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DS. Senado, Pleno, núm. 63, de 05/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 63
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por
el Ministerio de Medio Ambiente, para la protección de las costas
españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000372).
--De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre el grado de participación del Gobierno en la
elaboración de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Júcar (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000375).
--De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el método que aplica el Gobierno para
conocer las infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio, de
transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000369).
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores
remunerados con fondos públicos (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997)
(Número de expediente 680/000366).
--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones que piensa emprender el
Gobierno para llegar a un acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la
Historia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000364).
--De don Manuel Nieto Ledo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
considera el Gobierno que, sin modificar el proyecto de presupuesto para
educación para 1998, se corregirá la tendencia iniciada el pasado año de
disminución en las dotaciones aplicadas a la enseñanza pública (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000367).
--De don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los fines que pretende alcanzar el Gobierno con la iniciativa de
modificar el régimen de precios fijos de venta al por menor de
determinados libros de texto y material didáctico complementario
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente
680/000370).
--De don José María Escuín Monfort, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un
total de ochenta nuevas plazas de magistrado en el año 1997 (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000374).
--De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un
nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997)
(Número de expediente 680/000376).
--De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar como servicio
público el transporte aéreo con las Illes Balears, con precios,
frecuencia y niveles de calidad razonables (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha
3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000365).
--De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar
responsabilidades, en relación con los hechos acaecidos acerca de la
investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en
las Islas Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997)
(Número de expediente 680/000368).
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los
regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el
traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades
Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de
expediente 680/000371).
--De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las mejoras que tiene previsto abordar el Gobierno respecto
de las pensiones de viudedad y orfandad (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de
noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000373).
--De don Jaime Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la evolución que ha
experimentado la contratación indefinida de los jóvenes a partir de la
entrada en vigor de la reforma laboral (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha 3 de
noviembre de 1997) (Número de expediente 680/000377).
Segundo
Interpelaciones:
--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno
con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como
de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar
obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
318, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000060).
--De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política general del Gobierno en materia de inmigración (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318,
de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000061).
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el
desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en lo que
respecta a la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma en
materia de investigación científica y técnica (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 318, de fecha
3 de noviembre de 1997) (Número de expediente 670/000059).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en
la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 47, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente
S. 621/000047) (Número de expediente C. D. 121/000031).
--Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos
ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea
por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y
1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 48, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número de expediente
S. 621/000048) (Número de expediente C. D. 121/000034).
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un
suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 49, de fecha 26 de septiembre de
1997) (Número de expediente S. 621/000049) (Número de expediente C. D.
121/000036).
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de
explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el
contrato-programa, correspondiente a 1996 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 50, de fecha
26 de septiembre de 1997) (Número de expediente S. 621/000050) (Número de
expediente C. D. 121/000054).
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 51, de fecha 26 de septiembre de 1997) (Número
de expediente S. 621/000051) (Número de expediente C. D. 121/000059).
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la
Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995,
por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 52, de fecha 26 de septiembre de
1997) (Número de expediente S. 621/000052) (Número de expediente C. D.
121/000055).
--Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el
Plan Director de Infraestructuras (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 12, de fecha 4 de
octubre de 1997) (Número de expediente S. 625/000002) (Número de
expediente C. D. 125/000006).
Cuarto
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley del sector eléctrico. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 55, de fecha 3 de noviembre de 1997) (Número de
expediente S. 621/000055) (Número de expediente C. D. 121/000062).
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
PREGUNTAS (Página 2640)
De don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta la fecha por
el Ministerio de Medio Ambiente, para la protección de las costas
españolas (Página 2640)
El señor Calvo Poch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Calvo Poch. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De don Jesús María Ruiz-Ayúcar Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el grado de participación del Gobierno en la elaboración
de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Júcar (Página 2641)
El señor Ruiz-Ayúcar Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ruiz-Ayúcar Alonso. En
turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el método que aplica el Gobierno para conocer las
infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio, de transposición de la
Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Página 2643)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de
las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
dispone la esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores
remunerados con fondos públicos (Página 2645)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don Josep Varela y Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las acciones que piensa emprender el
Gobierno para llegar a un acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la
Historia (Página 2646)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i
Serra. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Manuel Nieto Ledo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
considera el Gobierno que, sin modificar el proyecto de presupuesto para
educación para 1998, se corregirá la tendencia iniciada el pasado año de
disminución en las dotaciones aplicadas a la enseñanza pública (Página 2648)
El señor Nieto Ledo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Nieto Ledo. En
turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma).
De don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los fines que pretende alcanzar el Gobierno con la iniciativa de
modificar el régimen de precios fijos de venta al por menor de
determinados libros de texto y material didáctico complementario (Página 2650)
El señor Iglesias Marcelo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iglesias
Marcelo.
En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma).
De don José María Escuín Monfort, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno acerca de la creación de un
total de ochenta nuevas plazas de magistrado en el año 1997 (Página 2651)
El señor Escuin Monfort formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Escuín Monfort.
De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento un
nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León (Página 2652)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
De doña Pilar Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar como servicio
público el transporte aéreo con las Illes Balears, con precios,
frecuencia y niveles de calidad razonables.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Santiago Pérez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones desarrolladas por el Gobierno para esclarecer y depurar
responsabilidades, en relación con los hechos acaecidos acerca de la
investigación realizada con motivo de la huelga de enseñanza convocada en
las Islas Canarias.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de los efectos producidos por los
regímenes forales y el Concierto Económico con el País Vasco en el
traslado y asentamiento de empresas procedentes de otras Comunidades
Autónomas.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las mejoras que tiene previsto abordar el Gobierno respecto de las
pensiones de viudedad y orfandad.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don Jaime Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la evolución que ha
experimentado la contratación indefinida de los jóvenes a partir de la
entrada en vigor de la reforma laboral.
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 2653)
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno
con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como
de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar
obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera (Página 2653)
El señor Varela Flores realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carrera i Comes, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Varela Flores, por el Grupo
Socialista, e Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Cierra el
debate la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
De don Joan Oliart Pons, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
política general del Gobierno en materia de inmigración.
Esta interpelación ha sido aplazada.
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política que piensa seguir el Gobierno en relación con el
desarrollo estatutario y, particularmente, con lo establecido en el
artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía
del País Vasco, en lo que respecta a la competencia exclusiva atribuida
a la Comunidad Autónoma en materia de investigación científica y técnica.
Esta interpelación ha sido aplazada.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2662)
Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en
la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales
(Página 2662)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos
ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea
por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y
1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores (Página 2662)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un
suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial (Página 2663)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación
del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el
contrato-programa, correspondiente a 1996 (Página 2663)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo (Página 2663)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la
explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés
nacional (Página 2663)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba el texto del dictamen por asentimiento de la Cámara. El señor
Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan
Director de Infraestructuras (Página 2663)
No habiéndose consumido turnos a favo ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra la señora Gorostiaga Sáiz, por el Grupo
Socialista, y el señor Fernández Rozada, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por 136 votos a favor y 85 abstenciones.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE
LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2665)
--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley del sector eléctrico. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 2665)
El señor Chao Gómez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Calvo Poch consume un turno en contra. El señor Franco
Gútiez defiende la propuesta de veto número 2. El señor Bueno Fernández
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, Franco Gútiez, por el Grupo Socialista, y Bueno
Fernández, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 91 votos
a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 90
votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas 1 a 34,
36, 37, 39 a 69, 71 a 74 y 76 a 85, retirando las números 70 y 71. El
señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas 86 a 90 y 93 a
96, retirando las números 91 y 92.
Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor Albistur Marín defiende las enmiendas números 97, 103, 107, 111
y 114, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Los señores Alegre
Escuder y Gibert i Bosch defiende las enmiendas números 116 a 118, 120,
122 a 124, 126 a 129, 131 a 151, 153, 154, 156 a 182 y 184 a 199, del
Grupo Socialista. El señor Gil-Ortega Rincón consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez,
por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Simó i Burguès, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Gibert i Bosch, por el Grupo Socialista, y Unceta
Antón, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Títulos I a III.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, 11 a 14, 20 a 22, 26, 27 y 29,
del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 129 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7 a 10, 15 a 17, 19, 23 a 25 y 31, del
Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 213 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 18, 28, 30 y 32 a 34, del Grupo Mixto,
por 2 votos a favor, 127 en contra y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 87 a 89, del Grupo Mixto, por 88 votos
a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
212 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 86, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor,
203 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 103, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 89 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 97, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 4 votos a favor, 211 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 118, 120, 127 y 146, del Grupo
Socialista, por 95 votos a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 116, 117, 122 a 124, 126, 128, 129, 131
a 140, 142 a 145 y 147 a 149, del Grupo Socialista, por 88 votos a favor,
127 en contra y 2 abstenciones.
Títulos IV, V y VI.
Se rechaza la enmienda número 37, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor,
130 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 56
y 57, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 214 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54 y 55,
del Grupo Mixto, por 129 votos en contra, y 89 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 93 y 94, del Grupo Mixto, por 87 votos
a favor, 126 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 107, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 12 votos a favor, 203 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 13 votos a favor, 120 en contra y 85 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 150 y 161, del Grupo Socialista, por 95
votos a favor, 122 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 151, 153, 154, 156 a 160 y 162 a 166,
del Grupo Socialista, por 87 votos a favor, 129 en contra y 2
abstenciones.
Títulos VII, VIII, IX y X.
Se rechazan las enmiendas números 64, 68 y 69, del Grupo Mixto, por 87
votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 58 a 63, 65 y 67, del Grupo Mixto, por
2 votos a favor, 215 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
127 en contra y 87 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 170, 178 y 179, del Grupo Socialista,
por 96 votos a favor y 122 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 167 a 169, 171 a 177, 180 a 182 y 184
a 189, del Grupo Socialista, por 90 votos a favor, 127 en contra y 1
abstención.
Disposiciones.
Se rechazan las enmiendas números 71 a 74, del Grupo Mixto, por 87 votos
a favor, 130 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 78 a 81, 83 y 84, del Grupo Mixto, por
2 votos a favor, 214 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 76, 77, 82 y 85, del Grupo Mixto, por
2 votos a favor, 133 en contra y 83 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor,
127 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 96, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor,
129 en contra y 86 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 114, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 14 votos a favor, 119 en contra y 85 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 190 a 192, del Grupo Socialista, por 91
votos a favor, 123 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 193, 194, 196 y 199, del Grupo
Socialista, por 85 votos a favor, 126 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 198, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor y 131 en contra.
Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda
número 195, del Grupo Socialista, por 213 votos a favor, 4 en contra y 1
abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda
número 197, del Grupo Socialista, por 213 votos a favor, 3 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba una enmienda de correcciones técnicas al texto del dictamen,
firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen con las modificaciones introducidas, por
132 votos a favor, 85 en contra y 2 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON PEDRO LUIS CALVO POCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES DE DESLINDE REALIZADAS HASTA LA FECHA POR
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCION DE LAS COSTAS
ESPAÑOLAS (680/000372).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: preguntas. En
primer lugar, la de don Pedro Luis Calvo Poch, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las actuaciones de deslinde realizadas hasta
la fecha por el Ministerio de Medio Ambiente para la protección de las
costas españolas.
Tiene la palabra el Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Buenos días, señor Presidente
Señorías, señora Ministra, la pregunta, tal y como la ha mencionado el
Presidente de la Cámara, es sobre las actuaciones de deslinde realizadas
hasta la fecha por su Ministerio para la protección de nuestras costas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo Poch.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
El tema de los deslindes de las costas que plantea su señoría es
realmente importante de tener en cuenta. Sin alarmismos de ningún tipo
hemos de reconocer que la situación de las costas, de nuestro litoral, es
realmente preocupante en la medida en que se ha roto el equilibrio que
existía desde hace muchos años, debido no solamente a condiciones
climatológicas --que estamos viendo son totalmente incontrolables--, sino
sobre todo por acciones del hombre no siempre adecuadas a lo que se
plantea somo regresión de la costa. Por ello, el Ministerio da mucha
importancia a los deslindes, tema que es realmente dificultoso porque hay
mucha guerra de intereses de un tipo o de otro a la hora de plantearlos.
En ocasiones nos encontramos con ocupaciones de hecho, con apariencia de
legalidad, bien de inscripciones registrales, permisos, licencias de
obras que dificultan y hacen complicado establecer estos deslindes. Sin
embargo --reitero--, es la forma más eficaz de defender el litoral y de
garantizar no sólo el futuro de esas costas también para nuestros hijos,
para ese disfrute paisajístico, sino también para zonas que son
especialmente sensibles, por lo que debemos proteger y garantizar la
seguridad de esas personas y de las cosas.
Por lo tanto, los deslindes constituyen un punto de referencia del
sistema jurídico de la Ley de Costas. Por todas estas dificultades es por
lo que cuando llegamos al Ministerio nos hemos encontrado con que, a
pesar de que la Ley del año 1969 obligaba a que se realizaran todos los
deslindes de las costas españolas en un plazo de seis meses, sólo se
había ejecutado un tercio de ese deslinde.
El Ministerio de Medio Ambiente se ha puesto a ello por las razones que
antes he explicado, y dentro de los deslindes que estamos desarrollando
puedo referir a su señoría que desde mayo de 1996 a octubre de 1997 se
han realizado 90, que corresponden a 430 kilómetros de costa. En este
mismo año de 1997 tenemos previsto otros 75 tramos de deslindes, lo que
completará un total de unos 350 kilómetros. Así pues, seguiremos
estableciendo este deslinde puesto que, como digo, constituye la garantía
y la protección de las personas, su seguridad, así como la protección,
desde el punto de vista medio ambiental, de las magníficas costas
españolas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente; muchas gracias, señora
Ministra.
Ciertamente, la Ley en vigor no establece precisamente un sistema de
deslinde claro y rápido, sino que es lento y confuso, lo que ha retrasado
su realización durante mucho tiempo y, sin duda, la sigue ralentizando,
lo cual le da un doble valor al trabajo realizado por el Ministerio a lo
largo de este último año.
Es vital y es de responsabilidad de las Administraciones Públicas acabar
con toda situación de desprotección y de inseguridad jurídica, que en
algunos casos se producen antes de realizar un deslinde e incluso
después.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario le insta a que permanezca en
esta tarea, que redunda en beneficio del medio ambiente, porque sólo de
esta manera conservaremos una de las mayores fuentes de riqueza de
nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo Poch.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
En efecto, señor Calvo, son complicados los deslindes porque exigen
múltiples actividades técnico-jurídicas: obtención de cartografía
adecuada, estudios geomorfológicos y botánicos, confección de relaciones
de interesados mediante la utilización de datos registrales y
catastrales, citaciones, información pública y oficial, actas de apeo,
redacción de los proyectos de deslinde y propuesta de resolución de los
expedientes y esto puede hacer que los expedientes que se vayan
tramitando vayan más lentos de lo que nosotros desearíamos. Sin embargo,
tenga la garantía el señor Senador de que entre los temas
medioambientales de los que el Ministerio tiene que ocuparse está el de
la protección de la costa, porque nos hemos propuesto salvar la costa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JESUS MARIA RUIZ-AYUCAR ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE EL GRADO DE PARTICIPACION DEL GOBIERNO EN LA
ELABORACION DE LOS PLANES HIDROLOGICOS DEL TAJO Y DEL JUCAR (680/000375).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Jesús María Ruiz-Ayúcar
Alonso, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de
participación del Gobierno en la elaboración de los Planes Hidrológicos
del Tajo y del Júcar.
Senador Ruiz-Ayúcar, tiene la palabra.
El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Ultimamente han aparecido en Castilla-La Mancha innumerables dípticos,
trípticos, cartas, mensajes en todos los medios tanto escritos como
hablados y en televisión, utilizando todo aquello que se estimaba
oportuno para dar a conocer la consecución de los planes hidrológicos del
Tajo y del Júcar. Pero lo curioso de estas informaciones es que para nada
aparece la intervención del Gobierno de España y se dice que lo ha
conseguido el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso, mi pregunta y la
que se formulan muchos castellano-manchegos es si el Gobierno de España
y, en concreto, el Ministerio de Medio Ambiente, han tenido alguna
participación en la elaboración de estos planes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ruiz-Ayúcar.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Senador, yo no voy a entrar en polémicas, que me parecen
absolutamente estériles, porque los ciudadanos van a saber juzgar. Si
efectivamente la labor de aprobación de los planes de cuenca hubiera sido
debido sólo al Gobierno de Castilla-La Mancha, esta consecución se
hubiera logrado en los gobiernos anteriores. Luego, comprenda usted que
la participación del Gobierno de España ha sido, y tenía que ser así,
fundamental y determinante. Ya digo que, de lo contrario, máxime cuando
los dos Gobiernos, el de Castilla-La Mancha y el de España, eran del
mismo partido político, hubiera sido mucho más fácil la negociación. Sin
embargo, lo que hemos demostrado es que a través del talante negociador
del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la metodología del diálogo
para lograr esos consensos es como se ha logrado esa paz que realmente
hacía falta para consensuar algo tan importante, de cara a la
planificación hidrológica que necesita España, como era aprobar los tres
planes de cuenca que, qué casualidad, dependían y estaban bloqueados
precisamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Y es que, señorías, es muy lamentable que cuando había que defender
intereses muy concretos de los ciudadanos, cuando había que empezar a
desbloquear algunos derechos que históricamente estaban asignados,
injustamente y en exclusiva, a una Comunidad como era la valenciana, y
había que desbloquear esa situación para, sobre la base de los datos
técnicos y rigurosos de las demandas reales, de los recursos realmente
existentes, ponerse a consensuar cuál tenía que ser la planificación
hidrológica que necesitaban esos planes de cuenca hubo quienes desde la
responsabilidad de sus Gobiernos, el de Castilla-La Mancha y el Gobierno
de España en la Administración anterior, jugaron mucho más a los
protagonismos personales, al obstruccionismo, y eso llevó, en perjuicio
de los ciudadanos, a que quedaran pendientes de aprobación los tres
planes de cuenca más difíciles de aprobar, porque se habían convertido en
auténticos escollos políticos.
Señorías el talante del Ministerio de Medio Ambiente no ha sido más que
el de lograr esa planificación hidrológica que necesita España,
compromiso del Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que
queremos poner en marcha para este próximo año 1998 y que exigía, como
así lo demandaron las Cortes Generales, la aprobación previa de los
planes de cuenca para, posteriormente, llegar a la planificación
hidrológica.
Nosotros hemos querido que fuera una planificación consensuada y por eso
digo que nos va a dar exactamente igual el que se quiera manipular, como
ya se hizo, incluso declarando persona «non grata» a la Ministra de Medio
Ambiente en Castilla-La Mancha, cuando simultáneamente se estaban
llevando a cabo las negociaciones que se estaban produciendo día tras
días, porque ha llevado meses.
Por lo tanto, el orgullo y la satisfacción del Gobierno de España en este
momento es que gracias a ese talante negociador, y objetivando los datos,
solicitando que se pusieran de acuerdo en la contemplación de todas las
demandas reales, tanto presentes como futuras, y teniendo en cuenta todos
los recursos hídricos de que disponían esas cuencas, se pudiera lograr el
consenso al que hemos llegado. Hemos demostrado una vez más que con
partidismos y obstruccionismos no se llega a ninguna parte, y que cuando
la política se entiende como actitud de servicio para encontrar
soluciones a problemas graves que tienen los ciudadanos se pueden
establecer esos consensos y se llega a acuerdos tan importantes como los
que ya hemos plasmado, y eso nos da la posibilidad de pensar que con este
mismo talante negociador conseguiremos el plan hidrológico nacional que
necesitan todos los españoles.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Ruiz-Ayúcar.
El señor RUIZ-AYUCAR ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señora Ministra. Luego sí parece que el Gobierno de España y el
Ministerio de Medio Ambiente han tenido participación en la elaboración
de estos planes, lo mismo que me parece entender y saber que también ha
tenido participación en conseguir que esa carretera nacional III a
Valencia que tanto tiempo tuvo también paralizado el Gobierno del Partido
Socialista, así como el establecimiento y la solución del terreno de
Anchuras, han sido logrados precisamente mediante esa capacidad que decía
la señora Ministra de diálogo con un Gobierno que no había sido capaz de
entenderse con uno de su misma ideología política.
Para mí lo más grave de todo no es que no solamente no se haya reconocido
la intervención del Gobierno de España, sino que nunca en la historia de
la España democrática la propaganda personal del señor Bono había llegado
a extremos de tal categoría en lo que se refiere a los centenares y
centenares de millones invertidos en la campaña de promoción personal, no
sólo del Gobierno, sino del Presidente,
sino que si esos millones se hubiesen invertido en algo más productivo
que en la promoción personal, como por ejemplo en sacar a los
castellano-manchegos de ser la región donde existen más analfabetos de
España, que ocupa los mismos lugares --el 16 ó 17 de las regiones
españolas-- desde que los gobiernos socialistas entraron a gobernar tanto
en España en 1982, como en Castilla-La Mancha en 1983, no habría
necesidad, como hace el señor Bono en un alarde de irresponsabilidad
absoluta, de echar la culpa a los analfabetos de nuestra región, de echar
la culpa a las uvas y a las aceitunas.
Por eso quiero agradecerle a usted, señora Ministra, la aclaración dada
no a mí, porque yo ya me imaginaba y sabía perfectamente lo que nos iba
a decir, sino de cara a los medios de comunicación, porque pueden dar
lugar a que esto se dé a conocer en toda nuestra España y en toda nuestra
Castilla-La Mancha y de esa manera, sin que usted haya realizado esa
campaña personalista para dar a conocer los resultados, ha evitado el
gasto inútil de tantos y tantos millones de pesetas.
Por eso le agradezco la aclaración y espero que a partir de ahora
tengamos todos un conocimiento más exacto de lo realizado por el Gobierno
de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ruiz-Ayúcar.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muy
brevemente, señor Presidente, para decir que el Gobierno de España ha
hecho lo que tenía que hacer. La Ley de Aguas atribuye esta competencia
al Gobierno de la Nación y, por tanto, lo que tendría que haber hecho el
Gobierno anterior es lo mismo que ha hecho este Ministerio de Medio
Ambiente. Por eso quiero decirle que el señor Bono no puede atribuirse la
exclusiva ni el monopolio en la medida en que no solamente es papel
fundamental el del Gobierno de España, sino el de todas las demás
Comunidades que han intervenido en la negociación de estos planes y de
todos los usuarios que tienen votos en esa negociación.
Quiero decirle, además, que lo único que pasó en la Administración
anterior es que la negociación quedó bloqueada completamente por los
personalismos de dos miembros del mismo partido, pero en el momento en el
que el señor Bono entendió que no cabían los personalismos en este caso
y que no cabía el obstruccionismo porque perjudicaba a los intereses de
Castilla-La Mancha decidió sumarse a las negociaciones. Lo que sí ha
hecho es intentar la manipulación política diciendo, por una parte, que
yo era persona «non grata» en Castilla-La Mancha y, por otra y
simultáneamente, que nunca hubiera soñado con que este Gobierno
concediera tanto y tan bueno para los castellano-manchegos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL METODO QUE APLICA EL GOBIERNO PARA
CONOCER LAS INFRACCIONES A LA LEY 25/1994, DE 12 DE JUNIO, DE
TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE SOBRE LA COORDINACION DE
DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION
TELEVISIVA (680/000369).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el método que aplica el
Gobierno para conocer las infracciones a la Ley 25/1994, de 12 de junio,
de transposición de la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas García.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, se trata --como usted sabe-- de la transposición de la
Directiva de televisión sin fronteras vigente desde el 12 de julio de
1994. En ella se regula la publicidad y el patrocinio televisivo y, en
concreto, la publicidad ilícita, la publicidad prohibida; se prohíbe la
publicidad encubierta y se regulan la publicidad de bebidas alcohólicas
y los tiempos máximos de publicidad que, en líneas generales, se limitan
a un 15 por ciento de emisiones diarias, a no más de 12 minutos por hora
con interrupciones no superiores a intervalos mínimos de 20 minutos.
Asimismo, se garantiza una cuota mínima de pantalla de un 51 por ciento
de tiempo anual para producciones europeas y, de ellas, un 10 por ciento
para productoras independientes de las televisiones, se dictan normas
para la protección de los menores frente a la publicidad y la
programación, como, por ejemplo, la no incitación a la compra, la
protección contra la pornografía y la violencia, y también para los
principios de programación.
La propia Ley atribuye al Gobierno las funciones de control e inspección
y a su Ministerio el ejercicio de estas funciones y la aplicación de
sanciones graves, aunque las sanciones muy graves se las atribuye al
propio Consejo de Ministros. También se informará a la Comisión Europea
del grado de cumplimiento de los artículos 5 y 6 de esta Ley.
Como usted comprenderá, Ministro, la complejidad de esta Ley requiere que
haya un procedimiento muy sistematizado de control, de inspección y de
sanciones en todas las cadenas de televisión tanto públicas como privadas
durante todas las horas de emisión y para todos los aspectos regulados en
esta Ley. Por eso, quiero preguntarle, Ministro, lo siguiente: ¿Qué
método utiliza el Gobierno para hacer cumplir esta Ley que por su
fundamento
constitucional tiene carácter de norma básica en nuestra legislación?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El Gobierno, señoría, utiliza el mismo método que se viene utilizando en
España desde 1992 e, incluso, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Directiva comunitaria mediante su incorporación al ordenamiento
jurídico español. Anualmente se confecciona un informe estadístico de las
presuntas irregularidades que realizan empresas, que son las que nos
ofrecen la asistencia técnica, contratadas mediante el procedimiento de
concurso. En los años 1992 y 1993 la empresa adjudicataria fue Ecotel. En
los años 1994, 1995 y 1996 la empresa adjudicataria fue Sofres, A. M. Y
en el año 1997 ha resultado adjudicataria la empresa Infoadex. En función
de los estudios e informes que realizan estas empresas se ponen en marcha
los procedimientos administrativos correspondientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
No me extraña que la Ley no se cumpla en absoluto si usted sigue el
procedimiento de antes de que entrara en vigor la Ley. Además, por muchas
cosas que usted dijera de interés no puedo creerle porque no tiene usted
ninguna credibilidad, señor Ministro, después de negarse recientemente a
la creación del Consejo Superior de los Medios Audiovisuales que había
aprobado ya, por unanimidad, este Senado a propuesta del Partido Popular.
No puedo creerle tampoco después de que expertos de toda fiabilidad estén
diciendo --y el Ministerio queda impasible-- que una banquero con cuentas
pendientes con la Justicia está comprando programas en una cadena,
precisamente programas especialistas en juicios paralelos.
Señor Ministro, tampoco puedo creerle cuando en las jornadas que se
clausuraron ayer sobre la violencia se dice y se afirma que cada niño ha
presenciado, antes de terminar la escuela, unos 8.000 asesinatos y más de
100.000 actos violentos de otro tipo, y el Ministerio sigue sin aplicar
la Ley y sin hacerla cumplir.
Tampoco puedo creerle después de que el señor López Amor tiene la
desfachatez de actuar en contra del criterio mayoritario de su Consejo de
Administración elegido parlamentariamente, precisamente en un aspecto que
defiende los principios de programación, y el señor López Amor actúa en
contra de sus criterios de programación y el Gobierno permanece
impasible.
Tampoco puedo creerle cuando el Consejero Delegado de Telefónica Cable,
que es un monopolio que usted mismo ha sacado del control público, se
esmera en explicar cómo su empresa cifra el gran reto de Telefónica en
crear contenidos televisivos, y confirma así el uso de Telefónica como un
instrumento de control político que el Partido Popular quiere hacer, eso
sí, con la ayuda inapreciable de los NODO del señor Sáenz de Buruaga, que
también parece que pretende... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio.
Senadora Arnáiz, vaya terminando.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Termino, señor Presidente.
... que pretende establecer en España el pensamiento único, esa realidad
trucada, al servicio de los intereses más inconfesables del Gobierno.
Señor Ministro, un estudio de Zenit Media, que es una empresa no
adjudicataria, pero también de prestigio, dice que este año entre mayo y
junio se han emitido un 20 por ciento más de minutos de publicidad que en
el mismo período del año pasado, aunque en realidad la eficacia de esa
publicidad ha caído en un 30 por ciento porque hay una saturación
publicitaria excesiva.
Dígame, Ministro, ¿qué sanciones ha impuesto su Ministerio ante todos
estos incumplimientos reiterados y permanentes? Dígame, ¿se han borrado
del diccionario del Gobierno las palabras «interés general», excepto para
lo que es millones por retransmisiones de fútbol?
Ministro, no tiene usted ninguna credibilidad y está abandonando a los
usuarios...
El señor PRESIDENTE: Senadora Arnáiz, debe terminar, está doblando el
tiempo que le corresponde.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Simplemente quiero decirle al
Ministro que no escurra el bulto, que no hable de los 15 años pasados,
que esta Ley es de 1994, y que responda con gallardía --si es que puede--
de sus obligaciones contraídas en este tiempo (Rumores.), que para eso a
usted y a mí nos pagan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, ha traído usted preparado un alegato verdaderamente espectacular
que no tiene nada que ver con la pregunta que ha formulado, nada más que
en su principio y en su final, y en el resto nada de lo que la pregunta
implícita o explícitamente plantea.
Señoría, hay siempre una «excusatio non petita, accusatio manifesta» en
todas las intervenciones de su Grupo Parlamentario. No se refieran
ustedes al pasado. ¡Claro!, cuando el pasado resulta desfavorable al
interviniente, es muy cómodo sentar esa afirmación, pero es que ocurre
que la Ley, como ha dicho su señoría, está en vigor desde el año 1994 y
en los archivos del Ministerio de Fomento, de la Secretaría General de
Comunicaciones, no hay apenas
rastro de ningún expediente sancionador que el Gobierno socialista haya
abierto en aplicación de una Ley que está en vigor desde el año 1994. Por
tanto, son ustedes los que no han cumplido con la Ley. (La señora Arnáiz
de las Revillas García: Usted, usted.)
En segundo lugar, señoría, yo no me he opuesto a la creación de un
consejo audiovisual, lo único que he dicho en esta Cámara es que en la
Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones se abre un camino, votado
por todos los grupos parlamentarios, también por el suyo, de atribuir las
competencias en el ámbito audiovisual a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, y crear, dentro de dicha Comisión, un órgano
específico con autonomía para ocuparse de los contenidos audiovisuales.
Eso lo ha votado su Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados,
y es perfectamente legítimo tener una opinión distinta de que se cree un
órgano separado. Son opiniones perfectamente legítimas. Pero le digo,
señoría, que los países que tienen más experiencia en este terreno no
tienen dos órganos sino un único órgano, por ejemplo, los países
anglosajones. En segundo lugar, Francia, que tiene efectivamente dos
órganos y un consejo Superior de Audiovisual, está planteándose la
unificación de ambos organismos en uno único por resultar muchos más
pertinente, muchos más adecuado y mucho más eficaz.
Señoría, hoy aparece en los medios de comunicación la dimisión del
Consejero de consenso del Consejo de Radiotelevisión Española porque,
habiendo votado a favor de las posturas del Director General de
Radiotelevisión en una ocasión, ustedes le han increpado por deslealtad
al Grupo Parlamentario Socialista. Como puede comprender su señoría, si
ustedes interpretan así el funcionamiento del Consejo de Radiotelevisión,
lo que hace el Director General está perfectamente justificado, y quienes
no tienen credibilidad son ustedes, puesto que han querido aprovechar el
vacío existente y el boicot (Fuertes rumores.) que ustedes plantean en el
Consejo de Radiotelevisión a la elección de los nuevos miembros para
ganar una votación que ustedes no deberían ganar porque no tienen la
mayoría, ni el consejo, como ha dicho el Consejero dimisionario, tiene en
estos momentos la representación pertinente de las mayorías. (La señora
Arnáiz de las Revillas García: ¡Háblenles ustedes; díganselo!)
Y, señorías, no traiga usted a colación a Telefónica. Ya he dicho en esta
Cámara y en el Congreso de los Diputados que la actuación más inmoral de
la historia de la democracia española la cometió un Gobierno socialista
al poner un monopolio público al servicio de los intereses de un grupo
privado. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡No ha contestado
nada!--El señor Rojo García:¡Qué sectario! ¡Tienes mucha cara!)
