Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 32, de 26/02/1997
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 32
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 26 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del Aire que
operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro país, en el
supuesto de la plena integración de España en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de
1997). (Número de expediente 680/000189.)
--De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha suspendido la
publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000190.)
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si tiene intención el Gobierno de dar a conocer los acuerdos realizados
con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149,
de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000192.)
--De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si conocía el Gobierno con anterioridad al nombramiento
de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) que éste había sido condenado por
sentencia firme como autor de una
falta grave por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000191.)
--De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si ha modificado la Ministra de Justicia su opinión sobre don Luis
Pascual Estevill, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000195.)
--De don Francisco Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno en
relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de 1991
con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del
Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149,
de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000201.)
--De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de
construcción de la línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y
Málaga, defendida por la Junta de Andalucía (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha
24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000194.)
--De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el grado de ejecución de las obras de construcción de la
variante de la carretera nacional N-501, a su paso por el municipio de
Santa Marta de Tormes (Salamanca) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de
febrero de 1997). (Número de expediente 680/000200.)
--De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en
relación con la ubicación definitiva de alguna de las obras de Pablo
Picasso adquiridas recientemente por el Ministerio de Educación y
Cultura, en el museo de Barcelona, que lleva el nombre del artista
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente
680/000188.)
--De don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si está satisfecho el Gobierno con la forma con que las autoridades
políticas sanitarias han abordado los casos de meningitis (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000193.)
--De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas de carácter epidemiológico y preventivo que ha
puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento del número
de casos de meningitis meningocócica C (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de
febrero de 1997). (Número de expediente 680/000196.)
--De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa
normativa tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación
de fórmulas magistrales dirigidas a tratamientos peculiares (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000197.)
--De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre el régimen de la Seguridad Social en
el que deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en
general, los directivos de empresas o sociedades (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149,
de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 680/000187.)
--De don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la
situación de los trabajadores españoles del mar en empresas pesqueras
mixtas de países extranjeros (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de
1997). (Número de expediente 680/000198.)
--De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la forma en que va a instrumentar el Gobierno la puesta en
marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones
españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín
(Irlanda) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de
expediente 680/000199.)
Segundo
Interpelaciones:
--De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María Villalonga
Campos, en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto
(PIB) para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas
del Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente
Legislatura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de
expediente 670/000031.)
--De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre la política general y previsiones del
Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo y, más
concretamente, con el de la Bárdenas, en Navarra (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149,
de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000035.)
--De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación
con la ordenación del sistema español de relaciones laborales (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 670/000036.)
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Interior y Función Pública, en relación con el
Proyecto de Ley de Organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 21 de febrero de 1997).
(Número de expediente S. 621/000007.) (Número de expediente C. D.
121/000001.)
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la
Proposición de Ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía
de ingresos mínimos (antes Proposición de Ley sobre Recuperación
automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva)
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-B, número 3, de fecha 20 de febrero de 1997). (Número de expediente
S. 624/000001.) (Número de expediente C. D. 122/000004.)
Cuarto
Solicitud de los señores Portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación
de las normas de circulación a la práctica del ciclismo de una prórroga
de tres meses para la conclusión del trabajo. (Número de expediente
543/000001.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
PREGUNTAS (Página 1285)
De don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del Aire que
operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro país, en el
supuesto de la plena integración de España en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) (Página 1285)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo
hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).
De don Francisco Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las razones por las que el Gobierno ha suspendido la publicación
del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal (Página 1286)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si tiene intención el Gobierno de dar a conocer los acuerdos realizados
con el Partido Nacionalista Vasco sobre el concierto económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, en el plazo más breve posible (Página 1287)
El señor Díez González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díez González. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey).
De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si conocía el Gobierno con anterioridad al nombramiento
de don Fernando López-Amor García como Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) que éste había sido condenado por
sentencia firme como autor de una falta grave por abuso de autoridad en
el ejercicio de su cargo (Página 1289)
El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En
turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de
Gante y Mirón).
De don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
ha modificado la Ministra de Justicia su opinión sobre don Luis Pascual
Estevill, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (Página 1290)
El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De don Francisco Javier Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno en
relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de 1991
con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del
Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos (Página 1291)
El señor Ariznavarreta Esteban formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ariznavarreta
Esteban. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón).
De don Francisco José Zamorano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la propuesta de
construcción de la línea férrea de alta velocidad (AVE) entre Córdoba y
Málaga, defendida por la Junta de Andalucía (Página 1292)
El señor Zamorano Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zamorano Vázquez. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).
De don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el grado de ejecución de las obras de construcción de la
variante de la carretera nacional N-501, a su paso por el municipio de
Santa Marta de Tormes (Salamanca) (Página 1294)
El señor Hernández Calvo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la ubicación definitiva de alguna de las obras de Pablo Picasso
adquiridas recientemente por el Ministerio de Educación y Cultura, en el
museo de Barcelona que lleva el nombre del artista (Página 1295)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de
Biedma). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i
Serra. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
De don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si está satisfecho el Gobierno con la forma con que las autoridades
políticas sanitarias han abordado los casos de meningitis (Página 1296)
El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arjona Santana. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De don José Luis Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas de carácter epidemiológico y preventivo que ha
puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al incremento del número
de casos de meningitis meningocócica C (Página 1298)
El señor Sainz García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De doña Rosa López Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar alguna iniciativa normativa
tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de fórmulas
magistrales dirigidas a tratamientos peculiares (Página 1299)
La señora López Garnica formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Garnica. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).
De don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre el régimen de la Seguridad Social en
el que deben ser incluidos los socios administradores de compañías y, en
general, los directivos de empresas o sociedades (Página 1300)
El señor Vidal i Perpiñá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
De don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para solucionar la situación
de los trabajadores españoles del mar en empresas pesqueras mixtas de
países extranjeros (Página 1301)
El señor Blancas Llamas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Blancas
Llamas.
De don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la forma en que va a instrumentar el Gobierno la puesta en
marcha de los pactos territoriales para el empleo de diversas regiones
españolas presentados recientemente en la Cumbre Europea de Dublín
(Irlanda) (Página 1300)
El señor Lamalfa Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lamalfa
Díaz.
INTERPELACIONES (Página 1304)
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las declaraciones del Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para iberoamérica, don Fernando María Villalonga Campos,
en relación con el destino del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB)
para cooperación al desarrollo y sobre las previsiones políticas del
Gobierno en materia de cooperación al desarrollo en la presente
Legislatura (Página 1304)
La señora De Boneta y Piedra realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el
Grupo Mixto; Bolinaga Benoga, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió; Castro Rabadán, por el Grupo Socialista, y López Henares, por el
Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan).
De don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre la política general y previsiones del
Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo y, más
concretamente, con el de Las Bardenas, en Navarra (Página 1311)
El señor Bolinaga Bengoa realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Serra
Rexach). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el
Grupo Mixto, y los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, e
Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Interviene nuevamente
el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). Los señores Bolinaga Bengoa
e Iribas Sánchez de Boado intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
De don José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación
con la ordenación del sistema español de relaciones laborales
Esta interpelación ha sido retirada.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1320)
De la Comisión de Interior y Función Pública, en relación con el Proyecto
de Ley de Organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado (Página 1320)
El señor Cañellas Fons, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de
veto número 1. El señor García Carnero consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra
y el señor Román Clemente, por el Grupo Mixto, así como los señores
Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, y García Carnero, por el
Grupo Popular. La señora De Boneta y Piedra interviene de nuevo en virtud
del artículo 87, retirando la propuesta de veto.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
Comienza el debate del articulado.
Títulos I y II. Artículos 1 a 39.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, da por defendidas todas
las enmiendas por ella presentadas a esta parte del proyecto de ley. El
señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 34
a 87 y 89 a 93. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 133 y
137, así como las números 142, 143 y 144, a los artículos 29 y 29 bis,
del Grupo Mixto. El señor Caballero Lasquibar defiende las enmiendas
números 121 y 122, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Carrera i Comes defiende las enmiendas números 212 y 214, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Martínez García
defiende las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188, así
como el voto particular número 7, que propone el mantenimiento de la
redacción inicial de los artículos 11.2, 12.2 a) y 17.1, volviendo al
texto remitido por el Congreso de los Diputados, y retira las enmiendas
números 149, 189, 190 y 191, así como la parte del voto particular
mencionado que se refiere a la vuelta al texto del Congreso de los
artículos 22, 31.1 y 36, del Grupo Socialista. El señor Huidobro Díez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo Mixto, y Carrera i Comes,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la
señora Martínez García, por el Grupo Socialista, y el señor Huidobro
Díez, por el Grupo Popular.
Títulos III y IV. Artículos 40 a 66.
La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la enmienda
número 26. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da por defendidas
las enmiendas números 94 a 105, proponiendo esta última la creación de un
Título V, nuevo. El señor Carrera i Comes defiende la enmienda número
215, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora
Martínez García defiende las enmiendas números 192 a 199, del Grupo
Socialista. El señor Huidobro Díez consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Carrera i Comes, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Martínez
García, por el Grupo Socialista, y el señor Huidobro Díez, por el Grupo
Popular.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Se dan por defendidas las enmiendas números 27 y 28, de la señora De
Boneta y Piedra, del Grupo Mixto. El señor Román Clemente, del Grupo
Mixto, da asimismo por defendidas las enmiendas 106 a 119. El señor Ríos
Pérez defiende la enmienda número 146, del Grupo Mixto. El señor
Caballero Lasquibar defiende las enmiendas números 124 a 127, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Carrera i Comes defiende las
enmiendas números 216 y 217, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Arévalo Santiago defiende las enmiendas
números 200 a 210, así como el voto particular número 7, retirando las
relativas a las disposiciones adicionales tercera y decimotercera, de
vuelta al texto del Congreso, del Grupo Socialista. El señor Román
Clemente da por defendido
el voto particular número 8, también de vuelta al texto del Congreso. El
señor Huidobro Díez defiende el voto particular número 9, asimismo de
mantenimiento del texto del Congreso, y consume un turno en contra de las
enmiendas anteriormente defendidas. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.
Exposición de motivos.
Se dan por defendidas las enmiendas números 1 y 2, de la señora De Boneta
y Piedra, del Grupo Mixto. El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, da
asimismo por defendidas las enmiendas números 29 a 33. El señor Arévalo
Santiago defiende las enmiendas números 147 y 148, del Grupo Socialista.
No se hace uso del turno en contra ni del turno de portavoces.
Se procede a votar.
Títulos I y II.
Se rechazan las enmiendas números 11 y 19, de la señora De Boneta y
Piedra, del Grupo Mixto, por 101 votos a favor, 125 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 9, de la misma señora Senadora, por 93
votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3 a 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18 y 21 a
25, de la misma señora Senadora, por 10 votos a favor, 215 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 36, 55, 64 y 75, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 87 votos a favor, 140 en
contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 34, 35, 37 a 54, 56 a 63, 65 a 74, 76 a
87 y 89 a 93, de los mismos señores Senadores, por 4 votos a favor, 222
en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 133, 137, 142, 143 y 144, del Grupo
Mixto, por 13 votos a favor y 215 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 121 y 122, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 207 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 212 y 214, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 20 votos a favor, 207 en contra y 2
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a 188,
del Grupo Socialista, por 84 votos a favor, 142 en contra y 3
abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial de los artículos 11.2, 12.2 a) y
17.1, por 86 votos a favor y 143 en contra.
Se aprueban los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27,
28, 29 bis, 35, 37 y 39, según el texto del dictamen, por 219 votos a
favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los restantes artículos integrados en los Títulos I y II,
según el texto del dictamen, por 143 votos a favor, 82 en contra y 3
abstenciones.
Títulos III y IV.
Se rechaza la enmienda número 26, de la señora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 216 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 94 a 105, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 222 en
contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 215 del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 101 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 192 a 199, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que
propone el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 62, por 86
votos a favor, 142 en contra y 1 abstención.
Se aprueban los artículos 41 y 46, según el texto del dictamen, por 143
votos a favor y 86 en contra.
Se aprueba el Capítulo II del Título III, según el texto del dictamen,
salvo el artículo 46, votado con anterioridad, por 225 votos a favor, 2
en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los restantes artículos de los Títulos III y IV, según el
texto del dictamen, por 225 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Disposiciones.
Se rechazan las enmiendas números 27 y 28, de la señora De Boneta y
Piedra, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 214 en contra y 4
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 106 a 119, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 223 en
contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 146, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor
y 217 en contra.
Se rechaza la enmienda número 126, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 19 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 124, 125 y 127, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 216 y 217, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 208 en contra y 2
abstenciones.
El señor Aleu i Jornet retira en este acto las enmiendas números 204, 206
y 207, del Grupo Socialista.
Se rechaza la enmienda número 201, del Grupo Socialista, por 87 votos a
favor, 140 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 200, 202, 203, 205, 208, 209 y 210, del
Grupo Socialista, por 84 votos a favor, 141 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza el voto particular número 7, del Grupo Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial de las disposiciones adicional
undécima y transitoria tercera, por 87 votos a favor, 141 en contra y 1
abstención.
Se rechaza el voto particular número 8, de los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Mixto, que propone el mantenimiento de la
redacción inicial de la disposición adicional undécima, por 87 votos a
favor, 140 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, sobre la base del voto particular
número 9, del Grupo Popular, relativo a la disposición transitoria
tercera, apartado 1, firmada por todos los grupos parlamentarios, por 224
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta,
octava, novena, décima, duodécima, decimocuarta, decimosexta y
decimoséptima, así como las disposiciones transitoria primera,
derogatoria y final primera, según el texto del dictamen, por 228 votos a
favor y 1 abstención.
Se aprueban las restantes disposiciones, con las modificaciones
introducidas, por 142 votos a favor, 85 en contra y 1 abstención.
Exposición de Motivos.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, de la señora De Boneta y Piedra,
del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 213 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 29 a 33, de los señores Nieto Cicuéndez
y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 223 en contra y 3
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 147 y 148, del Grupo Socialista, por 86
votos a favor, 142 en contra y 1 abstención.
Se aprueba la Exposición de Motivos, según el texto del dictamen, por 141
votos a favor, 87 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la
Proposición de Ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía
de ingresos mínimos (antes Proposición de Ley sobre Recuperación
automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva)
(Página 1360)
El señor Alonso Buitrón presenta el dictamen. No se consumen turnos a
favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Albistur Marín, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos, y Vidal i Perpiñá, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Navarro
Garzón, por el Grupo Socialista, y Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Solicitud de los señores portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación
de las normas de circulación a la práctica del ciclismo de una prórroga
de tres meses para la conclusión del trabajo (Página 1363)
Se aprueba la prórroga por asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las veinte horas y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
POSIBILIDAD DE QUE LAS TROPAS DE LA ARMADA O DEL EJERCITO DEL AIRE QUE
OPERAN EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO QUEDASEN BAJO MANDO DE OTRO PAIS, EN EL
SUPUESTO DE LA PLENA INTEGRACION DE ESPAÑA EN LA ORGANIZACION DEL TRATADO
DEL ATLANTICO NORTE. (680/000189.)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la posibilidad de que las tropas de la Armada o del Ejército del
Aire que operan en el archipiélago canario quedasen bajo mando de otro
país en el supuesto de la plena integración de España en la Organización
del Tratado del Atlántico Norte.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señor Ministro.
Desmentido en el Congreso de los Diputados por el Gobierno la posibilidad
de que en el supuesto de la plena integración de España en la Alianza
Atlántica el archipiélago canario quedara fuera del mando español,
afloran las noticias de que la intención del Gobierno español es
pretender únicamente el mando del Ejército de Tierra en dicha zona.
Por lo expuesto, se formula la siguiente pregunta: ¿podría el Gobierno
indicarnos si para el supuesto de la plena integración de España en la
Alianza Atlántica se contempla la posibilidad de que la Armada o la
aviación, o ambas, que operan en el archipiélago canario pudieran quedar
bajo el mando de otro país o en una situación singular y específica?
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la respuesta es muy clara, no existe ninguna posibilidad de que
queden fuera del mando español. El concepto estratégico de 1994, revisado
en 1996, establece un mando único sobre todo el territorio nacional,
incluido el archipiélago, por tanto, desaparece el mando unificado de
Canarias. Esto ha sido posible debido a la reducción de los tiempos y de
la distancia, a la rapidez de la respuesta en los medios aeronavales y a
la mejora de los sistemas de mando y control. Por ello se ha impulsado un
concepto de mando operativo conjunto en las Fuerzas Armadas, cuyo
comandante es el Jefe del Estado Mayor de la Armada, y como digo se
suprimió el mando unificado de Canarias. Desde esta fecha, Canarias no
tiene ningún tratamiento diferencial.
¿Qué pasa con la OTAN? Las Fuerzas de la Armada y del Ejército del Aire
que operan en el archipiélago canario tienen una misión concreta y
permanente en el marco de la defensa nacional, y sus actuaciones están
siempre bajo mando nacional. Otra cosa es que en el mando colectivo,
amparado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y lo
prescrito en el Tratado de Washington, las tropas españolas de cualquier
ejército, como las de cualquier otro país de la Alianza, puedan operar en
cualquier sitio bajo mando internacional, bajo un mando de la Alianza.
En el ámbito de la OTAN, los mandos se designan en la confianza de las
naciones, pierden su condición nacional y se convierten en mandos
internacionales. Nunca puede suceder que fuerzas de una nación queden
bajo mando de otra; puede suceder que, de modo momentáneo, queden
adscritas a una fuerza de carácter multinacional. Por ejemplo, en el
próximo mes de septiembre, un oficial superior de la Armada asumirá el
mando de la Fuerza Naval permanente de la Alianza en el Mediterráneo, una
fuerza de varios países, entre otros una fragata española, estará bajo el
mando de un oficial español, no bajo mando español, bajo mando de la
Alianza. Eso puede suceder en cualquier circunstancia, con cualquier
ejército y en cualquier territorio, pero en lo que se refiere al
archipiélago canario, todos los estudios realizados por el Comité militar
establecen que estará como cualquier parte del territorio español, bajo
el mando que se establezca en España, un mando subregional. Por tanto,
las fuerzas del Ejército de Tierra, exactamente igual que las fuerzas de
la Armada y del Ejército del Aire, operarán siempre bajo ese mando
subregional español, salvo que cualquier ejército en cualquier lugar sea
adscrito momentánea y temporalmente a un mando internacional. De manera
que, repito, la respuesta es categórica, no puede suceder esa
posibilidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo entonces que la OTAN va a tener un cambio profundo en la
estructura estratégica en un inmediato futuro, porque en estos momentos
Iberlant, que es la zona controlada desde Lisboa, tiene un efecto de
influencia total sobre la zona aérea y marítima de Canarias. Se habla de
que será el límite de Ayamonte, en la provincia de Huelva, donde Iberlant
termine su mandato de segundo nivel y ahí empezaría el de tercer nivel
español hacia el estrecho de Gibraltar. Si efectivamente es como dice el
señor Ministro, yo me congratulo de ello, porque el tema del Atlántico
plantea problemas muy especiales. Canarias, con las obligaciones
que tiene, defenderá Europa, y en esa línea de la definición del Tratado
de Maastricht --que acuñó el término de identidad europea de seguridad y
defensa-- está vinculada a la UEO y ligada con la OTAN, que serían
siempre fuerzas separables pero no separadas.
Creo recordar, señor Ministro, que en su momento Canarias votó no a la
integración de la OTAN en referéndum; como éste ya no es posible otra
vez, sí que hemos insistido en la posibilidad de una mayor información
para nuestro pueblo en ese campo, y también en que se hiciera un sondeo
para ver cuál es en estos momentos el parecer de nuestro pueblo canario
sobre la nueva OTAN.
Por último, en caso de que no fuera posible la neutralidad fáctica,
desearíamos que el mando de Iberlant fuera alternativo y que también
tuviera España el mando, igual que Portugal, por tiempo más o menos
alternativo.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro, con brevedad.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Con mucha brevedad, señor
Presidente, gracias.
Efectivamente, tiene razón, señoría, los cambios han sido muy profundos,
tanto que al participar España plenamente, el territorio canario, que
siempre ha estado bajo dominio español, y jamás fuera de él, ahora pasará
a estar, además de bajo dominio español, como territorio nacional que es,
incardinado en un mando de la OTAN de nueva creación, que es el mando
subregional español.
De manera que le repito y le tranquilizo a su señoría diciéndole que los
estudios de la Alianza, todos están hechos sobre la base de que Canarias,
como cualquier otra zona del territorio nacional, estará bajo dominio del
mando subregional que se establezca en España. Por tanto, habrá que
alterar las zonas tradicionales de división de mandos, que ya no serán
rígidas porque estarán orientadas a las misiones, pero, en todo caso,
habrá que alterarlas porque se ha producido la novedad de la integración
de España en la estructura militar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA SUSPENDIDO LA
PUBLICACION DEL BOLETIN ESTADISTICO DEL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL.
(680/000190.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno
ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central
de Personal.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Boletín Estadístico del Registro Central de Personal se inició en 1990
con carácter mensual y dejó de publicarse en noviembre, diciembre y
enero. Entre sus objetivos tenía el control del aumento de funcionarios
de máximo nivel de la Administración. Pero, señorías, una vez más, ante
los indicadores negativos y el incumplimiento de la promesa electoral del
Partido Popular, se deja de publicar.
Recordarán sus señorías que uno de los puntos estrella del programa
electoral del Partido Popular fue la modernización de la Administración y
su transparencia. Nos recordaba el señor Núñez durante años, nos
explicaba y --más que explicaba-- gritaba de qué forma lo iban a hacer,
incluso de forma contable explicaba los miles de millones de ahorro y la
drástica disminución de funcionarios de alto «standing», nada menos que
80.000 millones de ahorro como consecuencia de los 5.000 puestos de altos
cargos menos, reduciendo los niveles 28, 29 y 30 de la Administración.
Hoy, apenas diez meses después de la gloria centrista del caiga quien
caiga y del ordeno y mando del Partido Popular, el Gobierno no sabe, no
contesta (Rumores.), y ¿qué es lo que hace? Lo más democrático, eliminar
el Boletín previa fulminación del Subdirector General del Proceso de
Datos de las Administraciones Públicas, fulminación y fumigación en la
Administración, señor Ministro.
Señores del Gobierno, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno ha
suspendido la publicación del Boletín Estadístico del Registro Central de
Personal?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo García.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Rojo, voy a responder a la pregunta que me ha hecho, y si usted
vuelve a hacer alguna otra suerte de consideraciones, le responderé en la
ulterior réplica.
Es muy difícil poder explicar cuáles son las razones por las cuales el
Gobierno ha suspendido la publicación del Boletín Estadístico del
Registro Central de Personal, por la sencilla razón de que no ha
suspendido la publicación del mencionado Boletín. A partir de ahí todas
sus consideraciones son ciertamente muy interesantes, pero se basan y
parten de un dato que es absolutamente falso, porque el Gobierno, como
acabo de señalar, no ha suspendido la publicación del mencionado Boletín.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es verdad lo que nos acaba de decir. (Risas.) Sí, es verdad, no se rían,
señorías, yo creo que esto tiene muy poca gracia. Es verdad que vamos a
tener nuevamente el Boletín, pero tendrá que decirnos por qué en
noviembre, en diciembre y en enero no hubo Boletín, nos lo tendrá que
decir. Lo que sí sabemos es que como consecuencia de la denuncia pública
que se hizo sobre esta cuestión, ustedes han vuelto a dar la orden que se
edite el Boletín.
Sé que usted va a terminar la intervención y podrá decir lo que le dé la
gana, porque, al final, sus palabras quedarán en el «Diario de Sesiones»
después que las mías. Ustedes aquí nos han contestado permanentemente a
preguntas de la oposición mintiendo, señor Ministro, en esta y en otras
cuestiones, como lo vamos a ver a lo largo de la mañana. (Rumores.) Sí,
señorías, mintiendo; léanse lo que nos han contestado y vean lo que ha
ocurrido después.
Por tanto, como usted, señor Ministro, va a terminar y sé que me va a
contestar a todas estas cuestiones, quiero dejar claro que es verdad que
hay Boletín, pero no había Boletín cuando yo presenté esta pregunta y no
lo había hace dos semanas. Ustedes han vuelto al Boletín como
consecuencia de la denuncia pública que se ha hecho. Es sabido, señorías,
que los funcionarios están encantados; aquí está encantado todo el mundo
con ustedes. Ustedes, señorías, se dedican a descodificar el fútbol, como
todo el mundo sabe (Rumores.), por ser de interés general. Por cierto,
algo nada novedoso que ya otro nos lo hacía para hacernos la terapia de
grupo, que es lo que ustedes tratan de hacer con todos los demás.
(Rumores.) Y codifican, señor Ministro, las decisiones a través de
decretos-leyes suprimiendo lo que no les gusta.
Me puede contestar el señor Ministro lo que quiera; la realidad es que
quisieron suspender el Boletín y lo han tenido que volver a editar como
consecuencia de la presión y de la denuncia pública.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rojo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo no voy a entrar en una guerra de eslogan sin argumento, creo que no
tiene excesivo sentido. Yo le he dicho a usted que no se ha suspendido la
publicación del Boletín. Menos mal que usted en la respuesta que me da
reconoce que es verdad que no se ha suspendido la publicación del
Boletín. Entonces, cabe preguntarse por qué pregunta usted las razones de
la suspensión de la publicación del Boletín, si luego reconoce que el
Boletín en su publicación no ha sido suspendido. Me parece absolutamente
absurdo que haga usted esa pregunta.
Es así, señor Rojo. Aquí está el Boletín Estadístico del Registro Central
de Personal, que es una publicación del Ministerio de Administraciones
Públicas, con una periodicidad de seis meses, y que no ha sido
suspendida, ni lo va a ser. Y aquí está un Boletín Estadístico que se
entrega única y exclusivamente a distintos altos cargos del Ministerio de
Administraciones Públicas y que suele tener una periodicidad mensual. Es
un Boletín no público, sino para los efectos internos del Ministerio de
Administraciones Públicas. En este momento se está procediendo a la
elaboración de las RPT de los distintos Ministerios y, por tanto, pareció
oportuno a los responsables del Registro el retrasar la publicación de
los meses de diciembre, enero y febrero, que ya están publicados.
Todo lo demás son consideraciones, sin duda, muy interesantes, pero que
desde luego no responden a la verdad. Y voy a decirle una cosa; no haga
usted «seguidismo» de informaciones que se publican en ocasiones y que no
responden a la realidad porque, al final, lo que acaba haciendo usted, y
se lo digo con absoluta tranquilidad y toda la moderación del mundo, es
el ridículo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE DAR A CONOCER LOS ACUERDOS REALIZADOS
CON EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, EN LA COMISION GENERAL DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE. (680/000192.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de dar a
conocer los acuerdos realizados con el Partido Nacionalista Vasco sobre
el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el plazo más breve
posible.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a comenzar preguntando ¿algún Senador o Senadora de
los que estamos aquí presentes tendría interés en conocer las
negociaciones del concierto económico del País Vasco que en este momento
o hace poco, dicen, por lo que hemos leído en los medios de comunicación,
que se han cerrado? ¿Creen que sería interesante para ustedes, para sus
Comunidades Autónomas de origen, para sus electores, para los ciudadanos
en general, conocer el fondo de esa negociación, los contenidos, la
trascendencia de dicha negociación? Yo creo que son preguntas
interesantes, que como miembros de una Cámara territorial, como es ésta,
nos podemos hacer y que, en definitiva, son las que le hago al Gobierno y
al señor Ministro.
¿Es intención del Gobierno dar a conocer los acuerdos entre el Partido
Nacionalista Vasco y el Gobierno de la nación sobre la Ley del Concierto
Económico del País Vasco en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, en el plazo más breve posible?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Díez, yo supongo que todos los Senadores tendrán interés en conocer
las negociaciones que hace el Gobierno con el Gobierno vasco en relación
al tema del concierto del cupo o cualesquiera otras negociaciones que
haga sobre cualesquiera otros asuntos. Por tanto, espero que la respuesta
que yo le dé a su pregunta le satisfaga.
Tengo que decir que el Gobierno sí tiene intención de dar a conocer el
acuerdo al que llegue con el Gobierno vasco en materia de concierto
cuando ese acuerdo efectivamente se produzca. Hasta que ese acuerdo se
produzca es evidente que no podemos dar conocimiento del mismo a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, por una sencilla razón,
como no hay acuerdo, no hay nada que dar a conocer. Por tanto, cuando
haya acuerdo me preguntará usted y yo le diré que sí estaremos dispuestos
a darlo a conocer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin embargo, hemos leído que al hilo de la negociación de los
Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno de la nación y el
Partido Nacionalista Vasco, hubo un acuerdo de principios con este último
que vimos en los medios de comunicación. Yo desde luego creo en el
concierto económico del País Vasco, cómo no, así lo establece la
Constitución y el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de Gernika, pero
no olvidemos que es un concierto entre el Estado y una Comunidad
Autónoma. La pregunta que nos hacemos muchos es si el Estado es solamente
el Gobierno o el Estado somos todos, si lo son el resto de las
Comunidades Autónomas, si tienen algo que decir el resto de las
Comunidades Autónomas y si tienen algo que decir las Cortes Generales y,
en concreto, el Senado sobre esta negociación y los contenidos de ese
concierto económico. ¿Los contenidos de ese concierto económico
repercuten o no en el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Repercuten o
no en el resto de España? Son preguntas que nos hacemos muchos Senadores,
no sólo del Grupo Parlamentario Socialista, no vamos a ser sectarios en
esta cuestión, sino Senadores de todos los grupos que están en esta
Cámara.
Señor Ministro, yo soy Senador por la Comunidad Autónoma de La Rioja y
recientemente el Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad un acuerdo
que iba más lejos de lo que estoy pidiendo en este momento, que es
información. Queremos saber cómo van esas negociaciones. El Parlamento de
La Rioja pedía más, pide que el concierto vasco no se negocie
bilateralmente. Uno de los titulares es: «La Rioja pedirá a Aznar asistir
a la negociación del concierto vasco»; «el Gobierno de La Rioja pedirá el
concierto vasco en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera».
En definitiva, creemos que es justo, y yo creo que el conjunto de la
Cámara así lo estima también porque lo hemos hablado muchas veces, que en
esta Cámara se residencie la información y el debate correspondiente a
este asunto y a otros de interés general. Por eso, pedimos una
información a quien la tiene, que es el Gobierno, con el derecho de
pedirla; de lo contrario, tendríamos que pensar que los intereses de
partido se han querido imponer a los intereses generales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez González.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Díez, ha comenzado usted su intervención diciendo: hemos leído...
Yo les recomendaría a ustedes --ya lo hice con ocasión de la respuesta
que le di al señor Rojo-- que no planteasen sus preguntas o
interpelaciones al Gobierno sobre la base de lo que lean en algún que
otro medio de comunicación. Yo creo que no es la forma más razonable de
hacer oposición y, desde luego, dice muy poco de su iniciativa política.
Ha dicho que cree usted en el concierto, lo cual me parece muy razonable
y ha pedido alguna otra información que también me lo parece, como que si
el Gobierno va a dar información, si el Senado y las Cortes Generales
tienen derecho a opinar sobre las negociaciones en materia de concierto y
de cupo. Yo le digo que sí, que el Gobierno presentará en su día, como no
podía ser menos, un proyecto de ley de concierto y de cupo, que se
debatirá en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Usted podrá
hacer todas las observaciones que estime oportuno y conveniente, todas
las críticas, sugerencias y, en suma, todas las iniciativas
parlamentarias que considere necesarias para la mejora del proyecto de
ley que presente el Gobierno. Es lo que vamos a hacer y es exactamente lo
que se ha hecho desde el año 1980. No recuerdo que usted u otro dirigente
del Grupo Parlamentario Socialista, cuando ustedes asumían la
responsabilidad de gobernar, planteasen esa original negociación del
modelo de concierto o de cupo. ¿Por qué no dijo usted en su día que la
negociación sobre el concierto y el cupo había que explicarla previamente
en el Senado o que tenían que estar participando en esa negociación
del concierto y del cupo La Rioja? ¿Por qué sólo La Rioja? Yo creo que
también podía estar Extremadura, Baleares, etcétera, todos los Senadores
y todos los Diputados. Y, desde luego, cuando el Gobierno tuviese que
presentar a las Cortes cualquier proyecto de ley y estuviese negociando,
por ejemplo, con una comunidad de regantes, lo lógico es que antes de
presentarlo el Gobierno viniera aquí a dar cuenta de con quién está
negociando. Por ejemplo, yo en este momento estoy intentando negociar el
Estatuto de la Función Pública y debería venir aquí para explicar qué es
lo que estoy haciendo con los sindicatos o con las Comunidades Autónomas.
Eso ocurriría con todos los proyectos de ley. Yo creo que el modelo
normal, usual, el que siempre se ha utilizado en democracia, el que
siempre han utilizado ustedes, es presentar un proyecto de ley al que los
grupos parlamentarios hacen las observaciones que estimen oportunas y
convenientes. Lo demás me parece que tiene muy poco sentido y que
participen todas las Comunidades Autónomas, previamente el Senado y el
Congreso de los Diputados, en la negociación sobre el concierto y el
cupo, usted sabe que no tiene sentido y que contradice lo dispuesto en la
legislación vigente sobre concierto y cupo, que supongo que su partido
habrá aprobado en su día.
Preguntas de este tipo, aunque muy gustosamente se las respondo, me
parece que tienen muy poco sentido. Hay que echar un poco más de
imaginación al asunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI CONOCIA EL GOBIERNO CON ANTERIORIDAD AL NOMBRAMIENTO
DE DON FERNANDO LOPEZ-AMOR GARCIA COMO DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO
RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) QUE ESTE HABIA SIDO CONDENADO POR
SENTENCIA FIRME COMO AUTOR DE UNA FALTA GRAVE POR ABUSO DE AUTORIDAD EN
EL EJERCICIO DE SU CARGO. (680/000191.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Juan Antonio Barranco
Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si conocía el
Gobierno con anterioridad al nombramiento de don Fernando López-Amor
García como Director General del Ente Público de Radiotelevisión
Española, que éste había sido condenado por sentencia firme como autor de
una falta grave por abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.
El señor BARRANCO GALLARDO: Señor Presidente, señorías, señoras y señores
del Gobierno, ¿conocía el Gobierno de la nación con anterioridad al
nombramiento de don Fernando López-Amor García como Director General del
Ente Público de Radiotelevisión Española que éste había sido condenado
por sentencia firme como autor de una falta de abuso de autoridad en el
ejercicio de su cargo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente el Gobierno conocía antes del nombramiento del
nuevo Director General de Radiotelevisión Española la sentencia dictada,
en vía de recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el señor
López-Amor y por la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas de
la Administración Financiera y Tributaria del Estado, que estimaban
parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio
de Economía y Hacienda, de 30 de enero de 1990.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Con la venia, señor Presidente.
Señora Ministra, la verdad es que la respuesta que usted acaba de dar en
esta Cámara que, por cierto, es la misma que dio el otro día en el
Congreso de los Diputados, me parece que hace aún más incomprensible la
actitud del Gobierno y, desde luego, hace mucho más inquietante el
nombramiento del señor López-Amor como Director digital del Ente Público
de Radiotelevisión Española.
La razón no es sólo el hecho de que exista una sentencia --cosa que
ustedes siguen todavía negando, poniendo en entredicho-- firme y una
condena firme, sino que más allá incluso de la propia sentencia existe
una gran pregunta en torno a esta cuestión. ¿Por qué el señor López-Amor
va a investigar las declaraciones de renta de un compañero de su partido?
¿Por qué? ¿Por curiosidad, por interés morboso? ¿Por qué hace eso? Yo
creo que la respuesta a esa pregunta añade mucha más gravedad que la
propia sentencia.
Si además eso fuera poco, ustedes acaban de aprobar de forma definitiva
en el Congreso de los Diputados --además, creo que a iniciativa de su
Gobierno--, con fecha 30 de diciembre de 1996, la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se ha aprobado por
iniciativa de ustedes, con el voto unánime de todos los grupos políticos.
En la disposición adicional octava de esa Ley aprobada hace escasamente
dos meses, se dice que el acceso a los datos, informes o antecedentes
obtenidos por las Administraciones Tributarias y por parte de un
funcionario público para fines distintos de las funciones que les son
propias, se considerará siempre disciplinariamente falta grave. Y dos
meses escasos después de aprobar ustedes esta Ley, promocionan a un señor
que ha incurrido en falta
grave y que ha infringido esta Ley, que ustedes mismos han propuesto a
las Cortes Generales de este país; dos meses después. ¿Acaso van a hacer
ustedes una lista de promoción de todos aquellos militantes del Partido
Popular que infrinjan las leyes que ustedes mismos aprueban? ¿Va a ser
esa la línea de actuación de su Gobierno?
Además, como usted muy bien conoce, señora Ministra, existen cosas muy
importantes al margen de estos documentos. Existe un compromiso del
Presidente del Gobierno, del señor Aznar, de nombrar como Director de
Radiotelevisión Española a una persona independiente, elegida entre
personas de reconocido prestigio y a propuesta del propio Consejo de
Administración. Ninguno de estos compromisos han sido cumplidos por
ustedes con el nombramiento del señor López-Amor. Después de estos
compromisos, de estas palabras y luego, a la vista de los hechos, ¿cuánto
vale la palabra del señor Aznar?
El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine, por favor.
El señor BARRANCO GALLARDO: Ya termino, señor Presidente.
¿Cuánto valen los compromisos del programa del Partido Popular?
La trayectoria y la gestión del señor López-Amor le desacreditan para
ocupar un cargo de esta naturaleza y aquí en esta Cámara hay dos personas
de su partido que le podían hablar muy bien de esa gestión, de esa
trayectoria política del señor López-Amor, un señor que ha sido condenado
por abuso de autoridad y que ustedes le promocionan a Director General
del Ente Público de Radiotelevisión Española. Además de eso, lo que más
nos inquieta es la respuesta que el señor López-Amor, el propio
interesado, ha dado en determinadas entrevistas. Ha mentido, ha atacado a
otros medios de comunicación.
El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine.
El señor BARRANCO GALLARDO: Y en esa respuesta --ya termino, señor
Presidente--, en esa respuesta...
El señor PRESIDENTE: Senador Barranco, termine. (El señor Barranco
Gallardo pronuncia palabras que no se perciben.)
Senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Por tanto, el único que defiende a este señor
es el señor Aznar, el único miembro del club de fans del señor
López-Amor.
El señor PRESIDENTE: Señor Barranco, le retiro la palabra. (El Senador
Barranco pronuncia palabras que no se perciben.)
Senador Barranco, le ruego que cuando el Presidente le retire la palabra
después de haber doblado casi el tiempo que le corresponde, haga caso.
(El señor Barranco Gallardo pronuncia palabras que no se perciben.)
Senador Barranco, siéntese, por favor.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, a pregunta idéntica, en cuya contestación su señoría estuvo
presente, esta Ministra no tiene más remedio que dar respuesta idéntica.
Su señoría ha mantenido la pregunta en atribución de sus facultades y la
Ministra mantiene la respuesta porque no hay otra. Señoría, no existe una
sentencia de condena. Condena en términos coloquiales equivale casi a
sanción penal. Su señoría sabe que esto es un recurso interpuesto por el
propio señor López-Amor.
Respecto de la legislación de la que su señoría ha hecho uso en este
momento y que fue aprobada hace dos meses, le tengo que decir, señoría,
que nosotros no hemos dicho que esta sentencia no se cumpla, nosotros no
hemos dicho que esta sentencia no exista. El Gobierno ha reconocido que
existe y ha reconocido que existen unos hechos, que son los que establece
el tribunal, que es requerir el funcionario de la inspección de tributos
determinados datos a un subinspector. Ese es el abuso de autoridad, no el
uso de información, que está acreditado que no utiliza y que reconoce el
propio subinspector que denuncia al inspector. En estos términos tenemos
que movernos sobre la pregunta que su señoría hace.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos y rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI HA MODIFICADO LA MINISTRA DE JUSTICIA SU OPINION SOBRE DON LUIS
PASCUAL ESTEVILL, EX MIEMBRO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
(680/000195.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si ha modificado la Ministra de Justicia
su opinión sobre don Luis Pascual Estevill, ex miembro del Consejo
General del Poder Judicial.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace aproximadamente un año, los días 21 de febrero y 6
y 20 de marzo, se produjeron tres votaciones sobre la remoción de uno de
los vocales del Consejo General del Poder Judicial, señor Luis Pascual
Estevill, propuesto en su día por Convergència i Unió, pero hoy no se
debate esto aquí.
En la sesión del día 6 de marzo el Presidente propuso la destitución del
citado vocal en aplicación del apartado 2 del artículo 119 de la Ley del
Consejo, concretamente por incumplimiento grave de los deberes del cargo.
En la votación
consiguiente, varios miembros del Consejo, entre ellos usted, el señor
Manzanares y el señor De la Oliva, votaron en contra de la remoción,
después de defender acérrimamente las actuaciones del denunciado. Hoy el
señor Luis Pascual Estevill está en la cárcel. ¿Ha cambiado la opinión de
la Ministra respecto de las actuaciones de este señor?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Aleu, creo que lo que me pregunta es si en este momento
yo cambiaría mi voto. Señoría, no soy miembro del Consejo ni tengo que
votar sobre lo que en aquel momento se debatió. (El señor Arévalo
Santiago: Eso no es lo que le ha preguntado.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.
El señor ALEU I JORNET: Después de escuchar lo que ha explicado sobre
López-Amor, he estado tentado de retirar la pregunta.
Yo le ofrecía la posibilidad de rectificar, pero no la ha aprovechado.
Dice el refrán que no hay mayor ceguera que la del que no quiere ver, y
éste es su caso. Usted no quiso ver o peor todavía, no quiso ver porque
le mandaron no ver. La propuesta era debida a unos escritos del Juez
Decano de Barcelona, consecuencia de un acuerdo de la Junta de Jueces de
Instrucción, 16 votos a favor y 2 abstenciones, de una resolución de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del
escrito de una Magistrada, en las cuales denunciaban dos hechos: primero,
la petición de datos sobre inspección de los juzgados de Barcelona, y
repito de Barcelona no de Cataluña, y concretamente de algunos juzgados
en los que se tramitaban denuncias contra el vocal. Y segundo, la
remisión desde el despacho del vocal en Barcelona a la prensa de un
expediente que afectaba a uno de los juzgados que tramitaba la denuncia
contra él.
Por lo visto, estos hechos no revistieron ninguna trascendencia para la
Ministra, pero para la ciudadanía se realizaban para coaccionar las
investigaciones que sobre él se realizaban y para los jueces --para la
mayoría de los jueces, incluida la Asociación Profesional de la
Magistratura de Cataluña-- era una clara injerencia en su independencia.
Yo puedo pensar que había otras razones, que era el control mayoritario
de la derecha española, incluido el representante nombrado por el Partido
Nacionalista Vasco, para futuros nombramientos, aunque esto representase
un descrédito para el Consejo.
