilustra hoy el acto que estamos protagonizando entre todos
al votar por unanimidad --creo que así será-- esta reforma del Estatuto
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Repito que nuestro Grupo de Convergència i Unió la votará favorablemente,
y se felicita, no solamente por esta reforma obtenida por unanimidad,
sino por la buena salud política de que goza nuestro Estado de las
Autonomías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora doña
María Dolores Gorostiaga.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los representantes
de la Asamblea Regional de Cantabria que nos acompañan en este acto
encabezados por su Presidente, al Consejero de Presidencia, y a los
ponentes que fueron capaces de llegar a ese consenso que vamos a citar
durante este acto --al menos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista así lo haremos-- y que ha dado lugar a esta
reforma del Estatuto. Bienvenidos, señorías.
Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con
respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Y voy a
intentar hacerlo procurando transmitirles mi convencimiento, y el de mi
Grupo, de que estamos ante un texto legal de suma trascendencia para la
Comunidad Autónoma de Cantabria y, sobre todo, para los ciudadanos y las
ciudadanas de Cantabria, porque en el marco de este texto legal van a
tener la posibilidad de alcanzar un mayor desarrollo y bienestar.
Los socialistas y las socialistas hemos afrontado desde un principio la
reforma del Estatuto con una concepción integradora del Estado. Ya decía
en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que no queríamos ser
más que nadie; que no pretendíamos demostrar que teníamos más o menos
historia que otra Comunidad Autónoma; que sólo queríamos --y es lo que
deseábamos con la reforma de este Estatuto-- que nuestra Comunidad
Autónoma se desarrollara en la forma prevista en la Constitución
Española.
Los socialistas queríamos una reforma que fuera el resultado de la
participación activa de todos los sectores de la sociedad civil de
Cantabria. Y así ha sido: en la reforma que en estos momentos se
encuentra en este trámite del Senado la sociedad civil de Cantabria ha
dejado oír
su voz; y no sólo eso, sino que sus sugerencias también están recogidas.
También queríamos una reforma que fuera el resultado del mayor consenso
político posible. Y así ha sido: la reforma que estamos debatiendo viene
avalada por todos los grupos políticos con representación en la Asamblea
de Cantabria; grupos que, desde muy diferentes maneras de entender la
política como un medio de cambiar la sociedad, han sido capaces de llegar
a puntos comunes en aras de ese consenso que hoy vemos plasmado aquí.
Por otro lado, como decía la portavoz del Grupo Popular, la reforma
coincide con la de otros Estatutos del artículo 143 en temas como la
capacidad de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones por
el Presidente; la reforma del funcionamiento de la Cámara legislativa con
la ampliación del período de actividad y la dedicación de los Diputados;
el establecimiento de la figura del Defensor del Pueblo y el Consejo
Jurídico Consultivo; la remodelación del ámbito competencial, y la
incorporación de nuevas competencias, como la sanidad. Una vez
incorporada esta competencia, junto con la de educación, que desde 1994
incluye nuestro Estatuto, podremos afirmar que nuestro nivel competencial
será semejante al de cualquier otra Comunidad Autónoma en el marco de lo
establecido por la Constitución.
La reforma presenta también algunos rasgos característicos. El primero
que quisiera destacar es que observamos que por primera vez en un texto
de estas características se utiliza el lenguaje no sexista, es decir la
dualidad del masculino y el femenino, siempre que se refiere a cargos de
representación. Asimismo, se introduce el término «comunidad histórica»,
a nuestro juicio más adecuado que la denominación anterior de «entidad
regional histórica». Se reordenan las instituciones. Se suprime la
Diputación Regional, que configuraba una imagen de continuidad con la
institución provincial anterior. Por otro lado, desaparece el famoso
artículo 58 --al menos lo es y mucho en Cantabria--, según el cual creo
que este era el único Estatuto de Autonomía que preveía la posibilidad de
incorporarse a otra Comunidad Autónoma.
