Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 99, de 23/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 99
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir las muertes
producidas en el Estrecho de Gibraltar, como consecuencia de naufragios
de pateras con inmigrantes procedentes de Marruecos. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557,
de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000574.)
--De don DIONISIO GARCIA CARNERO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si la implantación del sistema de denuncias telefónicas en
algunas comisarías de policía ha favorecido el aumento del número de
denuncias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número
de expediente 680/000582.)
--De don PEDRO JOSE ARDAIZ EGÜES, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la razón por la que el Gobierno no ha aplicado todavía el principio
de concurrencia a los contratos de servicios de telecomunicaciones.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
680/000576.)
--De don LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras de la autovía
oriental de la carretera nacional N-340. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557, de fecha
21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000584.)
--De doña MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y
Cultura en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el año 1998.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
680/000579.)
--De don JAIME LISSAVETZKY DIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las instalaciones que va a cerrar el Gobierno en la Clínica Puerta
de Hierro, ubicada en el municipio de Madrid. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557, de fecha
21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000575.)
--De don JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en orden a
combatir y erradicar la pornografía infantil. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557, de fecha
21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000580.)
--De don OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si cree el Gobierno que las declaraciones del
Secretario de Estado de Economía, sobre la posibilidad de que se produzca
una cadena de devaluaciones en América Latina, contribuyen al éxito del
viaje institucional del Presidente del Gobierno. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557,
de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000578.)
--De doña FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno respecto al fracaso del
diálogo entre el Ministerio y los representantes sociales del Consejo
Asesor de Medio Ambiente (CAMA). (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557, de fecha 21 de septiembre
de 1998). (Número de expediente 680/000577.)
--De don PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los beneficios que representa para el sector olivarero el no
presentar recurso sobre aspectos de la reforma de la Organización Común
de Mercado (OCM) del aceite de oliva. (Publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557, de fecha 21 de
septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000573.)
--De don JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones para el cese del anterior Secretario de
Estado de la Comunicación y Portavoz del Gobierno. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 557,
de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente 680/000563.)
--De don RICARDO BUENO FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio del Interior para
desarrollar la Orden Ministerial de 18 de junio de 1998, en relación con
los centros para la formación de conductores de mercancías peligrosas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
680/000581.)
--De don ENRIQUE ARANCE SOTO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que piensa seguir el Gobierno para la
reparación del Pantano de Benínar (Almería), en el curso del río Adra.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
680/000583.)
Segundo
Interpelaciones:
--De don JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno en relación con el Senado. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
670/000098.)
--De doña INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política del Gobierno en relación con el desarrollo de las
competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades
Autónomas, así como sobre su decisión de plantear el conflicto positivo
de competencias, con petición de suspensión cautelar, contra el Decreto
del Gobierno Vasco 514/1996, de 15 de marzo, que regula las plantillas de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
670/000099.)
--De don JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la elaboración y
presentación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 557, de fecha 21 de septiembre de 1998). (Número de expediente
670/000100.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el Proyecto de
Ley de reforma de Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 94, de fecha 22 de septiembre de 1998). (Número de expediente
Senado 621/000094) (Número de expediente Congreso 121/000027.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 4518)
De don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir las muertes
producidas en el Estrecho de Gibraltar, como consecuencia de naufragios
de pateras con inmigrantes procedentes de Marruecos (Página 4518)
El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si la implantación del sistema de denuncias telefónicas en
algunas comisarías de policía ha favorecido el aumento del número de
denuncias (Página 4519)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor García Carnero.
De don Pedro José Ardaiz Egüés, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la razón por la que el Gobierno no ha aplicado todavía el principio de
concurrencia a los contratos de servicios de telecomunicaciones (Página 4520)
El señor Ardaiz Egüés formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ardaiz Egüés. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Leopoldo Ortiz Climent, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las obras de la autovía
oriental de la carretera nacional N-340 (Página 4522)
El señor Ortiz Climent formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ortiz Climent.
De doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y
Cultura en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el año 1998
(Página 4523)
La señora Rodríguez Saldaña formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Rodríguez
Saldaña.
De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las instalaciones que va a cerrar el Gobierno en la Clínica Puerta de
Hierro, ubicada en el municipio de Madrid (Página 4524)
El señor Lissavetzky Díez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica,
interviene de nuevo el señor Lissavetzky Díez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don José Iribas Sánchez de Boado, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en orden a
combatir y erradicar la pornografía infantil (Página 4526)
El señor Iribas Sánchez de Boado formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iribas Sánchez
de Boado.
De don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si cree el Gobierno que las declaraciones del Secretario de Estado
de Economía, sobre la posibilidad de que se produzca una cadena de
devaluaciones en América Latina, contribuyen al éxito del viaje
institucional del Presidente del Gobierno (Página 4527)
El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado Martínez. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo).
De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno respecto al fracaso del
diálogo entre el Ministerio y los representantes sociales del Consejo
Asesor de Medio Ambiente (CAMA) (Página 4529)
La señora Pleguezuelos Aguilar formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora
Pleguezuelos Aguilar. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de
Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
De don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los beneficios que representa para el sector olivarero el no presentar
recurso sobre aspectos de la reforma de la Organización Común de Mercado
(OCM) del aceite de oliva (Página 4530)
El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De
Palacio del Valle-Lersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Rodríguez Cantero. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las razones para el cese del anterior Secretario de Estado de la
Comunicación y Portavoz del Gobierno (Página 4532)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Ricardo Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio del Interior para
desarrollar la Orden Ministerial de 18 de junio de 1998, en relación con
los centros para la formación de conductores de mercancías peligrosas
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las actuaciones que piensa seguir el Gobierno para la reparación
del Pantano de Benínar (Almería), en el curso del río Adra
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno en relación con el Senado (Página 4533)
El señor Laborda Martín realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el
señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Rigol i Roig, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Laborda Martín, por el Grupo Socialista, y García-Escudero Márquez,
por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de
Administraciones Públicas (Rajoy Brey).
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política del Gobierno en relación con el desarrollo de las
competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades
Autónomas, así como sobre su decisión de plantear el conflicto positivo
de competencias, con petición de suspensión cautelar, contra el Decreto
del Gobierno Vasco 514/1996, de 15 de marzo, que regula las plantillas de
la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Página 4548)
La señora De Boneta y Piedra realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Oyarzábal
Uriarte, por el Grupo Socialista, y el señor Uriarte Zulueta, por el
Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón).
De don José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la elaboración y
presentación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional
(Página 4557)
El señor Gallego López realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gallego López, por el
Grupo Socialista, y Pascual Fernández-Layos, por el Grupo Popular. Cierra
el debate la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4563)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(Página 4563)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 18. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende
la enmienda número 19. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas
números 20 a 29 y 31 a 38, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 97, 98 y 101,
retirando las números 96 y 99, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Gibert i Bosch defiende las enmiendas del
Grupo Socialista números 77 a 79, 81 a 91 y 93 a 95, así como aquellas
que proponen la vuelta al texto del Congreso de los Diputados de los
artículos modificados por las enmiendas números 47, 52, 61, 62, 69 y 74,
del Grupo Popular, y 102, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió. El señor Alegre Escuder defiende la enmienda del Grupo Socialista
que propone la vuelta al Congreso de los Diputados de la disposición
final primera, modificada por la enmienda número 75, del Grupo Popular.
El señor Utrera Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el Grupo
Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 5, 17 y 18, del Grupo Mixto, por
82 votos a favor, 128 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor,
202 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las restante enmiendas del Grupo Mixto por 128 votos en
contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 31 y 36, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 121 en contra y 84
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos por 12 votos a favor, 200 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 123 en contra y 82
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 204 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que solicita la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados modificado por la enmienda número 75
del Grupo Popular por 85 votos a favor, 124 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza el resto del voto particular número 4, del Grupo Socialista,
por 83 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 77 a 79, 81 a 91 y 93 a 95, del Grupo
Socialista, por 82 votos a favor, 131 en contra y 4 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara la presentación de una propuesta
de modificación relativa al preámbulo, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios, que se aprueba por asentimiento.
Se aprueban los artículos 3.º, 5.º, en lo referente a los artículos 64.6
y 65.2 de la Ley 24/1988, y disposiciones adicionales primera, apartados
3, 6, 7 y 8, cuarta, novena, decimocuarta y decimoquinta, por 132 votos a
favor, 83 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 4.ºDos.1, Catorce, Diecisiete y Dieciocho; 5.º,
en lo referente a los artículos 72 y 75 de la Ley 24/1988, y 7.º, en lo
referente a los artículos 86.5, 86.6, 90 y 98.6 de la mencionada ley, por
130 votos a favor, 5 en contra y 82 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 212 votos
a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión. Pasamos al punto
primero del orden del día.
PREGUNTAS:
-- DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR LAS MUERTES
PRODUCIDAS EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR COMO CONSECUENCIA DE NAUFRAGIOS DE
PATERAS CON INMIGRANTES PROCEDENTES DE MARRUECOS. (680/000574)
El señor PRESIDENTE: La pregunta que vamos a tratar es la de don José
Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para impedir las muertes producidas en el
Estrecho de Gibraltar como consecuencia de naufragios de pateras con
inmigrantes procedentes de Marruecos.
Tiene la palabra el señor Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, efectivamente creo que usted coincidirá conmigo
en que este verano ha sido especialmente doloroso por las numerosas
muertes que se han producido en el Estrecho de Gibraltar como
consecuencia de los naufragios de pateras con inmigrantes a bordo
procedentes de Marruecos. Señor Ministro, quiero de verdad que crea que
está muy lejos de mi intención sacar ningún provecho en este debate de
las desgracias ajenas, pero honestamente quiero que exponga a esta Cámara
qué medidas piensa adoptar el Gobierno a fin de impedir hechos tan
lamentables como los recientemente producidos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carracao.
Tiene la palabra, señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Senador, un fenómeno que al tiempo de ser dramático es complejo
exige un especial esfuerzo, no sólo por parte de España y Marruecos, sino
por parte de otras muchas naciones, de otras muchas instituciones, porque
evidentemente no sólo se trata de una relación bilateral. Por eso, desde
el Ministerio del Interior y dentro de ese marco de respuestas globales y
complejas a un fenómeno dramático, yo quiero poner el acento en cuatro
puntos.
En primer lugar, en cuanto a medios. Vamos a intensificar lo que son los
medios previstos en un Plan Sur, que se aprobó el 1 de enero de 1997, y
que tendré mucho gusto de concretar en la réplica.
En segundo lugar, tratando no sólo de poner más medios policiales, sino
de crear una cultura de concepto país-frontera dentro de la Unión
Europea, sabiendo que en la Unión Europea se va a comunitarizar la
política de inmigración, y España, Francia, Alemania y probablemente
Austria tienen que ser capaces de concertar, en lo que significa
codesarrollo y gestión de flujos migratorios, una auténtica cultura
novedosa en materia de inmigración, y esos países deben hacerlo
conjuntamente porque se está comunitarizando ya esa política de
inmigración, en su tercer pilar.
En tercer lugar, continuar tenazmente con la cooperación con Marruecos,
de modo perseverante, porque sigue siendo esencial este esfuerzo de
España. Y, en cuarto lugar, entendiendo y comprendiendo, en la
complejidad del fenómeno, que además hay que continuar e intensificar las
acciones contra las redes y las mafias de inmigrantes ilegales que
significan una nueva vertiente de esta tragedia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
Señor Carracao, tiene la palabra.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su señoría sabe que no es la primera vez que le interpelo
sobre esta cuestión.
Efectivamente, somos conscientes de la complejidad, de la envergadura de
este problema, y nos gustaría contribuir a ir paliándolo. Lo intentamos a
título particular, también lo hacen nuestros Grupos Parlamentarios en el
Congreso y en el Senado --pronto comprobarán nuevas iniciativas en este
sentido--, pero no hemos observado en el Gobierno esa misma voluntad, y
no decimos que no deseen que se resuelva este problema, pero miran para
otro lado. La tragedia que se ha producido en las costas de Melilla hace
escasas fechas es un claro ejemplo de esto que digo: ni el silencio ni la
ocultación de esa tragedia resuelven nada.
Tampoco se puede resolver el problema, señor Ministro, con medidas
estrictamente policiales. Usted habla de acentuar la cooperación con el
país vecino pero, señor Ministro, en el diálogo con Marruecos han
fracasado --creo que por la arrogancia del señor Presidente del Gobierno
en su última visita a ese país--, y usted bien sabe que la colaboración
con el país vecino es primordial; lo es al menos para evitar que se
produzcan tantas muertes en el Estrecho.
Esa voluntad política que usted señala hoy nos gustaría que ya se hubiese
demostrado con anterioridad y que hubiesen instado a nuestros socios
comunitarios a que, sin quitar la vista del Este, miren también al Sur,
para entre todos impulsar políticas homogéneas de recepción de flujos
migratorios basadas en la integración social, la solidaridad, la
convivencia y la igualdad.
¿Recuerdan sus señorías cuando el Presidente Aznar, refiriéndose a
inmigrantes refugiados en Melilla a los que se suministró droga para ser
expulsados, dijo: Teníamos un problema y se ha solucionado? Lejos de
solucionarse este problema va a más. Según datos de la Guardia Civil,
sólo a Ceuta intentan pasar a diario cerca de 800 inmigrantes. Insisto,
porque no pueden ser medidas estrictamente policiales las que resuelvan
este problema...
El señor PRESIDENTE: Señor Carracao, por favor.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Termino, señor Presidente.
... los esfuerzos hay que orientarlos hacia una cooperación económica
capaz de garantizar un desarrollo socioeconómico en los países del Magreb
que alivie las tensiones y las presiones demográficas e inmigratorias.
Señor Ministro, de nuevo sus formas pueden satisfacernos, pero el fondo
no, y eso es absolutamente insuficiente; las formas son absolutamente
insuficientes.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carracao.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, yo le diré lo contrario de su intervención: respecto al
fondo, a las cosas que ha dicho, en algunas coincido con usted, pero
otras de la forma le han perdido. Porque diciendo cosas sensatas no hay
ninguna necesidad de utilizar la demagogia con algunos calificativos que
usted ha aplicado al Presidente del Gobierno; pero usted, dentro de una
reflexión serena y con sentido común, al mismo tiempo ha querido
introducir unas gotas que precisamente eran todo menos serias y que más
bien se situaban en la demagogia. Ahora bien, yo me quedo con lo que
usted ha apuntado de una manera razonable en el fondo.
Y, señoría, yo quiero decirle que hace falta sentido común: no se han
producido tragedias en Melilla, se han producido en aguas
jurisdiccionales de Marruecos, nosotros no hemos hecho ningún pacto de
silencio con Marruecos y únicamente hemos tratado de contribuir, una vez
que se han producido esas tragedias, a que se resolviesen de la mejor
forma posible los procesos de recogida de cadáveres.
De las cuatro medidas de las que le he hablado dos son políticas y otras
dos son estrictamente policiales, y le vuelvo a reiterar que nosotros
somos conscientes de que Marruecos tiene que tener una relación distinta
con la Unión Europea. Es la primera vez en estos años que yo he
solicitado formalmente en el encuentro de Ministros de Interior y
Justicia en la Unión Europea que, además de las relaciones entre
nosotros, la Unión Europea tenga una relación especial y singular con
Marruecos. Fíjese usted si somos conscientes de la importancia y la
transcendencia de las relaciones con Marruecos que he de decirle que
gozan de una extraordinaria salud. En definitiva, si usted quiere de
verdad ayudar, y no sólo hacer alguna pregunta parlamentaria, ayudar en
el diagnóstico, en el trabajo, en la reflexión sobre estos fenómenos,
quiero decirle que mi disposición plena a trabajar con ustedes sin duda
alguna es la característica principal que nos anima en ese trabajo. No
simplifiquemos el problema, no entremos en la excesiva diferenciación. Es
un problema complejo que exige una especial atención por parte de todos,
del Gobierno y de la oposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
-- DE DON DIONISIO GARCIA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE DENUNCIAS TELEFONICAS EN
ALGUNAS COMISARIAS DE POLICIA HA FAVORECIDO EL AUMENTO DEL NUMERO DE
DENUNCIAS. (680/000582)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Dionisio García Carnero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si la implantación del sistema
de denuncias
telefónicas en algunas comisarías de policía ha favorecido el aumento del
número de denuncias.
Tiene la palabra el señor García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hacia mediados del pasado mes de mayo se puso en
funcionamiento un nuevo sistema en algunas comisarías de varios distritos
de Madrid. Mediante este nuevo sistema se trata de prestar un servicio a
los ciudadanos que puedan formular las denuncias sobre robos, hurtos y
otro tipo de fenómenos delictivos sin violencia a través del sistema
telefónico. Se nos manifestaba entonces que la voluntad o el deseo de
prestar este nuevo servicio era favorecer el que muchos ciudadanos, que
no lo hacían por desconfianza, por pereza, sobre todo yo creo que por no
tener la convicción de que iba a servir para algo, denunciaran este tipo
de delitos.
Nosotros lo que queremos saber es la valoración que hace su Ministerio,
cuatro meses después de la puesta en funcionamiento de este servicio,
sobre los datos y sobre la utilidad del mismo y si, como consecuencia de
ello, es interés y deseo del Gobierno y del Ministerio ampliarlo a otras
partes del territorio nacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, el
Gobierno valora muy positivamente este nuevo servicio que conlleva un
esfuerzo de introducirse en un pilar de la futura policía, que es el
concepto de la proximidad. Me parece que es un servicio policial que,
como ustedes saben, ya entró en funcionamiento el 18 de mayo y reduce
trámites y tiempo de espera en dependencias policiales.
Desde la fecha del 18 de mayo son cuatro las ventajas que nosotros
observamos en este tipo de denuncia; en primer lugar, se reduce el tiempo
de espera para el denunciante de un delito; en segundo lugar, se agiliza
indudablemente el trámite y el procedimiento de gestión de la denuncia;
en tercer lugar, se reduce también la cifra oscura de la criminalidad, ya
que la lentitud de un proceso tradicional incitaba al ciudadano a no
denunciar y, en cuarto lugar, esto nos permite racionalizar medios
humanos y materiales.
No pretendemos sustituir nunca esa atención personalizada por parte de
los funcionarios policiales, sino que este sistema tiene un carácter
complementario, siempre voluntario, siempre opcional, con el único
objetivo de mejorar y agilizar el servicio policial. Quiero insistir en
que queda garantizada la seguridad de los datos aportados sin que ellos
puedan trascender del ámbito policial, y esto es posible porque estarán
siempre controlados y custodiados por personal del Cuerpo Nacional de
Policía.
Los resultados de este nuevo servicio han superado lo que eran
expectativas iniciales, y puedo decir que desde el 18 de mayo hasta el 20
de septiembre se han atendido 9.738 llamadas y se han producido y
gestionado 4.340 denuncias; se ha reducido el tiempo de espera y el
tiempo medio de llamada es de 4 minutos 56 segundos y, en tercer lugar,
se ha incrementado el número de denuncias en torno a un 13 por ciento.
Por último, quiero destacar que nuestra intención y nuestra voluntad es
dar cobertura nacional a este nuevo sistema. Después de una fase
experimental en ocho comisarías del distrito de Madrid está previsto
extenderlo a Valencia y a Sevilla antes de que finalice el año 1998.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Tiene la palabra el señor García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su información.
Como bien conoce su señoría, la seguridad es un concepto no sólo
objetivo, sino fundamentalmente subjetivo. En muchas ocasiones se tiene
sensación de seguridad más por la percepción de los ciudadanos que por
los datos numéricos. Por eso, nosotros creemos que todos aquellos
elementos --y sin duda la prestación de este nuevo servicio lo es-- que
contribuyen a trasladar a los ciudadanos una mayor sensación de
seguridad, que en este caso consiste en posibilitarles que puedan
denunciar todos aquellos hechos delictivos de los que sean objeto, y que
no renuncien a ese derecho, en muchas ocasiones por las dificultades
burocráticas, de tiempo administrativas y, en otras, por la pérdida de la
conciencia de esa sensación de seguridad, todo lo que redunde en
beneficio de la creación de ese sentido de seguridad que los españoles
debemos tener, es positivo.
Nosotros, por lo tanto, valoramos su respuesta como positiva para la
creación de ese ámbito de amparo de seguridad, así como que el
Ministerio, después de este paso experimental decida, de forma
progresiva, extenderlo al resto del país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
¿Señor Ministro del Interior? (Pausa.)
-- DE DON PEDRO JOSE ARDAIZ EGÜES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA RAZON POR LA QUE EL GOBIERNO NO HA APLICADO TODAVIA EL PRINCIPIO
DE CONCURRENCIA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
(680/000576)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro José Ardaiz Egüés, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la razón por la que el Gobierno no ha
aplicado todavía el principio de concurrencia a los contratos de
servicios de telecomunicaciones.
Tiene la palabra el Senador Ardaiz Egüés.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
El artículo 11 de la Ley de Contratos del Estado exige que éstos se
ajusten al principio de libre concurrencia. ¿Puede explicar el Gobierno
por qué no rige este principio de libre concurrencia en los contratos del
Estado de servicios de telecomunicaciones de transmisión de voz, y
permite la discriminación y la desigualdad, y todo a favor de una
empresa, perjudicando la libre concurrencia? ¿Hasta cuándo piensa
mantener el Gobierno esta situación de incumplimiento de la ley,
favoreciendo a una empresa a cargo y a costa de las cuentas generales del
Estado?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Entiendo, señoría, que los servicios de telecomunicaciones a los que se
refiere su pregunta se concretan, en última instancia, en el servicio de
telefonía. Yo entiendo que hoy las administraciones públicas, en todo lo
que son servicios de telecomunicaciones plenamente liberalizados, como
es, por ejemplo, el servicio de transmisión de datos, aplican ya el
principio de libre concurrencia y convocan concursos para la adjudicación
de los correspondientes contratos. Pero plantea usted una cuestión en la
que, gracias a este Gobierno, empieza a haber libre competencia, porque
ya me dirá usted cómo se podía contratar, hasta hace unos meses, el
servicio telefónico con distintas compañías si no había tales compañías.
Acusar de privilegiada a la compañía Telefónica cuando, hasta hace muy
pocos meses, ha sido un monopolio que tenía la totalidad de los teléfonos
en España, me parece que es una singularidad digna de figurar en el Libro
Guinness.
En estos momentos, el segundo operador de telefonía, señoría, presta ya
servicio internacional e interprovincial; ha empezado hace escasos días
con la telefonía en el ámbito provincial, y dentro de muy poco tiempo
prestará también el servicio de telefonía local. Asimismo, los operadores
por cable, en muy pocas semanas, van a empezar a prestar servicio de
telefonía en los principales núcleos urbanos: Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, etcétera. Comprenderá usted que cuando esos operadores de
telefonía estén razonablemente instalados en el mercado, la
Administración aplicará el principio de libre competencia y convocará los
concursos para la adjudicación de los correspondientes contratos.
También le digo que en estos momentos se tramita, en el Congreso de los
Diputados, la llamada ley de sectores excluidos, que supone la
incorporación de una directiva por la que se aplican técnicas de
contratación basadas en el principio de libre concurrencia con respecto a
aquellas compañías que en el sector de los transportes, del agua, de la
energía, o de las telecomunicaciones han tenido empresas en posición
dominante, y en estos momentos se sale de situaciones de monopolio. Se va
a obligar a esas grandes empresas también en sus contrataciones a aplicar
el principio de libre concurrencia y a convocar los correspondientes
concursos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Señor Presidente, creo que lo que debiera figurar
en el Libro Guinness es la falta de explicaciones del señor Ministro y la
obviedad en que ha incurrido para decirnos que, efectivamente, con el
dinero de todos los españoles desde hace unos cuantos meses se está
beneficiando una vez más a Telefónica, pues mientras el Gobierno dice que
convocará, que hay un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados,
que está preparando los concursos, etcétera, lo cierto es que el tiempo
sigue engordando las arcas de Telefónica con el dinero de todos los
españoles.
Y cualquiera podría interpretar, señor Ministro, que con este plus que
paga el Estado por el servicio de telefonía en materia de transmisión de
voz se está compensando una compra ruinosa de una cadena de televisión
por parte de Telefónica, o cualquiera podría interpretar también que se
está favoreciendo al amigo del Presidente para que pueda comprar una
emisora de radio y ponerla a su servicio. Pero yo no voy a hacer este
tipo de interpretaciones, señor Ministro. Solamente le voy a dar un dato
respecto a cuando dice que ustedes han dado posibilidad a la libre
competencia y que desde hace unos meses no les ha dado tiempo para poder
exigir ese principio de concurrencia en los contratos del Estado.
Así, la Generalitat de Cataluña ya adjudicó en el mes de julio los
servicios de telefonía en libre concurrencia y estima que dicha
adjudicación le va a suponer un ahorro entre un 18 y un 25 por ciento en
su factura telefónica, mientras que el Gobierno de la nación, al igual
que el conejo de la fábula, pensando en si son galgos o podencos, lo
cierto es que va dejando encima de la mesa del Presidente de Telefónica
cada día que pasa once millones de pesetas, que es lo que supondría ese
ahorro en libre concurrencia. Y once millones de pesetas supongo que
serán para lo que necesite el Presidente de Telefónica y la Compañía,
once millones de pesetas de todos los españoles cada día, que son,
precisamente, el espejo donde cada mañana se refleja la incompetencia del
Gobierno, el desprecio por el cumplimiento de la Ley y la falta de
eficiencia del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, es este
Gobierno el que ha hecho posible, el que va a hacer posible y el que
seguirá haciendo posible que se pueda contratar el teléfono con distintas
compañías, porque ustedes no hicieron absolutamente nada.
Usted no ha venido aquí a preguntar sobre el principio de libre
concurrencia. Usted ha venido una vez más, como sus compañeros en el
Congreso, a iniciar una campaña y una estrategia de acoso a una compañía
telefónica que tiene millones y millones de accionistas en España; a eso
vienen ustedes aquí. Y, naturalmente, esos millones de accionistas, que
son los verdaderos propietarios de Telefónica, sabrán muy bien en las
próximas elecciones qué harían ustedes con la Compañía Telefónica
Nacional de España si llegaran a ganarlas, cosa que dudo enormemente.
Y en tercer lugar, señoría, debo decirle que si el Ministerio de Fomento
--para responder a su pregunta y para poner de relieve el carácter
demagógico que tiene-- convoca mañana un concurso para la prestación de
telefonía local en todas las comunicaciones, el único concursante sería
Telefónica.
Por tanto, espero que de aquí a muy pocos meses, efectivamente, se puedan
convocar los concursos. Mientras tanto, dejen ustedes de hacer demagogia
con las compañías privadas que cotizan en todas las bolsas
internacionales, porque pueden incurrir en una muy grave responsabilidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
-- DE DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE LA AUTOVIA
ORIENTAL DE LA CARRETERA NACIONAL N-340. (680/000584)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Leopoldo Ortiz Climent, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la situación en que se
encuentran las obras de la autovía oriental de la carretera nacional
N-340.
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con la precisión, con el rigor que siempre le ha
caracterizado y le sigue caracterizando (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Así se habla!), sin ningún tipo de demagogia,
que no es habitual en sus palabras y en su forma de actuar, quiero
manifestarle mi interés por todo aquello que supone en cuanto a
comunicaciones, en particular, en el arco mediterráneo, que a veces
afecta a mi Comunidad Valenciana, pero también por cuanto supone para las
otras regiones de España, donde siempre es muy importante el tratar de
mejorar las infraestructuras a fin de lograr un mayor progreso,
desarrollo y comunicación entre todos los españoles. Concretamente, señor
Ministro, le quiero preguntar en qué situación se encuentran las obras de
la autovía oriental de la carretera nacional N-340, que afecta en
particular al área de Málaga-Granada-Almería, es decir, la Andalucía
oriental. Espero que con la precisión y el rigor que es habitual en sus
palabras nos manifieste y nos explique, de cara a esta Cámara y a los
ciudadanos andaluces directamente interesados, en qué fase se encuentran
las obras de dicha autovía oriental, ya sea en fase de anteproyecto, de
proyecto, de licitación o bien de ejecución y, a su vez, si puede
aportarnos información respecto a los presupuestos previstos para estas
inversiones.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ortiz Climent.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente la N-340 es una carretera que corre a lo largo de
toda la ribera del Mediterráneo, desde Andalucía hasta Cataluña y pensé
que como Senador de la Comunidad Valenciana tendría particular interés en
los datos sobre la N-340 a su paso por el territorio de dicha Comunidad.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Por establecer un resumen le diré que, en estos momentos, solamente en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana hay 47 kilómetros de obra
licitada o en ejecución, por una cuantía de 21.484 millones de pesetas.
Esos tramos ya licitados o en ejecución de obra son los siguientes: en la
zona Alicante-Alcoy el subtramo Castellón-Rambla de Rambuchar, 16,3
kilómetros, 6.300 millones de pesetas adjudicados; la llamada variante de
Ibi- Castellón, 18,7 kilómetros por una cuantía de 11.355 millones de
pesetas se licitará antes de que concluya el año; en el tramo de
Almenara-Nules hay dos subtramos, uno de ellos ya en ejecución de obra
que es la llamada variante del Vall d'Uxo, con un presupuesto de 2.027
millones de pesetas y una longitud de 5,5 kilómetros y, asimismo, la
variante de Nules, con una longitud de 6,5 kilómetros y un presupuesto de
1.796 millones de pesetas, que se encuentra actualmente en ejecución.
Asimismo, señoría, en lo que afecta a la zona de Cataluña hay
aproximadamente una cantidad equivalente, 20.000 millones de pesetas, en
ejecución de obra y, en ese sentido, esta tarde tendré ocasión de
contestar a una pregunta en el Congreso de los Diputados.
De la misma manera, en Andalucía continúan las obras a buen ritmo en toda
la zona que queda pendiente de construcción en la costa que va por las
provincias de Almería y de Granada. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Ya era hora!)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Ministro.
Efectivamente, ha dado información referente a aquello que afecta a todo
el arco mediterráneo, desde Andalucía,
pasando por la Comunidad Valenciana, hasta Cataluña y, en lo sucesivo,
trataremos de conseguir --a medida que se vayan ejecutando las
inversiones-- nueva información sobre el ritmo de las mismas, ya que
pensamos que el procedimiento de mejora de las infraestructuras es un
objetivo prioritario para este Gobierno y para su Ministerio. (El Señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Señor Ministro de Fomento? (Pausa.)
-- DE DOÑA MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE EL ESFUERZO INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, PARA EL AÑO 1998.
(680/000579)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el esfuerzo inversor del
Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, para el año 1998.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, todos coincidimos en que la educación es uno de los
pilares en los que se asienta nuestro Estado del bienestar. La educación
es un tema que preocupa a toda la sociedad y, desde luego, es una
prioridad para el Gobierno del Partido Popular. El objetivo que éste se
ha marcado en su gestión, la calidad de la educación, creo que a lo largo
de estos dos años y medio ha tenido unas actuaciones muy claras y
concretas hacia esa calidad de la enseñanza.
Se ha terminado la implantación de la LOGSE; se ha firmado el Plan
nacional de Formación Profesional con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y los sindicatos en sus distintas modalidades; se da comienzo a
la Formación Profesional inicial continua y a los programas de garantía
social; hay nuevos planes de formación para el profesorado; los centros
realizan unos proyectos adaptados a sus características; se han
implantado las nuevas tecnologías; se ha extendido el proyecto denominado
«Aldea Digital»; hay una iniciación precoz a la segunda lengua en las
escuelas; se han extendido los departamentos de orientación y los equipos
psicopedagógicos; se han introducido mejoras que contribuyen a mejorar la
calidad; la ratio profesorado-alumno ha disminuido; se han integrado
discapacitados; la educación compensatoria de los más desfavorecidos, de
las minorías étnicas sigue adelante; hay una clara intención de mejorar
la enseñanza de las Humanidades, desde luego hay nuevos retos.
En mi Comunidad Autónoma, una comunidad eminentemente rural donde hay una
gran dispersión territorial, se afronta el proceso de transferencias con
grandes esfuerzos para llevar servicios complementarios, promover nuevas
inversiones que mejoren las infraestructuras y la calidad, mejorar los
cupos de especializados en los profesores de Secundaria y mantener el
esfuerzo económico en la atención a la enseñanza pública, y el
mantenimiento y la conservación del patrimonio, tanto civil como
religioso y militar, son nuevos retos de futuro.
Por eso le pregunto cuál es el esfuerzo inversor que el Ministerio de
Educación y Cultura está llevando a cabo en la Comunidad de Castilla y
León a lo largo del año 1998.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
Señora Ministra de Educación y Cultura, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, el esfuerzo inversor que el Ministerio de Educación y Cultura
está haciendo en Castilla y León en este año 1998, asciende a un total de
10.164 millones de pesetas, a los que hay que añadir los 6.512 millones
correspondientes al uno por ciento cultural. Es decir, el total de
inversiones del Gobierno en materia de educación y cultura, deporte e
investigación asciende a 16.600 millones de pesetas.
En cuanto a educación, mencionada por su señoría en primer lugar, las
inversiones son de 7.293 millones de pesetas, siendo ésta la mayor
partida de todas. A esto hay que añadir las inversiones que ha señalado
su señoría en formación del profesorado y en nuevas tecnologías aplicadas
a la educación. En estos días se están inaugurando en Castilla y León
dieciséis institutos nuevos, cuatro colegios y dos centros de enseñanzas
artísticas, y comienzan las obras en ocho colegios, en nueve institutos y
en un nuevo conservatorio. Además, se está adaptando y ampliando la red
en 36 centros de educación Infantil y Primaria y en 32 institutos;
asimismo, se están realizando obras importantes de reparación y
mantenimiento en 136 colegios y 61 institutos.
En cuanto a la cultura, me gustaría destacar por su importancia las obras
que se están realizando en Avila en el Archivo Histórico Provincial y la
ampliación de la biblioteca pública; en Burgos, la restauración de la
Catedral y el Monasterio de San Pedro de Arlanza; en León, la
restauración de la catedral de Astorga y el castillo de Ponferrada; en
Palencia, la Catedral; en Salamanca, la sección de la guerra civil del
Archivo Histórico Nacional y la restauración de las murallas de Ciudad
Rodrigo; en Segovia, el edificio Casa del Sol y el claustro de la iglesia
de Santa María de la Real de Nieva; en Soria, la catedral del Burgo de
Osma y el castillo de Gormaz; en Valladolid, la importantísima ampliación
del Museo nacional de escultura, la restauración del retablo de la
Catedral y la reforma estructural en el Archivo General de Simancas; por
último, en Zamora, la ampliación de la biblioteca pública.
Respecto a las obras del uno por ciento cultural, quiero destacar las más
importantes: el Teatro Principal de Burgos; la ermita del Rosario, en
Burón (León); la Fábrica de Vidrio de La Granja y el Acueducto, de
Segovia; el Teatro Calderón, en Valladolid; el Albergue de los
Peregrinos, en San Juan de Ortega (Burgos); el centro Cultural de
Exposiciones y Congresos de Palencia; y, cómo no, la rehabilitación del
Teatro del Liceo, en Salamanca, que está muy relacionada con la
nominación de dicha capital como Ciudad Europea de la Cultura en el año
2002.
Las inversiones en deporte totalizan 129 millones de pesetas, destinadas
fundamentalmente a Valladolid y a Benavente, en Zamora.
Por último, en cuanto a las inversiones en investigación me gustaría
destacar que este año suponen 887 millones de pesetas; de ellos, 173
corresponden al programa de Promoción General del Conocimiento, y 413 al
Programa de Formación, Perfeccionamiento y movilidad del profesorado, así
como los 300 millones que el Fondo Nacional de Investigación dedica a la
Comunidad de Castilla y León y los centros que se rehabilitan o amplían
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Comunidad.
Señoría, termino señalando que, en efecto, la Educación es una de las
preocupaciones fundamentales del Gobierno. Queremos que todas las plazas
escolares alcancen unos estándares de calidad, que todos los españoles
tienen derecho a tener. Por ello, los presupuestos de 1998 --este año que
ahora está finalizando-- han tenido un incremento del 6,8 por ciento, que
ha sido el mayor esfuerzo económico realizado en los últimos años, y este
incremento ha tenido un reflejo importantísimo en la Comunidad de
Castilla y León.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente; gracias, señora
Ministra.
Deseo agradecer la contestación a mi pregunta e instarle a que en estos
próximos presupuestos, en los que se prevé un crecimiento de la economía
cercano al 4 por ciento --y como usted señalaba en su contestación, los
presupuestos crecerán un 6 por ciento--, teniendo en cuenta que la
prioridad que ha dado el Presidente del Gobierno va a ir hacia los gastos
de políticas de protección social y justicia, y que la Comunidad de
Castilla y León está a punto de recibir las transferencias educativas
fruto del pacto de las Comunidades Autónomas y el Estado en 1992, apelo a
su sensibilidad para que haya una consolidación del gasto ejecutado hasta
el año 1998 y haya un crecimiento real en esa transferencia. Deseamos que
se puedan desarrollar nuevos programas que den a los ciudadanos de
Castilla y León mayores garantías de bienestar y de formación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
¿Señora Ministra? (Pausa.)
-- DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS INSTALACIONES QUE VA A CERRAR EL GOBIERNO EN LA CLINICA PUERTA
DE HIERRO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MADRID. (680/000575)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las instalaciones que va a cerrar el
Gobierno en la Clínica Puerta de Hierro, ubicada en el municipio de
Madrid.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, he de señalar, señor Ministro, que ya tratamos en esta
Cámara la situación de la Clínica Puerta de Hierra. Han pasado cuatro
meses y le pregunto concretamente, ¿qué instalaciones --entendiendo
también qué especialidades-- se van a cerrar en la Clínica Puerta de
Hierro en la parte que está ubicada --la única hasta el momento-- en el
municipio de Madrid?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, en la Clínica Puerta de Hierro no se va a cerrar ninguna
especialidad. Se está estudiando cuál es la mejor ubicación en dos sedes
de esa clínica, que seguirá siendo una clínica única, con lo que
pretendemos dar un mejor servicio a la población que debe ser atendida,
así como crear las mejores condiciones de trabajo para los profesionales,
sin que en ningún caso la Clínica Puerta de Hierro pierda su carácter de
centro de referencia y de clínica de excelencia que tiene en la
actualidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no ha despejado usted ninguna de las incertidumbres que
se ciernen actualmente sobre el futuro de la Clínica Puerta de Hierro;
incertidumbres que, lógicamente, afectan a los trabajadores de esa
clínica, incertidumbres que afectan al sistema sanitario de la Comunidad
de Madrid, a los usuarios y a la ciudadanía.
Usted sabe que nuestra posición es la de que Madrid necesita más camas
hospitalarias; que sabemos que existe
una zona, en el noroeste, que ha tenido un gran crecimiento demográfico:
Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Villalba, etcétera, que tiene que tener
un hospital de distrito o, llamado de otra manera, un hospital comarcal
y, en tercer lugar, consideramos que debe seguir existiendo y funcionando
la Clínica Puerta de Hierro. Es un hospital de referencia, con solera,
con súper especialidades, y se está asistiendo a un proceso de
desmantelamiento de esta clínica.
Ello muestra que falta una planificación sanitaria y considero,
sinceramente, que esas incertidumbres aumentan con decisiones, en las que
no quiero entrar desde el punto de vista funcionarial, como son el cese
del director gerente. ¿Por qué? ¿Es qué había discrepancias? ¿Cuál es la
razón de ese cese del director gerente? Ustedes habían enviado una carta
de felicitación, con fecha 7 de julio de 1998, por los resultados de la
Clínica Puerta de Hierro. A nivel económico había beneficios y a nivel de
calidad, el baremo de calidad hecho por el Ministerio de Sanidad la
situaba con una puntuación muy alta de 66 puntos. Le reto a que me diga
una clínica que tenga una mejor valoración, según los expertos de su
Ministerio, en todo el territorio Insalud.
