Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 59, de 21/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 59
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 21 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 7 y 8 de octubre de 1997. Segundo
--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1996. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Sección Cortes Generales, Serie A, número 91, de fecha 12 de
junio de 1997). (Número de expediente Senado 780/000002) (Número de
expediente Congreso 260/000002.)
Tercero
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que lidere todas las iniciativas necesarias por parte de la Unión Europea
para defender los elementos esenciales que configuran la Organización
Común de Mercado (OCM) del plátano, a fin de garantizar la viabilidad del
sector, la comercialización de las producciones comunitarias y de la
Asociación de Productores Bananeros Africa-Caribe-Pacífico (ACP) y los
mejores niveles de renta para los agricultores. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 312, de fecha
20 de octubre de 1997). (Número de expediente 671/000029.)
Cuarto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a incentivar la coordinación con las Comunidades Autónomas,
Diputaciones Provinciales o Forales, Cabildos Insulares y Ayuntamientos,
en lo referente a sus competencias en materia de limpieza y recuperación
de los cauces
naturales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de
expediente 662/000090.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que haga un esfuerzo extraordinario para agilizar la negociación de los
convenios pendientes de firmar sobre el traslado de personas condenadas
para el cumplimiento de penas en sus países de origen y para que éstos
entren en vigor de manera provisional en el mismo momento de la firma; a
que se incremente la atención de las oficinas consulares a los españoles
detenidos en el extranjero; y a que el Ministerio de Asuntos Exteriores
establezca los convenios oportunos con las organizaciones no
gubernamentales (ONG) para incrementar el apoyo y la ayuda a los
ciudadanos españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de expediente
662/000089.)
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación, en dos
anualidades, de las necesidades municipales que aún están por cubrir en
los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado
español. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 312, de fecha 20 de octubre de 1997). (Número de
expediente 662/000088.)
Quinto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Canje de Notas del 17 y 24 de enero de 1997, constitutivo de Acuerdo
entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en apoyo a los
programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una
Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de
1964, y Canje de Notas del 10 y 13 de febrero de 1997, subsanando un
error material en las primeras. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 116, de fecha 3 de octubre de 1997). (Número de
expediente Senado 610/000116) (número de expediente Congreso 110/000108.)
--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la
Unión Europea y declaraciones anejas, hecho en Dublín el 27 de septiembre
de 1996, así como declaraciones que España formula a los artículos 7, 13,
14 y 18 del citado Convenio. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 117, de fecha 3 de octubre de 1997). (Número de expediente
Senado 610/000117) (número de expediente Congreso 110/000122.)
--Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España
y la República Argentina, firmado «ad referendum» en Buenos Aires el 18
de octubre de 1995. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 106, de fecha 1 de julio de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000106) (número de expediente Congreso
110/000105.)
--Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), firmados en Kyoto el
14 de octubre de 1994. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 107, de fecha 1 de julio de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000107) (número de expediente Congreso
110/000106.)
--Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el
Personal Asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 108, de fecha 2 de octubre de 1997). (Número de expediente
Senado 610/000108) (número de expediente Congreso 110/000109.)
--Acuerdo de Adhesión de la República de Finlandia al Convenio de
Aplicación del Acuerdo de Schengen el 14 de junio de 1985 relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 19 de junio de 1990 y Acta Final aneja (firmado en Luxemburgo
el 19 de diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 109, de fecha 2 de octubre de
1997). (Número de expediente Senado 610/000109) (número de expediente
Congreso 110/000110.)
--Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al
Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 110, de fecha 2 de
octubre de 1997). (Número de expediente Senado 610/000110) (número de
expediente Congreso 110/000111.)
--Acuerdo de Adhesión del Reino de Dinamarca al Convenio de Aplicación
del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el
19 de junio de 1990 y Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de
diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 111, de fecha 2 de octubre de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000111) (número de expediente Congreso
110/000112.)
--Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Acuerdo
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 112, de fecha 2 de
octubre de 1997). (Número de expediente Senado 610/000112) (número de
expediente Congreso 110/000113.)
--Acuerdo de Adhesión del Reino de Suecia al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el
19 de junio de 1990 y Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de
diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 113, de fecha 2 de octubre de 1997).
(Número de expediente Senado 610/000113) (número de expediente Congreso
110/000114.)
--Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Acuerdo
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). (Publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 114, de fecha 2 de
octubre de 1997). (Número de expediente Senado 610/000114) (número de
expediente Congreso 110/000115.)
--Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de
España y la República de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de febrero de
1997. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 115, de fecha 2 de octubre de 1997). (Número de
expediente Senado 610/000115) (número de expediente Congreso 110/000116.)
Sexto
Dictamen sobre la Cuenta General del Estado:
--Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1994, así como Resolución adoptada por dicha Comisión.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, Serie A, número 140, de fecha 14 de octubre de 1997)
(Número de expediente Senado 770/000003) (números de expediente Congreso
250/000003 y 250/000004.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 7 y 8 de octubre de 1997 (Página 2474)
Se aprueban las Actas.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1996 (Página 2474)
El señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda y Torres) presenta el
informe anual. Intervienen para fijar la posición de sus Grupos
Parlamentarios la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los
señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Lavilla Martínez, por el Grupo Socialista, y Barceló
Pérez, por el Grupo Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 2486)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
lidere todas las iniciativas necesarias por parte de la Unión Europea
para defender los elementos esenciales que configuran la Organización
Común de Mercado (OCM) del plátano, a fin de garantizar la viabilidad del
sector, la comercialización de las
producciones comunitarias y de la Asociación de Productores Bananeros
Africa-Caribe-Pacífico (ACP) y los mejores niveles de renta para los
agricultores (Página 2486)
El señor Pérez Hernández defiende la moción. El señor Presidente comunica
a la Cámara que se ha presentado una propuesta de modificación firmada
por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto; Carrera i Comes,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Galván de
Urzaiz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, en los términos de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES (Página 2489)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a incentivar la coordinación con las Comunidades Autónomas,
Diputaciones Provinciales o Forales, Cabildos Insulares y Ayuntamientos,
en lo referente a sus competencias en materia de limpieza y recuperación
de los cauces naturales (Página 2489)
El señor Barceló Pérez defiende la moción. El señor Presidente comunica a
la Cámara que ha sido aceptada una enmienda del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Bella Galán, por el Grupo Socialista, y
Barceló Pérez, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la
enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por asentimiento de
la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
haga un esfuerzo extraordinario para agilizar la negociación de los
convenios pendientes de firmar sobre el traslado de personas condenadas
para el cumplimiento de penas en sus países de origen y para que éstos
entren en vigor de manera provisional en el mismo momento de la firma; a
que se incremente la atención de las oficinas consulares a los españoles
detenidos en el extranjero; y a que el Ministerio de Asuntos Exteriores
establezca los convenios oportunos con las organizaciones no
gubernamentales (ONG) para incrementar el apoyo y la ayuda a los
ciudadanos españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras (Página 2494)
El señor Díez González defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los
señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Díez González, por el Grupo Socialista, y Ramírez Pery, por el
Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, en los términos de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno a presentar un plan de financiación, en dos
anualidades, de las necesidades municipales que aún están por cubrir en
los distintos Planes de Emergencia Nuclear existentes en el Estado
español
Esta moción ha sido retirada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2500)
Canje de Notas del 17 y 24 de enero de 1997, constitutivo de Acuerdo
entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en apoyo a los
programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una
Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de
1964, y Canje de Notas del 10 y 13 de febrero de 1997, subsanando un
error material en las primeras. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 2500)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la
Unión Europea y declaraciones anejas, hecho en Dublín el 27 de
septiembre de 1996, así como declaraciones que España formula a los
artículos 7, 13, 14 y 18 del citado Convenio. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 2500)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arévalo
Santiago, por el Grupo Socialista, y Soravilla Fernández, por el Grupo
Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y
la República Argentina, firmado «ad referéndum» en Buenos Aires el 18 de
octubre de 1995 (Página 2501)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), firmados en Kyoto el
14 de octubre de 1994 (Página 2501)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el
Personal Asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994 (Página 2501)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Castro
Rabadán, por el Grupo Socialista, y Soravilla Fernández, por el Grupo
Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Adhesión de la República de Finlandia al Convenio de
Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la
supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y Acta
Final aneja (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996) (Página 2503)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al
Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996) (Página 2503)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Adhesión del Reino de Dinamarca al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el
19 de junio de 1990 y Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de
diciembre de 1996) (Página 2503)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Acuerdo
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996) (Página 2503)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Adhesión del Reino de Suecia al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el
19 de junio de 1990 y Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de
diciembre de 1996) (Página 2503)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Acuerdo
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996) (Página 2504)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de
España y la República de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de febrero de
1997 (Página 2504)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (Página 2504)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1994, así como Resolución adoptada por dicha Comisión
(Página 2504)
Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor ni en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i
Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alegre
Escuder, por el Grupo Socialista, y Rodríguez Gómez, por el Grupo
Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las veinte horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 1997
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
celebradas los pasados días 7 y 8 de octubre de 1997.
¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.
-- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1996. (S. 780/000002) (C.D. 260/000002.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Informe del
Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año
1996.
El Defensor del Pueblo tiene la palabra.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor Presidente.
Excelentísimo señor Presidente del Senado, excelentísimas señoras
Senadoras, excelentísimos señores Senadores, cumpliendo el mandato
constitucional, nos incumbe en el día de hoy el deber de comparecer ante
esta Cámara para exponer un resumen del informe del Defensor del Pueblo
correspondiente al año 1996; informe que ya ha sido ampliamente debatido
en el seno de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo y en el Pleno del
Congreso de los Diputados.
Trataré de destacar los aspectos más relevantes de su contenido y
presentar ante sus señorías algunos de los principales problemas que
nuestra Institución ha abordado durante el año pasado.
En la primera parte del informe se examinan en forma de estudios
monográficos varios temas que suscitaron la preocupación prioritaria de
la Institución.
El primer de estos temas se refiere a las dilaciones indebidas en las
jurisdicciones contencioso-administrativa y civil que se encuentran
auténticamente colapsadas por la acumulación de los asuntos pendientes de
resolución.
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): El segundo
tema cuestiona las medidas adoptadas por algunos ayuntamientos para
erradicar la mendicidad de las calles, vulnerando en algunos casos los
derechos fundamentales de los mendigos.
El tercer tema trata de la situación de los presos españoles en cárceles
extranjeras.
El cuarto analiza determinadas cuestiones acerca de la televisión,
particularmente en lo que se refiere a la publicidad, contraprogramación
y emisión de escenas que se consideran inadecuadas o perjudiciales para
la juventud y la infancia.
El quinto estudio monográfico versa sobre la atención residencial a
personas con discapacidad.
El sexto de estos temas se refiere a las modificaciones producidas en la
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
afecta a familiares con hijos discapacitados a su cargo.
El séptimo comprende un estudio acerca de los posibles efectos nocivos de
las líneas de alta tensión sobre la salud de las personas.
El octavo analiza las notificaciones en materia de tráfico, compleja
cuestión esta que ha sido objeto de numerosas quejas.
Junto a estos temas monográficos se ha incluido un estudio genérico sobre
la situación de los menores en España, que constituye una novedad digna
de mención.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 12 de
enero, se tomó la decisión de que las quejas relacionadas con la infancia
fueran coordinadas por la Adjuntía Primera de la Institución del Defensor
y, en consecuencia, en el informe de 1996, se han recogido las
actuaciones que ha desarrollado nuestra Institución en relación con la
situación de la infancia en España.
El hecho de que todos estos problemas hayan sido estudiados con singular
atención, no significa que las restantes quejas no se investiguen con el
máximo interés, pero los temas monográficos se refieren a cuestiones que,
por su especial repercusión social o porque en ellas pueden verse
afectados derechos fundamentales, preocupan particularmente al Defensor.
El informe también incluye algunos datos estadísticos que ponen de
relieve la evolución producida en el último año en cuanto al aumento, al
número y a la naturaleza de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo.
Es evidente que el número de quejas recibidas no es un dato del que
puedan deducirse o extraerse conclusiones absolutas. No se trata de un
barómetro con el que medir la situación de los derechos humanos en
nuestro país, entre otras cosas porque es preciso tener en cuenta el
fenómeno de los denominados grupos de quejas colectivas o idénticas que
siempre introducen un cierto sesgo estadístico, motivo por el cual este
año hemos optado por su tratamiento independiente. Pero aun así no deja
de ser cierto que 1996 reflejó un número considerable de quejas sobre las
cifras del año precedente, casi un aumento del 72 por ciento. Esta
circunstancia, a pesar de no ser la más positiva, ya que el ideal
consistiría en que las quejas fueran disminuyendo anualmente, porque
significaría que el ciudadano está de acuerdo con las actuaciones de la
Administración y con el respeto de sus derechos, ofrece también un signo
positivo que hay que destacar, porque refleja un progresiva superación de
esa tradicional apatía de los españoles a la hora de plantear una
reclamación en defensa de sus derechos, constitucionales o no, ante una
Institución parlamentaria como es el Defensor del Pueblo.
En 1996 fueron registradas 25.875 quejas. A 31 de diciembre, se
encontraban pendientes de examen 1.013, lo que supondría que se han
tramitado 24.802 durante el ejercicio y que de ellas han sido resueltas
21.136, es decir, más del 85 por ciento.
Como sus señorías saben, los Comisionados parlamentarios autonómicos
tienen atribuidas competencias que difieren en razón a sus respectivas
normas reguladoras. Ello significa, por tanto, que hay Comisionados que
tienen capacidad para investigar determinados asuntos que otros no pueden
resolver lo que, sin duda, repercute en el volumen total de las quejas
investigadas por unos y por otros.
Cabe señalar que han sido las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla y
León, Andalucía y Cataluña, por ese orden, las que mayor número de quejas
han remitido al Defensor, mientras que las Comunidades que menos
reclamaciones hicieron fueron las de Ceuta y Melilla y La Rioja.
Aun cuando el informe se basa sustancialmente en las conclusiones
derivadas del tratamiento de las quejas recibidas de los ciudadanos, se
ha completado con las investigaciones realizadas en el ejercicio de la
actuación de oficio. No puede olvidarse que existen colectivos enteros en
nuestro entorno que por sus propias características de fragilidad social
difícilmente pueden reaccionar en defensa de sus derechos y menos aún se
encuentran capacitados para dar a conocer las situaciones en las que
tales derechos pudieran verse afectados.
Es ésta, precisamente, la razón por la que el Defensor del Pueblo ha de
salir al encuentro y búsqueda de aquellos problemas, unos larvados y
otros emergentes, que descubren y encierran verdaderas injusticias que la
Administración no puede detectar o solucionar.
En el informe no se reflejan únicamente aspectos concretos que afectan a
la resolución de la queja del ciudadano individual, sino que también se
incluyen las recomendaciones de carácter general formuladas por la
Institución para procurar la modificación de las normas en algunos
supuestos y en otros para propiciar un cambio de actitud o de criterio en
las conductas administrativas.
De las 142 recomendaciones dirigidas por el Defensor a las distintas
Administraciones Públicas en el año 1996 fueron aceptadas 95, rechazadas
24 y las 23 restantes se encuentran pendientes de contestación en el
momento presente.
Señorías, a lo largo del año 1996 los ciudadanos nos han remitido
diversas quejas denunciando la vulneración de sus derechos fundamentales.
Ciertamente, son limitados estos supuestos en que los derechos y
libertades fundamentales han sido lesionados. Pero quisiera dejar
constancia de la repercusión de tales conductas que afectan
sustancialmente a la libertad o a la integridad de las personas,
conductas que han sido investigadas, y en la mayoría de los casos
corregidas, para tratar de que no vuelvan a repetirse.
No oculto a sus señorías que algunas veces nuestra Institución considera
que hubiera sido necesaria una mayor colaboración por parte de los
responsables de algunas Administraciones públicas a la hora de facilitar
las imprescindibles investigaciones y tomar en consideración nuestras
peticiones. Me referiré, por citar un ejemplo, a la desprotección en que
se encuentran nuestros menores de edad frente a los excesos de la llamada
libertad sexual en las imágenes televisivas, debido todo ello quizá al
incumplimiento o a la falta de rigor en el cumplimiento de las labores de
control por quienes tienen la facultad de ejercerlas.
Dentro de nuestra preocupación por los menores cabe señalar que el
Gobierno, recogiendo una recomendación del Defensor del Pueblo, ha
remitido a estas Cortes Generales un proyecto de ley orgánica que, como
sus señorías saben, modifica el Título del Código Penal relativo a los
delitos contra la libertad sexual de los menores de edad e incapacitados.
Una vez más hay que dejar constancia de que el Defensor actuará siempre
con el mayor rigor, no solamente
en la defensa de cualquier situación en la que pudieran verse afectados
los derechos fundamentales, sino también allí donde pueda existir un
riesgo razonable de que se produzcan dichas vulneraciones, puesto que tan
importante es investigar y corregir tales situaciones como prevenir que
éstas puedan llegar a producirse. Una muestra de ello ha sido la
actividad llevada a cabo por el Defensor en la vigilancia y supervisión
continuadas de la Administración penitenciaria. Se han visitado para ello
durante el año pasado 25 centros penitenciarios, y se ha elaborado un
informe sectorial sobre la situación de las cárceles españolas que fue
ampliamente debatido en la Comisión Mixta.
Entre las reclamaciones en materia de derechos fundamentales, los
ciudadanos se han quejado frecuentemente a lo largo del año de los
retrasos de la Administración de Justicia, lo que supone una violación
del Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva. La carencia de
medios existentes, especialmente en las jurisdicciones civil y
contencioso-administrativa, así como la desproporción entre los recursos
disponibles y la enorme carga competencial de estos órganos
jurisdiccionales, son sin duda la causa de que se produzcan tales
dilaciones, conforme señala el propio Libro Blanco de la Justicia
elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.
Un asunto que ha suscitado el interés de este Defensor es el relativo a
la efectividad de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ya que nuestro ordenamiento jurídico no establece ningún
procedimiento a través del cual puedan ejecutarse dichas resoluciones.
Esta cuestión adquiere hoy mayor actualidad, si cabe, por la reciente
decisión adoptada durante la última Cumbre del Consejo de Europa de crear
un Tribunal único y permanente que juzgará las violaciones de los
derechos humanos. Hasta fechas recientes, de las 14 sentencias relativas
a España que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo, en siete de ellas se produjo una declaración en la que se
reconocía alguna violación del Convenio, y hay al menos ocho casos más en
espera de sentencia.
El Defensor del Pueblo no puede permanecer impasible cuando a él se
dirigen ciudadanos que, siendo titulares de derechos reconocidos por un
Tribunal internacional, no reciben por nuestro ordenamiento interno la
tutela que solicitan.
Por ello, formulamos una recomendación al Ministerio de Justicia, en la
que se instaba la necesidad de introducir reformas para que nuestro
ordenamiento tuviera en cuenta las relaciones de complementariedad y de
coordinación que deben existir entre las obligaciones internacionales
asumidas por España y nuestro sistema constitucional de protección de
derechos; recomendación que no fue aceptada, al considerar que no era
urgente la necesidad de realizar la reforma legislativa que se proponía
desde nuestra Institución. En consecuencia, he estimado conveniente hacer
uso del articulo 28.2 de nuestra Ley Orgánica y dar traslado de este
problema a las Cortes Generales.
En cuanto al derecho a la educación, hay que señalar que siempre es
objeto del máximo interés del Defensor. En esta ocasión hemos abordado
nuevamente diversos asuntos que ya habían sido tratados en años
anteriores. Pero puede, si acaso, destacarse y poner un mayor énfasis en
la ineludible necesidad de dotar al sistema educativo de todos los
recursos necesarios para que cumpla adecuadamente su misión. Según
parece, en las previsiones presupuestarias para 1998 se ha tenido en
cuenta, en la medida de lo posible, alguna de estas necesidades
materiales, tanto del sistema educativo público, como del privado.
Voy a terminar este recorrido por los principales problemas que afectan a
los derechos fundamentales con una mención a la situación de quienes, no
siendo nacionales, también son amparados por nuestra Constitución y las
leyes vigentes.
Señorías, desde el Defensor del Pueblo hemos señalado reiteradamente que
la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros se está aplicando en
un clima de descoordinación por parte de los servicios administrativos
que intervienen en esta materia. Me refiero a la dramática situación en
que se hallan los numerosos inmigrantes que se agolpan en la frontera sur
de nuestro país, a la espera de poder acceder a la Unión Europea a través
de España, sobreviviendo en condiciones realmente inaceptables para la
dignidad humana.
El Defensor del Pueblo hizo una Recomendación sobre la necesidad de
contar con más personal policial y administrativo en las ciudades de
Ceuta y Melilla; un tratamiento individualizado de los casos, así como
que se procediera a la creación de las oficinas de extranjería.
Creo que no es preciso insistir más sobre esta realidad --
desgraciadamente, de constante actualidad--, y espero que a lo largo de
este año se lleven a cabo los esfuerzos necesarios para superar esta
lamentable situación. En ese sentido, en el Defensor del Pueblo se han
celebrado algunas reuniones de coordinación con los responsables de los
distintos departamentos ministeriales, como los de Asuntos Exteriores,
Interior, y Trabajo y Asuntos Sociales.
Mucho más numerosas que las quejas referidas a los derechos fundamentales
han sido las reclamaciones que tienen como trasfondo los derechos de
contenido social y económico. El Defensor del Pueblo, de común acuerdo
con los Comisionados autonómicos, quiere dejar constancia de la creciente
presencia de reclamaciones de ciudadanos que no encuentran en los
sistemas de protección social la satisfacción de sus necesidades más
elementales, por lo que demandan a sus respectivas instituciones ayuda y
amparo.
En el tratamiento de estas reclamaciones se viene percibiendo ciertas
deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de servicios sociales,
sus niveles de cobertura y su grado de eficacia, en relación con estos
sectores de nuestra población marginada.
Por todo ello, hay que señalar que los poderes públicos deberían
plantearse, como responsabilidad prioritaria, la atención de los
indigentes, cuya situación les dificulta para reclamar sus derechos
constitucionales, incluso habría que abogar por una discriminación
positiva hacia los desfavorecidos, basada en la aplicación del principio
de
igualdad compensatoria que consagra el artículo 9.2 de la Constitución.
Quisiera abordar ahora algunas consideraciones puntuales en relación con
las irregularidades cometidas en el funcionamiento ordinario de las
Administraciones públicas, aun cuando comprenderán sus señorías que la
selección temática que me veo obligado a realizar no excluye, como es
lógico, la importancia de otros asuntos igualmente reflejados en el
informe.