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de fomento.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI DISPONE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE COLABORADORES
REMUNERADOS CON FONDOS PUBLICOS (680/000366).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Castro Rabadán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si dispone la esposa del Presidente del
Gobierno de colaboradores remunerados con fondos públicos.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señor Ministro, ¿dispone la
esposa del Presidente del Gobierno de colaboradores remunerados con
fondos públicos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento. (El señor Rojo García:
¡Vale para todo!--Risas.)
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, la esposa del Presidente del Gobierno dispone de dos
funcionarias para atender a sus necesidades de Secretaría y apoyo en
relación a los actos oficiales en los que, por su condición, interviene.
El referido personal es eventual, y se halla adscrito a la Secretaría y
Oficina del Presidente del Gobierno. Esta situación es idéntica y no
difiere en nada a la referida a las esposas de anteriores Presidentes de
Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Ministro, no me sorprende la pregunta
(Risas.--Fuertes rumores.), quiero decir la respuesta que ha dado usted.
(Risas.--Rumores.) Pero seguid, seguid rebuznando.
Lo que sorprende es que usted me la conteste, que sea el Ministerio de
Fomento al que tenga que contestar sobre las actividades y los
colaboradores de doña Ana Botella. No sé si usted nos podrá iluminar en
cuanto a lo que procura dicha señora a través del Ministerio de Fomento.
Es de todos conocida, a través de los medios de comunicación, la
actividad institucional que realiza la señora Botella, esposa del
Presidente del Gobierno: entrevistas, declaraciones, inauguración de
Jornadas, visitas, asistencia a actos públicos e institucionales, viajes
dentro y fuera de España, Cumbres latinoamericanas de esposas de
Presidentes de Estado y de Gobierno, aparte de aquellos actos realizados
como acompañante de su marido, el señor Aznar.
Por ello, es comprensible, o al menos lógico, que la mujer del Presidente
del Gobierno goce de una representatividad por vía de consorte, no por
otra, así como del equipo correspondiente. Pero que doña Ana Botella esté
asistida por colaboradores o funcionarios capaces no impide que el
resultado de sus actuaciones esté reñido con la transparencia en el uso
de los bienes y recursos públicos. (Rumores.)
Las remuneraciones, los pluses de funcionarios adscritos o colaboradores
están justificados siempre que sean públicos y notorios y no estén
incluidos en otros servicios. Asimismo, se deberían conocer los gastos
ordinarios que la actividad desarrollada genera: uso de ordenadores
(Risas.), teléfonos, faxes, telegramas, tarjetas e invitaciones, material
de oficina, vehículos, viajes, etcétera.
Por otra parte, no es edificante, ni respetuoso, ni ejemplar que la
actividad desarrollada por la señora Botella, sin precedentes anteriores
--a pesar de sus palabras-- en los Gobiernos democráticos, sea
considerada como la organizada por la segunda dama del Reino --Sánchez
Dragó «dixit» en un medio de comunicación nacional--, y que dicha señora
vaya rodeada de un séquito --sinónimo, según Sainz de Robles, de cortejo,
corte, comparsa, o comitiva de servicio--, como así han sido definidos
sus acompañantes en el mismo diario de comunicación, durante el último
viaje a Japón.
Se debe rectificar esta imagen, o desmentirla. Que la actividad de la
señora Botella sea efectiva y que el modelo de su representación social
elegido por ella sea admitido, exigen que no se dupliquen funcionarios o
colaboradores ni funciones, evitando solapamientos en los gastos que se
realizan a cargo del Erario público. La luz y taquígrafos, en lo que
respecta a la actividad de la mujer del César, siempre se demandan;
háganlo realidad.
El señor PRESIDENTE: Senador Castro, vaya terminando.
El señor CASTRO RADABAN: Con su respuesta espero que se zanjen los
interrogantes planteados. Si no es así, tendríamos que realizar otras
iniciativas parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra, señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con su señoría en la necesidad de la plena
transparencia en todas las actividades públicas de todos los que tienen
relación con el Estado, el Gobierno y las instituciones públicas.
Sinceramente, me gustaría que ustedes hubieran aplicado esa transparencia
durante los catorce años que gobernaron.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento. (El señor Castro
Rabadán pronuncia palabras que no se perciben.) Ruego silencio.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS ACCIONES QUE PIENSA EMPRENDER EL
GOBIERNO PARA LLEGAR A UN ACUERDO POSITIVO RESPECTO A LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA (680/000364).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Josep Varela i Serra,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
sobre las acciones que piensa emprender el Gobierno para llegar a un
acuerdo positivo respecto a la enseñanza de la Historia.
Senador Varela i Serra, su señoría tiene la palabra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿por qué ha provocado tal reacción el proyecto de
Decreto sobre las Humanidades? Porque, más allá del lamentable
procedimiento utilizado en su tramitación, y de la probable invasión de
competencias de las Autonomías, tal Decreto amenaza gravemente el modelo
constitucional de Estado plural, en el que las distintas nacionalidades
y regiones que lo constituyen son respetadas y se sienten instaladas en
él con la suficiente comodidad para colaborar en proyectos comunes.
Para quienes creemos en tal modelo, es enormemente frustrante un Decreto
que nos presenta una Historia castellano-céntrica, predestinada desde
tiempos remotos a la unidad contemporánea, y donde la periferia está sólo
formada --según expresión del Objetivo 5-- por diversidades
lingüístico-culturales.
Señora Ministra, ¿hay tan poca sensibilidad en su Gobierno como para no
ver que toda la concepción que subyace en el citado Objetivo 5, y no sólo
la expresión «carácter unitario», es irritante e inaceptable?
Contrariamente a lo que se dice, no nos preocupa que se enseñe Historia
de España en Cataluña --pues, obviamente, ya se hace--, sino qué tipo de
Historia de España se enseña en el resto del Estado, porque nos interesa
que se ayude a deshacer recelos seculares y concepciones tergiversadas.
Apostamos por una Historia que refleje la realidad sobre la piel de toro
de pueblos clara y soberanamente diferenciados durante siglos, que han
seguido después historias entremezcladas, con relaciones no siempre
fáciles, pero que pueden presentar un balance común satisfactorio. Y más
lo sería, si los Gobiernos contribuyesen, no a azuzar resquemores, sino
a aunar ilusiones y voluntades.
Por ello, pregunto, ¿qué acciones piensa emprender el Gobierno para
llegar a un acuerdo positivo, necesario para todos, respecto de la
enseñanza de la Historia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Senador Varela que haya entrado en
el fondo de la cuestión. Creo que es importante que este debate se
despolitice y que, una vez hecho el debate de competencias, que ya se
hizo cuando se aprobó la Logse --por cierto, con el voto favorable del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió-- y se decidió que le
correspondía al Gobierno la fijación de las enseñanzas mínimas comunes y
a las Comunidades Autónomas la del currículum y la de los planes de
estudio, que deberían incluir dichas enseñanzas, me alegro mucho de que,
por fin, vayamos a descender al debate académico y científico, en el
sentido de saber qué es lo que le sobra o lo que le falta a nuestro
proyecto.
Su señoría pregunta qué acciones va a emprender el Gobierno para lograr
un acuerdo en esta materia. Señoría, el Gobierno jamás ha dejado de
impulsar el diálogo; todavía no ha aprobado nada, sino que ha presentado
el proyecto de reforma de las enseñanzas mínimas comunes porque
entendemos que las actualmente vigentes son vagas, poco concretas y
permiten que se den hechos o acontecimientos históricos, en el caso de la
lengua un desconocimiento general de algunas de las principales figuras
de la literatura universal o de la española o de la de cada una de las
Comunidades Autónomas, que nosotros creemos que no deben de seguirse
produciendo.
Además, después de 10 años de escolarización obligatoria, después de que
hemos hecho el esfuerzo de prolongar desde los 14 a los 16 años el tiempo
de permanencia en las escuelas, el Gobierno tiene que cumplir la
obligación que la Ley le impone y garantizar que el nivel de
conocimientos de los alumnos de las escuelas españolas, no solamente no
desciende --era un clamor generalizado que había descendido en estas
materias humanísticas--, sino que se eleva, porque ésa es la voluntad del
Gobierno, en la que entiendo que coincidimos con el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Queremos mejorar la calidad de la enseñanza, y en este caso estamos
hablando de las materias humanísticas de la ESO, pero vamos a continuar
por el Bachillerato, por la Primaria y por las materias científicas.
En el caso concreto que pregunta su señoría, le tengo que decir que el
hecho de que el Gobierno jamás ha dejado de impulsar el diálogo lo tiene
su señoría bien claro cuando ahora mismo estamos dialogando. Se ha
remitido oficialmente a todas las Comunidades Autónomas el proyecto para
que hagan llegar sus sugerencias y cualquier cuestión que, a su juicio,
sobre o falte en el proyecto, porque, aunque es materia de la estricta
competencia del Gobierno y el debate político ya se hizo en el año 1990
con la Logse, entendemos que el proyecto debe de ser enriquecido con
cuantas aportaciones o sugerencias quieran hacer los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas.
Además de eso, este Gobierno, esta Ministra entregó el día 7 de octubre
al Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, es decir, 15
días antes de presentarlo en mano a la opinión pública, este proyecto de
modificación de las enseñanzas mínimas en materia de Humanidades en la
ESO.
Por tanto, señoría, este Gobierno está impulsado el diálogo. No tiene el
monopolio de la verdad, no somos dogmáticos y estamos muy dispuestos a
que nos enriquezcan con cualquier aportación que quieran hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA. Muchas gracias, señora Ministra.
Mi pregunta es altamente política, señora Ministra. Yo creo que con «P»
mayúscula, de sentido de Estado, y me parece que el procedimiento que
ustedes han utilizado en la tramitación del decreto es de política
pequeña. Esta es nuestra queja.
De todas maneras, para encauzar el debate nosotros recogemos con
satisfacción su renovación de voluntad de diálogo. Insisto en que,
sorprendentemente, la tramitación no parece que haya sido acertada con
esa voluntad porque estamos de acuerdo con la necesidad de que haya un
impulso de la enseñanza de la historia en nuestro sistema de enseñanza,
pero no de cualquier historia, sino de una con la que todos nos sintamos
cómodos y, por tanto, cómodos en el Estado. Pero insisto en que todo
puede reconducirse si hay esta voluntad de diálogo real, por lo que
nosotros pensamos que es urgente que se reúnan, que discutan los temas a
fondo y con una voluntad noble y real de llegar a acuerdos.
Me permito finalizar mi intervención con una aportación a esta reflexión.
El historiador Jaume Vicens Vives, que murió en junio del año 1960, pocos
meses antes de su muerte escribió el prólogo al libro titulado
«Aproximación a la Historia de España». Un libro muy interesante. En el
mes de febrero de ese mismo año escribió otro prólogo a otro libro,
también muy importante, titulado «Noticias de Cataluña». En este prólogo,
de aproximación a la Historia de España, dice lo siguiente: Castilla se
encuentra enfrentada desde 1898 con una grave crisis de conciencia. Esta
crisis, que la desasosiega, ha querido hacerla derivar de las actitudes
negativas de otros pueblos hispánicos, tal el catalán. Reacción muy
comprensible, e incluso eficaz para la psicología colectiva castellana.
Nosotros estamos para que esta eficacia no se use y para que haya
convivencia y acuerdos en común.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, senador Varela, por sus
aportaciones.
Quiero decirle solamente dos cosas: El programa de Historia --ya que no
se discute la Lengua ni la Literatura ni la Geografía-- no contiene
ninguna valoración. Contiene una sucesión de hechos y lo que hay que
discutir es si se deben conocer o no. No tiene valoración de ningún tipo.
Las Comunidades Autónomas harán sus planes de estudio y, si quieren,
harán o no las valoraciones. También las harán los centros escolares y el
profesor en el aula. Es absolutamente aséptico. Quiero que su señoría lo
estudie en profundidad y me diga si hay alguna cuestión que entiende
contiene valoraciones que no debe tener.
Quiero decir una cosa más y decírselo a toda la Cámara, a esta Cámara que
lo es además de representación territorial: Uno de los objetivos de este
proyecto, no solamente en la Historia, sino en la Geografía, en la Lengua
y en la Literatura, es que en todas las Comunidades Autónomas de España
se conozca lo esencial de la Lengua, de la Literatura y de la Historia de
las otras Comunidades Autónomas. Entendemos que no es correcto que cada
una de ellas se limite a lo que antes eran unas vagas e inconcretas
enseñanzas mínimas comunes que permiten, por tanto, ignorar lo sustancial
de los hechos históricos y de los conocimientos geográficos que los
españoles tienen que tener, no sólo de su Comunidad Autónoma o de España,
sino de Europa o del mundo entero.
Si ustedes miran el temario de Lengua y Literatura y el de Geografía e
Historia podrán comprender cómo no será posible que un niño del
territorio español, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma donde
estudie, desconozca los hechos fundamentales de la Lengua y Literatura de
las otras Comunidades. Con esto me refiero muy especialmente a Cataluña.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DE DON MANUEL NIETO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI
CONSIDERA EL GOBIERNO QUE, SIN MODIFICAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA
EDUCACION PARA 1998, SE CORREGIRA LA TENDENCIA INICIADA EL PASADO AÑO DE
DISMINUCION EN LAS DOTACIONES APLICADAS A LA ENSEÑANZA PUBLICA
(680/000367).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Nieto Ledo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que, sin
modificar el proyecto de presupuesto para educación para 1998, se
corregirá la tendencia iniciada el pasado año de disminución en las
dotaciones aplicadas a la enseñanza pública.
Tiene la palabra el Senador Nieto Ledo.
El señor NIETO LEDO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, del análisis de los presupuestos para 1998 se deduce que
la enseñanza privada concertada volverá a tener mejor tratamiento
presupuestario que la enseñanza pública. Sin embargo, en el manifiesto en
defensa de la enseñanza suscrito recientemente por 19 asociaciones de
ámbito ideológico dispar, y que usted ha apoyado tan efusivamente, se
dice textualmente: La enseñanza pública tiene la responsabilidad básica
de universalizar la instrucción educativa. Necesita que las
administraciones educativas le otorguen una atención especial que le
permita ofrecer una enseñanza de calidad contrastada, debiendo
armonizarse con el derecho de la enseñanza privada a recibir los fondos
públicos a través del concierto educativo, de acuerdo con las necesidades
objetivas de escolarización, y según la actual legislación establecida.
Mucho nos tememos, señora Ministra, según se deduce de los presupuestos
de 1997 y los de 1998, que esta armonía a la que hace alusión el citado
manifiesto, se está rompiendo. Por ello, hemos hecho la pregunta anterior
al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto Ledo.
Tiene la palabra la señora Ministras de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el presente año 1997 el gasto público por alumno creció en un
3,8 por ciento y en el proyecto de Presupuestos para 1998 el gasto medio
por alumno en la pública vuelve a incrementarse otra vez sobre el
incremento anterior, esta vez en un 7,7 por ciento.
Lamento desilusionar a su señoría, porque estas cifras dejan claro que ni
en el presente año ni en el próximo se disminuyen las dotaciones
presupuestarias para la enseñanza pública. Al contrario, se aumentan y
mucho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
Tiene la palabra el Senador Nieto Ledo.
El señor NIETO LEDO: Señora Ministra, lamento que mis cuentas sean
diferentes, porque de un breve análisis de los presupuestos de educación
de 1997 se deduce que supusieron una disminución del 2,5 por ciento
respecto a los de 1996, que acumulados al 3,5 por ciento de la inflación
de 1996 por ser presupuestos prorrogados y del 2,2 por ciento de la
inflación de 1997 suponía que tenían que aumentarse en un 8,2 por ciento
los presupuestos de 1998 para mantener lo que podíamos llamar el poder
adquisitivo del sistema general de la enseñanza en la etapa en la que el
Gobierno popular ha estado en el poder.
Estas frías cifras a las que he hecho alusión han significado nada más y
nada menos la tendencia de quebrar un aumento progresivo de los
presupuestos de educación durante 20 años; también desoír las
recomendaciones de varios organismos internacionales y nacionales como el
Consejo
Económico y Social, desde el que se recomienda que debe seguir creciendo
el gasto público en educación para cimentar cualquier proyecto de futuro.
Y las citadas restricciones se han traducido en una reducción de los
gastos de funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil
en 590 millones de pesetas; de los institutos de secundaria en 975
millones; de los centros públicos de educación especial en 120 millones
y en la partida destinada a comedores escolares en 1.526 millones, y no
digamos en las inversiones. Las inversiones en educación infantil y
primaria en el año 1997 disminuyeron aproximadamente en un 20 por ciento
respecto a 1996 y las inversiones en secundaria disminuyeron
aproximadamente en un 44 por ciento.
Sin embargo, usted sabe muy bien que la partida correspondiente a los
centros concertados en el año 1997 creció en un 4,35 por ciento, a pesar
de la reducción general de un 2,5 por ciento de los presupuestos y que
incluso se incluyeron partidas que tradicionalmente no venían incluidas,
como era la financiación de 37.000 puestos escolares en educación
infantil.
Un argumento más es que en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo
se concertó a 34 nuevos colegios de educación primaria, que supusieron
209 unidades nuevas de educación primaria. Sin embargo, mientras tanto se
suprimieron en la enseñanza pública 776 unidades, siguiendo la lógica que
usted ha implantado de adaptar los presupuestos a la reducción de la
demografía. Esta lógica sí se aplica en la enseñanza pública pero no en
la privada, como he citado.
Su respuesta para paliar esta situación ha sido aumentar en un 6 por
ciento los presupuestos de 1998. Sin embargo, se vuelve de nuevo a
quebrar la tendencia. Esto ha supuesto que en la enseñanza privada
aumentan en un 9,15 por ciento y en la enseñanza pública en un 5,5 por
ciento. Es decir, que ese 2,2 por ciento de inversiones de déficit que
supone la estancia en el Gobierno del Partido Popular en el sistema
general se traduce en la enseñanza pública en un 2,5 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Senador Nieto, termine, por favor.
El señor NIETO LEDO: Señor Presidente, termino.
Y estas cifras no son mías, sino que están avaladas por la página 154 del
Informe del Defensor del Pueblo, donde se dice: Las consecuencias de las
restricciones han ocasionado en el sector educativo repercusiones más
amplias que las que procede tratar en el presente apartado, hasta el
extremo de haberse abierto el debate sobre el carácter público o privado
de la enseñanza. Esta Institución ni quiere ni debe pronunciarse al
respecto, pero sí hacer constar que sería desleal con la enseñanza
pública hacerla competir con la privada, estando sometida a restricciones
presupuestarias que no padece o puede paliar de algún modo la enseñanza
privada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultural.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Vuelve su señoría con el asunto de la disminución del 2,5 por ciento del
presupuesto educativo de este año. He explicado una y mil veces, y en
esta Cámara varias, que esa cifra que su señoría da viene de la
comparación con unos presupuestos del Ministerio que incluían los de las
universidades que fueron transferidas a lo largo del año 1996 y 1997 y,
por lo tanto, no es que hayan desaparecido del presupuesto sino que
figuran en la rúbrica «Transferencias a las Comunidades Autónomas»
universidades como las de Baleares, Madrid, Extremadura, muchas de ellas
que han sido transferidas en los últimos años.
Los datos ciertos son que en el año 1997 el gasto por alumno en la
enseñanza pública crece el 3,8 por ciento y que a ese crecimiento de casi
el 4 por ciento de este año se le va a sumar, si las Cámaras lo aprueban
cuando se someta el proyecto de Presupuestos, un 7,7 por ciento de
incremento acumulativo del gasto por alumno en la pública en el próximo
año. Y además habla su señoría de la inversión, cuando sabe que este año
estamos invirtiendo 33.000 millones de pesetas, lo que nos va a permitir
terminar y abrir en este curso 63 nuevos institutos y colegios y empezar
las obras para que en el próximo haya 56 más, es decir, 119 centros
nuevos que se van a poner a disposición del alumnado español del
territorio MEC, a pesar de la disminución de más de 70.000 alumnos en el
curso presente y otros 70.000 en el próximo.
Pero lo que parece que preocupa a su señoría son las dotaciones para la
enseñanza concertada, a la que yo no llamaría privada porque la enseñanza
privada es aquella que los padres pagan fuera de los pagos que el
contribuyente hace. Vuelvo a repetir a su señoría que para el año
próximo, que es el que le preocupa, la función educación no universitaria
tiene 994.000 millones de pesetas, casi un billón, y de ellos, 865.930,
el 87 por ciento, se destinan a la enseñanza pública y 128.000
financiarán la enseñanza privada.
Tiene razón su señoría cuando dice que ha habido un incremento de 10.000
millones. ¿A qué se debe ese incremento de 10.000 millones de pesetas
sobre una cifra total de un billón? Pues se debe, señoría, a la
implantación generalizada del primer ciclo de la ESO --como sabe su
señoría, los de doce y trece años, que estaban antes en un módulo de
primaria, ahora están en un módulo de secundaria, que cuesta bastante
más--; a la implantación parcial del segundo ciclo de la ESO, que será el
primer trimestre del año que viene; a la actualización de las
retribuciones del personal docente de la concertada, que sube como suben
las retribuciones de la pública; y a una cuarta razón, señoría, que es
precisamente --y ustedes lo recordarán-- el acuerdo de homologación de
salarios de la privada concertada, firmado por mi antecesor el 16 de
junio de 1995. Esas son exactamente las partidas que justifican los
10.000 millones en que se incrementa este año la enseñanza concertada,
que sigue representando casi un 13 por ciento sobre el cien por cien del
total de los gastos de educación, mientras se educa a un 30 por ciento,
aproximadamente, de la población en la zona del territorio MEC.
Lo que quiero decir, señoría, es que el Partido Socialista debería dejar
también en este caso de utilizar el doble lenguaje. El señor Pérez
Rubalcaba decía este verano que para la enseñanza concertada era
imprescindible que hubiera una dotación de 30.000 millones de pesetas.
Nosotros hacemos una dotación de lo estrictamente imprescindible para
atender a los gastos que la enseñanza concertada tendrá este año, que es
exactamente un tercio de lo que ustedes pedían, y a ustedes eso les
parece excesivo.
Pues no estamos de acuerdo en esa cuestión, señoría. Estamos haciendo un
esfuerzo muy importante en la enseñanza pública, como también en la
concertada. Su señoría no dice toda la verdad cuando dice que se cierran
unidades en la pública y se abren nuevas en la concertada; eso es verdad,
pero también es verdad que se han cerrado muchas unidades en la
concertada. Y este Gobierno, señoría, no está dispuesto a dejar de
permitir que los padres elijan el tipo de educación que quieren para sus
hijos, y atendiendo a ese derecho y a esa libertad de elección reconocida
por la Constitución y por las leyes que la desarrollan, habrá unas
unidades que se tengan que abrir y otras que se tengan que cerrar, sea en
la enseñanza pública o sea en la concertada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
-- DE DON JUAN IGLESIAS MARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS FINES QUE PRETENDE ALCANZAR EL GOBIERNO CON LA INICIATIVA DE
MODIFICAR EL REGIMEN DE PRECIOS FIJOS DE VENTA AL POR MENOR DE
DETERMINADOS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO COMPLEMENTARIO
(680/000370).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Iglesias Marcelo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los fines que pretende alcanzar el
Gobierno con la iniciativa de modificar el régimen de precios fijos de
venta al por menor de determinados libros de texto y material didáctico
complementario.
Senador Iglesias Marcelo, tiene su señoría la palabra.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señora Ministra, ¿qué
objetivos pretende alcanzar el Gobierno con su iniciativa de modificar de
forma escalonada y en tres años el régimen de precios fijos de venta al
por menor de determinados libros de texto y de material didáctico
complementario que se contiene en el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el objetivo que pretende alcanzar el Gobierno no puede estar más
claro: el Gobierno pretende abaratar el precio de los libros de texto que
las familias tienen que afrontar cada vez que llega el mes de septiembre.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo de reducir para las familias el coste de los elementos de
educación es un propósito plausible en el que, evidentemente, no podemos
por menos que estar de acuerdo. El objetivo es un objetivo compartido.
Pero el procedimiento que el Gobierno ha elegido para conseguirlo
constituye, a juicio del que hace la pregunta y de muchos otros sectores
sociales que así lo han manifestado públicamente, un error. Constituye
una equivocación que va a tener efectos contradictorios con los
propósitos iniciales y, además, preveo que consecuencias derivadas muy
poco deseables y que seguramente no se contemplan en el propósito inicial
del Gobierno.
Es un error presentar el libro de texto como una mercancía más sujeta al
régimen de competencia de mercado, porque es una mercancía, pero es algo
más que una mercancía. El libro de texto es un instrumento esencial al
servicio de la educación y de la cultura que requiere un tratamiento
especial fuera de lo que es el sistema de competencia pura y dura del
mercado. Y eso es, en principio, un error. Es un error plantear un
régimen de competencia de descuentos fortísima en el proyecto de ley, de
hasta el 25 por ciento el primer año, hasta el 50 por ciento el segundo
año; precio libre y, por lo tanto, descuento en cuantía indefinida el
tercer año. Porque eso terminará produciendo, como la experiencia avala,
el dominio del mercado por parte del más fuerte. Permitirá eliminar la
competencia y, posteriormente, cuando el mercado esté dominado, producirá
una regresión en el precio de los libros de texto y, en definitiva, como
la experiencia ha demostrado, los padres terminarán pagando más por lo
que al principio parece que van a pagar menos.
Pero hay efectos perversos e indeseables de esa medida, como ya se ha
hecho constar. La dominación de los más fuertes terminará produciendo la
eliminación de muchos puntos de distribución de libros de texto. Sabe su
señoría con seguridad que para muchas pequeñas librerías la venta de
libros de texto supone entre el 25 y el 35 por ciento de su facturación
anual. Su eliminación será un hecho lamentable. Supondrá la eliminación
de pequeñas redes de distribución,
la eliminación de pequeñas editoriales y la eliminación de grupos de
autores que no van a tener la posibilidad de plasmar sus ideas en libros
de texto.
La experiencia internacional está muy clara. Quien puso precio libre a
los libros de texto ha tenido que regresar a un sistema de precios
controlados, porque las consecuencias son perversas.
Mantener una red razonable de librerías para la distribución nos parece
una medida positiva. Si no, ¿qué imagen van a tener nuestros escolares
cuando vean que los libros de texto se compran en las grandes superficies
junto a las patatas, las hortalizas o junto a otros productos? Nos parece
una imagen realmente lamentable.
Yo invito a la señora Ministra, que ha hecho gala hace un momento de una
posición no dogmática, de apertura al diálogo, a la discusión y al
consenso, a que sobre este tema iniciemos un diálogo y un consenso,
porque seguramente hay muchas soluciones que no pasan por el sistema de
descuento, sino por ayudas, subvenciones, becas. Discutiremos si la
gratuidad de los libros de texto va anexa al concepto de gratuidad de la
enseñanza. Estableceremos un sistema de políticas compensatorias para las
familias más necesitadas: el efecto perverso del coste de los libros no
incide por igual sobre todas las familias, y eso es absolutamente
evidente. Para esa discusión, nosotros estamos dispuestos a dialogar con
su señoría, pero la declaración no dogmática que ha hecho le ofrece la
posibilidad de rectificar un error, y si no lo hace tendremos que
lamentarlo en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias Marcelo.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a su señoría dos cosas: primero, que reconozca que está
de acuerdo con el Gobierno en el propósito que nos anima, el de abaratar
el precio de los libros de texto; segundo, que haya hecho el ofrecimiento
de diálogo.
Lo primero que puedo decirle es que, probablemente, el ofrecimiento que
hayamos elegido no sea el óptimo, puede, incluso, que sea un error, como
dice su señoría, pero yo me niego a hacer lo que han hecho los gobiernos
de su señoría durante trece años: absolutamente nada, y permitir que se
hayan encarecido los precios de los libros de texto, reconocido por los
editores, un 25 por ciento en los últimos cuatro años. Este mismo año,
señoría, cuando la inflación en el mes de agosto estaba en el 1,8 por
ciento, los editores hicieron pública una nota, después de un año de
reuniones con el Ministerio para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo
se podrían abaratar los precios de los libros de texto, en la que ellos
mismos reconocían que los precios de los libros este año subían un 3,9
por ciento, casi un 4 por ciento, prácticamente el doble de la inflación.
Por tanto, señoría, desde esta misma tribuna le ofrezco al Partido
Socialista un pacto para lograr el fin que nosotros perseguimos, que es
el abaratamiento del precio de los libros de texto, especialmente en la
enseñanza obligatoria. No me cite la experiencia internacional, porque le
veo a su señoría muy influenciado por las presiones de algunos editores.
La experiencia internacional la tiene usted perfectamente descrita en el
informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, que ha puesto los
puntos sobre las íes de lo que realmente ocurre con el sistema de precio
fijo y que es absolutamente falso que dicho sistema esté generalizado en
toda Europa. En este momento, en Europa no hay más que tres países, uno
de ellos España, en los que el sistema de precio fijo se mantiene por
ley, y se oculta por los editores que uno de ellos, Portugal, acaba de
sacar el libro de texto del sistema de precio fijo, por tanto, quedamos
Francia y España.
Hay un clamor generalizado --su señoría lo reconoce y yo se lo
agradezco-- por parte de los padres ante el encarecimiento del precio de
los libros de texto. Lo que el Gobierno propone posiblemente no sea la
mejor solución, y no somos dogmáticos, señoría, me encantaría que el
Partido Socialista, o cualquier otro Grupo de esta Cámara, nos ofreciera
una solución mejor. Lo que nosotros proponemos es que se puedan hacer
descuentos por encima del 5 por ciento, que es a lo que limita la ley del
precio fijo. ¿Que le parece mucho a su señoría el 25 el primer año, y
hacerlo gradualmente en tres, o que su señoría cree que no se debe llegar
a la liberalización total? Nosotros estamos abiertos a ello, a lo único
a lo que no queremos renunciar, y espero que su Grupo tampoco, es a
abaratar el precio de los libros de texto.
Hemos hecho muchas cosas por aliviar a las familias del problema que
sufren al principio de curso. Por primera vez, hemos establecido una
convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto, lo que va a
permitir que 200.000 familias, las que tengan el nivel de renta menor,
tengan una ayuda de 10.000 pesetas para adquirir los libros de texto. A
esto hay que añadir las 105.000 ayudas que ya había para el segundo ciclo
de la ESO en los Presupuestos de 1997. Hemos tomado iniciativas para dar
una respuesta clara a los padres que se encuentran con los elevadísimos
gastos que para cualquier familia supone el mes de septiembre, sobre todo
cuando tienen más de un hijo.
Quiero recordar a su señoría que durante trece años el Gobierno
socialista no ha hecho absolutamente nada en esta materia más que
permitir que los precios de los libros de texto se encarecieran en un 25
por ciento en los últimos cuatro años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--PREGUNTA DE DON JOSE MARIA ESCUIN MONFORT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
CREACION
DE UN TOTAL DE OCHENTA NUEVAS PLAZAS DE MAGISTRADO EN EL AÑO 1997
(680/000374).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Escuín Monfort, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno
acerca de la creación de un total de ochenta nuevas plazas de magistrado
en el año 1997.
Tiene la palabra el Senador Escuín Monfort.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, quiero recordarle que en el Pleno de esta Cámara del
Pasado 23 de abril anunciaba que en los Presupuestos de este año se
crearían 80 nuevas plazas de magistrado. Poco después, mediante Real
Decreto 610/1997, de 23 de mayo, se crearon 25 plazas, que dotaron las
plantillas de la Audiencia Nacional con 19 magistrados, y 6 entre las
Audiencias Provinciales de Cádiz y Málaga. Pero, señora Ministra, estamos
ya a finales de año y todavía faltan por crear 55 plazas de magistrado,
y dado el escaso espacio de tiempo que queda para que termine el
ejercicio tengo la preocupación de si dentro de este período podrá
cumplir el compromiso de crear las 55 plazas de magistrado que quedan de
aquellas 80 que usted anunció en este Senado. Por eso le formulo la
siguiente pregunta: ¿cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de la
creación de un total de 80 nuevas plazas de magistrado para 1997?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Escuín Monfort.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, ha relatado cómo el 23 de abril me comprometí a la creación de
las plazas. Efectivamente, de aquella relación se crearon 25 con
anterioridad y quedan 55 plazas restantes. En la Comisión de
Subsecretarios y Secretarios de Estado que se está celebrando en estos
momentos se está examinando el Real-decreto por el que se crean las 55
plazas restantes y a las que me comprometí ante esta Cámara. Espero que
en fechas próximas sea visto por el Gobierno y, por consiguiente, estén
en funcionamiento tal y como me comprometí en aquella comparecencia.
