CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1998 VI Legislatura
Núm. 100



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el martes, 6 de octubre de 1998



ORDEN DEL DIA:



Primero



--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de septiembre de 1998.




Segundo



Mociones consecuencia de interpelación:



--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a
que, antes de que finalice el año 1998, presente a las Cortes Generales
el Plan Hidrológico Nacional que garantice el uso sostenible del agua,
que profundice en la consideración del agua como bien público y que
solucione el que todos los españoles dispongan de agua en cantidad y
calidad adecuadas para satisfacer sus necesidades. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 563,
de fecha 5 de octubre de 1998). (Número de expediente 671/000052.)



--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a
esmerarse en el cumplimiento de sus obligaciones de sumisión al control
parlamentario que se efectúa en el Senado, a colaborar con la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en el cumplimiento de sus funciones,
a adoptar las iniciativas políticas necesarias para que el debate sobre
Comunidades Autónomas, a celebrar en el presente período

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de sesiones en la citada Comisión se convoque con el objetivo de
restaurar el consenso político sobre el modelo del Estatuto Autonómico, y
a colaborar con la Ponencia para el estudio de la reforma constitucional
del Senado definiendo el Presidente del Gobierno los criterios en torno a
los cuales podría establecerse el imprescindible acuerdo político que la
haga posible. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 563, de fecha 5 de octubre de 1998). (Número de
expediente 671/000053.)



Tercero



Mociones:



--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al
Gobierno a que, una vez concluidas en el año 2001 las obras que permitan
realizar la línea férrea entre las ciudades de León y Bilbao (Vizcaya),
lleve a cabo las gestiones oportunas para que se incluya la misma en el
itinerario del tren turístico «El Transcantábrico» u otro de similares
características. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 563, de fecha 5 de octubre de 1998).

(Número de expediente 662/000134.)



--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a
presentar ante la Cámara, en el plazo más breve posible, un informe que,
como mínimo, contenga un estudio sobre el impacto que provocará la
supresión de la prestación social sustitutoria en la prestación de
servicios básicos a los ciudadanos, las fórmulas más idóneas y las
dotaciones, ayudas e incentivos necesarios para garantizar el
mantenimiento de los mismos; así como acompasar las actuaciones
legislativas, reglamentarias y de todo orden imprescindibles para el
mantenimiento de los servicios actualmente cubiertos por la prestación
social sustitutoria con la proyectada supresión del servicio militar
obligatorio. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 563, de fecha 5 de octubre de 1998). (Número de
expediente 662/000133.)



Cuarto



Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:



--Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los
Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho en Bruselas el 8 de diciembre
de 1997. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 184,
de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de expediente Senado
610/000184) (Número de expediente Congreso 110/000185.)



--Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino
Hachemita de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de
1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 183, de fecha 25 de septiembre de 1998). (Número de
expediente Senado 610/000183) (Número de expediente Congreso 110/000184.)



Quinto



Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Defensa, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 95,
de fecha 5 de octubre de 1998). (Número de expediente Senado 621/000095)
(Número de expediente Congreso 121/000083.)



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SUMARIO



Se abre la sesión a las dieciséis horas.




Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de septiembre de 1998
(Página 4583)



Se aprueban las Actas.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 4583)



Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que,
antes de que finalice el año 1998, presente a las Cortes Generales el
Plan Hidrológico Nacional que garantice el uso sostenible del agua, que
profundice en la consideración del agua como bien público y que solucione
el que todos los españoles dispongan de agua en cantidad y calidad
adecuadas para satisfacer sus necesidades (Página 4583)



El señor Gallego López defiende la moción. El señor Beguer i Oliveres
defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Esteban Albert defiende la enmienda del Grupo Popular. El
señor Gallego López expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto
de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el
señor Román Clemente, por el Grupo Mixto.

Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 98 votos a favor, 110 en
contra y 2 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
esmerarse en el cumplimiento de sus obligaciones de sumisión al control
parlamentario que se efectúa en el Senado, a colaborar con la Comisión
General de las Comunidades Autónomas en el cumplimiento de sus funciones,
a adoptar las iniciativas políticas necesarias para que el debate sobre
Comunidades Autónomas, a celebrar en el presente período de sesiones en
la citada Comisión, se convoque con el objetivo de restaurar el consenso
político sobre el modelo del Estado Autonómico, y a colaborar con la
Ponencia para el estudio de la reforma constitucional del Senado
definiendo el Presidente del Gobierno los criterios en torno a los cuales
podría establecerse el imprescindible acuerdo político que la haga
posible (Página 4587)



El señor Laborda Martín defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
y González Pons, por el Grupo Popular. Vuelven a intervenir los señores
Laborda Martín y González Pons.

Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 90 votos a favor, 123 en
contra y 3 abstenciones.




MOCIONES (Página 4593)



Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que, una vez concluidas en el año 2001 las obras que permitan
realizar la línea férrea entre las ciudades de León y Bilbao (Vizcaya),
lleve a cabo las gestiones oportunas para que se incluya la misma en el
itinerario del tren turístico «El Transcantábrico» u otro de similares
características (Página 4593)
El señor Lobo Asenjo defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los
señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Alonso Buitrón, por el Grupo Socialista, y Lobo Asenjo, por el
Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.




Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
presentar ante la Cámara, en el plazo más breve posible, un informe que,
como mínimo, contenga un estudio sobre el impacto que provocará la
supresión de la prestación social sustitutoria en la prestación de
servicios básicos a los ciudadanos, las fórmulas más idóneas y las
dotaciones, ayudas e incentivos necesarios para garantizar el
mantenimiento de los mismos, así como a acompasar las actuaciones
legislativas, reglamentarias y de todo orden imprescindibles para el
mantenimiento de los servicios actualmente cubiertos por la prestación
social sustitutoria con la proyectada supresión del servicio militar
obligatorio (Página 4597)



El señor Varela Flores defiende la moción. El señor Calvo Poch defiende
la enmienda del Grupo Popular. El



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señor Varela Flores expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto
de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Varela Flores, por el Grupo
Socialista, y Calvo Poch, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4604)



Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación
entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los
Estados Unidos Mexicanos, por otra, hecho en Bruselas el 8 de diciembre
de 1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 4604)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las
comunidades europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino
Hachemita de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de
1997 (Página 4604)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4605)



De la Comisión de Defensa, en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas (Página 4605)



El señor Díaz de Mera y García Consuegra, Presidente de la Comisión,
presenta el dictamen.

No se produce debate de totalidad.

Comienza el debate del articulado.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 36. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 37 a 39. El señor Carrera i Comes defiende las enmiendas números
71 a 73 y 75, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Gallego Cuesta defiende las enmiendas números 62 y 64 a 70, del
Grupo Socialista. El señor Elorriaga Fernández consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Gallego Cuesta, por el Grupo Socialista, y
Elorriaga Fernández, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 13 votos a favor,
205 en contra y 3 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 5 y 7, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor, 206 en contra y 11 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 9, 10, 18, 22, 29 y 30, del Grupo
Mixto, por 11 votos a favor, 121 en contra y 87 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 13, 16, 17, 19 a 21, 23, 25 a 28,
31, 33, 34 y 36, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 129 en contra y 90
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 24, 32 y 35,
del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 119 en contra y 100 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 37, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor,
207 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 38 y 39, del Grupo Mixto, por 6 votos a
favor, 207 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 71 a 73 y 75, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 120 en contra y 88
abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 62, 64 y 65, del Grupo Socialista, por
99 votos a favor, 120 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 66 a 70, del Grupo Socialista, por 88
votos a favor, 121 en contra y 12 abstenciones.

Se aprueban los artículos 3.1, 5, 7.14, 8.27, 27, 29, 37 y 78 del texto
del dictamen por 126 votos a favor, 93 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 219 votos
a favor y 2 en contra.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Se levanta la sesión a las veinte horas.




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Se abre la sesión a las dieciséis horas.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.




LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 22 y 23 DE SEPTIEMBRE DE 1998



El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de septiembre de 1998.

¿Alguna observación a las Actas? (Pausa.) Quedan aprobadas.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:



-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO 1998, PRESENTE A LAS CORTES GENERALES
EL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL QUE GARANTICE EL USO SOSTENIBLE DEL AGUA,
QUE PROFUNDICE EN LA CONSIDERACION DEL AGUA COMO BIEN PUBLICO Y QUE
SOLUCIONE EL QUE TODOS LOS ESPAÑOLES DISPONGAN DE AGUA EN CANTIDAD Y
CALIDAD ADECUADAS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES. (671/000052)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo: Mociones consecuencia de
Interpelaciones. La primera es del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a que, antes de que finalice el año 1998,
presente a las Cortes Generales el Plan Hidrológico Nacional que
garantice el uso sostenible del agua, que profundice en la consideración
del agua como bien público, y que solucione el que todos los españoles
dispongan de agua en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer sus
necesidades.

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos
enmiendas: una por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y otra por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción originaria y por tiempo de cinco minutos,
tiene la palabra el Senador Gallego López.




El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, una moción consecuencia de interpelación se hace, según el
Reglamento de esta Cámara, cuando no se ha recibido respuesta
satisfactoria del Gobierno a la cuestión que se planteaba. El objetivo de
mi interpelación era concretamente --permítanme recordarlo-- conocer las
previsiones del Gobierno con respecto a la elaboración y presentación
ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional. Justificaba la
oportunidad de la cuestión en las actuaciones y declaraciones de miembros
del Gobierno y altos cargos de los Ministerios de Medio Ambiente y de
Agricultura que denotaban posturas contradictorias que desconcertaban por
la falta de un criterio claro en relación con la planificación
hidrológica y de regadíos, y formulábamos una serie de preguntas
demandando aclaración.

La señora Ministra, en uno de sus días más infelices, no solamente no
contestó a lo planteado, sino que recurrió al menosprecio y a la
descalificación, tergiversó mi crítica al falaz consenso parcial de cada
cuenca e, ignorando maliciosamente lo que había hecho el Gobierno
socialista, dijo que en once años no habíamos avanzado en la
planificación hidrológica nacional, no teniendo en cuenta el anteproyecto
de plan hidrológico nacional que aprobó el Gobierno socialista y el
avance de plan nacional de regadíos horizonte 2005 que asimismo aprobó y
que sirve de base al que ahora el Partido Popular quiere presentar
cambiándole prácticamente el cinco, es decir, el plan nacional de
regadíos horizonte 2008.

No se refirió la señora Ministra a mi propuesta de mano tendida y de
colaboración y cuando le formulaba preguntas concretas se quedaban sin
respuesta. ¿Qué se tiene que decir --le comentaba yo-- ante el hecho de
que, una vez aprobados los planes de cuenca, ninguna sea excedentaria? Y
ligado con lo anterior, ¿qué tiene que decir el Gobierno a que los
usuarios de cada cuenca consideren inamovible el contenido de su plan con
todas las nuevas hectáreas de regadíos allí previstas y con toda el agua
allí demandada? ¿Cómo va a responder el Gobierno del Partido Popular a
las expectativas que han creado y que la Ministra de Agricultura ya se ha
apresurado a rebajar? ¿A cambio de qué compromisos ha aprobado el
Gobierno del Partido Popular los planes de cuenca que restaban a los ya
aprobados anteriormente? ¿Qué hay de la interconexión de cuencas
hidrográficas --el otro día leía un acuerdo por unanimidad de las Cortes
Valencianas-- que se reclaman desde algunos territorios? ¿Con qué
criterios se han aprobado un conjunto de obras de interés general por
decreto, e incluso algún trasvase enfrentando territorios vecinos? ¿Por
qué esas obras y no otras?
De lo que se conoce de la reforma de la Ley de aguas se desprende que el
Partido Popular considera el agua como un bien económico y camina hacia
la privatización del recurso. ¿Es así? Todas estas cuestiones no
obtuvieron respuesta. Sabemos que están en una encrucijada. Hasta ahora
han tomado el camino de ir y luego volver; de aprobar los planes de
cuenca y recortarlos con los anuncios del plan nacional de regadíos; de
crear expectativas y frustrarlas a un tiempo; de ilusionar, en el sentido
de ilusionismo, a territorios con regadíos y producciones agrarias y de
tener que atenerlas a restricciones y cupos de la Política Agraria
Comunitaria. Han ido ocultando el precio que va a tener el agua y vienen
con la Directiva europea 97/0067 debajo del brazo; anuncian la
presentación de un libro blanco pero, ¿quién ha elaborado ese libro
blanco? ¿Los que en su Ministerio opinan que lo de



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la España seca y la España húmeda es un cuento, o los que dicen que no
tiene que haber tantas obras hidráulicas, que no tiene que haber tanto
hormigón ni tanto cemento? ¿Es otro papel mojado más?
Señorías del Grupo Popular, no hacen falta ahora papeles, hace falta
agua, hace falta que el Partido Popular se moje y las decisiones que no
se han tomado ahora en políticas hidráulicas globales se tomen. Las
medidas que han tomado hasta ahora son parciales y, por, tanto sin el
criterio del bien general.

Me decía la señora Ministra el otro día que yo ridiculizaba el consenso
alcanzado en las cuencas; no. Lo único que decía es que el consenso no es
la suma de las propuestas de todos los miembros que hay sobre las mesas
de las cuencas. Mucho menos se puede decir que el consenso general, el
gran pacto nacional, el pacto de Estado que el agua necesita en España,
se reduce a los 15.000 folios de los documentos de los planes de cuenca.

Por eso, nosotros queremos actuar en positivo, y proponemos al Gobierno
que ya que tiene todos los datos, una vez aprobados los planes de cuenca,
presente el Plan Hidrológico Nacional. Según el anuncio de la señora
Ministra de Agricultura también está ya el Plan Nacional de Regadíos, y
esperamos que ambos se aprueben conjuntamente.

En ese aspecto, lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir ahora, van a
contar con nuestra colaboración. Esperamos que ese Plan Hidrológico
Nacional garantice el uso sostenible del agua, considerándola como un
recurso ambiental estratégico; que contemple la cuenca como unidad de
gestión y que tenga en cuenta la calidad de las aguas. Hay que
profundizar en la consideración del agua como bien público, y la política
hidrológica del Partido Popular ha supuesto un retroceso en este sentido.

Cada usuario, cada habitante de cada territorio, del entorno de un río,
de un acuífero, de una fuente o de un pozo, concibe el agua como suya y
sólo suya, lo cual supone un retroceso con respecto a la Ley de 1985.

Vuelvo a decir, como lo he hecho varias veces desde esta tribuna, que es
necesaria una adecuada coordinación con las competencias de las
Comunidades Autónomas, pero el Estado no puede hacer dejación de sus
propias competencias.

Dice la moción del Grupo Socialista, en último lugar, que todos los
españoles deben disponer del agua en cantidad y calidad adecuadas, y como
esto último no necesita más explicaciones, pido a sus señorías el voto
favorable para esta moción, que lo único que persigue es que se presente
el Plan Hidrológico Nacional, junto con el Plan Nacional de Regadíos,
antes de finales del año 1998, según han prometido ustedes y según ha
dicho reiteradamente la Ministra, porque nos consta que ya tienen ustedes
los datos, y lo único que les falta es la decisión política para mojarse.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador
Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la interpelación del pasado día 23, llevada a cabo por el
Senador Gallego, del Grupo Parlamentario Socialista, planteó un tema
recurrente, el del plan hidrológico nacional, debatido en Pleno y en
Comisión en diversas ocasiones en la presente legislatura y, por
descontado, en la anterior.

Es un asunto complejo que nuestro grupo, junto con el Grupo Parlamentario
Popular y otros, obligó a sistematizar en su debate sobre el Estado de
las Autonomías de hace cuatro años. Dijimos que primero debían realizarse
los planes de cuenca y después el Plan Hidrológico Nacional. Ahora los
planes de cuenca ya están aprobados y se va a presentar inmediatamente a
las Cortes Generales el Libro Blanco del agua, que seguramente requerirá
un amplio debate. Con toda certeza, la búsqueda de consensos que sin duda
traerá el Libro Blanco del agua no puede retrasar «sine die» la
presentación del Plan Hidrológico Nacional.

Habrá que reflexionar sobre los planes de regadíos, ya que el Plan
Hidrológico Nacional no es un plan de reparto de agua, sino de ahorro y
de rentabilización. Habrá que reflexionar mucho sobre estas cuestiones y,
sobre todo, no se deben hacer planteamientos inviables que
distorsionarían un verdadero plan hidrológico nacional.

Lo cierto es que el tiempo va avanzando; estamos a tres meses escasos del
plazo previsto inicialmente para su presentación por la señora Ministra
y, por tanto, nuestro grupo, que en todo momento la ha apoyado, no puede
ahora sino dar soporte a la moción defendida por el Senador Gallego,
porque aunque podamos disentir de algunos de los aspectos de su
exposición, no del fondo de la misma y, por tanto, de su contenido
estricto.

Nuestra enmienda únicamente se centra en que, además de la garantía del
uso sostenible, exista una garantía de los caudales ecológicos. Este es
un tema importante que, sin duda, se habrá de tener en cuenta en su
momento, pero creemos que es mejor dejarlo ahora patente en esta moción,
toda vez que afecta de un modo muy importante a determinadas cuencas y,
concretamente, a la cuenca del Ebro.

Por ello, presentamos esta enmienda de modificación esperando que sea
aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero en todo caso, tanto
si la moción es aprobada --lo que realmente dudamos-- como si no lo es,
habrá que profundizar ciertamente en el uso del agua.

Quiero recordar a sus señorías que hace muy pocas semanas, no hace ni un
mes, en la conferencia de la Unión Interparlamentaria celebrada en Moscú,
se aprobaron tres resoluciones, una de las cuales hacía referencia a la
política internacional del agua y los 137 países que forman parte de la
Unión Interparlamentaria están preocupados por este tema.

Creemos que a nosotros, a las Cortes españolas --y concretamente al
Senado-- compete urgir al Gobierno para que esta política pueda llevarse
a cabo de un modo coherente y que el Plan Hidrológico Nacional pueda
iniciar su andadura a la mayor brevedad posible.

Nada más y muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

Para defender su enmienda tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Senador Esteban.




El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero hacer una serie de consideraciones sobre la
moción para explicar el motivo de nuestra enmienda.

Señor Presidente, no es habitual en esta Cámara encontrarse con mociones
de este tenor; es decir, con una moción vacía en su formulación, inútil
en su contenido, que afirma una coherencia de la que carece y que, en
definitiva, pretende distraer la atención de lo verdaderamente
importante. Digo que es vacía en su formulación por cuanto la exposición
de motivos de la moción establece que la Ministra, en la interpelación
proveniente, no ha dado satisfacción a las incertidumbres planteadas por
el Grupo Parlamentario Socialista y que no existe una verdadera política
hidráulica.

Quiero manifestar aquí que si hay algo falso en su totalidad es
precisamente eso; lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora ha sido
precisamente seguir los pasos que se han puesto de manifiesto en las
resoluciones que ha habido no solamente en esta Cámara sino también en el
Congreso de los Diputados, y que --como usted bien sabe, señoría-- eran:
la aprobación por los consejos de cuenca de los planes hidrológicos; el
envío al Consejo Nacional del Agua para su dictamen preceptivo de los
planes hidrológicos de cuenca; la aprobación de los planes hidrológicos
de cuenca; y ahora estamos en la fase de aprobar y de enviar a esta
Cámara para su debate lo que se ha llamado el Libro Blanco del Agua.

Por lo tanto, los plazos y procedimientos se están siguiendo de una
manera escrupulosa. Otra cosa es que a ustedes no les guste. Yo puedo
entender que a ustedes no les guste absolutamente nada de lo que pasa con
la política hidráulica, pero no puede usted, Senador Gallego, aducir
temas de trasvases; es decir, hoy a la población española los trasvases
les preocupan mucho menos --y usted lo sabe bien-- de lo que les
preocupaban antes. El otro día, cuando usted interpelaba a la señora
Ministra, yo leía en un breve, en una página intermedia de un periódico,
cómo se iban a trasvasar a la región por la que usted es Senador 60
hectómetros cúbicos, cuando usted sabe que eso antes del Gobierno del
Partido Popular era un problema de primera plana: la Guardia Civil, los
piquetes, la angustia de la gente, el no poder seguir, la lucha entre
personas de este país. Por tanto, tendrá que reconocer que eso se ha
conseguido.

Por otra parte --por venir a cuento este tema--, los cauces hidrológicos,
Senador Beguer, vienen estipulados en los planes hidrológicos de cuenca.

Luego, si usted quiere que se interpongan muy bien, pero este es un
instrumento de planeamiento que está en vigor y que está aprobado
correctamente.