Citaré, por ejemplo, la penalización que sufren los trabajadores que se
jubilan anticipadamente de modo obligado, por encontrarse en situación de
desempleo subsidiado o por otras causas, poniéndose de manifiesto, en ese
sentido, que esta modalidad de jubilación anticipada, concebida
teóricamente como voluntaria, se ha convertido en la práctica, en muchos
casos, en forzosa.
También son numerosas las quejas relativas a la denegación de la pensión
de viudedad en aquellos supuestos en los que no se encuentra acreditado
el vínculo matrimonial con el consorte. Aun estimando que tal exigencia
para la obtención de dicha prestación no resulta contraria a los
artículos 14 y 39 de nuestra Constitución --como viene señalando
reiteradamente el Tribunal Constitucional-- es cierto que el legislador
podría extender a las uniones estables de hecho, al menos en determinadas
ocasiones, los beneficios de la pensión de viudedad.
Por otra parte, el artículo 45 de nuestra Constitución determina que
todos tienen derecho, no solamente a disfrutar un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, sino también el deber de conservarlo.
Las quejas recibidas en este terreno revelan notorias carencias: De una
parte, la relativa insensibilidad ciudadana ante la necesidad de
protección del medio ambiente y, de otra, la ausencia de medidas firmes
por parte de las Administraciones públicas competentes, que prevengan e
impidan actuaciones perjudiciales y que, en su caso, adopten las medidas
sancionadoras adecuadas. Porque son todavía muchas las industrias
notoriamente contaminantes o las infracciones urbanísticas atentatorias
del medio ambiente, que continúan siendo consentidas por los encargados
de controlar este tipo de patologías.
En suma, no se ejercitan adecuadamente las medidas exigibles en este
terreno, en gran parte porque muchos municipios españoles carecen de los
recursos técnicos y económicos para llevar adelante esta actividad y las
Comunidades Autónomas no les prestan el necesario auxilio.
No quisiera omitir una referencia a las muchas quejas que se originan
directamente de la actuación de las distintas administraciones
municipales, que mantienen con los ciudadanos un contacto más directo.
La colaboración prestada, en términos generales, por los municipios
españoles al Defensor del Pueblo en la investigación de estas quejas ha
sido básicamente positiva y en muchos casos las dificultades para
encontrar una razonable solución a las quejas no es atribuible a la falta
de voluntad de las autoridades municipales, sino sobre todo a esa
carencia de medios técnicos, materiales y económicos a los que me
refería, especialmente en los pequeños municipios, excesivamente
desamparados. Precisamente estos municipios suelen ser los que en
determinadas ocasiones no responden a los escritos del Defensor.
Por lo que se refiere a las relaciones institucionales, cabe señalar, en
primer lugar, que se han mantenido relaciones normales con las Cortes
Generales. Los contactos con ambas Cámaras se han llevado a cabo no sólo
a través de las comparecencias para debatir el informe anual, sino
también mediante visitas institucionales o el envío de estudios
específicos, como el ya señalado de los establecimientos penitenciarios o
el que aborda la atención residencial a personas con discapacidad y otros
aspectos conexos.
Siguiendo una pauta tradicional, el Defensor ha estimado necesario
intensificar las relaciones con las Comunidades Autónomas, tanto mediante
los contactos personales con los Presidentes y órganos rectores de
aquéllas, como mediante las relaciones ordinarias sostenidas por los
servicios técnicos de la Institución con los órganos competentes de las
propias Administraciones autonómicas.
El Defensor del Pueblo ha realizado durante el pasado año visitas a la
práctica totalidad de estas Comunidades y el balance de estos encuentros,
puedo afirmar, arroja un saldo muy estimulante, porque favorece, sin
duda, el conocimiento más directo de los problemas cotidianos que afectan
a los ciudadanos del Estado español.
Durante 1996 se desarrollaron también unas excelentes relaciones de
colaboración con los Comisionados parlamentarios de las ocho Comunidades
que lo tienen establecido en este momento, celebrándose las Undécimas
Jornadas de Coordinación de Defensores y Comisionados en la ciudad de
León.
Como un impulso a la mejora de la colaboración con estos parlamentarios
autonómicos, debe citarse el Convenio de Cooperación que se firmó con el
Procurador del Común en Castilla y León, así como durante este año 1997
los firmados con el Diputado del Común de Canarias, el Valedor do Pobo
Gallego y el Defensor del Pueblo Andaluz. Los principales objetivos de
estos convenios son el propósito de evitar duplicidades y la colaboración
en la investigación de las quejas a través del adecuado intercambio de
información.
Por lo que se refiere a las actividades internacionales, cabe señalar,
una vez más, la trascendencia del carácter universal de los derechos
humanos, que no admite fronteras ni límites o barreras de ningún tipo.
En las distintas conferencias a las que han acudido este Defensor y los
adjuntos de la Institución, hemos podido constatar la existencia de
ámbitos que son susceptibles de intervención preferente por parte de los
Defensores del Pueblo o instituciones afines. La defensa de los derechos
socioeconómicos y culturales que se encuentran menos protegidos que los
derechos cívicos y políticos; la protección de las minorías y la defensa
de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad constituyen objetivos
todos preferentes de nuestra actuación.
Cabe destacar la singular importancia de la Declaración sobre Terrorismo
elaborada en el Foro sobre Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos,
celebrada recientemente en Caracas.
En la Declaración se afirma que el terrorismo constituye una violación
flagrante de los derechos humanos, y que existe una obligación por parte
de los Estados de cooperar en la lucha contra el mismo derivada del
Derecho Internacional humanitario, por lo que, una vez cometido el acto
terrorista, el Estado en cuestión deberá, o bien conceder la extradición
o bien, en caso de su denegación, ejercitar la acción penal
correspondiente.
Se quiso en esa reunión llevar al ánimo de los sectores específicos de la
sociedad iberoamericana el mensaje de que, como diría uno de los
impulsores de la Declaración, el prestigioso profesor y presidente del
Instituto de Derechos Humanos, Karel Vasak, «los autores de actos
terroristas son, como los piratas, enemigos del género humano y deberán
ser tratados como tales».
Lógicamente, ampliar el campo de las actuaciones trajo como consecuencia
la necesidad de coordinar acciones y criterios para contar, en la medida
de lo posible, con una única voz. Esta coordinación se ha desarrollado en
varios frentes. A nivel regional, se han celebrado reuniones de
coordinación entre los Defensores nacionales de la Unión Europea y el
Defensor del Pueblo Europeo. A nivel interregional, quizás la experiencia
que más éxito ha tenido ha sido la creación de la Federación
Iberoamericana de Defensores del Pueblo, FIO, cuyo primer congreso se
celebró en la ciudad mejicana de Querétaro, y que constituyó el germen
del II Congreso anual, que tuvo lugar el pasado mes de abril en la ciudad
de Toledo, plataforma decisiva en la coordinación de esfuerzos para la
defensa de los derechos humanos en los países de Iberoamérica.
En esta reunión se preparó la Declaración de Toledo. En ella se ha
expresado una preocupación creciente de los Ombudsman por temas como la
poca atención prestada a la deuda social interna, debido al interés
existente por el pago de la deuda externa; la defensa de los derechos de
la mujer; el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas; el
respeto y adopción de los derechos humanos internacionales por los
poderes públicos; la supervisión de los errores y disfunciones del
servicio público judicial; la condena de todo tipo de actitudes
discriminatorias y la violación de los derechos fundamentales, así como
el compromiso para la protección y cuidado de los niños y personas de
tercera edad.
Asimismo, se elevó a la consideración de los Jefes de Estado y de
Gobierno, que conforman la Conferencia Iberoamericana, una moción para
que en su próxima cumbre --a celebrar a principios del próximo mes de
noviembre en la isla venezolana de Margarita-- continúen apoyando a los
Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y
Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos --por estos
diferentes nombres se les conoce--, e impulsen la creación de estas
instituciones en aquellos países de la Comunidad Iberoamericana en los
que todavía no existen.
Señorías, en la presentación de nuestro informe anual se recoge también
la pretensión del Defensor del Pueblo de intentar la revisión de la Ley
3/1981, de 6 de abril, reguladora de nuestra Institución, y es que esta
norma, de significación tan honda en la historia de nuestra reciente
democracia, se ha visto también afectada por el inevitable transcurrir
del tiempo.
Han sucedido muchas cosas en la sociedad española durante estos últimos
16 años. Muchas han sido también las modificaciones producidas en el seno
de las Administraciones públicas, y requerirían un reflejo adecuado en
nuestra normativa.
La Institución del Defensor no puede permanecer ajena al vértigo de los
cambios ni de las complejidades tecnológicas o burocráticas. Para
lograrlo, sería conveniente reformar algunos aspectos de nuestra
legislación que faciliten y agilicen nuestra tarea. Todo ello con la
pretensión de que nuestro trabajo pueda ser más eficaz al servicio del
ciudadano.
Concluyo, señor Presidente, y quiero acabar dejando constancia de un dato
positivo que se desprende de la lectura del informe y que antes ya les
mencioné. Han existido cientos de quejas individuales que se han resuelto
con la colaboración de las Administraciones, y lo que es más importante,
que ha habido 95 recomendaciones de carácter general aceptadas, algunas
de las cuales han supuesto incluso importantes cambios legislativos. Todo
ello requiere sin duda la puesta en práctica de un constante diálogo, de
un diálogo permanente entre la Administración, el Defensor y los
Comisionados autonómicos, que debe considerarse como una nueva forma de
entender el servicio a los ciudadanos en la defensa de sus derechos
fundamentales. Sólo a través de esta vía conseguiremos, entre todos, una
sociedad más justa y democrática. Sólo así haremos realidad ese hermoso
horizonte vislumbrado en el artículo 1 de la Constitución, que propugna
como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia y la igualdad.
Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al Defensor del Pueblo, don Fernando
Alvarez de Miranda.
Para explicar su posición sobre el Informe del Defensor del Pueblo,
tienen la palabra los grupos parlamentarios que deseen intervenir, por
orden de menor a mayor.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar creo que es de rigor, en nombre del Grupo Mixto
y de esta Senadora, de Eusko Alkartasuna, manifestar la satisfacción no
solamente por el informe que el señor Defensor del Pueblo ha traído a
esta Cámara, sino por todos esos estudios monográficos a los que ha hecho
referencia, cuya exposición pormenorizada hemos podido seguir a través de
la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo.
Creo que tiene especial incidencia y hay que hacer referencia al estudio
genérico --al que también el señor Defensor del Pueblo se ha referido
desde esta tribuna-- sobre la situación de los menores en el Estado
español.
Muchas otras cuestiones habría que tratar sobre los extensos estudios
monográficos a los que ha hecho referencia, y no solamente sobre el
informe que hoy estamos examinando. En todo caso, yo quiero remarcar
algunas cuestiones a las que el señor Defensor del Pueblo se ha referido,
y también algunas otras que, desde el punto de vista de esta Senadora,
parece interesante entresacar de su informe y a las cuales no ha hecho
mención. Quiero destacar las referencias que ha hecho a los problemas
relacionados con la situación de los menores, así como a la reclamación
que en su informe hace a la Administración para que, de una vez por
todas, se desarrolle el artículo 19 del nuevo Código Penal y podamos
tener una ley de responsabilidad penal del menor de 18 años, cuestión que
se nos viene demandando por la laguna que existe en la legislación a
estos efectos que, en opinión del Defensor, y desde luego de esta
Senadora, es mala para la situación de los propios menores. Asimismo,
quiero destacar las referencias que hace a los menores como sujetos
pasivos de delitos, tanto en el tema relacionado con la corrupción de
menores, como con los medios de comunicación y publicidad y el exquisito
cuidado nunca bien delimitado que tiene que existir en relación a los
menores que respete el derecho de expresión, teniendo bien claro el
límite que este derecho tiene en relación a aquellas imágenes que se
transmiten por televisión o que se plantean en publicidad, de las cuales
hemos tenido una extensa exposición escrita, tanto desde el punto de
vista monográfico como del informe remitido a las Cortes Generales.
Creo también que es necesario incidir desde mi punto de vista en los
problemas planteados en relación a la discriminación positiva basada en
el artículo 9.2 de la Constitución, que se refiere a la igualdad
compensatoria en relación a los indigentes, a los mendigos. También es
necesario tener en cuenta y recordar desde esta tribuna la situación de
los inmigrantes ilegales y la situación no del todo clara y, desde el
punto de vista legal no muy ortodoxa, en que se produce, y que recoge el
Defensor del Pueblo en su informe, la expulsión de 123 inmigrantes
ilegales durante este año parlamentario. Todos recordamos la expulsión de
estos inmigrantes de Melilla. Es bueno que en este momento se recuerde y
se haga la recomendación oportuna.
Hay otras cuestiones --y termino, señor Presidente-- que me parece
importante remarcar: Son las referencias que ha hecho el Defensor del
Pueblo en relación a la defensa no sólo de los derechos y libertades a
los que me tengo que referir relacionados con los problemas de la
Administración Penitenciaria, sino a la masificación en las cárceles, de
esas 25 cárceles que ha visitado el Defensor durante este tiempo. Habla
también de otros problemas, que dan lugar a la recomendación del Defensor
al Gobierno, referidos a los interrogatorios en los que se produce un
desnudo de los interrogados, en los que se exige unas condiciones y una
motivación para que las Fuerzas de Seguridad puedan efectuar este tipo de
interrogatorios.
Hay que recordar estas cuestiones como fallos de nuestro sistema de
libertades, y también la incidencia que de nuevo el Defensor del Pueblo
hace en las quejas que se producen en orden al respeto y la aplicación
del artículo 60 del Reglamento penitenciario, cuestiones a las que, por
ejemplo, el País Vasco no ha sido ajeno en relación con la puesta en
libertad cuando se cumplen las condiciones necesarias --cumplimiento de
las dos terceras partes de condena-- y también la puesta en libertad por
razones humanitarias para aquellos presos enfermos graves. Conviene
recordar también en este terreno que el Defensor del Pueblo, en relación
a la Administración Militar, recomienda, una vez más, y por expreso
mandato de todos los Comisionados del Estado, de las distintas
Comunidades Autónomas del Estado, la revisión de aquellos preceptos que
penalizan con penas de cárcel la insumisión o la modificación de las
normas relativas a la objeción de conciencia ahora que el servicio
militar obligatorio va a dejar de serlo y se van a profesionalizar las
Fuerzas Armadas.
Por último, quiero incidir en la defensa y el cuidado que el Defensor del
Pueblo pone en la defensa, valga la redundancia, de los derechos
económicos, sociales y culturales importantes también, como los derechos
y libertades fundamentales y no lejanos a los mismos en relación a temas
como a los que se ha referido aquí: Penalización de la jubilación
anticipada; las pensiones de viudedad para aquellas uniones estables de
hecho, los problemas relacionados con el medio ambiente y la defensa de
los ciudadanos; las agresiones del mismo y otra serie de problemas que
hacen referencia al derecho a la educación, a la salud, así como a otros
derechos importantes desde el punto de vista de la persona y que se
contienen en su informe.
Por último, el informe es extenso, es importante, debemos agradecer la
buena gestión del Defensor del Pueblo una vez más y un año más y, sobre
todo, debemos tener en cuenta también nosotros, los legisladores y, por
supuesto, el Gobierno, sus recomendaciones, a las cuales a veces no se
hace caso, al menos en toda su extensión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al Defensor del
Pueblo, aunque no esté presente en esta sala, don Fernando Alvarez de
Miranda, en ésta su tercera cita con esta Cámara. Saludo y bienvenida que
también hago extensiva a todos sus colaboradores presentes hoy en este
Pleno del Senado.
En segundo lugar, y con carácter previo a las reflexiones que a
posteriori realizaré, asimismo quiero felicitar una vez más, en nombre
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, al Defensor
del Pueblo por el informe remitido a esta Cámara, que ya de antemano
anuncio que lo aprobaremos.
El informe correspondiente al ejercicio 1997 mantiene invariable la nueva
estructura adoptada el año anterior,
por lo que damos por repetidas las consideraciones que sobre su
intrínseca bondad ya hicimos y, en concreto, sobre el carácter didáctico
del mismo.
Pero si esto sigue siendo lo cierto al día de hoy --y con esto paso a
analizar directamente el informe--, parece no serlo para el común de los
ciudadanos. Nos debe preocupar, y de hecho nos preocupa sinceramente, ese
bastante significativo --según palabras del propio Defensor del Pueblo--
volumen de quejas que no han podido ser admitidas, y entendemos que esto
hay que corregirlo, aunque este problema venga debido --cito textualmente
el texto del informe-- por un desconocimiento del ámbito u órbita
competencial de la Institución.
Coincidimos con el señor Alvarez de Miranda en la urgencia de incrementar
una campaña dirigida a informar de los fines y actividades de éste
nuestro Instituto que él preside. Los altos índices de prestigio y
aceptación popular del Defensor del Pueblo y su propio cometido merecen y
hasta exigen una inversión en tal sentido. En el logro de este objetivo
contará con el apoyo incondicional de nuestro Grupo.
Una segunda advertencia que se nos hace en la presentación de este
informe viene referida al propósito que albergan los responsables de esta
Institución de proceder a revisar la Ley 3/1981, a la que ha hecho
referencia desde este estrado el propio Defensor del Pueblo.
Entendemos que el cúmulo de experiencias adquiridas a lo largo de estos
años y el propio paso del tiempo, como ha dicho el Defensor del Pueblo,
imponen una reflexión que permita mejorar aquellos aspectos que el
trabajo diario ha demostrado mejorables. Esperamos la culminación del
informe que se nos ha anunciado, en el que se recojan estas propuestas de
modificación y reforma.
La sensibilidad democrática de la Institución y la indudable altura
jurídica y profesional de sus miembros auguran de antemano lo acertado de
las mismas que, unido al acuerdo o consenso previo con todos los grupos
parlamentarios en el cual, sin duda, participaremos, nos permitirán una
sustancial mejora de esta Institución.
Respecto al contenido material del informe, quiero constatar el acierto
en la identificación de los temas y asuntos que han merecido un
tratamiento monográfico de la Institución, tales como la situación
penitenciaria y depósito municipal de detenidos y el estudio sobre la
seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles.
También a los que merecen tal condición en el propio texto del Informe
anual remitido. Así, por ejemplo --y el Defensor del Pueblo ha hecho
referencia al mismo--, las dilaciones indebidas en la jurisdicción
contencioso-administrativa, que vulnera de forma escandalosa el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, exigen políticas activas, una
cirugía de urgencia por parte del Ejecutivo y de nosotros, del Poder
Legislativo. En este sentido, la Ley de la Jurisdicción requiere una
reforma procesal en profundidad que, de inmediato, abordarán estas
Cámaras.
Las grandes cuestiones a debatir para alcanzar una mayor eficacia y
mejora de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa están
suficientemente identificadas, definidas y debatidas por la doctrina.
Queda, en consecuencia, proceder a las mismas.
En esta labor, este Grupo al que represento atenderá también las
recomendaciones que desde el Defensor del Pueblo se nos han venido
realizando en este sentido.
Igualmente nos preocupa la denuncia que sobre distintas actuaciones
contra la mendicidad se han realizado por diversas administraciones. El
mendigo y la mendicidad, la marginación, con carácter general, elementos
molestos y distorsionadores de nuestras opulentas sociedades,
precisamente porque constituyen para nosotros un referente cercano y
cotidiano de nuestro propio fracaso, del fracaso de las estructuras
sociales, que son incapaces, no ya de resolver, sino incluso de mitigar
un problema, una injusta situación creada por nosotros mismos y no
precisamente por quien padece la pobreza.
Debemos estar extremadamente atentos frente a estas actuaciones dirigidas
desde la prepotencia, insensibilidad y el egoísmo. Debemos ser
decididamente beligerantes no sólo en cercenar estas injustificables
actuaciones, sino también en contribuir a una mejora de la calidad de
vida de todos.
Voy terminando, señor Presidente, con una breve referencia al menor,
obviando también otros interesantísimos temas del informe, a los que doy
por suficientemente debatidos, conocidos y brillantemente expuestos por
el propio Defensor del Pueblo.
Y hablamos del menor. Compartimos las inquietudes y preocupaciones
expresadas en el Informe del Defensor del Pueblo respecto a la urgencia
de proceder a la elaboración de un marco legal adecuado para la
protección efectiva de los derechos del menor, máxime cuando este déficit
que se denuncia lo es por una pereza normativa o de producción
legislativa.
Esta situación nos obliga no solamente a compartir, como he dicho, las
inquietudes del señor Alvarez de Miranda, sino también a reclamar una
inmediata intervención que nos permita completar las lagunas legales que
desde la perspectiva del Defensor del Pueblo nos han sido ya
identificadas.
Termino, señor Presidente, reiterando mis felicitaciones al señor Alvarez
de Miranda y a todos los componentes de la Institución que él preside,
anunciando que procederemos a aprobar su gestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
Ante todo, debo agradecer al Defensor del Pueblo su informe
correspondiente al año 1996 en su nueva comparecencia, en cumplimiento de
la obligación que establecen los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del
Defensor del Pueblo.
Otro año más nos encontramos en el trámite de evaluar y debatir ante el
Pleno de esta Cámara el extenso informe
emitido por el Defensor del Pueblo, que ya tuvimos ocasión de conocer en
su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del
Pueblo, celebrada el 16 de septiembre pasado, y, por supuesto, nuestro
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a
aprobar y a apoyar toda su gestión.
Del extenso informe emitido por el Defensor del Pueblo vamos a analizar,
primero, el tema relativo a las quejas. En primer lugar, ha hecho
referencia a un incremento desmesurado de quejas y a una duplicidad de
ellas. En cuanto al incremento de quejas, realmente es preocupante, por
un lado, por cuanto pueden obedecer a diversas causas, pero, sobre todo,
en parte a la falta de información de la verdadera función del Defensor
del Pueblo.
Sobre este particular, es de agradecer la labor pedagógica efectuada por
la Institución. Esa divulgación universitaria a la que ha aludido, con
diversos seminarios, conferencias, que engloban no solamente la labor
informativa de la función, de lo que es y para qué sirve la Institución,
sino, además, de los diversos trabajos llevados a término, por ejemplo,
los estudios relativos a los derechos de la mujer que, por cierto,
últimamente han sido temas de denuncias en los medios de comunicación y
se han convertido en una de las lacras sociales. Nos referimos al tema de
las mujeres maltratadas por sus maridos y su problemática judicial. Ese
es otro de los temas que el Defensor del Pueblo, desde la propia
Institución, nos ha informado que sería objeto de un futuro tema
monográfico.
