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DS. Senado, Pleno, núm. 102, de 27/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 102
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN RIGOL I ROIG
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 27 de octubre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 6 y 7 de octubre de 1998.
Segundo
Mociones consecuencia de Interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Ministerio de
Fomento a presentar ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas
la programación y calendario previsto actualmente de las obras y
actuaciones contenidas en los Convenios y Acuerdos singulares firmados
con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales desde 1993, así
como a la formulación de nuevos sistemas de gestión, previa consulta y
colaboración con las Administraciones actuantes, adecuados para dar una
respuesta eficaz a cada una de las actuaciones concertadas y,
específicamente, del Plan del Delta, informando a la citada Comisión de
los nuevos sistemas de gestión que se establezcan. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 572,
de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente 671/000054.)
Tercero
Mociones:
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de cada una de las
Comunidades Autónomas y en el marco del Consejo Interterritorial de
Salud, inicie los trabajos y estudios técnicos dirigidos a establecer, en
su caso, un sistema de acreditación estatal de los centros sanitarios.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de expediente
662/000135.)
-- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
proponer las medidas oportunas y reformas legislativas que sean
necesarias para impulsar el mecenazgo orientado a la participación de
empresas, entidades financieras o cualesquiera personas físicas o
jurídicas en la financiación de actuaciones orientadas a la conservación
de los bienes de interés cultural en riesgo inminente de deterioro o
destrucción, o merecedores, por otros motivos, de una consideración
prioritaria. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 572, de fecha 26 de octubre de 1998). (Número de
expediente 662/000136.)
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol,
relativo a privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus
órganos, sus directores, adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 19
de junio de 1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
200, de fecha 9 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado
610/000200) (Número de expediente Congreso 110/000198.)
--Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos
por el que se prorroga el acuerdo entre ambos países sobre cooperación
científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y
planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, hecho en Madrid el 14 y 28 de
enero de 1998. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
201, de fecha 9 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado
610/000201) (Número de expediente Congreso 110/000199.)
Quinto
Conflicto de atribuciones con otros Organos Constitucionales del Estado:
-- Propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones entre el
Senado y el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de las
competencias de esta Cámara producida por el contenido de los artículos 2
y 3 del Real Decreto-Ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión de España
a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional. (Autor: Grupo
Parlamentario Socialista). (Número de expediente Senado 750/000005)
Sexto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
-- De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley de
modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-B, número 26, de fecha 16 de octubre de
1998). (Número de expediente Senado 624/000017) (Número de expediente
Congreso 122/000082.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 6 y 7 de octubre de 1998 (Página 4650)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4651)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Ministerio de
Fomento a presentar ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas
la programación y calendario previsto actualmente de las obras y
actuaciones contenidas en los Convenios y Acuerdos singulares firmados
con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales desde 1993, así
como a la formulación de nuevos sistemas de gestión, previa consulta y
colaboración con las Administraciones actuantes, adecuados para dar una
respuesta eficaz a cada una de las actuaciones concertadas y,
específicamente, del Plan del Delta, informando a la citada Comisión de
los nuevos sistemas de gestión que se establezcan (Página 4651)
El señor Armet i Coma defiende la moción. No se consume turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Bris Gallego, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 81 votos a favor, 121 en
contra y 1 abstención.
MOCIONES (Página 46544)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de cada una de las
Comunidades Autónomas y en el marco del Consejo Interterritorial de
Salud, inicie los trabajos y estudios técnicos dirigidos a establecer, en
su caso, un sistema de acreditación estatal de los centros sanitarios
(Página 4654)
El señor Bellido Muñoz defiende la moción. El señor González Príncipe
defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Cardona i Vila
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Bellido Muñoz expone la
posición de su Grupo Parlamentario respecto de ambas enmiendas. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el
Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; González Príncipe, por el Grupo Socialista, y
Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 119 votos a favor y 103 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
proponer las medidas oportunas y reformas legislativas que sean
necesarias para impulsar el mecenazgo orientado a la participación de
empresas, entidades financieras o cualesquiera personas físicas o
jurídicas en la financiación de actuaciones orientadas a la conservación
de los bienes de interés cultural en riesgo inminente de deterioro o
destrucción, o merecedores, por otros motivos, de una consideración
prioritaria (Página 4662)
El señor De la Plata Rodríguez defiende la moción. El señor Zapatero
Villalonga defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor De la Plata
Rodríguez expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la
enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Roig i Grau, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; De la Plata Rodríguez, por el Grupo
Socialista, y Zapatero Villalonga, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4668)
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol,
relativo a privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus
órganos, sus directores, adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 19
de junio de 1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4668)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos por
el que se prorroga el acuerdo entre ambos países sobre cooperación
científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y
planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, hecho en Madrid el 14 y 28 de
enero de 1998. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4668)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
CONFLICTO DE ATRIBUCIONES CON OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO
(Página 4669)
Propuesta de planteamiento de conflicto de atribuciones entre el Senado y
el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de las
competencias de esta Cámara producida por el contenido de los artículos 2
y 3 del Real Decreto-Ley 14/1998, de 9 de octubre, de adhesión de España
a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional. (Autor: Grupo
Parlamentario Socialista) (Página 4669)
El señor Galán Pérez consume un turno a favor. El señor González Pons
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el
Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta por 94 votos a favor, 128 en contra y 2
abstenciones.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4677)
De la Comisión de Justicia, en relación con la Proposición de Ley de
modificación del artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Página 4677)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Prada Presa consume un turno a favor. El señor Marín Rite
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora Costa Serra, por el Grupo Mixto, y el señor Prada
Presa, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Caballero Lasquibar retira la enmienda número 5, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Marín Rite defiende las
enmiendas números 1 a 4, del Grupo Socialista. La señora Vindel López
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Marín Rite, por el Grupo Socialista, así como la
señora Vindel López, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Socialista, por 85
votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 129 votos a favor, 84 en contra y 1
abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se levanta la sesión a las veinte horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): En primer lugar, lectura y
aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
celebradas los pasados días 6 y 7 de octubre de 1998.
Si no hubiera ninguna observación, las podríamos dar por aprobadas.
(Pausa.) Así consta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL MINISTERIO
DE FOMENTO A PRESENTAR ANTE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS LA PROGRAMACION Y CALENDARIO PREVISTO ACTUALMENTE DE LAS OBRAS
Y ACTUACIONES CONTENIDAS EN LOS CONVENIOS Y ACUERDOS SINGULARES FIRMADOS
CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y ADMINISTRACIONES LOCALES DESDE 1993, ASI
COMO A LA FORMULACION DE NUEVOS SISTEMAS DE GESTION, PREVIA CONSULTA Y
COLABORACION CON LAS ADMINISTRACIONES ACTUANTES, ADECUADOS PARA DAR UNA
RESPUESTA EFICAZ A CADA UNA DE LAS ACTUACIONES CONCERTADAS Y,
ESPECIFICAMENTE, DEL PLAN DEL DELTA, INFORMANDO A LA CITADA COMISION DE
LOS NUEVOS SISTEMAS DE GESTION QUE SE ESTABLEZCAN. (671/000054)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, el segundo, que es el de mociones consecuencia de
interpelación.
Y corresponde a la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista por la
que se insta al Ministerio de Fomento a presentar ante la Comisión
General de las Comunidades Autónomas la programación y el calendario
previsto actualmente de las obras y actuaciones contenidas en los
Convenios y Acuerdos singulares firmados con las Comunidades Autónomas y
Administraciones Locales desde 1993, así como a la formulación de nuevos
sistemas de gestión, previa consulta y colaboración con las
Administraciones actuantes, adecuados para dar una respuesta eficaz a
cada una de las actuaciones concertadas y, específicamente, del Plan del
Delta, informando a la citada Comisión de los nuevos sistemas de gestión
que se establezcan.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lluís Armet.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señores Senadores, cuando el
principal Grupo de la oposición presenta una moción basada en el más
estricto sentido común y tiene la sensación de que no tendrá acogida en
esta Cámara, se ve obligado, lógicamente, a utilizar estos cinco minutos
para hacer las reflexiones que considere oportunas.
En primer lugar, hay que recordar que lo que en la moción se pide es,
estrictamente, que se reprogramen los atrasos. Atrasos de dos años y
medio, en muchos casos, sin ninguna nueva adjudicación obliga a un
replanteamiento; replanteamiento desde la perspectiva institucional y
desde la perspectiva democrática. Es una obligación democrática
reprogramar cuando realmente se ha producido un retraso tan considerable.
También se pide que se analicen, conjuntamente con el resto de
administraciones actuantes, sistemas de gestión para permitir que pueda
ser más operativa la gestión de decisiones complejas, como puede ser el
Plan del Delta, o tantos otros planes que hay en el territorio español
que implican a un conjunto de administraciones, en los que cada una de
ellas tiene que tomar decisiones, también de complejidad, contempladas en
sus propios presupuestos.
Pedir esto es hacer un canto al espíritu liberal, hacer un canto al
sentido común, dar una oportunidad al Gobierno para que reconsidere sus
posiciones, darle la oportunidad de reprogramar y situar las cosas en el
sendero de la racionalidad. No aprobar esto es situar las cosas en el
sendero de lo irracional, en el sendero de la perversidad política, en el
sendero de la ineficacia política y avalar políticas que, desde nuestro
punto de vista, nunca podrían ser avaladas por nadie que entendiera que
la democracia quiere decir cumplir con unos programas, con unos
compromisos y, por tanto, cumplir con unas necesidades que realmente los
ciudadanos y el país quieren.
Después de dos años y medio de parálisis inversora, en algunos lugares de
España, en relación al Plan de Infraestructuras, no se ha producido
ninguna nueva adjudicación. Hay que reaccionar con urgencia si queremos
que nuestros territorios tengan el nivel de competitividad adecuado de
cara a la Unión Europea y puedan establecer un conjunto de oferta de
bienes y servicios que les sitúen en el nivel más apropiado para competir
de forma correcta con otras regiones y zonas europeas. El tiempo va
contra nosotros. Que un país que recibe fondos europeos con un saldo
favorable de éstos en relación a su capacidad inversora no invierta en
competitividad es un error de primerísima magnitud que se puede pagar muy
caro a medio y a largo plazo. Fíjense en la actuación de Irlanda,
ejemplar, con crecimientos ejemplares y con dotaciones inversoras,
aprovechando una coyuntura favorable para invertir en todo el conjunto
del territorio.
Ustedes tienen la obligación moral como Gobierno de programar con la
máxima precisión posible. No les estoy pidiendo que digan el momento
preciso de finalización de una obra, pero sí la senda adecuada en la que
una obra se situará en el tiempo. No hacerlo así significaría darles un
cheque en blanco, que es absolutamente innecesario y que no sirve para
nada; al contrario, para lo único que serviría sería para permitirles que
tuvieran actuaciones de tipo caprichoso y de tipo perverso, como he dicho
anteriormente.
Si queremos mejorar nuestra competitividad dentro de la Unión Europea, u
optamos por dar una salida clara a todo lo que son opciones de futuro o
contemplamos esas opciones de futuro con el ritmo habitual y, en su caso,
con la baja de inversiones que ustedes han contemplado durante estos dos
años y medio en el Presupuesto General del Estado en relación al Capítulo
VI. Continuar en esta línea es hacerlo en una línea absolutamente
equivocada.
Si ustedes no votan este planteamiento, que es un planteamiento de
mínimos y razonable, estarán dando un sí categórico a la afirmación del
Ministro de Fomento de concentrar básicamente las inversiones en el
entorno de
200 kilómetros del área de Madrid, aspecto no desmentido, aspecto
confirmado, aspecto efectuado y aspecto en el cual no se establece
ninguna rectificación. La única rectificación posible sería establecer
programaciones en todo el territorio español para que éstas fueran las
adecuadas y nos permitieran dar un no rontundo a esta afirmación que en
su momento hizo el Ministro de Fomento, y que creo que es uno de los
errores más graves que puede cometer un Ministro de Fomento en España.
Esto significa que el Ministro de Fomento no quiere compromisos, no
quiere marcarse plazos, no quiere marcarse horizontes, no quiere marcarse
obligaciones, no quiere crear ilusiones colectivas, no quiere estimular
la competitividad de las distintas zonas del país, dando a cada una de
ellas la vocación que le es natural, lo cual redunda en la mejor oferta
que podemos hacer en España en cuanto a inversión pública, es decir, que
cada territorio pueda realmente desarrollar las vocaciones que le son
propias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, por favor, vaya
concluyendo.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, termino enseguida.
Me gustaría hacer una referencia concreta al tema del Delta, ya que la
moción habla de ello y, además, voy a ser muy categórico.
El acuerdo de Gobierno del Partido Popular y de Convergència i Unió ha
significado para Cataluña lo siguiente: el pago de deudas del pasado, la
indefinición total de cara al futuro y la discriminación en el presente.
Si Convergència cree que esta es la mejor defensa que se puede hacer para
el territorio catalán, creo que está equivocada. Pero no estoy aquí
haciendo una defensa al territorio catalán, sino de la objetividad. La
objetividad es buena para todo el mundo, empezando por los que se
consideran discriminados y lo son. La objetividad es la única vía que
permite situar a los demagogos en un segundo plano y a los políticos en
un primer plano.
Desde este punto de vista, simplemente quiero pedirles que piensen
ustedes que esto es una cuestión y un planteamiento de mínimos, de
sentido común, razonable, en defensa de todos los territorios de España y
también en defensa, sin lugar a dudas, de Cataluña.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Turno en contra. (Pausa.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Nieto Cicuéndez tiene la
palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Al hilo de esta moción, sería bueno recordar que hace poco discutimos en
esta Cámara y aprobamos por unanimidad, una moción planteada por el
Senador Laborda sobre el Plan de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento en lo que se refiere al enterramiento de las vías, que afecta
indudablemente a distintos territorios de España. Como esta moción habla
en general de fomento, quiero instarles a que traigan el plan a esta
Cámara, si es que lo tienen.
Por tanto, es importante hacer este recordatorio en esta moción, además
de lo que plantea el Senador Armet sobre el Delta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no hacen
uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Senador Armet formuló en el pasado Pleno una interpelación
sobre el Plan del Delta. En su momento compartimos el interés por el
desarrollo del Plan del Delta del Llobregat, pero no la visión de
preocupación extrema, muy negativa, que mostraba el Senador Armet.
Señalábamos entonces la complejidad del asunto, en lo que también él
estaba de acuerdo, en cuanto atañe a la ordenación del territorio, a una
operación intermodal de transporte que afecta al puerto, al aeropuerto, a
la carretera, al ferrocarril, etcétera, así como a algo muy importante
cual es siempre, y en este caso un poco más, la preservación del medio
ambiente y, además, con diversas administraciones implicadas: Estado,
Generalitat, ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios. En aquel
momento, tanto el Ministro como nosotros señalamos que se estaba
avanzando y que, en consecuencia, había que esperar a 1999 y al 2000 para
impulsar las inversiones, pues ahora se estaban llevando a cabo las obras
subastadas hace un par de años.
El Senador Armet hace unos momentos ha calificado la situación de
irracional, y es evidente que, frente a lo irracional, debe anteponerse
lo racional. Ha hablado de parálisis inversora, de actuaciones
caprichosas y perversas. Nosotros tenemos que manifestar nuestro
desacuerdo con este análisis del Senador Armet. Entendemos que la moción
no está suficientemente justificada pese a que el Senador Armet, en su
desarrollo, se ha ceñido estrictamente al Plan del Delta del Llobregat y,
en cambio, la moción hace una referencia genérica a convenios y a
acuerdos singulares firmados con administraciones locales y Comunidades
Autónomas desde 1993. Es una cuestión que, de aceptarla, nos haría entrar
en un terreno más irracional, porque no está en absoluto justificado que
nos retrotraigamos cinco años por una cuestión muy concreta, respecto a
la que creemos, no sólo por la información que dio el Ministro, sino por
la que tenemos sobre el desarrollo del convenio, de las reuniones
periódicas que se están llevando a cabo entre las partes implicadas
--Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de El Prat, Mancomunidad,
Administración central y Generalitat-- que se está adelantando en los
siete campos en los que debe actuarse, es decir, el río Llobregat, la
depuradora del emisario submarino, el puerto de Barcelona, la costa, la
infraestructura ferroviaria y por carretera y el aeropuerto. Se está
avanzando en todo ello y, por tanto, ni es necesario en absoluto
confeccionar un calendario de convenios globales desde 1993, ni nos
parece tampoco que lo sea centrarnos en el Plan del Delta, dado que está
siguiendo su marcha y que las distintas partes implicadas mantienen
reuniones con la periodicidad habitual.
Creemos que estos acuerdos del Gobierno central, del Gobierno de la
Generalitat y de municipios de otros colores políticos son beneficiosos
y, en cualquier caso, según nuestro entender, también son beneficiosos
para Cataluña en concreto en tanto que, en efecto --se ha referido usted
al pasado--, resuelve problemas del pasado, y bueno es resolver
cuestiones que han podido quedar pendientes, y nos parece que es justo
plantearlo y resolverlo, plantea bien el presente y entendemos que, en un
futuro inmediato, se resolverá perfectamente cuanto afecta al Plan del
Delta.
Por consiguiente, pensamos que la moción no está suficientemente
justificada, tanto en la parte primera como en la segunda, razón por la
que nuestro Grupo va a votar en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente, señorías.
Senador Armet, han sido cinco minutos para no decir nada, para hacer
únicamente una reflexión que yo llamaría perversa, en el sentido en que
yo contesto a la palabra que usted ha dicho, y una reflexión demagógica.
De baja inversión nada. Esta fue una moción presentada como consecuencia
de una interpelación, pero no de la interpelación que se hizo hace unos
días, sino de una interpelación del 19 de noviembre del año 1996 cuando
el Grupo Parlamentario Socialista planteaba la misma moción.
Si se habla de baja inversión nos podemos referir a la que se produjo
durante los gobiernos del Partido Socialista en los años de 1990 a 1995
con una caída en la inversión de un 16 por ciento. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bris, espere un momento
por favor.
Pido a sus señorías que si se tienen que comunicar lo hagan en un tono de
voz mucho más bajo porque de un modo u otro están ahogando el del
interlocutor que tenemos ahora en la tribuna. Les pido de veras, por
respeto a él y por el respeto que nos debemos dar mutuamente, que hagan
el esfuerzo de bajar el tono de voz. (Rumores.)
Espere un segundo, Senador. Muchas gracias.
Puede usted continuar.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta moción pretende conocer algo que está ya recogido en la normativa
legal, que es el número de convenios que el Ministerio de Fomento tiene
firmados con las Comunidades Autónomas así como su programación y
calendario.
Señorías, los acuerdos del Consejo de Ministro de los años 1990 y 1995
obligan a publicar los convenios en el «Boletín Oficial del Estado» para
dar a los mismos el conocimiento y publicidad necesarios. Esos son los
convenios que están publicados, los que no adolecen de ningún defecto de
forma y que, por lo tanto, se pueden cumplir.
En lo que se refiere al calendario, señorías, ustedes conocen los
Presupuestos Generales del Estado. En ese calendario se fijan las
prioridades y las plurianualidades. Todo lo que usted está pidiendo,
señoría, está regulado, publicado y puesto en conocimiento de todo aquel
que lo desee. Por lo tanto, no sería necesaria esta moción, si no fuera
por la demagogia que la misma encierra, ni sería necesaria su aprobación.
Realmente yo creí que se iba a referir usted al plan del Delta del
Llobregat, que es de lo que hablaba aquella interpelación. En ese
sentido, debo decirle que la preocupación al respecto del Partido Popular
es compartida por muchos grupos políticos, entre ellos Ciu y supongo que
el Partido Socialista. Lo que ha hecho el actual Gobierno ha sido aclarar
una situación un tanto enrevesada. Se trata, como se ha dicho ya más de
una vez en esta Cámara, de un sistema complejo en el que actúan varias
administraciones y que ha sido objeto de diversos planteamientos, unos
políticos y otros técnicos.
Hay que señalar que los planteamientos técnicos marcan unos plazos de
ejecución de obras de entre 10 y 20 años, cosa que no recogen los
planteamientos políticos en el convenio que se firmó en 1994, en el que
se habla de plazos que son imposibles de cumplir.
El Gobierno ha dado un gran empuje a las infraestructuras afectadas por
el plan del Delta de Llobregat. El primer tramo --como ustedes conocen
perfectamente-- de la autovía del Baix Llobregat tiene muy avanzadas las
obras e, incluso, se van a poner en servicio en este próximo mes. Con la
pata sur ocurre exactamente lo mismo. Hay un problema por la retirada de
una línea eléctrica, pero se piensa que puede entrar en servicio el
próximo mes de diciembre.
En cuanto al segundo tramo de la autovía del Baix Llobregat, la que da
acceso al puerto, está a punto de culminar el proceso de planificación.
En este momento está redactado y aprobado el estudio informativo que
actualmente tiene realizada la información pública y se prevé que en
estos días pueda aprobarse la declaración de impacto ambiental. Se le ha
dado un fuerte impulso a una inversión total en infraestructuras viarias
que --como puede verse-- se encuentra en avanzada fase de ejecución y que
se sitúa, señoría, por encima de los 50.000 millones de pesetas.
¡Si esto no es trabajar por este plan, dígame usted qué es, señoría! Se
está actuando sobre el cauce del río Llobregat.
Se ha mejorado su régimen hidráulico. Se está permitiendo rebajar la
cuota de inundación en situaciones de avenida. Se ha firmado un convenio
el 21 de enero de 1998 para una inversión de 11.600 millones de pesetas
con la Generalitat. Y en lo que se refiere a infraestructuras
ferroviarias, las dos que contempla el Plan Delta, que son la ramal
ferroviaria del Llobregat, Papiol, Cantunis Puerto, se ha redactado el
estudio informativo y se está sometiendo a información pública, que se
hará a comienzos del próximo año. Lo mismo ocurre con el acceso
ferroviario.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bris, ha terminado su
tiempo. Le ruego que acabe cuanto antes.
El señor BRIS GALLEGO: Señor Presidente, podría hacer como en los
partidos de fútbol: dejarme que consumiera el tiempo que he tenido que
esperar mientras su señoría pedía a los señores Senadores que me
escucharan. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No le he oído, Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Le decía que me podía descontar el tiempo que
hemos estado parados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene medio minuto, señoría.
El señor BRIS GALLEGO: De acuerdo, señor Presidente.
Lo mismo pasaría con el plan ferroviario en lo que se refiere a la nueva
campa de contenedores; la primera fase ya se ha terminado. En cuanto a la
segunda fase, se han iniciado los trámites para la licitación de obras. Y
lo mismo sucede con el puerto. En lo que al aeropuerto se refiere, sus
señorías saben que en estos últimos meses se le ha dado un fuerte
impulso. Ya se ha ubicado la tercera pista y se está redactando el
proyecto de desvío del río Llobregat.
Señorías, todo este proyecto del Plan del Delta del Llobregat va hacia
adelante. Por tanto, el Plan no se ha paralizado, ni mucho menos, como
decía su señoría. El Gobierno del Partido Popular lo ha acelerado e
impulsado.