Y es inútil la moción, Senador Gallego, señores del Partido Socialista,
porque en esta Cámara, en el debate del Estado de las Autonomías, que
tanto se pondera en estos momentos, se aprobó una resolución que decía:
«La sociedad española considera el agua como un bien de primer orden y es
consciente de la gran importancia que tiene la disponibilidad del recurso
para los diversos usos. Este recurso natural, limitado, aunque renovable,
constituye un bien social, económico y público que desempeña un papel
decisivo en la ordenación territorial, en el desiño de las
planificaciones sectoriales y en la conservación y mejora del medio
ambiente». Por tanto, lo que usted pide en su moción es inútil, puesto
que ya fue aprobado por esta Cámara en el debate del Estado de las
Autonomías.

Es más, lo que usted pretende con esta moción es conseguir un plazo. Me
parece bien, y si hubiese sido antes, tanto mejor que después. Pero me
parecería bien siempre y cuando viniera precedido del oportuno consenso,
que no diera lugar a las luchas territoriales que anteriormente hemos
tenido que vivir con la política hidráulica del señor Borrell. Ese es,
precisamente, el hecho fundamental por el que el otro día, con motivo de
una interpelación de su compañero en el Congreso de los Diputados --por
cierto, qué casualidad que haya ahora en el Grupo Socialista una
determinada inquietud por la política hidráulica, tanto en el Congreso,
como en el Senado, incluso, en el mismo día--, la señora Ministra dijera
que el libro blanco del agua se iba a presentar en sede territorial, en
el Senado. Y eso creo que es bueno que usted lo celebre, como también lo
debemos celebrar todos de una manera sobresaliente.

Pero ustedes lo que obvian en su moción es ese paso, el del rigor, el de
evaluar con los datos que hoy se tienen en la administración hidráulica
cuáles son los recursos hidráulicos, cuáles las demandas que solicitan
los ciudadanos, para poder definir una política hidráulica que de alguna
manera recoja el plan hidrológico nacional a los efectos del más amplio
debate y del más amplio consenso.

Señores del Grupo Socialista, señorías, si lo que ustedes pretenden con
esta moción es evitar que el Partido Popular y el Gobierno que sustenta
intenten un consenso amplio con todas las Comunidades Autónomas y
administraciones afectadas por el agua, hoy desde aquí les digo que no. Y
por eso vamos a votar en contra de su moción.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.

Para contestación, tiene la palabra el Senador Gallego, por tiempo de
cinco minutos.




El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Utilizo este turno para contestar a las dos enmiendas que se han
presentado y anuncio que vamos a aceptar la enmienda que ha defendido el
Senador Beguer, portavoz de Convergència, porque nos parece que enriquece
el contenido de la moción, puesto que cuando nosotros defendemos el uso
sostenible del agua, cuando defendemos que el plan hidrológico nacional
lo contemple prioritariamente, estamos haciendo que se plasme en una ley
lo que



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cada vez va calando más socialmente, que es el concepto de viabilidad
ambiental de todos y cada uno de los proyectos, de las obras, de la
planificación, en último término, que se haga, y por eso los caudales
ecológicos forman parte de este uso sostenible del agua. Aceptamos, por
tanto, la enmienda de CiU.

Sin embargo, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular, ya que
supone una vez más dar una larga cambiada a los compromisos concretos. Si
traje hace unos días una interpelación y hoy el Grupo Parlamentario
Socialista trae a esta Cámara una moción es para recordarles a ustedes
que no estamos dispuestos ni permitimos que se duerman en los laureles, y
que antes de hacer una promesa, antes de hacer una propuesta, antes de
levantar ilusiones --lo digo en el sentido de ilusionismo-- en los
distintos territorios a los distintos usuarios, deben saber a qué se
comprometen.

Ustedes mismos dijeron que no había ningún inconveniente en que el año
1998 fuera el año de la presentación del Plan Hidrológico Nacional. Está
claro que ustedes ahora mismo pueden estar tranquilos; está claro que no
hay --¿no hay? me preguntaría yo-- guerras del agua; ha llovido y cuando
llueve todos estamos contentos. En España siempre llueve a gusto de
todos, en este caso.

Pero con las medidas que ustedes están tomando, ya se están produciendo
enfrentamientos entre territorios vecinos, y el último Decreto-ley de
agosto así lo manifiesta. Las filtraciones que ha habido del Libro Blanco
del agua ya están creando fricciones también entre vecinos que creen que
les van a detraer de lo que consideran suyo, porque --lo he dicho muchas
veces y nadie me ha respondido a este tema-- cada usuario de cada cuenca
considera ahora mismo que lo que hay plasmado en los planes de cuenca es
inamovible tanto en hectáreas de nuevos regadíos, como en agua. Por eso
ninguna cuenca es deficitaria. Eso, señores del Grupo Parlamentario
Popular, tienen ustedes que reconocer que es así y algún remedio tendrán
que poner ustedes que son los que lo han puesto sobre la mesa.

Me hablan del consenso. La señora Ministra con las prisas del otro día, o
con la urgencia de no poder cumplir el compromiso de almorzar fuera de
esta Cámara, solamente me contestó en el sentido de que había intentado
ridiculizar el consenso. No, el consenso no se puede ridiculizar nunca;
nunca el Grupo Parlamentario Socialista lo hará y nunca este Senador.

Porque consenso es encontrar un lugar común donde podamos estar a gusto
todos. Consenso --como le digo-- no es la suma de todas las propuestas de
todos los usuarios de un territorio, de una cuenca hidrográfica, en este
caso. Eso es lo que han hecho ustedes con los planes de cuenca: cada
propuesta que había de modernización de regadíos, de ampliación de las
hectáreas de nuevos regadíos, de demanda de agua la iban sumando. Como
digo, 15.000 folios no es el consenso, es la suma, la yuxtaposición de
las posiciones de cada uno. El consenso general, el gran pacto nacional
del agua, como les decía y les repito, no es la suma de esos consensos,
aunque se hubieran conseguido bien en cada cuenca. Le puedo admitir que
han conseguido el consenso necesario en cada cuenca, pero la suma de los
consensos de cada cuenca no es el gran pacto nacional del agua que
nuestra España necesita.

Recuerdo también otras iniciativas propuestas por las Cámaras, incluso
aquella sesión en la que se dijo que los planes de cuenca se hicieran
antes del Plan Hidrológico Nacional, a lo que se opuso el Grupo
Parlamentario Socialista. Esto a la señor Ministra se le olvida y dice
que se aprobó por unanimidad. El Grupo Parlamentario Socialista sabía que
aprobar los planes de cuenca antes que el Plan Hidrológico Nacional
supondría el retraso del Plan Hidrológico Nacional, y también creemos que
supone un callejón sin salida.

También aprobamos entonces que se promoviera el gran pacto nacional sobre
el agua. No se ha hecho caso de aquella moción.

Algunas semanas después propusimos que se hiciera una ley de bases para
armonizar los planes de cuenca, para que no saliera cada uno por su lado.

No se ha hecho caso de aquella propuesta.

Cuando en otro momento se propuso que hubiera un programa de reparación
de fugas de las redes de agua y de suministro, el Gobierno nos remitió a
lo que dijera el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de
Regadíos.

Si hay que aceptar, si hay que cumplir todas las propuestas, todas las
iniciativas de las Cámaras, aprobémoslas todas, ya que ese será el buen
camino.

Por eso no puedo aceptar esa moción que supone retrasar una vez más «sine
die» la culminación de la política hidrológica que es la planificación
hidrológica nacional, aunque el Secretario de Estado de Aguas diga que la
planificación hidrológica nacional no es la panacea. Si no es la panacea,
se acerca mucho.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.

Turno de portavoces. (Pausa.)
El Senador Román Clemente tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para anunciar que votaremos favorablemente la moción. Y si es
aceptada --como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--
la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, tengo que decir que también estamos de acuerdo con ella porque
pretende garantizar el caudal ecológico.

Señorías, la planificación del agua es un principio básico, y dicha
planificación debe tener en cuenta criterios territoriales, ambientales y
el tejido económico y social; asimismo, el instrumento de planificación
debe ser participativo y flexible y respetar no sólo las competencias
estatales, sino también las competencias autonómicas en un modelo de
Estado que entendemos federal.

Por tanto, señorías, la moción nos parece procedente. Votaremos a favor
de ella, así como de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.

Gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 98; en contra, 110; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ESMERARSE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE SUMISION AL CONTROL
PARLAMENTARIO QUE SE EFECTUA EN EL SENADO, A COLABORAR CON LA COMISION
GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES,
A ADOPTAR LAS INICIATIVAS POLITICAS NECESARIAS PARA QUE EL DEBATE SOBRE
COMUNIDADES AUTONOMAS, A CELEBRAR EN EL PRESENTE PERIODO DE SESIONES EN
LA CITADA COMISION, SE CONVOQUE CON EL OBJETIVO DE RESTAURAR EL CONSENSO
POLITICO SOBRE EL MODELO DEL ESTADO AUTONOMICO, Y A COLABORAR CON LA
PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL SENADO
DEFINIENDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LOS CRITERIOS EN TORNO A LOS CUALES
PODRIA ESTABLECERSE EL IMPRESCINDIBLE ACUERDO POLITICO QUE LA HAGA
POSIBLE. (671/000053)



El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a esmerarse en
el cumplimiento de sus obligaciones de sumisión al control parlamentario
que se efectúa en el Senado, a colaborar con la Comisión General de las
Comunidades Autónomas en el cumplimiento de sus funciones, a adoptar las
iniciativas políticas necesarias para que el debate sobre Comunidades
Autónomas, a celebrar en el presente período de sesiones en la citada
Comisión, se convoque con el objetivo de restaurar el consenso político
sobre el modelo de Estado Autonómico, y a colaborar con la Ponencia para
el estudio de la reforma constitucional del Senado, definiendo el
Presidente del Gobierno los criterios en torno a los cuales podría
establecerse el imprescindible acuerdo político que la haga posible.

Tiene la palabra el Senador Laborda Martín, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, por un tiempo de cinco minutos. (Rumores.)
Silencio, por favor.

El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, cuando uno tiene la sensación de que el resultado de la
votación está ya cantado tiene dos opciones en esta tribuna, una, ponerse
por delante y hacer la crítica y otra, intentar hacer un pequeño esfuerzo
complementario para convencer a sus señorías pidiendo el voto a favor de
esta moción.

Señor Presidente, en la última sesión plenaria tuvimos oportunidad de
debatir los puntos que condensa esta moción. La verdad es que los
acontecimientos posteriores
--lo digo con toda modestia-- me han venido a dar la razón. En el
primer punto de la moción les planteo a sus señorías que, acordemos entre
todos que el Gobierno facilite a esta Cámara que pueda someterle
efectivamente a control.

En la semana en la que estamos mi Grupo ha presentado una interpelación
--creo que de interés para todas las señoras y señores Senadores--,
relativa a cómo está la situación universitaria en nuestro país, cuestión
que se está, efectivamente, debatiendo en muchos sitios. Presentamos esta
interpelación tras conocer una información del Gobierno que señalaba que
la titular de educación estaba disponible para que se efectuará la
interpelación. Pero la víspera del sábado se nos comunica que la señora
Ministra está ausente. La interpelación ha quedado aplazada. Pues bien,
señorías, este aplazamiento no será a causa de que este Grupo haya
querido crear problemas al Gobierno interpelándole cuando éste no estaba
disponible. Ha sido sencillamente a causa de que el Gobierno esquiva sus
obligaciones, eludiendo su responsabilidad, para con esta Cámara.

Cuando tengamos la oportunidad de debatir esta interpelación, supongo que
el día 27 de octubre, si es que no hay una nueva demora injustificable,
el Congreso de los Diputados, probablemente, habrá agotado la materia con
interpelaciones de distintos diputados.

Asimismo, señor Presidente, el Gobierno ha decidido trasladar la
respuesta a dos preguntas formuladas para este Pleno a los ministros
competentes, a ministros que no están presentes y que no son los
exactamente competentes en las materias que trataban la Senadora
Oyarzabal o la Senadora Arnaiz, para producir el aplazamiento.

Yo creo que por decoro y por sentido de la responsabilidad tendríamos que
hacer el esfuerzo de mandatar al Gobierno, aprobando esta moción, para
que cumpla con sus obligaciones de tal manera que esta Cámara pueda
ejercer el control que se merece.

Señor Presidente, el segundo punto de la moción se debatió hasta el
agotamiento la pasada semana. Nosotros creemos que es obligado que se
cumpla el Reglamento de la Cámara. Creemos que la mayoría y el Gobierno
tienen que señalarnos una fecha para hacer el debate sobre el Estado de
las Autonomías porque, cada día que pasa, el debate sobre el modelo
autonómico está cada vez más ausente de estos muros parlamentarios.

Señoras y señores Senadores, esta petición la hizo mi Grupo hace dos
semanas al plantear esta interpelación y la hemos venido repitiendo desde
hace ya mucho tiempo.




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Señores miembros de los grupos parlamentarios nacionalistas, es posible
que ustedes tengan la seguridad de que tienen una interlocución
privilegiada con el Gobierno, pero no se olviden de que esa interlocución
es bilateral con cada uno de ustedes y, a veces, eso les genera
insatisfacciones. ¿Por qué no hacen ustedes el esfuerzo de votar esta
moción y recuperar el espacio de diálogo político que fueron capaces de
protagonizar aquí en esta Cámara en el debate de 1994?
Yo creo que para ustedes mismos eso es muy importante por diversos
motivos. Volviendo a lo de un diálogo multilateral, en la interpelación
del último Pleno yo dije lo siguiente: No pretendo sustituir un
bilateralismo del Gobierno con los pequeños por un bilateralismo del
Gobierno con nosotros, sino hacer que las instituciones funcionen, hacer
que, efectivamente, de lo que discute todo el mundo podamos discutir
aquí.

Hay muchas personas, muchos ciudadanos y, desde luego, los Senadores de
mi Grupo, que entienden perfectamente el espíritu de esta Constitución,
una Constitución integradora que habla de nacionalidades y regiones, que
entiende los hechos diferenciales y que nos ha costado mucho defender
cuando el Grupo Popular hacía de esto causa de desestabilización, pero lo
seguiremos defendiendo a pesar de las circunstancias. Queridos amigos y
compañeros de los Grupos nacionalistas, ayúdennos también ustedes, porque
es necesario que se produzca ese diálogo en el Parlamento para que
nosotros podamos defender valores que compartimos con ustedes, valores
que fueron los que nos permitieron el consenso constitucional, pero para
eso es necesario que se ejerza la confianza.

Señores de la mayoría, no crean ustedes que porque --como en cualquier
otra circunstancia, cuando lo hicimos con el Presidente Suárez o con el
Presidente Calvo Sotelo-- se nos haya pedido espíritu de comunicación
para hablar, para discutir, para llegar a acuerdos sobre problemas
comunes eso sea para nosotros la restauración de la confianza. La única
manera de que el Partido Socialista vuelva a tener confianza en ustedes,
señores de la mayoría, es que vengan a este Parlamento y nos digan qué es
lo que quieren hacer y cuál es su política de Gobierno, para que les
creamos nosotros y para que también les crean quienes ahora les apoyan.

Puede haber razones instrumentales en ustedes y en ellos para que haya
una conjunción y para que dentro de unos meses puedan aprobarse aquí los
Presupuestos con los votos de la mayoría de la Cámara, pero eso no querrá
decir que se haya restaurado la confianza en torno a unos valores comunes
que creo que hemos sido capaces de mantener durante muchos años gracias a
que fuimos capaces también de hacer funcionar las instituciones.

Por último, señor Presidente, es verdad que llevamos dos años y medio
hablando seriamente de reformar la Constitución. ¿Por qué no podemos
seguir hablando de reformar la Constitución a pesar de todo lo que
externamente a este debate se ha producido en las últimas fechas? Quienes
creemos en las instituciones consideramos que los trayectos políticos que
hemos recorrido defendiendo un Senado capaz de ser cauce de participación
de las Comunidades Autónomas merecen la pena precisamente porque esta
Constitución no está agotada y es necesario que sigamos hablando de eso.

Sólo falta algo para que al menos nos sintamos satisfechos de ese
esfuerzo de sinceridad que hemos hecho durante el tiempo que llevamos
trabajando en esta reforma y después de conectar con múltiples personas:
que digan ustedes de una vez qué es lo que piensan de esta Cámara.

Entonces sabremos qué es lo que piensan de verdad del Estado de las
Autonomías y, en última instancia, sabremos cuál es el sentido de
gobierno que tienen ustedes desde el año 1996. Y no entiendan esta última
frase como un reproche.

Lo que a mí me alarma de todo esto, lo que de verdad me produce un cierto
desánimo es que ni siquiera haya una enmienda a nuestra moción. Esta es
la expresión de que no hay diálogo, y ustedes tienen la responsabilidad
de esa fractura. A pesar de eso, cuando nos llamen ustedes, nosotros
acudiremos a la Ponencia de reforma constitucional o a donde se nos diga,
porque creemos en las instituciones. Pero también tengo que decirles una
cosa: si no se puede hablar de esto en esta Cámara, en este Parlamento,
ustedes no nos van a impedir que hablemos en la calle.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Laborda.

¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta moción es enormemente oportuna, ya que lo que pretende es que se
hable en las instituciones --y esta es una institución-- de lo que, de
alguna manera, está en la calle.

Además, creo que se está haciendo un flaco servicio a este Senado tanto
posponiendo sine die el debate sobre el Estado de las Autonomías como
paralizando la Ponencia de la reforma constitucional ya constituida en
esta Cámara, reforma constitucional que ahora se está cuestionando de
otra manera. Esta Ponencia creada por el Senado para el estudio de la
reforma constitucional --que precisamente se llama así-- está
prácticamente paralizada porque el Grupo que sustenta al Gobierno no ha
traído ninguna iniciativa concreta en el último período de sesiones,
mientras que otras fuerzas políticas, incluso minoritarias --como
nosotros mismos--, así como el Grupo Socialista, han presentado a esa
Ponencia su modelo de Estado.

Todavía estamos esperando que se presente un modelo de Estado en la
Ponencia de la Comisión Constitucional por parte de las fuerzas
nacionalistas, es decir, por los Grupos de Convergència i Unió y de
Senadores Nacionalistas Vascos, aunque hay que decir que el Grupo de
Convergència i Unió ha adelantado algunas cosas; sin embargo, insisto, el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no ha aportado nada en dicha
Ponencia. En cuanto al Partido Popular, como sabemos, el Presidente del
Congreso



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de los Diputados, señor Trillo, efectuó unas declaraciones en las que
dijo que de reforma de la Constitución, nada. Asimismo, el Presidente del
Gobierno salió diciendo que de reforma de la Constitución, nada. Y eso es
una contradicción.

Por tanto, hay que pedir que se diga claramente si damos por finiquitada
la Ponencia para el estudio de la reforma constitucional del Senado, o,
si ésta tiene alguna función que hacer, que el Grupo que sustenta al
Gobierno y este último opinen al respecto, porque lo contrario sería una
tomadura de pelo para esta institución, para el Senado. Insisto, pues, en
que de no ser así podemos dar por finiquitada la Ponencia para la reforma
constitucional, y a otra cosa mariposa. Ahora bien, entonces el Senado
quedaría indudablemente tocado. Si no se realiza el debate del Estado de
las Autonomías ni la reforma constitucional --y todos estamos de acuerdo
en que sería necesario reformar la Constitución aunque sólo fuera para
que el Senado fuese realmente el foro y la Cámara de las Autonomías--,
indudablemente las responsabilidades fundamentales serán del Gobierno y
del Grupo que lo sustenta, que es mayoritario en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, esta moción trae causa de la interpelación efectuada al
Gobierno en la anterior sesión plenaria de esta Cámara, en la que tuvimos
la oportunidad de posicionarnos esquemáticamente sobre sus diversos
extremos, que prácticamente se reiteran en esta moción y que por su
propia naturaleza debe ser ahora contemplada como un todo indivisible.

De su texto parece colegirse que corresponde al Gobierno no solamente un
buen funcionamiento de la Comisión General de Comunidades Autónomas, sino
también la definición de los criterios que deben presidir la reforma de
esta Cámara, e incluso adoptar una iniciativa para que se celebren las
sesiones de debate sobre las Comunidades Autónomas. El Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos no puede compartir estas opiniones, que inciden en
el protagonismo de una sola de las partes implicadas. No sólo corresponde
al Gobierno adoptar la iniciativa para posibilitar la celebración del
debate de las Autonomías, sino que nos hallamos ante una iniciativa
compartida, residenciada también y fundamentalmente en esta Cámara, en
concreto en la Junta de Portavoces, y, por supuesto, en las propias
Comunidades Autónomas. El mismo criterio nos lleva a no poder compartir
la idea de identificar el grado de colaboración del Gobierno respecto de
la reforma de esta Cámara con la exigencia de que por su parte se definan
los criterios que deben informar dicha reforma o, lo que es lo mismo, que
sea el Gobierno el que nos indique cómo va a ser esta reforma. Entendemos
que, en todo caso, el protagonismo de dicha innovación incumbe y
pertenece a los partidos con representación en esta Cámara y presentes en
la Ponencia creada al efecto, en cuyas labores, insistimos, participamos
todos.