En cuanto a la duplicidad de las quejas, debe preocuparnos su contenido,
no la propia duplicidad. Creo que, a medida que vayan consolidándose los
altos comisionados homólogos en las diversas Comunidades Autónomas, irá
remitiendo esta duplicidad de quejas, ya que habrá una más perfecta
compenetración entre dichas instituciones. Nuestro grupo apoya, por
supuesto, estas relaciones continuas con los comisionados autonómicos y,
además, estos convenios de cooperación y colaboración a que ha aludido
también el propio Defensor.
Por ello, nuestro Grupo da todo su apoyo a esa labor divulgativa
pedagógica y de relaciones de la institución del Defensor del Pueblo que,
a no dudar, redundará en un mayor conocimiento y una mayor eficacia, en
función de supervisar la actividad de la Administración y, obviamente, en
una reducción importantísima de la duplicidad de quejas que en la
actualidad persiste. Hasta ahí, hemos querido exaltar una labor propia de
la Institución que, aunque sea muy poco llamativa, es evidente que está
produciendo sus frutos. En la última encuesta del CIS, el Defensor del
Pueblo está en el segundo puesto en reconocimiento social.
Otra cuestión práctica que hemos de plantear es la de evitar la
burocracia de la propia institución del Defensor del Pueblo. Entre sus
funciones sí que está la de emitir y presentar sus informes; ahora bien,
entendemos que la función del Defensor del Pueblo precisa de una
actividad más ágil. No olvidemos que su divulgación e investigación de
las quejas presentadas, incluso, de oficio, exige un desplegamiento de
personal cualificado y, además, unos desplazamientos continuos que se
traducen, obviamente, en unos mayores costos y, por tanto, exige unos
presupuestos más acordes con los costes actuales. Parece ser que el
presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo deriva del año 1990
y, desde entonces hasta ahora, no se ha actualizado.
Creemos que nos deberíamos centrar en profundizar sobre el alcance de la
gestión del Defensor del Pueblo, que no se limita únicamente a tramitar
las quejas que se refieren a asuntos concretos, sino que, tal como se
expresa en el informe, tiende también a favorecer la creación de nuevos
comportamientos mediante las recomendaciones, sugerencias, que
posibiliten un cambio en las actitudes administrativas.
Del mismo modo que hemos destacado la segunda posición de la institución
del Defensor del Pueblo, dentro del reconocimiento de su labor en la
sociedad española, queremos puntualizar que tan sólo un 25 por ciento de
los encuestados cree que la Administración realmente le hace caso. Es un
dato importante, a la vez que preocupante, pues de seguir así, al final,
la reducción de las quejas no vendrá dada por su efectividad frente a la
Administración, sino por la no demanda de sus servicios por falta de
confianza en la eficacia de sus acciones. Se hace preciso, pues, adoptar
unos mecanismos más ágiles, a fin de que las decisiones del Defensor del
Pueblo tengan, asimismo, la efectividad que se merecen.
Entre los varios ejemplos de recomendaciones y sugerencias que he podido
examinar a través de su informe, dentro de las irregularidades observadas
por las Administraciones, destaca una recomendación que ha efectuado el
Defensor del Pueblo sobre revocación de oficio de liquidaciones en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del año 1990 por un ayuntamiento, al
haberse detectado la irregularidad de prescindir del procedimiento
establecido en el artículo 30 de la Ley 39/1988 Reguladora de las
Haciendas Locales, al aplicar a dicho ejercicio nuevos valores
catastrales que no habían sido publicados durante el primer semestre del
año inmediatamente anterior, sino precisamente el día 2 de enero de 1990,
que, de conformidad con aquella normativa, no podía tener efectividad
este año, sino en 1991, por lo que los actos administrativos
correspondientes se habían dictado incurriendo en infracción del
ordenamiento jurídico.
Pues bien, el Defensor del Pueblo recomendó a dicho ayuntamiento que, en
uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 105 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, estudiara la posibilidad de revocar de
oficio las liquidaciones sobre el IBI correspondientes al ejercicio de
1990, no solamente para los que habían impugnado dichos recibos, sino
para todos los ciudadanos. El ayuntamiento, obviamente, se ha opuesto a
dicha medida, por lo que el Defensor del Pueblo se encuentra impotente
para poder arreglar dicha situación provocada por una situación de
ordenamiento judicial. No se trata, pues, tanto de penalizar el silencio
o falta de cooperación de la administración, sino más bien de reforzar y
dar una mayor utilidad
práctica al verdadero sentido de la institución del Defensor del Pueblo.
Pasando a los temas monográficos que ha expuesto el Defensor del Pueblo,
vamos a analizar, en primer lugar, el tema de las dilaciones indebidas en
la jurisdicción contencioso-administrativa. Entendemos que los retrasos
en la resolución de expedientes y recursos de las salas del Tribunal
Supremo, de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de
justicia, son alarmantes, hallándose al borde del colapso.
Este problema no está centrado únicamente en dichos tribunales, sino que
no hemos de olvidar que se halla generalizada una paralización completa
prácticamente de todos los juzgados de primera instancia e instrucción de
los juzgados de lo penal, de lo social y de las audiencias provinciales,
al verse sorprendidas por el aumento de asuntos que han entrado bajo su
competencia por mor al nuevo Código Penal, que da competencia a las
audiencias provinciales para temas delictivos con más de tres años de
cárcel.
Es inconcebible, señorías, que en muchos juzgados un proceso de
separación matrimonial no contencioso o un juicio de desahucio por falta
de pago, por citar dos procedimientos muy sencillos, tarden más de tres
años en resolverse, con las consecuencias sociales, económicas y de
desconfianza que genera entre los ciudadanos. Asimismo, es inconcebible
que en muchos de los pleitos que se hallen conclusos para sentencia,
tarde más de uno o dos años en dictarse la misma. Probablemente la
solución radique en medidas de apoyo, de refuerzo de medios personales,
materiales, técnicos e informativos, e incluso en unos procedimientos más
rápidos y eficaces, pero no hemos de olvidar el problema inminente de la
movilidad del personal de los secretarios, jueces y magistrados.
Entendemos que sería conveniente adoptar las medidas necesarias para
evitar dichas disfunciones, incluso haciendo más atractivos tales
destinos, sea regulando y actualizando las categorías a los efectos de
complemento de destino, sea aumentando de categoría algunos de dichos
juzgados, pasando a ser regentados por magistrados y, por tanto, a no
dudar que provocaría la retención de muchos de sus actuales titulares.
En segundo lugar, nos preocupan las medidas adoptadas por algunos
ayuntamientos frente a la mendicidad. Es de suponer que dicho capítulo
sea resuelto definitivamente al ser aceptadas las recomendaciones del
Defensor del Pueblo por los distintos ayuntamientos afectados.
En tercer lugar, nos preocupa la difícil situación en que se encuentran
los presos españoles en las cárceles extranjeras, con graves problemas de
masificación y hacinamiento, especialmente en las cárceles del Magreb y
de los países iberoamericanos. No deben escatimarse esfuerzos en
conseguir paliar la situación mediante dos sistemas que surtirían
efectos. En primer lugar, conseguir la suscripción de los pertinentes
convenios con los diversos países, a fin de que los ciudadanos españoles
que así lo decidan, puedan cumplir el resto de sus penas en las cárceles
de origen. En segundo lugar, no escatimar que los consulados se esfuercen
en visitar a los presos tantas veces como su situación real y legal lo
permitan.
En cuarto lugar, el tema monográfico al que ha hecho referencia el
Defensor del Pueblo sobre programas emitidos por las cadenas de
televisión, objeto de diversas quejas y consecuencia de otro estudio
monográfico de la propia Institución. También nos ha preocupado a nuestro
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió hasta el
punto de haber presentado en esta Cámara --en la sesión plenaria del
pasado 7 de octubre de 1997-- una toma en consideración de proposición de
ley de creación del Consejo Superior de Medios Audiovisuales como una
autoridad independiente destinada a ejercer funciones de asesoramiento,
de vigilancia sobre la programación televisiva y velando por la calidad
de los programas. La Institución del Defensor del Pueblo ha podido
comprobar el incumplimiento por parte de las distintas televisiones de la
normativa vigente en esta materia, proponiendo --al hilo del informe de
la Comisión Especial sobre Contenidos Televisivos del Senado, emitido y
aprobado en un pleno en abril de 1995-- la creación de esa entidad u
organismo independiente, desvinculado jerárquicamente de la
Administración; sugerimiento que, como todas sus señorías saben, no ha
sido refrendado por el Gobierno ni tampoco por el Grupo Parlamentario
mayoritario de esta Cámara.
En quinto lugar, nuestro Grupo es sumamente sensible al que constituye el
quinto estudio monográfico del informe del Defensor del Pueblo: la
atención residencial de las personas con discapacidad. Son de vital
importancia los tres aspectos en que incide el informe: en primer lugar,
la actuación en las oficinas de empleo para la integración laboral; en
segundo lugar, la eliminación de las barreras urbanísticas,
arquitectónicas, de transporte y de comunicación, y ello para lograr una
vida independiente y equiparación de oportunidades; y, en tercer lugar,
una especial atención a los menores discapacitados.
En sexto lugar, es de felicitar la aceptación por el Gobierno de la
recomendación del Defensor del Pueblo sobre la modificación del artículo
87 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la
que ha aludido también el Defensor del Pueblo en su informe, en cuanto
incluye la posibilidad de que sean considerados, a efectos fiscales, en
la unidad familiar, con las deducciones correspondientes, a los
discapacitados mayores de edad declarados incapaces judicialmente.
En séptimo lugar, y en cuanto a las líneas de alta tensión, es de
aplaudir la investigación realizada por el Defensor del Pueblo.
Evidentemente, como indica la propia Institución en su informe, la salud
pública, como bien constitucional comunitario, debe abordarse desde una
perspectiva global con la participación efectiva de todos los sectores
afectados, siendo de interés la recomendación que al efecto propugna el
propio Defensor del Pueblo en su informe.
En octavo lugar, y en cuanto al tema de las notificaciones en materia de
tráfico, son correctas las recomendaciones y sugerencias que en este
sentido apunta el informe para evitar defectos de procedimiento y, en
definitiva, de cualquier indefensión.
Por último, respecto al estudio monográfico sobre la situación de la
infancia, estamos de acuerdo con las preocupaciones que embargan al
propio Defensor del Pueblo sobre el acogimiento y adopción como fórmulas
alternativas de prevención al internamiento en centros residenciales.
Obviamente, también pensamos en la necesidad de la regulación de la
responsabilidad de los menores de edad, la elaboración de un marco legal
adecuado para la intervención pública en materia de menores infractores
con sus correspondientes garantías precisas para su enjuiciamiento;
también, como hemos comentado anteriormente, la defensa y protección de
los menores frente a la agresividad de ciertos programas televisivos y
también, como es lógico, su protección frente a productos tóxicos.
En lo que respecta a los temas generales y, si me da tiempo, para
terminar...
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que fuera terminando, señor Capdevilla.
El señor CAPDEVILA I BAS: Termino, señor Presidente.
Vamos a referirnos a la Administración penitenciaria. El informe hace un
somero análisis de los diferentes centros inspeccionados en cuanto a
estructuras y la esperanza de puesta en funcionamiento de todos los
centros actualmente en construcción que, indudablemente, mejorará el
alojamiento y calidad de vida y lo mismo en los aspectos
higiénico-sanitarios. Queda al descubierto, no obstante, el desfase del
presupuesto destinado a la alimentación de los internos, que sigue siendo
el mismo del año 1990. Nos sigue preocupando al respecto la situación del
preso, y en especial su reeducación y reinserción, y la posibilidad de un
trabajo remunerado durante el internamiento.
Por último, en cuanto a la Administración educativa, quiero poner de
manifiesto las consecuencias negativas, a las que he hecho referencia, en
el ámbito de la educación a causa de las restricciones presupuestarias,
así como la inadecuación de medios con que cuentan algunos centros en
materia de instalaciones. Es una buena medida la apuntada en el informe
por el Defensor del Pueblo de practicar una investigación, con un
planteamiento de carácter más general, dirigida a comprobar de manera
presencial, a lo largo del curso 1996/1997, las condiciones que,
efectivamente, reúnen los distintos centros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lavilla.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta comparecencia en el Senado sobre el informe anual, en primer
lugar, quisiera dar la bienvenida al Defensor del Pueblo, don Fernando
Alvarez de Miranda, al igual que a sus dos adjuntos, señores Rovira y
Uribarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, queremos decir que
aprobamos el informe y también transmitimos nuestro apoyo a la labor que
viene manteniendo la Institución, que la ha hecho acreedora de una alta
valoración entre la ciudadanía en la encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Estamos, por tanto, ante una radiografía precisa de la sociedad, en la
que analizamos, en el día a día, el grado de cumplimiento, por parte de
las administraciones, de los derechos y deberes fundamentales de las
personas.
Llama la atención, según se manifiesta en el punto quinto, el aumento en
el número de quejas que se ha experimentado en el año 1996, pasando de
13.214 quejas en 1995 a 25.875 en 1996, que, según palabras que el propio
Defensor del Pueblo ha pronunciado en esta Cámara, supone un incremento
de casi el 72 por ciento. Bien es verdad que en el propio informe se
analizan por grupos de quejas y se advierte que éstas han podido ser
fruto de un mayor conocimiento de la Institución. No obstante, ahí está,
con sus matices, el dato que hace del Defensor del Pueblo una Institución
a la que los ciudadanos recurren con mayor frecuencia.
Si analizamos la procedencia de estas quejas, observamos que el mayor
número se produce en Madrid, con 9.026 quejas, lo que supone un 35,2 por
ciento del total. Hay que subrayar también las 3.470 quejas procedentes
de Castilla y León, una Comunidad Autónoma con tan sólo 2,5 millones de
personas, suponiendo estas quejas un total del 13,57 por ciento, y
teniendo en cuenta también que existen defensores del pueblo autonómicos,
concretamente el Defensor del Común, en el caso de Castilla y León.
Frente al total de Castilla y León, tenemos, por ejemplo, un 4,04 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Todo el informe, no obstante, es un test social en el que se evalúa
también la actuación de las diferentes administraciones respecto a los
ciudadanos, mereciendo especial interés el tratamiento monográfico de
nueve temas que el Defensor del Pueblo ha considerado de interés.
Todos los temas monográficos tratados resultan de un gran interés y
debieran ser motivo de reflexión para todos los grupos políticos de la
Cámara. A pesar de tener capital importancia los nueve temas monográficos
elegidos por el Defensor, voy a permitirme alterar el orden en la
exposición, puesto que, tanto en la Comisión como en el Pleno, el
Defensor, como los portavoces de los grupos políticos que me han
precedido, han realizado mención detallada de sus impresiones.
El Grupo Parlamentario Socialista coincide con la preocupación del
Defensor del Pueblo en la defensa de la infancia, que es abordada
directamente en el tema monográfico cuarto, en el apartado de contenidos
televisivos, y en el noveno, como la situación de la infancia desde la
institución del Defensor del Pueblo.
Señorías, el Defensor llega a decir literalmente que la situación de la
infancia constituye una de las preocupaciones fundamentales del Defensor
del Pueblo, que ha de sufrir en este sentido, por su propia iniciativa,
las mayores dificultades que, por razones notorias, tienen los menores
para asumir por sí solos la defensa de sus derechos.
En esta perspectiva, y en el ámbito de los contenidos televisivos, están
el artículo 20.4 de nuestra Constitución,
las reglas de Beijin, las recomendaciones del Comité de Ministros del
Consejo de Europa de 1987, el Código de Principios Deontológicos
aprobados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993 y,
sobre todo, la Carta Europea de los Derechos de los Niños y las Niñas en
lo que se refiere a la salud y a la salvaguarda de nuestros menores
frente a programas que contengan violencia gratuita, pornografía o lleven
actitudes de intolerancia y discriminación.
Voy a referirme a este problema que cada día preocupa más a las madres y
padres de nuestro país. El propio Defensor, en la intervención que tuvo
el pasado día 16 de septiembre en la Comisión Mixta Congreso-Senado, se
refería a este problema por la extraordinaria influencia que tiene la
televisión sobre los menores y el efecto sobre los niños y las niñas de
los mensajes que se transmiten. Al respecto, he de citar el ejemplo visto
por el propio Defensor de que en una cadena privada se recomendó a los
niños, en un debate sobre drogadicción, que desde pequeños probaran las
drogas para así evitar el efecto nocivo de las adulteraciones y evitar
que pudieran dañarles en el futuro.
Señorías, el propio Defensor lo calificó de inadmisible; calificativo que
es compartido por todos los grupos de la Cámara y que también ha
reclamado la atención de la señora Ministra de Educación y Cultura, quien
ha afirmado que estaba muy preocupada como madre y como Ministra, por lo
que es de esperar que se tomen medidas activas en su Departamento para
evitarlo.
Con la mejor de las intenciones y con el afán de canalizar todos nuestros
esfuerzos de forma constructiva, todos los grupos de la Cámara debemos
realizar un trabajo conjunto para resolver un problema en el que todos
estamos de acuerdo y cuyas soluciones no pueden esperar más tiempo.
La portavoz socialista en la Comisión Mixta, Cristina Alberdi, sugirió,
el pasado día 16 de septiembre, al Defensor del Pueblo profundizar en los
casos de violencia en los centros escolares. Sin tener una causa
exclusiva no es exagerado afirmar que los contenidos actuales de la
televisión influyen decisivamente en la violencia escolar. Ni siquiera
muchos programas de dibujos animados que van dirigidos a los niños y
niñas respetan los derechos del niño, clientes asiduos y pasivos de la
televisión que observan, sin ninguna cortapisa ni filtro, durante más de
tres horas diarias.
En este campo de los contenidos televisivos y en el respeto al artículo
20 de la Constitución debiéramos trabajar, así como en la incidencia cada
día mayor que tienen las televisiones por cable, puesto que en algunos
casos pudiera existir un menor control por su difusión más limitada.
Detectado el problema, corresponde al Gobierno y a las Cámaras tomar
iniciativas consensuadas para que los contenidos televisivos no
perjudiquen a niños, jóvenes y mayores. Pero no es menos cierto que el
propio Defensor del Pueblo tiene una capacidad máxima de incentivo para
trabajar políticamente desde los diferentes ámbitos, ya que su crítica y
publicidad de la misma, en positivo o en negativo, es un acicate que
puede estimularnos a trabajar para resolver este grave problema que no
sólo afecta a la infancia. Sirva recordar algo que todos los grupos
políticos y el propio Defensor conocen: las conclusiones de la Comisión
Especial sobre Contenidos Televisivos del Senado.
Si no resolvemos el problema de la violencia frente al televisor nos será
devuelto a la sociedad con intereses. La situación de la infancia en
España se presenta, en el IX tema monográfico y --como se ha dicho--
enlazando con las preocupaciones prioritarias del Defensor, desde
diversas perspectivas con tratamiento completo e interesante. Se pasa
revista al proceso de adopción, la explotación sexual de los niños y
niñas. Se propone también desde el Grupo Parlamentario Socialista que se
contemple el tema monográfico de la infancia, incluyendo --como se ha
dicho-- la influencia de los contenidos televisivos y también el problema
del alcohol, que ya mencionó el Grupo Parlamentario Socialista en el
debate del año pasado, y de otras drogas en menores y jóvenes. Prevenir a
tiempo puede ser una buena fórmula para evitar problemas mayores.
Novedoso e importante es el tema monográfico de las líneas de alta
tensión. En el propio informe se recoge la acumulación de quejas de los
ciudadanos por su proximidad a las líneas de alta tensión. Cierto es que
desde la Institución no se avala ninguna tesis sobre el efecto nocivo de
las líneas de alta tensión en la salud de las personas. Pero el propio
Defensor reconoce que la comunidad científica admite su efecto nocivo
como hipótesis posible, planteando el principio de prevención para
proteger nuestra salud, protección que está recogida en el artículo 43.2
de nuestra Constitución y también en diversas resoluciones del Parlamento
Europeo. Se tiene la sospecha de que existe un posible riesgo de cáncer.
Precisamente, este principio de prevención debiera aplicarse con carácter
prioritario sobre centros escolares, viviendas y otros edificios
públicos. Es más, desde el Grupo Parlamentario Socialista propondríamos a
la Institución del Defensor, si lo considera de interés, que se
solicitara al Ministerio de Educación la relación de centros escolares
que pudieran estar afectados por líneas de alta tensión y focos de
emisión eléctrica.
En el quinto tema, que hace referencia a la atención residencial a
personas con discapacidad, se establecen una serie de recomendaciones muy
precisas que es necesario tener en cuenta.
Una vez abordados los temas anteriores, se habla también en el tema
primero de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la mendicidad,
de los presos españoles en el extranjero y de las notificaciones en
materia de tráfico, temas todos ellos abordados por los diferentes
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
La segunda parte del informe está dedicada a analizar la actuación del
Defensor en el desempeño de su cometido de supervisar el funcionamiento
de las Administraciones públicas para evitar posibles excesos o
anomalías. Sería imposible que me detuviera en todas las Administraciones
que, de manera completa, aparecen en el informe
que el Defensor del Pueblo ha presentado a esta Cámara. No obstante, no
puedo sustraerme, por la importancia que tiene, al debate que últimamente
se ha producido en la opinión pública en relación con el apartado de
educación.
Concretamente en la página número 154, el Defensor del Pueblo dice
textualmente: Las consecuencias de las restricciones apreciables en
ámbitos de la actividad administrativa y los servicios públicos han
ocasionado en el sector educativo repercusiones más amplias de las que
procede tratar en el presente apartado, hasta el extremo de haberse
reabierto el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza.
Esta Institución ni quiere ni puede pronunciarse al respecto, pero sí
hace constar que sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir
con la privada estando sometida a restricciones presupuestarias que ésta
no padece o puede paliar de modo alguno y pretender, además, extraer
conclusiones de todo ello.
No haré interpretación del texto, ya que su contenido es lo
suficentemente claro como para que no sea necesario realizar ninguna
explicación complementaria.
Completo e interesante es el informe del Defensor en aspectos que, no por
falta de interés sino por escasez de tiempo, no podré desarrollar, aunque
sí me referiré a las Administraciones que, por las razones que sea, han
acumulado mayor número de quejas de los ciudadanos, con objeto de hacer
reflexionar a quien corresponda. En este sentido, la Administración de
Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el de
Trabajo y el de Economía son las Administraciones que más quejas
concentran. Los de inmigrantes, agresiones a la mujer, malos tratos,
problemas en la sanidad, becas, acceso a la Universidad y, entre otros,
el problema de los regímenes especiales agrarios son temas que se
distribuyen en las referidas Administraciones y que subrayan el esfuerzo
autónomo de la Institución del Defensor del Pueblo en las 122 quejas
abiertas de oficio.
