Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 103, de 28/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 103
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 28 de octubre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
-- De DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las razones por las que, a efectos de
renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que consta
regulado oficialmente el nombre propio en vasco de su titular, se exige
la aportación del certificado de inscripción en el Registro, a fin de
seguir manteniendo dicho nombre vasco. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de
octubre de 1998). (Número de expediente 680/000602.)
-- De DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la información que puede dar el Gobierno acerca de la huida de dos
miembros de la organización terrorista ETA confinados en la República
Dominicana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de
expediente 680/000609.)
-- De DON JOSE LUIS MORALES MONTERO, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante el
continuo acoso de patrullas de Gibraltar que impiden faenar a los
pesqueros españoles en aguas próximas a la colonia británica. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000593.)
-- De DON JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las previsiones del Gobierno en relación con la concesión de ayudas
para la flota de arrastre de Garrucha (Almería) durante el período de
veda, que incluyan un estudio sobre el estado de los recursos de la zona
y el futuro de los mismos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de
1998). (Número de expediente 680/000599.)
-- De DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si va a desarrollar el Gobierno alguna actuación para
incentivar el consumo de productos pesqueros. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha
26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000614.)
-- De DOÑA ILDEFONSA SALGADO SANTOS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno desarrollar alguna medida
de apoyo a las dehesas, teniendo en cuenta la población de ganadería
autóctona extensiva que estas explotaciones soportan. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000615.)
-- De DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para
resolver los efectos del vertido del oleoducto Cádiz-Zaragoza al río
Genil a su paso por la población de Ecija (Sevilla). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000588.)
-- De DOÑA ana ISABEL OYARZABAL URIARTE, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno con
respecto a la regeneración urbana de la bahía de Pasaia (Guipúzcoa).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente
680/000589.)
-- De DON FRANCISCO GIL-ORTEGA RINCON, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para contratar las
obras de la depuradora de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000616.)
-- De DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno, en
relación con las diligencias tramitadas por la Audiencia Nacional, para
una posible demanda de extradición a España de Augusto Pinochet.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente
680/000607.)
-- De DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de la postura mantenida
por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a favor de la no competencia
de los tribunales españoles y de la facultad del Gobierno de oponerse a
la extradición de Augusto Pinochet. (Publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de
octubre de 1998). (Número de expediente 680/000608.)
-- De DON GREGORIO GARZARAN GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras del Instituto
de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000612.)
-- De DON JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno con respecto a
la creación de una sala de servicios comunes en el Palacio de Justicia de
Navarra. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de
expediente 680/000613.)
-- De DON JOSE RAFAEL GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las iniciativas que está
adoptando el Gobierno tras la declaración de Palma de Mallorca (Illes
Bealears) como sede de los Juegos Mundiales Universitarios del próximo
año 1999. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de
expediente 680/000597.)
-- De DON JAIME RODRIGUEZ GOMEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el tipo de mejoras que ha establecido el Gobierno en
relación a los concursos de traslado de los funcionarios docentes.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente
680/000611.)
-- De DON JOAQUIM FERRER I ROCA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la previsión del Gobierno de hacer
públicas las balanzas fiscales de cada Comunidad Autónoma, para que sea
conocida y actualizada periódicamente esta información, que es una
necesidad para la mejor comprensión de la dinámica interna del Estado de
las Autonomías. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998).
(Número de expediente 680/000600.)
-- De DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si goza el Vicepresidente Primero de la confianza del
Presidente del Gobierno. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998).
(Número de expediente 680/000605.)
-- De DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) los Ayuntamientos de Estepona y Marbella (Málaga). (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000606.)
-- De DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la
emisión en directo y en exclusiva que realizará Televisión Española, S.
A. (TVE), de la boda de una conocida pareja de resonancia social que
tendrá lugar en Sevilla el día 23 de octubre de 1998. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 680/000610.)
Segundo
Interpelaciones:
-- De DON JUAN IGLESIAS MARCELO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el contenido de la política universitaria del Gobierno en el
momento actual y para el inmediato futuro, con especial referencia a su
diagnóstico de los problemas y a sus propuestas de soluciones. (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 670/000101.)
-- De DON JOSE NIETO CICUENDEZ, del Grupo Palamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno en materia de extradiciones en general y, en
particular, sobre su postura en relación con la posible extradición del
ex Presidente de la República de Chile para que pueda ser juzgado en
España por presuntos delitos contra la Humanidad. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 670/000105.)
-- De DON ANGEL FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el acuerdo alcanzado entre el sector eléctrico y el Gobierno en relación
con la implantación del diseño que configura el actual marco normativo de
dicho sector. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de
expediente 670/000104.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
-- De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley de
restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del período 1936-1939. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 97, de fecha 23 de octubre de
1998). (Número de expediente Senado 621/000097) (Número de expediente
Congreso 121/000098.)
-- De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre
derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 102, de fecha 23 de octubre de 1998). (Número de
expediente Senado 621/000102) (Número de expediente Congreso 121/000076.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 4694)
De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las razones por las que, a efectos de
renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), en el que consta
regulado oficialmente el nombre propio en vasco de su titular, se exige
la aportación del certificado de inscripción en el Registro, a fin de
seguir manteniendo dicho nombre vasco (Página 4694)
El señor Bolinaga Bengoa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Bolinaga Bengoa. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la información que puede dar el Gobierno acerca de la huida de dos
miembros de la organización terrorista ETA confinados en la República
Dominicana (Página 4695)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don José Luis Morales Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno ante el continuo
acoso de patrullas de Gibraltar que impiden faenar a los pesqueros
españoles en aguas próximas a la colonia británica (Página 4697)
El señor Morales Montero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Morales Montero. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De don José Fermín Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las previsiones del Gobierno en relación con la concesión de ayudas para
la flota de arrastre de Garrucha (Almería) durante el período de veda,
que incluyan un estudio sobre el estado de los recursos de la zona y el
futuro de los mismos (Página 4698)
El señor Román Clemente formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Román Clemente. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De doña María Gema Díaz Villegas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si va a desarrollar el Gobierno alguna actuación para
incentivar el consumo de productos pesqueros (Página 4699)
La señora Díaz Villegas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora Díaz Villegas.
De doña Ildefonsa Salgado Santos, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno desarrollar alguna medida de
apoyo a las dehesas, teniendo en cuenta la población de ganadería
autóctona extensiva que estas explotaciones soportan (Página 4701)
La señora Salgado Santos formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo la
señora Salgado Santos.
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para resolver los efectos
del vertido del oleoducto Cádiz-Zaragoza al río Genil a su paso por la
población de Ecija (Sevilla) (Página 4702)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz
de las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
De doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno con respecto a la
regeneración urbana de la bahía de Pasaia (Guipúzcoa) (Página 4704)
La señora Oyarzabal Uriarte formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Oyarzabal Uriarte. En
turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De don Francisco Gil-Ortega Rincón, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para contratar las obras
de la depuradora de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (Página 4705)
El señor Gil-Ortega Rincón formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gil-Ortega Rincón.
De don José Antonio Marín Rite, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno, en relación
con las diligencias tramitadas por la Audiencia Nacional, para una
posible demanda de extradición a España de Augusto Pinochet (Página 4706)
El señor Marín Rite formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marín Rite. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de la postura mantenida
por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a favor de la no competencia
de los tribunales españoles y de la facultad del Gobierno de oponerse a
la extradición de Augusto Pinochet (Página 4707)
Esta pregunta se da por decaída.
De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras del Instituto
de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Aragón (Página 4708)
El señor Garzarán García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Garzarán García.
De don José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno con respecto a la
creación de una sala de servicios comunes en el Palacio de Justicia de
Navarra (Página 4708)
El señor Iribas Sánchez de Boado formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don José Rafael García-Fuster y González-Alegre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las iniciativas que está
adoptando el Gobierno tras la declaración de Palma de Mallorca (Illes
Balears) como sede de los Juegos Mundiales Universitarios del próximo año
1999 (Página 4709)
El señor García-Fuster y González-Alegre formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor García-Fuster y González-Alegre.
De don Jaime Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el tipo de mejoras que ha establecido el Gobierno en
relación a los concursos de traslado de los funcionarios docentes
(Página 4710)
El señor Rodríguez Gómez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma).
De don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la previsión del Gobierno de hacer
públicas las balanzas fiscales de cada Comunidad Autónoma, para que sea
conocida y actualizada periódicamente esta información, que es una
necesidad para la mejor comprensión de la dinámica interna del Estado de
las Autonomías
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si goza el Vicepresidente Primero de la confianza del Presidente
del Gobierno
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones que va a realizar el Gobierno ante las
deudas que mantienen con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) los Ayuntamientos de Estepona y Marbella (Málaga)
Esta pregunta ha sido aplazada.
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la emisión en
directo y en exclusiva que realizará Televisión Española, S. A. (TVE), de
la boda de una conocida pareja de resonancia social que tendrá lugar en
Sevilla el día 23 de octubre de 1998
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 4711)
De don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el contenido de la política universitaria del Gobierno en el momento
actual y para el inmediato futuro, con especial referencia a su
diagnóstico de los problemas y a sus propuestas de soluciones (Página 4711)
El señor Iglesias Marcelo realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Varela i Serra, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el
Grupo Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular. Cierra el
debate la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma).
De don José Nieto Cicuéndez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno en materia de extradiciones en general y, en
particular, sobre su postura en relación con la posible extradición del
ex Presidente de la República de Chile para que pueda ser juzgado en
España por presuntos delitos contra la Humanidad (Página 4722)
El señor Nieto Cicuéndez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, por el Grupo
Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular. Cierra el debate la
señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
De don Angel Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el
acuerdo alcanzado entre el sector eléctrico y el Gobierno en relación con
la implantación del diseño que configura el actual marco normativo de
dicho sector
Esta pregunta ha sido aplazada.
Se suspende la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4729)
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley de
restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del período 1936-1939 (Página 4729)
El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen. El señor García Miralles defiende la propuesta de veto del
Grupo Socialista. El señor Uriarte Zulueta consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; García Miralles, por el Grupo Socialista, y Uriarte Zulueta, por el
Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto por 80 votos a favor, 129 en contra y 2
abstenciones.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, retira la enmienda número 5. La
señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 a 4. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, retira la
enmienda número 6. El señor Rigol i Roig retira las enmiendas números 23
y 24, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor
García Miralles defiende las enmiendas números 7 a 21, del Grupo
Socialista. Los señores Espert Pérez-Caballero y Uriarte Zulueta consumen
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la
señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Rigol i
Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; García
Miralles, por el Grupo Socialista, y Uriarte Zulueta, por el Grupo
Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor y 199 en contra.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Socialista, por 79 votos a
favor, 123 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7 a 19 y 21, del Grupo Socialista, por
77 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 124 votos a favor, 78 en contra y 2
abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley sobre
derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 4744)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
2 a 13 y 15 a 19. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 20. El señor Capdevila i Bas defiende la enmienda «in
voce» presentada en Comisión por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Mancha Cadenas consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Artiles Bolaños, por el Grupo
Socialista, y Galván de Urzáiz, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor,
115 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 5 a 13 y 15 a 19, del Grupo
Mixto, por 3 votos a favor, 193 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
194 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba la enmienda «in voce» del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió por 193 votos a favor y 4 en contra.
Se aprueba una propuesta de modificación relativa al artículo 20, firmada
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 14, así como la
disposición adicional primera, por 195 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 196 votos
a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS:
-- DE DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE, A EFECTOS DE
RENOVACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI), EN EL QUE CONSTA
REGULADO OFICIALMENTE EL NOMBRE PROPIO EN VASCO DE SU TITULAR, SE EXIGE
LA APORTACION DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO, A FIN DE
SEGUIR MANTENIENDO DICHO NOMBRE VASCO. (680/000602)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Preguntas. En primer lugar, de don
Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos sobre las razones por las que a efecto de renovación
del Documento Nacional de Identidad, en que consta regulado oficialmente
el nombre propio en vasco de su titular, se exige la aportación del
certificado de inscripción en el Registro, a fin de seguir manteniendo
dicho nombre vasco.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente y gracias
también por haberme llamado Imanol, se lo agradezco en el alma. Señor
Ministro, gracias por su presencia.
Hasta hoy yo pensaba que el Documento Nacional de Identidad era un
documento oficial en toda regla que determinaba, avalaba y certificaba, a
todos los efectos, los datos personales de su poseedor y si no es así
quiero que se me explique. Sin embargo, la Policía Nacional en Euskadi,
encargada de los trámites de su renovación, está exigiendo la aportación
de documentos legales que certifiquen los nombres propios en vasco aun
cuando en el propio Documento Nacional de Identidad a renovar consta un
determinado nombre propio en euskara como consecuencia de anteriores
procesos de identificación tendentes a paliar los efectos prohibitivos de
su consignación oficial durante la dictadura. Como quiera que tal
proceder por parte de la Policía Nacional --y, consecuentemente, de la
Administración central-- señor Ministro, se puede interpretar como una
discriminación étnico-lingüística de singular gravedad, que desfavorece
la dimensión cultural y el uso del euskara en la nominación e identidad
de numerosos ciudadanos con nombre propio vasco es por lo que me intereso
por las causas de tal proceder que, a mi entender, contravienen los
artículos 3.2 y 9.2 de la Constitución y los artículos 7.2 y 10.5 de la
Carta Europea de Lenguas del Consejo de Europa, además del más elemental
de los sentidos comunes.
Muchas gracias, señor Ministro. Doy por reproducida la pregunta tal como
la ha formulado el señor Presidente de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga Bengoa.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Quiero decir que no hay que mezclar las cuestiones. No hay ninguna
cuestión étnico-lingüística que esté relacionada estrictamente con el
País Vasco. El problema, que en algunas ocasiones se ha producido, señor
Bolinaga, es técnico y no sólo se ha producido en el País Vasco sino
también en todas las comunidades españolas. La razón es muy sencilla: el
ordenador central que gestiona el Documento Nacional de Identidad
incorporó en su momento como datos iniciales los datos de los libros de
primera inscripción de los servicios centrales y, por ello, en ese
ordenador que gestiona el DNI, en toda España, no aparecen consignados
los cambios de nombres legalmente efectuados por los interesados al
renovar su Documento Nacional de Identidad en su provincia
correspondiente y tiene usted razón, es posible que en ocasiones se
produzcan algunas discordancias entre los datos de las comisarías y los
servicios centrales del Documento Nacional de Identidad, pero es por una
cuestión técnica y en toda la geografía española. Y quiero decirle a
usted que sólo estamos hablando de los casos concretos y circunscritos al
período 1985-1991, porque a partir del año 1991 el proceso del Documento
Nacional de Identidad impide cualquier tipo de problema como al que usted
ha hecho referencia; sólo hay un período en el que se anotaba manualmente
el trabajo en el DNI y no hay ningún problema a partir de 1990-1991.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Senador Bolinaga Bengoa, tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Ministro, muchas gracias por su respuesta
y por la validez que usted otorga al ordenador central que incorporó los
datos del modo y manera que usted dice.
Yo pienso que por encima del ordenador central están las personas, están
los sentimientos, están las sensibilidades y está, precisamente, la forma
de ser y de estar de cada cual. En todo caso, comprenderá que hayamos
hecho evidente nuestra preocupación, porque si durante un reciente
período hemos sido comparados con Sarajevo y Tirana, acusados de
predisposición a la limpieza étnica y de propiciar la venta de maletas
para que se vayan de Euskadi quienes no piensan o actúan como nosotros,
los nacionalistas vascos, resulta paradójico que seamos precisamente
nosotros quienes de alguna manera --usted dice que no-- nos sintamos
humillados y discriminados en nuestro propio país por unas disposiciones
antinaturales y contraventoras de la normalidad en las relaciones más
íntimas y personales de quienes ostentamos un nombre vasco, pese al
ordenador central. Y ello además, señor Ministro, coincide con mi propio
caso personal porque resulta que este Senador es uno de los directamente
afectados,
pues en las dependencias de Irún, en fecha muy recientemente,
concretamente el 6 de octubre pasado, de alguna manera se me negaba mi
derecho a nominarme con el nombre que dispusieron para mí mis padres en
su momento, allá en las fechas del 1 de enero de 1933 --fíjese lo que ha
llovido desde entonces.
Señor Ministro, con todos los respetos para el ordenador central, a quien
no culpo de nada, sí puedo pedir responsabilidades a quien dispuso el
modo y manera de introducir en el mismo los datos correspondientes de
cada cual.
Señor Ministro, por favor, yo le ruego que tome nota y haga que, con
inmediatez, se actúe desde su Ministerio con criterios de razonabilidad,
de respeto y, sobre todo, de normalidad, no sólo en lo referente al caso
personal de este Senador, sino en el plano de la generalidad.
Si usted quiere, señor Ministro, lo puede hacer, yo creo que lo debe
hacer y espero que así lo haga, conociendo como conozco su propia
sensibilidad y sus propios orígenes. No vaya a ser que a este paso y con
el tiempo, en otra fase, nos encontremos con el mismo problema no
solamente en lo que afecta a los nombres propios, sino a los apellidos,
con lo cual puede usted imaginarse las consecuencias que podrían
derivarse de tal proceder. Le ruego, señor Ministro, que tome nota y a
ver si esto lo podemos solucionar ya, desde hoy, con inmediatez.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga Bengoa.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señor Bolinaga, me voy a limitar a responder a la pregunta concreta que
usted me hace, y le quiero decir en este terreno que el tema ha quedado
resuelto definitivamente a partir del año 1990 porque es el momento en el
que se implanta un sistema informatizado, y en el País Vasco en
particular en 1991, de forma y manera que hay una concordancia absoluta
entre todos los datos relativos a la identificación personal; a partir
del año 1991 está definitivamente resuelto este tema, señor Bolinaga.
Ahora bien, tiene usted razón, hay algunos problemas técnicos entre las
fechas que le he dicho antes de 1985 a 1991.
En ese sentido, quiero decirle que el Ministerio del Interior tratará de
reiterar la instrucción de la circular de 4 de febrero de 1998, en la que
se viene a decir que el equipo receptor del esfuerzo renovador de una
persona en el País Vasco hará de oficio las indagaciones necesarias para
que esa falta de sintonía entre unos nombres y otros del ordenador
central y del Documento Nacional de Identidad a renovar no signifique
esfuerzo por parte de aquél que renueve el carné de identidad. Es un
problema estrictamente de esfuerzo para resolver un período de tiempo, de
1985 al 1991, pero no es ningún problema político, señor Bolinaga, no
tenga usted en este terreno ninguna preocupación.
Queremos dar satisfacción a todos los ciudadanos vascos, y lo vamos a
hacer; lo vamos a hacer más allá del rebufo electoral y lo vamos a hacer
cumpliendo con nuestra obligación, porque para eso está el Gobierno de
España, sea cual sea el resultado electoral, en una dirección y en otra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
-- DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE DAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA HUIDA DE DOS
MIEMBROS DE LA ORGANIZACION TERRORISTA ETA CONFINADOS EN LA REPUBLICA
DOMINICANA. (680/000609)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan José Laborda Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la información que puede dar el Gobierno
acerca de la huida de dos miembros de la organización terrorista ETA
confinados en la República Dominicana.
Tiene la palabra el Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como comprueba su señoría, la pregunta está formulada con
mucha prudencia, pero también con una idea de exigencia. Me parece que en
estas cuestiones es bueno que se hable en el Parlamento de lo que se debe
hablar. Reconocemos gestos cooperativos que el Ministro ha tenido con la
oposición, pero creo que no bastan, tienen que ser gestos cooperativos
del Gobierno en su conjunto sobre estas materias.
Por eso, y para que podamos confiar plenamente en la palabra del
Gobierno, me gustaría conocer la información que puede darnos el señor
Ministro a partir de la pregunta, tal como ha sido expuesta por el señor
Presidente. Por decírselo más sintéticamente, señor Ministro, quiero
saber cómo pudo suceder esto y si, efectivamente, hay alguna decisión,
adoptada el pasado verano, para que cese la vigilancia en torno a estas
dos personas, que ahora mismo no sabemos dónde se encuentran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Laborda Martín.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Laborda, es evidente que la decisión del Gobierno de España, el mes
de julio del año 1997, fue desestimar la utilidad del grupo llamado de
interlocución por parte de ETA, que estaba residenciado en Santo Domingo.
Esa es la única decisión política que adopta el Gobierno español. Es
verdad que en ese momento tuvimos un éxito parcial, y no logramos la
expulsión de los cinco miembros de ETA que están en Santo Domingo. La
única decisión del Gobierno español fue solicitar la expulsión de los
cinco, consiguiéndose la expulsión de tres de ellos. Evidentemente,
quedan dos miembros de ETA en Santo Domingo.
A partir de ese momento, el Gobierno español no emite ninguna decisión ni
adopta ninguna posición distinta de la actual, salvo una reiteración, a
lo largo de esos meses, para que esas dos personas de ETA fuesen también
expulsadas a España. En un momento determinado --estamos con toda
seguridad ante una mala noticia--, lo único que conoce el Gobierno de
España es que esas dos personas se han escapado de la vigilancia de las
autoridades dominicanas.
Esos son los hechos. Esa es la única decisión que el Gobierno de España
adoptó en un momento determinado. Lamentablemente, como suele suceder
muchas veces en la cooperación internacional, por circunstancias
voluntarias o involuntarias, hay veces que se logran éxitos y hay veces
que no se consiguen, y existen malas noticias y malas situaciones, como
sin duda lo es el conocimiento de la huida de estas dos personas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Tiene la palabra el señor Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco la información.
Quisiera estar plenamente convencido de que usted tiene absoluto control
sobre estas materias. Entre otras cosas, porque de esa manera se
evitarían especulaciones.
El Secretario de Estado de Seguridad, señor Martín Fluxá, según se ha
expuesto, no dio la impresión ante los medios de comunicación de tener
una información rigurosa y cierta de lo que estaba sucediendo.
Nosotros --se lo reitero aquí a hechos pasados-- hemos advertido que en
el mes de julio, en el que estaban sucediendo cosas importantes en España
desde el punto de vista de la seguridad y de las relaciones políticas, el
Gobierno no trasladó la impresión de que estaba suficientemente informado
de lo que ahora sabemos y que, efectivamente, ha sucedido: el cese de las
actividades terroristas de la banda.
Señor Ministro, aprovecho la oportunidad para decirle que tengo alguna
preocupación sobre la eficiencia de nuestros sistemas de inteligencia. Me
preocupa porque tengo la impresión de que, tras dos años y medio, algunos
de los daños que se hicieron hace dos años y medio, cuando algunas
personas que usted conoce muy bien jugaron con las estrategias de algunos
personajes poco recomendables, como el señor Perote, no se han reparado y
es necesario que se reparen esos daños.
Señor Ministro, como me parece que en esto podemos coincidir todos, haga
el favor de decirle a quien sea que no volvamos a enterarnos de estas
materias a través del periódico de siempre. Porque me parece poco serio
--lo digo con todo el espíritu cooperativo--, que el día 22 de octubre el
periódico que tuvo las exclusivas de las declaraciones del coronel Perote
y de los papeles del CESID pueda permitirse el lujo de escribir, sin que
nadie diga nada, que al menos hasta 1997 todo fue igual. El Gobierno
español costeó la estancia de los miembros de ETA en Santo Domingo, lo
que suponía casi 10 millones de pesetas al año, según informaron a «El
Mundo» responsables de estos pagos.
Cuando he traído este asunto al Parlamento es porque todos los que
estamos aquí queremos que sea usted el que controle esta materia. Y haga
el favor, señor Ministro, de tomar alguna medida, la que sea, no vaya a
ser que también tengamos la exclusiva de las declaraciones de estas dos
personas que se han fugado a través de los mismos medios.
Como conclusión, me sentiré más seguro si ahora usted, en la media de lo
posible, me puede asegurar que nuestros servicios de inteligencia van a
recibir el respaldo, el impulso y, si es necesario, el correctivo, que
nuestra seguridad y nuestra cooperación internacional merecen. Porque lo
peor de todo es que, al final, con un Gobierno con el que hemos
cooperado, el de la República Dominicana, hemos tenido que pasar un mal
rato, aunque ellos hayan tomado diligentemente las medidas que han tenido
que adoptar ante la negligencia de sus agentes en la vigilancia de estas
dos personas.
Nada más y muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda Martín.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señor Laborda, agradezco el tono de su intervención. En primer lugar,
quiero decirle que es imposible que ni yo ni nadie pueda tener un
absoluto control ante una organización clandestina como ETA, que lleva
funcionando más de treinta años y que, sin duda alguna, tiene una
presencia internacional suficientemente repartida en el mundo, para saber
que un control absoluto no lo puede tener nadie.
En este terreno, el Gobierno lo que trata es de marcar una línea, desde
la coherencia, en su política antiterrorista, pero lo que no puede decir
a la sociedad española es que controla esta situación de una manera
definitiva, total y plena, porque estaría mintiendo a la sociedad
española, y a veces hay contratiempos en esta lucha como a los que usted
ha hecho referencia hace un momento.
En segundo lugar, quiero decirle que, en este terreno, tenemos unos
buenos servicios de información y quiero ponerlo de manifiesto hoy aquí.
Sin los servicios de información de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional
de Policía y del CESID, a lo largo de estos años, que han protagonizado
actuaciones muy importantes, no estaríamos donde hoy estamos. Al margen
del color de los gobiernos, al margen del color de los partidos, los
servicios de información de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
particular también del CESID, han desarrollado una tarea extraordinaria,
y esencialmente gracias a ellos han
conseguido la desarticulación de muchos grupos, de muchos comandos, de
los que sin duda alguna era indispensable su quehacer y su colaboración.
Evidentemente, el Gobierno no ha conocido en algunos momentos algunas
tácticas o algunos escenarios, y está orgulloso de no haberlos conocido,
porque significa que no ha participado en ellos, y porque las
limitaciones se suscitan esencialmente en aquellas personas o aquellos
grupos que no están dentro de una actuación en ese terreno. Quiero
decirle que, lejos de ser un hándicap para el Gobierno, en estos momentos
le da más independencia que nunca para poder tomar posición en un tema en
el que no ha sido parte. Desde ese punto de vista, le aseguro que eso es
lo que me tranquiliza del Gobierno de España, que tenemos la
independencia y sabemos que tenemos que responder sólo a la soberanía del
pueblo español en esta materia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
-- DE DON JOSE LUIS MORALES MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL
CONTINUO ACOSO DE PATRULLAS DE GIBRALTAR QUE IMPIDEN FAENAR A LOS
PESQUEROS ESPAÑOLES EN AGUAS PROXIMAS A LA COLONIA BRITANICA.
(680/000593)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Luis Morales Montero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el
Gobierno ante el continuo acoso de patrullas de Gibraltar que impiden
faenar a los pesqueros españoles en aguas próximas a la colonia
británica.
Tiene la palabra el Senador Morales Montero.
El señor MORALES MONTERO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, de todos es conocido el hostigamiento que desde hace más
de dos años vienen sufriendo los pescadores españoles, especialmente los
de Algeciras y La Línea, por parte de las patrulleras gibraltareñas, que
les impiden faenar en aguas próximas a Gibraltar, aguas de jurisdicción
española, donde tradicionalmente venían pescando. Todo ello, a pesar del
acuerdo que el pasado día 5 de este mes se alcanzó con el Gobierno de
Gran Bretaña y que hasta ahora, por lo que estamos viendo, se lo están
saltando a la torera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Morales Montero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, Senador.
Efectivamente, los repetidos ataques de patrulleras británicas contra
pescadores españoles con base en Algeciras han levantado, con razón, la
protesta de la población española del campo de Gibraltar, indignada por
estos penosos incidentes.
El Gobierno ha alcanzado, como dice su señoría, un acuerdo con el
Gobierno británico, concretamente el señor Ministro de Asuntos
Exteriores, Abel Matutes, con su homólogo británico, para instaurar en la
zona, con la mayor rapidez posible, una situación de normalidad,
partiendo de la base de que los barcos españoles puedan seguir faenando,
como lo han venido haciendo habitualmente, es decir, en profundidades de
más de 35 metros, lo cual les aleja a más de 200 metros del borde del
espigón de Gibraltar y que, además, sean un máximo de tres barcos los que
faenen simultáneamente.
Tengo que decirle que en las últimas semanas se han producido
lamentablemente incumplimientos por parte gibraltareña de lo acordado,
pero que todos los responsables del Gobierno que hemos tenido contacto en
los últimos tiempos con las autoridades británicas hemos manifestado y
planteado nuestra protesta en ese sentido, sin ir más lejos, yo misma en
el último Consejo de Pesca. Además, hemos exigido el cumplimiento de
forma estricta de los términos de lo acordado que, como sabe su señoría,
es lo que he señalado, y que supone sencillamente que nuestros barcos
cumplan estrictamente la legislación española, que es la única que cabe
plantear.
Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
hemos destacado en la zona unos inspectores de pesca marítima, que
comprueben que no existe ninguna transgresión de lo acordado por parte
española y que nos permita todavía una mayor exigencia ante cualquier
posible transgresión por parte gibraltareña.
Pero, quiero señalar que todo esto sólo constituye la consecuencia de
algo mucho más profundo. Sencillamente hay un hecho definitivo, que es la
presencia de la última colonia en territorio europeo, que es británica en
territorio español, que se llama Gibraltar y que se mantiene, a pesar de
las resoluciones de Naciones Unidas reiteradas año tras año. Mientras
esto no se resuelva, indudablemente, las cosas no estarán como tienen que
estar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Tiene la palabra el Senador Morales Montero.
El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señora Ministra.
Espero y deseo fervientemente que sigan las conversaciones entre ambos
Gobiernos para que, efectivamente, como ha dicho la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, termine de una vez por todas el
anacronismo
de la última colonia en suelo europeo y se acaben los problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Brevísimamente voy a intervenir para decir que eso es lo
que estamos intentando, pero del acuerdo alcanzado por el señor Ministro
de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, con su homólogo británico, se dio
traslado al sector de la zona del Campo de Gibraltar, al sector español y
éste aceptó y se comprometió en su cumplimiento, entendiendo además que
era una acuerdo razonable, partiendo de la base, insisto, de que lo grave
es que siga existiendo alguna colonia en suelo europeo y, concretamente,
en territorio español.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA CONCESION DE AYUDAS
PARA LA FLOTA DE ARRASTRE DE GARRUCHA (ALMERIA) DURANTE EL PERIODO DE
VEDA, QUE INCLUYAN UN ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS DE LA ZONA
Y EL FUTURO DE LOS MISMOS. (680/000599)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por don José Fermín
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del
Gobierno en relación con la concesión de ayudas para la flota de arrastre
de Garrucha, en Almería, durante el período de veda, que incluyan un
estudio sobre el estado de los recursos de la zona y el futuro de los
mismos.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la situación de los caladeros de Garrucha es alarmante.
El descenso que se viene produciendo en las capturas desde 1993 --hay que
recordar que es de, aproximadamente, 200.000 kilos-- ha llegado a una
reducción de 57.210 kilos en el año 1997 y que para el año 1998 siguen en
descenso. Al mes de agosto se habían capturado 53.316 kilos.
Señora Ministra, en esta situación, y por la importancia que este
caladero tiene para el municipio de Garrucha y en toda la zona, es por lo
que le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno ayudar
a la flota de arrastre de Garrucha durante la petición de un período de
veda de uno o dos meses, así como realizar estudios sobre los recursos de
la zona y el futuro de los mismos?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
La pesquería de arrastre más importante para la flota de Garrucha es la
de la gamba de profundidad. Efectivamente, coincido con su señoría en
señalar que en los últimos años se observa un descenso en los
rendimientos de la citada pesquería, aunque no siempre este descenso
obedece a un exceso en la presión pesquera, sino que, a veces, la
abundancia o la falta de abundancia de poblaciones, se debe a
fluctuaciones temporales de biomasa debido a condiciones oceanográficas,
apareciendo años en épocas altas y años en baja.
El Gobierno no tiene en principio previsto ayudas para la flota de
arrastre de Garrucha, puesto que según lo dispuesto por el artículo 14
del Reglamento 3699/1993, por el que se definen los criterios y las
condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural
en el sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y
comercialización de sus productos, las paradas temporales que no se deban
a acontecimientos imprevisibles y no reiterados y, fundamentalmente, las
debidas a causas biológicas, no son financiables con cargo a los fondos
de la Unión Europea.
Por otro lado, me gustaría decirle a su señoría que, efectivamente, el
Gobierno lleva a cabo investigaciones por cuanto dentro de su política
pesquera y a través del Instituto Español de Oceanografía, se realiza
sistemáticamente, cada año, en primavera, una campaña de evaluación de
especies de fondo para todo el Mediterráneo, con el fin de determinar el
estado de los recursos pesqueros; campaña que tiene previsto continuar en
el futuro, como todas las que ha llevado a cabo la administración
pesquera nacional en este sentido, con objeto de conseguir lo que todos
pretendemos, que es una pesquería responsable, una recuperación de
nuestros caladeros y una actividad pesquera sostenible en el tiempo. Como
consecuencia de este tipo de campañas, donde no sólo se hace una
evaluación sino que se busca la posibilidad de nuevos caladeros, de
nuevas pesquerías, como muy bien sabe su señoría porque ha sido hecho
público últimamente, en los últimos tiempos se ha trabajado en unas
pescas experimentales en el Mar de Alborán que permiten pensar que
podamos encontrar allí mayores capacidades de captura, capacidades de
captura suplementarias, y que, en ningún caso, se pueden traducir en un
aumento de nuestra flota ni de nuestra capacidad de captura, sino en un
mayor aseguramiento para la flota ya existente en este momento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la situación de los caladeros seguirá siendo grave. Nos
temíamos que la respuesta iba a ser que la Unión Europea no contempla
estas ayudas. Pero quiero recordarle, señora Ministra, que en una
proposición no de ley, aprobada en el Congreso de los Diputados el 21 de
mayo de 1997 por unanimidad, se le pedía a su Gobierno que hiciera todos
los intentos posibles para conseguir ayudas para este tipo de pesca de
arrastre, en concreto, para estos caladeros de Aguilas y Garrucha, de
Almería y que, además, se hicieran estudios.
Es cierto, señora Ministra, que en respuesta del 17 de septiembre de
1997, el Secretario General de Pesca comunicaba que el Instituto
Oceanográfico estaba realizando estudios; estudios que todavía no
conocemos. La preocupación de los pescadores es cada vez más alarmante.
Quiero decir que las capturas más recientes pueden estar entre uno y
cinco kilos. En esas condiciones es imposible abordar los gastos, ya no
sólo de combustible, sino de mantenimiento de flota, de empleo, etcétera.
Por tanto, señora Ministra, urge adoptar medidas cuyo costo es tan
reducido. La parada biológica por mes es cifrada por los pescadores en
aproximadamente 35 millones de pesetas; lo que ellos demandan son dos
meses, y son ejemplares en el cumplimiento de medidas de autocontrol,
como usted conoce, señoría. Ellos han autocontrolado el tiempo, se han
fijado con carácter riguroso la necesidad de recuperar los caladeros;
efectivamente se pueden producir fluctuaciones y estamos pendientes de
esos estudios, pero en este momento son necesarias ayudas para hacer
frente a esa parada biológica; el costo de las ayudas es
significativamente reducido, señora Ministra: 35 millones de pesetas por
mes de parada biológica; de ello dependen más de mil empleos, y los
ingresos económicos más importantes de Garrucha. Le pedimos que haga un
esfuerzo, que estudie esas ayudas y que se pueda hacer frente a esta
parada biológica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIóN (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
He de decirle, señoría, que el seguimiento de la situación de la biomasa
y de los «stocks» de gamba roja en el Mediterráneo es algo que, como le
digo, se hace anualmente por parte del Instituto Español de Oceanografía,
y sobre los estudios complementarios a los que hace referencia su señoría
tan pronto dispongamos de ellos se los haremos llegar; pero le tengo que
decir que no sólo estamos haciendo eso, como le he señalado antes, sino
que estamos buscando caladeros alternativos precisamente porque en este
momento observamos una reducción de la capacidad de pesca en esta zona, y
creo que hemos conseguido unas expectativas razonablemente positivas,
como ciertas posibilidades alternativas en la zona del Mar de Alborán,
aunque es verdad que a unas profundidades mayores que las habituales, lo
cual reclama unos aparejos y unas capacidades concretas.
Por lo que se refiere a la parte de las ayudas, sé que hay esa
proposición no de ley aprobada por unanimidad, y que se está intentando
en Bruselas conseguir esas ayudas. Aunque sólo sean 35 millones de
pesetas y a su señoría no le parezca una cantidad importante, que es
posible que comparado con otras no lo sea como cantidad mensual, que
sería lo que costaría --aunque habría que ver si es eso sólo o si es
más--, la incorporación del Decreto 798, de mayo de 1995, no prevé las
paradas programadas como supuestas beneficiarias de ayudas por parte de
la Administración General del Estado. Quiero decir con esto que la actual
legislación que arranca del año 1995 no prevé este tipo de ayudas. Es
más, si consiguiéramos una modificación o una actitud distinta por parte
de la Comisión de la Unión Europea por supuesto habría que modificar
incluso la legislación española para poder hacer viables este tipo de
ayudas. Estamos trabajando en ello pero en este momento no le puedo decir
nada más que lo que hay: que Bruselas no nos ha dado luz verde y, por
tanto, en este momento no se puede hacer frente a unas ayudas para este
tipo de pescadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DOÑA MARIA GEMA DIAZ VILLEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO ALGUNA ACTUACION PARA
INCENTIVAR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS. (680/000614)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es de doña Gema Díaz Villegas,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si va a desarrollar
el Gobierno alguna actuación para incentivar el consumo de los productos
pesqueros.
