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DS. Senado, Pleno, núm. 87, de 19/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Núm. 87
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 19 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de mayo de 1998.
Segundo
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que, antes de celebrarse el próximo debate sobre el estado de las
Autonomías, dé cuenta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas
del estado de cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno del
Senado el día 19 de marzo de 1997, así como a que abra las vías de
diálogo y consenso necesarias con las Comunidades Autónomas y los Grupos
Parlamentarios que hagan posible el cumplimiento de aquellas que lo
requieren (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 471, de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de
expediente 671/000045).
Tercero
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a elaborar y poner en práctica en la Comunidad Autónoma de
Aragón un plan especial para el empleo de la mujer, en colaboración con
la Diputación General de Aragón y las restantes instituciones aragonesas,
con el objeto de reducir la elevada desproporción existente entre las
tasas de paro masculina y femenina en dicha Comunidad (publicada en el
«Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha
18 de mayo de 1998) (Número de expediente 662/000124).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Ministerio de
Fomento a presentar, en el plazo de tres meses, ante la Comisión General
de las Comunidades Autónomas, el proyecto de reforma del Reglamento que
desarrolla la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, como
consecuencia de la modificación efectuada por la aprobación de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de forma que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
puedan conocer y manifestar su opinión antes de su definitiva aprobación;
y por la que se insta al Gobierno para que, inmediatamente después,
presente a las Cortes Generales su programa de actuaciones para los
próximos años en materia de carreteras, en el contexto de la
planificación prevista en la Ley 25/1988 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 471, de fecha
18 de mayo de 1998) (Número de expediente 662/000123).
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres
en los trabajos subterráneos de toda clase de minas. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 163, de fecha 5 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 610/000163) (Número de expediente C. D.
110/000164).
Quinto
Lectura única de Proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el
Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
85, de fecha 5 de mayo de 1998) (Número de expediente S. 621/000085)
(Número de expediente C. D. 121/000105).
Sexto
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación
de las líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el
ejercicio de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 81, de fecha 22 de abril de 1998)
(Número de expediente S. 621/000081) (Número de expediente C. D.
121/000100).
--Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de
diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 82, de fecha 23 de abril de 1998) (Número de
expediente S. 621/000082) (Número de expediente C. D. 121/000094).
Séptimo
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley por
la que se conceden créditos extraordinarios por importe total de
20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas
universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura
(procedente del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 83, de fecha 18 de mayo de
1998) (Número de expediente S. 621/000083) (Número de expediente C. D.
121/000095).
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 76,
de fecha 18 de mayo de 1998) (Número de expediente S. 621/000076) (Número
de expediente C. D. 121/000069).
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-B, número 19, de fecha 18 de mayo de 1998)
(Número de expediente S. 624/000013) (Número de expediente C. D.
122/000108).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de mayo de 1998 (Página 3933)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 3934)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que,
antes de celebrarse el próximo debate sobre el estado de las Autonomías,
dé cuenta a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del estado
de cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno del Senado el día
19 de marzo de 1997, así como a que abra las vías de diálogo y consenso
necesarias con las Comunidades Autónomas y los Grupos Parlamentarios que
hagan posible el cumplimiento de aquellas que lo requieren (Página 3934)
La señora Martínez García defiende la moción. El señor Utrera Mora
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Roig i Grau, por el grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 79 votos a favor, 109 en
contra y 4 abstenciones.
MOCIONES (Página 3936)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a elaborar y poner en práctica en la Comunidad Autónoma de
Aragón un plan especial para el empleo de la mujer, en colaboración con
la Diputación General de Aragón y las restantes instituciones aragonesas,
con el objeto de reducir la elevada desproporción existente entre las
tasas de paro masculina y femenina en dicha Comunidad (Página 3936)
El señor Alierta Izuel defiende la moción. El señor Lerma Blasco defiende
una enmienda del Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel expone la
posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo
Socialista, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 131 votos a favor, 4 en contra
y 82 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Ministerio de
Fomento a presentar, en el plazo de tres meses, ante la Comisión General
de las Comunidades Autónomas, el proyecto de reforma del Reglamento que
desarrolla la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, como
consecuencia de la modificación efectuada por la aprobación de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de forma que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
puedan conocer y manifestar su opinión antes de su definitiva aprobación;
y por la que se insta al Gobierno para que, inmediatamente después,
presente a las Cortes Generales su programa de actuaciones para los
próximos años en materia de carreteras, en el contexto de la
planificación prevista en la Ley 25/1988 (Página 3943)
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la moción. El señor Bris Gallego
defiende una enmienda del Grupo Popular. La señora Pleguezuelos Aguilar
expone la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Beguer i Oliveres,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Bris Gallego,
por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3948)
Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres
en los trabajos subterráneos
de toda clase de minas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 3948)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga
Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Ferrer i Roca,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las
señoras Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y Do Campo
Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3950)
Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Página 3950)
Se abre debate de totalidad.
El señor Iribas Sánchez de Boado consume un turno a favor. No se hace uso
del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Iriguíbel Mateo, por el Grupo Mixto; Gangoiti Llaguno, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Ardaiz Egüés, por el Grupo
Socialista, así como la señora López Garnica, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3956)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las
líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio
de 1995 (Página 3956)
Se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de
diciembre, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea (Página 3956)
Se aprueba el texto del proyecto por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3956)
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley por la
que se conceden créditos extraordinarios por importe total de
20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas
universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura
(procedente del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3956)
El señor Tomey Gómez, Vicepresidente Primero de la comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad. No se consumen turno a favor, en contra ni
de portavoces.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez defiende la enmienda número 4, del Grupo Mixto.
El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 5, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Lissavetzky Díez
defiende las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Socialista. El señor
Utrera Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Lissavetzky
Díez, por el Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor,
120 en contra y 14 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 95 votos a favor, 121 en contra y 4
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 121 en contra y 14 abstenciones.
Se aprueban la Exposición de Motivos, el artículo 1 y el Anexo 1 por 133
votos a favor, 2 en contra y 86 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 219 votos
a favor y 1 abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Página 3962)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Prada Presa consume un turno a favor. No se hace uso de los
turnos en contra ni de portavoces.
Comienza el debate del articulado.
El señor Zubia Atxaerandio defiende la enmienda número 3, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Casas Casas defiende las
enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista. El señor Iribas Sánchez de
Boado consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Casas Casas, por el Grupo Socialista, e Iribas
Sánchez de Boado, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 7 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Socialista, por 83
votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación, de corrección técnica, firmada
por todos los Grupos Parlamentarios, por 212 votos a favor, 1 en contra y
1 abstención.
Se aprueban los artículos 66 y 90.4, según el texto del dictamen, por 130
votos a favor, 83 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los restantes artículos del proyecto de ley, según el texto
del dictamen, por 213 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Página 3968)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No se hace uso de los turnos a favor ni en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Marín Rite, por el Grupo
Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DE 1998.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, de las
Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 5 y 6 de
mayo del presente año. Los portavoces las tienen sobre sus mesas. ¿Alguna
alegación? ¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento? (Pausa.)
Quedan aprobadas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, ANTES DE CELEBRARSE EL PROXIMO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LAS
AUTONOMIAS, DE CUENTA A LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL
SENADO EL DIA 19 DE MARZO DE 1997, ASI COMO A QUE ABRA LAS VIAS DE
DIALOGO Y CONSENSO NECESARIAS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS QUE HAGAN POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS QUE LO
REQUIEREN (671/000045).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo. Mociones consecuencia de
interpelación. Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a que, antes de celebrarse el próximo debate sobre el estado de
las Autonomías, dé cuenta a la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del estado de cumplimiento de las mociones aprobadas por el
Pleno del Senado el día 19 de marzo de 1997, así como a que abra las vías
de diálogo y consenso necesarias con las Comunidades Autónomas y los
Grupos Parlamentarios que hagan posible el cumplimiento de aquellas que
lo requieren.
Senadora Martínez, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Esta moción trae causa de la insatisfactoria respuesta que, en opinión
del Grupo Parlamentario Socialista, dio el Ministro señor Rajoy sobre el
grado de cumplimiento de las mociones aprobadas como consecuencia del
último debate sobre el estado de las Autonomías; grado de cumplimiento
que el señor Ministro calificó de muy razonable, en coherencia con su
afirmación de haber incumplido tan sólo cuatro de ellas, incluso dos de
forma parcial.
Evidentemente, ese análisis no coincide con el que hace el Grupo
Parlamentario Socialista, del cual se deduce el incumplimiento de 15 de
ellas que, con objeto de concretarlas por ulteriores debates, las voy a
enumerar: La número 32 --en la que coincidimos con el señor Ministro en
su incumplimiento--, la 26, la 47, la 36, la 39, la 20, la 25, la 35, la
16, la 17, la 34, la 44, la 46, la 49, la 27 y la 29. Y otras tantas que
siguen planteando interrogantes a los que el señor Ministro no dio
cumplida respuesta a lo largo de su anterior intervención.
A este incumplimiento tenemos que sumar, desde el Grupo Parlamentario
Socialista, la dudosa voluntad política de algunos de los miembros del
Gobierno, que yo concretaré en la figura del Ministro de Fomento, la
Ministra de Educación, el Ministro de Sanidad y la Ministra de Medio
Ambiente, cuyas manifestaciones expresas ante esta Cámara --y en algunas
respuestas escritas a los señores Senadores-- contradicen abiertamente
los esfuerzos que el señor Rajoy dice estar haciendo desde marzo de 1997
con los distintos Ministerios porque, según él, sí quiere que se cumplan
las resoluciones adoptadas por esta Cámara. Esa voluntad es, a todas
luces, insuficiente e ineficaz si no es compartida por la totalidad del
Gobierno y éste, además, no pone los medios necesarios para ello.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que ambos extremos
merecen un sosegado tratamiento y una más completa argumentación que la
permitida en este trámite parlamentario, por lo que, siguiendo las
recomendaciones del propio señor Ministro para las Administraciones
Públicas, le ofrecemos una vez más la oportunidad de hacer gala de
talante dialogante que él reclama para sí desde el Gobierno y no sólo
cuando era miembro de la oposición. Atendiendo también al amable
ofrecimiento que hizo en el debate de la interpelación de pasar
voluntariamente ese examen en septiembre, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta esta moción instando al Gobierno para que antes de
celebrarse el próximo debate sobre el estado de las Autonomías, cuyo
calendario, aunque fuera aproximado, tampoco fijó el señor Ministro, dé
cuenta ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del estado
de cumplimiento de las mociones aprobadas en el Pleno del 19 de marzo de
1997.
Estimamos dicho trámite y lugar como el más apropiado para un examen más
exhaustivo de las mociones y para impulsar al Gobierno no sólo con la
participación de los Grupos Parlamentarios y de aquellos Senadores
autonómicos que tienen especial interés en el seguimiento del
cumplimiento de alguna de estas resoluciones, sino también con la
presencia de los gobiernos autonómicos, entre los que puede producirse el
diálogo y el consenso necesario que haga posible el cumplimiento de
aquellas resoluciones que lo requieren, como decimos en la segunda parte
de nuestra moción.
Es evidente que dicho diálogo y ulterior consenso es como mínimo
necesario para que se cumplan las mociones números 32, 26, 47 y 34,
relativas a las transferencias pendientes en materia de educación, la de
gestión del INSALUD para las Comunidades del 143, la planificación
hidrológica y la instrumentación de la asignación destinada a la
prestación de un nivel mínimo de servicios esenciales.
Por todo ello, señorías, pido el voto favorable para la moción
consecuencia de interpelación que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Utrera, por un tiempo de cinco minutos.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en el turno en contra para manifestar nuestro rechazo a la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que ha defendido
la Senadora Martínez García.
Nosotros escuchamos con suma atención la interpelación presentada en el
anterior Pleno por la Senadora en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista y pudimos comprobar que había una falta absoluta de
entendimiento entre lo manifestado por ella y lo manifestado por el
Ministro de Administraciones Públicas. Según la primera versión, parecía
como si el grueso de las mociones aprobadas como resultado del anterior
debate sobre el Estado autonómico no se hubiesen cumplido; por el
contrario, haciendo un repaso exhaustivo una a una de aquellas mociones,
resulta que en su práctica totalidad estaban satisfechas, sobre todo las
que dependían de la voluntad del Gobierno, con excepción de los planes en
materia de inversiones ferroviarias, mientras que aquellas otras que
estaban pendientes de la voluntad no sólo del Gobierno, sino de otras
instituciones, concretamente de las Comunidades Autónomas, estaban en
unos casos satisfechas y en otros casos pendientes de las negociaciones
que se estaban desarrollando. Nosotros creemos, creíamos entonces y lo
creemos ahora, que el desarrollo y la valoración fueron lo
suficientemente exhaustivos respecto del grado de cumplimiento de las
mociones. De ese debate sacamos la conclusión --que además compartíamos
con casi todos los grupos parlamentarios a excepción del Socialista-- de
que el grado de cumplimiento de las mociones entonces aprobadas era más
que satisfactorio, era muy elevado. Esa es una conclusión en la que
coincidimos los portavoces con excepción de la del Grupo Parlamentario
Socialista.
Ahora, al ver la exposición de motivos y el texto concreto de la moción
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, hemos de manifestar en
primer lugar nuestro rechazo. Pero, además, ese rechazo habría que
extenderlo incluso a la forma en cómo se presenta la moción. Obsérvese
que el texto de la moción presentada lo podemos distribuir en dos
apartados, porque en realidad esto es lo que incluye. En un caso se pide
que el Ministro de Administraciones Públicas, el Gobierno, dé cuenta ante
la Comisión General de las Comunidades Autónomas del estado de
cumplimiento de las mociones. Ya se dio cuenta en el anterior Pleno,
pero, si lo prefiere la Senadora, le puedo dar cuenta en este momento y
hacer un repaso exhaustivo de todas y cada una de las mociones. Ya se ha
dado cuenta, el Pleno de esta Cámara es soberano y difícilmente puede
entenderse que un debate que ya tuvimos hace dos semanas en Pleno se
remita en los mismos términos, puesto que no hay información nueva, a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, porque además ya se hizo
con mucho detenimiento y ni siquiera cabe la explicación de abundar en el
detalle en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la segunda parte de la moción, en la que dice que se abran
vías de diálogo y consenso necesarias con las Comunidades Autónomas,
permítame la Senadora que le diga que esas vías de acuerdo, de diálogo y
de consenso están abiertas desde hace dos años cuando se tomó la decisión
política, en primer lugar, de proceder a la negociación del sistema de
financiación autonómico para posteriormente ofertar una negociación al
Partido Socialista sobre las transferencias competenciales a las
Comunidades Autónomas. Tales vías de diálogo han estado siempre abiertas.
Las transferencias educativas, las transferencias de INSALUD, y más
concretamente en fondos de nivelación en cumplimiento del artículo 15 de
la LOFCA, todo ello está en negociación y pendiente de acuerdos. Desde
luego, hay que violentar mucho las cosas para pensar que hace falta un
impulso de acuerdo, un impulso de negociación, en la fase en que
actualmente se encuentra.
Por esas razones, primera, por la forma en cómo la moción está redactada
y los dos aparados que incluye, y, segunda, porque el contenido que se
pide en esta moción, es decir, la explicación sobre el grado de
cumplimiento de las mociones aprobadas el año pasado en el debate sobre
el estado de las Autonomías es más que suficiente --y permítame que no le
dé más explicaciones porque ya se me está acabando el tiempo--, el Grupo
Parlamentario Popular votará en contra de esta moción defendida por la
Senadora doña María Antonia Martínez.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente. Telegráficamente,
intervengo para anunciar, en primer lugar, nuestro voto favorable a la
moción que presenta el Grupo Socialista, a pesar de que, en realidad,
tampoco estamos totalmente de acuerdo con el redactado final de la misma.
Entendemos --y así lo dijimos cuando el debate de la interpelación-- que
ésta era absolutamente legítima y razonable porque, implícitamente, lo
que hacía era posibilitar la explicación del Gobierno en relación al
cumplimiento de una serie de resoluciones que se habían aprobado en el
debate de las autonomías.
En estos momentos la moción plantea la posibilidad de que esta
explicación se derive a la Comisión General de las Comunidades Autónomas
y, además, que se pongan en marcha aquellos mecanismos para el
cumplimiento de las resoluciones. De todas formas, nos parece que la
moción es un poco obvia, es decir, las resoluciones deben cumplirse.
No obstante, a pesar de la explicación, nos parece que hacer una
propuesta para que se cumpla una serie de resoluciones
que aprobó esta Cámara es absolutamente razonable y, en este sentido,
votaremos favorablemente.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
E1 señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Roig. (La señora Martínez García
pide la palabra.)
¿Sí, señoría?
La señora MARTINEZ GARCIA: Pido la palabra por alusiones, señor
Presidente, amparándome en el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Senadora Martínez, creo que usted sabe mejor que yo
que en esta figura parlamentaria no cabe ni siquiera el artículo 87. Lo
siento de verdad, pero, si le concediera la palabra, estaría violentando
el Reglamento y no quiero hacerlo.
La señora MARTINEZ GARCIA: Acato su decisión, señor Presidente, como no
podría ser de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar esta moción consecuencia de
interpelación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a
favor, 79; en contra, 109; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A ELABORAR Y PONER EN PRACTICA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ARAGON UN PLAN ESPECIAL PARA EL EMPLEO DE LA MUJER, EN COLABORACION CON
LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON Y LAS RESTANTES INSTITUCIONES ARAGONESAS,
CON EL OBJETO DE REDUCIR LA ELEVADA DESPROPORCION EXISTENTE ENTRE LAS
TASAS DE PARO MASCULINA Y FEMENINA EN DICHA COMUNIDAD (662/000124).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, que son
las mociones. La primera es la del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado por la que se insta al Gobierno a elaborar y poner en práctica en
la Comunidad Autónoma de Aragón un plan especial para el empleo de la
mujer, en colaboración con la Diputación General de Aragón y las
restantes instituciones aragonesas, con el objeto de reducir la elevada
desproporción existente entre las tasas de paro masculina y femenina en
dicha Comunidad.
Para la defensa de la moción, que tiene una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, Aragón tienen una tasa de paro relativamente
baja en comparación con las restantes Comunidades Autónomas, tanto en la
de los hombres como en la de las mujeres, situación que, además, se ha
visto favorablemente afectada por la mejora en la situación del empleo
que ha habido en España en los últimos dos años.
Sin embargo, destaca en la Comunidad Autónoma de Aragón la elevada
desproporción existente entre la tasa de paro de las mujeres y la de los
hombres. Con datos de la EPA, correspondientes al cuarto trimestre de
1997, la relación de la tasa de paro de las mujeres sobre la de los
hombres, es en Aragón de 3,07 veces, siendo la más alta de España; con
datos de paro registrado, correspondientes al mes de enero de 1998, la
relación entre dichas tasas en Aragón es de 2,80 veces, también muy
elevada y cercana a la más elevada de España.
Para que se hagan una idea sus señorías, a nivel nacional las relaciones
entre las tasas de paro de las mujeres y la de los hombres es de 1,80; en
Aragón es más de 3 veces. En términos de paro registrado la relación es
de 1,89 a nivel nacional y en Aragón de 2,80.
En España, como acaban de reflejar estas cifras, la tasa de paro de las
mujeres ha sido tradicionalmente más elevada que la de los hombres,
aunque los dos últimos años esta situación ha mejorado. Por una parte, la
población activa femenina ha crecido a una tasa muy superior a la tasa de
la población activa masculina, más de 2 veces y, sin embargo, a pesar de
ello la diferencia entre las tasas de paro registrado entre las mujeres y
la de los hombres se ha reducido.
No obstante y como consecuencia de la situación de partida, la diferencia
sigue siendo muy importante, diferencia que, como he señalado, es
especialmente significativa en el caso de Aragón.
No cabe duda de que el empleo está condicionado por la situación general
de la economía. En España el acierto del Gobierno en la política
económica está produciendo excelentes resultados tanto en el empleo
masculino como en el femenino. Es notorio el carácter prioritario que el
Gobierno ha dado al empleo impulsando todo tipo de políticas activas para
favorecer la creación de puestos de trabajos y promocionar el empleo,
elaborando el Plan de acción de empleo.
También existe constancia de la preocupación del Gobierno por el tema de
la mujer y el empleo. En el Plan de acción para el empleo figura en el
cuarto pilar un conjunto de disposiciones específicas para las mujeres,
con objeto de reducir la diferencia entre la tasa de paro que afecta a
las mujeres y la de los hombres. A este respecto me permitiré señalarles
que, en el denominado pilar cuarto del Plan de acción de empleo, que
consta de cuatro directrices, tres de ellas afectan directamente a la
mujer: la directriz 16, que trata de combatir la discriminación entre
hombres y mujeres, intentando aproximar las tasas de desempleo entre
mujeres y hombres; la directriz 17, que trata de conciliar la vida
laboral con la vida familiar
mediante la creación de servicios de guardería y asistencia; la directriz
18, que trata de potenciar la reincorporación a la vida activa para
mujeres y hombres, en su caso, que, habiendo abandonado la fuerza de
trabajo, deseen volver a trabajar; la directriz 19 habla de la inserción
de los minusválidos.
No obstante, también es necesario señalar que todo el Plan de acción de
empleo está impregnado de actuaciones para las mujeres. En su primera
directriz, que es la más importante, señala específicamente que, del
millón de personas demandantes de empleo que se van a ver favorecidas con
el Plan de acción de empleo, 600.000 van a ser mujeres. Por lo tanto, la
incidencia que va a tener el Plan de acción del empleo en el colectivo
femenino es esencial, como no podía ser menos, teniendo en cuenta la
importancia que en el mundo del paro implica la situación de las mujeres.
El acierto de la política económica --y debe señalarse que ya está
produciendo efectos en este campo-- ha hecho que, de los datos de la
Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 1997, a los datos de
la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 1998, es decir,
del último trimestre de 1997 al primer trimestre de este ejercicio, la
tasa de paro de las mujeres en términos de EPA haya descendido un punto,
del 29 al 28 por ciento, mientras que la tasa de paro de los hombres ha
descendido en medio punto. Estas diferencias que existen como
consecuencia de la política económica general se van reduciendo, y no
sólo en términos absolutos, sino que para las mujeres lo hacen en mayor
medida, prácticamente en el doble que para los hombres. La puesta en
práctica de las acciones que figuran en el Plan de acción de empleo
inciden positivamente en las tasas de paro tanto de los hombres como de
las mujeres, y especialmente en el caso de estas últimas, dado el número
de personas afectadas a las que llegarán las políticas de empleo
generales.
Todas estas medidas afectarán de forma positiva al empleo de las mujeres
en Aragón. No obstante, la desproporción existente en esta Comunidad
Autónoma, como se ha señalado, entre el paro correspondiente a las
mujeres y el paro que corresponde a los hombres, aconseja que se tomen
medidas especiales para aminorar la actual desigualdad en esta Comunidad
y conseguir que esta diferencia tienda a desaparecer.
Parece oportuno, por lo tanto, que en la Comunidad Autónoma de Aragón se
lleven a cabo acciones especiales tendentes a potenciar el empleo de las
mujeres mediante las políticas activas de empleo. Esta es la razón por la
cual el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la moción que hoy se
debate en el Pleno y que se somete a la consideración de sus señorías, en
la cual se insta al Gobierno a elaborar y poner en práctica, en la
Comunidad Autónoma de Aragón, un plan de acción especial para el empleo
de la mujer, en colaboración con la Diputación General de Aragón y las
restantes instituciones aragonesas, con el objeto de reducir la elevada
desproporción existente entre las tasas de paro de las mujeres y de los
hombres en dicha Comunidad. Este es el contenido de la moción que se
somete a debate.