Por todo ello, y al considerar que esta moción solamente contempla e
incide en una sola de las partes de un entramado complejo en el que,
repito, igual protagonismo e iniciativa corresponde a los Grupos
presentes en esta Cámara y, por supuesto, a las Comunidades Autónomas,
vamos a votar en contra de la misma.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.




El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, intervengo para
posicionarme en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió respecto a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, que es consecuencia de interpelación defendida
ante este Pleno por el Senador Laborda en su última sesión.

Quizá la primera consideración que debería hacer es que una iniciativa
parlamentaria puede estar pensada para que sea aprobada o para que se
provoque un debate, en los dos casos absolutamente lícito e interesante.

Esta iniciativa que estamos debatiendo hoy pertenece al segundo grupo, al
deseo de provocar un debate, pero en realidad creo que en su formulación
práctica no pretende llegar a ser aprobada porque, de entrada, la
correlación de fuerzas y la formulación que se hace casi lo imposibilita.

Para que una iniciativa pueda llegar a buen puerto, que quiere decir
llegar a ser aprobada por la mayoría de esta Cámara, tiene que transmitir
un interés por la cuestión y contar con un marco favorable. Las
cuestiones que plantea esta moción son de interés, pero su mezcla
imposibilita su viabilidad esta tarde. En cuanto al marco, no es el más
favorable. Hay que reconocer que el marco político se mueve de una forma
interesante, esperanzadora; es indudable. Las cuestiones que afectan
directamente al Senado encuentran en todos nosotros una receptividad;
también es indudable. Pero en ese marco en el que se inscribe esta
iniciativa también tenemos que tener en cuenta la campaña que ha hecho
por su cuenta esta semana el candidato del Partido Socialista Obrero
Español, señor Borrell, que no ha favorecido en absoluto para encontrar
un marco favorable a esta moción. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) También hay que tener en cuenta esto,
señorías. Ya saben ustedes lo que dicen, que el señor Borrell está
hablando con alguien y cuenta el siguiente chiste (Rumores en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.): Yo soy federalista. Aquí se
termina.

Retomando la moción, diré que ésta tiene dos bloques y cuatro puntos. Los
dos primeros se refieren a la funcionalidad de esta Cámara, donde yo creo
que nuestro Grupo



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hubiera podido llegar fácilmente a entendimiento con el Grupo
Parlamentario Socialista, porque es indudable --y esta semana es un claro
ejemplo-- que hay problemas en la funcionalidad de comisiones, en la
presencia del Gobierno en esta Cámara.

En segundo lugar, hay otros dos puntos, que creo que justificarían sendas
mociones aparte, no mezcladas con los dos puntos primeros. El tercer
punto, concretamente, se refiere al debate sobre el Estado de las
Autonomías. Sus señorías saben que nuestro Grupo, no solamente ha sido y
es partidario del debate sobre el Estado de las Autonomías, sino que ha
participado en las dos ocasiones que se celebró. Por consiguiente, no
hemos de subrayar nuestro interés actualmente. La moción nos presenta la
necesidad de que se prepare este año el debate sobre el Estado de las
Autonomías y propone un acuerdo político cuando en realidad la Mesa de
esta Cámara y la Mesa de la Comisión de Comunidades Autónomas son las
responsables, ya por ley, ya de oficio, de la preparación de este debate.

En las dos ocasiones anteriores, previamente a la realización de dicho
debate sobre el Estado de las Autonomías, como es lógico, la Mesa de la
Cámara efectuó las consultas pertinentes para comprobar que existían las
condiciones necesarias para su convocatoria. Estamos en una situación en
la que, aparte de la inminencia de las elecciones vascas, la Mesa de la
Cámara lógicamente es la que debe tomar precauciones y realizar los
contactos pertinentes para verificar que nuevamente estamos en
condiciones de hacer un tercer debate sobre el Estado de las Autonomías.

Nuestro Grupo no tiene ninguna aprensión, muy al contrario. Hoy escuchaba
en Televisión Española al Presidente de la Generalidad que recordaba que
en la última ocasión en que intervino, en 1997, presentó el esquema de lo
que consideramos necesario como soberanía compartida; es decir, hemos
intervenido siempre en el debate sobre el Estado de las Autonomías y así
continuaremos haciéndolo cuando se convoque. No tenemos ninguna
reticencia a este respecto, pero es evidente que el tercer punto de esta
moción complica su aprobación esta tarde.

El cuarto punto se refiere a la reforma del Senado. Yo creo --y me dirijo
concretamente al Grupo Parlamentario Socialista-- que se ha trabajado
intensamente en ello, pero no es extraño que diga que esta reforma
necesita madurar, porque el Grupo Parlamentario Popular no ha escrito
sobre esta materia aunque ustedes sí lo hayan hecho. Hace unas semanas o
unos meses ustedes han publicado un libro sobre la estructura del Estado,
en cuyas páginas números 53 a 58 indican lo que ustedes piensan debe ser
la reforma del Senado. Mediante la lectura de estas páginas uno se da
cuenta de que no nos irá mal, no será contraproducente, dedicarle más
tiempo, a esta reforma, a madurar más lo que debe ser esta reforma que
algún día llegará a cristalizarse, a presentarse y a aprobarse.

Me parece que introducir este punto en esta moción es una complicación
innecesaria como lo es, naturalmente, sugerir la presencia del Presidente
Aznar en esta Ponencia. Nunca se solicitó la presencia de ningún
Presidente. Si él deseara exponer sus ideas en esta Ponencia, se le
escuchará con gran atención, pero no ha sido esa la tradición de trabajo
de la Ponencia de reglamento y ahora la Ponencia de reforma del Senado.




El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, le ruego termine.




El señor FERRER I ROCA: Termino, señor Presidente.

En conclusión nuestro Grupo va a votar en contra de esta moción pero
quiero decir claramente que ofrecemos al Grupo Parlamentario Socialista,
al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, así como al Grupo Parlamentario Mixto la
posibilidad y nuestro interés de estudiar mociones no enciclopédicas como
ésta, sino mociones particularizadas, concretas, sobre problemas
concretos, con el ánimo, con la voluntad política de llegar a acuerdos,
porque estamos conformes con lo que acaba de manifestar el señor Laborda
hace unos minutos de que estas cuestiones interesan no a un determinado
Grupo o a otro, sino que realmente interesan a todos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González
Pons.




El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, con la certeza de compartir las últimas palabras del Senador
Ferrer, que ya traída de palabras del Senador Laborda, manifiesto que
éstas son cuestiones que nos importan a todos, éstas son cuestiones
importantes, éstas son cuestiones sobre las que no conviene decir nada
que no esté suficientemente meditado, y éstas son cuestiones sobre las
que la falta de meditación previa no debe esconderse en la densidad o en
la oscuridad. Creo que la moción que se nos presenta es densa; que la
moción que se nos presenta es poco lúcida; que la moción que se nos
presenta es oscura; creo --utilizando términos de la moción-- que la
moción que se nos presenta está poco esmerada. Tomo también del Senador
Ferrer la justificación según la cual hay mociones que se presentan para
provocar el debate, y acepto la presente moción como continuación, si es
que era necesario, del debate de la semana pasada. Y digo, si es que era
necesario, porque la posición del Gobierno y del grupo mayoritario no
sólo quedó clara, sino que además ayudó a clarificar algunos asuntos que
habían sido llevados por terrenos equivocados.

Señorías, me da la sensación de que este debate que se ha provocado, que
aceptamos y en el cual vamos a entrar, descansa sobre tres pilares que no
terminan de ser del todo ciertos, tres pilares que sirven para construir
un debate, pero tres pilares sobre los que no puede sustentarse el
discurso que, inflamado y brillante, se ha presentado a la Cámara.

El primer presupuesto falso sería que se ha roto el consenso
constitucional. No sólo se ha dicho desde esta



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tribuna, sino que está escrito en la moción que se nos ha presentado:
adoptar las iniciativas necesarias para restaurar el consenso político
sobre el modelo de Estado. Afirmar esto, permítanme que les diga, es una
irresponsabilidad. Hay una Constitución en vigor, votada por el pueblo
español en 1978, que define un modelo de Estado. Decir que se rompe el
consenso sobre el modelo de Estado o que, como dice literalmente su
moción, hay que «restaurar el consenso sobre el modelo político del
Estado», significa que está roto el consenso sobre el modelo que el
pueblo español se dio y el modelo vigente. Señorías, puede que ustedes,
por los gestos que hacen, no hayan querido decir lo que aquí está
escrito, pero ya digo que a veces se acude a argumentos que no resultan
acertados cuando lo que se busca es, desde la oposición, provocar el
debate. El modelo político de Estado, el consenso sobre el modelo
político de Estado está en vigor; lo afirma contundentemente el Grupo
Parlamentario Popular. Los españoles pueden estar tranquilos de que las
fuerzas políticas aquí representadas respetan el consenso que en 1978 dio
lugar a la Constitución vigente. Esta Constitución, señorías, es
mejorable; esta Constitución es perfectible; sobre esta Constitución se
puede trabajar, pero no sobre el equivoco de decir que el consenso se ha
roto. El consenso se puede mejorar, pero nunca decir que hay que
restaurarlo. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)
El segundo equívoco es venir a afirmar --se hizo entonces y se ha hecho
hoy-- que el Grupo de la mayoría tiene que presentar su modelo de Estado,
como si estuviéramos en la fase constituyente. Cuando se hizo la
Constitución Española en 1978 tenía sentido que todas las fuerzas
políticas pusieran sobre la mesa sus distintos modelos de Estado, se
contrastaran y, del contraste de ellos, surgiera un modelo común,
aceptado por todos, que sería el modelo constituido; pero esa fase
constituyente ha pasado ya; estamos en la fase constituida. Lo que
podrían traer las fuerzas políticas son sus propuestas de reforma del
modelo de Estado constituido, pero no sus propuestas sobre modelos de
Estado, porque afirmar que una fuerza política tiene que presentar una
propuesta sobre modelo de Estado, afirmar que todos tenemos que presentar
una propuesta de modelo de Estado sería tanto como afirmar que el modelo
de Estado está tan abierto que o todos nos posicionamos o va a ser
imposible construir uno de consenso. Vuelvo sobre el primer pilar: no
sólo no se ha roto el modelo constitucional sobre el modelo de Estado,
sino que además no es necesario que se presenten nuevos modelos
alternativos de Estado en tanto en cuanto se crea en el modelo de Estado
vigente.

Hay un tercer equívoco sobre el que descansa la moción, y es la
atribución al Gobierno de toda las responsabilidades respecto de lo que
sucede en esta Cámara. El candidato Borrell, en la reunión que tuvo con
su Grupo el 23 de junio de este año, les instaba a trabajar, dadas las
dificultades que supone hacer oposición después de haber estado en el
Gobierno quince años, en los que contaban con todos los instrumentos de
la Administración. Tal vez desde esta dificultad se puede instar al
Gobierno a realizar cosas que no corresponde hacer al Gobierno, como se
pretende en esta moción. Por un lado se le pide que se esmere en el
cumplimiento de sus obligaciones de sumisión y, por otro lado, se le dice
que adopte las iniciativas políticas para que se celebre el debate sobre
el Estado de las Autonomías. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Según
el Reglamento, los debates se convocan en la Cámara, son protagonizados
por los miembros de la Cámara. No se puede venir a presentar una moción
diciendo que se quiere realzar a la Cámara y en el texto de la moción
instar al Gobierno a que adopte las iniciativas para que una facultad que
es de la Cámara corresponda al Gobierno. (Varios señores Senadores: ¡Muy
bien!--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio.




El señor GONZALEZ PONS: La responsabilidad del Gobierno es la que es,
pero no más allá de la que es y sólo desde un ejercicio entiendo que
intenso y deseoso de que sea continuado en el tiempo de oposición se
puede pretender que la responsabilidad del Gobierno llegue donde no está.

Señorías, termino. Hemos sido acusados de nuevo de no tener modelo de
Senado, de no tener modelo de Estado. Les diré que tanto modelo de Senado
como modelo de Estado este Grupo tiene. Con el modelo de Senado
trabajamos en la Ponencia de reforma de la Constitución --no me extenderé
ahí--. Me parece que quienes están en esa Ponencia saben que de tres
capítulos sólo hay uno cerrado y sería precipitado, con sólo un capítulo
cerrado, pretender zanjar el trabajo que está realizando la Ponencia de
reforma.

También diré, puesto que se presume y a veces es mejor no presumir, que
quien afirma que nosotros no tenemos modelo de Senado en su libro
programático incluye dos modelos distintos de Senado y, además de incluir
dos modelos que son distintos y teóricamente deberían estar separados,
los sitúa en momentos distintos en el tiempo y dice: Tendremos primero
este modelo y más adelante deberíamos tener este otro, como si el modelo
de Senado que queremos para España, como si las instituciones que
queremos para nuestro país, dependieran del tiempo o de las estaciones.

Además, insisto, todavía podría tener un tercer modelo. Me encargué de
pedir la certificación a la agencia de noticias que dio la nota porque me
impresionó. Si quieren saber el modelo de Senado del candidato del
Partido Socialista, a la presidencia, José Borrell, es el siguiente,
según aparece en «Europa Press» el día 23 de junio de este año: Borrell,
por su parte, se comprometió, como luego anunció en rueda de prensa, a
dar un papel más destacado a los Senadores, a que el Senado ocupara un
papel destacado, prometiendo la presencia de miembros de la dirección del
Grupo Socialista en el Congreso en alguno de los debates más importantes
que tengan lugar en la Cámara Alta. También ese es un modelo de Senado y
a lo mejor éste no debe ser uno de esos debates importantes porque no veo
a ningún miembro de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso en
este momento



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en la Cámara. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Señorías, el Gobierno tiene modelo de Estado, lo tiene, confía en la
Constitución y está dispuesto a trabajar sobre ella, porque el consenso
constitucional es firme. No pertenece a mi partido el Presidente de
Comunidad Autónoma que no hace mucho dijo: No tenemos modelo de Estado
porque no tenemos modelo de partido.

Gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo parlamentario
Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El
señor Laborda Martín pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons.

Senador Laborda, sabe perfectamente que esto es un debate tasado, que se
rige por una norma supletoria de la Presidencia y que no es posible
intervenir más. El debate está finiquitado.




El señor LABORDA MARTIN: Existe un artículo 87.




El señor PRESIDENTE: No es aplicable el artículo 87 a este caso concreto.

Yo creo, sinceramente, que el debate está por segundo día finiquitado y
que no ha habido ninguna alusión en el sentido peyorativo de la palabra.




El señor LABORDA MARTIN: No es por alusiones, señor Presidente, es que el
Senador González Pons en esa tribuna ha dicho cosas que no son ciertas.

(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El
Senador González Pons ha discutido con él mismo, no conmigo.




El señor PRESIDENTE: Senador Laborda, sabe perfectamente, por lo menos
igual que yo y quizás mejor, que la palabra no es posible concederla. En
todo caso, teniendo en cuenta la voluntad de este Presidente de que se
exprese todo aquello que se tenga que decir, por un minuto tiene la
palabra y, naturalmente, después se la daré al Senador González Pons.




El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, quiero decir que agradezco al
Senador González Pons que haya leído el documento. Efectivamente, hay una
propuesta de reforma del Senado que puede conducir por consenso a otra
distinta en la que seguramente, si estuviéramos debatiendo esto
seriamente, podríamos llegar a ponernos de acuerdo todos. El tercer
modelo al que se ha referido está muy por debajo de las expectativas y de
la opinión que yo tengo de su señoría desde el punto de vista argumental.

Señor Presidente, yo no he dicho al defender la moción, ni está escrito,
que se haya roto el modelo constitucional. Lo que he señalado es que,
efectivamente, se ha roto el modelo político del Estado de las
Autonomías. No me negará el Senador González Pons que había un modelo,
porque nuestra Constitución es abierta. Tras la sentencia de la LOAPA,
afortunadamente, no hay manera de que el Estado de las Autonomías quede
encauzado en un modelo jurídico; está a disposición de la voluntad
política. (Protestas.) En torno a ese modelo es donde, efectivamente,
hace falta que exista consenso.

Termino, señor Presidente. No hay contradicción entre que el Gobierno se
someta al control de la Cámara y pedirle que tenga iniciativa política.

Sé de sobra, señor Presidente, que es la mayoría la que tiene que
convocar el debate del Estado de las Autonomías, y si no lo hace, señor
González Pons, es porque seguramente su Gobierno no tiene nada que decir
en el mismo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Laborda.

Tiene la palabra el Senador González Pons, por el mismo tiempo.




El señor GONZALEZ PONS. Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para decirle al Senador Laborda que exactamente no sé cuál
cree su señoría que es mi nivel argumental, pero estoy convencido de que
si el candidato que representa a mi partido hubiera metido una pata de la
magnitud de la que metió el candidato que representa al suyo, usted no la
habría desperdiciado aunque viniera a contrapelo.

Respecto al asunto de fondo, parece que no andaba tan desencaminado
cuando, al final, la restauración del consenso político sobre el modelo
de Estado --según piden en su moción-- era simplemente una referencia a
la LOAPA, es decir una referencia al mapa competencial, no al modelo o al
tipo de Estado. Sabe su señoría que cuando habla de la sentencia de la
LOAPA habla de modelo de Estado autonómico. Sabe su señoría que las
palabras que ha pronunciado en la tribuna se referían a otro asunto muy
distinto.

Su señoría ha empezado diciendo que esta semana han sucedido cosas; sí,
han sucedido, señoría, pero no en el partido al que yo represento. Es
verdad que el debate hay que tenerlo aquí y en la calle, como usted
decía, pero también es verdad que en los dos sitios hay que decir lo
mismo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Pons.

Terminado el debate, vamos a llamar para votación. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 90; en contra, 123; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




MOCIONES:



-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, UNA VEZ CONCLUIDAS EN EL AÑO 2001 LAS OBRAS QUE PERMITAN
REALIZAR LA LINEA FERREA ENTRE LAS CIUDADES DE LEON Y BILBAO (VIZCAYA),
LLEVE A CABO LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA QUE SE INCLUYA LA MISMA EN EL
ITINERARIO DEL TREN TURISTICO «EL TRANSCANTABRICO» U OTRO DE SIMILARES
CARACTERISTICAS. (662/000134)



El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones. En primer
lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se
insta al Gobierno a que, una vez concluidas en el año 2001 las obras que
permitan realizar la línea férrea entre las ciudades de León y Bilbao,
lleve a cabo las gestiones oportunas para que se incluya la misma en el
itinerario del tren turístico «El Transcantábrico» u otro de similares
características.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo autor de la moción, Senador Lobo,
por veinte minutos.




El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, como muy bien saben todos ustedes, y de forma especial sabemos
vascos, cántabros, castellanos de Burgos y Palencia y leoneses, la ya
centenaria línea férrea de vía estrecha León-Bilbao ha venido siendo una
de las más importantes vías naturales de comunicación de un gran número
de municipios de estas Comunidades Autónomas y provincias. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Desde su apertura,
un ya lejano 14 de septiembre de 1894, ha estado ligada a la actividad
minera de sus cuencas carboníferas, siendo además un enlace de primer
orden con el País Vasco, por lo que este entrañable ferrocarril
--conocido por todos nosotros y entre nosotros como «el hullero»-- ha
desempeñado un relevante papel en el desarrollo social y económico en el
norte de nuestra Comunidad Autónoma; zona que --como es bien conocido--
es de difíciles accesos al estar situada en las estribaciones de la
cordillera Cantábrica, por lo que el ferrocarril, y concretamente este
ferrocarril, fue capaz de asegurar la posibilidad de desplazamiento a su
población.

Señorías, la línea León-Bilbao, además de su condición de infraestructura
básica de comunicación y transporte, presenta una evidente proyección
turística, puesto que su trazado transcurre por una de las zonas de más
alto valor paisajístico y medioambiental de Castilla y León, Cantabria y
sur del País Vasco, y este servicio ferroviario, como decía antes, tan
profundamente arraigado en la vida de sus habitantes, puede convertirse
en una excelente plataforma para dar a conocer sus innegables atractivos.

Así, el itinerario de la línea entre León y Bilbao, a través de la
provincia de León, es de 106 kilómetros --casi un tercio de la misma--
tramo que, como diría la escritora Laura Escolano, tiene un tono fluvial
ya que ha de atravesar cinco ríos importantes como el Esla, el Torío, el
Curueño, el Porma y el Cea, y cinco maravillosos valles de montaña, con
una vegetación y un paisaje en el que se mezclan especies mediterráneas
--encina, sabina y enebro-- con otras atlánticas entre las que predomina
el bosque de haya.

