Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 66, de 19/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 66
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 19 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno el incumplimiento
por parte del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española
(RTVE), de los acuerdos del Consejo de Administración acerca del programa
que dirige el señor Herrero (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre
de 1997) (Número de expediente 680/000382).
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los
regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el
traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades
Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000371).
--De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la persona que tiene en el Ministerio de Economía y
Hacienda la misión de redactar los discursos con los que el Gobierno
consigue hacer bajar la cotización de las acciones de Telefónica de
España, S. A., en la Bolsa (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre
de 1997) (Número de expediente 680/000385).
--De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar
responsabilidades en relación con los hechos acaecidos acerca de la
investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en
las Islas Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre de
1997) (Número de expediente 680/000368).
--De don Alvaro Antonio Someso Salvadores, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre la opinión que tiene el Gobierno de las
actuaciones que viene realizando el Instituto de la Guardia Civil en
distintos países (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre de
1997) (Número de expediente 680/000389).
--De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si está el Gobierno en condiciones de proceder al nombramiento del
embajador de España en Cuba (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre
de 1997) (Número de expediente 680/000384).
--De don José Iriguíbel Mateo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas previstas por el Gobierno en orden a solucionar los problemas de
la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000378).
--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que ha puesto en marcha
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de los
acuerdos adicionales a los que se llegó con la firma del denominado
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329,
de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000381).
--De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si son institucionales los actos que, en nombre del Gobierno, se están
celebrando en Andalucía para explicar el Sistema Público de Pensiones
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente
680/000383).
--De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la postura española en relación con la Cumbre
Extraordinaria sobre el Empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre
de 1997) (Número de expediente 680/000391).
--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar, como servicio
público, el transporte aéreo en las Illes Balears, con precios,
frecuencia y niveles de calidad razonables (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha
17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000365).
--De don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para combatir la alta
siniestralidad laboral en el sector de la minería del carbón (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000380).
--De don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran
las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente
680/000379).
--De don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda
que mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329,
de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000386).
--De don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si seguirá el Ministerio de Sanidad y Consumo manteniendo
el criterio que ha venido defendiendo en el Consejo de Ministros de la
Unión Europea, en relación con la prohibición de la publicidad del tabaco
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente
680/000387).
--De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno a los seis meses de la
firma del acuerdo entre sindicatos y patronal para la estabilidad en el
empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000388).
--De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio
de carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000390).
Segundo
Interpelaciones:
--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las prioridades y criterios del
Gobierno en cuanto a la distribución de los fondos artísticos
provenientes de dación o por convenios con empresas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329,
de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000062).
--De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política general del Gobierno en materia de inmigración (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329,
de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000061).
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el
desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en lo que
respecta a la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en
materia de investigación científica y técnica (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha
17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000059).
--De don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política del Gobierno en relación con la creación de empleo (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
329, de fecha 17 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000063).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 56, de fecha 22 de octubre de 1997) (Número de
expediente S. 621/000056) (Número de expediente C. D. 121/000070).
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 57, de fecha 22 de octubre de 1997) (Número de
expediente S. 621/000057) (Número de expediente C. D. 121/000071).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias ejecutivas
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Cataluña. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 14, de fecha 13 de noviembre de 1997) (Número de expediente
S. 624/000009) (Número de expediente C. D. 122/000087).
Quinto
--Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1997
(Número de expediente 550/000018).
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce horas.
PREGUNTAS
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión que le merece al Gobierno el incumplimiento por parte
del Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), de
los acuerdos del Consejo de Administración acerca del programa que dirige
el señor Herrero (Página 2751)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández).
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los
regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el
traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades
Autónomas (Página 2753)
El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díez González. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).
De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la persona que tiene en el Ministerio de Economía y
Hacienda la misión de redactar los discursos con los que el Gobierno
consigue hacer bajar la cotización de las acciones de Telefónica de
España, S. A., en la Bolsa (Página 2754)
La señora Pleguezuelos Aguilar formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora
Pleguezuelos Aguilar. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar
responsabilidades en relación con los hechos acaecidos acerca de la
investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en
las Islas Canarias (Página 2756)
El señor Pérez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Pérez García. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De don Alvaro Antonio Someso Salvadores, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la opinión que tiene el Gobierno de las actuaciones
que viene realizando el Instituto de la Guardia Civil en distintos países
(Página 2757)
El señor Someso Salvadores formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Someso Salvadores.
De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si está el Gobierno en condiciones de proceder al nombramiento del
embajador de España en Cuba (Página 2758)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).
De don José Iriguíbel Mateo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas previstas por el Gobierno en orden a solucionar los problemas de
la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra (Página 2759)
El señor Iriguíbel Mateo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iriguíbel Mateo. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que ha puesto en marcha
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de los
acuerdos adicionales a los que se llegó con la firma del denominado
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (Página 2760)
El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez de la Borbolla Camoyán. En turno de dúplica, lo hace el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si son institucionales los actos que, en nombre del Gobierno, se están
celebrando en Andalucía para explicar el Sistema Público de Pensiones
(Página 2762)
El señor García Correa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García
Correa. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la postura española en relación con la Cumbre
Extraordinaria sobre el Empleo (Página 2763)
El señor Santaella Porras formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Santaella
Porras.
De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar, como servicio
público, el transporte aéreo con las Illes Balears, con precios,
frecuencia y niveles de calidad razonables (Página 2764)
La señora Costa Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Costa Serra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que está adoptando el Gobierno para combatir la alta
siniestralidad laboral en el sector de la minería del carbón (Página 2765)
El señor Alonso Buitrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alonso Buitrón. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentran
las negociaciones con la empresa Autopistas Concesionaria Española, S. A.
(ACESA), para lograr una reducción en el peaje de las autopistas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Luis Estaún García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones que tiene el Gobierno de abonar la deuda que
mantiene con diversos Ayuntamientos en concepto de Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) por presas y saltos de agua del Estado.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Adolfo Fernández Aguilar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si seguirá el Ministerio de Sanidad y Consumo manteniendo
el criterio que ha venido defendiendo en el Consejo de Ministros de la
Unión Europea, en relación con la prohibición de la publicidad del
tabaco.
Esta pregunta ha sido retirada.
De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la valoración que hace el Gobierno a los seis meses de la firma del
acuerdo entre sindicatos y patronal para la estabilidad en el empleo.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Jaume Font Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la fecha prevista por el Gobierno para firmar un convenio de
carreteras con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 2767)
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las prioridades y criterios del Gobierno en
cuanto a la distribución de los fondos artísticos provenientes de dación
o por convenios con empresas (Página 2767)
El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y
Gil de Biedma). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra las señoras De Boneta y Piedra, por
el Grupo Mixto, y Arribas Esteve, por el Grupo Socialista, así como el
señor Zapatero Villalonga, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política general del Gobierno en materia de inmigración (Página 2773)
El señor Oliart Pons realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). Vuelve
a intervenir el señor interpelante. Asimismo, lo hace el señor Ministro
del Interior (Mayor Oreja). En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Oliart Pons, por el Grupo Socialista, así como la
señora San Baldomero Ochoa, por el Grupo Popular.
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el
desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en lo que
respecta a la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en
materia de investigación científica y técnica (Página 2783)
La señora De Boneta y Piedra realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey). Vuelve a intervenir la señora interpelante.
Asimismo, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y
Onaindía Nachiondo, por el Grupo Socialista. La señora De Boneta y Piedra
interviene de nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el turno de
portavoces el señor Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.
De don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política del Gobierno en relación con la creación de empleo.
Esta interpelación ha sido retirada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2792)
Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento (Página 2792)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento (Página 2792)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2792)
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias ejecutivas
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Cataluña. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 2792)
El señor Cardona i Vila, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta
el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Oliart Pons defiende la enmienda número 1, del Grupo Socialista.
No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Oliart Pons, por el Grupo Socialista, y González
Pons, por el Grupo Popular.
Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1997
(Página 2798)
El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, propone a la Cámara la
habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre para la
tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 y del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
Se procede a votar el proyecto de ley cuyo dictamen acaba de ser
debatido.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Socialista, por 80 votos a
favor, 130 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, por 210 votos
a favor y 1 abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las doce horas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se abre la sesión.
Debo informar a sus señorías que han sido retiradas las preguntas números
12, de don Luis Estaún; 13, de don Adolfo Fernández Aguilar, y 14, de
doña Rosa López Garnica; también ha sido retirada la interpelación
formulada por el Senador don Joan Lerma. Asimismo, ha habido un cambio de
orden en la tramitación de interpelaciones. La primera será la número 20,
que formula el Senador don Josep Varela; la segunda la número 18, que
formula el Senador don Joan Oliart, y la tercera será la número 19, de
doña Inmaculada de Boneta y Piedra. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
PREGUNTAS:
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO EL INCUMPLIMIENTO
POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA
(RTVE) DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ACERCA DEL PROGRAMA
QUE DIRIGE EL SEÑOR HERRERO (680/000382).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, preguntas.
En primer lugar, de don Francisco Javier Rojo García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno el
incumplimiento por parte del Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española de los acuerdos del Consejo de Administración
acerca del programa que dirige el señor Herrero.
El señor Rojo García tiene la palabra.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El pasado 20 de octubre el Consejo de Radiotelevisión Española aprobó por
siete votos a favor, tres en contra, todos del Partido Popular, y una
abstención, lo siguiente: Este Consejo de Administración solicita a la
Dirección General que cambie al director moderador del programa-debate de
la Primera por no cumplir los principios de programación del Estatuto de
Radiotelevisión Española.
Al no haber cumplido el Director General de Radiotelevisión Española lo
acordado por el Consejo, es por lo que le formulo, señor Vicepresidente
del Gobierno, la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merece al Gobierno
el incumplimiento por parte del Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española de los acuerdos del Consejo de Administración
acerca del programa que dirige el señor Herrero?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, los acuerdos del Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española al Gobierno le merecen el
máximo respeto, como no podía ser de otra manera. En relación con lo que
usted llama el incumplimiento, debo decirle que el Director General de
Radiotelevisión Española ha respetado escrupulosamente las previsiones
contenidas en materia de competencias en el Estatuto de Radiotelevisión
Española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Vicepresidente.
Usted sabe perfectamente que el Consejo de Radiotelevisión Española es un
órgano elegido democráticamente por las Cámaras, Congreso y Senado. Por
lo tanto, este órgano se merece un respeto --no diré que sea superior a
otros--, y cuando menos, por la propia responsabilidad del mismo y por la
responsabilidad que tenemos los Diputados y Senadores deberíamos tener
muy en cuenta las decisiones que toma el Consejo.
Entiendo que cuando siete miembros del Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española toman una decisión y el Director General --un
hombre que, como todo el mundo sabe, es un profesional e independiente--
(Risas.), toma la decisión de hacer lo contrario de lo que dice ese
Consejo y solamente son los miembros puestos por el Partido Popular en
ese Consejo quienes deciden lo contrario, y lo que plantean esos siete
miembros del Consejo no es otra cosa sino que se cumpla el Estatuto de
Radiotelevisión Española, que dice claramente cuáles son sus principios:
la objetividad y la imparcialidad, creo sinceramente que, cuando menos,
nos debería llevar a reflexionar a quienes estamos aquí de que algo no va
bien.
Señor Vicepresidente del Gobierno, alguna vez le he interpelado a usted
en estas cuestiones y es una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos y
representantes elegidos democráticamente por el pueblo. No hay nadie hoy
que piense que el Ente Público de Radiotelevisión Española sea objetivo e
imparcial --se lo digo sinceramente, señor Vicepresidente del Gobierno--
(Rumores.) Sé que a su Grupo le hace mucha gracia, le terminarán
aplaudiendo, que es lo que hace siempre, aunque no sea más que para sacar
buena nota después, pero le voy a decir lo siguiente. Esto es una
realidad. Aquel ciudadano que no está al dictado de lo que ustedes
mandan, o se le persigue o se le anula. Esta es la realidad. Les gustará
o no les gustará, pero es lo que es. No se puede entender, señor
Vicepresidente del Gobierno, que hoy se esté hablando de que tienen que
salir 1.500 trabajadores de Radiotelevisión y ustedes estén poniendo
personas al frente --ustedes sabrán lo que tienen que hacer-- de
programas de televisión, pagando sueldos supermillonarios a aquellos que
dirigen los telediarios para que aplaudan su política. Difícilmente se
puede entender, señor Vicepresidente del Gobierno, aunque sí se entiende,
y le voy a decir por qué. Se entiende que solamente desde la disciplina
del Gobierno, a su Partido, es la única forma de medrar en el Ente
Público de Televisión Española.
El señor PRESIDENTE: Senador Rojo, vaya terminando.
El señor ROJO GARCIA: Termino, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, sé que usted va a finalizar su turno
de intervención y me dirá lo que entienda que me tiene que decir
--supongo que lo tendrá preparado--, pero me reconocerá que cuando un
Consejo de Radiotelevisión como el que tenemos, elegido democráticamente,
toma una decisión de ese tipo y se le contesta de la forma que lo han
hecho, demuestra que hay una falta de credibilidad no solamente de ese
Consejo, sino de las Cámaras, señor Vicepresidente del Gobierno. Porque
el señor López Amor es un hombre de su partido, es un comisario político
puesto al frente del Ente Público Radiotelevisión Española (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) porque, si no, difícilmente
se podría entender dónde queda la profesionalidad y la independencia de
aquello que nos dijeron en su día. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Senador Rojo, ha terminado.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
A mí me hubiera gustado que su señoría me indicara en qué artículo de la
normativa vigente se apoyaba su petición y se apoyaba la petición del
Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Veo que después
del largo discurso que ha dirigido para defender y justificar su pregunta
no ha podido citar ni uno, no ha citado ninguno. Ha citado uno que habla
de los criterios de imparcialidad, pluralismo y otros, pero no tiene nada
que ver con nombramientos. (El señor Rojo García hace signos negativos.)
Sí, señor Rojo, usted no ha podido citar ningún precepto legal en el que
apoyar su petición, y yo le voy a citar el artículo 11 del Estatuto de
Radiotelevisión Española, apartados f) y g), que dicen claramente que
corresponde al Director General organizar la dirección y nombrar, con
criterios de profesionalidad, al personal directivo de Radiotelevisión
Española y de sus sociedades, notificando con carácter previo dichos
nombramientos al Consejo de Administración.
Es exactamente el mismo artículo con el que los directores generales de
Radiotelevisión desde el año 1982 hasta el año 1996 han venido tomando
todas las decisiones, exactamente el mismo artículo. Y a ustedes este
artículo ahora no les gusta, de tal manera, señorías, que los
representantes del Grupo Socialista en el Consejo de Radiotelevisión
Española ya propusieron el día 23 de mayo el cese del Director de los
Servicios Informativos, don Ernesto Sáenz de Buruaga --ya lo habían
propuesto el día 23 de mayo--, el día 25 de junio propusieron los
representantes socialistas en el Consejo de Administración el cese de don
Javier González Ferrari y ahora en octubre piden el cese de don Luis
Herrero, y van a pedir el cese de cualquier persona que no hayan nombrado
ellos. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No,
no. Acuerdan, acuerdan!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos
Fernández): Sencillamente porque con la llegada al Gobierno el Partido
Popular se ha producido un cambio fundamental (Varios señores Senadores
del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí, sí!--Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) en Televisión Española y en el resto de
las áreas del Gobierno, y es que el Gobierno del Partido Popular cumple
la ley, en este caso la Ley de Radiotelevisión Española, y a los
socialistas les sigue gustando la ley del embudo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS
REGIMENES FORALES Y EL CONCIERTO ECONOMICO CON EL PAIS VASCO EN EL
TRASLADO Y ASENTAMIENTO DE EMPRESAS PROCEDENTES DE OTRAS COMUNIDADES
AUTONOMAS (680/000371).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de los
efectos producidos por los regímenes forales y el Concierto Económico con
el País Vasco en el traslado y asentamiento de empresas procedentes de
otras Comunidades Autónomas.
Tiene la palabra el señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta queda formulada en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Senador.
La opinión del Gobierno acerca de los efectos de los regímenes forales y
el Concierto Económico del País Vasco en el traslado y asentamiento de
empresas es que no es una explicación que pueda explicar --y perdone la
redundancia-- los movimientos que en ambas direcciones se producen en las
empresas y, por lo tanto, no nos parece que pueda considerarse como un
criterio único, ni siquiera el determinante del movimiento de las
empresas, habida cuenta que, vuelvo a repetir, se producen movimientos en
ambas direcciones y no estaría yo seguro de que esos movimientos se
puedan achacar en exclusiva a una determinada legislación tributaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, usted lo acaba de decir: no tiene la seguridad. Hay
muchos que tenemos la seguridad de lo que está pasando y usted también al
afirmar, en unas declaraciones que hizo el 22 de octubre del año 1996 en
el diario «El Correo», de Bilbao: Quiero la misma presión fiscal en todo
el territorio --se refería usted a España, obviamente--. Reconocerá
conmigo que aquel deseo suyo, que mi Grupo comparte, no se ha cumplido y
no dudamos de su buena voluntad cuando lo formuló.
Se ha tenido que guardar este deseo, como dicen en mi tierra, con carros
y carretas. La realidad, señor Vicepresidente, es muy otra, usted la
conoce o la debería conocer. Incluso con sus dudas, manifestadas en la
contestación, creo que está reconociendo, implícitamente, que existe una
realidad muy distinta. Existe un desequilibrio fiscal y territorial con
el asentamiento definitivo de un modelo de paraíso fiscal dentro de
nuestro Estado, lo contrario, precisamente, a la cohesión territorial a
la que hacía usted referencia en aquella declaración de hace algo más de
un año. En definitiva, una desleal competencia entre Comunidades
Autónomas, que está también en contra del derecho comunitario, y que
usted conoce porque hay recursos que se han producido en ese ámbito y se
mantienen en este momento, precisamente por esa razón o fundamento.
La lógica del mercado no es ajena a este modelo y funciona,
evidentemente. ¿Cómo funciona esa lógica del mercado? Usted lo conoce,
señor Vicepresidente, con el traslado y asentamiento de empresas en las
Comunidades y territorios que tienen un tratamiento fiscal diferenciado y
favorable que, lógicamente, es un estímulo. La fiscalidad foral propia y
legítima de los territorios forales de Navarra y del País Vasco más el
Concierto Económico, recientemente aprobado, han acentuado esta
situación. La han acentuado de tal manera que se ha producido un goteo de
empresas de fuera --utilizando ese argot al que, a veces, se refieren los
nacionalistas-- que, en definitiva, están trasladándose o anunciándolo
desde hace cuatro meses.
Señor Vicepresidente, en mi Comunidad Autónoma, La Rioja, se pueden poner
ejemplos también de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de
Cantabria y de otras comunidades, desde este verano se ha anunciado el
traslado de empresas conserveras, de bodegas y empresas vitivinícolas, de
empresas auxiliares, de automoción, etcétera, con un total de
aproximadamente 600 trabajadores, que es mucho en mi Comunidad Autónoma.
Pero el problema no es ése; el problema es que se ha iniciado un goteo
que está creando una situación verdaderamente delicada en las Comunidades
Autónomas vecinas.
El señor PRESIDENTE: Senador Díez González, termine su intervención.
El señor DIEZ GONZALEZ: Termino ya, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, la realidad es tozuda. La realidad es que su deseo
no se ha cumplido; la realidad es que los intereses de su partido han
primado sobre el interés general en este caso concreto; la realidad es
que hay que reconocer que esa política de su Gobierno perjudica
claramente a otras Comunidades Autónomas; la realidad es que la necesaria
cohesión territorial, en este caso, señor Vicepresidente, falla
estrepitosamente cuando se crean paraísos fiscales; y la realidad,
reconozca esa realidad, es que para mantenerse en La Moncloa no sirven
las lámparas de Aladino.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Senador.
La realidad es que no conozco a nadie que haga más promoción de las
ventajas fiscales del País Vasco que usted. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) Cosa que deberían agradecerle, porque no
tiene usted otra pregunta.
Segundo, señor Senador, a ver si se entera usted: el Impuesto sobre
Sociedades no ha sido modificado en los nuevos acuerdos con la Comunidad
Autónoma Vasca, o sea, que no digamos falsedades. El Impuesto sobre
Sociedades estaba ya recogido con totalidad de capacidad normativa en las
diputaciones forales mucho antes de que nosotros fuéramos responsables.
Tercero, los recursos que se han presentado, que, por lo menos, su
señoría lo reconoce, yo le rogaría que, además de reconocerlos, si tiene
alguna influencia en el Partido Socialista de Euskadi, les dijera que no
votaran en las diputaciones forales a favor de las normas más complicadas
desde el punto de vista de la deslocalización.
Cuarto, su señoría debería de saber, ya que plantea la pregunta, que
precisamente en el nuevo acuerdo sobre el Concierto se introduce la
obligación de que haya una presión fiscal equivalente. (El señor Díez
González hace signos negativos.) Perdón, su señoría, al parecer, no le
confiere carácter jurídico a las palabras, ¡gracias a Dios, los
tribunales no comparten la posición de su señoría! Presión fiscal
equivalente quiere decir exactamente lo que cualquier persona entiende en
esta sala y fuera de esta sala.
Quinto, como le he indicado en mi primera contestación a su señoría,
pensar que las disposiciones fiscales son las que movilizan a las
empresas me parece una apreciación que no contiene toda la realidad. Hay
otras muchas, como pueden ser las políticas locales que se realicen con
respecto a subvenciones o a terrenos, la búsqueda de personal
cualificado, la situación de otro tipo de ayudas, la proximidad a centros
de distribución, porque si no, señoría, explíqueme por qué hay otras
empresas que se están moviendo en sentido contrario.
Ya que su señoría está obsesionado con hacer promoción de la fiscalidad
en los territorios forales, yo le pediría que hiciera también el estudio
al contrario, a lo mejor es que no le interesa para su argumentación. No
conozco a nadie que haga más por que las empresas hagan un movimiento en
una sola dirección. Que usted reitere esta pregunta no quiere decir que
aporte nada nuevo.
Le voy a decir otra cosa, la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene el
nivel de paro más bajo de todas las Comunidades limítrofes a su
alrededor, por tanto, habrá otras condiciones de competitividad en todos
los sentidos. Además, el Gobierno, dentro de sus legítimas actividades,
está utilizando fondos de cohesión que han aumentado notablemente con
respecto al año 1996 en pesetas por habitante en la Comunidad de La Rioja
y no sólo en el tramo autonómico sino también en el tramo nacional. La
media por habitante en el tramo autonómico son 5.500 pesetas y en La
Rioja son 9.500. En el caso del tramo de los fondos de cohesión de la
Administración Central, la media por habitante pasa de 16.000 pesetas en
el conjunto del territorio nacional a 18.000 pesetas en La Rioja, aparte
de todas las ayudas que se están produciendo a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, así como de la iniciativa PYME y de otras
iniciativas y de los convenios de colaboración que estamos firmando.
Estamos haciendo una política activa con todas las Comunidades Autónomas
y está claro que las empresas toman decisiones que su señoría no es capaz
de explicar, lo único que su señoría es capaz de explicar cada vez que me
pregunta va en una sola dirección, por eso, no me cabe duda de que su
señoría está haciendo una promoción, seguramente porque le parece
conveniente, sobre un determinado sistema foral.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Vicepresidente, termine.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Lo que me pregunto es qué piensan los
electores que eligen a su señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA PERSONA QUE TIENE EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y
HACIENDA LA MISION DE REDACTAR LOS DISCURSOS CON LOS QUE EL GOBIERNO
CONSIGUE HACER BAJAR LA COTIZACION DE LAS ACCIONES DE TELEFONICA DE
ESPAÑA, S. A., EN LA BOLSA (680/000385).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la persona que tiene en el
Ministerio de Economía y Hacienda la misión de redactar los discursos con
los que el Gobierno consigue hacer bajar la cotización de las acciones de
Telefónica de España, S. A., en la Bolsa.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente. (El
señor Vicepresidente, Rigol y Roig, ocupa la Presidencia.)
Señor Rato, su error de la semana pasada anunciando una bajada de las
tarifas telefónicas urbanas para 1998 tuvo un efecto fulminante en la
Bolsa, que no fue otro más que la caída de las acciones de Telefónica
hasta llegar a perder en algún momento 155 pesetas por acción, es decir
un 4 por ciento de bajada. Nadie está libre de error, y mucho menos si
los errores los escriben otros, pero es llamativo, sobre todo en usted,
no lo sería tanto en otros miembros de su Gobierno, y además es insólito
que un Vicepresidente económico no advierta que la bajada que anunciaba,
que los datos que daba eran una barbaridad. Por eso le formulo la
pregunta en los mismos términos que ha leído el Presidente de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señora
Senadora.
Efectivamente, tiene usted toda la razón, la responsabilidad de no
haberme dado cuenta del error en el texto es totalmente mía y la asumo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco su sinceridad, lo que ocurre es que quizá usted debería dejar
claro en esta Cámara que el asunto no fue baladí porque, como
posiblemente quería resaltar los efectos de su política económica, no
detectó el error de los datos, y patinó --si me permite la expresión--
porque en plena borrachera de éxito de esa política económica y
liberalizadora no detectó lo que nos dice a todos el sentido común, y es
que las tarifas urbanas no pueden bajar hasta un 50 por ciento. Y lo que
es más extraño, usted no detectó siquiera la cara de asombro de los
asistentes, que en muchos casos eran inversores extranjeros.
Su error tuvo graves consecuencias, y no es la primera vez, ya ha bajado
la Bolsa por otro error suyo en alguna otra ocasión. Yo tengo aquí hora a
hora la evolución de la acción de Telefónica y, como puede verse, esta
empresa movió 24.000 millones de pesetas, es decir, la cuarta parte del
total negociado en ese día. Y lo que significa eso es que 24.000 millones
de pesetas cambiaron de mano. ¿A qué manos fueron a parar? ¿Quiénes han
ganado en esta operación? Yo no lo sé, ni siquiera sé de quiénes son
amigos quienes han ganado, pero me temo que en ningún caso será ese grupo
de pequeños ahorradores, que lo que tienen son unas pocas «matildes» por
inversión.
Conozco --y es sólo un ejemplo, hay muchos otros-- un operador que ordenó
en el instante, en el momento que conoció su error, ventas por valor de
200.000 títulos, y esto, sin duda, da lugar a una serie de movimientos
especulativos importantes. Y además no nos contentamos con el problema de
Telefónica. Usted sabe perfectamente que eso tuvo una influencia terrible
en el impacto bursátil total, porque el peso en el Ibex 35 de Telefónica
es tan importante como para que el sector de las telecomunicaciones
cayera un 9,65 por ciento.
Por tanto, señor Rato...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, se le ha
terminado el tiempo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino, enseguida, señor Presidente.
Usted podrá contestarme o no, incluso podrá contestarme con errores de
otros, pero, por favor, señor Vicepresidente, haga propósito de enmienda,
ponga la cara cuando hablemos de errores...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señora Senadora, ahora sí que ha
de terminar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Y no haga tanta propaganda de los éxitos
y detecte los errores a tiempo.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (Rato y Figaredo): Gracias, señora Senadora.
Yo le vuelvo a reconocer mi error y usted puede calificarlo como quiera.
Pero ya que su señoría está interesada en la cotización de Telefónica en
ese día, y supongo que en otros, y ya que tiene además contactos en el
sector, según nos ha reconocido, pregúntele si hubo más noticias ese día
sobre Telefónica a su compañero, sobre otras cuestiones que yo no tengo
por qué analizar, pero que su señoría, que al parecer se va a volver una
experta (La señora Pleguezuelos Aguilar: Lo soy.) seguramente tendría que
valorar.
Y ya que su señoría además dice que conoce los detalles del día, se los
voy a recordar a la Cámara, que seguramente no los ha seguido con la
pasión con la que su señoría los ha seguido. El máximo fue a las diez de
la mañana en 3.955
pesetas por acción de Telefónica. A las 11,30 yo acababa mi intervención,
que fue corregida en menos de 20 minutos por los servicios del
Ministerio. El mínimo llegó a las 12,48, es decir, prácticamente más de
una hora después de nuestras primeras correcciones y bajó a 3.830. Volvió
a subir a las 12,54 a 3,870. A las 13,28 había subido ya a 3.920, es
decir, 30 pesetas menos del máximo, pero volvió a caer.
Su señoría en otra ocasión nos podrá dar una clase de por qué volvió a
caer cuando ya la noticia sobre mi error ya era noticia sobre mi error,
no sobre el contenido de lo que había dicho. El día 13 --esto fue el día
11-- la acción bajó a 3.770, nada que ver con mis declaraciones, pero el
día 14 se recuperó y ahora está, el día 18, en 4.070.
Como su señoría al parecer es una experta en Telefónica, me gustaría que
me explicara por qué durante todo el día la acción primero bajó, después
subió, volvió a bajar, al día siguiente cayó todavía más y unos pocos
días después volvió a subir.
En ese sentido, yo a su señoría le indicaría que aparte de los errores
que se puedan cometer desde un Gobierno, que yo asumo personalmente como
único responsable, como también asumo la corrección en 15 minutos de ese
error, hay otras causas que no me toca a mí analizar. Lo que sí quiero
decirle es que me parece aventurado que su señoría crea que hay
beneficiarios específicos de estas compras y ventas porque si lo cree,
debe ir a los tribunales y si no va a los tribunales, lo que está
haciendo es frivolidad y no debería hacer frivolidad, señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.
--DE DON SANTIAGO PEREZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER Y DEPURAR
RESPONSABILIDADES EN RELACION CON LOS HECHOS ACAECIDOS ACERCA DE LA
INVESTIGACION REALIZADA CON MOTIVO DE LA HUELGA DE ENSEÑANZA CONVOCADA EN
LAS ISLAS CANARIAS (680/000368).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y
depurar responsabilidades en relación con los hechos acaecidos acerca de
la investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada
en las islas Canarias.
Tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos resumidos por la
Presidencia de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
le quiero decir que no hubo ninguna orden ni ninguna instrucción dadas a
la Guardia Civil ni por parte del Subdelegado del Gobierno ni por parte
del Delegado del Gobierno ni por ninguna autoridad del Ministerio del
Interior. Y ello es así, como se comprueba por las declaraciones del
Subdelegado del Gobierno en Tenerife, que el mismo día en el que se
conoce por los medios de comunicación y por otros medios lo que ha
sucedido él públicamente hace un reconocimiento de un error que se ha
producido por parte de algún miembro de la Guardia Civil a la hora de
interpretar una orden en la dirección que usted bien conoce.
En definitiva, el propio Subdelegado del Gobierno explicó ante los medios
de comunicación lo que había sucedido, y en mi opinión no hace falta
ninguna otra investigación, porque no ha habido ninguna instrucción,
ninguna orden ni se ha recibido informe alguno por parte del Ministerio
del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Senador, tiene usted la palabra.
