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DS. Senado, Pleno, núm. 42, de 06/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 42
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 6 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de abril de 1997.
Segundo
Dictámenes de la Comisión de Suplicatorios:
--En relación con el Excmo. Sr. don Bartolomé Flores Flores (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
199, de fecha 24 de abril de 1997). (Número de expediente 504/000001.)
Tercero
Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades:
--En relación con los Senadores doña María Mercedes Coloma Pesquera y don
José Rafael García-Fuster y González-Alegre (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 200, de fecha
24 de abril de 1997). (Número de expediente 542/000016.)
Cuarto
Dictamen sobre la Cuenta General del Estado:
--Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1993, así como resolución adoptada por dicha Comisión
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, número 76, de fecha 23 de abril de 1997). (Número de
expediente S. 770/000002.) (Número de expediente C. D. 250/000002.)
Quinto
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que cualquier reforma de la Ley de Aguas salvaguarde la consideración del
agua como bien público, dando los criterios que definen lo que el
Gobierno entiende por interés general y determinando que la planificación
hidrológica nacional contemple el conjunto del territorio español y no
sea la mera suma o yuxtaposición de los planes de cuencas hidrográficas o
de convenios regionales firmados bilateralmente (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 206, de fecha 5
de mayo de 1997). (Número de expediente 671/000020.)
Sexto
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que realice las gestiones oportunas para apoyar la
declaración, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de las ciudades de Oviedo
(Asturias) y Alcalá de Henares (Madrid) como patrimonio mundial
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 206, de fecha 5 de mayo de 1997). (Número de expediente
662/000064.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
impulsar el traspaso de medios y servicios educativos en favor de las
Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia con la reforma
de sus Estatutos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 206, de fecha 5 de mayo de 1997).
(Número de expediente 662/000065.)
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno para que se proceda, previos los trámites,
negociaciones y acuerdos oportunos, a ceder en propiedad a las
cooperativas arroceras del entorno del delta del Ebro el patrimonio
proveniente de la extinguida Federación de Agricultores Arroceros que
ahora tienen en régimen de usufructo (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 206, de fecha 5 de mayo de
1997). (Número de expediente 662/000062.)
Séptimo
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Denuncia del Acuerdo de Cooperación sobre Marina Mercante entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Gabón, hecho en
Madrid, el 16 de septiembre de 1981 (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 86, de fecha 3 de abril
de 1997). (Número de expediente S. 610/000086.) (Número de expediente C.
D. 110/000082.)
--Actas y Decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la Unión Postal
Universal (UPU) adoptadas en Seúl el 14 de septiembre de 1996 (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
87, de fecha 3 de abril de 1997). (Número de expediente S. 610/000087.)
(Número de expediente C. D. 110/000083.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Comisión Europea relativo a las Disposiciones de Desarrollo del Protocolo
de Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas en el Reino de
España, realizado en Bruselas el 29 de julio de 1996 y 2 de octubre de
1996 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 88, de fecha 3 de abril de 1997). (Número de expediente
S. 610/000088.) (Número de expediente C. D. 110/000086.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado «ad referendum»
en Sofía el 5 de septiembre de 1995 (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 89, de fecha 3 de abril
de 1997). (Número de expediente S. 610/000089.) (Número de expediente C.
D. 110/000088.)
--Declaración prevista en el artículo 41 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York, el 19 de diciembre de
1966 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 90, de fecha 3 de abril de 1997). (Número de expediente
S. 610/000090.) (Número de expediente C. D. 110/000089.)
--Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
firmada en Buenos Aires el 3 de agosto de 1996 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 91, de fecha 3
de abril de 1997). (Número de expediente S. 610/000091.) (Número de
expediente C. D. 110/000090.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de abril de 1997
Se aprueban las Actas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS (Página 1735)
En relación con el Excmo. Sr. D. Bartolomé Flores Flores (Página 1735)
Este punto del orden del día se celebra en sesión secreta.
DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 1735)
En relación con los Senadores doña María Mercedes Coloma Pesquera y don
José Rafael García-Fuster y González-Alegre (Página 1735)
El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen,
que se aprueba por asentimiento de la Cámara.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO (Página 1736)
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1993, así como resolución adoptada por dicha Comisión
(Página 1736)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Alegre Escuder, por el Grupo Socialista, y
Rodríguez Gómez, por el Grupo Popular.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1739)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
cualquier reforma de la Ley de Aguas salvaguarde la consideración del
agua como bien público, dando los criterios que definen lo que el
Gobierno entiende por interés general y determinando que la planificación
hidrológica nacional contemple el conjunto del territorio español y no
sea la mera suma o yuxtaposición de los planes de cuencas hidrográficas o
de convenios regionales firmados bilateralmente (Página 1739)
El señor Gallego López defiende la moción. El señor Esteban Albert
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto, y Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los
señores Gallego López y Esteban Albert intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 92 votos a favor, 121 en
contra y 17 abstenciones.
MOCIONES (Página 1743)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que realice las gestiones oportunas para apoyar la
declaración, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de las ciudades de Oviedo
(Asturias) y Alcalá de Henares (Madrid) como patrimonio mundial (Página 1743)
El señor Fernández Rozada defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i
Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Lissavetzky Díez, por el Grupo Socialista, y Huete Morillo, por el Grupo
Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
impulsar el traspaso de medios y servicios educativos en favor de las
Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia con la reforma
de sus Estatutos (Página 1747)
El señor De la Plata Rodríguez defiende la moción. El señor Presidente
anuncia a la Cámara la asunción, por parte de todos los grupos
parlamentarios, de una propuesta de modificación a esta moción. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por
el Grupo Mixto; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; De la Plata Rodríguez, por el Grupo Socialista, y
Fernández Rozada, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la modificación
introducida, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
la que se insta al Gobierno para que se proceda, previos los trámites,
negociaciones y acuerdos oportunos, a ceder en propiedad a las
cooperativas arroceras del entorno del delta del Ebro el patrimonio
proveniente de la extinguida Federación de Agricultores Arroceros que
ahora tienen en régimen de usufructo (Página 1752)
El señor Roig i Grau defiende la moción. El señor Prim Tomás defiende una
enmienda del Grupo Popular a esta moción. El señor Aleu i Jornet defiende
asimismo una enmienda a la moción, del Grupo Socialista. El señor Roig y
Grau expone su opinión respecto de ambas enmiendas. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto, y Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista. Los señores Roig y
Grau y Prim Tomás intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, con la enmienda del Grupo Popular, por 131 votos a favor, 4 en
contra y 88 abstenciones.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1756)
Denuncia del Acuerdo de Cooperación sobre Marina Mercante entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República de Gabón, hecho en
Madrid, el 16 de septiembre de 1981 (Página 1756)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Actas y Decisiones adoptadas en el XXI Congreso de la Unión Postal
Universal (UPU) adoptadas en Seúl el 14 de septiembre de 1996 (Página 1756)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Comisión Europea relativo a las Disposiciones de Desarrollo del Protocolo
de Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas en el Reino de
España, realizado en Bruselas el 29 de julio de 1996 y 2 de octubre de
1996. (Página 1756)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado «ad referendum»
en Sofía el 5 de septiembre de 1995 (Página 1756)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración prevista en el artículo 41 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York, el 19 de diciembre de
1996. (Página 1756)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
firmada en Buenos Aires el 3 de agosto 1996 (Página 1757)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las veinte horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 1997.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 22 y 23 de abril.
¿Alguna observación a las Actas? (Pausa.) Quedan aprobadas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE SUPLICATORIOS:
--EN RELACION CON EL EXCELENTISIMO SEÑOR DON BARTOLOME FLORES FLORES.
(504/000001.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Suplicatorios, en este caso en relación con el Excelentísimo
señor don Bartolomé Flores Flores.
Recuerdo que esta parte de la sesión es secreta.
(Comienza la sesión secreta.)
(Se reanuda la sesión pública.)
DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:
--EN RELACION CON LOS SENADORES DOÑA MARIA MERCEDES COLOMA PESQUERA Y DON
JOSE RAFAEL GARCIA-FUSTER Y GONZALEZ-ALEGRE. (542/000016.)
El señor PRESIDENTE: Sesión pública.
Punto tercero del orden del día: Dictámenes de la Comisión de
Incompatibilidades, en relación con los Senadores doña María Mercedes
Coloma Pesquera y don José Rafael García-Fuster y González-Alegre. La
Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación de
los citados señores Senadores, con arreglo a la legislación vigente.
Toda vez que la Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación
con los señores Senadores cuya situación ha examinado, de conformidad con
el artículo 16 del Reglamento del Senado, ha emitido el correspondiente
dictamen que yo pido al señor Presidente de la Comisión, señor Moya, que
presente.
Su señoría tiene la palabra.
El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como Presidente de la Comisión de Incompatibilidades, me
corresponde presentar al Pleno el dictamen de lista elevado por la
Comisión que comprende únicamente a dos miembros de la Cámara, la
Senadora doña María Mercedes Coloma Pesquera y el Senador don Rafael
García-Fuster y González-Alegre, incorporados ambos como sustitutos de
los señores Senadores que dejaron la Cámara en su día.
Este dictamen ha sido publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie I, número 200, de fecha 24 de abril de 1997. La
ponencia designada en el seno de la Comisión ha examinado con todo
detenimiento y rigor, no solamente la declaración inicial formulada por
los señores Senadores interesados, sino también la documentación
complementaria aportada por ambos para la aclaración de determinados
extremos.
La Comisión fue informada detalladamente del resultado del estudio
llevado a cabo por la ponencia previamente a la emisión del dictamen
favorable que ahora presento. No existe hasta la fecha ningún otro
Senador pendiente de este trámite de dictamen de lista. En conclusión,
solicito el voto favorable de sus señorías para este dictamen de lista
por el que se declara no existir causa alguna de incompatibilidad en la
Senadora doña María Mercedes Coloma Pesquera y en el Senador don José
Rafael García-Fuster y González-Alegre.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.
¿Desea intervenir algún grupo parlamentario? (Pausa.)
Seguidamente sometemos a votación el dictamen. Teniendo en cuenta que no
ha habido ningún voto particular, ni se propone ninguna incompatibilidad,
¿se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1993, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION. (S.
770/000002.) (C. D. 250/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Dictamen
sobre la Cuenta General del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la Cuenta General
del Estado correspondiente al ejercicio de 1993, así como resolución
adoptada por dicha Comisión.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha
remitido a esta Cámara el dictamen sobre la Memoria elaborada por el
Tribunal de Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado
correspondiente al año 1993, que incluye una resolución aprobada por
dicha Comisión. La tramitación por el Senado de este dictamen se ajustará
a lo dispuesto en la norma quinta de las Normas de las Mesas del Congreso
y del Senado sobre tramitación de la Cuenta General del Estado. Esta
norma dice lo siguiente: El dictamen de la Comisión Mixta con las
propuestas de resolución aprobadas, se someterá al Pleno del Congreso y
del Senado, siendo objeto de debate de totalidad, con un turno a favor y
otro en contra, de quince minutos cada uno, y fijación de su posición por
los demás grupos parlamentarios, por tiempo que no exceda de diez
minutos.
Por tanto, ¿turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Desean intervenir los grupos parlamentarios? (Pausa.) Tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos, de nuevo, ante un informe relativo a la Cuenta General del
Estado y, como siempre, intentar resumir los resultados del mismo entraña
una gran complejidad. Como me ocurre siempre que llega el trámite de este
debate, se me plantean dos dudas: saber si el informe nos permite llegar
a unas conclusiones no sólo aplicables, sino también exigibles, y si
entre todos le estamos dando toda la importancia que conlleva este
informe anual.
Pues bien, se nos presenta una Cuenta General que sí nos permite llegar a
ciertas conclusiones. Por tanto, hay que resaltar el gran trabajo
elaborado, amplio y concreto que ha hecho el Tribunal de Cuentas, pero
también que estamos ante unas conclusiones del propio Tribunal
preocupantes. A mí también me preocupa que una iniciativa, como es la
presentación así como el debate, las conclusiones y las propuestas
correspondientes a la Cuenta General, acabe siendo un mero trámite.
Vayamos por partes. Continúan existiendo y se continúan detectando un
sinfín de irregularidades y deficiencias inadmisibles en una adecuada
gestión; importantes carencias de algunas de las cuentas, con defectos
formales de algunos organismos; falta de concordancia entre entidades
pagadoras y perceptoras en lo que se refiere a transferencias internas;
importantes errores en el área del inmovilizado y defectos de imputación,
con lo que los resultados agregados se verían afectados; organismos
autónomos que no presentan sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas y, sin
duda, el déficit que continúa siendo el tema estrella, porque, aun
reconociendo y aceptando el esfuerzo para regularizar situaciones del año
1992, continúan desplazándose hacia ejercicios posteriores partidas muy
importantes de este déficit y porque estamos hablando, señorías, de unas
desviaciones que alcanzan el 140 por ciento.
Por tanto, sin duda, disponemos de un informe que nos permite llegar a
conclusiones como son, por ejemplo, que, si con referencia a la cuenta de
1992 nuestro Grupo daba un suspenso al Gobierno, en este caso, aceptando
algunas mejoras, continúa sin alcanzar el aprobado, o que ha habido un
gran esfuerzo por parte del Tribunal de Cuentas en cuanto a dedicación,
profesionalidad y aplicación de criterios estrictos, como siempre, y
también un seguimiento por parte de la Comisión mixta, pero, finalmente,
el gestor, en este caso el Gobierno, acaba haciendo un poco lo que le da
en gana o, si quieren sus señorías que sea un poco más suave, bordeando
permanentemente la debida aplicación presupuestaria. Si a ello añadimos
el desfase en el tiempo --estamos debatiendo ahora, en 1997, el informe
de la Cuenta General de 1993--, hace que en su conjunto nos lleve a una
última conclusión: se corre el riesgo de que este debate, el de la
aprobación o no del informe anual, acabe siendo un mero trámite. Y quiero
aprovechar, señorías, esta mi intervención precisamente para llamar su
atención en este sentido, porque no deberíamos de ninguna manera estar en
un puro trámite, sino, al contrario, ante una declaración definitiva de
gran importancia y trascendencia.
Así pues, más que nunca hay que exigir dos cosas: una rigurosa gestión
presupuestaria y un estricto cumplimiento de las conclusiones y
propuestas de resolución, aunque también en este caso la propia Comisión
Mixta tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento oportuno.
Nada más, señorías. Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a votar favorablemente el
dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Tiene la palabra el Senador Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Tribunal de Cuentas aprobó la declaración definitiva de la
Cuenta General del Estado correspondiente al año 1993 en septiembre de
1995. Esta declaración la remitió la Comisión Mixta separada del informe
anual del mismo año, puesto que la declaración está sujeta a plazo
mientras que el informe no. El informe lo presentó en marzo del año
pasado, en 1996.