En la presentación del informe anterior ya afirmé algo que vengo hoy a
recordar por su utilidad. El Defensor del Pueblo no puede hacer nada por
sí solo. Lo más que puede hacer es recurrir y denunciar la actividad de
la Administración, denuncia que tiene efectos políticos porque tiene
publicidad bastante.
Y voy a terminar, señorías, felicitando a la Institución por el completo
informe que ha elaborado sobre la seguridad y prevención de accidentes en
áreas de juegos infantiles y que ha servido de altavoz en este caso a la
demanda de mejora y ha sugerido nuevamente la apertura de una línea
presupuestaria en convenio con las Administraciones locales y autonómicas
para mejorar las áreas de juego infantiles.
No cabe duda de que esta Institución, por su dedicación y trabajo, tiene
un merecido reconocimiento por parte de la ciudadanía al considerarla
como la segunda institución mejor valorada del Estado. Por eso mismo, es
de esperar que siga trabajando en esta línea, deseando a la vez que su
presupuesto, congelado desde hace años, pueda tener un respiro en los
presentes Presupuestos, tal y como han solicitado el propio Defensor del
Pueblo y el portavoz de Convergència i Unió.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, deseo a todas las personas
que trabajan en la Institución del Defensor del Pueblo éxito en su
gestión, puesto que la misma supone una garantía más en la defensa de los
derechos fundamentales de nuestra Constitución.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lavilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tomo la palabra en
este Pleno. Quiero empezar diciendo que, lógicamente, todo el mundo tiene
preocupaciones ante la presentación del informe del Defensor del Pueblo.
Voy a referirme a las últimas palabras citadas por el Defensor del
Pueblo: libertad, justicia, e igualdad, que es lo fundamental que hoy
tenemos que analizar.
Una vez más, como cada año, y cumpliendo el mandato constitucional,
comparece ante el Pleno de la Cámara el excelentísimo señor Defensor del
Pueblo para dar cuenta de lo acontecido en tan alta Institución durante
el período correspondiente a 1996, haciendo un análisis de las quejas
formuladas por los ciudadanos, para que nosotros podamos realizar una
valoración de las mismas. Y como cada año, observamos que la Institución
del Defensor del Pueblo tiene una mayor implantación en nuestra sociedad.
Los ciudadanos de nuestro país conocen su existencia y saben que dicha
Institución está a su servicio. En síntesis, muestran una mayor madurez y
utilizan esos servicios --el servicio del Defensor del Pueblo-- para
resolver alguno de sus problemas; y con un mayor grado de conocimiento,
por cierto.
En su informe, el Defensor del Pueblo nos está dando un diagnóstico de la
salud de nuestra sociedad, de cómo está y de qué se queja. A su vez, nos
orienta sobre lo que hay que rectificar después de haber analizado las
quejas que formulan los ciudadanos; de aquello en lo que hay que incidir
para mejorar, así como de los lapsus legislativos que puedan existir.
Pero, además, el Defensor del Pueblo, por propia iniciativa, abre quejas
de oficio para detectar las áreas en las que los ciudadanos no se quejan
por falta de medios y a las que no llega la Administración, para informar
a ésta de esos lapsus legislativos. Esto tiene una importancia
extraordinaria para nuestro trabajo de control y legislativo. Me van a
permitir, pues, la licencia de definir al Defensor del Pueblo como el
gran proveedor para nuestras iniciativas parlamentarias.
En cuanto al capítulo de quejas, gran parte de ellas han sido resueltas
por la Administración o los organismos correspondientes, lo que
demuestra, no sólo el grado de aceptación y conocimiento de los
españoles, sino el respeto por parte de los responsables de la propia
Administración. Muchas de las quejas se han debido al desconocimiento
por parte de los quejosos de los trámites administrativos, y es el
Defensor del Pueblo el que orienta e informa sobre el proceso que se debe
seguir.
Pero lo más importante y notable es el hecho de que todos los ciudadanos
que han recurrido al Defensor del Pueblo han recibido una respuesta
puntual. Esta acción propicia la alta estima que merece entre la
ciudadanía esta Institución, sin que sea necesario hacer ninguna
publicidad de la misma, como demuestran las encuestas, que consideran el
grado de confianza que les merece a los españoles la figura del Defensor
del Pueblo, por lo que representa, dándole el valor de un ente
humanizado, que responde personalizando cada caso. La verdadera
publicidad se le da precisamente en la Cámara, con su comparecencia, con
el informe que el Defensor del Pueblo expone ante el Pleno, y que aquí
debe valorarse para adoptar las iniciativas parlamentarias que surjan
después de analizarlo.
Lo más importante es que sea una Institución aparte; al servicio de todos
los ciudadanos, sin distinción alguna de sexo, raza, religión, o color
político, y que vele por el cumplimiento y respeto al Título I de nuestra
Constitución, inspirado en los derechos humanos --como bien ha dicho el
Defensor del Pueblo--, que, a su vez, se extraen de los derechos
naturales. Eso hace que esa Institución sea respetada y respetable por
todos por igual, tanto por los que se quejan, como por aquéllos a los que
compete responder y ejercer responsabilidades en cualquier
Administración.
Hago esta loa porque entiendo que el Defensor del Pueblo, como alto
comisionado de las Cortes Generales, y todos los que están a su servicio
dentro de la Institución cumplen con lo que la Constitución demanda y las
Cortes Generales esperan.
Por ello, es el Defensor del Pueblo el que hace y debe seguir haciendo
informes que sirvan para evaluar aquello que no va bien, reflejado en el
análisis crítico y realista, sin juicios que puedan convertirlo en
partidista o juzgador, para así no poder nunca ser tachado como posición
política.
Para este fin no hay nada mejor que la descripción de cada situación con
total asepsia, proponiendo en algún caso solución en sus resoluciones.
Pero el informe del Defensor del Pueblo muestra ante todos nosotros que
todo lo que acabo de decir se cumple y que la Administración responde a
todas y a cada una de aquellas quejas presentadas ante la Institución y
que corresponde resolver a la Administración.
Por todo ello, señorías, considero que, tanto el informe como las
respuestas del Gobierno y de su Administración a las quejas, muestran el
respeto que se tiene hacia esa Institución, no solamente por parte de los
ciudadanos, sino también por el Gobierno, dentro de las expectativas de
las Cortes Generales.
Lo más importante para el Grupo Parlamentario que represento en el Senado
es el nivel de colaboración por parte de la Administración actual para
resolver las quejas que han presentado al Defensor del Pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barceló.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE LIDERE TODAS LAS INICIATIVAS NECESARIAS POR PARTE DE LA UNION EUROPEA
PARA DEFENDER LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE CONFIGURA LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO (OCM) DEL PLATANO, A FIN DE GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL
SECTOR, LA COMERCIALIZACION DE LAS PRODUCCIONES COMUNITARIAS Y DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS AFRICA-CARIBE-PACIFICO (ACP) Y LOS
MEJORES NIVELES DE RENTA PARA LOS AGRICULTORES. (671/000029.)
El señor PRESIDENTE: Debatido el informe del Defensor del Pueblo, pasamos
a debatir el punto tercero del orden del día, que es el de mociones
consecuencia de interpelación.
En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a que lidere todas las iniciativas necesarias por
parte de la Unión Europea para defender los elementos esenciales que
configuran la Organización Común de Mercado (OCM) del plátano, a fin de
garantizar la viabilidad del sector, la comercialización de las
producciones comunitarias y de la asociación de productores bananeros
Africa-Caribe-Pacifico (ACP) y los mejores niveles de renta para los
agricultores.
Esta moción tenía dos enmiendas, pero se ha presentado una enmienda
transaccional, firmada por todos los grupos parlamentarios.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Pérez
Hernández, portavoz del Grupo proponente, en este caso del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PEREZ HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el debate del pasado día 8 de octubre, como consecuencia de
la interpelación que, en nombre del Grupo Territorial de Senadores
Socialistas Canarios, defendí en esta Cámara, en la que se interpelaba al
Gobierno sobre las acciones previstas en orden a garantizar el actual
Reglamento 404/1993, por el que se creó la Organización Común de Mercado
del plátano, quedaron sin resolver algunas de las cuestiones que
motivaron la misma.
En el transcurso del mencionado debate tuvimos oportunidad de analizar
las graves consecuencias que para el sector platanero del archipiélago
canario tiene el dictamen de la Organización Mundial de Comercio, que
declara ilegal el sistema de licencias de importación, pilar básico de la
OCM del plátano, en cuanto es el estímulo principal para la
comercialización de este producto.
Igualmente se analizaron las ventajas de la OCM del plátano para la
protección de las producciones comunitarias y de los países de
Africa-Caribe-Pacífico (ACP) y su mantenimiento en el mercado.
También quedó claro que en los últimos cuatro años se han cumplido los
objetivos marcados. La Unión Europea ha estado abastecida de plátanos, el
precio al consumidor medio ha bajado, el consumo de plátanos ha aumentado
y, finalmente, han convivido perfectamente los plátanos de las tres
procedencias: comunitarios, ACP y latinoamericanos.
A pesar de todo ello, no han quedado claras las medidas que el Gobierno
de la nación piensa adoptar en defensa de los pilares básicos de la OCM
del plátano, una vez que la Comisión Europea ha decidido acatar el fallo
de la Organización Mundial de Comercio. Se abre un período complejo en el
que es preciso desplegar una acción diplomática al más alto nivel para
mantener la unión del resto de países con intereses en este sector dentro
de la Unión Europea, como Francia, Inglaterra, Portugal e Irlanda, de la
misma manera que se hizo cuando se consiguió el Reglamento 404 aludido,
por el que se creó la OCM del plátano.
Porque, señorías, a nadie se le oculta que estamos ante un conflicto
entre la Unión Europea y Estados Unidos y sus multinacionales que operan
en Latinoamérica, que en realidad quieren el monopolio absoluto del
mercado europeo y barrer del mismo a los productores comunitarios y ACP,
pagando salarios de miseria a sus trabajadores en Latinoamérica y
forzando a los productores de terceros países a que tengan que vender a
precios aún más bajos para así poder mantener sus cuantiosos márgenes de
beneficio.
En los últimos días estamos observando con preocupación cómo algún país
que había defendido el actual sistema de protección, como es el caso de
Inglaterra, comienza a mantener posiciones diferentes en un intento de
resolver únicamente la problemática de algunas islas del Caribe. Ello
sería enormemente grave de cara a la estrategia que es preciso mantener
en este momento en esta negociación entre la Unión Europea y la
Organización Mundial de Comercio.
El pasado 16 de octubre, la Comisión Europea presentó ante la
Organización Mundial de Comercio la respuesta oficial en relación al
veredicto de la OCM del plátano adoptado por el órgano de solución de
diferencia el pasado 25 de septiembre. Por parte de la Comisión se pide
un período de negociación que se estima en 15 meses, que en todo caso
habrá de ser acordado por ambas partes.
Por todo ello, señorías, y ante la importancia socioeconómica y
medioambiental que el mantenimiento del sector platanero tiene para el
archipiélago canario es por lo que se presenta esta moción, en la que se
pide que el Senado inste al Gobierno de la nación a que lidere todas
aquellas iniciativas necesarias por parte de la Unión Europea para
defender lo que son los elementos esenciales de la OCM del plátano, a fin
de garantizar la viabilidad del sector, la comercialización de las
producciones comunitarias y ACP y los mejores niveles de renta para los
agricultores.
Nosotros creemos sinceramente que en todo este proceso ha faltado
capacidad de negociación por parte del Gobierno de la nación. Ahora se
abre un nuevo período y es imprescindible, por tanto, que el asunto sea
tratado como un tema de Estado por las repercusiones que el mismo tiene
tanto para la economía de más de 20.000 familias en el archipiélago
canario, como también por las repercusiones medioambientales, el impacto
medioambiental negativo que produciría en el archipiélago la desaparición
de este importante sector agrícola.
Entre todos los grupos parlamentarios se ha hecho un esfuerzo y se ha
presentado una enmienda transaccional que recoge el espíritu de esta
moción, que en algunos casos la completa, la complementa, y yo quiero
reconocer aquí el esfuerzo tanto del Senador Galván, como del Senador
Ríos por preparar esta enmienda transaccional y, cómo no, el apoyo de los
demás grupos, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que
también han firmado esta enmienda transaccional y que, además, yo creo
que permite que esta Cámara, la Cámara territorial, dé un respaldo y
apoyo al Gobierno de la nación en esta importante negociación que ahora
se inicia.
Por lo tanto, yo pienso que es motivo de satisfacción para todos, porque
el Senado, la Cámara territorial va a darle un apoyo importante, un
respaldarazo al Gobierno de España para que negocie con firmeza.
Nosotros, desde nuestra posición, seremos exigentes y estaremos
vigilantes para que se cumpla lo que esta tarde, entre todos, aquí vamos
a aprobar y apoyar.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez Hernández.
Se ha presentado una enmienda transaccional, firmada por todos los grupos
parlamentarios. Por tanto, entiendo que no es necesario defender las
enmiendas presentadas por los grupos y, por consiguiente, podemos pasar
directamente a las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías. Yo comprendo que muchas de sus señorías estarán
a veces un poco cansadas y dirán: ya están otra vez los canarios con el
plátano. Pero tengo que decirles que lo haremos tantas veces como sea
necesario, porque es una cuestión muy importante --se ha dicho que es una
cuestión de Estado.
Yo quisiera recordarles brevemente que este cultivo se introduce en el
archipiélago en 1900. Se envía y se comercializa a Inglaterra
prácticamente en su totalidad. Después de la Primera Guerra Mundial, y
entre ambas confrontaciones, se amplía el mercado a Alemania y a Francia;
al final de la Segunda Guerra Mundial comienza a decaer el mercado inglés
para nosotros, porque les suministran sus propias colonias.
Se empieza a consumir en la España continental hasta llegar, por
necesidades de su mantenimiento, debido a la importancia social del
cultivo, a ser proveedor en exclusividad de la práctica totalidad de la
producción canaria. Pero al incorporarse España al Mercado Común Europeo,
en 1985, no puede introducirse esta condición de exclusividad del cultivo
en la Unión Europea, y el archipiélago canario se mantiene fuera del
cinturón aduanero y de su sistema agrícola del PAC --por eso se denominó
Protocolo 2 de adhesión.
Después de muchas negociaciones, Canarias se incorpora plenamente a la
Comunidad Europea, en 1991, y atención, señorías con la condición
aceptada por todos de no perjudicar en ningún caso la comercialización
del plátano en la Comunidad ni la renta de los cultivadores, y
renunciando Canarias a importantes aspectos del sistema de su franquicia.
Esa es la razón de que sigamos insistiendo, porque cualquier disminución
de la renta de los productores de cultivo de plátano será una agresión de
primera magnitud al archipiélago canario, y por eso --y de ahí la
necesidad de la firmeza de todos-- desde Coalición Canaria agradezco a
todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta moción.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió en esta moción que ahora debatimos. Ya
seguimos con interés la interpelación presentada el día 8 de octubre y,
en definitiva, estábamos a la espera de comprobar el sentido y sobre todo
el contenido de la moción.
Así pues, dejamos constancia de que estamos de acuerdo con la misma, ya
que es necesario defender los elementos esenciales que configuran la
Organización Común de Mercado del plátano, a fin de garantizar la
viabilidad del sector, la comercialización de las producciones
comunitarias, y los mejores niveles de renta para los agricultores.
Se han presentado distintas enmiendas, una de ellas transaccional,
firmada por todos los grupos, y creo que ello es bueno, porque refuerza
la posición en un sector que lo necesita.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Galván.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo y especialmente, quiero agradecer el esfuerzo que han
hecho todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para consensuar una
posición común, en aras de la defensa de los intereses generales de
Canarias. Yo creo que ése es el camino correcto, ése es el camino que
tenemos que saber recorrer en el futuro, precisamente cuando se ha
iniciado muy recientemente el nuevo proceso de adaptación de la OCM del
plátano.
Señorías, la Unión Europea tiene la obligación, en el plazo de 15 meses,
como bien señalaba el Senador del Grupo Parlamentario Socialista, de
informar de sus propuestas, de reconocer, como reconoce la propia
Comisión, que el objetivo de la OCM del plátano es apoyar a sus propios
productores, y cumplir con sus obligaciones internacionales, en el marco
de los acuerdos GATT y del Convenio de Lomé. En estos momentos, como
decía al principio, se ha iniciado un nuevo proceso de negociación de la
OCM en donde todas las partes implicadas deben consensuar una posición
común y en donde es fundamental, más que liderar, que los distintos
países miembros de la Unión Europea que tienen intereses en la producción
platanera o de vínculos con los países ACP mantengan precisamente esa
posición común en las dificultades que pueda entrañar todo proceso de
negociación.
El Gobierno de España, señorías, como no podía ser menos, ha venido
haciendo un esfuerzo en este sentido, y yo creo que es conveniente dejar
sentado en acta todas aquellas reuniones que, desde el mismo momento en
que se tuvo conocimiento provisional del informe de la resolución del
organismo arbitral, de la Organización Mundial de Comercio, se han
desarrollado. Así, señorías, en una cadencia de hechos, el 11 de
septiembre, en Bruselas, se reunió la representación permanente de España
en la Unión Europea, el Reper, con Comercio y Agricultura, con la
Comisión para comentar los resultados del recurso de apelación y plazos
razonables para producir las adaptaciones de la OCM; el 12 de septiembre,
en Bruselas, los portavoces españoles del Comité de Gestión del Plátano
analizaron bilateralmente la situación planteada con las delegaciones de
Francia, Reino Unido y Portugal; el 15 de septiembre, en Bruselas, la
Dirección General de Comercio Exterior de España, se reunió con la
Comisión para analizar la posible posición de la Unión Europea después
del dictamen final de la OMC y que ha dado lugar, precisamente, a la
contestación de la Unión Europea a la Organización Mundial de Comercio;
el 16 de septiembre, en Madrid, la Ministra de Agricultura se reunió con
la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocan, con el
fin de transmitirle el total apoyo de la Administración española en la
legítima defensa de sus intereses; ese mismo día también se mantiene una
reunión técnica por parte de los Ministerios de Agricultura, Asuntos
Exteriores, Dirección General de Comercio Exterior y Asprocan, junto con
la Coreper, para analizar los principales problemas que plantea el Panel
y establecer una sistemática de trabajo a nivel técnico para el estudio
de todas las alternativas posibles en defensa de los elementos esenciales
de la OCM del plátano; el 22 de septiembre, en Bruselas, se mantuvo
nuevamente una reunión de coordinación previa a la celebración del Comité
113 entre las delegaciones de Francia, Portugal, Reino
Unido, Irlanda y España, firmando una posición común; el 22 de
septiembre, en reunión conjunta celebrada en Bruselas, los Ministros de
Agricultura de Francia, Portugal y España apoyan decididamente a los
productores plataneros de la Comunidad Europea y también de los países
ACP. Por último, el pasado 15 de octubre, recientemente, se celebra en
Madrid una reunión técnica al más alto nivel para el estudio de las
alternativas para la nueva OCM entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
y el Ministerio de Agricultura, con el fin fundamental, incluso, de
llevar la OCM más allá del término del 2002.
Por lo tanto, señorías, es patente que la Administración española ha
venido realizando un notable esfuerzo para estar en el punto álgido de un
proceso de negociación que se abre ahora, del mismo modo que la
Administración española lo hizo en 1992 y 1993 en aras a la consecución
del Reglamento 404 de 1993 para la OCM del plátano. Creemos que ese es el
camino correcto; ese camino de esfuerzo de la Administración para
encontrar las mejores soluciones y alternativas que hagan posible,
efectivamente, la defensa de los elementos esenciales de la OCM del
plátano, que no son otros que la continuidad de las producciones, la
comercialización de la producción comunitaria y, sobre todo, mantener
unos niveles de renta --es obvio-- similares a los actuales y, si
podemos, mejorarlos y, sobre todo --y esto lo digo especialmente
interesado--, llevar a la OCM más allá del 2002, porque es la única forma
de garantizar y consolidar este importantísimo renglón de la actividad
productiva de las Islas Canarias, de otras regiones ultraperiféricas y,
sobre todo, de aquellas islas lejanas del Caribe constituidas como ACP
que están en una cuenca de especial interés geoestratégico para un país
que ha sido el principal opositor de esta OCM.
Por todo ello, señorías, España no está sola en este proceso. Así, la
principal responsabilidad del Gobierno gira en torno a propiciar con
firmeza una posición común. No cabe otro camino. No debemos liderar, sino
conjuntar voluntades para ese objetivo común, y en ese marco debe ser
entendida la petición de la Ministra de Agricultura en su comparecencia,
con ocasión de la interpelación, pidiendo el apoyo de todas las fuerzas
políticas, como en su día también el Partido Socialista, que administraba
políticamente los intereses de España, lo obtuvo generosamente.
Señoría, creemos que en este tema no es cuestión de buscar intereses
políticos sino, en todo caso, solucionar esta principal cuestión para
Canarias. Es fundamental estrechar los lazos con una colaboración
inteligente en donde todos tenemos que participar, en donde todos tenemos
un trabajo por realizar.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galván.
Después de escuchar el contenido de todas las intervenciones, ¿podríamos
aprobar esta moción, consecuencia de interpelación, por asentimiento?
(Pausa.)
Queda aprobada.
MOCIONES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A INCENTIVAR LA COORDINACION CON LAS Comunidades AutOnomas,
DIPUTACIONES PROVINCIALES O FORALES, CABILDOS INSULARES Y AYUNTAMIENTOS,
EN LO REFERENTE A SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE LIMPIEZA Y RECUPERACION
DE LOS CAUCES NATURALES. (662/000090.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del Orden del día, mociones.
En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno a incentivar la coordinación con las
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Forales, Cabildos
Insulares y Ayuntamientos, en lo referente a sus competencias en materia
de limpieza y recuperación de los cauces naturales.
A esta moción se ha presentado una enmienda.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ocupo
esta Tribuna y me dirijo a sus señorías en un acto de intención para
recordar y refrescar la memoria sobre algo que venimos padeciendo a lo
largo y ancho de nuestro país, pero que en algunas zonas es más frecuente
y reiterativo. Me refiero a los fenómenos atmosféricos que vienen
arrasando cíclicamente nuestros campos y nuestros pueblos. Ya sabemos que
estos fenómenos son, en no pocos casos, imprevisibles y que por esa razón
no sólo producen catástrofes materiales, sino también en algunos casos se
cobran vidas humanas.
