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DS. Senado, Pleno, núm. 88, de 20/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 88
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 20 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471,
de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000518).
--De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los objetivos que se esperan obtener de la participación
del laboratorio de El Cabril (Córdoba), perteneciente a la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), en el proyecto europeo
de armonización de técnicas de medición de residuos (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471,
de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000519).
--De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los resultados que presenta el programa de apoyo a
inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5% de la
tarifa eléctrica establecida en la Orden de 16 de febrero de 1996, sobre
ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas
mineras del carbón, a los dos años de su puesta en práctica (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000523).
--De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución del número de casos del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) durante el año 1997 (publicada en el
«Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha
18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000520).
--De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en
relación a los cuidados paliativos (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo
de 1998) (Número de expediente 680/000521).
--De don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si puede explicar el Gobierno los objetivos del Plan
Estratégico de Consumo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998)
(Número de expediente 680/000522).
--De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si va a cerrar el Gobierno la Clínica Puerta de Hierro de Madrid
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
680/000526).
--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si se corresponde con las previsiones del Gobierno el
gasto farmacéutico realizado en el mes de marzo (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha
18 de mayo de 1998) (Número de expediente 680/000529).
--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno del resultado de la
entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la Ministra de Justicia
con el director de un periódico (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de
1998) (Número de expediente 680/000524).
--De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
previsiones del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, respecto a
los depósitos municipales de detenidos tras la reciente sentencia del
Tribunal Supremo, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a
costear los gastos reales de dicho servicio, incluidos los de inversión
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
680/000525).
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
en la visita oficial realizada por el Presidente del Gobierno a Marruecos
se estudió o acordó algún asunto de interés para el Archipiélago Canario
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
680/000503).
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval de
Las Palmas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de
expediente 680/000517).
--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la
Junta de Galicia a Libia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998)
(Número de expediente 680/000527).
Segundo
Interpelaciones:
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la atención de los
ciudadanos españoles internados en prisiones extranjeras, así como la de
sus familiares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998)
(Número de expediente 670/000085).
--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o parámetros a aplicar por el
Gobierno en la nueva reforma de reparto de los Fondos Estructurales
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
670/000087).
--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a
aplicar por el Gobierno en la adjudicación de las ayudas de
extraordinaria y urgente necesidad para la reparación de los daños
causados por las lluvias e inundaciones acaecidas durante los últimos
meses de 1997 y los dos primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
670/000088).
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan
normativas similares, referentes a la información previa a las
Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y
específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente
670/000086).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de
Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de
determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 78, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S.
621/000078) (Número de expediente C. D. 121/000037).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la
Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
79, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S. 621/000079)
(Número de expediente C. D. 121/000093).
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 21, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S.
605/000004) (Número de expediente C. D. 127/000004).
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 3977)
De don Sebastián Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura
en la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 1998 (Página 3977)
El señor Contín Pellicer formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Contín
Pellicer.
De don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los objetivos que se esperan obtener de la participación
del laboratorio de El Cabril (Córdoba), perteneciente a la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA), en el proyecto europeo
de armonización de técnicas de medición de residuos (Página 3978)
El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps).
De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los resultados que presenta el programa de apoyo a
inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5% de la
tarifa eléctrica establecida en la Orden de 16 de febrero de 1996, sobre
ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas
mineras del carbón, a los dos años de su puesta en práctica (Página 3979)
El señor Lamalfa Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lamalfa Díaz.
De don Pedro Martín Iglesias, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución del número de casos del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) durante el año 1997 (Página 3980)
El señor Martín Iglesias formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno en
relación a los cuidados paliativos (Página 3982)
El señor Vázquez Portomeñe formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Vázquez Portomeñe.
De don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre si puede explicar el Gobierno los objetivos del Plan
Estratégico de Consumo (Página 3983)
El señor López Borderías formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor López Borderías.
De don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si va a cerrar el Gobierno la Clínica Puerta de Hierro de Madrid
(Página 3984)
El señor Lissavetzky Díez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lissavetzky Díez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si se corresponde con las previsiones del Gobierno el
gasto farmacéutico realizado en el mes de marzo (Página 3986)
El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si está satisfecho el Gobierno del resultado de la entrevista que
mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la Ministra de Justicia con el
director de un periódico (Página 3988)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
previsiones del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, respecto a
los depósitos municipales de detenidos tras la reciente sentencia del
Tribunal Supremo, por la que se obliga a la Generalidad de Cataluña a
costear los gastos reales de dicho servicio, incluidos los de inversión
(Página 3989)
El señor Oliart Pons formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Oliart Pons. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si en
la visita oficial realizada por el Presidente del Gobierno a Marruecos se
estudió o acordó algún asunto de interés para el Archipiélago Canario.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
estudios realizados acerca del traslado y ubicación de la Base Naval de
Las Palmas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si aprueba el Gobierno el viaje del Presidente de la
Junta de Galicia a Libia.
Esta pregunta ha sido aplazada
INTERPELACIONES (Página 3990)
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la atención de los
ciudadanos españoles internados en prisiones extranjeras, así como la de
sus familiares (Página 3990)
El señor Díez González realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Díez González, por el Grupo
Socialista, y Jaén Palacios, por el Grupo Popular. Cierra el debate la
señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o parámetros a aplicar por el
Gobierno en la nueva reforma de reparto de los Fondos Estructurales
(Página 3999)
El señor Gangoiti Llaguno realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Vidal i
Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
González Laxe, por el Grupo Socialista, y Rabanera Rivacoba, por el Grupo
Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra).
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los criterios, prioridades y plazos a aplicar por el
Gobierno en la adjudicación de las ayudas de extraordinaria y urgente
necesidad para la reparación de los daños causados por las lluvias e
inundaciones acaecidas durante los últimos meses de 1997 y los dos
primeros de 1998 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña.
Esta interpelación ha sido aplazada.
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
propósitos del Gobierno para dar cumplimiento al artículo 38.1 del
Estatuto de Autonomía de Canarias y al de otros Estatutos que contengan
normativas similares, referentes a la información previa a las
Comunidades Autónomas en las materias que afecten a sus respectivos y
específicos intereses, durante la elaboración de los tratados y convenios
internacionales y durante las negociaciones de adhesión a los mismos.
Esta interpelación ha sido aplazada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 4004)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones de
Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de
determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de la propuesta de veto.
El señor Armet i Coma defiende la propuesta de veto del Grupo Socialista.
El señor Mera Rodríguez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Armet i Coma, por el
Grupo Socialista, y Mera Rodríguez, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 85 votos a
favor, 131 en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 11. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 13 a 26
y retira la número 12, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Armet i Coma defiende las enmiendas números 27 a 37, del
Grupo Socialista. El señor Mera Rodríguez defiende las enmiendas números
43 y 44, del Grupo Popular, y al mismo tiempo consume un turno en contra
de las enmiendas defendidas con anterioridad. El señor Armet i Coma
consume un turno en contra de las dos enmiendas del Grupo Popular. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i
Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Armet
i Coma, por el Grupo Socialista, y Mera Rodríguez, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 9, del Grupo Mixto, por 3 votos a
favor, 119 en contra y 83 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Mixto, por 84 votos
a favor, 118 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 14 y 25, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 109 en contra y 84
abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 15 a 23, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, por 119 votos a favor, 85 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 13, 24 y 26, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor y 195 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 27 a 37, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las enmiendas números 43 y 44, del Grupo Popular, por 112
votos a favor, 83 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y
segunda, disposición transitoria y preámbulo, con las modificaciones
introducidas, por 122 votos a favor y 82 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
por la que se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta
Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (Página 4018)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor, en contra ni
de portavoces.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1.
El señor García Millán consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Armet i Coma, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y García Millán, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
121 en contra y 85 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1 a 3, disposiciones finales primera y segunda
y preámbulo, según el texto del dictamen, por 209 votos a favor de los
209 emitidos.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
(Página 4021)
El señor Bascuñana García, Secretario Tercero de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Bascuñana García consume un turno a favor. No se hace uso del
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Román Clemente, por el Grupo Mixto; la señora Martínez García, por el
Grupo Socialista, y el señor Bascuñana García, por el Grupo Popular.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 14. La señora Martínez García defiende la enmienda número 15, del
Grupo Socialista. El señor Bascuñana García consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Martínez García, por
el Grupo Socialista, y el señor Bascuñana García, por el Grupo Popular.
El señor Cardona i Vila interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 9 y 14, del Grupo Mixto, por 87 votos a
favor, 111 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 8 y 10 a 13, del Grupo Mixto, por
84 votos a favor, 108 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Socialista, por 88 votos a
favor, 110 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueban el artículo único, la disposición final y la Exposición de
Motivos, según el texto del dictamen, por 199 votos a favor, 1 en contra
y 3 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON SEBASTIAN CONTIN PELLICER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL ESFUERZO INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON PARA EL AÑO 1998 (680/000518).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la primera pregunta, de don Sebastián
Contín Pellicer, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el
esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 1998.
Tiene la palabra el Senador Contín Pellicer.
El señor CONTIN PELLICER: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, los Presupuestos de 1998 abren caminos muy
esperanzadores de cara a las inversiones para los años siguientes, en los
que pediremos a la señora Ministra más inversiones en educación y
cultura, más esfuerzo, que es lo que el Ministerio, estamos seguros,
contemplará para Aragón.
Estamos en un delicado momento de negociación de transferencias en
educación, y todo lo que antes haga el Ministerio, además de la propia
negociación, nos abre o nos cierra esperanzas. Valoramos mucho las
inversiones en educación, en nuevos centros, rehabilitaciones, en deporte
en general, y con unas cifras que nos gustaría ver cada vez más
ampliadas. Pero, señora Ministra, permítame hablar de actuaciones
concretas en San Juan de la Peña, Montearagón, murallas de Teruel,
retabalo de La Seo, Catedral de Tarazona en especial, que es muy
importante para nosotros, porque es una joya mudéjar que clama desde hace
años una pronta restauración. No obstante, Aragón ha vivido en lo
cultural --y la señora Ministra lo sabe-- unos años muy importantes, los
últimos, con las primeras fases de restauración de la Catedral de La Seo,
los proyectos en Veruela y en el Monasterio de Rueda, el gran proyecto de
parques culturales que está acometiendo la Diputación General de Aragón,
que ha sido alabado al máximo por nuestros socios europeos, el siempre
vivo e importante Albarracín y, por último, la Alfajería, cuya
restauración, como todas sus señorías saben, ha sido culminada en fechas
muy recientes y que es un hito para la cultura española y para la europea
en general que marca prácticamente todo el final del siglo.
El actual Ministerio no ha sido ajeno a estos trabajos, pero esté segura,
señora Ministra, de que vamos a pedirle cada vez más. Gracias por todo lo
que ha realizado en Aragón, pero muchas gracias --todavía más intensas--
por lo que estamos seguros va a continuar realizando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín Pellicer.
Señora Ministra de Educación y Cultura, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
El esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el año 1998 asciende a un total de 4.019
millones de pesetas, a los que hay que sumar los 1.487 millones de
pesetas que conjuntamente con el Ministerio de Fomento invertimos a
través del llamado 1 por ciento cultural. Dentro de los 4.000 del
Ministerio, 2.772 corresponden a educación.
Las inversiones educativas previstas en la provincia de Zaragoza
ascienden este año a 1.644 millones de pesetas. Con ellas se va a iniciar
la construcción de tres nuevos colegios y un nuevo instituto y se
continúa la construcción de todos los colegios e institutos que
comenzamos el año pasado; se realizan obras de reparación en 10 colegios
y en ocho institutos, un centro de educación especial y un centro nuevo
de enseñanzas artísticas.
En la provincia de Huesca se invierten 549 millones, con lo que se inicia
la construcción de dos institutos nuevos --en Aínsa y en Binéfar-- y se
amplían y se adaptan cinco colegios y tres institutos más. Asimismo, se
van a realizar obras de mantenimiento en cinco colegios y en cinco
institutos y un centro nuevo de enseñanzas artísticas.
En la provincia de Teruel, en Alcañiz, en Alcorisa, en Calanda, en Híjar,
en Mora de Rubielos y en Monreal del Campo se hacen institutos de
Educación Secundaria y de Formación Profesional, y también colegios
nuevos en Alcañiz y en Teruel (La Fuenfresca).
En el ámbito de cultura se llevan a cabo diversas actuaciones. Yo creo
que hay que destacar por su importancia las obras del Monasterio de San
Juan de la Peña, en Jaca, la restauración del castillo de Montearagón, la
reparación de las murallas de Teruel, las obras de la Catedral de
Tarazona --la más deteriorada de España--, la restauración del retablo
mayor de La Seo, en Zaragoza; esto con cargo a las inversiones del
Ministerio de Cultura. Y con cargo al 1 por ciento cultural también hay
obras importantes, entre las
que quizá convenga destacar el Teatro romano de Zaragoza, el castillo de
Alcañiz, el castillo de Ateca, el Museo de Huesca, el Albergue de
Peregrinos de Jaca, la rehabilitación de la Ermita de Santa Bárbara y la
de San Cristóbal en Balbona, Teruel, y la restauración de la Sinagoga y
de la Plaza de la Judería.
También hay que hacer referencia a las inversiones en materia deportiva.
Desde el Ministerio hacemos importantes esfuerzos para fomentar el
deporte escolar y en la Comunidad de Aragón las inversiones en
infraestructuras deportivas tienen este año un importe de 413 millones de
pesetas. Con ellas se van a construir cuatro módulos deportivos que van a
dar servicio a cuatro colegios y, además, se conceden 115 millones en
concepto de subvenciones para construcción o remodelación de
instalaciones deportivas de uso público e interés federativo.
Por último, las inversiones en universidades e investigación. Para 1998
lo previsto en la Comunidad de Aragón son 421 millones, entre los que
merecen especial mención los 123 millones que se destinan al Instituto de
la Ciencia de Materiales, 25 millones al equipamiento del Instituto de
Carboquímica y 25 millones al equipamiento del Campus «Aula Dei». Todo
ello son las inversiones, por supuesto; los gastos corrientes van por
otro lado.
Por tanto, señorías, quería reiterar aquí que la educación, la cultura,
la investigación y el deporte constituyen una de las preocupaciones
fundamentales del Gobierno, por eso el Ministerio ha incrementado este
año nada menos que en un 6,8 por ciento su presupuesto y esto ha supuesto
importantísimas inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra, Senador Contín.
El señor CONTIN PELLICER: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero dar las gracias a la señora Ministra por su respuesta,
que confirma todo el optimismo vigilante, pero optimismo al fin y al
cabo, de las actuaciones que en el campo de educación y cultura el
Ministerio está realizando en este momento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Contín.
--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE ESPERAN OBTENER DE LA PARTICIPACION
DEL LABORATORIO DE EL CABRIL (CORDOBA), PERTENECIENTE A LA EMPRESA
NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A. (ENRESA), EN EL PROYECTO EUROPEO
DE ARMONIZACION DE TECNICAS DE MEDICION DE RESIDUOS (680/000519).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se esperan
obtener de la participación del laboratorio de El Cabril, en Córdoba,
perteneciente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.
(ENRESA), en el proyecto europeo de armonización de técnicas de medición
de residuos.
Tiene la palabra, Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como bien conoce, el almacenamiento de residuos
radiactivos de El Cabril, en la provincia de Córdoba, ha pasado por
distintas vicisitudes, de cara a la opinión pública. Desde el rechazo
frontal por parte de distintos colectivos sociales hasta la aceptación
del mismo, han sido diferentes las ocasiones en las que ha estado en el
punto de mira del debate.
Entiendo, señor Ministro, que Córdoba ha asumido su cuota de solidaridad
en el reparto de beneficios y cargas que el desarrollo y el uso de
sustancias radiactivas conlleva, pero siempre sobre la base de la
garantía de las instalaciones y de los productos que se almacenan en El
Cabril. Garantía que exigíamos, lógicamente, cuando éramos oposición y a
la que no vamos a renunciar ahora que somos partido que sustenta al
Gobierno.
Preocupado por la mejora de las instalaciones de El Cabril, me interesé
por una reciente noticia, creo que publicada en la revista que edita
ENRESA, en la que pude leer que el laboratorio de El Cabril iba a
participar en un proyecto europeo de armonización de técnicas de medición
de residuos. Dicha noticia no explicitaba, al menos en esa revista, los
objetivos de tal participación, de ahí que, esperando que sean siempre
positivos, le pregunte por esta cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, además de compartir las reflexiones previas a la pregunta, en
relación al interés y la preocupación que nos debe merecer todo lo
relacionado con El Cabril, quiero decirle que el laboratorio de
verificación de la calidad de los residuos de el Cabril forma parte de
una red de laboratorios, a nivel europeo, que se creó en el año 1992, y
que es una red de la que son miembros laboratorios de países como
Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Italia o Reino Unido, así
como el centro de ISPRA, que está asociado a la propia Comisión Europea
y, además, el CIEMAT español que, como usted sabe, es un organismo
adscrito al Ministerio de Industria y Energía.
Creo que se puede decir con rotundidad que el laboratorio de El Cabril se
encuentra entre los mejores del mundo en su especialidad, estando
equipado con las más avanzadas tecnologías para el análisis de los
residuos radiactivos
de baja y media actividad que, como sabe, son los que se depositan en El
Cabril.
En la actualidad, al frente del laboratorio se encuentra un equipo
humano, que es interdisciplinar, integrado por una docena de
especialistas químicos, analistas, personal administrativo, que
desarrollan su actividad fundamentalmente en los dos edificios del
laboratorio: el llamado de inactivos, con probetas y muestras simuladas,
y el de activos, que son bultos reales.
El móvil de esta organización --y me refiero ahora a la red de
laboratorios europeos-- es colaborar en el desarrollo de métodos comunes
de ensayos y medidas sobre residuos radiactivos de baja y media,
mejorando las técnicas de análisis y compartiendo las experiencias entre
los laboratorios, con un objetivo común: garantizar el control de las
actividades de almacenamiento en los diferentes países europeos. Pues
bien, el proyecto llamado «Round Robin Test», es el primer proyecto
europeo en el que participa el laboratorio de El Cabril, y es un paso
previo para poder comparar las técnicas de medidas que se utilizan en los
diferentes laboratorios europeos participantes.
El proyecto se inició en el mes de diciembre, se prolongará por espacio
de un año, se encuadra dentro del IV Programa marco comunitario,
correspondiente al período 1994-1998 y, básicamente, consiste en la
medición por los laboratorios participantes de una serie de muestras de
residuos de baja y media actividad.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto tiene diferentes fases,
entre las que destacaría la definición y selección de las muestras, la
modificación de los equipos y procedimientos existentes actualmente en
los laboratorios, el transporte y la medida de los bultos, el análisis de
los resultados, y, como fase final del trabajo, la propuesta de una guía
común para las medidas.
Una de las características significativas de este proyecto es que los
ensayos utilizan técnicas no destructivas, es decir, las muestras de
referencia que van a ser objeto de análisis se mantienen intactas tras su
paso por los distintos centros de verificación.
El objetivo de las técnicas que llevará a cabo el laboratorio de
verificación de la calidad de los residuos de El Cabril es identificar y
cuantificar los radionucleidos presentes en las muestras, así como
analizar el grado de homogeneidad radiológica de las mismas. Son unas
técnicas --me permitirá usted un lenguaje une poco abstruso-- que suponen
medir la espectrometría gamma total y por segmentos, así como la tasa de
dosis de las diferentes muestras que se van a utilizar.
En resumen --y con esto acabo, Presidente--, a través de esta iniciativa
de análisis e investigación las autoridades de la Unión Europea buscan
que los distintos países participantes dispongan de datos que sean
comparables, que sean obtenidos sobre las mismas muestras y contribuir
así a una armonización de los procedimientos y técnicas de medición de
los residuos radiactivos de baja y media actividad.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Industria.
--DE DON ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS QUE PRESENTA EL PROGRAMA DE APOYO A
INVERSIONES EMPRESARIALES EN COMARCAS MINERAS CON CARGO AL 0,5 POR CIENTO
DE LA TARIFA ELECTRICA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE 16 DE FEBRERO DE 1996,
SOBRE AYUDAS DESTINADAS A IMPULSAR LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS
COMARCAS MINERAS DEL CARBON, A LOS DOS AÑOS DE SU PUESTA EN PRACTICA
(680/000523).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que presenta el
programa de apoyo a inversiones empresariales en comarcas mineras con
cargo al 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica establecida en la Orden de
16 de febrero de 1996, sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación
económica de las comarcas mineras del carbón, a los dos años de su puesta
en práctica.
Tiene la palabra el Senador Lamalfa.
El señor LAMALFA DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ahora hace poco más de dos años se establecía una Orden
del Ministerio de Industria y Energía por la que se regulaban las ayudas
destinadas a impulsar la reactivación económica en las comarcas mineras.
En dicha Orden se especificaban una serie de principios básicos para su
puesta en marcha y funcionamiento: disponibilidad financiera por un
montante total equivalente al 0,5 por ciento de la facturación eléctrica
del año correspondiente, el objeto y actividades susceptibles de ayudas
en el que se especifica que los fondos así obtenidos se aplicarán a la
financiación de toda clase de actividades y proyectos que se realicen en
las áreas de implantación de la minería del carbón o su entorno,
tendentes a conseguir unos objetivos concretos, como favorecer la
localización y generación de inversiones empresariales mejorando las
condiciones de todo tipo, impulsar las iniciativas locales de formación
empresarial, satisfacer necesidades de equipamiento social que incidan
sobre el bienestar social de la población, compensar las reducciones de
empleo producidas por la reestructuración del sector de minería del
carbón y diversificar la estructura del sistema productivo de las
comarcas mineras, su ámbito territorial, los beneficios que se dan a
empresas privadas o públicas, clase y cuantía de las ayudas, inversiones
y puestos de trabajo a considerar a efectos de ayuda, procedimiento,
órgano de instrucción --que lo será la Dirección General de Minas--,
estudio y valoración de los proyectos, siendo la mencionada Dirección
quien solicite a los organismos territoriales o cualquier otro competente
los informes que considere necesarios para la valoración de los
proyectos, cómo se llevarán a cabo la concesión de las ayudas e
incumplimientos y, por último, cómo se realizará el pago de las mismas.
Por todo lo anteriormente expuesto, formulo al señor Ministro de
Industria y Energía la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los resultados que presenta el programa de apoyo a
inversiones empresariales en comarcas mineras con cargo al 0,5 por ciento
de la tarifa eléctrica establecida en la orden de 16 de febrero de 1996
sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica en las
comarcas mineras de carbón a los dos años de su puesta en funcionamiento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Gracias también, señoría, por su pregunta. Creo que se la puedo responder
con rotundidad en el sentido de que el programa ha tenido un balance
francamente positivo. De hecho, ha habido 693 proyectos aprobados, de los
cuales 474 son empresariales y el resto dotacionales, que suponen algo
más de 80.000 millones de pesetas de inversión prevista y del orden de
casi 24.000 millones de pesetas de subvenciones concedidas, y sobre todo
hay algo que me gustaría destacar, y es que se van a crear, en virtud de
esos proyectos, 3.709 nuevos empleos. El programa, dotado anualmente con
un 0,5 por ciento de la facturación eléctrica correspondiente, más o
menos unos 10.000 millones de pesetas anuales, tiene dos etapas
claramente diferenciadas: Una etapa inicial durante la cual estábamos
esperando un limitado número de proyectos, en torno a unos 100 al año, y
en la que se aceptaban todos aquellos que generasen empleo. Y también una
segunda etapa, que se inicia a principios de 1997, en la que, ante el
éxito del programa --de hecho se han presentado en dos años prácticamente
unos 1.800 proyectos-- y la existencia, como es natural, de unos fondos
limitados, se ha empezado a ser más selectivo liberando recursos para
financiar proyectos tractor con mayor capacidad de inducción de otras
actividades de tal modo que ninguna de ellas quedase fuera.
En paralelo, con la aplicación de este programa, y aprovechando su
experiencia, el Gobierno, como su señoría sabe, ha diseñado y puesto en
marcha el Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras
1998-2005, que prescinde de mecanismos extrapresupuestarios que no sea
justaban a los criterios exigidos por la normativa europea, lo que
supone, por tanto, un importante cambio, tanto cualitativo en el enfoque
de la problemática de las zonas mineras, como también cuantitativo debido
a la muy superior dotación de recursos. Estamos hablando de 65.000
millones de pesetas anuales en este Plan frente a los 10.000 millones de
pesetas con que se contaba hasta ahora.
Por primera vez, por tanto, se ataca la raíz del problema, es decir, se
atacan las desventajas comparativas de estas zonas como destino de
inversión por su aislamiento geográfico y su excesiva dependencia de la
minería del carbón, lo que genera, a su vez, carencia de tradición
empresarial e inadecuación de la mano de obra a las necesidades de
cualificación de una estructura industrial moderna.
Así, el Plan 1998-2005 adopta un enfoque global y contempla tres líneas
de ayuda: Programas de infraestructura dotados con 50.000 millones de
pesetas anuales durante ocho años. (Hay que decir que en este programa se
incluyen los proyectos dotacionales que antes iban con cargo a la Orden a
la que usted hacía referencia.) Un programa de formación dotado con 5.000
millones de pesetas anuales. Un sistema de ayudas al desarrollo de
proyectos de inversión empresarial generadores de empleo en las zonas
mineras que concentrará los esfuerzos poniendo un mayor énfasis en el
apoyo a los proyectos de mayor entidad y con un mayor contenido
industrial.
Esto es así porque, por una parte, atraen más inversión y tienen más
probabilidades de permanecer, con lo que el empleo creado, en definitiva
el objetivo último, es también más estable. Al mismo tiempo, se trata de
proyectos tractor con importante capacidad de inducción de otras
actividades y creación indirecta de empleo.
No cabe, pues --y con esto termino, sino confiar en el éxito del Plan y
en la consecución del objetivo que persigue que a lo largo del período
contemplado, el número de nuevos puestos de trabajo creados en sectores
ajenos a la minería del carbón supere el número de empleos perdidos en
este sector, sentándose así las bases de un verdadero desarrollo
alternativo de estas zonas.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lamalfa.
El señor LAMALFA DIAZ: Gracias, señor Ministro, por sus clarificadoras
palabras.
Le animamos a continuar por el camino emprendido, ya que las comarcas
mineras, que conozco bien por ser Alcalde de un pueblo enclavado en
ellas, precisan de medidas como las expuestas a fin de corregir las
deficiencias que en materia de infraestructuras, formación y empleo
presentan en este momento. Por tanto, ese camino que se ha emprendido
mejora y amplía de manera importante lo realizado por Gobiernos
anteriores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa.
--DE DON PEDRO MARTIN IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DEL NUMERO DE CASOS DEL SINDROME DE
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) DURANTE EL AÑO 1997 (680/000520).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Pedro Martín Iglesias, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del número de
casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida durante el año 1997.
Tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, lamentablemente, el VIH-sida, conocido también
por unos como síndrome de inmunodeficiencia
adquirida y por otros como la epidemia del sida, quizá queriéndola
denominar como la epidemia del siglo XX, afecta al mundo entero, y a
pesar de que la enfermedad está presente desde principios de los años 80,
el VIH-sida sigue siendo un problema que desconocemos, aunque,
ciertamente, se ha realizado un considerable progreso para comprender
cómo prevenir esta epidemia.
Sabemos que la vía parenteral es la fuente principal de contagio; sabemos
también que la vía de transmisión es una vía importantísima, y sabemos
también de otras vías, pero desde el punto de vista científico, todavía
queda mucho camino por recorrer. Es decir, sabemos mucho sobre su
prevención, pero todavía somos incapaces de contener su expansión, razón
por la cual hay que incidir en la formación e información como medidas
preventivas.
Con más de veintidós millones de personas viviendo en todo el mundo con
el VIH-sida, de los que algo más de nueve millones son mujeres y casi un
millón son niños, y teniendo en cuenta que hay más de seis millones de
personas que ya han fallecido por esta enfermedad, sin duda, nos
hallamos, como dicen algunos, ante un desastre humano sin precedentes. Es
probable que estas cifras tan altas sobre el número de enfermos hayan
podido influir en usted, señor Ministro, pero lo cierto es que su señoría
está profundamente sensibilizado por este tema; y eso lo prueba el hecho
de que en los dos últimos años se haya producido un incremento
presupuestario del 300 por cien para las políticas contra el sida, una
inversión jamás conocida en nuestro país.
No se me oculta que estas cifras económicas todavía pueden resultar
insuficientes, a pesar de que en España se gasten más de 110.000 millones
de pesetas en la lucha contra el sida, tanto en recursos sanitarios
directos para el tratamiento del mismo, como en recursos asistenciales; y
de ellos, se dedican 35.000 millones exclusivamente para el tratamiento
de esta enfermedad. Por tanto, no se puede negar que el Gobierno está
haciendo un esfuerzo considerable en materia presupuestaria.
También conviene recordar que cada tratamiento antirretroviral cuesta
nada menos que 100.000 pesetas mensuales por enfermo, o lo que es lo
mismo: un millón 250.000 pesetas anuales por cada paciente tratado. Pues
bien, es de todos conocido que por primera vez desde 1981 se ha producido
en España un descenso del número de casos de sida. Esto, señor Ministro,
abre una puerta a la esperanza en la lucha contra esa epidemia que es el
sida.
Por ello, señor Ministro de Sanidad y Consumo, le pregunto lo siguiente.
¿Puede explicar cuál ha sido la evolución del número de casos del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida, durante 1997?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Martín Iglesias.
Señor Ministro de Sanidad, su señoría tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, comparto con usted su diagnóstico acerca de la situación que
afrontamos con esta enfermedad, así como sus juicios sobre lo que puede
ser el futuro de la misma si todos nos empeñamos en poner de nuestra
parte todo lo que se pueda para evitarla. Porque, siendo como es, una
enfermedad muy grave desde el punto de vista sanitario y social, también
es cierto que es una enfermedad evitable. Por tanto, entre todos podemos
conseguir que no se propague y que se reduzcan los casos de nueva
aparición, lo que es un motivo de preocupación en todo el mundo.
En contestación a su pregunta, le diré que desde 1981 se han
diagnosticado en España un total de 50.155 casos de sida, de los cuales
se ha notificado el fallecimiento en un 54 por ciento. Como puede
comprobar, señoría, el sida sigue siendo un problema importante para la
salud pública española. No obstante, los esfuerzos que el Gobierno y el
Ministerio de Sanidad y Consumo --junto con algunas organizaciones
sociales y otras Administraciones-- están haciendo para el control de
esta epidemia comienzan a dar resultados. Así, en 1997 los casos de sida
han descendido un 25 por ciento respecto de 1996. La reducción se ha
producido en todas las categorías, incluyendo la transmisión
heterosexual, y esta disminución se constata en todas las Comunidades
Autónomas.
Como bien ha dicho su señoría, los usuarios de drogas por vía parenteral
siguen siendo el colectivo más afectado. En el 62 por ciento de los casos
diagnosticados en 1997 la infección se había contraído por compartir
jeringuillas o material de inyección; el 18 por ciento de los casos
corresponde a la transmisión heterosexual como consecuencia de relaciones
sexuales no protegidas; el 11 por ciento se refiere a prácticas sexuales
no protegidas entre hombres, y el 9 por ciento, el resto de las causas:
contagio madre-hijo, transfusiones, hemoderivados, etcétera. Vuelvo a
repetir: el 62 por ciento de las causas de contagio se debe a compartir
jeringuillas o material de inyección; el 18 por ciento, a la transmisión
heterosexual por prácticas sexuales no protegidas, el 11 por ciento, a la
transmisión homosexual por prácticas sexuales no protegidas, y el 9 por
ciento, corresponde al resto de las causas.
Este descenso en los nuevos diagnósticos de sida en el año 1997 y en los
dos anteriores, se debe, por un lado, a la eficacia de las estrategias de
prevención, desarrolladas en años anteriores e intensificadas en los
últimos cuatro años y, por otro, a la incorporación desde 1996 de los
tratamientos antirretrovirales combinados.
Además, la incorporación de los inhibidores de la proteasa y de las
nuevas pautas de tres fármacos, no sólo han retrasado la aparición de
sida entre las personas infectadas, sino que han aumentado su calidad de
vida y supervivencia. Así, en tan sólo dos años de experiencia en el uso
clínico de estos medicamentos, el descenso de mortalidad en diferentes
Comunidades Autónomas se cifra en un 60 por ciento.
Las nuevas pautas de tratamiento también se han traducido en una
disminución de ingresos hospitalarios en grandes centros, con valores en
torno al 40 por ciento, lo que supone una mejora sustancial de la calidad
de vida de estos pacientes.
El Ministerio de Sanidad y Consumo valora muy positivamente la reducción
de los casos de sida, lo que le anima a mantener e incrementar los
esfuerzos en la lucha contra la enfermedad.
Para finalizar, señoría, quiero hacer unas consideraciones que van a
marcar nuestra estrategia para el futuro. No se debe cometer el error de
interpretar la disminución de los casos de sida como un triunfo contra la
infección por VIH. Aunque las estrategias de prevención del Ministerio,
de las Comunidades Autónomas y el trabajo con las ONGs han hecho
disminuir su ritmo de crecimiento, todavía se producen nuevos casos.
Seguimos sin disponer de una vacuna eficaz. Sólo disponemos de la
prevención. Por tanto, las autoridades sanitarias deben proporcionar las
herramientas para que ciudadanos y ONGs puedan hacer frente a la
epidemia. A eso responde nuestra decisión de incrementar en 2.000
millones de pesetas los presupuestos de la Sanidad para luchar contra el
sida, lo que supone un incremento del 300 por ciento en el presupuesto de
1998.
Señoría, estamos convencidos de que nos encontramos en el buen camino
para afrontar con éxito esta epidemia, cuya evolución depende del
esfuerzo en materia de prevención de las administraciones sanitarias y
sociales y de la colaboración de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN
RELACION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS (680/000521).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Víctor Manuel Vázquez
Portomeñe, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las
actuaciones que está desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados
paliativos.
Tiene la palabra el Senador Vázquez Portomeñe.
El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, en la memoria de los Presupuestos
Generales del Estado figuraron en 1997 y persisten en 1998 como
principios inspiradores de la acción de su Ministerio, entre otros, la
equidad, la flexibilidad de los servicios a los ciudadanos y la mejora de
la eficiencia de los recursos del Sistema Nacional de Salud. Sobre esta
base, su Departamento ha establecido una serie de objetivos, entre los
que destaca por su importancia, la potenciación de alternativas a la
hospitalización que, sin duda, señor Ministro, son bien recibidas por la
población y, especialmente, por ese amplio grupo de pacientes integrado
por los enfermos crónicos, los de sida o cáncer o el colectivo de
nuestros mayores. Para todos ellos supone, sin duda, una notable mejoría
física y psicológica, al encontrarse en su medio familiar.
Al mismo tiempo, estas alternativas generan la liberalización de camas en
el sistema, su disponibilidad para enfermos agudos y la consecuente
reducción de las listas de espera. Entre dichas alternativas se encuentra
el establecimiento de unidades asistenciales, denominadas de cuidados
paliativos. Por eso, señor Ministro, le pregunto, ¿qué actuaciones está
desarrollando el Gobierno en relación a los cuidados paliativos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como muy bien señala su señoría, Senador Vázquez Portomeñe, las modernas
políticas sanitarias en todos los países desarrollados están fomentando,
como una estrategia muy importante, para un mejor aprovechamiento de los
recursos y, al mismo tiempo, para una mejor atención a los ciudadanos, el
desarrollo de lo que usted, con razón, ha llamado las alternativas a la
hospitalización.