Recordando la dureza con que los mismos defensores del señor Luis Pascual
trataron otros casos similares, esto me permite a mí afirmar que usted ha
utilizado una doble vara de medir, según de quien se trate. Esto nos
parece impresentable y entre otras cosas explica su actuación en el caso
del señor López-Amor.
Y quiero hacerle una última consideración: esta imagen de falta de
imparcialidad, de falta de equidad y hasta de arbitrariedad no es propia
de la persona que obstenta el Ministerio de Justicia, en su caso Notaria
Mayor del Reino de España. Y creo que sería conveniente que pensase en
poner su cargo a disposición del Presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Rumores y aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aleu.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la última recomendación que me ha hecho la tendré en cuenta; la
pensaré.
Respecto al conocimiento profundo que demuestra su señoría sobre
actuaciones internas del Consejo General del Poder Judicial me
sorprenden, porque son internas y en su mayoría secretas.
En segundo lugar, señoría, yo no emití ninguna opinión sobre el señor
Luis Pascual Estevill. Yo entendí y entiendo que no existía causa legal
para remover al vocal Pascual Estevill. Esa opinión mía respecto a la
aplicación de un precepto no era solamente defendida, como usted ha
dicho, por el actual Magistrado de la Sala Segunda, señor Manzanares, y
por el señor De la Oliva, sino que era compartida por mucha más gente,
hasta el extremo de que en una votación en la que se preguntó si existía
causa para remover al señor Pascual Estevill porque existía causa penal
pendiente, solamente dos miembros del Consejo votaron a favor, el resto
dijo que no existía esa causa.
Yo no digo que la ley esté bien o mal, sino que es lo que dice la ley,
aunque a usted puede no gustarle, pero una de las obligaciones
principales de un miembro del Consejo es aplicar estrictamente la ley y
no remover a una persona por un juego de mayorías-minorías que ha sido
designada, en este caso concretamente, por esta Cámara, por unanimidad de
todos los miembros de esta Cámara. (Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista: Está en la cárcel.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN
RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SUSCRITO EL 13 DE MAYO DE 1991
CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL PROVINCIAL EN BURGOS. (680/000201.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Ariznavarreta
Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas
previstas por el Gobierno
en relación con el cumplimiento del convenio suscrito el 13 de mayo de
1991 con la Diputación Provincial de Burgos para la puesta en marcha del
Instituto de Medicina Legal Provincial en Burgos.
Tiene la palabra el Senador Ariznavarreta Esteban.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque no es lo más importante, mi nombre correcto es Ignacio, no
Francisco. Hago esta corrección a efectos de que quede constancia.
Señora Ministra, señorías, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985
establecía en sus artículos 504 y 506 el objetivo de la creación de los
institutos de medicina general provinciales y regionales que sustituían a
los anteriores institutos anatómico-forenses y clínicas médico-forenses.
Señora Ministra, no me voy a detener en los motivos que justifican la
necesidad de instalar este Instituto de Medicina Legal en la provincia de
Burgos, pero prueba evidente de que estos motivos tenían un peso
específico es el hecho de que representantes del Ministerio de Justicia y
de la Diputación Provincial burgalesa firmaran el 13 de mayo de 1991 un
convenio de colaboración entre ambas administraciones para la instalación
y funcionamiento de este Instituto Provincial de Medicina Legal de Burgos
y en virtud del cual, fundamentalmente, la Diputación Provincial pedía al
Ministerio de Justicia de forma gratuita unos locales en el Hospital
Divino Vallés de Burgos para instalar en el plazo de cinco años ese
Instituto de Medicina Legal.
Transcurrieron con exceso esos cinco años, desde 1991 hasta mayo de 1996,
y el Ministerio de Justicia no ejecutó ni una sola actuación al respecto
del cumplimiento del convenio al que me he referido.
Nos consta, por otra parte, la voluntad de la Corporación Provincial
burgalesa de mantener ese convenio, incluso de prorrogarlo, y también nos
constan, señora Ministra, los múltiples requerimientos que por parte del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, se
han realizado a su Departamento y a los antecesores de usted, como
titulares del Departamento del Ministerio de Justicia, en el sentido de
ejecutar y cumplir el convenio a que me he referido.
Por ello, le pregunto, señora Ministra, sobre las medidas que piensa
adoptar su Departamento acerca del cumplimiento del citado convenio y de
la creación del Instituto de Medicina Legal Provincial en la ciudad de
Burgos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ignacio Javier Ariznavarreta
Esteban.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente, su señoría ha relatado los avatares que han transcurrido
desde el mes de mayo del año 1991 hasta finales de 1996, en los cuales no
ha sido posible dar cumplimiento al convenio suscrito entre el Ministerio
de Justicia y la Diputación de Burgos respecto al Hospital Provincial
Divino Vallés.
A finales de este año, el Ministerio se puso en contacto con la
Diputación para conseguir una prórroga respecto al convenio, y, así, se
ha aprobado con este fin un proyecto urgente de realización de la
instalación eléctrica, paso inicial para acometer el proyecto definitivo,
que se encuentra en avanzada fase de redacción. El coste de las obras de
adaptación de los locales cedidos se estima en 30 millones de pesetas, y
el plazo de ejecución es de seis meses, calculándose su iniciación en el
presente año.
Con fecha 24 de enero pasado, la Directora General del Hospital recabó
información sobre previsión de plazos para la realización de la obra, y
en este supuesto fueron exhaustivamente contestados por el Ministerio de
Justicia. Por ello, en estos momentos nos encontramos a la espera del
acuerdo de prórroga del convenio suscrito en el año 1991 para poder darle
tramitación a lo largo de este año 1997.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
El Senador Ariznavarreta tiene la palabra.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra. Intervengo muy brevemente para
agradecerle, por una parte, la contestación a la pregunta, como no podía
ser de otra manera, y, por otra, la sensibilidad que ha tenido como
titular del Departamento de Justicia para con algo más importante que lo
que pueda ser en sí misma la creación del Instituto de Medicina Legal,
como puede ser, en realidad, el cumplimiento de los convenios que se
firman. Conviene recordar en este aspecto que difícilmente puede tener
credibilidad quien acusa de mentir o quien acusa de no cumplir lo que
dice cuando, reiteradamente, y después de cinco años, los anteriores
titulares del Departamento de Justicia han incumplido manifiestamente
convenios como el que nos ocupa, pero especialmente, y como ha quedado
demostrado, el que hemos mencionado en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Creo que no se exige ninguna adición a la pregunta formulada por su
señoría, y yo me remito a la contestación que le he dado anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE DON FRANCISCO JOSE ZAMORANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI VA A ACEPTAR EL GOBIERNO
LA PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE LA LINEA FERREA DE ALTA VELOCIDAD (AVE)
ENTRE CORDOBA Y MALAGA, DEFENDIDA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA.
(680/000194.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco José Zamorano Vázquez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a aceptar el Gobierno la
propuesta de construcción de la línea férrea de alta velocidad entre
Córdoba y Málaga, defendida por la Junta de Andalucía.
El Senador Zamorano tiene la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 21 de enero, en la reunión que el Consejo de
Política Fiscal y Financiera celebró en Cádiz, la Consejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía presentó un plan para la construcción
de la línea AVE Córdoba-Málaga. No se le escapa que este plan es de una
importancia estratégica para el desarrollo de la Comunidad Autónoma
andaluza y que espera el respaldo del Gobierno para que pueda ser
financiado con los fondos de cohesión de la Unión Europea. Una pronta
aceptación del Gobierno posibilitaría que los trabajos técnicos empezaran
cuanto antes, de forma que esta línea estuviese operativa para el año
2000.
Por ello, le pregunto: ¿Va a aceptar el Gobierno la propuesta de
construcción de la línea AVE Córdoba-Málaga, defendida por la Junta de
Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, como
usted sabe, la política de infraestructuras, por razones de racionalidad
y por razones económicas, ha de tener siempre una continuidad. El cambio
de Gobierno no puede suponer un cambio drástico en la política de
infraestructuras, porque ello implicaría un auténtico derroche.
Lo que yo puedo anunciarle claramente es que el Gobierno del Partido
Popular tiene en el terreno de la alta velocidad las mismas prioridades
que fijó el Gobierno del señor González.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
El Senador Zamorano Vázquez tiene la palabra.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Señor Ministro, yo no voy a entrar ahora en
las disquisiciones de si el antes o el después, sino en la importancia de
este proyecto para la Comunidad Autónoma andaluza y para Málaga.
Usted muy bien sabe que esto va a afectar de forma directa a una
población de 2 millones de habitantes, que representa el 27 por ciento de
nuestra Comunidad, en una zona que genera más del 27 por ciento del valor
añadido bruto andaluz, y ambas cifras se elevarían por encima del 50 por
ciento, si contemplamos también la línea Córdoba-Sevilla.
De la importancia de la Costa del Sol, tanto a nivel andaluz como a nivel
nacional y mundial, en cuanto al turismo, no creo que haya que darle
muchos datos --baste recordarle que se reciben 5 millones y medio de
turistas internacionales y 2 millones y medio de nacionales anualmente--,
y esta línea favorecería bastante el desarrollo sostenido del sector,
permitiendo un mayor flujo turístico dentro de la Comunidad Autónoma
andaluza y transformando también a Córdoba, como uno de los principales
ejes de comunicaciones del país. Desde el punto de vista económico,
parece algo claro, y desde el punto de vista del análisis de la eficacia
coste-beneficio de la línea, sin duda, ésta es la línea de mayor
rentabilidad sobre la que se puede estar hoy discutiendo en cuanto a
líneas de alta velocidad, tanto españolas como europeas.
El plan financiero que le ha presentado la Junta, por otro lado, es
compatible con los criterios presupuestarios del Gobierno y tiene
perfecto encaje en todas las restricciones impuestas por la necesidad de
convergencia europea. El plan de financiación contempla la posibilidad de
financiación a través de los fondos de cohesión en un 85 por ciento,
asumiendo de forma cofinanciada por parte de la Junta de Andalucía y
otras entidades la parte restante. El plan está incluido en la red
transeuropea de transportes de la Unión Europea, con lo cual no tiene por
qué haber problemas para su inclusión en los fondos de cohesión,
dependiendo sólo de la voluntad del Gobierno.
No hay, pues, criterios que se basen en la importancia económica del
proyecto, en un análisis coste-beneficio, ni en la posibilidad de
financiación europea ni en los criterios de convergencia que puedan
llevar al Gobierno a no aceptar el plan que le ha presentado la Junta.
Tampoco cabe pensar, como creo que torpemente algún miembro de su
gabinete anunció, la prioridad de los pactos con los grupos nacionalistas
para las líneas de alta velocidad.
Señor Ministro, aun realizándose la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona, y aun destinando a ello 200.000 millones de pesetas,
quedan disponibles más de 400.000 millones, de los cuales unos 130 serían
los que se necesitarían de los fondos de cohesión para la línea
Córdoba-Málaga.
Por eso, señor Ministro, lo único que está pidiendo Andalucía del
Gobierno es una decisión justa, porque una decisión justa es la que tiene
en cuenta el potencial de desarrollo económico de esta línea para
Andalucía; una decisión justa es aquella que tiene en cuenta la mayor
rentabilidad, la mayor eficacia del prisma coste-beneficio de todas las
líneas de alta velocidad que se están discutiendo en España y en Europa,
y una decisión justa es aquella que tiene en cuenta, incluso, los
problemas del Gobierno en el escenario de la convergencia europea.
Andalucía no pide más que lo que le pertenece...
El señor PRESIDENTE: Senador Zamorano...
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: ... el 18 por ciento --termino, señor
Presidente--, según población y según territorio, y solamente otro tipo
de intenciones, solamente el contumaz propósito de castigar a Andalucía
puede llevar al Gobierno a no aceptar este plan, que, en definitiva, a él
le va a salir gratis. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zamorano.
El señor Ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Vamos a ver, señoría, si entendemos bien lo que significa una política de
continuidad en el ámbito de las infraestructuras, y concretamente en el
terreno de las infraestructuras ferroviarias.
Andalucía tiene ya un tren de alta velocidad que une Madrid-Sevilla, y
nada más lógico que tenga ese tren de alta velocidad. Es igualmente
lógico que un tren de alta velocidad una la primera ciudad de España, la
capital de España, con la segunda ciudad de España, Madrid-Barcelona; es
igualmente lógico. Es igualmente lógico que un tren de alta velocidad una
Madrid con Valencia, y es igualmente lógico que un tren de alta velocidad
una, a través de la llamada «Y» vasca, Madrid con Bilbao y con la
frontera francesa. Todo eso está absolutamente dentro de la lógica, y le
digo más, está también absolutamente dentro de la lógica que el tren de
alta velocidad una la primera ciudad de España, que es Madrid, con la
sexta ciudad de España, que es Málaga, y por tanto está en el plan del
tren de alta velocidad unir Madrid con Málaga a través de esta
infraestructura ferroviaria. Doy la bienvenida a la propuesta de la Junta
de Andalucía, que me parece extraordinariamente importante, y el Gobierno
la recibe con la mejor voluntad del mundo. Y le digo lo siguiente: yo le
pido desde aquí, en nombre del Gobierno, a la Junta de Andalucía que
ponga en marcha la adjudicación del estudio informativo, la adjudicación
del impacto medioambiental y la adjudicación del proyecto. Y cuando la
Junta de Andalucía, a través de ese plan de cofinanciación, haya
realizado todos estos trámites, en esta Cámara, dentro de un año,
volveremos a hablar, y el Gobierno español firmará un convenio con la
Junta de Andalucía para hacer el tren Córdoba-Málaga de alta velocidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON CASIMIRO HERNANDEZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL GRADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
VARIANTE DE LA CARRETERA NACIONAL N-501, A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE
SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA). (680/000200.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre el grado de ejecución de las
obras de construcción de la variante de la carretera nacional N-501, a su
paso por el municipio de Santa Marta de Tormes (Salamanca).
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.
El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en la actualidad, el Ministerio de Fomento acomete las
obras de construcción de la variante de Santa Marta de Tormes en dicha
localidad salmantina, cuya travesía forma parte de la carretera nacional
501, de Salamanca a Avila. Resulta evidente que la ejecución de esta obra
representa una necesidad en una provincia como la salmantina, con
importantes carencias en su red viaria, lo que imposibilita el potenciar
y diversificar su actividad productiva y apoyar la capacidad competitiva
y de innovación de nuestras empresas.
La importancia de la entrada en servicio de los más de seis kilómetros y
medio de longitud de esta variante está avalada fundamentalmente por tres
razones. La primera, por el hecho de evitar el «cuello de botella» que
para el tráfico rodado en dirección a Madrid supone hoy en día el paso
por la travesía de Santa Marta de Tormes, municipio situado a tres
kilómetros escasos de la capital. En segundo lugar, porque dicha variante
enlazará con las redes de circunvalación de la ciudad de Salamanca, lo
que posibilitará una derivación del tráfico, especialmente de mercancías,
sobre todo el procedente de Portugal. Por último, en razón de que las
citadas obras representan una indudable mejora en la nacional 501, que
cada día soporta un mayor volumen de tráfico. Esta carretera cobra
especial importancia para Salamanca dado que es el enlace con Madrid y,
por lo tanto, se define como el cordón umbilical de una fructífera
actividad económica.
Dicho esto, formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de ejecución
de las obras de construcción de la variante de la carretera nacional 501,
de Salamanca a Avila, a su paso por el municipio de Santa Marta?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Hernández Calvo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como sin duda sabe su señoría, las obras de la variante de Santa Marta de
Tormes se encuentran en un avanzado estado de ejecución, e incluso con
adelanto sobre los plazos previstos. El presupuesto de adjudicación de
las obras ha sido de 2.600 millones de pesetas; se adjudicaron en
septiembre de 1995 con un plazo de realización de 24 meses, y
probablemente podrán concluirse antes de dicho plazo.
La variante tiene seis kilómetros y medio de longitud, en los que se
distinguen dos tramos. El primero discurre por la actual comarcal 510, de
Salamanca a Alba de Tormes,
y en él las conexiones se disponen a nivel y sin control de accesos. Y el
segundo tramo se separa de la comarcal 510 hasta conectar de nuevo con la
nacional 501, presenta todas sus conexiones a distinto nivel y dispone de
control de accesos.
En definitiva, esta carretera representa, señoría, la eliminación y
supresión del paso obligado por la actual travesía urbana, en la que se
registran bajos niveles de servicio. Además, soluciona el único acceso a
Salamanca existente desde Madrid. Consta de dos calzadas con dos carriles
cada una, arcenes exteriores de dos metros y medio e interiores de un
metro, con una mediana de separación entre calzadas que oscila entre los
cinco y los 12 metros.
Yo creo que es una obra de extraordinaria importancia para Salamanca,
para la ciudad y para su provincia, y creo que todos debemos felicitarnos
por ella.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Hernández Calvo.
El señor HERNANDEZ CALVO: Muchas gracias, señor Ministro, por su
información.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN
RELACION CON LA UBICACION DEFINITIVA DE ALGUNA DE LAS OBRAS DE PABLO
PICASSO ADQUIRIDAS RECIENTEMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURA, EN EL MUSEO DE BARCELONA QUE LLEVA EL NOMBRE DEL ARTISTA.
(680/000188.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las
previsiones del Gobierno en relación con la ubicación definitiva de
alguna de las obras de Pablo Picasso adquiridas recientemente por el
Ministerio de Educación y Cultura, en el museo de Barcelona que lleva el
nombre del artista.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Estado ha adquirido recientemente la propiedad de
diversas obras relevantes del magistral artista que fue Pablo Picasso.
Estas obras han sido expuestas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, pero, sobre su ubicación definitiva, es pertinente formular la
siguiente pregunta: como en Barcelona se encuentra el importante Museo
Picasso, ¿está previsto que reciba en depósito alguna de las referidas
obras a fin de que se incorporen para su exposición en aquel centro?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la adquisición de estas obras se ha hecho en virtud de la dación
en pago de impuestos de algunas empresas, siempre a solicitud del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y está previsto que permanezcan en
el citado Museo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo decir que su respuesta sea muy satisfactoria para este
Senador y el Grupo que representa; más bien lo contrario.
Hace pocos años, en la época del Ministro Semprún, el Estado adquirió dos
«picassos». Uno de ellos está en Barcelona en el Museo Picasso. Sin
reivindicar ahora nuestro Grupo tal proporción, nos parece que hacer
posible que alguno de ellos se instalase en depósito en el Museo Picasso
sería una decisión más acorde con una visión más alta del Estado, menos
preocupantemente jacobina. Le ruego, por lo tanto, que reconsidere su
decisión.
En relación con este tema, hay encima de la mesa una cuestión que nos
provoca aún más inquietud que la que acabo de relatar. Se ha creado una
comisión mixta Cultura-Hacienda para estudiar y decidir el futuro de los
fondos artísticos de empresas públicas en el proceso de privatización:
Argentaria, Telefónica, Tabacalera, ICO, etcétera, en la que, según mis
noticias, sólo intervienen conservadores del Museo del Prado y del Reina
Sofía. Existe, además, una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso para estudiar esta misma cuestión, y su texto,
por lo que conocemos, tiene también una música excesivamente centralista.
Evidentemente, seguiremos atentos a la tramitación de esta proposición no
de ley, pero ahora me permito preguntar a la señora Ministra si se va a
dar entrada en tal comisión mixta a la que antes hacía referencia a
representantes culturales de las distintas Comunidades y se pueda seguir
un proceso que nos permita llegar a resultados menos injustos, más
satisfactorios para todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela i Serra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al Senador que las colecciones del Museo Picasso de
Barcelona y la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía son muy
diferentes en lo que se refiere a la obra de Pablo Picasso. Las del Museo
de Barcelona provienen de donaciones del artista, de sus familiares o de
sus amigos, mientras que las que ahora se adquieren para el Museo Reina
Sofía vienen --como le he dicho antes-- de la dación en pago de algunas
empresas y siempre a instancias del Museo, que deseaba tener esas obras.
Mientras que las de Barcelona son de las épocas de juventud del artista y
en general eran obras inéditas --de hecho se incorporan al catálogo
después de que se hayan incorporado al Museo--, las del Reina Sofía
habían sido profusamente estudiadas por especialistas e incluso habíamos
tenido oportunidad de contemplarlas en grandes exposiciones
anteriormente. Y, finalmente, las del Museo Picasso de Barcelona muestran
la relación del artista con la ciudad de Barcelona, mientras que las del
Museo Reina Sofía son un complemento del Guernica y, en general, se trata
de obras que dan la visión global de la producción de Picasso de la
década de los 30.
Su señoría me pregunta por el depósito y yo le digo que no hay problema
alguno. La cesión temporal o el depósito está absolutamente abierto,
señoría, y de hecho en este momento hay más de 300 obras del Museo del
Prado depositadas en museos de Cataluña y más de 30 obras del Museo Reina
Sofía depositadas en museos de las cuatro provincias catalanas, y con
mucho gusto, si el Museo Picasso o cualquier otro museo catalán lo
solicita, tendré el honor de proponerlo al Patronato del Museo Centro de
Arte Reina Sofía para que pueda establecerse el depósito y que los
visitantes de cualquiera de los museos catalanes tengan oportunidad de
contemplar en vivo estas obras.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.
--DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI ESTA SATISFECHO EL GOBIERNO CON LA FORMA CON QUE LAS AUTORIDADES
POLITICAS SANITARIAS HAN ABORDADO LOS CASOS DE MENINGITIS. (680/000193.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Arjona Santana, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si está satisfecho el Gobierno con la
forma con que las autoridades políticas sanitarias han abordado los casos
de meningitis.
Tiene la palabra, Senador Arjona Santana.
El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ante la actual problemática que ha ocasionado la
meningitis, ¿no está el Gobierno insatisfecho por la forma con que las
autoridades sanitarias han abordado los casos de meningitis aparecidos?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como sus señorías conocen, la meningitis es una enfermedad que por su
carácter infeccioso es de declaración obligatoria y está sometida a un
estrecho seguimiento desde el punto de vista de la vigilancia
epidemiológica. Por esta razón contamos con registros razonables desde
los años 40, lo cual nos ha permitido registrar ondas epidémicas a
principios de los años 70 y a finales de esa década y principios de los
80, momento en el que las tasas de incidencia se acercaron a 20 casos al
año por 100.000 habitantes. En los últimos años las tasas de incidencia
han sido de 2,33 en 1994 y 1995, y de 3,52 en 1996.
Como consecuencia del incremento del número de casos registrados el año
pasado, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, en la que están representadas todas las
Comunidades Autónomas, tomó en consideración el problema en varias
ocasiones a lo largo de 1996 y finalmente celebró una conferencia
científica en noviembre de ese año a la que asistieron expertos de
diversos países del mundo. Las conclusiones alcanzadas fueron recogidas
en un protocolo de actuación que mantenía la tesis de proceder a
quimioprofilaxis y vacunación de amplios espectros alrededor de los casos
que se registrasen y sólo cuando se alcanzasen elevadas tasas de
incidencia, que se situaban en el entorno de 10 casos por 100.000
habitantes y siempre que la participación del serogrupo C fuese
mayoritaria, se consideraba recomendable la vacunación sistemática de
toda la población comprendida entre los 18 meses y 19 años. De acuerdo
con ese protocolo las Comunidades Autónomas de Galicia y de La Rioja han
procedido a la vacunación sistemática en los meses pasados y últimamente
se ha incorporado a ese grupo la Comunidad Autónoma de Cantabria. El
Ministerio de Sanidad y Consumo respeta y apoya todas esas decisiones de
las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
Tiene la palabra el Senador Arjona.
El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por sus explicaciones pero la verdad es que su
Gobierno no ha sido capaz de transmitir
lo que es fundamental en estos casos: tranquilidad, confianza y seguridad
a la población. Se ha realizado una ceremonia de la confusión importante
que ha llevado a la ciudadanía a un estado de ansiedad provocado por el
Gobierno, que ha ofrecido respuestas diferentes a la única pregunta que
se hacen los ciudadanos: ¿qué debo hacer?
Por otra parte, señor Ministro, no se ha ofrecido información a tiempo a
las Comunidades Autónomas. Se han ocultado datos en un primer momento,
como el que se había vacunado en Galicia. La versión del Ministerio no ha
coincidido con los mensajes médicos transmitidos y ahí está como ejemplo
la queja de la Sociedad Española de Medicina General, manifestando la
desinformación a que se ven sometidos los médicos generales y sanitarios
por parte de su Administración, quejándose de la ambivalencia de los
responsables sanitarios, que por un lado no recomiendan la vacuna y por
otro la distribuyen indiscriminadamente. Esa descoordinación ha sido la
causa fundamental de la alarma ciudadana que se ha generado. Si a todo
esto añadimos que, como sabemos, el señor Presidente del Congreso de los
Diputados se apresura a enviar a los servicios médicos del Congreso a
recoger con urgencia dosis de vacunas contra la meningitis C para
inmunizar a sus hijos, se comprende que la población esté preocupada y
desorientada, sobre todo pensando que no disponen de la misma información
todos los ciudadanos ni de las mismas facilidades y posibilidades para
atender sus necesidades sanitarias. Comportamientos de este tipo generan
alarma social y crean un clima inadecuado para trabajar adecuadamente
contra la enfermedad.
Respecto a la necesidad de la vacunación, se ha trasladado a la población
toda la responsabilidad, no ejercitando su Ministerio la labor que le
correspondía, que era la de transmitir confianza, información veraz,
tranquilidad y seguridad psicológica ante una decisión que afecta tan
seriamente a los padres como es la salud de sus hijos.
Señor Ministro, algo muy importante ha fallado para que miles de
ciudadanos desconfíen de sus recomendaciones y hagan colas, incluso
nocturnas, para conseguir una vacuna contra la meningitis C. Hay que
explicar a la población de una forma clara por qué no es recomendable
someter a sus hijos a una vacuna innecesaria y hay que hacerlo bien, pues
si no se hace se puede conseguir el efecto contrario al deseado. Y eso es
lo que ha ocurrido, señor Ministro, que la confusión y la contradicción
se han apoderado del Gobierno y han provocado una epidemia de ansiedad
entre la población cuando más necesaria es la tranquilidad.
Desde el PSOE sabemos que estamos tratando de un tema delicado y por eso,
señor Ministro, le invitamos a tomar decisiones que transmitan seguridad,
que hablen con una sola voz, que coordinen las acciones, que expliquen
las medidas que han tomado y que tengan una línea de actuación concreta
que sirva para que en todo el Estado puedan confiar en que su salud no
está en peligro, pues si no lo hacen sólo conseguirán acentuar la falta
de credibilidad de su Gobierno y, por ende, provocar la psicosis en la
población...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.
El señor ARJONA SANTANA: Sí, señor Presidente, termino.
Y, señorías, la psicosis en la población puede perjudicar seriamente a la
lucha contra la meningitis.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra, señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, el Ministro de Sanidad y Consumo actuó en este asunto con
toda corrección, tratando de trasladar a la opinión pública siempre
información veraz y avalada por las sociedades médicas científicas, por
la Organización Mundial de la Salud y por el pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que adoptó por unanimidad
los acuerdos consiguientes. Por lo tanto, creo que se ha actuado con toda
diligencia en este tipo de casos.
Tan pronto las noticias relativas a los casos de meningitis rebasaron los
ámbitos concretos de una sola Comunidad Autónoma, el Ministerio de
Sanidad y Consumo emitió ese mismo día una amplia y clarificadora nota
informativa. Tanto en ella como en las que le siguieron el Ministerio ha
transmitido a la opinión pública los datos rigurosamente científicos y la
evaluación de la situación general de la forma más clara posible. Altos
cargos y funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo han comparecido
ante cualquier medio de comunicación que lo ha solicitado y pueden
contabilizarse más de 100 intervenciones en una sola semana. En el mismo
sentido lo han hecho muchos representantes de sociedades científicas
médicas y todos han transmitido el mismo mensaje que está en el acuerdo
unánime del Consejo Interterritorial.
El día 17 el Consejo Interterritorial constató por unanimidad que no se
estaba ante una situación grave ni alarmante, que según las pautas y los
protocolos a los que antes me he referido, acordados en esa conferencia
científicas de diciembre, era aconsejable la vacunación individual y de
los entornos juntamente con la quimioprofilaxis en los casos que fueron
apareciendo, salvo en aquellas Comunidades Autónomas que sobrepasaran la
tasa de 10 casos por 100.000 habitantes. Estas fueron las pautas que
acordó el Consejo Interterritorial, que respaldan las sociedades
científicas médicas y que se han transmitido con absoluta fidelidad a
toda la población. No es necesaria la vacuna más que en aquellos entornos
en donde se producen los casos, juntamente con la quimioprofilaxis, y
sólo es aconsejable la vacunación sistemática cuando se sobrepasa una
tasa en el entorno de 10 casos cada 100.000 habitantes y hay, además, una
mayoría de casos producidos por el meningococo C.
Este mismo protocolo, acordado en noviembre, es el que justifica las
actuaciones de Galicia y de La Rioja hace unos meses, en donde se daban
las circunstancias para que
fuera aconsejable la vacunación sistemática. Esos mismos criterios son
los que se aplican en Cantabria ahora para hacer también la vacunación
sistemática, y esos mismos criterios son los que aplican el resto de las
Comunidades Autónomas decidiendo que no es necesaria en ellas la
vacunación sistemática. Esos son los criterios que apoya el Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DE DON JOSE LUIS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DE CARACTER EPIDEMIOLOGICO Y PREVENTIVO QUE HA
PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL NUMERO
DE CASOS DE MENINGITIS MENINGOCOCICA C. (680/000196.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Luis Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas de carácter
epidemiológico y preventivo que ha puesto en marcha el Gobierno para
hacer frente al incremento del número de casos de meningitis
meningocócica.
El Senador Sainz tiene la palabra.
El señor SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es grande la satisfacción que este Senador tiene por su
presencia en esta Cámara, máxime teniendo en cuenta las vertiginosas
semanas que lleva informando sobre el propio tema. En el ánimo está el
hacer llegar en estos momentos una información actualizada ante algunas
actitudes demagógicas, totalmente injustificadas, que al final, si siguen
por el mismo camino, la ignorancia, la frivolidad de algunos y la
irresponsabilidad de muchos van a potenciarse mutuamente y van a acabar
haciendo más daño a la sociedad que la propia meningitis.
Considerando la cuestión desde el punto de vista epidemiológico no hay
nada, absolutamente nada, que justifique la alarma social que se ha
generado en torno a la meningitis. Entonces, ¿a qué viene esta alarma?
¿Tiene la sociedad una patológica propensión a padecer la histeria?
Rotundamente digo que no. Dicen que es desinformación, rotundamente no;
tanto el señor Ministro como todos los demás responsables de la sanidad
han comparecido y siguen compareciendo en todos los medios por los que
han sido llamados. No son justificadas estas apreciaciones de la alarma
por desinformación porque creo que la información ha sido veraz y, como
usted bien ha dicho en estos momentos, ha sido eficaz, lo que pasa es que
hay muchos que no la quieren entender.
Lo que ocurre es que la sociedad desconfía, y no desconfía en estos
momentos por ello, sino porque algunos recuerdan --y yo también--, allá
por los años 70, cuando aquellas poblaciones de las riberas del Jalón
padecieron una enterocolitis; entonces dijeron que era una enterocolitis
banal y más tarde resultó ser la mortífera cólera que dio lugar a
diferentes actuaciones. Hoy incluso en esta Cámara están presentes
personas que en aquellos momentos, por su eficacia y su bienhacer, fueron
condecoradas; se trata de mi compañero sentado al lado de mi escaño, el
profesor Zapatero, responsable entonces de la sanidad pública de
Valladolid, que dijo e hizo lo que tenía que hacer, y hoy todavía se
recuerda con gran satisfacción.
La sociedad también desconfía porque se hablaba directamente de un
bichito que en un momento apareció y que si se caía de la mesa se mataba,
después resultó ser el síndrome tóxico. Asimismo, desconfía por lo que se
ha dicho ya en otras ocasiones, como en el caso de la «legionella»,
etcétera.
Por eso le he pedido al señor Ministro que comparezca y aclare el asunto
de vez por todas. Si usted quiere, podemos serles útiles como medio de
información para decir la verdad de lo que usted ha hecho y de lo eficaz
que usted ha sido. Por lo tanto, le pregunto: ¿Qué medidas de carácter
epidemiológico y preventivo ha puesto en marcha el Gobierno para hacer
frente al incremento en el número de casos que se están presentando en la
población por la meningitis meningocócica C?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sainz.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Agradezco a esta Cámara, como lo hice la pasada semana en el Congreso, la
oportunidad que me da para reiterar este mensaje informativo y
tranquilizador a la sociedad y agradezco a los grupos parlamentarios la
ayuda que prestan en esta dirección.
En relación con su pregunta, señor Senador, le puedo decir que ante la
alerta epidemiológica producida por los casos de meningitis registrados
en las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en su ámbito
competencial, ha orientado su actuación en una triple dirección: primero,
coordinar las actuaciones de las Comunidades Autónomas, competentes, como
se sabe, en estas cuestiones, en orden a garantizar la defensa de los
intereses comunes; segundo, garantizar el suministro de vacunas de forma
que éste no constituyese en ningún caso un factor limitante en la
adopción de decisiones; y, tercero, proporcionar el apoyo técnico
necesario a fin de ilustrar la elección de las medidas.
Lo primero, la coordinación, haciéndola a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuya Comisión de Salud
Pública adoptó los protocolos de actuación que implicaban, en función de
la situación epidemiológica, la quimioprofilaxis y vacunación de los
entornos en los que se producían los casos o para determinadas tasas de
incidencia, éstas a las que antes me refería, de más de 10 casos cada
100.000 habitantes con mayoría de casos ocasionados
por el meningococo tipo C, la vacunación sistemática de la población
entre los 18 meses y los 18 años. Esta segunda alternativa es por la que
se ha optado en Galicia, Cantabria, La Rioja y en algunas zonas aisladas
de otras Comunidades Autónomas. En el futuro se adoptaría también en
cualquier ámbito geográfico en el que pudiera estar aconsejada.
En cuanto al suministro de vacunas, puedo decir que el Ministerio de
Sanidad y Consumo tiene en este momento ya más de dos millones y medio de
dosis de vacunas a disposición de las Comunidades Autónomas por si en
cualquier momento pudieran ser necesarias, y está garantizado el que se
pudiese contar con más dosis si ello fuese preciso.
Finalmente, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de
Salud Carlos III, ha mantenido un soporte técnico constante para
colaborar con las autoridades de todas y cada una de las Comunidades
Autónomas a fin de facilitar el análisis de la situación epidemiológica y
la adopción de medidas.
No obstante todo lo anterior, también en el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 17 pasado a que
antes me he referido, se estuvo de acuerdo en mantener una estrecha
vigilancia de la evolución de la situación epidemiológica para, en caso
necesario, proceder a adoptar medidas adicionales tan pronto resultasen
aconsejables. En este sentido la Comisión de Salud Pública, con la
asistencia de los directores de todas las Comunidades Autónomas, se viene
reuniendo los lunes de cada semana a fin de proceder a una evaluación
constante de la evolución del problema.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA ROSA LOPEZ GARNICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA INICIATIVA
NORMATIVA TENDENTE A REGULAR LA PREPARACION, ELABORACION Y DISPENSACION
DE FORMULAS MAGISTRALES DIRIGIDAS A TRATAMIENTOS PECULIARES.
(680/000197.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Rosa López Garnica, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene previsto el Gobierno
adoptar alguna iniciativa normativa tendente a regular la preparación,
elaboración y dispensación de fórmulas magistrales dirigidas a
tratamientos peculiares.
La Senadora López Garnica tiene la palabra.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el artículo 18 de la Ley General de Sanidad incluye entre
las actuaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud la prestación de
los productos terapéuticos precisos. Por otra parte, el Real Decreto
63/1995 que ordena las prestaciones del Sistema Nacional de Salud incluye
entre éstas, facilitadas con cargo a fondos adscritos a la Sanidad, las
prestaciones farmacéuticas. La Ley del Medicamento incluye entre los
medicamentos legalmente reconocidos a las fórmulas magistrales, que en su
artículo 8 define como el medicamento destinado a un paciente
individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección, para
cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de las
sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y
científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio
farmacéutico y con la debida información al usuario.
Esta misma Ley establece en su artículo 35 los requisitos sanitarios que
las fórmulas magistrales deben reunir, haciendo referencia a las normas
de correcta fabricación y control de calidad y al formulario nacional.
Con respecto al formulario nacional, el artículo 55 de esta Ley establece
que contendrá las fórmulas magistrales tipificadas y que será actualizado
periódicamente.
Ya en el año 1990 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud elaboró unas normas de correcta fabricación de fórmulas
magistrales, normas que nunca adquirieron rango normativo ni fueron
tenidas en cuenta por el anterior Gobierno, lo que supone, desde luego,
una falta de interés y de respeto hacia el Consejo Interterritorial.
Por otro lado, y transcurridos más de seis años desde la aprobación y
entrada en vigor de la Ley del Medicamento, aún no ha sido elaborado el
formulario nacional y no existe tampoco ninguna otra norma que regule la
elaboración ni en cuanto a materias primas, ni en cuanto a procedimiento
se refiere, por lo que creemos necesario que se adopte una normativa al
respecto de las fórmulas magistrales.
Por ello este Grupo Parlamentario pregunta al señor Ministro de Sanidad y
Consumo si el Gobierno tiene previsto adoptar alguna iniciativa normativa
tendente a regular la preparación, elaboración y dispensación de las
fórmulas magistrales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, también le doy las gracias por plantear una cuestión de
tanta oportunidad y actualidad.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha tramitado y aprobado ya una Orden
Ministerial que si no se ha publicado en el Boletín Oficial del día de
hoy, se publicará en los próximos días porque está remitida ya al Boletín
Oficial para su publicación, y esta Orden encuentra su base legal en el
artículo 31.2 de la Ley del Medicamento que prevé la posibilidad de que
el Ministerio de Sanidad y Consumo establezca requisitos especiales para
la prescripción y dispensación de las fórmulas magistrales y preparados
oficinales para tratamientos peculiares.
La conveniencia o incluso urgencia, como acertadamente señalaba su
señoría, de regular estos medicamentos, para los que no existía una
normativa específica, está relacionada con la masiva aparición en el
mercado de productos presentados bajo estas fórmulas y destinados a
tratamientos
contra la obesidad, celulitis y otras patologías concomitantes que están
generando una gran demanda en los consumidores.
Lo significativo es que bajo esta presentación --fórmulas magistrales y
preparados oficinales-- se venía detectando en algunos entornos la
prescripción sistemática de productos que incluían laxantes, diuréticos y
tranquilizantes, muchas veces junto a anorexígenos y estratos de tiroides
o análogos de la tiroxina que, además de suponer una mala utilización de
sustancias medicinales, tienen una incidencia negativa sobre la salud de
los consumidores y dan lugar a cuadros de hipertensión pulmonar y
desequilibrios psicofísicos, entre otros problemas.
Esta Orden viene, por tanto, a regular por primera vez en España y en la
misma línea que otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia,
estos aspectos, respetando de forma estricta el principio de libertad de
prescripción de los facultativos, que son los únicos profesionales
titulados y acreditados para el ejercicio de la ciencia médica.
Esta norma, que cuenta con el consenso de la sociedad española de
endocrinología y nutrición, la sociedad española para el estudio de la
obesidad, y con el apoyo de las Comunidades Autónomas, otorga a estas
últimas, competentes en la inspección y control de la prescripción,
dispensación y consumo de este tipo de productos, un instrumento jurídico
válido para hacer frente a la situación antes descrita y el mejor
ejercicio de sus responsabilidades.
Puedo ampliar esta información diciendo que, efectivamente, se ha
publicado hoy esta Orden Ministerial que está ya en el «Boletín Oficial
del Estado».
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La Senadora López Garnica tiene la palabra.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta que acabamos de conocer de su propia voz es una buena noticia, pero
no sólo por lo que al asunto concreto de las fórmulas magistrales se
refiere, sino porque yo creo, al igual que este Grupo Parlamentario, que
refleja una nueva actitud del Ministerio con respecto a los precedentes
en materia de normativa sanitaria tendente a la protección de la salud de
todos los españoles. Desde este Grupo Parlamentario animamos al señor
Ministro a que continúe con esta actitud y, desde luego, desde aquí
enviamos un cariñoso pero firme propósito de seguir todos aquellos
asuntos que al final redunden en una mejor protección de la salud de
todos los españoles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, para nosotros es un estímulo esta preocupación del
Senado por este tipo de cuestiones. Efectivamente, estamos tratando de
cubrir importantes lagunas que existían en estas materias. Es bien
conocido que en el mes de agosto dictamos un Decreto para regular la
publicidad de los llamados productos milagro, que tantos mensajes
engañosos contenían para la población; en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos hay normativa muy interesante para la regulación de los
medicamentos genéricos, y con esta otra Orden Ministerial cubrimos
también un amplio campo de protección a los usuarios de estos productos
que necesitan y merecen que las autoridades vigilen para que no se
produzca ningún engaño y para que todas estas actuaciones respondan a
exigencias técnicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
EL QUE DEBEN SER INCLUIDOS LOS SOCIOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑIAS Y, EN
GENERAL, LOS DIRECTIVOS DE EMPRESAS O SOCIEDADES. (680/000187.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el
régimen de la Seguridad Social en el que deben ser incluidos los socios
administradores de compañías y, en general, los directivos de empresas o
sociedades.
El Senador Vidal i Perpiñá tiene la palabra.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en los últimos tiempos la situación de los
directivos, altos cargos, socios de compañías o, simplemente, gerentes de
cualquier sociedad anónima o limitada, entre otros, se ha visto sujeta a
una profunda convulsión.
Mientras que al principio de 1992 todos debían estar dados de alta en el
régimen general, a partir del mismo año y a través de dos resoluciones
administrativas y una circular, emitidas ambas por la Seguridad Social,
se les encuadraba en el régimen especial de autónomos, por considerar que
la relación que unía a éstos con la Compañía era de carácter mercantil y
no laboral.
No obstante, la jurisprudencia continuó ampliando los supuestos de
mercantilidad a aquellos consejeros, vocales que, además, dirigían y
representaban a la empresa con amplios poderes, lógicamente creando
confusión e inseguridad. Si tal panorama ya creaba confusión e
inseguridad, se propulsó con la sentencia del Tribunal Supremo de julio
de 1996, dictada por el apreciado y lamentablemente ya difunto don Rafael
Martínez Emperador. En la mencionada sentencia, de gran calidad jurídica
pero no excesivamente esclarecedora a los efectos que nos ocupan, se
viene a reconsiderar,
o mejor dicho a desconsiderar, el valor normativo de las órdenes y
resoluciones del año 1992 y, consiguientemente, desmerece la inclusión en
autónomos de aquellas personas próximas al órgano de gobierno de la
compañía. En la actualidad, por lo tanto, existe un gran vacío normativo
ya que, en puridad, según las resoluciones de 1992, queda fuera del
sistema de la Seguridad Social todas aquellas personas encuadrables en
autónomos.