Señorías, la moción nos parece innecesaria y, por tanto, nuestro voto
será contrario a la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Ministerio de Fomento a presentar ante la Comisión General de las
Comunidades Autónomas la programación y calendario previsto actualmente
de las obras y actuaciones contenidas en los Convenios y Acuerdos
singulares firmados con las Comunidades Autónomas y Administraciones
locales desde 1993.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 81; en contra, 121; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, DESDE EL RESPETO A LAS COMPETENCIAS DE CADA UNA DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS Y EN EL MARCO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE
SALUD, INICIE LOS TRABAJOS Y ESTUDIOS TECNICOS DIRIGIDOS A ESTABLECER, EN
SU CASO, UN SISTEMA DE ACREDITACION ESTATAL DE LOS CENTROS SANITARIOS.
(662/000135)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto tercero del
orden del día: Mociones. La primera de ellas es la que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a que, desde el
respeto a las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas, y en
el marco del Consejo Interterritorial de Salud, inicie los trabajos y
estudios técnicos dirigidos a establecer, en su caso, un sistema de
acreditación estatal de los centros sanitarios.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estoy convencido de que todos compartiremos que los servicios
sanitarios tienen como fin último la producción de mejoras de salud en la
población. Aceptando que la salud es el resultado de muchos factores
ajenos a la propia intervención de los servicios sanitarios
--como pueden ser la educación, el trabajo, la vivienda, o la
alimentación--, también resulta evidente que a lo largo de los años la
sociedad ha venido destinando importantes recursos para organizar de una
forma u otra la asistencia sanitaria en caso de enfermedad y las medidas
preventivas para proteger la salud.
Por ello, la sociedad en general espera que el sistema sanitario produzca
salud o, dicho de otra forma, que los resultados de la actuación de todos
los agentes del sistema sanitario se mida en términos de mejora de la
salud de los usuarios y del conjunto de la población. Ello nos lleva a la
búsqueda continua de la calidad asistencial desde todas aquellas
vertientes que influyan directa o colateralmente en ella.
Decía el profesor Gracia, en un estudio sobre responsabilidad de los
servicios sanitarios frente a los usuarios
de la sanidad pública y privada, que ha llegado el momento de entender la
sanidad como una empresa de servicios a la que puedan aplicarse los
conceptos de calidad y excelencia. De igual forma, recientemente le oí
decir al Secretario General de Asistencia Sanitaria que el Insalud aspira
a convertirse en una aseguradora pública que se responsabilice, tanto de
los plazos asistenciales, como de la calidad del servicio que brinda a
los usuarios.
Teniendo, por tanto, muy presente este concepto de calidad, y atendiendo
a lo que deben ser los objetivos fundamentales de todo sistema sanitario,
resulta claro que deberemos contar con elementos y mecanismos válidos
para poder medir dicha calidad y con ello acreditar los servicios
sanitarios que la ofrezcan.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea de 30 de septiembre del
pasado año recomendaba que los países miembros pusiesen en práctica
métodos de mejora de la calidad de los sistemas de salud con un control
público bajo la forma de una evaluación externa objetiva realizada por
organismos independientes. Del mismo modo, el objetivo 31 de la
Organización Mundial de la Salud para Europa plantea para el año 2000 la
necesidad de la existencia de estructuras y procesos de acreditación en
todos los Estados miembros para garantizar la mejora continua de la
calidad de la asistencia sanitaria.
Pero, ¿qué entendemos por acreditación? Ya en el seminario sobre
acreditación de hospitales, celebrado en Sidney en 1981, se definió la
acreditación como aquel proceso que comprende la evaluación de las
estructuras organizativas del hospital y la provisión de asistencia
sanitaria en comparación con estándares profesionales actuales, con el
fin de determinar si el hospital cumple con suficiencia dichos estándares
para merecer el estatus de la acreditación.
Para que dicho proceso sea válido y objetivo los sistemas de acreditación
deben fundamentarse en la voluntariedad del proceso por parte del centro
a acreditar, la existencia de un órgano independiente con credibilidad y
capacidad de generar consenso, que elabore los estándares y la emisión
del dictamen oportuno y, por último, la auditoría externa.
Este proceso difiere mucho de otros con los que en ocasiones se confunden
los distintos textos legales estatales y de carácter autonómico en
nuestro país, como son la autorización, homologación e inspección, por lo
que es importante diferenciarlos.
Así, mientras la acreditación es un proceso voluntario e incentivador de
la mejora de la calidad, la autorización y la inspección tienen un
carácter obligatorio y, en algunas ocasiones, también sancionador.
Pero, ¿qué experiencia tenemos a nivel internacional, estatal y
autonómico en nuestro país sobre la acreditación de centros y servicios
sanitarios? Hay que decir, señorías, que si algo ha incidido en el
desarrollo del sistema de acreditación, ha sido la separación efectiva
entre financiación y provisión de servicios sanitarios.
Este cambio de cultura dentro de la sanidad, aún incipiente en España, se
ha producido en otros países hace ya años, siendo éstos, lógicamente, los
más avanzados en cuanto a la implantación de sistemas de acreditación
sanitaria.
Resulta evidente que al existir competencia entre proveedores sanitarios,
es mayor la necesidad de acreditarse ante los compradores de sus
servicios, ya sean los usuarios, las compañías de seguros o las
diferentes administraciones públicas. De ahí que Estados Unidos sea el
país pionero en los sistemas de acreditación desde que en 1951 constituyó
la Joint Commission como organismo encargado de estas acreditaciones,
siguiéndolo con sistemas similares Canadá, Australia o el Reino Unido.
Otras experiencias en este terreno las encontramos con el modelo europeo
de la EFQM, la Fundación Europea para la Calidad del Mercado, que ya en
el año 1995 empezó a trabajar en el sector público y, más concretamente,
en el sanitario.
De igual forma, las normas ISO se están aplicando en varios países
europeos, incluido también España, y hay que decir que Francia creó en
1996 la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación Sanitaria.
Otros países, como Holanda, Italia, Noruega, Brasil o Israel, están
desarrollando diferentes modelos de acreditación, no sólo en el ámbito
hospitalario, sino también para la atención primaria, como el Reino
Unido, Irlanda o Alemania.
En cuanto a España, la Ley General de Sanidad y otras normas prevén
acreditaciones de ámbito estatal a nivel docente, reguladas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo y por el Ministerio de Educación y
Cultura, creándose un Comité Acreditador, dependiente del Consejo
Nacional de Especialidades Médicas.
Asimismo, en materia de extracción y trasplantes de órganos, existe una
ley de ámbito estatal, si bien hay que decir que el Tribunal
Constitucional, en sentencia de julio de 1984, también reconocía esta
competencia a las Comunidades Autónomas, por lo que muchas de ellas han
legislado en esta materia.
Igualmente, el artículo 15.2 de la Ley General de Sanidad reconoce al
Estado la facultad de acreditar servicios de referencia, si bien todavía
no ha sido abordada hasta la fecha.
Por último, quiero decir que se está poniendo en marcha un sistema de
acreditación de centros de investigación promovido por el Instituto
Carlos III.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, tienen competencia en autorización
e inspección de centros y servicios sanitarios, habiendo legislado casi
todas ellas en esta dirección, pero en lo que se refiere a acreditación,
los Estatutos de Autonomía y las transferencias en materia sanitaria no
hacen referencia expresa a la acreditación de centros sanitarios, sino a
los requisitos para la creación, transformación, ampliación,
clasificación y supresión de centros. Sólo Cataluña --hay que decirlo--
ha avanzado en la dirección de acreditación de centros sanitarios con
distintas normativas que, desde el año 1981, se han ido revisando y
modificando hasta llegar a la última orden de 19 de julio de 1991, si
bien, a diferencia de lo que ocurre en otros países y lo que establece la
propia recomendación de la Unión Europea, el órgano de acreditación
es dependiente de la administración sanitaria, así como los auditores que
lo integran. Hay que resaltar igualmente en el caso de Cataluña que no
sólo se ha avanzado a nivel de hospitales y de atención primaria, sino
también a nivel de centros sociosanitarios.
Otra de las experiencias españolas en cuanto a acreditación, por ejemplo,
es la de los bancos de sangre, auspiciada por la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia, o las normas ISO-9.000 que ya se están
aplicando en algunos centros, como el Hospital Comarcal del Bidasoa o la
Empresa Pública de Emergencia Sanitaria de Andalucía.
Señorías, en estos momentos concurren en nuestro país una serie de
circunstancias que hacen oportuno y viable el establecimiento de un
sistema de acreditación en España. Por una parte, la recomendación hecha
por la Subcomisión del Congreso para la consolidación y modernización del
Sistema Nacional de Salud y, por otra, el mayor protagonismo de las
administraciones sanitarias a la hora de garantizar la calidad de la
prestación de servicios. Influyen también las reformas introducidas en
los últimos años sobre las nuevas formas de gestión en el sistema
sanitario, así como las diversas iniciativas que, de forma paralela a las
corrientes europeas, se vienen desarrollando por administraciones, por
profesionales e, incluso, por centros sanitarios aislados, sin olvidar
las crecientes exigencias de los usuarios con respecto a la calidad de
los servicios que se les prestan.
Un sistema de acreditación que tendría una serie de beneficios muy
concretos para todos los implicados: para el sistema sanitario, al
facilitar un cambio de cultura en la organización, con involucración muy
activa de los profesionales en la calidad, en el control interno y en la
autoevaluación, porque así aumentaría la credibilidad del sistema ya que
permite la comparación entre hospitales y servicios para impulsar su
mejora continua o porque promovería la competencia entre centros;
beneficios para los centros sanitarios y los profesionales, al implicar
estos últimos en la mejora continua de la calidad asistencial, asegurar
la confianza en la organización, o el incremento del prestigio
profesional de aquellos que trabajen en centros sanitarios que logren un
elevado nivel de acreditación; y beneficios igualmente, señorías, señor
Presidente, para los usuarios al garantizar los derechos de los
pacientes, ofrecer una garantía sobre la calidad de los servicios
prestados y proporcionarles información objetiva y comparativa sobre los
centros sanitarios.
Otro capítulo importante --y con ello voy concluyendo, señor Presidente--
es el que hace referencia a cómo afrontar la puesta en marcha de un
sistema de acreditación en nuestro país. Las alternativas son varias, e
irían desde un sistema único, consensuado, para todo el Estado, hasta
llegar a las distintas opciones de reparto de responsabilidades y
actuaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Evidentemente, desde mi Grupo Parlamentario, entendemos que la propuesta
que se haga debería ser impulsada y consensuada desde las
administraciones sanitarias a través del Consejo Interterritorial.
Asimismo, la implantación del sistema de acreditación deberá contar tanto
con el apoyo de las administraciones sanitarias como de los profesionales
de la sanidad, que son quienes hacen efectiva la prestación de los
servicios sanitarios.
Consideramos que sería aconsejable que, tanto los criterios de
acreditación como el procedimiento y los criterios de concesión de la
acreditación, fueran homogéneos y comparables en todo el territorio del
Estado, como ya ocurre en otros países, lo cual sería difícil de
conseguir si cada centro sanitario pudiera encargar un modelo distinto de
acreditación a una institución diferente.
Es más, la posibilidad de comparar, que es uno de los elementos
imprescindibles en un sistema de acreditación, viene dada tanto por la
homogeneidad de criterios como por la existencia de un número suficiente
de centros que participen del sistema, lo que habla en favor de un modelo
de acreditación ampliamente consensuado y, de ser posible, de aplicación
en todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, en cualquier caso, es importante que el modelo que se implante,
de aprobarse esta moción, se dirigiera a la evaluación de procesos y
resultados en la doble vertiente de resultados percibidos por el paciente
usuario y resultado de calidad asistencial objetiva, como puedan ser las
tasas de mortalidad, morbilidad, complicaciones, curaciones, etcétera.
Eso sí --con ello concluyo--, antes de poner en marcha el proyecto,
habría que dar respuesta a aspectos como el papel de las administraciones
sanitarias en este nuevo modelo de acreditación, el papel de los
profesionales de la sanidad, de las asociaciones profesionales, de las
entidades privadas, el alcanzar un elevado consenso con las Comunidades
Autónomas, coordinarse con la acreditación docente, establecer la
difusión de la confidencialidad de los resultados, prever las
repercusiones económicas que puedan tener para los centros y para las
distintas administraciones sanitarias, así como aquellas repercusiones de
tipo sanitario que puedan tener para estos centros si en una primera fase
no alcanzan la acreditación. Asimismo, de alguna manera habría que
definir cómo incentivar a los centros, a los servicios, a los
profesionales, para conseguir su adhesión voluntaria al proyecto.
En definitiva, señorías, confío que con su voto afirmativo demos un paso
más en la dirección de conseguir esa calidad total a la que aspiramos
para nuestro Sistema Nacional de Salud, dando con ello respuesta al
derecho constitucional que asiste a todos los españoles como usuarios o
trabajadores del sistema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bellido.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador don Carlos González
Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Los socialistas no entendemos el motivo de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular porque, Senador Bellido, la propuesta que nos
han traído aquí, con fecha 19 de octubre, supone una marcha atrás del
acuerdo que se adoptó en el seno del Consejo Interterritorial el 6 de
julio. El 6 de julio --y leo-- el pleno acuerda aprobar la creación de un
grupo de trabajo que estará integrado por representantes de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que
estudie y proponga las líneas de acuerdo sobre sistemas de autorización y
acreditación de centros y servicios sanitarios en el conjunto del Sistema
Nacional.
Los socialistas hemos oído con atención la palabra consenso, lo que no
entendemos es cómo quiere el Grupo Parlamentario Popular practicar el
consenso cuando rompe un acuerdo adoptado en el pleno del Consejo
Interterritorial.
En este sentido, los socialistas creemos que hoy y aquí hay que recuperar
el consenso, y estaríamos dispuestos a retirar nuestra enmienda si
ustedes aceptaran la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, qué es textualmente lo que votamos nosotros,
ustedes, CIU y el PNV en el Consejo Interterritorial.
Lo único que le estaríamos pidiendo al Partido Popular es que fuese un
socio leal y estable con los acuerdos, que cuando acordemos algo se
cumpla. Cuando acordemos algo, Senador Bellido, ustedes deben cumplirlo y
no intentar darnos hoy gato por liebre. Por lo tanto, si ustedes quieren
ser leales, volvamos al consenso del 6 de julio. Es lo que proponemos los
socialistas. Y en ese debate, en el debate que haremos en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los socialistas
defenderemos nuestra posición política, que es muy sencilla. La Ley
General de Sanidad en diferentes artículos recoge la necesidad de un
sistema de acreditación, más en concreto en el artículo 40, apartados
siete, ocho y nueve. La Ley General de Sanidad, en el artículo 70, cuando
habla de las competencias normativas, exige un acuerdo, un pacto entre
las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado en materia
normativa. Por lo tanto, nosotros creemos que es el propio Consejo
Interterritorial el órgano adecuado para pactar, respetando las
competencias de cada cual, unas normas que sirvan por igual para el
conjunto del territorio.
En tercer lugar --es nuestra posición más clara-- creemos que las
autoridades sanitarias, tanto del Estado como de las Comunidades
Autónomas, en definitiva el Consejo Interterritorial, tendrá que escuchar
las propuestas --le obliga la Ley General-- de las sociedades científicas
y de las organizaciones de usuarios. Esa es nuestra posición, pero hoy no
discutimos el modelo. Yo le podría decir que a nosotros nos gusta más el
modelo canadiense, pero eso no es lo que estamos discutiendo hoy aquí,
Senador Bellido. Lo que estamos discutiendo es cómo cumplimos un acuerdo
unánime del 6 de julio. Los socialistas creemos que es bueno para el
Sistema Nacional de Salud que haya un sistema de acreditación de los
centros sanitarios que permita elevar y garantizar la calidad de las
prestaciones que reciben los ciudadanos, bien sea de los centros públicos
o de los privados, Senador Bellido. Por eso el acuerdo tiene que afectar
al conjunto del Sistema Nacional. Como queremos que esto se haga por
acuerdo, nosotros pedimos que la Cámara vote lo que acordamos el 6 de
julio las Comunidades Autónomas y el Estado; que la Cámara y los grupos
parlamentarios sean leales a los acuerdos entre los territorios y el
Estado y que la Cámara sea leal con los acuerdos que las fuerzas
políticas hemos respaldado en el marco del Consejo Interterritorial. Por
eso, porque creemos que este camino debe hacerse con consenso, le pedimos
al Grupo Popular --nosotros ofrecemos ya la retirada de nuestra
enmienda-- que volvamos al texto propuesto por Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Para defender la enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado una enmienda de sustitución porque
bajo ningún concepto podía no ya votar favorablemente esta moción, sino
ni tan siquiera aceptar el texto de la misma. De ahí, pues, el motivo de
presentar la enmienda que paso a defender.
En primer lugar, cabe recordar los diferentes niveles que se contemplan
en ese aspecto de los centros sanitarios. Un primer nivel es el de la
autorización, que entendemos competencia de las Comunidades Autónomas con
la gestión del Insalud transferido. El segundo nivel podrían ser los
requisitos de contratación, que es competencia de las Comunidades
Autónomas, porque no va a contratar una institución por otra,
naturalmente. Nosotros estamos de acuerdo en las normas de contratación,
pero la Administración correspondiente ha de contratarles, sea el Insalud
o las Comunidades Autónomas con el Insalud transferido.
El tercer nivel es el de la acreditación, y no se olvide que es y ha de
ser voluntario. La cuestión que nos preocupa --yo diría más, que es
incluso alarmante-- es la de establecer un sistema de acreditación
estatal --y repito lo de estatal-- de los centros sanitarios. ¿Qué
esconde esta propuesta? ¿Es sólo a efectos técnicos? Existen cinco
sistemas de acreditación estandarizados y aceptados desde el punto de
vista a nivel internacional. ¿Para qué pues un sistema estatal?
Hemos de referirnos forzosamente a la jornada de debate sobre
acreditación de centros sanitarios, convocada precisamente por la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo el 28 de abril de este año, no hace
tanto tiempo. Más concretamente, tenemos que aludir a las cuatro
recomendaciones de los representantes de las Comunidades Autónomas, del
Insalud y del propio Ministerio de Sanidad y Consumo.
La primera recomendación era que los representantes de las Comunidades
Autónomas manifestaban la conveniencia
de promover unos requisitos mínimos comunes para la autorización de estos
centros, lo cual debería abordarse en el seno del Consejo
Interterritorial.
La segunda es que la acreditación debe promoverse e impulsarse en los
centros y servicios por las administraciones sanitarias y el Consejo
Interterritorial, impulsando y desarrollando experiencias que mejoren las
prestaciones de los servicios, el uso eficiente de los recursos y la
satisfacción tanto de los usuarios como de los profesionales. Quiero
acentuar este aspecto porque después incidiré otra vez en él, no sé si me
dará tiempo en esta intervención pero si no lo haré en el turno de
portavoces.
La tercera recomendación fue proponer al Consejo Interterritorial un
grupo de trabajo que estudie y proponga unas líneas de acuerdo sobre
sistemas de acreditación de centros sanitarios, que serviría como cauce
de debate entre las diferentes Administraciones para intercambiar
información de las respectivas experiencias en la acreditación de
centros.
La cuarta recomendación es llamar la atención del Consejo
Interterritorial sobre los múltiples efectos, ya sean de orden
organizativo, profesional, económico, etcétera, que tiene la implantación
de sistemas de acreditación, a la vez que se considera necesario una
reflexión sobre la dinámica y las implicaciones que han de tener su
puesta en marcha. No se olvide porque han de ser, como he dicho
anteriormente, con carácter voluntario y con una aplicación gradual y
teniendo en cuenta las diferentes situaciones tanto de centros y
servicios como de las diferentes peculiaridades de las distintas
Comunidades Autónomas.
Todo ello me obliga a referirme a la última reunión del Consejo
Interterritorial, a la que ya ha hecho referencia el Senador González
Príncipe, celebrada el día 6 de julio, por tanto no hace tanto tiempo.
Hace unos tres meses se trató allí de este tema y un representante de la
Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo presentó las
recomendaciones consensuadas en esta jornada a la que he hecho referencia
con una documentación al respecto y cuyo desarrollo en esta materia --lo
ha dicho el Senador Bellido-- sólo ha merecido una norma específica por
parte de la Generalitat de Cataluña; nadie más ha hecho una norma
específica.
Teniendo presente, por tanto, la necesidad de una mayor profundización en
las recomendaciones finales, como es el hecho de que antes de hablar de
acreditación sería oportuno establecer unos criterios mínimos, básicos y
comunes, así como cierta disparidad de criterios entre diferentes
Comunidades Autónomas y la falta de homogeneidad en su tratamiento parece
que esto debería abordarse en común, y teniendo en cuenta a su vez la
poca experiencia existente en España, que aconseja cierta prudencia, nos
lleva a la conclusión de proponer la creación de un grupo de trabajo,
como se contempla en las recomendaciones de la jornada.
Como ha dicho el Senador González Príncipe, precisamente el pleno del
Consejo acuerda la creación de un grupo de trabajo, que es el texto
exacto de la enmienda que nosotros hemos presentado. Pregunto nuevamente,
señor Presidente, señorías, Senador Bellido, ¿a qué viene la propuesta de
esta moción?, ¿qué propósitos encierra? Fíjense, repito, que nuestra
enmienda propone lo mismo que se acordó en el pleno del día 6 del Consejo
Interterritorial.
Como decía el representante de la Generalitat en la jornada, el doctor
Monset, aquí hay una cuestión bien concreta. Si se plantean criterios
técnicos son cuestiones técnicas, pero si se plantea la necesidad de un
sistema general de acreditación --la moción dice, en concreto, no ya
general, sino estatal-- tiene un trasfondo político y profundo. Para
nosotros la Ley General de Sanidad lo soluciona claramente desde el
momento en que crea el Sistema Nacional de Salud y transfiere la
responsabilidad a las Comunidades Autónomas en la prestación de los
servicios. ¿Qué sentido tendría transferir la responsabilidad de la
prestación de los servicios a las Comunidades Autónomas y no
transferirles la capacidad de creación de mecanismos de promoción y de
evaluación de calidad? No se entiende.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, Senador Bellido, hemos
presentado esta enmienda de sustitución, cuyo texto, repito, es el del
acuerdo que se tomó en el Consejo Interterritorial del 6 de julio. Espero
que, por lo menos, sea recibido y valorado por parte del grupo
proponente, el Grupo Parlamentario Popular y, en consecuencia,
considerado en conciencia.
Antes de terminar, sí quería decir --porque me queda un minuto cuarenta y
cinco segundos-- al Senador Bellido cuando habla de un sistema
consensuado, que la moción no propone un sistema consensuado, sino
establecer un sistema de acreditación estatal de los centros sanitarios
de todo el sistema, no es consensuado, ni es de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, por mucho que al principio diga que con respeto a
las mismas. Porque si aquí aprobamos con nuestro voto un texto para
establecer un sistema de acreditación estatal, lo que aprobamos no es un
sistema consensuado, como usted ha defendido, sino un sistema estatal,
tal como reza la moción.