El señor PEREZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted comprenderá que yo ni debo ni puedo poner en
cuestión las afirmaciones que su señoría acaba de expresar, ni tampoco
tengo razón alguna para poner en duda las declaraciones del señor
Delegado del Gobierno en Canarias ni del Subdelegado, a quienes considero
personas honorables. Ahora bien, hay un dato que es inequívoco: la
investigación por parte del Gobierno de Canarias sobre la identidad de
los profesores que se iban a sumar a la huelga, convocada en contra de
determinadas medidas de política educativa, fue efectuada en 14 centros
educativos al menos, y hubo actos de investigación realizados con
posterioridad a las declaraciones de los señores Delegado y Subdelegado
del Gobierno.
Si esto es así, señor Ministro, y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado han argumentado estar cumpliendo órdenes a la
hora de realizar ese tipo de investigaciones, alguien está faltando a la
verdad.
A mí no me gusta hacer catastrofismo en materia de libertades, porque me
parece que es un tema lo suficientemente delicado como para que los
representantes políticos podamos permitirnos o frivolidades o
catastrofismos, pero la reacción que produjo este tipo de averiguaciones,
de pesquisas constatadas, en el profesorado de nuestra Comunidad
Autónoma, de nuestro archipiélago, fue la de asombro, la de preocupación
y la de indignación.
Yo espero, señor Ministro, que con o sin expediente para esclarecer
eventuales responsabilidades, usted tome medidas. Esto no es la primera
vez que ocurre en los últimos meses, y además no es la primera vez que
ocurre en asuntos relacionados con el ejercicio de libertades
fundamentales
por parte de personas involucradas o interesadas en los asuntos
educativos. Tome note, señor Ministro, para que este tipo de cuestiones
no vuelvan a repetirse, ni en el resto de España ni en nuestro
archipiélago. Es algo que está bajo su responsabilidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Pérez
García.
Tiene usted la palabra, señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer lugar le agradezco el tono, y que además de la
pregunta usted sólo plantee esencialmente lo sucedido, sin ninguna
generalización hacia el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, cosa por la que le felicito, e igualmente le
agradezco el contenido de su intervención.
Este Gobierno no tiene ningún inconveniente en aceptar sus limitaciones y
en reconocer los errores, además asumiendo pública y políticamente sus
responsabilidades, y en este caso yo ya le he dicho que hubo un error que
el Delegado y el Subdelegado del Gobierno en Canarias inmediatamente
reconocieron.
En ese sentido tenemos que tomar buena nota, porque es evidente que este
Gobierno no quiere en modo alguno ser incapaz de entender que siempre la
buena combinación de libertad y seguridad es un reto, para este Gobierno
y para cualquier gobierno, así como para la democracia española. De ahí
que evidentemente tengamos que seguir profundizando en mejorar esos
servicios y esos funcionamientos.
Quiero decirle con ello que, en el momento en el que el Subdelegado del
Gobierno conoce lo que se está produciendo, inmediatamente, en esa mala
interpretación que está haciendo algún miembro de la Guardia Civil,
detiene inmediatamente cualquier actuación en ese sentido.
Quiero por tanto volverle a agradecer el tono y el planteamiento de la
pregunta, y esté seguro, evidentemente, de que enfrente tiene un Gobierno
que entiende que su obligación es que mejoren las libertades y la
seguridad simultáneamente en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ALVARO ANTONIO SOMESO SALVADORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINION QUE TIENE EL GOBIERNO DE LAS
ACTUACIONES QUE VIENE REALIZANDO EL INSTITUTO DE LA GUARDIA CIVIL EN
DISTINTOS PAISES (680/000389).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente pregunta,
formulada por el Senador don Alvaro Antonio Someso Salvadores, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión que tiene el
Gobierno de las actuaciones que viene realizando el Instituto de la
Guardia Civil en distintos países.
Tiene la palabra el Senador Someso Salvadores.
El señor SOMESO SALVADORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el presente mes de noviembre, la revista «Carta
Local», de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su
portada y en sus páginas 10, 11, 12 y 13 ofrece un amplio informe sobre
la seguridad ciudadana en el medio rural.
Los que vivimos en puerto de mar, como La Coruña, sabemos que la Guardia
Civil del Mar, con sus excepcionales equipos de buceo, lleva a cabo una
serie de servicios desde hace muchísimo tiempo.
Hoy sabemos que 70.000 hombres, 2.500 cuarteles, 20.000 vehículos y
hombres y mujeres prestando durante muchos años servicio, son con
frecuencia desconocidos en sus funciones de carácter internacional.
Por lo tanto, respecto de la creación de la Secretaría de Cooperación
Internacional (SECI), para coordinar y potenciar las misiones
internacionales de este Cuerpo, desearía que su señoría me contestase a
la siguiente pregunta: Qué opinión tiene el Gobierno de las actuaciones
que viene realizando el Benemérito Instituto de la Guardia Civil en
distintos países.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, en estos momentos estamos probablemente ante un instante
esencial en lo que significa una mayor cooperación internacional, una
mayor presencia de la Guardia Civil en todas las cuestiones referidas o
coprotagonizadas en el ámbito de la cooperación internacional.
Señoría, las misiones en el extranjero de la Guardia Civil se iniciaron
antes de la creación de la ONU. Comenzaron en Guatemala a finales del
siglo pasado, y continuaron entre los años 1912 y 1921 en El Salvador,
Colombia y Perú. En estos momentos esa presencia se está agigantando y se
está convirtiendo en una de las actividades más significativas y
relevantes que siguen prestigiando la Institución.
Puedo concretarle que las misiones actuales de la Guardia Civil son en
este momento las siguientes: está presente en Albania, con dos oficiales
y una ampliación inmediata de varios suboficiales, por expreso deseo de
la UEO; en Bosnia y Herzegovina hay 20 guardias civiles; en el ámbito
OTAN, y también en el de la ONU en Bosnia, tiene una participación
significativa; en El Salvador están participando en la puesta en marcha
de la Academia Nacional de Seguridad Pública; en Guatemala están creando
una nueva Policía democrática guatemalteca; está presente en el proceso
Guatemala-Mingua, que viene a significar una
continuación del proceso de paz y verificación del respeto a los derechos
humanos; y en Mozambique --hace unos días han estado con el Ministro de
Interior de dicho país-- la Guardia Civil participa en la creación y
puesta en marcha de la nueva Academia de Policía.
En definitiva, señoría, la Guardia Civil destaca por su participación
internacional, y conjuntamente con la Gendarmería francesa es la única
fuerza que ha participado en todas las misiones pasadas y presentes de
Bosnia-Herzegovina.
Creo que éste es un buen momento para la Guardia Civil y pienso que todos
debemos agradecerle, una vez más, su contribución a la paz, no solamente
en España, sino en el mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Someso.
El señor SOMESO SALVADORES: Muchas gracias, señor Ministro, por su
explicación, y quiero aprovechar la ocasión para felicitarles a usted y a
su equipo del Ministerio de Interior, así como que haga llegar
especialmente mi felicitación a don Santiago López Valdivielso, Director
General de la Guardia Civil, a los generales, jefes, oficiales,
suboficiales, hombres y mujeres de la Guardia Civil que están prestando
un servicio a la paz de España y a la paz mundial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Someso.
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI ESTA EL GOBIERNO EN CONDICIONES DE PROCEDER AL NOMBRAMIENTO DEL
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CUBA (680/000384).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pregunta del Senador don Juan
José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si está el
Gobierno en condiciones de proceder al nombramiento del embajador de
España en Cuba.
Tiene la palabra el Senador Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, resulta difícil de entender que España no tenga aún
nombrado el embajador en Cuba. Y también resulta difícil de entender que
el Presidente del Gobierno deshaga en cada Cumbre el trabajo que la
diplomacia española ha venido haciendo a lo largo de un año, entre Cumbre
y Cumbre.
Y todo esto está sucediendo mientras países como México, Portugal o
Italia están ocupando nuestro lugar, nuestro espacio en Cuba, y en un
momento en el que estamos a punto de conmemorar el simbólico año de 1898,
el centenario, y en vísperas, según parece, de una visita de Su Majestad
el Rey a la República de Cuba. Es verdad que este asunto de Cuba fue uno
de los reclamos electorales del Partido Popular. Había que ser fuerte con
Cuba, de la misma manera que había que ser fuerte con los terroristas,
modificando el Código Penal para el cumplimiento íntegro de las penas o
había que ser riguroso en la reducción de altos cargos o había que ser
también muy exigente con los Partidos nacionalistas.
Ya no queda nada de todo aquello y, sin embargo, queda dogmáticamente una
posición con Cuba, que en cada Cumbre repite el Presidente del Gobierno,
y yo no sé si es que en este asunto basta que nosotros como Partido de
oposición, como socialistas, se lo exijamos. Por eso mismo el Gobierno, o
mejor dicho, el Presidente del Gobierno no tiene capacidad de liberarse
de sus dogmas del pasado.
Pero este asunto, señor Ministro --lo hemos debatido usted y yo en muchas
ocasiones--, no es un asunto que interese sólo a la oposición, ni sólo al
Gobierno de la Nación. Restablecer unas relaciones correctas con Cuba no
es ni siquiera un asunto de interés económico; es un asunto que nos
interesa como nación. Por lo tanto, le reitero la pregunta, señor
Ministro: ¿Cuándo van a ser capaces de normalizar las relaciones con
Cuba, nombrando un embajador ante el Gobierno de aquel país?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
La ausencia de un embajador español en Cuba se debe --como saben muy bien
sus señorías y el señor Laborda, en particular, que sigue estos temas de
cerca-- a la previa retirada del plácet, previamente concedido al
Embajador español don José Coderch. Hubo argumentos por parte cubana que
no pudieron justificar en modo alguno tal medida y que generaron la
situación actual que --tiene que quedar claro-- no fue buscada ni querida
por el Gobierno.
Dicho esto, el Gobierno tiene la voluntad de avanzar, y está avanzando de
un modo progresivo, correcto, en esa normalización de sus relaciones con
Cuba. La interlocución con las autoridades cubanas se mantiene a
diferentes niveles. Yo mismo hablo muy a menudo con el canciller cubano,
señor Robaina y, además, quisiera destacar que mientras tanto el resto de
nuestras relaciones transcurre satisfactoriamente; es decir, los
intercambios comerciales están experimentando un claro incremento
respecto de años anteriores; España mantiene la cooperación humanitaria y
trabaja en el seno de la Unión Europea justamente para que la ayuda
humanitaria europea se incremente sensiblemente.
En ese contexto, el Gobierno tiene la intención de proceder a la
solicitud de plácet para el nuevo embajador en el momento que estime más
conveniente y las circunstancias
así lo aconsejen, y no es buena práctica que el Gobierno se ponga plazos
a sí mismo.
En estos momentos estamos negociando la próxima apertura en Cuba de un
proyecto, largamente acariciado durante años por este Gobierno español y
por gobiernos españoles anteriores, la apertura del Centro Cultural
Español; estamos hablando también de la facultad que tiene que tener
nuestro próximo embajador para hablar libremente con todos los sectores
sociales y políticos en Cuba.
Como usted comprenderá, en estos momentos ponerle plazo sería debilitar
la posición negociadora de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Laborda tiene la palabra.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que nosotros necesitamos recuperar el tiempo perdido, restablecer
nuestra presencia para estar presente en el proceso de transición
política, que se está efectuando en estos mismos momentos en Cuba. Creo
que es urgente que el Gobierno efectivamente nombre un embajador. Me
atrevería a decirle al señor Ministro de Asuntos Exteriores, puesto que
es tan importante políticamente para España la relación con Cuba, que
nombren un excelente embajador en Cuba; que no tengan ningún problema en
nombrar un embajador de naturaleza política en Cuba, que sería muy
positivo para que efectivamente se viera que estamos todos en voluntad de
recuperar el tiempo perdido. Me parece esencial la necesidad de que, al
mismo tiempo, el Gobierno español y el Gobierno de Cuba establezcan de
manera conjunta una agenda del 1998. Me parece sumamente importante no
solamente por viajes de Estado que se están previendo, que se han
anunciado, sino por el hecho que hemos debatido en esta tribuna --ya no
voy a insistir más en ello, señor Presidente-- de que 1998 es una fecha
muy notable para ambos países.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Laborda, le agradezco su interés, así como su tono constructivo.
Desgraciadamente, en estos momentos todavía no hay abierto un proceso de
transición política a la democracia en Cuba, lo cual no es obstáculo para
el interés de España en mantener esa presencia. Pero acabo de explicar
con detalle --y no debo entrar más a fondo en esta cuestión, la prudencia
así lo aconseja-- razones por las cuales no debemos fijarnos plazos, ni
precipitar nuestras decisiones.
Quiero dejar claro que, mientras tanto, la gestión de la Embajada de
España en La Habana y de los intereses españoles en Cuba está plenamente
garantizada por el encargado de negocios --un excelente encargado de
negocios-- y el resto de los funcionarios, sin excepción, de nuestra
representación diplomática.
Las relaciones de la Embajada con el Gobierno y las instituciones cubanas
se desarrollan igualmente con toda normalidad y con la adecuada
coordinación de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Para terminar, quisiera recordar que el propio canciller Robaina, al ser
preguntado la pasada semana --con motivo de la Cumbre Iberoamericana--
respecto de si en esos momentos se estaba planteando el inmediato
nombramiento, dijo: No es ése el marco adecuado para discutir esas
cuestiones, que el canciller Matutes y yo mismo estamos tratando con
normalidad y sin prisas. Dejemos continuar este proceso, y que culmine en
bien de nuestros respectivos pueblos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE IRIGUIBEL MATEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN ORDEN A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(680/000378).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don José Iriguíbel Mateo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas previstas por el Gobierno en orden a solucionar los problemas
de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral de Navarra.
Tiene la palabra el Senador Iriguíbel Mateo.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Gracias, señor Presidente.
Ratifico la pregunta en los términos expresados.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, su pregunta es tan genérica, que me da pocas pistas para poderle
contestar. La situación de la Administración de Justicia en Navarra puede
ser considerada dentro de la normalidad en comparación con el resto del
territorio, a excepción de la situación en lo contencioso-administrativo,
que, como sin duda sabrá, en las últimas fechas ha sido objeto de
reivindicaciones --justas reivindicaciones, en opinión del Ministerio de
Justicia-- por parte de los profesionales que desarrollan su actividad en
Navarra.
Como sabe, el Ministerio de Justicia ha atendido todas las peticiones que
ha formulado el Consejo General del
Poder Judicial para solventar la situación deficitaria de la
Administración de Justicia en Navarra en lo contencioso-administrativo,
cumpliéndose la propuesta de reforzar, con dos auxiliares y un agente, la
Sala de lo Contencioso, y nombrándose cuatro magistrados suplentes en el
Tribunal Superior para el período 1996-97. Igualmente, han existido
reuniones en la Comisión Mixta Consejo-Ministerio para adoptar las
medidas pertinentes de cara a la próxima anualidad.
Me gustaría destacar que, si bien es cierto que la media de asuntos
ingresados en materia contencioso-administrativo es superior a la media
nacional --puesto que son 716 asuntos, por 574, de media nacional--,
también es inferior la resolución de éstos --ya que se resuelven 369 de
media en la Sala, siendo la media nacional de 432 asuntos.
Si su señoría quiere, podría resumirle cuáles son los medios informáticos
y personales, así como los edificios judiciales de que se está dotando al
resto de la Administración de Justicia en todo el territorio de Navarra.
Pero si no es ése el objeto de su pregunta, con mucho gusto se lo
enviaría por escrito.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra, Senador Iriguíbel.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, si nos atenemos a los datos de los Colegios de Abogados
de Navarra, en 1998 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra tendría
que resolver 9.347 asuntos. Si el libro blanco de la Justicia habla de
que un magistrado puede resolver, como máximo, 375 asuntos al año, y si
las matemáticas no fallan, eso nos llevaría a que en 1998 el Tribunal de
Justicia de Navarra necesitaría 25 magistrados para empezar 1999 sin
ninguna rémora.
Esos son los datos que han publicado los colegios de abogados de Navarra,
pero, además, en este momento parte de los funcionarios de Justicia están
ocupando el antiguo edificio, que es propiedad del Parlamento de Navarra,
porque parece ser que no se pueden ubicar idóneamente en el nuevo Palacio
de Justicia.
También quiero que sepa, señora Ministra, que hay bastantes --yo diría
que muchas-- quejas de la ciudadanía navarra en cuanto al funcionamiento
del Registro Mercantil, que también depende del Ministerio de Justicia.
Esta situación ha llevado en los últimos días a que los colegios de
abogados de Navarra se hayan declarado en huelga y que, además, los
máximos responsables de dichos colegios hayan hablado públicamente en los
medios de comunicación de vulneración de los derechos humanos de los
ciudadanos navarros, de vulneración de los derechos constitucionales y de
vulneración de los Fueros de Navarra.
En base a todo esto se llega a la conclusión de que Navarra siempre ha
sido paciente y, desde luego, pactante. Desde hace 156 años que Navarra
se incorporó al Reino de España, ha pactado todos los años y hecho
aportaciones al Estado. En el próximo año 1998 --está firmado y pactado--
Navarra aportará al Estado 54.000 millones de pesetas. Según los
presupuestos que su Gobierno ha elaborado Navarra percibirá algo más de
13.000 millones de pesetas, aun estando incluidos en esa cantidad varios
miles de millones de pesetas que van, como algo excepcional, al pantano
de Itoiz. Eso, llevado a los números que maneja una familia de seis
miembros, por ejemplo como la mía...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Iriguíbel, consumió su
tiempo.
El señor IRIGUIBEL MATEO: Termino diciendo que pido a la señora Ministra
que solucione el problema del Tribunal Superior de Justicia, la ubicación
en el nuevo Palacio de Justicia de todos los funcionarios de Justicia y
--es su responsabilidad-- el buen funcionamiento del Registro Mercantil
de Navarra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador.
Señora Ministra, dispone de un minuto para contestar.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el dato del Registro Mercantil es nuevo y tomo buena cuenta de
que me lo ha sugerido y se darán las soluciones oportunas.
Respecto a la ubicación, puedo asegurarle que el día 31 de marzo estará
terminado el nuevo Palacio de Justicia con las obras de acondicionamiento
necesario, así como el de Tafalla, que también entra dentro de los
proyectos.
Reitero a su señoría que la situación puesta de manifiesto por los
colegios de abogados de Navarra es referente a lo
contencioso-administrativo exclusivamente y que ya se ha celebrado una
reunión dentro del Ministerio, como su señoría sin duda conoce, lo que ha
llevado a la suspensión de la huelga que llevaban realizando durante días
porque, efectivamente, reconocen la voluntad política y los esfuerzos que
está efectuando el Ministerio de Justicia y el Gobierno para solventar un
problema largos años aplazado y que ahora sí que va a tener solución.
Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PUESTO EN MARCHA
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS
ACUERDOS ADICIONALES A LOS QUE SE LLEGO CON LA FIRMA DEL DENOMINADO
ACUERDO INTERCONFEDERAL
PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (680/000381).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las iniciativas que ha puesto en marcha
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de los
acuerdos adicionales a los que se llegó con la firma del denominado
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Señor Presidente, formulo la
pregunta en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco la pregunta del Senador Rodríguez de la Borbolla.
Como él hace en el preámbulo de su cuestión, tengo que decirle que
efectivamente hay acuerdos adicionales al de la Estabilidad en el Empleo,
que se refieren al grupo de empresas de trabajo temporal, al estudio
sobre la gestión de tiempo de trabajo, al estudio sobre la posible
reducción de las horas extras y a un asunto que me parece muy importante,
que no figura en el preámbulo, pero que compartiremos su relevancia, cual
es el dar protección social a determinados contratos, como el de a tiempo
parcial y el de formación. Los cuatro asuntos están en marcha en este
momento, algunos de ellos en discusiones tripartitas con el Ministerio y
otros en discusiones bipartitas, porque así lo han decidido Sindicatos y
empresarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
El Ministro acaba de decir que el proceso está en marcha. Sin embargo, no
ha dicho que, al menos según nuestras noticias, y a pesar de que los
Sindicatos habían solicitado al Gobierno la apertura con carácter
inmediato de esos encuentros --desde el 28 de abril en que fueron
firmados los acuerdos--, la primera reunión para discutir sobre las horas
extraordinarias, se ha celebrado con fecha 13 de noviembre de 1997, y el
grupo tripartito para las empresas de trabajo temporal se reunió el 28 de
octubre de 1997.
Por tanto, ha habido un retraso, que nos parece importante y negativo.
Negativo por una cuestión de oportunidad y de fondo. De oportunidad
porque, seguramente, si ese retraso no se hubiera producido se podría
--teniendo en cuenta que los acuerdos tendrían que versar sobre
cuestiones relacionadas todas ellas con la creación de empleo y las
políticas para el mismo-- haber llegado a la Cumbre de Empleo que se
celebra esta semana con posiciones más acordes con los agentes sociales,
posiciones incluso más avanzadas, solidarias, integradoras y
representativas de la sociedad española sobre esos puntos que son de
mucho interés. No ha habido esa posibilidad debido a este retraso desde
nuestro punto de vista; en consecuencia, cabe que los Sindicatos
españoles estén denunciando que el Gobierno español es uno de los que
mantienen las posiciones más duras en materia de creación de empleo en
esta Cumbre.
Y hay una cuestión de fondo. En la fecha en que estamos es evidente que
el modelo español de relaciones laborales es un modelo que, acompañado de
una situación positiva en la economía, sirve para generar empleo, en el
que se incluye la reforma del Estatuto de Trabajadores de 1994, 1995 y la
de 1997. Sin embargo, necesita de concreciones y desarrollos en puntos
secundarios. Convendría, desde el mismo momento en que se firmó el
acuerdo interconfederal y en el que se presentaron ante las Cámaras las
normas de desarrollo del mismo, haberlo desarrollado para concienciar a
toda la sociedad de que es un modelo digno de ser defendido...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez de la Borbolla,
concluya, por favor.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Concluyo, señor Presidente.
Un modelo digno de ser defendido y no de poner en cuestión cada día como,
por ejemplo hoy, por parte del señor Ferrer Salat en representación de la
Cámara de Comercio Española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muy
brevemente. En primer lugar, agradecerle su intervención y su tono, como
hago casi siempre, que lo aprecio. No diré que la información del señor
Rodríguez de la Borbolla no responda a la realidad. Sí le diré que su
información es parcialmente incorrecta. ¿Por qué? Porque, señoría, la
primera conversación a fondo sobre horas extraordinarias se produce en
julio, nunca en noviembre. Tanto es así que si usted ha leído los
Presupuestos Generales del Estado, aparecen dos medidas sobre horas
extraordinarias: Una, la que las elimina del cómputo de la base del
desempleo, y otra, la que se refiere a la misma cotización de horas
estructurales y no estructurales. Medidas que fueron consultadas a los
agentes sociales en el mes de julio.
En segundo lugar, no tiene buena información. No ha citado en su pregunta
y tampoco en su intervención un
tema básico: La protección social de los formativos y el tiempo parcial.
Básico, pues recuerdo al menos siete reuniones que comenzaron en el mes
de junio sobre ese asunto.
En tercer lugar, es rigurosamente cierto que en octubre se ha constituido
el grupo de trabajo de las empresas de trabajo temporal, pero sepa que
cada constitución de grupo no depende sólo de la voluntad del Gobierno,
corresponde también a los Sindicatos y a los empresarios.
Finalmente, decirle sobre otro asunto que no ha tocado en su
intervención, pero sí en su pregunta, la gestión del tiempo de trabajo,
la reorganización del tiempo de trabajo, que los propios agentes sociales
se han dado un año para dar respuesta a este tema. Por lo tanto, respeto
su intervención, pero el Gobierno está poniendo la máxima celeridad en lo
que significa la concreción del diálogo social.
En segundo lugar, quiero decirle, sin ninguna prepotencia, que vamos a la
cumbre del empleo como el Gobierno que, en el último año y medio, ha
protagonizado más acuerdos de diálogo social en toda Europa, y que hemos
solicitado un quinto pilar de diálogo social: el Gobierno que más ha
defendido el diálogo social en lo que van a significar las conclusiones
de Luxemburgo.
Finalmente deseo decirle, con todo el respeto, que cuando en España se
están creando, según la EPA, según los datos del Comité de Empleo de
Europa, más de 300.000 empleos --el 40 por ciento del empleo en Europa--,
cuando en España se han duplicado --triplicado, algunos meses-- los
contratos indefinidos, cuando este año llevamos más de 600.000 afiliados
a la Seguridad Social, yo respeto su opinión, pero mantenemos mucho
optimismo, que no triunfalismo, en materia de empleo, porque los datos
cantan.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ANTONIO GARCIA CORREA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI SON INSTITUCIONALES LOS ACTOS QUE, EN NOMBRE DEL GOBIERNO, SE ESTAN
CELEBRANDO EN ANDALUCIA PARA EXPLICAR EL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES
(680/000383).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Antonio García Correa, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si son institucionales los actos que, en nombre del Gobierno, se
están celebrando en Andalucía para explicar el sistema público de
pensiones.
Tiene la palabra el Senador García Correa.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos que el señor Presidente
acaba de enunciar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias.
Los actos institucionales solamente son aquellos que son convocados por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En mi opinión, otro tipo de
actos no son nunca institucionales. Me tiene que explicar el Senador a
qué actos se refiere.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Señoría, tiene usted la palabra.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.
En Andalucía, señor Ministro, se están celebrando actos en muchos
municipios a los que va el Director Provincial de Trabajo para informar
sobre el sistema de pensiones, actos que pueden ser institucionales,
porque va el Director Provincial de Trabajo --y tiene todo el derecho a
ir--, o actos que pueden ser de partidos; pueden ser actos sectoriales
que el Partido Popular, en su legítimo derecho, puede celebrar.
Lo que me lleva a formular esta pregunta es que se han celebrado actos en
Andalucía en los hogares de pensionistas, que se anuncian en los bares de
los municipios, a través de unos papelitos, uno de los cuales le leo
textualmente. Dice: Anuncio de interés para todos los pensionistas. El
próximo martes, día 30 de septiembre, a las 20 horas, se dará en la Casa
de Cultura una charla informativa sobre el estado actual de las
pensiones, a cargo del ilustrísimo señor don Enrique Pérez Viguera,
Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Está escrito sobre un papel completamente blanco, y nosotros creemos que
no es lógico que sea así. Nosotros, señor Ministro, antes y ahora,
celebramos este tipo de actos. Hemos llevado a ministros, seguimos
llevando a consejeros, a directores provinciales, a directores generales,
a actos sectoriales del Partido Socialista, pero siempre los anunciamos
como actos sectoriales del Partido Socialista, y ponemos el puño y la
rosa en los carteles anunciadores. Siempre decimos que es el Partido
Socialista el que convoca ese acto, para que el que quiera ir, que vaya,
y que el que no quiera ir, que no vaya; pero no lo hacemos en papelitos
en blanco en los que no se dice que es el Partido Popular el que convoca
el acto. Sin embargo, al día siguiente aparece en la prensa que ha sido
un éxito del Partido Popular en tal municipio la conferencia que ha dado
el responsable del área de no sé qué, de la ejecutiva provincial. Y
cuando van los pensionistas a este acto, se encuentran con que están en
la mesa los líderes locales del Partido Popular, que allí se habla de
todo y que, al final, se habla un poquito de pensiones. Creemos que aquí
hay trampa, señor Ministro. Nosotros no hemos hecho nunca eso. Ahora
bien, ha podido ocurrir otra cosa: que este papelito fuera
del Partido Popular, que pusieran en él la gaviota y que ésta saliera
volando. Pero creemos que aquí hay trampa, que eso no se debe hacer, que
los socialistas, a los que tanto habéis criticado, no hemos hecho eso
nunca, y seguimos haciendo muchos actos sectoriales, pero siempre tenemos
la valentía de poner nuestro anagrama --el puño y la rosa-- en las
convocatorias que hacemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, yo podría solicitar, sin duda, el amparo de la Presidencia
para no contestar esta pregunta, porque yo no vengo a esta Cámara a
hablar de los anagramas, ni del Partido Popular, ni de ningún partido
político. Vengo a esta Cámara a responder en nombre del Gobierno de
España, no de ningún partido político. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
En segundo lugar, gustosamente trasladaré a mis compañeros de Partido sus
recomendaciones, de gran calado, acerca del membrete. No es que la
gaviota vuele, está en permanente vuelo y en permanente avance. No es que
se vaya, es que sigue avanzando. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
En tercer lugar, quiero decirle que, cuando voy como Ministro a Huelva
--me parece que el Senador es de Huelva--, siempre soy recibido por
ciertas personas con grandes apreciaciones y con grandes respetos
--también por el señor Senador, cosa que no me parece muy adecuada aunque
la respeto profundamente--. Por otra parte, en Huelva hay un partido
político que ha organizado algunos actos, partido que ha invitado a los
Directores provinciales de mi Ministerio. Pues bien, quiero decirle que
los Directores provinciales del Ministerio de Trabajo irán a cualquier
acto de cualquier partido político que les invite.
Pero se lo voy a explicar más claramente: alcaldes socialistas de Huelva
se han quejado de que los Directores de Trabajo convocaban actos. Pues el
Director de Trabajo ha escrito al Alcalde socialista de Huelva diciéndole
lo siguiente: El día y a la hora que usted me diga, yo iré a ese acto
público. Pero quiero decirle que los Directores de Trabajo van a
explicar, no la política del PP, sino la política del Gobierno con mucha
dignidad y con la cabeza muy alta.
Finalmente, quiero decirle también que en otras épocas yo he ido como
Diputado a residencias de ancianos y ¿sabe usted lo que pasaba? Pues que
me impedían la entrada. Eso lo sabemos los que estamos aquí. (Rumores.)
Me impedían la entrada a esas residencias. Pues voy a decirle en qué han
cambiado las cosas. El Director provincial de Trabajo reitera en sus
actos que las pensiones están garantizadas y asegura que no van a dejar
de pagarse ni van a bajar. Eso es lo que dice ahora el Director
provincial de Trabajo. Lo que dicen otros, a través de una carta pagada
con dinero público, es que van a bajar las pensiones. Y lo que llevamos
oyendo más de doce años es que las pensiones se acabarían si había un
cambio de Gobierno, y que salían del bolsillo de don Felipe González.
Pero eso se ha terminado, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría. No
necesita el amparo de esta Presidencia.
--DE DON JUAN SANTAELLA PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA POSTURA ESPAÑOLA EN RELACION CON LA CUMBRE
EXTRAORDINARIA SOBRE EL EMPLEO (680/000391).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): La siguiente pregunta la formula
el Senador don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la postura española en relación con la Cumbre
Extraordinaria sobre el Empleo.
Tiene la palabra el Senador Santaella Porras.
El señor SANTAELLA PORRAS: Señor Presidente, es difícil abordar en una
pregunta oral todos los aspectos que pueda plantear una Cumbre
Extraordinaria sobre el Empleo.
Hasta ahora, señor Ministro, en función del resultado de las Cumbres
europeas celebradas tras el Consejo de Essen se ha constatado que la
recuperación económica, aunque necesaria, no resuelve por sí sola todos
los problemas del desempleo. Se hace necesario que la recuperación
económica vaya además acompañada de apoyos complementarios y de mejoras
estructurales.