Para terminar, haré unas breves puntualizaciones. Se trata de una acción
concreta en una Comunidad Autónoma que sufre una grave desproporción
entre el paro femenino y el masculino, problema que, si bien afecta a
todo el Estado español, es especialmente grave en esta Comunidad. Esto no
quiere decir que el tema del trabajo de las mujeres esté desatendido, al
contrario. Como consecuencia de la política económica general, el paro
femenino está disminuyendo, y lo está haciendo en mayor medida, y es el
acierto de la política económica el que contribuirá aún más a que el paro
vaya disminuyendo en este país.
En segundo lugar, el Plan de acción de empleo que se ha presentado no es
masculino, sino todo lo contrario; dado el gran número de mujeres que
integra el colectivo de los parados, el Plan de acción empleo general que
se ha presentado por España a la Unión Europea y que se someterá a
aprobación en la próxima Cumbre europea de Cardiff incide especialmente
en las mujeres y no sólo en sus actividades concretas, puesto que en
todas las disposiciones de diferentes tipos que va apoyando recoge
actuaciones en las cuales se menciona que esas medidas se aplicarán y se
utilizarán especialmente para resolver problemas que afectan al desempleo
femenino, sin olvidar --como ya he señalado-- que uno de los cuatro
capítulos se dedica fundamentalmente a establecer medidas especiales para
las mujeres: combatir la discriminación entre hombres y mujeres y las
tasas de paro, conciliar la vida laboral con la familiar mediante
servicios de guardería y asistencia y reincorporación a la vida activa
para aquellas mujeres que habiendo abandonado el puesto de trabajo deseen
volver a incorporarse pasados unos años por las razones que oportunamente
tengan a bien.
Con la moción que se pide no se trata de atender a un colectivo de
mujeres porque hoy esté desamparado. Este no es el objetivo de la moción.
El problema laboral de las mujeres está, en el conjunto del Estado,
suficiente y adecuadamente, por no decir que satisfactoriamente, atendido
con las medidas generales que se han tomado. No obstante, hay una serie
de circunstancias que afectan a las Comunidades Autónomas, como, por
ejemplo, la que hoy se trae aquí a colación relativa a la Comunidad
Autónoma de Aragón, donde por una serie de circunstancias hay una
desproporción elevada entre la tasa de paro de las mujeres y la de los
hombres, cuando ambas tasas de paro, afortunadamente para esta Comunidad
Autónoma, no son excesivamente elevadas, pues en ambos casos están por
debajo de la media nacional.
La moción que se somete hoy a la aprobación de los señores Senadores
trata de solucionar un aspecto puntual, una circunstancia específica, de
una Comunidad Autónoma relacionado con un problema tan importante como es
el paro que afecta a un gran colectivo. En consecuencia, nosotros
solicitamos de las señoras y señores Senadores que den su voto favorable
a esta moción para que en esta Comunidad Autónoma se tomen las medidas
oportunas para que esta desigualdad que hoy existe vaya desapareciendo en
el tiempo hasta que llegue el momento en que tanto los hombres como las
mujeres encuentren en el mundo laboral una situación de igualdad de
oportunidades.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.
Esta moción tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la enmienda que nosotros presentamos va
encaminada fundamentalmente a extender la aplicación de esta medida al
resto de las Comunidades Autónomas. No tiene mucha explicación, aunque
nos parece positiva la propuesta de que se incida especialmente en
solucionar el paro femenino en Aragón, que las actuaciones se centren
exclusivamente en Aragón porque, obviamente, Aragón no presenta ninguna
característica específica que permita mantener que sólo en Aragón hay que
hacer una intervención similar.
No puede darse esa explicación, lógicamente, porque el desempleo en
Aragón es menor que en otras Comunidades Autónomas. Aragón,
afortunadamente, está por encima de la media nacional en el empleo. No
tiene mucha explicación porque la desproporción entre empleo masculino y
femenino tampoco es más alta en Aragón que en otras Comunidades
Autónomas. Nosotros creemos, que hay que incidir muy especialmente en el
empleo de la mujer y hacer un esfuerzo importante para intentar igualar
las tasas de empleo masculinas y femeninas.
A título indicativo les diré, aunque es evidente que las cosas ya han
sido planteadas, que el problema del desempleo femenino en España es muy
importante, es mucho más importante que el desempleo masculino, por
supuesto, pero lo es todavía mucho más porque las tasas de actividad
femenina son mucho más bajas en España que en el resto de los países
europeos. Pero, ciertamente, tampoco supone ninguna solución el pensar
que en la mayoría de los países europeos esto es también así, porque no
es verdad. Hay algunos países europeos en los que el desempleo masculino
es mayor que el femenino, pero, desde luego, en la inmensa mayoría de
esos países, por no decir en la totalidad, la tasa de actividad femenina
es muy superior a la tasa española.
Por tanto, lo razonable es que el Gobierno haga un esfuerzo importante no
limitándose exclusivamente a lo que tiene previsto en el Plan de empleo
para hacer posible que las mujeres se incorporen masivamente a la
actividad laboral.
Me gustaría insistir en la idea de que, además, esa actividad no está
disminuyendo, ya que, contrariamente a lo que a veces se plantea, lo
cierto es que la desproporción entre el empleo masculino y el femenino
--al menos en los últimos trimestres desde hace dos años-- sigue
creciendo. Cada vez hay más hombres que se emplean en comparación con las
mujeres, de tal manera que por cada tres hombres que se emplean sólo hay
una mujer que puede hacerlo. Por tanto, lo cierto es que no vamos a mejor
en lo que a esa situación se refiere, sino que incluso hemos ido a peor
en los últimos tiempos. Esperemos que estos acuerdos que nosotros vamos a
proponer, junto con el esfuerzo que España tendrá que realizar en el Plan
de empleo, Plan que hasta ahora no acaba de llevar a cabo, sirvan para
mejorar realmente la situación de la mujer.
Además, a título indicativo les diré que el problema de la desigual
participación de hombres y mujeres en el mundo laboral español es muy
evidente, pero no sólo en Aragón, sino en todas las Comunidades
Autónomas. Les diré que en Aragón la diferencia entre hombres y mujeres a
este respecto está en torno al 8 por ciento y que la media española está
casi en esa misma cifra, es decir, se acerca al 7,3 por ciento. Pero,
además, en esa misma desproporción entre hombres y mujeres estarían
también Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja o
Melilla, por poner algunos ejemplos contundentes que dejen claro que no
sólo Aragón necesita solucionar esto, sino que también las demás
Comunidades Autónomas precisan un plan que finalmente refuerce la
posibilidad de la incorporación de la mujer al empleo.
Por tanto, lo que nosotros vamos a proponer no entra en confrontación con
lo que propone el Grupo Parlamentario Popular, sino que, obviamente,
viene a complementar una actuación que nosotros consideramos necesaria
también para el resto de Comunidades Autónomas. Además, nos parece muy
importante que la participación, que la presencia de las Comunidades
Autónomas, también avale este Plan. Estoy seguro de que de ese modo se
reforzaría la acción del Gobierno respecto de esa posibilidad de igualar
la presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral.
Quiero insistir también en que el Plan de empleo del Reino de España
contempla diversas medidas, entre otras, las del pilar cuatro y las
directrices números 16, 17 y 18, las cuales, efectivamente, tienen poco
que hacer en relación con las necesidades existentes. Es necesario
aumentar las tasas de actividad y reforzar el papel de las mujeres, al
igual que es necesario reforzar también las posibilidades, no solamente
las de encontrar un empleo, sino las de que, a la vez, el empleo tenga
las mismas condiciones para las mujeres que las que tiene para los
hombres, cuestión en la que, hasta ahora, existe una evidente
discriminación, sobre todo en lo que a tratamiento salarial se refiere.
Además, en cuanto a las directrices del Plan de empleo, si bien es verdad
que en ellas se contempla una dotación, lo cierto es que ésta es escasa,
unos 10.800 millones de pesetas para toda esa serie de actividades que
deben realizarse. Pero, además, si tenemos en cuenta que una sola de esas
directrices, la que se refiere concretamente a la reducción de
cotizaciones sociales en los contratos de sustitución, supone 7.000
millones de pesetas, podremos darnos cuenta de la poca cantidad que queda
para apoyar realmente las posibilidades de promoción de la mujer en el
empleo.
Por tanto, lo que nosotros planteamos a través de nuestra enmienda es que
este Plan contemple --sin entrar en contradicción con él, repito-- la
necesidad de una actuación para poder igualar las tasas de actividad
femeninas a las masculinas en todas las Comunidades Autónomas y no
en una tan sólo, puesto que, como acabo de demostrar, todas ellas están
necesitadas de este tipo de actuaciones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lerma.
Para contestar tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, lo que en realidad ha hecho el Grupo Socialista no ha sido
presentar una enmienda a esta moción del Grupo Popular, sino proponer una
moción diferente. A este respecto, he insistido en que la moción que
hemos presentado hace referencia a un problema puntual de una Comunidad
Autónoma, para la cual se piden determinadas actuaciones; nada impide que
se lleven a cabo otras actuaciones puntuales en otras Comunidades. Sin
embargo, la enmienda que presenta el Grupo Socialista se refiere a un
plan para el empleo de las mujeres, que es una cuestión diferente.
Aunque esta fuera razón suficiente para no aceptar esta enmienda --puesto
que, de hacerlo, se desnaturalizaría totalmente la moción que nosotros
hemos presentado--, creo que también debo dar a sus señorías razones
adicionales para explicar que, además de no ser oportuna en términos de
la moción presentada, tampoco hay razones de fondo para aceptarla.
Como ya he señalado en mi exposición, el plan de empleo de las mujeres
está contenido en el Plan de acción de empleo, y este último está
orientado al colectivo de desempleados de este país. Desafortunadamente,
el 55 o el 60 por ciento de los desempleados o demandantes de empleo de
este país son mujeres. El Plan de empleo no es algo abstracto e
independiente de la situación laboral de las mujeres, como tampoco lo es
de la situación de los jóvenes. Como ha dicho su señoría, en estos
momentos los colectivos más gravemente afectados por el desempleo en
nuestro país pueden ser los correspondientes a los jóvenes y las mujeres,
y precisamente el Plan de acción de empleo que se ha presentado por el
Gobierno en Europa incide especialmente en el colectivo femenino. Es más,
ya en la primera directriz --sobre combatir el desempleo juvenil y
prevenir el paro de larga duración-- se dice que del millón de personas
--y ya he mencionado este dato-- al que va dirigido este Plan de empleo,
600.000 son mujeres. Por tanto, un plan de empleo especial para la mujer
no tendría sentido si no estuviera comprendido en este Plan de empleo
global y éste ya lo recoge.
Pero no sólo es en la primera directriz del Plan de empleo donde se
menciona a las mujeres. También se hace en su introducción; en sus
objetivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, igualar las tasas de
empleo o el fomento de la incorporación efectiva de la mujer al mercado
de trabajo; en la directriz tercera, relativa a sustituir medidas pasivas
por medidas activas, en la que se aplican medidas específicas para las
mujeres; en la directriz quinta, referente a desarrollar posibilidades de
formación permanente en la que, concretamente, se contemplan medidas
específicas para las mujeres mayores de 35 años que desean incorporarse
al mercado de trabajo. Hay otras medidas, como la formación continua.
Asimismo, en el pilar segundo --relativo a desarrollar el espíritu de la
empresa-- hay medidas específicas para las mujeres, como en el pilar
cuarto, en el que se contemplan cuatro medidas, con importantes
dotaciones económicas.
Estas medidas serán susceptibles de incremento, pero debo indicar que es
la primera vez que se adoptan medidas o planes específicos para el empleo
de la mujer en los muchos años que llevo en esta Cámara. Posiblemente, se
me haya escapado alguna actuación, pero yo no la recuerdo.
En cuanto a la medida de coste cero, que se va a poner en práctica, hay
que decir que se suele escuchar de los empresarios su rechazo a contratar
mujeres porque éstas se casan, tienen hijos, etcétera. Pues bien, con
esta medida de coste cero --por la cual el Estado pagará la cuota de la
Seguridad Social de la persona que sustituya a alguien que pida una baja
por maternidad-- se espera que ese obstáculo para contratar a las mujeres
desaparezca, ya que el empresario, ante la solicitud de baja de
maternidad de una mujer --o, en su caso, de un hombre, porque también eso
es posible--, no tendrá que incurrir en costes adicionales. Por tanto,
una de las razones que se ha alegado para no contratar mujeres puede
desaparecer.
Pero les vuelvo a señalar que hay cinco páginas, de un documento de 40,
específicamente señaladas para las mujeres. Por tanto, en este momento no
tiene sentido hacer un plan para las mujeres, como no lo tendría el hacer
un plan especial de empleo para los jóvenes, puesto que éstos constituyen
una parte importantísima del desempleo en este país y de la misma forma y
desgraciadamente las mujeres. Tampoco tendría sentido hacer un plan de
empleo especial para los minusválidos, que necesitan las normas generales
más las propias, que son específicas, que vienen también recogidas.
Acabaríamos haciendo cinco o seis planes de empleo que habría que sumar.
En el Plan que está presentado en este momento se recogen medidas
suficientes para atender el paro femenino, para cumplir el objetivo
señalado en la directriz 16: Se esforzará por reducir la desigualdad
entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres. Hay una página donde
se reseñan las medidas --que no voy a leer a su señoría porque es un
documento público-- y las dotaciones, que son de 1.340 millones de
pesetas, por una parte; 7.000 millones de pesetas, por otra, y
bonificaciones, que se incluyen en otros documentos, por valor de 1.700
millones de pesetas más las dotaciones que hay a fondo general y que,
como he dicho, también se van a aplicar a las mujeres.
Resumiendo, por tanto, no procede admitir la enmienda en el contexto en
el que ustedes la han presentado, es decir, una enmienda de tipo general
en una moción que aspira a un problema concreto. Además, en segundo
lugar, la propuesta que ustedes hacen en este sentido tampoco tiene
lógica, en cuanto que la actuación básica, fundamental, dirigida al
empleo femenino debe formar parte, y lo hace, del Plan de acción para el
empleo, que se ha presentado. Es decir, las mujeres no son ajenas al
objetivo del actual Plan de empleo.
En cuanto a que no se ha avanzado, debo decirle que esto no es así. La
tasa de desempleo en el primer trimestre de 1996 de las mujeres, en
términos de EPA, era del 30 por ciento. En este momento está en el 26, a
nivel nacional. Las tasas de desempleo de los hombres era del 18 por
ciento y está en el 14. Por tanto, van bajando. Este descenso, cuando
menos paralelo, se ha producido a pesar de que en estos dos últimos años
--y quizás haya sido una de las características más relevantes del
mercado de trabajo-- se ha producido un fuerte incremento en términos de
participación de las mujeres en los puestos de trabajo. La población
activa femenina ha crecido en mucha mayor proporción, dos veces más que
la masculina y, a pesar de este crecimiento, a pesar de que más mujeres
se han incorporado a los puestos de trabajo, la tasa de paro femenina ha
decrecido, siendo importante el descenso que han tenido ambas tasas. Le
puedo dar un dato que he dicho antes, pero que conviene que repita ahora.
Desde el último trimestre del año pasado al primer trimestre del año 1998
la tasa de paro femenina ha descendido en un punto y la masculina en
medio. Sólo con que esta tendencia siguiera durante dos años,
significaría que la tasa de paro femenino descendería en ocho puntos y la
masculina en cuatro. La tendencia que estamos teniendo en estos momentos
es buena. Si se mantuviera esta tendencia significaría que del 26 por
ciento pasaríamos al 18 en dos años y del 14 al 10.
Las medidas de política económica que ha tomado el Gobierno ya se están
llevando a cabo en estos momentos y están produciendo los frutos, tanto
en España en general como en Aragón, que en este trimestre también se ha
visto afectada en el desempleo femenino. Aun así, esta Comunidad Autónoma
tiene un problema particular, y es que existe una gran desproporción y
necesita que se le dé un empuje adicional, no «en vez de» sino
«adicional». Si en otras Comunidades Autónomas también se considera
oportuno hacerlo, este Senador estará encantado de apoyarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.
Turno de Portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur. (Fuertes rumores.)
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, como hay un debate en la sala
sobre si se presenta esta enmienda en otras Comunidades Autónomas, voy a
esperar a que termine. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Va a intervenir el señor
Albistur.
Senador Albistur, tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que en este tema nuestro Grupo manifiesta su acuerdo con la
moción presentada y con su contenido. Además se muestra satisfecho de que
se haya presentado esta enmienda, aunque al Grupo Socialista no le guste
nada, fundamentalmente porque ha sido una iniciativa de una Comunidad
Autónoma y del Grupo Popular. En los tiempos que corren para las
autonomías --especialmente para la nuestra donde nos está cayendo por
todas partes un montón de lluvias que parecen capuchinos de bronce por el
daño que hacen y no tenemos un reconocimiento político de lo que
significan los nacionalismos y sus iniciativas en las comunidades
autónomas-- una iniciativa como ésta, presentada en este Senado, Cámara
dicha o susodicha de las autonomías, me parece francamente oportuna.
Por eso no estamos de acuerdo con la enmienda presentada oportuna y
«oportunísticamente» por el Grupo Socialista. Nos parece muy interesante
que se traiga a debate un problema de la Comunidad Autónoma como la de
Aragón. No sé si muchos de ustedes la conocerán, pero particularmente
este Senador del Partido Nacionalistas Vasco que les habla la conoce a
fondo y sabe perfectamente todo el esfuerzo que se ha hecho en la
creación de servicios en torno al sector agrícola, el llamado sector
rural; el esfuerzo que se ha hecho en la creación de empleo con la
creación de servicios en el área urbana y, sobre todo, el esfuerzo que se
ha hecho para conseguir una importante industrialización, que no siempre
ha tenido los éxitos que se han obtenido en otras Comunidades Autónomas.
Desde ese punto de vista, tengo que recordar el importante esfuerzo que
ha hecho la Comunidad de Aragón, sin apelar al esfuerzo económico de
otras Comunidades Autónomas, de forma autónoma --valga la redundancia--,
para la creación de su propia base económica. Además, el hecho de que
ahora esté queriendo impulsar específicamente el empleo de la mujer en
una zona donde ésta ha estado muy vinculada culturalmente a las tareas
del hogar y a un déficit de formación cultural histórico grave, me parece
una iniciativa digna de mérito. En ese sentido, hemos consultado esta
moción con el Instituto Emakunde, Instituto de la Mujer del País Vasco, y
éste ha pedido a nuestro Grupo que traslade su solidaridad, con
iniciativas similares en el País Vasco, a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Desde este punto de vista, nosotros nos manifestaremos a favor de la
moción propuesta, porque nos parece que en esta Cámara se deben presentar
iniciativas de este tipo. Nos parece muy interesante que el Grupo
Socialista quiera hacerla extensiva a otras Comunidades Autónomas y nos
parece muy oportuno además que lo quiera hacer cuando lo único que le
preocupa en Aragón es encontrar un nuevo Justicia de Aragón, como
candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, lo cual nos parece interesante,
pero no es un tema que nos preocupe en estos momentos.
Por todo ello, manifestaremos nuestro apoyo a este tema y desearemos que
sea la Diputación de Aragón la que colabore para buscar con las fuerzas
sociales de la Comunidad Autónoma una solución importante para un
colectivo que debe ser apoyado por su afán de protagonismo en la economía
de dicha región.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Catalán en el Senado?
Tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del pasado
4 de mayo y ante la comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales para exponer el Plan de acción de empleo para el año 1998, el
Consejero de Trabajo de la Diputación General de Aragón ya dejó claro en
el momento de su intervención que en Aragón la mujer soporta una tasa de
desempleo que duplica la de los hombres --un 64 por ciento frente al 34
por ciento-- que, más o menos, coincide con el contenido de la moción que
hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular y, en particular, el Senador
Alierta.
Quiero dejar claro que nuestro grupo va a apoyar esta moción porque la
cree necesaria e importante para que el Gobierno elabore y ponga en
práctica en Aragón un plan especial para el empleo de la mujer, en
colaboración con la Diputación General de Aragón y las restantes
instituciones aragonesas. Nos parece correcto porque es difícil afrontar
hoy políticas activas y eficaces de empleo que no tengan en cuenta el
mercado de trabajo en los ámbitos locales, comarcales y provinciales.
Nuestro Grupo de Convergència i Unió apoyará cualquier iniciativa que
represente creación de empleo para las mujeres, venga de un grupo o de
otro. En especial, en Cataluña, desde el Instituto de la Mujer
--organismo con el que también me he puesto en contacto-- se apoya esta
acción encaminada a la creación de empleo para el colectivo de las
mujeres, sea en Aragón o sea en cualquier Comunidad Autónoma de este
país, porque lo preocupante es que la tasa de paro a nivel nacional para
las mujeres sea de un 28 por ciento, que representa, repito, doce puntos
más que la de los hombres.
En el Plan de acción para el empleo 1998, concretamente en el pilar
cuatro, ya está contemplada esta ayuda, estos porcentajes que he
comentado antes. Hay que tomar iniciativas, pero quizás en este plan no
hay más concreciones o no se precisa demasiado hacia dónde van
encaminadas estas iniciativas. En cualquier caso, espero que durante las
próximas semanas el Gobierno, sindicatos, empresarios y Comunidades
Autónomas avancen y lleguen a acuerdos concretos para crear más empleo.
Podría mencionar aquí toda una serie de acciones que están contempladas
en este Plan de empleo para 1998, pero voy a incidir sólo en tres o
cuatro muy importantes que están ya contempladas en el Plan de empleo de
la mayoría de las Comunidades Autónomas --por lo menos en Cataluña lo
está-- encaminadas a la formación; la formación que hoy necesitamos todos
--hombres y mujeres-- y que, de alguna forma, asegura en el presente y
sobre todo para el futuro que personas con 25, 40 ó 50 años hoy, puedan
encontrar un trabajo más fácilmente.
Otra cuestión importante es el incremento de los contratos a tiempo
parcial. Todos sabemos que aquí, en España, este tipo de contratos sólo
representa un 17 por ciento; si lo comparamos con la media europea, que
es del 32 por ciento, observamos una diferencia de 15 puntos y si lo
comparamos con el porcentaje de Holanda, que es del 70 por ciento, la
diferencia es aún mayor. Hasta ahora nos ha costado entender que este
contrato a tiempo parcial es bueno, y lo es porque si en Holanda hay este
porcentaje es que este contrato es útil para las mujeres y para el
empresario. Es cierto que para que este tipo de contrato se más atractivo
hay que dotarlo de toda una serie de ventajas no salariales, algo que,
según se desprende del contenido del Plan de Empleo y de todas las
comparecencias del señor Ministro, parece que es la línea a seguir.
Otro tema a resaltar es el de la ayuda financiera para las mujeres
emprendedoras; es decir, ayudas para que estas mujeres puedan crear
empleo.
No quisiera extenderme más, porque el tema del Plan de acción de empleo
ha sido muy comentado en distintas comparecencias. Para terminar quiero
decir que toda iniciativa sobre este tema de la creación de empleo en las
distintas Comunidades Autónomas, y en particular en Aragón, es muy
importante por lo que representa. Repito que nuestro grupo parlamentario
va a votar favorablemente a esta moción, porque todo lo que sean
iniciativas para aumentar la actividad femenina tendrá nuestro soporte.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Rápidamente, señor Presidente, para insistir en
que ni el Senador Alierta ni ninguno de los intervinientes nos han dicho
por qué hay que llevar a cabo este Plan tan sólo en una Comunidad
Autónoma.