Voy a referirle a su señoría que de las 55 plazas restantes 39
corresponden a órganos colegiados --14 a Tribunales Superiores de
Justicia de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Valencia,
Galicia, Madrid y País Vasco y 25 a las Audiencias Provinciales de
Almería, Sevilla, Jaén, Barcelona, Palma de Mallorca, Santander,
Alicante, Castellón, Valencia, Madrid y Bilbao-- y, finalmente, 16 a
órganos unipersonales, correspondientes a plazas en Sevilla, Jerez de la
Frontera, Puerto de Santa María, Torremolinos, Alcalá de Guadaira, Ciudad
Real, Sueca, San Javier, Getxo, Palma de Mallorca, Valencia, Dos
Hermanas, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca y Alcobendas.
Señoría, creo que con esto doy por cumplida la obligación que asumí ante
esta Cámara y así lo constato ante sus señorías.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Escuín Monfort.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señora Ministra, queda
perfectamente contestada mi pregunta y despejada mi preocupación. El
cumplimiento escrupuloso del anuncio que usted efectuó en este Senado
demuestra sin más la seriedad y la competencia de su Ministerio.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Escuín Monfort.
¿Señora Ministra? (Pausa.) Gracias.
--DE DON DIONISIO GARCIA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PONER EN FUNCIONAMIENTO UN
NUEVO JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CASTILLA Y LEON (680/000376).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Dionisio García Carnero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno
poner en funcionamiento un nuevo juzgado de vigilancia penitenciaria en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Senador García Carnero, tiene la palabra.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la carencia de medios materiales y de medios humanos ha
sido tradicionalmente considerada como la razón fundamental de la
lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales, que es,
probablemente, uno de los mayores motivos de queja y preocupación de los
ciudadanos en general. Y esa preocupación que tienen los ciudadanos en
general señoría, la tiene también nuestro Grupo Parlamentario y la tiene
el Grupo Territorial al que me honro en representar, el Grupo Territorial
de Senadores Populares de Castilla y León.
Quiero decirle también, señoría, que hemos visto con agrado --y así lo
saludamos y así se lo transmitimos--, en primer lugar, la respuesta que
acaba de dar usted a la pregunta anterior, con una mayor dotación de
medios personales, pero también, en segundo lugar, la incorporación en
los Presupuestos Generales del Estado de este año de una dotación para la
creación de nuevos juzgados de lo contencioso-- administrativo, una en
cada una de las provincias de nuestra Comunidad, y de dos Institutos de
Medicina Legal también en nuestra Comunidad, mayor dotación de medios que
sin duda contribuirá a que pueda agilizarse la
justicia y, sobre todo, pueda transmitirse la idea de una justicia más
rápida y, por lo tanto, más eficaz.
Sin embargo, señora Ministra, en nuestra Comunidad existe una
preocupación por la atención a un sector al que también hay que dotar de
las garantías necesarias que la Constitución le ofrece: el sector de los
penados, de las personas reclusas o privadas de libertad, y los juzgados
de vigilancia penitenciaria juegan un papel primordial para el
cumplimiento de esas garantías.
En nuestra Comunidad, la de Castilla y León, existe en este momento un
solo juzgado de vigilancia penitenciaria en la ciudad de Valladolid que
tiene que atender a las nueve provincias, a los numerosos centros
penitenciarios que componen ésta, la más extensa de las Comunidades de
España.
Si tomásemos como referencia cualquiera de los índices estadísticos,
desde la población reclusa, el número de provincias, el número de
centros, etcétera, se constataría a todas luces la insuficiencia de sólo
ese juzgado de vigilancia penitenciaria para atender a tan amplio
territorio y población.
Nos consta, señoría, que la voluntad del Ministerio es, en primer lugar,
reconocer esa carencia y, en segundo lugar, dotar de mayores medios para
cubrir esa necesidad. Es por ello por lo que, en nombre del Grupo
Territorial de Senadores de Castilla y León, querríamos conocer de su
señoría --y por lo tanto del Gobierno-- cuál es la previsión que tiene el
Ministerio de Justicia en lo relativo a la creación de un mayor número de
juzgados de vigilancia penitenciaria en la Comunidad de Castilla y León.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
La preocupación que ha manifestado su señoría es compartida por el
Gobierno puesto que, efectivamente, desde el año 1988 la Ley de
Demarcación y Planta establecía dos Juzgados de vigilancia penitenciaria
para Castilla y León, uno con sede en Valladolid, y con el amplio
territorio que su señoría ha señalado, y otro con sede en Burgos, que
todavía no está puesto en funcionamiento.
Las deficiencias en el ámbito de la vigilancia penitenciaria llevaron al
Gobierno a redactar un proyecto de ley Orgánica Reguladora del
Procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria que se
encuentra, como digo, en sede parlamentaria, y que de alguna forma viene
a condicionar la constitución de nuevos juzgados.
Sin embargo, señoría, es voluntad del Gobierno en la anualidad próxima,
una vez que se dé luz verde a esta normativa, así como la puesta en
funcionamiento de los nuevos centros penitenciarios de Salamanca,
Palencia y León, no solamente poner en funcionamiento el juzgado ya
creado, sino aumentarlo con uno más, cuya sede se decidirá en función del
trabajo de estos centros penitenciarios.
Tenga su señoría la completa seguridad de que es un tema que preocupa al
Departamento porque, evidentemente, los juzgados de vigilancia
penitenciara son los encargados de dotar de protección a las personas
reclusas cuyos derechos no pueden ser conculcados.
Este es el compromiso que en este momento puedo asumir. No obstante,
según se vaya avanzando daré a su señoría cumplida respuesta a todas
aquellas preguntas que quiera formularme.
Muchísimas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
INTERPELACIONES:
--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE PRETENDE DESARROLLAR EL GOBIERNO
CON EL FIN DE REDUCIR EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA INCORPORACION A LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA, ASI COMO
DE EQUIPARAR LA DURACION DE LA MISMA A LA DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y DE LOGRAR LA ELIMINACION DE LA BOLSA DE ESPERA
(670/000060).
El señor PRESIDENTE: Terminadas las preguntas, pasamos al punto segundo
del orden del día: Interpelaciones.
De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las iniciativas que pretende desarrollar el Gobierno
con el fin de reducir el tiempo de espera para la incorporación a la
prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia, así como
de equiparar la duración de la misma a la del servicio militar
obligatorio y de lograr la eliminación de la bolsa de espera.
Tiene la palabra el Senador Varela Flores.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, señora Ministra, la
interpelación que hoy tratamos aborda un tema que ha sido objeto de
numerosas iniciativas parlamentarias. La objeción de conciencia como
causa de exención del deber del servicio militar obligatorio fue una
cuestión muy debatida desde su reconocimiento constitucional y su
tratamiento normativo ha estado acompañado de recursos, impugnaciones y
sentencias del Tribunal Constitucional.
Pero no es hoy la Ley de objeción de conciencia como derecho el objeto de
este debate, sino su consecuencia: la prestación social sustitutoria del
servicio militar y los problemas que plantea que, desde luego, no son
nuevos.
Desde el reconocimiento del derecho a objetar y el establecimiento de la
prestación social, tanto el número de objetores como de puestos
disponibles para el cumplimiento de su servicio ha ido en aumento,
superando las previsiones que la Administración hacía sobre su
desarrollo,
y es que las tendencias de nuestra sociedad, empezando lógicamente por
los jóvenes, también han ido evolucionando de forma constante.
Si el número de objetores ha ido creciendo, la sociedad, sin embargo,
tiene una capacidad limitada para darles ocupación. Pero la cuestión es
que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la nación, antes
Socialista, ahora Popular, el problema subsiste y es difícil de resolver.
Nosotros nos hacemos cargo de ello y, por eso, planteamos esta
interpelación desde una actitud de colaboración. Deseamos tener un mayor
conocimiento de la evolución de la objeción y de la prestación para
aportar ideas o apoyar iniciativas que pretendan darle una solución
adecuada.
En su comparecencia del 17 de octubre del pasado año 1996, el señor
González, Secretario de Estado de Justicia, afirmaba que el objetivo
principal era conseguir la inmediata incorporación de los objetores a la
prestación social, una vez obtenido el reconocimiento de su condición y
siempre que ellos no quisieran demorarla. Pero en ese momento tal
pretensión se encontraba con el escollo --decía él-- de una bolsa de
130.000 objetores pendientes de realizar la prestación social. Anunciaba
un plan de choque con diferentes medidas imaginativas para atajar el
problema, estableciendo unos objetivos de creación de nuevos puestos de
actividad a un ritmo de 15.000 por año, lo que no deja de ser un esfuerzo
importante. Un esfuerzo y un ritmo que ya se venían desarrollando antes
de la existencia del llamado plan de choque. Así se había llegado en el
mes de mayo del año 1995 a disponer de 72.738 puestos de actividad, según
sus datos, y el número de objetores de conciencia declarado en 1995 fue
de 72.832. Por lo tanto, unas cifras muy próximas entre sí, lo que
permitía afirmar que las cosas entraban en vías de solución una vez que
--es necesario recordarlo-- en ese año se había producido por primera vez
desde 1986 una reducción de declaraciones de objetores de conciencia que
se aproximó a las 5.000 respecto al año anterior.
Mientras las cifras de la objeción empezaban a bajar --aunque yo creo que
es más correcto afirmar que se estabilizaban. Porque el hecho de que se
reduzcan un año tampoco quiere decir que se invierta definitivamente la
tendencia y continúen bajando en años sucesivos-- la dinámica de creación
de nuevos puestos de actividad continuaba su marcha. Veamos unas cifras
para hacernos una clara idea. Si el 31 de diciembre de 1995 había 66.514
puestos, en enero 70.721, en marzo 72.738, en mayo 78.022; es decir, en
el primer trimestre de 1996 se crean 11.508; en el segundo semestre
13.579; y en el primer semestre del presente año se crean menos, 8.326
solamente, podemos concluir, siendo benévolos, que casi se mantiene la
dinámica anterior y que el plan de choque no resuelve el problema.
Además, continuando con el análisis de las cifras, que advierto son las
aportadas por el Gobierno en diferentes respuestas a preguntas de
Diputados y Senadores, si la bolsa heredada era de 130.000 objetores y en
1996 se producen 93.279 nuevas declaraciones, suponiendo que en ese año
el número de los que hicieron la prestación fue de 90.000, que es mucho
suponer porque no había plazas para tantos, la bolsa no disminuyó sino
que aumentó. Y si tomamos el presente año 1997 con el objetivo de tener
a finales del mismo 105.000 puestos de actividad y en septiembre ya se
había alcanzado la cifra de 90.542 declaraciones, podemos concluir de
nuevo que el denominado plan de choque puede resultar insuficiente para
dar respuesta a la creciente demanda y acabar con la bolsa mencionada.
Hablando de bolsa me gustaría saber qué ha sido de ella, porque en una
respuesta del día 17 de marzo pasado se afirmaba que el número de
objetores que llevan más de un año en situación de disponibilidad era
solamente de 52.129. ¿Cómo se han esfumado los otros? En algún lugar
deben figurar porque la prensa del pasado fin de semana afirmaba que se
estaba pensando en amnistiar a unos 150.000 objetores que llevaban
esperando un tiempo superior a un año.
Sin embargo la carrera de números es, a mi modo de ver, una parte del
problema; la otra, de la que apenas se habla, es la de la calidad de los
puestos que se crean o están en funcionamiento, entendiendo por calidad
el servicio desarrollado desde el mismo, su utilidad para la sociedad, el
grado de dedicación exigido, porque en ese afán totalmente justificado de
crear el número de puestos que la situación ha venido demandando, han
surgido muchos que no sirven para nada, que únicamente cumplen el papel,
incluso escaso en muchos de ellos, de sujetar al objetor por el tiempo
establecido o de contribuir a esta estadística que no deja de tener algo
de absurda. Hay puestos en los que se cumple con la mera presencia sin
actividad que realizar, en otros se hace parte del trabajo que
corresponde al personal de la entidad, proporcionándole a éste un
descanso remunerado, y en otros se ficha y desaparece durante el resto
del día. No se tome esto como una crítica a la gestión de la Dirección
General de Objeción de Conciencia; no, es una crítica al funcionamiento
del mismo sistema, pero que necesita de su reconocimiento para recibir un
tratamiento adecuado y razonable.
Ante este panorama cabe preguntarse si no sería mejor establecer los
puestos de actividad que son realmente útiles --que son muchos sin
duda--, que prestan servicio a la sociedad, que hace que quien los
desempeña sienta que está cumpliendo un servicio eficaz para resolver un
problema a una persona, a un colectivo o al conjunto; porque yo creo que
en una democracia es necesario justificar el sacrificio pedido por la
utilidad alcanzada, y que el esfuerzo, o mejor incluso la dependencia
estéril, sólo sirve para desacreditar al sistema.
Los que creemos que la defensa del Estado es irrenunciable y que el
servicio militar obligatorio es necesario mientras no se sustituya por
unas fuerzas profesionales, debemos de coincidir también en que los
puestos de la prestación social, además de servir para un reparto
equitativo de las cargas en relación a quienes hacen el servicio militar,
deben atender a necesidades reales. Esa sería la mejor forma de lograr
credibilidad para el conjunto formado por el servicio militar y la
prestación social.
Para abordar este problema es necesario tener en cuenta que forma parte
de un complejo, el de servicio militar obligatorio y la prestación social
sustitutoria de ese servicio
militar y, por tanto, su evolución y tratamiento está en función de las
decisiones que se adoptan sobre el modelo de Fuerzas Armadas. Tiene la
prestación social una posición supeditada al deber primero, que es el del
servicio militar, y debe tenerse presente el criterio de justicia en la
distribución de las cargas. De todas formas, la situación de servicio
militar obligatorio ha cambiado a los ojos de los españoles desde el
anuncio de su desaparición en plazo determinado. Ahora hay un escenario
nuevo. En cinco años
--que yo creo que tiene que ser menos-- habrá unas Fuerzas Armadas
totalmente profesionales, y mientras se llega a ello se produce una
modernización de las mismas que tiene como consecuencia la reducción de
sus efectivos humanos en un número muy significativo, al tiempo que cada
año se incrementa el número de profesionales. El resultado inmediato es
que cada año se necesita reclutar a menos jóvenes para el servicio
militar. Tanto es así, que hace aproximadamente 10 ó 12 días el Gobierno
decidió recuperar la figura del excedente de cupo del servicio militar,
que afectará a cerca de 17.000 jóvenes el próximo año, y según parece
todavía es mayor la cifra de los no necesarios, que llegaría a los
55.000. Ello nos hace pensar que, a pesar de todo, existe un número
suficiente de jóvenes en nuestro país dispuestos a cumplir las
necesidades de la defensa mediante su servicio militar durante estos años
de transición al nuevo modelo, y también pensamos que están fuera de
lugar las intenciones publicadas del Ministerio de Defensa de modificar
las condiciones de la objeción de conciencia restringiéndolas en un
momento en el que incluso se plantea la objeción sobrevenida.
Señorías, nos hemos abstenido de presentar iniciativas que incluso
figuran en nuestro programa electoral porque había comenzado a tramitarse
en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre objeción de
conciencia presentada por CiU y que podría ser el soporte adecuado para
ellas. Si esa proposición no hubiese sufrido otra dilación que la
ordinaria, es muy probable que en estos momentos el problema de la demora
en la incorporación al puesto de actividad hubiera quedado resuelto.
Y acabo. Salvo que usted, señora Ministra, me demuestre lo contrario, me
atrevo a afirmar que el plan de choque ha fracasado; las medidas en él
previstas son las ordinarias, las que se pueden y deben acometer desde la
propia Administración, pero lo que realmente necesita este problema es la
adopción de soluciones políticas, con reflejos en iniciativas
legislativas que las Cámaras han de aprobar. Eso sí sería un plan de
choque para una situación nueva, la liquidación a corto plazo de la
prestación social sustitutoria, del servicio militar obligatorio también
en vías de liquidación.
Espero, señora Ministra, que usted nos anuncie las iniciativas
necesarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela Flores.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Varela, su señoría no ha recordado, porque se ha
referido a la comparecencia del Secretario de Estado, no a las reiteradas
comparecencias de esta Ministra para hablar de este asunto, que no es la
primera vez que comparezco ante esta Cámara en relación con lo que la
Ministra entiende como un derecho fundamental.
En diciembre del pasado año, en respuesta a una interpelación de la
Senadora Coral Rodríguez Fouz, tuve ocasión de informar a sus señorías
sobre las medidas adoptadas pocos meses antes con el fin de reducir la
bolsa de objetores pendientes de realizar la prestación social
sustitutoria. Hoy, por contra a la versión que se ha dado con
anterioridad, creo poder demostrar que el plan diseñado en la Dirección
General y en el Ministerio ha dado buenos resultados, sin que ello
signifique ninguna medida de autocomplacencia ni de triunfalismo.
Desde las coordenadas de la convicción personal de que la objeción de
conciencia ha de ser tratada con seriedad y respeto, como lo exige su
naturaleza de derecho fundamental, quiero comparecer en este momento ante
sus señorías para dar cuenta de cómo el Ministerio de Justicia ha tratado
de garantizar el ejercicio de dicho derecho. Puedo afirmar que al día de
hoy ningún joven solicitante ha manifestado que se haya puesto ninguna
limitación al respecto de su decisión de objetar al servicio militar.
Otro de los principios rectores de la política del Departamento es
cumplir con escrupulosidad toda la normativa dispuesta en materia de
objeción de conciencia y prestación social sustitutoria, sin que el
incremento de objetores modifique el citado criterio; ni se van a
endurecer las condiciones de realización de la prestación social a la que
su señoría ha hecho referencia, ni se van a plantear exigencias no
previstas en el Reglamento de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria.
Su señoría manifiesta que el número de jóvenes que se han declarado
objetores ha ido en aumento superando el ritmo de creación de puestos de
actividad destinados al cumplimiento de la prestación social
sustitutoria. Sin embargo, durante el pasado año 1996, y por primera vez
en la historia de la prestación social, el número de puestos de actividad
ha superado al número de objetores de conciencia reconocidos, se han
reconocido 91.204 nuevos objetores para un total de 91.601 puestos de
actividad existentes a final de año; puestos de actividad que entiendo
son dignos y necesarios. No comparto lo expresado por su señoría respecto
a la falta de necesidad de esos puestos de actividad ni de que se ocupen
plazas de trabajo de forma encubierta.
El importante incremento de jóvenes que solicitan el reconocimiento de la
condición de objetor de conciencia podría ralentizar el proceso de
normalización de la prestación social iniciado en el mes de mayo de 1996,
sin que ello impida que el objetivo final se cumpla en la fecha prevista:
finales de 1998. Pero el obstáculo más difícil de salvar es la bolsa de
objetores pendientes que había en el referido mes de mayo de 1996; por no
hablar de herencias, pero sí de cúmulo de objetores encontrados, había
más de 130.000 objetores de conciencia pendientes de realizar la
prestación
social, lo que ha condicionado el resultado de las medidas adoptados por
el Ministerio para la normalización de la prestación social.
Las previsiones se van cumpliendo no obstante, y los resultados
demuestran --en opinión del Ministerio y de esta Ministra que tiene el
honor de comparecer ante sus señorías-- que el camino elegido es el
mejor.
A 30 de septiembre de 1997 se han concertado más de 105.000 puestos de
actividad para la realización de la Prestación Social, que era el
objetivo de creación de puestos para finales del presente año.
A pesar del incremento de objetores, la cifra de los jóvenes que se
encuentran pendientes de realizar la prestación social ha pasado de más
de 130.000, en mayo de 1996, a 101.645, reducción, en mi opinión,
significativa. No sólo se ha reducido la cifra de objetores pendientes
heredada de la anterior Legislatura, sino que se ha absorbido el
crecimiento de nuevos objetores reconocidos.
Se han tomado medidas urgentes y adecuadas a los constantes cambios que
se producen en materia de objeción de conciencia y de prestación social
sustitutoria con objeto de estar a la altura de la reclamación social y,
sobre todo, de los jóvenes españoles que demandan un esfuerzo de la
Administración.
Con la publicación del Real Decreto 1248/97, de 24 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre convalidación de servicios voluntarios a
efectos de la prestación social sustitutoria y se modifica parcialmente
el Reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria, el Departamento ha conseguido dar cumplimiento a la Ley
6/96, de 15 de enero, del Voluntariado, puesto que se ha fomentado la
acción voluntaria entre los jóvenes y, además de cumplir otra medida
prevista en el plan de choque de 24 de julio de 1996, permite que los
objetores de conciencia puedan cumplir la prestación social mediante la
realización de servicios voluntarios que, posteriormente, le son
reconocidos a efectos de la citada prestación social sustitutoria.
Con este sistema no debería haber ningún objetor, salvo que no estuviera
bien informado, que deseando cumplir la prestación social sustitutoria
encontrará dificultades para realizarla. No es obstáculo para que los
objetores de conciencia puedan realizar la prestación social sustitutoria
el que en su lugar de residencia habitual no haya puestos de actividad.
De hecho, los resultados son claros. Las solicitudes estimadas de
convalidación de servicios voluntarios se han incrementado en más de un
400 por ciento en los nueve primeros meses del presente año respecto de
todo el año 1996.
En la línea de facilitar el cumplimiento de la prestación social a todos
los objetores de conciencia, el Ministerio ha firmado un convenio de
colaboración para la realización de la prestación social de los objetores
de conciencia en el extranjero con los Ministerios de Asuntos Exteriores,
Trabajo y Asuntos Sociales. Para los jóvenes residentes fuera de España
implicaba un esfuerzo añadido a la realización de la prestación social,
ya que debían trasladarse a entidades ubicadas en el territorio nacional.
El Gobierno ha tenido en cuenta a este colectivo minoritario y ha hecho
posible que no tengan que trasladarse a España para realizar la
prestación social sustitutoria.
En el mismo sentido, se pretende aprovechar la coyuntura de la
Proposición de Ley 122/24, a la que su señoría ha hecho referencia,
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria para --como he dicho antes, señoría-- mejorar las
condiciones de realización de la prestación social, incluyendo una
reducción de su duración para equipararla, en la medida de lo posible, a
la del servicio militar obligatorio, y para establecer la
corresponsabilidad en la gestión de las Comunidades Autónomas que lo
deseen y la fijación de límites al tiempo de espera para realizar la
prestación social sustitutoria frente a la indefinición actual de la Ley
Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social
Sustitutoria, procurando que el límite que se establezca no sea tan
reducido que haga inviable la prestación social, cofigurándola como una
situación --entre comillas-- de privilegio frente al cumplimiento del
servicio militar.
Al hilo de lo expuesto, quiero hacer una referencia al proceso, porque
así lo ha hecho su señoría, de profesionalización de las Fuerzas Armadas
y su incidencia en las circunstancias que afectan a la prestación social
sustitutoria, con especial mención del debate que se está tratando de
suscitar en torno a la despenalización del incumplimiento de la
prestación social.
Creo --como ya he dicho ante esta Cámara-- que la situación actual debe
mantenerse porque está en juego el interés público de la defensa. En
definitiva, como su señoría ha dicho, el interés público de todos los
españoles en el que su señoría cree.
Dejar sin efecto en este momento los artículos 527 y 528 equivaldría a
implantar una fórmula de aministía encubierta y daría lugar a la quiebra
del derecho de igualdad, por cuanto son muchísimos los jóvenes que sí han
respetado la normativa legal.
En estos momentos hay más de 70.000 objetores de conciencia que sí están
cumpliendo su deber de realizar la prestación social.
En mi opinión, actualmente no existe justificación para suprimir una
parte de un cuerpo legal tan importante como es el Código Penal. Mientras
exista la obligación de cumplir un deber constitucional, tiene que
existir una decisión coercitiva que impida el incumplimiento.
Pero dicho esto, también quiero decir que es voluntad del Ministerio de
Justicia que en el momento en que esté asegurado ese interés público por
otras vías diferentes a las del mantenimiento del servicio militar
obligatorio, no transcurrirán ni veinticuatro horas sin que el
Departamento elabore y presente a la Cámara las propuestas de
modificaciones legislativas que despenalicen el incumplimiento de unas
obligaciones cuyo mantenimiento ya no será necesario. El desarrollo de
este proceso implica un mínimo de responsabilidad por parte de todas las
instituciones, responsabilidad que, en mi opinión, exige respetar el
calendario establecido, que es garantía de hacerlo bien.
El Gobierno ha fijado un calendario que tiene en cuenta, tanto la
importante función de las Fuerzas Armadas, como el interés de la
prestación social sustitutoria. Si
se provoca con medidas irresponsables el adelanto de los plazos señalados
se podrían deteriorar las necesidades de las Fuerzas Armadas y perjudicar
los compromisos internacionales que tiene España con determinadas
organizaciones.
En otro orden de cosas, el Gobierno espera que la citada proposición de
ley, a la que su señoría y yo misma hemos hecho referencia, permita
mejorar --insisto, mejorar-- las condiciones de los objetores de
conciencia, y al mismo tiempo que el tránsito hacia la profesionalización
de nuestras Fuerzas Armadas sea un proceso prudente y lo más pacífico
posible. Con este objetivo, el de la prudencia y la paz, se compaginan
ambas obligaciones y se procede a adecuar la función de la defensa de las
Fuerzas Armadas con la función social de la prestación social
sustitutoria. De ahí que quiera salir al paso de ciertas informaciones
que se emiten sobre supuestas aministías y a las que su señoría ha hecho
referencia cuando ha mencionado el titular de un determinado medio de
comunicación.
Señoría, es imposible que sea cierta esa cifra de 150.000 objetores
--creo recordar-- porque en este momento, como le he dicho a su señoría,
no existe ese número de objetores pendientes sino que existen 101.000, y
de ellos, con más de un año no se llega a los 40.000 objetores. Es, pues,
absolutamente imposible que esa noticia haya salido de fuentes oficiales
y esté contrastada con los datos reales existentes en el Ministerio de
Justicia.
En este momento sólo me queda hacer una llamada a su señoría para que,
con ese ánimo constructivo que ha manifestado desde el primer momento,
entre todos nos pongamos a trabajar sabiendo que el esfuerzo que se está
haciendo desde el Gobierno, y más concretamente desde el Ministerio de
Justicia, está dando sus frutos. Efectivamente, se trata de un tema muy
complejo en el que confluyen muy diversos intereses, pero creo que su
señoría ha jugado con datos que no se corresponden con la realidad. Por
el contrario, los que yo le he dado a su señoría son los auténticamente
reales.
El plan de choque diseñado en su momento ha dado bastante más resultado
que el que su señoría ha reconocido aquí y, como le digo, no se trata en
modo alguno de que el Gobierno pretenda endurecer la prestación social
sustitutoria sino, antes al contrario, el Gobierno intenta hacer posible,
en la medida en que sus señorías así lo deseen, que los jóvenes que se
declaran objetores de conciencia puedan con toda facilidad hacer uso de
un derecho contenido en la Constitución de la forma más útil para la
sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (El señor
Varela Flores pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Por el artículo 87 tiene la palabra el Senador Varela Flores por tiempo
de cinco minutos.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, por un lado su señoría me tranquiliza y por otro me
decepciona. Me tranquiliza cuando usted afirma que no va a haber ningún
recorte en los derechos al ejercicio de la objeción de conciencia, aunque
parece que eso no es compartido por algunos de sus compañeros de
Gabinete.
Los datos que he mencionado no me los he inventado. Son los que ha ido
proporcionando su Ministerio durante estos meses a preguntas de Senadores
y Diputados. Es decir, no los he sacado de los medios de comunicación.
Unicamente he sacado de dichos medios esa cifra de 150.000 posibles
indultados a través de la proposición de ley de Convergència i Unió.
Y también digo que me ha decepcionado porque esperaba, señora Ministra,
que su señoría aportara algo más y, sobre todo, que reconociera que el
problema subsiste, que el problema no se resuelve con ese esfuerzo al que
usted llama plan de choque.
Efectivamente, se toman medidas, se abren nuevas canteras, pero eso no
llega a atajar el creciente número de declaraciones de objeción de
conciencia que se producen cada año. No sé exactamente cuál es la cifra
en estos momentos; conozco la del mes de septiembre, que supera los
90.000, pero faltaban todavía cuatro meses para que finalizara el año,
por lo que me imagino que ya sobrepasan con mucho los 100.000.
En cualquier caso, en septiembre solicité la comparecencia de su señoría
en Comisión para que abordara estos temas, aportara todos los números al
respecto, y se refiriera a la evolución, tanto de la objeción de
conciencia, como de los puestos de la prestación social sustitutoria
creados a través del denominado plan de choque.
En mi primera intervención he dicho que no voy a regatear ningún tipo de
elogio, al igual que tampoco voy a hacer ninguna crítica, sobre el
funcionamiento del plan; creo que se trata del funcionamiento ordinario
de la Dirección General de la Objeción de Conciencia, de lo que tiene que
realizar. Pero eso es insuficiente para resolver el problema, y éste
consiste en que sigue aumentando el número de objetores y que la sociedad
española no tiene capacidad suficiente para dar a cada uno de ellos un
puesto útil de servicio.
Su señoría ha dicho que todos los puestos son necesarios, pero no es así.
Conozco muchos casos en los que se va a fichar por la mañana, y no se
vuelve durante todo el día. Otros, en los que no se va durante todo el
tiempo y se deja el número de teléfono para ser llamado si aparece la
Inspección. Otros muchos, en los que se está supliendo el trabajo de los
funcionarios, que tienen una mayor relajación a la hora de realizar sus
tareas, al haber un ayudante para llevarlas a cabo. Por tanto, conozco
muchos casos en los que no sería necesario hacer ningún esfuerzo
económico ni tener sujetos a una serie de jóvenes que seguramente tienen
otras cosas más interesantes y útiles que hacer en esta etapa crucial de
sus vidas.
Por tanto, creo que, en primer lugar, conviene reconocer que el problema
está ahí. ¿Está usted, señora Ministra, en condiciones de afirmar que el
problema queda resuelto por esta vía? Porque, siendo optimistas, y
considerando que el plan funcione, llevaría más de diez años acabar con
esa bolsa de espera de objetores de conciencia. Dentro de
cuatro años no tendremos este problema, porque habrá un ejército
profesional y no existirá la prestación social sustitutoria; pero se
producirá uno nuevo: que en otros muchos casos, en los que estas plazas
cumplen una función real, existirá un vacío que será necesario cubrir de
alguna manera, y los poderes públicos tendrán que hacer un esfuerzo para
que dicho vacío no repercuta en los nuevos servicios que la sociedad ya
está acostumbrada a recibir.
Me parece bien que sea la proposición de ley del Grupo de Convergència i
Unió la que sirva de soporte a estos cambios legislativos. La
equiparación en la duración del tiempo es una de las medidas a adoptar,
entre otras cosas, porque con ello se logra de manera automática el
aumento de los puestos: se reduce en el 25 por ciento el tiempo de la
prestación y, correlativamente, aumenta un 25 por ciento el número de
puestos disponibles para los objetores de conciencia. También me parece
extraordinaria la incorporación inmediata, es decir, ese plazo de un año,
como se establece en la proposición de ley, que ustedes han enmendado en
ese punto concreto por no aceptarlo, y no así mi Grupo. Por tanto, en
estos momentos hay una incoherencia por su parte que no se puede
sostener, al haber mostrado su Grupo parlamentario su desacuerdo. Otra
cosa es que, como el escenario en este caso es muy cambiante, también
cambien las posturas y se adapten a las nuevas situaciones.