Por eso le pregunto, señor Ministro, cuál es la postura que el Gobierno
español lleva a esta Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador
Santaella.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, agradezco la pregunta del señor Senador, para afirmar a
continuación que, en mi opinión, el mero hecho de que se celebre la
Cumbre sobre el Empleo es ya un dato positivo. Y considero que es
positivo porque, sin duda, la primera preocupación de los españoles y de
los europeos gira en torno al desempleo y a la evolución del empleo. Es,
pues, francamente positivo que los debates en la Unión Europea coincidan
con las preocupaciones de los ciudadanos. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, creo que no hay que plantearse la Cumbre sobre el
Empleo como la receta mágica que al día siguiente solventará los
problemas del paro en Europa y en España, sino que debe concebirse como
un camino hacia el futuro en el que podamos tener orientaciones comunes
en nuestras políticas de empleo.
El Gobierno de España ha presentado un documento que tiene cuatro pilares
básicos: crecimiento económico, economía flexible, diálogo social y un
modelo de relaciones laborales al servicio del empleo. El documento
español tiene amplísimas coincidencias con el documento británico del
Primer Ministro Blair, con el documento portugués, como hemos analizado
ayer y hoy en la Cumbre Hispano-lusa, y también tiene coincidencias con
el documento alemán.
Yo espero que la Cumbre sobre el Empleo sea un éxito, que signifique
poner los cimientos para que tengamos orientaciones comunes en materia de
empleo, y espero también que a través de esa Cumbre los europeos, y por
supuesto también los españoles, sepan que nuestra primera preocupación en
el ámbito público es también el problema del empleo.
Termino, señor Presidente, diciendo que creo que España acude a esa
Cumbre con el crédito que suponen unos resultados de empleo muy
favorables en los últimos años y también con el crédito que supone un
diálogo social extraordinariamente fluido en los últimos tiempos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Santaella tiene la palabra.
El señor SANTAELLA PORRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por una parte, le agradezco la información y, por otra,
igual que usted, quiero desear el éxito de la Cumbre extraordinaria.
Es cierto que en estos días se han puesto de manifiesto divergencias
entre patronal y centrales sindicales europeas, así como distintas
posturas de diversos Gobiernos de la Unión Europea, unos piden medidas
inmediatas y otros a medio y largo plazo.
Creemos que hay que avanzar en el debate, pero, fundamentalmente,
conseguir unos objetivos básicos que deben crear condiciones ventajosas
para la inversión en Europa, avanzar en la estabilidad económica y en el
nivel de ocupación, incrementar la formación profesional y, por supuesto,
introducir cambios estructurales que favorezcan el empleo no sólo de
España, sino de toda Europa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías.
--DE DOÑA PILAR COSTA SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR, COMO SERVICIO
PUBLICO, EL TRANSPORTE AEREO CON LAS ILLES BALEARS, CON PRECIOS,
FRECUENCIA Y NIVELES DE CALIDAD RAZONABLES (680/000365).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente pregunta la formula
la Senadora doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar, como servicio
público, el transporte aéreo a las Illes Balears, con precios, frecuencia
y niveles de calidad razonables.
Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor
Ministro.
El pasado mes de octubre la compañía Iberia dio a conocer su nuevo Plan
director para los próximos tres años. Para conseguir sus objetivos
replantea su estrategia de vuelos con las islas y propone variar las
frecuencias de los mismos, así como algunos tipos de aviones, cambiar
reactores por aviones turbohélices. A todo esto hay que añadir que Iberia
no descarta subir las tarifas aéreas, lo que, sumado a la tasa de
seguridad aeroportuaria que ya pagamos desde enero de 1997, más la nueva
tasa de aproximación prevista en la Ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado de 1998, configura un cúmulo de
despropósitos que gravan, una vez más, nuestra insularidad.
Teniendo en cuenta que el transporte aéreo es el principal medio en las
islas, se pregunta qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar, como
servicio público, el transporte aéreo con las Illes Balears con precios,
frecuencia y niveles de calidad razonables.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Industria tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, sabe que la política del Gobierno en materia de transporte aéreo
debe inscribirse en el marco en el que estamos, que es el marco de las
políticas comunitarias, y en lo que se refiere a los servicios aéreos
estamos ante un proceso liberalizador, que ha dado, además, resultados
muy satisfactorios, porque ha favorecido, básicamente, a los usuarios y
al desarrollo de la industria de ese sector. Es un proceso que se inicia
en 1987, culmina con el denominado tercer paquete aéreo del año 1992 y
que ha supuesto, a partir de abril de este año, la libertad de acceso al
mercado y el principio de libre fijación de precios por parte de las
compañías aéreas.
La mejora resultante en la calidad del servicio, tanto en lo que se
refiere a frecuencias, como a capacidades y a precios, es fácilmente
constatable, sobre todo si comparamos la situación actual con la que
existía en el año 1993 cuando se empezó la última fase de liberalización.
En concreto, en los servicios regulares entre la península y las Islas
Baleares ha dado lugar a la incorporación de tres compañías aéreas
privadas, además de las del grupo público Iberia.
Si hablamos al aspecto tarifario, la libre competencia ha permitido, por
un lado, que los incrementos de precios en las tarifas básicas, en la de
turista, hayan sido, en general, inferiores al IPC y, por otro, que cada
vez más haya una amplia gama de tarifas promocionales que permiten
ofrecer precios muy competitivos.
Otra cuestión es lo que debe hacer Iberia para ser una compañía aérea
competitiva y la compañía de transporte preferida por los viajeros
regulares en España y entre Europa y América Latina. Eso es el Plan
director que usted ha mencionado, que lo que quiere es mejorar y
consolidar la rentabilidad del grupo.
Obviamente, entre las medidas de gestión que están en el Plan director
figura la racionalización de la red, y en esta línea, dentro del proceso
de reestructuración, se han dejado de realizar, en el actual programa de
invierno, algunas operaciones con aviones propios --tiene usted razón--,
pero, en su lugar, la compañía aérea Air Nostrum está realizándolas con
franquicia de Iberia. Esto ha permitido el aumento de número de vuelos y
frecuencias prácticamente en toda España, pero para Baleares el resultado
en su conjunto es que para esta campaña de Iberia se programan 271
frecuencias semanales, lo que supone un incremento de tres sobre el
pasado invierno.
En lo que se refiere a los precios, en el último reajuste de tarifas, las
tarifas interbaleares no han sufrido variación y las de península y
Baleares han subido un 2 por ciento, que es un incremento inferior al de
la subida de tarifas en el resto de España.
Por lo tanto, su inquietud no responde a lo que está siendo la realidad
en esta materia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Senadora.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias.
Gracias, señor Ministro, por su contestación, pero tengo que decirle que,
desgraciadamente, sus palabras no me tranquilizan, porque mire si ha
suscitado revuelo en las Illes Balears que ayer mismo se aprobó una
proposición no de ley en el Parlament Balear, aprobada por todos los
Grupos Parlamentarios --por lo tanto también con el Grupo Popular-- en la
que se acordaba instar tanto al Gobierno central como a la Compañía
Iberia para que se diera solución a este cambio que ha propuesto.
El Gobierno no debe olvidar que estamos hablando de un servicio básico
para las islas --como lo es en general la educación y la sanidad--, y así
como nosotros también financiamos de forma muy solidaria todas las demás
infraestructuras en materia de transporte --que por nuestra insularidad a
nosotros no nos llegan ni nos son necesarias--, también queremos que se
traten como servicios básicos y fundamentales el transporte aéreo y
marítimo.
El cambio de los reactores a los turbohélices entiendo que es un paso
atrás por cuanto la duración de los vuelos es mayor, la capacidad del
pasaje y de carga es mucho menor, con todo el perjuicio económico que
ello implica para las empresas de las islas. En vez de entrar en el siglo
XXI con un transporte moderno y competitivo parece que estemos
retrocediendo en el túnel del tiempo. No quiero ni pensar la que se
armaría si en los vuelos entre Barcelona y Madrid se decidiera cambiar
los aviones por estos turbohélices, como los «Fokker» o los TCR. No se
entiende, a no ser que existan intereses privados y partidistas que
difícilmente se puedan contar; que se esté financiando con dinero público
a una compañía como «Air Nostrum», con este contrato que ha firmado con
Iberia, que utiliza simplemente unos aviones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Costa Serra, ha
terminado su tiempo.
La señora COSTA SERRA: Termino, señor Presidente.
Repito, con estos aviones que, además, sólo reciben subvención de la
Comunidad Valenciana.
Termino, señor Ministro, diciéndole que no me ha contestado si el
Gobierno va a tomar alguna iniciativa para garantizar, como se ha hecho
con el transporte marítimo, que estas líneas sean declaradas de interés
social o público.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Señor Ministro, le queda medio minuto para convencer a la señora
Senadora.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Con muchísima
brevedad, porque si nos ponemos a discutir si, por ejemplo, entre
Mallorca e Ibiza lo que procede es un turbohélice o un Jumbo seguramente
llegaríamos a conclusiones un tanto dispares. La comparación entre
Madrid, Barcelona y los vuelos interinsulares, como es natural, no tiene
ningún sentido desde el punto de vista tecnológico, y eso lo puede
entender cualquiera.
Lo que sí le digo es que el Gobierno es absolutamente sensible a las
necesidades de los ciudadanos de las Illes Balears, ha aumentado
significativamente la subvención de los vuelos a los residentes, tanto en
el año 1997 como en la previsión de 1998 y, además, ha añadido una
partida adicional para cubrir las deudas que se habían acumulado en el
pasado.
Por lo tanto, creo que la sensibilidad está más que demostrada en
relación a las necesidades de los ciudadanos de las Illes.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON CONRADO ALONSO BUITRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA ALTA
SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR DE LA MINERIA DEL CARBON
(680/000380).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La última pregunta de la sesión
de hoy corresponde a la que formula el Senador don Conrado Alonso
Buitrón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que está
adoptando el Gobierno para combatir la alta siniestralidad laboral en el
sector de la minería del carbón.
Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, debo decirle que no me siento cómodo
formulándole esta pregunta porque es para hablar de desgracias, para
hablar de muertes de trabajadores mineros, y usted también sabe que
procedo de ese sector.
La realidad es que, a fecha de hoy, en el sector de la minería del carbón
ya han perdido la vida 24 trabajadores mineros, un número elevado. Me
puede decir en este trámite que es un problema que tiene que combatirse
desde las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia en
esta materia, pero usted, yo y la Cámara sabemos que desde su
Departamento se pueden hacer muchas cosas para que esta siniestralidad
laboral no sea tan elevada.
Por tanto, le formulo la pregunta que ya ha sido leída por el señor
Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Muchas gracias, señoría, por la formulación de la pregunta y por el tono
en que se ha hecho, porque es verdad que tratamos de un asunto
particularmente grave y triste, y además los datos nos dicen que no está
mejorando suficientemente. La mejora suficiente sería que desaparecieran
por completo los accidentes y la siniestralidad, pero en cualquier caso
por lo menos que avanzáramos.
La comparación entre los tres primeros trimestres de 1996 y de 1997 para
el conjunto del sector minero muestran, incluso, un ligero crecimiento en
la siniestralidad, aunque es verdad que para el sector de la minería del
carbón parece que algo está descendiendo. En cualquier caso, eso no
alivia nuestra preocupación.
Tiene usted razón en que la responsabilidad inmediata directa de
ejecución de la política de seguridad minera es de las Comunidades
Autónomas, pero tiene usted también razón en que no es un asunto que
podamos rehuir desde el Gobierno y que tenemos responsabilidades
diversas: primero, la responsabilidad desde un punto de vista normativo,
de trasposición de directivas, de avance en todo lo que es la mejora de
la regulación de la seguridad, la prevención de riesgos laborales en
definitiva y, segundo, la responsabilidad de llevar adelante, dentro de
la comisión de seguridad minera, los planes de seguridad minera y nuevas
medidas que permitan mejorar estos malos resultados.
Estamos teniendo algunos problemas para consensuar las medidas entre el
mundo empresarial y los sindicatos. Nosotros confiamos en poder llegar a
un consenso antes de que finalice este año, porque entendemos que el
problema urge y conviene que todos superemos las dificultades que
existen. Pero lo cierto es que hay una contraposición total entre la
posición de los empresarios y los sindicatos y estamos intentando que eso
al final se pueda superar y podamos encontrar un punto de consenso. En
eso estamos trabajando y yo espero que dentro de muy poco le pueda dar
mejores noticias en ese terreno.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Me alegra oírle decir que están trabajando en consensuar el plan nacional
de seguridad minera, que tiene su origen en el accidente del Pozo San
Nicolás. El Director General de Minas, señor Candil, en su comparecencia
en el Congreso de los Diputados, anunció que se iba a encargar un informe
que tuviera como consecuencia la elaboración de un nuevo plan de
seguridad minera para el sector de la minería española.
Pero fíjese usted, señor Ministro, que esta misma contestación es la que
formuló la Directora General de Minas en su comparecencia el día 22 de
noviembre de 1996 en la Comisión de Presupuestos, cuando se le interrogó
por esta misma materia. Dijo: Señor Senador Franco --que era quien
interpelaba--, en fechas próximas, concretamente el día 29 de noviembre,
se reunirá la Comisión Nacional de Seguridad Minera para dictaminar ya
este plan que es tan necesario.
Señor Ministro, llevamos un año desde que se produjo esta intervención y
seguimos esperando este plan, que solamente cuesta 820 millones de
pesetas, lo que, comparado con las desgracias que se producen en el
sector de la minería, es casi ridículo.
Yo le insto desde aquí, señor Ministro, a que por todos los medios urja
usted a los responsables de su Departamento para que este plan de
seguridad minera vea la luz, porque de lo que estamos hablando, en
definitiva, es de vidas humanas, y yo no quisiera pensar que al Partido
Popular no le interesa conservar la vida de los trabajadores, no quisiera
pensar eso. Quiero que usted acelere esos trámites y que este plan, a ser
posible el día 1.º de enero, vea la luz.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias,
Presidente.
Señoría, antes le he agradecido el tono de su primera intervención, ahora
tengo que rechazar rotundamente lo que acaba de decir, y lo tengo que
hacer porque todos debemos tener un cierto sentido de la responsabilidad
cuando hablamos de vidas humanas. Por tanto, no intente hacer política ni
intente hacer partidismo con este tema, es demasiado grave como para que
lo intentemos aprovechar entre todos.
Es cierto que el plan de seguridad minera que tiene que aprobar la
Comisión está bloqueado desde hace prácticamente
algo menos de un año y es cierto que, efectivamente, se produjo esa
reunión a la que usted ha hecho referencia y en la que se puso de
manifiesto una oposición frontal entre la representación empresarial y la
representación sindical en torno a una cuestión que usted conoce: la
creación de la figura de los inspectores técnicos sindicales de minas.
Hemos intentado aproximar posiciones, lo vamos a intentar hasta quedar
exhaustos y si no es así, el Gobierno va a tomar su responsabilidad y va
a hacer lo que tiene que hacer, pero --y disculpe la expresión-- no le
permito que dude de nuestra sensibilidad respecto a este tema.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES:
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PRIORIDADES Y CRITERIOS DEL
GOBIERNO EN CUANTO A LA DISTRIBUCION DE LOS FONDOS ARTISTICOS
PROVENIENTES DE DACION O POR CONVENIOS CON EMPRESAS (670/000062).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el de Interpelaciones y la primera es la que formula el Senador
don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre las prioridades y criterios del Gobierno en
cuanto a la distribución de los fondos artísticos provenientes de dación
o por convenios con empresas.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Para poner un poco de humor, aunque sea negro, en una relación política,
que no humana, que crece en incomodidad ya que cada día su Ministerio,
señora Ministra, nos aporta una nueva sorpresa desagradable, le diré que
al menos hay entre nosotros un acuerdo --si no un acuerdo sobre mínimos,
sí al menos hay un mínimo acuerdo--: la importancia de la historia, la
importancia de conocer cuáles son nuestros orígenes como única manera de
tener identidad --según la frase ya de sobra conocida de Raimon: el
conocimiento de la Historia es necesario para preparar bien el futuro.
Es lógico, pues, que empiece esta interpelación haciendo un poco de
historia, sabe el tema que nos atañe: algunos de los procesos por los
cuales recibe el patrimonio artístico el Estado y cómo lo distribuye por
los distintos museos de España.
En esta historia reciente la voz de alarma la dio la adquisición de siete
«picassos» en concepto de derechos sucesorios, que costaron 3.000
millones al Estado --a todos, pues-- y que fueron íntegramente destinados
al Centro de Arte Reina Sofía.
El 26 de febrero de este año me quejé en el Pleno de esta Cámara por tal
exclusiva concentración y lamentando que, como se había hecho con la
herencia de Dalí, no hubiera habido una distribución más justa --a
nuestro entender-- destinando alguno de los cuadros al Museo Picasso de
Barcelona o a Málaga o a otro museo de arte contemporáneo del resto de
España.
En aquella misma intervención de febrero ya advertí a la señora Ministra
del problema que es hoy el motivo básico de esta interpelación: qué
pasaría con los fondos artísticos de las empresas públicas en proceso de
privatización --en aquel entonces Telefónica, Argentaria, Tabacalera,
etcétera--. Dado que tales fondos se habían acumulado con la ayuda del
dinero de todos, con dinero público, era lógico pedir que hubiese una
justa distribución de tales fondos y por eso pedía que las Comunidades
Autónomas estuviesen representadas en la Comisión Mixta Ministerio de
Cultura-Ministerio de Economía que se había creado para estudiar tales
temas.
Sin embargo, el silencio sobre estas cuestiones ha sido la única
respuesta. No ha habido tal participación de las autonomías en dicha
Comisión Mixta, ni conocemos--y era también una cuestión planteada al
Gobierno-- los criterios de distribución de los fondos que recibe el
Estado vía compensaciones fiscales. Este es un tema colateral al que
planteamos, pero no alejado de él, puesto que se trata de los fondos
artísticos que recibe y cómo los distribuye el Estado.
Pregunté al Gobierno --mediante pregunta escrita-- qué había pasado a
este respecto en el período 90-96, concretamente pedía las donaciones
realizadas por diversos artistas en concepto de derechos sucesorios o de
compensación en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en este período 90-96. Y la respuesta no podía ser más
concluyente, data del 23 de mayo y la tengo aquí delante: Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía 105 piezas; Museo del Prado una; Museo
Nacional de Almagro, en Ciudad Real 31, cinco para Valladolid, para el
Museo de Escultura, etcétera; y una para Cataluña, una para el Museo de
Arte de Girona. Las demás, insisto, 105 obras en este período, para el
Reina Sofía.
Es normal, señora Ministra, que no estemos nada contentos o satisfechos
de cómo nos trata en esta cuestión el Gobierno del Estado. Por ello,
tampoco es de extrañar que en la Comisión de Educación y Cultura
preguntase al Secretario de Estado, el señor Cortés, si la solidaridad
entre Cataluña y el resto de España era vigente siempre o sólo cuando le
interesaba a Madrid. La respuesta del Secretario de Estado fue muy
enfática, quizá demasiado para que fuese del todo tranquilizadora, pero
dijo lo siguiente: Es criterio tradicional de los Gobiernos de España no
identificar lo que es español con lo que está en la capital de España.
Muy bien; y expresaba el compromiso de mantener la política de respeto a
la historia plural de España. Esto dijo el señor Cortés en abril de este
año.
Proyectos de decretos recientes se compadecen mal con este compromiso.
Sobre todo, las actuaciones del Ministerio se compadecen fatal con otro
compromiso del Secretario
de Estado que escuchamos en esa sesión del 25 de abril. Decía el
Secretario de Estado: No hay ningún criterio por parte del Gobierno
acerca de que las obras de titularidad estatal tuviesen que estar en la
capital del Reino. Y para que no hubiese ninguna duda, seguía diciendo:
El Ministerio de Educación y Cultura va a continuar con una política de
descentralización de los depósitos.
Bien, si esto es así, señora Ministra, si tal es la voluntad del
Gobierno, que el señor Cortés debía conocer bien el 25 de abril, ¿cómo se
explica la firma del convenio entre Telefónica y el Ministerio de
Cultura, mediante el cual unos 90 cuadros, evaluados en 2.500 millones de
pesetas, se quedan todos ellos en depósito en el Centro de Arte Reina
Sofía, por cuatro años prorrogables, si no hay ninguna denuncia de las
partes, por tanto, una cesión «sine die»? Si la voluntad del Gobierno era
la expresada por el señor Cortés tan enfáticamente, ¿cómo no se renegoció
el convenio con Telefónica? ¿Cómo no se veló para que tuviese una
distribución más equitativa? (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.)
Esta contradicción es mucho más grave, si tenemos en cuenta que el 6 de
mayo se aprobaba en el Congreso de los Diputados por unanimidad una
proposición no de ley, que en el segundo de sus tres puntos, debido a una
enmienda de la Diputada, señora Carmen Laura Gil, decía lo siguiente: Se
acuerda con carácter urgente que en el seno de la Conferencia de Consejos
de Cultura, con el apoyo de la Junta de Calificación, se estudien los
criterios para la posible incorporación o depósito de parte de dichas
colecciones a los restantes museos de titularidad pública. Este era el
acuerdo unánime del Congreso de los Diputados.
No se entiende, pues, que si la voluntad del Gobierno era la expresada
por el señor Cortés, en el mes de abril, si esta proposición fue aprobada
por unanimidad y, además, en esta misma sesión, de 6 de mayo, en el
Congreso de los Diputados, la Diputada Popular, señora
Rodríguez-Salmones, afirmaba rotundamente --me parece muy bien su
afirmación-- la necesidad de que el patrimonio artístico de esas
empresas, Tabacalera, Telefónica, etcétera, se incorporara a las
colecciones públicas, no se entiende --digo-- que el convenio con
Telefónica sea el que es y no se haya accedido a algo que reclamamos no
sólo nosotros, sino también, por ejemplo, el señor Valeriano Bozal,
historiador del arte, y hasta recientes fechas Presidente del Patronato
Reina Sofía que, en unas declaraciones publicadas en «La Vanguardia»,
aparte de lamentar algunos aspectos del convenio --ahora no vamos a
entrar en otras disquisiciones-- afirmaba que él creía que los fondos de
Telefónica, Ico y Argentaria debieran haber pasado al Estado y haberse
distribuido en otros museos, por ejemplo, en Macba, porque el Centro de
Arte Reina Sofía --dice el señor Bozal-- no necesita todas las obras.
En definitiva, señora Ministra, estamos confusos e irritados por cómo se
gestiona desde su Ministerio el proceso de distribución de fondos
artísticos, ya sean provenientes de compensaciones fiscales, ya sean
provenientes de las empresas públicas en trance de privatización.
Nos gustaría conocer los criterios del Gobierno acerca de los temas que
he planteado y sobre todo --porque esta interpelación quiere ser
constructiva-- qué acciones piensa emprender en el futuro para hacer una
política que sea más satisfactoria para todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, quería agradecer al Senador Varela su
intervención, que demuestra la preocupación que tiene por los asuntos
educativos y culturales.
Quizá la parte de su intervención en la que ha reflejado la discrepancia
con la política del Ministerio se basa en un error de principio, y quiero
decirlo de entrada. No existe ningún inconveniente, siempre que
Telefónica lo acepte, en que las obras que acaban de ser cedidas al Museo
Nacional de Arte Reina Sofía en comodato puedan ser depositadas en
cualquiera de los museos españoles y, cómo no, en el Museo Nacional de
Arte Contemporáneo de Cataluña, o en cualquier otro que lo requiera. Por
tanto, en principio no hay ningún inconveniente.
Lo que el Gobierno ha conseguido con Telefónica es la firma de un
contrato de comodato por cuatro años. En el momento en que una de esas
obras no vaya a ser exhibida en el Reina Sofía o sea reclamada por uno de
esos museos, cuando Telefónica lo acepte, no habrá ningún inconveniente
en que se deposite ahí, lo mismo que está depositada en el Reina Sofía,
porque no es propiedad de este Museo de arte. El Estado no ha adquirido
la titularidad, lo que ha adquirido es el contrato de comodato.
Entrando en las cuestiones que plantea: los objetivos, prioridades y
criterios del Gobierno en la distribución de los fondos museísticos, o
sea los provenientes de dación en pago de impuestos o de convenios con
empresas, quiero decirle que también aquí comparto el sentir del Senador
Varela en cuanto a que la potenciación y la mejora de los fondos
museísticos forma parte de las preocupaciones principales de cualquier
Gobierno que busque el progreso cultural de este país, y la de este
Gobierno --y suscribo íntegramente las palabras del Secretario de Estado,
señor Cortés, en la Comisión de esta Cámara y las de la Diputada
Rodríguez Salmones-- es la de enriquecer y acrecentar los fondos del
Patrimonio Histórico Artístico distribuidos por todos los museos,
cualquiera que sea el lugar del territorio donde se encuentren. Así lo ha
dicho el Senador: el Estado es el heredero universal del legado Dalí y,
sin embargo, depositó la inmensa mayoría de sus fondos en Figueras,
algunos están depositados en el Reina Sofía, pero la inmensa mayoría de
los fondos del legado no lo están. Asimismo, el Museo del Prado tiene
depositadas gran número de obras de arte en museos españoles, y muchas de
ellas también están en Cataluña.
El Senador me pide en la interpelación que analice los aspectos relativos
a las daciones en pago, qué es lo que ha
ocurrido y qué ocurre con los procedimientos que se siguen a la hora de
ubicar las colecciones que se adquieren provenientes de las empresas
privatizadas.
La distribución de los fondos culturales obtenidos como dación en pago de
impuestos, que se encuadra en el artículo 73 de la Ley del Patrimonio
Histórico Español y en la normativa tributaria correspondiente, así como
el pago de la deuda tributaria del IRPF y el Impuesto de Sociedades, se
hace mediante entrega de bienes que estén inscritos en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural e incluidos en el Inventario de
Bienes Inmuebles. Lo sabe muy bien el Senador, es evidente que estos
bienes tienen que ser valorados y hay que concretar si un determinado
bien le interesa o no, en este caso al Estado, pero puede ser a una
Comunidad Autónoma que sea titular de unos derechos sucesorios. No
podemos permitir que cada particular decida que va a pagar los impuestos
con una determinada obra de arte valorada por él, sino que hay que hacer
una valoración seria que determine que al Estado o a la Comunidad
Autónoma correspondiente le interesa entrar en posesión de ese bien.
Por eso se constituye una Comisión de Valoración que está formada por
representantes del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Secretaría
de Estado de Cultura. Esta Comisión de Valoración informa a la Junta de
Calificación sobre el valor histórico o artístico del bien ofrecido en
pago de impuestos y que, al ser un bien inventariado, es frecuente que sí
tenga un interés cultural verdadero.
La valoración se realiza atendiendo a los criterios del mercado de arte
nacional, y se analiza también la deuda tributaria del peticionario,
comprobando que efectivamente puede saldar dicha deuda sin quebrantar la
normativa fiscal.
En cualquier caso, las valoraciones que se realizan así no vinculan al
interesado, que siempre, como es lógico, puede optar por el pago en
metálico en lugar de pagar con la obra de arte, si no se le ha valorado
suficientemente. Luego, la propuesta de la Junta de Calificación no es
vinculante, y es el Ministerio el que tiene la última palabra a la hora
de asignar un bien a un museo determinado.
Sin embargo, y con respecto a este último punto --que yo creo que es lo
que verdaderamente interesa a su señoría-- quiero indicar que para
determinar el museo al que va a ir destinado el bien ofrecido juega
también un papel importante el impuesto de que se trate: si es un
impuesto de sucesiones, que normalmente su gestión está transferida a las
Comunidades Autónomas, el destino final suele ser el museo que decide la
Comunidad Autónoma en cuestión. Ahora, cuando el testador ha manifestado
su voluntad de que el bien en cuestión sea expuesto en un determinado
museo, también se respeta en general la voluntad del testador, salvo que
la obra en cuestión no tenga, por sus características, a juicio de los
expertos, ubicación posible en ese museo designado. Tampoco pueden
aceptar ni el Estado ni la Comunidad Autónoma correspondiente que se
cuelgue en un determinado museo una obra porque fuera voluntad del
testador; habrá que respetar también los criterios museísticos.
Cuando son impuestos gestionados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, es decir, el Impuesto sobre el Patrimonio, la Renta y las
Sociedades, la Junta propone uno o más museos como destinos óptimos, y
para ello tiene en cuenta los valores histórico-artísticos del bien,
atendiendo igualmente a las especialidades y características de las
colecciones de los museos, con independencia de su titularidad y su
gestión.
El Senador Varela ha dado lectura a la respuesta por escrito que se le
dio, y así como el Reina Sofía tiene un gran número de obras, el Museo de
El Prado sólo tiene una, y hay bastantes otras fuera de Madrid.
Una vez más la propuesta de la Junta no es vinculante y por tanto no hay
ningún obstáculo que impida que los bienes sean destinados por el
Ministerio a los diferentes museos; lo que habrá que hacer es atender las
peticiones de los directores de los museos. Tengo una petición del
Director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, de Cataluña, que
estamos estudiando y que yo creo que vale la pena atender.
También hay que destacar que los propios directores de los museos muchas
veces son los que aconsejan a los poseedores de estos bienes --y en este
caso lo respetamos, porque entendemos que es una labor negociadora del
propio director del museo con el dueño del bien--, y siempre que se
adecuen a las características del museo cuya colección se pretenda
ampliar, en ese caso siempre se respeta. Después el expediente continúa,
la Dirección General de Bellas Artes estudia el destino, y en todos los
casos la Dirección General sigue el criterio de la Junta de Valoración.
Por lo que respecta a la segunda cuestión que plantea el Senador Varela,
relativa a los criterios que sigue el Gobierno para distribuir los fondos
provenientes de las empresas privatizadas, quiero recordar que el
Gobierno manifestó su compromiso de que las colecciones artísticas de
esas empresas pudieran ser contempladas en los museos españoles de máxima
categoría. Este compromiso no significa que el Estado tenga que adquirir
en propiedad estos bienes por cualquiera de los títulos; lo que se
pretende es que mediante fórmulas abiertas, dinámicas y flexibles, se
permita que las obras verdaderamente valiosas puedan estar al alcance de
los ciudadanos, en los espacios que están ordenados para ello, y éstos
son precisamente los museos.
Se ha constituido el grupo de trabajo que el Senador conoce, y se ha
elaborado un amplio informe sobre la valoración de las colecciones de las
empresas a privatizar: Telefónica y Tabacalera. Al igual que ocurre con
las obras que se dan en pago de impuestos, las obras artísticas de las
empresas privatizadas o las que están en fase de privatización serán
destinadas a los museos a los que se decida, y aquí no hay ningún
planteamiento cerrado: a aquellos museos que se adapten mejor a las
características de las obras de arte de que se trate; a aquellos que vean
completadas sus colecciones con obras de artistas determinados, y lo que
se tendrá en cuenta siempre es la peculiaridad de la colección que se
quiere completar, con independencia de su titularidad y desde luego de su
gestión.