Por tanto, si existe esa felicitación, si existen esos datos a favor de
la Clínica Puerta de Hierro, ¿por qué cambiar lo que funciona bien? ¿Por
qué no mejorarlo, exclusivamente, y hacer otra nueva clínica de
referencia, otra nueva clínica de distrito en la zona noroeste? El
desdoblamiento, señor Ministro, puede significar un desmantelamiento.
¿Qué va a pasar con las especialidades más importantes o que tienen más
prestigio? ¿Van a seguir los transplantes y la oncología allí o se va a
hacer un cambio, como ha dicho el Director Provincial del Insalud, del 80
por ciento a la zona de Majadahonda? ¿Se está manteniendo un debate y una
relación correcta con el conjunto de los trabajadores, con la plataforma
en defensa de esa clínica? ¿Van a seguir los ceses de los equipos
directivos de la Clínica Puerta de Hierro si no están de acuerdo con lo
que ustedes plantean?
Señor Ministro, la incertidumbre sigue aumentando y usted no la ha
desvelado aquí. Por tanto, como nosotros, los socialistas, no valoramos
positivamente la política que usted está siguiendo, con ese descontrol
que hay del gasto farmacéutico, con la ruptura de la unidad del Sistema
Nacional de Salud, con esos problemas que acarrea su gestión, como no nos
dé usted una explicación más clara en su próxima intervención, nos
quedaremos todavía con una mayor incertidumbre.
Sinceramente, señor Ministro, no se pueden hacer juegos malabares con
temas tan importantes. La Clínica Puerta de Hierro debe seguir
funcionando. Usted tiene que asegurar con sinceridad si van a sufrir
menoscabos, de alguna manera, sus altos medios técnicos, su labor
investigadora o su labor asistencial. No haga usted que caiga ese
prestigio, no haga una voladura controlada de la Clínica Puerta de Hierro
y no haga que siga cundiendo el desánimo en el personal, no deje herida
de muerte esta clínica. Esa es su responsabilidad.
Espero, y termino ya señor Presidente, que no tengamos que cambiar el
nombre de «Hierro» de esa clínica por el de «hojalata» y que en lugar de
Clínica Puerta de Hierro empecemos a hablar de la «Clínica Puerta de
Hojalata».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, como es bien sabido, ante los importantes problemas
estructurales, de instalaciones y de ordenamiento asistencial que venía
sufriendo en los últimos años la Clínica Puerta de Hierro, y que ustedes
no fueron capaces de resolver, el Insalud estudió exhaustivamente las
diferentes alternativas que garantizaran el futuro de la Clínica como un
hospital de vanguardia orientado a la mejora de la atención sanitaria de
los usuarios, y adoptó la decisión de construir un hospital de nueva
planta en la zona de Majadahonda, para situar en él los servicios más
frecuentados de la Clínica Puerta de Hierro y dedicar parcialmente el
actual edificio a albergar unidades o servicios de mayor impacto
tecnológico y de investigación que completen la totalidad de la cartera
de servicios del hospital.
Con esta decisión se conforma un único hospital Clínica Puerta de Hierro,
con una única plantilla e integrado por dos sedes, asegurando así su
consolidación y desarrollo futuro como hospital de excelencia y centro de
referencia, potenciando su triple dimensión: asistencial, docente e
investigadora, y mejorando la atención sanitaria de la población del área
sexta de Madrid. Esta decisión obtuvo el respaldo de las instituciones
con responsabilidad en el asunto, Comunidad de Madrid y Universidad
Autónoma, y se adoptó al efecto la solución considerada más idónea para
el futuro del hospital.
Para establecer la ubicación de los servicios y unidades en los dos
edificios se creó una comisión de expertos, que está a punto de presentar
la propuesta en la que se contempla la distribución definitiva, sin que
en este momento pueda especificársela a su señoría --con eso contesto a
esa parte de su pregunta.
No obstante, y a pesar de ello, sí puedo decirles que el hospital
mantendrá la actual cartera de servicios, incrementándola con el área
materno-infantil y otras prestaciones que, en la actualidad, ofrecían
otros centros hospitalarios de Madrid a la población de este área.
Deseo informarles también de que en este momento se han contratado obras
por valor de 285 millones, con la finalidad de acondicionar algunas áreas
del hospital que requerían una actuación inmediata, existiendo un crédito
dentro del anexo de inversiones de 1998, hasta 700 millones de pesetas,
para aquellas obras que sean necesarias en lo que queda del ejercicio.
Les anticipo a sus señorías que en el anexo de inversiones para el año
1999 también se incluye para la actual sede de la Clínica de Puerta de
Hierro una inversión de 500 millones, con una previsión de inversión
total de 1.600 millones para la reparación completa del edificio.
Dejemos trabajar a esa comisión de expertos, señor Lissavetzky. Tengan
todos los madrileños, especialmente los directamente afectados por esta
cuestión, la absoluta seguridad de que la transición hacia el hospital
desdoblado se hará con el máximo cuidado y diligencia, que se mantendrán
en todo momento, en todas y cada una de las etapas del proceso, la
calidad y excelencia del servicio de una institución ejemplar, como es la
Clínica de Puerta de Hierro que seguirá gozando en el futuro,
adecuadamente dotada de todas las instalaciones y de los espacios
necesarios para desplegar todas sus capacidades, del merecido prestigio
que ha ganado hasta ahora.
Mire usted, señor Lissavetzky, se cesó al Gerente de Puerta de Hierro
siguiendo el procedimiento previamente establecido en el INSALUD para
estos casos. De igual forma se han cesado, después de examinar el balance
de los resultados asistenciales y presupuestarios de los diversos
hospitales de la red del INSALUD en el primer semestre del año 1998 y
después de un análisis detenido de las desviaciones, de los objetivos
asistenciales y/o presupuestarios establecidos para 1998, a tres gerentes
de tres grandes hospitales del INSALUD, al Gerente del San Pedro y San
Millán de La Rioja, al del Infanta Cristina de Badajoz y al de la Clínica
Puerta de Hierro de Madrid, sin que esta decisión deba ser interpretada
de ninguna otra manera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOSE IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN ORDEN A
COMBATIR Y ERRADICAR LA PORNOGRAFIA INFANTIL. (680/000580)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Iribas Sánchez de Boado, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que va a
adoptar el Gobierno en orden a combatir y erradicar la pornografía
infantil.
Tiene la palabra el Senador Iribas Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,
señala en su artículo 34 que los Estados partes se comprometen a proteger
al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales,
incluyendo entre éstos a la prostitución y su utilización o explotación
en prácticas, espectáculos o materiales pornográficos.
Por otra parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor señala taxativamente que los menores tienen
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, determinando la intervención del Ministerio Fiscal para el caso
de que sufran una intromisión ilegítima.
Señora Ministra, en fechas relativamente recientes la Asociación Pro
Derechos de la Niña y el Niño denunciaba la existencia de puntos en
España que transmiten imágenes de pornografía infantil a través de
Internet. Esto no es extraño si tenemos en cuenta que hace bien escasos
días se ha desarrollado una operación internacional con más de un
centenar de detenidos por las distintas policías europeas y
estadounidenses en distintos países que llevaban a cabo sus ofertas,
precisamente, vía Internet.
En la Red, en efecto, se pueden encontrar sucursales de organizaciones
más amplias que por una determinada cantidad de dinero facilitan todo
tipo de material, dibujos, vídeos, fotografías de carácter pederasta,
etcétera, cuyo precio varía dependiendo de la atrocidad a que se someta a
los menores. Generalmente se paga más cuanto más joven sea el menor y
cuanto más salvaje sea el acto sexual al que lo sometan.
Según el Presidente de PRODENI, la pornografía infantil es un mundo que
va unido a la prostitución y muchas veces se esconden detrás prácticas
tan terribles como la zoofilia, la necrofilia e, incluso, las películas
«snafp» en las que los menores son maltratados e, incluso, algunas veces
asesinados.
En este aberrante negocio, señora Ministra, que atenta contra la dignidad
de la persona y los derechos humanos más básicos, hay que subrayar que
las víctimas suelen ser niños indefensos que no poseen nada y a los que
se les seduce paulatinamente con regalos o dinero y que desconocen por
completo ese profundo foso en el que se están metiendo. El horrendo
legado de este tipo de crimen es el gran número de niños y niñas que han
sido víctimas de abusos sexuales en todo el mundo.
Señora Ministra, la cooperación internacional, la mejor dotación de
medios materiales y humanos al Grupo de Policía de Menores y la más
idónea regulación legal, tipificación y sanción de los supuestos de
pornografía y prostitución infantil es básica para luchar contra esta
grave lacra. En este sentido, parece existir un amplio convencimiento de
que el reciente Código Penal del año 1995 requiere concretas reformas en
esta importante materia.
Por tanto, en una cuestión como ésta, en la que me consta que la Ministra
está especialmente sensibilizada, le formulo la pregunta a cuyo texto me
remito.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas Sánchez de Boado.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que los malos tratos, los tratos degradantes a la
infancia, y fundamentalmente los dirigidos a la explotación sexual de los
niños, son objeto de preocupación común, preocupación que se demuestra en
la Subcomisión que tiene planteada esta Cámara en relación con la
problemática existente en las redes informáticas por la especial
incidencia del delito de pornografía infantil a través de Internet, que
igualmente se demuestra en la Subcomisión planteada en el Congreso para
tratar del tráfico de personas en relación con materia sexual,
fundamentalmente de niños y mujeres, y preocupación que, asimismo, es del
Gobierno.
La preocupación del Gobierno, que se centra en las medidas que se han
adoptado ya al efecto de corregir esta lacra de la sociedad en que nos
encontramos, se dirige en tres direcciones. En primer lugar, intentar
conseguir una formación más especializada de aquellos que tienen que
perseguir, y en su caso enjuiciar, las conductas delictivas, a través de
los cursos de formación especializada que se vienen realizando a lo largo
de todo este año en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia. En segundo lugar, impulsar una legislación en el seno de la
Unión Europea de carácter común, puesto que sólo por medio de una
unicidad de legislaciones podremos conseguir atajar una delincuencia de
carácter supranacional. En tercer lugar, una modificación del artículo
189 del Código Penal, dado que, entendemos, no recoge expresamente lo que
es el bien jurídico protegido, en este caso la integridad sexual del
menor, con lo cual, consideramos que haría falta realizar unas
modificaciones puntuales para que esa integridad sexual del menor se vea
protegida en debida forma frente a aquellos que tienden a la propagación
de su explotación sexual o a su consumo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Iribas Sánchez de Boado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señora Ministra, quiero felicitarla por
la adopción de medidas que a este respecto se están llevando a cabo,
compartir la preocupación que las Cortes Generales, junto con el
Gobierno, mantienen en esta cuestión, y también animar a su señoría para
que desde el Gobierno sigan practicando ese progresismo que consiste en
proteger los derechos de los más débiles, en este caso los derechos de
los menores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iribas Sánchez de Boado.
-- DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI CREE EL GOBIERNO QUE LAS DECLARACIONES DEL
SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA, SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCA
UNA CADENA DE DEVALUACIONES EN AMERICA LATINA, CONTRIBUYEN AL EXITO DEL
VIAJE INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (680/000578)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Octavio José Granado Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si cree el Gobierno que las
declaraciones del Secretario de Estado de Economía sobre la posibilidad
de que se produzca una cadena de devaluaciones en América Latina
contribuyen al éxito del viaje institucional del Presidente del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, las declaraciones difundidas y
atribuidas al señor Montoro tenían como objetivo el promocionar el éxito
del viaje del señor Aznar, acompañado de inversores españoles, en América
Latina. ¿Cree el Gobierno que alertar sobre la posibilidad de que se
produzca una devaluación en cadena en una determinada zona de nuestro
mundo contribuye al éxito de las inversiones españolas en esta zona?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente; muchas
gracias, señor Senador.
En ningún caso se han producido esas declaraciones. Se trata de una
comparecencia del señor Montoro en la Comisión de Economía sobre la
situación española e internacional, y, por tanto, ni el Secretario de
Estado, ni el Gobierno en ninguna de sus instancias, han realizado en
ningún caso ese tipo de declaraciones.
Por tanto, creo que una frase fuera de contexto no puede ser tenida en
cuenta, y mucho menos en la dirección que apunta su señoría. Pero esto no
sólo lo creo yo, sino que lo creen también los propios mercados de
capitales latinoamericanos, que para nada han reflejado esa opinión, ni
el día de la comparecencia, ni en días posteriores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, es
de agradecer a los mercados latinoamericanos que no tengan en cuenta las
profecías del señor Montoro pero, en cualquier caso, no creo yo que el
que el señor Montoro haga profecías les venga nada bien.
Porque una de dos, señor Vicepresidente, o ha habido declaraciones, o si
no las ha habido, tampoco ha habido frases fuera de contexto. En
realidad, el señor Montoro introdujo esta afirmación en un discurso,
aunque luego no leyó esa parte, y a preguntas de los representantes de
los medios de comunicación, confirmó, no obstante, la veracidad de su
previsión. En ese sentido, parece que lo hizo con tal torpeza, que eso
fue lo más llamativo de su
discurso o lo que más se reflejó en los medios de comunicación españoles,
aunque parece ser que los mercados hispanoamericanos no atendieron a los
augurios --evidentemente, bastante agoreros-- del señor Montoro.
Creo que se puede discutir sobre si el viaje del señor Aznar --acompañado
de esos inversores españoles-- a América Latina se realizaba en el
momento más oportuno y sobre si esa frase fuera de contexto del señor
Montoro también se realizaba en el momento más oportuno. Pero intentar
combinar en el mismo momento ambos hechos y preconizar que ambos fueron
igualmente oportunos es algo realmente difícil de discernir con la razón;
más bien tendríamos que intentar explicarlos acudiendo a las virtudes
teologales, a lo de la fe, la esperanza y la caridad con el señor
Montoro.
En mi opinión, cuando un responsable público hace ese tipo de
declaraciones tiene que tener muy en cuenta la posibilidad de que se
produzca lo que los ingleses llaman las profecías autocumplidas, es
decir, aquellos hechos que precisamente se producen porque se anuncian
tantas veces que acaban convirtiéndose en realidad. En cualquier caso,
desde que hemos entrado en una cierta crisis internacional de los
mercados de valores se están transmitiendo por parte del Gobierno
mensajes que animan a la incertidumbre. Y ustedes ahora no sólo se
dedican a propagar la incertidumbre sobre los mercados de valores
españoles, sino que extienden sus funciones y lo hacen con ámbito
internacional. Me parece que ese tipo de mensajes son peligrosos, que
deben medirse más las palabras, y que las frases que fuera de contexto
son susceptibles de malas interpretaciones es preferible que no se digan
ni fuera ni dentro de contexto. Y estamos muy preocupados por cómo el
Gobierno sigue propagando esa incertidumbre, no sólo a través de
declaraciones, sino también a través de otro tipo de actuaciones.
Esta misma Cámara va a aprobar esta misma tarde una enmienda a la Ley del
Mercado de Valores, introducida por el Grupo Popular en el Senado, según
la cual se duplica el plazo de amortización del fondo de comercio de las
sociedades anónimas. Esta es una medida que tiene por objeto solucionar
algunos problemas de algunas empresas españolas en algunos lugares;
fundamentalmente, en el caso de algunas inversiones en América Latina,
donde se han pagado cantidades bastante importantes que se van a imputar
al fondo de comercio de estas sociedades.
Creo que hacer cosmética con los resultados contables de las sociedades
no es transmitir un mensaje de seguridad a los mercados; creo que el
señor Montoro no ha transmitido ningún mensaje de seguridad a los
mercados, y también creo que el viaje del señor Aznar se ha visto
empañado en su posible éxito por las declaraciones del señor Montoro.
Desde luego, con este tipo de declaraciones contradictorias ustedes están
ampliando constantemente su margen de maniobra. Precisamente, en el Pleno
de la semana pasada hablábamos de los escenarios móviles. Como digo,
ustedes amplían su margen de maniobra transmitiendo mensajes diferentes,
pero esa ampliación del margen de maniobra indica claramente que ustedes
tienen una cierta debilidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado Martínez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, y gracias,
señor Senador.
Señoría, empezando por su afirmación sobre la Ley del Mercado de Valores,
le diré que lo que el Gobierno pretende --y espero que su Grupo
Parlamentario lo respalde-- es que nuestras empresas estén en las mismas
condiciones que las empresas italianas, francesas o alemanas cuando
compiten en los mercados internacionales. En ese sentido, me parece que
debería existir un mínimo de entendimiento entre los grupos
parlamentarios acerca de la necesidad de que los condicionamientos
técnicos en nuestra legislación mercantil sean equiparables a los de
otros países. Hasta ahí admitimos el debate con su señoría, pero no más
allá, porque creo que usted nos lleva en una dirección que no tiene
ningún sentido. No se trata de tener en cuenta ninguna operación de
nadie, sino, insisto, de que nuestras compañías tengan los mismos
condicionamientos que tienen otras compañías para poder competir. Y, como
digo, creo que en eso podemos estar razonablemente de acuerdo.
En cuanto a la posición del Gobierno respecto de América Latina, quiero
recordar a su señoría que el Presidente del Gobierno ha viajado ya siete
veces, desde que tiene responsabilidades de Gobierno, a América Latina. Y
el último viaje que ha realizado a Colombia y Perú ha sido especialmente
fructífero; en primer lugar, y en el caso de Colombia, por lo que supone
la primera visita de un mandatario extranjero al nuevo Presidente de
Colombia. Asimismo, por lo que ha supuesto de acuerdo en temas tan
importantes como la doble nacionalidad, la lucha contra las drogas, la
aportación de España a estudios de viabilidad, así como la garantía del
Gobierno de Colombia de modificar el artículo 58 de la Constitución
colombiana para que los efectos del acuerdo de promoción recíproca de
inversiones, que ya está firmado, puedan producirse de manera efectiva.
Por tanto, señoría, yo creo que estamos trabajando en la línea de
aumentar nuestras relaciones políticas y económicas con países en los que
ya tenemos una presencia muy importante.
Y en el caso de Perú, además de medidas de este tipo, hemos planteado
ayudas importantes del Estado español a la situación peruana, como
consecuencia de los efectos del fenómeno de «El Niño».
Pero, desde un punto de vista general, lo que el Gobierno español está
haciendo es respaldar en los foros internacionales y a través de las
instituciones internacionales, el que se responda de manera positiva a la
situación
en América latina, donde hemos reconocido públicamente que los actuales
gobiernos, independientemente de su signo político, han hecho esfuerzos
importantes en reaccionar para mejorar la competitividad de sus economías
y, en este momento de la crisis financiera asiática, están haciendo
esfuerzos importantes para garantizar la solidez de sus economías.
Entendemos que instituciones como el Fondo Monetario Internacional deben
responder de manera positiva en el respaldo a esas situaciones. Y así ha
sido. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha hecho
declaraciones en esa dirección y yo, desde luego, pretendo respaldar esa
posición, no sólo en las reuniones de dicho Fondo, sino en las europeas
del próximo fin de semana en Austria.
En ese sentido, señor Senador, creo que la posición del Gobierno de
respaldo a aquellas economías que en este momento están haciendo
esfuerzos en Latinoamérica es una posición importante. También creo que
la presencia de empresas españolas en la zona, en una visión a medio y
largo plazo, no sólo es una apuesta por el futuro de ese continente, que
es compartida por muchos países, sino que es la contribución más
importante que puede hacer España al desarrollo social y económico de esa
zona.
En ese sentido, creo que por parte de su Grupo Parlamentario no se puede
tratar de tergiversar una situación, en la que el Gobierno,
insistentemente, desde el Presidente para abajo, ha venido respaldando la
posición española en Latinoamérica, y estamos convencidos de que, además,
podremos hacerlo de manera cada vez más efectiva en los organismos
internacionales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
-- DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO RESPECTO AL FRACASO DEL
DIALOGO ENTRE EL MINISTERIO Y LOS REPRESENTANTES SOCIALES DEL CONSEJO
ASESOR DE MEDIO AMBIENTE (CAMA). (680/000577)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de doña Francisca Pleguezuelos
Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del
Gobierno respecto al fracaso del diálogo entre el Ministerio y los
representantes sociales del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Tocino, desde el inicio de su mandato como Ministra de Medio
Ambiente del Gabinete del señor Aznar, ha venido reiterando la voluntad
de potenciar el diálogo y la participación social.
Sin duda, el Consejo Asesor de Medio Ambiente es un foro perfectamente
adecuado para poner a prueba esa voluntad o cualquiera de diálogo y
participación. Pero está claro, señora Tocino, que usted no ha superado
esa prueba.
Yo le pediría, por favor, que en su respuesta no vaya una vez más a
acusar al Partido Socialista, como es su costumbre, porque usted modificó
el Consejo Asesor, como y cuando quiso y, aunque, por supuesto, es su
derecho, también es su responsabilidad, señora Tocino, y, por tanto, debe
asumirla.
Está claro que, además de que usted no ha superado esa prueba, lo que
está confirmado por los representantes sindicales, sociales, todos los
que la han abandonado en ese Consejo, todos, señoría, han llegado incluso
a solicitar por carta al Presidente Aznar su cese, acusándola de que
incumple sus compromisos y, sobre todo, de que tiene una incapacidad para
el diálogo social.
Es evidente que la situación no es fácil para usted y que será difícil
que pueda defender en esta Cámara su respuesta, pero yo quisiera conocer
su valoración y qué medidas va a poner en marcha para resolver la
situación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
La valoración, señora Pleguezuelos, es que, en efecto, el Consejo Asesor
de Medio Ambiente no cumple la función para la que fue creado: ser el
órgano de asesoramiento al Gobierno en política medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señora Ministra.
La verdad es que comprendo la soledad en la que usted se encuentra. La
han abandonado los representantes sociales; el Parlamento la ha instado a
convocar a ese Consejo que usted dice que no cumple la función para la
que fue creado y, con un descaro asombroso, usted no asume que es también
su responsabilidad, si no para modificarlo y para ponerlo en marcha, sí
para convocarlo, y no lo ha hecho desde hace más de un año, a pesar de
que en abril del año pasado adquirió el compromiso de convocarlo. Por
aquí han pasado leyes básicas, que hemos aprobado las Cámaras, como han
sido las de residuos, las de envases, las de parques nacionales. Se ha
hablado del anteproyecto del agua. Ha ocurrido el desastre de Doñana. Ha
habido multitud de situaciones por las que usted podía y debía haber
convocado a ese Consejo. No lo ha hecho, y hoy está tan sola socialmente
como lo está sentada en ese Consejo de Ministros del señor Aznar. Y es
que usted no cumple su función, y como no tiene ni respaldo político ni
social debería plantearse muy seriamente si por ese cese que le piden su
honestidad no le debía llevar a presentar la dimisión, porque dos años de
gobierno
del Partido Popular dan para que los representantes sociales y las
cámaras la conozcan. ¿Sabe usted lo que dicen todos los ciudadanos, no
sólo los que están sentados en el Consejo Asesor de Medio Ambiente? Que
es usted una Ministra muy conocida y muy mal valorada. Y usted está
representando el medio ambiente de un país y con una postura de imagen de
un Gobierno que parecía que con la creación del Ministerio iba a
conseguir el oro y el moro. Ojalá hubiera sido así. Ojalá, hoy, esto
fuese una anécdota, pero no lo es. Es lo habitual. Usted, señora
Ministra, es incapaz de dialogar con nadie y lo es tanto que en materias
como el medio ambiente debe escuchar a esos representantes sociales...
El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos, por favor, termine.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino, señor Presidente.
Debería escuchar a esos representantes sociales. Pero usted no lo hace
porque, como muy bien dicen ellos en su carta, por su talante autoritario
y en el viaje al centro que quiere su Gobierno, no encuentra usted la
brújula, quizá porque ni siquiera quiere ponerla orientando al norte.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pleguezuelos Aguilar.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señoría, la
prueba de que dialogo es que no es la primera vez que lo hago con su
señoría al igual que con cuantos me quieren convocar a estas sesiones de
control parlamentario. (Rumores.) Pero por mucho que quiera usted
instalar la idea de que ni el Gobierno ni la Ministra dialogan, le tengo
que decir sólo con políticas de diálogo, de negociación y de consenso se
han conseguido acuerdos tan importantes como, por ejemplo, los logrados
en la política consensuada del agua, donde hemos aprobado los planes de
cuenca que su Gobierno no fue capaz de consensuar ni de aprobar.
(Rumores.)
Quiero decirle, señora Pleguezuelos, que a todos los miembros del Consejo
Asesor de Medio Ambiente se les invitó a participar desde un principio,
incluso a los que no quisieron trabajar con el señor Borrell y no
quisieron participar con la señora Narbona. Unos se autoexcluyeron al
principio, otros lo hacen en este momento, como Comisiones Obreras y UGT.
Pero, créame, señora Pleguezuelos, que me importa tanto la idea que
tengan los que se autoexcluyen como las opiniones que siguen vertiendo
los que continúan trabajando en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y me
voy a dedicar a seguir protegiendo a estas personas que siguen
trabajando.
Su señoría debe de tener falta de información, porque todas esas leyes e
iniciativas que usted ha planteado no solamente han pasado por el Consejo
Asesor de Medio Ambiente sino que tengo a su disposición los dictámenes
que éste ha ido elaborando. Difícilmente, señoría, si no se hubiera
convocado al citado Consejo podríamos disponer de los mismos. Ahora bien,
la responsabilidad de poner en marcha la política medioambiental,
efectivamente, no responde a lo que puedan plantear Comisiones Obreras,
UGT o determinadas asociaciones ecologistas, sino que la decisión en
política ambiental le corresponde al Gobierno.
No obstante, señora Pleguezuelos, y puesto que tanto el deber como la
intención del Ministerio es restablecer esos cauces de diálogo, he
encargado, de manera muy especial, al Secretario General de Medio
Ambiente que se dedique de manera prioritaria a revitalizar ese órgano
asesor del Ministerio para comprobar si existe algún tipo de posturas
alternativas con distintas formas de diálogo y podemos conseguir que no
sólo sigan trabajando los grupos de trabajo, que lo vienen haciendo con
excepcional buen criterio, sino que, además, se pueda reunir porque
exista quórum, que es lo que no hay, el propio Pleno. Y créame que no es
cierto que no se haya convocado al Consejo Asesor desde hace más de un
año. Es distinto que se convoque y que, por los desaires que plantean
esas asociaciones que se autoexcluyen, no permitan que se constituya el
Pleno del Consejo. (La señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Faltó la
Administración!) Pero éste ha sido convocado, repito, reiteradamente,
también en este año.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
-- DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS BENEFICIOS QUE REPRESENTA PARA EL SECTOR OLIVARERO EL NO
PRESENTAR RECURSO SOBRE ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN
DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA. (680/000573)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los beneficios que representa para el
sector olivarero el no presentar recurso sobre aspectos de la reforma de
la Organización Común de Mercado del aceite de oliva.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, Comunidades Autónomas que producen el 95 por ciento del
aceite de oliva han instado al Gobierno a la presentación, ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de un recurso contra tres
aspectos esenciales de la OCM del aceite de oliva, aprobada en el pasado
mes de junio con el voto favorable de España. Usted, señora Ministra, el
Gobierno y el Partido Popular han rechazado la presentación de ese
recurso manifestando, en principio, que su presentación perjudicaría los
intereses españoles, para concluir que sólo pueden derivarse
beneficios de la no presentación de ese recurso. En este sentido, le
formulo la pregunta que ha leído la Presidencia y en los términos
expresados por la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra, señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Mire, señoría, yo no sé si es que tiene las ideas confusas o es que
quiere confundir a la gente. En primer lugar, el recurso que presentó el
Gobierno del señor Chaves se refería a la totalidad de la OCM del aceite
de oliva. Cuando vio que sólo encontraba el apoyo de las otras dos
Comunidades Autónomas con gobiernos socialistas intentó rectificar, y
planteó únicamente un recurso parcial. Tampoco entonces consiguió el
apoyo de ninguna otra Comunidad Autónoma, y se quedó solo el Gobierno del
señor Chaves con los otros gobiernos socialistas. Y se quedaron solos
sencillamente por dos razones muy claras: en primer lugar, porque la
actual OCM --que es la más importante-- beneficia claramente al sector
olivarero, no sólo de aceite, sino también de aceituna de mesa; porque
supone más dinero que nunca; porque supone mantener el sistema de ayuda a
la producción y garantizar los jornales; porque supone más renta por kilo
de aceituna para el olivarero; porque supone, además, ayuda a la aceituna
de mesa en 25,50 pesetas, cosa que nunca había recibido, y porque, en
síntesis, señoría, supone la garantía del sector. Pero, además de todo
esto, porque nadie podía apoyar ese recurso ya que jurídicamente no se
tenía en pie, y eso lo sabía el Gobierno del señor Chaves; yo no puedo
pensar que tenga unos juristas tan malos, pero él lo sabía positivamente,
y presentó ese recurso a sabiendas de que no se tenía en pie, de que no
era posible plantearlo más que por una cuestión de oportunismo y para
intentar buscar la confusión. Por tanto, señoría, ¿a quién beneficia? A
todos los españoles en general y a los olivareros en particular.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, usted sigue con la cantinela de siempre: intenta
justificar el rechazo al recurso en sesgados argumentos pseudojurídicos
cuando la verdad, señora Ministra, es que en la reunión de la Comisión de
seguimiento y coordinación han predominado intereses partidistas,
manipulando el espíritu de defensa de los intereses del Estado, que deben
de presidir esas reuniones, en apoyo de su postura, en apoyo de una
consigna que usted previamente había dictado.
Señora Ministra, la verdad es que la no presentación del recurso es un
nuevo y gravísimo error en su estrategia; nos va a impedir, nos está
impidiendo tener una posición predominante de cara a la negociación de la
definitiva reforma en el año 2001. Le va a impedir a usted recuperar la
intervención pública, prohibir las mezclas y conseguir una cantidad
nacional garantizada, suficiente y no discriminatoria, y, además, señora
Ministra, es un error injustificable en usted si se le atribuye buena
intención.
Usted sabe perfectamente que con 760.000 toneladas de cantidad nacional
están aseguradas las penalizaciones a los agricultores. Le invito a que
haga usted las cuentas para esta campaña. ¿Sabe lo que ocurriría en esta
campaña 1997-1998 con esa magnífica reforma que usted ha conseguido? Que
el aceite español cobraría 140 pesetas, una peseta menos de lo que va a
cobrar por la anterior; que el italiano cobraría 177 pesetas, o sea, 36
pesetas más; que el griego, que el francés y que el portugués cobrarían
222 pesetas, es decir, 82 pesetas más. Eso es lo que usted ha conseguido,
señora Ministra.
Pero, además, usted conoce perfectamente el informe riguroso de la
Universidad de Córdoba, donde ya le dice que con esa disminución de
ayudas y la supresión de la intervención pública, señora Ministra, está
amenazada la continuidad de 700.000 hectáreas; están en peligro veinte
millones de jornales y, además, está en peligro la cohesión social de 300
pueblos andaluces. Eso lo dicen expertos y estudiosos de la Universidad
de Córdoba, no los socialistas; lo dice este informe.
Señora Ministra, usted insiste a pesar de todo; usted a lo largo de la
negociación ha tenido un solo objetivo. ¿Sabe cuál? Conseguir una reforma
que produzca, inevitablemente, una reconversión brutal del sector del
aceite de oliva en perjuicio, señora Ministra, de amplísimas zonas de
nuestro territorio, especialmente de Andalucía. A usted le preocupa muy
poco el porvenir de 170.000 pequeños y medianos productores, a usted le
importa un pimiento que los usuarios sigan sufriendo el fraude de las
mezclas, a usted sólo le importa su Partido, su política y su persona.
Señora Ministra, a los socialistas sí que nos importa, y los socialistas
vamos a seguir luchando por conseguir un sistema equilibrado de reparto
de ayudas que consiga la permanencia de todos los olivares, que mantenga
el empleo y las rentas y, sobre todo, señora Ministra, que mantenga la
cohesión social en más de 300 pueblos andaluces. Ya sé que usted está en
el festejo, en el autobombo y en la complacencia. Siga usted así si
quiere, siga usted en esa irresponsabilidad, pero al menos déjenos que
los demás luchemos por los intereses de los pequeños y medianos
productores, que luchemos por los intereses del olivar andaluz, por el
olivar español, y no nos boicotee, señora Ministra.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Señora Ministra de Agricultura, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (de Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ¿por qué miente? ¿Por qué miente a sabiendas? (El señor
Rodríguez Cantero muestra el informe a la señora Ministra.)
Le voy a decir una cosa: si hubiera funcionado la nueva OCM este año los
olivareros recibirían cerca de diez pesetas más, entre ocho y diez
pesetas más de lo que van a recibir. Esa es la realidad, señoría (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.). Haga bien sus
cuentas; recibirían en torno a ocho pesetas más por kilo de aceite que lo
que van a recibir con la vieja OCM. Porque la nueva OCM va a suponer
mucho más dinero, 10.000 millones de pesetas más para el sector (El señor
Rodríguez Cantero: ¡Yo le reto a que usted lo demuestre!) Con que no
mienta, señoría (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Rodríguez Cantero: ¡No, no!). No falsee la
realidad.
Están empeñados en decir algo que no es cierto: que la nueva OCM es mala.
No señor, a pesar suyo, porque a su señoría le hubiera gustado que
hubiera sido mala para poder haber dicho, de verdad), algo al sector (El
señor Rodríguez Cantero muestra el informe a la señora Ministra.). Les ha
sentado mal que consigamos un buen resultado en la OCM, les ha sentado
mal que el Gobierno, de verdad y por primera vez, haya defendido a fondo
los intereses agrarios españoles, que se haya batido el cobre por los
olivareros españoles. Porque hemos trabajado y hemos luchado al servicio
de los olivareros españoles, no como su señoría y su Partido, que sólo
han trabajado para arrebañar un puñado de votos, que han estado
trabajando a la contra del Gobierno, que nos han clavado todo tipo de
puñaladas traperas, que en plena negociación se han dedicado a
denunciarnos, señoría. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La nueva OCM supone más dinero para los agricultores...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (de Palacio del
Valle-Lersundi): Insisto, la nueva OCM supone más dinero para los
agricultores, la nueva OCM supone más dinero para el olivarero, la nueva
OCM supone más dinero para el sector olivarero español de aceite y de
aceituna de mesa (El señor Rodríguez Cantero muestra el informe a la
señora Ministra.). Para los de la aceituna de mesa 25,50 por kilo de
aceituna, eso supone la nueva OCM (El señor Rodríguez Cantero: ¡No, no!)
Para los del aceite de oliva, en esta campaña, que van a tener una
reducción de las ayudas muy importante, hubiera supuesto en torno a ocho
pesetas más por kilo. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)
Con que, señoría, deje de falsear los datos y deje de mentir, que ya está
bien de intentar engañar a la gente, y los olivareros y el sector lo
saben muy bien, señoría.
El único problema es que su señoría --ya lo hemos visto últimamente--
sufre alucinaciones y le gustaría ver cosas que no existen. Lo hemos
visto en sus declaraciones y en sus denuncias cuando ve hasta banderines
en coches que no existen. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) El
problema es que su señoría debe hacer algún tipo de análisis acerca de
cómo le funcionan las neuronas, porque, desde luego, no puedo entender
tanta mezquindad y tanta mentira por parte de su señoría, sobre todo
intentando engañar al sector olivarero español. ¡Ya está bien! (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Agricultura (El
señor Rodríguez Cantero pide la palabra.)
Senador Rodríguez Cantero, no tiene la palabra (Fuertes protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Laborda Martín:
¡Por alusiones! No tiene la palabra. Usted ha dicho lo que ha querido en
un minuto más de lo que le correspondía y la Ministra ha contestado lo
que le ha parecido. No tiene la palabra (Fuertes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista).
Por favor, silencio. El Senador ha dicho lo que ha querido en un minuto
más prque le he dejado, ha dicho cosas muy duras y la Ministra ha
contestado. Esto es una pregunta, ha habido una contestación y no es
posible conceder más intervenciones. (Fuertes protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
-- DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES PARA EL CESE DEL ANTERIOR SECRETARIO DE
ESTADO DE LA COMUNICACION Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO. (680/000563)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones para el cese del
anterior Secretario de Estado de la Comunicación y Portavoz del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores ministros,
¿cuáles son los motivos para que se haya producido la irreparable pérdida
de don Miguel Angel Rodríguez como Secretario de Estado de Comunicación y
Portavoz del Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Portavoz del Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i
Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Motivos personales.
Gracias. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Ha perdido la oportunidad, señor Ministro, de
decir la verdad, aunque seguro que en su siguiente intervención nos
obsequiará con el delicioso estilo del centro.
En mil ocasiones debió ser cesado Miguel Angel Rodríguez: cuando insultó
a Joaquín Almunia mientras éste se entrevistaba con el Presidente del
Gobierno; cuando descubrió a los policías de la escolta del
Vicepresidente; cuando amenazó a Asensio y a tantos otros; cuando dirigió
la operación contra Sogecable o cuando dijo que este Gobierno es de
centro-izquierda. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
De la contestación deduzco que MAR no ha sido cesado por motivos tan
justificados, sencillamente porque cumplía lo ordenado. Por cierto, no
sabemos si MAR ha causado baja en los consejos de administración de
empresas públicas a que pertenecía, aunque, sin duda, nos lo aclarará
ahora el señor Ministro.
Lo que pasa es que ha cundido el pánico: ni las encuestas les son
favorables, ni el clima les augura un brillante porvenir. Ustedes caen
mal, Rodríguez cae mal, Alvarez-Cascos cae mal y Aznar cae peor todavía.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El PP es el
último bastión de la derecha en Europa. Lo ha dicho Aznar, pero, sobre
todo, Aznar ha escrito sobre el rencor, la hipocresía y el cinismo los
mejores capítulos de su programa. Pero ha llegado la hora nerviosa de
aconsejar no cumplir, moderación y prudencia. ¡Fíjense, ustedes
aconsejando moderación y prudencia! ¡Qué cosa! ¿No? (Risas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y hay que hablar del centro. Usted, señor Piqué, nuevo Portavoz y sabio
centrista, lo ha definido de forma rompedora: el centro es algo que nunca
se alcanza. Y Aznar lo ha garantizado diciendo: El centro reformista del
siglo XXI tengo que hacerlo yo, y lo estoy haciendo.
Su centro es sólo cuestión de imagen y para ello, si hay que eliminar, se
elimina a los más fieles y eficaces ejecutores de las órdenes del jefe,
como ha sido Rodríguez, y después caerán otros, Alvarez-Cascos sin ir más
lejos, que ya ha puesto sus barbas a remojar. Se dice que le están
preparando la «Gran Cruz de Isabel la Católica». Hoy tenía que estar aquí
contestando a esta pregunta como en otras ocasiones hizo con preguntas
semejantes, pero le tienen embozalado. El autor de la crispación habría
mantenido a Rodríguez y mantendría a Cascos, pero ahora estorban, aunque
han cumplido como fieles servidores. Si algún día se sintiera Aznar
signado con el óleo santo del centro, que no se lo crea, porque aunque la
mona se vista de seda, mona se queda. (Risas y aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía y Portavoz del
Gobierno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i
Camps): Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy asombrado ante sus profundas e inteligentes reflexiones. (Risas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Piqué i
Camps): Sinceramente, señor Presidente, creo que una sesión de control
del Gobierno no debe consistir en escuchar chascarrillos más o menos
pretendidamente graciosos y, desde luego, sin ningún tipo de contenido.
Muchísimas gracias. (Aplausos.--Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
INTERPELACIONES:
-- DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL SENADO. (670/000098)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, interpelaciones. En
primer lugar, de don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el Senado.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, el resumen de mi
interpelación es que, como no nos fiamos del Gobierno para hablar como
antes se hablaba con los gobiernos, pero como son tantos los problemas
que el Gobierno no puede resolver solo, le pedimos que hable ante las
Cámaras, que diga lo que quiere hacer con los problemas de esta España
que no va bien, que se gane nuestra confianza.