Agradezco su intervención al Senador González Príncipe. Estoy de acuerdo
con lo que ha dicho del Consejo Interterritorial, que es nuestra
enmienda, y con la disposición de retirar la suya, en el caso de que se
aceptara la nuestra. Ha hablado de socios leales y de lealtades, y se lo
tengo que agradecer doblemente porque me ha hecho, no ya el trabajo
sucio, sino el trabajo más difícil o desagradable. Como no me hace falta
incidir más en ello, se lo agradezco.
He terminado mi tiempo y lo dejo en estos términos para después, en todo
caso, intervenir en el turno de portavoces. En definitiva, Senador
González Príncipe, se lo agradezco. Senador Bellido, piénsenlo, porque me
parece que están a punto de cometer un enorme error.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le quedan seis segundos, señoría.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, hemos de
felicitarnos por haber recuperado para la actividad parlamentaria al
Senador Cardona.
Tanto el portavoz socialista como el de Convergència i Unió han hablado
de lealtad. No entiendo que pueda redactarse un texto más leal a las
relaciones entre el Gobierno y las distintas Comunidades Autónomas que
éste que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Lo voy a leer y,
si me lo permiten, enfatizar algunos de sus términos: El Senado insta al
Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de cada una de las
Comunidades Autónomas y en el marco del Consejo Interterritorial de Salud
--nunca se dice en el marco del Ministerio de Sanidad--, inicie los
trabajos y estudios técnicos dirigidos a establecer --y aquí enfatizo
todavía más--, en su caso --en el caso de que así lo decidiese el Consejo
Interterritorial, en el caso de que así lo decidiesen las distintas
administraciones autonómicas--, un sistema de acreditación estatal de los
centros sanitarios.
Evidentemente, el texto es prudente y leal con todas las Comunidades
Autónomas y sus competencias. Y por este motivo, señorías, nuestro Grupo
no va a aceptar ni la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, ni la
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La enmienda del Grupo Socialista, Senador González Príncipe, recoge, en
tres apartados, todo el sentido y contenido de la moción del Grupo
Popular. Entiendo que ustedes hayan elaborado otro texto parlamentario;
piden desarrollar las previsiones contenidas en la Ley General de
Sanidad, que, precisamente, insta a la creación de estos sistemas de
acreditación; solicitan el sistema de acreditación de los centros
sanitarios a través de normas pactadas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en el marco del Consejo Interterritorial, exactamente lo que
nosotros pedimos, y, finalmente, dicen que el sistema de acreditación
deberá tener en cuenta las opiniones y propuestas de sociedades
científicas, usuarios, etcétera. Evidentemente, será así, pero serán los
representantes de las Comunidades Autónomas en el Consejo
Interterritorial los que tendrán que definir en las reuniones que
mantengan quiénes tendrán voz y voto para dar opiniones y hacer
propuestas de cara a la creación de estos comités de acreditación.
Por tanto, no pretendemos dar gato por liebre a nadie y sí intentamos ser
leales, no sólo con las autonomías y con nuestro sistema sanitario, sino,
fundamentalmente, con todos los usuarios.
Y tendría que contestar, por último, al Senador Cardona, en cuanto a un
término que entiendo que, tanto a él, como a su Grupo, molesta y duele de
nuestra moción. Es la palabra «estatal».
Además de insistir otra vez en que en la moción ya se dice: en el caso de
que así lo determine el Consejo Interterritorial, tengo que recordarle
también que en la inmensa mayoría de los países existe un sistema de
acreditación estatal o nacional, un sistema de acreditación único. Y
asimismo, habría que remontarse a algo que firmó el Grupo de Convergència
i Unió. Don Francesc Homs y doña Zoila Riera firmaron el acuerdo de la
Subcomisión de consolidación y modernización del sistema sanitario, y en
uno de sus apartados figuraba: controlar la calidad en la asistencia e
impulsar su mejora continua a través de un sistema general de
acreditación de centros y servicios sanitarios.
Usted ha utilizado indistintamente desde esta tribuna las palabras
«estatal» y «general» y pensando que efectivamente las pudiera utilizar,
al mediodía comprobé el Diccionario de la Lengua Española y sobre la
palabra «general» dice que es aquello que es común y esencial a todos los
individuos que constituyen un todo aunque
sean de naturaleza diferente, algo que en mi modesta opinión se
acerca mucho a lo que es la visión de un Estado que creo que no debería
en este caso molestar a los oídos de nadie porque dentro de ese Estado
caben las diferencias de las distintas Comunidades Autónomas, caben sus
peculiaridades, caben sus normativas legislativas, a las que el Gobierno,
desde luego y de antemano, va a respetar.
Por todos esos motivos, mi Grupo no acepta las enmiendas presentadas ni
por el Grupo Parlamentario Socialista ni por el de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Bellido.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Turno de portavoces.
El Senador Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto y específicamente en nombre de
Coalición Canaria estoy asombrado por el tono del debate. Me produce la
misma impresión que ese aforismo sobre si son galgos o son podencos, y
claro, nos van a morder. El hecho de que a finales de 1998 en este país,
Estado --o como quieran llamarlo-- no haya todavía acreditación de
hospitales a todos nos debe avergonzar un poco. El Consejo
Interterritorial de Salud el 6 de julio acordó la creación de un grupo de
trabajo para ello. Esta moción del Grupo Parlamentario Popular habla de
que se inicie, luego ya tenemos una situación anómala. Lo que debería
decir es que se potencie, que se impulse.
Para intentar que los árboles nos dejen ver el bosque, plantearía el tema
sobre la moción y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en los siguientes términos: que el Senado
inste al Gobierno a que impulse el grupo ya creado --repito, ya creado--.
Si eso es así, tienen mi voto, señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
A nuestro Grupo Parlamentario nuevamente le ha sorprendido esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Obviamente sabemos que es una
estrategia parlamentaria para ocupar el sitio que legítimamente le
corresponde de cupos en Pleno, pero lo que no nos ha gustado son las
formas relativas a la materia sobre la que versa, ya que es una cuestión
muy importante en política; en política el mantenimiento de las formas,
el equilibrio, la educación, los acuerdos alcanzados, el consenso logrado
es importante respetarlo y tenerlo en consideración. Creemos que eso es
lo que no se ha tenido en cuenta, porque en un asunto, como es la
acreditación de los centros sanitarios, sobre cuya cuestión de fondo hay
un acuerdo político unánime en el seno del Consejo Interterritorial de
Salud, de 6 de julio de 1998, de consejeros populares, de Comunidades
Autónomas, de consejeros socialistas, de consejeros nacionalistas y de
los poderes centrales del Estado, como es el Ministerio de Sanidad y
Consumo, ahora se presenta la iniciativa como si fuera una de «motu
proprio» del Grupo Parlamentario Popular. Creemos que el estilo, la forma
política de intervención y de presentación en el Pleno de esta iniciativa
no es la correcta.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario apela al acuerdo unánime
adoptado el pasado 6 de julio de constituir un grupo de trabajo
interinstitucional entre el Gobierno Central y los de las Comunidades
Autónomas en materia sanitaria para adelantar todos los estudios y
trabajos en relación a la acreditación de los centros sanitarios, pero no
nos gusta esta forma política. Por ello, vamos a votar en contra de esta
iniciativa porque creemos que no es el estilo adecuado. Hubiera sido
mejor presentarlo al resto de los Grupos Parlamentarios para conseguir
una iniciativa conjunta sobre un asunto respecto al cual en el fondo hay
una unanimidad.
Por esas razones, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario va a
votar en contra, a no ser que se aceptara la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que es
absolutamente respetuosa con ese acuerdo sobre el fondo que se adoptó el
6 de julio de 1998.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
El Senador Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer, en primer lugar, las palabras del Senador Bellido
referentes a mi recuperación.
Entrando en el tema, creo que si nosotros aprobáramos esa moción les
daríamos un cheque en blanco, porque la expresión: «en su caso» no es lo
sustancial. Lo sustancial es lo que ha dicho usted después: el sistema de
acreditación estatal. Lo aleatorio es «en su caso». En este caso en lo
aprobado por el Consejo Interterritorial, ¿quién hace el estudio?, el
grupo de trabajo. En lo que en la enmienda se hace referencia, ¿quién
hace el estudio?, el Gobierno. No es en las mismas condiciones. Nosotros
decimos en nuestra enmienda: con representantes de las Comunidades
Autónomas. Aquí no dice: en el marco. ¿Qué quiere decir en el marco?
Haremos un estudio y después lo presentaremos en el marco del Consejo
Interterritorial. Eso no es hacer un grupo de trabajo entre las
diferentes administraciones competentes. Por lo tanto, repito que para
nosotros es un cheque en blanco, y no estamos dispuestos a darlo.
Yo no sé lo que dijo el señor Homs, pero lo que me ha referido usted no
quiere decir nada; no me ha dicho que acepte un texto como reza el de la
moción que usted me presenta.
En cuanto al diccionario, le diré que no es lo mismo general que estatal.
Estatal ya da una impronta de jerarquización. Es un sistema de
acreditación, ¿de qué tipo?, ¿para quién?, ¿quién lo hace? El Estado. Es
estatal. Mientras que un sistema general es otra cosa, no es lo mismo que
estatal, y usted lo sabe tan bien como yo.
Ahora bien, aquí hemos hablado todos mucho de acreditación, esto es, de
calidad asistencial y de control de calidad. En este contexto preferiría
hablar de aceptación del usuario en un proceso de socialización de la
sanidad, tal y como se hacía hincapié, precisamente, en una de las
recomendaciones de la jornada. Se decía que era necesario impulsar el
desarrollo de experiencias para mejorar la satisfacción tanto de los
usuarios como de los sanitarios. Esta es la cuestión: el control o la
verificación, mediante las encuestas pertinentes, de la aceptación de los
servicios por parte del usuario. Quiero hacer referencia a una encuesta
reciente del Instituto Opina sobre los hospitales del Instituto Catalán
de Salud, llevada a cabo en el año 1997 sobre una muestra de 3.548
pacientes, y cuyos datos son reveladores. En ingresos por urgencias, el
75 por ciento considera que el tiempo de espera es corto o correcto; el
90 por ciento considera que la información a los familiares es excelente
o muy buena. En cuanto a ingresos por admisión, a los trámites e
información de los derechos, a las intervenciones quirúrgicas o al
confort de estos hospitales, los resultados también son positivos.
Pero quiero hacer una reflexión final, señor Presidente, señorías, sobre
todo respecto al trato del médico y de los profesionales sanitarios. En
cuanto al trato del médico, el 75 por ciento manifiesta conocer al médico
por su nombre y apellidos, y el 95 por ciento destaca su amabilidad como
excelente o muy buena. Por lo que se refiere al trato con el personal de
enfermería, nos da los siguientes datos. La amabilidad y cortesía en el
trato está valorada y calificada por el 94 por ciento de los usuarios. La
rapidez en la respuesta a las llamadas es excelente o buena en el 93 por
ciento de los casos. En el 93 por ciento de los casos también daban esta
valoración para el grado de interés de estos profesionales por los
problemas de salud. Según esta encuesta, el 92 por ciento de los usuarios
manifestaban que si tuvieran que ingresar de nuevo querrían hacerlo en el
mismo centro en que lo habían hecho, donde lo que se valora precisamente
como más positivo --entiéndase bien-- es el buen trato recibido por parte
de los profesionales, y cuidado: de todas las administraciones,
Insalud transferido, gestión directa. Esta es la cuestión. Porque la
piedra angular de todo este sistema radica en la eficacia, en la
eficiencia, la vocación y la motivación de los profesionales sanitarios,
y a todos sus niveles, porque son igual de importantes desde los
facultativos más renombrados hasta el auxiliar más modesto. Gracias a
ello, no lo olvidemos, funciona este sistema sanitario del cual podemos
sentirnos orgullosos en nuestro país. Pero hagamos todo lo que sea
menester desde todas las Administraciones públicas --en este caso, las
Cortes Generales-- para que no se desmotiven. De lo contrario, este
inmenso edificio que es la sanidad se tambaleará, caerá como un juego de
naipes.
Senador Bellido, ustedes son conscientes de que dan un paso atrás en
relación con el acuerdo del día 6, y yo diría que den un paso hacia
adelante porque traspasan el acuerdo. No es lo mismo crear un grupo de
trabajo en igualdad de condiciones y sobre esos criterios técnicos
formular algo nuevo que lo que ustedes nos están proponiendo en esta
moción. Una cosa es lo que usted ha dicho en la tribuna y otra cosa es lo
que reza --lo reitero-- en el texto de la moción. Yo diría --permítanme
la expresión, señor Presidente-- que han dado una vuelta de tuerca más
para recuperar unas competencias que, de acuerdo con la Ley General de
Sanidad y desde nuestro punto de vista --podemos equivocarnos, pero, en
cualquier caso, se puede discutir--, ya han sido transferidas a las
Comunidades Autónomas que tienen a su cargo.
Piénselo bien. En cualquier caso, nosotros tendremos, si la moción se
aprueba, que obrar en consecuencia y, naturalmente, como no podría ser de
otra manera, tendríamos que defender no ya nuestros intereses, sino los
de los ciudadanos a los cuales representamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Cardona.
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Para los socialistas es evidente que el Grupo Parlamentario Popular ha
cometido un error, señor Bellido, pues ha traído a esta Cámara un tema
que supone un retroceso sobre un acuerdo anterior. Hay una diferencia
fundamental entre el texto que usted propone y lo que la Ley General de
Sanidad dice en cuanto a que las competencias de coordinación general
sanitaria, que en su artículo 70 se contemplan para el Estado y que son
fijar índices cuantitativos y mínimos cualitativos del sistema, obligan
--como dice claramente la ley-- al Estado a pactar con todas las
Comunidades Autónomas la norma de acreditación. Obligan a pactarla y no a
escuchar simplemente. No puede tomarse una decisión para el conjunto del
sistema si no están todas las partes del mismo de acuerdo.
En la propuesta que ustedes nos traen hoy aquí no es así. Habrán cometido
ustedes un error técnico o será la voluntad política de su Grupo. Yo
prefiero pensar que ha sido un error, por ignorancia, a pensar que hay
mala fe política, que ustedes quieren hacer una lectura retrógada de la
Ley General y de los acuerdos del Consejo porque si quieren hacer eso son
ustedes unos tramposos. (Rumores.) Y eso no estaría bien. Ustedes
pactarían una cosa y vendrían a una Cámara donde tienen mayoría absoluta
a pasar el rodillo para legitimar la ruptura de los acuerdos. Eso en
política se llama deslealtad, se llama trampa, y no es de recibo en un
sistema democrático que quien gobierna haga esas pequeñas fullerías, esas
pequeñas trampitas.
Por lo tanto, queremos pensar los socialistas que ustedes han cometido un
error. Bueno, pues si hay un error, señor Bellido, bájese de la moto,
apeése de la peana, y acepte el texto del consenso porque ya bastantes
problemas tiene este país. Si ustedes tienen la tentación de aplicar hoy
aquí su mayoría absoluta, otros, nosotros y los otros, podemos tener la
tentación de establecer una mayoría alternativa en la otra Cámara para
volver a la situación de lealtad del Consejo Interterritorial, con lo
cual usted le va a crear un problema a los señores Romay y Piqué
complejo. Creo que a usted le van a quitar de la tribuna durante dos o
tres meses, le van a mandar al banquillo durante una temporada.
(Rumores.)
Un tema como éste o sale por acuerdo y se basa en la confianza de todos
en todos o si usted siembra la deslealtad y la desconfianza no saldrá. El
acuerdo que ustedes proponen que aprobemos hoy va a obligar a que algunas
Comunidades Autónomas no tengan ya confianza en ustedes como un socio
estable en este tema. Señoría, con la Ley General de Sanidad en la mano,
el título de la acreditación es una competencia de cada Comunidad
Autónoma. Por tanto, lo que van a pensar es: si nos han hecho esa
jugadita después del pacto de julio aplicando su mayoría absoluta en el
Senado, y todas las Comunidades Autónomas se van a curar en salud, con lo
cual, vamos a tener 17 sistemas posiblemente diferentes puesto que cada
cual querrá reservar su competencia y su propia soberanía sobre el tema.
Creo, por tanto, que usted ha cometido un grave error que ha conducido a
su Grupo hacia un callejón sin salida.
Señoría, si ustedes quieren, el Grupo Socialista también retira su
propuesta y nos vamos a la que votamos todos el 6 de julio, pero no
cometan ustedes el error de empezar una guerra que se va a llevar después
al Congreso y que van a tener que pagar el Ministro y los Consejeros en
el seno del Consejo Interterritorial de Salud a causa de un error que
ustedes han cometido aquí. No sean cabezones y vuelvan al texto original.
Esa es nuestra propuesta.
Señor Bellido, no es posible un sistema de acreditación sin pacto. No hay
que escuchar solamente a las Comunidades Autónomas, hay que pactar con
ellas todo el proceso y también el organismo. Fíjese en lo que le digo:
si queremos que haya una acreditación estatal para el conjunto del
sistema, tendrá que pactarse el organismo; y las Comunidades Autónomas
tendrán capacidad de decisión sobre el organismo que al final haga la
acreditación, no solamente sobre los criterios, sino sobre la inspección
y el seguimiento de las mismas.
Así es como está la ley. Y en democracia, y en un Estado de Derecho, no
queda más remedio que cumplir y
respetar las leyes. Por eso le pedimos por favor al Grupo Popular que
retire el error que han presentado hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Príncipe.
Tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Voy a intervenir con mucha brevedad para dar
respuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios.
Quiero decirle al Senador González Príncipe que a mí no me gusta hablar
de trampas ni de tramposos, ni tampoco cargar las tintas en un grupo
político o en otro. Tal vez cada uno de nosotros tendríamos que asumir
nuestras responsabilidades del pasado. Pero, posiblemente, lo realmente
retrógrado en este caso, como ha venido a decir el Senador Ríos --no
acusándoles a ustedes--, es que después de trece años de gobierno
socialista no exista todavía un sistema de acreditación de hospitales y
centros sanitarios en nuestro país.
Y, por supuesto, quiero volverle a repetir nuestro posicionamiento, no
sólo prudente, sino de plena lealtad hacia el sistema democrático y hacia
las competencias de las Comunidades Autónomas. Es más, quiero reiterarle
nuestra voluntad, nuestra continua voluntad de consensuar y de pactar,
que creo ha quedado claramente de manifiesto cuando el Consejo
Interterritorial de Salud, en el que evidentemente está representado el
Gobierno de la nación, ha decidido, con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, poner en marcha ese grupo de trabajo para que se inicie la
andadura hacia esos nuevos sistemas de acreditación.
Lamento, Senador Gatzagaetxebarría, que a veces haya grupos políticos o
representantes de ellos que no quieran ver ni descubrir las formas en las
iniciativas parlamentarias que se presentan. Yo creo que en la iniciativa
parlamentaria del Grupo Popular, que voy a leer otra vez, las formas
quedan claramente marcadas y son de respeto a todas las Comunidades
Autónomas, incluida la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dice así: El
Senado insta al Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de
cada una de las Comunidades Autónomas, y en el marco del Consejo
Interterritorial de Salud --no en ningún otro marco--, inicie los
trabajos y estudios técnicos dirigidos a establecer en su caso --si así
se decidiera--, un sistema de acreditación estatal de los centros
sanitarios.
Con esto también contesto al Senador Cardona, diciéndole que yo entiendo
que lo sustancial realmente no es el término «estatal», sino la expresión
«en su caso», porque recoge el espíritu democrático de cualquier
Gobierno; es decir, se trata de establecer ese sistema en el caso de que
las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, así lo
decidieran. Insisto, no pretendemos en modo alguno imponer ningún sistema
de acreditación, sino sólo llevar a la práctica aquél que, en su caso,
determinen las Comunidades Autónomas a través del citado Consejo
Interterritorial.
Por último, Senador Cardona, no sé cuál es su idea sobre el Estado y si
la que tiene difiere de la mía. Ha hablado usted de un sistema de
acreditación estatal y ha dicho que en ese caso lo legislaría el Estado.
Entiendo, Senador Cardona, que el Estado es usted --es su Comunidad
Autónoma--, soy yo --es mi Comunidad Autónoma, la andaluza--, es la
Comunidad gallega, etcétera; es decir, es el conjunto de las Comunidades
españolas. Por tanto, sería el Estado, a través de la voluntad de todas
las Comunidades Autónomas, el que en este caso determinaría el sistema de
acreditación que al final se aplicara, bien en todo el país, bien en todo
el Sistema Nacional de Salud, o los distintos sistemas de acreditación
que habría que aplicar en el territorio nacional, si así lo decidiera
también el Estado a través de todas las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Cardona i Vila pide la palabra.)
Senador Cardona, ¿en virtud de qué artículo solicita su señoría la
palabra?
El señor CARDONA I VILA: Por el artículo 87, señor Presidente, aunque no
sé si viene al caso.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No le corresponde hacer uso de la
palabra, y la recuperación de su señoría es tan evidente...
El señor CARDONA I VILA: El reparto de competencias no quiere decir que
todos seamos Estado y que cada cual tenga su competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación el
texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la
que se insta al Gobierno a que, desde el respeto a las competencias de
cada una de las Comunidades Autónomas y en el marco del Consejo
Interterritorial de Salud, inicie los trabajos y estudios técnicos
dirigidos a establecer, en su caso, un sistema de acreditación estatal de
los centros sanitarios.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor 119: en contra 103.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PROPONER LAS MEDIDAS OPORTUNAS Y REFORMAS LEGISLATIVAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA IMPULSAR EL MECENAZGO ORIENTADO A LA PARTICIPACION DE
EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS O CUALESQUIERA PERSONAS FISICAS O
JURIDICAS EN LA FINANCIACION DE ACTUACIONES ORIENTADAS A LA CONSERVACION
DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL EN RIESGO INMINENTE DE DETERIORO O
DESTRUCCION, O MERECEDORES, POR OTROS MOTIVOS, DE UNA CONSIDERACION
PRIORITARIA. (662/000136)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, pasamos a la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a proponer las medidas oportunas y reformas
legislativas que sean necesarias para impulsar el mecenazgo orientado a
la participación de empresas, entidades financieras o cualesquiera
personas físicas o jurídicas en la financiación de actuaciones orientadas
a la conservación de los bienes de interés cultural en riesgo inminente
de deterioro o destrucción, o merecedores, por otros motivos, de una
consideración prioritaria. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa
la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Ruego silencio a sus señorías.
Tiene la palabra el Senador De la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es la segunda vez que subo a la tribuna en representación del Grupo
Parlamentario Socialista para defender nuestra postura. Espero tener en
esta ocasión más éxito que en la primera, en cuanto a conseguir de sus
señorías la aprobación de esta moción que, desde nuestro punto de vista,
es importante. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador De la Plata, espere un
momento, por favor.
Ruego a sus señorías que guarden silencio. Senador Liso, Senador González
Pons, guarden silencio, por favor.