Y en la disposición adicional segunda se introduce una referencia
concreta que me gustaría destacar. A sus señorías puede extrañarles que
en un Estatuto de Autonomía aparezca una referencia concreta a un
hospital: al hospital universitario Marqués de Valdecilla. Pues bien, en
un segundo pretendo explicarles el porqué. El hospital Marqués de
Valdecilla es una parte importante del pasado, presente y futuro de
Cantabria. Es una parte muy apreciada de nuestra historia y de nuestras
señas de identidad. Como seguramente ustedes saben, recibe enfermos de
toda España, ha sido y es pionero en materia de investigación y docencia
y un hospital de referencia nacional. La pretensión es que lo siga siendo
una vez que se produzca la transferencia de la sanidad a la Comunidad
Autónoma; de ahí la cautela que se establece en esa disposición
adicional.
Señor Presidente, señorías, estamos ante una reforma muy realista, muy
apegada a la realidad presente de Cantabria, pero con una clara vocación
y visión de futuro. Para esta reforma solicito su apoyo, se lo agradezco
de antemano, y acabo formulando un deseo que no es sólo mío ni del Grupo
Socialista, sino que también lo es de la mayoría de los cántabros y las
cántabras: que la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria sirva
para garantizar nuestra convivencia, gobernarnos mejor, e impulsar
nuestro crecimiento económico, porque ello traerá como consecuencia un
mayor bienestar y calidad de vida. El que el Estatuto sea eficaz y sirva
para todo ello va a depender de su buena aplicación, y ésta también va a
ser una tarea de todos y todas.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig):
Muchas gracias, Senadora Gorostiaga.
Si en este turno de portavoces no hubiera otra petición de palabra,
pasaríamos al debate de las enmiendas. Hay un voto particular, el número
1, presentado por el Senador Román Clemente, que tiene la palabra para su
defensa.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los miembros del
Parlamento y del Gobierno de Cantabria.
Paso a exponer las enmiendas que hemos presentado a la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Señorías, somos
conscientes, y en esta ocasión tampoco ha sido una excepción, de que en
todo trámite parlamentario puede haber ajustes, se pueden recoger
previsiones, como mejoras técnicas --aunque algunas veces no lo son
tanto--, o simplemente se pueden adecuar las competencias que se proponen
desde otras instancias.
Señorías, desde Izquierda Unida también reconocemos un gran avance en
cuanto al techo competencial, lo que va a facilitar que se pueda
gestionar un volumen importante de poder político en manos del pueblo de
Cantabria. Asimismo, conocemos la posibilidad de un mejor funcionamiento
del Parlamento. Y quisiera reflexionar sobre estas cuestiones. Izquierda
Unida no entiende, por qué razón los Estatutos de Autonomía tienen que
marcar una limitación de partida, pero, sí entiende que al final de todo
un proceso cada uno de los pueblos marcará su capacidad o su velocidad
para el autogobierno.
Sus señorías conocen la filosofía que desde Izquierda Unida siempre hemos
planteado en trámites parlamentarios similares, que consiste --lo hemos
dicho y lo reiteramos ahora también-- en introducir un modelo de Estado
donde funcione la profundización del autogobierno, a la vez que los
elementos de solidaridad.
Por estas razones hemos presentado 14 enmiendas, las únicas que quedan.
Las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el
Grupo Parlamentario Socialista fueron incorporadas. Estas enmiendas
plantean aumentar o incrementar la capacidad de autogobierno --quiero
resaltar en concreto las enmiendas números 7 y 8, que luego analizaré con
más profundidad--, como también pruducir un equilibrio entre el
funcionamiento y las competencias del Parlamento frente al Gobierno.
La enmienda número 1 pretende que Cantabria, como Comunidad Autónoma del
Estado español y como pueblo europeo, pueda participar en la construcción
de la Unión Europea, tanto con su presencia en los foros institucionales
estatales y europeos correspondientes, como con su cooperación en la
realización del derecho comunitario en el ámbito de sus competencias.
La enmienda número 2 pretende una mayor descentralización de la
administración territorial de la Comunidad Autónoma.
La enmienda número 3 pretende regular la distribución territorial de la
Comunidad Autónoma, sus municipios y comarcas, sin perjuicio de su
desarrollo legislativo.
