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DS. Senado, Pleno, núm. 35, de 18/03/1997
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 35
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 18 de marzo de 1997
Con carácter previo a esta sesión, tuvo lugar el Acto en memoria del
Excmo. Sr. Senador don José Antonio González Caviedes. (Número de
expediente 500/000138.)
ORDEN DEL DIA:
Primero:
--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 14 de marzo de 1997.
Segundo:
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que no se renueve el contrato de arrendamiento al
polígono de tiro aéreo de las Bardenas, en Navarra, con el consiguiente
desmantelamiento del mismo y la recuperación del entorno dañado y a que,
en el plazo de dos años, presente a las Cortes Generales los resultados
del estudio encaminado a la búsqueda de un nuevo emplazamiento
alternativo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 164, de fecha 11 de marzo de 1997). (Número de
expediente 671/000017.)
Tercero:
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el Senado
declara su apoyo a la decisión del Consejo del Atlántico Norte de
mantener abierta la puerta de acceso a la Organización del Tratado del
Atlántico
Norte (OTAN) a nuevos miembros, y a la política de acuerdos con la
Federación Rusa, tendentes a reforzar la paz, la estabilidad y la
cooperación en las misiones que, en esta dirección, emanen de las
Naciones Unidas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de marzo de 1997).
(Número de expediente 662/000049.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que desarrolle las medidas legales necesarias a fin de que las
contrataciones laborales en régimen de interinidad que se lleven a cabo
para sustituir a trabajadoras cuya relación laboral se encuentre
suspendida por maternidad, se vean beneficiadas por una reducción del
noventa y cinco por ciento en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social en concepto de contingencias comunes (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 168,
de fecha 17 de marzo de 1997). (Número de expediente 662/000048.)
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno para que desarrolle e impulse, en el ámbito
de sus competencias, la integración social de los minusválidos en materia
de contratación laboral, formación profesional, transporte colectivo,
educación, jubilación y pensiones (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 168, de fecha 17 de marzo
de 1997). (Número de expediente 662/000043.)
Cuarto:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus
Estados Parte, por otra, firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1995,
Declaración conjunta, el Acta de la firma y Declaración aneja. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 66, de fecha 28 de febrero de
1997). (Número de expediente S. 610/000066.) (Número de expediente C. D.
110/000066.)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y Acta final, firmados
en Florencia el 21 de junio de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 67, de fecha 28 de febrero de 1997). (Número de
expediente S. 610/000067.) (Número de expediente C. D. 110/000067.)
--Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé y Acta
Final, firmados en Mauricio el 4 de noviembre de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 68, de fecha 3 de marzo de 1997).
(Número de expediente S. 610/000068.) (Número de expediente C. D.
110/000068.)
--Convenio sobre seguridad y salud en las minas (número 176 de la OIT),
adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 69, de fecha 3 de marzo de 1997).
(Número de expediente S. 610/000069.) (Número de expediente C. D.
110/000069.)
--Documento acordado entre los Estados Parte en el Tratado sobre Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa, de 19 de noviembre de 1990, adoptado en
Viena durante la Primera Conferencia de revisión del funcionamiento de
dicho Tratado y del Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos
de personal, celebrada en Viena del 15 al 31 de mayo de 1996. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 70, de fecha 3 de marzo de
1997). (Número de expediente S. 610/000070.) (Número de expediente C. D.
110/000077.)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus
Estados Miembros, por una parte, y Georgia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 22 de abril de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 71, de fecha 3 de marzo de 1997). (Número de
expediente S. 610/000071.) (Número de expediente C. D. 110/000079.)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República Azerbayana por otra,
firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 72, de fecha 3 de marzo de 1997).
(Número de expediente S. 610/000072.) (Número de expediente C. D.
110/000080.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 14 de marzo de 1997 (Página 1421)
Se aprueba el Acta.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1421)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que no se renueve el contrato de arrendamiento al
polígono de tiro aéreo de las Bardenas, en Navarra, con el consiguiente
desmantelamiento del mismo y la recuperación del entorno dañado y a que,
en el plazo de dos años, presente a las Cortes Generales los resultados
del estudio encaminado a la búsqueda de un nuevo emplazamiento
alternativo (Página 1421)
El señor Bolinaga Bengoa, tras unirse en sus primeras palabras al acto en
recuerdo del señor González Caviedes, defiende la moción del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Ardaiz Egüés defiende una
enmienda del Grupo Socialista a esta moción. Vuelve a intervenir el señor
Bolinaga Bengoa. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la
señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, quien se suma al acto en
memoria del señor González Caviedes, y los señores Carrera i Comes, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, e Iribas Sánchez de
Boado, por el Grupo Popular, que asimismo se une al homenaje en memoria
del señor González Caviedes. Los señores Bolinaga Bengoa, Ardaiz Egüés e
Iribas Sánchez de Boado intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 99
votos a favor, 111 en contra y 1 abstención.
MOCIONES (Página 1426)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
declara su apoyo a la decisión del Consejo del Atlántico Norte de
mantener abierta la puerta de acceso a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) a nuevos miembros, y a la política de acuerdos con
la Federación Rusa, tendentes a reforzar la paz, la estabilidad y la
cooperación en las misiones que, en esta dirección, emanen de las
Naciones Unidas (Página 1426)
Tras unirse al acto en recuerdo del señor González Caviedes, el señor
Elorriaga Fernández defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos
Pérez, por el Grupo Mixto; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Luis Calvo, por el Grupo Socialista, y
Elorriaga Fernández, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 205 votos a favor, 1 en contra
y 2 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para
que desarrolle las medidas legales necesarias a fin de que las
contrataciones laborales en régimen de interinidad que se lleven a cabo
para sustituir a trabajadoras cuya relación laboral se encuentre
suspendida por maternidad, se vean beneficiadas por una reducción del
noventa y cinco por ciento en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social en concepto de contingencias comunes (Página 1432)
La señora Fernández Valenzuela defiende la moción. El señor Vidal i
Perpiñá defiende una enmienda del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió a esta moción. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra las señoras Costa Serra, por el Grupo Mixto, y los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, así
como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular. La señora Costa
Serra interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
El señor Presidente comunica a la Cámara la presentación de una enmienda
transaccional a esta moción, firmada por todos los Grupos Parlamentarios,
que se aprueba por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
la que se insta al Gobierno para que desarrolle e impulse, en el ámbito
de sus competencias, la integración social de los minusválidos en materia
de contratación laboral, formación profesional, transporte colectivo,
educación, jubilación y pensiones (Página 1437)
El señor Vidal i Perpiñá defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto; la señora Navarro Garzón, por el Grupo
socialista, y el señor Rodríguez Fontecha, por el Grupo Popular, quien se
une, al iniciar su discurso, a las palabras pronunciadas en el acto en
recuerdo del señor González Caviedes. El señor Vidal i Perpiñá interviene
de nuevo en virtud del artículo 87.
El señor Presidente da lectura a una propuesta de modificación a esta
moción, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, que se aprueba por
asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1443)
Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus
Estados Parte, por otra, firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1995,
Declaración conjunta, el Acta de la firma y Declaración aneja. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1443)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores González
Laxe, por el Grupo Socialista, y Soravilla Fernández, por el Grupo
Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y Acta final, firmados
en Florencia el 21 de junio de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 1445)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé y Acta
Final, firmados en Mauricio el 4 de noviembre de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1445)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio sobre seguridad y salud en las minas (número 176 de la OTI),
adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1445)
El señor Alonso Buitrón consume un turno a favor. En turno de portavoces,
hace uso de la palabra el señor Lamalfa Díaz, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Documento acordado entre los Estados Parte en el Tratado sobre Fuerzas
Armadas Convencionales en Europa, de 19 de noviembre de 1990, adoptado en
Viena durante la Primera Conferencia de revisión del funcionamiento de
dicho Tratado y del Acta de conclusión de la negociación sobre efectivos
de personal, celebrada en Viena del 15 al 31 de mayo de 1996. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1446)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus Estados
Miembros, por una parte, y Georgia, por otra, firmado en Luxemburgo el 22
de abril de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1447)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades y sus Estados
Miembros, por una parte, y la República Azerbayana, por otra, firmado en
Luxemburgo el 22 de abril de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 1447)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA EL PASADO DIA 14 DE MARZO DE 1997.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 14 de marzo de 1997. Los señores portavoces la
tendrán sobre la mesa. ¿Alguna alegación? (Pausa.) ¿Podemos aprobarla por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE NO SE RENUEVE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL
POLIGONO DE TIRO AEREO DE LAS BARDENAS, EN NAVARRA, CON EL CONSIGUIENTE
DESMANTELAMIENTO DEL MISMO Y LA RECUPERACION DEL ENTORNO DAÑADO Y AL QUE,
EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, PRESENTE A LAS CORTES GENERALES LOS RESULTADOS
DEL ESTUDIO ENCAMINADO A LA BUSQUEDA DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO
ALTERNATIVO. (S. 671/000017.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día, mociones
consecuencia de interpelación. Moción del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que no
se renueve el contrato de arrendamiento al polígono de tiro aéreo de las
Bardenas, en Navarra, con el consiguiente desmantelamiento del mismo y la
recuperación del entorno dañado y a que, en el plazo de dos años,
presente a las Cortes Generales los resultados del estudio encaminado a
la búsqueda de un nuevo emplazamiento alternativo.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Tras las emocionadas y emocionantes palabras del colega y Senador Unceta,
palabras realmente sentidas, palabras realmente profundas, palabras
realmente sinceras y que todos valoramos en su justo precio, permítame,
señor Presidente, que dedique un imborrable recuerdo al compañero bueno,
al compañero que además de bueno fue maestro en este Senado, don José
Antonio González Caviedes.
Permítame, señor Presidente, que con todo respeto, co todo cariño y con
todo afecto, dirija a su familia nuestro saludo más cordial, nuestro
saludo más profundo, nuestro saludo de íntimo y nuestro saludo de amigo
leal y sincero. Que el Señor haga gozar en su seno al compañero y colega
don José Antonio González Caviedes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
Y volviendo al punto segundo del orden del día de esta sesión, he de
indicar que si tomamos nota de todas las intervenciones registradas por
los diferentes portavoces con motivo de nuestra interpelación, de la cual
deriva la presente moción según quedó anunciado y registrado
reglamentariamente, es fácil observar unanimidad absoluta en referencia a
la esencia misma de la cuestión planteada en relación concretamente al
polígono de tiro aéreo de la Bardena de Navarra.
La unanimidad de criterios constatada estriba en los siguientes puntos:
Primero, el citado polígono es inadecuado hoy para los fines a que está
destinado, tanto en función de su dimensión, como por su ubicación
geográfica y por su climatología.
Segundo, su utilización actual y futura, por los modernos aparatos
aéreos, significa un alto nivel de riesgo, tanto para los pilotos y
aparatos de ensayo, como para los numerosos pobladores de los municipios
bardeneros, amén de sus consiguientes molestias durante 46 largos años.
Tercero, queda sobradamente reconocida la solidaridad de Navarra con el
resto del Estado y su Ministerio de Defensa.
Cuarto, se considera lógica la virtud de la reciprocidad por medio de una
alternativa adecuada a partir del próximo año 2001, cuyo día 9 de junio
caduca el contrato de arrendamiento en vigor sobre la Bardena Real de
Navarra.
El señor Ministro de Defensa por su parte coincidió plenamente con los
criterios expuestos añadiendo que «ante la eventualidad de que el
contrato no pueda ser renovado, se está buscando un emplazamiento
alternativo». Y no abundó, cierto es, en más concreciones.
Pues bien, señorías, precisamente esta moción intenta la obtención de un
compromiso concreto por parte del Gobierno dentro de unos parámetros de
entera racionalidad y de prudencia lógica en tiempo y modo. En efecto,
media un plazo de cuatro años hasta el 2001. Es un período, señorías, lo
suficientemente amplio y capaz para la tramitación y adopción de las
medidas más atinentes para la mejor solución del caso en todos sus
términos, y además, dicho sea en honor de la verdad, sin presiones ni
coacciones de ningún tipo. Lo que ya no resultaría admisible es que
transcurrieran los cuatro años y llegáramos al 9 de junio del año 2001 en
las mismas condiciones de hoy día, sin otra solución disponible que la
continuidad en activo del actual polígono de la Bardena Real de Navarra.
Todos y cada uno de los partidos políticos que operamos con más o menos
intensidad en la amplitud de Navarra, que además estamos representados en
esta Cámara, tenemos públicamente planteadas nuestras decisiones al
respecto. Asimismo, es firme la decisión del Gobierno de Navarra y es
total el acuerdo del Parlamento navarro, en comunión con todos los
municipios congozantes, en lo que se refiere al devenir del polígono de
tiro aéreo de la Bardena Real. Tan sólo nos resta, señorías, el acuerdo
firme, el compromiso sincero del Gobierno del Estado, en concordancia con
su propio prestigio y con la visión política certera que se le supone,
para una solución honorable, dando así satisfacción y conformidad
merecidas a Navarra y a los navarros, que están ciertamente clamando por
la rehabilitación integral de las Bardenas Reales.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, presentamos esta moción, a
través de la cual solicitamos el apoyo y el voto favorable de sus
señorías a los efectos de que el Senado, respetuosamente, pero con
energía, inste al Gobierno: Primero, a la no renovación del contrato
sobre el referido polígono de tiro aéreo de las Bardenas Reales de
Navarra, aceptando su prescripción definitiva el 9 de junio del año 2001.
Segundo, al consiguiente desmantelamiento del polígono de tiro aéreo de
las Bardenas y a la recuperación del entorno dañado, minimizando al
máximo el impacto producido y respetando el dominio útil de todo el
territorio a favor de los navarros en general y de los pueblos
congozantes en particular.
Tercero, a que en el plazo de dos años, el Gobierno presente ante las
Cortes Generales un plan alternativo, etcétera.
Sobre este tercer punto sobre el que instamos al Gobierno hemos recibido
un comunicado del Grupo Parlamentario Socialista por el que se nos ruega
que aceptemos una enmienda en base a suprimir el punto número tres de la
moción consecuencia de interpelación que acabamos de explicitar. Quedamos
a la espera de que el portavoz correspondiente del Grupo Parlamentario
Socialista nos dé desde este estrado las razones y explicaciones de su
demanda para, seguidamente, obrar en consecuencia.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Efectivamente esta moción consecuencia de interpelación ha sido objeto de
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el portavoz de dicho Grupo.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a
la moción que ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, señor Bolinaga, para suprimir su apartado
tercero. La razón, señorías, es bastante clara: dicho apartado pretende
la concesión de un plazo de dos años para que el Gobierno traiga a la
Cámara resultados sobre el emplazamiento de un nuevo polígono.
A ello nos oponemos rotundamente por las siguientes razones: No creemos
necesario un plazo porque, como saben sus señorías, éste viene dado
precisamente por la terminación del arrendamiento del polígono de las
Bardenas en el año 2001 y, por tanto, es tarde ya para realizar las
gestiones oportunas en la búsqueda de esa alternativa. Cualquier plazo,
señorías, es ocioso porque los cuatro años que quedan van a ser
insuficientes si el Gobierno de la nación no está trabajando ya desde
este momento.
Por otra parte, no creemos que ayude a solucionar el problema que ese
proceso de búsqueda se traiga precisamente a las Cámaras, porque es la
mejor fórmula para que acabe en un fiasco. Yo creo que el Gobierno debe
hacer todo lo contrario. Lo que debe hacer es gobernar y cumplir su deber
que, como saben sus señorías, en este caso se concreta en la preparación
de un campo de entrenamiento para nuestra fuerza aérea en las mejores
condiciones de seguridad y de operatividad junto al máximo respeto del
medio ambiente.
El Gobierno sabe que si quiere dar satisfacción a las reiteradas demandas
de esta Cámara, del Parlamento de Navarra, de los Ayuntamientos
congozantes, cerrando el polígono, y no realiza al mismo tiempo su
trabajo preparando otro, el futuro, señorías, es Canadá. Si lo recuerdan,
yo se lo pregunté al Ministro de Defensa, textualmente, de la siguiente
forma: ¿El Ejército español irá a entrenar a Canadá? El señor Ministro lo
negó. Pero un despacho de EFE demuestra que este humilde Senador no
alertaba en vano al Ministro. El despacho, fechado ayer en Madrid, está
encabezado por estas cinco líneas que, con el permiso del señor
Presidente, me voy a permitir leer a sus señorías, para que extraigan sus
propias conclusiones. Dice así: El Teniente General Jefe del Estado Mayor
de la Defensa afirmó hoy que los pilotos militares tendrán que cruzar el
Atlántico para hacer prácticas de tiro si no es posible encontrar
sustituto al polígono de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, y citó
la posibilidad de que se utilizaran campos de tiro en Canadá a partir del
año 2001, fecha en que concluye el arrendamiento del polígono de tiro de
las Bardenas Reales.
Si al señor Ministro le extrañaron mis palabras hace tres semanas, a
partir de hoy supongo que le serán un poco menos ajenas.
Al Partido Nacionalista Vasco le digo que no vamos a votar en contra de
lo que votamos la semana pasada unánimemente. Y, si no quieren romper esa
unanimidad básica, esa unanimidad en lo fundamental, acepten nuestra
enmienda y volveremos a votar, en el entendimiento de que la desaparición
del polígono de tiro de las Bardenas, con esta moción que han presentado,
puede ser un impulso, un apoyo más, por aquel «brocardo» que dice que lo
que abunda no daña.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para contestación, en su caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo
proponente.