Es decir, siempre que se pueda dar a los enfermos una asistencia en su
domicilio o en centros no necesariamente hospitalarios, estaremos
consiguiendo, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la asistencia a esos
enfermos y liberar recursos para atender a otras necesidades, que
inexcusablemente se tienen que atender en los hospitales.
En esa línea se inscriben todas las acciones tendentes a incrementar la
cirugía ambulatoria, la que se puede hacer sin ingreso, sin ocupar camas;
las unidades de cuidados paliativos, que consisten en tratar a los
enfermos en sus domicilios sin necesidad de que estén internados en los
hospitales, con toda la ventaja que eso representa desde el punto de
vista humano y sin ningún inconveniente en cuanto a la calidad de la
asistencia que reciben; y, por último, los centros de día, aquellas
unidades que pueden estar en los hospitales o fuera y en las que, sin
hospitalización u ocupación de camas, se puede atender a personas durante
el día pero que pernoctan en sus domicilios atendidos por sus familias y
en mejores condiciones de satisfacción para todos.
En relación con las unidades de cuidados paliativos, a las que se refiere
su señoría en la pregunta formulada, puedo decirle que precisamente éste
es uno de los objetivos que se ha marcado el Ministerio de Sanidad en ese
contexto del desarrollo de las alternativas a la hospitalización
convencional. Puedo informarle de que el programa de cuidados paliativos
es desarrollado por unidades asistenciales, las cuales prestan servicio
en el propio domicilio del paciente y están integradas por personal
médico, profesionales de enfermería y psicólogos. A nadie se le escapa
que el establecimiento de estas unidades hace imprescindible una perfecta
coordinación entre los servicios de atención especializada y primaria, al
ser esta última donde se continúan los cuidados iniciados en el hospital.
Las unidades de cuidados paliativos están orientadas, principalmente, a
pacientes oncológicos y con sida, si bien también pueden ser atendidos
por las mismas enfermos crónicos y otros que requieran una larga
convalecencia no hospitalaria. No hay que olvidar que los enfermos
asistidos por estas unidades presentan un estado físico y psíquico tan
especial que es necesario que las familias que conviven con ellos cuenten
con el apoyo permanente de profesionales o de personas con amplia
experiencia en este tipo de pacientes, de modo que en ningún momento se
vean solos o desasistidos.
Para facilitar la puesta en marcha de unidades de cuidados paliativos, el
INSALUD suscribió en septiembre de 1997 un acuerdo con la Asociación
Española Contra el Cáncer para la colaboración coordinada en la atención
a enfermos terminales en sus propios domicilios, en lugar de hacerlo en
los hospitales. A partir de este acuerdo marco se están formalizando
localmente convenios para la puesta en marcha de estas unidades en todos
los centros hospitalarios. Esta iniciativa mejora ostensiblemente la
calidad de vida de los pacientes, por cuanto durante la última fase de la
enfermedad les permite pasar el mayor tiempo posible en su propio entorno
con plenas garantías asistenciales.
Durante el año 1997, y mediante el acuerdo marco al que antes me he
referido, se han puesto en funcionamiento doce unidades, que han sido
distribuidas en los hospitales de Son Dureta, Valdecilla, Ciudad Real,
Río Ortega de Valladolid, Clínica de Valladolid, León, General Yagüe de
Burgos, Arrixaca de Murcia, Doce de Octubre, Princesa, La Paz y Móstoles
de Madrid. Para el año 1998 el INSALUD se ha propuesto como objetivo
implantar diez unidades de cuidados paliativos más, que serán ubicadas en
los hospitales con mayor número de enfermos susceptibles de este tipo de
tratamiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Senador Vázquez Portomeñe.
El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo que la eficacia de que hizo gala en la Galicia común
sigue siendo su norte. Muchas gracias por ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
--DE DON JOSE IGNACIO LOPEZ BORDERIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO LOS OBJETIVOS DEL PLAN
ESTRATEGICO DE CONSUMO (680/000522).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Ignacio López Borderías, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede explicar el
Gobierno los objetivos del Plan Estratégico de Consumo.
Senador López Borderías.
El señor LOPEZ BORDERIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, desde mi punto de vista, una
política de consumo sólo puede ser desarrollada con eficacia si está
basada en la colaboración institucional. En caso contrario, la
descoordinación nos llevaría a asumir riesgos que afectarían a la salud
de los ciudadanos, a la protección de sus legítimos intereses como
consumidores, a la propia competitividad de las empresas y, en
definitiva, a la transparencia del mercado.
La existencia de un Plan Estratégico de protección al consumidor para el
período 1998-2001, que ha sido elaborado por su Departamento, resulta
imprescindible, debiendo acreditar el rigor y la seriedad que los
diferentes responsables en materia de consumo deben asumir.
Evidentemente, todo plan estratégico, y máxime en materia tan delicada
como ésta, debe ser elaborado teniendo muy claros los objetivos que se
desean alcanzar. Esa, señor Ministro, es mi pregunta concreta: ¿Puede
usted explicarnos los objetivos del Plan Estratégico de Consumo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Comparto también con su señoría sus apreciaciones sobre las orientaciones
básicas que debe tener la política de consumo y, en particular, su
referencia a la necesidad de colaboración interinstitucional en esta
materia, especialmente necesaria en nuestro país donde es conocido el
alto grado de descentralización que se ha operado y el reparto de
competencias y responsabilidades que ha resultado del desarrollo de
nuestro modelo autonómico, lo cual hace especialmente necesaria esta
tarea de colaboración entre las distintas instituciones implicadas al
servicio de los ciudadanos.
Contestando más concretamente a su pregunta, puedo decir que el Plan
Estratégico de Protección al Consumidor para el período 1998/2001 fue
aprobado por unanimidad por la Administración General del Estado y por
todas las administraciones autonómicas en la Novena Conferencia Sectorial
del Consumo celebrada el día 10 de noviembre de 1997. Incluye los
objetivos y las líneas de actuación de las administraciones de consumo
para el próximo cuatrienio, con el objetivo general de mejorar y reforzar
la protección de los consumidores y usuarios.
Como no podía ser de otra forma, el plan mantiene una cierta línea de
continuidad con el anterior, presentando novedades que permiten
calificarlo de más ambicioso, ya que
supera la mera constatación de las necesidades actuales y asume
actuaciones ante los retos del futuro.
Así, el Plan Estratégico considera de manera especial la posición de los
consumidores en un mercado liberalizado más abierto y competitivo; las
innovaciones tecnológicas en los diversos sectores y bienes, desde las
comunicaciones a la banca; la especial repercusión que tendrá la
introducción del euro como moneda única y los nuevos hábitos del
consumidor.
En este marco, el Plan incluye una serie de acciones referidas al área
normativa, dirigida a colaborar en el estudio y diseño de la normativa de
carácter nacional y autonómico, además de reforzar la posición de los
consumidores y su participación en la elaboración de las directivas
comunitarias; un área de control de mercado que pretende potenciar la
colaboración y coordinación de las Administraciones públicas competentes
a fin de mejorar la defensa del consumidor y la actuación administrativa
en este campo; un área de fomento del movimiento asociativo, fundamental
en esta materia, haciendo hincapié en la atención al consumidor joven
como presente y futuro del asociacionismo; un área de acceso a la
Justicia, en la que el Plan establece la necesidad de trabajar en dos
vías: la extrajudicial, potenciando el sistema arbitral de consumo, y la
judicial, potenciando la actuación de las asociaciones de consumidores y
usuarios ante los tribunales de justicia; un área de información, en la
que se pretende fomentar la realización de análisis comparativos de
productos, así como la coordinación entre organizaciones para la
realización de campañas informativas institucionales, la colaboración con
los medios de comunicación y la potenciación de las oficinas municipales
de información al consumidor; un área de formación y educación, a través
de la cual se pretende mejorar la formación de las organizaciones de
consumidores y usuarios, de los profesionales de la enseñanza y del
Derecho, de los técnicos de consumo de las Administraciones públicas; un
área de cooperación institucional e integración en otras políticas
dirigida a reforzar los mecanismos existentes: conferencia sectorial de
consumo, comisión de cooperación de consumo, grupos de trabajo
específicos. Además, se ha reforzado la cooperación institucional con la
formalización de los diversos convenios de colaboración entre los que se
incluyen en el Convenio marco firmado por la Comunidad de Cantabria, el
actualmente en trámite con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento,
o el protocolo anual de desarrollo del acuerdo marco suscrito con el
Instituto de la Mujer.
Por último, en materia de cooperación internacional, un objetivo básico
es la colaboración con los países de Iberoamérica y de Europa central y
oriental.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador López Borderías.
El señor LOPEZ BORDERIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dar las gracias al señor Ministro de Sanidad y Consumo por su
contestación y congratularme de algo que ha dicho al principio y que es
lo más importante: que este Plan se esté realizando bajo la colaboración,
el diálogo y el consenso de todos los que el día de mañana tendrán que
aplicarlo y, además, controlarlo.
En cuanto a los objetivos, permítame, señor Ministro, que los podamos
examinar con más tranquilidad y, si usted me lo permite, quisiera
trasladarlos también al Gobierno de UPN, en Navarra, para ver qué opinión
tiene sobre ellos.
Señor Ministro, muchas gracias por su contestación. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Borderías.
--DE DON JAIME LISSAVETZKY DIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI VA A CERRAR EL GOBIERNO LA CLINICA PUERTA DE HIERRO DE MADRID
(680/000526).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Jaime Lissavetzky Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a cerrar el Gobierno la
Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante la alarma social creada por las noticias aparecidas
en diversos medios de comunicación, la pregunta es muy concreta: ¿Van
ustedes a cerrar la Clínica Puerta de Hierro?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
La contestación, señor Senador, también es muy concreta: el Gobierno no
va a cerrar la Clínica Puerta de Hierro de Madrid.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esta contestación no ayuda mucho a mi segunda réplica,
con lo cual algunos argumentos que voy a utilizar, no sé si duros o no,
me los podía haber ahorrado si hubiera sido usted un poco más expansivo
en su contestación. Porque yo no me invento nada, ahí están los medios de
comunicación, ahí hay un debate en la sociedad, en la que se habla
claramente de que la Clínica Puerta de Hierro puede cerrarse en función
de que es necesario que haya
otro centro en el noroeste de Madrid, concretamente se hablaba de la zona
de Majadahonda.
A mi modo de ver, hay diversas razones para impedir el cierre o traslado
de la Clínica Puerta de Hierro. En primer lugar, los intereses sanitarios
de los ciudadanos de Madrid. Madrid lo que necesita es tener más camas y,
por lo tanto, no está contrapuesto que haya un hospital comarcal en esa
zona de Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Boadilla, Villalba, etcétera,
con que se mantenga esta Clínica Puerta de Hierro. En segundo lugar,
porque es un centro de excelencia, es aproximadamente un cinco por ciento
más eficiente que la media; que atiende a un número muy importante de
ciudadanos y tiene 2.100 trabajadores; que tiene una masa crítica, y
ahora mismo a mí me parece irrenunciable su mantenimiento; que es un
hospital, si me permite, señor Ministro, con solera, y yo le pediría que
no lo desmantelase. Los experimentos, señor Ministro, se hacen con
gaseosa, no cambiando o cerrando hospitales. En tercer lugar, porque es
un hospital de referencia para otras Comunidades Autónomas, tiene
aproximadamente el 35 por ciento de pacientes que, en función de su alto
nivel de especialización, vienen de otras Comunidades Autónomas. En
cuarto lugar, señor Ministro, porque en los últimos años se ha venido
gastando bastante dinero en esta Clínica Puerta de Hierro y no hay que
tirar por la borda esas inversiones. Hay un plan funcional de abril de
1995, hay un proyecto arquitectónico para su reforma, que tiene usted
desde diciembre de 1996, hay un plan director del hospital. Se ha gastado
mucho dinero para que este centro se refuerce como hospital de
excelencia, y todo lo que sea traslado es, sinceramente, tirar por la
borda la inversión de más de 5.000 millones de pesetas en los últimos
años y los 180 millones del proyecto.
Señor Ministro, para llevar a cabo una acción política no es únicamente
necesario tener el «Boletín Oficial del Estado»; hay que escuchar también
a la sociedad y, por supuesto, a los grupos de la oposición. Usted ha
conseguido casi la unanimidad, pero la unanimidad en contra del traslado
de la Clínica Puerta de Hierro. Usted tiene en contra a los trabajadores
del centro. Usted tiene en contra y ha conseguido crear una plataforma en
defensa de la Clínica Puerta de Hierro, que valora que la destrucción de
equipos técnicos y humanos en esa clínica es una mala noticia para la
sanidad madrileña y española. Usted, señor Ministro, sabe que existen
problemas reales de traslado de algunas técnicas que, si se trasladan al
otro hospital, podría no hacerse bien, como en el caso del acelerador
lineal. Usted sabe que están en contra los pacientes, que han presentado
más de 2.000 firmas para que no se traslade. Usted sabe que la Asociación
de Defensa de la Sanidad Pública está en contra del traslado y a favor,
como este Grupo Parlamentario Socialista, de que haya un nuevo hospital
en Majadahonda, pero que se mantenga la Clínica Puerta de Hierro. Usted
ha conseguido, incluso, que el Alcalde de Madrid esté en contra del
traslado de ese hospital.
Señor Ministro, por favor, rectifique o rectifíqueme, este hospital tiene
que seguir adelante, no genere esta alarma social, tómese usted una
Viagra inversora porque son dos los hospitales que necesita Madrid.
(Rumores.) No haga esta agresión a la sanidad pública. Señor Ministro, he
leído unas declaraciones suyas en las que decía: si se cierra algún
hospital público, dimitiré. No le deseo a usted esa dimisión, por lo
tanto, señor Ministro, no cierre la Clínica Puerta de Hierro. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lissavetzky Díez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, después de mi primera contestación, comprenderá que la
alarma social no está nada justificada y sólo se puede explicar con
posiciones como la que su señoría acaba de exponer, dando por hecho
realidades que no se sostienen.
Al margen de consideraciones de tipo histórico, que también son
importantes, en este momento la Clínica Puerta de Hierro es el hospital
de referencia del área 6 y tiene asignados directamente 280.847
habitantes. Por tanto, señoría, como usted comprenderá, es imposible
plantearse el cierre de un hospital que presta una función imprescindible
a una población determinada.
Además, hay que tener en cuenta el valor añadido que tiene la Clínica
Puerta de Hierro, como es el hecho de que fue el primer centro
hospitalario de la Seguridad Social donde se realizaba la triple función
asistencial, docente e investigadora que tanto ha tenido que ver, una vez
que se generalizó ese modelo, con la excelente calidad de la medicina
española y la excelente formación de nuestros médicos y enfermería en
hospitales diseñados de acuerdo con este modelo de Puerta de Hierro y
extendido después al conjunto de la red española. Fue un centro pionero
en materia de investigación y el primer hospital donde se instituyeron
las relaciones con la atención primaria.
No obstante, reconocer la importancia de este hospital, además de
reconocer su excelencia, no debe llevarnos a perpetuar una serie de
inconvenientes o dificultades que este centro tiene en la actualidad,
porque, de la misma forma que cerrarlo sería un disparate, no aportar
soluciones a sus problemas sería una irresponsabilidad.
Este hospital se inauguró el 18 de julio de 1964, lo que quiere decir que
tiene una antigüedad de más de 30 años. Este tiempo ha puesto en
evidencia importantes problemas estructurales, de instalaciones y de
ordenamiento asistencial: antigüedad de instalaciones, cuestión agravada
por incendios, inadecuada estructura física para su actual función como
hospital de área y hospital de referencia, inadecuada organización
funcional del edificio, graves problemas de accesibilidad y de
aparcamiento, insuficiente superficie disponible para su actual cartera
de servicios.
Como consecuencia, desde el año 1994 se han venido desarrollando
diferentes trabajos intentando buscar soluciones
a los problemas detectados. En la actualidad, el proyecto se encuentra
entregado y supervisado. No obstante, ante el importante esfuerzo
inversor, 10.000 millones de pesetas, que implica la reforma integral del
hospital y la oportunidad histórica que representa asumir la solución de
los problemas estructurales de la Clínica, cabe reconsiderar la decisión
y se plantean dos opciones distintas: la reforma del hospital actual y la
construcción de un nuevo hospital. Este segundo planteamiento obedece a
dos hechos fundamentales: el incremento poblacional de más de 70.000
habitantes en dos ayuntamientos del área y una similar inversión
económica de las dos opciones. La reforma supondría aproximadamente unos
10.000 millones de pesetas, y la construcción de una nueva planta unos
12.000 ó 13.000 millones de pesetas.
Los aspectos comunes a ambas alternativas son los siguientes: que la
Clínica Puerta de Hierro siga siendo un hospital de excelencia, que en su
cartera de servicios se incluyan, en coherencia con la historia y
presente del centro, especialidades técnicas y de referencia, manteniendo
la compatibilidad con las funciones de hospital del área, y que se
mantenga la forma de gestión del hospital y la misma vinculación de la
plantilla al centro.
En la actualidad, señoría, se están estudiando los pros y los contras de
cada una de dichas opciones. No obstante, me gustaría señalar, además, la
importancia que en la decisión que se adopte tendrá el pronunciamiento de
la Comunidad Autónoma de Madrid --naturalmente, escuchamos también con
toda atención a cada ayuntamiento--, en función de que es la
administración sanitaria competente en materia de ordenación y
planificación sanitaria.
Por el contrario, sí le puedo anticipar que la solución que se adopte
será la mejor para la población que asiste a este hospital, permitiendo
que la Clínica Puerta de Hierro siga manteniendo y desarrollando sus
funciones como el hospital de excelencia que ha sido siempre. Por tanto,
señoría, sería un disparate plantearse el cierre de la Clínica Puerta de
Hierro y esto es algo que este Gobierno no tiene intención de hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI SE CORRESPONDE CON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EL
GASTO FARMACEUTICO REALIZADO EN EL MES DE MARZO (680/000529).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Francisco Zamorano Vázquez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si se corresponde con las
previsiones del Gobierno el gasto farmacéutico realizado en el mes de
marzo.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el gasto farmacéutico se incrementó el pasado mes de
marzo en más de un 25 por ciento en relación con el mismo mes del año
anterior. ¿Se corresponde este incremento con las previsiones del
Gobierno?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano Vázquez.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, los objetivos del Gobierno y, por tanto, las previsiones
del Departamento en cuanto a la evolución de los indicadores sanitarios
no se establecen para un mes concreto, sino para todo el ejercicio
presupuestario, máxime en una cuestión como el gasto farmacéutico que
está influida por múltiples factores, entre los que se incluyen medidas
estructurales, coyunturales o de gestión que adopta el Gobierno, o las
variaciones en la propia demanda existencial. Por esta misma razón, el
Ministerio de Sanidad y Consumo mantiene las previsiones que hizo al
comienzo del ejercicio y considera que no hay ninguna razón para pensar
que no se va a cumplir el objetivo de mantener la desaceleración del
crecimiento del gasto farmacéutico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me ha sorprendido nada su respuesta y casi la conocía
ya. Digo esto no porque tenga mejores dotes adivinatorias (Rumores.) que
las que frustradamente ejerce el señor don Miguel Angel Rodríguez, sino
porque usted me ha dado respuesta de manual que ha distribuido y que es
este «argumentario» que el mismo día del debate sobre el estado de la
Nación el INSALUD ha distribuido por todos sus centros, y voy a leer, por
lo menos, la primera hoja para que se conozca.
Dice así: Nota interior, INSALUD, de Dirección a Dirección, etcétera: «El
Gabinete de comunicación del INSALUD nos envía un argumentario por si es
necesario rebatir las críticas surgidas en el debate sobre el estado de
la Nación en materia sanitaria.» Tiene una coletilla que, aunque afecta
más a una Comunidad Autónoma, creo que es interesante que también se
conozca. «Aunque suponemos que en Castilla y León esta polémica no va a
tener resonancia periodística de ninguna clase (Risas.), os enviamos los
doce folios para vuestro conocimiento general y se añaden doce folios de
un denominado Gabinete de Comunicación del INSALUD.
Esa es la razón, señor Ministro, por la que conocía cuál iba a ser su
respuesta, ya que este «argumentario» no es
más que una interpretación torticera, partidista y, la mayoría de las
veces, falsa de lo que es la situación del INSALUD y de la política de su
Gobierno. No tiene ninguna validez técnica y simplemente se trata de
instrumentalizar partidariamente la Administración sanitaria en beneficio
de su Partido.
Ustedes hablaban de la profesionalización de la Administración, y lo
único que han realizado es su apropiación, un intento de adoctrinamiento
y, desde luego, instrumentalizarla para la defensa de las disposiciones
de su partido, que no de la Sanidad española.
Pero, señor Ministro, no existe ni un solo «argumentario» que pueda
ocultar la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos es que el
gasto sanitario en el mes de marzo creció un 25,56 por ciento, es decir,
cerca de 16.000 millones, probablemente menos de lo necesario para
arreglar Puerta de Hierro y abrir Majadahonda. Pero ese incremento en un
solo mes es debido a su irresponsabilidad, ya que en un solo mes usted se
ha gastado lo que, además, se va a aportar a la industria farmacéutica,
según el acuerdo que usted firmó. Este incremento tiene un perjudicado,
que es el Sistema Nacional de Salud, y también tiene un beneficiario, que
es esa industria farmacéutica a la cual tanto protege, señor Ministro,
pero también tiene consecuencias políticas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Las consecuencias políticas son que el modelo
de financiación de la sanidad a los cinco meses de su aplicación ya es un
modelo fracasado. Nosotros se lo decíamos constantemente: ligar la
financiación a unos fondos condicionados al ahorro significaba que si
esos ahorros no se cumplían, se iba a incrementar el déficit. Y éste es
el caso, señor Ministro, ya que ustedes con ese modelo están
incrementando el déficit de la sanidad. Este incremento también tiene un
responsable que es usted, tanto por la alarma social que ha generado con
el recetazo que nos quiso aplicar, como por la poca credibilidad que de
usted tienen ya los ciudadanos, que conociendo que les iba a quitar
prestaciones farmacéuticas de utilidad terapéutica, tuvieron que hacer
acopio en el mes de marzo para hacer frente a lo que se les venía, que
era una reducción en las prestaciones farmacéuticas.
Señor Ministro, usted tiene una responsabilidad que incluso va mucho más
allá de lo que he dicho, porque usted está dinamitando las bases de
nuestro Sistema Nacional de Salud y está utilizando la Administración
sanitaria en exclusivo uso de sus posiciones partidarias, como demuestra
este «argumentario» que han repartido por los centros del INSALUD.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
No sé cómo le sorprende a su señoría que el INSALUD diga lo mismo que le
voy a decir yo. No debería sorprenderle nada, porque es lo más natural
que el INSALUD salga al paso, dando las mismas explicaciones que yo.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Los señores
Zamorano Vázquez y Rojo García pronuncian palabras que no se perciben.)
Es absolutamente normal. (Continúan los rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Antes de entrar
en el fondo de esta cuestión, quiero decirle dos o tres cosas.
En primer lugar, los que protegieron la industria farmacéutica fueron
ustedes. (Protestas en el Grupo Parlamentario Socialista.--El señor
Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): La industria
farmacéutica nunca conoció una edad de oro como la que tuvo con ustedes,
con crecimientos anuales acumulativos del gasto farmacéutico del 14 por
ciento. Ustedes llevaron el gasto farmacéutico al 25 por ciento. (Fuertes
protestas en los escasos del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (El señor Zamorano Vázquez y
otros señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian
palabras que no se perciben.)
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Aumento
acumulativo anual del 14 por ciento. En ningún país europeo. La edad de
oro. Llegamos nosotros y bajamos el gasto farmacéutico ya en el año 1996
(El señor Zamorano Vázquez muestra un documento desde su escaño,
señalando su contenido.) --un punto y pico en medio año--, y aumentamos
la aportación de Farmaindustria al sistema nacional de salud (El señor
Zamorano Vázquez continúa señalando repetidas veces el contenido del
documento, haciendo signos negativos.), y en el año 1997 conseguimos
bajar el gasto farmacéutico del once y pico por ciento de 1996 y del doce
y pico por ciento de 1995, al 5,6 por ciento, y aumentamos la aportación
de Farmaindustria. Esa es nuestra política en relación con la industria
farmacéutica de corrección de los excesos que habían cometido ustedes. Y
las bases del sistema nacional de salud las estamos defendiendo más que
ustedes, porque estamos mejorando la gestión y estamos mejorando la
financiación. Recogimos un sistema nacional de salud lleno de deudas y de
déficit. Aumentamos la financiación este año en 386.000 millones de
pesetas, que es lo más que se puede hacer para sustentar y consolidar ese
sistema, y eso supone 200.000 millones de pesetas más de lo que hubiera
crecido según el modelo de financiación que tenían ustedes. Eso es lo que
estamos haciendo por el sistema nacional de salud, en cuyos valores
creemos tanto como ustedes, y al que servimos con más eficiencia y con
más eficacia. (Rumores y risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Zamorano,
no se puede hablar con esa ligereza. El gasto farmacéutico no se puede
medir por meses. ¿Sabe usted cuánto subió en el mes de febrero? El 0,7
por ciento, y yo no vine aquí a decir (El señor Zamorano Vázquez
pronuncia palabras que no se perciben.) que éramos maravillosos porque
habíamos bajado el crecimiento del gasto farmacéutico al 0,7 por ciento.
¿Pero sabe usted cuánto ha subido al final de abril (El señor Zamorano
Vázquez, mostrando un documento, pronuncia desde su escaño palabras que
no se perciben.)...
El señor PRESIDENTE: Silencio. Senador Zamorano. (Fuertes protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): ... sabe usted
en cuánto está el gasto farmacéutico a 30 de abril? Pues está en un
crecimiento del 8 por ciento. Si tiene usted en cuenta que este año la
aportación de Farmaindustria --sólo la aportación de Farmaindustria, sin
entrar en vigor la lista negativa, que lo hará a mediados de año--, sólo
la aportación de la industria farmacéutica va a representar 39.000
millones de pesetas (El señor Zamorano Vázquez pronuncia palabras que no
se perciben.), es decir, tres puntos más que el año pasado, ya puede
usted hacer una cuenta muy fácil, y verá que ese 8 por ciento que
llevamos de gasto a finales de abril se transforma en el 5 por ciento de
coste efectivo para el sistema, con lo cual mantenemos la previsión de
que el crecimiento del gasto presupuestario farmacéutico de este año sea
del orden del 6 por ciento y no del 14 por ciento, que era el que había
con ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI ESTA SATISFECHO EL GOBIERNO DEL RESULTADO DE LA
ENTREVISTA QUE MANTUVO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1997 LA MINISTRA DE JUSTICIA
CON EL DIRECTOR DE UN PERIODICO (680/000524).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno del
resultado de la entrevista que mantuvo el 13 de noviembre de 1997 la
Ministra de Justicia con el director de un periódico.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señores del
Gobierno, la Ministra de Justicia dijo: Mantuve una reunión en mi
despacho con don Pedro José Ramírez con luz y taquígrafos.
¿Está satisfecho el Gobierno del resultado de esa entrevista? Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo Santiago.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, cuando la Ministra de Justicia mantiene entrevistas con
representantes de medios de comunicación lo único que pretende es
favorecer el derecho a la información de los ciudadanos. En ese sentido,
todas las entrevistas que mantengo con medios de comunicación favorecen
esa información y, por supuesto, estoy satisfecha. (Un señor Senador del
Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Comprendo que le molesten mis preguntas porque quien la hace la teme. Si
hubiera respondido usted con la verdad desde el principio se habría
evitado el trago de hoy. Hacia las ocho de la tarde del día 13 de
noviembre de 1997 usted recibió en el Ministerio al ínclito amigo y
confidente de Aznar. (Rumores.) El coche del visitante fue aparcado en un
lugar reservado a los coches oficiales. (Risas y rumores.)
No se cumplieron las normas habituales y, por si fuera poco, las cámaras
fijas habían sido desconectadas. (Rumores.) El sigilo se llevó a sus
extremos, por lo que ya sabemos lo que significa para usted luz y
taquígrafos. (Risas.)
¿Por qué tanto secreto para una entrevista periodística sobre las
enmiendas del Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial? Su explicación
del 22 de abril ante este Pleno fue, además de falsa, ridícula.
(Rumores.) Al día siguiente de la visita, salió en el periódico que
dirige Ramírez una información normal sobre el Pleno del Congreso que
rechazó aquellas enmiendas, elaborada por el redactor correspondiente. No
llevaba firma. No había ninguna entrevista. Tampoco en los días
siguientes hay ninguna información sobre la entrevista entre la señora
Ministra de Justicia y el director del periódico. Sencillamente, esa
entrevista no era publicable.
¿Alguien puede imaginarse el interés de Ramírez por las enmiendas de la
Ley Orgánica en los días más calientes del vídeo por él protagonizado?
(Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor AREVALO SANTIAGO: A los cuatro días, Gómez de Liaño se hace
cargo del asunto. Se quiso transformar un posible delito privado en una
rama tierna del caso GAL. (Rumores.)
La Ministra no ocultó su conformidad con la irrupción de Gómez de Liaño y
tampoco ocultó su conformidad el Fiscal General del Estado. El Gobierno
mostraba así su complacencia con el cambio de rumbo del sucio asunto del
repugnante vídeo aprovechándole para la guerra política. Este es el
Gobierno que tenemos. (Risas.)
Señora Ministra, la he desmontado todas las afirmaciones que usted hizo
aquí... (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor AREVALO SANTIAGO: ... el 22 de abril. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.
El señor AREVALO SANTIAGO: La he desmontado todas las afirmaciones que
hizo usted aquí el 2 de abril. (Rumores.)
La señora Ministra de Justicia, notario mayor del Reino, que se decía
antes, no puede seguir saltando por encima de la verdad. Lo digo con toda
seriedad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, termine.
El señor AREVALO SANTIAGO: Acabo, señor Presidente.
Rompa la costumbre del Gobierno y responda o descargue su conciencia y
diga la verdad. (Rumores.)
Pregunto ahora simplemente: ¿por qué se hizo cargo del caso del vídeo el
juez Gómez de Liaño? ¿En todo este asunto, cumplió usted instrucciones
del Presidente del Gobierno? ¿Cuál es la relación del Gobierno con
algunos periodistas y con algunos jueces? ¿Qué papel hizo usted en la
entrevista con don Pedro José? ¿Abogado asesor?
El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: ¿Confidente político? ¿Intermediario?
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, realmente no me gusta utilizar determinados vocablos pero tengo
que decirle que está empezando a ser patético que su única forma de
preguntar al Gobierno a través de la Ministra de Justicia sea hacer
continuas referencias a invenciones que usted quiere mantener vivas
exclusivamente por lo que va a ocurrir dentro de muy pocos días.
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Creo,
señoría, que todo lo que usted ha dicho en esta Cámara respecto a que no
se entró por la puerta de costumbre, etcétera, va a poder ser desmentido
punto por punto porque usted tiene la costumbre de mentir y ampararse en
la buena educación de esta Ministra para que no le llame mentiroso en el
Pleno de esta Cámara. (Protestas en los escaños del Grupo
Socialista.--Aplausos en los del Grupo Popular.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Silencio, por favor.
--DE DON JUAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, RESPECTO A
LOS DEPOSITOS MUNICIPALES DE DETENIDOS TRAS LA RECIENTE SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO, POR LA QUE SE OBLIGA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA A
COSTEAR LOS GASTOS REALES DE DICHO SERVICIO, INCLUIDOS LOS DE INVERSION
(680/000525).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Oliart Pons, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, respecto a los depósitos municipales de
detenidos tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, por la que se
obliga a la Generalidad de Cataluña a costear los gastos reales de dicho
servicio, incluidos los de inversión.
Tiene la palabra el señor Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, sobre los depósitos municipales de detenidos a
disposición judicial, usted sabrá de la existencia de una sentencia del
Tribunal Supremo, muy reciente, por la que se obliga a la Generalidad de
Cataluña a sufragar todos los costes y gastos que origina este servicio.
Es verdad que la sentencia obliga solamente a la Generalidad de Cataluña
y no a la Administración del Estado, pero no es menos cierto que una
situación semejante se vive en el ámbito de la Administración del Estado
en esa materia. Son 1.325 pesetas lo que paga la Administración
penitenciaria al Estado por detenido y día, cantidad claramente
insuficiente para sufragar los costes reales que este servicio origina.
Por tanto, creemos que el Gobierno ha de actuar políticamente en esta
materia y no esperar recursos de otros Ayuntamientos o de la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Por otra parte, usted sabe que se ha modificado el Código Penal y que
existe la pena de arresto de fin de semana y que los depósitos
municipales podrían cumplir perfectamente con esa nueva función. Nos
permitiría disponer de una red muy importante de instalaciones para ese
cumplimiento, ya que creo que sería muy conveniente y oportuno que en
cada distrito, en cada municipio que sea cabeza de partido judicial,
existiese una instalación de ese tipo.
Esas son las razones, señora Ministra, por las que le formulo esta
pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, como usted ha relatado, la sentencia hace referencia
exclusivamente al ámbito de la Generalidad catalana, que es a la que se
le estiman los recursos en contra promovidos por dos ayuntamientos. Pero,
como su señoría también ha puesto de relieve, tiene trascendencia, es un
referente para el resto del Estado. El Gobierno es consciente de la
problemática que plantea a los diferentes municipios, y a lo largo de
este año se ha formado un grupo de trabajo entre los Ministerios de
Administraciones Públicas, Interior, Justicia y la Federación Española de
Municipios y Provincias para facilitar unos módulos que hagan posible el
cumplimiento de los arrestos de fin de semana a los que su señoría se ha
referido, sin grave detrimento para los municipios afectados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Celebro, señora Ministra, que usted lo tenga en cuenta. Sin embargo, he
de recordarle que en preguntas escritas --y de esto hace casi un año-- su
Ministerio contestaba diciendo que existía ya una resolución a punto
entre la Federación de Municipios y Provincias y su Ministerio. Pero ha
pasado este año y todavía no sabemos nada de este asunto.
Pienso que una vez se ha resuelto quién ha de pagar estos costes --algo
que indudablemente es histórico, y de cuya no resolución no les hago a
ustedes responsables-- en estos momentos, una vez que existe esa
sentencia que resuelve definitivamente quién ha de costear esos gastos y
habida cuenta también de la reforma del Código Penal, en la que, como he
dicho anteriormente, estos depósitos habrían de cumplir esa función para
los arrestados, es indudable que es muy oportuno que el Gobierno emprenda
de inmediato, con urgencia, las conversaciones pertinentes con la
Federación de Municipios y Provincias para llegar a un acuerdo sobre esta
cuestión. Un acuerdo que tendría que situarse de inmediato sobre la
cantidad necesaria para costear realmente estos gastos; a la vez, debería
efectuarse, conjuntamente con los municipios, una diagnosis de la
situación actual de estos depósitos municipales --pues, como su señoría
sabrá, algunos de ellos no están todavía en condiciones ni habilitados
para ejercer esta función-- y posteriormente se debería emprender un plan
de rehabilitación con las inversiones que fueran pertinentes.