Tiene la palabra, Senadora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es evidente la importancia económica y social del sector
de la pesca en España, si tenemos en cuenta que nuestra flota pesquera
representa el 27 por ciento de la flota pesquera comunitaria, el 30 por
ciento del empleo pesquero de toda la Unión Europea, así como el 20 por
ciento de las capturas de pesca en la Comunidad.
La consolidación y potenciación de esta actividad económica está
íntimamente ligada y relacionada con el consumo de productos pesqueros.
En estos momentos el pescado representa un 12 por ciento del gasto
alimentario en los hogares y sería muy importante para la economía del
sector poder elevar este porcentaje, para lo cual consideramos que se
hace necesario difundir un reconocimiento favorable de las cualidades del
pescado en la dieta alimentaria, de sus ventajas nutricionales y, en
algunos casos, induciendo a modificar hábitos de consumo hacia productos
que hasta ahora habían sido infravalorados por los consumidores, incluso
algunos de ellos desconocidos, y promocionando también aquellos en cuyo
consumo se ha producido una notable recesión, como pueden ser los
congelados o las conservas, para lo cual se hace imprescindible la
garantía de condiciones de calidad claras y definidas que permitan al
consumidor apreciar y confiar en las cualidades del producto, destacando
sus bondades mas características y contribuir así a la expansión de la
demanda, orientada tanto al mercado interno como externo con un espíritu
de globalización.
Si bien es verdad que cada vez hay una conciencia más arraigada en la
sociedad de que los beneficiarios de una medida son los que deben
implicarse más activamente en ella y en algunos casos asociaciones o
cooperativas de producción y comercialización realizan esporádicamente
acciones de promoción y publicidad genérica, éstas nos parece que son aún
insuficientes. Los productores creemos que no están aún debidamente
concienciados de que deben de tener una serie de objetivos comunes, de
hacer un frente común y adoptar una estrategia que aumente la demanda
global de su producto y salir así todos beneficiados, cosa que no ocurre
con la promoción de tipo marquista.
Señora Ministra, por todo lo expuesto creemos que se hace necesario un
impulso por parte de la Administración para que, en un esfuerzo conjunto
de entidades públicas y privadas, se logren los objetivos que se
persiguen, y quisiéramos conocer, señora Ministra, si va a desarrollar el
Gobierno alguna actuación para incentivar el consumo de productos
pesqueros.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Díaz Villegas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, entre los objetivos de este Gobierno en política pesquera
está el realizar campañas de promoción de nuestros productos con el fin
de asegurar y mejorar la renta de nuestro sector pesquero. Así, el FROM
cuenta desde 1997 con planes anuales de promoción de productos pesqueros.
Estas campañas tienen dos sentidos. En primer lugar, como señalaba su
señoría, incentivar el consumo de especies de carácter estacional o
infravaloradas que, por una mayor oferta en un momento determinado o una
menor demanda, tienen un precio de venta que no las hace rentables para
el sector extractivo y concretamente para impulsar ese tipo de campañas
el Ministerio destina la cantidad de 588.500.000 pesetas destinadas al
consumo de pescados azules, productos congelados, trucha, productos de
acuicultura, bonito del norte, conservas, bacalao y artículos
promocionales varios.
El segundo objetivo es crear una conciencia entre productores y
consumidores de los efectos perjudiciales que sobre los recursos
pesqueros significa la captura y comercialización de especies pesqueras
con tallas inferiores a lo establecido como mínimo --los famosos
«pezqueñines»--. Para esta campaña, con especial acento en los alevines,
la inversión en publicidad se cifra en 298 millones de pesetas.
La inversión en promoción realizada por el Gobierno en este año, por lo
tanto, ha alcanzado la cifra de 952.500.000 pesetas, lo que supone un
incremento del 15 por ciento respecto a 1997. Se han realizado estas
campañas a través de medios audiovisuales, prensa y revistas,
distribución de recetarios y utilización de vallas publicitarias en
grandes zonas comerciales. Entre otras acciones promocionales hay que
destacar la participación de empresas españolas del sector en ferias y
exposiciones nacionales e internacionales, concretamente en dos ferias
internacionales de máxima importancia, como por ejemplo la «Sea Food», de
Bruselas, o la «Fish Sea Food» de Bremen.
En cuanto a ferias nacionales, destaca la participación del sector en el
Salón «Alimentaria» de Barcelona y en las ferias monográficas del sector
pesquero en Vigo, Tarragona, Bilbao, Bermeo, San Carlos de la Rápita,
Burela y Silleda.
Estas actuaciones son financiadas por la Unión Europea mediante el IFOP
en un 71 por ciento y por el Estado en el 29 por ciento restante.
Por último, dentro del mismo marco promocional, el sector privado también
lleva a cabo una serie de campañas complementarias a las realizadas por
el FROM para productos congelados, truchas, productos de acuicultura,
conservas y bacalao, que cuentan también con ayudas de la Unión Europea y
del propio FROM, es decir, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y concretamente suponen una aportación de la Unión Europea
del 47,5 por ciento, del Ministerio del 24,3 por ciento y del sector
privado del 28,2 por ciento de los gastos, y que ha supuesto una cifra
promocional de 1.121 millones de pesetas en el año 1998.
Por lo tanto, he de decir que se está haciendo un gran esfuerzo, pero, de
cara a informar al consumidor cuando va a comprar pescado, hay que
complementarlo con algo que se ha planteado y que va a ser aprobado en
breve por el Gobierno: con una serie de normas de comercialización con
las que se consiga una especificación de todos los elementos esenciales.
Tanto usted como yo como cualquiera de los aquí presentes, cuando vamos a
una pescadería no se nos aclara de dónde viene, de qué especie se trata,
ni cuándo fue pescado ni con qué arte, ni nada de nada, sencillamente lo
vemos y en función de nuestros conocimientos valoramos su calidad.
Entendemos que esto no es suficiente
y que, al igual que en todos los productos alimentarios, tanto frescos
como congelados o elaborados, se nos informa del origen, tipo y demás
datos interesantes para el consumidor, hay que incorporar ese tipo de
información a un alimento como el pescado; con ello daremos un servicio
al consumidor, que es nuestro principal objetivo, y ofreceremos, además,
un complemento clarísimo al sector pesquero, que es el que depende
básicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Senadora Díaz Villegas, tiene la palabra.
La señora DIAZ VILLEGAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero agradecer a la señora Ministra su respuesta y mostrar
mi satisfacción al comprobar que por parte de su Ministerio se hace un
esfuerzo y se adopta un compromiso importante para la promoción del
consumo de productos pesqueros.
También me gustaría destacar, señor Ministra, la satisfacción que nos
merece la decidida protección de inmaduros a la que se ha referido usted
y su propósito de sensibilizar al consumidor y al productor del daño
irreparable que se produce en nuestra economía pesquera si no se pone fin
a sus capturas.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Díaz Villegas.
-- DE DOÑA ILDEFONSA SALGADO SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DESARROLLAR ALGUNA MEDIDA
DE APOYO A LAS DEHESAS, TENIENDO EN CUENTA LA POBLACION DE GANADERIA
AUTOCTONA EXTENSIVA QUE ESTAS EXPLOTACIONES SOPORTAN. (680/000615)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ildefonsa Salgado Santos, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre si tiene previsto el Gobierno desarrollar
alguna medida de apoyo a las dehesas, teniendo en cuenta la población de
ganadería autóctona extensiva que estas explotaciones soportan.
Senadora Salgado Santos.
La señora SALGADO SANTOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el sistema extensivo de producción ganadera es una
actividad tradicional y largamente practicada en nuestro país en la que
el animal se integra en su medio natural y donde los resultados
productivos y los niveles de exigencia técnica son siempre menores que en
los sistemas intensivos.
Existen en todo el territorio nacional explotaciones de ganado,
principalmente de especies bovina, ovina, porcina y algunas veces equina,
agrupadas en grandes espacios abiertos donde predomina el pastoreo y que
conocemos como dehesas. Estos espacios naturales, considerados como uno
de los agrosistemas peninsulares de mayor valor medioambiental, son de
difícil gestión, ya que tienen su fundamento en un aprovechamiento
múltiple de sus recursos.
Los factores agrarios implicados en su valor y que inciden en su
conservación son básicamente: el tipo, carga y gestión ganadera; la
mejora de pastos; la dosis de abonado; la densidad, poda y tratamiento
fitosanitario de sus arbolados; la presencia de matorral que, a veces,
invade el terreno de pastoreo y un largo etcétera que incrementa la
complejidad del paisaje y contribuye al deterioro medioambiental del
ecosistema.
Por otro lado, la aplicación de la reforma de la PAC, con la
obligatoriedad de mantener tierras de barbecho o de retirada de tierras
en perfectas condiciones de laboreo, y la influencia del éxodo rural y
del envejecimiento de la población está ocasionando graves problemas para
la supervivencia de estas dehesas.
Por todo ello, señora Ministra, a esta Senadora le gustaría saber si el
Gobierno tiene previsto desarrollar alguna medida de apoyo a las dehesas,
teniendo en cuenta la población de ganadería autóctona extensiva que
soportan estas explotaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Salgado Santos.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Senadora, efectivamente, desde el Ministerio se está estudiando un
programa agroambiental de gestión integrada a la explotación ganadera que
contempla un conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar, desde el
punto de vista agroambiental, los diferentes sistemas de aprovechamiento
de recursos naturales de las explotaciones ganaderas extensivas españolas
y que, quizá en primer lugar, persigue una mejora genética de la cabaña
ganadera española.
Todas las medidas que ahí se contemplan se enmarcan dentro de las medidas
de acompañamiento de la PAC y, en concreto, en el Reglamento 2078/1992.
En la actualidad se está debatiendo con las Comunidades Autónomas el
desarrollo de las medidas que puede abarcar el programa y las condiciones
para acceder al mismo, así como el aspecto presupuestario y financiero
del mismo.
Este es un programa que se plantea con carácter horizontal y que, en
principio, se puede aplicar por igual a todo el territorio nacional. Ahí
se priorizan las ayudas en función del porcentaje de hembras
reproductoras de raza ganadera autóctona o española de raza, pudiendo
acogerse
al mismo las explotaciones ganaderas en régimen extensivo que cumplan
algunas de las condiciones siguientes: aquellas cuyas bases de pastoreo
sean el aprovechamiento de los pastos, rastrojeras y restos de otros
cultivos en la zona centro y este de España; aquellas cuya base de
pastoreo son los pastos de las zonas adehesadas del oeste y suroeste, así
como las explotaciones extensivas cuyo pastoreo sean pastizales y
praderas de tipo atlántico, fundamentalmente en la cornisa cantábrica y
otros sistemas montañosos.
Se trata de un programa de concepción integral de las actividades
ganaderas y del ecosistema que lo soportan, que pretende, insisto,
mejorar la cabaña ganadera española en general en todos sus elementos
--porcino, ovino, caprino, vacuno, equino-- y, además, regenerar la
dehesa, nuestro bosque mediterráneo por excelencia, en sus aspectos de
arbolado, mantenimiento, así como los pastos y praderas para evitar la
erosión, los incendios forestales, la pérdida de biodiversidad y de masa
vegetal.
Los objetivos son, por lo tanto, claros: el fomento y mantenimiento de
razas autóctonas. En la selección genética de nuestras razas autóctonas
España lleva un retraso de 30 o de 40 años respecto al resto de países
europeos; sólo desde hace poco tiempo a esta parte, en los últimos,
quizá, 10 años se ha empezado a hacer algo de selección en el terreno de
nuestras razas autóctonas, que tiene unas características extraordinarias
y que pueden hacerlas perfectamente competitivas y, además, más rústicas
y adaptadas a nuestro entorno que otras de países foráneos.
Por otro lado, mejorar el medio físico para recuperar paisaje, pastos y
pastizales en las superficies arboladas, evitando degradación del
paisaje, invasión del matorral, incendios, erosión, estableciendo unas
cargas ganaderas máximas y mínimas, es decir, equilibradas en función de
cada tipo de superficie, y fomentar, mediante unas ayudas adecuadas, la
práctica tradicional de la trashumancia que contribuye a reducir la carga
ganadera en las dehesas durante la época estival, permitiendo la
regeneración de sus pastos y de su superficie arbolada de alcornoque y
encinal, así como el aprovechamiento de los pastos de montaña.
Por lo tanto, se podrán acoger, en principio, a las ayudas los titulares,
personas físicas o jurídicas, propietarios, arrendatarios o usuarios de
las explotaciones que estén dedicadas de forma estable y permanente a la
producción de ganadería extensiva de raza y que dispongan de un
porcentaje mínimo --estamos estudiando si lo establecemos en un mínimo de
un 25 por ciento-- de hembras reproductoras de razas autóctonas o
españolas puras. En su financiación participarán los fondos europeos, así
como la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Insisto, señoría, en que estamos intentando llegar a unos acuerdos con
las distintas Comunidades Autónomas, y espero que antes de fin de año
podamos tener una solución favorable que consiga el apoyo del conjunto de
las mismas y, por lo tanto, permita ofrecer este sistema de apoyo para
buscar una mayor armonía entre lo que es la mejora de la cabaña ganadera
española y el mantenimiento de nuestros paisajes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
La Senadora Salgado Santos tiene la palabra.
La señora SALGADO SANTOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente como cortesía parlamentaria, ya que no podía ser
menos, para agradecer infinitamente a la señora Ministra su respuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
-- DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA
RESOLVER LOS EFECTOS DEL VERTIDO DEL OLEODUCTO CADIZ-ZARAGOZA AL RIO
GENIL A SU PASO POR LA POBLACION DE ECIJA (SEVILLA). (680/000588)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del
Gobierno para resolver los efectos del vertido del oleoducto
Cádiz-Zaragoza al río Genil a su paso por la población de Ecija.
La Senadora Arnáiz de las Revillas tiene la palabra.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señora Ministra, como usted sabrá el oleoducto del que hablamos está
operativo desde hace 40 años, es decir, desde 1958. En todo su trazado de
776 kilómetros pasa por distintos núcleos de población. Ese trazado
responde a los intereses militares de Estados Unidos, que tenían previsto
en aquel momento suministrar hidrocarburos a sus bases militares, y el
crecimiento desde entonces de las poblaciones hace que muchos de los
problemas que ha habido, y este último de Ecija, nos haga dudar de la
seguridad de las instalaciones y de la idoneidad de ese trazado.
En esta ocasión, en Ecija, en el arroyo del Trillo y en río Genil, se
estima que se han vertido unos 400 ó 500 metros cúbicos de hidrocarburos.
Al 30 de septiembre, se habrían retirado 3.000 metros cúbicos de tierras,
y habría afectado a 7.000 metros cuadrados de terreno. Yo pienso, señora
Ministra, que lo que el Gobierno haya hecho y lo que tenga en previsión
hacer tiene que estar en consonancia, no con este hecho concreto, sino
con todo el trazado y todas las previsiones que eliminen riesgos para la
ciudad de Ecija, que eliminen riesgos para el resto de las ciudades por
las que pase el oleoducto, y que garanticen que un producto como los
hidrocarburos --que sabemos que son cancerígenos, genotóxicos,
neurotóxicos, irritantes,
tanto por contacto como por inhalación, no sólo para la fauna y para la
flora sino también para el subsuelo y la vida de las personas-- no
suponga una amenaza y esté perfectamente controlado.
Señora Ministra, al día 30 de septiembre se habían retirado 514 metros
cúbicos de agua y gasóleo, de los que sólo el 25 por ciento era gasóleo,
es decir, que todavía permanecía --y quiero saber qué es lo que permanece
ahora en el terreno-- la inmensa mayoría de los 500 metros cúbicos de
gasóleo. Esa es la pregunta que quiero hacer, actualizada a la fecha en
que estamos en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Como sabe su señoría, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, actuó desde las primeras
horas de la mañana del 22 de septiembre construyendo dos muros de tierra
para contener el gasóleo que discurría por aquella tierra. Se llevó a
cabo una extracción de un pozo para sacar parte del gasóleo que se había
infiltrado en el terreno. Se instaló un cerco de contención y,
posteriormente, cinco cercos más para captura de gasóleo aguas abajo del
puente de hierro. Se procedió a fijar una red de calidad para valorar el
grado de afección al medio hídrico como consecuencia del vertido. Se
construyeron zanjas drenantes, y para proteger la fauna íctica se
contrató una empresa especializada para que trasladara los peces y
controlara la calidad de las aguas. Por tanto, el día 28 se constató la
desaparición de la mancha de gasóleo en el cauce, por lo que la afección
al río Genil ha estado controlada, no existiendo en este momento manchas
de carburantes en el río ni síntomas de afección sensible a la calidad de
las aguas del río Genil, como competencia del Ministerio de Medio
Ambiente.
Lo que sí se ha hecho es requerir a la empresa Compañía Logística de
Hidrocarburos para que presente de inmediato un plan de recuperación y
seguimiento de la afección producida en el dominio público hidráulico,
que comprenda un estudio hidrogeológico de la cuenca del arroyo del
Piojito, las medidas correctoras que deben adoptarse para la eliminación
o minimización de los efectos causados por dicho vertido, así como el
establecimiento de una red de control de calidad de las aguas
superficiales en tres puntos distintos. La frecuencia de ese control
tiene que hacerse cada dos días y debe suministrarse de inmediato el
estado de las aguas a la Confederación del Guadalquivir. Se ha instado
también a la empresa a que retire el vertido sobrenadante con la mayor
celeridad posible. Se ha incoado expediente sancionador por daños al
dominio público hidráulico, y se ha solicitado de forma urgente el
informe preciso sobre causas de la rotura y actuaciones para el
funcionamiento futuro, con plena seguridad del oleoducto.
Esto es cuanto, dentro las competencias del Ministerio de Medio Ambiente,
puedo responder a su señoría al día de hoy. No es que el Gobierno tenga
que actuar en el futuro, sino que el Gobierno actuó desde los primeros
momentos de producirse esta catástrofe.
En cuanto a las razones de seguridad del oleoducto, comprenda que serán
otras explicaciones las que habrá que pedir a la compañía y a las
distintas autoridades competentes en cada una de las Comunidades
Autónomas que autorizan tanto ese oleoducto como, inclusive, el impacto
ambiental. Pero, como sabe su señoría, el Ministerio de Medio Ambiente no
abarca absolutamente todo, y las competencias están allí donde tienen que
estar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias.
Gracias, Ministra, pero se ha quedado en el informe que yo le he leído,
del día 30 de septiembre, y ese día, casi 400 de los 500 metros cúbicos
de gasóleo seguían en el subsuelo o en las aguas subterráneas, y
continuaban siendo un peligro para la población y para la naturaleza.
Además, hay un agravante. Yo pienso que la señora Ministra tiene una
deuda especial con la ciudad de Ecija, puesto que en la interpelación que
hicimos por las inundaciones y en la posterior moción consecuencia de esa
interpelación proponíamos el desvío del río Genil saliendo del casco
urbano por el arroyo Argamasilla para evitar inundaciones y otros
riesgos.
Si el Partido Popular no se hubiera opuesto, en nombre del Gobierno al
que apoya, a esa moción, no hubiera ocurrido este desastre, no hubiera
llegado a afectar a la población, no sería una amenaza para la población
si se hubiera hecho el desvío del río Genil por el arroyo de Argamasilla,
que estaría fuera del núcleo de la población.
La Ministra, que se opuso a esa medida, debería comprometerse
especialmente, no solamente por su responsabilidad de Gobierno, sino por
su acción y omisión que hace dolo a la ciudad y a los ciudadanos de
Ecija. Señora Ministra, usted debe decir lo que hicieron como primera
medida de emergencia y no sacudir a CLH la responsabilidad, porque es una
responsabilidad del Ministerio de Industria, otra cosa es que a usted le
afecte más o menos directamente, pero es un compañero suyo de Gabinete el
que cede la concesión a CLH.
Ese oleoducto no tiene revestimiento plástico exterior. Probablemente, ha
sido un golpe de ariete. Usted no me ha dicho las causas de la rotura. No
se sabe si ha sido debido a la corrosión, a un golpe de ariete o a otra
causa. A lo mejor usted lo sabe o tiene algún informe que lo aclare. Lo
que si es cierto es que hay medios técnicos para evitar la rotura. Hay
válvulas antigolpe de ariete; hay medidas de protección del oleoducto
para evitar la corrosión. Hay que prevenir muchos percances y usted tiene
que garantizar, como miembro de su Gobierno, que no ocurrirá ninguno en
el futuro.
En particular, porque es de interés para la población de Ecija, le diré
que hay una moción del Pleno del Ayuntamiento que han suscrito todos los
grupos, absolutamente todos, también el Partido Popular, por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Senadora Arnáiz, termine.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: En ella, señora Ministra --ya
termino, señor Presidente--, reclaman, entre otras cosas, un
desmantelamiento del actual trazado, una revisión completa de la
instalación, la limpieza y las indemnizaciones necesarias y un plan
integral de saneamiento del río Genil que le afecta a usted directa e
ineludiblemente. Eso lo ha firmado el Partido Popular de Ecija.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decirle que, por lo que respecta a mis
competencias relativas al saneamiento del río Genil, quizá la Senadora
pueda leerse los presupuestos del año próximo y entonces verá que estamos
cumpliendo con nuestras responsabilidades.
Paso al resto de las cuestiones. Ella misma ha citado a una compañía y
debe comprender que yo no estoy representando ni intereses, ni pérdidas,
ni ganancias de ninguna compañía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
-- DE DOÑA ANA ISABEL OYARZABAL URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO CON
RESPECTO A LA REGENERACION URBANA DE LA BAHIA DE PASAIA (GUIPUZCOA).
(680/000589)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Oyarzabal Uriarte, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que tiene previstas
el Gobierno con respecto a la regeneración urbana de la bahía de Pasaia
(Guipúzcoa).
Tiene la palabra la Senadora Oyarzabal.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos en que ha sido enunciada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Oyarzabal Uriarte.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha apoyado la revitalización económica y la regeneración de
toda esa zona de la bahía de Pasajes, concretamente creando la Comisión
Interinstitucional Bahía de Pasajes, ahora precisamente hace un año.
Las líneas de actuación de la Comisión han sido, fundamentalmente, dos:
una centrada en el área industrial y otra en las actuaciones en el
puerto. Por lo que se refiere al área industrial, desde el año 1998 hasta
el 2002 se ha establecido como objetivo la constitución de nuevas
empresas que promuevan la creación de puestos de trabajo. En este
sentido, se actúa, fundamentalmente, en dos sectores: en infraestructuras
y en un plan de reindustrialización que apoye empresas que promocionan la
creación de empleo. Para financiar dichas inversiones empresariales el
Ministerio de Industria y Energía ha aprobado una orden el 24 de marzo de
1998 donde establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas en
actuaciones de reindustrialización, así como la convocatoria para
solicitudes de dichas ayudas. Se han presentado cuatro proyectos: dos de
inversiones industriales y dos relativos a infraestructuras que
proporcionen suelo en la comarca.
Por lo que se refiere a la construcción naval, que también es importante
dentro de la bahía de Pasajes, hay una resolución de la Dirección General
de Industria y un proyecto denominado «Programa de Actuación para la
Ordenación del Sector Naval de la bahía de Pasajes». El Ministerio de
Industria y Energía ha aprobado un proyecto de cooperación para el
período 1998-1999 que implica la concesión de ayudas condicionadas al
cumplimiento de determinados requisitos con cargo al fondo de
reestructuración del sector de la construcción naval. Estas inversiones
suponen un presupuesto orientativo de unos 6.300 millones de pesetas a
fondo perdido entre el Gobierno central, el Gobierno vasco y la
Diputación Foral de Guipúzcoa.
En lo que respecta a actuaciones en el puerto, en este momento se está
redactando un plan de utilización de espacios portuarios y está también
el plan especial, y existe ya un plan de inversión para el período
1998-2002 con un presupuesto de 4.668 millones de pesetas, algunas de
cuyas actuaciones serán cofinanciadas por fondos europeos, previéndose
una inversión a finales de 1998 de 1.254 millones de pesetas.
Como ve su señoría, se trata de un proyecto de regeneración industrial
fundamentalmente, que está produciendo, sobre todo en el País Vasco,
frutos muy interesantes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
Tiene la palabra la Senadora Oyarzabal Uriarte.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, no es la primera vez ni será la última, dadas las
circunstancias, que esta Senadora haga una urgente llamada de atención y
petición de actuaciones ante la gravedad de la situación del entorno de
la bahía de Pasaia.
Señora Ministra, hace un año el Gobierno me contestaba, a través de la
Comisión Interinstitucional, que el Ejecutivo prestaría su apoyo a la
zona puesto que el Congreso de los Diputados --por cierto, a propuesta
del Grupo Parlamentario Socialista-- es lo que había aprobado y, por
tanto, trataría de cumplirlo. Son palabras textuales del Ministro de
Fomento.
Cinco meses después, el día 30 de marzo, esta Senadora preguntaba sobre
la valoración que hacía el Gobierno de los trabajos realizados por la
Comisión, pero el Gobierno Popular descolgó del orden del día la pregunta
aduciendo falta de tiempo para preparar la respuesta. Y es que en dicho
órgano, en la Comisión, señora Ministra, hay representantes de su
Gobierno, pero como la respuesta habría sido «cero patatero» puesto que
en cinco meses no se había reunido, optaron por descolgar la pregunta.
Eso sí, dos días después de haberla descolgado, se convoca la Comisión.
Pues bien, casualmente ante las elecciones vascas, el Partido Popular ha
sentido un interés súbito por la bahía, interés que, por fin, sintoniza
con la línea de todas las instituciones y partidos --esperemos que les
dure mucho tiempo este entusiasmo en beneficio de nuestra comarca--. Pero
estas aportaciones a las que hacía referencia para la promoción
industrial no son suficientes porque hay ya peticiones de empresas que
superan en 50 millones de pesetas la dotación presupuestaria asignada
para este ejercicio. Y es que la promoción industrial debe ser
completada, señora Ministra, con actuaciones hacia la regeneración urbana
puesto que, como la comarca necesita de una visión global para dotarla de
una solución de efecto duradero, no podemos estar ofreciendo soluciones
de parcheo que sólo supongan un alivio pasajero. Son necesarias
dotaciones específicas para acometer la segunda fase y los costes de
expropiación, tanto de las concesiones administrativas como de las
propiedades, en el entorno de la ría de Molinao. Precisamente esta zona
ha sido objeto de estudio en la Comisión Interinstitucional, llegándose
al acuerdo unánime de la urgencia, la complejidad, la necesidad y la
oportunidad de la operación.
En esta actuación urbanística se prevé una financiación por parte de su
Ministerio, según las normas subsidiarias, de 1.340 millones de pesetas.
¿Está decidida, señora Ministra, a actuar con esta financiación? Es la
pregunta de los 1,340 millones. Y no me diga, como ha hecho en alguna
ocasión, que esto no lo hizo el anterior Gobierno, porque entonces tendré
que recordarle que el Gobierno socialista destinó, y sin tanto cacareo,
7.000 millones de pesetas para el saneamiento de las aguas, para
regenerar las aguas de la bahía. Y entonces no se trataba de obras de las
denominadas de superficie, de las que podrían ofrecer un lucimiento o una
mayor rentabilidad económica; pero sí obras necesarias para sentar las
bases del despegue definitivo de la zona. Además, había una Coordinadora
de HB que era un problema a añadir. Repito que entonces se destinaron
7.000 millones de pesetas. Ahora hay un alcalde socialista en el
Ayuntamiento de Pasaia y, además, la inversión es lúcida o por lo menos
eso les ha parecido a ustedes hasta la fecha de las elecciones. ¿Y a
partir de ahora qué, señora Ministra? Sólo estamos reclamando que, cuando
menos, actúe como lo hizo el Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Oyarzabal Uriarte.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Quizá hay un matiz que se le escapa a su señoría: que la Comisión
Interinstitucional, si tiene un alcalde socialista, es porque también el
Partido Socialista está representado en ella. No se trata de una Comisión
que se haya inventado el Gobierno del Partido Popular que, según su
señoría, es el que quiere actuar a partir de ahora. Le recuerdo a su
señoría que la Comisión Interinstitucional, creada el año pasado, está
constituida por el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y los
ayuntamientos interesados. Por tanto, son todos ellos los que, de manera
conjunta --y no de forma unilateral por parte del Gobierno del Partido
Popular--, perfilan soluciones y toman esas decisiones. Luego también de
manera conjunta existe ese entusiasmo en beneficio de la comarca.
Por lo que a mi respecta, entiendo que se han hecho cosas en todo
Guipúzcoa, y concretamente en la bahía de Pasajes, tanto con el emisor
submarino, como con la depuradora de aguas, aunque el propio Alcalde de
San Sebastián ni siquiera quiso asistir a la firma de todos aquellos
convenios, bien porque no se lo creía, o porque realmente pensaba que
ojalá se pudieran haber hecho antes desde el Partido Socialista.
En cualquier caso, señoría, creo que tres días después de la celebración
de las elecciones no debemos juzgar el que sea a partir de ahora cuando
el Gobierno del Partido Popular tome interés por la comarca, porque me
parece que los resultados de las elecciones reflejan un reconocimiento
bastante expreso --y no quiero mirar a otros Partidos-- de lo que el
Gobierno de España ha hecho por el país Vasco.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
-- DE DON FRANCISCO GIL-ORTEGA RINCON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA CONTRATAR LAS
OBRAS DE LA DEPURADORA DE ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL). (680/000616)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Francisco Gil-Ortega
Rincón, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha
prevista por el Gobierno para contratar las obras de la depuradora de
Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.
Senador Gil-Ortega, su señoría tiene la palabra.
El señor GIL-ORTEGA RINCON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, según tengo entendido, en 1993 existía un compromiso
público para incorporar en los presupuestos generales de dicho año la
consignación económica suficiente para iniciar y terminar las obras
objeto de esta pregunta, a fin de que el agua depurada fuese destinada a
alimentar también las Tablas de Daimiel y recuperar al mismo tiempo el
acuífero 23.
En 1996, el Director General de la Consejería de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha anunció que las obras de la tercera fase de la
construcción de dicha depuradora comenzarían ese mismo año. Sin embargo,
ese trámite no se inició realmente hasta 1997, con el Gobierno popular.
Así, el 1.º de agosto de 1997 el Consejo de Ministros autorizó la
estación depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan, en la
provincia de Ciudad Real, mediante el método alemán de financiación. Esta
autorización supone que en lugar de los 12.000 metros cúbicos que se
tratan actualmente se pase a tratar 25.000. También sabemos que la
adjudicación se produjo en el mes de julio de 1998, con un plazo de
ejecución de 24 meses. Por tanto, prácticamente sabemos todo.
Pero, señora Ministra, durante estas últimas semanas se ha especulado
demasiado por parte de algunos dirigentes socialistas, quizá por falta de
información, en relación con que el Gobierno del Partido Popular
incumpliría también, al igual que hicieron otros antes, el compromiso
adquirido.
Señora Ministra de Medio Ambiente, para cerrar esta cuestión quisiera
saber cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las obras de la
mencionada depuradora de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad
Real.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gil-Ortega.
Tiene la palabra, señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, comparto todas sus afirmaciones, aunque me sorprende que se haya
podido producir cualquier tipo de especulación, puesto que si falta
información no hay más que acudir a la zona y comprobar que, no solamente
se ha contratado la obra a la que su señoría se ha referido con fecha 28
de septiembre de 1998, sino que las obras propiamente dichas han
comenzado el 14 de octubre de este año, conforme a todo lo que estaba
previsto.
Por tanto, más que mis palabras, creo que lo mejor para acabar con todo
tipo de especulación son los hechos: la obra se adjudicó, se contrató, se
ha iniciado, se va a terminar en ese plazo de 24 meses a partir de su
iniciación y se va a abonar por el llamado sistema alemán; es decir, que
los 1.285 millones de pesetas se abonarán al final de los 24 meses que
durará la obra.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Gil-Ortega.
El señor GIL-ORTEGA RINCON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hay quien dice que no importa quien haga las cosas, que
lo importante es hacerlas, pero también conviene saber quién se
compromete y, al final, quién lo ejecuta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
-- DE DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, EN
RELACION CON LAS DILIGENCIAS TRAMITADAS POR LA AUDIENCIA NACIONAL, PARA
UNA POSIBLE DEMANDA DE EXTRADICION A ESPAÑA DE AUGUSTO PINOCHET.
(680/000607)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Antonio Marín Rite, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las declaraciones efectuadas por el
Presidente del Gobierno, en relación con las diligencias tramitadas por
la Audiencia Nacional, para una posible demanda de extradición a España
de Augusto Pinochet.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, damos por reproducida la pregunta en los
términos en los que está formulada.
Simplemente quiero precisar que no planteamos un debate jurídico sobre
estas cuestiones, ya que el asunto está en manos de los tribunales, y que
esperamos su contestación.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Presidente del Gobierno ha manifestado públicamente, como por
otro lado tiene demostrado, que el Gobierno ha respetado, respeta y
respetará las decisiones judiciales; ha cooperado, coopera y cooperará
con las resoluciones judiciales; y, respeta, ha respetado y respetará el
Derecho Internacional.
Respecto a la pregunta concreta de su señoría, el Presidente del Gobierno
y el Gobierno están a la espera de la recepción de la concreta demanda de
extradición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, nos temíamos que la contestación iba a ser
esa.
El señor Presidente del Gobierno nos dijo que iba a exigir fundamentos
sólidos, reales, para tramitar la extradición, y eso significa algo. Lo
que más nos preocupa en este asunto es que en estos días están circulando
una serie de actitudes, posicionamientos y pronunciamientos que suponen
una cierta situación de tolerancia, de comprensión tolerante con la
situación de Pinochet.
Además de la condena que ha manifestado su señoría a la permanente
interferencia de Pinochet en el proceso de transición chileno hacia la
democracia, esperábamos del Gobierno el respeto --sin presiones de ningún
tipo-- a las decisiones judiciales, además del apoyo a la persecución del
genocidio y de los crímenes contra la humanidad, por encima de la
frontera de los estados. Y, señorías, en estos días, tenemos toda esa
serie de actitudes --fundamentalmente del Presidente del Gobierno-- que
dicen que existen muchas sensibilidades, que si se presiona a los
dictadores no se irán, que lo mejor sería que en función de los recursos
el asunto no llegara al Gobierno y, en definitiva, tenemos también la
actuación de los fiscales --fundamentalmente de los señores Cardenal y
Fungairiño.
En esta misma sala, señora Ministra de Justicia, le decía este Senador
que era una contradicción elevar a la categoría de Fiscal General del
Estado a una persona que había afirmado que el pluralismo era un vicio y
a una persona a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que había
disculpado, de alguna manera, las dictaduras chilena y argentina
planteándolas como una especie de paréntesis o de estado de excepción.
Entonces, muchos se preguntaban por qué se nombraba a unos fiscales de
este tipo, y ahora tenemos la contestación: se nombraban para esto,
precisamente para hacer este tipo de cosas. (Protestas.) Esa es nuestra
opinión, señoras y señores Senadores.
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
El señor MARIN RITE: Esta actuación de los fiscales se pone también en
relación con afirmaciones hechas hace ya tiempo por el señor Aznar cuando
decía públicamente que las penalidades del pueblo chileno se debían a que
los demócrata-cristianos no habían ido a votar. Las penalidades del
pueblo chileno se deben a la acción de los liberticidas, de los que
asaltaron el Palacio de la Moneda, de los que se pronunciaron
violentamente contra un Gobierno legítimo... A esos debe el pueblo
chileno su tragedia y sus penalidades.
Todo ello, señorías, sinceramente nos produce, por una parte, una cierta
decepción y, por otra, el convencimiento cada día más pleno de que el
giro al centro del Partido Popular es pura propaganda (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, para el alegato que acaba de hacer no le hacía falta ninguna
pregunta, puesto que traía constituida previamente la segunda fase de la
misma.
Si sus señorías creen que la mejor forma de respetar la decisión y la
independencia de los Tribunales es formular ese tipo de manifestaciones
en esta Cámara, sepan sus señorías que la Ministra de Justicia no lo
comparte.
Su señoría interpreta de forma muy sui géneris las palabras del
Presidente Aznar en función de lo que le conviene que hubiera dicho, no
de lo que ha dicho. Su señoría querría que el Presidente hubiera dicho
algo que destacados militantes de su Partido si han dicho, pero el
Presidente del Gobierno no.
Señoría, como Ministra de Justicia nuevamente tengo que pedir respeto a
la decisión de los Tribunales, mucho más cuando ésta está a punto de
producirse, pues no se ha producido todavía.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
-- DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POSTURA MANTENIDA
POR EL FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL A FAVOR DE LA NO COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES Y DE LA FACULTAD DEL GOBIERNO DE OPONERSE A
LA EXTRADICION DE AUGUSTO PINOCHET. (680/000608)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Antonia Martínez García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de
la postura mantenida por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a favor
de la no competencia de los Tribunales españoles y de la facultad del
Gobierno de oponerse a la extradición de Augusto Pinochet (El señor
Laborda Martín pide la palabra.)