Si los efectos que tiene el Plan de empleo presentado por el Gobierno de
España son buenos --yo creo que no porque no tienen suficientes recursos
y están todos concentrados prácticamente en una única medida--, también
son buenos para Aragón. Por tanto, teóricamente y de acuerdo con el
Gobierno, el problema del desempleo femenino ya está solucionado y no
hace falta ninguna otra actuación. Si no son buenos, evidentemente, habrá
que hacer otra cosa, que es lo que yo creo que hay que hacer. Yo no me
estoy oponiendo a la situación que está presentando el Partido Popular,
lo que digo es que hacen falta más recursos y extender el Plan a más
Comunidades Autónomas.
Repito, si los efectos son buenos, lo son para todos y para su Comunidad.
Además, su Comunidad no es precisamente la que está peor en ese sentido.
Como le acabo de decir en la intervención anterior, su Comunidad,
afortunadamente, tiene menos paro que muchas otras y su situación es
mejor que la de la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas
españolas. Por lo tanto, si hay que apoyar a las Comunidades Autónomas en
el desempleo, además de a la suya, hay que apoyar a muchas más que están
peor. Su Comunidad tampoco tiene más desproporción entre el paro femenino
y el masculino, y le acabo de nombrar otras muchas Comunidades que tienen
la misma o más desproporción. Es razonable pensar que si usted quiere
ayudar a que
las mujeres encuentren empleo, querrá ayudar a que lo encuentren las de
toda España y no sólo las de una Comunidad, que no es la que está peor.
Si ése no es el planteamiento y usted necesita justificar alguna
actuación, dígalo. Si usted en este momento quiere anunciarnos que tiene
algún compromiso con algún partido regional que le apoya, hágalo público
para que lo sepamos todos y, a continuación, intente justificar su
actuación. Pero no nos diga que Aragón necesita más que otras Comunidades
Autónomas que tienen, por lo menos, la misma tasa de desempleo o más y
muchas más mujeres desempleadas.
Nosotros, los Socialistas, proponemos para Aragón la aprobación de un
plan que cuente con la Comunidad Autónoma y que ayude a que las mujeres
puedan encontrar más empleo, y que se apruebe un plan para todas las
Comunidades Autónomas, así como que el Gobierno invierta más recursos en
hacer posible que las mujeres tengan más posibilidades de encontrar
empleo.
No hay, pues, contradicción. Lo que hay es la voluntad de que no haya
discriminaciones entre ciudadanas españolas y que todas tengan una
oportunidad. Eso es lo que nosotros queremos presentar. Como, además,
usted ha ofrecido la posibilidad de apoyarlo todo, nosotros le decimos:
no ha considerado adecuada nuestra moción. De acuerdo. La volveremos a
presentar en vez de como enmienda como moción, y esperamos que cumpla
usted su palabra y de esta manera las mujeres tengan mayores
oportunidades. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
El objetivo es bien sencillo: tasas de paro femeninas y masculinas
organizadas en función de su proporción de acuerdo con la Encuesta de
Población Activa del cuarto trimestre de 1997 --es decir, la última
disponible cuando se elaboró--; en la proporción entre tasa de paro de
mujeres y de hombres sale Aragón la primera, con 3,07; a partir de aquí
van bajando gradualmente; la media nacional está en 1,82 y hay otras que
están por debajo de la media. Este Senador por la circunscripción de
Zaragoza al ver esta circunstancia específica y desafortunada para la
Comunidad Autónoma a la cual pertenece, solicita que, aparte de las
medidas generales que, como he dicho, están produciendo beneficios, esta
Comunidad tenga un esfuerzo adicional.
Ahora bien, este tema, que es bastante sencillo aparentemente, al Grupo
Parlamentario Socialista le ha producido un desvío en su situación que no
sabe muy bien a que atenerse. Porque si hubieran elaborado un cuadro de
este tipo y donde pone Aragón hubieran puesto una enmienda que dijera:
Aragón, y ésta, y ésta, y ésta, etcétera, entendería lo que acaba de
decir el portavoz socialista. Pero la enmienda que ha presentado no dice
eso. La argumentación que ha expuesto aquí es un poco demagógica: «el
paro de las mujeres...» El paro de las mujeres está atendido en el Plan
de Empleo. Sólo he traído una hoja, y voy a leer lo mismo por tercera
vez.
El Plan de Acción para el Empleo, que se ha presentado en la Unión
Europea y que se verá en la Cumbre de Cardiff en el próximo mes de junio
--esdecir, dentro de un mes--, en la directriz una, que es en la que
acaba de decirnos usted mismo que van la mayor parte de los recursos que
se dedican, en la página 9 se señala: Del millón aproximado de
demandantes de empleo afectados por la aplicación de este plan, 600.000
son mujeres. Repito, este Plan de acción para el empleo es también, y
cuantitativamente, en primer lugar, de las mujeres.
Por lo tanto, la enmienda que han presentado no tiene sentido puesto que
ya existe un Plan para las mujeres, lo que pasa es que pertenece al Plan
global, que es el más importante.
En consecuencia, todas esas exclamaciones no dejan de ser un poco
demagógicas y contraproducentes. Si usted quiere ir a Comunidades
Autónomas que tienen un problema específico, menciónelas; no hay ningún
obstáculo. Pero la enmienda que usted ha presentado pretende un Plan para
las mujeres que ya existe y lo he dicho en la exposición.
En nuestra Comunidad Autónoma, en Aragón, hay un problema especial de
desproporción entre el paro femenino y el masculino --éste es un problema
muy importante en España--, ya que mientras la media nacional es de un
1,8, en Aragón es superior a tres. Es la única Comunidad en la que, con
datos de la EPA del cuarto trimestre de 1997, esa relación es superior a
tres y, por lo tanto, es lógico que se adopten medidas y, si se toman por
Comunidades Autónomas, lo normal es empezar por aquella que está más
afectada.
No cabe duda, además, de que un plan de este tipo puede ser un plan
piloto que cree una práctica, que se vea como un plan complementario del
Plan de acción de empleo que puede desarrollarse allí donde la situación
en términos relativos es más grave y de esa misma puesta en práctica de
este Plan de empleo en Aragón se deduzcan experiencias para que vaya
extendiéndose al conjunto de las restantes Comunidades Autónomas, y una
vez que en un sitio se haya decidido, analizado y visto qué causas
inciden en este problema, como la formación de las mujeres, su
experiencia en el mundo laboral, el haber trabajado de jóvenes, haberlo
dejado y tener problemas de reincorporación, el mundo rural --que como ha
señalado un portavoz puede ser importante en muchos sectores de la mujer
aragonesa--, la generación a la que pertenecen --las jóvenes trabajan en
mayor medida, mientras que las mujeres mayores no están acostumbradas o
no se incorporan al mundo del trabajo en la misma proporción--, es decir,
cuando veamos todas estas experiencias y en Aragón podamos ir viendo cómo
se solucionan no servirá esa experiencia sólo para los aragoneses, sino
que podrá servir para el resto de Comunidades Autónomas, desde Navarra
hasta Madrid pasando por Asturias, Baleares o Murcia. En consecuencia,
será una experiencia positiva para solucionar un problema que afecta a
todos, pero la solución del problema de todos es mucho más importante que
el problema específico de Aragón, y esta solución
está en el Plan que el Gobierno ha presentado, denominado Plan para la
acción por el empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 131; en contra, cuatro; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL MINISTERIO
DE FOMENTO A PRESENTAR EN EL PLAZO DE TRES MESES, ANTE LA COMISION
GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EL PROYECTO DE REFORMA DEL
REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY 25/1988, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS,
COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACION EFECTUADA POR LA APROBACION DE LA
LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL, DE FORMA QUE LOS GOBIERNOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
PUEDAN CONOCER Y MANIFESTAR SU OPINION ANTES DE SU DEFINITIVA APROBACION;
Y POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, INMEDIATAMENTE DESPUES,
PRESENTE A LAS CORTES GENERALES SU PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA LOS
PROXIMOS AÑOS EN MATERIA DE CARRETERAS, EN EL CONTEXTO DE LA
PLANIFICACION PREVISTA EN LA LEY 25/1988 (662/000123).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Ministerio de Fomento a presentar en el plazo de tres
meses, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el proyecto
de reforma del Reglamento que desarrolla la Ley 25/1988, de 29 de julio,
de Carreteras, como consecuencia de la modificación efectuada por la
aprobación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, de forma que los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas puedan conocer y manifestar su opinión antes de su
definitiva aprobación; y por la que se insta al Gobierno para que,
inmediatamente después, presente a las Cortes Generales su programa de
actuaciones para los próximos años en materia de carreteras, en el
contexto de la planificación prevista en la Ley.
Esta moción tiene una enmienda, que es del Grupo Popular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la representante del Grupo
proponente, Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, una de las técnicas legislativas del Gobierno Popular en lo que
es la componente presupuestaria es bastante conocida por todas sus
señorías y no es otra que ir aprovechando la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado para ir modificando aquellas leyes o
aquellos aspectos de las mismas que no sirven --o no les gustan-- a sus
intereses políticos. Y yo diría que lo hacen --porque así no se aborda el
debate de forma sosegada, ni con el tiempo suficiente para el mismo ni
con la necesaria capacidad parlamentaria para que esas modificaciones
tengan las aportaciones de los distintos grupos políticos de las Cámaras.
Casi, señorías, un centenar de leyes ha modificado el señor Aznar en
sendas leyes de acompañamiento a los dos Presupuestos Generales del
Estado aprobados desde que gobierna la derecha. Es el caso de la Ley
25/1988, de Carreteras, que fue modificada en la Ley de Medidas de 1997,
en el sentido de añadir, en el artículo 5, el término «programa», como
instrumento distinto y diferenciado, que no alternativo, señorías --y
esto es muy importante-- al término «planes», que ya recogía la entonces
Ley de Carreteras.
Está claro que, en principio, la inclusión del término «programas» no
debería suponer nada más que abordar la reforma del Reglamento para
hacerlo conforme a la misma, es decir, incluyendo la naturaleza, el
contenido, la documentación y el procedimiento de aprobación y revisión
de esos programas, pero en ningún caso, señorías, entendemos desde el
Grupo Socialista que deba suponer el abandono de lo que es la
planificación como elemento armonizador de los intereses públicos y como
garante de la unidad del sistema de comunicaciones, cohesión y
vertebración territorial. Tampoco entendemos desde el Grupo Parlamentario
Socialista que deba ser éste el pretexto que utilice el Gobierno para no
presentar a las Cortes Generales un programa global de actuaciones, su
programa global de actuaciones, en los próximos años en materia de
infraestructuras viarias.
El PP, señorías, lleva ya dos años gobernando; pronto se empezará, si no
han comenzado ya, a elaborar los terceros Presupuestos Generales del
Estado y el Ministro de Fomento que ni nos ha traído aún al Parlamento, a
las Cortes, su propuesta de actuación global en materia de
infraestructuras viarias de carreteras o de ferrocarril. Las Cortes
Generales no conocen si el Gobierno va a sustituir las actuaciones
planificadas coordinadamente con las Administraciones autónomas, que
recoge el Plan Director de Infraestructuras, ni saben si se van a
sustituir por otras actuaciones, como legítimamente sin duda puede hacer
un Gobierno, pero contando con el refrendo del Parlamento.
Hasta ahora no ha sido así. Las actuaciones y las inversiones que el
Ministerio de Fomento se ha decidido a traer a estas Cámaras se han
conformado de forma coyuntural y no siempre han respondido a intereses
generales en un país que es tan complejo territorialmente como España, ni
tampoco esas actuaciones podemos decir que responden a las necesidades de
transporte y comunicaciones en lo que debiera ser una perspectiva de
futuro y desde luego en lo que tiene que ser objeto de debate y a ser
posible, señorías, de
consenso sobre las prioridades de las actuaciones a abordar.
Hasta ahora, el Ministro de Fomento, además de recoger en esos sendos
Presupuestos algunas actuaciones puntuales, gran parte de las veces al
dictado de los apoyos parlamentarios, lo único que ha hecho ha sido
presentar el programa de autopistas de peaje que, sin duda, como vimos en
el debate, ha supuesto un desequilibrio territorial en la red viaria.
Pues bien, han transcurrido 18 meses desde que esa Ley de Acompañamiento
de 1997 modificó la Ley de Carreteras, y es lamentable que aún no
conozcamos si el Gobierno del señor Aznar tiene previsto o no modificar
el PDI; no conoce este Parlamento ni los españoles qué actuaciones piensa
realizar el Gobierno y cuáles de ellas son las prioritarias, en qué
territorios y, sobre todo, con qué criterios. Señorías, ni siquiera se ha
abordado la reforma de ese reglamento que desarrolla la modificación de
la Ley de Carreteras.
Parece que el Gobierno, con la modificación que hizo en 1997, lo único
que pretende es cambiar profundamente la filosofía que inspiró el Plan
Director de Infraestructuras, donde sin duda se programaban en un marco
temporal de forma global una serie de actuaciones en infraestructuras
viarias, básicamente carreteras y ferrocarril, y parece que ése no es su
modelo. No importa, señorías, pero tráiganlo a la Cámara, y, desde luego,
digan si no les interesa la planificación de carácter global y
estratégico como sistema básico de infraestructuras. Deben decírselo
ustedes a las Cámaras porque si tratan de hacer una política de
inversiones apoyada sólo en el análisis de lo que son los problemas a
corto plazo lo deben trasladar también a las Cortes, pero les aseguro que
esa política corre el riesgo de ser una política errática y, desde luego,
poco eficiente.
Yo diría, señorías, que tenemos que superar las limitaciones que
representa un proceso de programación que se apoye sólo en ópticas
sectoriales; es decir, necesitamos definir políticas de inversión
decididas y, sobre todo, que busquen objetivos de futuro.
El Partido Popular parece que no está dispuesto a hacer esa programación
en el marco de la planificación del Plan Director de Infraestructuras
pero, si es así, al menos tráigannos su programa global de actuaciones
para esos próximos años. No olviden, señorías, que es necesario, en todo
caso, planificar lo que es la estrategia territorial de forma coordinada
y debatida por todos, pero sabiendo que la acción desde las
infraestructuras sobre la política territorial es de las pocas, podríamos
decir, que aún pueden ejercer los poderes públicos en el contexto de la
Unión Europea y en una situación de cohesión y vertebración territorial
y, sobre todo, que está libre de la movilidad de los factores productivos
a que se ven sometidas otro tipo de políticas.
Esa planificación, ese proyecto que les estamos demandando, corresponde
ahora traerlo al Gobierno Popular si es que no consideran adecuado, si es
que no están de acuerdo con el que se aprobó por el Gobierno socialista y
fue refrendado por las Cámaras en 1994. Traigan su modelo.
Por eso nosotros pretendemos dos cosas con nuestra moción. En primer
lugar, que se traiga la reforma del reglamento a la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, porque allí los gobiernos autónomos pueden
conocer y manifestar su opinión antes de la aprobación definitiva de ese
reglamento, y queremos que esa reforma tenga una temporalidad lo más
inmediata posible puesto que, como antes decía, ha transcurrido ya año y
medio. Por tanto, hemos recogido en nuestra moción que el plazo sea como
máximo de tres meses.
En una segunda propuesta, la moción reclama que, inmediatamente después
de que se apruebe esa reforma del reglamento que desarrolla la Ley de
Carreteras, tenga entrada en las Cortes Generales, en la citada Comisión,
el programa de actuaciones de lo que es la política de infraestructuras
del Gobierno Popular en materia de carreteras y, por supuesto, en el
contexto de la planificación de la Ley 25/1988.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende, señorías, que no se trata de
ir parcheando la política de infraestructuras, la política de transportes
o la política de comunicaciones. Hay que aprobar --repito--, si es que no
les gusta el Plan Director de Infraestructuras, un esquema director de lo
que son las carreteras, los ferrocarriles y el transporte combinado.
Tienen ustedes que traer su plan de actuaciones con vistas al futuro, si
es que tienen otro distinto al aprobado en 1994, y se lo estamos
reclamando en el contexto de lo que son las políticas europeas. La Unión
Europea ha definido y ha aprobado esquemas directores a nivel europeo
para carreteras, para ferrocarriles y para transporte combinado, y es
habitual que la revisión periódica y la realización permanente de planes
o de esquemas directores de infraestructuras se haga en los distintos
países de nuestro entorno. Lo que nosotros pedimos, por lo tanto, no es
nada más que tener comportamientos similares a los de los países con los
que estamos formando parte de todo el contexto de nuestra economía y de
nuestra política diaria incluso. Por consiguiente, si es lo habitual, si
es lo que se debe hacer, y si es que ustedes no están de acuerdo con el
marco global de la planificación que plantea el Plan Director de
Infraestructuras, lo que deben hacer es traernos sus propuestas, que no
deben ser --insisto-- concretas y dejadas al albur de no se sabe qué
intereses pero que, en todo caso, lo que no pueden hacer es alejarse de
lo que es el marco general de la planificación estratégica del
territorio.
Por todo esto, señorías del Grupo Parlamentario Popular, les pido que
apoyen esta moción, y lo hago incluso en coherencia con aquella reforma
que ustedes llevaron a cabo en 1997. Al modificar el artículo 5 de la Ley
de Carreteras dejaban el concepto de planificación e incluían el de
programa. Pero en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos o queremos
entender que la planificación y ese añadido de la programación no son
excluyentes, por tanto, señorías ¿en qué contexto de planificación
estratégica del territorio van ustedes a ir presentándonos cada uno de
sus programas? Díganlo y sobre todo, díganselo a los españoles a través
de las Cortes Generales, a través de los órganos de representación.
Por eso, si queremos conocer nuestro futuro en esa estructura
territorial, si queremos saber lo que yo creo que queda claro para todos,
que es que las infraestructuras, su
futuro, su implicación en lo que es la competitividad de la economía, en
la generación de empleo y en la cohesión social y territorial como algo
vital, como algo necesario tendremos que planificar en el medio y en el
largo plazo. No basta con ir parcheando e ir abordando los problemas que
surgen de forma concreta, ni siquiera de ir haciendo programas con
coyunturas económicas y presupuestarias que, a lo largo del tiempo, van
finalizando, van acabando, y nos dejan sin política planificada de
cohesión territorial y de cohesión social.
En definitiva, le pido al Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, al
Grupo Parlamentario Popular --y sé que tiene formulada una enmienda para
intentar llegar a un acuerdo-- que apoye esta moción porque es coherente
con su propia reforma inicial, si es que no se escondía nada detrás de
aquella reforma. Si, por el contrario, lo que se pretendía con aquella
reforma al añadir el concepto programación era acabar con la
planificación, no va a encontrar al Grupo Parlamentario Socialista en ese
camino. Pero si ustedes tratan de hacer ambos instrumentos compatibles y
una programación en el contexto de una planificación en un marco global,
seguro que nos van a encontrar en el camino, siempre que las prioridades
sean coherentes con una programación correcta del territorio y, desde
luego, con la cohesión en un país como España muy complicado
territorialmente.
También pido su apoyo al resto de los grupos parlamentarios. Los grupos
parlamentarios que de alguna manera forman parte de la política de socios
del Gobierno, aprobaron en su día la propuesta de modificación de la Ley
de Carreteras, de ese artículo 5. Yo creo que ellos sí que tenían claro
en qué contexto se abordaba la reforma: en el del marco global de la
planificación, en el marco global del Plan Director de Infraestructuras,
para ir abordando actuaciones puntuales para realizar esos programas que
se insertan ahora también en el artículo 5.
Por lo tanto, yo creo, por coherencia, que todos los grupos de esta
Cámara debemos apoyar esta moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. Sólo en ese contexto podremos saber cuál es en materia de
infraestructuras, en materia de carreteras, el futuro de nuestro país y
el futuro, sobre todo, de lo que son las comunicaciones, de lo que es la
competitividad económica, el desarrollo y la generación de empleo y,
sobre todo, la cohesión social y territorial en ese contexto de la
globalidad y de las prioridades de cada grupo político.
Para finalizar, señorías, quiero pedir reiteradamente ese apoyo con el
ánimo de que dentro de tres meses tengamos aprobado ese Reglamento con
las aportaciones de los gobiernos autónomos de las distintas
administraciones territoriales y, desde luego, con las aportaciones de
esta Cámara para que, conozcamos finalmente, después de más de dos años,
cuál es la política de infraestructuras del señor Arias-Salgado y del
señor Aznar que hasta ahora todos desconocemos.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como se ha dicho, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social modificaba el artículo 5.º de la Ley 25/88, de 29 de
julio, de Carreteras, en el sentido de incluir el término «programa» con
un instrumento diferente al de planes para que el Ministerio de Fomento
pudiera acordar la ejecución de actuaciones de obras.
Una vez modificada la Ley se ha abordado la reforma del Título I de
planificación del Reglamento para hacerlo conforme a la misma, incluyendo
la naturaleza, contenido, documentación y procedimiento de aprobación y
revisión de los programas, labor que en estos momentos está
desarrollando, señorías, el Ministerio de Fomento. Se ha elaborado el
primer borrador de dicha modificación que ha sido enviado a información
de las organizaciones afectadas y que se someterá, una vez que culmine
este período de información pública, al trámite del informe del Consejo
de Estado.
Suponemos que las tramitaciones que normativamente ha de sufrir toda
modificación reglamentaria no van a alterar el procedimiento de una
reforma sustancial y no parece aventurado pensar --como decía la moción
del Grupo Parlamentario Socialista-- que dentro de tres meses pueda estar
aprobada esta modificación reglamentaria, que es lo que se solicita en la
primera parte de su moción. Tan pronto se disponga de la misma, podrá
presentarse el nuevo programa de actuaciones del Ministerio de Fomento
para los próximos años en materia de carreteras, un programa de vías de
gran capacidad y ejecución prioritaria.
Por otra parte, como ya se ha manifestado con ocasión de otra moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados, la necesaria continuidad en la planificación de
infraestructuras lleva consigo que este Gobierno considere el Plan
Director de Infraestructuras como un documento de referencia, y todavía
válido en gran parte de sus contenidos, de cara a la planificación y
orientación de las actuaciones a emprender en materia de carreteras, al
objeto de encauzar unos adecuados programas y sus recursos
presupuestarios --una de las preocupaciones que manifestaba la Senadora
Pleguezuelos--, máxime cuando el Plan Director de Infraestructuras en su
introducción ya señalaba como fundamentales su desarrollo y gestión a
través del binomio de funcionalidad planificación-programación. Si se
hablaba de planes, se hablaba de programas al quedar la acción
infraestructural supeditada a objetivos más amplios de política de
Estado.
Se trata de un Plan Director de Infraestructuras que ha de dar lugar a
una estrategia de desarrollo sostenible para el conjunto del Estado,
estrategia a la que se supeditan los desarrollos de los programas
sectoriales de infraestructuras. Está claro que el objetivo de los mismos
es la vertebración del territorio nacional, con pleno respeto a las
competencias específicas de las Comunidades Autónomas,
otra preocupación más de la moción del Grupo Parlamentario Socialista que
nosotros, señorías, compartimos.
En el Plan se optaba por unos programas en los que se concretaban y
periodificaban las inversiones que se van elaborando en función de un
riguroso análisis generalizado en el que se tienen en cuenta las
coyunturas económicas y presupuestarias de cada período así como los
comportamientos concretos de la demanda.