Si ustedes llegan rápidamente a un acuerdo, incluso se podrían ahorrar
una cosa a que la sentencia también obliga: a pagar con efectos
retroactivos desde 1985 --momento en que fue aprobada la Ley de Bases de
Régimen Local-- todos estos atrasos. Si ustedes se dan prisa y tienen
voluntad política, seguramente que llegarán a un acuerdo inmediato con la
Federación de Municipios y Provincias.
Nada más, señora Ministra. Señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart Pons.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, se está trabajando conjuntamente con la Federación Española de
Municipios y Provincias fundamentalmente para hacer la evaluación de esos
depósitos a los que su señoría ha hecho referencia, en el bien entendido
que estamos en trance de la reposición de la mayoría de esos depósitos
municipales. Igualmente, se está procediendo a elaborar los módulos
unitarios de funcionamiento de los servicios del depósito municipal,
contemplando, además de los gastos de alimentación y mantenimiento, los
de reposición de las inversiones.
Creemos que se está avanzando de forma rápida en las negociaciones y que
su señoría podrá tener cumplida respuesta a una necesidad puesta de
manifiesto no sólo por la sentencia, sino por las necesidades efectivas
de los diversos municipios en un período de tiempo razonable.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
INTERPELACIONES:
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA ATENCION DE LOS
CIUDADANOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES EXTRANJERAS, ASI COMO LA DE
SUS FAMILIARES (670/000085).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones. La
primera, de don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario
Socialista, es sobre las medidas previstas por el Gobierno para mejorar
la atención de los ciudadanos españoles internados en prisiones
extranjeras, así como la de sus familiares.
Senador Díez González, tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, las condiciones de vida en las que se
encuentran los ciudadanos españoles que están cumpliendo condena o a la
espera de juicio en cárceles en el extranjero deben merecer una atención
permanente de los servicios consulares españoles, ya que de esta forma la
Administración estaría al servicio de los intereses de todos los
ciudadanos y protegiendo, evidentemente, los derechos humanos que nuestra
Constitución establece con nitidez. Además, la Constitución Española,
como sus señorías conocen --y la señora Ministra mucho mejor, porque
tiene que hacerla cumplir y desarrollarla--, dedica su Capítulo II a los
derechos y libertades, y en el artículo 25.2 establece que las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas
hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en
trabajos forzados. El condenado --continúa el artículo 25.2-- a pena de
prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo --es decir, los derechos amparados en los
artículos 14 a 28 de la Constitución.
Por lo tanto, todos estamos de acuerdo, y creo que el Gobierno el primero
--esperamos--, en cumplir y hacer cumplir estas premisas, no solamente
porque se contienen en nuestra Carta Magna, sino porque el Reino de
España viene estableciendo una serie de convenios y tratados
internacionales de distinto nivel sobre el traslado de personas
condenadas para cumplir su condena en el país de origen.
¿Cuál es la dimensión del problema que queremos transmitir a sus
señorías, y fundamentalmente al Gobierno, con esta interpelación?
La dimensión del problema cada vez tiene mayor importancia, a nuestro
juicio. En este momento existen aproximadamente 1.350 reclusos en
prisión, tanto condenados como en espera de juicio. Tenemos por tanto
1.350 familias --y ésta es otra dimensión importante del problema-- que
están atravesando un drama, no solamente por tener a sus familiares en
prisión, con condena o en espera de juicio, sino también porque las
condiciones de lejanía establecen dificultades enormes, que creo que
todos comprendemos, especialmente el Gobierno.
No vamos a hablar de las condiciones de las prisiones homologables a las
nuestras, que pueden ser las de la Unión Europea y países equivalentes al
nuestro, sino que vamos a hablar de muchos países, de la mayoría de los
países en que las condiciones de estas prisiones son verdaderamente
lamentables, como todos conocemos. No voy a entrar en la casuística de
muchas de ellas, que son perfectamente conocidas y que este Senador
conoce a través de los testimonios de los reclusos, de los ciudadanos
españoles en prisión o de sus propias familias. Además de eso, en muchos
casos están las distancias geográficas y también las diferencias
culturales. Al simple hecho de estar en prisión, con unas condiciones de
vida tremendas, se suma la dificultad de estar en Nueva Delhi, en
Islamabad, en Bangkok, o en alguna prisión del cono sur americano, con
las diferencias culturales que existen, lo que puede hacer pensar que las
situaciones son verdaderamente dramáticas. De ahí que estos testimonios
no sólo los conozcamos a través de las familias, sino por la propia
experiencia de nuestro servicio exterior que transmite esas situaciones.
En la joven democracia española, a los gobiernos socialistas les culpo la
responsabilidad de articular políticas para mejorar la asistencia a los
españoles detenidos en el extranjero. Tenía que ser así, evidentemente, y
se articularon una serie de medidas combinadas, como el establecimiento
de tratados y convenios internacionales, que propiciasen la oportunidad
de un traslado, con el acuerdo de las tres partes: del país de condena,
del interno, del ciudadano español que solicita el traslado, y del
Gobierno español que tiene que hacerse eco de esta petición y, por
acuerdo de Consejo de Ministros, proceder a la solicitud correspondiente;
cuando concurren esas tres voluntades --digo-- esos ciudadanos españoles
pueden venir. Estos tratados y convenios internacionales han hecho
posible que en los últimos diez u once años hayan sido 388 los traslados
que se han producido, y por lo tanto creemos que es una medida
inteligente, dinámica, importante, y que esperamos que el Gobierno siga
impulsando en este momento.
Además de ello, hay una serie de medidas que se han venido articulando en
los últimos quince años por los gobiernos para establecer ayudas que
permitan que esa circunstancia de estar en prisión se vaya suavizando
para los ciudadanos españoles en la medida de lo posible; acercando, en
una palabra, las condiciones de vida que tienen en esas prisiones a las
condiciones de vida reales que tienen los ciudadanos españoles que están
en prisión en España, y evidentemente tratando de equiparar, de hacer
posible que la justicia que nuestra Constitución establece, en lo que se
refiere a las condiciones de vida de los ciudadanos que están en prisión,
actúe también desde la discriminación de estos ciudadanos que están fuera
de España.
La atención por lo tanto de los presos a través de esas circulares, de
esas órdenes ministeriales tiene distintos grados: en lo que se refiere a
la salud, a la alimentación, a la educación, al vestuario. En lo que se
refiere a la salud, con un seguimiento por parte de nuestras autoridades
consulares, que se hace visible con la presencia física, las visitas que
al menos una vez cada dos meses tienen que hacerse; con el registro en
los libros de visitas; con un seguimiento de la atención sanitaria. La
atención educativa tiene un apartado muy especial, estableciendo
mecanismos a través del Centro para la Innovación y Desarrollo de la
Educación a Distancia, y los propios organismos que, tanto el INBAD como
la Universidad a distancia, establecen para aquellos ciudadanos españoles
en prisión que quieran mantener y seguir estudios.
Estos mecanismos están establecidos, y de ahí que la interpelación trate
de impulsar y de hacer una crítica a la acción del Gobierno en el sentido
de mejorar el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, para compensar la situación de estos españoles en prisión
se establecen y se asignan ayudas económicas de hasta cien dólares USA
que los cónsules, en cada caso, pueden aplicar discrecionalmente. Creo,
señora Ministra, que convendrá conmigo en que la distribución y la
discrecionalidad con que se aplican estas ayudas generan mecanismos de
discriminación. Esa es la realidad. Se dan casos --y conozco bastantes--
en los que en un mismo país, en función de los lugares donde están los
cónsules y las prisiones correspondientes, las ayudas económicas son
distintas en igualdad de trato que reciben en esas prisiones y por tanto
de demandas para cubrir esas necesidades mínimas para las que están
establecidas ese tipo de ayudas.
Se da la paradoja y la circunstancia de que en ciudades como Bangkok las
ayudas llegan hasta 125.000 pesetas/año, que son las máximas --datos del
Gobierno recibidos por este Senador--, mientras que en Islamabad no
llegan a 48.000 pesetas/año por persona, teniendo en cuenta que los
parámetros y las circunstancias de las prisiones tanto de Islamabad como
de Bangkok son las mismas. Otro caso es el de Nueva Delhi, que no ha
recibido ningún tipo de ayuda económica, es decir, esa discrecionalidad
que se viene utilizando por parte de nuestra representación consular
genera discriminación, lo que se traduce en que este tipo de ayudas no
sean justas.
Las ayudas van creciendo pero yo creo que de una forma insuficiente. En
el año 1996 eran 51 millones de pesetas, en el año 1997 han sido 74
millones de pesetas y creemos que sigue siendo insuficiente, toda vez que
el gasto medio por recluso durante 1997 en España en mantenimiento,
atención sanitaria, vestido, educación y servicios sociales ha sido de
255.379 pesetas recluso/año.
Creemos, por lo tanto, que tenemos que hacer un esfuerzo por equiparar
las condiciones de vida de los reclusos españoles en el extranjero, tanto
de los que estén en situación preventiva como de los que estén
condenados, esfuerzo al que, evidentemente, esperamos que contribuya el
Gobierno. Creemos que ese esfuerzo, iniciado en los últimos 15 años,
debemos seguir perfeccionándolo. Tenemos que seguir avanzando en esa
dirección.
Hay otro aspecto que también creemos que es discriminatorio y por el que
tenemos que seguir avanzando. Nuestra Constitución establece, en el
artículo 119, la posibilidad de la Justicia gratuita. Es un derecho
amparado por nuestra Constitución y recogido posteriormente por las leyes
que la han desarrollado y que su señoría conoce perfectamente. Creemos
que es el momento de establecer mecanismos que permitan que la justicia
gratuita llegue efectivamente a aquellos ciudadanos españoles necesitados
de la misma, que son aquellos que no tienen recursos económicos, ni ellos
ni sus familias, y en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre, que
no hay recursos económicos. Además, le voy a citar dos precedentes que
incluso el Gobierno que representa su señoría ha tenido ocasión muy
recientemente de poner en marcha. Recuerdo una reciente carta del
Ministro de Asuntos Exteriores --el ámbito más adecuado de esta
interpelación, evidentemente, sería el del Ministro de Asuntos
Exteriores, pero creo que su señoría va a tener la suficiente comprensión
para entender lo que estamos discutiendo-- en la que me decía, en
relación a una preocupación que manifestaba sobre cuatro ciudadanos
españoles detenidos en Guinea Ecuatorial, lo siguiente: No se preocupe,
señoría, porque, además, nuestros servicios consulares se van a ocupar de
la defensa jurídica de estos ciudadanos españoles. Ese es un precedente
importante, como el que conozco de hace dos años y medio en el consulado
de Salvador de Bahía en Brasil. También el consulado se encargó de la
defensa jurídica. Son precedentes, son excepciones que confirman una
dirección que debe ser correcta y que evidentemente tiene un coste
económico y un coste de preocupación por parte del Gobierno, pero si
queremos equiparar correctamente los derechos de los ciudadanos españoles
que están en prisión fuera de España y necesitan defensa jurídica cuando
no tienen recursos económicos, el Estado español, los poderes públicos
entre los que me incluyo, tenemos que responder a esa demanda y
establecer mecanismos de apoyo en la dirección correcta.
Hay otro ámbito que también nos preocupa y que consideramos que necesita
en este momento ser perfeccionado, y que, desde luego, está necesitado de
que se le apliquen las medidas adecuadas. Este ámbito es el referido a la
información y atención permanente a las familias.
A este respecto, no existe una acción coordinada en los mecanismos que el
Gobierno de la nación tiene establecidos en las distintas áreas. Creemos
que el Departamento de Asuntos Exteriores es el competente, al igual que
consideramos que en él deberían existir mecanismos interdisciplinares
--en los que deberían participar Justicia, Educación, Sanidad, Trabajo y
Asuntos Sociales-- que diesen respuesta a las necesidades de los
ciudadanos que están en prisión y así como a las familias que demandan
información sobre sus familiares presos.
No es de recibo que una familia española tenga que conocer la situación
real en que se encuentra su familia en prisión, ese conciudadano nuestro
que está detenido llamando por teléfono al consulado de turno, llamando a
Nueva Delhi, a La Habana, a Rabat o a Tánger. Creemos, por tanto, que la
Administración española en su conjunto, y particularmente el Ministerio
de Asuntos Exteriores, tienen que impulsar estas acciones con mayores
medidas presupuestarias, evidentemente, pero también con mejores medios
materiales y humanos.
Señora Ministra, yo le puedo decir que he discutido y he hablado de estas
cuestiones con funcionarios y con el propio Ministro de Asuntos
Exteriores, y todos ellos reconocen la necesidad de seguir avanzando en
esa dirección. Considero, además, que éste es el momento portuno para
hacerlo ya que el problema va adquiriendo cada vez mayores dimensiones.
Es verdad que hace diez años no existía el mismo número de españoles
detenidos en el extranjero y que en este momento hay más, pero ¿por qué?
Pues por una serie de
razones evidentes. Todos estamos apostando por que España tenga una
proyección exterior mucho mayor, proyección que, lógicamente, conlleva el
que los ciudadanos españoles tengamos más problemas fuera y que los
tengamos también con la justicia de los países que vamos a visitar. Son
casi 60 los países en que hay españoles en prisión, en prisión preventiva
muchos de ellos y con condena otros muchos.
Los mecanismos están establecidos. Ya digo que en los últimos quince años
se han venido estableciendo, pero lo cierto es que tenemos que seguir
avanzando en ello. Esto lo hemos discutido en ámbitos parlamentarios, en
esta Casa tanto en Comisión como en Pleno. Precisamente en el mes de
octubre aprobamos por unanimidad una moción con una respuesta muy
positiva por parte de todos los grupos parlamentarios, moción que,
curiosamente, como otras --y tengo que hacer una crítica aprovechando
este momento--, como sus señorías saben, también tuvo que ser respondida
por el Gobierno para informar sobre su cumplimiento. El día 30 de marzo
se registró, concretamente en esta Cámara, el cumplimiento de esa moción,
pero, tengo que decir que, lamentablemente, el informe del Gobierno ha
sido muy penoso; ha sido de tan bajo tono, de un nivel tan bajo, que
parece que ni se han detenido a conocer aquello que deberían haber
incluido en el mismo. Es decir, el Gobierno ha hecho caso omiso del
avance referido a los convenios y tratados internacionales que se han
seguido firmando, de lo que tampoco da cuenta el Gobierno en este informe
al que hago referencia. Se hace exclusivamente un informe sobre el papel
que en materia educativa realizan el INBAD y la Universidad a Distancia,
pero los datos que en él se dan son verdaderamente de muy bajo tono y,
repito, muy penosos. Unicamente cinco reclusos españoles se han acogido a
los estudios que tiene establecidos el Ministerio de Educación y Cultura.
Este número es ridículo. Y buena prueba de que los mecanismos no
funcionan adecuadamente es el propio informe, este informe pacato que el
Gobierno ha remitido al Senado. Creemos que hay que intensificar los
esfuerzos, dar una mayor información y hacer realidad esa demanda
necesaria.
Señora Ministra, señorías, creemos que las decisiones políticas que
implican la puesta en marcha de actuaciones de interés social deben
actualizarse progresivamente. De lo contrario, se anquilosan, no sirven
para conseguir y mantener un principio de equidad social, que es lo que
pedimos en este momento. La interpelación al Gobierno y a usted, señora
Ministra, de este Senador, del Grupo Parlamentario Socialista, es
constructiva. Con ella queremos impulsar la acción de Gobierno. Todos los
que formamos parte de los poderes públicos tenemos responsabilidades --lo
he dicho antes--, y yo me incluyo en ellas. Y en esa responsabilidad que
tengo en este momento, debo tratar de impulsar la acción de Gobierno en
un ámbito en el que ésta es precisa.
Queremos seguir avanzando en el camino que hemos iniciado, porque si nos
paramos no podremos cumplir con la necesidad de justicia social que
demandan esos ciudadanos y sus familias. Y no podemos olvidar a las
familias, porque si lo hacemos estaremos olvidando a más de 15.000
personas que también están padeciendo esa situación.
El señor PRESIDENTE: Senador Díez, le ruego que vaya terminando.
El señor DIEZ GONZALEZ: Sí, señor Presidente.
Señora Ministra, éste es el motivo de esta interpelación. Estoy seguro de
que ninguno de nosotros quiere que la marginación o el sectarismo sean
calificativos que se puedan atribuir a los poderes públicos, pero si no
cubrimos estas expectativas eso podría hacerse por parte de esos
conciudadanos y sus familiares, así como por la sociedad en general. En
cualquier caso, creo que va a ocurrir todo lo contrario; es decir, que
vamos a hacer un esfuerzo real para seguir avanzando en la defensa de los
derechos humanos que proclama nuestra Constitución, en la defensa de los
derechos y libertades que también poseen esos ciudadanos españoles que se
encuentran fuera de España, y que lo vamos a hacer desde la perspectiva
de un principio que todos compartimos, como es el de la reeducación y la
reinserción social.
Por tanto, el motivo de esta interpelación es buscar el acuerdo
parlamentario con los grupos aquí representados, y que dicho acuerdo
tenga como consecuencia la presentación de una moción constructiva que
impulse la acción del Gobierno en la dirección correcta que todos
esperamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el contenido de su interpelación pone de manifiesto la
preocupación que siente su Grupo por un problema que afecta a 1.335
españoles --y a todas sus familias-- que se encuentran detenidos en el
extranjero, el 75 por ciento de los cuales lo está por delitos
relacionados con el narcotráfico.
La asistencia a estos connacionales constituye una de las prioridades del
Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuenta para
su ejecución con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares y
con la red de consulados y secciones consulares de las embajadas de
España en el exterior.
La protección a los detenidos españoles es uno de los aspectos más
importantes de la labor consular, y se basa fundamentalmente en una serie
de actuaciones que los cónsules realizan siempre que un español es
detenido fuera de nuestras fronteras. Entre ellas, quisiera destacar ante
sus señorías las siguientes. En primer lugar, la información al
Ministerio de Asuntos Exteriores y, en su caso, a los familiares del
detenido. Así, las oficinas consulares comunican a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos y Consulares todas las detenciones de nacionales
españoles que se producen en su demarcación consular y que, a su vez, les
han sido comunicadas por las autoridades locales. Esta información
se introduce en una base de datos protegida en cuanto a su difusión se
refiere por la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a
la intimidad personal y a la propia imagen.
Una vez recibida la información, y siempre que el detenido lo autorice,
la Dirección General de asuntos Jurídicos y Consulares se pone en
contacto con sus familiares. Además, la oficina consular notifica a los
servicios centrales todo cambio relevante que afecte a la situación
personal o procesal del detenido. Estos cambios o novedades son puestos
en conocimiento de los familiares de forma inmediata.
Igualmente, se realizan visitas a los detenidos en aplicación del
artículo 36.1 del Convenio de Viena, de 1963, que reconoce a los
funcionarios consulares el derecho a visitar a sus connacionales en
prisión. Este es uno de los instrumentos más valiosos con que cuenta la
oficina consular para evaluar la situación de los españoles que cumplen
condena en el extranjero.
Dichas visitas se realizan con una frecuencia aproximada de un mes, según
las circunstancias y las características de la demarcación consular. Así,
tanto las oficinas consulares como la Dirección General de Asuntos
jurídicos y Consulares tienen un conocimiento preciso de las necesidades
de los reclusos, y a tal efecto se lleva en cada consulado un libro de
visitas a detenidos en el que los internos dejan constancia de sus
peticiones, observaciones y sugerencias.
Por otro lado, su señoría ha hecho referencia a las ayudas económicas. En
este sentido, las condiciones de vida en los centros penitenciarios de
determinados países son sensiblemente inferiores a las existentes en
España y a las de los países de nuestro entorno. Por esa razón, y con el
fin de suplir las carencias alimentarias o sanitarias de dichos centros,
está previsto que en ciertos casos se concedan ayudas económicas a los
detenidos.
Si existe la posibilidad de adquirir artículos de primera necesidad en el
propio centro, los detenidos reciben una cantidad de dinero en metálico
con ese fin. Sin embargo, cuando esa posibilidad no existe, son los
propios funcionarios consulares los que compran los productos que les
piden los reclusos y se los hacen llegar.
Las oficinas consulares pueden también proponer la concesión de una ayuda
económica extraordinaria, normalmente por motivos de salud, elevando a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares la correspondiente
solicitud de ayuda, destinada a la compra de medicamentos, a la
realización de análisis o a sufragar los gastos originados por visitas
médicas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dedicado a lo largo de 1997
74.260.217 pesetas en ayudas jurídicas y alimenticias, otorgadas a los
españoles que cumplen condena en el extranjero, lo que supone un notable
incremento sobre los 510 anteriores de 1996 para las mismas atenciones.
Respecto al asesoramiento jurídico, las oficinas consulares cuidan de que
ningún español en el exterior quede en situación de indefensión ante una
acusación criminal y, a tal fin, se realizan diversas actuaciones.
En primer lugar, para evitar que los detenidos sean víctimas de posibles
engaños, les proporcionan una lista de abogados locales de reconocida
solvencia.
Igualmente, las oficinas consulares prestan especial atención a las
necesidades de traducción e interpretación que afecten a los detenidos en
países de habla no hispana, poniendo a disposición de los mismos, si es
preciso, al intérprete de la propia oficina consular.
En circunstancias excepcionales y cuando no hay un sistema apropiado de
abogados de oficio en el país en cuestión, el Ministerio de Asuntos
Exteriores puede contribuir a los gastos de defensa jurídica del
detenido. Su señoría ha puesto de manifiesto un ejemplo concreto acaecido
recientemente.
Como complemento al trabajo desempeñado por las oficinas consulares y
secciones consulares de las embajadas de España en el exterior, la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares realiza una labor
dirigida a los familiares de los detenidos. Se les mantiene informados de
cualquier cambio en relación con los mismos y se canalizan los envíos de
dinero, correspondencia o, incluso, medicinas, cuando éstas son de
difícil adquisición en la demarcación consular correspondiente.
Estas son en grandes líneas las actuaciones en que se basa la asistencia
a los detenidos españoles en el extranjero.
En todo caso, sí quisiera señalar que la actividad consular en esta
materia no se presta a una excesiva reglamentación, ya que cada país y,
dentro de cada uno, cada caso individual, puede exigir, siempre en el
marco descrito, una mayor o menor dedicación.
Además de la asistencia consular en sentido estricto, es necesario aludir
a la política de traslados de personas condenadas, tendente a posibilitar
que los españoles condenados en el extranjero cumplan su pena en nuestro
país.
Como bien sabe su señoría, España tiene una red de tratados bilaterales
de ese tipo muy superior a la del resto de los países de la Unión Europea
u otros cercanos. Existen convenios bilaterales, en vigor o en aplicación
provisional, con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Hungría, Marruecos, Méjico, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Tailandia y Venezuela.
Creo, señoría, que con la información que he aportado en este momento y
dando por supuesto que su interpelación tenía todo el espíritu
constructivo, podemos ponernos a trabajar todos para mejorar las
condiciones de vida de aquellos que no pueden cumplir la pena impuesta en
España, en el bien entendido que la Ministra de Justicia trabaja
intensamente para suscribir los tratados bilaterales para traslado de
personas condenadas, para solventar problemas que pueden surgir a lo
largo de esa aplicación; que, en este año, señoría, han sido trasladadas
42 personas; y que en el mes de junio viajo nuevamente a Marruecos para
tratar de solventar el problema de las personas insolventes.
Por último, quiero poner de relieve ante la Cámara que la preocupación de
su señoría es absolutamente compartida
por el Gobierno y, muy en concreto, por la Ministra de Justicia.
Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Díez González, por tiempo de cinco minutos.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señora Ministra.
Reconozco que el informe del Gobierno tiene una concreción ubicada en el
Ministerio de Asuntos Exteriores que usted se limita a relatar. Lo que a
este Senador más le ha satisfecho es la parte final de su intervención, y
lo digo sinceramente, porque la parte anterior da la sensación de que lo
que estamos haciendo está bien y que no hay nada que mejorar. Señoría,
hay mucho que mejorar, si no no tiene razón de ser ni la interpelación ni
sus últimas palabras. Es decir, estamos en un momento en el que debemos
hacer esfuerzos para mejorar la acción de nuestra Administración.
En el ámbito de los convenios y tratados internacionales estamos
siguiendo la política correcta. Lo decía el pasado miércoles en la
Comisión de Interior cuando comparecía el Secretario de Estado de
Seguridad, el señor Martí Fluxá. Mantuvimos un debate sobre la aplicación
de los convenios y tratados internacionales y se comentó cuál era el
número de reclusos españoles que en los últimos diez u once años habían
venido a España por mor de la aplicación de estos convenios. Llegábamos a
una misma conclusión, estábamos de acuerdo. Continuamos en esa política
que se inició y que es correcta, con la que España está dando ejemplo del
cumplimiento de una política que da buenos resultados. Sigamos en esa
dirección.
Me alegra que su señoría diga que va a visitar Marruecos porque le consta
que con ese país existe algún problema. Hemos de felicitarnos de que el
convenio con Marruecos esté funcionando correctamente en este momento,
sin embargo, tenemos problemas; hay del orden de 60 connacionales
nuestros recluidos en prisiones marroquíes, con sanciones económicas que
impiden la aplicación del convenio bilateral y, por lo tanto, tenemos que
resolver ese problema. Hay que hacer un esfuerzo por resolverlo, toda vez
que imagino que se habló de ese tema en la reciente cumbre celebrada al
más alto nivel en Marruecos hace tres semanas; si no fue así, debe
tocarse ese tema para resolver el problema. Además, en este caso, tenemos
la posibilidad de discutir con un Gobierno que acaba de entrar en el
Reino alahuita y de mejorar esas condiciones.
Considero que en el ámbito de los convenios y tratados internacionales
estamos siguiendo la dirección correcta, pero no lo estamos en lo que se
refiere a la ayuda directa a los españoles que se encuentran en prisión
fuera de nuestro país.
Creemos que resolver la defensa jurídica gratuita, en definitiva, la
justicia gratuita es justo, razonable y necesario que se haga en este
momento. Tenemos que hacer un esfuerzo, no tiene que ser excepcional. En
este caso, la excepción es la que confirma la regla. Es una excepción. Le
citaré dos casos de los muchos que conozco. Tenemos que resolver y
mejorar la actuación en lo que se refiere a aquellos internos españoles
que quieren seguir estudiando a través del INBAD o de la UNED, es decir
de los organismos establecidos por la universidad a distancia. Y no tiene
que darse la circunstancia de que el cónsul --y estamos hablando de una
ciudad muy cercana como es Rabat-- tenga que pedir libros de texto y
unidades didácticas a las editoriales para dotar de una biblioteca a los
españoles internos en la prisión de Rabat. Debe ser el propio Ministerio
de Educación y Cultura el que facilite y ponga al alcance de nuestros
conciudadanos esa serie de medidas que hacen posible la reeducación y
reinserción, puesto que ésta es la política por la que estamos apostando.
Tenemos que establecer mecanismos, y su señoría también lo decía, que
proporcionen un vínculo mejor del que existe en este momento entre las
familias y los reclusos. El drama no es solamente de los reclusos, sino
que fundamentalmente es de las familias. En muchas ocasiones me escriben
cartas, concretamente anteayer recibí una de la esposa de un camionero
español que está en prisión en Tánger y es madre de tres hijos de 12, 9 y
7 años, que se ve en la obligación de visitar a su marido todos los meses
para llevarle alimentos y animarle. Esa es otra dimensión del problema, y
tenemos que analizarla y ofrecer alternativas desde el Gobierno.
Creo --y con esto termino--que en este momento existe una buena sintonía
en la Cámara, como la hubo el 29 de octubre. Asimismo, espero que haya
una sintonía por parte del Gobierno que haga posible que la moción
consecuencia de esta interpelación sea aprobada por toda la Cámara,
incluso el Gobierno, porque tenemos que avanzar. Si no se continúan estas
políticas sociales de progreso --lo decía anteriormente-- se anquilosan y
no sirven para los objetivos para los que se pusieron en marcha. Los
objetivos son de igualdad y de justicia, y en esa dimensión y
coincidencia con este problema, su señoría, el Gobierno, va a tener de
acuerdo al Grupo Parlamentario Socialista y a este portavoz que le habla.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Creemos que es el momento de dar un paso adelante y no quedarse con el
discurso que le han preparado a usted, señora Ministra, desde el
Ministerio de Exteriores: «Estamos haciendo; estamos haciendo...» No es
suficiente lo que estamos haciendo, tenemos que dar pasos más avanzados
en la dirección de la solución del problema.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez
González.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? No hacen uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la Carta a los Hebreos se dice: «Acordaos de los presos como
si estuvierais con ellos encarcelados.» Este buen consejo Paulino me
induce a estimar la sensibilidad que rezuma hacia aquéllos la presente
interpelación con la que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos sintoniza plenamente en todos sus términos por el
gran sentido positivo que en ella se transmite.
Por otra parte, la señora Ministra ha explicado muy bien la temática
actual y la política que se sigue al respecto pero, sin duda, puede ser
mejorable y, por lo tanto, mejorada. Estamos en esa sintonía.
Es por ello por lo que prácticamente nada tenemos que corregir con
respecto a lo tratado hasta el presente y prácticamente nada que añadir.
Sin embargo, sí nos sentimos obligados a hacer algunas consideraciones
con la idea de que ilustre modestamente los deberes humanos y
humanitarios de la sociedad hacia los que padecen penas de prisión.
Es evidente que la situación anímica y material de los presos no debe ser
ajena a la preocupación parlamentaria ni a la consideración de los
ciudadanos. Tampoco debe ser ajena al sentido de responsabilidad del
Gobierno sobre el particular en su condición de máximo garante sobre la
salud y condiciones de los presos, dicho sea en su más extensa medida.
Señorías, no cabe duda de que la situación humana de los presos y el
respeto debido a todos y a cada uno de sus derechos humanos debe ser
parte integrante de la labor parlamentaria, sabiendo expresarles nuestra
disposición de ayuda en las dolorosas situaciones que pueden atravesar y
buscando su proximidad con sus familiares en todo lo posible. Todos,
absolutamente todos los encarcelados, independientemente de las razones
de su prisión, son merecedores de una atención humana acorde con su
condición de personas. Son personas que sufren y son ciudadanos nuestros.
Son seres humanos en situación y condiciones harto difíciles. Quienes
sustentamos la representación ciudadana no podemos ser ajenos a este
sufrimiento humano, de manera que ni la naturaleza de los delitos
imputados ni cualquier otra consideración del orden que sea puede ser
razón suficiente para desvirtuar esta apreciación fundamental.
Apreciación fundamental que, si bien en esta interpelación se refiere
concretamente a ciudadanos de este país internados en cárceles
extranjeras, debe ser aplicable, por pura analogía y plenitud lógica, a
los internados en las prisiones del propio Estado.
En todo caso y sin excepciones, es nuestro deber abogar por la defensa de
los derechos humanos y del trato exquisitamente humano que les deben ser
reconocidos y aplicados en todo momento a tenor de su misma dignidad
humana, la misma dignidad humana que configura la igualdad de todos los
seres humanos en su condición de tales. Trato y derechos humanos
dispuestos desde una normativa legal y resueltos desde la perspectiva
exclusiva de los derechos individuales de las personas implicadas, al
margen siempre de toda politización o interés de parte, y sin otra mira
que la de su reinserción o reincorporación a la sociedad en condiciones
deseables y noblemente compartidas. Axioma incuestionable es que todo
preso es inalienablemente portador de derechos humanos inherentes a toda
persona, los cuales deben ser respetados si no se quiere que sufra un
grave deterioro la dignidad humana, que siempre le acompaña en cuanto
persona que es. Reiterarnos una y mil veces en el aspecto de la dignidad
humana no nos produce fatiga alguna.
Por consiguiente, señorías, con voluntad firme y serena decisión en pro
de un tratamiento eficaz que redunde en alivio de los conciudadanos
encarcelados en el extranjero y su acercamiento al país de su origen es
cuanto, en definitiva, trata de introducir en nuestras conciencias el
contenido esencial de esta interpelación.
Estas breves consideraciones nos conducen a las tres siguientes
conclusiones aplicables a todos los presos, sin excepción, y cuando
decimos sin excepción, nos referimos en los términos más absolutos a los
de allí, en el extranjero, y a los de aquí, en nuestra propia casa.
Primero, exigencia en todo momento y lugar de la observancia rigurosa de
las normas que garantizan la tutela de los derechos personales de los
vascos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya
terminando.
El señor BOLINAGA BENGOA: Voy terminando, señor Presidente.
Segundo, la justa y equitativa aplicación de las facultades
discrecionales relativas a los presos por parte de las autoridades
pertinentes en consideración a cada uno de ellos y al margen de
planteamientos colectivos, como por ejemplo, su liberación al cumplir los
tres cuartos de la pena impuesta, enfermedades incurables, etcétera.
Tercero, la progresiva aplicación de los principios inspiradores de la
política de humanización de la propia política penitenciaria, en
particular, en lo que se refiere a la aproximación de los presos a sus
lugares de procedencia y de su entorno familiar, a pesar de que el
alejamiento, hipotéticamente, pudiera caber dentro de las
reglamentaciones vigentes.
Entendemos también, y voy terminando, señor Presidente, que el móvil
fundamental de la interpelación es el de primar la sensibilidad general
con el sufrimiento de los familiares de los presos. Familia y familiares
que son inocentes y ajenos a los delitos cometidos por el preso, que le
han sido imputados como causa de su internamiento penal. Familia de
padre, madre, hermano, mujer, hijos e hijas, todos ellos inocentes y que
no tienen por qué penar, que no tienen por qué añadir a su inmensa pena
por la separación en prisión de un ser querido, el dolor y el gran coste
económico que supone un alejamiento geográfico forzoso y, a veces,
desconsiderado, que en sí mismo es la antítesis del enorme significado de
la aproximación para la noble y debida política de reinserción de todo
internado en prisión.
Nuestro grupo agradece y acoge el interés mostrado por su señoría,
Senador Díez.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga
Bengoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra don Salvador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La interpelación que ha presentado el Senador Ignacio Díez González, por
el Grupo Parlamentario Socialista, ha esbozado a grandes rasgos su
preocupación y la dimensión del problema, en primer lugar, por la
necesidad de unas ayudas que precisa este contingente de españoles que
están en situación preventiva o bien cumpliendo condenas en cárceles
extranjeras.
Dice que hay que mejorar los mecanismos arbitrados, evitar las
discriminaciones, hacer una mayor esfuerzo para equiparar las condiciones
de los presos españoles respecto de los españoles que están cumpliendo
condena en cárceles en países extranjeros, implantar la justicia gratuita
y, por último, potenciar estas atenciones familiares, esta información
permanente, tanto al preso como a los familiares.
Nuestro Grupo ya tuvo ocasión, con motivo de la presentación de la moción
el 21 de octubre de 1997, de dejar constancia en el «Diario de Sesiones»
de nuestra sensibilidad ante este problema, un problema que no sólo queda
incardinado en esas deficiencias de masificación o hacinamiento,
alimentación y condiciones higiénicas, sino también en reiterados ataques
a los derechos humanos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, con motivo de la presentación del informe del Defensor
del Pueblo, este Senador que les habla también tuvo la oportunidad de
dejar constancia de esta sensibilidad y puso de relieve la necesidad de
no escatimar esfuerzos a fin de conseguir paliar dicha situación, bien a
través de los convenios o tratados bilaterales, al aprobarse la moción
presentada por su señoría que instaba al Gobierno a agilizar estas
negociaciones de los convenios pendientes de firmar, bien extremando
estos esfuerzos a través de las oficinas consulares.