Senador Laborda Martín, tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Ya manifesté ayer en la Junta de Portavoces que
la Senadora preguntante se encuentra enferma y no ha podido ni siquiera
formalizar la retirada de su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Es cierto, Senador Laborda Martín, pero formalmente
yo tenía que enunciar la pregunta
para que, formalmente también, en estos momentos decaiga.
Muchísimas gracias.
-- DE DON GREGORIO GARZARAN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DEL INSTITUTO
DE MEDICINA LEGAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON. (680/000612)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Gregorio Garzarán García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se
encuentran las obras del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Senador Garzarán García, tiene la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace un año que en esta misma Cámara se hizo una
pregunta de similares características. En su contestación se nos
informaba que al finalizar el año se encontraría elaborado el proyecto
del Instituto de Medicina Legal de Aragón y se iniciarían las obras
correspondientes.
Dado el interés que desde el punto de vista académico, científico y legal
despierta este proyecto, y la necesidad de contar en Aragón con un
Instituto de Medicina Legal adecuado a las necesidades actuales y a las
de los próximos años, yo le formulo la siguiente pregunta: ¿En qué
situación se encuentran las obras del Instituto de Medicina Legal de
Aragón?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Señora Ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente, señoría.
Efectivamente, como su señoría ha recordado, hace aproximadamente un año
se realizó una pregunta acerca de qué destino se le iba a dar al
prometido Instituto de Medicina Legal, prometido, quiero recordar en esta
Cámara, desde hace aproximadamente 20 años sin que haya llegado a
efectuarse la ubicación definitiva hasta el presente año.
En este momento la obra se encuentra en fase de ejecución, habiéndose
realizado la presentación del proyecto en el mes de junio, adjudicado en
el mes de julio a determinada empresa con solvencia, y en la actualidad
se está procediendo al vaciado de terreno. Esperamos que en el plazo de
15 meses estén terminadas las obras del Instituto de Medicina Legal, que
será un Instituto de Medicina Legal emblemático en el que han participado
médicos forenses de diversas Comunidades Autónomas para que pueda
responder a las necesidades de la forensía, de la docencia y de la
investigación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Senador Garzarán García, tiene la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señora Ministra, por su
respuesta, que avala la sensibilidad y eficacia con que desde su
Ministerio han abordado este tema, tan sensible asimismo para la
comunidad educativa y para mejorar la cobertura legal de Aragón. Muchas
gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Garzarán García.
-- DE DON JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL GOBIERNO CON RESPECTO A
LA CREACION DE UNA SALA DE SERVICIOS COMUNES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE
NAVARRA. (680/000613)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Iribas Sánchez de Boado, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que tiene
el Gobierno con respecto a la creación de una sala de servicios comunes
en el Palacio de Justicia de Navarra.
Senador Iribas Sánchez de Boado, tiene la palabra.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señora Ministra de
Justicia, señorías.
Desde hace ya tiempo viene reclamándose desde los distintos ámbitos
relacionados con la Justicia en nuestra Comunidad Foral la necesidad de
implantar a la mayor brevedad en el actual Palacio de Justicia de Navarra
el registro general único y el servicio común de notificaciones
judiciales, que concentre en una sola sala u oficina lo que hoy está
absoluta e ilógicamente disperso. Con ello se evitarían las incomodidades
que supone, tanto para el propio personal de Justicia como para los
profesionales del Derecho y para los ciudadanos y ciudadanas navarras, la
actual dispersión de las diversas notificaciones o escritos a comunicar
en los diferentes juzgados. Las competencias de este servicio serían las
prevenidas en el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En relación con todo ello, desde el ámbito de la Justicia se había
trasladado a este Senador la preocupación e inquietud por la creación de
esta nueva oficina o servicio. Los juzgados de Pamplona que podrían
beneficiarse de la reducción del trabajo son dieciséis: siete, de Primera
Instancia; tres, de Instrucción; tres, de lo Penal, y tres, de lo Social.
Poblaciones como Logroño, Alcoy, Baracaldo, Elche o Vitoria, entre otras
--sin duda con necesidades objetivas al efecto, pero, al entender de este
Senador, no superiores a las de Pamplona--, cuentan con estas oficinas de
servicio común a los diversos órganos judiciales.
Para la Administración de Justicia, el nuevo sistema planteado no ofrece
sino ventajas: economía de tiempos,
de medios y de tránsitos. Se despejan, se descongestionan las oficinas de
los juzgados al concentrarse en un único servicio común a todas ellas
todas las notificaciones ahora dispersas. Se favorece así el aumento de
la productividad y la calidad del trabajo. También se garantiza así una
mayor seguridad en la custodia de los expedientes.
En cualquier caso, como ya he dicho, los más beneficiados por la
implantación de este nuevo servicio serán los navarros y navarras que
acudan a la Justicia, porque ello conllevará un gran ahorro de tiempo
para todos los asuntos en general. Ello supondrá, evidentemente, una
mayor inmediatez en la administración de justicia y una tutela efectiva
en los derechos de los ciudadanos, que garantiza el artículo 24 de
nuestra Carta Magna.
Doy por formulada mi pregunta en sus propios términos, señora Ministra, a
la vez que quiero expresarle mi confianza y la de mi partido, Unión del
Pueblo Navarro, en la reiteradamente demostrada sensibilidad de su
Departamento en estos dos últimos años, tanto con la creación de las tres
nuevas plazas para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, como para la
realización de las imprescindibles obras de adecuación y mejora en el
Palacio de Justicia, como para la bien recientemente firmada por su
señoría --hoy lo puedo decir con agrado-- Orden Ministerial para
completar el mapa de agrupaciones de las Secretarías de los Juzgados de
Paz de Navarra.
Muchas gracias por su sensibilidad y por su respuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas Sánchez de Boado.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ministerio comparte el criterio de su señoría acerca de la
bondad de los servicios comunes: servicios comunes redimensionados; no
ese macroservicio que ha demostrado su ineficacia, sino los servicios de
una plantilla de entre seis y doce funcionarios, como recomienda el Libro
Blanco del Consejo General del Poder Judicial.
He de decirle a su señoría que, prácticamente, de forma inmediata, el
nuevo Palacio de Justicia de Pamplona contará con un servicio común de
notificaciones y embargos, así como con una sala de notificaciones de
procuradores. Para ello quisiera anunciar a sus señorías que, con fecha
30 de septiembre pasado, el Consejo General del Poder Judicial informó
favorablemente la creación, plantilla y dependencia del Decanato de los
juzgados, y con fecha 5 del corriente la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia aprobó la nueva Plantilla orgánica del
servicio común, dotada con un secretario judicial, cinco plazas de
oficial, dos de auxiliar y seis de agente, además de dos nuevos
auxiliares para la sala de notificaciones. Al día de hoy, se está
preparando el concurso de traslado para ocupar las nuevas plazas de
oficiales, auxiliares y agentes, que se convocarán el próximo mes de
noviembre.
En definitiva, señoría, la respuesta a su pregunta es que, de forma
inmediata, lo más tardar a principios del año que viene, estará en
funcionamiento la tan reiterada y necesaria oficina común y sala de
notificaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
-- DE DON JOSE RAFAEL GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE ESTA
ADOPTANDO EL GOBIERNO TRAS LA DECLARACION DE PALMA DE MALLORCA (ILLES
BALEARS) COMO SEDE DE LOS JUEGOS MUNDIALES UNIVERSITARIOS DEL PROXIMO AÑO
1999. (680/000597)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Rafael García-Fuster y
González-Alegre, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las
iniciativas que está adoptando el Gobierno tras la declaración de Palma
de Mallorca como sede de los Juegos Mundiales Universitarios del próximo
año 1999.
Tiene la palabra el Senador García-Fuster.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señora Ministra, el próximo mes de julio de 1999, España, concretamente
la ciudad de Palma de Mallorca, será sede de los Juegos Mundiales
Universitarios. 12.000 personas, entre deportistas, periodistas,
dirigentes deportivos y de organización, protagonizarán la Universiada.
Este acontecimiento de primera magnitud, tanto en el orden universitario
como en el estrictamente deportivo, comporta una serie de iniciativas y
de actuaciones para todas las administraciones.
Por ello, le pregunto, como Ministra de Educación responsable de los
temas deportivos, qué iniciativas tiene adoptadas el Gobierno tras la
declaración de Palma de Mallorca como sede de los Juegos Mundiales
Universitarios de 1999.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García-Fuster.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Universiada le fue concedida a la ciudad de Palma de
Mallorca por la Federación Internacional del Deporte Universitario en
1991. Se trata de un encuentro de universitarios de todo el mundo que se
reúnen cada dos años en una ciudad previamente designada por esa
Federación. Para la celebración de la Universiada, ya en noviembre de
1994 se constituyó un patronato de la Fundación Juegos Mundiales
Universitarios, entre el Ayuntamiento de Palma, el Govern Balear, la
Universidad de las Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca y el
Consejo Superior de Deportes.
La contribución del Gobierno se puede centrar en dos aspectos: por una
parte, la contribución económica a la financiación de la Universiada y,
por otra el aspecto institucional.
En cuanto a la aportación económica, quiero destacar que cuando asumimos
la responsabilidad de gobierno quise impulsar de forma notable el apoyo a
la Universiada. Por ello, en diciembre de 1996 se firmó un convenio entre
el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Palma y el Gobierno
Balear para financiar los Juegos Mundiales Universitarios. En ese
convenio se reconocían las aportaciones que hasta ese momento se habían
realizado, y se expresaba el compromiso del Gobierno de aportar las
siguientes cantidades: Para gastos de organización, en 1997, 70 millones;
en 1998, 90 millones y en 1999, 180 millones. Además, se destinaban a la
Universiada dos sorteos de la Lotería Nacional: uno en el año 1997, que
tuvo una recaudación de 633 millones, y otro en 1998, con una recaudación
de 756 millones de pesetas. También se han realizado importantes
aportaciones para la financiación de las instalaciones deportivas de las
islas: en 1997, 65 millones; en 1998, 113 millones y en 1999 hay
consignados 167 millones.
En resumen, señoría, que desde que se concedió la nominación en 1991
hasta 1996 los gobiernos anteriores habían aportado un total de 253
millones de pesetas. En este período 1997-1999, el Gobierno habrá
aportado un total de 2.074 millones de pesetas.
Por lo tanto, señorías, estamos ante una competición que cuenta con el
apoyo y el respaldo pleno del Gobierno y que, sin duda, va a contribuir a
que nuestros universitarios alcancen grandes éxitos deportivos, al mismo
tiempo que servirá para acentuar el desarrollo de la ciudad de Palma de
Mallorca.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador García-Fuster.
El señor GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra, por cuanto de su respuesta se deduce una gran
dedicación y apoyo al buen fin y al resultado de la Universiada; por
cuanto supone un tremendo esfuerzo económico que redundará, sin duda, en
las instalaciones deportivas mallorquinas en cantidad y en calidad; por
cuanto de la buena y estrecha coordinación institucional que está
liderando el Consejo Superior de Deportes, es decir, su Ministerio, se
derivarán consecuencias de progreso y de mejora del deporte en la
Universidad. Finalmente, señora Ministra, señor Presidente, porque de sus
explicaciones podemos deducir un feliz resultado organizativo --ojalá
también deportivo-- para España que redunde en una mayor imbricación de
la Universidad con el deporte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García-Fuster.
-- DE DON JAIME RODRIGUEZ GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL TIPO DE MEJORAS QUE HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO EN
RELACION A LOS CONCURSOS DE TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES.
(680/000611)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta formulada por don Jaime
Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el
tipo de mejoras que ha establecido el Gobierno en relación a los
concursos de traslado de los funcionarios docentes.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Gómez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, asegurar la movilidad nacional de los funcionarios
docentes no universitarios era una aspiración comúnmente sentida por
éstos.
La LOGSE estableció en la disposición adicional novena, apartado cuarto,
la obligación de convocar concursos de traslado de ámbito nacional, en
los que pudieran participar todos los funcionarios públicos docentes de
cualquier administración educativa de la que dependieran o por la que
hubiesen ingresado en el cuerpo si reunían los requisitos para ello.
Así nació el Real Decreto 1774, de 5 de agosto de 1994, que ha regulado
este ámbito con las modificaciones basadas en el artículo 37 de la LOPEG,
y los Reales Decretos 2.193, de 1995, 1.573, de 1996, también relativos a
la inspección.
Por otra parte, la LOPEG añade un apartado quinto a la disposición
adicional novena de la LOGSE, relativa a los funcionarios docentes de
centros superiores de enseñanzas artísticas.
Por razones de seguridad jurídica toda esta legislación dispersa ha sido
recogida en una nueva norma de carácter básico, según señala la
disposición final primera de la misma, el Real Decreto 2.112, de 2 de
octubre de 1998.
A mi Grupo político y a mí particularmente nos gustaría --y pienso que
nos sería a todos de gran provecho-- que su señoría nos expusiera la
naturaleza, el objeto y las modificaciones, en una palabra, las mejoras
más importantes de este Real Decreto sobre concursos de traslado de
ámbito nacional para los funcionarios docentes no universitarios, que es
lo que se pregunta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez Gómez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACIóN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en efecto, el Gobierno ha aprobado recientemente el Real Decreto
2.112/1998, que es una norma de carácter básico, es decir, que tiene que
contar con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, y cuyo objeto
fundamental es asegurar la movilidad de los funcionarios docentes por
todo el territorio nacional. Esta movilidad es una aspiración comúnmente
sentida y demandada por todos estos funcionarios, y constituye también el
eje sobre el que se apoya la configuración de los cuerpos docentes de
ámbito nacional en todo el Estado.
El Real Decreto que ahora se aprueba sustituye al anterior, que databa de
1994, en el que se regulaban los concursos de traslado para la provisión
de plazas correspondientes a los cuerpos docentes que impartían las
enseñanzas establecidas en la LOGSE.
Resumiendo, señoría, podemos decir que las razones que han motivado la
publicación del nuevo Real Decreto y, por tanto, los problemas que éste
quiere contribuir a resolver, son: En primer lugar, incorporar a los
concursos de ámbito nacional a los inspectores de educación, para que así
recuperen la movilidad nacional que antes habían perdido.
En segundo lugar, diseñar un nuevo esquema de méritos, a valorar en los
concursos para los funcionarios de los centros superiores de enseñanzas
artísticas; este nuevo esquema de méritos tenía que ser necesariamente
más acorde con la especificidad de dichas enseñanzas y con el currículum
de los profesionales que las atienden.
En tercer lugar, integrar en esta norma básica otros aspectos de la
movilidad de los funcionarios, como los reingresos, las permutas, las
comisiones de servicios, los procedimientos extraordinarios de
readscripción de efectivos, las formas especiales de participación en los
concursos que, junto con los concursos de traslados de ámbito nacional,
completan el sistema de provisión de plazas y movilidad de los
funcionarios.
Y, por último, quisiera señalar que este Real Decreto, como he dicho al
principio, ha sido objeto de examen y de análisis por todas las
Comunidades Autónomas que se hallan en el pleno ejercicio de sus
competencias en materia de educación no universitaria y se ha alcanzado
el consenso en el seno de la Comisión de Personal de la Conferencia
Sectorial de Consejeros de Educación.
Por tanto, señorías, una vez más el Gobierno ha procurado con este Real
Decreto dar soluciones a antiguos problemas, con un único fin, que es
asegurar la calidad de la enseñanza, tanto para aquellos que la reciben
como para aquéllos cuyas condiciones son importantes porque con su
esfuerzo diario son, precisamente, los que imparten esa enseñanza, que el
Gobierno quiere que sea de la máxima calidad.
Esas son, señorías, las razones que han impulsado al Gobierno a publicar
el Real Decreto de traslados de los funcionarios docentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
INTERPELACIONES:
-- DE DON JUAN IGLESIAS MARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL CONTENIDO DE LA POLITICA UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO EN EL
MOMENTO ACTUAL Y PARA EL INMEDIATO FUTURO, CON ESPECIAL REFERENCIA A SU
DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS Y A SUS PROPUESTAS DE SOLUCIONES.
(670/000101)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del Orden del día, que es
interpelaciones.
En primer lugar, la interpelación de don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el contenido de la política universitaria
del Gobierno en el momento actual y para el inmediato futuro, con
especial referencia a su diagnóstico de los problemas y a sus propuestas
de soluciones.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, la universidad, como todos sabemos, no es sólo
cosa de los universitarios, sino de toda la sociedad. Por tanto, es un
tema de naturaleza política, de alta política.
Hoy existe un debate muy amplio de carácter social, universitario, sobre
lo que es la Universidad y, en el momento actual, se plantean muchas
preguntas, pero se oyen pocas respuestas. Me parece que hay muchas
confusiones, hay muy pocas claridades; hay muchas incertidumbres y hay
muy pocas certezas.
Por esta razón, con una altura de miras, mirando al futuro de la
Universidad y a un proyecto que interesa extraordinariamente a todos,
quiero interpelar al Gobierno sobre su posición respecto a los problemas
actuales de la Universidad y respecto a su futuro inmediato.
¿En qué momento nos econtramos actualmente? En el final de una
trayectoria de aplicación durante 15 años de la Ley de Reforma
Universitaria del 25 de agosto de 1983. Quince años de vigencia de una
Ley que supuso una modificación muy profunda y muy radical de la
Universidad española y que, entre otras cosas, adaptó la Universidad a
las exigencias constitucionales; transformó la realidad de la
Universidad; concilió en un intento difícil la autonomía universitaria
con la autonomía de las Comunidades Autónomas y los poderes del Estado
respecto al mundo de la universidad (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Pesidencia.) provocó un crecimiento espectacular de la
Universidad multiplicando por 2,5 el número de alumnos, de 600.000 a
1.560.000; un crecimiento del número de profesores, 80.000 actualmente;
un crecimiento del número de universidades y centros tanto públicos como
privados --vemos que el sistema universitario
ha crecido espectacularmente--; provocó la incorporación a la Universidad
de alumnos que hace 30 años representaban el 2 por ciento del alumnado
universitario y que hoy representan un porcentaje mucho más amplio,
encarnando a todas las capas sociales en presencia de alumnado
universitario.
Todo ello configura una trayectoria que, evidentemente, plantea nuevos
problemas, nuevas dificultades y exige nuevas soluciones. Pero, además,
la Universidad no está sola. La Universidad funciona en el mundo de hoy y
el mundo de hoy plantea interrogaciones y problemas al mundo de la
Universidad. Francisco Ayala, en el reciente acto de entrega de los
premios Príncipe de Asturias, celebrado hace muy pocos días, hablaba del
desconcierto en que cultura y sociedad se encuentran sumidos al llegar a
este final de siglo, situación cuyo origen nadie deja de reconocer en la
radical y cada vez más vertiginosa revolución tecnológica que ha venido a
cambiar de arriba a abajo los sistemas y modos de la conducta humana,
haciendo incierta, vacilante o vana cualquier referencia a los valores
tradicionales que, no hace mucho tiempo, eran todavía vigentes. Es un
problema de la sociedad actual, un problema de la Universidad actual, que
algo tendrán que decir en ese panorama de incertidumbres y desconciertos.
Por tanto, preguntamos: ¿Qué esperamos de la Universidad? ¿Qué quiere
hacer el Gobierno con la Universidad? ¿Cuáles son los proyectos del
Gobierno respecto al sistema universitario español? ¿Desde dónde hacemos
estos requerimientos? ¿Cuál es el sistema de ideas que me permite acceder
a preguntar al Gobierno sobre su política universitaria?
En primer lugar, desde las expectativas sociales acerca de lo que la
Universidad debe proporcionar a los alumnos y a las familias. En segundo
lugar, desde los problemas mismos de la Universidad que no son sólo los
problemas de la Universidad. Y, en tercer lugar, desde las propuestas
políticas que los Partidos hacen respecto a su visión universitaria. Aquí
me interesa mucho analizar la propuesta política del Partido que sustenta
al Gobierno que, naturalmente, tiene la responsabilidad de contestar a
las preguntas que tenemos sobre la mesa.
La sociedad espera formación de buenos profesionales, de gente culta; la
transmisión de la cultura en el más amplio sentido de la palabra; un
sistema de ideas y creencias sobre el mundo, fundamentalmente de ideas;
la investigación científica y la educación de hombres y de personas para
la investigación y para la ciencia; y, desde el rigor y la tensión hacia
la excelencia universitaria, la igualdad de oportunidades para todos los
alumnos. Es decir, una universidad abierta a todos aquellos que tengan
capacidad para llegar a ella. Esas demandas se esperan de la Universidad
y la sociedad mira, algunos dicen de reojo, a la Universidad con una
cierta desconfianza sobre que sea capaz de cumplir realmente las
expectativas que tiene planteadas. Este es el primer sistema de
preguntas, de interrogaciones que debo plantear a su señoría.
En segundo lugar están los problemas que, dentro de la misma universidad,
hay hoy planteados y reconocidos generalmente. Primero, la Universidad
practica la universalidad del saber y de la ciencia, que no tiene
fronteras; las fronteras políticas y administrativas no tienen sentido
para la ciencia, la investigación y la cultura. Desde ese punto de vista,
hay exigencias importantes: la movilidad de los profesores y de los
estudiantes. En un sistema universitario abierto, la movilidad de alumnos
y de profesores es una exigencia a la que hay que dar contestación.
Segundo, la universidad de calidad. El sistema universitario ha crecido
espectacularmente; abarca ahora a muchísimos alumnos y a muchísimos
profesores, pero hay que ir a un producto de calidad. El Presidente de la
CRUE, Saturnino de la Plaza, decía hace muy pocos días: si queremos una
universidad de calidad y competitiva es imprescindible un compromiso de
todos los partidos, de todas las instituciones del Estado y de la
sociedad en su conjunto. En educación superior necesitamos una política
de Estado con proyección en el tiempo. Ese es el segundo problema que
tiene planteado el Gobierno y la sociedad.
El tercer problema es la coordinación de 17 subsistemas universitarios,
porque habiendo 17 Comunidades Autónomas con competencias en materia de
universidad corremos el riesgo de que esto quede fragmentado en 17
subsistemas universitarios; la expansión y consolidación de numerosas
nuevas universidades; una universidad en cada capital de provincia, quizá
en el futuro una universidad en cada pueblo de más de 20.000 habitantes;
la presencia emergente de nuevas universidades privadas --hay reconocidas
14 en este momento--; el desajuste entre oferta y demanda en numerosas
carreras, de tal manera que es necesario implantar el «numerus clausus»
en muchas titulaciones y en muchos centros del país; existen problemas de
coordinación que no suponen la negación de competencias ni de autonomía,
pero que obligan a un dibujo del sistema general, que es el planteamiento
de un nuevo problema para el Gobierno.
Existe también la necesidad de actualizar la Ley de Reforma
Universitaria, especialmente el Título IV, relativo a profesorado,
formación, acceso, promoción, carrera universitaria, asociados, etcétera.
Todo eso plantea problemas importantes, que se han ido acrecentando con
el tiempo y acerca de cuya solución podemos decir que hace ya cinco o
seis años se intentó la modificación de la LRU; posteriormente hubo
nuevos intentos de modificación, pero ha llegado el momento en que esa
modificación es absolutamente imprescindible.
La Universidad necesita dinero, y los rectores dicen que necesita
bastante dinero; la universidad del futuro requiere financiación; la
estiman en 400.000 millones de pesetas, no sé de dónde sale la cifra, no
me interesa en absoluto remarcarla, pero sí necesita dinero. ¿De qué
manera se va a atender a la financiación de las universidades públicas?
¿Cuánto hace falta? ¿Cómo se financia? He oído hablar de la hipótesis del
coste cero de la reforma universitaria, pero tengo que decirle que esa
hipótesis del coste cero es un brindis al sol. Si no hay dinero para la
reforma de la Universidad y del profesorado, cualquier reforma es un
intento realizado en el vacío.
Por último, el sexto problema que quiero mencionar a su señoría es el de
las dificultades en el funcionamiento
del Consejo de Universidades; las distorsiones que se producen entre la
Comisión Académica y la Comisión de Planificación, que ha producido
desajustes evidentes en el funcionamiento del Consejo, así como una falta
evidente de cumplimiento de las funciones para las que fue creado. Hay
que señalar aquí que recientemente ha tenido entrada en el Parlamento
catalán un proyecto de ley del Consejo Interuniversitario de Cataluña,
como un intento de coordinación a nivel de la Comunidad Autónoma de todo
el sistema universitario catalán, que me parece correcto, que es un buen
intento y que señala una vía de solución, porque naturalmente el sistema
universitario catalán no termina en las fronteras de Cataluña, sino que
está conectado y abierto a toda la realidad del sistema español y, por
tanto, lo mismo que intenta la ley presentada al Parlamento catalán
debería hacerse a nivel general para establecer una amplia coordinación
de las necesidades de la Universidad española. Ese es el segundo nudo de
los problemas que quiero plantear a su señoría.
El tercer nudo de los problemas me viene aquí ahora examinando las
propuestas políticas del programa electoral del Partido que sustenta al
Gobierno acerca del cual, y en este momento, tengo que decir que la nota
general es de un clamoroso incumplimiento. No preguntaré por qué --si no
pueden, si no quieren, si la situación política no se lo permite--, pero
le diré a su señoría: ¿Dónde se quedó el proyecto de la habilitación
nacional para los catedráticos y los titulares de Universidad? ¿Dónde se
quedó el proyecto de reforma de los órganos unipersonales de la
Universidad? ¿Dónde se quedó el proyecto de configuración de una nueva
carrera docente que estimulara a los profesores en función de la calidad
de la investigación y de la formación continua? ¿En qué quedó el sistema
de reforma de la selectividad, en la que esta Cámara tuvo un trabajo que
ha tenido resultados extraordinariamente magros? ¿En qué quedó la
consideración del carácter nacional de la UNED, que se ha pasado por
alto, abordando la problemática de los profesores tutores, que dice su
programa electoral, con la dotación económica suficiente para resolver
los problemas sin que esos problemas hayan merecido atención ninguna por
parte del Gobierno? ¿Sabe su señoría que acaban de adscribirse a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia centros de formación
turística que, no habiendo sido admitidos por las universidades normales,
han sido adscritos como centros de la UNED, siendo así que son escuelas
donde se da enseñanza presencial, lo que se contradice frontalmente con
el espíritu de la UNED, que es el de la enseñanza no presencial? ¿Qué
sentido tiene integrar escuelas de formación turística en la UNED, siendo
así que no tiene nada que ver con lo que es el contenido de una
universidad de educación a distancia? ¿En qué se quedaron los programas
de cofinanciación de titulaciones y centros universitarios que el
programa electoral del Partido Popular estableció con toda claridad y
acerca los que parece que en este momento no quieren saber absolutamente
nada?
Recordando a un clásico, yo creo que todos estos proyectos, propósitos,
promesas electorales, quedaron en muy poca cosa, no fueron sino verduras
de las eras. Muy poca cosa para que a los dos años y medio de legislatura
se pueda hacer un balance positivo del programa del Gobierno respecto de
la Universidad. Lo que están haciendo es muy poca cosa.
Ante estos problemas, el Gobierno ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su
contestación? Primera connotación inmediata: el Gobierno ha tenido una
escasísima producción legislativa y ejecutiva en el ámbito de la
Universidad. Siempre dicen que han reformado los planes de estudios, que
han reformado el tercer ciclo de las universidades y que han modificado
levemente el sistema de acceso a la Universidad. Una cosecha muy pequeña
para un programa importante, pero que en realidad en estos momentos se
encuentra en un índice de cumplimiento extraordinariamente bajo. Hay una
negativa por parte del Gobierno a tratar los problemas de fondo de la
Universidad. El señor Secretario de Estado ha declarado muy recientemente
que se dedica a limpiar la mesa de antiguos problemas y de viejos
contenciosos. Me parece muy bien que se limpie la mesa de los viejos
problemas, pero no hay que perder de vista que aquí no son esos
contenciosos y problemas heredados los que nos preocupan, sino los
problemas del futuro, la configuración futura de la Universidad, el
cumplimiento de las exigencias, y el Gobierno se niega sistemáticamente a
abordar los problemas de fondo de la Universidad española. Hay una
negativa a superar la táctica de acudir simplemente a los servicios de
urgencia cuando un problema se desborda o llega a dimensiones
insoportables. El tema de las 17 asignaturas reducidas a seis es un buen
ejemplo de esa medicina de urgencia que aprobamos, que nos parece
correcta. No se haga su señoría la ilusión de que reduciendo a seis el
número de asignaturas ha reducido la carga lectiva, porque pudiera ser
que seis asignaturas contuvieran tanta o más carga lectiva que 17 y, por
lo tanto, la reducción es buena pero hay que analizar la aplicación de
esa reducción.
El Gobierno se niega a formular explícitamente un modelo de universidad,
y por eso no sabemos exactamente en qué consiste la universidad en la que
el Gobierno y el Partido Popular están pensando para el futuro. Ni
siquiera se atreve a proponernos un plan estratégico para la Universidad
española que obligue a un amplio consenso de todas las fuerzas
interesadas en el tema.
Por último, el Gobierno se niega a plantear el marco general de
financiación de la Universidad española, argumentando que ésta es una
competencia de las Comunidades Autónomas --y en eso tiene razón--, pero
no hay que olvidar que los recursos salen de los Presupuestos Generales
del Estado y de las decisiones políticas. Es responsabilidad del Gobierno
establecer un marco general, en el que seguramente tendrá que avanzar
mucho y con riesgo en el problema de la financiación, porque sin él la
Universidad española estará condenada a una situación de inanición o de
precariedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias, terminó su
tiempo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Estoy terminando, señor Presidente.
No podemos permanecer ni un solo día más en la actitud de «dolce far
niente» en la que el Ministerio se encuentra ante la política
universitaria. No podemos permanecer indiferentes ante la indiferencia
del Gobierno, porque nos obligaría a calificar su política como un
monumental ensayo sobre la ceguera, recordando a nuestro glorioso y
reciente Premio Nobel Saramago.
Quiero invitar a su señoría a realizar el esfuerzo natatorio del que
hablaba Ortega para mantenerse a flote en la situación; la invito a
bucear, asumiendo los riesgos correspondientes en medio de la
incertidumbre y del desconcierto y, naturalmente, me invito a mí mismo a
acompañar en ese buceo al partido mayoritario, porque el tema de la
universidad nos afecta a todos.
Por eso le pregunto, señora Ministra, ¿piensan abordar alguna vez el
marco general de la política de financiación de la Universidad? ¿Piensa
abordar el problema del profesorado universitario y de las exigencias que
los 20.000 profesores asociados presentan hoy? ¿Piensan prestar apoyo al
informe Brical, versión española del informe Dearing?
El señor vicePRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iglesias, vaya
concluyendo. Siento mi insistencia, pero es que se está alargando más de
la cuenta.
El señor IGLESIAS MARCELO: Estoy terminando, señor Presidente.
¿Piensan dedicar algún tiempo al diseño de la universidad del futuro?
¿Piensan hacer algo con la Universidad española? ¿Van a hacer algo de
verdad al respecto?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero agradecer nuevamente al Grupo Parlamentario Socialista
la oportunidad que me brinda para exponer a sus señorías las líneas
generales de la política universitaria del Gobierno, como ya hice hace
algunos días en el Congreso.
El Gobierno, señorías, parte de la base de que la Universidad es una
institución fundamental para la sociedad desarrollada y que es un factor
esencial para el progreso de la misma. España hoy tiene una amplísima red
universitaria en la que predomina un alto nivel académico y científico, y
partiendo de esa base estamos desarrollando una política clara, definida
y coherente que tiene al estudiante como eje principal de todas nuestras
actuaciones y que persigue la mejora de la calidad de la enseñanza en la
Universidad.
Los principios rectores de nuestra política en la Universidad: calidad,
mérito académico, movilidad e investigación se corresponden de manera muy
ajustada a los que desarrollan los países más avanzados y a los
reflejados en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior,
aprobada recientemente en la UNESCO. Nuestro propósito es continuar
plasmando estos principios en políticas concretas dentro del marco
competencial que la Constitución le señala al Gobierno y de las leyes
vigentes. Porque no podemos olvidar, señorías, que nuestra estructura
universitaria es muy compleja y que nuestras universidades gozan de la
autonomía que le consagra el artículo 27.10 de la Constitución. Una
autonomía que va mucho más allá de la autonomía académica y que se
extiende, también, a numerosos aspectos financieros y organizativos.
La Constitución contempla, además, la asunción de amplísimas competencias
normativas y ejecutivas en materia universitaria por parte de las
Comunidades Autónomas, que hoy tienen la competencia exclusiva en la
planificación, gestión y financiación de las universidades. Es decir, de
acuerdo con lo que llamamos bloque de constitucionalidad hay decisiones,
sin duda deseables que, sin embargo, no puede adoptar el Gobierno sin
interferir ilícitamente en esos ámbitos de autogobierno reservados, por
una parte, a las universidades y, por otra, a las Comunidades Autónomas.
Pero eso no quiere decir que el Gobierno no tenga ninguna tarea. La tarea
del Gobierno es promulgar las normas necesarias para mejorar la calidad
de las universidades, mantener la cohesión del sistema universitario y
tener al estudiante como protagonista en todas nuestras preocupaciones.
Por eso, cuando hace un año ofrecía el proyecto de modernización para la
universidad lo que pretendía era aportar una solución para resolver los
tres grandes problemas que se percibían en aquel momento como urgentes e
importantes. Ninguno de esos tres grandes problemas, Senador Iglesias,
había sido creado por el actual Gobierno: Al contrario, en su momento
muchos de ellos habían sido ya denunciados por el Grupo que nos sustenta,
mientras que los más firmes defensores de la situación legislativa y
política, que era la que daba origen al problema, fueron precisamente
quienes hoy exigen soluciones inmediatas. Bueno es que los años nos den
de modo tan unánime la razón, pero no que con vehemencia se nos exija
reformar aquello que hace muy poco tiempo se defendía dogmáticamente por
su Grupo con idéntica vehemencia.
De esos tres problemas, sin duda, señoría, el primero, el que perjudicaba
a los estudiantes españoles, y que su señoría ha despachado diciendo que
era muy fácil hacerlo --no debía ser tan fácil cuando tuvieron que
transcurrir siete años para que pudiéramos hacerlo--, eran los planes, de
estudio que ustedes habían aprobado en el Real Decreto del año 1987. Esos
son los que provocaron que los estudiantes soportasen una carga lectiva
desproporcionada y, además, carente de toda racionalidad. La media de 18
asignaturas por curso, que en ocasiones asciende todavía a la cifra
increíble de 23 o 24, era el problema fundamental que tenía indignados a
nuestros estudiantes. Ese problema, señoría, lo hemos resuelto con el
Real Decreto 779/1998, limitando a un máximo de 6 asignaturas las que un
alumno puede cursar simultáneamente. También hemos flexibilizado el
concepto de crédito --y aprovecho
para contestar al Senador en cuanto a que la limitación del número de
asignaturas puede no disminuir la carga lectiva-- puesto que hemos
incluido las enseñanzas teóricas y prácticas, así como algunas otras
actividades académicas dirigidas.
La aplicación de esta reforma no podía hacerse de la noche a la mañana.
Hay planes de estudio que están todavía en vigor y se necesitaba un
período transitorio que nosotros hemos dejado que llegue hasta el año
2000. Es lógico, pues en la reforma de un plan de estudios tienen que
intervenir varios órganos internos de las universidades. Hubiera sido
imprudente forzar a las facultades y escuelas a llevar a cabo una reforma
tan importante en el término de unos meses.
Pero tengo que decir, señoría, que el 20 por ciento de los planes que han
de retocarse de acuerdo con la nueva normativa ya lo han hecho --por
tanto, hay un 20 por ciento que ya se han reformado--, y esa cifra se
acerca al 40 por ciento del total de los planes de estudio que
actualmente existen en España, más de 2.100, si sumamos los que se
elaboraron con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto
pero conociendo ya cuáles eran las reglas de acuerdo con las cuales se
estaba elaborando el mismo.
Por tanto, el primer problema que perjudicaba a los estudiantes, el
absolutamente irracional número de asignaturas por curso, está resuelto
ya por este Gobierno.
El segundo problema, señoría, es el doctorado. Esos estudios han sido
también modificados en profundidad por el Real Decreto publicado por el
Gobierno. Hemos actualizado una regulación que se había quedado obsoleta
y lo hemos hecho, una vez más, atendiendo a inquietudes y sugerencias
manifestadas por el Consejo de Universidades. Con ello hemos querido
primar los programas del tercer ciclo, los que eran más
interdisciplinares y de mayor calidad; hemos querido exigir un número
mínimo de estudiantes por programa; hemos impuesto mecanismos de
evaluación y hemos potenciado las atribuciones de las comisiones de
doctorado. Al mismo tiempo, se ha dotado de mayor funcionalidad a los
estudios de doctorado, al crearse el certificado de estudios de tercer
ciclo y el diploma de suficiencia investigadora homologado para todas las
universidades españolas, lo que reducirá la frustración generada por el
sistema hasta ahora vigente en el que los estudiantes que no llegaban a
redactar la tesis doctoral carecían de cualquier reconocimiento oficial
del trabajo realizado en los cursos de doctorado.