El señor BOLINAGA BENGOA: La verdad es, señor Ardaiz, que su discurso me
ha sorprendido un tanto, dicho
sea en honor de la verdad. Al final de cuentas, me ha parecido un
discurso con una cierta carga de prepotencia y con una mezcla de
distintas ubicaciones, Canadá incluido. Realmente, pensaba que los
fundamentos y las razones de su enmienda iban a discurrir por otros
derroteros, que, a mi entender, pudieran haber sido más lógicos y
razonables.
No obstante, tratando de buscar el mayor consenso posible, nuestro Grupo
está en disposición de aceptar su enmienda, no tanto por las razones que
su señoría nos ha expuesto, o ha hecho valer a través de su
explicitación, sino porque, en el fondo, entendemos que no modifica
sustancialmente el contenido, el sentido y la esencia de lo que pretende
la moción que hemos presentado y que defendemos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Se abre un turno de portavoces, en el que podrán intervenir aquellos que
lo deseen, excepto los de los Grupos que ya lo hayan hecho.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Al iniciar esta primera intervención del Grupo Mixto y en nombre de todo
él, debo recordar especialmente al Senador González Caviedes, uniéndonos,
desde luego, a las palabras sentidas del Senador Unceta y recordándole
como compañero, como amigo y como gran trabajador en esta Cámara.
Paso a manifestar la posición de esta Senadora de Eusko Alkartasuna,
tanto en relación a la moción consecuencia de interpelación, presentada
por el Senador Bolinaga, como a la enmienda presentada por el Senador
representante del Grupo Parlamentario Socialista.
A este respecto, esta Senadora está totalmente de acuerdo --como ya ha
manifestado en otras ocasiones-- con el planteamiento que el Senador
Bolinaga, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, hace en relación a la rescisión del arrendamiento existente para
la utilización de las Bardenas como polígono de tiro del Ejército del
Aire, a la vez que considera que, tal como significaba el Senador
Bolinaga, la enmienda presentada no difiere demasiado del texto. Sin
embargo, esta Senadora de Eusko Alkartasuna ha de manifestar que esa
búsqueda de una alternativa no garantiza en absoluto su solución. Decía
el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra que deberán ir a
entrenar a Canadá. Yo no sé si deberán ir a entrenar a Canadá, o dónde
deberán ir a entrenar, pero lo que sí sé es que Navarra y su zona de
influencia han sufrido ya demasiados años las consecuencias del
establecimiento de este polígono de tiro.
En todo caso, la presentación de la enmienda tampoco añade demasiado en
relación con la moción aprobada como consecuencia del debate del Estado
de las Autonomías y presentada por el Senador representante de UPN.
Nosotros ya manifestamos entonces que no nos parecía suficiente buscar un
proyecto alternativo, que es de lo que se está hablando.
Esta moción obliga a presentar un estudio, al que habría que añadir un
plazo para que la cuestión no quedara derivada «at calendas graecas» y
nos encontráramos en el 2001 con este grave problema sin resolver. En
todo caso, y en aras a mejorar la situación, voy a dar mi voto favorable
a lo que al final se acuerde, si bien el planteamiento de esta Senadora
de Eusko Alkartasuna, como en su día manifestó al señor Iribas, es que no
se plantee una alternativa sujeta a una serie de vicisitudes que al final
pueda resultar que no se encuentre, sino que la posición de esta Cámara y
del Gobierno sea la de cambiar el lugar en que actualmente se entrena el
Ejército del Aire.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta y Piedra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición con respecto a la moción
presentada, aunque en la interpelación debatida con anterioridad había
quedado ya suficientemente enmarcada.
Recordamos la preocupación total y absoluta de la sociedad navarra en
toda su plenitud, y no sólo de la sociedad --y es cierto-- sino de la
totalidad de los partidos políticos de Navarra e instituciones
representativas; las malas condiciones del polígono en cuestión, como por
ejemplo, la falta de medidas de seguridad; las actuales características
no son las que corresponden a los tiempos actuales, y se habló de que
había quedado desfasado en el tiempo. Sin duda, en la propia
interpelación se dio un toque de atención a la no renovación a partir del
2001 del contrato de arrendamiento del polígono de tiro de las Bardenas.
Algunos de estos planteamientos fueron compartidos por el propio señor
Ministro de Defensa, que dijo que el Ejército del Aire necesitaba
instalaciones donde entrenarse y que las actuales eran las únicas de las
que disponía, pero reconocía que desde hacía años se estaban estudiando
emplazamientos alternativos, ya que el polígono de las Bardenas no era el
ideal y, además, tenía dos limitaciones que él remarcaba en el siguiente
sentido: las que afectan a las condiciones meteorológicas y las que
afectan a la propia situación geográfica.
Me permito un último recordatorio, y es que la posición de mi Grupo
Parlamentario en la citada interpelación no fue otra que la de apoyar la
realización de un estudio serio que compaginara los legítimos intereses
de ambas partes.
Creo que la moción presentada va en este sentido, incluso, a nuestro
entender, con más concreción, porque se insta al Gobierno a que no se
renueve el contrato de arrendamiento y a la presentación de un estudio
encaminado a la búsqueda de un nuevo emplazamiento alternativo no en el
año 2001, sino más pronto, dentro de dos años.
Si se introduce la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que el
Grupo proponente parece que acepta, a nuestro juicio, se perdería la
concreción que en principio
presentaba la moción. Nosotros ahora no vamos a cuestionar su aceptación
o no, ya que debe ser el Grupo proponente quien finalmente lo haga. Por
tanto, vamos a estar a expensas de lo que haga el propio portavoz en
cuanto a la incorporación de esta enmienda.
Quisiera remarcar que es cierto --y lo comentaba con otros portavoces--
que en el último debate sobre el Estado de las Autonomías se presentó una
moción que en parte iba en este mismo sentido y que tuvo el apoyo unánime
de todos los grupos. Parece incongruente que ahora se presente una nueva
iniciativa. Pero a pesar de que pueda parecer una duplicidad, mi Grupo
cree que tiene que continuar apoyando la actual moción, reconociendo que
ya hubo un debate intenso sobre una moción presentada en este sentido en
el último Pleno sobre el Estado de las Autonomías.
Esta es la posición de mi Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero unirme a la expresión de solidaridad
hacia la familia de nuestro compañero, don José Antonio González
Caviedes, y hacia su memoria. También quiero agradecer la solidaridad y
el apoyo prestado por parte de todos los grupos y de sus distintos
portavoces.
En el último Pleno del pasado mes de febrero el Senador Bolinaga presentó
una interpelación sobre las previsiones del Gobierno en relación con los
polígonos de tiro aéreo y más concretamente con el de las Bardenas en
Navarra, interpelación que, como ha subrayado el Senador Bolinaga, en
cuanto al fondo o esencia --ése es el término que él ha utilizado--, no
así en cuanto a otras cuestiones, suscitó la básica coincidencia de los
diferentes grupos parlamentarios.
Como consecuencia de la referida interpelación, el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la moción que debatimos en
estos momentos, habiendo presentado la semana pasada el Grupo
Parlamentario Popular, a instancia de los Senadores de Unión del Pueblo
Navarro, una moción por la que se instaba al Gobierno a que tras el
esfuerzo y la solidaridad demostrada desde 1951 por la Comunidad Foral de
Navarra, con la aportación a la defensa nacional del uso de los terrenos
de las Bardenas Reales en las que se halla enclavado el polígono de tiro,
y teniendo en cuenta que el convenio suscrito entre la Junta de la
Comunidad de las Bardenas Reales y el Ministerio de Defensa finaliza el
año 2001, profundice en la búsqueda de alternativas idóneas a aquél que
garanticen la mejor preparación y entrenamiento de nuestras fuerzas
aéreas y la satisfacción de los intereses manifestados por la Junta de
Bardenas y ayuntamientos congozantes con respecto a su no renovación.
Dicha moción fue debatida y aprobada en el reciente Pleno del viernes
pasado por la inmensa mayoría, por no decir por la práctica unanimidad,
de los Senadores presentes, entre los que no se encontraba por propia y
libre decisión el grupo mocionante, que no pudo así aportar ni su
criterio ni su voto a tal iniciativa.
La claridad de la posición de nuestro Grupo, la de nuestro partido en
Navarra, Unión del Pueblo Navarro, la de nuestro Gobierno, alcaldes,
parlamentarios y, en definitiva, representantes en todos y cada uno de
los diversos ámbitos e instituciones, es, señorías, meridiana.
Como ya señaló el Vicepresidente del Gobierno de Navarra: «Este,
sintiéndose plenamente arropado por la voluntad del Parlamento de Navarra
y de otras instituciones --destacaba aquí a la comunidad de Bardenas y a
los ayuntamientos congozantes-- está dispuesto a mantener con firmeza la
posición de éstas de que el contrato que arrienda el polígono de tiro
termina el año 2001.» Esa, señorías, es nuestra posición.
Por otra parte, ello no supone sino coincidir con la resolución del
Parlamento Foral Navarro de 5 de octubre de 1988, en la que se acordó,
por unanimidad, declarar que el cierre del polígono de tiro de Las
Bardenas Reales constituye una legítima aspiración de las poblaciones
afectadas que el Parlamento de Navarra asume como propia. Legítima
aspiración reúna el polígono o no, que no los reúne, los parámetros de
idoneidad geográficos, meteorológicos, espaciales, etcétera. Porque es
evidente que ha llegado el momento de recuperar la calidad de vida y la
tranquilidad en aquella zona.
Si Navarra ha sido solidaria con el resto del Estado durante tantos años,
justo es que, en reciprocidad, se encuentre cuanto antes una alternativa
idónea, que ya se está buscando y en la que ya se está trabajando, al
polígono ubicado en nuestra Comunidad Foral. En este sentido, como
decimos, es claro que se está trabajando con rigor desde el Gobierno de
España, incluso a tenor de la información publicada hoy mismo en algunos
medios de comunicación --por ejemplo, de nuestra Comunidad Foral-- en los
que se evidencia cómo se descarta por parte del Gobierno la vía de las
Bardenas para introducirse y profundizar en las otras vías.
Y esto es lo que hemos pedido los navarros: que se trabaje para encontrar
una alternativa que dé satisfacción al interés de la Comunidad bardenera
de no prorrogar el convenio. Lo pedimos el pasado viernes en una moción
presentada a instancia de los Senadores de UPN por el Grupo Parlamentario
Popular que fue enormemente apoyada por la Cámara.
Desgraciadamente, por su ausencia, no pudo contar entonces con los votos
del Grupo hoy mocionante. Pero ello --y aquí queremos justificar nuestra
posición-- no quiere decir que debamos ir ahora reiterando iniciativas
sucesivas a instancia de unos u otros Senadores o grupos, y que siendo
plenamente reglamentarias, en ocasiones, podrían plantearse o ser
interpretadas, por legítimas que fueren, más desde perspectivas puramente
partidistas u oportunistas que desde las del interés general.
Señorías, las del interés general, en este caso, y concretamente con la
moción aprobada el pasado viernes, están debidamente salvaguardadas y
encauzadas, con buen paso, un paso firme que ha enmarcado
suficientemente, como ha
quedado dicho por los portavoces, el camino que marcó el Grupo navarro de
Senadores de UPN y avaló la Cámara como tal. No nos cabe duda de que la
moción aprobada recoge en ese sentido tanto el sentir de la inmensa
mayoría de los navarros --y, dado el resultado de la votación, de todos
los españoles-- en una cuestión que a nosotros nos afecta especialmente.
Por todo ello, marcado ya el paso y establecido el camino, que no es otro
que el del cumplimiento del tenor literal de lo aprobado el pasado
viernes, entendemos que pretender reiterar el mismo cuadro del viernes
pasado, pero con distinto autor, no puede tener otro objetivo práctico
que poner de manifiesto, no ya el cuadro, sino más bien el autor. Y
comprenderán sus señorías que cuando el cuadro es de Navarra, desde allí
nos lo queramos pintar nosotros mismos; o, al menos, que nos gusten más
los autores de casa.
Lo hicimos, pues, a tiempo, y yo creo que todos lo hicimos bien: a los
resultados me remito. Como decimos comúnmente, más vale llegar a tiempo
que rondar cien años. Y para llegar hay que estar, y nosotros, hablando
de Navarra y de España, no podíamos faltar. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iribas. (El señor Bolinaga
Bengoa pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, quisiera intervenir, aunque
no sea más que brevemente, a tenor del artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra por tres minutos.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Senador Iribas, si algo no me esperaba de usted es el discurso que acaba
de pronunciar ante esta Cámara. No lo esperaba de usted por Senador
adscrito al PP en Madrid, por su pertenencia y afiliación al UPN de
Navarra y particularmente por ser usted navarro.
Usted se ha escudado en que no es labor o tiempo de estar reiterando
sucesivamente lo mismo. Yo me pregunto en qué se iba a reiterar su
señoría cuando en la moción presentada por ustedes se insta al Gobierno,
simple y someramente, a profundizar en la búsqueda, etcétera, lo que
jurídicamente no quiere decir absolutamente nada. No dice nada, no obliga
a nada y no compromete absolutamente a nada, de modo que su contenido y
su esencia está en las antípodas de lo que ha sido propuesto por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el cual es muchísimo más
definitivo y muchísimo más concreto en su petición, en su demanda de
aceptación de compromiso por parte del Gobierno. O sea que no diga usted
que no es cuestión de reiterarse, porque aprobando esta Moción usted, su
Grupo y todo el Partido Popular no se reiteran absolutamente en nada,
absolutamente en nada.
Lo que realmente moleta a su señoría --y le molesta sobremanera-- no es
el sentido y el contenido ni de la interpelación que presenta nuestro
Grupo ni de la moción de hoy; lo que realmente le molesta y hiere a su
señoría es que precisamente haya sido el Partido Nacionalista Vasco el
que formulara y presentara en su día la interpelación y hoy, esta tarde,
la Moción correspondiente, para que de una vez por todas el 9 de junio
del año 2001 se dé por cerrado y zanjado el uso como polígono de tiro
aéreo y bombardeo de Las Bardenas Reales de Navarra. Ese es el tema; todo
lo demás ha sido un canto de sirena que no se sostiene en lo más mínimo.
La razón, su fundamento de base para negarse a votar favorablemente esta
Moción no es la reiteración --como ha dicho--, sino el hecho de que haya
sido el Partido Nacionalista Vasco el que la haya presentado en este
Senado. Pero que le conste que el Partido Nacionalista Vasco --que por lo
mismo que es Partido Nacionalista Vasco siente a Navarra tanto como usted
y le duele Navarra tanto como le duele a usted-- volverá a reiterarse en
sus planteamientos a favor de Navarra siempre que así lo considere en su
conciencia política y en su hombría de bien. Y esto no solamente
corresponde al Partido Nacionalista Vasco, sino a cualquier partido
político, llámese Unión del Pueblo Navarro, llámese Partido Popular,
llámese Partido Socialista o llámese como quiera que se llame.
Consiguientemente, lo que usted ha hecho ha sido un «dribling» a corto
que extraña sobremanera que lo realice un político joven como usted, con
un gran porvenir, con un gran futuro político, que parece que solamente
está jugando a navarrista, es decir, a pases en corto que a la larga no
le van a conducir absolutamente a nada y que le van a llevar a que en su
propia portería se le puedan colar muchísimos más goles de los que en un
juego noble hubiera sido posible introducirle.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga. (El señor Ardaiz
Egüés pide la palabra.)
Senador Ardaiz, supongo que quiere intervenir por el artículo 87. Tiene
la palabra por tres minutos.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente, así es, ya que no me ha
dado la posibilidad de ofrecer alguna aclaración al portavoz del Grupo
Socialista Catalán puesto que he tenido que intervenir antes que ellos en
razón de haber presentado una modificación a la moción.
En ese caso, quería aclarar al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió que la razón que nos ha llevado a
modificar, a través de una enmienda, la moción radica no en evitar una
concreción, sino en hacer que esa concreción no fuera fiada a un plazo
largo de dos años, lo que nos pondría en el año 1999 y entonces sería
difícil, en el caso de que el Gobierno de la nación no encontrase
alternativa, el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas.
Además, querría añadir, señor Presidente, que la posición que el Grupo
Parlamentario Popular ha manifestado hoy aquí es la verdadera postura que
mantiene, que no es
ni la de extinción del contrato con el polígono de tiro de las Bardenas,
ni el desmantelamiento del polígono, sino esa etérea y ambigua voluntad
de profundizar en las posibilidades de que se busque una alternativa. Es
una mala excusa decir que era una iniciativa redundante, porque el Grupo
Parlamentario Popular sabe que la semana que viene o, como máximo, la
próxima se presentarán nuevas iniciativas en el Congreso de los
Diputados, se han presentado anteriormente en el Parlamento de Navarra y
jamás se ha dicho no porque vinieran de otro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
El Senador Iribas tiene la palabra.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido la palabra al amparo del artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
En un tono pausado porque a mí ya se me enfrió lo de hace dos semanas, a
pesar de ser joven conservo la calma, creo que, evidentemente, se ha
destacado por parte de la Cámara que había una coincidencia en más de un
portavoz, o por lo menos en alguno y no de ese Grupo, de que era
redundante o de que era duplicar o reduplicar. Yo creo que lo que pedía
la Cámara --y es difícil que a los distintos grupos se les haya colado
por la gatera un gol-- es que se encontrasen alternativas --como dice el
último punto de la moción que aprobamos, y en todo caso que aprobó la
Cámara el último viernes-- que garanticen la satisfacción de los
intereses manifestados por la Junta de Bardenas y ayuntamientos
congozantes con respecto a su no renovación.
