CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



Año 1997 VI Legislatura
Núm. 54
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 17 de septiembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Primero



Preguntas:



--De don Fernando Ignacio González Laxe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno español
respecto a la defensa, asistencia y apoyo oficial al ciudadano español
Javier Ferreiro, que será juzgado en la ciudad de Miami (Estados Unidos)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente
680/000310.)



--De don Francisco Cacharro Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio de Sanidad y
Consumo acerca del funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 680/000312.)



--De don Jorge Bermello Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Ministerio de Sanidad y Consumo
de la reciente evolución de los datos epidemiológicos facilitados por el
Plan Nacional sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente
680/000313.)



--De doña Lucía Delgado García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo para la
puesta en marcha de la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, número 286, de
fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente 680/000314.)

Página 2256



--De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si puede el Gobierno informar a la Cámara acerca de en cuáles de
los hechos calificados por el Consejo General del Poder Judicial como de
extraordinaria gravedad va a prestar su colaboración para que pueda
esclarecerlos la justicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 680/000308.)



--De don Manuel Prado López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si entiende el Gobierno que para el próximo curso académico
1997/98 va a producirse alguna mejora en la calidad de la enseñanza del
sistema educativo público (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 680/000315.)



--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre si conoce el Gobierno las circunstancias que rodean el
fallecimiento del insumiso Enrique Mur Zubiuaga, en el establecimiento
penitenciario de Zaragoza (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 680/000311.)



--De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para impedir
que se repitan situaciones tan trágicas como las acaecidas durante las
operaciones de rescate de la tripulación del palangrero «Rey Alvarez II»
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente
680/000305.)



--De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si comparte el Gobierno la distinción hecha por un Senador del Grupo
Parlamentario Popular, durante el debate de una interpelación en la
última sesión plenaria de esta Cámara, respecto a la distinción en el
interés público entre ricos y no tan ricos (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de
septiembre de 1997). (Número de expediente 680/000307.)



--De don Manuel Guillermo Varela Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones que explican la falta de actividad en las
obras de la autovía a su paso por Pedrafita do Cebreiro (Lugo) (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, número 286, de
fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente 680/000309.)



--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto poner en
marcha el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para frenar el
incremento de la siniestralidad laboral (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre
de 1997). (Número de expediente 680/000306.)



--De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las novedades del Programa Plurianual de Empleo que se
encuentra en elaboración por el Gobierno, respecto al del año 1995
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente
680/000317.)



--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ejecutivo en
relación con las presiones protagonizadas por el Gobierno de la
Generalidad Valenciana, según denuncias realizadas por editores
valencianos, para evitar la mención en los libros de texto de la unidad
lingüística de las lenguas catalana y valenciana, y en relación con el
requerimiento de la Delegación del Gobierno en Aragón para que el
Ayuntamiento de Mequinenza (Zaragoza) anule un acuerdo por el que se
instauraba la cooficialidad del catalán en el ámbito del municipio
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997). (Número de expediente
680/000304.)



--De don Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evaluación del Gobierno acerca de la aplicación de los
Reales Decretos-Leyes 8/1997 y 9/1997, de 16 de mayo, relativos al
fomento de la contratación indefinida y mejora de las condiciones del
mercado de trabajo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 680/000316.)



--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
situación actual y el proceso previsto en el plan de privatización de la
Compañía Trasmediterránea, S. A. (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de
1997). (Número de expediente 680/000291.)



Segundo



Interpelaciones:



--De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las causas de la creciente accidentalidad en las vías
públicas españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 670/000052.)



Página 2257



--De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los contenidos televisivos de las cadenas de televisión públicas y
privadas que emiten en España y la falta de cumplimiento de la Ley
25/1994, en especial en lo que afecta a la protección de los derechos de
la infancia y la juventud (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, número 286, de fecha 15 de septiembre de 1997).

(Número de expediente 670/000053.)



Tercero



Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley por el que se aprueba el Programa PREVER para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (procedente
del Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril); se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 43, de fecha 12 de septiembre de
1997). (Número de expediente S. 621/000043.) (Número de expediente C. D.

121/000060.)



--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales
y de la flora y fauna silvestres (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 24, de fecha 15 de septiembre
de 1997). (Número de expediente S. 621/000024.) (Número de expediente C.

D. 121/000023.)



--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con la Proposición de Ley sobre reforma de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestres (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 9, de fecha 15 de
septiembre de 1997). (Número de expediente S. 624/000006.) (Número de
expediente C. D. 122/000030.)



SUMARIO



Se abre la sesión a la diez horas y cinco minutos.




PREGUNTAS(Página 2261)



De don Fernando Ignacio González Laxe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno español
respecto a la defensa, asistencia y apoyo oficial al ciudadano español
Javier Ferreiro que será juzgado en la ciudad de Miami (Estados
Unidos)(Página 2261)



El señor González Laxe formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor González Laxe. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan).




De don Francisco Cacharro Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Ministerio de Sanidad y
Consumo acerca del funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida(Página 2263)



El señor Cacharro Pardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cacharro Pardo.




De don Jorge Bermello Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la valoración que hace el Ministerio de Sanidad y Consumo
de la reciente evolución de los datos epidemiológicos facilitados por el
Plan Nacional sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA)(Página 2264)



El señor Bermello Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bermello Fernández.




De doña Lucía Delgado García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre



Página 2258



las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo para la puesta en
marcha de la Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Página 2265)



La señora Delgado García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Delgado García.




De don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si puede el Gobierno informar a la Cámara acerca de en cuáles de
los hechos calificados por el Consejo General del Poder Judicial como de
extraordinaria gravedad va a prestar su colaboración para que pueda
esclarecerlos la justicia(Página 2266)



El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).




De don Manuel Prado López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si entiende el Gobierno que para el próximo curso académico 1997/98
va a producirse alguna mejora en la calidad de la enseñanza del sistema
educativo público(Página 2268)



El señor Prado López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Prado López.




De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre si conoce el Gobierno las circunstancias que rodean el
fallecimiento del insumiso Enrique Mur Zubiaga, en el establecimiento
penitenciario de Zaragoza(Página 2270)



La señora De Boneta y Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora De Boneta y Piedra. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).




De don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para impedir
que se repitan situaciones tan trágicas como las acaecidas durante
lasoperacionesde rescate de la tripulación del palangrero «Rey Alvarez
II»(Página 2271)



El señor González Príncipe formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor González Príncipe. En
turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).




De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
comparte el Gobierno la distinción hecha por un Senador del Grupo
Parlamentario Popular, durante el debate de una interpelación en la
última sesión plenaria de esta Cámara, respecto a la distinción en el
interés público entre ricos y no tan ricos(Página 2272)



El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).




De don Manuel Guillermo Varelas Flores, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones que explican la falta de actividad en las
obras de la autovía a su paso por Pedrafita do Cebreiro (Lugo)(Página 2272)



El señor Varela Flores formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela Flores. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).




De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto poner en
marcha el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para frenar el
incremento de la siniestralidad laboral(Página 2274)



El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán formula su pregunta. En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez de la Borbolla Camoyán. En turno



Página 2259



de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Arenas Bocanegra).




De don Juan Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las novedades del Programa Plurianual de Empleo que se
encuentra en elaboración por el Gobierno, respecto al del año 1995(Página 2275)



El señor Santaella Porras formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Santaella
Porras.




De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre la valoración del Ejecutivo en relación con
las presiones protagonizadas por el Gobierno de la Generalidad
Valenciana, según denuncias realizadas por editores valencianos, para
evitar la mención en los libros de texto de la unidad lingüística de las
lenguas catalana y valenciana, y en relación con el requerimiento de la
Delegación del Gobierno en Aragón para que el Ayuntamiento de Mequinenza
(Zaragoza) anule un acuerdo por el que se instauraba la cooficialidad del
catalán en el ámbito del municipio



Esta pregunta ha sido retirada.




De don Antolín Sanz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la evaluación del Gobierno acerca de la aplicación de los Reales
Decretos-Leyes 8/1997 y 9/1997, de 16 de mayo, relativos al fomento de la
contratación indefinida y mejora de las condiciones del mercado de
trabajo.




Esta pregunta ha sido retirada.




De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
situación actual y el proceso previsto en el plan de privatización de la
Compañía Trasmediterránea, S. A.




Esta pregunta ha sido retirada.




INTERPELACIONES



De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las causas de la creciente accidentalidad en las vías públicas
españolas(Página 2277)



El señor Arévalo Santiago realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro del Interior (Mayor
Oreja). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Escuín Monfort, por
el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro del Interior (Mayor
Oreja).




De don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los contenidos televisivos de las cadenas de televisión públicas y
privadas que emiten en España y la falta de cumplimiento de la Ley
25/1994, en especial en lo que afecta a la protección de los derechos de
la infancia y la juventud(Página 2283)



El señor Mòdol Pifarré realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Agramunt Font de Mora, por
el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo).




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS(Página 2291)



De la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley por el que se aprueba el Programa PREVER para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (procedente
del Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril). SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA(Página 2291)



El señor Chao Gómez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.




Se abre debate de totalidad.




El señor Unceta Antón consume un turno a favor. No se hace uso del turno
en contra. En turno de portavoces,



Página 2260



hace uso de la palabra el señor Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos.




Comienza el debate del articulado.




El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 8. El señor Simó i Burgués defiende la enmienda número 17, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Chacón
defiende las enmiendas números 9 a 14, del Grupo Socialista. El señor
Bueno Fernández consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Fernández Chacón, por el Grupo Socialista, y Bueno Fernández, por el
Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 1, 6, 7 y 8, del Grupo Mixto, por 78
votos a favor, 122 en contra y 4 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 2, 3, 4 y 5, del Grupo Mixto, por 3
votos a favor, 197 en contra y 4 abstenciones.




Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 112 en contra y 81
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 9, 10, 11, 12, 13 y 14, del Grupo
Socialista, por 79 votos a favor, 113 en contra y 13 abstenciones.




Se aprueba el artículo 1, según el texto del dictamen, por 116 votos a
favor y 88 abstenciones.




Se aprueba la disposición adicional primera, según el texto del dictamen,
por 125 votos a favor y 79 abstenciones.




Se aprueba el resto del articulado, según el texto del dictamen, por 203
votos a favor de los 203 emitidos.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales
y de la flora y fauna silvestres(Página 2300)



La señora Costa Serra presenta el dictamen. A continuación, hace uso de
la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).




Se abre debate de totalidad.




La señora Costa Serra defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Mixto. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Socialista. El señor Calvo Poch consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Costa
Serra, por el Grupo Mixto; el señor Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Pleguezuelos
Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Calvo Poch, por el Grupo
Popular.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 78 votos
a favor, 123 en contra y 1 abstención.




Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 78
votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.




Comienza el debate del articulado.




La señora Costa Serra, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas
números 1 a 29, de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, y
defiende las números 31 a 36, suscritas por ella misma. El señor Bella
Galán defiende las enmiendas números 37 a 59 y 61 a 84, del Grupo
Socialista. El señor Calvo Poch consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bella Galán, por el Grupo
Socialista, y Calvo Poch, por el Grupo Popular. Los señores Bella Galán
y Calvo Poch intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 31 y 34, del Grupo Mixto, por 1 voto a
favor, 119 en contra y 73 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 32, 33, 35 y 36, del Grupo Mixto, por
73 votos a favor, 118 en contra y 1 abstención.




Se rechazan las enmiendas números 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20 y 27, del
Grupo Mixto, por 75 votos a favor y 119 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24
y 28, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 119 en contra y 74
abstenciones.




Página 2261



Se rechazan las enmiendas números 9, 19, 21, 22, 23, 25, 26 y 29, del
Grupo Mixto, por 2 votos a favor y 192 en contra.




Se aprueba una enmienda transaccional respecto del voto particular del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios, en el sentido de unificar las denominaciones que
en el texto se da a la red de parques, por 120 votos a favor y 74
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 37 a 59 y 61 a 84, del Grupo
Socialista, por 75 votos a favor y 119 en contra.




Se aprueba el texto del proyecto de ley por 119 votos a favor, 74 en
contra y 1 abstención.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con la Proposición de Ley sobre reforma de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestres(Página 2319)



El señor Beguer i Oliveres, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




Se abre el debate de totalidad.




La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto número 1,
del Grupo Socialista. El señor Gatzagaetxebarría Bastida consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y los
señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Calvo Poch, por el Grupo Popular.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 72
votos a favor y 118 en contra.




Comienza el debate del articulado.




La señora De Boneta y Piedra da por defendida la enmienda número 1, de
los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto. El señor
Beguer i Oliveres da por defendida una enmienda transaccional,
relacionada con el voto particular número 1, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y firmada por cuatro Grupos
Parlamentarios. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende las enmiendas
números 2, 3 y 5, del Grupo Socialista. El señor Gatzagaetxebarría
Bastida consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de
la palabra la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista. El
señor Gatzagaetxebarría Bastida interviene de nuevo en virtud del
artículo 87. También en turno de portavoces, hace uso de la palabra el
señor Calvo Poch, por el Grupo Popular. Asimismo, la señora Pleguezuelos
Aguilar y el señor Calvo Poch intervienen de nuevo en virtud del artículo
87.




Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor,
114 en contra y 1 abstención.




Se aprueba la enmienda trasaccional relacionada con el voto particular
número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 114
votos a favor, 2 en contra y 70 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 2, 3 y 5, del Grupo Socialista, por 69
votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba el texto del proyecto de ley por 119 votos a favor y 67 en
contra.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.




Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.




PREGUNTAS:



--DE DON FERNANDO IGNACIO GONZALEZ LAXE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL
RESPECTO A LA DEFENSA, ASISTENCIA Y APOYO OFICIAL AL CIUDADANO ESPAÑOL
JAVIER FERREIRO, QUE SERA JUZGADO EN LA CIUDAD DE MIAMI (ESTADOS UNIDOS).

(S. 680/000310.)



El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. En
primer lugar, de don Fernando Ignacio González Laxe, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las acciones desarrolladas por el
Gobierno español respecto a la defensa, asistencia y apoyo oficial al
ciudadano español Javier Ferreiro, que será juzgado en la ciudad de
Miami, en Estados Unidos.

Senador González Laxe, tiene la palabra.




Página 2262



El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.

Desde el día que se redacta la pregunta y se presenta hasta la jornada de
hoy han pasado y han sucedido cosas bastante importantes, ya que se ha
cambiado de situación: el ciudadano español Javier Ferreiro Parga se ha
declarado culpable de haber violado el embargo norteamericano con Cuba
para acelerar el proceso; antes se le acusaba, ahora él se autoacusa. Es
decir, cansado de esperar un juicio normal, agotado de insistir en su
presunción de inocencia, el ciudadano gallego Francisco Javier Ferreiro
Parga se autoacusa de infringir una ley de hace más de 30 años de
comercio con el enemigo.

Como bien saben, dicha ley no se ha aplicado antes, es contraria a los
supuestos y circunstancias establecidas en la reciente Organización
Mundial del Comercio, no es aceptada por la Comunidad Internacional y yo
quisiera hacer aquí, señor Presidente, un poco de portavoz del padre del
ciudadano español Javier Ferreiro. El padre de Javier Ferreiro dice que
su hijo es víctima de un proceso, se queja amargamente de la falta de
apoyo oficial: nuestro principal problema --dice-- ha sido la
colaboración del Gobierno español con el Gobierno norteamericano, el
apoyo que hemos recibido ha sido única y exclusivamente dialéctico y las
quejas también afectan al Gobierno autonómico.

Si usted es padre de un hijo y a ese hijo lo están acusando de algo, pero
el cual defiende que es inocente, que tiene que autoacusarse de haber
infringido una ley del embargo contra el enemigo y le quitan todas
aquellas acusaciones de lavado de dinero y de falsificación, ¿cómo se
puede sentir una persona? Yo lo único que pido es que el Gobierno
español, por boca del Ministro, diga qué es lo que va a hacer para
defender, asistir y apoyar a un ciudadano español que está retenido en
las cárceles americanas.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.

Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, el Ministro no sólo va a contestar lo que piensa hacer el
Gobierno español, sino que va a dar cumplida cuenta de lo que lleva hecho
hasta ahora.

En efecto, el pasado 1.º de abril el ciudadano español señor Ferreiro fue
detenido en Miami acusado de violar la Ley «Trading with the enemy» --que
no es la ley Helms-Burton--, que prohíbe la exportación de mercancías
desde Estados Unidos hacia Cuba; fue acusado, además, de otros dos
delitos: de blanquear dinero y de asociación para delinquir.

Quiero destacar, en primer lugar, para que nos movamos con el rigor que
exigen estas cuestiones importantes, que las tres acusaciones se refieren
a leyes internas estadounidenses, normas, por tanto, que cualquiera que
sea el juicio que nos merezcan en cuanto a la sustancia --y, a mi juicio,
son leyes poco correctas políticamente--, desde el punto de vista formal
son de aplicación estrictamente territorial, no incumplen ningún
requisito ni nacional ni internacional en cuanto a su validez. Son leyes,
por tanto, que cualquier persona que se encuentre en suelo norteamericano
está obligada a observar.

El que el asunto carezca de matiz político --y hay que dejarlo muy claro,
no se puede jugar con estas cosas-- no ha sido óbice para que el Gobierno
no le haya prestado la máxima atención. La actuación del Gobierno ha
discurrido por dos cauces: primero, a través de la asistencia consular
prestada al detenido y a su familia y, segundo, por medio de múltiples
gestiones políticas y diplomáticas a todos los niveles. Para ser breve
quisiera decir simplemente que el Cónsul General ha estado presente en
todas las comparecencias del acusado ante el juez, inclusive la última
del pasado 26 de agosto. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha
concedido al señor Ferreiro una ayuda económica extraordinaria no
reintegrable de 4.000 dólares, la máxima cantidad que se puede otorgar
para casos excepcionales.

Quiero destacar, además, que el pasado 30 de abril yo mismo manifesté a
la Secretaria de Estado, señora Albright, la importancia que el Gobierno
español atribuye a este caso. Además, me entrevisté en dos ocasiones con
la hija del señor Ferreiro, a quien atendió también el Presidente del
Gobierno haciéndole llegar su preocupación por el tema. En definitiva, el
Gobierno ha prestado y seguirá prestando al señor Ferreiro la ayuda y
atención constantes que debe disfrutar todo ciudadano español involucrado
en una situación tan difícil, sea culpable o inocente, con la dificultad
añadida de que se trata de un proceso judicial interno, abierto por un
Estado soberano y democrático de Derecho que no admite interferencias del
Ejecutivo en sus decisiones judiciales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

El señor González Laxe tiene la palabra.




El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.

Admito las explicaciones del Ministro. El hecho de que se diga que son
leyes poco correctas políticamente y que sean limitadas exclusivamente al
ámbito territorial norteamericano no impide que la asistencia política y
diplomática española para un ciudadano que está retenido acusado de algo
que, en principio, no es probado, tenga que manifestarse de forma
política, de forma intensa por el Gobierno español.

No voy a dudar de las gestiones del Cónsul ni tampoco del Embajador
español en Estados Unidos, con los cuales he tenido ocasión de hablar y
me han explicado las funciones que han desarrollado. Pero, señor
Ministro, cuando el padre de este ciudadano sigue diciendo y reiterando
que mucha dialéctica pero poca eficacia, será porque tendrá datos, puesto
que está en contacto con su familia, para poder afirmar que las gestiones
que se realizan, por eficaces y por intensas que hayan sido, no están
redundando en una



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total eficacia, ya que el ciudadano español ha tenido que autodeclararse
culpable con el fin de evitar un juicio dilatado en el tiempo y una
acusación mayor. Si no se le acusa de blanqueo de dinero y se le retiran
también otros cargos, queda solamente la acusación de infringir la Ley
del Embargo contra enemigo, que usted ya ha dicho claramente que es una
Ley poco correcta políticamente y, en consecuencia, creo que los países
democráticos tendrían que forzar, debatir y señalar que algunos países
que están aplicando leyes poco correctas políticamente deberían
suprimirlas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor Presidente.

Creo --ya lo he dicho antes-- que es una Ley políticamente poco correcta
y hemos hecho saber al Gobierno americano que así lo entendíamos. Espero
que el Gobierno que nos ha precedido durante los últimos 13 años haya
tenido tiempo también de hacérselo saber. En todo caso, se ve que unos y
otros hemos tenido poco éxito.

No quisiera entrar en detalles porque entiendo perfectamente la postura
del padre de un acusado. Simplemente quisiera decir que, al parecer, el
Fiscal de los Estados Unidos también tiene información y ha enseñado a
nuestro Cónsul las listas de las mercancías de 24 contenedores que
transportaban productos comprados y pagados por el señor Ferreiro en los
Estados Unidos con destino a Cuba, vía República Dominicana, utilizando
manifiestos de carga y documentación falsos.

La Fiscal explicó al Cónsul que la autoridad norteamericana va siguiendo
las actividades del señor Ferreiro desde 1994, seguimiento que, según
ella, había permitido reunir numerosas pruebas contra él. La Fiscal
señaló que a la violación de las citadas disposiciones legales se añadía
el hecho de que el señor Ferreiro había importado ilegalmente a Estados
Unidos fondos para efectuar el pago de estas mercancías, lo que, además,
suponía un delito monetario.

Señoría, creo que una vez más se está pretendiendo atribuir a este caso
un matiz político que no tiene. Termino, señor Presidente.

El señor Ferreiro está acusado de conculcar normas internas
estadounidenses, y quiero destacar que, lejos de ser un caso aislado, el
señor Ferreiro no hace sino engrosar una larga lista de compañías e
individuos estadounidenses, y extranjeros también, procesados por violar
dicha Ley.

En estos momentos, ¿cuál es la situación del proceso?, que es lo
importante. El pasado 10 de septiembre el abogado del señor Ferreiro
llegó a un acuerdo con la Fiscalía, un acuerdo voluntario, por el que su
defendido se declara culpable de exportación ilegal de productos a Cuba,
retirándosele el resto de los cargos. Este tipo de acuerdos es habitual
en el sistema procesal estadounidense y por descontado el Gobierno
considera que el señor Ferreiro es libre para realizar su defensa como
mejor le parezca y no cree oportuno efectuar más valoraciones. Sí
quisiera destacar que el señor Ferreiro ha dispuesto y seguirá
disponiendo del apoyo de este Gobierno para mejorar su situación en la
medida en que sea posible.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DON FRANCISCO CACHARRO PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL DE REPRODUCCION
HUMANA ASISTIDA. (680/000312.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Francisco Cacharro Pardo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones que
tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo acerca del funcionamiento de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El Senador Cacharro Pardo tiene la palabra.




El señor CACHARRO PARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la Ley 13/1988 establecía, en su artículo 21, la creación
de una Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que tendría
carácter multidisciplinar y en cuyo seno debía recoger el criterio
mayoritario de la población, así como la opinión y aportación de los
diferentes expertos científicos en estas técnicas.

Transcurrido mucho tiempo, recientemente, por fin, el Gobierno ha
aprobado un Real Decreto por el que se crea esta Comisión. Su
funcionamiento es largamente demandado desde muchas esferas, ya que debe
orientar sobre la utilización de estas técnicas y colaborar con la
Administración en el acopio de conocimientos científicos y en la
elaboración de criterios de funcionamiento de los centros y servicios
donde se realizan dichas técnicas a fin de facilitar su mejor
utilización.

La creación de este tipo de organismos también ha sido recomendada por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para fijar posiciones
éticas, sociales y filosóficas al respecto.

Por todo ello, y a pesar del escaso tiempo transcurrido desde la creación
de esta Comisión, ¿el señor Ministro de Sanidad y Consumo puede informar
a la Cámara sobre las previsiones que tiene su Departamento en relación
con la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cacharro Pardo.

El señor Ministro de Sanidad y Consumo tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente; muchas gracias, señoría.

Efectivamente, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, cuya
existencia estaba prevista en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre
las mismas materias, quedó definida en su composición y funciones por el
Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo pasado. Por su propia naturaleza,
se trata de un órgano de composición multisectorial, de manera que en el
desarrollo de sus funciones puedan integrarse los diversos conocimientos
técnicos, pero también éticos y jurídicos y hasta de comunicación, que
resultan importantes para el tratamiento adecuado de estas materias.

Ese enfoque multisectorial quedó reflejado en la diversidad de órganos de
distinta naturaleza que debían formular propuestas para la designación de
los 22 vocales de la Comisión: cinco deben ser designados por las
Comunidades Autónomas; cuatro por los Departamentos de Justicia, Trabajo
y Sanidad de la Administración General del Estado; cuatro por sociedades
relacionadas con la fertilidad humana, la bioética médica y la
obstetricia y ginecología; nueve por diferentes colegios profesionales:
médicos, farmacéuticos, biólogos, abogados, licenciados en Filosofía y
Letras, licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, el Consejo
General del Poder Judicial, el Consejo de Consumidores y Usuarios y las
asociaciones de usuarios de las técnicas de reproducción asistida.

Desde el momento en que entró en vigor el citado Real Decreto, el
Ministerio de Sanidad ha venido realizando gestiones sobre cada uno de
los organismos y asociaciones implicados para que procedieran a formular
sus propuestas. En el momento actual ya han sido designados todos los
miembros de la Comisión. Casi todos ellos han sido designados por cada
una de las entidades de manera individual, pero en el caso de los
designados por las Comunidades Autónomas lo fueron por acuerdo del
conjunto de éstas, en la última sesión del Pleno del Consejo
Interterritorial celebrado el pasado 21 de julio. Todos los vocales
reúnen altas cualificaciones y un profundo conocimiento de las materias
sobre las que tendrán que realizar sus aportaciones, y su conjunto
resulta altamente representativo de los distintos puntos de vista éticos,
religiosos, jurídicos y profesionales presentes en nuestra sociedad sobre
estas cuestiones.

En consecuencia, está previsto que en las próximas semanas se celebre la
primera reunión de la Comisión. Esta deberá llevar a cabo, en primer
lugar, la elaboración de su propio Reglamento de Régimen Interior que le
permita establecer su mecánica de trabajo. Una vez elaborado, deberá
establecer sus formas de relación con otras comisiones existentes en el
ámbito de distintas Comunidades Autónomas, así como determinar las formas
de acceso a ella misma y dar respuesta a las cuestiones que se le
planteen.

Otra de las cuestiones que deberá abordar con carácter prioritario será
la de la comunicación pública de sus deliberaciones y acuerdos, sea cual
sea la forma que adopten éstos, conforme a las orientaciones de otras
comisiones del mismo carácter existentes en otros países y a las
recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o la
más reciente del Parlamento Europeo que, en el ámbito concreto de la
clonación, a la vez que llama a reglamentar y controlar la evolución de
estas técnicas, señala la necesidad de velar por que los beneficios
potenciales de la biotecnología no se desaprovechen como consecuencia de
una información sensacionalista y alarmista.

Por último, puesto que el desarrollo de estas técnicas adquiere un ámbito
supranacional, la Comisión deberá establecer y potenciar su relación con
las comisiones existentes en otros países y con la que se ha propuesto
crear la Unión Europea. El Ministerio, como soporte del funcionamiento de
la Comisión, facilitará el desarrollo de estos contactos desde el inicio
de su funcionamiento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Cacharro Pardo.




El señor CACHARRO PARDO: Intervengo simplemente para agradecer al señor
Ministro la información facilitada y desear que se cumplan esas
previsiones que él nos acaba de expresar aquí.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cacharro Pardo.




--DE DON JORGE BERMELLO FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
DE LA RECIENTE EVOLUCION DE LOS DATOS EPIDEMIOLOGICOS FACILITADOS POR EL
PLAN NACIONAL SOBRE EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA).

(680/000313.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jorge Bermello Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el
Ministerio de Sanidad y Consumo de la reciente evolución de los datos
epidemiológicos facilitados por el Plan Nacional sobre el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.

Tiene la palabra el Senador Bermello Fernández.




El señor BERMELLO FERNANDEZ: Señor Presidente, señor Ministro, después de
varios años de no buenas noticias sobre el desarrollo del sida en nuestro
país, que nos ha conducido a que figuremos en el primer lugar de la Unión
Europea en cuanto al número de casos y tasas por millón de habitantes,
los últimos datos facilitados por el Plan Nacional parecen que muestran
un freno a la evolución de la enfermedad y permiten un leve optimismo,
además de disponer hoy de mejores terapias y de un mayor conocimiento de
la biología del V.I.H., lo que ha permitido tener nuevas oportunidades en
el abordaje del sida y ofrecer nuevos caminos a la esperanza de vida para
los afectados por este problema.




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Ante estas perspectivas, quisiera formular mi pregunta, que considero de
gran interés para la opinión pública: ¿Qué valoración hace el Ministerio
de Sanidad y Consumo de la reciente evolución de los datos
epidemiológicos facilitados por el Plan Nacional sobre el Sida?



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bermello Fernández.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente; muchas gracias, señor Senador.

Ciertamente, se refiere usted a un problema muy grave desde el punto de
vista sanitario y social, como es el problema del sida, en el que,
desgraciadamente, nuestra posición relativa en el panorama europeo
distaba mucho de ser satisfactoria y que tiene su origen sobre todo en la
relación tan directa que tiene el problema del sida con el de la droga,
en el que, desgraciadamente, la posición de nuestro país distaba
igualmente de ser satisfactoria.

Pero también es cierto que, después del brusco incremento de casos
experimentados en 1994, la evolución de la epidemia se ha caracterizado
por la estabilidad global en el número de casos y por un descenso en
determinados colectivos con conductas de riesgo. Numerosos factores han
irrumpido favorablemente en el escenario de esta epidemia atenuando los
efectos devastadores desde el punto de vista clínico, epidemiológico y
social. Sin duda, los esfuerzos llevados a cabo por las administraciones
públicas y las organizaciones ciudadanas en los últimos años no han
tardado en ofrecer beneficios, evitando que el número de afectados
siguiera creciendo exponencialmente.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo también ha ejercido en
los últimos años, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida, una labor de coordinación, liderazgo técnico y consenso. La
extensión en toda la geografía española de programas de reducción de
riesgos dirigidos a usuarios de drogas por vía parenteral: intercambio de
jeringuillas, metadona, etcétera; la promoción del uso del preservativo;
las acciones de prevención dirigidas a los colectivos de hombres
homosexuales y la creación de un clima de confianza y solidaridad basado
en la información que, sistemáticamente, se ha dirigido a la población
general, han frenado la expansión de la epidemia.

Otro hecho destacable ha sido el descenso importante en el número de
niños con sida, consecuencia de la mayor oferta y calidad en la atención
sanitaria y social a la toxicomanía y a su entorno, al diagnóstico precoz
y a los nuevos tratamientos.

Por otro lado, los avances científicos recientes en materia de
tratamiento han puesto en manos de los sanitarios un arsenal terapéutico
de gran eficacia, que no sólo ha logrado alcanzar cotas antes impensables
en calidad y esperanza de vida para los infectados, sino que han
despertado expectativas de optimismo en el colectivo de personas
afectadas y su entorno.

A pesar de su elevado coste, estos nuevos tratamientos han sido
incorporados de forma inmediata al Sistema Nacional de Salud a lo largo
de 1996, lo que ha permitido observar descensos en la mortalidad de
nuestros enfermos de hasta el cincuenta por ciento. No obstante, el sida
continúa siendo un problema de salud pública con el que la sociedad
española tendrá que convivir aún muchos años.

En consecuencia, el Ministerio de Sanidad, consciente de las
implicaciones sanitarias y extrasanitarias de esta epidemia, seguirá
impulsando la información, la educación sanitaria y la prevención dentro
de las actividades del Plan multisectorial puesto en marcha, y que será
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Bermello.




El señor BERMELLO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco la contestación del señor Ministro y deseo que esa línea de
trabajo del Ministerio continúe en beneficio de este tema tan importante
para la población española.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bermello Fernández.




--DE DOÑA LUCIA DELGADO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE LA COMISION DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS
DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (680/000314.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Lucía Delgado García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Ministerio
de Sanidad y Consumo para la puesta en marcha de la Comisión de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

Tiene la palabra la Senadora Delgado García.




La señora DELGADO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, es un hecho que, desde hace muchos años ya, el avance
vertiginoso de las nuevas tecnologías alcanza todos los ámbitos de
nuestra sociedad y, por supuesto, no podía ser ajeno el sanitario. A
propósito de ello, el Consejo Interterritorial de Sanidad, en la reunión
celebrada el 19 de diciembre de 1994, constituyó un grupo de trabajo de
evaluación de tecnologías sanitarias dependiente de la Dirección General
de Aseguramiento y Planificación. Precisamente, su plan de trabajo iba a
consistir en el estudio y valoración de las nuevas tecnologías que
constantemente iban apareciendo en el mercado en materia de



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salud con el fin de llevar a cabo, con todo el rigor científico, un
estudio de su utilidad, su eficacia y, al mismo tiempo, realizar una
lista de prioridades para una buena aplicación.

Por todo ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la gran
repercusión que estas nuevas tecnologías tienen en el presupuesto
sanitario, ¿podría el señor Ministro informar cuáles son las previsiones
desde su Departamento para el nuevo impulso de esta Comisión de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Delgado García.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señoría.

También es un tema de extraordinaria importancia para el buen manejo de
los recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud y, en relación
con el mismo, puedo informar a sus señorías que el Ministerio de Sanidad
y Consumo ha iniciado ya la elaboración de un borrador de Real Decreto
que regulará el mecanismo para la inclusión o exclusión de técnicas y
procedimientos, como parte de las prestaciones financiadas por el Sistema
Nacional de Salud.

Asimismo, el pasado 24 de abril se ha constituido un grupo de trabajo de
evaluación de tecnologías, dependiente del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud que, como se sabe, es el órgano llamado a
coordinar el trabajo de todos los servicios de salud de todas las
Comunidades Autónomas que, crecientemente, irán asumiendo protagonismo y
competencias en este campo. Dentro de ese Consejo, este grupo de trabajo
tiene el encargo de analizar un documento-propuesta respecto a los
siguientes puntos: Un plan de trabajo para elaborar una lista priorizada
de tecnologías que deben ser evaluadas en el marco de la ordenación de
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo los criterios
de priorización, y una lista inicial tentativa. Ya se ha presentado al
pleno un listado inicial que contiene tanto tecnologías que pueden ser
consideradas como nuevas como otras de uso más generalizado. Se trata de
una lista abierta y sujeta a las modificaciones oportunas, en base a las
nuevas contribuciones que se vayan recibiendo. Se trabaja también en un
sistema de información coordinada que permita detectar las tecnologías
emergentes. A estos efectos, se ha presentado en el pleno del Consejo un
primer documento en el que se exponen las características esenciales de
un sistema de información que permita inventariar las técnicas y
procedimientos disponibles en los centros y servicios sanitarios del
Sistema Nacional de Salud, facilitando muy especialmente la detección de
tecnologías emergentes, a la vez que sirva como instrumento de
incorporación formal de nuevas técnicas y procedimientos en las carteras
de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud y sus centros.

Se trabaja también en un programa de actividades y calendario para la
evaluación de tecnologías sanitarias que se fijen como prioritarias.

Actualmente las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias
españolas trabajan coordinadamente en la elaboración de sendas fichas
técnicas para cada una de estas tecnologías, como etapa previa a su
priorización. En base a la información recabada en esta etapa se tomarán
las oportunas decisiones respecto a programas de evaluación «sensu
stricto» o a la convocatoria de proyectos de investigación evaluativa. Se
trabaja igualmente en las directrices sobre la experimentación de nuevas
tecnologías, previas a su inclusión en el Sistema Nacional de Salud.

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del pleno del Consejo
Interterritorial, el grupo de trabajo en el cual están representadas
todas las Comunidades Autónomas y las cuatro agencias de evaluación de
tecnología españolas --la estatal, y las de Cataluña, País Vasco y
Andalucía--, celebró su sesión constitutiva y primera reunión de trabajo
el 4 de abril de este año. Posteriormente ha tenido otra reunión el día
12 de junio y está prevista una próxima el día 25 de este mismo mes.

También estamos formalizando un convenio entre el Instituto de Salud
Carlos III y la Subsecretaría del Departamento para que la Agencia de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en coordinación con las agencias
autonómicas, confeccione una ficha técnica de cada una de las tecnologías
de listado que recoja de forma sintética y objetiva el grado de
conocimiento acerca de la materia, de modo que facilite la priorización
de su evaluación. De esta forma se podrá disponer de información que
permita una más adecuada toma de decisiones sobre su inclusión, o no, en
la financiación pública.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Delgado.




La señora DELGADO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero decirle simplemente al señor Ministro que nos satisface su
respuesta, que pone de manifiesto una vez más la sensibilidad de su
Ministerio en un tema de tanto interés como éste. Nos satisface en dos
aspectos: en primer lugar, porque con las medidas que usted nos ha
expuesto garantiza la seguridad del paciente y, en segundo lugar, porque
va a permitir y favorecer la optimización de los recursos técnicos y
económicos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.




--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI PUEDE EL GOBIERNO INFORMAR A LA CAMARA ACERCA DE EN CUALES DE
LOS HECHOS CALIFICADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL COMO DE
EXTRAORDINARIA



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GRAVEDAD VA A PRESTAR SU COLABORACION PARA QUE PUEDA ESCLARECERLOS LA
JUSTICIA. (680/000308.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan José Laborda Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si puede el Gobierno informar a la Cámara
acerca de en cuáles de los hechos calificados por el Consejo General del
Poder Judicial como de extraordinaria gravedad va a prestar su
colaboración para que pueda esclarecerlos la justicia.

Tiene la palabra el Senador Laborda.




El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

La señora Ministra sabe perfectamente de qué estamos hablando. El 5 de
este mes el Consejo General del Poder Judicial trasladó al Ministerio
Público, al Fiscal General del Estado, el auto del Juez Garzón donde
había hechos calificados de extraordinaria gravedad en el comunicado del
Consejo General del Poder Judicial, referidos a actuaciones del Juez
Gómez de Liaño.

Señora Ministra, yo le quiero preguntar directamente, ¿cómo va a
colaborar el Gobierno con la justicia, a través del Ministerio de
Justicia, porque se sabe perfectamente que el Gobierno tiene un
instrumento muy importante, que es el Fiscal General del Estado, al que
el Consejo se ha dirigido para esclarecer esos hechos, que yo creo que no
tienen precedentes, desde el punto de vista de la gravedad de las
imputaciones, en toda nuestra historia judicial desde la aprobación de la
Constitución, pero también creo que el Gobierno puede colaborar de otra
manera muy directamente con la justicia.

Señora Ministra, le hago esta pregunta porque cuando se le formuló al
Presidente del Gobierno una pregunta parecida sobre estos hechos,
inmediatamente después de que el Consejo General del Poder Judicial
pusiera en conocimiento del Fiscal General del Estado estas gravísimas
acusaciones, dijo que no contestaba a preguntas que consideraba
ridículas. Espero su contestación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda Martín.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.

Su señoría ha relatado cómo, efectivamente, el día 5 de septiembre, la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió
remitir al Fiscal General del Estado, por si estimase oportuno ejercer
alguna acción penal, no solamente el auto del señor Garzón, sino también
el escrito motivador de la reunión de esa Comisión del Juez Gómez de
Liaño. Entendiendo el Consejo del Poder Judicial que excedían del ámbito
estrictamente disciplinario hizo la remisión al Fiscal General del Estado
y, como su señoría sabe, de entonces a acá, ha acontecido que el Fiscal
General del Estado formuló denuncia formal ante la Sala Segunda del
Tribunal Supremo en la que se incardinan hipotéticos delitos cometidos en
el curso de los autos.

En el día de ayer, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido a
trámite la denuncia, ha designado instructor de la causa a determinado
magistrado, y el Gobierno, como no puede ser de otra forma, siempre que
sea requerida su colaboración con la justicia para el mayor
esclarecimiento de los hechos, cumplirá, como hasta ahora ha hecho
escrupulosamente, el artículo 118 de la Constitución.

Si lo que su señoría pretende es que le adelante en qué se va a colaborar
y en qué no, le diré que ése no es el espíritu de este Gobierno; este
Gobierno lo que quiere es colaborar con la justicia y no predeterminar en
qué le interesa o no la colaboración.

Muchas gracias, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.

Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.




El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Ministra.

Yo también, con toda la prudencia y el respeto que este asunto y la
justicia me merecen, quiero hacer a su señoría algunas consideraciones
para que las tenga en cuenta, porque calculo que no va a ser la última
vez que tenga que responder ante estas Cámaras sobre esta materia.

Lo primero que salta a la vista es que mientras el Consejo General del
Poder Judicial sustanció esta cuestión en horas, después de conocido el
auto del magistrado señor Garzón, el Fiscal General del Estado ha
trasladado a la opinión pública la imagen de una parsimonia, de un
desinterés por esta materia, que se ha puesto de manifiesto por el hecho
inverosímil de que pidiera al Consejo la certificación respecto del auto
del magistrado de la Audiencia Nacional; podía haberse interesado
directamente por el fiscal de la Audiencia Nacional.

Sorprende un tanto que, ante la gravedad de estos hechos, el Fiscal
General del Estado no haya sido instado por el Gobierno, y el Gobierno lo
puede hacer en virtud del artículo 8 de la Ley del Ministerio Fiscal e
inspirándose en el artículo primero de esta norma legal que configura el
Ministerio Fiscal en nuestro país, porque éste tiene, entre otras
misiones, según nuestra ley, velar por la independencia de los
tribunales. Contrasta, por tanto, que se haya presentado meramente una
denuncia. No se ha presentado una querella, y yo creo que hay materia
suficiente para redactarla o, al menos, se podían haber hecho algunas
imputaciones concretas. Esto contrasta con la celeridad con la que el
Gobierno, en sentido contrario a estas cuestiones, removió al Fiscal Jefe
de la Audiencia Nacional; removió posteriormente --y se lo dije en otro
Pleno--, cesándolo como si fuera un Gobernador Civil, al anterior Fiscal
General del Estado, y con el activismo con el que su Ministerio o el
Gobierno ha nombrado a un Fiscal de la Audiencia Nacional incurso en
procedimientos disciplinarios. Todo esto contrasta, además, con el hecho
de que este Gobierno ha actuado en estas Cámaras con



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mayoría y con el «Boletín Oficial del Estado» interfiriendo en cuestiones
que aparecen en esa conspiración que el magistrado de la Audiencia
Nacional ha puesto de relieve. Salta a la vista el contraste entre la
poca actuación del Gobierno y del nuevo Fiscal General del Estado y las
intervenciones de Telefónica en medios de comunicación y, en fin, todo
esto, que no tengo tiempo para poder relatar ante sus señorías, pero que
escandaliza bastante a la opinión pública.

Por último, cuando hablé de la respuesta del señor Presidente del
Gobierno, me refería a por qué el Gobierno no colabora con la justicia
diciendo de una vez quién fue el Secretario de Estado que redactó el
informe con el cual se ha perseguido a unos empresarios y a unas empresas
en un contexto, que aparece en ese auto, que tiene una cierta
verosimilitud de persecución.

Señora Ministra, ésta es la pregunta que le queríamos hacer, y me parece
que tarde o temprano el Gobierno y su señoría tendrán que responder ante
estas Cámaras y ante la opinión pública, sobre el contraste existente
entre la pasividad con la que actúa en determinadas materias y la
celeridad con la que lo hace, en defensa de intereses privados o
políticos próximos al Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda Martín.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, le agradezco profundamente las consideraciones de política
general que ha tenido a bien hacer a la Cámara, y a mí en particular, al
hilo de una pregunta que no tenía nada que ver con la réplica que ha
hecho a mi primera contestación.

Su señoría critica el que en muy pocas horas el Consejo se pronuncie, su
señoría critica que el Fiscal se haya tomado excesivo tiempo. Señoría yo
no sé a lo que llama usted excesivo tiempo, pero estamos hablando de que
está presentada la denuncia formal con razonamientos jurídicos contenidos
en el escrito por el Fiscal General del Estado. ¿Que a usted no le gusta?
Lo compendo, señoría, porque de la última parte de su exposición parece
desprenderse que es usted más parte que observador de lo que está
ocurriendo. Es por ello que pretende enredar al Gobierno para que sea
también parte, y el Gobierno no es parte de ningún procedimiento
judicial.

El Gobierno --como ya he dicho-- va a aportar toda la colaboración que
sea requerida por los juzgados y tribunales y, en su momento, cada
pregunta o cada requerimiento efectuado será contestado en la forma que
la Constitución establece. No me enrede en cuestiones procesales que sólo
a ustedes atañen, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.