Todo lo anterior ha provocado y provoca una diversidad de criterios por
parte de la Administración de la Seguridad Social en los diferentes
centros territoriales del Estado español. Mientras en algunas
administraciones se mantiene su inclusión en el Régimen de Autónomos,
para otras, la misma persona y en la misma situación debe permanecer en
el Régimen General, por lo que le formulo la siguiente pregunta.
¿En qué Régimen de la Seguridad Social deben ser incluidos los socios
administradores de compañías y, en general, los directivos, normalmente
de sociedades, ante la situación de inseguridad en que se hallan
actualmente?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, en primer lugar deseo agradecerle tanto la pregunta que me
ha formulado, porque, realmente, es una cuestión que preocupa mucho al
Ministerio, como la exposición previa que ha hecho. Ha efectuado un
relato de las circunstancias que se han producido en los últimos tiempos,
haciendo referencia a las resoluciones y órdenes de 1992 y a distintas
decisiones judiciales que afectan a la inclusión de las personas a las
que se ha referido, socios administradores y, en general, directivos de
empresa. Me gustaría aclararle parte de la pregunta que me plantea,
aunque, por lo que le explicaré, no puedo hacerlo en su totalidad.
Primera cuestión. El sistema de protección social es un sistema que tiene
la característica de la universalidad, por lo tanto, el Ministerio está
poniendo en marcha las medidas oportunas para que nadie pueda quedar
excluido de la protección del sistema de Seguridad Social por esa
característica de universalidad.
En segundo lugar --su señoría lo sabe--, es una cuestión francamente
compleja. A la hora de interpretar la relación que tienen este tipo de
personas con sus empresas, hay quien interpreta esa relación desde el
punto de vista laboral, y hay quien la interpreta desde el punto de vista
mercantil, por no encontrar las dos circunstancias clave --la ajenidad y
la dependencia-- que califican la relación laboral. En ese sentido,
tenemos algunas posiciones que sostienen que aprecian la relación laboral
y, la mayoría de ellas, que aprecian la relación mercantil. También es
cierto, como ha dicho su señoría, que, por decisiones judiciales, se han
venido ampliando los supuestos de las relaciones mercantiles a la hora de
apreciarse. Por lo tanto, la cuestión no es fácil en absoluto.
Dentro del sistema de Seguridad Social se ha navegado en ocasiones en la
dirección del sistema del Régimen General y, en otras ocasiones, se ha
hecho en la dirección del Régimen de Autónomos. De lo que sí puedo
informar al señor Senador es de lo siguiente. Primero, que va a haber
criterios unificadores de inmediato, en un plazo que no irá más allá de
quince días, para que el comportamiento de la Seguridad Social sea
homogéneo en todos sus centros directivos y en todos sus centros
territoriales. Segundo, que tenemos abierta una mesa de diálogo con las
organizaciones empresariales, con las confederaciones empresariales, y
que en el plazo de quince o veinte días tomaremos una decisión. En el
Ministerio hay una gran vocación por la defensa siempre de la inclusión
en el Régimen General. Hay otras cuestiones que aconsejan la
incorporación al Régimen de Autónomos. Se están contemplando posibles
fórmulas de opción, que también estamos estudiando en este momento. Ahora
bien, quiero decirle que antes del plazo de un mes habrá decisión con
toda seguridad, que esa decisión se convertirá o en un decreto o en un
proyecto legislativo, y que he dado ya instrucciones para los criterios
unificadores que planteaba su señoría en cuanto a su necesidad.
Lamento no responder completamente a todas las cuestiones, pero sí le
tranquilizo en el sentido de que estamos en ello y de que la preocupación
es absolutamente compartida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA
SITUACION DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES DEL MAR EN EMPRESAS PESQUERAS
MIXTAS DE PAISES EXTRANJEROS. (680/000198.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Blancas Llamas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Gobierno para solucionar la situación de los trabajadores españoles del
mar en empresas pesqueras mixtas de países extranjeros.
Tiene la palabra el Senador Blancas Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la problemática de los trabajadores del mar entraña no
sólo riesgos físicos de sus vidas sino, además, los específicos de
atenciones, asistencias y prestaciones que esto conlleva, incrementado en
aquellos trabajadores que por la lejanía prestan sus servicios en
empresas de ultramar y que, lógicamente, el Gobierno debe tutelar.
El Gobierno de la nación tiene el deber de amparar el derecho de estos
trabajadores que, por necesidades de la
precariedad en el trabajo, tienen que emigrar a otros países a prestar
estos servicios. Lógicamente, es preocupante la situación de la
prestación social que estos trabajadores tienen. Nuestro ordenamiento
jurídico recoge en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores del mar toda la problemática de este tipo de trabajos, pero
bien es cierto que esta normativa es de régimen interno, y no puede
traspasar la frontera de esas millas marinas o de ese espacio de
territorio nacional, y habrá conflictos con la normativa extranjera o
internacional. De ahí que el Ministerio, a través de ese Instituto Social
de la Marina, como organismo que viene encargándose desde principios de
siglo de los problemas de los trabajadores del mar y de los pesqueros,
también tiene la obligación, como entidad gestora, de tutelar la
asistencia, el tratamiento y, lógicamente, la prestación, no sólo a lo
largo de la vida, sino también durante la jubilación de estos
trabajadores que, según mis datos, superan el millar, que se juegan la
vida en esas latitudes y que el Ministerio no puede dejar abandonados.
La pregunta que hace este Senador al señor Ministro va en este sentido:
¿Cómo piensa solucionar los problemas y el porvenir de estos trabajadores
del mar que se encuentran alejados en países extranjeros en empresas
pesqueras?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blancas Llamas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Senador, en primer lugar, por la pregunta que hace,
porque le transmito que tenemos una sensibilidad compartida con su
señoría en lo referente a la preocupación por los trabajadores del mar
españoles que prestan sus servicios en empresas pesqueras mixtas.
Su señoría sabe que la demanda de nuestros trabajadores en estos
supuestos de trabajo en empresas mixtas es que se mantenga la continuidad
de la protección de nuestro sistema de Seguridad Social. Y también, como
ha dicho su señoría, es una cuestión que no podemos abordar en el marco
de nuestro ordenamiento jurídico interno, sino que tenemos que acudir al
ordenamiento jurídico internacional y a las relaciones bilaterales que
tiene España.
¿Cómo está abordando el Ministerio esta reivindicación y esta
preocupación? Pues en este momento concreto, planteándose la renovación
de los convenios internacionales y la aplicación, en su caso, de algunos
protocolos adicionales a los citados convenios. Concretamente, en los
casos de Argentina y Chile, en los convenios de Seguridad Social que
hemos firmado recientemente se recoge en su articulado el encuadramiento
de estos trabajadores en el sistema español de Seguridad Social.
En el caso de Uruguay, la Secretaría General Técnica del Ministerio ha
redactado las bases para una próxima incorporación, en el convenio que se
está negociando, de una normativa muy similar a la que se recoge en los
convenios de Argentina y de Chile.
En los casos de Colombia y Paraguay, se está negociando la revisión de
los correspondientes convenios para incluir en ellos similar regulación,
en cuanto a la aplicación de la protección de la Seguridad Social
española, para aquellos que prestan sus servicios en empresas mixtas
pesqueras.
En el caso de Marruecos, que es un asunto muy relevante también, en
fechas inmediatas, se va a reunir la Comisión Mixta de Seguimiento del
Convenio bilateral en vigor, en la que la representación española va a
proponer la introducción en el articulado de un precepto similar al que
está contenido en el artículo 14 del Reglamento de la Unión Europea
1.408/71, que garantiza asimismo a los trabajadores españoles el
encuadramiento en el sistema español de Seguridad Social.
En los convenios de Seguridad Social recientemente firmados y en todos
aquellos que estamos negociando tendremos muy en cuenta la cuestión que
ha planteado su señoría y preveremos también la aplicación directa de la
legislación española a aquellos trabajadores que presten servicios en
empresas del tercer país, siempre que sean remunerados por esta actividad
por una persona física o jurídica que tenga su domicilio en España. Ahora
bien, su señoría conoce que estamos haciendo todos los esfuerzos
posibles, pero que la voluntad para finalizar estos acuerdos también
depende de otros países, de otros Estados soberanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
El Senador Blancas Llamas tiene la palabra.
El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Por cortesía parlamentaria, quiero agradecer la respuesta detallada del
Ministro. Lógicamente, me agrada que el Grupo Parlamentario Popular, en
este caso, el Gobierno del Partido Popular, esté interesado en estos
trabajadores que han estado un poco abandonados de la mano de Dios porque
los últimos convenios que se suscribieron fueron del año 1979. Realmente
ha sido nuestro Ministro y su Departamento los que se han preocupado, con
esa sensibilidad que les caracteriza, de estos trabajadores, que son
minoritarios, pero que no dejan de ser trabajadores. Nos consta, por
tanto, su preocupación, no solamente por ellos, sino por todos los
trabajadores y todas las relaciones laborales de todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Blancas Llamas.
¿Señor Ministro, quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Muchas gracias.
--DE DON ALEJANDRO LAMALFA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LA FORMA EN QUE VA A INSTRUMENTAR
EL GOBIERNO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PACTOS TERRITORIALES PARA EL
EMPLEO DE DIVERSAS REGIONES ESPAÑOLAS PRESENTADOS RECIENTEMENTE EN LA
CUMBRE EUROPEA DE DUBLIN (IRLANDA). (680/000199.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Alejandro Lamalfa Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que va a
instrumentar el Gobierno la puesta en marcha de los pactos territoriales
para el empleo de diversas regiones españolas presentados recientemente
en la Cumbre Europea de Dublín (Irlanda).
El Senador Lamalfa tiene la palabra.
El señor LAMALFA DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya en el Consejo Europeo de Florencia, celebrado los días
21 y 22 de julio del pasado año, se consideró una vez más que el empleo
era la prioridad más absoluta, coincidiendo claramente con la postura del
Gobierno español y, a su vez, con la del Grupo Parlamentario Popular.
Asumiendo este principio, el Presidente del Gobierno, don José María
Aznar, defendió en la Cumbre de Dublín diversos proyectos sobre pactos
territoriales para el empleo, seleccionados conjuntamente por los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, que
fueron los siguientes: Bahía de Cádiz, Comunidad Autónoma de Andalucía,
cuencas mineras de Palencia y León, Comunidad Autónoma de Castilla y
León, cuenca minera de Asturias, Principado de Asturias, Vallés
occidental, Comunidad Autónoma de Cataluña, Ceuta y Melilla.
A tenor de lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la preocupación
de estas zonas deprimidas por los procesos de reestructuración económica,
industrial o minera que les afectan, entre los que se incluyen, por
ejemplo, el municipio de Barruelo de Santullán, del que tengo el honor de
ser Alcalde, y, en su conjunto, las cuencas mineras palentina y leonesa,
dado que es muy importante buscar fuentes alternativas y proyectos
innovadores con el fin de animar socioeconómicamente estas comarcas, le
dirijo a usted la siguiente pregunta: ¿Cómo va a instrumentar el Gobierno
la puesta en marcha de los pactos territoriales para el empleo de
diversas regiones españolas presentados recientemente en la Cumbre
Europea de Dublín?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lamalfa Díaz.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Como muy bien ha dicho el señor Senador, los pactos territoriales de
empleo han sido una preocupación permanente del Gobierno español y,
además, los ha impulsado en el ámbito comunitario. También hay que decir
que han sido otras de las consecuencias de las propuestas del Presidente
Santer que se han conocido como el Pacto Europeo de Confianza. Ese asunto
se abordó, efectivamente, en Dublín. También tuvo un exponente anterior
en el Consejo Europeo de Florencia y estoy convencido de que en el
próximo Consejo de Amsterdam se analizarán, sobre todo, los pactos
territoriales que ya han sido formalizados.
El Gobierno español, a través, fundamentalmente, de los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Economía y Hacienda, contestó al
Comisario Flynn en su requerimiento sobre propuestas para formulación de
pactos territoriales de empleo con cargo a los recursos de la indexación
y también a algunas holguras que existían en la programación.
Como muy bien ha dicho el señor Senador, los pactos territoriales de
empleo propuestos por el Gobierno de España han tenido muy en cuenta la
localización de esas iniciativas, las circunstancias socioeconómicas, la
evolución del empleo y aquellas zonas o comarcas que tienen una posición
en cuanto a tasa de actividad por debajo de la media de sus ámbitos
naturales. En este sentido, hemos propuesto --lo ha dicho el señor
Senador-- pactos territoriales en Ceuta y Melilla, en la Bahía de Cádiz,
en las cuencas mineras de Palencia y de León, en la cuenca minera de
Asturias y en el Vallés occidental.
El señor Senador me ha preguntado cómo vamos a instrumentar estos
acuerdos. Pues bien, le quiero decir que tienen, fundamentalmente,
financiación a través del Fondo Social Europeo. Ya nos hemos dirigido a
los presidentes de las Comunidades Autónomas y a los consejeros
responsables de los asuntos laborales y de empleo para instrumentarlo.
Además, consideramos imprescindible y básico que haya una participación
directa de los agentes sociales en el desarrollo de los pactos
territoriales de empleo, que haya una implicación muy importante de los
ámbitos locales y también de los ayuntamientos en el trabajo de los
mismos. Y finalmente, en la segunda quincena de marzo de 1997, dentro de
unos días, se va a celebrar una reunión en el Ministerio para todos
aquellos que hayan suscrito o solicitado los pactos territoriales
citados. Yo espero que en la Cumbre de Amsterdam, en la que el Presidente
Santer tiene que informar sobre los pactos territoriales de empleo, pueda
decir de los pactos españoles que son los más avanzados en su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Lamalfa Díaz tiene la palabra.
El señor LAMALFA DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por su información. Los palentinos y leoneses de
las cuencas mineras esperamos que todas estas medidas hoy anunciadas sean
pronto una realidad por lo que van a suponer de alivio y tranquilidad
para un importante número de trabajadores y sus familias, así como para
unas comarcas que, como bien sabe el señor Ministro, están atravesando
una delicada situación en estos momentos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lamalfa.
INTERPELACIONES:
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo punto del orden del
día: interpelaciones.
--DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA, DON FERNANDO MARIA VILLALONGA CAMPOS,
EN RELACION CON EL DESTINO DEL 0,7 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
(PIB) PARA COOPERACION AL DESARROLLO Y SOBRE LAS PREVISIONES POLITICAS
DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COOPERACION AL DESARROLLO EN LA PRESENTE
LEGISLATURA. (670/000031.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de doña Inmaculada de Boneta y Piedra,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las declaraciones del Secretario de
Estado para la cooperación internacional y para Iberoamérica, don
Fernando María Villalonga Campos, en relación con el destino del 0,7 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para cooperación al desarrollo y
sobre las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación al
desarrollo en la presente Legislatura.
La Senadora De Boneta y Piedra tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el señor Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, don Fernando María
Villalonga Campos, realizaba a finales del mes de diciembre del pasado
año unas declaraciones públicas, recogidas en los medios de comunicación
y no desmentidas, calificando de utopía la aspiración largamente
sostenida por las ONGs de conseguir que un 0,7 por ciento del PIB sea
dedicado en los presupuestos públicos, en los Presupuestos Generales del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las instituciones en general,
al desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo. (El señor
Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
Dichas manifestaciones son en cierto modo peyorativas, puesto que ponen
en cuestión la capacidad de las organizaciones de cooperantes para poder
asumir los programas o el incremento de actividades que se derivarían del
considerable aumento en la financiación de las ayudas de cooperación.
Entiendo que se doblaría con creces el presupuesto si se alcanzase el
objetivo del 0,7. Dichas manifestaciones han supuesto --insisto-- una
verdadera afrenta para los cooperantes, del mismo modo que producen una
grave preocupación para la sociedad, cada vez más solidaria y
comprometida, y especialmente para la juventud, preparada
intelectualmente y deseosa de aportar a aquellos que carecen de casi todo
los instrumentos y conocimientos necesarios para salir de la extrema
pobreza, de unas condiciones de vida en las que ni siquiera tienen los
alimentos necesarios para subsistir ni medios de lucha contra la
enfermedad. La educación más básica es para gran parte de la humanidad
una utopía inalcanzable. El rescate de esos seres humanos de esta
situación hacia unas condiciones de vida digna de llamarse humana pasa
por la concienciación de todos y todas a los que nos ha correspondido el
privilegio de nacer en el llamado Primer Mundo.
Es importante asumir el significado de la cooperación. Cierto que es
difícil dar respuesta global a las necesidades del conjunto de la
población del Tercer Mundo, pero más difícil aún es atajar de raíz las
causas del subdesarrollo. No planteo en este sentido objetivos
inaccesibles por su ambición, pero es indudable que cada proyecto
concreto que sale adelante --y para ello son indispensables las
aportaciones públicas-- representa un éxito concreto y cuantificable en
la lucha contra la pobreza, la enfermedad o el analfabetismo, proyectos
que deben impulsar ese desarrollo sin provocar, desde luego, la pérdida
de identidad o aculturación de los pueblos que, en definitiva, son
destinatarios de las ayudas de cooperación a la vez que protagonistas
principales de la lucha, y son los que deben elegir el camino a recorrer,
con ayuda, eso sí, pero en el sentido y dirección que ellos mismos
deseen.
La mejora en los cultivos, en la producción agropecuaria, los avances en
la atención sanitaria, la mejora de la vivienda, cada uno de los
programas dirigidos a proporcionar las herramientasnecesarias puede ser
más trabajoso --siempre se ha insistido en el conocido símil de
proporcionar la caña y enseñar a pescar-- pero más efectivo que regalar
el pez de cara al futuro de estos pueblos y, en general, la infinidad de
programas que pueden atajar esos problemas sólo esperan un aumento de la
solidaridad de los países ricos traducida en un aumento de la
financiación a la cooperación que produzca el efecto multiplicador de las
personas deseosas de dedicar parte de su vida o quizá toda su vida a la
cooperación y a las organizaciones que carecen de recursos económicos
para poner en práctica tales programas. Ello no obsta para que exista,
desde luego --es necesario--, un control riguroso de tales recursos.
En este contexto, esta Senadora podría entender cualquier argumento que
plantee la dificultad coyuntural de ir más allá de los porcentajes
actuales dedicados a la cooperación en los presupuestos generales del
Estado, aun entendiendo que la solidaridad que representa la dedicación
de cifras que no llegan al 0,3 del PIB a estos programas es más bien
raquítica, pero, en todo caso, argumentos como los que sirven de base a
esta interpelación --recuérdese la utopía y en cierto modo la falta de
confianza en la capacidad de cooperantes y organizaciones para llevar a
cabo los programas-- demuestran al menos, si no falta de conocimiento de
la situación, sí un gran déficit de sensibilidad.
Es necesario que los programas, aun cuando exijan un efecto
multiplicador, mantengan una continuidad; sin ella no puede esperarse un
desarrollo sostenido. Y, básicamente,
las políticas que den soporte a estos programas deben mantener una
secuencia sostenida --insisto-- sin perjuicio de las evaluaciones
correspondientes si se desea cumplir con los objetivos. Estos objetivos
cada vez exigirán, por su propia dinámica, un aumento de recursos humanos
dedicados a su consecución y un aumento en los recursos económicos y en
el porcentaje que éstos representan sobre el PIB en los Presupuestos
Generales del Estado y, naturalmente, en las instituciones públicas en su
conjunto.
El Estado español, las naciones y regiones que lo integran, los
municipios, pero sobre todo los ciudadanos y las ciudadanas, han
entendido en general que la sociedad es cada vez más solidaria y más
sensible a todos estos problemas que se plantean en el campo de la
cooperación. Hombres y mujeres han perdido la vida bien recientemente en
el intento. Ellos y ellas no necesitan homenajes puntuales, sino que
alguien continúe su labor, y para ello es indudable la necesidad de
políticas comprometidas y solidarias.
Por ello, he interpelado al Gobierno en relación con las declaraciones a
que antes me he referido del señor Villalonga, declaraciones que, desde
luego, entiendo no sintonizan con la sociedad. Estas declaraciones en
absoluto son comprensibles para esta Senadora. Al mismo tiempo, deseo
conocer las previsiones políticas del Gobierno en materia de cooperación
al desarrollo en la presente legislatura, y también, naturalmente, cuál
es el porcentaje del PIB que el Gobierno tiene como objetivo a alcanzar
en relación con los Presupuestos Generales del Estado durante el
transcurso de esta legislatura dedicado --insisto-- a los fines que se
han explicitado en esta interpelación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor Ministro de
Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, la noble aspiración de dedicar en forma de flujos de ayuda
oficial el 0,7 del producto interior bruto de los países industriales a
los países en vías de desarrollo se formuló en 1967 en las reuniones
preparatorias de la segunda Unctad.
Han transcurrido desde entonces treinta años. En este final de siglo nos
enfrentamos a la realidad insoslayable de que muy pocos países han
conseguido cumplir esa vieja y noble aspiración. Sólo cuatro Estados,
Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Suecia, han llegado al objetivo del
0,7. Otros países mucho más desarrollados en la renta per cápita, muy
superior a la española, que señalaron fechas exactas para llegar a esa
meta, es el caso de Francia, Italia, Finlandia y Canadá, no sólo no la
han alcanzado, sino que han entrado en algún caso en una dinámica de
claro retroceso en cuanto a los porcentajes del PIB destinados a la ayuda
al desarrollo.
Así pues, a corto plazo, hemos de reconocer que el objetivo del 0,7 es
difícil de conseguir, que es lo que, en definitiva, el Secretario de
Estado quería decir con su afirmación más bien gráfica, máxime si tenemos
en cuenta, por un lado, las graves dificultades económicas y
presupuestarias que afrontan los países donantes y, por otro, la
constatación de que el mejor camino hacia el progreso de las naciones no
pasa necesariamente por aumentar sin más las contribuciones a la ayuda al
desarrollo.
Obviamente, no debemos renunciar a alcanzarlo en el más corto plazo
posible, en el plazo de esta legislatura, si es posible --luego me
referiré a ello--, pero es evidente que resulta más prudente y realista
no poner fecha concreta para su consecución para no encontrarnos en el
caso al que me he referido de otros países más avanzados que España que
no han alcanzado este objetivo al que habían puesto fecha.
Este Gobierno ha venido manteniendo reiteradamente la necesidad de
incrementar los presupuestos del Estado en lo que concierne a la
cooperación al desarrollo, y junto a ello siempre ha insistido en que
deben ser también objetivos fundamentales, como muy bien ha destacado la
señora Senadora, la mejora en la calidad de la cooperación pública, la
transparencia de los instrumentos, la eficacia en la gestión y el rigor
de los controles de seguimiento y evaluación.
España, receptora todavía de fondos de asistencia al desarrollo hace
catorce o quince años, ha pasado sin solución de continuidad a colocarse
en una más que digna undécima posición en la comunidad mundial de
donantes, y no hemos retrocedido en esta posición --a diferencia de lo
que han hecho otros países a los que me he referido-- pese a la caída, no
sólo en términos de porcentaje sino en términos absolutos, registrada por
el conjunto de la ayuda mundial al desarrollo en 1995.
El compromiso por la solidaridad, suscrito a finales de 1995 por el
Partido hoy en el Gobierno con representantes de la plataforma del 0,7,
de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de su
coordinadora, incluye la aspiración de alcanzar el 0,7 del producto
interior bruto durante esta legislatura, siempre que ello no impida
cumplir con la exigencia de reducir el déficit público.
Hacer depender el cumplimiento de esa condición, como se expresó
claramente en la firma de este compromiso, no es, en modo alguno, una
forma de escamotear el compromiso, sino, como ustedes saben muy bien, un
imperativo de responsabilidad que viene impuesto al gobernante, en
general, por la necesidad de una gestión pública consciente y rigurosa y,
en nuestro caso particular, por unas exigencias que van a determinar si
somos o no capaces de cumplir nuestros compromisos en el seno de la Unión
Europea y ocupar en la misma el rango y la posición que nos corresponde
por importancia y por vocación.
Por tanto, el Gobierno asume un compromiso directo y solidario en su
acción pública en favor del desarrollo, y prueba de ello es que ha
mantenido, e incluso incrementado, las partidas de cooperación más
generosas, más desinteresadas. Es ejemplo de ello el aumento de la
cooperación bilateral no reembolsable, concretamente en el presupuesto
asignado al órgano básico de gestión de la ayuda al
desarrollo: la Agencia Española de Cooperación Internacional. El Gobierno
ha elevado muy significativamente el monto de las subvenciones
financiadas por la Secretaría de Estado para la Cooperación, concedidas a
organizaciones privadas de desarrollo a través de una doble convocatoria
anual.
Hay que tener en cuenta, y creo que es un dato revelador, que las
partidas que integran la ayuda oficial española, que han sufrido una
disminución en 1996, son las aportaciones a organismos multilaterales,
financieros y no financieros: Fondo Europeo de Desarrollo, Presupuesto
comunitario de desarrollo y otros, y los créditos concesionales en la
ayuda ligada fundamentalmente a los fondos de ayuda al desarrollo (FAD).
La disminución de las primeras obedece a una reducción en la cuota que le
corresponde aportar a España, y la caída en las segundas ha sido una
reclamación constante de la mayoría de los críticos de la estructura de
la ayuda al desarrollo español, así como del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE, según su informe de 1994. Son precisamente estas
partidas que disminuyen las que impedirán la elevación global de la ayuda
al desarrollo español respecto al año 1995, es decir, las partidas que
tenían menos interés, que eran menos concesionales y menos desinteresadas
son las que han sido objeto de una disminución mientras que aquellas que
eran prioritarias, las ayudas concesionales a fondo perdido, se han
incrementado sustancialmente hasta el punto de que el conjunto de la
ayuda no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado. Aunque todavía no
son definitivos los datos de seguimiento de esta ayuda correspondiente a
1996, el avance provisional de que disponemos indica que la elevación más
importante se ha producido precisamente en la ayuda bilateral no
reembolsable.
Es probable, sin embargo, que este aumento, que es del orden del 25 por
ciento respecto a las previsiones estimadas para 1996, recogidas en el
Plan anual de cooperación internacional, no sea por sí solo suficiente
para compensar la caída de los componentes señalados.
El compromiso directo y solidario con los ciudadanos, al que se refiere
la interpelación de la Senadora, y que el Gobierno comparte, tiene que
hacerse compatible con el deber inexcusable de atender adecuadamente por
parte de los responsables gubernamentales otras coberturas
presupuestarias demandadas por la sociedad española; debe, asimismo,
hacerse compatible con la necesidad imperiosa de reducir el grave déficit
público que afecta a las cuentas del Estado.
El Gobierno no abandona su intención de incrementar los presupuestos de
cooperación, pero no puede hacerlo a cualquier precio y, desde luego, no
a través de un camino que nos aleje de la ruta de homologación de los
criterios de convergencia monetaria europea. Tampoco podemos caer en la
ingenuidad de fijar una fecha exacta --como pedía la señora Senadora--
para el logro del objetivo numérico que, por otra parte, no garantiza por
sí mismo, como si fuera una cifra mágica, un mejor desarrollo de las
poblaciones potencialmente beneficiadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)
Senadora, por el artículo 87 dispone de cinco minutos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Debo decir que el tono de la respuesta del señor Ministro y, sobre todo,
la interpretación que ha dado a las palabras que me preocuparon del señor
Secretario de Estado, no sólo al calificar de utópicas las
organizaciones, sino también al referirse a su incapacidad de gestionar
los fondos en el caso de que éstos fueran superiores, o, incluso, a no
cumplir los objetivos fundamentales, que también el señor Ministro ha
señalado, y con los que esta Senadora está absolutamente de acuerdo, de
transparencia, de eficacia, de control y de rigor en la gestión. Esas
palabras del señor Ministro que han querido arreglar con una
interpretación benigna las consideraciones de las palabras del señor
Villalonga dan satisfacción a esta Senadora. Yo le entiendo, porque hay
otros aspectos de la intervención del señor Ministro con los que puedo
coincidir. Puedo entender el argumento, aun no compartiéndolo, de que la
solidaridad hay que ponerla en el balance de objetivos importantes, al
menos al lado del cumplimiento de las previsiones de rebaja del déficit
público, pero lo que no puedo entender es que existan argumentos como los
que anteriormente he señalado.
Esa famosa cifra del 0,7, que lleva tantos años como objetivo
inalcanzable, queda cada vez más lejos y, en este sentido, el señor
Ministro ha venido a dar la razón a esta Senadora cuando decía que los
fondos dedicados a la cooperación bilateral que van a fondo perdido no
van a compensar la caída de otras ayudas gestionadas por estas
organizaciones que se dedican a la cooperación, las ONG, y aunque suponga
incluso un 25 por ciento sobre el presupuesto de 1996 no se va a superar,
sino que, en conjunto, va a derivarse una caída de las ayudas de
cooperación. Espero que el Gobierno sea sensible a estos aspectos que
aquí se plantean y procure corregir este efecto de caída que nos aleja
cada vez más de esa meta que, no por ser un número mágico --como ha dicho
el señor Ministro--, no por ser un número considerado como meta por
muchos países, y, efectivamente, no alcanzado más que por unos pocos,
debe de obviarse en la lucha por arrancar de la máxima pobreza a tantas
personas dentro del mundo. Hay más países en vías de desarrollo o en
subdesarrollo absoluto que países que nos podemos considerar
desarrollados o industrializados.
En todo caso, tomo nota del compromiso adquirido por el Gobierno de
corregir esta tendencia, incluso tomo nota de ese primer deseo expresado
de poder llegar a alcanzar ese 0,7 sobre el PIB, aunque no ha asumido el
compromiso, evidentemente, en los Presupuestos Generales del Estado al
término de la legislatura y, por último, tomo nota para que, haciendo el
seguimiento de las cantidades que se dediquen durante el año 1997,
podamos corregir la caída que se prevé en el año 1998, superarla e
incrementarla para ponernos en el camino de alcanzar esa cifra...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta, se le terminó
el tiempo.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Cifra que no por mágica debe dejar de ser un objetivo a alcanzar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, cada vez que se tratan los temas sociales
de cualquier signo que sean, en este caso son los de solidaridad pero
podríamos hablar de otros temas, tienen una excusa perfecta con los
planes de convergencia, el déficit, los objetivos de Maastricht. Por
tanto, en este sentido, yo no soy tan optimista como la señora De Boneta.
Efectivamente, la tendencia en sus políticas, no solamente ahora sino
cara al futuro, va a ser restringir estas partidas y lo van a justificar
con su plan de convergencia. Si no tuvieran ese objetivo, esa excusa
perfecta, se inventarían otra, porque la política de ustedes no va
encaminada a fomentar la solidaridad de las políticas sociales. Por
tanto, este Senador está convencido de que todas esas partidas en vez de
aumentar van a disminuir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador don Imanol Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, con respecto al tema que estamos debatiendo,
creo que sería bueno tener presente aquel otro debate que sobre estos
particulares mantuvimos en esta misma Cámara, en la sesión plenaria del
30 de noviembre de 1994, con motivo de la presentación del informe de la
Ponencia de estudios sobre la política española de cooperación para el
desarrollo, que terminó por ser aprobado unánimemente.
Estoy convencido de que aquel documento fue y sigue siendo un buen
informe elaborado con la participación de todos los grupos políticos de
la Cámara y, a mi entender, un documento que conserva vigencia plena en
la actualidad, ostentando, puestos a decir todo, un perfecto paralelismo
con la política seguida desde entonces, tanto por el anterior como por el
actual Gobierno. Su lectura y reflexión, previas a este debate, y la
catalogación de sus elementos comparativos con la actitud política del
Gobierno de hoy sobre cooperación internacional, hubiera sido
recomendable para todos como materia imprescindible en calidad de
condicionante común y básico de partida.
Asimismo, por razones similares de mejor conocimiento y objetividad
también sería bueno constatar previamente, si es que existe, y en
realidad existen, los datos e informaciones que con carácter de
compromiso han podido facilitar al respecto en esta misma Cámara los
responsables del Gobierno, bien por libre albredío, bien por petición de
parte. Hacerlo así, señorías, clarifica ideas, da o quita argumentos y
ayuda a situarse en el justo medio. También sirve para ahorro de tiempo y
energías.
En todo caso, centrándonos en el tema, ahí tenemos esa especie de
guarismo mágico, el 0,7 por ciento del PIB, como meta hacia la que se ha
de tender con esfuerzo y generosidad solidarios y en la medida de lo
posible. A decir verdad, estoy convencido, plenamente convencido, de que
es éste y no otro el desiderátum sincero de cuantos ostentamos alguna
responsabilidad pública, y sin excepción alguna, dentro del espectro
político que configura esta Cámara, siendo también extensible al actual
Gobierno. Desde un sentido de responsabilidad pública conviene recordar
que si tan poco recomendable es desentenderse olímpicamente del 0,7, que
sinceramente creo, y repito, no es el caso entre nosotros ni entre los
objetivos del Gobierno, también lo es la utilización del 0,7 como
elemento demagógico de distorsión en discursos, tal vez excesivamente
fáciles y alentadores de falsas expectativas que, basadas en supuestos de
difícil realización, pueden ofertar perspectivas engañosas que a poco o
nada conducen. El paradigmático 0,7 debe tratar de alcanzarse por
políticas económicas serias, realistas y responsables, nacidas de un
compromiso firme de solidaridad concienciada y de madurez social.
Por aquello de las reflexiones y lecturas previas que he comentado
anteriormente, sinceramente digo que la moción de la Senadora De Boneta
me ha sorprendido por el total de su concepto escrito y por los términos
de su planteamiento, dicho sea con todo respeto a la libertad de
iniciativa y al derecho parlamentario que deben darse por supuestos. Y
digo esto porque he releído el «Diario de Sesiones» de la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos, de fecha 27 de noviembre pasado, celebrada con
motivo de la comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista, del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, con el fin de informar precisamente sobre las líneas
políticas generales a desarrollar por su departamento y sobre las
previsiones presupuestarias de los distintos programas de cooperación. Si
alguien en este foro, señorías, ha sido crítico es este Senador que ha
sido uno de los más críticos con alguna actuación del señor Villalonga
Campos, sin embargo, he de reconocer, y lo hago con gusto, que, a tenor
de su intervención explicativa, es muy difícil, hoy por hoy, no estar de
acuerdo con todo cuanto tuvo a bien explicitar sobre la materia en la
Comisión citada, con inclusión de la línea a seguir y las cuotas
presupuestarias conferidas a la cooperación internacional. Y así quedó
esencialmente constatado por todos los grupos, y sin réplicas de mayor
importancia, tras una amplia y cumplida información del Secretario de
Estado, dentro de un claro compromiso de aceptación de los verdaderos
fines y significado de cómo debe entenderse la ayuda a la cooperación
internacional y al desarrollo.
Entre diversos puntos del máximo interés, pero concretamente en relación
al 0,7 del PIB que, en definitiva, viene a entrañar la esencia de la
interpelación que debatimos, el Secretario General se expresó
textualmente en los siguientes términos: Con todo, pese al esfuerzo
presupuestario que se va a realizar este año y los siguientes, la
perspectiva de alcanzar en un horizonte inmediato el 0,5, y menos aún el
0,7 por ciento, no es tan brillante como todos los que de un modo u otro
trabajamos en el campo de la cooperación al desarrollo hubiésemos
sinceramente deseado. Horizonte al que, por otra parte, de ningún modo
renunciamos y que, como objetivo del Partido del Gobierno, aparece como
objetivo en el pacto por la solidaridad, siempre que ello no impida
cumplir con la meta de reducir el déficit público.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya
terminando.
El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
Estas fueron las palabras del Secretario General que, a mi criterio, no
tienen más interpretación que la de su literalidad. Este mismo concepto
acaba de ser matizado por el señor Ministro en su intervención. Ambos
estaban muy de lejos de declarar como utópico el 0,7, independientemente
de que en alguna ocasión haya podido utilizarse tal expresión en un
sentido retórico y significándola más bien con las dificultades para su
logro.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se atiene a
las palabras oficiales del Ministro y del Secretario de Estado,
respetándolas, valorándolas en su justo precio e interpretándolas como un
verdadero deseo de superación y de compromiso firme. Un deseo que refleja
una decisión, que compartimos y estamos dispuestos a apoyar desde la
parte alícuota de nuestra responsabilidad política y desde una crítica
constructiva si llegara el caso.
Sinceramente, señorías, a nuestro entender aún no ha llegado el momento
para la crítica. Hemos de felicitar al señor Ministro por su bien
cumplida y amplia respuesta que, a nuestro entender, no tiene réplica
alguna.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Roca.
El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, al
iniciar este turno de posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, creo que es lógico empezar
haciendo referencia y reconociendo que las declaraciones del señor
Villalonga seguramente fueron desafortunadas en algún punto. Pero
contenían muchos elementos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Quiero citar aquí como persona de autoridad en este asunto al Director
General de una de las ONG más importantes, Intermon, el señor Carreras,
que aquellos días y después de aquellas declaraciones dijo coincidir con
Villalonga en que la calidad de la cooperación sea criterio básico. Y, a
continuación, explicó que la experiencia europea muestra que un número
muy alto de ONG perjudica la calidad, pero ésta es compatible con la
existencia de pequeñas ONG, muchas de las cuales son útiles por su grado
de especialización. La cooperación --terminó diciendo el señor Carreras--
tiene que contar las las ONG de todo tamaño y tipo. Continuó deseando que
se dialogara sobre todo este tema.
En aquellas declaraciones seguramente había algún punto desafortunado,
pero en su conjunto recogían en buena parte lo que es la problemática de
fondo, no de las ONG, sino de 0,7.
Yo creo que esta interpelación tiene un elemento muy positivo, que
permite --aunque sea con la brevedad de un trámite parlamentario--
referirnos, aunque sea rápidamente, a la situación de este objetivo del
0,7 que, como ha recordado el señor Ministro se fijó hace 30 años. Hemos
de reconocer que no solamente no va avanzando en el Estado español y en
el conjunto de los países desarrollados, sino que está en un momento
incierto, de gran incertidumbre, y que en algunos Estados está iniciando
un declive.
¿Por qué se produce este cambio? Hay que recordar que el 0,7 fue un
objetivo fijado para luchar contra el subdesarrollo. Nació en una época
en que resultaba muy difícil a los Estados desarrollados ayudar a las
zonas más subdesarrolladas por los caminos oficiales, debido a la
existencia de regímenes totalitarios, de dictaduras. Esta situación
atribuía a las ONG la característica de instrumento casi único para
ayudar a aquellas regiones del mundo, como la América Latina, etcétera.
Esta situación ha cambiado. La mundialización, la rapidez con que se
producen las inversiones, la libertad de comercio, todas estas
características que son propias de nuestra etapa histórica han creado un
marco nuevo e interpelan al 0,7.
Hay que reconocer que en este momento hay amplios sectores en los países
desarrollados que se preguntan si el 0,7 es prioritario, como lo fue hace
20 y 30 años. Se contestan diciendo que lo prioritario es la libertad de
comercio y las inversiones, la localización de empresas en estos países.
Este es un debate de fondo que toda la gente que generosamente ayuda a
las ONG se está planteando, pero yo creo que es suficientemente amplia e
importante como para que sea también un tema de reflexión para todos
nosotros.
La respuesta adecuada, señorías, yo creo que es obvia. Las inversiones y
la libertad de comercio son claramente beneficiosas e indispensables para
impulsar el desarrollo, pero es evidente que las energías que se
canalizan a través del 0,7 confluyen en el amplio campo de los servicios
sociales. Son multitud las iniciativas que desde Europa y América se
dirigen hacia regiones subdesarrolladas, pero no coinciden, no son
idénticas a las iniciativas que se producen por el camino de las
inversiones y de la libertad de comercio, sino que son complementarias.
Por consiguiente, señorías --creo que es el beneficio que podemos sacar
de esta interpelación que ha traído a esta Cámara la Senadora De
Boneta--, hay que comprender que necesitamos los dos elementos: continuar
e incrementar las inversiones y la libertad de comercio, como se está
produciendo, y, al mismo tiempo, incrementar lo que es complementario a
aquel desarrollo, que es lo que se realiza a través de las ONG en el
amplio campo de los servicios sociales. Esta es la reflexión que a
nosotros nos sugiere esta interpelación y desearíamos que, si se produce
la moción, pudiésemos continuar esta reflexión, que creemos coincide con
la que en este momento nos hacemos toda la multitud de ciudadanos y
ciudadanas que, de una manera u otra, ayudamos a las ONG y que estamos
comprometidos en su esfuerzo. Creemos que con la moción posterior a esta
interpelación se podría contribuir también a este esfuerzo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer i Roca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Castro
Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, la
ayuda oficial al desarrollo, que es el fondo de la cuestión de esta
interpelación, se viene evaluando en España desde distintos puntos de
referencia. Hablamos de una ayuda de primera necesidad, de urgencia en
casos de guerra y terremotos, de una ayuda social y de una ayuda
específica para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico
sostenido de los países necesitados.
Yo creo que para hacer las cuentas justas habría que unir las operaciones
de paz, así como todas las ayudas que, de forma descentralizada, se
vienen haciendo por distintas instituciones.
En el caso de España --habría que tomar la referencia, ya que se habla de
si es utópico o no el llegar o no al 0,7 por ciento-- hay que decir que,
tan sólo hace 16 años, era un país receptor de ayuda al desarrollo.
Después del año 1982 es cuando comienza a ser un país donante y ha pasado
de un 0,13 por ciento de ayuda al desarrollo sobre el producto nacional
bruto a un 0,27 en el año 1994 y casi al 0,24 en el año 1995. Hay que
tener en cuenta que España, siendo el primer país en velocidad de
crecimiento de ayuda desde hace diez años, es el undécimo país donante en
términos absolutos del mundo desarrollado, en términos del porcentaje de
ayuda al desarrollo en relación con el producto nacional bruto. España se
sitúa en un porcentaje de ayuda oficial al desarrollo, en relación al
PIB, cercano a la media de los países donantes actualmente, es decir, en
poco menos de 16 años, en los últimos 12 ó 14 años, hemos pasado a ser
uno de los países punteros en este asunto.
Respecto a lo que se ha planteado aquí de las ONG, hay que aclarar y
asentar que es posible que en el cómputo del año 1995 llegue a tener
alrededor del 11 por ciento de la totalidad de los fondos públicos que
constituyen la ayuda oficial al desarrollo bilateral, cuando en el año
1994 sólo se alcanzaba el 3 por ciento. La media de los países donantes
tan sólo canaliza el 2 por ciento a las ONG y España el 11. Con esto
quiero decir que ha existido una política en este país, y yo creo que
sigue existiendo, en la que ésta es una de las cuestiones prioritarias y
fundamentales y que se sigue, con todas las cautelas y con todos los
problemas presupuestarios que tenemos, profundizando en esta cuestión de
ayuda al desarrollo a los países menos desarrollados.