Señorías, el Gobierno no abandona su papel constitucional de defensor de
intereses generales, así calificados por la Constitución, y asignados
competencialmente a la Administración General del Estado como garante de
unas condiciones mínimas de desarrollo para todos los territorios y para
todos los ciudadanos, compatibilizándolas con las restantes de
competencias autonómicas bajo el principio de pleno respeto a tales
competencias a través de un profundo análisis de la política territorial
específica de cada Comunidad Autónoma, y en particular por la solución de
las determinaciones que figuran en sus respectivos instrumentos de
ordenación territorial.
Señorías, por tanto, no hay peligro de actuaciones coyunturales; lo que
hay son proyectos que deben ejecutarse en orden a vertebrar el territorio
nacional de acuerdo con las prioridades que, una vez oídas las
Comunidades Autónomas, fijará, como es lógico, el Ministerio de Fomento.
Por tanto, hay que decir que el Gobierno no tiene previsto ignorar el
PDI, que es cierto que no es una verdadera planificación, que no es un
verdadero esquema director, sino un catálogo de voluntades en el que se
han ido enumerando una serie de infraestructuras junto con otras también
necesarias para que España se adecue a la realidad europea en este
sector, en el que nos encontramos un 20 por ciento por debajo de la media
siguiendo los criterios, que ya hemos repetido, que conduzcan a una mejor
vertebración del Estado y con respeto absoluto a las competencias que
tienen las Comunidades Autónomas.
En este sentido se reitera que se está elaborando un programa de vías de
gran capacidad, un programa realista que abordará, entre otras
actuaciones a realizar, las prioritarias en carreteras, al que va a
dotar, lógicamente, de inversión. Un programa que actualiza y complementa
lo que verdaderamente se ha venido realizando hasta ahora. La
presentación y aprobación de este programa se llevará a cabo conforme a
lo que se disponga en la modificación del Reglamento de Carreteras
actualmente en tramitación.
Es intención del Gobierno la presentación del citado programa tan pronto
se apruebe el Reglamento. Y al tratarse de vías de gran capacidad, en él
figurarán, tanto las autovías como las autopistas de peaje, apartado este
último que se constituirá en subprograma, y que recogerá, entre otros,
los proyectos ya conocidos y definidos.
Por lo que se refiere a la conservación y explotación de carreteras, no
parece condición indispensable que formen parte de un plan general. Estas
labores son de ejecución ineludible por parte de la Dirección General de
Carreteras, en función, como es lógico, de los recursos y
disponibilidades presupuestarias que se asignen para el mantenimiento de
las carreteras, y constituyen por sí mismas el programa de conservación y
explotación en el que también se incluyen anualmente, y en desarrollo de
los programas específicos de mejora de la seguridad vial, actuaciones
encaminadas a la eliminación de elementos de riesgo.
Así pues, la puesta en práctica de la programación indicada permitirá ir
avanzando en la ejecución de actuaciones mientras se acomete la redacción
de un plan sectorial que tendrá como referencia documental el PDI,
complementará y ampliará las actuaciones que ya se vienen realizando en
el sector de carreteras y que figuran en los anexos de inversiones de los
respectivos Presupuestos Generales del Estado, y que, por su enorme
envergadura, tendrán necesidad de importantes recursos económicos.
A la vista de lo expuesto, el Grupo Popular considera que puede aprobar
el primer punto de la moción presentada por el Grupo Socialista, por la
que se insta al Ministerio de Fomento a presentar, en el plazo de tres
meses, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas el proyecto
de reforma del Reglamento que desarrolla la Ley de Carreteras, como
consecuencia de la modificación efectuada por la aprobación de la Ley de
Medidas de 1997, de forma que los Gobiernos autonómicos puedan conocer y
manifestar su opinión antes de su definitiva aprobación.
En cuanto al punto segundo de la moción, hemos presentado una enmienda de
modificación por la que se propone que el Senado inste al Gobierno a que,
una vez modificado el Reglamento que desarrolla la Ley de Carreteras,
presente en las Cortes Generales un programa de vías de gran capacidad de
ejecución prioritaria. Espero que esta enmienda de modificación sea
aceptada por sus señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bris.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, Senador Bris, agradezco el reconocimiento por parte de
su Grupo acerca de que el Plan Director de Infraestructuras es un marco
referencial. Eso nos tranquiliza, porque en algunas ocasiones ésta no ha
sido la postura que han defendido, tanto algunos Diputados del Grupo
Popular en el Congreso, como algún Senador en esa Cámara. Por tanto,
conociendo su calidad de portavoz en la Comisión de Obras Públicas, como
digo, le agradezco que dicho Plan sea para ustedes un documento de
referencia.
Sin duda, un esquema director --sobre todo, teniendo en cuenta, como ya
he dicho, un territorio tan complejo como es el de España por su reparto
competencial y territorial-- no debe ser tanto una declaración de
voluntades, como un instrumento descentralizado y que pretenda una
actuación coordinada de todas las Administraciones públicas. Y no se
puede concebir ninguna política territorial de forma hilada desde el
centro sin tener eso en cuenta.
Pero lamento --y tengo que decirlo así-- que sólo se aborde como
prioridad --aunque ésta sea muy importante-- el programa de vías de gran
capacidad, entendiendo por tal, según usted ha señalado, las autovías y
las autopistas de peaje, un programa específico que ustedes
van a desarrollar. Y lo lamento, porque creo que todavía queda una
importante red de carreteras que sigue siendo competencia del Estado y no
de los Gobiernos autonómicos. Eso es algo que se debería abordar con
prontitud, porque conocer cuáles son las prioridades es la forma en que
se demuestra la generosidad de un Gobierno central que mantiene mejores o
peores relaciones con los respectivos Gobiernos autonómicos.
Por tanto, aceptamos la enmienda de su Grupo, aunque hay dos matices que
diferencian su enmienda de nuestra moción. En primer lugar, no sé por qué
ustedes eliminan el carácter de inmediatez del segundo punto de la
moción. Cuando pedimos que se apruebe en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas el Reglamento que desarrolla la Ley de Carreteras
en tres meses y, en el segundo punto, decimos: e inmediatamente que
traiga el Gobierno a las Cortes Generales el correspondiente plan de
actuación, aunque parezca nimio, no lo es. Ustedes nos dicen que
inmediatamente no, que una vez modificado el Reglamento. Eso, sin duda,
significa que ustedes pueden volver a tomarse un año más para traer o no
ese programa. Espero que no sea así.
Quiero reiterar que hubiera sido deseable que abordaran ese Plan
sectorial de carreteras, como mínimo con el compromiso que adquirió su
Ministro, Arias Salgado, e incluso el Presidente del Gobierno, en alguna
ocasión en el Congreso de los Diputados: abordarlo con bastante
prontitud. Si la referencia es el Plan director, seguro que estaremos
conformes, pero si es que lo van a traer ustedes a final de legislatura
con carácter electoralista, posiblemente tengamos menos puntos de
acuerdo.
Señorías, reitero una vez más que aprobamos, apoyamos y aceptamos esta
enmienda, pero seguiremos peleando porque pronto tengamos ese Plan
sectorial de carreteras, donde el Gobierno Popular deje claras cuáles son
sus prioridades para todos los territorios donde gobierna, donde no lo
hace y donde tiene aliados parlamentarios y, en definitiva, para que
cumpla todos sus compromisos: el de hoy en la Cámara y alguno de hace
mucho tiempo, que todavía no ha cumplido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la Senadora Pleguezuelos ha expuesto muy claramente la
problemática existente respecto al desconocimiento por parte de las
Cámaras de cuáles son los proyectos inmediatos o futuros del Ministerio
de Fomento en materia de carreteras.
Se ha referido, efectivamente, a una interesante modificación que hubo de
la Ley 25/88, de Carreteras, por la Ley de Acompañamiento de 1997, en
donde se introducía el término programas, que, a nuestro juicio, era muy
interesante definir.
Si la Senadora Pleguezuelos nos lo permite, diremos que no nos extraña
que las leyes de acompañamiento modifiquen muchas leyes, porque el
Gobierno del Grupo Parlamentario Popular tuvo un buen maestro en el
Gobierno Socialista. Recuerdo perfectamente una de las que
sorprendentemente modificó: la Ley del Medicamento y, a partir de ahí, no
nos extraña que buscar las leyes en España sea casi casi un galimatías y
las leyes de acompañamiento sean un referente para casi todas las leyes.
En cualquier caso, esta modificación nos pareció interesante porque
establecía el término programa como un escalón final, después del Plan
Director de Infraestructuras que, evidentemente, nos parece perfectamente
útil, con un horizonte hasta el año 2007. Tras los planes de actuación
prioritaria hay un escalón que puede ser intermedio y referente a todas
las actuaciones en materia de carreteras. Creo que son alrededor de
23.000 kilómetros los que se prevén en algunos años. A un escalón
inferior estos programas ya tienen habitualmente dotación presupuestaria
y que concretan y actúan en toda España, tal como la Senadora
Pleguezuelos ha señalado. Estoy convencido de que habrá actuaciones en
Granada, en Guadalajara, en Alella, y también en San Gregorio, en la
provincia de Girona. Por tanto, estoy convencido de que el Gobierno hará
una previsión bien elaborada, de acuerdo con este escalonado al que me
hacía referencia.
Nosotros estamos de acuerdo con el contenido de la moción y con la
modificación que ha formulado el Grupo Parlamentario Popular. El primer
punto de la moción no ha sido, evidentemente, discutido, y el segundo nos
parecía correcto. En cualquier caso, si la modificación propuesta por el
Grupo Parlamentario Popular permite la aprobación, evidentemente,
nosotros también le damos soporte a la misma.
Finalmente, reiteramos la felicitación a la Senadora Pleguezuelos por
haber planteado un tema que ciertamente es importante, y al Senador Bris
por haber sabido captarlo y, por lo tanto, permitir su aceptación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Solamente quiero agradecer al Senador
Beguer su apoyo.
También deseo decirle que las leyes que se modificaron por la Ley de
Acompañamiento en ningún caso llegaron al centenar, aunque sí que es
verdad que se modificaron algunas. Usted sabe perfectamente que, después
de una sentencia, la Ley de Acompañamiento fue un instrumento para
resolver algunos problemas que venían arrastrándose en las leyes de
presupuestos. Usted
mismo, en la pasada Ley de Acompañamiento, votó a favor de alguna
modificación de la Ley del Medicamento que modificó el Grupo Popular. Se
lo recuerdo porque yo sí observo quién vota y qué vota cada uno, y cuando
alguien me dice algo en un debate parlamentario, se lo reitero porque
tengo buena memoria. En todo caso, usted, tanto en la otra ocasión como
en ésta, tuvo que apoyar esa ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero felicitar a la Senadora Pleguezuelos por su enorme
memoria, porque ya está bien acordarse de una votación de hace un año.
La modificación de las leyes por parte del Partido Socialista cuando
gobernaba se ha producido bien en la Ley de Presupuestos o bien en las
leyes que acompañaban a los presupuestos, y no pueden utilizarlo como
argumento a la hora de criticar la actuación del Gobierno del Partido
Popular.
Para nosotros, señoría --vuelvo a repetirlo-- el Plan Director de
Infraestructuras que se debatió en esta Cámara y en el que había algunos
errores manifiestos y muy anecdóticos, como por ejemplo que en el mapa
figuraba Ceuta donde tenía que estar Melilla y viceversa --lo recuerdo
porque fui uno de los que debatieron el Plan Director de Infraestructuras
en esta Cámara-- sigue siendo un marco referencial y un documento válido,
pero no completo. Es algo que nos puede servir para saber que queda mucho
por hacer en infraestructuras y que tenemos que seguir trabajando en las
mismas. Nosotros, mediante esta moción, hemos pretendido aprobar que el
Gobierno presente un plan de vías de gran capacidad, autovías y
autopistas, porque el Plan sectorial de carreteras, señorías, no se ha
cumplido nunca --los planes sectoriales de carreteras que se han ido
presentando no se han ido cumpliendo-- y hemos pretendido que el Gobierno
correspondiente tenga la obligación, a través del Ministerio de Fomento,
de proceder a los programas de conservación y de explotación de aquellas
carreteras en las que tiene competencias. Eso, señorías, figura recogido
en los anexos de los presupuestos de inversiones que debatimos y
aprobamos cada año en esta Cámara.
A nosotros nos parece correcto que el Gobierno no se precipite en
presentar un programa con anterioridad a que se disponga la modificación
del reglamento de carreteras, cuya tramitación hemos aprobado y se tiene
que producir en un plazo de tres meses a partir de este momento. Por lo
tanto, creemos que esa vertebración que tanto nos preocupa a todos, esas
actitudes coyunturales que indudablemente no deben existir nunca en
materia de infraestructuras están, en cierto modo, protegidas --cuando
digo protegidas me refiero a la vertebración del territorio nacional--
por la política que está realizando al respecto el Ministerio de Fomento.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bris.
Entiendo que la enmienda ha sido aceptada. ¿Ha sido así, Senador Bris?
(Asentimiento.)
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento la moción? (Pausa.) Queda
aprobada por asentimiento con la enmienda incorporada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DENUNCIA DEL CONVENIO NUMERO 45 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT), DE 21 DE JULIO DE 1935, RELATIVO AL EMPLEO DE LAS MUJERES
EN LOS TRABAJOS SUBTERRANEOS DE TODA CLASE DE MINAS. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000163) (C. D. 110/000164).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto. Conocimiento por el Pleno de tratados
y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los
trabajos subterráneos de toda clase de minas. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con esta denuncia.
¿Desea intervenir algún Senador?
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que por nuestra parte, considerando que éste es un tema de
singular importancia con respecto a la igualdad de oportunidades
hombre-mujer o mujer-hombre, intervenimos para definir --aunque no sea
más que en términos breves y muy modestos-- las razones en las que se
fundamenta el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos para apoyar el
texto relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de
toda clase de minas.
Si bien es cierto, señorías, que durante largos tiempos precedentes y por
virtud de lo que se denominaba normativa protectora, algo así como medida
especial de protección de las mujeres en lo referente al tipo de trabajo
motivante de la denuncia, no es menos cierto, felizmente, que hoy se
dispone de preceptos que prohíben la discriminación sexual. Voy a citar,
sin ir más lejos, el artículo 14.2 de la Constitución y la Directiva
europea 76/207, entre otros muchos preceptos, los cuales sin duda obligan
a un examen de la relación entre la acción igualitaria de la legislación
nacional e internacional y la legislación protectora en función a la
realidad actual, para evitar que se encubra una consideración de
inferioridad de la mujer puesto que, fundamentalmente, la protección de
ésta por sí sola no es suficiente
para justificar diferencias de trato. Así se halla reconocido por el
Tribunal Constitucional en su sentencia 220/1992, de 14 de diciembre.
Efectivamente, señorías, señor Presidente, no cabe duda de que la
prohibición de trabajar en el interior de la mina, aunque responde
históricamente a una finalidad protectora, no puede ser calificada como
medida de acción positiva para conseguir una igualdad real de
oportunidades, ya que no favorece ésta sino que más bien la restringe al
impedir a las mujeres acceder a determinados empleos.
La convención de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, ratificada el 16 de diciembre de 1984,
establece en su artículo 11.3 que la legislación protectora relacionada
con las cuestiones de empleo habrá de ser examinada periódicamente a la
luz de los conocimientos científicos y tecnológicos, y será revisada,
derogada o ampliada según corresponda. A mayor abundamiento cabe decir
que el propio Gobierno del Estado, consciente de la falta de fundamento
actual de la prohibición existente, ya denunció el artículo 8.4.b de la
Carta Social Europea que prohibía el empleo de mujeres en trabajos de
minería subterránea, que ha dejado de tener efectos para el Estado
español realmente a partir de junio de 1991.
Por lo expuesto, señor Presidente, señorías, y de conformidad con la
doctrina del Tribunal Constitucional y del resto de la normativa vigente,
nuestro grupo admite y apoya la denuncia del Convenio número 45 de la
OIT, estimándola totalmente pertinente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
¿Alguna intervención más? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en el orden del día de este Pleno se nos plantea la denuncia de
un convenio de la OIT que, como sus señorías pueden suponer, el Grupo
Catalán de Convergència i Unió votará favorablemente; pero creemos que es
un tema que por su simbolismo bien merece un comentario en este Pleno.
Las condiciones de trabajo han ido evolucionando con el tiempo; están
evolucionando, y objetivos que parecían muy difíciles de conseguir y
condiciones de trabajo que parecían imposibles de mejorar hace cien años
han ido evolucionando, como seguirán evolucionando las situaciones
actuales. Reivindicaciones que hoy se nos plantean en Europa, como la
jornada de 35 horas, parecen aún un objetivo difícil de conseguir, pero,
analizando la perspectiva histórica de los movimientos sociales en
Europa, puede afirmarse que tanto éste como muchos otros logros serán una
realidad en los próximos tiempos.
En 1935 la OIT aprobó este convenio con la mejor intención y reflejando
las condiciones de la época. Veníamos de épocas, el siglo XIX y gran
parte del XX, con jornadas de trabajo de doce y catorce horas y en
condiciones durísimas, que han sido plasmadas en los informes de la
Comisión de Reformas Sociales, e incluso en la literatura. La novela
«Germinal», un clásico en Francia y en Europa, nos explica cómo era la
vida en las minas del norte de Francia a mediados del siglo pasado.
Aquellas condiciones fueron evolucionando lentamente y por esta razón en
1935 la OIT dictó este convenio que hoy todos vamos a denunciar, tanto
porque aquellas condiciones han desaparecido, como porque se ha impuesto
una sensibilidad mayor en relación a la diferencia entre sexos. Por
consiguiente, consideramos inútil aquel convenio, si bien en 1935 fue un
logro en la sensibilidad y en la justicia social.
Nuestro grupo se felicita de poder participar en un Pleno en el que con
nuestro voto contribuyamos a denunciar aquel convenio, que es un símbolo
de lo que fue el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de
trabajadores y trabajadoras. Asimismo, dicho convenio es para todos
nosotros un recordatorio de cómo las condiciones de vida, en el fondo, la
justicia social puede continuar mejorando indefinidamente, y estamos
convencidos de que así será.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para mostrar el apoyo del Grupo Socialista. Sin
ninguna duda denunciar un convenio que era discriminatorio con las
mujeres puede resultar hoy en día difícil, sin embargo, no lo era en
1935, fecha en que no sé si había buena voluntad para con las mujeres o
no. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones se realizaba un
esfuerzo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sin
tener en cuenta a las trabajadoras. El sistema trataba de proteger
paternalistamente a las mujeres y olvidaba que las mujeres debemos formar
parte integrante de la economía social y de la participación política.
Por tanto, el Grupo Socialista se siente muy satisfecho de que, aunque
sea tantos años después, se denuncie un convenio que debía haberse
derogado hace mucho tiempo y manifiesta su apoyo a la denuncia de este
convenio de la OIT.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pleguezuelos.
Senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señor Presidente, señorías, con toda brevedad
trataré de resumir la posición favorable de mi grupo, el Grupo Popular.
Como sus señorías conocen, y como han señalado los anteriores portavoces,
el Convenio número 45 de la Organización Internacional del Trabajo, de 21
de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los trabajos
subterráneos de toda clase de minas, que fue posteriormente ratificado
por nuestro país en 1958, se guiaba en aquel momento por la filosofía de
protección de las mujeres de trabajos rudos y dificultosos. Esta
filosofía estaba marcada
por los estereotipos corrientes de la época y que venían desde mucho
tiempo atrás contemplando a la mujer como inferior y frágil, es decir,
débil.
A finales del siglo XX, siglo que para muchos es conocido y entendido
como el de la descolonización de la mujer, este tipo de estereotipos van
quedando en el camino. Por lo tanto, se ha producido una evolución.
Ejemplo de ello es la propia Constitución Española y toda la legislación
que tenemos en nuestro país en pro de la igualdad de sexos.
Ejemplo también, como ya anunció el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, es la denuncia por parte de España, en
1991, del artículo 8 de la Carta Social Europea que prohibía también el
trabajo de las mujeres en labores subterráneas de minería. Ejemplo
también --aunque el pasado pese mucho-- es la actitud, cada vez más
compartida por todos, de reconocer que mujeres y hombres somos todos
iguales y complementarios. Ejemplos claros, señorías, que impiden que se
pongan cotos y límites a los trabajos que una mujer pueda desempeñar.
Por último, señorías, y atendiendo a la brevedad que me impuse al
principio de esta intervención, debo decir que desde que una mujer
franquea la frontera del territorio masculino cambia la naturaleza del
combate profesional.
Cabe preguntarse, señorías, y con el ánimo de reflexión, cuántos hombres
entonces serían capaces de demostrar las virtudes que se le exigen a una
mujer.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Do Campo.
Por el tenor de todas las intervenciones, entiendo que se puede aprobar
por asentimiento.
¿Puede considerarse así? (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento y, por lo tanto, se autoriza en este acto
a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio de la denuncia del Convenio número 45 de la Organización
Internacional del Trabajo, de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de
las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONVENIO
ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (S. 621/000085)
(C. D. 121/000105).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: lectura única de
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados. Proyecto de Ley por el que se aprueba la modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
No se han presentado propuestas de veto.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar, quiero felicitar y agradecer la presencia de la Presidenta del
Parlamento de Navarra que nos acompaña, sin duda, para celebrar con todos
los navarros, a quienes representa, y con todos los españoles, a quienes
nosotros representamos, la aprobación de este proyecto de ley que supone
algo muy importante para Navarra y para el progreso de nuestra tierra en
general.
Es para mí un gran honor intervenir en esta ocasión, en mi condición de
Senador de Unión del Pueblo Navarro y en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, a fin de manifestar expresa y explícitamente el apoyo al
proyecto de ley que aprueba la modificación pactada entre Navarra y el
Estado en relación con el Convenio Económico acordado también en su día
entre ambas partes.
Como sus señorías conocen --aunque no por ello quiero dejar de
subrayarlo--, un rasgo o elemento esencial de los derechos históricos de
Navarra, de su régimen foral, es su autonomía fiscal y tributaria,
competencia exclusiva y plena, de carácter histórico, reconocida y
amparada por nuestra Constitución en su disposición adicional primera y
por el amejoramiento del Fuero, el cual no es sino la auténtica novación,
por vía de pacto, de la vieja ley paccionada.
Dicha autonomía fiscal y tributaria --un derecho, que nunca un
privilegio-- viene regulada por el sistema tradicional de convenio
económico en el que se determinan los criterios de armonización de
nuestro régimen tributario con el general del Estado. En la práctica el
régimen de convenio implica el ejercicio por Navarra de una plena
responsabilidad fiscal, lo que conlleva que los ingresos tributarios
deben asegurar la suficiencia presupuestaria de cara al gasto público. De
ahí que si Navarra ha de atender con sus propios recursos la inmensa
mayoría de los servicios públicos garantizando el Estado de bienestar,
todo ello no puede conseguirse en modo alguno sin un rendimiento
tributario razonable y adecuado, ya que lo contrario, evidentemente, nos
conduciría a la bancarrota lo que, como sus señorías conocen, en modo
alguno ocurre.
El Convenio, que fue aprobado formalmente por Ley 28/1990, de 26 de
diciembre, es susceptible de ser modificado en cualquier momento, si
bien, en tanto que norma pactada, ello sólo puede hacerse a través del
acuerdo y conformidad de ambas partes.
Pues bien, el actual proyecto de ley incorpora precisamente un acuerdo de
modificación del vigente Convenio Económico en los términos o tal y como
se acordó entre ambas partes el pasado 28 de octubre. De ahí, por la
intención en todo caso de respetar inalterado el texto pactado, el
trámite de lectura única por el que estamos procediendo al presente
debate.