Posteriormente este ferrocarril cruza la provincia de Palencia, de la que
el mismo es un elemento más de su paisaje a través de la historia de sus
últimos cien años; paisaje dominado por el valle del Carrión y del
Pisuerga, junto con la planicie que faldea la Sierra del Brezo y que
separa la meseta del característico paisaje montañoso de la cordillera
Cantábrica.

El sector cántabro de la línea, de 38 kilómetros de recorrido, produce un
cambio de cuenca fluvial, pasándose de la del Duero a la del Ebro, pero,
sin duda, señorías, la nota más característica de este tramo del
itinerario es la presencia del gigantesco embalse del Ebro, que ocupa
buena parte de la superficie del Alto Campoo, atemperando, con su
influencia, su rigor climatológico. En la provincia de Burgos, que
atraviesa el sector más septentrional de la misma, tiene una longitud de
86 kilómetros, que constituyen el eje de Las Merindades, Valdeporres,
Sotoscueva, Espinosa de los Monteros, Montija y Valle de Mena. Y, por
último, por la provincia de Vizcaya, a partir de Valmaseda, este
ferrocarril es un verdadero y auténtico tranvía urbano, que no se separa
del río Cadagua y cuyo recorrido de 35 kilómetros se realiza por la
comarca de Las Encartaciones, de fuerte personalidad histórica, situada
entre el mar, la ría del Nervión y las provincias de Burgos y Alava,
jalonada por una cadena de importantes centros industriales, rindiendo
viaje, por fin, en el puerto de Bilbao.

Pero, señorías, el futuro no puede ni debe sorprendernos, no puede ni
debe pillarnos desprevenidos. Por ello, permítanme que crea en la
oportunidad de esta moción que hoy presentamos a su consideración.

Me explico. Como buena parte de sus señorías recordarán, la línea
León-Bilbao --o La Robla-Bilbao, que tanto da--, línea de vía estrecha,
que es la más larga de Europa, con 340 kilómetros de recorrido, sufría a
comienzos de la presente década serias dificultades: primero, cuando el 1
de junio de 1990 se suprimía el tráfico de mercancías, si hacemos
excepción del de carbón con destino a las centrales térmicas de La Robla
y Guardo y, cuando, posteriormente, un negro día del mes de diciembre de
1991 un decreto del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes
suspendía el servicio de viajeros entre Matallana y Bercedo, aduciendo
razones de seguridad. Aquí se hace necesario decir que por aquel
entonces, efectivamente, las condiciones de seguridad eran más bien
escasas en una línea ferroviaria en la que las inversiones en
infraestructura y mantenimiento habían sido prácticamente nulas. Entre
estos servicios de viajeros se suspendía, lógicamente también, la salida
desde León del ferrocarril turístico transcantábrico, salida que desde
entonces se fija en Bilbao.

Pero, como dicen los castizos, no hay mal que cien años dure, y, dándose
cuenta, como diría Machado, de que no deben confundirse valor y precio,
en la primavera



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de 1993, la compañía FEVE, la Junta de Castilla y León y las centrales
sindicales Comisiones Obreras y UGT firmaban un convenio que incluía la
realización de las obras de infraestructura necesarias que iban a suponer
la reapertura al servicio de viajeros y al de mercancías en el tramo
León-Guardo, reapertura que se efectúa el 26 de noviembre de 1993,
asumiendo entonces la Junta de Castilla y León el costo del déficit de la
explotación, cifrado por aquel entonces en más de 160 millones de pesetas
anuales.

Y por si todo esto fuera poco, señorías, que lo era, el pasado mes de
julio, FEVE y la Junta firman un nuevo convenio que permitirá la
reapertura del servicio de viajeros en el año 2001 hasta el País Vasco,
concretamente, hasta la localidad de Valmaseda, hecho que --dice
textualmente el citado convenio-- hará posible potenciar intercambios de
todo tipo, principalmente los económicos, sociales y culturales, mediante
una serie de actuaciones de modernización y mejora de las
infraestructuras de la línea, para que el Ministerio de Fomento autorice
su reapertura tanto al servicio de mercancías, La Robla-Guardo,
fundamentalmente, para el transporte de carbón, como en el trayecto
Arija-Valmaseda para el transporte de arenas y áridos, y también al
tráfico de viajeros, tráfico tanto regular como turístico, y todo ello
con una inversión, señorías, de 6.950 millones de pesetas, cantidad de la
que destaca la relativa a la revisión de la vía y mejora de apeaderos y
estaciones, siendo las más importantes, por su monto económico, las de
los tramos La Ercina-Guardo, Guardo-Mataporquera y Arija-Valmaseda.

Por ello, es la opinión de mi Grupo que todo este esfuerzo financiero
deba ir acompañado de iniciativas que, como ésta, permitan, entre otras,
la vuelta del tren «El Transcantábrico» a la línea León-Bilbao y/o de
otros trenes turísticos de similares características.

Espero, señorías, el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios para que
este tren, primer y único tren turístico español junto al de vía ancha
«Al-Andalus», regrese a León, como cuando se puso en marcha allá por el
año 1983, y que recupere el tiempo que se ha perdido que, tal y como reza
la exposición de motivos de esta moción, ha impedido que durante un buen
número de años, de forma muy especial la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en su zona subcantábrica, unos 230 kilómetros de recorrido, y
especialmente las provincias de Burgos, Palencia y León participaran de
esta importante iniciativa turística que es «El Transcantábrico»,
quedando marginadas de la misma.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Lobo Asenjo.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de Portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
La Senadora De Boneta y Piedra tiene la palabra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto y, en particular, por parte de
esta Senadora, a la que atañe personal y territorialmente la iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular, debemos decir que la apoyamos por su
oportunidad y que estamos absolutamente de acuerdo con todo aquello que
se ha manifestado.

Al decirle que me atañe territorialmente --estamos hablando de «El
Transcantábrico», que tiene su inicio o fin, según se mire, en Bilbao y
que viene a recuperar aquella línea, más que centenaria, del ferrocarril
de La Robla--, me refiero a que, obviamente, nos parece importante e
interesante lo que se plantea.

Me atañe personalmente porque mi vinculación personal con este tema ha
sido por razones familiares importantes: mi bisabuelo fue uno de los
contratistas, de los constructores del ferrocarril de La Robla, y siempre
he tenido un especial cariño por esa línea, que, realmente, transcurre
por unas zonas que desde el punto de vista turístico son al menos, diría
yo, inigualables. Por esa razón y porque, efectivamente, conviene
complementar lo que es práctico con lo que realmente puede aportar un
dato o una cosa más a la realidad práctica de ese ferrocarril, que es su
connotación turística y su connotación interesante para los ciudadanos y
ciudadanas que tienen que utilizarlo, creo que la iniciativa es oportuna
y que, aunque esté planteada en un ámbito temporal un poco lejano, de dos
o tres años, al menos es un comienzo y me parece bien que se haya
planteado aquí. Desde luego, por parte del Grupo Parlamentario Mixto y
por parte de esta Senadora, con especial interés, vamos a votar a favor
de esta moción.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senadora.

El Senador Albistur, por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

¡Cómo no vamos a estar de acuerdo con esta propuesta! Al margen de
cualquier polémica local, en la cual nosotros no queremos entrar, no
podemos dejar de apoyar y no podemos, además, dejar de decir que nos
parece oportuna y que nos parece necesaria.

Todo esto es como una anécdota de lo que pertenece a esa España profunda
que está abandonada por tantas autopistas y por tanto tren de alta
velocidad, que a veces parte de un sitio, que va hasta otro sin
verdaderamente dar un servicio a todo lo que algunos llaman la nación, y
que donde se gastaron los miles de millones de pesetas, se beneficiaron
unos cuantos señores, pero realmente, repito, se beneficiaron unos
cuantos señores. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista) A los que están haciendo comentarios ahí se lo digo y
recuerdo para que investiguen en su propia casa. Se lo digo para que me
dejen hablar, si puedo. Cuando pueda hablar, hablaré. Estoy refiriéndome
a un tema que pertenece a la España profunda y con el que ustedes,
señores socialistas, deberían estar de acuerdo.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, aténgase al tema que
corresponde en estos momentos.




El señor ALBISTUR MARIN: Pero quiero hablar, porque, señor Presidente, en
este Senado y en este hemiciclo se habla demasiado cuando uno está
interviniendo, sea yo o sea otro Senador.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted tendrá la
oportunidad cuando dirija el debate, pero en estos momentos me
corresponde modestamente a mí.

Puede continuar, señoría, pero limítese a hablar del tema.




El señor ALBISTUR MARIN: Es mi oportunidad, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pero de hablar sobre la cuestión.




El señor ALBISTUR MARIN: De eso estoy hablando. Hablo del tema que
estamos tratando, pero no quiero que se me interrumpa con cuestiones
ajenas.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, no he notado algo
parecido.




El señor ALBISTUR MARIN: En nuestro Grupo tenemos la buena educación de
no hacer comentarios cuando hablan otros y aparentemente se molestan.

(Rumores.) Continúo, señor Presidente.

Nos parece que este tema es oportuno, necesario y que verdaderamente
responde a la realidad social. (Pausa.)
Ahora parece que hay silencio. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, perdone. Debe dar la
explicación que le corresponde hacer en su turno.




El señor ALBISTUR MARIN: Cuando me dejen, señor Presidente. Creo que
usted no se debe dirigir a mí, sino que debe dirigirse a quien está
interrumpiendo.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le pido que continúe, ya
que se dan las condiciones para que usted pueda hacerlo.




El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo.

Casualmente, este tren --no sé si lo ha dicho el señor Lobo-- partía de
una estación que se llamaba La Concordia, y nos alegra muchísimo que en
momentos como estos, pese a quien pese, llegue este tema aquí, y nos
parece muy oportuno.

El tren une a dos regiones, una de ellas sigue siendo minera y la otra lo
fue en otro tiempo, que sufrieron mucho como consecuencia de todo el
desarrollo industrial. El hecho de que parta de una estación como es la
de Bilbao, que se llamaba La Concordia, viene a unir algo que todos
estamos empeñados en conseguir, y es que los diferentes pueblos de esto
que todos llamamos España estén unidos a través de vías de comunicación
en todos los sentidos.

Para nosotros este tema es importante porque contribuye a desarrollar un
conjunto de zonas, en su mayoría rurales, que están en estos momentos
necesitadas de impulsos innovadores y de proyectos que no estén
vinculados simplemente a decisiones políticas ajenas a ellos mismos. Y
este proyecto nace como consecuencia de una reflexión, de un interés y de
un deseo que se suscita en las poblaciones por las que el tren atraviesa.

Ofrecemos nuestro apoyo y lo vamos a considerar como un tema prioritario,
porque nos parece necesario para el desarrollo local y regional, así como
para fomentar las conexiones interregionales dentro del Estado.

Queremos felicitar al señor Lobo por la presentación que ha hecho y al
Partido Popular por su iniciativa al plantear este tema. No quisiéramos
que pasara de largo como una iniciativa más, sino que fuera un modelo a
seguir en otras regiones del Estado, que verdaderamente necesitan
iniciativas como ésta.

Se trata de una línea férrea que quizás pueda tener en su día una
prolongación por la Ruta de la Plata, por ejemplo hacia Galicia,
recuperando rutas antiguas de comunicación que harían que todos nos
sintiéramos más solidarios y más comunicados.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias señor Presidente.

Intervengo únicamente por cortesía parlamentaria, porque evidentemente,
nuestro Grupo está totalmente de acuerdo en que se promocione este tren
turístico, «El Transcantábrico», que permitirá unir León con Bilbao,
máxime cuando se trata de un tren que no sólo va a tener una actividad
turística y de carácter económico, sino que sea de verdadera concordia,
tal y como ha manifestado el Senador Albistur.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.




El señor ALONSO BUITRON: Muchas gracias, señor Presidente.

Como no podía ser de otra forma, subo a esta tribuna para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta moción,
que pretende recuperar el itinerario de «El Transcantábrico» a través de
León, Palencia, Burgos y Bilbao, como era tradicional.

No tengo ningún tipo de reparo en adelantar ya que la posición del Grupo
Parlamentario Socialista es favorable a esta moción. La verdad es que
tengo que agradecer al Senador Lobo, no ya esta iniciativa, pero sí el
que se haya destacado siempre, cuando estaba en la oposición y



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ahora que está apoyando al Gobierno, por traer a la Cámara iniciativas
interesantes en muchas ocasiones para la provincia de León. Por eso, cómo
no, ahora que yo también soy Senador se lo agradezco doblemente, porque
estas iniciativas me brindan a mí también la oportunidad, por ser Senador
de León, de subir a esta tribuna.

Poco puedo yo añadir a la historia que ha hecho de lo que ha sido el
ferrocarril de FEVE. Efectivamente, «El Transcantábrico» nace en el año
1983. Es motivo de una gran ilusión en aquel entonces y crea unas grandes
expectativas; expectativas que se ven pronto un poco frustradas debido al
mal estado en el que se encontraba en aquel entonces el ferrocarril de
FEVE, interrumpiéndose así la actividad de este tren.

No cabe duda de que esta circunstancia privó a la Comunidad Autónoma en
toda su zona subcantábrica de una infraestructura que nacía y que había
generado ilusión, y lo hizo durante todos estos años que lleva
interrumpido el funcionamiento de este tren.

Hoy se ha abierto una expectativa nueva con el convenio que firma la
Junta de Castilla y León en julio de este año, por el cual se decide una
inversión de 6.900 millones de pesetas para la reparación de este tren.

Se abre, por tanto, una expectativa a muy largo plazo, pues allá para el
año 2001 concluirán las obras de reparación de este ferrocarril.

En consecuencia, hay que hacer un paréntesis y esto sería algo así como
que no hay acuerdo, porque de los fondos del Plan del carbón se están
extrayendo cantidades presupuestarias para tapar una serie de agujeros y
de compromisos que fueron, en muchos casos, contraídos por la Junta de
Castilla y León; y aunque éste no es un debate que proceda hacer hoy
aquí, porque para este fin he pedido la comparecencia del señor Ministro
de Industria en la Comisión, a nosotros nos parece que hay que delimitar,
de alguna forma, a qué van destinados todos esos fondos mineros, pues ya
he dicho que 3.450 millones de pesetas, de esos 6.000 que compromete la
Junta en ese convenio, proceden del Plan de la minería del carbón.

Yo creo que es bueno que este tren vuelva a funcionar en todo el
recorrido que hacía anteriormente, porque hay que tener en cuenta que las
comarcas mineras están haciendo un gran esfuerzo para apoyar nuevas
infraestructuras. Concretamente, se están invirtiendo en infraestructuras
turísticas grandes cantidades que justifican perfectamente que este tren
pueda volver a funcionar.

Tengo que decirle, con todo cariño, señor Lobo, que hay una cosa que me
sorprende. Me sorprende que cuando estamos a tres años y cuatro meses
para que concluyan las obras del ferrocarril se presente una moción para
que el Gobierno realice gestiones para dentro de tres años. Mi primera
impresión fue que, posiblemente, el señor Lobo ya no pensaba volver a ser
Senador y que quería contribuir con esta iniciativa, como hizo con tantas
otras. Y después me vino a la memoria otra cosa y me dije: a lo mejor lo
que está ocurriendo es que el señor Lobo piensa que el Partido Popular no
va a ganar las próximas elecciones y por eso no confía en que los
socialistas llevemos a cabo el contenido de esta moción.

Pero después me enteré de que hay otra cosa aún de más trascendencia.

Resulta que en un momento determinado los servicios jurídicos de esta
Cámara, a propósito de una moción de similares características a ésta
--moción que establece un mandato, pero no para este Gobierno sino para
un gobierno de una próxima legislatura-- dijeron que no era posible que
una mayoría estableciera hoy un mandato para otra mayoría o para otro
gobierno de otra legislatura. Eso parece ser que está así de claro.

Nosotros vamos a apoyar la moción, pero a lo mejor lo que apoyamos es un
brindis al sol o una carta a los Reyes Magos.

No obstante, don Jaime, sepa que cuenta con todo nuestro apoyo. Pero lo
que sí le digo es que nos hubiera gustado que usted presentara una moción
--y a este respecto le ofrezco el apoyo del Grupo Socialista--, por
ejemplo, para que se desdoble el ferrocarril entre León y Monforte. Eso
lo apoyará el Grupo Socialista. Además, esa fue una promesa electoral que
ustedes les hicieron a los ciudadanos de León y que nos gustaría mucho
que se cumpliera. Si usted convierte esa promesa en moción, tenga la
completa seguridad de que el Grupo Socialista la va a apoyar.

También nos gustaría que usted trajera una moción a la Cámara para dar
cumplimiento a una oferta electoral que ustedes les hicieron a los
ciudadanos de León, me refiero a la construcción de una central térmica
de lecho fluido. Nosotros estamos de acuerdo en que se construya esa
central. Por tanto, si usted trae aquí esa moción, contará con el
respaldo de los socialistas. También podrían traer ustedes una moción
instando al Gobierno a que abra el Hospital Camino de Santiago. Y es que
esto tiene su gracia.

Cuando los socialistas construimos un hospital en la comarca de El
Bierzo, en Ponferrada, un hospital con 400 camas y dotado de los medios
más avanzados de todos los hospitales que hay hoy en España, resulta que
el Partido Popular nos criticó y dijo que aquello era un despilfarro...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, estamos hablando de
trenes.




El señor ALONSO BUITRON: Señor Presidente, me estoy refiriendo a la
moción.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La moción habla de trenes,
señoría. (Risas.)



El señor ALONSO BUITRON: Señor Presidente, yo estaba diciendo que apoyo
esta moción y, además, le digo que traigan otra.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sí, señoría, pero la otra moción
ya la defenderá cuando sea el momento. Ahora céntrese en el tren.




El señor ALONSO BUITRON: Parece ser que hoy no toca hablar de esto.




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En cualquier caso, don Jaime, le anuncio que todas aquellas mociones que
usted traiga a esta Cámara para dar cumplimiento a las promesas
electorales que ustedes hicieron en León van a contar con el apoyo del
Grupo Socialista. Y hoy, aun siendo conscientes de que desde el punto de
vista jurídico esta moción no podrá tener ningún efecto puesto que no
sabemos quién va a formar el próximo gobierno --yo lo sé más o menos pero
no me atrevo a decirlo--, aunque no sé si jurídicamente es factible que
la mayoría que hoy tenemos le deje mandatado a un próximo gobierno lo que
tiene que hacer, no obstante, le repito que cuenta usted con el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista en esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Senador Lobo Asenjo, creo que estamos todos en el tren del consenso.

Puede hacer uso de la palabra.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los
Grupos que han intervenido, y agradecerles también las palabras que me
han dedicado todos los Senadores. Creo que, salvo alguna incidencia de
última hora, todos han captado perfectamente lo que se pretendía con esta
moción.

Quiero decirles a la Senadora De Boneta y al Senador del Grupo
Socialista, mi compañero de León, que si, como dice el tango, veinte años
no es nada, efectivamente, tres años no son nada. Y en lo que se refiere
a la mejora y reparación de un ferrocarril de tan difícil trazado y tan
complicado como es el de León-Bilbao, insisto, tres años de obras
prácticamente no son nada.

También le diría al Senador Alonso Buitrón que existen presupuestos
plurianuales que afectan a uno o varios Gobiernos. Y precisamente este
proyecto no afecta fundamentalmente al Gobierno, sino a una compañía
denominada Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha --que me imagino que
será igual ahora que en el año 2001--, que tiene que realizar unas obras
comprometidas en un convenio que firmó con el Gobierno autónomo de la
Junta de Castilla y León en el mes de julio de este año, con un programa
de realizaciones que finaliza en el año 2001. Pero desde mi punto de
vista eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Senador
Alonso Buitrón ha pretendido decir.

Por otro lado, también le agradezco sus consejos sobre mi futuro
político, pero eso únicamente lo decidiremos mi Partido y yo mismo cuando
llegue el momento. Por tanto, insisto, le agradezco sus consejos, pero
pienso seguir en la misma línea que he mantenido en los diez años que
llevo en esta Cámara, independientemente de otras consideraciones.