Ciertamente, no podemos relajarnos ante este tipo de preocupaciones,
pero, en honor a la verdad, debemos puntualizar que, tal y como ya lo
hizo también el Defensor del Pueblo, la Administración pública española
no es responsable de las carencias que presentan las prisiones en el
extranjero ni puede supervisar la actuación de las autoridades
penitenciarias de otros países, lo que, evidentemente, depende de la
soberanía de los Estados y la vigencia territorial de las leyes penales.
Creo que hoy día nos sigue preocupando a todos los grupos parlamentarios,
al igual que al Gobierno, la precaria situación y condiciones de vida de
dichos ciudadanos españoles durante su permanencia en las prisiones
extranjeras, en especial, en las situaciones contempladas, tal como ha
dicho su señoría, en el Magreb y en los países iberoamericanos y
asiáticos.
Evidentemente, sin perjuicio de las cláusulas estipuladas en los diversos
convenios o tratados bilaterales suscritos por España y al amparo del
Convenio de Estrasburgo y relativo al tratado de Personas Condenadas,
consideramos necesario que se respeten las garantías que la Constitución
Española otorga a los ciudadanos españoles que se encuentran detenidos o
procesados en el extranjero. Ante dicha situación, no se puede obviar
que, tal como se ha expuesto en muchas ocasiones, se hace difícil que al
ciudadano español involucrado en un proceso penal le sean respetados
íntegramente los derechos que la Constitución Española concede a sus
nacionales, dado que en la mayoría de estos países que ha mencionado su
señoría, de ámbitos culturales diferentes al nuestro, el reclamar el
ejercicio de esos derechos constitucionales probablemente supondría
inmiscuirse en la soberanía de dichos países.
Por consiguiente, frente a tal situación, debería arbitrarse una serie de
medidas que básicamente deberían llevar a cabo las diversas embajadas u
oficinas consulares españolas. En primer lugar, sería necesario que desde
el primer momento de la detención del ciudadano español éste dispusiera
de ayuda y apoyo de la oficina consular, facilitándole, por ejemplo, un
intérprete y un abogado que le prestasen la correspondiente asistencia
jurídica, así como la posibilidad de poder contactar con sus familiares.
En este sentido --y ligo con la pretensión de su señoría--, las oficinas
consulares deberían dar el primer paso, a fin de que los ciudadanos
españoles fueran asistidos y tuvieran la posibilidad de acceder a esta
asistencia gratuita, tal y como preceptúa la Ley 1/1996, de 10 de enero,
si bien habría que modificarla en el sentido de poder habilitar las
correspondientes partidas presupuestarias que habrían de gestionar las
embajadas o consulados a tal fin.
En definitiva, el Gobierno, a través de la señora Ministra, nos ha dado
puntual explicación de la situación en que se halla en estos momentos el
cumplimiento de los convenios y tratados bilaterales. Evidentemente,
estamos avanzando, pero no podemos ni debemos permitir ninguna rebaja en
este orden de cosas. Por el contrario, debemos impulsar, en este
despliegue de medidas complementarias, la articulación de estos
convenios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la posición de los Grupos que me han precedido en el uso
de la palabra, incluida la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que me consta que está en la misma dimensión y, desde luego, decir al
Gobierno, una vez más, que tenemos la oportunidad de impulsar una
política en la que coincidimos en lo básico. Eso es lo más importante en
un debate político cuando tenemos que responder a expectativas de la
sociedad y cumplir mandatos que la Constitución establece. Creo que en
este debate este ámbito de acuerdo va a propiciar que en el próximo Pleno
la moción consecuencia de interpelación sea una moción de todos los
Grupos de la Cámara, incluida también la participación del Grupo que
sustenta al Gobierno, y evidentemente ello va a posibilitar que se avance
en ese ámbito de
la justicia donde creemos que las injusticias y la discriminación
existen, siendo positivo no solamente para estos ciudadanos y sus
familias, sino para hacer frente a las demandas de la sociedad que así lo
requieren.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Jaén.
El señor JAEN PALACIOS: Muchas gracias, señor Presiente.
Señoras y señores Senadores, acudo a la tribuna no sólo por cortesía
parlamentaria, que creo que corresponde, sino muy especialmente por la
importancia que tiene el tema que hoy se debate en esta interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No es un tema nuevo, ya
que en otras ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de él.
El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha
hecho referencia al informe del Defensor del Pueblo del año 1996. En ese
informe hay una referencia expresa a la situación de los presos españoles
en el extranjero. Esta preocupación me consta que el alto comisionado de
las Cortes Generales la sigue manteniendo. Tuve la oportunidad de
entrevistarme con él hace tres meses, el 10 de febrero concretamente, le
pude exponer la singularidad de un caso, y comprobé que tiene esta
preocupación y que también se plasmará en el informe correspondiente al
año 1997.
Hay quejas de los familiares de estos detenidos porque son personas que
en muchas circunstancias, no en todas, viven en situación extrema. No voy
a citar cárceles que sus señorías conocen por esas condiciones
infrahumanas y que en la mente de todos están, pero hay que tener en
cuenta las condiciones de vida, de higiene, de salubridad e incluso de
seguridad, pues la vida misma corre peligro en algunas prisiones.
Desde el año ochenta los gobiernos del Reino de España han desarrollado
una política positiva, que se ha acentuado en los últimos tiempos con la
firma de nuevos tratados de cooperación bilateral, de asistencia
jurídica. En concreto, convendría referirse a uno de los más recientes,
al de Marruecos, para felicitar al Gobierno de forma muy sincera. También
se pueden mencionar otros convenios con Ecuador, con Panamá, con Costa
Rica --este último fue tratado en un Pleno de esta Cámara hace un par de
semanas-- y con Rusia, firmado no hace mucho tiempo.
Lo que viene haciendo el Gobierno, lo ha explicado la señora Ministra y
sus representantes. También el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió ha hecho una referencia expresa a las
limitaciones existentes: por una parte, la soberanía del propio Estado y,
por otra, la imposibilidad de que el Gobierno pueda supervisar
actuaciones fuera de territorios que no corresponden a los límites del
Estado.
La situación actual también la han descrito sus señorías y yo no la voy a
reiterar. A una pregunta de este Senador, en el mes de enero, el Gobierno
me contesta que había 1.406 presos en diversos sitios de la geografía
mundial y que estaban agrupados fundamentalmente en torno a tres países
(la mayoría, casi el 40 por ciento, entre Francia, Marruecos y Alemania)
y que los delitos más habituales
--también se ha citado--, en torno al 75 por ciento, corresponden a
temas de tráfico de drogas y en cuanto a delitos comunes, el robo, la
violación y el homicidio son los más corrientes.
Antes de concluir mi intervención, señorías, quiero hacer una referencia
a un preso singular. Evidentemente, las personas son todas singulares; la
misma palabra personal ya significa singularidad, y comparto aquí toda la
exposición que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos en cuanto a la dignidad de las personas y a los
derechos humanos.
Este preso singular es un compatriota nuestro que fue detenido
incumpliendo el artículo 36 del Convenio de Viena, porque Estados Unidos,
en concreto el Estado de Florida, no comunicó al Consulado su detención.
Este preso, Joaquín José Martínez, que está en la prisión de Sparks, al
norte de Florida, está a la espera de una apelación ante la Corte de este
Estado, porque fue condenado a muerte. En este momento, cuando estamos a
punto de conmemorar el L Aniversario de la Declaración de la ONU de los
Derechos Humanos, de 1948, no quiero --y creo que sus señorías estarán de
acuerdo conmigo-- hacer un alegato contra la pena de muerte, porque ése
no es el debate en este momento, pero sí mostrar nuestra solidaridad con
todos los compatriotas y muy especialmente con este que se encuentra en
circunstancias tan adversas. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Jaén. Tiene la palabra la señora
Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente, señorías.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer el tono de todas las
intervenciones, fundamentalmente el del interpelante, porque él es el que
establece el que va a ser el general en las siguientes intervenciones.
Su señoría ha dicho que le ha gustado más la última parte de mi
intervención que la lectura de los datos aportados por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, pero comprenderá que en la segunda parte estaba
hablando de lo mío, y en la primera lo estaba haciendo por sustitución.
Por eso me tenía que atener estrictamente al guión.
Sí quisiera poner de manifiesto, ante sus señorías, que la preocupación
manifestada por los distintos portavoces es compartida por esta Ministra
de Justicia, que no ha dejado de trabajar ni un solo momento por
conseguir unas condiciones más adecuadas para los presos, por lograr que
los presos que puedan ser trasladados lo sean y por obviar una serie de
problemas que surgen de forma inevitable.
Si en el año 1990 se consiguieron sólo 38 traslados de presos, en el año
1997, el de 161 condenados, y en este año, como he mencionado antes, 42,
creo que vamos por el
buen camino, pero creo que hay que seguir propugnando esta serie de
convenios para traernos a nuestros condenados para que cumplan la pena en
España.
Como es evidente, todo lo que sus señorías puedan aportar de positivo
para que este problema que existe sea solucionado a más corto plazo
bienvenido sea en beneficio de la ciudadanía que, al fin y al cabo, es a
la que tenemos que servir todos nosotros.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JON GANGOITI LLAGUNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS CRITERIOS O PARAMETROS A APLICAR POR EL
GOBIERNO EN LA NUEVA REFORMA DE REPARTO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES
(670/000087).
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios o
parámetros a aplicar por el Gobierno en la nueva reforma del reparto de
los Fondos Estructurales.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente, señor Ministro,
señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario presenta esta interpelación con vistas al
gran debate que va a tener lugar en Bruselas de aquí al 31 de diciembre
de 1999, con motivo de lo que ha sido denominada Agenda 2000, que
presentó el presidente de la Comisión Europea, señor Santer. Una Agenda
2000 en la que prácticamente hay tres puntos fundamentales. En primer
lugar, las perspectivas financieras del 2000-2006. En segundo lugar, el
tema de la ampliación que --como saben sus señorías-- ha arrancado ya
esta primavera. Y, en tercer lugar, la reforma de los Fondos
Estructurales.
En concreto, habría que abordar esta reforma de los Fondos Estructurales,
sólo de los estructurales y no de los de cohesión, porque nuestro Grupo
--y esto queremos que quede claro ya desde este momento-- piensa que no
deben ser tocados por mucho que nuestro Estado haya entrado en el euro.
El Tratado de Maastricht a este respecto era muy claro. Decía que los
Fondos de Cohesión eran un instrumento para logar una mayor convergencia
de los Estados del sur de Europa y de Irlanda y no citaba para nada la
desaparición de los mismos en el caso de que se accediese al euro. Se
decía que estos fondos seguirían existiendo mientras no se alcanzase el
90 por ciento del PIB de la media comunitaria. En nuestro caso, desde
luego, todavía no hemos alcanzado ese 90 por ciento, con lo cual queda
fuera de toda duda y de toda discusión, como ha tratado de recalcar algún
Estado, que los Fondos de Cohesión deban ser renovados y que debemos ser
sus beneficiarios.
Me centraré, por lo tanto, tal y como decía, en el tema de los Fondos
Estructurales. Si repasamos un poco la historia de los Fondos
Estructurales y, sobre todo, la de los vigentes en estos momentos,
basándonos en lo que en 1993 se denominó como «el paquete Delors II»,
comprobaremos que los Fondos Estructurales tienen un parámetro básico,
que es la renta per cápita, el PIB de los diferentes Estados de la Unión
Europea y de las diferentes regiones, Comunidades Autónomas,
nacionalidades, etcétera.
Es cierto que nuestro Estado tiene una participación importante en los
Fondos Estructurales. Ahora bien, en estos momentos y desde el pasado
año, sobre todo a raíz de las elecciones francesas y del nuevo Gobierno
francés, su señoría sabrá que un nuevo concepto ha cogido fuerza en la
Unión Europea, el del empleo, un concepto al que el Presidente anterior
de la Comisión, el Presidente Delors, le dio una gran importancia. Hubo
un Libro Blanco del Presidente Delors a este respecto que no fue aprobado
por los Jefes de Estado y de Gobierno. Posteriormente, el actual
Presidente de la Comisión, Jacques Santer, publicó un documento para
hacer frente a esta gran lacra que sufre la sociedad europea que quizás
sea la mayor que tenemos: el desempleo.
Desgraciadamente, el Consejo Europeo no hizo caso en su momento al
Presidente Delors ni posteriormente al Presidente Santer. Y el año
pasado, por las circunstancias que he citado, el tema del empleo ha
tomado de nuevo fuerza, por lo que dentro de unos días va a haber una
cumbre en Cardiff para la cual todos los Estados han presentado su
programa al respecto con el «avis», con el dictamen de la Comisión
Europea que todos conocemos y de acuerdo con el plan de cada uno de los
Estados.
El desempleo es, por lo tanto, el problema más importante que tienen hoy
en día las sociedades europeas. Como por primera vez el Consejo, que no
la Comisión Europea, se ha tomado en serio el tema del desempleo,
nosotros pensamos que, de cara a la reforma de los Fondos Estructurales
para el horizonte 2000-2006, debería introducirse el parámetro
«desempleo» en la distribución de los fondos; un parámetro que,
obviamente, significa ante todo y sobre todo solidaridad. Introducir el
parámetro «desempleo» en el reparto de los Fondos Estructurales y en el
acceso a los mismos significaría que estamos caminando hacia una Unión
Europea más cohesionada socialmente desde un punto de vista social.
Evidentemente, el Estado español sería el más beneficiado al respecto.
Hay que tener en cuenta cuál es la media comunitaria de desempleo y cuál
es nuestra media de desempleo, que es casi el doble de la comunitaria.
Pero, desde luego, ésa es la realidad. Si se introdujese ese parámetro
nos veríamos, desde nuestro punto de vista, más beneficiados, pero qué
más quisiéramos que tener un índice de desempleo por debajo de la media
comunitaria; qué más quisiéramos que tener regiones como Lombardía, como
la zona de París, o como la de Baden-Württemberg con un alto nivel de
renta per cápita y con un bajo índice de desempleo.
Si observamos las últimas estadísticas de que dispongo, del Eurostat, de
la Comisión, de la Unión Europea, vemos
que entre las 25 últimas regiones europeas en cuanto a PIB, existen sólo
tres regiones del Estado español: Extremadura, Andalucía y Galicia. Y, en
cambio, si vemos cuáles son las 25 regiones con mayor desempleo a nivel
de toda la Unión Europea, comprobaremos que, entre esas 25, existen,
según los datos que poseo del Eurostat, 11 Comunidades Autónomas.
Por tanto, como vemos, hay un problema de PIB, de renta per cápita, ya
que no alcanzamos la media comunitaria. Eso es una realidad. Pero existe,
sobre todo, un problema mayor: el tema del desempleo. Entre las 25
últimas regiones en cuanto a riqueza, vuelvo a insistir, se encuentran
tres regiones españolas, pero en cuanto a las 25 regiones con mayor
índice de desempleo, existen, señorías, no tres, sino once.
Por ello, nuestro Grupo ha traído aquí esta interpelación, porque nos
parecería oportuno que el parámetro desempleo fuese incluido de cara a la
adjudicación a los diversos Estados de los Fondos Estructurales.
Evidentemente, como he dicho, nos beneficiaríamos de esa situación, pero
creemos también que en una Europa que empieza a hablar del desempleo, en
una Europa que va a tener una cumbre especial en Cardiff al respecto,
donde se presentan unos planes pero donde, en cambio, no hay más medios
económicos para hacer frente al desempleo, ello daría realmente
credibilidad de cara a los ciudadanos europeos.
Con ello, señorías, acabo la interpelación que presenta nuestro Grupo a
expensas de lo que diga, en su respuesta, el señor Ministro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti Llaguno.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a contestar en nombre del Gobierno a la
interpelación que formula el Senador Gangoiti en relación con las
perspectivas financieras, la Agenda 2000 y su vinculación con el empleo.
En primer lugar, quería agradecer al Senador su interpelación, por el
tono en que ha sido formulada y también porque creo que la sociedad
española en su conjunto agradece siempre cualquier tipo de iniciativa
que, sobre empleo, se pueda presentar en las Cámaras. Como ha dicho su
señoría, el empleo constituye hoy la primera preocupación no sólo de los
españoles sino del conjunto de la sociedad europea. Me parece que es muy
importante que esa preocupación se vea respondida desde el ámbito
parlamentario tocando los temas fundamentales que afectan al empleo y
también las preocupaciones que tienen los ciudadanos.
De alguna forma, no nos ha sorprendido esta interpelación porque ya
cuando tuvo lugar el debate sobre los planes de empleo, su señoría
anticipó una preocupación singular sobre este asunto y yo también, en
nombre del Gobierno, le dije que contestaríamos encantados a esa
preocupación singular. La verdad es que en su intervención se han
expuesto varios asuntos de suma importancia.
El primero de ellos, en el que me gustaría hacer hincapié, es que sería
enormemente positivo para el futuro que tuviéramos sistemas de medición
de empleo idénticos en el ámbito de la Unión Europea. Sabe usted que, en
ocasiones, sobre todo tienen aceptabilidad los que están más cercanos a
las encuestas de población activa, pero todavía no hemos conseguido un
indicador idéntico en materia de medición de empleo. Aprovecho este
debate para decir que me parecería muy oportuno, porque voy a coincidir
con su señoría en la necesidad de que en el futuro en los Fondos
Estructurales el elemento desempleo tenga mayor influencia de la que
tiene hasta este momento.
Ha hecho una reflexión correcta sobre la posición de las regiones
españolas según los datos de Eurostat en términos renta per cápita y en
términos de empleo, pero al amparo de esa reflexión quería añadirle que
sería muy positivo unificar los sistemas de medición de empleo y que yo
soy bastante más partidario de que sigamos el camino de la unificación de
la medición del empleo por encima de lo que significan los registros de
medición de paro.
Su señoría lo ha dicho muy correctamente. Ha hecho alusión al Documento
Delors referido a Fondos Estructurales y ha dicho que básicamente --ha
dicho su señoría «básicamente»-- el criterio que se tiene en cuenta es el
de la renta per cápita. Me parece muy correcto que haya dicho
«básicamente», porque, como conoce su señoría, no es el único criterio
que se tiene en cuenta; de hecho, en el artículo 12 del Reglamento
2.081/1993 se viene a decir que la Comisión, con arreglo a procedimientos
transparentes, establecerá distribuciones indicativas por Estado miembro
para cada uno de los compromisos de los Fondos Estructurales teniendo
plenamente en cuenta los siguientes criterios objetivos: prosperidad
nacional, prosperidad regional, población de las regiones y gravedad de
problemas estructurales, incluido el nivel de paro. Luego en este momento
nos encontramos con que el nivel de desempleo se tiene en cuenta a la
hora de la aplicación de los Fondos Estructurales, pero yo entiendo de su
interpelación que cree que debe coger más peso y que no debe ser el
criterio preferencial el de la renta per cápita. Y el Gobierno tiene que
compartir eso en unos momentos en que se han producido dos elementos
claves: en primer lugar, la firma del Tratado de Amsterdam, en lo que
significa la incorporación del nuevo título sobre el empleo como antesala
de un compromiso común de una política comunitaria de empleo, y, en
segundo lugar --como también ha señalado su señoría--, la presentación de
los distintos planes de empleo por los países de la Unión Europea ante la
Comisión.
Actualmente, en el Objetivo 1 el criterio de desempleo se utiliza en dos
momentos: en primer lugar, cuando la Comisión decide el reparto de fondos
entre los diferentes países que tienen territorios que están incluidos
dentro de los elegibles --ahí se produce una primera intervención-- y, en
segundo lugar, una vez que se han fijado las cantidades que corresponden
a cada uno de los países, la tasa de paro es un criterio corrector del
reparto entre las distintas Comunidades Autónomas. Luego en el Objetivo
1, en este momento, independientemente del documento de modificación que
se ha producido de cara al futuro y de reglamentación,
se produce ya la presencia del criterio desempleo.
También en el Objetivo 2 el paro es un criterio, que viene establecido en
el artículo 9, para determinar en este caso qué zonas son las exigibles,
y más concretamente se exige una tasa media de paro superior a la media
comunitaria registrada en el transcurso de los últimos tres años.
En lo que se refiere al Objetivo 3 --que, como sabe, está dirigido sobre
todo a combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción
profesional de los jóvenes--, el paro de larga duración y el desempleo
juvenil han sido utilizados por la Comisión, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 12.4 --que he mencionado al principio de esta
intervención--, como un elemento también definitivo para el reparto de
los recursos en los Objetivos 3 y 4. En este caso no estamos hablando de
media de paro en los últimos tres años, sino de la cuantificación del
paro de larga duración y del desempleo juvenil.
El Objetivo 4 está íntegramente concebido en este momento para preparar a
los trabajadores a afrontar con la debida cualificación las mutaciones
industriales que se produzcan, todo ello con una filosofía preventiva
para evitar la pérdida de los empleos.
Luego, señoría, ésa es la situación de la que partimos. Elementos
fundamentales: el Tratado de Amsterdam --al que he hecho referencia-- y
también la Cumbre de Empleo de Luxemburgo y los nuevos planes de empleo.
Sí quiero decirle que el Gobierno español, en ese proceso de
negociaciones complejo --que, tal como ha anticipado usted, finalizará a
finales de 1999--, tiene como objetivo claro que el Objetivo 3 --y perdón
por la redundancia--, que está orientado a apoyar la adaptación y la
organización de las políticas y sistemas de educación, formación y
empleo, sea de cara al futuro un objetivo horizontal y que tenga
capacidad de actuación en todo lo que significa el territorio.
Ese me parece un elemento central en este Objetivo 3, que es el que tiene
mayor capacidad de coordinación, mayor capacidad de políticas
horizontales de cara al futuro, y en este sentido nosotros vamos a dar
esa batalla política en la negociación. Quiero garantizarle que la
posición del Gobierno con respecto a los Fondos Estructurales 2000-2006
está clarísimamente vinculada al factor desempleo, por dos razones:
porque, como ha dicho usted, ése es un criterio beneficioso para España
en sus actuales condiciones de empleo o desempleo; ojalá que en el futuro
no tengamos que hablar de 11 Comunidades Autónomas que estén en las 25
que ha citado su señoría; y, en segundo lugar, porque nos parece que la
Unión Económica y Monetaria tiene todo el sentido si se acompaña con la
Europa del empleo. Luego tiene todo el sentido histórico, todo el sentido
práctico e interesa, en la defensa de los intereses generales de España,
que el factor desempleo sea determinante en la negociación de los Fondos
Estructurales y de la Agenda 2000.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra, Senador Gangoiti, por cinco minutos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir que, en aras de la brevedad del debate
--porque ha sido muy claro--, anuncio que renunciaré al turno de
portavoces.
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el
señor Ministro de que es necesario unificar los indicadores de empleo.
Ese es un problema con el que llevamos largo tiempo a nivel comunitario y
que exige una solución. Ha hablado el señor Ministro de que en el actual
Reglamento de los Fondos Estructurales, el del Paquete Delors II, el
Objetivo 1, el paro, actúa como un elemento corrector --de acuerdo-- y
que lo mismo ocurre en el Objetivo 2. Ahora bien, en el proyecto que ha
presentado la Comisión Europea, dentro de la Agenda 2000, nosotros vemos
algunas cosas preocupantes. Por ejemplo, que se fusionan una serie de
objetivos: el Objetivo 2, el de las regiones en declive industrial, con
el Objetivo 5.A, de estructuras agrarias y pesqueras. Yo, desde luego, no
veo mucha relación lógica para fusionar regiones en declive industrial
con estructuras agrarias y con regiones de desarrollo rural y pesquero.
Pero es que además, en esa reducción de los objetivos, hay, como sabe el
señor Ministro, otra fusión, que es la de los Objetivos 3 y 4 actuales:
el de la lucha contra el paro y el de las mutaciones industriales. En el
documento que ha presentado la Comisión Europea --y esto nos preocupa--
hasta ahora las regiones que se beneficiaban del Objetivo 3, lucha contra
el paro, también podían ser Objetivo 2, regiones industrializadas en
reconversión. En cambio, según el proyecto que presenta en estos momentos
la Comisión Europea, las regiones Objetivo 2 no podrán beneficiarse del
nuevo Objetivo 3. Nos parece un planteamiento muy poco lógico el que hace
la Comisión Europea, ya que las grandes bolsas de paro, desgraciadamente,
como todos sabemos, están o en las regiones subdesarrolladas o en
antiguas regiones industrializadas en reconversión. Eso lo vemos a nivel
del Estado español; lo vemos en Bélgica, por ejemplo en toda la zona de
Lieja; lo vemos en Francia, en Nord Pas de Calais, por lo que nos parece
absurdo que la Comisión introducta este nuevo criterio, es decir, que las
regiones que sean Objetivo 2 no puedan beneficiarse del nuevo Objetivo 3,
teniendo en cuenta además otra cosa que reconoce la Comisión Europea: la
capacidad endógena de las antiguas regiones industrializadas en
reconversión, de cara a poder generar empleo, si hay unas inversiones
adecuadas en industrias de futuro y no en industrias obsoletas; término
este, capacidad endógena, acuñado precisamente por la propia Comisión
Europea. Por tanto, señor Ministro, quiero decirle que nos preocupa este
planteamiento que hace la Comisión Europea en el plan que ha presentado,
en este proyecto de arranque que va a ser discutido por todos los
Ministros de los 15 Estados europeos.
Por último, señor Ministro, me alegro de que en toda la discusión de los
Fondos Estructurales, en la política del Gobierno el concepto de
desempleo vaya a jugar un papel importante.
Cuando presentamos esta interpelación preguntábamos por el factor de
desempleo y si no tenía que jugar un papel más importante en la vida
comunitaria, y me alegro de lo que ha dicho el señor Ministro. También me
alegro por la frase con la que ha acabado, en la que ha dicho, más o
menos, que caminamos hacia una Europa del euro, pero que esa Europa
unida, esa Europa del euro, si no hacemos también una Europa del empleo,
no será posible.
Hace mucho tiempo, en la época del Presidente Delors, cuando se aprobó el
Acta Unica Europea, la Europa sin fronteras, me acuerdo que ya se hacía
hincapié en el tema de la cohesión social. Cuando se aprobó el Tratado de
Maastricht aún más, y por ahí vino todo el tema del Fondo de Cohesión. En
este sentido nosotros, que hemos pensado y seguimos pensando siempre en
el proyecto europeo como un proyecto político, consideramos que si no
atacamos el tema del desempleo estaremos dando la razón a quienes en los
años cincuenta eran contrarios a la creación de la CECA y del Mercado
Común y hablaban de la Europa de los mercaderes. Hemos conseguido la
Europa sin fronteras, hemos conseguido la Europa del euro, pero tenemos
que hacer una Europa social y una Europa de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, hoy también estamos hablando, queramos o no, de
creación de empleo o desempleo. En estas dos últimas sesiones,
concretamente el día cinco, también se debatió en esta Cámara una moción
que hacía referencia a la creación de empleo en el mundo rural. Ayer
también debatimos otra moción que hacía referencia al gran desequilibrio
que existía en Aragón sobre la ocupación del hombre con relación a la
mujer. Si en estos últimos años hemos hecho un gran esfuerzo para que
España pudiese formar parte de la Unión Monetaria, como aquí se ha dicho
también, y hemos cumplido todo y cada uno de los criterios de Maastricht,
podríamos llamar al año 1998 el año del euro. Ahora hemos de conseguir
que los próximos años sean los años del empleo, y pienso que ésta es la
voluntad del Gobierno y de todos los que estamos en esta Cámara. Debemos
hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlo, con políticas activas de
empleo, eficaces, implicando lógicamente a todos los agentes sociales y
en colaboración y con la participación de todas las administraciones
locales, autonómicas y, lo más importante, destinar todos los recursos
necesarios para llevarla a cabo desde los diferentes ámbitos.
Hoy precisamente, con la interpelación que presenta el Senador Gangoiti,
del Grupo Nacionalista Vasco, se trata de plantear a la Comisión de la
Unión Europea, y precisamente ante una reforma ya anunciada que se va a
producir para la elaboración y reparto de los Fondos Estructurales, que
se tenga en cuenta no solamente la renta per cápita sino el parámetro
desempleo. Yo desde aquí no digo ninguna novedad, salvo incidir en el
importante papel desarrollado por los Fondos Estructurales en la
adecuación de las estructuras e infraestructuras españolas a las nuevas
necesidades en estos últimos años, así como su contribución a la mejora
del empleo de las personas, cuya distribución se está haciendo sobre la
base de una normativa que ahora no voy a repetir, porque ya la ha
mencionado el señor Ministro.
Aunque en los criterios objetivos para la distribución de los créditos
está incluido el nivel de paro cuando se fija la gravedad relativa de los
problemas estructurales --como aquí también se ha dicho--, sería
conveniente exponer y demostrar que España exige un esfuerzo económico
muy superior al que debe realizar los otros Estados para lograr su
corrección de manera concreta.
Por los datos que yo tengo, se estima que, al asumirse literalmente el
compromiso de la Cumbre de Luxemburgo, el gasto anual destinado en España
a políticas de empleo debería aumentarse en un 200 por ciento, ya que
España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo en su
población activa. Por tanto, creo que sería conveniente que un porcentaje
importante de los recursos, ya sean del Gobierno central, ya sean de las
Comunidades Autónomas, provinieran de estos Fondos Estructurales para
sumar esfuerzos y poder complementar o sumar todo lo que es necesario
para luchar contra el desempleo.
Por eso, al introducir el parámetro desempleo en los Fondos Estructurales
debería hacerse a través de palabras mayores y bien remarcadas, tal y
como se indica en la interpelación. Seguro que sería beneficioso para
algunas Comunidades Autónomas que hoy padecen tasas de paro elevadas, del
mismo modo que sería beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas
en general.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Como bien saben sus señorías y el señor Ministro, el artículo 130B del
Tratado de la Unión Europea exige que todas las políticas de la Unión
Europea contribuyan a la cohesión económica y social. De ahí que aunque
el día 1º de enero del año 2000 --como dice el Senador Gangoiti en su
interpelación-- se ponga en funcionamiento el nuevo marco de las nuevas
perspectivas financieras y empiece un nuevo período de promoción de los
Fondos Estructurales, es evidente que hoy debíamos abrir un gran debate,
que tiene que concordar con todas las posiciones unánimes de
los grupos parlamentarios, para que esa perspectiva financiera del
período 2000-2006, para que las nuevas ampliaciones, así como la reforma
de los Fondos Estructurales, sirvan para coadyuvar a una mejora de la
cohesión económica y social, no solamente en Europa, sino también en
España.
Con dichas reformas se intenta, cuando menos, una modificación de los
fondos de cohesión y también de los Objetivos 1, 2 y 3 y de las
iniciativas comunitarias, y afectan, sin duda alguna, a las repercusiones
en nuestras Comunidades Autónomas. Si la Unión Europea se amplía, va a
suponer que con los nuevos países que están solicitando su entrada en esa
institución y que poseen una renta media que está por debajo de la media
comunitaria en un 32 por ciento Europa tenga un 29 por ciento más de
población, un 34 por ciento más de superficie, aunque el Producto
Interior Bruto sólo va a sumar un 9 por ciento más. Si se mantienen los
Fondos Estructurales definidos en la propuesta de la Comisión, el dinero
que hay para corregir los desequilibrios regionales en Europa se va a ver
menoscabado, se verá disminuido en una cantidad significativa para ayudar
a los nuevos países a que pasen a formar parte de esa Unión Europea. Y,
consiguientemente, al bajar la media comunitaria del Producto Interior
Bruto per cápita, determinadas Comunidades Autónomas españolas
sobrepasarían el 75 por ciento, con lo cual, podrían quedar fuera de las
ayudas procedentes de los fondos estructurales. Asimismo, podría ocurrir
que al quedar fuera de las ayudas de los Fondos Estructurales disminuyera
la capacidad inversora pública y privada en esas Comunidades Autónomas, y
eso podría afectar a la infraestructura y los servicios para el
desarrollo económico y social de dichas Comunidades. Incluso podría verse
menoscabada esa capacidad endógena que las Comunidades Autónomas poseen
para avanzar.
Con todo esto quiero decir que las nuevas perspectivas para el período
2000-2006 van a poner de manifiesto que estamos en una nueva Europa, en
una Europa con muchos más socios, en la que España tiene que afrontar con
un gran desafío y contundencia las acciones en el futuro.
Si bien es cierto que España es el país europeo en el que han tenido
lugar los mayores efectos de redistribución y donde, por encima de países
como el Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania o Francia, se producen
los efectos de igualación de rentas entre Comunidades Autónomas, los
socialistas también pensamos, de acuerdo con Jacques Delors --como ha
comentado el Senador Gangoiti--, que hay que reconvertir las ayudas y las
iniciativas del Fondo Social Europeo, que hay que vincular las ayudas y
políticas sociales con la recuperación de las zonas competitivas y buscar
la eficiencia, y que hay que situar la tasa de desempleo en niveles más
bajos que los actuales.
Ya el ponente socialista, Juan de Dios Izquierdo, en un documento
preparado para la adopción de una resolución aprobada por el Parlamento
europeo el 19 de noviembre de 1997, afirmaba que, si bien las políticas
estructurales no han optimizado las posibilidades de creación de empleo,
han estado correctamente orientadas para buscar elementos que corrijan
las situaciones de desequilibrio social.
En consecuencia, el desempleo está generando marginación, pobreza,
delincuencia, etcétera. Por tanto, en nuestra opinión, es fundamental no
sólo mantener las políticas de los Fondos Estructurales, sino entender
que el desempleo y su afectación a zonas territoriales concretas tiene
que ser una de las preocupaciones básicas de cualquier política que tenga
por objeto una Europa basada en la cohesión.
Por eso, cuando ya está en marcha la Unión Económica y Monetaria, en la
que los criterios económicos están predominando, y ya están en marcha los
procesos de convergencia entre todos los Estados miembros, es obvio que
en Europa tiene que haber políticas de empleo que traten de reducir las
altas tasas de paro que existen. Y dichas tasas sólo se pueden corregir
con políticas activas. Por consiguiente, los objetivos cifrados en el
marco de la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales de
cohesión deben buscar elementos que actúen de forma decidida sobre la
educación, la formación y el empleo; deben ser de carácter horizontal y
aplicarse en aquellas zonas en las que exista la posibilidad de dar un
impulso para estimular su capacidad endógena.
En este sentido, la posición de los socialistas no hace más que reforzar
la política, iniciada ya hace años, de la cohesión económica y social.
Perseguimos que este gran debate sirva para que entre todos unamos
esfuerzos y desde ahora hasta 1999, y a partir del año 2000 en adelante,
el desempleo deje de ser una lacra y se considere como un elemento a
olvidar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Rabanera.
El señor RABANERA RIVACOBA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a intervenir con la mayor brevedad para no reiterar
los argumentos de otros portavoces y, sobre todo, las explicaciones que
ha dado su señoría en su exposición.
Creo que todos estaremos de acuerdo --y estoy seguro de que también lo
estará el interpelante, señor Gangoiti-- con que esta interpelación es un
hito fundamental en el reto que tiene la Unión Europea para hacer frente
al último objetivo, es decir, la ampliación, cuestión en la que todos --y
así lo ha dicho también el señor González Laxe-- debemos actuar con la
mayor de las responsabilidades.