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Aquí se ha apuntado por el
representante de Convèrgencia i Unió, señor Ferrer, que hay otros medios
de hacer ayuda al desarrollo y que las inversiones extranjeras en el
mundo moderno, el mundo de las mercancías y del comercio internacional,
están incidiendo en este aspecto y parte de esa ayuda se cubre a través
de la inversión extranjera. Eso es cierto, pero no debe olvidarse y hay
que saber que la inversión extranjera en los países en desarrollo llegaba
en el año 1995 a cien billones cuando la ayuda para el desarrollo es de
59 billones. Es muy importante la inversión extranjera en estos países,
pero no debe olvidarse que aun cuando estos nuevos mecanismos modernos
que aparecen en la mundialización del mercado y de integración de las
economías son importantes y contribuyen al crecimiento económico y al
bienestar de dichos países, su papel debería ser complementario a la
ayuda oficial al desarrollo y no sustitutivo, teniendo en cuenta que esos
países tienen unas economías poco avanzadas y cuyas posibilidades de
acceso al mercado internacional financiero son limitadas.
Para terminar, ¿cómo entiende el Grupo Parlamentario Socialista la
cooperación al desarrollo? Pensamos que la cooperación al desarrollo no
puede seguir siendo sólo una expresión de solidaridad meramente, sino
también un instrumento eficaz para la consecución del desarrollo y la
gobernabilidad del mundo. Las relaciones de cooperación no deben estar
limitadas a la ayuda oficial al desarrollo, sino que tienen que abrirse a
la participación de agentes sociales privados, sobre todo para la gestión
de la misma. La cooperación debe ser multidimensional, tratando de
conseguir al tiempo la equidad distributiva, el crecimiento económico y
el respeto medioambiental. A través de la cooperación se debe alcanzar el
objetivo de la creación de economías competitivas, sociedades
democráticas y solidarias en los países receptores.
No obstante, entendemos que la cooperación debe dirigirse a la
reconstrucción del Estado antes que al desmantelamiento del mismo. Para
fortalecer el Estado se necesita la participación de todas las fuerzas
sociales a través de los gobiernos elegidos democrática y
representativamente. Pensamos que la gestión de la cooperación al
desarrollo debe hacerse a través de un instrumento único de la
Administración. La participación social y la autonomía en la orientación
de la cooperación al desarrollo debe hacerse a través --me refiero en
España-- del Consejo de Cooperación, promoviendo la creación de una mesa
de cooperación, en la que participen los donantes públicos, privados,
estatales, autonómicos y locales.
Para finalizar, quiero decir que la cooperación al desarrollo no sólo es
cuestión de aumentar las ayudas económicas directas, sino también es
facilitar a los países en desarrollo el acceso al comercio internacional,
ya que la entrada
de sus productos en los mercados internacionales es elemento fundamental
para el crecimiento sostenido de sus economías y la modernización de sus
aparatos productivos. Esta cuestión a veces genera incomprensiones
insolidarias que todos vivimos a través de la prensa.
Esperemos que el Gobierno actual siga el camino marcado en los últimos
años para seguir marchando y creciendo en la solidaridad por el
desarrollo y la democracia de los países más necesitados del mundo. El
pasado inmediato, como he dicho anteriormente, es un ejemplo del futuro
esperado por los países en vías de desarrollo y la utopía de ayer, señora
De Boneta, es la realidad de hoy. Por lo tanto, nosotros estamos de
acuerdo con que hay que seguir potenciando la ayuda al desarrollo para
llegar a alcanzar ese 0,7 por ciento, que es la meta que nos hemos
marcado y estamos en el camino de ello.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro Rabadán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador López
Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señorías, la interpelación que
estamos debatiendo, además de complacer un justificado deseo de
aclaración de la Senadora De Boneta, ha permitido al Gobierno exponer su
clara política de cooperación internacional, la coherencia de su
actuación y su alto sentido de responsabilidad de la gestión de los
intereses públicos y de los recursos económicos en un momento difícil
como es el de la actual coyuntura. Pero yo diría, señor Presidente, que
ha permitido también, para mí con enorme satisfacción, ver la
concordancia de puntos de vista que existen en esta Cámara en una materia
que debe ser asunto de Estado.
Yo tengo la seguridad de que el señor Ministro de Asuntos Exteriores
habrá oído complacido cómo la inmensa mayoría de los grupos de esta
Cámara han coincidido, incluso con intervenciones como las de los
Senadores Ferrer, Bolinaga o Castro Rabadán, haciendo reflexiones
interesantísimas que todos compartimos sobre la importancia del
desarrollo y sobre una cuestión importante, que es la necesidad de tener
en cuenta más en sí la calidad que la cantidad sin desdeñar, por
supuesto, el objetivo de ese 0,7 por ciento del producto interior bruto.
Este es un asunto de la ayuda al desarrollo que ha sido muy estudiado en
la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara y en el Pleno con
reiterados informes, y debo decir a la Cámara que precisamente la
política que está ahora aplicando el Gobierno y los criterios que expuso
el Secretario de Estado, tan ponderados por el Senador Bolinaga y que
comparto, en sus comparecencias, tanto en el Senado como en el Congreso,
se adaptan fielmente a los criterios que adoptó esta Cámara en el
dictamen que aprobamos por mayoría, sin una sola abstención ni voto en
contra, y también al programa del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo
que esta comparecencia podía haber servido más bien, como está sirviendo
en gran parte, para alabar la política del Gobierno en este sentido.
En relación con la intervención de la Senadora De Boneta, debo decir que,
además de hacer un brillante discurso sobre materias de desarrollo que
compartimos, a mi juicio ha demostrado una cierta incoherencia cuando ha
dicho que aceptaba, pero que por otra parte no comprendía. La cuestión es
clarísima, Senadora De Boneta. En primer lugar, el término que ha dado
lugar en cierto modo al debate es el de utópico, utilizado por el
Secretario de Estado, señor Villalonga. Utópico en el diccionario, pero
en el diccionario de los escolares no en el diccionario para los
eruditos, es todo plan o proyecto que es irrealizable en el momento de su
formulación. Y eso es lo que ha querido decir el Secretario de Estado,
como han comprendido otros portavoces. Es decir, conseguir en estos
momentos el 0,7 resulta irrealizable y, por lo tanto, más bien habría que
alabar la sinceridad y la honestidad del Secretario de Estado del
Gobierno actual aludiendo a que esta ambición que todos deseamos
conseguir cuanto antes en estos momentos era irrealizable. Eso es
precisamente lo que quería decir el Secretario de Estado.
El programa, repito, del Partido Popular y del Gobierno están en esa
línea. Y debo decir que en el ejercicio económico actual, como ya se ha
señalado, tenemos un reto importante que cumplir, y son los criterios de
convergencia de la Unión Monetaria, que dicho sea de paso no son
criterios de convergencia impuestos por una razón de incorporación a un
mecanismo internacional, sino que son criterios de buena administración,
de rigor en la administración de los intereses públicos, como ha señalado
el Senador Bolinaga, y de corrección de los múltiples errores cometidos
por el Gobierno anterior. Ese es el empeño que actualmente tiene el
Gobierno, y ya los mercados y la situación económica están poniendo de
manifiesto el acierto de esa política. Y, sin embargo, si a pesar de ese
criterio restrictivo del Gobierno, cabía pensar que se reducían los
recursos destinados a la cooperación económica internacional, ya el
Ministro ha indicado cómo en algunas partidas, concretamente las que se
refieren a las ayudas a las ONG, y especialmente aquellas que se refieren
a los créditos concesionales, han tenido incluso un modesto incremento,
que, lógicamente, deseamos que se aumente en un futuro próximo.
Todos compartimos, señor Presidente, la aspiración de alcanzar una mayor
participación de los recursos públicos en la ayuda a la cooperación
internacional, y el Partido Popular se solidariza con la encomiable
actitud de las Organizaciones no Gubernamentales y con cuantas
iniciativas postulan una acción más intensa de ayuda y asistencia a
amplias zonas del mundo donde la miseria, la enfermedad, el hambre y la
violencia salvaje ofrecen a diario un cuadro de tristeza y desolación
respecto al cual la conciencia civilizada de los países desarrollados no
debe guardar una actitud pasiva ni conformarse con escasas aportaciones.
La responsable y altruista actitud de quienes demandan un mayor esfuerzo
nos dignifica a todos, y, por tanto, hay que aplaudirlos; sin embargo, a
la hora de gobernar, es preciso hacer armoniosamente compatible este
deseo, este progreso, con los recursos de que se dispone. Y por eso, para
que vean la coherencia, tanto en el dictamen del Pleno de esta Cámara
aceptando la Ponencia elaborada en
la Comisión de Asuntos Exteriores como en el programa del Partido
Popular, se dijo siempre --lo ha recordado el señor Ministro-- que este
camino hacia el 0,7 del producto interior bruto tenía que realizarse
progresivamente y en la medida que lo permitiera aceptar reducir el
déficit y, lógicamente, conseguir los criterios de convergencia para la
Unión Monetaria. Este es el criterio que siguen todos los países. Y
quiero recordar, porque las cifras, efectivamente, son elocuentes por sí
mismas, que un 0,7 por ciento, en estos momentos, significaría, para un
producto interior bruto de 1997 previsible de 78 billones 657.000
millones de pesetas, 525.000 millones de pesetas. A ver en qué sector
social o en qué partida podría reducirse una cantidad tan grande. Esa es
la razón por la cual en estos momentos se estima que es irrealizable,
aunque, repito, es irrenunciable, para tranquilidaddelaSenadora De Boneta
y de todos --así lo hemos compartido todos--, tratar de conseguir esto, y
dentro del plazo más breve posible.
Incluso --y con esto termino, señor Presidente--, se ha dicho ya, pero
hay que insistir en ello, España no está en mala situación, a pesar de
que estemos insatisfechos. España hace en estos momentos, según la última
estadística que he leído en el «Newsweek», el país número 28 por renta
per cápita, que es el indicador relativo de la riqueza de los países.
Pues bien, en la aportación al desarrollo hace el número 11, es decir,
está muy por delante de países incluso más ricos y prósperos. No nos debe
esto tranquilizar, pero sí lógicamente sosegar nuestras inquietudes.
Por otra parte, en la Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada
recientemente en Roma, si bien se aludió al 0,7, todos los políticos
responsables que allí había, por ejemplo, el señor Bruton, el Presidente
de Irlanda, dijo que habría que ir progresivamente, y solamente señalaba
un 0,05 por ciento por año para poder llegar a ese ansiado y deseado 0,7
por ciento. Incluso, diría más, algunos, por ejemplo el Ministerio de
Agricultura de Australia, barriendo para casa, como es natural, decía: Es
inconcebible que esta ayuda que necesitan los países subdesarrollados se
produzca en unos momentos en que todavía hay países que subvencionan la
agricultura. Lógicamente, se refería a España y a otros. Pues bien,
dígame su señoría si aquí podríamos aceptar de repente no subvencionar a
nuestros agricultores para utilizar medios económicos para los fines a
los cuales nos referimos.
El señor PRESIDENTE: Senador López Henares...
El señor LOPEZ HENARES: Termino ya, señor Presidente, repitiendo que me
ha complacido enormemente ver la coincidencia de puntos de vista, así
como la brillante intervención del Senador Castro Rabadán planteando
cuestiones esenciales que hacen, hoy día, plantearse la manera de
ejercitar esta ayuda al desarrollo para conseguir, efectivamente, no
solamente suprimir el hambre, que, por supuesto, debe hacerse, pues ésta
es una ayuda humanitaria, sino, sobre todo, mejorar el desarrollo de las
instituciones públicas y sociales de los países que se encuentran en esta
situación de subdesarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador López Henares.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías,
intervengo muy brevemente para dar las gracias a la Senadora De Boneta,
así como a los portavoces de los distintos grupos, por sus aportaciones y
por el tono altamente constructivo de las mismas.
Constato también que las distintas intervenciones reconocen las poderosas
razones que en estos momento nos impiden fijar una fecha para alcanzar el
objetivo del 0,7, al que el Gobierno no renuncia, por otro lado, como ya
se ha destacado.
Tengan la seguridad sus señorías de que el Gobierno es sensible a los
argumentos aquí expuestos y que se esforzará no sólo por incrementar las
partidas destinadas a la ayuda, sino también por mejorar su eficacia,
corrigiendo errores y abordando nuevos campos de actuación, como se ha
sugerido. Y todo ello con la ayuda del Parlamento, que, también en este
caso, ha demostrado ser capaz de aportar valiosas sugerencias y
contribuciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON IMANOL BOLINAGA BENGOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES
NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLITICA GENERAL Y PREVISIONES DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LOS POLIGONOS DE TIRO AEREO, Y MAS CONCRETAMENTE
CON EL DE LAS BARDENAS, EN NAVARRA. (670/000035.)
El señor PRESIDENTE: Interpelación de don Imanol Bolinaga Bengoa, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política
general y previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro
aéreo, y más concretamente con el de Las Bardenas, en Navarra.
El señor interpelante tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como quiera que la causa principal de la
presente interpelación se centra en el destino de 2.200 hectáreas,
aproximadamente, de Las Bardenas Reales de Navarra a acciones de
entrenamiento militar, como consecuencia del polígono de tiro aéreo
utilizado por el Ejército del Aire, previamente quiero dejar constancia
clara de que mis palabras no han de interpretarse en supuesta clave
antimilitarista, ni siquiera en un tono antisolidario o de simple
negativa a la prestación de un servicio concreto en pro de lo que es
denominable como defensa nacional.
La razón de fondo de esta intervención se entronca de modo particular y
expreso en la preocupación y en los sentimientos
de la sociedad navarra en toda su plenitud; preocupación y sentimientos,
señorías, señor Ministro, que se encuentran en unánime sintonía con la
totalidad de los partidos políticos de Navarra y con todas y cada una de
sus instituciones representativas, llámense ayuntamientos o Junta
Comunidad de Las Bardenas, llámense Gobierno o Parlamento Forales de
Navarra, significadas todas ellas por sendos acuerdos al respecto.
Trato, pues, de recoger una larga y legítima aspiración, humanamente
racional y lógica, del continente y contenido navarros por la que se
demanda el desmantelamiento íntegro del polígono de tiro aéreo de Las
Bardenas y su recuperación integral para el dominio útil, sin
restricciones, de los navarros, en primer término.
Y llegado a este punto de mi intervención, no me resisto a dedicar un
sentido recuerdo a la memoria de los 22 pilotos militares que,
desgraciadamente, perdieron sus vidas, más todo un cúmulo de sus
ilusiones y realidades, mientras realizaban actividades preparatorias de
tiro y bombardeo en el mencionado polígono. Todos ellos fallecieron
violentamente durante los ensayos de vuelo y de tiro y en el cumplimiento
de órdenes superiores en pro de su mejor preparación para la defensa
nacional.
Entiendo, señorías, que con ellos ha de estar el reconocimiento de este
Senado, justo en este momento en el que dentro de una posible visión
general sobre este tipo de servicios y lugares de ensayo práctico vamos a
tener que referirnos con cierta concreción al polígono de tiro aéreo de
Las Bardenas.
Asimismo, rememoro la docena larga de pilotos militares que resultaron
gravemente lesionados en el mismo lugar y en similares circunstancias. El
sacrificio de unos y de otros, sin duda, debe inducirnos a la reflexión
sobre la más correcta aplicación de sistemas, medios y lugares a los
efectos dichos. Y traigo también a la memoria de sus señorías los
aproximadamente 40 aparatos, tal vez más, que se han estrellado contra el
suelo mientras sobrevolaban Las Bardenas realizando ensayos de tipo
bélico.
Con independencia de que todo este gran número de desgracias en vida,
salud y bienes pudiera o no ser evitado, seguramente podrá decírseme que
son riesgos del oficio y que los acabados de señalar son su consecuencia
más negativa. Y ciertamente es así, señorías. Pero no es menos cierto que
el costo resultante de tal oficio ha sido, en verdad y de verdad,
excesivamente caro en material y, sobre todo, lo que es peor, un tributo
carísimo e irreversible en vidas humanas.
Esta sangrante acumulación de hechos indeseados deben inducirnos, como
primera medida, a hacer un análisis exhaustivo de sus causas, tanto por
sentido común como por sentido práctico, entre las cuales bien podría
caber la circunstancia adversa de que el polígono en cuestión no reunía,
o no reunirá, las debidas garantías de seguridad, ni por su ubicación
real ni por la superficie a la que se contrae, habida cuenta de que su
designación primera quedó datada en el año 1951, y que, posiblemente,
encontrándonos ya hoy en 1997, cabe pensar que las actuales
características del polígono de tiro aéreo no sean las que correspondan a
los innumerables avances técnico-operativos con los que ha venido
desarrollándose la aeronáutica en general y la más específica de los
aparatos de guerra, en todos sus componentes.
No corresponde a este Senador la verificación de lo expuesto, señor
Ministro. Pero a estas alturas, y visto lo visto, considero
respetuosamente que sí debe sentirse obligado su Ministerio de Defensa a
la elaboración y presentación de un estudio técnico militar que solvente
de una vez todas las actuales dudas razonables existentes sobre el
particular o bien determine la adopción de otras medidas ajenas a la
actual ocupación de Las Bardenas Reales como polígono de tiro aéreo.
Entiendo que ésta es una de sus primeras responsabilidades
parlamentarias, señor Ministro. Se lo digo con todo el respeto y con todo
el afecto.
Pero señorías, señor Ministro, esto no es todo. También se dan otro tipo
de circunstancias que por sí mismas pueden obligarnos a desmantelar de
una vez por todas el único polígono de tiro aéreo de todo el Estado
español que continúa el operativo bajo tales características y ubicarlo,
si preciso fuera, en otra zona alejada de Las Bardenas Reales. Más aún,
señor Ministro, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
tiene la convicción firme de que se ha de poner fin a la ocupación
militar del polígono bardenero con absoluta urgencia y de modo
inexcusable, lo más tardar en el próximo año 2001, en el que caduca el
actual contrato de arrendamiento. Entendemos ciertamente que esto tiene
que hacerse posible --es decir, absolutamente necesario-- desde las
máximas instancias del Estado, si es que se sabe adoptar una decisión
política equilibrada y justamente distributiva de cuanto no debe dudarse.
Hemos dicho que el polígono de tiro aéreo de Las Bardenas entró en uso el
año 1951, concretamente el 9 de junio --en una fecha que lo dice todo a
favor de los poderes fácticos de aquel entonces--, por mediación de un
contrato que siempre es renovable a voluntad exclusiva del arrendatario,
es decir, del Ministerio de Defensa, y sin derecho alguno del arrendador
a efectos de rescisión o caducidad del mismo, lo que constituye, a
nuestro entender, un claro abuso de poder jurídico. Y desde aquel año de
1951, hace ya la friolera de 46 años, aquel territorio del antiguo
patrimonio de la Corona de Navarra viene siendo insistentemente machacado
por tiros y bombarderos aéreos sin dar pie a una mínima posibilidad de
rehabilitación ecológica ni a su utilización en libertad.
Día tras día, como quien dice, y año tras año, todos los municipios
congozantes y el Monasterio de La Oliva tienen que padecer y mal soportar
una presión ambiental de índole de guerra tanto psicológica como
físicamente a consecuencia de las prácticas de tiro y de vuelos rasantes
de entrada y salida de los aviones de guerra de todo tipo, ya que, dado
el escaso dimensionado del polígono, sobrevuelan zonas agrícolas y
habitadas. La psicosis de riesgo y la alarma de posibles desgracias son
una constante irremisible entre todos sus habitantes, que rondan los
100.000.
Todos aquellos municipios y sus 100.000 moradores, pese a ser congozantes
de toda la bardena y de todos los disfrutes de su terreno --haciendo
historia, según el Real Despacho de 14 de abril de 1705, emitido por el
Rey Felipe V, a cambio o previo pago, eso sí, de 12.000 pesos-- no
pueden hoy hacer uso en dominio útil de la totalidad del terreno y,
además, tienen que verse de alguna manera penalizados con todo el común
de las molestias descritas. Día tras día, año tras año: ya, 46 años.
Parece ciertamente abusivo, y de hecho lo es, que siempre y únicamente
hayan de ser aquellos municipios congozantes y sus habitantes quienes
tengan que hacer permanente entrega de su calma y de su bienestar a
supuestos intereses, que pueden ser reales, de la defensa nacional.
Sinceramente piensa este Senador, señorías, señor Ministro, que la
situación creada durante tantos años en un mismo lugar y en detrimento
siempre de unos mismos conciudadanos ha llegado a un estado insostenible
y de abuso a todas luces, que requiere, indudablemente, una solución tan
digna como inmediata, yo diría hoy mejor que mañana.
Lo cierto es que el actual contrato de arrendamiento se contrae hasta el
año 2001. Por tanto, señorías, nos aproximamos al infeliz cumplimiento de
unas bodas que no son precisamente de oro, sino bodas de contaminación
acústica, bodas de toneladas de metralla y de restos de fuselaje y de
artefactos de todo tipo; de oro, nada. Cincuenta años, señor Ministro, de
exclusividad bardenera y Navarra a la defensa nacional del Estado en
cuanto polígono de tiro aéreo y bombardeo del Ejército del Aire. ¿Hay
quien dé o hay quien haya dado más?
Es por ello, señorías, señor Ministro, que dado el larguísimo proceso a
través del cual se mantiene con toda su crudeza una verdadera situación
opresiva de tan hondo calado humano y ecológico, y considerando el
sentimiento unánime y acuerdos al respecto de todos los municipios, no
sólo los congozantes, sino de prácticamente toda Navarra, recogiendo
acuerdos plenarios de su Parlamento Foral, decisiones de su Gobierno
Foral y el ánimo de todos los partidos políticos navarros, parece
razonable preguntarse, lo hago a usted, señor Ministro, hasta cuándo va a
persistir un tratamiento de tan cualificada discriminación perniciosa
para Navarra y los navarros y por qué.
En definitiva, desde la perspectiva del Partido Nacionalista Vasco, me he
permitido exponer esta primera batería de razones y argumentos
fundamentados en la insostenible e inaguantable situación bardenera, sin
más ánimo que el de interpelar respetuosamente al Gobierno sobre la
política general, si es que existe una, y sobre las previsiones, si es
que se dan realmente, en relación con los polígonos de tiro aéreo, y más
en concreto con el que hoy me obliga a requerir y ocupar la atención de
todas sus señorías, es decir, el polígono de tiro aéreo de Las Bardenas
Reales, en Navarra, cuyo actual contrato de uso y utilización ha de
prescribir durante el próximo año 2001, o sea, dentro de cuatro años
--que con no ser muchos seguirán haciéndose casi eternamente inacabables
para quienes han de seguir soportándolos en las mismas condiciones que en
los 46 años precedentes. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Para la contestación del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, yo he comenzado a escuchar la intervención del Senador del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con alegría porque
ha apelado a razones que me parece que son de índole superior --como la
solidaridad con todos, como la huida del fácil antimilitarismo-- y ha
apelado además, y se lo agradezco en el alma, a los muertos, a los
heridos y a los daños materiales que ha ocasionado al Ejército del Aire
la actividad imprescindible de entrenamiento a los pilotos.
Yo creo que a sus señorías no se les escapa que si España gasta tanto
dinero en mantener las Fuerzas Armadas --y en concreto el Ejército del
Aire-- y si se invierte tanto capital humano en tener una oficialidad que
está causando asombro fuera de nuestras fronteras en ejercicios y en
operaciones conjuntas con otros países, no nos podemos permitir el lujo
de que no tengan capacidad de entrenarse, no nos podemos permitir el lujo
de que no tengan el tiempo de entrenamiento imprescindible para disminuir
al mínimo el riesgo --como ha dicho su señoría un mínimo forma parte del
oficio, pero estrictamente ese mínimo-- por una estrechez presupuestaria
concreta y coyuntural, de forma que no pudiéramos dar la formación y el
entrenamiento a nuestros pilotos que hicieran que esos accidentes, esas
muertes, esas lesiones, fueran más allá de ese mínimo imprescindible al
que me refiero. Por eso he dicho, señoría, que para mí la primera parte
de su intervención ha sido extraordinariamente grata.
No acabo de ver la coherencia entre la primera y la segunda parte, porque
si se habla de daños sin cuento, si se habla de discriminación
perniciosa, si se habla de insoportable condición, parecería que esto no
debería llevarse ni a Navarra, ni a ningún sitio. Pero a mi juicio no es
así, señoría.
En la actualidad el campo de tiro de Las Bardenas Reales es el único del
que dispone el Ejército del Aire, y es más, como ha dicho su señoría, en
junio del año 2001 finalizará la cesión de derechos sobre el campo de
tiro otorgada por la comunidad de Bardenas al Ejército del Aire. Como no
podía ser de otro modo, no en la actualidad, sino desde hace muchos años
se están estudiando emplazamientos alternativos. Se desechó en su
momento, hace ya años, el polígono de Cabañeros, se ha desechado por este
Gobierno el polígono de Anchuras, se ha descartado también la posibilidad
del Teleno, en León, por no reunir las condiciones, pero hay una
incesante búsqueda de alternativas, respecto a las cuales yo pediría al
Senador que no asuste a sus habitantes con esos males sin cuento --que,
como creo que se puede demostrar, no son totalmente ciertos.
Hay que decir --y en esto coincido con su señoría-- que el polígono de
Las Bardenas no es el ideal y que tiene ciertas limitaciones. Una podría
ser, incluso, su superficie, pero hay otras claras: las condiciones
meteorológicas de la zona obligan en determinadas épocas al cierre del
campo y
restringen en todo caso su empleo operativo y la situación geográfica
tampoco es la ideal, pues obliga a destacar las unidades en
adiestramiento a la Base de Zaragoza. Como sólo hay ese polígono y es
temporal, está doblemente justificado que el Ejército del Aire, el
Ministerio de Defensa, lleve años en la búsqueda de emplazamientos
alternativos, no habiéndose adoptado ninguna decisión formal por el
momento.
Respecto a los problemas que generan los polígonos, hay que señalar que
tanto en el polígono de Bardenas como en cualquier otro polígono de
adiestramiento que se pudiera usar para el entrenamiento de las
tripulaciones, el Ejército del Aire mantiene desde hace muchos años unos
criterios de utilización en los que la seguridad de las poblaciones y de
las propiedades es un objetivo prioritario; tales criterios de
utilización persiguen también la evitación de trastornos sociales y el
hacer mínimos los posibles daños ecológicos.
La zona de Bardenas es un terreno sin arboleda, con una vegetación
compuesta especialmente por esparto y tomillo, tierra de secano de
estructura muy fina y permeable, por lo que resulta intransitable y muy
erosionable por las lluvias. Su preservación, señoría, está garantizada
por la experiencia acumulada en este aspecto por el Ejército del Aire.
Tanto en este polígono como en los de otros países se demuestra que las
especies animales existentes se adaptan perfectamente a las condiciones
de un campo de entrenamiento, incluso se da la circunstancia de que Las
Bardenas Reales ha sido empleado como coto de caza a petición de las
localidades próximas y en numerosos países los polígonos de tiro son
utilizados como cotos y reservas directamente reguladas por el Gobierno.
Hay que resaltar, señorías, que la zona de blancos del polígono de
Bardenas --que tiene una extensión de sólo 2.222 hectáreas-- ocupa 100
hectáreas, luego estamos hablando del 4,5 por ciento de la superficie
total del polígono --que, como hemos acordado, no tiene la dimensión
óptima, pero a pesar de eso, repito, se hace sobre el 4,5 por ciento de
su superficie--. Por tanto, al ser mínima la zona de impactos y al caer
material inerte se garantiza la preservación del valor ecológico de la
zona y del medio ambiente. El resto, el 95,5 por ciento, señorías, es
zona de seguridad.
Respecto a la incidencia sobre la posible actividad agraria, el Convenio
sobre pagos complementarios de los de cesión del polígono de Las Bardenas
Reales de Navarra entre el Ministerio de Defensa y la comunidad
bardenera, suscrito el último el 31 de mayo de 1995, garantiza una
cantidad global de 414.777.355 pesetas entre los años 1995 y 2001.
Por tanto, y para terminar, señor Presidente, reitero el agradecimiento
por las primeras palabras de comprensión y apoyo a la actividad de
entrenamiento del Ejército del Aire por parte del Senador interpelante y
transmito la confianza en que la totalidad de la Cámara entenderá que
poner un polígono de tiro en cualquier punto --el que resulte más
adecuado de acuerdo con esos estudios técnicos que el Senador reclama y
que el Ministerio realiza-- no se debe considerar una discriminación
perniciosa, origen de males sin cuento, sino tan sólo una contribución a
las necesidades comunes de la defensa nacional. De otra manera, podríamos
estar sugiriendo casi la existencia de un polígono errante que no parece
ser la solución más correcta y, de hecho, no ha sido adoptada por ningún
país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Bolinaga tiene la palabra durante cinco minutos por el
artículo 84.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en realidad creo que existen muchos puntos de
convergencia entre su señoría y este Senador que ha presentado la
interpelación.
En efecto, el polígono de tiro actual de Las Bardenas forma uno de los
mejores y más singulares ecosistemas esteparios puros que existen en la
Península Ibérica. Además, por su flora y su fauna se merece la
catalogación de reserva natural cuando menos.
Yo, así como usted no ha visto una gran relación entre la primera parte
de mi intervención y la segunda, creo que, efectivamente, existe una
interrelación total y plena, porque lo primero no se entiende sin lo
segundo. En cuanto hay que entender, como terminaba diciendo su señoría,
que la existencia de un polígono de tiro aéreo tiene que interpretarse en
sus justos términos, que son el de una contribución a los efectos de la
defensa nacional, señor Ministro, estamos totalmente de acuerdo. Ese no
es el problema que cuestiona este Senador; el problema que cuestiona este
Senador es por qué esa contribución a la defensa nacional, que es justa
e, inclusive, necesaria, debe tener una duración hasta hoy de 46 años por
parte de los bardeneses y de los navarros, y por qué tiene que seguir
«sine die», no sabemos hasta cuándo, haciendo la misma contribución. No
parece que se ajusta a una justicia distributiva de responsabilidades que
han de ser compartidas en el funcionamiento de un Estado y en la
contribución que haya que realizar con la defensa nacional. Ese es el
problema.
En cuanto que las molestias o los posibles riesgos que este Senador
indicaba y que usted los ha definido un tanto irónicamente, en el buen
sentido de la palabra, como «males sin cuento», no es que sean males sin
cuento, son males constatados, son males constatables; si fueran por un
período más o menos corto, más o menos reducido y tuviesen una
terminación, podrían ser tolerables, perfectamente, pero si se han de
eternizar en el tiempo, no es que no sean tolerables, señor Ministro, son
totalmente inadmisibles.
Por consiguiente, señor Ministro, me deja usted muy pocas opciones,
porque si hemos de tener en cuenta, como he repetido ya reiteradas veces,
el largo e intenso uso de Las Bardenas como polígono de tiro aéreo, como
contribución larga, muy larga, especial y digamos que exclusiva de
Navarra para la defensa nacional, teniendo en cuenta las molestias, que
podrán ser no molestias sin cuento, pero muchas, muchísimas y graves,
gravísimas molestias que se están produciendo en el tiempo, y el
indudable riesgo
--porque un riesgo existe, reconocerá, señor Ministro-- que entraña la
actividad tantas veces descrita, es justo y razonable que se dé por
definitivamente prescrito el contrato en la fecha citada del próximo año
2001. Sin menoscabo, además, de que pueda serlo con anterioridad.
Y sea así, señor Ministro, debidamente atendida la justificada demanda
social de toda Navarra en general y de toda la población bardenera en
particular, de manera que ésta pueda gozar del dominio útil de Las
Bardenas Reales en toda su integridad tras la adopción de las medidas que
sean pertinentes, incluidas las de reparación y limpieza del entorno.
Todo, señor Ministro, menos seguir abusando «sine die» del sacrificio,
que indudablemente lo es y me lo tendrá que reconocer, de los navarros y,
concretamente, de los bardeneses. Y agravándolos con tan intensas y
frecuentes molestias de todo orden con carácter de exclusividad, que es
también un punto que le pido a su señoría lo tenga muy presente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, vaya
terminando.
El señor BOLINAGA BENGOA: Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, solamente quiero decirle que Navarra entera nos está
diciendo ¡basta ya! en lo que a la utilización y a la existencia del
actual polígono de tiro aéreo de Las Bárdenas se refiere.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir de forma breve para fijar la posición del Grupo Mixto y
principalmente la de esta Senadora de Eusko Alkartasuna sobre el tema
que, desde mi punto de vista, ha traído a debate y ha interpelado el
Senador Bolinaga oportunamente. Hago el inciso aquí de responderle en
términos de oportunidad a la respuesta que anteriormente me ha dado el
mismo Senador en términos de incomprensión de mis posturas.
Quiero decir en este sentido que no voy a hacer lo que aquí ha planteado
el Senador Bolinaga ni voy a coincidir con él en esa huida coyuntural de
lo que decía el señor Ministro sobre la manifestación de antimilitarismo
o de la defensa de una posición contraria a la colaboración y prestación
del servicio militar obligatorio, felizmente en vías de extinción. No
puedo renunciar a esos principios, pero quiero decir que mi postura
favorable a la interpelación que plantea en este momento el Senador
Bolinaga, no lo es sólo por una razón de principios, sino, además, por
los graves perjuicios --señalados por el propio Senador-- que vienen
sufriendo en solitario y únicamente los ciudadanos y ciudadanas navarras,
y quizá algo también los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de
Aragón, que están sometidos al ámbito de influencia de ese único campo de
entrenamiento de tiro aéreo de la Defensa. En este sentido no se
comprende muy bien por qué únicamente y sólo ellos tienen que prestar esa
colaboración solidaria para que el Ejército del Aire pueda entrenar con
el fin de conservar la capacidad operativa que las Fuerzas Armadas --en
este caso las Fuerzas Armadas del Aire-- tienen reconocida, como ha dicho
el Ministro.
Yo sí encuentro coherencia en los planteamientos y no, en cambio, en la
contestación del señor Ministro, puesto que, si no he entendido mal, ha
venido a decir que, existiendo estudios alternativos para otra ubicación
de un campo de características similares, no hay ninguna solución y, con
el poco tiempo que queda, que prácticamente se circunscribe a esta
legislatura, no parece que haya apuntado ningún camino en el horizonte
que vaya a representar una solución inmediata. En todo caso parece que el
señor Ministro ha querido decir que en tanto en cuanto este contrato,
quizás aceptado de una forma inconsciente pero ciertamente leonino por
sus consecuencias, va a durar y va a seguir hasta el año 2001 por mucho
que eso reporte a la comunidad de Las Bárdenas una cierta cantidad
económica importante, tal como ha señalado el señor Ministro.
A mí me parece que el Senador Bolinaga no ha asustado a ningún ciudadano
afectado, ni tiene que hacerlo, puesto que yo creo que ya lo están
bastante ya que conocen de sobra y han soportado el suficiente tiempo, 46
años --como bien se ha indicado reiteradamente--, esta situación, sin
perjuicio de que ese ecosistema y esa reserva natural, a la que ha
aludido el Senador Bolinaga y también el señor Ministro, pueda,
precisamente por tener un alto valor ecológico, ser objeto de un
tratamiento distinto, puesto que a pesar de la adaptación de las
especies, es posible que ésta no lo sea con un carácter «ad infinitum» y,
además, no es...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora, vaya terminando, por
favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí, señor Presidente.
Y como decía, no es una excusa para no dar una solución a algo que tiene
que tenerla y un espacio alternativo.
Yo únicamente insistiría aquí en que este trato sí es discriminatorio en
cuanto a que solamente los ciudadanos, en este caso navarros y
aragoneses, sufren del impacto de este campo y en tanto en cuanto en todo
este tiempo no ha habido una solución alternativa para que al menos si
este tipo de contribuciones deben de ser prestadas, lo sean de una forma
equitativa, o las cargas de estas contribuciones sean repartidas de forma
equitativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Salvador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, he seguido con interés, sin duda como todo el resto de la
Cámara, la interpelación presentada por el Senador Bolinaga. En el fondo
es una interpelación que se concreta en el polígono de tiro aéreo de Las
Bárdenas pero afecta e implica también a la propia política general y
previsiones del Gobierno en relación con los polígonos de tiro aéreo.
Concretamente respecto a Las Bárdenas, en Navarra, sí que es necesario
remarcar, y así lo hacemos, señor Ministro, el extenso período de
utilización del mismo --se está hablando de 46 años--, la importancia que
ha tenido y que tiene esta propia utilización --ha sido escenario
habitual de prácticas de la fuerza aérea incluso norteamericana y de la
OTAN-- y también, por nuestra parte, señalamos la larga, extensa y
dilatada contribución del polígono de tiro de referencia a los intereses
defensivos del Estado por el tiempo transcurrido, por la intensidad de su
uso, por la importancia y la consiguiente, queramos o no, presión
ambiental. Por tanto, entendemos también nosotros que es el momento de
debatir cuál va a ser el futuro, y estamos hablando del 2001, dentro de
esta política general del Gobierno con respecto a los Polígonos de tiro
aéreo.
El debate, a mi entender, ha ido transcurriendo de la siguiente manera:
por parte del Senador interpelante haciendo referencia e hincapié a
razones de fondo, con preocupación y sentimiento de Navarra en su
conjunto sociopolítico, a una aspiración de desmantelamiento del polígono
de referencia; ha hablado de riesgos y hechos acontecidos en el
transcurso de estos años, cuestionando al mismo tiempo la seguridad y
ubicación de este polígono, dados los años quizás en que fue diseñado y
en que fue, finalmente, adaptado a su ubicación final, y, sin duda,
pidiendo también la no renovación del convenio-contrato que prescribe el
2001, con medidas urgentes e inmediatas a tomar.
El señor Ministro, por su parte, entiendo que ha hecho una referencia a
las apelaciones iniciales del propio interpelante, al esfuerzo del
Ejército del Aire y a la necesidad de poder entrenarse, porque es así; a
que el polígono de Las Bárdenas es el único en todo el Estado, y dice el
señor Ministro: aunque no es el ideal y hay necesidad de buscar otras
alternativas; y ha hecho mención --cosa que también es importante-- a la
mínima ocupación actual dentro de lo que es la extensión del polígono.
Termina haciendo --creo que es lógico y nosotros lo aceptamos-- un
llamamiento a que sea cual sea su ubicación no entremos en una discusión
de que los propios polígonos de tiro representan algún tipo de riesgo.
Sin duda, señorías, señor Presidente, poder compaginar los intereses del
entorno del polígono de Las Bárdenas y la petición de un estudio serio o
acerca de su continuidad o no, con la necesidad de poder disponer de un
polígono de tiro aéreo, sin duda imprescindible, yo diría que es la
conclusión a que llega este Senador, es decir, la necesidad de compaginar
estos intereses legítimos de ambas partes. Si existe voluntad del
Ministerio y se entra en una línea de decidida solución final, creo que,
sin duda, éste sería un buen camino.
Será importante conocer, Senador Bolinaga, cuál va a ser el planteamiento
de la moción, que estoy convencido que va usted a plantear, con la
voluntad de nuestro Grupo de que sea lo más positivo en su totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no voy a reiterar antecedentes históricos de mayor o menor
antigüedad y de mayor o menor enjundia sobre Las Bardenas Reales de
Navarra porque los que me han precedido en la tribuna lo han hecho con
bastante acierto, sin perjuicio de algún desliz puramente cacofónico, al
menos para los navarros, como el de poner un acento esdrújulo que ha
comenzado por el Presidente de la Cámara, que ha continuado la Senadora
Boneta y que, al final, el Senador del Grupo de Convergència i Unió ha
tenido que seguir por la misma línea, pero que es lógico por cuanto que,
como alguna otra asignación que ha hecho de algún gentilicio el Senador
Bolinaga inexistente en Navarra, yo lo entiendo porque efectivamente la
lejanía del territorio en unos casos, el desconocimiento de los topónimos
y de los gentilicios a veces nos produce alguna confusión, pero de todo
punto razonable y de todo punto explicable.
Por tanto, como digo, no voy a hacer reiteración de esos antecedentes
porque lo han hecho ustedes muy bien, y voy a centrarme en lo que hoy
ocupa nuestro tiempo, señor Ministro, que es un problema político en
materia de defensa planteado por el Senador interpelante, cual es: qué
está haciendo el Gobierno para encontrar un lugar idóneo dentro del
territorio español que sirva de entrenamiento a la Fuerza Aérea española.
Y he de decir con cierta pena que de lo escuchado al señor Ministro no
parece que tenga el Gobierno una solución para el problema que aquí se le
ha planteado en términos genéricos, como cuál es la política del Gobierno
en materia de polígonos de tiro, y concretamente en términos específicos,
sobre el único de esos polígonos que existe actualmente en España, que es
el de Las Bardenas Reales.
Señor Ministro, siento recordarle que, en toda su intervención y como
respuesta a esa interpelación, no ha dicho más que dos palabras: estamos
intentando una búsqueda incesante. Las dos primeras me las acabo de
inventar. Usted se ha referido solamente a búsqueda incesante. Esa ha
sido toda su respuesta a la interpelación que, en materia de polígonos de
tiro, le ha planteado el Senador interpelante.
Una vez más, señor Ministro, en un asunto importante, como es el de la
Defensa nacional --y le aseguro que se lo voy a decir con todo el
respeto, pero no encuentro otro calificativo que, sin herir su
sensibilidad, dé cuenta de la política que ustedes están haciendo en esta
materia--, la política del Gobierno es una política errática, sin rumbo.
Una prueba de lo que acabo de decir --una sola prueba, y no
voy a hablar de otras cuestiones en materia de defensa-- es que el
Gobierno de España no tiene respuesta para la interpelación que se le ha
planteado hoy en esta Cámara sobre los polígonos de tiro.
Señor Ministro, el Partido Socialista, en esta materia, como en tantas
otras y una vez más, renuncia a hacer objeto de demagogia el asunto tan
delicado que tienen ustedes entre manos, porque esta situación podríamos
caracterizarla, sin temor a equivocarnos, de la siguiente manera
reconocido además por usted: el Ejército del Aire no tiene, por acción
del gobierno de España, de éste y de otros --pero estamos hablando de la
actualidad--, no tiene, repito, más que un campo de entrenamiento: el de
La Bardena navarra, campo sobre el que concurren varias circunstancias.
Una, obedece a un contrato de arrendamiento que, como bien se ha dicho,
finaliza en el año 2001. Dos, es un campo inadecuado para las necesidades
propias y para las derivadas de los compromisos contraídos por el
Gobierno de España en esta materia. Tres, la sociedad navarra, con sus
instituciones forales al frente --el Gobierno y el Parlamento-- aspiran
al cierre de dicho campo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Ardaiz, se le terminó el
tiempo.
El señor ARDAIZ EGÜES: Ahora mismo acabo, señor Presidente. Confío en que
me dé el mismo tratamiento que a los Senadores que han intervenido hasta
ahora.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Intento dar el mismo a todos,
señoría.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
Todas estas posiciones, señor Ministro, confluyen en una misma dirección:
la desaparición del polígono de tiro de Las Bardenas a más largo o a más
corto plazo. Más diré: el Gobierno de Navarra tiene prevista la
declaración de parque natural de Las Bardenas Reales. ¿Qué va a hacer
entonces el Gobierno de la nación? ¿Va a tener la misma sensibilidad que
ha tenido con Anchuras? ¿Va a decir usted las mismas cosas que ha dicho
cuando la Ministra, señora Tocino, dijo que no al campo de Anchuras y lo
ratificó el señor Aznar en sus declaraciones? Me gustaría que tuviera la
misma sensibilidad y, sobre todo, les gustaría a los navarros y a los
socios que tienen ustedes allá en Navarra, al Gobierno de UPN. Entonces,
señor Ministro, cuando tengan esa sensibilidad que supongo igual, ¿el
Ejército español irá a entrenar al Canadá?