También habrá que tener en cuenta la voluntad de las empresas
privatizadas y la de sus accionistas en el caso de que el Estado no
adquiera la propiedad. Este es el caso, por ejemplo, de Telefónica, en la
que se ha decidido la fórmula
del préstamo comodato, y presumiblemente la propiedad seguirá siendo de
la empresa, pero lo que es cierto --y lo ha dicho muy bien el Senador--
es que probablemente este contrato se vaya prorrogando en el tiempo
tácitamente, según se establece en la cláusula tercera de ese contrato.
Por lo tanto, señorías, lo que yo quiero afirmar es que la política del
Ministerio es que estas obras de arte que son de primera importancia se
destinen a museos que también sean de primera inportancia, cualquiera que
sea el lugar del territorio donde estén enclavados y cualquiera que sea
la Administración que los gestione.
Así lo confirmamos cuando votamos favorablemente la proposición no de ley
que propuso el Grupo Parlamentario Socialista y que el Senador Varela
acaba de citar. Y se confirma con ella que las obras de arte no irán sólo
a los museos estatales, ni siquiera a los de titularidad estatal y
gestión de las Comunidades Autónomas, sino que podrán ir a cualquier otro
de los museos públicos. En principio no hay una prohibición de que vayan
a los museos privados, pero la voluntad de la proposición no de ley es
que fueran a cualquier otro de los museos públicos. Si existiese la
petición por parte de una fundación o de un museo que no fueran de
titularidad pública, habría que estudiarlo, porque no existe una
prohibición al respecto pero esta proposición no de ley habla de museos
públicos, con independencia de que sea o no el Estado el titular o el
gestor.
Lo que yo quiero decirle al Senador es que el Estado ha mostrado una
voluntad decidida de atender las demandas de los diferentes museos que
han manifestado interés por disponer de las obras que pertenecen al
Patrimonio y que no se han escatimado esfuerzos a la hora de desplazar
obras de arte con motivo de exposiciones temporales o incluso de
depósitos permanentes. Voy a ponerle un ejemplo, señoría. El Museo del
Prado tiene 3.155 obras depositadas en diferentes Comunidades Autónomas
distintas de la de Madrid, y de éstas, 394 pinturas y 13 esculturas están
depositadas en los museos de Cataluña; el Centro de Arte Reina Sofía
tiene depositadas fuera de sus instalaciones 1.715 obras de arte, y el
ejemplo de la obra de Salvador Dalí ya se lo he expuesto a su señoría.
Por lo tanto, lo que quiero garantizarle es que, como dijo el Secretario
de Estado, no existe ninguna variación en la política que han seguido los
distintos gobiernos. Y, desde luego, no se trata de identificar como de
titularidad estatal lo que está en Madrid, ni lo que tiene que acrecentar
el Estado, en cuanto al patrimonio histórico, con lo que está en Madrid.
Al contrario, está depositado por todo el territorio nacional.
Confío en haber disipado la preocupación del Senador Varela en cuanto a
que el Gobierno estuviera pensando depositar en Madrid las obras de las
empresas privatizadas o cualesquiera otras obras que pudieran adquirirse
como dación en pago de impuestos. No hay nada de todo eso, y confío en
haberle tranquilizado con esta intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señora Ministra.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, francamente, no ha disipado mis dudas ni mi
preocupación. Porque las palabras son muy bonitas y suenan muy bien, pero
los hechos no van en esa dirección.
Habla usted repetidamente de la proposición no de ley aprobada en junio.
Entonces, yo pregunto: Si recurre a esa proposición no de ley para unas
cosas, ¿por qué no se cumple lo que dice el acuerdo segundo, que es
acordar con carácter urgente la Conferencia de Consejeros de Cultura, los
criterios para la posible incorporación o depósito de parte de dichas
colecciones, etcétera? Es decir, ¿por qué no se ha reunido con carácter
urgente la Conferencia de Consejeros y se elaboran esos criterios para la
posible incorporación o depósito de parte de esos fondos? Eso es lo que
queremos: que haya unos criterios sobre los cuales todos podamos opinar;
que sean unos criterios diáfanos, públicos, que no haya reticencias ni
incomprensiones. Me parece que eso es lo correcto. Y lo que se aparte de
ello, es incorrecto políticamente. Haber convocado urgentemente esta
conferencia hubiera sido lo correcto y no haberlo hecho es, a nuestro
entender, una señal de «laisser faire, laisser passer», de ir dejándolo
pasar sin cumplir la voluntad expresada unánimemente en la proposición no
de ley.
Insisto, si la voluntad fuese la que dicen sus palabras y las que dice el
señor Cortés, si yo hubiera sido responsable de la política cultural del
Gobierno del Estado, hubiera renegociado el convenio de Telefónica y no
hubiera esperado a este momento para decir que si queremos lo podemos
solicitar. Estamos de acuerdo, pero no es lo mismo pedirlo una vez que ya
se ha hecho el convenio. Tener un convenio elaborado con un diálogo leal
de todas las Comunidades --porque no es un problema que ataña sólo a
Cataluña-- y haber llegado a criterios objetivos y claros hubiera sido
mucho más satisfactorio para todos.
Dice usted, por ejemplo: Lo pueden pedir. Y ha aludido a la carta del
Director del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta carta, señora
Ministra, es de febrero de este año y aún ahora espera respuesta. Quiero
decir que los hechos se compadecen muy mal --no digo mal, sino muy mal--
con las palabras de esta distribución equitativa.
Insisto en que nos sentimos injustamente tratados. Creemos que no es una
distribución equitativa para todo el Estado y reclamamos que se cumpla el
punto dos; que se celebre esta conferencia de consejeros, que se hable de
ello tranquilamente y lleguemos a un acuerdo de manera urgente; este
malestar no es bueno porque ya tenemos bastantes problemas cotidianos.
Por tanto, a mí me gustaría que en su intervención final hubiera un
compromiso, para no tener que presentar una moción, que dijese: se insta
al Gobierno a que cumpla lo que dijo en el Congreso de los Diputados. Un
compromiso en firme diciendo: vamos a convocar esta reunión de
consejeros; vamos a intentar de manera rápida llegar a unos acuerdos
claros y objetivos que sean conocidos por todos, e intentar que esa
sensación de trato injusto, que está muy afincada en Cataluña y supongo
que en otras partes de España, pueda ser definitivamente desvanecida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Varela.
Señoría, antes le concedí la palabra por el artículo 87.
Ahora sí que abrimos turno de portavoces. La Senadora De Boneta tiene la
palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para apoyar y, de alguna manera, ratificar,
desde el punto de vista de esta Senadora del Grupo Mixto, la oportunidad
de la interpelación del Senador Varela. Desde las Comunidades Autónomas
tenemos la sensación de que existe siempre cierta reticencia para la
cesión de bienes culturales, por mucho que la señora Ministra haya dado
datos interesantes sobre la serie de cuadros y esculturas que en este
momento están cedidos temporalmente a Cataluña y a otros museos del
Estado español. Entiendo que siempre hay una cierta cicatería a la hora
de ceder algo que las autoridades museísticas de los distintos museos
piensan que pertenece al acervo o a esos museos que se encuentran en la
capital del Estado. En este sentido, porque la cultura es universal, creo
que se tienen que dar todos los pasos necesarios para que todos los
ciudadanos y ciudadanas tengan acceso al disfrute de esos bienes
culturales con cierta comodidad.
Por tanto, creo necesario que se celebre a la mayor brevedad posible esa
conferencia de Consejeros y se fijen los criterios para la cesión de las
obras culturales.
No quiero terminar sin recordar una aspiración ampliamente sentida --que
se ha planteado durante mucho tiempo, y sobre todo, últimamente--, como
es la relativa a la cesión temporal del Guernica, de Picasso, a algún
museo de nuestra Comunidad Autónoma, y en estos momentos, concretamente,
al Museo Guggenheim. Sabemos que se han aducido una serie de dificultades
técnicas, pero creo que nada sería insalvable.
Para finalizar, insisto en la necesidad de establecer esos criterios --y
vuelvo a reiterar mi apoyo a la posición manifestada por el Senador
Varela--, y que se lleve a cabo a la mayor brevedad posible la reunión de
los Consejeros de Cultura para la fijación de los mismos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora De Boneta.
Me imagino que el Senador Varela no hará uso de la palabra. Por tanto,
por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Arribas.
La señora ARRIBAS ESTEVE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en relación con la interpelación presentada por
el Senador Varela, del Grupo de Convergència i Unió.
Consideramos oportuna la presentación de esta interpelación, que sin duda
es fruto de la preocupación --que también compartimos-- por el destino de
los importantes fondos artísticos que poseen las empresas que está
privatizando el Gobierno.
Tal como ha comentado el Senador Varela, hace siete meses nuestro Grupo
presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre
la incorporación definitiva a los museos nacionales de obras de arte
pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización. Como bien
ha dicho el Senador Varela, dicha proposición fue aprobada por todos los
grupos parlamentarios con la inclusión de una enmienda transaccional que
recoge el objetivo que aquí perseguimos, que el Senador Varela ha
comentado parcialmente y desde el punto de vista de Convergència, que en
algunos aspectos no compartimos.
Dicho objetivo consiste en instar al Gobierno con carácter urgente --esto
hay que recalcarlo-- para que recabe la opinión de los Patronatos del
Museo Nacional Reina Sofía y del Museo del Prado, y de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español sobre la incorporación a las colecciones de los museos estatales
de las obras de arte pertenecientes a las empresas públicas privatizadas,
o en proceso de privatización. Asimismo --como también ha dicho el
Senador Varela--, en acordar con carácter urgente en el seno de la
Conferencia de Consejeros de Cultura, y con el apoyo de la mencionada
Junta de Calificación, los criterios para la posible incorporación o
depósito de parte de dichas colecciones en los restantes museos de
titularidad pública, así como instrumentar --y creo que este aspecto,
aprobado en el Congreso, también es importante-- la operación
jurídico-económica necesaria para la consecución de este fin.
Hace algunos meses, el Vicepresidente segundo del Gobierno anunció
públicamente que el Gobierno tenía interés en que estas colecciones
artísticas pasasen a ser propiedad del Estado. En nuestra opinión, el
concepto de Estado debe entenderse para el conjunto de museos de
titularidad pública que pueden acoger total o parcialmente estas
colecciones.
Pero ha transcurrido el tiempo, y no se sabe todavía cuál es el criterio
del Gobierno, qué proceso se está siguiendo, y si el inventario --que
tengo entendido que se ha encargado a un grupo de expertos-- ya ha sido
valorado por los Patronatos del Museo Reina Sofía y el Museo del Prado,
como nos ha comentado la señora Ministra. En cualquier caso, insisto,
todavía no está claro el criterio del Gobierno.
Señora Ministra, no dudo de su sensibilidad cívica abierta. Estoy segura
de que con razón y sentimiento su Gobierno sabrá valorar unos fondos de
arte de gran calidad, una concentración de obras de gran valor
patrimonial y, a la vez, de gran valor estético, que ya sea aportación,
cesión, adquisición, depósito o, por el proceso de privatización de
Tabacalera, Argentaria, Telefónica u otras empresas en vías de
privatizarse, deben de estar incluidas en las colecciones --como he dicho
antes-- de los museos públicos, ya sean del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de la Administración Local, como patrimonio que son de todos.
De todas formas, consideramos que no es el modelo correcto a seguir el
reciente acuerdo firmado por Telefónica
y el Ministerio de Educación y Cultura. Este contrato de comodato tiene
una visión --creemos-- sesgada, incompleta, que se limita a un centro
museográfico, el Reina Sofía, en relación al acuerdo alcanzado en el
Congreso de los Diputados, que incluía el conjunto de museos dependientes
de las Administraciones Públicas como receptoras de estos fondos.
Asimismo, el carácter temporal de este contrato permite alimentar todo
tipo de dudas ante el futuro de estos fondos artísticos, incluso una
persona de prestigio en el mundo del arte, como es Valeriano Bozal, hoy
ya ex Presidente del Patronato del Museo Nacional Reina Soria, ha
manifestado su total desacuerdo con este contrato.
No podemos permitir que la incomprensión o, incluso, el desinterés hagan
que las obras de nuestros mejores creadores artísticos queden en el
anonimato, sin poder ser expuestas en los museos públicos.
Un pintor ruso --que a mí me gusta mucho--, Kandinsky, símbolo del arte
de la abstracción libre, a veces poco comprendido, escribió: En mis
estudios me abandono a mis impulsos. No pensaba en casas o en árboles,
sino que trazaba líneas y manchas de color con mi espátula, haciendo que
cantasen con toda la potencia que era capaz de darles.
Yo creo --como escribió Kandinsky-- que es el momento para que, con
nuestro impulso razonado, tracemos las líneas que marquen los objetivos,
los criterios a seguir por el Gobierno para que, a pesar de su afán
privatizador, sepa defender y reubicar al servicio de todos los
ciudadanos y ciudadanas el Patrimonio Artístico acumulado a lo largo de
los años por empresas u organismos del Estado.
Para acabar, señora Ministra, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo que
usted ha nombrado no existe en Cataluña, el de Arte Contemporáneo es el
Macba y el otro es el Mnac.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Arribas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Zapatero.
El señor ZAPATERO VILLALONGA: Muchas gracias, señor Presidente.
La historia de las colecciones artísticas de propiedad estatal en España
está clarísima. Desde la decisión de Fernando VII de crear un museo
público de arte a su regreso a la Corte en 1814, prueba de que el peor
escribiente puede trazar una línea bien derecha, la constitución del
primer Prado con las colecciones reales y los fondos de la
desamortización de Mendizábal, a la protección de las pinturas más
importantes de la primera Pinacoteca Nacional en 1939, mediante su envío
a Ginebra y a Valencia, de lo que ha dejado célebre memoria Rafael
Alberti en su «Noche de Guerra», en el Museo del Prado, y en sus
patéticos cantos personales: Arde Madrid, ardía por sus cuatro costados;
llueve también, llovía mientras que sus paredes se quedaban vacías,
tristes y ciegos claros, salas sólo de huellas en los muros desiertos,
está clara la recta intención de los gobiernos de nuestro país en cuanto
se refiere a la conservación del patrimonio histórico-artístico y a su
crecimiento en cantidad y calidad, gracias a adquisiciones, donaciones y
pago de deudas tributarias; esto último, desde la entrada en vigor de la
ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y las normas tributarias
correspondientes.
Aquí sí que no ha habido distinciones políticas de criterios ideológicos.
Ni las ha habido, ni tiene por qué haberlas ni las habrá.
La interpelación presentada por Convergència i Unió plantea dos
interrogantes esenciales, desvelados en una pregunta formulada por el
Senador Varela i Serra a la Comisión de Educación y Cultura de esta misma
Cámara al señor Secretario de Estado hace apenas siete meses.
La contestación de la señora Ministra, como corresponde a la nueva
iniciativa parlamentaria del grupo catalán, ha sido amplia, exhaustiva,
paciente y, al modo de ver de mi grupo político, plenamente
esclarecedora.
En primer lugar, supongo que sus señorías estarán completamente de
acuerdo con el procedimiento para garantizar la calidad artística de las
obras procedentes de donaciones o como pago de deudas tributarias. Es
absolutamente seguro que, así como la señora Ministra ha descrito, no
entrará en las colecciones públicas ninguna obra como la de aquel pintor
cervantino, Orbaneja, que cuando pintaba un gallo, había de poner al pie:
Este es gallo, para que se supiera lo que quería dibujar.
También está clara la postura flexible del Departamento ministerial en
cuanto tiene en cuenta no sólo el aviso de los expertos en la materia
acerca del valor histórico-artístico de las obras en cuestión, sino
también las especialidades de los museos destinatarios de tales obras, e
incluso, y en la medida de lo posible, hasta los deseos de los donantes y
las gestiones de los directores de los museos, que son, por cierto,
quienes convencen muchas veces a los propietarios de la donación o del
pago de tributos mediante la valoración de obras de arte.
Al llegar a este punto, cabe introducir una digresión para hacer una
clara distinción entre las dos preguntas que plantea la interpelación del
señor Varela i Serra.
En un primer punto, parece lógico que las obras de arte destinadas a
solventar deudas de impuestos estatales, sean depositadas en museos de
titularidad estatal, bien gestionados por la propia Administración del
Estado, bien por las Comunidades Autónomas, como tantos hay en el
territorio nacional.
Por otra parte, es razonable que las obras destinadas a condonar deudas
de impuestos cedidos se depositen de acuerdo con los propios criterios de
las Administraciones autonómicas correspondientes.
La segunda parte de la cuestión se refiere a las colecciones artísticas
de empresas públicas privatizadas o en trance de privatización, algunas
de las cuales, por cierto, como sucede con Telefónica, por ejemplo, eran
ya empresas parcialmente privadas.
Con estas colecciones el Gobierno ha pretendido conseguir, como primer
objetivo, el que puedan ser contempladas por el público y que el disfrute
de tal contemplación
pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas. Para ello, las
empresas respectivas no tienen por qué prescindir de su patrimonio. Para
cohonestar ambas cosas, se han buscado fórmulas modernas y actuales: El
convenio de Telefónica con el Patronato del Centro de Arte Reina Sofía es
una buena prueba de ello, y no voy a repetir su contenido, porque ya lo
ha hecho la señora Ministra de modo suficientemente extenso.
La colección de Telefónica es un perfecto complemento de la colección
permanente del Reina Sofía. La sala dedicada a Juan Gris, por ejemplo,
sin las nuevas obras del pintor, quedaría coja. El complemento es
deseable, lógico y perfecto. Esto es, repito, sólo un ejemplo.
También aquí, incluso la señora Ministra, ha admitido la posibilidad de
que las obras depositadas inicialmente en el Reina Sofía, de acuerdo con
el contrato comodato, sean destinadas o depositadas a su vez en otros
museos del territorio hispano. Cabe señalar que tales fórmulas, como
aquellas a las que sin duda se llegará mediante las negociaciones
respectivas con Argentaria y con Tabacalera, pongo por caso, respetan al
máximo la proposición no de ley aprobada en su día por el Congreso de los
Diputados. En este sentido, no hay posturas dogmáticas del Gobierno, ni
éste considera que sólo las colecciones públicas dignas de atención son
las que residen en Madrid. Prueba de ello son los datos facilitados por
la señora Ministra en lo que se refiere al destino de obras entradas en
el patrimonio del Estado por las vías tantas veces repetidas y también a
los dos millares largos de obras propiedad del Estado asignadas por éste,
por la Administración Central al Museo del Prado y al Reina Sofía, y
depositadas, a su vez, por sus patronatos en distintos museos del
territorio español. Y me voy a permitir aquí citar sólo dos ejemplos que,
en su día, fueron objeto de litigio tras aquella memorable y
extraordinaria exposición de hace ya unos años, que se celebró bajo el
título: «La Historia de España y la Pintura». Me estoy refiriendo a «La
Campana de Huesca», depositada, si mal no recuerdo, en la Diputación
oscense, y a la memorable obra del gran Ramón Casas, «Huelga de 1906»,
magistralmente reproducida por Buñuel en «Tristana», y que se halla
depositada en el Ayuntamiento de Olot, adonde se ha de ir ex profeso si
se quiere contemplar tan impresionante óleo.
No hay, pues, ninguna reticencia en este sentido, ni tampoco hacia el
movimiento de las obras de arte a las diferentes exposiciones que se
celebran en el territorio nacional. Quiero advertirla, señora De Boneta,
de que los problemas que han surgido con ocasión de la petición del
«Guernica» para el Museo Guggenheim son estricta y singularmente
técnicos, y no hay ninguna otra reticencia ni ninguna otra reserva.
Señora Ministra, el Grupo político en cuyo nombre hablo acepta plenamente
sus explicaciones --por cierto, subrayadas hace setenta y dos horas en la
inauguración de las diez nuevas salas del Museo del Prado destinadas a la
pintura del siglo XVIII, inglesa, francesa e italiana-- y está de acuerdo
con ellas, y lo que es más importante, considera ya fuera de lugar
cualquier reticencia, suspicacia o reserva en torno a su contenido y al
detalle de las mismas.
La señora Ministra ha abierto todas las puertas posibles con una gran
generosidad que no se corresponde, por cierto, con el poco o nada
estimulante comienzo de la intervención del Senador Varela i Serra.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zapatero.
¿Quiere intervenir, señora Ministra? (Pausa.) Gracias.
Terminado el debate, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
--DE DON JOAN OLIART PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA
POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE INMIGRACION (670/000061).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la interpelación de don
Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política
general del Gobierno en materia de inmigración.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en el transcurso de este debate hablaremos de
las ciudades de Melilla y de Ceuta, y es por eso que, en primer lugar,
quiero expresar nuestro más profundo pesar por la tragedia sufrida por
Melilla, y nuestra condolencia a los familiares de las víctimas, que
hacemos extensiva a todos sus habitantes, a la vez que deseamos un pronto
restablecimiento a los heridos, así como una pronta reparación de los
daños materiales causados.
Señor Ministro, señorías, España, tradicional exportadora de mano de
obra, ha pasado a ser acogedora de trabajadores extranjeros. Todo parece
indicar que la actual tendencia se mantendrá o que incluso adquirirá una
mayor dimensión en el futuro. Las diferencias demográficas, económicas y
sociales entre nuestra sociedad y otros países cercanos, desde el punto
de vista geográfico y también histórico, son causas estructurales que
permiten afirmar que el proceso tiene un carácter irreversible.
Para que todo vaya por el mejor de los caminos es necesario que este
proceso de llegada de trabajadores extranjeros, que comporta cambios
sociales y culturales importantes, se encauce debidamente. Es por eso por
lo que nosotros creemos que es necesaria una política integral de
inmigración; una política que a la vez que encauza estos flujos
inmigratorios se preocupe también por la integración en nuestra sociedad
de estos trabajadores extranjeros.
Este es el gran reto que tiene planteado España. Está en juego la
convivencia armónica y la cohesión social de la sociedad española del
próximo futuro.
EL Gobierno Socialista se tomó un gran interés por la cuestión, y buscó
siempre el consenso, que nosotros consideramos, señor Ministro --y creo
que usted también--, fundamental en esta materia. Creemos que se trata,
efectivamente, de una política de Estado más allá de los intereses de los
partidos. Sus frutos fueron los acuerdos parlamentarios de 1991, en
virtud de los cuales se diseñó una política de inmigración basada en tres
pilares: control de los flujos, integración de los inmigrantes y ayuda a
los países de origen de los inmigrantes que vienen a España.
El desarrollo posterior trajo la fijación de cupos anuales, la aprobación
de un plan de integración, modificaciones sustanciales del Reglamento de
Extranjería, creación del foro para la integración de los inmigrantes,
aumento importante de las consignaciones para cooperación y dos procesos
de regularización. Creemos que era y es una buena base de partida.
El Gobierno del Partido Popular tenía ya fijadas las líneas maestras y,
además, consensuadas. Sólo tenía que profundizar en la dirección
señalada. A mi entender, no se ha hecho esto suficientemente y, además,
el Gobierno del Partido Popular no ha tenido capacidad de reacción
adecuada ante la aparición de mafias dedicadas al tráfico y transporte de
inmigrantes, al agravamiento de la situación de los campamentos de Ceuta
y Melilla y al cruce del Estrecho por las pateras. Para debatir todo
esto, señor Ministro, y buscar soluciones, pero sobre todo para buscar
soluciones, hemos presentado esta interpelación.
Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es conformar una
opinión pública favorable al hecho inmigratorio. La inmigración legal,
debidamente regulada y encauzada, es un hecho positivo para el desarrollo
de las sociedades de acogida. Nos avalan ejemplos históricos. Estados
Unidos no sería la potencia que es, tanto desde el punto de vista
económico y social como desde el punto de vista cultural, sin la
aportación de millones y millones de inmigrantes que llegaron a sus
tierras, ni Francia ni Alemania, después de las devastadoras guerras
mundiales, la de 1914 y la de 1939, se hubieran podido reconstruir de la
manera que lo han hecho sin la aportación también de centenares de miles
de trabajadores extranjeros.
Se trata, pues, de no presentar el fenómeno inmigratorio como un
problema, sino de destacar sus aspectos más beneficiosos y positivos. Y
en ese sentido, nosotros creemos que hay necesidad de campañas de
sensibilización ciudadana, programas sobre la interculturalidad y, sobre
todo, señor Ministro, una actitud positiva constante de todos los
responsables políticos. No hemos sabido, de momento, ver nada de todo
esto.
El último análisis, señor Mayor Oreja, consistiría en abrir un gran
debate, el debate sobre el modelo de sociedad que queremos para el siglo
XXI.
Hablemos de contingentes. La política de contingentes es la piedra
angular de una política de inmigración. El solo hecho de fijar un
contingente significa que se apuesta por un crecimiento positivo;
entreabrimos las puertas, por así decirlo. Hasta el momento, el Gobierno
ha sido cicatero: en 1996, contingente cero; en 1997, 15.500, aunque
luego se ha ampliado a casi 25.000, cosa que nosotros hemos acogido con
suma satisfacción, señor Ministro. Creemos que esos contingentes hay que
fijarlos de acuerdo con nuestras necesidades y posibilidades, y es por
eso por lo que le preguntamos: ¿Cuál es el propósito del Gobierno para
1998? ¿Se ampliará ese cupo para 1998? ¿Se fijará por cuotas
provinciales, como este año, o se tendrá en cuenta el criterio de las
Comunidades Autónomas, como parece mucho más acorde con nuestra realidad
de Estado descentralizado? ¿Será un instrumento exclusivo de regulación
de flujos o servirá también para regularizar los que ya están aquí y no
tienen papeles? Antes hemos hablado de políticas de integración. Por lo
tanto, se necesitan políticas sociales activas.
Yo repasaré aquí una especie de radiografía de algunos sectores y la
situación en que se encuentran estos inmigrantes o trabajadores
extranjeros en relación a estos sectores. En sanidad, la situación actual
es la siguiente: tienen acceso sólo los que cotizan a la Seguridad
Social; no tienen acceso los residentes legales que no cotizan y los que
están en situación irregular. Es necesario, pues, extender la cobertura
total a todos, porque el derecho a la salud, señor Ministro, está por
encima de cualquier otra contingencia y, sobre todo, de la posesión o no
de documentos en regla.
En lo que a vivienda se refiere, ocurre lo siguiente: tienen dificultades
para alquilar, dificultades para acceder a una vivienda pública, a las
ayudas de los planes de vivienda, y dificultades para acceder a los
créditos hipotecarios. Hemos, pues, de corregir también esa situación.
En cuanto a educación, es necesario garantizar la escolaridad de todos
los niños no poniendo trabas burocráticas ni exigiendo documentos de
identidad a los padres, así como luchar contra la excesiva concentración
en determinadas escuelas. No sé si sabe usted, señor Ministro, que las
escuelas privadas concertadas sólo tienen un dos por ciento de niños
extranjeros matriculados. Es también, pues, ésta una situación que
necesita de una corrección rápida y urgente. Y, sobre todo, debe
garantizarse el acceso a las becas, a las ayudas de comedor y a las
ayudas de transporte a los niños de los trabajadores extranjeros en
función de aquello que nosotros hemos defendido durante tantísimos años,
señor Ministro: el derecho a la igualdad de oportunidades. Y también nos
falta un plan específico para la segunda generación para impedir que
cuando estos niños sean mayores tengan un desarraigo o caigan en la
marginación.
Y hablemos del trabajo. El trabajo es el elemento principal de la
integración. En definitiva, vienen aquí para eso, para encontrar trabajo.
Mediante el trabajo legal obtienen la consideración de los demás y evitan
la marginación social.
En consecuencia, facilitar su acceso al trabajo ha de ser una prioridad
de toda política de integración, y para ello señalamos algunas líneas de
actuación: facilitar el acceso a los cursos de formación del INEM y, si
es necesario por cuestiones de lengua, organizar incluso cursos
específicos para ellos; potenciar la acción inspectora y sancionadora a
fin de hacer aflorar el trabajo irregular; establecer medidas que
favorezcan la contratación de los trabajadores que ocupan un puesto de
trabajo de forma irregular e ilegalizar las empresas clandestinas.
Señorías, un trabajador extranjero que cumple sus obligaciones
contractuales, que paga sus impuestos y que cotiza a la Seguridad Social
es una garantía de futuro.
Seguridad jurídica. La seguridad jurídica individual es la condición
previa para la integración. Los «sin papeles», señor Ministro, sólo
tienen un destino: la marginalidad. De nada sirve establecer
contingentes, vigilar las fronteras y extremar el control contra las
mafias de la inmigración ilegal si a los que entraron legalmente y a los
que un día obtuvieron un permiso de trabajo o de residencia se les
condena a la marginación.
No, pues, a unas leyes o a una estructura jurídica que crea una fábrica
de indocumentados. Para evitarlo en la medida de lo posible, el Gobierno
socialista elaboró un nuevo Reglamento de Extranjería e inició un nuevo
proceso de regularización que el Gobierno del Partido Popular terminó.
Los resultados de esta segunda regularización han sido los previstos. Si
mis datos son fieles a la realidad, hubo 60.000 solicitudes, de las que
solamente se han regularizado las de unos 20.000 trabajadores
extranjeros. En cualquier caso, el señor Ministro me podrá aclarar si en
estas cifras hay alguna imprecisión. Por otro lado, las oficinas de
extranjería, oficinas únicas, no se están creando al ritmo necesario. La
política de visados y reagrupamiento familiar parece también sufrir algún
tipo de restricción.
Y entremos ahora en cuestiones candentes que han surgido. Algunas de
ellas resultan nuevas, puesto que no las conocíamos, mientras que otras
que sí conocíamos se han visto agravadas.
Me refiero, en primer lugar, a las mafias de tráfico clandestino de
inmigrantes. El accidente de un camión-patera en Capmany, en Cataluña, en
el que murieron once inmigrantes, destapó en el mes de marzo toda la
miseria que conlleva un tráfico de ilegales. El descubrimiento fue
casual. Las autoridades parecieron sorprendidas y perplejas, al igual que
el resto de la población. En el momento en que se produjo este accidente
nosotros creímos que aquello era sólo la punta de un iceberg y,
desgraciadamente, los hechos posteriores nos dieron la razón.
En Coll de Ares se pudo controlar una camioneta que entraba también con
trabajadores extranjeros y la gendarmería francesa detuvo después en Le
Boulou una camioneta que procedía de España. La policía autonómica de
Cataluña detuvo también a inmigrantes que viajaban en una furgoneta
averiada y en la Comunidad Valenciana --creo que fue allí-- se
descubrieron cuerpos enterrados de inmigrantes.
Señor Ministro, existe un tráfico de esclavos que no somos capaces de
detener. ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar, señor Ministro, para
impedir esa nueva trata de esclavos que causa tantas víctimas y que hiere
nuestra más profunda sensibilidad?