--PREGUNTA DE DON MANUEL PRADO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE SI ENTIENDE EL GOBIERNO QUE PARA EL PROXIMO CURSO
ACADEMICO 1997/98 VA A PRODUCIRSE ALGUNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO. (680/000315.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Prado López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si entiende el Gobierno que
para el próximo curso académico 1997/98 va a producirse alguna mejora en
la calidad de la enseñanza del sistema educativo público.

Tiene la palabra el Senador Prado López.




El señor PRADO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, hace años el Parlamento aprobó, con los votos en contra
del Partido Popular, la Logse sin tener prevista la financiación adecuada
para proceder a su correcta aplicación y sin tener en cuenta los graves
problemas que dicha aplicación iba a ocasionar en el medio rural. Añádase
a ello el fracaso del Gobierno anterior en la formación permanente del
profesorado, los cambios habidos en las asignaturas y en los contenidos,
tanto de la ESO como del Bachillerato y las dificultades habidas en la
aplicación de la ESO. Todo esto ha traído consigo que el gran objetivo
pendiente del sistema educativo español siga siendo la calidad, cuando la
mejora de la calidad educativa, además de un derecho individual, es
estrictamente necesario para la competencia y no supone, bajo ningún
concepto, gasto alguno.

España tiene que competir con los países de su entorno, tiene que
competir con los países de su nivel, y en esa batalla, la mejora de la
calidad educativa es la clave. Precisamente el camino de la mejora de la
calidad educativa es el que ha emprendido su Ministerio. En base a ello
le formulo la siguiente pregunta: ¿Entiende el Gobierno que para el
próximo curso académico 1997/98, que en este mes se inicia, va a
producirse algún tipo de mejora en la calidad de la enseñanza que brinda
el sistema educativo público?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prado López.

Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.

Como sabe su señoría, la meta principal del Ministerio de Educación y
Cultura es la mejora de la calidad de la enseñanza que se ofrece a los
ciudadanos en el sistema escolar público. Precisamente, el 65 por ciento
de los alumnos de la obligatoria y el 75 por ciento de los alumnos de la
post-obligatoria están escolarizados en centros públicos



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dentro del ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura. Por
eso, en este año de 1997 el Ministerio inició un plan de inversiones que
dedica más de 35.000 millones a la construcción y a la mejora de centros
educativos públicos.

Para este curso tendremos 65 centros nuevos, 23 colegios de primaria y 39
institutos. Esta misma mañana tendré el honor de inaugurar uno de ellos
aquí, en Madrid, y hace unos días inauguré otro en Santa María de Cayón,
en Santander. Además, hemos iniciado las obras en este año de 1997 para
construir otros 56 centros nuevos que se abrirán en el próximo curso, es
decir, para el curso 1998/99, y esto supone 60.000 plazas nuevas en la
enseñanza pública.

Además, señoría, el Presidente del Gobierno ha anunciado que para el
próximo año habrá un incremento sustancial, yo me atrevería a decir que
un incremento histórico, el más importante de los últimos años, de un 6
por ciento, dedicado a mejorar la educación de los niños españoles. Se
van a abrir nuevas aulas de educación infantil para completar hasta el
100 por cien la escolarización del segundo ciclo; en educación primaria
se contratarán, pese a la disminución de alumnado que por efecto de la
demografía va a tener lugar, más de 500 profesores especialistas de
música, de educación física y de idiomas, de inglés especialmente, y se
va a tener una atención muy especial al medio rural en esta materia.

Además de los centros nuevos que se van a construir, se van a equipar de
nuevo 270 ya existentes, y se van a preparar 2.000 aulas nuevas, para
entrar en funcionamiento en este curso, de tecnología, de música y de
plástica, nuevos gimnasios y nuevos laboratorios de idiomas, de física,
de química y de ciencias, y ello, como le digo, a pesar de una
disminución de más de 70.000 alumnos en este curso.

En cuanto a la educación secundaria, en la parte de la obligatoria, pese
a la disminución del alumnado, aumentan los profesores. Hay 958
profesores nuevos que van a comenzar en este curso, pese a que hay 41.000
alumnos menos. Hay 178 nuevos departamentos de orientación pedagógica, 78
nuevos psicólogos y 118 profesores de apoyo.

Pero, señoría, además de los medios, además del incremento de la calidad
media en medios, que siempre hemos dicho que no es el único indicador,
pero que sí es un indicador importante, también hemos querido atender a
aquellos alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ya sea por
discapacidades física o psíquicas o por una situación de desventaja
cultural o social. Este ámbito de acrecentamiento de la equidad en la
educación ha constituido un ámbito preferente de actuación, y por eso
tenemos 279 maestros más en educación especial, 190 trabajadores sociales
que nos van a permitir incrementar en más de un 26 por ciento las
actuaciones en educación compensatoria, especialmente para los más
desfavorecidos.

Anuncio a su señoría que en estos días vamos a comenzar también un plan
de compensación educativa especial en los distritos del sur y del este de
Madrid, que se firmará con el Ayuntamiento y con la Comunidad Autónoma.

En las zonas rurales, que constituyen uno de los ámbitos preferentes de
actuación del Ministerio, porque queremos hacer compatible la calidad de
vida de las zonas rurales con la calidad de la enseñanza, se pone en
marcha en estos días, en la provincia de Teruel, el proyecto piloto
llamado Aldea Digital, cuya finalidad es situar a la España rural en la
vanguardia de lo que va a ser el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la educación, adaptadas a las finalidades educativas. La
educación no puede seguir permaneciendo al margen de las nuevas
tecnologías, y verdaderamente el campo que se abre ante nosotros, sobre
todo en los pueblos situados en los lugares más recónditos de España,
conectados a través de las nuevas tecnologías con los centros científicos
más importantes del mundo, es un salto histórico que, una vez que este
proyecto piloto comience en Teruel, se va a extender a todas las zonas
rurales de España para, como le decía, hacer compatible el objetivo de
mejora de la calidad de la enseñanza con la calidad de vida de las zonas
rurales y evitar los largos desplazamientos que muchos niños tienen que
hacer.

Además, hemos puesto en marcha, señoría, el plan de gestión de calidad,
un plan anual de mejora en los centros públicos, aplicando los principios
de la nueva gestión pública al ámbito de los centros docentes.

Pero, como antes le decía, señoría, no sólo vamos a medir la calidad de
la educación a través de los medios, sino que también queremos medir los
resultados, lo que los alumnos aprenden, cuánto están aprendiendo
nuestros hijos de lo que se les enseña y, por eso, los resultados de la
evaluación del sistema educativo nos van a permitir identificar nuestros
puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y por ello estableceremos las
áreas de mejora en las que tenemos que centrar las políticas reformadoras
para el próximo curso.

La formación profesional es otro de los objetivos. Lo ha dicho muy bien
su señoría: es imprescindible que nos adaptemos a los nuevos objetivos de
empleo.

Termino ya, señor Presidente, manifestando que este incremento
presupuestarios superior al 6 por ciento nos otorga una garantía más que
suficiente de que la prioridad absoluta del Gobierno en materia educativa
es una realidad y, por tanto, utilizando la terminología de la Logse que
tan cara les es a algunas de sus señorías, diré que yo creo que la
educación pública en España progresa adecuadamente, o, expresado de otro
modo, también podríamos decir que España va bien.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Senador Prado López.




El señor PRADO LOPEZ: Gracias.

Unicamente deseo agradecer a la señora Ministra su explicación y animar
al Gobierno a proseguir en ese camino de la mejora educativa.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prado López.




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--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE SI CONOCE EL GOBIERNO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN EL
FALLECIMIENTO DEL INSUMISO ENRIQUE MUR ZUBIUAGA EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ZARAGOZA. (680/000311.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre si conoce el Gobierno las circunstancias
que rodean el fallecimiento del insumiso Enrique Mur Zubiuaga en el
establecimiento penitenciario de Zaragoza.

Tiene la palabra su señoría.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, desearía conocer, en la medida en que el Ministerio lo
haya investigado o lo conozca, las circunstancias en que se produjo, el
pasado día 2 de septiembre, la muerte del joven que cumplía condena por
insumisión, Enrique Mur Zubiuaga, que se hallaba en el tercer grado
penitenciario y que murió poco después de haber pasado un día
absolutamente normal en su trabajo, e incluso mientras estaba viendo un
partido en televisión después de reintegrarse al establecimiento
penitenciario.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta y Piedra.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
el Gobierno conoce determinadas circunstancias y, desde luego, todas las
que dependen de Instituciones Penitenciarias están a su disposición para
que podamos intercambiar posiciones al respecto. Pero se está pendiente
--estoy seguro de que usted también lo sabe-- de algo tan esencial como
son las conclusiones de la autopsia, y en estos momentos no se dispone de
ellas, tal y como nos lo acaba de notificar el Juzgado de Instrucción
número 7 de Zaragoza, a requerimiento de Instituciones Penitenciarias.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias.

Gracias, señor Ministro. Esperaba que me diese alguna explicación más
amplia en cuanto a los tiempos que transcurren desde que se tiene
conocimiento de que este recluso se encuentra mal hasta el momento en que
es trasladado al Hospital Miguel Servet y se certifica su defunción.

Parece, o al menos hay ciertas dudas respecto a esto en el entorno de los
insumisos e incluso en otro más amplio, que el médico del establecimiento
no acudió a socorrer a este insumiso con la rapidez necesaria y que, con
posterioridad, se perdió cierto tiempo hasta que se le prestó la ayuda
que precisaba. No obstante, sé que, efectivamente, no se saben todavía
los resultados de la autopsia, por eso agradeceré al señor Ministro que,
cuando tenga más información, me la facilite para poder conocerla.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
como usted bien ha señalado, Enrique Mur se encontraba ingresado en el
centro penitenciario de Zaragoza desde el 19 de julio de 1997. Hubo una
clasificación en tercer grado, y se le destinó a la sección abierta del
establecimiento. El 1.º de septiembre, como usted bien ha dicho, Enrique
Mur regresó al centro penitenciario con un comportamiento absolutamente
normal, sin que fuera observado ningún tipo de anomalía o irregularidad.

Sobre las dos y diez de la madrugada, el funcionario de servicio de la
sección abierta tuvo conocimiento de que Enrique Mur se encontraba en la
habitación número uno con vómitos y convulsiones. Pocos minutos después,
el Jefe de Servicios ordena llamar al médico de guardia, y hay ya una
primera conclusión: el aviso al médico de guardia fue inmediato. A las
dos horas y treinta y cinco minutos, el médico de guardia se pone en
contacto con el Jefe de Servicio del centro y éste le comunica que se ha
solicitado una ambulancia con UVI para un posible traslado urgente al
hospital. Sobre las dos horas y cincuenta minutos, el médico de guardia
llega al centro y trata de reanimar al interno mediante masaje cardíaco,
y hay una segunda conclusión: el médico de guardia se presentó en el
centro cuando habían transcurrido treinta minutos desde la llamada
telefónica, que viene a significar un horario y un espacio normal dentro
de lo que supone una atención de estas características, no sólo en
centros penitenciarios, sino en cualquier otro centro.

Por último, ante ciertas dificultades para conseguir su reanimación, se
dispuso el traslado al Hospital Miguel Servet del interno a las tres
horas y diez minutos, es decir, una hora después de que se observasen las
anomalías en Enrique Mur.

Quiero decirle, señoría, que se ha abierto una investigación
administrativa y, obviamente, está abierta una investigación judicial;
que nosotros hemos solicitado al Juez de Instrucción número 7 de Zaragoza
que nos informara sobre los resultados de la autopsia y estamos
pendientes de ella para conocer definitivamente las razones por las que
murió Enrique Mur. Pero quiero ponerle de manifiesto que dentro de la
reserva que hasta el momento nosotros tenemos que establecer en función
del desconocimiento de la autopsia en esta investigación inicial
administrativa en la que estamos no parecen derivarse ningún tipo de
responsabilidades de funcionarios de los centros y, por el contrario,
quiero decir, y con satisfacción en esta Cámara, que una vez más actuaron
con una profesionalidad y una ejemplaridad indudable.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




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--DE DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR
QUE SE REPITAN SITUACIONES TAN TRAGICAS COMO LAS ACAECIDAS DURANTE LAS
OPERACIONES DE RESCATE DE LA TRIPULACION DEL PALANGRERO «REY ALVAREZ II».

(680/000305.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alberto González Príncipe, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno
para impedir que se repitan situaciones como las acaecidas durante las
operaciones de rescate de la tripulación del palangrero «Rey Alvarez II».

Tiene la palabra el Senador González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta es una pregunta que los socialistas no hubiéramos querido plantear
nunca, pero nos vemos obligados a traer a esta Cámara la preocupación de
las familias y de los trabajadores del mar, porque --como usted sabe
bien, señor Ministro-- tardaron dos días exactamente en dar una
explicación de por qué dos marineros no pueden estar hoy entre nosotros.

Y los socialistas quisiéramos saber si el Gobierno a día de hoy ha
adoptado las medidas y qué medidas para evitar esa angustia y esa
intranquilidad para las más de 40.000 familias de los trabajadores del
mar de nuestro país que en algún momento pueden utilizar los servicios
públicos destinados al rescate de los náufragos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, nada más conocerse el trágico accidente, el Ministerio de
Fomento ordenó, como es lógico, la instrucción de un expediente
informativo y la constitución de una comisión técnica de investigación,
presidida por el capitán marítimo de La Coruña.

La grúa, que fue objeto de una avería, está en estos momentos intervenida
por el juzgado, que ha declarado el secreto del sumario y, por
consiguiente, hay una limitación a la investigación técnica. Los datos de
hecho que yo le puedo proporcionar en estos momentos son que el
helicóptero había pasado una revisión mayor programada, de acuerdo con
las normas de aviación civil, en julio de 1997. Por tanto, se encontraba
al corriente de todas las revisiones que exige la legislación de aviación
civil. Por su parte, la grúa averiada había sido instalada nueva el 16 de
agosto pasado y había efectuado 130 ciclos de funcionamiento. Las
revisiones preceptivas de estas grúas se realizan a los 3.000 ciclos.

En cuanto al futuro inmediato, señoría, a finales del presente año se
presentará un nuevo plan nacional de salvamento marítimo, en el que se
prevé una sustancial mejora en medios materiales y humanos, con
dedicación exclusiva en todo lo que afecta a las actividades del
salvamento marítimo. En este plan hay una especial atención a una
política de prevención en seguridad marítima y se va a hacer un gran
esfuerzo en formación, que es uno de los aspectos más importantes para
que, con carácter preventivo y en la medida de lo posible, se puedan
evitar estos accidentes, estos trágicos accidentes, señoría, que todos
lamentamos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Señor Ministro, con independencia de que haya una investigación judicial
y de que las familias de los fallecidos hayan adoptado las medidas que
hayan considerado más oportunas para defender sus intereses, los
socialistas hubiéramos querido que usted hoy aquí nos tranquilizara,
hubiéramos querido escuchar compromisos claros de que no se van a volver
a repetir situaciones tan lamentables como las que, desgraciadamente,
tuvo que vivir la tripulación del palangrero «Rey Alvarez II».

Porque, señor Ministro, yo no sé si usted sabe que las versiones que han
dado las instituciones oficiales, tanto la Sociedad de Salvamento
Marítimo como algún responsable político dependiente de usted, no
coinciden con las versiones que han dado los compañeros de los fallecidos
y nos hubiera gustado que usted, como responsable político hoy aquí, nos
hubiera dado alguna garantía de que las cosas van a mejorar. Es más,
señor Ministro, es muy poco prudente que algún responsable de su
Ministerio un mes antes en Galicia nos dijera que ustedes iban a reducir
el dispositivo de salvamento. Me parece que ése no es el método ni el
sistema para tranquilizar a los 40.000 trabajadores del mar que dependen
de esos servicios.

En esa dirección, señor Ministro, nosotros quisiéramos tener hoy aquí
compromisos claros de que tales hechos no se van a repetir y de que se
van a depurar responsabilidades hasta el final.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Príncipe.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, siempre que ocurre un accidente hay versiones distintas y a
veces en algunos puntos contradictorias. Eso es inevitable. Se trata,
señoría, de un accidente, de un trágico accidente y haremos todo lo
posible porque no se vuelva a repetir. Lo que le puedo decir es que todas
las garantías técnicas y humanas que puede ofrecer la Organización
Española de Salvamento Marítimo están a la altura de



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las mejores del mundo y en el caso concreto que nos ocupa le puedo
manifestar que el comandante del helicóptero tiene 3.800 horas de vuelo,
con 724 operaciones de grúa y más de 1.000 misiones de salvamento. El
gruista ha llevado a cabo más de 100 operaciones de grúa y tiene más de
300 horas de vuelo. Los dos rescatadores han participado en más de 500
operaciones de grúa, con 1.700 horas de vuelo respectivamente. El
comportamiento de todos los protagonistas en esta operación de rescate,
señoría, ha sido correcto y prueba de ello es que en este accidente
salvaron vidas humanas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.




--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI COMPARTE EL GOBIERNO LA DISTINCION HECHA POR UN SENADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR DURANTE EL DEBATE DE UNA INTERPELACION EN LA ULTIMA
SESION PLENARIA DE ESTA CAMARA RESPECTO A LA DISTINCION EN EL INTERES
PUBLICO ENTRE RICOS Y NO TAN RICOS. (682/000307.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno la distinción
hecha por un Senador del Grupo Parlamentario Popular durante el debate de
una interpelación en la última sesión plenaria de esta Cámara respecto a
la distinción en el interés público entre ricos y pobres.

Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, entre ricos y menos ricos, para
ser textuales.

Señor Ministro, no pretendo alargar la discusión sobre la construcción o
no de autopistas de peaje, sino explícitamente sobre el asunto que se ha
formulado y que está suficientemente claro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.

Efectivamente, ha habido un error. Es entre ricos y menos ricos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señorías, a la vista de una pregunta de esta naturaleza, el
Gobierno lo único que puede lamentar es que su señoría carezca de sentido
del humor.

Muchas gracias, señor Presidente. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Popular: ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.

Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: La verdad es que me esperaba una respuesta así.

(Rumores.) Es decir, la única salida que ha tenido el señor Ministro ha
sido la descalificación de la pregunta.

Durante el Pleno pasado se realizó esta afirmación, pero, además, leyendo
toda la intervención es la única justificación que hizo el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular para justificar las autopistas de peaje. Para
nosotros no es una tontería, y déjenos la libertad, déjenosla, de escoger
nosotros las preguntas que hacemos. Para nosotros no es una tontería,
señor Ministro. Para nosotros, que se diga en esta Cámara que con una
actuación, sea cual sea, sea en educación, en sanidad o en obras
públicas, se garantiza una primera calidad para los ricos y se eliminan
dificultades solamente para los menos ricos, representa una mentalidad
muy peligrosa. Para nosotros. Y aunque usted, señor Ministro, en temas
digitales ha dado muestras de autoritarismo, respétenos la libertad de
escoger nosotros las preguntas que queremos hacer. Porque no es sólo
esto.

Esta semana se han producido las manifestaciones de un Senador del Grupo
Parlamentario Popular sobre los inmigrantes; manifestaciones que nosotros
consideramos racistas. Hemos vivido la experiencia de ayuntamientos
gobernados por su partido que han quitado a los mendigos de las calles.

No son actuaciones aisladas. Y si toda la respuesta que da el Gobierno,
que ha dado hasta ahora, es tomárselo a guasa y pedirnos sentido del
humor, señor Ministro, tengo que decirle que no compartimos su sentido
del humor. Decididamente, no. Y le pedimos que en la réplica, si es
posible, conteste a nuestra petición. De lo contrario, yo entenderé que
su Gobierno actúa con una distinción clara entre los intereses de los
ricos y los intereses de los menos ricos.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.

Señor Ministro de Fomento, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, el respeto que tengo por su señoría es pleno y
respeto también plenamente su libertad de expresión, y lo único que pido
es que usted respete la libertad de expresión del Gobierno. Y desde esa
perspectiva, el Gobierno lamenta que usted no tenga sentido del humor.

Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores y protestas.--Aplausos desde
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE DON MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA,



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SOBRE LAS RAZONES QUE EXPLICAN LA FALTA DE ACTIVIDAD EN LAS OBRAS DE LA
AUTOVIA A SU PASO POR PIEDRAFITA DO CEBREIRO (LUGO). (680/000309.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Guillermo Varela Flores, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que explican la falta
de actividad en las obras de la autovía a su paso por Piedrafita do
Cebreiro, en Lugo.

Senador Varela Flores, tiene su señoría la palabra.




El señor VARELA FLORES: Señor Ministro, hace unas semanas el señor Fraga
y usted mismo se atribuyeron el éxito de poner en marcha los tramos de la
autovía del Noroeste que, a través de los municipios de Becerreá, As
Nogais y Piedrafita, culminan su trazado en la provincia de Lugo. Como
después de esa sesión inaugural en que dos palas desbrozaron unos metros
de monte, la ausencia de toda actividad en más de mes y medio de tiempo
pone de manifiesto que no existe indicio alguno de las obras, le pregunto
por la causa de este retraso.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela Flores.

El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, para hacer la afirmación que su señoría hace, tendría que haber
recorrido previamente los 70 kilómetros que va a comprender el trazado de
la nueva autovía por el puerto de Piedrafita. No es cierto que se hayan
paralizado las obras y no es cierto que no haya actividad alguna. La
mayoría de los trabajos señalados, propios de una obra de estas
características, no implican un despliegue de maquinaria ni suponen la
posibilidad de inversión inicial de una gran cantidad económica.

Yo le puedo decir a su señoría que las obras, entendiendo por tales un
concepto amplio al que ahora me referiré, se han iniciado el 30 de julio
y en ningún momento se han paralizado, y existe maquinaria a lo largo de
los cinco tramos que están previstos para atravesar el puerto de
Piedrafita. Se están realizando el despeje y desbroce, y en alguno de los
tramos hay más de 100.000 metros cuadrados de desbroce; se están
construyendo caminos a lo largo de la dificultosa traza para poder
acceder a los distintos tajos, así como a las pilas de estructuras, y,
por otra parte, en obras tan complicadas, el ritmo de replanteo y
fijación de bordes de expropiación y operación de fincas hace que el
comienzo de las obras, en sentido estricto, ahora tenga que ser
necesariamente lento. Es una obra, señoría, de un alto coste; es una obra
técnicamente compleja, y las labores previas a la iniciación de una obra,
ahora sí en sentido estricto, implican una serie de actividades que se
están realizando y que son imprescindibles.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Senador Varela Flores, tiene la palabra.




El señor VARELA FLORES: Usted dice que no es cierto lo que acabo de
afirmar, y yo le digo que sí. Vaya usted de nuevo por allí y verá cómo no
están las máquinas trabajando desde hace más de un mes. Pero no lo digo
yo solo; lo dicen, además, los tres alcaldes de estos municipios
afectados. Y no son todos alcaldes socialistas, porque el alcalde de
Becerreá dice claramente que no se va a meter de momento a trabajar, pues
únicamente contrataron a dos muchachos de la zona con sus palas para
hacer este desbroce. El mismo afirma que no hay «cuartos» para hacer este
trabajo y que, por tanto, la iniciación real de las obras puede tardar
muchos años.

Desde luego, la prensa gallega se viene haciendo eco todas las semanas de
esta situación, y supone un escándalo para los gallegos. Supone un
escándalo porque el señor Fraga se viene atribuyendo, con todo descaro,
la realización de las autovías de Galicia desde el mismo momento en que
el Gobierno socialista adoptó el acuerdo de llevarlas a cabo. Ha
inaugurado sin ningún rubor tramos de autovía que ya habían sido abiertos
al tráfico. No pasa nada. A nosotros allí nos tiene acostumbrados a
inauguraciones solemnes de instalaciones que llevan varios años de
funcionamiento, después de haberles dado una mano de pintura, porque lo
importante para él en estos momentos de campaña electoral es recorrer
todos los pueblos y cortar una cinta inaugural.

Pero que usted, desde aquí, contribuya también a esta tomadura de pelo
que supone para todos los gallegos no nos parece correcto. Usted tiene
que decirnos de dónde saca la consignación presupuestaria para acometer
en estos meses unas obras, porque se ha alquilado maquinaria de la zona.

No está ninguna empresa trabajando en estos momentos allí, no está la
empresa adjudicataria de la realización de las obras. Se contrató, como
dice el alcalde del Partido Popular de Becerreá, a unos muchachos de la
zona para hacer este desbroce, pero las obras no van a continuar adelante
en muchos meses.

Yo quisiera que usted aprovechara esta oportunidad para disculparse ante
un pueblo que está cansado de estas tomaduras de pelo, porque esto es un
insulto a nuestra inteligencia.

Muchas gracias. (Un señor Senador: ¡Muy bien.--Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela Flores.

Señor Ministro de Fomento, tiene su señoría la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, lo que
es una tomadura de pelo y lo que es un insulto al pueblo gallego es que
después de catorce años de Gobierno socialista, las autovías a Galicia no
estén concluidas. Eso sí que es un escándalo. (Fuertes rumores.--Aplausos
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



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Este Gobierno va a concluir las autovías gallegas y ha sacado a
licitación todos los tramos, y actualmente se encuentra en ejecución la
totalidad de los tramos pendientes. Pero, señoría, hay unos
planteamientos técnicos, en lo que afecta al puerto de Piedrafita, que
usted debería conocer, y no debería traer esta pregunta aquí en los
términos en que la ha traído usted para meterse con el Presidente de la
Xunta de Galicia. Eso está absolutamente fuera de lugar en relación con
esta pregunta.

Lo que hay que hacer para empezar lo que usted llama obras es lo
siguiente: identificación de parcelas, linderos y límites de
expropiación; servicios afectados por las obras, eléctricos, telefónicos,
telegráficos y petición de su modificación a los distintos organismos;
búsqueda e identificación de servicios de regadíos y abastecimientos a
particulares que también se vean afectados por las obras; identificación
y comprobación de los distintos materiales y localización de canteras;
replanteos previos del proyecto, comprobación de su coincidencia con el
terreno; obtención de perfiles transversales y longitudinales para el
abono del movimiento de tierras al contratista; montaje de oficinas de
obra; desbroce de la traza; localización y preparación de accesos a los
distintos tajos del movimiento de tierras y a las estructuras y túneles;
ubicación de instalaciones, hormigones, machaqueo y ferralla; preparación
de obras de afección, desvíos y canalización a cauce de ríos para la
ejecución de las estructuras.

Como usted comprenderá, señoría, recién licitadas las obras se están
realizando todas estas actividades preliminares para poder empezar a
ejecutar, en sentido estricto y físico, las que usted refiere. De ahí no
se puede deducir ninguna paralización; lo único que se deduce, señoría,
es su ignorancia en lo que supone la ejecución de una obra de esta
naturaleza.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE DON JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PONER EN
MARCHA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA FRENAR EL
INCREMENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (680/000306.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Rodríguez de la Borbolla
Camoyán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene
previsto poner en marcha el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
frenar el incremento de la siniestralidad laboral.

Tiene la palabra, señor Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, no hay excusas a la subida de accidentes laborales. Ha
sido una frase expresada por el señor Ministro de Trabajo, y es verdad.

No hay excusas porque en el primer semestre de 1997 la siniestralidad ha
subido un 6,7 por ciento y la mortalidad un 7,7 por ciento, incrementos
mucho mayores que los producidos en el PIB y en la población activa;
incrementos notables que se han producido también al mismo tiempo que se
produce un decremento de la precariedad laboral. No hay excusas por
tanto; hay que buscar las causas, y las causas, desde nuestro punto de
vista, son fundamentalmente que no se cumple la normativa de prevención
de riesgos laborales.

Ante esta realidad, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio en
el inmediato futuro?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez de la Borbolla.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como ha dicho el Senador, no hay que buscar excusas sino
que hay que tomar medidas, y yo anticipo que, como hemos venido haciendo
hasta ahora, las tomaremos de común acuerdo con las organizaciones
sindicales y empresariales.

En el último año se ha hecho un extraordinario esfuerzo normativo que ha
supuesto la transposición de diez directivas comunitarias; la aprobación
del Reglamento de Prevención y la constitución de la Comisión Nacional de
Seguridad e Higiene, de la que forman parte sindicatos, empresarios y las
Comunidades Autónomas, pero hace falta seguir adelante en torno a una
nueva cultura preventiva asumida por todos.

Quiero decirles que hay preparado un bloque de medidas, en estudio en
este momento, que pretenden, en primer lugar, un incremento de las
sanciones ante los incumplimientos de la normativa de prevención de
riesgos laborales; aumentar la actuación de la Inspección de Trabajo en
esta materia; la posibilidad de reducir cuotas y bonificar las
cotizaciones a aquellas empresas con buenos resultados en la prevención
de riesgos laborales; un plan de choque hacia los sectores en que más
está creciendo la siniestralidad; una campaña de concienciación con
sindicatos, empresarios y mutuas --recordará usted que desde aquella que
decía: «Trabaje, pero seguro», no se ha hecho ninguna otra-- y,
finalmente, como usted bien ha dicho, estamos batallando contra la
siniestralidad a través del fomento del empleo indefinido.

En España, la tasa de siniestralidad en los contratos temporales es
exactamente el doble que en los contratos indefinidos. Esa referencia que
ha hecho no la puedo compartir, Senador, porque estamos hablando de unos
decretos que han empezado a entrar en vigor en el mes de mayo, cuando los
datos a que ha hecho referencia su señoría se refieren a enero/junio. En
consecuencia, yo espero que la batalla en beneficio de los contratos
indefinidos sea también en los próximos meses una batalla en contra, con
toda nitidez, de la siniestralidad laboral.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el proceso, la evolución de la economía española y la
evolución de la ocupación en España, así como el traspaso de contratos
que podemos llamar precarios a indefinidos no es algo que esté
apareciendo de la noche a la mañana, no es algo que esté apareciendo
desde mayo hacia acá. Es un proceso que se inició en el año 1994 y que se
ha ido desarrollando a partir de entonces.

No pretendan, en esto como en otras cosas, apuntarse para ustedes las
buenas tendencias del pasado y negar las que para ustedes son malas
tendencias del pasado. Estos datos de la siniestralidad son datos nuevos
que se producen en una situación nueva, contradictorios con una evolución
del mercado de trabajo, y que son datos de este período. Son sus datos;
son los datos de su Gobierno. No pertenecen a ninguna herencia histórica
ni a ninguna tendencia del pasado; son datos de este período, y para este
período hacen falta medidas.

Su señoría ha anunciado unas cuantas medidas que exceden --supongo que en
los últimos días se habrán puesto a trabajar seriamente en el
Ministerio-- de las que, en un principio, se habían anunciado y que
estaban centradas fundamentalmente en una campaña de concienciación. Es
necesario --y yo lo saludo-- que excedan la mera campaña de
concienciación. Es necesario un conjunto integral de medidas, y es
preciso --y espero que se consiga por el bien de todos-- que se acuerde
con todos los agentes sociales un plan de prevención, porque no parece
positivo para el país que, por las circunstancias que sean, una parte, en
concreto los empresarios, de la relación laboral piense que ahora tiene
más campo libre para hacer su santa voluntad, con desconocimiento de las
normas laborales. La concienciación, la prevención y la sanción tienen
que ir de la mano.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.

Yo le quiero proponer al señor Senador, con toda sinceridad, que en los
temas de siniestralidad laboral, si le parece, no hagamos nunca cuestión
de partido. Ha pronunciado una expresión que yo considero que no es
válida. Ha dicho: los datos de siniestralidad laboral son de su Gobierno.

A mí me parece que los datos de siniestralidad laboral de las etapas
anteriores no eran del Gobierno anterior; son los datos que se producen
en un momento determinado en la sociedad y con una evolución económica
determinada. Pero le vuelvo a decir que yo no busco excusas. Estoy
intentando buscar soluciones, y si tiene usted alguna idea nueva en esta
materia, si plantea una sola idea nueva --y me encantará darle la razón
al Senador del Grupo Socialista-- que suponga que haya un muerto menos en
accidente laboral que haya mayores beneficios en la prevención de riesgos
laborales, le garantizo que la estudiaremos en profundidad.

Lo que sí quiero decirle es que no cabe la autosatisfacción, aunque sí
hemos hecho muchas cosas. Hemos desarrollado el Reglamento General de
Prevención de Riesgos Laborales; hemos constituido una comisión nacional
con sindicatos, empresarios y Comunidades Autónomas; hemos firmado, como
sabe su señoría, un acuerdo del diálogo social emprendido el año pasado
sobre prevención de riesgos laborales; la actividad de la Inspección de
Trabajo en el primer trimestre se ha incrementado en el importe de las
sanciones en un 117 por ciento, y las actas de infracción lo han hecho en
un 62 por ciento; en consecuencia, no estamos quietos.

Le quiero decir también que hemos procedido a la transposición de diez
directivas comunitarias, y cuando me hice cargo del Ministerio de Trabajo
había la posibilidad de abrir un expediente desde la Unión Europea por la
no transposición de las directivas comunitarias --y no lo he dicho nunca
porque no me interesa en absoluto una batalla con tintes partidistas en
torno a la siniestralidad laboral.

¿Quiere usted que le reconozca que había muchos contratos indefinidos?
Cuando accedimos al Gobierno había un 35 por ciento de contratos
temporales en España --la tasa más alta, con mucha diferencia, de toda
Europa-- y es rigurosamente cierto que después del acuerdo entre
sindicatos y empresarios --no del Gobierno-- se ha producido un
incremento espectacular de los contratos indefinidos, y he dicho, y usted
lo compartirá conmigo, que cuantos más contratos indefinidos tengamos
menos siniestralidad se producirá, porque tenemos una tasa del cuarenta
y tantos por ciento de accidentes en contratos indefinidos, y del noventa
y dos en contratos temporales.

Por tanto, le quiero decir que estaremos unidos en este tema, y que
cualquier idea nueva que usted plantee en prevención de riesgos laborales
tiene el aplauso previo del Gobierno, y estoy convencido de que también
lo tiene, en este caso, del primer grupo de esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DE DON JUAN SANTAELLA PORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS NOVEDADES DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE EMPLEO QUE SE
ENCUENTRA EN ELABORACION POR EL GOBIERNO, RESPECTO AL DEL AÑO 1995.

(680/000317.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Santaella Porras, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las novedades del Programa
Plurianual de Empleo que se encuentra en elaboración por el Gobierno,
respecto al del año 1995.




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Tiene la palabra el Senador Santaella Porras.




El señor SANTAELLA PORRAS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en primer lugar quiero matizar el texto literal de la
pregunta, puesto que en ella se decía que se encontraba en elaboración el
Programa Plurianual de Empleo. Ya he visto, según los medios de
comunicación y por declaraciones de su Departamento, que no sólo está
elaborado sino que está presentado y aprobado en el Consejo de Gobierno.

Señor Ministro, la encuesta reciente que el CIS ha publicado, con un
estudio muy exhaustivo sobre «Trabajar: un problema y una razón», pone de
manifiesto que el paro sigue siendo en la sociedad española el tema que
más preocupa a los españoles, y sigue siéndolo por encima de otras
cuestiones como la inseguridad ciudadana, la droga o incluso el
terrorismo. Pero, refiriéndose en concreto al empleo, sigue manifestando
que lo que más preocupa es la dificultad de los jóvenes para acceder al
primer empleo, la incapacidad de la economía por generar diferentes
puestos de trabajo y la falta de estabilidad en el empleo. Además de todo
eso, se incluye jerárquicamente en cuarto lugar las dificultades de los
mayores de 45 años para conseguir puestos de trabajo.

Sé perfectamente que el Gobierno de la nación, y en concreto su
departamento, ha avanzado considerablemente en acelerar el crecimiento
del empleo y el acercamiento de este crecimiento con el Producto Interior
Bruto. Nos consta, y hay datos, que el empleo que se está creando ha
mejorado en calidad. Y, por último, también nos consta que está
permitiendo reducir la tasa de paro pese a que crece la tasa de actividad
a un ritmo superior a la población en edad de trabajar.

A pesar del instrumento que supone el Programa Plurianual de Empleo y las
modificaciones que en él se contienen, le preguntamos, señor Ministro,
cuáles son las modificaciones, cuál es la filosofía y hacia dónde se
avanza para conseguir los objetivos que se pretenden.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Santaella Porras.

Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.

Tal y como ha comentado su señoría, el Consejo de Ministros del pasado
viernes aprobó el Programa Plurianual del Reino de España. Este es un
programa que, por primera vez en este país, tiene unas características
muy especiales. La primera que yo destacaría es que el Programa
Plurianual no responde en absoluto a las competencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales exclusivamente, sino que responde a una
estrategia conjunta del Gobierno en torno al empleo.

También quiero insistir en que en toda la evaluación económica del
Programa se parte de presupuestos en los próximos años al servicio del
empleo. En este sentido, se han integrado en la elaboración del programa
nueve departamentos; anteriormente era un solo departamento el que se
ocupaba de este tema. En su día fueron remitidas las primeras
conclusiones a las organizaciones sindicales y a las Comunidades
Autónomas, y es nuestra intención que en las acciones de futuro del
Programa Plurianual, que se considera un programa abierto, se impliquen
todas las Administraciones.

Nos parece que en materia de empleo, que como decía el Senador es la
primera obsesión de los españoles --yo diría que más obsesión, aunque
justificada, que problema--, deben darse la mano todas las
Administraciones públicas del Estado, las Comunidades Autónomas y los
ámbitos locales para luchar contra el desempleo.

En ese Programa Plurianual se parte de una absoluta identidad con el
Programa de Convergencia, porque creemos que todo el esfuerzo de
reducción del déficit público, que está teniendo como consecuencia
reducción de tipos de interés y excepcionales comportamientos de la
inflación, es decir, todo lo que significa el Programa de Convergencia,
tiene una relación mimética con el programa de empleo. Son dos caras de
la misma moneda y, desde luego, el Gobierno no va a variar su política
económica, su política de empleo a raíz del Programa, porque creemos que
los resultados económicos y de creación de empleo del último año y medio
lo que hacen es confirmarnos que la dirección es la adecuada.

Se plantea un nuevo modelo de formación profesional, integrando el
sistema de formación reglada, formación ocupacional para los parados y
formación continua para los trabajadores con un nuevo sistema de
cualificaciones profesionales. Lo que pretendemos es que la formación
profesional esté perfectamente vinculada al mercado de trabajo y, en este
sentido, se hace un esfuerzo en el Programa planteando las nuevas
profesiones de futuro y planteando también lo que, a juicio del Gobierno,
pueden ser los nuevos yacimientos del empleo.

Toda la base de aplicación del Programa está en torno a la pequeña y
mediana empresa, que será objeto de diversos subprogramas tanto en
aspectos fiscales como en los de regulación laboral o los de
modernización turística en los ámbitos rurales, porque creemos que los
pequeños y medianos empresarios, que hoy desarrollan el 98 por ciento de
las empresas en España, son los llamados a la creación de empleo.

No asume el Gobierno un compromiso directo de creación de empleo desde el
ámbito público. Y no lo asume, señorías, porque cree que cuando se
producen esos compromisos, al final sólo se soportan con un incremento de
la presión fiscal u olvidándose del control del déficit público, y no hay
nada más negativo para el empleo, en la visión de este Gobierno, que un
incremento de los impuestos u olvidarse de lo que significa el control
del déficit público.

En ese sentido, quiero resaltar que cuando el Gobierno habla de una
previsión de creación de empleo para los próximos cuatro años de un
millón de empleos, el Gobierno parte de que la sociedad española es capaz
de crear ese millón de empleos, y que corresponde al Gobierno adoptar



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las políticas adecuadas para que se produzca confianza a fin de que
también la haya en lo que es la inversión y la creación de puestos de
trabajo.

Estas razones que les estoy aportando, junto con la elaboración de un
programa de apoyo a las organizaciones no gubernamentales, un programa de
apoyo a la economía social, que en España cada día tiene mayor potencia,
la aplicación de políticas activas específicas a parados mayores de 45
años, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres en sectores
subrepresentados, un bloque de apoyo a tres tipos de contratos: el empleo
indefinido, el contrato a tiempo parcial indefinido y los contratos de
formación, la elaboración de un nuevo servicio público de empleo y,
finalmente, un compromiso de inversión de dos billones y medio en
formación profesional y políticas activas, es, señor Presidente, el
resumen que puedo aportar a sus señorías del Programa Plurianual aprobado
por el Gobierno recientemente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Santaella Porras.




El señor SANTAELLA PORRAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, gracias por su contestación. Deseo, en primer lugar,
felicitarle por la modificación del Programa Plurianual y por avanzar en
la línea en la que este Gobierno ha iniciado su andadura que, como hemos
visto, está dando datos e índices que van corrigiendo, incluso rompiendo,
el umbral que teníamos sobre nosotros de los dos millones de parados.

Hay dos filosofías distintas de concebir un programa plurianual. Una,
como hemos visto últimamente, la del Gobierno francés, que utiliza el
incremento de puestos de trabajo creando más funcionarios y repartiendo
el trabajo; y otra, la que he oído al señor Ministro, que es seguir
avanzando por la línea de la desregulación del mercado laboral, de la
flexibilización de las contrataciones y de la ayuda a las pequeñas y
medianas empresas.

Le felicito, pues, por el camino emprendido, señor Ministro, y, asimismo,
por su matización en cuanto que no asume el compromiso de los puestos de
trabajo que se van a crear con el Programa, puesto que ya ha habido
compromisos y promesas en Gobiernos anteriores que no se han cumplido y
que para lo único que han servido es para defraudar a la sociedad
española.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Santaella.

¿Desea intervenir el señor Ministro? (Pausa.) Gracias.




INTERPELACIONES:



--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS CAUSAS DE LA CRECIENTE ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS
PUBLICAS ESPAÑOLAS. (670/000052.)



El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.

De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las causas de la creciente accidentalidad en las vías públicas
españolas.

Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago por tiempo de cinco minutos.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
cuando el 25 de junio de este año, en el último Pleno del Senado del
anterior período de sesiones, debatimos la interpelación sobre seguridad
en las carreteras, no quería imaginar que sería obligado formular una
nueva interpelación en el primer Pleno del nuevo período de sesiones.

Avisábamos entonces sobre la peligrosa tendencia ascendente que se
contabilizaba en accidentes en las carreteras españolas. Lo que desde
1991 había sido una sólida disminución de los mismos se quebró a partir
de los primeros meses de 1997. El aviso que dábamos en el mes de junio,
en vísperas de la masiva salida de vacaciones, se ha confirmado,
desgraciadamente, como oportuno y confirmatorio del dramático aumento que
ya entonces anunciábamos.

En el mes de agosto han muerto en las carreteras españolas 489 personas.

Es decir, un 17 por ciento más que en el año 1996. Y en lo que va de año
llevamos alrededor de 3.000 muertos. Es decir, la reducción en un 40 por
ciento desde 1989 a 1996, en vez de continuar, ha cambiado su
orientación. Ya no son diez más, como decíamos el día 25 de junio, los
muertos que había en esa fecha respecto al mismo período de tiempo del
año anterior, sino que a la fecha de hoy son aproximadamente cien muertos
más de los que había hace un año por estas mismas fechas en el año 1996.

(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Esta interpelación, como la del mes de junio, se formula en los más
rigurosos términos para insistir en los medios de mejora de la seguridad
en las carreteras y de la responsabilidad del Gobierno que en esta
materia, como en todo lo público, tiene. Algo no va bien y no valen
explicaciones condescendientes. Ni siquiera podemos conformarnos si se
mantuvieran estables las cifras de accidentes y de muertos. Hoy, como
entonces, buscamos también la colaboración de los conductores, llamamos
su atención ya que todos los usuarios de la carretera somos en potencia
agentes y víctimas. Seguro que el señor Ministro en su intervención nos
va a proporcionar con detalle los datos y resultados de los accidentes y
de las muertes habidas en este verano, y seguro que lo lamenta y que le
duelen, igual que lo lamentamos y que nos duelen a nosotros, pero esto no
es suficiente, y el Gobierno tiene su responsabilidad en la seguridad
como todos tenemos la responsabilidad de poner los medios adecuados para
hacer la carretera más segura.

El día 25 de junio, en la interpelación que entonce se sustanció, el
señor Ministro dijo: Si hay alguna materia



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donde realmente hay un proyecto de continuidad es precisamente tráfico y
seguridad vial, por razones obvias. Y se refería a tres cuestiones
básicas: formación vial, vigilancia y control y acondicionamiento y
servicios. ¿Se está cumpliendo de verdad el proyecto de continuidad? El
Gobierno ha reconocido --don Jaime Mayor lo dijo también en la Cámara--
la mejora en seguridad por la renovación que se hizo en las carreteras
españolas por gobiernos anteriores, pero hay que tener en cuenta que se
han frenado las inversiones destinadas al cuidado de autovías y
carreteras, lo cual ha podido influir en una reducción de la seguridad,
y es que adoptar medidas de contención del gasto público --se lo hemos
dicho muchas veces-- está bien si se hace bien, calculando los efectos y
no escatimando en inversiones que redundan en la seguridad, sea en la
seguridad vial o en cualquier otra seguridad.