Por otro lado, creo que hay que utilizar otro instrumento, de pura
lógica, que es el siguiente. Si tenemos un número suficiente de jóvenes
dispuestos a realizar el servicio militar obligatorio, pero superior al
de puestos necesarios, y se recupera la figura de la excedencia de cupo,
en el caso de la prestación social sustitutoria --que está en función del
cumplimiento del servicio militar obligatorio, es una forma de
garantizarlo--, si también existe un número determinado --aunque vaya en
aumento-- de puestos para esta actividad, pero el de jóvenes que están
esperando es superior, creemos que también es necesario la excedencia de
cupo para no mantener una situación artificiosa, ya que estos
instrumentos estaban indicados para un modelo que ya ha fallecido.
Falleció el año pasado y estamos caminando hacia otro. En muy poco tiempo
estos jóvenes ya no van a realizar ninguna de las dos cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor Varela, vaya terminando.
El señor VARELA FLORES: Ya termino, señor Presidente.
¿Qué va a suceder con esa bolsa que todavía existirá, aunque mermada, en
el mejor de los casos, si nosotros damos como buena su valoración de la
evolución, aunque no la consideramos así porque los datos que ustedes nos
han aportado nos están informando en otro sentido? Simplemente tendremos,
no digo que amnistiar, pero sí liberar de la prestación y del servicio a
decenas de miles de jóvenes. Me parece que la situación más equitativa es
acometer ahora el problema e ir eliminando aquellos que nos van sobrando
cada año para realizar, tanto el servicio militar, como la prestación
social sustitutoria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Se abre un turno de intervención de los grupos parlamentarios.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en este debate en nombre de mi Grupo para, una vez
más --y ya son muchas--, incidir en las mismas cuestiones, razones y
argumentos que siempre ha sostenido el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Empezaré por admitir, señora Ministra, sus esfuerzos, aunque sinceramente
he de decirle que yo hubiera preferido que fueran dirigidos a otros
menesteres.
A decir verdad, el tema que motiva la presente interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista me produce a estas alturas cierto rubor y
bastante vergüenza ajena, al tiempo que no deja de asombrarme esta
iniciativa, que ya fue formulada en esta Cámara en términos similares
hace exactamente un año, según se ha explicitado hace un momento.
El problema, si es que hay que llamarlo así y no previsión desastrosa,
parece que tan sólo es de hoy y no de ayer, como surgido por generación
espontánea, cuando la verdad es que ostenta una larga historia para la
que jamás ha existido ni existirá capacidad de solución, ni siquiera
medianamente digna, a pesar de sus dignos esfuerzos, señora Ministra.
Esto lo decimos hoy con la misma rotundidad y firmeza con la que siempre
nos hemos manifestado en todo lugar sobre este particular.
Toda esta imposibilidad que gradúa el total fracaso de un sistema incapaz
de solucionar absolutamente nada es fruto de una legislación errónea y de
imposible cumplimiento en todos sus ordenamientos, una legislación creada
de espaldas a una realidad presente y muy tozuda, en todo momento y en
avance de constante incremento, hasta llegar al colapso, haciendo que el
hecho, como tantas veces ocurre, anteceda al derecho. Es una legislación
y unas falsas expectativas creadas ciertamente por el Grupo Parlamentario
Socialista en el poder y con el amparo del Partido Popular, entonces en
la oposición, haciendo que causa y efecto vayan hoy de la mano.
Sin embargo, parece como si el Grupo Parlamentario Socialista se nos
presentara hoy aquí como un ser impoluto que nada tiene que ver con el
desastre social, con el «crack» a que ha devenido el sistema diseñado con
motivo de la objeción de conciencia, el servicio militar obligatorio, la
prestación social sustitutoria, etcétera, por no hablar de la insumisión,
e interpela al actual Gobierno sobre el particular, sobre una
problemática de orden social y muy grave, pero que proviene de largo
tiempo y que desde sus orígenes hasta hoy --lo mismo será mañana--
no tiene solución. ¿cuándo terminaremos por convencernos de todo ello? Ya
en diciembre de 1991 fuimos en este foro como la voz de quien clama en el
desierto y objeto de total desacuerdo, cuando en referencia a la
prestación social sustitutoria decíamos y preguntábamos: ¿Qué plan
existe? ¿Qué posibilidades de atención o encuadramiento se hallan
previstas para tantos y tantos objetores de conciencia? Conflictivas son
la aplicación práctica de la legislación y el cumplimiento mismo de la
prestación social, porque es evidente la carencia de plazas concertadas
suficientes para realizar la prestación impuesta.
Añadimos: no hay previsión ni provisión de unas sustituciones sociales
compensatorias equilibradas, y éste es un problema latente que va a
quedar sin solución. De nada sirve, continuábamos, que los ciudadanos
traten de cumplir una legislación que la Administración es y será incapaz
de cumplir en la parte que le afecta. De esto hace ya la friolera de seis
años.
Siguiendo con la historia, en febrero de 1994, en este mismo foro, nos
expresábamos así: A todos estos jóvenes se les obliga a una prestación
sustitutoria que carece de respuesta adecuada para tan numerosa demanda.
La quiebra del sistema no tiene remedio, puesto que el número de
objetores seguirá creciendo geométricamente y de modo imparable sin
descontar con que muchos de ellos terminarán por incorporarse al
colectivo de insumisos, etcétera. La suma de ambos colectivos más las
incorporaciones venideras, harán que el Ejército de reemplazo se vaya al
garete por la vía de los hechos, dado que carecerá de los recursos
humanos pretendidos con la visión ciega de la conscripción universal.
Decíamos también que todo ello se merecía una reflexión y una toma de
conciencia, por ser responsabilidad nuestra y responsabilidad del
Gobierno. A esto nos replicó el señor Belloch, desde este mismo estrado,
entonces Ministro de Justicia e Interior, en los términos siguientes: No
existe ningún riesgo en cuanto a que no tengamos plazas para el futuro,
están ustedes equivocados. Es verdad que esta cuestión creció mucho más
de lo que se preveía --de lo que preveía él, digo yo, ése es un problema,
pero lo vamos a arreglar. En breve presentaré un programa integral de
reforma de la prestación social sustitutoria para garantizar su pleno y
eficaz funcionamiento con adecuación a la entidad y a la dimensión del
problema y con un nivel de estructura que lo resuelva. Garantizaremos,
decía, la efectividad y la seriedad con rigor. Vamos a arreglar la
cuestión por obligación y por responsabilidad. Hasta hoy.
Sin embargo, una vez más, la realidad es la que termina por imponerse a
las palabras y a los deseos. Imposible ha sido solucionar hasta hoy el
problema. Ha sido imposible en el pasado, tanto como lo será en el
futuro. Y esta imposibilidad es consecuencia de la manifiesta incapacidad
de reconducir ese ingente fenómeno social que conforman los jóvenes
objetores y también--por qué no decirlo-- los jóvenes insumisos y la
amplia comprensión y apoyo que buena parte de la sociedad les confieren,
convirtiendo en posible aquello que no hace mucho tiempo se consideraba
imposible.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
No estamos ante un problema, más bien estamos ante un fracaso rotundo,
ante una derrota irreversible de las instituciones del Estado, que se ven
efectivamente desbordadas por la realidad, siempre terca de los hechos
que, primaria y fundamentalmente, han surgido del rechazo cultural
generalizado de los jóvenes hacia la conscripción universal, al servicio
militar obligatorio y hacia el hecho militar en su anterior y actual
concepto estructural. Es la derrota de unas leyes y decretos que pudieron
nacer de un acto de voluntad pura --eso sí--, pero en modo alguno
acomodados a la realidad social, siempre cambiante, ni ajustables a las
circunstancias y necesidades propias del cuerpo social al que se
destinaba.
No hay medida de choque que valga a estas alturas, con miles y miles de
nuestros jóvenes en una especie de indefensión absoluta, en pleno
desconcierto y sin luz alguna sobre su futuro inmediato, que no sienten
deseos ni precisan de la prestación social sustitutoria para sentirse
verdaderamente útiles y dentro de la sociedad a la que pertenecen.
Se ha fracasado rotundamente en el tratamiento institucional y jurídico.
Por respeto a la realidad social existente, que nunca engaña, mi Grupo,
señora Ministra, señorías, estima de necesidad que el Gobierno elabore
con urgencia, antes lo dijimos y lo pedimos, lo que pudiera denominarse
una ley de punto final, que sin duda el colectivo de jóvenes valorará en
su justo precio, así como la sociedad entera a la que servimos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
estamos ante una cuestión, sin duda, de una rabiosa actualidad y que con
la aplicación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, que
también lo tenemos a corto plazo, se podía pensar que este es un asunto
que debería quedar aparcado, ya que quedará sin efecto a partir del año
2000, y no voy a entrar ahora en si es el 2000, 2001 ó 2003. Pero creo
que no debe quedar aparcado, sino al contrario, ya que todo esfuerzo para
cubrir adecuadamente y con garantías este período transitorio que se nos
avecina facilitará la aplicación del nuevo modelo con toda normalidad,
sin problemas ni sobresaltos, y asegurará el futuro del mismo. Por tanto,
nos parece oportuna e interesante la interpelación del Senador Varela.
El número de jóvenes que se han declarado objetores ha ido en aumento y
a pesar del esfuerzo en crear y concretar nuevas plazas, no se ha evitado
la existencia de una importante bolsa de objetores de conciencia, que
esperan a ser llamados para el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria y que no debería demorarse. Por consiguiente, saber cuáles
son las iniciativas del Gobierno para intentar paliar
este problema y en general todo lo que afecta a la objeción de
conciencia, repito, es interesante e importante.
Desde mi punto de vista, el debate ha sido francamente constructivo,
aunque sin duda, y esto es bueno, con disparidad de criterios --y en
algunos casos, Senador Bolinaga, con total disparidad de criterio-- pero
yo diría que se han hecho referencias a cuestiones realmente importantes:
a las innumerables iniciativas que ha habido al respecto; a la evolución
de los jóvenes y a la capacidad de la propia sociedad para resolver este
problema; a la actitud de colaboración por parte del propio Senador
Varela; al problema grave de la bolsa y plan de choque, así como a su
fracaso; a las críticas que ha habido al sistema, y que es lógico que
existan; a que los puestos deben atenderse con necesidades reales y a las
irregularidades detectadas en este cumplimiento y a la posibilidad --y
esto es bien cierto que lo recogemos-- de hablar de excedencia en cuanto
a este punto concreto.
La señora Ministra, lógicamente, ha resaltado unos mejores resultados de
los que se han indicado hasta el momento a las garantías establecidas a
la agilización constatada; a una reducción de la bolsa, que era más
importante tiempo atrás; a nuevos convenios en el extranjero; ha aceptado
una fijación de límites, aunque también ha remarcado que sin llegar a una
reducción inviable y al compromiso de despenalizaciones futuras.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, me gustaría decir lo siguiente. Nuestro Grupo está tan
sensibilizado y preocupado por esta cuestión, que es cierto que en el mes
de junio pasado presentamos en el Congreso una proposición de ley
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
No voy a defender ahora, porque creo que no toca, esta iniciativa, más
que nada porque contiene modificaciones legislativas que yo creo que van
más allá de lo que pretendía y de lo que ha sido el debate de esta
interpelación. Pero lo remarco por lo siguiente. Primero, para defender
que es interesante hablar y profundizar sobre la objeción de conciencia
y que al hacerlo no estamos en absoluto comprometiendo la aplicación del
nuevo modelo de Fuerzas Armadas, siempre que este debate se haga con
claridad y normalidad. Segundo, que estamos de acuerdo en que hay que dar
una salida a la importante bolsa actual. Tercero, que creemos que se
deberían ampliar los sectores en los que se pueda desarrollar esta
prestación. Cuarto, que puede facilitarlo el que se traspase la gestión
y la inspección a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las
competencias que les otorguen sus Estatutos de Autonomía. Y, quinto, que
sin duda apoyamos plenamente la equiparación de la duración de esta
prestación a la del Servicio Militar obligatorio.
Esta sería nuestra posición respecto a este debate, que, repito,
consideramos interesante, y por nuestra parte, señora Ministra, señorías,
no nos queda más que estar a la espera por si se presenta una nueva
iniciativa al respecto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para posicionarme en torno a las dos intervenciones
anteriores.
Celebro que el Senador Carrera reciba de forma positiva esta iniciativa
por nosotros planteada y el contenido que en ella hemos tratado de
explicar. Yo creo que la forma de atajar el problema es buscar nuevas
soluciones. Hemos visto que las planteadas hasta ahora han servido para
ir soportando un sistema, pero que en estos momentos ese sistema está
roto.
Y con esto voy a contestar al Senador Bolinaga, que ha hecho una
intervención tan pesimista, tan cargada de contenido negativo. Usted ha
criticado lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero no he escuchado
ni una sola idea, ni una sola aportación para resolver esta cuestión, si
bien ha hecho una referencia a una ley de punto y final. Imagino que la
ley de punto y final vendrá dada una vez que desaparezca el último
soldado que esté haciendo el Servicio Militar obligatorio. No hay mejor
ley que ésa, y creo que la señora Ministra ha hecho referencia a esa
fecha diciendo que no tardaría ni 24 horas, una vez que esto se produzca,
en adoptar las iniciativas necesarias para que todos los demás asuntos
pendientes queden, lógicamente, saldados.
Ha hecho su señoría una crítica al sistema diseñado por el Partido
Socialista, pero usted no parte del punto original, que es el
reconocimiento constitucional del ejercicio de un derecho, y a partir de
ahí es necesario un desarrollo legislativo para atender a dos cuestiones:
la primera, básica, la aportación de jóvenes al Servicio Militar
obligatorio; la segunda, supeditada, el establecimiento de un sistema
para que los objetores de conciencia cumplan también con un servicio y,
por lo tanto, que haya una distribución justa de las cargas con los
deberes de los jóvenes españoles.
Me parece que es también necesario señalarle que la historia ha cambiado.
Desde el año pasado, en que se produce el acuerdo entre Convergència i
Unió y el Partido Popular para profesionalizar las Fuerzas Armadas,
estamos en un escenario nuevo, y por lo tanto conviene replantearse los
instrumentos que teníamos para mantener el sistema anterior. El sistema
anterior ha decaído. Estamos en un momento de transición y todo tiene que
ser revisado. Por lo tanto, yo creo que usted no debe confundir lo que es
la coherencia que un partido debe mantener en los planteamientos que ha
hecho a lo largo del tiempo con el inmovilismo cuando ese partido no se
adapta a las nuevas necesidades. El escenario, como digo, es otro
totalmente diferente, y los planteamientos tienen que ajustarse a las
necesidades del nuevo. Creo que eso es coherencia. (El señor Laborda
Martín: ¡Muy bien, Guillermo!)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señora Ministra,
señorías, el Senador Socialista interpelante pretende en el texto de su
iniciativa parlamentaria que el Gobierno manifieste cómo va a lograr la
eliminación de la bolsa de espera, cómo va a reducir el tiempo de espera
para la incorporación de los objetores a la prestación social
sustitutoria y cómo va a equiparar la duración de dicha prestación social
sustitutoria a la del Servicio Militar obligatorio. Es en relación con
estas cuestiones y por su mismo orden como pretendo trasladar a la Cámara
la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto a la bolsa de espera y su eliminación, es evidente --los
datos cantan-- que en mayo de 1996 existía ya una bolsa de objetores,
heredada por este Gobierno de la gestión del anterior, cifrada en 130.000
jóvenes pendientes de poder realizar la prestación social sustitutoria.
Son éstos, sin duda, a los que alude el Senador socialista cuando se
refiere literalmente a la existencia de una importante bolsa de objetores
de conciencia que esperan a ser llamados para el cumplimiento de la
prestación social sustitutoria durante cuatro o cinco años. Y digo que
son éstos pues no otros pueden ser. Evidentemente, hace cuatro o cinco
años, el tiempo que dice que llevan esperando, era el anterior Gobierno
el que nos regía, y no el actual. Por lo tanto, todos los objetores de
conciencia que desgraciadamente llevasen esperando ese tiempo
configurarían la bolsa heredada a la que antes he aludido y que la señora
Ministra ha calificado como el obstáculo más difícil de salvar.
Sobre la mala gestión que propició aquello no voy a centrarme ahora,
pues, además de que ya fue denunciado en su día desde múltiples foros
públicos, sociales e institucionales, y entre éstos, la Comisión de
Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, ahora
hemos de aludir al presente, agradeciendo además al Senador interpelante
la oportunidad que facilita al Gobierno para exponer, y a la Cámara para
conocer, los frutos de su plan de choque.
Al presente, digo, para valorar cómo de aquí a finales de 1998, conforme
estaba previsto, se pueden ir cubriendo razonablemente los objetivos del
referido plan. Unos objetivos que, por cierto, el anterior Ministro,
señor Belloch, había señalado que se cumplirían por su parte para 1996,
en que, decía, podríamos considerar normalizada la situación. Y afirmaba:
La previsión es muy realista; esto, normalmente, se va a producir aunque
no haya mucha ayuda. Luego se fueron ustedes, y nos dejaron los 130.000.
Pues bien, por una parte hay que decir que las nuevas e imaginativas
soluciones que contenía el plan de choque para la normalización de la
prestación social sustitutoria --la calificación de «imaginativas» es de
su compañero de escaño, el Senador Marín Rite-- han tenido unos
resultados positivos, sin ánimo de ser triunfalistas, que, ya relatados
por la señora Ministra, evito reiterar, pero que, en todo caso, favorecen
la paulatina eliminación de la bolsa y, desde luego, que las previsiones
se vayan cumpliendo.
Por otra parte, me satisface que el Senador interpelante convenga conmigo
--y, desde luego, con la posición del Gobierno-- en que, para evitar que
la referida bolsa se incremente, no cabe bajo ningún concepto plantear el
endurecimiento de las condiciones de realización de la prestación social
sustitutoria, sino el escrupuloso cumplimiento de la normativa. Aunque
confío en que también convendrá en que el Servicio Militar obligatorio se
realice en las condiciones más razonables y de mayor utilidad social. Y
en definitiva, y desde luego, que ambos servicios a la sociedad se traten
de manera equilibrada lo que evitará es, como bien ha comentado la señora
Ministra, interesadas objeciones, más de conveniencia que de otro tipo.
Con respecto a cómo va a reducir, más bien diría a cómo está reduciendo
el Gobierno el tiempo de espera para la incorporación de la prestación
social sustitutoria, hay que indicar que ello está siendo facilitado por
la propia y paulatina supresión de la bolsa, por el incremento selectivo
de puestos de actividad, por el aumento de la colaboración con aquellas
entidades que habitualmente cuentan con un mayor número de objetores, por
el incremento del establecimiento de convenios y por la eliminación de
tiempos muertos ya prevista en el plan de choque, así como por la
realización de llamamientos más frecuentes y, lo que es de gran
importancia, por la aprobación y aplicación del Reglamento sobre
convalidación de servicios voluntarios a efectos de la prestación social
sustitutoria, agotando las posibilidades del artículo 15 de la Ley del
Voluntariado.
Todo ello está propiciando, con la ampliación de la oferta, que se puedan
ir cumpliendo los objetivos hasta llegar a alcanzar el resultado previsto
para finales de 1998. En todo caso, la voluntad manifestada por la señora
Ministra señala la posibilidad de fijar límites al tiempo de espera para
realizar la prestación social sustitutoria frente a la indefinición de la
actual Ley de 1984, lo que constituiría una garantía más de los
ciudadanos con respecto a la actuación de nuestra Administración y a su
diligencia.
Cabe plantear otras medidas, el Grupo Parlamentario Popular está
valorando y sopesando meditadamente algunas más. Lo curioso es que se
plantee por alguien que ha estado tanto tiempo en el Gobierno y que antes
no lo ha hecho bajo la excusa de que ha cambiado el escenario. A nuestro
entender, el único escenario que ha cambiado es que ustedes antes eran
Gobierno y ahora son oposición.
Finalmente, y con relación a la equiparación de la duración de la
prestación social sustitutoria a la del servicio militar, que se plantea
ahora por primera vez, tras sus trece años de Gobierno en que no lo
hicieron, no podemos aceptarlo y nos satisface lo que ha manifestado la
señora Ministra al referirse a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán en el Congreso de Convergència i Unió, todo ello
enmarcado en el firme criterio del Gobierno de no aprobar innecesarias
medidas radicales que puedan provocar, por razones ajenas a las de
conciencia, un fuerte desequilibrio en favor de la objeción y en
detrimento del Servicio Militar, derecho y deber constitucional de
servicio a España por parte de nuestros jóvenes.
En cualquier caso, no quisiera dejar de subrayar que si la presente
interpelación es interesante, y lo es, pues ha posibilitado
que el Gobierno nos exponga con claridad y datos su positiva política es
un problema muy serio, muy difícil, como ustedes mismos lo han calificado
y reconocido, más interesante aún hubiera sido haber contado con
idénticos criterios y eficaz actuación por parte del anterior Gobierno
que, como prometió y no cumplió, debía haber solucionado el problema en
la anterior legislatura.
Por eso, el planteamiento que ustedes exponen como oposición, escudándose
en un cambio de escenario que ya le he interpretado, señor Senador, me
viene a recordar aquella frase, hoy ya casi lapidaria, que utilizó,
atribuyendo a su oposición, el que un día fue Presidente del Gobierno,
líder y Secretario General --hoy ya no lo es-- de su Partido: Nosotros
eso, y además un huevo duro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iríbas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para agradecer el tono de todas y
cada una de las intervenciones, indistintamente de que se han efectuado
pronunciamientos que yo no comparto.
Mi posición al respecto no coincide con la intervención realizada por el
Senador representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, evidentemente, pero creo que a través del diálogo y trayendo los
temas donde deben ser debatidos con toda serenidad, es como se puede
encontrar mejores soluciones al problema. El problema existe, yo no puedo
afirmar que en diecisiete meses hayamos solucionado el problema, pero lo
que tampoco puedo hacer, porque no sería justa con las personas que han
dedicado muchas horas a este asunto en los últimos diecisiete meses, es
no manifestar ante la Cámara que el plan diseñado en su momento ha tenido
un resultado positivo, y siempre con respeto absoluto al derecho de los
jóvenes a objetar, y también al deber de los jóvenes, hoy por hoy así
recogido, de colaborar en un trabajo distinto, en una función distinta de
lo que es el Servicio Militar.
Quisiera hacer un llamamiento a los distintos responsables para que el
tema lo tomemos como lo que es, un tema fundamental para nuestros
jóvenes, pero también para nuestra sociedad. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Como he dicho antes, no vengo con afán triunfalista, pero sí con datos
ciertos y, para no cansar a sus señorías en este momento con cifras, que
como no tienen otro soporte más que mis palabras pueden ser cuestionadas,
sí me gustaría remitir por escrito a todas y cada una de sus señorías las
cifras concretas, a fecha 30 de septiembre de 1997, respecto a reducción
de plazos de espera, puestos de incorporación, etcétera, para que tengan
constancia efectiva de que el plan diseñado ha tenido un resultado
cierto.
Insisto en la observación de ser responsables con el período transitorio
que nos queda. Asimismo, hay que ser responsables también para trasladar
a nuestros jóvenes la responsabilidad que tienen que asumir en este
momento. No lancemos mensajes que no son constructivos, porque con ello
lo que estaremos haciendo es atacar un afán de solidaridad que es lo más
lejano a lo que deben hacer los representantes del pueblo de España.
Con esta llamada termino mi exposición agradeciendo nuevamente la
intervención y el tono empleado por todos los señores intervinientes.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Ministra.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA
OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EN
LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES (S.
621/000047) (C. D. 121/000031).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, a continuación al punto
tercero del orden del día, que es el conocimiento directo por el Pleno de
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados. El primero es el proyecto de ley por el que se autoriza la
participación de España en la octava ampliación del capital del Banco
Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su
Fondo de Operaciones Especiales.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley. No habiendo turno
a favor, en contra ni turno de portavoces, ¿puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Así es y así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por
las Cortes Generales el proyecto de ley por el que se autoriza la
participación de España en la octava ampliación de capital del Banco
Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su
fondo de operaciones especiales.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE DE 47.830.121.054 PESETAS, PARA CANCELAR LOS MAYORES GASTOS
OCASIONADOS POR CORRECCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR LA UNION EUROPEA
POR SOBREPASAR LAS CUOTAS DE PRODUCCION LACTEA EN LOS AÑOS 1990, 1991 Y
1992, REALIZAR PAGOS FUERA DE PLAZO Y OTRAS DE DIVERSOS SECTORES (S.
621/000048) (C. D. 121/000034).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de
ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por un importe de
47.830.121.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos ocasionados por
correcciones financieras impuestas por la Unión Europea por sobrepasar
las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar
pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores.
No se han prestado enmiendas. No habiendo petición de intervenciones,
¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Así es, así consta y, por lo tanto, queda definitivamente aprobado por
las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de varios
créditos extraordinarios, por importe de 47.830.121.054 pesetas, para
cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras
impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción
láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y
otras de diversos sectores.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y DE UN
SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 536.679.448 Y 63.339.367 PESETAS,
RESPECTIVAMENTE, PARA SATISFACER RETRIBUCIONES DE JUECES EN PRACTICAS Y
DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL (S. 621/000049) (C. D. 121/000036).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de
crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial.
No habiendo petición de intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda
definitivamente aprobado este proyecto de ley.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 1.386 MILLONES DE PESETAS PARA AJUSTAR LA SUBVENCION DE
EXPLOTACION DEL ESTADO A MINA LA CAMOCHA, S. A., AL IMPORTE FIJADO EN EL
CONTRATO-PROGRAMA CORRESPONDIENTE A 1996. (S. 621/000050) (C. D.
121/000054).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas
para ajustar la subvención de la explotación del Estado a Mina La
Camocha, S. A., al importe fijado en el contrato-programa correspondiente
a 1996.
Si no hay petición de intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado dicho proyecto de ley.
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE
DESARROLLO (S. 621/000051) (C. D. 121/000059).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley por el que se
autoriza la participación del Reino de España en la séptima reposición de
recursos del Fondo Africano de Desarrollo.
No hay intervenciones de petición de palabra. Propongo que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 4.989.841.962 PESETAS PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA
TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995, POR LA
EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES
NACIONAL (S. 621/000052) (C. D. 121/000055).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proyecto de ley sobre concesión
de un crédito extraordinario por importe de 4.989.841.962 pesetas para
compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A.,
correspondiente al ejercicio de 1995, por la explotación de los servicios
de comunicaciones marítimas de interés nacional.
Si no hay petición de intervención, propongo que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales dicho proyecto de ley.
--PROPOSICION DE LEY PARA LA INCLUSION DE LA VARIANTE DE PAJARES EN EL
PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (S. 625/000002) (C. D. 125/000006).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Proposición de ley para la
inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de
Infraestructuras.
Sobre esta proposición de ley hay petición de palabra. En primer lugar,
tiene la palabra la Senadora Dolores Gorostiaga.
La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el 18 de marzo el Congreso aprobó una proposición no de ley de
Izquierda Unida en la que se instaba
al Gobierno a impulsar la construcción de la denominada variante
ferroviaria de Pajares, así como a recuperar los créditos necesarios para
finalizar los estudios previstos a la obra y permitir su inclusión en los
Presupuestos Generales del Estado. Esta proposición no de ley fue
aprobada por unanimidad.
En este momento estamos ante el mismo tema. Pero con unos matices de
importancia para nuestro Grupo: estamos ante una proposición de ley con
un artículo único que tiene el objeto de que sea incluida en el Plan
Director de Infraestructuras una obra; de la inclusión de una obra en un
plan estratégico, en el Plan Director de Infraestructuras. Las leyes,
normalmente, se las interpreta como mecanismos generalistas de solución
de problemas que no tienen vehículo ni instrumento para su solución por
otros procedimientos normativos; pero, señorías, en este momento estamos
tratando no de un problema sin solución, sino de una obra que depende
únicamente de la decisión de un Gobierno y de un acuerdo del Consejo de
Ministros.
Hay otro matiz importante: se pide la inclusión de una obra en el Plan
Director de Infraestructuras, Plan Director de Infraestructuras
ampliamente debatido, Plan del anterior Gobierno y que el Grupo
Parlamentario Popular no reconoce. En sucesivas intervenciones
representantes del Grupo Parlamentario Popular le han llamado de todo:
cosa, documento de consulta, esquema orientador de inversiones, decisión
unilateral del Gobierno socialista e incluso han abogado claramente por
su definitiva jubilación. Por tanto, se trata de obligar al Gobierno a
incluir una ley en un Plan en el que ni cree ni reconoce.
Señorías, para llevar a efecto una obra concreta sólo se necesita una
decisión del Gobierno, un presupuesto y su ejecución, y a esto se le
instó al Gobierno en la proposición no de ley aprobada en el Congreso.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, ante estas manifestaciones,
se va a abstener, igual que hicimos en el Congreso, porque no nos parece
la vía adecuada, y eso porque somos conscientes de la importancia de la
obra de que se trata. Lo que queremos es que se haga, que se presupueste,
que se ejecute lo más rápido posible sin marear la perdiz.
Señorías: acuerdo de Consejo de Ministros, presupuesto y ejecución. Y
ahora tenemos la ocasión clarísima de ver la voluntad del Gobierno en
este tema: los Presupuestos Generales del Estado, en los que, por cierto,
se han reflejado para estudios para esta obra 58.125.000 pesetas.
Nosotros creemos que ahí se ve la voluntad del Gobierno.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Gorostiaga.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, resulta difícil de entender la postura del
Grupo Parlamentario Socialista en el sentido del voto que ha anunciado,
absteniéndose en la aprobación de una proposición de ley para incluir la
variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras.
Yo, como testigo de excepción durante muchos años en mi calidad de
portavoz en la Junta General del Principado, puedo aseverar que el
trabajo realizado por todas las fuerzas políticas, sindicales,
empresariales, de la región asturiana, a excepción del Partido
Socialista, fue ímprobo para intentar conseguir el desbloqueo de las
comunicaciones por ferrocarril y llevar adelante iniciativas que
permitiesen la inclusión en los planes de los gobiernos de España de la
variante ferroviaria de Pajares.
Debo de decir que a lo largo de los últimos años el Partido Socialista
fue evolucionando positivamente, acercándose tímidamente a las posiciones
de la mayoría del pueblo asturiano que reclama, creo que con honda
preocupación, la construcción de una variante ferroviaria que no deje
aislada precisamente a la región asturiana y que de forma continuada ha
sido objeto de voto negativo por parte del Partido Socialista.
Resulta que ese posicionamiento, a mi juicio ambiguo, de la abstención en
lo que es tan fundamental para el futuro del desarrollo de la región
asturiana, no sólo en planteamientos de infraestructuras y de
comunicaciones, sino también para la posibilidad de la reactivación de la
economía de esta región, resulta chocante, cuanto más si tenemos en
cuenta que han pasado de la negativa a este voto tímido, ambiguo, de
abstención y que en el Congreso de los Diputados defendió dicha
abstención el propio Secretario General de los socialistas asturianos. Lo
lamento profundamente, porque creo que estamos ante una buena ocasión
para que los asturianos unidos seamos capaces de conseguir lo que esta
iniciativa pretende y que es la voluntad de la mayoría del pueblo
asturiano, plasmada en resoluciones de la Junta General del Principado
que han pedido a las Cortes Generales, a través de esta proposición de
ley, que se incluya la variante ferroviaria de Pajares en el Plan
Director de Infraestructuras que no se contempla en su redacción actual.
Por otra parte, nosotros estamos en condiciones de asegurar que el
documento sobre estrategia de comunicaciones de julio de 1988 ya
contemplaba esta posibilidad de solucionar definitivamente el problema
del trazado centenario de la conexión de Asturias con la meseta y, por
extensión, con el resto de España y con la propia Comunidad Europea.
Como quiera que si dicha realización no se incluyese en el denominado
Plan, significaría de hecho la definitiva marginación de Asturias de las
comunicaciones ferroviarias, esta proposición de ley, señorías, va a
significar el dar sentido positivo a esa petición mayoritaria del pueblo
asturiano y considerarla como prioritaria y primordial para que la
relación de estas obras denominadas variante de Pajares sean incluidas
dentro del Plan Director de Infraestructuras, dándose a las mismas, como
antes decía, la mayor prioridad en su fecha de ejecución, configurando
así el corredor ferroviario Madrid-Oviedo como línea ferroviaria de
velocidad alta.