El actual proyecto de ley es, pues, fruto de un pacto o acuerdo que ha de
plasmarse tal cual y que se ha producido, conviene subrayarlo, tras una
negociación que yo calificaría «a lo navarro», responsable, pragmática,
rigurosa
pero serena y sin falsos victimismos ni estridencias, sin necesidad de
echar pulso alguno al Estado; una negociación gestionada, desde luego,
con importantes frutos para nuestra autonomía foral y desde el marco de
la lealtad constitucional y estatutaria; una negociación que, además, ha
venido a contar, gracias a Dios, con el más amplio respaldo político que
evidentemente echa por tierra cualquier posible prejuicio y su posible
fundamento; una negociación, en fin, en la que ambas partes han actuado
con la vista puesta en la satisfacción de los intereses generales y sin
poner en cuestión, sino al contrario, los derechos históricos de Navarra
que, precisamente por serlo, constituyen una limitación de la soberanía
del Estado.
Como ya he indicado, el texto acordado por la Comisión negociadora tiene
por objeto modificar el vigente Convenio, y lo hace para así articular la
voluntad expresada por ambas administraciones acerca de la profundización
de la consolidación de lo que es una histórica potestad financiera de la
Comunidad Foral de Navarra. Además, como sus señorías conocen, el acuerdo
establece la necesaria adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen
de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas establecido
en el marco del modelo de financiación autonómico para el quinquenio
1997-2001. Asimismo, el texto introduce en el Convenio diversas
modificaciones técnicas debidas a reformas del sistema tributario a lo
largo de los últimos años.
Por otra parte, el proyecto de ley mantiene el modo de cálculo y
determinación de la aportación económica de Navarra a las cargas
generales del Estado. En efecto, el principio de solidaridad no es aquí
meramente una formulación teórica, sino una realidad que se puede
constatar ya en la práctica. Este es un aspecto que conviene destacar, ya
que tal y como se deduce o se evidencia en la memoria que acompaña al
proyecto, la aportación de Navarra a las cargas generales de nuestra
nación ascenderá en 1998 a casi 55.000 millones de pesetas, en que queda
de alguna manera concretado el principio de solidaridad que siempre nos
preside con el resto de España; España proyecto en el que, lógicamente,
participamos actividad.
Los navarros --en este caso los navarros de Unión del Pueblo Navarro
integrados en el Grupo Popular y el Grupo Popular mismo--, nos
felicitamos y nos sentimos orgullosos y satisfechos, naturalmente, de que
vayan a incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico positivo los
acuerdos alcanzados entre el Estado y nuestra Comunidad Foral en torno a
la reforma.
He indicado ya a sus señorías cómo el convenio forma parte esencial y
básica de nuestra foralidad, que es el elemento histórico vertebrador de
nuestras relaciones con el Estado desde antiguo hasta nuestros días y que
ha pervivido a lo largo y ancho de los más diversos avatares y
acontecimientos de nuestra historia.
Navarra tiene, en el plano estrictamente financiero, potestad para
establecer, mantener y desarrollar su propio régimen tributario y,
obviamente, para regular y recaudar sus propios tributos. Y Navarra hace
uso una vez más de sus potencialidades, de su potencialidad autonómica,
inherente al respeto constitucional de sus derechos históricos, cuya
inserción paccionada en el ordenamiento jurídico no pone en cuestión,
sino al contrario, el principio de unidad constitucional.
Estamos convencidos y orgullosos de la plena validez del gran pacto
constituyente contenido en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, fiel
reflejo de la España plural, cuya unidad no puede entenderse sin el pleno
reconocimiento de los hechos diferenciales y, entre éstos, obviamente, el
de nuestra foralidad, como el de cualquier otro hecho diferencial de los
diversos pueblos que integran nuestra patria.
El Fuero es para nosotros la manera navarra de ejercer la autonomía en el
marco de la nación española, desde la que queremos colaborar activamente
a la construcción europea. Somos conscientes de que este gran reto que
actualmente afrontamos, ese gran esfuerzo común y solidario, exige, de
principio, mantener y reforzar los vínculos que nos unen, en lugar de
sembrar divisiones o alentar cuanto pudiera separarnos.
Señorías, el pueblo navarro --y ha dado firme muestra de ello en fechas
recientes-- desea vivir en paz y libertad en el marco de una España
democrática, plural y solidaria. La actual modificación del Convenio es
el fruto del normal funcionamiento de nuestras instituciones y de
nuestras leyes y representa el más claro exponente de que por tales
cauces y a través del diálogo y el acuerdo entre los representantes de
Navarra y el Estado se encuentra el único camino para el progreso y
bienestar de nuestra tierra y de sus gentes.
Señorías, en nombre de Unión del Pueblo Navarro y del Grupo Popular,
anuncio, como no podía ser de otra forma, el voto favorable a la
ratificación del acuerdo alcanzado entre Navarra y el Estado y, en
concreto, a las modificaciones pactadas y, con la confianza en el apoyo
de esta Cámara, la de representación territorial, la que, a su vez,
representa la soberanía del pueblo español, agradezco, ya de antemano, el
apoyo de los diferentes grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Iriguíbel.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo dar la bienvenida a la excelentísima señora
Presidenta del Parlamento navarro; en mi condición de Senador autonómico,
con doble motivo.
A continuación, quiero agradecer a los Grupos Parlamentarios y a todos y
cada uno de los Senadores el apoyo que espero que van a prestar al
proyecto de ley de modificación del Convenio Económico entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra. Creo que es de obligado cumplimiento
agradecerlo, porque de bien nacidos es ser agradecidos.
Insistiré en lo que ya he dicho en esta misma Cámara en otras ocasiones,
es decir, en que este pacto entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra no es un privilegio, no es ninguna
prebenda, sino un derecho que Navarra tiene en el transcurrir histórico y
que, además, es preconstitucional. Lo que realmente hace la Constitución
es reconocer los derechos que Navarra ya tenía.
En cuanto al proyecto de ley que espero que aprobemos --y espero que sea
por unanimidad--, no quiero hacer hincapié más que en una palabra, y ello
precisamente por los debates que algunas veces se han suscitado en esta
Cámara al respecto. Me refiero al término «equivalente». Es decir, la
presión fiscal debe ser equivalente, no uniforme. Esto es la única
diferencia clarísima que deseo expresar con respecto a este proyecto de
ley.
Sí quiero poner de manifiesto que, como consecuencia de este proyecto de
Ley, Navarra va a aportar al Estado 54.000 millones de pesetas en el año
1998. Y el censo actual de Navarra ronda las 536.000 personas. La
operación matemática la dejo para sus señorías. Digo esto porque estoy
convencido de que ha llegado el momento de constatar qué autonomías
vienen aportando desde siempre, y siguen haciéndolo, y cuáles vienen
percibiendo. La pregunta es: ¿hasta cuándo?
Con lo que acabo de decir entiendo que Navarra es más que solidaria, es
generosa, y esto no nos duele, sino, al revés, estamos encantados de ser
solidarios. Pero entiendo que la solidaridad no sólo obliga al que
aporta, sino también al que percibe.
Vuelvo a decir que creo que ha llegado el momento de constatar qué
autonomías perciben y cuáles aportan, porque lo que está claro es que en
estos tiempos la riqueza de las autonomías, de las nacionalidades, de las
regiones no está en el suelo, ni en el subsuelo; la riqueza está en la
sociedad y en la gente que habita cada una de ellas; en su interés por
ser solidarios entre ellos y con todos los demás. Solamente quiero
insistir en que éste es el momento de pensar en ello.
Finalmente quiero agradecer de nuevo a todos los Grupos parlamentarios y
a todas sus señorías el apoyo que espero van a dar a esta Ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iriguíbel.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente esta ley del
Convenio económico de Navarra, porque es la columna vertebral del actual
autogobierno navarro y es un vestigio de los derechos históricos de
Navarra, de aquella Navarra que se incorporó a lo que era la Corona de
Castilla en 1515 en un pacto de igual a igual y que vio cómo eran
abolidos sus fueros tras la primera Guerra Carlista. A partir de ahí el
Convenio económico --igual que en el caso de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa
el Concierto económico-- es un vestigio de aquel histórico autogobierno
del pueblo navarro.
Por lo tanto, estamos ante una de las leyes más antiguas que existen en
nuestra legislación y ante un Derecho preconstitucional porque viene, tal
y como he explicado, de hace mucho tiempo.
Es un convenio que tiene un aspecto tributario y un aspecto financiero;
un convenio --como se ha dicho aquí y no voy a entrar en muchos
detalles-- en el que se incorporan nuevos elementos, acordes con el
desarrollo que se está dando tanto en la Unión Europea como a nivel de
Estado español, por ejemplo, en la doble imposición, en los no
residentes, en aquellos impuestos especiales diferentes del alcohol, que
antes ya eran de su competencia pero ahora se incorporan también
hidrocarburos y tabaco, y las primas de seguros, que no existían en el
anterior Convenio, y que se crearon por la Ley de acompañamiento.
Yo quisiera, antes de acabar, resaltar cuáles son las características del
Convenio económico de Navarra. Desde nuestro punto de vista, en primer
lugar, hay que volver a insistir en lo que he dicho, que es un derecho
preconstitucional.
En segundo lugar, el convenio tiene también una característica muy
importante, que es la capacidad normativa. No se trata única y
exclusivamente de la capacidad recaudatoria, sino también de la capacidad
normativa que le otorga la ley.
En tercer lugar, el carácter de pacto; un pacto entre la Comunidad Foral
de Navarra, el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado; un pacto en
el cual, al final, las Cámaras no hacemos más que refrendar lo hecho
entre los dos gobiernos, entre los dos poderes políticos.
En cuarto lugar --y lo ha dicho muy bien el Senador Iriguíbel--, el
convenio es terriblemente solidario. Aquí se han citado cifras por los
dos anteriores intervinientes y se ha dicho que, en efecto, en 1998,
Navarra va a aportar alrededor de 55.000 millones de pesetas. La
aportación es el acto de solidaridad contenido en el convenio.
Por último, señorías, cuando a veces se dice que el convenio no es
realmente un derecho sino que es un beneficio que tiene Navarra, yo
quisiera manifestar --y con esto destaco la quinta característica
importante-- que el convenio tiene un riesgo unilateral para la propia
Navarra, porque el Estado cobra su cantidad vía aportación de acuerdo con
los Presupuestos Generales del Estado y con todo aquello que no es
competencia de la Comunidad Foral de Navarra, y con el resto del dinero
que se recauda, Navarra debe hacer frente y atender las diferentes
cuestiones en las que son competentes. Por lo tanto, señorías, aquí
existe un riesgo unilateral, igual que en el concierto económico vasco,
que no es para el Estado sino para la Comunidad Foral de Navarra.
Y con esto, señor Presidente, acabo, diciendo lo que ya he manifestado al
principio: que nuestro Grupo parlamentario va a votar favorablemente, y
se felicita por ello, esta ley del Convenio Económico de Navarra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Voy a intervenir muy brevemente para manifestar el voto favorable de
nuestro Grupo a la modificación del Convenio Económico entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra.
Este voto favorable de nuestro Grupo quisiéramos explicarlo a través de
una reflexión hecha al hilo de algunas de las manifestaciones de algunos
de los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, en
referencia la plena autonomía fiscal y financiera de la Comunidad Foral
de Navarra que, como han dicho muy bien, es un derecho, y un derecho
histórico de esta Comunidad.
Pero quiero hacer primero esta reflexión ya que, en la exposición de
motivos de este proyecto de ley, se hace mención a que una de las dos
reformas sustanciales en el ordenamiento jurídico tributario del Estado
que ha motivado esta modificación es la introducción de la
corresponsabilidad fiscal en el actual sistema de financiación
autonómica. Esta introducción es un cambio impulsado y apoyado por
Convergència i Unió, y un paso más hacia la mejora de la financiación
autonómica para las Comunidades Autónomas de régimen común que, como
Cataluña, tienen una vocación de máxima autonomía fiscal y financiera.
Esperamos que en las próximas revisiones de ese sistema de financiación,
cuando venza el actualmente vigente, se avance mucho más hasta poder
alcanzar un pacto fiscal mucho más amplio que nos lleve a esta plena
autonomía fiscal y financiera.
Otro motivo para este sentido positivo de nuestro voto es que
Convergència i Unió siempre ha manifestado el máximo respeto a los
acuerdos que se lleven a cabo de forma bilateral entre las Comunidades
Autónomas y el Gobierno del Estado, y por ello entendemos que debemos
votar favorablemente siempre que se produzcan estos acuerdos entre
gobiernos de Comunidades Autónomas y el Gobierno del Estado.
Felicito a la Comunidad Foral de Navarra por este proyecto de ley, y
reitero nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias.
Señor Presidente, permítame sumarme a la bienvenida que han dado otros
portavoces que han intervenido desde esta tribuna a la Presidenta del
Parlamento de Navarra en la representación institucional que le
corresponde.
Señorías, aunque los navarros solemos tener una cierta inclinación
natural a aprovechar cualquier motivo para hablar de nuestra historia, de
la historia de nuestro viejo reino, inclinación que, por cierto,
comparten también algunos ilustres Senadores vascos, por lo menos el
portavoz que ha intervenido en esta ocasión, me van a permitir sus
señorías que yo deje a un lado el pasado, aunque alguna referencia tendré
que hacer, y me refiera, sobre todo, al presente y al más inmediato
futuro, pues el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral
que hoy se tramita en esta Cámara no es, como suele parecer, una reliquia
histórica, sino un instrumento actual --me atrevería a decir que incluso
muy actual-- para instrumentar o para perfilar las relaciones financieras
y tributarias entre ambas administraciones mediante una ley ordinaria
como la que hoy en su proyecto vamos a ver en esta Cámara en su última
fase de tramitación en las Cortes Generales.
Y digo que es un instrumento actual porque el primero de los dos únicos
artículos --y ésta va a ser la única concesión que voy a permitirme al
pasado-- que integran la Ley de 25 de octubre de 1839, que va para 160
años --permítanme que se lo lea porque es muy cortito--, dice: «Se
confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, sin
perjuicio de la unidad constitucional.» Este artículo sigue teniendo hoy
plena vigencia.
Este breve artículo, señorías, es el núcleo principal del modo de
establecer relaciones basadas en la Constitución de 1978 entre el Estado
y la Comunidad Foral; unidad constitucional basada --como ha dicho algún
otro portavoz-- en la lealtad constitucional; unidad y lealtad que se
instrumentan de cuatro maneras diferentes.
En primer lugar, por las relaciones de subordinación que la norma
institucional básica de Navarra, el amejoramiento, tiene respecto de la
norma institucional básica del Estado, de todos los españoles, la
Constitución de 1978.
En segundo lugar, mediante las relaciones de inordinación que --como sus
señorías saben-- son aquellas que se manifiestan en la participación de
Navarra en la conformación de la voluntad general del Estado.
En tercer lugar, mediante las relaciones de colaboración y cooperación, y
no es una casualidad que uno de los instrumentos de cooperación
establecido en el amejoramiento, la Junta de cooperación, sea
precisamente un instrumento que se ha extendido «mutatis mutandi» a todos
los demás estatutos del Estado, incluidos los de Ceuta y Melilla.
Y en cuarto lugar, las relaciones bilaterales cuyo máximo exponente es,
precisamente, el convenio que hoy tramitamos.
Esta es hoy su actualidad, su plena vigencia, que trae causa de la
incardinación del régimen privativo de Navarra en el sistema
constitucional que nos dotamos en 1978 todos los españoles.
Soy consciente, no obstante, señorías, de que el concepto de fuero ha
venido interpretándose tradicionalmente en el mismo o parecido campo
semántico que el concepto de privilegio. Quizá sea porque en su
nacimiento, en el Medievo, los fueros eran realmente privilegios --como
sus señorías saben-- que los monarcas concedían a las ciudades, pero he
de decirles que hoy son dos términos absolutamente disociados, al menos
en lo que a Navarra se refiere.
Y aseguro tal cosa con tal rotundidad, porque el artículo 45 de nuestro
Estatuto, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra, ordena que las relaciones tributarias que se
implementan en el Convenio Económico deben acatar el principio de
solidaridad que establece el artículo 1.º de nuestro Estatuto, de nuestra
Ley de Amejoramiento, que dice lo siguiente: Navarra constituye una
Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias,
indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus
pueblos.
Esta alusión a la solidaridad interterritorial que aparece en el
frontispicio, en el artículo 1.º de la Ley de Amejoramiento, y que tan
sólo recogen --si no recuerdo mal-- las Comunidades de Castilla y León,
Madrid, Baleares y Andalucía, no es un mero nominalismo, al menos en lo
que a Navarra se refiere.
El sistema de convenio económico, es decir, el del proyecto de ley que
hoy tramitamos, hace que Navarra contribuya a las cargas generales del
Estado --esto es, aquellas cargas que sustentamos todos los ciudadanos
independientemente del lugar, de la Comunidad en que cada uno de nosotros
habitamos--, cuando menos, como la que más de las Comunidades. Y observen
sus señorías que, mientras que en estos últimos tiempos que corren se ha
roto el necesario consenso básico en materia de financiación autonómica,
habiendo quebrado el propio Gobierno ese principio de solidaridad
interterritorial en esta materia, mientras todo ello ocurre, en este
Convenio se acuerda que Navarra contribuya a las cargas generales del
Estado en el 1,6 por ciento de lo que cuestan éstas, en tanto que si
atendiéramos al criterio de población, debería contribuir solamente en un
1,3 por ciento, que es lo que representa la población navarra respecto de
la población estatal. Sin embargo, no es eso lo que ocurre. Navarra
contribuye en función de su renta relativa en relación con el resto del
Estado.
Pero, señorías, la solidaridad a que aludo, aunque quizá sea la más
importante, no se agota en lo que acabo de decirles. También se
manifiesta en los límites que el propio Convenio le marca a la potestad
que tiene la Comunidad Foral para establecer, mantener y regular su
propio régimen tributario, límites que son los siguientes: en primer
lugar, en materia de unidad constitucional, el sometimiento a los
principios constitucionales, que tocan realmente en este Convenio algunos
de los principios tributarios. En segundo lugar, los criterios de
armonización que se establecen en este mismo Convenio entre los criterios
generales que se aplican en el Estado y los criterios generales que se
aplican en Navarra. En tercer lugar, como no podía ser menos, otro de los
límites que también afecta a la solidaridad es el respeto de la Comunidad
Foral a los Tratados internacionales suscritos por el Gobierno español,
sean éstos con respecto a la Unión Europea, sea con respecto a otras
naciones, en materia de la doble imposición internacional.
En último lugar, y no es lo menos importante, la solidaridad se
manifiesta también en el mandato que se contiene en el Convenio de
aplicar en Navarra una presión fiscal efectiva, global y equivalente a la
que se aplica en territorio común. Señorías, eso, traducido a román
paladino no significa sino que ninguna persona residente en Navarra, que
tribute allí, y con un determinado nivel de renta, debe pagar menos de lo
que esa misma persona, con ese mismo nivel de renta, pagaría, en la
globalidad de sus impuestos, en cualquier parte del territorio común del
Estado.
Por eso decía al comienzo, señorías --y con esto acabo--, que, además de
ser deudor de determinados acontecimientos históricos, éste es un
Convenio del presente y del futuro inmediato porque está enmarcado en la
solidaridad, palabra muy de moda, sí, pero que en este caso se practica
realmente.
Esta es la razón, señorías, por la que el Grupo Parlamentario Socialista,
en cuyo nombre les estoy dirigiendo la palabra, va a dar su voto
favorable a este Convenio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ardaiz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, subo a esta tribuna en el turno de
portavoces en mi doble condición de portavoz del Grupo Popular y de
representante del Grupo Territorial de Senadores de Navarra, constituido
por los Senadores de Unión del Pueblo Navarro. Y lo hago con gran
orgullo, al defender la esencia de la foralidad de Navarra.
Para quien, como yo, es navarro, ama y respeta el Derecho público navarro
y la historia de la Comunidad Foral, subir a esta tribuna para defender
la autonomía financiera de Navarra como derecho histórico esencial desde
su propia naturaleza es, no cabe duda, un gran honor, pues el Convenio
Económico entre Navarra y el Estado es una institución histórica esencial
en la foralidad de Navarra.
Tradicionalmente, la Comunidad Foral de Navarra ha contribuido al
sostenimiento de las cargas generales del Estado mediante el
anteriormente denominado donativo foral, que constituye lo que hoy
conocemos como Convenio Económico, nacido en 1877. Este es, como digo, un
elemento esencial en la relación entre la Comunidad Foral de Navarra y el
Estado y posee plena actualidad y legitimidad democrática, al ser acogido
por nuestro ordenamiento jurídico; tanto en la disposición adicional
primera de la Constitución española, que ampara y respeta los derechos
históricos de los territorios forales, como en el artículo 45 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
que dispone que las relaciones económicas de Navarra con el Estado se
regirán por el sistema tradicional de convenio económico, lo que viene a
reconocer y mantener, como he dicho, los derechos históricos de la
Comunidad Foral.
La Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra acoge así la esencia de nuestro régimen foral, lo que en el plano
financiero se concreta en la potestad de la Comunidad Foral para
establecer, mantener y regular su régimen tributario. De ello, pues, se
deduce la necesidad de que la Comunidad Foral realice la oportuna
aportación para el sostenimiento de las cargas del Estado y así hacer
efectivo el principio de solidaridad interterritorial recogido en la
Constitución española.
Tradicionalmente, la modalidad de las relaciones entre Navarra y el
Estado --tanto antes como después de la pérdida por parte de Navarra de
su condición de reino, es decir, tras la propia Ley paccionada de 1841--
ha sido el
pacto, como lo demuestra el carácter de Ley paccionada que los foralistas
atribuimos a nuestro Estatuto de Autonomía. Así pues, el propio Convenio
Económico está revestido de esta naturaleza de pacto o acuerdo bilateral,
para ser luego incorporado a los ordenamientos jurídicos navarro y
español mediante su doble tramitación: como Ley foral en el Parlamento de
Navarra, y como Ley ordinaria en las Cortes Generales.
El proyecto de ley que hoy vamos a aprobar tiene, pues, su origen en el
acuerdo suscrito por la Comisión negociadora --integrada, de un lado, por
representantes de la Comunidad Foral y de los grupos parlamentarios, y de
otro, por la Administración central del Estado-- el pasado 28 de octubre,
que viene a modificar la Ley 28/1990, de 26 de diciembre. Y tal como
prevé su disposición adicional tercera, en caso de producirse una reforma
sustancial del ordenamiento jurídico tributario del Estado, se debe
proceder por ambas Administraciones implicadas --la foral y la central--
de común acuerdo a la adaptación del Convenio a las modificaciones que
hubieran experimentado los tributos convenidos.
Han sido, pues, dos las circunstancias que han determinado modificaciones
sustanciales en el ordenamiento jurídico tributario del Estado. De un
lado, el principio de corresponsabilidad fiscal en el ámbito de las
Comunidades Autónomas de régimen económico común; modificaciones
recogidas por las Leyes Orgánicas 3/1996 y 14/1996. Y de otro, la
creación del Impuesto sobre las primas de seguros, implantado por la Ley
13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Origen Social.
Ambas circunstancias aconsejan, pues, la introducción de las oportunas
modificaciones en el convenio económico, en virtud del cual, Navarra
pagará al Estado este año la cantidad de, más o menos, 54.000 millones de
pesetas, cifra que supone casi el triple de la aportación del año 1997,
debido esto fundamentalmente a la mayor recaudación de Navarra con los
nuevos impuestos cedidos por el presente convenio, pudiendo considerarse
la aportación neta, lo que es el índice de imputación o porcentaje de los
gastos comunes que debe financiar Navarra, del 1,6 por ciento, es decir,
de 19.000 millones de pesetas, que es la aportación que realmente paga
Navarra al Estado.