En resumen, creo que los castellanos y los leoneses nos merecemos un
apoyo como el que hoy se nos va a dar aquí, porque pensamos que un
turismo de calidad como el que ofrece «El Transcantábrico» puede suponer
un gran impulso para el turismo de Castilla y León, a la vez que puede
fortalecer --y buena falta le hace-- la línea León-Bilbao, de FEVE, línea
que considero importante desde el punto de vista de las mercancías y los
pasajeros, y espero que también lo sea desde el punto de vista de la
concordia, a la que aludía el representante del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Propongo a los señores portavoces que esta moción sea aprobada por
asentimiento. (Pausa.)
Así se hace, y así constará. Muchas gracias.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PRESENTAR ANTE LA CAMARA, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE, UN INFORME QUE,
COMO MINIMO, CONTENGA UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO QUE PROVOCARA LA
SUPRESION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA EN LA PRESTACION DE
SERVICIOS BASICOS A LOS CIUDADANOS, LAS FORMULAS MAS IDONEAS Y LAS
DOTACIONES, AYUDAS E INCENTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS; ASI COMO A ACOMPASAR LAS ACTUACIONES
LEGISLATIVAS, REGLAMENTARIAS Y DE TODO ORDEN IMPRESCINDIBLES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ACTUALMENTE CUBIERTOS POR LA PRESTACION
SOCIAL SUSTITUTORIA CON LA PROYECTADA SUPRESION DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO. (662/000133)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a presentar
ante la Cámara, en el plazo más breve posible, un informe que, como
mínimo, contenga un estudio sobre el impacto que provocará la supresión
de la prestación social sustitutoria en la prestación de servicios
básicos a los ciudadanos, las fórmulas más idóneas y las dotaciones,
ayudas e incentivos necesarios para garantizar el mantenimiento de los
mismos, así como a acompasar las actuaciones legislativas reglamentarias
y de todo orden imprescindibles para el mantenimiento de los servicios
actualmente cubiertos por la prestación social sustitutoria con la
proyectada supresión del servicio militar obligatorio.

Ruego al Grupo Socialista que me indique quién va a hacer la defensa de
la moción. (Pausa.)
Senador Varela, tiene usted a todos los Senadores en vilo. Su señoría
tiene la palabra.




El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente. Pido disculpas por
este retraso, pero esperaba que se llamara a votación en la moción
anterior, y no estaba preparado.




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Señores Senadores, el tema que hoy tratamos también ha sido objeto de
debate en la primera sesión plenaria de este período de sesiones. Y
aunque se trata de un tema importante, el problema de la supresión de la
prestación social sustitutoria, que va pareja con la finalización del
servicio militar obligatorio, no se va a presentar ahora, sino que tendrá
lugar --y sus consecuencias también se sufrirán en ese momento si no
adoptamos las medidas oportunas-- en el año 2003.

Por ello, es necesario que ahora, con tiempo, estas Cámaras, el Gobierno,
las Comunidades Autónomas, las administraciones públicas, las
organizaciones privadas que operan en esta área analicen cuáles pueden
ser las consecuencias de la desaparición de los objetores de conciencia y
de la prestación social sustitutoria.

Por tanto, en estos momentos no se trata ni de hablar del servicio
militar ni de la progresión del número de objetores de conciencia, desde
el reconocimiento de este derecho, ni de la suficiencia o insuficiencia
de plazas para la prestación social sustitutoria, sino de hablar, de
analizar, de ocuparse y preocuparse por los servicios que han sido y
están siendo cubiertos por los objetores de conciencia, que van desde los
sanitarios hasta los sociales, pasando por los medioambientales,
culturales o de colaboración internacional.

Estos servicios se han ido creando poco a poco y cada vez es mayor la
demanda social, la demanda de los ciudadanos para exigir de las
administraciones públicas el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad y de solidaridad, para que aquellos lugares
en donde el sistema de protección del Estado de bienestar es menor y
aquellos sectores más desfavorecidos por la falta de capacidad económica
puedan acceder a estas condiciones de igualdad, actualmente a través de
las prestaciones de los objetores de conciencia y en un futuro a través
de otras fórmulas, para las que, precisamente, se presenta esta moción.

En estos momentos podemos decir que de los 108.000 puestos de prestación
social sustitutoria, más de 60.000 son considerados por el Gobierno como
imprescindibles. Básicamente se refieren a aquellos que se ocupan del
área sanitaria y de los servicios sociales.

Pues bien, no quiero repetir argumentos que ya han sido esgrimidos en el
primer debate de este período de sesiones por parte de los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios, ni referirme a las cifras
económicas, ni a las personales de los objetores de conciencia, ni al
coste de la prestación social sustitutoria, pues será necesario hacer los
estudios oportunos.

Con muy buena intención, el Grupo Parlamentario Popular presentaba hace
tres semanas una moción, en la que se pedía que el Gobierno subvencionara
desde los distintos Departamentos la actividad del voluntariado. A
nosotros --lo hemos expresado en ese momento-- nos ha parecido
insuficiente, incompleta. El problema es mucho más complejo y debe de ser
tratado como tal, ya no Sólo por el Gobierno de la Nación, sino por otras
administraciones públicas, esencialmente por las Comunidades Autónomas
que tienen transferidos muchos de estos servicios que hoy constituyen un
derecho objetivo y, por tanto, exigible por parte de los ciudadanos.

Ya presentamos en su día una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario
Popular, que fue rechazada en base a que nosotros no planteábamos o
perseguíamos los mismos objetivos incluidos en la moción del Grupo
mayoritario. Nuestro portavoz en aquel momento, el Senador Granado
Martínez, anunció su conversión en moción, al no ser tenida en cuenta
como enmienda.

¿Qué pide la moción? Un informe sobre el impacto que producirá la
desaparición de la prestación social sustitutoria, para lo cual es
necesario un tiempo suficiente y ahora lo tenemos. Nos quedan
teóricamente cuatro años para llegar al punto en que desaparecerán los
objetores de conciencia y tendrán que ser sustituidos por otros
mecanismos diferentes. En este informe tiene que participar, lógicamente,
la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes
locales, que ya tienen organizados servicios para acoger la prestación
social sustitutoria y, cómo no, las organizaciones privadas, tal y como
son denominadas por la Ley del Voluntariado y por el Derecho y conocidas
hoy por todos como Organizaciones no gubernamentales.

Hay que aprobar fórmulas para casos totalmente diferentes. En los
servicios que prestan los objetores de conciencia hay una variedad de
problemáticas y, además, una variedad de situaciones, porque unos son
prestados directamente por las administraciones públicas, otros por
entidades que dependen de éstas y otros por organizaciones privadas.

Por tanto, cada uno de los casos va a necesitar una fórmula diferente. El
Gobierno ha anunciado a mediados del mes de agosto, con ocasión de la
comparecencia del Subsecretario de Defensa en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, que en el futuro los reservistas cubrirían
50.000 plazas dedicadas a chóferes de ambulancias y que deberían ser
debidamente incentivados. Ya tenemos aquí una fórmula. Otra de las
fórmulas está prevista en la propia Ley del Voluntariado, sobre la que
llamaba la atención y hacía énfasis la moción del Grupo Parlamentario
Popular. Reservistas, voluntarios, pero posiblemente también sea
necesario recurrir a la creación de puestos de trabajo estables, porque
los simples voluntarios no darán una garantía, en muchas ocasiones, para
el mantenimiento de los servicios actuales con la dispersión territorial
y la calidad con la que se están llevando a cabo.

Pedimos que ese informe estudie las fórmulas más idóneas a aplicar en
cada caso. No es lo mismo la atención del medio ambiente que la atención
a menores, a toxicómanos, a drogadictos, a ex alcohólicos, a la tercera
edad, etcétera. Cada caso tiene una formulación distinta. Pero, además,
será necesario comprobar el coste de la prestación de estos nuevos
servicios a través de estas nuevas fórmulas, para lo que habrá que prever
las dotaciones presupuestarias adecuadas, las ayudas e incentivos que
lleguen a las organizaciones a través de convenios o de conciertos.

Como mínimo, consideramos que lo que hoy se invierte en la prestación
social sustitutoria debe aplicarse a



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estas nuevas fórmulas, pero, seguramente, habrá que aplicar más, porque
siempre será más caro un puesto de trabajo que la prestación, mucho más
económica, de un objetor de conciencia. Y esto habrá que habilitarlo no
para los Presupuestos del año 2003, cuando ya no haya objetores de
conciencia, sino que habrá que introducir mecanismos y ponerlos en marcha
con años de antelación suficientes para experimentar qué se está
produciendo a través de estas nuevas fórmulas que han de sustituir a la
objeción de conciencia.

No podemos esperar a elaborar un presupuesto y consignar unas dotaciones
presupuestarias que entrarán en vigor el uno de enero del año 2003 porque
se puede producir una quiebra, un vacío, que puede afectar, de manera
negativa, a los sectores más sensibles y necesitados de la sociedad.

Tenemos que habilitar las fórmulas y también las cantidades
presupuestarias necesarias con anterioridad, así como poner en marcha los
mecanismos necesarios para que, en el momento en que ya no haya ni
servicio militar ni objeción de conciencia, no se produzca ningún vacío,
ninguna merma en esta prestación de los servicios.

Consideramos también que todo esto ha de llevar consigo iniciativas
legislativas y reglamentarias. Habrá que dotar a estas áreas de un nuevo
sistema normativo, de un conjunto de normas que permitan actuar a las
administraciones públicas, así como la incorporación de las
organizaciones privadas, que en estos momentos están realizando trabajo
voluntario o la cobertura de los servicios con los objetores de
conciencia.

No quiero extenderme más porque los argumentos serían repetitivos ya que
fueron dados con amplitud en el debate de hace tres semanas. Querría, eso
sí, hacer una corrección a la redacción de la moción. En su último punto,
desearía sustituir el verbo «contemporizar», que se presta a equívocos,
por el de «acompasar» ya que se trata de realizar una acción en el tiempo
paralela al proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Como creo que todos los grupos parlamentarios, por el debate
anteriormente señalado, reconocen la necesidad de preocuparse por esta
materia y de establecer los mecanismos precisos que impidan el deterioro
de los servicios que hoy se están prestando por los objetores de
conciencia, no creo que tenga ninguna dificultad en el día de hoy para
que prospere esta moción.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Varela Flores.

Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el Senador
Calvo Poch.




El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, no quisiera convertir toda mi intervención en una nueva defensa
de la moción que mi Grupo Parlamentario presentó en el primer Pleno de
este período de sesiones, pero me veo obligado a hacer, cuando menos,
algunas precisiones a nuevos comentarios repetidos ya en aquel Pleno, y a
sus intenciones. Lo primero que tengo que lamentar es la falta de
consenso que hubo en aquella ocasión, en lo que yo creo que fue una
posición predeterminada por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en
la medida en la que no quisieron comprender el contenido de aquella
moción. Yo ya reconocí en mi intervención de aquel momento que la moción
era insuficiente para lo que el Grupo Parlamentario Socialista había
decidido que se pretendía en ella, pretensión que este portavoz nunca le
había dado. Por tanto, le supusieron a aquella moción una intención que
no tenía, y era la de dar una solución global al problema que nos trae
aquí: qué hacer con los puestos que en estos momentos ocupan los
objetores de conciencia y que en un futuro, cuando desaparezca el
servicio militar, asimismo desaparecerán al hacerlo también la prestación
social sustitutoria.

La moción, repito, no pretendía dar una solución global a aquella
situación, sino ponerla de manifiesto, y eso creo que es indudable que ya
lo ha conseguido. En segundo lugar, pretendía orientar la política del
Gobierno en el sentido de que lo que ya se estaba haciendo en
cumplimiento de la Ley del Voluntariado se hiciera ahora con un valor
nuevo, con una orientación nueva, y el Gobierno, gracias a esa moción,
deberá orientar su política de subvenciones a las ONG a colaborar para
conseguir alguno de los fines que hoy, de una manera más extensa, nos
proponemos ayudar a corregir. Por ello, la moción no es que fuera
insuficiente, sino que era suficiente para sus objetivos; la moción por
sí sola tenía su razón de ser.

De la misma manera que yo ya les anticipé que su enmienda era otra moción
completamente distinta --en la que yo probablemente coincidiera, y
precisamente coincidimos en buena parte de sus objetivos-- y presentamos
una enmienda que pretende reducir, en su redacción, la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista para concretarla y hacerla más
clara. Nosotros introducimos en su último punto otra de las posibles
soluciones al problema al que nos enfrentamos, porque, señorías, al fin y
al cabo, el Partido Socialista, tanto en su posición en el primer Pleno
de este período de sesiones como en el de hoy, lo único que hace es
plantearnos una situación que todos conocemos de sobra. Es decir, el
discurso del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no pasa de ser
una simple enumeración de las situaciones con las que ya nos encontramos
o con las que nos podemos encontrar, pero en ningún caso nos propone una
solución. Lo único que propone es que el Gobierno presente un informe
sobre cuál es el estado de la cuestión, y en eso forzosamente tendremos
que estar de acuerdo, pero la intención de nuestro grupo, tanto en aquel
Pleno como en el de hoy, vuelve a ir un poco más allá.

Si en aquel Pleno ya entendimos que una de las posibles soluciones al
problema de la desaparición de los puestos de la prestación social
sustitutoria podía pasar porque el Gobierno primara a las ONG que se
comprometan en garantizar esos servicios que hoy en día prestan los
objetores --es una de las posibles soluciones--, hoy, en este último
punto de la enmienda que nosotros presentamos



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a la moción socialista, ponemos otra vez el acento en una de las
soluciones, y es el que se estudie --primero sabiendo lo que se hace en
otros países de nuestro entorno-- la posible regulación de lo que ya está
previsto en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 30.3, que
es el servicio civil para casos de interés general.

Tengo que reconocer que, además, no es una idea de este portavoz ni de
este Grupo Parlamentario, y recientemente leía en un periódico de ámbito
nacional que la Generalitat regulará por ley antes de fin de año el
servicio civil de voluntariado. Esta es una de las posibles soluciones
que nosotros introducimos dentro de la enmienda que presentamos a la
moción socialista.

Desde nuestro Grupo estamos interesados no solamente en que el Gobierno
nos informe pormenorizadamente de un problema que ya conocemos,
evidentemente para poder atinar más sus soluciones, sino en darle también
al Gobierno ideas sobre cuáles son las soluciones que deban de barajarse
o que deban de acompañarse con la elaboración del informe que vamos a
apoyar que se solicite al Gobierno, y repito, el que se estudie --y ya se
está estudiando desde varios departamentos ministeriales-- la posible
regulación o la posible extensión de la previsión que realiza la
Constitución. Es una realidad. Por lo tanto, quiero destacar que desde
nuestro Grupo Parlamentario lo que sí estamos es interesados en proponer
soluciones más que en evidenciar el problema que tenemos delante.

De todas formas, sí me gustaría realizar una precisión a las palabras que
ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en la medida en que hay una
parte de su moción que es obvia y otra que no es prudente. El punto
número dos es obvio. Evidentemente, si el Gobierno hace un estudio lo
debe de acompasar con actuaciones legislativas, reglamentarias, es decir,
eso es gobernar, con lo cual nosotros no podemos aceptar el punto número
dos porque nos resulta una obviedad. En cuanto al punto número tres,
evidentemente, circunscribir ya el compromiso presupuestario que se va a
necesitar para solucionar el problema sobre el que se solicita un informe
no parece lógico. No parece lógico que ustedes vengan a solicitar un
informe que se realice en colaboración con Comunidades Autónomas --no sé
por qué excluyen a los ayuntamientos, a los municipios; nosotros ya hemos
corregido en nuestra enmienda que se haga con todas las administraciones
públicas-- o que se busquen las fórmulas y que, sin embargo, hagan ya un
compromiso presupuestario, aunque sea mínimamente, entre otras cosas
porque los datos y las cifras que se dieron en el anterior debate sobre
este asunto fueron bastante poco serios. Es decir, hablar de 200.000
millones es como si me da la gana de hablar de 20.000 millones, porque
nadie sabe en realidad cuáles son los puestos que necesariamente habría
que cubrir con personal laboral. Lo que no se puede es hacer la
extrapolación que hizo en su día el portavoz del Grupo Socialista,
haciendo por elevación el argumento de que todos los puestos que en estos
momentos están dentro de la prestación social sustitutoria realizados por
objetores, necesitarán ser sustituidos por personal contratado y con una
relación laboral. Y aún así en ese caso no tendría por qué dar aquella
cifra.

Por lo tanto, vamos a ser cautos en el asunto de las cifras. Yo creo que
con nuestra enmienda se produce esa cautela. Aceptamos que el informe
deba de hablar de las dotaciones, de las ayudas y de los incentivos
necesarios para el mantenimiento de los servicios dentro del marco
presupuestario que evidentemente sea necesario en ese momento. Pero creo
que sería cuando menos precipitado intentar establecer un compromiso
presupuestario. Evidentemente, yo entiendo que se produzca desde la
oposición, pero no se puede producir desde el Grupo que apoya al
Gobierno.

Yendo al fondo de la cuestión, la organización actual de la prestación
social sustitutoria, con el coste que ello ha supuesto, creemos que
podría aprovecharse para continuar prestando a la sociedad los mismos
beneficios que actualmente está recibiendo con esa prestación; ahora
bien, la prestación social, el voluntariado, la protección civil, son
instituciones distintas pero que comparten un objetivo común que en este
momento aparecen sin un núcleo director que pudiera encauzar este caudal
social. Precisamente, el artículo 30.3 de la Constitución señala que
podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de
interés general.

Pues bien, la creación de un servicio civil puede servir para coordinar
la energía social a favor de las personas más necesitadas de la sociedad,
asumiendo, con ocasión de la desaparición de la prestación social
sustitutoria, que se incorpore su estructura administrativa, que en estos
momentos alcanza un elevado nivel de gestión, y puede ser un importante
estímulo para afirmar la acción social entre los jóvenes españoles,
hombres y mujeres, si es que en su día se quiere circunscribir a ellos.

Como consecuencia, la sociedad española percibirá, a través del servicio
civil, que el mensaje de justicia y de solidaridad que se establece en el
preámbulo de la Constitución no se queda tan sólo en una declaración de
principios.

Por tanto, consideramos oportuno mantener y aumentar el nivel de acción
social que actualmente realizan los propios españoles en favor de la
sociedad. La Ley del voluntariado vino a cubrir en su día una laguna
legal que existía en nuestro país en el ámbito de la acción voluntaria, y
se estructuró como un elemento básico de la actuación de la sociedad
civil en el ámbito social. Sin embargo, la Ley del Voluntariado no recoge
todo el campo de la acción social voluntaria, como lo pone de manifiesto
el hecho de que el artículo 30.3 de la Constitución no haya tenido hasta
la fecha desarrollo legislativo, ni por parte del Estado ni de ninguna
Comunidad Autónoma, aunque alguna ya tenga previsto realizarlo en este
año.

Para terminar señorías, manifestando que para este portavoz resulta grato
alcanzar en este momento un grado de consenso mayor y lamentando una vez
más que no se haya podido producir el consenso en el debate anterior,
tengo que decir que el esfuerzo de las instituciones por generar o
impulsar nuevos mecanismos de participación y de compromiso siempre será
necesario, y que la recuperación de lo común --con mayúsculas-- y la
implicación



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de las personas en la sociedad nos permite hablar actualmente de una
mejor calidad humana en nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Para contestar, tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, efectivamente estamos
en un momento en el que podemos lograr el consenso, porque el Grupo
Parlamentario Socialista va a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular a la moción.

No obstante, quiero dejar constancia de que al permanente reproche que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular hace en torno a la posición
prefijada de antemano del Grupo Parlamentario Socialista respecto a su
moción, le debe corresponder un mayor reproche del Grupo Parlamentario
Socialista al Grupo Parlamentario Popular, porque si en la moción
anterior no se alcanzó un consenso no fue porque nosotros no estuviéramos
de acuerdo con una solución parcial a la problemática generada por la
desaparición de la prestación social sustitutoria, sino porque en aquel
momento el Grupo Parlamentario Popular no tenía ninguna voluntad de
consensuar la búsqueda de una solución completa a este problema complejo.

No la tenía en aquel momento y, sin embargo, la tiene ahora. ¿Por qué?
Porque nosotros presentamos como moción ni más ni menos que la enmienda
presentada en su día. El Grupo Parlamentario Popular la enmienda a su
vez, pero lo hace de tal manera que no se desvirtúa el contenido de
nuestra moción; prácticamente los objetivos de la moción y de la enmienda
coinciden. Por tanto, quien ha experimentado en este caso un cambio
cualitativo en la voluntad de consensuar ha sido el Grupo Parlamentario
Popular, que no la tenía el día que se debatió su propia moción sobre
esta problemática.

La enmienda es constructiva y coincide en los objetivos. El último que
introduce nos parece realmente bien. Creemos que es un desglose del punto
B), porque en el punto B) de la moción se habla de lograr o buscar las
fórmulas más idóneas para garantizar el mantenimiento de unos servicios.

Así lo recoge también la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y esta
es una de las vías, una de las posibles fórmulas, junto con la aplicación
de los reservistas --como decía el Secretario de Estado de la Defensa--,
con las ayudas a las organizaciones de voluntarios y a las ONG; por lo
tanto, es una vía más y nos parece adecuada aunque se podría desglosar en
muchas más fórmulas y podría haber más puntos recogidos en esta moción.