El tercer gran problema, señoría --usted ha hecho referencia a él--, es
el de la modificación del Título V de la Ley de Reforma Universitaria.
Sin duda era a este al que se refería su señoría aunque haya hablado del
Título IV, ya que el Título V es el relativo al profesorado de las
universidades.
No es ningún secreto que el Gobierno está trabajando para alcanzar un
acuerdo político sobre la base del texto consensuado con las autoridades
académicas y autonómicas, texto que, en su día, fue presentado al Pleno
del Consejo de Universidades.
Quiero recordar aquí que el Ministerio decidió constituir un grupo de
trabajo que presidió el ex ministro y profesor González de Seara, y ese
grupo de trabajo alcanzó un acuerdo con un grupo muy significativo de
rectores de universidad, precisamente la Comisión Ejecutiva de la CRUE y
consejeros de las Comunidades Autónomas. También había representantes del
Parlamento, y ese acuerdo se alcanzó y se firmó por unanimidad, señorías.
Aquí tengo copia de ese acuerdo, y sin duda las bases con las que se
llegó a un consenso para la reforma del profesorado son mantenidas por el
Gobierno y son sobre las que estamos en este momento negociando
políticamente con los grupos que apoyan al Gobierno, y sin duda son las
que reflejan lo que pidieron los rectores y el resto de las Comunidades
Autónomas. Ahora se nos dice que hay quien se desvincula de ese acuerdo
porque no lleva aparejada la financiación. No cabe duda de que quien
firma y rubrica un pacto tiene complicado explicar por qué no está
conforme ahora con lo que hasta hace muy poco le satisfacía plenamente.
Pero nosotros seguimos adelante, señoría. Nos hemos comprometido a llevar
a cabo la reforma del profesorado y lo hacemos, y con ello pretendemos un
doble objetivo.
Primero, mejorar las pruebas de selección del profesorado funcionario:
segundo, proporcionar estabilidad a los profesores contratados que ahora
no la tienen, es decir, proporcionar estabilidad a aquellos profesores
contratados que imparten una docencia de calidad, y por supuesto esa
estabilidad estaría sometida a evaluación.
Y abordamos un problema reconocido por todos, pero no atajado por nadie,
al que por cierto hizo referencia el Senador Varela en alguna
intervención en esta Cámara, que es el problema de la endogamia.
Hoy en día, señorías, es un clamor en el mundo académico la necesidad
imperiosa de erradicar este fenómeno que está opuesto a la naturaleza de
la institución universitaria y que es el de la endogamia. Como ejemplo,
creo que puede valer el manifiesto que fue difundido el pasado 1 de julio
en Barcelona, en el que quienes lo firmaban aseguraban --cito
textualmente-- que la esclerosis docente se acentúa por la tendencia a la
endogamia, propiciada por la actual normativa de selección del
profesorado. Señoría, la actual normativa de selección del profesorado no
se la ha inventado este Gobierno. No la hemos hecho nosotros. No procede
de una ley centenaria. La actual normativa la hicieron ustedes, señorías,
en la Ley de Reforma Universitaria del año 1983. Y ese manifiesto contra
la endogamia en el que se incluye esta frase que acabo de citar lo
promovieron y lo firmaron importantísimos profesores universitarios,
alguno de ellos, por cierto, ex miembros de esta Cámara, y no
precisamente de mi partido, como Xavier Rubert de Ventós, Eugenio Trías,
Román Gubern, Rafael Argullol, Félix de Azúa, José Carlos Mainer, Ana
María Moix, Salvador Giner, Ignaci de Solá Morales, Andrés Amorós,
etcétera.
Pues bien, nuestro proyecto sí ataca de raíz el problema de la endogamia
y asegura la objetividad de las comisiones que han de juzgar las plazas
del profesorado funcionario y garantiza también el cumplimiento de los
principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
En cuanto al segundo problema, el de la precaridad en la que se encuentra
una buena parte del profesorado universitario, aquellos profesores
asociados que han sido contratados bajo esta figura porque no había otra
y que están sometidos a la espada de Damocles del término de su contrato,
lo que proponemos es ofrecerles estabilidad profesional por supuesto con
las debidas garantías y controles externos de calidad.
Pero nuestro proyecto universitario, señorías, no se agota con el
proyecto de reforma de la LRU que estamos negociando con todos los grupos
políticos de la Cámara y que queremos aprobar y llevar al Parlamento
antes de que termine el año. También queremos tomar otras medidas
pensadas para el estudiante.
La primera es facilitar a los estudiantes la posibilidad real de elegir
universidad. Eso está dicho en el articulo primero de la LRU, pero no
siempre se cumple. Por eso, el Gobierno promoverá la reforma de la
regulación del ingreso en los centros universitarios flexibilizando la
figura del distrito compartido, que permite a los estudiantes elegir
universidades distintas a las de adscripción de su centro de
bachillerato. Queremos generalizar el distrito autonómico y crear la
figura del distrito interautonómico que facilite la movilidad de los
estudiantes.
Señorías, nuestros estudiantes son ahora los que más se mueven de toda
Europa y los que menos se mueven por España. Sin duda, yo creo que es
importante asegurar la homogeneidad de los planes de estudio, pero
también tenemos que facilitar al estudiante el derecho a elegir la
facultad que más le convenga en todo el territorio nacional. Por eso,
creemos que es fundamental el sistema de becas y préstamos que haga real
esa posibilidad de elección.
Quiero recordar a sus señorías que para el año 1999 en el proyecto del
Gobierno, que confiamos en que salga de las Cámaras, el presupuesto
destinado a becas y ayudas al estudio va a crecer nada menos que en un
11,8 por ciento, por lo que se va a alcanzar la cifra de los 98.000
millones de pesetas.
Desde que nos hicimos cargo del Ministerio en 1996, el crecimiento
acumulado de esa partida es nada menos que del 24 por ciento. Además,
vamos a introducir un nuevo concepto de ayuda a los estudiantes. Me
refiero al proyecto experimental de préstamos subvencionados para
estudiantes de fin de carrera cuya implantación ya está muy avanzada y
que queremos que sea un experimento dirigido a introducir progresivamente
una novedad que lo es en España, pero que está muy implantada en el resto
de los países extranjeros.
Señorías, voy a concluir ya porque creo que con mi exposición queda clara
la voluntad del Gobierno de situar a los estudiantes y sus necesidades en
el centro de nuestras preocupaciones por emplear la frase contenida en la
declaración mundial que se ha realizado recientemente en París.
Creo sinceramente que nuestra política universitaria señala un camino de
progreso y mejora en la calidad de las universidades y vamos a seguir
avanzando por ese camino dialogando y tratando de lograr siempre el
máximo acuerdo posible.
Aprovecho para decir al Senador Iglesias que hace referencia al programa
electoral del Partido Popular, en lo que se refiere a figuras como la de
la habilitación nacional y a la reforma del profesorado, que si el
Senador Iglesias nos garantiza el apoyo de su Grupo nosotros estamos
abiertos a lograr ese consenso que se requiere por parte de un grupo
mayoritario, pero no con mayoría absoluta en esta Cámara, para poder
llevar a cabo las reformas legislativas que se consideren necesarias y
convenientes dentro de las universidades.
Nosotros hemos propuesto algunas de esas soluciones que estaban en
nuestro programa y hasta ahora no hemos alcanzado el consenso. Bienvenido
sea, Senador Iglesias, si lo quiere.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, por favor, vaya
terminando.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Termino ya, señor Presidente.
Concluyo diciendo a los grupos parlamentarios que nosotros estamos
abordando la política universitaria con sentido de Estado y con la
voluntad de encontrar terrenos de entendimiento. Les aseguro que la
voluntad del Gobierno es precisamente lograr un consenso que mejore la
calidad de la enseñanza y la investigación en la universidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, la respuesta de la señora Ministra de
Educación, por tanto, del Gobierno, me ha confirmado en lo que yo pensaba
era la certeza de mi diagnóstico, aunque, naturalmente, siempre sujeto a
la relatividad y a la posibilidad de que nos equivoquemos. Es decir, sus
palabras me confirman exactamente mi diagnóstico sobre la política del
Gobierno respecto de la universidad.
Y es que la señora Ministra ha hablado de los tres temas a través de los
cuales yo decía que la política del Ministerio defiende su actuación en
el campo de la universidad: los estudiantes, el doctorado y la pretendida
reforma del Título V de la Ley de Reforma Universitaria --efectivamente,
señora Ministra, me equivoqué al mencionarlo--, reforma «non nata» que
todavía no sabemos en qué consiste, de la que recibimos un borrador hace
tiempo, y cuya situación no conocemos en absoluto en este momento.
Naturalmente, yo no le pido al Gobierno que interfiera en las
competencias de las universidades ni en las de las
Comunidades Autónomas. Es imposible que lo haga e incluso estaría de más.
Lo que le pido al Gobierno es que ejerza su papel de orientación general
del sistema y de las competencias que exclusivamente le confiere la
Constitución en cuestiones relacionadas con la universidad. Ese es el
papel que yo le pido al Gobierno que juegue.
Como siempre, su señoría hace una referencia autoexculpatoria acerca de
los errores y de las deficiencias del anterior Gobierno en materia
universitaria. Cae su crítica en un terreno difícil porque, señora
Ministra, yo sé que las decisiones tienen efectos positivos y efectos
negativos. Es decir, que cuando se decide algo y se aprueba la Ley de
Reforma Universitaria, se hace algo que es positivo en muchos aspectos y
que es negativo en otros. Pero esas negatividades nos las ha ido
descubriendo el paso del tiempo. Por tanto, eso nos está exigiendo que
seamos capaces de contestar a esas negaciones.
¿Tengo que recordarle a su señoría que hace cinco años intentamos
reformar la Ley de Reforma Universitaria y que esa reforma se quedó en
esta Cámara porque se disolvieron las Cortes Generales y no se pudo
promulgar porque tenía que darse traslado de ello al Congreso de los
Diputados? Pero ha habido también otros intentos posteriores de hacer esa
reforma. Y, naturalmente, si queremos reformar la Ley de Reforma
Universitaria, ello significa que nosotros, que fuimos sus autores, vemos
los defectos que ha ido descubriendo esa norma a lo largo del tiempo y
que, por tanto, queremos mejorarla como no podía ser de otra manera.
De la misma forma que de la gestión de su señoría tomo nota para que en
el futuro podamos criticar la trayectoria política de su Ministerio, bien
sea Gobierno bien sea oposición. Pero le diré una cosa: si es oposición
su señoría, no voy a centrar mi actividad, ni tampoco lo harán mis
compañeros, en la crítica de su gestión sino en la resolución de los
problemas, que es lo que realmente le interesa al Gobierno. Creo que dos
años y medio de política universitaria demandan algo más.
Yo no he dicho que fuera fácil la reforma de los planes de estudio. Eso
es siempre una cosa muy complicada puesto que hay muchos intereses en
juego. Lo que digo es que es uno de los escasos campos en que el
Gobierno, insistente y recurrentemente, tiene que presentar su acción
para justificar lo que creo es una actitud de inmovilismo, de silencio,
de no abordar los problemas.
En cuanto a un acuerdo político para el Título V, naturalmente que habría
que llegar a ello, pero no sé exactamente hacia dónde va su señoría en
ese sentido.
Dice que piensan conceder atención --no estoy diciendo asumir-- al
resultado de la versión española del informe «Dearing» que en la
Conferencia de Rectores ha puesto en marcha el llamado «Bricall» y que
vamos a concederle apoyo desde el Gobierno y desde los grupos
parlamentarios. A mí me apetecería extraordinariamente que así se
hiciera, pero me temo que no será asi puesto que la actitud del
Ministerio frente a las críticas de la CRUE es más bien negativa.
Y vuelvo a decirle a su señoría que echo de menos la visión general, la
perspectiva de futuro, el modelo de universidad. Ustedes parecen
conformarse con el regate corto, con los planteamientos a corto plazo y,
en cambio,en lo que se refiere a la universidad y a sus demandas, parece
que pasan en silencio sobre una demanda clamorosa, sobre una
interrogación que exige una respuesta inmediata que no puede admitir más
demoras.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias.
En turno de portavoces tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, subo a esta tribuna, no porque me vaya a
extender en mi intervención, sino por cortesía parlamentaria y por la
importancia que tiene el tema que nos ocupa en este momento.
Señora Ministra, creo que esta interpelación es pertinente, es
importante, pero desde mi punto de vista deja sueltos algunos cabos, o al
menos eso he creído entender yo de la respuesta de la señora Ministra a
pesar de su amplia exposición, sobre los contenidos concretos de esa
política cuyos principios conocemos y con los que no podemos estar en
desacuerdo, obviamente: la calidad, el mérito académico, la movilidad, la
investigación, el tener como centro de esta política al estudiante. Es
obvio que eso no puede tener contestación alguna.
El problema se plantea cuando se concretan esos principios y se enmarcan
en el ámbito de responsabilidades del Gobierno central en esta materia.
Como es evidente, hay que tener en cuenta los límites impuestos por la
ley, no sólo en lo que se refiere a la autonomía universitaria, sino
también en lo relativo a las competencias de las Comunidades Autónomas,
como bien ha dicho la señora Ministra.
Y nos encontramos con que un año después de plantear una serie de temas
urgentes --entre los que se encuentran, por ejemplo, aquéllos a los que
también ha aludido su señoría relativos a los planes de estudio, como el
límite de asignaturas o la variación del concepto de crédito-- la señora
Ministra nos indica que el 20 por ciento de los planes de estudio --para
cuya reforma se ha establecido el horizonte temporal del año 2000-- ya se
han reformado, y que si sumáramos aquéllos que ya lo han sido de forma
experimental y con anterioridad a este planteamiento se llegaría al 40
por ciento. No sé si estos datos son o no correctos, pero deberíamos
tener un mayor conocimiento de los planes reformados uno a uno, puesto
que en los medios de comunicación se hablaba de la reforma de un 10 por
ciento. Si eso es cierto el tema es preocupante --aunque también lo es si
se trata del 20 por ciento--, porque si el horizonte temporal está en el
año 2000 hay un curso universitario de por medio --si no contamos con
éste-- para proceder a dicha reforma.
Este es, pues, un tema muy serio. También sé que hay muchas presiones y
que existen intereses ajenos a los estudiantes.
Por ejemplo, se plantean problemas en los propios departamentos
universitarios, porque, como es natural, todos tendemos a pensar que la
asignatura o enseñanza que impartimos es la más importante, lo que va en
perjuicio de las otras. Por tanto, como digo, a la hora de hacer recortes
siempre hay problemas.
En todo caso, es importante que exista un sistema para acelerar la
reforma de los planes de estudio, porque es absolutamente de locos que
los estudiantes pasen por encima de una serie de temas contenidos en 17,
18, 19 o 20 asignaturas y que no profundicen en ninguno, como no podía
ser de otra manera, no por la incompetencia de los profesores, sino por
la imposibilidad de impartir unas enseñanzas coherentes en el poco tiempo
que se les puede dedicar, teniendo en cuenta que hay que repartir el
tiempo lectivo existente. Vuelvo a insistir, pues, en que este es un
problema grave, y creo que no se han conseguido los objetivos planteados.
Respecto del profesorado y su precariedad, la señora Ministra ha hablado
de ofrecer la estabilidad con garantía y controles de calidad. Este es un
enunciado con el que no podemos estar en desacuerdo, pero nos parece que
necesita de una mayor concreción, es decir, es necesario saber qué es lo
que se ha hecho y lo que se va a hacer.
Por otro lado, no voy a entrar en los juegos florales --en este caso, al
revés-- que se han lanzado la señora Ministra --y, por tanto, el Grupo
que apoya al Gobierno-- y el primer Grupo de la oposición respecto de
quién tiene la culpa y si este problema proviene de una reforma de la
LRU, o de una LRU que no ha resultado adecuada. En este sentido, estoy de
acuerdo con el señor Iglesias en que las cosas pueden hacerse bien, pero
a veces tienen consecuencias buenas y malas. Pero en este tema también
habría que pensar en otra cuestión. En mi opinión --y creo que eso está
pasando con la LOGSE, aunque eso sea otro tema--, a veces las leyes no
son malas; el problema es que necesitan de una financiación o de unos
medios sin los cuales no hay forma de que se cumplan sus objetivos. Se
definen, pues, unos principios, y posteriormente unos objetivos que
tienen que ser dotados de medios, y en este caso no sé si han fallado los
objetivos o los medios. Pero, en todo caso, no importa quién tenga la
culpa. En estos momentos la responsabilidad es del Gobierno del Partido
Popular, es de la señora Ministra. Por tanto, es a ella a quien tenemos
que pedir que deshaga un entuerto, si es que lo hay, o que dote a este
tema de los medios necesarios.
En cuanto a la investigación, le diré que todos los profesores
universitarios se quejan de que no tienen medios suficientes para
llevarla adelante.
No voy a referirme a otras cuestiones. Creo que habrá que estudiar su
proyecto de ley de reforma universitaria, que no conocemos y sobre el que
deberíamos tener una mayor concreción.
En todo caso, desde mi punto de vista, desde la responsabilidad de
aquellas Comunidades Autónomas que la hemos ostentado y la seguimos
ostentando, yo creo que esa voluntad de entendimiento no le va a faltar,
señora Ministra, pero entiendo que para encontrar terrenos de
entendimiento haría falta también conocer los aspectos concretos de esa
reforma que usted anuncia y que yo creo que es absolutamente urgente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
¿Grupo Nacionalista Vasco? (Pausa.)
¿Grupo Catalán en el Senado? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Varela por tiempo de cinco minutos.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, sin dejar de reconocer las mejoras evidentes --que usted
misma ha explicado-- que ha acometido el Ministerio de Educación y
Cultura en estos últimos años --mejoras de las cuales estamos
satisfechos--, sería un error ocultar que hay un gran desconcierto y
descontento en el ámbito universitario (esta seria la ceguera a la que
aludía el Senador Iglesias, si no lo viésemos).
Por tanto, reconocemos las mejoras, nos felicitamos por ellas, pero
reconocemos también que hay una alta insatisfacción en el mundo
universitario por cómo se desarrolla la política universitaria por parte
del Gobierno y reclamamos soluciones urgentes ante las peticiones que se
hacen desde los distintos sectores.
El Senador Iglesias ha citado una conferencia del señor Ayala y yo voy a
citar una conferencia de Antonio Muñoz Molina en un ciclo muy interesante
de Editorial Santillana sobre la educación que queremos. Antonio Muñoz
Molina decía --y nos tiene que hacer reflexionar profundamente a todos
los que estamos aquí-- que cuando un asunto relacionado con la enseñanza
provoca titulares es infaliblemente porque está siendo usado como
pretexto para alguna reyerta partidista. Se oculta así, por una mezcla de
intereses y de falta de interés, lo que cualquier profesor y cualquier
padre saben y sufren: que la educación, sobre todo la pública, está
sometida a una degradación y a un descrédito cada vez mayores, padecidos
en la misma medida por quienes la imparten y por quienes deberían ser sus
beneficiarios. Eso es lo que dice el señor Muñoz Molina, antiguo profesor
y, evidentemente, no es ningún comentario partidista --al menos yo estoy
convencido de que no es así-- sino la reflexión de una persona interesada
por la educación que tenemos y, sobre todo, por la educación que
queremos.
Por tanto, señora Ministra, al margen de las mejoras que se han producido
y que nosotros --insisto-- agradecemos, debemos también reflexionar para
que este pacto de Estado, del que tanto se habla, se produzca realmente,
que se produzca un debate a fondo sobre la universidad que tenemos y la
que queremos, y que lleguemos a acuerdos.
Por tanto, nosotros pedimos y reclamamos una revisión en profundidad de
la LRU, no solamente del Título V, que nos permita afrontar los cambios
que sean necesarios, no únicamente en lo que afecte a la reforma de la
carrera
docente, sino también una reforma a fondo del Consejo de Universidades
--al que también ha aludido el Senador Iglesias-- que tendría que ser un
órgano de debate, de información, de ordenación y de asesoramiento al
Gobierno en aspectos generales o que sean considerados muy básicos, pero
el Consejo de Universidades no debería ejercer, señora Ministra, muchas
competencias de gestión que ahora tiene y que corresponden a las
Comunidades Autónomas.
La actual distribución de la gestión que tiene atribuido el Consejo de
Universidades no hace otra cosa que encarecer el sistema universitario y
hacerlo más lento. Por tanto, nuestro Grupo reclama una profunda reforma
de la Ley de Reforma Universitaria y pronto, no nos conformamos con
promesas vagas.
Tampoco entendemos, como ha dicho el Senador Iglesias, qué pasa con la
reforma de la Selectividad, no lo entendemos; lo tratamos en la Ponencia,
aquí hubo un consenso, todo el mundo reclama esa urgencia... Señora
Ministra, el año próximo habrá Comunidades que no tendrán alumnos del
antiguo Plan, todos serán alumnos de Logse, por tanto, esta reforma de la
Selectividad es urgente.
Finalmente, quería insistir es un tercer aspecto relacionado con la
conferencia del señor Tarrach. La señora Ministra ha dicho --y agradezco
esa alusión-- que el año pasado cuando hablábamos de estos temas cité
esta conferencia del Profesor Rolf Tarrach en la Universidad de Barcelona
y me referí su crítica de la endogamia que existía en las Universidades,
pero el señor Tarrach decía también otras cosas en su conferencia, y a
ésas quiero aludir yo ahora. Coincido con usted y con el Profesor Tarrach
por la preocupación por la endogamia, pero él decía otras cosas sobre la
investigación; yo quisiera aludir ahora a este aspecto de la conferencia
del señor Tarrach.
El señor Tarrach reconocía que habíamos mejorado en investigación, pero
que no era suficiente y que estábamos aumentando el desnivel con otros
países. Decía que otros países como Estados Unidos gastan el 3 por ciento
del PIB en I+D, Países Bajos el 1,8 y España el 0,8, y estamos bajando.
Ahora estamos recuperándonos en este aspecto, pero aún estamos en malas
condiciones. En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados,
el 14 de octubre, el Subsecretario de Educación decía --y estoy leyendo--
que el presupuesto dedicado a investigación se acerca ya al 1 por ciento
del Producto Interior Bruto...
El señor PRESIDENTE: Senador Varela, por favor, vaya terminando.
El señor VARELA I SERRA: Acabo, señor Presidente.
Pero fíjese que en Estados Unidos es el 3 por ciento y en Países Bajos el
1,8, por tanto, el esfuerzo que debemos hacer es aún muy grande. Insisto
también en que hemos avanzado en este camino, pero pensando en esta
política a largo plazo, pensando en esta mirada larga, señora Ministra,
debemos hacer un esfuerzo mucho mayor en investigación porque el
descontento de nuestros investigadores no es ficticio, sino real.
Y acabo, señor Presidente. Hoy mismo, señora Ministra, en «El País» se
habla de un manifiesto firmado por 35 investigadores de prestigio
internacional que advierten de que en España --y cito textualmente-- la
diferencia de inversión con respecto a la media de la Unión Europea sigue
creciendo desde 1992, cuando el prometedor esfuerzo para investigación
quedó detenido. Hay una gran preocupación en el sector de investigadores.
Este es un campo en el cual España no puede perder el tiempo y el
Gobierno, con la colaboración de las Comunidades Autónomas que ya tienen
planes de investigación propios, debería insistir mucho más en ése
terreno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Iglesias Marcelo por cinco minutos.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente, seré muy
breve.
En primer lugar, recojo el guante que la señora Ministra acaba de
ofrecernos respecto del cumplimiento de su programa electoral, para el
cual parece que encuentra dificultades insuperables de consenso.
Seguramente no le podré ofrecer el consenso en todos los aspectos de su
programa electoral, pero le diré inmediatamente tres o cuatro cosas en
las que su señoría cuenta con el apoyo de nuestro Grupo y, espero, con el
apoyo de todos los Grupos de esta Cámara; por lo tanto, a partir de ahora
no tendrá excusas para llevar adelante esas propuestas programáticas del
Partido Popular.
Señoría, en su programa electoral se dice literalmente: La Administración
central establecerá programas de cofinanciación de titulaciones y centros
universitarios que garanticen un equilibrio en la oferta y el nivel de
calidad de los estudios universitarios en todo el país. ¿Quiere usted
nuestro apoyo? Lo tiene, seguramente el apoyo de toda la Cámara.
¡Adelante, vamos a articular eso, hemos perdido dos años y medio!
Se contemplará --dice su programa electoral-- el carácter nacional de la
UNED, abordando la problemática de los profesores-tutores, con la
dotación suficiente. ¿Quiere su señoría apoyo? Lo tiene. Cuenta con
nuestro apoyo y, seguramente, con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara. Adelante con ese proyecto. No hay
impedimentos.
Si usted me habla de la habilitación nacional de los cuerpos de
catedráticos y de titulares, seguramente no le podamos ofrecer ese
consenso y ese apoyo. No vamos a estar de acuerdo en todo, naturalmente,
nuestros programas electorales son distintos, pero algunos proyectos que
su señoría tiene sobre su mesa podrían ser objeto de acuerdo.
En cuanto a la reforma de la selectividad, pide su señoría consenso.
Pero, si ya lo tiene. En esta Cámara hemos estado trabajando durante
largos meses en una propuesta de reforma de la selectividad, que contó
con el unánime consentimiento de la Comisión de Educación y Cultura del
Senado, donde supimos obviar al final las pequeñas
discrepancias que encontramos en el camino. Su señoría tiene el acuerdo y
el consenso de esta Cámara, pero no se ha hecho. ¿Para qué necesita el
consenso? Tal vez lo que necesita es un poco de voluntad política.
Su señoría cuenta con nuestro apoyo en el planteamiento de la política
universitaria como una política de Estado, en la negativa a considerar
esa política como un campo de lucha partidaria, a la que yo nunca llegaré
y a la que no nos vamos a prestar, porque la Universidad es un tema
fundamental de Estado, es un tema fundamental de futuro. La falta de
ideas sobre ese futuro nos preocupa. Señora Ministra, póngase en marcha.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
para manifestar nuestra postura acerca de la interpelación que el Grupo
Parlamentario Socialista plantea al Gobierno en relación con su política
de universidades.
Debo expresar mi sorpresa ante la multiplicidad de ámbitos en los que, a
toque de arrebato, se ha suscitado la inquietud por la política
universitaria del Gobierno central, cuando ya se ha concluido el proceso
de transferencias en esa materia. Sin embargo, es positivo que la
Universidad sea objeto de debate público, porque ello quiere decir que la
institución permanece viva y es motivo de interés.
La política universitaria de este Gobierno no puede por menos que
asentarse en los principios enunciados por la señora Ministra en su
intervención, y que no son otros sino una política clara, definida y
coherente, dentro de sus competencias. Política que tenga al estudiante
como piedra angular y en la que la excelencia sea el principal objetivo.
Los principios del Gobierno y del Partido Popular que le sustenta, aún
siendo reiterativo, se apoyan sobre varios ejes: Apuesta por la calidad,
por el mérito académico como principal criterio, por la movilidad de
estudiantes y profesores --demandada por el interpelante--, por el apoyo
a la investigación en el ámbito universitario, por la permeabilidad con
las necesidades sociales y con los requerimientos del mundo productivo,
así como por la responsabilidad de la Universidad ante la sociedad.
Es necesario señalar la complejidad de la estructura universitaria
española, porque, además de la autonomía de las universidades --autonomía
que supera el ámbito académico y que abarca aspectos incluso financieros
y organizativos--, la Constitución contempla la asunción de amplísimas
competencias normativas y ejecutivas por parte de las Comunidades
Autónomas, y el Gobierno ni puede ni debe interferir con estos ámbitos de
autogobierno, limitándose exclusivamente a la responsabilidad de
promulgar las normas necesarias para mejorar la calidad de la Universidad
y para mantener la cohesión del sistema universitario, no de subsistemas.
En el proyecto de modernización de la Universidad se diagnosticaron, como
ya se ha dicho, tres problemas: el de los planes de estudio, con un
agobiante y antipedagógico número de asignaturas; el del tercer ciclo y
estudios de doctorado y la indefinición de la carrera docente y unas
pruebas, no bien diseñadas, para la selección del profesorado.
Los dos primeros problemas están resueltos y, el tercero, la reforma del
Título V de la LRU, ha entrado en vías de solución con el concurso de
todos los sectores académicos, sociales y políticos implicados, con dos
objetivos: la creación de nuevas categorías de profesorado contratado y
la introducción de un mayor rigor en las pruebas selectivas para
profesores funcionarios, porque la endogamia y el corporativismo siguen
dominando sobre el mérito, con lo que se incrementa la mediocridad. Sólo
con buenos profesores tendremos una enseñanza universitaria digna de tal
nombre y una universidad auténtica, plena y socialmente dotada de
sentido.
La experiencia de los últimos quince años autoriza a pensar que la LRU no
sólo no resolvió los problemas del profesorado existente sino que indujo
otros, inéditos hasta entonces, problemas que han sido detectados hasta
por los propios hacedores de la ley.
Senador Iglesias Marcelo, no culpe al Gobierno del Partido Popular de
localismo y de la endogamia que desde 1983 en adelante caracterizan la
selección inicial de los profesores de universidad. Al amparo de la LRU
es cuando aparecen los profesores idóneos, cuando se celebran unas
exiguas pruebas con candidato local predeterminado, cuando la universidad
toma un cierto carácter asambleario y escasamente académico.
Si nos atenemos al texto de la interpelación presentada, se solicita en
ella un diagnóstico de los problemas de la universidad, y precisamente
porque se busca un diagnóstico, sucede que en todo supuesto proceso
patológico es necesario seguir las etapas que señala la propedéutica
clínica, como son la etiología y la etiopatogenia, para llegar a un
diagnóstico adecuado. Y la etiología no es otra que una legislación
ideológicamente sesgada que ha constreñido a la propia institución. Y no
nos reprochen que volvamos a insistir una vez más en los obstáculos que
el Gobierno del Partido Popular ha encontrado en su tarea política y
administrativa, porque en este caso resulta de tal complejidad y calibre
que condiciona su total solución.
En todo caso, en materia de universidades, los cambios bruscos son
desaconsejables, y solamente deben acometerse de forma pausada y
prudente. En este sentido, sería deseable contar con la colaboración de
todos los grupos de esta Cámara para lograr auténticos acuerdos de Estado
y no utilizar la enseñanza universitaria como arma arrojadiza en las
diatribas políticas.
Pero una vez consolidada la autonomía universitaria y asentada su
expansión cuantitativa, el desafío de los próximos años será el de
conseguir un incremento generalizado
de la calidad de la enseñanza y una mayor eficiencia en la utilización de
los recursos. Para ello se debe mantener una política activa de
coordinación y planificación, a medio plazo, a nivel de Estado, basado en
la mayor grado de acuerdo posible, de forma que, sin merma de las
competencias de cada Comunidad Autónoma, el conjunto del sistema
evolucione en la dirección convenida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barahona.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Iglesias dice que siempre hago referencia a los tres mismos
problemas. Si el Grupo Parlamentario Socialista me interpeló en el
Congreso la semana pasada o hace quince días y expuse cuáles eran los
problemas de la universidad, cuáles eran los que habíamos resuelto,
cuáles estábamos tratando de resolver y a cuáles estábamos buscando otras
vías para poder darles solución, no me puede reprochar que diga aquí
exactamente lo mismo que lo que afirmé allí, porque la política que
tenemos es la misma, sea dicha en el Congreso o en el Senado.
Señoría, la Reforma de la Ley de Reforma Universitaria no debe ser tan
fácil, su señoría lo ha dicho antes. Ustedes la trajeron a las Cámaras en
1992 cuando tenían mayoría absoluta y, sin embargo, tuvieron que dejar
agotar la legislatura porque no pudieron sacarla adelante. Se disolvieron
las Cámaras y hubo elecciones en 1993. Volvieron a traer otro proyecto y
también murió hasta la disolución de los primeros meses de 1996.
Encontrar el consenso en algo tan delicado como es la universidad, donde
hay tantos intereses en juego y donde los grupos políticos tienen
diferentes y legítimas opciones, así como visiones distintas, no debe ser
tan fácil, señoría. Fíjese si será difícil, que nosotros, que
constituimos un grupo de trabajo en el que estaban presentes los
representantes del Parlamento del Consejo de Universidades, los rectores
de las universidades, elegidos por ellos mismos, los que les representan
en la Comisión Ejecutiva de la CRUE y los representantes de las
Comunidades Autónomas, también elegidos por ellos, los que les
representan en la mesa del Consejo de Universidades, llegamos a un
acuerdo, lo firman, y luego los rectores dicen que se apean de lo firmado
porque ya no viene contenida la financiación.
Señoría, estamos tratando un aspecto muy delicado, muy complicado, muy
difícil y muy importante. Por ello, tenemos que abordarlo con seriedad y
con decisión, pero también con garantía de que todo lo que vamos a hacer
va dirigido a introducir mejoras en favor de la calidad de la enseñanza.
Yo le agradezco que me diga que puedo contar con su ayuda para examinar
la problemática de los profesores tutores de la UNED, pero, como
comprenderá su señoría, no es un problema que esté al mismo nivel que la
decisión sobre si se concede o no la habilitación nacional al cuerpo de
catedráticos. La primera cuestion es relevante y afecta a todo el sistema
universitario y la segunda, a unos cuantos profesores de una sola
universidad de todas las existentes en España. De todas formas,
bienvenida sea su decisión de apoyarnos en este asunto que, por otra
parte, no es legislativo, sino me imagino que presupuestario, y lo iremos
resolviendo en la medida de nuestras posibilidades.
El segundo tema que se ha planteado aquí es el de la Selectividad. Yo
tengo que decir a sus señorías --porque creo que esta Cámara en la
Comisión de Educación y Cultura hizo un trabajo extraordinario, que
nosotros compartimos en su totalidad-- que en el proyecto de Real Decreto
que modifica al vigente 1005/1991 ya se introducen las reformas en el
sistema de acceso que están previstas en el acuerdo que unánimemente
consiguió esta Cámara.
En lo que se refiere a la financiación de la universidad, se ha dicho que
son competencias las Comunidades Autónomas. Es cierto, pero en estos dos
proyectos que su Grupo tuvo tiempo de traer a la Cámara, después de haber
traído la Ley que aprobó en 1983, tampoco incluían la financiación,
porque yo creo que sabían que ésta es una cuestión que compete a las
Comunidades Autónomas. Eso no quiere decir que el Gobierno se desentienda
de la financiación, de ninguna manera. Hay muchas cuestiones que afectan
a la financiación de las universidades en las que el Gobierno tiene mucho
que decir, como el tercer hijo, la aprobación por estas Cámaras de la
gratuidad para las familias numerosas, es decir, todas esas cuestiones
que tiene que abordar el Gobierno y se refieren también a la
financiación.
En cuanto a la Senadora De Boneta, quisiera agradecerle su intervención,
que demuestra su profundo conocimiento de los problemas de la
universidad.
Nosotros, evidentemente, hemos cambiado aquellas cuestiones que el
Gobierno tiene en su mano. Para cambiar las leyes se necesita una mayoría
parlamentaria, que a mí me gustaría que fuera amplísima, aunque no voy a
decir que unánime. Me gustaría que la mayoría de los grupos de esta
Cámara y del Congreso de los Diputados estuvieran de acuerdo en esa
reforma universitaria que tenemos que abordar. Por tanto, le agradezco su
disposición y la de su Grupo para llegar a estos acuerdos.
Como dice que no conoce el texto, voy a enviarles el del acuerdo al que
llegaron los rectores, los consejeros de Comunidades Autónomas y los
representantes del Ministerio de Educación y Cultura, para que lo
conozcan y hagan sus sugerencias y sus críticas en el caso de que les
parezca oportuno.
El Senador Varela, además de los aspectos que aquí se han abordado, como
la reforma del Título V, creo que ha dicho textualmente que también había
que quitarle competencias de gestión al Consejo de Universidades.
Probablemente sobre eso no vamos a tener consenso, ya que hay quien cree
que dicho Consejo tiene que seguir teniendo
esas competencias. Yo creo que es una cuestión muy delicada porque afecta
a la coordinación de todo el sistema universitario. Por tanto, habrá que
estudiar bien cuáles de las competencias que tiene el Consejo pueden ser
suplidas por decisiones de las Comunidades Autónomas y cómo hay que
estimular la burocracia de ese Consejo para que no entorpezca. Eso es
verdad, pero habrá otras competencias que tienen que quedar en manos del
Consejo de Universidades porque ello implica la coordinación de todo el
sistema universitario español.
Finalmente, quisiera agradecer al Senador Barahona su intervención, así
como decir a todos los que han intervenido y han hecho referencia a la
investigación, que me parece que este Gobierno ha hecho un esfuerzo
importantísimo en lo que se refiere a los presupuestos de investigación.
La función 54, que es la que los Presupuestos Generales del Estado
destinan a educación, no solamente el Ministerio de Educación, sino todos
los ministerios, en 1994 tenía una cantidad de 186.000 millones de
pesetas; en 1995 fueron 207.000; en 1996 191.000, con una pequeñísima
bajada; en 1997 subió a 235.000; en 1998 a 313.000 y en el año 1999 a
460.000 millones.