Señor Presidente, repasando mis intervenciones en esta tribuna, se ve que
les he venido pidiendo hasta ahora, con convicción, y cuando lo hice, con
esperanza, que hiciesen un esfuerzo para llegar a acuerdos sin
exclusiones en asuntos sobre los que existían antiguos consensos: al
Ministro de Asuntos Exteriores sobre la política con Cuba, a la Ministra
de Educación sobre la política educativa, a usted y al Presidente del
Gobierno sobre estas materias autonómicas. En fin, créanme que hoy es muy
distinta mi actitud, y yo, como seguramente algunos de ustedes saben, no
sé fingir.
El mismo día el que, con un pretexto inaceptable, señor Presidente, se
aplazó esta interpelación, el Presidente
del Gobierno, muy a la ligera, despachaba la oferta de diálogo que, en
nombre de todos los socialistas, le ofreció el señor Borrell.
Cierto es que anteayer, mientras se entrevistaban el Presidente del
Gobierno y el Secretario General del Partido Socialista, al otro lado del
tabique ya no estaba el señor Rodríguez denigrando al señor Almunia, como
sucedió la vez anterior. Pero, como se ha dicho aquí, tener una actitud
de centro es algo más que cesar a Rodríguez, y bien distinto a ese tono
displicente que usa con nosotros el señor Aznar en muchas ocasiones, y
que a mi --y se lo digo francamente-- me suena a antiguos extremismos.
No es retórica, por lo tanto, nuestro malestar y nuestra desconfianza, y
por eso mismo voy a hacer un esfuerzo de concreción.
Primera parte de mi interpelación. ¿Es consciente el Gobierno de que está
usando su mayoría absoluta aquí para esterilizar el Senado? El
aplazamiento de esta interpelación es un resumen de una actitud que
denunciamos nada mas comenzar esta legislatura, cuando el Presidente
Aznar, rompiendo una tradición, rehusó exponer en esta Cámara su política
territorial. El Gobierno se sirve de las Cámaras, pero no cumple sus
obligaciones en ellas. Esta interpelación se aplazo después de que el
Gobierno comunicara que usted y el señor Cascos, que podían contestarla,
estaban a disposición de la Cámara para responder ante este Pleno. Por el
contrario, se nos dijo que un colega, el señor Arias-Salgado, estaría
ausente la semana pasada. No le hicimos control al señor Arias-Salgado, y
había bastante materia; y el miércoles estuvo aquí para responder a
preguntas de Senadores de su Grupo que, al parecer, tienen información
privilegiada sobre la agenda secreta o íntima de los señores ministros.
Otro tanto ha sucedido esta semana con la Ministra de Educación. Luego
suman esas comparecencias y nos dicen que los ministros vienen a esta
Cámara mucho más de lo que lo hacían los anteriores ministros
socialistas.
Señor Presidente, señor Ministro, los ministros vienen más veces porque
esta oposición cree en el Parlamento y los cita muchas más veces que
cuando ustedes eran oposición. El problema es que vienen tarde; el
problema es que, después de dar su versión a la prensa, vienen aquí y nos
dicen lo mal que lo hacían sus antecesores. Hoy hemos tenido unas cuantas
muestras de esa actitud.
El Gobierno nos pidió que el control que, desde el año 1997, venía
haciéndose en esta Cámara los martes, se trasladara a los miércoles, con
la promesa de que así se cumplirían sus obligaciones. Y no las ha
cumplido. La semana pasada fueron aplazadas dos interpelaciones, y esta
semana hay otras dos. En las comisiones, los retrasos de la señora
Palacio o del señor Romay son una auténtica burla. El Gobierno ha
dinamitado la comisión que creamos aquí por consenso porque no se aceptó
una iniciativa de mi Grupo para estudiar el problema de la catástrofe de
Biescas y otro tipo de catástrofes. Pues bien, el Gobierno --porque es el
Gobierno y no la mayoría, que obedece al Gobierno, evidentemente--
liquidó el dictamen. De paso, liquidó a su presidente, al Presidente de
la Comisión Especial. Eso sí, después de una lujosa temporada de
simposios y comparecencias.
Y en las demás ponencias especiales, la de eutanasia, la de Internet, la
ponencia sobre financiación autonómica, no se ha llegado a tal situación,
sin precedentes, de que la mayoría eche abajo su propio dictamen.
Sencillamente, el Gobierno bloquea con su Grupo que puedan llegar a
alguna conclusión.
La Comisión General de Comunidades Autónomas ha dejado de ser un órgano
capaz de ofrecer soluciones a los problemas autonómicos, como lo fue
entre 1994 y 1995. Hoy tenemos un problema derivado de iniciativas del
Gobierno vasco, del que hemos discutido usted y yo, señor Ministro.
Aquella Comisión entre 1994 y 1995 si ofreció algunas soluciones, algún
método para abordar ese problema.
Lo que le pregunto, sin más, sobre este asunto, señor Ministro, es si
usted ha hablado con el responsable de esta situación, el Vicepresidente
Alvarez-Cascos, y puede, en nombre del Gobierno, decir aquí si lo que él
me ofreció en esta misma Cámara el día 25 de junio de 1997 lo van a
cumplir de una vez. Dígamelo.
Mi segunda gran pregunta es si el Gobierno va a cumplir el Reglamento y
va a tomar la iniciativa política para que se celebre el debate sobre
Comunidades Autónomas. Solicitamos que se celebrara en febrero, al
cumplirse un año del último. Ofrecimos buscar fórmulas para que fuese mas
interesante y rogamos al Gobierno que no volviese a forzar a los
Presidentes de su color político a venir a esta Cámara a repetirnos el
mismo argumentario de consignas gubernamentales.
El ejemplo del debate de 1994 sigue ahí, en medio de una crispación
inducida a cuenta de los pactos del entonces Gobierno socialista con los
partidos nacionalistas, algún periódico amigo de los que le acompañaba en
aquella trayectoria de crispación recuerdo que publicó una foto realmente
inconveniente, llena de uniformes y con viejas consignas. Pues bien, el
balance de aquel debate de 1994 fue algo que hoy conviene recordar. El
debate concluyó en que España era plural política y culturalmente, que
había un Estado autonómico con unas reglas y unos principios que
compartían los presentes, incluido el señor Ruiz-Gallardón, portavoz
entonces de su Grupo, tal vez, con la ausencia de la Presidencia del
señor Ardanza. Pero, desde luego, en lo que no hubo excepciones es en que
el consenso democrático era un valor común y compartido. Después de aquel
debate hubo menos crispación, al menos en el terreno autonómico. Aumentó
la tolerancia y el respeto a las instituciones y a las personas en
asuntos como el uso de las lenguas de las nacionalidades.
Desde entonces hasta hoy, lo peor no ha sido que esta Cámara ha
retrocedido todo lo que avanzó en su vocación de ser la Cámara de
representación territorial. Lo peor es que hoy el Gobierno no puede
ofrecer un modelo de Estado en torno al cual exista un consenso, como lo
pudo hacer el Gobierno socialista en 1994. Lo peor es que hoy, por
primera vez desde 1978, no existe consenso entre los dos partidos
mayoritarios, porque el Gobierno y su Partido rechazaron la oferta de
diálogo que le hicimos
después de aprobar nuestro documento sobre el modelo autónomico en marzo
de 1991. Despacharon también con ligereza aquella oferta de consenso. Y
sigue teniendo valor, señor Ministro. Lo peor es que después de que al
Gobierno le importara poco al comienzo de esta legislatura romper
consensos que nosotros y otras fuerzas políticas en el momento
inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución habíamos
establecido con Adolfo Suárez --la LOFCA, por poner un ejemplo--, después
de haber roto esos consensos, de no haberle importado la protesta que
nosotros hicimos, hoy tiene el nivel mas bajo de acuerdos con los
partidos nacionalistas de toda la historia de la democracia.
En 1994, este Senado, tras el primer debate, votó por unanimidad una
moción que abría una agenda ambiciosa de desarrollo autonómico y de
reformas constitucionales, y, entonces, en esta Cámara se estableció el
compromiso de que estos temas --por unanimidad, incluido el
reconocimiento de los hechos diferenciales-- tenían que abordarse por
consenso. Lo peor es que todo eso ha desaparecido.
En 1994, Aznar invocaba el nombre de España para pedir gobiernos que no
fuesen débiles con los nacionalistas. Lo peor es que hoy, al Gobierno,
sus aliados parlamentarios le han marcado el debate autonómico en el peor
terreno posible, fuera del Parlamento, en foros diversos, antes y después
de que la llamada tregua terrorista mezclase, lamentablemente, el debate
sobre la forma estatal con el del fin de la violencia.
Quiero decir al Gobierno que no basta con quejarse de propuestas que
surgen de determinados foros, hay que discutir esas materias en el
Parlamento, como fuimos capaces de hacer en el Senado en 1994, ya que
aquí los acuerdos sí son representativos y democráticos; pero también
quiero decir, con toda serenidad, que tengo la profunda convicción de que
los ciudadanos de este país, especialmente los que fueron capaces de
tener fe en el pluralismo, en los valores de la libertad, en el
pluralismo lingüístico y en la idea del autogobierno durante los años del
franquismo, esos ciudadanos --que son mayoría-- nunca van a aceptar que
una minoría nos dicte lo que estas Cámaras tienen que aprobar bajo
amenaza de que, de lo contrario, se acabará la tregua y no llegará la
paz; porque su paz no es la paz, porque no puede haber paz con
condiciones de esa naturaleza.
Yo creo que muchas personas estarán de acuerdo con los muchos que
pensamos que esa paz no la queremos porque apreciamos más nuestra
libertad. Hay muchas personas en esta Cámara, en todas partes, que
rechazaron aquellos llamados 25 años de paz en nombre de la libertad y
hoy lo tendríamos que volver a hacer, porque los que mataron la
inteligencia de García Lorca son los mismos que mataron la inteligencia
de Tomás y Valiente, y los que fusilaban militantes políticos son los
mismos que hoy disparan a militantes políticos. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hay que deshacer, señor Ministro, esa lógica absurda y eso exige un
debate parlamentario. Y, ¿dónde se puede hacer mejor que en el Senado?
¿Dónde se puede hacer mejor para restaurar los consensos constitucionales
que en esta Cámara, donde el Gobierno puede encontrarse con el respaldo
de los Presidentes de las Comunidades Autónomas, de los suyos, de los que
comparten sus valores y los míos, pero muy probablemente de todos? Hay
que hacer un esfuerzo de inteligencia. No hace tanto, en el año 1994,
fuimos capaces de lograrlo.
Señor Ministro, nuestros amigos de hoy, a diferencia de sus amigos del
año 1994 --no digo de los suyos, sino de los que coreaban la
crispación--, no piensan que esta situación se arregla con uniformes ni
con uniformismos. Lo que yo le expreso --creo que en nombre de muchos
ciudadanos de España-- es que los problemas de hoy, como los de 1994, lo
que necesitan es diálogo y que el Gobierno gobierne para todos y no sólo
pensando en las encuestas, en que hay que ofrecer diálogo porque con eso
se suben puntos, pero que hay que evitar que el PSOE entre en el diálogo
porque eso le da votos al PSOE. Esa lógica hay que terminar con ella.
Al comienzo de esta interpelación le he manifestado mi desconfianza
porque ustedes no son serios en las relaciones bilaterales, no lo han
sido hasta ahora. No le propongo que ese bilateralismo con los pequeños
partidos sea sustituido por un bilateralismo entre los dos grandes
partidos. Yo le propongo algo mucho más sencillo, que cuesta muy poco
esfuerzo, que cumplan su programa electoral y vengan a las Cámaras a
exponer sus ideas y a buscar acuerdos sin exclusiones; que el Gobierno
sea sincero cuando pida diálogo, aceptando ese diálogo cuando se lo
ofrecen otros, aunque seamos nosotros; que se propongan alcanzar los
resultados de aquel debate de 1994 y que el Presidente del Gobierno venga
aquí y, ante los demás Presidentes, ofrezca un plan para restablecer un
consenso con el que desarrollar el Estado autonómico, abordando las
reformas --las que sean y con el carácter que tengan-- que fuesen
necesarias; y que marque una fecha para el debate sobre el Estado de las
Autonomías.
Voy a pasar al tercer punto de mi interpelación, y termino
inmediatamente, señor Presidente. Llevamos todo lo que va de legislatura
trabajando en una Ponencia para reformar constitucionalmente esta Cámara.
Me voy a dejar de formalismos, la Ponencia está estancada porque el
Gobierno de la Nación no quiere o no puede definir su postura, y ese
problema paraliza al Grupo que le apoya, a pesar de la excelente
disposición personal de sus ponentes, que yo quiero reconocer aquí.
El tiempo pasa y el calendario que nos propusimos por unanimidad al
comienzo de esta legislatura se lo están comiendo los días. A estas
alturas, señor Ministro, los Senadores deberíamos haber suscrito un
documento de principios sobre las funciones, el sistema electoral y los
procedimientos para la protección de los hechos diferenciales, y tendría
que estar trabajando ya una Ponencia conjunta de Diputados y Senadores
para redactar el texto articulado de la reforma. Pero, sobre todo, lo que
pasan son las oportunidades. Las simetrías de nuestro Estado autonómico,
la articulación de las nacionalidades y regiones en una institución
estatal como es el Senado, la protección de los hechos diferenciales,
asuntos que están en las propuestas de esos foros están en nuestra mesa
pendientes
de que ustedes definan un criterio, y no lo han hecho. Nosotros sí lo
hemos hecho; está en el documento que ustedes no se dignaron considerar.
En estos momentos el Gobierno tiene la obligación de venir a explicar
aquí, porque es aquí y no en otros foros donde se reforma la
Constitución, cuál es su proyecto. De ese modo, todos tendrán que
presentar el suyo y sabremos de una vez, seriamente de qué estamos
hablando.
Me parece que el Presidente del Gobierno --me atrevo a decirlo-- podría
hacer dos cosas, tal vez debería hacerlas; la primera, comparecer ante la
Ponencia y añadir su autorizada voz a las voces de los Presidentes de las
Comunidades que recientemente han expresado ante nosotros sus criterios
sobre esos grandes temas de nuestro Estado autonómico; y la segunda,
anunciar que va a venir al debate del Senado con el propósito de exponer
cuál es el modelo que quiere para España y a ofrecer un consenso de
voluntades que haga factible los cambios, incluso los cambios
constitucionales que nosotros hemos empezado a estudiar, los que sean
necesarios para perfeccionar este Estado que fuimos capaces de refundar
hace veinte años.
Señor Presidente, si se hacen estas cosas puede que se restablezca la
confianza y, por fin, creeríamos que el Gobierno está gobernando para
todos.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda Martín.
Señor Ministro de Administraciones Públicas, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, señoras y señores Senadores, ésta ha sido una de esas
interpelaciones en las que se hacen muchas afirmaciones y eslóganes pero
cuyo contenido se queda reducido prácticamente a nada. (La señora
Pleguezuelos Aguilar: Eso no es serio.--Rumores.) Las consideraciones que
usted ha hecho sobre señores que ignoro qué tienen que ver con la
interpelación que hoy tratamos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Bueno,
perdonen ustedes. En relación con las consideraciones que usted ha hecho
sobre el señor Borrell, el señor Almunia, el señor Rodríguez, etcétera,
acerca de la paz y la verdad, yo, con franqueza, no tengo nada que decir
en este momento. Creo que la interpelación versa sobre otros asuntos,
que, en mi opinión, son los tres que usted ha resumido aquí y que figuran
en el propio texto de la interpelación.
En primer lugar, el cumplimiento por parte del Gobierno de sus
obligaciones en esta Cámara, asunto sobre el que yo hablaré; en segundo
lugar, la posición del Gobierno sobre el debate del estado de las
autonomías, con otras consideraciones de política autonómica que han sido
reiteradas aquí por el señor Laborda; y, en tercer lugar, se hace una
referencia a la reforma del Senado y al papel que, en su opinión, debe
adoptar el Gobierno.
Yo voy a tratar fundamentalmente estos asuntos, pero no introduciré otros
que considero que no son el motivo de la interpelación. En cualquier
caso, si quisiera comenzar con dos comentarios que no son propiamente
personales pero que derivan de experiencias personales y que están muy
relacionados con lo que ha sido parte de la intervención del señor
Laborda.
El primero versa sobre la famosa voluntad de consenso y de diálogo entre
el Gobierno y el Partido Socialista; el señor Laborda ha reiterado aquí
su conocida tesis al respecto, que no es otra que la de que el Gobierno
no tiene ninguna voluntad de dialogar. Si me permite, le voy a dar mi
experiencia personal. Mientras ustedes fueron Gobierno y nosotros
oposición, acordamos con ustedes y tuvimos la voluntad de firmar el Pacto
autonómico y los Estatutos de Ceuta y Melilla, a pesar del costo que
saben que ese hecho tuvo en algunas zonas de España para quien entonces
era partido de la oposición. Cuando asumimos la responsabilidad de
gobernar le hice al Partido Socialista el mismo planteamiento que ellos
me hicieron en el año 1992 y no fue aceptado; he tenido que ir pactando
uno por uno todas las reformas de los Estatutos de Autonomía. He ofrecido
al Partido Socialista un acuerdo sobre lo que se ha denominado el Pacto
Local. Hemos tenido múltiples reuniones y, al final, se me dijo que, por
razones políticas, ellos no entraban en el acuerdo. Es un proyecto de ley
de enorme trascendencia --puede preguntarlo a sus compañeros del Congreso
de los Diputados--, que durante dos años hemos estado pactando y ahora se
me ha dicho que por razones de política general no interesa que se
presente en las Cortes Generales. Esa es la verdad. Yo le puedo
manifestar que yo estoy dispuesto --se lo digo con absoluta franqueza-- a
pactar con usted lo que quiera.
Segundo comentario que repito, no es personal. Usted no puede criticarme
porque haya retrasado la interpelación que estamos debatiendo en el día
de hoy. No lo puede hacer porque yo, el día en el que debía celebrarse
esta interpelación, que era el miércoles de la semana pasada, estaba
compareciendo en el Congreso de los Diputados, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, después de que la Mesa de la Comisión de
Administraciones Públicas --donde tiene mayoría el Partido Socialista--
me hiciera comparecer a la misma hora. Si quiere, organizamos una comida
el señor Pertierra, usted y yo, pero usted no me puede criticar por no
asistir el miércoles pasado y venir hoy aquí, porque no puedo estar en
dos sitios a la vez. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Después de los comentarios, voy a entrar en el análisis de algunas
cuestiones a las que usted ha hecho referencia. En primer lugar, el
incumplimiento, por parte del Gobierno, de someterse al control de la
Cámara.
Usted manifiesta una tesis y señala: el Gobierno no se somete al control
de la Cámara, porque lo dice usted y ya está, no hay que demostrarlo. Yo
tengo el legítimo derecho
--y así lo voy a manifestar-- de decir que el Gobierno si se somete al
control de la Cámara, y voy a intentar aportar algunos argumentos --cosa
que no ha hecho usted-- para demostrar que el Gobierno si se somete al
control de la Cámara. Porque, si no, al final la discusión quedaría entre
su discurso --que dice que el Gobierno no se somete al control de la
Cámara, que son unos petardos y que lo hacemos muy mal-- y el nuestro,
que diría lo contrario. Intentemos, en un debate, no hacer eslóganes ni
mítines --eso se hace en otro lugar--, sino argumentar y dar algunas
pruebas que sirvan para acreditar la veracidad de lo que se afirma.
Yo voy a intentar demostrar que no es verdad lo que usted dice. Pero
antes de hacerlo, si quisiera pedir un cierto cuidado a la hora de
redactar los textos de la interpelación, ya no pido que sea a la hora de
intervenir en esta Cámara. Usted, o quien haya redactado la
interpelación, no puede manifestar --aunque como usted la firma, alguna
responsabilidad tendrá-- que no se trata de que el Gobierno venga aquí
cuando él lo decida y a decir lo que le conviene. El Gobierno pide muchas
veces su comparecencia, y es una cortesía, es más, es un uso
parlamentario aceptar su comparecencia cuando el Gobierno lo solicita. Y
no puede decir que nosotros aplazamos los distintos planteamientos que
realizan los Senadores. No lo puede decir porque el aplazamiento es
reglamentario, como muy bien lo sabe usted, señor Laborda. Por lo tanto,
en el supuesto de que ocurra lo que ha sucedido en mi caso en el día de
hoy, no se pueden hacer esos planteamientos.
Por último, tampoco puede exigir y decir que el Gobierno tiene que
responder con contenidos rigusosos y ciertos, lo que ha vuelto a reiterar
a lo largo de su intervención. ¿Qué quiere decir usted con eso? Yo por lo
menos tengo la convicción de que cuando me presento en esta Cámara
respondo con contenidos rigurosos y ciertos. ¿O es que pretende usted que
yo responda a lo que usted quiere que yo responda? Para eso, me da la
intervención, realizada por usted, y yo se la cuento. A lo mejor ni
siquiera necesita que venga a contársela porque ya se lo sabe.
Yo puedo asegurarle a usted que siempre que he comparecido en esta Cámara
he creído responder con contenidos rigurosos y ciertos. Otra cosa es que,
por ejemplo, yo no sea tan inteligente como usted, pero eso no es culpa
mía, y hago un esfuerzo para serlo.(Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Yo puedo
hacer una intervención como la del señor Arévalo, pero no soy capaz de
tener tanto rigor como ha tenido el señor Arévalo en la intervención que
todos acabamos de oír no hace mucho tiempo. (Rumores.)
En fin consideraciones aparte, voy a intentar dar algunos argumentos que
demuestran que el Gobierno comparece en esta Cámara.Yo, como Ministro de
Administraciones Públicas, he respondido a 17 preguntas orales desde que
soy Ministro, y los señores Eguiagaray, Saavedra y Lerma a siete entre
los tres. Es decir, yo diecisiete y ellos siete. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.-- Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
En interpelaciones, los señores Eguiagaray, Saavedra y Lerma han
respondido a doce y yo a once; entre los tres me ganan por una.
En comparecencias, yo he comparecido en seis ocasiones, el señor Saavedra
en cuatro y el señor Eguiagaray en una. (Rumores.)
Preguntas orales en Pleno. En los dos primeros años de legislatura, para
comparar, el Gobierno ha respondido a 482 preguntas, en la V legislatura
se respondieron 477, en la anterior 459 y en la tercera 313.
Interpelaciones. El Gobierno del que formo parte ha respondido en esta
legislatura, en los dos primeros años, a 76 interpelaciones; el anterior
había respondido en el mismo período a 20 más, es decir, a 96
interpelaciones. (Rumores.)
Preguntas orales en Comisión. El Gobierno del que formo parte respondió a
812 preguntas, mientras que en el mismo período de tiempo, dos años, en
la V legislatura se respondieron a 49.
En comparecencias de Ministros en la Comisión del Senado, el Gobierno del
que formo parte, en los dos primeros años, ha comparecido en 85
ocasiones, y el Gobierno anterior lo hizo en 63 ocasiones.
En preguntas escritas, el Gobierno del que formo parte ha contestado en
los dos primeros años de legislatura a 19.824, y el Gobierno anterior, en
esos dos primeros años, ha respondido a la mitad, 9.101. (Rumores y
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.
Otras consideraciones aparte, éstos son los únicos argumentos que puedo
aportar para combatir los eslóganes o las afirmaciones que hace el señor
Laborda: El Gobierno no comparece, el Gobierno no se deja controlar, el
Gobierno no hace nada. Yo he demostrado con datos que hace mucho más que
el Gobierno anterior. Si eso es porque unos trabajaban menos o porque
otros trabajan más, ése ya no es mi problema. (Varios Senadores desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista: !Ah!) A partir de ahí, lo que
ustedes quieran. Creo que ha quedado acreditado que el Gobierno comparece
en esta Cámara cuando así se le solicita.
En segundo lugar, el señor Laborda plantea la posición del Gobierno sobre
el debate del Estado de las Autonomías en el que pretenden que se traten,
entre otros temas --así se recoge en el texto de la interpelación--, los
asuntos de la financiación autonómica, de la financiación de la sanidad y
del modelo de Estado. Ese es su criterio, y es muy respetable, pero yo
quiero hacer también, como es natural, algunas consideraciones.
Primero, la financiación autonómica la hemos debatido en esta Cámara --no
se puede quejar el señor Laborda-- en infinidad de ocasiones. Incluso yo
he comparecido en la Comisión General de Autonomías, a petición propia,
para tratar este tema.
Lo mismo ocurre con el asunto de la financiación sanitaria. El señor
Romay ha comparecido a petición propia y de un Presidente de Comunidad
Autónoma para explicarlo,
a parte de hacerlo en otras ocasiones y con motivo de otras iniciativas
en esta Cámara.
En este sentido, como el señor Laborda ha hecho referencia a la Comisión
General de Autonomías y a lo brillantemente que funcionaba --cosa que yo
no pongo en duda--, tengo que decir que, en la pasada legislatura,
comparecieron en la misma tres Ministros, las tres veces a petición de
Coalición Canaria, para tratar temas, sin duda muy importantes, que
afectaban fundamentalmente a Canarias, mientras que en esta legislatura,
que no ha terminado, comparecieron cinco Ministros, todos a petición
propia, salvo el caso del señor Romay que compareció a petición propia y
a petición del señor Bono. Por tanto, el Gobierno ha comparecido en la
Comisión de Autonomías y, además, lo ha hecho a petición propia.
Por cierto, tengo que decir, que yo, que he estado en tres ocasiones en
esa Comisión General de Autonomías, me he quedado solo al final. Yo
también podría quejarme de que el Grupo Parlamentario Socialista no está
cuando yo estoy hablando en la Comisión General de Autonomías (Rumores.).
Porque las últimas veces que estuve en ella, al final, había tres
Senadores. Yo también puedo quejarme. ¿Por qué comparezco yo en la
Comisión General de Autonomías y, al final, hay tres Senadores? Espero
que el señor Laborda me dé una explicación. Por cierto, él es de los que
se marchó. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Usted plantea, además, que en el debate sobre el Estado de las Autonomías
hay que hablar del modelo de Estado, que el Gobierno no tiene modelo de
Estado, etcétera. Esa es una afirmación, una de las muchas que ha hecho
el señor Laborda, que no se fundamenta absolutamente en nada. Usted hace
un eslogan, como si dice que alguien tiene el pelo verde, se queda tan
tranquilo y no da un solo argumento.
El modelo de Estado del Gobierno es el que establecen la Constitución y
los Estatutos de Autonomía, que supongo que será el suyo, aunque habría
que preguntarle al señor Maragall a la vista de algunas de las últimas
declaraciones que ha hecho. El del Gobierno es el que contemplan la
Constitución y los Estatutos, que es el que está desarrollando.
Ahora está propiciando --como es sabido-- un debate sobre la reforma de
los Estatutos de Autonomía que se está desarrollando muy razonablemente
en el Congreso y el Senado. Asimismo, continúa el proceso de traspasos;
esta misma tarde se celebra una Comisión Mixta en una Comunidad Autónoma.
La semana pasada se ha producido el traspaso de educación, que es una
competencia importante. Por lo tanto, está desarrollando el modelo de
Estado que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Y ése
es el modelo que el Gobierno manifiesta que es el suyo, que yo espero que
coincida con el modelo al que usted ha hecho referencia.
La cuarta consideración que tengo que hacer sobre el debate del estado de
las Autonomías --ya sé que se ha hecho en 1994, que no ha sido así en
1995 y que en 1997 lo hemos hecho-- es que para su celebración en el año
1998, sin duda alguna, como quiera que ésta es una cuestión del Senado,
del Gobierno y de los Presidentes de las Comunidades Autónomas, hemos de
esperar a que haya un criterio conjunto de todos ellos. Ahora bien, habrá
que valorar --y no ha de hacerlo el Gobierno, sino todos-- su oportunidad
política, habrá que ver si es bueno o malo hacer ahora un debate sobre el
Estado de las Autonomías.
Yo no tengo un criterio definido ahora. Usted parece que sí lo tiene y ha
pedido que se haga un esfuerzo de inteligencia. Yo también lo pido. Hacer
un esfuerzo de inteligencia ahora es muy importante y dentro de ese
esfuerzo de inteligencia habrá que ponderar si es bueno o no hacer ahora
un debate sobre el Estado de las Autonomías. Si usted cree que lo es será
porque es más inteligente que yo, pero --como he dicho antes-- ése es un
problema que, señor Laborda, no tiene ninguna solución.
Por último, vamos al tercer asunto tratado, que es el de la reforma del
Senado. Sobre este asunto también podría yo preguntarle a usted, porque
usted ha sido Presidente del Senado ocho años y es el representante del
PSOE en la Comisión para la reforma del Senado y yo nunca he estado en
esa Comisión. Yo soy un señor que era Diputado, que hacía actividades en
el Partido, pero que nunca ha estado en esa Comisión. Por eso, yo también
podría preguntarle a usted sobre la cuestión, señor Laborda. El tema de
la reforma del Senado es complejo ¿o no es verdad? Lo lógico es que yo se
lo pregunte al señor Laborda y no al revés. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias.
Sobre este particular haría las siguientes consideraciones. Nosotros
hemos manifestado nuestra voluntad de que se proceda a una reforma del
Senado. Es más, hemos dicho que la única reforma constitucional que vemos
en este momento es la del Senado. En segundo lugar, hemos dicho --y yo
vuelvo a reiterarlo ahora-- que no es un tema fácil. Ustedes lo saben. No
es un tema fácil. Cualquier reforma de la Constitución no es fácil. Se ha
reformado el Reglamento de esta Cámara y ha llevado siete años hacerlo.
Yo no digo que la reforma del Senado --en cualquier caso, no fue mi
responsabilidad, así tengo que decirlo-- se haga en ese período de
tiempo, pero sí es un tema complejo y difícil. Las señoras y señores
Senadores tienen que meditar sobre ello, como también tendrán que hacerlo
las señoras y señores Diputados porque éste es un asunto, sin duda, de
ambas Cámaras y del propio Gobierno.
Por otro lado, la Ponencia ha hecho un trabajo muy importante a lo largo
de estos últimos tiempos. Se ha hecho un trabajo importante --hay que
decirlo así-- porque el tema no es, ciertamente, fácil. Creo que ha
habido un avance sustancial en las propuestas sobre las funciones que
debe asumir el Senado como Cámara Territorial. Es cierto que es más
complejo el asunto de la composición del Senado y el sistema de elección
porque supongo que no será fácil llegar a acuerdos totales. No obstante,
creo que también se han hecho avances muy significativos al respecto. Y,
por último, hay otro tema que no es
fácil --lo reconocerán ustedes--: cómo se plasma el concepto de hecho
diferencial a la hora de modificar esta Cámara. Reconocerán ustedes, al
menos, que éste no es un tema fácil.
En cualquier caso, yo creo que la Ponencia ha trabajado razonablemente
bien y que se ha avanzado mucho más en estos últimos tiempos que en
épocas anteriores. No obstante, habrá que seguir hablando. Hay que actuar
con una cierta prudencia y, desde luego, no hay que echarle la culpa al
Gobierno de estos asuntos porque ya bastantes hay para que usted pueda
hacerlo.
Por tanto, y a modo de resumen, tengo que decirle sinceramente, señor
Laborda, que he intentado responderle de la mejor forma que he podido,
porque lo cierto es que tampoco se pueden aportar muchos más datos en
asuntos de estas características.
En primer lugar, creo que he acreditado que el Gobierno viene a esta
Cámara cuando se demanda su presencia y que se somete al control de los
Senadores. Además, creo que preparamos los asuntos y que respondemos a lo
que se nos pregunta, y he aportado algunos datos para demostrarlo. En
segundo lugar, en lo que se refiere al debate sobre el estado de las
Autonomías, le he hecho unas consideraciones que me gustaría que usted
tuviera en cuenta, pero, en cualquier caso, manifiesto que el Gobierno
está a lo que nos digan lo Presidentes de las Comunidades Autónomas y la
propia Cámara. En tercer lugar, en relación con la reforma del Senado el
Gobierno también está a lo que nos digan ustedes, en la convicción de que
cualquier reforma constitucional no es un tema fácil, sino más bien
complejo que hay que abordar buscando y consiguiendo --no sólo buscando--
el consenso de todos aquéllos que participaron en el consenso
constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín. (Rumores.)
El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Decepcionante, señor Ministro. (Fuertes rumores.)
Usted está fuera del mundo. Es muy chistoso. Usted tiene una gracia, y le
aplauden, pero, ¿de qué estábamos hablando aquí, señor Ministro? Usted ha
venido aquí con unos papeles que seguramente le habrá escrito alguno de
los funcionarios que tiene el señor Alvarez-Cascos (El señor Ministro de
Administraciones Públicas, Rajoy Brey, hace signos negativos), y los ha
leído produciendo una profunda decepción.
Señor Ministro, yo no voy a entrar a debatir con usted todos y cada uno
de los argumentos que usted aquí, supuestamente con gran inteligencia, me
ha expuesto sobre que el Gobierno cumple con sus obligaciones
parlamentarias. (Fuetes rumores.--Varios señores Senadores desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Primer punto de
mi interpelación.
Mire, señor Ministro, yo ya sé lo que hago como responsable de mi Grupo
Parlamentario; y los Senadores de Coalición Canaria también lo saben, al
igual que también saben lo que hacían en la pasada Legislatura. ¿Qué hay
más comparecencias de Ministros en las Comisiones de esta Cámara? Pues
si, efectivamente. Y eso se deriva de que aquí se hace un trabajo, y es
que nosotros creemos en las instituciones y hemos creído siempre en
ellas. Por eso nos fue mejor de lo que les van a ustedes las cosas.
(Fuertes rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor LABORDA MARTIN: Sí, señorías, porque esta mañana hemos estado
hablando aquí de algunos problemas (Un señor Senador: ¡De Guadalajara!),
problemas de los que habla con preocupación en las ruedas de prensa
cuando sale usted de aquí. Usted dice lo que dice de sus socios
nacionalistas (Fuertes rumores.), pero viene aquí con un perfil bajo
porque a este Gobierno le falta ya la ética de gobernar.
(Protestas.--Fuertes rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor LABORDA MARTIN: Y es que, aunque podemos reconocer las muchas
veces que en nombre del Gobierno viene usted a decir pocas cosas a esta
Cámara, aunque venga muchas veces --podemos reconocérselo
personalmente--, lo que es evidente y a lo que no hay derecho, señor
Ministro, es a que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones en esta
Cámara. ¡Y no me diga que usted tuvo que ir al Congreso de los Diputados
a contestar a una pregunta, a una interpelación o a un control en la
Comisión de Administraciones Públicas! ¡Dígaselo al señor Vicepresidente
del Gobierno, dígaselo al señor Secretario de Estado, que estaba por ahí,
y que es quien nos dijo que usted iba a estar aquí! Pero usted no estuvo
aquí. (Rumores.) Pero lo importante de todo esto no son las veces que
vienen ustedes aquí. Lo importante es que, trasladando una preocupación y
tal vez más allá de la dureza formal --en eso no se habrá llevado ninguna
sorpresa con mis palabras-- le he ofrecido abrir un proceso institucional
en las Cámaras para discutir los grandes problemas de los que hoy estamos
hablando. Dicen que sus aliados nacionalistas les invitan a ir a esos
foros. ¿Por qué entonces no traen ustedes, cuando hablamos de pactos,
acuerdos con sus aliados nacionalistas? Pacto local, señor Ministro. Le
hemos dicho claramente que cuando ustedes se pongan de acuerdo con ellos,
o si quieren simultáneamente, entraremos a fondo.
No compare lo que fue un proceso en el que usted lo hizo excelentemente
bien como representante de su Partido --con documentos, con largos
períodos de estudio y de sesiones en los Ministerios--, y que culminó en
el Pacto de 1981, con lo que ha sido el acuerdo suscrito entre ustedes y
sus socios parlamentarios en financiación autonómica, en financiación
sanitaria, fuera de las Cámaras, ofreciendo cosas que ni siquiera nadie
estaba pidiendo
y que hoy son un fracaso. Un fracaso, porque, efectivamente, a partir de
1999 no existirá corresponsabilidad fiscal; porque la financiación
sanitaria ha generado una rebelión de ayuntamientos, de Comunidades
Autónomas, ha creado problemas deontológicos a los médicos, y porque, en
última instancia, además, las fuentes de ahorro que se pretendían con el
«recetazo» han fracasado.
Pero lo más importante de todo, que es su fracaso, es que eso que ustedes
convinieron bilateralmente con sus socios parlamentarios --los que nada
menos le apoyan todos los años el presupuesto, pero nada más que el
presupuesto-- ha fracasado, como ellos mismos han dicho. ¿O es que no nos
leemos las declaraciones de los foros? Usted ha dado muchas respuestas
--las tengo ahí mismo, en mi carpeta--, y en la prensa se ha puesto mucho
más dramático; pero aquí, como era yo el que interpelaba, se ha puesto
usted simplemente frívolo. (Varios señores Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)
Mire, señor Ministro, yo esperaba otra cosa de usted. Esperaba que me
diera una fecha para el debate del estado de las Autonomías, porque yo
creo en el Parlamento. No sé qué alusiones ha hecho a mi condición de
Presidente de esta Cámara, pero algunas personas que están aquí presentes
saben que no miento cuando digo que yo defendí que se celebrara el debate
todos los años, siendo Presidente, y siendo el responsable del primer
Partido de la oposición. Vuelvo a decirle que convengamos estas
cuestiones que estamos debatiendo y que seguiremos debatiendo. Y le
ofrecimos buscar nuevos métodos para hacer el debate más interesante,
para que no sea tan aburrido, para que yo me pueda quedar hasta el final
escuchándole en directo --aunque le escucho desde mi despacho, porque eso
se puede hacer.
Y cuando le digo que hay que hacer un debate en el Parlamento para
centrar este tema lo que estoy pidiendo es lo que también está demandando
la sociedad al Gobierno: que lideren ustedes una respuesta de futuro a
los problemas de este país. ¡Háganlo, hombre, y háganlo aquí! Y luego no
se quejen. Y cuando le digo que cuando se aborde la reforma
constitucional hay que hacerla aquí es porque este es el único lugar
institucional en el que, pudiendo hacerse la reforma, hay un catálogo de
problemas sobre los cuales podemos llegar a un acuerdo. Reconozco el
enorme valor de sus compañeros de Grupo, las excelentes aportaciones
jurídicas que han hecho en consenso con otros partidos, con otros
ponentes de todos los grupos, pero es que ustedes no comprenden el valor
de la posibilidad de aproximación que existe en esa Ponencia. Ha
despachado usted el tema simplemente dándome unos consejos como si fuera
un abuelito. ¡No, hombre, no! Léanse los documentos. Hablen ustedes con
sus ponentes. Hablen con el Presidente de la Cámara. Que reciba el señor
Presidente del Gobierno al Vicepresidente de la Cámara, que es nuestro
portavoz en la Ponencia. ¡Meses lleva esa entrevista sin celebrarse! Ahí
están los temas centrados. Presenten ustedes un modelo. Sus compañeros no
lo hacen, porque ustedes no tienen modelo que ofrecer del debate de las
Autonomías ni modelo para reformar la Constitución. Este es el problema
que ustedes tienen, de falta de liderazgo. Y creen, sencillamente, que
pasando de estos temas, con cuatro cosas bien dichas aquí y dos ironías,
los problemas están resueltos.
Yo creo que usted es algo más que un frívolo de derechas. Creo que usted
es un Ministro del Gobierno por el que yo siento un profundo respeto;
entre otras cosas, porque le reconozco lo que acaba de decir aquí: que
usted fue el que efectivamente firmó con nosotros un Pacto de desarrollo
autonómico. Y sé que eso tiene dificultades. Simplemente le pido que
hagan ustedes lo que hicieron mis compañeros de Partido, los ministros
socialistas, porque el pacto no es sólo decirlo, sino poner documentos
encima de la mesa, esquivar las dificultades, hacer un gran esfuerzo para
concertar voluntades. Esos son los acuerdos; y esos acuerdos están rotos
porque ustedes ya no tienen ni siquiera acuerdos con sus socios
nacionalistas en los temas fundamentales.