Recientemente, en el Sureste español, en el Levante de nuestra Península,
ha acontecido ese fenómeno meteorológico que denominamos gota fría. Y se
ha llevado por delante enseres, cosechas, infraestructuras y, lo que es
más grave, siete vidas humanas. Algunos pensarán que es un hecho
lamentable, triste, dramático, pero sin solución, ya que se han venido
produciendo durante años, diría que toda la vida. No les falta razón para
pensar así, pero no con un coste tan elevado. ¿Y saben por qué? Porque la
configuración de nuestro territorio estaba y era más despejada
anteriormente y las aguas en tromba no tenían que almacenarse ni
encontraban obstáculos que las frenasen y embalsasen y que al final
tuvieran que romper con violencia debido al sobrecaudal retenido para
salir a buscar su lecho natural, teniendo que arrasar todos los
obstáculos que habían usurpado su cauce.
Esta es la causa por la que cada vez los fenómenos de riada son más
virulentos. No nos estamos refiriendo a la ruptura de pantanos, que son
aguas al fin y al cabo almacenadas. Estamos hablando de lugares --por lo
general en la costa-- por donde el agua siempre circuló sin obstáculos,
por lo que podemos afirmar que esas hecatombes acontecen en esos lugares
determinados y costeros. Es decir, allí donde el territorio ha sido
ocupado, unas veces, para edificar y donde era propiedad el elemento
hidrológico natural, porque estos tristes acontecimientos se producen en
las cercanías de los ríos secos, en las ramblas, barrancos, en lugares
que podríamos definir como veredas reales y naturales para la circulación
del agua.
Pero hay más, si diésemos un paseo por esos sitios, observaríamos que
esos cauces se convierten en depósitos de basuras, de desperdicios, de
derribos o vertederos incontrolados, además de tener edificaciones que
entorpecen el curso del agua, y es ahí en la tierra, en los cauces, donde
hay que intentar dar respuesta para paliar el efecto de estos fenómenos.
Todos sabemos que los ciclones, los terremotos, etcétera, son fenómenos
cuyos efectos no se pueden parar a su paso, pero no es así en el caso del
agua, que cuando cae al suelo sólo hay que darle facilidades para su
evacuación, ya que los desastres se generan no porque cae, sino porque no
puede discurrir.
Señorías, no sé si sabrán que nuestro país, y especialmente allí donde
más apreciado es el líquido elemento, por lo escaso, es donde hay más
organizaciones, algunas dependientes solamente de la Administración --es
bien cierto--, y otras que tienen un carácter particular, y todas se
afanan en regular y distribuir el agua. Tenemos Fuero del Agua, Tribunal
de Aguas, Sindicato de Aguas, Cátedra de Aguas, etcétera, y precisamente
esa preocupación es por el reparto y distribución, uso y consumo, pero, a
su vez, es donde menos nos preocupa la otra cara de esa agua, es donde el
espacio y sus tierras están sedientas, donde las cosechas en muchos casos
se pierden, donde se han tenido que mendigar riegos de socorro, donde el
preciado elemento encima de ser parco en su presencia de repente
cíclicamente se precipita a los sedientos campos y arrasa todo cuanto
está a su paso al intentar recuperar su cauce y con su ímpetu destruye
bienes y enseres y, lo que es más grave, no en pocos casos se cobra vidas
humanas.
Tenemos todos en nuestra mente los últimos acontecimientos de lo que
referíamos antes en el Levante español, en la provincia de Alicante.
Todos hemos visto las imágenes de las pérdidas en infraestructuras, el
aislamiento de barrios enteros, la tragedia de familias que han perdido
algún ser querido, y cabe preguntarse si ante esta situación, que no se
puede calificar como coyuntural, ya que se viene repitiendo
periódicamente, no existe alguna fórmula reguladora y, si existe, por qué
no se respeta para que estos fenómenos meteorológicos sean menos
trágicos.
Esas fórmulas deberíamos hallarlas aquí, en el suelo, mediante el estudio
de investigación que diagnostique las causas y dé soluciones, por dos
razones: la primera, por la imposibilidad de dominar el fenómeno
atmosférico de precipitación de lluvias; y, la segunda, porque hemos de
ser capaces de corregir los desmanes, respetar y controlar los espacios
reservados por derecho natural del agua y de sus cauces, ya que las
corrientes, por el hecho de no ser continuas no significa que no puedan
tener presencia.
Señorías, creo necesario que, así como se estudia y se busca la manera de
paliar la escasez, se intente poner coto al exceso, que se conduzca el
bien preciado para que sea eso, un bien aprovechable y no una maldición
bíblica. Los que miramos al cielo con la esperanza de que las nubes nos
traigan ese necesario bien no queremos cambiar esa escasez por la
tragedia del exceso incontrolado. El agua es necesaria para la vida, para
el desarrollo, hagamos que así sea, no nos ahoguemos en ese bien.
Señorías, todos coincidimos en que la denominación de arco mediterráneo
que engloba a las Comunidades de Cataluña, Valencia-Murcia, Andalucía e
Illes Balears, es la franja peninsular donde más veces suceden estos
hechos, y es una amplia zona de desarrollo dinámico de lo que podríamos
definir como las economías más activas, tal como la agricultura, la
industria y los servicios, también denominados turismo. Estos sectores
económicos son básicos para el sostenimiento y desarrollo de nuestra
sociedad y son, sin duda, los más afectados por estos fenómenos, y
precisamente me atrevo a decir que es en esa zona donde el fenómeno
meteorológico, que conocemos como gota fría, tiene anualmente una cita
concertada en un lugar u otro. Todos los años, los ciudadanos que tenemos
nuestros bienes, enseres, vivienda y nuestra propia existencia enclavada
en ese arco mediterráneo tenemos presente ese riesgo que corre todo
cuanto poseemos e, irremediablemente, también todos los años el erario
público tiene que acudir para amortiguar e invertir en ayudas por las
pérdidas y reparaciones ocasionadas por esa gota fría.
Es paradójico que, siendo adoradores y rindiéndole culto al agua, por su
escasez, sea ésta, ese bien escaso, el que arrase, y no en pocos casos
arruine e incluso se cobre vidas humanas.
Por ello, señorías, presentamos esta moción, para la que esperamos la
aprobación de todas sus señorías, que dice lo siguiente: Del Grupo
Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a promover --en la
moción originaria se decía incentivar-- la colaboración con las
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Forales, Cabildos
Insulares y Consell Insular --nos lo hemos tragado-- y Ayuntamientos, en
lo referente a sus competencias en materia de limpieza y recuperación de
los cauces naturales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barceló.
La enmienda está aceptada y, por lo tanto, entiendo que la intervención
del grupo enmendante podría remitirse a manifestar su posición en el
turno de portavoces. (Pausa.)
En consecuencia, se abre el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario había presentado una enmienda
a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. A nosotros nos parece correcto el texto
presentado por dicho Grupo en relación a la necesaria colaboración
interadministrativa entre administraciones que inciden en un mismo
territorio, pero estimábamos que era necesaria una corrección importante
en la redacción política que se le da a la parte resolutiva de la moción
en el sentido de hablar de colaboración en vez de coordinación. Ello
tiene su razón de ser en que existe un sistema de gestión política del
agua muy compartido.
Así pues, hemos de distinguir, tal como lo concibe la Ley de Aguas y los
Estatutos de Autonomía, el agua como recurso público o como dominio
público natural. Administrativamente está delimitado entre aquellas
cuencas de carácter intercomunitario, es decir, aquéllas cuyas aguas
transcurren íntegramente por el territorio en exclusiva de una Comunidad
Autónoma. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Pues bien, esas aguas y el cauce a través del cual discurren las mismas
son de gestión exclusiva de las Comunidades Autónomas. La titularidad del
agua como dominio público estatal es un modelo político de gestión del
agua establecido por esta Cámara en el que la titularidad será de los
poderes centrales del Estado pero la gestión será autonómica cuando la
cuenca sea totalmente intracomunitaria.
Igualmente, existen las aguas que discurren más allá del cauce
territorial de una Comunidad Autónoma, es decir, las cuencas de carácter
supracomunitario, en las cuales la gestión, aparte de la titularidad, es
competencia de los poderes centrales del Estado; en definitiva, en el
momento actual del Ministerio de Fomento.
Sobre estas aguas, en esta situación política y legal, también existe una
nueva novedad, valga la redundancia, y es que, en base al artículo 44 de
la Ley de Aguas, se han producido encomiendas de gestión a las
Comunidades Autónomas para que puedan gestionar los cauces naturales y
las aguas que por ellos transcurren cuando lo hagan por más de una
Comunidad Autónoma. Es el caso de la competencia que la Comunidad
Autónoma del País Vasco tiene a través de una encomienda para gestionar
los ríos, que tienen su origen y final --o viceversa-- no en el mismo
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por lo tanto, también se
está ejecutando la política de gestión de las aguas, lo que se llama la
policía de aguas. En definitiva, esta iniciativa política que plantea el
Grupo Parlamentario Popular se incardina en la materia, en el título
competencial de lo que es policía de aguas. Pues bien, esa policía de
aguas está en este momento insertada, bien por ser intracomunitaria, o
bien, en el caso de las supracomunitarias, a través de encomiendas de
gestión en las Comunidades Autónomas.
Por tanto, a nosotros no nos parece mal que se haga referencia a
ayuntamientos, a diputaciones, pero recordemos que éstos no tienen
competencias sobre el dominio público hidráulico. En el dominio público
hidráulico los únicos entes públicos competentes son: los poderes
centrales del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente, como titular de
las aguas, y como gestor, en su caso, en las aguas supracomunitarias, y
en el resto de las aguas, las Comunidades Autónomas. Otra cosa es que,
evidentemente, los entes locales, los municipios, las diputaciones,
intervengan en el ejercicio de su capacidad de fomento, en definitiva, de
realizar políticas de colaboración, de sustento y asistencia a las
corporciones locales cuando éstas no llegan a poder prestar adecuadamente
sus servicios. En este sentido, los entes locales son a su vez
concesionarios de la concesión hidráulica del uso y aprovechamiento del
agua otorgado por los correspondientes organismos de cuenca, que son las
Confederaciones hidrográficas.
Por lo tanto, a nosotros no nos parece mal que haya una colaboración,
pero sin olvidar dónde está la titularidad legal, dónde está la
titularidad política de la gestión del agua. Por ello, hemos planteado
también que se hable de colaboración, mejor que de coordinación, porque
en base a estas consideraciones de orden político y competencial, es más
adecuada la relación de colaboración que la de coordinación.
Finalmente, quiero hacer referencia, señor Presidente, a que cuando se
incide en las desembocaduras de los ríos, estamos entrando en otra
legislación sectorial que incide sobre el contenido político de la
moción, que es la Ley de Costas. En los cauces naturales, en las
desembocaduras de los ríos se cruzan los títulos o las legislaciones,
tanto de aguas como de la Ley de Costas, sobre todo, por la incidencia
que tiene en la zona de servidumbre, la servidumbre de paso --la zona
privada afecta a las limitaciones del dominio-- en la que, evidentemente,
sí que se debe mantener la limpieza y la recuperación de los cauces. Por
lo tanto, doble vinculación legal: los mandatos imperativos de la Ley de
Aguas, más aquellos provenientes de la Ley de Costas del año 1988 en la
desembocadura de los ríos.
Aceptada la enmienda, tal como la hemos planteado, por el Grupo
Parlamentario Popular y, por tanto, reiterándole nuestro agradecimiento,
vamos a votar positivamente al contenido de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Después de la exposición clara que ha hecho el Senador Barceló sobre el
tema motivo de la moción y las disquisiciones jurídicas y competenciales
que acaba de hacer el señor Gatzagaetxebarría, realmente el tema está
suficientemente centrado y especificado, por lo que los demás
intervinientes lo haremos simplemente para manifestar nuestra
conformidad. Desgraciadamente, por muchas precauciones que se tomen,
todos los años nos encontramos con hechos luctuosos. El pasado año
ocurrieron sucesos muy graves, como el de Biescas que, afortunadamente,
fue un hecho excepcional; sin embargo, con menos víctimas, pero siempre
con un número elevado de daños materiales,
se producen lluvias que originan, a través de los torrentes, daños de
elevada magnitud. Buena parte de ello podría evitarse si las distintas
Administraciones e, incluso, organismos que no forman parte de la
Administración, participaran en la limpieza de los cauces, la
coordinación o la colaboración, tal como se ha manifestado a través de la
enmienda de modificación del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. Evidentemente, podrían evitarse muchos daños.
Podría mejorarse el acceso a muchos puntos que el tiempo ha hecho que
sean prácticamente intransitables y que, con ocasión de las lluvias
torrenciales, originan torrentes al salir el agua por cauces distintos.
Por tanto, aprobar una moción de esta índole y que a la vez se haga
llegar a muchos estamentos, no sólo a estos estamentos de la
Administración, sino a otros que están cerca de los cauces, cerca del
campo y que pueden dar lugar a una colaboración nos parece una medida
realmente digna de ser aprobada por unanimidad.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió dará soporte y votará favorablemente a la moción del Grupo
Parlamentario Popular, con la enmienda de modificación que ha defendido
el señor Gatzagaetxebarría.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sin duda alguna, utilizar una moción ante esta Cámara para
generalizar un problema puede ser asumible por parte de todos los grupos.
Mi Grupo, en este caso, va a asumir la moción tal y como la presenta el
Grupo Parlamentario Popular, añadiéndole, además, la modificación que a
la misma se hace.
Me van a permitir, en primer lugar, que sobre el texto de esta moción
haga algunas consideraciones de carácter semántico, y posteriormente me
van a posibilitar que vierta sobre ellas algunos de los conceptos que el
Grupo Parlamentario Socialista entiende imprescindibles a la hora de
hablar sobre el tema del agua en general y sobre este tema en particular.
Del texto de la moción destacaría la referencia a las recientes lluvias,
para indicar que no son tan recientes. Afortunadamente, el período de
sequía cesó hace casi dos años, y a lo largo de ese tiempo se han
producido lluvias insistentes que han provocado serios daños. Se hace
también referencia a diversas zonas del territorio español, lo cual
generaliza el problema y es bueno para lo que plantea la moción.
Al definir algunos cauces, a algunos se les llama inadecuados y yo los
sustituiría conceptualmente por inexistentes, lo cual es un problema
bastante más grave.
En lo que se refiere a todo tipo de restos sólidos, fundamentalmente se
está aludiendo a un concepto de mantenimiento que, sin duda, tiene
suficiente marco jurídico para actuar sobre él, y al que luego me
remitiré.
En el marco general del debate que actualmente existe sobre el agua en
nuestro país hay una premisa fundamental aceptada por parte de todos: que
nuestro sistema hidráulico no es capaz de atender la demanda en los
momentos de emergencia, tanto por mucha como por poca agua, y esa es una
realidad. También es una realidad la dificultad que existe de llegar a
realizar una perfecta planificación hidrológica, toda vez que en un mismo
punto, a un mismo tiempo, se suceden sequías e inundaciones, lo cual,
como digo, dificulta la realización de una planificación hidrológica
definitiva.
Se han introducido otra serie de conceptos en este debate, como es el
mercado del agua, algo que queda muy en el futuro porque, evidentemente,
no existe una red de acueductos en España que pueda permitir esa posible
venta de agua desde las zonas productoras a las zonas consumidoras,
puesto que existe, como digo, un gran déficit en lo que se refiere a las
redes.
Al mismo tiempo, se ha añadido a todo ese debate la gran duda sobre la
reforma que se plantea de la ley de aguas dado que con la planificación
hidrológica atascada y ante un marco general de política hidráulica en
este país, difícilmente se podrá elaborar una nueva legislación al
respecto. Por tanto, existe ya una corriente de opinión que dice que ese
anteproyecto de Ley va a ser un simple parche, que no durará mucho y que
necesitará de posibles reformas.
A todo esto hay que añadir otra serie de inconvenientes y de incógnitas
que quedan en este debate, como es la aplicación de los posibles fondos
de cohesión de la Unión Europea, a través de alguna directiva
comunitaria, que pudiera incidir en las inversiones hidráulicas. Y por
qué no hablar de nuestras relaciones con Portugal, unas relaciones
hidrológicas importantes, aunque claramente desequilibradas, porque son
las aguas de nuestro país las que van hacia Portugal. Al mismo tiempo,
habría que profundizar en un gran aspecto del que ya hablaba la Ley de
1985 como son las aguas subterráneas, o aplicar temas tan importantes
como la información en materia de ambiente u otras políticas alternativas
en cuanto al aprovechamiento del agua: la reutilización, los novedosos
planes de regadío, depuraciones, desalaciones, etcétera.
En todo este marco de referencias y de debate, me gustaría significar que
la posición del Grupo Parlamentario Socialista es que el agua hay que
considerarlo, en primer lugar, como un bien plural. Por lo tanto, hay que
someterlo a un debate general sobre las infraestructuras y servicios, en
el marco de la globalización económica, de la competitividad, de la
eficacia y del empleo. Como bien plural es indispensable para la salud y
la calidad de vida, para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y,
cómo no, como bien económico y productivo puede marcar en gran parte la
economía de determinadas zonas.
El agua tiene también para nosotros la consideración de bien especial, de
ahí que tenga que estar jurídicamente fuera de ese comercio propuesto y
al amparo de las Administraciones públicas. El agua en muchas ocasiones
en
muchas regiones ha servido para propiciar un despegue económico que luego
se ha convertido en un desarrollo socioeconómico, que también en aquellas
zonas altamente desarrolladas produce ahora una elevada presión porque se
proporciona una creciente competencia sobre el recurso; ante los
problemas de escasez, de degradación de su calidad y de su entorno y la
necesidad de incorporar nuevas tecnologías, se genera una elevada presión
que también hay que resolver en ese amplio debate.
El agua también es un bien ambiental y, por lo tanto, ha de tener la
tutela de la Administración pública. Creo que no se ha sabido equilibrar
y mucho menos solucionar los problemas derivados desde la última sequía
hasta el momento. La paralización política de los planes hidrológicos en
nuestro país constituye la concreción de la política del agua establecida
en la Ley del año 1985, y la necesidad de ver los ajustes presupuestarios
dentro del sector público han impedido que se haga una buena política de
agua desde hace un año y medio hasta la fecha. Hay una crisis general
sobre el concepto de agua; ahí están los debates que con carácter
internacional se están haciendo en otros lugares del mundo, y en nuestro
entorno político, en la Unión Europea, se está concretando la
comunicación entre agua y medio ambiente.
Por lo tanto, consideramos que los servicios del sector público han de
ser los que la sociedad demande y luego habrá también unos incentivos y
oportunidades adecuadas a la inversión privada, pero ya en el contexto
del agua como recurso económico. Este es el marco general en el que yo
creo que hay que establecer cualquier idea sobre el agua.
Aunque en mis primeras palabras he puesto de manifiesto la bondad de la
moción, hay suficientes recursos en la Ley como para adoptar medidas
ahora mismo tendentes a solucionar los problemas que aquí se están
planteando.
Se hablaba de coordinación y se ha sustituido esta palabra por
colaboración. En el artículo 1 del Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica se dice: El ejercicio
de las funciones del Estado en materia de agua se someterá a los
siguientes principios: unidad de gestión, tratamiento integral, economía
del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y
participación de los usuarios. No cabe una mayor amplitud para que esa
coordinación o esa colaboración pueda existir.
Con referencia a las competencias, en el artículo 6 del mismo Reglamento,
se habla también de la relación con el dominio público hidráulico en el
marco de las competencias que son atribuidas por la Constitución al
Estado. A continuación, en los artículos 7, 8 y 9, se habla de las
competencias de las Comunidades Autónomas. Luego, también existe un marco
referencial y jurídico adecuado para establecer cuáles son las
competencias de cada una de las Administraciones públicas.
Respecto al tema de la participación, elemento esencial a la hora de
resolver estos problemas, están los diversos artículos de la Ley donde se
habla del Consejo del Agua, de los Organismos de Cuenca y, dentro de
ellos, de la Junta de Explotación, de las Juntas de Obras, de las
Comisiones de Desembalses, etcétera.
Con referencia a uno de los puntos que mencionaba inicialmente y que yo
denominaba de mantenimiento, en lo que se refiere a limpieza y
recuperación de cauces, en el año 1995, en concreto el 17 de febrero, se
aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Este constituye una pieza fundamental en la política de gestión del
dominio público hidráulico y va acompañado de un plan en materia de
vigilancia de la calidad de las aguas, de un programa de deslinde del
dominio público y de los distintos planes de restauración
hidrológico-ambiental de las cuencas, todo eso unido a la declaración de
las obras de interés general del Estado, así como al establecimiento,
dentro de ese mismo plan, de los criterios objetivos para fijar el
compromiso de apoyo en todo el territorio nacional y, por lo tanto, la
colaboración entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas, sin
menoscabar la introducción de las distintas directivas comunitarias que
hacen referencia a este tema.
Permítame, señoría, que establezca una serie de conclusiones después de
haber vertido todo este tipo de consideraciones que mi Grupo considera
que es preciso hacer.
En primer lugar, creo que no basta sólo con el diálogo, hay que buscar
algo más. Algunos retoques y el propósito de enmienda de hacer las cosas
un poco mejor no es suficiente. Tendrán que revisar profundamente también
cuáles son los principios y la actitud actual que su Gobierno está
teniendo sobre la gestión del agua y, cómo no, habrá que hablar de
recursos económicos, señoría, y recordar que, durante el año 1994, se
ejecutaron 17.000 millones de pesetas con referencia a la limpieza de
cauces; en el año 1995, 27.000 millones de pesetas; para este año 1997
sólo constan en los Presupuestos 6.600 millones de pesetas; y para el año
que viene, 1998, la propuesta de su Gobierno va sólo hacia los 13.195.
Por lo tanto, hay que hablar, como digo, de recursos económicos y
también, sobre todo, de asumir las responsabilidades que la propia ley
establece.
Ciñéndonos a lo concreto --porque decía que un ejemplo concreto puede
servir para generalizar una cierta situación--, y refiriéndonos a las
últimas inundaciones que han tenido lugar, me gustaría hacer referencia a
las relativas a Alicante. Concretamente el proyecto para la realización
de recogida de aguas en el barranco de San Vicente está encima de la mesa
desde el año 1996. En el Presupuesto de este año, hay destinado para ello
la cantidad de 37 millones de pesetas.