Señor Ministro --y con esto termino--, yo le deseo, y lo hago
sinceramente, un éxito en la gestión de esta materia que estamos
tratando, por dos razones. La primera, porque supondrá que habrá un campo
de tiro en buenas condiciones de maniobrabilidad, de seguridad, de menor
coste que el que existe ahora, de mejor operatividad respecto a las bases
donde están situados los aviones. La segunda, porque supondría la
desaparición del polígono de tiro de Las Bardenas, pero mucho me temo,
señor Ministro, después de lo que le he oído, que ni nuestro ánimo ni
nuestros deseos van a poder hacer nada que ustedes no hagan, que es
resolver los problemas gobernando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
Tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, escuchaba yo la interpelación del representante del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la que no ha hecho
prácticamente alusión a lo que es la política general española en materia
de polígonos de tiro, centrándose en la cuestión del polígono de Navarra,
de donde no es Senador electo el Senador Bolinaga y donde ninguna
representación tiene el Partido Nacionalista Vasco, y recordaba la
historia de aquel niño al que alguien se había empeñado en ayudarle a que
cruzara la calle, y me daba cuenta de que Navarra no es un niño, y de
que, si desea cruzar la calle, la cruza si quiere. Quiero manifestar con
esto que, evidentemente, y por mero deber de cortesía parlamentaria, se
agradece, pero se señala que cuando los navarros tenemos alguna cuestión
en nuestras relaciones con el Gobierno central, nos las arreglamos solos
y nos las solemos arreglar bien, así lo dice la Historia.
Quiero comenzar mi intervención sobre la interpelación que se había
traído a esta Cámara subrayando cómo el Grupo Parlamentario Popular
comparte con la mayoría de ustedes la convicción de que no es sólo
necesario sino, aún más, imprescindible para nuestras Fuerzas Armadas,
disponer de un polígono de tiro en el que nuestra Fuerza Aérea pueda
adiestrarse y entrenarse en condiciones idóneas. Como representantes de
nuestro pueblo, simplemente como españoles, deseamos, como es obvio, que
nuestro Ejército esté lo mejor dotado y lo mejor preparado que sea
posible. A tal fin, coincidiremos todos en que es imprescindible poder
contar con un campo seguro, un campo que disponga de una extensión
superficial suficiente para facilitar las maniobras de aproximación y
salida sin tener que sobrevolar zonas densamente habitadas, ubicado en
una situación geográfica que permita el fácil acceso a las diferentes
bases aéreas, enclavado, en fin, en un lugar en el que las condiciones
climatológicas habituales sean aceptables y, en definitiva, emplazado en
una zona en la que sea posible el mayor y mejor respeto al medio ambiente
y a lo usos tradicionales de aquélla. Y estamos convencidos de que en
nuestro país existen zonas, al menos semidesérticas y prácticamente sin
alta densidad de población, que podrían ser útiles a tal fin.
El Gobierno de la nación, valorando los diversos intereses generales en
conflicto, ha adoptado, a nuestro entender con un acertado criterio, la
decisión de cancelar el proyecto del campo de tiro del Ejército del Aire
en Anchuras. Igualmente por razones operativas, se ha descartado, como ha
señalado el Ministro, el de Teleno.
Por otra parte, es evidente que el Gobierno conoce cómo el 9 de junio del
año 2001 --rectifico aquí la cifra que señalaba por escrito el
interpelante-- finaliza el contrato
de cesión de derechos para arrendamiento del polígono de tiro de Las
Bardenas Reales. Debo referirme ahora a esta cuestión, pues, en
definitiva, ha centrado la interpelación formulada.
Los navarros tenemos las ideas muy claras sobre esta cuestión. El
Vicepresidente de nuestro Gobierno, don Rafael Gurrea Induráin, cuyas
palabras quiero trasladar a sus señorías, en la sesión del Parlamento de
Navarra del pasado 24 de octubre --a la que, evidentemente, no pudo
asistir ningún representante del PNV como parlamentario, pues carecende
representación en nuestra Cámara Foral--, decía que el Gobierno Foral,
sintiéndose plenamente arropado por la voluntad de aquella Cámara y de
otras instituciones --destacaba aquí a la comunidad de Bardenas y a los
ayuntamientos congozantes-- mantendrá en todo momento con firmeza la
posición de éstas de que el contrato que arrienda el polígono de tiro
termina el año 2001. Ni más ni menos. Con esto no manifestaba el Gobierno
Foral sino su plena coincidencia con el tenor literal de la resolución
que sobre el polígono de tiro referido aprobó por unanimidad nuestro
Parlamento Foral en sesión plenaria de cinco de octubre de 1988, en la
que se acordó declarar que el cierre del polígono de tiro de Las Bardenas
Reales constituye una legítima aspiración de las poblaciones afectadas
que el Parlamento de Navarra asume como propia.
En la referida sesión plenaria de octubre pasado --como digo-- nuestro
Vicepresidente pudo y dar y dio, a todos los legítimos representantes del
pueblo navarro, cumplida cuenta del criterio que el Gobierno de la nación
nos había directamente trasladado en relación con la cuestión. Este
Senador no duda, en cualquier caso, de que sería interesante, si la
interpelación se hubiera enunciado con la amplitud que el «petitum»
señalaba, que el Gobierno de España no manifestase su criterio de
política general de polígonos de tiro e, incluso, concretase, esta vez a
las Cortes Generales y, en concreto, a la Cámara de Representación
Territorial, la situación del polígono de tiro de Navarra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Iribas, tiene usted su
tiempo agotado.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Concluyo solicitando la prórroga de
convenio que se la ha facilitado al Senador Ardaiz.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Exactamente le queda un minuto,
haciendo una interpretación benigna.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Continúo porque nuevamente queremos ser claros. El actual polígono de Las
Bardenas no reúne, evidentemente, importantes parámetros de idoneidad,
como ya se ha señalado aquí. Pero esto, con ser importante, no es lo que
motiva nuestra postura. No pretendemos, en efecto, su supresión en estos
momentos porque reúna mejores o peores parámetros. Queremos, después de
tantas décadas, que el polígono se desmantele cuando finalice el
arrendamiento, reúna o no los parámetros, en tanto que asumimos como
propia la legítima aspiración de la Comunidad bardenera que no bardenesa
--así la llamamos en Navarra y usted ha dicho bardenesa dos veces-- y de
los ayuntamientos congozantes. Usted ha hablado de bardeneses, pero no
vamos a hacer aquí un debate semántico. El Senador Ardaiz también lo ha
oído.
Nosotros, así como la referida Comunidad de Bardenas Reales, que abarca
41.844 hectáreas --vuelvo a rectificar el texto de la interpelación-- y
los propios ayuntamientos congozantes, entendemos que ha llegado el
momento de recuperar la calidad de vida y la tranquilidad en aquella
zona.
Si Navarra ha sido solidaria con el resto del Estado, ahora pide en
reciprocidad la solidaridad del Gobierno de la nación para no buscar
incesantemente, para cesar en la búsqueda, precisamente, porque se haya
encontrado una alternativa adecuada que debe cubrir, como aspiramos, las
legítimas necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Gobierno y,
en definitiva, de nuestra patria.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Si el señor Ministro desea intervenir, puede hacerlo.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
Presidente.
Si me lo permiten, señorías, yo quería comenzar, tomándome esa libertad
por el tono extraordinariamente amable que han tenido todas las
intervenciones, la mía con un chiste. Con ello pretendo, con todo cariño,
poner de manifiesto las contradicciones que puede haber entre las partes
en algunas intervenciones. El chiste trata de uno que todo quería
repartirlo y que cuando llegó a las bicicletas dijo: no, bicicletas no
que yo tengo.
Todos estamos de acuerdo --lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido
Popular-- en que es imprescindible un campo de entrenamiento, en que es
no sólo necesario --repito-- sino imprescindible, no sólo para el
Ejército del Aire, puesto que la Armada también necesita polígonos y el
Ejército de Tierra campos de tiro y de maniobras y entrenamiento. El
problema es dónde se ubica.
Al respecto, quisiera hacer una referencia a la Senadora de Eusko
Alkartasuna que ha dicho que esto lo ha sufrido Navarra en solitario.
Navarra en solitario ha tenido Las Bardenas Reales, pero decenas de
ciudades, centenares de municipios de toda España han contribuido y van a
tener que seguir contribuyendo a la defensa nacional. La existencia de
una instalación aérea, naval o terrestre afecta siempre al entorno donde
se encuentra. Por tanto, no se puede decir que sólo ellos lo han sufrido.
No, señorías, no lo ha sufrido sólo Navarra. Todas las regiones españolas
tienen instalaciones militares y en mayor o en menor medida --lo repito--
afectan al entorno.
Otro argumento es la duración. Habitualmente los polígonos de tiro se
obtienen por un título de propiedad de carácter
permanente y definitivo, o bien por compra o bien por expropiación. Los
polígonos de tiro, como las demás instalaciones militares, como las
centrales eléctricas o como el trazado de las carreteras se tienen en
sitios permanentes. No tendría sentido, y no es la política del Gobierno,
hacer polígonos de tiro rotatorios y que cada equis años los tenga una
Comunidad. No es ésa la política. Antes usé la palabra «errante», pero
bien puedo decir itinerante o rotatorio. La política es buscar el mejor
emplazamiento con carácter definitivo. Y ese emplazamiento se está
buscando por razones técnicas. Se están haciendo unos descartes, algunos
de los cuales ya he explicado. En definitiva, se va a propiciar que el
que se encuentre y sea técnicamente más adecuado sea también
políticamente aceptable.
Hay otro punto al que me gustaría hacer referencia. Yo entendí cuando
estudié la carrera que los contratos eran materia de ley entre las partes
contratantes. Aquí se ha dicho que el contrato, no el de 1951, señorías,
sino el del año 1995, se hizo inconscientemente y que era leonino. Yo
creo que si fuera así habría que mirarlo en la sede correspondiente que
sería la sede judicial. Ese contrato es válido. El criterio del Gobierno,
como se ha expresado muy bien, es respetar los términos del contrato. Y
como es un contrato habría que contar con la voluntad de la otra parte
para hacer cualquier novación del mismo. Y si no hay voluntad por la otra
parte, habrá que buscar emplazamientos alternativos, que es lo que está
haciendo desde ya el Gobierno.
Le voy a decir algo con todo afecto. Sé que desea que el Ministro acierte
en la gestión de los polígonos de tiro, pero no diga que no va a hacer
demagogia haciendo demagogia, por favor. El Ministro que le habla compró
el polígono de Cabañeros, que era el que técnicamente estaba entonces
aconsejado por el Ejército del Aire y conoció todas las vicisitudes para
dejar Cabañeros. Por tanto, no empleemos la demagogia y no la empleemos
nadie. Hay que buscar --todos tenemos que ser conscientes de ello--,
porque es imprescindible, un polígono de tiro para el Ejército del Aire.
Busquémoslo e intentemos entre todos hacerlo comprensible, hacerlo
aceptable porque en eso no hay «males sin cuento», sino males exagerados
es lo que en las poblaciones circundantes produce más temor que realidad.
No hay, señoría, una búsqueda errática. La búsqueda la está realizando
desde hace muchos años el Ejército del Aire. El problema para todos los
que tenemos responsabilidades políticas es ver que hay determinadas
iniciativas, determinadas inversiones que podrían ser muy favorables y
que, sin embargo, por un miedo más o menos cultivado no pueden ser
llevadas a la práctica.
En la Cámara se ha citado la posibilidad de ir a entrenar a países tan
lejanos como Canadá. Nuestra economía, nuestra situación, el estado de
las relaciones internacionales, no nos permitiría hacer eso. España, y
ésta es una de sus ventajas, por razones climatológicas, por razones de
extensión y por razones de escasez demográfica, es un país privilegiado
para la existencia de esos polígonos. Sería bueno para España que
vinieran militares de otros países de la Alianza a entrenar aquí. Sería
bueno para la economía, sería bueno para la interpretación internacional,
pero, a veces, hay miedos cervales que no son reales. Podría darse el
caso de que perdiéramos beneficios por miedos infundados.
Si todos aceptamos con realismo que las Fuerzas Armadas y, en concreto,
el Ejército del Aire tienen que tener unos polígonos de tiro, si todos
respetamos la voluntad de las partes, y en este caso de la Comunidad de
Las Bardenas Reales, encontraremos un emplazamiento alternativo para que
no haya una respuesta negativa antes de que se diga el nombre propio por
parte de los representantes afectados. Creo que está expuesta la política
de polígonos de tiro. Se quieren tener en España y se quieren poner en el
sitio que reúna las condiciones de ser técnicamente más adecuado y
políticamente aceptable.
En segundo lugar, en cuanto a lo de Las Bardenas, hay un período hasta el
2001. El Ejército del Aire, el Ministerio de Defensa, ante la
eventualidad de que eso pudiera no ser renovado, está buscando un
emplazamiento alternativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
(El señor Bolinaga Bengoa pide la palabra.)
Senador Bolinaga, ¿en función de qué artículo solicita la palabra?
El señor BOLINAGA BENGOA: En función del artículo 87, o si el señor
Presidente lo prefiere, en función del artículo 88 del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Puede hacer uso de la palabra en
función de cualquiera de esos dos artículos por tiempo de un minuto.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Senador Iribas, no quiero dar mayor importancia a sus referencias
negativas al PNV en Navarra ni tampoco a su alusión concreta en el
sentido de que este Senador no es electo por Navarra --cosa que ya
sabemos--, como tratando de poner cortapisas a la libertad parlamentaria
de este Senador, que está dispuesto, a tenor de sus criterios, a defender
Navarra, a defender Euskadi, a defender la Comunidad Autónoma de Murcia o
a defender cualquier otra. Por tanto, tengo que decir que su referencia
no ha sido demasiado elegante, y es que tal vez haya una diferencia de
talante entre su señoría y este Senador.
Dado el tenor de esta interpelación, yo seguía aún manteniendo mis dudas
para, como consecuencia de ellas, presentar una moción. El caso es que la
intervención de su señoría me ha animado, me ha convencido plenamente --y
le agradezco el ánimo que me ha dado-- con lo cual, pese a que su señoría
decía que Navarra y los navarros se bastan por sí solos para defender sus
intereses, repito que su señoría me ha animado efectivamente para que
presente una moción como consecuencia de esta interpelación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Iribas
Sánchez de Boado pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Iribas también por un minuto.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decirle simplemente a mi apreciado compañero de Cámara, el Senador
Bolinaga, que en modo alguno ha habido una referencia negativa al PNV. Yo
he relatado estrictamente datos objetivos y constatables en la
estadística parlamentaria de Navarra desde hace muchísimos años al decir
que ustedes carecen de representación en la Cámara Foral y que no la han
tenido ni en esta legislatura, ni en la anterior ni tampoco en la otra,
etcétera, pero no era una referencia negativa; negativa será para ustedes
que no han conseguido esa representación a pesar de haber puesto todo su
empeño en ello.
En cuanto a que quiere usted presentar mociones, efectivamente, puede
usted hacerlo. Su señoría tendrá que valorar los criterios de oportunidad
que en la anterior interpelación valoraba a la contra precisamente para
una compañera. Y también le digo otra cosa: si tanto le animan mis
palabras, pronto le transmitiré algunas otras porque quizá sea bueno para
convencerles de que cesen en algunas actitudes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA, EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO. (S. 621/000007.) (C. D. 121/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a debatir el tercer punto
del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre proyectos y
proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Anuncio a esta Cámara que la intención es debatir el veto y proceder a su
votación antes de suspender la sesión.
Vamos a debatir en primer lugar el dictamen de la Comisión de Interior y
Función Pública en relación con el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Cañellas.
El señor CAÑELLAS FONS: Señor Presidente, señorías, cumpliendo el mandato
que me confió la Comisión de Interior y Función Pública comparezco ante
la Cámara para presentar el dictamen de la misma acerca del proyecto de
ley de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado.
Este es un proyecto que tuvo su entrada en la Cámara el día 4 de
diciembre del pasado año que contenía y contiene una exposición de
motivos, 66 artículos, 21 disposiciones adicionales que a través de la
tramitación han quedado reducidas a 17, tres disposiciones transitorias,
una derogatoria y dos finales.
La Ponencia se reunió el día 16 de febrero de 1997 para estudiar las
enmiendas presentadas al proyecto que eran las siguientes: una de veto y
259 al articulado y a las diversas disposiciones que lo componen. Emitido
el informe por la Ponencia, la Comisión se reunió el día 18 de este mismo
mes y elaboró el dictamen que hoy presento a sus señorías. Al dictamen
siguen subsistiendo una propuesta de veto y ocho votos particulares en
relación con el texto de la misma, votos particulares que son los que a
continuación vamos a debatir. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cañellas.
Para defender su propuesta de veto tiene la palabra la Senadora De Boneta
y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente una propuesta de veto conlleva una actitud de
rechazo a la globalidad de un proyecto de ley. Se puede considerar, como
manifestaba en Comisión el representante del Grupo Popular, que al
presentar una enmienda de esta naturaleza se plantea una duda con
respecto a la oportunidad del proyecto. En este caso, la propuesta de
veto que presento en nombre de Eusko Alkartasuna no representa un juicio
negativo con respecto a la oportunidad del proyecto. Desde nuestro punto
de vista es no sólo oportuno, sino absolutamente necesario proceder a la
reforma de una Administración obsoleta en su estructura, que responda a
un modelo de Estado que contemple no sólo la descentralización o la
desconcentración del ejercicio y la ejecución de diversas competencias,
sino que va más allá si al hablar de autonomía hablamos de lo que
doctrinal y políticamente representa la autonomía: el ejercicio de un
poder político propio, la capacidad de legislar y, en definitiva, el
autogobierno.
No es coherente con el modelo el mantenimiento de una estructura orgánica
en el Gobierno del Estado, en los departamentos ministeriales, que
mantenga intacta la estructura preexistente: ministros, secretarios de
Estado, subsecretarios, secretarios generales, directores, subdirectores
generales por mucho que se establezca la distinción entre órganos
superiores y órganos directivos. Y no es coherente, desde el punto de
vista de esta Senadora de Eusko Alkartasuna, porque el mantenimiento de
toda esta estructura parece olvidar o intentar dejar en letra muerta
todas las disposiciones a que he hecho referencia.
Los Estatutos de autonomía, aun incumplidos en muchas de sus
disposiciones e incompletos en su letra y en sus potencialidades, como es
el caso del Estatuto de Gernika,
han producido ya el traspaso de muchas competencias sobre las que se
legisla. Se ejerce el desarrollo legislativo o la ejecución a través de
unos órganos, de unos poderes de una Administración propia, en este caso,
naturalmente, de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, de la
Administración del Gobierno central no puede permanecer intacta o
prácticamente intacta y mastodóntica, desde mi punto de vista, como si no
existieran Administraciones en las naciones y regiones.
Por eso, reconociendo oportuna y necesaria la reforma, consideramos que
este proyecto de ley sólo maquilla, sólo cambia algún nombre en los
órganos periféricos de la Administración central, conservando
prácticamente intactas las funciones. Me estoy refiriendo, obviamente, a
los Subdelegados del Gobierno que sustituyesen a los Gobernadores
Civiles, que aun debiendo ser nombrados entre funcionarios, lo son de
acuerdo con criterios que responden a nombramientos políticos y no a
criterios habituales aun en puestos de confianza política en la función
pública. No los nombran los delegados según su criterio, como siempre,
como en el caso de los gobernadores civiles, intervienen los Ministerios
de Interior y de Administraciones Públicas. Conservan además funciones
esencialmente políticas, más allá de la simple dirección y coordinación
de los servicios que aún presta la Administración central en las
provincias o territorios históricos de las distintas comunidades.
Reforma, señorías, sí, pero no esta reforma, en mi opinión tibio retoque.
¿Para qué son necesarios en el actual sistema de distribución de poder
político más órganos superiores que Ministros, Secretarios de Estado, con
su correspondiente «staff» y grupos de funcionarios al servicio de cada
uno de los Ministerios u órganos directivos más allá de los Directores
Generales, y además, con los servicios de los funcionarios
correspondientes? ¿En qué título, capítulo, artículo se refleja la
Administración única, término exitosamente acuñado por el Partido Popular
y que, en mi opinión se introduce retóricamente en la exposición de
motivos del proyecto sin reflejo alguno en el articulado? ¿Por qué se
reiteran los principios que se contienen en el artículo 103 de la
Constitución en cuanto a la actividad en la Administración que debe de
responder a criterios de servicio, objetividad, generalidad, jerarquía,
descentralización, coordinación, y se obvia el principio de la
competencia, puesto que no se admite corrección o enmienda en este
sentido cuando el principio de competencia está en el ordenamiento
jurídico vigente y es fundamento jurídico y político que debe sustentar
cualquier intento de Administración única, si es que de verdad, como
antes indicaba, la Administración única no es una fase hueca, un mero
recurso retórico? ¿Por qué de forma machacona se habla de Administración
del Estado confundiendo Estado y Gobierno del Estado, Gobierno central,
en un intento omnicomprensivo, o puede extenderse excluyente de otros
órganos de administración y gobierno, también dentro del Estado, desde el
punto de vista del actual ordenamiento constitucional? ¿Por qué no se
acepta el imperio de la ley, el reconocimiento explícito de esa ley
cuando es la Administración central en sus órganos periféricos y su
administración la que queda obligada y debe garantizar el cumplimiento de
las leyes de las comunidades con lengua propia y oficial distinta del
castellano en los servicios que la Administración periférica presta aún
en las comunidades históricas y debe preservar y responder a los derechos
lingüísticos de los ciudadanos con sometimiento a la ley?
Pretendo dejar claramente establecido que las diferencias, la
argumentación que soporta esta propuesta de veto, no son cuantitativas,
no es un problema de número de enmiendas, es un problema cualitativo, un
problema de concepto, de modelo de Estado y de Administración adaptada,
no ya al modelo que Eusko Alkartasuna mantiene desde su ideología
nacionalista, sino que en mi opinión la reforma que la Lofage pretende no
se adapta, no concuerda, ni constituye una reforma en profundidad que
responda al modelo de Estado autonómico que el ordenamiento jurídico
vigente consagra.
Tras esta exposición, quedan, en la práctica, explicadas las enmiendas
parciales, que no son más que el reflejo puntual de la filosofía que
soporta esta propuesta de veto. No intervendré, pues, en la defensa
puntual de las mismas, y sólo en el turno que corresponda me detendré en
alguna enmienda muy específica.
Terminaré, señorías, con una aportación positiva, puesto que, a pesar de
esta propuesta de veto, mi oposición al proyecto quiere plantearse, en
todo caso desde una actitud constructiva, aun siendo evidentemente
crítica.
Señor Presidente, señorías, debo reconocer que aun débil, tímida,
insuficiente, y no respondiendo en mi opinión a las expectativas creadas,
el proyecto de reforma de la Administración ha sido, al menos, afrontado
y presentando antes de cumplir el primer año de gobierno del Partido
Popular, y al menos ha hecho desaparecer el nombre --sólo el nombre,
desgraciadamente--, y espero que al final también lo haga en la práctica,
de la figura anacrónica de los gobernadores civiles. Si esto fuera así, y
quedara garantizado en el «Diario de Sesiones» de la Cámara, si se
asumieran algunos de los planteamientos absolutamente respetuosos con el
ordenamiento jurídico, como por ejemplo la introducción del principio de
la competencia junto con los invocados en relación al artículo 103 de la
Constitución, y si en la Administración periférica quedara plasmada la
asunción explícita del cumplimiento de la leyes que garantizan el derecho
de los ciudadanos a utilizar la lengua propia y oficial ante la misma y
se procediera a cumplir las previsiones establecidas en la materia por
las Comunidades Autónomas con lengua propia sin reservas mentales ni
reticencias, señorías, señor Presidente, esta Senadora que cumple este
difícil deber y ejercicio de coherencia política en solitario, si estas
premisas se cumplieran en este trámite, obviamente retiraría esta
propuesta de veto.
Quiero insistir, señor Presidente, señorías, que aun anunciando que
mantengo todas y cada una de las enmiendas que constituyen el voto
particular de esta Senadora con respecto al proyecto de ley, como creo
que han sido defendidas con carácter general con los planteamientos que
soportan esta enmienda que representa una filosofía distinta en cuanto a
la ley que esperábamos en la reforma de la Administración, únicamente,
insisto, me referiré de forma
puntual a alguna de las enmiendas por razones de su especificidad.
Gracias, señorías; gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador don Dionisio García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ahora en el trámite del veto presentado por la Senadora
De Boneta a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y me gustaría recordar algo que es obvio, y es que
cuando se plantea un veto a una ley es porque subsisten una de estas dos
circunstancias: o que la ley se considera extemporánea, innecesaria, o
porque hay diferencias sustanciales de fondo, de calado, en el contenido
de la Ley. Ambos argumentos, a mi juicio, no concurren en esta propuesta
y, por tanto, intentaré trasladar a sus señorías, de manera especial a la
proponente de este veto, las razones que nuestro grupo tiene para
oponerse a ello.
La primera de las razones es la razón de oportunidad de si es o no
necesaria y conveniente en este momento la Ley, usted misma la ha
esgrimido, incluso con palabras de elogio hacia el Grupo Parlamentario
Popular, que yo, ciertamente, le agradezco. Pero no estaría mal, señoría,
recordar que todos los grupos políticos, desde hace muchos años, han
convenido reiteradamente en la prioridad de ordenar este campo
legislativo. Aquí y en la otra Cámara hemos tenido comparecencias de
sucesivos ministros del ramo, desde Eguiagaray a Saavedra y Lerma,
reconociendo tal necesidad, pero no sólo porque haya sido voluntad
explícita de los grupos políticos, y voluntad reiteradamente manifestada,
aunque incumplida, de los gobiernos anteriores, sino porque hay mandatos
parlamentarios que urgen a ello. Le recordaré a su señoría, por ejemplo,
el debate del Estado de la nación de febrero del año 1995, en el que
todos los grupos urgían, señalaban plazos, antes de finalizar aquel
período de sesiones, por tanto antes de junio de 1995, la necesidad de
presentar esta ley junto a otra, que era la ley del Gobierno. También hay
normas legislativas, como la Ley 10/1983, de 16 de agosto, promovida por
el Gobierno socialista, que establecía en su disposición adicional la
necesidad de remitir cuanto antes este proyecto. Hasta la propia
Constitución, señoría, en su artículo 103 proclama la necesidad de
ordenar este campo. Es por esa razón, por la imperiosa necesidad, que el
Gobierno del Partido Popular, la primera ley que presentó ante las
Cámaras, poco más de un mes después de constituir Gobierno, fue ésta; por
el convencimiento íntimo del propio Partido Popular y porque así se había
preconizado, como una prioridad imperiosa. Era un compromiso del Partido
Popular presentarlo de manera inmediata. En nuestro programa electoral
así está recogido.
Por tanto, señorías, este proyecto de ley es de absoluta y prioritaria
necesidad, y ello, ¿por qué? Porque la normativa con la que se está
rigiendo ahora mismo la organización de la Administración General del
Estado es preconstitucional. Aunque es verdad que se ha retocado en
algunas cosas de forma parcial, el conjunto de la normativa que regula la
Administración del Estado data de los años 1957 y 1958 y, bien
comprenderán sus señorías, que con los avances importantes que se han
producido en la organización territorial de nuestro Estado, no sólo por
lo que la Constitución en sí marca, sino por el devenir y el desarrollo
de los hechos posteriores, es absolutamente inoperante mantenernos hoy
con una normativa de hace tantos años.
En segundo lugar, señorías, esta ley nos parecía también absolutamente
necesaria porque el modelo de Estado autonómico ha sufrido,
afortunadamente para bien, cambios progresivos en los últimos años muy
importantes. El Estado actual se parece en bien poco al Estado de hace
dos décadas. Por lo tanto, es necesario que el instrumento de que se
sirve el Estado para prestar los servicios a los ciudadanos se adecue a
esa nueva exigencia.
Esta ley, y ya lo decíamos antes, debe ir unida a otra, que es la ley del
Gobierno, que ya está en el Parlamento, y sobre la cual hemos tenido
polémicas y debates en esta misma Cámara en muchas ocasiones sobre si
convenía que fuese articulada en un sólo texto o en dos. En cualquier
caso, es necesaria la unión de ambas leyes y hoy estamos en esta Cámara
debatiendo la Lofage y ya está también en trámite parlamentario la ley
del Gobierno.
De manera, señoría, que quedando absolutamente clara la necesidad
imperiosa, la oportunidad de esta ley, sólo nos queda referirnos al
segundo de los argumentos, que es el contenido de la propia ley y en el
que su señoría ha manifestado discrepancias de fondo. Yo creo ciertamente
que no son tales discrepancias de fondo, y lo deduciré de sus propias
palabras. Si usted hace unos minutos ha dicho aquí que el reflejo de esas
discrepancias estaban sustentadas en las enmiendas que su señoría tiene
planteadas e, incluso, ha dicho que en este mismo turno iba a hacer la
defensa de esas enmiendas con independencia de que estemos de acuerdo, o
no, en el contenido, convendrá con nosotros que esas discrepancias tienen
forma suficiente de plantearse a través de enmiendas parciales, como su
señoría lo ha hecho y que, por lo tanto, se desmorona en sí mismo el
argumento de la petición de devolución que, en definitiva, es un veto.
Por todo ello, señorías, para hacer la defensa de los elementos
esenciales que contiene esta ley utilizando la prescripción reglamentaria
que nos dice que cuando hay debate de veto, queda suprimido el debate de
totalidad, quedando subsumido en aquél, me permitirán que señale cuáles
son, a nuestro juicio, los aspectos más importantes, más esenciales de
esta ley cuya necesidad tan reiteradamente hemos solicitado.
En primer lugar, señoría, en esta ley se recoge una regulación de forma
completa y global de toda la Administración del Estado. Se pretende dar
en ella una visión de conjunto y homogénea, porque la normativa con la
que nos estamos rigiendo hasta ahora, además de ser preconstitucional,
está enormemente dispersa. Las modificaciones que se han ido haciendo a
lo largo del tiempo se encuentran dispersas en distintas leyes y
reglamentos. De manera
que una estructura tan importante como la Administración del Estado
requiere una homogeneidad normativa que se recoge en esta ley.
El segundo de los aspectos que nos gustaría destacar son los tres
principios en los que el Gobierno se ha inspirado para plantear este
proyecto de ley, que son los principios de racionalización, de eficacia y
de simplificación. Tres principios, señorías, que convendrán todos con
nosotros que son sustanciales en la articulación del organigrama
administrativo. De esa forma, en base a esos tres principios en los que
esta ley se inspira, se produce por primera vez una separación completa
dentro de la Administración, una división, por decirlo de alguna manera,
entre los que pueden considerarse como órganos de carácter político, que
quedan exclusivamente reducidos a los Ministros y a los Secretarios de
Estado, figura esta última que queda de alguna manera consolidada en un
texto legal, porque hasta ahora lo que teníamos de ella era simplemente
un Real Decreto del año 1977; y los órganos directivos de la
Administración, que tienen un carácter profesional. En este caso,
estaríamos hablando de Subsecretarios, Secretarios Generales, en algunos
casos, cuando de forma excepcional es así, directores generales y
subdirectores generales. Por lo tanto, me parece que esta primera
separación que se produce de una manera clara en un texto normativo entre
órganos puramente políticos y órganos profesionales, nacida de un deseo
de profesionalización de la Función Pública, para que en estos puestos
quede reservada su ocupación para el personal funcionario, es positiva y
refleja lo que siempre ha sido un principio del Partido Popular, que es
profesionalizar al máximo el funcionamiento de la Administración del
Estado.
Me parece tambien, señoría, que hay una figura que nosotros pretendemos
reforzar que es la del Subsecretario y ello bajo el firme convencimiento
interno de la potenciación que queremos hacer del papel horizontal de
este elemento en la Administración en lo que pueden ser los servicios
comunes de todo el Ministerio, tales como servicios jurídicos, servicios
de organización de recursos, de control de la gestión, que afectan a los
distintos estamentos de un Ministerio y que, a nuestro juicio, deben
estar coordinados o regulados en esa función, que decía horizontal, y que
corresponde al Subsecretario. No es necesario, señorías, insistir mucho
más en esa apuesta decidida por la profesionalización de la Función
Pública que siempre ha mantenido el Partido Popular y que queda reflejado
en el hecho de que puestos de tanta responsabilidad en la Administración,
como es desde el Subsecretario, de ahí para abajo, todos quedan
reservados a funcionarios profesionales.
El tercero de los aspectos que me parece importante señalar es que con
este proyecto de ley se da un nuevo diseño a la organización territorial
de la Administración del Estado. Un nuevo diseño que aparece inspirado
con ese principio de la Administración única, sobre el cual ya hemos
debatido en ocasiones y que ciertamente busca evitar duplicidades como
las que en este momento se producen, a consecuencia de una falta de
adaptación de la Administración a los procesos de delegación y
transferencia de competencias, que se vienen produciendo hacia las
Comunidades Autónomas y hacia la Administración local. Para que ese
principio de Administración única sea realmente efectivo, en un proceso
en el que estamos todavía avanzando en transferencias de competencias a
otros entes territoriales, Comunidades Autónomas o corporaciones locales,
se potencia la figura del Subdelegado del Gobierno, atribuyéndole
competencias específicas, justamente para que traslade, planifique ese
principio de racionalización en la Comunidad Autónoma donde él representa
al Gobierno.
La figura del Delegado del gobierno, señorías, no se puede minimizar como
se ha hecho aquí. Sale muy potenciada en esta Ley. Es el único
representante que va a haber del Gobierno en el territorio y, como tal,
va a ser el jefe de las fuerzas de orden público y tendrá que asumir una
serie de competencias, que antes eran de los gobernadores civiles, figura
que, como su señoría sabe, desaparece a partir de la entrada en vigor de
la Ley, sin que lo haga de un modo testimonial, sino práctico y
funcional, dejando muchas competencias que en su momento tenía y, desde
luego, eliminando --creemos nosotros-- todas las connotaciones negativas
que se han ido adscribiendo a esa figura a lo largo del tiempo.
Tengo que decir, señorías, que esta supresión de los gobernadores civiles
no sólo es necesaria políticamente, como muchos defendemos, sino que su
normativa regulatoria estaba anquilosada en los años 1958, con algunas
modificaciones hechas en 1980, y nada tiene que ver aquella
representación del Gobierno de entonces en las provincias con la que
existe actualmente. Por tanto, señorías, no sólo hay un cambio de nombre,
sino una profunda transformación de fondo.
También me parece importante señalar que la figura del subdelegado
territorial no es una sustitución de nombre, sino que es una figura
propiamente profesionalizada que asume las funciones de coordinación de
la Administración del Estado en la periferia, y no es otra cosa, porque
hasta su propio nombramiento obedece a normas estrictamente
funcionariales; su función es la de la coordinación porque, como decía
antes, todas las competencias que podrían ser específicas de los
gobernadores civiles ahora se trasladan a la figura del Delegado del
Gobierno.
Sería bueno señalar como una novedad importante de esta Ley que se regula
la Administración General del Estado en el exterior, que se establece un
marco competencial de forma general y que, además, se señalan
competencias especiales para los embajadores y los representantes
permanentes de España en otros países.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador García Carnero, ha
agotado su tiempo.
El señor GARCIA CARNERO: Concluyo, señor Presidente, diciendo que me
parece que la representación española ante la Unión Europea, dentro de la
cual --hay hechos bien recientes-- se está potenciando la participación
de las Comunidades Autónomas, también tiene su reflejo en esa Ley.
Termino, señor Presidente, señalando que un cambio de normativa tan
importante exige un proceso de adaptación
progresivo y gradual y que, por tanto, en esta Ley cobran importancia
notoria las disposiciones transitorias, porque queremos, señoría, que la
transición de una normativa a otra se haga de una forma rápida, pero sin
que se produzcan vacíos normativos. Así, por señalarle sólo dos de los
plazos más significativos, diríamos que se marca uno de seis meses para
fijar la nueva estructura de la delegación de Gobierno, que sólo los
delegados de la defensa son en este momento excluidos de esa integración
exterior, al menos a priori, y que esa integración se irá produciendo en
la medida en que se vayan realizando las transferencias pendientes y en
proceso de negociación con las Comunidades Autónomas. También se marca un
plazo de dos años para la adaptación de otros mecanismos más complejos,
como los organismos autónomos que, por cierto, sus señorías también saben
que ahora quedan reducidos sólo a dos categorías: organismos públicos
autónomos y entes públicos, que tienen un carácter más empresarial.
Con todo ello, señorías, Senadora Boneta, hemos querido transmitir dos
cosas: primero, que esta Ley es necesaria, que hay que debatirla, que no
puede devolverse al Gobierno --trámite en el que estamos-- y, segundo,
trasladar a sus señorías que con esta Ley estamos seguros de que
adaptaremos un marco mucho más acorde a la situación de la España actual,
de los mecanismos que precisa la administración actual y de los años
venideros para dotar del servicio que los ciudadanos demandan de la
Administración del Estado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Muchas gracias, señoría.
La Senadora De Boneta y Piedra me pide la palabra para torno de
portavoces.
Tiene usted derecho a utilizarlo como representante del Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, en atención a que mis
compañeros de Grupo quieren intervenir, partiremos este turno. Unicamente
necesito de unos minutos para responder y manifestar mi posición
definitiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Se hará, si está de acuerdo,
señora Senadora, de forma excepcional, porque usted sabe que partir el
turno precisa de que previamente sea avisada esta Presidencia. Lo hacemos
sobre la marcha --ya le digo que de un modo especial-- sin que siente
precedente.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En todo caso, teníamos entendido que se había producido tal aviso, pero
le agradezco su interpretación.
Señorías, señor representante del Grupo Parlamentario Popular, yo
agradezco, desde luego, su tono y la parte de su intervención que ha sido
esencialmente dirigida a ratificar mis propios planteamientos. Ha
utilizado gran parte de su tiempo diciendo que esta Ley era oportuna,
necesaria, que salvo algunos pequeños retoques la legislación que
teníamos sobre la Administración del Estado era preconstitucional. Ha
dado toda una serie de datos con los que yo, naturalmente, no puedo estar
en desacuerdo.
Ha hablado de contenidos y ha argumentado con mis propias palabra que,
puesto que yo misma he dicho que las enmiendas al articulado soportan mi
propuesta de veto, mi rechazo global a este proyecto obviamente podía
plantearse mi oposición de una forma parcial y no total.
Señor García Carnero, debe de entender que a veces hay cuestiones muy
puntuales que representan una filosofía y un modelo distintos, lo que yo
me he empeñado en explicar desde esta tribuna. Incluso le he dicho que ni
siquiera es el modelo que se corresponde con la ideología nacionalista
--creo que he dicho-- de esta Senadora de Eusko Alkartasuna. Le he dicho
que este modelo, desde nuestro punto de vista, no se corresponde con lo
que es el ordenamiento jurídico vigente, con el modelo de Estado de las
Autonomías, por las razones que ya le he dicho y, además, por el
contenido, por los retoques que se ejercen, porque se mantiene una
administración dividida en órganos superiores --ya lo he dicho antes-- y
en órganos directivos, pero que mantiene el número de cargos, la misma
inflación de cargos, que no se corresponda con las competencias reales
que quedan residenciadas en la Administración General del Estado o, por
lo menos, desde el punto de vista de esta Senadora.
No se ha referido su señoría en absoluto a una cuestión perfectamente
identificada con el ordenamiento jurídico vigente, perfectamente ortodoxa
y que, no sé por qué razón, se empeñan ustedes en no introducir: el
principio de la competencia, puesto que el modelo del actual ordenamiento
jurídico debe de responder, evidentemente, al principio de la
competencia, es decir, este principio tiene que estar introducido en esta
Ley, al menos, como --valga la redundancia-- cuestión de principio porque
las competencias --como antes le decía-- van más allá de la
descentralización, de la desconcentración y responden a un auténtico
poder político, a un autogobierno autonómico.
Sigo pensando que la administración única no queda reflejada por el
simple cambio de nombre.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Señoría, termine, por favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Señoría, le advierto que
solamente les queda un minuto a sus compañeros.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
En definitiva, no me voy a referir a la Administración única ni a los
subdelegados de Gobierno. Conoce perfectamente cuál es mi planteamiento
por el debate en Comisión.
Finalizo diciendo que lamentablemente no me ha dado ninguna respuesta
satisfactoria que me permita recoger el puente que les he planteado en
orden a retirar la propuesta de veto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a agotar el minuto que restaba. Simplemente quiero exponer, como
ya hicimos en el trámite de Ponencia y de Comisión, que consideramos que
es una ley necesaria, que es una ley que por su contenido debe salir
cuanto antes. Por tanto, no vamos a votar favorablemente esta propuesta
de veto y nos vamos a remitir a las enmiendas parciales que hemos
presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Riog): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señorías, mi Grupo
Parlamentario no va a apoyar la propuesta de veto defendida por la señora
De Boneta y nos da la impresión, si se sigue un poco la tónica de las
posiciones mantenidas en el debate en Comisión, que tampoco va a tener en
este caso ningún voto favorable, ni siquiera de su propio Grupo.
Nosotros basamos nuestra posición en dos puntos: primero, en coherencia
con la posición que mi Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, ha
mantenido tanto en la tramitación global del proyecto, como en las
enmiendas presentadas al respecto. Y segundo, porque creemos que sí se
consiguen cambios importantes y significativos. Sin duda, Senadora De
Boneta, continúa siendo un proyecto mejorable, pero de ninguna manera
entendemos justificada una propuesta de veto.
Estamos ante una ley --y lo remarco-- muy necesaria. La dispersión
normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de la Administración
General del Estado hacía imprescindible una nueva regulación. Es además,
sin duda, un proyecto extenso y complejo porque abarca desde el principio
de legalidad al principio de eficacia, porque la dimensión de las
estructuras administrativas debe reordenarse atendiendo a la racionalidad
y a evitar duplicidades, y porque la necesidad de acometer procesos de
supresión y simplificación administrativa viene impuesta por la realidad
del Estado autonómico.
El proyecto de ley de la Lofage que se nos presenta es, a nuestro
entender, una propuesta política que intenta convertir la Administración
General proveniente de un Estado uniformador y centralista en una
Administración adecuada a esta nueva estructura del Estado compuesto
autonómico. Creemos que la Lofage es una consecuencia y, a su vez, un
ejemplo de la crisis que sufre la Administración.
La realidad de un Estado compuesto y plurinacional ha puesto en situación
de cambio el cometido de la Administración General del Estado como imagen
y representación única de este mismo Estado. Por eso pensamos que debe
articularse administrativamente la coexistencia de las dos esferas: la
Administración General y la de las Comunidades Autónomas, dando
preeminencia a éstas en su territorio. Esta sería la Administración
única, que además sería la única garante para suprimir duplicidades y
estructuras y reducir el gasto público, siendo este el espíritu y la
letra del acuerdo de investidura y gobernabilidad entre el Partido
Popular y Convergència i Unió, que en este punto hacía referencia a
eliminar posibles duplicidades y a alcanzar una mayor calidad de los
servicios prestados por la Administración a los ciudadanos.