Resulta difícil, de verdad, poder entender un planteamiento como el que
nos ha hecho la Senadora que intervino
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista porque, al final, uno no
llega a la convicción de ver si lo que mantienen es una estrategia
política que les permita salir del paso o si, de lo contrario, lo que
quieren es que no se ejecute una obra tan necesaria para el futuro de las
comunicaciones y del desarrollo de la economía de la región asturiana
porque, entonces, cabe la sinceridad de seguir diciendo y manteniendo
posiciones contrarias y votar que no, por las explicaciones que ha dado.
Pero lo que no caben, señorías, son componendas que permitan, por una
parte, salvar o intentar lavarse la cara y, por otra, seguir aduciendo
cuestiones realmente intrascendentes en lo que es la apoyatura del voto
de la abstención. Probablemente la Senadora que intervino desconoce un
poco esa situación, y es normal, aunque su cercanía precisamente desde
Cantabria le debería de permitir estar más al día en lo que es la gran
presión que en Asturias tenemos para conseguir esta obra, pero
probablemente le hayan mandado decir o leer aquí lo que efectivamente nos
dijo y se olvide de que en estos momentos, resueltas las comunicaciones
por carretera desde Asturias con la meseta --y creo que muy
positivamente-- queda efectivamente la posibilidad de la ejecución de
esta variante ferroviaria que, curiosamente, va a ser el Gobierno de
España, el Gobierno del Partido Popular, el que ya la va a poner en
marcha, como la propia Senadora ha dicho, después de estar en el «Boletín
Oficial del Estado» la licitación de la ejecución del proyecto
definitivo. Por lo tanto, si eso es así, yo creo que recordar aquí el
actual trazado centenario, en una situación prácticamente tercermundista,
porque con 179 curvas --más del 50 por ciento del trazado es en curva--,
con 79 túneles, con una velocidad media de 50 kilómetros por hora, una
máxima de 70, con un trazado obsoleto y penoso, y con una inversión en el
tratamiento integral de la línea, en el TIL, en los últimos años de casi
40.000 millones de pesetas, resulta chocante que pueda haber aquí voces
que sean capaces de mantener una abstención ante una actitud, que debe de
ser positiva, con voto también positivo, para la que la ejecución de esta
variante ferroviaria, y teniendo como tiene de antecedente el tener que
incluirse en el Plan Director de Infraestructuras, pueda ser una
realidad.
Yo, en todo caso, señorías, quiero finalizar diciendo que si queremos
situar al ferrocarril asturiano en condiciones de competir con otras
regiones que tienen unas comunicaciones que les permiten un movimiento de
tráfico y de mercancías capaces de albergar la esperanza de situarnos en
el siglo XXI con esas posibilidades, sólo cabe el votar positivamente.
En segundo lugar, superar los actuales estrangulamientos en
infraestructuras, en seguridad en el transporte, es también algo que
deberían de tener muy en cuenta los socialistas. En todo caso pienso que
la mayoría de esta Cámara va a aprobar esta propuesta de ley, y lamento
que un grupo tan importante, al menos cuantitativamente hablando, como es
el Grupo Parlamentario Socialista, tenga una vez más que ausentarse de un
debate como es éste porque para mí esa ausencia significa votar
abstención ante el clamor del pueblo asturiano para que pensemos que el
desarrollo precisamente de infraestructuras, y en este caso en materia de
ferrocarriles, pasa por la inclusión en el Plan Director de
Infraestructuras de la ejecución de esta variante ferroviaria de Pajares.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pregunto a sus señorías si se puede votar por asentimiento. (Pausa.)
No. En consecuencia, vamos a llamar a votación. (El señor Aleu i Jornet
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, quiero saber qué es lo que
vamos a votar, si la proposición de ley o la posición del PP.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted sabe qué es lo que
se vota, creo yo.
El señor ALEU I JORNET: Votaremos la proposición de ley, supongo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Claro.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la
proposición de ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan
Director de Infraestructuras.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221;
a favor, 136; abstenciones, 85.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO (S. 621/000055) (C. D. 121/000062).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, sometemos a
debate y a su futura votación el dictamen de la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley del sector
eléctrico.
Se han presentado dos propuestas de veto que se van a debatir a
continuación. Pero, previamente, pregunto si se ha designado a algún
Senador para la presentación del dictamen. (Rumores.)
Señorías, les pido un poco de atención para poder empezar el debate de
este dictamen, y pido especialmente la
atención de los señores Senadores que no me atienden porque están
hablando en estos momentos. Les agradezco su esfuerzo.
El Senador Chao tiene la palabra.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la
Cámara el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en
relación con el proyecto de ley del sector eléctrico. Este proyecto de
ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado
el pasado 17 de octubre. El plazo de enmiendas concluía inicialmente el
21 de octubre y fue ampliado hasta el día 23. El proyecto se tramita por
el procedimiento de urgencia.
Se han presentado un total de dos vetos: el número 1 de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y el número 2 del Grupo Parlamentario
Socialista. También se han presentado 237 enmiendas: de la 1 a la 85, de
los señores Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente; de la 86 a la 96,
del señor Ríos Pérez; de la 97 a la 115, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; de la 116 a la 200, del Grupo
Parlamentario Socialista; de la 201 a la 217, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y, por último, las enmiendas
números 218 a 237, del Grupo Parlamentario Popular.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los grupos
parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el
proyecto de ley fueron los siguientes: Por el Grupo Parlamentario
Popular, don Ricardo Bueno Fernández, don Pedro Luis Calvo Poch, don
Francisco Gil-Ortega Rincón, don Luis María Huete Morillo, don Clemente
Sanz Blanco, don Juan José Unceta Antón y don Virgilio Velasco Bueno. Por
el Grupo Parlamentario Socialista, don José Luis Alegre Escuder, don
Angel Franco Gútiez y don Arseni Gibert i Bosch. Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Joan
Horaci Simó i Burguès. Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, don Francisco Javier Albistur Marín, y por el Grupo
Parlamentario Mixto, don José Nieto Cicuéndez.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar
del proyecto de ley el día 27 de octubre, incluyéndose en el informe las
enmiendas 218 a 237 del Grupo Parlamentario Popular; 201 a 204, 206, 208
a 212 y 216 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y 98, 100 a 102, 108, 109 y 115 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Se subsanaron, igualmente, por la
Ponencia algunas erratas contenidas en el texto.
El día 30 de octubre la Comisión procedió a dictaminar, rechazándose los
dos vetos presentados e incluyéndose en el dictamen las enmiendas 119,
121, 125, 152, 155 y 200 del Grupo Parlamentario Socialista; 35 y 38 de
los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente y 205 del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió.
Igualmente, fueron introducidas en el texto, basándonos en propuestas
transaccionales, las enmiendas 130, 141, 183 del Grupo Parlamentario
Socialista; 99, 104, 105, 106, 110, 112 y 113 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos; 212, 214 y 217 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la 70 de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Por otra parte, la Comisión introdujo por unanimidad hasta un total de 20
modificaciones técnicas o gramaticales. Para su debate ante el Pleno han
formulado votos particulares los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente: veto número 1 y enmiendas números 1 a 34, 36, 37, 39, 69 y 71
a 85. El Grupo Parlamentario Mixto, asimismo, ha presentado las enmiendas
números 86 a 96, originariamente presentadas por el señor Ríos Pérez. El
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha formulado las
enmiendas números 97, 103, 107, 111 y 114, y el Grupo Parlamentario
Socialista las enmiendas números 116 a 118, 120, 122 a 124, 126 a 129,
131 a 140, 142 a 151, 153, 154, 156 a 182 y 184 a 199.
Señorías, quiero remarcar que en los trámites de Ponencia y Comisión se
ha realizado un trabajo concienzudo, introduciéndose en la ley más de 60
enmiendas y un considerable número de correcciones gramaticales. Sólo me
resta felicitar por el trabajo efectuado en Ponencia y Comisión, trabajo
continuado hasta esta misma mañana, a los señores portavoces y al resto
de los señores ponentes, así como a la letrada y a los servicios de esta
Cámara. Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías.
Para defender el voto particular presentado por los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, empezaré comentando
que, independientemente de que reconozco que este proyecto de ley ha
mejorado en los trámites de Ponencia y Comisión en el Senado, lo cierto
es que todavía no nos da plena satisfacción, motivo por el que vamos a
mantener el veto.
Desde nuestro punto de vista, el objetivo fundamental de este proyecto de
ley debería basarse en garantizar la satisfacción de las necesidades del
servicio eléctrico y en mejorar la gestión de la demanda, junto a la
utilización de técnicas y dispositivos encaminados al ahorro de
electricidad, objetivo que creemos no se cumple en dicho proyecto.
A nuestro juicio, en este proyecto de ley se introducen elementos
desregularizadores respecto de lo que deberían ser el mercado del sector
eléctrico y su mantenimiento. Dado que el servicio eléctrico es por sí
mismo de interés nacional, debe garantizarse que llegue a todas partes,
incluso a aquellos lugares --hoy en día son pocos-- a los que,
desgraciadamente, teniendo necesidades de dicho servicio, todavía no
llega.
Creemos asimismo que este proyecto introduce algunos elementos lógicos de
una filosofía que no compartimos y
que intentaré definir. Me refiero a esa filosofía que preconiza aquello
de: más sociedad menos Estado, filosofía que, indudablemente, nosotros
consideramos insolidaria, ya que esa expresión de más sociedad lo que en
realidad quiere decir es más interés privado, menos interés público y, en
definitiva, menos capacidad distribuidora para acabar con las
desigualdades sociales. Por tanto, ése es uno de los aspectos de este
proyecto de ley con el que no estamos de acuerdo.
Pero tampoco nos gusta ese otro aspecto liberalizador del proyecto
--dicho con todas las comillas que queramos--ya que entendemos que
estamos hablando de un sector que es fundamental e importantísimo, el de
la energía eléctrica, tanto para el desarrollo económico, como para el
desarrollo de los ciudadanos. Por tanto, nosotros creemos que en un
sector como éste, enormemente estratégico, debe haber y debe mantenerse
un peso público importante, no abriendo la espita para que haya en él
cada vez un menor peso público.
También consideramos que un proyecto de ley sobre el sector eléctrico
debería tener una planificación imperativa y no un sentido de
planificación indicativo. ¿Por qué? Pues porque de ser así, el interés
privado, el de las empresas privadas, haría que al final éstas se
convirtieran en monopolio y, monopolio por monopolio, preferimos el
monopolio público al privado.
Por tanto, el Estado debe desempeñar un papel importante en la
regularización, en la fijación de precios en relación con los diferentes
tipos de consumidores para que, buscando una igualdad, para cada
consumidor haya un precio concertado, un precio único tasado por la
intervención del Estado. Y es que no estamos hablando de un mercado
cualquiera sino del mercado del sector eléctrico, con todas las
implicaciones que tienen las fuentes de energía, un mercado en el que se
preserve el medio ambiente y donde se den mayores garantías y se
estimulen los combustibles menos contaminantes.
En definitiva, debería primar lo que se establece en la filosofía de la
declaración de principios, cosa que en la práctica no parece que vaya a
quedar reflejada.
Con esto, señor Presidente, doy por finalizada mi defensa del veto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Supongo que sus señorías acumularán el turno de respuesta. Por tanto,
para la defensa de su veto, tiene la palabra el Senador don Angel Franco.
(El señor Calvo Poch pide la palabra.) Perdón, Senador Franco.
Senador Calvo, ¿se van a acumular las respuestas a los dos vetos?
El señor CALVO POCH: No, señor Presidente. Cada respuesta correrá a cargo
de un Senador distinto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto --y dispense, Senador
Franco--, tiene la palabra el Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.
Señor Nieto, me sorprende una vez más que, tras el trámite en Ponencia y
comisión, el Grupo Mixto --en este caso, Izquierda Unida-- mantenga una
actitud que podríamos definir como conservadora, en la medida en que lo
que usted plantea no es una crítica pormenorizada al modelo que
proponemos con la nueva ley, sino que desea que el sistema español se
retrotraiga a anteriores circunstancias. Digo esto, porque palabras como
intervencionismo, regulación, planificación, etcétera, forman parte de un
modelo ya aprobado en nuestro país, y no precisamente en tiempos que yo
recuerde a título personal.
En todo caso, hay cosas que ustedes no consideran importantes, como, por
ejemplo, la mejora de la competitividad de la industria a través de una
reducción de sus costes energéticos. A eso les llaman elementos
desregularizadores, e incluso creen que esa reducción de coste puede ser
tachada de elemento de insolidaridad. Cuando menos, es algo curioso.
Por otro lado, sus señorías deben saber que su propuesta es contraria y
contradictoria con la Directiva comunitaria. Su compañera en el Congreso,
la señora Diputada Urán González, lo reconoció cuando afirmó: No estamos
de acuerdo con la Directiva europea. Evidentemente, si no están de
acuerdo con ésta, tampoco pueden estarlo con el proyecto de ley que
debatimos en estos momentos. Y no sólo no comparten la filosofía de este
grupo parlamentario, o la del Gobierno que propone la ley, sino tampoco
un modelo que está avalado por su funcionamiento en el conjunto de la
Unión Europea. Así al referirse a la diferenciación que se hace al
establecer consumidores cualificados, su señoría está negando la
autoridad de la Directiva comunitaria, puesto que ésta prevé que puedan
existir dichos consumidores.
Para finalizar, he de decir que su afirmación acerca de que no se
potencian lo que ha denominado como combustibles menos contaminantes no
se corresponde con la realidad. En este sentido, tengo que asegurarle que
con este proyecto se apuesta claramente por potenciar las energías
renovables, y por ello se refuerza el régimen jurídico singular para este
tipo de instalaciones. Por ejemplo, incluimos la venta de su energía, o
el sistema de distribución, a través de una enmienda que se ha
introducido «ad maiorem» en la Cámara, con el reconocimiento del derecho
a una prima sobre el precio de la electricidad, que permite la viabilidad
económica de estas instalaciones. Por tanto, tenga su señoría la más
absoluta certeza de que existe un tratamiento preferencial para las
energías renovables, e incluso más avanzado que el planteado por la
propia Directiva europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Poch.
Senador Franco, ahora sí, su señoría tiene la palabra para la defensa de
su veto particular.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, yo creo que estamos ante uno de los
proyectos de ley más importantes que han de pasar por esta Cámara en esta
legislatura --y no lo digo como suelen decir los profesores que su
asignatura es la más importante--; estamos ante un proyecto de ley que
intenta regular un sector, como es el eléctrico, que tiene una
extraordinaria importancia para la vida económica y social de España.
Este proyecto de ley regula algo muy importante para los consumidores,
tanto los domésticos como los empresariales, para las empresas del
sector, para los suministradores de materias primas, para los productores
independientes y para los ciudadanos en general, interesados por el coste
de la energía, por la seguridad y por el impacto medioambiental del
suministro eléctrico.
Por eso, señoras y señores Senadores, este sector necesita un marco
regulatorio estable, que vaya evolucionando al servicio de los ciudadanos
y no puede estar sometido a los vaivenes de la coyuntura política.
La primera observación que queremos dejar patente ante todos ustedes es
que con esta aprobación se instala a este sector tan sensible para la
vida española en la crisis y anunciamos que lo que se aprueba por
mayorías simples, en su momento se cambiará por mayorías simples. Y lo
decimos claramente para que no quede ninguna duda a las empresas del
sector eléctrico, al mundo financiero y al conjunto de los ciudadanos
españoles.
Es verdaderamente lamentable que el Gobierno de la Nación y su Ministro,
el señor Piqué, no hayan dedicado para hablar con el principal partido de
la oposición sobre un sector tan sensible ni un 0,5 por ciento del tiempo
que han dedicado para negociar y pactar con las empresas dominantes del
sector.
Teníamos en nuestro país una Ley que regulaba el sistema, la Losen, que
es flexible, abierta, avanzada desde el punto de vista de la competencia,
tanto en generación como en suministro de energía eléctrica, tanto para
ampliar la libertad de opción de los consumidores como la creación de un
organismo corregulador independiente que garantice la independencia y la
objetividad en el funcionamiento del sistema.
Pues bien, ustedes han preferido no desarrollar la Losen, que tenía
margen y capacidad suficientes, y nos traen hoy un proyecto de ley que no
han querido discutir ni negociar con el Grupo Parlamentario Socialista.
Les decimos lo siguiente: este proyecto de ley beneficia a una inmensa
minoría y perjudica a una inmensa mayoría. Concreto más: beneficia a las
empresas del sector y perjudica a la mayoría de los consumidores. Es la
razón fundamental por la cual planteamos este veto y solicitamos la
devolución del proyecto al Gobierno.
Digo que beneficia fundamentalmente a la inmensa minoría, a las empresas
del sector, por varias razones. En primer lugar, porque ustedes entregan
sin criterios objetivos, de forma desmesurada, a las empresas del sector
un billón 900.000 millones de pesetas. Estos criterios con los que
ustedes han operado, desde nuestro punto de vista, son excesivos,
carentes de objetividad.
Nosotros calculamos que lo que hay que devolver al sector, el tránsito
hacia la competencia, no debe exceder del medio billón de pesetas. Una
broma pesada, o no pesada, ligera. Ahí es nada. Un billón 500.000
millones de pesetas que ustedes deciden entregar, regalar, a las empresas
del sector, y después montan escándalos farisaicos y ficticios, con
35.000 millones de pesetas de la expo porque hay diferencias contables.
Sean, señores del Partido Popular, un poco más rigurosos y expliquen a
los ciudadanos por qué tienen que pagar un billón y medio de pesetas más
en la factura eléctrica, cuando lo que nosotros planteamos no es que no
haya necesidad de pagar a las compañías los costes hacia la transición
para garantizar un sector estable, saneado financieramente y competitivo,
sino que también se defiendan los intereses de los consumidores.
Por ello, decimos que los costes del tránsito a la competencia tienen que
ser fijados por el órgano regulador independiente, por la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional, que, año a año, con criterios objetivos,
determinará cuál es la cantidad que tiene que ir a las distintas empresas
en base a los criterios que he planteado: garantía de consistencia de las
empresas eléctricas, competitividad, modernización y capacidad de
asentarse en el futuro.
En segundo lugar, creemos que la fundamentación de estos costes se hace
antes de la bajada de los tipos de interés. ¿Cuánto se han ahorrado las
empresas eléctricas por la bajada de los tipos de interés? ¿O también hay
que pagar los costes que han reducido de la bajada de los tipos de
interés por segunda vez a las empresas eléctricas? Por eso, nosotros
hemos dicho que se deje lo que hay que financiar a las empresas
eléctricas en manos del operador independiente, de forma objetiva, donde
están representados los intereses más independientes y objetivos. Es
neutro y, por consiguiente, puede garantizar dicha objetividad con más
eficiencia.
Finalmente, ¿por qué decimos que esta ley viene a santificar la
autorregulación del mercado? No creemos que lo que ustedes plantean en
esta ley como instrumento de competitividad se pueda producir con los
mecanismos que introducen. Le voy a constatar simplemente dos o tres:
Ustedes restringen la capacidad de elección de los consumidores en un
sistema en el que la oferta es muy restringida y solamente la competencia
puede venir del ámbito de la demanda. Ustedes restringen, repito, a
través de los límites que posibilitan, los consumidores cualificados. Son
pocos los que van a poder elegir. Nosotros queremos, a pesar de que en
las enmiendas se corrija algo, que la capacidad de elegibilidad de los
consumidores se acelere cuanto antes, que puedan elegir y hacerlo a
través fundamentalmente de las comercializadoras, que es otro de los
instrumentos que prácticamente congelan en la norma y que dificultará, si
ya no por la vía de la demanda, por la vía de la oferta, que pueda
dinamizarse el precio de la electricidad.
Por consiguiente, ustedes hablan de liberalismo, pero en lo que conduce
en la práctica es a un duopolio en el sector, que va a controlar la
competencia en el sector y que va a controlar algo más importante para
nosotros, que es el control de las redes eléctricas, el control del
operador del sistema y del operador del mercado.
¿Cómo va a ser posible la competencia si ustedes plantean que va a haber
una serie de empresas privadas en cuyo capital van a participar las
empresas eléctricas con un monto cercano al 40 por ciento del capital?
¿Cómo ese núcleo duro controlará las empresas que permiten el acceso a la
red y la competencia, cuando ellas van a ser juez y parte? Ustedes
consagran con esta norma la autorregulación del sector y el predominio de
los duopolios eléctricos que en estos momentos existen en España, que
tienen, además, nombre y apellidos.
Es por esto --porque ustedes quieren poner el sistema en manos de las
empresas del sector, porque ustedes no garantizan la competencia tal y
como la titulan en su norma y porque ustedes garantizan de una forma
exagerada unos beneficios a las eléctricas que tienen que pagar todos los
consumidores-- por lo que nosotros consideramos que esta norma tiene que
ser devuelta al Gobierno.
Hablábamos de los consumidores. Si unos ganan, pueden ustedes decir que
otros también ganan, pero menos. Nosotros decimos que con esta norma los
consumidores españoles pierden a corto, medio y largo plazo. Y pierden a
corto, medio y largo plazo porque ustedes solamente garantizan la bajada
de las tarifas durante cuatro años, mientras ustedes garantizan
beneficios a las empresas durante diez años. ¿Quién nos garantiza a
nosotros, si no está en la norma que las tarifas seguirán bajando a
partir del cuarto año, que las presiones de las compañías eléctricas no
impidan, en función de quien esté en el Gobierno, la bajada de tarifas y
que por esa vía venga la compensación a los costes de transición a la
competencia? Por consiguiente, tienen una doble vara para medir: por un
lado, la vara que beneficia a los pequeños empleados del sector y, por
otro, la vara para medir al conjunto de los consumidores.
Pero es más, en estos momentos la bajada de los tipos de interés permite
a las compañías eléctricas hacer una bajada superior a la que han hecho.
Para que baje este año la energía eléctrica no ha hecho falta que se haga
la ley del sector eléctrico, que era otra de las coartadas que ustedes
planteaban. Ya hablaremos posteriormente de las bajadas que ustedes
plantean y compararemos con otro tipo de bajadas para decir públicamente
que lo que queda patente con esta norma es la inseguridad para los
consumidores privados y otros consumidores mayoritarios y la garantía de
que con esta norma salen ganando los núcleos duros de la electricidad
española, tanto por la vía de las ayudas como por la vía del control de
un sistema que es fundamental para el desarrollo político, económico y
social del país.
Ustedes han pasado del proteccionismo de la empresa de los viejos tiempos
al proteccionismo de algunas empresas frente a la mayoría de empresas.
Ustedes son, desde la perspectiva económica, los neoliberales que
utilizan el cuño o la expresión para convertirse en los máximos
proteccionistas de intereses privados y pequeños, como son en este caso
las empresas del sector eléctrico.
Quiero decir que hemos corregido esta norma, porque creemos, aunque no la
compartimos, que es necesario que salga de esta Cámara, si es que sale,
con las mínimas aristas. Y por eso he de resaltar dos enmiendas que hemos
incorporado: en primer lugar, una enmienda mediante la cual se prohíbe a
las compañías eléctricas que corten el suministro de los privados por el
hecho de que no les paguen la electricidad y hemos incorporado un
elemento corrector: que sea el informe preceptivo de la Administración
Pública quien determine si el corte ha de ejecutarse o no.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Franco, termine.
El señor FRANCO GUTIEZ: Hemos presentado además, en segundo lugar --y
acabo--, una enmienda que también mejora este texto, que nosotros creemos
que tiene que ser devuelto al Gobierno, que propone que el Gobierno haga
un plan de energías renovables que permita garantizar que, de aquí al
2012, nuestro país tenga un 12 por ciento de generación desarrollada a
través de las energías renovables. Mejoramos el texto con ésta y con
otras enmiendas, pero no se trata sólo de mejorar este texto, para lo que
ya hemos hecho un esfuerzo, sino que la cuestión es el problema de fondo.
No estamos de acuerdo --y con esto acabo, señor Presidente--, como antes
he dicho, porque esta norma consolida la posición dominante de las
grandes compañías del sector: hace una autorregulación convirtiendo en
juez y parte a las compañías del sector; crea un duopolio que va a
consolidarse sin mecanismos de control para la garantía de los
consumidores y tiene una política excesivamente restrictiva para la
posibilidad de elegir. Los consumidores, desde luego, nada podrán hacer
hasta el año 2007.
Muchas gracias, señor Presidente, por su generosidad. (Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bueno Fernández.
El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, obviamente, vamos a participar en el turno
en contra del veto planteado por el Grupo Parlamentario Socialista al
proyecto de ley del sector eléctrico.
Ya en Comisión tuvimos ocasión de cambiar algunas impresiones, y en aquel
momento también se manifestó al Grupo Parlamentario Socialista y al
Senador Franco la posibilidad de llegar a algunos acuerdos sobre las
enmiendas, como así fue. Obviamente, no se trataba sencillamente de
oponernos a su veto y rechazarlo por el mero hecho del contenido de sus
manifestaciones, sino porque es un proyecto de ley que se defiende por sí
mismo, tiene vida propia, es moderno, mira al futuro. Lógicamente, no hay
necesidad de que yo me explique aquí en exceso, cuando la exposición de
motivos y el propio proyecto de ley tienen la fuerza y la claridad
suficientes y yo diría que, sobre todo, cuando se ha instalado en la
realidad mirando al futuro.
La preocupación del señor Franco parece que son los consumidores, los
posibles beneficios de las empresas del sector y también el aumento que
pueda haber en las tarifas. Yo le puedo recordar que solamente desde 1982
a 1996 han subido las tarifas un 7 por ciento y que en estos momentos, y
según se contempla en el protocolo y está previsto en el espíritu de la
ley, se plantea una rebaja de la tarifa y ya este año se produce
prácticamente un 3 por ciento, un 2 por ciento en 1998 y un 1 por ciento
más en los tres años sucesivos. Quiero decir que el proceso se está
siguiendo a la inversa: las tarifas subieron y ahora bajan.
Hablaba, además, de la posibilidad de mayores ingresos por parte de las
empresas, reconociéndonos también la gran labor realizada por este
Gobierno por la bajada del tipo de interés. Obviamente, todo forma parte
de una política del Gobierno. En el debate del Congreso --creo recordar
que fue concretamente en diciembre de 1994, cuando la Losen-- se decía
que ni el Partido Popular ni el Grupo Parlamentario Popular tenían
posibilidad de plantear en el futuro una modificación del sector. La
modificación está aquí, se ha hecho, el proyecto de ley está aquí y
previsiblemente se aprobará, aun cuando sea con mayoría simple, si no se
recoge el aviso a los navegantes --dicho en términos en los que todos nos
entendemos-- que hemos hecho a las empresas del sector, a las que
avisamos de que una mayoría simple puede aprobarlo, pero también puede
modificarlo. Yo, que soy de Cantabria, llamo a eso aviso a los
navegantes. De todas maneras, creo que con la marcha que lleva el
Gobierno Popular las cosas van a navegar muy bien durante mucho tiempo y
no va a ser preciso hacer ningún aviso especial, e incluso les recordaría
que ustedes también pueden participar en la mejora de España, tanto en su
economía como en el sector eléctrico.
No quiero alargarme en exceso, señorías. Es indudable, y todos lo
sabemos, que el suministro de energía eléctrica es esencial para el
funcionamiento de nuestra sociedad. Pero dentro del sector eléctrico, en
la parte que nos corresponde, cuando se habla de un proceso liberalizador
hemos de decir que también el Gobierno mantiene sus cautelas, como es
obvio, en defensa de los intereses de todos y, sobre todo, de los
consumidores. En ese sentido, está previsto y así se contempla en el
artículo 10 del propio proyecto de ley. Pero, al mismo tiempo, también
hemos de decir que todo este proceso de liberalización lleva un
tratamiento y un camino que durará 10 años, en los que paulatinamente se
irá llegando a la situación que todos deseamos y que todos consideramos
como ideal.
Efectivamente, señorías, este proyecto recoge las necesidades planteadas
para que en el presente y en el futuro esté consolidado y modernizado el
sector. Rompe un poco con todo lo establecido en la Losen, porque,
admitiendo incluso que en aquel momento ya había algún inicio y algún
atisbo de proceso de liberalización, por lo que nosotros continuamos en
esa línea, avanzamos mucho más, adaptándonos a la Directiva europea. En
este sentido, aun cuando pudiéramos hablar más, creo que esto queda claro
en la propia ley, y prueba de ello es que de las casi 300 enmiendas
presentadas creo recordar que sólo quedan vivas unas 80, habiéndose
aceptado bastantes; ha habido un diálogo entre todas las fuerzas que,
directa o indirectamente, participan en la misma, además de contemplarse
en el protocolo firmado recientemente, en el cual se contemplaba también
la bajada de tarifas.
Obviamente, señorías, nosotros entendemos que nos adaptamos a la
Directiva de la Unión Europea, que el proyecto de ley es bueno, que
mejora la Losen. Y también que es mejorable, como todo lo hecho por
personas.
Para terminar, señorías, les diré que avanzamos en este sector, que lo
normalizamos, que cumplimos con lo dicho y que planteamos el futuro
abaratando precios y mejorando, en general, la economía, puesto que la
mejora de este sector va en beneficio de toda la economía española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debido a la inmediatez de mi intervención en relación con la
defensa y el contraataque de los turnos de veto puede parecer que me voy
a mezclar en ese debate y me voy a separar. Me voy a separar porque la
posición del Grupo al que represento, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, en esta ley ha cambiado, si es posible decirlo, 360
grados respecto a la antigua Losen. (Rumores.) Repito: 360 grados a los
comentarios provenientes del Grupo Parlamentario Socialista. Lo digo
porque ciertamente es así. Es decir, no solamente 180 grados, sino que
hemos dado la vuelta a una ley que estaba vigente y que creemos que no
servía ni estaba ejerciendo una función eficaz y activa en el sector.
Nuestra satisfacción, por otra parte, radica --siempre hago
comparaciones, y lamento hacerlas, porque con ello no quiero atacar a
nadie-- en que hemos tenido una acogida por parte del Ministerio para
discutir cada uno de los borradores de la ley que nos han sido
presentados. Y esta ley que hoy discutimos y a la que yo llamaría, en
honor a las personas que trabajaron en ella, la «ley Carmen Becerril», o
la «ley Nemesio Fernández Cuesta», porque creo que verdaderamente la han
trabajado con eficacia y con mucha paciencia y dedicación, tiene muchas
aportaciones que nuestro Grupo ha podido presentar y que han sido
acogidas. Aportaciones que queríamos hacer, fundamentalmente, en lo que
tiene que ver con la liberalización del mercado, con la liberalización
del sistema, con la mejora de las condiciones de acceso de los clientes
a una energía eléctrica más barata y también con una reducción
significativa de la intervención del Estado y sus organismos en el
sector.
Sin embargo, esta ley no nos acaba de satisfacer del todo --siempre tiene
que quedar algún pequeño granito-- en función de que la Administración
Central sigue siendo todavía una administración temerosa con las
actuaciones de las Comunidades Autónomas; y así como los Estatutos
de autonomía reconocen a determinadas Comunidades Autónomas una capacidad
de gestión específica en esta materia, la Administración Central, en este
caso, debería mostrar una postura más abierta, más valiente de ceder la
gestión, debería reconocer la gestión y quedarse como garantizadora del
marco que la ley establece. Para nosotros ése sería un elemento
satisfactorio.
Creo que hemos logrado un avance, y en ese sentido hemos encontrado en
los representantes del Partido Popular una acogida, así como en los
representantes anteriormente citados del Ministerio de Industria, pero
todavía creemos que hacen falta más esfuerzos en esta materia. Vienen
nuevas leyes, en especial la Ley de Hidrocarburos, y me imagino que en
ella se podrá encontrar la posibilidad de avanzar en materia de
reconocimiento de la Administración autonómica.