La cesión de los impuestos especiales de hidrocarburos y de tabaco y la
tributación de los no residentes, harán que la Hacienda foral recaude en
1998 unos 37.000 millones de pesetas más de lo que corresponde. Este
mayor ingreso debe, pues, devolverse al Estado en forma de una mayor
aportación, que ascenderá al importe anteriormente indicado.
La modificación del convenio económico acoge, además, el nuevo impuesto
sobre las primas de seguros, fortaleciendo de este modo el pilar sobre el
que se asienta la autonomía fiscal de Navarra, al corresponder a la
Comunidad Foral su exacción.
Este nuevo convenio económico merece además del propio Ministro de
Economía y Hacienda, señor Rato, una actitud muy diferente a la de aquel
Ministro que en 1856 dio pie a que la Diputación Foral de Navarra, en
defensa de su autonomía tributaria y ante el intento del Gobierno de la
Nación de no respetarla, se revelará en Madrid en lo que los navarros
conocemos como la «Gamazada».
Decía, pues, señorías, que la actitud del Gobierno de la Nación es de
total respeto a la autonomía de Navarra. Sirva como muestra de ello las
palabras del Ministro de Economía y Hacienda al momento de la firma del
convenio, para el cual supone el reconocimiento de los derechos
históricos de Navarra.
Pero no podemos pasar por alto que en el espíritu de los navarros y de su
Gobierno Foral está siempre presente el principio de solidaridad que
inspira la Constitución Española y que en el tema que nos ocupa trata de
redistribuir riqueza entre los españoles, contribuyendo así a minimizar
las posibles diferencias entre las regiones de España. Esto, además, se
ha hecho sin poner en cuestión los derechos históricos de Navarra.
Asumo en su totalidad, como no podía ser de otra manera, lo dicho por los
Senadores navarros que me han precedido en el uso de la palabra. Está
claro que el Fuero es un elemento integrador que nos une a los navarros
y, aunque por algún Senador de otra Comunidad Autónoma sea calificado
como de vestigio, los navarros asumimos nuestra historia, estamos
orgullosos de ella, así como del «status» que nos otorgan, tanto la
Constitución Española como nuestro Estatuto de Autonomía, el
Amejoramiento del Fuero.
También quiero agradecer la presencia de la Presidenta del Parlamento de
Navarra, que, como representante del pueblo navarro, testimonia el apoyo
unánime de todos los navarros a este acuerdo.
Ya el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Senador Iribas,
ha anunciado el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, al que
represento, a la ratificación del acuerdo suscrito entre Navarra y el
Estado, referente a las modificaciones bilateralmente pactadas.
Quiero también, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer a
todos los grupos parlamentarios su apoyo unánime a este convenio, como
presumo que va a ser, tal y como lo fue en el Parlamento navarro, lo que
viene a demostrarnos que éste es el mejor acuerdo que mantiene y
garantiza la autonomía financiera de Navarra, pero que, a la vez, es
respetuoso con la lealtad constitucional y con el principio de
solidaridad con las demás Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Como no podía ser de otra manera, este Presidente también se suma a la
bienvenida a la Presidencia del Parlamento navarro.
En vista de las intervenciones, considero que podemos aprobar el proyecto
por asentimiento. (Pausa.)
Por asentimiento queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales
el proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 5.647.019.074 PESETAS, PARA ATENDER AL DEFICIT DE EXPLOTACION
DE LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), PRODUCIDO EN EL
EJERCICIO DE 1995 (S. 621/000081) (C. D. 121/000100).
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Conocimiento directo
por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las
líneas de ferrocarriles de vía estrecha, producida en el ejercicio de
1995.
No se han presentado enmiendas.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
¿Se puede entender aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las
líneas de ferrocarriles de vía estrecha, producido en el ejercicio de
1995.
--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY 36/1994, DE 23 DE
DICIEMBRE, RELATIVA A LA RESTITUCION DE BIENES CULTURALES QUE HAYAN
SALIDO DE FORMA ILEGAL DEL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION
EUROPEA (S. 621/000082) (C. D. 121/000094).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley
36/1994, de 23 de diciembre, relativa a la restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro de la Unión Europea.
No se han presentado enmiendas.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
¿Se puede entender aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley de modificación parcial de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre,
relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma
ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION AL PROYECTO DE LEY POR LA
QUE SE CONCEDEN CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE
20.425.257.360 PESETAS PARA ATENDER A COMPENSACIONES DE TASAS
UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 22/1997, DE 5 DE DICIEMBRE). SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000083) (C. D. 121/000095).
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley por la
que se conceden créditos extraordinarios, por importe total de
20.425.257.360 pesetas, para atender compensaciones de tasas
universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura. Se
tramita por el procedimiento de urgencia.
Previamente, el Senador Tomey, designado por la Comisión de entre sus
miembros, procederá a la presentación del dictamen.
Senador Tomey, tiene la palabra.
El señor TOMEY GOMEZ: Señor Presidente, señorías, el día 4 de mayo de
1998 tuvo entrada en el Senado el texto aprobado por el Congreso de los
Diputados en relación con el proyecto de ley por el que se conceden
créditos extraordinarios, por importe total de 20.425.257.360 pesetas,
para atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos del
Ministerio de Educación y Cultura. Todo procede del Real Decreto-Ley
22/1997, de 5 de diciembre. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa
la Presidencia.) Fue declarado urgente, y el plazo para la presentación
de enmiendas concluyó el pasado día 8, viernes. Fueron presentadas cinco
enmiendas, tres por el Grupo Parlamentario Socialista, una por el Senador
Nieto Cicuéndez y una por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
La Comisión de Presupuestos, en su reunión del día 13 de mayo de 1998,
acordó no designar ponencia y dictaminar directamente el citado proyecto
de ley. Tras deliberar sobre el mismo acordó aceptar como dictamen el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Por tanto, todas las
enmiendas presentadas fueron mantenidas para su debate en esta sesión
plenaria mediante los correspondientes votos particulares.
Esto es lo que tengo a bien informar, en nombre de la Comisión, sobre
este dictamen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Tomey.
En debate de totalidad, ¿turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No hacen uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tampoco
hace uso de la palabra.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tampoco hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Senadores y Senadoras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
quería manifestar nuestra opinión y explicar por qué hemos mantenido tres
enmiendas a este proyecto de ley.
Creemos que las universidades públicas deben, de alguna manera, tener
compensación por lo que se aprueba en los parlamentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Lissavetzky, ¿está
defendiendo las enmiendas o el turno a la totalidad?
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Las enmiendas, creí que había pasado el turno
de totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No, todavía no. Estamos en turno
de portavoces respecto a la totalidad.
En turno de portavoces, ¿quiere hacer uso de la palabra el Grupo
Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, el voto particular
número 3 del Grupo Parlamentario Mixto que corresponde a la enmienda
número 4.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: La enmienda que presentamos en nombre de
Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda tiene el mismo sentido que la
enmienda número 1 del Partido Socialista e incluso que la de Convergència
i Unió.
Creemos que, de alguna manera, las cuatro enmiendas que quedan vivas
vienen a manifestar lo mismo, es decir, que efectivamente se compense a
las universidades por el tema de las tasas, sobre todo en lo que se
refiere a familias numerosas ya que han estado congeladas durante tres
años.
Por tanto, se trata de un simple ajuste presupuestario que supone la
elevación de 7.000 a 24.000 millones, como cuantificamos en nuestra
enmienda, que es la misma cuantificación que ha hecho también el Partido
Socialista y aunque Convergència i Unió no hace una cuantificación
concreta, lógicamente también manifiesta la necesidad de reajustar
presupuestariamente con esta ley ese déficit que tienen las universidades
públicas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don
Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para defender la enmienda número 5,
que es la única que ha presentado nuestro grupo a este proyecto de ley.
Con la tramitación de este crédito extraordinario, este proyecto de ley
fundamentalmente hace referencia a las tasas universitarias no recaudadas
por aquellos estudiantes procedentes de familias con tres hijos y que a
raíz de su consideración de familia numerosa en el año 1990 han estado
exentos de tasas universitarias. Este es un tema en el que nuestro grupo
ha llevado a cabo diversas iniciativas, principalmente en los trámites
presupuestarios de los dos últimos años, es decir, tanto en los
presupuestos de 1997 como de 1998, para que se dotara presupuestariamente
para compensar esta pérdida de ingresos de las universidades.
Entendemos que la disposición adicional que se incorpora al texto tal
como lo ha remitido el Congreso ya es de por sí importante por cuanto
prevé que en los cursos 1998, 1999 y siguientes se cubra esta baja de
recaudación a través de las partidas correspondientes en los Presupuestos
Generales de los años 1999 y siguientes, pero nuestro grupo propone
incorporar a esta disposición adicional una última frase en la que se
reconozca que pueden derivarse insuficiencias de las compensaciones
imputables a cursos anteriores y que éstas también se deben cubrir en los
presupuestos de los años próximos.
La cantidad de 7.000 millones que se ha previsto en el texto, tal como lo
ha remitido el Congreso de los Diputados, en el momento en que se haga el
recuento de la pérdida de ingresos que se ha producido en estos últimos
años puede ser insuficiente y, por tanto, preferiríamos que esta
disposición adicional contemplara la posibilidad de que fuera cubierto
con los presupuestos de los años próximos. Es una forma de prever esta
circunstancia distinta a la del Grupo Parlamentario Socialista o a la del
Senador Nieto, que ya concretan una cantidad cuando en este momento
entendemos que es difícil hacerlo por cuanto el valor total de la pérdida
de ingresos no es aún conocido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
Ahora es su turno, Senador Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señor Presidente. Perdón por la
intervención anterior.
En primer lugar, quiero decir que nosotros pensamos que en las
universidades públicas se da una situación que puede corregirse, y me
refiero a la disminución de ingresos producida por la aplicación del
concepto de ampliación de familia numerosa aprobada en el Congreso de los
Diputados. Creo que se trata de unas cantidades importantes,
por eso nuestras enmiendas van en la línea de intentar que esas
universidades públicas puedan atender a su objetivo fundamental, que es
la calidad de la enseñanza, y que, por tanto, tengan los recursos
suficientes.
Relataré brevemente la historia. A finales del año 1994 se amplió el
concepto de familia numerosa, por votación en el Congreso de los
Diputados, y se aplica este concepto a las universidades a partir del
curso 1995-1996. En algunas de las intervenciones del Grupo Popular en la
Comisión de Presupuestos se comentaba que cuando los socialistas
gobernaban no llevaron a efecto en los presupuestos del año 1995 este
derecho que fue aprobado en el Congreso de los Diputados. Quiero dar un
argumento en contra. Todo el mundo sabe, como se puede demostrar por este
crédito extraordinario, que las ayudas y becas ofrecidas a las
universidades se dan a curso vencido. Por lo tanto, en puridad debíamos
pensar que era en los presupuestos del año 1996 cuando esas cantidades
debían empezar a contemplarse dentro de los presupuestos de la
universidad. Y esto es así por una razón muy sencilla, y es que se
necesita conocer las certificaciones que hacen las propias universidades
para saber la cuantía de este concepto. No quiero echar balones fuera,
pero no creo que sea de justicia decir: Ustedes, señores socialistas, no
lo hicieron cuando pudieron, porque en el año 1996, que era el primer
presupuesto para poder hacerlo, los presupuestos se prorrogaron, como
saben sus señorías.
He de decir, y no es cuestión de arrojar la pelota de un campo al otro,
que el Partido Popular no lo hizo en el año 1997, que era su primer
ejercicio con una mayoría parlamentaria; es decir, la primera oportunidad
para solucionar esta situación. Tampoco lo hizo en 1997 ni en 1998.
Además, hay que reconocer aquí, y lo digo claramente, que a instancias
del Diputado Homs, perteneciente al Grupo de Convergència i Unió del
Congreso de los Diputados, se pide que sea en un proyecto de ley donde se
trate el crédito extraordinario. Esto hay que reconocerlo. Por lo tanto,
a mi modo de ver, por parte del propio Gobierno no existe esa voluntad,
sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de ley figura que
el Grupo Popular y el Gobierno de la nación tienen la voluntad de
solucionar el asunto. Creo que hay que dar al César lo que es del César,
y lo que es cierto es que el Grupo de Convergència i Unió hace ese
esfuerzo en el Congreso de los Diputados.
Encontrándonos con este proyecto de ley, los socialistas hemos presentado
tres enmiendas que, básicamente, tienen que ver con lo que consideramos
que es de justicia para las universidades. Si son tres cursos los que hay
que compensar por esa disminución de las tasas académicas, estamos
hablando aproximadamente de 8.000 millones de pesetas por curso; 8.000
millones de pesetas multiplicados por tres cursos hacen un total de
24.000 millones de pesetas. Se ha avanzado, y sería injusto no
reconocerlo aquí, en el trámite del Congreso, puesto que de esos 24.000
millones de pesetas se contemplan 7.000 millones. Pero hay una diferencia
de aproximadamente 17.000 millones de pesetas que, como decía el Senador
Nieto y como muchos de los que estamos aquí pensamos, se adeudan a las
universidades. Por lo tanto, las enmiendas del Grupo Socialista van en la
dirección de que se corrija cuanto antes ese déficit que tienen las
universidades. Por eso, para incrementar en 17.000 millones de pesetas
este crédito extraordinario, presentamos tres enmiendas.
Repito que éste es el momento en el que no cabe echar la culpa a unos o a
otros. Yo tengo mis razones para argumentar lo que hizo el Grupo
Socialista, y lo he explicado anteriormente. Creo que el Grupo Popular no
ha actuado tan rápidamente como a mí me hubiera gustado, pero estamos
todavía a tiempo de corregir la situación y para ello pediría que se
votaran las enmiendas del Grupo Socialista. No es menos cierto que se
puede decir: ¿por qué 8.000 millones de pesetas? En ese sentido, tengo
que decirle al Grupo Popular que en la Comisión de Educación y Cultura
del Congreso se aprobó por unanimidad una proposición no de ley para que
se presentara un estudio con las certificaciones de las universidades.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Tenemos esas certificaciones
de las universidades sobre cómo afecta a cada curso y también las tiene
el Gobierno de la nación, por lo tanto, se puede cuantificar. Ustedes no
han cumplido con lo que se aprobó y no nos han remitido ese estudio que
debían habernos enviado en el plazo de un mes por lo que, evidentemente,
no conocemos la cifra exacta pero sabemos que aproximadamente se sitúa en
torno a los 7 u 8.000 millones de pesetas por curso; 8.000 por tres nos
da un total de 24.000 millones. Ustedes contemplan sólo 7.000 millones,
es un pequeño paso adelante, pero es injusto porque faltan 17.000
millones de pesetas.
Por lo tanto --para no alargarme en esta intervención--, pediría
encarecidamente que se tuvieran en cuenta las razones que estoy
exponiendo, que se tuviera en cuenta que en el fondo estamos debatiendo
el futuro de las universidades públicas en este aspecto concreto, que no
están precisamente sobradas de fondos --no vengo a traer un debate sobre
la financiación de las universidades públicas--, por lo que deberíamos
entre todos corregir una situación que no es justa. La calidad de la
enseñanza es uno de los objetivos fundamentales. Para llegar a esa
calidad de la enseñanza, entre otras cosas, hacen falta fondos. Si se
aprueban medidas, en el Congreso o en el Senado, y al final no somos
capaces de trasladarlas a los presupuestos estamos haciendo un vacío que
perjudica a los demás.
Por lo tanto, reconociendo los derechos de la familia numerosa
reconozcamos también la situación de las universidades y voten ustedes
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros vamos a votar
a favor de la enmienda del Grupo Mixto y de la que presentaba el Senador
Sixte Cambra referida a la disposición adicional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer un breve turno en contra de las cinco enmiendas presentadas a
este proyecto de ley.
Ya se ha dicho que este proyecto de ley procede de un decreto, del que se
pidió una tramitación por ley para permitir durante el trámite de debate
y aprobación del mismo la incorporación de aquellas otras partidas que se
consideraran relevantes y necesarias en la financiación de la
Universidad.
Quisiera recordar a todos los Grupos de la Cámara, a todos los señores y
señoras Senadoras aquí presentes, que fue precisamente el Gobierno
actual, en la Ley de Presupuestos para 1997, quien por primera vez
reconoció la necesidad de compensar a las universidades por la pérdida de
ingresos que les había supuesto la propia política social del Gobierno.
Ha sido algo muy frecuente en los últimos años de la legislación española
--me refiero a los últimos 15, 20 años-- el que a través de leyes de
contenido social se trasladaran las cargas sobre terceros sujetos,
sujetos ajenos al propio Estado, sujetos ajenos a los poderes públicos,
que soportan los costes de esa legislación social. Esto ha venido siendo
así en política urbanística, y de otras políticas es algo que entre todos
tenemos que tratar de corregir: la política social que la pague quien la
hace, y en este caso que la pague el Estado, que es el que la hace. Como
digo, este principio se reconoce por primera vez por el Gobierno del
Partido Popular: disposición adicional vigésima tercera de la Ley de
Presupuestos para 1997, donde se dice que el Gobierno durante el
ejercicio 1997 estudiará las fórmulas para compensar a las universidades
por la disminución de ingresos producida por la aplicación de la
disposición adicional cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que
era la que establecía la ampliación del concepto de familia numerosa a
aquellas que tenían tres hijos.
Siendo esto así, durante 1997 se presentó el correspondiente decreto, y
en su tramitación por ley nos encontramos con este proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario a las universidades por valor de
20.000 millones de pesetas.
Es verdad --y así se ha reconocido en todo el debate, así como en el
Congreso-- que este proyecto de ley ha venido precedido de una gran
confusión, y los que más confusos han estado --con ellos mismos y con
todos los demás-- ha sido el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo que en
el Congreso, en el debate en Comisión, retira sus enmiendas y dice que
incorpora todos los acuerdos transaccionales que se habían conseguido
entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y que los considera suyos y propios.
Esto lo hace la señora Mendizábal Gorostiaga, entonces Ponente del
Partido Socialista, para, inmediatamente después, en el Pleno, la
Diputada Palma i Muñoz desautorizar a la Diputada Mendizábal Gorostiaga y
decir exactamente la siguiente frase: Un dilema de coordinación interna
del propio Grupo Parlamentario Socialista hizo que se interpretara mal la
posición que el Grupo defendía en este tema y que por esa razón se desean
mantener las enmiendas presentadas en Comisión. Pero como entonces se
retiraron ya era imposible mantenerlas en Pleno.
Tal debate confuso nosotros lo interpretamos en el siguiente sentido.
Sitúense todos ustedes, señores senadores y senadoras, en el día anterior
al debate en Comisión del Congreso de los Diputados de este proyecto de
ley. Por transacción se amplía en varios miles de millones de pesetas la
financiación que van a recibir las universidades. En ese mismo trámite se
reconoce por todos los portavoces, incluido el del Grupo Parlamentario
Popular, que la financiación que así van a recibir las universidades es
manifiestamente insuficiente y mejorable, y que hay que interpretarla
como financiación a cuenta para, una vez conocido el coste que para las
universidades tiene la pérdida de los ingresos por las tasas a las que
estamos haciendo referencia, que se dotan con 7.000 millones en este
proyecto de ley, proceder, como es una simple financiación a cuenta, a la
compensación definitiva. Siendo esto así y siendo reconocido por todos
los portavoces de todos los grupos parlamentarios, era lógico que
entonces el Grupo Parlamentario Socialista retirara todas sus enmiendas y
se incorporara a ese acuerdo; sin embargo, a los pocos días --estamos
hablando del intervalo entre el 24 de marzo y el 16 de abril, o sea, el
mes pasado--, en el transcurso de apenas 20 días hábiles, inmediatamente
el Grupo Parlamentario Socialista cambia de nuevo de posición y sugiere
que se van a presentar las enmiendas en el Senado y que en todo caso en
espíritu se defienden en el Pleno del Congreso porque --y ahí es donde se
produce ese dilema de coordinación-- parece ser que la posición
pragmática de mejorar la financiación de las universidades, de hacerlo
con consenso y de considerarlo unos pagos a cuenta y como un primer paso
para compensar ese coste que de la política social se había trasladado
sobre las universidades, no debió parecerle en aquel momento a la
portavoz socialista un arma suficientemente crítica para hacer oposición
al Gobierno y entonces se decidió todo, es decir, se incorporaban los
acuerdos pero además, encima, más financiación. Por tanto, donde parecía
que había un acuerdo bastante cerrado de 20.000 millones para las
universidades se piden otros 17.000 millones más, desconociendo que de la
lectura del propio proyecto de ley, en el artículo dos, se deduce que
esto hay que pagarlo con deuda pública, desconociendo también los propios
equilibrios presupuestarios y desconociendo --y ahora se nos da una razón
realmente paradójica--, que efectivamente los gobiernos socialistas que
habían aprobado esta medida de política social no habían tenido la menor
intención de aplicarla. Se dice que en los presupuestos de 1995 no pudo
entrar porque es a presupuesto vencido y en el presupuesto de 1996
tampoco porque es presupuesto prorrogado. Este es, desde luego, uno de
los argumentos más débiles que hemos oído en materia presupuestaria, y
más en materia educativa, porque aunque un presupuesto se prorrogue,
Senador Lissavetzky, viene siempre acompañado de un proyecto de ley donde
se actualizan aquellas partidas que convengan para mantener la política
social. Por tanto, tanto la actualización de salarios, como otras
partidas, se aprueban por ley y esa ley puede incorporar precisamente
créditos a las universidades si es que entonces realmente hubiera habido
la voluntad política de pagar lo que se había legislado. No la hubo
entonces, ahora parece ser que sí, ahora con un celo excesivo, incluso
olvidando las cuentas del Estado en alguna medida y por ello
nos felicitamos de que desde el Grupo Parlamentario Socialista se quiera
financiar la universidad. Nosotros estamos en la misma intención, pero
entendemos que 20.000 millones ahora, considerados a cuenta hasta que
tengamos los estudios definitivos sobre el coste de la medida de política
social aplicada a la universidad por la legislación aprobada en estas
Cámaras, es suficiente y por tanto rechazaremos sus enmiendas.
Por la misma razón, rechazamos la enmienda del Grupo Mixto, que viene a
ser lo mismo.
Y por razón parecida, pero en este caso más compleja, y compartiendo el
espíritu de la enmienda, rechazamos también la número 5, de Convergència
i Unió, que propone una especie de compromiso para el futuro de que los
Presupuestos Generales del Estado para 1999 y siguientes compensen costes
presupuestarios de ejercicios anteriores una vez que conozcamos la
información sobre los costes que ha supuesto esta medida de política
social sobre la financiación universitaria.
La forma más adecuada de financiar estos desfases de financiación a las
universidades --que, sin duda, se darán-- es considerar por crédito
extraordinario lo que a cada ejercicio presupuestario corresponda como
gasto, y no trasladar a los presupuestos para 1999, 2000 y siguientes,
tal y como se propone en esa enmienda, los costes de financiación de la
universidad, como también de las tasas que éstas pierden, más las tasas a
efectos vencidos, a ejercicios pasados, de los años 1995, 1996 ó 1997,
que queden pendientes de abonar.