Puede continuar, Senador De la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Cuando pensaba en los argumentos que iba
a desarrollar ante el Pleno de la Cámara, me planteaba varias cuestiones.
No sabía si enfocar la moción desde el punto de vista de la importancia
que tiene el patrimonio histórico-cultural para un país o hacerlo desde
el marco legislativo del que se ha dotado el país a lo largo de la
historia; si hablar de la oportunidad política o si hablar de que hace
menos de un mes se ha aprobado una moción del Partido Popular, o si
utilizar los mismos argumentos que se plantearon en su día en la defensa
de la cuestión que hoy nos trae aquí.
La moción, caso de ser aprobada, insta al Gobierno a proponer medidas
oportunas, así como las reformas legislativas que hicieran falta para
impulsar el mecenazgo por parte de empresas, entidades financieras o de
cualquier persona física o jurídica en la financiación de actuaciones
orientadas a la conservación de los bienes de interés cultural con riesgo
inminente de destrucción o deterioro, o merecedores, por otros motivos,
de una consideración prioritaria.
Desde el punto de vista de la importancia que el patrimonio tiene para un
país, entendemos que un país debe tratar de cuidar, conservar, mejorar el
mismo como identificación de sus propias raíces, de su propia historia.
Esto ya viene reflejado en la propia Constitución Española a la que,
posteriormente, haré referencia.
Afortunadamente, este país tiene una gran riqueza monumental a lo largo
de toda su geografía, pueblos, ciudades y rincones que configuran esta
España querida. Igualmente, aunque sólo fuera por la proyección cultural,
deberíamos centrarnos en buscar o ratificar el objetivo que se plantea en
nuestras leyes referido a la conservación de nuestro patrimonio. El
artículo 149.2 de la Constitución habla de facilitar la comunicación
cultural entre las Comunidades Autónomas como una obligación del Estado
para darnos a conocer y defender nuestro propio patrimonio.
Finalmente, también haría falta resaltar la importancia de ese patrimonio
como factor de desarrollo; desarrollo para unas zonas más pequeñas o más
amplias, en función de la propia importancia del mismo inmueble del que
hablamos, sea turística o culturalmente.
Referente a la moción que se presentó hace dos semanas por el Grupo
Parlamentario Popular, donde se hablaba de impulsar actividades de
mecenazgo en el campo específico y concreto de las catedrales, nosotros
dijimos que haría falta ampliar ese ámbito, ser un poco más ambiciosos
porque, existían edificios, bienes de interés cultural que estaban en
fase de deterioro y había que establecer medidas legislativas que
trataran de paliar ese mal.
En su día se dijo que la enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario
Socialista quizá excedía del ámbito de la moción. Efectivamente, fue así.
Era un poco más ambiciosa y hoy se plantea de la misma forma. Si aquella
moción facilitaba la financiación de los programas que integraban el Plan
Nacional de Catedrales, si después de hacer afirmaciones --que
compartimos-- como, por ejemplo, que la financiación de dichas
intervenciones se realiza casi de forma exclusiva por los poderes
públicos, el Estado y las propias Comunidades, y de que en el mismo
acuerdo que firmaba el Ministerio con la Conferencia Episcopal, se decía
que se realizarán cuantas gestiones se estimaran oportunas para que
participe en la financiación cualquier persona física o jurídica, pública
o privada que pueda estar interesada en colaborar en la conservación de
catedrales --se hablaba de beneficios e, incluso, de actividad
prioritaria de mecenazgo--, el Parlamento tendría la obligación, por su
propia naturaleza, de tratar de que se legisle para buscar la
participación privada y para que el propio Gobierno establezca los
mecanismos correspondientes.
Esta es la idea que antes se presentó en forma de enmienda y que hoy se
trae como moción. En aquella enmienda --y voy a hacer un poco de
historia-- tratamos de mejorar la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular presentó una
enmienda transaccional donde se incluía un apartado que decía: en
catedrales especialmente amenazadas de deterioro y para los bienes
muebles contenidos en los templos catedralicios y afectados por similar
situación, que finalmente no fue aceptada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Si nos centramos en el marco legislativo que tenemos, es decir, en el que
el Estado español dispone hoy en día para la conservación del patrimonio,
hay varias referencias
a las que me gustaría hacer mención. Por una parte, la propia
Constitución, donde se dice específicamente: Los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su
titularidad. Todo ello, como decía anteriormente, además de la faceta de
intercomunicación o cooperación entre Comunidades cuando señala: sin
perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades, el
Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución
esencial y facilitará dicha comunicación entre ellas.
Además de esta referencia constitucional, la Ley de 1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 2.º, dice: son deberes y
atribuciones esenciales de la Administración del Estado garantizar la
conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el
enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes comprendidos en él.
El artículo 39 hace mención a los deberes de los poderes públicos, y
señala: procurarán por todos los medios de la técnica la conservación,
consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así
como de los bienes muebles incluidos en el inventario general.
Por lo tanto, tenemos un marco legislativo apropiado para este tipo de
iniciativas que, como digo, hoy nos trae a colación. Todo el Título VIII
de la propia ley habla de medidas de fomento. Incluso el artículo 67,
dice: El Gobierno dispondrá de las medidas necesarias para que la
financiación de las obras de conservación, mantenimiento y
rehabilitación, así como de las prospecciones y excavaciones
arqueológicas realizadas en bienes declarados de interés cultural tengan
preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos que
establezcan sus normas reguladoras.
Además de esta ley, posteriormente la Ley de 1994, de Fundaciones e
Incentivos Fiscales, también especifica y concreta todas las ayudas que
tienen como objetivo la participación privada en actividades de interés
general en su Título II. Aterrizando un poco más, en la Sección IV se
habla de actividades y programas prioritarios de mecenazgo. Ello se
traduce en que cada año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
se establecerá una relación de actividades o programas de duración
determinada que vayan a desarrollar las entidades e instituciones que
pueden verse beneficiadas. No quiero leer íntegramente el texto, pero la
Disposición Adicional Sexta de esta Ley señala: ... en el ámbito de los
fines citados, elevar en cinco puntos porcentuales, como máximo, respecto
de dicho programa... Es decir, se establecen mecanismos de ayuda para la
participación privada a aquellas empresas, personas físicas o jurídicas
que participen en este tipo de actividades.
Como vemos, tiene marco legislativo suficiente la propuesta que se
plantea en este momento. Además, la moción tiene, desde nuestro punto de
vista, oportunidad política en el sentido de que en este momento se están
estudiando, tramitando, aprobando los Presupuestos Generales del Estado
para 1999. Lo resalto porque, quizá como consecuencia de esta moción, se
trataría de plantear una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado
para incluir el concepto que nos ocupa, es decir, la participación
privada en la disposición sobre actividades y programas prioritarios de
mecenazgo. En este momento, y en este proyecto de presupuestos en la
disposición decimoctava se habla de actividades y programas prioritarios
de mecenazgo donde aparecen la conservación, reparación y restauración de
las catedrales y donde aparecen también las cantidades donadas al
Instituto Cervantes y a las instituciones con fines análogos de las
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia para la promoción y
difusión de la lengua española y de las leación privada en la
financiación de actuaciones orientadas a la conservación de los bienes de
interés cultural.
Además, es oportunidad política porque también en estos momentos se está
tramitando el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en
consecuencia, podría estudiarse la posibilidad de contemplar algún tipo
de beneficio fiscal. De ahí que, repito, se hable de medidas
legislativas.
Finalmente, también sería importante contemplar la moción dentro del
acuerdo entre el Ministerio y las propias Comunidades en la salvaguarda,
como digo, del patrimonio histórico y cultural. A lo largo del tiempo se
han venido haciendo diversas actuaciones: unas específicas y directas,
como el propio Plan de Catedrales, otras a través de programas tan
interesantes como el de las escuelas-taller que, a lo largo de muchos
años en este país, están arreglando, mejorando y restaurando bienes de
interés cultural, y entendemos como necesaria la aprobación de esta
moción por cuanto, como digo, tendría como objetivo fundamental recuperar
o al menos conservar en un buen estado toda la serie de bienes inmuebles
que forman nuestro patrimonio histórico y cultural. Estamos hablando no
sólo de catedrales, sino también de castillos, de yacimientos
arqueológicos, de murallas, de palacios, de iglesias notables que en
estos momentos podrían estar en una situación lamentable.
Hay, además, un detalle que añadimos en esta moción que no se contempló
en la enmienda. Se deja una puerta abierta a otro tipo de situaciones. En
la moción que se plantea se dice: ... cualquier persona física o jurídica
en la financiación de actuaciones orientadas a la conservación de los
bienes de interés cultural en riesgo inminente de deterioro o
destrucción. Además, se añade: ... o merecedores, por otros motivos, de
una consideración prioritaria. También sería positivo contemplar esto
porque ya no sólo estamos hablando de una necesidad perentoria, de una
necesidad por deterioro o destrucción, sino que podría darse el caso de
interés social, económico, cultural o del tipo que fuera, es decir, el
que la autoridad competente entendiera que en una zona concreta, y para
un determinado
edificio, hiciera falta una actuación preferente por motivos en los que
seguramente coincidiríamos todos y buscaríamos el consenso.
Este es, básicamente, el planteamiento que el Grupo Parlamentario
Socialista quiere hacer a la Cámara para la defensa de esta enmienda,
que, desde nuestro punto de vista, mejora sustancialmente --lo dijimos en
su día y lo volvemos a decir-- la idea que se planteaba en el anterior
Pleno acerca de actuaciones concretas en un sector concreto de bienes de
interés cultural. Entendemos que esto lo amplía y que nuestro esfuerzo
tiene que ser mayor, porque se contemplaría un mayor número de bienes de
interés cultural; sería cuestión de hacer un buen estudio de necesidades
y ser capaces de, sin caer en ningún tinte electoralista o partidista que
en un momento determinado pudiera tener algún Gobierno, buscar criterios
de prioridad y el equilibrio territorial, incluso a la hora de incluir
las correspondientes dotaciones presupuestarias. Todo ello con el fin de
conseguir el objetivo que nos va a unir a todos, que no es otro que el de
que nuestro patrimonio se conservara, a lo que habría que añadir nuestra
obligación de transmitir a las generaciones venideras una situación
bastante mejor de la que nosotros hemos encontrado.
Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador De la Plata.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para la
defensa de la misma, tiene la palabra el Senador Zapatero.
El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el grupo Parlamentario al que pertenezco ha estudiado con el
interés que merece la moción presentada y defendida hace unos minutos por
el Senador De la Plata.
Con dicha moción el Grupo Parlamentario Socialista ha continuado el
debate que tuvo lugar en la sesión plenaria del pasado 22 de septiembre.
A propósito de la moción que el Senador que ahora les habla tuvo el honor
de presentar a la Cámara acerca del fomento de la financiación privada
del Plan de catedrales, es evidente, como continuación de ese debate y
como ha opinado también el Senador De la Plata, que cuando hablamos del
patrimonio histórico español y de su rehabilitación y conservación lo
hacemos al amparo de la Carta Magna que los españoles nos dimos en 1978,
que en su artículo 46 ordena que la conservación, protección y
enriquecimiento de los bienes integrantes del patrimonio histórico,
cultural y artístico deben quedar garantizados por los poderes públicos.
Aquí ha de reconocerse el hito histórico que supone la aprobación por las
Cortes Generales del país y la promulgación de la Ley del Patrimonio
Histórico Español en 1985, cuyo único antecedente es la Ley de Patrimonio
Histórico Nacional de 1933. Comprenderán sus señorías por qué quiero
evocar aquí esta Ley, ya que su contenido vendrá en ayuda de las
reflexiones que quiero hacer ahora en voz alta.
Yo estoy seguro, señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, y
lo digo con total y absoluta sinceridad, de que ustedes presentan esta
moción por su sensibilidad humanística y su inquietud por la conservación
y restauración del legado patrimonial que, como ha dicho el Senador De la
Plata muy acertadamente, nos han dejado nuestros mayores a fin de que se
lo podamos transmitir a nuestros hijos en mejor situación de la que
nosotros lo recibimos y en el mejor estado posible.
Sin embargo, las dificultades de orden técnico que el cumplimiento de la
moción encierra no son escasas ni menores. Dificultades políticas,
señorías, ninguna, pues este Gobierno y, concretamente, el Ministerio de
Educación y Cultura tienen de sobra demostrada, con pruebas y hechos
evidentes, su voluntad política, como ahora se dice, de cumplir el
mandato de la Constitución ya mencionado. Sucede, sin embargo, que la Ley
del Patrimonio de 1985, ya mencionada y alabada como se merece, dice que
integran el Patrimonio Histórico Español los bienes inmuebles y objetos
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas
arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que
tengan valor artístico, histórico y antropológico.
Ya sé que ustedes han sido conscientes del océano, del número ingente de
edificios y objetos de todo orden y categoría que supone la
necesariamente amplia definición de la Ley. En su moción han hablado
solamente de bienes de interés cultural, lo cual no deja de ser una
limitación, en cierto modo burocrática, como sabemos los que hemos tenido
alguna responsabilidad política en la cuestión. Esta inquietud mía, como
saben ustedes, la comparten prácticamente todos los departamentos
culturales de los Gobiernos autónomos del país, que están dispuestos a
establecer --algunos ya lo han hecho-- una especie de listas de espera a
la manera de la que la UNESCO instituyó en su día para sus declaraciones
de Patrimonio de la Humanidad.
Así pues, mi primera observación, o por mejor decir, mi primera reflexión
es acerca de la inmensa cantidad de bienes patrimoniales que tendrá que
manejar la Administración a la hora de programar sus intervenciones o sus
propuestas de mecenazgo.
La segunda reflexión se refiere a otra dificultad técnica y puramente
técnica, ya que se presenta, inevitablemente, a la hora de programar, o,
por mejor decir, a la hora de establecer prioridades en la rehabilitación
de monumentos. De tal dificultad puedo comunicarles, señor Presidente,
señorías, alguna experiencia personal, cuando el Senador que les habla
tenía la responsabilidad del Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y
León, que, quiero recordar una vez más, representa para algunos el 50 por
ciento de todo el legado patrimonial de la nación. Mi antecesor en el
cargo comenzó la tarea del diagnóstico del patrimonio castellano-leonés
mediante la clasificación de las obras a realizar en cada monumento en
obras urgentes, obras de restauración, obras de conservación y obras de
puesta en valor. Y todas y cada una de ellas localizadas en el respectivo
sistema de construcción y en los elementos constructivos adecuados de
cada uno de ellos. Esta tarea se prolongó a lo largo de tres
legislaturas, y puede darse ya por terminada en el momento actual, pero
una cosa es el diagnóstico de todos y cada uno de los bienes inmuebles y,
otra, su clasificación prioritaria.
No es que queramos aquí aplicar la máxima de Leon Paul Fargue que decía:
en arte no hay jerarquía, no hay temas, no hay géneros. Definición un
tanto anarquista, como era la tendencia de pensamiento de este escritor
francés. Al lado de casos muy claros, como fue el del acueducto de
Segovia, ya a salvo y puesto en valor por la Junta de Castilla y León,
hay muchos otros, la gran mayoría, de muy difícil opción o clasificación
prioritaria. Y esto es así porque al lado de las apreciaciones técnicas
de mayor o menor facilidad de medición en cuanto al riesgo de pervivencia
del monumento, cubiertas, humedades, cimentación, que son puramente
mensurables u objetivas, hay elementos realmente subjetivos que
intervienen y no poco en la valoración de todos y cada uno de los bienes
que integran nuestro legado histórico artístico.
Para ilustrar esto que quiero decir nada mejor que acudir una vez más a
la tantas veces mencionada hoy Ley de 1985, en la que se define el
Patrimonio Histórico como una riqueza colectiva que contiene las
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los
españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que
como elemento de identidad cultural merece a la sensibilidad de los
ciudadanos, porque los bienes que lo integran se han convertido en
patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen,
directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han
ido revalorizando.
Y aquí inciden ustedes, señores Senadores del Grupo Socialista, en el
propio texto de la moción cuando dicen: o merecedores, por otros motivos,
de una consideración prioritaria. Esos otros motivos no son, a mi modo de
ver, más que los que tratamos aquí de definir como factores puramente
subjetivos en la aparición del patrimonio. Diciendo aquello de «la ermita
de mi pueblo» está todo dicho.
Hay que recordar que al principio de la década de los 80, creo que por
uno de los últimos Gobiernos de la Unión de Centro Democrático, se
comenzó la elaboración de un catálogo o inventario de bienes inmuebles
histórico-artísticos, empresa que ha resultado fallida hasta el momento
actual. Así que, si hasta ahora no ha sido posible establecer la mera
lista o relación de los bienes inmuebles de nuestro patrimonio, piénsese
en lo que ha de ser su clasificación por orden de intervención en su
conservación y restauración. Nunca como en este momento es aplicable
aquella máxima de Séneca: «Ars longa, vita brevis».
Recuerden ustedes, señor Presidente, señorías, que en el debate del
pasado 22 de septiembre se invocó por el Senador Varela i Serra, creo
recordar, la necesidad de modificar la Ley de Fundaciones. Sin embargo y
para llegar a un total acuerdo en esta materia, sería preciso y, por
mejor decir, esencial hacer una evaluación de lo que en este momento
significa la actividad del mecenazgo por parte de las personas físicas o
jurídicas que invierten parte de sus recursos en rehabilitación o
conservación de bienes culturales de todo orden.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Zapatero, ha rebasado,
con creces, su tiempo. Le ruego que concluya.
El señor ZAPATERO VILLALONGA: Concluyo, señor Presidente.
A esta consideración sobre la falta de evaluación del mecenazgo en la
actualidad, cosa que en este momento nos consta que está ya en marcha,
así como por la consideración acerca de las competencias prácticamente
absolutas de los Gobiernos autónomos en esta materia, ¿no sería bueno
contar con el Consejo de Patrimonio Histórico, estatuido por la ya
mencionada Ley de 1985, a la hora de establecer formalmente el texto de
la moción que, de ser aprobada, como el Grupo Parlamentario Popular
desea, será enviada al Gobierno de la nación? Por ello, mi Grupo estima
justo y útil que la necesaria colaboración de las Comunidades Autónomas
en el empeño quede suficiente y claramente reflejada en el texto
definitivo de la moción.
Nuestra enmienda encierra, pues, tres cosas: en primer lugar, conformidad
con el texto de la misma --anuncio ya, aun fuera del turno de portavoces,
que nuestro Grupo la va a apoyar--; en segundo lugar, evaluación
necesaria de las actividades del mecenazgo y, en tercer lugar, el
racional y útil parecer del Consejo del Patrimonio Histórico Nacional.
Así pues, estrictamente respetado el texto de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, si se acepta nuestra enmienda, iría
precedida por una frase o un par de frases que dijeran: El Senado insta
al Gobierno a que, previa la evaluación de la situación actual del
mecenazgo tanto desde el punto de vista social como legislativo y
consultado y oído el Consejo del Patrimonio Histórico, proponga las
medidas oportunas y reformas legislativas. El resto del texto de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se mantendría en
los términos propuestos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador De la
Plata para expresar su posición respecto a la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Zapatero, quiero darle las gracias por su intervención y por haber
dado la conformidad al texto de la moción. Le anticipo también que mi
Grupo va a aceptar la enmienda de modificación que se plantea por parte
del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero hacer algunas consideraciones respecto a lo que su señoría ha
comentado: es verdad que lo que mueve a este Grupo a plantear la moción
viene dado por una
sensibilidad hacia lo que supone nuestro patrimonio, y estoy seguro de
que, además, lo compartimos. Admito la dificultad que tiene establecer
las prioridades. Ya he dicho que la riqueza patrimonial de nuestro país
es muy amplia. Aunque las Comunidades están realizando esa tarea de
catalogar, de estudiar la situación que cada uno de sus bienes tiene,
etcétera, es una labor complicada.
De todas maneras, yo sigo insistiendo en una cosa: quizás la moción lo
que establezca sea el marco a través del cual el propio Estado acuerda
con las Comunidades no sé si pensar en objetivos a diseñar, y que
compartan, es decir, acuerda velar por una serie de bienes de interés
cultural que la propia Comunidad desea rehabilitar porque están en riesgo
de deterioro o porque social y económicamente a la propia Comunidad le
pueda interesar. De ahí el otro concepto que se añadía a la moción. Esto,
al final, puede delimitar un marco a través del cual se ponen de acuerdo
el Estado y una Comunidad, y puede facilitar que haya personas que se
acerquen a la financiación privada, lo cual puede coadyuvar a recibir
beneficios fiscales del algún tipo, lo que también puede contribuir a
impulsar el propio mecenazgo, aun entendiendo la dificultad que puede
tener la Consejería de Cultura, como se deduce de lo que su señoría ha
comentado.
También es necesario evaluar la situación actual del mecenazgo, al igual
que lo era hace 15 días cuando se hablaba del Plan de catedrales, y no
porque ahora se añada este concepto hace falta evaluar la situación
actual del mecenazgo. En cualquier caso, compartimos ese criterio y, por
supuesto, también estamos de acuerdo en que el instrumento que establece
la Ley del Patrimonio, aprobada por el Parlamento en su día, es el
Consejo del Patrimonio Histórico. En resumen, pensamos que dentro de ese
marco necesariamente tienen que venir, sin duda, compartidas, plasmadas o
diseñadas las líneas de actuación que tienen que marcar la política de
defensa del patrimonio en los próximos años.
Por tanto, finalizo diciendo que agradezco su intervención, su
conformidad y que el Grupo Parlamentario Socialista acepta también la
enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular con la satisfacción
de que, como he dicho anteriormente, a la segunda va la vencida, y en
este caso ha sido así.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador De la
Plata.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me congratulo del acuerdo que ha habido en esta moción y, a efectos de
votación, quiero dar la conformidad a la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.
¿El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quiere hacer
uso del turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Roig tiene la palabra.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar nuestro voto favorable a la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y lógicamente, dado que ha aceptado
la enmienda, con la incorporación de la enmienda defendida por el Senador
Zapatero del Grupo Parlamentario Popular.
Sus señorías saben que nuestro Grupo defendió durante muchos años la
conveniencia de una ley de mecenazgo. Me atrevería a decir, incluso, que
desde Convergència i Unió podemos reclamar en cierta forma la paternidad
de esta ley, ley que, sin embargo y a pesar de nuestra insistencia
parlamentaria, no fue posible hasta después del año 1993, precisamente en
un momento en que gobernaban los socialistas y estaban en minoría.
Siempre dijimos y lo mantenemos hoy que la Ley de Mecenazgo, que
finalmente se aprobó en noviembre de 1994, era un paso positivo pero,
evidentemente, insuficiente. Hemos reclamado una revisión de aquella Ley
o bien una nueva ley de mecenazgo, que fuese mucho más útil para los
fines que se pretenden. Aunque pensamos que es insuficiente, esta moción
encaja perfectamente con la línea de nuestro proyecto y de nuestro
pensamiento político, por lo que votaremos a favor, si bien entendemos
que hemos de seguir reclamando una nueva ley de mecenazgo más amplia y
completa que la anterior. En todo caso, éste es un paso positivo que va
en la línea de aquellas persistentes demandas de Convergència i Unió en
relación con esta ley.
Gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Roig.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador De la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias.
Sólo intervengo para agradecer a los Grupos que así lo han manifestado su
voto faborable a la moción que se presenta.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador De la Plata.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Zapatero.
El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente querría poner de manifiesto en esta intervención, que pretendo
sea brevísima, que a la hora de enumerar los argumentos y de analizar
esta moción, quizá un tanto minuciosamente, debemos tener en cuenta las
dificultades que entraña para la Administración y para el Gobierno lo que
nosotros le vamos a pedir.
Quiero recordar otra vez más el debate del pasado 22 de septiembre y su
venturoso desenlace, ya que todos los
Grupos Parlamentarios tuvieron a bien apoyar con su voto la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular sin que se produjera ni
siquiera una sola equivocación del colega distraído a la hora de pulsar
las teclas de la tabla de votación: 222 asistentes a la sesión; 222 votos
favorables a la moción presentada.
Quiero señalar que en aquel debate no se habló --y hoy sí que quiero que
se haga, y por eso me interesa que conste en el «Diario de Sesiones»--
del pacto al que se llegó entre el Grupo Parlamentario Socialista, que
entonces sustentaba al Gobierno en la legislatura anterior, y el Grupo
Parlamentario Popular, que estaba en la oposición, pacto que se
estableció de común acuerdo, que sigue vigente cuando las posiciones
políticas han cambiado, y en virtud del cual los museos y creo que
también los archivos y las bibliotecas quedaban fuera del debate político
y libres, por lo tanto, de diatribas y posturas ideológicas. Unicamente
ha habido una excepción a este acuerdo en una determinada provincia,
excepción que para nosotros, y estoy completamente seguro de que también
para ustedes, señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, es
una espina clavada en nuestro espíritu y en nuestra manera de ver las
cosas, y que unos y otros deseamos que deje de herirnos y de molestarnos
como lo hace.
Para contribuir a que se pierda esa excepción, yo quiero ofrecer este
acuerdo como si fuera una especie de expansión o de ampliación de ese
pacto, que puede llegar a los asuntos culturales mayores como éste que
hoy nos ocupa y sobre el cual hemos debatido.
Así pues, y una vez aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista
nuestra enmienda de modificación, con la que creemos muy sinceramente que
contribuimos todos --ustedes, nosotros y los demás Grupos parlamentarios
que han dado su conformidad a la misma-- a la mayor «practicidad» de la
moción, anunciamos una vez más nuestro apoyo a la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zapatero.
Propongo a sus señorías la aprobación de esta moción por asentimiento de
la Cámara con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA Y DEL APARTADO 3 DEL ARTICULO 41 DEL CONVENIO EUROPOL,
RELATIVO A PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE EUROPOL, LOS MIEMBROS DE SUS
ORGANOS, SUS DIRECTORES, ADJUNTOS Y SUS AGENTES, HECHO EN BRUSELAS EL 19
DE JUNIO DE 1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000200) (C.D. 110/000198)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos al punto cuarto del
orden del día, conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios
Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio
Europol, relativo a privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de
sus órganos, sus directores, adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el
19 de junio de 1997. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba por asentimiento y se autoriza en este acto a que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo
establecido sobre la base del artículo K.3, del Tratado de la Unión
Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a
privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de sus órganos, sus
directores, adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 19 de junio de
1997.
-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS
POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS PAISES SOBRE COOPERACION
CIENTIFICA Y TECNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y
PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL
ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL,
FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964, HECHO EN MADRID EL 14 Y 28 DE
ENERO DE 1998. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000201) (C.D. 110/000199)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Canje de notas constitutivo de
Acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el acuerdo
entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una
estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de
1964, hecho en Madrid el 14 y 28 de enero de 1998.
No se han presentado propuestas en relación con este Canje de notas.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Podemos aprobarlo por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento el citado Canje de notas.
CONFLICTO DE ATRIBUCIONES CON OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO:
-- PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO DE CONFLICTO DE ATRIBUCIONES ENTRE EL
SENADO Y EL GOBIERNO DE LA NACION COMO CONSECUENCIA DE LA INVASION DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTA CAMARA PRODUCIDA POR EL CONTENIDO DE LOS ARTICULOS 2
Y 3 DEL REAL DECRETO-LEY 14/1998, DE 9 DE OCTUBRE, DE ADHESION DE ESPAÑA
A DIVERSOS ACUERDOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. (AUTOR: GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA). (S. 750/000005)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, a
debatir el punto quinto del orden del día, conflicto de atribuciones con
otros órganos constitucionales del Estado. Propuesta de planteamiento de
conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno de la Nación como
consecuencia de la invasión de las competencias de esta Cámara producida
por el contenido de los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley 14/1998, de
9 de octubre, de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo
Monetario Internacional. Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 572 de fecha 26 de octubre de 1998.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Para consumir un turno a favor tiene la palabra el Senador Galán. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ante
el Pleno de la Cámara para efectuar una propuesta de planteamiento ante
el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones entre este
Senado y el Gobierno de la Nación como consecuencia de la invasión de
atribuciones producida por el contenido de los artículos 2 y 3 en su
apartado primero del Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de octubre, de
adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional.
Empecemos por los antecedentes de hecho. El referido Decreto-ley,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre, tiene por
finalidad contribuir a dotar al Fondo Monetario de recursos suficientes
para hacer frente a las peticiones de aquellos países, cada vez más
numerosos, afectados de graves inestabilidades financieras.
La norma aprobada por el Gobierno, que tiene cuatro artículos y tres
disposiciones finales establece la concurrencia de España al undécimo
aumento de cuotas del Fondo, artículo 1, aprueba la adhesión de nuestro
país a los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos del referido
organismo en base a la decisión del Directorio Ejecutivo del Fondo de 27
de enero de 1997, autoriza la ratificación de la Cuarta Enmienda al
Convenio constitutivo, hecha en Hong Kong el 23 de septiembre de 1997,
Convenio éste de ratificación ya en trámite en el Congreso cuando se
aprueba el Real Decreto-ley y, finalmente, faculta en su artículo 4 al
Gobierno para atender la necesidad de recursos adicionales por parte del
Fondo de hasta 3.000 millones de dólares.
Es evidente que los artículos 2 y 3 del Real Decreto-ley hacen referencia
a expresas modificaciones del Convenio constitutivo del Fondo Monetario,
y en dicha medida afectan al régimen de otorgamiento de autorizaciones
para la firma de tratados internacionales que por exigencia del artículo
94.1 de la Constitución requieren la preceptiva autorización de las
Cortes Generales.
Este dato fáctico es explícitamente reconocido en el propio dictamen del
Consejo de Estado cuando textualmente dice: «Por tanto, se trata de
previsiones respecto de las cuales la prestación del consentimiento del
Estado requiere, tal y como exige el artículo 94.1.d) de la Constitución,
la previa autorización de las Cortes Generales».
Veamos ahora en qué fundamentos jurídicos basa mi Grupo Parlamentario
nuestra propuesta de conflicto de atribuciones. En principio, en la
propia Constitución Española, que en su Título III, relativo a las Cortes
Generales, dedica los artículos 93 a 96 del Capítulo Tercero a la
tramitación de los tratados y convenios internacionales, mientras que el
Capítulo Segundo se dedicaba al procedimiento de elaboración de las
leyes.
Estos preceptos constitucionales dejan claro, no obstante, la distinta
naturaleza de la intervención de las Cámaras respecto de los diferentes
tipos posibles de tratados. En aquéllos por los que se atribuye a una
organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución, la autorización para su celebración se hará
por ley orgánica. Será necesario, en cambio, para la prestación del
consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados y
convenios, la previa autorización de las Cortes Generales en los
supuestos del artículo 94.1 de la Constitución y, en concreto, en los de
su letra d), es decir, en aquéllos que impliquen obligaciones financieras
para la Hacienda Pública. Respecto de los tratados restantes, que no
están recogidos ni en el artículo 93 ni en el 94.1, basta que sean las
Cámaras informadas tras la conclusión de los mismos.
En segundo lugar, también nos basamos en el propio Reglamento del Senado,
cuyos artículos 144 a 147 formulan las peculiaridades de la tramitación
de estos tratados y convenios, que podrán ser objeto de propuestas de no
ratificación, de aplazamiento o de reserva, pero en ningún caso de
enmiendas, dada su naturaleza convencional, siendo evidente que si el
criterio del Senado difiere del del Congreso, se resolverá por la vía de
la Comisión Mixta prevista en el artículo 74.2 de la Constitución y 57
del Reglamento del Senado, con lo que el bicameralismo atenuado de
nuestro modelo encuentra, en relación con los tratados internacionales,
una dosis de un mayor equilibrio entre ambas Cámaras.
De todo ello se deduce lo siguiente: Uno. La autorización para la
prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de los
tratados internacionales, a los que se refieren los artículos 93 y 94.1
de la Constitución,
es una materia que, en virtud del ordenamiento constitucional, está
reservada en exclusiva a las Cortes Generales, siendo al Gobierno al que
corresponde solicitar de las Cortes la concesión de dicha autorización.
Dos. La autorización que constitucionalmente se atribuye a las Cortes no
supone un acto legislativo sino un acto de autorización que legitima, en
su caso, la acción exterior del Gobierno en el ejercicio de las
facultades que la Constitución atribuye a ambas Cámaras conforme a los
artículos 66 y 74.2 de la Carta Magna.
Tres. La utilización del decreto-ley por parte del Gobierno para
autorizar la adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario
Internacional invade, por tanto, las atribuciones constitucionales de las
Cortes Generales, y ello porque, a través de este instrumento jurídico,
se otorga eficacia inmediata a una decisión del Gobierno que la
Constitución atribuye a las Cortes Generales. El trámite parlamentario de
la autorización para obligarse por medio de tratados y convenios se
convierte, por la vía del decreto-ley, en un acto legislativo que el
Gobierno impone a las Cámaras.
Cuatro. Respecto al Senado, aún resulta mucho más grave la invasión de
competencias que el Real Decreto-ley ha producido, en la medida en que la
Cámara Alta puede verse literalmente despojada de sus facultades de
autorización de tratados internacionales que la Constitución le otorga, y
ello porque si el Real Decreto-ley fuera convalidado por la mayoría
mecánica del Congreso, sin posterior tramitación como ley, el Senado se
quedaría privado de toda posibilidad de ejercer su función
constitucional. Y de tramitarse posteriormente como proyecto de ley, lo
que puede hacerse conforme al artículo 86.3 de la Constitución, se
estaría, por una parte, abriendo la posibilidad de enmendar ese tratado,
lo que entra en flagrante contradicción con su naturaleza material de
carácter paccionado, y de otra, se estaría situando de nuevo esta Cámara
en una posición más desfavorable que la prevista en el procedimiento de
autorización del tratado, pues en caso de hipotética disparidad de
criterios con el Congreso se aplicaría el artículo 90.2 de la
Constitución y no el juego de la Comisión Mixta del artículo 74.2 de la
misma.
¿Qué puede hacer entonces el Senado para defender su papel institucional
ante la invasión clara de sus atribuciones constitucionales por parte del
Gobierno? Unica y exclusivamente plantear ante el Tribunal Constitucional
el correspondiente conflicto de atribuciones entre órganos
constitucionales, aplicándose en su tramitación las previsiones de los
artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del
artículo 147 del Reglamento de la Cámara.
Voy a acabar, señor Presidente, señorías, haciendo una breve reflexión.
Con nuestra propuesta a esta Cámara, novedosa, poco usual, y posiblemente
sin precedentes, planteamos ante los representantes de la soberanía
popular, en estricta defensa de la Constitución española, del
funcionamiento correcto de las instituciones democráticas y de la
dignidad del Senado de España, un tema que tiene dos aspectos
fundamentales: por una parte, el papel de la intervención de las Cortes
Generales en el proceso de conclusión de los tratados internacionales.
Por otra, el uso abusivo, o al menos excesivo, que puede producirse de la
figura del decreto-ley si esa progresiva relativización de sus rígidas
exigencias constitucionales por la práctica posconstitucional de los
últimos años se sigue intensificando.
No quiero en modo alguno negar la atonía parlamentaria que ha presidido
en los últimos años la tramitación de los tratados y convenios en ésta y
en la otra Cámara. No voy a valorar los factores que la producen. Como
muy bien saben sus señorías, más del 95 por ciento han sido aprobados por
asentimiento de la Cámara. Es evidente que uno de esos factores puede ser
el entendimiento compartido entre todos los Grupos Parlamentarios de que
la política exterior debe ser una política de Estado no sujeta a los
vaivenes de las mayorías parlamentarias y de esos cambios de mayoría.
No será mi Grupo el que contribuya a debilitar esa oportuna línea de
actuación. Nuestra oposición al Real Decreto-ley 14/1998 no se basa en
argumentos de fondo. No hemos presentado en el Congreso ninguna objeción
a la tramitación como convenio de la cuarta enmienda del convenio
constitutivo del Fondo, que fue presentada en septiembre de este mismo
año. Somos proclives, incluso, a comprender las razones de urgencia
esgrimidas en la exposición de motivos. Pero habría fórmulas, como la
modificación del decreto-ley, segregando los artículos 1 y 4, que suponen
la autorización para aportar la undécima aportación de cuotas y, por otra
parte, la autorización al Gobierno para, si es preciso, poder hacer
frente a aportaciones que lleguen a unos 420.000 millones de pesetas,
3.000 millones de dólares y, sin embargo, tramitar por la vía de convenio
--si se quiere, por urgencia, en lectura única-- los dos convenios que
quedan incluidos en los artículos 2 y 3 del decreto. También cabría hacer
uso de la aplicación provisional del convenio prevista en el artículo 25
del Convenio de Viena.
Tampoco creo que la convalidación de los algo más de 250 reales
decretos-ley tramitados en estos veinte años de vida democrática haya
producido hasta ahora grandes problemas en la Cámara.
Me interesa insistir en la gravedad que tiene la posible vulneración de
los límites materiales de esta figura normativa, que puede reconducirse a
tres grupos de materias: por una parte, a las vedadas expresamente en el
propio artículo 86 de la Constitución; por otra, a las reservadas a ley
orgánica y, por último, a las reservadas expresamente por la Constitución
a leyes aprobadas por las Cortes y a otros actos del Legislativo. En este
grupo se incluyen cuestiones que exigen la intervención de las Cámaras
necesariamente y que, en consecuencia --como ha señalado don Ignacio
Astarloa--, quedan fuera de toda posibilidad de decretación gubernativa.
Así ocurre con la reforma constitucional --artículos 167 y 168 de la
Constitución--, con los Presupuestos Generales, con los tratados y
convenios internacionales, con la legislación relativa a las Comunidades
Autónomas, etcétera. Es evidente que hasta el 9 de octubre la aprobación
de la adhesión o la autorización
de la ratificación de tratados y convenios internacionales, a los que se
refiere el artículo 94.1, no se había producido jamás a través del
instrumento del Real Decreto-ley. He mirado los antecedentes. Creo que el
último tratado internacional que aprobaba la incorporación de España a la
Administración Internacional de Fomento que se aprobó por Real
Decreto-ley --en aquel caso sólo por Decreto-ley-- era el 11/1960, de 21
de septiembre. No creo que sus señorías pretendan retrotraerse a aquella
práctica de los gobiernos de la Dictadura.
Por tanto, señorías, no discutimos que la liquidez internacional esté en
crisis, que sea oportuno y urgente la constitución de un fondo para
Iberoamérica, en la que España tiene tantos intereses, ni siquiera voy a
discutir si debemos aumentar y en qué proporción nuestras aportaciones al
Fondo Monetario Internacional, incluso antes de que Estados Unidos
cancele sus deudas con este organismo. Lo que no estimamos correcto,
señorías, es ignorar, con pretexto de la urgencia, la Constitución,
haciendo que las Cortes Generales, y en concreto esta Cámara, pierdan sus
atribuciones en materia de tratados y convenios. Como señalaba hace unos
días Iñigo Coelho, de Portugal, en el diario «Expansión», el Gobierno no
puede hacer tanto solo; no puede, aunque algunos puedan pretender que sí
o creérselo. No tiene tanto poder ni representa por sí mismo al pueblo
español, sólo las Cortes Generales lo hacen. En defensa de las Cortes, en
defensa de la dignidad de esta Cámara, el Senado de España, a cuya Mesa
me honro en pertenecer, hago esta propuesta al Pleno en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista. Espero que sus señorías, a la hora de votarla
estén a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Galán, yo también he mirado los antecedentes y he
encontrado que la anterior revisión de cuotas del Fondo Monetario
Internacional fue aprobada por la Ley 16/1992, de 15 de junio. Estoy
seguro de que su señoría no utilizaba el término Dictadura para referirse
a la aprobación de este instrumento, idéntico al que en este momento se
ha aprobado. (El Senador Laborda Martínez: Las cuotas sí. No tiene nada
que ver. Es un sofisma.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, tendrá su cuota para
hablar en su momento.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, Senador Laborda, si tiene la amabilidad
de escucharme.
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, frecuentemente los parlamentarios nos encontramos ante dos
ámbitos de decisión: uno político y otro técnico-jurídico. Nuestras
decisiones deben contener formas jurídicas, que la Constitución y las
normas que la desarrollan ponen a nuestra disposición, pero, sobre todo,
deben estar destinadas a la obtención de fines políticos.
A mí me gustaría que todo este humo de pajas que cubre hoy el debate de
esta Cámara se clarificará un poco y que sus señorías supieran de qué
estamos hablando cuando hablamos del Real Decreto-ley 14/1998, de 9 de
octubre.
Sabrán y recordarán que durante el mes de agosto pasado la crisis
financiera internacional saltó de los países del sudeste asiático a la
antigua Rusia, de ésta a Sudamérica y de ahí empezó a generalizarse.
Sabrán que nuestros intereses y los de los países sudamericanos se vieron
seriamente amenazados por la crisis financiera; sabrán que el efecto de
globalización que padece la economía mundial exigió que los países
adoptaran decisiones rápidas, eficaces, para frenar la crisis bursátil en
la que nos encontrábamos.
El mundo --no hace falta que lo recuerde-- vive --y vivía entonces-- una
ausencia de liderazgo internacional y lo cierto es que las grandes
plataformas económicas no se mostraron particularmente ágiles para
reaccionar. Fue entonces cuando el Gobierno español adoptó la decisión de
trasladar 3.000 millones de dólares de su reserva de divisas al Fondo
Monetario Internacional, al efecto que de esos 3.000 millones de dólares
se pudieran conceder créditos suficientes a los países sudamericanos para
que pudieran afrontar la crisis financiera. Merced a ese dinero aportado
por el Estado español, los países sudamericanos empezaron a salir
adelante y a detener la crisis que afectaba a sus sistemas financieros.
Pues bien, de ese dinero estamos hablando. Esos 3.000 millones de dólares
son los que vienen amparados por el Real Decreto del que estamos
tratando. Y en eso, señorías, estábamos todos de acuerdo. Con esa medida
estaban todos los grupos parlamentarios de acuerdo. Con la necesidad de
adoptarla estaban todos los grupos parlamentarios de acuerdo. Estaban tan
de acuerdo que rogaría a los portavoces que intervengan con posterioridad
que se manifestasen al respecto y dijesen si efectivamente es así.
Si estamos hablando de una medida justa, de una medida oportuna y de una
medida adecuada, si estamos hablando de todas estas cosas, podemos abrir
un debate: en un mundo globalizado, cuál debe ser la eficacia y rapidez
con la que un Estado debe acudir a socorrer un sistema financiero. No voy
a abrir ese debate. Pero podemos abrir otro. Si estamos de acuerdo con el
fondo, si creemos que el fondo es democrático y justo, podemos abrir el
debate de la forma, pero éste no tiene una sola razón. El debate jurídico
no tiene una sola opinión. En el debate jurídico siempre caben muchas
opiniones. Por ello existen tribunales que no sólo deciden sobre los
hechos, sino también sobre el Derecho a aplicar, porque tiene que haber
siempre una decisión final sobre el Derecho a aplicar, ya que éste sólo
aparece claro para los que lo ignoran absolutamente todo sobre el
Derecho.
Señorías, el Gobierno de España, sobre esta decisión que era clara, y
creo que todos me van a decir que era justa,
hizo lo que tenía que hacer: solicitar dictamen del Consejo de Estado, y
éste, que es un órgano neutral, de reconocido prestigio, del que supongo
que todo el mundo va a decir en sus intervenciones posteriores que se
fía, emitió un dictamen y, amparado por dicho dictamen, el Gobierno dio
lugar al Real Decreto del cual estamos hablando.
¿Debía el Gobierno haber hecho algo más? ¿Tiene el Gobierno alguna otra
obligación constitucional que la de solicitar el dictamen del Consejo de
Estado? ¿O el Gobierno cumplió con su obligación constitucional? En mi
opinión, el Gobierno cumplió con su obligación constitucional, y esto hay
que reconocerlo. Otra cosa es que el dictamen del Consejo de Estado sea
opinable. Lo he dicho. Lo es. En derecho, cualquier dictamen es opinable.
Y otra cosa es que se puedan sostener doctrinas jurídicas contrarias al
dictamen del Consejo de Estado que puedan poner en duda su razonabilidad.
Es posible. Aquí se ha esgrimido una de ellas. Yo podría aportar más.
Podría aportar más teorías que, incluso, podrían discrepar del dictamen
del Consejo de Estado y llegar a la misma conclusión a la que ha llegado
el Gobierno.
Señorías, me sorprende que, por ejemplo, en la propuesta que se nos esté
haciendo se ponga en cuestión la interpretación que hace el Consejo de
Estado de la autorización que deben dar las Cortes Generales a los
tratados internacionales, pero no se empiece por poner en duda la
primera, y es que estemos realmente ante una decisión que se corresponde
con el artículo 94.1 de la Constitución. ¿Han pensado sus señorías que
quizá no estemos ante un tratado del 94.1 de la Constitución? El Senador
Galán decía que el único de los tres artículos, que es el tercero, que
hace referencia a una modificación de normas, para ese el Gobierno ha
solicitado autorización, incluso ha dicho que su Grupo Parlamentario la
presta gustoso. El resto, Senador Galán, permítame que le diga no supone
el gasto de una sola peseta más del presupuesto, no supone ningún
incremento de carga financiera. Porque lo único que se hace, en
aplicación de la Ley del Banco de España, es mover divisas que estaban
aplicadas a unos instrumentos financieros en Europa y trasladarlas a unos
instrumentos del Fondo Monetario Internacional, al efecto de que el Fondo
Monetario Internacional pueda prestarlas. Ello no significa que se haya
gastado una sola peseta, significa que se ha movido el dinero de un sitio
a otro. Por lo tanto, podría ser que no estuviéramos ante uno de los
Tratados Internacionales del artículo 94.1, pero también podría ser que
el Decreto-ley no fuera un instrumento tan inadecuado.