Pregunté en mi interpelación por la vigilancia y control que,
naturalmente, está supeditada a una serie de factores, como las
instrucciones que reciben los agentes para su comportamiento en la
carretera y éstos a su vez, los agentes y sus superiores, las
indicaciones que reciben de los responsables políticos, y pregunto porque
esto se lo ha cuestionado mucha gente y varios medios de comunicación.

¿Se ha bajado el nivel de exigencia? ¿Cuántos expedientes sancionadores
se han abierto este verano? ¿Cuántos se abrieron en el verano de 1995 y
de 1996? No estoy pidiendo un alocado movimiento sancionador, sino
control y vigilancia, en sentido estricto, y respeto a los derechos de
los denunciados, que ven cómo se les rechazan sus recursos
sistemáticamente en la vía administrativa, obligándoles a acudir al
Tribunal Contencioso-administrativo. Por tanto, no quiero que se
confundan mis términos; cuando pido control y vigilancia, cuando hablo
del control y de la vigilancia, y naturalmente del régimen sancionador
cuando es necesario, estoy al mismo tiempo defendiendo los derechos de
todos los que sean denunciados.

En mi interpelación anterior fui desgranando algunos aspectos de
peligrosidad y de accidentalidad que desgraciadamente siguen de
actualidad. El balance de accidentes de autobuses ha sido alarmante.

También las consecuencias del alcohol. Ha habido accidentes con coches
nuevos y con coches viejos, con conductores experimentados y con
conductores noveles, en autopistas y carreteras, y formulo entonces estas
preguntas: ¿Qué estudios se han hecho sobre las causas de los accidentes
en las carreteras españolas? ¿Tiene el Gobierno algún proyecto conjunto
con las Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos para mejorar
la red secundaria de carreteras? ¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre
el permiso de conducir con crédito de puntos? ¿Cuál es el criterio del
Gobierno sobre el actual estado de las escuelas de conductores?
Si son muchas las variables que influyen en la seguridad vial, y son
muchas, lo que no se puede admitir es que se justifiquen los accidentes
por la mejora económica del país. Y es también simplista decir que el 93
por ciento de los accidentes se producen por error humano, porque esto no
determina las causas. Tampoco parece que este verano se haya producido un
considerable mayor número de desplazamientos, ya que parece que el gasto
en combustible no ha aumentado. No nos parece mal que se reúna el Consejo
Superior de Tráfico, y no está mal que se constituya, como se ha
anunciado, una comisión interministerial y que se aumenten las
inversiones en seguridad vial. Lo que está por ver es cómo se utilizan
estos instrumentos y estos dineros.

Los accidentes de tráfico, señor Presidente, constituyen la principal
causa de muerte no natural en España. A la vez, es la cuarta causa de
muerte entre natural y no natural. Es la primera causa de muerte entre
los jóvenes, y es la primera causa de minusvalías y discapacidades. El 80
por ciento de minusválidos y discapacitados de nuestro país son por causa
de accidentes en la carretera. Y no quiero hacer referencia a los efectos
económicos porque quiero conservar el pudor de no mezclar las vidas con
el dinero que pueden suponer todos estos accidentes.

El Pleno del Senado aprobó el 9 de octubre de 1991 el dictamen de la
Comisión de encuesta e investigación sobre los problemas derivados del
uso del automóvil. Las propuestas y recomendaciones siguen vigentes y
deben cumplirse, sin perjuicio de añadir aquellas otras que la realidad
diaria hacen aconsejable, así como debe cumplirse el Plan Nacional de
Seguridad Vial.

Demasiados accidentes, señor Ministro, demasiadas víctimas, demasiadas
muertes. No es halagüeño el panorama, ni vale sacudirse el polvo de los
hechos. Si la responsabilidad está repartida, la responsabilidad de las
condiciones adecuadas para evitar la siniestralidad es del Gobierno. Ni
el Gobierno ni nadie quiere accidentes ni muertes. No pretendemos sacar
provecho de los cadáveres, pero con esta interpelación pretendemos servir
a la sociedad, llamar la atención sobre un hecho gravísimo, de una
tragedia terrible que se repite todos los días. No se puede caer en la
resignación, y el primero que no se puede resignar es el Gobierno,
obligado a hacer frente a su responsabilidad pública.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías,
en primer lugar quiero agradecer la presentación de esta iniciativa
porque, como ya dije el 25 de junio, todo lo que significa traer a esta
Cámara y en definitiva trasladar a la sociedad un problema de tanta
gravedad como son los muertos por accidente de tráfico, significa algo
que Gobierno y oposición debiéramos apoyar y debiéramos aplaudir.

Quiero decirle, señor Arévalo, que mi primera comparecencia después del
verano la he dedicado exclusivamente al asunto que hoy nos ocupa, a la
materia del tráfico, porque en esta cuestión no hay una sensibilidad
distinta en el Gobierno y en la oposición. Hay exactamente la misma
preocupación, y en ese sentido existen dos posibilidades y dos caminos,
que son los que realmente hay que dilucidar y determinar.

En materia de tráfico, uno puede precipitadamente, y estoy seguro que
equivocadamente, adoptar unas medidas de choque en función de una
estadística de dos semanas o



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de un mes o de mes y medio o de dos meses, o bien, por el contrario,
puede profundizar y ampliar una reflexión sobre esta materia. He
preferido optar por el segundo camino. No iniciar una reflexión en
materia de tráfico, porque eso sería despreciar lo que están trabajando
tantos y tantos profesionales relacionados con el tráfico durante muchos
años de una forma continua, pero sí políticamente impulsar la
profundización y la ampliación de una reflexión de esta materia. Y ¿en
qué foros? En primer lugar, está el Senado. ¿Por qué? Porque este Senado
ha sido siempre protagonista en materia de tráfico.

Usted bien sabe que he pedido mi comparecencia voluntaria para ver de qué
forma podíamos ampliar y profundizar esta reflexión los grupos políticos
representados en esta Cámara. Y, ¿a través de qué otro instrumento? A
través de la Comisión interministerial que quiero llevar al Consejo de
Ministros para involucrar en esa ampliación de la reflexión a todos los
departamentos al máximo nivel de Gobierno para que se involucren de una
forma más profunda en esta cuestión. Y también simultáneamente a través
de la Comisión Nacional de Tráfico que está convocada para el 30 de
septiembre y en la que hay representantes de todas las Administraciones
Públicas y de todos los sectores sociales implicados en materia de
tráfico de forma y manera que podamos simultanear esa reflexión profunda
en los tres foros a los que antes me he referido.

Y esto lo hago, señoría, porque creo que entre la reflexión en el Senado,
en el Consejo Superior de Tráfico y en la Comisión Interministerial
podríamos y deberíamos abordar con más profundidad que nunca lo que es el
Plan Nacional de Seguridad Vial para 1998 de forma y manera que se ponga
en vigor, cosa que no ha sucedido en muchos años, el 1.º de enero de 1998
y lo podamos hacer de una manera profundamente debatida en todas las
instituciones en las que creo que tiene que producirse esta reflexión.

Le reitero que todo esto vendrá acompañado de un esfuerzo en los
Presupuestos Generales para 1998 donde se va a aumentar la partida, pese
a las dificultades en las que evidentemente estamos, en seguridad vial de
forma y manera que ello pueda redundar en la mejora de la siniestralidad
en las carreteras. Pero me va a permitir, señor Arévalo, insistirle en
una cuestión en la que me reitero después de la intervención del 25 de
junio.

Tenemos que ser extraordinariamente prudentes a la hora de valorar y
hablar de los accidentes de tráfico, a la hora de analizar las
estadísticas mensuales o quincenales o semanales en materia de tráfico,
porque en ese terreno creo que estaríamos cometiendo una grave
irresponsabilidad si hiciésemos lo contrario. Creo que en ese terreno
quiero volverle a plantear o precisar algunos datos en materia de
accidentes de tráfico.

En primer lugar, es verdad que desde los últimos seis años se ha venido
produciendo un descenso muy fuerte en los accidentes con víctimas. Hubo
un repunte el año 1995, un ligero repunte. Pero puede decirse que en el
período de esos seis años hay un cuarenta por ciento de descenso en la
siniestralidad, y eso nos debe satisfacer a todos porque España ha
demostrado una rapidez inusitada para afrontarlo mientras otros países
han necesitado muchísimo más tiempo como usted decía, las estadísticas de
accidentes mortales en carretera durante el primer semestre de 1997
indicaban un aumento del 0,4 por ciento con respecto al mismo período del
año anterior. Significaban 10 muertos más hasta el 24 de junio y hasta el
30 del mismo mes eran 15 fallecimientos más que en el año 1996, con lo
cual podía considerarse como una estabilización en la siniestralidad. En
este año 1997 tenemos meses absolutamente distintos y variados. En enero,
marzo, mayo, julio y agosto se han superado las cifras de los mismos
meses de 1996. Pero no todos los meses del año actual han experimentado
incrementos en relación con el mismo mes del año precedente. Usted ha
hablado de los datos de agosto. Yo le recuerdo los de julio y le voy a
dar los datos de la primera quincena de septiembre. Para que vean la
complejidad en la estadística.

En el mes de julio se han producido 341 accidentes mortales, 412
víctimas. Se produjo un aumento del 5,9 por ciento de fallecimientos
respecto al año 1996. En el mes de agosto se ha producido un aumento del
17,1 por ciento en accidentes y 17,5 por ciento en víctimas mortales. En
la primera quincena del mes de septiembre se ha producido una reducción
del 13,1 por ciento en número de muertos y una reducción de un 8,2 por
ciento con respecto al mismo período de 1996.

El peor juego político que podemos establecer en esta Cámara es venir con
las estadísticas de muertes como si fueran las de la inflación del mes
porque, entre otras cosas, aparte de que se habla de vidas humanas, no
quiero entrar en el juego de que el Gobierno trae aquí una estadística en
la que el número de muertes desciende en un 8,1 o un 13,1 por ciento y en
el mes de agosto, cuando la oposición habla, aumenta un 15 por ciento.

Ese es un juego que me parece que sería dramático y enormemente
irresponsable: que el Gobierno compareciese de forma voluntaria cuando
tiene buenas cifras en las estadísticas mensuales y la oposición lo haga
cuando las estadísticas sean malas. En mi opinión, es exactamente lo
contrario de lo que debiéramos hacer en esta materia, Gobierno y
oposición, para afrontar con responsabilidad el futuro.

Hoy, a 15 de septiembre de 1997, la realidad es que el número de muertos
ha aumentado un 2,78 por ciento respecto al mismo período del año
anterior. Y el número de accidentes un 2,6 por ciento con respecto al
mismo período del año anterior. ¿Eso significa una cifra estadística
definitiva? Tenemos que tener prudencia. No descarto que sea un repunte,
pero tenemos que tener prudencia y pensar que a lo mejor no es tanto el
repunte como en algunos momentos podría parecer por determinadas
impresiones y sensaciones.

Y para que vean lo complicada y compleja que es esta relación estadística
a la que antes me he referido, fíjense en lo llamativo del análisis, y ya
entramos en el mes de agosto, de lo que ha sucedido en las carreteras
españolas. En los primeros seis meses del año pensábamos que se estaba
produciendo una tendencia de incremento en colisiones. Había un aumento
en el primer semestre de un 10 por ciento frente a unas salidas de vía en
autovía-autopista, que había descendido un 5 por ciento. Pues bien, en el
mes de agosto bajan un 7 por ciento las colisiones respecto del año 1996
y suben un 5 por ciento las salidas de la vía.




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Si nosotros adoptáramos las medidas en función de lo que ha sucedido en
el primer semestre, adoptaríamos las medidas poniendo el acento en lo que
significa colisión, cuando realmente en el mes de agosto parece que es la
autovía y la autopista el lugar de mayor peligrosidad en función de la
salida de la vía que se tiene. No adoptemos entonces una respuesta
inmediata en función de lo que pasa en un mes o en seis meses. Tengamos
la paciencia de trabajar sostenidamente con un esfuerzo continuo para no
adoptar medidas equivocadas en función de lo que no son causas
precisamente de siniestralidad, al menos en su parte más acusada. Lo
mismo le podría decir respecto a lo que puede significar, por ejemplo, el
escenario de los accidentes.

Es verdad que las carreteras nacionales soportan el mayor número de
siniestros mortales --hay una gran extensión de las mismas, hay un
elevado volumen de tráfico y parece una consideración obvia--; pues bien,
a pesar de que las carreteras nacionales son el escenario de mayor número
de accidentes, se ha producido en ellas en el año 1997 un descenso de un
5 por ciento respecto al año anterior, y frente a las autovías y a las
autopistas han experimentado un aumento de un 3 y un 2 por ciento
respectivamente. Es decir, las autovías y las autopistas, en función de
los datos acumulados de1997, se han convertido, pese a que parecen, y lo
son, vías de mayor seguridad, en los escenarios en los que más ha
aumentado la siniestralidad: si en el año 1996 uno de cada cinco
accidentes se producía en estas vías, durante el mes de agosto ha sido
uno de cada cuatro. Esto significa que es necesario analizar con
detenimiento y con sosiego todos estos datos.

Y lo mismo ocurre --usted antes se ha referido a ello con mucha razón--
con la edad de los implicados en los accidentes. El orden de edades, y
usted lo sabe muy bien, es el siguiente: en primer lugar está entre 40 y
60 años, en segundo lugar entre 30y 40 años y en tercer lugar los jóvenes
de 18 a 25 años. Sin embargo, la principal variación que se aprecia al
alza está en el tramo de edad que probablemente todos menos pensábamos,
es decir, entre los 30 y 40 años, en el que se ha producido un
crecimiento de un 2,9 por ciento de siniestralidad en este mes de agosto.

Igual que en los picos estadísticos, señoría, en este año 1997 se han
producido días de mínima accidentalidad. Siempre hay un muerto al día,
nunca hay menos de un muerto al día, pero, curiosamente, hay bastantes
días en los que se ha producido una estadística absolutamente regular:
hay días en los que prácticamente sólo ha habido uno, dos o tres muertos
y, sin embargo, ha habido otras jornadas en las que, como no había
sucedido nunca en los últimos años, se han concentrado espectacularmente,
lo que ha podido significar el índice de siniestralidad.

También hacía usted referencia a los autobuses. Pues bien, su implicación
en los accidentes ha disminuido respecto del año 1996; hay menos
autobuses implicados que en el año 1996, de forma que de un 1,13 por
ciento se ha bajado a menos de un 1 por ciento, a un 0,9 por ciento, y,
sin embargo, ha habido más víctimas por autobuses; pero, repito, ha
habido un descenso de la siniestralidad en función de los autobuses
implicados.

Quiere todo ello decir que estamos ante un problema que, en primer lugar,
tiene unas estadísticas cuya interpretación y análisis son de enorme
dificultad, que exigen tiempo para que puedan obtenerse resultados
concluyentes y contundentes; en segundo lugar, es una cuestión en la que
--aunque, evidentemente, asumo todas las responsabilidades de la
Administración Pública-- influyen tantos factores humanos que al final
hacen que sea una materia especialmente difícil y compleja de afrontar
desde una Administración Pública, y, por último, se confirma que hay
muchas cuestiones que parece que son claras y sencillas y que, sin
embargo, a la hora de analizar y profundizar en los resultados para
introducir algún tipo de medidas uno se encuentra con que tiene que
volver hacia atrás, porque no se está produciendo lo que se pensaba que
se estaba produciendo. De ahí la necesidad de reiterarle --y con esto voy
terminando-- la importancia de avanzar en esos foros de reflexión en el
Senado. En esa comparecencia me propongo plantear alguna fórmula, de
acuerdo con ustedes, para trabajar conjuntamente con la Comisión
nacional, con la Comisión Interministerial, pero no tenga usted ningún
miedo: que el Gobierno, con cifras --como usted bien decía-- al alza o
estabilizadas, sabe que está ante una de las tragedias principales que
provocan el dolor y la angustia en muchísimas familias españolas.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

Para turno de réplica, tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro.

Estamos ante un grave problema y es cierto que debe ser analizado con
sosiego, como también lo es que el análisis de las estadísticas debe
hacerse con todo el cuidado que usted quiera, aunque usted ha incurrido
en el mismo defecto, puesto que nos ha dado como referencia mejores los
15 días del mes de septiembre --ya más corto período de tiempo no puede
ser.

Estamos dando cifras y estamos llamando la atención sobre una situación
que se ha manifestado especialmente escandalosa este verano. Y no es una
iniciativa mía, no es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
ha sido público y notorio, se ha repetido en todos los foros habidos y
por haber, y numerosísimos periódicos españoles, numerosísimos, han
dedicado sus editoriales al peligro de las carreteras y a la
siniestralidad vial. Por tanto, esto no es una batalla que presente la
oposición aprovechando las circunstancias; no, han sido todos los medios
de comunicación los que han llamado la atención sobre esta situación y
son los ciudadanos los que están alarmados por lo que ha sucedido este
verano. Ha aumentado la siniestralidad vial, hay que reconocerlo, tenemos
que poner los medios para corregirlo y somos los primeros en animar al
Gobierno a que lo haga porque es su responsabilidad, como la nuestra es
la nuestra.

Cuando se pregunta a los ciudadanos sobre las tres materias que más les
preocupan se refieren al terrorismo, al



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paro y a la droga; no se refieren, en cambio, a los accidentes de la
carretera, pero fíjese que éste es precisamente el lugar donde se
producen más muertes --no quiero hacer comparaciones con las muertes por
la droga, ni mucho menos quiero hacer comparaciones con las muertes por
el terrorismo, pero aquí, en la carretera, es donde se produce el mayor
número de muertes--. Las víctimas resultantes de estos accidentes, tanto
muertos como discapacitados, suponen una alarma social evidente, una
preocupación enorme, una tragedia enorme, porque son muchos miles de
muertos al año. Por tanto, todo lo que hagamos será poco y estará bien
justificado.

Quiero llamar también la atención del Gobierno --y sé que el señor
Ministro no hace ninguna distinción dentro de su Ministerio entre lo que
tiene mayor y menor importancia-- no vaya a ser que en el Ministerio de
Interior, de tan graves responsabilidades, se considere a alguna
Dirección General, como la de Tráfico o la de Protección Civil, como las
«marías» del Ministerio. Hay que tener en cuenta que estas Direcciones
Generales tienen responsabilidades en la vida de los ciudadanos y, por
tanto, el aumento que se anuncia para los Presupuestos Generales del
Estado tiene que ser, naturalmente, bien administrado y bien dirigido, no
vaya a ser que aumentos en los Presupuestos Generales del Estado no
supongan al final ningún remedio para lo que en estos momentos significa
uno de los mayores peligros y una de las mayores tragedias.

Señor Ministro, hoy, cuando estamos hablando de esta materia, no está mal
recordar que en etapas anteriores esto se le recordaba al Gobierno
socialista todos los fines de semana, todos, no se esperaba a períodos
más amplios, todos; y recordará que algún periódico de tirada nacional
solía poner en su portada los lunes una fotografía de un accidente
diciendo: El responsable de los cuarenta y tantos o cincuenta y tantos
muertos de este fin de semana en la carretera es Felipe González.

Recuérdelo, eso pasaba casi todos los lunes cuando se había producido un
accidente más que en el fin de semana anterior. El que nosotros llamemos
ahora la atención no va en esos términos, no va en ese sentido, ni
estamos diciendo: el responsable de las muertes es...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, vaya
concluyendo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, termino.

Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario con todos los que
tienen que ver con el tráfico y, naturalmente, con lo que desee el señor
Ministro del Senado, de la Comisión de Interior y Función Pública, en lo
que a nosotros nos toca.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, intervengo para dejar constancia de que hemos
seguido el debate de la interpelación planteada por el señor Arévalo con
el señor Ministro del Interior que, a nuestro entender, ha abarcado,
entre otras cosas, las siguientes: la necesidad de poner los medios
oportunos para que no se produzcan accidentes, un análisis de situaciones
concretas, la confirmación del incremento de accidentes mortales con un
cambio alarmante de signo --venía a decir el señor Arévalo--, que algo no
va bien y no nos podemos conformar --es cierto--, y un toque de atención
al riesgo de disminución de las inversiones y a la reducción de la
exigencia a los conductores.

El señor Ministro, por su parte, hacía referencia --y lo consideramos
importante-- a la necesidad de ampliar y profundizar sobre esta materia
y al Plan Nacional de Seguridad Vial; ha anticipado el esfuerzo
presupuestario que, sin duda, es importante; se ha referido a la
prudencia en las valoraciones y al contraste de datos estadísticos, y ha
hecho una reflexión final afirmando que ésta es una materia difícil y
compleja, sin duda alguna.

Por nuestra parte, además de lo expuesto, sólo queremos recordar cuatro
cuestiones que continuamos considerando importantes y a las que ya
hicimos referencia en junio de este mismo año: la necesidad de un banco
de datos definitivo y fiable sobre los accidentes, heridos y fallecidos,
conocer los movimientos reales del parque automovilístico, atención
especial a la educación vial y un seguimiento lo más exacto posible del
resultado final de las medidas que se van adoptando.

Señor Presidente, señorías, vamos a esperar el texto de la moción para
fijar nuestra posición final.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escuin.




El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Ministro, terminamos el período de
sesiones en el mes de junio con una interpelación del Senador Arévalo
sobre seguridad vial e iniciamos este nuevo período con otra
interpelación sobre el mismo tema. La siniestralidad en las vías públicas
durante los meses de julio y agosto ha provocado, por lo visto, el
interés del Senador Arévalo para reincidir en esta nueva interpelación,
que agradecemos, y que nos permitirá, una vez más, incidir en esta Cámara
sobre el gravísimo y terrible problema que suponen, sin duda, los
accidentes de circulación, problema por el que el Grupo Parlamentario
Popular, como suponemos que los demás grupos parlamentarios, mantiene una
preocupación constante y exige una actividad permanente, más allá del
mayor o menor número de los que ocurren, por encima de determinados
porcentajes, con el propósito de atender el problema con la mayor
eficacia y rigor posibles, aunque fuera uno sólo el



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que se produjera. Esa es nuestra predisposición y nuestro mayor interés.

El Gobierno, obviamente, tiene idéntica predisposición y responsabilidad,
como ha quedado evidenciado por las claras, amplias y detalladas
manifestaciones del señor Ministro del Interior que acabamos de escuchar,
asumiendo nuevas acciones e incrementando partidas presupuestarias para
atender este gravísimo problema, para que en todo momento se pongan en
práctica las medidas necesarias sin bajar en ningún instante la guardia
con el fin de evitar estos gravísimos accidentes de circulación. Puedo
decir, y es normal, que quizá todas las medidas que se han adoptado, con
mayor o menor rigor, no tengan una trascendencia inmediata en las
estadísticas correspondientes.

Dicho esto y después de la prolija, amplia y clara exposición del señor
Ministro, voy a ser breve precisamente porque también, a petición propia,
el señor Ministro del Interior comparecerá en fechas próximas ante la
Comisión de Interior y Función Pública de esta Cámara para dar cuenta lo
más detalladamente posible en este ámbito menos sujeto a los trámites de
tiempo y, por tanto, más distendido, como es el de la Comisión, y para
que los señores Senadores, entre ellos el interpelante, señor Arévalo,
puedan aducir y presentar no sólo la relación de circunstancias que se
han tenido en cuenta en esta interpelación, sino las que pudieran desear
para, de una forma responsable y constructiva, poder ver la solución a
estos problemas de tráfico. Así pues, vamos a esperar a los resultados de
esta Comisión para exponer el criterio de nuestro Grupo Parlamentario;
tiempo al tiempo.

La comparecencia del señor Ministro fue solicitada incluso antes de la
petición de esta interpelación por parte del Senador Arévalo. Esta
actitud demuestra la gran preocupación que inspira al Ministerio del
Interior, que no es ni puede ser, señor Arévalo, una «María» de las
actividades que corresponden al Ministerio del Interior. El Ministerio y
la Dirección General de Tráfico tienen una dedicación permanente y
constante hacia estos accidentes que no sólo provocan preocupación en la
prensa, sino en cualquier ciudadano español, incluso en usted, señor
Arévalo, como Senador de esta Comisión de Interior, para que en esta
Comisión se tengan en cuenta todas las iniciativas, todos los recuerdos,
todas las posibles comisiones y estimular todas las acciones para que, en
definitiva, podamos avanzar en estos temas.

No quisiera terminar sin decirle, señor Arévalo, que en cuestión de
estadísticas hay que ser muy precavidos, no se pueden hacer análisis
ligeros de las estadísticas, se deben tener en cuenta factores que pueden
ser cambiantes: quizá el aumento de vehículos pudiera ser un factor
determinante a la hora de producirse accidentes, también el índice de
consumo de gasolina; es decir, no se pueden analizar, si no es con unos
conocimientos técnicos suficientes y amplios, las consecuencias de las
estadísticas. Están perfectamente recogidas en un documento publicado por
la Dirección General de Tráfico todas las circunstancias, por mínimas que
sean, que se han dado en los accidentes.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Escuin, se le terminó su
tiempo.

El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Se puede hacer este análisis.

Para terminar, señor Arévalo, señores miembros de los distintos Grupos
Parlamentarios, en esta Comisión se pueden dar a conocer con mayor
detalle, sin ese corsé de los tiempos, todas las medidas que consideren
más oportunas para que el Ministerio y la Dirección General de Tráfico
puedan avanzar de una manera decidida no a erradicar los accidentes, que
eso va a ser imposible, pero sí a mantener como se están manteniendo esas
tasas de siniestralidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono y la disposición del Senador
Arévalo y de todos los Senadores que han participado en este debate.

La iniciativa, que ha sido de la oposición en el día de hoy porque ha
presentado esta interpelación, también había estado en el Gobierno con la
comparecencia voluntaria que tuve ocasión de explicar a los medios de
comunicación el propio 3 de septiembre. De forma y manera que estoy de
acuerdo en que usted no se ha inventado lo que es una preocupación muy
sentida y muy profunda en el seno de la sociedad española, porque con esa
iniciativa el Gobierno también compartía ese sentimiento con buena parte
de la sociedad que, sin duda alguna, ha sentido cierta alarma al leer las
informaciones relacionadas con los accidentes de tráfico a finales del
mes de agosto.

Creo que en esa comparecencia voluntaria en la Comisión en el Senado
vamos a tener ocasión de formular las propuestas que tengamos que hacer,
probablemente con más precisión, con más rigor todos los grupos
políticos, incluso el propio Ministerio.

Tenemos que saber determinar cuál puede ser la forma en la que los
distintos grupos políticos y esta propia Cámara participen en esa
ampliación de la reflexión a la que antes hacía referencia, y
probablemente tendríamos que saber acertar en acotar el papel de esta
institución, una vez que se caracterizó por ser el plan marco, que en el
fondo luego ha servido para hacer los planes de seguridad vial de los
gobiernos sucesivos. De ahí que mi disposición sea acercarme y
aproximarme a esa comparecencia con una especial voluntad de poder
aprovechar la experiencia y las opiniones de los distintos grupos para
complementar en lo que, paralelamente, trabajará y adoptará la Comisión
Nacional de Tráfico y la Comisión Interministerial, que espero sea
constituida por Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Debo reiterarle que no hay «marías» en el Ministerio del Interior, porque
casi es incompatible con el Ministerio, ya que cada departamento tiene
también su estadística trágica --aunque no aparezca en los medios de
comunicación--. Debo reiterarle que las personas que están en la



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Dirección General de Tráfico han sido escogidas y elegidas en función de
su profesionalidad y se ha intentado siempre que Tráfico sea
esencialmente un departamento donde no pueda haber ideología, que creo
que nunca debe existir en Tráfico, como tampoco una presencia en función
de intereses partidarios.

Esos fueron los criterios; sólo hace falta aproximarse a esos
«currícula», y en estos momentos quiero reiterar la profesionalidad del
Director General y de todos los que trabajan día a día en Tráfico, porque
estoy seguro de que son los que más profundamente están sintiendo esta
situación, y en los que podemos confiar más para obtener unos mejores
resultados.

En lo que se refiere al Senador don Salvador Carrera, debo decirle que
tendremos ocasión también de explicar cómo ese banco de datos, ese parque
automovilístico y esa seguridad vial, en el sentido de la formación,
pueden y deben ser reforzados a través de las iniciativas
correspondientes.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DON JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS DE LAS CADENAS DE TELEVISION PUBLICAS Y
PRIVADAS QUE EMITEN EN ESPAÑA Y LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
25/1994, EN ESPECIAL EN LO QUE AFECTA A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. (670/000053.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula el Senador don Josep Ramon Mòdol Pifarré, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los contenidos televisivos de las cadenas de televisión
públicas y privadas que emiten en España y la falta de cumplimiento de la
Ley 25/1994, en especial en lo que afecta a la protección de los derechos
de la infancia y la juventud.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Mòdol Pifarré.




El señor MODOL PIFARRE: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, dice don Julio Casares, en su «Diccionario Ideológico de
la Lengua Española», diccionario que lleva como subtítulo: «de la idea a
la palabra y de la palabra a la idea», que interpelar significa pedir
auxilio a uno o recurrir a él solicitando su protección, excitar o
compeler a uno para que dé explicaciones sobre lo que se pregunta o
propone; y concluye: «en el Parlamento, plantear una discusión ajena a
los proyectos de ley y a las proposiciones.»
Pues bien, señor Ministro, tómese usted la interpelación ante la Cámara
como mejor le convenga --se lo digo con toda sinceridad-- pero, sobre
todo, como mejor sirva a los intereses que hoy voy a defender.

La interpelación, como decía el señor Presidente, se refiere a los
contenidos televisivos de las cadenas públicas y privadas que emiten en
España y a la falta de cumplimiento de la ley 25/1994 en lo que afecta a
la protección de los derechos de la infancia y la juventud; a la defensa
de nuestro futuro --de eso quería hablar--; la protección de nuestros
menores y en concreto el respeto al artículo 20.4 de nuestra
Constitución; a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de
los niños y de las niñas; a las reglas de Beijing, de 1985; a las
Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 1987; al
Código de los principios deontológicos aprobados por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993 y, sobre todo, a la Carta
Europea de los derechos de los niños y las niñas en lo que se refiere a
la salud y a la salvaguarda de nuestros menores frente a programas que
contentan violencia gratuita, pornografía o lleven a actitudes de
intolerancia y discriminación.

Debo reconocer, señor Ministro, que en este sentido su gobierno ha
conseguido que deje de creer en las virtudes de la fe y la caridad que
antes estaban arraigadas profundamente en mí en este camino. Conservo aún
la esperanza --quizá tibia, pero la conservo--, y por eso inicio este
debate planteándole algunas preguntas, algunas inquietudes y también
algunas exigencias.

No es ésta la primera vez que se suscita este tema en esta Cámara y, por
no extenderme en el magnífico informe de la Comisión Especial sobre
contenidos televisivos elaborada en la pasada legislatura y que su
señoría sin duda conoce, por no repetirme, por no hablar otra vez de él,
sí le voy a citar tres ejemplos de lo que ha ocurrido en la legislatura
actual.

Por ejemplo, el pasado día 23 de abril, el señor Aleu le pregunta al
Ministro de la Presidencia y Vicepresidente del Gobierno por qué el
Gobierno no cumple con el mandato del Senado de presentar un proyecto de
ley para la creación de un consejo superior de los Medios Audiovisuales.

A lo que, con todo desparpajo, responde el señor Cascos diciendo que de
eso ya se encargaría la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones;
para remachar, en el segundo turno, es decir, sin réplica posible del
señor Aleu
--réplica que me permito hacer yo hoy aquí--, dice lo siguiente: No
ha leído su señoría --el señor Cascos se refiere al señor Aleu-- la
Disposición Adicional Segunda de la Ley de la Liberalización de las
Telecomunicaciones. Dicho así, para el público en general puede quedar
muy bien, pero leída --que sí leyó el señor Aleu-- la disposición
adicional segunda, resulta que habla de la licitación de licencias en
función de la escasez del recurso público de numeración.

¿Qué tiene que ver esto con el Consejo Superior de Medios Audiovisuales?
¿Qué tiene que ver esto con la defensa de los derechos de los niños y de
las niñas? Nada, no tiene nada que ver con la declaración de los derechos
y los trabajos del Senado, a los que el señor Aleu hacía mención aquí,
con toda razón, el día 23.

Al día siguiente, el 24, en la Comisión de Cultura, el señor Varela, de
Convergència i Unió, preguntaba a la Ministra de Educación --digo de
Convergència i Unió por no



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confundirme con el señor Varela, del Grupo Parlamentario Socialista--,
qué acciones pensaba adoptar el Gobierno para evitar que las imágenes y
contenidos televisivos en horarios accesibles al público infantil
pudieran perturbar de manera grave la educación de los niños y las niñas.

A lo que la señora Ministra respondía que era usted, y su Ministerio, el
responsable de dicho tema. Eso sí, su señoría
--doña Esperanza Aguirre-- dejó claro que estaba muy preocupada como
madre y Ministra. Poca cosa más dijo.

Tres semanas más tarde, quien ahora le habla presentó una moción, votada
afirmativamente por todos los grupos de la Cámara, excepto el Partido
Popular, en la que se pedían cuatro cosas: 1) Impulsar un nuevo convenio
sobre principios de autorregulación de las cadenas de televisión; 2)
hacer efectivas las sanciones previstas en la Ley y su desarrollo a
aquellas cadenas que incumplan la normativa vigente; 3) incentivar e
impulsar estudios generales sobre la influencia de la televisión en el
público infantil y juvenil y trasladar sus resultados a las cadenas
televisivas, centros escolares, incluyendo en ello campañas de
sensibilización dirigidas a profesores, padres y alumnos para promover
los valores de respeto a la persona, la solidaridad, la paz y la
democracia; y 4) impulsar de inmediato un consejo superior de los medios
audiovisuales, tal como recogía el informe de la Comisión Especial sobre
Contenidos Televisivos, aprobado por unanimidad en la V Legislatura por
esta misma Cámara.

Pues bien, fue rechazada. Debo reconocer que el tono en el que se expresó
en aquella moción el portavoz del Grupo Popular, señor Agramunt, me hizo
mantener esa tibia esperanza de que las cosas podían mejorar y que podía
existir una voluntad del Gobierno de actuar en este problema, que me
parece fundamental.

Pero ahí vienen mis primeras preguntas: ¿Por qué el Partido Popular
rechaza algo en España que su Diputado, señor Galeote, defiende
ardientemente ese mismo mes, en el mes de junio, en concreto el día 10,
en la modificación de la llamada televisión sin fronteras, surgida de la
Directiva 1989 y por la que España adoptó la legislación actual, ya
mencionada, la Ley 25/1994? ¿Por qué el señor Galeote defiende algo en
Bruselas, ardientemente, que el Grupo Parlamentario Popular rechaza aquí?
¿Por qué el Gobierno Popular tiene tanta reticencia en llevar a la
práctica aquello que aprobaron por unanimidad los Senadores de la V
Legislatura, precisamente a iniciativa suya? No fue una iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, fue una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular que como al Grupo Parlamentario Socialista le
pareció razonable también apoyó, pero ustedes ahora no lo apoyan. ¿Por
qué? ¿Simplemente porque ha cambiado el Gobierno? ¿Por qué, señor
Ministro, España es el único país de la Unión Europea, el único, que no
cuenta con un organismo independiente de control, con un consejo superior
de lo audiovisual, tal como aprobó el Senado --repito-- por casi
unanimidad y a iniciativa suya?
No le voy a leer las palabras emocionadas, por ejemplo, de la señora
Agüero, de su grupo parlamentario, al final de la sesión en la que esto
se aprobó. ¿Por qué ustedes se niegan a crear un consejo superior de lo
audiovisual cuando existe y funciona bien en Cataluña, cuando existe y
funciona bien en Francia, cuando existe y funciona bien en Portugal, en
Italia, en Grecia o en Irlanda? ¿Por qué?
En el debate del pasado día 12 de junio, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Agramunt, reconocía --le cito--: La
situación no sólo no ha mejorado en absoluto, sino que ha empeorado y
mucho. Y añadía: Hoy es posible ver casi cualquier cosa en televisión,
excepto un programa de calidad y qué pocas son las excepciones de
calidad, porque casi todo se basa en el sensacionalismo o en los sucesos.

¡Cuánta razón tenía, señor Agramunt! Y el verano ha confirmado sus
palabras sin que su Gobierno haya hecho absolutamente nada en la
dirección apuntada, la que señala la Ley 25/1994. Me voy a hacer pesado
en esto; una Ley que en su capítulo I dice que la norma tiene por objeto
defender a los menores para preservar su correcto desarrollo físico,
mental y moral. Que en su capítulo IV insiste en que las emisiones de
televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo
que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de
los menores, ni programas que fomenten el odio, el desprecio o la
discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social,
por citarles sólo algún artículo. Y que en el capítulo V encomienda al
Ministerio de Fomento, a su Ministerio, el régimen sancionador de las
infracciones a la ley. El capítulo V se lo encomienda mientras no exista
un consejo superior de lo audiovisual.

Señor Ministro, ¿cuántas sanciones ha impuesto o simplemente ha incoado
por incumplimiento de la ley? ¿Cuántas veces se ha incumplido la ley
durante este verano? Si quiere le puedo facilitar un dossier detallado de
muchísimos incumplimientos, también de Televisión 1, de una televisión
pública que está al servicio de todos y que incumple sistemáticamente
esta ley.

Ingenuo, señor Ministro, como la mayoría de ciudadanos y ciudadanas,
estaba convencido de que la proliferación de canales televisivos
comportaría la posibilidad de disfrutar de buenos y abundantes programas
para no tener que contentarme nunca más con la mejor de las televisiones
de España, que lo era, por ser la única sin ninguna competencia.

En cambio, a menudo la realidad contradice la lógica y este verano ha
sido la constatación de que cantidad y calidad pueden ser conceptos
asimétricos, contradictorios e, incluso, antagónicos. Mirar hacia la
pequeña pantalla se convertía en una pesadilla llena de barbaridades,
morbosidades y tonterías a las que el «zapping» no daba solución. «Sex,
scandal, and sport», la teoría de las tres eses para conseguir audiencia.

Para qué poner ejemplos, incluso los telediarios de todas las cadenas, de
todas, acabaron convertidos en un resumen de crónicas del corazón,
crímenes, accidentes y deportes.

Pero lo que me preocupa no es eso; una persona adulta, como nosotros,
puede llegar a la fácil conclusión de que bueno es el favor que nos hacen
emitiendo nada de interés, para dedicar nuestro tiempo a quehaceres de
mayor provecho y ocio mental. Pero eso no es lo preocupante; lo
preocupante



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es que el cliente más fácil, los clientes más asiduos a la pequeña
pantalla son los niños y las niñas. Los adolescentes miran y miran, a
menudo sin ninguna voz crítica a su lado, lo que escupe la televisión
durante una media de tres a cuatro horas diarias, incrementadas hasta
seis en épocas de vacaciones --cuando la escuela hace vacaciones, la
televisión no las hace, sigue emitiendo-- educando a nuestros hijos, a
nuestros pequeños, como ya hace años decía el profesor de comunicación en
Salamanca, don Pablo del Río Pereda, en el hedonismo, el ocio, la
irresponsabilidad, la violencia y, de alguna manera, en la construcción
de una realidad irreal.

Por poner un ejemplo anecdótico, me comentaba el otro día mi hijo pequeño
que a la pregunta de su abuela de qué sería de mayor, contestó que él
nada, que se iría al Caribe. Con seis años él no sabe dónde está el
Caribe, pero dijo que se iría al Caribe porque salían unos señores en
televisión diciendo que si jugabas a la lotería y te tocaba, te ibas al
Caribe. Es un modelo social fantástico que se anuncia permanentemente a
través de los medios públicos y que incita a la ludopatía a nuestros
ciudadanos. Que haya loterías está bien, pero que se haga un panegírico
de ellas está fatal, muy mal; especialmente porque yo no había
recapacitado en ese mensaje y, sin embargo, mi hijo de seis años lo captó
inmediatamente y su conclusión fue rápida: yo, de mayor al Caribe.

A nadie o a muy pocos parece preocupar este hecho. Mientras algún hábil
reportero busca desaparecidos, otro hace risotadas de las caídas de las
abuelas en vídeos de dudosa calidad y los demás se dedican a concursos
que son de puro «kitsch» --si me permiten la expresión--. Se olvidan que
la mayoría de su público es infantil, olvidan que un menor puede perder
en un minuto delante de las 625 líneas lo que ha aprendido en horas de
estudio y en días de compañía familiar. Se olvidan, se lo digo muy
especialmente a usted, señor Ministro, de que el futuro del país son las
infraestructuras y los equipamientos, pero en mucha mayor medida lo son
los jóvenes, los niños y las niñas formados en veranos televisivos como
el que acabamos de sufrir.

El Gobierno no parece responder a esta sensibilidad y suele contestar a
mis preguntas con parámetros diferentes a los que yo planteo, hablando
exclusivamente de la importancia del dinero, que seguro que la tiene, de
la competencia, que seguro que la tiene, de los factores técnicos...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Mòdol, se le terminó su
tiempo, vaya terminando.




El señor MODOL PIFARRE: Un minuto, señor Presidente. Gracias.

... de que comisarios europeos, algunos del Partido Popular, no le
recuerden su ridículo al aprobar leyes contrarias al Tratado de Roma. No
parece, en cambio, el Gobierno escandalizado por la producción de
telebasura dirigida en gran medida a los que vendrán, a nuestro futuro.

Debe ser que el continente es más importante que el contenido, aunque a
mí no me lo parezca.

Le hablo con toda sinceridad, le hablo para que no vuelvan a reproducirse
bochornosos espectáculos como el del miércoles pasado, promocionados por
la propia televisión pública, en la que se permitió que ocho millones y
medio de españoles vieran cómo una minoría mayoritaria silbaba a alguien
por cantar en la lengua que le vio nacer. Le hablo para que se tenga
sensibilidad en estos temas. En cualquier caso, señor Ministro, cumpla y
haga cumplir las leyes, las tiene y buenas, cúmplalas y hágalas cumplir.

No se lo pido, se lo exijo, es mi obligación y la suya también.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Mòdol.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, desde una perspectiva general el problema que una vez más se
suscita en esta Cámara puede ser objeto de un altísimo grado de acuerdo.

Ello no significa que no sea un problema enormemente delicado y
extraordinariamente difícil de resolver.

De una manera asistemática, se ha referido su señoría a las tres posibles
dimensiones, especialmente a dos de ellas, que se pueden encontrar en el
planteamiento de esta cuestión. Hay, en primer término, un problema
orgánico; en segundo lugar, un problema competencial y, en tercer lugar,
un problema estrictamente de contenidos.

Le ha dado usted mucha importancia al problema orgánico, y ha puesto de
relieve la existencia de órganos en otros países comunitarios, consejos
superiores del audiovisual que, según su señoría, funcionan correctamente
y cumplen adecuadamente su función. Yo no me atrevería a hacer una
afirmación tan radical como la que ha hecho su señoría. Yo no creo que la
televisión española, ni la pública, ni la privada, sea muy diferente en
su medida de los contenidos de las televisiones públicas y privadas de
otros países comunitarios.

El problema que tratamos hoy aquí por planteamientos de su señoría es un
problema general, es un problema de todas las televisiones, especialmente
de los países occidentales. Por tanto, singularizar a España en este
terreno y hacer una especial imputación al Gobierno tiene, como
planteamiento de fondo, muy poco sentido. ¿Existe Consejo superior de lo
audiovisual en esos países? Sí, señoría. En todos ellos, especialmente en
el más próximo a nosotros, que es Francia, se está planteando en estos
momentos, la desaparición del Consejo Superior de lo Audiovisual para
subsumirlo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque
no tiene mucho sentido que prosperen muchos órganos independientes,
periféricos, en el ámbito de las administraciones públicas. Si podemos
concentrar funciones en un órgano, concentrémoslas.