Mi Grupo parlamentario --y lo saben sus señorías-- sin duda ha tenido una
fuerte participación durante toda la tramitación. Estábamos y estamos
ante un proyecto de ley reclamado absolutamente por todos, y yo diría
más, en algún momento, meses atrás, daba la sensación de estar ya en
curso, por declaraciones de algún Ministro en aquel momento; casi
conocíamos todos cuál era su contenido y al final, no acierto a encontrar
justificación, me da la impresión de que el propio Grupo Parlamentario
Socialista se echó atrás. No sé por qué, quizá por miedo a reacciones y
posiciones encontradas dentro del propio Grupo. No lo sé, pero es cierto
que daba toda la sensación de que estábamos en un punto final de
presentación del proyecto y este final no se produjo. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Nuestra primera valoración de este proyecto de ley es la siguiente: es un
proyecto que se está debatiendo con toda normalidad, y lo remarco, con
disparidad de criterios --sin duda--, también de conceptos --de acuerdo--
y en algunos puntos también va a tener una cierta dureza. Pero creo que
un proyecto de ley de estas características debe reunir todo esto:
disparidad de criterios, de conceptos y de dureza, porque es un proyecto
lo suficientemente importante para que exista esta disparidad. Pero
repito, se está tramitando con toda normalidad, y lo remarco porque en
algún momento, tiempo atrás, había dado la sensación de que al tramitarse
este proyecto se nos iba a derrumbar todo. Nada de nada.
Nuestras enmiendas han estado repartidas básicamente en cuatro bloques:
funciones de la nueva figura de los subdelegados; atribuciones en materia
de seguridad pública; mejora de los mecanismos de relación entre la
Administración General del Estado y las Corporaciones Locales y
reconocimiento de la existencia de oficinas de las Comunidades Autónomas
en el exterior.
Y seguimos con valoración positiva: los subdelegados han de ser
funcionarios sin consideración de alto cargo y no serán nombrados por los
Ministros correspondientes, punto uno; en Comunidades Autónomas con
cuerpos de policía propios, los subdelegados no ejercitarán directamente
competencias en materia de seguridad pública, punto dos; reconocimiento
de la posible existencia de las oficinas propias de las Comunidades en el
exterior, punto
tercero; y reforzar el protagonismo de las Comunidades Autónomas con
competencia exclusiva en materia de cooperación local, punto cuarto.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando, señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Medio minuto, señor Presidente.
Y todo ello añadiendo, además, que es de esperar y exigir que la
aplicación de la nueva Lofage contribuya de forma real y efectiva a la
eliminación de duplicidades administrativas y a la supresión de los
gobernadores civiles, Senadora De Boneta, no sólo de nombre, sino también
de otros organismos administrativos de la Administración Periférica del
Estado que resulten innecesarios.
Llevamos más de 17 años de andadura constitucional y todavía nos
encontramos con que no se ha ajustado la estructura administrativa de la
Administración Periférica del Estado al modelo autonómico. Por tanto,
resulta imprescindible introducir este objetivo de forma que el
protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la
Administración autonómica. Pues bien, en este punto estamos. Vamos a
seguir el desarrollo y aplicación de este proyecto de ley. Va a requerir
buena disposición, pero también más cosas: un estricto cumplimiento, y en
esta línea de aportación, pero también de exigencia y vigilancia, va a
estar el Grupo de Convergència i Unió.
Nada más y gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista no va a votar a favor del veto, y no lo va a
hacer porque considera que es necesario que este proyecto de ley se
tramite y se organice la Administración General del Estado, pero en lo
que no estamos de acuerdo es en cómo está en este momento el proyecto de
ley.
El paso por el Congreso de los Diputados y el paso por el Senado han
supuesto un empeoramiento de este proyecto de ley que en muchas de sus
partes será discutido con motivo del debate de las enmiendas, pero sobre
el que me permito dejar solamente dos pinceladas. Modifican el sistema de
correos, pero es que se han atrevido incluso a decir en un artículo que
una ley puede ser modificada por decreto, algo de lo que yo no he
encontrado precedentes, pero, por lo visto, ustedes sí: una ley puede ser
modificada por decreto.
El debate sobre la Administración General del Estado, que es en el que
estamos, tiene que producirse después de los debates sobre la
Administración autonómica. Por eso, en el mes de octubre del año 1995, se
presentó en las Cortes un proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, que es de la que
trae precedente el presente proyecto de ley, si bien con las
modificaciones que la estructuran de una forma distinta y suponen, al
final, un modelo que coincide muy poco con el de 1995, pero que no
coincide tampoco con el veto de la señora De Boneta ni, prácticamente,
con lo que debe ser la futura estructura de la Administración General del
Estado.
No coincidimos con el veto ni de él deducimos un modelo definitivo,
aunque sí encontramos una idea que puede ser compartida por todos y que
no se aprecia en el proyecto de ley: las Administraciones, las tres
Administraciones públicas españolas, la local, la autonómica y la general
del Estado --son tres las Administraciones públicas españolas-- conviven
en paz, colaboran entre sí, y no compiten porque la identidad de cada una
las protege. Esto hace, naturalmente, imposible la idea de la
Administración única, que, ciertamente, no está en el proyecto, si
exceptuamos la curiosa mención que de ella hace la exposición de motivos.
Organos superiores, órganos directivos. Ir por ahí quiere encubrir de
profesionalización lo que no es más que una incierta condición de los
cargos directivos, que demuestra, como en otras cosas, los dubitativos
estadios por los que se balancea este proyecto. Los subsecretarios, los
secretarios generales técnicos, los directores generales y los
subdirectores generales tienen que ser funcionarios a los que se les haya
exigido el título superior, es decir, el grupo A. Fíjense que esto no se
exige para los ministros, para los secretarios de Estado y los
secretarios generales, pero, señorías, ¿es ésa la profesionalización, o
no es otra cosa que una aportación a la confusión? Porque resulta que
todos son nombrados por el Consejo de Ministros, salvo el subdirector,
que lo es por el ministro o por el secretario de Estado. Otra cosa es que
procedieran de concursos que harían llegar la carrera administrativa
hasta el subsecretario, si eso fuera razonable, que, a mi juicio, no lo
es, pero cuando se habla de profesionalización y quieren que sean
funcionarios hasta los subsecretarios, que sea su acceso por concurso;
les quitamos, por tanto, la naturaleza política, y así acceden por
concurso a todos esos puestos y llega la carrera administrativa hasta el
subsecretario. Supondría también que cuando hay cambios de Gobierno, no
tendrían que cambiarse más que los ministros y los secretarios de Estado,
nada más, y al resto se les mantendría. Pero este modelo que ustedes
proponen lo único que produce es confusión, porque no son ni una cosa ni
otra, son políticos; indudablemente, son cargos políticos, y hablar de
profesionalización es querer equivocar, aunque nadie se equivoca. Si son
cargos políticos, pues son cargos políticos, y no tienen por qué
avergonzarse. Y si son puestos funcionariales, pues hagan puestos
funcionariales. Me da la impresión de que ustedes estaban en la duda, y
en la duda, ustedes han optado por la duda, aunque nadie, a estas
alturas, se equivoque de nada.
Administración periférica. Esto es fruto de otro desasosiego galopante.
Actualmente está bastante simplificada. Se puede simplificar más, se va a
simplificar más; ¿de qué forma? De la forma natural: las competencias que
se transfieren a las Comunidades Autónomas dan como consecuencia
que se reduce la Administración General del Estado. Pero si esto es de
cajón, es la simplificación; si es que no hay otra.
Simplificada está y más simplificada puede estar en el futuro. ¿Pero qué
pasa con la representación política de la periferia? Pues que tiene que
existir y la gestión administrativa de los funcionarios tiene que
cumplirse. De nuevo, ¿por qué les da vergüenza? Si están de acuerdo en la
desconcentración y en la descentralización, si están de acuerdo en eso
porque lo dice el artículo 103 de la Constitución, no tienen por qué
avergonzarse porque la estructura de la Administración General del Estado
llegue a la periferia. Y no nos digan que son más autonomistas que nadie,
que buen trabajo nos costó convencerles a lo largo de los años para que
desde el día en que votamos los Estatutos de Autonomía cambiaran de
opinión y se situaran donde se tenían que situar. No nos den ahora la
lección del autonomismo. Pero es que ser autonomista es ser defensor de
toda la estructura del Estado. Pretender defender, aunque sea de
boquilla, las Comunidades Autónomas contraponiéndolas a la Administración
General del Estado es menospreciar a las Comunidades Autónomas. La
convivencia, que no la subordinación, es el modelo de la Constitución de
1978.
El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, vaya terminando, por favor.
El señor AREVALO SANTIAGO: Sí, señor Presidente.
El problema tampoco es el Gobernador Civil --que, en su proposición de
ley del año 1994, artículo 49, bien le defendieron--; el problema es que
no han sabido qué hacer con el Gobernador Civil. Ahora, según el texto,
ni es político ni es funcionario. Ya nos explicarán qué es; los
administrativistas tienen, sin duda, un buen campo, curioso, para
discutir sobre ello. Resulta que el subdelegado del Gobierno en las
provincias será nombrado por el delegado del Gobierno entre funcionarios
--recuerdo, igual que el subsecretario, el director general, etcétera--.
¿Qué funciones tiene? Pues, fíjense: protección del libre ejercicio de
los derechos y libertades, seguridad ciudadana, dirección de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, etcétera, y, por lo visto, no se
descarta que se les aumenten las delegaciones. Pues éste es el
subdelegado, que tiene que ejercer, además, funciones de colaboración con
los órganos territoriales de la Comunidad Autónoma, que son órganos
políticos. ¿Es político? ¿Es funcionario? ¿Es autoridad, no es autoridad?
¿Qué es? Supongo que muchos de los que hoy son gobernadores civiles serán
nombrados dentro de pocas semanas subdelegados del Gobierno y supongo que
les explicará en qué condición están, si en la de funcionarios o en la de
políticos.
Este proyecto de ley, señorías, esconde una injustificada desconfianza
hacia el sector público. No garantiza ninguna de las mejoras de atención
a los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. No aporta
nada a la profesionalización e independencia de la carrera administrativa
ni a los derechos de los funcionarios. Y, finalmente, pierde el sentido
de Estado, que debería ser el que inspirara todo el proyecto de ley. Y lo
pierde por la confusión que en él han introducido.
El señor PRESIDENTE: Senador Arévalo, se le está acabando el tiempo.
El señor AREVALO SANTIAGO: En un minuto concluyo, señor Presidente.
Y ahora, señorías, permítanme que apele a los partidos nacionalistas.
Porque en ellos confío, en su responsabilidad y en su sentido político.
El Partido Popular está en una desenfrenada carrera: todo lo ofrece o
todo lo niega. Sabido es que cuando se participa cegado en una marcha es
difícil controlar los tiempos, los métodos y las formas. Se puede
terminar agotado de cansancio o estrellado, pero el peligro final no es
que se «destrocen» los airados corredores. El peligro es que en esta
desigual carrera quede maltrecha la permanencia de las instituciones, la
garantía de su continuidad. El nuestro es el Estado de las autonomías, y
no admite jugar con las instituciones de competencia en todo el Estado,
porque en ellas reside la virtualidad y el principio de las Comunidades
Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Arévalo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García
Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con toda brevedad vamos a intentar contraargumentar algunas de
las exposiciones que se han hecho desde esta tribuna en un turno que a mí
me parece que no es el que procedía, porque al final estábamos debatiendo
si debería prosperar el veto o no.
A la Senadora De Boneta, que es la ponente del veto, tengo que decirle
que estoy convencido de que, cuando esta ley se aplique y entre en
funcionamiento, podrá convencerse de que efectivamente contempla una
reforma administrativa sustancial y no una mera reforma de puras formas o
de maquillaje, como en algún momento he creído entender. Junto a eso,
señoría, le pido una reflexión. Nosotros somos especialmente respetuosos
con las minorías y creemos que las voces, aunque sean únicas, no sólo
tienen todo el derecho a expresarse, sino que tienen todo el derecho a
tratar de exponer los argumentos que convenzan a la mayoría. Pero debería
su señoría darse cuenta también de que ningún grupo político, ni siquiera
su propio grupo político, sustenta este veto. Y cuando en una Cámara tan
amplia como ésta, con tantas formas de pensar y planteamientos diferentes
sólo uno mantiene esta aptitud, no sería malo hacer una reflexión sobre
los propios planteamientos y pensar que quizá el que yerra en los mismos
es el que los propone. Pero en fin, su señoría tiene el derecho, que yo
le reconozco y al que le animo, de mantener esta acción. Simplemente
quería introducir en su pensamiento esa posible reflexión.
Agradezco las exposiciones que ha hecho el Senador Carrera, que, a mi
juicio, apoyan y enriquecen la argumentación que por parte de nuestro
Grupo se había hecho en la intervención anterior y que coinciden
sustancialmente en que esta ley, señorías, como todos los actos humanos,
es perfectible, es mejorable. Sin duda. Para eso, después, abriremos un
amplio turno con un numeroso paquete de enmiendas que los distintos
grupos han ido presentando con el ánimo de enriquecerla. Pero coincida
conmigo su señoría en que la base, lo que este proyecto de ley supone
para la Administración del Estado, es un paso de gigante, y es un paso
necesario.
Al último de los intervinientes, el Senador Arévalo, a quien agradezco
expresamente su tono de hoy, tan conciliador, tengo que decirle que, como
su señoría sabe, porque se lo he dicho muchas veces en esta tribuna y
otras, para mí es un permanente referente de aprendizaje y, por lo tanto,
yo nunca osaré darle ninguna lección de nada, y mucho menos de
autonomista, porque sé que la trayectoria de su señoría le avala como un
profundo conocedor y, además, un profundo convencido de ese sistema. Por
lo tanto, señoría, yo, de ahí, sólo aprender.
Trataré de contestar a algunas de sus preguntas, señoría. Ha dicho usted:
¿Qué es el Gobernador Civil después de esta ley, un político o un
funcionario? Pues no es nada, señoría. Desaparece. No haga usted ese
planteamiento. Después de la entrada en vigor de esta ley ya no hay
gobernadores civiles. Por lo tanto, ni políticos ni funcionarios. Hay
otras figuras en representación de la Administración del Estado con otras
competencias absolutamente diferentes.
Por lo que ha dicho su señoría, le parece un elemento poco
profesionalizador que nada menos que del cargo de Secretario de Estado
para abajo, es decir, toda la escala del organigrama administrativo a
excepción del Ministro y del Secretario de Estado, sean ocupados por
funcionarios. ¿Eso le parece poco? Al menos, señoría, reconozca un avance
sustancial importante. Porque hemos tenido muchas personas durante muchos
años que, sin ser funcionarios, han contribuido poco a profesionalizar
ese hecho. Ellos son funcionarios, señoría.
Me ha parecido pintoresca la justificación que hace su señoría --que no
le habíamos pedido-- de por qué presentaron ustedes ese proyecto de ley a
finales de 1995, por cierto, cuando estaban anunciadas las elecciones
generales y cuando nuestro hoy compañero, entonces compañero y Ministro,
señor Lerma, pasó por ese trámite de ciertos apuros al tener que
presentar un proyecto de ley que sabía que matemáticamente era imposible
que prosperase y que pudiese ser debatido. Y yo no le he hecho referencia
de antecedentes, señoría, pero podría hacerlo, porque desde el año 1991,
el entonces Ministro, y los sucesivos, han batido todos los récords de
incumplimientos en cuanto a autoemplazarse para sacar esta ley. De
manera, señoría, que no se justifique de esa manera.
Y concluyo, señor Presidente, Senador Arévalo, poniéndole de manifiesto
algo con lo que estamos en un profundo desacuerdo. He tomado nota de la
literalidad de sus palabras, y ha dicho que este proyecto de ley, a su
paso por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ha empeorado, lo
que se ha producido es un empeoramiento.
Sería fácil para mí deducir de sus palabras que valora usted más el texto
que presentó el Gobierno que el que han ido modificando las Cámaras. Y
eso, que podría fácilmente trasladarse en un mérito para el Gobierno, me
parece inaceptable, señoría, por lo que supone de menosprecio, en el
mejor sentido de la palabra, a la tarea parlamentaria. Nosotros, señoría,
estamos firmemente convencidos de que esta ley, y todas las leyes, a su
paso por las Cámaras mejoran o, al menos, recogen en ellas el espíritu y
la letra que expresan los legítimos representantes de la voluntad popular
que ellas representan.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Carnero. (La señora De
Boneta y Piedra pide la palabra.)
Dígame, Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, pido la palabra un minuto
por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Está bien, señoría, pero que sea un minuto de
verdad.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Será un minuto de verdad, señor Presidente,
solamente voy a hacer dos precisiones.
En primer lugar, quiero aclarar al Senador García Carnero que esta
Senadora representa en solitario, como dije antes, a un grupo político y
el Grupo Parlamentario Mixto, por definición, tiene a menudo actitudes,
planteamientos y respuestas distintas, como es normal en un Grupo
Parlamentario de las características del mismo.
En segundo lugar, señor Presidente, en cuanto a la apelación del Senador
García Carnero a entender como una supuesta equivocación o error de
concepto la actitud general de la Cámara en contra del veto que se
plantea, debo decirle que ha habido muchos planteamientos que no
coinciden con el de esta Senadora pero que difieren también del
planteamiento efectuado por el resto de los Senadores que apoyan el
Proyecto.
En todo caso, habida cuenta de que al parecer un veto es una mancha en la
tramitación de la ley y conocido ya el resultado que este veto va a tener
en la votación --si bien ha sido muy interesante el debate que ha
propiciado--, por mi parte, si el señor Presidente lo entiende
reglamentario, retiro la propuesta de veto.
El señor PRESIDENTE: Su señoría está en su derecho a retirar la propuesta
y esta Presidencia en el de aceptar la retirada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
Empezamos, pues, el debate de las enmiendas a los Títulos I y II.
En primer lugar, para la defensa del voto particular número 4, de la
Senadora Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas 3 a 13, 15, 16,
18, 19 y 21 a 25, tiene la palabra su señoría.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
He manifestado en la intervención anterior, en el debate del veto, que
pensaba dar por defendidas las enmiendas que corresponden especialmente a
este bloque, habida cuenta de que las argumentaciones que sirven de base,
las diferencias expresadas en cuanto al modelo elegido para la reforma de
la Administración del Estado quedaban perfectamente explicitadas en la
posición manifestada en la defensa del veto.
Por tanto, señorías, quiero compensarle del rato que les he entretenido
esta mañana y doy por defendidas todas estas enmiendas a los Títulos I y
II.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El siguiente es el voto particular número 3, del Senador Román Clemente,
referente a las enmiendas 34 a 87 y 89 a 93. Tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En el proceso de discusión, tanto en Ponencia como en Comisión, no hemos
insistido especialmente en ninguna modificación con respecto a lo que ha
sido la motivación en la defensa de estas enmiendas.
Sus señorías saben perfectamente que el contenido de algunas de estas
enmiendas es de carácter técnico, porque se ha querido tener en cuenta el
informe de los letrados. El contenido de otras muestra la posición de
nuestro Grupo con respecto a la creación de la figura de los subdelegados
del Gobierno, y van en el sentido de la supresión de esta figura pues
creemos que no es necesaria. Lo que en principio proponía la propia ley
era una supresión de los gobernadores civiles y no la creación de una
figura que pudiera tener algún tipo de parecido o similitud con la
existente y que, desde nuestro punto de vista, es una duplicidad
innecesaria.
Hemos formulado también enmiendas de carácter general dirigidas a una
mejor organización de la Función Pública. En este caso, no consideramos
necesaria la figura de los subsecretarios, y hay un número importante de
enmiendas dedicadas a corregir en el texto dicha figura, proponiendo su
supresión.
Otras enmiendas van dirigidas --sus señorías tuvieron la oportunidad de
discutirlas en Ponencia y en Comisión y de no aceptar-- a fomentar la
participación de los ciudadanos. Consideramos que es un derecho
constitucional que debe quedar recogido en esta ley como copartícipes en
la gestión pública.
Alguna enmienda es de carácter específico, como la número 63, que propone
la creación de una oficina de ética, con los fines que ya exponemos en
dicha enmienda; y hay enmiendas dirigidas a crear una mayor y mejor
coordinación en el funcionamiento de la Administración General del
Estado, a evitar duplicidades, a descentralizar el funcionamiento de la
Administración, y, en general, señorías, y no quiero extenderme más
porque cada una de estas enmiendas en su exposición de motivos está
suficientemente argumentada, a hacer que esta ley que, como decía esta
mañana, es necesaria y urgente, tenga la claridad y la concisión para que
no permita después interpretaciones ambiguas o malas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Román.
Senador Román Clemente, quería preguntarle si la enmienda número 106, que
hace referencia a la disposición adicional cuarta, la da por defendida en
este momento o la quiere situar en el lugar que le corresponde.
El señor ROMAN CLEMENTE: En su momento, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto.
El Senador Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Dentro de este voto particular número 5, respecto a los Títulos I y II,
formalmente sólo figuran las enmiendas números 133 y 137. Si el señor
Presidente me lo permite, defenderé también las números 142, 143 y 144,
que por motivo de las modificaciones introducidas por la Ponencia y
aceptadas por la Comisión, en lugar de a la disposición adicional cuarta
corresponden a los artículos 29 y 29 bis. Por lo tanto, ruego al señor
Presidente que tenga en cuenta esto en relación con el tiempo.
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que de
una forma excepcional me hayan aceptado ocho enmiendas, la verdad es que
han sido todas técnicas, pero no dejo de hacer constar mi agradecimiento,
y si defiendo las otras siete que tengo pendientes es porque pienso que
voy a conseguir que alguna otra técnica me sea admitida.
Respecto a la enmienda número 133, que es un complemento a la aceptación
de las enmiendas números 233 y 255 del Grupo Parlamentario Popular, la
única diferencia con el texto de la Comisión es incluir en este artículo
sobre las competencias de los delegados del Gobierno la referencia a la
competencia que tiene para nombrar a los directores insulares recogida de
forma específica en el nuevo artículo 29 bis, antes disposición adicional
cuarta. La competencia
de nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias se recoge en
el artículo 29 y también se hace referencia en este artículo 23.1.
Sin con respecto a los subdelegados provinciales se recoge en un artículo
específico y se relaciona con el general, no entendemos bien por qué con
respecto a los delegados insulares sólo se recoge en el artículo
específico.
La enmienda número 137 es también técnica, pero de gran importancia. Las
mejoras realizadas con la enmienda número 235 del Grupo Parlamentario
Popular siguen siendo insuficientes para que el artículo 28 sea
coherente. La redacción del artículo 28.1 habla sólo de que se crearán
las comisiones territoriales en cada una de las comunidades Autónomas
pluriprovinciales, y punto, aunque después se hace mención a las Islas
Baleares a los meros efectos de indicar quiénes integran la comisión
territorial.
Las Islas Baleares no forman una Comunidad autónoma pluriprovincial, sino
uniprovincial, con lo cual en rigor, según el texto de la Comunidad de
las Islas Baleares, no podría existir dicha comisión que, por otro lado,
es obvio que necesita.
La salvedad que propone nuestra enmienda es especificar que dicha
comisión existirá en las Comunidades pluriprovinciales y en la de las
Islas Baleares hay que hacerla. El texto sigue diciendo, tras indicar que
en la comisión se integran los subdelegados del gobierno de las
provincias del territorio de la Comunidad, que en la de las Islas
Baleares y Canarias se integrarán, además, los directores insulares. Ese
también es otro error; las Islas Baleares como Comunidad Autónoma
uniprovincial, según lo que indica el artículo 29.1, párrafo segundo del
texto de la Ponencia, antes disposición adicional cuarta, no cuentan con
subdelegado provincial, asumiendo sus competencias el delegado del
Gobierno. En todo caso, en las Islas Baleares la Comisión
Interterritorial estaría presidida entonces por el delegado del Gobierno,
integrada únicamente por los directores insulares nombrados.
Con la redacción de esta enmienda se salvan todos estos inconvenientes y
no es necesario hacer complejas especificaciones respecto a Baleares y a
Canarias y a la figura de los directores insulares, pues basta con decir
--abro comillas--: «... integrada por los subdelegados del gobierno y
directores insulares existentes en la respectiva Comunidad Autónoma».
Lo que no puede salir de estas Cortes Generales, concretamente de este
Senado, es un texto incoherente e incorrecto, sobre todo cuando dichas
deficiencias son denunciadas y no afecta a lo esencial de la norma.
Por último, voy a realizar la defensa conjunta, como había indicado, de
las enmiendas 142, 143 y 144, que tratan de la problemática de los
subdelegados provinciales en los archipiélagos y de los directores
insulares. Hay tres puntos esenciales en estas enmiendas. En primer
lugar, se pretende, respecto de los juzgados provinciales, que Canarias
tenga un régimen parecido al de Baleares, de tal forma que en la isla
donde resida el Delegado del Gobierno no exista el subdelegado
provincial. Canarias tiene una posición mixta respecto del resto de las
Comunidades pluriprovinciales, todas continentales, y el archipiélago
balear. A la hora de articular la representación del gobierno, nos
debemos asemejar más a la realidad archipielágica balear que a la
pluriprovincial continental, porque en Canarias no existen ya muchos
órganos efectivos provinciales.
No sería muy lógico que en la isla de Mallorca, en Palma, no existiera un
subdelegado provincial, por ser sede del Delegado del Gobierno en la
comunidad de las Islas Baleares y, en cambio, sí existiera en la isla de
Gran Canaria, coexistiendo con el Delegado del Gobierno en Canarias. Ello
sólo supone una mayor burocracia.
En segundo lugar, pedimos que la propia existencia de cada director
insular no se determine reglamentariamente por el Gobierno, pues esta
potestad puede ejercerse de modo arbitrario. En la Comunidad
archipielágica hay una realidad distinta, incluso desde el punto de vista
de la Constitución, debido a la existencia de consejos o cabildos. Las
islas cuentan, incluso, con estas instituciones con representación
territorial en el poder legislativo en esta propia Cámara del Senado.
Sería una situación muy curiosa que existiendo en las islas consejos y
cabildos, hubiera un Senador y no hubiera un director insular en la
estructura de mandos de las fuerzas de seguridad.
La propia ley debe contener un precepto que indique claramente que los
directores insulares existirán en las islas no capitalinas que cuenten
con cabildo o con consejo. Sería un problema muy grande que en unas se
crearan y en otras no o que se nombrara un director insular para varias
islas, pues tal como está en el proyecto esto puede suceder. Puede
ocurrir que se nombre un director insular que abarque las islas
Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, o las islas de Lanzarote y La
Palma, para ejercer el control en las fuerzas de seguridad de las islas.
En tercer lugar, al tener atribuidas las competencias del subdelegado
provincial en el ámbito, el director insular debe tener la máxima
cualificación, tal como contemplaba inicialmente el proyecto. Parece un
poco absurdo que el subdelegado en Tenerife, que va a tener competencias
de mando en las fuerzas de seguridad, tenga una categoría y en la isla de
La Palma, el que se va a ocupar de las mismas cuestiones tenga otra
categoría funcionarial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Victoriano Ríos, termine.
El señor RIOS PEREZ: Termino, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor RIOS PEREZ: Los directores insulares, aunque en un ámbito
territorial más reducido, tienen las mismas competencias que los
subdelegados provinciales por lo que deben tener la misma cualificación.
De lo contrario, estaríamos ante un caso de discriminación injustificada.
Para ampliar un poco el concepto, hemos de pensar en lo problemático que
es el ejercicio de las competencias de dirección de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, puertos y aeropuertos, y, por tanto, no se entiende que el
que tenga esta responsabilidad en las islas, por ejemplo, de
Ibiza o de Lanzarote, tenga una categoría y el subdelegado de una
provincia con pocos habitantes y sin estas responsabilidades tengan la
obligación de tener otra categoría superior.
Quiero acabar expresando el deseo de que se vean con buenos ojos estas
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El voto particular número uno del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos corresponde a las enmiendas números 121 y 122.
El Senador Caballero Lasquibar tiene la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En la enmienda número 121 defendemos la necesidad de introducir, en el
artículo tercero al que hace referencia esta enmienda, un principio
constitucional como es el previsto en el artículo 150.2 de la
Constitución. Este artículo constitucional prevé la delegación o
transferencia a las Comunidades Autónomas de aquellas funciones
ejecutivas que, en materia de titularidad estatal, sean por su propia
naturaleza susceptibles de ser transferidas.
Entendemos sustancial el contenido de nuestra enmienda para alcanzar uno
de los objetivos que prevé el proyecto de ley que nos ocupa y que
explícitamente está identificado en su exposición de motivos. Como digo,
el desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 150 de la
Constitución, al que he hecho referencia, no solamente coadyuva, sino que
su cumplimiento condiciona, desde nuestro punto de vista, el logro de la
denominada Administración única.
Respecto a la enmienda número 122, íntimamente relacionada con la número
126 que veremos con posterioridad, pretendemos adecuar la organización
exterior de España a la realidad y estructura territorial del Estado de
forma que aquélla permita la presencia de las Comunidades Autónomas en
los términos que expresa la propia enmienda, intención que por otra parte
viene avalada pro el propio Tribunal Constitucional, que admite que junto
a esta acción exterior de España coexistan aquellas otras actuaciones que
con relevancia exterior puedan efectuar las Comunidades Autónomas que, en
palabras del propio Tribunal, deben tener la posibilidad de articularse.
Señor Presidente, éste es nuestro objetivo y ésta es la razón y causa de
esta última enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Caballero.
Por el Grupo de Convergència i Unión tiene la palabra el Senador Carrera.
Es señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Mantenemos dos enmiendas a los Títulos I y II, la número 212 y la número
214.
La primera de ellas hace referencia a la relación con otras
Administraciones territoriales. Se trata de que se pueda promover la
celebración de convenios de colaboración. El texto del proyecto dice: En
relación con los programas de financiación estatal. Por nuestra parte
intentaríamos añadir a través de la enmienda lo siguiente: ... en materia
de competencia del Estado. Entendemos que con esta apreciación se da un
mayor respeto al ámbito competencial de aquellas Comunidades Autónomas
que tienen asumida la cooperación municipal como una competencia
exclusiva, dando también cumplimiento a la propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional cuando hace referencia a materia de subvenciones.
La enmienda número 214 está prácticamente en línea con la defendida por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Hace referencia a la
organización de la Administración General del Estado en el exterior. En
este caso solicitamos la adición de un nuevo apartado al artículo 35, al
que se refiere esta enmienda, en el sentido de establecer, a los efectos
de la colaboración con las Comunidades Autónomas, los mecanismos
adecuados para posibilitar su participación en aquellos casos en que
dicha acción exterior incida en su ámbito de autonomía.
No nos parece lógico que se diga que esto no es posible. Al contrario,
hay multitud de organismos en los que la voz de las Comunidades Autónomas
debería poder ser oída y, por tanto, articularse su transmisión.
Entendemos que a través de la Lofage debería preverse esta posible
actuación de la Administración general del Estado en el exterior.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera i
Comes.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la Senadora Martínez García.
Creo que su señoría va a defender las enmiendas que mantiene su Grupo a
los Títulos I y II, tanto las relativas al voto particular número 6 como
las contenidas en el voto particular número 7.
La señora MARTINEZ GARCIA: Sí, señor Presidente, es así. En cuanto a las
enmiendas relativas al voto particular número 6, anuncio de entrada que
retiramos en este momento las enmiendas números 149, 189, 190 y 191,
pasando a defender las restantes. Pero para mayor concreción las voy a
enumerar. Son las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a
188.
El mantenimiento de las 34 enmiendas a ambos capítulos creo que evidencia
el distanciamiento que se ha ido produciendo a lo largo del debate
parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, en Ponencia y en
Comisión, entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre todo si tenemos en cuenta de que partíamos de un texto
heredado del anterior Gobierno socialista.
Señorías, hacemos esta constatación con pesar, porque desde el Grupo
Parlamentario Socialista estimamos que habría sido deseable un mayor
diálogo y una mayor capacidad para consensuar una materia tan importante.
Creo que el desarrollo de este Pleno demuestra que,
efectivamente, ha habido esa falta de diálogo y de consenso.
Entendemos que esto ha sido así porque este proyecto de ley ha venido
constreñido por el cumplimiento de los pactos de investidura, unos pactos
coyunturales frente a la inequívoca vocación de permanencia con que debe
tratarse un proyecto de ley de esta importancia.
Aunque presumo --y creo que acertadamente-- que la suerte de estas
enmiendas va a ser la misma que ha corrido en Ponencia y Comisión, quiero
hacer un esfuerzo para dejar clara la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en relación a todas ellas y, fundamentalmente --creo que es lo
más importante--, el espíritu que ha animado a cada una de estas
enmiendas, que no es otro que el de mejorar técnica y conceptualmente el
proyecto de ley, así como adecuarlo al momento presente, a los principios
constitucionales a los que debe someterse esta legislación,
fundamentalmente el de jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.
Para simplificar su defensa, voy a proceder a su agrupamiento comenzando
por aquellas a través de las cuales pretendemos una mejora técnica y
conceptual de la ley; éstas son concretamente las enmiendas números 156,
160 y 170.
Por la número 156 pretendemos la creación de un nuevo artículo, que sería
el 8 bis, trayendo a él el contenido de la disposición adicional
decimosexta --antes decimoquinta-- que regula los conflictos de
atribuciones interministeriales.
Entendemos, señorías, que esta regulación es más propia de que su
contenido sea contemplado en el articulado y no en una disposición
adicional, no sólo porque es coherente con las directrices aprobadas en
el año 1991 para la elaboración de los proyectos de ley, sino
fundamentalmente porque entendemos que esta materia propiamente debe
regularse en esta ley y no en la Ley 30/1992, como parece que de la
exposición y la discusión en Comisión percibía el Grupo Parlamentario
Popular. Entendemos que esto es así porque la Ley 30/1992 lo que regula
son los conflictos de competencias entre aquellos órganos que no están
relacionados jerárquicamente. Este viene a regular precisamente los
conflictos que se producen dentro de unos órganos debidamente
jerarquizados dentro de un mismo Ministerio.
Por la enmienda número 160 pretendemos una mejora técnica consistente en
sustituir en el artículo 10.2 el término «nivel» por el de «rango».
Entendemos que tiene su trascendencia administrativa, ya que «nivel» es
un elemento de ordenación de puestos de trabajo mientras que el elemento
«rango» sirve para ordenar precisamente los órganos administrativos.
En la enmienda número 170 pretendemos sustituir en el artículo 22.1 la
referencia que se hace a la representación ordinaria del Estado en las
Comunidades Autónomas a través de su Presidente.
Entendemos, señorías, que en este proyecto de ley no estamos en un debate
competencial; esa referencia viene hecha no sólo constitucionalmente,
sino también a través de las leyes orgánicas que regulan los distintos
Estatutos de Autonomía. Con esta enmienda también pedimos la supresión de
la adscripción que se hace de la figura del Delegado del Gobierno a la
Presidencia del Gobierno.
¿Por qué hacemos esta supresión? Entendemos, señorías, que el propio
proyecto de ley hace depender funcionalmente al Delegado del Gobierno del
Ministro de Administraciones Públicas, del de Interior y del resto de
Ministerios a través del artículo 82 de la Ley, mientras que la propia
ley, en su artículo 31.1 hace la adscripción orgánica de la Delegación
del Gobierno a través del Ministerio de Administraciones Públicas.
Nos parece, por tanto, que no queda ningún tipo de adscripción, porque
entender que sería la política no sería correcto ya que la política está
contenida dentro de la dependencia funcional que tiene esta figura.
Es sin duda en las enmiendas siguientes, señorías, en las que se
contienen y se ponen de manifiesto los elementos diferenciadores de las
posiciones que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista frente al
Grupo Parlamentario Popular en el debate parlamentario.
Con objeto de concretar la defensa por bloques, haciendo coincidir la
enumeración de las enmiendas precisamente con esos criterios
diferenciadores de ambos proyectos de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, he agrupado las enmiendas en cuatro
apartados distintos, de tal modo que vamos a defender, en primer lugar,
aquellas que tienen que ver con el modelo organizativo y funcional que
defendemos en el Grupo Parlamentario Socialista. Son concretamente las
enmiendas números 151, 152, 153, 157, 158, 159, 162, 165, 168, 171 y 176.
En un segundo bloque vamos a defender las enmiendas que hacen relación a
la delimitación conceptual de los altos cargos. Vienen contenidos
concretamente en las enmiendas números 154 y 155, puesta ésta en relación
con una enmienda que mantenemos, que es la 202, a las disposiciones
adicionales.
Otro tercer bloque de enmiendas vienen a marcar las posiciones políticas
en relación con el concepto de profesionalización que, en el Grupo
Parlamentario Socialista, entendemos que debe imperar en la regulación de
la Administración General del Estado, contenido en las enmiendas números
163 y 166.
Finalmente, un último bloque de enmiendas que vienen a marcar la posición
que mantenemos en mi Grupo con relación a la configuración territorial
que esta ley da a la Administración General del Estado, enmiendas números
172, 174, 179, 180, 182, 185 y 186.
El resto de las enmiendas que mantenemos a ambos títulos no son sino
adaptaciones y correspondencia entre las posiciones que marcamos y
definimos en las enmiendas anteriores y que, por tanto, señorías, doy por
defendidas en sus propios términos a estos efectos.
Voy a empezar, señorías, por marcar cuáles son esas posiciones dentro de
este primer bloque de enmiendas, en el que hacemos referencia a cómo
nosotros vemos que debía acometerse y perfilarse el modelo organizativo y
funcional, tanto en los órganos centrales como periféricos.
Pensamos que, tal y como ha quedado esta ordenación central y territorial
en el proyecto de ley, podía ser calificada
de cualquier modo excepto de moderna y de simplificada, como reza el
programa del Partido Popular. ¿Por qué decimos esto? Decimos que no es
moderna porque lo que se hace, especialmente cuando se enumeran y
delimitan los órganos directivos, es mantener el esquema, ya totalmente
obsoleto, que venía contenido en la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, del año 1957. Este es un proyecto en el que no
había una definición funcional de determinados órganos directivos y que,
por tanto, como he dicho, está obsoleto y encaja mal dentro de este
proyecto de ley, que sí contempla una delimitación funcional muy
específica de cada uno de los órganos, fundamentalmente en todo lo que
son competencias horizontales.
Frente a ese modelo, al organizativo que en estos momentos consta en el
proyecto de ley --esto es, como órganos superiores, los ministros y los
secretarios de Estado, y como órganos directivos, los subsecretarios y
secretarios generales, los secretarios generales técnicos, los directores
generales y los subdirectores y, en el ámbito territorial, el Delegado
del Gobierno y el Subdelegado--, nosotros defendemos un modelo que, como
ya he dicho, es más moderno y bastante más simplificado. También nos
parece que es más acorde con el rango constitucional que se da a la
figura del Delegado del Gobierno.
El modelo que nosotros defendemos a través de estas enmiendas suprime de
los órganos directivos centrales tanto la figura del Secretario General
como la figura del Secretario General Técnico, quedando reducido a la
figura de los subsecretarios, y no con carácter obligatorio, y a la de
los directores generales y subdirectores generales. Sin embargo, a nivel
territorial, nosotros colocamos la figura del Delegado del Gobierno entre
los órganos superiores, porque entendemos que es más acorde con las
propias competencias que ya el propio articulado de la Constitución le
da, pues dice que dirige y coordina la Administración del Estado en las
Comunidades Autónomas, que viene a ser el mismo contenido que esta ley da
a los secretarios de Estado. Al mismo tiempo, elevamos el nivel
--como órgano superior-- al Subdelegado del Gobierno o Delegado
Provincial del Gobierno, como nosotros lo llamamos, equiparándolo a un
órgano directivo con categoría de Director General.
Señorías, así defendemos un modelo claro y nítido, donde potenciamos los
servicios comunes en la Subsecretaría, las direcciones generales y nos
oponemos a la singularización de las secretarías generales técnicas, que
vienen a ser directores generales especializados, singularizados, porque
entendemos que esta figura, como es concebida en la ley, contiene y
duplica funciones, tanto a nivel de servicios jurídicos como en ese
carácter ambivalente que se da al servicio de publicaciones y de
asesoría.
Entendemos, señorías, que en este momento no existen motivos técnicos ni
administrativos para mantener esta diferencia y singularizar la figura
del Secretario General Técnico. La diferencia histórica de la secretaría
general técnica, que no supremacía orgánica --que nunca ha tenido--, sólo
era justificable en una estructura donde, como antes decía, las
subsecretarías carecían de una naturaleza definida en la que había un
área de servicios comunes, que era una especie de cajón de sastre y
residual, en el que no tenía vigor ni implantación el sistema de
dirección --que esta ley sí que contiene-- en relación a los distintos
órganos directivos de la Administración General del Estado.
Por contra --y lo afirmo--, este proyecto sí que contiene esa
delimitación funcional, dando un perfil nítido a las subsecretarías,
ordenando claramente las materias que se encomiendan a ellas en materias
de servicios comunes, apareciendo, por tanto --como antes decía--, como
una dirección general singularizada que no encaja en el proyecto de ley
que el Grupo Parlamentario Popular apoya y que ha sido remitido por el
Gobierno.
En relación al Delegado del Gobierno --antes también lo apuntaba--, lo
elevamos a la categoría de órgano superior, mereciendo tal carácter por
el sólo hecho de que el artículo 154 de la Constitución le otorga las
funciones de dirigir y coordinar la Administración del Estado. Además, el
que se exija que el nombramiento del Delegado del Gobierno se realice
mediante Real-decreto por el Presidente del Gobierno y la función
jerarquizada que se le da dentro de la Administración, entendemos que
hacen defendible su ubicación dentro de los órganos superiores y no
directivos en esta organización.
Igualmente reivindicamos un mayor nivel para el Subdelegado del Gobierno
--denominado por nosotros Delegado provincial--, ya que entendemos que
debe de tener un rango de Director General porque va a tener bajo su
cargo y dirección a funcionarios, sin duda, con mayor nivel que él mismo
y porque, además, según el contenido de la ley, sus funciones son
importantes, a pesar de esa afirmación que hemos oído aquí esta mañana de
que los subdelegados del Gobierno no son nada. A pesar de no ser nada, la
ley les atribuye funciones importantísimas, como es la garantía de los
derechos y libertades públicas, el dirigir las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y, además, ser mediadores en multiplicidad de
conflictos sociales de diversa índole: aguas, pastos, etcétera.
A través de las enmiendas números 161 y 167, materializamos el principio
de desconcentración y coordinación que inspira la ley, regulando la
desconcentración o delegación de funciones en los apartados 4 y 6 del
artículo 14.8 y estableciendo una Comisión Interministerial para la
coordinación de los servicios comunes de toda la Administración General
del Estado.