Por tanto, vemos que la curva de la investigación tiene una tendencia
ascendente lo que es realmente relevante; excluido el capítulo VIII, de
inversiones de investigación, también tiene una tendencia netamente
ascendente. Quiero decir, por ello, para tranquilidad de sus señorías,
que no hemos alcanzado todavía el 2 por ciento del Producto Interior
Bruto, pero estamos en más del 0,9 por ciento, por lo que nos encontramos
a punto de alcanzarlo. Me parece que es una buena noticia no solamente
para el sistema de investigación y para los investigadores españoles,
sino para toda la sociedad española, porque todo lo que podamos avanzar
en investigación está relacionado con la competitividad de nuestras
empresas, con la competitividad de nuestro país y con la mejora de la
calidad de vida de todos los españoles. Piénsese en lo que representa
para las empresas la investigación en materia médica, farmacéutica o en
innovación tecnológica.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
-- DE DON JOSE NIETO CICUENDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE EXTRADICIONES EN GENERAL Y, EN
PARTICULAR, SOBRE SU POSTURA EN RELACION CON LA POSIBLE EXTRADICION DEL
EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE PARA QUE PUEDA SER JUZGADO EN
ESPAÑA POR PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. (670/000105)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don José Luis Nieto Cicuéndez, del
Grupo Parlamentario mixto, sobre la política del Gobierno en materia de
extradiciones en general y, en particular, sobre su postura en relación
con la posible extradición del ex Presidente de la República de Chile
para que pueda ser juzgado en España por presuntos delitos contra la
Humanidad.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, la interpelación que traigo a debate a esta
Cámara tiene por objeto que la señora Ministra, en nombre del Gobierno,
nos diga qué piensa éste sobre las extradiciones en general, pero muy en
concreto, sobre la extradición solicitada por parte del Juez Baltasar
Garzón para que sea juzgado en España el ex dictador Augusto Pinochet.
Me parece que a nadie se le escapa que este es, fundamentalmente, el
motivo de la interpelación. Ya sé que mañana va a pronunciarse al
respecto la Audiencia Nacional. ¿Va a seguir el Gobierno, a través de la
Fiscalía, poniendo obstáculos para que este más que presunto asesino se
vaya de rositas a la tumba sin hacerle sentir el peso de la ley? Es un
interrogante que debe contestar, y espero que lo haga hoy, la señora
Ministra. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia)
Señora Ministra, señores Senadores, permítanme hacer algunas
consideraciones generales en torno a los distintos comentarios que se
están vertiendo estos días. Uno de ellos se refiere a que pedir que se
haga justicia, en este caso, significa entrometernos en los asuntos
internos de otros países.
Quiero declarar en este foro, Senado de los distintos pueblos de España,
que mi amor a Chile está inspirado en ese poeta universal que llevaba a
España en el corazón y a Chile en las entrañas. Y permítanme que haga una
licencia literaria de uno de sus últimos versos, que decía así: «Yo no
quiero la patria destruida ni por siete cuchillos desangrados. Quiero la
luz de Chile enarbolada sobre la nueva patria construida». Pues bien, la
luz de Chile, la construcción de Chile, exige justicia, reconocimiento de
los crímenes cometidos, que han ensombrecido no solamente a ese noble
país, sino que su horror nos ha afectado a todos los demócratas, a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo.
Los patrioteros chilenos pueden vociferar, pueden clamar su nombre, en
aras de su supuesta soberanía de campanario. Los españoles, señora
Ministra, señorías, sabemos mucho de esto. Aquí también pasó eso. Cuando
los españoles estábamos en las cárceles, éramos vejados, amordazados y
vilipendiados, nuestros patrioteros de turno, también en aras de la no
injerencia, hablaban de las campañas antiespañolas, y muchas embajadas
fueron acosadas porque los países democráticos mostraban la solidaridad
con el pueblo español y el repudio contra la dictadura. Eso también lo
hemos vivido los españoles; los distintos pueblos de España.
Nosotros no tuvimos la suerte de que ningún tribunal internacional
enjuiciara los crímenes de nuestra dictadura; de haberlo habido, estoy
seguro de que millones de españoles
nos hubiéramos alegrado. Por tanto, la solidaridad con Chile y con las
víctimas de Chile es una necesidad obligada doblemente por parte de los
españoles y por este foro del Senado, donde estamos representados los
distintos pueblos de España. Me siento orgulloso de que se trate en este
Senado la extradición de este Calígula de nuevo tipo, que denigra
cualquier Parlamento democrático al erigirse en Senador vitalicio de la
República Chilena.
Señora Ministra, voy a ir terminando. Sé que mañana la Audiencia Nacional
decide, y si decide que la justicia española es competente para juzgar
los crímenes contra la Humanidad de que está acusado el señor Pinochet,
lo que le pedimos al Gobierno es que acelere al máximo el proceso de
extradición; que no ponga trabas de ninguna clase y que, de alguna
manera, el señor Fungairiño, que está haciendo en esta causa de abogado
del diablo --y nunca mejor dicho--, deje de serlo y que el Gobierno
colabore con la justicia acelerando los procesos de extradición. Creo que
con ello nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos como país, un
favor a todos los países que han sufrido represiones y también un favor a
las generaciones venideras. Creo que con este precedente de que la
justicia internacional actúe, garantizando, como estamos en condiciones
de garantizar, al señor Pinochet un juicio justo, que no tuvieron sus
víctimas, estamos dignificando la justicia, estamos dignificando la
humanidad, y este año es un momento oportunísimo, ya que se celebra el
cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Pues
bien, como distribuir los derechos humanos en nuestro país en determinada
época era elemento subversivo y de persecución, en este cincuenta
aniversario exigimos que seamos capaces los españoles de contribuir a que
la justicia internacional actúe por encima de las fronteras, y que los
crímenes de los que está acusado el señor Pinochet no queden impunes
porque no es sólo un problema de su territorio. Desgraciadamente en Chile
no le pueden juzgar, porque ha sometido a Chile a una democracia tutelada
y controlada, y España en este caso ha tomado la iniciativa según marca
nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, por lo que rogamos
se facilite al máximo que se pueda hacer justicia, con lo que todos
saldremos ganando.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Nieto, me va a permitir
que le explique lo que quiere decir «abogado del diablo», porque
probablemente lo ha dicho en el sentido contrario del que exactamente
tiene. El abogado del diablo es el que va a favor del demonio y en contra
del santo, y usted lo ha dicho al revés.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, me va a permitir que comience haciendo el recordatorio de que
nos encontramos ante un tema estrictamente jurídico, por más que queramos
o quieran llevarlo al terreno político. Ello se deduce del texto de la
interpelación, que menciona un requerimiento que se atribuye a un juez
español para que el dictador chileno Augusto Pinochet pueda ser juzgado
en España por delitos contra la Humanidad. En opinión del Gobierno, en
opinión de la Ministra que tiene el honor de hablarles, conviene, en
primer lugar, delimitar de la forma más precisa posible cuál es la
situación actual de los procedimientos pendientes en un juzgado de la
Audiencia Nacional relativos a los gravísimos delitos cometidos en Chile
durante la dictadura de Augusto Pinochet, y muy especialmente cuál es la
situación actual de las peticiones formuladas por dicho titular del
juzgado a las autoridades judiciales británicas con arreglo a lo previsto
en los convenios vigentes entre el Reino Unido y España.
Dentro de un único procedimiento se ha dictado auto de prisión
provisional respecto del imputado Augusto Pinochet. Simultáneamente, el
juez de instrucción ha solicitado a las autoridades británicas la
detención de dicho imputado, al encontrarse éste en el territorio del
Reino Unido. Esta petición se ha basado en lo dispuesto en el Convenio
Europeo de Extradición que permite la detención provisional en el Estado
requerido de la persona investigada en tanto en cuanto las autoridades
judiciales del Estado requirente preparan la demanda formal de
extradición y la documentación que, con arreglo al citado Convenio, debe
acompañarse a la demanda.
La situación actual, por lo tanto, cabe resumirla en los puntos
siguientes: En primer lugar, existe un procedimiento judicial pendiente,
en fase de instrucción, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción
número 5, en el que se investigan graves comportamientos delictivos que
se imputan a Augusto Pinochet y a otras personas. En segundo lugar, el
imputado Augusto Pinochet se encuentra detenido provisionalmente por las
autoridades del Reino Unido en virtud de petición formulada por la
autoridad judicial española. En tercer lugar, el juez que conoce del
procedimiento aún no ha formulado la demanda de extradición a que se
refiere el Convenio citado y, por supuesto, no ha acompañado documento
alguno. Para hacerlo, para formular esta demanda de extradición, dispone
de un plazo inicial de 18 días desde la fecha de la detención
provisional, plazo que, según han comunicado las autoridades británicas y
que se ha puesto en conocimiento del juzgado, finaliza el día tres de
noviembre y que puede ser, no obstante, ampliado hasta 40 días por las
autoridades del Reino Unido.
En definitiva, señorías, el que la petición formal de extradición se
produzca depende en estos momentos de una decisión judicial. A estos
efectos, el juez que conoce del procedimiento ha dado audiencia a las
partes sobre la procedencia o improcedencia de formular o no demanda
formal de extradición. A la vista de esta audiencia el juez deberá tomar
una determinación.
No es éste, por otro lado, el único asunto que en estos momentos está
pendiente de decisión judicial. Como su señoría ha recordado, el
Ministerio Fiscal, en aras del principio de legalidad, ha mantenido en
todo momento una posición contraria a la competencia de los tribunales
españoles para enjuiciar los hechos a que se refiere el procedimiento
actualmente pendiente en exclusiva ante
el Juzgado Central de Instrucción número 5. El criterio del Ministerio
Fiscal, que recibió apoyo mayoritario de la Junta de Fiscales de Sala en
abril de 1996, ha sido desde entonces mantenido por diversos fiscales
generales y diversos fiscales jefes de la Audiencia Nacional, y ello ha
motivado recursos que han de ser resueltos por la Sala de lo Penal de
dicha Audiencia. Hay pendiente, por tanto, una decisión de esta Sala
sobre la competencia de los Tribunales españoles para investigar y
enjuiciar los hechos a que se refieren las actuaciones que se siguen en
el Juzgado Central de Instrucción número 5. Esta decisión judicial, según
se ha anunciado, podría producirse en breves fechas. Igualmente existe
decisión judicial de los tribunales británicos, que según se ha anunciado
se producirá a lo largo del día de hoy, sobre la legalidad o no de la
detención practicada.
En esta situación, señorías, es evidente que no corresponde al Gobierno
adoptar medida alguna respecto de una petición formal de extradición que
aún no se ha producido. Se trata de un asunto «sub iudice», lo quieran o
no, sometido en estos momentos a decisiones estrictamente
jurisdiccionales, y es conocido el criterio de este Gobierno de no
pronunciarse en ningún sentido para, así, respetar mejor el principio de
independencia judicial.
En relación con los asuntos judiciales, lo único que puede y debe
manifestar este Gobierno en esta Cámara es el respeto a todas las
resoluciones dictadas hasta ahora y a todas las que se dicten en el
futuro, como siempre lo ha hecho; asimismo, cumplirá, como no puede ser
de otra forma, todas las obligaciones que para el Gobierno deriven de las
resoluciones que recaigan en el procedimiento que nos ocupa.
Esta es la única posición que mantiene el Gobierno ante un asunto de
carácter estrictamente jurisdiccional: respeto a las resoluciones
judiciales y abstención de toda actuación o manifestación que pueda
condicionar o interferir de cualquier manera en la independencia
judicial.
Desde el punto de vista político, que es el que corresponde al Gobierno,
no cabe ninguna valoración en este momento sobre si deben o no juzgarse
en España los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura de
Pinochet ni sobre si es o no procedente la extradición, puesto que esto
todavía no ha sido dictaminado por quien tiene la facultad para hacerlo:
la autoridad judicial.
Estos son problemas estrictamente jurídicos que han de ser resueltos por
los tribunales con arreglo a las legislaciones interna e internacional.
Desde el punto de vista político, lo único que hace este Gobierno es
manifestar su más firme compromiso con la defensa de los derechos humanos
y su más enérgico rechazo a toda conducta que entrañe violación o
desconocimiento de esos derechos, se produzca donde se produzca y sea
cual sea el responsable. La activa participación del Gobierno español en
todas las iniciativas de la comunidad internacional tendentes a reforzar
dicha protección pone de manifiesto la realidad de esta situación.
Señorías, es momento de que hablen en términos jurídicos quienes tienen
la facultad de decir el Derecho, los jueces. Por tanto, solicito de sus
señorías la máxima colaboración para que puedan hacerlo en un clima de
serenidad y respeto.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Nieto, tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, yo no soy experto en Derecho, pero hay una
cuestión que es de sentido común, que también forma parte del Derecho.
Lo que la señora Ministra tiene que contestar es si, en caso de que
mañana la Audiencia Nacional resuelva que somos competentes para pedir la
extradición para juzgar en España al señor Augusto Pinochet, el Gobierno
va a tramitar con celeridad la petición de esa extradición o va a seguir,
indirectamente a través de la Fiscalía, entorpeciendo la labor de los
jueces que, en definitiva, es lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
Se trata de saber si el Gobierno va a cambiar de actitud en el supuesto
de que así se decida, porque eso también es respetar. Señoría, la
justicia no es neutral; no hay una neutralidad aséptica. Dentro incluso
del Derecho, y eso lo sabe cualquier profano, puede haber distintas
interpretaciones.
Estamos ante un tema del que no hay muchos antecedentes, pero la
Constitución Española, nuestra normativa jurídica y una serie de tratados
internacionales permiten, afortunadamente, con una interpretación
ajustada a Derecho y sin elementos de otra índole, juzgar los crímenes
contra la Humanidad, que es de lo que está acusado este señor, y podemos
poner todas las comillas que queramos. Ese es el problema de fondo al que
indudablemente se tiene que contestar. Se tiene que dar respuesta a si,
si mañana la Audiencia Nacional considera que es competente la
judicatura, el Gobierno va a seguir, a través del Ministerio Fiscal,
interfiriendo o no el proceso de extradición. Digo que ese es el problema
porque es donde el Gobierno desmostrará que se mantiene neutral. Si la
fiscalía sigue entorpeciendo, sería un subterfugio y una responsabilidad
del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, según la prensa de hoy, ayer decía Pinochet:
«Decid a todos mis amigos que me saquen de aquí».
Pinochet cuenta con amigos que le pueden ayudar e igual hasta pueden
hacer que salga del atolladero en que se encuentra, tal como él pide, lo
cual, incluso, puede ser hasta bueno; no lo sé en realidad , pero lo que
sí sé, señoría,
es lo que no puede ser. Lo que si sé es que los más de 4.000 muertos y
desaparecidos, torturados por mandato de Pinochet, no pueden pedir lo
mismo que actualmente pide Pinochet; sí sé que sus amigos, sus madres,
esposos, esposas, hijos, familiares, sólo pueden llorarlos y clamar
justicia.
Es verdad que el caso Pinochet que hoy contemplamos tiene escasos
precedentes, pero también es verdad que el proceso iniciado ostenta
singular relevancia y trascendencia en el orden jurídico internacional y
en este caso afecta muy directamente al orden nacional interno del Estado
español.
Este proceso contra el dictador chileno, dicho sea como materia de
principio, es, sin duda, aleccionador en cuanto se refiere a que no se
pueden contravenir con impunidad, y mucho menos con arrogancia, los
derechos humanos fundamentales sin que para ello sea alegable ni una sola
pretendida razón de Estado --dicho entre comillas-- que justifique la
contravención de tales derechos o ampare crímenes cometidos, socapa de
una supuesta eficacia de grado superior subjetivo, máxime si los crímenes
imputados son interpretables en contra de la Humanidad que, como bien
sabemos todos, tienen un carácter imprescriptible.
A nuestro entender son tres los efectos principales que se derivan con
inmediatez por esta detención del dictador chileno: en primer lugar, ha
producido un efecto reconfortante en los que siempre hemos repudiado sus
métodos inhumanos de represión, tortura y asesinato y nos hemos sentido
solidarios con todos sus victimados de modo tan execrable. En segundo
lugar --tal como si fuera aviso para navegantes, y creo que es bueno--,
ha provocado inquietud y preocupación en los que tienen mucho que ocultar
y temer por sus crímenes políticos, incluidos los de Estado. El tercer
efecto es precisamente aquél que de alguna manera y de cara a nuestro
Gobierno se centra en la presente interpretación, referida a que una vez
sea fijada conforme a Derecho la responsabilidad de jueces y fiscales, el
Gobierno habrá de asumir, a su vez, la responsabilidad de mantener el
debido equilibrio entre el obligado respeto a las resoluciones de los
tribunales y también, ¡cómo no!, el mantenimiento de las relaciones
diplomáticas y culturales con Chile en el nivel idóneo de armonía y de
respeto mutuo. Esta y no otra, a nuestro entender, es la cuestión de
fondo a debate. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Estamos totalmente de acuerdo con usted, señora Ministra, cuando afirma
--y afirma con razón-- que es un tema estrictamente jurídico. Es cierto,
pero de todos modos no se puede obviar lo político, lo humano, la
tiranía, el horror, las víctimas y demás connotaciones que son las que
han motivado y justificado este asunto que, como usted dice --y repito
que bien dicho-- es estrictamente jurídico. Lo uno va casado exactamente
con lo otro. De hecho y de momento, el Pleno del Parlamento Europeo
aprobó el pasado 22 de octubre una resolución por la que insta al
Gobierno español a que, en caso de que las autoridades judiciales lo
requieran, solicite con la mayor rapidez la extradición del dictador
Augusto Pinochet. Nuestro Grupo, que exige una única vara de medir para
todas las causas de semejante índole, se mantiene en la misma línea que
la marcada por el Parlamento Europeo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, termine, por
favor.
El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
De este modo, lo que en Chile no puede ser juzgado debido a la
obstrucción que supone la ley de punto final, ley de tipo de autoblindaje
y viciado de origen por coacciones del más fuerte en favor de su propia y
personal autoamnistía, puede hacerse en Europa.
Consideramos que, en el caso presente, se conectan las nuevas y admitidas
doctrinas del Derecho Internacional que determinan que nunca prescriben
determinados crímenes contra los derechos humanos, y que dichos crímenes
son perseguibles en cualquier lugar. Siendo esto así, entendemos que el
Gobierno y el Partido Popular van a tener que dar la talla con total
responsabilidad y seriedad máxima, no exentas de cautela. Somos
conscientes de que la toma de decisión final, sea cual fuere, no va a
resultarles cómoda por lo imprevisible de posibles consecuencias de uno u
otro signo que, sin duda, podrán ser complejas y complicadas, tanto en lo
que afecta al «status» interno de Chile y sus relaciones con España como
en el orden internacional. Ahora bien, por lo mismo que pensamos que es
fundamentalmente la justicia la que debe actuar con plena libertad y sin
interferencias, ni siquiera por razones de Estado, también consideramos
que, en función de este complejo y embarazoso asunto, no es justo que un
solo país haya de cargar con el peso enorme del procedimiento que
concierne a toda la Humanidad, por lo que se impone poner en
funcionamiento cuanto antes el Tribunal Penal Internacional, aunque
parece ser que no va a poder funcionar con carácter retroactivo.
De todas formas, señorías, señora Ministra, las cosas están y son tal
cual. Nosotros, sinceramente, les deseamos valor y acierto en la solución
de asunto tan grave y de singular relevancia desde todos los puntos de
vista imaginables. Es un asunto para el que se va a necesitar tal vez
apoyo y consenso para mejor dilucidar la cuestión a partir de cuanto
decidan los tribunales en libertad.
Señora Ministra, en la vía del apoyo y del consenso para el intento de
aquella decisión final que sea...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, por favor.
El señor BOLINAGA BENGOA: ... la mejor ponderable y justa en todos sus
términos, nos podrán encontrar ustedes a tenor de la parte alícuota de
responsabilidad que nos corresponde.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señor Ministra, señorías, la
señora Ministra ha dado su opinión relatando con detalle --es cierto-- en
qué punto se encuentra la situación desde el punto de vista jurídico o
judicial del procedimiento llamado Pinochet. Yo diría que la señora
Ministra se ha ceñido única y exclusivamente a este ámbito judicial sin
entrar en valoraciones políticas, pero nuestro Grupo, señorías, va a
posicionarse mucho más desde el punto de vista político, aunque con el
debido respeto al ámbito judicial.
Quiero formular una manifestación de principio: todos, absolutamente
todos, debemos estar más que nunca en este momento junto a los demócratas
chilenos, y hacerles llegar nuestra admiración por los esfuerzos
realizados para consolidar el sistema democrático en su país. Y otra más
contundente si quiere: La repugnancia que provoca la dictadura de
Pinochet.
Quizás no haría falta decir lo que ahora recordaré en nombre del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, pero hay que reconocer que la de
hoy es una ocasión en la que es una satisfacción y un deber recordar
nuestro radical rechazo a cualquier dictadura. Es necesario hacerlo
porque con estos regímenes se reprimen las libertades y se intenta
reducir a las personas a simples objetos en las manos de unos pocos.
Una interpelación como ésta debe empezar por nuestra parte no sólo
estando al lado de los demócratas chilenos, sino recordando la posición
de invariable condena a cualquiera de estos regímenes.
Dicho esto, y refiriéndonos concretamente a la dictadura que impuso el
General Pinochet a Chile, es necesario condenar el acto de rebelión
contra la democracia que protagonizó; la represión que implantó y que
ocasionó la muerte de muchos ciudadanos, entre ellos de catalanes como el
sacerdote Juan Alsina, que fue asesinado por aquella reacción, así como
el régimen que cayó encima de los chilenos y que se prolongó durante
muchos años en medio de una represión violenta de las libertades
democráticas.
Si lo que interesa es más concreción también lo vamos a hacer. Nuestro
Grupo está a favor de que el Gobierno apoye la petición de extradición a
España de Pinochet si finalmente la Audiencia Nacional acuerda
solicitarla.
Además, quiero hace una puntualización más que no es otra que la
satisfacción moral que como demócratas tenemos de que la justicia pueda
actuar contra el dictador.
Durante los últimos días se han venido debatiendo argumentos tales como
que no corresponde ni a España ni al Reino Unido juzgar al dictador por
delitos cometidos en su propio país, llegando incluso a decir que la
detención puede poner en peligro la frágil democracia chilena, así como
que estamos ante un asunto que afecta a muchas sensibilidades diferentes
en distintos países y que por encima de todo no se trata de dar lecciones
de democracia y justicia a nadie. Y es cierto. Pero es necesario recordar
que vivimos en un régimen en que la justicia tiene sus propios caminos
para realizarse. Y en estos momentos la petición de extradición del
General Pinochet es objeto de deliberaciones de esta justicia que
decidirá lo que en Derecho corresponda respecto de la petición de
extradición del General Pinochet para que, en su caso, sea juzgado por
los crímenes cometidos.
Es importante recordar y no perder de vista, señorías, que a Pinochet no
se le juzga por haber sido demócrata o antidemócrata, ni siquiera por ser
responsable de un golpe de Estado con derramamiento de sangre, sino por
sus actos criminales.
Sin duda, resulta compleja la competencia de los jueces españoles para
poder enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura de Chile.
Esta --como decía un Diputado de nuestro Grupo-- es una cuestión
compleja, sin duda, porque las decisiones que se adopten no sólo pueden
poner fin a la impunidad actual y futura de quienes se creían al margen
de toda ley, sino que estamos, quizás, incluso, abriendo el camino al
Derecho Penal Internacional del siglo XXI.
Termino, señorías, agradeciendo al Senador Nieto que haya planteado esta
cuestión al Pleno del Senado dejando constancia de que hay que observar
el más estricto respeto a las deliberaciones de los jueces que son, en
definitiva, la institución que en el Estado de Derecho nos hemos dado
para decidir sobre estas cuestiones, y por eso habrá que ser
absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de la resoluciones que se
dicten.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Carrera, termine.
El señor CARRERA I COMES: He terminado ya. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, quiero comenzar esta
intervención de posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista
felicitando al Senador Nieto Cicuéndez por esta iniciativa. Considero que
el haberla presentado no es otra cosa por parte de su señoría sino un
acto de consecuencia con una vida dedicada a la lucha por las libertades
y al trabajo en favor de los más débiles de la sociedad.
Cree este Senador que no es ocioso comenzar su intervención haciendo
algunas precisiones. Decía la señora Ministra de Justicia, con razón, que
es necesario respetar las decisiones de los tribunales y en general la
actuación de la justicia, y es cierto. Esto hay que respetarlo siempre y
en todo lugar.
Ayer oíamos decir en televisión al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional
--no es algo que interprete este Senador, sino que lo oyó directamente--
que la justicia suiza había actuado de una determinada manera porque
Pinochet tenía el dinero en Suiza. Pues bien, eso es una
monumental falta de respeto hacia la justicia de un país europeo, de un
país democrático.
Como decía el Senador Nieto, es cierto que todos aquellos que defienden
las dictaduras tienen una lamentable confusión entre la figura del
dictador y el pueblo, el honor del pueblo, y esto lo hemos vivido
continuamente, como muy bien decía el Senador; ésta es una auténtica
tradición de las derechas golpistas. Pero es también cierto --como
poéticamente decía asimismo el senador-- que, afortunadamente, Chile no
es Pinochet ni el pueblo chileno ni el honor del pueblo chileno dependen,
también afortunadamente, de Pinochet. Y en nombre de mi Grupo quiero
también mandar desde aquí un mensaje de apoyo, de respeto y de
consideración hacia Chile y hacia su pueblo.
Señorías, también tenemos que salir al paso de esa especie que corre
estos días por ahí referente a que la situación chilena es muy delicada.
Es verdad, pero al oír repetir esto una y otra vez, da la sensación de
que nosotros tenemos una cierta responsabilidad en una posible alteración
o en unas posibles consecuencias negativas derivadas de esa situación de
delicadeza, y esto no es así en absoluto, no es así. Cualquier cosa que
haya ocurrido en Chile en materia de libertades o que pueda ocurrir es
una responsabilidad de quienes asaltaron en Chile el Poder a cañonazos,
pero de ninguna manera es responsabilidad nuestra. No podemos aceptar esa
trampa puesto que eso es una coartada inadmisible desde una posición
democrática. Nosotros tenemos que defender lo que es correcto y lo que en
justicia creemos tener que defender. La responsabilidad es siempre en
estos casos de los verdugos y nunca, señorías, de las víctimas.
Voy a limitarme ahora a fijar la posición de nuestro Grupo. Estos días
hemos escuchado diversas críticas hechas desde el Gobierno y también
desde algunas otras instancias en relación con la posición del Grupo
Socialista; no vamos a entrar en ello. Se han traído a colación asuntos
ocurridos en España que están ya encauzados en nuestro país y que nada
tienen ver con este punto.
Nosotros tenemos una posición que se resume en tres puntos: los crímenes
de Pinochet después del golpe y en el golpe son crímenes contra la
Humanidad; nos congratulamos de que la comunidad internacional pueda
hacer frente a los genocidios y a los crímenes contra la Humanidad y
exigimos al Gobierno que ni directa ni indirectamente ponga obstáculos a
la extradición. Esa es, clara y rotundamente, la posición de nuestro
Grupo.
Es cierto, señorías, que en materia de aplicación de la ley penal el
principio general es el de la territorialidad de la pena. Pero también es
cierto --afortunadamente cierto-- que en la práctica internacional se
abren caminos a una serie de excepciones. A través de sentencias de los
tribunales internacionales, de convenios internacionales incorporados al
Derecho interno --entre ellos, al español-- y de resoluciones de las
Naciones Unidas ya ha aparecido una especie de jurisdicción universal que
trata de enjuiciar los crímenes contra la Humanidad, entre los que se
encuentra el genocidio, cuyo concepto ha sido ampliado en el Convenio de
Nueva York afirmando que no es sólo el ataque contra los grupos étnicos o
raciales, sino también los procesos de eliminación sistemática de la
oposición política. Y eso fue, efectivamente, lo que ocurrió en Chile.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Marín Rite, le ruego que
concluya.
El señor MARIN RITE: Termino ya, señor Presidente.
Señorías, nosotros tampoco pretendemos dar lecciones a nadie. Sabemos que
estos sentimientos son generalmente compartidos. Por tanto, sólo queremos
decir --y con esto termino-- que creemos que la justicia universal es un
progreso de la Humanidad; que las libertades no se defienden sólo en un
lugar concreto; que los delitos contra la Humanidad deben perseguirse
universalmente, y que los genocidas deben saber que las fronteras de los
Estados no son ya un escudo para ellos. Por eso estamos a favor de la
extradición de Pinochet --créanme, señorías-- pensando más en el futuro
que en el pasado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, señorías, tengo que iniciar mi intervención
señalando que en esta interpelación se ha dicho mucho, y a mi juicio, se
ha dicho bien, y que mi Grupo asume las palabras de condena, repulsa y de
solidaridad para con el pueblo chileno que se han manifestado desde esta
tribuna. Por tanto, quiero que mis primeras palabras sean para rendir un
sincero y merecido homenaje, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a
todas y cada una de las víctimas españolas y extranjeras que sufrieron la
violencia, la tortura, la persecución y el asesinato en Chile durante la
dictadura del General Pinochet.
También quiero sumarme a la petición unánime de la sociedad, para que
todos estos delitos, todos los crímenes contra la humanidad, todos los
atentados contra los derechos humanos no queden impunes y sus
responsables sean juzgados y condenados.
Cuestión diferente es delimitar a quién corresponde juzgar y condenar al
responsable o responsables de estos delitos. Y en este punto entraríamos
en un debate jurídico, debate que no me parece oportuno ni apropiado
mantener en este foro. A juicio de mi Grupo esta cuestión deben
resolverla los tribunales de justicia y el Gobierno de España debe ser
respetuoso con las decisiones que adopten los tribunales; respeto a las
decisiones judiciales que este Gobierno siempre ha tenido cuando éstas
eran populares, o incluso acarreaba un coste político o altos grados de
impopularidad.
Esta actitud de respeto a las decisiones judiciales es consecuencia
directa de la creencia que el Gobierno del
Partido Popular tiene en el Estado de Derecho y en la división de
poderes. Por ello, hemos defendido y defendemos que esta situación no
debe ser objeto de debate político, ya que hay que situarla en términos
estrictamente judiciales.
Señorías, nosotros no creemos en conspiraciones ni en contubernios, sino
en el respeto al Estado de Derecho, en el respeto a las leyes, en el
respeto al ordenamiento jurídico y en el respeto a la cooperación
jurídica internacional. No creemos que haya que descalificar, despreciar,
insultar o minusvalorar a un determinado juez cuando éste dicta una
resolución que afecta a responsables políticos y que, por el contrario,
ese mismo juez sea considerado una estrella, sea cuasi perfecto, cuando
dicta una resolución aceptada por todos, aceptada socialmente. (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nosotros creemos en
el modelo de jueces que ha diseñado la Constitución de 1978, en los
jueces independientes, en los jueces profesionales, y en los jueces
responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
Señor Presidente, esta interpelación pretende un pronunciamiento del
Gobierno y puede ocurrir que esta cuestión ni siquiera se llegue a
plantear al Consejo de Ministros. Por ello, al Grupo Parlamentario
Popular, nos parece acertada y oportuna la actitud respetuosa del
Ejecutivo para no condicionar la posición del Ministerio Fiscal ni de los
jueces en un sentido o en otro.
Estamos seguros, señorías, de que este Gobierno es el primero en dar
ejemplo de respeto a la imparcialidad del Ministerio Fiscal, en respetar
la independencia de los tribunales y en cumplir sus compromisos
internacionales y, si fuera el caso, pondrá los medios para que las
víctimas y sus familias encuentren en nuestro país la tutela judicial
efectiva que durante tantos años les ha sido negada.
Señor Presidente, señorías, la oposición ha planteado esta discusión en
términos en los que parece que apoyar la extradición debía identificarse
con una postura de progresismo o de ser progresista y el rechazarla con
una postura reaccionaria o retrógrada. Esta dicotomía tan simple,
señorías, fuera de todo debate jurídico --permítanme la expresión-- les
ha salido rana y lo digo por dos razones: en primer lugar, porque el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular nunca se han opuesto a la
extradición, todos sus planteamientos han sido rigurosos, y de respeto
absoluto a las decisiones judiciales; y, en segundo lugar, porque resulta
que es el señor González, probablemente en su nueva faceta de letrado, el
máximo defensor del principio de territorialidad y, en consecuencia, no
es partidario de la solicitud de extradición. (Protestas.)
¿Qué significa esto, señorías? ¿Significa que el señor González es un
reaccionario? A mi juicio no. ¿Significa que el señor González no es
demócrata? En absoluto. Simplemente significa que el señor González
--seguramente por una vez y sin que sirva de precedente-- ha utilizado en
sus reflexiones criterios jurídicos --equivocados o no, son criterios
jurídicos--, y no ha intentado instrumentalizar ni politizar las
decisiones de la justicia, a diferencia, señorías, de lo que han hecho
otros líderes de su partido que han manipulado, han instrumentalizado y
han politizado, de forma irresponsable, esta cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente porque creo que a lo largo de
las diversas intervenciones se ha puesto de manifiesto algo en lo que
estamos todos absolutamente de acuerdo: rechazar de forma unánime y
contundente todo lo que signifique crímenes contra la Humanidad; rechazo
en el que el Gobierno no tiene que ser instado a nada, porque desde el
primer momento así lo ha hecho notar.
Existen también divergencias acerca de cuál es el papel que al Gobierno
le compete respecto al Ministerio Fiscal y eso sí me interesaría que
quedase claro ante esta Cámara.
El señor Nieto parece partir de la base de que el Gobierno puede dar
órdenes o instrucciones al Ministerio Fiscal y que éste no tiene nada más
que acatarlas. Yo quisiera que su señoría, que aunque ha reconocido que
no entiende mucho de Derecho sí hace afirmaciones que afectan al mismo,
tomara los textos que regulan las relaciones a las que se refiere. El
Gobierno no puede dar ningún tipo de instrucción al Ministerio Fiscal, lo
que el Gobierno sí puede es instar para que se actúe de determinada forma
y ese Fiscal General que se ve instado tiene que convocar a la Junta de
Fiscales de Sala; dicha Junta de Fiscales de Sala --y lo he mencionado en
mi primera intervención-- en abril de 1996, señoría (no en abril de 1997
o en mayo de 1998) se pronuncia mayoritariamente en contra de la
competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos como los
que se imputan al señor Pinochet.
El Gobierno, partiendo de la idea del máximo respeto a lo que es un
Estado de Derecho, lo que exclusivamente hace respecto a la justicia es
aportar todos los medios materiales y personales para que pueda cumplir
con su función, y acatar escrupulosamente todas las resoluciones
judiciales. El Gobierno va a seguir en esa línea de acatamiento de las
resoluciones judiciales, y digo va a seguir porque hasta ahora y desde la
fecha de la orden de detención el Gobierno ha recibido dos comisiones
rogatorias para su traslado a las autoridades británicas y a las
autoridades de Estados Unidos, que con la máxima diligencia han sido
remitidas a dichas autoridades. El Gobierno lo que aplica es la máxima
diligencia y los máximos medios para que los jueces y tribunales
españoles puedan realizar la función que ellos --como únicas personas
constitucionalmente establecidas para decir lo que deben y no deben
hacer--, los jueces, piden y solicitan del Gobierno.
Quiero agradecer al representante del Grupo vasco la oferta que ha hecho
al Gobierno de consenso y de comprensión
hacia un problema que, evidentemente, es jurídico pero tiene otras
connotaciones.
Señorías, no se trata aquí de declaraciones mayestáticas acerca de qué
nos merece a cada uno de nosotros tal o cual dictadura, tal o cual
represión, tales o cuales crímenes, que haberlos haylos y muchos. Yo creo
que en este momento lo que nos compete a todos es respetar de la forma
más escrupulosa posible las resoluciones que están por venir, y si en
otro momento sus señorías desean que el Gobierno exponga, sin
resoluciones judiciales pendientes, qué opinión le merecen los diferentes
regímenes dictatoriales, qué opinión le merecen los crímenes cometidos en
función del interés del Estado y qué opinión le merecen los crímenes
contra la Humanidad, el Gobierno, señorías, como siempre, estará
dispuesto a ello.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
RESTITUCION O COMPENSACION A LOS PARTIDOS POLITICOS DE BIENES Y DERECHOS
INCAUTADOS EN APLICACION DE LA NORMATIVA SOBRE RESPONSABILIDADES
POLITICAS DEL PERIODO 1936-1939. (S. 621/000097) (C.D. 121/000098)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, a
debatir el punto tercero del orden del día: dictámenes de comisiones
sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados. En concreto, de la Comisión Constitucional en relación con el
proyecto de ley de restitución o compensación a los partidos políticos de
bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento
de la Cámara, y conforme a la designación efectuada por la Comisión
Constitucional en su sesión del pasado día 19 de octubre de 1998, me cabe
el honor de presentar el proyecto de ley de restitución o compensación a
los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de
la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
El proyecto, que supone un acto de justicia histórica, como señala su
propia exposición de motivos, tuvo entrada en el Senado el 6 de julio de
1998 y, una vez calificado por la Mesa del Senado, fue remitido a la
Comisión Constitucional, abriéndose un plazo de enmiendas que finalizó el
11 de septiembre, posteriormente ampliado hasta el día 17 de septiembre
pasado.