Yo le pediría a su señoría que hiciera un esfuerzo de coordinación con el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, porque,
como consecuencia de la tramitación de la Ley de liberalización de las
telecomunicaciones, en la que se crea la Comisión del Mercado de las
telecomunicaciones, por una enmienda consensuada por todos los grupos
parlamentarios se creó el Comité de lo



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audiovisual en el ámbito de la Comisión del Mercado de las
telecomunicaciones, y se le asignaron a esta Comisión las competencias
que reclama su señoría para un órgano singular y especializado de nueva
creación, que ya no es necesario crear porque esas funciones se atribuyen
justamente a la Comisión del Mercado de las telecomunicaciones. El
reglamento de esta Comisión se aprueba por Orden Ministerial de abril de
1997 en la que se crea con carácter permanente el Comité de lo
audiovisual, y es ahora la propia Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la que tiene que desarrollar la composición y
funcionamiento de ese Comité.

No obstante, señoría, le añado que en muy poco tiempo vamos a tener
todavía la oportunidad de mejorar la regulación en todo lo que afecta a
este aspecto orgánico. Ha empezado a correr ya el plazo para la
incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales de la nueva
directiva de Televisión sin fronteras. Dentro de cuatro, cinco o seis
semanas, no le puedo especificar el plazo con exactitud, estará en el
Congreso de los Diputados el proyecto de ley por el que se incorpora esa
directiva al ordenamiento jurídico española. Podríamos aprovechar la
incorporación de esa directiva, la vamos a aprovechar, para asignar unas
funciones más específicas en la cuestión que hoy se plantea aquí al
Comité de lo audiovisual, que está ya creado en el ámbito de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones. Hemos avanzado en este terreno,
hay un Comité de lo audiovisual ya creado, tiene unas competencias
asignadas por virtud de la Ley de liberalización de las
telecomunicaciones y podemos perfeccionar todo lo que afecta a su esquema
de composición y a su esquema de atribuciones en el momento de incorporar
la nueva directiva comunitaria de televisión sin fronteras. Esto en lo
que afecta al problema orgánico.

Por tanto, señoría, algo se ha hecho en estos quince meses, y se ha hecho
donde, a mi juicio, se debe hacer, lo terminarán por hacer los demás
países: en el ámbito genérico de las telecomunicaciones, insertando un
órgano específico que se ocupe de los contenidos audiovisuales en todo lo
que afecta de manera particular a la protección de la juventud y de la
infancia.

Hay --como sin duda sabe y se ha planteado en esta Cámara más de una
vez-- un problema competencial, puesto que las Comunidades Autónomas
tienen competencias con respecto a los contenidos de la programación en
relación con sus canales propios, con los llamados canales autonómicos.

La Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento tiene
dos órdenes de competencias. Hay una competencia de coordinación, que
debe ser siempre ejercida de manera escrupulosa en el respeto a las
competencias de las Comunidades Autónomas y hay unas competencias propias
en relación con los canales públicos y privados de ámbito nacional.

En relación con la coordinación, ha habido ya diversas reuniones con las
Comunidades Autónomas en este orden de cosas, y el convenio de
colaboración en esta materia se halla en fase de estudio jurídico por
parte de las administraciones autonómicas. Por consiguiente, hemos de
continuar impulsando esa labor de coordinación teniendo en cuenta siempre
que las normas deben ser generales y que, en la apreciación de lo que
afecta a los contenidos, tienen mucho que decir los representantes de las
Comunidades Autónomas porque tienen también sus propios canales. Hay,
como se ha referido su señoría, la competencia de control, inspección y
régimen sancionador, que con la ley 25/1994 se otorga al Ministerio de
Fomento.

Debo decirle que la Secretaría General, en cumplimiento de esta Ley, ya
en julio de 1996 formuló requerimientos a las cinco cadenas sobre las que
ostenta competencias, a fin de que adaptaran su programación a la norma,
haciéndose especial referencia en dichos requerimientos a aquellos
aspectos que pudieran vulnerar los derechos del menor.

Si aislamos por un momento, y permítame el inciso, desde la perspectiva
de los contenidos aquello que afecta a la publicidad, debo decir que en
estos momentos se tramitan cuatro expedientes sancionadores, incluidos
con fecha 9 de julio de 1997, por incumplimiento de la Ley a la que
estamos haciendo referencia.

Específicamente en relación con la protección del menor, querría
trasladar a la Cámara, y de manera particular a su señoría, que la
apreciación de posibles infracciones de los preceptos de la ley reviste
un alto grado de subjetividad, el cual aplicado a un régimen sancionador
pudiera ser causa de afectación de derechos tales como la libertad de
expresión, de información o de creación.

En este orden de cosas, señoría, creo que la mejor política posible es la
de la persuasión. Su señoría puede encontrar causas para abrir
expedientes sancionadores. Es una opinión profundamente respetable; no
todo el mundo compartiría esa opinión, lo que sí es verdad es que hay
unos contenidos altamente discutibles con carácter general en las
televisiones públicas y privadas. De cara a esos contenidos, señoría,
será siempre mejor una política de persuasión que una política represiva
y sancionadora. En esa política de persuasión es imprescindible buscar un
consenso, nada fácil de encontrar, nada fácil de configurar. En todo
caso, nosotros apoyaremos siempre aquellas iniciativas que consideran la
autorregulación como la vía más eficaz para conseguir una normalización
de la programación en este orden de cosas.

En el futuro inmediato, señoría, está pendiente --me acabo de referir a
ello-- la incorporación, que será muy próxima, de la Directiva 97/36, que
modifica la 89/522, del Parlamento europeo y del Consejo. El nuevo
artículo 22 de la Directiva impone la adopción de medidas más severas que
las hasta ahora vigentes, a fin de que ningún programa incluya escenas
que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los
menores. Es interesante la iniciativa que se configura en el artículo 22,
apartado 3, y por la cual en el plazo de un año llevará a cabo, junto con
los Estados miembros, una investigación de las posibles ventajas e
inconvenientes de otras medidas destinadas a facilitar el control
ejercido por los padres o tutores sobre los programas que pueden ver los
menores. Este estudio se llevará a cabo sobre los siguientes aspectos.

Necesidad de que los aparatos de televisión estén equipados con un
dispositivo técnico que permita a los padres



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y tutores filtrar determinados programas; establecimiento de sistemas
adecuados de clasificación; fomento de políticas de televisión familiar
y otras medidas educativas y de sensibilización; toma en consideración de
opiniones de las partes interesadas, tales como productores, educadores,
especialistas en medios de comunicación y asociaciones. Por último, y
para el seguimiento de la Directiva por parte de todos los Estados
miembros, se crea una comisión de contacto. Todo esto será objeto de
incorporación al ordenamiento jurídico español, de una manera más precisa
de la que lo estaba hasta este momento, mediante ese proyecto de ley que
el Gobierno enviará a la Cámara en las próximas semanas.

Con ello, señoría, termino. Es un problema delicado, es un problema
urgente. España, señoría, no es diferente de otros Estados miembros de la
Unión Europea. Es un problema generalizado en las sociedades occidentales
y, si se quiere, todavía más generalizado en las sociedades más
desarrolladas. En unas hay más capacidad de autorregulación que en otras.

Esta sí sería una diferencia. Ese es un problema que debe residenciarse,
fundamentalmente, en la sociedad civil. Pretender que los poderes
públicos tomen medidas drásticas sólo se puede hacer con un alto grado de
consenso y venciendo, sobre todo, el alto grado de subjetividad que
implica la iniciación de un expediente sancionador contra determinado
tipo de programas. Por eso, a mi juicio, siempre será bueno que los
grupos parlamentarios se pongan de acuerdo para hacer recomendaciones a
los poderes públicos que tienen la responsabilidad directa en el ámbito
de la Administración central y en el de las Administraciones autonómicas
sobre los programas concretos que, de una manera más o menos habitual,
son peligrosos para los menores y para los jóvenes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Mòdol.




El señor MODOL PIFARRE: Gracias.

Gracias, señor Ministro, por su intervención y por sus palabras. Créame
que en esa línea estamos. Lo que interesa es precisamente el bienestar
del futuro del que le hablaba en mi primera intervención, y no me
interesaba tanto hablar de la ley en general, pero vamos a hacerlo.

Usted ve tres problemas: orgánico, competencial y general. Orgánico,
ninguno. La propia Directiva de 10 de junio recomienda la creación de un
consejo audiovisual europeo, de un consejo audiovisual en cada Estado y
de un consejo audiovisual, en los países de corte federal, en cada
región. No hay ningún problema, porque es lógico que una cadena
televisiva que emite para toda España tenga un control del Estado
español; es lógico que una cadena televisiva que emita en el ámbito de
Cataluña tenga un organismo, como es la Comisión de lo Audiovisual de
Cataluña, que ejerza el control sobre su territorio. No creo que la
Comisión de lo Audiovisual de Cataluña diga nada a los señores de Huesca
o de Teruel; actúan en sus ámbitos. Por tanto, no hay ningún problema.

En cuanto al problema general, francamente, tampoco lo veo. Usted me dice
que es igual en todos los países. Pues no. El modelo de televisión
español no es igual que el noruego o que el sueco, ni el americano es
igual que el inglés, ni la BBC es Televisión Española. ¡Ya quisiera yo
que Televisión Española fuera la BBC! No es lo mismo, señor Ministro,
pero esto nos llevaría a un debate que excede en mucho el objeto de mi
interpelación de hoy. No es eso. Usted dice que meterse en cuestiones de
televisión es a veces excesivamente complicado, porque se puede
comprometer la libertad de información y la libertad de expresión. No. La
ley dice cosas tan fáciles como que no se puede interrumpir un telefilm
hasta que no lleve cuarenta y cinco minutos de emisión. Lo dice la ley.

¿Y cuántos telefilms han visto ustedes que cumplan esta norma? ¿Usted
cree que el que se obligue a respetar esas normas priva de libertad de
expresión? ¿Usted cree que se constriñe la libertad de expresión por
obligar a que se haga lo que dice la ley respecto a que el 51 por ciento
de los programas sea de producción europea? Eso es lo que dice la ley
europea, lo que dice nuestra ley. ¿Y eso se cumple? No. ¿Constriñe la
libertad de expresión pedir que el 15 por ciento de la producción propia
esté dedicado a productores independientes de este país y que se exhiban
como máximo los siguientes cinco años? Eso también lo dice la ley. ¿O es
mucho pedir que en medio de programas infantiles --no en programas de
adultos, no en aquellos que, según la ley, se emiten de veintidós horas
a seis horas de la mañana-- no se haga un corte publicitario anunciando
la violenta o sexista película de las doce de la noche, con las escenas
más sexistas y más violentas de ese largometraje? ¿Es eso atentar contra
la libertad de expresión? No. Es atentar contra la libertad de expresión
permitir que eso se haga.

Por cierto, celebro que su Ministerio esté estudiando los filtrajes;
quería yo proponérselo. Tendrán en eso nuestro más sentido apoyo, porque
creemos que es un buen sistema. Este asunto está avanzado en otros países
europeos, y creo que podemos tomar buena nota de ello. De todas formas,
señor Ministro, esto no es incompatible con que se haga caso de lo que el
Senado decidió por unanimidad a iniciativa suya. De cualquier manera,
este Senador tiene la sensación de que sólo ha sido contestado a medias
y que aquello en lo que realmente le interesaba su respuesta, es decir,
qué medidas efectivas íbamos a tomar para no comprometer el futuro de
nuestros menores, tampoco ha sido respondido. Usted no me ha dado ideas.

Yo me comprometo, con toda lealtad, a mandarle las que tenga y a
discutirlas con usted cuando sea, porque hay un interés mucho mayor que
la discusión que usted y yo podamos tener sobre transmisiones deportivas.

Eso importa muy poco. En el futuro será una anécdota. Importan las 1.500
horas de este año que los adolescentes se pasarán delante de la pantalla,
esos adolescentes que son nuestro futuro, el suyo y el mío. Me parece que
tenemos que mejorar de alguna manera en ese camino, y usted tiene la
máxima responsabilidad. Yo tengo la mía y la asumo. Asuma usted la suya.

Gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Mòdol.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.




El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, señorías, es cierto que todos
y cada uno de los aquí presentes y de los que están fuera debemos asumir
con absoluta seriedad nuestra responsabilidad sobre la materia tal y como
apuntaba hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En efecto, yo creo que todos reconocemos el valor intrínseco y primordial
de los niños en toda sociedad de la que son, sin duda, el alfa y la
omega. Todos somos conscientes de la máxima atención que en cualquier
aspecto de su vida estamos obligados a dedicarles, particularmente en una
faceta tan vital como la que se corresponde con su seguridad y con su
formación integral, con el fin de hacerles libres para la libertad, de
manera que su camino en la vida esté regulado por la ley vital de la
continua adaptación y como una realidad profundamente imprescindible.

Para ello, señorías, han de desarrollarse todas las capacidades
disponibles para los fines propuestos, es decir, para la defensa y
desarrollo de los derechos de los niños. Una de estas capacidades, qué
duda cabe --y ahí está el «leitmotiv» del debate de esta mañana-- es
precisamente la televisión, con su gran poder de atracción y su inmensa
capacidad introductora de imágenes y palabras hasta en lo más recóndito
de cada hogar, donde los niños juegan, estudian, viven y crecen. Después,
un gran poder de convicción e influencia capaz de subyugar y de atraer,
capaz de formar o deformar las mentes infantiles, por no decir la de los
mayores.

Sin embargo, por todo lo que hoy se viene diciendo aquí, se muestra
fehacientemente la emisión televisiva de una larga y constante serie de
programas nocivos para el detrimento mental y mala formación de los niños
en horarios muy asequibles a éstos. Evidentemente, señorías, éste es un
grave problema de ayer que hoy sigue aún sin solución. La pregunta es
hasta cuándo, porque medios de solución existen, aquí se han apuntado
algunos, y debe entenderse que también existe o debe existir sobrada
capacidad para su puesta en vigor.

Quedando esto perfectamente admitido por todos, el problema se centra en
el futuro que vamos a ser capaces de deparar al asunto, es decir, qué
soluciones idóneas podemos y debemos poner en práctica para que la
emisión de los contenidos televisivos se sustente sobre unas bases
mínimas de estética y ética en el sentido más noble de la palabra.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, obviamente,
comparte las inquietudes y preocupaciones expresadas y demostradas a lo
largo de este debate y, como no puede ser de otra manera, se adhiere con
entusiasmo a la voluntad para mejorar lo presente en intenciones y
realidades de futuro próximo. Un futuro, señorías, que a tener de cuanto
hemos podido escuchar de quienes dignamente representan en este debate al
Partido Popular, al Partido Socialista y al Gobierno será un futuro de
contenidos televisivos que no tan sólo no sean nocivos, sino que sean
verdaderamente instructivos y placenteros, particularmente para los
niños.

De verdad y a estas alturas ya no importa tanto el pasado siendo el que
ha sido en relación a cuanto hoy tratamos aquí, sino que es el futuro el
que realmente interesa, juntamente con las medidas que vayan a adoptarse
y que deben adoptarse con urgencia, dado lo delicado del asunto.

Quiero recordar, señorías, que éste y no otro es el sentido final con el
que se fraguó en este Senado aquel bello y cabal informe de la Comisión
Especial sobre Contenidos Televisivos, elaborado a petición del Partido
Popular, bajo la Presidencia de la Senadora Camps i Cervera y la
colaboración de los grupos políticos representados en esta Cámara.

Reconocida, consecuentemente, por todos la dignidad de este informe que
acabo de citar, cuyo contenido fue aprobado por el Pleno del Senado,
estimo que debieran ser tenidas muy en cuenta sus conclusiones y
recomendaciones en toda visión de futuro sobre la adecuación de los
contenidos televisivos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Grupo también tiene un grandísimo interés por esta cuestión, como se
demostró haciendo preguntas al Gobierno al inicio de esta legislatura,
incluso antes que la del señor Aleu, como ha indicado el señor Mòdol. El
problema nos importa muchísimo, es de enorme trascendencia para todo el
país, para el futuro, como ha dicho el señor Mòdol, y también ha dicho el
señor Ministro que es extremadamente difícil de resolver. Pero los
problemas si no son difíciles, no serían problemas.

Que sea difícil y acuciante resolverlo lo demuestra el artículo 22 de la
nueva Directiva europea que nos ha leído el señor Ministro, que pide
medidas más urgentes. Y si se solicitan medidas más urgentes, es porque
hay que resolver un problema que no está resuelto. Por lo tanto, el
problema es muy grave, es muy importante y todos debemos hacer el máximo
esfuerzo para llegar a un consenso y encontrar una solución que sea real,
efectiva y útil.

Las respuestas que ha dado el señor Ministro aquí son un bagaje bastante
pobre: cuatro expedientes sancionadores. Y dice que es difícil llevar
adelante un expediente sancionador, porque se puede correr el peligro de
la subjetividad, de la libertad de conciencia, etcétera. De acuerdo, pero
lo que hemos pedido diversos Senadores desde hace tiempo es esta entidad
formada por personas independientes, lo que quizá facilitaría que este
expediente sancionador pudiese seguir adelante sin grave peligro para el
desgaste político del Gobierno. Esta sería una cuestión. Por otra parte,
cuando pregunté a la Ministra de Educación por esta misma cuestión,
observé que en el ámbito de su Departamento



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las acciones que se realizaban eran más bien escasas. Por eso es tan
importante llegar a acuerdos operativos y que sean eficaces.

Usted dice que esto ocurre en toda Europa. El nivel que tiene la
televisión española es la misma que hay en toda Europa. No puedo
afirmarlo drástica y objetivamente. Me parece que hemos de ser un poco
más autocríticos con la televisión que tenemos nosotros, ya que en muchos
aspectos en otros países de Europa tiene más calidad que en España y, por
tanto, no podemos ser triunfalistas en este campo.

Usted dice que hay un problema orgánico y que el señor Mòdol e
indirectamente mi Grupo, que ha propuesto esta proposición de ley sobre
la creación del consejo de medios audiovisuales, debemos estar
coordinados con el Grupo Parlamentario del Congreso. Ya lo estamos, al
menos mi Grupo está muy coordinado. Antes de presentar esta proposición
de ley les consultamos a ellos. Tal como está redactada la Comisión del
mercado de las Telecomunicaciones no contempla lo que nosotros pensamos
que debe regularse, que son los contenidos. Quizás estemos equivocados,
pero tal como lo hemos estudiado, coordinadamente, no contempla esta
acción vital, necesaria, como ya se ha indicado. Por tanto, sigo
insistiendo en la necesidad urgente de cumplir la recomendación que se
adoptó en la Comisión Especial, tantas veces citada, del Senado, de crear
este organismo independiente, que quizá facilitaría llevar adelante los
expedientes sancionadores.

En definitiva, nosotros estamos totalmente interesados en esta cuestión.

Esperamos ver qué moción presenta el Grupo Parlamentario Socialista para
votarla a favor o no o enmendar sus propuestas. En cualquier caso,
esperamos con anhelo poder debatir en los ámbitos parlamentarios
correspondientes la nueva Directiva europea, para resolver de una manera
mucho más eficaz esta cuestión. En el bien entendido de que esta cuestión
--y quizás corresponde al Gobierno ver de qué manera puede trasladar esto
al resto de la sociedad-- no puede regularla únicamente el Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Varela, ha terminado su
tiempo.




El señor VARELA I SERRA: Termino.

El Gobierno debe trasladar a los padres la responsabilidad que tienen de
regular con sus hijos los programas que ven y los tiempos que dedican a
la televisión y también es tarea del Gobierno, en colaboración con los
ayuntamientos, promover actividades alternativas, es decir, que los niños
no se queden en casa viendo la televisión porque no tienen otra cosa que
hacer en su tiempo libre. Debe promover, en colaboración con otras
Administraciones, actividades más creativas y más formativas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el Senador Agramunt.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señoría.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradezco al
señor Ministro su clara exposición y la extensión de la misma. Yo creo
que nos ha dejado la cuestión en sus justos términos, que, por cierto, ya
estaban establecidos previamente. Yo le agradezco, en ese sentido, al
señor Mòdol que me haya hecho el honor de citarme textualmente parte de
la intervención de la última moción, que se produjo, además, el día 12 de
junio, que fue prácticamente la penúltima sesión del anterior período de
sesiones, y ahora, en esta primera sesión, volvemos sobre el mismo tema,
cuando tendríamos que haber esperado un poco a ver cómo se desarrollaban
las cosas. Me ha parecido que ha habido, quizá, un exceso de urgencia.

Yo le voy a decir al señor Mòdol que en nuestro Grupo todos defendemos
--el señor Galeote, en el Parlamento Europeo, y nosotros mismos aquí;
usted sabe que el Senador que les habla fue el que presentó precisamente
ante este Pleno la solicitud de creación de aquella Comisión de Estudio
de Contenidos Televisivos-- coherentemente, desde siempre, la misma
posición, y, además, en muchos casos, en ese sentido, coincidiendo con
ustedes y con todos los grupos de la Cámara. Por eso, le agradezco desde
el inicio que reconozca que esa iniciativa fue del Grupo Parlamentario
Popular. Fue, en realidad, conjunta de todos, pero la iniciativa primera
fue, precisamente, del Grupo Parlamentario Popular.

Usted ha planteado una cuestión en la que yo, ya que usted me citó antes,
me autocitaría otra vez, si usted me lo permite, aunque esté feo. Yo
decía, en la última sesión, que me iba de la tribuna con la sensación de
no entender nada, además de perplejidad, decepción y una cierta sensación
de melancolía. Y la sigo teniendo. Sigo sin entender nada, señor Mòdol.

La verdad es que han pasado apenas dos meses y todavía no ha entendido
aquella moción que usted presentó y la enmienda que nosotros presentamos.

Nosotros votamos en contra porque usted no quiso aceptar nuestra
enmienda, que simplemente --se lo vuelvo a recordar-- optaba por una de
las opciones que ustedes mismos presentaban: ustedes pedían impulsar la
creación del comité audiovisual o potenciar el comité audiovisual dentro
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Se lo dijimos
entonces y se lo vuelvo a decir ahora, y le añado --el señor Ministro ya
lo ha hecho-- un dato importante, y es que en este momento ese comité de
lo audiovisual ya está creado.

Fíjese lo que le voy a decir: usted se ha olvidado --les pasa con
frecuencia, qué le vamos a hacer, a todos los miembros de su Grupo-- de
que hace apenas quince meses gobernaban ustedes. Ustedes se han olvidado
ya, se han olvidado. Yo le voy a decir que en quince meses este Gobierno,
sustentado por el Grupo Parlamentario Popular, ha hecho lo que ustedes no
hicieron en quince años. La cifra es la misma, sólo que se refiere a
meses y años. Ustedes no hicieron nada, nada, sobre estas cuestiones, sin
apoyar, eso sí, y votar a favor el informe de la Comisión del Estudio de
Contenidos Televisivos. Este Gobierno, en quince meses, ha aprobado la
Ley de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones,



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ha aprobado su Reglamento, donde se crea, el 9 de abril de 1997, el
Comité de lo Audiovisual, y que va a desarrollarse, según ha anunciado
hoy mismo el Ministro, en una ley que adaptará la nueva Directiva Europea
de Televisiones sin Fronteras y que debemos todos conjuntamente
aprovechar para introducir reglamentariamente, o por esa ley y su
posterior desarrollo reglamentario, y darle de verdad toda la potencia
que estoy seguro de que todos estamos de acuerdo que necesita ese Comité
de lo Audiovisual.

Pero ya les decía que no se olviden ustedes de que ese fenómeno no es
nuevo, no es de ahora. La creación de la Comisión se pidió en noviembre
de 1993, hace ya casi cuatro años, y la cuestión venía de lejos. Parece
que nosotros hayamos impulsado y echado leña al fuego este verano, y yo
no sé si es oportuno o no decir aquí que llevo un listado enorme de
programas, porque es muy complicado establecer esa fina línea de
separación entre la libertad de expresión o libertad de prensa y los
derechos. Yo no había dicho nunca nada, pero aquí tengo un montón de
programas que les puedo citar de cuando el anterior Secretario General de
su Partido era Presidente del Gobierno, en cuya etapa se iniciaron esos
programas: telebasura, «reality shows», etcétera, ya estaban y nosotros
los criticábamos desde la oposición, y ahora seguimos haciéndolo desde el
Gobierno: «Carta Blanca», en Canal 9; «Cita con la Vida», en Antena 3;
«Esta Noche cruzamos el Mississippi», en Telecinco; «Quién sabe dónde»,
en Televisión Española; «¡Ay, qué calor!» --¿se acuerdan de ese programa
de Telecinco en el que se desnudaban y hacían «striptease» todos los
concursantes?; «Todos para una», el cine de pornografía dura, cine X,
Canal Plus codificado; «El Sexólogo», de Mariano Ozores; «Las
Confesiones», de Antena 3; «Nadie es Perfecto»; «La máquina de la
verdad», en Telecinco. Todo eso era en su época, cuando ustedes
gobernaban. No han cambiado, desgraciadamente, mucho las cosas. Han
cambiado en una cuestión, entiéndalo, por favor, señor Mòdol: este
Gobierno ya ha creado el Comité de lo Audiovisual, dentro de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, y ya se ha anunciado, mucho más
que nunca se ha hecho, el desarrollo de esa ley de adaptación de la nueva
Directiva de Televisiones sin Fronteras, que va a consolidar
definitivamente esa Comisión.

Por tanto, agradezco al señor Ministro su intervención y a todos los
grupos parlamentarios, porque creo que de verdad que entre todos --lo
digo con sinceridad--, y si no nos ponemos a hacer más demagogia de la
que debiéramos, seremos capaces de dar a este Comité de lo Audiovisual
todas sus funciones y tratar de verdad de ayudar, dentro de la enorme
dificultad que ello supone, este grave problema.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Quiero agradecer las intervenciones realizadas por los representantes de
todos los grupos parlamentarios y recojo de muy buena gana todas las
sugerencias que se han hecho aquí, porque todas ellas pueden contribuir
a que encaucemos mejor el problema. Pero, como debe ser propio de todo
debate, hemos de ser conscientes, a mi juicio, porque si no no tendrá
nunca solución el problema, de cuál es la manera más adecuada de empezar
a resolver este problema.

Fíjense sus señorías en que en el plazo de cuatro años ha habido, en el
ámbito comunitario, dos directivas: la primera de ellas se ocupa por
primera vez de la protección de los derechos de la juventud y de la
infancia, y ahora, cuatro años más tarde, esta Directiva ha sido
modificada para reforzar, justamente, el énfasis sobre la necesidad de
proteger de manera más eficaz los derechos de la juventud y de la
infancia en el marco de lo que resulta afectado por los contenidos
televisivos.

Señoría, si en cuatro años hay dos directivas comunitarias, ello refleja
que el problema es general. Yo no he puesto como ejemplo la comparación
entre la calidad media de unas y otras televisiones europeas. O me he
expresado mal o no se me ha entendido bien. Lo que he dicho es que los
programas que afectan negativamente a la juventud y a la infancia
representan un problema general en todos los países europeos, y que
España, señoría, no es diferente. Y prueba de que el problema es general
es que existe una legislación comunitaria que trata de ocuparse
específicamente de ese problema. Y lo hace desde una mentalidad que yo
llamaría continental, porque en la Comunidad Europea, como es lógico,
porque la mayoría de los Estados miembros son continentales, termina por
imponerse un modelo continental. Sin embargo, como tendencia, y asumiendo
las competencias que deben asumir los poderes públicos para hacer frente
a estos problemas, señoría, si se pueden trazar diferencias entre unos y
otros países, esas diferencias están en la mayor o menor capacidad de
autorregulación de las sociedades civiles nacionales. No le quepa a usted
la menor duda de que la esencia del problema radica ahí. No se resuelve
el problema con expedientes sancionadores; se resuelve el problema cuando
la sociedad civil rechaza determinado tipo de programación o, por lo
menos, en determinados horarios o, por lo menos, en determinados momentos
o, por lo menos, en relación con determinadas circunstancias. Entonces se
produce una situación mucho más aceptable, desde el punto de vista de la
calidad de los programas y de la protección de los derechos de la
juventud y de la infancia.

Por tanto, lo que yo pediría son estas dos cosas: primero, no
singularicemos el problema; es un problema general. Segundo, pongamos más
énfasis en la capacidad de autorregulación de la sociedad civil que en la
capacidad sancionadora de los poderes públicos. Tercero, tengamos en
cuenta que hemos puesto en marcha el esquema orgánico para tener un
contexto en el cual residenciar adecuadamente este problema.

La Cámara puede dirigirse directamente a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Hágase. Y en lo que afecta al marco legal, en muy
pocas semanas vamos a tener la oportunidad de perfeccionarlo, para
encuadrar mejor el problema y tener más posibilidades de actuación. En



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esas líneas, con toda seguridad, va a haber unanimidad en la Cámara y va
a haber una conjunción de intereses, de planteamientos y de propuestas
entre los poderes públicos, desde el punto de vista de lo que son las
Administraciones Públicas y el Poder Legislativo.

Hay ahora una oportunidad que hace muy pocos meses no existía. Hay un
órgano que se ocupa de los contenidos audiovisuales. En ese órgano han de
estar representadas las Comunidades Autónomas, porque sería
extraordinariamente positivo que pudiéramos tener unos criterios
generales que fueran aplicables en todo el territorio español, por tanto
no solamente en las cadenas públicas y privadas de ámbito nacional, sino
también en las cadenas autonómicas. Pongamos en marcha ese proceso, y
contará desde luego con toda la colaboración del Gobierno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señor Ministro.

Pasamos al tercer punto del orden del día.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.




--DE LA COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PREVER PARA LA
MODERNIZACION DEL PARQUE DE VEHICULOS AUTOMOVILES, EL INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL Y LA DEFENSA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000043.) (C. D. 121/000060.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al primer dictamen, que
es el de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en relación con el
Proyecto de Ley por el que se aprueba el Programa PREVER para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.

Pregunto al Presidente de la Comisión si se ha designado a alguien para
hacer la presentación. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Chao. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)



El señor CHAO GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la
Cámara el dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo al
proyecto de ley por el que se aprueba el Programa Prever, para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.

Este proyecto de ley, procedente del Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de
abril, fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y
publicado el pasado 7 de julio. El plazo de presentación de enmiendas,
que concluía inicialmente el 4 de septiembre, fue ampliado hasta el día
6. El proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia.

Se han presentado un total de 18 enmiendas. De la 1 a la 8 por los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente. De la 9 a la 14 por el Grupo
Parlamentario Socialista. Las enmiendas 15 y 16 por el Grupo
Parlamentario Popular, y por último, las enmiendas 17 y 18 por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

A la vista de estas enmiendas, la Comisión procedió a dictaminar
directamente el día 8 de septiembre, incluyéndose en el dictamen las
enmiendas 15 y 16, del Grupo Parlamentario Popular, y la 18 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Las enmiendas
15 y 18 tenían un contenido idéntico.

Se aprobó igualmente por la Comisión una corrección gramatical contenida
en la Disposición Adicional Segunda.

Para su debate ante el Pleno han formulado votos particulares los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, enmiendas 1 a 8, así como los
Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
enmienda número 17, y Grupo Socialista, enmiendas 9 a 14.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se
ha llevado a cabo.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Chao.

Cabe un debate de totalidad con turnos a favor, en contra y de
portavoces. ¿Turno a favor? (Pausa.)
El Senador Unceta tiene la palabra.




El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.

Señorías, debatimos hoy en la Cámara la ley que tiene por objeto,
fundamentalmente, la modernización del parque de vehículos automóviles,
el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio
ambiente, ley procedente, como todos ustedes conocen, del Real
Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril, aprobado por el Gobierno.

Señorías, de todos ustedes es conocido, en base a la experiencia obtenida
en los años precedentes, el interés y la eficacia obtenida con las
medidas adoptadas anteriormente; es innegable. Nadie podrá negar, y este
Senador menos que nadie, que las anteriores medidas han favorecido la
seguridad activa y pasiva media del parque automovilístico, dada la
rápida evolución del desarrollo e investigación que los responsables del
sector han venido aplicando sobre el automóvil, en cuanto a seguridad,
confort, contaminación, ratios de consumo, etcétera, frente a la
situación de los vehículos fabricados en décadas anteriores.

Señorías, el Gobierno ante esta realidad ha presentado a las Cámaras,
para su aprobación, el proyecto de ley que hoy nos ocupa. El debate a que
ha sido sometido este proyecto en el Congreso de los Diputados, y que
ustedes, señorías, conocen, a juicio del Grupo Parlamentario Popular



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mejoró el proyecto de ley y dicho texto nos ha sido remitido a esta
Cámara, para su debate y aprobación, si sus señorías así lo consideran.

El texto en su Exposición de Motivos implica, como consecución de
objetivos, primero, reducción de las emisiones de plomo a la atmósfera;
segundo, reducción de las emisiones de azufre; tercero, mejora de los
ratios de consumo de carburante, y como consecuencia, reducción de
emisión de anhídrido carbónico y óxidos nitrosos a la atmósfera, y, en
cuarto lugar, incrementar el grado de reciclado del viejo y contaminante
parque de vehículos, ampliando las medidas a los vehículos comerciales o
industriales de menos de 6 toneladas métricas de peso máximo autorizado,
como asimismo a las motocicletas de cubicaciones comprendidas entre 125
y 250 centímetros cúbicos.

Esta ampliación, señorías, la presenta el Gobierno en este proyecto de
ley, como no ignoran ustedes, por la escasa incidencia que en estos
segmentos han tenido, en años precedentes, para lograr los 4 puntos que
en la Exposición de Motivos se redactan en este proyecto de ley.

Señorías, señor Presidente, el texto remitido al Senado por el Congreso
en su trámite de Ponencia introdujo tres enmiendas, dos del Grupo Popular
y una de Convergència i Unió, que era totalmente similar y que ha sido
introducida en ese trámite de Ponencia, que sometemos en este momento a
este Pleno, con la convicción plena de que mejora el texto de la ley.

En ese trámite de Ponencia el Grupo Popular modificó el texto del párrafo
primero del apartado 1, del artículo 3, en cuanto a que podrán deducirse
de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota íntegra
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el importe de las
bonificaciones otorgadas a los compradores y, en su caso --y es el objeto
de la enmienda introducida--, a los arrendatarios financieros, de
vehículos industriales nuevos de menos de 6 toneladas métricas.

Hemos incorporado esta enmienda, señorías, persiguiendo la consecución de
los cuatro puntos objetivo de este proyecto de ley, dada la importancia
e incidencia de este tipo de contratos en el sector.

La segunda enmienda que hemos incorporado al texto remitido a esta
Cámara, y en el ámbito de coherencia con las enmiendas aprobadas en el
Congreso, se refiere a una modificación al artículo 3, en su número 4.

Creemos --y lo hemos justificado en el trámite de Ponencia-- que la
referencia que el número 4 realiza en el texto del proyecto al fabricante
o importador no resultaba correcta, por lo que la modificación propuesta
por la enmienda incorpora a todos los sujetos pasivos que, de acuerdo con
lo previsto en el apartado 1, tienen derecho a practicar la deducción.

Asimismo, hemos incorporado al texto un párrafo adicional al artículo 3,
a los efectos de que las operaciones entre el arrendador y arrendatario
financiero se incluyan en la base imponible correspondiente el importe de
la bonificación, conservando con ello la neutralidad del impuesto.

Señorías, el texto de la Ponencia debatida en el seno de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo y que se propone a la aprobación de sus
señorías en este Pleno, a juicio del Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara es un texto suficientemente claro y objetivo, y a través de los
tres artículos que componen la ley, sus tres disposiciones adicionales y
sus dos disposiciones finales logrará los objetivos compartidos por todas
sus señorías, al menos en el trámite de Ponencia de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, de que se confirme y realice la renovación
del parque de vehículos esperado por no menos de setenta u ochenta mil
vehículos en este año y su prolongación en años sucesivos.

En este sentido, señorías, yo añadiría que esta ley conlleva
indirectamente una ayuda al sector del automóvil, al margen de otras
medidas fiscales que el Grupo Parlamentario Popular no abandona y que
consolidarán la pujanza del sector automovilístico en los actuales
empleos y la creación de nuevos sobre los casi dos millones que este
sector soporta en sus facetas de fabricación, industrias de componentes,
distribución, etcétera, y que se mantiene en la actualidad.

Señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular
agradecemos a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de esta
Cámara el debate y posicionamiento en el trámite de Ponencia y esperamos
convencidos en este Pleno que su posicionamiento será la aprobación clara
de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Unceta.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.

¿Senador Nieto? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo dado que no
hemos presentado enmiendas y considero que éste es el turno más adecuado
para hacerlo.

Nuestro Grupo va a votar a favor de este proyecto de ley como lo ha hecho
en las sucesivas ocasiones en que tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado, se ha sustanciado un proyecto de ley semejante en
épocas anteriores. Y quiero manifestar nuestra visión positiva y nuestro
acuerdo en este tema, fundamentalmente, por lo que significa de reforma
del parque de automóviles del Estado, lo cual redunda sustancialmente en
una mejora de la calidad y de las condiciones de vida como el propio Real
Decreto, en uno de sus fines, pretende conseguir. Pero también, a nuestro
modo de entender, porque introduce una importante movilidad económica en
el sector, que está sometido a sucesivos avatares tanto industriales y
tecnológicos como económicos.

A nuestro modo de ver, medidas como éstas no solamente favorecen los
objetivos que se indican en la Exposición de Motivos del proyecto de ley,
sino que, indirectamente, inciden en la animación de la industria
auxiliar del automóvil, industria muy arraigada en las diferentes
Comunidades Autónomas del Estado, que emplea a un número importante de
trabajadores con una alta cualificación



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y que precisa necesariamente de mayor incorporación tecnológica, mayor
investigación y mayores aportes económicos para estar al día.

El sector del automóvil está teniendo un importante crecimiento en el
mercado internacional con una fuerte competitividad entre los diferentes
bloques económicos, y desde ese punto de vista nuestro Estado no puede
quedarse atrás.

Este proyecto de ley, a nuestro modo de ver, favorece indirectamente el
desarrollo de una industria auxiliar del automóvil pujante que
quisiéramos que, con estas medidas, se viera consolidada definitivamente
en los próximos años.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albistur.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos a continuación a debatir el articulado de la ley. Artículos 1 a
3, disposiciones adicionales primera a tercera, disposiciones finales
primera y segunda y exposición de motivos.

Existe un voto particular número 2, de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las
enmiendas números 1 a 8.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, las ocho enmiendas que plantea nuestro Grupo a este proyecto de
ley tienen indudablemente el objetivo, por un lado, de incentivar y
renovar el parque automovilístico para que éste sea una fuente generadora
de empleo en la medida en que dicho parque se renueve. Pero, al mismo
tiempo, donde estamos en desacuerdo con el proyecto de ley es en que el
desarrollo sostenible, según nosotros lo entendemos, y el objetivo de
preservar el medio ambiente y el tratamiento de los residuos que genera
la renovación del parque automovilístico, también debería regularse en
esta ocasión en esta ley.

Vemos también que en aspectos fundamentales como el medio ambiente y los
residuos se debería instar a las Comunidades Autónomas a que regulen
--pues muchas de ellas no lo tienen regulado-- el tema de los
almacenamientos y el tratamiento de los residuos. En algunas de nuestras
enmiendas --también en otras del Grupo Parlamentario Socialista-- se hace
hincapié en este sentido, e, indudablemente, las mismas podrían suponer
que esta ley saliese más integral y mejorada.

Sólo me voy a detener globalmente en tres aspectos. Uno es que, estando
de acuerdo con la renovación de los vehículos en diez años, nosotros
introducimos que debería contemplarse también el kilometraje. Es decir,
no mirar solamente la antigüedad del vehículo sino el uso que se ha hecho
del mismo. Por lo tanto, en una enmienda pedimos que se contemple, a los
efectos de la bonificación, tanto la edad del vehículo como, por ejemplo,
aquellos vehículos que tienen más de 150.000 kilómetros.

Otra de nuestras enmiendas que puede parecer no baladí, aunque solamente
sea de manera testimonial, es aquella en la que pedimos que se bonifique
a todos aquellos vehículos que sean de construcción comunitaria. Sabemos
que es una cifra ínfima, pequeña, el número de vehículos americanos o
japoneses fabricados en América o en Japón. Pero creemos que se debe
proteger la industria de la Unión Europea, en este caso la industria del
automóvil, y establecer un elemento corrector y, si quieren,
proteccionista, puesto que se va a rebajar la fiscalidad. Es decir,
creemos que debe aplicarse a aquello que se fabrica en nuestro entorno y
no a lo que se fabrique fuera de la Unión Europea.

Otra de nuestras enmiendas que tiene una importante relación con el medio
ambiente pide que no se incentiven las motocicletas de «moto cross»,
porque, al mismo tiempo que son generadoras de infinidad de ruidos, crean
peligrosidad desde el punto de vista de la accidentalidad. Por lo tanto,
no creemos que se deba incentivar el uso de ese tipo de motocicletas, no
teniendo bonificación fiscal esas renovaciones pues es una manera de
estimular que se consuma menos ese medio de transporte.

Otra cuestión que planteamos, ya para finalizar, señorías, es que es
verdad que el vehículo se da de baja en Tráfico y con eso es suficiente
para obtener la bonificación. Pero nosotros consideramos que, además de
la baja citada, es necesario el certificado de la empresa que se ha hecho
cargo del desguace. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos que se dan de
baja en Tráfico y están abandonados en la vía pública o se tiran en
cualquier sitio. Con esto, lo que queremos garantizar es que para la
renovación del parque, cuando se deja el automóvil se acompañen los
certificados de Tráfico y de la empresa que se hace cargo del desguace.

Así ya hay una responsabilidad concreta para tener acceso a la
bonificación. Creemos que con eso evitamos la picaresca que puede
producirse, aunque sea pequeña, de dar de baja el vehículo en Tráfico,
llevarlo a una chatarrería e incluso que ese coche se esté usando.

Con ser esto importante, lo fundamental es que al regular el tema del
tratamiento de los residuos cuando el coche se abandona hay una
responsabilidad para que se haga el tratamiento de los motores, etcétera,
haya una empresa responsable que garantice que efectivamente ese coche se
ha desguazado y se ha hecho el tratamiento adecuado.

Creemos que la ley pierde una oportunidad de regular también el tema de
los cementerios de coches, que debía regularse porque está atentando
también al medio ambiente. Por eso, para nosotros la ley no es
satisfactoria totalmente y si no se introducen algunos elementos de este
tipo, o como los que plantea el Partido Socialista, nos abstendremos en
la votación.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.

Voto particular número uno, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, que corresponde



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a la enmienda número 17. Para su defensa tiene la palabra el Senador
Simó.




El señor SIMO I BURGUES: Señor Presidente, señorías, paso a defender la
enmienda que no fue admitida en Comisión y que nuestro Grupo estimó
conveniente volver a presentarla en el trámite del Pleno porque
entendemos que lo que en ella proponemos es de interés para todos.

Como dijimos en Comisión, nuestra enmienda está dirigida a la mejor
consecución de los objetivos que persigue este proyecto de ley, que
vienen detallados en su Exposición de Motivos: impulsar la renovación del
parque español de vehículos con el fin de mejorar la seguridad activa y
pasiva media del citado parque, reducir las emisiones contaminantes y
contribuir al impulso industrial del sector.

Nuestra enmienda, como conocen sus señorías, consta de dos partes. En la
primera pedimos que puedan ser sujetos pasivos de los beneficios que esta
ley otorga en orden a deducciones los miembros de la unidad familiar a
que pertenezca quien posea la titularidad del vehículo que se da de baja,
y ello porque entendemos que el objetivo de la ley no es tanto el
conceder un beneficio a quien posea la titularidad del vehículo, sino la
modernización del parque. De aquí que pidamos que la ley contemple la
posibilidad de extender el incentivo al cónyuge o hijos del titular del
vehículo que se da de baja. Se nos dijo en Comisión, como justificación
al voto en contra de esta enmienda, que, por ejemplo, está en debate una
ley para considerar a las parejas de hecho como unidades familiares, lo
que supondría un incremento fiscal que todavía no está contemplado.

Entendemos que eso no es problema en este momento. A la hora de decidir
sobre la ley que nos ocupa no sabemos cuál será el resultado final de la
ley sobre las parejas de hecho. En todo caso, según como quede redactada
y aprobada, es decir, según como quede definida la unidad familiar de las
parejas de hecho, encajará o no en los beneficios que el proyecto que
aquí debatimos concede, como encajará o no en otros textos legales ya
vigentes. No lo sabemos. Aquí nos tenemos que ceñir a lo que, según la
legalidad vigente, entendemos por unidad familiar. Si este concepto ha de
variar en el futuro, el legislador ya tendrá en cuenta su encaje en la
legalidad vigente. Siguiendo este razonamiento tendríamos que suspender
la tramitación de este proyecto de ley para ver en qué acaba el de las
parejas de hecho y ver si las incluimos o no en estos beneficios como
unidad familiar, lo cual no tendría ninguna lógica.