En todo caso, debemos decir que las líneas de actuación deben ser
constantes --sobre todo, en temas de empleo-- de ahora en adelante. Y
esas directrices deben ser las de un país serio, que asume sus
responsabilidades y que está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios
para contribuir a que el proyecto de construcción comunitaria sea para
los demás lo mismo que, desde un principio, hemos pedido que sea para
nosotros. En este deseo no hay que ver ningún tipo de egoísmo por nuestra
parte, como creo que no se percibe en esta interpelación. Dicho esto,
con lo que creo que todos estaremos de acuerdo, voy a referirme
brevemente a los aspectos técnicos de su interpelación; ya lo ha hecho el
señor Ministro de forma extensa y amplia.
Le diré, señor Gangoiti, que la preocupación que emana de su
interpelación respecto a que el problema del empleo no tenga la
suficiente trascendencia en la regulación de los Fondos Estructurales,
parte de un equívoco expresado en su interpelación --creo que se lo ha
dicho el señor Ministro--, al afirmar que en el paquete Delors tan sólo
intervenía el parámetro renta per cápita. No voy a entrar en debate
porque no creo que sea el momento. No es así, ya le ha dicho el señor
Ministro que el índice de desempleo ya estaba contenido en el Objetivo 1,
también lo estuvo en el Objetivo 2 y era específico en el Objetivo 3,
dirigido éste, sobre todo, a combatir el paro de larga duración y
facilitar el acceso de los jóvenes al marco laboral. Lo mismo podemos
decir del Objetivo 4.
En todo caso, referente a lo que nos interesa en estos momentos, a los
nuevos reglamentos derivados de la Agenda 2000 que es lo que
auténticamente --lo vuelvo a decir-- nos importa y que actualmente se
encuentra en fase de negociación, se vuelve a contemplar, tanto en el
Objetivo 1 como en el 2, la tasa de desempleo como factor ponderador y no
digamos en el Objetivo 3, en donde por parte del Gobierno --a Dios
gracias, nos lo acaba de explicar el Ministro señor Arenas-- se tiene una
clara disposición de hacerlo compatible tanto con el Objetivo 1 como con
el 2; es decir, un Objetivo 3, horizontal, con actuación en todo el
territorio nacional.
Muchas gracias, señor Ministro, por sus explicaciones y por su compromiso
en la defensa de los intereses españoles, que debería, y creo que va a
ir, acompañado por un gran consenso de todas las fuerzas políticas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rabanera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, intervengo simplemente por cortesía
parlamentaria para agradecer el conjunto de las intervenciones,
especialmente de la del Senador Gangoiti, que ha tenido la iniciativa de
traer este tema al Parlamento.
Como aquí se ha dicho, se abre un gran debate y a mí me parece que es muy
importante que se aborde bajo el prisma de la superación de los afanes
partidistas o concretos, bajo el prisma de los intereses generales.
Se han puesto encima de la mesa cuestiones importantes, como cuál es el
futuro de los Fondos Estructurales con la ampliación. Es muy importante
significar que, como sabe, hay dos paquetes en este momento en
negociación, uno que se refiere a los países de la ampliación y, otro, a
los Estados miembros actuales. Es importante porque, efectivamente,
estamos hablando de un proceso muy complejo, en el que intervienen muchos
factores y yo creo que el avance de que ya tengamos la separación de los
dos paquetes es alentador para que la ampliación no suponga ningún
menoscabo para los fondos que actualmente venía recibiendo España.
En cualquier caso, señorías, coincido con las intervenciones de todos en
que si al final hablamos de verdad de la cohesión económica y social, es
que estamos hablando de la Europa del empleo, porque el elemento básico
de esa cohesión económica y social es, sin duda, el empleo, que hoy
constituye la primera preocupación de las europeas y de los europeos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO Y FISCAL DE LAS INSTITUCIONES DE
INVERSION COLECTIVA DE NATURALEZA INMOBILIARIA Y SOBRE CESION DE
DETERMINADOS DERECHOS DE CREDITO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
(S. 621/000078) (C. D. 121/000037).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es
dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado.
Tiene la palabra el Senador Soravilla, para la presentación del dictamen.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar ante ustedes, en nombre de la
Comisión de Economía y Hacienda, el dictamen sobre este proyecto de ley
de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las instituciones de
inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre la cesión de
determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
Tuvo entrada en el Senado el pasado 16 de abril y enviado con la misma
fecha por la Mesa de la Cámara a la Comisión que me honro en presidir,
para su debate y votación con aplicación del procedimiento ordinario.
Abierto el plazo reglamentario de enmiendas, se amplió hasta el pasado
día 6 de mayo. Fueron registradas una propuesta de veto y 44 enmiendas.
El proyecto contiene, por una parte, diversas medidas que tratan de
favorecer el desarrollo de las instituciones de inversión colectiva de
naturaleza inmobiliaria, con la intención de contribuir al desarrollo del
mercado de alquiler de viviendas. Por otra parte, según reza también el
título del proyecto de ley, autoriza la enajenación por parte de la
Administración del Estado de los derechos de crédito de los préstamos sin
interés, otorgados en su momento por el Instituto Nacional de la
Vivienda, y después por el Instituto para la Promoción Pública de la
Vivienda, para facilitar el acceso a viviendas sociales y de protección
oficial, cuyo actual titular es el Estado.
El 12 de mayo pasado la Comisión dictaminó este proyecto de ley,
acordando la inclusión de cinco de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.
Existe una propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, cuyo portavoz, el Senador Armet, tiene la palabra en este
momento.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señorías, estamos ante un
proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
Instituciones de Inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado.
El Grupo Socialista quiere hacer un conjunto de matizaciones previas
antes de entrar en el fondo de los temas. Los fondos de inversión
requieren tutelas, garantías, una voluntad inequívoca de diversificar los
riesgos y una defensa a ultranza de los partícipes, si realmente se
quiere que estas instituciones tengan el vigor y la fuerza que han tenido
en otros países. La naturaleza mobiliaria permite, dado que las
inversiones se realizan fundamentalmente en renta fija o variable,
establecer sistemas de control simples y sencillos, porque las
cotizaciones son indicativos permanentes y diarios que hacen posible la
actualización de los activos. En todo momento existe una defensa del
partícipe por la vía de la transparencia y de la clarificación.
Los fondos de naturaleza inmobiliaria, por sus características,
requieren, más que ningunos otros, una voluntad de transparencia, dada la
dificultad en el cálculo económico de los activos y la dificultad de
establecer una correcta diversificación de éstos en base a bienes
inmobiliarios. A partir de aquí surge, lógicamente, el recuerdo de los
primeros fondos inmobiliarios, que en su inmensa mayoría acabaron en los
tribunales porque se dieron políticas que favorecían la liquidez
inmediata por parte de los partícipes cuando los activos estaban
colocados en un inmovilizado que difícilmente podía realizarse. Esta es
la trayectoria histórica de nuestro país. Luego empiezan las
regulaciones, dándose un primer paso con las efectuadas en los años 1984
y 1992 en cuanto a fondos inmobiliarios. Y hoy en día asistimos a una
voluntad de cambio, que se dice que es de mejora y de flexibilización.
Desde nuestro punto de vista, no es una mejora y una flexibilización,
sino que se trata de una permisividad que permite un tipo de
combinatorias alejadas de lo que sería una lógica prudente en la
administración de estos fondos de naturaleza inmobiliaria.
A título de ejemplo me gustaría comentarles que cuado en nuestro país se
hicieron fondos de arte algunos partícipes entraron a formar parte del
fondo con toda su buena fe, pero si los que seleccionaban los fondos de
arte se encontraban alguna «perlilla» ésta no iba directamente al fondo,
sino a las arcas personales de los interesados en el tema. Es decir, este
tipo de fondos requieren cautelas muy claras si queremos defender a los
partícipes. ¿Y por qué queremos defenderlos? Por una razón muy simple.
Actualmente en nuestro país los fondos de inversión mobiliaria han
superado los 30 billones de pesetas. Todo el mundo, de una forma o de
otra, juega en función de estos activos que han dado una rentabilidad muy
alta a corto plazo, pero difícilmente podemos pensar que a medio plazo
vayan a dar esta misma rentabilidad. Hemos quedado absolutamente
desequilibrados en favor de unos fondos de inversión inmobiliaria que
requieren una buena estructuración financiera para permitir que a corto,
medio o a largo plazo tengan un peso importante en nuestro país. Este es
el planteamiento fundamental si queremos fortalecer esta situación.
Vemos con gran preocupación que todo lo que era un proceso de
diversificación de riesgos que intentaba establecer la legislación de
1984 a 1992, empieza a caer por la vía de que se produce un conjunto de
beneficios de todo tipo. Hay una preocupación obsesiva para producir
beneficios fiscales, introduciendo a través de cláusulas el concepto de
que el Impuesto de Sociedades a partir de unos criterios, que son
mínimos, puede pasar a ser del 1 por ciento, criterio que no deja de
significar una bonificación fiscal muy sustantiva. Podría ser planteable
mejorar la anterior fiscalidad para pasar a unas cotas más bajas, pero
pasar a este 1 por ciento nos parece un planteamiento absolutamente
desmesurado.
Todo lo que son las cautelas y garantías para proteger a los propios
partícipes va desapareciendo, y nos encontramos con la voluntad de la ley
de permitir que un partícipe pueda ser en el mismo momento el
beneficiario del bien inmueble que es objeto del activo del fondo
inmobiliario, por lo que se produce una situación que puede inducir a
determinadas prácticas de perversidad que pueden ir en contra del vigor,
la neutralidad y la transparencia del propio fondo inmobiliario.
Este tipo de consideraciones están más pensadas para aquellos actores o
agentes económicos que utilizarían los fondos de inversión inmobiliaria
para dar una salida concreta a necesidades muy propias y específicas, en
función de una fiscalidad baja, no en función de querer hacer un fondo de
inversión inmobiliaria con potencia, con fuerza, con muchos partícipes,
con mucha inversión y ésta lo más diversificada posible para permitir una
rentabilidad razonable.
Me gustaría señalar que estoy absolutamente convencido de que con la
bajada de tipos de interés una buena
gestión de fondos inmobiliarios permite dar una rentabilidad razonable a
quien no desea las aventuras derivadas de los mercados de Bolsa, que a
veces intranquilizan a los inversores, con toda la razón, que quieren
tener una renta fija razonable. Comparándolos con los fondos de inversión
especializados en renta fija, también podría tener un gran interés un
fondo de inversión inmobiliaria.
Este proyecto de ley también introduce la enajenación por la
Administración del Estado de los derechos que tenía el Instituto Nacional
de la Vivienda. Este planteamiento nos preocupa. No está en la Memoria,
no está cuantificado y no sabemos la importancia del mismo. Se requiere
transparencia, información y conocimiento de cómo se va a hacer ese
proceso, porque de otra forma este planteamiento oscurantista no es otra
cosa que un cheque en blanco para que la Administración del Estado haga
lo que considere oportuno en relación a unos derechos que son de
muchísimos ciudadanos españoles que están viviendo gracias al esfuerzo
que realizó en su momento el Instituto Nacional de la Vivienda o el
Instituto de Promoción Pública de la Vivienda hacia un conjunto de capas
sociales que en su momento fueron las más necesitadas de esta ayuda.
Debo decir que este proyecto de ley sitúa todos los temas conflictivos o
que significan un cambio importante o una flexibilización --que podría
ser realmente peligrosa si se utilizara mal y desnaturalizaría el
concepto de fondo de inversión inmobiliaria-- en el terreno del
reglamento. Aquí aparece una crítica de fondo. Es decir, que el nervio
sustancial de la modificación legislativa se pase al terreno
reglamentario, dando un cheque en blanco al Gobierno y que esto lo haga
un Gobierno que no tiene una mayoría consolidada en las Cámaras, me
parece un acto de irresponsabilidad muy grave. Tiene que ser materia de
ley por dos motivos: por la importancia del tema y para no dejar que el
Ejecutivo pueda hacer una interpretación de la ley en función de sus
intereses o de su legítima visión política.
Desde este punto de vista, podemos observar cómo todos los supuestos
delicados, que habría que contemplarlos sólo como grandes excepciones,
están trasladados al terreno reglamentario; por ejemplo, el tema de los
partícipes, en el caso de que puedan ser también arrendatarios. Piensen
ustedes que ello puede poner en crisis profunda la naturaleza misma del
fondo. Imagínense ustedes un fondo con pocos partícipes y que alguno de
ellos pudiera ser arrendatario. Aquí se estaría utilizando el fondo para
encontrar bonificaciones fiscales claras en una actividad inmobiliaria
que forma parte de una rama de las actividades de una empresa, que tiene
unos niveles de complejidad y que actúa en varios sectores. Podríamos
citar ejemplos muy concretos: todo lo que puedan ser operaciones
inmobiliarias de agentes, especialmente del mundo comercial, que utilizan
grandes espacios y con costes muy elevados, en las que por estas vías se
podrían establecer mecanismos realmente preocupantes. Todo el tema de las
aportaciones originarias o derivadas en especie, que es delicadísimo,
porque aquí estamos en el terreno de las valoraciones, ¿qué valor tiene
la aportación de este terreno o de este edificio, en función de la
naturaleza del propio edificio, de la antigüedad, de las cargas u
ocupaciones parciales que pueda tener? Los criterios en este campo son
delicadísimos y deberían ser fijados por ley, nunca por Reglamento. Todo
lo que hace referencia a exceptuar plazos mínimos para alcanzar los
porcentajes de inversión en inmuebles en los que dichos porcentajes dan
lugar a bonificaciones fiscales muy importantes, y así sucesivamente.
Es decir, nos encontramos con una situación que viene presidida por la
voluntad de dejar las decisiones importantes en el plano reglamentario. Y
nuestra sorpresa es ver qué grupos que dan apoyo al Gobierno no
encuentran negativo este cheque en blanco, cosa que, sinceramente, a
nosotros nos ha sorprendido. Podemos entender que exista una coincidencia
profunda en la filosofía del planteamiento de este instrumento que se
quiere potenciar, pero no entendemos que se dé un cheque en blanco para
que el Gobierno haga lo que se considere conveniente.
Ante este proyecto, nosotros hemos querido hacer la reflexión de si con
él se potencian, o no, los fondos de inversión inmobiliaria. Nosotros
decimos, no; se potencian determinadas actuaciones que serán objeto de
beneficios fiscales, pero en nuestro país hacen falta viviendas de
alquiler razonables, hace falta tener la seguridad de que se mantendrán
en el tiempo, pensando en los jóvenes que no tienen vivienda en este
momento, pensando en la revitalización de los cascos urbanos de las
grandes ciudades de España, que necesitan operaciones singulares. Todos
los planes especiales de reforma interior deberían ser objeto de especial
atención. Y aquí nosotros sí estamos dispuestos a dar todo el apoyo
posible, porque significa el esfuerzo de un inversor que juega en un
terreno difícil, que a veces tiene que rehabilitar, tiene que expropiar
parcialmente o está en un proceso de expropiación, y asume un riesgo.
Demos todo tipo de facilidades ante esta situación.
Por tanto, cuando un fondo de inversión inmobiliaria juega claramente en
favor de viviendas de alquiler, juega claramente a figuras, como pueden
ser la rehabilitación de viviendas en cascos históricos, que tan
importante puede ser en nuestro país, o los casos de residencias de
estudiantes o de tercera edad en los que podría ser interesante encontrar
soluciones operativas. Pero hemos de fortalecer el carácter y la
naturaleza de lo que es un fondo. Partícipes: lo más diversificado
posible, la mayor potencia del propio fondo. Los activos del fondo:
intentar que un inmueble tenga el mínimo peso posible o que no exista lo
que se llama la acumulación de riesgos, que es lo que realmente siempre
introduce problemas en el propio fondo. Por tanto, diversificación de los
activos jugando con esos dos parámetros. En ese sentido, nosotros los
podríamos fortalecer. Aquí lo que se ha hecho es: vamos a encontrar
ventajas fiscales para que quien quiera jugar un poco en el terreno
inmobiliario las pueda tener y para que empresas que tienen divisiones
inmobiliarias puedan jugar en este tema y tener estos beneficios.
Por estas razones, no vamos a fortalecer unos fondos de inversión
inmobiliaria que puedan tener el peso que tienen en otros países de
Europa. Hay quien dice que los fondos de inversión inmobiliaria requieren
empresas de seguros potentes, tradiciones, una lealtad muy fuerte y una
confianza en las leyes, un sentido ético de la vida económica,
y que esto sólo lo puede hacer la ética protestante, porque sabe
perfectamente que no puede cometer errores. Yo diría que esto es una
exageración, pero ello comporta que debemos hacer las cosas bien hechas,
no pensar en la picaresca de la ley, en los beneficios fiscales que se
derivan de ella, en la utilización del instrumento como estrategia
empresarial, sino en su utilización para fortalecerlo.
Y me gustaría recordar que esta reflexión se hizo hace un año y en un
contexto muy distinto al actual. Entraremos en una etapa de
rentabilidades razonables. Obtener una rentabilidad del seis, del siete,
del ocho por ciento será razonable y mucha gente estará dispuesta a
asumirla. Esto significa que, si creamos un instrumento de participación
popular en el mercado inmobiliario bien gestionado y bien diversificados
los riesgos, este instrumento puede ser poderoso en nuestro país. Pero
dejamos un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera, para
que desnaturalice el tema. Permitimos una fiscalidad de bajísimo nivel,
sin ningún tipo de contrapartida, sin ningún tipo de análisis y
permitimos que se pueda reglamentar absolutamente todo para lograr la
cobertura de los objetivos.
Finalmente, me gustaría poner dos ejemplos muy concretos de lo que quiero
indicar. Si esta reglamentación no se hace escrupulosa y cuidadosamente,
lo que se proyecte, por ejemplo, como residencia de tercera edad puede
acabar siendo una residencia de los nietos de la tercera edad, al
desnaturalizarse absolutamente el origen, es decir, lo que permite su
catalogación. Ustedes saben que, si este tema no se regula en el derecho
urbanístico, nos vamos a encontrar con impresionantes abusos, dado que
éstas, las residencias para la tercera edad, pueden considerarse, en
principio, como equipamientos y, posteriormente, por la vía privada,
desnaturalizar su propia finalidad. Y quien dice esto puede suceder
exactamente igual, por ejemplo, en cuanto a las residencias para
estudiantes, si no encontramos vías, acomodos y condicionantes sólidos
para definir lo que es una residencia de estudiantes y a quién debe estar
sometida desde el punto de vista de la gestión, porque, automáticamente,
para esta misma residencia también podría encontrarse su propia
naturaleza de transformación.
La Ley sólo tiene un sentido en los temas de propiedad y urbanismo, que
es intentar evitar que todo el mundo saque el máximo rendimiento, que es
lo que miles de actores y agentes están esperando en cada uno de los
momentos. Por tanto, la consideración de lo que es un fondo inmobiliario,
qué activos puede formar, cómo se diversifica, qué son y cómo van a ser
tratados los partícipes, cómo se va a evitar que exista relación entre
éstos y la inversión del propio fondo es un conjunto de elementos que
configuran lo que es un planteamiento correcto y, desde nuestro punto de
vista, en la situación actual de los mercados de futuro es perfectamente
posible pensar en rentabilidades razonables para el partícipe en el
terreno inmobiliario.
Sinceramente, creo que este proyecto de ley introduce confusión, da un
cheque en blanco, habla de otros temas y, concretamente --y ésta es una
cuestión sobre la que profundizaremos con posterioridad--, cuando esta
cuestión llega al Senado, el Grupo Popular aprovecha para colocar dos
enmiendas que no tienen nada que ver con el texto y hacer una reflexión
complementaria, una de las cuales tiene más importancia que todo el
conjunto de texto y enmiendas, como después ya podremos ver.
Es por esto que nosotros pedimos el retorno del proyecto, porque es un
proyecto de reflexión precipitada, que ha estado un año en el congelador,
que se ha meditado poco, respecto del que no se ha valorado exactamente
el régimen de excepcionalidades y en el que se deja cínicamente al
terreno reglamentario lo que debería ser objeto de ley. Desde este punto
de vista, sinceramente, pedimos el apoyo a nuestra propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armet.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Mera.
El señor MERA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, evidentemente, el
Grupo Popular va a votar en contra de este veto, por varias razones.
Es obvio que el proyecto de ley que hoy se presenta en esta Cámara de
reforma del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión
colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre cesión de determinados
derechos de crédito de la Administración General del Estado proviene de
un mandato de las Cortes Generales al Gobierno. La disposición adicional
decimoséptima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, conocida en el argot parlamentario
como Ley de acompañamiento, establecía que el Gobierno presentaría en el
plazo de 60 días un proyecto de ley que modificase el régimen jurídico y
fiscal de las sociedades y los fondos de inversión de naturaleza
inmobiliaria con la finalidad de incentivar en mayor medida la inversión
en viviendas dedicadas al arrendamiento.
En base a lo anterior, el Gobierno elaboró un proyecto de ley, que tuvo
su entrada en el Congreso de los Diputados en el mes de abril de 1997 y
que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del
Congreso el día 10 de abril del mismo año. Dicho proyecto de ley modifica
la legislación vigente que regula las instituciones de inversión
colectiva de naturaleza inmobiliaria, contenida en las siguientes
disposiciones:
Ley 46/1984 de Instituciones de Inversión Colectiva; Real Decreto de 2 de
noviembre de 1990 por el que se desarrolla el Reglamento de la Ley
citada; Ley 19/1992, de 7 de julio, que es precisamente la que dio origen
a este tipo de fondos, por la que se desarrollan las sociedades y fondos
de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulación hipotecaria; Real
Decreto 686/1993, de 7 de mayo, por el que se modifica también el
Reglamento anteriormente citado de la Ley 46/1984; Orden Ministerial, de
24 de septiembre, de 1993, sobre fondos y sociedades de inversión
inmobiliaria, y la Orden del 30 de noviembre de 1994 sobre normas de
valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras.
Existe también una legislación complementaria, pero no la voy a citar
debido a que cuando se presentó este proyecto de ley esas medidas no
estaban en vigor todavía.
El proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso modifica
determinados aspectos de la Ley 19/1992, del 7 de julio, sobre el régimen
de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y regulación de los
fondos de titulación hipotecaria, ya que, en nuestra opinión, ha sido
precisamente esta regulación la que ha frenado el desarrollo de estas
instituciones y, por lo tanto, no ha cumplido el objetivo que se les
atribuía.
La Ley 19/1992 y las disposiciones reglamentarias que la desarrollaron
pretendían que nuestro país se lanzase al mercado de las viviendas en
alquiler para dar una respuesta a una de las necesidades existentes
dentro de la política de vivienda, pero desafortunadamente no fue así.
Los datos existentes nos permiten confirmar que ha sido un auténtico
fracaso, quizá debido a las excesivas cautelas --citadas ya por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, prohibiciones y
limitaciones establecidas con el fin de ofrecer una mayor garantía a los
socios o a los partícipes. No sólo no ha supuesto en la práctica una
garantía real, sino que, a nuestro juicio, éste ha sido el auténtico
freno que ha motivado que este tipo de mercado no pudiera desarrollarse
en la práctica.
Con el fin de ilustrar a sus señorías hasta qué punto la legislación
vigente constituyó un auténtico fracaso, voy a dar unos datos de cuyo
análisis se deduce claramente lo expuesto.
En nuestro país, en aproximadamente siete años de vigencia de esta ley,
sólo se han constituido cuatro fondos, cuyo patrimonio apenas supera los
80 millones de ecus --unos 15.000 millones de pesetas-- y el número de
partícipes ascendía solamente a 2.174. Estas cifras contrastan con las de
los países de nuestro entorno miembros de la Unión Europea, y me voy a
referir a alguno de ellos. En la misma fecha de este análisis, comparando
la cifra de los 80 millones de ecus de nuestro país, por ejemplo, en
Alemania es de 37.000 millones de ecus; en Francia es de 13.000 millones
de ecus; en un país tan pequeño como Holanda es de 7.600 millones de
ecus; pero hasta en Portugal, que tiene la cuarta parte aproximadamente
de la población española y que tampoco existía tradición en este tipo de
fondos, éstos ascendían a unos 2.200 millones de ecus.
Por lo tanto, es evidente que la legislación existente hasta este
momento, como mínimo y haciendo una calificación suave, no dio los frutos
apetecidos en la Ley 19/1992.
De ahí es por lo que nosotros tengamos una preocupación por potenciar
este tipo de mercados. Pero es más, la propia Comisión Nacional de
Valores, en su Memoria del año 1996, coincidía en señalar el escaso
interés que estos fondos han despertado en el mercado. Parece pues
evidente que era necesario modificar la legislación vigente de este tipo
de instituciones de inversión colectiva, al contrastar los resultados
negativos de su aplicación.
Por tanto, este proyecto de ley tiene como objetivo fundamental dinamizar
el mercado de la vivienda de alquiler, ya que cumple un doble objetivo
tanto en el plano económico como en el plano social, pues desde este
último punto de vista es necesario que un sector importante de nuestra
población, pero concretamente nuestra juventud, pueda emanciparse y, al
mismo tiempo, una de las formas es poder tener acceso a una vivienda.
Dado que es mucho más fácil conseguir una en alquiler, de ahí que se
pretenda estimular este tipo de mercado.
Reitero que lo que pretendemos es impulsar el mercado de viviendas en
alquiler pero, al mismo tiempo, aprovechando esta reforma, pretendemos
incluir también otros conceptos como puede ser el de residencias
universitarias --del que hablaremos más adelante y respecto al cual vamos
a aceptar unas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, a las que me referiré en este momento y con las que
vamos a estar de acuerdo, en las cuales se pretende que, en vez de
residencias universitarias, se denominen residencias estudiantiles-- y el
de residencias de la tercera edad. En una sociedad como la española, en
la que el bienestar social es una de las cuestiones que más se
reivindican, es lógico que pretendamos que también se potencie este tipo
de instituciones, tanto las unas como las otras. Aprovechando, por lo
tanto, esta modificación de la Ley 19/1992, pretendemos que se permita
que esos fondos se puedan dirigir a ese tipo de instituciones que acabo
de citar hace un momento.
Pero es más, tenemos que citar también como dato que España tiene la tasa
más baja de viviendas de alquiler de la Unión Europea. Está claro,
señorías, que de esta forma no se puede seguir y que hay que modificar la
legislación vigente. Intentamos acertar con esta ley, que este mercado se
anime, que se pueda disponer de una gran cantidad de viviendas de
alquiler y, por supuesto, que estos fondos tengan también un atractivo
económico para socios o partícipes.
Tengo que resaltar que no es que el Grupo Parlamentario Socialista esté
en contra de esta filosofía: lo que más le preocupa, según hemos
deducido, ha sido precisamente que parezca que las garantías de los
socios o partícipes estaban mucho mejor recogidas en la Ley 19/1992 de lo
que lo están ahora. Pero nosotros consideramos --y ése es un poco el
motivo de la presentación de este proyecto de ley-- que esa regulación y
que esa cautela excesiva intentando regular la garantía real de los
socios o partícipes es lo que nos ha llevado a la conclusión de que eso
era lo que habría que variar.
Este proyecto de ley modifica una serie de aspectos en dos ámbitos
concretos: el ámbito financiero y el ámbito económico. La primera
modificación afecta a la regulación de las aportaciones en especie. Se
admite ahora la posibilidad --antes, como es evidente, no se admitía-- de
que, en algunos casos y con las garantías que se puedan establecer
reglamentariamente --aquí tampoco estamos de acuerdo con el Grupo
Parlamentario Socialista ni con algunas enmiendas de Izquierda Unida, que
pretenden que esta regulación se haga por ley, cuando nosotros pensamos
que con hacerla mediante un reglamento es suficiente--, se introduzca
como novedad que se puedan hacer aportaciones en especie. Es cierto que
esta cuestión estaba ya prevista en el texto vigente, sin embargo, el
carácter excepcional que se atribuye a las aportaciones en especie y su
posterior desarrollo reglamentario aconsejan esta modificación.
La segunda modificación que introduce el proyecto de ley se refiere a la
posibilidad de que una misma persona
sea accionista o partícipe y, al mismo tiempo, también arrendatario.
La tercera modificación que se pretende introducir afecta a la
flexibilización de los plazos para alcanzar los coeficientes de
inversión.
La cuarta modificación se refiere a la adquisición de inmuebles en
diversas fases de construcción. El proyecto de ley admite la posibilidad,
además, de incorporar al activo de estas instituciones inmuebles cuya
construcción todavía no haya concluido, con las cautelas y garantías que
sean necesarias, como es lógico, y que se desarrollarán
reglamentariamente.
La quinta modificación se refiere a la reducción del plazo de permanencia
de los inmuebles en el patrimonio: de cuatro a tres años, tiempo en el
que estos inmuebles deben permanecer en el patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva para beneficiarse de un régimen
fiscal específico.
La sexta modificación que introduce el proyecto de ley contempla
inversiones en residencias --como antes decíamos-- para ancianos y para
estudiantes. Se amplía el objetivo de esta inversión y, por tanto,
creemos que vamos a dar la respuesta adecuada a una demanda que la
sociedad requiere en estos momentos.
En el plano fiscal, las modificaciones introducidas en el proyecto tratan
de aproximar la tributación de las instituciones de inversión colectiva
inmobiliaria a la del resto de las instituciones de carácter financiero.
Por último, la disposición adicional primera del proyecto de ley contiene
una autorización al Ministerio de Fomento para la cesión de créditos
hipotecarios de los que es titular la Administración del Estado,
dimanantes de los apoyos financieros y ayudas económicas personales por
el Instituto Nacional de la Vivienda y por el Instituto Nacional de la
Promoción Pública.
Estos préstamos consistían en el abono por ambos Institutos de
determinados porcentajes de las cuotas de amortización públicas. Por lo
tanto, creemos, señorías, que las modificaciones que se presentan en ese
proyecto de ley van a intentar dinamizar este mercado de viviendas en
alquiler, haciendo, al mismo tiempo, posible que se construyan
residencias estudiantiles y para la tercera edad. Esto --lo creo
sinceramente-- no afecta a las garantías de los socios o partícipes que
es la mayor preocupación que tiene el Partido Socialista. Así lo hizo ver
en el debate de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que allí no veía demasiados
inconvenientes en la modificación del régimen fiscal, aunque parece que
en esta Cámara el portavoz socialista tiene, quizás, un concepto un poco
distinto.
Para finalizar mi intervención quiero decir que el Grupo Parlamentario
Popular va a votar en contra de este veto porque estamos convencidos de
que con esta ley vamos a potenciar el mercado de viviendas en alquiler y
a intentar reducir --como acabamos de ver por los datos expuestos-- la
gran diferencia que existe con otros países del entorno.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a manifestar el sentido del voto del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en referencia a la propuesta
de veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser
contrario a la misma. Nosotros compartimos las reflexiones que ha hecho
el Senador Armet al principio de su intervención sobre las cautelas
necesarias en lo que hace referencia al mercado de valores inmobiliarios,
etcétera. Las compartimos, pero en contrapartida no aceptamos la
valoración que el Senador Armet ha hecho del actual texto de este
proyecto de ley en referencia a estos conceptos y a estas medidas
cautelares que se contemplan suficientemente.
Nosotros entendemos que esta ley es necesaria. Lo creemos así porque
somos coherentes con el hecho de que hemos sido nosotros los que hemos
tomado la iniciativa para que se incorporara la disposición adicional a
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 1997 en los cuales se
comprometía el Gobierno a elaborar este proyecto de ley. Y ello lo
hacíamos en coherencia con la intención de nuestro Grupo de impulsar un
conjunto de medidas en el trámite presupuestario, como viene haciéndolo
en los dos últimos años, que favorezcan el mercado de la vivienda y su
promoción y, en este caso, la promoción de la vivienda en alquiler.
Creemos que esta ley es necesaria porque la reforma es necesaria, ya que
el marco existente actual ha sido, en la práctica, un fracaso. Las leyes
de los años 1984 a 1992 no han generado la dinámica necesaria para que se
hayan desarrollado instrumentos de captación de ahorro, sean fondos o
sociedades de inversión inmobiliaria y, por tanto, para que se haya
desarrollado la promoción de viviendas de alquiler.
Este es un instrumento, como se ha demostrado en otros países europeos
muy eficaz cuando realmente está activo para promover este tipo de
vivienda. Por lo tanto, nosotros, al apoyar esta ley lo que hacemos es
favorecer el desarrollo de este tipo de inversiones y potenciar que este
ahorro se materialice en la promoción de viviendas de alquiler. Es decir,
en definitiva, lo que pretendemos es que se active el mercado de bienes
de alquiler como un elemento importante para potenciar el mercado de la
vivienda y el acceso a la misma a colectivos jóvenes o a cualquier otro
tipo de colectivo que realmente demande una mayor amplitud en el mercado
de viviendas de alquiler.
Por tanto, reiteramos con nuestra intervención nuestro voto contrario al
veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Quería intervenir muy brevemente para ratificar el
elemento básico que da soporte a nuestro veto, en el sentido de que esta
disposición no va a significar una mejora de las sociedades ni de los
fondos de inversión inmobiliaria sino una confusión, una
desnaturalización de sus objetivos, una posibilidad de uso y abuso de un
instrumento financiero para otras finalidades inversoras legítimas que
aprovechándose de la baja fiscalidad se derivarán a través de este
instrumento. Realmente estamos ante la obligación de darnos todos una
respuesta muy clara diciendo: si los fondos de inversión inmobiliaria han
triunfado en Europa --porque han triunfado ya que había sociedades de
seguros importantes, había una tradición de inversión a largo plazo,
había una voluntad y una presencia en el mercado de alquiler muy
significativa-- si en nuestro país ello no ha sido posible en los últimos
años es porque realmente han emergido otros mercados con fuerza. Y ahora
ha llegado el momento de encontrar el cauce adecuado. ¿Cuáles eran las
vías? Dar confianza a los partícipes, diversificar a los mismos, saber
que hay un mercado de ciudadanos en nuestro país que quieren inversiones
seguras en bienes raíces aunque les dé una rentabilidad más baja,
alimentar y dar seguridad a esos partícipes y no introducir la confusión
de que éstos pueden ser los beneficiarios del propio inmueble, que tiene,
como activo, el fondo. Creo, sinceramente, que no hacemos un favor.
Por último, quiero decir que nos parece lamentable que se aproveche esta
ley para que unos activos, que son de la Administración del Estado, tan
importantes, simbólicos y sentimentales como los que han efectuado en su
momento los institutos de la vivienda en nuestro país y que corresponden
a capas populares, se dé el permiso para que la Administración del
Estado, sin ninguna Memoria explicativa, pueda enajenarlos a quien quiera
y como quiera. Esto, evidentemente, exige un debate, un análisis, una
sensibilidad social para dar respuesta a este tipo de cuestiones.
Por ello, nos mantenemos en nuestras posiciones. Creemos sinceramente que
el veto permitiría la reflexión necesaria para potenciar los fondos de
inversión inmobiliaria y lo que ello significa. Nuevamente nos
encontramos con un texto que va dirigido a mejorar las cosas pensando en
casos concretos, no en el conjunto de la ciudadanía. Por desgracia ha
sido así, y esperamos que nuestra postura algún día se verá ratificada
por posiciones políticas propias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Armet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Mera.