Y pasemos ahora al tema de las pateras. Desde hace años cientos de
ciudadanos magrebíes y subsaharianos se arriesgan a cruzar el Estrecho de
Gibraltar en busca de lo que ellos consideran la tierra de promisión. En
la peligrosa travesía decenas de seres humanos pierden la vida.
Este año los naufragios de las frágiles embarcaciones se han multiplicado
y la pérdida de vidas humanas ha sido enorme. La tragedia es permanente,
tiene carácter ineluctable, casi bíblico. Señor Ministro, nada más
expresivo de la situación que las palabras de un náufrago, que dijo: si
me devuelven a Marruecos, volveré a cruzar el Estrecho.
Algo hemos de hacer para detener el drama: ¿Más vigilancia en la mar? ¿Un
acuerdo eficaz con Marruecos que funcione? ¿Un convenio europeo de
contingentes? Cualquier cosa, señor Ministro, antes que permanecer
impasibles ante una tragedia que golpea diariamente nuestras conciencias.
Campamentos de Ceuta y Melilla. Los informes que nos llegan de estos
campamentos nos los presentan como algo impropio de un país civilizado y
organizado como es el nuestro. Urge una solución, urgía ya el año pasado.
El señor Ministro del Interior era consciente de ello cuando en
septiembre del año pasado respondió a una interpelación de la Diputada
Matilde Fernández y dijo que el problema se resolvería pronto en el seno
de la Comisión Mixta del Tratado bilateral con Marruecos de readmisión de
inmigrantes regulares. Pasa el tiempo y la situación no mejora, señor
Ministro, muy al contrario, empeora.
El Grupo Parlamentario Socialista siente una gran preocupación por este
estado de cosas. El Senador por Cádiz, José Carracao, ya ha expresado
esta preocupación en esta Cámara en diversas ocasiones. Hoy, señor
Ministro, le volvemos a manifestar nuestra inquietud: ¿para cuándo y cómo
una solución razonable?
Ustedes han presentado un proyecto de ley orgánica de cooperación
jurídica internacional en materia penal, y esto nos ha llenado de
inquietud. Es un tema, si me permite, señor Ministro, muy inquietante. Se
trata de un proyecto de ley que todos los grupos han criticado y que, por
lo que respecta al tema que hoy debatimos, prevé la extradición de
personas que gocen del estatuto de asilado y de ciudadanos acusados de
delitos políticos.
Aparte de todas las valoraciones que se puedan hacer, que hicimos en su
momento y haremos en el futuro si no se retira pronto, es indudable que,
para nosotros y para el debate que nos ocupa hoy, evidencia, a mi modo de
ver, la falta de una política global y la inexistencia de coordinación
departamental, pero yo, personalmente, conociéndole a usted a través de
los medios de difusión, de sus declaraciones y de su procedencia
ideológica, me resisto, nos resistimos a creer, señor Ministro, que usted
pudiera estar de acuerdo con tamaño desatino.
Concluyo, señor Presidente.
Señor Ministro, mi intervención no ha estado exenta de críticas, pero
habrá observado que han primado los elementos constructivos. No podía ser
de otro modo, habida cuenta de que la política de inmigración ha de
buscar el consenso y de que todos hemos de estar interesados en la
construcción de una sociedad multicultural, tolerante y convivencial.
Tenemos dos circunstancias favorables si nos comparamos con nuestros
vecinos: primero, una menor tasa de inmigración, que nos permite diseñar
con más
comodidad el porvenir; y, segundo, la inexistencia de un partido
parlamentario que se reclame de tesis racistas y xenófobas.
Aprovechemos bien nuestro tiempo, señor Ministro, todavía disponemos del
suficiente para hacer las cosas bien, pero este tiempo no es ilimitado,
este tiempo se nos puede terminar, como a mí ya se me ha acabado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Oliart.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías,
señor Senador, quiero decirle, en primer lugar, que le agradezco el tono
y la forma en los que ha afrontado una cuestión en la que, a nivel de
principios, coincido plena y absolutamente con todos y cada uno de los
argumentos que ha expuesto en la tarde de hoy.
Y antes de tratar de responder lo más brevemente posible, y dentro de los
quince minutos que me corresponden, a cada una de las cuestiones, al
menos a las más significativas, que usted ha planteado, quiero introducir
dos cuestiones básicas que quiero dejar especialmente claras.
En primer lugar, quiero destruir la idea de que la sociedad española hoy
--aunque usted no lo ha hecho, yo quiero reiterarlo-- esté dividida en
esta cuestión. Yo quiero decir que uno de los factores diferenciales que
tiene y va a tener España en los próximos años respecto de los países de
la Unión Europea es, sin duda, que tiene una sociedad en la que no
existen, como en otras sociedades, sentimientos de xenofobia. No hay una
confrontación dramática, no hay un debate profundo y divisor de una
sociedad. Esto debe ser un patrimonio de todos, no sólo del Gobierno;
debe ser también un patrimonio de la oposición, y tiene que saber que,
aunque eso no perjudique políticamente al Gobierno, perjudica mucho a la
sociedad española si recreamos el estado de ánimo de que sí hay
sociedades distintas a la hora de afrontar la inmigración desde prismas
ideológicos diversos. Yo creo que ése es hoy precisamente uno de los
activos más importantes que tiene la sociedad española, y es
fundamentalmente porque la inmigración, que inicialmente, como usted bien
sabe, se movía en España en el terreno puramente administrativo, que era
fundamentalmente aquel viejo concepto de la policía de extranjeros, hoy
debe inspirarse en valores constitucionales, y muy especialmente en el
respeto a los derechos fundamentales. Y eso es lo que, en mi opinión,
debe producir la cohesión, la unidad de los partidos democráticos a la
hora de abordar esta cuestión; que hay unos principios constitucionales y
que todos aceptamos los marcos jurídicos, no sólo la Constitución, la Ley
de Extranjería, el Reglamento de Extranjería, y que no tenemos que tratar
de modificar el marco legislativo correspondiente en función del cambio
de Gobierno. No tenemos por qué reproducir la situación que se da en
Francia, donde ciertamente parece que cada vez que cambia el Gobierno hay
una nueva ley de inmigración, un nuevo marco legislativo. Hoy ha
criticado usted --y luego trataré de responderle-- al Gobierno del
Partido Popular por una cierta inacción, pero yo creo que al menos hay un
valor positivo del Gobierno anterior y del actual, que es que el marco
normativo no ha sido modificado, que se ha considerado que ésta es una
política de Estado, que ni el Reglamento ha sufrido modificación ni la
Ley de Extranjería tampoco, y a mí me parece que incluso la experiencia
que está produciéndose en estos momentos en Francia debe ser un buen
ejemplo para lo que nosotros no debemos hacer en la sociedad española.
Las cifras de esta parte primera de mi respuesta confirman lo que usted
decía hace un momento. Nosotros tenemos hoy en España 505.692 residentes
extranjeros. Eso significa que tenemos un porcentaje del 1,7 por ciento,
que, en mi opinión, es una cifra sensiblemente mejor que la que tienen
que padecer otros países, entre el 7 y el 10 por ciento, y que hace que
en aquellos países sí haya habido un fenómeno como el que usted ha
mencionado.
Pero también quiero decirle que no hay que confundir lo que es una medida
de control de flujo migratorio, que en el fondo es el cupo, el
contingente, con lo que es una medida precisamente de integración, a la
que usted también se refería como un gran pilar en materia de
inmigración. Usted ha mezclado las cifras; no ha habido 63 peticiones de
regularización, ha habido 25.000, y se ha respondido a 20.000. Lo que sí
ha habido han sido 62.000 peticiones de cupo o de contingente, y, como
usted bien sabe, el Gobierno, en el último Consejo de Ministros, ha
elevado la cifra de 15.000 a 25.000. Pero quiero pedir que no mezclemos
las cifras de esos tres pilares porque está claro que estamos
equivocándonos al entender las medidas que se están produciendo en este
momento en España en materia de inmigración, de flujo, de control, con lo
que puede significar integración de la inmigración.
Me va a permitir, entre todas las cuestiones que usted ha planteado, que,
por el orden en el que usted me las ha señalado, trate de referirme a las
de mi competencia exclusivamente, porque si no tardaríamos muchísimo
tiempo y, aunque haga alguna referencia a las otras cuestiones, me parece
que estaría distorsionando el debate y, sobre todo, estaría
imposibilitando el cumplimiento correcto del tiempo.
Y voy a empezar a hablarle de las mafias, a las que usted se refería con
tanta preocupación. Yo quiero decirle que, en el ejercicio de 1997, los
servicios realizados por la Brigada Central de Extranjeros y por las
distintas brigadas de extranjería encuadradas en las respectivas
jefaturas superiores de policía, han venido a significar que en estos
momentos pueda decirles que hay un incremento del 70 por ciento del
número de investigaciones incursas respecto de 1996, así como de las
finalizadas con resultados de carácter policial.
Y respecto de la Brigada Central de Extranjeros, en esta Comisaría
General, en el año 1997, se ha incrementado en un cien por cien su
actividad. Y en ese resumen del ejercicio de 1997 hasta la fecha, puedo
decirle que se han producido 188 servicios y 985 detenciones, lo que
representa un crecimiento significativo y relevante de lo que se producía
en el año 1996.
Con esta respuesta quiero decir que el asunto de las mafias es una
prioridad desde el punto de vista policial, porque nosotros desde el
Gobierno, y creo que ustedes también, tenemos muy claro que, aunque
tengamos terrorismos de carácter territorial y podamos tener otras
cuestiones, el problema de estas redes de inmigración ilegal es que
probablemente estarán vinculadas a procesos de terrorismo de futuro y
estoy seguro de que en 30, 20, 15 años o antes vamos a tener en este
asunto la cuestión más relevante en materia de seguridad del Estado. De
modo y manera que le quiero decir, para tranquilizarle en ese sentido,
que es una prioridad absoluta y total la actuación del Ministerio del
Interior en este asunto.
Usted luego me ha hablado de las pateras. Aquí yo estoy de acuerdo con
usted en una cuestión, y es que las relaciones de cooperación
internacional, tanto con Marruecos como con Argelia, con el Magreb, son
decisivas y determinantes. En ese sentido, quiero decirle que en el mismo
mes de diciembre vamos a tratar de seguir avanzando en la redacción de
ese convenio de readmisión que todavía no se ha producido en estos veinte
años con Argelia; que el convenio de readmisión, que firmó precisamente
el Gobierno anterior, ha sido puesto por vez primera en la práctica en
este ejercicio de 1997 y que no había tenido nunca respuesta Marruecos a
esta cuestión. Es verdad que la cifra es pequeña, es verdad que en estos
momentos --y por eso va a haber todo encuentro con el señor Ministro del
Interior de Marruecos-- vamos a seguir avanzando en lo que significa la
aplicación real del convenio de readmisión con Marruecos.
Y quiero decirle que esos instrumentos son básicos y esenciales. De ahí
que, además, en estos momentos le quiera decir que con esto no es
suficiente, porque el problema de fondo de las pateras no es el control
en el Estrecho de la Guardia Civil, sino que el problema de fondo es la
desigualdad económica y social que se produce en muchos países de Africa
respecto del área de la Unión Europea.
Y, aunque nosotros seamos frontera exterior, es evidente que la respuesta
la tiene que dar la Unión Europea en su conjunto. Eso no significa que
nosotros nos crucemos de brazos ni nos encojamos de hombros. Eso
significa que nosotros tenemos que impulsar, dentro de la Unión Europea,
una cooperación económica seria y real con todos estos países, para que
las desigualdades no sigan significando la causa profunda de tanta
patera. Ese es el problema, que no es de fácil solución, pero es evidente
que lo estaríamos deformando si atribuyéramos a España, al control de la
costa española, la causa lamentable, trágica, dramática de las pateras.
Usted también me hablaba de la política de visados. En esta política
quiero decirle que no hay posibilidad de cicatería, porque, como usted
bien sabe, la política de visados está fundamentalmente regulada por
nuestros compromisos como país Schengen. Señoría, los consulados de los
países Schengen no son o dejan de ser cicateros. Cumplen estrictamente la
ley y cumplen lo que significa la obediencia total y absoluta a los
sistemas de datos (SIS), que es un patrimonio común de esos países. Y
dejan entrar a quienes pueden dejar entrar y no dejan entrar a quienes no
pueden entrar.
Piense, además, que aquí no hay cupo ni contingente. No hay ningún
criterio acerca de un número determinado de visados en un determinado
ejercicio para todos los consulados españoles. Usted podrá decir que la
estructura consular española es insuficiente, y probablemente tendrá
razón. Pero corresponde también a lo que es la potencia media de España
en el mundo. Y en ese sentido y en ese terreno quiero volver a
tranquilizar a su señoría: la política de visados que practica hoy España
es la política Schengen. Tendrá las limitaciones que sean, pero es una
política que hoy está regulada todavía por Schengen y, además, tenderá
cada día a comunitarizarse con más niveles.
Pero es que le voy a dar otro dato. A 31 de diciembre de 1996 se habían
concedido 374.412 visados. Y la previsión de concesiones de visados
durante 1997 --es verdad que los visados ya son individuales-- es de
650.000 visados de corta duración y 45.000 de larga duración. Fíjese su
señoría si las cifras que estamos manejando desmienten que pueda haber
una política de cicatería en esta cuestión. E insisto y reitero que en la
política de visados nosotros tratamos, esencialmente, de ser un país
serio y riguroso en nuestras obligaciones con la Unión Europea y,
especialmente, con el espacio Schengen, al que usted se refería con
anterioridad.
Además de la política de visados, me hablaba su señoría --trato de ir
cuestión a cuestión-- de las regularizaciones y de los cupos en el
ejercicio de 1997. Debo decirle, primero, que la regularización de 1996
es cero, y ahí tenemos una responsabilidad ustedes y nosotros, porque si
hay cupo cero en ese año es porque en los seis primeros meses el Gobierno
socialista decidió no hacerlo y en los seis meses siguientes el Gobierno
Popular esperó al cupo de 1977. E, insisto, respecto a la regularización
de 1997, el porcentaje de aceptaciones es similar al de 1994, 1995, 1996.
Si quiere, puedo darle después los resultados concretos, pero de 25.000
peticiones hay aceptadas de una manera clara, por parte del Gobierno,
20.000, de tal manera que esas 20.000 personas tienen en estos momentos
un proceso de integración real.
Me habla su señoría de Ceuta y Melilla. En este tema compartimos su
preocupación y puedo asegurarle que si ha habido alguna política en la
que los miembros del Gobierno hemos estado --no diré ágiles--
especialmente ocupados --como nunca-- ha sido en Ceuta y Melilla. No voy
a hablarle de los mecanismos internos de cooperación interministerial,
del conjunto de comisiones y el número de horas que se les ha dedicado
porque lo que hay en Ceuta y Melilla es precisamente una corrección en un
momento determinado de la política del Gobierno. Decía su señoría:
¡Urgimos al Gobierno a que actúe en Ceuta y Melilla! Acuérdese que
aquella interpretación de urgir, que fue rectificada por el Gobierno y
por mí mismo en aquella operación de los 103, nos introduce en una
política absolutamente distinta en Ceuta y Melilla. Nos introduce en una
política donde tenemos que saber introducir y conjugar, tanto los
programas de acogida como todo lo que significa actuaciones de
impermeabilización en la frontera. Y en
este tema, si se escoge la política que yo creo que hemos aceptado todos,
porque aquella en la que introduje yo al Gobierno ha sido rectificada en
su momento, en ese sentido, no hay unas urgencias que puedan permitir
pasar del cero al infinito o viceversa. Hacen falta políticas graduales,
intensas, constantes, perseverantes, que es lo que estamos haciendo. Pero
yo no le quiero decir que no hay ningún resultado. ¡Claro que hay
resultados!
En Ceuta y en Melilla, especialmente en Melilla, aunque todavía es una
cifra preocupante, hemos disminuido esa cifra terrible de 1.000
subsaharianos que teníamos en Melilla, sobre todo porque en Ceuta y en
Melilla se ha producido el programa de acogida más importante que ha
establecido nunca cualquier Gobierno. Ha habido un total de acogidos
entre Ceuta y Melilla, en este año 1997, de 1.287. Pese a todo fíjese
usted las cifras que todavía manejamos: en Melilla tenemos 878
subsaharianos y 150 argelinos, pese a los 895 acogidos en Melilla; en
Ceuta tenemos 277 subsaharianos y 218 magrebíes. Pero a través de ese
programa de acogida y a través de un conjunto de reforzamientos, a los
que ahora me voy a referir, se ha permitido que desde hace un mes la
cifra esté disminuyendo día a día en Ceuta y en Melilla y que, aunque
tengamos todavía cifras que exigen que sigamos trabajando en esa
dirección, desde hace un mes, por vez primera, esta tendencia está siendo
positiva y está disminuyendo el número tanto de subsaharianos como de
argelinos, especialmente subsaharianos, en los lugares a los que yo antes
me he referido.
Quiero decirle que en ese conjunto de medidas, el reforzamiento del
perímetro fronterizo está siendo determinante. Estamos mejorando la
carretera Melilla 300, a lo largo de la frontera, con el complemento de
una pista de censores, un complejo sistema de cámaras de televisión,
alumbrado y megafonía; en Ceuta se están realizando obras para conseguir
impermeabilizar la frontera e impedir el paso de personas; también se han
incrementado los medios personales --luego, si quiere, le daré los
datos-- del Ejército, de la Guardia Civil, cada uno dentro de sus
competencias, sin mezclar a unos con otros en ese sentido no
competencial. Por tanto, le quiero decir que se está haciendo un esfuerzo
especialmente singular.
Todo ello sería inútil sin que al mismo tiempo dentro de ese criterio
multilateral, al que usted se refería y con el que yo estoy de acuerdo,
no ambicionásemos un crecimiento en el programa de acogida y acceso para
inmigrantes subsaharianos, en el que en estos momentos nos encontramos
con resultados significativos.
Señoría, éstas han sido algunas de las cuestiones a las que antes usted
hacía referencia.
Quiero decirle que si en alguna política, de mi departamento o la de
otros miembros del Gobierno, no ha habido inacciones es en éste, lo que
pasa es que no se puede decir que éste tiene un problema inmediato; la
inmigración es un problema que exige mucho tiempo, mucha constancia y
mucha tenacidad, y lo que hace falta es que no haya bandazos, y lo que
hace falta es que no se modifiquen los marcos normativos, y lo que hace
falta es que se vaya avanzando día a día, y que se vayan marcando las
buenas directrices en la buena dirección, y hace falta sensibilidad y
hace falta, al mismo tiempo, entender que aquí no cabe ni la ingenuidad
ni la radicalidad. Sabemos que tenemos que conjugar lo que es una
política de control de flujo migratorio con lo que es una política de
inmigración en cuanto a su integración, y esto lo tenemos que sumar.
Ustedes han estado en el Gobierno, y evidentemente lo han afrontado
normativamente de una manera correcta, pero no han podido resolver la
cuestión, y nosotros tampoco lo podemos resolver en un año, ni en dos ni
en tres.
Lo importante es que sigamos haciendo de esta política una política de
Estado, una política en la que me parece necesario que haya un control de
la oposición y un nivel de exigencia, como el que usted ha marcado en la
tarde de hoy, y eso significa hacer un esfuerzo para por encima de
cualquier otra consideración--termino ya, señor Presidente-- no dividir a
la sociedad española.
Siempre existe el riesgo de que un Partido en la oposición diga que el
Gobierno, es decir, otra parte importante de la sociedad española, es
insensible o es xenófobo. Ese riesgo es el más grave de todos y en el que
no debemos caer, ni izquierdas ni derechas, porque tenemos la suerte en
España de que de verdad hay una política de Estado, además una política
que no divide a la sociedad española. Por eso me parece que ésa es la
recomendación final que, en mi opinión, yo no quería dejar de hacerle.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Oliart Pons, por tiempo de cinco minutos.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
En cinco minutos no me podré extender mucho. En primer lugar, señor
Ministro, al igual que ha hecho usted, le agradezco muchísimo su tono.
Su señoría ha hablado de coincidencia, y es cierto que coincidimos
plenamente, pero quisiéramos ver hechos, porque es precisamente la
política de hechos la que puede cambiar esa situación, a la que usted se
refiere como problema. En este sentido, pido que todos procuremos hacer
un esfuerzo --y sé que hay que hacerlo-- para hablar de cuestión o
fenómeno migratorio, pero no de problema, porque si creamos la sensación
de que es un problema al final lo convertiremos en un problema real, y es
lo que creo que hay que evitar.
Afortunadamente, en España no hay división, como ocurre en Francia.
Naturalmente, nadie de entre nosotros quiere reproducir situaciones como
las francesas. Pero si no hay políticas de integración --a las que usted
no se ha referido, y lo lamento, porque es indudable que con ellas se
pueden resolver muchos de estos problemas, como usted los denomina--, es
indudable que vamos a reproducir las situaciones que en estos momentos
existen en Francia, como la concentración de inmigrantes en determinados
centros históricos o degradados de las ciudades, o las segundas
generaciones, que no saben exactamente cuál es su patria, a la que les es
muy difícil encontrar un trabajo, y para las que no existe la igualdad
con los jóvenes franceses.
Su señoría ha dicho que aquí existe un 1,5 por ciento de inmigrantes
legales. Acepto ese porcentaje, porque creo que se aproxima bastante a la
realidad. Pero no ha dicho algo que nosotros sabemos --sobre todo, los
que estamos en la Comunidad catalana--, y es que esa distribución es muy
desigual. Así, hay ciudades en Cataluña --y podría citar nombres, pero no
lo voy a hacer ahora, para que nadie me hurgue en el ojo-- en cuyos
centros urbanos hay hasta un 20 ó 25 por ciento de inmigrantes, donde
empiezan a surgir problemas de este tipo, que no queremos que se repitan
en nuestra casa.
También se ha referido a que ha habido una cantidad importante de
visados. En ese sentido, muchas de las ONG, con las que estoy en contacto
desde hace muchísimos años --puesto que antes de ser Senador he sido
parlamentario en Cataluña y portavoz de mi grupo en materia de
inmigración--, se están quejando en estos momentos de que ha descendido
el número de visados para el reagrupamiento familiar, o de que por lo
menos no hay una política como la que desearían en esta materia.
Asimismo, su señoría ha hablado de la regularización, y ha dicho que el
Gobierno socialista también era culpable o corresponsable de la segunda
regularización. Y nos ha endosado seis meses de Gobierno, aunque le diría
que son cinco, de los cuales dos eran de Gobierno provisional, ya que
ustedes habían ganado las elecciones celebradas el 3 de marzo. Por tanto,
tampoco el Gobierno socialista podía tomar decisiones importantes, porque
sabía que era otro Gobierno el que las tenía que aplicar.
Por otro lado, no ha hablado de algo que considero vital: conformar una
opinión pública favorable al hecho migratorio, y creo que eso es
importantísimo. Asimismo, nos faltan esas campañas de sensibilización y,
sobre todo, algo que antes he comentado, como es una actitud global de
todos los responsables políticos.
Para el caso de que el debate hubiera ido por otros derroteros, he traído
gran cantidad de declaraciones de altos responsables políticos del
Partido Popular y del Gobierno que, indudablemente, no van en esa
dirección. Como lo que quiero es un debate sosegado, no me voy a referir
a ellas, pero existen, y no querríamos hacer una nueva colección de ese
tipo de declaraciones.
En cuanto a las políticas sociales, ya hemos dicho que usted no se ha
referido a ellas.
Por lo que respecta al tráfico clandestino, continuamos pidiendo un
esfuerzo para encontrar los métodos adecuados, en lugar de sumirnos en la
resignación y la pasividad. Por la respuesta que me ha dado, veo que
usted tiene voluntad de solucionar ese tema; pero tengo que hacer constar
mi sorpresa ante sus declaraciones, así como la que me causó en su
momento la confesión de impotencia del Subdelegado del Gobierno en
Gerona, a quien, en agosto de 1997, se le pidió una política más activa
en este sentido, y dijo que no consideraba necesario incrementar los
controles de policía. Y expresó su resignación diciendo: Es una realidad
que tendremos que asumir. Yo supongo que, por las palabras que ha
pronunciado hoy, usted no asume esa realidad y que, por tanto, no estará
de acuerdo con ello, pero, en fin, ahí están las declaraciones de un
subdelegado.
Nos ha dicho que hay una brigada de lucha contra las situaciones que se
puedan producir, en resumen, contra esa problemática. Yo pienso que esta
brigada, más que nada, está para descubrir cuántos legales e ilegales
hay. Pero lo que estamos pidiendo es una cosa muy distinta: la creación
de una unidad específica o especial de lucha contra una especie de
delincuencia nueva como es la de las mafias organizadas, que tienen
conexiones internacionales y que son muy complejas.
En ese sentido, le reformulo la pregunta, para saber si usted tiene
algunos planes que vayan en esa dirección y, si los tiene, que nos los
explique.
Sobre el tema de las pateras, quiero hacer aquí una declaración muy
clara. Es evidente que no somos directamente responsables de la tragedia
--y todos lo asumimos--, pero las muertes ocurren frente a nuestras
costas y nosotros no podemos permanecer impasibles, señor Ministro.
Yo ya le he dicho antes que tiene que haber más vigilancia en la mar,
acuerdos efectivos con Marruecos, convenios europeos de contingentes para
disminuir la presión. Yo creo que se tiene que trabajar en esas tres
direcciones y en alguna más, que para eso son ustedes Gobierno y tienen
medios que un Senador no tiene por sí solo.
Quisiera que en ese sentido usted volviera a comprometerse y que, por lo
menos, nos dijese algo más concreto; nos dijese si usted cree que en un
próximo futuro la situación actual va a ceder, por lo menos en la presión
actual, y cuándo ocurrirá.
Respecto a Ceuta y Melilla, los datos de que dispongo es que en estos
momentos en Melilla hay 1.300 personas y en Ceuta, 650, y, además, hay
niños y madres con bebés durmiendo al raso en las calles. Esta es la
situación que se me ha descrito.
Hay un compromiso del Delegado del Gobierno en Melilla de que en
noviembre no habría más de 300 refugiados en los campamentos. Esto, por
lo visto y por lo que usted mismo nos ha explicado, va a ser
prácticamente imposible.
¿Cuándo piensa usted --otra vez le pido compromiso, señor Ministro-- que
la situación va a mejorar? Nosotros creemos que es necesario un plan
específico para Ceuta y Melilla, que de ningún modo ha de suponer una
disminución de medios y recursos a la política general de inmigración
aplicada a la península.
En cuanto a la Ley de Cooperación Internacional en materia penal usted no
me ha respondido. Es lógico y yo no insisto.
Para terminar, señor Presidente, si es usted tan benévolo, quiero decirle
que no dispongo de tiempo para detenerme en algunos puntos importantes,
porque considero que tendríamos que tener un debate más amplio.
En general, su respuesta no me ha satisfecho plenamente, señor Ministro,
porque todavía me ha dejado muchas dudas. No he sabido ver una política
clara de inmigración y, sobre todo, de integración, ni he visto
continuismo en esas ideas básicas de la política socialista, con la que
usted dice que coincide, y declaró hace un año en esa interpelación a la
que yo me he referido antes, y con la que usted se comprometió a seguir.
En cuanto al consenso sobre las decisiones importantes, esa Ley que se
presentó
de esa manera tan rara y que además no se notificó, señor Ministro, al
foro de la inmigración, como era su deber. Tampoco observo ninguna
profundización en un aspecto que considero clave para una política eficaz
de integración, que es la coordinación entre las tres Administraciones:
la estatal, la autonómica y la municipal.
Creo que de momento no avanzamos mucho...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
El señor OLIART PONS: Me temo que estamos retrocediendo. Su Gobierno no
considera prioritaria esa cuestión.
Sin embargo, señor Ministro, los inmigrantes y su incorporación a nuestra
sociedad es el gran reto que tenemos planteado cara al siglo XXI. Las
decisiones que hoy tenemos van a condicionar de manera decisiva nuestro
mañana. Hemos de evitar a toda costa caer en los errores de algunas
naciones vecinas --lo ha dicho usted y yo lo repito-- y reproducir aquí
situaciones que allá están envenenando la vida nacional.
El señor PRESIDENTE: Señor Oliart, termine, por favor.
El señor OLIART PONS: Nos tendrá siempre a su lado para una política y
unas acciones que aúnen la responsabilidad con la generosidad y espero
que en el futuro tengamos ocasión, señor Ministro, de felicitarnos por
haber alcanzado progresos en todo este campo.
Anuncio la presentación de una moción, que será amplia, abierta, positiva
y constructiva y, sobre todo, buscaremos el consenso que nunca hemos de
perder en esta materia.
Muchas gracias, señor Ministro, señorías, señor Presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart.
Señor Ministro, puede contestar ahora o después de las intervenciones de
los Grupos Parlamentarios, como quiera.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Vuelvo a agradecer al Senador su tono y he de decirle que si usted en
cinco minutos no ha podido explicar todo lo que sabe sobre inmigración,
yo en 15 minutos tampoco he podido explicar todo lo que es la política
del Gobierno en esta materia.
Usted se refería a que no se había hablado nada de la primera pieza, que
era lo que significaba una política de integración en el seno de la
sociedad española en cuanto a los inmigrantes. Le voy a citar
brevísimamente, casi de manera sintética, a modo de índice, un conjunto
de medidas que se han tomado este año.
En primer lugar, hay una Orden Ministerial de 7 de febrero de 1997, por
la que se regula por vez primera la tarjeta de extranjeros, y que reúne
en un solo documento la situación anterior de 30 documentos distintos en
función del origen diverso del inmigrante legal.
En segundo lugar, se ha reformado el Real Decreto 766/1992, por el que se
regula el régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de
Estados miembros de las Comunidades Europeas. Además, quiero decirle a
usted que en todo lo que puede significar menores y estudiantes hay una
nueva regulación que facilita precisamente ese tipo de flujo, de manera
que haya una reforma que favorezca movimientos de esta naturaleza.
En tercer lugar, hay una orden ministerial por la que se regulan los
permisos de residencia que, por circunstancias excepcionales:
desplazados, extranjeros o por razones humanitarias, tienen un mecanismo
distinto y diverso respecto de otros permisos de residencia.
Quiero decirle asimismo que, en estos momentos, para los menores
extranjeros acogidos temporalmente en nuestro país en el marco de un
programa determinado, se ha elaborado un conjunto de instrucciones con
fecha 8 de julio de 1997, en el que se contienen los criterios para la
adscripción de visados de corta duración a menores acogidos al amparo del
artículo 14 del Reglamento de Extranjería.
Para menores, pero con fines de adopción, se han introducido, como antes
le decía, criterios de políticas de entrada para que favorezcamos unas
instrucciones que han sido ya favorablemente informadas por la Comisión
Interministerial.
Respecto de lo que significan ya centros de extranjería, a los que antes
se ha referido, quiero decirle que se ha procedido a una revisión de las
oficinas de extranjeros que existen en la actualidad, para dotarlas de
medios personales y materiales en Gerona, Alicante, Almería, Santa Cruz
de Tenerife y Barcelona, así como a la aprobación de nuevas dotaciones de
personal y material para el ejercicio 1997 de Murcia, Las Palmas, Ceuta y
Melilla. Para el año 1998 está prevista la apertura de oficinas en
Madrid, Baleares, Valencia y Lleida. Respecto al centro de acogida de
Melilla, la Unión Europea ha dado una subvención, entre 130 y 140
millones.