Por último, solamente quería hacer referencia al segundo párrafo de
nuestra enmienda, por el que pedimos que se pueda paliar la deducción
prevista cuando se demuestre que la titularidad jurídica que ostenta una
persona o entidad jurídica es plena y existe identidad entre la persona
o entidad y la que posteriormente matricula. Son dos casos diferentes los
que nuestro Grupo propone en esta enmienda y los dos van encaminados,
como decía al principio, a una mejor consecución del propósito que guía
este proyecto de ley, según su Exposición de Motivos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Simó.

Voto particular número tres del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 9 a 14. Para su defensa tiene la
palabra el Senador Fernández Chacón.




El señor FERNANDEZ CHACON: Gracias, señor Presidente.

Señorías, habría que remontarse unos años atrás para establecer los
antecedentes históricos que han precedido el momento legislativo en el
que nos encontramos hoy. Vamos a aprobar una ley para modernizar el
parque de vehículos automóviles que va a conllevar el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, ley que va
a ser conocida en el futuro, casi con toda seguridad, como la ley de
Prever. Estos antecedentes son los programas Renove I y Renove II, que
fueron aprobados como Real Decreto-ley en el año 1994 y que se formularon
fundamentalmente con objetivos similares a los de esta ley: renovación
del parque automovilístico con el fin de dinamizar el sector industrial
español, que atravesaba en aquellos momentos particularmente difíciles
del año 1993, debido sobre todo a coyunturas internacionales
desfavorables y adversas, que encadenaba una crisis que empezaba a
afectar de una forma notable al empleo.

La modernización del parque automovilístico induciría, según se decía
entonces, a un aumento de la seguridad vial tanto activa como pasiva, y
produciría un efecto beneficioso sobre el medio ambiente, entendiendo
este efecto beneficioso por la menor emisión de contaminantes
atmosféricos debido a la utilización de sistemas catalizadores en los
vehículos nuevos, además del uso de combustibles de bajo contenido en
plomo y la mejora en los sistemas de inyección de los nuevos vehículos
favorecería --se explicaba-- un menor consumo de energía. Los resultados
tasados del Renove I fueron, a grandes rasgos, un aumento de la
matriculación de vehículos nuevos del orden del 35,4 por ciento del total
de los vehículos matriculados entre abril y septiembre de 1994. Ese año
fueron 170.811 los vehículos que se dieron de baja en ese período para
acogerse al Plan Renove, teniendo una incidencia importante los vehículos
de fabricación nacional, puesto que se matricularon ese mismo de
vehículos aproximadamente y, como decía, teniendo una incidencia
importante en los vehículos de fabricación nacional, que atravesaban un
momento difícil debido a coyunturas internacionales adversas, como era el
progresivo desarme arancelario por la aplicación del Mercado Unico en
aquellos momentos. Los resultados del Renove II superaron logros
anteriores.

Fruto de esta experiencia positiva de los planes Renove llevados a cabo
por los gobiernos socialistas viene hoy esta ley al Senado para su
aprobación. Por esto, señorías, no vamos a pedir el «copyright», pero qué
duda cabe que desde esta tribuna sería miserable no reconocerlo.

Afortunadamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al principio
de su intervención, creo que lo reconoció, o por lo menos eso deduje de
sus palabras.




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Con referencia al texto legislativo, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado seis enmiendas al presente proyecto de ley. La primera
enmienda, la número 9, es una enmienda de modificación del apartado 1 del
artículo 1, que pretende modificar dicho apartado del texto del dictamen
de la Comisión por la siguiente frase: A partir de la entrada en vigor de
la presente ley, y durante el plazo de un año, los sujetos pasivos que
sean titulares..., etcétera. Nosotros justificamos esta enmienda porque
pensamos que no puede darse un carácter estructural y permanente a lo que
es un estímulo fiscal y, por tanto, debe tener un carácter coyuntural que
sirva para corregir situaciones coyunturales --valga la redundancia-- de
especial dificultad en el caso de sectores como el que nos ocupa, el
sector de la automoción, que puede atravesar momentos difíciles en
momentos determinados, tal y como sucedió, como decía al principio de mi
intervención, en el año 1993. Y para esto se crearon estas ayudas
fiscales, pero se establecieron de una forma coyuntural, no de una forma
«in illo tempore». Hacerlas permanentes podría estar incluso en
contradicción con la normativa europea vigente cuya filosofía es que los
incentivos fiscales deben tener un carácter temporal, tal como recomienda
el informe del Comité Ruding a la Comisión Europea. Además, en los
momentos actuales, puede ser un contrasentido porque los datos apuntan
una buena situación de los indicadores económicos del sector
automovilístico y una renovación importante de vehículos. Se ha agotado
el dinero del Plan Prever y hay muchos consumidores que teniendo el
derecho en tiempo y forma, no lo van a poder cobrar por falta de
presupuesto, a menos que el Gobierno amplíe la partida presupuestaria
correspondiente. Probablemente aprobemos hoy una ley que durante este año
no disponga de los fondos necesarios para cumplirla y podría quedar en
mera propaganda política.

Con relación a las enmiendas 10, 11 y 12, son también de modificación al
apartado 2 del artículo 1, a la Disposición Adicional Segunda y a la
Disposición Adicional Tercera, respectivamente. Pretendemos que se omita
en el texto de la ley la referencia al artículo 70 bis de la Ley 38/1992,
en coherencia con nuestra enmienda al artículo 1 y por ello doy por
reproducida la explicación anterior de justificación de estas enmiendas.

Señorías, la enmienda número 13 es de adición a la Disposición Final
Primera que textualmente dice: «El Gobierno, en el plazo máximo de seis
meses, elaborará, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un programa
que garantice el correcto reciclado y tratamiento de los automóviles
usados, de forma que se controlen y minimicen los efectos ambientales
derivados del previsible incremento de vehículos fuera de uso. Dicho
programa deberá incorporarse al Plan Nacional de Residuos Sólidos
Urbanos.»
Esta es una enmienda con verdadero calado político. Tiene calado porque
si persisten además en su rechazo, se le va a notar al Grupo que sostiene
al Gobierno un desprecio por el medio ambiente de este país. Podría
decirse que esta ley que vamos a aprobar hoy tiene tres facetas. Una
estrictamente económica, que representa la ayuda fiscal que se otorga
cuando se da la baja a un vehículo para matricular uno nuevo; otra de
seguridad vial que pretenda aliviar los altísimos índices de
siniestralidad actuales y una tercera de protección del medio ambiente.

Por lo que hemos visto y oído hasta ahora en los distintos trámites
parlamentarios de esta ley, la preocupación del Partido Popular parece
ser única y exclusivamente la faceta económica. A nosotros nos preocupan
las tres, señorías. Y no les vamos a acusar de los muertos en las
carreteras, tal como ustedes hicieron con absoluta irresponsabilidad con
el anterior Presidente del Gobierno jaleados por ciertos medios de
comunicación. Este no es nuestro estilo. Eso no lo vamos a hacer. Pero sí
les vamos a responsabilizar de los futuros vehículos usados, abandonados
en nuestras calles, plazas y campos que pueden originar un problema medio
ambiental de difícil solución, si persisten en el rechazo de esta
enmienda y otras que plantea también el Grupo de Izquierda Unida que son
de carácter medio ambiental.

Señorías, es necesario que empecemos a aprobar esta asignatura pendiente
medio ambiental que se empezó a preparar por el anterior Gobierno
Socialista a través de la Secretaría de Medio Ambiente que negoció un
Acuerdo Marco con los gobiernos autonómicos a efectos de insertar en el
Plan Nacional de Residuos Sólidos un mecanismo en cada una de las
Comunidades adaptado a la geografía, al medio natural y a las
posibilidades institucionales de cada una de las Comunidades Autónomas.

La realidad es que hasta hoy nada ha venido a esta Cámara que continúe
desarrollando el trabajo llevado a cabo por los anteriores responsables
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Es evidente que siendo éste
un problema generalizado, además es un problema redoblado en aquellas
Comunidades Autónomas Insulares donde la posibilidad de achatarramiento
de vehículos usados es menor por no existir en sus áreas industrias
siderúrgicas que pudieran aprovechar la chatarra de estos vehículos.

Les invitamos a que no se queden con el espíritu de esta enmienda tal
como nos manifestaron en la Comisión de Industria al dictaminar el
proyecto de ley y les invitamos a que recojan el cuerpo de la misma para
no dilatar en el tiempo los graves problemas medio ambientales que pueden
provocarse.

Señorías del partido que apoya al Gobierno, no se queden en un ejercicio
de pura palabrería. Mójense hoy aprobando o apoyando estas enmiendas.

Señorías, la enmienda número 14 es de adición a la Disposición Final que
se trata de un ajuste técnico que mejora, entendemos, el articulado de la
Ley que deroga el Real Decreto-Ley 6/1997 a la entrada en vigor de la
ley, salvaguardando, evidentemente, los derechos preexistentes.

Señorías, con respecto a las enmiendas que presentan otros Grupos, les
anuncio que nos parecen bien. Enmiendas como la 1, 6, 7 y 8 de Izquierda
Unida básicamente por su aportación medio ambiental al texto de la ley y
no compartimos tampoco por otras razones las restantes del mismo grupo.

Del Grupo de Convergència i Unió no compartimos su enmienda 17, que hace
referencia a la extensión de los beneficios fiscales a otros miembros de
la unidad familiar y



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nos abstendremos en consecuencia por razones que por el tiempo que tengo
no podría explicar ahora.

Voy a terminar mi intervención manifestando que nuestro grupo va a apoyar
el texto de la ley con la salvaguarda de nuestras enmiendas que
entendemos mejorarían el texto final, porque fuimos los primeros en poner
en marcha estos mecanismos de ayuda al sector del automóvil, y porque
compartimos que es necesario dar un impulso al sector industrial de
vehículos de automoción por su gran repercusión en nuestra economía y el
empleo en nuestro país, aunque no compartamos ni el «tempus» de
aplicación de la ley ni el tratamiento de los temas medio ambientales que
pueden derivarse con la aprobación de la ley si no lo remedia el grupo
mayoritario de esta Cámara con el cambio de posición ante las enmiendas
planteadas por nuestro grupo para mejorar la ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández
Chacón.

Turno en contra.

El Senador Bueno tiene la palabra.




El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, de las 18 enmiendas presentadas a este proyecto de ley,
solamente y después del paso por Comisión, nos quedan 15. De ellas, ocho,
como bien se ha indicado, pertenecen a Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, seis al Grupo Socialista y una de Convergència i Unió. Cada
uno, como es obvio, ha razonado desde esta tribuna aquello que ha
entendido que era conveniente con el fin de incorporar a la ley aquellos
planteamientos que en ese momento mantenían en Comisión y que han seguido
manteniendo en este Pleno. Sin embargo, y ahora a través de la
exposición, vamos a hacer un repaso de estas 15 enmiendas que se
encuentran en este momento a debate y consecuente con esto, esperamos que
queden satisfechos en cuanto a la explicación e indudablemente vamos a
ver si conseguimos entre todos lo mejor.

Con respecto a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, la número 1, así como la número 6, y las voy a juntar
precisamente porque tratan del mismo tema, se refieren a la Exposición de
Motivos y al artículo 1 y es la adición de un nuevo requisito a cumplir
del vehículo desguazable. En este sentido, el texto concreto, se refiere
al justificante de la empresa receptora del vehículo para su posterior
achatarramiento. Dijimos en Comisión y repetimos ahora que indudablemente
consideramos que no es preciso, pero vamos a hacer una aclaración. En
cuanto a las bajas posibles ante la Jefatura de Tráfico de un vehículo,
hay dos posibilidades: la baja temporal, lo cual lleva a la
inmovilización del vehículo, que no nos ocupa, y la baja definitiva. Pero
en esta baja definitiva, que podía entenderse la posibilidad de que los
vehículos quedaran abandonados, sin embargo el propio proyecto ya incluye
en varios apartados que ha de ser por desguace. Obviamente, cuando se
trata de una baja por desguace, ha de llevar, si no el certificado de
achatarramiento, sí el de la empresa que desguaza y que como consecuencia
de esto se supone que se destina a la chatarra.

Por lo tanto, una vez hecha esta aclaración respecto a las enmiendas
números 1 y 6, donde se exige la presentación de un justificante de la
empresa receptora del vehículo para su posterior achatarramiento
--partimos de la base de que todo esto tiene un fin, que es el requisito
para la práctica de la deducción de la cuota del Impuesto especial para
determinados medios de transporte--, no podemos aceptar las enmiendas, se
informan desfavorablemente y, consecuentemente con esto, las vamos a
rechazar.

Pasamos a las enmiendas números 2 y 3, referidas a la Exposición de
motivos y al artículo 2. La enmienda número 3 pretende suprimir la
extensión de la no sujeción al Impuesto especial sobre determinados
medios de transporte a las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos,
que están incorporadas a este Plan. Indudablemente, la extensión de la no
sujeción a este Impuesto de las motocicletas es un elemento central y
forma parte del Proyecto de Ley y del propio Plan, que participa de sus
objetivos, al igual que el resto de las medidas contempladas en el mismo.

Pero, aparte de este aspecto de que forme parte del propio Plan,
entendemos que no conlleva, como se indicaba desde esta tribuna, un
problema de medio ambiente por las actividades de cross y trial --como se
indicaba en la propia enmienda--. En definitiva, consideramos que como
forma parte del Plan y debe estar incluido, vamos a votar que no a estas
enmiendas números 2 y 3.

La enmienda número 4, también de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, se refiere al artículo 1 punto 1 y propone exigir dos nuevos
requisitos para aplicar el beneficio de la deducción en la cuota del
Impuesto: el primero es que el nuevo automóvil de turismo a matricular no
exceda de 16 caballos fiscales y el segundo es que el nuevo automóvil de
turismo a matricular haya sido producido en un Estado miembro de la Unión
Europea.

Indudablemente, esta enmienda supone una exigencia doble. Por lo que se
refiere al primer requisito, dadas las finalidades que inspiran el Plan
--que son la modernización del parque de vehículos, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente--, la
restricción de los beneficios del mismo a cierta categoría de vehículos
determinada por su potencia fiscal aparece como injustificada, concepto,
por lo demás, extraño al Impuesto, puesto que el Impuesto es genérico y
no hace estas excepciones. En cuanto al segundo requisito, restringir los
beneficios del Plan a vehículos de producción comunitaria, resultaría
contradictorio con los objetivos del mismo citados más arriba. Además,
discriminar por medio de la imposición indirecta contra productos
originarios de países no comunitarios podría ser contrario a las reglas
del GATT, hoy día Organización Mundial del Comercio. Asimismo, hay que
tener en cuenta que hay vehículos de más de 16 caballos, como los
todoterreno, a los que se hacía mención, que se utilizan tanto para la
ganadería como para la agricultura, y en la zona norte, concretamente en
la cornisa cantábrica, donde yo resido, son de uso común y no
precisamente para mal uso, sino porque son necesarios para los fines que
se



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pretenden. Por lo tanto, no entendemos ese aspecto y rechazaremos también
la enmienda número 4.

La enmienda número 5 se refiere al artículo 1 y en la misma se propone la
inclusión de un nuevo requisito a cumplir por el vehículo que se da de
baja por desguace para optar a la cuota del Impuesto, y se propone,
además, en la enmienda de referencia que el vehículo desguazable tenga
más de 150.000 kilómetros para poder aplicar la correspondiente
deducción. Es obvio y a nadie se le escapa que técnicamente es posible
condicionar, modificar o adaptar los kilometrajes de los vehículos, pero,
indudablemente, y al margen de este comentario, no es preciso establecer
cuantías respecto a los kilómetros, y me explico. Si alguien tuviera un
vehículo en buen estado con una cantidad mayor o menor de los 150.000
kilómetros que establece la enmienda y no tiene intención de cambiarlo,
no lo va a cambiar, lo establezcamos o no o pongamos como cota una u otra
cantidad de kilómetros. Y habrá vehículos con más de 10 años que tengan
pocos kilómetros y vehículos con menos de 10 años que tengan más, pero,
indudablemente, se ha establecido una cifra en cuanto al tiempo y no en
cuanto a los kilómetros, que son aleatorios y van condicionados al uso de
ese vehículo.

Por lo tanto, entendiendo que esos requisitos darían lugar a una
situación que plantearía difíciles controles, e incluso en algunos
momentos disparidades en cuanto a opiniones, obviamente vamos a rechazar
también la enmienda número 5, por no entenderla como necesaria, y lo
decimos no por la buena o mala voluntad, sino sencillamente entendiendo
que se aporta lo que cada uno estima conveniente, pero la realidad impone
un criterio fijo y con éste partimos, con el de los 10 años.

Las enmiendas números 7 y 8, también de Izquierda Unida, proponen la
inclusión de dos disposiciones adicionales nuevas en las que se insta al
Gobierno para que adopte determinadas medidas normativas en relación con
la fabricación de automóviles y la regulación de los centros de
almacenamiento de vehículos usados. Las enmiendas, ciertamente loables
voluntariosas, no guardan relación con la filosofía del proyecto, y éste
es el motivo por el cual hemos de rechazarlos; no por la filosofía de las
mismas, sino porque en este proyecto no tienen cabida.

Y pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Son seis
enmiendas, y voy a tratar de una manera conjunta las números 9, 10, 11 y
12, referidas al artículo 1, modificación del apartado 1, artículo 1,
modificación apartado 2, disposición adicional segunda y disposición
adicional tercera. Las enmiendas de referencia proponen limitar el
estímulo fiscal que la deducción de la cuota del Impuesto especial sobre
determinados medios de transporte comporta al período de un año.

Indudablemente, partimos de la base de que acotar el tiempo a un año no
nos parece oportuno, entendiendo que es una medida estructural más que
coyuntural. Consecuente con esto, y dado el carácter estructural de las
medidas contempladas en el Plan PREVER, que es uno de sus elementos
esenciales y característicos, que busca la consecución de sus objetivos
de modernización del parque de vehículos automóviles, incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente con carácter
permanente, no coyuntural --si bien es cierto que hay otra serie de
cuestiones más técnicas en las enmiendas, pero todas aquellas van
dirigidas a establecer un año como máximo y nosotros entendemos que la
medida debe ser más amplia--, vamos a rechazar las enmiendas números 9,
10, 11 y 12, del Grupo Parlamentario Socialista.

La enmienda número 13, del mismo Grupo Parlamentario Socialista, es de
adición a la disposición final primera y pretende añadir un segundo
párrafo instando al Gobierno a elaborar un programa sobre tratamiento de
los vehículos o automóviles usados. Antes, en la exposición del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, se ha sido generosamente
parlamentario --y lo pongo entre comillas-- respecto a la defensa, puesto
que se ha entrado en debates y en temas que no afectaban para nada a las
enmiendas, sino que iban al entorno y a la filosofía del proyecto de ley,
por eso vamos a ceñirnos al tema que nos ocupa.

Esta enmienda de adición a la disposición final primera, insta al
Gobierno a elaborar en seis meses, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas, un programa que garantice el correcto reciclado y tratamiento
de los automóviles usados. Entendemos, primero, que es un tema quizá más
propio de medio ambiente y, segundo, que hay una ley de residuos que está
ya en el Congreso.

La enmienda número 14, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
a la Disposición Final, es de adición, y pretende derogar el Real
Decreto-Ley 6/1997. Se propone añadir una Disposición Final por la que se
deroga el Real Decreto mediante el que se aprueba el Programa Prever para
la modernización del parque de vehículos automóviles. Tanto el Real
Decreto-Ley 6/1997 como el Proyecto de Ley actual suponen una
modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
especiales, incidiendo el Proyecto de Ley sobre los mismos artículos en
que incidía el Real Decreto-Ley 6/1997, por lo que la enmienda resulta
innecesaria. En consecuencia con esto, rechazaremos la enmienda número
14.

Finalmente, queda la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. Indudablemente --y lo hemos
comentado antes con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió--, todos participamos y somos sensibles con
el tema que aquí se plantea de la unidad familiar. Pero partimos de la
base de que tampoco ha de tener una incidencia grande en este sentido y
que en lo que respecta a efectos de herederos no habría ningún problema
a ejercer este derecho. Entendemos que la bonificación se configura sobre
la base del comprador titular, que es el usuario del vehículo. También
existe la posibilidad abierta de que, dado que no se establece un año,
como hemos indicado anteriormente, si no prospera la enmienda y se
mantiene el texto del Proyecto de Ley como está, no hay inconveniente
tampoco para que quien sea titular del vehículo pueda transferirlo a su
entera conveniencia dentro de su propia familia y, consecuente con esto,
utilice el derecho



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que le corresponde después para la deducción de ese impuesto.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Bueno, le ruego que vaya
concluyendo.




El señor BUENO FERNANDEZ: Pero, al mismo tiempo, estamos abiertos y,
desde luego, somos sensibles; más adelante intentaríamos que quedase
abierta esta posibilidad, aun cuando en este momento rechacemos la
enmienda.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bueno.

Turno de portavoces.

El señor Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular las argumentaciones, en la forma en que las ha hecho, a las
enmiendas de Izquierda Unida. No obstante, si no somos sensibles en todas
las leyes que afectan al proceso productivo y no se tienen en cuenta las
medidas medioambientales, es que no hemos entendido nada de lo que es el
desarrollo sostenible y necesario en nuestro país. Por tanto, hay que
articularlo; todo proceso productivo debe tener un aspecto fundamental,
que es velar por la calidad de vida, y en ese aspecto es en el que no hay
sensibilidad en el Grupo Parlamentario Popular; por tanto, lo siento
mucho, pero tengo que decir que no se puede hacer una separación mecánica
de una cosa y de la otra. La productividad es necesaria pero, al mismo
tiempo, también hay que preservar y tomar las medidas necesarias para
garantizar la calidad de vida, que es también el medio ambiente.

Vuelvo a repetir, apoyaremos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista que van en ese sentido y si no se recoge ninguna de estas
propuestas, me abstendré en la votación final.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Nieto.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Fernández Chacón.




El señor FERNANDEZ CHACON: Muchas gracias, señor Presidente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dado una explicación de lo
que él considera que es el rechazo de las enmiendas que corresponden a mi
Grupo, pero tengo que decirle que no me ha contestado a nada, en su
justificación no ha explicado por qué rechaza las enmiendas. Después de
su intervención me quedan todavía más dudas de las que tenía al
principio, cuando estuve en la tribuna. Decir que ustedes piensan que la
Ley tiene un carácter estructural, mientras que con el primer grupo de
enmiendas, de la número 9 a la número 12, nosotros le damos un tinte
coyuntural, es lo mismo decir: ustedes dicen una cosa nosotros decimos
otra, por eso las rechazamos, pero no se entra en el fondo de la
cuestión.

¿Cuál es el fondo de la cuestión? Ya lo he explicado en mi intervención.

No se pueden dar ayudas estructurales a sectores que atraviesan momentos
difíciles, en este caso el del automóvil, no podemos ir creando leyes,
sobre todo cuando esos momentos difíciles han pasado. Lo que sí
entendemos que hay que hacer es valorar y hacer un seguimiento de las
ayudas que se prestan a los sectores. Compartimos con el Grupo
Parlamentario Popular que hay un sector que nos preocupa y que somos los
primeros que apoyamos que se le dé una ayuda, como se recoge en la Ley.

Ahora bien, el carácter estructural no lo vemos por ningún lado y ni la
experiencia anterior ni la actual lo aconsejan.

Señor portavoz, yo no he hablado del tema de los tractores agrícolas.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Ruego silencio a sus señorías.

Hay un Senador en el uso de la palabra.




El señor FERNANDEZ CHACON: Pero sí le puedo decir que las UPA, que
representan a la gran mayoría de agricultores de este país, se han
quejado porque el Decreto-Ley del Prever, y evidentemente la Ley se
aprueba en base al Decreto-Ley que parece que toma cuerpo, no recoge las
ayudas que decía la Ministra que les iban a dar. Tanto es así que un
Decreto anterior ofrecía mejores condiciones a los agricultores para la
compra de tractores.

La Ministra de Agricultura, cuando se firmó entre el Ministerio de
Industria y el ICO la concesión de préstamos para la compra de tractores
y cambiarles los tractores viejos por tractores nuevos... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Ruego silencio a sus señorías;
hay un Senador en el uso de la palabra en turno de portavoces.




El señor FERNANDEZ CHACON: La Ministra Loyola de Palacio se jactaba de
que ese acuerdo iba a ser muy bueno, que se iba a renovar más del 40 por
ciento de la flota de tractores de este país y resulta que hasta la
fecha, después de agotar el Decreto del Prever, solamente se han renovado
50 tractores. Miren ustedes hasta dónde llega lo que ustedes están
proponiendo.

Yo no quería entrar antes en este tema, pero me lo ha puesto usted como
se dice, y perdón, entre comillas, «a huevo», porque es evidente que su
intención se queda en la pura palabrería política. En lo que se refiere
a una Ley que apoya a los agricultores, por ejemplo en este caso, a
través del Plan Prever y las medidas adicionales que pueda firmar el
Ministerio de Industria que afecten al tema de la renovación de tractores
para favorecer a los agricultores españoles, ustedes han hecho agua y han
quedado en evidencia, ya que respecto al Decreto anterior los
agricultores dicen que les dejen como estaban porque estaban mucho mejor.




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Miren, antes les daban un valor de amortización del 90 por ciento, ahora,
con lo que firmó el ministro de Industria, del 70. Les daban los
préstamos al 4 por ciento, ahora, con lo que ha firmado el Ministro, al
7 por ciento, y menor plazo de amortización. Así, desde luego, no se
ayuda al sector de la agricultura. En una intervención en la anterior
legislatura en el Congreso de los Diputados, su portavoz en Industria, el
señor Gamir, decía que nosotros no estábamos ayudando a los agricultores.

Pues mire usted, ese Decreto que nosotros aprobamos es el que quieren los
agricultores, no el que ustedes han firmado, que denuncio públicamente
que no sirve para nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): El Senador Bueno tiene la
palabra.




El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que le he dado la posibilidad de explicar todo aquello que le
interesa a usted y a su Grupo, pero lo que estamos tratando es una ley
muy concreta que se ajusta a lo que se tiene que ajustar, que contienen
lo que debe contener, que tiene unos fines muy concretos y que,
indudablemente, entendemos que es lo mejor; por lo tanto, en esa línea
estamos y lo vamos a votar favorablemente, como es obvio. Pero no me
negará que se le ha dado en el Senado la posibilidad de que explique
tanto lo que está dentro del contexto de la ley como aquello que tenía
ganas de decir pero que no encontraba el momento. Después de haberle dado
esta satisfacción, siento rechazar las enmiendas. La ley es lo mejor y,
si lo pensáramos todos fríamente, la decisión sería unánime. En el
supuesto de que así no lo fuere, la nuestra sí.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bueno.

Vamos a proceder a la votación.

Enmiendas números 1 a 8, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Pueden votarse conjuntamente?
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pedimos votación en dos
bloques, en un bloque las enmiendas números 1, 6, 7 y 8 y en otro el
resto.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): ¿Alguna otra observación?
(Pausa.)
Votamos, a continuación, las enmiendas números 1, 6, 7 y 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204;
a favor, 78; en contra, 122; abstenciones, cuatro.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores del Grupo
Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204;
a favor, tres; en contra, 197; abstenciones, cuatro.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204;
a favor, 11; en contra, 112; abstenciones, 81.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.

Procedemos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista números 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205;
a favor, 79; en contra, 113; abstenciones, 13.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el articulado. Artículos números 1 a 3, Disposiciones
Adicionales Primera a Tercera, Disposiciones Finales Primera y Segunda y
Exposición de Motivos, según el texto del Dictamen. (Los señores Aleu i
Jornet y Simó i Burgués piden la palabra.)
Tienen la palabra sus señorías.




El señor ALEU I JORNET: Pedimos votación separada del artículo 1 y de la
Disposición Adicional Primera, ambos conjuntamente.




El señor SIMO I BURGUES: Solicitamos votación separada del artículo 1.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Votamos, a continuación, el
artículo 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204;
a favor, 116; abstenciones, 88.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.

Votamos, a continuación, la Disposición Adicional Primera.




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Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204;
a favor, 125; abstenciones, 79.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.

Votamos el resto del articulado, Disposiciones Adicionales, Finales y
Exposición de Motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203;
a favor, 203.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en la forma previa a la sanción
del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.




Eran las catorce horas y veinticinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.




--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES
Y DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES. (S. 621/000024.) (C. D. 121/000023.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del dictamen de la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en relación
con el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador que haya
sido designado por la Comisión. (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Costa Serra.




La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la
Cámara y con el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones en su reunión del día 10 de
septiembre, vengo a presentar ante el Pleno el dictamen relativo al
proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

El texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados,
correspondiente a dicho proyecto de ley, tuvo entrada en el Senado el día
29 de mayo. La Presidencia de la Cámara, de conformidad con el artículo
104 del Reglamento, ordenó su remisión a la Comisión de Obras Públicas,
Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones.

El plazo para la presentación de enmiendas terminó el martes día 10 de
junio. Se presentaron a este proyecto dos propuestas de veto, una por
parte de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la segunda por el Grupo Parlamentario Socialista,
así como un total de 94 enmiendas por parte de los Senadores antes
citados, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, la Senadora que ahora les habla del Grupo Parlamentario Mixto, el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.

La Comisión, en su reunión del día 30 de junio, acordó designar una
ponencia para que informara el texto del proyecto, y que estuvo integrada
por los siguientes Senadores: la señora Pleguezuelos Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista; señor Beguer i Oliveres, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; señor Bella
Galán, del Grupo Parlamentario Socialista; señor Calvo Poch, del Grupo
Parlamentario Popular; señor Esteban Albert, del Grupo Parlamentario
Popular; señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y quien les habla, la Senadora Costa
Serra, por el Grupo Parlamentario Mixto.

La ponencia se reunió el día 10 de septiembre y aprobó el informe
correspondiente, aceptando las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió y diversas correcciones técnicas.

La Comisión dictaminó el día 10 de septiembre y rechazó las propuestas de
veto y las enmiendas, por lo que acordó aceptar como dictamen el texto
propuesto por la ponencia.

Para el debate ante el Pleno se han formulado cuatro votos particulares
por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por parte de quien les habla del Grupo Parlamentario Mixto, y del
Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa Serra.

Tiene la palabra la Ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.

Trataré de hacer una breve intervención para agradecer el trabajo que han
llevado a cabo sus señorías sobre un tema que, como saben, desde mi
primera comparecencia aquí, hace ya más de un año, les dije que me
preocupaba extraordinariamente y que, por esa razón, la política de



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gestión de los parques nacionales formaba parte de una de las prioridades
del Ministerio en lo que tenía que ser la primera parte de esta
legislatura. Por esa razón me satisface hoy poder asistir a este debate
final, a esta aprobación del dictamen de la Comisión que ha venido
trabajando a lo largo de estos meses, presentando y aceptando aquellas
enmiendas que, en definitiva, han podido enriquecer el proyecto de ley
que fue traído a esta Cámara, después de su debate previo en el Congreso
de los Diputados.

Saben sus señorías la extraordinaria importancia que el Ministerio y
quien les habla ha concedido desde siempre a este tipo de iniciativas,
puesto que la situación y los problemas con que nos encontramos, vivían
y estaban en nuestros parques nacionales, nos llevaba a plantear con
urgencia la asunción de un proyecto que contemplara en su estricto
sentido lo que tiene que ser el marco constitucional español y
permitiera, al mismo tiempo, una gestión moderna y conservacionista de
estos espacios.

La verdad es que la situación, en cuanto a su gestión, que nos
encontramos era bastante deficiente y, sobre todo, lo que nos parecía aún
más preocupante, asistíamos a una indefinición absoluta del marco
jurídico en el que estos parques nacionales tenían que moverse.

Por esa razón, y al margen por tanto de problemas de administración y
gestión, era la situación jurídica en la que se encontraban los parques
naturales la que nos llevó a modificar con toda urgencia --recuerden sus
señorías que el anteproyecto de ley fue aprobado por el Consejo de
Ministros en noviembre del año pasado, es decir, próximamente hará ya un
año-- la Ley 4/89 de 27 de marzo sobre Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres que --como saben sus
señorías-- es una de las competencias del Estado, como ley básica del
Estado que es, que el anterior Gobierno impuso realmente con su mayoría
parlamentaria y en la que atribuía la gestión en exclusiva de los parques
nacionales al Estado.

Esta ley fue recurrida por aquellas Comunidades Autónomas que tenían
parques nacionales. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 102/1995
declaró la nulidad de determinados preceptos de esta ley, concretamente,
los artículos 21.3, 21.4 y 22.1. Lo que el fallo del Tribunal
Constitucional pretendía es que se diseñara un modelo de gestión
operativo de los parques nacionales compatible con la Constitución
Española.

Por tanto, se necesitaba con toda urgencia modificar estos artículos para
adecuarlos al marco constitucional. Si bien es cierto --y yo tuve ya
ocasión de decirlo tanto en el Congreso como en el Senado-- que esta Ley
4/89 no acaba aquí su modificación, pues está requiriendo de una
modificación muy superior, nos pareció, sin embargo, prioritario actuar
sobre esta gestión de parques nacionales que requería realmente una
urgencia, teniendo en cuenta que, a medio plazo, y en la medida en que
den sus frutos los distintos grupos de trabajo ya constituidos sobre
estrategia nacional para conservación de la biodiversidad o de lucha
contra la desertización, así como de estrategia forestal, estaremos en
disposición, junto con los debates que plantearemos a la sociedad, a
través del Consejo de Medio Ambiente, de traer también, con el máximo
consenso, que es lo que aspiramos a obtener, una reforma más completa de
esta Ley 4/89.

Así pues, el proyecto de ley que hoy van ustedes a aprobar para su paso
definitivo al Congreso de los Diputados tiene una finalidad básica
consistente en adaptar esta Ley 4/89 a los requerimientos del Tribunal
Constitucional. Por lo tanto, a partir de esta organización
administrativa, coherente y racional que este Proyecto pretende fijar
para la gestión de parques nacionales, encontraremos una eficacia en pro
de la conservación de los magníficos ecosistemas de los que la naturaleza
nos ha dotado en España a través de estos espacios.

Pasaré brevemente a citarles cuáles han sido, por tanto, las líneas
prioritarias del modelo de administración que este proyecto plantea. A mi
juicio son tres las principales notas que caracterizan el modelo de
gestión propuesto por el Gobierno. En primer lugar, se trata de un modelo
de cumplimiento estricto del mandato del Tribunal Constitucional, tal y
como acabo de exponer a sus señorías. Considero que a partir de la
aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de este proyecto
de ley nadie podrá discutir ya que este proyecto de ley no cumpla todos
los requisitos constitucionales y, por lo tanto, estaremos evitando que
se recurra, como ocurrió anteriormente, puesto que las Comunidades
Autónomas se habían encontrado marginadas.

Señorías, este proyecto garantiza la participación de las Comunidades
Autónomas en la gestión de los parques nacionales, potenciando, como cosa
realmente importante, una imagen de red de parques nacionales.

Perseguimos con ello lograr una cooperación permanente entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que
estamos seguros va a redundar en una mejora sustancial del funcionamiento
de los parques nacionales.

La fórmula de cogestión que conocen sus señorías que propone este
proyecto de ley pretende la participación real y efectiva de las
Comunidades Autónomas en la gestión de los parques nacionales enclavada
en su territorio y, lo que es más importante, también su participación en
la toma de decisiones de todo lo que afecta a la red estatal de parques
porque así tenemos a las Comunidades Autónomas trabajando en la gestión
de la globalidad de los parques nacionales.

De esta forma, señorías, entendemos que podríamos hablar de un doble
grado de participación de las Comunidades Autónomas: por una parte, el
primer grado haría referencia a su participación en la Red Nacional de
Parques Nacionales y, en segundo lugar, sería una participación más
específica en la gestión concreta del parque nacional que afecta a cada
Comunidad.

Respecto del primer grado, se constituirá un Consejo de la Red de Parques
Nacionales como órgano colegiado de carácter consultivo que intervendrá
en la toma de decisiones que afecten a los parques nacionales en su
conjunto, siendo su finalidad lograr una proyección homogénea de los
parques nacionales hacia el conjunto de la sociedad asegurando que en los
parques nacionales integrados en la Red exista una unidad de criterios.

En este Consejo estarán representadas todas las Comunidades Autónomas que
tengan



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parques nacionales en sus territorios junto con representantes de la
Administración local, patronatos y asociaciones.

Respecto del segundo grado, se pretende generalizar el modelo de Comisión
Mixta de Gestión, que supondrá incorporar a las Comunidades Autónomas de
una forma efectiva en la gestión cotidiana de los parques nacionales.

Entendemos que a través del Consejo y de las Comisiones Mixtas esta
participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los parques
queda plenamente garantizada, entendiendo que de esta forma van a ser
mejor gestionados, lo que irá, por tanto, en beneficio de la Red de
Parques Nacionales.

Además de este Consejo de la Red de Parques Nacionales y de la Comisión
Mixta de Gestión existirá la figura del director conservador del parque,
con responsabilidades de coordinación y administración de las actividades
del parque, y un patronato como órgano de participación social respecto
de los que las competencias de las Comunidades Autónomas serán
equiparables, e incluso, señorías, en algunas ocasiones superiores, como,
por ejemplo, a la hora de dictaminar quién va a ser el director
conservador de ese parque nacional. En definitiva, señorías, creo sin
temor a equivocarme que estamos ante un proyecto de ley que define un
modelo de cogestión auténtico donde se han sentado las bases de igualdad
entre distintas Administraciones. De este modo, satisfacemos plenamente
las exigencias del Tribunal Constitucional.

En segundo lugar, este proyecto de ley presenta un determinado modelo de
consenso, que es la forma de trabajar que viene teniendo el Ministerio de
Medio Ambiente, como saben sus señorías, y que al día de hoy, después de
15 meses de funcionamiento, está produciendo frutos, algunos muy
importantes como, por ejemplo, en política del agua --sin ahondar más
puesto que no es el momento de ese debate--, modelo de consenso para
parques nacionales que he considerado realmente fundamental y que,
entiendo, es esencial porque a través de este consenso, que ustedes han
logrado también en la tramitación parlamentaria, estamos enriqueciendo el
proyecto que presentó el Gobierno.

Es evidente que en determinadas ocasiones no es lo mismo hablar de un
parque nacional que afecta a varias Comunidades Autónomas que de varios
parques integrados en la misma Comunidad Autónoma o incluso de algún
parque que, no estando integrado en la Red, sin embargo quiere acceder a
ella. Todo esto se ha tenido en cuenta en todo el proceso de enmiendas.

Y porque queremos que el sistema funcione en materia de parques, como
también en otros aspectos de la política, hemos partido de la globalidad
de la gestión de los parques nacionales, pero entrando a las
especificidades de cada uno de estos parques. Entendemos que no hacerlo
así sería dar la espalda a la realidad, lo que redundaría una vez más en
perjuicio de la auténtica buena gestión y preservación de estos
ecosistemas.

Por tanto, estoy realmente satisfecha con el grado de acuerdo alcanzado
a través de los debates que tuvieron lugar en el Congreso en la primera
fase parlamentaria y que hoy terminan ustedes con la aprobación del
dictamen de la Comisión aquí en el Senado. Entendemos que este grado de
consenso, que ha sido el denominador común, es lo que necesariamente debe
caracterizar a partir de ahora la gestión de la Red estatal de Parques
Nacionales. Si no lo hubiéramos conseguido, realmente hubiera redundado
todo ello en perjuicio de esta defensa de los parques nacionales.

Pero es que, además, el anteproyecto de ley se fija en un determinado
modelo de gestión que es un modelo abierto. Y es un modelo abierto porque
de nada nos serviría, por importantes que sean los ecosistemas, convertir
los parques nacionales en auténticos santuarios de la naturaleza que sólo
pudiéramos observar --aunque tampoco estaría mal-- a través de vídeos o
de fotografías.

Lo que queremos es que, con la regulación y la normativa adecuadas, esos
espacios sean abiertos para que sirvan de auténtico disfrute para los
ciudadanos que, en definitiva, quieran enriquecer su vida disfrutando de
esos magníficos ecosistemas.

No quisiera terminar mi intervención sin aludir a algunos de los
principios más específicos que el Gobierno del Partido Popular ha querido
plasmar a través de este proyecto, con este determinado modelo de gestión
de parques nacionales. Me refiero, en primer lugar, a que, por encima de
todo, se busca la idea de conservación de los recursos naturales. Y esa
conservación tiene que llevar aparejada necesariamente un régimen de
cautelas, porque los recursos son frágiles y tienen que ser protegidos
para que puedan mantenerse. De ahí esas cautelas, en ocasiones --lo
decidirán las comisiones mixtas de gestión--, tendrán incluso que ir en
aumento.

Creo que la idea de que hay que conservar los parques nacionales es una
premisa de tanto sentido común, que no requiere más polémica, ya que es
unánimemente compartida. Sin embargo, en ocasiones puede haber
diferencias sobre cómo hacerlo. Hasta la fecha, se creía que la
declaración de un espacio natural como parque nacional, con un régimen
jurídico especial y determinadas dotaciones presupuestarias y humanas
para su conservación era más que suficiente para garantizar la
conservación de estos espacios. Lamentablemente, la realidad nos ha
demostrado que eso no es así. la política de parques nacionales ha
convertido los espacios en territorios completamente aislados, en manos
de determinadas administraciones, que en ocasiones han puesto en peligro
la supervivencia de tales ecosistemas.

La filosofía del nuevo proyecto que hoy van ustedes a aprobar se basa en
que, si los parques quieren sobrevivir, persistir y crecer, deben hacerlo
buscando aliados, buscando una gestión abierta a la sociedad --es decir,
que la sociedad sea la que se implique--, y concibe los parques
nacionales como algo propio que repercute en el beneficio de la
globalidad y, especialmente, en quienes conviven a diario en las
cercanías, en el entorno, o incluso, como ocurre en algunos casos, dentro
del propio parque nacional.

Para conseguir eso, es necesario emprender una serie de acciones que
considero que tienen el punto de arranque y el soporte jurídico adecuado
para hacerlo en el proyecto que hoy van a aprobar. En primer lugar, es
preciso proyectar



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sobre los ciudadanos la imagen de Red nacional de Parques Nacionales.

Tengo el absoluto convencimiento de que el desarrollo de esta red como
sistema de espacios naturales caracterizador y representativo del
patrimonio natural español debe ir acompañado de una consolidación de su
imagen y de una proyección pública en sus elementos identificadores. Hay
que conseguir que la red sea conocida, reconocida y valorada por los
ciudadanos, como el mejor camino para asegurar su conservación. Por eso,
en el proyecto de ley que hoy se aprueba se supera esa concepción
individual de los parques nacionales y se pasa a tener un concepto
uniforme y global de los mismos, como ocurre en muchos otros países del
mundo; citemos, por ejemplo, como muy importante la consideración de sus
parques nacionales en los Estados Unidos de América.

En segundo lugar, como decía, resulta prioritario abrir los parques a la
sociedad. En la medida en que lo permita su propia conservación, los
parques deben ser espacios al servicio del conocimiento y para el
disfrute de los ciudadanos, y la Administración debe velar porque los
ciudadanos conozcan los parques nacionales, los conozcan bien, de forma
satisfactoria y simultáneamente porque no haya riesgo para los
ecosistemas. La realidad de hoy en día es que los ciudadanos todavía no
están satisfechos con las visitas que realizan a los parques nacionales.

Entendemos que deben mejorarse las infraestructuras y las programaciones
de uso público que aún no existen. Por otro lado, la participación de la
sociedad civil todavía es muy escasa. Por tanto, ha llegado el momento de
ser exquisitos en el servicio que ofrezcamos a los ciudadanos a través de
nuestros parques, pues entendemos que ésa será la manera de que la
sociedad española se identifique con estos magníficos ecosistemas.

En tercer lugar, y para terminar, íntimamente ligado al punto que acabo
de desarrollar se encuentra el hecho de aceptar los parques y entenderlos
como un valor añadido para su entorno. Realmente hasta ahora no han sido
así contemplados, pero es lo cierto que el Parque Nacional no debe de
suponer limitación ni inconveniente para el desarrollo socio-económico
del entorno, sino, por el contrario, las poblaciones de su entorno tienen
que encontrar una nueva posibilidad de crecimiento económico, que hasta
la fecha no ha sido suficientemente explorada. Por ello, creemos que
realmente podrán sentirse orgullosos en un futuro.