Pero lo grave de todo esto, y después de presentar esta moción --a la
que, como he dicho, no le quito la bondad, y me parece que es bueno que
la apoyemos todos--, para el año 1998 vuelven a consignar también 39
millones de pesetas. Yo le pediría que se pronunciara a este respecto,
que dijera realmente que se apoya esta iniciativa que ya existe en
Alicante, para que dentro de tres meses esté hecho un plan, y que se diga
también de dónde van a salir todos esos dineros.
Por lo tanto, el Partido Socialista va a asumir y a votar afirmativamente
esta moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, con la enmienda que se ha introducido. Pero a mí
me gustaría solicitar a todos los grupos políticos, desde esta tribuna,
algo que está recogido en esa misma moción, que es colaboración. Yo
pediría a su señoría, del Partido Popular, que dijera a su Gobierno que
pusiera el dinero suficiente detrás de la propuesta para que estos
problemas pudieran ver algún día una solución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barceló.
El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo dar las gracias a todos los portavoces de los
grupos parlamentarios que han intervenido por el apoyo que han dado a la
moción, pero quisiera hacer una matización.
No hemos venido aquí a hacer un debate sobre el reparto del agua, hemos
venido a presentar una moción sin que ésta pretendiese en ningún caso ni
en ningún momento interferir ni invadir las competencias que tienen
asumidas las distintas administraciones y las distinas Comunidades
Autónomas respecto a lo que hemos venido a decir aquí. Es decir, que no
tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me parece muy bien,
lógicamente, que pidamos todos la colaboración, y me parece espléndida y
estupenda la sensibilidad de sus señorías ante este hecho, pero lo que
hemos venido a exponer aquí son hechos dramáticos que se vienen
produciendo de forma cíclica, anualmente, en un lugar u otro de nuestra
península, de manera más intensa o con más asiduidad en el marco
mediterráneo, como hemos dicho en principio, y nada más que eso. Todo lo
demás son otras cuestiones que corresponde, sin duda alguna, con toda la
legalidad y con todo el merecimiento democrático que tienen sus señorías,
debatir en otro momento distinto. Nosotros hemos aceptado esta enmienda
porque consideramos que era necesaria y que, además, enriquecía nuestra
moción, pero nada más que eso. No estamos invadiendo competencias de
nadie, ni lo hemos pretendido en ningún momento, porque sabemos
perfectamente que cada uno tiene las suyas propias. Por eso a lo que
instamos es a que estos hechos se puedan paliar de alguna forma, haciendo
todos un pequeño o un gran esfuerzo para que así sea.
Insisto en agradecer, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, la
manifestación de apoyo a esta moción, que creo que va en beneficio de
todos los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Barceló.
En su intervención, Senador Barceló, introdujo una variable. El último
párrafo de la moción habla de que el Senado insta al Gobierno a
incentivar la coordinación con las Comunidades Autónomas, Diputaciones
Provinciales o Forales, Cabildos y Ayuntamientos.
En su intervención introdujo la variable Consejos insulares. Quería
preguntar a los portavoces si tienen inconveniente en que se incorporen
también los Consejos insulares para completar todas las administraciones.
¿Hay algún problema, señores portavoces? (Pausa.)
Queda incorporado como texto de la moción.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE HAGA UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO PARA AGILIZAR LA NEGOCIACION DE LOS
CONVENIOS PENDIENTES DE FIRMAR SOBRE EL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS EN SUS PAISES DE ORIGEN Y PARA QUE ESTOS
ENTREN EN VIGOR DE MANERA PROVISIONAL EN EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA; A
QUE SE INCREMENTE LA ATENCION DE LAS OFICINAS CONSULARES A LOS ESPAÑOLES
DETENIDOS EN EL EXTRANJERO; Y A QUE EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
ESTABLEZCA LOS CONVENIOS OPORTUNOS CON LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES (ONG) PARA INCREMENTAR EL APOYO Y LA AYUDA A LOS
CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE CUMPLEN CONDENA EN CARCELES EXTRANJERAS.
(662/000089.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a que haga un esfuerzo
extraordinario para agilizar la negociación de los convenios pendientes
de firmar sobre el traslado de personas condenadas para el cumplimiento
de penas en sus países de origen y para que éstos entren en vigor de
manera provisional en el mismo momento de la firma; a que se incremente
la atención de las oficinas consulares a los españoles detenidos en el
extranjero; y a que el Ministerio de Asuntos Exteriores establezca los
convenios oportunos con las organizaciones no gubernamentales (ONG) para
incrementar el apoyo y la ayuda a los ciudadanos españoles que cumplen
condena en cárceles extranjeras.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, las condiciones de vida en que se encuentran los ciudadanos
españoles que están cumpliendo condena a la espera de juicio en cárceles
en el extranjero debe ser una atención permanente de los servicios
consulares españoles, ya que de esta forma la Administración estaría al
servicio de los intereses de los ciudadanos protegiendo
sus derechos humanos, tal como establece nuestra Constitución. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Una de las demandas más solicitadas por los ciudadanos españoles que se
encuentran en esta situación, que ha sido estudiada muy especialmente por
nuestro Defensor del Pueblo, es la de cumplir la condena en España, dada
la situación de la mayoría de las prisiones donde están cumpliendo las
mismas.
Esta tarde, especialmente, hemos tenido ocasión, con la aprobación del
informe del Defensor del Pueblo, de ver cómo algunas de sus señorías,
portavoces de sus grupos parlamentarios, han hecho mención a este
problema que está referenciado en el propio informe y que expresamente el
Defensor del Pueblo viene tratando como un asunto extremadamente
importante, instando no solamente al Parlamento, sino también a las
autoridades españolas a tomar medidas al respecto para que pueda
corregirse esta situación.
Esta es, precisamente, la voluntad de este Grupo parlamentario y espero
que también lo sea del resto de los grupos y acepten por consenso esta
moción. Sabemos en este momento, porque hemos estado negociándolo esta
tarde, que todos los grupos parlamentarios se muestran sensibles al
informe que hicimos en su momento.
Las condiciones de vida de muchas de estas prisiones son insufribles, con
problemas de masificación y hacinamiento, con una alimentación
insuficiente y unas deficientes condiciones higiénicas que facilitan el
contagio de enfermedades infecciosas y agravan, en muchos casos, las
enfermedades que padecen sin que se les permita obtener una atención
médica adecuada. En muchos casos, la integridad física corre verdadero
peligro por las agresiones de otros penados y por las relaciones y
funcionamiento interno de las prisiones.
Con fecha 31 de agosto de 1996 había un total de 1.311 españoles
encarcelados en prisiones en el extranjero, de los cuales 878 lo estaban
por delitos relacionados con el tráfico y consumo de estupefacientes y
los 433 restantes por otros delitos comunes. Del total, 326 estaban en
cárceles iberoamericanas y 162 en las cárceles marroquíes.
El 21 de marzo de 1983 se adoptó en Estrasburgo el convenio europeo sobre
el traslado de personas condenadas que España ratificó el 11 de marzo de
1985. Este convenio se reafirma en la cooperación internacional en
materia penal, considerando que dicha cooperación debe servir a los
intereses de una buena administración de justicia y favorecer la
reinserción de las personas condenadas. Esos objetivos, según el convenio
de referencia ratificado por España, exigen que los extranjeros privados
de su libertad como consecuencia de una infracción penal tengan la
posibilidad de cumplir su condena en el medio social de origen, es decir,
trasladándolos a sus propios países. Forman parte de dicho Convenio,
además de España, los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.
Se han adherido al Convenio de referencia Bahamas, Canadá, Estados Unidos
y Trinidad Tobago, y han expresado su interés en adherirse Chipre y Costa
Rica.
España tiene suscritos convenios bilaterales de traslado de personas
condenadas con Argentina, Bolivia, Egipto, El Salvador, Méjico, Paraguay,
Perú, Tailandia y Venezuela, y están firmados y pendientes de
ratificación los convenios sobre esta materia con Colombia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua y Panamá.
Están pendientes de firma definitiva, aunque muy avanzados, los convenios
con Brasil y Marruecos. Y quiero poner un énfasis muy especial en estos
dos países ya que tenemos en ellos 217 españoles en prisión. Además,
quiero insistir en la peculiaridad de que sus prisiones están en una
condiciones penosas para nuestros conciudadanos.
Estos convenios se limitan a hacer posible que una persona condenada por
un ilícito penal cometido fuera de su país sea trasladada al país del que
es nacional. No se trata, por tanto, de un derecho de una persona
condenada y exigible por ésta, ni existe obligatoriedad por parte de los
Estados firmantes de acceder a lo solicitado. Se necesita, en definitiva,
la concurrencia de la voluntad del condenado, la concurrencia de la
voluntad del Estado que condena y la concurrencia con el Estado de
cumplimiento. Es decir, tiene que existir la concurrencia de los tres
factores que pueden intervenir en que esa transferencia del condenado a
su país de origen sea efectiva.
Las quejas provienen en su gran mayoría de españoles presos en cárceles
marroquíes o en diferentes países iberoamericanos o de sus familiares, y
se refieren fundamentalmente a sus condiciones de vida en el interior de
la prisión, a la escasa atención que reciben por parte de los
representantes españoles y a su deseo de cumplir sus condenas en España.
Y con esto no hago sino referenciar la relación que el Defensor del
Pueblo hace de las peticiones que, tanto los españoles en prisiones
extranjeras como sus propios familiares hacen al Defensor del Pueblo. No
solamente se quejan de las condiciones de vida de estas prisiones, sino
que en algunos casos piden que las autoridades consulares españolas del
servicio exterior español tengan una mayor incidencia y una mayor
presencia para resolver los problemas que nuestros conciudadanos tienen
en estas prisiones.
Se ha incrementado el número de ciudadanos españoles presos en las
cárceles de Tánger, Tetuán y Sale-Rabat que se quejan de sus difíciles
condiciones de vida ya que se encuentran recluidos en prisiones que
padecen un grave problema de masificación y hacinamiento y donde reciben
una alimentación insuficiente y tienen unas deficientes condiciones
higiénicas que facilitan el contagio de enfermedades infecciosas que
agravan las enfermedades que padecen sin que tengan una atención médica
adecuada.
Quiero resaltar que más del 80 por ciento de los ciudadanos españoles que
están presos en cárceles extranjeras,
concretamente en cárceles marroquíes, están en esas prisiones por tráfico
o consumo de estupefacientes, lo que conlleva en muchos casos el
padecimiento de enfermedades contagiosas que todos conocemos. Ello hace
necesario una atención sanitaria y médica muy especial, atención
sanitaria y médica de la que carecen, tanto en estas cárceles marroquíes,
como en otras de países del llamado Tercer Mundo, donde tampoco la
tienen. Por tanto, estos ciudadanos precisan de una atención
especializada por parte de las autoridades españolas, de los servicios
consulares españoles.
Ha habido un incremento de ciudadanos españoles presos en las cárceles
marroquíes --y quiero poner especial énfasis en esta cuestión--,
habiéndose llegado a una cifra de 162, incremento que se ha producido en
los últimos seis años. Sin embargo, no se observa un incremento de los
funcionarios consulares españoles en Marruecos; son los mismos que había
hace seis años, lo que hace preciso una mayor atención.
Nos consta --a mí personalmente, y a otros portavoces con los que he
podido comentar este problema antes de debatir esta moción-- que los
funcionarios españoles destinados en Marruecos, Brasil, o en otros
países, no dan abasto --permítanme esta expresión--; se desdoblan en sus
tareas, están haciendo una labor extraordinariamente importante, pero no
llegan a cubrir las necesidades y demandas de nuestros ciudadanos y sus
familias. Ese es, pues, el motivo de la moción: aumentar la atención a
nuestros conciudadanos y a sus familias.
Decía que algo parecido ocurre en prisiones de países del Tercer Mundo, e
incluso de países no catalogados en ese grupo, como Venezuela, Ecuador,
Brasil, etcétera, en los que hay muchos ciudadanos españoles en prisión
que demandan estas atenciones.
Se da la circunstancia --algo que también se ha resaltado en el informe
del Defensor del Pueblo-- de que los españoles confinados en la prisión
de Najayo, en la República Dominicana, agradecen expresa y reiteradamente
las atenciones de nuestras autoridades consulares para con ellos en dicho
país --a pesar de que, como ya he dicho, las condiciones en esas
prisiones son lamentables--. Sin embargo, en el penal ecuatoriano de
García Moreno no ocurre lo mismo: hay quejas acerca de la insuficiente
atención de nuestras autoridades consulares, aunque pensamos que hacen
todo lo posible, teniendo en cuenta los medios con que les dotamos
anualmente a través de los presupuestos generales del Estado.
El artículo 36 del Convenio de Viena, de 24 de abril de 1963, sobre
Relaciones, Privilegios, e Inmunidades Consulares, al que se adhirió
España el 3 de febrero de 1970, dispone que debe facilitarse por los
Estados firmantes la libre comunicación de los funcionarios consulares
con los nacionales de su país que se hallen en prisión. El mismo artículo
de este Convenio dispone que las autoridades del Estado receptor están
obligadas a comunicar a la oficina consular competente sin retraso alguno
la detención de un nacional del Estado de origen, si el interesado lo
solicita.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dictado diversas instrucciones
para conocimiento de las actuaciones que deben llevarse a cabo por las
representaciones españolas en el exterior.
Quiero destacar especialmente la Orden Circular número 3.106, de 11 de
diciembre de 1987, garantizando las ayudas en concepto de defensa
jurídica, atención sanitaria y alimentos, y la posibilidad de cursar
estudios a través del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia,
Cnebad, del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, Inbad, y de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
Creemos que este Convenio da pie a la petición de esta moción, como es
incrementar la posición de nuestras autoridades consulares y de nuestro
servicio exterior. Y con la moción se sientan las bases de algunos de los
mecanismos para lograrlo. El texto final de la enmienda transaccional que
hemos firmado todos los grupos --y que ha inspirado la moción, así como
una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular-- debe permitir que las
autoridades españolas establezcan mecanismos de colaboración --a través
de organizaciones humanitarias, de voluntariado, de objetores de
conciencia, etcétera-- con nuestro servicio exterior para incrementar la
presencia y las ayudas, tanto a las familias de nuestros conciudadanos
presos en cárceles en el extranjero, como a éstos directamente.
Por otra parte, ya me he referido a que la Orden Circular 3.024, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, establece que en los países cuyas
demarcaciones consulares abarquen grandes extensiones territoriales, o en
aquéllos en que la densidad de la población reclusa española sea muy
alta, a través de la Dirección de los correspondientes centros
penitenciarios se debe mantener correspondencia con los recluidos
españoles una vez por mes, solicitándoles que informen de su situación y
necesidades. En estos casos las oficinas consulares deberán de
instrumentar un sistema de visitas a los detenidos por parte de
ciudadanos españoles, con carácter voluntario, que residan en las
proximidades del centro penitenciario.
Creemos que esta medida puede permitir, como así establecemos en la
enmienda transaccional, que el Ministerio de Asuntos Exteriores
establezca mecanismos que, a través de estas organizaciones de
voluntarios humanitarias y altruistas, permitan aumentar la presencia de
España donde se necesite, donde nuestros connacionales la reclaman.
La Administración española viene considerando como un principio básico de
las relaciones internacionales --es importante resaltarlo-- el respeto a
esta libre comunicación por parte de todos los países con los que España
mantiene relaciones diplomáticas, sean o no parte del mencionado Convenio
de Viena sobre relaciones consulares.
Esta es una base argumental importante. Repito que nuestro país establece
como prioridad el mantenimiento de este tipo de presencia ahí donde
nuestros connacionales la precisen.
Por tanto, entendemos que la firma de estos convenios, de esta ayuda
paralela, paliará la situación de los nacionales españoles que cumplen
condena o esperan juicio
en determinadas cárceles extranjeras, aun cuando luego la realidad
demuestre que los complicados procedimientos establecidos en los acuerdos
alargan la tramitación de las solicitudes, desesperando a los ciudadanos.
Pero pedimos que los convenios --que son parte importante de la moción--
se agilicen al máximo, sobre todo los que están pendientes de firma, como
el de Marruecos o Brasil. A nuestro entender es un factor fundamental
para favorecer la reinserción social de estos conciudadanos.
Creemos que la mejor reinserción social que podemos ofrecer a nuestros
conciudadanos que se encuentran en prisiones en el extranjero es,
precisamente, que dicha reinserción se haga en su propio país, en su
propio territorio, en su entorno. Y los convenios a los que nos referimos
constituyen una pieza fundamental para que eso sea posible.
También es fundamental que, en todo caso, estos ciudadanos estén
debidamente atendidos mientras permanecen en prisiones fuera de España.
Dicha atención debe de ser prestada por las oficinas consulares y deben
de encontrar en su jurisdicción la inestimable ayuda, ahí donde sea
necesario, de las organizaciones humanitarias y de ciudadanos españoles
voluntarios que quieran colaborar con nuestro servicio exterior en una
acción tan encomiable y solidaria.
Esto es lo que queremos fomentar con esta moción y es la respuesta que
por parte del resto de los grupos Parlamentarios de esta Cámara se da a
la moción. Por ello, nos congratulamos. Vemos que la sensibilidad de esta
Cámara en cuanto a esta petición es importante y esperamos que esta
moción aporte un pequeño grano de arena a una necesidad, a un impulso
que, no solamente desde el Defensor del Pueblo se viene haciendo, sino
también desde nuestro servicio exterior. Modestamente queremos impulsarlo
desde esta Cámara con la mayoría, con la unanimidad de todos los grupos
parlamentarios. Creo que esto es lo positivo cuando estamos hablando de
un derecho constitucional, de más de 1.300 familias españolas que están
en este momento en unas condiciones ingratas, difíciles, en muchos caso
en prisiones donde los derechos que nosotros defendemos en España no se
defienden.
Por tanto, pedimos y agradecemos que todos los grupos se sumen a esta
moción y, desde luego, esperamos que todas las autoridades implicadas en
este proceso, ya sean con responsabilidades en el Gobierno u
organizaciones de voluntarios humanitarias y altruistas, puedan
participar y colaborar con la petición que hacemos en esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díez.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra la Senadora Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Díez, yo creo que es de justicia celebrar en este
momento la oportunidad de la presentación de la moción en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista. Y desde el Grupo Parlamentario Mixto nos
congratulamos también de que haya un acuerdo en la Cámara, a través de
esta enmienda transaccional, para que se lleven adelante las propuestas
que se contienen en esta moción.
Debo decir que el Grupo Parlamentario Mixto y esta misma Senadora se han
preocupado en muchas ocasiones del problema que se plantea a todos
aquellos presos que están cumpliendo condena en cárceles en el extranjero
y en especial a aquellos que, como en Marruecos, se ven en una situación
difícil. De hecho, habíamos planteado y nos habíamos interesado ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores en relación a la ratificación de los
oportunos convenios para que estos presos cumplieran sus condenas en los
países de origen. En este sentido, tengo que decir que desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores se nos indicó con toda presteza que se
estaban dando los pasos necesarios para que esta ratificación se
produjera a la mayor brevedad posible.
A la vez, en esta moción se contienen otra serie de medidas que van a
facilitar de alguna manera la vida de los reclusos en el tiempo que pasen
en estas cárceles extranjeras y por lo tanto, y habiendo acuerdo, volver
a coincidir con la oportunidad y la bondad --valga la expresión-- de la
moción y reiterar el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto tanto a la
moción, como a la enmienda transaccional, que esperamos que también sea
aprobada por asentimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que he escuchado con atención la emotiva oratoria del amigo,
colega y Senador Díez, con quien me resulta muy difícil mostrarme
disconforme en esta ocasión. Al mismo tiempo, sus palabras de alguna
manera me hacían recordar, me traían a la memoria la Recomendación 1.340,
aún muy reciente, aprobada en septiembre de este mismo año por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a los efectos de
la detención sobre el plan familiar y social. Un documento, una
Recomendación que tampoco tiene desperdicio y que tal vez fuera
conveniente que en un momento dado fuera examinado en este mismo foro.
En todo caso, teniendo presente --como todos somos conscientes, creo yo--
que también deben regir y aplicarse los derechos humanos dentro de las
prisiones, inclusive con más razón y mayor incidencia si fuera posible,
no cabe duda de que desde esta perspectiva la moción que se debate
adquiere un acento humano de primer orden, un acento humano conducente a
la preocupación y al sentido de la responsabilidad que por parte de todos
nosotros ha
de dispensarse a todos y a cada uno de los recluidos en prisión.
Aceptado este principio, la moción se centra con particularidad en
aquellos ciudadanos nuestros que privados de libertad cumplen sus
respectivas condenas en cárceles ubicadas en el extranjero y que por lo
mismo requieren una atención especial, siempre en concurrencia con la
voluntad de cada condenado a los efectos previstos en la moción.
Es muy difícil sustraerse al noble sentido de lo que se expone en la
moción con tan absoluta corrección de forma y de fondo en pro de una
finalidad tan concreta y realmente humanitaria. Por consiguiente,
señorías, nada tenemos que objetar al contenido de la moción que se
sustancia en una línea argumental irreprochable, por lo que su votación
favorable, en principio, no ofrece duda alguna al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Nuestra votación favorable será tan entusiasta como consciente, en
función de la real importancia del tema y del inmenso interés que nos
ofrece la angustiosa y dramática situación que día a día pueden estar
padeciendo compatriotas nuestros en prisiones extranjeras, que no siempre
ni en todo lugar --según ha expresado perfectamente el Senador Díez--
ofrecen siquiera las mínimas condiciones o condicionantes de atención
carcelaria, por lo que bien podemos pensar que los más marginados entre
nuestros marginados son precisamente aquellos conciudadanos nuestros
encarcelados en algunas de esas prisiones en el extranjero, y que por
tanto requieren especial, especialísima atención por nuestra parte.
Por otro lado, siendo como es intrínsecamente buena la enmienda de
modificación consensuada que ha sido aceptada por todos los grupos, no
podemos por menos que felicitarnos del consenso logrado, al tiempo que
remarcamos con agrado nuestra modesta aportación moral y literal, en
parte, a dicha enmienda consensuada. En todo caso, felicitamos al Partido
Socialista en general y al Senador Díez en particular por su iniciativa,
que como no podía ser de otra manera, la hacemos muy nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don
Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Catalán va a votar
favorablemente la moción que debatimos, presentada por el Grupo
Socialista.
Esta moción contiene dos líneas diferenciadas, aunque las dos con el
mismo objetivo, a saber: convenios pendientes y atención adecuada, con
referencia siempre a los ciudadanos en prisiones fuera de España. Y vamos
a votar favorablemente por las siguientes razones.