En definitiva, quiero decirle, señoría, que son muchas las actuaciones,
no sólo en el ámbito del Gobierno sino también en la cooperación
internacional o en lo que significan instancias europeas, que el Gobierno
no está dejando de tomar medidas en estos temas donde precisamente la
integración del inmigrante sea un factor determinante y decisivo. Por
ello, ese juicio que ha hecho usted sobre que no he completado un
conjunto de medidas, sólo lo atribuye a un déficit y a un problema de
tiempo, porque son muchas las cuestiones y las medidas adoptadas en este
asunto.
Las cifras que he dado no se refieren ni a expulsados ni a devoluciones
ni a devoluciones en frontera. Se refieren a actuaciones policiales
contra grupos organizados, contra mafias, es decir, no me estoy
refiriendo a un volumen en actuaciones policiales, precisamente están
fuera, si quiere le doy el número de devoluciones, de expulsiones y de lo
que puede significar actuaciones de devolución en el acto en la frontera.
Le estoy hablando únicamente de lo que significan
mafias. Creo que en este terreno lo que tenemos que hacer policialmente
es especializar más cada día a nuestra policía. Los grupos de crimen
organizado necesitan unidades de lucha contra el crimen organizado que
estén vinculados cada día más a la droga y a lo que puede significar
otros grupos organizados. En eso tiene que conseguirse --y en eso
estamos-- una especialización y una constitución de unidades, no sólo a
nivel nacional, sino territorial, y eso es lo que tratamos de hacer a
través de las Udyco, que viene a significar unas unidades especializadas
contra los grupos del crimen organizado. Pero le aseguro que esa
prioridad está clara para el Gobierno porque, como antes le decía, dentro
de diez o quince años, los problemas de la Seguridad del Estado no van a
venir por el inmigrante legal, sino que lo van a hacer, probablemente, a
través de esas redes de traficantes de personas y de drogas que, sin duda
alguna, van a hacer que tengamos una sensibilidad todavía mayor hacia
esta cuestión.
Usted me hablaba también de cifras sobre previsiones de visados de
reagrupamiento familiar. Yo le doy únicamente la de que en el año 1997 se
prevé conceder 15.000 visados, y los permisos de residencia por
reagrupación familiar concedidos en 1996 son 1.573. Insisto en que es
verdad que, a partir de 1997, estamos hablando de visados
individualizados y probablemente no sirva la comparación, aunque sea
favorable para mí que se lo diga, con otras cifras, en otros ejercicios,
porque estamos hablando, también en este caso, de otros visados
colectivos, no sólo individualizados. Pero lo que le quiero decir es que
es una cifra significativa la de esos 15.000 visados, y yo comprendo las
observaciones que hacen algunas ONG. A mí me parece que muestra una
voluntad sin duda por parte del Gobierno.
Coincido en que no hablemos de problema y hablemos de fenómeno, pero
hagamos todos que, de verdad, no sea un problema del Gobierno,
precisamente tratando de ser muy tenaz y muy perseverante en esta acción,
y ustedes, evidentemente, no trasladando que estamos ya ante el problema
de lo que significa un gobierno xenófobo o un gobierno insensible a esta
cuestión. No hay ninguna razón para que tengamos menos sensibilidad que
ustedes. No es una cuestión de ideologías. En estos momentos, la
solidaridad no es una cuestión de ideología. Le vuelvo a reiterar que, en
ese sentido, no tenemos por qué marcar diferencias ideológicas a la hora
de abordar una cuestión de esta naturaleza.
Por último, por lo que se refiere a la opinión pública, deseo manifestar
que estoy de acuerdo, pero me parece que la mejor campaña de
concienciación que podemos hacer los políticos, en el gobierno y en la
oposición, para que la gente entienda que se trata de un problema
importante y significativo, a lo mejor no son campañas publicitarias,
sino que son actitudes responsables de unos y de otros: el Gobierno,
siendo muy perseverante y muy constante en esta acción, y la oposición,
sabiendo que tenemos hoy un patrimonio común, importante para España, que
es que, en la inmigración, no hay una línea de fractura, de división y de
confrontación en el seno de la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Se abre un turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente, señor Ministro,
señorías.
Voy a hacer unos brevísimos comentarios en la línea de valorar la
interpelación en toda su importancia y desde nuestro punto de vista,
porque no queremos, de ningún modo, dar la sensación de que nos quedamos
al margen.
A nuestro entender, ésta es una interpelación viva, y debe entenderse
como viva por ser vigente, actual, porque hace referencia a una
problemática, la inmigración, que a todos preocupa y que es bien cierto
que no es nada fácil. Y es una cuestión preocupante porque comporta al
mismo tiempo problemas gubernamentales, legislativos y sociales y porque,
por ejemplo, va mucho más allá --pero mucho más allá-- que hablar sólo de
invasión de masas desposeídas, con el riesgo de despojarnos de nuestro
bienestar. El tema es mucho más complejo.
Creo que coincidimos todos en que hay que abordar este asunto desde una
política global de cooperación con los países que necesitan desarrollo, y
que también necesita una acción desde los ámbitos sociales y laborales
que permitan la integración del inmigrante.
A nuestro entender existen cuatro grandes cuestiones que deberíamos
discutir: la globalización, a que se hacía referencia; más recursos a las
políticas de integración; resolver actuaciones administrativas en algunos
casos contradictorias, y quizás se debería afrontar una revisión del
marco legal. En cualquier caso, me ha dado la sensación de que es un tema
que no entusiasma al señor Ministro. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
El Congreso de los Diputados, por unanimidad, aprobó el pasado día 7 una
moción cuyo texto creo que encaja perfectamente con lo que hoy estamos
debatiendo. Se habló entonces de la necesidad de políticas homogéneas de
recepción de flujos migratorios, basadas en la integración social, la
solidaridad, la convivencia y la igualdad; de reforzar los mecanismos de
coordinación de la política migratoria, y resolver de forma inmediata
esta situación inhumana en la que se encuentran los inmigrantes en las
ciudades de Ceuta y Melilla, a que han hecho referencia el propio
interpelante y el señor Ministro.
Siendo éstos algunos de los puntos aprobados que sin duda compartimos,
quedan otras muchas cuestiones. Por ejemplo, la simplificación de los
trámites y la documentación requerida para la obtención del visado; la
reducción de los plazos de resolución de todos los procedimientos
regulados; las prórrogas de los contratos de trabajo; la creación de
permisos especiales, y contemplar de manera diferente el derecho de
reunificación familiar, así como ampliar
los plazos de vigencia. Estos serían, aunque hay muchos más, los
elementos que habrá que seguir debatiendo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Carrera, terminó su
tiempo.
El señor CARRERA I COMES: Medio minuto, señor Presidente.
Sólo quiero decir, en una línea, que éstos son temas que hay que seguir
debatiendo e indicarle al señor Oliart que estoy de acuerdo, y espero que
el texto de la moción, que sin duda va a presentar, lo sea en un sentido
que permita un consenso general de la Cámara, porque éste es un caso en
el que, más que nunca, habrá que intentar alcanzarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, sin ánimo ya de polemizar, creo que la posición
del Grupo Socialista ha quedado muy clara; sin embargo, me gustaría
sintetizarla en seis puntos.
Primero. El Grupo Socialista apuesta decididamente por una sociedad
multicultural, abierta y participativa, que es la apuesta también de la
mayoría de los españoles, posición que está en consonancia con la
elección del pueblo español por la democracia, la estructura autonómica
del Estado y la plena integración de España en Europa.
Segundo. Consideramos que los flujos migratorios debidamente encauzados y
controlados tienen aspectos positivos para la sociedad receptora. También
creemos que estamos obligados a pagar una cuota de solidaridad por el
nivel de desarrollo alcanzado, y porque en largos períodos de nuestra
historia fuimos un pueblo de emigrantes. Es por todo ello por lo que
estamos a favor de una política generosa de contingentes, señor Ministro.
Tercero. Entiende el Grupo Socialista que el consenso es fundamental en
una política global de inmigración, puesto que ninguna política semejante
puede tener éxito sin el concurso mayoritario de toda la sociedad.
También advertimos que los pactos que se nos propongan jamás serán
aceptados si suponen alguna regresión a los acuerdos parlamentarios
alcanzados hasta la fecha.
Cuarto. Creemos que es necesaria una política de integración que facilite
la incorporación de los inmigrantes legales y de sus familias en nuestra
sociedad; una política generosa y a la vez responsable que sea garantía
de cohesión social y de convivencia armónica; una política que nos evite
caer en situaciones no deseadas, sobre todo la «guetización» y las
consecuencias nefastas y perversas que trae consigo, que son la
marginación y las actitudes racistas y xenófobas.
Quinto. Urge una solución inmediata a los problemas más acuciantes, y me
refiero al tráfico clandestino de inmigrantes, a la tragedia de las
pateras del Estrecho y a la situación tercermundista de los campamentos
de inmigrantes de Ceuta y Melilla. No podemos conformarnos, señor
Ministro, señorías, con que estos hechos continúen formando parte de
nuestro paisaje cotidiano. Ofenden nuestros ideales democráticos y
nuestros principios humanistas, y también atentan contra el prestigio de
España.
Sexto. En consecuencia, con todo ello anunciamos la presentación de una
moción. Ofreceremos un texto abierto, de carácter constructivo, que sea
complementario del aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados
--tal y como se refería el Senador Carrera--, moción que obtuvo el
consenso de todos los grupos.
En cuanto a Ceuta y Melilla, creemos que dado el carácter territorial del
Senado y la gravedad de la situación, sería conveniente enviar una
representación de la Cámara, delegación o subcomisión, para que visite
los campamentos, se entreviste con las autoridades, se haga cargo de la
situación real y elabore el pertinente informe.
Y en una cosa, señor Ministro, en la que no estamos de acuerdo, es en su
afirmación de que la solidaridad no tiene ideología. Desde nuestro punto
de vista, la solidaridad sí tiene ideología, y me remito, señor Ministro,
a la historia de las ideas y a las luchas por una sociedad más igual y
más justa. En esa lucha la ideología de la que usted es partícipe ha
tenido también un papel muy activo en esa historia.
Muchas gracias, señor Ministro, señorías, señor Presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Oliart.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la Senadora doña María Isabel San
Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, Senador Oliart, todo ser humano tiene derecho a preservar sus
diferencias y su identidad en nombre de su futuro, en nombre de su pasado
o simplemente en nombre de su libertad. Le aseguro, Senador Oliart, que
todas las personas que llegan a nuestras fronteras huyendo del hambre, la
opresión, la violencia, cruzándolas en muchos casos clandestinamente,
encontrarán siempre una acción del Gobierno en el más absoluto respeto no
sólo a los derechos humanos, sino también a todo lo que implica el
concepto de la solidaridad y de una sociedad del bienestar de la que
todos somos responsables como parte activa de ellos.
El Senador Carrera también ha estado hablando hoy de las políticas y cómo
se debe iniciar con una política global del Gobierno, en la que hemos
coincidido todos. Pero en esa política que nosotros en la Comisión Mixta
de los Derechos de la Mujer llamamos «transversal», y que es también
global, entran las políticas de cooperación y las políticas de
integración que nos llevan a acciones concretas del Gobierno, como son
programas de seguridad ciudadana, de internacionalidad y de atención
social.
El señor Ministro ha informado que venía hoy a hablar del tema de
Interior, aunque después su señoría ha dicho que va a presentar una
moción tocando todos los temas y todos los Ministerios. Los programas que
está llevando a
cabo el Gobierno que sustenta en estos momentos el Partido Popular, como
usted muy bien sabe, señoría, los hemos debatido el otro día en la
Comisión de Sanidad, e implican a los Ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales, Justicia, Educación y Cultura y Sanidad.
En el Ministerio del Interior, que es motivo de esta interpelación,
especialmente quiero resaltar el talente que se le da al tema de la
inmigración con el tema de la formación específica para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Las personas que se encargan de los
problemas de los extranjeros. Se han hecho estudios de acciones
delictivas, qué causan o pueden tener relación con el fenómeno racista y
con prácticas xenófobas, conferencias de información, formación y
concienciación a profesores y alumnos de las academias de la Guardia
Civil, cursos de formación continua para funcionarios relacionados con
extranjería y jornadas de trabajo sobre el derecho de asilo en España.
Sobre los temas de integración, como el otro día hablábamos en la
Comisión de Sanidad, la cooperación con los agentes sociales, y
especialmente con las ONG, es, en definitiva, la colaboración ciudadana
que entre todos debemos tener para poder llevar a cabo una buena política
inmigratoria. La ampliación de cupos, la ampliación del presupuesto, el
apoyo a la convivencia, la información asistencial, los programas de
lengua y cultura y la formación profesional que lleva a la plena
integración son temas que en este momento está llevando a cabo el
Gobierno.
Todos los grupos --y el Senador Oliart se ha referido a ello
especialmente-- hablamos de programas integrales. Su señoría hablaba de
ayuntamientos y de Comunidades Autónomas, pero también debemos estar
perfectamente coordinados con la Unión Europea y con el fondo de la
sociedad, con las ONG, que son las que en este momento vienen
determinando lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, organizaciones
éstas que, como decíamos el otro día, cada vez se sienten más satisfechas
y cada día están más concienciadas de la labor que está llevando a cabo
el Gobierno. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Todo lo que estamos mencionando en este momento, esa política global de
las que sus señorías hablaban, también conlleva una responsabilidad
parlamentaria de la que hoy estamos hablando aquí. En cuanto a la Ley de
Extranjería, la moción del 26 de diciembre de 1996 --303 votos emitidos,
303 votos a favor-- o la moción del pasado 7 de octubre, no duden sus
señorías de que el Gobierno cumplirá estrictamente todas y cuantas
resoluciones emanen de las Cortes Generales.
Pero, además, el Senador Oliart en su interpelación, que todos hemos
reconocido oportuna y bien dicha --da gusto cuando en el Parlamento nos
ponemos de acuerdo en una serie de cosas en lugar de diferenciarnos en
otras que a veces parece que las vamos buscando--, ha hablado, por
ejemplo, de las pateras. Pues dándole a este tema el cariz humano que
quiero darle, les diré a sus señorías que cuando estaba preparando esta
interpelación me contaban que el otro día, cuando miembros de la OTAN
estaban haciendo unas maniobras, rescataron a una gran cantidad de
personas que iban a morir, y es que, además de la represión, además del
cuidado de nuestras fronteras, cuando aparecen pateras en nuestras aguas
jurisdiccionales también salvamos muchas vidas humanas o, más
concretamente, las salvan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Hablaba también su señoría, y a ello le ha contestado el señor Ministro,
de los campamentos ilegales de Ceuta y Melilla. Yo le agradezco
enormemente a su señoría lo que ha dicho aquí ya que llevaba unos días
leyendo en la prensa declaraciones hechas por personas que han
participado en esta Cámara en las que se hablaba otra vez de
beneficencia, de marginación y de racismo. Pues bien, todos aquellos que
saben que durante estos años he sido la portavoz de la Comisión de
Asuntos Sociales en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en la que he
defendido las ideas de nuestro Grupo, también sabrán que siempre hemos
estado hablando de servir a los demás, de la sociedad del bienestar y de
que esos temas están ya periclitados y absolutamente fuera de tiempo y
lugar.
Señor Presidente, señor Ministro, señorías, si me lo permite el señor
Presidente, quisiera terminar mi intervención con unas palabras de las
que siempre me acuerdo en algunos debates parlamentarios en los que, como
éste, no hablamos ni de carreteras, ni de cementos, ni de tantas y tantas
cosas que afectan al ser humano pero que no son propiamente él. Me estoy
refiriendo a algo que yo he oído en mi casa a mi padre, y en lo que
seguramente estaremos todos de acuerdo. Mi padre me dijo un día: no hagas
política con las personas, haz política para servir a las personas. En
eso, señor Presidente, señorías, siempre nos encontraremos los miembros
del Partido Popular y estoy segura que todos los miembros de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora San Baldomero.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA SEGUIR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL
DESARROLLO ESTATUTARIO Y, PARTICULARMENTE, CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 10.16 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DEL PAIS VASCO, EN LO QUE
RESPECTA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA ATRIBUIDA A LA COMUNIDAD AUTONOMA EN
MATERIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA (670/000059).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Terminado este debate, pasamos,
a continuación, a la interpelación de doña Inmaculada de Boneta y Piedra,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política que piensa seguir el
Gobierno en relación con el desarrollo estatutario y, particularmente,
con lo establecido en el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, en lo que respecta a
la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en materia de
investigación científica y técnica.
Para su exposición tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a dejar que tome asiento para que pueda escucharme
con tranquilidad, ya que pensaba que hoy se iba a producir un nuevo
aplazamiento de esta interpelación.
El Vicepresidente del Gobierno, señor Alvarez-Cascos, en sesión del Pleno
de esta Cámara el día 22 de octubre de este mismo año, en el cierre del
debate que se produjo como consecuencia de la presentación de una
interpelación por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, relativa a diversos aspectos en relación con el
desarrollo económico y social, manifestó textualmente en cuanto a las
referencias a la educación: También estoy de acuerdo con que hay que
hacerlas en el sentido más amplio posible, es más, si pudo haber
interpretado que hablaba de que la educación formalmente está transferida
o va a estarlo a todas las Comunidades Autónomas, también estaba dando
por supuesto, y lo explicito ahora --insisto, decía el señor Alvarez
Cascos--, que, por ejemplo, en la responsabilidad del Estado va a quedar
la investigación y el desarrollo, que es una de las apuestas más
importantes en cualquier modelo futuro de desarrollo económico y social.
Por tanto --decía también--, quiero añadir que no he hecho una dejación o
traslación de responsabilidades de las Comunidades Autónomas, sino que
sigo planteando, como responsabilidades básicas del Estado, determinadas
cuestiones que afectan, en el sentido más amplio posible, al concepto de
educación. Una --insistía el señor Vicepresidente del Gobierno--, la más
importante para el futuro de nuestro país, es la política de
investigación y desarrollo en la que vuelve a haber responsabilidades
concurrentes.
Ante estas manifestaciones, presenté una interpelación, puesto que me
parecía una cuestión grave que en un tema, de competencia exclusiva de la
Comunidad Autónoma Vasca, así reconocida en el artículo 10.16, del
Estatuto de Guernica, se dijera en sede parlamentaria --se ha dicho ya
también otras veces-- con toda rotundidad que la investigación y
desarrollo quedaba o iba a quedar en la competencia del Estado, con la
cual «sensu contrario» estaba indicando que no se iba a producir
transferencia alguna en esta materia.
No voy a hacer historia de esta cuestión, puesto que esta Senadora, tanto
en éste como en otros debates, ha hecho frecuentes preguntas y ha
solicitado la comparecencia tanto de la señora Ministra de Educación y
Cultura como del anterior y actual Secretario de Estado de Universidades
e Investigación y Ciencia, aunque aún no ha comparecido, a pesar de haber
sido solicitada su comparecencia el día 1.º de octubre de 1997.
He dicho que en otras ocasiones se ha planteado esta pregunta y siempre
se ha contestado lo mismo, es decir, que la investigación no se va a
transferir, sin más explicaciones, o con alguna explicación que realmente
no resultaba muy adecuada o no resultaba muy seria teniendo en cuenta la
seriedad de la cuestión que estamos planteando.
El Estatuto de Autonomía, como ya he dicho, en su artículo 10.16 dice
exactamente sin ningún tipo de restricción: La Comunidad Autónoma del
País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias. Hay un
listado y el número 16 dice: Investigación científica y técnica en
coordinación con el Estado.
Nadie discute, y esta Senadora no lo va a hacer, lo que es la
coordinación y en qué consiste. En todo caso, cuando hay coordinación se
está hablando siempre de algo en lo que dos instituciones con el mismo
rango tienen que tratar de ponerse de acuerdo, nunca estableciendo una
jerarquía de una de ellas sobre las otras. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
Como el señor Ministro y sus señorías saben, el Estatuto de Autonomía del
País Vasco sigue una sistemática de triple lista, en la cual en su
artículo 10 establece unas competencias exclusivas; en su artículo 11,
unas competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y en su
artículo 13, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de
ejecución de la legislación de desarrollo estatal. Hasta ahí no hay
ninguna duda, por lo tanto, de que estamos hablando de una competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que en el Estatuto
de Autonomía se contemplen otras competencias específicas o históricas
que están contenidas en otros artículos concretos del Estatuto. Pero el
listado de competencias exclusivas de forma genérica se establece en el
artículo 10.
Por consiguiente, no creo que sobre este asunto haya que discutir mucho
más, si no es sobre la interpretación que al señor Ministro le merece la
palabra coordinación, que yo entiendo que no puede ser otra que la que
acabo de exponer.
Yo pienso que a nadie se le escapa la trascendencia política y de todo
tipo de esta posición expresada por el señor Vicepresidente del Gobierno
en la Cámara. Y hablo de trascendencia política porque se está diciendo
lisa y llanamente que el Gobierno no va a cumplir en su totalidad una
ley, una ley --no lo olvidemos-- que además de representar la voluntad
democráticamente expresada por la mayoría de los ciudadanos vascos en un
referéndum, es también una ley orgánica de las Cortes Generales del
Estado.
Por otra parte, el Parlamento vasco el 1.º de julio de 1993, ante la
problemática que existe por el incumplimiento, al menos en el tiempo --no
con una voluntad políticamente expresada, pero sí al menos en el
tiempo--, del desarrollo del Estatuto de Gernika en cuanto a
transferencias se refiere, el Parlamento vasco acuerda una serie de
transferencias que considera pendientes, esto es el informe sobre
desarrollo estatutario que en su día --en ese día concretamente, el 1.º
de julio de 1993-- aprueba el Parlamento vasco.
Nuevamente el 20 de octubre de 1995 el Parlamento vasco se pone de
acuerdo sobre las prioridades en la negociación de estas transferencias
pendientes. El Partido Popular en ambas ocasiones presta su apoyo y está
de acuerdo tanto con el primero como con el segundo informe del
Parlamento
vasco. Por supuesto, debo decir que la investigación científica y técnica
se contempla como una competencia exclusiva del estatuto del Gernika en
ambos informes. Sólo hay una excepción, hay una reserva que en este
último informe de prioridades mantiene uno de los grupos del Parlamento
vasco, el Partido Socialista de Euskadi, en materia de Seguridad Social,
de la interpretación que se hace sobre Seguridad Social y en materia de
investigación.
El pacto tripartito que da paso al actual Gobierno tripartito incorpora
estas prioridades y este informe del Parlamento vasco a su pacto de
Gobierno y nuevamente se produce la misma reserva de uno de los socios de
Gobierno, en este caso el Partido Socialista. Quiero insistir en esto
porque el Partido Popular no hace ninguna reserva en ninguno de los dos
casos, ni en el año 1993 ni en el año 1995. Evidentemente, el Partido
Popular no forma Gobierno en la Comunidad Autónoma vasca, y, por tanto,
en el último momento al que me refiero, el Partido Popular no tiene nada
que decir.
Cuando el Partido Nacionalista Vasco, la minoría mayoritaria del Gobierno
vasco, apoya al Gobierno del Partido Popular, se establecen algunas de
las prioridades que coinciden con las establecidas en ese informe del
Parlamento vasco. Sin embargo, creo que el señor Ministro convendrá
conmigo en que el cumplimiento del desarrollo estatutario no tiene por
qué ser objeto de un pacto de legislatura, ni de un pacto de gobierno, ni
de ningún tipo de pacto. Se debe cumplir de suyo, y si no se está de
acuerdo con una ley que se aprobó en su día, quizá habría que intentar
modificar esa ley por los procedimientos establecidos. Mientras esa ley
no se modifique, esta Senadora entiende que la investigación científica y
técnica es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma vasca.
A mayor abundamiento, hay que decir que la Comunidad Autónoma vasca, que
tiene el sistema de financiación de concierto económico, contribuye con
la aportación de cupo correspondiente al desarrollo de esta materia, en
tanto la competencia no sea transferida, con el 6,24, y esto le supone a
la Comunidad, por cierto, una importante aportación que se cifra más o
menos en 10.000 millones de pesetas, de las cuales habría que descontar,
en el caso de que se hicieran bien las cuentas --que no las estoy
haciendo bien, sino sobre poco más o menos--, determinadas
investigaciones en materia de defensa, por ejemplo, que no serían objeto
de transferencia.
En todo caso, yo debo insistir en que en la Comunidad Autónoma no hay
centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni tampoco en
este momento se puede decir que haya una reversión en investigación de
las aportaciones del conjunto de los ciudadanos vascos a través del 6,24
del cupo, puesto que en este momento, si no me equivoco, lo que se está
haciendo son un par de proyectos de investigación con determinados
profesores de la Universidad del País Vasco. Pero como el Vicelehendakari
del Gobierno vasco, señor Ibarretxe, decía en sendos artículos aparecidos
en la prensa y, además, en sus manifestaciones públicas muy
reiteradamente, concretamente en septiembre de 1997, no estamos hablando
de dinero. Se refería al INEM, otro tema de fricción en materia de
desarrollo estatutario y considerado como una prioridad en cuanto a la
transferencia. Estamos hablando, decía, de un tema muy importante para la
lucha contra el paro, en este caso, y yo le diría, en este otro caso,
para el desarrollo económico y social, parafraseando al propio
Vicepresidente del Gobierno, que considera una cuestión fundamental en el
desarrollo económico y social todo lo que se refiere a la investigación
científica y técnica y al desarrollo tecnológico.
Por lo tanto, en el concepto estamos de acuerdo; en lo que no estamos de
acuerdo es en cómo se está interpretando una ley, insisto, que es de
Cortes Generales, y el planteamiento de no transferir porque no --porque
todavía no he escuchado ninguna explicación que vaya mucho más allá del
porque no-- representa una actitud absolutamente rupturista del consenso
estatutario. Hace pocas semanas se hacían en el País Vasco
manifestaciones referentes a que el Estatuto había muerto. Yo no sé si el
Estatuto ha muerto. Lo que sé es que no se está desarrollando conforme a
como se preveía en el año 1979. Y han pasado años suficientes como para
que no queden 39 transferencias pendientes, algunas de ellas muy
importantes para el bienestar de los ciudadanos vascos y para su
desarrollo económico y social, como ésta a la que me estoy refiriendo.
Por lo tanto, a mí me parece que no se pueden calificar estas
manifestaciones en sede parlamentaria de otra manera que de ruptura de un
pacto estatutario, porque yo no creo que a estas alturas ni el Gobierno
ni el señor Vicepresidente del Gobierno ni el señor Ministro puedan
considerar que en materia de investigación, o en ninguna otra materia, la
Comunidad Autónoma del País Vasco iba a actuar, por decirlo de una manera
coloquial, por libre.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta y Piedra, por
favor termine.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Digo que eso sería como si en su momento se hubiera negado la
transferencia histórica de la competencia en carreteras pensando, por
ejemplo, que al llegar a Euskadi la A-68 iba a discurrir sin encaje con
la A-68 que viene de Aragón, o que la N-I tampoco iba a tener conexión e
iba a circular por otros caminos o por otros territorios.
Todos estamos de acuerdo en que, hoy día, la investigación es un tema que
sobrepasa la necesidad de coordinación y comunicación; excede incluso a
las competencias estatales. La investigación se produce por el trabajo de
distintos equipos y por trabajos que son supranacionales y supraestatales
en la mayoría de los casos.
Lo que no podemos entender es cómo se niega esta transferencia que, como
digo, es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma vasca.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a intentar hacer un breve resumen no
sólo de cuál es el planteamiento del Gobierno, sino también de los
porqués de ese planteamiento, que me parece que es algo que se demanda
tanto en el propio texto de la interpelación como de la intervención de
la Senadora De Boneta, a la que comienzo por agradecer su comprensión por
haber aceptado el aplazamiento de esta interpelación respecto de una
sesión anterior.
En principio, la intervención de la Senadora parte de unas afirmaciones
realizadas en esta misma Cámara por el Vicepresidente primero del
Gobierno con ocasión de una interpelación formulada por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y en las que
el señor Alvarez-Cascos decía que en la responsabilidad del Estado iban a
quedar la investigación y el desarrollo. Y continuaba diciendo lo mismo
que ha dicho la Senadora: Sigo planteando como responsabilidades básicas
del Estado determinadas cuestiones que afectan en el sentido más amplio
posible al concepto de educación, y una, y la más importante para el
futuro de nuestro país, es la política de investigación y desarrollo, en
la que vuelve a haber responsabilidades concurrentes. Concepto este que
recogió la señora Senadora y sobre el cual yo haré luego algunos
comentarios, que serán los argumentos clave para defender la posición del
Gobierno. Es decir, que estamos ante el prototipo (hay más, y daré algún
ejemplo) de algo que es competencia de la Comunidad Autónoma y también de
la Administración Central del Estado. También hizo alusión a algunas
intervenciones, en sentido parecido, por parte de la actual señora
Ministra de Educación y Cultura y del actual y anterior Secretarios de
Estado de Universidades e Investigación. En principio, ésa es la posición
del Gobierno.
El Gobierno cree que es responsabilidad del Estado la investigación y
desarrollo. Pero también cree --luego argumentaré esto con más detalles--
que es una responsabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
otras muchas Comunidades Autónomas, con arreglo a sus Estatutos.
Los argumentos que ha utilizado la Senadora De Boneta son los siguientes.
Primero: No se cumple la ley. En concreto no se cumple un artículo
determinado del Estatuto de Gernika, el que establece que es competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma vasca la investigación. Segundo: No se
dan razones. Yo apuntaré ahora algunas razones que estoy convencido de
que, por lo menos, harán dudar de su planteamiento a la señora Senadora.
Tercero, ha hecho una afirmación genérica: el Estatuto está muerto. Yo no
estoy de acuerdo con que el Estatuto de Gernika esté muerto; buena prueba
de ello es que, a lo largo de esta legislatura, ya se han producido
algunos traspasos y buena prueba de ello es que estamos negociando, a
nivel de ponencias técnicas, otros traspasos a la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Yo mismo he estado reunido no hace muchos días con el
Vicelehendakari antes citado, el señor Ibarretxe, y es probable que a lo
largo de los meses de diciembre o enero se celebre una nueva reunión de
la Comisión Mixta de transferencias, lo cual es la demostración de que el
Estatuto de Gernika no está muerto.
El cuarto argumento que se utiliza es que hay ruptura de un pacto
suponiendo que la interpretación que se dé es que el Estatuto supone la
existencia de un pacto. Luego demostraré por qué en mi opinión no hay
ruptura de ningún pacto.