Dicho esto, hay que tener en cuenta, en la parte que corresponde a la
declaración definitiva y a las alegaciones que aportó el Gobierno en su
momento, los aspectos más importantes de la misma, que son: las
referencias generales que se hacen en la declaración a la Cuenta del
Estado, la propia cuenta de la Administración del Estado, las de los
organismos autónomos administrativos, las de los organismos autónomos
comerciales, industriales y financieros y, por último, la de los
organismos cuyas cuentas no se han integrado en los estados anuales del
ejercicio.
Nos satisface resaltar que el propio Tribunal de Cuentas dice en su
informe que la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de
1993 presenta la estructura y contenidos establecidos en las
disposiciones que le son de aplicación, se ha rendido en el plazo
legalmente establecido y es coherente internamente con la documentación
complementaria que le sirve de fundamento. Este párrafo textual del
propio Tribunal de Cuentas es la respuesta más clara y fehaciente de que
las cuentas del Estado de 1993 han cumplido los objetivos establecidos al
reflejar fielmente la situación económica, financiera y patrimonial y al
aplicar correctamente la nueva normativa presupuestaria y contable. Bien
es verdad que alguna salvedad hay que hacer, y las ha puesto de
manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, puesto que hubo
dos organismos autónomos comerciales, industriales o financieros que no
incluyeron sus cuentas en la Cuenta General. Fueron, en concreto, el
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; son dos organismos
frente a 38 organismos autónomos administrativos y 37 organismos
autónomos comerciales, industriales y financieros que sí lo hicieron.
Para que sus señorías tengan una pequeña idea de lo que esto representa,
les diré que viene a ser el 2,65 por ciento de los créditos iniciados del
total del subsector de organismos autónomos, comerciales, industriales y
financieros. Hay que añadir que es obligado decir que, con posterioridad,
ya se recibieron los correspondientes estados de estos dos organismos y
que, por tanto, formarán parte de la declaración de 1994. También es
cierto que aparecen algunas diferencias en las operaciones de
transferencias internas entre las entidades pagadoras y perceptoras --a
ello ha hecho referencia también el Senador Carrera--, pero que se aclara
con el oportuno estado de conciliación, aspecto este que es sobradamente
conocido por todo aquel que tenga unos mínimos conocimientos contables.
Las modificaciones presupuestarias efectuadas, que siempre es el
principal punto de conflicto entre quienes defienden unas cuentas y
quienes no lo hacen, representan para mi Grupo un porcentaje sobre los
créditos iniciales que está entre el 11 y el 12 por ciento, excluyendo
los pasivos financieros. Esto, evidentemente, no es lo deseable y
reconocemos que hay que mejorarlo, pero tiene su explicación en el
incremento de la financiación estatal al desempleo que se produjo en el
año 1993 y en el enorme esfuerzo realizado este año por regularizar
obligaciones generadas en años anteriores; aspectos que el propio
Tribunal de Cuentas reconoce en su informe y que, a su vez, justifican
plenamente las desviaciones producidas respecto de las previsiones
iniciales de déficit, que en la liquidación presupuestaria del ejercicio
ofrece unos resultados negativos y, ciertamente, significativos. Se ha
hecho referencia a ellos y nosotros también lo vamos a hacer. Había una
previsión inicial de 1,8 billones de déficit que se convierte en la
presentación del Estado en 3,9, que, al final, el Tribunal de Cuentas
plantea que llega a ser de 4,4 billones, que es una desviación
importante, sin duda alguna, que deriva de la expuesta regularización
presupuestaria de años anteriores y --como he dicho-- de la evolución al
alza del desempleo.
Sin embargo, también es obligado aclarar y justificar la diferencia de
esos 500.000 millones entre lo que presenta el Estado y lo que refleja el
Tribunal de Cuentas, que es debido, como en años anteriores ocurrió y
como volverá a ocurrir, sobre todo, hasta 1994, a diferentes
interpretaciones sobre los criterios de imputación. La opinión del Estado
y de la propia Intervención General siempre ha sido la de aplicar el
criterio de caja, mientras que el Tribunal de Cuentas siempre ha aplicado
el criterio de devengo. Ahí radica la diferencia. El nuevo Plan General
de Contabilidad que vendrá aplicado en las cuentas de 1995 resolverá este
problema definitivamente.
La misma cuestión se plantea al imputar al presupuesto algunas partidas
de gasto, tales como los 200.000 millones correspondientes a las
relaciones financieras con la Unión Europea, que la Intervención General
de la Administración del Estado aplica una vez contraída la obligación y
nunca antes de contraerla.
Un último aspecto a comentar de lo reflejado por el Tribunal de Cuentas
en su informe es lo referido a la contratación administrativa, que
presenta algunos defectos que la nueva Ley de Contratos del Estado
corrige posteriormente. En el caso que nos ocupa, y dado que lo más
preocupante para todos es la contratación directa, podemos alegar que en
la Administración General del Estado y organismos autónomos la
contratación directa no sobrepasa el porcentaje del 14 por ciento del
volumen total de la obra contratada, un porcentaje insignificante, sobre
todo si tenemos en cuenta comparaciones con cuentas presentadas por
Comunidades Autónomas que se ven en situaciones mucho más
desproporcionadas que las que estamos comentando, y teniendo en cuenta
que el 30 por ciento de ese 14 por ciento corresponde a modificaciones de
proyectos que, obviamente, han de recaer en quien ya tiene adjudicada la
obra.
Creo que he dado cumplida cuenta de las deficiencias que el Tribunal de
Cuentas ha detectado en las correspondientes al ejercicio de 1993. No
teníamos ninguna intención de ocultarlas. Sus señorías habrán podido
comprobar
que las alegaciones presentadas a las mismas justifican plenamente, tanto
ante el propio Tribunal de Cuentas como ante la Cámara, las actuaciones
efectuadas.
Igualmente, es notorio el esfuerzo realizado por mejorar en 1993 lo
realizado en años anteriores, haciendo caso evidentemente de las
recomendaciones que el Tribunal efectúa con cada uno de sus informes,
recomendaciones precisas y ajustadas que nadie puede ignorar y que
permiten --como he dicho-- mejorar las actuaciones que, no sólo la
Administración del Estado, sino cualquier otra, deben intentar reflejar
por todos los medios en sus estados de cuentas.
Creo que he dejado claro que las cuentas del Estado de 1993 cumplieron
con la normativa presupuestaria y contable, que fueron presentadas en
plazo y que, tanto por su estructura como por su contenido, son el
reflejo fiel de la situación económico-financiera y patrimonial del
Estado.
El Informe del Tribunal de Cuentas ha hecho una valoración positiva de
todo ello y, al margen de esos dos organismos autónomos que no incluyeron
sus cuentas --como he dicho lo hicieron a posteriori--, lo demás cumple
perfectamente lo establecido. Se ha hecho referencia, sin ocultar
ninguna, a las deficiencias encontradas por el Tribunal, se ha
argumentado sobre su origen, justificando cada caso con la explicación
correspondiente. Los grupos de la Cámara están manifestando sus puntos de
vista, creo que no es preciso volver a incidir sobre los mismos, puesto
que sería repetir argumentos que están perfectamente entendidos por
todos, y sí acaso hacer alguna observación sobre las propuestas de
resolución a las que el Senador Carrera también ha hecho referencia, que
se presentaron ante la Comisión y que son las que verdaderamente definen
la posición de los grupos.
Es difícil no sólo asumir, sino llegar a entender, lo que en su día
propuso el Grupo Izquierda Unida, negando toda posibilidad a la
existencia de suplementos de crédito o créditos extraordinarios, e
incluso a las modificaciones presupuestarias, lo que llevaría, caso de
aplicarse, a un bloqueo total de todas las administraciones y a un parón
injustificado de todas ellas. Supongo que algo habrán reflexionado al
respecto, puesto que alguna administración local está en sus manos y bajo
su responsabilidad. ¿Qué harían en ellas con ese criterio? Espero que
esas reflexiones lleven a considerar positivamente las cuentas que
estamos debatiendo hoy.
En su momento, mi Grupo valoró positivamente las propuestas presentadas
por el Grupo Catalán que, en cierto modo, coincidían con las nuestras,
tanto en el reconocimiento de los errores como en la forma de
corregirlos. Hablaban y hablan de mayor exigencia y rigurosidad para las
cuentas de los organismos autónomos --estamos de acuerdo con ello--. Y
sobre su referencia a que la Cuenta General se ajuste a la legislación
aplicable, ya hemos dicho que el año 1994 será el último en el que
aparezcan algunas de esas deficiencias.
Agradecemos, en cualquier caso, sus manifestaciones de entonces y de
ahora y lo mismo las que se puedan producir en los grupos restantes.
Al Grupo Parlamentario Popular queremos agradecerle lo que en su momento
hizo en Comisión: reconoció el esfuerzo de corrección llevado a cabo. Y,
por lo que respecta a los aspectos que más le preocupan del informe del
Tribunal, he dado explicaciones, creo que oportunas, a la mayor parte de
sus dudas. Su preocupación, que es la nuestra, por el déficit
presupuestario, el endeudamiento final del ejercicio, el exceso de
liquidez del Tesoro, tal como lo calificaron ustedes, tiene su origen en
lo ya explicado y que ustedes reconocieron ante la Comisión, partidas
importantes desplazadas desde el ejercicio del año 1992 y la
regularización de la importante partida del INEM. Respecto a este exceso
de liquidez del Tesoro, que parece que era la parte más preocupante
dentro de sus propuestas de resolución y que quizás es donde más
discrepamos por la excesiva importancia que le dan, hay distintas
opiniones, distintos puntos de vista y que tiene una explicación que
ustedes mismos reconocen, que fue la entrada en vigor de la Ley de
Autonomía del Banco de España, que es lo que motivó que se llegase a esa
situación.
Por otra parte, espero que el Grupo Parlamentario Popular tenga en cuenta
todo lo argumentado por este Senador. No en vano, dentro de unos años,
dos o tres, empezaremos a ver por aquí las cuentas de las que ellos son
responsables en estos momentos. Sobre ellas tendremos que oír las mismas
explicaciones que ahora damos nosotros y que mi Grupo, por lógica,
entenderá perfectamente.
En definitiva, y para terminar, es clara la intención de mi Grupo de
manifestar las mejoras existentes en estas cuentas con respecto a las de
años anteriores, asumiendo, como no podía ser menos, las recomendaciones
del Tribunal, al que a su vez agradecemos su reconocimiento a la mejora
palpable existente en las cuentas del Estado de 1993.
Termino agradeciendo a los distintos grupos su disposición para aprobar
estas cuentas y, en ese sentido, esperamos el voto positivo de todos
ellos, como así va a ser el del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alegre.
Tiene la palabra el Senador don Jaime Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, se presenta hoy en esta Cámara el dictamen de la Comisión Mixta
para el Tribunal de Cuentas, referido a la Cuenta General del Estado,
correspondiente al ejercicio del año 1993, que fue aprobado en Comisión
el día 15 de abril y en Pleno del Congreso de los Diputados el día 24.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente el dictamen y, a
su vez, está votando también favorablemente el informe emitido por el
Tribunal de Cuentas en su declaración definitiva. Pero, señorías, señor
Presidente, votar favorablemente no quiere decir que las cuentas
presentadas por el Gobierno sean perfectas, detalladas, que cumplan
correctamente con los requisitos establecidos
y debidos en una exposición que debiera ser ejemplo para todos los
españoles y para todas las instituciones.
La propia Comisión Mixta aprobó también el 15 de abril una resolución de
11 puntos, en la que se instaba al Gobierno para que tomase las medidas
necesarias en relación con los mismos. Algunos de los puntos son los
siguientes: que la Cuenta General del Estado y las entidades que lo
forman debe de ajustarse a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y
a los principios que deben informar su elaboración. La deducción es que
no se ajustan ni a las recomendaciones ni a los principios. Que deben
aplicarse medidas sancionadoras a los responsables que rinden cuentas y
que no lo hacen en tiempo, forma o lo hacen con graves defectos. Dos
organismos autónomos, como ya se ha comentado aquí, lo han hecho fuera de
plazo y otros dos con defectos de carácter sustantivo, en palabras del
portavoz Socialista del Congreso de los Diputados. Que hay que establecer
sistemas apropiados de control interno de la gestión de los ingresos
públicos, para garantizar la suficiencia recaudatoria y cumplir con el
principio de equidad --artículo 31 de la Constitución--. Luego algún
organismo de la Administración Tributaria no ha funcionado bien, a la
vista de las deficiencias señaladas en el informe del Tribunal. Que hay
que legislar estableciendo mecanismos que garanticen la aplicación real
de las normas de gestión de los créditos presupuestarios para evitar
deslizamientos de partidas de gasto de unos ejercicios a otros y para
conocer con exactitud el grado de ejecución del presupuesto aprobado por
las Cámaras. Así pues, no se han aplicado bien las normas de gestión, ha
habido deslizamiento de partidas de gastos de un ejercicio a otro y no se
conoce con exactitud el grado de ejecución del presupuesto. Que hay que
buscar una mayor adecuación temporal del Informe del Tribunal de Cuentas.
Discutir en 1997 cuentas de 1993 no es lógico y es un contrasentido. Que
el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta del
Estado y de las entidades que la forman se ajusten a la legislación
aplicable y a los principios para hacer la Cuenta más rigurosa y
transparente. Luego la Cuenta no se ajusta a la legislación aplicable y
no es suficientemente rigurosa ni suficientemente transparente. Que la
actuación del Tesoro no fue ortodoxa al producir una acumulación de
liquidez que incrementó la carga financiera desproporcionadamente y que
resultó perjudicial para España. La variación de pasivos financieros
confirma un incremento neto de endeudamiento de 6 billones 37.000
millones de pesetas, y ni la deuda prevista era ésta ni el déficit
previsto era éste.
Señor Presidente, señorías, éstas son las salvedades e infracciones más
claras que señalaba el Informe del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio
de 1993 y que, a juicio de todos los partidos políticos presentes en la
Comisión Mixta, deben ser subsanados.
Voy a acudir brevísimamente al informe del Fiscal. Creo que sus
expresiones son claras: La declaración señala actuaciones incorrectas o
equivocadas, importantes carencias, falta de concordancia, datos
inveraces, errores importantes, fallos de transparencia, defectos de
imputación e irregularidades. Y terminaba así: Es procedente hacer una
valoración de los fallos detectados y ésta nos lleva a considerar que son
excesivos y califican la Cuenta General de defectuosa y poco
transparente.