El proyecto que hoy se aprueba apuesta claramente, por tanto, por este
desarrollo sostenible, donde los ayuntamientos, los propietarios y la
iniciativa privada, con el apoyo de las Administraciones Autonómica y
Central, pueden y deben vincularse a la actividad de gestión del Parque
Nacional y beneficiarse de los rendimientos que generosamente ofrecen
estos espacios.

En definitiva, señor Presidente, señorías, considero que con el proyecto
que hoy se va a aprobar se sientan las bases administrativas y legales
para conseguir la red de parques nacionales que todos queremos y estoy
segura de que en muy poco tiempo todos los españoles nos sentiremos mucho
más orgullosos de tener en nuestro país, como signo distintivo de la rica
biodiversidad de nuestra nación, estos extraordinarios parques
nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.

Este proyecto de ley tiene dos vetos.

Quiero preguntar al grupo que va a utilizar el turno en contra, el Grupo
Parlamentario Popular, si prefiere contestar conjuntamente a los dos
vetos o de forma individual a cada uno de ellos. (Pausa.)
Muchas gracias.

Pasamos al voto particular número tres, del Grupo Parlamentario Mixto,
que corresponde a la propuesta de veto número uno.

Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Costa Serra.

La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, tomo la palabra para defender la propuesta de
veto de los compañeros del Grupo Parlamentario Mixto, don José Luis Nieto
Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente, de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, ya que entendemos que el proyecto de ley que hoy debatimos
en la Cámara tiene como objetivo fundamental el adaptar la Ley 4/1989 a
la doctrina constitucional, a raíz de la sentencia de 26 de junio de
1995.

En un principio nosotros estamos totalmente de acuerdo con este espíritu
y entendemos la necesidad
--porque no podía ser de otra manera por exigencia legal--de
modificar la Ley 4/1989 para que se recoja expresamente que la gestión de
los parques nacionales no puede corresponder en exclusiva al Estado, sino
que es imprescindible la cogestión con las Comunidades Autónomas. Otra
cosa es que estemos de acuerdo en el modelo escogido para la gestión de
los parques nacionales.

Además, esta reforma supone --se dice en la propia exposición de
motivos-- introducir preceptos nuevos para regular los órganos de gestión
y administración de estos parques nacionales, y entiendo que se pierde
una oportunidad de hacer una reforma más completa, permitiendo la
participación de todas las administraciones, incluida la local, así como
las asociaciones y organizaciones ecologistas.

Tampoco se trasponen toda una serie de directivas europeas, como la
Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la
92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres.

Por otro lado, entendemos que también existe un vacío legal porque en
nuestra legislación no se define todo lo relativo a las ZEPAS --zonas de
especial protección para las aves--. Ya sé que la señora Ministra y el
Grupo Parlamentario Popular nos van a decir que el único objetivo de este
proyecto de ley y de esta reforma es adaptar la Ley 4/1989, de Espacios
Naturales a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero, sin embargo,
del propio proyecto se desprenden además otras reformas. Esto no es todo,
ya que dentro de una hora vamos a discutir otra reforma en el caso de la
proposición de ley sobre la contrapasa.




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Por tanto, nos encontramos con pequeñas reformas
--pequeñas entre comillas porque el fondo no es pequeño-- y como ya
se dijo, tanto en Ponencia como en Comisión, a pesar de que hay toda una
serie de enmiendas que pueden ser muy positivas y que se tendrían que
acoger no es éste el momento porque más adelante tendremos otra reforma
de la Ley.

En definitiva, yo creo que actualmente perdemos esta oportunidad de
intentar, en una sola reforma, mejorar en lo posible la ley y, de hecho,
dentro de pocos minutos vamos a abordar otra reforma.

Por último, en este proyecto de ley tampoco queda claro ni se recoge cuál
será la coordinación entre las distintas Administraciones afectadas, si
bien reitero que es positiva y necesaria la cogestión que se recoge tanto
en la Administración Central como de las administraciones o de las
Comunidades Autónomas afectadas para los parques nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa Serra.

Voto particular número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, y que
corresponde a la propuesta de veto número 2.

Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, este proyecto de ley, como ella misma decía en
su intervención, en principio tenía como objetivo reformar la Ley 4/1989
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres y adaptarla a una sentencia del Tribunal Constitucional que
hay que decir que considera la Ley de los Espacios Naturales
absolutamente constitucional en todo aquello que afecta a la parte
conservacionista de la ley, que es mucha. Sólo declaró inconstitucional
dos preceptos: la disposicion adicional quinta y el artículo 35, en sus
apartados uno y dos, en la medida en la que, en efecto, atribuyen al
Estado la gestión de los parques nacionales. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Pero nos vemos sorprendidos con que el Gobierno Popular con este proyecto
ha hecho una adaptación muy particular de esa sentencia. Ha traído al
Parlamento un proyecto de ley que es, como dicen en mi tierra, canijo en
sus contenidos, no en sus profundas reformas y, desde luego, lleno de
carencias, como ya dijo en el Congreso y hoy ha reiterado la Ministra en
esta misma tribuna. Un proyecto que no incorpora absolutamente nada de
las directivas comunitarias sobre aves y hábitat; que no incorpora
absolutamente nada de los convenios internacionales que España ya había
firmado en ese período; un proyecto que no dice absolutamente nada del
catálogo de especies; un proyecto sin ninguna ambición proteccionista y,
además, un proyecto que se presentó sin haber sido debatido o consultado
con las organizaciones, con las Comunidades y, por tanto, con poca
participación de los colectivos, de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas.

Es un proyecto que modifica aspectos sustantivos de la gestión y de la
financiación --que no lo ha dicho la Ministra-- de los espacios naturales
con la participación de las Comunidades Autónomas y, sin embargo, no
consulta a éstas o en algunos casos no acepta las propuestas que tratan
de corregir esas deficiencias de cogestión y, desde luego, de
cofinanciación. Un proyecto, en definitiva, que no se acompaña tampoco de
la información previa ni con las Comunidades Autónomas, ni con los grupos
parlamentarios, ni con los colectivos sociales.

Decía el Senador Calvo en el debate en Comisión que éste era un proyecto
fruto del consenso. Senador Calvo, yo creo que usted confundía, o
pretendía confundirnos a los demás, debilidad con diálogo, porque
excesiva debilidad es la que ha tenido su Gobierno, el Gobierno Popular,
concediendo a los grupos nacionalistas una serie de ventajas --una de
ellas la vamos a debatir dentro de unos minutos-- con el proyecto de ley
que popularmente se ha dado en llamar la contrapasa. Por tanto, señorías,
no confundamos diálogo con debilidad, aunque ambas empiecen por «d»,
Senador Calvo.

Señorías, señora Ministra, para mi grupo las carencias son importantes y
son relevantes en este proyecto de ley del Gobierno, pero no son menos
importantes ni menos relevantes algunos aspectos de los que se modifican
en el mismo o, incluso, de los que se ignoran.

¿No es preocupante que en este proyecto de ley de reforma ustedes
contravengan expresamente el concepto de interés general para el Estado
que tan extensa y profundamente desmenuza en la sentencia el Tribunal
Constitucional?
Señora Ministra, del interés general del Estado --y los parques
nacionales son bienes de interés general-- debe derivarse su
responsabilidad en el apoyo presupuestario, y debe hacerse de manera
suficiente para su funcionamiento y su integración correcta en la red de
parques nacionales. No es así, en el texto que hoy debatimos nos
encontramos, al menos, con cuatro modelos de organización y
funcionamiento de parques nacionales. Señorías, qué paradoja, una ley que
intenta ser básica, que pretende servir para todos los parques nacionales
de la red estatal, como consecuencia de las concesiones que ha hecho el
Gobierno Popular por esa debilidad a la que antes yo aludía, por la
necesidad de apoyos parlamentarios, hoy tenemos cuatro modelos. Señora
Ministra, ¿es eso lo que entiende usted por definición jurídica?
En la ley anterior había --decía usted-- una auténtica indefinición
jurídica. ¿Es ésta la que usted entiende? ¿Es esto un concepto básico o
lo que han montado ustedes es un batiburrillo? Mire, hay un modelo, el
catalán de Digües Tortes; hay otro modelo también negociado, el canario;
hay un tercer modelo, el de Picos, y hay otro modelo para el resto de los
parques, es decir, para aquellos de los que el Gobierno no tiene ninguna
necesidad de apoyo en su autonomía o en el Congreso de los Diputados para
obtener la mayoría parlamentaria.

He de decirle también, señora Ministra que, aunque parezca mentira, han
empeorado el proyecto, y mire que era difícil, lo han empeorado porque no
sólo han conseguido



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que ahora tengamos cuatro modelos distintos, sino que además se
superpongan una serie de órganos colegiados y una serie de órganos
unipersonales, con unos nuevos criterios que en absoluto evitan ni dejan
desarrollar los que ya estaban contemplados en la Ley 4/1989. A título de
ejemplo, voy a leer a su señoría algunos de los órganos colegiados y
unipersonales que van a quedar en esta Ley. Va a quedar una comisión
mixta, un patronato, otro patronato, una Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza, un consejo rector estatal, un Comité de Espacios
Naturales, un Comité de Flora y Fauna silvestres, un presidente de
comisión, un presidente de consejo, un presidente de comisión nacional,
un presidente de patronato, otro presidente de patronado, un director
conservador, otro director conservador. En fin, señorías, como pueden
ver, este proyecto de ley no puede garantizar la gestión ni el
funcionamiento de la red de parques nacionales, porque si alguien lo
cree, señora Ministra, lo propondremos para el Premio Planeta. Esto sí es
un batiburrillo, esto sí es una indefinición jurídica, y esto sí que es
hacer una incorrecta interpretación de las normas.

Señorías, a mi grupo le preocupa seriamente que este Gobierno no sea
capaz de conservar, de potenciar y de hacer funcionar la red de parques
nacionales. Hay un tema que quisiera abordar en esta intervención, que es
la cofinanciación, que recogen en este proyecto de ley olvidando que si
un parque nacional debe ser declarado por ley como de interés general por
las Cortes, sin ninguna duda comporta un soporte presupuestario. Nos
preocupa que debamos esperar un nuevo proyecto del Gobierno que recoja
todas esas carencias, que adapte a las directrices y a las directivas
europeas la norma y que trate de resolver todos los problemas que usted
está generando con su modelo de gestión y con un modelo de
cofinanciación.

¿Por qué dice usted que éste no es el momento para abordar en
profundidad, con seriedad y con rigor el haber planteado un proyecto de
ley que traspusiese las directivas europeas? ¿Por qué no ahora? ¿Acaso es
menos importante trasponer las directivas europeas sobre la conservación
de aves y hábitat que apoyar la modificación que propone el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la proposición que
vamos a debatir a continuación para acabar con las prohibiciones y poder
cazar aves migratorias en época de celo o crianza?
Yo creo que para ninguna de sus señorías parece razonable la elección del
Gobierno Popular. Parece que no es razonable no haber aprovechado el
tener que adaptar la Ley a la Sentencia del Tribunal Constitucional para
haber incorporado todos aquellos aspectos contenidos en las normas
europeas y convenios internacionales ocurridos con posterioridad a 1989,
porque podían haber facilitado este debate y quizá no hubieran ustedes
confundido debilidad con diálogo. Por tanto, la elección de ustedes de no
aprovechar esta reforma de la ley 4/1989 no parece razonable y, desde
luego, han perdido una oportunidad de oro porque esta Ley, sin duda,
distorsiona y crea desequilibrios en cuanto a una serie de criterios
ajenos a lo que fue el espíritu de la ley 4/1989, de conservación de
espacios naturales.

En definitiva, es un proyecto que no dota a la política española
medioambiental de un marco idóneo que permita conseguir esos objetivos
concretos en materia de conservación de diversidad biológica a la que
usted antes, señora Ministra, hacía referencia.

Por cierto, yo creo que con este proyecto de ley usted no ha dado la
talla en la defensa del medio ambiente. Ha perdido usted una oportunidad
de oro de demostrarle al país que el Ministerio de Medio Ambiente, aunque
tenga escasos recursos económicos, aunque sea un instrumento teórico y
muy poco práctico, por lo menos en las normas, a las que no necesitaba
usted hacer referencia ni coger el elemento, si no de distorsión por lo
menos de coartada, que es Maastricht para ustedes, podría, señora
Ministra, haber puesto de manifiesto en este proyecto de ley que el
Ministerio de Medio Ambiente tiene de verdad voluntad de conservar y de
que al final nuestros ecosistemas sean no lo que ustedes acabarán
haciendo con este proyecto de ley y con el que debatiremos a
continuación. Ha perdido usted una oportunidad de oro y la ha perdido su
Grupo por no haber hecho un debate serio y riguroso. Sin duda habría
elementos en los que los grupos políticos estaríamos en desacuerdo, pero
respecto del meollo de la cuestión, que es la conservación de los
espacios naturales, de la flora y fauna silvestres, usted ha perdido la
oportunidad. Señora Ministra, ha demostrado usted a la sociedad que su
Ministerio ha sido exclusivamente una operación de imagen del señor Aznar
y que usted no tiene peso político ninguno en ese Gabinete.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Senador Calvo, tiene usted la palabra.




El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señorías, creía que la discusión
que nos ocupaba en este Pleno iba a ser distinta, cuando menos en
argumentos, a la que hemos tenido en Ponencia y en Comisión, pero veo que
se repiten los mismos y escasos --parcos como califiqué en el dictamen de
la Comisión-- argumentos de parte de la oposición.

El proyecto que hoy discutimos tiene por objeto tomar en consideración la
Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional, que declara la nulidad de
la Disposición Adicional Quinta en la medida en la que declaraba o
consideraba básicos los artículos que ya se han citado y que todos
conocemos. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento y no otra
cosa, porque a lo mejor es importante detenernos, aunque sea tan sólo
unos momentos, en los argumentos, hechos u objetivos que motivaron al
Gobierno a presentar este proyecto de ley, porque tras escuchar algunas
intervenciones, como la de la Portavoz del Grupo Socialista, y sobre todo
de leer los vetos que han presentado, pudiera parecer que estamos ante un
texto creado, redactado o inspirado por este Gobierno, pero no, es decir,
aunque por las críticas que ustedes hayan podido oír aquí así lo parezca,
no es así. La Ley que nos ocupa es del año 1989 y



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por tanto creada, redactada e inspirada por el anterior Gobierno
Socialista. Lo que hoy discutimos es una reforma, pero tampoco crean sus
señorías que es una reforma que nace de la intención de este Gobierno de
ensombrecer la maravillosa gestión medioambiental de espacios protegidos
del anterior Gobierno, lo cual además hubiera podido ser lógico y por lo
menos justificaría las críticas de la que ahora es oposición. Nada de lo
dicho. La reforma de esta ley que ha propuesto el Gobierno es una reforma
que viene obligada por una Sentencia del Tribunal Constitucional.

Por tanto, ¿qué quieren decir las críticas que hemos oído hoy aquí? Es
bien sencillo. Que el Grupo Socialista en su afán de hacer oposición,
pierde el control por entusiasmo. Y se hacen oposición a ellos mismos. Se
están haciendo ustedes oposición. El Grupo Socialista no se limita a
criticar los aspectos que se someten a la reforma por indicación del Alto
Tribunal. No, van mucho más allá. Tan allá que se autoenmiendan la ley
que ellos redactaron cuando estaban en el Gobierno, y no se preocupe el
Grupo Socialista, que habrá tiempo de discutir sobre una reforma global
de esta Ley. Creo que no tardaremos mucho en hacerlo y ésa será su
oportunidad para verter oportunamente, aunque seguro que también sin
sentido, las autocríticas que hoy se han hecho.

En resumen, muchos de los vetos, concretamente los que estamos
discutiendo, pretenden una reforma mucho mayor que la que pretendía este
Gobierno. Es decir, pretenden ir más allá de lo que nos obliga la
sentencia del Tribunal Constitucional y por eso escuetamente la
rechazamos. ¿Quiere esto decir que esta Ley es maravillosa y no necesita
reformarse más ni adaptar nuevas directivas comunitarias de las que
hablaremos más adelante? Desgraciadamente no. la Ley necesitará de una
reforma mucho mayor en la que, además, ya se están trabajando, y a
ustedes les consta.

Lo que sucede es que el Grupo Socialista deseaba que esta reforma global
se hiciera a la vez de la que estamos debatiendo. Dicho de otra manera,
ustedes querían que una reforma tan urgente como es la que viene dada por
una sentencia de inconstitucionalidad, se tramitara al mismo ritmo y a la
misma velocidad que una reforma estructural, profunda, que vendría a
cubrir lagunas y adaptaría alguna norma europea. Paradójico. Pero no han
aclarado tampoco con qué intención pretendían eso. Si con la de hacer una
reforma global a velocidad de vértigo con las consecuencias que ello
conllevaría a la hora de dialogar con muchos sectores, o a lo mejor con
la intención de ralentizar, de hacer eterna, en definitiva, de cumplir
con una sentencia del Alto Tribunal. Aclárenlo, por favor. Aclárenlo.

¿Cuál era su intención a este respecto? O hurtar del debate a muchos
sectores a los que hay que oír en caso de una reforma mayor, o retrasar
la puesta en orden constitucional de esta Ley, que es lo mismo que acabar
con un modelo de gestión de espacios que, además de inconstitucional, fue
un absoluto fracaso.

Es difícil no pensar ante esta actitud que quienes más interesados debían
de estar en aplicar esta sentencia y, por tanto, la reforma, no sigan
intentando minimizar el fallo del Tribunal Constitucional, como sin duda
minimizaron en su día la presentación de 14 recursos de
inconstitucionalidad, 7 de ellos a la Ley y 7 de ellos a los Reales
Decretos que lo desarrollaban, por Comunidades Autónomas, como, por
ejemplo, la Andaluza o la Canaria. No vaya a ser que alguien se pueda
pensar que esto también fue una operación de acoso. Claro, luego tenemos
que escuchar a la Senadora del Grupo Socialista decir que ahora dicen que
no han participado, que nosotros no hemos dado participación a las
Comunidades Autónomas. Cuando menos no la voy a deslegitimar para no
volver a caer en el debate que tuvimos en Comisión, pero usted
considerará que a lo mejor precisamente en el tema de dar participación
en la gestión a las Comunidades Autónomas, no es su grupo el más indicado
para valorarlo. Entenderá que esta Cámara pueda opinar de esta manera.

Que cuando menos esta acusación usted debería haberla hecho de otra
manera, por coherencia. Después, se enzarza usted en una discusión muy
bonita sobre el diálogo y la debilidad. Si resulta que nosotros por
consensuar ampliamente esta Ley, confundimos consenso con debilidad,
prefiero la debilidad a creerme que la fortaleza me lleva a sentencias de
inconstitucionalidad. Prefiero consensuar. Está claro que algún grupo
intenta convencernos de que lo más importante no es la corrección
constitucional, nada más de la que son responsables, sino de la
trasposición de determinadas directivas europeas, aves, hábitat, incluso
de algunos convenios como el de Ramsar o el de Río. No voy a caer en la
misma tentación que usted de utilizar la estrategia, de minimizar la
importancia de estos convenios o de estas directivas. No lo voy a hacer,
porque desde mi Grupo entendemos que son importantes.

Lo que desde mi Grupo no entendemos es que ustedes consideren urgente su
trasposición. Me explico. Cuando ustedes gobernaban --creo que todavía lo
recuerdan, por lo menos se es consciente en esta Cámara de que lo
recuerdan a menudo-- eran bastante perezosos a la hora de hacer la
trasposición de la legislación comunitaria. Se lo dije en la Comisión y
se lo repito ahora, eran ustedes bastante perezosos, cuando menos lentos,
sobre todo en aquellas directivas comunitarias que tenían marcado
carácter medioambiental.

Por ello me pregunto cuál es el plazo de tiempo que es para usted
razonale como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para trasponer
una directiva comunitaria. Voy a ser razonable. Estoy convencido de que
su señoría no pretende hacer demagogia y que por ello este plazo será, al
menos, la media de tiempo que ustedes tardaban en trasponer las
directiva, por ejemplo. Yo le tranquilizo y le aseguro que cuando
propongamos la reforma global todavía no habremos llegado a esa media de
plazo que ustedes tardaban y que, sin duda, consideran razonable en
trasponer esa directiva. Seguro que su Grupo se queda tranquilo.

Pero creo que es necesario dejar atado o por lo menos aclaradas algunas
de las cosas que se han vertido en la presentación de los vetos.

La Senadora Costa también hacía referencia a esas figuras de protección
que se describen en las Directivas que ya han sido citadas, la 79/409 y
la 92/43, y ambas porque o yo estoy en un error o sus señorías están en
un error. Estas



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Directivas que ustedes no paran de repetir que no están traspuestas, no
están traspuestas a través de una ley, pero hay dos Reales Decretos que
la han incorporado a nuestro Derecho interno. No quiero pensar que sus
señorías lo desconocían. A lo mejor alguien puede pensar que estas
Directivas no nos obligan porque no están traspuestas. ¡Hasta ahí
podíamos llegar! de que acusar al Gobierno de España de no cumplir con
directivas. Se podrá decir que no han sido traspuestas con rango de ley,
pero, desde luego, hay dos Reales Decretos que las desarrollan,
concretamente el 438/1990 y el 97/1995, en los que tanto se regula el
catálogo nacional de especies amenazadas como se establecen las medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flota y fauna silvestres.

Por ello, Senadora Costa, nosotros desde el principio nos hemos mostrado
no digo abiertos a aceptarlas, porque no era así, pero nos hemos mostrado
afines a muchas de las enmiendas que su Grupo presentaba en la medida en
que cuando se acometa la reforma global de la Ley podremos encontrar
puntos de consenso o de debilidad, como tacharían algunos, y, si no, lo
llamarían pinza, da igual.

Si incluimos estas zonas, las ZEPAS, las ZECs, en este texto legal,
estaremos duplicando nuestras normas nacionales de trasposición de
directivas que ya he citado, trasposición que hizo el Gobierno anterior
además y que hasta ahora la Unión Europea ha considerado correcta. Ahora
resulta que es al Grupo Parlamentario Socialista al que no le parece
correcta la trasposición porque quiere que salga una ley y además a un
ritmo importante, como he dicho anteriormente.

Señorías, creo que el Gobierno ha hecho lo sensato. La disculpa de una
necesaria reforma mayor, con la que estamos de acuerdo, no podía ser
disculpa para mantener un modelo de gestión que era, a nuestro juicio,
penoso, con el correspondiente deterioro que han estado sufriendo a lo
largo de estos años nuestros espacios naturales protegidos y, además,
mantener su gestión en la inconstitucionalidad. Eso no era lo sensato.

Esto es lo que desde mi Grupo podríamos decir en torno a algunas de las
críticas que se han vertido sobre esta reforma y, sobre todo, de algún
veto que hoy estamos discutiendo. Hay que reconocer que algunos de los
vetos presentados, como el de la Senadora Costa, son, cuando menos, un
piropo en tres cuartas partes de su redacción, en la medida en la que
viene a considerar de una forma muy positiva por lo menos la reforma,
pero eso es puramente anecdótico.

El Gobierno ha pretendido con esta reforma acatar la sentencia y crear un
modelo de gestión que, además de constitucional, alcance y permita
alcanzar el objetivo principal, que es preservar nuestros espacios
naturales protegidos.

En primer lugar y a partir de esta reforma la declaración de un parque
nacional requerirá del concurso y del consenso de la Comunidad Autónoma
o de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubique, con lo cual
evitamos que se pueda imponer un parque a una Comunidad Autónoma. Quizá
a algún Grupo le suena esto, el que se pueda imponer un parque a una
Comunidad Autónoma o a algunas Comunidades Autónomas.

Con esta reforma se permitirá una gestión que esté acorde con las
especificidades, con las particularidades de cada parque nacional en
función de su localización, y también una gestión compartida con las
Comunidades Autónoma, y esto se garantiza con la creación de un nuevo
órgano rector, que es la Comisión Mixta. Con esta reforma también
conseguimos, por fin, que esté presente en la gestión el principio de
unidad ambiental.

Porque ¿el batiburrillo era tener parques nacionales que estaban fuera de
la red?, ¿el batiburrillo es crear una red que por fin le va a dar a la
política de espacios naturales el sentido de unidad ambiental que hasta
hoy en día ha faltado? ¿Acaso debo entender el batiburrillo como permitir
la participación en la gestión de las Comunidades Autónomas? ¡Ahora ya
entiendo la sentencia del Tribunal Constitucional! Si usted, Senadora
Pleguezuelos, entiende que el batiburrillo viene dado por tener que abrir
la gestión a las Comunidades Autónomas, ¡bienvenido sea el batiburrillo!,
aunque probablemente lo hubiéramos calificado nosotros de otra manera.

Además, estimamos que ese principio de unidad ambiental se preserva con
un nuevo instrumento, como es el Plan Director de Parques Nacionales que,
además, orientará la elaboración de los diferentes planes de uso y
gestión que tendrán que aprobarse y ya está aprobado en algunos de los
parques.

Con la reforma que aprobamos hoy también asumimos el coste de la
financiación. Usted pretende utilizar el argumento de la financiación
para asustar, a lo mejor, a algunas Comunidades Autónomas y echar a este
Gobierno o a este grupo parlamentario a los leones. Yo le he dicho en
Comisión que eso es difícil, en la medida en que nosotros no entendemos
que las Comunidades Autónomas sean leones y, por lo tanto, no tenemos ese
temor que a lo mejor otros gobiernos tenían. En todo caso, por fin la
financiación, después de crear una red en la que están todos los parques
nacionales, la asume el Estado y se permiten fórmulas mixtas de
financiación que, en ningún caso, después del período de negociación que
se abre, eximirá al Estado de asumir, en caso contrario, la financiación
absoluta de los parques.

¿Acaso usted --le vuelvo a hacer la pregunta, a la que no me contestará,
ni a ésta ni a ninguna de las que ya le he formulado-- está en contra de
que la Administración que quiera --imagínese que es porque lo piden--
participe en la financiación de un parque nacional? Le diría: no, usted
no puede participar en la financiación. Eso es lo que usted está
diciendo, porque es lo que dice la ley. La ley no obliga a la
cofinanciación, precisamente lo que obliga es a que la Administración
Central del Estado --el Estado-- asuma la financiación, y abre las
puertas a la posibilidad de las financiaciones mixtas. Sí, señora
Pleguezuelos.

Sin embargo, si me lo permiten, señorías, lo que más me gustaría destacar
de esta reforma es, en primer lugar, que potencia la participación de la
sociedad en lo que se refiere a nuestros parques, porque da muchísimas
más funciones a los patronatos y, en segundo lugar --creo que merece la
pena que lo destaquemos en la discusión de los vetos--,



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porque modifica un modelo de gestión que antes penalizaba a las áreas y
poblaciones del entorno de los parques.

Con esta reforma, el Gobierno podrá crear instrumentos de promoción,
propiciar un desarrollo sostenible en estas zonas de influencia sin
degradarlas, porque el espectáculo que, conforme a la Ley 4/1989, se ha
dado con el entorno de algunos parques en cuanto que en esas poblaciones
se había asumido casi como un mal el hecho de tener un parque en la
medida en que se creían que era el elemento que distorsionaba o
ralentizaba su desarrollo socioeconómico, creo que es algo, ustedes
coincidirán conmigo, que era necesario cambiarlo. Por lo tanto, ninguna
área de influencia, ningún entorno de parque nacional entenderá a partir
de ahora que eso va a ser una rémora para su desarrollo.

Concluyo, señor Presidente, simplemente manifestando lo increíble --por
lo menos así lo entiende este portavoz-- que parece que algún grupo se
empeñe todavía en dos cuestiones: en primer lugar, minimizar lo
importante que es tener un Ministerio de Medio Ambiente, que después de
muchos años no se pudo crear a lo largo de un gobierno socialista --creo
que eso son celos institucionales-- y, en segundo lugar, persistir
todavía en la defensa de un modelo de gestión que sencillamente era
inconstitucional.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Calvo.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la Senadora Costa Serra.




La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, para no ser reiterativa con los argumentos aquí ya
esgrimidos en la defensa de la propuesta de veto, intervengo para
anunciar nuestro voto favorable al veto presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, y decir al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que no haga una lectura de esta propuesta de veto --que no es de
esta Senadora, aunque sí del grupo parlamentario al que represento-- de
que en este veto hay un piropo al proyecto de ley presentado por el
Gobierno, porque le aseguro que los piropos se traducirían en una
votación favorable a este proyecto y no a través de un veto, como es el
que mantenemos aquí hoy.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señora Ministra, como ya se ha dicho, el Tribunal
Constitucional declaró la nulidad de la Disposición Adicional Quinta de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, dado que atribuía exclusivamente al Estado
la gestión de los parques nacionales. Era necesario, por tanto, modificar
todos aquellos aspectos que afectasen a su gestión y dar entrada a las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubicasen estos parques.

Consecuentemente, en el proyecto de ley que se va a debatir existe una
serie de instrumentos --llámense plan rector de uso y gestión, plan
director, consejo de la red o comisión mixta de gestión-- que se
modifican o se crean para la participación conjunta de la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas. Creemos que algunas
figuras, como el Consejo de la Red de Parques Nacionales y la comisión
mixta de gestión de cada uno de ellos, son participativas y,
probablemente, serán eficaces.

Estimamos que el articulado es correcto, equilibrado en lo que se refiere
a la participación de las Comunidades Autónomas, y que puede ser de
eficaz funcionamiento. Debido a todo ello no vamos a apoyar la propuesta
de veto del Grupo Parlamentario Socialista.

Resumiendo, entendemos que se trata de un buen modelo de gestión que
permitirá la conservación y mejora de los parques nacionales y que, a la
vez, podrá impulsar las zonas próxima a los parques sin que ello suponga
causarles un perjuicio.

En cuanto a la propuesta de los Senadores del Grupo Parlamentario Mixto,
Nieto y Román, que ha defendido la Senadora Costa, deseo decir que nos
parece que plantea unas propuestas de modificación del proyecto de ley
que, en realidad, exceden de las motivaciones de éste. Algunas de las
enmiendas van mucho más allá que la sentencia del Tribunal
Constitucional, y deberían ser objeto, en todo caso, de un nuevo proyecto
de ley o de una modificación a fondo de la Ley 4/1989, que ya se ha
comentado y que es posible que se lleve a efecto más adelante. Nuestro
veto será, por tanto, igualmente negativo.

Por último, hemos de felicitarnos porque el bellísimo paraje del Parque
Nacional de Aigües Tortes y el Estany de Sant Maurici se integren, a
todos los efectos, en la red de parques nacionales y manteniendo, al
mismo tiempo, el régimen de gestión y organización en los términos
establecidos por la normativa autonómica.

Sintetizando, pues, diré que el proyecto de ley es satisfactorio. En su
tramitación se han producido algunas mejoras. Consideramos que la
Ministra ha dialogado y que no lo ha hecho con debilidad; al contrario,
lo ha hecho con claridad de ideas y buscando la mejora del proyecto. Por
tanto, nuestro Grupo votará en contra de las dos propuestas de veto
defendidas por las Senadoras Pleguezuelos y Costa.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.




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Senador Calvo, ni tenemos falta de argumentos ni los repetimos porque sí.

Los argumentos, sin duda, son los mismos en Comisión, en el Congreso y en
el Senado. Quizá sea eso lo que dé coherencia y fortaleza política y,
desde luego, ideológica.

Si usted cree que hay que tener argumentos distintos según la Cámara o el
tiempo en el que se debata, los ciudadanos algún día puede que le
devuelvan su frivolidad.

Respecto a que son parcos le diré que los argumentos no son parcos, pero
sí que están todos ellos fundamentados, porque nosotros no tenemos ningún
problema en lo que usted ha llamado autoenmendarnos. Señoría, no somos
soberbios en absoluto. Todas las leyes, y mucho más ésta que ya tiene
ocho años, evolucionan así como la conservación de los ecosistemas, toda
la normativa europea y, desde luego, este país, fruto precisamente de
este instrumento que es la Ley 4/1989, con sus deficiencias que las
tiene. Han evolucionado tanto y en tan poco tiempo que no tenemos ningún
pudor en hacer las adaptaciones que nos permitan conservar el medio
ambiente de verdad, y no poniéndolo sólo en la palabra y sin hechos
detrás.

Esta Ley, que a ustedes les parece tan mala, es la que ha hecho posible,
como instrumento eficaz y útil, que en España haya aproximadamente 700
espacios protegidos y, desde luego, era un momento idóneo, y no tenemos,
Senador Calvo, ningún problema ni ninguna prioridad en debatirlo
conjuntamente o por separado, hoy o mañana. Pero sí que pensamos que las
reformas se deben hacer con rigor, con el tiempo que ustedes necesiten,
que según la Ministra en quince meses podrían, a lo mejor, habernos
adelantado algunas otras iniciativas. Ustedes sí han tenido algo
importante; ustedes sí que han tenido interés específico --se demostró en
el Congreso de los Diputados-- para que, conjuntamente con la reforma del
Gobierno, se debata la reforma que plantea la proposición de ley sobre la
contrapasa. Ustedes sí que tuvieron interés en ello porque el jueves se
debatía en el Congreso de los Diputados la propuesta del Gobierno y dos
días antes, el martes, por el trámite más urgente posible, introdujeron
el debate de esa proposición.

Señorías, la debilidad, como usted dice, el diálogo no es que se
confunden y usted lo prefiere a la fortaleza, porque, ¿ha habido o no
diálogo?, ¿ha habido o no aspectos de la sentencia? Por cierto, tampoco
tenemos ningún problema con ella.

Senador Calvo, en un país como éste, tan joven en esta democracia,
desarrollando la Constitución todavía en muchos aspectos --sabe usted que
el Estado autonómico está haciéndose--, ¿qué problema hay en aceptar que
el Alto Tribunal en alguna ocasión, en ese desarrollo, nos diga que hemos
cometido errores? No había mala voluntad, ya que estábamos desarrollando
el Estado Autonómico. Ustedes sí han tenido mala voluntad cuando hacen
otras actuaciones que luego desde Europa, se lo dije el otro día, nos
mandan cartas, y esperemos que a la Ministra de Medio Ambiente la Unión
Europea no le mande otra carta y le tire de las orejas con la proposición
que luego vamos a debatir.

Señoría, decía que le sonaba a que nosotros realmente sí habíamos hecho
un batiburrillo, y se quejaba usted de alguna manera de que no había tal
batiburrillo en este proyecto de ley. Yo les he leído a sus señorías
todos los órganos colegiados y unipersonales que quedan en este proyecto
de ley después de la reforma. Por tanto, ellos y, desde luego, el «Diario
de Sesiones» va a tener oportunidad de verlos. ¿Dice usted que a los
patronatos se le ha dado más funciones? Debe usted leerse el proyecto de
ley. A lo mejor estaba usted tranquilo hoy porque creía que el debate iba
a ser de menor profundidad, pero léase el proyecto de ley porque esta
reforma les quita funciones a los patronatos.

Si me permite el humor que esta mañana nos faltaba a los socialistas,
según su Ministro de Fomento, casi no pueden convocar. No nos preocupa,
no nos da miedo, no consideramos a las Comunidades Autónomas los leones.

Nosotros como Grupo político, y como Grupo político que estuvo en la
redacción de la Constitución, hemos defendido el Estado Autonómico, no
así otros. (Rumores.) No digo que usted no lo sea. Pero, señoría, le
repito que no son para nosotros las autonomías los leones; lo dijo usted
en Comisión y creí que, como no había tenido excesivo tiempo para
prepararse el debate, se le había ido un poco la palabra.

El de ustedes sí que parece esta vez --y me va a permitir que se lo
diga-- un humor negro, pues da la impresión de que con las Comunidades
Autónomas gobernadas por los socialistas quisieran actuar como Nerón:
echándoselas a los leones. Esta Ley es un batiburrillo. La cofinanciación
está mal expresada, sin que el cien por cien recaiga en el Estado, con
unos elementos de coordinación inconexos y mal definidos, pues, sin
ninguna duda, la Ley no corrige algunos aspectos puntuales que el
Tribunal Constitucional había determinado como inconstitucionales. Lo que
han hecho ustedes es traer aquí un proyecto de ley mal pensado, mal
elaborado, mal consensuado con sus socios y, desde luego, en todos los
casos, a mi Grupo y a los ciudadanos no nos gusta que nos impongan nada.

Me refiero a este proyecto de ley, y desde luego, también a la
proposición que vamos a debatir a continuación, pues están aprobando una
serie de imposiciones de las que se les pasará factura.

Para terminar, quería decirle, Senador Calvo, que para imposiciones, para
muestra de lo que es no trabajar en cooperación, la de la Ministra de
Medio Ambiente que, sin consulta alguna, se propuso y se nombró
Presidente del Parque Nacional de Doñana. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.




El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, Senadora Pleguezuelos, cada vez que usted dice que habla con
sentido del humor se me pone la carne



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de gallina. Desde luego, con la cara que usted hace esas afirmaciones su
humor no puede ser más que humor negro. Se lo aseguro porque yo la veo
desde enfrente. Esto sí que es una broma.

Dice usted que no he tenido tiempo suficiente para elaborar argumentos.

Dice usted también que es bueno tener argumentos distintos. Tiene usted
razón, pero no la tiene del todo. Aquí ocurre como en las academias o en
las autoescuelas: la respuesta válida nunca es el «sí» siempre y el «no»
nunca. Los argumentos distintos no son siempre buenos para que funcione
la democracia. Lo más importante para que funcione cualquier sistema es
que los argumentos sean consistentes. Y los suyos, Senadora Pleguezuelos,
no lo son; son distintos y además de distintos son inconsistentes.

A mí no es que me falten argumentos. Esa fue una acusación que yo le
lancé en la Comisión y por lo que veo a usted le dolió mucho. Querer
meter en este debate el problema de las plataformas digitales, aunque hoy
ya usted no se ha atrevido a hablar del problema de las plataformas
digitales, demostraba que a lo mejor usted tenía legitimidad, pero que,
desde luego, no tenía argumentos. Y se lo vuelvo a repetir.

La evolución que ha sufrido esta ley ha sido tan grande, según manifiesta
usted en su intervención, que cuando menos la podríamos asimilar a la
Teoría de la Evolución de Darwin, porque ha sido veloz. Si usted pretende
que la Cámara crea que siguiendo criterios medioambientales las cosas
evolucionarán a un ritmo tal que una Ley de Espacios Naturales queda
anticuada en menos de ocho años ni me convence a mí ni convencerá a nadie
que entienda de medio ambiente, porque solamente había dos opciones: o,
de verdad, el medio ambiente, como usted cree, evoluciona a una velocidad
que no lo hace o, evidentemente, la ley que ustedes redactaron en 1989 no
tenía validez ni para nueve años. Se vuelven ustedes a hacer oposición.

Se pasan ustedes de frenada y, al final, se estrellan contra su propio
muro.

Usted dice que la ley no era mala; no, sólo que las fórmulas de gestión
que contemplaban eran sencillamente inconstitucionales. Sigue usted
intentando minimizar la sentencia del Tribunal Constitucional. Llega
usted a afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional se basaba
sólo en elementos puntuales. Los elementos puntuales para usted son nada
más y nada menos que la gestión de los parques nacionales, señorías. Esto
es absolutamente esperpéntico. Es sencillamente esperpéntico.

Hemos adaptado la Ley a la normativa constitucional. Hemos creado un
modelo de gestión que da entrada a la participación de las
Administraciones que hasta ahora se habían visto impedidas de hacerlo,
como son las Comunidades Autónomas. Hemos, por fin, consolidado el
criterio de unidad ambiental con la creación de la red de parques
nacionales. Y, además, asumimos, por fin, la financiación de estos
espacios protegidos. Con lo cual, me reitero en mis argumentos, y
solamente le digo, señora Pleguezuelos, para acabar con lo mismo con que
ha acabado usted, que si precisamente el ejemplo que usted nos quiere
poner como gestión de espacios protegidos es el del Parque de Doñana, eso
quiere decir que este Grupo tiene razón porque ése es precisamente el
ejemplo de que la gestión de los parques ha sido un rotundo fracaso, y si
no, que se lo diga su compañero de escaño.

Muchas gracias. (Aplausos de los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.)
En primer lugar vamos a someter a votación la propuesta de veto formulada
por el Grupo Mixto, correspondiente al proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 41/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202;
a favor, 78; en contra, 123; abstenciones, una.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.

A continuación vamos a someter a votación la propuesta de veto presentada
por el Grupo Socialista a este mismo proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202;
a favor, 78; en contra, 123; abstenciones, una.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.

Continuamos, por tanto, con el debate del proyecto de ley.

Corresponde ahora la defensa del voto particular número 2 a la Senadora
Costa Serra. Su señoría tiene la palabra para la defensa de sus propias
enmiendas y las de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente
conjuntamente.




La señora COSTA SERRA: Así es, señor Presidente. Muchas gracias.

Doy por defendidas las enmiendas de mis compañeros del Grupo
Parlamentario Mixto, don José Luis Nieto y José Fermín Román, y paso
brevemente a defender las enmiendas presentadas por esta Senadora.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdone, señoría.

Señores Senadores, esta tarde todavía nos queda bastante trabajo
pendiente, por lo que, si ustedes lo facilitan, y el ritmo es el
adecuado, podríamos terminar a una hora razonable. Por tanto, les pido
que permitan que el debate se lleve con buen ritmo.




La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un segundo, señoría. Todavía no
hemos obtenido el suficiente éxito.

Puede continuar, señora Costa.




La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.

Como decía, doy por defendidas las enmiendas de mis compañeros del Grupo
Mixto, de Izquierda Unida, don José Luis Nieto y don José Fermín Román,
por lo que paso a defender las presentadas por esta Senadora, enmiendas
números 31 a 36, que realizaré de forma global.

La enmienda número 31 pretende la modificación del apartado 2, para dar
entrada a la participación en el patronato a todas las Administraciones;
es decir, además de a las Administraciones central y autonómica, también
a la local, así como a las organizaciones y asociaciones de cualquier
ámbito cuyos fines concuerden con el espíritu de la ley, ya que la amplia
participación de todos los sectores favorecería un funcionamiento más
eficaz de dicho Patronato.

Por otra parte, si el espíritu de este proyecto es dar cumplimiento a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de julio de 1995 y adaptar la
ley a dicha resolución, entendemos más acorde con el espíritu
constitucional que los presidentes de los patronatos sean nombrados por
el Gobierno, pero a propuesta de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, mantenemos una enmienda al artículo único, apartado 6, relativo
a la disposición adicional primera, que pretendía completar la lista de
todos los parques nacionales existentes en el Estado español. En este
sentido, tanto en Ponencia como en Comisión se discutió que,
efectivamente, a la entrada en vigor de la Ley de 1989 se recogían los
parques nacionales considerados como tales, cuyas respectivas leyes
habían sido aprobadas en dicho año. Pero entendemos que es inexplicable
que, ya que procedemos ahora a una reforma de este proyecto, no se
corrija este punto, bien suprimiendo cualquier referencia a todos los
parques nacionales, porque al haber sido aprobados por sus respectivas
leyes se entiende que forman parte de la Red de Parques Nacionales todos
los que están en vigor al día de hoy, o bien recogiendo en un artículo
--como así discutimos en Comisión, e incluso se planteó como una
corrección técnica-- todos los parques nacionales existentes actualmente
en España.

Eso no se ha producido, por lo que entendemos, no que queden fuera de la
Red de Parques Nacionales, ya que, como digo, están aprobados por sus
leyes, sino que no se recogen expresamente en la Ley 4/1989.

Para terminar, hay otro conjunto de enmiendas. La enmienda número 35
pretende, como ya he dicho, dar una nueva redacción en este caso al
artículo 36, apartado 2, para que todas las administraciones implicadas
formen parte de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.

Por último, se pretende suprimir la Comisión Mixta de Gestión, ya que
entendemos que hay una multiplicidad de órganos en este proyecto de ley,
con lo que se está consiguiendo vaciar de contenido precisamente a los
patronatos y no se da participación a los organizadores ni a las
asociaciones ecologistas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas, gracias, señora Senadora.

Al voto particular correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió le corresponde una enmienda transaccional
firmada por todos los grupos, lo cual induce a pensar que ya está asumida
su defensa y su turno correspondiente. (Asentimiento.)
Muchas gracias.

Podríamos pasar ya al voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el Senador Bella.




El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, para defender las distintas enmiendas presentadas a este
proyecto de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista voy a hacer
una serie de grupos que engloben a todas ellas --un total de 46-- para
explicar cuál es el contenido de las mismas y, al mismo tiempo, su
justificación.