Por otra parte, y por reincidir en el argumento que se reitera por parte
del Senador Bolinaga, a mí no sólo no me molesta, sino que me parece
legítimo que cualquier Senador español, ante la Cámara alta, ante las
Cortes Generales, se preocupe de cualquier tema que afecte al territorio
español. Lo que sí le digo y le reitero es que, aunque «de internis neque
ecclesiae», tenemos más que fundadas sospechas y convicciones de cuál
era, por lo menos, el oportunismo, si no la inoportunidad, de su
interpelación, de la que trae consecuencia esta moción, interpelación en
la que, por cierto, se manifestaba un cierto desconocimiento.
No tenemos miedo a su iniciativa porque, entre otras cosas, creemos que
no les va a servir para el propósito electoral que pueden perseguir. Se
lo digo con tranquilidad y con serenidad.
Y, finalmente, voy a acabar con dos pequeños matices.
En primer lugar, me ha hablado usted de que yo voy de navarrista; yo, los
«ismos» o los «istas» no los utilizo, yo soy de Tafalla, navarro y
español, pero no voy de «ista» (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) A lo mejor son otros los que utilizan esos
sufijos.
En segundo lugar, termino con una frase que usted no pudo escuchar en el
último debate de la Comisión General de Autonomías que manifestaba el
Presidente de mi Gobierno, del Gobierno de la Navarra a la que yo quiero,
que es la Navarra de siempre y la Navarra hacia la que se proyecta el
futuro, la Navarra plural y diversa. Los navarros, que somos firmes, pero
somos cautelosos, que somos valerosos, pero somos prudentes y que, sobre
todo, queremos ser prácticos --y ahora le digo la frase--, somos largos
en «hacellas» y cortos en «contallas». (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iribas. (El señor Bolinaga
Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, no le puedo conceder la palabra porque el Reglamento es
tajante en el sentido de que el artículo 87 sólo puede concederlo
discrecionalmente el Presidente por una única vez.
Terminado el debate, vamos a pasar a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 99; en contra, 111; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO
DECLARA SU APOYO A LA DECISION DEL CONSEJO DEL ATLANTICO NORTE DE
MANTENER ABIERTA LA PUERTA DE ACCESO A LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL
ATLANTICO NORTE (OTAN) A NUEVOS MIEMBROS, Y A LA POLITICA DE ACUERDOS CON
LA FEDERACION RUSA, TENDENTES A REFORZAR LA PAZ, LA ESTABILIDAD Y LA
COOPERACION EN LAS MISIONES QUE, EN ESTA DIRECCION, EMANEN DE LAS
NACIONES UNIDAS. (662/000049.)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones. En primer
lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el
Senado declara su apoyo a la decisión del Consejo del Atlántico Norte de
mantener abierta la puerta de acceso a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte a nuevos miembros, y a la política de acuerdos con la
Federación Rusa, tendentes a reforzar la paz, la estabilidad y la
cooperación en las misiones que, en esa dirección, emanen de las Naciones
Unidas.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del grupo proponente.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Antes de empezar mi intervención, quisiera unirme a las palabras de
recuerdo y de cariño a nuestro querido y admirado compañero, José Antonio
González Caviedes, político ejemplar, cuya figura ha sido destacada esta
tarde en esta Cámara. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a sus señorías.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, como conocen sus
señorías, hace pocos meses el Congreso de los Diputados aprobó, por
amplísima mayoría, que España pudiera asumir plenas competencias con
ocasión de la reestructuración de la OTAN, contemplando nuestro esquema
de participación en una política internacional de paz y seguridad
compartidas, que había sido iniciada con nuestro ingreso en la Alianza
Atlántica y desarrollada hasta la fecha con una presencia efectiva en sus
misiones y en sus órganos de cooperación. (El señor Vicepresidente,
Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
La próxima celebración en Madrid de una reunión en la cumbre, el próximo
mes de julio, será ocasión adecuada tanto para establecer las
circunstancias de nuestra plena integración en la nueva estructura de la
OTAN como para la ampliación de la Alianza a algunos de los países
europeos que aspiran a incorporarse a este gran instrumento de paz y
seguridad al que, sin duda, se debe la consecución de una segunda mitad
del siglo XX caracterizada por la armonía y la convivencia entre las
naciones de su área y la fortaleza de sus sistemas democráticos frente a
los conflictos o riesgos que surgen en la periferia. Situación ésta muy
diferente a las tensiones y luchas que provocaron los sistemas e
ideologías de la primera mitad de este mismo siglo que ahora camina hacia
su final.
Por ello, es natural que nos sintamos favorablemente inclinados a la
continuidad del proceso iniciado por los doce países inicialmente
firmantes del Tratado de Washington en 1949, al que se unirían Grecia y
Turquía en 1952, Alemania en 1955 y España en 1982, Tratado libremente
aceptado por los Estados miembros tras los adecuados debates públicos y
parlamentarios en uso de la soberanía nacional de cada Estado miembro y
de la aceptación por parte de los países previamente aliados.
En consecuencia, también es lógico que nos sintamos desfavorablemente
impresionados por las actitudes de un Estado, hoy por hoy ajeno a la
Alianza, la Federación Rusa, que tanto desde posiciones gubernamentales
como parlamentarias parece pretender condicionar o limitar el derecho de
otros Estados europeos independientes a adherirse a ella. Estas
actitudes, que esperamos que sean superadas por la vía de la negociación
racional en un futuro no lejano, suponen una intromisión inadmisible en
las decisiones de otros Estados soberanos para establecer entre ellos los
pactos o acuerdos que consideren convenientes para sus propios intereses,
de la misma manera que hace no muchos años lo hizo España.
Nosotros comprendemos los deseos de Rusia de que no se establezcan armas
nucleares más próximas a sus fronteras, cuestión absolutamente evitable,
ya que hay naciones de la OTAN, como es el caso de España, que mantienen
su condición de territorio no nuclear y cuya fórmula de adhesión es
aplicable a otros futuros miembros de la Alianza.
También comprendemos que Rusia procure que no se provoque con este motivo
un rearme, lo cual está perfectamente claro en la actual política
internacional de desarme en que Rusia participa con su propia reducción
de armamentos, que comparte e inspecciona recíprocamente con los países
miembros de la Alianza. Pero estos problemas o cualesquiera otros recelos
que se susciten son asuntos a resolver en una relación bilateral amistosa
entre la OTAN y la Federación Rusa, que puede ser anterior, simultánea o
posterior a la ampliación de la Alianza. Lo que no es aceptable es la
presión sobre los países aspirantes o los países miembros de la Alianza a
fin de impedir o dificultar el libre uso de atribuciones soberanas que
sólo a ellos compete.
La Federación Rusa debiera comprender que la Alianza entre países libres
para defender su paz y estabilidad no es un acto agresivo, dirigido
contra ninguna otra potencia, sino la ampliación gradual y progresiva de
un mapa de cooperación, cuya influencia en el equilibrio internacional
garantiza que no haya regresión hacia las radicalizaciones nacionales que
provocaron los conflictos del pasado, a la vez que ofrece un potencial
conjunto y eficaz para las misiones que las Naciones Unidas autoricen en
beneficio de la humanidad, apagando conflictos, forzando soluciones
negociadas y avanzando por un nuevo camino que nos acerca a nuevas
realidades históricas.
La Federación Rusa, que actualmente participa con sus tropas y las de la
OTAN en la pacificación de Bosnia y cuyos ejércitos están representados
en los centros de decisión de la OTAN en Europa, tiene información
suficiente para saber que esto es así. Este nuevo panorama de cooperación
internacional favorece a todos los pueblos incluidos los de la Federación
Rusa, cuyo futuro pacífico y próspero todos deseamos que se desarrolle
amistosamente en el seno de una sociedad mundial cada vez más
internacionalizada.
Por ello presentamos a sus señorías esta moción que se resume en dos
propuestas: la primera es el apoyo de esta Cámara a la decisión del
Consejo del Atlántico Norte de mantener abierta la puerta de acceso a la
Alianza de aquellos nuevos miembros que aspiren libremente a incorporarse
al Tratado; la segunda es que igualmente apoyamos todos los esfuerzos
tendentes a establecer acuerdos entre la OTAN y la Federación Rusa que
puedan intensificar la cooperación mutua, especialmente en las misiones
humanitarias que emanen de Naciones Unidas, y en todo aquello que
favorezca el entendimiento entre todos los pueblos del mundo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Elorriaga.
Cabe un turno en contra, ¿algún Senador quiere hacer uso de la palabra
para el turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Este turno de portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene
opiniones muy distintas sobre la OTAN, sobre la moción del Partido
Popular, al no poder dividir el tiempo hoy lo va a cubrir Coalición
Canaria.
En primer lugar, tendré que afirmar que esta moción es muy oportuna en el
tiempo, pues ha sido presentada en el registro el día 10 de este mes de
marzo, hoy es día 18, y mañana día 19 se reúne en Helsinki, en una cumbre
de Presidentes de USA y Rusia, Clinton y Yeltsin, respectivamente, en un
encuentro vital para la futura y casi inmediata expansión de la OTAN,
finalidad fundamental de esta moción del Partido Popular, que referida a
la Federación Rusa dice: apoyar la política de acuerdos tendente a
reforzar la paz, la estabilidad y la cooperación en las misiones que en
dicha dirección emanen de las Naciones Unidas.
Hace escasamente dos años era impensable esta posibilidad, pero en este
corto espacio de tiempo han solicitado el ingreso en la OTAN algunos
países del centro y este europeo, lo cual sería prácticamente imposible
sin un acuerdo previo con Rusia.
Después de reiterados encuentros entre Solana, Secretario General de la
OTAN, y Primakov, Ministro ruso de Asuntos Exteriores, hace escasos días,
se comentó que se había llegado a un posible preacuerdo a partir de que
la OTAN no estableciera ni estacionara tropas en los países del este que
se integren, ni instalaciones nucleares, y que haya la posibilidad de la
firma de un acuerdo bilateral con el mutuo intercambio de información
amplia sobre la realización de maniobras militares, la utilización
combinada sobre imágenes de satélites, la integración progresiva en el
G-7, e incluso para realizar un estudio colectivo por parte de los
dieciséis miembros de la OTAN en la creación de una brigada mixta
propuesta por la Secretaria de Estado de USA, Madeleine Albright.
Estas posibilidades, impensables hasta hace poco tiempo, además, están
basadas fundamentalmente en el derecho de los países soberanos y libres a
mantener las alianzas que estimen convenientes. Estos países que han
solicitado ingresar se basan en el artículo 10 del Tratado de Washington,
con el cual la Alianza puede --y leo literalmente--, por acuerdo unánime,
invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de
favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y a
contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte.
Estos países han sido: Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovenia,
Rumanía y Bulgaria. Parece que la aceptación de los tres primeros es ya
casi segura, y para que Hungría no quedara aislado de la continuidad
territorial con el resto de los países de la OTAN, podría añadirse
Eslovenia. Los restantes, Rumanía --apoyado por España como país
latino--, con salida al Mar Negro y Bulgaria, quedarían propuestos quizá
para otra ocasión, pues pueden desnivelar el equilibrio actual de la
zona.
La finalidad fundamental por la que lo han solicitado pienso que es para
que la integración aplaque tensiones internacionales, haciendo que se
suavice, por lo tanto, la política de seguridad, permitiendo entonces
reducir el nivel incluso de sus propias Fuerzas Armadas, proporcionando
estabilidad, con sensación de tranquilidad y confianza que beneficia
tanto a sus miembros como a sus vecinos.
No hay que olvidar la importancia de la aplicación del artículo 5 de la
Alianza, que contempla el compromiso de la defensa mutua en caso de
agresión.
Uno de los factores decisivos será, por ejemplo, la resolución, por
medios exclusivamente pacíficos, de acuerdo con los principios de la
Organización de Seguridad y Cooperación Europea, de cualquier disputa
étnica o territorial que pudiera tener con otro país. Esto conlleva la
necesidad del control democrático de las Fuerzas Armadas, condición
básica y fundamental de los miembros potenciales. No hay que olvidar que
en estos países, en su etapa comunista, el estamento militar gozó de una
posición privilegiada y de un monopolio de poder e información sobre la
defensa raramente cuestionados.
También habrá que valorar que, aunque estos países podrán, quizás,
disminuir sus Fuerzas Armadas en número, no hay duda de que el nivel
mínimo de interoperatividad necesario para lograr la eficacia militar
exigirá unos costes, no muy cuantificados actualmente, de modernización y
profesionalización para que los nuevos miembros puedan participar en toda
la gama de misiones de la Alianza, según sus especificidades mínimas
pendientes de negociar y debatir, y no sabemos de las posibilidades
económicas que puedan tener cada uno de los países peticionarios.
A lo largo del último decenio, señorías, se han celebrado tres cumbres de
la OTAN, pero no a intervalos regulares: en Londres, en 1990; en Roma, en
1991 y en Bruselas, en 1994. Los jefes de gobierno dieron a la Alianza
nuevos papeles, nuevos socios y, como se ha visto, una nueva misión. Se
tiene la confianza de que la que se va a celebrar en Madrid, en julio de
1997, sea el paso decisivo para una OTAN del siglo XXI. Se la va a
denominar, además, Cumbre para la Cooperación y Seguridad Euroatlántica.
Para Coalición Canaria, desde la perspectiva de más seguridad europea que
atlántica, deben establecerse lazos muy intensos con la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa, con la Unión Europea, con la UEO y
con el Consejo de Europa. La presencia de los europeos y su peso dentro
de la Alianza deben ser cada vez mayores. Ya no cruzan ni amenazan el
Atlántico los submarinos soviéticos, señorías. El viejo Mediterráneo
vuelve a ser el nudo gordiano de la seguridad del centro y sur de Europa
y del norte de Africa.
A Rusia, puesto que puede sentirse amenazada, hay que ofrecerle las
máximas garantías de que la finalidad exclusiva de la Alianza es la
defensa de la paz, seguridad y estabilidad de Europa, tanto en el
desarrollo de los aspectos políticos como de los económicos, sociales y
medioambientales. La Asociación por la Paz, conocida por las siglas APP,
bilateral con Rusia, que existe actualmente, se debe desarrollar al
máximo, pues ha de ser muy activa, constructiva y basada en la
cooperación para así desvanecer las reservas rusas.
Si del encuentro de mañana en Helsinki se derivara un avance podría
plantearse para mayo próximo en Sintra
(Portugal), donde se reúne el Consejo Atlántico, la firma de un tratado
bilateral con Rusia que permitiera a Yeltsin venir a Madrid --según ha
indicado algún comentarista-- como una especie de anfitrión consorte de
sus antiguos países del Este. Así, se podrían celebrar por todo lo alto
los 50 años de la Alianza.
Termino, señor Presidente, indicando que Coalición Canaria ha sido muy
crítica hasta ahora con la total integración militar de España en la
OTAN, puesto que no ha sido despejada su situación dentro de la
organización desde el punto de vista de la estrategia de los mandos
subregionales de segundo nivel en relación con la zona llamada Iberlant y
la zona de influencia de las Fuerzas Aéreas y de la Armada.
En este sentido, el General Valderas, Jefe del Estado Mayor, ha declarado
en una fecha no muy lejana: Todavía no están decididos ni límites ni
misiones ni responsabilidades, tampoco están asumidas áreas de
operaciones ni de responsabilidades de ninguno de los mandos. Lo que sí
había quedado claro --añadía-- era que al mando subregional que se
ubicara en España le correspondería, en todo caso, el control del
Estrecho y sus océanos, así como la coordinación, cooperación y el
diálogo con el norte de Africa, quedando en el aire la zona de influencia
del archipiélago canario. Se espera --continuaba diciendo el General
Valderas-- que todas las estrategias que se discutan en la reunión de los
Jefes de Estado Mayor de la Defensa, que se reunirán a finales de abril
en Bélgica, serán ratificadas en la reunión de Sintra, en Portugal, a
finales de mayo, donde se llevarán también los temas de la ampliación y
los acuerdos con Rusia para desembocar en la cumbre de Madrid del mes de
julio.
Coalición Canaria que --como decía-- ha sido crítica con la estrategia de
España y con sus zonas de influencia, apoya sin reservas esta moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, sin olvidar en ningún momento
que toda esta actuación es y debe ser siempre exclusivamente preventiva
para así evitar, en el futuro, situaciones como la de la antigua
Yugoslavia.
Por último, quiero recordar, señorías, a nuestros negociadores españoles
en la cumbre de Madrid de julio próximo que es una premisa de la OTAN que
hasta que todo no esté aprobado nada está aprobado. Por lo tanto, si no
hay acuerdo en determinados puntos ha de volverse sobre el punto anterior
y replantearse toda la negociación. Recordarlo, señorías, aquí hoy y
ahora no creo que sea ocioso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, no es el de hoy, sin duda, un debate sobre la
OTAN en su conjunto. Ya se produjo en su momento, hace tiempo y, además,
se retomó de nuevo no hace mucho con ocasión de la plena participación de
España. Pero, sin duda, creo que es necesario encajar esta moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular en un análisis, aunque sea breve,
de la situación actual y del futuro de la Alianza Atlántica.
Es incuestionable que la Organización del Atlántico Norte es hoy una
organización en proceso de cambio, forzado en parte porque estamos en un
mundo ya sin bloques y globalizado. Por tanto, la gran mayoría, por no
decir todos, estamos hablando de una nueva OTAN que nada tiene que ver
con la de hace años ni casi, yo diría, con la actual. ¿Por qué todo esto?
Porque está adquiriendo una mayor dimensión europea, porque es más
racional y geográficamente más amplia; porque se está en fase de diseño
de una nueva estructura militar así como de la configuración de sus
distintos niveles de mando y áreas de responsabilidad, y porque se
enmarca además en una nueva línea o estrategia de seguridad y defensa.