Al proyecto se presentaron un veto, del Grupo Parlamentario Socialista, y
25 enmiendas al articulado, de las cuales las números 1 a 4 fueron
formuladas por la Senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario
Mixto, la número 5 presentada por el Senador Román Clemente, también del
Grupo Parlamentario Mixto, la número 6 de los Senadores Nieto Cicuéndez y
Costa Serra, asimismo del Grupo Parlamentario Mixto, las números 7 a 21
del Grupo Parlamentario Socialista, y las números 22 a 25 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La ponencia de la Comisión Constitucional, integrada por las Senadoras y
Senadores Arnáiz de las Revillas, Espert Pérez-Caballero, García
Miralles, Rigol i Roig y Uriarte Zulueta, informó el proyecto de ley en
su reunión del 7 de octubre, proponiendo una modificación, adoptada por
mayoría en la ponencia, al texto recibido del Congreso de los Diputados,
consistente en incorporar una disposición adicional nueva mediante una
enmienda transaccional, propuesta por los ponentes del Grupo
Parlamentario Popular, basada en las enmiendas número 25 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y número 5 del
Senador Román Clemente, que también subsumía parcialmente la enmienda
número 9 del Grupo Parlamentario Socialista. En virtud de la
incorporación de la disposición adicional, el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió retiró su enmienda número 25,
manteniéndose el veto y las restantes enmiendas al articulado.
Durante el debate en Comisión el pasado día 19 de octubre se incorporaron
dos nuevas modificaciones: la primera, por aceptación de la enmienda
número 22 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, que da nueva redacción al apartado uno del artículo tercero del
proyecto. La segunda, referente a determinadas correcciones técnicas en
la disposición adicional, en el encabezamiento del apartado uno, párrafo
inicial, en el subapartado a) del apartado uno y en el subapartado b) del
mismo apartado uno. De resultas de lo cual, estas son las modificaciones
aprobadas como dictamen por la Comisión Constitucional, de las que doy
cuenta al Pleno de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias Senador Agramunt.
Se ha presentado una propuesta de veto por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el Senador García Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado ha planteado una
propuesta de veto a este proyecto de ley del Gobierno. En este turno
quisiera hacer unas breves reflexiones de por qué mantenemos esta
propuesta en el Pleno. Tengo que reconocer que el Grupo Parlamentario
Socialista no planteó ninguna enmienda a la totalidad a este proyecto en
su trámite en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados.
Y ello porque fundamentalmente --y así lo expresó nuestro portavoz en el
Congreso-- veíamos con alegría y buenos ojos un proyecto que inicialmente
trataba, como se recoge en su exposición de motivos, de hacer una
reparación histórica, sin duda difícil y complicada, de la incautación de
los bienes de lo que --y conviene decirlo con toda claridad-- se entendía
bajo el epígrafe «partidos políticos» en el Decreto del año 1936.
Trabajamos en la Comisión Constitucional del Senado para introducir una
serie de enmiendas que entendíamos que cumplían mucho mejor con esa idea
que expresó la voluntad política de todos los grupos en el Congreso de
los Diputados y por primera vez después de muchos años, una proposición
no de ley enmendada por el Grupo Socialista, fue votada a favor por 296
Diputadas y Diputados presentes, es decir, por unanimidad, y abría la
perspectiva de solucionar estos problemas desde el consenso, superando
concepciones o dialécticas Gobierno-oposición que no habían contribuido,
como hemos visto, a solucionar un problema de tanta envergadura.
Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando al inicio del debate en el Congreso
de los Diputados ya se configuro una especie de ley o contrato tipo, que
estaba pactada de antemano, fuera de aquella Cámara y de ésta. Y vaya por
delante que entendemos legítimos todos los acuerdos, llámense de
investidura, de legislatura, etcétera, entre cualquier fuerza política y
el Gobierno de la nación española. Lo respetamos y lo entendemos. Pero lo
que no respetaba ese acuerdo era el espíritu y la voluntad política
expresada en aquella proposición no de Ley.
En la tramitación en el Congreso de los Diputados, señorías, el portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri
Miranda, decía lo siguiente: Este proyecto de ley deviene de uno de los
puntos de acuerdo del pacto de legislatura entre el Partido Popular y el
Partido Nacionalista Vasco. Hasta ahí correcto. Un proyecto de ley
remitido por el Gobierno, previo acuerdo de dos partidos políticos, sobre
el establecimiento de los contenidos del mismo. Pero aún había más. Nos
encontramos ante un proyecto de ley que deviene de un pacto de
legislatura y de muchos trámites previos entre dos partidos políticos,
entre dos grupos parlamentarios, en orden al establecimiento de unos
contenidos recogidos en el proyecto de ley, de tal manera que
sistemáticamente las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista han
sido desechadas, en virtud, parece ser, de este pacto, no sé si de
investidura o de legislatura, si bien es cierto que al final --y luego me
referiré a ello-- se ha introducido alguna modificación, como es la
disposición adicional a la que ha aludido el Presidente de la Comisión al
presentar el dictamen de la misma.
Señorías, el título del Decreto del año 1936: Partidos Políticos fuera de
la Ley, plantea una concepción en cuanto a los sujetos y contendidos de
la incautación que deberían de haber sido respetados por la norma que se
pretende reparadora en toda su amplitud. Este es el criterio básico del
Grupo Parlamentario Socialista. No sólo porque el Partido Socialista
Español, sin duda por su historia, por su implantación y patrimonio, se
pueda sentir o no marginado en este proyecto, sino porque por encima de
todo ello nuestras enmiendas tratan de reparar esa agresión a la
libertad, que también se traduce en incautación de patrimonio, de
partidos, asociaciones y organizaciones diversas comprendidas bajo ese
decreto del año 1936.
El veto y la totalidad de las enmiendas que seguimos manteniendo obedecen
a esta filosofía, señoras y señores Senadores. La posición de nuestro
Grupo se refleja a lo largo de todas las enmiendas en la idea de que la
devolución o compensación ha de afectar también a los bienes muebles y
derechos de crédito personales. Pensamos que temas tan elocuentes como la
rotativa del diario «El Socialista» o las cuentas corrientes no pueden
quedar al margen de una compensación que pretende ser reparadora.
Asimismo, entendemos que los derechos de contenido patrimonial de las
personas jurídicas o entidades vinculadas a los partidos políticos no son
la estricta concepción del partido político que consagra nuestra actual
Constitución de 1978, sino que obedecen a la idea reparadora de
devolvérselo a quien se le quitó. Como luego veremos, esto lo
fundamentamos básicamente en lo que, a nuestro modo de ver, es la
enmienda clave que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
También queremos que el procedimiento a lo largo de todo su desarrollo
sea más transparente, de manera que incluso cuando se plantean cuestiones
conflictivas o controvertidas una Comisión de expertos, y esto no es un
precedente nuevo, designados por la Administración y los beneficiarios en
los citados expedientes que tengan cierta controversia pueda garantizar
la mayor equidad posible, así como la obligación en su momento, que nos
parece muy importante, de rendir cuentas ante las Cámaras.
Entendemos que no sería justo excluir otras organizaciones que, bajo el
omnicomprensivo título de Partidos Políticos y según la filosofía de ese
decreto del año 1936, fueron objeto de incautación; no incluirlas
invalidaría en parte la presunta intención reparadora histórica.
De no aceptarse, como parece ser que es evidente por todas las
manifestaciones hechas no sólo por el Grupo que directamente sustenta al
Gobierno, el Grupo Popular, sino por otros grupos parlamentarios y
singularmente por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, creemos que no
se repararía el daño que supuso la normativa de responsabilidades
políticas a partir del período 1936-1939 porque no responde ni tan
siquiera al espíritu reparador recogido en el artículo 33.3 de nuestra
Constitución y porque, a nuestro modo de ver, plantea un debate que no
queda bien cerrado y que de alguna manera no respeta la voluntad política
que expresamos todos los grupos parlamentarios ese 26 de septiembre en el
Congreso de los Diputados.
Quiero aclarar, señorías, que nuestro planteamiento no está en contra de
quienes previsiblemente van a verse beneficiados por este texto. Quede
bien claro que compartimos la mayoría de la intención reparadora que hay
detrás de las distintas enmiendas y planteamientos, que en algún caso
pueden haber sido aceptados en Ponencia por el grupo que detenta la
mayoría en esta Cámara. Nuestro planteamiento es de absoluto respeto y
consideración y no trata de excluir ningún tipo de iniciativa en este
sentido. Creemos que más que estar ante un gesto con visión de Estado por
parte del Gobierno de la nación, estamos ante la prisa por solucionar un
problema de investidura que se cerró coyunturalmente en un momento
determinado y que ha impedido, probablemente a veces con la mejor
voluntad de algunas de las señorías con las que yo he tenido ocasión de
hablar, que pudiéramos llevar esta ley a buen puerto y a un acuerdo que
hubiera facilitado que este debate concluyera con una votación que
permitiera el más amplio consenso. Señorías, es muy difícil entender que
una ley reparadora de esta injusticia histórica no cuente con el voto del
Partido Socialista.
Quiero aclarar dos cuestiones más. Se ha dicho a lo largo de este debate
que presentar un veto era plantear algo asi como la nada. Somos
conscientes de lo testimonial de nuestro planteamiento a la vista de cómo
se ha desarrollado el debate. Pero quiero recordar, señorías, que en otro
tipo de leyes de carácter reparador, como la ley del año 1986, que
hablaba del patrimonio sindical, el Partido Popular y el Partido
Nacionalista Vasco plantearon sendas enmiendas de devolución, por cierto,
muy bien defendidas, muy bien argumentadas --no sé si los argumentos
serían exactamente los mismos--, en el caso del Grupo Parlamentario
Popular, por don Fernando Suárez, y por el señor Monforte, en el caso del
Partido Nacionalista Vasco.
Además, quiero recordar --porque es fundamental para nuestro veto-- que
en esa ley se habla de bienes y de derechos y no se excluye a los bienes
muebles. Inicialmente en el propio proyecto no se hace esa exclusión, y
es posteriormente en el texto donde se va cercenando sistemáticamente la
amplitud reparadora que postula el Partido Socialista.
Estas razones --y por las propias manifestaciones de los representantes
del Grupo Parlamentario Popular y singularmente del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos--, nos llevan a mantener este veto con
todas sus consecuencias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García
Miralles.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señor Presidente.
El señor García Miralles acaba de recordarnos que esta propuesta de veto
se plantea por primera vez en el Senado; no hubo enmienda a la totalidad
en el Congreso. Los grupos parlamentarios no tuvieron ocasión de
pronunciarse sobre esta materia en la Cámara Baja pero sí en el Senado,
cuya manifestación --hay que decirlo porque me parece muy importante-- ha
sido unánime en las dos veces en que se ha sometido esta cuestión.
Primero en Ponencia y más tarde en Comisión, todos los grupos
parlamentarios han votado en contra de la aceptación de este veto. Este
hecho es enormemente significativo.
¿Por qué han votado en contra? Porque la argumentación del veto es muy
floja, tanto la que se contiene en el documento escrito de presentación
como la que se ha manifestado de forma oral. Hay un primer argumento que
más que haberse alegado, ha sido insinuado. Trata de negar la legitimidad
de este proyecto de ley por el hecho de que responde a un acuerdo
contenido en el pacto de investidura celebrado entre el Partido Popular y
el Partido Nacionalista Vasco.
Quiero aclarar al señor García Miralles que siento mucho lo que ha dicho
el señor González de Txabarri, quien manifestó en el Congreso que era un
pacto de legislatura. No lo es, es un pacto de investidura. Qué más
hubiéramos querido que fuera un pacto de legislatura, entre otras
razones, porque de esa forma el PNV no hubiera votado a favor de la
enmienda a la totalidad de los Presupuestos, como ha sucedido esta misma
mañana en el Congreso. Es un pacto de investidura, aunque también es
perfectamente legítimo.
Hubo una discusión profunda sobre esta cuestión. En su momento la
negociación la llevó don Jaime Mayor Oreja, al que ni sus peores enemigos
podrían calificar de marioneta o de entreguismo a favor del Partido
Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco pidió unas cosas que no
se pudieron admitir por razones jurídicas o por razones políticas, y
otras sí, entre ellas, ésta que estamos examinando.
Naturalmente, el que se adoptara este acuerdo no quiere decir que no se
pueda discutir, pero el hecho mismo de que el origen del proyecto sea un
acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco o con cualquier otro partido no
lo vicia en absoluto.
El segundo argumento que sorprende frente a este veto es que se trata de
un proyecto de ley que, evidentemente, intenta reparar una injusticia
histórica, como es la confiscación de los bienes de los partidos
políticos. No supuestamente trata de corregir una injusticia, como se
dice en el texto del veto, sino sustancialmente, aunque con matices con
los que se pueda estar o no conforme, pero está fuera de toda discusión
que se trata de la corrección y superación de una injusticia.
Y sorprende más esta argumentación viniendo del Partido Socialista Obrero
Español, que ha tenido 14 años para tramitar el proyecto correspondiente
y no lo ha hecho. No quiero que se me diga que siempre estamos volviendo
la vista atrás, pero hay que hacerlo porque en este proyecto hay una
enmienda que precisamente trata de corregir algunos de los defectos de la
Ley de 1986, la cual estableció una distribución en uso del patrimonio
sindical acumulado, y muy marginalmente, en una disposición adicional, la
restitución del Patrimonio Histórico Sindical, pero el Partido Socialista
Obrero Español se negó tajantemente a dar un paso más allá. Sólo quería
la restitución de los bienes a los sindicatos. Alguna vez he oído que
alegaba razones éticas para que no creyeran que trataba de favorecerse
así mismo, lo cual me parece un argumento muy pobre, ya que si había
razones éticas para la devolución, lo ético hubiera sido superar toda
clase de barreras y conseguir esa restitución, pero no lavarse las manos
que es lo que ha hecho durante 14 años.
En todo caso, puesto que se trata de superar una injusticia, lo lógico
hubiera sido completar el proyecto de ley, pero no vetarlo, no tratar de
impedirlo, lo que indudablemente ha motivado el rechazo de todos los
grupos políticos.
Pero, además, la fundamentación contenida en el veto es también muy
floja, porque se alude a que no se restituyen todos los bienes sino sólo
determinados tipos, y se citan la rotativa de «El Socialista», derechos
personales, cuentas corrientes, etcétera.
Es prácticamente imposible restituir todos los bienes, entre otras
razones porque los perjuicios son irreparables al no poderse demostrar
muchos de ellos, y lo admite incluso el Partido Socialista, puesto que
excluye la restitución de los frutos y rentas en su enmienda número 17.
Sin embargo, ha incluido los inmuebles, que eran un capítulo importante,
y en la Ponencia del Senado se ha introducido una enmienda transaccional
por la que se reconoce la indemnización por los derechos de arrendamiento
que quedaron sin efecto y por los depósitos y cuentas corrientes. Decía
el señor García Miralles que no estaban incluidos, pero sí lo están,
aunque no lo estuvieran en el proyecto inicial.
En segundo lugar, alude también a limitaciones subjetivas, cuando el
único supuesto excluido en el proyecto son las logias masónicas, cuya
historia no deja de ser bastante curiosa. Efectivamente, hay una enmienda
del Partido Socialista Obrero Español que defendía que también se
procediera a la restitución de los bienes de las logias masónicas. Ese no
era el objeto de la ley, puesto que si fuera así hubiera sido necesario
modificar su título. Naturalmente esto no excluye el que se tramite en el
futuro una ley sobre restitución de bienes a las logias masónicas --creo
que sería muy bienvenida--, pero no es el objeto de la ley que estamos
examinando.
Lo que sí quiero señalar es una grave contradición del Partido Socialista
Obrero Español, que presentó la enmienda número 31 en el Congreso de los
Diputados --allí votó a favor de su propia enmienda--, y existiendo otras
cuatro enmiendas de la señora Rahola que pedían también que se
restituyeran los bienes de las logias masónicas --los números 7, 8, 9 y
12-- votó en contra de ellas. Es algo verdaderamente incomprensible.
Y, por último, entramos en uno de los motivos alegados por el Partido
Socialista Obrero Español, que creo que carecen de toda justificación.
Dice que no se admite la existencia de una comisión de expertos para
decidir sobre el valor de los bienes incautados. Señorías, el Partido
Socialista Obrero Español no sólo pide que se cree una comisión
consultiva, sino que además esté dotada de la facultad de emitir informes
vinculantes, lo que es totalmente rechazable desde el punto de vista
técnico.
Crear una comisión con poderes vinculantes no hace más que confundir el
asesoramiento con la resolución y significa una invitación a la
irresponsabilidad. Por tanto, es algo totalmente inadmisible. Pero es
más, en la Ley de 8 de enero de 1986 sobre Devolución del Patrimonio
Histórico tampoco existía una comisión consultiva para el patrimonio
histórico, sólo para el patrimonio acumulado. Y lo que es más curioso, en
la enmienda que ha presentado aquí el Grupo Parlamentario Socialista,
modificando la disposición adicional de la citada Ley de 1986, tampoco se
aplica al patrimonio histórico la comisión consultiva. No comprendemos
por qué se hace motivo de batalla este tema, cuando se le da tan poca
importancia en relación con el patrimonio histórico.
Por tanto, señorías, estimamos que este veto es tardío, causa un
perjuicio indudable a los que ya fueron perjudicados por la incautación,
y carece de toda justificación. Por ello, en el mismo sentido expresado
en ocasiones anteriores por todos los demás grupos políticos, vamos a
votar en contra de la aceptación de este veto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Uriarte.
A continuación, abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario se congratula de la presentación de este
proyecto de ley por parte del Gobierno porque tiene una finalidad, como
es la reparación de una gran injusticia histórica, que consiste en la
devolución de bienes a aquellos partidos y a aquellos colectivos
políticos que lucharon por la libertad y por la democracia y que, a causa
de la dictadura franquista, fueron desposeídos de los mismos.
Hemos de reconocer --y nos da mucha pena-- que el Partido Socialista, con
toda la historia centenaria que posee, se fue del Gobierno después de 14
años sin resolver esta injusticia histórica. Las razones no están del
todo claras, pero la Historia ya tendrá ocasión de juzgar el porqué.
Porque la Historia, señor García Miralles, no empieza el 26 de septiembre
de 1995, sino mucho antes.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó
innumerables iniciativas legislativas. Ya que ha citado a compañeros, le
voy a citar a uno suyo, de la Comunidad Valenciana, el señor Paniagua,
que defendió en varias ocasiones la posición del Gobierno central en
contra de que se aprobara una iniciativa legislativa, fuera del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, del Parlamento de Cataluña o del Grupo
Parlamentario Mixto, a través de Esquerra Republicana de Cataluña.
Pregúntele al señor Paniagua, que apelaba a argumentos técnicos y a
dificultades para resolver esta cuestión. En cambio, hemos de reconocer
que el Grupo Parlamentario Popular, que el señor Aznar tuvo la
sensibilidad política de resolverla, cuando se podía apelar a que los
señores del Partido Popular eran los herederos de la derecha franquista,
etcétera. Pero al menos tuvo la altura de miras políticas para hacerlo
así cuando manifestó que quería terminar con un lastre que existía en la
democracia, ya que habiéndose aprobado la ley de reparación a los
mutilados de guerra, la ley para los militares republicanos, la Ley para
los que habían estado en prisión, faltaba un régimen jurídico para los
partidos políticos.
Por tanto, hay que reconocerlo y hablar con claridad en política. Esa es
la realidad. A nosotros nos dio mucha pena que se fueran del Gobierno sin
decidir esa cuestión. Ha habido muchos debates, los tengo todos aquí,
fíjense cuántos que nuestro Partido político tuvo que acudir al Tribunal
Constitucional a la primera vez que el Partido Socialista, en pleno
apogeo de su mayoría absoluta, se opuso a tomar en consideración una
iniciativa de este tipo, tanto del Parlamento de Cataluña como del Grupo
Vasco. El Tribunal Constitucional respondió que era una cuestión de las
Cámaras, el resolver el tema y en su Auto 659, de 27 de mayo de 1987 --no
entra en el fondo del asunto-- entiende que el admitir o no a trámite tal
cuestión era una cuestión de procedimiento legislativo, en definitiva,
voluntad política, de conformidad con el Reglamento del Congreso y,
finalmente, ha habido voluntad política para solucionar dicho tema. Es
más, cuando se llega a un texto consensuado, a una proposición no de ley
que no tiene valor jurídico, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho
más que poner en marcha un informe firmado por Alfredo Pérez Rubalcaba,
de 29 de diciembre de 1995, donde se dice --y leo literalmente--:
Propuesta del Ministerio de la Presidencia para restitución a los
partidos políticos de bienes y derechos incautados, en aplicación de la
normativa de responsabilidades políticas, de 1936. Este informe, repito,
es de fecha 29 de diciembre de 1995. Siete días más tarde el Presidente
del Gobierno convoca elecciones generales.
Pues bien, viene el Partido Popular, asume un compromiso político y calca
el informe, las pautas y el articulado que había dejado el Ministro de la
Presidencia; la exposición de motivos --y si lo desea le doy una copia--
es exactamente igual que el informe que había dejado Alfredo Pérez
Rubalcaba. El PSOE dejó allanado el camino al nuevo Gobierno al cien por
cien, pero no plasmó, después de trece años de gobierno, esta voluntad en
un texto normativo. Simplemente es un documento que se entregó a los
grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados unos días antes de
ser disueltas las Cámaras, y reitero que nos dio pena que el PSOE,
partido centenario, se fuera del Gobierno sin resolver esta cuestión,
porque tuvo oportunidad.
Resolvió la problemática de los sindicatos, con la Ley 4/1986, y la UGT
cobró 4.000 millones de pesetas. Se lo digo porque yo soy el responsable
de mi partido político en el estudio de esta cuestión, y tengo abundante
información de todo lo que ha ocurrido al respecto y de cómo la UGT cobró
4.000 millones de pesetas, en los tiempos de Nicolás Redondo. Y es más,
en los tiempos de Narcís Serra --en la problemática de la PSV-- se
concedió un crédito a través del ICO por 9.200 millones de pesetas, y,
¿saben ustedes con qué garantía por parte de la UGT, que no tiene
patrimonio sindical, sino que es cesión del Estado? En base a unos
hipotéticos bienes de la Fundación Cesáreo del Hierro, en Madrid. Pero
ésa es otra cuestión.
La UGT, la CNT, quienes fueran, tienen un régimen jurídico en virtud del
cual pueden reclamar, que se ampara en la disposición adicional de la Ley
4/1986, y esa es la historia y la realidad. Por tanto, no empieza el 26
de septiembre de 1995; en esa fecha culmina, y lo único que hace el
Gobierno del PP, con gran sensibilidad política al respecto, es poner en
marcha los artículos que había dejado redactados Alfredo Pérez Rubalcaba.
En consecuencia, entra en flagrante contradicción lo que su Grupo
parlamentario dice en el veto, en relación a los derechos patrimoniales,
y lo que dice el Ministerio de la Presidencia en dicho informe, que es
exactamente igual: que es una ley de restitución, no de derechos
personales, sino de aquéllos de contenido patrimonial, excluyéndose los
frutos y las rentas. Esto es lo que dice el Gobierno presidido por Felipe
González.
Posteriormente viene el Gobierno del PP y cumple eso, y la mayoría de los
grupos parlamentarios están de acuerdo. Se han introducido mejoras a lo
largo de la tramitación parlamentaria, como la del artículo 3.1, y la de
la disposición adicional, todo ello en el Senado. Esa es la auténtica y
la verdadera historia de esta cuestión: que tuvimos que ir al Tribunal
Constitucional porque no había voluntad política.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario no puede aprobar este veto, porque
nos vuelve a dar pena que ustedes de nuevo se queden solos, aunque
después de haber estado en el Gobierno sin solucionar el tema, ahora
estén en la oposición, por razones legítimas de diferencias políticas, y
se opongan; pero no pensamos que un Partido como el Socialista llegara a
tales posiciones. Esa es, repito, la auténtica realidad y no me voy a
extender en más argumentos --aunque tengo más y documentados, por si
hacen falta-- sobre los pagos a la UGT y sobre el crédito del ICO, pero
no creo que éste sea el momento de abundar sobre esas cuestiones. En
definitiva, nuestro Grupo Parlamentario va a oponerse al veto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Rigol i Roig.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes que nada quisiera agradecer, de verdad, el tono utilizado por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de presentar este
veto que ha sido de gran comprensión con los partidos políticos que
tenemos una larga historia. Creo que hay una cierta complicidad entre los
partidos de gran tradición histórica para saber que cada partido defiende
lógicamente su propia ideología, sus prioridades, su manera de ver las
cosas, pero nosotros además tenemos otra función, que es la de mantener
la memoria histórica de una serie de gente que fundó nuestros partidos,
en un contexto muy distinto del actual, pero cuyo contenido político y
humano debe estar presente a lo largo de nuestra trayectoria. Yo he visto
esa comprensión por parte del Grupo Parlamentario Socialista y la quiero
agradecer. Pero también inmediatamente debo decir que el voto de
Convergència i Unió coincidirá con el del Partido Popular, que es el que
nos ha ayudado a conseguir esta reparación histórica y, por lo tanto,
nuestro soporte será total en este sentido.
Evidentemente esta es una ley muy compleja por los objetos que trata de
regular y por los sujetos que deben, de un modo u otro, reparar el hecho
de que no tengan los objetos de los cuales fueron desposeídos. El Partido
Popular hace una cosa que yo creo que es muy lógica y razonable, que es
intentar acotar este campo de complejidad situándolo fundamentalmente en
los bienes inmuebles y los derechos de contenido patrimonial. ¿Por qué?
Porque si lo amplía mucho más hace inoperante esta ley por la complejidad
que llega a tener. Por lo tanto, en este sentido de acotar la ley,
nosotros lo apoyamos y lo hacemos positivamente.
Lo apoyamos todavía con mayor conciencia sabiendo que en la propia
formulación de la ley se dice que esta es una ley abierta, es decir, se
trata de avanzar en un proceso, no se trata de cerrarlo. Por lo tanto, no
lesiona cualquier otro interés que pueda ser apelado en cualquier momento
y creo que está formulada con una delicadeza tal que hace que ésta sea
una ley asumible por todos. Esta es la base, desde nuestro punto de
vista, del respaldo que le vamos a dar.
Lógicamente, nosotros hemos tenido una actitud constructiva ante la ley y
se nos han aceptado cosas muy importantes. Concretamente para nuestro
Partido ha sido determinante la disposición adicional sobre los derechos
en los arrendamientos que nosotros teníamos y la introducción de las
cuentas corrientes. Creemos que es una gran aportación al menos de
adecuación a la reparación histórica que Unió Democrática de Cataluña
precisa. Por lo tanto, en este sentido, agradecemos la apertura que ha
dado el Partido Popular.
Hemos reivindicado, y también se nos ha complacido en nuestra petición,
los derechos de un pequeño partido que estaba en Lleida, la Juventud
Republicana de Lleida. Es un pequeño partido, repito, que pidió ser legal
en su momento pero en aquellos tiempos un poco confusos la «r» de
republicano costaba mucho que se aceptara y lo fueron retrasando, por lo
que su legalización vino con posterioridad a la fecha en que se había
marcado. Yo creo que la aceptación de esta nueva fecha, que es en el
momento en que se pide la legalización, repara una situación que durante
la transición creó momentos de un cierto equívoco y, por lo tanto, en
este sentido nosotros lo apoyamos de veras.
Me reservo para el debate sobre las enmiendas --también avanzo que en su
momento las retiraré-- mis comentarios sobre el CADCI y explicaré
exactamente lo que es.
Realmente el régimen del general Franco a nosotros nos quitó todo lo que
teníamos, esta es la verdad, pero hay una serie de cosas que no logró
confiscarnos, y a ello me referiré, si me permiten, en la última
intervención de este proceso.
En definitiva, quiero manifestar nuestro respaldo total a la ley tal y
como está hecha, agradecer las aportaciones que de reparación histórica
nuestro partido pedía, saber que es un proyecto de ley que queda abierto
a cualquier otro proceso que se deba tratar en el momento en que se crea
oportuno y que, en este sentido, nuestra coalición así lo acepta, y
avanzo que, en su momento, retiraré las enmiendas para dar soporte
plenamente a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García
Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de contestar fundamentalmente a un tema que ha planteado el
Senador representante, y portavoz en este caso del Grupo Parlamentario
Popular, señor Uriarte, y que, de alguna manera, confirma lo que yo he
comentado al principio. Usted ha dicho: ¡Que más quisiéramos que fuera de
legislatura! corrigiendo a su compañero del Congreso, que lo dice dos
veces en la intervención. Bien es cierto que el Senador Caballero se
cuidó muy bien de recalcar, en el debate de la Comisión del Senado --no
sé si era algo premonitorio de lo que iba a ocurrir hoy o en función de
otra cosa--, que era de investidura, y en eso parece ser que ustedes
coinciden también. Reafirmar que es de investidura es lo mismo que decir
que tenían mucha prisa, porque había que cerrarlo muy bien antes de la
misma. No sé qué intervenciones hubo o quién estuvo, lo que sí se es
quiénes no estuvimos, pero como esto pertenece al secreto del sumario y a
las interioridades familiares, no me voy a meter en ello, y además no me
importa. Simplemente constato que había prisa y que el tema estaba
tasado.
En honor a la verdad, el representante del Grupo Parlamentario Popular
dice: Hemos abierto algo nuestro
planteamiento inicial. Incluso entra en algunas contradicciones, porque
manifiesta: aceptamos algo de lo que han planteado otros grupos, incluso
algo de lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en el artículo
9. Es una verdad a medias. Me explicaré. Me parece de cortesía
parlamentaria decir dos cosas: Primero, que el veto se planteó antes de
que su señoría defendiera esta enmienda en Ponencia y en Comisión y,
segundo, que no se consultó, previamente a la redacción, con el Grupo
Parlamentario Socialista, aunque sí se consultó, y es evidente, con
otros. A parte de agradecerle el tono al señor Rigol, tengo que señalar
que su claridad ha sido meridiana, en cuanto que ha dicho que su postura
dependía de esta enmienda adicional en relación con los arrendamientos.
Tengo que decirle a su señoría que no podemos aceptar esta disposición
adicional, por coherencia con todo nuestro planteamiento. Aunque usted se
ha empeñado muchas veces en negarlo, hemos dicho que para nosotros lo
fundamental era la ampliación subjetiva y objetiva del ámbito de esta
ley, y que eso se reflejaba fundamentalmente en nuestra enmienda al
artículo 9. Es evidente que, en tanto en cuanto no se acepta nuestra
enmienda al artículo 9, estamos en las mismas. No sé a quién contentará
el párrafo segundo de esta disposición adicional, cuando se dice que el
tope será de 500 millones de pesetas. No sé con quién se habrá tratado
eso, pero, evidentemente, el fondo de la cuestión no se toca. Se hace un
ajuste fino --digámoslo en términos taurinos-- para que se puedan
incorporar con mayor tranquilidad y con mayor gozo el Grupo de
Convergència i Unió y algún otro. Nos parece muy bien, porque nosotros no
estamos en contra de nada de esto, ya lo he dicho desde el principio,
simplemente, lo consideramos insuficiente, porque no reconoce la posición
del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ante un proyecto de ley
determinado y ante una tramitación determinada. En ese sentido --como
tengo que fijar la posición como portavoz--, no encontramos argumentos
para cambiar sustancialmente nuestra posición y mantenemos el veto.
Quiero decir otra cosa: no voy a entrar a debatir otro tipo de
planteamientos, porque me parece que, ni por el tono ni por la intención,
deben ser objeto de este debate, que se está desarrollando con la
cortesía parlamentaria necesaria y con la buena voluntad de todos, para,
no habiendo podido conseguir el consenso necesario, por lo menos
clarificar ante esta Cámara y ante la opinión pública cuál es la posición
de cada uno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador García
Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a entrar en el tan debatido tema de si el acuerdo con el PNV fue
de legislatura o de investidura, porque es absolutamente intrascendente.
Fue un acuerdo que sirvió para evitar que aquella dulce derrota se
convirtiera en una derrota un poquito más amarga, pero las
características técnicas del pacto no nos interesan en absoluto.
Pero sí querría decir que la pasividad del Partido Socialista Obrero
Español durante todos estos años contrasta con su extraordinaria
diligencia en la restitución de los bienes del patrimonio sindical
histórico. A los cuatro años de estar en el poder, el Partido Socialista
Obrero Español había corregido la situación de los sindicatos a los que
se había privado de su patrimonio. Pero entonces no hubo ningún problema
porque resulta que el sindicato más próximo al Partido que estaba
entonces en el Gobierno, la UGT, era el máximo beneficiario de esa
devolución. No hubo ningún problema, no hubo ningún escrúpulo ni ninguna
preocupación de apariencia para efectuar esa restitución.
Esto es tan cierto que, con arreglo a la Ley de Restitución del
Patrimonio Sindical, de 1986, se han devuelto 4.392 millones de pesetas,
de los que 4.144, es decir, el 94 por ciento, se han devuelto a la UGT.
Pero además hay otra circunstancia que su señoría conoce perfectamente:
que el patrimonio de la UGT estaba totalmente implicado con el patrimonio
del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual muchas veces resultaba
difícil saber si los bienes pertenecían a la UGT o al PSOE. Es decir,
señoría que ese supuesto escrúpulo ético del Partido Socialista Obrero
Español admite otras interpretaciones, y una de ellas es que, habiendo
resuelto su problema patrimonial, no tuvo ningún interés en resolver el
problema patrimonial de los demás partidos.
Señoría, creo que éste es un veto irreal y puramente testimonial que no
conduce a nada y que tiene como único objeto enturbiar lo que ha supuesto
un éxito del Partido Popular al haberse hecho eco de un clamor popular,
al reenfocarlo y resolverlo, tratando, por otra parte, de dar la
sensación de que los demás grupos políticos han vendido su primogenitura
por un plato de lentejas y que el único que ha defendido la legitimidad
ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Pero el señor García
Miralles sabe perfectamente que eso no es cierto. Sabe que lo que estamos
haciendo es una obra de reparación histórica que estamos realizando,
afortunadamente, con la conformidad de los demás grupos políticos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Uriarte.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del veto
que se ha presentado a este proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 80; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, voto particular
número 2, del Senador Román Clemente, correspondiente a la enmienda
número 5.
Senador Román, su señoría tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad, les anuncio que en este momento procedemos a la
retirada de esta enmienda, por considerar que el texto de la disposición
adicional recoge el contenido de la misma.
Pero, dado que varios portavoces han citado partidos históricos, yo
también quisiera referirme a algunos de ellos. Por ejemplo, a Izquierda
Republicana --y aprovecho esta ocasión para saludar a algunos compañeros
que están presenciando este debate-- y al Partido Comunista de España.
Como he dicho, damos por retirada esta enmienda porque, a pesar de que en
principio podíamos tener algunos recelos sobre la necesidad de utilizar
el término «excepcionalmente», consideramos que el propio desarrollo de
la ley otorga el carácter de excepcionalidad. Por tanto, no hay nada más
que aportar. Como he dicho, lo que proponía nuestra enmienda está
perfectamente contemplado en el texto de la disposición adicional, por lo
que, insisto, la damos por retirada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 3, de la Senadora De Boneta y Piedra,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 4.
Para su defensa, su señoría tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Eusko Alkartasuna, a través de esta Senadora, ha presentado cuatro
enmiendas a este proyecto de ley, sin perjuicio de que entendamos que es
oportuno y que nos congratulemos por la reparación histórica que se hace
a los partidos políticos en relación con el injusto expolio que sufrieron
como consecuencia de la aplicación de la Ley de 9 de febrero de 1939.
Insistiendo en que nos congratulamos de que al cabo de tanto tiempo se
produzca esta reparación, anunciamos también que las enmiendas que
presentamos no tratan, por supuesto, de hacer ningún tipo de reclamación
partidista toda vez que, en este caso, pertenezco a un partido que
entonces no existía.
Quiero decir que este proyecto nos parece incompleto --y por eso lo
enmendamos parcialmente-- porque la reparación que en este caso se
produce en relación con los partidos políticos no es así para con los
entonces llamados Gobiernos de las regiones autónomas en la Ley de 9 de
febrero de 1939, ni tampoco acaba de dar satisfacción a las
organizaciones sindicales y a otras entidades y, por eso, estoy pidiendo
que también las organizaciones sindicales sean objeto del mismo
tratamiento.
La Ley 4/1986, que trató de la devolución del llamado patrimonio sindical
a las organizaciones sindicales, no contemplaba más que una
interpretación muy estricta de lo que era organización sindical. Aquí, al
hablar de partido político se está planteando el que sean sujetos que
acrediten el derecho a esta devolución las organizaciones o entidades
vinculadas a los partidos políticos, y eso es justamente lo que estamos
pidiendo en la enmienda número 2 para las organizaciones sindicales y
otras entidades.