En cualquier caso, cuando se hace referencia al artículo 30.3 de la
Constitución --si no recuerdo mal-- al referirse al servicio civil no
habla del establecimiento de un servicio civil voluntario, sino que dice
que los poderes públicos podrán establecer un servicio civil, sin ningún
tipo de calificativo; es decir, los poderes públicos podrían aprobar la
implantación de un servicio civil obligatorio, pero en estos momentos
creemos que no sería aceptable para la mayoría de la población española;
mayoría que rechaza el servicio militar obligatorio y que, por lo tanto,
también rechazaría una prestación de tipo personal obligatoria. Entonces
se le añade el calificativo de voluntario y nos parece bien que pueda
estar incluido en la propia ley del voluntariado. Quiero decir que no se
trata de una novedad, pero sí que puede ser una de las fórmulas para
paliar la posible contingencia en el año 2003.

Se dice que nosotros no planteamos fórmulas concretas y efectivamente así
es. Establecemos algunas como ejemplo, pero no decimos cuál tiene que ser
la formulación porque es compleja. Habrá distintas soluciones para los
distintos problemas, para las distintas áreas, e incluso para los
distintos territorios porque no es lo mismo atender un mismo servicio
social en una ciudad que en la zona rural. El Gobierno sí tiene la
capacidad para conocer cada uno de los casos, cada uno de los problemas
y, por lo tanto, para proponer la fórmula más idónea a este problema.

Será el Gobierno, cuando envíe a las Cámaras el informe aquí solicitado,
el que dará pie para que los grupos políticos nos podamos manifestar --a
favor o en contra-- de la idoneidad de cada una de las fórmulas
aplicables a cada uno de los sectores.

Creemos que el compromiso presupuestario no varía. Ustedes también en su
moción hablan de dotaciones, ayudas e incentivos precisos. ¿Qué hemos
dicho nosotros? Que sea al menos la misma cantidad que se está aplicando
a la prestación social sustitutoria en estos momentos; pero es que no va
a ser menor. Yo no sé si van a ser necesarios 200.000 millones, menos o
más, pero sí tengo la certeza de que el coste de la aplicación de estos
servicios, con la misma extensión y eficacia de lo que hoy tienen, va a
ser superior sin objetores de conciencia que con objetores de conciencia
que tienen que hacer la prestación obligatoria durante todo el tiempo de
permanencia en la misma; es decir, durante todos los días de la semana.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias.

Unicamente quiero expresar nuestro apoyo a la moción y a la enmienda.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Bolinaga.




El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero recordar que el 15 de septiembre pasado debatimos en esta Cámara
una moción formulada por el Partido Popular referente a mantener tareas y
servicios que en la actualidad realizan objetores de conciencia, a través
de



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la prestación social sustitutoria, y que se dejarán de prestar por la
desaparición del servicio militar obligatorio.

Nuestro Grupo, consciéntemente, dio su conformidad y votó favorablemente
la moción bajo un condicionante muy específico, el cual no fue otro que
el de reflejar nuestro interés, en calidad de «conditio sine qua non»,
sobre un estudio y un análisis previo de necesidades reales y
adecuaciones en orden a mantener con justa eficacia y con la calidad
debida las tareas y servicios que en la actualidad realizan los objetores
de conciencia a través de la prestación social sustitutoria.

Señor Presidente, señorías, teniendo en cuenta la enmienda, de la que
somos conocedores, que ha sido ya transada entre el Partido Popular y el
Partido Socialista en aras de la mejora y el consenso de la moción
presentada por el Grupo Socialista, no podemos menos que apoyar no voy a
decir que con entusiasmo pero sí con verdadero interés los fundamentos y
fines de la moción que estamos debatiendo.

Efectivamente, como quiera que la moción de hoy, más la enmienda
transada, expresa con más detalle y precisión, inclusive con más
amplitud, lo que muy en síntesis y como previa condición expresa apuntó
nuestro Grupo en la fecha citada del 15 de septiembre pasado, ello,
señorías, no puede más que congratularnos y hacer que el voto de nuestro
Grupo se manifieste por entero a favor de la moción que ocupa el interés
de esta Cámara precisamente en estos momentos, en cuya programación y
gestión definitiva entendemos, queremos y exigimos que las Comunidades
Autónomas sean partícipes ineludibles, y digamos que de primer rango, en
la solución feliz de todo el tema a gestionar, es decir, en la posible
creación racional --subrayo lo que hemos introducido como racional por
nuestra parte-- de un servicio civil voluntario en desarrollo de la
previsión contenida en el artículo 30.3 de la Constitución.

Considera nuestro Grupo, señor Presidente, señorías, que esta proyección
va en consonancia con la felizmente, y parece que definitivamente
programada, supresión del servicio militar obligatorio, tema sobre el que
tantas veces nos hemos manifestado a su favor, contra viento y marea
--todo hay que decirlo--, a lo largo de muchos años y a lo largo de no
pocas legislaturas, generalmente --diría que siempre-- ante la
incomprensión y ante también un manifiesto desprecio de la mayoría de
esta Cámara.

Pero, en definitiva, nuestra gran fuerza, aun siendo un Grupo menor,
minoritario, pequeño, es la razón de nuestro voto y es la razón que nos
ha otorgado el tiempo transcurrido y la evolución de quienes hoy ostentan
el poder de orientar y solucionar, en gran medida, este tema concreto de
la prestación social sustitutoria y sus derivados, en colaboración franca
con el Grupo mayoritario de la oposición.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.

Tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, sin duda estamos hoy debatiendo una moción como consecuencia de
la presentada por el Grupo Parlamentario Popular el pasado día 15 de
septiembre. Lo estamos haciendo, además, por coherencia con lo
manifestado por el Senador Granado cuando ya en dicho debate anticipaba
qué acciones deberían llevarse a cabo, como complemento al texto del
Grupo Parlamentario Popular y como explicación en su momento de la
fijación de posición del Grupo; todo ello, señorías, haciendo referencia
a una cuestión que está de plena actualidad, entre otras causas debido a
los debates e iniciativas de esta Cámara, cual es la problemática que se
producirá cuando desaparezca la prestación social sustitutoria y el
servicio militar obligatorio y que afectará a los servicios que presta
dicho colectivo.

Se comentaba y de debatía el pasado día 15 que la situación muy a corto
plazo es que con la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la
desaparición del servicio militar también desaparecerá la objeción de
conciencia y, por tanto, la obligación de realizar la prestación social
sustitutoria pero --añado-- con un serio agravante, que es que todo esto
pasa por saber cómo se cubre el vacío de los servicios que se prestan y
más allá, incluso, cómo se aprovecha, cómo se impulsa, cómo se estimula a
nuestros jóvenes en algo tan esencial como es el voluntariado.

Quedó clara la necesidad de adoptar medidas de diversa índole, más que
para el período transitorio, pensando en el futuro. El Senador Calvo
manifestaba que le parecían suficientes los instrumentos normativos
actuales respecto a ayudas y subvenciones a organizaciones no
gubernamentales por estar debidamente regulado, aunque también dejaba
constancia de que era necesario una llamada de atención --creo que ésta
fue su expresión exacta-- para que los servicios que se están prestando
por objetores no se vean en su momento desatendidos. Sin duda y hasta
aquí no hay ningún reparo que hacer. Se puede ampliar o matizar, pero no
cuestionar lo que es el tema de fondo.

El Senador Granado, por su parte, añadía a lo expuesto otra llamada de
atención por lo que se refiere a la posible pérdida de unos recursos para
las administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales que en
estos momentos gestionan una serie de servicios, y añadía, además, otro
punto de debate, como es si sólo estamos hablando de voluntarios o habría
que añadir también a un colectivo de reservistas.

Hasta aquí, señorías, tampoco hay ninguna disparidad de fondo.

Absolutamente todos estamos de acuerdo en que hay que garantizar que los
servicios lleguen en condiciones de equidad a todos los ciudadanos y que
hay que asegurar que con la desaparición de la prestación social
sustitutoria no habrá merma de la calidad o cantidad de estos servicios.

Es a partir de este punto, cuando el Senador Granado anticipaba, según su
criterio, cómo debería avanzarse en este sentido. Hablaba de un estudio
de impacto catalogando puestos, de posibles conciertos y convenios, y de



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la necesidad de que los fondos que se emplean en la actualidad se
destinen a la nueva finalidad.

Ninguna sorpresa, por tanto, ante el texto de la moción presentada hoy
por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta tiene dos puntos. El primero
contiene, ya lo conocen sus señorías, tres apartados que hacen referencia
precisamente a este estudio de impacto, a fórmulas más idóneas, y se
citan unas cuantas, y a dotaciones, tomando como base los actuales
fondos.

Hay un punto segundo referido a que se contemporicen las actuaciones
legislativas --expresión modificada por el portavoz socialista, Senador
Varela-- para el mantenimiento de los servicios.

En este punto quiero plantear una cuestión previa: dejo constancia de
nuestro acuerdo total y absoluto con el fondo de la cuestión. No hay
ninguna discrepancia y ningún comentario que añadir, repito, a la
importancia y al fondo de la cuestión, con la que, vuelvo a decir,
estamos totalmente de acuerdo.

Cosa distinta es el grado de aceptación de los textos finales en los que
se plasman estos acuerdos de fondo. Compartimos la idea de que se tramite
a través de un estudio, pero no estamos de acuerdo con algunos puntos de
la moción.

No hay ningún problema con el apartado a). Con el apartado b) ya hay
algunos más, puesto que no veíamos motivo para encorsetar demasiado el
texto final, de acuerdo con la necesidad de adaptaciones presupuestarias
suficientes, y teníamos --y así se lo había comentado al propio Senador
Varela-- muchas más reservas en relación al punto segundo de esta moción,
donde se habla de contemporizar actuaciones legislativas, reglamentarias
y de todo orden, ya que a nuestro entender podía afectar a los hechos
competenciales. Aquí sí teníamos nuestras dudas. Por tanto, al tener que
votar en su globalidad el texto de la moción, nos surgía la incertidumbre
de si podíamos apoyarla o no.

No obstante, creo que ha sido importante para todos los grupos la
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que sin duda
permitirá la aprobación de la moción y algo más: el reconocimiento al
esfuerzo y a la oportunidad de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista. Además, el texto de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular incorpora un punto, el d), que contempla la
posibilidad de creación de un servicio civil voluntario; cuestión que
consideramos fundamental, porque con ello se intenta regular y aprovechar
los efectos positivos de la prestación social sustitutoria
consensuándola, además, con las diversas asociaciones y entidades.

Nos parece fundamental y, tal como anticipó un miembro de nuestro Grupo
Parlamentario, el señor Capdevila, el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña está preparando un proyecto en este sentido. No solamente lo
está preparando, sino que lo remitirá en un breve período de tiempo al
propio Parlament de Cataluña para su debate. Todo ello lo hace --y lo
remarco-- dentro de las competencias asumidas y del marco de la
Constitución. Nosotros entendemos que la Constitución sí contempla que se
puede hacer cuando se trate de servicios voluntarios.

Nada más, señorías. Nuestro Grupo remarca, una vez más, el consenso
alcanzado, pues creemos que éste era imprescindible en un tema tan
importante como el que hoy tratamos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.

Tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, quería responder al portavoz de
CiU, Senador Carrera, que por los motivos que acaba de exponer no hemos
olvidado en ningún momento la necesaria participación de las Comunidades
Autónomas.

De todos modos no creemos que ese segundo punto, el último de nuestra
moción, pudiera afectar a ningún área competencial propia del Estado y de
las Comunidades Autónomas, puesto que lo que se pide es que en el tiempo
de transición a la desaparición de la prestación social sustitutoria se
vaya complementando todo el cuerpo normativo a través de iniciativas
legislativas y reglamentarias que surgirán del propio informe; en unos
casos tendrán que abordarlo estas Cámaras, a través de la iniciativa del
Gobierno o de su capacidad reglamentaria, y en otros casos tendrán que
ser las propias Comunidades Autónomas las que intervengan.

Quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Popular la voluntad de
consenso, expresada a través de la presentación de su enmienda, y al
resto de los grupos políticos de esta Cámara el apoyo que prestan a la
moción presentada. Creo que estamos en el buen camino y que disponemos
del tiempo suficiente para que no se produzca ningún quiebro en el
sistema de servicios que en estos momentos están prestando los objetores
de conciencia. De esta manera, no se desencadenarán situaciones no
deseadas por nadie.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Varela.

Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.




El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Al comienzo de mi intervención dije que no quería que este debate
volviese a ser el de la moción que mi Grupo presentó el día 15 del pasado
mes de septiembre. No obstante, tengo que hacer alguna precisión a lo
manifestado por el Senador Varela Flores.

Sinceramente, Senador, creo que no se alcanzó un grado de consenso mayor
en aquella ocasión porque, probablemente, nuestro Grupo se anticipó con
la presentación de una moción que ustedes debieron entender que solapaba
alguna que ustedes presentaron como enmienda, a sabiendas de que la
moción que ustedes hoy traen y que entonces llevaron como enmienda no
tenía nada que ver con la moción que nosotros presentábamos.




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Ustedes hicieron no una enmienda sino una nueva moción con la intención
de que nuestro Grupo ya no la aceptara. Esa es la realidad. Ustedes no
entraban ni siquiera a darle una nueva redacción al texto de nuestra
moción en aquel entonces. No es que incorporaran nuestra redacción a la
que entonces era su enmienda y hoy es moción con otra redacción. No, no
es eso. Ustedes hicieron una especie de enmienda a la totalidad. Pasaron
olímpicamente de la redacción de nuestra moción.

Por eso, y dando este tema por zanjado, hay cosas que merecen cierta
aclaración. Usted ha dicho que podría haber más puntos en esta moción.

Estoy absolutamente de acuerdo. Pero coincidirá usted conmigo en que los
únicos puntos que se pueden denominar como «propuestas» o «soluciones»
son los que ha sugerido este Grupo como parte de la moción que se aprobó
el día 15 y como parte de las enmiendas que nosotros planteamos.

Hablemos del coste, Senador Varela. Le vuelvo a insistir en que el
procedimiento que ustedes utilizan para llegar al cómputo del coste es
poco serio, es poco riguroso. Usted tiene que coincidir conmigo en que es
conveniente pedir el informe. No establezca usted aquí una serie de
parámetros para adivinar el coste y lo que hoy en día hacen los objetores
porque esto no es solvente. No es solvente. Yo tampoco tengo datos, pero
lo que no me gusta es debatir cuestiones sobre las que nadie puede
argumentar en estos momentos con cierta solvencia. Por lo tanto, vamos a
dejar el asunto del coste y del compromiso presupuestario para otro
momento.

Pasemos a la cuestión del servicio civil. No es casualidad que le hayamos
puesto el apellido de «voluntario» porque, evidentemente, nadie en esta
Cámara ni nadie que sea sensato y que hable en nombre del Gobierno de las
instituciones puede proponer la creación de un servicio civil. Eso es
absolutamente ridículo. Yo no he dicho que se deba crear un servicio
civil voluntario. He dicho que su creación podría ser una de las
conclusiones del informe que hoy solicitamos al Gobierno que finalice
porque ya está iniciado.

El servicio civil voluntario existe en otros países de nuestro entorno,
concretamente en algún país de la Unión Europea. Su creación está
prevista en nuestra Constitución. Sin embargo, tengo que repetirle que el
voluntariado y la posibilidad de crear un servicio civil voluntario son
instituciones diferentes, son instituciones que no tienen nada que ver.

Si ha habido alguna reacción de la sociedad civil a la única propuesta,
al único anteproyecto de ley que hay ahora mismo encima de la mesa, que
es el de la Generalitat de Cataluña, si ha habido alguna --no voy a decir
protesta-- precaución por parte de las organizaciones de voluntarios es,
precisamente, porque no quieren que se confunda el servicio civil
voluntario con la labor del voluntariado, ya que aunque puedan compartir
objetivos comunes tienen bases jurídicas absolutamente distintas. Pero no
vamos ahora a entablar un debate sobre el servicio civil porque ése sería
un debate precioso que merecería, probablemente, otro momento.

Quizás yo me equivoqué en mi intervención del día 15, aunque el Senador
Carreras no me ha corregido, al decir que el marco normativo puede ser
adecuado. A lo mejor no es adecuado en el sentido de que no es
definitivo. A lo mejor, a través de este informe, llegamos a la
conclusión de que falta ese vacío normativo del que estamos hablando en
estos momentos.

Sinceramente, creo que el consenso que hoy alcanzamos podía haberse
repetido también en la moción que se debatió el día 15, y de hecho
entiendo que la unanimidad que creo se va a producir en la votación de
esta moción viene de alguna manera a darle también el consenso que no se
produjo en aquel momento.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Poch.

Les pregunto a los distintos grupos parlamentarios si se puede aprobar
por asentimiento dicha moción. (Pausa.)
Así es y así consta.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



-- ACUERDO DE ASOCIACION ECONOMICA, CONCERTACION POLITICA Y COOPERACION
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE DICIEMBRE
DE 1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000184)
(C.D. 110/000185)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto cuarto del orden
del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. El primero de
ellos es el Acuerdo de Asociación económica, concertación política y
cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una
parte, y los Estados Unidos Mexicanos por otra, hecho en Bruselas el 8 de
diciembre de 1997.

No se han presentado propuestas. No hay peticiones de palabra por parte
de ningún Grupo.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento dicho Acuerdo? (Pausa.)
Así es y así consta.

Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento a este Acuerdo de Asociación económica.




-- ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO
HACHEMITA DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE
1997. (S. 610/00183) (C.D. 110/000184)



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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo Euromediterráneo por el
que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros por una parte, y el Reino Hachemita de Jordania por otra, hecho
en Bruselas el 24 de noviembre de 1997.

No se han presentado propuestas. Tampoco hay peticiones de palabra.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así es y así consta.

Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento a este Acuerdo Euromediterráneo.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



-- DE LA COMISION DE DEFENSA, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (S. 621/000095) (C.D.

121/000083)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quinto punto del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, dictamen de la
Comisión de Defensa, en relación con el proyecto de ley orgánica de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Para su presentación tiene la palabra el Senador Díaz de Mera.




El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, por acuerdo de la Comisión de Defensa de esta Cámara, me
corresponde el honor de presentar ante todos ustedes el dictamen del
proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
ello después de que la Comisión que presido haya visto, debatido y
aprobado el informe emitido por la Ponencia designada al efecto.

El proyecto de ley que nos ocupa tuvo su entrada en el Senado el pasado
15 de junio de 1998, y fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» el mismo día 15.

Este proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. El plazo para la
presentación de enmiendas finalizó el día 26 de junio, habiendo sido
ampliado hasta el 2 de septiembre.

A este proyecto de ley se han formulado 75 enmiendas distribuidas de la
forma que sigue: de la número 1 a la número 36, por el Senador Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto; de la número 37 a la número 39,
por el Senador Ríos Pérez, también del Grupo Parlamentario Mixto; de la
número 40 a la número 61, por el Grupo Parlamentario Popular; de la
número 62 a la número 70, por el Grupo Parlamentario Socialista y,
finalmente, de la número 71 a la número 75, por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.

La Ponencia designada el día 17 de junio ha estado integrada por los
siguientes Senadores: don Salvador Carrera i Comes, de Convergència i
Unió; don Gabriel Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular;
don Heliodoro Gallego Cuesta, del Grupo Parlamentario Socialista; don
Leopoldo Rubido Ramonde, del Grupo Parlamentario Popular, y por don
Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario Socialista.

La Ponencia, tras estudiar las enmiendas presentadas, emitió su informe
el pasado día 14 de septiembre.

Esta Presidencia, el pasado día 30 de septiembre, sometió a la
consideración de la Comisión el procedimiento a seguir en el debate de
las enmiendas. Aceptada la propuesta, se ordenó el debate con las
intervenciones reglamentarias en turnos de defensa por parte de los
siguientes enmendantes: Senador Román Clemente, que también lo hizo en
nombre del Senador Ríos Pérez, Senador Gallego Cuesta y Senador Carrera i
Comes. El turno de réplica fue ejercido por el Senador Elorriaga
Fernández y no se hizo uso del turno de portavoces.

Finalizado el debate se procedió a votar el texto del informe de la
Ponencia, con el resultado de 17 votos a favor, uno en contra y ninguna
abstención.

El preámbulo de este proyecto de ley define con claridad la pretensión
del legislador. En consecuencia, aunque omitiré referencias ya conocidas
por sus señorías, no obstante diré que el régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas es susceptible de mejoras dirigidas a facilitar su
aplicación, dentro de los límites que imponen la Constitución y las
leyes. No se trata, sin embargo, de rechazar o ignorar aquellos aspectos
legales que históricamente han demostrado su eficacia al respecto, pero
hay otros que exigen una profunda revisión porque las necesidades
actuales de la disciplina de las Fuerzas Armadas así lo demandan.