He preferido atenerme a opiniones ajenas y competentes para la valoración
de esta Cuenta.
De las cuentas de 1993, a mi Grupo Parlamentario le preocupan
especialmente el déficit presupuestario pendiente de incorporar y
reconocer en futuras liquidaciones y los resultados económicos de la
contabilidad financiera pendientes de registrar. Es cierto, lo
reconocimos en el Congreso de los Diputados y lo reconocemos en el
Senado, que se ha regularizado una partida importante de gastos
desplazados desde el ejercicio de 1992 --y así es-- y que también se han
hecho esfuerzos bastante importantes en el presupuesto de 1993. Pero
también es cierto que otras cantidades se desplazaron para ejercicios
posteriores.
En segundo lugar, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa el volumen
total de modificaciones de crédito. Porque, aun admitiendo que es un
elemento de gestión en una contabilidad pública la necesidad de modificar
créditos en un ejercicio, el importe que se refleja de 3 billones 175.000
millones sobre el presupuesto inicial de 16 billones es a todas luces
excesivo (representa un porcentaje del 18,9 por ciento).
Señor Presidente, señorías, hoy, a cuatro años de distancia
presupuestaria, podemos decir con orgullo que en 1996 y 1997 y con un
Gobierno del Partido Popular prácticamente la casi totalidad de
desplazamientos hacia ejercicios futuros ha sido corregida y se han
solucionado muchas de las irregularidades que plantea en el ejercicio de
1993 el Tribunal de Cuentas. El endeudamiento traspasado en el ejercicio
de 1993 a años posteriores a Gobiernos distintos no es para sentirse
satisfechos por haber realizado una buena gestión de las cuentas
públicas.
Señor Presidente, señorías, como he dicho al principio, y no obstante el
resto, nuestro voto será positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador don Jaime Rodríguez.
El turno de portavoces ha terminado.
Por tanto, pasamos a la votación. Entiendo, por las intervenciones de
todos los portavoces, que se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento el dictamen sobre la Cuenta General del
Estado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE CUALQUIER REFORMA DE LA LEY DE AGUAS SALVAGUARDE LA CONSIDERACION DEL
AGUA COMO BIEN PUBLICO, DANDO LOS CRITERIOS QUE DEFINEN LO QUE EL
GOBIERNO ENTIENDE POR INTERES GENERAL Y DETERMINANDO QUE LA PLANIFICACION
HIDROGRAFICA NACIONAL CONTEMPLE EL CONJUNTO DEL TERRITORIO ESPAÑOL Y NO
SEA
LA MERA SUMA O YUXTAPOSICION DE LOS PLANES DE CUENCAS HIDROGRAFICAS O DE
CONVENIOS REGIONALES FIRMADOS BILATERALMENTE. (671/000020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
cualquier reforma de la Ley de Aguas salvaguarde la consideración del
agua como bien público, dando los criterios que definen lo que el
Gobierno entiende por interés general y determinando que la planificación
hidrológica nacional contemple el conjunto del territorio español y no
sea la mera suma o yuxtaposición de los planes de cuencas hidrográficas o
de convenios regionales firmados bilateralmente.
Tiene la palabra el Senador Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá no esté de más recordar que esta moción es consecuencia
de la interpelación que en el pasado Pleno formulamos a la señora
Ministra de Medio Ambiente sobre la política hidráulica del Gobierno, y
concretamente sobre las llamadas medidas de liberalización del agua.
La señora Ministra, que estuvo algo nerviosa y, en ocasiones, quizá un
poco agria, no tuvo argumentos para contestar a la interpelación, tal vez
porque en esos momentos se estaba organizando en Albacete una
manifestación que contó con más de 40.000 personas en contra de la
política hidráulica de la señora Ministra, con apoyo también de las
Diputaciones provinciales y ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular y con alguna otra pancarta con las siglas de su Partido.
Esta moción pretende arrancar del Gobierno el compromiso de hacer una
planificación hidrológica nacional con una visión global, que defienda el
agua como bien público y que los criterios y hasta el catálogo de obra de
interés general formen parte fundamental de dicha planificación. Y es que
nos preocupa que la política hidráulica del Gobierno popular que vamos
conociendo, por las pocas decisiones tomadas en ese ámbito, supone una
renuncia a una visión global del agua en España, ya que a los convenios
territoriales firmados y a la preeminencia de los planes de cuenca se une
la propuesta de que sea la iniciativa privada la que se preocupe de
satisfacer las necesidades de agua, sin que los poderes públicos evalúen
la urgencia y la prioridad territorial o ambiental de las obras, con lo
cual sólo las actuaciones rentables económicamente serán llevadas a cabo
por la inversión privada.
En cada territorio, además, se va prometiendo que los acuerdos firmados,
los pactos del agua y los planes hidrológicos de cuenca irán recogidos en
el plan hidrológico nacional, y no es posible, no salen las cuentas ni en
hectómetros cúbicos necesarios, ni en hectáreas de regadío, ni en las
obras a realizar. Así, nos tememos que la planificación hidrológica será
la mera yuxtaposición de actuaciones privadas y aisladas, más los
convenios territoriales firmados para acallar presiones y protestas, en
lugar de ser un plan hidrológico con una visión global y nacional.
Lógicamente, falta esa visión de conjunto. Y el Gobierno del Partido
Popular no puede salirse por la tangente diciendo que la política
hidráulica ha sido hasta ahora sinónimo de obras hidráulicas. Eso pudo
ser a principios de siglo, pero en la actualidad, desde la Ley de Aguas,
la política hidráulica es sinónimo de planificación hidrológica. El
equilibrio hidrológico nacional sólo lo pueden hacer los poderes públicos
teniendo en cuenta los intereses generales. Por eso, la planificación
hidrológica es una decisión política que se apoya en la técnica, pero que
ha de tener en cuenta la ordenación del territorio. Y los territorios se
equilibran con colegios, con centros de secundaria, con universidades,
con hospitales, con centros de salud, con carreteras, con autovías, pero
también con agua. Por eso es oportuna la presente moción, porque es
imprescindible que el Estado conserve en su integridad el dominio sobre
el recurso agua, sobre el patrimonio agua, porque sólo el Estado puede
garantizar los principios que recoge el artículo 13 de la Ley de Aguas,
algunos de los cuales son: unidad de gestión, descentralización,
desconcentración, coordinación, respeto de la unidad de la cuenca
hidrográfica, compatibilidad de la gestión pública del agua con la
ordenación del territorio, protección del medio ambiente, restauración de
la naturaleza. Sólo una visión global integradora, con criterios de
cohesión territorial, puede llevar a cabo una eficiente planificación
hidrológica.
Por eso vemos peligrar la solución del equilibrio hídrico de España,
porque muchos de los planes de cuenca aprobados hacen imposible el plan
hidrológico nacional y muchos planes de cuenca son imposibles sin la
visión global del plan hidrológico nacional.
Finalmente, dejar en manos privadas las obras hidráulicas es hipotecar,
es vender el futuro hidrológico de España, porque sólo con la inversión
pública en obras hidráulicas se puede hacer justicia distributiva, porque
la inversión pública es el vehículo de solidaridad que garantiza a los
ciudadanos el agua necesaria en cada territorio, en calidad y en
cantidad. El agua no puede dejarse nunca al libre juego del mercado. Y la
necesaria política de precios ha de ser asumida por los usuarios. Por eso
hace falta una administración hidráulica eficiente, con recursos y con
competencias. Y parece ser que el Partido Popular está minimizando las
competencias de las Confederaciones Hidrográficas.
En definitiva, la planificación hidrológica debe tener en cuenta un
catálogo de obras de interés general que comprometa la inversión pública
como garante de su realización, garante de su gestión y de su coste y de
la amortización social del mismo. El Gobierno tiene la obligación de
hacer esas obras y vigilar su explotación. Sólo así se producirá el
necesario equilibrio hídrico nacional y se conseguirá el ahorro de agua,
la modernización de los sistemas hídricos, la interconexión de las
cuencas. Y sólo así se cumplirá el artículo 45 de la Constitución, cuando
dice que sólo los poderes públicos y su decisión velarán por la
utilización racional de todos los recursos naturales, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gallego López.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna una vez más, señor Presidente, con el ánimo del que
sube con bastante frecuencia a ella no a debatir el legítimo disenso, o
la contrariedad, o el acercamiento o el acuerdo, sino para intentar
demostrar ante la Cámara que, una vez más, el Partido Socialista plantea
hoy una iniciativa que, desde luego, no tiene mucho que ver con la
interpelación que fue objeto de debate el otro día y que viene a crear
--o a intentar crear-- un clima de frustración y de desasosiego,
precisamente, Senador Gallego, cuando se están produciendo en temas de
aguas los acuerdos más importantes que se han producido en la España
democrática.
Si usted no lo cree, yo le invito a que suba a esta tribuna y, como
Senador que es por Murcia, diga si está o no está conforme con el acuerdo
que se ha firmado el otro día entre Murcia, el Gobierno de la nación y
Castilla-La Mancha sobre el Tajo. Yo le invito a que suba aquí y diga si
está o no de acuerdo. Y a esa política de acuerdos --como se ha hecho con
el acuerdo del Júcar en Valencia, o con los famosos «pactos del agua» en
Aragón-- le llama usted una política sin norte, una política de
improvisación, etcétera.
Señor Gallego, como yo a usted le considero responsable, creo que no
puede ser ignorancia lo que trae aquí, sino que en su Grupo
parlamentario, en el tema del agua, le ha tocado a usted bailar con la
más fea, y dice usted cosas que no se sostienen. Pero como yo le creo a
usted responsable, sabrá que antes de hacer esta moción y aquella
interpelación, aquí, en esta Cámara, y como consecuencia del debate del
Estado de las Autonomías, se aprobó una moción sobre el Plan Hidrológico
Nacional que, entre otras cosas, dice: La sociedad española considera el
agua como un bien de primer orden y es consciente de la gran importancia
que tiene la disponibilidad del recurso para los diversos usos. No en
vano el agua es un elemento esencial para la vida. Este recurso natural,
limitado, aunque no renovable, constituye --fíjese, señor Gallego-- un
bien social, económico y público que desempeña un papel decisivo en la
ordenación territorial, en el diseño de las planificaciones sectoriales y
en la conservación y mejora del medio ambiente. Y añade más adelante la
moción: La planificación hidrológica debe conseguir la mejor satisfacción
de las demandas de agua así como el equilibrio y la armonización del
desarrollo regional y sectorial.
¿Se lo leyó usted, verdad? Pues esto ha sido aprobado en esta Cámara a
propuesta de mi Grupo, que es el que sostiene al Gobierno, y resulta que
viene usted a decir aquí que lo que pretende el Gobierno es privatizar el
agua. Pues entonces, aquí hay dos cosas: o usted no se lo ha leído o si
lo ha hecho no lo ha entendido bien, o usted hace perversidad política
con el tema del agua, que es una cosa muy seria.
Pero, claro, venir de una región como la suya --a la que usted sabe que
yo tanto quiero-- a dejar caer elementos discordantes --junto con algunas
manifestaciones públicas que se hacen allí-- sobre una política en la
que, por cierto, no fue capaz de encontrar estos acuerdos el Gobierno
socialista en muchísimos años, requiere, cuando menos, que tenga usted
que entender que hubiera sido mejor, señor Gallego, que se hubiera usted
quedado tranquilo con la interpelación --porque, eso sí, tienen ustedes
que cubrir el turno de interpelaciones--. Así hubiera visto
probablemente, a pesar de que dice usted que la Ministra de Medio
Ambiente no dio suficientes razones --yo no estuve presente en ese debate
pero sí he leído, cómo no, el «Diario de Sesiones»--, que sí fueron
suficientes las que dio, y es que si le da algunas más se tendría usted
que meter debajo de la silla. Pero una vez más utilizan ustedes este tema
como arma arrojadiza.
¿Pero cómo viene usted a plantearnos una moción que viene a decir que
votemos a favor de que seis huevos son media docena? ¡Pues claro que el
gua es algo público! ¡Si esto ya se ha votado en la Cámara y lo han
votado ustedes! ¿A qué viene aquí? ¿A decir que la planificación
hidrológica y el sistema del agua como bien público es patrimonio
socialista? ¡Hombre, por Dios!
Y habla usted de privatización del agua. ¿Quiere usted subir aquí a decir
cuántos pozos ilegales había en la Comunidad de Murcia y de cuántos pozos
de esos se ha estado vendiendo agua a otros agricultores? ¿Quiere usted
subir aquí a decirlo? Si no quiere venir aquí, yo se lo diré después. La
verdad es que usted debería haber venido aquí para decir: ya hay una fase
previa sobre el agua, vamos a ponernos de acuerdo en este tema tan
importante. (El señor Rojo García pronuncia palabras que no se perciben.)
Pues mire usted, señor Gallego, mi Grupo va a darle una oportunidad más.
Vamos a votar en contra de la moción, pero le aseguro que en el tenor de
la moción que se aprobó aquí como consecuencia del debate del Estado de
las Autonomías y como consecuencia del interés que demostraron los
Presidentes de las Comunidades Autónomas en sus discursos, este Grupo va
a presentar, si es posible en el próximo Pleno, una moción que
complemente, que articule, que negocie y que de alguna manera consensúe
el problema del agua, a lo que invito a todos los grupos de la Cámara
para que, junto con el Grupo Parlamentario Popular, la cofirmen.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Esteban Albert.
Se abre un turno para los portavoces de los grupos que no hayan
intervenido hasta este momento.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad quisiera decir que éste es un debate redundante. Y digo esto
porque me parece que ésta va a ser la cuarta vez que debatimos el
problema del agua en esta Cámara.
No obstante, creo que sí es importante que sigamos debatiendo este tema
en tanto no seamos capaces entre todos de llegar a un acuerdo. Esa
debería ser una labor de todos los grupos y fundamentalmente del Senado
puesto que el del agua es un tema de interés general y yo diría que de
preeminencia fundamentalmente autonómica puesto que afecta a la inmensa
mayoría de las Comunidades Autónomas, que tienen una interrelación en la
que deben ponerse de acuerdo efectivamente para diseñar el Plan general
del agua.
Decía en la interpelación, y lo he dicho también otras veces, que es
importante que haya acuerdos --y no minusvaloro que haya habido unos
acuerdos de cuencas--, pero creo que no es eso lo que se necesita ya que
considero que el Plan Hidrológico Nacional no puede ser la suma de
acuerdos de distintas cuencas puesto que eso se presta permanentemente,
querámoslo o no --a pesar de la buena intención de unos y de otros e
independientemente de la buena intención de las fuerzas políticas y de
las propias Comunidades Autónomas y sin tener en consideración el color
de sus Gobiernos--, a una confrontación, a unos agravios y a unas
reivindicaciones incluso incorrectas.