Me refería antes --ahora lo voy a hacer de forma más extensa-- a que en
la enmienda número 4 se propone adicionar a las competencias del
Parlamento de Cantabria las siguientes: aprobar los planes económicos,
presupuestos de programas de desarrollo autonómico y propuestas de Fondo
de Compensación Interterritorial; aprobar la ordenación básica de los
órganos y servicios de la Comunidad Autónoma; conocer y aprobar
resoluciones sobre el informe anual del Consejo Económico y Social de
Cantabria; proponer, en su caso, los miembros que representen a la
Comunidad Autónoma en el Consejo Económico y Social del Estado, que
establece el artículo 131.2 de la Constitución, así como los que
representen a la Administración autonómica en el Consejo Económico y
Social de Cantabria; decidir la remisión de proposiciones de ley al
Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87 de la
Constitución Española, así como el control de los medios de comunicación
de titularidad o participación de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La enmienda número 5 propone incorporar el siguiente texto: «Una ley
regulará un código ético para los Diputados y altos cargos.»
La enmienda número 6 es de supresión y se justifica porque amplía la
capacidad del Presidente del Parlamento de disolución anticipada,
eliminando la actual restricción.
La enmienda número 7 --a ello me refería anteriormente-- propone añadir
como competencias exclusivas las siguientes: Sanidad, higiene y
ordenación farmacéutica, y coordinación hospitalaria en general; montes,
aprovechamiento forestal, vías pecuarias, pastos y espacios naturales
protegidos; régimen local; colegios profesionales y ejercicio de las
profesiones tituladas, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y
Navegación, cofradías de pescadores y demás corporaciones de Derecho
público.
La enmienda número 8 pretende una corrección. Si tratamos de incrementar
las competencias exclusivas, corregimos también otros aspectos
correspondientes al apartado Trigésimo primero, artículo 25.
La enmienda número 9 también pretende establecer competencias que deben
ser de desarrollo legislativo. Me remito al texto que se refiere a lo
siguiente: prestaciones y servicios sociales del Sistema de Seguridad
Social, Imserso; la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y un
sistema de consultas populares que tampoco se ha ocultado, ya que lo
hemos planteado en otras reformas de estatutos en esta Cámara.
La enmienda número 10 también es una adecuación al articulado.
La enmienda número 11 añade un nuevo apartado, con el siguiente texto:
«Participación en la gestión de fondos estatales y comunitarios de
desarrollo territorial y promoción económica, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 138 y 149 de la Constitución». Con ello,
tratamos de ampliar la capacidad de autogobierno de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
La enmienda número 12 --y voy terminando, señor Presidente-- pretende
ampliar el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía, sin
circunscribirlo únicamente a la vigilancia y protección de edificios e
instalaciones. Para ello proponemos añadir el siguiente texto: «Para el
ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma podrá convenir con
el Estado la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía en
los términos y para el ejercicio de las funciones previstas en la Ley
Orgánica aludida en el número 29 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución».
La enmienda número 13 persigue la creación del Tribunal de Cuentas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Para ello se propone sustituir el texto
del artículo por el siguiente: «El control económico y presupuestario de
la Comunidad Autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas de
Cantabria. El informe del Tribunal de Cuentas será remitido, además de a
las Cortes Generales, al Parlamento de Cantabria».
Por último, señorías, la enmienda número 14 hace referencia a la
corresponsabilidad que también señalaba el Portavoz de Convergència i
Unió. Por ello planteamos el siguiente texto como una forma de eliminar
los actuales desequilibrios económicos derivados de los regímenes
fiscales especiales mediante la compensación interterritorial: «A los
efectos de concretar lo dispuesto en el artículo anterior, y de forma
particular la participación territorializada de Cantabria en los tributos
generales y la aprobación de recargos sobre tributos del sistema fiscal
general, en el marco de lo dispuesto por el artículo 157.3 de la
Constitución y en la legislación que lo desarrolle, la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria suscribirán un
acuerdo bilateral que se formalizará en Comisión Mixta y atenderá
singularmente a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad
interterritorial».
Con ello, señor Presidente, doy por defendidas todas las enmiendas
presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a dar respuesta a las enmiendas que Izquierda Unida acaba
de defender, y aunque vamos a hacerlo con suma brevedad, subo a esta
tribuna por cortesía.