Yo le preguntaría, Senador Galán: ¿Puede la ley, puede el procedimiento
legislativo, sustituir la voluntad de la cual habla el artículo 94.1?
Puede hacerlo; hay antecedentes. Piénselo antes de responder. Si la ley
puede hacer aquello que solicita el artículo 94,1, ¿puede el Decreto-ley
hacer todo aquello que puede hacer la ley y no tenga expresamente
limitado por la Constitución?
No voy a pronunciarme al respecto, sólo digo que ésa también es una
teoría jurídica; solo digo que el Gobierno formalmente tenía una
obligación, que era solicitar dictamen al Consejo de Estado --y lo
solicitó-- para llevar a cabo una acción en la que todo el mundo coincide
en que era justa y necesaria. Cumplida esa obligación, cumplió con lo que
tenía que hacer. Ahora puede parecernos a nosotros que lo que dice el
Consejo de Estado es opinable, o que no es la opinión más acertada en
Derecho, o que cualquiera de nosotros puede sostener una opinión mejor
fundada que la que sostienen los miembros del Consejo de Estado. Es
posible. No sé si yo sería capaz, pero es posible. Eso es una opinión en
Derecho. Hay más opiniones en Derecho, e incluso habría opiniones en
Derecho para avalar la posición de la innecesariedad no sólo del
Decreto-ley, sino de la propia autorización de las Cortes Generales.
Por lo tanto, quiero trasladar a sus señorías la seguridad de que cuando
el Gobierno ha adoptado esta decisión ha estado pensando en el fin
político que necesitaba, el fin político en el que todos coincidimos que
es un fin político adecuado, y que ha adoptado las garantías que debía
adoptar según la legislación constitucional aplicable.
Por otro lado, les puedo asegurar que el Gobierno, dada la sensibilidad
que se ha producido en esta Cámara, ha solicitado al Congreso de los
Diputados la tramitación del Decreto-ley como ley para que el Senado
pueda también pronunciarse. En todo caso, aunque el Decreto-ley fuera
rechazado, se pronunciaría, porque el propio Gobierno tiene solicitada
desde el mes de agosto la autorización para suscribir este tratado
internacional que todavía, de ser tratado internacional, no se
encontraría suscrito.
Por lo tanto, es algo sobre lo cual estamos de acuerdo en el fondo.
Discrepamos sobre la forma, cuando el Gobierno ha cumplido con todos los
requisitos formales y constitucionales, y esa discusión es, sin duda, muy
interesante para un foro académico, pero no debe confundir a un foro
parlamentario. Piensen sus señorías incluso en la transcendencia
económica que podría tener que ese Decreto-ley no fuera convalidado.
Termino. Hablamos de respeto al Senado. De acuerdo. Yo también lo voy a
solicitar. Voy a solicitar a todas sus señorías que tengan respeto al
Senado. Este Senado, con la actual composición, es el que el pueblo
español quiso que fuera, el que los españoles, democráticamente, en
listas abiertas y desbloqueadas, quisieron que tuviéramos. Estas señoras
y señores que nos sentamos aquí somos el Senado de España, acertada o
desacertadamente, equivocadamente, presionados o menos presionados, pero
este Senado se va a pronunciar dentro de unos minutos, y este Senado,
dentro de unos minutos, va a decir si siente que se le margina del
procedimiento o si, por otro lado, piensa que el procedimiento, cuando
menos, ha sido formalmente el adecuado. (Rumores.) Cuando este Senado se
haya pronunciado, yo les ruego que respeten su decisión, y respetar la
decisión del Senado quiere decir que si alguien tiene una proposición no
de ley presentada en el Congreso de los Diputados que la retire, que no
vaya al Congreso de los Diputados a defender lo que los senadores ya han
dicho que pensaban, que nadie quiera ser en el Congreso de los Diputados
más senador que los propios miembros del Senado. (Fuertes rumores en los
escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) A mí me parece muy ajustado, me
parece que están en su derecho, me parece tremendamente legítimo que en
el Congreso de los Diputados defiendan ustedes lo que crean que debe ser
el Senado. Les hablo como Senador, como habló antes el Senador Galán, y
les digo: si ustedes de verdad respetan al Senado, respeten lo que decide
este Senado, que lo ha votado y lo ha compuesto el pueblo español y que
no es un Senado menor de edad, es un Senado compuesto por senadores
elegidos democráticamente. Ahora bien, si ustedes no quieren respetar la
decisión democrática de esta Cámara, desde luego también están en su
derecho de no hacerlo; pero esto diría mucho sobre otras cuestiones que
no vienen al caso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a hacer un par
de consideraciones al hilo de estas intervenciones.
La primera cuestión es un problema de fondo, los ámbitos de decisión. El
Gobierno indudablemente se ha extralimitado, se ha precipitado en la
norma, independientemente de los fines, porque los fines pueden ser
nobles, loables y necesarios, pero la norma es muy importante. Lo que hoy
puede ser una norma con fines nobles, loables y necesarios, se puede
convertir en cualquier cosa, y se ha extralimitado en ese cumplimiento.
Que es más fácil gobernar, que es más fácil ejecutar sin depender de las
Cortes Generales y, por lo tanto, hacerlo por Decreto-ley, es indudable,
pero hay una normativa establecida constitucionalmente, que es el
Reglamento de las Cortes Generales, que establece una serie de
obligaciones, y el Gobierno, en este caso, yo creo que se ha precipitado
y se ha extralimitado en sus funciones.
Pero hay una cosa que me preocupa más, que es la última argumentación del
Senador González Pons. El Senado de España, que es soberano y está
elegido más o menos democráticamente, puede votar y decidir, ¿pero puede
el Senado de España votar y decidir también violando normas superiores y
ser vinculante? ¿Por qué? ¿Acaso el Senado de España puede plantearse que
va a votar la pena de muerte, lo aprueba por mayoría, es vinculante y no
está sometido a otras normas? (El señor Laborda Martín: ¡Sí, señor!) El
Senado de España es vinculante y aquí votará que tiene razón el Gobierno,
pero indudablemente ese tema no está zanjado, porque si el Gobierno ha
transgredido una norma general tendrá que estar sometido nuevamente a las
Cortes Generales y, en todo caso, hay que darle un toque de atención. Yo
creo que esta es la base de la propuesta de conflicto del Partido
Socialista, que yo creo que está correctamente planteado. Solamente se
trata de que el Gobierno reconozca que ha tramitado mal este Decreto-ley,
que tenía que haber presentado este Tratado por vía de urgencia y pasarlo
por las Cortes Generales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Creo que estamos entrando en una nueva ciencia llamada «Senadología» que
es de difícil comprensión y un poco pariente de la Teología.
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador González Pons, Senador Galán, estimados colegas, me han
convencido de que son ustedes inconmensurables, de manera que, tras
escucharles, uno no siente más ganas que las de callar y salirse por el
foro del modo más humilde posible.
Por eso, señor Presidente, señorías, jamás he tenido menos deseos de
intervenir que en la presente ocasión, sin embargo, parece que no queda
más remedio y por eso voy a introducir modestamente mi pequeño cuarto de
espadas sobre este tema.
A decir verdad, señorías, no voy a entrar en mayores disquisiciones de
fondo sobre el asunto de hoy, puesto que quienes me han precedido en el
uso de la palabra han sabido fajarse dialécticamente en profundidad y con
inteligencia demostrada. En nombre de mi Grupo sí diré que, oídas las
partes y oídas atentamente, uno tiene la sensación de que se da o ha
debido darse la existencia de alguna especie de componente interna mal
finiquitada o de algún supuesto buen arreglo, posteriormente
desarreglado, principalmente entre los grandes partidos mayoritarios.
Naturalmente, de este tipo de actuaciones y sus derivados conviene tomar
buena nota, sobre todo entre quienes siendo minoritarios aquí, somos
mayoritarios allá, para en lo sucesivo poder evitar que caigamos en algún
tipo de similar incidencia, a nuestro entender, de tan desagradables
consecuencias y de pérdida de rumbo institucional o constitucional.
En todo caso, señorías, una vez analizado por nuestra parte el asunto
cuestionado con verdadero interés y con la máxima objetividad posible,
tanto en lo que se refiere al documento del Grupo Parlamentario
Socialista como al dictamen emitido por la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, con el ánimo de que fuera posible para nuestro Grupo
dar con una fórmula de mejor equilibrio en el tema cuestionado, no
podemos sino manifestar lo siguiente. Nuestro Grupo, señorías, lamenta y
rechaza las causas de actuación motivantes del presente planteamiento de
conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado que
se ha visto obligado a formular el Grupo Parlamentario Socialista. A
nuestro entender, y lo digo sinceramente, es un planteamiento que ha
llegado a esta Cámara perfectamente razonado en su fondo y extensamente
ilustrado en su forma, con verdadera amplitud explicativa, con auténtica
razón de fondo y con un carácter concluyente.
Por tanto, lo perfecto de su redacción y causa nos privan de la más
mínima posibilidad de aportar un solo argumento añadible a cuanto en el
documento socialista viene expresado con verdad y acierto. Tan sólo nos
cabe manifestar que el asunto cuestionado ostenta una acusada gravedad en
contra de una de las esencias más íntimas y afectantes a las atribuciones
entre órganos constitucionales del Estado. Sinceramente, lamentando
decirlo, uno no se explica un defecto del calibre y de tanto calado por
parte de quien más y mejor debiera haber velado por el debido
funcionamiento y prestigio de entidades institucionales que, por decisión
democrática, domina mayoritariamente.
En consecuencia, señorías, nuestro Grupo no puede ofertar otra
posibilidad en este debate que la de su sentida conformidad y la de su
expresa coincidencia de criterios e intereses con tan correcto
planteamiento de conflicto formulado por el Grupo Parlamentario
Socialista. Porque, dicho sea en verdad, mi estimado colega, Senador
González Pons, si bien sus esfuerzos han sido ciertamente loables, que,
sin duda, también son muy de agradecer por su magnánimo interés en
ilustrarnos sobre todos sus particulares, la verdad es que esto de hoy no
hay por donde cogerlo. Bien sabe su señoría que lamento decírselo, porque
el fondo democrático no se entiende sin la forma democrática por la vía
de las instituciones democráticamente establecidas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga
Bengoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el tema que nos ocupa, que ha sido presentado como una
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene una curiosa
característica, y es que se refiere a la forma que ha tomado una decisión
del Gobierno, con la que en ningún momento, como ha dicho hace unos
minutos el Senador Galán, se discrepa de su contenido. Como él mismo ha
dicho, y luego ha repetido el Senador González Pons, seguramente ninguno
de los grupos discrepamos sobre el contenido de esa decisión del
Gobierno. Por consiguiente, hay que reconocer que este es un debate
curioso, porque no discutimos sobre el fondo de la cuestión, discutimos
simplemente sobre la forma.
El fondo de la cuestión, que se ha recordado, pero quizá vale la pena
volver a ello, es el Decreto-ley por el cual España aportará al Fondo
Monetario Internacional una cantidad importante para paliar la
previsible, posible, o probable situación financiera de América Latina.
Ningún grupo de los aquí presentes discrepa sobre la bondad, la
oportunidad o la necesidad de esa decisión del Gobierno. Por
consiguiente, quizá esta es la primera ocasión en que este Senador
interviene en una cuestión en la que no se discrepa ni se debate el
fondo, sino simplemente --y es importante también, pero menos-- la forma.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un documento por
considerar, según ha dicho el Senador Galán, que aquella decisión del
Gobierno era excesiva, y plantea claramente un conflicto de competencias.
Señorías, para conformar la opinión del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en este debate ha sido decisivo la lectura
del dictamen que elaboró el Consejo de Estado el 8 de octubre. Me
perdonarán sus señorías si me permito leer una página y media de este
dictamen, porque creemos que es concluyente y nos puede dar la suficiente
confianza como para continuar este debate y resolverlo favorablemente
para todos.
En la página quinta, este dictamen hace referencia a que es necesaria la
concurrencia de una situación extraordinaria y de urgente necesidad y
recuerda que el artículo 86.1 de la Constitución establece: «En caso de
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos-leyes y que no podrán afectar el ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de
los ciudadanos regulados en el Título I».
Por tanto --dice el Consejo de Estado--, se trata de determinar si en el
presente caso concurre una situación de extraordinaria y urgente
necesidad que permita al Gobierno dictar una disposición como la
proyectada. Y desde el Consejo de Estado se contesta que se trata de una
situación de extraordinaria necesidad. Por un lado, con las medidas
proyectadas se trata de responder --como ya se ha dicho, pero quiero
repetir en voz alta aquí lo que dice el Consejo de Estado-- a una
situación excepcional, como es la situación de inestabilidad financiera
de determinados países; por otro lado --sigue--, su objetivo es resolver
un problema que se ha agravado en los últimos meses --si no días-- y que
puede comprometer seriamente las economías de algunos países que
comenzaban a remontar su crisis financiera. En fin, las medidas
propuestas contribuirán a paliar una situación de especial gravedad, en
tanto no puede desconocerse que esta situación de crisis financiera puede
tener --y, de hecho, tiene-- importantes efectos negativos en el conjunto
de la economía mundial. Y sigue argumentando la característica de
situación de extraordinaria y de urgente necesidad.
Para este Grupo este argumento ha sido decisivo --insisto-- para
conformar su posición.
Por otro lado, como el representante del Grupo Popular acaba de recordar,
tras convalidarse el Decreto-ley, se presentará en forma de proyecto de
ley a las Cortes Generales para su tramitación y, por consiguiente, el
Senado tendrá la oportunidad --naturalmente, preceptiva-- de opinar,
discutir y aprobarlo o rechazarlo.
Con estos elementos, entre los cuales no les oculto que el de mayor
autoridad para nosotros es el dictamen del Consejo de Estado, nuestro
Grupo no tiene ninguna reserva y, por consiguiente, si el Grupo
Socialista continúa manteniendo esta iniciativa y la propone a votación,
adelanto que no podrá votarla favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizo este turno de portavoces, en nombre de mi Grupo, para insistir en
algunas de las razones, indudablemente formales --porque coincido con los
portavoces que han dicho que en cuanto al fondo del asunto, el contenido
del Real Decreto-ley y su urgencia, estamos de acuerdo--, que se han
vertido en los anteriores turnos por parte de sus señorías.
El primer tema que ha salido a reflexión es el papel de esta Cámara en
relación con los tratados internacionales. Aquí me parece importante
decir que la Cámara no cumple una función legislativa al aprobar los
tratados internacionales. Los tratados internacionales en la Constitución
están en un capítulo diferente del de la elaboración de las leyes, y la
doctrina científica ha estimado que el papel de las Cámaras es mucho más
un papel de control de la acción exterior del Ejecutivo que un papel de
elaboración de un acto de carácter legislativo.
Es evidente también que, hasta el advenimiento del Estado moderno, la
política exterior era absolutamente algo que correspondía o al monarca o
al ejecutivo; que posteriormente se va abriendo paso a que los órganos
parlamentarios intervengan en esta función de aprobación de tratados y
convenios, en algunos países con mucha rapidez; el Senador González Pons
sabe que el Senado de los Estados Unidos tiene un papel esencial en esta
materia desde 1767; en otros ha habido mayor dificultad, pero
paulatinamente va sucediendo así.
Queda claro que hay tres protagonistas de la acción exterior de cualquier
Estado: por una parte, el Jefe del Estado --en nuestro país el Rey--; por
otro lado, el Gobierno y, por otro, las Cortes. Si es cierto que al Rey
le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente con otros países, antes de que pueda el Jefe del
Estado ejercer formalmente esa competencia, lo que resulta trascendente
política y jurídicamente es la necesaria intervención de las Cortes
Generales para autorizar la prestación de ese consentimiento.
Como ha señalado en la revista de Cortes Generales el Director de
Relaciones Interparlamentarias de esta Cámara, el señor Fernando Dorado,
el control parlamentario de la política exterior del Gobierno encuentra
precisamente su momento clave en la participación de ambas Cámaras en
este proceso de conclusión de los tratados internacionales, siendo el
alcance y contenido de dicha participación un buen baremo --dice el señor
Dorado-- a la hora de calibrar el grado de democratización de la política
exterior en nuestro sistema constitucional.
Por lo tanto, es evidente que éste es un convenio de los del artículo
94.1. b) y hasta el Consejo de Estado así lo reconoce de manera paladina
y clara pues dice: es un convenio del artículo 94.1.b).
Por otra parte, se ha dicho que hay cosas como: la undécima aportación al
fondo monetario que se puede hacer por ley. Estoy de acuerdo con su
señoría. Lo que contiene los artículos 1 y 4 del Real Decreto-ley --no
olvidemos que esos dos artículos suponen lo más importante, la parte del
león de esas obligaciones financieras de España respecto al fondo-- es lo
siguiente: el artículo 1 habla del aumento de la cuota hasta un montante
de 3.048 millones. Si vemos el actual, supone un incremento de 1.113
millones de derechos especiales de giros como aportación. Eso se puede
hacer porque no supone la aprobación de un convenio, sino la aplicación
de un convenio vigente que prevé anualmente una revisión de la aportación
de los Estados miembros a la financiación de ese organismo internacional.
Por lo tanto, ahí sí se puede tramitar por ley e incluso por decreto-ley
en caso de urgencia. Estamos de acuerdo.
En el artículo 4 se habla de facultar al Consejo de Ministros para asumir
compromisos adicionales ante el Fondo Monetario Internacional hasta un
importe máximo de 3.000 millones de dólares como contribución de España a
los mecanismos de ayuda multilateral que el Fondo pudiera establecer. Ese
tema que es esencial, ya que son casi medio billón posible de aportación
de recursos de España al Fondo, los socialistas consideramos que también
se puede hacer por ley y en este caso por Real decreto- ley; estoy de
acuerdo con su señoría en que no supone una nueva obligación de la
Hacienda Pública española.
Lo que no se puede hacer por Real decreto-ley, señor González Pons, y
usted lo sabe, es aprobar una enmienda modificativa del Tratado
originario del año 1947 y lo que tampoco se puede hacer es autorizar la
adhesión de España como país a los nuevos acuerdos aprobados a partir de
los acuerdos del directorio del Fondo, de enero de 1997. Ambas cosas, que
son las que regulan los artículos 2 y 3, están aprobadas desde 1997 y ha
sido la desidia o la incompetencia de su Gobierno la que ha impedido que
a estas alturas no estén aprobados como convenios por su trámite normal y
con la intervención normal de ambas Cámaras. Y estoy convencido de que se
habría aprobado por asentimiento, señorías.
Segunda cuestión que se ha planteado por su señoría: la utilización del
Real decreto-ley. Usted ha dicho una cosa peregrina: que se puede hacer
por decreto ley todo lo que se puede hacer por ley. Pues no. Está claro
que no, y usted, que es constitucionalista, lo sabe. No hay nadie que
defienda eso. No se puede hacer con todas las materias reservadas
formalmente a ley orgánica. No se puede hacer con otras materias que la
Constitución atribuye a la legislación de las Cortes Generales, como son
la reforma constitucional, la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado, la legislación relativa a las Comunidades Autónomas de los
artículos 149 y 150 y las normas que determinan modificaciones en el
sistema ordinario de producción de fuentes, como son las leyes de bases
del artículo 82. Todos esos supuestos de exclusión de la posibilidad de
«decretación» gubernativa están reconocidos pacíficamente por toda la
doctrina. He leído al señor Garrido Falla, a don Javier Salas Hernández,
a Pablo Santolalla,
a la señora Carmona Contreras, al señor Astarloa, al señor Dorado, y toda
la doctrina que he leído coincide en que estas materias tienen vedada la
fórmula del decreto ley. Eso tiene una trascendencia, y tiene una
trascendencia para el Senado.
Usted ha dicho que seamos respetuosos con las mayorías. Quiero decirle
que, evidentemente, la mayoría no puede hacer todo; la mayoría puede
decir formalmente que convalida un decreto ley inconstitucional, pero no
puede realmente convalidarlo, porque ese real decreto ley es no
convalidable, es «inconvalidable» porque está viciado originariamente de
nulidad, y hay fórmulas para la solución del problema: segregar los
artículos 2 y 3 del Real decreto ley y tramitarlos normalmente por el
trámite habitual de convenios. Nos comprometemos a hacerlo en lectura
única, por vía de urgencia, sin pasar por las comisiones respectivas de
Exteriores de ambas Cámaras. No hay ningún problema para solventar la
necesidad de que España cumpla sus compromisos. Pero quiero recordarles,
señorías, porque me parece que tiene interés y que es importante, que las
prisas que parecen haberles entrado a ustedes por atender esos intereses
de las economías de países latinoamericanos, donde es cierto que empresas
españolas muy importantes también tienen intereses, ha sido desde esas
desgraciadas declaraciones del Secretario de Estado, señor Montoro, que
ya fueron criticadas aquí por nuestro portavoz en materia económica, don
Octavio Granado, porque contribuyeron, con esa amenaza de posibles
devaluaciones monetarias, etcétera, a intranquilizar, a aumentar el clima
de aquella economía latinoamericana.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, por favor, vaya
terminando.
El señor GALAN PEREZ: Voy a terminar enseguida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Hágalo cuanto antes, por favor.
El señor GALAN PEREZ: Para concluir, quiero decir a sus señorías que es
indudable que el uso del decreto-ley tiene que ser moderado, tiene que
ser un uso en el que la extraordinaria y urgente necesidad no pueda
quedar sólo a la arbitraria estimación del Gobierno, que es cierto que
ahí el Consejo de Estado les da a ustedes la razón y lo informa
favorablemente --saludo que un nacionalista de pro como el Senador Ferrer
tenga tanta fe en un órgano del Estado como es el Consejo de Estado
(Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El
señor Laborda Martín: ¡Muy bien!), de carácter consultivo.
Voy a terminar haciendo una breve reflexión sobre el valor de la forma.
Yo siempre he pensado, cuando he oído críticas a la democracia formal,
que esa entronización de la democracia real, contraponiéndola a la
democracia formal, era siempre equivocada porque sin democracia formal no
puede haber democracia real. Los países de la llamada democracia real no
gozaban de auténticas democracias. Los que desde hace más de 20 años
hemos luchado por la libertad y por la democracia, hemos considerado que
ése es un valor esencial y básico por el que merece la pena luchar para
aumentarlo, consolidarlo y desarrollarlo.
Somos conscientes de que hay que respetar las formas, de que en
democracia el fin no justifica los medios. Lo digo ahora y lo decía antes
cuando gobernábamos los socialistas: el fin no justifica los medios. Lo
jurídico no puede estar exclusivamente al servicio de lo político. Esas
eran las teorías de Carl Schmitt y usted lo sabe muy bien. Eso nos
conduce al fascismo, a la liquidación de la democracia.