En ese sentido, y al amparo de la habilitación legislativa estatal
contenida en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución, estamos ante la
ocasión de adaptar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la
singularidad de las Fuerzas Armadas del próximo futuro.

En definitiva, constituye el propósito de esta ley mejorar y perfeccionar
el régimen disciplinario, atender y dar respuesta a las exigencias de la
disciplina de un ejército moderno situado en el umbral del siglo XXI, y
otorgar al mando militar un instrumento eficaz, todo ello sin menoscabo
ni merma de las garantías y derechos reconocidos a toda persona.

Por último, el carácter innovador de esta ley requiere la revisión y
reforma de las siguientes leyes: la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio,
de competencia y organización de la jurisdicción militar; la Ley Orgánica
11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil;
la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal
militar profesional, y de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se
contempla el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díaz de
Mera.




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Procede ahora el debate a la totalidad. ¿Algún Grupo desea hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
Por tanto, pasamos directamente a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, voto particular número 2, del Senador Román Clemente,
correspondiente a las enmiendas números 1 a 36.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos presentado una serie de enmiendas a este proyecto de ley orgánica
de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que quisiera agrupar en
tres grandes líneas. Así, algunas de estas enmiendas tratan de determinar
o precisar la legalidad, la legitimidad de las órdenes. Un segundo grupo
de ellas pretende que se establezca con precisión el reconocimiento o no
de la eximente de obediencia debida. Por último, el tercer eje que
inspira la presentación de estas enmiendas está dirigido a la asistencia
técnico-jurídica al militar expedientado y al procedimiento que se debe
seguir.

Desde Izquierda Unida entendemos que no se debe anteponer la jerarquía y
la disciplina al respeto a las normas legales y a los derechos amparados
por éstas. Sin embargo, este proyecto de ley plantea problemas, como es
el que suscita el cumplimiento por los subordinados de órdenes que
suponen incurrir en los supuestos de faltas contenidos en el propio
proyecto de ley; dicho de otra forma: el cumplimiento automático de
órdenes ilegales que no se consideran delitos, pero sí faltas. Como digo,
este tema no está bien resuelto en el proyecto de ley y se plantea una
contradicción.

Asimismo, señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
entendemos que el proyecto no contiene las garantías suficientes para la
defensa del expedientado.

Por otra parte, no tiene en cuenta la Ley 30/1992, de Procedimiento
Administrativo común, llegando a producirse la situación de que el
procedimiento establecido en el Proyecto de Ley otorga menos derechos al
militar que al civil.

Por ello, señorías, hemos presentado este grupo de enmiendas que vienen a
incidir, como es lógico, sobre algunos artículos de este Proyecto de Ley,
con similar argumento al que las motiva.

Por ejemplo, en las enmiendas números 1, 8 y 12 pretendemos introducir
entre las palabras «órdenes» y «del mando» las de «legales y legítimas»,
pues, señorías, de lo contrario, estaríamos admitiendo que lo primero es
cumplir la orden, aunque sea ilegítima e ilegal, y justificando la
obediencia debida por encima del imperio de la Ley o, lo que es lo mismo,
que obedeciendo cualquier orden no se incurre en falta de disciplina ni
en delito.

Con la enmienda número 2, señorías, pretendemos garantizar que no se
aplicará el régimen disciplinario cuando el incumplimiento lo sea de
órdenes contrarias al ordenamiento jurídico.

En las enmiendas números 3 y 4, de adición y de modificación
respectivamente, pretendemos que en ningún caso pueda recaer sanción
disciplinaria cuando sobre los mismos hechos se haya impuesto sanción
penal.

Con la enmienda número 5, de adición, incidimos en la necesidad de
cancelación del expediente, razón por la que pretendemos añadir al final
del párrafo un texto en el que quede garantizado un principio del
derecho: Quien puede lo más puede lo menos.

Señorías, en la actualidad se pueden dar numerosos casos en los que, pese
al hecho de ser declarado que no ha lugar a delito ni a falta por los
jueces militares, los expedientes continúan. Esto significa, no sólo un
calvario para quienes tienen que andar recurriendo, sino innecesarias
tensiones sicológicas contrarias a la seguridad jurídica.

La enmienda número 6 y otro grupo de enmiendas van dirigidas a garantizar
la seguridad jurídica, evitando --como he dicho antes-- usos de conceptos
jurídicos indeterminados.

Con la enmienda número 7, de adición, al artículo 6, se crea un nuevo
párrafo --cuya lectura omito a Sus Señorías porque la tienen en la
redacción de la enmienda-- con el que se pretende que se puedan adoptar
medidas con carácter preventivo.

En cuanto a la enmienda número 8, se puede aplicar lo que he dicho antes
para explicar la enmienda número 1, lo que también se puede aplicar a la
enmienda número 12.

Señorías, con la enmienda número 11, de adición al artículo 7.13
pretendemos precisar lo que, desde nuestro punto de vista, debe ser el
reconocimiento a la autoridad de los agentes. Es un nuevo texto donde se
recogen algunos aspectos de desobediencia a las órdenes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, también autonómicas o municipales. Es un
reconocimiento, insisto, en materia de orden público: establecer el
reconocimiento de la autoridad de los agentes en cualquiera de estos
ámbitos.

Señorías, para ir abreviando y para evitar una repetición de algunas de
las enmiendas ya expresadas, diré que la enmienda número 16 al artículo
7, apartado 32, es de supresión, porque entendemos que con la redacción
actual se pretende sancionar, incluso, la colaboración que se pueda
llegar a establecer con los propios Grupos Parlamentarios, y esto no es
admisible.

La enmienda número 17 es de adición y se refiere a la introducción en el
artículo 8 de un nuevo apartado relacionado con el abuso de poder, la
vulneración de las leyes y el uso abusivo que se pueda hacer del personal
y los medios a disposición de los servicios, que debe ser considerado
como una falta grave, con objeto de poner fin a conductas tan poco
propias como el uso de soldados de reemplazo en cometidos distintos a los
de su servicio, o el uso de los medios y las instalaciones militares en
beneficio propio.

La enmienda número 18 al artículo 8 pretende introducir un apartado 39
nuevo relacionado con el trato incorrecto que se pueda mantener con la
población civil en el desempeño de funciones militares o vistiendo
uniforme.




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La enmienda número 19 pretende evitar algo que, en no pocas ocasiones, ha
generado importantes conflictos. Me refiero, señorías, a las novatadas.

Es un texto que pone fin a este tipo de situaciones. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
La enmienda número 22 habla sobre delegación de facultades
disciplinarias. Me remito al texto presentado, que es suficientemente
explícito.

Hay un grupo de enmiendas relacionadas, como decía, tanto con el
procedimiento administrativo como con la garantía de defensa de los
expedientados. En este bloque se pueden incluir las enmiendas 24, 25, 26,
27, y la 29, que establece mayores garantías del derecho a la defensa. La
enmienda número 30 trata de facilitar la tarea de la defensa. Con la
enmienda número 31 establecemos un procedimiento por el que la denegación
de una prueba que pueda afectar gravemente a la defensa de los imputados
deba someterse a revisión de la autoridad superior.

Para finalizar, quiero decirles que con las enmiendas números 34, 35 y 36
tratamos de regular lo que puede ser la suspensión durante la tramitación
de los expedientes de las sanciones, siempre y cuando éstas no supongan
un atentado grave contra la disciplina.

Se trata, insisto, de un proyecto de ley en el que se incurre en
importantes contradicciones. Por ello, insistimos en este paquete de
enmiendas y expresamos nuestra posición contraria al mismo.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Román Clemente.

A continuación, pasamos al voto particular número 3, correspondiente al
Grupo Parlamentario Mixto, concretamente a las enmiendas números 37 a 39,
originariamente presentadas por el Senador Ríos Pérez.

Tiene la palabra el señor Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero adelantar que Coalición Canaria apoya este
proyecto de ley porque lo considera un avance claro en el régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas y su modernización.

Mantenemos vivas solamente dos enmiendas, una de supresión y otra de
adición. La primera de ellas propone la supresión de la última parte del
párrafo primero del artículo 4, que dice: «Sólo podrá recaer sanción
penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad
de bien jurídico protegido».

La razón fundamental se basa en el principio «non bis in idem», de
obligada aplicación en Derecho Penal, que no permite que un solo hecho
sea juzgado en más de un procedimiento, y que sobre él recaiga más de una
sentencia. Si no se suprime se pueden permitir procedimientos distintos,
según los varios bienes jurídicos protegidos, y eso significa abrir la
puerta a que por un solo hecho probado se puedan incoar multitud de
procedimientos con sus variadas sentencias.

La enmienda de adición es la número 38, complementaria a la 39, desde el
punto de vista técnico, donde introducimos una disposición adicional
nueva, que en este caso sería la séptima, con la finalidad de modificar
el artículo 181 de la Ley 85/1978 --recalco que es del año 1978--, de 28
de diciembre, de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Coalición
Canaria pretende con ello que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan
ejercer el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la
Constitución.

Es evidente que el ordenamiento español no pone desde su cúspide, que es
la Constitución, la más mínima limitación al derecho de asociación de los
militares, y también lo es que cuando ha querido limitar algún derecho
fundamental lo ha realizado de forma expresa, como ocurre con el derecho
de sindicación, en su artículo 28; o con el de petición colectiva, en su
artículo 29. Por tanto, ha de admitirse necesariamente que los
constituyentes no quisieron de ningún modo limitar a los militares su
derecho de asociación.

Los redactores de los regímenes disciplinarios vigentes y en proyecto,
así como los del Código Penal Militar han sido plenamente concordantes
con la Constitución, por lo que es conveniente aprovechar la oportunidad
que ofrece el presente proyecto de ley para armonizar también el texto de
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas con la letra y el espíritu
constitucionales. Todo ello adquiere aún mayor urgencia ante la
proximidad de la profesionalización total de las Fuerzas Armadas.

Solicito, por tanto, señor Presidente, que a la hora de las votaciones se
vote por un lado la enmienda número 37 y, por otro, las números 38 y 39.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.

Voto particular número 1, que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y concretamente a las enmiendas
números 71 a 73 y 75.

Tiene la palabra, Senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario mantiene cuatro enmiendas, que se
corresponden como ha dicho el señor Presidente con las números 71, 72, 73
y 75. Dos de ellas tienen su justificación en evitar términos y adjetivos
poco precisos y subjetivos, que entendemos crean indefensión, así como
términos poco precisos y conceptos jurídicos indeterminados. Se trataría
pues de suprimir el apartado 8 del artículo 7, que habla de
«manifestaciones de tibieza», algo difícilmente valorable a la hora de
aplicar la sanción y, en la misma línea, suprimir en el apartado 12 del
artículo 7 las referencias a «razones descompuestas», por entender de
nuevo que tiene una difícil valoración, todo ello cuando además este
apartado continuaría teniendo todo el sentido con el texto que quedaría:
«La falta de respeto a superiores, en especial con réplicas desatentas a
los mismos».




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A nuestro Grupo Parlamentario le parecía --y le continúa pareciendo-- que
si fue aceptada en Comisión una enmienda, la número 74, que iba en esta
misma línea, y se suprimió la palabra «ligera» cuando hacía referencia a
irrespetuosidad, por entender que al aplicar la sanción podría haber
problemas de interpretación, pensamos que cabría una misma solución para
estas dos que ahora defiendo, las números 72 y 73, lo que hace que las
hayamos mantenido y defendido en este trámite en el pleno.

Lo mismo hacemos, en cuanto a la defensa de las enmiendas números 71 y
75. La primera afecta a una modificación del párrafo primero del artículo
6, proponiendo una redacción nueva con la que creemos que el artículo se
adecúa mejor al principio de proporcionalidad, y la última trata de
suprimir del apartado ocho del artículo 8
--cuando definimos faltas graves-- la frase: «... consentir o
tolerar tal conducta...» separándola de lo que es falta grave. Entendemos
--y así lo manifesté en Comisión-- que consumir bebidas alcohólicas en
acto de servicio sí constituye realmente una falta grave, pero creemos
que no debería tener esta categoría el hecho de consentir o tolerar la
consumición en acto de servicio.

Nada más. Esta es la defensa de nuestras enmiendas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.

Voto particular número cuatro, que corresponde al Grupo Parlamentario
Socialista, concretamente a las enmiendas números 62 y 64 a 70.

Tiene la palabra el Senador Gallego Cuesta.




El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Indudablemente hemos tenido ocasión de hablar y debatir con motivo de la
elaboración del informe de la Ponencia y, posteriormente, en la Comisión,
el proyecto de ley orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas y ahí ya hemos predeterminado, fijado y concretado nuestra
posición.

Qué duda cabe de que está enmarcada dentro del informe del Consejo
General del Poder Judicial, en la sesión del 25 de junio de 1997, y
dentro de la jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional. Hay 51 enmiendas vivas en estos momentos y de
ellas, como ha dicho el señor Presidente, ocho pertenecen al Grupo
Socialista.

¿Es necesario un régimen disciplinario para las Fuerzas Armadas?
Indudablemente sí, tal y como dice la regulación vigente, concretamente
la Ley 12/1985, de 27 de noviembre. Este proyecto de ley, que entró en
vigor junto con el Código Penal Militar, regulado por la Ley 13/1985, de
9 de diciembre, el 1.º de junio de 1986, comparte en gran medida la
estructura del de 1985. Y aunque formalmente lo deroga, en la práctica
mantiene muchos aspectos de su estructura en su integridad. Es evidente,
por lo tanto, que ambos textos constitucionales determinan con claridad,
lo que no podía ser de otra manera, cual es la nítida distinción entre lo
que es la sanción penal, las conductas delictivas que están incluidas en
el Código Penal Militar y la esfera disciplinaria que está contenida en
este proyecto de ley.

¿Hay razones para una nueva ley orgánica? En el preámbulo se manifiestan
de manera precisa y, desde nuestro punto de vista, sigue siendo necesaria
la revisión de una Ley de 1985 porque aunque es una buena Ley, y ha
resultado efectiva, está enmarcada por la necesidad de incorporar a la
actual legislación la doctrina jurisprudencial de la Sala Quinta del
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y, además, por la obligada
introducción de nuevos tipos disciplinarios debido a las modificaciones
que se han hecho con más entidad en el aspecto de faltas tales como la
del consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de droga, que hoy en día
son objeto de un mayor reproche social. Finalmente, porque las Fuerzas
Armadas en estos momentos, están en un proceso no sólo de incorporación
de la mujer --lo que ya se ha efectuado desde hace algún tiempo-- sino de
reorganización y profesionalización de las mismas.

Nuestra posición está marcada por tres sentencias: la sentencia del
Tribunal Constitucional 77/1983, de 3 de octubre; la sentencia del
Tribunal Constitucional 21/1981, de 15 de julio, y la sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990.

Es indudable --y ahí va nuestra síntesis sobre este proyecto de ley-- que
hay una peculiaridad, como he manifestado antes, en el régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas: que las infracciones deben
responderse con prontitud y rapidez. Además, esta potestad disciplinaria
militar es más dura en este ámbito que en el ámbito civil, puesto que,
por razón de su condición, los militares tienen un estatuto jurídico muy
singular, como servidores públicos ligados por un vínculo de sujeción
especial a la administración castrense. Dentro de este ámbito, se
requiere responder a las infracciones con sanciones, teniendo en cuenta
que el mando ha que mantener la disciplina y la subordinación jerárquica,
elementos que son esenciales para la vida militar. Dentro de estas
circunstancias, como he dicho antes, hay un mayor rigor en el régimen
disciplinario militar que en el régimen disciplinario civil, pero hay que
tener cautelas específicas que deben derivarse de que el mando militar
tiene la posibilidad de aplicar restricciones o privaciones de la
libertad, tema que es muy importante para nosotros.

Voy a desarrollar rápidamente las ocho enmiendas que quedan vivas,
porque, como ha dicho el Presidente, la enmienda número 63 se incorporó
en el dictamen de la Comisión de Defensa. Estas enmiendas son producto de
un fructífero debate en el Congreso de los Diputados, donde ha habido una
profunda reflexión y una sintonía, con un espíritu abierto, de diálogo y
de colaboración. No son sólo enmiendas de mejora técnica, sino de
contenido ya que, desde nuestro punto de vista, amplían las garantías
formales de los militares profesionales y de los soldados de reemplazo.

Además pretenden algo esencial para nosotros, que es la plena efectividad
del derecho fundamental a la tutela jurídica efectiva que consagra el
artículo 24 de la Constitución Española.




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Se nos admitió una enmienda. Esperamos que se nos admita alguna más, dada
esa buena sintonía. No desfallecemos en ese intento.

La enmienda número 62, al artículo 1, es de modificación. Propone la
sustitución de la expresión: «con independencia de», por: «sin perjuicio
de», en virtud de esa autonomía legislativa del régimen disciplinario y
de esa efectiva separación entre la esfera penal, comprensiva de
conductas delictivas, y la esfera disciplinaria, a la que antes me he
referido, que está separada de la penal. Con ello damos cumplimiento
exacto al artículo 106 de la Constitución Española, que establece el
control por los tribunales de la legalidad de la actuación
administrativa.

La enmienda número 63 no está viva.

La enmienda número 64, al artículo 4, párrafo segundo, es de
modificación. Creemos que debería aceptarse, pues conllevaría una mejora
técnica para este proyecto de ley.

La enmienda número 65, al artículo 26, párrafo primero, de modificación,
es también una mejora técnica. No entra en el fondo de la cuestión, pero
sería interesante que se incorporara.

La enmienda número 66, al artículo 50.1, es de adición. Se propone añadir
la expresión: «en un plazo no superior a las 72 horas», tras el término:
«interesado». Justificamos esta enmienda en la mejora técnica.

La enmienda número 67, al artículo 59, apartado 2, es de modificación.

Pretendemos que se sustituya el plazo de cinco días por el de «quince».

La justificación es por la adaptación al régimen general aplicable en los
procedimientos sancionadores.

La enmienda número 68 es de adición al artículo 77, apartado 1, y tiene
por finalidad dotar de mayores garantías al sistema de recursos. El
Senador que intervenga en nombre del Partido Popular también debe fijarse
en esta enmienda, porque su aprobación mejoraría la redacción de ese
artículo.

La enmienda 69, al artículo 77, apartado 2 es de sustitución. Aquí voy a
hacer un pequeño paréntesis porque considero que es una enmienda muy
importante. Tal y como viene hoy en el texto no se podrían recurrir las
sanciones leves cuando sean firmes, cuando sean resoluciones definitivas.

Desde nuestro punto de vista, aunque este aspecto no va en contra de la
legislación, hay que tener en cuenta también lo que dice el Consejo
General del Poder Judicial, que manifiesta que en el proyecto de ley sólo
se puede recurrir en el recurso contencioso disciplinario militar cuando
afectan al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas o de
las libertades públicas. Es indudable que no tiene fundamento suficiente
el que se diga que no es legal la propuesta que se recoge en el artículo
77.2, pero cabe estimar --como dice el propio Consejo General del Poder
Judicial-- que la plena efectividad del derecho fundamental de la tutela
jurídica efectiva, que está recogida en el artículo 24 de la Constitución
Española, sería más efectiva y llegaríamos a una completa satisfacción de
esas garantías constitucionales si se admitiera que fueran recurribles
las sanciones leves.

Finalmente, la enmienda número 70 supone la supresión del artículo 77,
apartado 3, en coherencia con lo dispuesto y señalado en la enmienda
número 69.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego Cuesta.

Turno en contra.

Tiene la palabra el Senador Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas presentadas a esta ley y que se mantienen
vivas aún en este Pleno, he de referirme, en primer lugar, a las del
Grupo Parlamentario Mixto, que se han mantenido sin debate en Comisión,
lo que ha impedido cualquier matización previa con la que buscar algún
tipo de convergencia.

De todas maneras, y aunque las vamos a debatir hoy por primera vez,
podemos afirmar que en su conjunto parecen más inspiradas en una especie
de desconfianza exagerada hacia las actuaciones de los mandos militares
que en una simplificación de los sistemas disciplinarios, buscando unas
complicaciones --a nuestro modo de ver también exageradas-- de los
trámites que llamaríamos procesales --si de un proceso se tratase-- a
través de los cuales cada sanción --incluso las leves-- parece
convertirse pese a su levedad en fuente de litigios, en algo que
--olvidando los principios de inmediatez y de simplicidad propios de un
régimen disciplinario interno-- tiende a favorecer un ambiente
complicado, quizá incluso de indisciplina, capaz de convertir las
unidades militares en una especie de pasillos de una audiencia por donde
pululan los abogados buscando extraños pleitos por causas nímias.