Poco más tengo que decir. No vamos a apoyar ninguno de los dos vetos,
porque creo que las razones que yo vengo exponiendo son suficientes como
para decir que nos sentimos identificados con la Ley, quizás no con todo,
que creemos que esta ley ha contribuido a introducir una clara
liberalización en el sector, que todavía hay elementos de acceso a lo que
pueden ser las consecuencias de la liberalización que deben ser
mejorados, yo no lo niego. También digo que si las aportaciones
realizadas por otros grupos políticos, en este caso por el Grupo
Parlamentario Socialista, hubieran sido aceptadas hubieran contribuido a
mejorar esta ley. Creo que el trabajo realizado por Convergència i Unió
ha sido importante y significativo; no estamos de acuerdo en todos los
aspectos, pero ha sido importante y significativo para darle ese carácter
liberalizador que buscábamos. En ese sentido, sí podemos decir que hemos
llegado con un gran consenso al final de la aprobación de esta ley.
Por ello, me quiero felicitar y quiero felicitar a todos. Esperemos que
sea una ley definitiva, que no vuelva a esta Cámara, o al Congreso, más
que para ser adaptada a los tiempos, y que contribuya a ser impulsora del
sector, un sector generador de riqueza en el Estado, generador de riqueza
en las Comunidades Autónomas y, sobre todo, que sea un elemento de
competitividad significativo para la industria. Confiemos en que así sea,
por ello hemos trabajado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Desea intervenir alguien en el turno de portavoces? (El señor Franco
Gútiez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Franco Gútiez.
Señoría, estamos llamando a votación por equivocación, le digo esto
porque si usted abrevia no paramos dicha llamada.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular no ha rebatido, salvo con
buenas intenciones, los argumentos que he utilizado para plantear la
devolución de esta ley al Gobierno, pero querría hace algunas
matizaciones. (Rumores.)
Hay intentado vender a la ciudadanía que la aprobación de esta ley
conlleva una bajada automática de las tarifas eléctricas. (Rumores.) Yo
he de decir también en honor a la verdad que desde el año 1990 hasta el
año 1996 los ciudadanos españoles se han ahorrado un 18 por ciento en la
tarifa eléctrica en relación con el IPC; no teníamos el proyecto que
ustedes traen y la energía produjo un ahorro en función del IPC del 18
por ciento. (Rumores.) Con esta norma, que regala un billón y medio de
pesetas a los sectores eléctricos y que van a tener que pagarlo los
consumidores españoles, al final, el monto del ahorro que prometen...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, puede usted continuar.
Lo que ha ocurrido es que en el momento en el que ha pedido su
intervención ya habíamos llamado a votación. Ruego que disculpe, pero
continúe, por favor. (Rumores.)
El señor FRANCO GUTIEZ: ¿Puedo esperar un segundo a que entren?
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por favor, pido a los señores
Senadores silencio porque todavía estamos en el debate y no en el proceso
de votación. Les pido silencio y pido al Senador Franco Gútiez que
continúe.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias por su amabilidad y benevolencia,
señor Presidente.
Decía, y repito, que los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular
y el propio Gobierno han intentado ligar esta reforma con la rebaja del
precio de la electricidad, y tenemos que ser rigurosos para que los
ciudadanos puedan comparar con equidad.
Yo decía que de 1990 a 1996 los ciudadanos españoles se ahorraron un 18
por ciento en el pago de las tarifas eléctricas. Con la ley que trae el
Partido Popular hoy, si hacemos un planteamiento homogéneo de los
próximos cuatro años, ustedes dicen: tres este año más dos del IPC,
cinco; y así, haciendo una proyección en función de la inflación y de lo
que ustedes dicen, se va a ahorrar menos el consumidor español con la
norma que ustedes plantean que sin esta norma. No va a llegar al 18 por
ciento el ahorro energético para la inmensa mayoría de los consumidores
españoles y a cambio ustedes nos regalan a los ciudadanos españoles con
el pago, mediante factura eléctrica, de un billón 500.000 millones de
pesetas que ustedes regalan a las empresas del sector sin saber por qué.
Por consiguiente, ésta es una ley que beneficia netamente a los grupos
industriales eléctricos y que perjudica a los consumidores españoles, que
no les beneficia, como ustedes plantean, entre otras cosas porque en los
próximos años esta ley no genera competencia, esta ley genera
autorregulación y esta ley pone en manos del sector eléctrico, en manos
de las empresas eléctricas, que son poquitas, el control del sistema
eléctrico, un instrumento tan sensible para el desarrollo del conjunto
del Estado.
Y eso es lo que ustedes no tratan de rebatirnos en esta ley, porque
ustedes montan unas empresas privadas que se van a hacer cargo de la red
eléctrica, del gestor del sistema y del operador del mercado, es decir,
todo el sistema en manos de quien no quiere la competencia, porque, ¿cómo
van a querer la competencia Iberdrola o Endesa, a la que ustedes ya están
preparando el terreno para poner al frente a otro amigo?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Franco Gútiez, se le
terminó su tiempo.
El señor FRANCO GUTIEZ: Termino ya, señor Presidente.
Por consiguiente, esta ley tiene buenas intenciones de liberalización,
pero las mata con el desarrollo de la misma, con la autorregulación y con
la falta de competencia por la restricción de la elegibilidad y, en
segundo lugar, pone un coste tremendo encima de los consumidores
españoles que lo pagaremos en diez años y no garantizamos que al cabo de
cuatro años no sigan subiendo las tarifas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Debo advertir a los señores Senadores que, por un error de coordinación,
hemos llamado a votación antes de la hora. Estamos en la última
intervención de turno de portavoces y tiene la palabra el Senador Bueno
por tiempo de cinco minutos.
El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Tras la intervención del Senador Franco, me va a permitir corregir un
error que he cometido anteriormente. Antes he dicho que las tarifas
eléctricas habían subido un 7 por ciento. No, me había confundido; del
año 1982 a 1996 han subido un cien por cien. Por ello, agradezco que en
su segunda intervención me dé la posibilidad de intervenir, pues
comprendo que el compañerismo entre los parlamentarios a veces permite
estas cortesías, que agradezco, pero aprovecho para recordarle que la
subida fue del cien por cien y que estamos hablando de una rebaja del 8
por ciento.
Parece ser que estamos hablando de unos antagonismos claros.
Indudablemente --el Senador Albistur lo ha mencionado anteriormente--,
este proyecto de ley es totalmente distinto a lo planteado en la Losen y,
por cierto, desde diciembre de 1994, el Partido y el Gobierno Socialista
no hizo ningún desarrollo en este aspecto con vistas a confeccionar el
Reglamento oportuno para conseguir los fines que pretendía.
Sin embargo, decía antes y recuerdo ahora que el proyecto de ley tiene la
gran ventaja de que se defiende por sí mismo, y lo hace porque mejora,
enriquece, ordena, plantea y ofrece un futuro realmente magnífico para
todos. Digo para todos porque, cuando hablaba de un billón 500.000
millones, también está planteado --y en la intervención del Ministro en
el Congreso así se constató-- un ahorro en el costo de entre 800.000 y un
billón de pesetas, fluctuando un poco por la bajada de intereses.
Por lo tanto, decía antes --no voy a agotar el tiempo que me concede el
señor Presidente-- que es un proyecto de ley que es bueno, que mejora la
Losen, que es perfeccionable --como todo--, pero que, indudablemente, nos
lleva a Europa, liberaliza el mercado, nos actualiza, rebaja precios,
mejora la economía, etcétera. Obviamente, como supongo considerará
oportuno el Senador Franco --quien ha dado todas las explicaciones que le
ha requerido su Partido--, estamos en una circunstancia en la que lo
mejor sería que reflexionaran sobre el fondo de su voto y, si nosotros
nos oponemos al veto, posteriormente, en el articulado del proyecto de
ley lo apoyen con nosotros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bueno
Fernández.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el voto particular
presentado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230;
a favor, 91; en contra, 136; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
A continuación, sometemos a votación el voto particular presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230;
a favor, 90; en contra, 136; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado este voto
particular.
Si me permiten sus señorías, les voy a explicar cómo será el desarrollo
posterior del debate de las enmiendas. Habrá una única intervención por
grupo para todas las enmiendas presentadas a lo largo de la ley y un
turno de portavoces. No se votará hasta el final del debate total. Por lo
tanto, ahora empezaríamos con la primera intervención, que es la defensa
de las enmiendas que propone el Senador Nieto Cicuéndez. Probablemente,
antes de levantar la sesión, podremos debatir también las enmiendas del
Senador Ríos Pérez y, posteriormente, durante la tarde haríamos el resto
del debate de la ley. Se lo digo para conocimiento de sus señorías.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a empezar haciendo una consideración global de las
enmiendas y, por tanto, no me voy a detener en ninguna en particular.
cComo sus señorías podrán observar por las enmiendas presentadas, creo
que hemos hecho un gran esfuerzo porque, no solamente nos hemos quedado
en el veto, sino que, a través de dichas enmiendas, hemos tratado de
hacer un proyecto de ley alternativo o diferente al presentado aquí, en
esta Cámara, y ello está reflejado en las enmiendas. Por tanto, tenemos
política sobre este tema tan importante, como se ha resaltado en el
debate de los vetos.
Dentro de esta consideración, quería hacer una alusión en el sentido
siguiente: Señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, señores
Senadores del resto de los grupos de la Cámara, a veces hay una tendencia
de escudarnos, o por lo menos este Senador así lo piensa, en que las
directivas europeas pueden convertirse en un cajón de sastre y usarlas o
manejarlas al antojo o a la conveniencia de las políticas que se quieren
desarrollar. Es verdad que el proyecto de ley que se trae y el que se
apruebe aquí no está en contradicción con las directivas europeas, como
tampoco lo estaría si se aprobara una ley diferente en el marco que
planteamos a través de las enmiendas, tanto nosotros como el Grupo
Parlamentario Socialista. Es decir, las directivas europeas permiten
hacer políticas distintas en bastantes materias y en ésta en concreto lo
permiten porque no hay ninguna contradicción entre éstas y ninguna de las
enmiendas que aquí se plantean.
Dicho esto, quería reflejar rápidamente cuál es el objetivo de las
enmiendas. El objetivo es estimular el ahorro energético, que es un
aspecto importante, ya que la energía es un bien público que hay que
estimular y que no puede estar pendiente de cuestiones de tipo
exclusivamente economicista, sino dentro de un planteamiento más amplio.
Y por eso lo importante es que un sector de estas características tenga
un control y una participación pública cada vez mayor, y la ley lo que
hace es partir de otra filosofía y, por tanto, en aras a la libertad de
comercio y a la libertad de competencia --lo que aquí ya se ha
reflejado-- va a beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Esa
es una filosofía de esta ley que no compartimos y que está reflejado en
las enmiendas.
También hay otro aspecto importante, a nuestro juicio, por referirse al
uso de la energía, que es regular mejor la participación de los consejos
de administración y de los consejos consultivos, e indudablemente, como
ha dicho también el Senador del Partido Nacionalista Vasco, el problema
de la mayor participación de las Comunidades Autónomas y de los agentes
sociales (sindicatos, empresarios, etcétera), algo que no se contempla en
la ley. Asimismo, la ley debería contemplar los sectores
medioambientales. Tenemos un montón de enmiendas referidas --y creemos
que con bastante rigor-- a estos temas para hacer efectivas las dos
cosas, el desarrollo de la energía al servicio de los ciudadanos y que el
medio ambiente no solamente no se siga dañando, sino incluso que se
corrijan aspectos ya deteriorados por el tema de la energía.
En cuanto a las redes de alta tensión, en la ley sólo hay una serie de
recomendaciones, cuando deberían existir medidas cada vez más coercitivas
tendentes al enterramiento de los cables de los tendidos eléctricos. En
este tema también existe una contradicción, porque al considerar la
energía como un tema de interés nacional, si hay que establecer nuevas
líneas, habría que estudiar la posibilidad de establecer medidas
expropiatorias igual que cuando hay que hacer una carretera o una
infraestructura de interés público. Al ser la energía un tema de interés
público tiene que haber una salvaguarda y un mayor control sobre estos
temas por parte de los poderes públicos, tanto del Estado como de las
Comunidades Autónomas. Esto no queda suficientemente recogido en la ley.
Por lo tanto, se usa el interés público para beneficio privado como si
cada ciudadano, en aras de esa libertad de comercio, igual que puede
ocurrir si hacemos una ley de la telefonía, pudiera apuntarse a una
compañía distinta.
En definitiva, debe existir una regulación, porque si se deja solamente
en manos privadas que haya 4, 6, 8 ó 10 compañías eléctricas, al final,
es un monopolio de interés privado que se concierta con capitales de unas
en otras y, por tanto, a través de las enmiendas, pretendemos que sean
los poderes públicos, por ser de interés nacional, los que regulen los
precios, las prioridades, la planificación, etcétera. Repito que, a
través de las enmiendas, planteamos una ley articulada y creemos que
contemplamos los factores del uso de esta fuente de energía, del estímulo
de la misma, del estímulo al ahorro, porque el ahorro de la energía
también es una fuente de riqueza. Por tanto, creemos que estas enmiendas
iban encaminadas a este fin.
Por último, quiero comunicar, porque no está recogido, que han sido
aceptadas las enmiendas números 35, 38 y 70, que ha sido transaccionada
y afecta a la enmienda número 75. Por tanto, las enmiendas números 35,
38, 70 y 75 quedan retiradas.
Quiero mostrar mi agradecimiento, aunque no estamos de acuerdo. No
obstante, reconocemos el trabajo que se ha hecho en la Ponencia y en la
Comisión; lo cortés no quita lo valiente. Se ha hecho un trabajo efectivo
y hemos intercambiado puntos de vista, pero llegamos a una conclusión y,
para no volver a pedir la palabra, me voy a posicionar sobre el resto de
las enmiendas. Votaré favorablemente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y después, conforme avance el debate, veremos si
se aceptan algunas enmiendas del Senador Victoriano Ríos y, si no, sí que
votaré algunas de ellas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré acabar pronto porque estamos en fase hipoglucémica y es más
conveniente para que los pocos que estemos podamos oír o entender lo que
queremos decir.
En primer lugar, quiero plantear con cierta crudeza que para Coalición
Canaria ésta es una ley que no le va, ni le va a Coalición Canaria ni le
va al archipiélago canario, es una ley más bien continental que insular.
El concepto de isla eléctrica tiene unas características especiales, que
España a veces ha indicado, y cuando se es
isla se es doble y triplemente isla eléctrica; por lo tanto, los
planteamientos para nuestra capacidad organizativa de la energía
eléctrica son bastante distintos.
Tenemos varios grupos de enmiendas. En primer lugar, retiro las números
91 y 92, que corresponden a los Títulos II y III.
Respecto a las números 86, 88, 89 y 90, se pretende reflejar en el
proyecto de ley que existen competencias planificadoras autonómicas
respecto a las redes o instalaciones de su competencia; que los órganos
ejecutivos de las Comunidades Autónomas pueden adoptar también las
medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica en
supuestos excepcionales; que las Comunidades Autónomas con competencia
para ello regulen las actividades para el suministro de energía eléctrica
que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares.
Con la enmienda número 87 se pretende que en los sistemas insulares y
extrapeninsulares la planificación de la generación de energía también
deba tenerse en cuenta por los instrumentos del planeamiento urbanístico.
En los Títulos del IV al VI mantenemos las enmiendas números 93 y 94.
La enmienda número 94 tiene el carácter de concretar las competencias
autonómicas en la materia, tal como se explicó en la defensa del turno
anterior.
La enmienda número 93 pretende salvar las situaciones de monopolio u
oligopolio que se pueden dar en un determinado momento con el
consiguiente peligro de abuso de posiciones dominantes. La solución que
se presenta está de acuerdo con la Directiva 96/92 del Parlamento Europeo
y del Consejo y consiste en que la Administración puede tener en estos
casos excepcionales la opción de acudir a un procedimiento de licitación
y no estar sujeto al procedimiento de autorización.
La enmienda número 96 incide en las competencias autonómicas en la
materia, dejando claro que el carácter de legislación básica de esta ley
no puede ir en perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas
reconocidas en sus Estatutos de Autonomía.
La enmienda número 95 es, quizá, la enmienda clave de Coalición Canaria.
El proyecto de ley que el Ministerio mandó al Congreso de los Diputados
no tenía este concepto limitativo y bloqueador de la libertad de la
energía eléctrica en los archipiélagos y en las plazas de Melilla y
Ceuta. Fue introducido por el Grupo Parlamentario Popular, dándole hasta
el 2007 esa posibilidad. Ahora en este Senado la fecha ha pasado del 2007
al 2000.
Yo quisiera profundizar un poco más en esta enmienda y en su importancia.
Para nosotros se trata de bloquear la competencia en nuestro archipiélago
después de privatizar Unelco, que es Endesa en Canarias, es decir, Unión
Eléctrica de Canarias. No nos satisface ni el texto que salió del
Congreso de los Diputados al aceptar la Ponencia la enmienda número 323
del Grupo Parlamentario Popular que contemplaba un período de transición
a la competencia hasta el 31 de diciembre del 2007, ni el texto que ha
salido ahora en la Ponencia del Senado al aceptar la enmienda número 233
del Grupo Parlamentario Popular que rebaja dicha fecha hasta el 31 de
diciembre del 2000. En la justificación se dice que es «para que haya un
acercamiento no traumático al régimen de competencias».
La exposición de motivos de la ley dice claramente que un sector esencial
como el eléctrico, suministrador de energía y electricidad a los
ciudadanos, debe ser liberalizado para generar competencia, eficiencia,
mejora en la calidad y en los costes del servicio. En esto estamos casi
todos de acuerdo. La competencia es buena para el sector eléctrico. No
queremos monopolios u oligopolios que pueden abusar de su posición
dominante, y si existen, que sean públicos.
Por otra parte, en Canarias existe una situación de monopolio natural
--como ya había dicho-- creada por la empresa pública Unelco del Grupo
Endesa. En la aplicación de esta ley se interpreta que hay que privatizar
Unelco, dentro de la privatización de Endesa, pues no se puede segregar.
Si se privatizan Endesa y, con ella, Unelco habrá un período de
transición para la competencia y en Canarias tendremos una situación de
monopolio legal de una empresa privada, por lo que Canarias no se ve
beneficiada del juego de la libre competencia en el sector eléctrico. Por
dicho motivo, pretendemos que se elimine la disposición transitoria
decimoquinta y lo hago extensivo a que lo piensen las señorías de las
islas Baleares, de Ceuta y de Melilla.
Se pueden hacer varias interpretaciones sobre cuál es ese intento de
Endesa a través del Grupo Parlamentario Popular, al no venir del
Ministerio. En primer lugar, parece, quizás hasta inaudito, que del
Congreso al Senado se pase, al hablar de la situación de la competencia
--«competencia», la palabra divina de un sistema liberal puro--, del 2007
al 2000 sin más explicaciones. ¿Por qué este regalo de siete años? ¿Qué
se persigue con esta disposición transitoria decimoquinta? Sencillamente,
crear un monopolio privado por ley. Pero puede interpretarse que con los
escasos tres años de ahora la modificación hecha hoy frente a la de los
días anteriores sólo pretende que en el proceso de privatización se
aumente el precio de las acciones de Unelco, ya que sería disuasorio para
cualquier intento de competencia y subiría su cotización con el blindaje
de estos tres años. La cuantía global quedaría muy alejada de las
posibilidades de las Cajas canarias de ahorro y del capital privado del
archipiélago.
Pero hay más, señorías. El siguiente párrafo de la disposición
transitoria decimoquinta, tantas veces ya indicada, dice que durante este
período no será exigible la separación jurídica de actividades entre
producción, transporte y comercialización, contraviniendo la Directiva de
la Unión Europea e infringiendo directamente el Estatuto de Autonomía de
Canarias que en su artículo 30.26 indica que la Comunidad tiene
competencias exclusivas en instalaciones de producción, distribución y
transporte de energía. También en su artículo 32.8 reserva al sector
público autonómico recursos o servicios esenciales, especialmente en el
caso de posibles monopolios.
Señorías, para el archipiélago canario la empresa Unelco es pública y
ahora se quiere hacer un monopolio privado. La empresa da un servicio
esencial en el archipiélago, no solamente para generar energía eléctrica,
sino
para la producción de agua potable y como base para un desarrollo futuro
de las telecomunicaciones que en su economía representa el cien por cien
de los recursos entre el turismo y la agricultura.
Y termino ya, señorías, diciendo que Coalición Canaria considera esta
disposición transitoria de una agresión creo que innecesaria. Si esto lo
hacen los actuales amigos, es lógico replantearse la actualidad de esa
amistad o reflexionar sobre si este pacto no estará ya agotado.
En la tramitación en el Congreso se dieron desde las alturas seguridades
diciendo que se iba a resolver. De no ser así, Coalición Canaria lo
interpretaría como un claro acto no amistoso. En cualquier caso, nosotros
seguiremos esperando a la nueva tramitación en el Congreso para que se
suprima esta disposición transitoria decimoquinta.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ríos
Pérez.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión en
la intimidad de los presentes. En esa confidencialidad, tiene la palabra
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos el Senador
Albistur, para que exprese sus sentimientos sobre esta ley.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
El comienzo de la sesión de esta tarde es casi como una partida de tute,
en el sentido de que vamos a jugar cuando ya están todas las cartas
repartidas. Los que dan las cartas, que son los señores que están a mi
derecha geográfica, ya han decidido que tienen los cuatro caballos y los
cuatro reyes, y tenemos que ver si nosotros disponemos de unos cuantos
ases, para, por lo menos, tratar de hacer unos «punticos».
Para no perder tiempo y con el objeto de ir avanzando, me voy a centrar
en tres de las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo.
La primera, relativa al artículo 2, apartado 2, es la relacionada con la
consideración de servicio esencial, tema en el que nosotros hemos venido
insistiendo permanentemente en las negociaciones mantenidas en el
Ministerio y posteriormente en el Congreso de los Diputados y en esta
Cámara.
Es verdad que se ha quitado todo aquello de servicio público; se han
buscado conceptos diferentes para definir lo que es el servicio dado a la
sociedad a través de las operadoras en el sistema, pero nos sigue
pareciendo que en lo que se refiere al servicio esencial se encierra en
la ley una trampilla para, en un Estado de Comunidades Autónomas, con una
Constitución que reconoce competencias de gestión, como he dicho en mi
intervención de esta mañana, y con unos Estatutos donde se reconoce,
además, la capacidad de ejecución de las Comunidades Autónomas, poder
volver a buscar las razones de intervención del Estado.
Ya sé que no he podido tocar ninguno de los corazones del Ministerio ni
del Partido Popular --a fin de cuentas el Partido Popular en este caso no
hace más que ser mentor de lo que el Gobierno le dice--, pero como el
Consejo de Estado les recomendó que buscaran otro término y no han sabido
hacerlo, esperábamos que hubieran tenido, por lo menos, la suficiente
agilidad para mantener un equilibrio en el Estado de las Autonomías, pero
no lo han hecho, y nosotros mantenemos esa enmienda.
Me voy a referir a otra enmienda que tiene que ver precisamente con el
argumento de carácter de ejecución por parte de las autonomías, como es
el relacionado con la enmienda, para nosotros anteriormente 107, al
artículo 21, apartado 3, en la cual establecíamos que las autorizaciones,
a las que se refería el apartado 1 de dicho artículo, relacionadas con el
régimen especial, debían ser otorgadas por las Comunidades Autónomas.
Entendemos que al desarrollarse la actividad de generación y producción
de energía eléctrica en un marco con competencia libre, tal y como la ley
se plantea como objetivo, toda autorización de las instalaciones se
enmarcan en un ámbito puramente de administración, en un ámbito que
correspondería precisamente, por aplicación de los Estatutos
correspondientes, a las Comunidades Autónomas.
Esta mañana yo decía que había un temor por parte de la Administración a
confiar en la gestión de las Comunidades Autónomas. Hoy día ese temor no
tiene sentido alguno, y yo diría que, además, un Estado moderno, como
pretende ser el Estado en el cual estamos incluidos, no debería caer en
este tipo de actuaciones en función de la abundante comunicación
existente entre la Administración central y la periférica. Debería
cumplirse la ley de forma organizada y, además, estrictamente jurídica,
de acuerdo con la letra de los Estatutos y de la Constitución, y
reconocer las capacidades o las competencias de administración y de
ejecución a las Comunidades Autónomas.
Finalmente, tengo que hacer referencia a nuestra enmienda número 103, en
relación con una cuestión que no hemos sido capaces de cambiar, y en esto
tiene que ver, no ya el Grupo Parlamentario Popular, sino Convergència i
Unió. Entendemos nosotros que la energía circulada que ahí se plantea
como uno de los elementos clave a efectos de obtención de primas, no es
sino un elemento más de los que deben considerarse. Desde luego, para
este viaje no necesitábamos esas alforjas, y es introducir una discusión
que de alguna forma resulta absolutamente estéril cuando, además, el
establecimiento de las primas debe hacerse por vía reglamentaria.
Nosotros pretendíamos introducir racionalidad en la modelación del futuro
sistema de retribución de la distribución y, por ello, que fuera posible
tomar un parámetro representativo para definir el modelo que debería
configurar los costes que resultan de la distribución a la energía
circulada, pero situándola en su debido lugar. Nos parece que en este
asunto han primado intereses excesivamente particulares
que perjudican a otras Comunidades Autónomas, no solamente a la nuestra.
Como ésta va a ser mi última intervención, diré que, tanto que se nos
acusa a los partidos nacionalistas --y lo digo ante la escasísima
audiencia, pero para que conste en acta-- de tener una mirada
particularista y pequeña, limitada y localista, precisamente no hemos
querido dar a esta ley...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Albistur, llevamos unos
cuantos minutos de retraso.
El señor ALBISTUR MARIN: Sí, señor Presidente, pero dado que lo que voy
a decir lo hago en un Senado que pretende representar a las Comunidades
Autónomas, voy a terminar dentro de un segundo o de dos como mucho.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Usted puede terminar dentro de un
segundo, pero no por esta causa principal.
El señor ALBISTUR MARIN: Hemos pretendido darle la mayor amplitud
posible, de forma que lo que nosotros entendíamos que era bueno lo fuera
para todo el Estado y para todas las Comunidades que lo componen. Esa ha
sido nuestra intención. Pensamos que así debería ser también para otros
grupos políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para exponer la primera parte
--creo-- de la intervención, tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señor Presidente.
Dice usted al manifestar que es la primera parte, puesto que el Senador
Gibert, de mi Grupo Parlamentario, defenderá la otra parte de las
enmiendas.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Senado un
total de 85 enmiendas a este proyecto de ley, además del veto, de las
cuales quedan vivas en estos momentos 76, puesto que nueve se aprobaron
en el trámite de Comisión, y ni una sola en el trámite de Ponencia.
En este sentido, quisiera corregir al Senador Bueno cuando esta mañana
dijo que quedaban alrededor de unas 80 enmiendas vivas, que serían las 76
nuestras más 80, aproximadamente, de los Senadores Nieto y Román.
También el Presidente de la Comisión, en la presentación, dijo que en el
trámite de Comisión se habían aprobado más de 70 enmiendas. Quiero
señalar que las del Grupo Parlamentario Socialista fueron nueve, es
decir, un buen porcentaje que indudablemente tenemos que agradecer. Estas
enmiendas que voy a defender corresponden a los títulos I, II y III,
relativos a las disposiciones generales, competencias administrativas,
planificación eléctrica, ordenación del suministro y régimen económico,
así como a las disposiciones adicionales primera, decimotercera y
transitorias quinta, decimotercera, decimoquinta y una posible nueva
decimoséptima en el caso de que fuese aprobada nuestra enmienda.
Sobre estos Títulos y disposiciones el Grupo Socialista tiene su
particular visión, muy diferente de la del grupo mayoritario de la
Cámara. Respecto de éstos, de nuestras enmiendas y, en definitiva, de lo
que el proyecto de ley ofrece a los españoles, nos encontramos con que el
Gobierno pretende que una magnífica ley, aprobada en diciembre de 1994,
la conocida como Losen, pase a mejor vida. Y así, va a resultar cierta
una frase lapidaria del portavoz del Grupo Popular en aquel debate, quien
dijo: Si mi grupo llega al Gobierno de la nación, esta ley se derogará.
Pues bien, señorías, ya tienen prácticamente conseguido lo que tan
rotundamente manifestaron entonces. Aquella ley, vigente todavía, marcaba
un hito fundamental en aquellos momentos de cara precisamente a lo que
ustedes pretenden. Admitía, y sigue admitiendo, un juego extraordinario,
un abanico de posibilidades para desarrollarla, con vistas a esa
situación de competitividad deseada por todos, al abaratamiento de los
precios de la energía sin perder calidad de suministro, y con las mismas
garantías para satisfacer todas las necesidades de servicios eléctricos
existentes hoy y de cara al futuro. Y lo que es mejor: todo ello podía
conseguirse con la Losen sin poner --como va a ocurrir-- patas arriba
todo el sector.
El Senador Albistur decía esta mañana que se había dado un giro de 360
grados a la Losen. Lo decía hablando en primera persona, sintiéndose
satisfecho; y lo entiendo. Mi grupo tal vez hubiera dicho lo mismo si
hubiese tenido la posibilidad de negociar durante cinco meses con el
grupo mayoritario. En este sentido, mi compañero el Senador don Angel
Franco dijo que habíamos tenido el 0,5 por ciento del tiempo de contacto
con el Gobierno para realizar esas negociaciones, pero yo diría que ni
siquiera hemos dispuesto de ese tiempo.
Señorías, el nuevo marco regulador eléctrico responde exclusivamente a lo
acordado --diríamos que con nocturnidad, etcétera-- en el Protocolo que
el Ministro de Industria afirmó con las empresas eléctricas. Aun así, no
va a haber forma de controlar todo el desbarajuste que se va a organizar;
porque esto va a suponer un desbarajuste en el sector, y además,
innecesario. Y todo, para conseguir un abaratamiento que nosotros
difícilmente vamos a ver, puesto que la generación que realmente entrará
en competencia con la nueva planificación va a ser forzosamente muy
limitada, al partir de la existencia de un parque de centrales con una
potencia instalada en estos momentos capaz de generar sobradamente la
energía eléctrica que demanda el conjunto del mercado, y al que
actualmente se retribuye --al parque en cuestión--, no en función de sus
ofertas, sino de acuerdo con los costes estándares previstos en el marco
legal estable.
Eso ha hecho posible hasta ahora un cierto reparto ordenado de las horas
de funcionamiento de las centrales o, dicho de otra forma, un relativo
equilibrio asumido por todos en cuanto al balance de producción neta por
orígenes, es decir, por las diferentes energías empleadas.
La primera consideración que es necesario efectuar es que, debido al
sistema de retribución que se pretende implantar,
el costo del combustible va a tener tal influencia en las ofertas que
presentarán los distintos tipos de centrales, que se producirá entre
éstas una verdadera compartimentación en función de la energía primaria
utilizada, de lo que claramente se puede deducir que el orden de entrada
en funcionamiento de los grupos de producción en este nuevo mercado de
generación está ya total y lamentablemente predeterminado. Para quien
procede de una cuenca minera --en la que además hay dos importantes
centrales térmicas--, y tiene la obligación y la vocación de defenderla,
esto es algo muy difícil de asumir, a pesar de todo lo que se diga sobre
el consumo garantizado y el plan de la minería, que, en realidad, es un
plan para liquidar la minería.
Entre tanto, está muy claro que con esta ley va a ser imposible evitar
abusos de poder de mercado de alguna determinada energía, que dejará
fuera del sistema a otras durante quizá demasiado tiempo.
El proyecto de ley que nos ocupa, en cuanto a la planificación que se
contempla en la misma, nos ofrece serias dudas de que pueda conseguirse
una producción adecuada, dado que las respuestas ante las necesidades
dependen de la exclusiva voluntad de los agentes que se encuentran sin
los mecanismos necesarios en un país como el nuestro, con un elevado
nivel de dependencia energética y aislado del exterior por el bajo nivel
de infraestructuras de transporte.
Nos preocupa que la planificación quede abandonada por las consecuencias
que pueda tener para la seguridad de abastecimiento en el futuro, puesto
que difícilmente el mercado será capaz de tomar decisiones de inversión
a largo plazo que permitan atender en condiciones, o, por lo menos, como
hasta ahora se ha hecho, un servicio que ustedes califican de esencial y
que nosotros preferimos que se siga llamando público, con titularidad
pública, sin que ello impida que la actividad se lleve a cabo por la
iniciativa privada, como el actual marco normativo permite.