Si estamos en este punto --yo creo que sí--, de cambio importante y de
adaptación al futuro, es el momento, sin duda, de ensanchar las puertas a
este futuro, y ello, aunque sea en parte, pasa por la ampliación de
nuevos miembros. Algunos incluso han cifrado la salvación de la OTAN
precisamente en la ampliación de sus miembros, opinión que, con
franqueza, yo no comparto, pues no se trata de salvar a nadie sino de
aprovechar, proyectar, transformar y mejorar, y todo esto sí que pasa por
una posible ampliación.
Sin duda, la cumbre de Madrid del Consejo del Tratado del Atlántico Norte
puede y debe ser un buen punto de referencia, como lo es, desde el punto
de vista operativo, para presentar una nueva OTAN adaptada interna y
externamente y en condiciones de asumir nuevos protagonismos, nuevas
misiones y desafíos.
Nuestro Grupo apoya, por tanto, esa posible ampliación, no sólo por el
derecho de los pueblos a tomar sus decisiones, lo que es cierto, sino
porque ello supondría un gran esfuerzo a la política de paz y seguridad.
Otra cuestión importante que plantea la moción es la relación a
establecer en los acuerdos con Rusia. Es bien cierto que el problema de
Rusia nos supera, no sólo a nosotros, sino incluso a la Unión Europea,
pero también lo es que no se puede concebir la seguridad europea sin
Rusia. No podemos concebirla sin ella.
Todos sabemos que hay mucha, mucha reticencia a esta ampliación,
reticencia que va desde que la ampliación es vista como una amenaza,
hasta negar a Rusia toda capacidad de decisión en materia de seguridad
europea, llegándose incluso a decir que es un error esta posible
ampliación. Otros dicen, y con razón, que la seguridad no aumentará con
la ampliación de la OTAN sino con una Rusia estable económica y
políticamente. Totalmente de acuerdo. Pero también habría que decirles a
quienes esgrimen todos estos contrastes de opiniones que la ampliación no
va contra Rusia --no es éste el camino--, sino que son los propios países
del Este los que han pedido el ingreso, que la OTAN ya no es la de la
guerra fría sino la de las misiones de paz, y que el foco básico de
tensión no es precisamente en estos momentos el Este de Europa puesto que
los países del Este de Europa han recuperado ya su libertad.
Caeríamos absolutamente todos en un grave riesgo de crear dos conjuntos
en Europa: los que estarían bajo el paraguas de la OTAN y los que
estarían fuera. Siendo ésta en su conjunto una cuestión nada fácil, es
imprescindible llegar a unos acuerdos lo más amplios y concretos con
Rusia. Piden hechos y no palabras, y en esto creo que tenemos que darles
la razón, estamos de acuerdo. Remarcan que la principal amenaza es que en
los territorios de los nuevos miembros puedan estacionarse armas
nucleares, lo que también es cierto, pero los cambios sustantivos
producidos en la realidad mundial, y particularmente en la europea con la
desaparición de bloques y el final de la guerra fría, deberían propiciar
el más amplio y posible consenso.
Termino, señorías, dejando constancia de lo siguiente; no sería bueno
ningún tipo de precipitación, tampoco ninguna renuncia ni imposición,
pero la necesidad de clarificar posiciones y establecer relaciones
bilaterales debería estar por encima de cualquier otra acción o
consideración. Por tanto, nuestro Grupo va a votar favorablemente la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Luis Calvo tiene la
palabra.
El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y defendida por el Senador Elorriaga, en relación a la posible y
previsible ampliación a otros países de Europa Central y Oriental de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Debo comenzar diciendo que no existe desacuerdo por parte de mi grupo
parlamentario en los términos en los que se plantea la moción, pero cabe
hacer alguna matización en referencia a alguno de sus aspectos. La
adhesión de un nuevo miembro, cualesquiera que sea, a la OTAN, no es un
hecho sin trascendencia o totalmente neutral para sus vecinos, porque
ello supone la posible intervención de las Fuerzas de la OTAN en un
hipotético conflicto armado a favor de alguno de los países miembros
cuando su territorio se vea afectado, y esto podría alterar los
equilibrios de fuerza iniciales o anteriores a la adhesión.
Por lo anteriormente expuesto, parece lleno de toda lógica que la
expansión de la OTAN hacia el Este se haya visto con recelo por la
Federación Rusa y que su resistencia aumente a medida que dicha expansión
se aproxima a sus fronteras. Por eso, resulta de suma importancia superar
las reticencias que Rusia, superpotencia en la zona, pueda plantear y de
hecho plantea, si pretendemos avanzar en la política de cooperación y de
paz en Europa. Además, si queremos contribuir a la consolidación de las
nuevas democracias surgidas de la desaparición de los bloques, a la
Federación Rusa, dada la situación interna en la que se encuentra, no le
ayudaría demasiado ir forzando en exceso determinadas políticas que
puedan ser utilizadas para reforzar los argumentos de los involucionistas
dentro de la propia Federación Rusa. Se hace necesario tomar en serio el
recelo de Rusia por la ampliación y, en lugar de rechazar de entrada ese
punto de vista de la Federación Rusa, deberíamos esforzarnos por disipar
esos recelos. Si los rusos conocieran mejor la amplitud de las reformas
emprendidas y las que se siguen produciendo en la Alianza, quizá no se
opondrían con tanta fuerza a la apertura hacia nuevos miembros. Por eso,
debería conocer, de verdad, que desde 1990 han sido revisadas
radicalmente las estructuras y doctrinas militares; que se han reducido
las fuerzas nucleares en un 80 por ciento y que se han retirado de Europa
la totalidad de las fuerzas nucleares lanzadas desde tierra.
Gracias a la Asociación para la Paz, mencionada hace un momento aquí
también, se ha establecido un mecanismo permanente de cooperación con los
países externos a la OTAN que ahora se entrenan y se reúnen con la
Alianza en Bruselas y contribuyen de manera admirable al restablecimiento
de la paz en Bosnia. Y nosotros debemos estar convencidos también de que
los rusos terminarán por comprender que los nuevos países no se van a
adherir a una vieja OTAN, concebida para defenderse de una amenaza
masiva, sino a una nueva Alianza que quiere cooperar y que cooperará
estrechamente con Rusia. No olvidemos tampoco que hasta no hace mucho
tiempo la concepción a uno y otro lado del Atlántico en lo que se refiere
a la admisión de nuevos miembros en la Alianza era diferente. Recuérdese
que éste fue uno de los debates que adquirió mayor importancia y
protagonismo a raíz de la Cumbre de Bruselas en enero de 1994, cuando
nació la Asociación para la Paz, ya que, debido a la autodisolución del
Pacto de Varsovia, se crea en Europa Central y Oriental lo que se ha
venido denominando un vacío de seguridad.
Por otra parte, tampoco debemos olvidar que, mientras se discute cómo
debe tratarse la ampliación de la Alianza y sus relaciones con Rusia, el
flanco suroriental de la Organización viene advirtiendo de la necesidad
de poner orden en casa, por lo menos al mismo tiempo que se decide
agrandarla. Con la mayoría de los países miembros mirando hacia el este,
son Chipre y, por lo tanto, Grecia y Turquía, dos aliados que
históricamente andan a la greña, quienes están reclamando mayor atención.
El problema de Grecia y Turquía no sólo es una cuestión que se limita a
los dos países directamente implicados; también afecta a la OTAN y podría
afectar a la Unión Europea. Como todos saben, el Gobierno turco,
aparentemente cansado de llamar a la puerta de la Unión Europea --cuyo
ingreso es vetado por Grecia--, no hace mucho que anunció su
determinación de vetar la ampliación de la OTAN si no se le abren las
puertas de Europa.
Pero, volviendo al asunto de la ampliación, el objetivo de todo este
ejercicio no debe ser sólo el legítimo ingreso de unas nuevas democracias
en la OTAN, sino la creación de un sistema estable de seguridad
compartida en toda Europa. Una vez el tren está en marcha, detenerlo o
hacerlo retroceder sería contraproducente. Pero hay que asegurar que no
descarrile. Y es que hay algo peor que una ampliación
mal hecha, y ese algo peor es una ampliación fracasada.
La decisión del Consejo Atlántico de celebrar en Madrid la próxima cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica el próximo mes
de julio representa un reconocimiento al papel que ha venido desempeñando
España en los últimos años en el ámbito internacional y es un motivo de
satisfacción para todos. Pero supone también una responsabilidad que va
más allá del mero papel de eficiente anfitrión. Además del diseño futuro
de la seguridad europea y de la propia Alianza, además de la nueva
estructura de mandos de la OTAN, la cumbre debe abordar las nuevas
incorporaciones. Polonia, Hungría, la República Checa aparecen como los
primeros invitados. La posibilidad de incorporar a Eslovenia y tal vez
también a Rumanía es eso, otra posibilidad.
Es necesario clarificar en los próximos meses el propio sentido de la
ampliación, para evitar frustraciones entre los no designados y tensiones
con otras potencias europeas. Es preciso explicar que la incorporación de
nuevos miembros tiene un sentido eminentemente político y de seguridad,
proyectando estabilidad en Europa, y no ampliando hacia el este una
defensa avanzada que ya no existe. Y esta concepción debiera llevarnos
más allá, a un proceso abierto a todos los países que han solicitado su
ingreso, incluidos los bálticos, quedando claro que la cumbre de Madrid
no marcará el fin de la ampliación de la Alianza Atlántica, sino el
comienzo de un proceso.
Para terminar, entendemos que la ampliación debe hacerse cuidadosamente,
con suma delicadeza, para evitar crear nuevas fracturas en Europa, que
reducirían, qué duda cabe, la seguridad de este viejo continente. La
Europa que queremos construir debe evitar nuevas divisiones. Por el
contrario, la seguridad en este viejo continente debe ser compartida. Por
eso, en este nuevo sistema de seguridad deberían quedar integrados con
plenitud y tranquilidad la Federación Rusa y Ucrania. Hacer participar a
Rusia en el nuevo esquema de seguridad europea es uno de los grandes
retos planteados de aquí al año 2000 o, incluso, más allá.
Por todo ello y como decía al principio, mi Grupo va a apoyar la moción
en los términos en que se plantea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Luis Calvo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando un Senador presenta una moción que es acogida favorablemente por
todos los grupos de la Cámara, tiene poco que decir pero, por lo menos,
tiene que dar las gracias y hacerse eco de las debidas matizaciones que
aquí se han hecho acertadamente.
Ante todo, he de decir al Senador Ríos, de Coalición Canaria, que su
intervención es muy de agradecer, ha sido completísima, ha hecho todo
género de precisiones en cuanto a los países aspirantes y al posible
calendario, y creo que con ella ha ayudado al conocimiento del tema que
yo quería presentar aquí y que, por evitar una extensión excesiva de mi
discurso, no hice, aunque también por una cierta flexibilidad con las
incidencias que se puedan producir en el proceso, como la aceptación o no
de unos países en una primera o en una segunda fase, o alguna alteración
del calendario --yo no creo que el Presidente Clinton se vuelva a romper
una pierna y no pueda reunirse con Yeltsin--. Pueden darse una serie de
circunstancias, que yo no he querido llevar a una concreción tan exacta,
pero le agradezco que las haya presentado para hacer ver la oportunidad
de la toma de posición del Senado en este asunto.
Lo mismo le digo al Senador Carrera, que con su tradicional sentido común
y sensatez ha hecho unas reflexiones muy oportunas sobre el proceso de
cambio, sobre la nueva OTAN, y sobre la necesidad de ensanchar las
puertas hacia un futuro dentro de un nuevo esquema de política de paz y
seguridad en la que, evidentemente, es absolutamente necesario contar
también con la Federación Rusa. Por eso, al presentar la moción, he
procurado mostrar los dos temas conjuntamente: las relaciones bilaterales
OTAN-Rusia, a la vez que el problema de la admisión de nuevos países.
Estoy también de acuerdo con todo lo que ha dicho el Senador Luis Calvo
del PSOE. Lo importante son los equilibrios de fuerza y esta ampliación
debe realizarse con toda prudencia. La graduación de las incorporaciones
es un tema fundamental, no sabemos en estos momentos cómo se resolverá,
pero creo que ni todos los países aspirantes pueden ingresar de una sola
vez, ni se tienen por qué sentir frustrados los que no ingresen. El
prestigio de la OTAN como organización defensiva viene de que es una
organización real, no es como otras organizaciones teóricas que no
disponen de fuerza real. El ensanche de una organización real implica que
los factores que se incorporen sean homogéneos; que sea homogéneo el
nivel de sus Fuerzas Armadas, que se puedan establecer redes de
comunicaciones, de información, servicios de inteligencia homogéneos,
etcétera. Si se es de la OTAN, que se sea de la OTAN, no simbólica sino
realmente. Se entra en una estructura de cooperación defensiva cierta y
real y, por tanto, hay países que están preparados, otros que no lo están
o que necesitan un proceso de preparación. Por tanto, la observación de
que hay que ver el tema de las incorporaciones con gradualidad es muy
atinada. En todo caso, es evidente que la cumbre de Madrid es una gran
responsabilidad; es un gran honor para España ser el país anfitrión de
una asamblea tan importante y, dada la comprensión y el buen sentido que
inspiran las diversas fuerzas políticas representadas en este Parlamento,
espero que sea igual en otros países del mundo, que se imponga el buen
sentido y que la cumbre de Madrid sea un paso fundamental en la política
de paz hacia el siglo XX, que nos espera en las puertas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Elorriaga.
¿De la intervención de los portavoces se puede deducir el acuerdo de los
grupos parlamentarios? ¿Se puede votar por asentimiento?
(Denegaciones.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 205; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE DESARROLLE LAS MEDIDAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE QUE LAS
CONTRATACIONES LABORALES EN REGIMEN DE INTERINIDAD QUE SE LLEVEN A CABO
PARA SUSTITUIR A TRABAJADORAS CUYA RELACION LABORAL SE ENCUENTRE
SUSPENDIDA POR MATERNIDAD, SE VEAN BENEFICIADAS POR UNA REDUCCION DEL
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO EN LAS COTIZACIONES EMPRESARIALES A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN CONCEPTO DE CONTINGENCIAS COMUNES. (662/000048.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno para que desarrolle las medidas legales
necesarias a fin de que las contrataciones laborales en régimen de
interinidad que se llevan a cabo para sustituir a trabajadoras cuya
relación laboral se encuentre suspendida por maternidad se vean
beneficiadas por una reducción del 95 por ciento en las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes.
Esta moción tiene una enmienda, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la representante del Grupo
firmante de la misma, Senador Fernández Valenzuela, por un tiempo de
veinte minutos.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, para la defensa de esta moción tendríamos que empezar diciendo
que el desempleo es el problema más sentido en nuestra sociedad y el que
más preocupa y genera mayores incertidumbres de futuro.
Este no es un problema sólo de nuestro país, sino que se enmarca dentro
de las profundas transformaciones que se están produciendo en la
organización del trabajo, sobre todo, en el seno de la Unión Europea.
Estas transformaciones están motivadas y derivadas por el incesante
progreso tecnológico y la globalización de los mercados.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Por otra parte, habría que tener en
cuenta la desvinculación entre el crecimiento y el empleo, entre la
producción y la ocupación y el difícil tránsito desde una economía
productiva a otra predominantemente de servicios, y los cambios
culturales que todo esto conlleva están generando un profundo desajuste
entre la oferta y la demanda de trabajo.
Señorías, como todos ustedes sabrán, en el seno de la Unión Europea se ha
generado un amplio debate sobre la problemática del desempleo. En este
sentido, el Consejo de Europa de Madrid reafirmó como planteamiento
básico que la lucha contra el desempleo y en favor de la igualdad de
oportunidades constituyen la tarea prioritaria de la Unión y sus Estados
miembros.
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
La señora FERNANDEZ VALENZUELA: Teniendo en cuenta lo anteriormente
dicho, la consecución de una situación de igualdad real entre mujeres y
hombres en todos los aspectos de la vida aconseja la eliminación de
cualquier traba que impida una equiparación de trato en el aspecto
laboral.
No cabe duda, señorías, que en los últimos años se han producido notables
avances en este sentido. La incorporación masiva de la mujer a la
Universidad ha dado como resultado una mayor preparación y formación para
poder acceder en condiciones de igualdad con el hombre a cualquier ámbito
del mundo laboral, rompiendo de esa manera la cultura predominante del
ámbito de lo público para el hombre y de lo privado o doméstico para la
mujer.
Habría que resaltar que estos avances comienzan a producirse a partir del
año 1983, en el que, a finales del mismo, se crea el organismo autónomo
Instituto de la Mujer. Y en septiembre de 1987 se aprueba el I Plan para
la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, desarrollando en sus
programas una estrategia transversal que contribuye a que, desde los
organismos de la Administración con recursos y competencias en distintas
materias, se integre y dé tratamiento a la problemática de las mujeres
desde una perspectiva de la igualdad de oportunidades, centrando su
trabajo en el impulso y el apoyo de ópticas específicas dentro de las
políticas generales.
Señorías, en el momento actual el desafío planteado es conseguir que la
indudable mejora producida en los niveles de cualificación femenina
tengan una respuesta adecuada en su participación cuantitativa y
cualitativa en el mundo laboral, resaltando que el fuerte incremento en
la tasa de actividad femenina que se ha producido últimamente en nuestro
país constituye un indicador relevante del proceso de modernización de la
sociedad española.
Sin embargo, todavía seguimos teniendo muchos obstáculos para que la
integración laboral de la mujer se lleve a cabo en condiciones de
verdadera igualdad con el hombre. Para demostrar esto, podríamos destacar
la elevada tasa de desempleo que afecta a una gran parte de la población
femenina,
siendo el índice de paro de la mujer prácticamente el doble que el del
hombre.