En la enmienda número 1 tratamos de que se produzca una reparación
histórica en relación con aquellos gobiernos que fueron objeto clarísimo
de la expoliación con arreglo a la Ley de 9 de febrero de 1939, puesto
que la propia exposición de motivos de la mencionada Ley hablaba de
liquidar las culpas de todos aquellos que contribuyeron con actos u
omisiones a forjar la subversión roja y, por tanto, era sujeto claro de
la expoliación cualquiera de los gobiernos y todas las organizaciones
citadas directamente por la propia Ley, aunque hablase de partidos
políticos. En este caso, creo que son todos los que están, pero no están
contemplados todos los que son.
En el planteamiento de esta enmienda no ocultamos un interés muy
concreto, y que nos es muy querido, que es que el Gobierno vasco adquirió
un inmueble en París, que además de su valor real tiene un valor
sentimental, ya que fue sede del Gobierno vasco, que lo adquirió con sus
fondos, a través del Consejero de Finanzas del Gobierno de Euskadi,
mediante una sociedad interpuesta, Finanzas y Empresas, que actuaba para
las compras de bienes inmuebles en Francia por cuenta del Gobierno vasco.
De estos hechos no cabe ninguna duda porque el propio Gobierno español
vencedor en la Guerra Civil, el día 21 de julio de 1943, acudió al
Tribunal Civil del Sena, aduciendo para su ilegítima reclamación su
carácter de subrogado o heredero del Gobierno vasco legítimo. Estos
bienes eran del Gobierno vasco y, por lo tanto, creemos que se debe
otorgar igual tratamiento a los gobiernos de las Comunidades Autónomas,
entonces llamados gobiernos regionales.
Las otras dos enmiendas, las números 3 y 4, están tratando de trasladar
estos razonamientos, expuestos muy brevemente, a la propia exposición de
motivos para ampliar el ámbito de la futura ley. Como ya expuse en
Comisión, no es procedente tratar únicamente este tema --precisamente por
eso lo estamos enmendando--, ya que el objeto de esta ley es solamente la
restitución o compensación a los partidos políticos y creemos que tiene
que ser más amplia. Tampoco deben aducirse dificultades presupuestarias
porque no sería correcto, pues, si así fuera, el grupo que apoya al
gobierno o el propio Gobierno debiera haber previsto que, en el caso de
producirse todas esas devoluciones y en el caso de que en esta ley se
diera a las organizaciones sindicales el mismo tratamiento que se otorga
a los partidos político, habría dificultades presupuestarias para
proceder a la reparación de la que estamos tratando. Este no es un
argumento, y si se diera este supuesto, lo que habría que decir es: ahora
no se puede, pero se puede establecer cómo y cuándo se va a hacer.
No hay voluntad política para reparar de forma completa a todos aquellos
que fueron claro objeto de la Ley expoliadora de 9 de febrero de 1939.
Por esa razón hemos presentado estas enmiendas, que esperamos que en esta
última instancia se tomen en consideración por lo justo de su contenido y
lo razonable de los planteamientos aducidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Pasamos al voto particular número 4, que se corresponde con la enmienda
número 6 del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
los Senadores Nieto Cicuéndez y Costa Serra.
Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitamos la retirada de esta enmienda, pues, aunque no está recogida
en su totalidad, sí lo está parcialmente en el trámite que se ha
producido en el Senado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 23 y 24.
Tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
También anuncio la retirada de las dos enmiendas. Una es de tipo técnico
y, por lo tanto, queda subsumida en el propio texto del proyecto de ley.
La otra hace referencia a una institución muy antigua y muy querida en
Cataluña que se llama el CADCI. Se fundó en el año 1903 y era una entidad
obrera que se dedicaba a agrupar a todos los dependientes de comercio;
era muy dinámica en el sentido de que muchas de las cosas que acaecieron
en Cataluña fueron promovidas por el CADCI. Por ejemplo, la celebración
del 11 de septiembre, que es nuestra fecha nacional, empezó por el
impulso de esta institución. Se dedicó a crear escuelas de comercio para
dignificar la profesión de los dependientes de comercio. Creó deportes
que en aquellos tiempos eran exclusivos de los esnobs de aquel entonces,
por ejemplo, la vela, la navegación deportiva, etcétera.
Nosotros comprendemos perfectamente que esto no entra en el ámbito de los
partidos políticos. Por otra parte, sabemos el interés que existe en la
presentación de una proposición de ley al efecto que acogiera esta
petición, que será tenida en cuenta por parte de los distintos grupos
parlamentarios. Por ello, retiramos esta enmienda y la anterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.
Pasamos al voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista,
que corresponde a las enmiendas números 7 a 21, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador García Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista no va a retirar ninguna de sus
enmiendas. Y en concordancia con lo que he manifestado en mi primera
intervención, voy a tratar, brevemente --si bien me detendré algo más en
la enmienda número 9--, de explicar las razones fundamentales de nuestro
planteamiento.
En primer lugar, nuestra posición respecto de este proyecto de ley la de
pretender una modificación sustancial del artículo primero.
Entendemos que si hay algún partido que tenga derecho a una restitución
de bienes de todo tipo --bienes muebles, inmuebles, depósitos en
entidades financieras, elementos productivos-- ése es el Partido
Socialista Obrero Español, porque cuando ya llevaba 55 años de
funcionamiento, de una forma lenta pero segura fue acumulando una serie
de bienes que representaban lo que se dio en llamar la cultura
socialista, la dimensión socialista, que tenía distintas ramas, distintas
connotaciones: una, propiamente política, como fue el Partido socialista
obrero, y otra, sindicalista.
Simplemente, daré algunos datos, si bien quiero añadir también, como he
repetido a lo largo de mis intervenciones, que nada está en contra de las
legítimas reclamaciones que han planteado otros Grupos en esta Cámara.
Pero, sin ánimo de comparar, sino, simplemente, de razonar por qué
insistimos tanto en nuestro planteamiento, he de decir que en el año 1931
la Unión General de Trabajadores tenía 300.000 afiliados y que en el año
1932 ya eran 957.000, que el Partido Socialista tenía 80.000 afiliados y
las Juventudes Socialistas 30.000, y, poco a poco, fueron incorporando un
patrimonio, a través de los llamados centros obreros, al principio --todo
hay que decirlo--, en colaboración con otras entidades públicas y con
otros partidos políticos u organizaciones como los republicanos y los
anarquistas, si bien es verdad que personas como García Quejido, por
ejemplo, en el año 1897 ya constituye una agrupación cooperativa
madrileña a la que da el nombre de Casa del pueblo. Estas Casas del
pueblo van surgiendo y van teniendo un carácter socialista cuando
republicanos o anarquistas se van separando de los centros obreros y
constituyen sus propios círculos, los llamados círculos católicos, por
ejemplo, o los llamados casinos republicanos, las llamadas casas
republicanas, o las distintas organizaciones de anarquistas.
Por tanto, a lo largo de estos años se va acumulando un patrimonio que va
desde la escuela de aprendices de tipógrafos, a la escuela de aprendices
de metalúrgicos, que va desde las distintas Casas del pueblo, que se
financian de manera muy desigual desde las propias acciones de los
afiliados, desde los préstamos de las cajas de ahorros, sorteos, hasta
veladas que organizan los orfeones, o veladas teatrales. Algunos
arrendaban habitaciones, como
ocurre con la Casa del pueblo de Valladolid, y también había donaciones,
como la que hizo don Juan March a la Agrupación socialista de Mallorca;
es decir, hay todo un patrimonio acumulado de distinta procedencia donde
confluía la doble dimensión del socialismo. Algunas casas eran
exclusivamente del Partido --Mieres, Llecla, etcétera--, en otros casos
confluían Partido y sindicato, porque la dimensión socialista era dual.
Todo lo expuesto justifica algunas de las enmiendas que como
disposiciones adicionales plantea el Grupo Parlamentario Socialista en
este momento del trámite parlamentario.
Además, quisiera decir que para nosotros se trata de traducir la
connotación política actual, lo que representan las organizaciones
políticas actuales a los años 30 y anteriores, pues muchas veces puede
confundirnos. Lo he dicho antes en mi intervención: creo que no es de
justicia partir de la premisa de que el ámbito patrimonial, el ámbito de
actuación de los partidos políticos y organizaciones objeto de la
incautación del año 1939 sea igual al ámbito y circunstancias políticas
del marco constitucional del año 1978.
De ahí que, además, también hablemos de los elementos productivos. ¿Qué
ocurre con la rotativa donde se editaba «El Socialista», que costó casi
un millón de pesetas de la época y que por aquel entonces era una de las
que contaba con la tecnología más avanzada que existía? ¿Quién nos
restituye esa rotativa? ¿Por qué fue utilizada la misma por el Boletín
Oficial del Estado hasta el año 1954? Por tanto, en la enmienda que
formulamos al artículo primero señalamos que no sólo se trata de los
bienes inmuebles, sino también de los bienes muebles y de los elementos
productivos.
En relación con las cuentas, ¿quién restituye los 80 millones de pesetas
que tenía, como consta en el Archivo de Alcalá de Henares? ¿Quién
restituye el millón de pesetas que dio Cesáreo del Cerro y Alamo en el
año 1915 a la Casa del pueblo y a la Agrupación Socialista Madrileña?
Todo eso, ¿quién lo restituye?
Por tanto, cuando nosotros planteamos la enmienda al artículo primero,
que para nosotros es la fundamental, estamos refiriéndonos a todo un
patrimonio y a toda una concepción cultural, porque el Partido Socialista
no fue sólo unas siglas y una organización, repito que existía escuela de
aprendices, estaba la Escuela Nueva, cooperativas, etcétera; aquello era
una dimensión en un Estado débil, no estábamos en el Estado de bienestar
que vivimos actualmente, y las organizaciones políticas y obreras tenían
que cumplir una serie de funciones que no son concebibles en la España
moderna en la que vivimos hoy, pero por aquel entonces sí tenían una
dimensión; tan era así que el brazo incautador arrambló con todo eso por
conceptuarlo en el ámbito de los partidos políticos.
Creemos que cuando todo esto se resuelva en el marco de nuestros
planteamientos, el Parlamento se dará cuenta. Es lo que venimos a
plantear en la enmienda número 10. Tiene que concederse un cierto tiempo,
y se ha barajado la cifra de uno o dos años; no sé si eso tendrá algo que
ver con el final de una legislatura o con el adelanto de unas posibles
elecciones, pero nos parece razonable que esta documentación que hay que
presentar tenga un plazo lo más razonable posible, y consideramos que
debe ser de hasta dos años.
Creemos que cuando se dice que no procederá ningún tipo de restitución de
lo que ya se ha restituido, hay que aclarar que muchas Casas del pueblo
--lo ha insinuado antes el Senador Uriarte--, muchas agrupaciones donde
convivían la UGT y el Partido Socialista, como en Eibar o en León, son
ejemplos paradigmáticos casi al 50 por ciento. Por tanto, restitúyase en
lo posible a la Unión General de Trabajadores, pero hágase lo mismo en la
parte proporcional que corresponda al Partido Socialista. Nosotros
creemos que ésta es una de las condiciones fundamentales, y así lo
recogemos en nuestras enmiendas.
El Senador Uriarte también se ha referido antes en su crítica al veto a
una Comisión de expertos. Entendemos que las dificultades del problema,
las dificultades de la objetivación de los bienes de todo tipo requieren
en algunos momentos de conflicto sacarlas de los tribunales y confiarlas
a una Comisión de expertos, en cuya composición no voy a entrar por no
cansar a sus señorías, pero sí diré que está perfectamente explicitada y
motivada en nuestras enmiendas.
Entendemos que la acreditación de determinadas cosas ha de hacerse
siempre que sea posible, porque en algunos casos será muy difícil. De ahí
que nosotros consideremos que esta necesidad de especificar y concretar
toda una serie de bienes que han de ser objeto de reparación ha de
cubrirse con alteza de miras y con un cierto tiempo. Esa es la filosofía
de nuestras mejoras técnicas y de algunas de nuestras enmiendas.
Finalmente, he de decir que, como se ha evidenciado ya aquí, el
argumento, señor Uriarte, de que estemos solos, aunque seamos muchos y
hayamos sido muchos, no es suficiente para no tomar en consideración en
este proceso ninguna de las importantes enmiendas que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, ni tan siquiera discutirlas como se han
discutido. A lo largo de este debate se ha podido comprobar que de salida
había un acuerdo cerrado con un determinado Grupo Parlamentario --y
repito que no cuestionamos esa devolución que se plantea o que pueda
afectar a ese Grupo Parlamentario--, y que mientras otros han ido
mejorando sus posiciones a lo largo de este debate, al único Grupo
Parlamentario que se le ha negado el pan y la sal en este debate ha sido
al Grupo Parlamentario Socialista.
Por esta razón, y por todas las que se concretan no sólo en la exposición
que he realizado, sino también en la motivación de las distintas
enmiendas, las mantenemos todas esperando la mejor consideración por
parte de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Miralles.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Señor Presidente, si me lo permite, voy
a compartir el turno con el Senador Uriarte.
Mi intervención va a ser muy breve, porque en esta distribución de tiempo
entre el Senador Uriarte y yo teníamos que consumir un turno en contra de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del Grupo Mixto, que han sido retiradas, lo que
agradezco a los representantes de dichos Grupos, especialmente al Senador
Rigol, por el explícito apoyo que ha hecho a este proyecto de ley y a la
concreción de cuáles son los límites del mismo, en atención a las
dificultades técnico-jurídicas, por una parte, y a la necesidad de hacer
de este proyecto de ley un instrumento verdaderamente operativo, lo que
determinó que fueran delimitados sus elementos objetivos y subjetivos.
En el fondo subyace la oposición a las cuatro enmiendas que mantiene la
Senadora De Boneta y Piedra. Quiero reiterar lo que ya he señalado en
Comisión, que había olvidado enmendar el título del proyecto de ley
porque, de aceptarse sus enmiendas, no habría que enmendar sólo la
exposición de motivos, como hace en sus enmiendas números 3 y 4, sino
además el título, con lo que ya no sería un proyecto de ley de
restitución de bienes y derechos incautados a los partidos políticos.
Por esas razones que antes he expuesto y que muy bien ha expresado
también en esta tribuna el Senador Rigol, era necesario concretar el
objeto y los sujetos del proyecto de ley. En definitiva, los sujetos
beneficiarios de la restitución de la injusticia que ahora pretende
repararse a través de este proyecto de ley son los partidos políticos. La
exposición de motivos lo justifica perfectamente, atendiendo al papel
relevante que en la formación de la voluntad popular da a estas
organizaciones el artículo 6 de la Constitución.
Por ello, nos parece absurdo pretender incluir como sujetos beneficiarios
del proyecto de ley a los sindicatos, y es menos lógico --insisto,
Senadora De Boneta-- considerar a las Comunidades Autónomas, porque el
objeto de restitución es a los partidos políticos. Es más, los sindicatos
ya fueron sujetos beneficiarios de una Ley de 1986, de restitución y
distribución de un patrimonio sindical. En todo caso, debería presentarse
la oportuna proposición de ley de reforma de aquélla o una nueva ley, si
se cree que aquélla quedó corta.
Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el error o fallo de
técnica legislativa sería total. La muy distinta naturaleza que tienen
las Comunidades Autónomas, que son parte del Estado --como reiteradamente
se ha reconocido por todos--, hace inviable que fueran tenidas en cuenta
en este proyecto de ley. Es más, técnicamente no puede hablarse en ningún
caso de que haya podido haber una expoliación o apropiación de bienes de
Comunidades Autónomas. Por desgracia, lo que sucedió fue que,
desaparecido el sistema, que empezaba a centralizarse como consecuencia
de la Dictadura, volvió a formarse un Estado unitario que asumió los
bienes de aquellos gobiernos autónomos que habían comenzado a crearse,
del mismo modo que, al restaurarse un sistema descentralizador en la
Constitución de 1978, esas Comunidades Autónomas que se crearon como
consecuencia de la misma han ido adquiriendo bienes en virtud de la
cesión del Estado a dichas Comunidades Autónomas. En su caso, de existir
alguna reivindicación de un gobierno autónomo al Estado, por razón de
cualquier apropiación o asunción de un bien que hubiera pertenecido a esa
Comunidad Autónoma, el cauce adecuado no es el de la ley específica, sino
el de la relación bilateral Estado-Comunidad Autónoma.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es difícil contestar a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
por varias razones: en primer lugar, por su tremenda inconcreción.
Presentó unas enmiendas en el Congreso de los Diputados, no fueron
aceptadas y sencillamente las ha trasladado al Senado, sin tener en
cuenta en algunos casos que los problemas planteados habían sido
resueltos a través de otras enmiendas.
En segundo lugar, no es cierto que no haya habido negociación alguna.
Precisamente en el Senado se ha intentado negociar, y ha sido
verdaderamente imposible porque no se ha podido averiguar, dentro de ese
magma de enmiendas, a cuáles atribuía el Grupo Parlamentario Socialista
un especial importancia. Por eso, aunque se ha intentado la negociación,
no se ha conseguido éxito alguno.
Por otra parte, como la exposición de las enmiendas ha sido muy sucinta y
muchos de los temas planteados ya estaban tratados cuando hemos debatido
el veto voy a tratar de ser muy breve en mi exposición.
En primer lugar, parece que el Grupo Parlamentario Socialista atribuye a
la enmienda número 9 la máxima importancia. En ella se pretende que se
admita la devolución de toda clase de bienes. Me he referido a esta
enmienda discutir el veto porque es un tema sustancial. Pero quiero decir
que, aunque no se haya negociado en este punto, sin embargo se han
aceptado los planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista, porque
pedía la devolución de los depósitos en cuentas corrientes y está
admitido en el texto, aunque no haya sido mediante negociación con el
Grupo Parlamentario Socialista, pedía la devolución de los derechos
personales y una manifestación muy importante de éstos como son los
derechos de arrendamiento, que también han quedado incorporados en el
texto a través de la enmienda transaccional. Por tanto, ha sido admitida
una parte considerable de las peticiones que formulaba el Grupo
Parlamentario Socialista en la enmienda número 9.
En el segundo párrafo de dicha enmienda --y vuelvo a insistir en la mera
copia que se ha efectuado de las enmiendas del Congreso de los
Diputados-- se señala que no podrán aplicarse las restituciones a los
partidos extinguidos
con anterioridad al 1 de diciembre de 1995. Efectivamente, así se
reflejaba en la enmienda número 16 del Congreso de los Diputados, que fue
aceptada desplazando el tema del artículo primero al tercero. No lo ha
tenido en cuenta el Grupo Parlamentario Socialista, y esta parte de la
enmienda carece totalmente de contenido real.
En cuanto a la enmienda número 10, al artículo segundo lo más importante
es el tema de la fecha de las valoraciones, pretenden que dichas
valoraciones no se hagan con arreglo a los criterios de mercado en el
momento de la entrada en vigor de la Ley, sino con los existentes dos
años después. Esto plantearía una situación curiosísima. Es un castigo al
diligente, porque si alguien presenta la petición de devolución en el
momento de la entrada en vigor de la Ley, se encuentra con que va a tener
que esperar dos años para saber qué valor corresponde en ese momento a
esos bienes. Creemos que carece totalmente de justificación.
El Grupo Parlamentario Socialista también ha dado cierta importancia al
artículo quinto, razón por la cual ha presentado la enmienda número 14.
Se trata de ampliar el plazo de petición a dos años. No lo razona, no
sabemos por qué hay que ampliar a dos años lo que se puede hacer en uno
y, desde luego, no parece justificable.
También en relación con el artículo quinto que trata del plazo para el
ejercicio de derechos, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
enmienda número 15, que tiene tres partes. Una de ellas es muy
importante. Se señala que sólo es necesario probar la titularidad de los
bienes cuya restitución se pretende cuando sea posible. Es un
planteamiento totalmente inadmisible. No se puede devolver aquello cuya
anterior pertenencia no se justifica. Lo lógico es decir que es necesario
probar la titularidad mediante el correspondiente documento, cuando sea
posible, pero que cuando no exista, hay que acreditarla por cualquier
otro medio, ya sea por una información testifical, por un acta notarial,
etcétera. Por tanto, este tampoco parece admisible.
También exige la prueba de la normativa en virtud de la cual se efectuó
la incautación. Naturalmente, dicha prueba está en el «Boletín Oficial
del Estado». Lo que hay que probar es la aplicación de esa normativa y la
incautación subsiguiente.
Y la tercera parte de esta enmienda expone otro caso que creo que también
es un error. Se pretende que todas las administraciones faciliten la
documentación necesaria para solicitar la devolución. Esto está admitido
en virtud de una enmienda «in voce» de Izquierda Unida, pero esta
obligación se impone, como es lógico, solamente al Estado. No hay ninguna
razón para que a las Comunidades Autónomas, a los ayuntamientos o al
Instituto Nacional de Industria se les imponga la obligación de efectuar
esta devolución.
Con referencia al artículo sexto, sobre tramitación y resolución de
solicitudes, la enmienda número 16 pide algo tan extraño como que se
tramite un expediente por cada bien, lo cual es imponer una carga absurda
y totalmente innecesaria a los partidos políticos que, lógicamente,
tramitarán los expedientes en la forma que más les convenga, normalmente
agrupando una serie de bienes.
Se establece también que la resolución de los expedientes se debe
producir en el plazo máximo de un año. No sabemos por qué ese plazo
mágico de un año pero, en todo caso, si se fija éste será para surtir
algún efecto: o silencio positivo o silencio negativo. Habría sido
necesario que nos lo dijeran, pero tampoco lo han hecho.
La enmienda número 17 trata de crear esa Comisión Consultiva con carácter
vinculante de la que hemos hablado ya al referirnos al veto.
La enmienda número 18 se refiere al artículo octavo y trata de dar una
nueva formulación más general y menos técnica de la exenciones fiscales
aplicables a estas restituciones. Una enmienda semejante se presentó en
el Congreso y fue rechazada por la totalidad de los Grupos
Parlamentarios.
La enmienda número 21 trata de incluir una nueva disposición adicional
por la que lo dispuesto en la futura Ley sea de aplicación a las logias
masónicas. Ya hemos dicho que no encaja dentro de este proyecto de ley.
Además está la extraña posición del Grupo Parlamentario Socialista que
unas veces es partidario de la restitución a favor de las logias
masónicas y otras veces no lo es y vota en contra.
Por último, la enmienda número 8 se refiere a la exposición de motivos y
vuelve a insistir en la creación de la Comisión Consultiva.
Por tanto, señorías, y lamentándolo mucho, pensamos que no procede la
aceptación de ninguna de estas enmiendas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Uriarte.
Entramos en el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
La Senadora De Boneta tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente. Lamentamos no poder, en este caso,
retirar nuestras enmiendas porque las argumentaciones que nos han
ofrecido, las mismas por cierto que en Comisión, no nos han satisfecho en
absoluto. A este respecto quería dejar clara la posición de esta
Senadora, una vez oído el turno de réplica o el turno en contra de las
enmiendas presentadas.
Efectivamente, el título del proyecto de ley debería modificarse en
función de mis propias enmiendas, caso de ser admitidas, pero debo
recordar al Senador portavoz del Grupo Parlamentario Popular que eso lo
dije yo antes que él. Así consta en el «Diario de Sesiones». Además, yo
lo dije antes que usted porque pensaba que así lo iba a hacer, y me
parecía una tontería puesto que es una cuestión de técnica legislativa
que, con una enmienda «in voce», estando de acuerdo en el fondo, se puede
arreglar. Por ello, no es argumento y, repito, no nos ha satisfecho su
respuesta.
En relación con la enmienda que planteábamos sobre los Gobiernos
autónomos, ha hecho una curiosa historia de apariciones y reapariciones
dentro de la legalidad, de
la descentralización y la centralización. Yo lo llamo de otra forma y
cuento la historia de otra manera pero, finalmente, estamos en una
situación en que, sea de una u otra manera, esos gobiernos autónomos no
deberían ser objeto de una cesión porque se les ha quitado algo que se
les ha de devolver. El término cesión tampoco me parece adecuado y de lo
que se trata en el fondo es de que en otra ley o en otro momento el
Gobierno se comprometa a resolver este asunto.
Respecto a la posible modificación de la Ley 4/1986, efectivamente, es
una Ley incompleta, utiliza un término mucho más duro que el flexible de
vínculo, contempla a los afiliados o asociados a las organizaciones
sindicales, y aquí se habla de un vínculo como sujeto de la posible
devolución de bienes incautados. Además teniendo en cuenta las
circunstancias en que se produce la adquisición de esos bienes, la
inestabilidad política, el miedo, etcétera, hay una multitud de personas
jurídicas y físicas interpuestas con lo que, obviamente, puede
demostrarse que ese patrimonio corresponde a las organizaciones
sindicales.
Tampoco es una cuestión de incluirlo o no en esta futura Ley. Me dice
usted que presente una proposición de ley, y yo le pregunto ¿La va usted
a apoyar? Y si están ustedes de acuerdo, ¿por qué no presentan ustedes el
proyecto de ley? Esa es la cuestión que se plantea, y en este sentido
lamento no poder estar de acuerdo con los argumentos que se han indicado.
Si a mí se me hubieran prometido todas estas cosas a las que hago
referencia en este momento, automáticamente retiraría las enmiendas; no
es sólo cuestión de que se contemplen o no en este proyecto de ley; es
una cuestión de voluntad política, que no se ha demostrado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo tengo el honor de ser, desde hace doce años, Presidente de un partido
histórico: de Unió Democratica de Catalunya. Para mí sería una sensación
muy mala pasar por este debate como aquél que ha debatido cualquier cosa,
por ejemplo, el fomento del cultivo de la zanahoria, y no es verdad.
Nosotros hemos estado debatiendo sobre algo y en algunos puntos no nos
hemos puesto de acuerdo con el PSOE, pero la verdad es que hemos estado
debatiendo sobre algo de un gran contenido como es la reparación
democrática de gente que lo pasó muy mal durante un largo período de
tiempo.
Por ejemplo, a nosotros nos confiscaron sedes del partido, cabeceras de
periódico, nos confiscaron muchas cosas, pero la cosa más importante que
nos confiscaron fue la vida del político más relevante que teníamos en
nuestro partido, y ese hombre --y permítanme que no me vaya hoy de aquí
sin mencionarlo-- se llamaba Carrasco i Formiguera. Este hombre era un
gran nacionalista catalán, y de ello dan fe las actas de las Cortes
Constituyentes de la República, donde defendió el Estatuto de Autonomía
originario de Cataluña, que llamábamos el Estatut de Nuria; fue gran
nacionalista, y a la vez un hombre de unas grandes convicciones
personales. Pues bien, el drama de este hombre fue que tuvo que marcharse
de su país, donde había defendido sus convicciones con una gran
radicalidad, y tuvo que marcharse precisamente a causa de esas
convicciones religiosas; se fue y lo capturaron en el lado donde se decía
que se defendía a la Iglesia --qué manera de defenderla--, y allí lo
mataron, por catalanista. Este es nuestro hombre.
Cuando ustedes leen hoy los trabajos de esta Tercera España, no sólo es
algo que sale en los periódicos, sino que existió y hubo hombres que
dieron la vida por sus convicciones nacionalistas, en este caso, y por
sus convicciones íntimas y personales. Es el caso de Carrasco i
Formiguera.
También les podría dar otros muchos nombres dentro de nuestro partido,
como los hay dentro de otros partidos, pero me referiré a uno que es
quizás poco conocido por ustedes, el doctor Vila i d'Abadal, también
fundador de Unió Democrática de Cataluña. El doctor Vila i d'Abadal era
un señor que durante la confrontación de la Guerra Civil, por una parte,
era fiel a la Generalitat haciendo misiones en el exterior, concretamente
intentando salvar a gente a través de la conexión que tenía con don
Manuel de Irujo, que era Ministro de Justicia, y a la vez con el Cardenal
Verdier, en París. Era un hombre que tenía un cargo institucional en la
Generalitat y a la vez ejercía de político clandestino, protegiendo a
gente que corría sus riesgos dentro de su propia casa. Era gente de la
tercera España o de esta Cataluña que, dentro de Unió Democratica,
intentábamos aportar algo.
Las tropas de Franco entraron en febrero de 1939. Pues bien, en junio de
1939, al cabo de cuatro meses, Coll i Alentorn, al que tuve el honor de
suceder como Presidente de mi partido, era un hombre que juntamente con
Aramon empezó a fundar el Institut d'Estudis Catalans, que Franco había
suprimido. Cuatro meses estuvo fuera de su ámbito el Institut d'Estudis
Catalans, y lo fundaron en el comedor de su casa, y lo justificaron de la
siguiente manera: en un país como el nuestro no se puede permitir el lujo
de que se corte la tradición, porque nosotros fundamentalmente somos
tradición, de generación en generación vamos manteniendo la cohesión de
nuestra comunidad humana. Estos eran los hombres que se jugaban el tipo.
Si ustedes vieran el externo de Coll i Alentorn, que teóricamente y según
el lenguaje convencional sería un hombre de derechas y católico, este
hombre, teóricamente de derechas y teóricamente católico, pasó por la
Modelo, que es la cárcel de Barcelona, y por la vía Layetana, donde
estaba la comisaría de policía, siete veces, siete veces.
La democracia no la ha inventado nuestra generación. Viene de mucho más
lejos. Y viene del testimonio personal de toda esta serie de gente.
Cuando ustedes miran, por ejemplo, dentro de nuestro Partido --con toda
modestia-- a ver qué se entiende por democracia en su momento
fundacional, se dice que la democracia solamente puede basarse en la
creciente capacitación de los ciudadanos. Y nosotros, que vivimos en una
democracia mediática --a ver cuántos títulos generamos cada día en la
prensa o cuantos segundos salimos en la televisión--, ¿no necesitamos
todavía la memoria histórica de una gente que creía que la democracia era
capacitar a los ciudadanos? Este es el mensaje de la gente que hace 40 ó
50 años nos daba la lección a nosotros hoy, y hoy damos un dinero no a
unas organizaciones o a unos partidos para que puedan pagar más
fácilmente su final de mes. Hoy damos un dinero, que es lo menos que
podemos dar, a una serie de gente que ha entregado todo su testimonio
para dar una gran dignidad a la vida pública y a la vida política del
país.
Ustedes me van a dispensar porque yo no quería terminar mi intervención
en el debate sobre este proyecto de ley haciendo simplemente como un
regateo de enmiendas a favor o en contra, sino recordando la memoria de
una serie de gente que forma parte de mi Partido, pero que estoy seguro
de que llena las filas de muchos partidos que en aquellos momentos tan
difíciles fueron muy fieles a la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García
Miralles.
El señor GARCIA MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista, lógicamente, va a votar a favor de sus
enmiendas porque el tema fundamental del debate de este proyecto de ley,
que habla de incautación de bienes, de patrimonio, no ha sido desvirtuado
con la intervención del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Rigol, aunque quizás sea descender a lo que hoy estamos debatiendo
--luego hablaremos sobre lo que ha comentado usted--, quiero decir que a
lo largo de su última intervención y de la del señor Uriarte, aunque de
una manera muy sucinta, ha quedado clarísima la existencia de lo que se
ha llamado negociación y que por parte del Grupo Parlamentario Socialista
no ha existido en ningún momento, porque no ha podido ser, y cuando digo
negociación estoy pensando en eso que se hace en los pasillos o en los
despachos, y el propio Senador Uriarte, al hablar de la adicional, lo ha
reconocido. Había una negociación cerrada y con prisas en el origen de la
tramitación de este proyecto de ley --nadie lo ha negado--, sea de
investidura, sea de legislatura o sea de lo que sea, con el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Nosotros no cuestionamos
ninguna de las reivindicaciones de ningún partido y, por supuesto, menos
las de aquéllos que todavía son testimonio vivo de lo que fue la guerra
civil.
En segundo lugar, se ha dicho algo que no es verdad. Se defendió y se
dijo clarísimamente en el Congreso de los Diputados. Se dijo en Ponencia
y se dijo en Comisión. Para nosotros lo fundamental es la enmienda que
aquí lleva el número nueve y que, si no me falla la memoria, porque no
tengo aquí el «Diario de Sesiones», era la número 16 en el Congreso de
los Diputados. Esa enmienda hace referencia a una concepción y a una
posición del Grupo Parlamentario Socialista que se ha venido manteniendo
desde el principio. Y desde el principio también, por parte del Grupo
Parlamentario Popular y de quienes le han acompañado se ha dicho: no
vamos a admitir ninguna de esas enmiendas sustanciales. Sin ir más lejos,
en Comisión, en la fijación de posición el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos dijo: no vamos a apoyar
el veto y, además, no vamos a apoyar ninguna enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. Y esto se dijo porque el tema estaba cerrado.
Es verdad que ese tema se ha abierto lo suficiente para que otros Grupos,
que tenían sus dudas, retiraran sus enmiendas y apoyaran este proyecto de
ley, lo cual es legítimo. Repito, esto es legítimo, pero la realidad es
la que digo: en todo este proceso el Grupo Parlamentario Socialista no ha
sido bien recibido por parte del Grupo Parlamentario Popular o del
Gobierno del Partido Popular, no ha sido bien recibido para hablar a
fondo de estos temas; esto es así. Democráticamente es correcto; los
votos son la democracia. Hay una mayoría más que suficiente para sacar
adelante este proyecto de ley, y nosotros, lógicamente, respetaremos lo
que diga la mayoría, porque somos demócratas, lo cual no quiere decir que
estemos de acuerdo y que no sigamos defendiendo ante la sociedad y ante
la opinión pública nuestra posición, por lo que entendemos que es un mal
cierre de este problema. Este ha sido un traje que se ha hecho a la
medida de unos y que ha supuesto, comparativamente, una cierta
marginación de otros, aunque se diga que habrá tiempo para solucionarlo.
No me resisto a decir alguna cosa en tono cordial, porque siento un
profundo respeto por el Senador Rigol. No sé si tocaba o no tocaba hablar
en este turno de lo que ha hablado el Senador Rigol, pero yo quiero decir
que hoy tenemos aquí un testigo viviente, porque ha cumplido bastantes
años, que es nuestro Presidente, Ramón Rubial, que podría decir muchas
cosas acerca de este tema, pero que por modestia y por no hacer demasiada
ostentación de ellas, no las dice.
No voy a hacer aquí una enumeración de cuántos socialistas, con mayor o
menor relevancia, sufrieron las consecuencias del movimiento militar, del
alzamiento, la incautación, etcétera, porque creo que no toca hoy, pero
quiero señalar una cosa en la que coincido con el Senador Rigol y que ha
sido parte de mi exposición anterior: no se trata sólo de un tema de
patrimonio en el sentido material. Usted ha hablado de capacitar a los
ciudadanos y de que eso era una función de un partido político como el
suyo. Y yo le quiero recordar que detrás de la capacitación, y de la
asistencia --que antes no se cubría y que
hoy cubre el Estado de bienestar-- está toda la filosofía que constituía
la base fundamental de las organizaciones obreras y socialistas --ése es
el objeto de nuestra enmienda número 9 que nosotros defendemos--, sobre
la que se fueron, palmo a palmo, construyendo Casas del pueblo, sobre la
que se fue constituyendo un patrimonio que no sólo consistía en lo que
éstas significaban materialmente, sino en otro tipo de cosas que se han
enumerado. Estamos en esa filosofía, Senador Rigol, pero entendemos que
este proyecto de ley se queda coto. En la idea que ya tenía nuestro
fundador, Pablo Iglesias, de formar a la clase trabajadora y, por tanto,
de capacitar políticamente a los ciudadanos, nosotros no estamos detrás
de nadie. Por lo menos estaremos igual que los demás.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García
Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Voy a procurar ser muy breve porque creo que ya
está casi todo dicho.
En primer lugar, no es cierto que se haya procedido con una prisa
desmedida. El pacto de investidura o de legislatura es del mes de abril
de 1996 y, por tanto, no estamos de acuerdo en que se diga que ha habido
premura, tampoco estamos de acuerdo con que se diga que esa premura ha
sido el motivo de la no negociación, porque esto es rigurosamente
inexacto. La negociación ha sido posible; ha sido el Grupo Parlamentario
o Socialista el que no ha querido negociar ni el en Congreso ni en el
Senado. En la Ponencia en el Senado se ha intentado averiguar cuáles eran
los objetivos que consideraba prioritarios el Grupo Parlamentario
Socialista. Ha habido una oferta concreta y específica respecto de la
gestión, de tratar de llegar a un acuerdo, pero no hemos podido siquiera
averiguar cuáles eran esos objetivos. Naturalmente, se nos decía: están
contenidos en todas nuestras enmiendas. Pero no es posible la aceptación
de todas las enmiendas; eso no es una negociación. Además, ello hubiera
significado incluso la aceptación de algunos disparates puramente
técnicos que hubiesen podido aparecer en las enmiendas por la falta de
cuidado con que éstas fueron redactadas.
Por otro lado, negociación o no, parte de lo que el Grupo Parlamentario
Socialista pedía está ya aceptado y consta en el proyecto de ley. Pedía
la devolución de depósitos en cuentas corrientes, y está en el proyecto;
pedía la devolución de derechos personales --una manifestación muy
importante de los derechos personales son los derechos de
arrendamiento--, y está recogido ya en el proyecto de ley.