A continuación paso a defender ese bloque de enmiendas que hace
referencia a la delimitación conceptual de alto cargo. Señoría, nosotros
sí entendemos que es necesario --ésta es una buena ocasión-- para definir
quiénes son altos cargos. Yo creo que con ello evitaríamos falsos
debates, como los que recientemente hemos tenido, donde parece que se
iban a suprimir cuatro o cinco mil.
Nosotros consideramos alto cargo a todo aquel que es nombrado con un
rango superior a Subdirección General y, de forma expresa, las figuras de
ministros, subsecretarios, directores generales y presidentes y
directores de organismos públicos ministeriales. Entendemos que no
procede pasar de puntillas en esta ley sobre un asunto tan importante y
que con tanta sensibilidad está siendo seguido por la ciudadanía en
múltiples ocasiones. Pensamos que es insuficiente
la mera declaración de principios que se contiene en esta ley en el
artículo 10, apartado 6.
Si esta enmienda, como preveo, no sale adelante, yo creo que perdemos una
ocasión preciosa para trasladar de verdad a los ciudadanos esa garantía
que supone la objetividad en la actuación de la Administración Pública.
Pero además de esta enumeración y conceptuación de quiénes son altos
cargos, nosotros entendemos que es necesario que se dote su regulación a
través de una norma específica, reglamentaria, por supuesto, que nosotros
denominamos estatuto del personal directivo. En ese estatuto debe
contenerse todo lo relativo a su nombramiento, a su evaluación y
responsabilidad en la gestión pública, los derechos y obligaciones de los
directivos y los restantes aspectos relativos al propio ejercicio de la
función directiva. Para ello mantenemos en las disposiciones adicionales
una enmienda, poniendo un plazo de seis meses para que ese estatuto se
elabore.
Discutimos claramente la concepción que el Grupo Parlamentario Popular ha
expresado sobre la necesidad de que todo el personal directivo sea
funcionario. Es más, incluso en el debate de Comisión se ha llegado a
afirmar que ser directivo es un derecho de todo funcionario. Pensamos,
señorías, que esto nos va a traer, como decía mi compañero esta mañana,
más confusión que claridad y, como digo, hemos tardado mucho en que esta
ley vea la luz y hemos perdido una ocasión decisiva para trasladar más
claridad a un asunto tan sensible.
Con esto paso al tercer bloque de enmiendas, donde nosotros trasladamos
lo que consideramos que puede ayudar a clarificar qué se entiende por
profesionalización de la Administración. Yo creo que es errónea, así lo
hemos considerado desde mi Grupo, la regulación y la identificación que
el Grupo Parlamentario Popular hace entre profesionalización y
funcionarización.
Además de esta regulación errónea, yo creo que en la propia regulación
que nos presenta este proyecto de ley aparecen grandes contradicciones.
Así nos encontramos con que deben ser funcionarios hasta la categoría de
Subsecretario. Sin embargo, para ser Secretario General se atiende a
criterios de competencia profesional, se dice adquirida, dentro o fuera
de la Administración, sea ésta pública o privada. Para los delegados de
Gobierno no se exige nada cuando, sin embargo, se les equipara a la
categoría de Subsecretario, para la cual sí se requiere ser funcionario
de carrera. Y a los subdelegados y directores insulares se les exige
también ser funcionario de un grupo de la categoría A.
Nosotros, señorías, no entendemos que elevar los escalones de la carrera
administrativa ayude a conseguir una Administración profesionalizada con
funcionarios despolitizados. Yo pregunto, ¿pueden estar despolitizados
los subsecretarios, los directores generales, los delegados provinciales,
los subdelegados? ¿Lo van a estar los secretarios generales situados en
el mismo nivel orgánico que los subsecretarios? ¿Cómo es posible mantener
estas tesis en teoría, cuando acabamos de asistir en fecha todavía
reciente a un cese de todos los funcionarios que eran delegados de los
Ministerios en todas las provincias?
Yo pienso, señorías, que no se puede llegar a ese nivel de
despolitización porque es imposible, porque las propias funciones,
algunas inherentes a la función directiva, conllevan tener algo de
política en la cabeza y en la actuación diaria. No parece, por tanto,
como decía, señorías, que los principios de profesionalización,
entendidos como ser funcionario, ayuden a conseguir esa separación entre
cargos políticos y funcionarios públicos. Yo creo que es al revés, lo que
hacemos con esta ley es hacer a los funcionarios políticos y a los
políticos funcionarios.
Frente a dicho esquema, ¿cuál es la posición que mantenemos a través de
estas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista? Nosotros apostamos
por una clara distinción entre lo que son altos cargos y funcionarios y
entre los altos cargos, aquellos que lo son estrictamente políticos, como
son los ministros, los secretarios de Estado, los delegados de Gobierno y
también los delegados provinciales o subdelegados, como ustedes les
llaman, y aquellos directivos profesionales que no necesariamente tienen
que ser funcionarios, que pueden y deben exigírseles unas condiciones,
unos conocimientos técnicos, pero que esos conocimientos técnicos, esa
experiencia la pueden haber adquirido tanto en el ámbito de lo público
como en el de lo privado. Por tanto, como digo, insistimos en la
necesidad de que primero se defina y después se regule un estatuto para
todos estos cargos públicos, entendiendo que es insuficiente que éstos se
rijan por el Estatuto de la Función Pública, como también ha mantenido en
la discusión en Comisión el Grupo Parlamentario Popular.
Y paso al cuarto bloque, donde hemos agrupado las enmiendas que vienen a
configurar el modelo de Administración General del Estado que nosotros
entendemos debe haber a nivel territorial. Señorías, creo que en el corto
debate que hemos tenido hoy se ha puesto de manifiesto que en lo que
afecta a esta materia nos hemos perdido en una discusión puramente
nominalista. Creo que nos hemos dedicado más a discutir si subdelegados
del Gobierno, que si delegado provincial, con el ánimo del que yo creo
que todos estamos impregnados de acabar con la figura del Gobernador
Civil, que nos recuerda otra época y otra Administración, centralizada y
autoritaria, y que hemos perdido, de verdad, la oportunidad de centrar el
debate, porque no se trata del nombre, sino de las funciones y de la
necesidad de articular en todo el territorio de la nación la presencia de
la Administración pública del Estado. Y eso significa presencia
administrativa, pero también, y en gran medida, presencia política;
presencia política que, por cierto, las Comunidades Autónomas han
articulado muy bien a lo largo de estos años, de tal modo que en las
provincias existen unas delegaciones de las consejerías de los gobiernos
autonómicos que representan administrativa y políticamente a la
Administración.
Y yo creo que no han sido medidas las argumentaciones que el Grupo
Parlamentario Popular ha dado para defender el modelo que nos presenta
esta ley. Quiero recordar que la denominación que nos presenta, junto con
las competencias que se dan al subdelegado del Gobierno, nos vienen
envueltas en la excusa de que el mantenimiento de la figura del delegado
provincial, o subdelegado, como le llaman
ustedes, choca con el Estado de las Autonomías y, además, con las
previsiones constitucionales, que sólo contemplan la figura del Delegado
del Gobierno. Yo creo que estas argumentaciones ponen de manifiesto lo
erróneo de esta discusión y que, de verdad, no hemos sabido en esta
Cámara hacer algo que hubiera sido importante: centrar el quid de la
cuestión. No voy a entrar en una glosa de la configuración que la
Constitución hace de la provincia, aunque yo creo que todos tenemos claro
que la delimita como división territorial del Estado y, además, dice que
se organiza para el cumplimiento de las actividades del Estado, o sea,
que también el Estado debe decir algo en las provincias.
Por encima de esas previsiones que, a nivel territorial, prevé la
Constitución, creo que este proyecto de ley pasa por alto otros
principios constitucionales que también son de obligado cumplimiento para
la Administración General del Estado a nivel territorial. Me estoy
refiriendo a los principios de descentralización y desconcentración y a
algo que todavía es más importante para que haya una articulación de
verdad entre Comunidades Autónomas y Administración General del Estado,
que son los principios de colaboración y coordinación, que están en la
base de la concepción de un Estado cooperativo, de un Estado
descentralizado, como es el que está contenido en el Título VIII de la
Constitución. Como he dicho al principio, creo que éstas son razones que
se han dado como excusa y que la única razón verdadera --y creo que lo
podían decir con toda tranquilidad porque está en el ánimo no de mi Grupo
Parlamentario, sino de todos los ciudadanos-- es que lo que han plasmado
aquí es un quiero y no puedo, con tal de conseguir cumplir unos acuerdos
a los que habían llegado para la investidura del Presidente de todos los
españoles, señor Aznar.
Frente a esta posición, nosotros afirmamos la necesidad de que el
Gobierno de la nación tenga representación política en todo el territorio
español, sobre todo en aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con un
gran número de provincias.
Y lo afirmamos, como digo, en razón del rango político de las funciones
que la Lofage reconoce y atribuye a los subdelegados del Gobierno, junto
con los delegados en las Comunidades Autónomas, y que antes he enumerado.
Yo creo que mantienen un bloque de competencias importante, y ese núcleo
debería ser acompañado por la necesaria representación política en cada
una de las provincias y en las Comunidades Autónomas.
También pensamos que es conveniente que el ciudadano sienta de cerca la
presencia de una Administración del Estado que le explique las distintas
políticas que el Gobierno de España hace en su territorio. Eso nos parece
importante. Además, como decía antes, esta concepción es absolutamente
respetuosa y comprensiva con las disposiciones contenidas en la
Constitución Española. El hecho de que la figura del Delegado Provincial
o Subdelegado no esté contemplada en la Constitución no es una razón
suficiente para negar su necesidad y su creación. Si así fuera, tampoco
lo estarían los secretarios de Estado ni muchos de los órganos de que en
este momento se han dotado las Comunidades Autónomas, que tampoco están
regulados en el Título VIII de la Constitución.
Las enmiendas números 172 y 174, señorías, vienen a reforzar algunas de
las reflexiones que he compartido con ustedes, atribuyendo mayor
funcionalidad, simplificación y racionalización de la Administración del
Estado tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma. Y,
concretamente en la número 176, dando relevancia al órgano de
representación del Estado en las Comunidades Autónomas haciendo posible
que pueda pedir, porque así se lo reconozca una ley, su comparecencia
ante el Senado.
Las enmiendas números 182, 185 y 186, en coherencia con las anteriores,
adaptan la denominación y funciones de la Administración territorial del
Estado, completando además la regulación del personal integrado en las
delegaciones territoriales del Gobierno. Me van a permitir sus señorías
que haga aquí una reflexión, porque me ha parecido que a lo largo del
debate se denotaba cierto antagonismo entre las posiciones mantenidas por
el Grupo Parlamentario Socialista y las que mantienen el Grupo
Parlamentario Popular y otros grupos. Me estoy refiriendo a la
contraposición entre simplificación de la Administración y Administración
única.
Quiero afirmar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que
nosotros apostamos fuertemente por la simplificación de la
Administración. De hecho, algunas de las enmiendas que en ese sentido
presentamos en el Congreso de los Diputados han sido recogidas y figuran
en el texto de la ley que hoy debatimos, concretamente, en una
disposición adicional dando un plazo de seis meses para que sean
suprimidas todas las direcciones provinciales. Pero una cosa es
simplificar la Administración haciendo de verdad efectivo el principio de
descentralización y desconcentración y otra cosa es que se envuelva esta
argumentación bajo el eslogan de la Administración única. Esta no deja de
ser un eslogan publicitario, político para emplearlo en campaña
electoral. La Administración única no es el modelo de organización de la
Administración que contempla nuestra Constitución, que habla claramente
de Administraciones Públicas en plural, en el artículo 149.18. Y éste,
además, regula los distintos ámbitos: estatal, Comunidades Autónomas,
Diputaciones, entes locales y ayuntamientos. Por lo tanto, quiero dejar
sentado que nosotros sí apoyamos y apostamos por todas las medidas
tendentes a la simplificación de la Administración. Cuando esta ley entre
en vigor, sin duda, tendrá una repercusión inmediata; pero no es un
proceso acabado, tendrá que seguir en la medida en que se vayan
completando los procesos de transferencia a las distintas Comunidades
Autónomas si sale adelante, por fin, ese pacto de desarrollo autonómico
para las Comunidades que se rigen por el artículo 143 de la Constitución.
Termino la exposición de estos dos títulos, señorías, repitiendo lo que
he dicho al principio: creo que hemos perdido una ocasión magnífica en el
Senado; creo que ha faltado diálogo y espíritu de consenso en un tema
importante, y que habría sido aquí donde podríamos haber hecho un debate
que fuera más allá de intentar preservar las competencias de las
Comunidades Autónomas cuando lo que estamos
haciendo no es tratar de las competencias de unos y otros entes del
Estado, sino haciendo efectivo el derecho de autoorganización que tiene
la Administración del Estado para organizar su administración, el
funcionamiento de la misma, en todo el territorio español.
El modelo final que vamos a aprobar esta tarde si no cambia --como
seguramente no cambiará-- la posición del Grupo mayoritario contraviene
claramente los principios constitucionales de desconcentración y
descentralización --me refiero a nivel territorial, por supuesto--. Es un
proyecto que con su entrada en vigor devalúa la representación política y
no va a mejorar la presencia ni la representación de la Administración
del Estado en todo el territorio español. Pensamos, además, que no
contribuye a una verdadera separación entre el ámbito político y el
ámbito administrativo de la Administración General del Estado, ni a nivel
central ni a nivel territorial. Entendemos que sería necesario delimitar
claramente quiénes son altos cargos y qué es el estatuto que regula su
condición. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un
esfuerzo a través de estas enmiendas para superar las limitaciones que
vemos en el proyecto de ley.
Atendiendo la sugerencia del señor Presidente, voy a pasar muy brevemente
a defender las enmiendas que mantenemos en el voto particular número 7, a
través de las cuales queremos recuperar el texto remitido por el Congreso
ya que entendemos que las enmiendas introducidas por el Grupo
Parlamentario Popular lo empeoran bastante y contravienen principios que
para nosotros son esenciales. Concretamente me estoy refiriendo a la
recuperación del artículo 11, en su apartado 2, del artículo 12.2 y del
artículo 17.1, que han sido modificados por las enmiendas números 224,
225 y 228, del Grupo Parlamentario Popular.
En este sentido, pedimos que se vuelva al texto original en el apartado 2
del artículo 11, que atribuye la categoría de Subsecretario a los
secretarios generales y la de director general a los secretarios
generales técnicos. Entendemos que el texto original contiene una
ordenación jerárquica mucho más precisa y acorde con el modelo de
organización administrativa que hemos defendido; en concreto, la
enumeración que hacía era la de Subsecretario, Director general y
Subdirector General.
En segundo lugar, a través de otra enmienda pedimos la supresión de la
letra a) del artículo 12.2, que introduce una referencia expresa a la
capacidad reguladora, a la capacidad normativa del Gobierno en relación
con el desarrollo de la potestad reglamentaria. Ahora que ya conocemos el
proyecto de ley del Gobierno puesto que ha tenido entrada en el Congreso,
hemos comprobado que ésa es una potestad que viene debidamente recogida
en la ley del Gobierno y que no venía en el texto originario procedente
del Congreso, mucho más acorde con el ámbito competencial de esta ley.
También pedimos la supresión del inciso final del apartado 1 del artículo
17, que regula la asunción de funciones comunes en las secretarías
generales técnicas. El párrafo que queremos suprimir dice: y, en todo
caso, la producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
Evidentemente, esta enumeración no tiene por objeto poner coto a las
funciones comunes que puedan desarrollar dichas secretarías, ya que, como
dice el propio texto de la ley, serán los reales decretos de estructura
de los departamentos los que lo hagan, quedando consagradas en ese género
de «primus inter pares» en relación con las direcciones generales.
Señor Presidente, también dentro de este voto particular número 7,
anuncio que retiramos las enmiendas relativas a los artículos 22, 31.1 y
36, que habían sido modificados respectivamente por las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular números 230, 239 y 240.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig). Muchas gracias, señoría. Para un
turno en contra, tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con el fin de consumir un turno en contra de las enmiendas
debatidas por los distintos grupos parlamentarios, voy a hacer esta
intervención refiriéndome por separado a los Títulos I y II y a cada uno
de los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas, con el
propósito de que ninguno de ellos se quede sin contestación a las mismas
y aunque ya en Comisión fueron consideradas.
La Senadora De Boneta presenta al Título I «principios de organización,
funcionamiento y relaciones con los ciudadanos», las enmiendas 3, 4 y 5.
La primera de ellas hace referencia a que se suprima en el artículo 1 el
que esa regulación se hace en el marco jurídico común a todas las
Administraciones Públicas. Y, como se ha dicho ya esta mañana, esta ley
regula una sola de las tres Administraciones que la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común --que es básica-- reconoce en todo el territorio nacional. Por
tanto, esa referencia viene a reforzar la existencia de otras
Administraciones Públicas y, posiblemente, a dar contestación a lo
contrario de lo que la Senadora quería defender. Lo que se afirma es que
la Administración General del Estado es una Administración Pública más.
En la enmienda número 4 pide que dentro del órgano del Gobierno Central
deben mantenerse sólo los ministros, secretarios de Estado y directores
generales, suprimiendo las figuras de todos los demás organismos, tanto
superiores, como directivos. Lógicamente, tenemos que rechazar esta
enmienda porque la simplificación que ha hecho es de tal naturaleza que
no daría lugar ni siquiera para llevar la más simple de las
administraciones existentes. Y con una sencilla ojeada a lo que hoy
supone el funcionamiento de un Ministerio, aun a pesar de las
competencias que se han transferido a las Comunidades Autónomas e,
incluso, a las entidades locales, sería suficiente para saber que no se
puede llevar a cabo y mucho menos con las relaciones que debe tener con
las Comunidades Europeas.
Y en la enmienda número 5 se pretende suprimir los directores generales,
como es lógico.
Al Título II de esta Ley, la señora De Boneta presenta las números 6, 7,
8, 9, 10, 12, 18, 21, 22, 23, 24 y 25, 11 y 19 y 3 y 15. Hago esta
relación porque se refieren a temas distintos.
La primera de ellas trata de que los ministerios sólo tengan relación en
las Comunidades Autónomas con los consejeros correspondiente por razón de
la materia. Pensamos que un Ministro sí debe tener capacidad suficiente
para relacionarse con la Comunidad Autónoma en relación con la materia de
que es competente, pero no con el Consejero sólo del ramo, sino con toda
la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la personalidad jurídica
suficiente y competente.
En las enmiendas a las que luego he hecho referencia, lógicamente, trata
de suprimir todas aquellas figuras de órganos superiores o directivos que
no cuentan en su organización central ni en su organización territorial,
como son los subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales
técnicos, subdirectores y subdelegados.
En las números 11 y 19 se pide que los delegados y subdelegados tengan
como competencia expresamente determinada en la ley la defensa de las
lenguas oficiales en aquellas Comunidades Autónomas en las que son
cooficiales. En Comisión se le dijo que los delegados y subdelegados del
Gobierno tienen la obligación de la defensa de todo el cuerpo
constitucional, de todas las leyes, de toda la legislación vigente, y,
lógicamente, ahí entra la defensa de las lenguas oficiales allí donde
haya más de una, no solamente del castellano, sino también de la lengua
propia de cada Comunidad Autónoma, por lo que consideramos que no es
necesario hacerlo constar.
Por último, en las números 13 y 16 pide algo que consideramos que es una
simple confusión: que se haga referencia a las competencias del Gobierno
del Estado, y no a las competencias del Estado. Pensamos que la expresión
«competencias de Estado» es la referencia que se hace a la Constitución,
la cual trata de las competencias del Estado, y no de las competencias
del Gobierno del Estado. Por otra parte, hablar de competencias de los
gobiernos sería introducir una confusión innecesaria e incorrecta. No son
los gobiernos los que tienen las competencias, sino el propio Estado, las
propias Comunidades Autónomas, o las entidades locales, en los casos en
que les corresponde. Por eso pienso que es una pequeña equivocación en
cuanto a quién corresponden las competencias y una falta de coincidencia
con la terminología constitucional.
Los Senadores Nieto y Román presentan una serie de enmiendas, muy
numerosas en algunos casos pero que tienen un denominador común en lo que
diré en la segunda parte.
En el Título I reflejan la diferente concepción que tienen de la
estructura de los órganos centrales de la Administración General del
Estado y de los órganos periféricos. Se refieren también en la misma
enmienda a la regulación de la participación de los ciudadanos en la
gestión y decisión de las políticas públicas, de forma completamente
distinta a como se hace en el proyecto.
En otra enmienda, como principio de organización, piden que además de la
división funcional, se tenga en cuenta la división por sectores
funcionalmente homogéneos. Esta última enmienda creo que ha sido recogida
en otra semejante a ésta que ha sido aceptada. Por tanto, creo que no
tiene razón de ser.
En cuanto al modelo de participación ciudadana que pretenden, tenemos que
decir que nos oponemos al mismo, puesto que dentro del texto del proyecto
de ley se ha recogido un sistema, no vamos a llamar de participación para
no herir la sensibilidad de los senadores que han presentado la enmienda,
pero sí un sistema de presencia de los intereses sociales en aquellas
comisiones en las que puede tener algún interés. Se hace en el propio
articulado de la ley. Pero si lleváramos a los extremos lo que se pide en
esas enmiendas, entenderíamos que casi estamos rompiendo el sistema de
organización democrática de los Estados modernos, porque este sistema de
organización parlamentaria otorga la confianza a un determinado grupo
político, mayoritariamente o en coalición con otros grupos, para que
establezca cuál es la política que debe de cumplir, que debe de
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y para que gestione la
política que este grupo político, a través del Gobierno, dirige y
gestiona. Por tanto, introducir en esa gestión la representación directa
de los ciudadanos rompe con lo que en una democracia parlamentaria está
normalmente reconocido. Es una cuestión doctrinal tratada y discutida en
la que hay posturas para todos los gustos, más bien en contra de la
opinión mantenida por los Senadores Nieto y Román, pero nosotros
preferimos optar por la postura que mantiene que la participación
ciudadana en la gestión debe de ser la que se da en el texto y no otra
distinta.
Hay unas enmiendas que hacen referencia a la distinción entre órganos,
para llamar a los órganos directivos, órganos administrativos.
Pensamos que es una confusión por entender que los órganos directivos no
tienen nada que ver con la administración. Precisamente los órganos
directivos son los que culminan la organización administrativa. La
organización ejecutiva en sus niveles superiores no tiene demasiada
importancia, sí lo tiene el contenido que a los mismos se da en lo que
debe de comprenderse dentro de los órganos administrativos y dentro de
los órganos directivos. Dentro de los órganos superiores se pretende
incluir, además del Ministro y del Secretario de Estado, al Presidente
del Gobierno, al Consejo de Ministros, a las comisiones delegadas y a los
delegados del Gobierno. Pensamos que con esta modificación que se
pretende se confunde qué es la Administración Pública General del Estado
con lo que es el Gobierno; sería confundir algo que se nos está echando
en cara desde el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que hemos
introducido en este proyecto de ley: el Gobierno con la Administración, o
llevar la Administración pública hasta límites que suponen que más que
Administración es la política lo que estamos introduciendo dentro de esta
Administración.
En el Título II hay numerosísimas enmiendas que guardan relación con lo
que hemos estado exponiendo hasta este momento. Piden en cada uno de los
artículos a los que se presentan, en los que se hace referencia, o bien a
los secretarios
generales técnicos, o bien a los secretarios, o bien a todos aquellos
órganos superiores o directivos, que se supriman. Hacen referencia
igualmente a la posibilidad de que siempre que se hable de la
participación ciudadana en la gestión de la política, no se haga como se
regula en el texto, a través de su presencia en algunas comisiones
determinadas, sino con una especial regulación de unos artículos, a los
que ha dedicado una especial atención y que exponen cómo tiene que
hacerse esa participación ciudadana en la dirección y gestión de las
políticas públicas, con una regulación distinta, opinión de la que, como
ya le he dicho, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no
participan y, por tanto, no vamos a aceptar.
Cuando se habla del nombramiento de los órganos superiores, de los
órganos directivos, sigue también un criterio distinto al que sigue el
proyecto de ley, porque éste dice que el nombramiento debe de darse entre
personal que reúne la condición de funcionario, en atención a las normas
de mérito y capacidad, de acuerdo con el nombramiento por Real-Decreto.
Los Senadores Nieto y Román piden que se haga de forma distinta, que no
sean funcionarios los altos directivos y, por lo tanto, que el
nombramiento se haga de forma distinta, coincidiendo en parte con lo que
el Grupo Parlamentario Socialista viene a pedir para los altos cargos, es
decir que la exigencia de ser funcionarios dentro de los órganos de la
Administración General del Estado termine en los subdirectores generales
y no lleguen más adelante. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Hay unas referencias concretas en las enmiendas números 54, 55, 56 y 57,
que pretenden incluir algunos incisos al apartado 2 del artículo 12, para
añadir que a los Ministros les corresponde mantener relaciones con los
municipios y las federaciones que los agrupan. Estamos de acuerdo en que
los Ministros tiene estas competencias, pero es cierto que tanto en este
proyecto de ley como en la Ley de Bases de Régimen Local se regula esta
materia, y que en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas se hace una referencia especialísima a que toda la regulación
que haga esta Ley de Bases de Régimen Local no se regirá por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, es decir, hace una
reserva de que aquella ley que ya estaba dictada no se recoja de nuevo en
ésta. Por lo tanto, pensamos que no debe añadirse a la regulación que
ahora tiene esta propia ley.
Por último, la enmienda número 58, pretende que el otorgamiento o
proposición de recompensas y ejercer la potestad disciplinaria se haga
con audiencia de las centrales sindicales y de la junta de personal del
departamento. Consideramos que no es éste el lugar oportuno para hacer
referencia a estas materias, que hay un Estatuto de Función Pública, al
que el señor Ministro de Administraciones Públicas ha hecho referencia
esta mañana, que está en avanzado estado de redacción y que es ahí donde
debe regularse, sin entrar a discutir si eso debe ser así o no.
La enmienda número 59 pretende suprimir, como competencia de los
secretarios de Estado la de mantener relaciones con los órganos de las
Comunidades Autónomas, que es una referencia que hemos hecho ya con
anterioridad.
Son numerosas, como he dicho, las enmiendas que ha presentado este Grupo.
Las números 61 a 63, al artículo 15, hacen referencia a un tema que
todavía no hemos tocado: la creación de una oficina de ética dentro de
los departamentos. Pensamos que precisamente ésa es la labor que tiene
que hacer la Inspección dentro del departamento y es una de las labores
fundamentales que corresponde al titular del mismo dentro de sus
competencias, que es la de hacer que funcione su departamento de acuerdo
con la normas que establece la Constitución, de eficacia, de celeridad,
de jerarquía y de atención a los ciudadanos, y que no es necesario crear
una oficina distinta para que esto sea así. Fuera de esta materia hay
órganos suficientes para poder exigir a la Administración que cumpla con
estas obligaciones si, por casualidad, se las pasara por alto.
La enmienda número 67 no entendemos qué es lo que se quiere pedir.
La enmienda número 68, al apartado 1 al artículo 15, pretende añadir que
el subsecretario, además de ejercer la jefatura de personal, tenga la
potestad sancionadora en materia de personal, cosa que nos parece que ya
está implícito.
Las enmiendas números 72 y 81, a los artículos 22 y 26, pretenden
suprimir la facultad de los demás ministros de Presidencia y de
Administraciones Públicas para dictar instrucciones al Delegado del
Gobierno. Nosotros pensamos que el Delegado del Gobierno depende de la
Presidencia del Gobierno y funcionalmente de todos los ministerios,
porque de todos los ministerios es el jefe de la Administración dentro de
la Comunidad Autónoma y todos los ministros tienen capacidad para darle
instrucciones sobre aquellas materias que son propias de su competencia.
Las enmiendas 73 y 82 coinciden en parte con otra presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y es que el Delegado del Gobierno pueda
comparecer ante la Comisión General de Comunidades Autónomas para dar
cuenta de su gestión y del informe anual del funcionamiento de la
Administración dentro del territorio sobre el que tiene competencia.
Nosotros entendemos que es el Ministro, puesto que el Delegado del
Gobierno no es un órgano independiente y, lógicamente, pensamos que el
Delegado del Gobierno no es un órgano superior es de ahí de donde no cabe
que comparezca ante la Comisión General; es el Ministro, en su nombre y
en el de todo el departamento, el que debe comparecer a dar cuenta de las
actuaciones de todos los órganos que dependen del él, especialmente
cuando son simples representantes.
En la enmienda 77 se pretende añadir un nuevo apartado ocho al artículo
23 para atribuir una competencia a los delegados del Gobierno, que es la
negociación e inscripción de convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas. Los delegados del Gobierno tienen la posibilidad
de proponer estos convenios, pero de ninguna manera tienen la de
celebrarlos por sí mismos porque nosotros no consideramos como órganos
superiores a los delegados del Gobierno. No son órganos superiores y, por
lo tanto, al ser simples órganos directivos, la capacidad de dirigir
y de decidir en el Departamento, salvo que tuviera delegada esa
competencia, le corresponde al Ministro que es el titular del
Departamento y quien puede hacerlo.
En este punto, es probable, tanto por lo que se refiere a los Senadores
Nieto y Román como a otros Senadores del Grupo Parlamentario Socialista,
que partamos de concepciones distintas al hablar de órganos superiores y
de órganos directivos. Para el Grupo Parlamentario Popular los órganos
superiores coinciden, en parte, con lo que en muchos Estados europeos
conocen con el nombre de Gabinete. No son miembros del Gobierno, pero el
concepto es algo más amplio. Se concibe como algo muy semejante al
gobierno. Existe en el Reino Unido. Existe en Alemania. Existe en Italia.
Los secretario de Estado no son ministros, no son miembros del Consejo de
Ministros, pero sí son algo muy cercano que les separa del resto de la
Administración Pública del Estado. Esto es lo que yo creo que nos
diferencia. Nosotros pensamos que los ministros y los secretario de
Estado están en ese grupo, mientras que el resto de los titulares de
órganos de la Administración General del Estado está en otro grupo
completamente distinto.
Los Senadores Nieto y Román han presentado a este Título II numerosísimas
enmiendas, y además muy variadas, a las que ya he hecho referencia. Me
queda, simplemente, contestar a una cuestión. Pretenden que las
delegaciones del Gobierno se adscriban al Ministerio de la Presidencia.
Yo quiero distinguir que en el proyecto de ley se hace una clara
distinción entre el Delegado del Gobierno y las delegaciones del
Gobierno. El Delegado del Gobierno, como representante del Gobierno en la
Comunidad Autónoma, depende del órgano que engloba todo el Gobierno, del
Presidente del Gobierno. Nosotros pensamos que debe ser así. La
Delegación del Gobierno, como un largo brazo de la Administración General
del Estado central, representa al Gobierno, es una delegación y no el
propio Gobierno. Por eso, el Delegado del Gobierno depende del
Presidente, de Presidencia, mientras que la Delegación del Gobierno,
aunque el titular sea el Delegado del Gobierno, depende de los
Ministerios de Administraciones Públicas y del Interior. El Ministerio de
Administraciones Públicas tiene la competencia horizontal sobre todos los
servicios cuando el territorio sobre el que tiene que actuar es el
territorio nacional y no simplemente los órganos centrales.
Esa es, fundamentalmente, la razón por la que nosotros pensamos que no se
puede hacer depender al Delegado del Gobierno del Ministro de
Administraciones Públicas porque el Delegado no encarna a una
Administración pública en sí, sino que representa al Gobierno, mientras
que la delegación del Gobierno sí que es representación de la
Administración pública en la periferia y, por eso, depende del Ministerio
de Administraciones Públicas.
Por último, y con esto termino de responder a los Senadores Nieto y
Román, la enmienda 89 pretende que en el artículo 32.1 no se tenga en
cuenta el número de gestión para excluir de su integración en la
delegación del Gobierno algún servicio territorial. Nosotros queremos que
se tenga en cuenta, además de las funciones o actividades específicas, el
volumen de la gestión para hacer un órgano distinto. Lógicamente, como
regla general, se tendrán en cuenta las dos cosas: lo especial de la
actividad y volumen de la gestión. Si esto último se añade estaremos
completando algo que consideramos que es necesario realizar.
Con esto creo haber dado contestación, puesto que los Senadores Nieto y
Román no han defendido una por una sus enmiendas, a todas las presentadas
por este Grupo. Paso, por tanto, a otras.
El Senador Ríos ha presentado, fundamentalmente, enmiendas al Título II.
Son las enmienda 131, 132, 133 y 143.
En la enmienda 131 pretende que no exista excepción alguna a la regla de
que los directores generales deban ser funcionarios. Parece que está
retirada.
La enmienda número 132, que hace referencia al artículo 19, apartado 2,
pretende que el nombramiento de Subdirector general se haga conforme al
sistema previsto en la legislación específica, es decir, la propia de los
funcionarios. Esta enmienda ha sido también retirada.
La número 133 pretende que en el artículo 31 se diga que a las
Delegaciones del Gobierno corresponde nombrar a los subdelegados y a los
directores insulares en las islas.
La número 143, al artículo 29 bis nuevo, que guarda relación con la
anterior y con alguna otra que se ha defendido aquí aunque pertenecen a
otro grupo, pretende también que se exija la misma titulación a los
directores insulares que a los subdelegados, es decir, que pertenezcan al
grupo A, y que no puedan serlo aquellos que reúnan las condiciones del
grupo B. Si a esto añadimos que piden que se haga una circunscripción
semejante para los directores insulares a la que existe para el
nombramiento de Senadores, creo que habremos terminado con casi todo el
grupo de enmiendas que presenta al Senador Ríos referentes a esta
materia. Pero voy a contestar una por una.
La permisión de que los directores insulares puedan ser tanto del grupo A
como del grupo B responde a una experiencia del Ministerio del Interior
durante muchos años basada en las dificultades que ha encontrado para
poder nombrar un director insular que pertenezca al grupo A en alguna de
las islas. Es más, en el repaso que he dado a algunas de las
intervenciones de su Grupo, creo haber visto que en algún momento ustedes
han pedido que se llegue más abajo, es decir, que incluso pudieran ser
del grupo C aunque no se lo puedo asegurar del todo. Lo que sí es cierto
es que no hay ninguna razón especial para que sean del grupo A o del
grupo B. Se trata de una razón práctica. Posiblemente usted, que vive en
las islas y que lo conoce muy bien, sepa mejor que yo que a veces resulta
muy difícil encontrar un funcionario del grupo A que quiera trasladarse a
alguna de las islas como director insular.
Por lo que se refiere a la circunscripción, no se dice exactamente que no
lo sea. Lo que sí se dice es que «reglamentariamente se determinará». Si
se dice que «reglamentariamente se determinará», lo que quiere decirse es
que en cada caso se verá qué es lo necesario, pero lo cierto es que en
este momento la circunscripción precisa para prestar los servicios que la
Administración general presta en todo el territorio nacional no coincide
en términos generales con la circunscripción para la elección de
Senadores. Esa es la razón por la que, sin cerrar el tema, se diga que
reglamentariamente
se fijará en cada caso cuál es el ámbito en el que se ha de nombrar un
director insular.
La enmienda número 135 al artículo 27.2 pretende suprimir la expresión
«particular» del último párrafo del artículo, pero ya ha sido retirada.
Por último, la enmienda número 140 al artículo 30, que habla de la
simplificación de los servicios periféricos también ha sido retirada.
Señor Presidente, creo que con esto he contestado a todas las enmiendas
que había presentado el Senador Ríos a estos Títulos I y II.
Me quedan por contestar las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. Este Grupo mantiene al Título I las enmiendas
números 151, 153, 154 y 155.
La enmienda número 151, al artículo 6.2.b), pretende suprimir como
órganos directivos a los secretarios generales y a los secretarios
generales técnicos. Respecto a los primeros, quiero decir que el Gobierno
participa en parte de que éstos tienen que ser una excepción y así se
hace constar expresamente. El proceso tiene que ser lento puesto que
estamos en una situación de tránsito. Una Administración pública no surge
de hoy para mañana. No se puede borrar de un plumazo una Administración
pública y hacer una nueva como a uno le gustaría puesto que hay que
contar con lo que hay con anterioridad. Eso es lo que viene a referir el
artículo.
En cuanto a los secretarios generales técnicos, tenemos una concepción
distinta de cómo deben prestarse los servicios comunes dentro de un
departamento. Luego se lo comentaré ya que en el Título II aparece algo
mucho más amplio sobre esa materia.
La enmienda número 153 pretende que el Delegado del Gobierno se incluya
entre los órganos superiores. Ya le he explicado que nosotros partimos de
otra base. Como órganos superiores entendemos lo que en algunos Gobiernos
europeos se entiende por el Gabinete y algo más, es decir, lo que se
discute en la doctrina si es Gobierno o no es Gobierno. Lo que nosotros
estamos discutiendo es si los secretarios de Estado son Gobierno o no son
Gobierno. Nosotros hemos preferido decir: no son Gobierno pero son un
órgano distinto de los que enumeramos a continuación que son los órganos
directivos.
La enmienda número 154, al artículo 6, que regula el acceso,
nombramiento, evaluación y responsabilidad por la gestión, así como los
derechos y obligaciones de los órganos directivos, la trasladan a lo
largo del articulado al Título II, a las disposiciones adicionales y a la
Exposición de Motivos, porque piensan que debe haber un estatuto especial
de los órganos directivos de la Administración General del Estado.
Nosotros pensamos que la parte que les afecta como órganos superiores
viene regulada fundamentalmente en este proyecto de ley que hoy estamos
debatiendo, cómo se les nombra, cuáles son sus responsabilidades, cuál es
su competencia, y en la parte en que no son órganos directivos --puesto
que exige que sean funcionarios--, su carrera va a seguir siendo la de
funcionarios. En el tiempo que sean órganos directivos van a ocupar una
situación especial, que son los servicios especiales, pero ellos no dejan
de pertenecer al cuerpo de funcionarios y deberá aplicárseles --y con
esto creo que explico lo que decía la Senadora Martínez-- como tales lo
que corresponde a funcionarios, y como órganos directivos viene regulado
en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, por lo que no
consideramos necesario que se cree un estatuto del órgano directivo,
porque eso vendría a introducir confusión y crearía problemas allí donde
en este momento todavía no los hay.
Por la enmienda número 155, al Título I, se solicita que sea la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada año la que fije el número
máximo de altos cargos para categoría y el número de unidades
administrativas inferiores. Creo que, en este caso, se han pasado
ustedes. Pasar de hacerlo de una manera normal, por Real-Decreto e
incluso por medio de la relación de puestos de trabajo, y llegar a exigir
que se haga por ley me parece que es introducir rigideces que
imposibilitaría en la mayoría de las ocasiones crear, cuando fuera
necesario, órganos superiores.
Al Título II presentan una serie de enmiendas, y me van a permitir que
siga un sistema distinto del que han seguido ustedes en su intervención.
En las números 157, 158, 159, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 173,
175, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187 y 188 recogen
fundamentalmente la estructura que ustedes quieren para la Administración
General del Estado en los órganos centrales y en la periferia. Esta
concepción del Grupo Parlamentario Socialista es distinta que la que
presenta el proyecto y defiende el Grupo Parlamentario Popular. Entienden
como órganos superiores: los ministros, secretarios de estado y delegados
de gobierno; y entienden que los órganos directivos deben ser:
subsecretarios, directores generales, subdirectores generales y delegados
provinciales del gobierno. Esta es la estructura que ustedes defienden.
Lógicamente, como se ha hablado aquí a lo largo de la tarde de cuál es la
concepción que defiende el Grupo Parlamentario Popular y se contiene en
el proyecto no voy a analizar la diferencia. Se pretende por ello la
supresión de los secretarios generales, secretarios generales técnicos
--a la que ya he hecho referencia--, atribuyendo la dirección y gestión
de los servicios comunes --aquí sí quiero detenerme brevemente-- a los
subsecretarios. Con esto podríamos decir: ya está resuelto, porque son
las subsecretarías las que dirigen todos los servicios comunes de un
Ministerio. Pero, a continuación, dicen: se admite la posibilidad de que
no existe subsecretaría, en cuyo caso ocurriría que en esos servicios
comunes podrían existir órganos directivos del Ministerio --por ejemplo,
una dirección general--, que tenga una unidad que se encargue de los
servicios comunes. Con esto habríamos conseguido algo que ustedes han
estado aplicando durante todo el debate: hay que simplificar, hay que
unificar, hay que conseguir que se racionalice la función pública. Si
cada dirección general o muchas de ellas --yo sé cómo luchan las
direcciones generales para conseguir tener sus propios servicios comunes,
especialmente la intervención y la asesoría jurídica-- tuviera su propia
intervención y su propia asesoría jurídica sería prácticamente imposible
para el titular del ministerio controlar el funcionamiento de los gastos
comunes, que son los que normalmente se disparan en cualquier Gobierno.
Por lo tanto, eso sólo vendría a introducir confusión, porque creemos que
sería imposible que el titular del departamento, a través de la
subsecretaría, controlara --digo controlara-- cuáles son los gastos
comunes y pudiera gestionar de manera uniforme todo el departamento.
Respecto al Delegado del Gobierno, pretenden ustedes que no dependa de la
Presidencia del Gobierno y que no nombre a los subdelegados, que no tenga
la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto lo uno
a lo que pretenden del Delegado provincial del Gobierno, que es lo que
vendría a ocupar parte de las funciones del actual gobernador civil.
Pretenden que sea el representante del Gobierno en la provincia, no en la
Comunidad Autónoma, que tenga rango de director general, que sea nombrado
por real decreto, por lo tanto, por el Consejo de Ministros, oídos los
delegados, y que dirija las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la provincia, pero no bajo la dirección y la supervisión de los delegados
del Gobierno.
Nosotros entendemos que la organización que hace el proyecto de ley en
las Comunidades Autónomas es mucho más sencilla. Sí que hace referencia a
que el delegado del Gobierno es el representante de la Administración
General en la Comunidad y, además, lógicamente, como lo es un ministro,
también es representante del Gobierno, pero estamos hablando de una ley
de la Administración, de una Administración pública. El Gobierno no se
regula aquí, sino en la ley que éste ha presentado en el Ministerio un
poco más tarde, la que ahora está en el Congreso de los Diputados. Por lo
tanto, la condición que tiene de representante del Gobierno la tiene en
la Comunidad Autónoma. Si a los delegados provinciales, como ustedes los
llaman, los subdelegados del proyecto, se les diera también la
posibilidad de ser los representantes del Gobierno en la provincia,
tendríamos la paradoja de que, dentro de un mismo territorio, que es la
provincia, habría dos representantes del Gobierno permanentemente: el
director provincial --el subdelegado actual-- y el delegado del Gobierno,
porque ustedes dicen que los dos tienen la representación del Gobierno.