Creo que todos, absolutamente todos estamos de acuerdo en que debe haber
una atención permanente sobre las condiciones de vida en que se
encuentran los ciudadanos españoles que están cumpliendo condena o a la
espera de juicio en cárceles en el extranjero, y seguro que seguiremos
estando de acuerdo en que una de las demandas más solicitadas es la de
cumplir su condena en España, dada la situación de la mayoría de las
prisiones donde cumplen sus condenas, a saber: condiciones de vida
insufribles, masificación, malísimas condiciones higiénicas y riesgo real
en cuanto a integridad física, que justifican plenamente las demandas a
que se hace referencia.
Hay que añadir que para cumplir o intentar dar respuesta a las mismas
sólo puede establecerse un acuerdo con los Estados a los que afecta, no
sólo porque les afecte, sino porque además deseen desarrollar su
cooperación en materia penal, y favorecer la reinserción social de los
propios afectados, y todo ello, finalmente, con concordancia de
voluntades: entre el condenado, el Estado que condena y el Estado en que
se cumple la condena.
España ya tiene firmado el Convenio europeo sobre el traslado de personas
condenadas, Estrasburgo 1983, ratificado en 1985, y además también tiene
convenios bilaterales con distintos países, aunque es cierto que quedan
todavía trámites pendientes en otros casos. Por tanto, por nuestra parte
no hay nada que objetar a que el Gobierno haga un esfuerzo extraordinario
para agilizar esta negociación, siendo éste el texto y también el sentido
del primer punto de la moción presentada.
La segunda línea hace referencia a que los ciudadanos estén debidamente
atendidos a través de las oficinas consulares. También aquí en este punto
seguimos estando de acuerdo: libre comunicación de los funcionarios
consulares con las personas que se hallan en prisión, canales oportunos,
intercambios sin retrasos e información completa y adecuada, lo que hace
que todo ello dé contenido, en este caso, a los puntos segundo y tercero,
que hacen referencia a las oficinas y servicios consulares.
Así pues, vamos a votar favorablemente la moción presentada por las
razones expuestas, por concordancia con las mismas y con el propio
Informe del Defensor del Pueblo que hoy se ha presentado a esta Cámara,
al que muy bien hacía referencia el Senador Díez y que también ha
recordado el Senador Capdevila.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular que
entendemos que estaba en línea con el texto de la moción. A ella el Grupo
proponente introducía una modificación que también creemos que era
asumible, lo que en definitiva hace que se haya presentado una enmienda
transaccional firmada por todos los grupos. También aquí nosotros
indicamos que nos parece importante el consenso alcanzado por el tema en
sí y porque esta cuestión necesita un acuerdo unánime de la Cámara.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Socialista, ¿hace uso de la palabra el Senador Díez?
(Pausa.)
Tiene usted la palabra, señoría.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente para felicitarnos todos los miembros de esta Cámara
por la receptividad que el Senado ha mostrado en su conjunto en un asunto
en el que la solidaridad con nuestros conciudadanos y sus familiares,
como se ha dicho anteriormente, es esencial. Creo que sólo por ello
podemos estar satisfechos todos los grupos y portavoces que han
intervenido.
Quiero mostrar también nuestra satisfacción por el clima de diálogo,
entendimiento y colaboración en el que se ha mantenido el debate que,
debo añadir, ha empezado por el Grupo Parlamentario Popular, con el que
hemos consensuado esa enmienda transaccional, con muy buen criterio y
buena disposición por parte de su portavoz, el señor Ramírez, al que
quiero agradecérselo desde mi escaño. Creo que es bueno tener en cuenta
que no solamente la oposición y el grupo mayoritario de la Cámara, junto
con el resto de los grupos que la componen, pueden discrepar en momentos
determinados; hay momentos, y son muchos, especialmente en estos, en los
que la defensa de los intereses generales de los ciudadanos españoles que
están en prisión fuera de España y de sus familiares nos hacen ver la
necesidad de llegar a acuerdos, como es el caso.
Por lo tanto, quiero expresar mi agradecimiento especialmente al portavoz
y al Grupo Parlamentario Popular, que han tenido a bien atender y
entender las razones, porque son las razones de todos, así como a los
grupos que han intervenido: el Grupo Mixto con la Senadora De Boneta, el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por parte del Senador Bolinaga y
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió con su portavoz, el
Senador Carreras. Asimismo, quiero mostrar mi satisfacción por la
coincidencia --porque la relación personal es uno de los aspectos
positivos del trato parlamentario-- en la defensa de los derechos humanos
y la solidaridad, que hacen que el entendimiento sea aún mayor.
Por lo tanto, quiero reiterar mi satisfacción personal, la de mi Grupo y,
sobre todo, felicitarnos todos los Grupos y todos los Senadores.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ramírez
Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, Presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras para agradecer a mi compañero, el
Senador Díez, sus expresiones relativas a mi persona, que yo transmito a
mi Grupo, como es natural, y a todos los integrantes de los grupos
parlamentarios que han intervenido en esta moción, dando la altura que
realmente tiene esta Cámara, que por eso es Cámara Alta, que es la que se
merece y la que deberíamos mantener aquí y en todos los momentos.
Esta moción, como se ha dicho repetidamente, se fundamenta en motivos
humanitarios debido a las condiciones de vida de las prisiones de algunos
países donde cumplen condena ciudadanos españoles y a la necesidad de que
exista un acuerdo internacional al efecto para que sea posible el
traslado de la persona condenada por un ilícito penal en un país
extranjero al suyo propio con el fin de que cumpla su condena en el medio
social de origen.
Por ello, uno de los objetivos del Gobierno en los últimos años ha sido
el de concluir acuerdos en materia de traslado de personas condenadas con
el mayor número posible de países con los que exista un volumen de
tráfico significativo, de forma que se facilite la protección de los
españoles detenidos en estos Estados.
En efecto, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han ido
negociando con gran número de países, como se ha dicho aquí ya, una serie
de convenios con el objeto de trasladar a los centros penitenciarios
españoles para terminar de cumplir sus penas, a los nacionales que lo
hacían en prisiones extranjeras.
Para ello, como es natural, es necesaria la concurrencia de tres
voluntades: la del condenado, la del Estado de condena y la del Estado
del cumplimiento de la pena. El número de convenios suscritos hasta el
momento asciende a 15, y el funcionamiento de todos ellos, como se ha
dicho aquí, es bastante satisfactorio. La prueba más evidente de la
importancia que España concede a este tema es el hecho de que en estos
momentos se estén negociando convenios bilaterales para el traslado de
personas condenadas con los siguientes países: Andorra, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Honduras, India, Indonesia, Kenia, Mauritania, República Dominicana,
Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Túnez y Uruguay. La entrada en vigor de los
convenios en negociación citados permitirá disponer de un instrumento
jurídico que ofrezca la posibilidad a los presos españoles de solicitar
su traslado a España en la práctica totalidad de países donde exista
colonia penitenciaria española.
El problema y sus soluciones se vienen tratando desde hace bastante
tiempo en una línea más o menos homogénea que llega hasta nuestros días.
Nuestro Ministerio de Justicia ha seguido en este tema dos coordenadas
fundamentales: estimular la adhesión al Convenio sobre el Traslado de
Personas del Consejo de Europa, que está abierto en virtud de su artículo
19 a todos los países, incluso no europeos, como los iberoamericanos,
apoyando una eventual invitación a éstos por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, y, subsidiariamente, negociar tratados bilaterales
especialmente con países receptores de turismo procedentes de España.
Por otra parte, se dispone en el Ministerio de Justicia de unidades
especializadas para el tratamiento de estos expedientes. Precisamente
para hacer posible la ejecución de los compromisos internacionales
existentes y otros futuros, el Gobierno del Partido Popular ha presentado
un Proyecto de Ley orgánica de cooperación jurídica internacional en
material penal que, entre otras cosas, pretende llenar la laguna procesal
e incluso competencial existente, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial
no contempla la hipótesis de los traslados desde España, sino únicamente
el caso inverso.
El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una enmienda a la
totalidad de este Proyecto de Ley. El citado proyecto, aunque mantiene la
posición tradicional de que este tipo de cooperación sólo puede prestarse
en virtud de tratados, prevé en su artículo 45.3 que excepcionalmente y
por razones humanitarias, puede acordarse sin necesidad de tratado para
hacer frente a situaciones que inevitablemente se presentarán, pues es
difícil que dispongamos de una red universal de tratados.
El Grupo Popular que soporta al Gobierno desea vivamente que el Grupo
Socialista en el Congreso comparta las preocupaciones del Grupo
Socialista en el Senado, no radicalizando allí sus posiciones y
planteándose la cuestión, no en términos de confrontación sino, como aquí
se ha dicho, de cooperación en interés de la sociedad española.
Por otra parte, la importancia de la materia ha venido resaltada, como
también se ha dicho por el informe del Defensor del Pueblo del que esta
moción socialista viene a ser reflejo, por lo que nuestro Grupo está
decidido y la está apoyando en los términos que se contienen en la
enmienda de nuestro acuerdo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramírez
Pery.
Quisiera proponerles que pudiera ser aprobada por asentimiento después de
escuchar el debate de la propia moción.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- CANJE DE NOTAS DEL 17 Y 24 DE ENERO DE 1997, CONSTITUTIVO DE ACUERDO
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE
AMBOS PaIses SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA EN APOYO A LOS
PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES
TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA
ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID, EL 29 DE ENERO DE
1964 Y CANJE DE NOTAS DEL 10 Y 13 DE FEBRERO DE 1997 SUBSANANDO UN ERROR
MATERIAL EN LAS PRIMERAS. (S. 610/000116.) (C. D. 110/000108.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al quinto punto del orden
del día.
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es el Canje de notas del 17 y 24 de enero de 1997,
constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se
prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica y
Técnica en apoyo a los programas de Exploración Lunar y Planetaria y de
vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento
en España de una Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid, el
29 de enero de 1964 y Canje de Notas de 10 y 13 de febrero de 1997
subsanando un error material en las primeras.
No se han presentado propuestas y tampoco hay petición de palabra. Por lo
tanto, con el permiso de la Cámara, ¿puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento a dicho Acuerdo
y Canje de Notas.
-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA RELATIVO A LA EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA Y DECLARACIONES ANEJAS, HECHO EN DUBLIN EL 27 DE SEPTIEMBRE
DE 1996, ASI COMO DECLARACIONES QUE ESPAÑA FORMULA A LOS ARTICULOS 7, 13,
14 Y 18 DEL CITADO CONVENIO. (S. 610/000117.) (C. D. 110/000122.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Convenio
establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión
Europea y declaraciones anejas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de
1996, así como declaraciones que España formula a los artículos 7, 13, 14
y 18 del citado Convenio. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
¿Alguien desea intervenir?
Tiene la palabra el señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este importante Convenio, que fue motivo de una intensa
negociación por parte del anterior Gobierno, cristalizó en el documento
de Dublín de 27 de septiembre de 1996. Se garantiza el procedimiento de
extradición para que funcione de una manera que hasta ahora era dudosa
entre los Estados miembros de la Unión Europea. Se reconoce la doble
incriminación; es decir, que se dará lugar a la extradición cuando los
hechos están reconocidos como delictivos por parte de los dos Estados,
del requirente y del requerido, pero no se podrá denegar la extradición
por el motivo de que la legislación del Estado miembro requerido no
contemple el mismo tipo de medida de seguridad privativa de libertad que
la legislación del Estado miembro requirente.
Para España es especialmente interesante el reconocimiento que el
Convenio hace de que será motivo de extradición todo aquel hecho que
entre dentro de los artículos 1 y 2 del Convenio europeo para represión
del terrorismo, por tanto, los delitos de terrorismo y, además,
los que entran en el ámbito del tráfico de estupefacientes y de otras
formas de delincuencia organizada u otros actos de violencia contra la
vida, la integridad física o la libertad de las personas, o que
represente un peligro colectivo para las personas.
Tres puntos de especial importancia de este Convenio son los que, a
efectos de la extradición, reconocen que no se concederá a ningún delito
la consideración de delito político, de delito relacionado con un delito
político o de un delito inspirado por móviles políticos, y que no se
podrá denegar la extradición por el motivo de que la persona objeto de la
solicitud de extradición sea nacional del Estado miembro requerido, lo
que supone también una novedad en este asunto, como el que se tiene que
conceder la extradición aunque se considere por el Estado requerido la
prescripción del delito por el que se pide la extradición de algunos de
los nacionales de ese Estado o del Estado requirente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular y con toda brevedad, también
queremos resaltar la importancia y nuestro apoyo a este Convenio, como ya
lo hicimos en el trámite de Comisión que se celebró ayer. Debo resaltar
--por no insistir en lo que el Senador Arévalo ha dicho, con lo cual
estamos de acuerdo en esta ocasión--, que el presente convenio es también
un paso sustancial en la construcción del espacio judicial europeo por el
que todos, y tan especialmente España --tanto el Gobierno anterior como
éste-- deseamos y trabajamos, sin olvidar que, al quedar consolidado como
parte del llamado acervo de la Unión, se va a convertir en un elemento
básico para la cooperación judicial con los países terceros y se impondrá
en las adhesiones de los futuros miembros de la Unión Europea.
Por el presente convenio, los Estados de la Unión Europea renuncian a las
reservas que mantienen al Convenio europeo de represión del terrorismo de
1977 y, aunque también a él se permite la formulación de reservas, tal
posibilidad se ha restringido al máximo, bien porque su contenido ha
quedado limitado --por ejemplo, no podrán formularse este tipo de
reservas a los delitos de terrorismo y, a los efectos de extradición,
ningún delito tendrá la consideración de político--, y en otros casos
esta formulación de reservas produce una obligación alternativa. Además,
todas pueden ser objeto de revisión y algunas de ellas tienen una validez
temporal.
Así pues, los elementos básicos de este convenio --ya resaltados por el
Senador Arévalo--, que tiene un carácter de complementario con otros
tratados y convenios --como el europeo de extradición, el de represión
del terrorismo, el de aplicación de Schengen, incluso el Tratado de
Benelux-- representa efectivamente una renuncia al delito político --como
ya se ha dicho--, la posibilidad dé extradición a nacionales, la
incriminación común de la colaboración con banda armada o la renuncia a
la doble incriminación.
Por todo lo dicho, señorías, y subrayada la importancia que concedemos a
este convenio, el Grupo Parlamentario Popular apoyará su autorización por
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
¿Puede considerarse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
convenio.
-- ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA ARGENTINA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN BUENOS AIRES EL 18
DE OCTUBRE DE 1995. (S. 610/000106.) (C. D. 110/000105.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo de
cooperación económica y financiera entre el Reino de España y la
República Argentina, firmado «ad referendum» en Buenos Aires el 18 de
octubre de 1995.
No se han presentado propuestas ni petición de intervenciones.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
acuerdo.
-- INSTRUMENTOS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION Y AL CONVENIO DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (GINEBRA 1992), FIRMADOS EN KYOTO EL
14 DE OCTUBRE DE 1994. (S. 610/000107.) (C. D. 110/000106.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente se refiere a
Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), firmados en Kyoto el
14 de octubre de 1994.
No habiendo petición de palabra, ¿puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de los
instrumentos citados.
-- CONVENCION SOBRE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL
PERSONAL ASOCIADO, HECHA EN NUEVA YORK, EL 9 DE DICIEMBRE DE 1994. (S.
610/000108.) (C. D. 110/000109.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Convención sobre Seguridad del
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva
York, el 9 de diciembre de 1994.
¿Algún Senador desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista quisiera desarrollar la exposición de
la Convención de Nueva York de 1994 sobre la seguridad del personal de
las Naciones Unidas en las operaciones de paz.
Dicha Convención tiene una serie de antecedentes, desde los años 1992 y
1994, en distintas resoluciones e informes de las Naciones Unidas, donde
se fue perfilando la necesidad de asegurar y garantizar la vida y la
presencia del personal de las Naciones Unidas en los lugares donde se
realizan estas operaciones.
La Convención de Nueva York que nos trae hoy aquí garantiza la seguridad
del personal de las Naciones Unidas y de los asociados, entendiendo por
estos últimos no sólo el personal contratado y asignado a las Naciones
Unidas, sino también --es una novedad-- el personal de las organizaciones
no gubernamentales que también asisten a estas operaciones de paz.
Hay una doble propuesta de prevención de actos, así como un propósito
punitivo de castigo a aquellos países que no cumplan con las reglas
internacionales de la defensa del personal de las Naciones Unidas y
personal asociado.
Por otra parte, se regulan tanto las obligaciones de las Naciones Unidas
como las de los Estados que son receptores de la ayuda y define una serie
de normas penales de carácter internacional. Esta Convención puede tener
y tiene una importancia fundamental, ya que garantiza la eficacia de las
propias operaciones de paz en los distintos países y es posible que, dado
lo avanzado y completo de los mecanismos penales y procesales que en esta
Convención se ponen en juego, ésta tenga un importante efecto disuasorio
de los ataques contra el personal que participa en operaciones de las
Naciones Unidas.
España aporta personal civil, militar y de policía a las operaciones de
las Naciones Unidas y, como país partidario de que sea la Organización de
las Naciones Unidas la encargada de solucionar pacíficamente las
controversias y conflictos internacionales, tiene gran interés en que
iniciativas como ésta contribuyan a elevar los márgenes de seguridad del
personal de las Naciones Unidas en misiones de paz.
La Convención habrá de ser ratificada de acuerdo con el artículo 94,
según informe del Consejo de Estado, y en base a este mismo artículo 94
de la Constitución deberá ser refrendada por las Cámaras. Ha sido
refrendada ya por el Congreso de los Diputados y esperemos que lo sea por
ésta. El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta Convención con
su voto afirmativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Castro
Rabadán.
Tiene la palabra el Senador Roberto Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular también votará favorablemente esta
Convención relativa a la Seguridad del Personal de Naciones Unidas y el
Personal Asociado. En el mismo sentido, por no repetir demasiado los
argumentos del Senador Castro, con el que mi Grupo también coincide, creo
que la mayor sensibilidad y el mayor interés se encuentra precisamente en
el hecho al que se ha referido en último lugar, ya que España participa
cada vez más y con mayor número de ciudadanos, tanto militares como
civiles, en operaciones de las Naciones Unidas.
Yo quisiera recordar aquí ante sus señorías, y que sirva esta breve
referencia como homenaje, a los españoles que han muerto como
consecuencia de ataques o de accidentes, algunas veces no muy bien
explicados, cumpliendo misiones de este tipo, fundamentalmente en la
antigua Yugoslavia. Y hagamos memoria también de otros casos, con feliz
desenlace, donde nuestros compatriotas han sido secuestrados o retenidos
por los bandos en conflicto. Por otra parte, tampoco debemos olvidar el
creciente número de cooperantes que realizan labores asociadas a las
operaciones de Naciones Unidas desde las respectivas ONG.
Pues bien, todos estos supuestos son los que quedan contemplados y
tipificados en la presente Convención, lo que va a producir un marco
jurídico que nos va a permitir seguir colaborando a la estabilidad, pero
desde una solidaridad con seguridad para sus actores.
En esta Convención se define lo que es personal propio de Naciones Unidas
y aquel que tiene la consideración de asociado, donde, efectivamente,
como innovación, se incluye al personal de las ONG que tiene algún tipo
de acuerdo con el Secretario General y las respectivas obligaciones y
derechos. Asimismo, incluye otra serie de normas a las que el Senador
Castro ha hecho referencia: normas penales, de competencia, procesales,
de cooperación penal internacional, pero quizá uno de los avances de esta
Convención sea precisamente, y yo quisiera así subrayarlo, el artículo 9,
donde se consagra el concepto de responsabilidad individual de quienes
ataquen a este personal, siguiendo la tendencia actual del derecho
humanitario bélico. Consideramos que todo ello va a otorgar mayor
eficacia a las operaciones de Naciones Unidas y, sin duda, tal como ha
dicho y señalado el Senador Castro, esa misma eficacia estamos seguros
que también habrá de producir un efecto de carácter disuasorio.
La Convención, además, es para nuestro Grupo una muestra más del interés
de España, del interés que siempre hemos mostrado por todo lo que pueda
significar un avance en la cooperación penal internacional. En
consecuencia, por todas estas consideraciones, señorías, nuestro Grupo,
como ya he dicho al principio, dará su apoyo a la autorización de esta
Convención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así es, así consta
y, por lo tanto, se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio de la Convención citada.
-- ACUERDO DE ADHESION DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA AL CONVENIO DE
APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA
SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN
SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990 Y ACTA FINAL ANEJA (FIRMADO EN LUXEMBURGO
EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000109) (C. D. 110/000110.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al Acuerdo de Adhesión de
la República de Finlandia al Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los
controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de
1990 y Acta Final aneja.
Si no hubiere petición de palabra, propongo que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta y, por lo tanto, se autoriza en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio de este Acuerdo.
-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA AL
ACUERDO RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS
COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000110.) (C. D.
110/000111.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al Protocolo de Adhesión
del Gobierno de la República de Finlandia al Acuerdo relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre
de 1996).
No hay petición de palabra, tampoco ha habido propuestas. ¿Puede
entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado por
asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio de este Protocolo de Adhesión del
Gobierno de la República de Finlandia al Acuerdo relativo a la supresión
gradual de los controles en las fronteras comunes.
-- ACUERDO DE ADHESION DEL REINO DE DINAMARCA AL CONVENIO DE APLICACION
DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA SUPRESION
GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL
19 DE JUNIO DE 1990 Y ACTA FINAL ANEJA (FIRMADOS EN LUXEMBURGO EL 19 DE
DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000111.) (C. D. 110/000112.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente es el Acuerdo de Adhesión del Reino de
Dinamarca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de
junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y Acta
Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996).
Tampoco se han presentado propuestas a este acuerdo. Tampoco hay
petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
Acuerdo de Adhesión del Reino de Dinamarca al Convenio de Aplicación del
Acuerdo de Schengen.
-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA AL ACUERDO
RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS
COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000112.) (C. D.
110/000113.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo de
Adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Acuerdo relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre
de 1996).
No hay propuestas, tampoco petición de palabras. ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
Protocolo.
-- ACUERDO DE ADHESION DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO DE APLICACION DEL
ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA SUPRESION
GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL
19 DE JUNIO DE 1990 Y ACTA FINAL ANEJA (FIRMADOS EN LUXEMBURGO EL 19 DE
DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000113.) (C. D. 110/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo de
Adhesión del Reino de Suecia al Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los
controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de
1990 y Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de
1996).
No hay propuestas, tampoco petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
acuerdo.
-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA AL ACUERDO
RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS
COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (S. 610/000114.) (C. D.