Por último, el Senador García Miralles ha dicho que esto es un traje
hecho a la medida, pero en absoluto es un traje hecho a la medida de
nadie. Y como el Senador García Miralles recordará, una de las obras de
misericordia consiste en vestir al desnudo, y resulta que los partidos
que habían sido privados de sus bienes estaban desnudos, es decir, no
habían recibido nada. Pero éste no era el caso del Partido Socialista
Obrero Español. El PSOE había recibido ya la mayor parte de su patrimonio
a través de la Ley de 1986, Ley que, en cambio, no sirvió para restituir
ni una sola peseta a los demás partidos políticos. Es decir, no ha habido
ningún empeño en despojar de nada al Partido Socialista Obrero Español.
Es que no queda nada o queda muy poco por devolver. Pero eso es lo que ha
justificado y explica esa postura circense y testimonial que ha adoptado
el Grupo Socialista en la tramitación de este proyecto de ley.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Uriarte. Terminado el debate, vamos a pasar a la votación. (Pausa.)
Señorías, les recuerdo que las enmiendas números 5, 6, 23 y 24 han sido
retiradas. Por tanto, vamos a votar las que aún siguen vivas.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 4, correspondientes a
la Senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a
favor, tres; en contra, 199.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 79; en contra, 123; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, es
decir, las números 7 a 21, excepto la número 20, que acabamos de votar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 77; en contra, 122; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos los artículos primero a noveno, disposición adicional,
disposición derogatoria, disposiciones finales primera y segunda, y la
exposición de motivos, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 124; en contra, 78; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
-- DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO
TURISTICO Y NORMAS TRIBUTARIAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (621/000102) (121/000076)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión de Justicia en
relación con el proyecto de ley sobre derechos de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, que se
tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Moya,
quien ha sido designado por la Comisión a tal efecto.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señor Presidente.
El presente proyecto de ley, que se somete a la consideración del Pleno,
tuvo su entrada el pasado 9 de octubre, fecha en la que se publicó en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», terminando el plazo de
presentación de enmiendas el día 15 del mismo mes.
A este proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia,
se presentaron cuarenta enmiendas, distribuidas de la siguiente forma:
una, del Senador Ríos Pérez; dieciocho, del Senador Román Clemente; una,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y veinte, del
Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia estuvo integrada por los señores Artiles Bolaños, Caballero
Muñoz, Capdevila i Bas, Galván de Urzaiz y Mancha Cadenas, y emitió su
informe con fecha 19 del presente mes de octubre.
En dicho informe la Ponencia acordó incorporar al texto del proyecto de
ley, por unanimidad, las enmiendas siguientes: número 1, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, número 14, del Senador Román Clemente, y
números 21 a 33 y 36 a 40, del Grupo Popular; y por mayoría, las
enmiendas números 34 y 35, también del Grupo Popular. En algunos casos se
introdujeron en dichas enmiendas correcciones de estilo que no afectan al
contenido de la ley. Asimismo, la Ponencia acordó introducir algunas
correcciones técnicas o de estilo en el texto remitido por el Congreso de
los Diputados.
La Comisión se reunió para dictaminar el pasado día 20 del presente mes,
y en el transcurso de la misma la Ponencia acordó modificar a su vez su
informe, con objeto de incorporar dos enmiendas «in voce» presentadas por
el Grupo Popular.
La Comisión aprobó, en todos sus términos, la nueva propuesta de la
Ponencia y emitió el correspondiente dictamen en la forma en que está a
disposición de sus señorías, en las correspondientes publicaciones de la
Cámara. A este dictamen, a su vez, se han formulado tres votos
particulares que corresponden, por orden de presentación, a los
siguientes firmantes: Grupo Parlamentario Mixto, a título individual el
señor Román Clemente, y Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El proyecto de ley, tal como se somete a debate y votación del Pleno del
Senado, consta de un preámbulo, veinte artículos, tres disposiciones
adicionales, tres disposiciones transitorias y una disposición final.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.
Entramos en el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos a debatir las enmiendas. En primer lugar, voto particular número
dos, del Senador Román Clemente y, concretamente, enmiendas números 2 a
13 y 15 a 19, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Procedo a la defensa de las enmiendas que mantenemos al proyecto de ley
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso
turístico y normas tributarias, señorías, en los términos que estuvimos
debatiendo en la Comisión.
Nadie duda de la importancia del proyecto de ley que también ha sido
motivado por la gran necesidad de acabar con situaciones no deseadas, y
desde luego en absoluto deseables, que se habían venido produciendo. Es
un proyecto de ley, señorías, que en su trámite en el Congreso de los
Diputados y en la propia Comisión ha suscitado un importante debate.
Hemos mantenido enmiendas que podríamos catalogar en tres apartados. Por
una parte, enmiendas que pretenden aclarar en la ley algunas cuestiones
con las que no estamos de acuerdo, como es la enmienda número 2.
Expresamos en Comisión y repetimos en este momento que no es adecuado que
un mismo inmueble de uso turístico pueda tener distintos tipos de
aprovechamiento, así como la obtención de distintos tipos de licencia.
Señorías, creo que ya expusimos nuestra preocupación por la
transformación a que pudieran dar origen los artículos, en concreto en el
1.2, en ciertos ámbitos hoteleros. Desde nuestro punto de vista podría
tener efectos muy perniciosos sobre el nivel de empleo; nivel de empleo
que, quiero recordar, sigue siendo muy estacional en las zonas
turísticas.
Señorías, la enmienda número 3, al artículo 1.3 es de modificación y en
ella planteamos tres cuestiones: en primer lugar que: «a) período anual
de aprovechamiento no podrá ser nunca inferior a siete días seguidos. En
todo caso, dentro de un régimen, los turnos han de tener todos la misma
duración o el b) Quedará reservado, al menos, un departamento por cada
fracción igual o inferior a diez departamentos de un edificio o conjunto
inmobiliario...»
--Señorías, el uso es de todos conocido, y ya lo expusimos también en
Comisión-- «...Estos departamentos servirán para su utilización por parte
de los propietarios de derechos de uso por turno, en situaciones en que
por averías u otros elementos que causaran la imposibilidad del disfrute
de dicho derecho, con unos niveles de calidad y prestaciones similares a
los demás departamentos existentes en el referido edificio o conjunto
inmobiliario. c) Un período de tiempo que no podrá ser inferior a quince
días por cada uno de los departamentos sujetos al régimen, reservado para
reparaciones, limpieza u otros fines comunes.»
Señorías, el texto de esta enmienda de modificación está suficientemente
claro.
En la enmienda número 5 queremos resaltar la actividad turística. Se
puede hacer un esfuerzo en la tramitación de la ley para darle contenido
turístico, de gran importancia, señorías, por ser una de las principales
fuentes de ingresos por divisas del país. Dadas las competencias en esta
materia, se debe tender hacia unos productos de gran calidad, tanto en la
infraestructura en sí como en los servicios que se prestarán. Por tanto,
las diferentes Administraciones con competencia en la materia deberán
manifestar su opinión y aprobar, en su caso, la posibilidad de
instalaciones de este tipo de régimen en su territorio, así como las
licencias oportunas al respecto.
Señorías, una serie de enmiendas van destinadas al papel que deben jugar
las Comunidades Autónomas. Discutía con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que ello suponía invadir competencias; nosotros
consideramos que, al contrario, se trata de potenciar las competencias de
las Comunidades Autónomas, del papel que deben jugar en el desarrollo de
esta ley. A todo ello hacemos referencia en una serie de enmiendas, las
números 6 y 7, que se refieren, por ejemplo, al papel de los registros
que, a nuestro juicio, se deben establecer en las consejerías de las
Comunidades Autónomas con competencia en materia turística.
Otro paquete de enmiendas es el referido a las garantías que deben
establecerse en esta ley y al papel que deben jugar las organizaciones de
consumidores. Algunas de estas enmiendas son mejoras técnicas de la ley,
otras tratan de preservar y garantizar el papel de las organizaciones de
consumidores en los niveles más bajos, provinciales, aunque la ley pueda
contemplarlo --y así se me diga-- en los niveles superiores.
Sé que sus señorías solicitan brevedad, también sé que no desean repetir
los debates en Comisión. Por tanto, me remito a la defensa o
argumentación contraria al rechazo de esta enmiendas que allí hice. Eso
sí, agradecemos la aceptación de la enmienda número 14, que mejora el
texto de la ley. Esperamos que algunas de las demás enmiendas también
puedan significar una mejora de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
La enmienda número 20 corresponde al Senador Ríos Pérez. Se ha presentado
una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Senador Ríos Pérez, que mantiene la enmienda
número 20 porque la transaccional ha recogido sólo una parte de la misma.
Al mismo tiempo, el citado Senador desea expresar su agradecimiento a
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara por su comprensión en la
propuesta de modificación del dictamen de la Comisión al incluir en el
texto del artículo 20 la referencia al impuesto general indirecto
canario, versión del Impuesto sobre el Valor Añadido en el archipiélago
canario, con lo que se logra una mejora técnica de este proyecto. No
obstante, se mantiene la enmienda número 20.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
El voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió corresponde a una enmienda «in voce» presentada
ante la Comisión.
Tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tan solo mantiene viva una enmienda en esta sesión plenaria, la
introducida «in voce» en la Comisión de Justicia celebrada en esta
Cámara. Se trata de una aclaración técnica al párrafo segundo del
artículo 1.6 del proyecto de ley, en el sentido de determinar la
temporalidad de los contratos de temporada --valga la redundancia--, que
abarca precisamente este segundo apartado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, dentro del amplio consenso, diría que
edificante consenso existente ante esta norma, respecto de la que el
Senado no se ha limitado a hacer una segunda lectura sino que ha
introducido importantes modificaciones a demanda de la ciudadanía, vamos
a referirnos a tres votos particulares que antes que nada quisiera
centrar.
Creo recordar que Izquierda Unida presenta las enmiendas números 2 a 19,
a excepción de la enmienda 14, que es subsumida por todos los Grupos;
Coalición Canaria presenta la enmienda número 20 y el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó una enmienda «in
voce» en Comisión.
Seguiré el orden de esta relación en mi intervención.
En primer lugar, Senador --y estimado compañero-- Román Clemente,
contestaré a sus enmiendas intentando profundizar en los argumentos,
aunque con brevedad. Y sé, con certeza, que son más los puntos de
convergencia que nos unen que los que puntos que nos separan. Su señoría
sabe que estamos ante un buen proyecto, artesanía de todos los Grupos
Parlamentarios, sin excepción, con un extraordinario nivel de consenso, y
respecto del que en la Cámara en que nos encontramos se han logrado
aportaciones ciertamente constructivas.
Analizamos las enmiendas de Izquierda Unida, que no modifican
sustancialmente la Ley, a mi manera de entender, pero se producen
alteraciones que nos parecen difíciles de asumir. Nos adentramos en las
modificaciones que su señoría aporta al texto desde la enmienda número 2
a la número 19, a excepción de la enmienda 14, y adiviné en su
intervención, Senador Román Clemente, cierto aire de disconformidad,
siempre en términos parlamentarios, al abordar el campo competencial de
las Comunidades Autónomas.
Se lo he de manifestar con el máximo respeto, pero este Grupo entiende,
tal vez equivocadamente, que las enmiendas números 4, 5, 6 y 7 producen
el riesgo de invadir las competencias de las Comunidades Autónomas.
Intentaré explicarme.
La expresión «bienes inmuebles de uso doméstico» podría acotar dichos
campos, ya que aquellas Comunidades Autónomas que tienen transferidas las
competencias en materia de turismo asimismo tienen atribuida la facultad
de determinar cuándo los inmuebles son de uso turístico y cuándo no,
puesto que, como ha establecido el Tribunal Constitucional en su
sentencia de 20 de marzo de 1997, quien tiene la competencia es quien
debe determinar su cometido.
Abundando en ello, respecto a la pretensión de que la Ley califique como
actividad turística el régimen de aprovechamiento por turno, además de la
imprecisión que implica calificar de actividad un régimen, es necesario
recordar que han de ser las Comunidades Autónomas las que han de
determinar si la comercialización del derecho de aprovechamiento por
turno es o no una actividad turística y, en caso afirmativo, si está o no
sometida a licencia. Piense, además, su señoría que esa previsión ya se
contiene en el artículo 5.1.6.º con un criterio sumamente abierto.
De otro lado, respecto a sus enmiendas números 2 y 8, entendemos que
cuando un inmueble está sujeto a un régimen de derecho de aprovechamiento
por turno resulta, al menos, razonable que ese régimen sea incompatible
con otros que impliquen un diferente destino de algunos departamentos
integrados en él, como pudiera ser, por ejemplo, el de la vivienda
permanente. Considere que ello puede causar problemas de convivencia
dentro del mismo inmueble, en cambio no hay razón para que surjan estos
problemas cuando coexistan en un mismo inmueble un régimen de derecho de
aprovechamiento por turno con una explotación hotelera.
Por supuesto, señor Román, ninguna consecuencia grave puede derivarse
para el empleo, sino más bien al contrario, ya que precisamente esa
coexistencia es la que puede permitir que habitualmente un empleo
estacional se convierta en estable. Imagine su señoría un inmueble
explotado como hotel en temporada alta y utilizar un régimen de derecho
de aprovechamiento por turno en temporada baja.
Insistimos, señor Román, en que aceptar la modificación implicaría
impulsar el efecto contrario, a nuestra manera de entender, que la misma
persigue.
Su enmienda número 3 nos obliga a hacer con rapidez algunos ejercicios de
reflexión. Pretender detraer del mercado un departamento de cada diez de
los que están sometidos al régimen para que se destine a alojar a los
titulares que no puedan por cualquier razón ocupar los suyos, es decir,
que existan dentro de un inmueble algunos departamentos permanentemente
desocupados, aceptamos que pudiera ser una medida razonable, desde el
punto de vista teórico, pero en la práctica su exigencia legal no implica
--créame-- ninguna garantía para los titulares, pues puede ocurrir, y
ocurrirá seguro, que se destinarán a estos menesteres los departamentos
peor ubicados, los que no tienen vistas y los dotados con equipamientos
inferiores o peores. Por eso entendemos que es preferible que el titular
tenga siempre derecho a la ocupación de su departamento, salvo causa de
fuerza mayor debidamente demostrada. Estamos de acuerdo en que el
problema ciertamente existe, pero se nos antoja que la solución que
propone su señoría proporciona menos garantía que la que ofrece el
proyecto.
Con referencia a otro apartado de la enmienda, hemos de significar que
consideramos factible la ampliación del tiempo destinado a limpieza o a
reparaciones, e incluso admitimos un plazo mayor, no de siete, sino de
nueve, diez o quince días. Como es arbitraria, estará de acuerdo conmigo
que el plazo que se adopte tendrá sus consecuencias, porque si el tiempo
que se detrae es excesivamente amplio se producirá --reconózcamelo-- por
vía legal un encarecimiento innecesario del producto en perjuicio de
ambos, del consumidor y del empresario.
Entendemos que la modificación que se pretende al artículo 5.1.4.º se ha
de rechazar, y basta con realizar la lectura de los artículos 4.2,
párrafo primero «in fine», y 9.1.5.º, donde con claridad meridiana se
garantiza lo que se pretende.
La enmienda número 10 está claramente engarzada con la número 3, y
entendemos que la redacción dada al proyecto va a garantizar
suficientemente el interés que pretende amparar su señoría con la
aportación. Piense que de otra forma sólo se complicaría el contrato,
pudiendo confundir al propio consumidor.
En cuanto a la modificación que se propone al artículo 9.1.5., creemos
que con la redacción del proyecto de la norma se ampararía lo que propone
su enmienda, ya que su carácter es imperativo y su reiteración no aporta
mayor seguridad. Pensemos que las prestaciones accesorias o los gastos no
expresados no vinculan al adquirente y, además, las cláusulas son nulas
por abusivas.
La finalidad que persigue la enmienda número 12 se consigue por otros
medios, pues las condiciones para el intercambio han de constar en el
contrato y en el Registro de la Propiedad por la exigencia de archivarlo
para que pueda ser consultado. Pero, además, señoría, una ulterior
exigencia de que las condiciones de intercambio consten en el documento
informativo pueden hacer éste excesivamente complejo y oscuro.
Señor Román, he de comentarle que no apreciamos la diferencia entre
transmitente y vendedor, dos figuras que nos parecen exactamente lo
mismo.
En cuanto a las enmiendas 15 y 18 el rechazo se origina porque, si el
contrato se formaliza en escritura pública, el notario garantiza y
responde de la información; con el acta se facilita al consumidor la
forma de desligarse de la obligación jurídica sin intervención judicial.
En cuanto al texto propuesto por la enmienda 16, el artículo 11.2 nos
parece menos riguroso que el del proyecto. El proyecto garantiza un
mínimo de indemnización, sin moderación de los tribunales por debajo de
esa cantidad cuando opte por exigir el cumplimiento del contrato.
La enmienda número 17 --voy finalizando, señor Presidente--, pretende
convertir la inscripción del derecho de aprovechamiento por turno, de
voluntaria en obligatoria. Intentar hacer la inscripción constitutiva,
que seguramente es el deseo que subyace en la redacción de la enmienda,
es un arma de doble filo, porque si es cierto que supone un estímulo
esencial a la inscripción y que el derecho una vez inscrito es cuando
está mejor protegido, no es menos cierto que el adquirente, mientras no
inscriba, no ha adquirido absolutamente nada, quedando, por lo tanto,
desprotegido.
En relación a la enmienda número 19, a la disposición adicional primera,
la rechazamos al entender que el texto del proyecto es suficientemente
amplio sin matizaciones. Piense, señor Román, que están absolutamente
todas, incluso las locales.
Por todo ello, no podemos asumir ninguna de las aportaciones de Izquierda
Unida, a excepción, como bien ha señalado su señoría, de la número 14,
aceptando, cómo no, el grado incuestionable de mejora que no nos cabe la
menor duda que ha sido el norte y guía de sus enmiendas.
Señor Román, espero haber conseguido un mayor grado de profundidad al
rebatir sus modificaciones, y no vea el rechazo como un signo de no
entendimiento.
Con referencia a la enmienda número 20, de Coalición Canaria, que el
Senador Nieto ha expresado claramente que se encuentra viva y, en
consecuencia, no existe ninguna transaccional, no muta un ápice del texto
de la norma, pero si pretende modificar el etiquetado y título de la ley,
introduciendo el de «derecho de aprovechamiento por tiempo compartido de
bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias». No podemos
asumirlo porque lo que tratamos es de no confundir a los consumidores con
otros productos existentes en el mercado.
Piensen --lo decimos con el mayor de los respetos-- que lo que pretende
Coalición Canaria está contemplado en el párrafo 2. del artículo 1.4.º
dentro de la publicidad, que viene textualmente a decir que «podrá
utilizarse cualquier otra denominación siempre que no induzca a confusión
a los consumidores finales y del mismo se desprenda con claridad la
naturaleza, características y condiciones jurídicas y económicas de la
facultad de disfrute».
En cuanto a la posible transaccional que presenta Coalición Canaria,
hemos de manifestar que estamos totalmente de acuerdo porque de alguna
manera se recoge en el artículo 19 del proyecto. Además, es un mandato
--que entendemos puede ser perfectamente asumido-- de la Cámara
autonómica de las islas Canarias.
Termino, señor Presidente, agradeciendo su benevolencia. En relación a la
enmienda «in voce» presentada en la Comisión por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de manos del Senador
Capdevila, debo anunciar que la asumimos por congruencia y lógica
jurídica, considerándola subsumida en el artículo 1. 6.º, párrafo 2.,
último inciso.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señoras y señores Senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mancha.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Mancha, por el gran esfuerzo que ha hecho en profundizar
en el rechazo de las enmiendas. Asimismo ha realizado un gran esfuerzo
para manifestar que no va a ser aceptada ninguna y, por lo tanto, yo
también trataré de hacer una aproximación de los criterios que tuvimos
oportunidad de debatir en Comisión.
Sabe su señoría perfectamente que el uso hotelero y el uso en régimen de
aprovechamiento por turnos son productos turísticos distintos. Conoce su
señoría que a veces ni siquiera son compatibles y que son clientelas
diferentes, con características también diferentes. Sé que su señoría ha
realizado un esfuerzo para explicar que ello puede ir en beneficio de la
estabilidad en el empleo, evitando la estacionalidad, pero puedo decir a
su señoría que también puede producir reconversiones, por diferentes
razones, lo que también significa pérdida de empleo, destrucción de
empleo. Por tanto, consideramos que todas las cautelas que podamos
adoptar son necesarias para preservar la calidad de estos productos
turísticos, que todos nos comprometemos a dar, garantizando la necesidad
de esa creación de empleo, que yo creo que también será un objetivo
compartido por su señoría.
Usted hablaba de mantener un departamento, que tendría unas
características peores que el resto... Para seguir a su señoría en ese
ejercicio de profundización, le diré que el texto de la enmienda dice
taxativamente que debe ser de la misma calidad y en las mismas
condiciones. No vale cualquiera. Tiene que ser así, ¿para qué?, ¿para
evitar qué efecto, señoría? Entre otros, los efectos de saturación,
que también conoce. El daño tremendo que produce y los abusos que se han
causado en determinadas situaciones, que han deteriorado este producto y
que han obligado a esta regulación legal, que llega un poco tarde, pero
llega.
Efectivamente le reconozco ese esfuerzo de consenso que todos los grupos,
incluido Izquierda Unida, han venido haciendo por conseguir una buena
ley.
Señoría, me citaba una sentencia del Tribunal Constitucional. Yo también
quiero disipar dudas. Queremos reforzar las competencias de las
Comunidades Autónomas en una industria tan potente como es la turística.
Y queremos hacerlo, señoría, precisamente con el contenido de estas
enmiendas. No invadimos ni restamos competencias, sino que queremos
reforzar las de las Comunidades Autónomas a través del registro que
proponemos.
En definitiva, señoría, seguimos considerando que algunas enmiendas
mejoran la Ley. Se ha hecho un importante esfuerzo por una buena ley, y
por eso mantenemos estas enmiendas.
Tengo que agradecerle de nuevo lo que ya le dije en Comisión. Ha hecho un
gran esfuerzo por profundizar en los criterios, aunque le lleve a seguir
rechazando las enmiendas, pero nosotros entendemos que esa profundización
también le podía haber llevado a aceptar alguna, y me consta que su
señoría lo ha intentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para anunciar nuestro voto favorable al
proyecto, ratificando así nuestro posicionamiento ya expresado con
anterioridad en la Cámara de los Diputados y que, si cabe, lo hacemos con
mayor énfasis, en razón a que la Ponencia ha atendido, lo cual
agradecemos vivamente, nuestra enmienda de carácter foral de salvaguarda
del concierto y convenio económico, que tradicionalmente obra en cuantas
disposiciones de naturaleza tributaria conforman nuestro ordenamiento
jurídico en la materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente, como ha dicho el Senador Mancha, estamos ante una ley
trascendente y de gran importancia del sector turístico, que aparte de
dar cumplimiento a la Directiva 84/47 del Parlamento Europeo del Consejo
de 26 de octubre de 1994, sobre protección de los adquirentes en lo
relativo a determinados aspectos en los contratos de adquisición de un
derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido,
aunque efectivamente con cierto retraso, va más allá que la simple
transposición de la normativa europea.
Nuestro país, con una gran experiencia en el sector turístico, sobre todo
en Comunidades como la de Canarias, Baleares, incluso Cataluña, entre
otras, vienen otorgándose en la práctica este tipo de contratos. Tanto es
así que, incluso, como ya se ha manifestado, las Comunidades Autónomas de
Canarias y Baleares, dentro de su ámbito competencial, tienen ya
reguladas dichas actividades.
En principio, al presentarse el presente proyecto de ley nos
encontrábamos ante un proyecto más teórico que práctico y desfasado de la
realidad, marginando la competencia de las Comunidades Autónomas y la
experiencia obtenida, tal como se ha manifestado dentro del ámbito
competencial de varias de estas Comunidades Autónomas. Incluso llegaron a
presentarse dos enmiendas a la totalidad con un texto alternativo al
citado proyecto, por parte de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario
Socialista, y múltiples enmiendas parciales que, gracias al consenso
--hay que decirlo-- del Grupo Parlamentario Popular, ha llevado a
conseguir el texto actual del dictamen de la Comisión de Justicia que hoy
debatimos en el Pleno del Senado con una redacción de gran calidad
jurídica en la que han participado todos los grupos parlamentarios, y
regulando un producto de gran interés sobre situaciones jurídicas
comprendidas en zonas turísticas de gran importancia y calado, de
presente y de futuro, no solamente en nuestras costas sino también en las
zonas turísticas de montaña y, por qué no decirlo también, en el sector
turístico de las ciudades.
Con la futura Ley se obtendrá una garantía de confianza en los
consumidores de este negocio jurídico, cosa que no ha ocurrido así en el
pasado, a causa de los múltiples abusos por parte de algún promotor, lo
que provocó cierto rechazo por una gran parte del público.
Por ello, estamos ante un proyecto de ley que, aparte de cumplir con la
directiva de la Unión Europea, es necesario. Por parte de nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, las enmiendas presentadas en el
Congreso de los Diputados, y que fueron aceptadas, tuvieron como ejes
fundamentales el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas
en materia de turismo, en algunos supuestos ya ejercitados, como se ha
manifestado, como el caso de los supuestos de Canarias y Baleares, que
era importante salvaguardar en otras Comunidades Autónomas con
competencia en el ámbito del Derecho Civil, como en Cataluña, suprimiendo
todo aquello del texto inicial que hacía referencia al consumo o turismo,
al considerar competencia de las Comunidades Autónomas la regulación del
mecanismo de venta de dicho producto turístico, así como las empresas de
servicios anejas a la explotación del régimen establecido en el presente
proyecto de ley.
Otras enmiendas fueron a engrosar las destinadas a proteger al consumidor
flexibilizando el proyecto de ley, aunque salvaguardando la protección al
usuario y, en definitiva, adaptándose a la realidad frente al rigor
extremado que, en principio, tenía el proyecto de ley presentado.
En resumen, de gran calado son las enmiendas de nuestro Grupo, tendentes
a clarificar la duración de los contratos, así como a clarificar el acto
constitutivo del régimen de aprovechamiento por turno a partir del
momento del otorgamiento de la escritura y no a partir del momento de la
inscripción registral, siendo también una de las variaciones importantes
la regulación de la duplicidad de regímenes, modificando el texto inicial
e incorporando no solamente el régimen real sino también el régimen
personal.
Así pues, frente al aprovechamiento por turno de bienes inmuebles
turísticos dentro de este régimen real incorporado en el texto inicial,
se incluye ahora este régimen personal.
En conjunto, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara debemos
sentirnos satisfechos del texto, resultado del debate de la Comisión de
Justicia en ambas Cámaras, y de las enmiendas finalmente aceptadas, tal y
como ha manifestado el Senador Mancha por el Grupo Parlamentario Popular
en la Comisión de Justicia del Senado.
Se agradece asimismo la incorporación de la enmienda «in voce» presentada
en la Comisión de Justicia por nuestro grupo parlamentario. Entendemos
que clarifica sobradamente el apartado segundo del número 6 del artículo
1 del proyecto de ley en cuanto hace referencia a los contratos de
arrendamiento por temporada, y debemos felicitarnos, repito, del texto
obtenido, a pesar de que se hayan mantenido por el Grupo Parlamentario
Mixto algunas enmiendas aunque, debemos reconocerlo, han sido pocas. De
ahí el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, lamentando tener que rechazar las restantes
enmiendas mantenidas ante el Pleno en este Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Artiles.
El señor ARTILES BOLAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar y respecto a la brevedad, quizá pocos de
ustedes tengan más voluntad que yo de ser breves en esta intervención,
pero es importante dar la trascendencia a este proyecto de ley porque en
esta tarde que tanto se ha recordado lo que ilustres creadores y
fundadores de partidos han dado, quiero tener un recuerdo, teniendo en
cuenta el derecho que este proyecto de ley regula, para aquellos
legisladores socialistas o laboralistas que reconocieron hace muchísimo
tiempo el derecho a las vacaciones pagadas, origen de un fenómeno
exclusivo y privilegiado y que ha pasado a ser un derecho que, en estos
momentos, articula una industria turística como la que tenemos en España.
Dicho esto, quisiera justificar el apoyo del Grupo Socialista a este
proyecto, que ha sido ampliamente mejorado, tan mejorado que a un
proyecto de 20 artículos se presentaron cerca de 200 enmiendas en el
Congreso de los Diputados, muchísimas de ellas del Grupo Socialista, como
acabo de decir. Como no queremos repetir inútilmente el trabajo que se ha
hecho, hemos querido hoy aquí, reconocer el consenso, la labor de todas
las fuerzas políticas al admitirle también al Grupo Socialista enmiendas
importantes, en defensa del derecho y, particularmente, del derecho de
este sector y el de los consumidores, proyecto de ley profundamente
mejorado, cosa que no ocurrió, por ejemplo --y me viene a la memoria
ahora--, con el proyecto de ley de condiciones generales de la
contratación, que era también transposición de una directiva comunitaria,
y que suponía una defensa importante de los consumidores, al que
presentamos muchas enmiendas, que no fueron admitidas, pero cuando los
principios se garantizan no tenemos miedo, al contrario, amamos el
consenso. Por ello hoy vengo aquí a decir que este proyecto de ley,
profundamente mejorado, tiene el respaldo del Grupo Parlamentario
Socialista entre otras muchas razones porque es necesario para transponer
la directiva; porque es un proyecto satisfactorio para cerca de millón y
medio de turistas que ejercitan este derecho anualmente en España; porque
es una regulación satisfactoria para el sector --y veo aquí a sus
representantes--, puesto que se han reconocido muchos de sus
planteamientos en el diálogo con las fuerzas políticas, así como con el
Grupo Socialista; es un proyecto de ley mejorado, necesario,
satisfactorio y que estoy seguro de que va a propiciar el lanzamiento de
un sector que oferte una mayor realidad turística de España, que es una
potencia mundial, y queremos que lo siga siendo aún más. Por ello,
nuestro Grupo reconoce el esfuerzo de todos para mejorar profundamente
este proyecto de ley.
Por lo que se refiere a las enmiendas todavía vivas, quiero decirles que
respecto a las de Izquierda Unida reconozco el trabajo, nos preocupa
igual o más la política de defensa del empleo. Creemos que con el
proyecto de ley se garantiza. De las enmiendas vivas hay una, la número
4, que, en coherencia con el cambio del título del proyecto de ley, vamos
a votar a favor, ya que supone pasar de los bienes inmuebles vacacionales
a bienes inmuebles de uso turístico, que me parece lo lógico.
Igualmente creemos que el sistema flotante del derecho es beneficioso
para el sector en España y es un derecho que se ejerce en todo el mundo.
De ahí que apoyáramos en Comisión y hoy en el Pleno la enmienda «in voce»
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, porque la consideramos beneficiosa.
Respecto a la enmienda de don Victoriano Ríos, todavía viva, quiero
decirle que se hizo un esfuerzo importante al cambiar el título del
proyecto de ley y poner de relieve el sector turístico, la influencia
turística, y, aunque reconocemos tanto en la exposición de motivos como
en la actualización de este proyecto de ley que los términos
«multipropiedad», tiempo compartido, «time-sharing»
están todavía en un proceso de depuración y definición, también creemos
que es bueno mantener el esfuerzo que hemos hecho, mejorando un proyecto
de ley necesario por transponer una directiva, beneficioso, estoy seguro,
para los consumidores y también para un sector importante en muchas zonas
de España.
Una pequeña anécdota parlamentaria. Tengo la ocasión de defender hoy aquí
un proyecto de ley por el que, debido al reparto competencial de España,
ya conozco los reglamentos y las ordenanzas que han hecho las Comunidades
Autónomas y muchos ayuntamientos, pero la ley también era necesaria y por
ello hoy me congratulo de haberla aprobado y respaldado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Artiles.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Galván.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervendré muy brevemente porque sé cuáles son sus
preocupaciones a partir del momento en que termine este Pleno.
No podía ser de otra manera. Este Grupo Popular viene aquí al Senado a
refrendar un trabajo realizado especialmente, y de una manera muy dura,
en el Senado --sin lugar a dudas en el Congreso se ha trabajado mucho--,
porque no hay que olvidar que este proyecto de ley se ha llevado por vía
de urgencia, hemos tenido que mejorar el texto y, en ese sentido, todos
nos tenemos que congratular --agradezco todas las palabras-- porque hemos
hecho una mejora técnica del texto que, sobre todo, ha perseguido
establecer --lo que no he oído a lo largo del debate-- un justo
equilibrio entre los intereses de los propietarios promotores de los
complejos de tiempo compartido o por turno y los usuarios de este
derecho, porque la virtualidad de este régimen que hoy instaura o que va
a instaurar la nueva ley es su duración de 3 a 50 años, y la clave para
todas las regiones turísticas, para todo el territorio español --y no
solamente hay que pensar en el territorio costero, sino también en el
turismo urbano de las grandes capitales o en el turismo rural,
etcétera--, la gran virtualidad que establece esta nueva norma va a ser
precisamente el que en el justo equilibrio de los dos intereses en juego
pueda perdurar el régimen durante 50 años. Señorías, durante 50 años, si
realmente el sector sigue creciendo como lo está haciendo en un
término promedio del 20 por ciento, tendremos usuarios del producto
turístico español alejado de posibles crisis que vienen a disfrutar sus
vacaciones a nuestra realidad peninsular y archipielágica. Eso es
fundamental.
Por lo tanto, este instrumento legal, que verá la luz próximamente,
conseguirá, a nuestro juicio y yo creo que a juicio de todos, esa
importante finalidad.
Quiero recordar también que el sector, involucrado en una dinámica
positiva para el nacimiento de esta serie de complejos, que hay que
conocerlos y que reúnen términos de alta calidad, ha estado muy
interesado precisamente en que España fuera el modelo a seguir en este
régimen que creo que hoy, con la ley y con la mejora introducida en el
Senado, vamos a conseguir. Y qué mejor que el refrendo de todas las
partes en juego.
Yo quiero hacer una especial mención a la intervención del Senador Román
Clemente porque en sus enmiendas, o en una parte importante de ellas se
refería básicamente a la duda que le generaba la aplicación de esta ley,
en los términos en que nosotros le hemos dado el visto bueno, respecto a
la seguridad de las plantillas. Habría que decir que precisamente el
producto turístico que regula esta ley va a la tendencia de consolidar
dicho producto turístico durante toda la temporada anual. Esa es la
virtualidad, la espina dorsal de la propia ley, y por eso se regulan
taxativamente, dada su duración, la duración del régimen, todos los
posibles intereses en juego de la misma. Por lo tanto, para las
plantillas de trabajadores de las distintas industrias hoteleras
turísticas de complejos de «time-sharing» o como se les quiera denominar
o como se les conozca, es fundamental precisamente tener una fidelidad de
clientela, y esa clientela estará vinculada a las instalaciones hasta un
período de 50 años. Por lo tanto, creo que hemos hecho ese esfuerzo.
Tenemos que agradecer desde la perspectiva del Grupo Popular el tono de
los debates que hemos mantenido en la Comisión, el tono de los debates
que hemos mantenido en la propia Comisión de Justicia y sobre todo en
esta Cámara. Agradecerle al Senador Salvador Capdevila su intervención,
porque, efectivamente, con la enmienda «in voce» presentada en la
Comisión de Justicia se ha venido a completar perfectamente lo que
estábamos viendo de regulación para este sector.
En este sentido, el derecho flotante, el derecho personal es un elemento
básico para la competencia de toda la industria a nivel internacional, y,
por ello, especialmente importante para España. Por tanto, creo que entre
todos hemos hecho un magnífico trabajo.
Por último, tenemos que recordar que España es la segunda potencia a
nivel mundial en este ámbito, y queremos seguir creciendo para estar al
menos a un nivel adecuado y que ello redunde en beneficio de todos los
ciudadanos españoles. Creemos en la potencialidad de esta norma y en la
posibilidad de aplicar lo que hoy es un instrumento para la regulación
del producto turístico de sol y playa, y esperamos que sea también un
buen instrumento para actualizar la planta hotelera de las grandes
ciudades y, por qué no, para el mundo del turismo rural. Estamos
convencidos de ello y por eso hemos trabajado firmemente.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias Senador Galván.
Antes de comenzar las votaciones, les comunico que la Comisión de Asuntos
Exteriores se reunirá al finalizar el Pleno, en la sala de Comisiones,
para designar la Ponencia que ha de informar el proyecto de ley orgánica
por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Amsterdam.
En primer lugar, procede someter a votación las enmiendas del Senador
Román Clemente, números 2 a 13 y 15 a 19, inclusive.
En primer término, votamos la enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 82; en contra, 115; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Senador Román
Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, tres; en contra, 193; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 20, presentada originariamente por el Senador Ríos Pérez.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, dos; en contra, 194; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda «in voce» presentada en Comisión por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 193; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación corresponde someter a votación una propuesta de
modificación del dictamen que concierne concretamente al artículo 20. Es
una enmienda transaccional con la firma de todos los grupos
parlamentarios. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Aprobada queda.
Señorías, ha habido una solicitud, para que se voten en un mismo bloque
una serie de artículos que voy a enumerar a continuación: artículos 1, 4,
5, 8, 9, 10, 11 y 14. También se votará en este mismo bloque la
disposición adicional primera.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 195; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos a continuación el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 196; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.