Hay que apostar por la democracia y en esa apuesta por la democracia que
hoy estamos haciendo aquí yo creo, señorías, y ustedes lo saben tan bien
como yo, que votando en contra de nuestra propuesta o, para ser más
exacto, negándose a cualquier tipo de solución razonable para dar una
salida a este problema, que formalmente está, como está absolutamente
claro, a nuestro favor, no están contribuyendo a fortalecer ni a
desarrollar la democracia, sino, por desgracia, de manera innecesaria,
por pura soberbia, a deteriorarla. (Rumores.--Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de quienes
me han precedido en el uso de la palabra y, en particular, la
intervención del Senador Bolinaga con quien coincido en la mayor parte de
sus planteamientos, excepto en la conclusión. Quiero agradecer también la
intervención del Senador Ferrer con quien coincido en sus planteamientos
y también en la conclusión. Asimismo, agradezco, por qué no, la
intervención del Senador Galán, no sólo porque son ya algunos los años
que he intervenido con él en materia jurídica, sino porque, además, por
qué no, siempre aprendo.
Ahora bien, dicho esto, también tengo que discrepar. Me permitirá su
señoría que mi primera discrepancia la haga tirando una salva y
diciéndole, señoría, porque esperaba que esto pudiera salir, que no era
el señor Montoro quien más prisa tenía en que se invirtiera en
Hispanoamérica en la época de la crisis bursátil. Tengo --como no podía
ser de otra forma-- un teletipo de Europa Press de estos días pasados que
dice, en su segundo párrafo: Borrell, tras reunirse en Barcelona con un
grupo de empresarios del sector turístico, señaló que el Ejecutivo
español debe hacer más y más deprisa --es decir, tenía prisa-- para
evitar el contagio de la crisis de América Latina. En esta materia
Borrell señaló que ha habido hasta ahora una enorme pasividad, aunque
--decía Borrell-- se ha roto con la propuesta del Ministro Rodrigo Rato
para que España aporte 5.000 millones de dólares a un fondo de ayuda para
Latinoamérica del Fondo Monetario Internacional. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Agradezco los aplausos de los escaños del Grupo Parlamentario Socialista
que pienso que no voy a volver a tener a lo largo de mi vida. Déjenme
disfrutarlos por unos instantes. (Risas.--El señor Laborda Martín
pronuncia palabras que no se perciben.) Gracias, Senador Laborda. Si yo
tuviera un partido en el cual el candidato a la Presidencia del Gobierno
pusiera tan en evidencia una proposición que hubiera presentado a la
Cámara, como ponen estas declaraciones en evidencia la que presentan
ustedes hoy, lo último que se me ocurriría sería aplaudir. Pero sobre las
reacciones psicológicas del ser humano hay mucha literatura y toda
conveniente. (Rumores.)
Prosigo, señorías, con su permiso. El Senador Galán ha dicho --y lo tomo
en los términos en los que lo ha pronunciado-- que respecto de los
artículos primero y cuarto no había problema. Espero que así conste y que
mañana en el Congreso de los Diputados sea sostenida esta misma posición
por el parlamentario que intervenga en nombre de su Grupo.
Decía usted que puede hacerse por ley y, por lo tanto, también por
decreto-ley. Estoy seguro de que usted sabía lo que decía cuando ha
dicho: se puede hacer por ley y, por tanto, también por decreto-ley. ¿Eso
quiere decir que lo que se puede hacer por ley también se puede hacer por
decreto-ley? Naturalmente, con las excepciones que señala la Constitución
(Fuertes rumores.) y que yo no desconozco. Es decir, que con esas
excepciones, lo que puede hacerse por ley puede hacerse por decreto-ley.
Espero que este argumento conste en el «Diario de Sesiones» porque mañana
tendrá que ser utilizado. (Rumores.)
Y decía también: y respecto de las otras materias, el Gobierno podía
haber solicitado autorización. Pues bien, su señoría sabe que el Gobierno
ha solicitado autorización; su señoría sabe que el Gobierno la solicitó
en agosto y que esa autorización se está tramitando. (El señor Galán
Pérez hace signos negativos.) Luego, según sus propios términos, el
Gobierno habría hecho por decreto-ley aquello que podía hacer por
decreto-ley, y ha solicitado autorización para aquello para lo cual tenía
que solicitar autorización. (Rumores.)
Señorías, el Gobierno ha hecho exactamente aquello que tenía que hacer.
(Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡No, no!) El Gobierno tenía que solicitar dictamen del
Consejo de Estado, y solicitó dictamen del Consejo de Estado. Y siguió el
dictamen del Consejo de Estado. Actuó con tanta urgencia como lo exigían
las circunstancias, y también les digo que de acuerdo con todos los
grupos parlamentarios.
Ningún grupo parlamentario ignoraba lo que iba a hacer el Gobierno en esa
crisis bursátil. Y digo más, algunos miembros de algunos grupos
parlamentarios sabían cuál era la forma que el Gobierno le iba a dar a
esa medida, y algunos miembros de algunos grupos parlamentarios sabían
que la forma iba a ser la de decreto-ley, y algunos miembros de algunos
grupos parlamentarios dieron su consentimiento a que la forma fuera de
decreto-ley. Si esos miembros de esos grupos parlamentarios no se lo
contaron al resto de miembros de esos grupos parlamentarios, no es,
señorías, un problema del Gobierno, es un problema de esos grupos
parlamentarios. (Fuertes rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Termino, señorías, porque me parece que la cuestión se ha alargado
demasiado y creo que no hay para tanto.
Estamos todos de acuerdo sobre el fondo del asunto. Todos vamos a apoyar
esa medida del Gobierno; todos vamos a llevarla adelante. Y les digo lo
siguiente, señorías: si hay que plantear un conflicto institucional, que
sea resuelto donde tiene que ser resuelto, pero no aquí, donde tenemos la
obligación de impulsar medidas políticas. Y también me pregunto: ¿Será
tanta unanimidad la que obliga a algunos grupos parlamentarios a sembrar
alguna sombra de sospecha sobre un éxito internacional del Gobierno? No
quisiera que fueran los tiros por ahí.
Por eso, Senador Galán, voy a terminar con una coincidencia: estoy de
acuerdo con usted en el valor de las formas en la democracia. Mi tesis
doctoral la dediqué precisamente a las fuentes del Derecho y al valor de
las formas en la democracia. Cualquier paso que haya dado usted a lo
largo de estos 20, 30, 40 ó 50 años en defensa de esas formas y en
defensa de esa democracia, no dude que este Senador lo habría dado muy
gustoso a su lado, este Senador que, sin embargo --cosas de la vida--,
apoya el actual Decreto-ley de ayuda a los países hispanoamericanos. ¿Eso
es posible? Eso es democracia, señoría.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a llamar a votación.
(Pausa.)
Sometemos a votación la propuesta de planteamiento de conflicto de
atribuciones que acabamos de debatir.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 94; en contra, 128; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE
MODIFICACION DEL ARTICULO 14, APARTADOS PRIMERO Y TERCERO, DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (S. 624/000017) (C.D. 122/000082)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al sexto punto del orden
del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
En este caso se trata del dictamen de la Comisión de Justicia, en
relación con la proposición de ley de modificación del artículo 14,
apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador don Juan
Moya Sanabria. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Puede usted comenzar, Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta proposición de ley tuvo su entrada en el Senado, y se
publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el día 3 de junio
pasado, terminando su plazo de enmiendas el 11 de septiembre. A la misma
se presentaron un total de cinco enmiendas, correspondiendo cuatro al
Grupo Parlamentario Socialista, y una al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
La Ponencia --que estuvo integrada por los señores Senadores Caballero
Moya, Capdevila i Bas, Marín Rite, Prada Presa y la señora Senadora
Vindel López-- emitió su informe el pasado 23 de septiembre, no
incorporando al texto de la proposición de ley ninguna de las enmiendas
presentadas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Moya, le ruego que
aguarde un momento, porque incluso hay compañeros de su propio Grupo que
no le atienden. (Risas.)
Muchas gracias. Puede proseguir, señoría.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión se reunió para dictaminar esta proposición de ley el pasado
día 13 de octubre. En dicha sesión se aprobó la propuesta emitida por la
Ponencia. Al dictamen de la Comisión se han formulado dos votos
particulares, que corresponden por orden de presentación a los siguientes
firmantes: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y Grupo
Parlamentario Socialista.
La proposición de ley, tal como se somete a la consideración del Pleno
del Senado, consta de un único artículo, una disposición transitoria, una
disposición final, precedidos del correspondiente preámbulo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdone, Senador Moya, pero sí
que le atendían, como se ha visto.
Muchas gracias.
En el debate a la totalidad, para un turno a favor, tiene la palabra el
Senador don Alfredo Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al tramitarse esta proposición de ley tuve oportunidad de
señalar en la Comisión de Justicia que nos sentíamos realmente orgullosos
de la paternidad que mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, tiene
sobre este texto legal.
En primer lugar, porque ve que esta reforma se incardina en el entramado
de reformas que el Gobierno Popular está acometiendo para mejorar la
Administración de Justicia, reformas que tienen la finalidad de dotar a
los ciudadanos de una justicia adecuada a las necesidades del siglo XXI.
El nuevo Código Penal, señorías, el de 1995, modificó el ámbito
competencial de los juzgados de lo penal, repercutiendo estas
modificaciones de manera inevitable sobre las audiencias provinciales y,
por ende, en el número de recursos sobre los que debe de conocer la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo.
Por todo ello, una modificación competencial realizada, sin lugar a
dudas, de buena fe, ha pervertido el sistema de tal forma que se han
producido disfunciones en tres órganos jurisdiccionales del orden penal y
que, si no hiciéramos esta reforma, estarían muy colapsados en breve.
En consecuencia, señorías, como señala el preámbulo de este texto,
resulta obligado proceder a la modificación, estableciendo como línea de
separación competencial entre los juzgados de lo penal y las audiencias
provinciales los delitos castigados con penas privativas de libertad de
cinco años.
La situación de alteración en el ámbito competencial que he descrito fue
advertida ya en su día por el Consejo General del Poder Judicial desde el
inicio de la reforma del Código Penal y esta sensibilidad ha sido
recogida por el Grupo Parlamentario Popular, contando para ello con el
respaldo de otros grupos parlamentarios.
Por el contrario, el Grupo Parlamentario Socialista no considera adecuada
ni necesaria esta reforma. Sus enmiendas, que en posterior trámite serán
debidamente rebatidas, suponen, si no un veto, si una enmienda a la
totalidad. La justificación es en aras a una apuesta por la colegialidad
y porque, a su juicio, con esta reforma se produce un regreso.
Pues bien, señorías, a nuestro juicio, los juzgados de lo penal, creados
en 1988, con el objetivo fundamental de separar la función instructora de
la de juzgar, merecen un balance positivo y compartimos el criterio de
que en materia penal se aconseja la colegiación.
Ahora bien, ya desde la elaboración del Libro Blanco de la Justicia,
hasta la última Memoria presentada por el presidente del Consejo General
del Poder Judicial, se recogía que es acertada la propuesta de
modificación competencial que hoy estamos debatiendo.
Se nos podrá decir que la solución vendría por la dotación de medios
materiales y humanos o por la adecuación de la Planta Judicial, pero no
podemos negar que el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de
Justicia en este sentido es encomiable. Y hoy vemos cómo los Presupuestos
Generales del Estado reflejan un incremento del 11,7 por ciento, cómo se
prevé la creación de 137 nuevas plazas de magistrados y jueces, 34 nuevas
plazas de fiscales o 135 nuevas plazas de secretarios, y así hasta un
total de 1.460 nuevas plazas que se crearán en 1999 en la Administración
de Justicia.
Invité al Grupo Parlamentario Socialista al diálogo y a la reflexión
sobre este tema. Los resultados de esta invitación
parecen infructuosos, pese al respaldo unánime que esta reforma tiene.
Señoría, todas las Memorias, y digo todas las Memorias de necesidades de
todos los tribunales superiores de justicia desde que se aprobó el Código
Penal solicitan esta modificación. Los presidentes de las audiencias
provinciales comparten la necesidad de esta reforma, y las asociaciones
judiciales estiman positivo que los juzgados de lo penal recuperen las
competencias que tenían antes de 1995. Todos pensamos que es necesario
devolver competencias a los juzgados de lo penal para compensar el
desequilibrio de trabajo que se produce actualmente entre éstos y las
audiencias provinciales. Que sea un juez unipersonal quien tenga la
facultad de imponer penas de hasta cinco años de prisión en lugar de un
órgano colegiado al que se suponen más garantías no vulnera ningún
derecho. Además, las resoluciones de los jueces de lo penal que los
ciudadanos no consideren ajustadas a derecho caben ser recurridas ante un
órgano colegiado, como es la propia Audiencia Provincial.
Señor Presidente, este texto, a mi juicio, es más jurídico que político,
y merece la pena reiterar nuestra invitación al diálogo y a la reflexión
para que esta reforma sea aceptada por todos. Pero, como he dicho al
principio, esta modificación es pieza fundamental en el conjunto de
reformas que está acometiendo el Ministerio de Justicia para dotar a los
ciudadanos españoles de una Administración de Justicia eficaz, de
calidad, que actúe con prontitud y celeridad. En definitiva, señorías,
una Administración de Justicia que dé satisfacción a las demandas de los
ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Prada.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna un poco cohibido por el entusiasmo que el
señor Prada ha puesto en la defensa de su Gobierno, en la defensa de lo
que ha definido como una conquista, y que nosotros entendemos es
realmente un paso hacia atrás, sin duda alguna un regreso, como trataré
de exponer ante sus señorías.
Esta reforma no es solamente jurídica, señor Prada. Debajo de esta
reforma hay una decisión de política criminal importante, yo diría que
muy importante, y en eso coincido con su señoría. Es cierto que estamos
en presencia, como ocurre tantas veces en la práctica parlamentaria, de
una reforma cuya escasa entidad cuantitativa encubre su importancia real.
Estamos ante una proposición de ley de un solo artículo que modifica, a
su vez, un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien,
señorías, la proposición que nos ocupa contiene una decisión de justicia
penal de gran calado, de extraordinaria importancia.
Señorías, la cuestión es la siguiente. En 1995, en el Código Penal, a
través de su disposición final primera, se modificó el artículo 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, disponiéndose que a partir de la entrada
en vigor de dicha modificación, los delitos con penas de hasta tres años
serían enjuiciados por los jueces de lo penal y a partir de los tres años
pasarían a las audiencias provinciales.
Se trataba, en definitiva, señorías, de una apuesta por la colegialidad,
que no es otra cosa que una apuesta por una justicia más segura, por una
justicia, en definitiva, más eficaz. Se producía, por tanto, un aumento
de la colegialidad. Con la proposición que debatimos, que ha defendido
ardorosamente el señor Prada, se trata de eliminar ese avance se trata de
eliminar esa conquista, se trata de volver a que sean los jueces de lo
penal quienes puedan enjuiciar delitos con penas de hasta cinco años.
Dicho de otra forma, señorías, si aprobamos la proposición que se somete
a nuestra decisión, los españoles pueden ser juzgados por un solo juez
por delitos con penas de hasta cinco años, además de otras consecuencias
negativas, como es la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo,
sobre todo teniendo en cuenta que estamos en estos momentos en presencia
de tipos penales nuevos, de tipos penales que requieren, más que otros,
la asistencia de una jurisprudencia unificadora de criterios.
Pues bien, señorías, el único argumento que se utiliza para proponer esta
modificación es el aumento de trabajo de las audiencias provinciales,
aumento que se dice impide un juicio rápido y, como consecuencia, se está
de alguna manera poniendo en cuestión la tutela judicial efectiva de los
derechos. Ese es el único argumento utilizado. Estamos contemplando un
supuesto que tiene cierta relación con lo que anteriormente hemos
debatido en la Cámara, aunque sea indirectamente. Primero se crea la
urgencia, y después se decide urgentemente, impelidos por la urgencia, no
de acuerdo con lo más necesario, no de acuerdo con la racionalidad, sino
de acuerdo con la urgencia que en estos momentos tenemos.
Señorías, centrar este debate y contraponer el juicio rápido con la
colegialidad es, sin duda alguna, un debate falso, es plantear un debate
falso. Estos dos objetivos, el de la colegialidad y el del juicio rápido,
de acuerdo con la tutela judicial efectiva, son dos objetivos
perfectamente alcanzables que pueden serlo conjuntamente.
Si preguntamos a un ciudadano cualquiera si desea un juicio rápido, nos
dirá sin duda que sí. Pero si a ese mismo ciudadano le preguntamos si
desea ser juzgado por un juez o por tres magistrados, es decir por un
tribunal, sin duda nos dirá también que sí. Son dos objetivos que debemos
procurar alcanzar.
¿Qué ha ocurrido? Señorías, lo que ha sucedido es muy sencillo. Cuando se
toma la decisión de aumentar la competencia de las audiencias, era
evidente que se iba a producir, inevitablemente, como una consecuencia
necesaria, un aumento de trabajo en las audiencias provinciales. Estamos
hablando del año 1995, señor Prada, y en lugar de tomar las medidas
necesarias para evitar que eso ocurra, no se toman esas medidas y cuando,
efectivamente, se produce el aumento de trabajo que estaba anunciado,
entonces se procede a una modificación de este tipo,
regresando al sistema anterior, en definitiva, perjudicando la
colegialidad.
Señorías, esto no es un caso aislado. Se viene haciendo por el Gobierno
en una serie de reformas --a nuestro juicio las más progresistas, las más
avanzadas-- que se tomaron en el Código Penal. Hace unos días hemos
recibido la noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado el
proyecto de ley que regula la justicia juvenil, proyecto que atiende a la
modificación que se hizo en el Código Penal de la edad penal.
Pues bien, la señora Ministra de Justicia se comprometió en esta Cámara
de una manera formal, en la Comisión de Justicia, a presentar ese
proyecto de ley, no a la aprobación del Gobierno, sino en las Cámaras, en
el primer trimestre de 1998. Seguramente van a pasar más de dos años
--probablemente hasta dos años y medio-- hasta que se presente ese
proyecto de ley. Naturalmente, los medios necesarios para atender las
necesidades que esa modificación legal implica habrán de aportarse, pero
habrán de ponerse también en práctica. En definitiva, llevamos un retraso
evidente. Espero que no regresemos, que no ocurra lo mismo que está
sucediendo con la colegialidad. Algo parecido sucede también con el
sistema de penas.
Decía el señor Prada que numerosos jueces y algunas audiencias
provinciales se han manifestado de acuerdo con la medida. Naturalmente
que sí. Es algo razonable; es decir, el Consejo General del Poder
Judicial --cuyo informe considero se utiliza en este caso
interesadamente--, manifiesta que hay un problema, que en las audiencias
provinciales hay un exceso de trabajo y, lógicamente, esté de acuerdo en
buscar una solución que mejore esa situación, pero en ningún momento ha
afirmado que la medida sea buena, que la disminución de la colegialidad y
que el aumento de la competencia de los jueces unipersonales sea una
medida correcta que debamos perseguir. Lo que sucede es que viene a
solucionar un problema que ha creado precisamente la pasividad del
Gobierno, que durante cerca de dos años no ha tomado medidas en este
sentido. No es la única solución, señorías, la que se propone.
En definitiva --y voy terminando, señor Presidente--, estamos en
presencia de una opción conservadora en materia de política criminal;
estamos en presencia de la eliminación de un avance, de un progreso
conseguido en el Código Penal; estamos en presencia de una opción por una
justicia menos segura y menos eficaz, y estamos en presencia del cada vez
más claro giro a la derecha de la política de justicia del Partido
Popular.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Marín
Rite.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra la Senadora Pilar Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente. Señorías, tomo la
palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Yo creo que el portavoz
del Grupo Socialista ha sido muy claro en su exposición respecto a la
proposición de ley que estamos debatiendo ahora.
Si como era previsible las audiencias provinciales aumentaran su volumen
de trabajo y llegaran a colapsarse, creo que la reforma que aquí se nos
propone no es la más adecuada, sino todo lo contrario, porque implica un
retroceso en cuanto a las garantías y al principio de tutela judicial
efectiva y supone que delitos que pueden ser penados con hasta cinco años
de prisión, pasen de nuevo a ser vistos por los juzgados de lo penal y,
por tanto, por un juez unipersonal. Creo, como ya se ha dicho aquí, que
se podían adoptar otras medidas como dotar de los medios necesarios tanto
en infraestructuras como humanos para que estas audiencias provinciales,
estos tribunales con tres magistrados siguieran conociendo de las causas
o de los delitos que antes hemos citado.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo con el contenido de la reforma
porque había otras soluciones y, precisamente, el contenido de las
enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios apuntan a estas
soluciones, si bien, como digo, era también posible dotar de más medios
humanos para que las audiencias provinciales pudieran seguir conociendo
sobre todo de estos delitos que pueden ser penados hasta con cinco años
de privación de libertad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Costa
Serra.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Consumiré un turno muy breve simplemente para indicar, Senador Marín
Rite, que después de oír su discurso, que no deja de ser un turno en
contra de lo que podría considerarse un debate a la totalidad de este
texto, evidentemente a uno le viene a la cabeza la palabra soledad, y no
en recuerdo o rememorando el nombre de una mujer, sino el estado de ánimo
en el que ustedes deben de sentirse porque usted hace una referencia a
que son numerosos los jueces que apoyan la reforma que nosotros estamos
proponiendo. No es que sean numerosos los jueces, y le voy a repetir algo
que ya le dije en mi primera intervención. Esto lo detecta el Consejo
General del Poder Judicial; lo reclama el Consejo General del Poder
Judicial en el Libro Blanco de la Justicia; lo vuelve a reclamar el
Consejo General del Poder Judicial en su última Memoria, presentada
recientemente en el Tribunal Supremo; esto lo reclaman anualmente, desde
que se aprobó el Código Penal, todas las memorias de necesidades de los
tribunales superiores de justicia; también lo reclaman los presidentes de
las audiencias provinciales; lo reclaman y
aprueban numerosos grupos parlamentarios y todas las asociaciones
judiciales, que creen positivo que los juzgados de lo penal recuperen las
competencias que tenían antes de 1995.
Le voy a leer textualmente lo que apuntó José Antonio Alonso, portavoz de
Jueces para la Democracia: Lo más razonable es devolver competencias a
los juzgados de lo penal para que sigan desempeñando la importante
función que han desarrollado hasta ahora. En el mismo sentido se ha
pronunciado María Tardón, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco
de Vitoria, e igualmente lo ha hecho José Luis Requero, portavoz de la
Asociación Profesional de la Magistratura. Es decir, todos.
Por eso le señalo la sensación que usted y su Grupo tienen que tener de
soledad y no en un trámite parlamentario, sino en lo que es la
repercusión de una modificación que, por mucho que usted se empeñe, es
jurídica, evidentemente de política criminal en el contexto general que
afecta al orden jurisdiccional penal.
Pero fíjese, yo tengo otra sensación, y es la de que paso a paso como una
hormiga, y poquito a poco, el Ministerio de Justicia, desde 1996 a 1998,
en lo que va de legislatura y en lo que resta de la misma, habrá hecho
una gran revolución en la Administración de Justicia de este país; habrá
puesto patas arriba la Administración de Justicia de este país; se habrán
dotado de medios materiales y humanos a la Administración de Justicia de
este país; estarán informatizados todos los juzgados y fiscalías de este
país; habrá unas reformas profundas en el orden civil; habrá reformas
importantes --y ya las hay-- en el orden contencioso-administrativo, y
habrá --y hay-- reformas en el orden penal.