Hay un primer grupo de enmiendas que van dirigidas fundamentalmente a la
exposición de motivos, así como a los objetivos y a los contenidos del
proyecto de ley.

En un principio pensamos que este proyecto de ley no mantiene en absoluto
el actual marco de protección de la biodiversidad; todo lo contrario, lo
daña, le hace una serie de incisiones que yo calificaría como muy
peligrosas, sobre todo las que van referidas a dar distinto tratamiento
a los espacios protegidos más importantes de este país, que son los
parque nacionales, y, por otra parte, a las prohibiciones que
expresamente van a quedar reflejadas en ellas con referencia a la caza y
que traeremos al próximo debate.

Yo creo que tan respetuoso es modificar una ley por mandato de una
sentencia del Tribunal Constitucional como esperar el tiempo que sea
preciso para que esa sentencia se produzca y así poder modificar la ley.

Lo que digo tiene su sentido. Esta Ley, aprobada en el año 1989, tuvo que
esperar hasta el año 1995 a que se produjese la sentencia 102/95, del
Tribunal Constitucional, para ser modificada en varios aspectos. Estamos
en el año 1997 y, evidentemente, tiene que corresponder a este Gobierno
hacer esa modificación de la Ley para adaptarla a la sentencia del
Tribunal Constitucional.

Por tanto, no veo que tengan que existir argumentos para descalificar las
enmiendas que este grupo ha presentado, ya que siempre se ha intentado
que la normativa europea --la existente desde entonces hasta ahora-- se
introduzca en esta norma básica para que realmente le demos cuerpo
preciso para su definición y para su defensa.

Hay también otro argumento importante: en la Exposición de Motivos de la
Ley se autodefine como obsoleta en sí misma. El anuncio realizado hoy,
aquí, por la señora Ministra de Medio Ambiente de que presentará una
nueva reforma de esta Ley, sin duda alguna no es más que una válvula de
escape para salir un poco del desaguisado que se



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produce con esta Ley 4/1989, que desde entonces hasta ahora ha permitido
poner a España, yo no diría que a la cabeza, pero sí a la altura de
muchos países que, junto con la Unión Europea, salvaguardan sus espacios
protegidos en un marco riguroso de ese control medioambiental.

Por tanto, me parece que lo que están haciendo es sencillamente una
interpretación interesada de esta sentencia 102/1995. El esperar seis
años para poder recoger o trasponer normativas europeas o comunitarias no
es más que por respeto al tiempo que la Ley ha estado en el Alto Tribunal
pendiente de que se dictara esa sentencia.

Añadimos algunos aspectos que creemos que, indudablemente, hay que
corregir en la Ley. La Ley, como ya he dicho, se aprobó en el año 1989,
estamos en el año 1997 y es preciso que parte de esos convenios
internacionales o de esa normativa europea se traspongan a la Ley, pero
que, además, se haga con la rigurosidad suficiente, introduciéndolas en
una norma básica que nos permita aplicarla con toda su rigurosidad.

Hay otro grupo de enmiendas referidas fundamentalmente a la conservación
de los ecosistemas fluviales y humedales que tienen su sentido. Desde el
año 1989 hasta la fecha no han sido pocas las normativas que, con
referencia a la planificación hidrológica en este país, no han permitido
en ningún momento que se contemplen las necesidades y requisitos que para
la conservación de las zonas húmedas y su relación con los ecosistemas
ribereños precisan hacerse. Yo creo que hay un concepto que está
plenamente legitimado en nuestro país que es el de corredor ecológico.

Debería tener entrada en esta ley, y de ahí la propuesta que hacemos en
las enmiendas números 39 y 63.

Otro grupo de enmiendas, ya mencionadas, son las relativas a la
trasposición de la normativa comunitaria que tienen su plena
justificación en el tiempo que ha transcurrido hasta que se dictó esa
sentencia del Tribunal Constitucional y, sobre todo, porque entendemos
que es preciso que dentro de esta norma básica se establezcan una serie
de procedimientos a través de los cuales se pueden realizar las distintas
solicitudes para incluir los espacios protegidos españoles dentro de las
clasificaciones internacionales que están determinando la Unión Europea
o cualquier otro convenio internacional.

El siguiente grupo de enmiendas es el que hace referencia a los planes de
ordenación. Señorías, hay una auténtica confusión en el proyecto que
ustedes proponen, en la literatura misma de la ley, entre lo que es
ordenación y planificación. Con nuestras enmiendas números 45, 48 y 75
pretendemos que haya una serie de contenidos propios de los planes
rectores. Creemos que también tienen que existir unas competencias
determinadas para las Comunidades Autónomas en cuanto a los planes de
ordenación y a los planes rectores y, sin duda, los planes rectores deben
ser aprobados por las Comunidades Autónomas. Al Estado le han de
corresponder --según dice la sentencia del Tribunal Constitucional-- las
normas básicas y entendemos que en estos instrumentos de ordenación la
única norma básica que debe existir es el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales. El resto ha de ser una serie de normativas aplicadas
por las Comunidades Autónomas, naturalmente señalando cada una de las
singularidades que existen en cada uno de los parques y, por supuesto,
estableciendo una serie de plazos porque, si no, no tendría sentido. Uno
de ellos sería el plazo para la elaboración del primer plan director.

Un bloque importante de enmiendas son las que se refieren a la
financiación. Creo que ya hemos hablado suficiente en esta Cámara de este
tema y no me extenderé más en ello, pero quisiera añadir al tema de la
financiación un concepto que a mí me parece que sus señorías del Grupo
Parlamentario Popular confunden tremendamente, y es que hay que hablar de
qué es realmente interés general para el Estado. ¿Cómo es que el Estado
no va a pagar algo que se declara de interés general del Estado?
Sinceramente, yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes; una de
ellas es la que yo califico como una de las incisiones que se hacen en
esa norma básica de la Ley 4/1989, porque va a dar lugar a serias
confusiones a la hora de gestionar los parques nacionales, de hacer
nuevas declaraciones de parques nacionales y, sobre todo, va a permitir
un nivel de conflictividad tremendo entre el Estado y las Comunidades
Autónomas a la hora de financiar cada uno de los parques nacionales,
salvo aquellos que ya encuentran en esta misma norma básica que ustedes
pretenden incorporar hoy una manera de financiación absolutamente
particular que le va a resolver todos los problemas.

Pero ahí no está el fondo de la cuestión; hay algo más importante que
todo eso que, como digo, es el concepto que del interés general tiene
este Gobierno y sus señorías del Grupo Parlamentario Popular. A mí me
parece que lo confunden todo. ¿Está en el mismo nivel el fútbol que los
parques nacionales, o el fútbol que el medio ambiente, en este país?
Sinceramente, me parece que deberían reflexionar sobre esta cuestión y
aplicar en este proyecto de ley lo que responsablemente tendrían que
aplicar para dejarlo como una norma básica que identifique toda la red de
parques nacionales en este país.

Por otra parte, están las enmiendas referidas a los órganos colegiados.

Hasta ahora el esquema era simple: había una red de parques nacionales
con un aparato administrativo centrado en la Administración Central del
Estado; con posterioridad, había un patronato importante de participación
y, a continuación, los distintos órganos de gestión. Evidentemente, lo
que se hace es crear una comisión mixta que, dependiendo del parque al
que haya que aplicarse, tiene una composición u otra. En muchas ocasiones
se considera que la paridad nominal dentro de esta comisión mixta es lo
que realmente da pleno sentido al contenido de la sentencia del Tribunal
Constitucional. Por otra parte, se niegan determinadas atribuciones que
tenían los patronatos o se supeditan muchas de las decisiones que se
tomaban en los patronatos, auténticos órganos de participación, que pasan
también a esa comisión mixta. En estas condiciones, difícilmente estos
órganos colegiados van a encontrar una ligazón suficiente, sobre todo de
carácter administrativo, que permita que la gestión de los parques
nacionales sea más cotidiana, más real y más eficaz.

Hay un concepto que conviene destacar, que es el concepto del entorno; un
concepto puesto de moda; el entorno



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de los parques nacionales, el entorno de los espacios protegidos. Sin
duda alguna, el espíritu del proyecto de ley que se presenta no trata más
que de concebir este entorno como algo con lo que hay que relacionarse.

Pensamos que hay que crear una estructura administrativa en los parques
nacionales o en otros espacios protegidos para relacionarnos con la gente
que está allí. Esto parece una contrariedad, sobre todo en los tiempos
que corren. Yo sugeriría que incorporaran a su filosofía un concepto que
es mucho más preciso actualmente, que es el ecosistema social. Dentro de
los parques nacionales, dentro de los espacios protegidos, existe también
un ecosistema que tiene que estar perfectamente equilibrado, que es el
ecosistema social. La gente, la cultura y las costumbres forman parte,
sin duda alguna, de esos espacios protegidos porque no han surgido, como
alguien ha dicho aquí, como isla, sino todo lo contrario, son el producto
de una cultura, de una historia y de un esfuerzo de mucha gente que vive
allí. Acuñemos ese concepto de ecosistema social y tengámoslo en cuenta,
no como algo ajeno al parque nacional, como un fantasma que lo que
pretende es agredir a ese parque, sino como una parte consustancial de
él, y será mucho más fácil la gestión de esos parques nacionales.

En relación al director-conservador, prácticamente le quitan todas las
funciones. La mayor parte de las funciones que hasta ahora tenían los
directores-conservadores de los parques nacionales pasan a ser
competencia directa de las comisiones mixtas, con lo cual están ustedes
alejando los puntos de decisión a un nivel aún más elevado, aún más lejos
de ese entorno y de ese ecosistema social tan preciso. Evidentemente,
esto va a restar operatividad y, cómo no, va a restar también la posible
eficacia que los directores-conservadores tienen a la hora de aplicar
aquellas normas que han surgido de esos órganos de participación a los
que antes he hecho referencia.

En las enmiendas 65, 70 y 83 añadimos que sería importante incluir alguna
revisión del catálogo de espacios amenazados. Decíamos que había que
prolongar las previsiones que hacemos para determinadas especies a
aquellas que ya denominábamos en la Ley 4/1989 sensibles a la alteración
del hábitat y vulnerables, porque entendíamos que era un error que estaba
contenido en la misma Ley. Tampoco se ha querido admitir esto por parte
del Partido Popular. Entiendo que habría que aplicar a este tipo de
enmiendas unas coordenadas de tiempo y de espacio, que tendríamos que
añadir durante 1997.

Con referencia al tema de la caza, vamos a dar suficientes argumentos en
la próxima proposición de ley, pero no quisiera dejar escapar el momento
sin poner en entredicho algo que me parece que es contradictorio en sí
mismo; es un contraste tremendo, no sé si denominarlo esquizofrenia, no
sé cómo podríamos llamarlo. Este Gobierno nombra a un Ministro para que
presida el Patronato del Parque Nacional de Doñana para conservar cuantas
especies protegidas haya, al mismo tiempo permitimos abrir una brecha en
esta ley que nuestros socios europeos van a calificar poco menos que de
esquizofrénica. No tiene sentido que, por una parte, seamos el adalid de
la conservación de la naturaleza en Europa y nos hagamos cuantas fotos
sean posibles en espacios tan singulares como el Parque Nacional de
Doñana poniendo al frente a un miembro de este Gobierno, y al mismo
tiempo estemos permitiendo, como van a permitir sus señorías dentro de
media hora, que peguemos tiros a cuantas aves queramos, cuando van a
buscar o a criar. A este tipo de cuestiones, al menos en mi pueblo --y yo
soy, como bien dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de un
pueblo del entorno de un parque nacional, en concreto del Parque Nacional
de Doñana--, se les llaman lentejas. La gente dice «se ha vendido usted
por un plato de lentejas». Probablemente eso es lo que está ocurriendo
aquí, que se están utilizando los espacios protegidos como moneda de
cambio para otro tipo de intereses y de cuestiones.

Por tanto, habría que decir que el Ministerio de Medio Ambiente que ha
creado este Gobierno, y al que tanto relieve se le da en muchas
ocasiones, en definitiva, no es más que una caseta de feria, es decir,
mucha fachada, pero en el interior, en el fondo, no tiene absolutamente
ningún contenido, y muestra de ello es la evidencia y la contradicción a
la que los miembros de esta Cámara estamos asistiendo y vamos a tener
oportunidad de asistir dentro de un momento.

Obro bloque de enmiendas, en concreto la número 71, hace referencia a las
infracciones. Creemos --y esto tiene relación con el siguiente proyecto
de ley-- que habría que incrementar las infracciones que figuran en este
proyecto de ley, porque, transcurridos unos años, el ejercicio de la caza
en este país tendrá que ser un ejercicio responsable, lo mismo que tendrá
que ser un ejercicio responsable el hecho de conducir o el hecho de ser
albañil. Todo tiene que ser un ejercicio responsable y el cazador tiene
que asumir esa responsabilidad.

Con esta enmienda que presenta el Grupo Socialista a este proyecto de
ley, sin duda alguna, aquellos cazadores que se sientan responsables
sabrán que tenemos razón, y no porque tengamos que buscar argumentos
frívolos, sino todo lo contrario; hay una Directiva, la Directiva de
hábitat, que es la primera que ha decidido decir qué es conservación y
definirlo, y define la conservación como algo a largo plazo. La
conservación de la naturaleza no es algo que podemos decidir de hoy para
mañana, sino que tenemos que estar decidiendo de hoy para dentro de
muchos años. Ese es el auténtico espíritu de la conservación de la
naturaleza.

Con referencia a otro tipo de enmiendas, están las que elaboran las
listas de los parques nacionales. Sinceramente, señorías, sigo teniendo
una gran confusión con este texto que ustedes presentan, porque
incorporan el Parque de Aigües Tortes a una lista donde se obvian Teide,
Picos de Europa y Cabañeros, y la explicación que nos dan es que se hace
referencia a la lista que aparecía en el año 1989. Sería la primera vez
que estamos intentando legislar una Ley que al mismo tiempo ya la estamos
dando por obsoleta o que la estamos cambiando al menos en ese articulado,
luego yo pienso que en esa enmienda lo tendríamos que arreglar. Creo que
habría que hablar de otro interés distinto al de incluir al Parque de
Aigües Tortes dentro de la lista de parques nacionales.




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Y como nos gusta que el consenso sea lo que legitime, en cualquier caso,
lo que es la aplicación de una norma básica en cuanto a la conservación
de la naturaleza, proponemos obro bloque de enmiendas, en concreto la
número 76, que lo que hace es abrir una puerta para que el Parque de
Aigües Tortes se pueda incorporar a esa red de parques nacionales y no lo
tenga que hacer a través de la puerta falsa de una disposición adicional
que no está plenamente justificada o al menos yo todavía no he escuchado,
en absoluto, esa justificación.

Por otra parte, hay otro grupo que hace referencia a la declaración de
Parques Nacionales. Lo mismo que se incorpora ahora al Parque de Aigües
Tortes no entiendo por qué no se hace con Sierra Nevada, un parque que ha
pasado ya todos los requisitos de carácter administrativo y parlamentario
y que debería incorporarse, según la Ley 4/1989, a la lista de Parques
Nacionales. Se hace con Aigües Tortes y no se hace con Sierra Nevada. No
quisiera dar otros ejemplos que también existen. Esa explicación me
gustaría conocerla y de ahí el contenido de la enmienda número 78, en la
que se establecen unos plazos para que realmente aquellos espacios que ya
cuentan con el compromiso no sólo de las comunidades que viven alrededor
de ese espacio, sino también de las propias Comunidades Autónomas y de
los Parlamentos autonómicos, tengan un fiel reflejo en la Ley 4/1989 que,
como digo, se aprobó en ese año.

Hay una serie de enmiendas de carácter un poco más técnico y otras que lo
que pretenden es preservar aquellos ecosistemas de interés general y, por
trasposición de la propia normativa europea o por clasificación de esos
espacios dentro de la Directiva de la Unión Europea y de distintos
Convenios, conviene también ofrecer plazos y establecer
reglamentariamente alguna fórmula para poderlos introducir.

Por lo tanto, creo que, cuando el Ministerio de Medio Ambiente de este
país está tratando de sacar adelante la estrategia nacional de
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, es el peor
momento para modificar este marco general de la conservación de la
naturaleza de la manera tan sustancial como lo hace, y no digo de manera
sustancial porque lo haga en un amplio sentido en todo su contenido, sino
porque realmente le deja grietas abiertas de gran interés que, como digo,
van a dar al traste con el marco particular que había para los espacios
protegidos, sobre todo los denominados Parques Naturales.

Otra cuestión importante es para qué sirve la participación que se define
en este proyecto de ley que ustedes proponen si realmente esa
participación no va a tener potestad ninguna de decidir nada y para qué
van a servir esos patronatos de participación cuando no va a haber esa
potestad de decidir. El derecho a repartir se lo han reservado, y lo
hacen a través de la financiación con cuatro regímenes totalmente
distintos. Yo creo que habría que trasponer a normas básicas las
Directivas comunitarias, y no a través de reales decretos que están bien
momentáneamente, para que sean de aplicación general para todo el
sistema. Y tengan en cuenta una cosa, España ha aportado a Europa una
naturaleza extensa, rica y variada, lo cual debe llevar aparejado también
nuestro compromiso para defenderla. Ustedes se han propuesto un objetivo
con este proyecto de ley, que era fundamentalmente adaptar la Ley a la
Sentencia 102/1995, pero han fallado en el contenido y en la forma. De
hecho, no saben ni cómo llamarla. Yo he visto figurar distintos nombres.

Se ha hablado de Red Estatal de Parques Nacionales, de Red de Parques
Nacionales de España, de Red no Estatal de Parques Nacionales. Hay ahí un
cierto conflicto que también es interesante en cuanto a la forma. En
cualquier caso, me da la impresión, señorías del Partido Popular, señora
Ministra, de que se va a dotar de un mal instrumento, que lo va a dejar
inservible y que le va a servir como justificación para proponer una
nueva reforma de esta Ley 4/1989 que ha permitido tantos logros desde el
punto de vista del medio ambiente en este país.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Calvo.




El señor CALVO POCH: Señor Presidente, señorías, sospechaba que en la
tramitación de este proyecto de ley iba a haber cuatro vetos en total,
porque, evidentemente, su señoría, el Senador Bella, no ha hecho más que
repetir los argumentos del portavoz que intervino con anterioridad en la
defensa del veto. No tengo más que remitirme a mis dos intervenciones
anteriores para dar contestación a muchas de las generalidades que usted
ha manifestado.

Hay dos asuntos que ha tocado la Senadora Costa y que después también han
sido objeto de una pregunta por parte del Senador Bella. Uno de ellos se
refiere a la Disposición Adicional Primera del proyecto, que da una
relación de los parques nacionales que existían en el momento de la
aprobación de dicha Ley. Se lo intenté explicar en Comisión y creo que
sus señorías lo entendieron. Lo que dice la Disposición Adicional Primera
es que en el momento de la aprobación de la Ley, se consideran que forman
parte de la red los parques nacionales que existían con anterioridad,
pero que no se habían constituido como parques a raíz de esa propia Ley.

Luego es evidente que no podemos incluir tal cual estaba redactada la
Disposición Adicional los parques nacionales que se aprobaron o crearon
después de 1989, porque fíjense ustedes qué absurdo se podía crear. La
Disposición Adicional quedaría redactada: y se integran en el momento de
la aprobación de esta Ley a la red de parques nacionales los que existían
con anterioridad. No podíamos haber incluido ni Cabañeros ni, todos los
conocemos, los que se han creado con posterioridad al año 1989, porque si
no en la Ley quedaría una Disposición Adicional absolutamente ridícula.

Como nosotros estábamos de acuerdo con ello, les propusimos que
presentaran una redacción que, sin eliminar la Disposición Adicional
Primera, tal cual quedaba después de la presentación de nuestras
enmiendas, pudiera también quedar reflejada la lista total, algo así como
un párrafo, que además creo que encomendó su redacción al Letrado, aunque
ahora mismo no lo recuerdo, que dijera: después de la



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reforma de esta Ley que se produce conforme al proyecto tal del año tal,
quedan dentro de la red todos estos parques. Nosotros lo que decíamos es
que en eso estábamos de acuerdo, pero no sustituyendo la hasta ahora
Disposición Adicional Primera, a la que nos limitamos a incorporar el
Parque Nacional de Aigües Tortes. Yo, Senador Bella, le puedo explicar
por qué ahora se incorpora a la Disposición Adicional Primera un parque
que nunca debió quedar fuera. Lo que no puedo hacer, Senador Bella, es
explicarle por qué en el año 1989, cuando ustedes eran mayoría en el
Congreso y en el Senado, dejaron fuera uno de los parques nacionales más
antiguos de España, como es el Parque de Aigües Tortes. Eso no se lo
puede explicar. Al contrario, le podría pedir explicaciones, aunque al
cabo de tanto tiempo me parecería ridículo. Pero que me las venga a pedir
usted a mí, me parece todavía más ridículo.

Con la Disposición Adicional Primera, incorporando el Parque de Aigües
Tortes, venimos a dar satisfacción a una realidad ambiental en Cataluña,
a la que ustedes fueron incapaces de dar satisfacción. Y no es un
problema político, es un problema medioambiental. Ustedes dejaron fuera
de la red el Parque de Aigües Tortes y era justo y sensato incorporarlo
a la Disposición Adicional Primera en el momento en el que se tenía que
haber incorporado, que era en el momento de la aprobación de la Ley
4/1989, con lo cual a eso sí le puedo dar contestación. Lo que no puedo
contestarle es a por qué en la Ley de 1989 ustedes dejaron fuera el
Parque de Aigües Tortes, a lo mejor es un debate en el que no debería
participar. Quizás serían otros los grupos parlamentarios los que
deberían participar en este debate.

En cuanto a la enmienda 31, Senadora Costa, en la que ha hecho quizás, o
a mí me lo ha parecido, una incidencia mayor, plantea una nueva
formulación de los patronatos a los que atribuye la competencia de
gestión y administración de los parques. Entendemos que no es procedente
porque introduce confusión en lo que se refiere a órganos de gestión con
responsabilidad administrativa y órganos de participación, pero sin
responsabilidad administrativa en la gestión.

En cuanto a algunas afirmaciones que ha hecho el Senador Bella que,
repito, ya ha dicho la portavoz de su Grupo que intervino con
anterioridad, le vuelvo a repetir que, respecto a la incorporación de
directivas europeas, ustedes fueron los que incorporaron las directivas
que usted no para de citar, a través de dos Reales Decretos, y seguiré
siendo pesado todas las veces que sean necesarias hasta que ustedes no se
aprendan los Reales Decretos que aprobaron cuando eran Gobierno. Yo no
tengo la culpa de que ustedes nos intenten acusar de faltar al interés
general volviendo otra vez a argumentos sobre cuestiones que en este
momento no se plantean en esta Cámara, porque en torno a estas cuestiones
todos podemos hacer demagogia y yo ahora mismo anticipo que voy a hacer
un ejercicio de demagogia. A lo mejor en este país tenemos poca
experiencia en interpretar lo que es el interés general, sólo 13 meses de
experiencia frente a trece años de aprender solamente lo que es el
interés particular; si hacemos demagogia la hacemos todos.

En cualquier caso, decir que nuestra interpretación de la sentencia del
Tribunal Constitucional es interesada, podía ser verdad; todas las
interpretaciones pueden ser particulares, puede haber tantas
interpretaciones como Senadores hay en esta Cámara. Pero, en cualquier
caso, no solamente creemos que es interesada para nosotros, sino que es
interesada para el objetivo que persigue esta ley, que es la preservación
de nuestros espacios naturales protegidos. Si usted se refiere a que
nuestra interpretación de la sentencia es interesada, evidentemente es
interesada. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la financiación, no voy a volver a repetirles lo que ustedes
no quieren entender.

Respecto a la consideración del entorno de los parques, me sorprenden
sinceramente, Senador Bella, que me lo diga usted. ¿Acaso usted no ha
constatado o no ha podido constatar a lo largo de todos estos años --y se
lo pregunto sinceramente-- que ha habido muchos ayuntamientos que han
solicitado o han insinuado que querían salirse del entorno? ¿O a usted
esto le pilla de lejos? ¿Esto quiere decir que esos ayuntamientos estaban
satisfechos con la promoción económica, con el desarrollo que se les
proporcionaba en la gestión de esos parques y de esos entornos? Pues no
parece muy coherente. Creo que precisamente el ayuntamiento que conseguía
quedarse fuera del entorno de algún parque era mirado por el resto de los
ayuntamientos casi con envidia.

Por tanto, creo que la consideración del entorno y de la capacidad de
desarrollo socioeconómico de las áreas de influencia mejora con la
reforma de la ley que nosotros defendemos en este momento.

Acabo, porque esto, al final, se convierte en una discusión de anécdotas.

Ustedes lo único que pretenden con la discusión de este proyecto de ley
es la acumulación de argumentos políticos un tanto maledicentes. La red
puede tener varios nombres, y será al final el de Red Estatal de Parques
Nacionales, se lo aclaro, porque así figura en la enmienda transaccional
que su Grupo ha tenido a bien firmar para que se pueda presentar: Red
Estatal de Parques Nacionales. En cualquier caso, aunque tuviera varios
nombres, la red será una realidad, una realidad que protegerá la unidad
ambiental que hasta ahora no existía en torno a los parques.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.




El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en mi anterior intervención me he limitado a expresar y
justificar cuáles son las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado a este proyecto de



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ley. En esta segunda intervención voy a ir un poco más allá y voy a dar,
quizá, algunos de esos argumentos que, a juicio del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, nos faltan a los socialistas para decir lo que
pensamos con respecto a la reforma que pretenden hacer.

Satisfacciones como las que usted pretende dar a la Comunidad Autónoma
catalana pienso que es facilísimo hacerlas. ¿Usted qué quiere?
¿Incorporar su espacio a la Red de Parques Nacionales? Adelante,
incorpórelo, usted lo gestiona, usted decide y yo se lo pago. Creo que no
habría ninguna Comunidad Autónoma, ni la habrá, que se niegue a ese
modelo de gestión. Luego satisfacciones de ese tipo pienso que son las
fáciles de dar, las sumamente fáciles.

Por otra parte, establece usted en su proyecto de ley cuatro regímenes.

Yo antes lo he dicho quizá de una manera distinta a como lo voy a decir
ahora. Hay un régimen especial para Aigües Tortes --ya se lo he
explicado--; le pagan todo y dejan que siga gestionándose tal y como
está. Ahí no hay problemas de director-conservador, de patronato, de
comisiones mixtas, absolutamente nada. Ustedes lo gestionan, y nosotros
lo pagamos. Ese es un modelo de gestión para un parque nacional.

Hay otros parques nacionales, como los canarios, que han negociado esta
proposición de ley y que tienen una comisión mixta para todos ellos al
estar incluidos dentro de una Comunidad Autónoma.

Hay un tercer régimen que es un régimen residual en el que ustedes dejan
a los dos parques nacionales más importantes de este país: uno por ser
antiguo, que es Picos de Europa, y el otro por ser el más emblemático,
que es el Parque Nacional de Doñana, y a ninguno de los dos le dan
respuesta. A esto lo van a llamar ustedes a partir de ahora un modelo de
gestión abierta, que quiere decir que, permanentemente, tendrán que
negociar esas Comunidades Autónomas con el Ministerio.

Lo del Parque Nacional de Doñana viene bien, porque Andalucía, al estar
gobernada por el Partido Socialista, podrá ser un buen elemento de
contradicción. Pienso que quien lo va a pagar siempre va a se el propio
parque nacional y esos pueblos del entorno. En cambio, Picos de Europa es
una válvula de escape para ustedes.

¿Qué es lo que ha hecho este Ministerio de Medio Ambiente con Picos de
Europa desde hace quince meses hasta ahora, por no referirnos a otro
parque nacional, y son tres Comunidades Autónomas en las que está
gobernando el Partido Popular? Allí no hay consenso, cada día es más
disparatada la situación: hay cacerías, hay carreteras que se quieren
hacer en el interior del parque, en Cantabria hay un tratamiento con
veneno de la rata norteña que se está haciendo dentro de un parque
nacional.

No sé cuál es el modelo de gestión que ustedes pueden llamar abierto. Ese
es uno de los modelos que ustedes establecen. Hay otros modelos, que
también dejan la puerta abierta, que es para aquellos parques nacionales
donde pudiera haber un gobierno del Partido Popular y que en un momento
dado se pudiera negociar.

Respecto a lo de la transposición de la normativa europea --perdone que
sea pesado con esto--, he dicho que, para que nos lo creamos, hay que
incorporarla en una norma básica. Lo que no podemos, ante cualquier
asunto internacional, es ir diciendo que el Ministerio de Medio Ambiente
y este Gobierno están a favor de la protección medioambiental y luego, a
la hora de la verdad, no trasponer ese tipo de compromisos que contraemos
a una normativa básica que realmente nos obligue. Porque si aquí
quisiéramos una transposición real de la Directiva de hábitats o de la
Directiva de aves, sin duda alguna ustedes no se atreverían a hacer la
proposición de ley que van a presentar dentro de un momento. Con más
claridad es imposible hablar.

Respecto a lo del interés general, perdóneme que se lo explique de nuevo.

Los parques nacionales van a tener una financiación compartida entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, pero, además, las Comunidades
Autónomas van a tener que pagar los planes de protección de las especies
amenazadas y de sus hábitats. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que
algo que es de interés general para este país lo vamos a supeditar
precisamente a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, a una
posible negociación y a un posible parecer de una Comunidad Autónoma,
llámese como se llame y sea quien sea. Luego, en este caso, el interés
general lo están dejando ustedes de lado o no lo entienden bien y tendrán
que pasar bastantes más años para que eso sea así.

Distorsionan --lo he dicho antes-- el sentido nuclear de la Ley 4/1989,
que ya tiene siete años de vigencia pero a la que realmente no le pueden
dar el nivel de flotación. Es decir, los parques nacionales son las ollas
de la protección de la conservación de la naturaleza en este país, nos
pongamos como nos pongamos, y son los que son y están los que están, y
hay que darle la seriedad y la rigurosidad que realmente se merecen. Y en
este proyecto de ley que ustedes presentan no lo están haciendo.

Me parece --también lo he dicho antes-- que en temas de planificación no
admiten algo tan importante como es la planificación hidrológica dentro
de los parques nacionales y de los espacios protegidos. Recuerden bien
esta enmienda que hace el Partido Socialista a esta ley y admítanla para
una próxima reforma, porque es realmente necesaria, es imprescindible, es
un instrumento de gestión básico para gestionar los espacios protegidos
de este país el que dentro de la planificación hidrológica se contemple
el tema de corredores ecológicos.

Están alejando ustedes los centros de decisión de los espacios protegidos
a través de las comisiones mixtas, de los patronatos y de no sé cuántos
inventos más que han hecho para realmente burocratizar lo que va a ser la
gestión de los parques nacionales. Están alejando los centros de decisión
y eso va a acarrear serios problemas.

Con referencia a la promoción socioeconómica a la que usted alude, dice
que hay pueblos que quisieran estar fuera de esos entornos.

Evidentemente, pienso que cada pueblo puede pensar de la manera que
quiera. Si le tengo que responder por el mío, le diré que me siento
orgulloso de estar en la comarca de Doñana y de seguir perteneciendo a
ella, pero hay más. Esta ley que hoy estamos reformando nació en el año
1989; en 1991 ya hubo una aplicación objetiva de lo que establece el
artículo 18.2 de la Ley 4/1989 sobre



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subvenciones o aportaciones del Estado a aquellos pueblos que están en el
área de influencia socioeconómica de los parques nacionales (con tan sólo
dos años, se aprobó en 1989), en 1991 estaba plenamente en vigor. Hasta
1995 así ha continuado.

A partir de 1996, cuando ustedes han gestionado, y este año, 1997, han
reducido ustedes las inversiones que van a dar a los pueblos en virtud
del artículo 18.2. Luego si en la exposición de esta reforma dicen
ustedes que creen en el desarrollo sostenible en la aplicación de medidas
especiales para aquellos municipio que están dentro del área de
influencia socioeconómica de los parques nacionales, lo que no tiene
lógica es que la señora Ministra firme luego resoluciones en las que lo
que se hace es quitar esas subvenciones y esos créditos para esos
pueblos. Me parece que estamos en una situación a todas luces
contradictoria.

Y para contradicciones claras y evidentes yo le diría al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que se leyera y que se preparara bien las
cosas que está diciendo, porque desde que este proyecto de ley entró en
el Congreso hasta hoy ha habido una serie de modificaciones, y la señora
Ministra se ha encargado de decir que lo que hemos hecho ha sido
enriquecerlas. Yo creo que no. No se ha enriquecido: le han destrozado
totalmente su modelo, porque desde hacer una planificación con plan
director han cambiado a hacer una ordenación a través del plan director;
la red estatal ya no era estatal, y ahora sí lo es; la planificación
socioeconómica y el desarrollo sostenible, en principio, no existían, y
ahora sí existen en el texto de la ley, pero no lo cumplen
administrativamente a través del Ministerio; antes, la aprobación del
plan rector era una competencia del Gobierno, ahora pasa a las
Comunidades Autónomas; en la definiciones de los parques nacionales se
incluye la frase de valor ecológico y cultural y antes no lo había; la
financiación, que antes era conjunta por decreto-ley, tajante, ahora ya
veremos, y también existen distintos regímenes para la financiación; en
el Consejo Rector, que estaba compuesto por la Administración central y
por la autonómica, hay que incluir ahora las asociaciones, los patronatos
y los ayuntamientos. Así podría enumerarle hasta quince, veinte,
cincuenta diferencias ostensibles que hay entre el primer modelo que se
presenta y este último.

¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Que ha habido un enriquecimiento
de ese proyecto de ley? Yo entiendo que no. Pienso que no ha habido un
enriquecimiento, sino todo lo contrario. En principio, le han destrozado
ese proyecto que había. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones?
A mí me da la impresión de que esta tramitación parlamentaria va a dejar
en evidencia en este país que aquello del Ministerio de Medio Ambiente,
como se ha dado en llamar a bombo y platillo, presentándolo como un gran
logro nada más empezar este Gobierno del Partido Popular, no deja de ser
más que una fachada. La perniciosa política ambiental que está llevando
a cabo este Gobierno va a hacer posible, sin duda alguna, que todo lo que
se había conseguido a lo largo de los diez últimos años se lo carguen en
un solo año, porque, además, nos vamos a quedar sin un marco jurídico
riguroso y serio para poder aplicar una política ambiental en
condiciones. Me da la impresión de que están utilizando la legislación
ambiental y la reforma de esta ley para otorgar favores a sus socios
nacionalistas, simple y llanamente. Es una gran conclusión que yo creo
que va a sacar cualquier ciudadano que esté interesado por las cuestiones
medioambientales.

Los regímenes jurídicos distintos, a los que ya me he referido, es otra
de las conclusiones evidentes. Ustedes disgregan, reparten como quieren
el interés general del Estado, que acaba no siendo uno de los principios
básicos para la declaración de parques nacionales y para su
sostenimiento, la intolerancia que ha habido en su tramitación y, por
decir algo, no ha escuchado usted a la Comunidad Autónoma Andaluza, ni a
la de Castilla-La Mancha, ni a la de Extremadura; las ONG se han ido del
Consejo Asesor de Medio Ambiente y no han tenido posibilidad de informar
la ley; y si hablamos de expertos y profesionales de cuestiones
medioambientales --yo he tenido ocasión de hablar con ellos con motivo de
esta tramitación--, todos dicen que esto es un auténtico batiburrillo,
como decía la portavoz...




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, por favor.




El señor BELLA GALAN: Concluyo, señor Presidente.

En definitiva, se trata de una reforma falsa. No quieren hacer lo que
realmente dicen en la exposición de motivos que van a hacer porque, al
mismo tiempo, también se trata de un Ministerio de Medio Ambiente que no
es en absoluto tal Ministerio. Lo he dicho antes. Puede ser una caseta de
feria con una buena fachada, impresionante como para hacerle muchas
fotos, pero en cuanto a contenido tiene bastante poco. Me parece que el
modelo que presentaron en el Congreso de los Diputados no se ha
enriquecido, señorías. Lo que se ha hecho es que lo han vuelto como se
vuelve un calcetín.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.




El señor CALVO POCH: Señor Presidente, intentaré ser breve. Intervengo
sólo para aclarar que, con relación al Parque de Aigües Tortes, no se
pretende dar satisfacción a ninguna Comunidad Autónoma, sino dar el rango
que se merece a un espacio protegido tan importante como es el citado
Parque.

En segundo lugar, le haré una aclaración de carácter legal, jurídica, al
Senador socialista. El que nosotros hagamos la transposición de una
directiva comunitaria, Senador Bella, no quiere decir que la ley que
utilicemos para transponerla se convierta en normativa básica. La
transposición de una directiva comunitaria a través de una ley no la
convierte en legislación básica dentro de nuestro Derecho interno. Aunque
yo entiendo que ustedes todo esto de entender qué es lo que debe de ser
o no legislación básica les cuesta trabajo y, de hecho, es por lo que
estamos hoy hablando de esta reforma, porque ustedes consideraron básico



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algo que el Tribunal Constitucional ha dicho que no lo debería de ser.

Pero lo que acabo de manifestar es una aclaración.

Usted dice que la gestión hasta ahora de los parques ha sido estupenda,
y vuelve usted otra vez, al igual que su compañera, a poner el ejemplo
del Parque de Doñana. ¿Cuántos millones cree usted, Senador Bella, que no
ha gastado y está a punto de perder la Junta de Andalucía en planes para
el desarrollo del entorno del Parque?, ¿son 63.000, Senador Bella?
A lo mejor, a usted, que tiene el récord de su Grupo en presentarle
preguntas al anterior Gobierno socialista por la maravillosa gestión que
se hacía dentro del Parque de Doñana, lo que le molesta es que
precisamente por primera vez, en muchos años, el Parque de Doñana no se
haya inundado este año, o que por primera vez desde hace muchos años se
estén recuperando las Marismas de Doñana, o a lo mejor lo que le molesta
es que por primera vez desde hace mucho tiempo el Ministerio de Medio
Ambiente esté invirtiendo, precisamente, en el Parque. Que usted intente
tapar esto con ruido, me parece algo normal desde el Partido de la
oposición, pero, desde luego, eso no va a hacer que ni los habitantes del
entorno ni nosotros nos creamos que es cierto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.

Terminado el debate. (El Senador Bella Galán pide la palabra.) Yo creo
que el debate está concluido. Si me dice, su señoría, en virtud de qué
artículo pide la palabra, ya que no ha habido ninguna alusión personal...

(Pausa.)
Por el artículo 87, tiene la palabra por un minuto, Senador Bella.




El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a consumir menos de un minuto, ya que voy a hacer una simple
aclaración, y es que es mi primera legislatura como Senador; no he
preguntado en el anterior Gobierno puesto que no tenía la oportunidad. Y
de agua en el Parque Nacional de Doñana, le diré que desde hace quince
meses estamos hasta el cuello.




El señor PRESIDENTE: El Senador Calvo tiene la palabra por el artículo
87, también por un minuto.




El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.

He tenido un desliz por el hecho de intentar hablar rápido. Fueron
Senadores de su Grupo Parlamentario, a los que usted sin duda conoce, los
que preguntaban mucho, y precisamente para que el Gobierno pusiera de
relieve su maravillosa gestión en el Parque.

Que en el Parque de Doñana estamos de agua hasta el cuello, sí, pero
respecto a las obras que se han hecho para poder recuperar las Marismas,
ustedes tampoco las pueden obviar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.

Ahora sí, terminado el debate, vamos a pasar a la votación de las
enmiendas. (Pausa.)
En primer lugar, voto particular número 2 de la Senadora Costa Serra que
comprende las enmiendas números 31 a 36, ambas inclusive. ¿Se pueden
votar conjuntamente? (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.

He pasado una nota a la dirección sobre la votación. No obstante, les
diré que nosotros hemos pedido votación separada de la 31 y 34.




El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Pasamos a votar, en primer lugar, las enmiendas números 31 y 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193;
a favor, uno; en contra, 119; abstenciones, 73.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos ahora a votar las enmiendas números 32, 33, 35 y 36.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192;
a favor, 73; en contra, 118; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente, de
Izquierda Unida que, según las notas que tengo aquí y previa petición,
vamos a votar en tres bloques. En un primer bloque las enmiendas números
2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20 y 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, 75; en contra, 119



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En un segundo bloque las enmiendas 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24
y 28.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, uno; en contra, 119; abstenciones, 74.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En un tercer bloque las enmiendas números 9, 19, 21, 22, 23, 25, 26 y 29.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, dos; en contra, 192.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos al voto particular número 1 de Convergència i Unió. Este voto
tiene una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios que tendrán los portavoces sobre la mesa. Su sentido es el
de unificar las diversas denominaciones que en el texto se da a la red de
parques: Red de Parques Nacionales y Red de Parques Nacionales de España.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.) ¿Hay que votarlo? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, 120; abstenciones, 74.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación el voto particular número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 37 a 59
y 61 a 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, 75; en contra, 119.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el artículo único, las disposiciones adicionales primera
a séptima, disposiciones derogatorias primera y segunda, disposiciones
finales primera a tercera y exposición de motivos según el texto del
dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194;
a favor, 119; en contra, 74; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.




--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY SOBRE REFORMA DE LA
LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y
DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. (S. 624/000006.) (C. D. 122/000030.)



El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con la proposición de
ley sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante de la
Comisión, Senador Beguer. (Rumores.)
Silencio, por favor.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara y con el
acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones, tengo el honor de presentar ante el Pleno,
por imposibilidad del Senador designado, don Ricardo Gatzagaetxebarría,
el dictamente relativo a la proposición de ley sobre reforma de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres.

El texto correspondiente a dicho proyecto de ley, aprobado por la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, con competencia
legislativa plena, tuvo entrada en el Senado el día 29 de mayo. La
Presidencia de la Cámara, de conformidad con el artículo 104 del
Reglamento, ordenó su remisión a la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones. El plazo para la presentación de
enmiendas terminó el martes 10 de junio.

Se presentó a esta proposición de ley una propuesta de veto por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, así como un total de siete enmiendas
suscritas por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario
Popular.

La Comisión, en su reunión del 30 de junio, acordó designar una Ponencia
que informara el texto de la proposición, y que estuvo integrada por los
siguientes Senadores: señora Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto;
señora Pleguezuelos Aguilar y señor Bella Galán, del Grupo Parlamentario
Socialista; señor Calvo Poch y señor Esteban Albert, del Grupo
Parlamentario Popular; señor Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y quien les está hablando, del Grupo
Catalán de Convergència i Unió.

La Ponencia se reunió el 3 de septiembre y aprobó el informe
correspondiente aceptando la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario
Popular, y otra enmienda transaccional a la enmienda número 6, del mismo
Grupo.

La Comisión dictaminó el 10 de septiembre y rechazó la propuesta de veto
y las enmiendas, por lo que acordó aceptar como dictamen el texto
propuesto por la Ponencia, con la incorporación de una enmienda
transaccional presentada por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

Para el debate en el Pleno se han formulado tres votos particulares, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

A esta proposición de ley se ha presentado un veto por parte del Grupo
Socialista.

Tiene la palabra su portavoz, la Senadora Pleguezuelos.




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La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Como observarán sus señorías, y es lógico, la Ministra de Medio Ambiente
se ha visto obligada a ausentarse de este debate, porque sería poco
razonable que una Ministra de Medio Ambiente, y conservadora, por tanto,
de los ecosistemas, tuviera que enfrentarse a ver cómo se levantan las
prohibiciones para la caza de lo que se denomina contrapasa.

En definitiva, hoy es un mal día para el medio ambiente. Lo es, desdel el
momento en que se produjo el rechazo de las enmiendas socialistas al
Programa Prever, enmiendas que pretendían resolver serios problemas
medioambientales de hoy y, sobre todo, de cara al futuro. Asimismo, en el
punto anterior del orden del día hemos podido ver cómo la reforma de la
ley de parques que ha presentado el Gobierno tampoco tiene ningún
carácter de conservación de la naturaleza. Pero ahora nos encontramos con
un problema aún más serio; una proposición de ley que pretende reformar
la Ley 4/1989, que antes hemos debatido, de conservación de espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres.