Otra cosa que yo dije con motivo de la interpelación pero en la que no
entramos --al menos yo no lo he oído a ningún grupo en esta Cámara-- es
que el agua tiene un precio y que hay que ponerle un precio al agua. Hay
que ponerle un precio justo al agua porque, desde luego, no puede ser que
en unas zonas valga el agua tres o cuatro veces más que en otras, como
sucede actualmente. Tiene que haber una disposición general --ya sea para
consumo, ya sea para regadío-- porque es un bien escaso y un bien que hay
que cuidar, puesto que, desgraciadamente, lo que no se paga correctamente
a veces se malgasta e incluso a veces hay un uso abusivo porque en muchas
zonas el agua no tiene el precio que debería tener.
En definitiva, éste es un tema que sigue teniendo sentido y mi Grupo va a
apoyar todo lo que se discuta en torno a él, pero precisamente con la
perspectiva de que hay que poner en marcha esa resolución que se tomó en
el debate sobre el Estado de las Autonomías y de que nos pongamos todos a
trabajar en ambos sentidos, es decir, tanto en el Plan Hidrológico
Nacional --aunque, lógicamente, no se va a poder realizar ni en uno ni en
dos años-- como en intentar poner un precio adecuado y justo al agua para
que no haya dispendios, porque hay que estimular su ahorro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el debate que celebramos aquí el día 23 de abril, y ante la
interpelación que formuló el Senador Gallego, establecimos la dualidad
que se presenta con el agua: por una parte el agua es vida, el agua es
oro transparente y el agua, evidentemente, es un bien público, como dice
el PSOE, pero por otra parte el agua es también una fuente de conflictos.
Y es lógico que ante este bien público, ante este oro y ante esta fuente
de conflictos intentemos todos llegar a un acuerdo, acuerdo que debe
vehiculizarse a través del Plan Hidrológico Nacional.
A nosotros las palabras de la Ministra nos parecieron lógicas teniendo en
cuenta que lleva un período de tiempo limitado en el cargo; no
encontramos en las mismas nada que pueda ser objeto de una crítica, o por
lo menos de una crítica frontal, y por tanto, aun estando de acuerdo con
el espíritu y con el texto de la moción socialista, entendemos que en
estos momentos, en las circunstancias actuales y antes de haberse
presentado un anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, es innecesaria.
No tenemos por qué dudar de los acuerdos anteriores, de los acuerdos que
se aprobaron en el debate sobre el Estado de las Autonomías y, por tanto,
en estos momentos no consideramos oportuno apoyar esta moción del Grupo
Parlamentario Socialista. Luego nuestro voto dentro de unos momentos será
de abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beguer. (El señor Gallego
López pide la palabra.)
Senador Gallego López, el debate está terminado y ha sido repetitivo.
Si usted me pide la palabra por el artículo 87 yo le doy dos minutos,
pero eso va a significar que me lo pidan después y tenga que concederlo
también. Tiene usted la palabra por dos minutos.
El señor GALLEGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
Sólo quiero precisar algunas de las afirmaciones del Senador Esteban
Albert.
Murcia no ha firmado pacto alguno, lo que se ha aprobado ha sido el Plan
de cuenca del Tajo y la izquierda de Murcia no está de acuerdo con ese
Plan. La señora Ministra del Gobierno del Partido Popular ha firmado
pactos, convenios bilaterales con determinadas regiones que han producido
enfrentamientos en las regiones vecinas. No estamos de acuerdo con esa
política de parcheo.
Privatizar el agua seguro que en teoría no, lo que ustedes privatizan es
el grifo, que es por donde sale; para abrir el grifo hay que pagar, hay
que pagar lo que el constructor del grifo haya puesto. Y cuando hablemos
de Plan hidrológico nacional que sea un concepto unívoco, no equívoco,
porque en cada sitio se entiende por Plan hidrológico nacional cosas
distintas.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Esteban Albert pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego López.
Senador Esteban Albert, supongo que me pide la palabra por el artículo 87
y, naturalmente, se la doy por dos minutos.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, como lo ha hecho el Senador Gallego.
En primer lugar, tengo que manifestar mi satisfacción porque ya sabemos
cuál es la posición de la izquierda de Murcia sobre el acuerdo del Tajo:
que cada uno puede valorarlo como quiera, pero en otra época nunca se
pudo conseguir, y habría que reconocer que tanto Murcia, que le afecta
mucho el acuerdo sobre el Plan hidrológico de cuenca del Tajo, como
Castilla-La Mancha, como el Gobierno de la nación, durante aquella
cartera que presidía el señor Borrell nunca pudieron llegar a ese
acuerdo.
Podrán estar de acuerdo o no, pero él será el que tendrá que decir a los
agricultores por qué se oponen cuando se van a recibir con más garantías,
sin tanto trámite y, desde luego, con menos convulsiones sociales
bastante más hectómetros cúbicos de agua. A lo mejor es sólo por ese
futurible de que se va a privatizar el grifo o si el grifo va a ser
amarillo o si va a ser blanco. Si hay un tema que en esta Cámara se ha
dejado claro por el Gobierno, entre otros, ha sido el de la política del
agua.
Hay una moción aprobada en el debate del Estado de las Autonomías
prefijando los trámites de cómo se va a hacer todo. Comprendo que cada
uno es muy prisionero de sus complejos y que es lógico que en estos
momentos, ante la ausencia de estigmas necesarios para realizar
oposición, tengan que colgarse de cualquier aro, pero éste es un aro que
le sugiero se quite, porque usted sabe que no es bueno, ni es bueno para
los intereses de su Comunidad ni para los intereses de España.
Le recomendaría que profundizara en los acuerdos y, desde luego, en
encontrar temas de oposición, de lo que, sin duda, ustedes son capaces.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Esteban Albert.
Terminado el debate, vamos a dar comienzo a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 92; en contra, 121; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE REALICE LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA APOYAR LA
DECLARACION, POR PARTE DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), DE LAS CIUDADES DE OVIEDO
(ASTURIAS) Y ALCALA DE HENARES (MADRID) COMO PATRIMONIO MUNDIAL.
(662/000064.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Mociones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que realice las gestiones oportunas para apoyar la
declaración, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de las ciudades de Oviedo
(Asturias) y Alcalá de Henares (Madrid) como patrimonio mundial.
¿Turno a favor? (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador
Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, me cabe el honor, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular del Senado, de defender y pedir el apoyo a la
Cámara para la declaración de las ciudades de Oviedo y de Alcalá de
Henares como patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Estaba previsto que la defensa referida a Alcalá de Henares la hiciera
nuestro Senador del Grupo Parlamentario Popular, don Luis María Huete,
pero, por decisión de la Mesa y Junta de Portavoces, al ir incluidas en
la misma moción --insisto-- tengo el honor de defender ambas y, además,
hacerlo con el acompañamiento de sus señorías y con el acompañamiento muy
especial de los dos Alcaldes, tanto de la ciudad de Oviedo, Gabino de
Lorenzo, como de Alcalá de Henares, don Bartolomé González, los cuales se
encuentran en la tribuna de invitados.
La ciudad de Oviedo presenta un conjunto arquitectónico de primer orden
dentro del rico patrimonio histórico y artístico español.
Por otra parte, su valor intrínseco se ha visto incrementado en los
últimos años, gracias a una esmerada política de conservación, cuyos
frutos son hoy evidentes para cualquier observador. Oviedo es una ciudad
única en Europa, concebida como modelo urbano fosilizado desde su
fundación, como plan regio de diseño urbanístico. Una pequeña monarquía
que rigió los destinos del «Remotu Astorum Regnum» decidió escoger una
ubicación en la que no existía tradición urbana para fundar un espacio
regio, una ciudad modélica, que había de servir de espejo para muchas
fundaciones posteriores de la Europa altomedieval.
La presencia en sus límites geográficos de seis joyas del patrimonio
universal, como son la Cámara Santa, San Tirso, Foncalada, Santullano,
Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo son claramente objetos
venerables de una cultura histórica que se va plasmando en la
materialidad de las piedras, como símbolo de dos cosas; como símbolo
de la actividad social-económica y como símbolo también social, cultural,
filosófico, religioso, etcétera.
Hay que señalar también que en el interior de estos lugares se encuentran
piezas únicas en la historia: la Cruz de los Angeles, la Cruz de la
Victoria, el díptico bizantino, la Caja de las Agatas, el Arca de las
Reliquias, la Arqueta Eucarística del Obispo Aries, el Cristo Nicodemus.
Saliendo de las piezas de joyería o de orfebrería, está nada menos el
Libro de los Testamentos, que podría calificar de joya bibliográfica.
Todo ello conforma, a nuestro juicio, elementos materiales y culturales
muy notables. Señorías, todos éstos son méritos suficientes para que la
capital del Principado pueda optar, como otras ciudades españolas, a la
consideración del patrimonio de la humanidad otorgado por la Unesco.
Las primeras iniciativas en este sentido ya se han puesto en marcha. El
pasado 7 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó iniciar el
expediente de solicitud a la Unesco. El 4 de abril del presente año, el
Pleno de la Junta General del Principado se sumó a esta iniciativa
apoyando por unanimidad esta propuesta.
Para nosotros, señoría, y para quien les habla --ovetense, asturiano-- lo
que representa la declaración de Oviedo como ciudad patrimonio de la
humanidad es tremendamente importante y significativo. Oviedo es una
ciudad que en los últimos años ha sufrido una profunda transformación,
ampliamente valorada por quienes desde otras provincias y regiones
españolas visitan esta ciudad. Yo creo que en un planteamiento objetivo y
realista, quienes la visitan salen con esa idea clara de que no le
resulta ajena esta petición, incluso las razones histórico culturales
como las que acabo de exponer son suficientes para considerar que con el
apoyo, entre otros del Senado, pueda instarse al Gobierno a que haga las
gestiones oportunas para que, a través de la Unesco, la ciudad de Oviedo
pueda ser considerada patrimonio de la humanidad.
Y junto a ella, me cabe también el honor de presentar ante sus señorías
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que Alcalá de Henares
pueda ser también incluida, instando al Gobierno para que haga las
gestiones oportunas para que pueda ser declarada patrimonio de la
humanidad.
Alcalá de Henares es claramente una ciudad emblemática de la Comunidad
Autónoma de Madrid, pero es, por encima de todo, una ciudad de todos; la
prueba es la reciente concesión del prestigioso premio «Europa Nostra»
por la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural.
La petición que hoy se presenta ante el Pleno del Senado, como Cámara
territorial, ya ha sido avalada anteriormente y por unanimidad por la
Universidad de Alcalá, por el Ayuntamiento de Alcalá, por el Consejo de
Gobierno de Madrid y por la Asamblea de Madrid. La prensa local, «El
Diario de Alcalá», publicó un manifiesto en favor de la declaración de la
ciudad como patrimonio de la humanidad, al que se han adherido numerosas
instituciones públicas y privadas de las que posteriormente y en el turno
de portavoces tendremos ocasión de darles cuenta.
Alcalá, señorías, es ya un conjunto histórico-artístico con sus muestras
de arte, que abarcan desde el romano hasta el barroco tardío; Alcalá
tiene el corral de comedias más antiguo del mundo, que es el Teatro
Cervantes; Alcalá tendrá próximamente el Museo Arqueológico Regional en
el Convento de la Madre de Dios; Alcalá es ciudad del saber, con su
Universidad, cuya primera piedra puesta por el Cardenal Cisneros data del
año 1499; Alcalá es, en fin, señorías, la cuna de Cervantes, del
Arcipreste de Hita y de la reina Catalina de Inglaterra; en ella se
imprime la Biblia Políglota y la Gramática castellana de Nebrija; en
Alcalá conviven en paz durante siglos las tres culturas: árabe, judía y
cristiana; en Alcalá enseñan Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca,
San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz; en Alcalá se despide
Cristóbal Colón de la reina Isabel la Católica antes de emprender el
viaje al descubrimiento. Son muchos, por tanto, señorías, los méritos de
Alcalá. Sólo hoy hacemos referencia a algunos de los muchos esfuerzos,
por otra parte, de años, como ciudad difusora de la cultura.
Por eso, y para finalizar, pido al pleno de la Cámara el pronunciamiento
favorable para que, teniendo en cuenta todos y cada uno de los motivos
que acabo de exponer, tanto para la ciudad de Oviedo como para la ciudad
de Alcalá, el Senado inste al Gobierno a que realice las gestiones
oportunas para apoyar la declaración por parte de la Unesco de las
ciudades de Oviedo y Alcalá de Henares como patrimonio de la humanidad.
Sólo me resta agradecer el esfuerzo que los alcaldes de Oviedo, Gabino de
Lorenzo, y de Alcalá, Bartolomé González, están haciendo desde su trabajo
público de dedicación y de entrega por estas ciudades para que puedan ser
consideradas como reliquia entre las principales ciudades del mundo,
cuestión por la que estamos trabajando y a buen seguro que con su ayuda
podremos llegar a conseguirlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra
el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, las dos ciudades
que nos trae aquí hoy en esta moción el Grupo Parlamentario Popular, con
méritos distintos, son merecedoras de la propuesta que hacemos para que
sean patrimonio de la humanidad. Así lo han entendido todos los grupos
políticos, tanto en Alcalá de Henares como en la Comunidad de Madrid en
lo que respecta a Alcalá, y no tengo duda alguna de que igual ha sucedido
en Oviedo.
Por tanto, como miembro de Izquierda Unida y Senador por la Comunidad de
Madrid, hago mías todas las palabras que ha pronunciado el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Oviedo, la vetusta, la vieja ciudad no
solamente es rica en sus aspectos monumentales, sino también ha inspirado
a grandes literatos de nuestra época, como Leopoldo
Alas, como Dolores Medio, inspirándose en una ciudad emblemática, de unas
características especiales, como es la ciudad de Oviedo.
Alcalá de Henares era mucho más que Madrid antes de ser Madrid. Si
hablamos de Madrid, que tiene lógicamente ciudades importantes, Alcalá de
Henares rebasa no solamente a la ciudad de Madrid sino a muchas ciudades
incluso de Castilla --y Castilla tiene ciudades también enormemente
emblemáticas y no se trata de desmerecer ninguna.