Mi impresión, Senador Marín Rite, es que al Partido Socialista le
interesa el colapso, le interesa que la Administración de Justicia no
funcione y que la imagen de los ciudadanos en relación con la
Administración de Justicia sea la misma que ustedes dejaron en 1996.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Pasamos al debate de las diversas enmiendas presentadas.
El primer voto particular corresponde al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Para su defensa tiene la palabra el Senador don
Pello Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, hemos presentado esta única enmienda con la pretensión de
que las conductas tipificadas en el artículo 633 del Código Penal, cuyo
conocimiento se va a encomendar en virtud de la modificación que ahora
nos ocupa a los jueces de paz, sigan siendo, como hasta la fecha lo son,
competencia de los juzgados de instrucción.
A nuestro entender, el distinto bien jurídico protegido y la indudable
importancia que en la actualidad tienen las conductas previstas en este
artículo 633, como son las faltas contra el orden público, justifican, en
principio, nuestra enmienda. Digo en principio, señor Presidente, porque,
en aras a que nuestro apoyo al proyecto quede reflejado y, en definitiva,
en beneficio del consenso que a nuestro juicio merece esta necesaria
modificación, procede retirar nuestra enmienda, aunque me haya permitido,
abusando de su paciencia, exponerla y fijar así, aunque sea de forma poco
ortodoxa, nuestra mínima discrepancia a la proposición.
Por último, señor Presidente, anuncio que votaremos a favor del conjunto
de la proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas
números 1 a 4, correspondiente al voto particular número 2, tiene la
palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, la mayor parte de los
argumentos que apoyan nuestras enmiendas han sido expuestos en la
intervención anterior, en el turno de totalidad que hemos mantenido, y en
modo alguno quiero cansarles con una repetición que no es necesaria.
Las enmiendas que mantiene en este Pleno el Grupo Parlamentario
Socialista constituyen, en primer lugar, la expresión de nuestra total
disconformidad con la proposición de ley y significan, en segundo lugar,
el mantenimiento de una posición flexible, ofreciendo una solución
intermedia a través de la enmienda número 2.
La primera enmienda es de supresión del artículo único de la proposición
de ley, y manifiesta la disconformidad ya expresada. La enmienda número 2
trata de dar esa salida a la que he hecho referencia, manteniendo la
competencia de los jueces de lo penal en los tres años, pero añadiéndole
la competencia en una serie de delitos, fundamentalmente en algunos robos
y algunos delitos contra la salud pública, que nos llevaría a esa postura
intermedia en la competencia entre la posición de los tres años y la
posición de los cinco años que mantiene la proposición de ley.
Mantenemos la enmienda número 3 que trata de impulsar la creación de la
doble instancia. Señor Prada, esta es también una petición del Consejo
General del Poder Judicial, que aquí tiene distinto valor. Igualmente
mantenemos la enmienda que, en definitiva, trata de aumentar el período
de «vacatio legis» porque creemos que se van a producir unos períodos de
necesaria adaptación al nuevo sistema y es prudente adoptar esa decisión.
Señoras y señores Senadores, me han dicho que nos encontrábamos en una
situación de soledad. Yo no sé si eso debo tomarlo positiva o
negativamente; le puedo asegurar que me da igual. Cuando uno está
defendiendo en su condición de representante de los ciudadanos una
posición política y jurídica que cree justa, es independiente el
acompañamiento. Debe defenderla con claridad, como
creo que yo lo he hecho con anterioridad. No es verdad, señor Prada, que
todos los jueces digan lo mismo. También han hablado conmigo y no dicen
exactamente eso, incluidos algunos presidentes de audiencias provinciales
que también se han dirigido a mí para manifestarme otra cosa, pero es
igual, no vamos a hacer aquí y ahora una encuesta en ese sentido. Lo
cierto es que los dos principios, el de la rapidez, que según usted debe
primar, y el que yo entiendo que debe primar, el de la certeza en la
administración de la justicia, no se deben contraponer. Lo dije en la
parte anterior del debate.
El señor Prada ha hablado de los presupuestos, pues bien, este año los
presupuestos de justicia efectivamente han aumentado. ¿Sabe usted lo que
han aumentado? Si se molesta en hacer la cuenta, verá que es una cifra
muy parecida a la que pedíamos nosotros el año pasado. Es decir, el año
pasado el Grupo Parlamentario Socialista pedía --ahí están el «Diario de
Sesiones» y las colecciones de enmiendas-- una cifra de 16.000 millones
para la Administración de Justicia y otras menores para otras cuestiones,
una cifra muy parecida a la que este año se incorpora. El año pasado se
nos decía que no hacía falta esa inversión --está en los diarios de
sesiones--, que no era necesaria, que no era imprescindible; este año lo
es. En definitiva, se nos da la razón, pero con un año de retraso,
provocando después estas urgencias y no atendiendo la necesidad de
inversiones que, sin duda alguna, tiene la justicia.
Señorías, reformas más bien pocas, algunas de escasa entidad, y otras muy
en la línea de lo que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista,
como pasó con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Veremos qué pasa con la Ley de Enjuiciamiento Civil, ojalá ocurra lo que
usted dice, lo deseo de todo corazón, pero me temo que va a concluir la
legislatura y muchas de estas reformas, lamentablemente, no van a llegar.
Desde luego, algunas llegarán, espero que así sea, pero las grandes
reformas, la reforma procesal civil y la reforma procesal penal, me temo,
señor Prada, que no las veremos en esta legislatura. Pero no hay que
preocuparse, espero que se hagan en otras legislaturas, y le aseguro que
si el que impulsa la acción del Gobierno es el Grupo Parlamentario
Socialista y el Gobierno es socialista, lo mismo que se llevó a cabo la
reforma penal se harán esas grandes reformas procesales en el futuro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Marín
Rite.
Para un turno en contra, tiene la palabra la Senadora doña Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en primer lugar y
antes de comenzar este turno en contra, al que luego llamaré turno de
ahuyentar fantasmas, porque veo que le rondan varios al Senador Marín
Rite, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por la retirada de su enmienda y también por el
apoyo que van a prestar a este proyecto. Les agradezco la generosidad, la
altura de miras y, sobre todo, me congratulo de que hayan podido percibir
que este texto es más jurídico, como bien decía el Senador Prada, que
político, por las razones que ahora diré. Gracias, Senador Caballero.
Y ahora ya sí, vamos a entrar en el turno en contra de las enmiendas, y
voy a empezar, como les decía, intentado ahuyentar los fantasmas que creo
que le rondan al Senador Marín Rite por la mente.
Déjenme que comience, señorías, con unas palabras del Presidente del
Consejo General del Poder Judicial en la apertura del año judicial,
celebrada hace bien pocas fechas. Entre otras muchas cosas, de las muchas
y muy interesantes que dijo el Presidente de dicha institución, afirmó
que buen número de las disfunciones de la Administración de Justicia que
los ciudadanos padecen no deben ser imputadas a los jueces, sino que son
consecuencia de los instrumentos insuficientes con los que se ven
obligados a trabajar. Frente a tal realidad --seguía el señor Presidente
del Consejo--, las únicas posibilidades de reacción son las que pasan por
el Consejo General del Poder Judicial.
En este sentido, el Consejo, en cuanto órgano constitucional, puede
exponer, tanto al Gobierno, como a las Cortes Generales, lo que entienda
necesario para la solución de aquellos problemas que demandan una
respuesta normativa o ejecutiva urgente. Y hacía una expresa llamada el
señor Presidente a esta iniciativa, es decir, a la modificación de dos
párrafos --aunque, en realidad, él decía de uno-- del artículo 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por lo tanto, la primera apreciación que hemos de dejar patente es que,
efectivamente, ésta no es una cuestión de política criminal, ni de un
giro a la derecha, ni de nada por el estilo. Esto es cuestión, señorías,
señor Presidente, de que el Consejo General del Poder Judicial constata
un error de cálculo al entrar en vigor el Código Penal. Y el error de
cálculo, señorías --vamos a reconocerlo ya--, es que, en virtud de la
aplicación de su disposición final primera, se colapsan las audiencias
provinciales.
En este sentido, el Consejo llega a un acuerdo en abril del año pasado,
advirtiendo de los efectos negativos de esta disposición final primera
del Código Penal. Y, además, decía que tales efectos traen una serie de
consecuencias indeseables. La primera de ellas es una muy apreciable
perturbación en el normal funcionamiento de las audiencias provinciales,
con un inmediato y grave incremento en la carga de trabajo y el natural
crecimiento de las cifras de procedimientos pendientes. La segunda
consecuencia indeseable es el incremento lógico de la carga de trabajo de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La tercera consecuencia indeseable
es el crecimiento de los índices de retraso que presenta la Sala Segunda
del Tribunal Supremo. Y por si todo esto fuera poco, la cuarta
advertencia que hace el Consejo General del Poder Judicial y que también,
evidentemente, es indeseable es el incremento de las cifras de presos
preventivos, con las secuelas, señorías, de todo orden que ello supone.
Por lo tanto, ¿de qué se trata con esta iniciativa? ¿Hay algo oculto
detrás de ella? No, señorías. De lo que se trata es de evitar que la
justicia penal sufra un excesivo y un innecesario deterioro. Y ésta es la
llamada de atención que hace el Consejo General del Poder Judicial.
Además, para ello, antes se ha reunido con todos los presidentes de las
audiencias provinciales para estudiar los efectos nocivos de la
innovación legalistiva que presentó el Código Penal; repito, todos. Y me
van a permitir, señor Presidente, señorías, que muy brevemente les lea,
si soy capaz de encontrarlo --que creo que sí--, las conclusiones de esa
reunión del Consejo General del Poder Judicial con los presidentes de las
audiencias provinciales. Con este mare mágnum de papeles, me remito a
otro momento para poder leérselo. Decían y advertían de las consecuencias
de la aplicación del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tal
y como estaba, y advertían de que iba a haber un colapso inmediato de
forma indeseable y de, desde luego, se podía evitar.
Además del pronunciamiento unánime de los presidentes de las audiencias
provinciales, la asunción por los vocales del Consejo General del Poder
Judicial de cuanto se manifestó en esa reunión y --como muy bien ha dicho
el Senador Prada-- la postura de las tres asociaciones judiciales a favor
de una modificación cuanto más rápida mejor de la delimitación y
determinación de competencias a favor de los jueces de lo penal, por si
esto fuera poco déjenme que les presente unas cifras que aclararán
suficientemente el debate.
Por lo que se refiere a los procedimientos abreviados en las audiencias
provinciales, en el tercer trimestre de 1996 el incremento con respecto a
1995 fue de un 67,30 por ciento. En el cuarto trimestre de 1996, el
incremento con respecto a 1995 subió hasta el 124 por ciento. Y por lo
que se refiere al 1 de enero y al 10 de febrero de 1997, el incremento
del trabajo en las audiencias provinciales fue, nada más y nada menos,
que de un 154 por ciento. Paralelamente, también en las cifras que expuso
el Consejo General del Poder Judicial, desciende a ritmo muy inferior la
carga de trabajo de los juzgados de lo penal hasta casi un 19 por ciento
en enero y febrero de 1997, y las apelaciones en las audiencias
provinciales casi descienden un 10 por ciento en febrero de 1997.
Creo, señor Presidente, señorías, que ante estas cifras se deduce que el
colapso en las audiencias está servido. Evidentemente, hay varias
alternativas que el propio Consejo General del Poder Judicial estudia en
su acuerdo: se plantean si conviene o no reforzar la planta de las
audiencias provinciales, antes que modificar el Código Penal, y llegan a
la conclusión de que no es necesario. ¿Por qué? En primer lugar, porque
habría que crear más secciones; en segundo lugar, porque habría que
procurar más instalaciones, lo cual quiere decir que habría que
proporcionar más edificios judiciales; en tercer lugar, más funcionarios
y más medios materiales y, por último, más jueces y más magistrados. Por
contra, el Consejo también estima que al bajar considerablemente la carga
de trabajo de los juzgados de lo penal, muchos de ellos tendrían que
desaparecer, puesto que no tendría ningún sentido mantenerlos con vida.
Por todos estos motivos, señor Presidente, la iniciativa que en tiempos
presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lo que pretende,
ni más ni menos --estoy de acuerdo con lo manifestado por el Senador
Marín Rite de que es una reforma cortísima, pero sin duda de gran
alcance--, es que no haya procesos con dilaciones indebidas y, también,
que por una errónea --vamos a reconocerlo ya-- distribución de
competencias se provoque que para sanciones menores el proceso --que en
sí mismo es una pena, señorías-- dure más que la pena prevista. En suma,
lo que se pretende es evitar que la justicia penal sufra un excesivo y un
innecesario deterioro.
Por lo que se refiere a la colegialidad equiparándola a la justicia de
calidad, cuando estamos hablando de un derecho fundamental, cual es un
proceso sin dilaciones indebidas, a mí no me gusta distinguir si hay más
calidad porque hay más números de miembros que integran un tribunal,
porque si vamos a ello llegaríamos a preguntarnos dos cosas igual de
absurdas: la primera, ¿la justicia de calidad tardía, Senador Martín
Rite, es justicia? Creo que no. La segunda: si la calidad se mide por el
número de miembros que integran un tribunal, entonces llegaremos a la
conclusión de que el mejor tribunal de todos es el jurado, porque es el
tribunal que más número de miembros tiene en estos momentos.
Por lo tanto, seamos prudentes. Porque, señorías, lo que yo me pregunto
es de qué sirve ostentar un derecho si no se puede ejercitar en las
condiciones que marca la ley, es decir, el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.
Por todo ello, señorías, señor Presidente, el Grupo Parlamentario
Popular, si se mantiene hasta el final la votación, como creo que así va
a ser, se opondrá a que prosperen las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Vindel.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra en representación del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió para fijar nuestra posición en este debate
y, en definitiva, para dejar constancia del apoyo de nuestro Grupo a la
proposición de ley y el rechazo de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Evidentemente, tal y como ha manifestado el Senador Marín Rite, la
disposición final primera de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, modificó el apartado tercero del artículo 14 de la Ley
de
Enjuiciamiento Criminal, limitando la competencia objetiva de los
juzgados de lo penal al conocimiento y fallo de las causas por delitos
menos graves, a diferencia del texto legislativo anterior, el cual se
constreñía a los delitos castigados con penas privativas de libertad no
superiores a los seis años.
El hecho de que los artículos 13.2 y 33.3 del Código Penal atribuyeran a
los delitos menos graves sanciones con prisión de seis meses a tres años
conllevó que fuera atribuida a la competencia de las audiencias
provinciales el conocimiento de un gran número de delitos, con la
consiguiente perturbación en su normal funcionamiento y con grave
incremento en la carga de trabajo y el consiguiente crecimiento de
procedimientos pendientes. Ello provocó, asimismo, una ralentización en
el funcionamiento de las secciones en las audiencias provinciales.
La presente proposición de ley nace, pues, tal y como ha manifestado la
Senadora Rosa Vindel, ante la petición y la voz de alarma del Consejo
General del Poder Judicial haciendo notar que la reforma introducida en
el nuevo Código Penal del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal provocó un desequilibrio entre los juzgados de lo penal y las
audiencias provinciales.
En justificación de algunas enmiendas, se denuncia la modificación
propuesta del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la
aparición de algunos efectos perversos como el de vernos privados de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en muchos de los nuevos supuestos
delictivos contemplados en el vigente Código Penal de 1995, y también que
obtendremos a lo sumo una jurisprudencia uniprovincial que será un paso
atrás para los derechos y garantías del justiciable.
Si bien es obvio que el principio de colegiación ofrece mayores garantías
que el juzgado unipersonal, no debemos dejar de lado la gran importancia
de la jurisprudencia uniprovincial, la que, en no pocas ocasiones, sirve
a los juristas de referencia obligada sobre la interpretación de
preceptos jurídicos, aunque lo deseable, claro está, es que las
sentencias lleguen al Tribunal Supremo y éste pueda ejercer las funciones
de unificación de la interpretación de la ley.
Por otra parte, no hemos de olvidar que la intención del Código Penal
vigente no era crear un modelo para que todos los delitos fueran vistos o
conocidos en casación por el Tribunal Supremo. El Consejo General del
Poder Judicial, desde 1997, ha hecho referencia a la situación de bloqueo
que está hipotecando las audiencias provinciales, proponiendo como
solución provisional la creación de una sistema de reparto de
competencias entre los juzgados de lo penal y las audiencias
provinciales, siguiendo recomendaciones del Libro Blanco de la Justicia,
lo que en definitiva viene a reproducirse en la presente proposición de
ley que, en efecto, tiene un carácter --entiendo yo-- pura y
exclusivamente provisional, para resolver de inmediato la situación de
colapso a la que se ven abocadas las audiencias provinciales como
consecuencia de los límites competenciales dispuestos entre los juzgados
de lo penal y las audiencias provinciales.
Estamos de acuerdo en parte con la crítica de falta de conocimiento en
muchos casos del nuevo Código Penal ante el Tribunal Supremo y con que el
criterio de distribución no puede hacerse, única y exclusivamente, en
función de la cuantía de la pena porque podría no ser garantía para que
los delitos nuevos lleguen al Tribunal Supremo.
La solución está en estudiar en un futuro próximo un sistema de lista que
atienda a la novedad de los delitos y a aquéllos que conllevan aparejadas
penas de gran duración si puede llegar hasta el conocimiento del Tribunal
Supremo, permitiendo un nuevo modelo de casación ante dicho alto Tribunal
que cumpla la función de unificar doctrina jurisprudencial e
interpretativa; reforma provisional que deberá culminarse más adelante
por una futura y próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en
la que se prevea no sólo la gravedad de los delitos, sino también la
experiencia acumulada de las cargas competenciales que llevan consigo los
delitos que fueran conocidos por los tribunales colapsados, y que deberá
analizar la conveniencia de una doble instancia y dar acceso a la
casación de determinados delitos contemplados como figuras nuevas en el
Código Penal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Capdevila.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, voy a decir dos palabras nada más,
voy a intervenir con mucha brevedad.
Quiero decirle a la Senadora Vindel que no vamos a seguir discutiendo
sobre la posición del Consejo General del Poder Judicial. Cuando venga el
Presidente del Consejo y del Tribunal Supremo se lo preguntaré delante de
usted. Le preguntaré al Presidente si hay que optar entre el beneficio de
la colegialidad o el juicio rápido. Le preguntaré si, efectivamente, él
lo entiende como una contraposición o no lo entiende así. Seguro que nos
sacará de dudas. Y le preguntaré también por otros asuntos que el Consejo
General del Poder Judicial demanda para ver si se han cumplido o no.
Señoría, no estamos ante un error de cálculo. Estábamos de acuerdo con lo
que hicimos. Lo que ocurre es que hemos dejado agravarse al enfermo y
después se ha tomado una solución de emergencia que ha sido negativa. Si
era ésta la solución, si la solución que se ha tomado ahora era la única,
¿por qué no se ha tomado antes? ¿Por qué se han esperado dos años para
tomarla? ¿Por qué se ha permitido ese atasco que ustedes denuncian? ¿Por
qué no se tomó inmediatamente o poco tiempo después la medida que ustedes
proponen ahora?
Lo cierto es que ha habido una imprevisión, que no se han adoptado en
este asunto como en otros medidas de desarrollo del Código Penal, y éstas
son, en definitiva, las consecuencias que ahora tratamos de corregir de
una manera que no es la correcta.
Para terminar, señora Vindel, voy a hacer una referencia a los fantasmas
que usted decía que rondan en mi cabeza.
No los he visto nunca. No rondan mi cabeza fantasmas de ningún tipo. Lo
que sí ronda en mi cabeza es la preocupación por ese giro a la derecha,
al que antes me refería, que está intentando acabar con la mayor parte de
los avances de progreso que los gobiernos socialistas habían logrado en
la justicia penal.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Marín Rite.
Tiene la palabra la Senadora Rosa Vindel por el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, encontré el acuerdo que quería leer y que no pude encontrar en
tribuna. Se lo leo porque es muy corto. Los pasados días seis y siete de
marzo tuvo lugar en el Consejo General del Poder Judicial una reunión de
los presidentes de las audiencias provinciales en la que, entre otras
cosas, se llegó a las siguientes conclusiones. Son dos, señor Presidente.
Primera, existe unanimidad en considerar que son necesarias medidas
legislativas urgentes para corregir la actual distribución de
competencias entre los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales
y prevenir así lo que, de otro modo, sería un inevitable colapso de éstas
y, de modo derivado y así más grave, de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. Segunda. Tales medidas podrían venir bien por la modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, bien por la modificación --y ésta es la que nos
ocupa, señor Presidente-- del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de modo que se restablezca de alguna manera, por una u otra
vía, el equilibrio numérico anterior. Fin del acuerdo.
Para tranquilidad de sus señorías también les diré que el propio informe
del Consejo General del Poder Judicial, de abril de 1997, en su página
11, como conclusión, hace las siguientes propuestas: Primera. Parece
absolutamente necesario acometer con la máxima urgencia una reforma del
artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sitúe la competencia
de los juzgados de lo penal en el conocimiento y fallo de las causas por
delito a los que la ley señale pena privativa de libertad de duración no
superior a cinco años. Segunda. El Consejo recomienda acometer la
imprescindible reforma del proceso penal, bien es cierto que reconociendo
que después de la reforma legislativa que nos solicita.
Esto lo digo para tranquilidad de sus señorías y, desde luego, para la
mía propia.
Señor Presidente, quiero manifestarle al Senador Marín Rite que me parece
estupendo que le haga todas las preguntas que estime oportunas al
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¡Faltaría más! Nos
veremos en esa comparecencia. Sin duda el señor Delgado dirá cosas muy
interesantes que espero se respeten por todos.
¿Por que se ha tardado tanto en tramitar esta proposición de ley?
Señorías, eso no se ha debido ni al propio Consejo General del Poder
Judicial ni a la decisión firme del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados de presentar esta iniciativa y de que la misma
se tramitara cuanto antes. El Senador Marín Rite sabe tan bien como yo
las fantásticas ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas que
hay en el Congreso de los Diputados y, por tanto, me da la sensación de
que su Grupo ha hecho un uso abusivo de las mismas. Aquí ha llegado
cuando ha llegado y nunca antes.
En cuanto a si hay o no hay fantasmas, quiero decir, señor Presidente,
que me alegro mucho de que el estado mental del Senador Marín Rite sea
estupendo, sea perfecto y no tenga ningún tipo de fantasmas. Pero después
de la última afirmación que ha hecho su señoría, permítanme que, por lo
menos, sí me quede con la duda.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. (Pausa.) En primer lugar, sometemos a votación
las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 85; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación el texto del dictamen: artículo
único, disposición transitoria, disposición final y preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 129; en contra, 84; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la proposición de ley de modificación del
artículo 14, apartados primero y tercero, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Se levanta la sesión. El Pleno comenzará mañana a las diez.
Eran las veinte horas y cuarenta minutos.