El señor MERA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero decir simplemente que es evidente que desde que está en
vigor la Ley, que es desde hace prácticamente seis años, el fruto ha sido
el que hemos acabado de relatar, es decir, 80 millones de ecus,
aproximadamente, 2.147 partícipes. No podíamos seguir de esta forma. En
algún momento el propio Ministro de Fomento contestaba al portavoz del
Partido Socialista en el Congreso diciendo que si pretendía que
esperáramos otros seis años más para ver si, evidentemente, la Ley tenía
mejores resultados.
Por tanto, creemos que ha llegado el momento de hacer modificaciones
puntuales, que el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tenga
la conciencia tranquila de que los socios partícipes no van a sufrir en
cuanto a sus garantías y que, por tanto, creemos que estamos intentando
realizar y aprobar una ley en la que podamos dar una respuesta positiva a
una serie de demandas que nuestro mercado de la vivienda, en este
momento, tiene en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mera.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación del veto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 85; en contra, 131; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Entramos en el debate del articulado, aunque votaremos a las cuatro de la
tarde.
Voto particular número 2, del Senador Román Clemente, que corresponde a
las enmiendas números 1 a 11. Tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde Izquierda Unida hemos presentado once enmiendas al Proyecto de Ley
de reforma del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de
inversión colectiva, de naturaleza inmobiliaria, y sobre cesión de
determinados derechos de crédito de la Administración General del Estado.
Señorías, paso a justificar la presentación de estas enmiendas. La
enmienda número 1 es de modificación al artículo 1.6; esta enmienda viene
referida a que, en los supuestos de sociedades y fondos de inversión
inmobiliaria, en todo caso se regularán, mediante ley aprobada por las
Cortes Generales, las materias que se relacionan.
Señorías, lo que pretendemos con esta enmienda es que sea el Parlamento
quien discuta y apruebe temas de tanta importancia como puede ser el
grado de liquidez de estos fondos o bien las fórmulas de participación.
No nos parece, señorías, que deba ser el Gobierno quien, de forma
reglamentaria, regule estas materias. Insistimos en que creemos más
adecuado que lo haga el Parlamento.
La enmienda número 2 es de modificación del artículo 2.1. Se propone una
modificación de la totalidad del citado artículo, con lo que pretendemos
que las sociedades de inversión inmobiliaria se dediquen en exclusiva a
la gestión de fondos destinados a la compra de viviendas para su
posterior arrendamiento.
La enmienda número 3 es de supresión del artículo 2.2. La enmienda número
4 es de modificación del artículo 2.3, y sustituimos «que no hayan
transcurrido tres años» por el siguiente texto: «que no hayan
transcurrido cinco años». Con esta enmienda pretendemos evitar
inversiones que tengan carácter especulativo, sobre todo en este caso en
que se utilizan este tipo de instrumentos de inversión colectiva; y, por
otra parte, lo que pretendemos es garantizar el fin social que se
persigue con la norma, o sea, fomentar especialmente el arrendamiento de
viviendas.
La enmienda número 5 es también de modificación al artículo 2.5, y como
hemos dicho anteriormente, creemos que se debe de regular mediante ley la
posibilitad de que en determinados casos los socios puedan aportar
inmuebles a estas instituciones.
Con la enmienda número 6 al artículo 3.1 pretendemos modificar la
totalidad del texto, argumento muy parecido al de enmiendas anteriores:
dedicar estos fondos en exclusiva al arrendamiento de viviendas.
La enmienda número 7 es de supresión del artículo 3.2. La enmienda número
8 es de modificación del artículo 3.3, y, tal y como antes he expuesto,
sustituimos el texto de no más de tres años» por «no hayan transcurrido
más de cinco años». La justificación es la misma: evitar inversiones que
tengan carácter especulativo y garantizar el fin social que persigue la
norma, o sea, el de fomentar el arrendamiento de viviendas.
Con la enmienda número 9, al artículo 3.5, pretendemos modificar este
artículo y, una vez más, introducir que será mediante ley la posibilidad
de que en determinados casos los partícipes puedan aportar inmuebles a
estas instituciones.
La enmienda número 10, de supresión, se presenta a la disposición
adicional primera. Justificamos esta enmienda porque entendemos, desde
nuestro punto de vista, que el texto de la disposición se inscribe en una
estrategia de liquidación de las participaciones públicas o, dicho de
otra forma, privatizaciones. Desde nuestro punto de vista se trata de una
liquidación de los activos financieros en manos del sector público con la
finalidad de obtener recursos para reducir el déficit. Por otra parte,
consideramos que tiene una orientación social regresiva, por cuanto va en
detrimento de la situación de personas y familias de reducida capacidad
económica, que son las que mayoritariamente han podido acceder a
viviendas de carácter social. Estas familias van a pasar de tener una
deuda con el sector público a tener una deuda con el sector privado, y ya
sabemos cómo se actúa en este sector ante algunas situaciones,
impedimentos o problemas de impago.
Para finalizar, con la enmienda número 11 se pretende proponer una nueva
disposición adicional. Señorías, a la motivación que recoge esta enmienda
me remito.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Corresponde a las enmiendas números 12 a 26.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra para defender las enmiendas que mantiene nuestro
Grupo a este proyecto de ley. De hecho, este conjunto de enmiendas van
todas en la dirección de potenciar la captación del ahorro y canalizarlo
hacia la promoción de viviendas de alquiler, que ha sido en todo momento
en la tramitación de este proyecto de ley el objetivo que ha perseguido
nuestro Grupo, tanto aquí como en el Congreso de los Diputados. De hecho,
en el texto actual se recogen varias de nuestras enmiendas en el Congreso
que creemos que han mejorado mucho el proyecto de ley en este sentido.
Anuncio que la primera de las enmiendas, la número 12, dado que se ha
incorporado ya al texto la enmienda número 38 del Grupo Popular, que va
en el mismo sentido que la nuestra en cuanto a adaptar la exposición de
motivos a los cambios introducidos en el Congreso de los Diputados, la
retiramos en este momento.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 13, en la que proponemos
modificar el artículo 1.6 en su punto a), lo que se pretende es que los
socios o partícipes de los fondos o sociedades puedan adquirir la
vivienda al propio fondo o sociedad de inversión inmobiliaria de la que
son partícipes. Con ello creemos que añadimos un nuevo estímulo al ahorro
a través de los fondos y a la inversión en adquisición de vivienda a
través del acceso previo al arrendamiento.
La enmienda número 14 tiene por objeto introducir, dentro de los temas a
precisar reglamentariamente que prevé el artículo 1.6, la posibilidad de
comprar solares para que puedan ser edificados. Con ello ampliamos
también las posibles actividades de los fondos y sociedades de inversión
inmobiliaria.
La enmienda número 15 hace referencia al artículo 1.6. Pretendemos que se
introduzca como tema a contemplar en esta disposición reglamentaria
prevista los criterios de valoración, ya que entendemos que esos
criterios deben precisarse para las operaciones que efectúan las
instituciones de inversión colectiva, ya que de lo contrario, en su
defecto, se están aplicando criterios contemplados por la Ley hipotecaria
que se demuestran inviables para este tipo de instituciones de inversión
colectiva.
Las enmiendas números 16, 19 y 22, haciendo referencia a aspectos
distintos, tienen prácticamente el mismo contenido. La número 16 hace
referencia a las sociedades de inversión, la número 19 se refiere a los
fondos, y la número 22 a la tributación. Las tres tienen por objeto
precisar que las inversiones de las instituciones de inversión colectiva
puedan llevarse a cabo en cualquier tipo de inmueble, siempre que se
cumplan los requisitos previstos en relación con la aplicación de la
inversión al menos en un 50 por ciento. Esta es simplemente una
precisión, pero creemos que con ellas se mejora el texto.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 17, cuyo contenido
también es prácticamente el mismo que el de las enmiendas números 20 y 23
en relación a los tres aspectos que acabo de citar, sociedades, fondos y
tributación, en este caso, y como ya ha anticipado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, Senador Mera, nosotros proponemos que se
sustituya el concepto «residencias universitarias» por «residencias
estudiantiles». Con esta terminología más amplia permitimos que también
se pueda considerar como afectadas por este concepto otro tipo de
residencias, por ejemplo, las residencias para estudiantes de formación
profesional, etcétera. Por tanto, hacemos esta precisión tanto para
sociedades como para fondos, es decir, para todo aquello que se contempla
en el artículo que hace referencia a la tributación prevista para estas
instituciones.
En cuanto a la enmienda número 18, cuyo texto es idéntico al de la número
21 --en la primera se hace referencia a las sociedades de inversión y en
la segunda se hace referencia a los fondos--, su objetivo es fortalecer y
favorecer de forma abierta la aportación de inmuebles por parte de los
socios o partícipes a los propios fondos o sociedades, así como
clarificar el sistema de valoración de estas aportaciones. De no ser así,
consideraríamos que se favorecería la venta de los inmuebles en régimen
de propiedad horizontal y su desaparición como viviendas en régimen de
arrendamiento.
La enmienda número 24 es igual a otra que presentó también nuestro Grupo
en el Congreso de los Diputados y que fue prácticamente la única que no
fue aprobada en el correspondiente trámite. Pretendemos con ella crear un
marco jurídico y fiscal para las sociedades promotoras de inversión en
inmuebles de viviendas de alquiler. El objetivo de esta enmienda reside
en la potenciación de la oferta, ya que entendemos que hay una gran
demanda de viviendas de alquiler no satisfecha. Creemos que una medida
que favoreciera el que se produjera un número importante de promociones
de viviendas de alquiler, y que podría perfectamente limitarse en el
tiempo, solucionaría el déficit de oferta que existe en este mercado.
La enmienda número 25 es alternativa a la que acabo de defender, la
número 24. En este caso proponemos que se introduzca en la próxima ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 un
estímulo en el Impuesto sobre Sociedades, es decir, la promoción de
inmuebles de viviendas de alquiler, ello también para el año 2000, con lo
cual introducimos ya en el tiempo este condicionante, que va orientado a
activar el mercado de viviendas de alquiler favoreciendo así la
canalización del ahorro hacia ese tipo de inversiones.
Por último, con la enmienda número 26 pretendemos que se modifique el
artículo 78 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con esta
modificación, los fondos podrían ser receptores temporales de ahorros
vinculados a la adquisición de viviendas; con ello, los particulares, a
través de los fondos, invertirían en viviendas destinadas a alquiler. Por
eso pretendemos que a estos fondos se les dé el mismo tratamiento que el
que se les da actualmente cuando se depositan en entidades de crédito,
siendo invertidos posteriormente en adquisición o rehabilitación de la
vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Pasamos al voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 27 a 37.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré realizar una defensa sucinta de estas enmiendas, porque en el
debate correspondiente al veto ya hemos podido explicar ampliamente
nuestra filosofía crítica en relación con este proyecto de ley.
En primer lugar, presentamos una emienda para la supresión de un párrafo
del preámbulo que se refiere a uno de los objetivos o motivaciones de la
ley, y que comienza así: Las cautelas y garantías establecidas en el
referido grupo normativo con la finalidad, fundamentalmente de proteger a
los partícipes de los mismos, han impedido un adecuado desarrollo de
estas instituciones...
Como se puede comprobar, se dice que la voluntad de proteger a los
partícipes ha impedido el adecuado desarrollo de esas instituciones. Sin
embargo, nosotros pensamos que reconocer el papel, las garantías y la
transparencia en el procedimiento de los partícipes, es un elemento
fundamental o condición «sine qua non» para que pueda existir un fondo de
inversión inmobiliaria. Por tanto, con nuestra enmienda pedimos la
supresión de dicho párrafo.
Por otro lado, proponemos que se introduzca en esta ley un elemento muy
importante en nuestra opinión, como es reconocer que los planes
especiales de reforma interior constituyen una referencia en la
planificación urbanística, lo que tiene su enlace con los centros
históricos y conlleva, como es lógico, una complejidad de primera
magnitud en la gestión urbanística.
Por tanto, hay que incentivar la inversión en los planes especiales de
reforma interior, que necesitan de la colaboración del sector público y
del sector privado --aunque, especialmente, del sector público en lo
relativo al planeamiento urbanístico, la gestión y, en muchos casos, la
expropiación--, por lo que es beneficioso que existan unos beneficios
fiscales en una actuación de esta naturaleza. Decimos esto, pensando
también que las actuaciones en esos centros contribuyan a incrementar el
parque de viviendas en alquiler, las cuales, por ser objeto de
remodelación, se corresponden con prototipos más pequeños, más adaptados
a las demandas actuales. Para nuestro Grupo es de gran interés que se
establezca este criterio, lo que además pienso que estaría bien visto
desde el punto de vista social y de su repercusión.
Hay un grupo de enmiendas que proponen la supresión de lo que en nuestra
opinión supone dar un cheque en blanco a la Administración del Estado
para que lo que en su momento fueron las ayudas personales otorgadas por
el Instituto Nacional de la Vivienda --posteriormente, Instituto de
Promoción Pública de la Vivienda-- puedan ser objeto de enajenación sin
ningún tipo de condiciones, sin conocer su cuantía e importancia, y sin
que se sepa la voluntad directora de la política existente en relación
con ese tema. Aunque éste no es un elemento característico de esta ley,
sí es un elemento complementario fundamental que
nosotros rechazamos, por lo cual, hemos presentado una enmienda para su
supresión.
Otro bloque de enmiendas propone que se regule por ley lo que es
sustantivo, es decir, aquello que podría alterar la naturaleza de fondo
de hacerse una interpretación reglamentaria absolutamente abusiva.
Estamos pensando en unos actores privados que pueden ver cómo su carácter
de partícipe se convierte también en el de arrendatario. Este tipo de
situaciones siempre se ha evitado en la regulación de los fondos, por lo
cual, dejar este tema a la vía reglamentaria es un acto de
irresponsabilidad por parte del Gobierno; sobre todo, por parte de un
Gobierno que siempre tiende a buscar fórmulas jurídicas para favorecer a
sectores específicos de la sociedad. En este sentido, no entendemos cómo
los grupos que le prestan apoyos externos no solicitan que una cuestión
como ésta, de naturaleza tan importante, se regule por ley.
Asimismo, hay otras enmiendas que se refieren a nuestro criterio sobre la
fiscalidad que deben tener estas entidades. Así, admitimos que debe
existir una fiscalidad más interesante --aunque no llegamos al 1 por
ciento, como se pide en el proyecto porque eso nos parece abusivo,
exagerado, e injustificado--, proponiendo el 3 por ciento, y dejando el 1
por ciento para el caso de que se trate de planes especiales de reforma
interior. Creemos que nuestro enfoque es absolutamente correcto y que se
ajusta a lo que supondría una mejora de la fiscalidad, sin alterar
sustancialmente el esquema anterior, que es precisamente lo que propone
este proyecto de ley. El proyecto se inspira en la voluntad de ampliar la
capacidad operativa de estos fondos, pero no se sitúa en el contexto
político y económico actual. Hacerlo quiere decir dar seriedad al fondo,
incrementar el número de partícipes, intentar que entidades de tipo
financiero desarrollen actividades complementarias a través de sociedades
de inversión inmobiliaria o fondos de inversión inmobiliaria. Por tanto,
empezar lo que se llamaría una etapa de crecimiento exponencial de estos
fondos que, lógicamente, pasa por garantías en cuanto a partícipes y en
cuanto a la composición de los activos.
Tenemos enmiendas derivadas del concepto que nosotros defendemos, que es
el 3 por ciento del Impuesto de Sociedades, siempre y cuando el alquiler
de viviendas, más residencia de estudiantes, más residencia de tercera
edad, supere el 50 por ciento. Es decir, este planteamiento comporta todo
el conjunto de enmiendas que dan lugar a la necesaria adaptación, tanto
en la exposición de motivos como en aspectos de desarrollo legislativo.
Para terminar, me gustaría decir que, curiosamente, si con nuestro
planteamiento se hubiera avanzado, hubiéramos obtenido los siguientes
beneficios por parte de todos: en primer lugar, un tema que precisa de un
análisis particular hubiera sido tramitado de forma particular, como lo
que hace referencia a que la Administración del Estado pueda enajenar
todos los derechos históricos derivados de todas las políticas de
vivienda. Esto tendría que haberse reflejado, como es lógico.
En segundo lugar, hubiéramos situado una fiscalidad más razonable;
hubiéramos situado todo el conjunto de temas delicados y que necesitan
regulación legal, lo cual otorgaría las garantías jurídicas para ir
avanzando de forma positiva. Y creo, sinceramente, que nuestras enmiendas
hubieran protegido a los partícipes, potenciando a los fondos de
inversión inmobiliaria y, lógicamente, hubiéramos alcanzado también un
consenso en un tema, que si no sale con la ilusión, la fuerza, el empuje
necesarios, difícilmente alcanzará las cuotas mínimas que otros países
han alcanzado.
No deja de ser un absurdo que si nosotros analizamos todos los activos
financieros, en el concepto más amplio de la palabra, vemos que el único
activo financiero que está muy por debajo de sus potencialidades son los
fondos de inversión inmobiliaria. Esto puede obedecer a que el 80 por
ciento de nuestras viviendas son, como saben ustedes, de compra, pero
aparece en estos momentos una gran cantidad de inversiones inmobiliarias
en los núcleos urbanos, que son de viviendas o de locales comerciales,
que permitiría pensar en una potenciación de los fondos de inversión
inmobiliaria. Hacerlo significa no pensar en el fondo como un instrumento
complementario de otras políticas, significa partir de la idea de lo que
son los propios fondos, partir de su fuerza, mejorar, obviamente, la
fiscalidad, lo cual permite mejorar unas rentabilidades, pero sabiendo
que estamos en una senda, la del Euro. Con rentabilidades razonables
nosotros podemos vivir y potenciar nuevas realidades. Y, curiosamente,
estamos potenciando otras de forma exagerada, creando demandas
potenciales irreales muy fuertes, como la de los fondos mobiliarios, con
lo que esto comporta de indefinición en otros campos.
Si estamos en un momento de calma, lógicamente todos estableceremos que
conviene la potenciación de estos fondos. Lo que se ha hecho con esta ley
ha sido abrir incertidumbres, interrogantes y políticas torticeras
posibles en relación a los temas más delicados que hacen referencia al
fondo; no hacemos nada más que crear una nueva dificultad y,
posiblemente, estaremos enterrando una esperanza porque no damos salida
alguna a la posibilidad y el deseo de muchos de nuestros ahorradores de
dirigir parte de sus ahorros a unas rentas fijas razonables y estables en
el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
Pasamos al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Popular, que
corresponde a las enmiendas números 43 y 44.
Tiene la palabra el Senador Mera.
Le ofrezco la posibilidad de que acumule el turno en contra, si lo va a
hacer.
El señor MERA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, vamos a intentar
defender nuestras dos enmiendas, las números 43 y 44.
El señor PRESIDENTE: Senador Mera, le ofrezco la posibilidad de que
acumule el turno a favor y el turno en contra, si tiene previsto
utilizarlo.
El señor MERA RODRIGUEZ: Sí, así lo haré.
De acuerdo con las indicaciones del señor Presidente, voy a utilizar, en
primer lugar, el turno a favor de estas dos enmiendas para, a
continuación, hacer uso del turno en contra de las enmiendas presentadas
por los distintos grupos políticos.
En cuanto a la enmienda número 43, que evidentemente no voy a leer porque
es muy larga y porque está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, voy a intentar justificar el porqué de la misma. El
apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda, en virtud del cual se
establece una regla para favorecer y potenciar las inversiones de los
fondos de inversión mobiliaria en valores del mercado hipotecario, se
ampara en lo siguiente: Primero, es una previsión contenida en la
Directiva 85/611 de la Comunidad Europea, sobre armonización a nivel
comunitario del régimen de instituciones de inversión colectiva, que no
había sido incorporada con anterioridad a nuestro ordenamiento jurídico.
Con la incorporación que se efectúa a través de esta enmienda se favorece
una mayor posibilidad inversora en valores del mercado hipotecario, lo
cual redunda en una mejora de la financiación hipotecaria a nivel
general.
En segundo lugar, se consigue otro objetivo, que es el establecimiento de
una pauta que posibilite, conforme a los planteamientos que seguirá el
Sistema Europeo de Bancos Centrales en el ejercicio de la política
monetaria, dar entrada a estos títulos, como valores que sirvan como
colaterales o garantía en las operaciones de política monetaria. Esto es
así, porque para calificar los valores susceptibles de ser utilizados en
dichas operaciones es necesario que se sigan los criterios amparados en
dicha Directiva.
En tercer lugar, y conforme a lo dispuesto en la normativa vigente,
concretamente en la Disposición Adicional Quinta de la ley 3/1994, del 14
de abril, dado que los bonos de titularización hipotecaria tienen la
consideración de valores de mercado hipotecario, se extiende a este tipo
de valores la flexibilización en materia de inversiones de las
instituciones de inversión colectiva, impulsándose y mejorándose de igual
modo la financiación hipotecaria por esta vía.
En conclusión, creemos que la enmienda está sobradamente justificada
porque cada vez que se da un espaldarazo a la financiación hipotecaria se
logra, al mismo tiempo, el objetivo de que los valores del mercado
hipotecario sean utilizados a los efectos de garantía en política
monetaria, lo cual refuerza el objetivo básico anteriormente citado.
En cuanto a la segunda enmienda que se ha quedado viva después del debate
en Comisión, la número 44, he de decir lo siguiente. Al excluir a los
Fondos de Garantía de Depósitos de entidades de crédito del ámbito de
aplicación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración Civil del Estado, lo que se persigue, al igual que sucede
con el Banco de España, es someter, especialmente en materia de
contratación y de personal, a la legislación específica de dichos entes,
aunque no se ajusten a la legislación general de contratos o de personal
de carácter público. La justificación de ello reside, por una parte, en
las particulares funciones de intervención en casos de insolvencia de las
entidades de crédito; y, por otra parte, en el carácter mixto entre lo
público y lo privado, que caracteriza dichos fondos desde el año 1995.
Por ello, con carácter general su financiación es sufragada con recursos
privados. Asimismo, en sus órganos participan también representantes de
las entidades de crédito privadas.
Como conclusión, diré que tanto por las funciones que cumplen, por su
propia organización y, en general, por su alejamiento de lo que son las
premisas básicas en cuanto entidades públicas recogidas en la citada
LOFAGE, las posibilidades de exclusión de su régimen que dicho texto
legal prevé son sobradamente ajustadas y fundamentadas en el caso que nos
ocupa.
Aprovechando este turno en contra, voy a dar respuesta a las enmiendas de
los restantes grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Mixto, a través de Izquierda Unida, ha presentado
once enmiendas. Inicialmente debo señalar que vamos a rechazar todas las
enmiendas de este Grupo.
La número 1 se rechaza porque supone una modificación del preámbulo, en
coherencia con las enmiendas del mismo Grupo a este proyecto de ley.
La número 2 también se rechaza por estar en franca contradicción con la
filosofía fiscal del proyecto y su aceptación supondría modificar
prácticamente todo lo acordado en el debate realizado en el Congreso de
los Diputados.
La número 3 es una enmienda de supresión consecuencia de la anterior. Por
lo tanto, en coherencia, se rechaza.
En la número 4 se pretende ampliar el plazo a cinco años. Nosotros
consideramos que el plazo de tres años que marca el proyecto de ley --que
anteriormente estaba en cuatro-- es suficiente. Por lo tanto, no
entendemos esta propuesta de modificación.
La número 5 se rechaza porque consideramos excesivo que la potestad para
los supuestos en que los socios puedan aportar inmuebles en instituciones
de inversión colectiva se regule mediante una disposición de rango de
ley. Consideramos suficiente que se haga mediante una disposición
reglamentaria.
La número 6 la rechazamos puesto que va en contra de la filosofía general
del proyecto e introduce una rigidez excesiva en la regulación de la
política de inversión de estas instituciones.
La número 7 es una enmienda de supresión, consecuencia de la anterior,
por lo que, evidentemente, seguirá el mismo camino.
La número 8 mantiene los mismos argumentos que la número 4, por lo que
también se rechaza.
En la número 9 los argumentos utilizados en su defensa son los utilizados
en la número 5. Por lo tanto, por coherencia también queda rechazada.
La número 10 es coincidente con la número 11 que presentó el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso. Evidentemente, fue
rechazada y también va a serlo en esta Cámara.
La número 11 está en plena contradicción con la doctrina de este proyecto
de ley en cuanto a la posibilidad de retenciones o ingresos a cuenta por
incrementos de patrimonio.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
presenta quince enmiendas, de la número 12 a la 26. Vamos a votar a favor
de las números 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y votaremos en
contra de las números 13, 14, 24, 25 y 26.
Vamos a dar una explicación de esta decisión.
La número 12 ha sido retirada puesto que era una enmienda prácticamente
similar a la número 38 de nuestro Grupo.
Rechazamos la número 13 por implicar una notable distorsión del objeto de
las instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria, que
ha de consistir en la inversión en viviendas y otros inmuebles para su
alquiler y no para su venta. Por lo tanto, no parece admisible establecer
supuestos de venta en los inmuebles de los partícipes o socios.
En cuanto a la número 14, que también rechazamos, entendemos que se
modifica la naturaleza del objeto social que se pretende dar a las
sociedades y fondos de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria. Si
se permitiese la adquisición de solares, las instituciones quedarían
implicadas en el proceso de construcción; es decir, ampliarían su objeto
a la promoción de viviendas, implicándose en una actividad como la
construcción, ajena al mundo financiero. Por lo tanto, creemos que se
podría deducir de aquí alguna especulación. Incluso podría dar lugar
--como señaló el Partido Socialista en alguna de sus manifestaciones-- a
que las garantías no estuvieran lo suficientemente protegidas y se
pudiera poner en peligro este tipo de fondos.
Respecto a la enmienda número 15, aunque los criterios de evaluación ya
están fijados para las instituciones de inversión colectiva por vía
reglamentaria, creemos que lo que abunda no daña y, por lo tanto, se
acepta.
La enmienda número 16 contiene simplemente una diferencia de matiz. En el
proyecto dice la «inversión en inmuebles» y la enmienda propone «la
inversión en cualquier tipo de inmuebles». Por tanto, aceptamos esta
modificación.
La enmienda número 17, como dije al hablar del veto, la vamos a aceptar
porque consideramos que es más amplio el concepto de residencias
estudiantiles y, al mismo tiempo, es más preciso y adecuado que la
redacción que sugiere el proyecto de ley. Por lo tanto, admitimos este
cambio de nomenclatura y a partir de ahora las residencias
universitarias, que es como consta en el proyecto de ley, se denominarán
residencias estudiantiles.
La enmienda número 18 creemos que no aporta demasiado, pero tampoco está
en contradicción con las anteriores. Por supuesto, hemos hablado con el
portavoz y se acepta.
La enmienda número 19 tiene algunos argumentos similares a los de la
número 16 y, por ello, igual que la anterior se acepta.
La enmienda número 20 contiene los mismos argumentos que la número 17; la
número 21 los mismos argumentos que la número 18; la número 22 los mismos
argumentos que la número 19 y la 23 los mismos argumentos que la número
17. Por tanto, como ya dije inicialmente, se aceptan.
En cuanto a la enmienda número 24, se rechaza, ya que afecta a materias
que, evidentemente, no es el momento de regular en este proyecto de ley.
Por tanto, creemos que no es el momento procesal oportuno para introducir
este tipo de enmienda.
Respecto a la enmienda número 25 que, como decía el Senador Cambra, es
una alternativa a la enmienda número 24, por la misma razón también la
rechazamos.
La enmienda número 26 plantea una serie de problemas técnicos y de
filosofía fiscal, puesto que incluso pretende modificar algunos artículos
de la Ley del IRPF, cuya modificación todo el mundo sabe que se está
intentando llevar a buen término en estos momentos. Creo que es el
momento oportuno de que, tanto un grupo como otro, puedan negociar si es
viable que se vierta alguna cautela en este sentido.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que
incluyen desde la número 27 a la 37, ambas inclusive, es decir, once, voy
a ir desgranando algunas de ellas. En general, debo decir que el Grupo
Parlamentario Socialista, como es obvio, ha presentado un veto a este
proyecto de ley y, por tanto, sus enmiendas van en consonancia con el
espíritu de devolver el proyecto de ley al Gobierno. Por consiguiente, es
evidente que las vamos a rechazar, puesto que ellos no comparten este
proyecto de ley.
Por expresar algunas cuestiones puntuales, hay algunas enmiendas a través
de las que, igual que Izquierda Unida, consideran que las garantías en
cuanto a los socios y partícipes, deben establecerse en una ley y no en
un reglamento. Por lo tanto, las vamos a rechazar del mismo modo que las
enmiendas de Izquierda Unida.
Existen algunas enmiendas, como, por ejemplo, la número 32, que está en
contra de la filosofía del proyecto, tal como ha sido aprobado en el
trámite del Congreso de los Diputados.
La enmienda número 33, es una consecuencia de la enmienda del mismo grupo
al artículo 33.6 del proyecto de ley.
La enmienda número 34 es consecuencia de su enmienda número 32.
La número 35 es una consecuencia de la número 36. Por lo tanto, seguimos
en la misma línea.
La enmienda 37 afecta a materias que creemos que no deben regularse en
este texto y, por tanto, no la vamos a aceptar.
Las enmiendas números 31 y 32 son relativas a la flexibilización del
cómputo suficiente de inversión. Es evidente que este aspecto ya se
modificó en el Congreso de los Diputados y, por tanto, por coherencia, no
se aceptarán.
En definitiva, creemos que este proyecto de ley persigue impulsar el
mercado de viviendas en alquiler, que es, sobre todo, el objetivo
fundamental, teniendo en cuenta que durante los seis años que ha estado
la Ley en vigor no ha dado los frutos esperados, como explicamos
anteriormente en un análisis comparativo con los países de la Unión
Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Nuestro Grupo quiere consumir un turno en contra
de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene derecho a hacerlo.
El señor ARMET I COMA: Muy brevemente, señor Presidente, señorías.
Curiosamente, con respecto a esta ley, que es una ley atípica, que habla
de un tema y también habla de otro, a partir de estas dos enmiendas, las
números 43 y 44, el Grupo Parlamentario Popular introduce dos temas que
no tienen nada que ver con la misma. No es la primera vez que ocurre, es
una práctica habitual, pero esta práctica introduce una especie de
surrealismo legislativo que, llevado a sus últimas consecuencias, puede
dar lugar a que el tema más importante de la ley se desarrolle gracias a
una enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Senado,
digamos que con una cierta nocturnidad, puesto que es una Cámara de
segunda reflexión, una Cámara que intenta perfeccionar, pero no sacar las
novedades. Las novedades se sacan cuando se tienen que sacar, con todas
las cautelas jurídicas que deben comportar, los dictámenes preceptivos y
el análisis previo que conlleva cualquier proceso legislativo. Pero es el
caso de que a través de una enmienda, con nocturnidad y clara alevosía,
se intentan introducir temas de gran importancia.
Una de las enmiendas se refiere a un olvido, un error en la LOFAGE, donde
se decía que el Banco de España se regirá por sus propios mecanismos
reglamentarios. Ahora lo que se pretende es incluir todo el conjunto de
entidades correspondientes a los fondos de garantía de las cajas y
bancos, cuestión que no se había pensado en su momento. En este caso,
pues, es un error.
En el otro caso no es un error, se trata de un tema muy importante, el
cual hace referencia a los fondos de inversión mobiliarios. A partir de
esta enmienda se crea un mecanismo por el que se pueden fusionar los
fondos mobiliarios que se desee. La importancia de esto es básica, por
una razón muy simple: Cuando una persona entra en un fondo mobiliario, la
sociedad gestora tiene una cierta vocación en el fondo; le indica qué
composición tiene el fondo, cuál es su voluntad, si es un fondo de mayor
o de menor riesgo, si es de renta fija o tiene naturaleza de fondo mixto,
qué rentabilidad potencial se espera, con lo cual el partícipe va
mínimamente orientado sobre cuáles son las expectativas de dicho fondo.
Muchas veces va mal orientado porque le dicen que lo que ha sucedido
durante los dos años anteriores va a suceder en los dos posteriores, pero
en ese caso se trata del engaño habitual que se produce en nuestro país
por parte de muchos agentes financieros. No obstante, existe,
lógicamente, una voluntad de objetivar el fondo, de darle una naturaleza
propia.
En esta enmienda se dice que se podrán fusionar fondos de inversión, ya
sea mediante absorción, ya sea con la creación de un nuevo fondo. La
iniciación del procedimiento requerirá el previo acuerdo de la sociedad
gestora --obvio-- y del depositario de los fondos que vayan a fusionarse.
La fusión será previamente autorizada por el Ministerio de Economía y
Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los
procesos de fusión deberán ser objeto de comunicación a los partícipes,
quienes, en su caso, ante el aviso del fondo, podrán pedir el reembolso,
lo cual es un derecho, si bien, no obstante, se les sitúa en la posición
de tener que aceptar o no aceptar.
Pero la enmienda añade en otra cláusula lo siguiente: «No obstante lo
anterior, no procederá el derecho de reembolso a que hace mención en el
párrafo anterior cuando la sustitución de la sociedad gestora se efectúe
por otra sociedad gestora del mismo grupo.» Supongamos un grupo bancario,
un grupo de cajas importante que tiene un conjunto de fondos con
distintas sociedades gestoras y establecen la fusión de determinados
fondos. A partir de este hecho, el pobre partícipe no puede ni pedir el
derecho que le correspondería, como es obvio, cuando se produce una
alteración de ese tipo.
Una cuestión de esta naturaleza e importancia, cuando los fondos de
inversión mobiliaria en nuestro país son de 30 billones de pesetas,
cuando no ha existido una rentabilidad realmente fuerte y existe por
parte de los comentaristas inteligentes, sensibles y conocedores del tema
el concepto de «burbuja especulativa» o de preocupación en relación a lo
que puede suceder en el futuro, que un tema de éstos aparezca en una
enmienda presentada hoy con este ambiente, con este entusiasmo y con esta
motivación colectiva, sin mayor trascendencia, no es que sea un abuso de
ley, sino que es un mal abuso del concepto parlamentario. Sobre este
concepto no existe ninguna reflexión, ningún dictamen, ninguna puesta en
común de las cosas. Da la sensación de que es una enmienda de encargo de
las que van a los buzones de determinados Grupos Parlamentarios y que
normalmente tienen sustanciales beneficios para los que han sido los
auténticos transportadores de la enmienda, ya que, suponiendo que nadie
se lea mucho los papeles, puede colar de una forma o de otra.
Nosotros les decimos claramente y con indignación institucional que no
hagan este tipo de planteamientos. Si legítimamente quieren plantear este
tema, háganlo, pero de forma abierta, con todo el procedimiento, con
todas las garantías, tanto democráticas como institucionales. No hacerlo
así es una forma de entender la democracia que nosotros no participamos.
A partir de ahora situaciones de este tipo las iremos condenando cuando
se produzcan para bien de todos, no sólo de nuestro Grupo, porque es un
tema institucional.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
¿Algún Grupo quiere intervenir?