Indudablemente, estas dos ciudades tienen el mérito suficiente y por ello
estamos convencidos de que con la propuesta unánime de toda la Cámara,
como ha sucedido en los debates que ha habido en las distintas
Comunidades Autónomas --en el caso de la Comunidad de Madrid así ha
sido--, sin reticencia alguna conseguiremos el objetivo de que estas dos
ciudades sean patrimonio histórico de la humanidad que es, en definitiva,
el reconocimiento a los méritos y la grandeza de nuestro país en su
conjunto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no es fácil resistirse a la vehemencia, a la ilustración, a la
convicción y a la fe con que nos ha dirigido su palabra desde esta
tribuna el Senador don Isidro Fernández Rozada. La verdad es que resulta
aún tanto más difícil cuando tantas veces hemos tenido que deplorar
enérgicamente la destrucción, inclusive llevada a cabo deliberada y
sistemáticamente, de una buena e insustituible parte del patrimonio
histórico, tal como si de un culto pernicioso a la desidia y a la
indiferencia se tratara.
Este tipo de mociones, a mi entender, tiene la virtud de elevar el ánimo
de uno y hacerle sentirse más amigo de esta sociedad y más cómodo dentro
de la misma. Tal vez sea porque el arte sea indisoluble con el hombre,
por lo menos es así como nosotros lo confesamos. Por tanto, señorías, no
será este Senador ni el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, al que
represento, quienes vayan a oponerse a los fines que propugna esta moción
de hoy. No será este Senador quien cometa la osadía de cuestionar la
riqueza y el valor del patrimonio histórico, artístico y cultural que se
conserva y se manifiesta dentro del conjunto arquitectónico respectivo de
las ciudades de Oviedo y de Alcalá de Henares, cuyas realidades motivan,
justificativamente, sin duda, el merecimiento debido para que la Unesco
declare a ambas como ciudad patrimonio mundial. Es un deber de
conciencia, señorías, y sin duda un deber de conciencia que ha de ser
obligatoriamente compartido por toda la ciudadanía y por todas las
administraciones públicas, tutelar con sabiduría y con el máximo de
eficiencia el patrimonio histórico y cultural que nos han legado nuestros
mayores como testigo cualificado de sus expresiones más profundas.
Al hilo de este debate, cabe decir que en modo alguno nos es lícito
proceder con desidia y abandono en relación a aquellos monumentos, a
aquellas obras arquitectónicas o de arte mayor con las que han sido
escritas las más bellas páginas de la historia de la humanidad. Su
conservación, señorías, ha de ser tenida en cuenta y sabiamente protegida
en todo momento ante los daños, siempre irreversibles, que pueden
infringirse al patrimonio histórico con una planificación, con un
desarrollo y con un turismo anárquicos y especulativamente concebidos, de
lo que, lamentablemente, se han dado abundantes muestras a lo largo de
los tiempos, algunos de ellos no tan lejanos.
Por ello, señorías, según nos hemos ya manifestado, la presente moción
nos parece oportuna y óptima, de ahí que felicitemos a sus autores;
moción a la que nuestro Grupo apoyará incondicionalmente, aunque no sea
más que por actuar sobre lo que existe en Oviedo y en Alcalá de Henares,
es decir, por saber lo que se quiere y elegir lo que se quiere; en este
caso, sin duda alguna, se trata de elegir lo bueno y lo hermoso.
Sinceramente, ello nos hace sentir mejor y perseguir la calidad
reconocida para ambas ciudades a las que felicitamos por el largo e
intenso esfuerzo desarrollado y a las que deseamos lleguen al zenit de
sus aspiraciones, viéndose reconocidas y declaradas por la Unesco con el
título de Ciudad-Patrimonio Mundial. Y como los señores Alcaldes de
Oviedo y de Alcalá de Henares nos están honrando hoy aquí con su
presencia, aprovecho la oportunidad para felicitarles y agradecerles su
labor y para transmitirles a ambos los mejores deseos y el saludo cordial
de este Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para expresar el total apoyo de nuestro
Grupo parlamentario a la iniciativa que tan brillantemente ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular y defendido tan apasionadamente el Senador
Isidro Fernández. Felicitamos, sobre todo, a las ciudades de Oviedo y
Alcalá de Henares --saludamos también, en nombre de nuestro Grupo, a sus
Alcaldes que nos honran con su presencia hoy aquí-- por la esmerada
política de conservación del patrimonio de la que han sido objeto en los
últimos años esas ciudades según se explica en la Exposición de Motivos.
Les felicito, de nuevo, y deseo que su ejemplo sirva para todas las
ciudades del Estado --para las que no lo hagan todavía.
Tal política de conservación --cuanto más esmerada sea mejor-- debiera
ser obligación de todos los gobiernos, dada la enorme responsabilidad que
tenemos de traspasar a nuestros hijos, a las generaciones futuras, los
testimonios de nuestra historia con la máxima prestancia posible. El
respeto de nuestro patrimonio forma parte de una filosofía, de una
concepción del mundo. El respeto del patrimonio es ni más ni menos que un
deber moral. Por lo tanto, cuantas iniciativas animen y ayuden a caminar
en esa dirección recibirán el aplauso de nuestro Grupo.
Expresamos, pues, nuestro deseo de que las ciudades de Oviedo y Alcalá de
Henares, cuya riqueza patrimonial constituye un orgullo colectivo, puedan
pronto añadirse a las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Esperamos, también, que se acaben pronto los trámites que en el mismo
sentido aprobó el Senado en el año 1995 para que fuese declarada
Patrimonio de la Humanidad la ciudad de Tarragona.
Efectuados los anteriores pronunciamientos y deseos, quisiera añadir una
observación final. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue actualmente en
la Unesco para que un bien sea declarado patrimonio de la humanidad? Hay
un organismo oficial en cada Estado, en este caso el Consejo Nacional del
Patrimonio Histórico Español, presidido por el Director General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y formado por representantes de todas las
Comunidades. Previa a la reunión del Plenario de tal Consejo Nacional hay
distintos grupos de trabajo que estudian determinadas opciones --las que
se presenten-- y, atendiendo a las directrices de la Unesco, redactan
«rapports» y comentarios para que el Consejo Nacional decida qué
propuesta final presenta España.
Parece pues, señor Presidente, que tal mecanismo, a través de un
organismo en el que están representados los distintos territorios del
Estado, es suficientemente objetivo y serio para estar tranquilos
respecto a que la propuesta resultante tendrá todas las posibilidades
para que la Unesco la contemple con el máximo interés, cosa que deseamos
fervientemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lissavetzky Díez.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Empiezo mi intervención diciendo que la posición del Grupo Parlamentario
Socialista va a ser favorable a la moción presentada por el Senador
Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular.
Quizá puede resultar extraño que un Senador de apellido Lissavetzky venga
a defender dos ciudades como Alcalá de Henares y Oviedo, pero, en
cualquier caso, soy madrileño, soy Senador por la Comunidad de Madrid y,
además, tengo sangre asturiana en mis venas, puesto que mi madre nació en
esta bella región de nuestro país. He consultado, lógicamente, con los
Senadores asturianos del Grupo Parlamentario Socialista y, entre todos,
me han permitido participar en esta moción, afirmando este voto favorable
a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Quiero aprovechar también la ocasión para saludar la presencia aquí de
los alcaldes de Alcalá de Henares y de Oviedo.
La razón del voto afirmativo del Grupo Parlamentario Socialista reside
fundamentalmente en que se trata de una propuesta en la que, a mi modo de
ver, se sintetizan dos factores: En primer lugar, el valor histórico y
monumental de ambas ciudades. Oviedo y Alcalá de Henares son dos entornos
urbanos fuertemente vinculados a la historia de España y a la de Europa.
En segundo lugar, por las políticas de rehabilitación y restauración
desarrolladas en los últimos años por las administraciones democráticas,
ya sea estatal, autonómica o local, de uno u otro partido, que han
propiciado la recuperación de un patrimonio arquitectónico y urbano que
el tiempo y la desidia habían deteriorado.
A esos dos factores yo añadiría uno de suma importancia, que es común a
ambas ciudades y que no está directamente vinculado a su valor
monumental. Se trata de dos ciudades universitarias, cuyo papel en la
evolución de la cultura española ha sido determinante. La Universidad de
Oviedo desempeñó, entre otros, un papel esencial en la España
regeneracionista como impulsora de la Institución Libre de Enseñanza. La
Universidad de Alcalá de Henares, tardíamente restituida, ha adquirido en
los últimos años una solidez incuestionable, impregnando a la ciudad de
ese clima universitario que tanto impulso suele dar a las ciudades con
una larga tradición cultural.
De igual modo, Oviedo y Alcalá han quedado inmortalizadas en la mejor
literatura en lengua castellana. Oviedo es inseparable de la Vetusta que
nos mostró Clarín en «La Regenta» y Alcalá está íntimamente vinculada al
nacimiento y la expansión de nuestra lengua. Allí se imprimió la Biblia
Políglota Complutense y la Gramática Castellana de Nebrija. Es cuna de
Cervantes, precisamente este año se celebra el 450 aniversario de su
nacimiento, y fue una de nuestras primeras ciudades universitarias.
En lo que se refiere a patrimonio histórico-artístico, ambas ciudades
pueden perfectamente equipararse a cualquiera de las 20 ciudades europeas
o de las siete españolas que ya ostentan este título.
En Alcalá de Henares contamos con edificios y entornos urbanos que forman
parte de lo mejor de nuestro Patrimonio. El pequeño Teatro Cervantes, la
Universidad y la Villa Universitaria, el casco viejo, el Convento de la
Madre de Dios, los restos de la vieja ciudad de Complutum, configuran un
conjunto monumental que abarca una dilatada etapa histórica.
En Oviedo tenemos también otro conjunto monumental del máximo nivel que
ya ha descrito sobradamente el Senador Fernández Rozada. Desde la
Catedral, con el Panteón de los Reyes, hasta la Universidad del Siglo
XVI, pasando por las iglesias de San Tirso, de San Isidoro, Santa María
de la Vega y muy especialmente la arquitectura prerrománica de San Miguel
de Lillo, de Santa María del Naranco o de San Julián de los Prados.
Todas ellas son razones más que sobradas para solicitar a la Unesco la
declaración de ciudades patrimonio mundial. Pero si éstas no bastaran,
hay otra que es, a nuestro juicio, fundamental y que se deriva de la
solicitud que, basada en todo cuanto he expuesto, han presentado, por un
lado, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo por unanimidad
y el Parlamento regional de Asturias y, por otro, la materialización de
un convenio entre la Universidad de Alcalá de Henares y el Ayuntamiento
de esa localidad, cuya culminación fue una proposición no de ley
respaldada de modo unánime por la Asamblea de Madrid, que además recogía
el deseo de 120 asociaciones de todo tipo, después de una buena campaña
del «Diario de Alcalá», como aquí se ha citado, así como del acuerdo de
la Federación Madrileña de Municipios y de más de una decena de
instituciones culturales.
Por todo ello, el Senado con esta moción, si se aprueba, expresará no
sólo la opinión de los grupos parlamentarios, sino la voluntad de los
ciudadanos de Alcalá y de Oviedo, de la Comunidad de Madrid y del
Principado. El Grupo Parlamentario Socialista se hace portavoz de sus
demandas y anuncia su voto favorable a la moción y su deseo de que se
haga realidad lo antes posible.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Lissavetzky Díez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Huete
Morillo.
El señor HUETE MORILLO: Señor Presidente, señorías, cumplo con el deber y
el honor de intervenir en el turno de portavoces en representación del
Grupo Parlamentario Popular en mi triple condición de Senador por la
Comunidad Autónoma de Madrid, Diputado autonómico y municipalista cien
por cien convencido, como ayer se dijo en la Comisión de Comunidades
Autónomas.
La moción que acaba de presentar mi compañero Isidro Fernández Rozada
viene a esta Cámara por ser el Senado la Cámara territorial y no ser
ajena a las peticiones de la vida local. Por ello instamos al Gobierno de
la nación, como ya se ha hecho en otras legislaturas y hoy se ha
recordado, a que a través del Ministerio de Educación y Cultura presente
ante la Unesco la declaración de las ciudades de Oviedo y de Alcalá de
Henares como patrimonio de la humanidad.
En este turno de portavoces poco me queda que añadir a todo lo bueno que
han expresado los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra.
Gracias a todos ellos de verdad. Pero me van a permitir, para evitar
repeticiones, que no enumere los muchos méritos de las dos ciudades,
Alcalá y Oviedo, que ya ha expuesto en parte mi compañero Fernández
Rozada, con esa vehemencia que le caracteriza y con esa convicción
interna.
Proclamo que me siento de corazón identificado con las dos ciudades,
tanto personalmente como miembro del Grupo Parlamentario Popular, y
saludo con respeto a los señores alcaldes que hoy nos acompañan en la
tribuna. Oviedo es una ciudad única en Europa por su ubicación
sorprendente, es un espacio regio, es una ciudad modélica. Alcalá es la
ciudad del saber, y con eso se dice todo; es la ciudad de la paz, donde
han convivido durante siglos las tres culturas árabe, judía y cristiana.
Además, señorías, se han recibido, como ha dicho el Senador Lissavetzky,
numerosas adhesiones a través de la Complutense de Alcalá de Henares y
del propio diario local de Alcalá de Henares para apoyar la petición de
Alcalá en su cita próxima con la Unesco.
Así, quiero dar mi agradecimiento desde esta tribuna, para que quede
constancia en el «Diario de Sesiones», a la Real Academia de Cultura de
Valencia, a la Diputación de Lérida, al Centro de Estudios Salmantinos,
al Ateneo de Menorca, al Museo de Pontevedra, a la Diputación de Zamora,
a la Diputación de Albacete, al Gobierno balear, al Instituto de Estudios
Vigueses, al Presidente de la Diputación de Ciudad Real, al Centro de
Estudios Extremeños de la Diputación de Badajoz y al Instituto de
Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel.
Y nada más, señorías, gracias, de verdad, a todos los grupos por el apoyo
recibido y nuestra enhorabuena a los vecinos de las ciudades de Oviedo y
Alcalá y a sus alcaldes y al propio Senado por la plena unanimidad
alcanzada esta tarde en esta moción.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huete
Morillo.
Oídas las diversas intervenciones, pregunto a los grupos si se puede
votar por asentimiento esta moción. (Pausa.) Así es y así consta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
IMPULSAR EL TRASPASO DE MEDIOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS EN FAVOR DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HAN ACCEDIDO A DICHA COMPETENCIA CON LA REFORMA
DE SUS ESTATUTOS. (662/000065.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente moción es la que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno a impulsar el traspaso de medios y servicios educativos en favor
de las Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia con la
reforma de sus Estatutos.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el señor De la Plata.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó el día 13 de marzo,
en el debate sobre el Estado de las Autonomías, una serie de mociones,
entre cuyos párrafos me van a permitir que elija dos como introducción a
mi intervención. En uno de ellos, y como propuesta, se pedía un gran
pacto de Estado político e institucional para tratar, entre otros
asuntos, la ampliación competencial de los Estatutos de Autonomía
aprobados de conformidad con el artículo 143 de la Constitución Española.