Aquí hay un juego semántico entre lo que el Senador Albistur ha comentado
antes y lo que nosotros pretendemos. Parece ser que lo esencial supera a
lo público, pero, en cualquier caso, nosotros preferimos que se siga
llamando servicio público. Es lo que pedimos en una de nuestras
enmiendas.
La cuestión medioambiental tampoco responde en este proyecto de ley a la
sensibilización existente en nuestra sociedad. Tímidamente expresaba
--digo expresaba-- la voluntad de que los criterios de protección del
medio ambiente deban informar las actividades porque, al menos en el
trámite de Comisión, conseguimos la aprobación de nuestras enmiendas, que
decían con mayor contundencia que los criterios deben ser condicionantes
para el ejercicio de la actividad eléctrica en cualquiera de sus
aspectos.
Y, además, la ley debe recoger e incorporar mecanismos para introducir en
los costes del suministro eléctrico los correspondientes a la protección
del medio ambiente, a la vez que todo ello signifique un avance
importante en la promoción del ahorro, en la eficiencia energética y en
la potenciación de las energías renovables, manteniéndonos absolutamente
firmes en nuestra postura de querer un sector eléctrico más eficiente y
con menor impacto medioambiental.
Con nuestras enmiendas pretendemos avanzar en el otorgamiento de derechos
a los consumidores, los cuales se van a ver obligados a pagar esos dos
billones de pesetas salidos de ese diálogo íntimo del Gobierno con las
compañías eléctricas en un momento en el que lo único que ha ocurrido es
un volver a empezar para beneficiar a dichas compañías, sin que ello
suponga mejora significativa para la ciudadanía, y sí en cambio la
posibilidad futura de una pérdida real de eficiencia en el suministro,
sobre todo en algunas zonas del país --y son muchas--, en las que la
actividad eléctrica pueda carecer del atractivo suficiente frente al
negocio asegurado de abastecer a las grandes ciudades.
Son varias las enmiendas de mi Grupo tendentes a clarificar con
definiciones apropiadas la separación que creemos debe de existir entre
las actividades de distribución y de comercialización en un sector como
el eléctrico en el que, por sus especiales características, deben de
convivir áreas de monopolio y de mercado, dado que no puedan aplicarse a
dicho sector las mismas pautas de liberación que a otros.
La primera, la distribución, al ser una actividad de red, saben sus
señorías que se define hoy como la transmisión de electricidad a
tensiones inferiores a 220 kilovoltios, en definitiva, transmisión al por
menor, a diferencia de las grandes redes de transporte, que lo hacen a
tensiones superiores a la citada.
La distribución, pues, mantiene un régimen de monopolio, lo que obliga a
establecer una distinción clara que haga posible la introducción de
normas de transparencia, que permitan la regulación adecuada de los
ingresos de esa actividad monopólica y que eviten la subsidiación de la
comercialización con fondos provinientes de la distribución, lo que
podría hacer imposible la competencia para el resto de los
comercializadores.
Sin embargo, la comercialización debe de asumir por completo la venta de
energía a los consumidores finales, bien sean los que tengan capacidad de
elección de suministrador, los llamados consumidores cualificados, o
aquellos que no la tengan, consumidores a tarifa, a los que,
evidentemente, hay que proteger mediante tarifas máximas, en tanto en
cuanto no haya competencia efectiva para todos.
Nuestras enmiendas pretenden definir muy claramente estas áreas
concretas, en las que la indefinición entre actividades reguladas y no
reguladas puede suponer la posibilidad de apertura de un frente de
disputas legales.
La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional o la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, como ustedes han dado en llamar al organismo regulador
del sector --es un cambio importante--, debe presentar un balance
equilibrado entre entre los objetivos que se le encargan y las facultades
que se le atribuyen.
Nuestras enmiendas van en este sentido, al pedir que sea este órgano
regulador quien pueda con sus informes participar debidamente, como
nosotros entendemos y como se aceptó en Comisión, y tengan carácter
preceptivo en las funciones que el artículo 8 señala para ellas. Pero
pretendemos más. Queremos que sea este órgano el encargado
de la aprobación de los peajes de transporte y distribución. Esto no se
nos admitió en Comisión. Esperamos que reflexionen y lo puedan aprobar al
final de esta sesión, evitando así que las facultades de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico queden lejos de las atribuidas en otros
países a órganos reguladores similares al nuestro.
Hay ejemplos de mayores competencias, como ocurre en Estados Unidos,
donde hay dos órganos como el nuestro, en Canadá, en Méjico, Finlandia,
Argentina y Colombia. Portugal e Italia tienen un nivel como el nuestro
y Chile lo tiene por debajo. Pero todos los que están delante de nosotros
tienen capacidad consultiva, normativa, arbitral y operativa, entrando en
ellas el marcar los precios y tarifas, conceder las licencias y las
autorizaciones a las instalaciones, la supervisión de las condiciones de
suministro, la solicitud de información, inspecciones y sanciones.
En otra parte de nuestras enmiendas pretendemos incorporar textualmente
los apartados tres y cuatro del artículo 14 de la Directiva 96/92 de la
Unión Europea, que hace referencia a la contabilidad de las empresas
eléctricas integradas para que la debida separación de sus cuentas, en
función de las diferentes actividades llevadas a cabo den lugar a la
necesaria transparencia exigible entre sociedades vinculadas con
idénticas obligaciones que el resto de las de la Unión Europea.
Pasamos a defender brevemente las enmiendas correspondientes al Título X,
artículo 59 a 67, a los que presentamos solamente seis enmiendas. Es una
parte de la ley que se ocupa exclusivamente de las infracciones
administrativas establecidas en la misma, calificándolas, como saben muy
bien sus señorías, en muy graves, graves y leves, aplicando a las mismas
unas sanciones adecuadas a la escala de la infracción. Prácticamente todo
el Título está copiado de la anterior Ley, de la Losen, y pretendemos que
la única modificación que han introducido en el apartado tres del
artículo 60 vuelva al texto original para evitar la subjetividad, al
referirse a los materiales e instrumentos aplicados que deben ser
homologados, ya que tal como está redactado el texto --como digo--
introduce un cierto elemento de subjetividad.
Las restantes cinco enmiendas a este Título mejoran, a nuestro juicio,
significativamente no sólo el proyecto de ley que debatimos, sino incluso
la Ley anterior, la Losen, eliminando la cuantificación porcentual
existente en la aplicación irregular de las tarifas, tanto en las
infracciones muy graves como en las graves. Por otra parte, consideramos
que esta ley no puede fijar el marco normativo de las empresas como
pretende el texto actual.
Las enmiendas correspondientes a las disposiciones adicionales
--solamente hay tres-- pretenden otorgar al Consejo de Seguridad Nuclear
mayor capacidad normativa en el ámbito de sus propias competencias, a la
vez que suficientes facultades de instrucción y resolución en los
expedientes sancionadores, puesto que las infracciones en materia
nuclear, por lógica, son infinitamente más graves que las administrativas
a las que hemos hecho referencia y, por tanto, precisan de la
intervención completa de quien mejor y con mayores conocimientos puede
actuar sobre ellas, que es precisamente el Consejo de Seguridad Nuclear.
Nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias pretenden elevar el
techo establecido por la ley en la consideración de consumidores
cualificados, rebajando el tipo de consumo necesario para ello, así como
el tiempo en alcanzar tal posibilidad y, por otra parte, fijar un período
de transición hasta principios del 2003 para que todos los consumidores
puedan alcanzar la condición de clientes elegibles. Y en este período
decimos que los distribuidores podrán ejercer la actividad de
comercialización del suministro eléctrico a tarifa, pero eso sí con
separación contable de ambas actividades.
Sobre este punto, está nuestra enmienda a la disposición transitoria
decimotercera, para nosotros de gran importancia. Creemos que es la única
vía posible para llegar a un cierto grado de competitividad, y el único
camino que tenemos es el de la demanda, ya que hemos argumentado con
anterioridad que a través de la oferta va a ser difícil conseguirlo dado
el grado de concentración existente, pues no pensamos que sean ustedes
capaces de tomar el mismo camino que tomó el Reino Unido, y luego
hablaremos algo de ello.
En consecuencia, si de verdad quieren ustedes una mejora real, si es
cierto lo que pretenden, que es abaratar el precio de la energía
eléctrica, aprueben nuestra enmienda a la disposición transitoria
decimotercera, lo que permitirá aumentar la elegibilidad, consiguiendo
que sean más y antes los ciudadanos que puedan elegir a su suministrador.
Con el texto actual, el proyecto de ley se abre al mercado a poco más del
28 por ciento y eso gracias a alguna ligera modificación que se hizo en
el trámite de Comisión. Pero todo ello es poco, señorías. Reflexionen
sobre nuestra enmienda en el poco tiempo que queda para proceder a la
votación y sean capaces de reconocer con su aprobación que tenemos razón.
Quisiera añadir unas reflexiones en un último intento de mover sus
voluntades para no dejar esta ley tal como pretenden, porque de ser así
van a quedar totalmente condicionadas las políticas energéticas no
solamente las de este Gobierno, para las que ya no hay remedio, sino, y
lo que es peor, de los que le sigan, dado que las decisiones que se están
tomando --y entre ellas la fundamental, la de las privatizaciones-- por
su propia naturaleza van a ser irreversibles.
Entre tanto, los ciudadanos se encuentran con un discurso político sobre
la reducción insignificante de precios frente al hecho cierto del
beneficio incuestionable que esta ley va a suponer para las empresas
eléctricas y ello teniendo en cuenta que el 80 por ciento de la
producción está en manos del duopolio que todos conocemos. ¿Dónde va a
estar la competencia?
Esta estructura existente supone arrancar con una concentración
horizontal excesiva sin que de este proyecto salga algo para evitarla.
Para que realmente haya competencia, debería haber --si lo que pretenden
es que verdaderamente haya competencia-- una mayor dispersión empresarial
del sector. Por ejemplo, todos conocen la situación de la Banca, con más
de 50 bancos importantes y más de 80 cajas. Ahí sí que se puede producir
la competitividad.
En el sector eléctrico países como Argentina tienen más de 40 empresas
compitiendo, empresas de un tamaño parecido, y en otros países en los que
hay concentración compiten a otro nivel, por ejemplo, el caso de Holanda,
que está interconectada con el mercado europeo, en España es imposible
por la falta de interconexiones. Países que quieren liberalizar, que
están en un proceso similar al que estamos atravesando ahora, aplican
otra solución: por ejemplo, en California, en Estados Unidos, los
«stranded cost», o sea, lo que aquí se llama costes de transición a la
competencia, se pagarán a las empresas eléctricas que hagan las
reinversiones necesarias para garantizar la competencia efectiva. En
Australia existe un sistema parecido. En Inglaterra, como les he querido
decir antes, no se adoptaron esas medidas a la liberalización, sino que
se arrancó como en España, con pocas empresas, y el resultado fue que los
precios no bajaron hasta que las autoridades les obligaron a desinvertir.
En España nuestro caso es peor al no disponer de instrumentos legales
para obligar a desinvertir y tampoco esta ley los crea.
Después del análisis de todo lo dicho, me cuesta creer que ustedes puedan
pensar que el sector se va a optimizar así. Y lo peor no es esto: nos
preocupa enormemente --y ojalá me equivoque-- que los únicos cambios que
se produzcan sean los de reducciones drásticas de personal, sobre todo en
las térmicas de carbón.
Con los datos que tenemos en la mano, no sabemos cómo se las van a
arreglar para conseguir en las térmicas --no hablo de las de carbón de
importación, sino de las de carbón autóctono o nacional, como quieran
ustedes llamarlas-- para conseguir que el costo del kilovatio no supere
la seis pesetas. Sumen ustedes retribución de los kilovatios/hora
generados al coste marginal del sistema, retribución correspondiente
hasta los costes de transición a la competencia, garantía de potencia,
centrales de carbón nacional --una peseta kilovatio--, costes permanentes
del sistema, costes de diversificación, y es de suponer que no quieran
sobrepasar las seis pesetas para no perderlo por el camino de los costes
de transición a la competencia, en cuyo caso la única vía posible es la
que digo que nos tememos, es decir, las reducciones de personal en las
centrales térmicas de carbón.
Señoría, nosotros no queremos negarnos a la evidencia de la necesidad de
una reforma; sería absurdo por nuestra parte. Lo que ocurre es que la
Losen permitía, permite, una reforma pausada, gradual y adecuada a
nuestra realidad, y, en cambio, querer reformar, como pretenden ustedes,
de la noche a la mañana nos puede llevar, señorías, al desastre o, cuando
menos, a unos resultados que creo personalmente y creemos en mi Grupo que
son bastante dudosos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alegre
Escuder.
Tiene la palabra el Senador Arseni Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender las 37 enmiendas que no ha defendido el Senador
Alegre, correspondientes a los títulos IV a IX, inclusive, de la ley y a
algunas disposiciones adicionales, transitorias y finales.
¿Qué pretenden estas enmiendas? Pretendían modificar sustancialmente la
ley, y si esto no es posible --y parece que no lo es--, por lo menos
desenmascarar el significado real de la ley que se va a aprobar esta
tarde aquí; desenmascarar el resultado final de una ley que, a nuestro
juicio, conduce a la autorregulación por parte de las compañías, a la
eliminación de la competencia, pues sería absurdo pensar que si la ley
está hecha por un procedimiento de autorregulación de las propias
compañías, condujera a la competencia --las compañías no quieren
competencia--, y otro resultado es que la ley, al no conducir a la
competencia, perjudica directa o indirectamente y a medio plazo a los
usuarios y, finalmente, no liberaliza. Es decir, privatiza un oligopolio,
y no sólo en las Islas Canarias, como decía esta mañana el señor Ríos,
sino también en general. Privatizar es una condición necesaria para la
competencia, pero, evidentemente, no suficiente, y la consolidación de un
oligopolio no conduce, por descontado, a la misma.
Veamos algunos aspectos, los más centrales, de estas enmiendas, pues no
voy a detenerme en una por una. Hay un grupo de enmiendas que va de la
156 a la 166, exceptuando la 165, y también las enmiendas números 195 y
196, a la transitoria novena, de las que la básica, porque las demás son
coherentes con la misma, es la 166, que propone un nuevo artículo 38 bis
y que lo que pide, en definitiva, es que la Red Eléctrica de España
funcione como operador del mercado, del sistema y gestor de la red de
transporte.
Mencionábamos nosotros la conveniencia de una mayoría pública en su
capital, pero no es ésta la cuestión. Estábamos dispuestos a aceptar una
transacción en la que esta condición no se cumpliera; es más, hemos
aceptado una transacción no porque ésta nos satisfaga --quería dejarlo
claro--, sino simplemente porque es el mal menor, ya que mejora el texto
anterior, pero no nos satisface. Estamos casi igual de descontentos con
la transaccional que hemos aceptado que con el texto original, y
aprovecho para retirar nuestra emienda número 195, que es una de las que
daba soporte a esta transacción.
Decíamos que no se trata tanto de defender la mayoría pública como del
hecho de que, por el medio que sea, haya fórmulas de garantía de la
neutralidad e independencia de la empresa de que se trate: operador del
sistema, operador del mercado y gestor de la red pública. Si esto no es
así, si no hay neutralidad e independencia, si esta función está en manos
de las compañías, no solamente estamos hablando de autorregulación en los
aspectos legales, sino que estamos hablando de autorregulación operativa,
es decir, permanente en todos los pasos de la gestión del sistema.
Hay otro grupo de enmiendas, el que va de la número 168 a la 182, en las
que la básica --porque las demás son coherentes con ella-- dice que el
suministro de energía eléctrica a los usuarios, bien a tarifa o a
elegibles cualificados, será realizada por las comercializadoras, con un
matiz, una transaccional nueva, la enmienda número 199,
de nuestro Grupo, que atribuye a los distribuidores la capacidad de
suministrar la tarifa hasta el 2003 como fórmula transitoria.
Nuestro Grupo entiende que la función de distribución es un monopolio
natural y que, por lo tanto, debe limitarse a un peaje fijado
preferentemente por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, no por el
Gobierno --pero esto es un asunto menor-- y quien debe suministrar y
contratar energía deben ser las comercializadoras.
La ley crea nominalmente la figura del comercializador, pero en realidad
consolida una concentración vertical: los distribuidores serán en
realidad los comercializadores efectivos, y las figuras se funden de tal
manera que con el plazo de transición que ustedes les atribuyen en la ley
los comercializadores difícilmente proliferarán y serán desagregaciones
de los propios distribuidores, que serán, a su vez, filiales de las
compañías generadoras. Y el resultado no puede ser otro que un monopolio
vertical y, por lo tanto, de no competencia, ni siquiera cuando todos los
usuarios sean elegibles, si es que alguna vez lo llegan a ser.
Dos enmiendas, las números 193 y 194, pretendían modificar
sustancialmente el acuerdo del Gobierno del Protocolo Eléctrico con las
compañías en relación a los costes de transición a la competencia. Se
trata de esos dos billones de los que tanto se ha hablado y, por lo
tanto, no voy a insistir en ello, pero hay que tener en cuenta el
decremento de tarifas que se está produciendo. Cuando se firmó el
Protocolo, la cantidad pactada nos parecía excesiva, y así lo
manifestamos. Pero en aquel momento la tónica de los tipos de interés
todavía no estaba consolidada, como lo está ahora, es decir, sólo el
hecho de la baja de los tipos de interés ya debiera haber comportado una
revisión a la baja de esta cantidad, aunque sea como cifra límite, y esto
no se ha producido.
Nuestra propuesta es de un 3,2 por ciento a cuenta de la tarifa, porque
reconocemos que hay costes de transición, que se revise dicha cifra
anualmente y, por lo tanto, que se reconozcan los costes que realmente se
hayan producido.
Con la ley tal como está, señores del Grupo Parlamentario Popular, el
resultado nos parece muy claro. Las tarifas bajarán en parte a costa de
estos costes de transición, es decir, «chupando» --por decirlo de una
manera gráfica-- de esos costes de producción, y después, cuando se haya
terminado la transición, habrá colusión de precios, porque con el mercado
liberalizado y con un duopolio la colusión es fácil y está escrita.
Hay una enmienda también importante a nuestro juicio y sobre la que
también hay una transacción --y con base en dicha transaccional aprovecho
para retirar la enmienda número 197-- que, al igual que la anterior,
tampoco nos satisface pero que hemos aceptado porque entendemos que
mejora algo el texto original, que se refiere al calendario y magnitudes
de elegibilidad. La ley proponía 20 gigavatios de consumo mínimo para ser
elegible y, además, por punto de consumo. Señorías, 20 gigavatios son,
aproximadamente, 400 usuarios, que hoy ya disfrutan de una tarifa
bonificada. Por lo tanto, el 1 de enero del 2003 no hay ni una sola
ventaja para ningún usuario, porque estamos hablando de 400 que hoy ya
tienen tarifa bonificada. La transacción baja a 15 gigavatios, y
reconocemos que entonces tienen cabida unos 300 usuarios más. Por lo
tanto, algo hemos ganado.
En cualquier caso, ustedes conducen el proceso de elegibilidad hasta el
2007. Nosotros proponíamos, en primer lugar, que el consumo fuera en
todos los casos agregado, no por puntos de consumo. En segundo lugar, un
calendario de unas magnitudes inferiores, que permitían que este proceso
de elegibilidad fuera más rápido.
¿Razones? Una ya la he dado. En principio, con los 20 gigavatios no
habría nuevos elegibles. Pero hay otra razón de mucho peso, a nuestro
juicio. Todos los usuarios, todos, van a pagar alícuotamente, según el
consumo, los costes de transición a la competencia. Sin embargo, al
coincidir el 2007 con el final de la transición, todos aquellos que no
sean elegibles hacia el 2007 no podrán beneficiarse en absoluto de la
competencia, en los supuestos de que se introdujera.
Por otra parte, está el tema de la agregación, que ha defendido con mucho
acierto, a mi juicio, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. A
través de una enmienda de Convergència i Unió se ha introducido a Renfe
y a los transportes metropolitanos, aunque no vemos la diferencia de que
no puedan ser consumos agregados para otras empresas distintas de éstas,
ya que son consumidores de un volumen que reconoce la ley. No entendemos
francamente por qué no se puede considerar el consumo agregado.
Hay otras enmiendas menores, relacionadas también con la competencia, en
las que no me voy a detener. Sólo voy a hacer mención a una de ellas. Nos
parece que sería lógico que las hidroeléctricas con caudal condicionado,
que las hay, sea por usos prioritarios o sea por caudales intermitentes,
pudieran beneficiarse también de las primas al régimen especial, incluso
con una producción de entre 10 y 50 megavatios.
Por otro lado, me gustaría también detenerme en la enmienda número 170,
que pretende completar las obligaciones de los distribuidores, en función
de mejorar las garantías de calidad del servicio.
La última enmienda a la que quiero referirme es la número 173. Ustedes
excluyen las líneas directas de suministro que se puedan instalar de los
beneficios de la expropiación y de la servidumbre. En esas condiciones
nos parece que es imposible que se construya ninguna línea directa, o
prácticamente imposible. Si ustedes o el Ministerio hubieran entrado en
una negociación seria sobre este conjunto de enmiendas creemos
sinceramente que esta ley podría ser bastante mejor, y sobre todo que
podría ser sin duda bastante más perdurable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Gil-Ortega.
El señor GIL-ORTEGA RINCON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a realizar un único turno en contra e intentaré dar
respuesta a todas y cada una de las enmiendas que aún permanecen vivas a
este proyecto de ley. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Intentaré hacerlo lo más rápidamente posible, aunque es cierto que iré
artículo por artículo para que ninguna enmienda quede sin justificar.
Al artículo 1 sólo se ha presentado la enmienda número 1, de Izquierda
Unida, y no se acepta ya que trata de cambiar prácticamente todo el texto
de dicho artículo, con el objetivo de garantizar las necesidades de
servicios eléctricos y la seguridad del suministro. Entendemos que ello
se asegura y se garantiza con el texto propuesto en el proyecto de ley.
Al artículo 2 se han presentado tres enmiendas; dos de ellas son
coincidentes, la número 116, del Grupo Socialista, y la número 2, de
Izquierda Unida. En ambas se solicita cambiar «servicio esencial» por
«servicio público». Entendemos que el texto propuesto es más adecuado, y
que es fundamental --y así lo pretende la ley-- el principio de libre
iniciativa empresarial, que en el párrafo 1 de este artículo se menciona,
para adecuarse a la realidad del mercado.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la enmienda
número 97, que igualmente se rechaza por idéntica razón. Quiero
aprovechar la ocasión para decirle al Senador Albistur que hoy no
comienza la partida, sino que hoy termina. La partida empezó hace mucho
tiempo. Se dieron las cartas hace más de dos meses, y cada uno ha tenido
tiempo de jugar las suyas.
Al artículo 3 se han presentado, y quedan vivas, la enmienda número 117,
del Grupo Socialista, y las números 3, 4 y 5, de Izquierda Unida.
No aceptamos la 117, dado que no parecería lógico dejar a dos órganos
diferentes la fijación de tarifas: a la Administración General del Estado
las finales y a la Comisión los peajes.
Las números 3, 4 y 5, de Izquierda Unida, tampoco se pueden aceptar. En
la primera se propone incorporar un nuevo apartado a) al artículo 3.1 del
proyecto, y ello ya está regulado en el Título VIII dedicado a
suministro. La número 4 porque no se ajusta a la regulación de
planificación eléctrica, y la 5 por estimar que la interpretación del
contenido de las competencias del Estado no deben realizarse en un
proyecto de ley.
Al artículo 4, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la número 118.
Tampoco se puede aceptar, ya que se considera que la actividad de
distribución, dada la complejidad de esta redes, resulta difícilmente
planificable.
Izquierda Unida presenta a este artículo la número 6, y el Senador don
Victoriano Ríos, de Coalición Canaria, la 86. La número 6 no se puede
aceptar por considerar que la interpretación del contenido de las
competencias del Estado no deben realizarse en un proyecto de ley, como
hemos mencionado anteriormente. La 86, de Coalición Canaria, tampoco se
acepta ya que, aunque en el artículo 131 de la Constitución se garantiza
un proceso participativo en la elaboración de la planificación económica,
aunque ésta articule y garantice en el proceso planificador la
intervención del Ejecutivo y del Legislativo como decisores y
paralelamente de las Comunidades Autónomas, en el Plan consultivo y
asesor entendemos que las competencias planificadoras son del Estado.
Al artículo 5 se presentan dos enmiendas, la 120, del Grupo Parlamentario
Socialista, que no puede admitirse, ya que el sistema por el que se ha
optado en el proyecto de ley es el de planificación sólo del transporte.
La número 87, de Coalición Canaria, tampoco puede admitirse por las
razones expuestas, así como la número 86.
Al artículo 6, Izquierda Unida presenta las enmiendas número 7, 8 y 9,
que no pueden aceptarse ya que la Comisión asume funciones de carácter
ejecutivo, con lo que los miembros de la misma no pueden depender del
poder Legislativo.
Al artículo 7, no se acepta la enmienda número 10, de Izquierda Unida,
por considerar que el texto propuesto en el proyecto de ley es más
completo que el de la enmienda, ya que en los 32 miembros están
representados al Consejo de Seguridad Nuclear, agentes sociales y defensa
del medio ambiente.
Al artículo 8 del proyecto de ley, al Grupo Parlamentario Socialista
presenta las enmiendas números 122, 123 y 124. La 122 no se acepta por
las mismas razones expuestas en el número 117. Las 123 y 124 se rechazan
igualmente porque los términos de esta función son los mismos que tiene
actualmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Izquierda Unida ha presentado las enmiendas números 11, 12, 13 y 14, las
cuales no se pueden admitir, ya que la capacidad de la Comisión para
informar sobre disposiciones de carácter general en materia eléctrica se
contempla en el apartado 2 del artículo 8.1 del proyecto de ley. De igual
forma, para la enmienda al artículo 8.1 Octava se considera suficiente la
previsión que se realiza en la función Décimoctava de la Comisión.
En Título II, el Grupo Parlamentario Socialista presenta al artículo 9
las enmiendas 126, 127, 128 y 129. Las 126 y 127 no se aceptan porque se
considera conveniente que la venta de energía a tarifa, que es la máxima
regulación, sea ejercida por un agente cuya actividad esté regulada, como
es la distribución y no por los comercializadores, cuya actividad está
sometida al libre mercado. Además, lo propuesto en la enmienda se
aplicará automáticamente en el momento en que no existan tarifas.
La número 128 no puede ser aceptada, porque los distribuidores para poder
vender a clientes a tarifas tienen que tener la capacidad de comprar como
clientes cualificados. La 129, que intenta evitar la verticalización del
sistema eléctrico, tampoco se acepta ya que ello está garantizado en la
separación de actividades que exige el proyecto de ley.
Izquierda Unida tiene dos enmiendas a este artículo, las números 15 y 16,
que no pueden aprobarse ya que la Compañía de Ahorro Eléctrico, tal y
como se regula en la propuesta, sería la que desempeñase funciones de
ahorro y eficiencia energética, que están asumidas en un sentido más
amplio por el IDAE en la Administración General del Estado.
Al artículo 10 Coalición Canaria presenta las enmiendas números 88 y 89,
que no pueden aceptarse porque ya existe una previsión en el artículo 10
del proyecto para la adopción de las medidas que garanticen el suministro
de energía eléctrica para todo el conjunto del Estado.
Al artículo 11 se han presentado las enmiendas números 131, 132 y 133 de
modificación y adición, del Grupo Parlamentario Socialista, y no podemos
admitirlas ya que por una parte los productores sólo adquieren energía en
su condición de comercializadores. Las enmiendas números 132 y 133 tienen
la misma justificación que se dio a la presentada al artículo 9.
La enmienda número 17 de Izquierda Unida pretende modificar totalmente el
artículo 11 y su aportación, desde nuestro punto de vista, no mejora la
redacción, ya que no regula nada sobre la producción. El concepto de
explotación justificada con el que se inicia el propuesto artículo 11.1
es ajeno al proyecto de ley.
Al artículo 12 se han presentado dos enmiendas, la número 18 de Izquierda
Unida y la número 90 de Coalición Canaria. La enmienda número 18 propone
sustituir la expresión «podrá ser excluida» por la de «estará» y no puede
ser aceptada por considerar que es una excepción transitoria. En relación
con la enmienda número 90 tampoco se acepta por ser reiterativa de otras
presentadas, que ya han tenido respuesta anteriormente, como la número 86
del mismo grupo.
El Grupo Parlamentario Socialista propone una nueva redacción del
artículo 13.6 con la enmienda número 134, que pretende someter las
importaciones y exportaciones de energía al abono de los costes de
diversificación y costes permanentes del sistema. No podemos aceptarla,
ya que a los costes de diversificación y permanentes sólo pueden estar
sometidos los consumos nacionales, por lo tanto, las exportaciones no.
La enmienda número 19, de Izquierda Unida, en la que se propone cambiar
la totalidad del texto, no puede admitirse ya que la propuesta no realiza
previsión alguna sobre la adquisición de la energía y, además, la
exigencia de la directiva, que es la apertura de mercado, va mucho más
allá de lo que propone dicho texto.
Al artículo 14 se ha presentado la enmienda número 135, del Grupo
Parlamentario Socialista, que no se acepta por las mismas razones que se
expusieron en la enmienda número 126. La enmienda número 20, de Izquierda
Unida, pretende cambiar todo el artículo y, aunque es encomiable el
esfuerzo que ha hecho por modificar toda la ley, que hay que reconocer,
no puede admitirse, ya que la distribución puede vender en tarifa.
Al artículo 15 el Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda
número 136 e Izquierda Unida las números 21 y 22. Las enmiendas números
136 y 22 por las que se pretende reforzar la protección del medio
ambiente no se aceptan. Desde nuestro punto de vista son innecesarias
porque esto mismo ya está recogido, sin ir más lejos, en la exposición de
motivos y, en todo caso, las condiciones medioambientales no vendrán
derivadas del régimen de tarifas o peajes, sino del régimen de
autorización de las instalaciones. La enmienda número 21 de Izquierda
Unida tampoco es aceptada porque está implícita ya en el texto de la
propuesta que se hace.
En el artículo 16 las enmiendas números 137 y 138 propuestas por el Grupo
Parlamentario Socialista no pueden admitirse, ya que lo que pretenden
sería discriminatorio en la apertura del mercado.
Las enmiendas números 23 a 27, ambas inclusive, de Izquierda Unida, del
señor Nieto Cicuéndez, no pueden admitirse, en algunos casos, como en el
de la número 23, porque la propuesta no es compatible con el sistema del
mercado que se pretende. La enmienda número 103, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, también a este artículo 16, tampoco
puede ser aceptada porque hay elementos para la retribución de la
distribución que ya están contemplados en el proyecto de ley.
En el artículo 17 las enmiendas 139 y 140 del Grupo Parlamentario
Socialista no pueden ser admitidas. La número 139 porque iría en contra
de los términos de régimen de mercado y la número 140 se rechaza por las
mismas razones expuestas en las enmiendas presentadas al artículo 9.
Las enmiendas números 28, 29 y 30, de Izquierda Unida, no se aceptan ya
que, como en ocasiones anteriores, no se ajustan al modelo de mercado.
La enmienda número 92, de Coalición Canaria, ha sido retirada en el Pleno
de hoy.
Al artículo 18 se presentan las enmiendas números 142 y 143. No pueden
aceptarse y la justificación ya fue dada, y sirve la misma, al comentar
la enmienda número 17, presentada al artículo 3.
Al artículo 19 presenta cuatro enmiendas el Grupo Socialista, que son las
números 144, 145, 146 y 147. Como es norma general, no pueden ser
aceptadas por las mismas razones que las dadas en las enmiendas números
126 y 128 del mismo Grupo.
Las enmiendas números 31, 32 y 33, de Izquierda Unida, no pueden ser
aceptadas por razones idénticas a las ya expuestas, al no ajustarse al
modelo de mercado. La enmienda número 32 no se acepta por coherencia,
porque si no se aceptó la creación de la Compañía de Ahorro Eléctrico
tampoco procede aceptar este modelo de financiación.