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El Senador Cambra tiene la palabra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para agradecer al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular la aceptación de las nueve enmiendas que ha
anunciado que van a votar favorablemente. Quiero lamentar que el sentido
del voto no sea el mismo respecto de las otras enmiendas, ya que
consideramos que son modificaciones que favorecerían el gran objetivo que
tiene este proyecto de ley, que es fomentar la inversión en vivienda para
alquiler. También quiero manifestar que vamos a abstenernos en las dos
enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular fundamentalmente
por un concepto de forma, y la posición legítima de nuestro Grupo quedará
postergada hasta que el proyecto vuelva al Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
El señor Armet tiene la palabra.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra posición a esta ley ha sido constructiva y creo que damos
fórmulas operativas con el fin de encontrar soluciones viables. Nuestro
comportamiento creo que se inscribía en esta voluntad de potenciar los
fondos, de defender los partícipes y de encontrar puntos de diálogo. Esto
no ha sido posible y lo lamentamos profundamente porque creemos
sinceramente que cuando hay que dotar de potencialidad un activo
financiero, como pueden ser las sociedades inmobiliarias de los fondos de
inversión inmobiliaria, con el futuro y el presente que tiene en muchos
países, es una lástima que no hayamos encontrado los puntos de
coincidencia.
Desde este punto de vista, nuestro Grupo ha mantenido las posiciones que
ha considerado oportunas en defensa de la naturaleza específica que la
ley dice defender.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Mera tiene la palabra.
El señor MERA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, contesto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
diciéndole que, evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular, tanto en
el trámite de la Ponencia como en el de la Comisión, no ha querido
intentar forzar para que estas enmiendas viniesen dentro del contenido de
la Ponencia y, por tanto, en el informe de la Comisión, sino en un acto
quizá de transparencia ha querido, de alguna forma, que las enmiendas
números 43 y 44 se debatieran hoy aquí en el Pleno. Por lo tanto, no es
un acto, como dice su señoría, de premeditación y alevosía, con el
agravante de nocturnidad, sino todo lo contrario.
Evidentemente creemos que estas dos enmiendas, que son completamente
distintas, tienen un cierto contenido. La número 44 es una enmienda de
tipo técnico porque en la aplicación real de la LOFAGE se ha encontrado
un lapsus y hay que intentar corregirlo. La número 43 que, como dice su
señoría, tiene más calado, hemos intentado que viniese al Pleno y que no
se aprobara el informe de la Comisión. Por lo tanto, ha habido tiempo
suficiente para su estudio por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Es cierto que esta enmienda nace, como dije hace un momento en la
tribuna, de lo siguiente: la Directiva de la Comunidad Europea, número
85/611, sobre armonización a nivel comunitario y de régimen de
instituciones y de inversión colectiva todavía no ha sido incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico. Consideramos que éste es el momento
procesal oportuno, aunque evidentemente pudiese plantearse en otra
ocasión, pero rechazamos el planteamiento de oportunismo. Estamos
plenamente convencidos de que con esta introducción estamos intentando
incluirlo aquí, ya que estamos regulando fondos de inversión colectiva y
algunas cuestiones son realmente similares.
Rechazamos, en consecuencia, la acusación de oportunismo y, en cambio,
agradecemos el tono que ha utilizado en su intervención el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
También deseo decir que lamentamos no poder aprobar todas las enmiendas
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mera.
Suspendemos el debate hasta las cuatro de la tarde, que iniciaremos con
la votación del articulado de esta ley.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a iniciar las votaciones al articulado de la ley.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Román Clemente. Lo
haremos en dos bloques. El primero comprende desde la enmienda 1 a la 9,
ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, tres; en contra, 119; abstenciones, 83.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 10 y 11, del mismo Senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 84; en contra, 118; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. En primer lugar, votamos las enmiendas números 14 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 11; en contra, 109; abstenciones, 84.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Corresponde someter a votación el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor
Prada Presa pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, desearíamos votación separada de
las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en un bloque,
y el resto de enmiendas en otro. También querríamos que nos confirmara si
la enmienda número 12 ha sido retirada.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha sido retirada.
En primer término, votamos las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 y 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 119; en contra, 85; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 13, 24 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 10; en contra, 195.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 27 a 37, ambas
inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 86; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 43 y 44.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 112; en contra, 83; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y segunda,
disposición transitoria y preámbulo del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 122; en contra, 82.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA
SEXTA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO ASIATICO DE DESARROLLO (S.
621/000079) (C. D. 121/000093).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación
del Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático
de Desarrollo.
Para presentar el dictamen tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo el honor de presentar ante sus señorías, en nombre de la Comisión
de Economía y Hacienda, el dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que
se autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición
de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo. El pasado 16 de abril tuvo
entrada en esta Cámara, cuya Mesa lo remitió, con la misma fecha, a la
Comisión de Economía y Hacienda para su trámite por el procedimiento
ordinario.
Como sus señorías saben, el Fondo Asiático de Desarrollo es el núcleo de
recursos que el Banco Asiático de Desarrollo provee en condiciones
concesionales a aquellos países que, siendo miembros, son elegibles dadas
sus condiciones de desarrollo.
España ingresó en este Banco en 1986 y ésta es nuestra contribución a la
Sexta Reposición de Recursos que se sufragará con cargo al Fondo de Ayuda
al Desarrollo por un importe de casi 1.700 millones de pesetas para el
período 1997-2000.
A este Proyecto de Ley se presentó una enmienda, y la Comisión lo
dictaminó el pasado 12 de mayo manteniendo en sus mismos términos el
texto que nos fue remitido por el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
Entramos en el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Entramos en el debate de las enmiendas.
Voto particular número 1 del señor Román Clemente que corresponde a la
enmienda número 1. El señor Román Clemente tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Izquierda Unida presenta al Proyecto de Ley por el que se
autoriza la participación del Reino de España en la Sexta Reposición de
Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo una enmienda de adición, por la
que pretendemos introducir un nuevo artículo 4. Señorías, quisiera
analizar el contenido de esta enmienda y las motivaciones por las que
presentamos la misma.
La enmienda --como digo-- es de adición y titulamos dicho artículo 4
nuevo de la siguiente manera: «Artículo 4. Cooperación para un desarrollo
social y sostenible.» Y el contenido de este artículo sería el siguiente:
«En su participación en los órganos del Fondo, el Gobierno promoverá,
defenderá y apoyará los acuerdos que se refieran a una utilización
racional y equilibrada de los recursos naturales, oponiéndose a aquellas
iniciativas que, directa o indirectamente, impliquen una alteración de
las condiciones medioambientales en términos que sean inadmisibles según
la normativa de la Unión Europea o del Estado español.
»Con el fin de propiciar acuerdos que promuevan un desarrollo justo en la
región, el Gobierno sólo adoptará iniciativas ante los órganos del Fondo
o, en su caso, apoyará las de terceros, cuando de ellas resulte una
mejora directamente perceptible en las condiciones de vida de los pueblos
a los que se dirigen. A este fin, se entenderán como mejoras que debe
incluir todo proyecto susceptible de financiación la creación de empleo,
el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales de los
trabajadores, la exclusión terminante de la utilización en el trabajo de
la población infantil, el impulso de actividades favorecedoras de un
desarrollo endógeno en la región y no exclusivamente ligadas a la
actividad importadora-exportadora de las empresas trasnacionales, así
como la aplicación de tecnologías adecuadas a la dotación de los recursos
existentes.»
Señorías, del análisis de la enmienda que proponemos se pueden extraer
varias conclusiones. Izquierda Unida considera que se debe potenciar la
cooperación multinacional para el desarrollo y que esto debe implicar,
además de la necesidad de incrementar sustancialmente los fondos
generales para este fin, un control en el uso de los mismos que garantice
la existencia de beneficios a largo plazo para los pueblos que se
esfuerzan por salir del subdesarrollo.
Señorías, con esta enmienda pretendemos que la contribución de España al
Fondo Asiático de Desarrollo no se limite a un simple acto de reposición
de recursos sino que, además, se apliquen los mismos efectivamente a
apoyar el desarrollo en los países de la región.
Señorías, nos parece ésta una magnífica oportunidad para recordar lo que
en este momento puede estar siendo de actualidad: la Marcha mundial
contra la explotación infantil en el trabajo, iniciativa que va a
concluir ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, entre
los días 2 y 4 de junio, que nos debería mover a la reflexión.
Decimos que se deben incrementar los fondos, pero también decimos,
señorías, que se debe controlar el uso de los mismos. Nos parece
imprescindible resaltar, como explicamos en el texto de nuestra enmienda,
que se produzca una mejora perceptible en las condiciones de vida de los
pueblos, y vamos un poco más allá. Entendemos como mejora que se debe
garantizar, señorías, el reconocimiento de los derechos laborales y
sindicales de los trabajadores. Este es un buen momento para manifestar
igualmente la repulsa, el rechazo contra la explotación infantil en el
trabajo. Y, señorías, también debemos apostar porque el uso de estos
fondos contribuya a un desarrollo endógeno en la región.
Por tanto, está suficientemente explicado tanto en el contenido de la
enmienda como en la motivación, el porqué de la presentación de la misma.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor García Millán.
El señor GARCIA MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con toda brevedad subo a esta tribuna para fijar la posición de
mi Grupo en relación con la enmienda presentada por don José Fermín Román
Clemente, por Izquierda Unida; enmienda de adición que trata de
incorporar un nuevo artículo 4 al texto del proyecto de ley que en estos
momentos estamos debatiendo y que pretende autorizar la participación del
Reino de España en la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de
Desarrollo.
Señor Presidente, nuestro Grupo entiende que esta enmienda pretende,
unilateralmente, distribuir los recursos, motivo de la reposición,
acotando los usos de los mismos, modificar sus objetivos, así como
regular las actividades ligadas a la importación y exportación.
Con lo expresado, creo haber recogido el espíritu de lo que la enmienda
pretende incorporar al texto, así como la forma de su incorporación.
Dicho esto, señor Presidente, trataré de expresar los motivos por los
cuales no vamos a aceptar esta enmienda.
España ingresó en el Banco Asiático de Desarrollo en 1986, con la Ley
44/1985, asumiendo desde este momento los objetivos y compromisos que
tienen fijados estas instituciones multilateralmente dentro de su campo
de acción.
En este contexto, España no puede modificar los objetivos y funciones de
un organismo multilateral.
Por otro lado, en estos acuerdos quedan suficientemente garantizados el
sentido y fines del Fondo Asiático de Desarrollo, centrados en la ayuda a
los países más necesitados de la región. Estos objetivos quedan
claramente marcados en su programa operativo para el período 1995-1998:
promoción del crecimiento económico, reducción de la pobreza, apoyo del
desarrollo humano, mejora de la situación de las mujeres y protección del
medio ambiente. Objetivos que se encuentran claramente en la línea de los
que se apuntan en la enmienda.
Por ello, señor Presidente, entendemos que dicha enmienda es reiterativa
con los objetivos contemplados en los acuerdos que multilateralmente
sostienen los 57 miembros que componen dicho Organismo.
Asimismo entendemos que acordar algo unilateralmente conculcaría los
derechos y acuerdos que sostiene dicha institución, y por ello creemos,
repito, que no es procedente la modificación pretendida. En todo caso, lo
que procedería sería la creación de un Fondo nuevo, y para ello éste no
es el momento oportuno.
Dicho esto y para terminar, señor Presidente, nuestro grupo votará en
contra de dicha enmienda y apoyará el dictamen de la Comisión, así como
el proyecto de ley en los términos que contempla la pertinente
publicación en el Boletín de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Millán.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, con brevedad, para decir que no se trata de insistir, una vez
más, en el contenido de la enmienda, pero sí he de decir que nuestra
posición, que viene siendo la de incrementar sustancialmente estos
fondos, también es la del control de los mismos y, bien sea en este
marco, bien sea en otro, que pueda considerarse más adecuado, lo que sí
es conveniente es que se puedan ir introduciendo criterios para este
control, y los que aquí exponemos, señoría --y éste es buen momento
porque la actualidad así lo demanda--, se traducen en una oposición, en
un rechazo hacia la explotación infantil; en un rechazo a no tener en
cuenta los derechos sindicales de los trabajadores, y es también una
posición para fomentar un desarrollo endógeno de la región apostando
hacia el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, simplemente quiero afirmar que esta enmienda
de Izquierda Unida seguramente es premonitoria de un próximo futuro; es
una enmienda que, de aquí a cinco o diez años, hará de obligado
cumplimiento que las políticas de cooperación vengan enmarcas dentro de
conceptos como el desarrollo sostenible, en este caso, para que no exista
una competencia desleal. Es decir, que las ayudas puedan dar lugar a
prácticas que nosotros no reconocemos desde la perspectiva de los
derechos humanos o desde la perspectiva ecológica, que es el tema que se
plantea.
Pero, lógicamente, a corto plazo lo que sí debemos tener presente es que
cuando defendemos el principio del desarrollo sostenible lo hacemos
porque países que representan el 80 por ciento de la población sólo
tienen el 20 por ciento del PIB mundial. Si nosotros estableciéramos
dificultades como las que nos autorregulan a escala de la Unión Europea,
estaríamos basando la ayuda en unos condicionamientos que les impediría
llevar adelante sus políticas. Por tanto, a corto plazo debemos entender
que la posibilidad de una misma regulación no es posible para los países
en vías de desarrollo, que consumen el 20 por ciento de la energía,
mientras que nosotros consumimos el 80 por ciento; debemos ser
ligeramente permisivos y entender que parte de su desarrollo debe
realizarse en unas condiciones más favorables, desde el punto de visita
negativo, es decir, que puedan llevar a cabo sus actividades de
desarrollo bajo una lógica ecológica que no es la misma que nos
autorregula.
En consecuencia, nos mantendremos en una posición de abstención frente a
esta enmienda, reconociendo que enmiendas de estas características serán
las enmiendas del futuro. Piensen ustedes que deberíamos tratar ese tema
como debemos tratar los temas de la ampliación de la Unión Europea; no
podemos exigir los mismos requisitos a los países que van a entrar que a
los que estamos dentro, y, por tanto, las políticas de desarrollo deben
basarse en esta sutil diferencia, en esta sutileza de enfoque que permita
que su desarrollo no se base en las mismas autolimitaciones con que
nosotros nos vamos a desarrollar.
Por eso me ha gustado establecer esta diferencia, porque desde el punto
de vista de la sensibilidad del presente y del futuro esta enmienda queda
justificada, pero desde el punto de vista de políticas de ayuda al
desarrollo es bueno que contemplemos esta enmienda como un elemento de
abstención y con la potencialidad de futuro que tiene.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armet.
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador García Millán.
El señor GARCIA MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra sólo y exclusivamente para reconocer la
preocupación que el portavoz de Izquierda Unida tiene sobre temas tan
importantes como la explotación infantil y otros temas apuntados en el
transcurso de su intervención.
No dejamos de reconocerla, y entendemos que estos temas están
perfectamente recogidos dentro de la voluntad de las personas que
integran dicha institución. Otra cosa diferente es la modificación en sí
del proyecto de ley que, como quedó también reflejado en mi intervención,
supondría tomar decisiones unilateralmente, lo que conculcaría los
derechos y acuerdos adoptados multilateralmente, y creo que en este
momento no nos corresponde.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Millán.
Terminado el debate, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, votamos el voto particular número 1, del Senador Román
Clemente, que corresponde a la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, dos; en contra, 121; abstenciones, 85.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos los artículos 1 a 3, disposiciones finales primera y segunda y
preámbulo, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 209.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Aplausos.)
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de
Ley por la que se autoriza la participación del Reino de España en la
Sexta Reposición de Recursos del Fondo Asiático de Desarrollo.
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA (S.
605/000004) (C. D. 127/000004).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas en relación con la Propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador que haya
designado la Comisión. Tiene la palabra el Senador Bascuñana García.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, señorías, el texto remitido
por el Congreso de los Diputados de Propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, Proposición de Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, tuvo entrada en esta Cámara el día 22 de abril de 1998.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Bascuñana, por favor, ¿puede interrumpir su
intervención para ver si logramos que se callen los Senadores? (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que esta Propuesta de reforma tuvo entrada en esta Cámara el día 22
de abril de 1998, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie III B, número 21 (a) el mismo día.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la
remisión de esta Propuesta de reforma a la Comisión General de las
Comunidades Autónomas. En virtud de lo establecido en el artículo 107.1
del Reglamento del Senado, ese mismo día se abrió el plazo de enmiendas,
que finalizaba el 6 de mayo. En dicho plazo se presentaron 15 enmiendas.
El pasado 12 de mayo informó la Ponencia, no incorporando ninguna de
ellas al texto de la Proposición de Ley Orgánica remitida por el Congreso
de los Diputados, informe que fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie III B, número 21 (c), el 14 de mayo,
fecha ésta en que la Comisión General de las Comunidades Autónomas
dictaminó la Propuesta, formulándose los siguientes votos particulares:
primero, por el Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo su enmienda
número 15. Segundo, por el Grupo Parlamentario Mixto, manteniendo todas
sus enmiendas, de la número 1 a la 14.
Señorías, es preciso señalar que en el Boletín Oficial del Senado de 22
de abril, referente a la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Murcia, en el número 5 del artículo 27 se
dice lo siguiente: « ... tendrá un mandato limitado por el término
natural de la legislatura ordinaria.» Pues bien, debería aparecer la
expresión que figura en el Boletín Oficial del Congreso de 16 de
septiembre de 1997: legislatura originaria. Se trata, pues, de un error
de copia que se ha deslizado en la tramitación del Congreso de los
Diputados.
Asimismo, en la disposición final se dice: «La presente reforma del
Estatuto de Autonomía entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.» Y debe decir: «La presente reforma del
Estatuto de Autonomía entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado.»
Esto es todo cuanto debo informar.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
Pasamos al debate de totalidad, debate que es seguido desde la tribuna de
invitados por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia acompañado
por el Presidente
de su Parlamento y por una representación de todos los grupos
parlamentarios. (Fuertes aplausos.)
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, señorías, al igual que ha
hecho el Presidente del Senado, antes de comenzar mi intervención deseo
dar la bienvenida a esta Cámara al Presidente del Consejo de Gobierno de
Murcia, don Ramón Luis Valcárcel, así como también a la Delegación de la
Asamblea Regional, nuestro Parlamento autonómico, encabezada por su
Presidente, don Francisco Celdrán.
En segundo lugar, señor Presidente, también quisiera felicitar al
Parlamento murciano por el gran trabajo que ha realizado en la
proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, así como por el alto
grado de consenso conseguido.
Permítanme, señorías, que exprese mi satisfacción y el honor que para mí
supone, como Senador por la Comunidad de Murcia y miembro de su Asamblea
regional, intervenir durante esta tarde en esta Cámara, en la que va a
quedar aprobada definitivamente la Ley Orgánica de reforma del Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia.
En estos momentos es justo hacer una breve reseña histórica.
Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la
Asamblea regional acordó por unanimidad, en sesión plenaria celebrada el
11 de julio de 1996, proponer una reforma del Estatuto de Autonomía. Es
preciso señalar que el nuevo Gobierno de España --que había quedado
constituido el 4 de mayo-- se ofreció, concretamente desde el Ministerio
de Administraciones Públicas, y así lo hizo el propio Ministro, a un
acuerdo global para establecer un nuevo marco dentro de los Estatutos de
Autonomía, y especialmente para las Comunidades Autónomas reguladas por
el artículo 143 de la Constitución, que supusiera profundizar en la
capacidad de autogobierno de nuestras instituciones, asumiendo un mayor
número de competencias y avanzando hacia la consolidación definitiva que
mandata la Constitución española.
Lamentamos que este pacto nacional no se llevara a cabo, pero ello no fue
impedimento para que el Parlamento regional de Murcia, nuestra Asamblea
regional, elaborara, terminara y aprobara su trabajo el 22 de julio de
1997. Trabajo que, aun teniendo una amplia mayoría el Grupo Parlamentario
Popular, siempre estuvo presidido por un clima de consenso, y así se
ratificó con la aprobación unánime por la Cámara.
El 11 de noviembre de 1997 se llevó a cabo en el Congreso de los
Diputados el debate de totalidad de Propuesta de reforma del Estatuto,
que fue aprobada por unanimidad. El texto ha sido posteriormente mejorado
y enriquecido con modificaciones --todas ellas, con un grado de consenso
muy importante-- en el Congreso de los Diputados. Así, el texto que se
nos remitió, y que tuvo entrada en esta Cámara el pasado 22 de abril,
implica una profundización en la autonomía de nuestra región, tanto en
temas competenciales, como en temas institucionales.
En lo que se refiere a la materia competencial, es conveniente resaltar
que se amplía la capacidad de autogobierno, destacando la gestión de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y reservándose el Estado la
alta inspección. Y por lo que respecta a la materia institucional, es
importante la ampliación del período de sesiones, período similar al de
cualquier Cámara legislativa. Por otro lado, asumir más competencias
conlleva una mayor acción de control al Gobierno y más participación en
la labor legislativa. Ello supone también una ampliación del número de
Diputados que, de un máximo actual de 45, pasaría a ser de un máximo de
55.
Hay un hecho muy importante que se recoge en este Estatuto: la disolución
anticipada parcial, sin que ello implique que no se tenga el proceso
electoral correspondiente. También es interesante lo relativo a la
designación de los Senadores autonómicos, cuyo mandato no será por el
período legislativo de las Cortes Generales, sino por cada período
legislativo de la Asamblea regional de Murcia.
Hablaba al principio de mi intervención del gran consenso conseguido en
el Parlamento autonómico murciano. En este sentido, desde el Grupo
Parlamentario Popular hubiéramos deseado llegar a esta sesión sin votos
particulares, ya que ha habido otros foros donde esas enmiendas han sido
ampliamente debatidas. No ha podido ser así, pero ello no significa que
no estemos todos conformes, y consensuado el texto de la ley.
Hoy esta Cámara cumple con un antiguo y siempre vivo deseo: que, como
Cámara territorial, pueda ser de primera lectura y aprobación final.
Aunque no haya sido de primera lectura, sí que es de resaltar que sea el
Senado quien hoy, y de forma definitiva, apruebe el Estatuto de Murcia.
Quisiera dejar constancia del gran esfuerzo realizado por esta Cámara,
donde en menos de un mes se ha tramitado esta proposición de reforma de
Ley Orgánica.
Deseo felicitar al Gobierno, concretamente, al Ministerio de
Administraciones Públicas y, personalmente, al Ministro, que en todo
momento han estado dispuestos al diálogo e intentando conseguir el mejor
acuerdo para nuestra región.
Señorías, al igual que el 9 de junio de 1982 se aprobó nuestro Estatuto
por unanimidad, me atrevo a pedir hoy, casi 16 años después, que hagamos
lo mismo.
Permítanme, señor Presidente, señorías, antes de terminar, transmitir
desde esta Cámara con vocación territorial, su felicitación al pueblo
murciano por este importante logro en sus aspiraciones a mayores cotas de
autogobierno, siempre dentro del marco constitucional y de la unidad de
España.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En nuestra primera intervención quiero saludar al Presidente de la
Asamblea, a la Mesa, a los portavoces y al Presidente de la Comunidad
Autónoma.
A este Senador le gustaría que esta Cámara de representación territorial
lo fuese más y se hubiera podido debatir y tomar decisiones, pero no que,
por el hecho de que no se modifique aquí lo que viene del Congreso de los
Diputados, la aprobación definitiva sea en ella.
De todas formas, quiero resaltar en este turno de portavoces que desde
Izquierda Unida apoyamos el consenso. Lo dijimos en el trámite de debate
en Comisión. Nosotros mantenemos el consenso que se alcanzó en la
Asamblea, cuando fue aprobada por unanimidad la proposición de ley, pero,
señorías, también decíamos --tendré oportunidad de volver a decirlo
cuando pase a defender las enmiendas-- que en el trámite de debate en el
Congreso de los Diputados se introducen algunas modificaciones que a
Izquierda Unida le llevan a plantear ese techo competencial al que se
había llegado por consenso, por acuerdo cuando se debatió la proposición
de ley en la Asamblea.
Señorías, valga, por tanto, como argumento, que estamos de acuerdo en que
esta reforma se haga con el mayor consenso, con la aprobación de todos
los grupos que componen esta Cámara, pero también, señorías, valga una
reflexión: quizá es el momento de apelar al Grupo mayoritario en esta
Cámara para que haga un esfuerzo por aceptar algunas de las enmiendas que
planteamos.
Tuvimos la oportunidad de exponer en la Comisión el porqué planteábamos
las enmiendas, que su señoría decía que hubiera sido necesario que no se
hubieran presentado para reforzar el consenso. No, señoría, no. Esas
enmiendas no rompen el consenso, lo refuerzan y hacen también una llamada
a que el techo competencial que se alcanza no pueda verse mermado con
alguna ausencia porque en un momento determinado en el debate que se tuvo
en la Asamblea se recogieran o no, por iniciativa también del Grupo
Parlamentario Popular, algunas de estas propuestas.
Eso no quiere decir, señorías, que otros Grupos no formularan otros
planteamientos, otras iniciativas. Eso quiere decir que en su momento
--como tendré oportunidad de reiterar después con la presentación de
nuestras enmiendas-- no se aceptaron porque el Grupo Popular no quiso,
manteniendo un criterio desigual al que se va a utilizar en la reforma de
otros Estatutos. Se utilizan, pues, criterios diferentes. Sería bueno que
en este momento se hiciera el esfuerzo de recoger todo lo que en su
momento se expuso en la Asamblea y que no se impida que sean necesarias
posteriores reformas.
Voy a detenerme expresamente en la cuestión de la creación de la figura
del Defensor del Pueblo. Sabe su señoría que cuando debatíamos en
Comisión decíamos que con esta figura no pretendíamos restar valor a la
reforma que se había hecho en la Comisión de Peticiones, así como a la
mejora de su funcionamiento. Reconocemos la mejora de su funcionamiento,
pero el hecho de mantener criterios diferentes sobre esta figura, que ya
se contempla en otros Estatutos que han entrado con posterioridad en las
Cortes Generales, no quiere decir que rompamos el consenso. Se podría
entender que se rompería más este consenso si no se recogiera la opinión
de una parte importante de la Asamblea, lo que supuso en su momento el
voto de Izquierda Unida y del Partido Socialista, cuando no se mantiene
el mismo criterio para otros Estatutos.
Asimismo, tuvimos oportunidad de debatir también cómo la figura del
Defensor del Pueblo controla la acción de gobierno cuando se asume un
techo competencial importante (competencias en educación, en sanidad,
etcétera) y como saben sus señorías, se disparan las quejas de los
ciudadanos, quienes tienen en él un importante referente en la defensa de
sus derechos.
Por eso, señorías, quiero resaltar en este turno de intervención que
Izquierda Unida respeta aquella proposición de ley que aprobó la Asamblea
por unanimidad y mantiene el consenso. Aquella proposición de ley que dio
paso a esta reforma es apoyada por Izquierda Unida. Las enmiendas que
hemos presentado pretenden reforzar --y tendré ocasión de decirlo una y
otra vez-- aquel consenso. Lo que manifestamos esta tarde es que, aunque
no fuese el Senado el que lo aprobara y tuviera que volver al trámite del
Congreso, pudieran ser recogidas aquellas cuestiones que fueron motivo de
ese consenso en la Asamblea.
Señorías --con esto termino--, quiero resaltar la importancia de la
aprobación de esta reforma, la importancia de la elevación del techo
competencial que se logra, la importancia que supone para la Región de
Murcia esta reforma, y quiero resaltar también, especialmente, la
importancia que supone el hecho de que todos los Grupos que componen la
Asamblea puedan sentirse partícipes de la misma, con todas sus
iniciativas, las que fueron aceptadas, las que han sido modificadas en el
trámite del Congreso o las que podríamos modificar esta tarde en el
Senado, para lograr una reforma que satisfaga a todos los planteamientos.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez
García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es para mí una gran satisfacción intervenir en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar su posición en relación a la reforma
del Estatuto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contenida
en el dictamen remitido por la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Y lo es para mí por una doble circunstancia. En primer lugar, porque a mi
condición de Senadora autonómica se suma el hecho de que soy Diputada de
la Asamblea de la Región de Murcia --cuya delegación nos acompaña,
encabezada por nuestro Presidente de la Comunidad y el Presidente
de la Asamblea, a quien también transmito un cordial saludo--, que ha
sido la artífice principal de la reforma. Y, en segundo lugar y lo más
importante, por el alto grado de consenso que se ha conseguido en dicha
Asamblea entre el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario
Socialista y el de Izquierda Unida.
Ese consenso que hemos mantenido en la tramitación en las Cortes
Generales con algunos matices, como acaba de exponer el señor Román
Clemente, alcanza en esta ocasión, y para mí como murciana, un valor muy
especial. En primer lugar, porque ha sido posible a pesar de las graves
diferencias que en esta legislatura separan al Grupo Parlamentario
Socialista a nivel regional y a nivel nacional del Popular en materia de
política autonómica, en segundo lugar, porque este valor en Murcia es un
bien escaso, diría casi tan escaso como el agua. Deben saber sus señorías
que el consenso alcanzado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista
para la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido el único acuerdo
alcanzado en estos últimos tres años de Gobierno Popular en la región de
Murcia. De ahí su valor. Su importancia trasciende a esa rareza y se
concreta, sin duda, en que la reforma del Estatuto de Autonomía que hoy
debatimos es la mejor reforma posible que en estos momentos cabe hacer,
pues creo que no hay un paso más firme, más acertado y más perdurable en
materia de política autonómica que aquel que se da desde el más alto
grado de consenso, tanto político como parlamentario.
Para el Grupo Parlamentario Socialista el paso que hoy damos aquí supone
un decidido avance en el proceso de autogobierno que los murcianos
iniciamos en el año 1979 gozando de un régimen preautonómico y, a partir
del 9 de junio de 1982, con la promulgación del Estatuto de Autonomía de
la Región de Murcia, cuyo contenido hoy ampliamos, tanto desde el punto
de vista competencial como institucional.
No puedo pasar sin hacer aunque sea una breve referencia a algunos de los
contenidos que en materia competencial e institucional con toda seguridad
aprobaremos en la tarde de hoy.
En el ámbito competencial, junto a algunas precisiones relativas a la
clarificación de títulos competenciales ya existentes, se asignan nuevas
e importantes competencias: unas con carácter exclusivo, como son la de
transporte marítimo, puertos, aeropuertos y helipuertos, que no tengan la
calificación de interés general, la coordinación de policías locales,
instituciones de crédito cooperativo público y territorial y cajas de
ahorro, denominaciones de origen y el régimen de la zona de montaña;
otras lo son de desarrollo legislativo y ejecución como las de régimen
local, colegios profesionales y ejercicio de profesiones tituladas,
cámaras agrarias, de comercio, industria, navegación, cofradía de
pescadores y consultas populares; no menos importantes son las de
ejecución, entre las que desde luego se asigna la gestión de la
asistencia sanitaria dependiente de la Seguridad Social, el nombramiento
de registradores de la propiedad, mercantiles, corredores de comercio,
así como también la participación en la demarcación de las zonas
correspondientes, la adscripción mediante un convenio de una unidad del
Cuerpo Nacional de Policía, la participación en la gestión del sector
público estatal --del que quede-- y también la ejecución de los planes de
implantación y reestructuración de sectores económicos.
En el ámbito institucional el señor Bascuñana ha puesto de manifiesto
alguna de las importantes modificaciones que hoy se producen, pero
permítanme que también brevemente resalte que algunas lo son en función
del propio ámbito competencial que abre y amplía este Estatuto de
Autonomía. De ese carácter podemos señalar el que se suprima con esta
reforma la limitación del límite de cuatro meses de actividad
parlamentaria por año parlamentario; el aumento, al que hacía referencia
el señor Bascuñana, de la horquilla del número de Diputados, y también la
eliminación de que los Diputados perciban retribución fija. Asimismo, se
incluye la potestad del Presidente para disolver la Asamblea, supeditando
el mandato de la nueva Cámara a lo que es la legislatura ordinaria; el
mandato de los Senadores se circunscribe al propio mandato de la
legislatura autonómica y también, y esto quería resaltarlo, se hace
posible que a la vez que se fija en el Estatuto la fecha de celebración
de las elecciones autonómicas se posibilite la coordinación que deben y
pueden hacer las Cortes Generales en relación al resto de consultas
electorales. Este ejemplo debía ser seguido por el resto de los Estatutos
de Autonomía del 143 que quedan por reformar, y que obvian el arduo
debate que tuvimos hace quince días escasos en este Pleno en relación con
la sintonía o no entre lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía y esa
potestad que fijaban las Cortes Generales a través de la Ley de Régimen
Electoral.
Como pueden apreciar sus señorías, las modificaciones introducidas en el
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia suponen un gran avance en el
fortalecimiento de sus instituciones y su autogobierno, elevan el nivel
competencial y nos acercan sin duda al techo competencial del que hoy
disfrutan otras Comunidades Autónomas. Mi Grupo Parlamentario quiere
resaltar que en este paso, en este avance, no nos guía el ánimo de
uniformismo ni el de unitarismo en relación con otras Comunidades
Autónomas. En el apoyo, en el consenso de esta reforma, nos guía el ánimo
de afrontar nuevos retos, nuevas responsabilidades que nos van a
permitir, desde la proximidad a la realidad regional, dar más y mejores
servicios públicos a nuestros ciudadanos, así como puntos de apoyo
sólidos donde defender mejor sus intereses y hacer posible la
conciliación de los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia
con los intereses de los ciudadanos del resto de España.
Sin duda, el primer reto que debe afrontar en este caso el Gobierno
regional será el de acometer los traspasos contemplados en estas
competencias y el de su necesaria financiación, pero ahora no voy a
hablar de eso, pues son cosas que nos separan, no que nos unen, y hoy
estamos haciendo gala de ese consenso.
Quiero resaltar que para el Grupo Parlamentario Socialista esta reforma
supone, como antes decía, un gran avance, pero no un fin en el desarrollo
autonómico de la región de Murcia que, sin duda, como otras Comunidades
Autónomas, conocerá de posteriores impulsos en el futuro que requerirán
también de un amplio consenso, como
exige el modelo autonómico que perfila nuestra Constitución. Como tal
avance, lo apoyamos, y en ese sentido manifiesto el voto favorable del
Grupo Parlamentario Socialista, sin que ese apoyo y ese consenso,
señorías, sufran merma alguna por el mantenimiento de la enmienda que
defenderemos a continuación ni tampoco lo sufran por el apoyo que vamos a
ofrecer a dos de las enmiendas que mantiene y va a defender el Grupo
Parlamentario Mixto a través del señor Román Clemente. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, con la brevedad que la tarde de hoy requiere y por
cortesía parlamentaria, para agradecer, tanto al representante de
Izquierda Unida, Grupo Mixto, como a la del Grupo Parlamentario
Socialista, su total consenso, su total unanimidad a favor de esta
reforma que hoy se debate aquí.
Resumiría la intervención de los dos portavoces diciendo que ha venido a
ser como un turno a favor y, por tanto, quiero expresar mi
agradecimiento.
Quiero resaltar que, en efecto, las diferencias en política autonómica
son mínimas, pero que el afán de consenso y la generosidad del Grupo
Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia han dado lugar a
que, tanto el Estatuto que llegó al Congreso de los Diputados como el que
llega hoy a esta Cámara haya podido ser debatido y consensuado y
--digamos-- mejorado, como hoy vemos aquí.
En relación con las enmiendas, que no son realmente de adición, debo
decir que, como comentaba el Senador del Grupo Parlamentario Mixto, nos
va a ser difícil aceptarlas, por la simple razón de que no han sido
propuestas por el Parlamento autonómico, sino que han sido presentadas en
el Senado.