Mire usted, señor Ministro --y con esto termino, señor Presidente--,
creía que hoy me iba a encontrar con una cosa distinta a la respuesta del
portavoz del Gobierno cuando se hizo público el denominado Documento de
Barcelona. Efectivamente, el Documento de Barcelona, redactado por dos
partidos que apoyan al Gobierno, plantea cuestiones realmente muy serias
--y están en su derecho, como la soberanía, etcétera. Como ha dicho una
persona que yo aprecio mucho, aquellas frases no eran especialmente
cordiales con España.
¿Qué es lo que dijo el señor Piqué? «El diálogo político no se ve
interrumpido por estos asuntos». Se lo digo de memoria. He leído muchas
veces la frase. El tono que usted ha empleado para rebatir mi
interpelación me recuerda a lo que dijo el señor Piqué. Vacuo,
delicuescente. ¿En qué estaba pensando el señor Piqué cuando dijo que el
diálogo político no se ve interrumpido por estos asuntos? Pues,
efectivamente, en lo que sabemos que ustedes están pensando, porque sólo
piensan en eso en ver si tienen votos para aprobar el presupuesto. Están
pensando en negociar un presupuesto mas. «Apres moi le deluge».
Pero este país está pensando en otras cosas, en un gobierno que gobierne,
que crea en el Parlamento, que venga aquí a decirnos cuándo se va a
celebrar el debate sobre las Comunidades Autónomas para recuperar ese
consenso constitucional o, al menos, para saber en qué no hay consenso y
con quién, que ya es importante saberlo.
Y, segundo, ya que tenemos una posibilidad --se lo digo sinceramente-- de
lograr una reanudación del acuerdo constitucional en la reforma de esta
Cámara, creo que tengo derecho a pedir al Gobierno que, si no tiene
opinión, acepte la de su Grupo. Deje a sus compañeros y ya verá usted
cómo somos capaces de ofrecer a los señores Diputados un texto de
principios y de empezar a resolver algunos de los problemas que hoy se
están planteando. Ya que el Gobierno ha entendido la política autonómica
como exclusivamente de relaciones bilaterales a corto plazo para resolver
sus problemas, verá cómo podemos ofrecer el horizonte de seguridad y de
tranquilidad que muchos ciudadanos están esperando de nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, en realidad no son muchas las afirmaciones que hay que hacer
porque sólo se ha reiterado la intervención anterior, aunque, sin duda
alguna, utilizando otras palabras.
Creo, con absoluta franqueza --y me refiero a la primera parte de su
intervención--, que ha quedado acreditado que este Gobierno se somete al
control de la Cámara, al menos más que el anterior, lo cual no sé si es
mucho o poco, pero es el único criterio que se puede utilizar para poder
aportar un argumento razonable.
El señor Laborda ha dado aquí el argumento de que ustedes trabajan mucho
y antes se trabajaba. No lo sé, pero, desde luego, yo siempre he
comparecido, a petición mía y no suya, ante la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y ustedes no asistieron. Por tanto, no sirve su
argumento en este caso concreto.
En consecuencia, creo que han quedado acreditadas dos cosas: En primer
lugar, que el Gobierno se somete al control de esta Cámara. (Algunos
señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: De eso nada.) En
segundo lugar, que los Senadores del Partido Popular trabajan más que los
del Partido Socialista. Señor Laborda, usted ha planteado así las cosas.
Hay que procurar cuidar algunas frases, aunque uno se ponga trascendente
cuando las utilice, como, por ejemplo, el que este Gobierno no tiene
ética... (Risas, --Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): También ha
hecho alusiones al Vicepresidente o al Secretario de Estado. Usted pierde
toda la razón, aunque, probablemente, hasta la tenga, cuando viene aquí y
se pone trascendente hablando de temas de Estado y, al final, lo que hace
es dar un castañazo --con perdón de la expresión-- a un Ministro, que lo
único que ha dicho es que no estuvo en el Senado la semana pasada porque
a la misma hora estaba en el Congreso de los Diputados. Usted, que
pretende hablar de temas trascendentes, no puede criticarme a mi por eso
porque, al final --dicho sea con todos los respetos--, sitúa el debate en
un nivel de tercera, señor Laborda. (Risas.)
Usted me puede acusar de lo que quiera. Puedo asegurarle --naturalmente,
usted puede tener otro criterio, pero no creo que lo tenga-- (Risas.) que
no me considero un frívolo. Tenga usted la absoluta certeza. Creo que
usted tampoco me considera un frívolo, en lo cual acierta.
Tanto el tema de la financiación autonómica como el de la financiación
sanitaria, a los que ha hecho referencia, podemos debatirlos cuantas
veces quiera. Lo hemos hecho en multitud de oportunidades. Y no voy a
volver a contar aquí otra vez la génesis de cómo se gestó el acuerdo de
financiación autonómica y el acuerdo de financiación sanitario. Pero
usted habla de rebelión de algunas Autonomías. Pues sí, concretamente de
una. Y eso sí que es gravísimo y debía preocuparle a usted. (Un señor
Senador socialista: ¿Lo va a cumplir?) Sí, ya saben ustedes cómo fueron
los votos en el Parlamento de Navarra. Porque estamos ante legislación
básica del Estado que una autonomía gobernada por un Partido que se
supone respeta dicha legislación se ha saltado. Y ello después de haber
pactado el modelo. No me parece normal volver a debatir aquí estos
asuntos. Pero no tengo ningún inconveniente en debatir cómo se gestó todo
el acuerdo sobre la financiación sanitaria y si es buena o mala la
decisión que ha adoptado una concreta Comunidad Autónoma. No tengo ningún
inconveniente, pero no me parece que sea lo que se está debatiendo aquí.
Como no tengo tampoco ningún inconveniente en debatir por enésima vez el
modelo de financiación autonómica. Si me lo piden, lo haré con mucho
gusto. Pero, repito, me parece que no es el asunto que se está tratando
hoy. Lo que se está tratando hoy son otras cuestiones, lo que ocurre es
que usted lo mezcla todo y al final se hacen una serie de eslóganes, uno
detrás de otro, y yo le contesto a algunos, mientras que a otros debo
ceñirme al texto de la interpelación. Y una vez acreditado que el
Gobierno cumple en esta Cámara, sobre el debate del estado de las
Autonomías le vuelvo a insistir en lo que he dicho antes: es una decisión
del Senado, del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Y me parece que
los representantes del Senado, del Gobierno y de las Comunidades
Autónomas deben valorar políticamente si es oportuno o no celebrarlo en
este momento.
Usted me acusa de frívolo porque yo --que no he manifestado mi criterio--
puedo pensar, al menos, que quizá no es conveniente políticamente. Quizá
pienso lo contrario. Pero no me puede acusar de frívolo porque me plantee
la duda de si es conveniente o no la celebración en este momento de dicho
debate. Por ello no me acuse de frívolo. Perdóneme usted, pero tengo mis
razonables dudas. Después hace una serie de consideraciones sobre las
relaciones con los partidos nacionalistas sobre el presupuesto, que es el
discurso que utilizan ustedes habitualmente. Habría que plantearse si ese
discurso, que en ocasiones están utilizando ustedes, es bueno o malo para
el conjunto de España. Habría que plantearlo. Pero no lo voy a hacer
aquí. En cualquier caso, me permitirá usted --y no creo que sea ninguna
frivolidad-- que yo manifieste la duda de si es bueno o malo hacer un
debate aquí sobre lo que han dicho unos señores o unos partidos políticos
en una determinada declaración y en un determinado lugar.
Me planteo si es bueno o malo el propiciar el debate aquí, al menos me lo
planteo. Usted tiene la seguridad de que es bueno hacerlo. Yo no tengo
tanta seguridad como usted y tengo más que razonables dudas. En lo que no
tengo ninguna duda --por eso lo he dicho aquí y vuelvo a reiterarlo-- es
en que el marco constitucional estatutario
es válido y por muchos años. Lo creo así y, repito, no tengo ninguna
duda. Pero a partir de ahí, permítame que el tono de mis intervenciones,
incluso su contenido, lo decida yo y por ello no me llame frívolo.
Evidentemente, puedo equivocarme, pero también puedo acertar, señor
Laborda, porque en ningún sitio está dicho que el único que acierta es
usted. Quizá usted acierte muchas más veces que yo, pero alguna vez
acertaré yo. Por tanto, diga usted que tiene criterios diferentes a los
míos, cosa que ya he dicho. Pero, por favor, no me llame frívolo porque
no lo soy y porque estoy respondiendo a esta interpelación con absoluta
seriedad.
También quiero reiterarle algo que me parece importante porque si algo he
hecho en la parte de mi intervención referida a la reforma del Senado, ha
sido elogio de todos los Senadores. Prácticamente es lo único que he
manifestado sobre este asunto, señor Laborda. No me diga usted cuáles son
los méritos de la Ponencia, porque ya dije antes cuáles eran. Y fíjese,
aquí coincidimos. Desde luego, son muchos más que los de la Ponencia que
se constituyó en la legislatura anterior. Y a renglón seguido, después de
elogiar a los señores de la Ponencia para criticarme a mi,
automáticamente, como ya lo ha hecho, pasa a criticar a los
representantes del Partido Popular en esa Ponencia diciendo que no se les
deja tener criterios. A estas alturas de mi vida no me venga con estos
cuentos. Les doy un abrazo a todos para quedar bien y después un
castañazo por la misma razón.
En cuanto a la reforma del Senado, me ratifico en lo dicho: es un tema
difícil y complejo, al menos yo lo veo así, aunque quizá usted lo vea de
forma distinta. Creo que hay que hacer un esfuerzo de entendimiento, pero
se ha dado un paso importante y no tiene por qué tardar en producirse un
acuerdo, que yo desde luego celebraría. Lo que si creo que debe usted
permitirme es que también manifieste mis dudas por las dificultades de
estas cuestiones. Creo que es algo razonable y que debo hacer.
Señor Presidente, poco más tengo que decir. Creo que he acreditado que
venimos aquí cuando se nos cita, como no podía ser menos. Usted ha dicho
que se toma en serio el Parlamento, yo también; quiero decirle que me
tomo en serio el Parlamento porque a veces hay quien quiere
patrimonializarlo todo; yo seré eso que ustedes llaman la derecha
(Risas.), pero me tomo muy en serio el Parlamento, y desde luego tengo
acreditado, al menos, el mismo sentido democrático que usted. Por tanto,
le ruego que la afirmación de frívolo y de que no me tomo en serio el
Parlamento la retire usted, porque no es verdad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, yo creo que sobre este tema están gravitando
muchas cosas, pero tenemos que llegar a una conclusión. En su día ya se
llegó a una conclusión cuando se creó una Comisión para la reforma
constitucional, elegida directamente por la Cámara --y hubo consenso en
ello--. Eso conllevaba la reforma constitucional, pero aquí se ha
planteado sólo circunscrita al Titulo III.
Este Senador tiene que manifestar su sorpresa --y en ese aspecto se tiene
que definir el Gobierno-- cuando en reiteradas ocasiones, en
manifestaciones públicas, se plantea que la Constitución es intocable,
pero si la Constitución es intocable, ¿por qué hay un consenso en esta
Cámara para crear una Comisión para la reforma constitucional? Esa
Comisión se pone a trabajar, aunque lleva bastante tiempo paralizada --y
a nadie se le puede escapar--, porque el problema no es hasta dónde se
llega, sino el principio de si es necesario o no reformar la
Constitución. La primera respuesta que esta Cámara dio fue que sí, aunque
luego cada fuerza política tenga una visión diferente respecto al límite
de la reforma. Lo que no se puede decir es que hay que hacer la reforma
y, al mismo tiempo, afirmar que la Constitución es intocable.
Por eso creo que esta Cámara, el Gobierno y el grupo que le sustenta han
perdido un tiempo importante, ya que los acontecimientos dicen que
aquello que se quiere conservar, en lo fundamental, que es la
Constitución, necesita de reformas imperiosas. Vamos a ver hasta dónde
llegamos. Esa es la posición que el Gobierno tiene que manifestar, nítida
y claramente, que además es una de las partes de la interpelación
presentada por el Senador Laborda.
Lo mismo ocurre en cuanto al funcionamiento de esta Cámara.
Independientemente de la utilidad del trabajo de todos y cada uno de los
Senadores individualmente considerados, es indudable que la cuestión
fundamental es la utilidad de esta Cámara, de la Institución, si es útil
a la sociedad o no lo es, si esta Cámara juega el papel de ser la Cámara
de las Autonomías, la Cámara del encuentro del desarrollo constitucional
de los distintos pueblos de España. Si no avanzamos por ahí, llegará un
momento en que los ciudadanos se preguntarán para qué sirve esta Cámara,
y éste es un reto que está planteado y al que hay que dar respuesta. Y si
uno de los elementos más importantes de esta Cámara es el debate del
estado de las Autonomías y el debate del estado de las Autonomías no se
hace, quiere decirse que esta Cámara va perdiendo funciones, con lo cual
nos encontramos en una desorientación que yo creo que no es buena.
Con toda la prudencia necesaria --y en estos momentos más--, yo diría que
ahora es más necesario incluso, independientemente de que tenga que haber
otros foros para cualquier reforma o para cualquier retoque que se haga,
pero los foros parlamentarios son fundamentales y deben seguir
funcionando, buscando consensos y también, llegado el momento, deben
establecer donde están los elementos diferenciales --en lo que es más
difícil llegar al consenso--, deben dejarlos claramente establecidos,
sobre todo de cara a la ciudadanía. A ese debate estamos
obligados imperiosamente; estábamos obligados ya y ahora los
acontecimientos últimos obligan todavía más.
Por tanto, lo que necesita esta Cámara es la respuesta a estas preguntas:
cuándo se hace el debate del estado de las Autonomías y qué posición
tiene el Gobierno acerca de si la Constitución se puede reformar o no,
porque hasta ahora viene diciendo, por un lado, que hay Comisión y, por
otro, que es intocable. Eso es infumable; téngase una posición nítida y
clara.
En definitiva, lo que yo saco de sustancial de esta interpelación es la
posibilidad de clarificar esos temas que tienen que ver con la vida
política general, y no quiero entrar en otras cuestiones que no es que no
sean importantes, sino que lo que interesa ahora --tanto a nosotros, como
representantes de las Comunidades Autónomas y de los ciudadanos, como al
Gobierno-- es dar una perspectiva de empezar, por lo menos, a intentar
despejar incertidumbres.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente, señor
Ministro.
Voy a fijar telegráficamente la posición de mi Grupo respecto a estas
tres cuestiones, concretas y bien diferenciadas, que contiene la
interpelación.
La primera es la referida a las funciones de control del Gobierno, que
también corresponden a esta Cámara, y cuya mejora sustancial se reclama.
Y qué decir tiene que esta cuestión afecta a una de las funciones básicas
del Parlamento, que la realidad demuestra recurrente para uno u otro
grupo de la mayoría, que hace coincidir su interés y preocupación por tal
cuestión con su propia posición de alternativa o no al Gobierno --por
cierto, en estos temas y en otros tantos, como puede ser, incluso, la
bondad o maldad de los llamados socios nacionalistas, que parecen centrar
cualquier tipo de debate.
Nos hallamos ante una situación --la supuesta demora-- que no constituye,
a nuestro juicio, la norma general de comportamiento en ninguno de los
casos, y cuya excepción --la solicitud de aplazamiento-- viene prevista
por el propio Reglamento de esta Cámara, quizá demasiado permisiva al
respecto. Dicho esto, también deberíamos constatar la mejora habida con
ocasión de la última modificación acordada para la elaboración de los
órdenes del día, que ha permitido paliar muchos de los problemas
detectados al hacer coincidir en un mismo día las sesiones de control de
una y otra Cámara.
En todo caso, nuestro Grupo apoyará toda mejora que permita, por un lado,
aproximar el debate a la realidad social del momento y, por otro,
propiciar una mayor presencia e intervención del Senado en ese control de
la actividad del Gobierno que, lejos de dar prioridad a una Cámara sobre
la otra, debería atender por igual las solicitudes de comparecencia de
ambas. Demandamos al Gobierno, por tanto, un mayor esfuerzo en este
sentido.
Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la celebración del
debate sobre el estado de las Autonomías, a nadie se le oculta a estas
alturas el posicionamiento político que el Partido Nacionalista Vasco
mantiene en relación con el mismo y su utilidad. En todo caso, es obvio
que es el propio Reglamento de la Cámara el que establece la necesidad de
su celebración. Nuestro Grupo nunca se ha opuesto a ello, si bien en el
presente la proximidad de las elecciones autonómicas vascas conforma un
precedente asumido por todos de no realizar sesiones plenarias de la
Cámara si éstas coinciden con elecciones autonómicas.
Por último, la interpelación plantea la cuestión de la reforma del
Senado, Cámara que quedó configurada en el momento constituyente
simplemente como Cámara de segunda lectura y a la que se le ha pretendido
dar una función de representación territorial y centro de toma de
decisiones más allá de las propias previsiones constitucionales, y todo
ello con una tendencia claramente expansiva.
Nuestro Grupo participa de forma activa, aunque expectante, en los
trabajos de la Ponencia que estudia la reforma, por lo demás tema
definitivamente complejo, en el que queda por conocer el tratamiento de
los hechos diferenciales previstos en la Constitución, hecho básico que,
desde nuestro punto de vista, conforma uno u otro modelo de Estado. En
todo caso, no corresponde al Gobierno fijar los términos de la reforma,
sino a los partidos políticos presentes en la Cámara. Además, sin duda,
es importante la opinión que al respecto también tienen los presidentes
de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, una vez fijados por todos
estos extremos, obraremos en consecuencia y analizaremos el conjunto de
la reforma para dar una respuesta y adoptar una postura al respecto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Rigol.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, Presidente.
Haré una intervención absolutamente improvisada, pero quisiera dar un
primer mensaje. Normalmente cuando los partidos nacionalistas adoptamos
una actitud política ante el Estado sugerimos una serie de suspicacias,
enseguida se dice --esto nos pasaba cuando estábamos ayudando a gobernar
al PSOE y nos pasa ahora cuando estamos ayudando al PP--: «Es que esta
gente está siempre barriendo hacia su casa y, por lo tanto, el partido de
la oposición del momento tiene que criminalizar esta colaboración». Ante
este hecho quisiera afirmar una cosa para nosotros básica: Allí donde
coincidimos todos, en pie de igualdad y sin suspicacias, es en nuestra
referencia institucional, y en la defensa de las instituciones del Estado
y en la colaboración honesta y legítima de todos es donde tenemos que
hacer desaparecer tales suspicacias. Un ejemplo de ello es esta Casa. En
el Senado resulta
que nos encontramos todas las fuerzas políticas democráticamente
representadas en este país y, por lo tanto, en la medida en que las
instituciones del Estado funcionen, nos vamos dando todos la legitimidad
que necesitamos.
En ocasiones desde el nacionalismo catalán, vemos con un cierto estupor
el diálogo de la falta de legitimidad entre los dos partidos de ámbito
estatal, uno va deslegitimando al otro en fronteras a veces realmente muy
atrevidas. Nuestra aportación es intentar centrar el tema
fundamentalmente en que las grandes instituciones del Estado, las
constitucionales, vayan bien, y deseamos modestamente, desde nuestro
Grupo de Convergència i Unió, participar en esta tarea. Refiriéndome
concretamente a esta Casa, diré que el Senado tiene una gran tarea que
está realizando, que la está realizando el Partido que da soporte al
Gobierno y el Partido principal de la oposición y que es poco brillante
políticamente: hacer la segunda lectura de las leyes. Evidentemente, si
vamos al Congreso, ante cualquier evento veremos las cámaras de
televisión, veremos una pasión inmediata por el posicionamiento político
de los diversos partidos y aquí vamos como aquel que juega un partido de
segunda división, y no es verdad, porque sus señorías saben muy bien que
nuestro trabajo legislativo es un trabajo serio, y es un trabajo que lo
hacemos todos. En la medida en que desprestigiemos este trabajo,
estaremos poniendo al Senado en una situación todavía mucho más difícil.
Lo que sí creo que es verdad es que, después de veinte años
constitucionales, el Gobierno actual tiene la obligación de darnos una
salida para que el Senado no sea permanentemente la asignatura
institucional pendiente. Yo creo que estamos llegando al final de un
ciclo y que, de veras, la responsabilidad de llevar la iniciativa en este
momento es del propio Gobierno. Creo que no lo puede prolongar demasiado,
entre otras razones porque aquí somos doscientas cincuenta y tantas las
personas que nos dedicamos honestamente a la política, y no podemos ir
por el mundo oyendo decir: ¡Ah!, estás en el Senado; ¿y para qué sirve el
Senado? Esto va en contra de la honradez de nuestro trabajo profesional y
de nuestro trabajo político y, por lo tanto, la crisis del Senado no
puede estar permanentemente abierta.
Para mí esta es una de la cuestiones: intentar que en el Senado no
tratemos ahora de buscarnos trabajo para legitimarnos. Lo que nosotros
debemos hacer es situarnos en aquellos problemas en los que podamos ser
útiles al Estado, y eso no lo tenemos que inventar, sino que está ya en
la propia Constitución. Somos una Cámara de segunda lectura que trabaja
legítimamente y que lo hace bien en este aspecto, y debemos ser, porque
nos lo manda la Constitución, la Cámara de representación territorial, y
aquí es donde nos empiezan los problemas, unos problemas que tenemos
perfectamente acotados.
El primero es el consenso. Sabemos que todos los partidos de esta Cámara
debemos buscarlo a la hora de formular eso, al menos en el mismo nivel
constitucional. Por lo tanto, no debemos buscar que aquí haya una
conflictividad entre el Gobierno, los partidos del Gobierno y la
oposición; debemos ir decididos hacia este consenso. Pero en este
consenso el Gobierno tiene la gran responsabilidad de que no se nos quede
entre manos, y creo que en estos momentos esta responsabilidad la tiene,
y muy mucho, a la hora de mantener la credibilidad de las expectativas
institucionales que esta Cámara y los 250 Senadores nos merecemos.
Y claro, en cuanto entramos, no ya en el nivel institucional, sino en el
nivel institucional propiamente del Senado, llegamos a un punto en el que
es donde --digamos-- da miedo la reforma del Senado, que es cómo y de qué
manera, dentro de esta Casa, los hechos diferenciales no son simplemente
un peligro para el Estado, sino que son la asunción positiva del Estado y
que tienen su encaje para ser controlados, debatidos y potenciados por el
conjunto de la clase política de este país. Este es el gran tema. Y este
tema, que ha producido debates que han obtenido respuestas, creo que lo
hemos ido enmarcando y haciéndolo de una manera positiva. Eso, que es un
gran esfuerzo que hemos hecho en esta casa, no puede estar metido en un
cajón indefinidamente porque, en la medida en que este gran esfuerzo
quede paralizado, se paraliza no simplemente este acuerdo al que hemos
llegado entre los distintos portavoces de esta Cámara, sino también una
de las grandes cosas que tiene nuestra Constitución, y es que sitúa en el
nivel de institución del Estado el encaje del diálogo entre las diversas
Comunidades Autónomas, y que este encaje no se hace desde arriba hacia
abajo, sino asumiendo la inmensa complejidad que es la actual España de
las Autonomías.
Cuando se ha hecho un esfuerzo en este sentido, creo que lo debemos
mimar; que no puede quedar pendiente. Este es el gran tema, el cual no
puede ser objeto de un debate entre el grupo que da soporte al Gobierno y
el principal grupo de la oposición. Este es un tema institucional que nos
une a todos y que también nos implica a los miembros de la Mesa de esta
Casa, que es donde realmente este encaje general de la institución del
Estado debe tener toda su dinámica.
Yo pediría a sus señorías que, primero, el Gobierno y el partido que le
da soporte no nos paralicen esta situación, que se nos den perspectivas
de salida. Si quieren, nos pueden dar un año, dos años o cuatro años,
esto nos da igual, pero que este asunto no esté paralizado, y esta si que
es responsabilidad suya. Pido que toda esta cuestión tan fundamental del
encaje de los hechos diferenciales, en la que España ha ido avanzado, y
avanzando mucho --unos y otros--, para encontrar precisamente esta
respuesta institucional, que este --repito--, que es un gran tema, lo
tratemos, no como una dialéctica Gobierno--oposición, sino que lo hagamos
siempre en este sentido constructivo según el cual un partido y un grupo
de partidos nacionalistas como el nuestro intentan dar una respuesta
institucional a algo que les incumbe tanto cómo son sus hechos
diferenciales, pero que quieren defender dentro del marco de las
instituciones del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rigol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Laborda
Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Tras la intervención del Vicepresidente, Señor Rigol, yo también quiero
hacer un esfuerzo de cordialidad y de mano tendida, y no sólo por la
intervención del Senador Rigol, sino porque ese era, aunque parezca a
veces mentira --en fin, uno es como es--, el sentido profundo de lo que
he querido trasladar al Gobierno de la nación en mi interpelación.
Agradezco al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo, la mano
que me ha echado respecto a que el asunto del control no funciona tal y
como desearíamos todos. También retengo, y me parece que es importante
que lo retenga el Gobierno --ya hemos dicho en muchas ocasiones que
reformar constitucionalmente el Senado ampliando el consenso
constitucional al acuerdo del Partido Nacionalista Vasco sería la
operación constitucional más notable que pudiéramos hacer en estos
próximos años--, lo que ha dicho el señor Caballero Lasquibar: que están
de forma activa aunque expectante, porque me parece que esto es una
invitación a que efectivamente cumplan con algo que se les ha pedido
aquí, y es que nos digan cuál es su modelo de reforma constitucional del
Senado.
Estoy de acuerdo con usted, señor Ministro, en que este es un problema
difícil, qué duda cabe. ¿Pero es que no era un problema difícil cuando
ustedes fueron los primeros en pedir la reforma constitucional del
Senado? ¿O es que no era un problema difícil cuando ustedes votaron con
todos nosotros que se iniciara el proceso de reforma creando la ponencia?
¿O es que no era un problema difícil cuando ustedes pusieron en su
programa electoral que había que reformar el Senado? Los demás hemos
hecho un esfuerzo para llegar a concreciones. Nosotros hemos ofrecido un
documento en el que aparecen los tres grandes capítulos en los que se
basa esta reforma. Y ustedes lo despacharon, lamentablemente, haciendo,
además, jugar a un Presidente de Comunidad Autónoma, al señor Lucas, que
hizo de portavoz de la Ejecutiva de su Partido, con cuatro largas.
Hago mías las palabras del Senador Rigol, pero, agradeciéndole,
sinceramente, como tantas otras veces, lo que ha hecho por que esa
ponencia haya ido avanzando y resaltando la importancia que su aportación
en la misma tiene para todos nosotros, le quiero decir que no he
criminalizado, ni ahora ni nunca --y bien lo sabe su señoría--, la
colaboración de los partidos nacionalistas con el Gobierno. Lo he dicho
en público y en privado; en privado, ante personas que podían tomar esa
decisión --y bien lo sabe el Senador Rigol--. Creo que otra de las cosas
pendientes en este país es que un día haya uno, dos, tres o cuatro
ministros nacionalistas --vascos, catalanes-- en el Gobierno de la
nación, o que presidan estas Cámaras. Creo que esa es una cuestión
importante y, por tanto, no tengo que decir que no criminalizo esta
cuestión.
Lo que he hecho ha sido citar el artículo de una persona a quien aprecio
mucho, Andrés de Blas, quien señala que en las declaraciones que hacen
los portavoces tras el llamado «Documento de Barcelona» y en los
documentos anejos hay algo poco cordial y este es un problema que,
efectivamente, tiene el Gobierno.
Consenso, señor Ministro. A eso hemos venido aquí. Había consenso en
1994. ¿Por qué no son capaces de intentarlo? Me dice que retire la
expresión de que no respeta al Parlamento. No es cuestión de que retire o
deje de retirar. Si le molesta, le digo que hoy no ha estado usted
afortunado en el razonamiento respecto a la función de esta Cámara, ni
cuando me dice --que es un argumento de tercera-- que usted no ha podido
venir a esta Cámara porque tenía que responder a una Comisión. Usted nos
está llamando Cámara de tercera, porque comparecer en un Pleno o
comparecer en una Comisión del Congreso es algo que tienen que resolver
ustedes --porque tolerancia hay bastante en una y otra Cámara y ambas
Juntas de Portavoces-- con el Ministro encargado del asunto, que es el
señor Vicepresidente, creo yo. Por tanto, no me dé ese argumento, señor
Ministro.
Otro tema más importante es que cuando he hablado de ética me estaba
refiriendo, obviamente, a lo mismo a lo que se ha referido el Senador
Rigol, a la ética de la responsabilidad, que aprendimos de un autor
bastante conocido.
Usted me ha dicho que es discutible, que es posible que no sea muy
conveniente celebrar el debate sobre el estado de las Autonomías y hablar
de estas cuestiones en los foros; pero, señor Ministro, creo que hay
muchos ciudadanos --seguramente millones-- que creen que nos pagan un
sueldo para tratar de estos asuntos, de los que va a hablar el Parlamento
de Navarra, de los que están hablando los ponentes constitucionales, de
los que habla todo político que se encuentre ante cualquier periodista o
medio de comunicación, a los que las universidades están dedicando sus
reflexiones y que están figurando en la prensa internacional. Yo creo que
los ciudadanos entienden perfectamente que estas Cámaras, esta Cámara en
concreto) que tiene una Comisión a la que asisten Presidentes de
Comunidades Autónomas con el Presidente del Gobierno, tiene que hablar de
estos asuntos. Eso es la ética de la responsabilidad; y ¿por qué hablo de
la ética de la responsabilidad? Señor Ministro, no me venga usted con el
discurso manido de que hemos hablado muchas veces de financiación
sanitaria y de financiación autonómica porque ya lo sé, no hace falta que
me lo diga más veces, pero lo que yo le quiero preguntar es qué van a
proponer ustedes, ahora que el sistema no funciona todo lo bien que nos
dijeron. ¿Qué es lo que van a proponer ustedes?
Antes de comenzar el verano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera
ya dijo que a partir del año 1999 la corresponsabilidad fiscal habría
desaparecido. Algo tendremos que pensar. Si estamos planteándonos
cesiones en sanidad, yo creo que para el año 2002 --cuando termine el
sistema-- tendremos que hacer un esfuerzo para que la financiación
autonómica incluya la financiación sanitaria; sería razonable para no
caer en las improvisaciones
en las que ustedes han incurrido al comienzo de esta legislatura.
Señor Presidente, yo creo que cuando el país se está planteando con
cierta preocupación --aunque sin dramatizaciones-- que el Gobierno no
está adoptando precisamente la mejor postura posible al plantear en
conjunto dos procesos abiertos --que no deberían estar abiertos ni
juntos--, como es el problema del fin de la violencia con el del modelo
del Estado, parece razonable que hagamos un esfuerzo para debatir aquí.
Además, y con esto termino, señor Presidente, no me venga usted a decir
que tienen que consultar, que ustedes harán lo que tengan que hacer, lo
que digan los Presidentes, porque lo que ustedes tienen que hacer es
cumplir el Reglamento, porque le recuerdo que el Reglamento fue aprobado
en enero de 1994 por unanimidad y que en él se señala la obligatoriedad
de la celebración anual de dos debates sobre el estado de las Autonomías.
Por otra parte, fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, como
también lo fue el llevarnos a la reforma constitucional como conclusión
del debate del estado de las Autonomías de septiembre de 1994. Esta es la
respuesta a sus interrogantes y además me parece que hay una obligación
de ética de responsabilidad política. Las Cámaras tienen que hablar de lo
que habla todo el mundo porque, entre otras cosas, cuando las Cámaras
hablan seguramente lo hacen con más claridad y dando más tranquilidad que
cuando este debate no se controla, pero la respuesta la tienen ustedes,
ustedes son mayoría y tienen que cumplir el Reglamento y el Gobierno
someterse a esto.
Yo tampoco me quiero enredar en formalismos. Si ustedes son capaces de
escribir un documento sobre el modelo del Estado, un proyecto para España
en el Estado de las Autonomías, ¿qué miedo tienen a venir a discutirlo
aquí después de lo que han oído esta mañana? Esto es lo que no se
comprende, señor Ministro, que ustedes tengan miedo a la palabra, a sus
propias ideas, a lo que dijeron, a lo que ahora piensan de nuevo --y yo
me felicito--. ¿Por qué no son capaces de formular un documento, de
cumplir el Reglamento, y de hablar con nosotros, que buscaremos con
flexibilidad una fecha? Háganlo, y díganle al Presidente del Gobierno
que, ya que figuraba en su programa electoral y que han venido aquí el
señor Fraga, el señor Lucas y demás Presidentes de las Comunidades
Autónomas, venga a la Ponencia, que es una reunión que se hace a puerta
cerrada con un excelente espíritu constructivo, que no pierda la
oportunidad que esta mañana le han brindado aquí los portavoces con sus
intervenciones.
Sírvanse de esta Cámara, sean coherentes con lo que dijeron. En última
instancia, sean inteligentes y no pierdan la oportunidad.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador García Escudero tiene la
palabra.
El señor GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ: Gracias, señor Presidente. Señor
Ministro, señorías, el problema de estas interpelaciones es que pueden
convertirse en un arma de doble filo, pero si, además, se dividen en
apartados que cada uno puede interpretar a su manera, se convierten en un
arma peligrosa.
Fíjense, señorías, en la sesión de control celebrada hoy en el Senado han
comparecido diez Ministros de un Gobierno que está constituido por el
Presidente del Gobierno y por catorce Ministros; han comparecido un
Vicepresidente y nueve Ministros. Prácticamente todo el Gobierno estaba
presente esta mañana en el Senado para comparecer, como es su obligación,
y ser controlado por esta Cámara. Y lo normal para esta Cámara y para un
Gobierno es cumplir con sus obligaciones.
Este primer apartado referente al control del Gobierno y al tratamiento
que el Gobierno tiene para con esta Cámara, en el argot parlamentario
siempre se ha convenido en llamar postura de oposición, una interpelación
de oposición en la cual, tanto los grupos de oposición como el que apoya
al Gobierno, van a afirmar que la cuestión está de una manera u otra en
función del color del cristal con que cada uno lo mire.
Yo no quiero entrar en una guerra de datos, porque a mi grupo es algo que
no le preocupa. Pero lo cierto es que, afortunadamente, desde que existe
esta Cámara su actividad ha ido siempre «in crescendo», ha ido a mayores,
y en esta legislatura hay más actividad que en las anteriores.
Permítanme que, en este caso, personalice y particularice en un miembro
del Gobierno lo que aquí se ha dicho. Se le ha reprochado a la Ministra
de Agricultura y se le ha puesto como ejemplo de desatención hacia esta
Cámara, y quiero hacer una mención especial al respecto. De todos los
Ministros de Agricultura anteriores, que fueron muchos, el que más
compareció en esta Cámara ante la Comisión correspondiente acudió en tres
ocasiones. En dos años de legislatura la Ministra de Agricultura ha
comparecido once veces en Comisión. (Rumores.) Repito que en dos años de
legislatura ha comparecido once veces en la Comisión de Agricultura. Los
anteriores Ministros de Agricultura de los gobiernos socialistas, que
repito que eran muchos, a saber por qué, aparte de que cada uno de ellos
tan sólo vino tres veces, no contestaban preguntas orales porque había
otros altos cargos que lo hacían. La Ministra de Agricultura en dos años
ha contestado cien preguntas orales en la Comisión, y digo esto porque es
de justicia y a mi Grupo así se lo parece. Pero repito que no queremos
entrar en guerras de datos.
De la misma manera que tampoco entiendo, y lo digo desde un planteamiento
y un ánimo positivo, que en el comienzo de esta interpelación, incluso en
la exposición de motivos, se haga una referencia en sentido negativo a
que el Ministro venga aquí a petición propia a hablar de lo que el
Gobierno, en este caso el Ministro de turno, considere importante para la
Cámara, para el Gobierno y, por tanto, para todos los españoles. No lo
entiendo. Prefiero analizarlo desde un punto de vista mucho más positivo
o, si quieren ustedes, mucho más optimista para esta Cámara.
Entiendo que cuando un miembro del Gobierno solicita comparecer ante esta
Cámara para hablar de asuntos que él considera que son importantes está
potenciando a esta Cámara, está reconociendo el valor que tiene esta
Cámara. Por lo menos nosotros así lo consideramos.
Pasando al segundo punto, sobre el debate del estado de las Autonomías,
debo señalar que es cierto que el Reglamento dice que se tiene que
celebrar una vez al año, y es cierto que hay dos debates. Es cierto que,
según el Reglamento, el debate en la Comisión General de Comunidades
Autónomas tiene que ser en este período de sesiones, pero también es
cierto que hay unos antecedentes, y yo quiero hablar de ellos, sin ánimo
de crítica.
Hasta el año 1994, con la reforma del Reglamento, había un tipo de
debate. El primero de ellos se celebró en el año 1985, y el entonces
Presidente del Gobierno, don Felipe González, impulsó la celebración de
este debate, reconoció el valor que tenía este debate. Dijo que había que
institucionalizarlo y que su período de celebración tenía que ser anual.
En el año 1986 no se celebró. De 1985 a 1994 se celebraron tres debates.
No hubo en 1986, en 1988, en 1989, en 1990 en 1991 y en 1992.
¿Por qué? Habrá que analizar cuál era la situación política en cada
momento en cada uno de estos años. Habría que pensar por qué no hubo
debate en cada uno de esos años. ¿Por qué no interesaba que hubiera
debate en cada uno de esos años? Porque, independientemente de lo que
dice el Reglamento, que es cierto, el debate sobre el estado de las
Autonomías afortunadamente supera el ámbito de esta Cámara y tiene mucho
que ver con la situación política nacional en ese momento.
Afortunadamente, también forma parte de la situación política de este
país en ese momento. Y, en política, el sentido y el don de la
oportunidad también son muy importantes.
Por lo tanto, considero --siempre con ánimo constructivo-- que si durante
tantos años no se celebró ese debate estaría justificado que si,
efectivamente, a partir de la reforma del Reglamento hubo un debate el
año 1994, con un nuevo formato, con participación de todas las
Comunidades Autónomas, y en el año 1995 no lo hubo, también habría que
ver por qué. Habría que estudiar la oportunidad en ese momento que
indicó, que aconsejó que no lo hubiera.
Tampoco entendemos muy bien, cuando se celebra el debate del año 1997,
por qué lo que había sido un éxito en el año 1994 resulta ser un fracaso
en el año 1997. ¿Qué es lo que había cambiado si el formato era el mismo,
si la participación fue prácticamente la misma e incluso hubo más
participantes, pues vinieron los alcaldes presidentes de Ceuta y Melilla?
Pero lo que valía en 1994 ya no valía en 1997 y nos empezamos a
cuestionar que probablemente el formato no fuera el más adecuado, que la
periodicidad no fuera la más adecuada que incluso, por la entidad que
tiene el debate, debería elevarse a la celebración en este Pleno y no en
la Comisión General de Comunidades Autónomas; que incluso la existencia
de esos dos debates aconsejaría que se refundieran en uno solo, como se
hizo en 1994 y en 1997.
El debate es una cuestión de tres bandas o tres participantes distintos:
el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Grupos Parlamentarios de
esta Cámara. Y para que se celebre ese debate y para que realmente tenga
éxito deben estar las tres partes de acuerdo, y probablemente, lo que
habrá que hacer es empezar por ver qué opinan esas tres partes sobre la
celebración del debate.
Sorprende también en el planteamiento de la interpelación y en su
exposición de motivos --el Ministro ha incidido en ello-- que se demande
al Gobierno, que explique cuál es su modelo de Estado. El señor Ministro
se ha extendido suficientemente sobre este tema y, además, lo ha hecho
claramente. No deja de ser sorprendente, no sólo para este portavoz sino
también para todo su Grupo Parlamentario, que todavía se pida al Gobierno
que explique cuál es su modelo de Estado; que explique, en función de
determinados apoyos que tiene con determinados grupos, por qué no ha sido
capaz de alumbrar un nuevo proyecto de modelo de Estado.