Por tanto, entendemos que se trata de un pago a cuenta --un pago
importante, de 7.000 millones de pesetas, en ese concepto, y de otros
13.000 millones, en el resto de conceptos, que van a recibir las
universidades españolas-- y que las cantidades pendientes que resulten,
después de que, efectivamente, se conozcan los datos exactos de pérdida
de ingresos que las universidades hayan tenido, tendrán que compensarse
mediante la habilitación de otro crédito correspondiente. Y ese crédito
tendrá que ser discutido de forma sustancial e individualizada,
distinguiéndolo del resto de créditos presupuestarios. Pero no debe ser
una cantidad que figure en una ley de presupuestos, tal y como esa
enmienda propone.
Por tanto, son razones de tipo técnico, porque vemos que en lo demás hay
una coincidencia exacta en el espíritu de esa enmienda con el espíritu
que desde este Grupo tenemos de que las universidades reciban el importe
total de la pérdida presupuestaria que han tenido, pero en estos momentos
también votaremos en contra de la misma.
En conclusión, señor Presidente --con esto termino--, votaremos en contra
de las cinco enmiendas, por las razones expuestas, y participamos, junto
con todos los grupos parlamentarios, de la necesidad de financiar a la
universidad española para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza.
Unicamente echamos en falta algo más de rigor, respecto de lo que suponen
los presupuestos prorrogados, como en lo que ha supuesto la tramitación
parlamentaria de este proyecto de ley, en el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, en primer lugar, para agradecer al Senador Lissavetzky el
reconocimiento que ha hecho de la iniciativa que salió de nuestro Grupo,
muy en concreto, del Diputado Francesc Homs. Efectivamente, han sido
varias las iniciativas que nuestro Grupo ha presentado sobre este tema
desde diciembre del año 1996.
En cuanto a la intervención del Senador Utrera, aceptamos sus
planteamientos desde el punto de vista de técnica presupuestaria, pero
nos quedamos con lo que ha manifestado, es decir, que está de acuerdo con
el espíritu de nuestra enmienda y, por tanto, entendemos que en su
manifestación hay un compromiso del Grupo Popular en el sentido de que lo
que aquí se prevé con ese crédito extraordinario es una cantidad a cuenta
y, en consecuencia, cuando se conozca la magnitud real de la liquidación
a efectuar correspondiente a los años anteriores, el Gobierno tramitará
un nuevo proyecto de ley para conceder un nuevo crédito extraordinario a
las universidades públicas que las compense de la cantidad que haya
quedado pendiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cambra.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También brevemente.
Senador Utrera, creo que en política es malo confundir las anécdotas con
la categoría. Usted se ha referido a una anécdota, que es real, y la
Diputada Palma reconoció el error del Grupo Parlamentario Socialista en
el Congreso de los Diputados. Usted lo trae a esta Cámara, lo que me
parece correcto, pero también lo es que nosotros volvamos a presentar
esas enmiendas. Una cosa es la anécdota y otra la categoría política. El
mejor escribiente echa un borrón, pero lo que están echando ustedes ahora
mismo es un gran borrón porque ustedes no están demostrando voluntad
política para solucionar un problema real de las universidades. Por
tanto, no confunda usted la anécdota, desgraciada --y el Grupo Socialista
ha reconocido el error--, con la categoría de lo que estamos refiriendo.
No me convence su argumento del año 1996 porque estaba disuelto el
Congreso de los Diputados; no es válido, por lo tanto, su argumento, y el
que falta al rigor es usted, señor Utrera.
Le he dado varias razones para pedirles el voto a favor de nuestras
enmiendas. Contésteme usted a mí, ¿por qué no incluyeron ustedes, con una
mayoría suficiente, en los presupuestos del año 1997 las cantidades para
compensar a las universidades por la disminución de ingresos?, ¿por qué
no han cumplido la enmienda transaccional en esos presupuestos, que se
presentó por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió y que fue votada por el resto de los Grupos?, ¿por qué no han
hecho caso de la proposición no de ley votada por unanimidad en la
Comisión de Educación y Cultura para solucionar este problema?, ¿puede
usted decirme a mí de verdad --y cuidando que esto queda aquí escrito--
que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene certificaciones de las
universidades para saber el monto, al menos del curso 1995/1996, de esta
reducción de los ingresos? Yo sí tengo conocimiento de que las
universidades públicas han enviado al Ministerio de Educación y Cultura
cuáles son esas reducciones exactas --no le estoy hablando del curso
1997/1998--, y ustedes sí tienen que tener esos datos.
Por lo tanto, señor Utrera, infórmese usted bien; tienen esos datos; no
han remitido el estudio que se prometió en el plazo de un mes y han
pasado más de seis meses. Lo que ocurre aquí es que ustedes no tienen en
absoluto voluntad política de solucionar este tema grave para las
universidades públicas españolas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Utrera tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Lissavetzky, la voluntad se demuestra con hechos. Hechos son que
ahora se va a aprobar un proyecto de ley que va a suponer a la
universidad española más de 20.000 millones de pesetas, para compensarle
de costes que vienen arrastrando desde hace bastantes años en algunos
casos, la mayor parte de ellos producidos durante la época de gestión
socialista. Que ahora se van a desbloquear esos 20.000 millones también
son hechos. Por tanto, ésa es la voluntad política.
Respecto a las categorías y a los símbolos, creo haber trascendido la
pura anécdota y haber intentado explicar mi interpretación sobre lo que
ocurrió en el debate del Congreso de los Diputados. Entonces, las
universidades no iban a recibir 20.000 millones de pesetas, y gracias
precisamente a una enmienda transaccional, subieron, y en mucho, la
financiación que iban a recibir las universidades. Aquel acuerdo fue
satisfactorio para casi todos los Grupos Parlamentarios, incluido el
suyo. Unos días después --esto no es una anécdota, sino una categoría--,
de la misma forma que nos ha ocurrido en tantos debates, ya esa posición
no parecía la adecuada, aunque la adecuada no sabemos para qué, sí para
las universidades, pero ya a ustedes no les parecía la adecuada. Entonces
prefirieron decir que mantenían aquellas enmiendas que habían retirado
--cosa que a nosotros nos resulta indiferente--, que las iban a presentar
en el Senado --cosa que han hecho--, y que nosotros las vamos a votar en
contra --cosa que haremos dentro de unos minutos--, porque entendemos que
la verdadera voluntad política se refleja en hechos, que con la
graduación que se quiera se van plasmando en compromisos políticos y en
fondos presupuestarios. El compromiso político para el Partido Popular,
para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno sostenido por el
Partido Popular está establecido en la Ley de Presupuestos para 1997 que
fue la primera ley de presupuesto de mi Grupo, ya que piense usted que el
Gobierno actual empieza a gobernar en mayo, y en los meses de
septiembre-octubre, cuando se inicia el debate de los presupuestos para
1997, ya se considera la necesidad de introducir esta cuestión. En la ley
de presupuestos para 1997 --es decir poco más de unos meses, cuatro o
cinco meses después de iniciar la gestión de Gobierno-- se reconoce y
queda escrito y aprobado que durante 1997 se van a empezar a estudiar las
vías para dar solución a un problema que estaba latente desde hace años.
Estamos --ya lo sabe usted y no se lo tengo que recordar ni a usted ni al
resto de Senadores aquí presentes-- en una fase de consolidación
presupuestaria y en una fase no solamente de rigor en el gasto, sino de
exigencia de control en la Administración pública y de rigor en la
ejecución y en las prioridades de gasto público, y se reconoce la
necesidad de compensar a las universidades por los costes de política
social aprobada en el año 1994 con efectos de 1995, que nunca se
recogieron presupuestariamente. Recuerde el señor Lissavetzky cómo, en el
pasado --y yo espero que, aunque lógicamente no hay nada escrito sobre el
futuro, no me vaya a ocurrir también a mí--, ustedes debieron reconocer
varias veces que habían tenido que hacer que aflorasen del cajón cuentas
presupuestarias muy importantes porque no habían tenido la valentía
política, porque no habían tenido la voluntad política de plasmar un
crédito presupuestario, mediante proyecto de ley, las obligaciones
presupuestarias que había que satisfacer, y esto es lo que se hace aquí
por 20.000 millones de pesetas. ¿Que sería más elegante hacerlo por
37.000, como ustedes piden? Pues seguramente. Pero, ¿sabe lo que le voy a
decir? Que antes no se hacía ni por 20.000 ni por 37.000 millones de
pesetas. Se pagaba en parte, se guardaba la factura en el cajón y, cada
equis años, había que actualizar presupuestariamente porque había que
hacer aflorar los créditos presupuestarios, mientras que nosotros, ahora,
en lugar de 37.000 millones de pesetas vamos a transferir a las
universidades 20.000, los cuales tienen reconocimiento presupuestario,
están recogidos en cuentas presupuestarias, y el déficit público y los
ingresos públicos y, por tanto, la consolidación presupuestaria del
Estado, van a llevar la marcha prevista, y las universidades van a ver
mejorada su financiación. Eso es voluntad política dentro de una política
que es de voluntad de mejorar, señor Lissavetzky.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Utrera.
Terminado el debate, vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde
a la enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 87; en contra, 120; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 95; en contra, 121; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el voto particular número 2 del Grupo
Parlamentario Socialista que corresponde a las enmiendas números 1 a 3,
ambas inclusive.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 86; en contra, 121; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos ahora los artículos 1 a 3. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero pedir votación separada de la exposición de motivos, artículo 1 y
Anexo 1, todo conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos, en primer lugar, la exposición de motivos, el artículo 1 y el
Anexo 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 133; en contra, dos; abstenciones, 86.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos, a continuación, el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 219; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de ley por el que se conceden créditos extraordinarios por un
importe de 20.425.257.360 pesetas para atender compensaciones de tasas
universitarias y otros gastos del Ministerio de Educación y Cultura.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA
DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (S. 621/000076) (C. D.
121/000069).
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
el proyecto de ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador que haya
sido designado por la Comisión. (Rumores.)
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Salgan en silencio. (Pausa.)
El señor MOYA SANABRIA: ... 8 de abril, fecha en la que se publicó...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Salgan en silencio, por favor.
El señor MOYA SANABRIA: ... en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales». Asimismo, el plazo de presentación de enmiendas terminó el
pasado día 22. (Rumores.) Seis fueron las enmiendas presentadas, dos del
Grupo Parlamentario Socialista, una del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y tres del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia integrada por don Salvador Capdevila i Bas, don Juan Vicente
Casas Casas, don Joaquín Jesús Galán Pérez, don José Iribas Sánchez de
Boado y don Alfredo Prada Presa emitió un informe en el que se
incorporaba la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular y se
posponía hasta el debate en Comisión un pronunciamiento sobre las
enmiendas números 4 y 6 del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
También se desestimaron por mayoría las enmiendas números 1 y 2 del Grupo
Parlamentario Socialista y 3 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
El señor MOYA SANABRIA: La Ponencia introdujo varias correcciones
técnicas y de estilo. La Comisión se reunió el pasado 13 de mayo y emitió
un dictamen en el que se asumía el texto propuesto por la Ponencia con
algunas modificaciones derivadas de la aceptación de las enmiendas
números 4 y 6 del Grupo Parlamentario Popular, si bien el texto de la
enmienda número 4 había sido objeto de una nueva redacción a través de
una enmienda «in
voce» de carácter transaccional. La Comisión introdujo, asimismo, nuevas
correcciones de carácter técnico y de estilo.
A este proyecto de ley se han presentado dos votos particulares, uno del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y otro del Grupo
Parlamentario Socialista. El proyecto de ley consta en su actual
redacción de un solo artículo, de una disposición transitoria, de una
disposición derogatoria y de una disposición final, precedido de la
correspondiente exposición de motivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Moya.
Pasamos al debate de totalidad.
¿Turno a favor?
Tiene la palabra el Senador Prada. (Fuertes rumores.)
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy el proyecto de ley que, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, supone colocar una primera piedra en uno de los
cuatro pilares que constituyen la reforma del nuevo edificio que este
Gobierno quiere hacer de la Administración de justicia. (Fuertes
rumores.)
Debatimos e hicimos ya la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que marcó de manera más diáfana la frontera entre la política y la
judicatura. Se está dotando de medios materiales y humanos, con un
importante esfuerzo presupuestario, y se están incrementando las partidas
en relación con los juzgados, al igual que se está mejorando la Oficina
Judicial, habiéndose puesto ya en marcha un ambicioso proyecto de
informatización de los juzgados, tribunales y fiscalías. (Rumores.)
Está también en marcha la reforma de la legislación procesal en materia
civil, con la aspiración de simplificar procedimientos acortando plazos y
aproximando el proceso a los requerimientos de una sociedad moderna, y
asimismo está en marcha dicha reforma en materia de lo
contencioso-administrativo con la creación... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
El señor PRADA PRESA: ... y puesta en funcionamiento de los juzgados
unipersonales de lo contencioso-administrativo, lo que pondrá en el mismo
plano de igualdad a los ciudadanos y a la Administración.
Estos, señorías, son los cuatro pilares básicos que elevan ese nuevo
edificio que precisa nuestra Administración de justicia.
Hoy iniciamos la recta final de ese cuarto pilar. Este proyecto de ley,
que por razones de pureza legislativa tiene carácter de ley orgánica y
que se tramita como ley separada, pero a su vez inseparable de la nueva
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, culmina,
entre otras cosas, una vieja aspiración: la creación y puesta en
funcionamiento de los juzgados unipersonales de lo
contencioso-administrativo.
El edificio de la nueva Administración de justicia que pretende construir
este Gobierno tiene su fiel reflejo en el diseño de la Constitución de
1978. Nuestra Carta Magna recoge la necesidad de elaborar una nueva ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa, Carta Magna que diseñó una
nueva estructura administrativa del Estado. Los cambios sociales que se
han producido en los últimos veinte años, el incremento extraordinario de
la litigiosidad administrativa y las propias exigencias jurídicas de la
Constitución encomiendan una nueva ley procesal reguladora de este orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, una ley que sustituya y
renueve la aún vigente Ley de 1956.
Esta conveniencia política se convirtió en mandato jurídico a raíz de la
aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. En ese mismo
año, señor Presidente, señorías, la Ley Orgánica del Poder Judicial
ordenaba al Gobierno en su disposición adicional primera --y digo
ordenaba-- remitir en el plazo de un año --subrayo que hablamos del año
1985-- un proyecto de ley del proceso contencioso-administrativo. Y esa
Ley Orgánica de 1985 establecía, como órgano jurisdiccional de nuevo
cuño, los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo.
Creo que sus señorías convendrán conmigo en señalar que la creación y
puesta en funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo
constituye un instrumento esencial para aliviar la abrumadora carga de
trabajo y el también abrumador retraso que los órganos de este orden
padecen. Se tenían que haber creado 112 juzgados unipersonales según
determina la Ley de Planta y Demarcación Judicial, aprobada el día 28 de
diciembre de 1988.
En 1998 se crean 64 juzgados, y entre los años 1999 y 2000 se crearán 90
más. Es decir, se creará un total de 150 nuevos juzgados, con un proyecto
más ambicioso que el determinado por la Ley de Planta. Los juzgados
unipersonales y uniprovinciales --y digo uniprovinciales porque en esta
primera fase se pondrá en funcionamiento como mínimo un juzgado en cada
capital de provincia-- suponen un efectivo acercamiento de los ciudadanos
a la justicia, evitando los desplazamientos de domicilio y el
nombramiento de profesionales, abogados y procuradores de localidades
distintas al lugar donde se reside.
La creación de estos órganos judiciales supone una gran descarga de
trabajo para los órganos colegiados y actualmente colapsados. El colapso
de este orden jurisdiccional hasta ahora perjudicaba a los ciudadanos que
reclamaban frente a la Administración, ya que ésta no respondía de sus
excesos o de sus ilegalidades hasta que había pasado un tiempo más que
dilatado. Por tanto, con estos nuevos juzgados se pretende abreviar
sustancialmente el plazo que requiere la Justicia para otorgar al
ciudadano la tutela judicial efectiva.
Desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por la idoneidad de los
juzgados unipersonales. Las objeciones que se han planteado a lo largo de
estos años sobre la complejidad técnica y la trascendencia política de
los asuntos a enjuiciar podrían indicar o aconsejar la creación de
órganos colegiados. Por otro lado, el que no haya suficientes jueces
especializados o la dificultad de su formación también podrían aconsejar
la creación de órganos colegiados. Pero, a nuestro juicio, el
funcionamiento de los futuros juzgados unipersonales conseguirá disipar
las desconfianzas
señaladas. En este sentido, no es razonable pensar que un juez con
competencia en la provincia y sede en la capital se sienta condicionado
al tener que tomar decisiones, o por su falta de especialización, ya que
esto último es subsanable mediante programas e incentivos.
Señorías, los juzgados de lo contencioso-administrativo conocerán de
recursos contra determinados actos y disposiciones de las entidades
locales; de los recursos que se deduzcan frente a actos administrativos
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que
procedan del Consejo de Gobierno en diversas materias; asimismo,
conocerán de recursos frente a disposiciones y actos de la Administración
periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas; de recursos contra
actos o disposiciones de entidades o corporaciones cuya competencia no se
extienda a todo el territorio nacional, y de recursos contra resoluciones
de órganos superiores de carácter confirmatorio.
Estas atribuciones y algunas otras configuran un importante órgano
jurisdiccional en la base del sistema procesal administrativo, que
conocerá de determinados actos y disposiciones provenientes de todas las
Administraciones territoriales.
Se crean también los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo,
con sede en Madrid. Su ámbito competencial se establece contra
disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y
entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional.
Se mantiene la estructura de los órganos colegiados que existe
actualmente; es decir, los Tribunales Superiores de Justicia, la
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los Tribunales Superiores de
Justicia --los conocidos popularmente como TSJ-- conocerán, entre otras
funciones, de las apelaciones de las sentencias y autos dictados por los
juzgados de lo contencioso-administrativo, así como de los recursos de
revisión contra las sentencias firmes de estos juzgados y del recurso de
casación para la unificación de doctrina, en los casos previstos en la
ley. Por otra parte, la ley también determina el ámbito competencial de
la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo.
Señor Presidente, señorías, este proyecto de ley ha incorporado en su
trámite en el Senado algunas novedades importantes, mejorando técnica y
legislativamente el texto. El Grupo Parlamentario Popular pretende
construir un nuevo edificio. Estamos poniendo sus cimientos y pilares, y
confiamos en que el desarrollo de este marco suponga el poner fin a la
mala imagen que tienen los ciudadanos de la Administración de Justicia,
porque supone modernizar la Justicia; supone una mayor celeridad en la
solución de los conflictos con la Administración; supone buscar una
Justicia más ágil y eficaz y, por último, supone otorgar al ciudadano una
tutela judicial efectiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado.
En primer lugar, voto particular número 1, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, correspondiente a la enmienda número 3.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo mantiene un voto particular, correspondiente
a la enmienda número 3. Dicha enmienda afecta al artículo 9.4, y pretende
la supresión de la referencia a los decretos legislativos.
Se trata de una enmienda que ha sido largamente debatida en los trámites
anteriores en el Congreso de los Diputados, al igual que ha sido objeto
de un amplio debate en esta Cámara en el trámite previo a éste, es decir,
en Comisión.
Por tanto, como huelga cualquier justificación que no sea la ya
explicitada por escrito en el propio texto de la enmienda, a ella me
remito, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubia.
Pasamos al voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 1 y 2.
Tiene la palabra el Senador Casas.
El señor CASAS CASAS: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista mantiene vivas en este voto particular las enmiendas números 1
y 2 a este proyecto de ley orgánica.
El objeto y la justificación de su defensa en esta tribuna tiene su base
y su causa en el desacuerdo que mantenemos con la creación de los
juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo, tal como nos viene
propuesta en el proyecto de ley orgánica, de igual manera que ya
mantuvimos similar posición en el Congreso de los Diputados.
Esta actitud de rechazo del Grupo Parlamentario Socialista a la
formulación propuesta de la creación de los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo la hemos sostenido en la Cámara Baja y la
reproducimos hoy en la Cámara Alta, por coherencia y en correspondencia
con el proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, expresada en las enmiendas números 19, 20 y
21, de nuestro Grupo Parlamentario, formuladas a aquel texto.
¿Cuál es la causa de esa oposición y de ese rechazo que mantiene nuestro
Grupo Parlamentario a la creación de los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo? Estamos en contra de su creación por entender
que estos órganos
judiciales unipersonales concentran una excesiva responsabilidad y un
alto poder decisorio.
Esta consideración ya la hace el propio Consejo de Estado en su dictamen
de 25 de septiembre de 1997. Este alto órgano consultivo también
advierte, de paso y en el mismo dictamen aludido, de los riesgos y
dificultades que pueden entrañar su configuración conforme al proyecto de
ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los
juzgados centrales de lo Contencioso, dada su competencia en todo el
territorio nacional, poseen un ámbito de actuación, jurisdiccionalmente
hablando, demasiado extenso, que queda concentrado y aglutinado
decisoriamente en un solo magistrado y en una sola persona. No olvidemos
que estos órganos decidirán sobre resoluciones muy importantes y
trascendentes, de Ministros, de Secretarios de Estado, etcétera. La
unipersonalidad en semejante supuesto entraña la acumulación, la
atribución de un poder omnímodo a un solo magistrado con previsibles
efectos no deseables, inconvenientes y perversos, por qué no decirlo así.
También lo apercibe así la propia doctrina.
Hubiera sido deseable que en la configuración de los juzgados centrales
de lo Contencioso-Administrativo se hubiera apostado por la colegialidad,
que ha sido la nota característica históricamente en la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, frente a la unipersonalidad que se contempla.
Por cierto, en el anterior proyecto proyecto de ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Grupo Parlamentario Popular
no veía con buenos ojos los juzgados unipersonales y apostaba más bien
por la colegialidad. Parece que ha cambiado tanto de opinión como de
posición y de propuesta en aquel proyecto de ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como en este proyecto de ley
orgánica del Poder Judicial.
Todo lo dicho responde argumentalmente a nuestra justificación a la
enmienda número 1 del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la enmienda número 2, intenta ser coherente y consecuente con
la enmienda número 1. Viene a proponer un reparto, una distribución o un
ajuste competencial. Si postulamos la desaparición del proyecto de ley
orgánica de los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo damos
respuesta y solución cumplida asignando las atribuciones competenciales a
otros órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo, pero en
este caso colegiados. No estamos en contra de las competencias en sí
mismas, sino en contra de que éstas sean atribuidas a un órgano
jurisdiccional unipersonal en vez de a un órgano colegiado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Casas.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Con la venia, señor Presidente.
Intervengo para manifestar nuestra posición contraria a los dos votos
particulares, el del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos y el del Grupo Parlamentario Socialista.
En concreto, con respecto al voto particular del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, nuestro rechazo a su enmienda número 3
deviene del mantenimiento de nuestra posición, que ya fue anunciada en
los anteriores trámites de debate de este proyecto de ley. Se ha
reconocido por parte del representante del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que había sido largamente debatida, tanto
en el trámite del Congreso como en el del Senado. Nuestra postura de que
los decretos legislativos, con independencia de su naturaleza jurídica,
emanan del Gobierno y, por tanto, debe haber control jurisdiccional y
administrativo se mantiene, y se mantiene, por lo tanto, la oposición a
la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Por lo que respecta a las dos enmiendas que se recogen en el voto
particular del Grupo Parlamentario Socialista hay que decir varias cosas.
Evidentemente, ellos son coherentes, planteando enmiendas al presente
proyecto, con las enmiendas que han presentado al proyecto de ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Nosotros, puesto que hemos
apoyado, en el proyecto de ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que se creen los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo, somos también coherentes al rechazar que se
supriman en el presente proyecto de modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Por tanto, señorías, coherencia por coherencia, tenemos
que mantener nuestra tesis de rechazo.