En otro, y en moción diferente, se decía: En educación, se impulsará el
traspaso de medios y servicios en favor de las Comunidades
Autónomas que han accedido a dicha competencia en la reforma de los
Estatutos, garantizando los fondos necesarios para la efectiva puesta en
marcha de las medidas contempladas en la Ley General del Sistema
Educativo, tanto en inversión como en gasto corriente de acuerdo con las
solicitudes expresadas por los respectivos gobiernos y parlamentos
autonómicos, asegurando la prestación de los servicios básicos en todo el
territorio.
Esta moción que hoy se plantea pretende, partiendo sin duda del común
interés de todos los grupos de la Cámara hacia el tema educativo y de la
sensibilidad que despierta en cada una de sus señorías el llevar a buen
puerto el desarrollo y cumplimiento de objetivos de la Ley 1, de 3 de
octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, pretende,
como digo, aunar voluntades y trasladar al Gobierno de España la
necesidad de un esfuerzo colectivo y añadido para que el traspaso de
competencias en esta materia sea el adecuado y se produzca en las mejores
circunstancias.
Partiendo de la idea constitucional del artículo 27 de que todos tienen
el derecho a la educación, cuyo objeto será el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, y de que este
derecho será garantizado por los poderes públicos a través de una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos
los sectores afectados y la creación de centros docentes, no se trata de
analizar aquí la política educativa que este Gobierno, y en este momento,
está llevando a cabo, sino, muy al contrario, de apostar por un apoyo
decidido y decisivo al proceso en el que nos encontramos para, como dice
el preámbulo de la Ley, propiciar su prestación --se refiere a educación
y formación-- más prolongada y para un mayor número de ciudadanos,
promoviendo mejoras para garantizar su calidad.
En el preámbulo se dice que la Constitución ha encomendado a los poderes
públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que
el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de libertad e
igualdad, entendiéndose como derecho social básico y de cuya conquista
todos los demócratas debemos sentirnos orgullosos.
Todas estas referencias, que, sin duda, comparten sus señorías, avalan y
justifican esta iniciativa. Esta, y el propósito del Gobierno, anunciado
en reiteradas ocasiones, de finalizar antes del 1 de enero de 1998 el
proceso de traspaso efectivo de las competencias educativas de nivel no
universitario, de modo que las Comunidades Autónomas afectadas puedan
ejercerlas de conformidad con sus Estatutos y leyes orgánicas
concordantes.
En el marco del artículo 81.1 de la Constitución, y considerando como
orgánicas, entre otras, las leyes relativas, además de al desarrollo de
derechos fundamentales y de libertades públicas, las que aprueben los
Estatutos de Autonomía, la Ley 9, de 23 de diciembre de 1992, sobre
transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron
a la autonomía por esta vía, transfiere a 10 Comunidades la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Dicha
competencia es asumida en los diferentes Estatutos de Autonomía y en las
respectivas leyes orgánicas de reforma aprobadas en fechas posteriores.
Por tanto, el Estado y, en su nombre, el Gobierno, está administrando
competencias que están transferidas y, como buen administrador, debe
entregarlas en las mejores condiciones.
Es en la exposición de motivos, punto cuatro, de la Ley Orgánica
anteriormente mencionada, donde se establece que será en el seno de las
Comisiones Mixtas Gobierno central-Gobiernos autonómicos donde se
produzcan los oportunos acuerdos que determinarán los medidos materiales
y personales que hayan de ser objeto de traspaso para la efectividad del
ejercicio de las competencias y, más concretamente, en materia de
educación; la adecuación de calendarios a los compromisos establecidos
para implantar la reforma educativa aprobada por las Cortes; los plazos
en ella previstos para los diferentes niveles educativos, así como los
específicos mecanismos de financiación contemplados para su realización.
En los diferentes foros de Consejeros de Educación que ha habido
--Murcia, Pamplona-- entre otros temas se ha hablado de las
transferencias educativas en el nivel no universitario. Se hace hincapié
en un modelo educativo común pactado y aceptado por todas las Comunidades
Autónomas, el modelo planteado por la Logse, y para el análisis del costo
económico de dichas transferencias se debe tener en cuenta, como
objetivo, el acercamiento de los costes medios por escolar. Se exige un
plan de financiación que contemple el criterio de población en edad
escolar, así como los déficit en inversiones y dotaciones, además de
algún otro factor que analizaremos más adelante.
Esta inquietud o preocupación, señorías, es, sin duda, motivo para pedir
de todos los grupos políticos un mayor esfuerzo de consenso para
trasladar de forma nítida y unánime al Gobierno la necesidad de hacer un
traspaso riguroso, donde se contemplen las carencias y particularidades
de cada Comunidad, sin detrimento de criterios objetivos que hagan
posible un acuerdo que, aunque a nadie se le escapa su dificultad, debe
atenerse a los principios de cooperación y solidaridad.
Señor Presidente, señorías, la Ley de Reforma Educativa, en el nivel de
enseñanza primaria y, sobre todo, en secundaria, lleva consigo un
requisito imprescindible de construcción de nuevos centros, así como de
adecuación y mejora de los existentes. Servicios complementarios como
transporte o comedor, aumento de recursos humanos en muchos casos,
reforzar el papel de los equipos directivos, extender la evaluación del
funcionamiento de los centros, e ilusionar e incentivar a los profesores
ante las dificultades. Estamos hablando de educación de adultos, de
formación del profesorado y de educación compensatoria además de hablar
de otros programas que se están desarrollando en la actualidad. Por
tanto, se exige un importante esfuerzo presupuestario que, a juicio del
Grupo Parlamentario Socialista, y me imagino que del resto de los grupos,
la sociedad española, sus hombres y mujeres está dispuesta a seguir
manteniendo.
Todos hemos apostado por la educación como instrumento para avanzar en la
lucha contra la discriminación y la desigualdad, y en aras a conseguir
este objetivo debemos estar atentos especialmente a las zonas más
desprotegidas, más castigadas históricamente por el aislamiento, por el
paro y por la marginación, a los sectores que más necesitan de nuestra
generosidad colectiva por justicia. Se han producido importantes avances
en la igualdad de oportunidades, pero la materialización de este objetivo
sigue sufriendo grandes retrasos.
Señorías, importante es el factor población a la hora de hacer una
planificación educativa, pero no menos importante puede ser la dispersión
del alumnado y los esfuerzos añadidos que ésta requiere. Se habla en el
presupuesto de educación para este año 1997 de un aumento del 0,7 por
ciento respecto al gasto real disponible en 1996 en el mejor de los
casos. No es éste nuestro dato, pero dándolo por válido, hay que decir
que hay Comunidades con un incremento superior al 10 por ciento, siendo
un 4 por ciento en el peor de los casos la media del aumento
presupuestario en las Comunidades Autónomas que gestionan las
competencias transferidas de educación. No debemos permitir que queden
rezagadas las Comunidades Autónomas cuya administración educativa
gestiona el Gobierno si nuestro objetivo es igualar el nivel de calidad
en el servicio educativo a todos los ciudadanos y ciudadanas de España.
Al margen de las valoraciones que nuestro Grupo Parlamentario hace sobre
la disminución presupuestaria en determinadas partidas, o del diferente
concepto que respecto a la escuela pública mantiene con el Gobierno en
decisiones como el aumento en gastos destinados a conciertos en enseñanza
primaria y secundaria, o incluso al margen de la posibilidad de que un
centro pueda puntuar a los alumnos que solicitan el ingreso o la admisión
con puntos graciables, al margen de directrices o normativas que permiten
el aumento de la ratio profesor-alumno en momentos en los que el
Ministerio de Educación y Cultura ha cifrado la disminución en 166.000
alumnos --80.000 en territorio MEC-- como consecuencia del descenso de la
natalidad y ha cifrado un incremento del profesorado en 2.400 profesores
en territorio MEC, al margen, como digo, de estas diferencias, valoramos
positivamente rectificaciones en el aumento de partidas en programas como
los de garantía social o incluso en el plan de inversiones, cifrado por
la señora Ministra en la Comisión de Educación y Cultura de esta misma
Cámara hace pocos días en 33.570 millones para centros públicos
destinados a la ampliación, mejora y modernización de la red de centros
en las diez Comunidades Autónomas que nos ocupan.
Señorías, en la actualidad la sociedad vive en la incertidumbre con los
cambios que se van produciendo anticipando ya el próximo siglo y el
próximo milenio. Tenemos un reto importante en la implantación de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo. Es un proceso apasionante el
desarrollo de sus objetivos ya que, como se dice en su Preámbulo, la
madurez de las sociedades se deriva en muy buena medida de su capacidad
para integrar, a partir de la educación, y con el concurso de la misma,
las dimensiones individual y comunitaria. Igualmente se dice: En la
educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida
en sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades
fundamentales; se adquieren los hábitos de convivencia democrática y de
respeto mutuo y se prepara para la participación responsable en las
distintas actividades e instancias sociales. Este proceso sí es
histórico, señorías, ya que son nuestros niños y nuestros jóvenes los
grandes receptores de esas decisiones, decisiones que hacen futuro.
En esta línea, y con el objetivo de conseguir el mayor grado posible de
consenso, agradeciendo de antemano el apoyo y el interés de los
diferentes grupos parlamentarios que el Grupo Parlamentario Socialista
solicita de sus señorías, se presenta esta moción instando al Gobierno a
impulsar el traspaso de medios y servicios educativos en favor de las
Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia con la reforma
de sus Estatutos, alcanzando un acuerdo que garantice los fondos
necesarios, tanto en inversiones como en gasto corriente, para la
efectiva puesta en marcha y pleno desarrollo de las medidas contempladas
en la Logse y asegurando la prestación de los servicios básicos en todo
el territorio con niveles análogos de calidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador De la
Plata Rodríguez.
Ha llegado a esta Mesa una enmienda transaccional presentada por todos
los grupos. Se considera, por tanto, asumida por todos ellos y podríamos
pasar al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente, seré breve en mi
posicionamiento.
En primer lugar tengo que decir que me alegro de que la enmienda
transaccional esté suscrita por todos los grupos y, por lo tanto, nuestro
apoyo es inequívoco. Por ello solamente voy a hacer un par de
consideraciones que me parecen del mayor interés ahora mismo.
El problema del que tratamos es precisamente el que tienen aquellas
Comunidades que no tienen transferidas las competencias de educación y el
gran dilema que se nos presenta puede ser tramposo, digámoslo así, si no
lo abordamos bien, pero es difícil hacerlo bien puesto que la política
educativa del Gobierno lo que está intentando --y quiero dejar constancia
de esto aunque aparentemente no tenga nada que ver con la moción-- es
desviar fondos a la iniciativa privada en el tema educativo y
liberándolos de los públicos. En definitiva, se trata de que a la hora de
hacer el traspaso de las competencias se cuantifique económicamente,
porque lo que se está haciendo --o al menos ésa es la impresión que
nosotros tenemos desde la Comunidad de Madrid-- es que en la valoración
del traspaso de las competencias hay aproximadamente unos 10.000 millones
de pesetas en juego, es decir, que se trasvasan los servicios pero no la
cantidad suficiente.
Por todo ello nosotros creemos que es importante, aunque no sea
suficiente, que aquí, en el Senado, sepamos exactamente qué competencias
son las que se transfieren y qué cantidades, porque aquí es donde va a
haber problemas, como de hecho ya los está habiendo, e incluso muchas
Comunidades Autónomas se están planteando si aceptar las transferencias
tal y como se las quieren dar o no. Este es el gran dilema que tendremos
que discutir en otro marco, en otro momento, pero bienvenida sea esta
moción porque de alguna manera sitúa el tema de las transferencias de
educación en las distintas Comunidades Autónomas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera expresar, en nombre de mi Grupo, la satisfacción por
el acuerdo al que se ha llegado, con esta enmienda transaccional, a este
consenso, que me parece que es un buen augurio para la aplicación
generosa y la mayor eficacia de la Logse, porque, como decía el Senador
De la Plata, la educación es un esfuerzo colectivo y ha de ser el
adecuado.
Si alguna moción tiene motivos de satisfacción y un cariz positivo, para
mí es ésta, porque aprobaremos dos aspectos muy importantes: uno es el de
culminar un proceso de traspaso de competencias a determinadas
Comunidades, por tanto, culminar un proceso de mayor profundización de
las Autonomías y un modelo de Estado que es el nuestro. Unas Comunidades
insistirán más en la educación infantil, otras pondrán el acento en la
formación profesional, otras en la formación del profesorado, etcétera,
pero esta diversidad de acentos en cómo se entiende la educación nos
enriquece a todos, nos estimula. Creo que está muy bien que aprobemos
aquí que se culmine este proceso y está muy bien, además, que dentro de
esta primera parte del acuerdo global al que hemos llegado, se hable de
que se alcance un acuerdo que garantice los fondos, se emplee la palabra
acuerdo tan necesaria siempre en política y en la convivencia humana.
Por tanto, gran satisfacción por esta primera parte del acuerdo al que
hemos llegado y por ello felicito al Grupo Parlamentario Socialista,
proponente de la moción, que nos permite reflexionar una vez más sobre la
educación y sobre las necesidades que su aplicación representa. Esto
respecto al primer punto del acuerdo.
Segundo motivo de satisfacción es porque también se ha incluido una
reflexión sobre la necesidad de que, una vez culminado el proceso de
transferencias, el Gobierno presente a la Comisión de Educación y Cultura
del Senado un informe sobre el desarrollo y aplicación de la financiación
de la Logse en todo el Estado, porque el problema de la financiación --y
lo acaba de citar el Senador Nieto Cicuéndez-- gravita sobre todos los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Por tanto tiene el máximo interés
que haya ese estudio, ese informe, esa reflexión del Gobierno sobre cómo
piensa desarrollar y aplicar en el futuro la financiación de la Logse. Si
no hay un buen modelo de financiación, si no hay una financiación
suficiente, todo lo demás serían palabras vanas, serían buenos deseos y
no haríamos ese esfuerzo colectivo para conseguir una mejor educación.
Porque cuando se ve cómo va funcionando la Logse, y en Cataluña estamos
haciendo un esfuerzo importante en el sentido de aplicarla en su
literalidad, con la mayor amplitud posible, nos damos cuenta de que
realmente su aplicación es muy costosa, pero son unos costos que, a pesar
de ser elevados, son absolutamente necesarios y no deben ser en absoluto
recortados. La educación y la sanidad deben ser siempre objetivos
prioritarios para cualquier gobierno que esté al servicio de la sociedad
y que vele por su futuro. Eso es tan evidente, tan obvio, que no hace
falta decir más.