¿En qué sentido se reforma dicha Ley con esta proposición? Tratando, ni
más ni menos, de dar cobertura legal a la caza de aves en su migración
prenupcial o de primavera, lo que se denomina contrapasa, y dejando en
manos de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales la
gestión de esas capturas. La única justificación que se da por parte del
grupo proponente es que se aprecia el crecimiento de la producción en
determinadas especies. Sin embargo, esta apreciación no se sustenta en la
realidad, y hemos tenido un buen ejemplo de ello en las comparecencias en
el Congreso de los Diputados de los expertos en la materia, quienes, al
contrario, han afirmado que la población de las aves migratorias tiene
una tendencia decreciente.

Hace años que en Europa se ha llegado a la conclusión de que la única
forma de explotar racionalmente este recurso --que desde el punto de
vista de la estrategia ecológica tiene el calificativo de renovable-- se
consigue mediante el seguimiento de la evolución numérica de las
poblaciones. Pero parece que eso ocurre en Europa, porque no se negocian
ni se establecen los cupos de captura, tal vez, quizá, porque la
legislación europea tiende más a mantener y a respetar el aspecto
conservacionista que el cinegético, que no es precisamente lo que
mantiene el Gobierno español ni el Grupo Parlamentario Popular en este
momento.

¿Cómo saber cuándo se puede cazar cada primavera, si sólo tenemos el dato
de las aves que vuelan por nuestro cielo y que, desde luego, no conocen
fronteras?
No estamos hablando, señorías, de caza sedentaria, de que las Comunidades
Autónomas puedan determinar las fechas y límites de esas capturas.

Estamos hablando de caza de aves migratorias, es decir, de aves sin
fronteras y en un momento en que vuelven a su lugar de crianza.

Queda claro --por lo menos así lo entiende el Grupo Parlamentario
Socialista-- que se ha escrito mucho sobre la conservación de la
naturaleza y hay ríos de tinta doctrinales, pero todos ellos, señorías,
coinciden en afirmar que conservar la naturaleza no es salvar en el
último momento aquello que se extingue.

El Tribunal de Luxemburgo ya ha condenado a Italia en dos ocasiones y a
Francia y a Alemania en una ocasión por realizar este tipo de prácticas.

Por tanto, no apoyemos nosotros como país de la Unión Europea estas
mismas prácticas.

Si se aprueba esta proposición --es seguro que sí por la doble moral del
Ministerio de Medio Ambiente, que debatiendo una parte de la reforma de
una ley que le afecta a su Ministerio se sienta en la primera fila en el
banco azul y se ausenta segundos después, debido a ese cinismo y a esa
doble moral-- es seguro que nuestro país tendrá una sentencia
condenatoria por vulneración de las normas comunitarias atentatorias al
común de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas europeos, porque
estamos hablando de aves que pasan por distintos países de Europa y,
desde luego, continental e intercontinental.

Señorías, en el País Vasco ya hay dos sentencias del Tribunal Superior de
Justicia que han declarado nulas sendas órdenes forales de los años 1992
y 1993, que autorizaban la contrapasa. Tenemos ejemplos para determinar
que no es precisamente el mejor modo de conservación y de respeto a las
especies.

En definitiva, con esta proposición se pretende dejar sin efecto una
serie de prohibiciones que se establecen en dos artículos de la Ley
4/1989, los artículos 26.4 y 34, b), que no son otra cosa más que una
previsión de carácter básico, como reconoce la sentencia del Tribunal
Constitucional, que permite evitar que bajo argumentos como la llamada
tradicionalidad se permita la caza de especies de aves migratorias en
lugares que tradicionalmente se hicieron bajo leyes muy antiguas, sin
duda, y que en absoluto reflejaban la preocupación social por el medio
ambiente que hoy afortunadamente mantenemos en todos los países de la
Unión Europea. Todas estas leyes están derogadas y en ningún caso se
ajustan a esa normativa europea.

Señorías, si sangrante es que haya llegado a este trámite legislativo la
proposición de ley que en su día presentó el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, lo es aún más la postura del Grupo
Parlamentario Popular, del Gobierno Popular y, por supuesto, del
Ministerio de Medio Ambiente.

En el trámite del Senado y con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular
se ha introducido una enmienda que vulnera la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Justicia y la Unión Europea, que prohíbe esta modalidad de
caza abiertamente. La contrapasa está prohibida por las normas europeas
y, salvo por motivos de salud pública o por daños a la agricultura
--circunstancias que yo creo que en este momento no se producen en el
País Vasco--, no se pueden levantar esas prohibiciones.

¿Qué conclusión se obtiene de esto? Sin duda, esta enmienda que ha
presentado, ha avalado y ha incorporado ya, por tanto, al dictamen el
Grupo Parlamentario Popular, demuestra varias cosas: la primera --otra
vez, Senador Calvo-- la debilidad de su Gobierno con su socio
nacionalista



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y, en especial, si me permite, con el Grupo proponente.

Otra, lo decía hace un minuto, es el casi nulo peso político del
Ministerio de Medio Ambiente en el Gabinete de Aznar que, sin ninguna
duda, está primando otros pactos con los grupos que le apoyan
parlamentariamente sobre la protección del medio ambiente. Pero, desde
luego, hay una tercera consecuencia que yo creo que es clarísima para
todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y es el engaño de la
Ministra Tocino que aseguró que el Grupo Parlamentario Popular no
apoyaría la propuesta del PNV sobre la contrapasa y hoy ha encontrado la
triquiñuela para hacer creer a la gente que no se está apoyando --les voy
a leer la enmienda para que sus señorías tengan todos conocimiento
perfecto de esa causa y de esa triquiñuela-- porque con esa enmienda se
pretende incorporar una disposición octava que dice lo siguiente: Si no
hubiera otra solución satisfactoria y cumpliendo los requisitos de los
apartados tres y seis del artículo 28, la administración competente, es
decir, las Comunidades Autónomas, podrán dejar sin efecto la prohibición
establecida en el artículo 34 b) que lo que dice es que queda prohibido
capturar, matar, etcétera, las aves migratorias que están en época de
celo, crianza, etcétera. Eso es lo que dice el artículo 34 y establece
que eso se hará sólo para permitir en condiciones estrictamente
controladas, de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier
otra explotación prudente de determinadas especies cinegéticas en
pequeñas cantidades.

Decía el Senador Calvo en el debate en Comisión que eso no era ambiguo.

Por supuesto, alguien que lea esta enmienda y que no tenga conocimientos
técnicos o jurídicos lo calificaría de ambiguo. Cuando se tienen
conocimientos técnicos, jurídicos o parlamentarios podemos decir, sin
ninguna duda, que esta redacción presenta un alto grado de
indeterminación jurídica. No hay más que una intención y es tratar de
facultar y de permitir que los cazadores vascos que quieran practiquen la
contrapasa, que el resto de los españoles nos sintamos desprotegidos
también desde el punto de vista medioambiental y que Europa nos vuelva a
leer la cartilla o a enviar esa carta al Gobierno que, como decía antes,
seguro que la próxima será a la Ministra de Medio Ambiente, señora
Tocino, porque estamos vulnerando la normativa europea y la conservación
del medio ambiente.

Senador Calvo, esto no lo dice sólo el Grupo Parlamentario Socialista;
esto lo dicen los ecologistas, esto lo dice la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza en informes que dio sobre esta proposición
de ley, lo dicen los expertos que comparecieron en el Congreso de los
Diputados, lo dicen los cazadores razonables porque hemos tenido
entrevistas con ellos y les parece que, por ejemplo, no es oportuno
levantar estas prohibiciones y lo dice también algún Diputado de su
grupo. Hay Diputados de su grupo que han manifestado que cuando esta ley
vuelva al Congreso, romperán la disciplina de voto y votarán en contra.

Señorías, ni ustedes mismos se creen la falta de argumentos que está
manteniendo esta tarde el Senador Calvo, la falta de responsabilidad que
ha mostrado la Ministra de Medio Ambiente y, desde luego, lo que sí
necesita este país es que ustedes, con Ministerio de Medio Ambiente o sin
Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de los grupos nacionalistas o
sin él, decidan de una vez por todas ser respetuosos con el medio
ambiente, con los ciudadanos españoles y también con los ciudadanos
europeos porque formamos parte de ese entramado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.

¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos para manifestar la posición contraria de nuestro
grupo parlamentario a la propuesta de veto que aquí se ha planteado.

Nosotros vemos que no hay una fundamentación jurídica para esta propuesta
de veto. Hemos oído los argumentos que se han expuesto y no vemos sentido
de la proporcionalidad entre la argumentación política expuesta y la
trascendencia jurídica del tema. Porque la finalidad de la modificación
puntual de la Ley 4/1989 es la adaptación al Derecho interno español de
la Directiva 79/409. Esto es de lo que rigurosamente se trata. Nos
podemos apoyar --es políticamente lícito-- en un papel que ayer recibimos
todos los grupos parlamentarios de un grupo ecologista, lícito, legítimo
--todos los días estamos recibiendo iniciativas al respecto-- pero que
adolece de rigor jurídico, porque de lo que se trata en esta cuestión es
de trasponer al Derecho español una materia, un aspecto de la Directiva
75/409 que no estaba traspuesta; eso es de lo que únicamente se trata
aquí. Ahí están las diferentes sentencias de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que establecen requisitos exactos y
detallados de cómo se ha de hacer la trasposición.

Si tomamos nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo,
de 7 de marzo de 1996, en la que se sustancia un conflicto, una cuestión
prejudicial que plantea el Tribunal Administrativo de la región del
Véneto, italiana, contra una disposición del Gobierno regional del
Véneto, que establecía una excepción en la regulación de materia de caza
de aves migratorias. El Tribunal interno italiano plantea una cuestión
prejudicial al Tribunal de las Comunidades Europeas en relación a una
interpretación acorde de la Directiva 79/409. ¿Y qué dice el Tribunal? El
Tribunal viene a decir que en los casos de trasposición, por la
trascendencia de esa cuestión y al referirse a una materia que regula un
patrimonio común de la humanidad, como es en este caso el tema de las
aves, aunque no es necesaria, según esa jurisprudencia, una trasposición
exacta y detallada del Derecho comunitario al Derecho interno de cada
Estado, en este caso, y en aras a los valores que se están protegiendo,
en aras a la finalidad y al ámbito de protección de la legislación
comunitaria, es necesaria una exactitud en la adaptación.




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Pues bien, como los legisladores españoles, como los políticos españoles,
como los responsables que estamos en esta Cámara elegidos por el pueblo
español, tenemos la ventaja de que los poderes centrales del Estado, el
Parlamento español conoce experiencias anteriores, conoce qué pleitos y
conflictos ha habido, ¿qué es lo que exactamente se hace? Se hace una
trasposición del artículo 9 de la Directiva al Derecho interno español.

Por tanto, hay argumentos. Usted no los conoce, pero yo le puedo decir
que la Comisión Europea ha informado al Gobierno español que esa
modificación es acorde con el Derecho de las Comunidades Europeas y con
la jurisprudencia. Ya se dará a conocer en su momento oportuno.

Cualquiera tiene legitimación para acudir, mediante el procedimiento de
infracción, al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Usted no conoce ese
dictamen, pero yo he tenido ocasión de ver su argumentación, y la
Comisión reconoce la adaptación. ¿Por qué? Porque es acorde con la
jurisprudencia. Si no, tendremos un conflicto de interpretación; usted
puede mantener una tesis, yo otra, y ya decidirá un tercero.

Le voy a recordar una cuestión, los actos de un Poder político, de un
poder público, están investidos de la presunción de legalidad, sujetos a
toda la crítica política que usted quiera, pero, en principio, la medida
es legítima, y es legítima por la ventaja política que tenemos, y es que
conocemos precedentes anteriores, conocemos experiencias anteriores y,
sobre todo, conocemos la jurisprudencia y sabemos cómo debemos operar. No
debemos operar como lo hicieron las autoridades del Gobierno regional del
Véneto, porque sabemos qué les ocurrió, y no debemos operar como lo
hicieron las autoridades regionales de la preceptura del «Maine-Loira» en
Francia, porque, como tenemos sentido común, los legisladores españoles
sabemos qué hay que hacer para que la adaptación al Derecho interno de la
Directiva 409/69 sea acorde con la jurisprudencia. Para que sea acorde
hay que hacer una trasposición exacta de esa directiva al derecho interno
español.

El artículo 9 de esa Directiva 409 establece una serie de requisitos. Por
lo tanto, cuando se habla de indeterminación e inseguridad lo que hacemos
es trasponer exactamente los condicionantes que ahí se establecen, que es
que se puede excepcionar el régimen general de prohibiciones en base a lo
previsto en el artículo 9. ¿Qué es lo que hace la Directiva? La Directiva
establece primero tres regímenes generales de prohibición y luego una
excepción general, a diferencia de la Ley 4/1989, que establece regímenes
de prohibición con excepciones distintas. Una establece un régimen de
prohibición para las especies catalogadas y una excepción para las
mismas, pero para las no catalogadas no establece nada. Eso no lo
establece la Directiva y entonces, ¿qué hacemos? Cubrimos esa laguna en
el Derecho estatal español mediante la trasposición exacta del artículo
9. Por lo tanto, cuando se habla de indeterminación, de conceptos que no
están concretizados, tengo que decir que he podido consultar que el Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo no ha planteado en
ningún momento la modificación de la Directiva. La norma que hoy estamos
debatiendo en el Parlamento español es transcripción literal del artículo
9.1.c. Por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo, me parece legítima
esta iniciativa, pero para eso tienen que modificar la norma que le sirve
de soporte, y hecha una gestión en el Parlamento Europeo, el Grupo
Parlamentario Socialista, que hoy aquí está en contra, no ha planteado
una modificación de la Directiva en el Parlamento Europeo. Seguro que es
mejor iniciar esa vía, porque si no se modifica el Derecho que sirve de
soporte y de fundamentación y, en definitiva, de caparazón jurídico a la
medida que vamos a adoptar en el Derecho interno español, obviamente no
tiene soporte jurídico --político todo lo que quiera-- la argumentación
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Eso es en grandes líneas, señor Presidente, lo que a través de esta
iniciativa se hace, transcribir exactamente, acorde con la Directiva
409/79, en su artículo 9, el régimen general de excepciones a las
prohibiciones que se contienen. Por lo tanto, no podemos nada más que
oponernos al planteamiento realizado.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo,
Convergència i Unió, está plenamente de acuerdo con el contenido de la
exposición de motivos de esta proposición de ley y con su articulado.

Es evidente que se ha producido un distinto trato por parte de las
administraciones competentes en el caso de las diversas peculiaridades
existentes en este aspecto ante esta proposición de ley. Ello ha ocurrido
no sólo en España y en las distintas autonomías en cuanto a la aplicación
de la normativa europea, la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979,
sino que incluso los distintos Estados de la Unión Europea se han
encontrado cada uno de ellos con cuestiones específicas a las que han
tenido que dar respuesta diferenciadas. En algunos casos, además, el
crecimiento de ciertas especies ha dado lugar a que las épocas de
autorización de caza en los Estados de la Unión Europea difieran en el
tiempo y en su extensión. Más aún las autorizaciones a los sistemas de
caza específicos, tradicionales o selectivos, son distintos en el caso
concreto de España en las diversas Comunidades Autónomas, porque
realmente es difícil la uniformidad general, habida cuenta de las
peculiaridades que se producen en distintas Comunidades Autónomas. Es un
acierto, por tanto, la iniciativa del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos que permitirá, a nuestro juicio, resolver prudentemente cuestiones
planteadas en esa Comunidad Autónoma, también en Cataluña, en la
Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón, y en
otras Comunidades con otras problemáticas que, realmente, exigen
solución.




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La proposición de ley --a nuestro juicio la defensa de la respuesta al
veto por parte del Senador Gatzagaetxebarría ha estado perfectamente
expuesta-- no es probablemente enteramente satisfactoria para nadie, ni
para los cazadores con sistemas tradicionales, ni para colectivos
conservacionistas. Nosotros creemos que intenta aunar criterios e
intereses, a veces contrapuestos, pero manteniendo y controlando sobre
todo las especies de las aves afectadas. En resumen, nosotros
consideramos que la propuesta de veto es desproporcionada y, por lo
tanto, la votaremos en contra.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente. Señor Senador,
representante del Partido Nacionalista Vasco, tengo una imposibilidad
física para repetir su apellido. Debe ser algo innato a los andaluces,
porque a algunos nos cuesta mucho trabajo. Por tanto, me va a permitir
que me dirija a usted en estos términos.

De la misma manera que no tengo ningún pudor en decirle que no puedo
repetir su apellido, usted no debería haber tenido ningún pudor en decir
que no ha podido oír mis argumentos porque estaba fuera. Porque señoría,
se la ha visto llegar. Venía usted del dentista y compungido. Dice que ha
leído usted mis argumentos anteriormente y cree que son los mismos.

Ha contestado a una serie de cosas a las cuales no me he referido, pero
entiendo que su grupo y usted tienen un problema. El cazador vasco para
su desgracia, si me permite entre comillas, está muy especializado en la
caza de aves de paso, porque prácticamente no hay caza sedentaria menor
en el País Vasco, sí la hay mayor. Tienen ustedes jabalíes, por ejemplo.

Pero como no hay caza de este tipo, ustedes disparan, o, mejor dicho,
ellos disparan a las aves de paso y consecuentemente hacen una fuerte
presión sobre su Grupo. Y ustedes no deberían haber aceptado esta
presión, ni siquiera en los términos económicos. Yo lo decía en la
Comisión, y usted sí que estaba presente. Los intereses económicos que
hay detrás de todo esto son muchos. Es verdad que un mal puesto en
algunas zonas del País Vasco vale diez o veinte mil pesetas, pero algunos
valen entre dos y dos millones doscientas mil pesetas. Las presiones de
los cazadores que quieren cazar también en primavera aves migratorias y
las presiones de los intereses económicos deberían haber hecho
reflexionar a su Grupo sobre un tema tan importante como éste. Y aunque
usted debe desconocerlo, le voy a pasar la información sobre los trámites
que piensa seguir la Comisión Europa, que extraoficialmente nos han
comunicado algunos grupos conservacionistas, en los que se comenta que se
ha abierto un procedimiento de queja contra el Estado español y además se
ha decidido enviar carta de emplazamiento a las Reper de Bruselas y usted
sabe que esto último no es nada habitual en la Comisión. Por tanto, no es
verdad lo que usted está manteniendo. En todo caso, no es razonable que
usted haya pretendido llevar a esta Tribuna una argumentación sólo de
tipo jurídico, olvidándose de dos cosas: la primera, que estamos en un
país integrado en la Unión Europea, en un contexto mundial y tenemos unos
compromisos internacionales y unos compromisos con la Unión Europea que
tenemos que cumplir. Y, desde luego, nunca defender los intereses de un
colectivo que no siempre dispara a este tipo de aves, ante lo decía en mi
intervención --hay cazadores muy responsables que en Andalucía han
manifestado su total oposición a esta proposición de su grupo--, y sí le
digo que tenía usted que haber dado argumentos de tipo político y como no
los tiene y carece de ellos, debería haber abordado que no se puede
disparar porque ave que vuela, no debería ir a la cazuela, Señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Senador Gatzagaetxebarría, por el artículo 87, tiene usted dos minutos.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Usted no conoce el Derecho Autonómico y Foral Vasco. Aquí tengo un
Reglamento, pero usted, no es conocedora del Derecho Autonómico Vasco, y
no lo conoce, pero la ignorancia del Derecho no excluye su cumplimiento.

Es una regla fundamental. Usted me da argumentos. Usted debe tener en
cuenta que usted tiene una responsabilidad como Senadora y debe actuar
conforme a Derecho; debe tener por lo menos unos meros conocimientos
porque es legisladora y, por tanto, en sus quehaceres políticos y
públicos en esta Cámara debe determinar si sus actuaciones son o no
conformes a Derecho. Esa es una cuestión muy importante.

Se lo digo porque la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en la
sentencia indicada, y en las de 17 de septiembre y 8 de julio de 1987,
dice que el régimen de excepción que se puede establecer debe cumplir
tres requisitos: primero, el Estado miembro debe limitar la excepción a
cuando no exista solución satisfactoria, requisito que ya se contempla en
el dictamen del Proyecto de Ley; segundo, la excepción debe basarse en
alguno de los supuestos del artículo 9.1 a), b) y c), se basa en el
supuesto del artículo 9.1 c) que es el que se traspone exactamente; y,
tercero, los criterios de aplicación administrativos deben ser los del
artículo 2: determinación de los medios, qué metodología y qué
autoridades van a controlar. Esto es jurídicamente lo que vale.

Usted me dirá lo que quiera políticamente, pero jurídicamente su
intervención no tiene soporte ni argumentación suficiente y, por tanto,
con todos mis respetos le digo que esa intervención válida del Grupo
Parlamentario Socialista, jurídicamente me parece insuficiente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Calvo.




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El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Don Ricardo, no es tan difícil llamarle a usted por su nombre. Creo que
aquí en algunas intervenciones hemos asistido a un buen número de faltas
de ortografía parlamentarias. Pero antes de empezar quiero decir que yo
hasta ahora no había hablado y he sido citado en muchas ocasiones. Es
posible repetir un debate, pero no anticiparlo. A lo mejor cuando alguna
de las señorías en alguna Comisión no tiene una actuación convincente ni
siquiera para sí misma, necesita venir al Pleno para hacer la
contestación que no pudo hacer en la Comisión, porque, si no, no entiendo
el haber sido aludido ya en repetidas ocasiones sin haber abierto la boca
en la tramitación de esta proposición de ley. Faltas de ortografía
parlamentarias, no le doy mayor importancia.

La reforma propuesta por el PNV incorpora todos los criterios y
presupuestos que en materia de excepciones al régimen general de
prohibiciones, establecido en la Directiva y también en la Ley española,
ha venido exigiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea. Esta proposición no busca dar cobertura, como alguien
pretende insinuar, incluso llega a afirmar, a ningún método específico de
caza, sino adecuar, como así lo ha reconocido el Senador
Gatzagaetxebarría, la confusa y contradictoria regulación de la Ley
4/1989 al contenido preciso de lo previsto en las Directivas comunitarias
vigentes, en especial la Directiva 79/409.

Pero precisamente estoy absolutamente de acuerdo en que esta discusión
merece nuestra principal atención desde el punto de vista jurídico y no
político; probablemente a la oposición le interese el punto de vista
político para convertirla en un arma arrojadiza no sólo contra el
Gobierno, sino contra una multitud de grupos parlamentarios, y eso, como
ya bien se ha dicho, es legítimo políticamente, pero no se sostiene
jurídicamente. Le voy a explicar por qué.

Porque la reforma que se propone no se trata de una excepción
generalizada, porque incorpora de modo literal la excepción prevista en
el apartado c) del artículo 9 de la Directiva que ya he dicho, porque el
apartado 3 del artículo 28 de la Ley que estamos reformando no resulta
modificado en ninguno de sus términos actuales, por lo que las cautelas
previstas en el apartado 2, artículo 9 de la Directiva están
absolutamente garantizadas, y también porque recayendo la competencia
para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en el artículo 28 a
las Comunidades Autónomas, la inclusión de un nuevo apartado, el número
6, a este mismo artículo garantiza el cumplimiento previsto en los
apartados 3 y 4 del artículo 9 de la ya famosa Directiva que nos trae a
colación.

Pero hay más. La sentencia del Tribunal de Justicia y de las Comunidades
Europeas, sentencia que, por cierto, compruebo que algunos portavoces
todavía no se han leído, aunque di precisas referencias de qué sentencia
era en el debate en Comisión --creo que algunas de sus señorías no se la
han leído, no sé quiénes--, es la sentencia del asunto c) 118/94, que es
una cuestión prejudicial interpuesta por varias regiones ecologistas
italianas contra la región del Véneto. Esa sentencia recuerda que, en lo
relativo a la posibilidad de derogación del régimen restrictivo de caza,
así como de las otras restricciones previstas en los otros apartados de
la Directiva, concretamente los artículos 5, 6 y 8, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha subrayado la exigencia de que esa
derogación se someta a tres condiciones --frente a lo que alguien en esta
Cámara dice que es simplemente una redacción ambigua o imprecisa o
indeterminada--, y les aseguro que es la lectura literal de una sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se puede opinar
sobre si es o no ambigua, pero no es nuestra función venir aquí a hacer
consideraciones sobre las sentencias sino --repito una vez más-- a
acatarlas. Y las tres condiciones que pone el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas es, en primer lugar, que el Estado miembro debe
restringir la derogación al caso de que no haya otra solución más
satisfactoria --esa frase que alguien cree que a lo mejor se ha inventado
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos o algún grupo de
Senadores sale de donde yo les estoy recordando--. En segundo lugar, la
derogación debe estar fundamentada, al menos, sobre alguno de los motivos
enumerados de manera limitativa en las letras a), b) y c), párrafo uno
del artículo 9 de la Directiva que nos trae hoy a debate. En tercer
lugar, la derogación debe responder a los criterios precisos enumerados
en el párrafo dos del citado artículo 9, que tiene por objeto limitar las
derogaciones a los casos estrictamente indispensables y, además, permitir
el control por parte de la Comisión Europea.

Se pueden incidir dando argumentos políticos --no se preocupe, don
Ricardo, que nos seguirán dando argumentos políticos--, pero será difícil
que a usted y a mí hoy nos ganen el debate jurídico.

En todo caso, me gustaría acabar diciendo que no desprecien ustedes
aspectos cinegéticos. Les recuerdo que, por ejemplo, esos aspectos fueron
los que precisamente se tuvieran en cuenta a la hora de poder decir --si
no, pregúnteselo usted al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, señor Bono-- sobre quien influye de
una manera más decisiva en la declaración de Parque Nacional de
Cabañeros.

Creo que todos somos conscientes de que lo que hoy estamos reformando no
constituye nada que pueda ser catalogado como de ecológicamente grave,
sino todo lo contrario. Hay muchas más contrapasas que la vasca a la que
se ha aludido hoy aquí, y precisamente lo que habría que reconocer es la
responsabilidad de una administración autonómica que, sabiendo que hay
una laguna de trasposición de una directiva comunitaria, lo plantea, pese
a saber que la oposición parlamentaria iba a hacer de ello un instrumento
de demagogia política.

Por lo tanto, la Disposición Adicional que hoy aprobamos no es una
triquiñuela, sino que es respetuosa con la Comisión, con su Directiva y
con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Ese vaticinio de
sentencia desfavorable o de exigencia de reforma por parte de la Unión
Europea va a tener tanto éxito como el de la constitucionalidad del
conjunto de la ley, aunque ése es el debate justo anterior.




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En cualquier caso, señor Gatzagaetxebarría, no se preocupe. Ya sabe usted
cuál es la conclusión de algún grupo de esta Cámara: usted es débil
porque cede ante los cazadores, y yo soy débil porque cedo ante usted.

Aquí sólo hay un grupo que sabe ser listo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.

Terminado el debate del veto, vamos a pasar a su votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190;
a favor, 72; en contra, 118.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, voto particular del Grupo Parlamentario Mixto
correspondiente con la enmienda número 1.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, intervengo para dar por
defendida, a efectos de votación, la enmienda presentada por los
Senadores Nieto y Román, del Grupo Parlamentario Mixto.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Esta enmienda tiene una enmienda transaccional que
está firmada por todos los grupos parlamentarios menos por el socialista,
y que es del siguiente tenor: La letra f) del apartado 2 del artículo 28
de la Ley 4/1989 quedará redactada como sigue: f) Para permitir, en
condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y
tradicionales, la captura, retención o cualquier otra explotación
prudente de determinadas especies cinegéticas en pequeñas cantidades y
con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de las
especies.

¿Va a defender alguien esta enmienda transaccional? (Pausa.) ¿Se da por
defendida? Tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, intervengo únicamente para
darla por defendida en sus propios términos dado que todos los grupos la
conocen y los cuatro que la han firmado asumen su contenido.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer.

Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 2, 3 y 5.

Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve y, si me lo permiten, intervendré desde mi escaño, porque
esta ley que hoy debatimos, la Ley 4/1989, está siendo bastante
discutida.

Yo quisiera, si me permiten, en primer lugar, decir a don Ricardo, al
Senador Gatzgaetxebarría, que mi ignorancia llega, incluso, hasta conocer
parte del ordenamiento jurídico del País Vasco parece que hasta un
poquito más que su señoría. Quizá, como no me oyó, no supo que yo dije
que conocía que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco habían declarado nulas las órdenes forales de 1992 y 1993, que
autorizaban la contrapasa. De todas formas les voy a decir a usted y a
don Pedro un par de cosas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente, por su
amparo.

Yo estoy en esta Cámara --digo Cámara y, por tanto, formo parte del
legislativo-- tremendamente orgullosa de hacer política. Los políticos
somos los que tenemos que hacer política. Quizá son otros los que
intentan hacer política y parece que últimamente al Gobierno Popular no
le importa que la hagan. Pero, de todas formas... (Grandes rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Don Pedro, los Tribunales, la Justicia
aplica las leyes; las leyes las hacemos aquí; nosotros, el legislativo,
si elaboramos las leyes, lo tenemos que hacer con la menor
indeterminación posible para que quienes las apliquen lo hagan bien. Por
tanto, si ya una sentencia tiene una indeterminación, siendo grave, es
mucho más grave que esas indeterminaciones jurídicas aparezcan en el
texto de una ley.

Pero quería decirles algo más: ustedes se salen por la tangente porque
les faltan todos los argumentos posibles. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Entiendo, señor Presidente, que los
compañeros Senadores y Senadoras a estas horas de la tarde tienen ganas
de marcharse, pero pretendo... (Rumores.--Una señora Senadora del Grupo
Parlamentario Popular: No nos gusta hacer política.)
Si no les gusta hacer política, les ruego que no hagan jurisprudencia.




El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Cuando faltan argumentos, como es el caso
del Senador don Pedro Calvo, se hacen ironías, se ataca, pero si quiere
hablar de legislación... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.




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La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: ... de cumplimiento y de sentencias,
tiene toda la información, y si no la quiere utilizar es porque no le
conviene, porque como le cuesta mucho trabajo no abrir la boca, sino
abrir el pico, como le ha pasado a la Ministra, es por una razón...

(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El
señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

Senadora Pleguezuelos, espérese a que se callen. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente. Creo,
aunque cada vez tengo más dudas, que estoy hablando en un país libre y en
una Cámara en la que el respeto debe ser mutuo. (Rumores.)
¿Saben ustedes lo que dice el Tribunal de Justicia de Luxemburgo?
(Rumores.) Le leí al Senador Calvo cuál es la respuesta que da el
Tribunal a problemas como el de la contrapasa.

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ya ha sentenciado que las aves
migratorias deben disfrutar de protección completa durante la migración
nupcial --le voy a dar el caso, el número, todo lo que quiera-- pero lo
ha hecho contra Francia, contra Italia, contra Alemania y, desde luego,
esta sentencia exige que la caza de las aves respete a todas esas aves
que están de paso hacia sus lugares de nidificación. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: A ustedes les cuesta mucho tener
argumentos políticos que no demuestren que se han puesto una vez más en
manos de unos intereses, que no son precisamente los de la protección ni
del medio ambiente ni de las especies, porque ustedes están rompiendo
todas las normas a cambio de mantener el voto y el sillón, y a cambio de
mantener La Moncloa ustedes venden a las aves y al país. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.

¿Para turno en contra? El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero indicarle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña
Francisca Pleguezuelos, que yo conozco su nombre y apellidos
perfectamente. Soy vasco y no tengo ninguna dificultad en mencionar su
apellido, que tampoco es corriente como el mío. (Varios señores
Senadores: ¡Muy bien!) No tiene para mí ninguna dificultad pronunciarlo.

Nos conocemos desde hace años cuando fuimos compañeros en el Congreso de
los Diputados.

Quiero decirle, en primer lugar, que usted, como política, como Senadora,
como responsable que es del Partido Socialista en Andalucía, como persona
que ahora tiene mayores responsabilidades en la dirección de su Grupo
Parlamentario, su actuación política debe estar inspirada en el principio
de legalidad del ordenamiento jurídico. Usted no puede plantear cosas
ajenas al ordenamiento jurídico. Usted tiene responsabilidad suficiente
y, por lo tanto, en su quehacer político, en su quehacer público, en su
responsabilidad como Senadora, como mandataria del Grupo Parlamentario
Socialista en la nueva dirección, usted debe ajustarse al ordenamiento
jurídico. Esta es una cuestión que a la hora de estar en política es
fundamental tener clara. Le digo esto como primera cuestión.

Segunda cuestión. Usted habla de la nulidad de las órdenes forales.

Precisamente, como se habla de la nulidad de las órdenes forales es
necesario que se haga una adaptación en el derecho interno de la
Directiva 79/409. ¿Qué dicen esas sentencias? Esas sentencias dicen que
no hay soporte jurídico suficiente en el Derecho español por no haberse
transpuesto la Directiva 409 en su artículo 9, apartado primero, punto
c). Por lo tanto, al no haber soporte jurídico suficiente esa disposición
es nula. Para que esas disposiciones no sean nulas en el Derecho interno
español se transpone ese artículo que no estaba transpuesto en la Ley
4/1989. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias.

Además, hay otra cuestión: la indeterminación. La indeterminación no la
tiene la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, por una razón, porque
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, como autoridad pública que es,
judicial y no parlamentaria, está obligado a ajustarse al derecho
público, y el derecho público para el Tribunal de Justicia es la
Directiva. Usted podrá decir que la Directiva tiene indeterminación, pero
yo le he dicho --y así lo hemos comprobado-- que el Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlamento Europeo no ha planteado ninguna iniciativa
para modificar el artículo 9, apartado uno, párrafo c), que es al que
usted imputa una indeterminación. Y si hablamos de indeterminación hemos
de decir que indeterminación puede haber también en la Ley 4/1989 cuando
en el régimen de excepciones a las prohibiciones en las disposiciones
generales, en el Título IV se dice que se puede levantar esa prohibición
para los cultivos. ¿Para qué cultivos? ¿De secano o de regadío? ¿Para qué
tipo de aguas? ¿Continentales o marinas? Podemos entrar en el absurdo de
buscar indeterminaciones en todo tipo de asuntos regulados en la ley.

Yo creo que con esta intervención de los poderes centrales del Estado,
del Parlamento español, lo único que se hace es transponer al Derecho
español ese apartado que no estaba incluido en la Ley 4/1989. Por lo
tanto, el artículo 9 que establece las excepciones da, en definitiva,
mayor cobertura a la actuación de los poderes públicos españoles en
materia medioambiental. Y como esta Cámara tiene que actuar de
conformidad el bloque de la constitucionalidad,



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fijando, como usted sabe, la normativa básica, la ejecución de la misma
estará sujeta a quienes son competentes en la materia, o sea, a las
Comunidades Autónomas. Pero es más, si usted cree que puede haber
actuaciones irregulares o ilegales, estos actos de las administraciones,
tanto los de esta Cámara como los de quienes los ejecutan, las
Comunidades Autónomas estarán investidos del principio de legitimidad. Y
si tiene dudas, ya se despejarán bien mediante una normativa estatal,
legislativa del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas o, en su caso, los tribunales de justicia de las
Comunidades Autónomas en aplicación de las mismas.

Por lo tanto, en principio, esta actuación consiste únicamente en
transponer al Derecho español lo que no estaba incluido en la Ley 4/1989
cuando se legisló por parte de esta Cámara en los tiempos en que el
Partido Socialista tenía mayoría en la misma.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.--Rumores.--El señor Calvo Poch ocupa
la tribuna.) Senador Calvo, estamos en el turno de portavoces. El Grupo
Parlamentario Mixto intervendrá primero y el último será el Grupo
Parlamentario Popular. (Risas.)
Senador Calvo, por favor, no le corresponde hablar todavía. (Risas.)
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos. (Fuertes rumores.--Risas.)
Silencio, señorías.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Parece que la tarde discurriera como si en lugar de hablar de palomas
torcaces habláramos de gansos, porque tal y como se están produciendo
algunas actuaciones... (Fuertes rumores.--Protestas.--Risas.)



El señor PRESIDENTE: Senadora Pleguezuelos, por favor.

Silencio, señorías.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Senador Gatzagaetxebarría, yo no quisiera
utilizar términos duros; no quisiera emplear el mismo término que utilicé
antes para referirme al cinismo de la Ministra que, estando presente en
el debate de proyecto de ley anterior, ha abandonado la sala en esta
proposición de ley... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Decía que no quisiera aprovechar esta
intervención para decirle a usted algo que pueda resultar duro, pero creo
que no es justo que usted trate de desviar el debate hacia unos términos
incorrectos parlamentariamente y que no responden en absoluto a lo que
para mí ha sido siempre su trayectoria en el Congreso de los Diputados,
como usted decía antes. (Rumores.)
Señoría, el que parece que no quiere cumplir el ordenamiento jurídico, y
además se está demostrando, es usted, es su Grupo y son quienes le apoyan
puesto que lo que quieren es modificarlo. Y me lo dice su señoría con
toda nitidez. Dice usted: Cambiemos las leyes de carácter básico para que
yo, con mi derecho supletorio, pueda hacer lo que quiera y al final no
tenga los problemas de nulidad de las órdenes forales.

Por tanto, Senador, como mínimo, hagan el favor de tener un
comportamiento ajustado a lo que debe ser el debate político, el debate
en las Cámaras. No es este Grupo, no es esta Senadora quienes queremos
incumplir el ordenamiento jurídico. Es su proposición y es el Gobierno al
apoyarla.

Creo que no debería usted haber desviado el debate como también ha hecho
el Senador Calvo, porque lo que al final ocurre es que a ustedes, como no
tienen argumentos, se les cae la cara de vergüenza con este proyecto
frente a la sociedad (Fuertes rumores.) por haber cedido a los intereses
de un colectivo pequeño, de un colectivo que, como le decía antes, mueve
intereses económicos, mientras que el resto de la sociedad, y usted lo
sabe, está en profundo desacuerdo con esto.

Y si me lo permiten, les diré que en mi tierra, Andalucía, el cante es
muy profundo, y esto lo refleja bastante bien un fandango que les voy a
leer, no a cantar (Risas.), porque si no, estarían ustedes aún más
encantados de lo que están en este momento. (Rumores.--Risas.)
Les voy a leer un fandango que, sólo cambiando dos palabras, muestra
claramente lo que esto podría ser. Dice el fandango lo siguiente, y verá
usted, señor Presidente, cómo se produce el silencio: «Cazaor» que eres
furtivo, no le tires a esa «piesa», que está buscando en la tierra un
sitio para ser madre, que es una cosa muy seria.

Cambien sólo «cazaor» por PP, y tendrán un nuevo fandango. (Fuertes
rumores.--Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Risas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos. (El señor
Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
Ahora sí tiene la palabra, Senador Calvo. (El señor Calvo Poch ocupa la
tribuna.--Fuertes rumores.--Risas.)
Senador Gatzagaetxebarría, veo que pide la palabra. ¿En función de qué?



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Por el artículo 87 del Reglamento.




El señor PRESIDENTE: Senador Gatzagaetxebarría, ¿pretende aclarar algo a
la Senadora Pleguezuelos o pretende seguir utilizando términos
faunísticos?



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Simplemente quería hacer una
aclaración.




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El señor PRESIDENTE: ¿Es una aclaración simple? (Asentimiento.)
En ese caso, le concedo tan sólo un minuto en función del artículo 87.

Sólo un minuto.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente, por su
enorme benevolencia.

Quiero indicarle únicamente a la señora Pleguezuelos que nosotros no
pretendemos aplicarlo como derecho supletorio porque el derecho
autonómico no es supletorio de conformidad con el bloque constitucional.

Es originario. (Fuertes rumores.)
Es muy importante que usted tenga presente este concepto puesto que usted
ejerce una labor pública como legisladora. El derecho autonómico no es
supletorio, es originario cuando es competente por razón de la materia.

Repito que no es supletorio. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Senador Gatzagaetxebarría, si se acerca al
micrófono, posiblemente le entendamos.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente.

Creo que ésta es una precisión conceptual jurídica que un legislador debe
tener presente, y por eso merecía la pena ese recordatorio.

En cuanto a la desviación del debate hacia unos términos incorrectos, lo
que ocurre es que a usted no le interesa que el debate vaya en esa
dirección, porque en su argumentación hay insuficiencia jurídica.

Entiendo que usted, legítimamente, como política, apele a esa cuestión;
pero, como digo, su argumentación es jurídicamente muy escasa e
insuficiente. Siento decirle esto, por el respeto que le tengo, pero me
he referido a su argumentación, no a su persona.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Hoy su señoría se ha ajustado de tal manera a los tiempos, que me tiene
sorprendido. (Rumores.--Risas.)
Senador Calvo, a la tercera va la vencida. Su señoría tiene la palabra.




El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.

Senador Gatzagaetxebarría, no se esfuerce en razonar sobre esta cuestión.

Ya ha podido comprobar que eso es imposible.

Mire usted, doña Francisca (Risas.), ¿cómo no iba a haber sentencias del
Tribunal de Justicia del País Vasco si no se había traspuesto el artículo
9 de la Directiva? El portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos y yo lo hemos repetido hasta la saciedad. No hay peor sordo que
aquel que no quiere oír. Además, ahora no sólo se traspone el artículo 9
de la Directiva, sino que se hace respetando a la Comisión, a la
Directiva y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Por otro lado --y con esto termina mi defensa en el turno de portavoces,
porque a partir de ahora lo que viene es jolgorio--, hacer gracia con
insultos no me produce ninguna risa. Aquí todos podríamos hacer el
ridículo llamándonos unos gansos y otros pájaros, pero no me produciría
ninguna gracia. Creo que ese debate debe producirse fuera de esta Cámara,
y que debates de ese tipo se salen del campo de la política y entran en
el campo de la mala educación. (Rumores.--Un señor Senador del Grupo
Socialista: No tiene sentido del humor.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor CALVO POCH: Interrumpir tampoco es un chiste. En todo caso, lo
hacemos todos.

Repito, intervenciones como la suya se salen del campo de la política y
entran en el campo de la peor educación que he podido ver en un
Parlamento. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor CALVO POCH: Sin que sea un fandango, hay un dicho, muy conocido
también en su tierra, sobre que el mal conductor es el que más toca la
bocina.

Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo. (La señora
Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
Senadora Pleguezuelos, ¿por qué solicita la palabra?



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Supongo que el señor Presidente tiene
claro que la pido por el artículo 87.




El señor PRESIDENTE: La verdad es que el Senador Calvo no le ha replicado
en sus argumentos. Lo que he visto es que la ha aludido personalmente,
llamándola doña Francisca.

Para aclarar esa cuestión, le ruego que intervenga por un minuto.

(Risas.)



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

No se trata sólo de que me haya llamado Francisca, sino que incluso ha
aludido a la mala educación. Parece que el Senador Calvo no hubiera
estado en anteriores legislaturas al no haberse dado cuenta de que el
señor Presidente me ha tenido que amparar, incluso hace un rato, en tres
ocasiones. Sin embargo, lo he encajado en lo que es el respeto de las
Cámaras. Quizá le falte todavía un poquito de rodaje, además de
argumentos. Y como le han dado unos temas que no le gustan, para los que
no tiene argumentos, y que no puede defender, se defiende, no como un
ganso, sino como un gato panza arriba, insultando. Yo nunca le llamaré
maleducado sino que le diré que le faltan argumentos y que no tiene
visión política para defenderlos. Por tanto, haga el favor de tratar con
más respeto a esta Cámara y a las personas que forman parte de ella.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos. (El señor Calvo Poch
pide la palabra.)
Senador Calvo, supongo que pide la palabra por el artículo 87 y por la
alusión al gato. (Risas.)
Tiene un minuto de tiempo.




El señor CALVO POCH: Gracias, señor Presidente.

Hay calificativos peores que el del gato. Hay animales mucho más
ofensivos que el gato, también de la familia de los felinos.

Senadora Pleguezuelos, si usted quiere decir que me ofendo porque no
tengo rodaje, quizá llegaría a la conclusión de que es mejor no estar
mucho tiempo en una Cámara como ésta, en una compañía como la de su
señoría, para no acabar utilizando formas absolutamente maleducadas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.

Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.

En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 1, originariamente
presentada por los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184;
a favor, 69; en contra, 114; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el que hay una
enmienda transaccional que he leído anteriormente y, por tanto, es
conocida por todas sus señorías.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186;
a favor, 114; en contra, dos; abstenciones, 70.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar el voto particular número 3, que corresponde al Grupo
Parlamentario Socialista y, concretamente a las enmiendas números 2, 3 y
5.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186;
a favor, 69; en contra, 115; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Procedemos a la votación del texto según el dictamen, artículo único,
disposición final y exposición de motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186;
a favor, 119; en contra, 67.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se levanta la sesión.




Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.