El Ministro lo ha dicho claramente. Para el Gobierno, para este Grupo
Parlamentario y yo creo que también para el grupo mayoritario de la
oposición hay un modelo de Estado; no hay un proyecto, hay una realidad
de modelo de Estado que nos hemos dado todos los españoles hace veinte
años, que está aceptado por la inmensa mayoría de los españoles, que está
potenciado por esa inmensa mayoría, que es el modelo de Estado de las
Comunidades Autónomas, que es el modelo de Estado de las Autonomías, que
es un modelo que se ha venido desarrollando a lo largo de veinte años y
que no ha parado en su desarrollo. Es un modelo de Estado fuerte, con
unos soportes fuertes, que son la Constitución y los Estatutos de
Autonomía, con un respaldo fuerte de una inmensa mayoría de los españoles
y de una gran mayoría de las fuerzas políticas que hay en España con
representación nacional y que es un modelo vivo; que se sigue
desarrollando permanentemente con la modificación continua de estatutos,
como estamos viendo en esta legislatura.
Yo, al poco tiempo de entrar en esta Cámara como Senador, oí decir una
cosa al, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el Senador Ferrer --que hoy no nos acompaña en esta
sesión-- y que ha sido retomada por el Vicepresidente de la Cámara, el
Senador Rigol, que se me quedó muy grabada: Nuestra primera obligación
como Senadores --precisamente porque fuera de este edificio no se
entiende muy bien cuál es el papel del Senado, cuál es la labor que se
desarrolla aquí dentro día a día-- es hablar bien del Senado; es
proyectar hacia fuera la imagen del Senado, qué es el Senado, el modelo
que tenemos y lo que queremos que sea. En esta legislatura hemos
conseguido entre todos algo muy importante --porque este papel nos
corresponde a todos, no es cuestión de apuntarse medallas o de si es la
actitud de un grupo la que hace que haya mayor actividad o si es la
actitud de otro grupo, por ser mayoritario o minoritario, la que ha
conseguido que salgan adelante los trabajos--; hemos conseguido que la
reforma del Senado sea creíble, que sean creíbles los trabajos
que se están haciendo con ese fin, y lo hemos conseguido entre todos,
porque hay consenso y estamos de acuerdo.
Por estas razones, quiero sacar hoy en positivo de esta interpelación,
probablemente porque somos de naturaleza optimista, que vamos por buen
camino, que se ha avanzado mucho en la reforma del Senado, en los tres
aspectos: funciones, sistema de elección y de composición --siendo muy
complejo, como lo han demostrado los Presidentes de Comunidades Autónomas
que han comparecido en la Ponencia-- y hechos diferenciales. Ya nadie
duda de los hechos diferenciales, de su respeto, de su protección, de su
realidad y de su existencia. Probablemente, la dificultad está en
encontrar los instrumentos para que sean reconocidos, para que tengan su
ubicación, para que tengan su tratamiento y para que encuentren su lugar
en esta Cámara. A mi me gustaría hoy quedarme con el buen sabor de boca
de que, de verdad, vamos entre todos por el buen camino, de que esta
Cámara sigue adelante, de que está trabajando, de que el Gobierno cumple
con esta Cámara, de que los Senadores cumplen también con ella y de que
estamos trabajando todos por su futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García-Escudero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como intervención final, al menos por mi parte, quiero agradecer el tono
en el que se han producido las intervenciones de todos los portavoces.
Voy a hacer tres comentarios finales en relación con los tres temas que
se han debatido en el día de hoy, aunque luego han surgido otros de
manera colateral.
Yo creo que el Gobierno --vuelvo a insistir en lo que he dicho-- cumple
razonablemente sus obligaciones con esta Cámara. En cualquier caso --y ha
habido alguna intervención aquí en este sentido--, el Gobierno está
dispuesto a que se arbitren procedimientos para que se puedan cumplir
mejor, para que no haya coincidencias. Quiero dejar clara la voluntad del
Gobierno de someterse al control de esta Cámara que, por otra parte, creo
que ha quedado acreditada con los números. No obstante, nos ponemos a
disposición del Senado para lo que estime oportuno.
En relación con el debate del estado de las Autonomías hemos oído aquí
planteamientos diferentes. No creo que haya habido un solo portavoz que
haya coincidido con otro en el tema de si es o no oportuno hacer ahora el
debate sobre el estado de las Autonomías. Pero yo quiero decir una cosa
que con la ética de la responsabilidad se puede sostener la necesidad e,
incluso, la obligación moral de que hay que celebrar el debate sobre el
estado de las Autonomías, pero también desde la ética del Estado de la
responsabilidad pido que se considere, al menos, la posibilidad de que se
puedan sostener planteamientos diferentes o, incluso, de que se pueda
dudar sobre si es bueno o malo hacer o no el debate sobre el estado de
las Autonomías.
Por último, en cuanto al asunto de la reforma del Senado, yo tengo que
decir que suscribo, fundamentalmente, lo que han dicho el señor Rigol y
el señor García-Escudero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Creo
que hay que seguir en esa línea y no veo ninguna razón para que no se
pueda llegar a un acuerdo, aun reconociendo la dificultad --no hablo de
razón política-- de cómo se pueden plasmar algunos conceptos que ya han
sido asumidos por todos en una norma sin que generen problemas, pues yo
creo que todas las señoras y señores Senadores saben que pueden generar
problemas en otras instancias.
Como Ministro tengo que decir, sobre este particular, que estoy a su
disposición, limitándome a las competencias que yo tengo, que creo que
todo el mundo sabe cuáles son, para ayudarles a que esto salga adelante.
En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo que dije en una de mis
anteriores intervenciones: creo que se ha hecho un gran trabajo. A este
asunto se le han dedicado muchas horas, sobre todo por parte de algunas
personas y a mi, desde luego, me gustaría que llegara a buen término.
Muchas gracias.(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
-- DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS EN MATERIA DE JUSTICIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS, ASI COMO SOBRE SU DECISION DE PLANTEAR EL CONFLICTO POSITIVO
DE COMPETENCIAS, CON PETICION DE SUSPENSION CAUTELAR, CONTRA EL DECRETO
DEL GOBIERNO VASCO 514/1996, DE 15 DE MARZO, QUE REGULA LAS PLANTILLAS DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.
(670/000099)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de doña Inmaculada de Boneta y Piedra,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación
con el desarrollo de las competencias en materia de Justicia por parte de
las Comunidades Autónomas, así como sobre su decisión de plantear el
conflicto positivo de competencias, con petición de suspensión cautelar,
contra el Decreto del Gobierno Vasco 514/1996, de 15 de marzo, que regula
las plantillas de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, en primer término tengo que manifestar que,
como es obvio por el contenido de la propia interpelación y por los
últimos sucesos que luego pasaré a detallar, el Decreto sobre el que el
Gobierno central, el Ministerio de Justicia, plantea un conflicto
positivo de competencias es, obviamente, el número 63/1998, de 31 de
marzo, que tiene por objeto aprobar el acuerdo sobre la modernización del
servicio público de la Justicia y, en consecuencia, la repercusión sobre
las condiciones de trabajo del personal de Justicia, acuerdo celebrado
entre el Gobierno vasco, el Departamento de Justicia, y los sindicatos
representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia
afectados.
Hecha esta aclaración, y la referencia que, efectivamente, tiene que ver
con el contexto general de las plantillas, no está determinado el
problema general, sino únicamente el que hace referencia a esas
condiciones de trabajo, y como consecuencia de dichas condiciones el
referido a los requisitos que ese personal debe tener para proveer
determinados puestos de trabajo, así como las retribuciones o el
complemento retributivo que en consecuencia se plantea. Estas son varias
de las cuestiones a las que hago referencia concreta respecto de las
condiciones de trabajo puesto que son precisamente esos temas los
recurridos por el Ministerio de Justicia.
Una vez hecha esta aclaración, quiero hacer una breve cronología del
ejercicio de la competencia en materia de personal al servicio del
Ministerio de Justicia, con especial referencia al acuerdo que he
mencionado desde que, por el Decreto 60/1996, de 26 de marzo, se aprueba
el traspaso de las funciones y servicios en materia de medios personales
al servicio de la Administración de Justicia del Gobierno central al
Gobierno vasco.
La efectividad plena de transferencias se produce el día 1.º de abril de
1996, y casi justamente un año después, el día 22 de abril de 1997, se
inicia un conflicto colectivo, con huelgas indefinidas a partir del 19 de
mayo de ese mismo año por parte del personal al que he hecho referencia.
Como consecuencia de los contactos que se mantienen para arreglar el
conflicto, se plantea un preacuerdo que suspende la huelga el día 3 de
junio de 1997, y a continuación se pasa a hacer diversos planteamientos
referentes a las condiciones de trabajo de esas personas, negociaciones o
contactos que cristalizan en la firma de un acuerdo sobre la
modernización del servicio público de la Justicia, que tiene unas
repercusiones en las condiciones de trabajo del personal al servicio de
la Administración --aproximadamente 1.700 funcionarios y unos 200
contratados laborales--, entre el Departamento de Justicia y las
centrales sindicales afectadas del País Vasco, Comisiones Obreras, ELA,
Unión General de Trabajadores, convenio autorizado por el Consejo de
gobierno del Gobierno vasco el día 11 de noviembre de 1997, y firmado a
continuación, en virtud de esta autorización, por el Consejero de
Justicia en aquellos momentos, señor Egea.
El Decreto del Gobierno vasco al que se hace referencia y que ha sido
recurrido, por el que se ha planteado un conflicto positivo de
competencias por parte del Gobierno central, recoge únicamente este
acuerdo y da validez al mismo en cuanto que aprueba el acuerdo concreto
sobre la modernización del servicio público de Justicia y las
repercusiones en las condiciones de trabajo --creo que lo dice así-- del
personal de Justicia, además de otros extremos.
Inmediatamente después se produce un requerimiento previo de
incompetencia formulado al Gobierno vasco por el Gobierno central el día
29 de junio de 1998. Tengo que decir que durante el transcurso de la
aprobación de este Decreto hasta la fecha en que se produce el
requerimiento previo al Gobierno vasco, existen, obviamente,
conversaciones y negociaciones que parece que la propia señora Ministra
de Justicia entiende que pueden cristalizar en un acuerdo o en una
situación que evite el conflicto puesto que así lo manifiesta con
posterioridad en el Congreso de los Diputados a preguntas de diversas
Diputadas de distintos grupos parlamentarios, entre otras, las señoras
Lasagabaster y Uría, no haciendo precisamente referencia a este tema sino
al Decreto de plantillas.
El 28 de julio de 1998 el Gobierno vasco responde a ese requerimiento,
rechazándolo, como es obvio, con diversas argumentaciones --a las que
luego me referiré de forma muy somera--. Dicha respuesta se remite el día
29. Previamente, el 27 de julio, el Consejo General del Poder Judicial
había emitido un informe favorable en relación con el contenido de dicho
Decreto, hoy recurrido.
Los últimos acontecimientos se refieren a que el 31 de julio --si no me
equivoco-- el Consejo de Ministros acuerda la presentación del conflicto
positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, pidiendo,
además, la suspensión cautelar del Decreto, lo que se notifica al
Gobierno vasco el 21 de septiembre; es decir, hace dos días.
Hasta aquí, la situación y la cronología de este acuerdo. En realidad,
las razones por las cuales se presenta esta interpelación --en un
contexto general, desde luego-- se basan en la duda que plantea la
posición del Gobierno central, del Ministerio de Justicia, ante la
distribución competencial, es decir, lo que entiende por transferencia de
los medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
Surgen así muchas preguntas, puesto que los aspectos recurridos del
Decreto son absolutamente ortodoxos desde el punto de vista competencial,
toda vez que cuando la legislación vigente habla de requisitos se está
refiriendo, como es obvio, a algo que va más allá de la antigüedad. En
este sentido, la modernización que el Libro Blanco de la Justicia exige
sería imposible si únicamente se puede adecuar el personal al puesto de
trabajo atendiendo a requisitos de antigüedad --y posteriormente haré una
referencia más expresa al Libro Blanco de la Justicia.
Este acuerdo para la modernización del servicio público de Justicia
--que, como es lógico, repercute sobre las condiciones de trabajo y las
retribuciones de los funcionarios y en general de todo el personal--
pretende ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Así, por un lado, el
Decreto sigue las indicaciones del Libro Blanco de la Justicia y, por
otro, plantea la necesidad de precisar los
requisitos para que el servicio público que se quiere ofrecer y su
modernización sean efectivos.
La Administración de Justicia en el País Vasco ha sufrido una
transformación importante, ya que se han introducido distintos medios
materiales y se ha informatizado todo el servicio. Por tanto, requiere
necesariamente de un personal preparado y especializado que provea esos
puestos de trabajo, para lo cual, naturalmente, hay que tener en cuenta
esos requisitos concretos.
Tampoco hay que olvidar --como no lo hace el Libro Blanco de la
Justicia-- que estamos hablando de una Comunidad --como otras, a las
cuales también se han transferido los medios personales al servicio de la
Administración de Justicia, es decir, las oficinas judiciales, los
agentes, los oficiales, los auxiliares de justicia-- que tiene una lengua
propia, por lo que es esencial --así lo recomienda el propio Libro Blanco
de la Justicia y así está establecido incluso por la propia
Constitución-- el derecho de los ciudadanos a ser atendidos y a poder
expresarse ante la Administración de Justicia en su lengua propia.
Por tanto, el proceso necesario, en este caso, para la euskaldunización
--y en otros, para la utilización de otra lengua por parte de ese
personal--, debe ser un requisito contemplado para la adecuación de las
personas a los puestos de trabajo. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.) Hasta aquí no parece que haya ningún tipo de
colisión con la legislación vigente, ni siquiera con todas las
recomendaciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial.
Pero voy más allá. Yo insistía, señora Ministra, señorías, en que el
Consejo General del Poder Judicial informaba favorablemente este Decreto
que, por otra parte, como luego señalará, se atiene a cada uno de los
puntos y de las recomendaciones de dicho Consejo, que elabora el Libro
Blanco de la Justicia.
También hay un consenso total con el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco respecto a este tema. No parece que ambas instituciones sean
capaces de saltarse la legalidad vigente ni las atribuciones
competenciales que, desde el punto de vista, al parecer, del Ministerio,
está redactando la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en este caso, el
Ministerio y el Gobierno Central, al aprobar este acuerdo y darle estado
legal con la aprobación del Decreto.
Desde luego, durante todo el proceso hay muchísimas cuestiones que
sorprenden, puesto que el Gobierno, sin plantear un conflicto ante el
Tribunal Constitucional, tenía otros cauces, aparte del de la negociación
y el diálogo --que es, desde mi punto de vista, el adecuado--, como la
jurisdicción ordinaria, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No parece que haya voluntad política de llegar a acuerdos cuando hay
negociaciones abiertas y se plantea sin conocimiento del Gobierno vasco.
De hecho, el conocimiento del requerimiento es sorpresivo y, desde luego,
la presentación del recurso positivo también lo es. Si me tengo que
atener a las informaciones que yo poseo, el Gobierno vasco y el
Departamento de Justicia se enteran por la prensa de la presentación de
este recurso ante el Tribunal Constitucional.
También hay una cierta premura en la presentación del recurso porque
parece que el Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia no han
tenido mucho tiempo de leer las argumentaciones de la respuesta al
requerimiento previo por parte del Gobierno vasco, cuando es remitida el
29 de julio y el día 31 ya se adopta la resolución de llevarlo a
conflicto positivo de competencias. Estamos hablando de dos días y,
además, de que el día 26 de julio se ha producido el informe del Consejo
General del Poder Judicial.
Desde mi punto de vista, aquí subyace el modelo en materia de política de
personal que tiene el Ministerio de Justicia, las dificultades que ha
ocasionado, quizás, esta adaptación o modernización del servicio, por
parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en uso de sus competencias
exclusivas y de la cláusula subrogatoria que contempla el Estatuto y la
repercusión o los problemas o conflictos que se pueden derivar por ello
al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta, termine, por
favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
En cuanto a todos los conceptos que contiene el Libro Blanco de la
Justicia, yo podría señalarle --y lo haré muy resumidamente para
terminar-- una serie de apartados, que son reproducidos miméticamente en
ese acuerdo y, consecuentemente, en el Decreto, que no hace sino aprobar
el acuerdo.
En primer lugar, hay un diagnóstico de la situación de la Oficina
Judicial. Se diferencia lo que es Oficina Judicial de lo que es
Administración de Justicia, en cuanto a lo que son agentes judiciales,
agentes auxiliares y oficiales y lo que son los jueces y magistrados, así
como el distinto tratamiento que deben tener.
En los apartados 1, 2 y 3, cuando habla de oficinas judiciales y
juzgados, hay una referencia específica a la Oficina Judicial y al
entorno social, haciendo mención al respeto a las lenguas propias. Hay
unas referencias al personal al servicio de la Administración de Justicia
que dicen que obviamente se está acudiendo al recurso del personal
laboral precisamente para salvar la rigidez de los perfiles de los
cuerpos tradicionales, página 176 del Libro Blanco de la Justicia.
Hay otra serie de cuestiones que hacen referencia a la especialización y
al efecto retributivo en la página 138 y una referencia específica a
competencias y cláusula subrogatoria en las páginas 314 y 315, que van
exactamente, o mejor dicho, que es el Decreto de este acuerdo, en la
línea que se plantean.
Por último, están las propuestas que coinciden con la atribución
competencial que nosotros defendemos y con el sentido de la modernización
a que hace referencia este Decreto.
Señora Ministra, entiendo que todos estos conflictos se pueden solucionar
por la vía del diálogo. Espero que su respuesta vaya referida a este
matiz que, por último, quiero apuntar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, antes de entrar en el fondo de las cuestiones que ha suscitado
la señora De Boneta, permítanme que haga una aclaración previa. En el
texto de la interpelación se afirma que la decisión del Gobierno de
plantear el conflicto de competencias al que se ha referido en su
intervención es, y cito textualmente, una nueva agresión al autogobierno
vasco.
Señoría, lamento que usted lo entienda así. Por mi parte y por parte del
Gobierno estamos convencidos de que el hecho de que el Gobierno del
Estado plantee un conflicto de competencia al Tribunal Constitucional,
que es la instancia jurisdiccional a la que constitucionalmente
corresponde dirimir este tipo de cuestiones, no puede suponer, en ninguna
medida, la lectura que su señoría le ha dado y que ha tenido a bien poner
por escrito en el texto de la interpelación.
Puedo asegurarle que, ni en este caso ni en ningún otro, ha pretendido ni
pretenderá el Gobierno al que tengo el honor de pertenecer agredir ni
menoscabar de ninguna manera el autogobierno vasco. Muy al contrario, me
gustaría trasladar en este momento a todas sus señorías y, especialmente
a la Senadora interpelante, el convencimiento de que el Gobierno del
Estado es y quiere ser siempre plenamente respetuoso con el ejercicio de
las competencias asumidas por todas las Comunidades Autónomas.
Este respeto no es incompatible, en mi opinión, con la posibilidad de que
el Gobierno pueda entender ante una determinada actuación de una
Administración autonómica que se trata de una actuación no amparada en
las competencias que en ese marco constitucional y estatutario tiene
atribuidas la Comunidad Autónoma de que se trate.
Quiero subrayar que cuando el Gobierno estima que se han invadido
competencias estatales y, en consecuencia, somete la cuestión al Tribunal
Constitucional, no actúa movido por criterios políticos sino que se basa
exclusivamente en criterios jurídicos.
No se trata, en el presente caso, de que el Gobierno del Estado haya
considerado políticamente inconveniente o inoportuno que el Gobierno
vasco regule tales o cuales materias. De lo que se trata, sencillamente,
es de que el Gobierno del Estado, a la vista de la Constitución, del
Estatuto vasco y de las demás normas aplicables, entiende que dentro de
ese marco competencial el Gobierno vasco no tiene competencia para
regular determinadas cuestiones.
No estamos hablando de si es políticamente conveniente o inconveniente,
deseable o indeseable que el Gobierno vasco pueda regular determinados
extremos relativos al régimen del personal al servicio de la
Administración de Justicia. De lo que estamos hablando, de lo que
deberíamos hablar, es de si el Gobierno vasco tiene o no competencia para
regular esas materias. Y ésta es una cuestión que sólo tiene respuesta
desde parámetros exclusivamente jurídicos. Por ello, la Constitución
confía la decisión de este tipo de conflictos a una instancia de
naturaleza jurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional.
El Decreto del Gobierno vasco contiene una regulación que afecta a la
forma de provisión de las vacantes que se produzcan en plazas que hayan
de ser cubiertas por oficiales, auxiliares o agentes. Se prevé la
cobertura de dichas plazas por el sistema de concurso de méritos, así
como la posibilidad de exigir, como condición imprescindible para acceder
a determinados puestos de trabajo, determinados requisitos de
experiencia, medida en tiempo de servicios prestados, conocimientos
especiales de informática o conocimiento del euskera. El decreto
igualmente entra de lleno en la regulación del régimen de retribuciones
de los cuerpos nacionales de oficiales, auxiliares y agentes,
estableciendo un plus retributivo de cuantía variable que vendría a
añadirse a las remuneraciones establecidas en la normativa estatal. En
relación con estos aspectos del Decreto el Gobierno del Estado considera
que el Gobierno vasco ha extralimitado las competencias que le
corresponden en relación con el personal al servicio de la Administración
de Justicia.
Muy resumidamente, la tesis del Gobierno del Estado se basa en la
consideración de que las competencias normativas en materia de provisión
de vacantes y de régimen retributivo del personal al servicio de la
Administración de Justicia corresponden en exclusiva al Estado o dicho de
otra manera, el Gobierno vasco carece de competencia para dictar normas
que afecten a dichas materias.
Esta posición del Gobierno del Estado se encuentra fundada en Derecho.
Concretamente en el artículo 149.1. 5.ª de la Constitución; en el
artículo 122 del propio texto constitucional; en el artículo 454.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y, en definitiva, en los Reglamentos de
los diversos cuerpos a los que me vengo refiriendo.
Desde esta perspectiva me parece importante subrayar que la decisión del
Gobierno de plantear el conflicto de competencia no se basa en el
contenido concreto de las regulaciones que el Gobierno vasco quiere dar
al sistema de cobertura de vacantes o al régimen retributivo de
oficiales, auxiliares y agentes. No se está discutiendo, por tanto, si al
Gobierno le parece mejor o peor o más o menos ajustado a la legalidad que
el sistema de cobertura de vacantes sea el concurso de méritos en lugar
de la antigüedad, o que se establezca o no un plus retributivo para los
funcionarios de la Administración de Justicia en el País Vasco. El
Gobierno tiene, por supuesto, sus propios puntos de vista sobre estas
cuestiones, pero lo que quiero subrayar en este momento es que el
conflicto no se basa en las eventuales discrepancias que el Gobierno del
Estado pudiera tener respecto a los criterios del Gobierno vasco; el
conflicto se basa --insisto una vez más-- en que el Gobierno del Estado
entiende que el Gobierno vasco no tiene competencia para regular esas
materias, en ningún sentido, por lo que se habría planteado igualmente si
el Gobierno vasco, en lugar de pretender establecer el sistema de
concurso de méritos, hubiera pretendido establecer cualquier otro sistema
de provisión de vacantes,
o si, en lugar de crear un determinado plus retributivo, hubiera
pretendido incidir de cualquier otra manera en el régimen de
retribuciones de los funcionarios.
Quisiera referirme ahora a la discusión que ha suscitado también su
señoría sobre si el Gobierno debería haber acudido a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para impugnar el decreto del Gobierno vasco en
lugar de plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal
Constitucional. La primera vía, evidentemente, no habría comportado la
suspensión automática de la eficacia del decreto impugnado, aunque su
señoría no lo haya resaltado así, mientras que la vía elegida por el
Gobierno efectivamente sí lo hace. Pero quiero afirmar ante sus señorías
que no ha sido ésa la razón que ha determinado la elección de la vía del
conflicto de competencia; esta vía se ha elegido porque es la única que
permite plantear la cuestión que, a juicio del Gobierno, está en juego;
es decir, la falta de competencia del Gobierno vasco para regular el
sistema de provisión de vacantes y el régimen retributivo de los
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. La otra vía,
la de lo contencioso- administrativo, habría sido la adecuada si el
Gobierno, en lugar de cuestionar la competencia del Gobierno vasco,
entendiera o pretendiera discutir la legalidad de las concretas
regulaciones contenidas en el Decreto. Se habría acudido a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa si el Gobierno del Estado hubiera
querido alegar, por ejemplo, que el sistema de concurso de méritos para
la provisión de vacantes es ilegal; o que el plus retributivo es
contrario a la legislación general, pero no es esto lo que el Gobierno
discute.
Antes de plantear un debate sobre si una determinada normativa es o no
ajustada a la legalidad, como cuestión previa está la de si el Gobierno
vasco tiene o no competencia para dictar esa normativa, y la única vía
que existe en nuestro ordenamiento para decidir sobre la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas es el conflicto
de competencia ante el Tribunal Constitucional.
Hay, finalmente, otro tema confuso que se ha suscitado en el debate
político y que también me gustaría aclarar. Se ha pretendido presentar la
decisión del Gobierno de plantear el conflicto de competencia como una
decisión contraria a que la provisión de vacantes se realice por concurso
de méritos, como una decisión contraria a que se establezcan determinados
requisitos esenciales para acceder a determinadas plazas, como una
decisión contraria a que pueda exigirse el conocimiento del euskera para
desempeñar ciertos puestos de trabajo, como una decisión contraria, en
fin, a que los funcionarios de la Administración de Justicia en el País
Vasco perciban un plus retributivo adecuado.
Evidentemente, el Gobierno del Estado tiene sus propios puntos de vista
sobre estas cuestiones y probablemente no serán del todo coincidentes con
los del Gobierno vasco, pero sí me interesa destacar que en relación con
la utilización del euskera en los Tribunales de Justicia del País Vasco
el Gobierno del Estado no sólo no tiene una postura opuesta, sino que,
muy al contrario, quiere contribuir dentro del ámbito de sus competencias
a facilitar que en todos los tribunales radicados en Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia puedan utilizarse con la extensión
más amplia posible esas lenguas oficiales. Sus señorías conocen que a
partir de este mismo curso el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia,
impartirá clases de euskera, catalán, gallego y valenciano a todos los
alumnos que así lo deseen; facilitando el que estos alumnos, si algún día
son destinados en estos territorios de Comunidades Autónomas, puedan
utilizar esa lengua oficial. Por lo demás, conviene recordar que la
legislación estatal en materia de provisión de plazas tampoco olvida el
objetivo de fomentar el uso de las lenguas oficiales, ya que en los
concursos de traslado se permite otorgar una valoración de hasta seis
puntos por el conocimiento de esas lenguas.
En resumen, señoría, el Gobierno ha planteado el conflicto porque
entiende que el Gobierno vasco no tiene competencia para regular el
sistema de provisión de vacantes ni el régimen retributivo de los
funcionarios pertenecientes a los cuerpos nacionales de oficiales,
auxiliares y agentes judiciales. Esta decisión se basa en un juicio
exclusivamente jurídico y no político, y se ha residenciado la cuestión
en la única instancia jurisdiccional constitucionalmente competente para
dirimir controversias relacionadas con la distribución de competencias.
Al actuar así el Gobierno del Estado no ataca el autogobierno vasco,
señoría, se limita a defender lo que, a su juicio, resulta el marco
constitucional y estatutario en relación con las competencias en materia
de justicia.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Sepan sus señorías que antes de levantar la sesión para comer debatiremos
también la otra interpelación, es decir, terminaremos las interpelaciones
en esta sesión de mañana.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta por cinco minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, voy a intentar contestarle, aunque no sé muy bien por
dónde empezar.
Señora Ministra, me ha dicho usted en principio que no le parecía
adecuada --creo que ha sido así-- la expresión de «gresión al
autogobierno». El Tribunal Constitucional existe y el acudir al mismo es
obvio que no es una agresión al autogobierno, pero sí son una agresión al
autogobierno las interpretaciones restrictivas y absolutamente
divergentes incluso del resto de las instituciones del Estado, como el
Consejo General del Poder Judicial o como el propio Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, por no citar al Gobierno Vasco que,
naturalmente, no pretende vulnerar la legalidad vigente. Luego cuando
hablo de agresión me refiero a ese planteamiento pusilánime, o quizás de
una interpretación sumamente restrictiva, que les lleva
a recurrir, desde mi punto de vista temerariamente, aspectos que se
corresponden con competencias propias.
Yo no sé de qué manera puede ejercer alguna política de personal
--refiriéndome a este personal, obviamente-- el Gobierno vasco y para qué
se producen unas transferencias si éstas no tienen ningún efecto práctico
ni se pueden materializar, porque estamos hablando de temas muy concretos
y para que se entienda, cuando estamos hablando de requisitos esenciales
estamos hablando de unas condiciones técnicas concretas --si quiere le
hago una relación de toda la legislación vigente al efecto, porque es
obvio que este es un tema muy político y mucho menos jurídico, por mucho
que usted plantee que se recurre con criterios políticos y no
jurídicos--, cuando estamos hablando concretamente del ejercicio de una
competencia de una política de personal y hay una transferencia de los
medios en este sentido a las Comunidades Autónomas --son seis las que
este momento tienen transferidas las competencias--, yo no sé que
política se puede hacer, insisto, cuando sólo se puede tener en cuenta la
antigüedad, porque la antigüedad es la que es y no tiene nada que ver con
las condiciones técnicas para ofrecer un servicio al ciudadano, que es en
definitiva de lo que se trata.
Además, quiero decirle una cosa. Por si sus señorías tuvieran alguna duda
sobre la procedencia, la tendencia o la interpretación más o menos
nacionalista de este Decreto --aunque obviamente es un Decreto del
Gobierno y asumido por todos-- esta norma, como he dicho antes, trae
causa del Consejero socialista señor Egea y ha seguido siendo, por
supuesto, asumido por el actual Consejero --este sí de Eusko Alkartasuna
en este caso, nacionalista, que entiendo yo que no es sospechoso de
presentar ningún tipo de problemas desde el punto de vista competencial.
Yo creo, señora Ministra, por terminar y porque tengo poco tiempo, que no
se ha sido valiente ni se ha entendido cuál es el sentido de esta
modernización, en definitiva, que hace referencia al servicio de la
justicia, referido concretamente a lo que son las actividades de lo que
se llama Oficina Judicial --no estamos hablando de jueces y magistrados,
insisto--. No se ha entendido el beneficio que esto produce y la absoluta
acomodación a la legalidad.
No voy a tener tiempo de responderle, pero ha hecho usted una referencia
a un artículo concreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y entiendo
yo que la misma no contiene precepto alguno que se refiera a las
plantillas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debe terminar. Tenemos
muy poco tiempo.
Muchas gracias.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Yo creo que su planteamiento es, por lo menos, torpe, que debía haber
acudido al diálogo que ha evitado, y le pido, señora Ministra, al
terminar, que responda usted favorablemente al último ofrecimiento de
buena voluntad del Consejero vasco de Justicia. Ayer mismo le remitía a
usted una carta solicitándole una entrevista urgente --ni siquiera le
pedía ningún requisito previo de retirada del recurso, aunque yo sí se lo
pediría-- para tratar de solucionar este conflicto y para que se creara
esa conferencia sectorial necesaria para tratar de estos temas porque, al
parecer, hay reticencias para crearla. Hay seis Comunidades que tienen
competencias y hay un borrador pero, señora Ministra, atienda usted a las
peticiones de diálogo porque si no entenderemos que, además de torpeza,
tiene usted mala voluntad política.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Zubia, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente, señora Ministra,
señorías.
Asistimos al debate de una interpelación presentada por la Senadora De
Boneta a fin de conocer la política del Gobierno en relación con
competencias ya transferidas a Comunidades Autónomas en materia de
personal al servicio de la Administración de Justicia y, más en concreto
--y es prácticamente el objeto del debate--, conocer las razones que han
motivado su decisión de plantear ante el Tribunal Constitucional un
conflicto positivo de competencia en relación con el Decreto del Gobierno
vasco de 31 de marzo de 1998.
Tras escuchar con atención a la señora Senadora interpelante y con no
menos atención a la señora Ministra, deseo hacer brevemente, como
corresponde por el tiempo del que dispongo, una serie de aclaraciones o
precisiones a fin de centrar la cuestión debatida y tratar de que, cuando
menos esta Cámara, sepa de lo que estamos hablando. Iré por partes.
Primero. El Gobierno del Estado ha planteado conflicto positivo en
relación con un Decreto del Gobierno vasco que aprueba el acuerdo con las
organizaciones sindicales sobre modernización en la prestación del
servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de
trabajo del personal al servicio de esa Administración. Es decir, que el
punto primero es que no se recurre o impugna la plantilla propiamente
dicha, que es algo posterior, sino el acuerdo previo con los sindicatos.
Segundo. El conflicto planteado lo es sobre la base de que la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha sobrepasado, desde el mencionado Decreto, es
decir, en el acuerdo con los sindicatos, el ámbito de competencias que le
corresponde en relación con los cuerpos nacionales de oficiales,
auxiliares y agentes al servicio de la Administración de Justicia, y se
sostiene que con el Decreto se ha vulnerado la competencia del Ministerio
de Justicia para la aprobación de las plantillas.
Señora Ministra --y se lo digo por segunda vez--, el Decreto de 31 de
marzo de 1998 no aprueba plantilla alguna y, en consecuencia, este
Decreto en nada cuestiona la competencia del Ministerio de Justicia para
aprobar o no la plantilla, que es un acto ulterior. Lo que hace el
Decreto es señalar --y lo hace de forma concreta-- que, para determinados
puestos, las plantillas contendrán las
condiciones técnicas y los requisitos esenciales para el desempeño de
aquéllos, añadiendo ese mismo Decreto que esas condiciones técnicas y
requisitos esenciales podrán ser de la tipología que a continuación se
reseña y que incluye, entre otros, formación informática y conocimiento
del euskera. En ningún caso, señora Ministra, se afirma que,
efectivamente, los puestos de las plantillas hayan de tener todos y cada
uno de los requisitos esenciales y condiciones técnicas que se citan.
Quiero decir, ya de entrada, que la vulneración que se imputa al Decreto
del Gobierno vasco sólo se produciría, en su caso, en la propia
elaboración de las plantillas, en lo que siempre ha tenido, tiene y
tendrá el Ministerio de Justicia la potestad de no aprobarlas si
considera que en ellas se infringe la normativa vigente, como ha ocurrido
ciertamente.
Pero hay más. La señora Ministra parece olvidar o no saber que la
aprobación de los actuales reglamentos orgánicos que regulan los cuerpos
al servicio de la Administración de Justicia se realizó, al menos en
parte, para posibilitar los traspasos de competencias a las Comunidades
Autónomas, y que estos reglamentos vigentes introducen, precisamente como
novedad, los conceptos de requisitos esenciales, condiciones técnicas y
características del puesto de trabajo.
La conclusión que resulta es obvia: estas novedades introducidas por el
Real Decreto de 16 de febrero de 1996 algo querrán decir. No puede
producirse nunca el resultado de que, tras una modificación de los
reglamentos orgánicos, motivada --repito-- por la realización de las
transferencias, y consistiendo esa modificación en la introducción de
esos conceptos precisos de condiciones técnicas y requisitos esenciales,
la plantilla que se elabore con posterioridad tenga que ser exactamente
igual a las que se elaboraban con anterioridad a la modificación.
Señora Ministra, créame si le digo que el Real Decreto 249/1996, de 16 de
febrero, sigue vigente aun cuando sea de fecha anterior a su llegada y a
la de su partido al Gobierno, y como vigente que está, debe aceptarse y
cumplirse.
Tercero. Junto a la alegación que se hace en el recurso del Gobierno en
relación con las condiciones técnicas y requisitos esenciales, se
introduce en el recurso planteado una segunda cuestión que tiene que ver
con las retribuciones y, más expresamente, con el establecimiento de un
complemento retributivo de cuantía variable.
Tan sólo habré de decirle, señora Ministra, que, en respuesta al
requerimiento de incompetencia previo al conflicto de competencia
suscitado ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno vasco acordó, con
fecha 28 de julio pasado, estimar el requerimiento en este punto, dando
traslado de tal acuerdo al señor Presidente del Gobierno y anunciando la
oportuna modificación del acuerdo suscrito con los sindicatos. No
obstante, pese a estimarse el requerimiento sobre este extremo, la señora
Ministra --y, por ende, su Gobierno-- plantea ante el Tribunal
Constitucional conflicto positivo de competencia también en relación con
esta cuestión.
La conclusión es evidente: o no se ha leído el acuerdo del Gobierno vasco
estimatorio del requerimiento, o existía una decisión inamovible e
irrevocable, fuera lo que fuere, de acudir al Tribunal Constitucional, y
yo, personalmente, permítame que me incline por esta segunda posibilidad.
Cuarto. El Gobierno del Estado --ha sido ya debatido--, pese a plantear
un conflicto positivo ante el Tribunal Constitucional, no discute
realmente el contenido del recurso ni niega la competencia de la
Comunidad Autónoma para dictar el Decreto del Gobierno de 31 de marzo de
1998. Sostiene --y lo hace profusamente-- que el ejercicio de una
competencia autónomica ha vulnerado una norma estatal.
Siendo ello así, no hay la menor duda, en pura y llana legalidad, de que
la jurisdicción competente debe ser, en todo caso, la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin embargo, el Gobierno del Estado --su
Ministerio, señora Ministra--, aun cuando sería claramente competente ese
órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, inserta la cuestión
debatida en un proceso constitucional. Y esto --ya ha sido dicho-- no es
algo baladí o que pueda pasar desapercibido, sino que tiene una fuerte
carga o componente política, ya que, entre otras cosas, la impugnación
produce la suspensión automática de la disposición recurrida, conforme
reza el artículo 161.2 de la Constitución, suspensión, por otra parte, ya
comunicada el pasado lunes por el alto Tribunal.
Y quinto --y termino con ello, señor Presidente--. Al aprobar el acuerdo
con los sindicatos, el Gobierno vasco no ha pretendido otra cosa que, en
el marco del ordenamiento jurídico vigente, seguir las recomendaciones
del Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del
Poder Judicial, para la consecución de una más eficaz prestación del
servicio de la Justicia.
Buena prueba de ello --creo que es la mejor prueba que se puede dar en
esta Cámara-- es que la plantilla elaborada sobre la base del Decreto
impugnado, pese a no haber sido, efectivamente, aprobada por su
Ministerio, goza de la opinión favorable del propio Consejo General del
Poder Judicial, contando con su apoyo, así como con el de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País vasco.
Dicho esto, señorías, señora Ministra, y a modo de conclusión, en la
actitud del Gobierno --personificada en este caso en el Ministerio de
Justicia-- entendemos que hay un mucho de cabezonería y empecinamiento y
diría que muy poco de buena fe. No puede ser otra la conclusión, señora
Ministra --y de verdad que lo siento--, visto lo acontecido y que se
resume, amén de lo indicado, en la no aceptación por parte de su Gobierno
del alto nivel de consenso alcanzado en el caso que nos ocupa, como pone
de manifiesto también la no apuesta por la vía del diálogo, así como la
no aceptación por parte de su Ministerio de la mediación del propio
Consejo General del Poder Judicial, como hemos solicitado desde el
Gobierno vasco.
No se empeñe, señora Ministra...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, su tiempo ha concluido.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Termino, señor Presidente.
No se empeñe, señora Ministra, en gobernar obstaculizando el normal
ejercicio de las competencias de una Comunidad --en este caso, la
nuestra-- y la buena prestación del servicio público de la Administración
de Justicia.
En cualquier caso, créame, aún está a tiempo. Propicie el desistimiento
del recurso de su Gobierno, por cuanto que muchos --y mi Grupo
Parlamentario el primero-- sabremos reconocérselo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a intervenir en turno de portavoces con respecto a la interpelación
presentada por la Senadora De Boneta. Hemos escuchado con atención los
comentarios y acusaciones efectuados por la Senadora interpelante, con
mayor atención, asimismo, las contestaciones expuestas por la señora
Ministra de Justicia y también las aclaraciones efectuadas por el Senador
Zubia que, evidentemente, nos han aclarado bastante el objetivo de la
interpelación.