Nos parece algo ocioso --por ir citando enmiendas concretas-- pretender,
como se hace en la enmienda al artículo 1, que entre las palabras
«órdenes» y «del mando» se añada «legales y legítimas», dado que es obvio
que las órdenes, en principio, sean del mando militar, del mando civil o
de cualquier tipo de autoridad, han de ser legales y legítimas. Si se
tratase de órdenes ilegales e ilegítimas, ello constituiría delito
perseguible a niveles más altos que el de un régimen disciplinario. En
todo caso, serían adjetivos a añadir redundantemente a cualquier acción
de cualquier autoridad u organismo. Todo lo que hicieran habría que
aclarar que tendría que ser legítimo y legal; por supuesto que tiene que
serlo, pero no parece necesario incluirlo.

Igual de ociosa es la pretensión de la enmienda segunda, que remacha la
sumisión expresa a la Constitución y otras normas, cuando ya en el
artículo 1 del proyecto de ley se expone que éste tiene por objeto
garantizar la observancia de la Constitución y de las Reales Ordenanzas.

Es decir, no cabe en cabeza humana que nuevamente haya que pedir una
sumisión expresa, puesto que ya se contempla en el mismo proyecto de Ley.

Otras enmiendas pretenden aclarar algo tan obvio como que sólo podrán
considerarse infracciones disciplinarias



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las acciones u omisiones que no constituyan delito. Esto es elemental, ya
que este proyecto de ley sólo se refiere a faltas; si constituyen delito
no se contemplan en él, caen bajo otras normas, como por ejemplo el
Código Penal Militar.

Hay que hacer notar estas obviedades. Parece que al formular este paquete
de enmiendas, que, como decía el Senador, se agrupan bajo un mismo
espíritu, no se ha tenido presente que existen normas superiores a las de
régimen disciplinario, que es un régimen interno capaz de hacer posible
un funcionamiento eficaz de unos colectivos como son las unidades
militares, capaces de convivir en situaciones críticas, en buques,
campamentos, proyecciones de fuerza en el extranjero, para los que no se
puede estar pensando en todo momento en la complicación de estos
trámites. Por otra parte, hay que pensar que en cierta manera las
unidades militares son organismos educativos, de formación, que tienen
que contar con elementos para responsabilizar al personal --un personal
que no es como el civil-- no sólo por las necesidades de una mayor
disciplina, en la que se basa la eficacia de las Fuerzas Armadas --y
pueblo español, a quien le supone un gesto, ha de exigirle esa
disciplina--, sino porque, además, maneja materiales delicados --armas,
explosivos-- y, por tanto, está necesitado de unas normas especiales de
conducta, de carácter residual o complementario, respecto a las normas
penales propiamente dichas. Esto es así. No son normas aplicables a todos
los ciudadanos, sino a unos ciudadanos determinados en unas situaciones
especiales, que pueden ser críticas y que pueden afectar a riesgos
especiales.

Por otra parte, esta observación enlaza con la insistencia también de
otra enmienda, la número 4, en el principio «non bis in idem», que se
intenta aplicar sin tener en cuenta la existencia de relaciones de
sujeción especial como las que vinculan a los militares cuando se trata
de proteger intereses jurídicos distintos, como ha sido convalidado por
la doctrina del Tribunal Constitucional, a la que luego me referiré en
relación con otra enmienda del Grupo Socialista, y hasta la imposibilidad
cronológica de hacer coincidir en todo caso las sanciones leves con
posibles sanciones penales, que tienen otros trámites y otros plazos para
poder llegar a aplicarse, es decir, la sanción leve tiene que ser, por su
naturaleza, inmediata.

De todas maneras, existe un conjunto de normas que tienen ese carácter
interno, minucioso, que debe regir la vida de los centros militares y las
unidades militares, a veces aisladas. Así, hay otras enmiendas, como la
número 17, cuyo espíritu ha sido tenido en cuenta en el Congreso de los
Diputados al aceptarse enmiendas del Grupo Socialista en este sentido,
por lo que resultan innecesarias ahora.

Carece, por otra parte, de realismo la enmienda 26, al artículo 52.2, que
pretende que sólo puedan ser nombrados instructores en procedimientos por
faltas graves los oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, no teniendo en
cuenta el reducido personal de dicho cuerpo y la existencia cierta de
oficiales dotados de una formación adecuada, sin que se pueda exigir en
estos casos ser independientes --como piden en la enmienda-- de
principios de jerarquía, porque nadie es independiente de principios de
jerarquía en una fuerza armada. Esto tendría una especial trascendencia
en una institución judicial, evidentemente, donde los jueces sí tienen
que ser independientes, pero para la instrucción de una falta está
suficientemente sustituido el principio de independencia por el principio
de imparcialidad, que preserva con los derechos de abstención y
recusación a esa conducta que hay que suponer que tenga el instructor.

Con la enmienda 27, al artículo 53.1, se pretende que en relación al
asesoramiento al expedientado, en vez de decir del «Abogado o del militar
de carrera» diga, del «Abogado y militar de carrera» --es decir, las dos
cosas--, estableciendo un doble asesoramiento y tratando de darle un
carácter parecido al que tiene en la vida jurídica civil la asistencia
letrada obligatoria, como si de un proceso penal se tratase. Pero,
naturalmente, esto repercutiría en todas las demás fases de los
procedimientos sancionadores y, por supuesto, sería una inmensa
complicación desproporcionada a nivel de una falta.

Las enmiendas presentadas por el Senador don Victoriano Ríos, también del
Grupo Mixto, tampoco podemos aceptarlas, pero es necesario hacer una
referencia, por su importante contenido aunque a mi modo de ver
inadecuado o inoportuno, a la enmienda número 38, que pretende añadir una
disposición adicional para dar nueva redacción al artículo 181 de las
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, perfilando un nuevo concepto
del derecho de asociación de los militares. Es evidente que es un tema
discutible, difícil, de fondo, complejo, que tendrá su momento y que
algún día quizá haya que debatir, pero desde todo punto de vista es
excesivo utilizar el paso por esta Cámara de un proyecto de ley de
disciplina, una ley de faltas, para introducir una ley adicional de mucha
mayor trascendencia y que exigiría se tratara como una ley sustantiva. Es
decir, yo no quiero entrar en el fondo de este asunto, pero no me parece
lógico que se aproveche una norma que tiene por objeto dotar al mando de
instrumentos para mantener la disciplina propia de las unidades
militares, reformando la ley existente --en cierta medida no se hace nada
más, ya que este es un proyecto de ley de reforma de una ley
preexistente, no es un proyecto de ley sustancialmente distinto--, para
proponer una reforma de las Reales Ordenanzas y del concepto de
asociacionismo de los militares. Este es un tema que creo que habría que
tratar con la debida serenidad y objetividad en el momento adecuado y no
sesgadamente aprovechando el paso de otro proyecto de ley por la Cámara.

Existen otras leyes sustantivas, algunas en trámite, como la Ley de
Régimen de Personal Militar, que quizá eran más propicias a estos temas.

En este debate --lo digo con todo el respeto a la sugerencia del señor
Senador y sin entrar para nada en el fondo del asunto-- no nos parece el
momento oportuno. Por ello la vamos a rechazar.

Un grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, ha sido inspirado evidentemente por su deseo de una
mejor redacción en términos de precisión. Así lo hemos tenido en cuenta



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tanto en el Congreso como en el Senado al aceptar, por ejemplo, la
supresión del adjetivo «ligera», al que se refería el Senador Carrera, en
el artículo 7, apartado 13, que evidentemente era un término de poca
precisión jurídica. No creemos necesario ir más allá en cuanto a otras
terminologías que también han chocado al Senador Carrera. Puede que sean
más o menos acertadas estilísticamente, pero forman parte de una
terminología clásica y tradicional de la vida interna de la Fuerzas
Armadas y no parece que sea necesario modificarlas, aunque hayamos
escuchado con tanta atención, como de costumbre, al Senador.

Hay una enmienda que puede tener un poco de más entidad, la número 75,
que habla de consentir o tolerar ciertas conductas. El Senador se extraña
de que pueda ser más grave la falta de la tolerancia, el consentimiento,
que la incorrección cometida. Hay que tener en cuenta que en las Fuerzas
Armadas no consiente y tolera más que el superior; por ello, la
responsabilidad del superior que tolera es mayor que la del inferior que
comete la falta. Es un problema de acentuar la gravedad de la falta, no
por su comisión directa, sino por la mayor responsabilidad de quien la
tolera.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, he de decir
que sus razones de perfeccionamiento técnico de la ley han sido muy
estimadas tanto en el Congreso como en el Senado. En este momento debo
comunicar una observación de carácter técnico. Todos los grupos de la
Cámara aceptaron, a través de una enmienda transaccional, la reforma del
artículo 3, apartado tercero, suprimiendo la expresión «o de otros
centros de formación», para precisar que se trataba sólo de centros
militares. La expresión «otros centros de formación» se repite en otros
apartados de la ley, concretamente en el artículo 10.3, en el artículo 43
y en el párrafo segundo del artículo 61.1, y creemos que en todos ellos
debiera ser suprimida, puesto que ése fue el acuerdo al que llegamos
todos los grupos.

Por lo demás, no vemos razones suficientes para aceptar otras
modificaciones, de cuya buena voluntad estamos convencidos por lo
constructiva que ha sido la actitud del Grupo Parlamentario Socialista en
todo el trámite de la ley, puesto que no creemos que mejoren la redacción
inicial ni que sean necesarias más ampliaciones de garantías, ya que
pensamos que están suficientemente protegidas.

No quiero terminar sin hacer una referencia a la enmienda 69, formulada
al apartado 2 del artículo 77, que propone introducir en materia de
sanciones un recurso contencioso disciplinario militar ordinario, por
tratarse de un tema de tutela jurídica. En nuestra opinión, el recurso
contencioso disciplinario militar ordinario no está admitido en la
vigente legislación, que habría que reformar. El propósito es mejorar la
tutela judicial efectiva en todos los niveles de la conducta humana, y
evidentemente merece la pena cualquier aspecto que subraye la atención
sobre ese tema, pero en este caso concreto --no olviden que se refiere
sólo a faltas leves-- existe una sentencia del Tribunal Supremo del 1 de
octubre de 1990 que dice: Se mantiene la inviabilidad del recurso
contencioso disciplinario militar contra los actos definitivos en vía
disciplinaria por faltas leves por estimar, sin duda, que la disciplina
debe ser restablecida de modo inmediato. Es decir, que predomina el
principio de inmediatez.

Por tanto, el recurso ordinario se reserva para las faltas graves, pero
no para las leves. Estamos en un caso de tutela judicial reservado, en el
caso de faltas leves, a que las sanciones afecten al ejercicio de
derechos fundamentales. La sentencia se basa tanto en el peculiar sentido
de la disciplina de las Fuerzas Armadas como en la venialidad de las
sanciones previstas para las faltas leves, que, al no ser sanciones
privativas de libertad, no afectan al artículo 17 de la Constitución.

Esta doctrina fue reiterada por el Tribunal Constitucional el 20 de enero
de 1994 en una sentencia que hace referencia al procedimiento preferente
y sumario reservado para las sanciones que afecten a derechos
fundamentales. No consideramos, por tanto, que se deba admitir esta
enmienda, puesto que la creación de este tipo de procedimiento en las
faltas leves no sólo es irrelevante, sino que es una complicación
innecesaria en un régimen disciplinario.

Nada más, señor Presidente. Doy las gracias a todos los grupos por su
interés y por haber colaborado en perfeccionar este proyecto de ley, que
esperemos que sirva para conseguir el objetivo propuesto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que en muchas ocasiones, tal y como me indica mi compañero de Grupo, el
Senador don Victoriano Ríos, y como sus señorías saben más que nadie, a
partir de unas leyes se pueden modificar otras. Por lo tanto, ni el
Senador ni yo podemos compartir su justificación. Sus señorías tendrán,
en breve, oportunidad de volver a demostrar cómo mediante unas leyes se
pueden ir modificando otras.

Por otra parte, señorías, las enmiendas que este Senador plantea en
representación de Izquierda Unida no generan tanta desconfianza como las
contradicciones que se establecen en el proyecto de ley. Entendemos,
señorías, que la solución que se debe dar al conflicto que se plantea
entre jerarquía y disciplina frente a las normas y a los derechos que
estas normas amparan pasa por establecer un límite claro entre la
posición dominante de la jerarquía y de la disciplina frente a las normas
y derechos que --insisto-- amparan estas normas. No se trata de
simplificar cuando, precisamente, se establecen contradicciones. No se
trata de simplificar cuando se rebajan mediante los procedimientos que se
siguen las garantías jurídicas de las personas afectadas.

Señoría, tenemos un punto de vista distinto, diferente, sobre cómo
garantizar la seguridad jurídica. De ahí que



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nuestra posición seguirá siendo la de votar en contra de este proyecto de
ley.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero aprovechar este turno para fijar la posición de mi Grupo
Parlamentario a este proyecto de ley que, sin duda, va a ser favorable al
mismo.

Durante la tramitación parlamentaria se han incorporado las aportaciones
de los distintos grupos, por lo tanto, creemos que el trámite ha sido
positivo. El proyecto actualiza la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de
noviembre, por entender que el régimen disciplinario es susceptible de
mejoras dirigidas a facilitar su aplicación, dentro de los límites que
imponen la Constitución y las leyes, sin rechazar o ignorar aquellos
aspectos de la ley que han demostrado su eficacia.

En este sentido, se ha presentado ahora la ocasión de adaptar el régimen
disciplinario a las notas singulares que caracterizarán a las Fuerzas
Armadas en un futuro próximo. Así, por ejemplo, ha de tenerse en cuenta,
en primer lugar, el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas,
por lo que habrá que establecer un régimen disciplinario dirigido
fundamentalmente a un personal profesionalizado. En segundo lugar, habría
que hacer hincapié en la profunda reorganización que están sufriendo en
estos momentos las Fuerzas Armadas y, en especial, el Ejército de Tierra.

De los cambios que se introducen yo remarcaría los siguientes, que
constan ya en el propio preámbulo de la ley: la incorporación de nuevos
tipos disciplinarios, la elevación a falta grave de la introducción,
tenencia y consumo en lugares militares de drogas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas; la realización de actos que supongan un ataque
a la libertad sexual de inferiores y la posibilidad de que el límite
mínimo de la pena pueda quedar rebajado.

Finalmente, en materia de procedimiento se regulan dos, oral y escrito, y
en ambos --y lo remarco-- se ha procurado avanzar en el reconocimiento de
las garantías y derechos personales.

Por tanto, repito nuestra posición favorable a este proyecto de ley
orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Gallego
Cuesta.




El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Estamos de acuerdo con la enmienda que ha defendido el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular puesto que, efectivamente, la incorporación al
dictamen de la Comisión de nuestra enmienda número 63 al artículo 3.3
arrastra, como él ha dicho, a esos otros artículos.

Sin embargo, dentro de esa sintonía tan amplia que ha habido en el
debate, dentro de esa colaboración, tengo que lamentar, en nombre de mi
Grupo, que no se haya tenido la suficiente sensibilidad para admitir
nuestra enmienda número 69, enmienda que tiene su razón de ser en función
de lo que manifiesta el Consejo General del Poder Judicial en su sesión
de 25 de junio de 1997, puesto que, reconociendo el fundamento suficiente
de la fórmula legal prevista en el artículo 77, también es cierto que
como afecta a un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la
Constitución española, el derecho de la tutela judicial efectiva, como
dice el Consejo General del Poder Judicial, la plena efectividad de este
derecho y la completa satisfacción, desde el punto de vista de lo que
significan las garantías constitucionales, conllevaría que se permitiera
también el recurso contencioso disciplinario militar ordinario frente a
las faltas leves.

No ha habido entendimiento. Pero sí se pueden recurrir --a tenor de lo
recogido en la última reforma de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa-- hasta los actos políticos del Gobierno, que
no son estrictamente actos administrativos, ¿por qué no se va a poder
hacer en este tipo de circunstancias cuando, además, estas sanciones
conllevan aspectos que restringen y limitan en algunos casos y en otros
llegan incluso a más alto nivel desde el punto de vista de la libertad de
las personas afectadas dentro de la esfera militar?
Estamos de acuerdo --y con ello finalizo-- en que hay que tener en cuenta
la disciplina y en que hay que ponderarla, y, dentro de este aspecto,
también los valores que conllevan tanto la inmediatez, la prontitud, como
a su vez la subordinación jerárquica que impera dentro de la autoridad
castrense. Pero nuestra satisfacción no puede ser plena puesto que no se
ha admitido nuestra enmienda número 69, a la que nosotros dábamos una
especial importancia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego Cuesta. Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, sólo quería decir unas
palabras para contestar al Senador Clemente.

Es evidente que unas leyes pueden reformar otras leyes, pero nunca ha
sido un procedimiento ortodoxo el que unas leyes menores modifiquen unas
leyes mayores, ni lo es el que vayamos a modificar, con una ley que
afecta solamente a faltas, nada menos que las Reales Ordenanzas en un
tema que en estos momentos, por estar prohibidas determinadas formas de
asociación, puede constituir delito. Es decir, que el momento es un poco



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inadecuado, pero ya he dicho que no iba a entrar en el fondo del tema.

En lo que se refiere a que tenemos diferentes conceptos, evidentemente,
los tenemos. Es obvio que tenemos diferentes conceptos incluso sobre el
valor de la disciplina eficaz y rigurosa que deben tener los ejércitos en
los Estados de Derecho.

Y en relación con el Grupo Socialista, lamento que no haya entendimiento,
pero nosotros consideramos que la sanción de una falta leve no supone
privación de libertad y que, por tanto, no supone una violación de los
derechos constitucionales, por lo que no vemos la necesidad de ese
recurso. Espero que en otra ocasión haya entendimiento. Lo siento mucho.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.

Terminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, antes de iniciar la votación quiero hacer alusión a algo a lo
que se ha referido el Senador Elorriaga, en el sentido de que en el
artículo 3, número 3, del proyecto inicialmente se decía: «Los alumnos de
los centros docentes militares de formación y de perfeccionamiento, o de
otros centros de formación, estarán sujetos a lo previsto en la Ley».

A través de una enmienda se suprimió la expresión: «... o de otros
centros de formación,...», que, sin embargo, aparece en otros artículos.

¿Se entiende que ha sido un error y que hay que suprimirla de todos los
artículos? (Pausa.)
Así se entiende.

Muchas gracias.

Por tanto, en primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Román
Clemente.

Sometemos a votación la enmienda número 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 13; en contra, 205; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas números 5 y 7 del mismo Senador.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, cuatro; en contra, 206; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas números 9, 10, 18, 22, 29 y 30, del
Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 11; en contra, 121; abstenciones, 87.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 2, 3, 13, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, y 36, del Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, dos; en contra, 129; abstenciones, 90.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas números 1, 6, 8, 11, 12, 14, 15,
24, 32 y 35, del Senador Román Clemente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, dos; en contra, 119; abstenciones, 100.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Senador Ríos Pérez.

En primer lugar, votamos la enmienda número 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, cinco; en contra, 207; abstenciones, diez.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación las enmiendas números 38 y 39, del Senador Ríos
Pérez.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, seis; en contra, 207; abstenciones, diez.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

En primer lugar, las enmiendas números 71, 72, 73, y 75.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 14; en contra, 120; abstenciones, 88.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Comenzamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 62, 64 y 65.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 99; en contra, 120; abstenciones, dos



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas números 66, 67, 68, 69 y 70,
correspondientes también al Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 88; en contra, 121; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos el dictamen. En primer lugar, sometemos a votación
los artículos 3.1, 5, 7.14, 8.27, 27, 29, 37 y 78.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 126; en contra, 93; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

A continuación votamos el resto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 219; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción
definitiva por Su Majestad el Rey.




Se levanta la sesión hasta las diez de la mañana.




Eran las veinte horas.




CORRECCION DE ERRORES:



-- En el Diario de Sesiones número 97, correspondiente a la Sesión
Plenaria del miércoles 16 de septiembre de 1998, en la página 4464,
intervención de la señora de Boneta y Piedra, donde dice: «... no
dificultar la libre circulación, es decir, no poner la libre
circulación...», debe decir: «... no dificultar la libre circulación, es
decir, no impedir la libre circulación...»
-- En el Diario de Sesiones número 98, correspondiente a la Sesión
Plenaria del martes, 22 de septiembre de 1998, en la página 4494,
intervención del señor Zapatero Villalonga, donde dice: «L'església
cremat», debe decir: «L'Església cremada». Asimismo, en la página 4503,
intervención del señor Varela Serra, donde dice: «... Vagabundo en
Africa, de Javier Pérez-Reverte...», debe decir: «... Vagabundo en
Africa, de Javier Reverte...»
-- En el Diario de Sesiones número 99, correspondiente a la Sesión
Plenaria del miércoles 23 de septiembre de 1998, la referencia a la
Agencia ABA es errónea. El nombre correcto es: Agencia AVA.