Hay que invertir en educación y mucho, con todo el control que se quiera,
y quizá debería haber más, con todas las evaluaciones que el sistema
quiera darse, y quizá también deberían haber más, pero nunca debemos ser
avaros en los temas educativos y en su financiación si queremos que
nuestro país progrese realmente.
Por lo tanto, nos alegramos del compromiso de nuestra Cámara para instar
al Gobierno a que nos presente un informe para poder desarrollar y
aplicar la Logse con generosidad y amplitud en todo el Estado y conseguir
entre todos --este consenso es un buen augurio-- el mejor sistema
educativo que sea posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador De la
Plata Rodríguez.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo sólo para manifestar el agradecimiento a todos los grupos
políticos, ya que la moción está más completa al venir acompañada de un
compromiso --al instar al Gobierno en este sentido-- por parte del
Gobierno a presentar un informe sobre el desarrollo y aplicación en la
financiación de la Logse en todo el Estado.
Esta moción, que finalmente va a ser aprobada por todos, reúne lo que es
el respeto a las autonomías en la gestión de las competencias educativas,
a la vez que se acepta el marco general que está ya desarrollado en la
propia Logse.
Por lo tanto, agradezco a los grupos este interés, pues al final ha sido
posible el consenso. Como decía al final de mi intervención anterior,
decisiones como ésta hacen realmente futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández
Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
al final del debate de la moción del Grupo Parlamentario Socialista se
llega con una transaccional, firmada por todos los grupos parlamentarios
de la Cámara, lo cual indica que la búsqueda del consenso --que el
portavoz socialista reclamaba en esta ocasión-- se ha conseguido y debe
destacarse.
En segundo lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hizo
referencia en su intervención a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado y no se ha referido a la enmienda
transaccional y al acuerdo que hemos alcanzado en torno al mismo. En el
turno de portavoces ha considerado positivo y, por lo tanto, ha entendido
que con eso cubre sus aspiraciones, pero como quiera que en la primera
parte de su intervención hizo referencia a la moción presentada, quisiera
referirme unos minutos a la misma y explicar las razones por las cuales
entendemos que el acuerdo final al que se llegó es mejor que el que
contenía la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Como muy bien decía el portavoz socialista, en la moción se instaba al
Gobierno a impulsar el traspaso de medios y servicios educativos a las
Comunidades Autónomas que han accedido a dicha competencia mediante la
reforma de los Estatutos y a alcanzar un acuerdo de traspasos que
garanticen los fondos necesarios para la efectiva puesta en marcha y
pleno desarrollo de las medidas contempladas en la Logse.
Respecto a la primera, señorías, procede formular las siguientes
consideraciones: en los acuerdos autonómicos de febrero de 1992,
suscritos, como saben, por el Gobierno, el Partido Popular y el Partido
Socialista, se establece que, en materia de educación, los partidos
políticos firmantes reconocen la necesidad de adecuar el calendario a los
compromisos establecidos para implantar la reforma educativa aprobada por
las Cortes Generales, los plazos en ella previstos para los diferentes
niveles educativos, así como los específicos mecanismos de financiación
contemplados para su realización. Y respecto a la financiación, se añade:
En todo caso, establecida la participación en los ingresos del Estado de
las Comunidades Autónomas para el período 1992-1996, la modificación del
porcentaje de participación derivada de la asunción de las competencias
en materia de enseñanza se producirá en el marco de la revisión del
sistema de financiación que acuerde el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, al final de este período 1992-1996.
En cumplimiento de estos acuerdos, señorías, y tras la reforma de los
Estatutos de Autonomía, el Gobierno ha considerado que, atendido el
calendario de implantación de las nuevas enseñanzas establecidas en la
disposición adicional primera de la LOGSE y normas que la desarrollan, la
fecha adecuada para el ejercicio efectivo de las competencias educativas
por parte de las Comunidades Autónomas es la del 1.º de enero de 1998. De
acuerdo con ello, el Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones la
firme decisión de que, en la fecha indicada, las Comunidades Autónomas
pasen a ejercer sus competencias educativas, previo al traspaso de
funciones y servicios correspondientes.
Sus señorías hacían referencia a este compromiso y recordarán cómo, fruto
del debate del Estado de las Autonomías, hubo una moción en este sentido
que así lo establece y, además, el propio Presidente del Gobierno se
comprometió en su discurso a que este proceso culminase el 1.º de enero
de 1998, por lo que en todas aquellas Comunidades, las diez que aún no
han accedido a las competencias educativas, como consecuencia de la
reforma de sus Estatutos, fruto de ese pacto de 1992 entre el Gobierno
socialista, el Partido Popular y el Partido Socialista, se contemplaba
esa posibilidad.
En este sentido, cabe indicar que el 7 de noviembre de 1996 tuvo lugar en
el Ministerio de Administraciones Públicas una sesión de los Ministros de
Administraciones Públicas y de Educación y Cultura con los Consejeros de
Hacienda y de Educación de las Comunidades Autónomas en la que se
expusieron con toda claridad los criterios metodológicos del proceso de
traspasos y se planteó formalmente el 1.º de enero de 1998 como fecha de
efectividad de los traspasos.
Por tanto, señorías, puede concluirse que el Gobierno ha manifestado
expresamente su decisión respecto a los traspasos en materia de enseñanza
no universitaria y ha iniciado las actuaciones necesarias para llevar a
cabo el proceso.
Respecto a la segunda parte de la moción, cabe considerar que la
valoración de los traspasos a las Comunidades Autónomas se rige por los
principios de suficiencia de recursos y equilibrio financiero que se
recogen en el Acuerdo de 15 de marzo de 1995 del Consejo de Política
Fiscal y Financiera de modificación del método para el cálculo de los
servicios transferidos a las Comunidades Autónomas. La suficiencia de
recursos para la prestación del servicio traspasado está garantizada por
la aplicación del método que acabo de citar, sin perjuicio de la
consideración de los mecanismos necesarios para conseguir la nivelación
de los servicios públicos entre los que se encuentra fundamentalmente la
enseñanza. Tales previsiones encuentran su base y garantía en el nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio
1997-2001, de tal modo que las distintas variables que inciden en la
gestión financiera del sistema educativo tienen su respuesta en la
aplicación del método y el sistema de financiación, con la garantía
necesaria para que el proceso de traspasos pueda efectuarse con las
condiciones requeridas para que las Comunidades dispongan de los medios
suficientes para gestionar el sistema escolar, de acuerdo con los niveles
básicos de prestación de servicios.
De acuerdo con lo expuesto, sus señorías podrán llegar a la conclusión a
la que hemos llegado en el Grupo Parlamentario Popular, que en atención a
estas consideraciones parece innecesaria la moción en el sentido del
texto inicial, por cuanto que acabo de dar argumentos suficientes para
ver cómo el Gobierno está cumpliendo escrupulosamente
con todos los requisitos de compromiso con la enseñanza no universitaria.
No obstante, y teniendo en cuenta la voluntad de consenso y de acuerdo de
todos los grupos políticos, nosotros entendemos que nada tenemos que
ocultar y que, sin necesidad de pedir, como se pedía en la moción
socialista, que el Pleno del Senado inste al Gobierno a impulsar el
traspaso, toda vez que este impulso se viene dando desde hace tiempo, nos
parece bien llegar a una transacción que permita hablar, más que de
impulsar, de culminar ese traspaso, cuyo compromiso político está
precisamente fechado para el 1 de enero de 1998.
Ante las peticiones razonables de Convergència i Unió, a través del
Senador Varela, para que, de alguna forma, se contemple en el futuro la
posibilidad de conocer los recursos financieros, de acuerdo con un
estudio previo en todo el territorio español, hecho tanto para las
Comunidades tradicionalmente conocidas como históricas, que ya tienen
asumidas las competencias, como para aquellas Comunidades que, como
consecuencia de la reforma de sus estatutos, van a acceder próximamente a
esas competencias, y, tal y como dice la propia enmienda transaccional,
se ha de comprometer el Gobierno, una vez culminado el proceso de
transferencias educativas, a presentar ante la Comisión de Educación y
Cultura del Senado un informe sobre el desarrollo y aplicación de la
financiación de la Logse en todo el Estado. Por tanto, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular no puede tener mayor voluntad de acuerdo que el que
quieren todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Fernández Rozada,
termine.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Termino, señor Presidente.
Hemos sido en esta Cámara fuertemente defensores de un sistema educativo
distinto y, sin embargo, nos hemos comprometido al cumplimiento y
desarrollo de la Logse hasta culminar ese proceso, y creo, señorías, que
el actual Gobierno lo está cumpliendo perfectamente. Confío no sólo en la
culminación del proceso de transferencias, sino también en que los
niveles de calidad y los recursos para garantizar los mismos en los
tramos educativos no universitarios puedan ser una realidad, y confío
plenamente, como no puede ser de otra forma, en que una vez culminado ese
proceso, el Gobierno presente ante la Comisión de Educación y Cultura de
esta Cámara, por excelencia territorial, el informe que se solicita en
esta enmienda transaccional pedida por todos los Grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Entiendo que se puede proponer que sea aprobada por asentimiento.
(Pausa.)
Muchas gracias, así es y así consta.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE SE PROCEDA, PREVIOS LOS
TRAMITES, NEGOCIACIONES Y ACUERDOS OPORTUNOS, A CEDER EN PROPIEDAD A LAS
COOPERATIVAS ARROCERAS DEL ENTORNO DEL DELTA DEL EBRO EL PATRIMONIO
PROVENIENTE DE LA EXTINGUIDA FEDERACION DE AGRICULTORES ARROCEROS QUE
AHORA TIENEN EN REGIMEN DE USUFRUCTO. (662/000062.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación a la
siguiente moción, que es la que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno para
que se proceda, previos los trámites, negociaciones y acuerdos oportunos,
a ceder en propiedad a las cooperativas arroceras del entorno del delta
del Ebro el patrimonio proveniente de la extinguida Federación de
Agricultores Arroceros que ahora tienen en régimen de usufructo.
Tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que, antes de entrar a fondo en lo que es el
propósito de esta moción, les hable muy brevemente del Delta del Ebro,
simplemente porque me apasiona hablar del Delta y, sobre todo, porque
entiendo que el hecho de que conozcan sus señorías un poco mejor este
excepcional pero delicado territorio, quizá les permita ver con más
facilidad el porqué de esta iniciativa parlamentaria.
Escribía yo mismo hace pocos años, y a raíz de la publicación de un libro
sobre el Delta del Ebro, que éste, el Delta, es hijo del río Ebro, de las
aportaciones que el río desde siempre ha ido arrastrando en su cauce y
depositando en la desembocadura, donde la acción del mar trabaja y
trabaja constantemente su perfil. El Delta es, por lo tanto, una tierra
joven e inestable, tierra ganada al mar, un lugar de oscilación, un mundo
casi anfibio entre la tierra y el mar. Por esto el Delta es un lugar vivo
donde todo él cambia continuamente, y de este cambio permanente proviene
su productividad. El Delta del Ebro ha sido también un lugar difícil para
vivir, provisional y efímero, donde una población escasa tenía que
practicar el nomadismo, aislados en un medio donde las comunicaciones,
las condiciones materiales y sanitarias eran muy duras. A pesar de todo,
era agradable vivir allí, y durante generaciones los habitantes del Delta
del Ebro se han esforzado en hacer de él un lugar más humanizado y menos
salvaje, y hoy acoge a más de 50.000 habitantes que tienen allí su
espacio vital.
Pues bien, señorías, una parte importante de la humanización del Delta
del Ebro durante este siglo ha sido consecuencia del cultivo del arroz,
que ha imprimido un carácter determinado en las mujeres y en los hombres
del Delta, ha aportado una cultura de la que nos sentimos orgullosos, y
ha posibilitado, a través de las cooperativas arroceras, que
los agricultores de este territorio tan entrañable se ganaran la vida.
En el año 1986 y a través de la Ley 2/1986, de fecha 7 de enero, se
derogaba por parte del Gobierno la Ley del 17 de marzo de 1945, sobre
concesión de cotos arroceros en los deltas y zonas bajas de los ríos,
liberalizando el cultivo del arroz; asimismo a través de la disposición
adicional segunda se declaraba extinguida la Federación de Agricultores
Arroceros de España y la Federación de Industriales Elaboradores de
Arroz, ambas federaciones creadas el año 1933, y se creaban unas
comisiones gestoras que, reguladas a través del Real Decreto 518/1986, de
7 de marzo, tenían capacidad para afectar al patrimonio de las
federaciones con el único fin por el que fue creado, por medio de su
utilización por cooperativas que desarrollasen actividades similares a
las que realizaban dichas federaciones.
El motivo de esta moción no es, de todas formas, valorar si aquella
medida fue o no fue oportuna; deudas de la federación y estructuras
arcaicas quizás aconsejaban aquella medida. El caso es que pasados ya 10
años desde la aprobación de aquella ley, liquidadas las deudas que tenían
las federaciones y que, como he dicho, justificaron su extinción,
entiendo ha llegado la hora de devolver a sus legítimos dueños, los
agricultores arroceros del Delta, y hacerlo a través de las cooperativas
de este patrimonio que se construyó a partir de sus aportaciones
económicas. Pero es que, además, no es cuestión simplemente de hacer
justicia, que ya sería importante, sino que existe un motivo más práctico
aún y que es el hecho de que este patrimonio, que pueden usufructuar
«sine die», puede acabar deteriorándose ante la inseguridad sobre su
futuro y las lógicas reticencias de las cooperativas a hacer inversiones
para su mantenimiento.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, instamos al Gobierno, a través
de esta moción, a que proceda, previos los trámites, negociaciones y
acuerdos oportunos, a ceder en propiedad a las cooperativas arroceras del
Delta del Ebro, que dispongan de patrimonio en régimen de usufructo
proveniente de la extinta Federación de Agricultores Arroceros, dicho
patrimonio, por haber sido éste sufragado históricamente por los mismos
agricultores arroceros del Delta del Ebro.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Roig i
Grau.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Popular y otra del Partido Socialista. Para la defensa de
la del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prim
Tomás.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió presenta ante esta Cámara una moción por la que se insta al Gobierno
a que se proceda a ceder en propiedad a las cooperativas arroceras del
Delta del Ebro el patrimonio en régimen de usufructo proveniente de la
extinguida Federación de Agricultores Arroceros. Y todo ello supone, al
hilo de la historia, una derogación de los cotos arroceros en los deltas
y zonas bajas, según una Ley de 1945. Precisamente, la Ley 2/1986, de 7
de enero, es la que deroga la citada Ley de 1945. Además, se declara
extinguida la Federación de Agricultores Arroceros de España y la
Federación de Industriales Elaboradores de Arroz que, según nos ha dicho
el proponente de la moción, el Senador Roig, fueron creadas en 1933. Está
claro, según el proponente, que se trata de un patrimonio que les fue
afectado habiendo liquidado las deudas que tenían dichas federaciones y
que justificaron su extinción, quedándose con el usufructo algunas
cooperativas arroceras del Delta del Ebro.