Señorías, a lo largo de la tramitación de esta proposición de ley, ya
desde su origen en la Asamblea Regional, en su paso por el Congreso de
los Diputados y hace hoy una semana en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, la postura del Grupo Parlamentario Popular ha sido
y sigue siendo respetar el texto que el día 13 de febrero de 1998 se
aprobó en el Parlamento cántabro con el apoyo entusiasta de sus 39
Diputados regionales, con esa satisfacción y con esa fuerza que añade la
unanimidad y absolutamente esperanzados de que llegase al final, es
decir, al momento en que nos encontramos, sin sufrir modificaciones.
Este, señorías, era el deseo y la demanda de los cinco Grupos con
representación parlamentaria en la Asamblea Regional que, conocedores de
la realidad cántabra, apoyaban en bloque el contenido de una reforma que
potencia el autogobierno y lo aproxima a los ciudadanos para, desde la
cercanía, hacerlo más ágil, más eficaz, más identificado con sus
necesidades, algo que, sin duda, se traduce en mayor bienestar, en
mejores condiciones de vida para los hombres y mujeres de Cantabria.
Hemos escuchado atentamente la intervención del señor Román Clemente,
como el otro día lo hicimos en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, pero vamos a manifestar que no aceptamos las enmiendas si
bien, como no podía ser de otra manera, respetamos absolutamente el
derecho de su Grupo a enmendar, respetamos esa voluntad de enmendar, pero
estamos en desacuerdo con ella.
El Portavoz de Izquierda Unida ha manifestado con claridad --lo hacía
también en Comisión-- que respeta y valora el consenso. A nuestro juicio,
la mejor manera de materializar ese respeto al consenso es manteniendo la
unanimidad. Por lo tanto, vamos a rechazar conjuntamente sus enmiendas
sin entrar a debatirlas, aunque, por qué no decirlo, señor Román
Clemente, algunas de sus aportaciones pudieran ser interesantes como un
debate político intelectual, pero ya hemos manifestado por qué no las
vamos a admitir: Primero, porque asumimos de muy buen grado el compromiso
de respeto a la voluntad del pueblo cántabro. Segundo, porque respetamos
a sus representantes en el Parlamento regional, a quienes no se les
brindó la ocasión de debatir estas enmiendas que, de incorporarse,
alterarían y quebrarían lo acordado en Cantabria. Tercero, porque
pensamos, sinceramente, que es una reforma cuyas incorporaciones y
reordenaciones competenciales no dejan duda del alto nivel de decisión y
de gestión del que va a disfrutar Cantabria a partir de ahora.
Señor Presidente, señorías, Cantabria tiene fe en sí misma y confía
plenamente en su capacidad de autogobierno. Cantabria sabe lo que quiere
y lo ha expresado en un texto. Mantengámoslo, por tanto, en sus términos
y no lo enmendemos. Esto, señorías, es la petición que el Grupo
Parlamentario Popular hace a los demás Grupos representados aquí en el
Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
El Senador Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
A pesar de los requerimientos que se hacen debido a la hora, diré que el
tema es lo suficientemente importante para no depender de ella, señoría,
y le aseguro que soy fiel respetuoso del Reglamento en los tiempos,
incluso soy generoso.
Respetar el texto es un objetivo que marcaba su señoría, y me lo decía en
la Comisión, pero quiero recordarle también que, a veces, cuando queremos
modificar algo acudimos a esa fórmula llamada mejoras técnicas, y que no
siempre obedecen a tales mejoras técnicas pero, al fin y al cabo, también
es una forma de modificar el texto.
Coincido con su señoría en que también nosotros tenemos fe en el pueblo
de Cantabria y no dudamos en absoluto, sino todo lo contrario, creemos en
su capacidad de autogobierno. Precisamente por esa razón formulamos las
enmiendas; por eso incrementamos las competencias; por eso, obedeciendo a
una línea que es coherente, que se mantiene dentro de un modelo de Estado
--que ya hemos tenido oportunidad de decir que es un Estado Federal y
solidario--, entendemos que todos los pueblos tienen el derecho a decir
cómo y cuándo marcan el ritmo de su autogobierno.