Por otra parte, habría que destacar la fuerte segmentación ocupacional
que concentra a la mayoría de las mujeres en los servicios y, sobre todo,
la persistencia de importantes barreras culturales en el mundo
empresarial, que frenan de alguna manera las expectativas laborales de
las mujeres. Y, sobre todo, habría que destacar la menor disponibilidad
profesional que proviene de la dificultad de conciliar la vida familiar y
la actividad profesional.
Si repasamos el panorama sociolaboral de las mujeres elaborado por el
Consejo Económico y Social en enero de 1997, entre otras cosas nos dice
que se produce un fuerte incremento laboral en la tasa de actividad
femenina, que aunque todavía baja en comparación con otros países
desarrollados es ya del 37,2 por ciento, ganando 2,2 puntos porcentuales
en los últimos tres años. Señorías, si analizamos esto y lo reflexionamos
detenidamente vemos que refleja de una manera clarísima la creciente
voluntad de las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo y, como
consecuencia, la caída de la tasa de natalidad y sobre todo de la tasa de
fecundidad, que en España es de 1,2 hijos por mujer, la más baja, junto
con la italiana, de toda la Unión Europea. Habría que darse cuenta
también del descenso --y lo mismo dice el Consejo Económico y Social-- en
la tasa de nupcialidad y el retraso en la edad de fundar un hogar, con el
consiguiente aplazamiento de tiempo en el nacimiento de hijos, el mayor
número de divorcios y separaciones y el incremento del número de mujeres
con estudios superiores, mayor desde 1994 al de hombres, que quieren
desarrollar su carrera profesional.
Por otra parte, tampoco podemos olvidar las razones sociales y culturales
del creciente deseo de independencia y autonomía, que contribuyen a
elaborar un proceso, aunque lento, de una nueva estructura del mercado
laboral.
Según la experiencia que esta Senadora ha vivido durante siete años como
Directora del Centro Provincial de la Mujer en Córdoba, anteriormente
decía, y vuelvo a repetir, que la maternidad es una de las trabas más
importantes para la incorporación de las mujeres en edad fértil al mundo
del trabajo. No podemos perder de vista que los empresarios consideran la
maternidad como un problema fundamental a la hora de hacer un contrato a
una mujer. Eso lo demuestran, por ejemplo, las preguntas que aún realizan
en las entrevistas a posibles trabajadoras, como: ¿está usted casada?,
¿tiene novio?, ¿piensa tener hijos?, o como recientemente salía en la
prensa, la noticia de que aún hay empresas en las que sus convenios
colectivos ofrecen dotes a las trabajadoras que se van a casar para que
dejen el trabajo, o la no renovación de su contrato laboral cuando se
casan o se quedan embarazadas. Está comprobado que en nuestra sociedad
este fenómeno constituye un grave problema para armonizar la maternidad y
la incorporación de la mujer al trabajo, ya que en un futuro no muy
lejano podemos encontrarnos con que la pirámide de población no tenga
base suficiente para soportar las clases pasivas, con todos los
agravantes --que podíamos estudiar y considerar-- que esto llevaría
consigo.
Todas éstas, señorías, son razones que deberíamos tener en cuenta para ir
motivando e incentivando a los empresarios para que la maternidad no sea
un problema a la hora de hacer un contrato y para que las mujeres puedan
acogerse con libertad y satisfacción al permiso de maternidad, legalmente
establecido en el Estatuto de los Trabajadores, sin la angustia de pensar
que cuando termine el permiso en la mayoría de los casos no se les va a
volver a renovar su contrato.
Por otra parte, es absolutamente necesario como medida de creación de
empleo y reparto de trabajo cubrir con otro trabajador o trabajadora el
período de permiso de maternidad contemplado en el artículo 48.4 del
Estatuto de los Trabajadores. Señorías, actualmente --no hace falta que
yo lo diga porque creo que eso está en el conocimiento y en el ánimo de
todos ustedes-- eso es lo que no se hace en las empresas: cuando una
mujer pide la baja por permiso de maternidad la mayoría de las empresas
no hacen sustitución de esa trabajadora por otro trabajador o por otra
trabajadora durante los cuatro meses que recoge el Estatuto de los
Trabajadores.
Por lo tanto, ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista del
Senado presenta la siguiente moción: Se insta al Gobierno de la nación
para que desarrolle las medidas legales necesarias para que los contratos
de interinidad para sustituir a trabajadoras cuya relación laboral esté
suspendida por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
48.4 del Estatuto de los Trabajadores, tengan derecho a una reducción del
95 por ciento en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por
contingencias comunes. Deberá garantizarse, asimismo, que los citados
beneficios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al
cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado inclusive del empresario o de quienes
ostenten cargo de dirección o sean miembros de los órganos de
administración que revistan la forma jurídica de sociedad y las que se
produzcan con estos últimos.
El Grupo Parlamentario Socialista espera que esta moción sea compartida
por todos los grupos parlamentarios, ya que, desde nuestro punto de
vista, tiene un doble sentido: por una parte, afecta directa y
específicamente a la mujer en cuanto a la maternidad; y, por otra, sería
una buena medida generadora de empleo.
Señor Presidente, para terminar, me gustaría decir que, además, esta
moción que proponemos es razonable o posible, ya que podríamos indicar o
enumerar dos hechos que lo avalan: Primero, en el País Vasco, mediante un
Decreto, el 232/1996, de 1.º de octubre, que está vigente --lo que no
puedo dar son los resultados obtenidos porque no ha sido posible hacerme
con ellos--. Y, segundo, en la disposición decimocuarta del Estatuto de
los Trabajadores, como resultado del Texto Refundido del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 4 de marzo, se aplica una actuación en el mismo
sentido para mujeres que pidan excedencia para el cuidado de sus hijos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Vidal, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
El señor VIDAL Y PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos que las
medidas podrían extenderse a los contratos de interinidad a tiempo
parcial que se hagan para sustituir a la trabajadora o trabajador que
haya usado del derecho de la reducción de la jornada de trabajo, según
contempla el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, que dice:
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor
de 6 años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un
tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
No obstante, después de las conversaciones mantenidas con los demás
grupos parlamentarios retiramos dicha enmienda y la plantearemos en una
nueva moción, buscando, evidentemente, el consenso que creo que entre
todos podemos encontrar, mejorar y apoyar.
Y ya, con referencia a la moción del Grupo Parlamentario Socialista,
quiero afirmar que, efectivamente, en los últimos años se han producido
notables avances en la consecución de una situación de igualdad real
entre mujeres y hombres, yo diría en todos los aspectos de la vida, pero
debemos avanzar aún más en el tema laboral que hoy nos ocupa. En
concreto, nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista para ayudar a romper --por decirlo
de alguna forma-- el que la maternidad sea un problema para la
contratación de mujeres en las empresas.
Como dice el texto de la moción, estamos de acuerdo en desarrollar
medidas para que los contratos de interinidad que se lleven a cabo para
sustituir a las trabajadoras cuya relación laboral esté suspendida por
maternidad, de conformidad con el dispuesto en el artículo 48.4 del
Estatuto de los Trabajadores, tengan derecho a una reducción del 95 por
ciento en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por
contingencias comunes, y con las citadas garantías que figuran asimismo
en los incentivos de los contratos de interinidad por excedencia para
cuidado de hijo. Dicho artículo establece también que la madre tiene
derecho a la suspensión de dieciséis semanas ininterrumpidas o dieciocho
en caso de parto múltiple.
Actualmente, la Seguridad Social se hace cargo del pago de la nómina y la
empresa continúa pagando la Seguridad Social, por lo que en muchos casos
no se contrata a otra persona en su puesto --esto también lo ha afirmado
la presentadora de la moción--, ya que representa casi siempre un coste
adicional, optando muchas veces por buscar una solución en la misma o, en
algunos casos, solicitando los servicios a una empresa de trabajo
temporal.
Creemos que es muy importante bonificar el 95 por ciento de la Seguridad
Social porque con esta medida estamos incentivando a las empresas a que
puedan sustituir a trabajadoras, prácticamente sin coste alguno, en este
período de maternidad y, lógicamente, estaremos creando empleo, de lo que
tan necesitado está nuestro país hoy en día.
Dicho esto, nuestro voto va a ser afirmativo a esta moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
No interviene por haberla retirado.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene su señoría la palabra.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para manifestar, como representante del Grupo
Parlamentario Mixto, nuestro voto favorable a esta moción.
Me congratula que en el Pleno de esta tarde podamos debatir esta moción
del Grupo Parlamentario Socialista después de la frustrada Comisión Mixta
de los Derechos de la Mujer que hemos celebrado este mañana. Y digo que
me congratula que en la tarde de hoy podamos tratar un tema tan
importante como el que nos ha planteado aquí nuestra compañera, pues
todas las medidas que supongan incentivar a los empresarios o empresarias
para que contraten a mujeres trabajadoras, sin que el miedo al posible
embarazo de las mismas no suponga luego un despido, es muy positivo.
Entiendo que esta moción es del todo oportuna, ya que precisamente se
insta al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, en el
caso de que se tenga que sustituir a trabajadoras cuya relación laboral
esté suspendida por maternidad, se tenga derecho a la reducción del 95
por ciento en la cotización de la Seguridad Social. Asimismo, esta
medida, como había dicho nuestra compañera, es incluso generadora de
empleo, y yo diría más, va a evitar también despidos injustos de mujeres
--como hemos visto recientemente--, por el simple hecho de su maternidad.
Por todo ello, vamos a dar nuestro voto positivo a esta moción del Grupo
Parlamentario Socialista, agradeciendo a la compañera la posibilidad que
hemos tenido esta tarde de debatir esta moción, tan importante y
fundamental en la lucha por la igualdad de las mujeres y los hombres, así
como para su incorporación en el mundo laboral.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa Serra.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar la posición favorable del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos
al planteamiento que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista y,
por lo tanto, a la enmienda transaccional de acercamiento de posiciones
políticas, que ha sido esta tarde objeto de acuerdo político.
Creemos que dar un incentivo, una bonificación, una promoción a la
contratación en aquellos supuestos en que se ha producido esa suspensión
de la relación laboral por maternidad --aunque la maternidad física sea
de la mujer también puede ser que haya un permiso especial para los
hombres--, es de justicia y creemos también que la enmienda transaccional
mejora el texto inicial de la moción.
Pero el espíritu, la filosofía que ahí se plantea nos parece que habría
que tenerlo en cuenta en un ámbito en el que no se produce esta
interinidad: en el del empleo público. Es curioso que en el ámbito de los
poderes centrales del Estado, en la Administración central, cuando se
produce una baja por maternidad queden los servicios administrativos sin
cubrir. Por lo tanto, yo creo que los mismos poderes públicos, los
poderes centrales del Estado deben ser los que primero den ejemplo y en
aquellos supuestos de suspensión de la relación laboral o de baja por
maternidad sea la Administración Central la que proceda a una nueva
contratación bien mediante un contrato temporal, bien mediante un
contrato de interinidad, ya se trate de personal laboral o funcionario,
cosa que hemos podido constatar no se produce en la Administración
Central.
Sería bueno que hubiera un cambio de política con el nuevo Gobierno del
Partido Popular. En la etapa anterior no se producía, quizá por la gran
dimensión que tiene el capítulo I en los Presupuestos Generales del
Estado, pero los servicios administrativos suelen quedar evidentemente
afectados en los supuestos de la suspensión de la relación laboral o de
la baja por maternidad de un funcionario.
Por otra parte, nuestro Grupo Parlamentario entiende que ahora que se
está debatiendo la reforma del mercado de trabajo y juntamente con ello
se está profundizando en la aplicación de los acuerdos políticos respecto
al Pacto de Toledo, en cuanto a la consolidación, a la racionalización y
a buscar una estructura adecuada del sistema público de Seguridad Social,
se podía enmarcar en estos debates políticos la cuestión que plantea el
Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, a través del diálogo social
que los sindicatos mantienen con las organizaciones patronales, que en
definitiva requerirán luego la plasmación en una norma por parte de esta
Cámara a instancias del Gobierno, o mediante el tema del desarrollo del
Pacto de Toledo que en este momento se encuentra en fase de debate
político en el Congreso de los Diputados con una primera iniciativa
legislativa que desarrolla esos acuerdos políticos en cuanto a la
consolidación del sistema público de la Seguridad Social.
Creemos que ahí podría tener encaje no sólo la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista sino la enmienda transaccional de los demás
Grupos para plasmar la voluntad política que una resolución no vinculante
jurídicamente puede hacerse en una resolución o en un texto articulado,
como puede ser este proyecto de Ley de Consolidación del Régimen Jurídico
de la Seguridad Social española.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario, con esta matización de hacer
referencia a los estudios necesarios que garanticen la viabilidad de la
medida, la vincularíamos con la tramitación parlamentaria del proyecto de
ley de consolidación del Sistema Público de Seguridad Social e igualmente
por su conexión con el diálogo social que se está manteniendo en relación
a la reforma del mercado de trabajo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió renunció a su turno, tiene la
palabra el señor Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo con brevedad y empezaré manifestando nuestra satisfacción como
Grupo Parlamentario Socialista por el hecho de que sobre la base de una
moción se haya llegado a una redacción transaccional, que hace pensar que
esta moción puede contar con el apoyo de la Cámara, redacción
transaccional que ha sido fruto del trabajo de todos los Grupos y de la
buena disposición ante esta iniciativa. Es una iniciativa que tiene un
motivo próximo y dos causas de fondo. El motivo próximo es la celebración
o la conmemoración del Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Pensábamos
que con esa ocasión era posible y conveniente dar pasos adelante en la
marcha y en el proceso por la igualdad de los sexos en nuestro país.
Las causas de fondo, como bien ha enunciado y ha explicado nuestra
representante, la Senadora Fernández Valenzuela, son, en primer lugar, el
impulso a la promoción de empleo. Una búsqueda de una nueva política
concreta quizá parezca pequeña en el conjunto de las políticas de fomento
del empleo, pero es significativo en el sentido de que algunos colectivos
que en este texto no se especifican, colectivos de personas en busca de
empleo con especiales necesidades, puedan ser beneficiarios de esta
medida como contratados para cubrir los puestos o las plazas interinas de
las mujeres que estén con permiso por maternidad. Primera causa, por lo
tanto, promoción y fomento del empleo para determinados colectivos que no
hemos especificado, pero sobre los que se podrá llegar perfectamente a
acuerdos en su momento, teniendo en cuenta que ya hay un precedente
recogido en la disposición adicional decimocuarta del Estatuto de los
Trabajadores, en el cual, para los casos de excedencia --que no de
permiso por maternidad-- se especifica el colectivo al cual se aplicarán
las medidas.
Pero quizá la parte más importante, como ha sido destacado tanto por
nuestra representante como por otros portavoces, y muy especialmente
entre ellos por la representante del Grupo Mixto, es la que va dirigida a
la búsqueda de la superación de las barreras que impiden la igualdad real
entre los hombres y las mujeres en el trabajo. La lucha por esa igualdad
en nuestro país está teniendo dos fases.
Una primera etapa de combate contra las posibles discriminaciones en el
trabajo por razón de sexo, primera etapa que ha sido ya bastante cubierta
a partir de las interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre el
derecho a la igualdad. Una segunda etapa, que está en marcha, que es la
promoción de medidas que hagan posible la igualdad. Discriminación e
igualdad no son sólo dos caras de una misma moneda, sino que tienen
entidad propia, y la búsqueda de la igualdad exige que se pongan en
marcha medidas positivas que, por una parte, eliminen barreras y, por
otra parte, sobre la base, como es éste el caso, de la existencia de una
desigualdad real objetiva y biológica entre el hombre y la mujer, haga
que esa desigualdad real objetiva no provoque inconvenientes, no ponga
trabas para la contratación de las mujeres.
Como ya dijo en su día el Tribunal Constitucional, la maternidad y, por
tanto, el embarazo y el parto, son una realidad biológica diferencial,
objeto de protección. Son convenientes medidas especiales para luchar
contra las consecuencias de esa desigualdad real, porque está
habiéndolas, y graves, en la realidad española. Por ejemplo, según un
trabajo reciente, elaborado sobre la base de la encuesta de presupuestos
familiares, las mujeres casadas ganan un 55 por ciento menos que las
mujeres solteras, mientras que los hombres casados ganan un 3 por ciento
más que los hombres solteros, de donde se deduce que el matrimonio es un
plus para el trabajador hombre, y es algo contrario, algo negativo, algo
peyorativo para la trabajadora mujer. Esa realidad que existe en nuestro
país --que se va superando, pero que existe-- en otros campos del
tratamiento de la mujer y el hombre en el trabajo, hace conveniente que
precisamente en el caso del matrimonio y para luchar contra esa
desigualdad social y cultural provocada por el matrimonio en el trabajo,
la mujer tenga especiales medidas de protección.
Pensamos, por tanto, que esta propuesta que hoy se hace aquí y que puede
ser aprobada por la Cámara no es sólo coyunturalmente oportuna, sino que
es una propuesta de fondo, auxiliadora del progreso de la mujer en el
camino de la igualdad de derechos en todos los aspectos de la vida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do
Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de centrarme en esta moción, quiero simplemente aclararle
a la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que ha dicho que lamentaba
que esta misma mañana se haya suspendido la Comisión Mixta de la Mujer, a
la que venía a comparecer la Directora General del Instituto de la Mujer,
que ésta no ha venido --y el Grupo Parlamentario Popular lo lamenta--
porque se encuentra hospitalizada en estos momentos.