El hecho, señorías, es que, como muy bien ha indicado el Senador Roig, no
pueden rehabilitar el patrimonio ni reformarlo por no ser de su
propiedad. Para el Grupo Parlamentario Popular es grave la situación
creada, ya que en 10 años no se ha dado una solución posible para la
rehabilitación del patrimonio. Habrá que decir, a continuación, señorías,
que el patrimonio de la corporación pública de carácter agrario, que era
de la Federación de Agricultores Arroceros, tiene una consideración
jurídica similar a la de cualquier otro patrimonio de carácter sindical
acumulado. Esta consideración impide que su propiedad sea cedida a una
entidad privada, como son las cooperativas arroceras, aunque las mismas
sean muy representativas, ya que su carácter privado impide disponer de
las garantías suficientes, cara al futuro, incluso, sobre su propia
existencia, puesto que, obviamente, cualquier entidad privada puede
fusionarse, dividirse, extinguirse, etcétera.
Dicho esto, señorías, es obvia la consideración de que el Grupo
Parlamentario Popular expone unos criterios jurídicos serios que
contradicen el objetivo del texto de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió en relación a la cesión en
propiedad. Pero, a continuación, señorías, el Grupo que sustenta al
Gobierno desea declarar su voluntad de que al colectivo de arroceros del
Delta del Ebro le sean atendidas sus reivindicaciones, todas ellas justas
en la historia reciente, para poder mejorar las instalaciones --almacenes
y secaderos-- de las que disponían y que, de hecho, disponen, aunque
deteriorados, los arroceros de aquella comarca tarraconense.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda que
diría que ha sido formulada con buena voluntad, según la cual tendrá que
ser, fundamentalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
el que estudie una serie de condiciones jurídicas para encontrar una
fórmula viable y así hacer realidad las justas demandas del colectivo
arrocero. Por lo tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular espera
que el Grupo proponente de esta moción comprenda las causas jurídicas que
han propiciado el contenido de la enmienda y, al mismo tiempo, acepte la
misma con el deseo de que vea en ella la
voluntad del Gobierno popular para tratar de solucionar el problema por
la vía legal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Prim.
La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista será defendida por el
Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que el tema ha sido planteado perfectamente por el Senador Roig.
La situación creada por la extinción de la Federación de Agricultores
Arroceros de España y de Industriales Elaboradores de Arroz de España ha
producido una situación que ha sido perfectamente descrita y, por tanto,
me limitaré única y exclusivamente a exponer el contenido de nuestra
enmienda.
Nuestra enmienda parte de dos hechos: el primero es que la Comisión
liquidadora no afectó todo el patrimonio de las extintas federaciones a
cooperativas. Hay otro patrimonio que no está afectado a cooperativas. La
segunda consideración es que no todas las entidades que en estos momentos
tienen afectado patrimonio son cooperativas. Concretamente en otro
territorio de España, en las marismas del Guadalquivir, hay una entidad
que es una federación, que ha tomado esta fórmula y que está utilizando
unos locales en los municipios de Villafranco y de los Palacios. Por
tanto, nosotros entendemos que también se debe extender a otras entidades
que no son cooperativas y que también están usufructuando parte del
patrimonio.
Nosotros entendemos que lo que el Senador Roig ha expuesto brillantemente
para el Delta del Ebro debe extenderse también a todo el territorio
nacional. Por tanto, las tres modificaciones que nosotros hacemos sobre
la enmienda del señor Roig son las siguientes: primera, que afecte a todo
el patrimonio de las antiguas federaciones; segunda, que puedan
beneficiarse cooperativas u otras asociaciones que cumplan los mismos
fines para los que fueron creadas y que desempeñaban las extintas
federaciones; y, tercera, que no se limite al territorio del Delta del
Ebro, sino a las cuatro zonas arroceras, no teniendo sentido una de ellas
porque en Extremadura no queda patrimonio disponible, pero sí queda en
Valencia, en Andalucía y en el Delta del Ebro.
Por tanto, pensamos que la moción --en este momento sólo estoy explicando
la enmienda que nosotros hemos presentado-- puede ser comprendida por
Senadores de otros territorios distintos al nuestro, que también pueden
ver aquí el momento de arreglar una situación extraña que se creó porque
la Comisión liquidadora se encontró con unas deudas que liquidó vendiendo
patrimonio de estas federaciones. Finalmente, hubo una oferta, una
propuesta de la Comisión liquidadora de adjudicar el patrimonio en aquel
momento a las cooperativas o entidades que desarrollasen las actividades
de las extintas federaciones. Pero se consideró prudente dejar pasar un
tiempo por si aparecían nuevas deudas, dado que la federación en su
momento estaba junto con una mutua que se separó y que parece ser que se
quedó con la mayor parte del dinero, pero que fue pasando deudas a la
federación. Este tiempo parece que ha pasado y habría que buscar la forma
de devolver todo el patrimonio, porque coincidimos totalmente con la
parte final de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y con la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en que es parte de un patrimonio que han
contribuido a crear exclusivamente los agricultores arroceros en las
distintas zonas.
Por eso, esperamos que sea atendida nuestra petición, por lo que añade y
por lo que pretende solucionar en todo el territorio del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Roig i Grau para posicionarse sobre estas dos
enmiendas.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para posicionarme sobre las dos
enmiendas, una transaccional, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, y otra de sustitución, presentada por el Senador Ramón Aleu, por
el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la propuesta que nos hace el Partido Popular, anuncio
directamente que aceptaremos la transacción por motivos obvios. En primer
lugar, porque introduce un elemento jurídico que nosotros no vamos a
discutir desde el punto de vista de la imposibilidad de la cesión directa
y, por lo tanto, de la apertura de otras posibilidades por la vía de la
adquisición, de la venta, etcétera, que analizaremos y estudiaremos con
el Ministerio, y, en segundo lugar, por otra cuestión posibilista desde
el punto de vista de la aprobación de esta moción, y es que nos parece
que es un paso importante hacia adelante.
Anuncio la imposibilidad de aprobar la enmienda de sustitución presentada
por el Senador Aleu, y no porque no estemos absolutamente de acuerdo con
la propuesta que hace el Senador, incluso desde el punto de vista de que
esta propuesta no se ciña exclusivamente al territorio del Delta del
Ebro. Si hay otro patrimonio proveniente de las federaciones en Andalucía
o en Valencia nos parece lógico que también pueda revertir a los
gricultores o a otras entidades que puedan acreditarlo. Pero nos parece
que continúa manteniendo lo que ha sido el «leitmotiv» de nuestra
negociación con el Partido Popular, que es la imposibilidad de la cesión
directa. Y es por este motivo por el que, agradeciendo al señor Aleu su
voluntad por encontrar alguna alternativa positiva a la propuesta, no
podemos aceptar la enmienda.
En todo caso, para terminar, quiero agradecer a los dos grupos el apoyo a
esta moción, y muy especialmente agradecer al Senador Miguel Prim, del
Grupo Parlamentario Popular, la sensibilidad e interés por encontrar una
fórmula que pudiese dar respuesta a este problema que viene planteándose,
como se ha dicho, históricamente por parte de los arroceros del Delta del
Ebro.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, no sé por qué no se
acepta la enmienda del Partido Socialista, ya que no desdice
absolutamente nada el planteamiento originario de la moción. De lo que se
trata es de restablecer un hecho histórico, de reparar una injusticia.
Todos sabemos, después de la guerra, los avatares que hubo con los
patrimonios, tanto de las cooperativas como de los sindicatos, etcétera.
Si lo que se pide en la moción es bueno para Cataluña, también lo será
para Andalucía y para Valencia. El Partido Popular tendrá que aceptar su
inclusión o debería aceptar también la moción del Partido Socialista por
coherencia; si no, la impresión que se da es que se negocia en función de
una correlación de fuerzas y no en función de un hecho histórico o de la
reparación de una injusticia. Por tanto, me parece que es un mal camino,
ya que son agravios comparativos permanentes y muy peligrosos. No creo
que haya algún motivo para no votar favorablemente la moción. Por
coherencia, este Senador, si no se acepta la propuesta del Partido
Socialista, votará en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Vasco? (Pausa.)
Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para posicionarnos respecto de la moción que finalmente
se va a someter a votación. Anuncio que en un próximo Pleno presentaremos
el texto alternativo, porque entendemos que se le tiene que hacer difícil
a esta Cámara solucionar solamente el problema concreto del Delta del
Ebro y no solucionar otros asuntos reales y posibles que pueda haber, es
decir, no solucionar todo el patrimonio. En su momento, la comisión
liquidadora sacó a subasta los patrimonios para que se los quedasen las
cooperativas, y las cooperativas no se presentaron a la licitación. Por
tanto, vamos a encontrarnos con que formalmente no será una cesión, pero
en la práctica sí lo será. De lo contrario, la moción tendría una
contradicción, porque termina diciendo: ... por haber sido éste sufragado
históricamente por los mismos agricultores arroceros del Delta del Ebro.
Yo no me veo con el coraje de hacer pagar una segunda vez a los que ya
han pagado una vez el mismo patrimonio. Tendríamos que buscar una fórmula
que garantizase, ya de salida, que este patrimonio va a revertir en
aquellas entidades que continúan realizando funciones similares a las que
realizaban las extinguidas federaciones, y no dejarlo en una posible
venta a las cooperativas.
Este texto, para nosotros, es insuficiente, y nos vamos a abstener. Y
pido al señor Nieto Cicuéndez que no vote en contra, sino que se
abstenga, porque no puede aparecer que votamos en contra de algo que
inicialmente está bien propuesto, pero que, visto en su complejidad,
debería contemplarse de otra manera.
Por tanto, anunciando nuestra abstención y la presentación para un
próximo Pleno o para Comisión del texto que hemos presentado como
enmienda para que pueda ser debatido, agradezco la intervención del señor
Roig respecto de nuestra enmienda. (El señor Roig i Grau pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Senador Roig, ¿por qué me pide la palabra?
El señor ROIG I GRAU: Por contradicciones, señor Presidente, para hacer
una aclaración de menos de un minuto, si me permite, con su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto.
El señor ROIG I GRAU: No me gustaría que, de acuerdo con las palabras del
Senador Nieto Cicuéndez, quedase aquí la idea de un planteamiento de tipo
territorial y pactista. Esta no es la cuestión. Yo he manifestado que
estoy de acuerdo con el planteamiento del Senador Ramón Aleu. Simplemente
nos parece que jurídicamente habríamos de buscar una fórmula y que ya
renunciábamos a nuestra moción para poder llevar adelante esta propuesta.
Por tanto, que quede claro que no hay planteamiento territorial alguno y
que estaremos de acuerdo con que la aprobación que se da en estos
momentos se extienda al resto del territorio del Estado español.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Senador Prim, tiene la palabra en turno de portavoces, por el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRIM TOMAS: Gracias, señor Presidente, voy a intervenir muy
brevemente.
En primer lugar, me congratulo por la admisión de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y, en segundo lugar, tengo que decir que parece que
lo que expresa el portavoz socialista es que nos hemos olvidado de otras
regiones arroceras. Yo soy precisamente Senador por la Comunidad
valenciana, por la provincia de Castellón, y hay arroz en la zona de
Sueca y también en la zona arrocera del Guadalquivir. Es evidente que el
Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno, no se ha olvidado;
ha
abierto la puerta precisamente a que se estudie la cuestión del Delta del
Ebro jurídicamente y, por supuesto, el Ministerio estudiará el resto de
casos, porque, como ha dicho muy bien el Senador socialista, hay casos
particulares que hay que estudiar jurídicamente uno por uno. Obviamente,
el Ministerio de Agricultura no se cerrará, sino que está abierto a
estudiar jurídicamente cada caso.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 131; en contra, cuatro; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción con la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Pasamos al séptimo y último punto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
--DENUNCIA DEL ACUERDO DE COOPERACION SOBRE MARINA MERCANTE ENTRE EL
GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GABON, HECHO EN
MADRID EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1981. (S. 610/000086; C. D. 110/000082.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia del Acuerdo de Cooperación sobre Marina
Mercante entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de
Gabón, hecho en Madrid, el 16 de septiembre de 1981.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--ACTAS Y DECISIONES ADOPTADAS EN EL XXI CONGRESO DE LA UNION POSTAL
UNIVERSAL (UPU), ADOPTADAS EN SEUL EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996. (S.
610/000087; C. D. 110/000083.)
El señor PRESIDENTE: Actas y Decisiones adoptadas en el XXI Congreso de
la Unión Postal Universal (UPU) adoptadas en Seúl el 14 de septiembre de
1996.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
COMISION EUROPEA RELATIVO A LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO DEL PROTOCOLO
DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN EL REINO DE
ESPAÑA, REALIZADO EN BRUSELAS EL 29 DE JULIO DE 1996 Y 2 DE OCTUBRE DE
1996. (S. 610/000088; C. D. 110/000086.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la Comisión Europea relativo a las Disposiciones de
Desarrollo del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de las Comunidades
Europeas en el Reino de España, realizado en Bruselas el 29 de julio de
1996 y 2 de octubre de 1996.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE BULGARIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN SOFIA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1995. (S. 610/000089.) (C. D. 110/000088.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Bulgaria para la promoción y protección recíproca de inversiones, firmado
«ad referendum» en Sofía el 5 de septiembre de 1995.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--DECLARACION PREVISTA EN EL ARTICULO 41 DEL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DICIEMBRE DE
1996. (S. 610/000090.) (C. D. 110/000089.)
El señor PRESIDENTE: Declaración prevista en el artículo 41 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19
de diciembre de 1996.
No hay propuesta alguna.
¿Desean hacer alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
--ACTA DE FUNDACION DE LA ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE JUVENTUD (OIJ),
FIRMADA EN BUENOS AIRES EL 3 DE AGOSTO DE 1996. (S. 610/000091.) (C. D.
110/000090.)
El señor PRESIDENTE: Acta de fundación de la Organización Iberoamericana
de Juventud, firmada en Buenos Aires el 3 de agosto de 1996.
No se ha presentado propuesta alguna.
¿Desean hacer alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión hasta mañana a las diez
de la mañana.
Eran las veinte horas y diez minutos.