Entendemos --dicho sea con todos los respetos-- que no se sostiene la
tesis que señala el representante del Grupo Parlamentario Socialista,
porque pensamos que este tipo de juzgado unipersonal no va a propiciar
una especie de jueces estrellas, dadas las competencias que se les
atribuyen, porque entendemos que se les atribuyen en un ámbito
competencial razonable. Nos parece lógico que, si existen asuntos que
obligan a la existencia de la Audiencia Nacional --y así se reconoce,
puesto que no se enmienda, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista--, por qué no van a existir, en los asuntos de menor entidad,
unos órganos unipersonales, como también hay jueces unipersonales para
los órganos colegiados que se prevén en la misma jurisdicción y en otros
ámbitos.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista nos ha estado
hablando de la valoración de la emisión del dictamen del Consejo de
Estado. Tiene que tener en cuenta que la valoración que se hace, aparte
de ser respetable, lógicamente, afecta a todos los juzgados unipersonales
en el mismo sentido, aunque luego los concrete en los juzgados centrales,
y su señoría no se lo aplica a la hora de seguir al pie de la letra la
postura del Consejo de Estado.
Nuestra valoración es que en estos asuntos de menor entidad es
justificable la presencia de este tipo de juzgados unipersonales. Si
existen jueces unipersonales en ámbitos, como puede ser el ámbito penal,
si cabe más delicados que este del que se trata, por qué no van a existir
para asuntos de una cuantía reducida, a tenor de lo que se lee en las
disposiciones
normativas que se les atribuyen a los juzgados unipersonales. Creemos que
se puede entender perfectamente nuestra postura de rechazo a la enmienda.
Por otra parte, yo le diría al representante del Grupo Parlamentario
Socialista que, si hablamos de evoluciones y de cambios --ya se lo dije
la otra vez--, si no me falla la memoria, también en febrero del año
1993, el Gobierno socialista envió al Consejo General del Poder Judicial
un anteproyecto que preveía la creación de los juzgados centrales, con lo
cual lo que sí tenemos claro es que el cambio ha sido de los socialistas.
En cuanto a la enmienda número 2, mantenemos nuestra postura contraria,
en coherencia con nuestro rechazo a la enmienda anterior. Lógicamente,
mal puede haber redistribución y reasignación de competencias, pues si no
desaparecen los juzgados centrales no es necesaria tal redistribución y,
por lo tanto, no tendría sentido apoyar dicha enmienda.
Por todo ello, manifestamos nuestra posición de rechazo a ambos votos
particulares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iribas.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto) (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que debatimos en este acto, viene a ser una ley de
acompañamiento del proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Esta Ley Orgánica del Poder Judicial exige
unas previsiones competenciales, que se introducen y requieren una
reforma puntual, tal como ha manifestado el Senado Prada.
Nuestro grupo ha tenido un especial cuidado en el debate de las enmiendas
presentadas por cuanto no hay que olvidar que tenemos presentadas
enmiendas a la ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y, claro está, al someter primero a discusión
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podemos encontrarnos con
que alguno de los preceptos pudieran ser reformados en el posterior
debate de la ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; en primer lugar, en el artículo 74, que
reproduce textualmente e incorpora en el texto el artículo 10 de la ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, como he
dicho, se tramitará en la Comisión de Justicia. Debemos hacer hincapié en
que a la letra e) del proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa existe una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, la número 120, a la que nuestro grupo se opone y,
por tanto, en tanto en cuanto pudiera ser aprobada dicha enmienda,
afectaría al presente proyecto de reforma del Poder Judicial. Lo mismo
sucede respecto a la letra i), al existir también la enmienda 121 del
Grupo Parlamentario Popular al artículo 10 del mencionado proyecto de
ley, en el que se exige la sustitución de «Administración pública» por
«Administración general del Estado», a la que este grupo no se ha opuesto
por ser una corrección técnica.
En cuanto al artículo 90, apartado cuatro, viene a transcribir la letra
c) del artículo 9 del proyecto de la ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Aquí nuestro grupo sí tiene presentada una
enmienda, la número 75, que en cierto modo coincide con la presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, aunque su finalidad es distinta.
Mientras que el Senador Casas nos ha dicho en este acto que dicha
enmienda persigue la desaparición de los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo, la nuestra va encaminada también a la
supresión de la letra c) del artículo 9, de dicha ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa, pero única y exclusivamente mientras no se
repitan los términos ya contemplados, por ejemplo, en la letra a), del
artículo 13 del mencionado proyecto.
Desde aquí pedimos disculpas por cuanto en la Comisión de Justicia al
apoyar este Senador la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista quizás pensaron en algún momento que nuestro grupo iba a
defender la postura de la desaparición de los juzgados centrales de lo
Contencioso-Administrativo.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y en base a la coherencia de este Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en las
enmiendas presentadas a la ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, tenemos que votar en contra.
En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos que, precisamente por esta coherencia, debemos
votar en contra de la enmienda número 1 y a favor de la número 2, pero
dejando constancia que la finalidad es distinta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Casas.
El señor CASAS CASAS: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad haré uso de este turno de portavoces para referirme a ese
magnífico y brillante discurso del Senador Prada, que creo que no venía a
cuento con la ley que estamos debatiendo aquí, sino más bien con la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, no
tenemos nada en contra; está muy bien dicho todo lo dicho. Pero, como
podrá apreciarse tanto hoy como en el próximo debate de esta ley, la
apoyamos y lo seguiremos haciendo ampliamente.
Quiero agradecer al señor Iribas el tono utilizado y esa justificación de
defensa de coherencia que ha dado. También quiero decirle que se equivoca
en una cosa, y es que en el proyecto de ley del Gobierno socialista del
año 1993 no venían recogidos como unipersonales los Juzgados Centrales de
lo Contencioso.
Lamentamos que nuestras enmiendas no vayan a ser aprobadas, ya que ponían
de manifiesto razonadamente el riesgo que entraña la unipersonalidad en
los nuevos Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, e
insistimos que de ese riesgo ha advertido tanto el Consejo de Estado como
la doctrina científica. Asimismo, tenemos que lamentar que no se haya
apostado por la colegialidad, mantenida tradicionalmente durante mucho
tiempo en esta jurisdicción; colegialidad que sería deseable en estos
órganos jurisdiccionales centrales dado que, como hemos dicho, su ámbito
territorial alcanza a la totalidad del Estado. Además, dichos órganos van
a conocer de importantes competencias, como resoluciones de Ministros, de
Secretarios de Estado, etcétera; no se trata de simples multas de
tráfico, como ocurre en el supuesto de los juzgados unipersonales
provinciales.
También quiero hacer un último agradecimiento, en este caso, a los grupos
parlamentarios que apoyan nuestras enmiendas. Nos hubiera gustado que la
entrada en vigor de esta Ley Orgánica viniera consignada con una fecha
fija, dejando constancia del día, mes y año, y que dicha fecha se
correspondiera con la prevista para la entrada en vigor de la ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de que son leyes
ensambladas e interrelacionadas que requieren una sincronía en el
comienzo de su vigencia; sincronía que se ha mantenido en toda la
tramitación del Congreso de los Diputados y que se ha roto en esta
Cámara.
Termino diciendo que solicitamos votación separada del texto del dictamen
de la Comisión respecto a los artículos 66 y 90.4 del proyecto de ley,
que son los artículos enmendados y que se corresponden en la nueva
propuesta de resolución suscrita por los grupos parlamentarios con los
puntos números 4 y 7. Tan sólo me queda anunciar nuestro voto a favor del
resto de este proyecto de ley orgánica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Casas.
Por el Grupo Popular, el señor Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Quiero agradecer el tono de las
intervenciones y señalar que, evidentemente, estamos hablando, como se ha
señalado por parte del representante del Grupo Catalán, de un proyecto de
ley de acompañamiento, aunque sea entre comillas, de la ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa. El Grupo Popular agradece el
calificativo de brillante que ha dado al discurso de nuestro portavoz, el
Senador don Alfredo Prada, pero creemos que por parte del portavoz
socialista no procede llamar a la cuestión. Lógicamente, los discursos
del señor Prada los elabora él mismo en base a su libertad parlamentaria.
Por otra parte, ha podido haber algún tipo de malentendido o de mala
expresión, pero cometería un error si no dijera que desde el Grupo
Socialista se remitió un proyecto que preveía la creación de los Juzgados
Centrales de Primera Instancia en la Audiencia Nacional. Si eso fue un
fallo de este parlamentario, también lo habrá sido de los parlamentarios
de Convergència i Unió, que en el Congreso de los Diputados lo
denunciaron del mismo modo, tal y como figura en la página 7.669 del
«Diario de Sesiones».
Finalmente, en cuanto al deseo que plantea el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de que hubiera figurado día, mes y año, debo
decir que a lo largo de todo el trámite parlamentario ha tenido abierta
la posibilidad de enmendar en este sentido. Lógicamente no lo ha
utilizado en tiempo y forma, por lo que se convierte en un deseo más
teórico que ejercido en la práctica. Evidentemente, lo que se aprueba es
lo que se ha planteado en este trámite por parte de quien lo ha planteado
en tiempo, y estimamos que con mejor criterio, tal y como figura en la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iribas.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación.
En primer lugar, votamos el voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que se corresponde con
la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, siete; en contra, 205; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 1 y 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 83; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos la enmienda transaccional que ha sido firmada por todos los
Grupos Parlamentarios y, por lo tanto, es conocida por los señores
Portavoces. En primer lugar, votamos los puntos números 4 y 7 de la
misma, según ha solicitado el portavoz Socialista. (Rumores.--El señor
Prada Presa pide la palabra.)
Se anula la votación.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, la enmienda transaccional está
firmada y aceptada por todos los grupos. Es una enmienda de corrección
técnica a propuesta del propio letrado de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, el hecho de que esté firmada no
significa que se vaya a aprobar por todos los grupos, puesto que puede
ser simplemente para su admisión. El portavoz socialista en su
intervención, el señor Casas, parece ser que ha dicho que quería votar
separadamente, en el artículo único, el artículo 66 y el 90.4, y en la
transaccional los puntos cuatro y siete.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, esta petición era para la
votación del texto del dictamen, pero no para la incorporación de la
enmienda técnica.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda transaccional en su conjunto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 212; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto del dictamen. En primer lugar, del artículo único, el
artículo 66 y el 90.4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 130; en contra, 83; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación el resto del texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 213; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva del texto por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL Y LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (S. 624/000013) (C. D. 122/000108).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir el dictamen de la
Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica por
la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No se han presentado votos particulares.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Moya.
El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señor Presidente.
Esta proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal y
la Ley de Enjuiciamiento Criminal tuvo su entrada en el Senado y fecha de
publicación el mismo día 8 de abril y concluyó el plazo de presentación
de enmiendas el pasado 22 de abril. A esta proposición de ley se presentó
una sola enmienda, de la Senadora De Boneta y Piedra, y estuvo integrada
la ponencia por don Hilario Caballero Moya, don Salvador Capdevila i Bas,
don José Antonio Marín Rite, don Alfredo Prada Presa y doña Rosa Vindel
López. Esta ponencia emitió su informe con fecha seis de mayo,
incorporando al mismo el texto de la proposición de ley que fue remitida
por el Congreso de los Diputados, por lo que no incorporó la enmienda
presentada. La Comisión se reunió el día 13 del presente mes y en su
sesión aprobó el texto propuesto por el informe de la ponencia por lo
que, como he dicho, no introducía modificación sobre el texto emitido por
el Congreso de los Diputados. A esta proposición de ley no se ha
presentado ningún voto particular.
La proposición de ley, tal y como se somete a la consideración del Pleno
del Senado, consta de cinco artículos, una disposición adicional y una
disposición final, precedida del correspondiente preámbulo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.
Entramos en el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
A los meros efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», quiero
indicar que nuestro Grupo Parlamentario fue uno de los que suscribió la
proposición de ley que hoy debatimos, votó a favor en los trámites del
Congreso, no presentó ningún tipo de enmienda tampoco en el
correspondiente trámite en el Senado y, coherentemente con toda esa
trayectoria, hoy también votaremos a favor del dictamen de la Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubia.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también, intervengo para dejar constancia del
posicionamiento de nuestro Grupo respecto de la proposición de ley por la
que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
se debate. Nuestro voto será favorable, pues, al dictamen emitido por la
Comisión de Justicia.
Simplemente, deseo dejar constancia de que ya en la exposición de motivos
se define con claridad la reforma puntual que se persigue y sus
objetivos, tanto en una, como en otra norma legal, con un solo
denominador común, que es hacer frente a la llamada violencia callejera,
de gravedad
tal que constituye una nueva modalidad de terrorismo, que es el
terrorismo de baja intensidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Señor Presidente, señorías, nos ocupamos hoy de una
proposición de ley importante, referida a una modificación del Código
Penal, y, aunque normalmente todos los portavoces que intervenimos desde
esta tribuna en la tramitación de las distintas leyes siempre nos hemos
referido a la necesidad de la estabilidad de la ley, esto es, la
necesaria estabilidad para comprobar la eficacia de las mismas, es lo
cierto que en la realidad social a veces se producen cambios a una
velocidad mayor de la normal. Y esto es lo que ha ocurrido con el
fenómeno que llamamos violencia callejera, que en los últimos años ha
tenido una extraordinaria incidencia, sobre todo, en algunos lugares del
Estado. Por eso, entendemos que la modificación que hoy examinamos está
justificada y es una respuesta adecuada a la situación que se produce en
esta materia.
Por otra parte, hacemos esta modificación como entendemos que deben
hacerse estos cambios, es decir, con un alto grado de consenso entre los
distintos Grupos Parlamentarios. Se ha dicho, señorías, que ésta es una
ley que sanciona penalmente la llamada violencia callejera. Nosotros
entendemos que en este momento deben hacerse dos puntualizaciones. En
primer lugar, no se trata de una violencia cualquiera. No se trata, en
modo alguno, de la violencia, por ejemplo, de un grupo de partidarios de
un equipo de fútbol que al salir de un estadio cause destrozos, aunque
éstos sean importantes y, naturalmente, rechazables y condenables. Se
trata de otro tipo de violencia, de una violencia terrorista, de un
fenómeno de terrorismo y que en modo alguno puede considerarse como un
terrorismo menor o atenuado. En definitiva, se trata, señorías, de una
violencia terrorista grave, razón por la que, lógicamente, entre otras
respuestas que no dudamos deben producirse, debe tener también la
respuesta propia de la ley penal.
Señorías, estamos sancionando una violencia que es una táctica concreta
en la acción diaria de una banda terrorista y que se lleva a la práctica
por gentes que están en los contornos de dicha banda terrorista,
fundamentalmente, en el País Vasco y Navarra. De ahí, señorías, la
importancia de lo que estamos tratando.
Pero al mismo tiempo nosotros creemos que es preciso hacer otra
puntualización. Señorías, es necesario decir que los derechos de
manifestación y de reunión son ejercitados diariamente, de continuo y de
manera ejemplar por decenas de miles, yo diría que por cientos de miles,
de ciudadanos en todo el Estado, y de manera significativa en el País
Vasco y en Navarra, donde además esa ejemplaridad en el ejercicio de los
derechos de manifestación y de reunión es aún más ejemplar, porque allí
se ejercitan estos derechos en circunstancias, algunas veces, de extrema
tensión y, por otra parte, numerosas veces también, asumiendo un riesgo
personal. Por lo tanto, en estos momentos es necesario hacer también, a
mi juicio, una afirmación de este tipo.
Señorías, se modifica el artículo 514 del Código Penal, añadiendo un
punto 4, en el que se sanciona la conducta de aquellos que perturban o
dificultan o entorpecen los derechos de manifestación y de reunión y un
apartado 5, en el que se castiga a los promotores o directores de
reuniones o manifestaciones prohibidas, las llamadas
contramanifestaciones, siempre que traten de subvertir el orden
constitucional o de alterar gravemente la paz pública.
Se modifica también el artículo 170 del Código Penal, en el sentido de
tipificar como delito las amenazas dirigidas a atemorizar a colectivos, a
poblaciones, a grupos de personas, que se producen lamentablemente con
frecuencia. Se sanciona también a los que reclaman públicamente la
comisión de acciones terroríficas.
Por otra parte, además de esta modificación sustantiva, se hace también
una modificación del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
persiguiendo dar una mayor celeridad a estos juicios. Con la modificación
procesal se pretende algo que quizá más importante que la propia
modificación sustantiva, porque lo cierto es que estas conductas podían
castigarse con los preceptos existentes ya en el Código Penal, y quizá
tenga un valor, si cabe más ejemplar, el hecho de que estas conductas
puedan sancionarse con una extraordinaria rapidez y que los ciudadanos
observen que la sociedad no está inerme ante el fenómeno de la violencia
callejera, sino que, por el contrario, reacciona con rapidez, reacciona,
en definitiva, con facilidad. Por eso, para nosotros la reforma procesal
es si cabe tan importante o más que la propia reforma sustantiva.
Se trata, señorías, de una proposición de ley cuantitativamente pequeña,
pero, como decía al principio, importante.
A veces, señorías, la aportación del Senado mejorando las leyes, tantas
veces aportación evidente, se convierte en algunos casos, como en este
que nos ocupa, en una aportación ejemplar. En definitiva, se trata,
señorías, de la respuesta de los demócratas ante el terrorismo, y éste es
un camino difícil y una actuación siempre complicada. Hay que vencer
muchas veces elementos que están en el propio instinto de conservación,
hay que vencer muchas veces el miedo. La reforma que hoy tenemos sobre la
mesa elimina de alguna manera las excusas de los demócratas en esta tarea
de hacer frente a estos sucesos, elimina las excusas porque aclara los
tipos: la excusa posible de jueces, de fiscales, de los ciudadanos y
nuestra propia excusa. Hoy nosotros como legisladores cumplimos con
nuestra parte en el asunto y decimos: aquí hay unos tipos claros,
perfectamente definidos, perfectamente claros, y no hay excusas para la
aplicación.
Tampoco puede servir de excusa, a nuestro juicio, el hecho de que se
admita --nosotros lo admitimos-- que ésta no es la única reforma
necesaria, que la medida penal no es la única medida necesaria; la
admisión de esa pluralidad de respuestas no puede funcionar en modo
alguno como una
excusa más. A partir de ahora la cosa está clara. Hay un fenómeno de
violencia terrorista organizado por una banda terrorista, y aquí hay unos
tipos penales claros, que pueden ejercitarse de manera clara ante unos
juzgados con unos procedimientos rápidos. En definitiva, señorías, ésa es
la reforma.
Yo creo que hoy podemos estar satisfechos, y lo creo sinceramente. Saben
sus señorías que no corren buenos tiempos para los poderes legislativos.
Saben sus señorías que la opinión pública, y la opinión científica
también, no son muy favorables hoy con el trabajo parlamentario. Muchas
son las críticas que se hacen a las Cámaras. Una de ellas es, sin duda,
el desfase en el tiempo. El tiempo parlamentario va siempre por detrás
del tiempo real. El Parlamento va por detrás de la sociedad, y ésa es una
imagen que daña la de la democracia y la del Parlamento. Hoy, señoras y
señores Senadores, nosotros unimos esos tiempos, y estamos regulando una
situación que está ocurriendo hoy. El Parlamento responde de manera
rápida e inmediata, y yo creo, señoras y señores Senadores, que ése es,
sin duda alguna, un esfuerzo encomiable, un esfuerzo loable del que hoy,
con toda seguridad, podemos sentirnos satisfechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marín Rite.
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra la Senadora Vindel López.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, la iniciativa
legislativa que estamos a punto de aprobar tiene para el Grupo
Parlamentario Popular un gran significado por múltiples motivos.
En primer lugar, señorías, porque se trata de la primera modificación que
va a tener el Código Penal de 1995. Pero con ser esto importante, lo
trascendente es que ha nacido y aquí, a esta Cámara, nos ha llegado por
la voluntad de todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso
de los Diputados, que responde, sin duda alguna, a una demanda de la
sociedad, por lo que quizá hoy, una vez más y quizá también más que
nunca, estamos dando cumplimiento al artículo 66 de la Constitución. Sin
duda alguna, señor Presidente, creo que debemos sentirnos orgullosos por
la sintonía entre aquélla --la sociedad--, entre cuantos son proponentes
de esta ley y entre cuantos nos sentamos hoy aquí.
Como decía, esta primera modificación del Código Penal surge desde la
serenidad y la reflexión tras setenta y dos horas terribles ocurridas en
julio del año pasado. El código Penal, como catálogo de miserias que es,
las castiga para defender determinados bienes jurídicos. Se castigan el
asesinato y el homicidio porque se defiende la vida, se castiga el robo
porque se defiende la propiedad; se castigan las agresiones sexuales
porque se defienden las libertades sexuales. Hoy añadimos dos apartados
más a su artículo 514, porque queremos defender las libertades públicas y
la pacífica convivencia de los ciudadanos. Lo que se pretende, como muy
bien decía el Senador Marín Rite, es que aquellos que quieran ejercer su
derecho a la manifestación legítima no se vean impedidos de hacerlo por
la violencia de otros.
También modificamos el artículo 170 del Código Penal, de las amenazas,
para que si éstas, efectuadas contra grupos y colectivos, no tienen como
objetivo ese grupo en sí sino la creación de un clima de miedo --como muy
bien decía también el Senador Marín Rite--, de terror, que impida a los
ciudadanos manifestarse libremente, la sociedad pueda tener la seguridad
y la tranquilidad de que hay una respuesta penal.
Pero estas pequeñas --aunque sólo sea en apariencia-- reformas
legislativas de poco servirían si no fueran acompañadas de la
correspondiente modificación de la Ley Procesal Penal para evitar
cualquier sensación de impunidad ante las conductas a las que antes me he
referido.
En este sentido, también se modifican dos párrafos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, el artículo 790, número 1, para imponer trámites
abreviados en casos en los que hasta ahora solamente eran facultativos.
Con ellos se intensifica la aplicabilidad de los juicios rápidos y se
manifiesta la voluntad de todos nosotros de agilizar los procedimientos
penales.
Estas son, en líneas generales, las modificaciones al Código Penal y a la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que --reconozcámoslo, señorías-- no son
unas medidas para la lucha contra el terrorismo, sea cual sea su
intensidad, sino unas medidas para defender la libertad de los
ciudadanos.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin hacer una mención expresa a
la responsabilidad de los miembros de esta Cámara, también por un doble
motivo. En primer lugar, por no haber querido agotar el exiguo plazo que
nos concede el Reglamento para la tramitación de las iniciativas
legislativas y, en segundo lugar, por haber renunciado a nuestro derecho
reglamentario a presentar enmiendas, lo que hará que esta norma entre en
vigor en un tiempo asombrosamente rápido.
Qué duda cabe, señor Presidente, que uno puede acertar y uno puede
equivocarse, pero, señorías, creo que cuando tantos estamos de acuerdo,
es seguro que no nos equivocamos. A todos, gracias.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Yo les propondría hacer una corrección porque creo que se trata de un
error de redacción. Donde dice: se modifica el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, debe decir: se modifican el Código Penal y la
Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Les parece bien? (Asentimiento.)
Gracias.
También les propongo que votemos el dictamen en su conjunto y por
asentimiento. (Pausa.) Por asentimiento queda definitivamente aprobada
por las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica por la que se
modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se levanta la sesión hasta las diez de la mañana.
Eran las veinte horas y treinta y cinco minutos.