Y ya para centrarme en el debate de esta moción, quiero decir que desde
el Grupo Parlamentario Popular estamos de acuerdo con que la situación de
las mujeres en el mercado de trabajo ha estado marcada por algunos
progresos en los últimos años. A pesar de ello --los datos lo demuestran
y así aparece reflejado en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres-- vemos cómo las mujeres no se han incorporado todavía
en la misma medida que los hombres al trabajo remunerado, cómo sus
contratos son los más deficitarios, cómo su salario es aún un 30 por
ciento más bajo, cómo su presencia en los puestos de decisión es escasa,
cómo su dedicación al trabajo doméstico y familiar, por una parte, y al
remunerado, por otra, es muy diferente al de los varones.
Nos encontramos, también, en este último trimestre del año con una tasa
de actividad de las mujeres que alcanzaba el 37,2 por ciento frente a la
de los hombres que tenía un valor del 63,4 por ciento. En relación a la
tasa de paro femenino, quiero además decir que nos encontramos con una
tasa de un 29,56 por ciento frente a un 17,12 por ciento de hombres, lo
que sigue suponiendo una diferencia de casi 12 puntos. Y a esto hay que
añadirle que es el sexo femenino el que constituye el 75,16 por ciento de
personas contratadas a tiempo parcial y que sólo el 31 por ciento están
contratadas a tiempo completo. Por lo tanto, visto lo expuesto
anteriormente, es verdad que se han hecho cosas y que se han hecho muchas
cosas, pero todavía falta mucho por hacer.
Si nos centramos en el permiso por maternidad, hay que considerar que al
respecto se han producido notables avances desde que en 1995 se deja de
considerar la baja por maternidad como incapacidad laboral transitoria,
pasando ya a contemplarse como un permiso y prestación por maternidad,
así como la ampliación a 16 semanas de ese permiso y también que el padre
pueda disfrutar de esas cuatro últimas semanas de permiso, siempre que
sean ininterrumpidas y al final del citado período. Así llegamos a la
última modificación, relativa a la regulación del permiso parental y por
maternidad, que tiene mucho que ver con la moción que presenta hoy el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la reducción del 95 por ciento
en la cotización empresarial de la Seguridad Social por contingencias
comunes en contratos laborales de interinidad para sustituir a
trabajadoras con permiso de maternidad.
De acuerdo con la disposición adicional cuarta del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo de 24 de marzo de
1995, el contrato de interinidad está incentivado, en el caso de que se
celebre para sustituir al trabajador --como bien dijo el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista-- que esté en situación de excedencia para
atender al cuidado de su hijo, teniendo derecho a una reducción en las
cotizaciones empresariales de la Seguridad Social por contingencias
comunes, siempre y cuando esos contratos se celebren con beneficiarios,
con prestaciones por desempleo de nivel contributivo asistencial y que
lleven más de un año como perceptores, además, con las consabidas
reducciones del 95 por ciento del primer año en la excedencia, del 65 por
ciento en el segundo año de la excedencia del trabajador y del 50 por
ciento durante el tercer año.
Pues al igual que viene recogido en la presente moción, y como ya expuso
la Senadora socialista, estos beneficios
no son de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge,
ascendientes y descendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado, inclusive del empresario o de quienes
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad
y las que se produzcan con estos últimos.
Y en relación a este Real Decreto, comparándolo con lo que hoy se nos
presenta por parte del Grupo Parlamentario Socialista, he de decir dos
cosas. En primer lugar, que sabemos y somos conscientes de que es
normalmente la mujer --por no decir casi con exclusividad-- la que
solicita ese permiso o esa excedencia quizá porque exista una cultura que
hay que cambiar y que asigna a la mujer el cuidado de los niños. En
segundo lugar, está el hecho de que la mujer es la que desempeña los
trabajos más precarios.
Por todo ello, nos conviene recordar el artículo 14 de la Constitución, y
en este caso, en relación con la moción, debemos hacer una referencia a
que no sean sólo las trabajadoras sino también los trabajadores quienes
pudieran ser sustituidos en caso de baja por maternidad. De no ser así,
se produciría una desigualdad de oportunidades --sería casi por primera
vez-- que en este caso afectaría a los hombres que quisieran disfrutar de
ese permiso.
En segundo lugar, tengo que dejar claro que desde el Grupo Parlamentario
Popular, como siempre, hemos defendido las políticas activas frente a las
políticas pasivas, y con este fin vemos necesario que se apoye esta
enmienda transaccional que presenta nuestro Grupo en la línea de realizar
unos estudios económicos que garanticen la viabilidad de esta medida y
asimismo desarrollar los medios legales necesarios para que en los
contratos de interinidad se pueda sustituir a trabajadoras o trabajadores
cuya relación laboral esté suspendida por maternidad.
Por último, quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno
del Partido Popular apoyarán siempre este tipo de medidas incentivadoras
y de promoción de empleo porque el empleo es la máxima preocupación de
este Gobierno como se está demostrando claramente.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Campo Piñeiro. (La señora Costa
Serra pide la palabra.)
Tiene la palabra la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Señor Presidente, solicito la palabra en función
del artículo 87 del Reglamento ya que he sido aludida expresamente.
Quiero decirle simplemente a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que esta mañana no se nos ha dado esta información concreta, cosa que
siento.
Recogiendo el sentir del Grupo Parlamentario Mixto, como supongo que el
del resto de los grupos parlamentarios, deseamos, por supuesto, a la
Directora del Instituto de la Mujer una pronta recuperación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Costa.
Esta moción tiene una enmienda transaccional firmada por todos los grupos
parlamentarios del siguiente tenor: donde dice «... insta al Gobierno de
la nación para que desarrolle las medidas legales necesarias para que los
contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras cuya relación
laboral...», debe decir: «... insta al Gobierno de la nación para que,
tras los necesarios estudios económicos que garanticen la viabilidad de
la medida, desarrolle los medios legales necesarios para que los
contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras o trabajadores
cuya relación laboral...».
Como esta enmienda está firmada por todos los grupos parlamentarios, ¿se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias.
Queda aprobada por asentimiento. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE DESARROLLE E IMPULSE, EN EL AMBITO
DE SUS COMPETENCIAS, LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS EN MATERIA
DE CONTRATACION LABORAL, FORMACION PROFESIONAL, TRANSPORTE COLECTIVO,
EDUCACION, JUBILACION Y PENSIONES. (662/000043.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que
desarrolle e impulse, en el ámbito de sus competencias, la integración
social de los minusválidos en materia de contratación laboral, formación
profesional, transporte colectivo, educación, jubilación y pensiones.
Existe una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, Grupo Socialista, Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Grupo Mixto.
Tiene la palabra el autor de la moción, Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de entrada nuestro grupo acepta las modificaciones puntuales
introducidas por el Grupo Parlamentario Popular a esta moción. Y entrando
ya de lleno en la moción, el punto número uno hace referencia a la
aprobación de un proyecto de ley en donde se establezcan medidas con
objeto de incentivar y favorecer la contratación de minusválidos,
introduciendo contratos especiales para dicho colectivo, que permitan que
su integración en el mercado laboral se lleve a cabo de manera real y
efectiva.
Lo defendemos básicamente en tres apartados. Primero, incentivar la
contratación de personas con discapacidad favoreciendo su contratación,
teniendo en cuenta que estamos ante un colectivo con un índice de
desempleo estimado en más del 65 por ciento, de los cuales la mayoría son
demandantes de primer empleo. Segundo, actualizar la
cuantía de la subvención de 500.000 pesetas para contratos por tiempo
indefinido y en jornada completa, con el compromiso de mantener la
estabilidad en el empleo por lo menos por tres años. Este contrato y esta
subvención, evidentemente ha perdido atractivo, puesto que existen otros
colectivos que tienen subvenciones y bonificaciones similares. Con el
objeto de recuperar el atractivo y básicamente el hecho diferencial, esta
subvención de 500.000 pesetas entendemos que debería situarse en un
millón de pesetas, cifra a alcanzar de una manera progresiva y en varios
ejercicios presupuestarios. Tenemos información de que el Ministerio de
Trabajo ha mostrado una cierta disposición para que la cantidad fuera de
650.000 pesetas y que ésta fuera aumentando progresivamente. En el tercer
apartado de este punto primero se solicita ampliar las bonificaciones de
la cuota empresarial a la Seguridad Social. En este sentido y como
propuesta muy novedosa, quizá sería conveniente poner en relación el
aumento de la bonificación con el cumplimiento de la cuota de reserva
legal del dos por ciento, según lo establecido en el artículo 38.1 de la
LISMI, que dice: las empresas públicas y privadas que empleen un número
de trabajadores fijos que excedan de 50, vendrán obligadas a emplear un
número de trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la
plantilla. Esto sabemos perfectamente que en la actualidad no se está
cumpliendo. De esta manera se incentivaría el cumplimiento de aquel
artículo, premiando con el cien por cien de bonificación de las cuotas a
los empresarios que cumplieran la reserva legal empleando un número de
trabajadores minusválidos no inferior al dos por ciento de la plantilla.
Con referencia al punto número dos de la moción, en la actualidad los
centros especiales de empleo tienen las siguientes ayudas y subvenciones:
hasta dos millones de pesetas, como ayuda por creación de cada puesto de
trabajo. El 50 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada
trabajador minusválido contratado, cualquiera que sea su salario y tipo
de contrato. Y, además, la bonificación del cien por cien de la cuota
empresarial a la Seguridad Social de todos los trabajadores minusválidos
que tengan contratados.
Los requisitos de existencia de los centros especiales de empleo son que
la plantilla debe estar integrada en su totalidad por trabajadores con
discapacidad. Sólo se permite contratar a personas no minusválidas para
cubrir aquellos puestos que no es posible que sean desempeñados por una
persona con discapacidad, ya sea por requerir un esfuerzo físico o por
ser de carácter técnico, en este caso, siempre y cuando no se haya
encontrado una persona minusválida para cubrirlo.
En la actualidad existe un presupuesto de 4.511 millones de pesetas para
atender a los centros especiales de empleo de toda España. Esta es la
cantidad que actualmente está asignada y figura en los Presupuestos
Generales del Estado para 1997. En la actualidad el INEM gestiona los
centros especiales del País Vasco, de Asturias, de Ceuta y de Melilla.
Las restantes Comunidades lo tienen transferido, existiendo diferencias
en el cumplimiento de dicha normativa y también --déjenme manifestarlo--
considerables retrasos en la transferencia de las cantidades asignadas a
las mismas por parte del INEM, por lo que sería conveniente que éste
transfiriera con cierta normalidad dichas cantidades a fin de evitar
problemas a los beneficiarios, que, en definitiva, son los propios
afectados.
Los objetivos que proponemos para este punto serían los siguientes. En
primer lugar, actualizar las subvenciones que perciben los centros
especiales con dos millones de pesetas más, quedando, finalmente, en
cuatro millones --no nos asustemos-- la cantidad que se recibiría por
puesto de trabajo creado. A este respecto, añadiría también el hecho de
que se trate de cualquier empresa, sea privada o pública, dado que
seguramente la creación de un puesto de trabajo, si lo analizamos bien,
no suele costar ni dos, ni cuatro millones de pesetas, sino bastante más.
En segundo lugar, el presupuesto para centros especiales de empleo en la
actualidad es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades que
plantea el sector de la discapacidad en España. Entendemos que debería
existir una dotación presupuestaria superior a la actual, de manera que
se pudiera crear el empleo necesario en el sector. En tercer lugar,
flexibilización de la regulación de los centros especiales, permitiendo
que trabajen normalmente personas no minusválidas, aunque la mayoría sean
personas con discapacidad. Y es en este punto donde tiene relación la
existencia de los centros especiales mixtos, cuestión que creo que
coincide plenamente con la petición hecha desde el propio sector.
Con referencia al punto tercero, supongo que todos los grupos de esta
Cámara estarán totalmente de acuerdo en que se establezcan medidas y
mecanismos correctores que palíen la situación de desigualdad de las
personas con discapacidad en cuanto a su acceso a la formación, en
general, y a la profesional, en particular, por la importancia que ésta
tiene de cara al empleo. ¿Qué pretende nuestro Grupo en este punto? Diría
que, en primer lugar, la eliminación de las barreras arquitectónicas de
los centros de formación profesional, así como en cualquier centro que se
construya a tal fin. En este punto, sería importante que la
administración y los máximos responsables de la formación pactaran
programas con el sector de la discapacidad en España de manera que se
pudiera confeccionar un plan de formación específico para la oferta
pública de empleo, así como que dentro del plan de formación y empleo
existiera un subprograma específico dirigido a mejorar la formación de
las personas discapacitadas que buscan empleo. También sería conveniente
establecer un programa de ayudas técnicas precisas para que las persona
s con discapacidad puedan desarrollar su actividad en igualdad de
condiciones. Estas ayudas serían las relativas a ordenadores especiales,
con altavoces, sistema Braille, etcétera, o, incluso, módulos específicos
en estos mismos centros.
Ya pasando al punto cuarto, es prioritario el establecimiento de una
normativa que regule la accesibilidad a los medios de transporte
colectivos, previendo las medidas necesarias en caso de incumplimiento
para garantizar su eficacia, de la que España aún está muy lejos en
comparación a otros países. Al establecer este tipo de regulación es
obvio que se garantiza el libre acceso de todos los ciudadanos al
transporte y a los edificios públicos. De esta forma, contribuiremos
a que las personas con discapacidad puedan ejercer todos los derechos que
les ampara la Constitución.
En este punto quiero advertir que existe ya un texto legal, concretamente
un proyecto de Real Decreto, que garantiza la accesibilidad al transporte
de las personas con discapacidad, elaborado por una Comisión específica
constituida en el antiguo Ministerio de Transporte y Obras Públicas
durante el mandato del Gobierno socialista, al que se añadía un anexo
estableciendo un plan urgente con las medidas que deberían llevarse a
cabo para ponerlo en funcionamiento. Al terminar la legislatura, este
proyecto quedó en el trámite del Consejo de Estado con el informe
favorable de varios ministerios, pero sin aprobar.
El Gobierno actual, según informaciones, está estudiando el tema, y
desearía conocer en qué trámite se encuentra la aprobación del citado
Decreto, preguntando asimismo si se pretende aprobarlo tal y como está
redactado, o bien modificarlo. En la actualidad parece que el Ministerio
de Fomento está estudiando el impacto económico que supondría la
aplicación de dicho Real Decreto. Yo tengo una copia de este documento de
proyecto por si alguien la necesita.
El punto número quinto hace referencia a estudiar la viabilidad de
establecer un complemento económico a favor de aquellos jubilados que
sufren ciertas discapacidades, con objeto de que éstos puedan hacer
frente a los gastos extraordinarios generados por su minusvalía. En este
sentido, el complemento debería ser para atender a las necesidades más
básicas, como podría ser la atención domiciliaria. Hay que decir que no
todos tienen acceso a ella, y existen problemas, especialmente en las
zonas rurales. Otro podría ser el pago de ayudas técnicas, el pago de
gastos de transporte, somos conscientes de ello y sabemos que hay
ventajas especiales en algunas ciudades, pero no en todas, y sobre todo
en ciudades más pequeñas o en la zona rural, así como pagar los gastos
que supone la ayuda de una tercera persona. Entendemos que deberían
existir algunos complementos de pensión para que pudieran cubrirse
algunos costes derivados precisamente de la minusvalía.
En cuanto al punto número sexto, entendemos que el acceso a la
universidad para las personas con discapacidad se debe calificar como de
complicada, puesto que los accesos y las barreras arquitectónicas la
están convirtiendo en un reto difícil. Más allá de las leyes autonómicas
de eliminación de barreras existentes en la mayoría de las Comunidades
Autónomas, sería necesaria la elaboración de un plan de accesibilidad
estatal de todas las universidades de España, formando un gran pacto en
el que participaran todas las administraciones públicas del país y en la
que se contara la presencia de organizaciones de discapacitados y de
estudiantes de España.
Otro gran problema a resolver es la necesidad de que las personas con
discapacidad tengan acceso a algunas ayudas económicas para afrontar los
gastos de transporte y ayuda a terceras personas que necesitan
determinadas personas afectadas por fuertes discapacidades, de manera que
pudieran asistir a los centros con igualdad de condiciones que el resto
de alumnos.
Refiriéndome al último punto, quiero decir que dicho punto requeriría,
estoy convencido, un debate único, puesto que para las denominadas
pensiones no contributivas existen reivindicaciones históricas desde hace
varios años del colectivo de discapacitados, especialmente los físicos,
los cuales acaban dependiendo de su familia.
En primer lugar, proponemos que se estudie la viabilidad de aumentar
progresivamente el importe de las pensiones no contributivas, con el
objetivo de aproximarlas, en un plazo no superior a tres años, al nivel
del salario mínimo interprofesional. Antes de proceder a la argumentación
justificativa de tal pretensión, cabe mencionar los siguientes datos
objetivos: por un lado, el salario mínimo interprofesional, fijado
mediante el Real Decreto 2.656 de 1996, de 27 de diciembre para el
presente año, asciende a la cantidad de 66.630 pesetas mes. Y por otro,
que a tenor de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 12/1996, de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, la cantidad íntegra de las
pensiones de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no
contributiva se fija en 36.510 pesetas mes, o mejor dicho, 511.140
pesetas año.
En consecuencia, en una primera aproximación a la situación planteada
desde el punto de vista objetivo, podemos afirmar que la diferencia entre
ambos importes es considerable. Esta diferencia adquiere una especial
dimensión si tenemos en cuenta, por una parte, que los beneficiarios de
la prestación no contributiva son personas que además de acreditar que no
tienen recursos económicos suficientes para subsistir están afectadas por
una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65
por ciento. Y por otra, que el salario mínimo interprofesional se
establece, entre otras cuestiones, para garantizar económicamente unas
condiciones mínimas de subsistencia para la población en activo.