En definitiva, entiendo que se trata de interpretar la Capacidad
legislativa sobre competencias como la de Justicia, transferida al
Gobierno del País Vasco, y en virtud de la cual se promulga el Real
Decreto 63/1998, de 31 de marzo, por el que se aprueba el acuerdo con las
organizaciones sindicales sobre modernización en la prestación del
servicio público de Justicia y su repercusión en las condiciones de
trabajo del personal al servicio de la misma.
Hay dos temas en los que el conflicto de competencia positivo,
interpuesto por el Ministerio de Justicia, se concreta: en primer lugar,
en el establecimiento de los requisitos para el personal al servicio de
la Justicia para cubrir las vacantes que hubiere y, en segundo lugar, en
la remuneración, en este plus retributivo para el personal para mayor
productividad. No vamos a entrar, en este momento, en las discusiones
jurídicas del pro y el contra ya que, indudablemente, habrá tesis
favorables y contrarias a esas decisiones.
Siguiendo el hilo de lo manifestado por la señora Ministra que ha dicho
que lo que se discute aquí es la interpretación jurídica y no ha habido
motivaciones políticas, y recogiendo el guante que han ofrecido la propia
Senadora De Boneta y el señor Zubia para dialogar sobre este asunto,
entiendo que cabría entrar de lleno en decisiones políticas para
solventar ese tema.
Su señoría sabe perfectamente que de nuestra Comunidad y a través de la
Consellería de Justicia tienen ustedes sobre la mesa otros temas también
importantes: en primer lugar, la propuesta de que se prevea la supresión
de los cuerpos nacionales de funcionarios de oficinas judiciales, que es
una manera de organizar mejor la oficina judicial y tener mayores
competencias en materia de personal lo que, evidentemente, desde el punto
de vista legal y constitucional es aceptable; en segundo lugar, el uso de
las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas. Tal como se ha
manifestado, hay una predisposición en este sentido a través de los
consejos y recomendaciones del Libro Blanco de Justicia elaborado por el
Consejo General del Poder Judicial que va en ese sentido, y nuestro deseo
es que se considere el conocimiento de las lenguas oficiales no como un
simple mérito sino como un requisito.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, vaya terminando,
por favor.
El señor CAPDEVILA I BAS: Termino, señor Presidente, muchas gracias.
Por último, quiero dejar constancia de que en Cataluña este requisito ya
se exige en la bolsa de los interinos para el conocimiento del Catalán.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
He dicho antes que haríamos la tercera interpelación a continuación de
ésta y, por tanto, antes de comer.
Yo sé que no desvelo ningún secreto si les comunico una manifestación
confidencial de la señora Ministra de Medio Ambiente que me ha dicho que
será breve. Ustedes saben que en política las cosas se pueden decir de
forma muy larga o muy breve y, a veces, se dice más siendo breve. En este
sentido, les pido a todos ustedes que sean lo más breves que puedan.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la Senadora Oyarzábal.
La señora OYARZABAL URIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar, en primer lugar, que la interpelación que trae a esta
sesión plenaria la Senadora De Boneta es un tema que ha ocupado y
preocupado tanto a nuestro Grupo que los consejeros del Departamento de
Justicia, Trabajo y Servicios Sociales del Gobierno vasco hasta hace dos
meses --primero, el señor Jáuregui, después, el señor Atondo y,
posteriormente, don Francisco Egea-- fueron los inspiradores y artífices
del decreto al que hace referencia esta interpelación --el de 31 de marzo
de 1998-- dotándolo de especial contenido y sentido.
Ya en 1988 se recibieron las primeras transferencias en materia de
Justicia, las relativas a la provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de esa Administración. Si bien el plan de
modernización abarcaba tres frentes: la reforma de la oficina judicial,
la construcción de nuevas sedes judiciales y la implantación de las
modernas tecnologías a través de un sistema de informatización integral,
resulta obvio que en virtud del reparto competencial de la época serían
los dos últimos los más desarrollados.
Por todo ello, uno de los principales objetivos de los consejeros en
materia de Justicia en esta legislatura era, precisamente, la consecución
del traspaso de los medios personales para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, posibilitando de esta manera la reforma de la
oficina judicial; objetivo que se materializa en abril de 1996.
A partir de ese momento el Gobierno vasco cuenta con la competencia sobre
uno de los elementos fundamentales de la oficina judicial: los recursos
humanos. Y era ése el momento de aprovechar al máximo las posibilidades
que ofrecía la legislación vigente para proceder a toda una serie de
innovaciones en la organización de esta oficina y en las condiciones de
trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Todo este esfuerzo y empeño quedó plasmado en un acuerdo que pretende
abordar la modernización de esta oficina, siguiendo especialmente para
este fin las directivas marcadas en el Libro Blanco de la Justicia
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. Es el Libro Blanco
el que manifiesta que se impone la necesidad de incorporar los sistemas
de puestos de trabajo, de grupos de funcionarios, de niveles y de
responsabilidad con parcelas de especialización, áreas de trabajo y
responsabilidad. Labor prioritaria, concluye el Consejo, es pues la
catalogación de puestos de trabajo y funciones y la aprobación de la
relación de puestos de trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial, entre otros extremos, dice que el
sistema de trabajo indicado debe tener su efecto retributivo y que, sin
duda, se debe valorar la productividad, la calidad y la responsabilidad
en función del puesto de trabajo que se desempeñe. También dice que la
participación de los representantes de los funcionarios, a los efectos de
establecer el sistema retributivo, es imprescindible. Pero el Gobierno
central ha planteado requerimiento de competencia con petición de
suspensión cautelar contra este decreto; y anteayer el Tribunal
Constitucional decidió esta suspensión cautelar pero, teniendo en cuenta
que el procedimiento será largo hasta su fallo definitivo, pudiéndose
demorar incluso hasta cinco años, sería deseable --como también han
apuntado los demás grupos que me han precedido-- que ambos gobiernos
llegaran a un acuerdo en aras de evitar efectos que podrían ser adversos
a los objetivos propuestos.
Porque la diferencia fundamental radica, señora Ministra, no sólo en la
distinta concepción que mantenemos con su Gobierno en cuanto al alcance
último de las transferencias de personal o a lo que debe ser la
adaptación de lo que se denomina la administración de la Administración
de Justicia al Estado de las Autonomías, sino que existe además una
distinta interpretación de lo que el vigente reglamento orgánico de
oficiales, auxiliares y agentes entiende por plantilla.
La plantilla de la Administración de Justicia, en su concepción
tradicional, no distingue entre puestos de trabajo en función de criterio
alguno; es decir, no existe la distinción en función del tipo de trabajo
que se realiza en un puesto determinado, de la responsabilidad, de los
conocimientos específicos o experiencia. El Grupo Parlamentario
Socialista considera que esa estructura es obsoleta y no tiende en la
actualidad a lo que son las necesidades de una moderna y eficaz
Administración de Justicia, por lo que, con ocasión de la elaboración de
la nueva plantilla, aprovechamos un inciso contemplado en el reglamento
orgánico que dice que las plantillas contendrán, en su caso, los
requisitos esenciales y las condiciones técnicas necesarias para el
desempeño de cada puesto.
De esta manera podremos ir avanzando hacia una función pública de la
Administración de Justicia que se adecue, por una parte, a las
necesidades que hoy se plantean y, por otra, que se asemeje a lo que es
la función pública en sectores de la Administración que presentan ya
altos niveles de calidad en la prestación de servicios públicos.
En definitiva, y voy acabando, al elaborar este decreto no pretendemos
otra cosa que, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, seguir las
recomendaciones del Libro Blanco de Justicia elaborado por el Consejo
General del Poder Judicial, para la consecución de una más eficaz
prestación del servicio de la Justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Oyarzábal.
Senador Uriarte Zulueta, tiene la palabra.
El señor URIARTE ZULUETA: Señor Presidente, lamento tener que consumir
los cinco minutos que me corresponden, pero la interpelación presenta
tales peculiaridades que no puedo por menos que manifestar mi asombro con
respecto a la misma; no en cuanto al fondo, porque ese aspecto ya lo ha
contestado suficientemente la señora Ministra, pero sí sobre la forma en
que se ha presentado la interpelación y sobre cómo se ha desarrollado
aquí el debate.
En primer lugar, se señalaba que la interpelación se planteaba en
relación con el requerimiento de incompetencia formulado al Gobierno
vasco por un Decreto suyo, el 514/1996, de 15 de marzo.
Pues bien, este decreto del Gobierno vasco no existe; es un Real-Decreto
y, naturalmente, el Gobierno no va a plantear un conflicto de
atribuciones con respecto a sus propios decretos. Se ha tratado de
rectificar esta cuestión y se ha traido aquí en el último minuto, 15 días
después de haber formulado la interpelación, en la víspera de este
debate, aclarando que no se trataba de ese decreto del Gobierno vasco,
sino del Decreto del Gobierno vasco de 31 de marzo de 1998. Creo que esto
es una falta de seriedad absoluta en la forma de plantear la materia.
En segundo lugar, en la interpelación se solicita una explicación del
Gobierno sobre la nueva agresión al autogobierno vasco. Hay que decir dos
cosas. Primero, que ni es una agresión ni mucho menos nueva; si fuera
nueva, sería muy conveniente que la Senadora interpelante nos hubiera
explicado cuáles son las agresiones anteriores de las que, al parecer,
ésta trae causa. No hay ninguna agresión y voy a señalar dos puntos
esenciales. El primero que ha olvidado la Senadora interpelante es que el
requerimiento de inhibición no debía estar tan mal formulado, no debía
ser tan caprichoso, no debía ser tan tendencioso cuando el Gobierno vasco
lo ha admitido en parte.
Esto no se nos ha dicho, sí lo ha señalado el Senador Zubia, aunque
haciendo un comentario al que creo que también debo referirme. No es
cierto que el Gobierno haya obviado la estimación de este requerimiento
de incompetencia. Lo ha tenido en cuenta, ha considerado que es
insuficiente y, por ello, ha formulado el correspondiente requerimiento.
El otro argumento --me parece importantísimo-- es que en esta materia se
dice que el Gobierno ha actuado contra el informe del Consejo General del
Poder Judicial. Esto es absolutamente equivocado y no quiero calificarlo
de falso pero sí de erróneo. El Consejo General del Poder Judicial
realizó un informe el 27 de julio de 1998. En ese informe se manifiesta
una opinión favorable sobre determinados aspectos del Decreto del
Gobierno vasco, pero no sobre la materia que estamos debatiendo, que es
el tema de las competencias.
Me voy a permitir leer lo que dice la página 17 de este informe: No
parece adecuado que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie
sobre cuestiones que exceden del ámbito material propio, como el reparto
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito
de la Administración de Justicia, por cuanto en estos casos el informe
del Consejo podría incidir en la competencia exclusiva del Tribunal
Constitucional para la resolución del conflicto. Sobre el reparto de
competencias no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y, por lo
tanto, todas las argumentaciones sobran.
Voy a señalar otro punto que me parece esencial para deshacer la
impresión de agresión que se pretende dar. En primer lugar, debo señalar
que, según la estadística del Ministerio para las Administraciones
Públicas, los conflictos de atribuciones planteados hasta el 1.º de julio
de 1998 en relación con el País Vasco han sido 48 por el Estado y 119 por
la Comunidad Autónoma del País Vasco; más del doble por la Comunidad
Autónoma. Por lo tanto, es evidente que tanto el Estado como la Comunidad
Autónoma --más ésta última que el Estado-- hacen uso de esta posibilidad
que les concede la legislación sobre el Tribunal Constitucional para
impugnar los acuerdos correspondientes.
En consecuencia, en primer lugar, debo felicitarme de que el Gobierno
vasco haya reconocido lo bien fundado del requerimiento, aunque lamente
que se haya pretendido eludir el tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, ha terminado su
tiempo.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señor Presidente.
En segundo lugar, me remito a lo que resuelva el Tribunal Constitucional,
señalando que en ningún caso ha habido ni se ha podido pretender la
existencia del menor intento de agresión contra el Gobierno vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muy
brevemente, sólo voy a hacer la indicación de que, efectivamente, el
informe del Consejo General del Poder Judicial no afirma lo que aquí se
ha dicho que señalaba. El informe no se pronuncia, dice que valora
positivamente que pudiera realizarse sin modificaciones legales, pero
entendiendo que hacen falta modificaciones legales y reglamentarias.
Quiero añadir, exclusivamente, que la Ministra de Justicia ha hablado
reiteradamente con las personas que han desempeñado el cargo de Consejero
de Justicia del Gobierno vasco, sin que hayan dado la oportunidad de
mover ni uno de los términos que previamente habían acordado con las
centrales sindicales, sin darse cuenta de que llegaban a un acuerdo que
les comprometía, cuando no tenían facultades para poderse comprometer. De
ahí nace el círculo vicioso en el que se metió el Consejero vasco de
Justicia, al no poder conceder en este momento ninguna de las cuestiones
que el Gobierno central le ha venido reiterando de forma absoluta desde
el mes de abril hasta el mes de julio.
Su señoría me dice que me ha mandado una carta que contestaré con la
premura que el caso requiere. Quiero dejar claro que por parte de esta
Ministra de Justicia del Gobierno existirá todo el diálogo necesario,
pero también toda la asunción de competencias que al Gobierno le
corresponden.
Muchas gracias, señor Presidente.
-- DE DON JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA ELABORACION Y
PRESENTACION ANTE LAS CORTES GENERALES DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL.
(670/000100)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula don José Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la
elaboración y presentación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico
Nacional.
Tiene la palabra el Senador Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, intervendré telegráficamente en algún aspecto,
pero sin perder de vista que esta interpelación no se puede convertir en
un asunto de trámite, por la importancia del tema que vamos a tratar.
Voy a pasar muy por encima sobre lo que me atrevo a calificar como una
política errática y de parcheo del Ministerio de Medio Ambiente en los
temas de agua. Dicho Ministerio ha frustrado las expectativas que
teníamos cuando el tema del agua entró dentro de sus competencias, como
se ha puesto de manifiesto en los enfrentamientos que ha habido con el
Ministerio de Agricultura, en el seno del Consejo Nacional del Agua,
cuando se han tratado asuntos de regadío o de planes de cuenca.
Ustedes descalificaron en su día los logros conseguidos por el Gobierno
socialista, sobre todo el avance del
Plan Nacional de Regadíos y el anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional,
que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua en 1994. Sin embargo ahora
--después me referiré a ello brevemente-- se están entresacando de
aquéllas obras que traen, con decretos-ley, para que se aprueben
rápidamente y sean declaradas de interés general.
Creo que hemos perdido tres años en política hidrológica y en política de
regadíos. El Secretario de Estado de Aguas y Costas nos dice que la
planificación hidrológica no es la panacea que resuelva el problema del
agua en España. Con esos criterios me explico por dónde van.
Mientras, ustedes aprueban los planes de cuenca, que, como he dicho
antes, enfrentan a los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente,
levantan falsas expectativas, sobre todo en temas de nuevos regadíos y de
demandas de agua en determinados territorios --de hecho ninguna cuenca es
excedentaria de agua, ¿alguien se puede explicar esto?-- y se ha
extendido la especie del sálvese quién pueda. Usted misma dice que los
planes de cuenca no condicionan ni la política de regadios ni la política
hidráulica, solamente les llama un catálogo de demandas --otros le llaman
una carta a los Reyes Magos--, pero es cierto que en cada cuenca se
consideran inamovibles los planes de cuenca, y que las expectativas de
crecimiento en nuevas hectáreas de regadío y en demanda de aguas son
tales que se defienden a ultranza: están surgiendo plataformas, como
usted sabe, en defensa del propio río, del propio acuífero y hasta de la
fuente, y resurgen enfrentamientos entre vecinos. Han aprobado los planes
de cuenca con calzador, después de ignorar las voces que había en contra,
cuando incluso se pedía, dentro del Consejo Nacional del Agua, que se
devolvieran los planes a los organismos de cuenca para que se rehicieran.
Ha calado en los usuarios la idea de que cada plan de cuenca es
inamovible; sin embargo, usted misma dice que no son compromisos
concretos, sino, como decía antes, un catálogo de los recursos que hay.
Dicen ustedes que su gran éxito ha sido que han aprobado los tres planes
de cuenca que faltaban. Y yo le pregunto: ¿a cambio de qué? ¿A qué
precio? Alguna vez explicará usted, señora Ministra, lo que entiende por
consenso en esas cuencas y a lo que usted se ha comprometido cuando se
aprueban determinadas obras hidráulicas. En algunos sitios lo estamos
comprobando. Lo aprueban ustedes en julio casi de tapadillo para que no
se produzcan muchas reacciones y dicen justificando esa aprobación que se
ha hecho por consenso, que se ha hecho de acuerdo con lo que los usuarios
de cada territorio reclamaban.
Yo creo que es un argumento falaz porque, efectivamente, ha habido un
consenso parcial en cada territorio, pero consenso no es igual a recoger
todas las demandas y todas las aportaciones de los organismos que
componen cada confederación hidrográfica. Consenso es algo más. Se
necesita un criterio claro, una política hidráulica con la visión de
conjunto del problema nacional del agua que ustedes no tienen. Y así cada
plan --ya se lo dije en una ocasión-- se concibe como un compartimento
estanco, como una taifa. Y el resultado es un gran puzle. El Subdirector
de Planificación Hidráulica de su Ministerio incluso ha dicho en Zaragoza
recientemente que los planes de cuenca no se pueden asumir porque no son
factibles ni financiera ni ambientalmente. ¿Qué van a hacer ustedes con
las expectativas que han creado?
Yo le decía el otro día a su compañera de gabinete, la Ministra de
Agricultura, que ella va a ser la mala de la película porque de las
noticias que se han filtrado de lo que puede ser el nuevo Plan Nacional
de Regadíos vienen unas rebajas terribles y ya se han producido protestas
de determinadas Comunidades Autónomas, Zaragoza y Castilla-La Mancha, que
dicen expresamente que el Gobierno recorta sus expectativas de nuevas
hectáreas de regadío. Estoy pasando sobre el tema muy deprisa.
¿Por qué camino van ustedes? Algunas decisiones de su Ministerio vacían
de contenido una planificación hidrológica por las posturas
contradictorias, por la ceremonia de confusión que suponen las
declaraciones sucesivas de sus ministerios. Después de aprobados los
planes de cuenca surgen muchos interrogantes. ¿Por qué ninguna cuenca es
excedentaria? ¿Qué hay de la interconexión de las cuencas? En la
Comunidad valenciana, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo en estos
días para que el Plan Hidrológico Nacional contemple el trasvase de aguas
del Ebro. Está aprobado por todos los grupos políticos. También por el
suyo, señora Ministra. Pero es una política errática, es una política de
parcheo, como lo demuestra el decreto que han aprobado este verano en el
primer Consejo de Ministros después de las vacaciones estivales con un
paquete de obras hidráulicas de 211.000 millones de pesetas. ¿Por qué
esas obras y no otras? ¿Con qué criterio? ¿Por qué estas obras?
Al mismo tiempo anuncian --voy muy deprisa-- la presentación de una Libro
Blanco sobre el agua. Por definición, un Libro Blanco se elabora al
principio de un debate amplio. Ustedes lo presentan al final de un
recorrido y han tomado ya decisiones sobre obras y gestión del agua. Lo
que han filtrado del Libro Blanco está generando ya enfrentamientos entre
territorios vecinos. Además, ustedes anuncian una reforma de la Ley de
Aguas y por lo que ha trascendido es regresiva. No voy a leerles --aunque
los tengo aquí-- los documentos que han llegado a su Ministerio a los que
ustedes están haciendo caso que consideran al agua como un bien
económico. Por ahí va, parece ser, la reforma de la Ley del Agua. No
tienen en cuenta los informes del CES. No tienen en cuenta la Carta
Europea del Agua.
En estos días, el llamado Grupo de Lisboa --y es un hecho que no puedo
pasar por alto-- propone que el derecho del agua sea fundamental. Dice
concretamente que recomienda a la Organización Mundial del Comercio que
el agua no se considere como mercancía. Ustedes van por el camino de
crear el mercado del agua. En este aspecto --insisto-- ustedes están
dando un poco palos de ciego.
Yo para terminar, y por ser breve, quiero decir que con esta política
errática, con este plan nuestro de cada día que nos trae el Ministerio de
Medio Ambiente en los temas del agua no sabemos a dónde van. Yo creo que
están en un callejón sin salida, pero no quiero terminar sin decirle
que para salir de ese callejón estamos dispuestos a colaborar con ustedes
en ese gran Pacto Nacional del Agua que le hemos ofrecido siempre.
Estamos dispuestos a colaborar en un consenso. Ustedes dicen que han
obtenido un consenso en los planes de cuenca, pero no es ése precisamente
el que nosotros queremos. El que nosotros queremos debe ser fruto del
diálogo, fruto de considerar el problema del agua como un problema común,
de todos los españoles, para que pueda haber agua suficiente para todos
los españoles y en todos los territorios, y para que esa visión de
conjunto cuente con la participación real de todos. En eso nos tendrá a
nosotros.
Con esa mano tendida, quiero terminar por ahora, señora Ministra.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Sin lugar a dudas, pienso que la celeridad le ha llevado al señor Gallego
a plantear esta interpelación en los términos en que lo ha hecho.
Señor Gallego, créame que me lo ha puesto bastante fácil ya que, frente a
afirmaciones de principio tan catastrofistas como las que usted acaba de
plantear, yo le voy a responder que si usted se hubiera leído la Ley de
Aguas --Ley que se hace en el año 1985, con el Gobierno del Partido
Socialista--, seguramente afirmaciones que su señoría ha puesto en mi
boca las habría respetado ya que se trata de afirmaciones que he hecho
leyendo --como haré de nuevo-- la Ley de Aguas.
Así, dice concretamente el artículo 38 de la Ley de Aguas: La
planificación hidrológica es el mejor instrumento para la satisfacción de
las demandas de aguas, para equilibrar y organizar el desarrollo regional
y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo
su calidad, economizando su empleo, racionalizando sus usos en armonía
medioambiental con los demás recursos naturales.
Senador, si realmente esto es lo que dice esta Ley en el año 1985, créame
que no pueda entender la interpelación de su señoría cuando durante once
años ustedes impidieron absolutamente el cumplimiento de este precepto
que, por cierto, es uno de los mas importantes de la Ley de Aguas. Para
hacer una correcta política de aguas, para acabar con las guerras del
agua en España, efectivamente, hay que cumplir la Ley de Aguas en su
artículo 38, artículo que habla de la importancia de la planificación.
Ustedes en once años ni siquiera empezaron a poner los cimientos de este
instrumento fundamental que es el Plan Hidrológico Nacional, por tanto,
créame que me sorprende el que diga usted ahora que nosotros hacemos
política de parcheo, cosa que atribuye a que se han perdido tres años.
No, señoría, cuando menos se han perdido los once años de Gobierno
socialista, unos años en que no tuvieron la más mínima intención de dar
los pasos para cumplir este precepto que se establece en el artículo 38.
Pero lo que realmente le quiero decir es cuál es la política del agua que
este Ministerio y que este Gobierno han puesto en funcionamiento.
En primer lugar, se ha dado un paso esencial. Al crearse el Ministerio de
Medio Ambiente desaparece precisamente esa idea de entender el recurso
del agua como recurso económico para pasar fundamentalmente a un concepto
tan importante como el de que el agua es un recurso natural y que, como
tal recurso natural, necesita protegerse, necesita conservarse y
necesita, efectivamente, mejorar su gestión. A eso nos estamos aplicando
con un criterio de prioridad absoluta dentro del Ministerio de Medio
Ambiente, porque la gestión y la planificación del dominio público
hidráulico, créame, señor Gallego, es prioritaria dentro del Ministerio.
¿A qué me refiero cuando digo que ése es un concepto prioritario? Pues,
sinceramente, me refiero a que si la planificación es tan importante --y
no es porque lo diga yo, que lo asumo plenamente, es porque lo dice la
Ley de Aguas--, lo primero que hay que hacer es planificar, dotarnos de
ese instrumento que es esencial en la nueva política del agua y que,
desde luego, es la Ley que articula el territorio nacional, es la Ley de
la cohesión territorial. Por eso es tan urgente ponerla en marcha, y por
eso no es de recibo que en once años ustedes, teniendo, además, mayorías
absolutas, no hayan sido capaces de ponerla en marcha.
Evidentemente, no se empieza por el Plan Hidrológico Nacional. Ese Plan
es el final de un camino que hay que recorrer y que en once años no
fueron ustedes capaces de recorrer, pero que nosotros estamos recorriendo
en estos dos últimos años. Por cierto, no llevamos tres años en el
Gobierno; se han cumplido dos años justamente al principio de este
verano, señor Gallego, dos años desde que tenemos un Ministerio de Medio
Ambiente y también responsabilidades en el Gobierno en política del agua.
Luego le contaré lo que hemos hecho en estos dos años en política del
agua. En primer lugar, había que poner en marcha los planes de cuenca,
planes en los que, también después de once años, y siendo la primera
planificación para ir después al Plan Hidrológico Nacional, tampoco
fueron ustedes capaces de llegar a acuerdos. Usted hoy ridiculiza el
consenso; pero, desde luego, fue el disenso de dos miembros del Gobierno
de la Administración central y del Gobierno de una Comunidad Autónoma el
que hizo que las guerras del agua se prolongaran en España para los
restos, hasta que ustedes dejaron de gobernar.
Señor Gallego, los planes de cuenca son muy importantes, pero no porque
lo diga la Ministra de Medio Ambiente, y vuelvo a citarle el artículo 40
de la Ley de Aguas. Usted quiere ridiculizarme cuando yo hablo de un
catálogo. Pues bien, léase el artículo 40 de la Ley de Aguas, porque lo
que he dicho se corresponde con dicho artículo, donde se explica
exactamente qué son los planes de cuenca. Estos son inventarios de los
recursos hidráulicos; son catálogos de las posibles obras; sientan los
usos y las demandas existentes y previsibles; establecen criterios de
prioridad y compatibilidad de los usos, así como
una jerarquía entre los distintos usos y aprovechamientos del agua,
asignando --y esto también es importante-- reservas de recursos para los
usos y demandas actuales y futuras. Esto no se lo ha inventado la
Ministra de Medio Ambiente, aunque le agradezco la capacidad que usted me
atribuye. Créame si le digo que lo primero que he hecho ha sido acudir a
la Ley y darme cuenta de que eso era una prioridad, de que era la gran
asignatura pendiente que dejó el Gobierno anterior. Por eso nos hemos
puesto a ello con tanta rapidez. Efectivamente, nos hemos dado prisa en
aplicar los planes de cuenca.
En cuanto a los consensos que usted ridiculiza, he de decirle que hay
miembros muy destacados de su Partido --porque en estos momentos están
ejerciendo labores de gobierno-- que cuando se consiguieron esos
consensos dijeron que jamás hubieran soñado nada igual. Sin embargo,
insisto, usted hoy ridiculiza el consenso y dice que no le vale. Pero se
trata de consensos unánimes. Así, en los consejos de cuenca --y no en la
Administración central del Estado, con funcionarios de la
Administración--, cuyos planes hidrológicos hemos aprobado nosotros en
catorce meses escasos, a veces se tienen que poner de acuerdo hasta nueve
Comunidades Autónomas, consiguiéndose, por ejemplo, que de 60 votos 59
fueran a favor y uno en contra. Pero al señor Gallego no le vale el
consenso unánime, y lo ridiculiza. Le pongo otro ejemplo: de 64 votos se
consiguen cuatro abstenciones y el resto son votos favorables. Pero al
señor Gallego no le vale ese consenso, y lo ridiculiza; por tanto,
ridiculiza la capacidad de diálogo, de negociación, que al final acaba en
consenso.
Pero, señor Gallego, no hay ninguna varita mágica. ¿Sabe por qué hemos
llegado realmente a alcanzar esos consensos? Porque no hemos hecho
política sin datos, porque hemos conseguido la confianza de los usuarios
y de los representantes de Comunidades Autónomas de distintas ideologías
políticas. La hemos conseguido, sinceramente, sobre la base del rigor
técnico en los datos. Y cuando se han puesto sobre la mesa realmente los
recursos hídricos y las demandas de cada cuenca se han podido alcanzar
esos consensos a satisfacción de todos los usuarios y beneficiarios.
Parece mentira que usted, que proviene de Murcia, una región donde es tan
importante la política del agua, no quiera reconocer esos consensos tan
importantes. Los planes de cuenca son tan esenciales que suponen el
instrumento clave de la planificación del agua, pero, además, crean una
situación de seguridad jurídica que no existía con anterioridad. Usted no
ha querido valorar en estos momentos, aunque lo sabe perfectamente,
porque vive en Murcia --a donde yo he viajado muchísimo--, lo que hemos
hecho realmente por esa Comunidad, que es aprobar el Plan del Segura y el
Plan del Tajo. Sin ir más lejos, ayer fue la primera vez en que no fue
necesario pelearse por las demandas del trasvase Tajo-Segura porque
estaban contentos unos y otros regantes, unos y otros usuarios. Asimismo,
ayer se consiguió --también en un histórico consenso-- rebajar la tarifa
del trasvase, lo que va a beneficiar a los regantes. Por tanto, ¿por qué
no reconoce su señoría que estas son políticas muy concretas?
En esa misma línea de consenso que queremos obtener en el Plan
Hidrológico Nacional, no planteamos el debate --y eso no es ninguna
obligación, sino que se debe al talante negociador de este Ministerio--
al final del camino, sino que en ese «iter» de la política del agua hemos
planteado el debate sobre el Libro Blanco del Agua, porque queremos que
se acaben esas guerras del agua que se basan en conceptos absolutamente
ficticios, como los que usted plantea aquí, sobre que no hay ninguna
cuenca excedentaria o que todas las cuencas son deficitarias.
Señor Gallego, no sentemos principios que no tengan el rigor de los
datos. Quiero que sepa que el Libro Blanco --y ya he pedido comparecer
ante esta Cámara para presentarlo en primer lugar en sede parlamentaria y
que fue presentado al Consejo de Ministros antes de las vacaciones-- hace
un diagnóstico de la situación hidrológica de España.
Cuando se conozcan realmente los recursos hídricos que tiene España y sus
demandas hídricas, ya que se aporta una cartografía, en donde kilómetro
cuadrado a kilómetro cuadrado, en un estudio que jamás ha aportado
ninguna administración --como podrán ver sus señorías cuando presente el
Libro Blanco del Agua--, y se den cuenta ustedes, superponiendo los
mapas, de cuántos recursos y cuántas demandas hay, se verá realmente --no
porque lo diga la Ministra de Medio Ambiente, sino porque lo dice la
realidad de los hechos, señor Gallego-- si hay cuencas excedentarias, en
qué proporción, si hay cuencas deficitarias, en qué proporción lo son, si
realmente ese déficit se puede regular mediante obras de regulación de la
cuenca o si, por el contrario, como probablemente ocurre en su región, en
una gran medida no puede autoabastecerse y tiene que acudir, en último
extremo, después de utilizar todos los recursos no convencionales, a un
trasvase de cuencas externas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, soy un poco la
voz de la conciencia.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor Presidente.
Señor Gallego, entonces se dará cuenta de que, lejos de poder hablar de
una política de parcheo, se han dado, de verdad, soluciones concretas a
la política de agua que tiene que tener España, que es, en definitiva,
una política de Estado, en la que yo espero que su señoría, reconociendo,
como lo hacen los usuarios, los regantes y las administraciones, el éxito
de este Gobierno, preocupado por las soluciones, aporte también
construcción y aspectos positivos para que podamos continuar y culminar
ese Plan Hidrológico Nacional. De lo contrario, su señoría, que se ha
quedado sin discurso político, se va a quedar sin reconocimiento, hasta
en su propia región de Murcia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Atribuiré a todos los portavoces unos tres minutos, si les parece bien, y
al señor interpelante un poco más.
Tiene la palabra el señor Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Señor Presidente, intentaré ceñirme al tiempo,
pero la señora Ministra viene, una vez más, muy enfadada. Qué manía tiene
con la ridiculización. Yo no he ridiculizado ni a ella ni a nadie, ni
siquiera los contenidos de los planes, lo cual está muy lejos de mi
talante.
Me gustaría hablar con usted del tema del agua en Murcia, pero no he
venido aquí a hablar de Murcia, sino de la planificación nacional, porque
creo que lo que le falta a este Gobierno es esa visión nacional, global,
del problema del agua en España, porque ustedes están haciendo muchos
papeles. Si no quiere que le diga que la política hidráulica que ustedes
hacen es errática y de parcheo, le digo que es de papel. Ustedes están
haciendo muchísimos papeles, y está lloviendo. Por eso no se necesita
ahora agua en Murcia.
Pero ya explicará usted después de dónde van a venir a Murcia --es un
paréntesis-- los 500 hectómetros cúbicos de déficit endémico que tenemos,
o cómo va a responder a las Cortes valencianas, como le decía antes,
cuando pidan el trasvase desde el Ebro.
No me lea sesgadamente la Ley de Aguas. No la conozco tan bien como
usted. No soy jurista, soy de letras, pero he leído el artículo 38 y
entiendo esa planificación hidrológica como planificación hidrológica
nacional y ustedes no han hecho esa planificación, que es a la que yo me
refiero.
Dejen los parcheos, dejen de aprobar obras, que son necesarias, dejen de
firmar compromisos bilaterales con Comunidades Autónomas, que son
necesarios, y entreguémonos a la tarea de hacer el Plan Hidrológico
Nacional, que también lo pide la Ley de Aguas. Y si alguna vez quiere,
hablaremos de por qué en 1994 no salió adelante el Plan Hidrológico
Nacional. A lo mejor, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Ministra
y alguna colega suya tienen alguna responsabilidad en ese tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, espero que los tres minutos
puedan prolongarse, en su caso, teniendo en cuenta que no han hecho uso
de la palabra dos grupos a los que correspondía hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, es una
interpretación magnánima por su parte, pero no por parte mía. Puede usted
continuar.
El señor BEGUER I OLIVERES: En su caso, es una amistosa queja por las
limitaciones del tiempo para un tema que, según mi criterio, es muy
importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intento velar por el bien común
y, especialmente, por la salud de los señores Senadores.
El señor BEGUER I OLIVERES: El Plan Hidrológico Nacional, después de los
años de Gobierno socialista hasta la actualidad, es una cuestión
importante con la que llevamos muchos años y que, con toda seguridad, no
podemos zanjar en estos momentos.
El tema, repito, es importante, hubo un par de años que, en parte, por
ser los primeros de Gobierno del Partido Popular y, en parte, porque los
años 1996 y 1997 han sido años de lluvia, esta cuestión podía no parecer
punzante. Pero puede serlo en cualquier momento y, en cualquier caso, es
un compromiso del Gobierno y de la misma señora Ministra, a la que
recuerdo que se comprometió a presentarlo en 1998. Habida cuenta de estas
limitaciones de tiempo, vamos a centrarnos en lo que, entendemos, deben
ser los objetivos básicos de este Plan Hidrológico Nacional.
Por una parte, el ahorro del agua. Dentro de estos objetivos básicos
está, evidentemente, el de la corrección de los
desequilibrios-hidrológicos y el mantenimiento o mejora, en su caso, de
la calidad del agua. Pero existen otros objetivos complementarios, uno de
los cuales es el de los regadíos, quizá sea el que se encuentra más sobre
el tapete. ¿Qué vamos a hacer con la multitud de transformaciones en
regadíos que se solicitan?
En definitiva, creemos que lo que debemos pensar, sobre todo, es en hacer
una agricultura más competitiva. Para ello será necesario mejorar las
infraestructuras hidráulicas, habrá que fomentar, sobre todo en el
terreno industrial, la reutilización del agua y, por tanto, el
aprovechamiento de la misma.
Para resumir, creemos que hay dos aspectos que la señora Ministra debe
conocer dentro de nuestra posición.
En primer lugar, el Plan Hidrológico Nacional supone un reequilibrio
territorial en agua, evidentemente, pero este reequilibrio supone también
repartir riqueza y, por ello, debemos tener todos «in mente» que no debe
ser para engrandecer determinadas zonas o para emprender aventuras
arriesgadas.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el Plan Hidrológico Nacional
implica en poco o en mucho --esperemos que en muy poco-- trasvases entre
cuencas de distintos ríos, consideramos que deben establecerse los
caudales mínimo y ecológico en cada caso; distinción entre caudal mínimo
y ecológico en la que no vamos a entrar ahora, pero que no podemos
soslayar.
Reiteramos, una vez más, que en la consecución del consenso lo más
mayoritario posible para aprobar el Plan Hidrológico Nacional, el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hará todo el esfuerzo
necesario para que pueda seguir adelante, según los objetivos que hemos
señalado, que estamos convencidos de que los tiene la señora Ministra y
de que también el Grupo Parlamentario Socialista estará plenamente de
acuerdo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.
El señor GALLEGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Quería intervenir muy brevemente porque lo cierto es que estaríamos al
inicio del debate ahora mismo con lo que aquí se ha dicho esta mañana,
porque me parece que se ha tergiversado la intención de mi interpelación,
hasta se ha intentado descalificar, dándole un calificativo que no estaba
ni en mi intención ni en su contenido.
De todas maneras para volver al espíritu que me movía a presentar
interpelación, vuelvo a decirle, señora Ministra, que no estuvimos de
acuerdo en el camino que seguía el Partido Popular cuando llegó al Poder
en el tema de política hidráulica; no estamos de acuerdo en el sitio
donde estamos, me parece que nos encontramos en un callejón sin salida,
pero también le ofrecemos nuestra colaboración para que la planificación
hidrológica nacional sea prioritaria en la política de su Ministerio.
Ya hay datos suficientes, ya se conocen las diferentes posturas, vamos al
consenso, que yo no ridiculizaba; decía que el consenso no es la suma de
las opiniones o de las demandas de los distintos usuarios en cada cuenca
y de las distintas organizaciones o grupos políticos; vamos al consenso,
que es buscar un lugar común en el que podamos estar todos. En ese
aspecto yo anuncio la presentación de una moción consecuencia de esta
interpelación cuyo objetivo será esa priorización del Plan Hidrológico
Nacional, de la planificación nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego.
Mientras se acerca a la tribuna el Senador Pascual, permítanme una
observación. Debido a la mayor duración del Pleno, como consecuencia de
la inclusión en su orden del día del proyecto de ley de reforma de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, las reuniones de la
Comisión de Educación y Cultura, de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social y de la Ponencia de la Comisión de Justicia, previstas para la
tarde de hoy, darán comienzo inmediatamente después de que finalice esta
sesión plenaria.
Tiene la palabra el Senador Pascual.
El señor PASCUAL FERNANDEZ-LAYOS: Muchas gracias, señor Presidente.
No dudo, señorías, señor Gallego, de que en los círculos en los que usted
se mueve exista esa incertidumbre en cuanto a la falta de capacidad de
nuestro Gobierno para dar respuesta global a los problemas del agua ya
que, de otra manera evidentemente, no lo habría planteado. En los
círculos en los que yo me muevo --vocal de la Federación de Regantes del
Ebro, puesto que soy usuario y elegido democráticamente para ese cargo--
están razonablemente satisfechos con la gestión de su Presidente de
Confederación, del Director General, del Secretario de Estado del Agua y,
por supuesto, de la señora Ministra, a la que reconocen la capacidad y
voluntad política para llevar a cabo los temas del agua.
Señor Gallego, prácticamente fue ayer cuando sus líderes más destacados
nos decían que con la política económica que había puesto en marcha el
Gobierno del Partido Popular no íbamos a cumplir los objetivos de
Maastricht. Antes de ayer nos aseguraban que íbamos a llevar a la quiebra
al Estado del bienestar y que no podríamos pagar las pensiones,
vaticinios que no se han cumplido, gracias a Dios, y estoy convencido --y
conozco a los usuarios-- de que cuando ellos se enteren de este nuevo
vaticinio sobre el tema del agua van a estar aún más seguros de que se va
a cumplir el Plan Hidrológico Nacional elaborado por la señora Ministra.