El quinto es que ha dicho algo con lo que yo estoy de acuerdo: la ley hay
que cumplirla. Evidentemente yo estoy de acuerdo con que la ley hay que
cumplirla por encima de los pactos que tenga el Partido Popular con el
Partido Nacionalista Vasco y por encima incluso de lo que haya dicho el
Parlamento vasco en los años 1993 y 1995. Es evidente que la ley es la
ley y, por tanto, independientemente de los acuerdos que se produzcan,
naturalmente hay que cumplirla.
Pero yo quisiera, para tratar de convencer a la señora Senadora de que
estos argumentos que ha dado al menos son matizables y que, por tanto, la
posición no puede ser tan estricta, decir lo siguiente: es verdad que el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece que la
Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en
investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. Pero
también es verdad que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución establece
que el Estado tiene competencia exclusiva --también dice exclusiva el
artículo 149.1.15.ª de la Constitución-- sobre fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica; es decir, que no
estamos hablando sólo de una competencia de coordinación general de la
investigación científica y técnica, que también la tiene, sino de fomento
de la investigación científica y técnica.
Por si hubiera algunas dudas sobre el alcance de la interpretación de
este artículo 149.1.15.ª, tenemos que acudir necesariamente a alguien, y
ese alguien no puede ser otra instancia que el Tribunal Constitucional,
porque es evidente que con la redacción de la Constitución y la del
Estatuto de Autonomía del País Vasco y, repito, de otros muchos
Estatutos, puede haber opiniones contradictorias. Pero el Tribunal
Constitucional ha dicho en su sentencia, que usted no ha citado aunque
supongo que la conoce, 90 del año 1992, de 11 de junio, lo siguiente: Por
lo que se refiere al artículo 149.1.15.ª de la Constitución es preciso
destacar que la competencia estatal en la materia de investigación
científica y técnica no queda ceñida o limitada a la coordinación general
de la actividad resultante del ejercicio de las competencias autonómicas
en la referida materia. Es decir, no sólo a la coordinación, sino que
alcanza, asimismo, al fomento de la investigación científica y técnica.
Este es un dato muy importante que completaré con otros argumentos que se
utilizan en el propio texto de la sentencia y creo que modestamente sirve
para defender la opinión del Gobierno que, lógicamente, es la que yo
estoy sosteniendo aquí.
Voy a leer --perdón si soy excesivamente pesado en mi intervención--
algunos datos que se recogen en esta sentencia que, en mi opinión, tienen
su interés. En uno de los considerandos se dice: existe un pleno
paralelismo entre el artículo 149.1.15.ª de la Constitución y del
148.1.17.ª, que
reconoce a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir
estatutariamente competencias, como así ha sucedido en líneas generales,
aunque con cierta heterogeneidad en las fórmulas utilizadas, en la
materia de fomento de la investigación, lo que evidencia que
constitucionalmente la misma materia queda o puede quedar en principio a
la plena disponibilidad de una pluralidad de centros decisores, es decir,
a la disponibilidad del Estado y a la de todas las Comunidades Autónomas.
Más adelante dice lo siguiente: no resulta en absoluto convincente la
tesis de que el fomento de la investigación científica y técnica, dado su
contenido, circunscriba a la competencia estatal el mero apoyo, estímulo
o incentivo de las actividades investigadoras privadas a través de la
previsión y otorgamiento de ayudas económicas, etcétera, sino que este
artículo hace referencia también a aquellas medidas encauzadas a la
promoción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben
también incluirse las de carácter organizativo y servicial que permitan
al titular de la competencia --fíjese lo que dice-- crear y mantener
unidades y centros dedicados al desarrollo y divulgación de las tareas
investigadoras; es decir, que el Estado tiene competencia para crear y
mantener unidades y centros dedicados al desarrollo y divulgación de las
tareas investigadoras en cualquier lugar de España. Lo dice el Tribunal
Constitucional.
Pero más adelante, señala --y creo que éste es un tema también
importante-- que el artículo correspondiente al Estatuto de Autonomía
--que no es el del País Vasco, sino el de otra Comunidad Autónoma, que
interpuso el recurso--, no por utilizar la expresión investigación amplía
y dota de mayor alcance a la competencia, una vez que, como ya se ha
visto, el fomento en este contexto no puede identificarse ni con una
potestad determinada, ni con una específica modalidad de acción
administrativa excluyente de cualesquiera otras posibles e idóneas para
la consecución del mismo fin de promoción y desarrollo de la actividad
investigadora científica y técnica.
Es decir, que está afirmando que hay una competencia del Estado, y otra,
de las Comunidades Autónomas.
Hay otro argumento que también considero importante, y que en este caso
hace referencia al tema que puede motivar directamente el traspaso; es
decir, a lo que pasa con los centros que pueda tener la Administración
central del Estado, o con los recursos que destine a la investigación.
En este caso, se dice que, frente a lo que se sostiene en los recursos,
el artículo 149 de la Constitución, dado el alcance que debe darse a la
competencia que al Estado le ha sido constitucionalmente atribuida para
el fomento a la investigación científica y técnica, sí ampara el
mantenimiento de la titularidad estatal de los centros de investigación,
así como la creación de nuevos centros y órganos dedicados a tal
actividad, se hallen o no ubicados en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de que se trate.
Por tanto, el Tribunal Constitucional establece con meridiana claridad
que hay una competencia de las Comunidades Autónomas --o, por lo menos,
en aquellas que la tienen asumida en sus Estatutos-- para llevar a cabo
labores de investigación, pero que también el Estado tiene una
competencia exclusiva, porque así lo establece el artículo 149.1, para
realizar dichas labores. No procede, pues, hacer traspasos. ¿Y por qué no
procede hacer traspasos de medios materiales, personales o económicos?
Porque si el Estado realizase dichos traspasos --por los procedimientos
normales-- a las Comunidades Autónomas, nunca tendría medios personales,
materiales y económicos para cumplir con lo que también es su competencia
exclusiva, según la Constitución.
Es evidente que si la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene la
competencia en materia de ejecución de la sanidad, el Estado le
transfiere todos los medios y no ejerce la competencia de sanidad en el
País Vasco, porque no la tiene. Pero sí tiene la relativa a la
investigación científica y técnica. Por tanto, si traspasa los medios al
País Vasco, y a todas las Comunidades Autónomas con medios para llevar a
cabo esta labor de investigación, el Estado no podría realizarla.
Desde el punto de vista jurídico, la regulación que establecen la
Constitución y el Estatuto es ciertamente compleja. Pero éste no es el
único caso. Voy a referirme a otros tres ejemplos, y espero que sirvan
para convencer a su señoría de que éste es un tema en el que, cuando
menos, se debe reflexionar.
En primer lugar, me voy a referir a la Protección Civil, que es
competencia de las Comunidades Autónomas, pero también de la
Administración central del Estado, por lo que ésta no realiza traspasos a
las Comunidades Autónomas en esta materia. No lo ha hecho nunca, ni lo
hará, porque si lo hiciera, no podría cumplir con su obligación de
atender todas las competencias en materia de Protección Civil que, según
la Constitución, le corresponden.
Otro caso perfectamente entendible, y que se encuentra en esta misma
línea, es el del Servicio Meteorológico. Las Comunidades Autónomas pueden
crear el suyo propio, pero el Estado tiene que tener un Servicio
Meteorológico. Y si cediese a las Comunidades Autónomas los medios con
los que cuenta para realizar estas funciones, carecería de medios para
cumplir con lo que es una obligación constitucional, una competencia
exclusiva con arreglo a la Constitución.
Hay otro supuesto en el que, reconociendo la existencia de la competencia
de las Comunidades Autónomas, no se producen traspasos de medios
materiales y personales, como es el salvamento marítimo. Existe una
competencia de las Comunidades Autónomas, pero también de la
Administración central del Estado.
Se trata, pues, de competencias concurrentes, en las que no se producen
traspasos de medios materiales y personales. Y en este sentido, el
Tribunal Constitucional ha resuelto un problema que, sin duda, es
bastante complejo desde el punto de vista jurídico, como ya he dicho.
¿Qué es, entonces, lo sensato y razonable a la hora de elaborar estos
planes de investigación científica y técnica? El ejercicio por parte de
la Administración del Estado de la labor de coordinación, como establece
el artículo 149.1 de la Constitución. Incluso iría más allá y, más que de
una labor de coordinación, hablaría de una labor de cooperación
institucional entre el Estado, las Comunidades Autónomas y todos aquellos
que se dediquen
a la investigación, porque me parecería un despropósito y un disparate
que, siendo ya pocos los recursos que las Administraciones Públicas
dedicamos a la investigación, cada uno estuviera haciendo --y perdón por
la expresión-- la guerra por su cuenta.
Por tanto, éste es el planteamiento del Gobierno, que considero bastante
sensato y razonable y que se ajusta a la difícil regulación jurídica que
nos hemos dado. Y sobre todo, es un planteamiento que ya ha plasmado en
algunas sentencias, con motivo de algunos recursos sobre esta misma
materia, el Tribunal Constitucional.
Al final, alguien tiene que interpretar los problemas jurídicos que, sin
duda, existen, como consecuencia de la regulación que nos hemos dado. Es
evidente que un grupo político puede tener una interpretación y el
Gobierno otra, pero, al final, alguien tiene que dirimir y es evidente
que no puede ser otra instancia --porque no la hay-- que el Tribunal
Constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora interpelante por cinco minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro.
En primer lugar, antes de que se me olvide, quiero decirle que yo no he
hecho la afirmación de que el Estatuto está muerto, sino que la ha hecho
alguien y yo decía que no sabía si estaba muerto o paralizado en su
desarrollo, es decir, de alguna manera dado por muerto.
Si lo considerase definitivamente muerto, desde luego, quedaba
absolutamente claro que no iba a preguntarle sobre lo que pasa con esta
competencia y con otras 38 más, unas más importantes que otras, desde el
punto de vista de su incidencia sobre los ciudadanos y sobre su
desarrollo económico y social, pero todas ellas reclamadas y necesitadas
de su cumplimiento y transferencia.
En segundo lugar, señor Ministro, hace referencia a una sentencia que,
efectivamente, yo respeto, lo mismo que cualquier otra del Tribunal
Constitucional o de cualquier otro tribunal, pero que deja muchos puntos
dudosos y de difícil acuerdo en su interpretación. Podríamos estar de
acuerdo en lo que quiere decir coordinación cuando habla de fomento, pero
el impulso de la investigación o de la creación de centros de
investigación puede ser una forma de fomento, pero no necesariamente la
palabra fomento quiere decir mantenimiento de una competencia que, por
otra parte, también se declara exclusiva por parte del Estado y que
nosotros la reclamamos.
Lo que está claro es que no puede haber dos competencias exclusivas y que
exclusivo es contrario a concurrente, desde el punto de vista
terminológico. Alguna vez habrá que aclarar esa especie de juego de
palabras que, en este caso, hace el Tribunal Constitucional. Por tanto,
me va a permitir que dé una interpretación evidentemente diferente de la
que usted ha expuesto.
A partir de ahí ha hecho una interpretación en relación a que en este
caso de mala manera se pueden traspasar los medios materiales, personales
y económicos de los centros, porque se perderían esas posibilidades de
fomento de investigación, que mantiene al Estado en determinadas
Comunidades Autónomas. En este caso, yo le interpelaba sobre la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Yo debo decirle que, desde luego, en esa
Comunidad Autónoma el Estado no tiene ningún medio material ni personal
ni económico que transferir, sino únicamente la capacidad que viene dada
por el propio Estatuto, es decir, la tiene que reconocer en un documento
de firma de transferencias, que es como está establecido el sistema. En
este caso malamente puede transferir los medios materiales, económicos y
personales de centros porque no existen.
Por tanto, realmente no nos vale demasiado como ejemplo la sentencia del
Tribunal Constitucional en cuanto a explicitación, en lo que se refiere a
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Por tanto, señoría, me va a permitir que insista en pedir al Gobierno que
cumpla el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Evidentemente no le estoy
pidiendo las transferencias de los medios personales y materiales porque
no existen, luego no se las puedo pedir, pero sí que cumpla y se
reconozca esa competencia, sin perjuicio de toda la coordinación o
incluso de ese presunto fomento que, por cierto, no ejercita, pero que
podría ejercitar de acuerdo con la Comunidad Autónoma vasca en esa
concurrencia de la que usted me habla en el caso de que se reconociera
como una facultad concurrente. Pero, en este caso, ni siquiera hay
concurrencia, hay mantenimiento de la competencia exclusiva sin ninguna
labor de impulso ni fomento de la investigación, ni nada desde el punto
de vista material, de medios que transferir. Hay, insisto, una cantidad
importante de aportación de la Comunidad Autónoma vasca que no revierte.
Además, le recuerdo que dicha Comunidad está comprometida en un intento
serio de fomento de la investigación científica y técnica, como lo prueba
el plan, que conocerá el señor Ministro, de investigación y ciencia
1997-2000 además de la aportación económica realizada a través de la vía
cupo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si desea intervenir el señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente. Prefiero hacerlo ahora.
Reitero la afirmación de que la señora De Boneta haya dicho que el
Estatuto del País Vasco está muerto. Queda retirada dicha afirmación,
debida, sin duda, a un error por mi parte.
La señora De Boneta dice que hay que aclarar los términos exclusivo y
concurrente. Probablemente haya que hacerlo, pero creo que quien puede
hacerlo, que es el Tribunal Constitucional, ya lo ha hecho. Sin duda,
aquí hay una aparente colisión jurídica entre lo que dice una norma
y lo que dice otra, entre lo que dice la Constitución y lo que dice un
Estatuto de Autonomía. Alguien tiene que resolver esta suerte de
problemas jurídicos y quien la Constitución dice que tiene que hacerlo
es, sin duda, el Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, sí hay algo que quisiera decir. Es verdad que no hay
centros ni, por tanto, medios materiales ni personales que transferir al
País Vasco. La Senadora dice entonces que lo que hay que hacer es llegar
a un acuerdo haciendo el traspaso de la competencia de investigación,
pero yo pregunto: ¿Para qué vamos a hacer un acuerdo traspasando la
investigación a la Comunidad Autónoma del País Vasco si, como muy bien ha
dicho la señora De Boneta, ésta ya está ejerciendo las competencias en
materia de investigación? Es decir, el único sentido que podría tener ese
acuerdo es que el Estado no pudiese ejercer competencias de investigación
en dicha Comunidad, porque si no, repito, no tiene ningún sentido. Hacer
un acuerdo de traspaso de una competencia, la cual corresponde al que
supuestamente hay que traspasársela, no tiene ningún sentido.
Este es el mejor sistema de funcionamiento del modelo autonómico: Ejercer
las competencias sin traspasos. Ojalá fuera todo así, porque nos
podríamos evitar muchas de las polémicas, de las discusiones y de las
conversaciones que hay que realizar siempre que se desarrolla un estatuto
de autonomía, ya sea el del País Vasco o el de cualquier otra Comunidad.
Por último, vuelvo a insistir en lo que dije antes y en lo que decía al
final la señora De Boneta. Creo que lo que el sentido común y la pura
lógica dictan es que en una materia como ésta se coordinen los esfuerzos
de todas las Administraciones y de todos aquellos que no sean
Administraciones, pero que se dediquen a una labor tan importante en pro
del beneficio del bien común. Es decir, repartir la labor de
investigación poco dotada económicamente entre distintas Administraciones
y provocar que al final cada una vaya a su aire, no me parece una buena
solución, ni para las Comunidades Autónomas ni para la Administración
Central del Estado, ni, desde luego, para el conjunto de todos los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor
Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
El hecho de que me toque intervenir en estos momentos, señor Ministro, no
es más que para abundar sobre lo mismo.
Creo que el debate ha quedado suficientemente claro entre las dos partes.
Por supuesto que yo me tengo que sumar, y me sumo, a las razones
expuestas por la señora Inmaculada de Boneta. Quiero destacar
fundamentalmente aquellos elementos que hasta ahora no han sido atendidos
por la Administración. No quiero decir que en este momento no haya buena
voluntad e incluso hechos concretos que pueden manifestar la modificación
de las conductas anteriores.
De las cuestiones que usted ha expuesto, interpretando la sentencia del
Tribunal Constitucional, lo que me preocupa es que nos quedemos
simplemente en un debate sobre el ejercicio de las competencias
exclusivas y los conceptos de coordinación. A mí me parece que si al
Gobierno le corresponde fomentar, debe fomentar, con el País Vasco, la
investigación. Además, en el País Vasco se están gastando en estos
momentos aproximadamente cerca de los 50.000 millones de pesetas cada año
en investigación y desarrollo, realizándose el 58 por ciento de ese gasto
por las empresas, cosa que no ocurre en el resto del Estado, sino que ese
cincuenta y tantos por ciento se produce desde la Administración, y se
está prácticamente casi en el 50 por ciento en la cifra que representa la
investigación sobre el producto interior bruto en relación al Estado.
Tenemos el 1,10 frente al 0,8, aproximadamente, que es lo que se gasta
actualmente en el conjunto del Estado. Este esfuerzo se está realizando
con recursos propios, y debería ir acompañado también fundamentalmente,
desde la Administración, en una actitud no rácana --y perdóneme que
utilice la expresión--, no diciendo: Si yo no puedo actuar allí, tampoco
fomento ni gasto, sino realmente apoyando las iniciativas y el esfuerzo
que se esté realizando.
En los Presupuestos para el año 1998, tras una larga negociación, se ha
conseguido que nuevos centros, con recursos provenientes del CSIC, se
establezcan en la Universidad, en los campus de Lejona y de San
Sebastián. Creo que es un inicio bueno. Fue una iniciativa del anterior
Secretario de Estado de Investigación, que después quedó dormida en los
despachos una vez que cesó en el cargo. Ese miedo que nosotros
manifestamos muchas veces se produjo, pero creo que en estos momentos hay
que reconocer que la experiencia se va a iniciar este año y que puede ser
un buen camino para acabar en lo que nosotros quisiéramos que fuera una
transferencia o una fórmula a la actual en la materia de coordinación y
cooperación, es decir, que hubiera verdaderamente apoyo a la
investigación realizada en el País Vasco.
Creo que el cumplimiento de la ley, interpretándola en toda su
literalidad, pero también --diríamos-- en su verdadero sentido político,
que es lo que en estos momentos debemos exigirnos a nosotros mismos,
debería llevar a un cambio sustancial en lo que hasta ahora han sido las
relaciones en materia de investigación entre la Administración central y
el País Vasco.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Onaindía.
El señor ONAINDIA NACHIONDO: Gracias, señor Presidente.
He solicitado la palabra para explicar cuál es la postura del Partido
Socialista ante este asunto tan importante para Euskadi.
Subo a esta tribuna doblemente decepcionado por la primera intervención
de la Senadora De Boneta, y también bastante decepcionado por la
intervención del señor Ministro.
Conozco la trayectoria de la Senadora De Boneta desde hace muchos años,
sé de sus preocupaciones sinceras por la investigación y la educación. No
en vano fue hasta hace poco alto cargo en la Consejería de Educación,
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma vasca, pero yo
tengo la sensación de que ha querido utilizar un caso --el de la
situación en la que se encuentra la investigación en Euskadi--, no para
hablar de la investigación y de buscar salidas y mejores soluciones, sino
para ponerlo de ejemplo de cómo el Estatuto de Autonomía no funciona.
Creo que el asunto de la investigación es también un ejemplo de cómo
funciona el Estatuto de Autonomía en este terreno. Pero creo que ha sido
un debate, si no sesgado, por lo menos sí muy parcial. No se ha hablado
realmente de la investigación; se ha hablado sólo de los organismos
públicos de investigación que dependen del Gobierno central. Y yo creo
que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos planteando un debate
es no cerrarnos sólo en los términos jurídicos, porque si uno lee el
Estatuto y la Constitución, verá que son contradictorios, y si luego
recurre a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de junio, sobre
un recurso planteado por la Comunidad Autónoma de Cataluña, se ve que nos
estamos moviendo simplemente en un terreno de sombras, en un terreno de
palabras, y lo primero que tenemos que ver es cuál es la realidad.
La realidad de la investigación en el Estado español y en Euskadi es
francamente positiva, porque no se investiga sólo en los organismos
públicos dependientes del Gobierno central, sino que se investiga sobre
todo en la universidad, y una de las funciones fundamentales de la
universidad, a parte del estudio y de la enseñanza, es precisamente la
investigación, y las universidades no dependen del Gobierno central. No
hay ninguna universidad --quizás la UNED-- que dependa del Gobierno
central, sino que todas y cada una de ellas depende de la Comunidad
Autónoma donde están instaladas.
El títular de la universidad del País Vasco es el Gobierno vasco; quien
financia la universidad del País Vasco, a través de los Presupuestos de
la Comunidad, es el Gobierno vasco; quien está elaborando en estos
momentos una ley de ordenación universitaria, que tiene un capítulo
dedicado a la investigación y, por tanto, va a orientar la investigación
en la universidad del País Vasco, es el Gobierno vasco; quien en otras
Comunidades Autónomas donde hay más universidades públicas elabora una
ley de coordinación, que tiene muchísimo que ver con la investigación,
también es el Gobierno autonómico.
Por otra parte, en Euskadi, como ha dicho muy bien la Senadora De Boneta,
se ha aprobado recientemente un plan de ciencias y tecnología, que tiene
un presupuesto de 43.000 millones de pesetas y, por tanto, el Gobierno
vasco tiene competencias --y en Euskadi se está investigando muchísimo--
exclusivas en la universidad así como para elaborar un plan de ciencia y
tecnología, a lo que el Gobierno central no ha dicho absolutamente nada,
ni sobre la universidad del País Vasco ni sobre el plan de ciencia y
tecnología.
Quizás para compensar precisamente esta superdescentralización que se
produce en el mundo universitario el Gobierno central se reserva en su
día la existencia de unos organismos públicos, no sólo para la
coordinación, sino también para el fomento. El problema que existe en la
práctica es que no funciona la coordinación entre las Comunidades
Autónomas y el Gobierno central, y no es que lo diga únicamente yo, sino
que lo dice la última memoria del Plan Nacional de Desarrollo de Ciencias
y Tecnología, que se presentó en las Cortes, donde hay un déficit enorme,
ya que los mecanismos no funcionan, y los gobiernos autonómicos, en este
caso el Gobierno vasco, han de presentar unos proyectos al plan nacional,
para que éste los apoye y los pueda financiar, en parte o completamente,
aunque también hay lagunas considerables en los planes de investigación
debido a la falta de coordinación con las Comunidades Autónomas y con la
Unión Europea.
Es enormemente negativo y preocupante que se hable con esa frivolidad,
sin ver cuál es la realidad y cogiendo las cosas por los pelos, para
decir que el Estatuto está muerto, que está parado o que está en vía
muerta, porque, afortunadamente, goza de excelente salud; creo que no es
fácil comprender lo que significa el Estatuto para los demócratas vascos.
Los vascos vimos con preocupación, al comienzo de la transición, el
enorme efecto beneficioso, saludable, positivo que tenía la Constitución
Española, y que ese efecto no llegaba a Euskadi. Que desapareció de la
noche a la mañana el problema de las dos Españas; España se convirtió en
un país tolerante, homologado con le resto de los países de Europa, con
una gran cultura democrática y, sin embargo, en Euskadi vivíamos en una
sociedad crispada, y la apuesta por el Estatuto, la apuesta fundamental
por el Estatuto de Autonomía es precisamente para que esos efectos
beneficiosos de la Constitución lleguen también a Euskadi. No me cabe
ninguna duda de que eso ha llegado. La sociedad vasca hoy es
infinitamente más tolerante que la de hace veinte años; hay una gran
colaboración entre...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Onaindía.
El señor ONAINDIA NACHIONDO: ... sectores políticos democráticos
--termino enseguida--, pero el problema que tenemos es precisamente ese
14 por ciento que no está por la labor, y creo que hacemos un flaco favor
cuando planteamos los debates al margen de las realidades y guiándonos
solamente por ideas o cuestiones jurídicas, sin ver lo que ocultan
detrás, porque la realidad que está detrás en el terreno de la
investigación es una realidad armoniosa, y hay que profundizar muchísimo
más en la colaboración, aunque no puede plantearse en términos
metafísicos, de competencias, etcétera.
Gracias, señor Presidente. (La señora De Boneta y Piedra pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias señoría.
Senadora de Boneta, ¿por qué motivo pide usted la palabra? No ha habido
alusiones.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, yo creo que debería darme
un minuto, en base al artículo 87, porque no sólo he sido aludida por dos
veces, sino que se ha hecho una interpretación de lo que yo he dicho. Se
han puesto en mi boca palabras que no he dicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha sido citada no
aludida. En cualquier caso, tiene medio minuto, señora Senadora.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: En primer lugar, quiero decirle al Senador
Onaindía, para que quede bien claro --se lo he dicho al señor Ministro y
se lo tengo que decir al Senador Onaindía--, que no pretendo demostrar
que el estatuto esté fracasado ni muerto y, además, creo que ha quedado
claro en mi anterior intervención.
En segundo lugar, quiero decirle también que no hemos escuchado en toda
su intervención nada que no hubiera dicho el Partido Socialista en el
debate en el Parlamento Vasco sobre transferencias --lo ha copiado
literalmente--, y una predicación sobre lo que es ser demócrata y
tolerante.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Senador Barquero Vázquez.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señor
Ministro de Administraciones Públicas, señora De Boneta.
Quiero, en primer lugar, manifestar la sorpresa que me ha causado esta
interpretación una vez visto el desarrollo de la misma. Es verdad que, al
parecer, como dice la señora Senadora interpelante, trae causa de las
manifestaciones del Vicepresidente Primero del Gobierno al manifestar, en
la interpelación de que fue objeto por parte de Convergència i Unió el
día 22 de octubre, que las responsabilidades en tema de ciencia y
desarrollo tecnológico son concurrentes --yo diría la competencias--.
Pero es que verdaderamente, señora De Boneta, es así: son competencias
concurrentes. El señor Ministro de Administraciones Públicas ha tratado
de demostrarlo suficientemente, pero yo quiero, además, señalar quizá, en
primer lugar, una contradicción. Usted pide transferencias, y acaba
reconociendo que no hay nada que transferir en medios materiales y
humanos, y se refiere usted, como una de las justificaciones del
desarrollo estatutario, al acuerdo al que en el mes de julio de 1993
llegó el Parlamento Vasco sobre el proceso de transferencias y cuestiones
a transferir. Yo tengo aquí la ficha número 23 de ese acuerdo, que
demuestra que ese acuerdo al que llegó el Parlamento Vasco en muchos de
sus extremos es inexacto, incongruente y está mal hecho, y es
demostrativo de un voluntarismo político que no se ajusta ni siquiera a
la realidad estatutaria, y lo mejor en estos casos es leer. Usted acaba
de reconocer que no hay medios materiales y humanos para transferir, y la
ficha número 23 pide el traspaso de los centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y usted sabe que no hay ninguno en el País
Vasco.
Por lo tanto, cuando hablamos del Estatuto, hablemos con el Estatuto en
la mano. Aquí, en el fondo, de lo que se trata es de llegar a una recta
comprensión de lo que dice la Constitución en su artículo 44.2, donde
manifiesta que los poderes públicos serán competencia en la cuestión de
la ciencia y del desarrollo tecnológico; artículo 149.1.15.ª, en el que
se establece la competencia exclusiva del Estado en la coordinación
general de la investigación científica y técnica, y artículo 148.1.17.ª.
en que habla de que puede ser competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas el fomento de la investigación científica y del desarrollo
tecnológico. Al final, todo esto hay que cohonestarlo, y lo que no se
puede es hacer una lectura asistemática, individualizada, particularizada
y, por lo tanto, sesgada del artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía,
porque este artículo habrá que leerlo a la luz de la Constitución --digo
yo-- y de las sentencias del Tribunal Constitucional que se corresponden
con este tema. Yo no voy a repetir lo que ha dicho el Ministro de
Administraciones Territoriales ni voy a continuar leyendo esas
sentencias, pero sí quiero que reconozcamos de una vez por todas que si
el artículo 149.1.15.ª de la Constitución señala como competencia
exclusiva del Estado el fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica, y si el artículo 10.16 del Estatuto
de Autonomía, en aplicación del 148.1.17.ª, dice que es competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco la investigación
científica y técnica, en coordinación con el Estado --y luego aclararé lo
que, a entender de una interpretación jurídica correcta, hay que hacer
sobre el tema de la coordinación en este caso, y no estoy de acuerdo con
lo que usted ha dicho de que coordinar se trata de relacionarse entre
iguales, en absoluto de acuerdo en este caso--, hemos de convenir que es
evidente, y hay que reconocerlo así, la ambigüedad y la falta de
concreción competencial.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido estas deficiencias
técnicas al señalar el escaso rigor y la ambigüedad con que se emplea la
expresión «competencias exclusivas» en el Título VIII de la Constitución.
Por otra parte, los correspondientes artículos del Estatuto de Guernica
no hacen sino prolongar la indeterminación y agudizar la confusión. Y a
este respecto, un ejemplo particularmente significativo que usted puede
ver fácilmente es, precisamente, el artículo 10 del Estatuto de Guernica,
artículo en el que se enumeran las competencias exclusivas
--como reza la frase-marco inicial--, cuando en realidad muchas
competencias del País Vasco no son tales porque están acompañadas de
expresiones como: «sin perjuicio de...», «de acuerdo con...» --su señoría
puede verlo--, y en este caso concreto «en coordinación con la acción del
Estado».
Ello supone la existencia de un notable margen de inconcreción que
afecta, sin duda, a determinados traspasos de competencias...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Barquero, se le ha
terminado ya su tiempo.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señor Presidente, si me permite dos palabras
solamente sobre el concepto de coordinación, se lo agradecería porque
precisamente uno de los problemas en temas del País Vasco es muchas veces
la confusión categorial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto, Senador.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En cuanto al principio de coordinación, otro de los grandes ejes que
organizan las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, hay
que decir que la coordinación es entendida como la integración de la
diversidad de las partes y subsistemas en el conjunto o sistema evitando
contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o
dificultarían respectivamente la realidad misma del sistema. Esto lo
define así el Tribunal Constitucional en la Sentencia 28 de abril de
1993.
Ahora bien, es preciso distinguir este principio general de coordinación
y la coordinación como competencia exclusivamente atribuida al Estado,
como es el caso de la investigación científica y del desarrollo
tecnológico, porque, en primer lugar, cuando el precepto constitucional
atribuye al Estado la competencia de coordinación, estamos ante una
competencia distinta a la de la fijación de bases. En segundo lugar,
dicha competencia de coordinación presupone la existencia de competencias
de las Comunidades Autónomas que no pueden rebajarse ni se rebajan. En
tercer lugar, la competencia de coordinación le corresponde al Estado y,
por último, implica la fijación de medios y de sistemas de relación que
hagan posible la información recíproca.