En definitiva, estamos ante personas que a tenor de lo previsto en el
artículo 49 de nuestra Constitución precisan de una especial protección
por parte de los poderes públicos. Es por ello por lo que se considera
necesario que el Gobierno se plantee la viabilidad de aumentar de manera
progresiva las pensiones no contributivas, con el objeto de dignificar no
sólo el importe de las mismas, sino también a aquellas personas que las
perciben.
En segundo lugar, creemos que se deben revisar los criterios contenidos
en los artículos 144 y siguientes del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social y que se aplican en la actualidad, relativos a los
ingresos económicos de los otros miembros de la unidad familiar, en la
cual se halla integrado el minusválido.
Además, a los efectos de establecer la cuantía de la pensión de invalidez
no contributiva, existen dos particularidades determinadas por el
supuesto de convivencia del beneficiario en la misma unidad económica con
personas no beneficiarias o beneficiarias con el derecho a pensión de la
misma naturaleza. Mi Grupo piensa que se debe suprimir el concepto de
unidad económica de convivencia, tanto a los efectos de determinar si se
carece de rentas o ingresos como a los efectos de determinar el importe
de la pensión, computando únicamente los recursos propios de la persona
con disminución.
En definitiva, se trataría de dar otro paso más en atención al colectivo
de los minusválidos, toda vez que acabamos de introducir en nuestro
ordenamiento jurídico la recuperación automática de las pensiones de
invalidez en su modalidad no contributiva, cuya percepción quedó
suspendida por la realización de una actividad laboral, sin que se tenga
en cuenta en el cómputo anual de sus rentas, en el momento de volver a
percibir dicha pensión, las que hubieran percibido en virtud de su
actividad laboral anterior.
Para terminar, diré a sus señorías que esta moción ha nacido, aparte de
la voluntad de nuestro Grupo, a raíz de unas jornadas de reflexión sobre
el futuro del Estado de bienestar en el ámbito de las personas
disminuidas físicas en Girona, organizado por Mifas, Minusvalids Fisics
Associats, cuyas conclusiones hicieron llegar a nuestro Grupo. Asimismo,
debo manifestar que en este tema hemos tenido todo el apoyo y la
colaboración de Cocemfe, una organización instalada en Madrid y a nivel
nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Intervengo con brevedad, señor Presidente, para
manifestar que vamos a apoyar la moción. Si hubiéramos tenido alguna duda
--no era así-- la explicación que nos ha aportado el Senador Vidal, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nos ha
convencido plenamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
(Pausa.).
Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la Senadora Navarro Garzón.
La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a votar a favor
de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió respecto a las propuestas de mejora de la atención y un mayor
esfuerzo en la integración social del colectivo de discapacitados.
Desde mi punto de vista, esta moción parte como prolongación de las
medidas que en su día propuso la Lismi, y una adaptación tanto de ésta
como de la ley aprobada por el Gobierno socialista, de las Pensiones no
Contributivas. Ambas leyes pretendían elevar el nivel de bienestar de
este colectivo, en línea con la defensa de un Estado de bienestar para
todos y en un marco legislativo de progreso.
Las medidas que ahora se proponen como continuación y puesta al día de
las adoptadas anteriormente deben ser valoradas como positivas ya que en
su conjunto coinciden con los planteamientos que siempre se han hecho
desde el Partido Socialista y desde el propio colectivo de
discapacitados. Esta afirmación no se basa sólo en la aprobación de estas
normas, sino también en el desarrollo reglamentario de estas leyes y en
su puesta en aplicación desde el año 1982 hasta el momento actual.
En la atención a este colectivo, desde el Gobierno anterior también se
encargó un estudio serio y riguroso a cualificados técnicos y
profesionales, que elaboraron el Plan de Acción para las Personas con
Discapacidad, aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en febrero de 1996. Es a este
Plan al que hay que hacer referencia para la adopción de medidas
legislativas que afecten a los discapacitados, ya que el mismo contempla,
desde una concepción de globalidad, las diversas actuaciones sectoriales
en materia de salud, rehabilitación, prevención, integración educativa
escolar y educación especial, fomento de medidas económicas, fiscales y
laborales. Es en el ámbito del Estado donde deben adoptarse medidas que
afecten al marco de la contratación laboral: medidas fiscales de centros
especiales de empleo, modificación de condiciones de acceso y cuantía de
las pensiones no contributivas, etcétera. Aunque también las propias
Comunidades Autónomas tengan iniciativas al respecto.
Por lo que hace a las medidas quinta y séptima de la moción, creemos que
debería propiciarse una reforma global del Sistema de Pensiones
Asistenciales y no Contributivas. En principio, es positivo que si las
posibilidades económicas lo permiten, se implante un complemento
económico a jubilados con ciertas discapacidades, ya que este complemento
supondría que muchas personas mayores puedan destinar el complemento a
seguir permaneciendo en su domicilio y evitar, de paso, un gasto superior
si ingresan en una residencia.
Por último, y es lo más importante, la propuesta de acercar el importe de
las pensiones no contributivas al salario mínimo debe ser un objetivo de
toda la sociedad.
Un llamamiento que querría hacer también es que se cumpla el Decreto de
eliminación de barreras arquitectónicas, pero en lo que tenemos que hacer
un mayor hincapié es en las barreras que muchas veces pone la sociedad a
este colectivo de discapacitados.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Navarro Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Rodríguez
Fontecha.
El señor RODRIGUEZ FONTECHA: Gracias, señor Presidente, señorías.
Con la emoción que se deriva del hecho de ser la primera vez que actúo en
tan importante tribuna, permítanme ante todo que una hoy mi afecto y mi
sentimiento a las sentidas palabras que aquí se han pronunciado en
repetidas ya ocasiones anteriores a propósito del fallecimiento de
nuestro
compañero y amigo de muchos --entre otros, yo me honraba con su
amistad--, José Antonio González Caviedes. Es para mí un motivo triste,
pero es también un motivo de satisfacción haber comprobado --aunque tengo
que confesar que a lo largo de muy poco tiempo-- de verdad su maestría,
su buen hacer y su hombría de bien. Que en paz descanse. Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Como arranque de lo que será mi modesta intervención, quisiera agradecer
al Portavoz Senador Vidal, por Convergència i Unió, la presentación
--docta presentación, espléndida explicación-- que ha hecho de lo que
constituyen los siete puntos que integran esta moción. Moción que por su
contenido puede resultar recurrente en muchas ocasiones --y, desde luego,
los Parlamentos autonómicos y el Parlamento nacional han tenido muchas
oportunidades de entrar en debates de similares características-- y que
no por reiterado, sin embargo, representa de verdad la llamada más fuerte
y más atendible a la sensibilidad de una sociedad que considera el Estado
de bienestar como derecho, como conquista irrenunciable.
Yo voy a intentar exponer modestamente los argumentos que el Grupo
Parlamentario Popular tiene para prestar su apoyo a la moción que sobre
integración y contratación de minusválidos presenta el Grupo en el Senado
de Convergència i Unió. Para el Partido Popular la integración de los
minusválidos es una cuestión de sensibilidad. Así lo ha manifestado
siempre, ya desde el momento de la aprobación de la fundamental Ley, aquí
citada repetidamente, de integración de los minusválidos en 1982 y en
cuantos debates de similares características se han producido en todos
los foros, pero también lo dejó plasmado con toda claridad en el programa
electoral votado mayoritariamente en 1996.
Ciertamente, habría sido deseable que a lo largo de estos quince años se
hubiera promulgado toda una serie de normativa abordando los grandes
problemas que todavía quedan sin solución --me refiero, naturalmente, a
los quince años transcurridos desde la aprobación el 7 de abril de 1982
de la Ley, fundamental, repito, de integración de los minusválidos, hasta
el día de la fecha--. Porque la integración en todos los planos de la
sociedad, señor Presidente, señorías, es el objetivo básico y primordial
por el que luchan todos los minusválidos, no solamente en España, sino
también en el mundo entero.
En general, los gobiernos democráticos y los parlamentos democráticos de
países desarrollados o en vías de desarrollo la consideran como una de
las cuestiones de mayor calado en lo que a política social respecta, y ha
venido a convertirse también en uno de los pilares básicos del Estado del
bienestar.
Y en España, donde en 1982 conseguimos promulgar entre todos una ley
moderna y auténticamente prometedora para todos los colectivos de
personas con minusvalía, hoy nos vemos superados por un buen número de
países dentro de nuestro entorno y con unas posibilidades, en la mayor
parte de las ocasiones, similares a las nuestras.
No obstante, importa subrayar, porque es de justicia, la existencia de
asociaciones y organizaciones que, con grado diverso de protección por
parte de las administraciones públicas, están llevando a cabo en España
una encomiable y meritoria labor en pro de este irrenunciable objetivo de
la integración de todos los minusválidos.
Pero, refiriéndome en concreto a la moción, y por lo que respecta a los
tres primeros puntos, creo que les une el denominador común de referirse
al empleo de los minusválidos. Por parte del Senador Vidal se ha hecho,
como antes subrayaba, una importante exposición del detalle, incluso
económico, que representan muchas de sus propuestas. Es preocupación del
Gobierno --se ha hecho referencia al Plan que heredó del Gobierno
anterior y que, desde luego, ha tratado con exquisita sensibilidad a lo
largo de estos últimos meses--, y así este Plan fue aprobado el 25 de
noviembre de 1996.
El Plan contempla una serie de actuaciones referidas al movimiento
asociativo, a través del cual los minusválidos participan en muchos de
los órganos ya existentes. Como es bien sabido, señor Presidente,
señorías, existe en España un Consejo Español de Representantes de
Minusválidos. Se trata de potenciar este Consejo haciéndole participar en
el Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, en el
Consejo General de Formación Profesional, en el Consejo Económico y
Social, etcétera. Asimismo, este Plan prevé la creación de un consejo
estatal de personas con minusvalía.
En definitiva, se trata de que las asociaciones tengan una presencia en
todas las instituciones para que, a través de ellas, se ordene
adecuadamente la integración y la mejora de los minusválidos.
Por ello, entre otras medidas están previstas --las cito a título de
ejemplo, señor Presidente-- la reestructuración del Real Patronato de
Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, la creación del consejo
estatal de personas con discapacidad, la participación del Consejo
Español de Representantes de Minusválidos en el Consejo General de
Formación Profesional y, finalmente, la presencia de un experto en el
Consejo Económico y Social. Sin duda, la presencia de un experto de esta
naturaleza contribuirá a acendrar más, a estimular la sensibilidad de
este organismo.
De esta manera, no se trata tanto de que la sociedad, a través de sus
instituciones, preste gratuitamente, sino de que, en los casos que sea
posible, permita que esas personas discapacitadas consigan por sí mismas
tales prestaciones, utilizando mecanismos y procedimientos comunes
perfectamente normados. Yo diría, si se me permite, señorías, que no ha
de ser la excepción el minusválido que con su esfuerzo personal vence
todas barreras y se sitúa en posiciones más o menos consideradas de plena
integración, de pleno «status» de felicidad, incluida la económica, sino
que todos los minusválidos han de gozar de oportunidades iguales y
razonables para alcanzar por sí mismos esa pretendida integración.
Así pues, el Senador que está en el uso de la palabra considera que el
Plan de medidas de actuación, al que me vengo refiriendo, satisface en
buena medida las propuestas que se contienen en la moción, relativas al
empleo de minusválidos; las satisface yo diría que en un futuro
inmediato,
lógicamente, porque todos los temas económicos conllevan siempre la
necesidad de actuar con exquisito rigor.
No obstante, me permito, señor Presidente, un breve comentario en
relación con la creación de centros mixtos de empleo a los que se ha
referido con extensión el Senador Vidal en el punto número 2 de la
moción. Efectivamente, es de desear que se realice un estudio que
demuestre la viabilidad de estímulos fiscales y de todo tipo, de manera
que se consiga la potenciación de estos centros, que es una fórmula
experimentada con notable éxito en numerosos países. Sin embargo, es de
advertir que el estudio al que se refiere el punto 2 de la moción habrá
de realizarse con rigor y no será excesivamente sencillo conseguir una
sistematización de tales incentivos.
A este respecto, la legislación británica ha dado un paso notable y,
desde luego, está obteniendo, como decía, éxitos notorios. En definitiva,
es uno de los más felices hallazgos para la integración laboral de los
minusválidos, de personas con discapacidad.
En España tenemos un excelente ejemplo. La ONCE tiene en este terreno una
larga experiencia y puede afirmarse también que el éxito es patente.
Efectivamente, existen centros de producción de servicios en los cuales
la integración laboral tiene lugar de un modo completo, dándose las
mismas categorías laborales para minusválidos y no minusválidos, con el
resultado de una integración más que halagüeña.
Realmente, aquí tiene cabida lo que, con detalle, explicaba --una vez más
tengo que referirme a él-- el Senador Vidal a propósito de la adaptación
de los puestos de trabajo. Hoy, las modernas tecnologías, la informática
y algunas más, las electrónicas en general, permiten no solamente en el
caso de los ciegos --lo cual es obvio y bien conocido de la mayoría--,
sino también en el de otras personas con diferentes minusvalías, estas
adaptaciones con auténtica fortuna.
La formación profesional de los discapacitados es requisito inexcusable
para conseguir una integración laboral de los mismos. Me parece que en
esto estamos todos de acuerdo, y sería demostrar poca sensibilidad no
reconocerlo así. El Plan de acción de medidas urgentes, al que vengo
refiriéndome, contempla este aspecto con la suficiente extensión. Así, se
atiende a la adaptación de cursos para trabajadores discapacitados, a la
formación continua de estos trabajadores, a la adopción de un contrato
programa con acciones muy seleccionadas para discapacitados, y también a
modificaciones normativas concernientes a la actualización de
subvenciones; supresión de los requisitos para ser beneficiarios de
programas de fomento de empleo, redefinición de centros especiales de
empleo y la autorización de contratos para trabajo a domicilio.
Por lo que respecta a la propuesta que se contiene en el número 4 de la
moción, relativa a la supresión de las barreras y a la plena
accesibilidad de los minusválidos al transporte, debo constatar la
permanente preocupación del actual Gobierno por esta cuestión y, en
consecuencia, citaré una vez más el Plan de acción para las personas con
discapacidad, aprobado, como es sabido --aquí se ha citado ya en algún
momento--, por la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales el 25 de
noviembre de 1996. En dicho Plan existe todo un documento sectorial muy
completo --cuya fotocopia intentaré hacerle llegar, señor Vidal, para que
pueda usted examinarlo-- relativo a programas de accesibilidad y
transporte.
El Plan de accesibilidad parte, para el futuro, del desarrollo de una
serie de acciones, avaladas ya por la experiencia y que vienen
acometiéndose desde hace algunos años. Voy a citar por vía de ejemplo la
adaptación de autobuses, bien conocido por todos, y la de los taxis,
conocidos como eurotaxis, en las que viene colaborando el Inserso, la
Fundación ONCE y la Federación Española de Municipios. Los resultados
positivos obtenidos con estas acciones aconsejan profundizar seriamente
en el desarrollo de las mismas.
Por lo tanto, la propuesta que se contiene en el punto 4, al que me vengo
refiriendo, de esta moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, nos parece que se puede apoyar perfectamente; sin
duda se requerirán acciones normativas importantes para llegar a la
supresión total de las barreras que impiden la movilidad a un buen número
de minusválidos en los medios de transporte. En consecuencia, sí es
deseable abordar cuanto antes legislativamente el problema.
Creo también en este punto, como señalaba oportunamente la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que, dentro de las barreras para la
movilidad, las barreras en el transporte, las barreras de todo tipo, las
materiales no suelen ser las más importantes, sino las psicológicas en
las que, desgraciadamente, incide la sociedad y nosotros, como hombres,
tendríamos que llegar a la sociedad con nuestra acción política para
conseguir una mentalización que acabara con esas barreras psicológicas.
En otro orden de ideas bien distintas, es claro que el minusválido para
realizar las mismas tareas, sean formativas, sean laborales, bien de vida
diaria o de cualquier otra índole y en la situación en que se encuentre,
se ve obligado las más de las veces a realizar gastos adicionales para
obtener las mismas prestaciones que una persona que no tenga esas
minusvalías.
Estas dificultades, que son de muchos tipos --algunas ya las he indicado,
como la movilidad del acceso a la información, la asistencia
domiciliaria, o el acompañamiento por tercera persona--, rebajan
sustancialmente el poder adquisitivo del salario o de la pensión, en su
caso, por lo que en la legislación de muchos países se contemplan
desgravaciones fiscales de la renta o, en su caso, complementos o pluses
sobre las pensiones de jubilación.
En nuestro sistema fiscal las desgravaciones están contempladas, no así
esos complementos, que ahora se piden en el punto 5, de las pensiones de
jubilación para los discapacitados, por lo que, desde luego, sería
deseable que ese estudio demostrara una viabilidad cierta y que se
pudiera abordar este problema en las condiciones que básicamente solicita
el defensor de la moción. A la hora de determinar estos criterios, que
probablemente serán difíciles de fijar, será necesario, porque no puede
ser de otra manera, un estudio poco menos que individualizado.
Experiencias
en el Derecho Comparado, que no me permite el tiempo de que dispongo
exponer aquí ante desde esta tribuna, así lo vienen avalando.
Asimismo manifestamos nuestro acuerdo a propósito del estudio de
viabilidad que pueda realizarse, con miras a ir aproximando
paulatinamente las pensiones no contributivas al salario mínimo
interprofesional, a través de la revisión de los criterios establecidos
respecto de los ingresos familiares, en cuyos aspectos más detallados,
una vez más, el tiempo de que dispongo me impide entrar.