Releyendo sus intervenciones --y creo interpretarle-- en sede
parlamentaria sobre este tema, se ve que usted busca el consenso de todas
las fuerzas políticas representadas en este hemiciclo, lo que le honra y
yo le agradezco, y es por lo que intuyo que esta interpelación se
adelanta en el tiempo, pues debe saber que el Congreso de los Diputados
fijó el plazo del 31 de diciembre de 1998 para presentar, en sede
parlamentaria, el Plan Hidrológico Nacional. Por tanto, a mi juicio, no
es más que un dardo que usted lanza al Gobierno y al partido que le
sustenta para que no se duerma en sus laureles y saque cuanto antes el
Plan Hidrológico Nacional.
Yo comprendo su impaciencia. Usted procede de una de las zonas más áridas
de España; yo también, de la margen derecha del Ebro, y los dos, usted y
yo, sabemos lo que es tener o no tener este recurso: la esperanza de la
vida o el dolor de la emigración. Pero también a usted le consta que se
ha mejorado la gestión, puesto que así lo reconocen --y se lo puedo
asegurar-- los usuarios del agua, también los de su región, que si saben
de la transparencia, del rigor y de la seriedad con que trabaja la señora
Ministra y su equipo de la Secretaría de Estado del Agua, despacio pero
sin pausa, haciendo buena aquella famosa frase de Napoleón «vísteme
despacio que tengo prisa». En su impaciencia, señor Gallego, me da la
impresión de que teme que la presentación del Libro Blanco del Agua pueda
retrasar el Plan Hidrológico Nacional. Yo le digo que ojalá sea así, por
el número de aportaciones que puede hacer la sociedad a esto, porque
después nos facilitará a todos los grupos parlamentarios e esta Cámara la
elaboración de un documento que sea real, útil y acorde con nuestra
sociedad y, por supuesto, válido para los próximos veinte años.
Como ha anunciado la presentación de la correspondiente moción tendremos
tiempo de debatir sobre los riegos, los planes de cuenca y sobre todo lo
que usted ha planteado aquí, que sabe que así lo haremos con mucho gusto.
Señora Ministra, permítame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado la felicite por su gestión al frente de su Ministerio y haga
extensiva esta felicitación
a sus colaboradores en la Secretaría de Estado del Agua.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le felicito, señor Senador, por
la brevedad de su intervención.
Señora Ministra tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con ánimo de no alargar más el debate, agradezco al Senador del Partido
Popular sus palabras de felicitación, que trasladaré a todo el equipo del
Ministerio de Medio Ambiente, e igualmente agradezco al Grupo Popular su
colaboración. Como agradezco también al otro interviniente, el
representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el que nos preste su apoyo, como viene haciendo en
multitud de debates y en distintas negociaciones con ocasión de
diferentes cuencas y planes de cuenca. Estoy completamente de acuerdo con
las inquietudes que ha planteado y tendremos muchas más ocasiones --al
igual que las hemos tenido hasta ahora-- de seguir hablando de todos
estos temas, así como de cauces ambientales que, como puede imaginarse,
es una de las prioridades dentro de un Ministerio de Medio Ambiente.
Y termino diciéndole al Senador interpelante, representante del Grupo
Parlamentario Socialista, que no se puede llamar política de parcheo a
aprobar en el Consejo de Ministros todos los planes de cuenca de España.
No se puede llamar política de parcheo a eso cuando, además, se ha
reunido --casi de forma constituyente de nuevo, porque hacía tres años
que se no reunía-- el máximo Consejo Asesor de Medio Ambiente en materia
de política hidráulica, el máximo foro consultivo, como es el Consejo
Nacional del Agua, y en el mismo, de 92 votos, 86 --no tengo el dato
exacto pero creo que fue así-- han sido favorables a las tesis que
estaban planteándose en ese momento para la aprobación de los planes de
cuenca.
Señor Gallego, éstos son hechos, lo demás pueden ser declaraciones de
principios, afirmaciones, juicios o interpretaciones que su señoría
quiera hacer porque el debate político asume todo. Pero usted tiene que
reconocer que hemos aprobado los planes hidrológicos de todas las cuencas
hidrográficas de España y que hemos elaborado un Libro Blanco del Agua
para seguir en esa política de obtener consensos, porque yo si que le doy
muchísima importancia: no es igual llegar a un plan hidrológico nacional
con una política consensuada del agua, con la mayoría de apoyos
parlamentarios y, sobre todo, con la mayoría de los usuarios y de los
regantes de España, como tenemos en este momento, que sin todo ello. Y
han hablado ustedes de dos Comunidades Autónomas que precisamente no van
a leer igual el Libro Blanco del Agua ni van a hacer la misma lectura de
un plan Hidrológico nacional, pero ahí están los hechos: se ha colaborado
con todas las Comunidades Autónomas y en ello ha intervenido todo el
Departamento del Ministerio de Medio Ambiente, incluso yo misma he
recorrido toda España conociendo por sus nombres a los regantes y a los
usuarios que tienen que utilizar esos servicios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Ministra, vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor Presidente.
Créame que en este momento también en Murcia --de donde usted dice que no
quiere hablar, pero es lógico que hable y yo lo comprendo-- se han hecho
muchas aportaciones y muy concretas que no pueden llevarnos a decir que
estamos en un callejón sin salida. Usted acaba de reconocer que hasta se
están declarando de interés general aquellas obras que tendríamos que
habernos encontrado realizadas y que no podemos seguir bloqueando por más
tiempo, para que haga el Estado las que las Comunidades Autónomas o los
Ayuntamientos deberían haber hecho y no han sido capaces de realizar. No
censure usted, no siga por ese camino porque no va a tener ninguna
credibilidad, ni siquiera en su propia región. Por último, como pienso
que usted también se da cuenta de que para solucionar el problema del
agua hay que tener una política de Estado, en donde no hay una solución
única, sino que tienen que buscarse soluciones complementarias, yo estoy
segura de que su señoría va a reflexionar y que, de cara a la conclusión
de la interpelación en una moción la semana que viene, podremos contar,
sin lugar a dudas, con aportaciones positivas de su señoría. Yo le
convoco a eso y, desde luego, con mucho gusto estaremos dispuestos a
negociar todas esas situaciones de realismo, no de utopías, sobre las que
espero que el señor Gallego reflexione y nos obsequie con sus
aportaciones la semana próxima, ya que parece que esta vez no ha tenido
tiempo.
Gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señora Ministra.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de esta tarde.
Eran las catorce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES.
(S. 621/000094) (C.D. 121/000027)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El tercer punto del orden del día
corresponde a dictámenes de comisiones
sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados. En este sentido, vamos a tratar del dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de reforma de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador don Roberto
Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me cabe el honor de presentar ante sus señorías, en nombre de la Comisión
de Economía y Hacienda, el dictamen del proyecto de ley que a
continuación debatiremos. El presente proyecto de ley de reforma de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores fue remitido por el
Congreso de los Diputados y publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», con fecha del pasado 15 de junio, para su trámite por
el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas, que
concluía el 26 de junio, fue ampliado a petición de los grupos hasta el 2
de septiembre. Se registraron 102 enmiendas suscritas por los distintos
grupos parlamentarios.
El 15 de septiembre pasado se reunió la Comisión para designar la
ponencia que había de informar el proyecto, cosa que hizo el 17 de
septiembre siguiente, introduciendo diversas modificaciones y enmiendas.
A continuación, en el mismo día, reunida la Comisión, pasó a dictaminar
aprobando por mayoría el texto del informe propuesto por la Ponencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. ¿Hay
debate a la totalidad? (Pausa.) Si no lo hay, y tampoco hubiere
intervención de los distintos grupos, podríamos pasar ya directamente al
debate de las enmiendas correspondientes a los artículos 1.º a 8.º,
disposiciones adicionales primera a decimoquinta, disposiciones
transitorias primera a séptima, disposición derogatoria única,
disposiciones finales primera a tercera y preámbulo, es decir, el
conjunto del texto.
Corresponde ahora debatir el voto particular número 3 del Grupo
Parlamentario Mixto, enmiendas números 1 a 18, originariamente
presentadas por don José Román Clemente, y la número 19 originariamente
presentada por doña Inmaculada de Boneta y Piedra.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas en los términos en que
están redactadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente quiero expresar la razón de la enmienda que se plantea, que no
es otra que preservar todas estas materias --ya que inicialmente el
Estatuto de Guernica tenía competencias sobre las Bolsas, concretamente
sobre la Bolsa ubicada en su territorio, la Bolsa de Bilbao-- de modo que
al configurarse de distinta manera el mercado de valores continúen
manteniéndose. Por tanto, se trata de expresar que las facultades que
esta Ley otorga al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, y, en especial, las que se contienen en
el Título V, concretamente en los artículos que se reseñan en nuestra
enmienda en materia de autorizaciones, suspensión, revocación, etcétera,
lo serán sin perjuicio de esa competencia atribuida por el Estatuto de
Guernica a la Comunidad Autónoma vasca.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
El voto particular número 1 corresponde al Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y se refiere a las enmiendas números 20 a 29 y 31 a
38.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Jon Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tal y como ha señalado la Presidencia, voy a pasar a defender
directamente las enmiendas que presenta nuestro Grupo a este proyecto de
ley. Posteriormente, en el turno de portavoces, explicaré cuál es la
filosofía y el sentido de nuestro voto a esta ley.
La primera enmienda de las que mantenemos vivas es la número 20, por la
cual solicitamos que los consejeros en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores sean nombrados a propuesta de las Comunidades Autónomas que
tienen competencias a este respecto. Nos encontramos en un Estado que se
dice que no es centralista, un Estado que se denomina autonómico y un
Estado que contempla, teniendo en cuenta que existen cuatro Bolsas
--Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia--, en tres Estatutos, en el de
Euskadi, en el de Cataluña y en el del País valenciano, que esas
Comunidades Autónomas tienen competencias en temas de Bolsa. Por lo
tanto, nosotros defendemos que en la elección de esos consejeros estén
representadas esas Comunidades Autónomas.
Desde nuestro punto de vista es la enmienda más importante de las que
presentamos y, desde luego, con su aprobación o no se vería --en un tema
que evidentemente, aunque todo es político, no tiene un calado
especialmente político, sino económico y financiero-- la voluntad de esta
Cámara, ahora que se habla tanto de reformas del Senado, de un Senado
territorial, de un Senado autonómico; se vería si eso realmente es cierto
o no es cierto, si es palabrería o no es palabrería, o si la reforma del
Senado y los planteamientos de un Senado territorial son, por parte de
los partidos de ámbito estatal, el querer hacer al final un Senado
uniforme contrario a todo lo que representan los hechos diferenciales que
recoge la propia
Constitución, que en su artículo 2 todos lo sabemos, habla de
nacionalidades y regiones.
El resto de las enmiendas, las números 21 a 29, básicamente tienen la
misma concepción y están dirigidas tanto a que se respete en este texto
de ley el reparto competencial que existe en el bloque constitucional, es
decir, en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía de aquellas
Comunidades Autónomas que tienen Bolsas y que tienen competencia en las
mismas, que son todas, casualmente, menos la Bolsa de Madrid, como a que
se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que, como recordarán
sus señorías, fue sobre la base de un recurso que presentaron tanto la
Generalitat de Cataluña como el Gobierno vasco contra el anterior
proyecto de ley del Mercado de Valores. Por lo tanto, en este sentido y
con esta filosofía, doy por defendidas las enmiendas números 21 a 29, que
van en esa dirección.
Lo mismo ocurre con las enmiendas números 32 a 35, ambas inclusive, que
también se basan en el respeto a la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la base del recurso que presentamos, como he dicho, el Gobierno
vasco y el Gobierno de Cataluña, y en el respeto del reparto competencial
que debe darse. Lo mismo ocurre con la enmienda número 37.
Por último, defenderé dos enmiendas específicas, la enmienda número 31,
por la cual pedimos --al final es la filosofía que late en esta
enmienda-- que se aclare una cuestión que parece implícita en la ley pero
que no se dice. Es decir, para procurar una mayor agilidad en la
liquidación al que se articula a través del Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores o su equivalente en la Bolsa de que se trate. De
este modo se elude toda posibilidad de que los contratantes se vean
obligados a ejercer acciones entre sí para exigir el cumplimiento
interpartes de las obligaciones nacidas de la operación bursátil. El
Servicio de Compensación y Liquidación se interpone entre el comprador y
el vendedor desde el mismo momento del contrato, incomunicándolos
jurídicamente. Por otra parte, señorías, al sustituir las obligaciones
pecuniarias derivadas de las distintas operaciones por una única
obligación consistente en satisfacer al importe del saldo, se evita que
el Servicio de Compensación y Liquidación tenga que hacer efectivos todos
los créditos del fallido por las ventas efectuadas por cuenta de éste
(téngase en consideración, señorías, que sólo haciendo efectivos dichos
créditos podrían ejercer los comitentes del quebrado, en su caso, el
derecho de separación de sus créditos por las ventas efectuadas por
cuenta de ellos, de acuerdo con el artículo correspondiente del Código de
Comercio), quedando sometido al principio de «par creditorum» por los
créditos del Servicio por las compras efectuadas por el fallido.
La enmienda número 36, de alguna forma, aunque no exactamente igual, se
dio por introducida en Ponencia. Nosotros la mantenemos, pero nos
acercamos al planteamiento que se hace, con lo cual no vamos a entrar en
su defensa.
Acabo, señor Presidente, con la defensa de la enmienda número 38, que es
la última que presenta nuestro Grupo. Es una enmienda de adición por la
cual pedimos que, en el primer párrafo del artículo 107 de la Ley
24/1988, se añada el siguiente texto: «... salvo cuando se trate de
organismos rectores de mercados secundarios oficiales ubicados en el
territorio» --y aquí está la clave, señorías-- «de una Comunidad Autónoma
con competencias en la materia, en cuyo caso la competencia para acordar
las medidas de intervención o sustitución corresponderá a ésta», ya que
es en esa Comunidad Autónoma donde está la ubicación territorial
correspondiente. Y esto lo hacemos, señoría, en coherencia con las
potestades de inspección y supervisión que el artículo 84 otorga a las
Comunidades Autónomas que tienen competencia al respecto y que, como he
dicho, en cuanto al mercado bursátil, son tres de las cuatro que tienen
Bolsa: la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma de
Cataluña y la Comunidad Valenciana, es decir, todas menos la Comunidad de
Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Para defender el voto particular número 2, de Convergència i Unió, que
corresponde a las enmiendas números 96 a 99 y 101, tiene la palabra el
Senador don Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Voy a aprovechar este turno de defensa de enmiendas para hacer también un
breve comentario sobre el posicionamiento de nuestro Grupo ante este
proyecto de ley, el cual ha tenido una tramitación parlamentaria muy
laboriosa, yo diría que incluso lenta, ya que ha pasado mucho tiempo en
el Congreso de los Diputados, pero esperemos que estos trabajos
parlamentarios hayan servido para dotarlo de la calidad, sobre todo
técnica, que un proyecto de esta envergadura, dada la ley que reforma,
necesita.
Un último ejemplo de esta laboriosa tramitación parlamentaria, está en el
hecho de las variaciones importantes, al menos en cantidad y algunas de
ellas introduciendo también temas nuevos, que se produjo en la Ponencia
en el Senado la semana pasada.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente al dictamen, es decir,
globalmente al proyecto, porque entendemos que es un proyecto necesario
para la adaptación de las normativas de la Unión Europea, y porque
consideramos que, de forma global, mejora técnicamente la operativa de
los mercados de valores y, sobre todo, actualiza la norma a través de la
que se debe regir un mercado actual y moderno de valores, en consonancia
con nuestra integración ya plena en la Unión Europea y, en este caso,
también en la Unión Monetaria.
Entrando ya en la defensa de nuestras enmiendas, diré que en nuestro voto
particular mantenemos cinco enmiendas de las que retiramos dos, la 96 y
la 99. La 96 la retiramos porque, tal y como comentó en su intervención
en la Comisión el Senador Utrera, corroboramos que el objeto de esta
enmienda se encuentra ya en el texto de ley aunque ubicado en un sitio
distinto del que pretendía
nuestra enmienda. En cualquier caso, consideramos que es suficiente con
ello, por lo que retiramos la enmienda número 96. Y por lo que hace
referencia a la enmienda 99, también la retiramos, porque entendemos que
su contenido queda ya incorporado en el proyecto a través de la enmienda
número 74 del Grupo Parlamentario Popular, que se aprobó en Ponencia.
En cuanto a las otras tres enmiendas que ahora defendemos y vamos a
someter a votación en este Pleno, la enmienda 97 es la que centra, de
hecho, nuestra preocupación y también --por qué no decirlo-- nuestra
discrepancia concreta en lo que hace referencia a este proyecto de ley.
El hecho, tal y como ya ha dicho en su intervención el Senador Gangoiti,
de que en determinados aspectos no se reconozca en este proyecto de ley
la realidad competencial actual del Estado nos crea, lógicamente, una
importante disconformidad y, como he dicho ya, una discrepancia concreta.
Con esta enmienda presentamos una propuesta mediante la cual pretendemos
que se nombre un consejero para la Comisión Nacional del Mercado de
Valores a propuesta de las Comunidades Autónomas que tienen competencia
en política financiera y en materia de regulación y tutela del mercado de
valores y que, además, tengan una institución bursátil en su territorio.
Entendemos que este planteamiento encaja plenamente en el marco
constitucional y en el que delimitan los Estatutos de Autonomía, al
tiempo que responde también, tal como ha dicho el Senador Gangoiti, a la
sentencia que el Tribunal Constitucional dictó. Por tanto, consideramos
que, dado que hay un pleno encaje constitucional y estatutario respecto
de este tema, es un asunto que se debe resolver exclusivamente a través
de una voluntad política, en este caso, del Grupo mayoritario de la
Cámara.
En este tema mantenemos un ofrecimiento que también se hizo en el
Congreso de los Diputados en forma de transacción limitando la propuesta
a que fuera un único consejero propuesto de común acuerdo por las tres
Comunidades Autónomas con mercado bursátil en su territorio. Mantenemos
esta propuesta como transacción que podría dar solución a este tema que,
tal como he dicho, nuestro Grupo considera que es suficientemente
importante.
Por lo que hace referencia a las otras dos enmiendas, las números 98 y
101, para nosotros tienen una transcendencia menor, si bien las
mantendremos para su votación.
Por tanto, señor Presidente, una vez más quiero apelar al grupo
mayoritario para que reflexione y colabore en dar cohesión y coherencia
al papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores integrando en
este órgano la realidad del mercado secundario oficial en el Estado, en
el que es evidente que hay cuatro bolsas.
Por tanto, si el papel de tutela que ejerce la Comisión Nacional de
Valores no se refleja en el mapa competencial que respecto a todos estos
aspectos está hoy vigente en el Estado, entendemos que difícilmente podrá
llevar a cabo esa función de tutela con la cohesión y coherencia que
entendemos es necesaria.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Corresponde ahora el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista, que es la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
relación con los artículos que fueron modificados por las enmiendas
números 47, 52, 61, 62, 69, 74 y 75, del Grupo Parlamentario Popular, y
la 102, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como
el siguiente voto particular, el número 5, correspondiente a las
enmiendas 77 a 79, 81 a 91 y 93 a 95, para cuya defensa tiene la palabra
el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, objeto de esta intervención, tal como anunciaba el señor
Presidente, es la defensa de los dos votos particulares que ha presentado
el Grupo Socialista: uno, manteniendo las enmiendas de nuestro Grupo, y
el otro, proponiendo la vuelta al texto del Congreso en cuanto a los
artículos modificados por las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
introducidas en el trámite de Ponencia y la del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
Defenderé ambos votos particulares en su integridad excepto lo relativo a
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular número 75, cuya vuelta al
texto del Congreso defenderá --si lo permite el señor Presidente-- el
Senador Alegre Escuder.
Curiosamente las mayores discrepancias que tenemos a este proyecto de ley
no derivan de nuestras enmiendas; es decir, nuestra posición no reflejaba
un modelo alternativo de regulación. Las mayores discrepancias tienen su
origen en las enmiendas de última hora introducidas en el Senado por el
Grupo Parlamentario Popular.
Hablaré primero de la tramitación normal del proyecto de ley, es decir,
de su contenido antes de dichas enmiendas, ya que las discrepancias son
menores, y anticipo que votaremos buena parte del proyecto de ley porque
ha habido acercamientos en el trámite del Congreso en Ponencia y en
Comisión a lo largo de más de un año; porque el proyecto presentado por
el Gobierno es una regulación alternativa a la Ley de 1988, que se
modifica, y en este sentido, si alguien ha cambiado de posición desde
1988 ha sido el Partido Popular que en aquel momento hizo oposición a
este modelo de regulación; y, en tercer lugar, porque en muchos aspectos
es perfectamente homologable a la regulación existente en la Unión
Europea, incluso inducida, como recordaba el Senador Cambra, por
directivas concretas.
En este capítulo de acuerdos, me gustaría poner un cierto énfasis en la
introducción --mediante una transacción en Ponencia-- de nuestra enmienda
número 80, relativa a favorecer y estimular la mutua participación entre
sociedades administradoras de Bolsas de Valores nacionales y
transaccionales, un proceso que entendemos que hay que prever, regular, e
incentivar. Entendemos, en primer lugar, que es inevitable, son cosas que
hay que hacer,
y, en segundo lugar, que la presencia de muchas más empresas españolas en
los mercados bursátiles internacionales es bueno y saludable, así como un
factor de estabilidad --siempre relativo, como se está demostrando estos
días-- estar en el euro.
Sin embargo, subsisten discrepancias --no exactamente menores-- en
relación, como digo, al trámite normal del proyecto de ley, es decir,
antes de la introducción de enmiendas en el Senado.
En términos generales podríamos señalar que, estando de acuerdo en
flexibilizar y agilizar todo el proceso de emisión y transacción de
valores --tal vez sea ésta la característica de este proyecto, que
responde a nuevas exigencias del funcionamiento de los mercados
bursátiles--, creemos que ello debe ser compatible con el mantenimiento
de mecanismos de garantía y seguridad para los accionistas y de la máxima
transparencia. Estos son los objetivos genéricos de nuestras enmiendas:
máxima transparencia en la publicidad de emisiones; tipos de activos
financieros que deben componer determinadas titulaciones; excesiva
discrecionalidad, a nuestro juicio para eximir de requisitos determinadas
emisiones; y evitar la posibilidad de crear fondos de titulación
hipotecaria con créditos vencidos. Consideramos que estos aspectos se
mejorarían con el texto de nuestras enmiendas números 78, 79, 82, 87, 93
y 94. También pensamos que con nuestras enmiendas 81, 84, 89, 83 y 85 se
consigue una mayor concreción en la forma de regular reglamentariamente
quién puede ser miembro de los mercados secundarios de futuro sin reunir
los requisitos exigidos por el artículo 37 de la Ley y una mayor
precisión en la composición de los grupos consolidados de empresa de
servicio de inversión o sobre la naturaleza juirídica de los agentes.
Asimismo, nos gustaría introducir a través de nuestras enmiendas un
mandato más preciso al desarrollo reglamentario en relación a propuestas
o criterios del Consejo de Estado o del Banco de España, así como
facilitar la agilidad en la toma de decisiones por parte de la propia
Comisión Nacional del Mercado de Valores, enmiendas números 86 y 88.
Finalmente, introducimos algunas previsiones para mejorar la operatividad
de la lucha contra el blanqueo de capitales o dotar de mayores garantías
y precisión el régimen sancionar, que se reflejarían en nuestras
enmiendas números 90 y 91.
Una vez defendidas estas enmiendas en el sentido de considerar que
mejorarían el texto en el caso de ser incorporadas, vamos a pasar a las
38 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Senado,
después de que el proyecto haya estado durante más de un año en el
Congreso, donde ha habido un importante proceso de acercamiento y un
clima de búsqueda de consenso. Sobre 31 de estas 38 enmiendas no tenemos
nada que objetar, porque, ciertamente, son de mejora y no alteran
contenidos. No ocurre así con las 7 restantes, sobre las que mantenemos
el voto particular de devolución al texto original, porque pensamos que
hay problemas de contenido y de método.
Hay problemas de método en dos sentidos. En primer lugar, no nos parece
un método correcto buscar acuerdos en el Congreso, conseguirlos en buena
medida y, a continuación, violentarlos introduciendo cambios importantes
en el Senado con contenidos de posible disenso que dejan a los demás
grupos sin posibilidad de enmendar o, para ser exactos, de poder enmendar
sólo con la opción de devolución al proyecto original, ya nosotros nos
hubiera gustado enmendar siguiendo el trámite normal de un proyecto de
ley. En definitiva, no nos parece razonable pretender hacer compatibles
consenso, por una parte, y rodillo, por otra. No son términos
compatibles. Nos parece un abuso procedimental.
En segundo lugar tampoco nos parece aceptable usar, por lo menos como
método habitual, la modificación de otras leyes a través de trámites
legislativos ordinarios, costumbre que va proliferando. Por si no basta
ya con el creciente abuso que supone esta práctica en la ley de medidas
que acompaña a los presupuestos, cada vez es más frecuente la extensión
del sistema a otros trámites ordinarios de leyes, a veces sin que lo que
se modifica tenga mucho que ver con la ley objeto de tramitación. Es un
método que nos parece opaco, nocturno, abusivo y, lo que es peor,
sistemático, o sea, intencionadamente opaco, nocturno y abusivo, desde
nuestro punto de vista.
En cuanto al contenido, los temas son varios, pero los más de mayor
trascendencia son dos. El primero es que creemos que existe un trato
privilegiado y discriminatorio a favor de determinados accionistas y en
detrimento de otros en su enmienda número 74, ya incorporada en Ponencia,
y que modifica al texto refundido vigente de la Ley de sociedades
anónimas, donde se faculta a los consejos de administración para emitir
acciones preferentes, dotadas de cualquier tipo de beneficio económico y
sin límites, y para decidir si los antiguos accionista y cuáles de ellos
tienen o no derecho de suscripción preferente de dichas emisiones. La
Comisión de Codificación dependiente del Ministerio de Justicia advierte
claramente que esta modificación privilegia a los accionistas que
ostentan el paquete de control. Entendemos que es lógico que haga esta
observación, porque estamos ante un tema jurídico, un tema de derechos.
Todos queremos agilidad y flexibilidad en el Mercado de Valores, pero sin
violentar derechos, por supuesto.
El segundo de los temas es la ampliación de 10 a 20 años del período
máximo de amortización de activos adquiridos y contabilizados como fondo
de comercio. Yo creo que es doctrina aceptada que este tipo de activos
intangibles debe ser amortizado en períodos suficientes, pero
relativamente breves. Es una buena práctica en empresas saneadas si se
quiere hablar de rigor, de ortodoxia y de transparencia. Yo les rogaría,
señores del Grupo Parlamentario Popular, que nos expliquen el porqué. A
la vista de sus razones, salvo que sean muy convincentes, profundizaremos
en este tema en el turno de portavoces. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert i Bosch.
Tiene la palabra el Senador Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Socialista, con la presentación y defensa del voto
particular en el que está incluida la enmienda número 75, a la
disposición final primera, que presenta el Grupo Parlamentario Popular,
pretende que de esta Cámara, como bien ha explicado el Senador Gibert,
salga aprobado el mismo texto que llegó del Congreso, que tuvo entrada en
el Senado y que, incomprensiblemente, el Grupo Parlamentario Popular
quiere modificar con esa enmienda número 75, que si queda aprobada, como
ellos pretenden, representaría un grave perjuicio para un importante
número de pequeños inversores de Aragón. Digo pequeños inversores porque
son, aproximadamente, unos 7.000 los que se han visto afectados por la
crisis-estafa u operación desplume, como quieran ustedes calificar al
caso ABA en una cantidad aproximada a los 15.000 millones de pesetas. La
media de poco más de dos millones por afectado nos hace ver que estos
ciudadanos de Aragón, miles de aragoneses, son gentes sencillas, son
pequeños ahorradores, que ni eran ni son avariciosos o ambiciosos, que no
sabían que invertían en paraísos fiscales y que a la vez confiaban en que
las instituciones garantizaban una cierta regularidad. Han sido 15.000
millones que para Aragón suponen una importantísima pérdida, teniendo en
cuenta las cifras en las que se mueve mi región. Pueden ver los
presupuestos de la Comunidad Autónomas y así apreciar lo que les digo.
El Gobierno del Partido Popular debería haber traído al Parlamento este
proyecto de ley mucho antes de lo que lo ha hecho. Sus dudas, sus
titubeos, su inoperancia, retrasaron su tramitación, de tal forma que ha
dado lugar a esta situación que hubiera podido evitarse si se hubieran
hecho las cosas en su momento.
La transposición y la aplicación urgente de la Directiva de la Unión
Europea hubiera supuesto una cobertura de unos 15.000 a 20.000 ecus por
inversor y con ello se hubiera garantizado un porcentaje del 90 por
ciento en la seguridad de los pequeños inversores. A por qué no se hizo
en su momento es una pregunta que deberán ustedes intentar responder en
su intervención.
La aprobación en el Congreso de una enmienda que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista «in voce» añade un segundo párrafo a la
disposición final primera, haciendo que la entrada en vigor en lo que se
refiere al artículo 77, Título VI, relativo a los Fondos de Garantía de
Inversiones coincida con la fecha de vigencia de la Directiva 93/22 de la
Unión Europea del 10 de mayo de 1993, dando así solución al problema de
estos pequeños ahorradores de Aragón. Por cierto que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Fernández de
Trocóniz, calificó esta enmienda del Partido Socialista de imaginativa y
sugerente y que sería tratada con el máximo cariño y el máximo mimo en el
trámite del Senado. Esperamos ver si hacen ustedes caso de lo que dijo el
señor Fernández de Trocóniz.
Por otra parte, parece que en este momento los tribunales imponen
importantes fianzas, pero yo creo que esto no invalida nuestra petición.
La garantía real para estos inversores está en la retroactividad que se
pide para el citado artículo 77 no en hipotéticas fianzas que veremos a
ver cómo se llevan a cabo, cuándo y de qué forma se hacen efectivas.
Mucho nos tememos que lo único que tengan a su nombre los responsables de
este caso sea el Documento Nacional de Identidad.
Ustedes posiblemente tengan razones técnicas de peso. Esperamos que nos
las hagan ver en su intervención para mantener la enmienda número 75.
Nosotros tenemos razones humanas de mucho peso para pedir que la retiren.
Tenemos razones humanas para pedir que permitan ustedes que esta gente de
Aragón que se dejó la piel y con la piel parte de su vida en recoger con
su esfuerzo, con su trabajo, unos pequeños ahorros, recupere, de ese
sudor que derramaron abundantemente, las pocas gotas que puedan caber en
un pañuelo. Esto es lo que está en sus manos y esperamos que con la
retirada de su enmienda pueda llevarse a cabo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alegre.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a agotar este turno en contra, primero manifestando el agradecimiento
a todos los grupos parlamentarios tanto por las enmiendas presentadas
como por la actitud manifestada ahora en su defensa. Nos es especialmente
grato conocer ahora que para el Grupo Parlamentario Socialista sus
enmiendas presentadas en el Senado partían de un consenso básico y casi
total con el proyecto de ley y que lo único que les ha enojado son las
enmiendas que nosotros, a su vez, hemos presentado en el Senado. Por
tanto, voy a empezar explicando cuál ha sido el objetivo de las enmiendas
que hemos presentado en esta Cámara todas ellas incluidas ya en el
trámite de Ponencia y votadas afirmativamente en el trámite de Comisión,
enmiendas que ratificamos en estos momentos en el Pleno.
Hay que señalar que la mayoría de las 38 enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular, y ya incorporadas --insisto en ello--, tiene
una naturaleza de técnica relacionada con la mejora en la eficiencia en
el funcionamiento del mercado, y en algunos puntos, como luego tendremos
ocasión de ver, aclaran el alcance de algunas disposiciones ya incluidas
en el proyecto.
A título de ejemplo diré que hemos presentado una enmienda, de la que
supongo no disentirán, en el sentido de que las garantías aportadas por
los Fondos de Garantías de Inversiones han de entenderse, lógicamente,
para aquellas operaciones que se derivan del funcionamiento incorrecto de
los mercados y no de su funcionamiento correcto. Su actitud en relación
con determinadas operaciones fallidas, concretamente las operaciones de
la Agencia ABA nos ha llevado a pensar que era conveniente aclarar a
todos los operadores de mercado y a todos los inversores, que no se
cubren por fondos de garantía los quebrantos, las pérdidas normales que
en los mercados bursátiles, en los mercados
secundarios se derivan como proceso natural de las cosas. Por tanto, se
trata únicamente de aquellas que se refieren a operaciones incorrectas,
fraudulentas o de otro tipo, en todo caso insolvencias financieras de
quienes tienen depositados fondos por cuenta de inversores para su
inversión y colocación en mercados de valores.
Hemos presentado otras enmiendas que también proporcionaban al mercado
una mayor operatividad --por cierto, supongo que de eso deberán alegrarse
todos los grupos parlamentarios, incluso aquel que disiente de las
enmiendas que hemos presentado, el Grupo Parlamentario Socialista--, y
les pondré un ejemplo de ello. La operación de préstamos de valores era
una operación no regulada en España ni en sus aspectos de operativa
bursátil ni en sus aspectos de operativa fiscal. Consecuentemente, es una
operación que no se realizaba prácticamente en España, y todas las
operaciones de préstamos de valores no suponen más que crear dentro del
propio mercado una movilización de todos aquellos títulos valores que en
manos de inversores a largo plazo no se están realizando, para
estabilizar cotizaciones o para atender sobre peticiones a las que en
ocasiones se enfrentan los colocadores de emisiones de títulos realizadas
por compañías que desean cotizar o ampliar los títulos que cotizan en
Bolsa.
En definitiva, todas ellas son enmiendas que mejoran fundamentalmente la
operativa de los mercados y que, al mismo tiempo, permiten también
reforzar las garantías que aquellas instituciones encargadas del control
de las operaciones (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de
España) representan para los inversores.
En ese sentido, nosotros no tenemos mala conciencia. Todas nuestras
enmiendas han sido razonablemente estudiadas, meditadas durante largo
tiempo, y todas ellas permiten una fundamentación y una justificación
individualizada que estaré muy satisfecho de darles. Por tanto, no ha
habido en modo alguno --esto lo digo con la tranquilidad que nos da el
saber lo que estamos haciendo-- intento de burlar el debate parlamentario
en el Congreso o en el Senado sobre ninguna medida de las que van a
contenerse en la ley del Mercado de Valores. Y eso es así porque a
nosotros nos interesa que esta ley salga no sólo con el máximo consenso
posible sino con corrección, que salga con toda la garantía para los
inversores y operadores en los mercados de valores que este proyecto de
ley que hoy debatimos, y que en la próxima sesión del Congreso se
convertirá en ley, debe tener. Por tanto, los preceptos han de ser
claros. En modo alguno se ha tratado de hurtar nada, ya que eso supondría
que estamos introduciendo alguna novedad o alguna norma que encuentra
poca fundamentación. En modo alguno hemos querido burlar un debate
parlamentario. Lo único que se ha hecho ha sido introducir modificaciones
de técnica y de operativa financieras importantes.
En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Socialista se ha referido a dos
cuestiones que, aparte de la irritación general que parece que les ha
producido nuestras enmiendas ya incorporadas, todavía les han irritado
más. La primera es nuestra enmienda número 74, que introduce una
modificación, que nosotros hemos entendido urgente, en la Ley de
Sociedades Anóminas.
¿Cuál es el motivo de esa modificación urgente, y por qué en la misma no
se recogen todas aquella cuestiones que deben ser modificadas en la Ley
de Sociedades Anónimas? Esta segunda cuestión tiene una respuesta fácil:
porque en otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular comprometemos al
Gobierno a que en un corto período de tiempo --seis meses, creo
recordar-- traiga una modificación del Título X de la Ley de Sociedades
Anónimas respecto de las obligaciones, porqué en los mercados secundarios
se negocian también obligaciones. Por tanto, queremos que esa cuestión se
trate asimismo con brevedad, pero no en este proyecto de ley, relativo al
mercado de valores.
¿A qué se refiere la modificación que hemos propuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas relativa a los mercados de valores? Fundamentalmente,
a las acciones. Y entre éstas, observamos que las acciones preferentes
están muy extendidas en otros países, dotan de agilidad al mercado y
satisfacen las demandas de inversores; es decir, hay inversores que
encuentran su demanda satisfecha con acciones preferentes, que dan una
garantía en la participación en los beneficios societarios, una
preferencia en esa distribución de beneficios, pero al mismo tiempo
suponen una renuncia a derechos de voto. Por tanto, acciones son, pero de
una clase o tipo distinto a las acciones ordinarias que conocemos.
Confieren derechos políticos: todos los inherentes a las acciones, con
excepción del voto. Y de hecho, que existe una demanda para ese tipo de
acciones lo refleja la operativa bursátil en los mercados
internacionales. En consecuencia, lo que hemos pretendido es acomodarnos
a esa demanda. Concretamente, se establece una regulación específica de
ese tipo de acciones, porque lo sorprendente sería que se operara con un
instrumento no regulado. Esto es, como digo, lo que se hace en este
proyecto de ley.
Usted no ha entrado en los contenidos reales de la enmienda, pero si
observa esos contenidos comprobará que lo único que se hace es definir el
instrumento, definir cada una de las características de ese instrumento,
y establecer la muy polémica cuestión sobre los derechos de suscripción,
porque puede ser que a través de la adquisición de acciones sin derecho a
voto al hacerse efectivos los derechos de suscripción se podría tener
derecho a adquirir acciones con voto. Por tanto, esta era una cuestión
técnica que había que dilucidar y eso se ha hecho de la mejor manera
posible. Así, se distingue entre sociedades con cotización y sin
cotización, porque son problemas totalmente distintos, y en ambos casos
se permite que sean los propios estatutos de la sociedad los que
determinen las modalidades de ejercicio de ese derecho preferente de
suscripción.
Hasta aquí creo que, con independencia de la labor de oposición --que,
por otro lado, todos agradecemos--, podemos estar razonablemente de
acuerdo. Pero no lo estamos en absoluto con la intervención del segundo
portavoz del Grupo Parlamentario socialista en lo relativo a un aspecto
muy concreto, la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario Popular
--incorporada en la Ponencia y, por tanto, también incorporada en el
proyecto de ley--, sobre
la retroactividad en las garantías que los nuevos Fondos de Garantías de
Inversión aportan a los inversores cuando se producen quebrantos por
insolvencias, ya sean fraudulentas o de otro tipo, de los intermediarios
financieros, en definitiva, de las empresas de servicios de inversión.
Por utilizar un término suave al hablar sobre esta cuestión, permítanme
una licencia de carácter musical. Hace ya algunos años había una canción
que recuerdo genéricamente por lo chocante del título, que decía algo así
como: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? Y yo siempre me
he preguntado qué hacía el Grupo Parlamentario Socialista en una cuestión
como ésta, es decir, defendiendo los derechos --no lo olvidemos-- de
personas que pueden ser pequeños o grandes inversores; personas que, en
el ejercicio de sus derechos individuales, han realizado inversiones,
pero lo han hecho en unos activos que aportaban, qué duda cabe, una
sorprendentemente alta rentabilidad para lo normal en el mercado, y
ustedes ya saben que la alta rentabilidad suele ir asociada a un riesgo
algo más alto.
Lo que el Grupo Parlamentario Socialista está defendiendo de forma
explícita --y querríamos saber también que otros grupos lo hacen y de qué
forma, si explícita o implicita-- es una mala solución, porque si ustedes
reflexionan sobre ello, lo que están haciendo mediante la propuesta de
modificación legal, tal y como vino del Congreso de los Diputados, es
bloquear las acciones judiciales de esos inversores defraudados, --como
muy bien recordaban a través de paraísos fiscales, por lo que vuelvo a
repetir qué es lo que hace el Grupo Parlamentario Socialista en un sitio
como este-- contra unos responsables concretos --también con nombres y
apellidos-- a los que por vía judicial se les pueden exigir sus
responsabilidades.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, y por
lo que veo, también en el Senado, dice: Vamos a ser generosos con el
dinero de los demás. Y ser generosos con el dinero de los demás --y me
gusta explicárselo a todos los Senadores porque algunos, posiblemente
bastantes, no estén en la interioridad de lo que se está hablando--
significa que ante un quebranto fraudulento --yo no lo dudo y, por tanto,
insisto en que ha de tener la respuesta judicial correspondiente, que son
las acciones que ya han emprendido los inversores defraudados de ABA--,
se actúa de la forma que ahora les voy explicar.