Quiero agradecer sinceramente el consenso demostrado. Hoy va a ser un día
de fiesta para Murcia, porque por fin vamos a tener nuestro Estatuto de
Autonomía reformado y con aquellas competencias que todos habíamos
deseado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
Pasamos al debate del articulado. En primer lugar, se debatirá el voto
particular número 2, del Senador Román Clemente, que corresponde a las
enmiendas números 1 a 14, ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a pasar a defender las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado
en este trámite.
Decía en la anterior intervención, señorías, que la reforma del Estatuto
de Autonomía, que tuvo origen en una proposición no de ley que fue
aprobada por unanimidad, nos lleva a tratar de recuperar el consenso que
inspiró aquella unanimidad. No se trata de introducir en este trámite, en
el Congreso y en el Senado, posiciones diferentes a la que aprobó la
Asamblea en aquel momento; se trata de recuperar el techo competencial
que la Asamblea estableció.
Les puedo poner un ejemplo: las modificaciones al consenso que se
establecen en el trámite de debate en el Congreso de los Diputados
minorando las competencias en régimen local. Cuando debatimos en Comisión
esa minoración de competencias, yo tuve la oportunidad de manifestar las
características específicas de la Región de Murcia. Sabe su señoría que
en 1991 ya se trató de modificar el régimen local y conoce las
dificultades que hubo en aquel momento. Nos llevaban a una reforma de la
Ley del régimen local. Su señoría sabe que, por ejemplo, para el
Ayuntamiento de Murcia, con 52 pedanías, el hecho de reforzar las
competencias y otorgar una elección directa de junta vecinal de pedáneos,
nos llevaría a una reforma del régimen local, como establecieron los
servicios jurídicos. Ese era un buen momento, señorías, tal como
estableció la Asamblea, de recuperar, desde unas competencias en
exclusiva, la potestad de legislar, de dotar de competencias a las
pedanías, de darles la posibilidad de elección directa, de poder elegir
la junta vecinal y de poder elegir los pedáneos.
Señorías, estamos hablando de unas características específicas de la
Región de Murcia y que aprobó la Asamblea por unanimidad. Estamos, por
tanto, restituyendo el techo competencial que se estableció en aquel
momento. No estamos imponiendo otro tipo de características diferentes a
las que se aprobaron en aquel consenso para aquella proposición de ley
que motivó esta reforma, señorías.
En el trámite del Congreso de los Diputados, mi compañero y amigo, Pedro
Antonio Ríos --también presente hoy aquí--, decía que el contenido de las
catorce enmiendas que presentábamos tenía tres bloques. Un primer bloque
que trataba de recuperar las competencias exclusivas que se alcanzaron en
aquel consenso, en aquel acuerdo; un segundo bloque que trataba de pasar
competencias en régimen de ejecución a competencias en régimen de
desarrollo legislativo y, un tercer bloque, que trataba sobre el Defensor
del Pueblo.
Señorías, es necesario --nosotros así lo entendemos-- que, para dar
cumplimiento a aquel consenso --porque no estamos actuando en contra de
ninguna decisión adoptada por la Asamblea, sino reforzando aquel consenso
y aquella unanimidad--, recuperemos las competencias que fueron aprobadas
como exclusivas.
Nos referíamos, por ejemplo, a que el hecho de tener competencias en
sanidad e higiene o en montes y vías pecuarias significa que, con la
elevación del techo competencial, esta Comunidad adquiere una capacidad
para poder intervenir, para poder legislar, para poder dotarse de
instrumentos propios y para reforzar su capacidad de autogobierno.
Señorías, también quiero aprovechar este trámite para decir que votaremos
favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Socialista, como ya
hicimos en Comisión.
Quiero pasar a defender la razones por las que hemos presentado estas
enmiendas sobre el Defensor del Pueblo. Hablando de coherencia, el que
les habla --que es Senador en representación de la Comunidad Autónoma
andaluza-- tuvo la oportunidad de decir a sus compañeros del Grupo
Popular que sería impensable imaginar que se renunciara, por ejemplo, a
la figura del Defensor del Pueblo. Estamos construyendo un Estado que no
se hace a empujones, señorías. Queremos reconocer los hechos
diferenciales pero, desde luego, no el hecho diferencial de no tener la
figura del Defensor del Pueblo, señorías. Es difícil justificar que en
reformas de estatutos de autonomía, como el Estatuto de Cantabria o el de
las Islas Baleares, se reconozca por parte de su grupo la figura del
Defensor del Pueblo. No es incoherente plantear en este trámite la
necesidad de la figura del Defensor del Pueblo, y tuve la oportunidad de
demostrar a su señoría que no es menosprecio hacia esa Comisión de
Peticiones de la Asamblea de Murcia; significa que con el techo
competencial que alcanza la Región de Murcia, la defensa de los derechos
de los ciudadanos encarnada en la figura del Defensor del Pueblo adquiere
una especial significación. No estamos en contra de las decisiones
adoptadas por la Asamblea, ni mucho menos. Desde Izquierda Unida apoyamos
y reforzamos esas decisiones, pero entendemos, señorías, que no se
construye un Estado desde esta diferenciación de criterio. El que el
Grupo Parlamentario Popular apoye la existencia del Defensor del Pueblo
en otras comunidades ynolo haga para Murcia --con el mismo techo
competencial, e incluso si me apura su señoría con más habitantes-- no
tiene mucha lógica.
Por eso, hago una llamada en este momento al Grupo Parlamentario Popular:
¿por qué no apoyan sus señorías estas enmiendas? ¿Por qué no dotar de la
figura del Defensor del Pueblo? Es una decisión que adopta la Asamblea y
nosotros la respetamos, pero no olvide su señoría que es una resolución
que adopta por la decisión de su Grupo, del Grupo del Partido Popular, y
que es contraria a la que va a adoptar en la reforma de otros estatutos
de autonomía.
Para ir concluyendo, señorías, quiero resaltar lo que decía en mi primera
intervención. Hoy podemos felicitarnos del alto grado de consenso en las
reformas --reformas que desde Izquierda Unida pedimos que se apliquen
para la próxima legislatura y no se demoren, como la ampliación del
número de Diputados, la reforma electoral, la reforma del Reglamento-- y
por ese sentido del consenso, por ese apoyo que dimos en la Asamblea de
Murcia, por esta necesidad de aprobar la reforma, nosotros vamos a votar
el contenido, aunque pediremos votación separada de lo que creemos que
debe ser recuperar ese techo competencial, de acuerdo con lo que se dijo
en su momento en la Asamblea de Murcia. Apoyaremos el dictamen final,
señorías, pero desearíamos que por parte de su grupo, que ha apelado a la
generosidad en el trámite de discusión en la Asamblea, se
apoyaraalgunadeestasenmiendasque estamos planteando sobre la figura del
Defensor del Pueblo y sobre el hecho de recuperar competencias exclusivas
en materia de régimen local.
Señorías, las características de Murcia y la necesidad de la defensa de
los derechos de los ciudadanos serían más que suficiente para apoyar
estas enmiendas. Con ello --quiero que lo entienda bien su señoría-- no
se minaría en absoluto el consenso, no se minaría en absoluto el apoyo
que damos a esta reforma, no se minaría en absoluto el apoyo al techo
competencial que adquiere la Región de Murcia y, por contra, señorías,
estaríamos reforzando que todos los grupos de la Asamblea de Murcia
vieran recogidas sus peticiones y no tuviéramos que vernos abocados a
posteriores reformas por no haber querido actuar en un momento
determinado, en este momento, en este trámite en el Senado. No se
preocupe su señoría de que no sea en el Senado donde se apruebe
definitivamente; con la reforma de esta Cámara tendremos la oportunidad
de hacer que leyes como ésta tengan su carácter esencial, previo a su
debate y su aprobación, en una Cámara de representación territorial como
es el Senado desde el comienzo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
Voto particular número dos, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a la enmienda número 15.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
En mi intervención anterior afirmaba que la defensa de esta enmienda en
Pleno por el Grupo Parlamentario Socialista no merma --así lo entendemos
nosotros-- el grado de consenso alcanzado en el dictamen de la Comisión.
Pero no lo decía como pura formalidad, sino porque entendemos, señoría,
que la enmienda de adición que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, concretamente, al artículo 11, está enraizada fuertemente en
la propia voluntad de la Asamblea Regional de Murcia que en esta
modificación del Estatuto de Autonomía, en su artículo 8, la Comunidad
Autónoma mandata a que preste una especial atención al derecho
consuetudinario de la región con particular referencia a los tribunales
consuetudinarios y tradicionales en materia de agua.
Esa es la inequívoca voluntad del Legislativo murciano. La enmienda que
defiendo no tiene otro objeto y carácter que complementar a la misma
dotando a la Comunidad Autónoma de un título competencial que haga
posible que ésta pueda cumplir el mandato que recibe primero desde la
Asamblea Regional y ahora a través de las Cortes Generales. Si no tiene
ningún título competencial, ¿cómo va la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a cumplir con carácter ordinario o extraordinario las funciones
de tutela, vigilancia y cuidado que se le están exigiendo? Esta es,
señorías, la única finalidad de esta enmienda. Esta Cámara ha sido
sensible a esta problemática y como, además, estamos tramitando que se
reconozca al Consejo de Hombres Buenos como tribunal consuetudinario,
entendemos
que, precisamente, este mandato va dirigido especialmente a este tribunal
que será reconocido de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución.
Yo puse de manifiesto la necesidad de esta reforma, cuando debatimos la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Decía yo entonces que era
necesario hacer posible la reforma de algunos contenidos del
procedimiento que son hoy por hoy disfunciones que se producen en los
juicios que celebra este Consejo, especialmente el de limitar con nitidez
la firmeza de su fallo, ya que existe un vicio grave que ya fue detectado
por Ruiz-Funes cuya subsanación recomendaba desde antiguo una real orden
de enero de 1881. Señalaba entonces en esta Real Orden Su Majestad,
dirigiéndose al Gobernador de Murcia, la conveniencia de que éste
reformara las ordenanzas de manera que los juntamentos conservaran la
libertad de acción y armonía con la ley --la ley eran estas propias
ordenanzas-- suprimiendo la intervención del ayuntamiento en los fallos
del Consejo de Hombres Buenos.
Señoría, el ayuntamiento de Murcia ha dejado de intervenir en este
procedimiento de «motu proprio», de forma unilateral, pero sigue siendo
una asignatura pendiente el regular, precisamente, la firmeza de su fallo
y resolver --como digo-- los temas de segunda instancia. Con eso daríamos
respuesta a las incertidumbres que en estos momentos existen para muchos
litigantes y profesionales y descargaríamos a órganos jurisdiccionales
ordinarios de muchos asuntos en esta materia.
Entendemos, señoría, que la petición de incorporar este título
competencial en el Estatuto de Autonomía tiene total y pleno amparo en el
artículo 149.1.6ª de la Constitución, a cuyo tenor se reconoce la
posibilidad ilimitada de las Comunidades Autónomas de tener competencia
en materia de legislación procesal. Dice, precisamente, que las
Comunidades Autónomas podrán tener competencia en materia de legislación
procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las
Comunidades Autónomas.
Para nosotros, señoría, es obvio que estas particularidades se dan en el
Derecho de Agua de la Región de Murcia. Es tan obvio que, precisamente,
para la aplicación de este derecho sustantivo se recoge un derecho
adjetivo o procesal y la existencia de un tribunal propio para que las
aplique. Esto es así desde que se aprobaron las ordenanzas por Real
Decreto de 30 de agosto de 1849.
En su trámite, en Comisión, el Grupo Parlamentario Popular negaba el
carácter sustantivo de este Derecho de Agua de la Región de Murcia y lo
hacía por entender que el derecho sustantivo a que hace referencia este
apartado de la Constitución sólo está referido al Derecho Foral.
Desconozco, realmente, la argumentación en que se basa tal afirmación. Lo
que sí puedo decirle es que esta interpretación choca frontalmente no
sólo con la opinión jurídica sentida desde antiguo y en la actualidad en
Murcia por todos los entendidos y jurisconsultos (Díaz Cassou, Joaquín
Cerdá Ruiz-Funes, Mariano Ruiz-Funes y también el joven doctor Fernando
Castillo), sino que también choca con la más asentada doctrina procesal
postconstitucional. El Grupo Parlamentario Socialista estima que el
contenido de las ordenanzas de la huerta es un derecho sustantivo, se
atiene al contenido del artículo 149.1.6ª y que ello no merma el carácter
consuetudinario de las normas.
Saben sus señorías que, precisamente, en derecho procesal la costumbre es
mirada con lupa por los procesalistas. Sin embargo, y después de la
Constitución, hay procesalistas como Jaime Guasp que afirman de una forma
rotunda que no se puede negar el valor de la costumbre como fuente del
derecho procesal civil, porque hoy en día en ningún ordenamiento jurídico
puede excluirse a la costumbre como núcleo de fuente de producción. Si
además se da el caso, como sucede en esta legislación de Murcia, de que
existe esa «opinio iuris» --que es lo que los procesalistas siempre
demandan que no existe en las costumbres procesales como fuentes del
Derecho--, nos encontramos, señorías, con un supuesto que, como digo,
casa de forma completa y absoluta en las previsiones constitucionales.
Por ello, señorías, pedimos el apoyo a esta enmienda, que va a
posibilitar que la Comunidad Autónoma pueda prestar la atención debida al
derecho consuetudinario y también de forma especial a perfilar el
funcionamiento del Consejo de Hombres Buenos.
Creo que la asunción de este título competencial merece que se alargue,
sin duda, por qué no, un mes más, la tramitación de la reforma del
Estatuto de la Región de Murcia porque, señorías, ¿cuándo lo vamos a
volver a reformar? (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Martínez García.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno en contra quisiera comenzar, no por descortesía
parlamentaria sino por haber sido la última intervención, refiriéndome al
voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectivamente, tal y como debatimos en la Comisión General de Comunidades
Autónomas, la enmienda pretende incorporar un nuevo apartado al artículo
11, referente al desarrollo legislativo, a fin de atribuir a la Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de especialidades de la
legislación procesal que pudieran derivarse de la peculiaridades del
derecho consuetudinario. Para la defensa, y como argumentos, la Senadora
ha basado toda su exposición en el artículo 149.1.6ª de la Constitución.
Señorías, el artículo 149.1.6ª de la Constitución, como le comentaba en
la Comisión, reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación procesal, añadiendo que dicha reserva lo es sin perjuicio de
las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Por
tanto, pensamos que dicha excepción a la referida competencia exclusiva
del Estado hay que entenderla en el sentido de que las citadas necesarias
especialidades
procesales habrán de operar no en todas las Comunidades sino únicamente
en aquéllas que posean instituciones de Derecho Foral o especial que no
existan de Derecho Común.
Podría corroborar lo anteriormente dicho hablando de que en Aragón la
competencia es exclusiva, en las Islas Baleares está en desarrollo
legislativo y ejecución; en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en la
Comunidad Valencia, es exclusiva; en Murcia es diferida y en relación con
el Derecho consuetudinario, y que todas las Comunidades Autónomas de la
vía de desarrollo del artículo 143 de la Constitución que poseen Derecho
Civil especial o propio tienen estatutariamente competencia para dictar
normas particulares con carácter procesal que se deriven de estas
peculiaridades.
Por tanto, estamos convencidos --y así lo entendemos-- de que no procede
esta enmienda.
En cuanto al voto particular del Grupo Mixto, agradezco sinceramente el
consenso que ofrece, aunque también es de significar que es un consenso
con 14 enmiendas, todas ellas presentadas, debatidas en Comisión y
mantenidas vivas para Pleno. Las 14 enmiendas, que, como le comentaba,
todas ellas han sido presentadas, debatidas y rechazadas, tanto en la
Asamblea Regional como, posteriormente, en el Congreso de los Diputados
y, últimamente, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas,
usted las enmarcaba en tres grandes grupos: un primer grupo que podríamos
decir que va de la enmienda número 1 a la número 8, donde, entre otras
cosas, se habla del régimen local, pero que, según nuestro punto de
vista, alteran los criterios relativos a las competencias de la Comunidad
Autónoma, y esto, como ya hemos explicado, de aprobarse, podría plantear
conflictividad con el artículo 149.1, en sus Reglas 16ª y 23ª, de nuestra
Constitución.
Además, debo significarle que son unas enmiendas consensuadas en el
Congreso de los Diputados, no solamente por el grupo mayoritario sino
también por el resto de los grupos parlamentarios.
El segundo grupo estaría compuesto por la enmienda número 10, que plantea
un cambio de competencias en contra del Ejecutivo y a favor de la
Asamblea. Es necesario señalar que desde Izquierda Unida se está abogando
por una política intervencionista, que no es el deseo expresado por la
Asamblea Regional. Asimismo, las enmiendas números 12 y 13 modifican
criterios generales de coordinación de las convocatorias electorales. Hay
un tema que no ha sido resaltado aquí, pero yo sí quisiera hacer un breve
comentario. En cuanto a la enmienda número 11, relativa a la
circunscripción única, sus señorías deben saber que con fecha 17 de julio
del pasado año 1997 en la Asamblea Regional, en nuestro Parlamento
Autonómico se produjo un debate al respecto, cuyo resultado fue el
rechazo tanto por parte del Grupo Parlamentario Socialista como por parte
del Grupo Parlamentario Popular, y ese rechazo fue expresado por un 91,2
por ciento de las fuerzas representadas en nuestra Asamblea Regional. Si
la Asamblea, en su gran mayoría, lo ha rechazado, su señoría no puede
pretender que desde el Senado, desde esta Cámara territorial, donde se
han respetado siempre, con el máximo rigor, los acuerdos de los
Parlamentos autonómicos, se apruebe algo que la propia Asamblea Regional
ha rechazado.
En cuanto a las enmiendas números 9 y 14, relativas a la figura del
Defensor del Pueblo, es un tema excesivamente tratado, pero no por ello
quiero dejar de manifestar algún matiz. Como bien sabe su señoría, la
figura del Defensor del Pueblo no aparece contemplada en la Preposición
de Ley remitida por la Asamblea Regional. Esta figura está vinculada
directamente a las Cámaras legislativas con el fin de defender los
derechos fundamentales de las personas, y la Asamblea Regional ha
considerado que esos derechos están suficientemente defendidos por la
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. No hace mucho, esta
Comisión, además, asumió mayores competencias, otorgadas por unanimidad
de todos los grupos políticos.
Como sabe su señoría, no todas las Comunidades Autónomas tienen recogida
la figura del Defensor del Pueblo. La coherencia del Partido Popular es
mantener que cada Parlamento autonómico es el que debe decidir sobre la
persona, la figura del Defensor del Pueblo, o algo similar, como así
ocurre en la Asamblea Regional de Murcia. Debe ser el propio Parlamento
autonómico el que decida cómo debe ser esa figura para defender sus
derechos fundamentales. Pero no quiera su señoría, aquí, en esta Cámara,
algo, con lo que, efectivamente, no está de acuerdo el Grupo
Parlamentario Popular --y, recuerde, es el grupo mayoritario, es la
representación del pueblo de Murcia la que no ha querido que exista esa
figura--, y que queramos desde aquí, desde el Senado, imponer a una
Asamblea, a un Parlamento autonómico algo que ella ha dicho que no
quiere. Creo que es suficiente argumento. El Parlamento autonómico tiene
efectivo su control. No queramos nosotros, mediante una enmienda, y más
todavía en ley orgánica, imponerles algo, porque creo que no es de
justicia.
De todas formas, y con el máximo respeto, tanto hacia la enmienda como al
voto particular, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, tengo que decir que lamento
enormemente que no podamos aceptar ninguna de las enmiendas, aunque sé de
la buena voluntad en ellas expresada y también, como han dejado
constancia sus señorías, del consenso que vamos a tener posteriormente
para la aprobación final de esta ley que, en definitiva, es la expresión
y el deseo del pueblo de Murcia.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho antes: la
presentación de las enmiendas refuerza ese consenso.
Su señoría dice que la Asamblea no incorporó en la proposición de ley la
figura del Defensor del Pueblo, cierto; pero la Asamblea incorporó en la
proposición de ley un techo competencial diferente, que fue modificado en
el Congreso, también cierto. Por tanto, ambos trámites se han dado en
este proceso en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Su
señoría no debe preocuparse, desde Izquierda Unida no queremos hacer un
planteamiento intervencionista. Lo que hemos querido con las enmiendas es
compensar un equilibrio más entre el Gobierno, el Consejo de Gobierno y
la Asamblea, reforzar los poderes de la Asamblea. No queremos con ello
hacer una Asamblea intervencionista. Por otra parte, tampoco queremos,
señoría, que a la hora de hablar de la disolución sea una disolución de
la Asamblea delegada, acotada en el tiempo, que tenga una limitación. Por
eso pretendíamos y planteábamos una modificación.
Pero me quedo con la parte positiva, señoría, vuelvo otra vez al consenso
que motivó la proposición de ley, y estas enmiendas quieren reforzar ese
consenso. Con estas enmiendas queremos decir: reforzamos el consenso que
se produjo en el debate de la proposición de ley en la Asamblea de
Murcia, recuperando las competencias. Reforzamos el consenso que se
produjo en aquel momento, en contra del trámite que se establece en el
Senado, donde se baja el techo competencial. Y, señorías, reforzamos la
coherencia en torno al tema del Defensor del Pueblo. Su señoría dice: el
grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, con la generosidad que
tuvo en el debate de la proposición de ley en la Asamblea, se opuso a la
existencia del Defensor del Pueblo. Señoría, de acuerdo, es una decisión
que adopta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia, pero
nosotros queríamos decir al Grupo Popular --no a la Asamblea de Murcia,
no queremos imponer desde aquí nada a la Asamblea de Murcia; al
contrario, queremos reforzar aquel consenso--: si ahora, en la reforma de
Estatutos que se está produciendo con posterioridad a la entrada en vigor
del Estatuto de la Región de Murcia, se está planteando la necesidad del
Defensor del Pueblo, por ejemplo, en Cantabria, ¿por qué el Grupo
Parlamentario Popular no quiere un mismo criterio? ¿Por qué no sirve el
mismo criterio? ¿Por qué, señorías, no se puede adoptar un criterio en la
construcción de este Estado que es necesario que no hagamos a empujones?
(Rumores.)
Su señoría habla de las decisiones que adoptó la Asamblea de Murcia, y es
verdad que nosotros las respetaremos. Por eso, señorías, cuando en el
trámite de Comisión debatimos esta cuestión, yo pedí votación separada
del artículo Unico y de los artículos 10 y 11. Y nosotros votamos en
aquel momento en contra de esas competencias que, en un ámbito de
consenso en aquella proposición de ley, se adoptó en la Asamblea de
Murcia, y que en el trámite del Congreso se echó para atrás, se minoró.
Pues bien, hoy, señorías, para avanzar más en ese consenso, no vamos a
votar en contra de eso sino que pediremos votación separada de algunos
apartados del artículo 11, pero nos abstendremos en la votación porque
consideramos que reforzar el consenso es volver a recordar aquel acuerdo
que se produjo en torno a la proposición de ley en la Asamblea de Murcia,
y también porque creemos que no reduce el consenso el hecho de que exista
la figura del Defensor del Pueblo. Es todo lo contrario. Y también quiero
decir que la reforma de la Comisión de Peticiones que se ha hecho, que el
funcionamiento de dicha Comisión también lo valoramos positivamente.
(Fuertes rumores.)
Pero entendemos, y así lo hemos planteado en estas enmiendas, que sería
bueno que se dotara la figura del Defensor del Pueblo, y que también
sería bueno, señorías, que incluso en un posible cambio de correlación de
fuerzas en la Asamblea de Murcia no tuviéramos que vernos abocados a una
nueva reforma para poder establecer la figura del Defensor del Pueblo.
Aprovechemos, pues, el trámite. (Rumores.)
Señoría, quiero decir con el mayor de los respetos, y a pesar de que
algunos de sus compañeros empiecen a cansarse de las intervenciones, que
considero que la reforma del Estatuto de la Región de Murcia merece que
algunos de sus compañeros presten, al menos, el respeto y la atención
debidos a los portavoces que estamos interviniendo. No es mucho esfuerzo
el que les pido a algunos de sus compañeros. Quizá, que no les salga la
vena un poco autoritaria que algunos de ellos llevan por dentro. (Fuertes
protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señorías, lo que les estoy pidiendo, por favor,
es el respeto a los argumentos que estamos planteando, y desde el respeto
estamos interviniendo. No quisiera, señorías, que cuando en este momento
se está debatiendo un tema de tan trascendental importancia para la
Región de Murcia, alguien considere que con sus gestos puede alterar o
menospreciar las posiciones de otros grupos. (Rumores.)
Termino ya mi intervención, Senador Bascuñana. Reforzamos el consenso y
recuperamos aquel entendimiento que produjo la proposición de ley. Y con
el planteamiento que hacemos en nuestras enmiendas, a pesar de que éstas
sean rechazadas, queremos decir, señoría, que hoy es un buen día para la
Región de Murcia. La aprobación de la reforma de su Estatuto y su puesta
en funcionamiento pueden significar el ejercicio de su techo
competencial, cosa que hoy es motivo de que Izquierda Unida se sienta
satisfecha.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Iba a consumir este turno desde el escaño dada la brevedad de mi
intervención, pero hoy, por respeto y por cortesía parlamentaria hacia
los invitados que nos acompañan, el Presidente de la Región de Murcia y
el Presidente de su Asamblea, así como algunos compañeros parlamentarios,
lo hago desde esta tribuna.
Quiero anunciar nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión sobre
la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
como no podía ser de otra forma debido a una serie de razones que ya
tuvimos ocasión de manifestar en el trámite de Comisión.
En primer lugar, por nuestra profunda convicción autonomista. Esto sólo
podía ser así en una coalición formada por dos Partidos nacionalistas,
por entender, desde nuestro punto de vista, que las naciones y regiones
que constituyen el Estado español tienen derecho a disponer de los
mecanismos que ellas entienden precisar para su autogobierno, cuestión
ésta que, indudablemente, es la mejor manera de poder solucionar con
eficacia y con eficiencia los problemas de sus ciudadanos.
En segundo lugar, por solidaridad, en este caso con la Región de Murcia y
con su máxima representación popular, es decir, con su Asamblea,
solidaridad que, naturalmente, empieza por el máximo respeto hacia su
voluntad, expresada ésta desde el inicio de todo este trámite en las
Cortes Generales.
En tercer lugar, por el convencimiento de que la construcción del Estado
de las Autonomías que consagra la Constitución no es, en modo alguno, un
proceso cerrado, sino un proceso abierto en permanente y constante
evolución; aunque, naturalmente, hasta los límites que permite la
Constitución española.
En relación con las enmiendas hemos de manifestar que nos vamos a
abstener. Y lo hacemos, precisamente, como un ejercicio más de máximo
respeto hacia la voluntad mayoritaria de los representantes de la Región
de Murcia y, en definitiva, de su Asamblea, en sus dos vertientes: tanto
la institucional, como la competencial. Cada Comunidad Autónoma tiene que
dotarse de los instrumentos necesarios para poder hacer frente a ese
máximo objetivo con el que seguramente todos estaremos de acuerdo, y que
consiste en intentar solucionar en la medida de nuestras posibilidades
los problemas de los ciudadanos a los que representamos.
Sin embargo, permítanme hacer una reflexión. Todos manifestamos nuestra
satisfacción y entusiasmo ante estos procesos de reforma de Estatutos.
Dichas reformas tienen por objeto, precisamente, que se cumplan esos
Estatutos, y para ello es necesario, en primer lugar, llenarlos de
contenido. Por tanto, después de este proceso, ésa será la primera tarea
que tendrá que afrontar la Asamblea de la Comunidad de Murcia. Pero nada
nos congratularía más que esa satisfacción, expresada con convicción en
estos casos, también se trasladara a aquellos procesos en los que se
trata de cumplimentar Estatutos de Autonomía aprobados ya hace años y que
aún tienen un relativo alto grado de competencias a transferir, cuando es
voluntad de los Gobiernos autonómicos correspondientes recibirlas cuanto
antes. Y espero que sus señorías comprendan que no podía ni debía dejar
pasar la oportunidad de hacer esta reflexión en este trámite de una
reforma estatutaria --en este caso, del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia--, y en la Cámara de representación territorial.
Por lo visto y oído esta tarde durante la intervención de los portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, hoy finaliza este trámite.
Sólo nos queda, pues, reiterar nuestra felicitación a la Región de
Murcia, personalizada en los dignísimos representantes que hoy nos
acompañan, con la seguridad de que este proceso será positivo para sus
ciudadanos, y con el deseo de que a esta reforma estatutaria le siga una
segunda fase --llenarla de contenidos-- y que sea un instrumento eficaz
para la consecución de los fines que se proponen, que estoy convencido
que están en el ánimo de las personas que nos acompañan, así como en el
de todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Por razones de cortesía intervengo desde la tribuna, pero lo haré con la
misma brevedad que desde el escaño.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo manifestado por el Senador
Román Clemente a la enmienda mantenida por el Grupo Socialista. En cuanto
a nuestra posición sobre las catorce enmiendas que su señoría ha
mantenido en este debate, diré que, en coherencia con la postura
manifestada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Grupo
Parlamentario Socialista va votar a favor de las números 9 y 14,
referentes al Defensor del Pueblo. Y lo hacemos con un absoluto respeto
hacia la posición del Grupo Parlamentario Popular mantenida en la
Asamblea regional, pero también manteniendo la coherencia que el Grupo
Parlamentario Socialista ha puesto de manifiesto en la Asamblea regional,
en el Congreso, y ahora, en el Pleno de esta Cámara.
No creo que estuviera de más hacer algunas matizaciones, pero dada la
hora en que nos encontramos, y la urgencia que sé que tienen muchos
Senadores --fundamentalmente, masculinos-- por atender esta tarde a una
obligación ineludible, voy a resumir las argumentaciones que el Grupo
Socialista dio en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, tanto
en relación con las enmiendas del Grupo Mixto que vamos a apoyar, como
con aquellas que vamos a rechazar, para las cuales ya he anunciado
nuestro voto negativo.
En relación con la posición mantenida por el Grupo Parlamentario Popular,
es evidente que no concuerda la interpretación que sobre el alcance del
artículo 149.1.6 hacemos uno y otro. Yo, realmente, no alcanzo a
comprender con qué argumentación, con qué base doctrinal o
jurisprudencial se asemeja lo que es Derecho sustantivo a Derecho foral.
El primero es mucho más. No entiendo que se dude
del carácter sustantivo del Código de Aguas de Murcia, procedente del
siglo XV, escrito desde 1849. Tampoco entiendo que el Derecho
consuetudinario no sea sustantivo, señor Bascuñana.
Desde luego, no voy a entrar en más argumentaciones, pero si la Comunidad
Autónoma de la región de Murcia tiene que hacer dejación de esta
competencia y la Comunidad Autónoma no puede cumplir con el mandato que
ha recibido de la Cámara regional y de las Cortes Generales, será
preciso, y así lo anuncio, que el Grupo Parlamentario Socialista presente
una proposición de ley ante las Cortes Generales que regule las
especialidades del proceso especial que tenemos y del Tribunal
consuetudinario que tenemos, de acuerdo con el artículo 125 de la
Constitución Española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Román Clemente, yo creo que, con el máximo respeto, todos mis
compañeros le estaban escuchando y atendiendo en lo fundamental de esta
tarde, que es la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la
región de Murcia, que para todos, a pesar de las prisas que podamos
tener, es muy importante y todos lo sentimos.
Yo creo, señor Román Clemente, que usted ha equivocado esta tarde el foro
parlamentario. Yo no voy a entrar en las razones de por qué sí y por qué
no a la figura del Defensor del Pueblo, puesto que ha sido ampliamente
debatido donde debe serlo, en el Parlamento Autonómico murciano. Y éste
no es el lugar para dar la razones, puesto que allí ya se ha debatido y
rechazado, y es el Parlamento Autonómico murciano el que, con toda su
legitimidad, ha dicho que no lo quieren y, por tanto, no intentemos darle
más vueltas ni imponer algo a lo que un Parlamento ha dicho claramente
no, no. Y creo que volver a debatir algo en todo el proceso, tanto en el
Congreso de los Diputados como aquí en la Comisión y ahora en el Pleno
dos veces, no tiene sentido. Siempre se han respetado desde esta Cámara
todos los acuerdos de Parlamentos Autonómicos. Respetemos también el de
la Comunidad Autónoma murciana. Y si hay que debatirlo, que sea en el
foro de la Asamblea regional de Murcia donde se haga, porque ellos deben
ser, y yo me pongo también como Diputado regional, debemos ser los que
veamos la conveniencia o no de tener la figura del Defensor del Pueblo.
Creo que es suficiente argumento.
En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, quisiera
agradecerle muy sinceramente el apoyo, pero también haría una pequeña
reflexión: ustedes basan su abstención en cuanto que no quieren entrar a
debatir algo que el Parlamento murciano ha asentido, debatido o acordado.
Pienso --y sólo es una reflexión-- que si es así su argumentación, lo más
lógico sería que estuvieran de acuerdo y que votaran el texto que ha
venido consensuado del Congreso de los Diputados. Ese sería, desde mi
punto de vista, el sentido más claro y, por tanto, no merece abstención,
sino que como el texto procedente del Congreso de los Diputados es el
mismo de la ponencia y el mismo que se aprueba aquí, su voto debe ser
favorable y, en ningún momento, de abstención.
Con el máximo respeto, señora Martínez, estoy totalmente de acuerdo con
usted en aras a ese consenso. Y nuestro Grupo Parlamentario, tanto en la
Asamblea regional, como, posteriormente, en las Cortes Generales no va a
tener ningún problema sino que, al contrario, le insta a usted a que
presente esa proposición de ley en la Asamblea. Y que sea en la Asamblea
regional, que sería lo más lógico, donde se debata, y que sea la propia
Asamblea quien la remita a las Cortes Generales. Estaríamos dispuestos a
tratarla y a estudiarla con ustedes.
Por último y con el máximo respeto hacia todas las enmiendas, tanto de
Izquierda Unida, como del Grupo Parlamentario Socialista, pido el voto en
contra de estas enmiendas y, lógicamente, también pido a todas sus
señorías el voto favorable para que la Proposición de Ley Orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia sea aprobada y
se dé, así, un paso adelante en la reforma de este Estatuto, que todos
ansiamos y deseamos en esta tarde.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bascuñana. (El señor Cardona i Vila
pide la palabra.)
Senador Cardona, ¿para qué me pide la palabra?
El señor CARDONA I VILA: Por el artículo 87, pero es por una aclaración.
Creo que el Senador Bascuñana no ha entendido bien. Hemos dicho que
votaríamos a favor del texto y que nos abstendríamos en las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Así se ha entendido.
El señor CARDONA I VILA: Pero se ha dicho por parte del último
interviniente que nos íbamos a abstener en cuanto al texto que venía del
Congreso, por lo que no sé si me habré equivocado en mi intervención.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su aclaración.
Terminado el debate, pasamos a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senador Román Clemente;
concretamente, las números 9 y 14.
Se inicia a la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 87; en contra, 111; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Senador Román Clemente.
Se inicia a la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 84; en contra, 108; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 15, que es del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia a la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 88; en contra, 110; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el artículo Unico, disposición final y exposición de
motivos, según el dictamen.
Se inicia a la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a
favor, 199; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia. (Aplausos.)
Enhorabuena a los murcianos.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y cincuenta minutos.