Quisiera resaltar precisamente, y no contraponer, que el motivo
fundamental de la presentación de estas enmiendas no es sólo establecer
un debate intelectual. Sin duda, el debate se podrá establecer en el
tiempo. Me podrá decir su señoría que ahora no porque quiere respetar una
decisión adoptada unánimemente por el Parlamento, pero no le quepa la
menor duda de que con el tiempo hablaremos porque en sí mismo todo
estatuto puede ser nuevamente reformado incrementando su techo
competencial, mejorando la capacidad de autogobierno de un pueblo.
Como no ha entrado tampoco en cada una de las enmiendas, yo no lo voy a
hacer, no voy a repetirle los argumentos que nos han llevado a
presentarlas. Simplemente quiero recordar que tenemos fe en el pueblo de
Cantabria. No dudamos de su capacidad de autogobierno. Tenemos un modelo
de Estado, señorías, y por eso presentamos las enmiendas que hemos
defendido esta tarde.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Llevamos cinco horas de Pleno, les pido poder continuar hasta la
finalización del mismo que será dentro de muy poco, previsiblemente.
En turno de portavoces, ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Gorostiaga.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista también se va a oponer a las enmiendas
presentadas por el Senador Román Clemente en aras del consenso con que
viene la Ley de la Asamblea de Cantabria.
Asimismo, quisiera hacerle notar que es cierto que no hay nada
inamovible, señor Román Clemente. Es posible que dentro de unos años --de
hecho estamos ante una reforma, por tanto, han cambiado las cosas-- haya
que volver a revisar el Estatuto. Pero yo, en mi intervención anterior y
en la Comisión de Comunidades Autónomas, intentaba explicarle --creo que
algún otro portavoz lo ha hecho-- que los grupos políticos de la Asamblea
regional tienen un amplio abanico de visiones políticas. Han visto,
conocen --estará usted conmigo en que muy bien-- cuál es la realidad
actual de nuestra Comunidad, cuáles eran las necesidades y las cotas de
autogobierno que queríamos o necesitábamos en estos momentos, y estoy
convencida de que los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional
también creen, saben y son conscientes de que en unos años seguramente
tendremos que volver a reformarlo. Pero el momento es éste. El momento en
que estamos debatiendo esta reforma es ahora.
El Grupo Socialista cree, creyó en la Asamblea Regional, creyó en el
Congreso y cree en esta Cámara que esto es lo que queríamos para
Cantabria en estos momentos, conociendo su realidad. Creemos esto y
queremos que el consenso con que salió de aquella Cámara siga hasta el
final del trámite, razón por la que nos vamos a oponer a sus enmiendas,
agradeciéndole --eso está claro-- que quiera más para nosotros. Se lo
agradecemos infinitamente. Pero en estos momentos, todos los grupos
parlamentarios de la Asamblea, así como en los sucesivos trámites, hemos
creído que esta reforma está ajustada a la realidad y que va a cumplir
las expectativas de Cantabria, por lo que nos oponemos a sus enmiendas.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez que consideramos que ha quedado clara nuestra posición sobre las
enmiendas --por cierto, Senador Román Clemente, no le digo que las mismas
sólo me merezcan una consideración como debate intelectual, sino como
debate intelectual y político, pero, por las razones que ya le expuse,
creo que no es ocasión de entrar en el mismo--, permítanme, señorías, que
les exprese una vez más la alegría y el entusiasmo, así como la esperanza
al sentir que ya estamos tocando la cima que nos propusimos alcanzar.
Queremos compartir estos sentimientos, en primer
lugar, con quienes se han desplazado desde Cantabria
--Presidente de la Asamblea, ponentes, Consejero de la Presidencia, que
ostenta la representación del Presidente del Gobierno cántabro-- a
presenciar con nosotros este momento histórico, de futuro prometedor para
nuestra Comunidad, y a compartir con todos los Senadores y Senadoras de
esta Cámara, Cámara de clara y arraigada vocación autonómica, la
aprobación por el Pleno de la reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, un Estatuto que vio la luz en 1981, dentro del marco
constitucional, que nos ha permitido que Cantabria se haya consolidado
como región, haya afianzado considerablemente su identidad y nos ha hecho
comprender a los cántabros a qué sí habíamos llegado y hacia dónde aún
nos faltaba por hacer el camino. El camino, señorías, está marcado, la
ruta está perfectamente definida y el vehículo para recorrerlo también.