La solución legal que se le quiso dar en el Congreso de los Diputados, a
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y que parece ser que de
nuevo se quiere reproducir --yo, de forma optimista o ingenua pensaba
que, quizás, el Grupo Parlamentario Socialista cambiaría su posición-- es
la siguiente: De todos los fondos de garantía de inversiones todavía por
crear, es decir, aún no constituidos (que, además, pueden ser varios,
porque los fondos actuales de garantía de operaciones bancarias se van a
constituir en fondos de garantía de inversiones y además estarán todos
aquellos que sean necesarios por la operativa de inversión) uno de ellos,
el que se adscriba a la operación, va a nacer ya quebrado, con un
patrimonio negativo, una deuda, de 14.000 millones de pesetas.
Consecuentemente, los particulares, las agencias de valores, las empresas
y sociedades de inversión que operen a través de ese fondo, y los
clientes, que están operando no en paraísos fiscales sino en operaciones
más corrientes, menos sofisticadas, van a tener que abonar la
indemnización para inversores que operaron con otras condiciones en el
pasado. La lógica --por eso insistimos-- dice que esto es un fraude
político, que es una solución que no es solución, porque ese fondo de
garantía de inversiones se va a quedar sin clientes y nunca se van a
poder cubrir esos 12.000, 13.000 o 14.000 millones de pesetas de pasivo
con el que nace.
Por tanto, no digan que ustedes tienen una solución, no creen falsas
expectativas. Esa solución no es solución, es simplemente distraer --como
ya se hizo en el pasado--, iniciar una carrera judicial y unos conflictos
judiciales de muchos años, entorpecer las soluciones judiciales que ahora
se pueden conseguir con la legislación vigente --lógicamente, si se
aprueba una ley con el carácter retroactivo, qué duda cabe que las
acciones judiciales actuales se verán entorpecidas--, retrasarlo muchos
años y, al final, pagar, no se sabe quién. No sean generosos con los
fondos de un fondo de garantía privado de inversiones que se ha de
constituir en el futuro y en el que, lógicamente, aunque se constituya,
muy pocos agentes van a desear introducirse.
El Grupo Parlamentario Popular pensaba que habían recapacitado sobre esa
cuestión. Está claro que hay que dar una solución a los inversores de ABA
--quienes han sido defraudados--, la cual ha de venir por las vías y los
cauces establecidos. Han de ser los responsables de ese fraude los que
hagan frente al mismo y no podemos pretender que entidades todavía por
crear sean las que en el futuro paguen, porque van a recurrir y van a
ganar, ya que esta norma es incostitucional. Por ello, nosotros no hemos
presentado esta enmienda como un cambio de parecer --siempre hemos
mantenido el mismo--, sino que lo único que hemos hecho es poner la norma
en los términos en que debe de estar: no aplicar un carácter retroactivo,
que es negativo para los sujetos que tendrían en el futuro que compensar
el mencionado fondo.
Por tanto, ya tienen ustedes explicación, creo yo que bastante completa,
de las dos cuestiones que especialmente les habían creado inquietud de
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y ya
incorporadas.
Respecto a las enmiendas de los otros grupos y en un brevísimo turno en
contra, si me permiten, quiero decir lo siguiente: agradecemos mucho las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, pero aunque las agradecemos y
compartimos sus objetivos, su preocupación principal, las rechazamos por
innecesarias.
Entendemos que la mayoría de las cautelas --porque, en definitiva, esas
enmiendas pretenden el establecimiento de cautelas especiales protectoras
de los inversores-- ya están incorporadas en el proyecto de ley.
Piénsese, por ejemplo, que ha aumentado la coordinación de la Comisión
Nacional Mercado de Valores con el Banco de España y que ello va a
permitir unos controles más
eficaces; que se han creado los Fondos de Garantías de Inversiones y se
ha especificado qué operaciones son garantizables por esos fondos,
etcétera. En consecuencia, entendemos que esta ley no adolece,
precisamente, para los inversores, de garantía de control de las
actuaciones de los agentes que intervienen en mercados de valores.
Por tanto, con esta preocupación principal y con esta respuesta que les
doy, permítanme que pase a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Dentro de las enmiendas presentadas por
dicho Grupo --en este momento no veo a mi compañero Jon Gangoiti, aunque
en la sala-- hay que distinguir tres grandes apartados. La enmienda
número 20, la principal, propone que algunos de los consejeros de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores --en ello coincide, si no me
equivoco, con la enmienda 97 del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió-- sean designados por las Comunidades Autónomas, bien sean tres
consejeros, en el caso de la enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, o bien un consejero en el caso de la
enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En ambos casos no estamos de acuerdo y no lo estamos por dos tipos de
consideraciones. En primer lugar, porque la sentencia del Tribunal
Constitucional relativa a la Ley del Mercado de Valores salva
expresamente la constitucionalidad del artículo 17 y expresamente dice
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores responde --y, por tanto,
ha de organizarse teniéndolo en cuenta-- a las decisiones que efectúe el
Gobierno de la Nación y éste --pensamos-- debe reservarse la decisión
sobre quiénes han de ser los consejeros en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
En segundo lugar, tampoco es correcto, y nos parece que crearía un
sinnúmero de conflictos, el hecho de que se atribuya sólo a algunas
Comunidades Autónomas la capacidad para tener consejeros en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, puesto que la mayor parte de las
Comunidades Autónomas tiene competencias en materias financieras. No lo
olvidemos, la mayor parte de ellas las tienen, y las que no las tienen
ahora las van a tener porque estamos reformando los estatutos.
La creación de mercados secundarios es relativamente sencilla, tanto como
que sobre una materia prima básica se establezca un mercado de derivados,
de opciones o de futuros, e inmediatamente, aunque sea un mercado que
opere poco, va a ser un mercado secundario. A partir de ahí, la cuestión
de la designación de consejeros en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores se nos abriría mucho. Y es que, además, entendemos que esta
Comisión, precisamente por su papel regulador de los mercados de valores
españoles, no debe abrirse a estas consideraciones autonómicas, Sin
embargo, si han de tenerse en cuenta, y por ello proponíamos enmiendas
transaccionales al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
en los mercados de estricta competencia y de ámbito estricto autonómico,
donde la regulación, tanto de la capacidad de creación como de la de
organización, debe corresponder, como no podía ser de otra forma de
acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, a los órganos
designados por los Gobiernos autonómicos.
Por tanto, la cuestión referida a la enmienda número 20 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y a la enmienda número
97, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene una respuesta
clara y es que las rechazamos por esta serie de consideraciones.
El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, las números 21 a 38, reflejan un problema de falta
de concreción --diría más bien de incomprensión-- de lo que dijo el
Tribunal Constitucional en la sentencia relativa a la Ley del Mercado de
Valores. Si bien se dijo que las competencias autonómicas eran claras en
mercados de ámbito autonómico, en modo alguno se dijo que mercados que
tengan su residencia física en un territorio autonómico sean de ámbito
autonómico; por el contrario, la definición de ámbito autonómico se
refiere a las operaciones que se realizan, los títulos que se negocian en
ese mercado y los agentes que intervienen en él; si son de ámbito
autonómico está claro: el mercado es de carácter autonómico y la
regulación corresponde a la Comunidad Autónoma. Si por el contrario,
aunque esté residenciado en un determinado territorio, cualquiera que
éste sea, un mercado secundario por ejemplo, éste negocia títulos o
intervienen agentes de toda la nación y por tanto es de ámbito superior
al autonómico, deja de ser mercado autonómico y su organización
corresponde, lógicamente, al Gobierno. Consecuentemente, rechazamos
también todas esas enmiendas. Bien es verdad que en el caso de la
enmienda número 34, se ofreció una transaccional, al igual que en la
enmienda número 38, si no me equivoco --que podría confundirme--, que no
fue aceptada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos; sin embargo si aceptamos la enmienda numero 30 en los términos en
que estaba redactada porque ahí si se aclaraba que eran las operaciones
referidas a títulos ordinarios las que deberían recogerse en los mercados
secundarios como usuales de las bolsas.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió creo que está dicho casi todo; ya hemos transaccionado alguna
enmienda; hemos incorporado dos, si no recuerdo mal, y el motivo de
enfrentamiento mayor se corresponde con la enmienda número 97, que al ser
equivalente en el espíritu, no en la redacción, a la número 20 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la doy por contestada.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista se ha
incorporado una técnica, si no recuerdo mal; quedamos en que se
transaccionaria otra, vamos a hacerlo, bien es verdad que es una enmienda
menor, ya que se trata de introducir en el preámbulo un texto que se
corresponde con una transacción que ya hicimos en Ponencia, relativa a la
internacionalización de los mercados españoles. Si no entendí mal, en la
información que se dio a los medios de comunicación, después de la
presentación de las enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista se le daba una gran importancia a la internalización de los
mercados de valores, eso se ha conseguido, ahí hemos podido
transaccionar, no así en otras cuestiónes.
Creo que ya hemos contestado a las dos cuestiones que más preocupaban,
que era nuestra enmienda número 74, de reforma de la legislación
mercantil, de la Ley de Sociedades Anónimas, y a la cuestión de la
retroactividad del Fondo de Garantía de Inversiones en algunas
operaciones y en unas fechas concretas. Permítanme que no haga un
recorrido exhaustivo por el resto de enmiendas aunque las rechazamos por
diferentes razones. Entiendan que se han estudiado todas con
detenimiento. Por ejemplo, si tienen interés en hablar de alguna en
concreto, podríamos hacerlo. La número 86, relativa a la regulación de
las cuentas transitorias de las empresas de servicios de inversión
coincide aproximadamente con otra presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, Izquierda Unida. Básicamente se vienen a prohibir las cuentas
transitorias o bien que se retribuyan.
La operativa hace imposible que se prohíban y es muy difícil que se
retribuyan. Esos fondos, son puramente transitorios, estamos hablando de
cuestión de días y, si el cliente de la sociedad quiere, de horas; otra
cosa es que el cliente deje allí los fondos depositados durante un mes,
dos meses, el tiempo que sea, hasta que decide su colocación en una
inversión financiera; otra cosa son aquellos problemas que se derivan de
testamentarías, etcétera. Pero, al margen de situaciones excepcionales,
estamos hablando de un día, dos días, tres días de mantenimiento de esos
fondos. Si se retribuyeran esos fondos, entonces sí que las sociedades de
este tipo pasarían a tener naturaleza de entidades financieras y habría
que establecer mecanismos de regulación, inspección y control de tipo
financiero, el aplicable a las entidades financieras. Pero como las
operaciones son puramente para agilizar los mercados, ni puede aceptarse
retribución en estas cuentas transitorias --pero por una naturaleza
operativa-- ni en modo alguno se pueden prohibir, porque eso obligaría a
volver a los viejos tiempos de la cartera con los billetes en la mano y a
un trasiego continuo de idas y venidas que haría que la operatividad de
los mercados se redujera.
Por tanto, piénsenlo bien. Esa enmienda es innecesaria. Y lo es porque
los mercados ya están dotados de suficiente agilidad, porque las
entidades de servicios de inversión lo que hacen es poner esas cuentas
transitorias a disposición de los clientes y en el momento en que éstos
lo desean; son cuentas a la vista. Y, además, no lo olviden ustedes, son
cuentas que tienen que estar a la vista, es decir, depositadas a la
vista. No se pueden rentabilizar en activos financieros por la propia
entidad; tienen que estar en activos a la vista y disponibles para el
momento en que el depositante o inversor tome una decisión, bien de
retirada de esos fondos, o bien de colocación de las inversiones. Por
eso, nosotros entendemos que muchas de estas enmiendas lo que hacen es
frenar esta flexibilidad que todos pretendemos para los mercados
financieros y, en ese sentido, las rechazamos.
Hay otras tres enmiendas relativas a la posibilidad de que personas
físicas operen en los mercados secundarios. Es experiencia internacional,
que nosotros queremos incorporar a España, que para determinadas
actividades --sólo para determinadas actividades-- puedan intervenir
personas físicas lo mismo que lo pueden hacer sociedades o personas
jurídicas. Consecuentemente, se deja abierta la posibilidad para aquellos
casos y operaciones en las que puedan intervenir las personas físicas.
Por tanto, el objeto de la enmienda y, sobre todo, las conclusiones
políticas que ustedes parecen derivar de la misma a nosotros se nos
escapan, porque no deja de ser una propuesta de operatividad en los
mercados. Pensemos en los representantes por cuenta de operadores
extranjeros, que pueden ser perfectamente personas físicas por el tipo de
operaciones que realizan.
En definitiva, y para concluir todos los grupos --y ustedes
implícitamente lo han dicho-- están satisfechos con el proyecto de ley.
En especial nos alegra que el Grupo Parlamentario Socialista lo haya
manifestado así. Sentimos mucho estas modificaciones, particularmente
esas dos que he mencionado específicamente, que son enmiendas incluidas
en el Senado, y que ustedes entienden que las hemos presentado para
burlar el debate parlamentario. No ha sido ese el objeto, y espero que
esto no de lugar a otra interpelación de su portavoz. Ni el Gobierno ni
el Grupo Parlamentario Popular pretende burlar a esta Cámara el debate
sobre las enmiendas. Podemos debatirlo tanto como usted quiera en este
momento.
Por tanto, ese no es el objeto, sino simplemente introducir correcciones;
en un caso, una corrección técnica precisa: no se puede dotar a esta ley
de carácter retroactivo y en cuestión tan delicada como es el régimen de
garantías. En segundo lugar, una mejora sustancial de la profundidad del
mercado, permitiendo nuevas figuras a cotización y dotándole de agilidad,
de instrumentos para que sea más operativo, que en definitiva y en
correspondencia con la enmienda aprobada del Grupo Parlamentario
Socialista, es lo que pretendemos: hacer que nuestros mercados se puedan
igualar en operatividad a los mercados internacionales de valores más
avanzados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Turno de portavoces. ¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario --quiero adelantarlo-- va a votar
en contra de este proyecto de ley. Y va a votar por primera vez, en lo
que va de legislatura del Gobierno Popular, en contra de un proyecto
presentado por el Gobierno.
Estamos ante una ley que se ha hecho para trasponer una directiva
comunitaria, una ley que llega con mucho retraso. Nosotros, y creo que
todos los sectores afectados, pensamos que esta ley había que haberla
llevado a cabo mucho antes. Y digo esto porque los sectores interesados,
los inversores y las empresas extranjeras sobre todo, no podían actuar en
nuestros mercados hasta que se aprobase un nuevo proyecto. En este
sentido, desde un punto de vista
técnico, ya es hora de que se apruebe esta ley, bienvenida sea y estamos
de acuerdo con ella. Pero desde un punto de vista político para nosotros
es inaceptable. La consideramos una ley terriblemente centralista.
Además, quisiera recordar a sus señorías que en 1988, con el Gobierno
presidido por Felipe González, se aprobó una ley del Mercado de Valores
que tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno vasco recurrimos
ante el Tribunal Constitucional por considerarla centralista y porque
invadía competencias que eran propias de nuestros Estatutos de Autonomía.
El Tribunal Constitucional, nueve años después, dio la razón en su
sentencia al recurso presentado por el Gobierno de Cataluña y por el
Gobierno de Euskadi. En estos momentos estamos ante una ley que, de
alguna forma, en su terminología trata de subsanar --veremos si es
posible-- que haya un nuevo recurso, pero sigue latiendo el mismo
espíritu centralista que existía entonces. Por ejemplo, y por no aburrir
a sus señorías, desde luego no es admisible que se esté hablando de una
supervisión de una administración única cuando existen otras tres
administraciones competentes en tres Bolsas distintas como son la de
Valencia, la de Barcelona y la de Bilbao. El problema de la supervisión,
--que por cierto la Directiva comunitaria no habla nada en concreto al
respecto-- se puede suplantar con voluntad política, con una verdadera
coordinación. Lo mismo ocurre con todas las funciones de control que se
atribuyen a una única administración, Nosotros planteamos que las
funciones de control se pueden coordinar entre las administraciones
implicadas, es decir, la Administración central y las administraciones
autonómicas de aquellas plazas financieras que tienen bolsas de valores y
que tienen competencias, y en ese sentido sería posible la colaboración
entre ambas.
Aunque estemos ante una ley básicamente de contenido económico y
financiero más que político, hay otro tema terriblemente grave para
nosotros, y me refiero a la composición del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Nosotros hemos presentado una enmienda
igual que la del Grupo Catalán, y en este sentido consideramos que
aquellas Bolsas que están situadas en Comunidades Autónomas que tienen
competencias deben de tener un representante en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en su Consejo correspondiente. Si sus señorías leen la
sentencia del Tribunal Constitucional al recurso que presentamos contra
le ley del Gobierno socialista, verán que el propio Tribunal
Constitucional dice que este es un tema perfectamente constitucional y
que queda a la voluntad del legislador, en definitiva, a la voluntad
política, y la voluntad política es que no estén representadas aquellas
Comunidades Autónomas que tienen competencias al respecto.
Voy a acabar, señorías, porque estoy agotando el tiempo, pero quiero
decir que aunque esta mañana se haya hablado de reformar el Senado,
aunque se diga que se quiere convertir en una Cámara territorial, en una
Cámara autonómica, en temas como esta ley que, como he dicho antes, es
básicamente económica y financiera y no política, se nos demuestra que no
existe una auténtica voluntad de hacer una reforma profunda del Senado
desde nuestros planteamientos.
Nuestro Grupo --y lo saben sus señorías-- ha sido siempre terriblemente
escéptico respecto a la reforma del Senado, porque este no es un Estado
federal, este es un Estado asimétrico, pero con planteamientos como este
parece que quizá la reforma del Senado sea el intento de hacer una Cámara
que uniformice todas las Comunidades Autónomas, cuando la Constitución y
algunos de los Estatutos de Autonomía hablan de nacionalidades y regiones
y del hecho diferencial. Por lo tanto, señorías --y con esto acabo--
votamos por primera vez en esta legislatura en contra de un proyecto de
ley, y lo hacemos teniendo en cuenta que es un proyecto centralista
presidente en una Cámara que dice que quiere ser de las Autonomías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para expresar nuestra decepción por la
actitud que ha tenido el Senador Utrera respecto de nuestra enmienda
número 97. Corroboramos en buena parte lo manifestado ahora en la tribuna
por el Senador Gangoiti. En este aspecto concreto la posición que
mantiene el Grupo Parlamentario Popular es centralista y, por tanto, lo
es el texto de este proyecto de ley. Nosotros votaremos afirmativamente
el proyecto de ley ejerciendo una vez más nuestra responsabilidad hacia
las instituciones, como ha dicho esta mañana el Senador Rigol en otro
punto del orden del día de hoy, pero repito que lamentamos que no se haya
tenido en cuenta este hecho y que se haga una lectura tan restrictiva en
este caso de una sentencia del Tribunal Constitucional. Además, se puede
apelar también a la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional.
Me refiero a la sentencia 29/1986, de 21 de febrero, que declara que el
sistema constitucional de distribución de competencias impone que los
órganos estatales sean de composición mixta, que es lo que estamos
solicitando con nuestra enmienda 97, que, por lo que vemos, no va a salir
adelante.
Por lo que hace referencia al voto particular del Grupo Parlamentario
Socialista para volver al texto del Congreso de los Diputados, enmienda
número 75 del Grupo Parlamentario Popular, oyendo la exposición que ha
hecho el Senador Utrera también podemos referirnos a algo que se ha dicho
esta mañana en esta Cámara, y es el papel de Cámara de segunda lectura
del Senado. Porque al escucharle a él, parecía que realmente nos habían
mandado del Congreso una auténtica barbaridad. Allí fue aprobado con la
suficiente mayoría de votos de los Diputados, y con lo expuesto aquí por
el Senador Utrera se nos viene a decir que se cometió una auténtica
barbaridad. Suerte que está el Senado como Cámara de segunda lectura,
según su punto de vista.
En este caso, podemos aceptar que la fórmula de la retroactividad que se
prevé en el proyecto de ley tal y como vino del Congreso quizá no sea la
más adecuada, pero nos parece que debería buscarse ahora una solución,
aunque fuera en forma de transacción en el último momento, para que, al
menos, se abriera la posibilidad de dar una solución a los damnificados
por el problema suscitado con el caso de ABA y algún otro .
Esta es la razón por la que nuestro Grupo, si no se produce esa
transacción y se mantiene, por tanto, el voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista, se va a abstener en este asunto concreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert
i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no debería abusar
del tono cordial en el que se desenvuelve este debate, porque distinguir
entre discrepancias mayores y menores no es igual a consenso. Estamos
hablando de discrepancias frente a consenso, aunque distinguiendo entre
mayores y menores. Asimismo, el decir que, en principio, antes de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, no estábamos
hablando de un modelo regulador radicalmente distinto, tampoco significa
que estuviéramos satisfechos con el texto remitido por el Congreso de los
Diputados, aunque sí en mayor grado de lo que lo estaremos, parece ser,
después de esta sesión.
El portavoz del Grupo Popular nos ha hablado bastante --y se lo
agradecemos-- de las 31 enmiendas a las que no hemos presentado voto
particular, puesto que ya estábamos de acuerdo en que suponían mejoras al
proyecto.
También nos ha hablado de algunos otros aspectos, pero no mucho --o
nada-- de los dos puntos en los que en mi intervención anterior puse más
énfasis, es decir, no nos ha dicho por qué 20 años, en lugar de 10, para
el Fondo de Comercio, y muy colateralmente --subrayo la expresión-- nos
ha hablado de la posibilidad de la exclusión de derechos de suscripción
preferente de los accionistas que vayan a sufrir este tipo de problemas.
Insisto, señor Utrera, en que consenso y rodillo son términos
incompatibles. Buscar consenso pero, al mismo tiempo, traer enmiendas a
última hora, no sólo de mejora técnica, sino relativas a contenidos
importantes, como sucede en estos dos casos, es algo que, a nuestro
juicio, conlleva nocturnidad.
Por otra parte, respecto a la vuelta al texto original que el Senador
Alegre Escuder ha defendido y el rechazo de dicha vuelta al texto
original por parte del Grupo Parlamentario Popular tienen --para qué
negarlo, usted lo ha dicho expresamente-- nombres y apellidos. Y ustedes
se muestran muy escrupulosos a este respecto.
Es una lástima que no se muestren tan escrupulosos en otras materias de
esta misma Ley, que también tienen nombres y apellidos. La ampliación del
plazo posible de amortización de los activos adquiridos y contabilizados
como Fondo de Comercio también tiene nombres y apellidos, a menos
--insisto, como le he pedido antes-- que nos diera una explicación
satisfactoria, que no hemos podido oír. Estos nombres y apellidos son los
de Endesa --y, por extensión, Enersis--, Telefónica --y, por extensión,
algunas inversiones en Latinoamérica-- y, otra vez, Telefónica, en
relación, por ejemplo, a la adquisición de Onda Cero. Tienen nombres y
apellidos y se refieren a fondos de comercio, intangibles pero reales en
algunos casos, o tangibles pero irreales u opacos en otros. En el caso
Enersis no puede ser más clara la opacidad --valga la contradicción
aparente de lo que estoy diciendo--. La ampliación favorece el maquillaje
de la contabilidad de las empresas --es un grave atentado a la
transparencia del Mercado de Valores--, puede inducir a que una empresa
parezca más sana de lo que está, repartiendo dividendos durante unos
cuantos años y, asimismo, permite camuflar operaciones poco lucidas de
algunas empresas o, eventualmente, poco claras.
Y si pasamos al otro tema que nos preocupaba sobremanera, que era el de
los derechos de los accionistas por lo que se refiere a la
discrecionalidad extrema que se otorga a los consejos de administración,
vía delegación de las juntas de accionistas, para discriminar entre unos
y otros accionistas, nos parece que es evidente que se lesionan derechos
e intereses de unos en favor de otros --puede ocurrir que suceda eso, si
bien, lógicamente, no digo que la Ley mandate que suceda--. Igualmente,
se favorecen operaciones de control por parte de grupos de accionistas
--probablemente, con nombres y apellidos-- y se concentra poder de
decisión. Si se hace uso de esta modificación --que no es menor--, se
distorsiona gravemente el mercado. ¿A favor de quién? Tal vez, alguien
sepa a favor de quién.
Están muy bien las alusiones a la flexibilidad, que es necesaria
--estamos de acuerdo--, y están muy bien las alusiones que se han hecho a
lo largo del debate de esta Ley al modelo anglosajón. Está muy bien la
flexibilidad y está muy bien la agilidad. Pero ocurre una cosa. Un
accionista que se siente perjudicado y discriminado por una decisión de
un consejo de administración no tiene otro recurso que acudir a los
tribunales de justicia. La contrapartida a la flexibilidad en el modelo
anglosajón es una administración de justicia también ágil. Es también
otro modelo de administración de justicia. Sin embargo, en España este
contrapeso de equilibrio no existe, es decir, en caso futuro de litigio,
un juez deberá interpretar --que no es poco-- los casos en que los
intereses de la sociedad así lo exigen, es decir, deberá interpretar si
los intereses de la sociedad permiten acordar la supresión general o
parcial del derecho de suscripción preferente. Eso es lo que deberá
ocurrir si hay litigios.
Pero incluso hay más, en el supuesto de que un tribunal de justicia fuera
capaz --insisto en que no es fácil-- de obligar a hacer este tipo de
interpretaciones, interpretada,
en último extremo, que la supresión del derecho no está justificada en
algún caso, el litigante se encontraría --en el sistema vigente que
tenemos en nuestro país-- con que si litiga en su nombre tendrá una
resolución después de cuatro o cinco años --como ustedes saben muy
bien--, y si pretenden litigar en nombre de todos los perjudicados,
probablemente, a diferencia del modelo anglosajón, se le pedirá una
fianza multimillonaria que probablemente no podrá depositar.
No es un problema menor; no es un problema técnico; entendemos que estos
dos casos concretos, más allá de que las discrepancias sean mayores y
menores --algunas son menores y nos congratulamos de ello y, como he
señalado, vamos a votar favorablemente una buena parte del proyecto de
ley--, entendemos que estos dos casos concretos --digo-- son graves en su
contenido y, refiriéndome otra vez al método, considero que han sido
introducidos con una cierta nocturnidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert i Bosch.
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Voy a dar una muy breve respuesta a todos los portavoces de los Grupos
Parlamentarios que han intervenido en este turno.
Siento que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
considere el proyecto de ley, desde la perspectiva autonómica, como
negativo, porque creo que no se hace justicia ni a las intenciones ni a
la redacción actual ni, por supuesto, a sus contenidos.
Este proyecto de ley reconoce el ámbito autonómico de los mercados de
valores cuando son autonómicos y, por lo tanto, las competencias
autonómicas que le corresponden en estos casos, pero no lo hace donde no
están reconocidas las competencias autonómicas.
Nosotros nos resistimos a creer que un proyecto de ley de operatividad de
mercados de valores en España pueda estar condicionado exclusivamente a
si se nombra un consejero o no en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Sencillamente seria olvidar lo importante y dar prioridad a lo
secundario, y eso no tiene nada que ver con la consideración del criterio
de descentralización ni con el respeto a la normativa autonómica. No
confundamos las cosas.
En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado ha hecho
también una defensa de sus propuestas de enmiendas, pero volvemos a
reiterar exactamente lo mismo que se ha señalado, y es que entendemos que
este proyecto de ley tiene dos objetivos fundamentales: garantizar que la
profundidad de los mercados financieros, tanto por los agentes que
intervienen, como por los activos que se negocian, como por los
inversores que participan, sea la máxima posible, porque sólo así
conseguiremos una estabilización de cotizaciones y sólo así conseguiremos
que las empresas accedan a la financiación de estos mercados secundarios
y las medianas empresas no tengan como única fuente financiera el crédito
bancario.
El segundo objetivo principal es que los inversores --y tenemos duras
experiencias en este sentido-- tengan una garantía de sus inversiones,
para lo cual se crean los fondos correspondientes y se les dota de
credibilidad; y nosotros nos resistimos a pensar que estos dos Grupos
Parlamentarios no tengan nada o casi nada que decir --desde luego, nada
han manifestado-- sobre la enmienda número 75, del Grupo Parlamentario
Popular, relacionada con la retroactividad del proyecto de ley. Supongo
que entre sus consideraciones autonomistas también tendrán un momento
para reflexionar sobre la calidad de los proyectos de ley que estamos
sacando en estas Cortes Generales. Desde luego, la calidad se vería muy
devaluada y los fondos de garantía de inversión seriamente cuestionados
si se establece un precepto claramente inconstitucional, como es la
retroactividad de las actuaciones de un fondo de garantía de inversiones.
Respecto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, básicamente el
debate sigue en los mismos términos en los que lo habíamos planteado en
la primera intervención. Usted puede sostener lo que quiera y utilizar
los adjetivos y apelativos que quiera, pero estos pueden corresponderse
con la realidad o no, y, desde luego, en este caso no lo hacen.
No ha habido nocturnidad, porque las normas que se están aplicando,
incorporadas en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, podemos enseñarlas y explicarlas muy orgullosamente.
Usted basa la crítica principal a nuestras enmiendas en dos extremos y
dice que no le he dado respuesta. Yo creo que sí lo he hecho, pero, en
todo caso, se la voy a dar más completa.
Uno de los extremos es la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas,
concretamente en dos aspectos: la extensión a 20 años del período para
amortizar el fondo de comercio y los derechos preferentes de suscripción
en el caso de acciones preferentes sin derecho a voto.
Respecto a la ampliación del plazo de amortización del fondo de comercio,
usted ya lo ha dicho, es inmaterial, es intangible, y como tal, nuestra
legislación, desde muy antiguo, obliga a no dotarlo. El fondo de comercio
es un valor difícil de determinar contablemente. Por ejemplo una gran
fábrica de refrescos tiene en el conocimiento de su marca su activo más
valioso, en ése es el fondo de comercio y ése es el activo, pero como es
un intangible nuestra legislación, por prudencia contable, se ha
preocupado siempre de que las empresas no lo doten, no lo constituyan, no
lo valoren como activo, porque eso sí que podría distorsionar el balance
societario. Cosa distinta ocurre cuando se adquieren sociedades o
explotaciones que sí tienen dotados en balance el fondo de comercio. En
ese caso, y también por prudencia contable, se establece un período de
años para amortizar ese activo inmaterial, ese activo intangible, que se
pretende amortizar precisamente para dar garantía y solvencia al balance
societario. Hasta aquí, creo que todos estamos de acuerdo con el
principio.
En cuanto a la extensión de 10 a 20 años, si, en determinadas
circunstancias, y para no gravitar en exceso en el caso de grandes
sociedades cuya solvencia está fuera de toda duda y, en todo caso,
sociedades que cotizan. Como usted sabe, en muchos casos --aunque no
debería ser así-- los Mercados de Valores tienen una componente
psicológica, que se está poniendo de manifiesto ahora como esencial para
marcar las cotizaciones. Una de las componentes psicológicas estudiadas
por los mercados desde hace muchos años es que si no se mantiene una
cierta regularidad en el dividendo societario, el dividendo que se paga a
los accionistas, pueden oscilar las cotizaciones, aún cuando el balance
societario sea perfecto y la evolución de la sociedad sea razonablemente
positiva. Por tanto, para no gravitar en los beneficios de un año en
exceso la amortización de un fondo de comercio en una sociedad adquirida
en una inversión rentable y convenientemente realizada, pero que tiene el
bicho dentro, que tiene el fondo de comercio dotado contablemente, se
alarga el período de amortización en lugar de diez a veinte años. ¿Eso
distorsiona la realidad del balance societario? No. ¿Eso alarga en el
tiempo la aplicación del criterio de exquisita cautela contable, en el
sentido de que el balance refleje sólo verdaderos activos y no un fondo
de comercio que puede estar devaluado o no? Es verdad. Pero ésta es una
norma de la cual usted no puede sacar conclusiones extrañas de
enmascaramiento de beneficios ni de irregularidades contables, porque
sencillamente no tiene razón y usted lo sabe. Usted dice que ha de ser de
diez años; pues la Comisión de Codificación, junto con el Ministerio de
Economía y Hacienda y el Grupo Parlamentario Popular, hablando y
valorando, han entendido que el alargamiento a 20 años del período de
amortización del fondo de comercio es razonable, porque estamos pensando
en sociedades que cotizan en Bolsa, que han de mantener una cierta
continuidad en su trayectoria de beneficio contable, porque el verdadero
beneficio societario no se altera con el fondo o sin el fondo de
comercio, y que, consecuentemente, para dotar de estabilidad a los
mercados, era conveniente en estos casos alargar el período de
amortización. No saquemos otras conclusiones distintas de las que
realmente son, conclusiones de naturaleza técnica.
En cuanto a los derechos de suscripción, yo entiendo --podría
equivocarme, pero creo que no-- que es justo lo contrario de lo que usted
ha dicho. ¿Cuál es el problema de los derechos de suscripción? En primer
lugar, los derechos de suscripción no se van a negar a nadie. O sea, que
un accionista tiene el derecho de suscripción reconocido en nuestra
legislación también desde tiempos muy antiguos. En segundo lugar, como
antes le decía, también es verdad que hay una demanda de inversores que
no les interesa tanto la participación en las decisiones políticas del
consejo de administración de la sociedad como de inversores que creen en
una determinada compañía y lo que quieren es participar de los beneficios
de dicha compañía. Y esos inversores ejercen una demanda, que en España
no está satisfecha y por ahí fuera vemos que es un mercado en crecimiento
y que los grandes mercados bursátiles dan respuesta a esa demanda, de
inversores pasivos desde el punto de vista de ejercicio de derechos
políticos, pero muy activos desde el punto de vista de intentar
garantizarse la participación en beneficio de la sociedad y tener
preferencia en la participación de ese beneficio.
Ya tiene usted las componentes que justifican que nosotros queramos
mercados de valores profundos, con títulos deseados por los inversores,
títulos que pueden recibir cotización, siempre más baja que la de las
acciones con derecho a voto. Es decir, está usted mezclando cosas que son
heterogéneas; se trata de series distintas; son distintas las acciones
sin voto y las acciones con voto, y cotizan de distinta manera. Las
acciones sin voto normalmente cotizan un 30 por ciento por debajo de las
acciones con voto, y de hecho existe una actividad bursátil muy
interesante en las grandes bolsas del mundo, en las más desarrolladas,
cuando hay un arbitraje entre acciones sin voto y acciones con voto; en
el momento en que las paridades oscilan demasiado en una determinada
banda, se empiezan a comprar y vender unas y otras.
Por tanto, estamos hablando de acciones distintas que dan derechos
distintos: en un caso, a la preferencia en la participación en beneficios
y, en otro caso, a la preferencia en la toma de decisiones en los
consejos de administración, decisiones políticas en la sociedad. Pero lo
cierto es que existe demanda para ambas, y esta ley lo que hace, y lo que
pretendemos hacer con esta reforma de la legislación mercantil, es dar
respuesta a ambas demandas para profundizar y hacer más amplios los
mercados bursátiles.
Siendo esto así, los derechos de suscripción son el puente entre las
acciones con voto y sin voto, y ese puente hay que cuidarlo para que no
conduzca de un lado del río al mismo lado del río; no queremos que cuando
uno quiera atravesar el río y utilice el puente, vaya de un lado al mismo
lado, porque en ese caso es inútil el puente y el instrumento. Lo único
que se dice es que hay que cuidar el hecho de que los accionistas sin
derecho a voto, cuando ejerciten su derecho de suscripción preferente, no
pasen a acciones con derecho a voto. Eso es lo razonable. Si quieren
derecho a voto, que entren por la vía de las acciones de derecho a voto
inicialmente.
Esas cautelas que usted ve de derecho de suscripción preferente se
refieren exclusivamente a eso, y también es una razón de naturaleza
técnica pero creo que no hay ningún tipo de confabulación. Es cierto que
si las acciones sin derecho a voto fuera el producto más demandado en los
mercados de valores, la consecuencia última sería que, en efecto,
participaciones no excesivas en el capital propio de la sociedad
permitirían posiciones de dominio en la misma. Eso es evidente. Pero como
tampoco ocurre eso en los mercados bursátiles desarrollados, sino que las
acciones con derecho a voto y las acciones sin derecho a él tienen una
ponderación
razonable entre sí, tampoco se produce ese efecto que usted está
anunciando.
Por último, y con esto termino, señor Presidente, he de decirle que usted
ha hecho muy poca mención a la retroactividad, por lo que se ve tiene
menos fe en esa cuestión que el anterior portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Vuelvo a insistir en el argumento principal. Del hecho de que nosotros
intervengamos o no en esta cuestión se pueden derivar interferencias
importantes. Sabrán ustedes que ya se ha fijado por auto judicial una
fianza de 2.000 millones de pesetas para que los responsables de la
operación puedan responder ante los inversores y, por tanto, éstos puedan
resarcirse de los quebrantos recibidos; esta fianza de 2.000 millones ya
está determinada por auto judicial. Dejemos, por tanto --y ése es el
objeto de nuestra enmienda y de la defensa que está haciendo en este
momento este humilde portavoz en la tribuna-- actuar a los tribunales.
Dejemos la ley en los términos en los que debe estar, sin establecer un
precepto ilegal, porque es inconstitucional y porque, además, ese
precepto no es solución de ningún tipo. Trasladar a agentes privados el
coste de una decisión pública de saneamiento de unos quebrantos al que
legalmente no están obligados lleva a la conclusión de que no se está
dando una solución y se están creando falsas expectativas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera. (El señor Gangoiti Llaguno
pide la palabra.)
Senador Gangoiti, dígame para qué me pide la palabra, porque el debate ha
terminado.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Quería un minuto por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Ha habido menciones, pero no alusiones. Es distinto.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Si el Presidente considera que no ha habido
alusiones, aunque yo sigo considerando que sí, acato su decisión.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco y estoy seguro de que la mayoría de
los compañeros también.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Yo no se lo agradezco, pero lo acato.
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar la votación comunico a los señores
Senadores que la Comisión de Presupuestos prevista para el día de mañana
jueves se reunirá al concluir el Pleno en la Sala de Conferencias.
Vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, voto particular número 3
del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1, 2, 5, 17 y 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 82; en contra, 128; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 12; en contra, 202; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se votan el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216;
en contra, 128; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. En primer lugar, las números 31 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 11; en contra, 121; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 12; en contra, 200; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 101, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, correspondiente al voto particular número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 11; en contra, 123; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 11; en contra, 204; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor
Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, querría pedir votación separada
de la referencia a la enmienda número 75 del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Si es lo referente a la introducción de la enmienda
número 75, estaba previsto. Lo iba a decir ahora.
Votamos el texto referente a la modificación introducidad por la enmienda
numero 75.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 85; en contra, 124; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto del voto particular número 4 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 83; en contra, 131; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 5, correspondiente también al Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 82; en contra, 131; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Ha llegado a la Mesa una propuesta de modificación que se refiere al
preámbulo y que está firmada por todos los grupos parlamentarios. ¿Se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Por asentimiento queda aprobada.
Pasamos a la votación del dictamen. En primer lugar, y en un primer
bloque, artículo 3.º, artículo 5.º en lo referente a los artículos 64.6 y
65.2 de la Ley 24/1988, disposición adicional primera, apartados 3, 6, 7
y 8, disposición adicional cuarta, disposición adicional novena,
disposición adicional decimocuarta, y disposición adicional decimoquinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 132; en contra, 83; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Segundo bloque. Artículos 4.ºDos.1, Catorce, Diecisiete, Dieciocho,
artículo 5.º en lo referente a los artículos 72 y 75 de la Ley 24/1988, y
artículo 7.º en lo referente a los artículos 86.5, 86.6, 90, 98.6 de la
Ley 24/1988.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 130; en contra, cinco; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 212; en contra, tres; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.