De modo que, señora interpelante, seamos exactos a la hora de definir, a
la hora de hablar de exclusividades y a la hora de entender la
coordinación en cuestiones que, como la ciencia y el desarrollo
tecnológico son no sólo de ámbito autonómico y nacional sino,
evidentemente, de ámbito europeo y universal. Porque si en algún sector
de la actividad humana no hay que poner puertas al campo, es precisamente
en la ciencia y en el desarrollo tecnológico.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL FONDO FIDUCIARIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO (S. 621/000056) (C. D. 121/000070).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación vamos a sustanciar
el punto tercero del orden del día: conocimiento directo por el Pleno de
proyectos y proposiciones de ley remitido por el Congreso de los
Diputados. El primero de ellos es el proyecto de ley por el que se
autoriza la participación del Reino de España en el Fondo Fiduciario
Provisional de la Asociación Internacional de Fomento.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley y creo que tampoco
hay petición de turno a favor o en contra. Si sus señorías lo desean,
abriríamos un turno de portavoces. (Pausa.)
Por tanto si les parece bien a sus señorías, les propongo que sea
aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL UNDECIMO AUMENTO DE RECURSOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO (S. 621/000057) (C. D. 121/000071).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Pasamos al proyecto de ley por la
que se autoriza la participación del Reino de España en el undécimo
aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
Siguiendo también el mismo proceso, intuye esta Presidencia que no hay
ningún cambio respecto del proceso anterior. (Pausa.)
Por tanto, les propongo a sus señorías que sea aprobado por asentimiento.
(Pausa.)
Así es y así consta. Queda, por tanto, definitivamente aprobado.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS
EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
624/000009) (C. D. 122/000087).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al cuarto punto del orden
del día: dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados. En este apartado está el de
la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación
con la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias
ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.
Para su presentación tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor y la satisfacción de subir a la tribuna para
hacer, precisamente, la presentación del dictamen de la Comisión General
de Comunidades Autónomas en relación con la proposición de ley orgánica
de transferencias de competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Señor Presidente, señorías, permítanme manifestar previamente la
satisfacción que representa para este Senador cubrir este trámite, en
tanto que miembro de un grupo parlamentario nacionalista catalán, en un
tema de tanta importancia y trascendencia como es el de esta
transferencia, que significa la culminación o un impulso, por lo menos,
decisivo para el modelo policial de Cataluña. Significa también un paso
adelante en el abnegado proceso hacia el autogobierno y la soberanía de
la nación catalana; voluntad de autogobierno amparado en su trayectoria
histórica y en la capacidad y sentido de responsabilidad del pueblo
catalán. Por ello expresaba mi satisfacción de que la Comisión me haya
hecho el honor de encomendarme la presentación a este Pleno de su
dictamen, lo que agradezco en este momento muy sinceramente.
El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados de la
proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas
en materia de tráfico a Cataluña tuvo entrada en esta Cámara el día 3 de
noviembre, siendo publicado en esta misma fecha en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales» correspondiente al Senado.
Declarada su tramitación por el procedimiento de urgencia, se remite a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas para su correspondiente
dictamen y se abrió un plazo de enmiendas que finalizó el pasado día 7.
En dicho plazo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda
de adición de un nuevo punto 3 a la disposición transitoria única.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas, en su reunión del día
11 de noviembre, tras debatir la enmienda mencionada y deliberar sobre la
proposición de ley orgánica de referencia, acordó aceptar como dictamen
de la misma el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Esta proposición de ley consta de tres artículos, una disposición
transitoria y una disposición final, además de la correspondiente y
preceptiva exposición de motivos.
El artículo 1 contempla la transferencia a Cataluña de las facultades de
ejecución de la legislación del estado en materia de tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, a excepción de la facultad de
expedir, revisar y canjear los permisos y licencias para conducir
vehículos a motor y ciclomotores, así como la matriculación y la
expedición de los permisos o licencias de circulación y, además, los
correspondientes trámites de anulación, intervención, revocación y, en su
caso, suspensión en ambos aspectos, bien sea el de los permisos o el de
las licencias.
El artículo 2 establece las condiciones del ejercicio de las competencias
que se transferirán, ajustándose, precisamente, a los principios de
información, coordinación y colaboración entre la Administración de
Cataluña y del Estado, así como la facilitación recíproca de acceso a los
respectivos ficheros en materia de tráfico, respetando, eso sí, las
garantías constitucionales referidas al tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal.
El artículo 3 contempla que el traspaso de servicios tenga efectividad
precisamente en el momento de la transferencia de los medios materiales y
presupuestarios precisos, mediante el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias Estado --Generalitat de Cataluña y el correspondiente Real
Decreto de Traspaso de Servicios.
La disposición transitoria establece el calendario gradual de los tres
próximos años en el que las unidades de tráfico de la Policía de la
Generalitat, Mossos d'Esquadra, irán asumiendo progresivamente el
ejercicio de las funciones de vigilancia de tráfico en las vías
interurbanas. También se contempla en esta disposición que, mientras dura
la transitoriedad, tanto en el período de los tres años como en las zonas
del territorio autonómico donde aún no se haya llevado a cabo el
despliegue de las nuevas unidades de tráfico de la Policía Autonómica de
la Generalitat, Mossos d'Esquadra, continuarán las funciones de la
Guardia Civil hasta su repliegue definitivo. La entrada en vigor se
contempla el 1 de enero de 1998 en su disposición final.
Tal como se refiere en la exposición de motivos, la proposición de ley se
sustenta en el bloque de la constitucionalidad. Así, si la competencia
sobre tráfico y circulación de vehículos a motor está atribuida al
Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución, el
artículo 150.2 habilita al Estado para transferir o delegar en las
Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes
a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de tal transferencia o delegación. Y la susceptibilidad de
la transferencia en materia de tráfico a Cataluña se apoya en el artículo
13.4 del Estatuto de Autonomía, que ya en el desarrollo de la previsión
estatutaria correspondiente y en el marco de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Parlamento
de Cataluña creó y reguló la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra.
Para el presente trámite de Pleno, ha quedado viva para su debate la
mencionada enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para concluir, señor Presidente, señorías, quiero mencionar que la
plasmación de las transferencias que se contemplan en la proposición de
ley representa la culminación de un largo proceso de colaboración entre
distintos gobiernos del Estado y el Govern de la Generalitat de Cataluña,
con lo que se da satisfacción a una sentida aspiración del pueblo catalán
y de su Govern en la Generalitat de Cataluña
que, con espíritu responsable, espera asumir y cumplir estas funciones al
servicio de los ciudadanos.
El consenso que a su vez se ha ido produciendo en las distintas fases...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería ir terminando.
El señor CARDONA I VILA: Concluyo, señor Presidente, con su permiso y
benevolencia.
El consenso que a su vez se ha ido produciendo en las distintas fases de
todo el trámite parlamentario es digno de remarcarse, así como es
previsible que se concluya en esta sesión de la Cámara de representación
territorial, por lo cual entendemos que tendríamos que felicitarnos
todos, caso de que esto ocurra como esperamos, tanto por lo que
representa esa transferencia para Cataluña como, en general, para el
desarrollo de todo el proceso evolutivo y la plasmación de lo que
representa el Estado de las Autonomías, contemplado en la Constitución
española de 1978.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cardona.
Si no hubiera turno a favor ni turno en contra, pasaríamos al turno de
portavoces.
Tiene la palabra el Senador Joseba Zubia. (El señor Oliart Pons pide la
palabra.)
Espere un segundo, Senador Zubia.
Tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ahora estamos en el turno de
portavoces del debate a la totalidad. Le llegará su turno.
Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.--El señor Prada Presa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo entiendo que lo que ha hecho el Senador que acaba de estar en la
tribuna es la presentación de la ley. No ha habido ningún turno a favor
de la ley. En consecuencia, entiendo yo y con todo respeto...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Efectivamente. El señor
Presidente ha preguntado si había turno a favor o en contra. No se ha
manifestado nadie y ha abierto el turno de portavoces, que es del que iba
a hacer uso el Senador Zubia en estos momentos.
¿Quiere hacer uso del turno a favor?
El señor PRADA PRESA: No, ni del turno a favor ni del turno en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Entonces, se abre el turno de
portavoces al debate de totalidad de la proposición. (Pausa.)
Esta Presidencia no tenía constancia de que sus señorías hubieran pactado
hacer un solo turno de portavoces al final. Por economía procesal,
nosotros estamos encantados, desde esta Presidencia, de hacer un solo
turno, pero se lo tendrían que comunicar a la Presidencia y no hacer esos
pactos entre portavoces.
Entonces, Senador Zubia, perdone, pero no puede hacer uso de la palabra.
Vamos a debatir la única enmienda viva a la proposición que hay en estos
momentos, y para la defensa de esta única enmienda viva, voto particular
número 1 del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda número 1, tiene la
palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy tenemos aquí un texto que ha sido aprobado por unanimidad
en el Congreso de los Diputados, que también fue aprobado por unanimidad
la semana pasada en la Comisión General de Comunidades Autónomas y que
todo hace prever que será también votado unánimemente hoy, dentro de un
momento, en este proceso.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en su momento una
enmienda a la que otorga un gran valor político; una enmienda que ha sido
repetidamente rechazada; una enmienda que ha sido mantenida en todo el
proceso legislativo; una enmienda que ha producido un debate político
denso, dentro y fuera de las Cortes, porque afecta a un tema muy sensible
para la opinión pública, cual es la situación en que van a quedar los
miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que prestan sus
servicios en Cataluña a medida que tenga lugar su sustitución por las
unidades de la División Central de Tráfico de la Policía de la
Generalitat catalana, de próxima creación.
Esta aparente contradicción de votar afirmativamente un texto, a pesar de
ver rechazada sistemáticamente una enmienda que hoy es voto particular,
una enmienda que se considera tan importante, merece, creo yo, una
explicación. Explicación que considero ha de ser previa a la defensa del
voto particular que hemos reservado porque forma parte de esta misma
defensa y porque sin ella no se entendería bien el espíritu que nos ha
animado a presentar una enmienda que hoy se ha tramitado como voto
particular.
Señorías, señor Presidente, hay que decirlo de buen principio: estamos a
favor del objeto de la proposición de ley, que es la transferencia de las
competencias de tráfico, y estamos a favor del modelo policial pactado,
que es el de sustitución de un cuerpo por otro. Y tenemos varias razones
para expresar esa conformidad. Primera, porque profundiza la autonomía de
Cataluña. Segunda, porque dota a la policía autonómica de una función,
control del tráfico, imprescindible hoy para desplegar la política
integral de seguridad que demanda la complejidad de nuestra sociedad. Y
tercera, porque configura un modelo policial general
que satisface mejor la lógica propia de la estructura autonómica del
Estado; modelo policial que se aproxima al anglosajón, policías de
distintos niveles administrativos y territoriales, frente al modelo
napoleónico de estructura piramidal y fuertemente centralizado que venía
siendo tradicional en el Estado español.
Y si éstas, señorías, no fueran suficientes razones, todavía habríamos de
añadir que la proposición de ley conjunta Convergéncia i Unió-Partido
Popular, que hoy se somete a nuestra consideración, plasma un acuerdo que
ya iniciaron el anterior Gobierno socialista y el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña. Son poderosas razones políticas y conceptuales,
señorías, para que estemos a favor de esta futura ley.
A pesar de este acuerdo inicial con el objeto de la proposición de ley,
hemos presentado, repito, un voto particular de la máxima importancia
para nosotros; un voto particular que propone que todos los agentes de
tráfico de la Guardia Civil actualmente en Cataluña que quieran
incorporarse a la División Central de Tráfico de la Policía de la
Generalitat puedan concurrir a los concursos convocados para la provisión
de plazas en igualdad de condiciones con los Mossos d'Esquadra. Este es
el sentido del voto particular reservado, es decir, se defiende una
opción individual, no se está hablando de ninguna transferencia de
personal. Podría suceder, teóricamente, que todos los guardias civiles
que se presentasen no aprobasen, y no pasaría absolutamente nada.
Señorías, repito, lo que sí queremos es garantizar que todos los agentes
tengan su oportunidad, sin que se les fijen cuotas limitativas ni
«numerus clausus». Lo que sí queremos es impedir concursos como el de
Gerona, en el que se reservó sólo el 15 por ciento de las plazas para los
guardias civiles que quisieran presentarse. Por cierto, señorías, se me
olvidaba decir que este concurso se convocó antes de que las Cortes
hubieran aprobado la ley de Transferencias cuyo texto estamos todavía
debatiendo hoy, y los resultados del mismo ya se conocen también. Por lo
visto, se estaba muy seguro de que la proposición de ley presentada se
aprobaría en los mismos términos en los que entró en las Cámaras. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Resumiendo, señorías, señor Presidente. Proponemos la igualdad de trato
entre guardias civiles de Tráfico y Mossos d'Esquadra a la hora de
concursar. Sólo y exclusivamente eso. Igualdad de trato que goza de un
amplio respaldo popular. Hay sondeos en Cataluña que dicen claramente que
la mayoría de los catalanes quiere que los guardias civiles de Tráfico en
servicio o en las carreteras de Cataluña se queden en Cataluña e ingresen
en las unidades de Tráfico de la Policía autonómica. Un derecho, además,
que estos agentes se han ganado durante años en las carreteras catalanas.
Un derecho que tienen como catalanes, tanto desde el punto de vista del
Estatuto de Autonomía como desde esa frase que todos los partidos
políticos catalanes hemos acuñado que dice que son catalanes de pleno
derecho todos los que viven y trabajan en Cataluña.
Y además de este derecho a la igualdad, a la no discriminación, apelamos
también a un criterio de eficacia: la experiencia acumulada. Nadie puede
negar y todos valoramos la gran experiencia que tienen los agentes de la
Guardia Civil de Tráfico en las carreteras españolas y, naturalmente,
también en las carreteras catalanas. Y esto, es, como he dicho antes, muy
apreciado por la opinión pública. Y sin que esta experiencia acumulada y
este valor que otorgamos a los agentes de la Guardia Civil sea en ningún
caso demérito para la Policía autonómica, cuya alta valoración también es
un hecho por parte de los catalanes.
Finalmente, quisiera resaltar un hecho que considero fundamental y un
avance importantísimo también en la relación con Cataluña y de Cataluña
con España. Muchos guardias civiles se quieren quedar en Cataluña, y la
mayoría de los catalanes quieren que se queden. Esto, señorías, hace
saltar por los aires muchas ideas preconcebidas, muchos estereotipos y
muchos esquemas, y dice mucho sobre la buena salud del Estado de las
Autonomías y la cohesión de la sociedad catalana.
Reflexionen, señorías, y aquellos que lo hayan de cambiar, que cambien su
voto. Den su voto afirmativo a este voto particular.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Oliart.
Turno en contra. (Pausa.)
¿Grupo Mixto. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, culminamos hoy en esta Cámara la tramitación parlamentaria de
una proposición de ley --ley, por otra parte, orgánica-- por la que se
transfiere a la Comunidad Autónoma de Cataluña competencias ejecutivas en
materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Dicha proposición de ley, que fue presentada de forma conjunta por el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, ya contó con el voto favorable de nuestro Grupo a
la hora de su toma en consideración. Y fue igualmente apoyada, en su
justo contenido, tanto en el debate que tuvo lugar en la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados como en el posteriormente
celebrado en el plenario de esa misma Cámara.
Ahora que, como digo, la tramitación parlamentaria llega a su fin,
queremos celebrar, y lo hacemos gustosos, que Cataluña pueda asumir unas
competencias que por tradición administrativa, como ha sido recordado,
están vinculadas a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, en
definitiva, cometido éste de toda Policía que, como la catalana, tiene
vocación de integral.
Nuestra conformidad también --evidente, y queremos reseñalarlo-- en
cuanto al instrumento jurídico utilizado para posibilitar el traspaso,
que no es otro que el del artículo 150.2 de la Constitución, que exige,
por lo demás
--cosa que se está haciendo-- el carácter orgánico de esta disposición
legal.
Tan sólo quiero plantear un pero que tiene que ver con el contenido mismo
de la transferencia, y al cual no se ha referido nadie, transferencia que
se contempla en el artículo 1 del proyecto de ley y establece unas
excepciones o limitaciones a la competencia. Dichas excepciones
sinceramente entendemos que no se justifican, ya que el hecho de que los
requisitos deban ser idénticos respecto a los títulos de habilitación
para conducir en todo el Estado, no debe bastar para que la gestión debe
también ser efectuada y siempre desde las autoridades del Estado.
En los tiempos que corren, señorías, con avances tan espectaculares en el
mundo y en el campo de la comunicación de datos y en el tiempo que corre
que tanto se habla de espacios europeos, no existe ciertamente base real
para entender que esa competencia deba ser excepción y, por tanto,
reservarse en manos del Estado; situación que por cierto, y lo digo entre
paréntesis, también se da en el ámbito competencial vasco.
En cualquier caso, esto no debe ser óbice, y desde luego no lo es, para
que reiteremos nuestra satisfacción ante la iniciativa que nos ocupa.
Queremos felicitar, y lo hacemos, al pueblo catalán por este logro del
que nos gustaría ser partícipes, siquiera en la pobre forma que nos
corresponde participar, que es en la forma que se nos ofrece, que no es
otra que la de votar afirmativamente y con todo el entusiasmo del que
somos capaces a este dictamen elaborado por la Comisión General de
Comunidades Autónomas y que hoy debate esta Cámara. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
el Senador Ferrer tiene la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos, como se acaba de decir, en el último trámite parlamentario antes
de la votación de esta proposición de ley orgánica. Para iniciar el
posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, yo quiero llamar la atención a sus señorías sobre
tres puntos que creo sitúan esta proposición de ley orgánica.
En primer lugar, la Constitución, en el artículo 150.2, dice: El Estado
podrá transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, mediante una ley
orgánica, facultades correspondientes a una materia de titularidad
estatal que por su naturaleza sea susceptible de transferencia o de
delegación. Este es un caso en el que se aplica ese artículo de la
Constitución 150.2.
Un segundo punto, sobre el cual quiero atraer la atención de sus
señorías, es que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 9,
dice: la Generalitat, el Gobierno catalán, como ustedes gusten, tiene
competencia exclusiva sobre las materias siguientes: la organización de
sus instituciones de autogobierno --la Policía autonómica, lógicamente,
es una de ellas--. El artículo 13 de ese mismo Estatuto de Autonomía de
Cataluña reconoce la posibilidad, el derecho de crear una policía propia
para este territorio.
En tercer lugar, otra nota que creo interesante en este trámite es
recordar que en la exposición de motivos de esta proposición de ley
orgánica se recuerda que la ordenación del tráfico y la protección del
orden público y de la seguridad ciudadana tradicionalmente van reunidas.
Por consiguiente, son competencias coincidentes. Con lo cual, esta ley
culmina, por así decirlo, en Cataluña un modelo policial que hoy está en
pleno despliegue sobre el territorio.
El índice de esta proposición de ley, como ya recordaba anteriormente el
Senador Cardona, contiene los siguientes temas: En primer lugar, señala
los objetivos y, como lamentaba el Senador Zubía, también las
excepciones. En segundo lugar, establece la coordinación entre todos los
cuerpos de policía en el conjunto del Estado. En tercer lugar, los
traspasos de servicios. Y finalmente, fija un calendario de despliegue de
esta proposición de ley.
Estos son los datos que enmarcan esta iniciativa legislativa, que
previsiblemente culminará entre nosotros en este Pleno.
Dicho esto, he de añadir que rechazaremos la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, porque, aparte de muchas otras consideraciones --que no
voy a enumerar, pero que me sugiere su intervención, Senador Oliart--, no
se corresponde con el objetivo de esta proposición de ley orgánica, que
no es otro, como acabo de recordar, que el de transferir una competencia
del Estado a una Comunidad Autónoma.
Creo que es muy positivo recordar que esta proposición de ley orgánica
ilustra lo que nuestro Grupo --y no sólo el nuestro, naturalmente-- cita
con frecuencia, como es el dinamismo constitucional. Aunque a veces pueda
parecer algo dormido, y otras cobre celeridad, hay que reconocer,
señorías --y éste es un momento para decirlo en voz alta--, que existe
este dinamismo constitucional y que las autonomías no constituyen una
fotografía fija, sino un proceso que debe desarrollarse adaptándose a las
necesidades y aspiraciones de las Comunidades Autónomas en cada momento.
Y éste es un buen ejemplo para ilustrar este proceso.
Como ya he dicho, esta proposición de ley orgánica completa un servicio.
La policía de Cataluña ya está desplegándose sobre el territorio, ya
tiene un calendario fijado y, como digo, esta proposición sencillamente
completará lo que es su modelo policial.
Creo que sólo cabe insistir en lo positivo, agradecer el previsible voto
favorable de todos los grupos a esta proposición de ley orgánica y
reiterar que con el mismo se cierra en esta Cámara y en este Pleno de una
manera absolutamente positiva lo que es un episodio más en la
construcción del Estado de las Autonomías.
Esta es la opinión, la posición y el análisis de nuestro Grupo ante esta
proposición de ley, que consideramos importante, y que está inscrita en
el proceso iniciado hace veinte años, que continúa con la celeridad y el
dinamismo que impulsamos como parlamentarios, con nuestra labor
día a día; nosotros, en el Senado, otros, en el Congreso de los
Diputados, y otros, en otros Parlamentos.
En definitiva, nuestro grupo agradece a todos su posición favorable a
esta reforma legislativa, y cree que vale la pena subrayar su relieve en
la construcción y el impulso del proceso del Estado de las Autonomías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Oliart.
El señor OLIART PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hay que repetir una vez más --y se hará tantas veces como sea
necesario, porque ésa es la realidad-- que nosotros hemos votado
favorablemente a esa ley, y lo volveremos a hacer, tanto si esta enmienda
es aprobada, como si no lo es. Pero ésta no es la cuestión.
La cuestión es que existe una situación concreta; unos policías de
tráfico que quieren quedarse en Cataluña, e integrarse en la policía
autonómica de Cataluña, de la Generalitat. Eso afecta a un colectivo
importante. Se ha empezado por Gerona, pero seguirá en las demás
provincias catalanas. La mayoría de estos guardias civiles sólo tendrán
dos opciones: o marcharse de Cataluña, ellos y sus familias, o cambiar de
destino abandonando unas funciones, las de tráfico, contrariando su
propia vocación. Esta es la realidad.
Estamos en la política, señorías, para resolver situaciones y posibles
conflictos de intereses de la mejor manera. Nuestra propuesta no impone
nada a nadie, sólo defiende u principio de igualdad y que sean los
propios concursos los que evalúen los méritos de quiénes han de formar
las unidades de la división de tráfico. ¿No es esto razonable, señorías?
Se nos presentan algunas objeciones jurídicas, que yo personalmente
considero confusas, para no entrar en el debate concreto de la propuesta,
simplemente porque no se tienen argumentos políticos sostenibles. Esa es
la realidad.
Nuestro voto particular no habla para nada de transferencia de medios
personales. El artículo 150.2 de la Constitución prevé también formas de
control y nadie dice que esto esté en contradicción con el artículo 9 del
Estatuto de Autonomía que permite a la Generalitat autoorganizarse.
Tampoco proponemos ninguna forma de control. Por tanto, si dicho artículo
de la Constitución permitiría incluso formas de control y lo que nosotros
hacemos es algo tan elemental, como que se garantice la igualdad para
concursar a los miembros de los dos Cuerpos de Policía, ¿cómo no es esto
jurídicamente posible? Naturalmente que sí.
Si el Gobierno del Partido Popular --éste sería otro argumento-- y el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hubiesen pactado la
igualdad para concursar, es decir, que desde un principio hubiesen
introducido el contenido de nuestra enmienda y este pacto hubiese quedado
plasmado en la proposición de ley que hoy se somete a debate, seguro que
nadie, ninguna de sus señorías, hablaría hoy de inconvenientes jurídicos
o constitucionales.
Pero, señorías, además estamos olvidando algo muy importante: el
equilibrio existente en la Constitución entre las diversidad y la unidad,
las competencia de las Comunidades Autónomas y las de la Administración
central o las del Estado. Hay una tendencia enmarcada en el llamado
federalismo cooperativo, concepción nacida en el derecho constitucional
germánico que, desde mi punto de vista, ha inspirado nuestra
Constitución. Y según este proceso cada vez habría menos competencias
exclusivas en cada Administración y más compartidas. Por ello, se me hace
difícil hablar de controles o de condicionamientos cuando de lo que se
trata es de buscar colaboración, cooperación y consenso.
Quiero destacar también algo importante que no se ha dicho, que es el
resultado del concurso-oposición y la contradicción de que se hayan de
cubrir con interinos las plazas de una convocatoria con números «clausus»
para determinado colectivo. Al concurso de Gerona, al que antes me he
referido, han quedado 93 plazas sin cubrir. ¿No sería mucho más razonable
que se hubiese dejado que todos los guardias civiles que hubiesen querido
se hubiesen podido presentar y, tal vez, algunas de esas plazas estarían
cubiertas ahora por guardias civiles con mucha experiencia, en lugar de
que ahora se tenga que destinar transitoriamente a esas plazas Mossos que
lo estarán en una condición de interinaje? Yo ya sé, señorías, que estoy
predicando en el desierto. Esta ley a de ser aprobada en los mismos
términos en que fue presentada y seguro que así será.
Termino, señorías, por donde empecé. Votaremos a favor de la ley porque
estamos a favor de la transferencia de competencias y del modelo de
sustitución, pero lamentamos profundamente que no se haya tenido la
sensibilidad suficiente de preservar mejor unos intereses legítimos.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Oliart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con mucha brevedad, a mí me gustaría empezar destacando el
consenso de todas las fuerzas políticas en torno a esta ley. Me parece
incluso inoportuno, desde un punto de vista político, que una ley que
goza de un consenso tan amplio en esta Cámara, de una aceptación tan
generalizada, haya tenido un debate en el que nos hemos estado centrando
en una cuestión que no es primordial.
Me parece que estamos ante una transferencia realmente importante y
trascendental para la Generalitat de Cataluña y siento que, en esta
Cámara de representación territorial, cuando asistimos a la transferencia
de una competencia de esta magnitud a la Generalitat de Cataluña,
tengamos que centrarnos en una cuestión colateral, no dedicándonos a
resaltar el consenso y la armonía con la que hemos procedido a la
elaboración, tramitación y aprobación de la ley.
Por ello, se me obliga a pronunciarme sobre el problema suscitado y, en
primer término, diré que nuestra sensibilidad hacia los guardias civiles
de la Agrupación de Tráfico de Cataluña es total y absoluta. Lo diré con
toda la rotundidad que pueda y absoluta y definitivamente. ¿Significa que
nuestra comprensión del problema nos permite hacer lo que queremos hacer
o nuestra comprensión del problema simplemente nos permite comprender, y
si podemos, hacer y si no podemos, no hacer? Porque estamos ante una
cuestión competencial en esta Cámara de representación territorial. No es
lo que nos gustaría hacer, ni es lo que nos gustaría que sucediera.
Simple y llanamente es, señorías, lo que como Cámara de las Cortes
Generales de representación territorial podemos hacer.
Trataré de ser muy claro. Estamos cediendo una competencia, estamos
cediendo una capacidad al Gobierno de Cataluña. Lo que no podemos es,
cediendo una competencia, interferir en otra. Cedemos la capacidad sobre
el tráfico de vehículos a motor, pero la de regulación del personal al
servicio de la Generalitat de Cataluña, es competencia exclusiva de ésta,
y lo que no podemos es cuando cedemos la competencia de tráfico
interferir en la de personal de la Generalitat de Cataluña. Si hacemos
esa cesión porque creemos en el Estado de las Autonomías, no podemos
desmerecer esa fe en dicho Estado, interfiriendo por motivos, no
claramente explicados, en una facultad ya antigua y exclusiva del
Gobierno de la Generalitat. Digo más. Digo que es jurídicamente posible
hacer lo que se sugiere desde las filas del Gobierno Socialista. Pero no
es jurídicamente posible hacerlo aquí. Es jurídicamente posible hacerlo
en el Parlament de Cataluña, y animo a sus señorías a que en la Cámara
que, competencialmente puede y debe controlar la política de personal de
la Generalitat de Cataluña, planteen esta cuestión en los términos
políticos en los que vienen a plantearlo ante esta Cámara.
Digo que no son del todo claras las intenciones que esta enmienda
sostiene. Se plantea un problema que realmente merece nuestra atención y
nuestra sensibilidad, pero, curiosamente, un problema respecto del cual
el Grupo Parlamentario Socialista ha cambiado su punto de vista desde
cuando estaba en el Gobierno a cuando está en la oposición.
La presente ley no es sólo fruto del consenso que actualmente tienen los
grupos de la Cámara, también lo es del consenso que estableció del
Gobierno del Partido Socialista con el actual Gobierno de la Generalitat,
y la ley se tramita en los mismos términos en los cuales el Gobierno del
Partido Socialista la pactó con el Gobierno de la Generalitat. Entonces,
el Gobierno del Partido Socialista no hizo la salvedad que hoy insiste en
hacer ante esta Cámara. Entonces, para el Gobierno de dicho Partido, no
existía el problema humano que hoy parece que traen a esta Cámara.
Pues bien, si es cierto que competencialmente no nos corresponde entrar
en la política de personal de una Comunidad Autónoma, y lo es. Si es
cierto que existe un órgano con capacidad para entrar en esta política y
regularla, que es el Parlament de Catalunya --y eso es cierto--, hágase
esta propuesta del Partido Socialista factible en el Parlament de
Catalunya, pero no en esta Cámara por motivos --yo creo-- de pura imagen
política, ya que los hechos demuestran que cuando el Grupo Parlamentario
Socialista era Gobierno no trajo, a la hora de configurar este consenso,
las mismas reservas que hoy presenta ante esta Cámara.
Señorías, nosotros apoyamos la ley tal y como está en este momento, sin
reservas. Creemos que es una buena noticia para las necesidades de
autogobierno del pueblo catalán. Felicitamos por ello, en esta
intervención, al pueblo de Cataluña y a la Generalitat Catalana por la
nueva competencia a la que accede. Porque, señorías, en el Grupo
Parlamentario Popular estamos convencidos de que, cuanto más respetemos y
más consolidemos el Estado de las Autonomías, tanto más respetaremos y
consolidaremos la democracia que nos hemos dado a nosotros mismos.
Gracias, Senador González Pons. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
¿Senador Aleu?
El señor ALEU I JORNET: Pido un minuto por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Aleu, su señoría no ha
intervenido en el debate.
El señor ALEU I JORNET: Soy portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Sí, pero no ha intervenido en
este debate.
¿Senador Oliart? (Pausa.) Gracias.
--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1997
(550/000018).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Antes de someter a votación las
enmiendas y el texto del dictamen, quiero comunicar a sus señorías que la
Mesa del Senado, en su reunión del día 14 de octubre de 1997, oída la
Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de
todos los días y horas del mes de diciembre de 1997, para la tramitación
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 y del
proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social.
¿Se puede aprobar esta propuesta por asentimiento. (Pausa.) Así es y así
consta.
Terminado el debate, pasamos a la votación.
Sometemos a votación el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se corresponde con la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 80; en contra, 130; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
Sometemos a votación los artículos 1 a 3, la disposición transitoria
única, la disposición final y exposición de motivos, según el texto del
dictamen. ¿Se puede votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 210; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.
Con esto queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la
Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias ejecutivas
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cinco minutos.