Este Estatuto renovado que hoy va a salir del Senado es, señorías, el
mejor Estatuto posible. Es un Estatuto donde caben todos, con sus
diversas y plurales ideas, que será válido gobierne quien gobierne, el
Estatuto deseado por Cantabria para Cantabria y que se adapta a nuestra
viva y cambiante realidad, por lo que va a ser útil y tendrá vigencia
largo tiempo. (Rumores.) Así, podrá ir dando solución y respuesta no sólo
a las demandas que hoy plantea la sociedad cántabra, que ha tenido voz y
ha sido escuchada en este proceso, sino a las que pueda plantear en un
largo mañana.
Volvemos a destacar la forma en que ha sido gestado...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Espérese un momento, señoría.
Pido a sus señorías que haya el debido respeto y atención a la Senadora
que nos está dirigiendo la palabra. Espérese un segundo, señoría. Hay
algunos compañeros de su Grupo que tampoco le escuchan. (Pausa.) Muchas
gracias.
Puede usted continuar.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Decíamos que constituye un ejemplo claro de los resultados tan valiosos
que puede aportar la voluntad y la aspiración constructiva, la voluntad
de sumar, y no de restar, la voluntad firme de unir, frente a tentaciones
de separar.
En definitiva, señorías, la grandeza de la democracia del consenso va a
permitirnos ampliar nuestras responsabilidades institucionales y
competenciales hasta unos parámetros que van a conceder a Cantabria la
capacidad suficiente para alcanzar sus propios objetivos de progreso
social, económico y cultural, en armonía con la estabilidad y el
desarrollo de las demás regiones y nacionalidades, logrando el equilibrio
y la solidaridad de nuestra pluralidad territorial y cultural.
La aprobación por el Pleno de esta reforma del Estatuto de Cantabria,
unida a las ya aprobadas y a las que están en tramitación en estos
momentos, van a dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Partido
Popular y al cual el Presidente del Gobierno se ha referido con
frecuencia, compromiso de impulsar y de apoyar todas las reformas que
partieran de los distintos Parlamentos y cuyo eje fundamental habría de
ser la equiparación competencial.
Con estas reformas se va a producir un efecto realmente beneficioso en la
convivencia de la España de las autonomías. Sin duda, la arquitectura
autonómica va a ser más sólida al no existir distancias en lo esencial,
sino que, por el contrario, sólo se van a mantener aquellas diferencias
que se derivan de las singularidades de las que los españoles nos
sentimos orgullosos y valoramos como un importante activo, pero que en
modo alguno estas diferencias encierren privilegios o agravios de unos
españoles para con otros. Una situación como la que vamos a tener en
breve de equiparación va a articular de forma justa la cohesión y la
convivencia.
Señor Presidente, señorías, con la aprobación de este Estatuto Cantabria
colaborará en la consecución de este objetivo, puesto que va a alcanzar
una equiparación homogénea en la esfera competencial e institucional con
respecto a otros Estatutos, a la vez que va a acercar la realidad de
nuestra tierra a la realidad de nuestro autogobierno.
Por todo lo expuesto, y con el entusiasmo mayor de que sea capaz de
expresarme, pido el voto unánime a favor de esta proposición de ley de
reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Pido, señorías, un voto
favorable para que con la aprobación del mismo se consiga servir mejor a
los cántabros y, a través de ellos, a los españoles todos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación conjuntamente, en primer lugar, las enmiendas
números 1 a 14, correspondientes al voto particular número 1, del Senador
Román Clemente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, cuatro; en contra, 194; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a someter a votación el texto del dictamen. En
primer lugar, y por votación separada y conjuntamente, el punto número
30, artículo 24, y el punto número 31, artículo 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 202; en contra, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobados.
A continuación vamos a someter a votación el resto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 202; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie... (Rumores.)
Señorías, les pido un mínimo de formalidad. Ustedes saben lo que cuesta
mantener el orden en una sesión. Les pido de veras su colaboración.
Si me permiten, voy a terminar la frase que corresponde: tal y como
dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las
enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que
éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las veintiuna horas y quince minutos.