110/000115.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo de
Adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Acuerdo relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre
de 1996.)
No se han presentado propuestas, tampoco petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
Protocolo.
-- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA, HECHO EN TALLINN EL 28 DE FEBRERO DE
1997. (S. 610/000115.) (C. D. 110/000116.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo sobre
transporte internacional por carretera entre el Reino de España y la
República de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de febrero de 1997.
No se han presentado propuestas, tampoco hay petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de este
acuerdo.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
-- DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1994, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION. (S.
770/000003.) (C. D. 250/000003 Y 250/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El último punto del orden del día
es el dictamen sobre la Cuenta General del Estado.
Si procede, entramos en el debate de totalidad. (Pausa.)
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante un trámite que hay que valorar, no sólo como
importante, sino también como preocupante, ya que ésta es la valoración
que nuestro Grupo parlamentario hace de la Cuenta General de 1994.
Bien es cierto que se observa que cada vez el estado general de la Cuenta
es más completo y que la falta de concordancia entre pagadores y
perceptores de fondos de transferencias internas es menor que en
ejercicios anteriores y que se empiezan a conciliar los datos. Pero la
propia declaración definitiva dice que la Cuenta General de 1994 no
refleja la actividad económica financiera del Estado ni su situación
patrimonial, y en la liquidación de los presupuestos se continúan
produciendo casos que posponen al ejercicio siguiente la contabilización
de gastos realizados en el año corriente.
Bien es cierto que mucho se ha mejorado en cuanto al retraso en la
presentación de la cuenta, pero también lo es que es necesario seguir en
esta línea de superación, con toda la exigencia necesaria, para poder
analizarla y debatirla antes, a ser posible, de finalizar el ejercicio
posterior al que se refiere el informe.
Es el propio Fiscal quien resume la valoración que él hace al final de su
aportación al informe y dice: En definitiva, a pesar de que se denota una
mejora en la rendición de las cuentas del Estado, todavía son numerosas
las ocasiones en que no se ajustan a la legislación aplicable y a los
principios que deben informar su rendición y elaboración. Por mi parte
añado también que continúan siendo inadmisibles un sinfín de
irregularidades y deficiencias que no nos permiten hablar de una adecuada
gestión y que hacen, además, que si estuviéramos en una situación de
calificar, en cuanto a puntuación, la gestión del Gobierno, diríamos que
continúa sin alcanzar el aprobado. Algunas situaciones y hechos confirman
esta calificación.
En el apartado correspondiente a las deudas a corto plazo, hay un alto
número de órdenes pendientes de promover y ordenar pago que en ocasiones
supera los cinco años de antigüedad, cosa que realmente es, más que
sorprendente, preocupante. A 31 de diciembre de 1994 permanecen sin
aplicar a presupuesto 782.000 millones en gastos y 94.000 millones en
ingreso con una diferencia, por tanto, de 687.000 millones, y yo me
pregunto y nuestro Grupo se pregunta: ¿en qué ejercicio se van a aplicar?
La cuenta del inmovilizado, por otra parte inmovilizado material,
pendiente de clasificar desde 1985, sube a más de 1,2 billones de pesetas
que aún no se han depurado. Nos preguntamos, ¿con fecha de hoy sigue
igual esta situación?
Más cuestiones. Dos billones de pesetas en créditos a largo plazo de
difícil recuperación --por no decir nula recuperación-- y, además, sin
provisión alguna que afectan entre otros --asómbrense--, por ejemplo, a
Rumasa con 677.000 millones; ingresos y gastos aplicados incorrectamente
a la cuenta de resultados por 1,7 billones que afectan a la
Administración general, a los intereses de deuda y a deudas acumuladas de
Renfe, etcétera. El INEM también tiene partidas importantes pendientes de
aplicar de gastos corrientes y, por otra parte, tampoco registra como
gasto del ejercicio las prestaciones de desempleo a diciembre de 1994.
Bien es cierto, y lo resalto, que tampoco ha contabilizado liquidaciones
en vía ejecutiva, por tanto, de posibles ingresos; claro está que no lo
hace por el bajo índice de cobro de estos posibles ingresos.
En esta tónica de ir regularizando hay otra muestra: Correos, a 31 de
diciembre de 1994, tenía sin registrar contablemente y sin aplicar a
presupuesto unos 40.000 millones, y en cambio sí lo hizo --lo reconocemos
también-- parte de 1993 y anteriores por 28.000, pero continúan, en este
hacer y no hacer, sin llegar a contabilizar la partida correspondiente a
1994. Aunque sea al final de este rosario o, si me permiten sus señorías,
muestrario, hay que volver a hablar de la mención que el Tribunal hace de
la Gerencia de infraestructura de la Defensa, indicando con claridad, una
vez más, que no debería haberse integrado en los estados anuales
agregados al presentar defectos formales en su concepción que el Tribunal
considera sumamente graves.
Señorías, creo que el recorrido es suficiente y, a nuestro entender,
significativo. Nuestra valoración final no tiene dudas. Hay una cierta
mejora, es cierto, pero se continúa sin aprobar, ya que esta aprobación
queda todavía lejos.
Y hay una conclusión. Más que nunca hay que exigir dos cosas: una
rigurosa gestión presupuestaria y un estricto cumplimiento de las
conclusiones y propuestas de resolución.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó cinco propuestas de resolución al
Informe relativo a la declaración definitiva de la Cuenta General del
Estado de 1994, y todas ellas están en plena concordancia con el Informe
del Tribunal de Cuentas y con referencia, en concreto, a aspectos que nos
ha parecido oportuno recalcar. Por ejemplo, que la Cuenta General se
ajuste plenamente a la legislación aplicable, a continuar en la línea ya
iniciada de superar el retraso en la presentación de los informes de la
Cuenta General que, sin duda, lo va recuperando, y a regularizar algunos
aspectos ya mencionados como cumplimentar las órdenes de pago, clasificar
el inmovilizado y provisionamiento de los créditos dudosos.
Esto sería todo, señorías. Vamos a votar favorablemente el dictamen de la
Comisión Mixta relativo a 1994, así como las propuestas de resolución ya
aprobadas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.
Tiene la palabra el Senador Alegre Escuder.
El señor ALEGRE ESCUDER: Señor Presidente, señorías, la declaración
definitiva de la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio
1994, se presentó ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas, juntamente con el informe que elabora el citado
Tribunal, y ello se hizo apenas pasados dos meses de la presentación de
la Cuenta correspondiente a 1993. A raíz de esta circunstancia y de la
rapidez que ha imprimido el Tribunal a sus trabajos, debemos felicitarle
y, a la vez, felicitarnos todos, a la vista de que es de esperar que,
antes de finalizar el presente año, podamos ver la declaración
correspondiente al ejercicio de 1995.
Por lo que respecta a la Cuenta General que hoy tratamos aquí y a pesar
de las duras palabras del Senador Carrera --yo diría que, más que
rosario, al que ha hecho referencia, es un vía crucis--, nos gustaría
resaltar las palabras textuales de la señora Presidenta del Tribunal de
Cuentas en su presentación del informe: La Cuenta General del Estado de
1994, con las excepciones que se indican posteriormente, presenta la
estructura y contenido establecido en las disposiciones que le son de
aplicación, se ha rendido a este Tribunal, en el plazo legalmente
establecido, y es coherente internamente con la documentación
complementaria que le sirve de fundamento.
Señorías, las excepciones a las que hacen referencia estas palabras de la
señora Presidenta del Tribunal de Cuentas son cada vez menos, y cada año
de menor importancia, y ello teniendo en cuenta que se refieren tanto al
apartado de la Cuenta General como a los subsectores, entre los que se
encuentran la Administración General del Estado, los organismos autónomos
y administrativos y los organismos autónomos comerciales, industriales y
financieros.
Hay que decir, por defender al detalle el informe del Tribunal, y estando
como está la Cuenta General del Estado de 1994 compuesta por 36
organismos autónomos y 39 organismos comerciales, industriales y
financieros, además, lógicamente, de la cuenta de la Administración
General, hay que decir que solamente uno de estos organismos dejó de
presentarla en el plazo debido: la Escuela de Organización Industrial,
que lo ha hecho con posterioridad, siendo examinadas sus cuentas por el
Tribunal, aunque fuera del ámbito de la declaración definitiva que nos
ocupa hoy.
Dice también la señora Presidenta del Tribunal que la Cuenta General del
Estado es la más completa de las que se han presentado en relación a
ejercicios anteriores. Y esto teniendo en cuenta que los créditos
iniciales del organismo al que hemos hecho referencia que no se había
presentado en el plazo correspondiente representan solamente el 0,04 por
ciento de todo el subsector, o sea, cuatro centésimas del subsector en el
que se haya incluido.
Para dar idea de las mejoras conseguidas, mejoras a las que ha hecho
referencia también el Senador Carrera, basta señalar que en 1993 los
organismos no integrados fueron dos. Sus créditos iniciales representaban
el 2,65 por ciento. En el año anterior, en 1992, fueron 12, siendo sus
créditos iniciales el 4,5 por ciento del total del subsector. Esto
evidencia que las resoluciones que la Comisión
ha tenido en consideración se verán reflejadas en ejercicios siguientes,
así como las aprobadas con motivo de la presentación de esta Cuenta, a
alguna de las cuales ha hecho también referencia el portavoz del Grupo
catalán.
Por lo que respecta a las modificaciones de crédito, aspecto éste en el
que siempre incide fuertemente el Tribunal, para este año 1994 el importe
neto de las mismas asciende a 1,4 billones. Comparando esta cifra con los
4,5 billones de modificación del año 1993, se puede comprobar la adecuada
aplicación de las mismas y el cumplimiento de los límites, teniendo en
cuenta el reducido porcentaje que significa ante el total de 23 millones
a que se refiere la Cuenta General.
Vuelven a surgir --es inevitable, señorías, y es lógico que así sea hasta
que estudiemos el ejercicio de 1995-- las diferencias de criterio entre
la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. La primera aplica
el criterio de caja y el Tribunal aplica el criterio de devengo. Ello
hace que esas diferencias se trasladen a la contabilidad general, sobre
todo, en la imputación de gastos, lo que, de alguna forma, limita con
respecto del Tribunal los aspectos de fidelidad económico-financiera y de
situación patrimonial. Esto es fácil de comprender a la hora de llevar a
cabo la devolución de impuestos, así como los intereses devengados por la
deuda pública, aunque también hay que decir que, a pesar de la diferencia
de criterio, la Intervención General de la Administración del Estado
presenta ya una Cuenta ajustada, periodificada, con el criterio de
devengo por valor de más de 500.000 millones, casi 600.000 millones de
pesetas, correspondientes a los intereses de devolución de deuda especial
y de letras del Tesoro.
Aparecen también algunos desfases temporales en la imputación de gastos,
desfases que ni mucho menos tratamos de esconder, puesto que toda la
documentación correspondiente a los mismos se acompaña con la rendición
de cuentas, y que surgen, fundamentalmente, en las relaciones financieras
con la Unión Europea, dado que la Intervención General del Estado aplica
el gasto una vez contraída la obligación y nunca antes. En este ejercicio
la cifra es de 267.000 millones de pesetas.
Quedan algunos aspectos importantes que tocar para que, por nuestra
parte, la exposición quede completa. Uno de ellos es el déficit
presupuestario reducido en este ejercicio considerablemente. Otro aspecto
importante es el de la contratación, que ha mejorado de forma
considerable, aun cuando quedan elementos susceptibles de mejora. Hay que
decir que los sistemas de subasta y concurso cubren el 80 por ciento
prácticamente, quedando un 20 o 21 por ciento para las adjudicaciones
directas que corresponden en su mayor parte a modificaciones de proyectos
en ejecución que, lógicamente, han de recaer en quien ya tiene la obra
adjudicada.
Los diferentes grupos presentes en la Cámara habrán podido observar que
no queremos ocultar ninguno de los aspectos de la Cuenta General del
Estado, aunque algunos de ellos se han tocado de forma breve, dada la
limitación de tiempo existente. En cualquier caso, quiero hacerles
constar a todos ellos la firme voluntad de ir avanzando siempre en la
dirección que marca el Tribunal de Cuentas para mejorar próximas
presentaciones. En nuestro caso queda solamente la correspondiente al año
1995, y a tal fin se tomaron en consideración, como no podía ser de otra
forma, las propuestas de resolución de los diferentes grupos, tanto las
del Grupo Parlamentario Popular como la del Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió, coincidentes con las nuestras en el sentido de
instar al Gobierno a que la Cuenta General se ajuste plenamente a la
legislación aplicable, continuando, evidentemente, con la línea ya
iniciada de superar los retrasos existentes, y a que se clasifiquen y
expongan las cuantías globales del inmovilizado material para conseguir
aprovisionar los créditos de difícil recuperación a que ha hecho
referencia el Senador Carrera aun cuando esto tenga que llevarlo a cabo
un Gobierno distinto.
Somos plenamente conscientes de las dificultades que ello lleva consigo.
Por eso, nunca haremos uso de esta circunstancia para exigirles mayor
rapidez en la regulación que la que sea posible en cada ejercicio.
Y termino, señor Presidente, solicitando el voto favorable de todos los
grupos al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta General del Estado del ejercicio
de 1994, así como a la Resolución adoptada por dicha Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alegre.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Rodríguez
Gómez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a aprobar en este acto el dictamen de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la Cuenta
General del Estado de 1994 y la Resolución de dicha Comisión Mixta.
Todos los grupos políticos hemos mostrado una cierta aceptación en las
diversas ocasiones en que ha sido posible, Comisiones del Tribunal de
Cuentas, sobre el estado de la Cuenta de 1994 y también hoy aquí. Y
lamento que tengan sus señorías que oír cosas muy parecidas. La
declaración definitiva es una, aunque oirán versiones diferentes.
El enfermo va mejorando, pero les aseguro, señorías, que no me hubiera
gustado ser este enfermo. Hubiera estado muy preocupado porque la
enfermedad se inició en 1991 y se ha curado en 1997. Ya explicábamos
entonces que estaba enfermo de gravedad, pero nos contestaban que era una
gripe. Insistíamos al año siguiente porque nos parecía que el diagnóstico
era malo, pero nos llamaban alarmistas. En el año 1993 tenía pulmonía.
Así lo entendieron, pero le aplicaron una cataplasma. En el año 1994
todavía sigue grave y lo seguirá estando en 1995 y también en la primera
fase de 1996, año en que se le dictaminará la terapia correcta. Con la
curación de este enfermo
sanamos todos. Por eso nos alegramos de que esté un poco mejor.
El informe del Tribunal de Cuentas, en su declaración definitiva,
comienza así: La Cuenta General del Estado de 1994 presenta estructura y
contenido establecidos. Se ha rendido en el plazo legal y es coherente.
Y así debería ser siempre, y más si el que rinde cuentas es el Estado.
Debe hacerse en tiempo y forma de acuerdo con las leyes. Todavía este
año, en su informe anual, la señora Presidenta del Tribunal nos dice que
éste seguirá reclamando las cuentas no rendidas, tanto las del ejercicio
de 1994 como las de anteriores ejercicios, aplicando, si lo estimase
oportuno, las medidas propuestas en el artículo 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal.
El Tribunal, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para poder
presentarnos el informe de 1994, y al que todos los grupos, también el
del Partido Popular, le damos las gracias por ello animándole a que haga
lo posible para que la Cuenta de 1995 se vea antes de finalizar el año,
nos guía por estos difíciles caminos de una casi investigación para poder
ser claros con todos ustedes, señorías, o lo que es igual, con el pueblo
español.
Divide su informe en cuatro apartados y, en lo posible, seguiré este
orden.
Por lo que atañe a los aspectos generales de la Cuenta del Estado, debo
decir que tampoco este año está completa. Falta un organismo que se ha
presentado fuera de plazo y que representa sólo el 0,04 por ciento. ¿Qué
es esto comparado con el 4,5 por ciento que faltó en el año 1992 o con el
2,65 por ciento de 1993? Nos aseguran que es un dato positivo. Es
coherente, argumentan. Aunque el Tribunal de Cuentas explica que lo es
más que años anteriores, porque señala que falta la debida concordancia
entre, por ejemplo, operaciones de transferencias entre entidades
pagadoras y receptoras. Pero sólo son 579 millones de pesetas, y eso
parece poco en el global.
Si nos atenemos a la diferencia neta entre obligaciones contraídas
pendientes de pago a 31 de diciembre de 1994 y los derechos pendientes de
cobró, la cifra es de 1.467 millones de pesetas. También es poco. Y si lo
que buscamos son las modificaciones de créditos en 1994, sólo han sido de
un billón 400.000 millones, lo que no es significativo. La señora
Presidenta del Tribunal de Cuentas, acostumbrada a lo visto en años
anteriores, repite, a título comparativo, que en 1993 la cantidad era de
cuatro billones y medio, con lo que vamos mejorando.
Entrando en la cuenta de la Administración del Estado, el déficit de la
gestión presupuestaria es de 982.000 millones de pesetas, al que no se
han imputado obligaciones de ese ejercicio por valor de 331.000 millones
y sí, en cambio, obligaciones de años anteriores por valor de 339.000
millones. Para resumir, según el Tribunal, el déficit sería 237.191
millones superior al realmente presentado.
En cuanto a la liquidación, permanecen sin aplicar al presupuesto
obligaciones originadas en 1994 y en ejercicios anteriores por valor de
782.159 millones de pesetas. Eso quiere decir que se siguen aplazando
para ejercicios posteriores esos 782.000 millones, que tendrán que ser
asumidos después; aumentan el déficit real del Estado y no cumplen las
previsiones presupuestarias del ejercicio de 1994, llevando el déficit
real a 4,2 billones de pesetas.
Al Grupo Popular le preocupaba el déficit de 1993 y también el de 1994,
porque se está obligando a los gestores de presupuesto de ejercicios
siguientes a limitar parte de su actividad para atender estos
desplazamientos.
La cuenta del inmovilizado material, pendiente de clasificar hasta 1985,
presenta un saldo de un billón 210.400 millones de pesetas. Y entre los
préstamos a medio y largo plazo --lo que ya ha sido mencionado aquí--,
hay casi dos billones de pesetas de difícil cobro. El portavoz del Grupo
de Convergència i Unió ha mencionado el préstamo a Rumasa; pero hay otro
al Consorcio de Compensación por valor de 503.000 millones de pesetas, y
otro a la Seguridad Social, de los años 1992, 1993 y 1994, sin interés, y
a reembolsar en un plazo de diez años a partir de 1995.
Si hablamos de los organismos autónomos administrativos, mencionaré como
ejemplo único el INEM, que tiene sin aplicar al presupuesto, y
registrados en cuentas extrapresupuestarias, 53.583 millones de pesetas,
de los que 28.000 millones son de ejercicios anteriores; que recoge como
gastos del ejercicio las prestaciones de desempleo de 1993 --181.000
millones-- y no registra las correspondientes a 1994 --147.000
millones--; o que adeuda 108.000 millones a la Seguridad Social, que no
ha contabilizado ni aplicado a su presupuesto, de los que 28.000 millones
son de ejercicios anteriores.
Finalmente, si nos referimos a organismos autónomos comerciales o
industriales, hay unas cuentas correctas y consistentes --según dicen--,
salvo las de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y esas pequeñas
observaciones del Tribunal, repetidas, de no aplicar (en ESA) al
presupuesto la cantidad de 3.780 millones de pesetas en 1994 y, en
cambio, aplicar 28.370 millones de años anteriores; o aplicar al
inmovilizado material (Icona) 6.300 millones, que el Tribunal dice que
son un activo ficticio; o la utilización de fondos de maniobra
inadecuadamente, destacando en este menester Forppa, el Instituto de
Oceanografía, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, y el
«Boletín Oficial del Estado».
Todos estos datos --pesados-- no tienen otro objeto sobre algo pasado y
ya solucionado que recordarnos a todos que las cuentas del Estado durante
muchos años no han sido las debidas; al menos, si nos consideramos como
un Estado serio y responsable que ha debido ser más riguroso, riguroso
hasta el extremo, con el dinero de todos. Y si bien nos alegramos de que
se fueran mejorando poco a poco, eso se ha hecho con una lentitud
exasperante y con muchas quiebras en su superficie.
No es extraño, pues, que el Tribunal de Cuentas añada a la declaración
inicial lo siguiente: «Las salvedades o infracciones de las normas
presupuestarias y contables que se expresan limitan el reflejo de la
Cuenta General del Estado en el ejercicio de 1994 por el Estado y sus
organismos autónomos, así como la de su situación patrimonial.
Y en el mismo tenor, más o menos, el Teniente Fiscal».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular junto con el resto de los
grupos, aprobó el día 30 de septiembre de 1997 una resolución, instando
al Gobierno, entre otras peticiones, a que adopte las medidas para que la
cuenta se ajuste a la legislación aplicable, a que actualice y
complemente las órdenes pendientes de pago, a que clarifique las cuantías
globales de la cuenta del inmovilizado material, a que provisione en los
próximos ejercicios la partida de créditos a largo plazo de difícil o
nula recuperación y recalca que se han desplazado a ejercicios futuros
obligaciones de pago que condicionan la evolución del déficit.
Si pedimos todo esto en la Comisión Mixta, las deficiencias son visibles
y claras.
Señor Presidente, señorías, todo esto ya se está haciendo y, de la misma
manera que nos hemos hecho cargo como Gobierno de lo económicamente mal
hecho en España en el primer trimestre del año 1996 y en el año 1995, lo
haremos una vez más en la cuenta del año 1994, a la que mi Grupo va a dar
el visto bueno, junto con la resolución de la Comisión Mixta --como ya lo
hicimos--, a la cuenta del año 1993.
Creo haber cumplido los tres propósitos de mi intervención: criticar las
cuentas del año 1994, no cansar en exceso a sus señorías y aprobar esta
cuenta, porque es ciertamente mejor que las anteriores y porque, como
todas sus señorías saben, el enfermo ya está sano, de lo que nos
alegramos todos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Rodríguez.
Corresponde votar el dictamen con la resolución propuesta por la
Comisión. (El señor Alegre Escuder pide la palabra.) Tiene la palabra el
Senador Alegre Escuder.
El señor ALEGRE ESCUDER: Creo que se puede votar por asentimiento, si no
tienen inconveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Es lo que iba a proponer,
señoría.
Propongo que sea votado por asentimiento si no hubiera ninguna objeción
por parte de algún grupo. (Pausa.) Así es y, por tanto, queda aprobado
definitivamente el dictamen de la Comisión Mixta con la resolución
propuesta por la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y diez minutos.