Finalmente, señor Presidente, señorías, al Grupo Parlamentario Popular le
parece de suma importancia que se tomen en cosideración las dificultades
que muchos minusválidos encuentran por razones las más de las veces
meramente mecánicas para realizar las pruebas de acceso en universidades
o en otras instancias educativas. Es éste uno de los pilares
fundamentales --así lo considera el Senador que se dirige a sus
señorías-- en los que debe basarse la apuesta por la integración; apuesta
que, desde luego, hacemos cuantos nos encontramos sensibilizados con este
problema, ya que la formación académica, entendida en muy amplio sentido,
es una de las partes fundamentales en las que cualquier persona,
minusválida o no, encuentra su primer trampolín para su desarrollo
profesional.
En definitiva, señor Presidente, señorías, el apoyo que el Grupo
Parlamentario Popular va a prestar con su voto a esta moción del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió encuentra su
más esencial razón de ser en la firme creencia de que cualquier miembro
de la sociedad, a cuya organización y funcionamiento correcto se deben
las instituciones, tiene el derecho y la obligación de integrarse y
trabajar, siendo rentable de esta manera para sí mismo y para la sociedad
de la que forma parte.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez Fontecha. (El
señor Vidal i Perpiñá pide la palabra.)
¿Senador Vidal?
El señor VIDAL I PERPIÑA: Voy a ser muy breve.
El señor PRESIDENTE: Sólo quiero decirle que no ha sido contradicho en
sus argumentos. La unanimidad sobre su propuesta creo que hace ver que el
debate está realmente finiquitado, pero, por el artículo 87, le concedo
tres minutos para que diga lo que le parezca oportuno.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Quiero aprovechar este minuto sólo para agradecer a todos los grupos de
esta Cámara el apoyo a esta moción, en especial al Senador Samuel
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, por la exposición amplia y
concreta que ha realizado sobre la misma. También deseo expresar mi
agradecimiento por las alusiones que ha hecho a nuestro Grupo y a este
Senador.
Quería aprovechar para recordar que, en el año 1982, el Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad la LISMI, Ley de Integración Social de
los Minusválidos Físicos, conocida también como la Ley Trías Fargas,
puesto que fue uno de sus máximos impulsores.
Entiendo que esta moción tendrá la aprobación de toda la Cámara por
asentimiento, lo que me permite terminar repitiendo lo que decía en el
encabezamiento de la moción: Los países no destacan por su extensión
demográfica o riqueza, sino por la protección dedicada a los colectivos
débiles, y los discapacitados forman parte de este colectivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vidal.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación que está
firmada por todos los grupos parlamentarios. El tenor es el siguiente.
Se propone modificar el texto de los puntos 2 y 4, que quedarían
redactados de la siguiente manera. El punto 2: estudie el impulso de
medidas fiscales. El resto quedaría igual. El punto 4: para hacer
efectiva la plena accesibilidad del colectivo del minusválido. El resto
quedaría igual.
Entiendo que puede aprobarse por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--ACUERDO MARCO INTERREGIONAL DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL MERCADO COMUN DEL SUR Y SUS
ESTADOS PARTE, POR OTRA, FIRMADO EN MADRID EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995.
DECLARACION CONJUNTA, EL ACTA DE LA FIRMA Y DECLARACION ANEJA SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000066.) (C. D. 110/000066.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado
Común del Sur y sus Estados parte, por otra, firmado en Madrid el 15 de
diciembre de 1995. Declaración conjunta, el Acta de la firma y
Declaración aneja. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con este Acuerdo dentro
del plazo señalado a tal efecto.
¿Alguna petición de palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar pasar la ocasión de
intervenir en el debate de este importante
Acuerdo, primero, para resaltar su importancia. Se subraya en él todo un
proceso de integración regional que llevan a cabo Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, y su inserción dentro del contexto internacional.
Sobre todo, este proceso de integración de esos países iberoamericanos,
con la firma de una relación de cooperación con la Unión Europea, da pie
a pensar desde el marco español que eso es muy importante. Incluso se
subraya la cooperación, se fortalecen las relaciones entre Mercosur y la
Unión Europea, se intensifican las relaciones y el fomento del incremento
y la diversificación de los intercambios y se intensifican al mismo
tiempo los compromisos para mantener el diálogo económico, cultural,
social y político entre la Unión Europea y Mercosur.
Si la Presidencia lee el acuerdo, tal y como lo han hecho los miembros de
este Pleno, observará cómo existe una cooperación específica en numerosos
campos. Cuando se habla de la gran cooperación entre la Unión Europea y
esos países iberoamericanos siempre nos referimos a una cooperación
específica. Y esto es lo que se ha hecho en el año 1995. Así, hemos de
hablar de campos tan concretos como las normas agroalimentarias
industriales, en materia aduanera, estadística, propiedad intelectual,
cooperación empresarial, fomento de inversiones, transportes, ciencia y
tecnología, telecomunicaciones, medio ambiente y lucha contra el
narcotráfico.
Este acuerdo no solamente tiene su importancia para las relaciones entre
la Unión Europea y Mercosur, sino que también los países de la Unión
Europea han dado un paso más al vincular en este acuerdo al Banco Europeo
de Inversiones para que intensifique su acción de fortalecer la
cooperación empresarial. Al mismo tiempo, existe un Consejo de
Cooperación y unas cláusulas de consulta que permiten un diálogo más
fluido a lo largo de un período de vigencia que el propio Tratado define
como de indefinida; es decir, hay una voluntad importante, plasmada en
1995, para que este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tenga una
vigencia para muchísimos años y se demuestre así la fortaleza y la
vinculación de la Unión Europea con Mercosur.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista
quería dejar claro en su intervención la importancia de este acuerdo,
para lo cual ha solicitado la palabra, además de para decir que aprueba
de forma muy intensa y, sobre todo con su voto, este acuerdo de
ratificación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros, como grupo parlamentario, deseamos también intervenir en este
acuerdo por la importancia que tiene; acuerdo que se firmó en Madrid en
diciembre de 1995, bajo Presidencia española, y que es el resultado de
una voluntad reiteradamente expresada por los responsables de la Unión
Europea desde casi la creación del Mercado Común del cono sur, lo que
conocemos como Mercosur, por el Tratado de Asunción en abril de 1991,
para fortalecer nuestras relaciones comunitarias con aquel agrupamiento
regional que, como sus señorías saben, está compuesto por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Yo creo que este acuerdo merece unas palabras precisamente por su hondo
significado. Ya lo ha resaltado el Senador González Laxe. Pero yo
quisiera también subrayar que no sólo va a estar al servicio de la
cooperación comercial para preparar la liberación de los intercambios, lo
que ya en sí es algo importante, sino que va acompañado de una
declaración donde se sientan las bases para una cooperación política en
la que se destaca el valor de la dignidad humana, la promoción de los
derechos humanos como fundamento de las sociedades democráticas y el
papel esencial de los principios e instituciones basadas en el Estado de
Derecho, de tal modo que con un diálogo más intenso puedan alcanzarse
posiciones concertadas en asuntos de interés birregional y multilateral.
Y todo esto, señorías, bajo el concepto de asociación, lo que hasta el
presente acuerdo sólo había sido utilizado para países europeos.
Esta nueva dimensión supone que los lazos históricos y culturales a los
que el propio acuerdo hace referencia otorgan a nuestras relaciones una
intensidad superior a la del alejamiento geográfico que nos separa,
colocándonos como socios en pie de igualdad. A pesar de su importancia,
deseo informar a sus señorías de que este acuerdo tiene un carácter de
puente en muchos sentidos, pero en este caso particular quisiera resaltar
que tiene un carácter de puente en sentido transitorio, encaminado a
preparar una asociación política y económica de la Unión Europea con
Mercosur; es decir, es el primer paso de un proceso realista y gradual.
De ahí la importancia que los grupos parlamentarios queremos darle en
esta Cámara, y de ahí la trascendencia de nuestro voto, tanto por lo que
de afirmativo tiene --afirmativo va a ser--, como por lo que tiene
también de voto de confianza e incluso de esperanza en estos procesos,
especialmente para España en este caso, al realizarse con una agrupación
regional de países con los que nos unen unos vínculos tan intensos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
Seguidamente, se somete a votación la concesión de autorización para que
el Gobierno pueda prestar su consentimiento mediante este Acuerdo. ¿Puede
aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento.
Se autoriza, por tanto, en este acto, que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo Marco Interregional
de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Parte, por otra, firmado
en Madrid el 15 de diciembre de 1995, Declaración conjunta, el Acta de la
firma y Declaración aneja.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR
UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE UZBEKISTAN, POR OTRA, Y ACTA FINAL, FIRMADOS
EN FLORENCIA EL 21 DE JUNIO DE 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (S. 610/000067.) (C. D. 110/000067.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra, y Acta
final, firmados en Florencia el 21 de junio de 1996. Se tramita también
por el procedimiento de urgencia.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Se somete a votación. ¿Puede ser aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo de Colaboración y
Cooperación por el que se establece una colaboración entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Uzbekistán, por otra, y Acta final, firmados en Florencia el
21 de junio de 1996.
--ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CUARTO CONVENIO ACP-CE DE LOME Y ACTA
FINAL, FIRMADOS EN MAURICIO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000068.) (C. D. 110/000068.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio
ACP-CE de Lomé y Acta final, firmados en Mauricio el 4 de noviembre de
1995. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo por el que se
modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé y Acta final, firmados en
Mauricio el 4 de noviembre de 1995.
--CONVENIO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (NUMERO 176 DE LA OIT),
ADOPTADO EN GINEBRA EL 22 DE JUNIO DE 1995. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000069.) (C. D. 110/000069.)
El señor PRESIDENTE: Convenio sobre seguridad y salud en las minas
(número 176 de la OIT), adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995. Se
tramita por el procedimiento de urgencia.
¿Turno a favor? (Pausa.)
El Senador Alonso tiene la palabra.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Con la brevedad que el caso requiere diré que nuestro Grupo Parlamentario
no podía desaprovechar esta oportunidad para manifestar su satisfacción
ante un tema de tanta trascendencia como es un Convenio de seguridad y
salud en la mina.
Todos hemos sido sorprendidos año a año con noticias desgraciadas de
accidentes graves que vienen ocurriendo en la minería de nuestro país. No
se trata de que tengamos una legislación tercermundista en esta materia,
ni mucho menos. Hubo una legislación tercermundista hasta el año 1985,
año en que se aprobó el Reglamento de normas básicas de seguridad minera,
ya que hasta ese momento nos habíamos venido rigiendo por el Reglamento
de policía minera del año 1934.
Yo creo que este Convenio crea un marco interesante para subsanar
carencias importantes que se dan en la legislación de nuestro país. Por
ejemplo, señorías, las estadísticas vienen a decirnos que uno de los
sectores dentro de la propia minería que está teniendo un mayor número de
accidentes es el de las subcontratas, el de las empresas subcontratadas,
empresas que llegan a realizar trabajos mineros y que proceden de otros
sectores de la producción sin que hayan tenido un entrenamiento, sin que
hayan tenido una formación previa, cuestión ésta que no estaba resuelta.
Esto se resuelve en el ámbito general con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, pero todas sus señorías saben que dicha Ley no es de
aplicación a la minería de nuestro país. Entonces, el artículo 12 de este
Convenio posibilita que este problema se resuelva, por dos razones muy
importantes. Por una parte, porque la inseguridad jurídica que había en
cuanto a quién era el responsable de la seguridad minera en una
explotación minera cuando había personal subcontratado u otra empresa
subcontratada, se clarifica en el artículo 12 de este Convenio. Por otra
parte, señorías, ningún trabajador va a poder prestar trabajos en las
minas españolas sin habérseles adiestrado previamente o haber recibido la
formación necesaria para el puesto de trabajo. Este Convenio va a
permitir su traslación a la legislación nacional y con ello se va a
reformar el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera y también
todas las ITC, Instrucciones Técnicas Complementarias, de las Comunidades
Autónomas.
Como innovaciones, el Convenio nos trae, por ejemplo, algo que parece de
poca trascendencia, como es obligar a las empresas a que todas las minas
estén comunicadas a través de un sistema de comunicación. Quienes no
tengan una idea aproximada de lo que este servicio supone en una mina,
que hasta ahora las empresas lo venían poniendo por su conveniencia, son
incapaces de comprender la trascendencia de este hecho concreto. El que
cuando haya un accidente
en momento determinado uno se pueda poner en contacto con el exterior o
con otro grupo para pedir auxilio, es algo importantísimo. Por otra
parte, este Convenio también obliga a las empresas a que dentro de las
minas existan, como mínimo, dos vías de salida para que en aquellos
supuestos en los que pueda haber quiebras o hundimientos, los
trabajadores tengan otra salida. También es una novedad que un trabajador
que observe que hay una situación de peligro pueda abandonar el trabajo.
El Reglamento de Normas Básicas establecía esta cuestión, pero siempre
había que contar con el permiso de un representante de la empresa. Si se
presenta una situación de peligro, no es el momento más idóneo para ir a
buscar al representante de la empresa para que dé permiso para abandonar
la labor. Por eso, creo que es una innovación.
Como éstas, señorías, se establece una serie de innovaciones que va a
tener su marco en la trasposición a la legislación española y, lo que es
muy importante, va a permitir que tanto empresarios como trabajadores
trasladen el contenido de este Convenio a los convenios colectivos, y así
se dotará a las medidas de seguridad de una mayor fuerza.
Por todas estas razones, señor Presidente, nuestro grupo apoya
entusiásticamente este Convenio y, desde luego, vamos a estar vigilantes
en cuanto a su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lamalfa.
El señor LAMALFA DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir a esta Cámara que los estudios que sobre este instrumento
han hecho los organismos competentes no revelan puntos conflictivos entre
el Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas y la legislación
española --Estatuto del Minero, Reglamento General para el Régimen de la
Minería, Reglamento General de Normas Básicas para la Seguridad Minera y
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales--, sino que, por el contrario,
destacan que tanto el aspecto técnico como el jurídico laboral del
Convenio del que hablamos, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1995, es
clara y enteramente asumible por la legislación española.
Compartimos plenamente desde el Grupo Parlamentario Popular este
Convenio, que reconoce que es deseable prevenir todo accidente mortal,
lesión o menoscabo de la salud y en el que se establecen las medidas
referentes a vigilancia de la seguridad y salud en las minas, inspección,
notificación e investigación de los accidentes, estadísticas sobre los
mismos, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos. También se
establecen las responsabilidades de los empleadores para prevenir los
riesgos de desastres naturales e industriales en las minas, proteger a
los trabajadores formándolos y coordinar la aplicación de las medidas
relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores. Finalmente, el
Convenio también recoge la obligación del Estado miembro de garantizar la
aplicación de las disposiciones mediante medidas, inspección y sanciones,
en su caso, así como los derechos y obligaciones de los trabajadores en
lo relativo a la seguridad y salud en las minas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular apoya decididamente
el presente Convenio número 176 de la Organización Internacional de
Trabajo, sobre seguridad y salud.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Se puede aprobar por asentimiento la concesión de esa autorización?
(Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio sobre seguridad y salud en las minas, número 176 de la
Organización Internacional de Trabajo, adoptado en Ginebra el 22 de junio
de 1995.
--DOCUMENTO ACORDADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE EN EL TRATADO SOBRE FUERZAS
ARMADAS CONVENCIONALES EN EUROPA, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1990, ADOPTADO EN
VIENA DURANTE LA PRIMERA CONFERENCIA DE REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE
DICHO TRATADO Y DEL ACTA DE CONCLUSION DE LA NEGOCIACION SOBRE EFECTIVOS
DE PERSONAL, CELEBRADA EN VIENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 1996. SE TRAMITA
POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000070.) (C. D. 110/000077.)
El señor PRESIDENTE: Documento acordado entre los Estados parte en el
Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19 de
noviembre de 1990, adoptado en Viena durante la primera Conferencia de
revisión del funcionamiento de dicho Tratado y del Acta de conclusión de
la negociación sobre efectivos de personal, celebrada en Viena del 15 al
31 de mayo de 1996. Se tramita por el procedimiento de urgencia y no ha
habido ninguna propuesta en relación con el mismo dentro del plazo
señalado.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y, por tanto, se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Documento acordado entre los Estados parte en el Tratado sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, de 19 de noviembre de 1990,
adoptado en Viena durante la primera Conferencia de revisión del
funcionamiento de dicho Tratado y del Acta de conclusión de la
negociación sobre efectivos del personal, celebrada en Viena del 15 al 31
de mayo de 1996.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (S. 610/000071.) (C. D. 110/000079.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra,
firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996. Se tramita por el
procedimiento de urgencia y no se han presentado propuestas en relación
con este acuerdo dentro del plazo señalado.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y, por tanto, se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 22 de abril de 1996.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA AZERBAYANA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 22 DE ABRIL DE 1996. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000072.) (C. D. 110/000080.)
El señor PRESIDENTE: Por último, Acuerdo de colaboración y cooperación
entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y la
República Azerbayana, por otra, firmado en Luxemburgo el 22 de abril de
1996. Se tramita por el procedimiento de urgencia y no se han presentado
propuestas en relación con el mismo dentro del plazo señalado.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y, por tanto, se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades y sus
Estados miembros, por una parte, y la República Azerbayana, por otra,
firmado en Luxemburgo el 22 de abril de 1996.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión hasta mañana, a las
nueve.
Eran las diecinueve horas y cuarenta minutos.