Al artículo 20, el Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
números 148 y 149. La enmienda número 148 pretende la incorporación
textual de los apartados tres y cuatro del artículo 14 de la Directiva
96/1992 de la Comunidad, a fin de asegurar la máxima transparencia. Se
rechaza por considerar que la separación contable tiene que ser una
garantía de transparencia en la gestión de las empresas, y el proyecto lo
asegura, además de dar cumplimiento a la Directiva. La enmienda número
149 sentimos no poder aceptarla, puesto que ha sido presentada una
enmienda transaccional y no ha sido aceptada por el Grupo Socialista.
La enmienda número 34, de Izquierda Unida, no se acepta por no adaptarse
al modelo de mercado ni tampoco a la Directiva.
Al artículo 21, el Grupo Socialista ha presentado la enmienda número 150,
que no se acepta por considerar que el
sistema de licitación no se adecua al modelo de libertad establecido que
contempla el proyecto de ley.
La enmienda número 107, presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tampoco se puede aceptar de acuerdo con
el artículo 149.1.º de la Constitución.
Asimismo, tampoco se aceptan las enmiendas números 36, 37 y 39, de
Izquierda Unida. Hay que decir que la número 38 ya fue aceptada en
Comisión.
Coalición Canaria presenta la enmienda número 93 y no se admite por
considerar que no existe planificación en el ámbito de la generación.
Al artículo 22 sólo se presenta la enmienda número 40, de Izquierda
Unida, y no puede ser admitida debido a que lógicamente en la concesión
administrativa se determinará, en su caso, el curso de las aguas.
Al artículo 23 se presenta la enmienda número 41, de Izquierda Unida. No
se acepta por no ser compatible con el modelo de mercado.
Al artículo 24 presenta el Grupo Socialista la enmienda número 151, y no
puede ser aceptada por las razones ya expuestas en la número 129 del
mismo Grupo.
Izquierda Unida presenta la enmienda número 42, que pretende suprimir los
puntos 2, 3 y 4 del artículo, y no puede aceptarse por considerar
necesaria esta previsión para el desarrollo del mercado.
Al artículo 25 se presentan las enmiendas números 43 y 44, de Izquierda
Unida. Tampoco se aceptan por no ajustarse a la Directiva.
Al artículo 26 se presentan las enmiendas números 45, 46 y 47, de
Izquierda Unida. Las tres enmiendas no se ajustarían al concepto de
mercado que pretende la ley y, por lo tanto, deben ser rechazadas.
La enmienda número 94, de Coalición Canaria, tampoco es aceptada, ya que
se alegan competencias del Estado en esa materia.
La enmienda número 153, del Grupo Socialista, al artículo 27, no puede
admitirse ya que la definición del proyecta está de acuerdo con el
concepto de autoproductor recogido en la Directiva.
Por último, a este artículo, la enmienda número 48, de Izquierda Unida,
se rechaza por considerar excesivamente extensivo incluir instalaciones
renovables hasta 100 megavatios.
Al artículo 28 de Izquierda Unida presenta la enmienda número 49, y no es
aceptada ya que la regulación del proyecto de ley establece un trato
diferenciado en función del tamaño de las instalaciones.
Al artículo 30 el Grupo Socialista presenta la enmienda número 154, y se
rechaza porque son condicionantes que no se derivan del funcionamiento
del sistema eléctrico.
Izquierda Unida presenta las enmiendas números 50 y 51, que también son
rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda número 156, al
artículo 32, de supresión. No puede ser aceptada por considerar que va en
contra del principio de libertad de establecimiento para la producción
que promulga el proyecto de ley.
Las enmiendas números 52 y 53, de Izquierda Unida, no se aceptan, ya que
el cambio de nombre que se propone no se adecua a la diferenciación entre
el operador del mercado y el sistema del proyecto de ley que contempla,
además de no ajustarse al modelo de mercado.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 157, 158
y 159, al artículo 33. La enmienda número 157 no puede ser admitida
porque es necesario definir el objeto y características fundamentales del
sujeto que ha de realizar la operación del mercado con carácter previo a
regular sus funciones.
La enmienda número 158 no se acepta por ser necesario contemplar las
incidencias que pueden presentarse que justifiquen la no petición de
fuerzas con carácter excepcional.
La enmienda número 159 tampoco puede ser aceptada porque el Comité de
agentes del mercado garantiza la existencia de un órgano al margen del
operador del mercado en el que pueden tener presencia todos los que
participan en dicho mercado, sean o no accionistas.
La enmienda número 54, de Izquierda Unida, no puede ser admitida, ya que
no se ajusta nuevamente al modelo de mercado.
La enmienda número 160, al artículo 34, del Grupo Parlamentario
Socialista, pretende suprimir el apartado 1 de dicho artículo por
coherencia con el modelo socialista. Nosotros rechazamos esta enmienda
por creer necesario definir el objeto y características del sujeto que ha
de realizar la operación del sistema con carácter previo a regular sus
funciones.
Izquierda Unida presenta también a este mismo artículo la enmienda número
55, que no puede ser admitida, ya que está regulado en el proyecto de ley
que el operador del sistema sea una sociedad mercantil privada, de
acuerdo con las funciones que le asigna el artículo 34 del proyecto de
ley.
La enmienda número 111, al artículo 35, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, no se acepta, ya que no hay conflicto de
interés entre las actividades operación del sistema más gestor de la red
con ser titular de instalaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 161,
162, 163 y 164, al artículo 36, la primera de modificación y el resto de
supresión. No pueden ser admitidas por no haber exclusividad en la
construcción de las redes de transporte.
La enmienda número 56, de Izquierda Unida, al artículo 37, no puede
admitirse por las mismas razones que se han dado para la enmienda número
55.
Las enmiendas números 165 y 166, del Grupo Parlamentario Socialista al
artículo 38, no pueden ser admitidas. La primera de ellas por idénticas
razones a la que fue presentada al artículo 3.1.c), que fue rechazada. Y,
la segunda, porque, de acuerdo con las definiciones de los artículos 33
y 34 del proyecto de ley, el operador de mercado y el operador del
sistema deben ser sujetos separados con funciones distintas.
La enmienda número 57, de Izquierda Unida, no se acepta por considerar
que existen consumos conectados directamente a la red de transporte.
La enmienda número 167, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo
40, no podemos admitirla, ya que la planificación no es obligatoria en
materia de distribución, además el proyecto prevé otros mecanismos para
asegurar la calidad del servicio.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas números 168 a
171, al artículo 41. Idéntica respuesta merecen a las presentadas a los
artículos 9.1 y 9.3, por lo que no podemos admitirlas.
La enmienda número 172, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo
42, es de sustitución. Se podría contestar, por no ser reincidente, en
los mismos términos que para la 117.
Izquierda Unida presenta la número 58, que se rechaza igualmente por
entender que la mayoría de los consumos se realizan a través de las
líneas de distribución.
La enmienda número 173, del Grupo Parlamentario Socialista al artículo
43, pretende suprimir el apartado 3. No puede admitirse, ya que las
líneas directas no son de interés general.
La enmienda número 159, de Izquierda Unida, no es aceptada, ya que se
considera que el texto propuesto por esta enmienda es contrario a la
Directiva de la Comunidad.
Al artículo 44, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la
enmienda número 174, que se rechaza por las mismas razones que ya fueron
expuestas para las números 126 y 128.
La enmienda número 60, de Izquierda Unida, no puede aceptarse, ya que no
se ajusta al modelo ni a la Directiva, como viene siendo costumbre en las
enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario.
En relación a la enmienda número 61, no se acepta porque la expresión
propuesta en esta enmienda no es coincidente con la que presenta este
proyecto de ley.
Al artículo 45, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado siete
enmiendas, de la número 175 a la 181, ambas inclusive. No puede admitirse
ninguna de ellas, la número 175, porque, al margen de lo indicado en las
números 126 y 128, sobre la venta de los distribuidores a tarifa, éstos
siempre mantendrán determinadas obligaciones en relación al suministro.
El resto tampoco pueden ser admitidas por las razones ya expuestas
anteriormente.
La enmienda número 62, de Izquierda Unida, no puede aceptarse por estar
en desacuerdo con la Directiva.
En el artículo 46, la enmienda número 182, del Grupo Parlamentario
Socialista, no se acepta por las razones expuestas en las enmiendas
números 126 y 128.
La enmienda número 63, de Izquierda Unida, no se acepta por no estar en
concordancia con el modelo de la ley.
Al artículo 50, la enmienda número 64, de Izquierda Unida, tampoco se
puede aceptar, ya que el suministro de energía eléctrica es un contrato
privado entre dos partes, y puede exigirse el cumplimiento de las
obligaciones entre ambas.
Al artículo 60, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 184, 185 y 186. La 184 no puede ser aceptada porque el
proyecto de ley es más amplio en materia de seguridad, ya que se supone
que incluye esta exigencia en los instrumentos materiales para los que
exista normalización y homologación; la número 185, porque el sistema
sancionador tiene que mantener una graduación tanto en las infracciones
como en las sanciones, e igualmente la número 186 no es aceptada porque
el Reglamento de contabilidad para las empresas eléctricas está regulado
en el proyecto de ley. Por tanto, tiene que tener reflejo en el sistema
sancionador.
Las enmiendas números 65 y 66, de Izquierda Unida, tampoco pueden ser
admitidas porque el operador de mercado existe, y la número 66,
concretamente, por no estar de acuerdo nuevamente con el modelo de
mercado.
Al artículo 61, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la
enmienda número 187, que no puede ser aceptada por las mismas razones
dadas en la enmienda número 185; la número 188 porque sería
desproporcionado que un incumplimiento de estas características lleve
directamente a la suspensión de beneficios, y la 189 por las mismas
razones que las expresadas en la 166.
Las enmiendas números 67, 68 y 69, de Izquierda Unida, no se admiten, y
volvemos a insistir en lo mismo: la protección del medio ambiente está
garantizada en esta ley.
La enmienda número 70 ha sido retirada por el Senador que la presentó,
por ser aprobada en Comisión.
En relación con las disposiciones adicionales, a la tercera se ha
presentado la enmienda número 71, de Izquierda Unida, y se desestima por
considerar que es ajena al contenido de la ley.
A la adicional cuarta, Izquierda Unida presenta dos enmiendas, las
números 72 y 73, y no se acepta ninguna de ellas por considerar que el
texto propuesto está más ajustado al proyecto de ley.
A la adicional quinta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la
enmienda número 190, que se rechazada por entender que corresponde a la
Administración General del Estado, y no al Consejo, la facultad de
iniciar los procedimientos sancionadores.
Izquierda Unida ha presentado también la enmienda número 74 --ya que ha
retirado la 75--, que no se admite por ser el texto de la ley más
adecuado que el presentado por Izquierda Unida.
A la disposición adicional sexta, Izquierda Unida ha presentado la
enmienda número 76, que no es aceptada por coherencia, al haber sido
rechazadas las enmiendas presentadas al artículo 16.
A la disposición adicional octava, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado dos enmiendas, la 191 y la 192. La primera no se acepta por
las mismas razones expuestas en la enmienda 190, y la 192 por no ser
posible conceder al Consejo de Seguridad Nuclear una potestad como es la
reglamentaria, que el artículo 91 de la Constitución atribuye al
Ejecutivo.
A la disposición transitoria cuarta, Izquierda Unida presenta la enmienda
número 77, de modificación, que no puede ser aceptada por las siguientes
razones: al número 1 porque es contradictoria con la Directiva, al número
2 porque se trata de un traslado de costes a los consumidores y al número
3 porque se considera la revisión incorrecta.
A la disposición transitoria sexta el Grupo Parlamentario Socialista
presenta dos enmiendas, la 193 y la 194, de sustitución y adición
respectivamente.
La enmienda número 193 no puede ser aceptada, ya que conceptualmente no
son ayudas; además, el procedimiento propuesto para su cobro por las
empresas introduce gran inseguridad jurídica y obligaría a mantener el
período transitorio durante más de 30 años.
La enmienda número 194 tampoco puede ser aceptada porque en los cálculos
de los CTC se han tenido en cuenta todos los costes de las inversiones de
acuerdo con el marco regulador existente.
También Izquierda Unida presenta a esta disposición las enmiendas 78, 79,
80 y 81, que intentan suprimir esta disposición y redactar una nueva, y
por ello no son aceptadas.
A la disposición transitoria octava, Izquierda Unida presenta la enmienda
número 82, que no se acepta por no considerar adecuada la técnica de
desdoblamiento efectuada en relación con el contenido de la disposición
transitoria octava para las enmiendas 82 y 85 presentadas por ese Grupo
Parlamentario.
A la disposición transitoria novena, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta las número 195 y 196. La 195 está sometida a transacción y, por
lo tanto, votaremos a favor. Proponen que sea Red Eléctrica de España
quien realice las funciones de operador del mercado, operador del sistema
y gestor de la red. La enmienda 196, por lo tanto, no puede ser aceptada.
También aquí el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
presenta la enmienda 114, que no se acepta ya que no hay razón para que
el operador del sistema no tenga la propiedad de las instalaciones de
transporte. Tampoco se admite la número 83, de Izquierda Unida, a esta
disposición transitoria novena.
La enmienda 197 del Grupo Parlamentario Socialista, también está sometida
a transacción.
La número 84, de Izquierda Unida, se rechaza, ya que lo que pretende es
suprimir la disposición decimotercera, y su supresión sería contraria a
lo dispuesto en la Directiva.
En relación a la disposición transitoria número 15, la emienda número
198, del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gil-Ortega, como se
terminó su tiempo, le rogaría que terminase cuanto antes.
El señor GIL-ORTEGA RINCON: Termino ya, señor Presidente.
Nos hemos quedado sorprendidos con la enmienda número 95, de Coalición
Canaria, que prácticamente estaba recogida en la número 236, del Grupo
Parlamentario Popular, y que en Comisión entendimos que prácticamente
había sido aceptada porque estaba incluida. La intervención del Senador
nos ha dejado con cierta preocupación porque no entendemos a qué se debe.
Si no la retira, nos veremos obligados a votar en contra.
Por último, también se rechaza la enmienda número 199, del Grupo
Parlamentario Socialista; la 85, de Izquierda Unida, y la 96, de
Coalición Canaria.
Señor Presidente, sé que ha sido un poco rápida la explicación; eran
muchísimas enmiendas para el poco tiempo disponible, pero quiero decir
que, como el Senador Alegre ha dicho, en diciembre del año 1994 dijimos
que si merecíamos el voto favorable de la población española, traeríamos
una nueva ley; la hemos traído, hemos cumplido el compromiso, y nada
mejor que cumplir las promesas.
Esta nueva ley, desde luego, va encaminada a mejorar el servicio y a que
la energía sea más barata para todos los ciudadanos. Con ello, doy por
terminada mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gil-Ortega.
Su señoría no ha sido ni rápido ni lento, porque, como usted sabe, desde
Zenón, el tiempo es muy relativo.
Turno de portavoces. El Senador Ríos Pérez tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como, al parecer, se me ha invitado por el Grupo Parlamentario Popular a
retirar la enmienda número 95, da la impresión de que no me oyeron. No
solamente la mantengo, sino que lo que me preocupa es que vayan a votar
en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
No pensaba utilizar este turno para lo que lo voy a utilizar. Quería
haberlo eludido, pero para no alargar este debate ni tener que pedirle a
usted, como anteriormente le había anunciado, una intervención
excepcional, lo voy a consumir.
Señor don Paco Gil, estoy encantado y agradecido, además, por todas sus
explicaciones, con las cuales no estoy de acuerdo. Pero le quiero decir
que, aunque la partida termine hoy, se le meten cartas por el camino, y
éstas son dos cartas que se han metido por el camino que verdaderamente
desvirtúan el proyecto de ley, primero, porque la hacen mucho más
intervencionista. Seguimos teniendo a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales en Redesa hasta el año 2003, por una
enmienda que ustedes han aceptado, y también seguimos manteniendo la
limitación a aquellos industriales y a aquellas actividades industriales
que pueden calificarse como consumidores cualificados precisamente porque
se sigue manteniendo que, en el consumo anual, se tenga que seguir
midiendo el punto de
suministro y la instalación. Yo no he firmado esto, Esperemos que haya
tiempo, de aquí al debate final en el Congreso, para buscar una solución,
pero esto no es lo que la ley, habiéndola pactado, decía anteriormente.
Por un lado, limitamos la presencia del sector público hasta el año 2000
y, por otro, estamos introduciendo de nuevo una limitación a la
elegibilidad, sobre lo que tanto nos ha hablado el señor don Angel
Franco, y respecto de la que yo también he manifestado que era una de
nuestras grandes preocupaciones.
Por esa razón, yo quiero dejar claro que nosotros, en este caso, no hemos
firmado con el resto de los grupos dos enmiendas que nos parecen un
retroceso en los objetivos que la ley perseguía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joan Horaci Simó.
El señor SIMO I BURGUéS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser muy breve. Sólo deseo decir que nuestro Grupo va a
votar favorablemente el proyecto de ley del sector eléctrico por entender
que éste necesitaba de la correspondiente regulación con el fin de
alcanzar los objetivos que en la exposición de motivos se señalan,
garantizar el suministro eléctrico y su calidad, y que éste se realice al
menor coste posible, todo ello compaginado con la protección del medio
ambiente, aspecto importantísimo dadas las características de este sector
económico, y dentro del propósito liberalizador del proyecto de ley que
nos ocupa. La complejidad técnica del sector eléctrico hacía necesario
garantizar que su funcionamiento, como se señala en la mencionada
exposición de motivos, se produzca sin abusos de posiciones de dominio y
con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia que
en este marco de liberalización de establecen.
Al mismo tiempo, deseo agradecer al Senador Albistur la forma en que ha
tratado la enmienda número 103. Tengo que manifestar que, con su
elegancia parlamentaria y muy veladamente, ha venido a decir que no era
aceptada por otros partidos, y yo creo que en este caso se refería a
Convergència i Unió. Lo siento, señor Senador.
También quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Popular por
aceptar, ya en Ponencia, doce de las diecisiete enmiendas presentadas y
transaccionar las cuatro restantes y una que retiramos en Comisión.
Nuestro Grupo ha tratado de contribuir con sus enmiendas a esclarecer y
mejorar el texto de la ley y a facilitar, por tanto, que sus objetivos,
antes señalados, puedan ser alcanzados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Simó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert
i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso, me voy a referir a una cuestión previa, para
posteriormente hacer un breve comentario a modo de resumen.
En cuanto a la cuestión previa, señor Gil-Ortega, es de tipo lingüístico.
Se trata de que en la mayoría de su intervención su señoría ha dicho que
estas enmiendas no se pueden aceptar o admitir; creo que eso es algo
impropio, ya que en este trámite parlamentario las enmiendas se votan a
favor, en contra, o se produce la abstención, pero no es un problema de
admitirlas o no. Por otra parte, entiendo que en el Ministerio se deben
pasar las noches diciendo que no se pueden admitir, para que usted pueda
argumentar que votará en contra.
Respecto del breve comentario a modo de resumen, es el siguiente. Mal
acaba lo que mal comienza. La gestión de esta ley está viciada de origen,
porque nació a través de la firma del llamado Protocolo eléctrico,
negociado sólo entre el Gobierno y las compañías eléctricas. Más tarde,
se dio audiencia a otros agentes que debían intervenir. Pero en el fondo,
esta ley no es más que la transposición de los compromisos regulatorios
firmados en el citado Protocolo eléctrico; aunque hay que decir que en el
caso de los compromisos adquiridos con las compañías se cumplen los
compromisos regulatorios, pero en cuanto a los compromisos firmados más
tarde, y por otras razones, con las zonas mineras, no ocurre lo mismo.
Sólo hace falta ver el presupuesto que vamos a debatir durante las
próximas semanas para darse cuenta de ello.
El resultado de todo esto --que empezó mal y, a nuestro juicio, también
acaba mal-- es que se consolida la autorregulación, le ley no conduce a
un sistema de competencia efectiva --precisamente porque la
autorregulación por parte de las compañías no puede conducir a ese tipo
de sistema--; se perjudica a los usuarios --la no competencia siempre les
perjudica--; se remuneran muy generosamente, con dos billones de pesetas,
no los costes a la competencia, sino a la no competencia --y esto es casi
un sarcasmo-- y, como consecuencia de todo esto, no se liberaliza, sino
que, como ya hemos dicho, se privatiza un duopolio.
Por otra parte, se crea otro problema al que no nos hemos referido, y es
que, cuando exista competencia internacional en el mercado --se tardará
unos años para ellos, porque realmente la competitividad hoy es muy
poca--, nuestras empresas no estarán acostumbradas a competir. Y estamos
convencidos de que mucho más importante que el tamaño de las empresas es
el hábito en la capacidad de competir.
Asimismo, el Señor Gil-Ortega tampoco ha hablado de garantías
medioambientales. Señorías, referencias retóricas al medio ambiente,
todas las que quiera; pero garantías, ninguna.
Además, a nuestro juicio, se encuentran ustedes ante una paradoja, que es
la siguiente. Las compañías querían una ley de este tipo, y la han
conseguido. Pero no les gusta que el Grupo Socialista diga que se
modifican leyes, y es lógico, porque debería haberse trabajado con un
mayor espíritu
de búsqueda de una ley de consenso. Ellos y ustedes han querido evitar
eso, y creo que se ha notado en este debate. Digamos que ha habido un
cierto simulacro de negociación, con algún avance y buena voluntad, que
no menospreciamos en absoluto, y se ha producido una mesura de tono, lo
que siempre es de agradecer. Han intentado crear una aparencia de poca
controversia, y nos parece lógico. Pero creemos que nadie, y tampoco las
compañías eléctricas, debería llevarse a engaño.
Esta ley no sale consensuada. Algún día, algún Gobierno, cualquier
Gobierno que quiera un modelo de competencia real en el sector, tendrá
que modificarla.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta ley del sector eléctrico --que presumiblemente se aprobará
hoy en esta Cámara-- supone un importante paso hacia adelante en el
ámbito energético de nuestro país. Esta ley que nos ha presentado el
Gobierno mejorará --y creo que es el sentir mayoritario de los grupos
parlamentarios de la Cámara-- la competitividad de las empresas
industriales españolas. Y todo ello, señor Presidente, señorías, porque
entendemos que la energía eléctrica es un elemento fundamental para la
competitividad de las mismas.
Señorías, el objeto de esta ley, a través de su desarrollo, tiene un
punto final que es la reducción de los costes energéticos. Ley, señor
Presidente, que, a través de los debates parlamentarios en días pasados
en Ponencia y Comisión, y hoy en este Pleno, ha sido enriquecida con la
incorporación de no menos de 65 enmiendas aportadas y consensuadas entre
todos los grupos parlamentarios del Senado.
Por ello, desde esta tribuna, señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular quiere hacer constar el agradecimiento a todos los
portavoces intervinientes en esta ley, por la forma y fondo de los
debates y máxime, en este caso, por la brevedad y escaso tiempo habido,
dado el trámite de urgencia que fue declarado para esta ley.
Es cierto, señorías, que el camino por el que ha transcurrido la ley del
sector eléctrico para derogar la Ley 40/1994, conocida como la Losen, ha
sido en el marco de una política real de liberalización, eliminando
impedimentos y trabas políticas de mantenimiento del poder desde el
Gobierno que la citada Losen mantenía obstaculizando innecesariamente el
funcionamiento del mercado y del sector eléctrico.
No puedo, por otra parte, dejar de señalar, señor Presidente, señorías,
en el ánimo de hacer justicia, que la Ley 40/1994 inició, es cierto, pero
de una forma tímida y escasa, el camino hacia la liberalización del
sector y que es necesario.
El Gobierno socialista entonces, en diciembre de 1994, no fue capaz de
abandonar los tics de intervencionismo estatal en el sector, como
acusamos entonces desde el Grupo Parlamentario Popular, y no fuimos los
únicos, cuando fue debatida la Losen.
La Ley del Sector Eléctrico, señor Presidente, señorías, respeta los
principios básicos de seguridad, calidad y derechos de los consumidores
privados a tarifa. La Ley del Sector Eléctrico que nos ha presentado el
Gobierno, señorías, tiene, al menos a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, dos fundamentos esenciales: la Directiva 96/92 de las
Comunidades Europeas y la actitud primordial manifestada por todos los
sujetos que actúan directa e indirectamente en el sector, garantizando,
señor Presidente, como primordial el servicio a todos aquellos que lo
demanden dentro de nuestro país. Señorías, este principio se superpone a
cualquier ánimo liberalizador y justifica lo que la Ley determina como
servicio esencial.
Por otro lado, señor Presidente, señorías, en un somero análisis de la
Ley, debido al tiempo limitado de este turno de portavoces, debo señalar
que la Ley del Sector Eléctrico que sale hoy del Senado y que nuestro
Grupo Parlamentario apoya, no concede igual tratamiento a todas las
actividades destinadas a producir y suministrar energía eléctrica, como
al hilo de la intervención de distintos portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista nos hacían presumir.
Distingue claramente las que tienen consideración de actividades
reguladas, como son las englobadas en la distribución y transporte, que
configuran como es natural un monopolio natural, basando su existencia en
infraestructuras para el servicio eléctrico.
La producción y comercialización se someten en la Ley a hacer efectiva la
competencia empresarial de una forma clara, buscando la incidencia
positiva que la libre competencia tiene en todos los mercados en la
fijación de precios.
Y como aspecto importante a señalar, en cuanto a la gestión económica y
técnica del sistema, señorías, hay que destacar que aun teniendo carácter
de actividad regulada, el ordenamiento legislativo de la Ley del Sector
Eléctrico es de carácter puramente instrumental, sin que ello impida el
desarrollo del mercado y la coordinación de las actividades de producción
y transporte.
Señorías, la libertad de establecimientos de nuevos centros de
generación, sin prejuzgar fuentes de energía primaria, hoy conocidas y
futuras que puedan aparecer y siempre respetando las normas
medioambientales, tienen un tratamiento abierto y liberal para los
mercados actuales y los que se puedan crear en el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Unceta, ha terminado su
tiempo.
El señor UNCETA ANTON: Señor Presidente, le ruego que me conceda un
minuto más.
Es de hacer notar asimismo, señor Presidente, la ampliación preferencial
que de forma clara y con el carácter de que el Gobierno podrá utilizar
primas superiores a las previstas, como se recoge en el artículo 30 en su
párrafo cuarto, por primera vez utilicen como energía primaria la energía
solar fotovoltaica entre otras. Se abren sistemas, señorías, por primera
vez en su funcionamiento, a un mercado
mayorista de nuevos mercados de futuro y, algo muy importante, la
definición de acceso a las redes de transporte y distribución en
regulación abierta. Algo, señorías, indispensable para la creación de ese
mercado. No es menos importante, señorías, desde nuestro punto de vista,
el establecimiento de la diferenciación entre la comercialización y
distribución que se aplicará a los posibles clientes cualificados que
determina la Ley.
Señorías, podía seguir enumerando más ventajas que plantea esta ley
frente a la Losen, pero tengo que terminar, y termino, señor Presidente,
para de nuevo resaltar la voluntad de diálogo y consenso en las
transacciones y enmiendas incorporadas directamente al texto que ha
existido de todos los grupos parlamentarios del Senado.
Señor Presidente, señorías, todos hemos asumido renuncias a posiciones en
aras de que la ley saliera de la Cámara con el mayor consenso posible.
Sin caer en falsos triunfalismos creo que esto ha sido un ejemplo de la
capacidad de acuerdo y las posibilidades de afrontar la labor legislativa
futura, de forma razonada, como lo demuestra la incorporación de más de
150 enmiendas en los trámites parlamentarios del Congreso y del Senado.
La ley, señorías, por parte del Grupo Parlamentario Popular, será votada
afirmativamente con una vocación de permanencia, garantizando el
suministro de energía eléctrica a nivel nacional, la libre iniciativa
empresarial en el sector y el apoyo a la expansión económica que existe
en el ámbito energético.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, las distintas enmiendas
presentadas por los grupos y formuladas por bloques. Enmiendas relativas
a los títulos I a III.
Primero, se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27 y 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 87; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, se someten a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, números 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25 y
31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, uno; en contra, 213; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas números 18, 28, 30, 32, 33 y 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, dos; en contra, 127; abstenciones, 89.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
originales del Senador Ríos, números 87, 88, y 89.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda número 90.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, dos; en contra, 212; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 86.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 10; en contra, 203; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas a los mismos títulos del Grupo
Parlamentario e Senadores Nacionalistas Vascos. Empezamos por la número
103.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 89; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda número 97.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, cuatro; en contra, 211; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
números 118, 120, 127 y 146.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 95; en contra, 121; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se someten a votación el resto de las enmiendas, es decir, las números
116, 117, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 131 a 140 y 142 a 149.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas correspondientes a los
títulos IV a VI, primero la enmienda número 37, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 87; en contra, 130; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, también del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas
números 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 53, 56 y 57.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, uno; en contra, 214; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 40,
43, 44, 48, 49, 50, 51, 54 y 55.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
en contra, 129; abstenciones, 89.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación, también del Grupo Parlamentario
Mixto, procedentes del Senador Ríos, las enmiendas números 93 y 94.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216;
a favor, 87; en contra, 126; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, de los mismos títulos, las enmiendas correspondientes al
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, primero la número
107.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, 12; en contra, 203; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, también del mismo Grupo, la enmienda número 111.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 13; en contra, 120; abstenciones, 85.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Ahora vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, primero las números 150 y 161.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 95; en contra, 122; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, las enmiendas números 151, 153, 154, 156, 157, 158, 160,
162, 163, 164, 165 y 166.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 87; en contra, 129; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas correspondientes a los Títulos VII a
X, empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto, y en primer lugar,
por las enmiendas números 64, 68 y 69.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216;
a favor, 87; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 58 a 63, más
las números 65 y 67.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, dos; en contra, 215; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación la enmienda número 66, del mismo
Grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216;
a favor, dos; en contra, 127; abstenciones, 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, las enmiendas números 170, 178 y 179.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 96; en contra, 122.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación el resto de las enmiendas: 167, 168,
169; de la 171 a la 177, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188 y 189.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 90; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas correspondientes a las disposiciones.
Empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto, números 71, 72, 73 y 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 87; en contra, 130; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 78, 79, 80, 81, 83 y 84.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, dos; en contra, 214; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación las enmiendas números, 76, 77, 82 y
85.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, dos; en contra, 133; abstenciones, 83.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
procedente del Senador Ríos, número 95
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 88; en contra, 127; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 96.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, tres; en contra, 129; abstenciones, 86.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 114, de los Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 14; en contra, 119; abstenciones, 85.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas números 190, 191
y 192, del Grupo Socialista, teniendo en presente que la 195 y la 197
soportan enmiendas transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217;
a favor, 91; en contra, 123; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 193, 194, 196
y 199.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215;
a favor, 85; en contra, 126; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Pido a sus señorías un poco de silencio, porque hay unos cuantos
compañeros suyos que están siguiendo las votaciones y el mucho hablar les
puede distraer de los números. Sé que es un momento pesado, pero que
forma parte de nuestra actividad y, por tanto, les pido de veras un poco
de atención sobre este tema. (Aplausos.)
Ahora vamos a someter a votación la enmienda número 198.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 87; en contra, 131.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda transaccional, sustentada por la
enmienda 195.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 213; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación sometemos a votación la enmienda sustentada por la número
197.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218;
a favor, 213; en contra, tres; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
Vamos a someter a aprobación por asentimiento la enmienda transaccional
de correcciones técnicas al texto del Dictamen, firmada por todos los
grupos.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así consta.
Vamos a someter a votación el texto del Dictamen de los Títulos I al X,
artículos 1 a 67, disposiciones adicionales primera a decimocuarta,
disposiciones transitorias primera a decimosexta, disposición
derogatoria, disposiciones finales primera y segunda y exposición de
motivos según el Dictamen, con una corrección que es la siguiente. Leo
textualmente: Se ha advertido un error en la disposición transitoria
cuarta del Dictamen de la Comisión ya que no debe aparecer el apartado
segundo, de acuerdo con lo aprobado por la Comisión.
Se somete a votación conjuntamente el texto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219;
a favor, 132; en contra, 85; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y cinco minutos.