Yo creo, sin embargo, que es lógico, siguiendo la norma constitucional,
que el delegado del Gobierno sea el representante del Gobierno, que nos
olvidemos de esta faceta y que vayamos a la Administración pública, que
es la Administración General del Estado en el territorio de las
provincias. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo quieren ustedes organizar que haya
una administración de carácter autonómico y una administración periférica
también, de carácter provincial? Superponiendo las dos, que sigan
existiendo dos administraciones periféricas: la de la región y la de la
provincia, de tal manera que ¿con qué se encuentran ustedes cuando
intentan organizar la dirección provincial? Se encuentran con que,
necesariamente, tienen que adscribir en su modelo al delegado provincial
del Gobierno como una unidad de la delegación del Gobierno. Eso es
contradictorio. O es de la provincia, o es de la Comunidad Autónoma. Si
es de la Comunidad Autónoma, está adscrita, como es lógico, al vértice,
que es la delegación del Gobierno, y si no es de la provincia, estaríamos
superponiendo de nuevo sobre un mismo territorio la representación doble
de la Administración General del Estado: la delegación del Gobierno y la
delegación provincial, que ustedes llaman en su organización delegación
territorial. Porque ustedes tienen en su organización delegación del
Gobierno regional y delegación territorial, dos delegaciones sobre un
mismo territorio, ya que supongo que cuando hablan de delegación
territorial ésta se extenderá a todas las provincias que constituyen el
territorio de una Comunidad Autónoma, si no, no sería posible.
Esa es la gran diferencia que tenemos y por la que rechazamos las
enmiendas a las que he hecho referencia.
Antes ya he mencionado algo que supongo que es una confusión: delegación
del Gobierno y delegado del Gobierno. Acabo de hacer referencia a que
ustedes pretenden que haya una delegación regional y una provincial, y
nosotros pensamos que eso sería una incoherencia. El modelo que establece
el proyecto de ley es el lógico. Hay una Administración General, que
tiene unos órganos centrales, hay una Administración general que tiene
unos órganos que son periféricos, los órganos periféricos son los de la
Comunidad Autónoma, que es el territorio que se establece, y como
unidades de esa delegación del Gobierno, de la Administración dentro de
la Comunidad Autónoma, hay unas unidades cuya sede está en cada una de
las provincias. Ese es el esquema que plantea el proyecto de ley, el cual
nos parece lógico y mucho más claro que el que, desde su punto de vista,
intentan introducir.
¿Por qué confunden ustedes el problema? Porque yo creo que no han
terminado de deslindar algo que nos están echando en cara. No están
deslindando lo que es Gobierno de lo que es Administración Pública. El
gran paso, el gran avance que se ha dado en materia de Gobierno y
Administraciones públicas, es la separación del Gobierno y de la
Administración pública. Ustedes dicen: Si el delegado provincial es
también un representante del Gobierno en la provincia, y hablan de
Administración pública, es que están confundiendo Gobierno con
Administración, y sólo con que se repasen la intervención que han hecho
aquí verán cómo dicen con reiteración que el Gobierno no tiene
representación en la provincia. Señoría, la organización de la
Administración General del Estado no está hecha para representar al
Gobierno, está hecha para gestionar las políticas que éste establezca
para que las leyes puedan dar satisfacción a los ciudadanos, pero no para
representar al Gobierno. La Administración no representa al Gobierno. El
Gobierno tiene otra función, que es la de dirigir las políticas
interiores y exteriores y ejercer la función ejecutiva, pero no es el
Gobierno el que está en las provincias.
El señor PRESIDENTE. Senador Huidobro, vaya terminando, por favor.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Sí, señor Presidente. Ya termino.
Las enmiendas números 163 y 166 pretenden que se suprima el requisito de
ser funcionario para ser nombrado subsecretario y director general.
Nosotros queremos profesionalizar --es un tema que ustedes han debatido
mucho-- la Administración Pública --no la Función Pública-- lo
que supone que en ella sólo haya funcionarios, aunque sean designados por
real decreto, así de sencillo. Es decir, que siempre estén nombrados los
funcionarios. Eso es profesionar la Administración Pública, no la Función
Pública.
La enmienda número 160 es puramente terminológica. Que en lugar de hablar
de órganos de nivel inferior se hable de rango inferior, es algo que ya
hemos hecho constar en el debate de Comisión. Creemos que es mucho más
apropiado el término «nivel» que «rango».
La enmienda número 161 hace referencia a que los secretarios de estado
puedan desconcentrar o delegar competencias en los órganos directivos. La
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas no otorga esta
atribución sólo a los secretarios de estado, sino a todos los órganos.
Por tanto, no hace falta hacerlo constar aquí específicamente.
La enmienda número 167 habla de la posibilidad de crear comisiones
interministeriales con los organismos públicos dependientes del
Ministerio. Quien tiene la dependencia de un organismo público a sus
órdenes no necesita crear una comisión interministerial. Se dirigirá y se
relacionará directamente con el organismo público porque éste depende del
Ministerio.
La enmienda número 172 hace referencia a que el Delegado del Gobierno
pueda suspender provisionalmente cualquier actuación de interés general,
aunque no sea de servicios integrados en la Delegación del Gobierno.
Nosotros pensamos que eso no es necesario; que posiblemente lo fuera hace
un siglo porque las comunicaciones no eran constantes, pero hoy cualquier
servicio no integrado se puede poner en contacto con la dirección general
o el ministerio de que dependa y darle la solución o la respuesta en el
momento, con pocos minutos, a través de un fax o de un correo
electrónico. No hay problema para que se pueda suspender.
La enmienda número 174 hace referencia a las competencias de los
delegados en cuanto a la utilización racional de los edificios. Creo que
está incluido dentro de las competencias generales.
La enmienda número 176 hace referencia a que el Delegado del Gobierno
pueda solicitar comparecer en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, a lo que ya he hecho referencia con anterioridad. Creemos que
debe de ser el Ministerio el que comparezca.
El voto particular número siete pretende que los artículos números 2,
12.1, 12.2, a) y 17.1 vuelvan a su redacción inicial. Se han retirado las
relativas a los artículos números 31.1, 32 y 36 porque al pretender
volver a la redacción inicial se había introducido en uno de los
artículos como reforma una coma; otra de las modificaciones suponía que
se había suprimido la palabra «asimismo». Querían volver al texto
original sólo por haber puesto una coma, la palabra «asimismo» o
sustituir Corporaciones locales por Entidades Locales. Esas son las que
han retirado, pero mantener una enmienda en base a lo que acabo de
explicar creo que no es muy coherente.
De todas formas, en la enmienda número 224 al artículo 11.2 viene
perfectamente estudiado. ¿Por qué se hace referencia a que los
secretarios generales tienen la categoría de subsecretarios? Para
precisarlo en ese artículo, porque había quedado pendiente y no se decía
en ningún lugar.
¿Por qué en el artículo 12.2, a) --enmienda número 225-- se ha añadido
«ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la
Legislación reguladora del Gobierno». Antes decía «legislación
específica». Lo único que hemos hecho es decir que la legislación
específica es la ley del Gobierno. Nada más. Es lo único que hemos
modificado. Eso es lo que ustedes intentan suprimir, es decir, que en
lugar de ley del Gobierno pongamos su ley específica.
El señor PRESIDENTE: Senador Huidobro, termine por favor.
El señor HUIDOBRO DIEZ: La enmienda número 228, al artículo 17.1 --con
esto termino, señor Presidente--, lo único que dice es que se suprima
asistencia jurídica y publicaciones de las competencias de los
secretarios generales técnicos. Yo creo que es algo que les corresponde,
que lo tienen reconocido en los artículos y que no tiene razón de ser.
Gracias, señor Presidente por su amabilidad, pero comprenda que no
resulta fácil contestar en poco tiempo a las numerosísimas enmiendas que
han presentado los grupos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Huidobro Díez.
Pasamos al turno de portavoces, por tiempo de cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Intervengo por una cuestión de orden porque he visto
que ha habido una confusión reiterada en el número de las enmiendas, como
ocurrió en la Ponencia y en Comisión. La disposición adicional cuarta se
convirtió en los artículos 29 y 29 bis. Por parte de Coalición Canaria,
están vivas las enmiendas 133, 137, 142, 143 y 144, que lo son al
artículo 29 bis. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que al portavoz del Grupo Parlamentario Popular no le ha dado
tiempo de rebatir las enmiendas que ha presentado mi Grupo. Espero que en
otro turno de defensa de las enmiendas tengan a bien rebatir las
nuestras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar y con toda cordialidad, quiero decir al Senador Huidobro
que legítimamente puede rechazar las enmiendas, pero no despreciar las
mejores técnicas que se propongan a la ley. Yo creo que estamos
legislando y lo estamos haciendo para unas leyes muy específicas, para
profesionales. Incluso él es consciente, como yo lo soy, de que han
quedado bastantes incorrecciones desde el punto de vista administrativo
en la ley. No las desprecie. Nosotros hemos hecho las que hemos entendido
que eran convenientes para mejorar el texto de la ley. Desde luego, no
hemos presentado ninguna que suponga una coma, pero hemos aceptado todas
las comas que ellos han querido poner, porque nos parecía que debían
estar puestas y las hemos aceptado.
Pero permítame que haga algunas reflexiones en relación con algunas de
las afirmaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. En primer lugar, en lo relativo a la organización tanto de
órganos superiores como directivos. En cuanto a la discusión doctrinal
que hay en torno a la figura del Secretario de Estado, el Grupo
Parlamentario Popular, al igual que antes hizo el Gobierno socialista, ha
querido concentrar solamente en la figura del Consejo de Ministros lo que
se entiende por Gobierno. Todos sabemos que la Constitución es mucho más
comprensiva y posibilita que además de los miembros del Consejo de
Ministros otros órganos puedan ser considerados miembros del Gobierno.
Pero dicho eso, y ésa es la opción que ya conocemos en el texto publicado
de la ley del Gobierno, no se puede afirmar que el Secretario de Estado
no es Gobierno, pero sí es un poco Gobierno, o es algo distinto. No, el
Secretario de Estado es un órgano superior, como dice la ley, pero no
forma parte del Gobierno ni tiene competencias de Gobierno. Yo he hecho
una referencia en el sentido de que la Lofage atribuye al Secretario de
Estado la función de dirigir y coordinar la Administración General del
Estado en el ámbito de su Ministerio. Y decía que ésa es la misma función
que la Constitución da al Delegado de Gobierno, pero no sobre un
Ministerio sino sobre un territorio y en relación a todos los
Ministerios. Por eso le decía que el rango que debe tener el Delegado de
Gobierno es el de órgano superior y no órgano directivo, porque es el que
representa, dirige y coordina toda la actuación de la Administración
General del Estado, y se llama Delegado de Gobierno porque también el
Gobierno está en la Administración, el Gobierno es el órgano superior de
la Administración que estamos regulando con esta ley.
Ha hecho algunas afirmaciones y o yo me he explicado mal o no las
reconozco como mías, me estoy refiriendo al hecho de que hayamos afirmado
que las direcciones generales tengan servicios jurídicos. No, el modelo
organizativo que mantenemos es un modelo de servicios comunes, ubicados
en la Subsecretaría. ¿Por qué decimos que puede haber una estructura que
no contempla la Subsecretaría? Señor Huidobro lo hemos hecho pensando y
teniendo delante la ley de Gobierno, donde entendemos que se da la
posibilidad de regular y crear Ministerios que no tienen por qué atenerse
de una forma tan puntual al esquema que estamos organizando aquí para
todos los Ministerios en su conjunto.
En cuanto a los órganos directivos, por las razones que antes hemos
expuesto y que ratificamos, entendemos que son muchos, que es obsoleto el
esquema que traduce esta ley, que repite y recoge todas las figuras
contenidas en el año 1957. Pero la Ley de 1957 no tenía una definición ni
de competencias ni de funciones en relación a estos órganos comunes.
Ahora sí las tienen. La Secretaría de Estado las tiene y, por tanto,
pensamos que es superflua la existencia de esa figura del Secretario
General y también del Secretario General Técnico.
Dicen que tienen que hacer la administración poco a poco. Yo creo que la
están haciendo con mucha confusión, porque el ardor con el que aquí
defiende a la figura del Secretario General Técnico no se corresponde con
la regulación que de las secretarías generales técnicas se ha hecho en
todos los reales decretos del pasado mes de agosto que organizan todos
los Ministerios del nuevo Gobierno.
Se dan competencias absolutamente distintas y dispares a cada una de las
Secretarías Generales Técnicas, con lo cual lo que se pone de manifiesto
es que ustedes no tienen un modelo definitivo, ni definido tan siquiera,
de qué funciones deben desempeñarse por estas Secretarías Generales
Técnicas. Lo que yo creo es que cogieron la ley del Gobierno anterior y
han intentado trasladar a ella --muy legítimamente, por cierto--
compromisos electorales que ustedes tenían, como era que fueran
funcionarios todos los órganos directivos, incluido el Subsecretario.
Como estaban cogidos por ese compromiso, han tenido que introducir un
órgano político, no funcionarial, y por eso introducen la figura del
Secretario General, pero entendemos que no es acorde y que casa mal con
el contenido de este proyecto de ley y con las funciones que están
previstas para cada uno de los órganos que regula.
En cuanto a los Delegados del Gobierno, no vamos a hacer «casus belli» de
su ubicación funcional orgánica. Hemos hecho una precisión con una
enmienda que nos parecía que ubicaba técnicamente mejor esa dependencia,
porque el artículo 22, en su apartado 1, hace depender funcionalmente al
Delegado del Gobierno, no a la Delegación --tiene razón, la Delegación se
adscribe orgánicamente al Ministerio de la Presidencia en otro artículo
distinto--, no sólo del Ministerio para las Administraciones Públicas,
sino también del de Interior y de todos los demás ministerios, porque es
a esos ministerios a los que representa en su territorio y en la
dirección y coordinación que hace de las materias que regula.
Ha hecho un símil muy original en torno a la duplicidad de representación
del Estado a nivel de Comunidades Autónomas, diciendo que había una doble
representación, una por parte del Delegado del Gobierno y otra por parte
del Delegado Provincial o Subdelegado. Pues, puestos a imaginar,
imaginémonos que son tres, porque cuando el señor Presidente del Gobierno
está en una Comunidad Autónoma,
¿quién representa al Gobierno, el Delegado o el Presidente del Gobierno?
Yo creo que eso es hacer malabarismos e intentar justificar un esquema
que realmente no tiene mucha justificación.
Delegar lo que se tiene delegado es una mala técnica, desde el punto de
vista administrativo, desde siempre. Entendemos que el Subdelegado del
Gobierno, o Delegado Provincial, como nosotros le llamamos, tiene una
función política que es también la de representar en la provincia a ese
Gobierno y que, por tanto, esa delegación no le viene del Delegado del
Gobierno, sino que tiene una representación propia en función de la
competencia que se le asigna, que es la de dirigir no sólo la
Administración General del Estado, sino también a las Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado y, como decía antes, mediar en conflictos
importantes. Yo creo que no es baladí el ámbito de competencias que le
quedan; lo que no nos parece a nosotros aceptable es que se le prive,
precisamente, de esa representación política que debía tener y que es el
último eslabón para articular territorialmente los principios
constitucionales de descentralización y desconcentración del poder
político.
En cuanto al tema de la funcionalización, que es como ustedes entienden
el principio de profesionalización en la Administración, yo creo que de
la exposición que he hecho en la defensa de las enmiendas ha quedado
manifiesta la oposición frontal que en nuestro Grupo Parlamentario
tenemos ante esa traducción de esos principios. Y ahora aporta usted más
confusión en su intervención, porque al final ha terminado diciendo que
en los órganos directivos, tanto el Subsecretario como el Secretario
General Técnico son funcionarios pero no son funcionarios porque siguen
en excedencia en sus respectivos cuerpos. ¿Son funcionarios o no son
funcionarios? ¿Qué es lo que son? Precisamente, ésa es la apuesta que el
Grupo Parlamentario Socialista quería llevar a su ánimo: es preciso
separar los altos cargos de los funcionarios y aplicar a los funcionarios
el Estatuto de la Función Pública y a los altos cargos su propio
Estatuto. ¿Quiere eso decir que los órganos directivos y las funciones
políticas estén vedados a los funcionarios? No, el funcionario que quiera
meterse en política que se meta en política y que sea político, pero que
los políticos no sean funcionarios. Y yo creo que, en vez de clarificar
esta materia --y ésta era una ocasión magnífica para ello--, se ha
aportado más confusión a esta disquisición.
Voy a hacer una última referencia a algo que me parece residual, pero no
falto de importancia: la enmienda referida a la atribución que dábamos al
Delegado del Gobierno para poder suspender cualquier tipo de acto
administrativo dando cuenta el Gobierno de la nación.
Efectivamente, señorías, los medios de comunicación hacen que estén muy
próximas las distancias; también los de telecomunicación, para enviar
instrucciones y órdenes. Pero bajo el ámbito de responsabilidades y
competencias del Delegado del Gobierno puede haber momentos y hechos en
los que ésta tenga que intervenir. Y para prevenir y dejar a salvo
lesiones al interés general, sería conveniente que esta competencia la
tuviera el Delegado del Gobierno, dando así traducción práctica al
principio de eficacia, que, como sus señorías saben, también es uno de
los que constitucionalmente amparan y deben regir en toda la regulación
de la Administración Pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en mi intervención anterior, posiblemente por el gran número de
enmiendas que había, he dejado de contestar a las presentadas por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convegència i Unió.
Al Título I, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
tenía presentada la enmienda número 121, al artículo 3, apartado 1, que
pretende añadir como principio de organización la «Delegación o
Transferencia» --de las competencias-- «a las Comunidades Autónomas, al
menos, sus funciones ejecutivas en aquellas materias que por su
naturaleza puedan serlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de
la Constitución Española».
Pensamos que éste no es un principio que debiera de constar en una ley
que regule la Administración, sino que es un principio que está recogido
clarísimamente en la Constitución Española. El proceso de transferencia
de competencias se va a hacer conste o no conste aquí. No es que se vaya
a hacer, se está haciendo. Uno de los grandes problemas, una de las
grandes bazas en las que se ha apoyado la reforma de los Estatutos de las
Comunidades Autónomas, ha sido el artículo 150.2 de la Constitución. Por
lo tanto, yo creo que no debemos tener temor alguno de que este artículo
se vea mermado porque no conste en esta ley. Es más, creo que incluirlo
en la misma vendría a disminuir la importancia de dicho artículo. Está
mucho mejor en la Constitución, sin recogerlo aquí --además, no añadiría
nada--, porque puede servir para dar respuesta incluso a lo que el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos pretende. Además, no
añadiría nada. Esta es la opinión del Grupo Parlamentario Popular.
Este Grupo tiene presentada también otra enmienda, la número 122 al
artículo 34, que pretende añadir un nuevo apartado «8», en el que se diga
que «la Administración General del Estado facilitará... la presencia de
las Comunidades Autónomas» --en la organización exterior de la
Administración General-- «para el adecuado ejercicio de sus
competencias». Hay un artículo dentro del texto del proyecto de ley que
dice que impone la obligación de colaborar con las oficinas de las
Comunidades Autónomas a la Administración del Estado en el exterior. Y,
asimismo, está prevista en el número 7 del artículo 35. La reciente
regulación de una ley de la Conferencia General para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas también da respuesta en parte a esta
petición.
Sé que esto no cubre todas las aspiraciones de todas las Comunidades
Autónomas en esta materia, pero tampoco
cierra el camino para que en el futuro se pueda seguir ahondando en el
mismo. Pensamos que en este momento, con el artículo 35 y con la Ley de
la Conferencia Sectorial, es suficiente --de momento, como digo-- para
satisfacer estas necesidades.
Esa misma petición figura en la enmienda número 214, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al que damos
igual respuesta. Y tiene dicho grupo una enmienda más, la número 212, al
artículo 27, apartado 2, que hace alusión a la posibilidad de realizar
convenios referidos a programas de financiación estatal, y pretende que
se añada «en materias de competencias del Estado». Pensamos que eso
serviría únicamente para que en algunas ocasiones el Gobierno de la
nación no pudiera colaborar con alguna entidad local en programas que no
afectaran a su competencia. Pero lo que sí es cierto es que esto de
ninguna manera supone un conflicto de competencias con aquellas que
tienen atribuidas las Comunidades Autónomas en relación con los entes
locales. Es decir, que entendiendo cuál es el espíritu de la enmienda,
coincidiendo con que estos convenios nunca deben interferir en aquellas
competencias que las Comunidades Autónomas tienen atribuidas sobre los
entes locales, pensamos que no debe estar incluido dentro de este
proyecto de ley. Con esto, más que dar respuesta por primera vez, expreso
cuáles son las razones para oponernos a sus enmiendas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho una intervención sustanciosa
aunque breve, y, en primer lugar, quiero decirle a la Senadora Martínez
que de ninguna manera ha sido mi intención menospreciar las aportaciones
que el citado Grupo ha hecho a este proyecto de ley a lo largo de la
Ponencia y de la Comisión.
Si así fuera le pido perdón, pero en modo alguno ha sido mi intención, y
tampoco la del Grupo Parlamentario Popular, molestar a los ponentes, que
realizan un esfuerzo extraordinario para que la ley se mejore --lo que,
desde nuestro punto de vista, se ha conseguido.
Ustedes dicen que el proyecto es obsoleto y yo digo: el proyecto responde
a lo que hoy exige una Administración en un Estado de las Autonomías. Hay
que llegar hasta el fondo del Estado de las Autonomías porque se nos está
pidiendo desde todos los extremos, porque los ciudadanos están pidiendo
que nos definamos. Y nos definimos por una razón muy sencilla: si hay un
Estado autonómico y hay una distribución territorial del poder político
--que no tiene que ver con la desconcentración y con la
descentralización, la distribución territorial del poder político es otra
cosa--, debemos responder a ello para hacer la distribución entre órganos
centrales y territoriales de la Administración General del Estado, y a
eso responde mejor el proyecto que la pretensión que tienen ustedes.
Olvídense de la representación del Gobierno en las provincias, hablen de
la representación de la Administración General del Estado, de cómo está
presente la Administración General del Estado en las provincias. Ustedes
dicen que a través de la provincia, directamente relacionada con el
Ministerio, tenga una representación la Administración y que a través de
las Comunidades Autónomas, mediante la delegación del Gobierno, tenga
otra representación. Nosotros les decimos que esa representación sea en
cascada: que sea la Comunidad Autónoma la que tenga la representación de
la Administración y que se incorporen las provincias como unidades de esa
delegación territorial, que ustedes llaman regional, con lo que queda
mucho más claro.
Nuestro modelo responde mucho mejor al espíritu constitucional y, repito,
es mucho más claro que el que ustedes utilizan. Y vuelvo a decir: siguen
confundiendo Gobierno y Administración.
Su señoría ha hecho referencia a los altos cargos, a lo que antes no he
contestado. En el artículo 6, número 5, se hace una enumeración de lo que
son altos cargos. Ustedes dicen: como estos altos cargos tienen que ser
funcionarios, no mezclen ustedes, hagan un estatuto especial para ellos.
Y yo les digo: ¿qué se va a poner en este estatuto: cómo se nombran,
cuáles son sus competencias, cuál es su responsabilidad? Pues a lo largo
del Proyecto de ley se dice cómo se hace su nombramiento, por qué tipo de
normas se les nombra, qué características tienen que reunir, cuáles son
sus competencias y de quién dependen. Luego aquí tienen un estatuto de
los órganos directivos. El resto de sus derechos y deberes los tienen
como funcionarios. Usted dice: No los pueden tener como funcionarios y
como altos cargos. Y yo digo: sí señora, precisamente la figura de los
servicios especiales es la que reserva su condición de funcionarios a los
que están ocupando un puesto de esta naturaleza --o a cualquier otro que
señale la ley, y luego haremos referencia a ello--, es decir, hace
referencia a la posibilidad de que un funcionario esté ocupando un puesto
distinto y, sin embargo, siga en la situación de funcionario.
Creo que con esto he dado respuesta, en términos generales, a esta
cuestión, pero como nos quedan tres bloques todavía, podremos hablar algo
más de estas materias. Este tema es reincidente y se va a repetir a lo
largo de todos los bloques que vamos a discutir, por lo que podremos
aclarar los extremos a que nos hemos referido durante este tiempo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Huidobro.
Pasamos al debate de las enmiendas que corresponden a los Títulos III y
IV, artículos 40 a 66.
En primer término, voto particular número 4 de la Senadora De Boneta y
Piedra, que corresponde a la enmienda número 26.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero decir que se trata de una mejora técnica y que lo único
que pretende esta enmienda es que en el epígrafe referido a los
organismos públicos se detalle que son los organismos públicos
dependientes de la Administración General del Estado. Esta enmienda no
introduce ningún tipo de terminología nueva, puesto que en la Exposición
de motivos de la propia ley se alude a organismos públicos vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado, y evitaría
confusiones con otros organismos públicos dependientes de otras
Administraciones. Es una pura enmienda técnica.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta y piedra.
Voto particular número 3, de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, que corresponde a las enmiendas números 94 a 105. La enmienda
número 105 propone la creación de un Título V nuevo.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que corresponde a la enmienda número 215. Para su
defensa, tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una enmienda que hace referencia a organismos autónomos y entidades
públicas empresariales, en la cual decimos: «La designación, de acuerdo
con lo que establezcan al respecto los Estatutos de Autonomía y las Leyes
del Estado, de representantes de las Comunidades Autónomas en los Organos
de Administración de las Entidades Públicas Empresariales que ejerzan su
actividad principal en el territorio de aquéllas.» Todo ello --repito--
en concordancia con los distintos Estatutos y también en cumplimiento de
las resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el
5 de julio de 1995. Y una razón más todavía: que el pasado día 11 de
febrero --hace muy pocos días, por tanto-- en el Propio Congreso de los
Diputados y en sesión plenaria se debatió la toma en consideración de una
proposición de Ley del Parlamento canario exactamente en el mismo sentido
que tiene nuestra enmienda y que fue aprobada por unanimidad, incluido,
por tanto, el voto del Grupo Parlamentario Popular. Es difícil, pues,
entender un cambio de actitud de un mismo Grupo Parlamentario sobre un
mismo tema, que no creo que tenga nada que ver con que se dabata en una
Cámara u otra, por lo que también resultará difícil de justificar.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carrera.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas 192 a 199, ambas inclusive, para cuya defensa
tiene la palabra la Senadora Martínez, por tiempo de ocho minutos.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
A los Títulos III y IV de la Lofage mantenemos ocho enmiendas y ninguna
al Título V.
En relación a los organismos públicos, que son los regulados en el Título
III, mantenemos las enmiendas 192, 193 y 194.
A través de la enmienda 192 proponemos que, junto a la potestad
expropiatoria, se exceptúe también la potestad disciplinaria de aquellas
facultades que deben o pueden ejercer los organismos públicos en los
términos que prevean sus Estatutos. Entendemos que, de acuerdo con los
principios constitucionales que exigen reserva de Ley para regular lo que
supone la potestad sancionadora, no es posible que el ejercicio o no de
dicha potestad sancionadora quede al arbitrio de lo que determinen los
Estatutos de los organismos públicos, ya que, como sus señorías saben,
dichos Estatutos de deben aprobar por Real Decreto, de acuerdo con las
propias prescripciones de la Lofage.
La número 193, cuya posible transacción anunció el señor Huidobro, es una
de esas enmiendas técnicas a las que antes hacía referencia. Y tenga la
seguridad, señor Senador, de que no me he dado, ni muchísimo menos, por
ofendida. Simplemente, he querido puntualizar que hemos apoyado con
entusiasmo todas aquellas correcciones técnicas que desde su Grupo se han
hecho, que han sido bastantes. Así, ésta es una de las que proponía
nuestro Grupo y que dijo su señoría que tal vez en el Pleno se pudiera
aceptar. Se trata, sencillamente, de concluir el término de una
comparación que aparece en el artículo y que no tiene fin, aunque bien es
cierto, como decía el señor Huidobro en Comisión, que no estamos
regulando ni pesca, ni caza y que el término de la comparación es la
Administración General del Estado. No obstante, entendemos que es
conveniente que conste así.
A través de la enmienda 194 introducimos una adición al artículo 46.3,
donde queremos que se haga constar que en todo caso se asegurará la
homogeneidad imprescindible del régimen del personal al servicio de la
Administración General del Estado y se respetarán los principios de
mérito y capacidad. Creo recordar que en el debate en Comisión decía el
Senador Huidobro, quien intervenía como portavoz de su Grupo, que esta
enmienda era innecesaria puesto que a todo el personal funcionario se le
aplica la normativa que con carácter general está contenida en el
Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, llamo la atención de sus
señorías en el sentido de que precisamente introducimos esta enmienda al
final de este párrafo tercero porque éste lo que regula es una norma
excepcional, a través de la cual se podrán establecer requisitos
distintos tanto de acceso como de movilidad.
Pensamos que aun admitiendo esa excepción, que es buena y que debe hacer
que el organismo público tenga más flexibilidad a la hora de organizar su
propia estructura de personal, en todo caso debía garantizarse una
normativa mínima que afecta a la función pública, y sobre todo el respeto
a que se tengan en cuenta los principios de mérito y capacidad para su
ingreso.
Después de la última intervención del señor Huidobro pongo más énfasis en
mantener esta enmienda, puesto que si todos los altos cargos, y el
personal directivo deben regirse por las normas de la función pública,
habrá que regular mejor las normas de la función pública, para que no
haya excepciones y que, como mínimo, se respeten los derechos
constitucionales de mérito y capacidad.
Las enmiendas números 196, 197, 198 y 199 se han presentado al Título IV,
denominado De las competencias y procedimientos en materia de
organización. Todas estas enmiendas tienen por objeto la creación de
nuevos artículos, concretamente los números 67, 68, 69 y 70, que vengan a
recoger el contenido íntegro de determinadas disposiciones adicionales,
puesto que entendemos que es el articulado el sitio idóneo donde deben
estar contenidas las prescripciones de esas disposiciones. Concretamente
no referimos a la disposición adicional decimotercera (antes
decimoquinta), sobre la delegación y avocación de competencias y
delegación de firma; a la disposición adicional decimoquinta (antes
decimoséptima), sobre el fin de la vía administrativa, con la salvedad
que añadimos en la enmienda de que se haga una llamada a que por ley
pueda preverse un recurso ordinario ante un órgano superior del
Ministerio al que estén adscritos los organismos públicos; a la
disposición adicional decimosexta (antes decimoctava), relativa a la
revisión de oficio, y a la decimoséptima (antes decimonovena), relativa
al recurso extraordinario de revisión.
Entendemos que el contenido de tales disposiciones, como decía en algunas
enmiendas que he defendido en relación al Título II, se adecua mejor a la
propia metodología de elaboración de los proyectos de ley, que creo que
es algo que en el trámite legislativo debemos hacer un esfuerzo por
respetar. El contenido de estas disposiciones no encaja con ninguna de
las características que definen las disposiciones adicionales en esta
directiva, no se ajusta a un régimen jurídico especial que no pueda
situarse en el texto del articulado, tampoco contiene mandatos y
autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas, y
tampoco entendemos que sean preceptos residuales que no quepan en otro
lugar de la Ley.
¿Por qué digo esto? Porque creo, señorías, que precisamente en este
Capítulo, en el que se habla de competencias de los órganos, es donde
realmente debe contenerse la atribución de competencias que a
determinados órganos superiores y directivos debe hacer la ley para
agotar la vía administrativa, para tomar determinadas resoluciones en
relación a determinados recursos, y también para la delegación y
avocación. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Entendemos que ésta no es materia propia de ser regulada, y de hecho no
se ha regulado ni se contempla en las disposiciones adicionales de la Ley
30/92, que establece el régimen jurídico de las administraciones públicas
y el procedimiento común, y lo que hace es regular el procedimiento, pero
no atribuye --creo que no podía hacerlo, ya que es esta ley la que lo
debe hacer-- a los órganos la competencia para resolver y tomar
determinadas actuaciones administrativas.
Señor Presidente, voy a defender también, en relación al voto particular
número 7, la enmienda que mantenemos al artículo 62, que forma parte de
este Capítulo IV, pidiendo que se recupere el texto de dicho artículo de
acuerdo con el texto del Congreso. El artículo 62 procedente del texto
del Congreso ha sido modificado en el trámite parlamentario por la
enmienda número 245, del Grupo Parlamentario Popular, a través de la cual
se han adicionado tres nuevos apartados, en cuyos números dos y tres
entendemos que está contenida una vulneración al principio de jerarquía
normativa y a los principios de derogación entre normas contenidas, tanto
en la Constitución como en el propio Código Civil. Dichos apartados
prevén que unas normas con rango de ley puedan ser derogadas mediante
reales decretos. El texto original del Congreso respeta de una forma
escrupulosa dichos principios, y ésta es la razón por la cual pedimos que
se recupere el texto de ese artículo.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, los Títulos que en este momento estamos tratando se refieren a
los organismos públicos, con todo lo que a ello se refiere, y en el
Capítulo IV a las normas de procedimiento sobre organización.
La Senadora Boneta ha presentado la enmienda número 26 para que se
añadiera al epígrafe del Título III «organismos públicos dependientes de
la Administración General del Estado»: Pensamos que los organismos
públicos que se regulan en esta ley no pueden ser otros, por lo tanto,
consideramos innecesario añadir este artículo.
Los Senadores Nieto y Román presentan las enmiendas números 94 y 95 al
Título III para cambiar el epígrafe, pretenden que se llame «agencias
estatales y empresas públicas estatales». Hacer una regulación completa
de qué deben ser las agencias estatales y las empresas públicas
estatales, cómo se deben crear, cómo se deben organizar, cuál es el
personal que deben tener, supone una concepción completamente distinta de
los organismos públicos que tiene el proyecto de ley. Debatir en este
momento uno u otro sistema supongo que nos llevaría toda la tarde, cosa a
la que no estamos dispuestos. Lo cierto es que la concepción es tan
frontalmente contraria a la que mantiene el texto, que nos oponemos a
ella. Son las razones fundamentales por las que estamos en contra.
Hay algunas enmiendas especiales de los Senadores Nieto y Román que hacen
referencia a la participación de los ciudadanos en estas empresas en
cuanto recogen algún tipo de política de gestión o decisión sobre
políticas públicas. Pienso que con la creación de un Título V sobre la
participación ciudadana en el diseño y control de las políticas públicas
a que he hecho referencia al oponerme a las enmiendas al Título I,
quedarían contestadas todas las enmiendas que los Senadores Nieto y Román
mantienen sobre este Título.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
mantiene la enmienda número 215 --espero no confundirme en esta
ocasión--, al artículo 61, para añadir que los Estatutos de los
organismos públicos regularán también la participación en las Comunidades
Autónomas
cuando así lo prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía y en los
organismos administrativos de gestión de las entidades integradas del
sector público estatal que tengan su ámbito de aplicación dentro del
territorio de la Comunidad. Es una enmienda que coincidía con otra
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
la número 123, a la que nos opusimos en Comisión, y seguimos
oponiéndonos, por entender que no es una materia que deba regularse en
esta ley. Tenemos conocimiento de cuál es la postura que se mantenía,
tenemos conocimiento de esa resolución que se aprobó en el Congreso de
los Diputados precisamente a propuesta del Grupo de Coalición Canaria de
esta Cámara y que viene recogido en algunos Estatutos. No entramos a
debatir cuál puede ser la participación que las Comunidades Autónomas
deban tener en los órganos de Administración de estos entes públicos
empresariales, pero lo que sí decimos es --y por eso rechazamos la
enmienda-- que la ley de la Administración General del Estado no es el
lugar adecuado para incluir esta enmienda.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta a los Títulos III y IV la
enmienda número 192, al artículo 41, que intenta excluir la potestad
sancionadora, así como la expropiatoria de los organismos públicos.
Nosotros pensamos que dentro de la capacidad que tienen los organismos
públicos para llevar a cabo su actividad, y con una naturaleza jurídica
distinta de la expropiatoria, está la sancionadora, y digo con una
naturaleza jurídica distinta de la expropiatoria porque, si bien es
cierto que la potestad sancionadora exige unos requisitos especiales,
cuales son que estén tipificados los hechos como faltas y que esté
tipificado qué sanciones corresponden a estos hechos calificados como
falta, para que pueda aplicarse la potestad sancionadora, los hechos no
tienen que estar definidos en la ley de creación, sino que están
definidos en las normas generales. Si un organismo público sancionara
algún hecho que no estuviera tipificado como falta en alguna ley o no
tuviera prevista en esa falta la sanción correspondiente, no podría
hacerlo. La garantía de los ciudadanos con la tipificación del hecho y
con la sanción impuesta, está suficientemente garantizada y por eso
pensamos que no debe excluirse la potestad sancionadora de los organismos
públicos como una de las potestades que tiene para poder cumplir con los
fines que se les encomiende precisamente a través de una ley, porque los
fines generales de un organismo público sí deben decidirse por ley.
La enmienda 193, al artículo 41, se pretende añadir que los organismos
públicos tienen personalidad jurídica diferenciada de la Administración
General del Estado. Lo cierto es que en una primera lectura a mí me
pareció lógico que se dijera que la personalidad jurídica fuera
diferenciada de la Administración General del Estado, pero tengo que
volver a decir lo mismo que le dije a la Senadora De Boneta, si hablamos
de la Administración General del Estado tendremos que hacerlo también de
la Administración de las Comunidades Autónomas y de la de las entidades
locales, ¿o sólo tiene personalidad jurídica diferenciada la
Administración General del Estado? ¿Los demás entes o personas jurídicas
no la tienen? Tiene personalidad diferenciada de todos, es decir, tiene
su propia personalidad jurídica. Por eso, creo ahora, aunque en el calor
del debate dije otra cosa, que está bien como está en el texto.
En la enmienda 194, al artículo 46, se pretende asegurar la homogeneidad
del régimen del personal de los organismos públicos. Al final del
artículo 46 hay un párrafo que pudiera hacer necesario que se introdujera
este requisito. Sin embargo, yo les digo que en el número uno de ese
artículo se dice que el personal al servicio de los organismos autónomos
será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos
por la Administración General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las
normas que se apliquen a los trabajadores de la Administración General
del Estado, sean funcionarios o sean laborales, se les aplicará a los de
los organismos públicos. Más amplio y más claro no se puede decir.
En el número cuatro de ese artículo se dice que el organismo autónomo
está obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos
establecidas por el Ministerio de Administraciones Públicas y a
comunicarles cuantos acuerdo o resoluciones adopte en aplicación del
régimen específico del personal establecido en su Ley de creación.
Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos para los que se exige
ley es para establecer el régimen del personal de los organismos. No
sucede así en la enmienda, que luego veremos, referida a la creación del
Estatuto. En la ley que establezca el régimen del personal, que tendrá
que ajustarse lógicamente al que se aplica a los funcionarios y laborales
de la Administración General del Estado, deberá sujetarse el organismo a
las instrucciones que sobre recursos humanos haga el Ministerio. ¿Por
qué? Porque es un precepto básico de la Ley 30 de 1984 sobre la Función
Pública. No sería necesario recogerla. Está aquí. Y no sería necesario
porque le es de aplicación en todos los casos por esa norma básica
contenido en la Ley 30 de 1984 de la Función Pública.
La enmienda 195, al Título IV, pretende que además de lo que regula dicho
Título, competencias y procedimientos en materia de organización, se
añada: «... y del procedimiento administrativo común». Esto guarda
relación con las enmiendas 197, 198, 199 y 196. Ustedes pretenden que
artículos que hacen referencia a la Ley de Procedimiento Administrativo
Común, que en el proyecto de ley se contiene como disposiciones
adicionales, pasen a formar parte de este Título como articulado. Eso
responde a la diferente concepción que tenemos. Nosotros pensamos que
estas normas, que no tienen el contenido propio de la Administración
General del Estado, sino de la Ley del Procedimiento Administrativo Común
y de la Ley General de las Administraciones Públicas, no deben formar
parte del texto del cuerpo de esta ley. Se incluyen en las disposiciones
adicionales porque, siendo normas de contenido material, hacen referencia
a contenidos regulados en una ley distinta. De ahí, nuestra distinta
concepción. Nosotros pensamos que el contenido de las disposiciones
adicionales está bien, que debe mantenerse en las adicionales y ustedes
piensan que debe pasarse al articulado. Y como piensan que debe pasarse
al articulado consideran que tendrían que buscarle un título
y el título que buscan es «... y del procedimiento administrativo común».
Nos oponemos, por tanto, a la enmienda 195 y también a las enmiendas 197,
198, 199 y 196 por las razones que le acabo de exponer. Espero no haberme
olvidado de contestar a ningún Grupo Parlamentario y con esto doy por
terminada mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Salvador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente. Intervendré muy
brevemente.
Realmente, continúo sin entender demasiado la posición del Grupo Popular
ya que es difícil de aceptar.
Repito que el día 11 del corriente hubo una votación favorable en este
sentido, pero hoy, en este trámite, la cosa está totalmente al revés. Se
me acude que quizás la única argumentación posible sea que el trámite
actual --estamos hablando de la Lofage--no sea el más idóneo. He
entendido que éste era el sentido de la explicación dada por el Senador
Huidobro. Por tanto, retengo esta posibilidad por si es necesaria u
oportuna una nueva iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Al Senador Carrera y a mí se nos «acude» lo que nos ocurre. (Risas.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora
Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera hacer alguna breve precisión en relación con las posiciones
mantenidas por el Grupo Parlamentario Popular.
Yo creo que la exposición que ha hecho el señor Huidobro viene a dar la
razón a la primera de las enmiendas que nosotros proponemos en cuanto a
la necesidad de excepcionar la potestad sancionadora de las previstas
para que puedan ser ejercidas por los organismos autónomos. Y lo digo por
lo siguiente. Dice el Senador Huidobro, y dice bien, que los organismos
públicos podrán ejercer --y de hecho la ejercen-- la potestad
sancionadora cuando así lo disponga una norma con rango de ley. Eso es
correcto y estamos de acuerdo en ello. Lo que no es correcto --por eso
hemos introducido esta enmienda-- es decir que no pueden ejercerlo porque
así lo digan sus Estatutos, y es que los Estatutos son Reales Decretos
pero no son ley. Esa es la distinción.
Repito que estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho el
Senador Huidobro, pero quiero llamar la atención sobre que esa exposición
lleva a apoyar la enmienda mantenida por el Grupo Socialista.
En cuanto a la otra enmienda que mantenemos relativa a las normas de
personal de los organismos públicos, también quiero llamar la atención de
su señoría en el sentido de que su contenido no lo garantiza la
aplicación de la Ley 30/1984, de la Función Pública. ¿Y por qué? Pues
porque precisamente lo que ustedes establecen como excepción en la ley es
que, mediante una ley, podrá modificarse con carácter excepcional el
régimen del personal de los organismos públicos. Nosotros decimos que eso
nos parece bien, pero también queremos que, a pesar de eso, se garantice
que se van a cumplir unos requisitos mínimos, que son homogéneos para
todo el personal al servicio de la Administración, cuales son los
requisitos de ingreso de mérito y capacidad.
Para terminar diré que nada puedo alegar cuando afirma su señoría que
tenemos diferente concepto en relación con dónde debe ubicarse el
contenido de las distintas disposiciones adicionales. Efectivamente, como
tenemos diferente concepto de cómo debe ubicarse el contenido, nada puedo
decir para contraargumentarle. Usted constata que hay una diferencia de
opinión entre lo que mantiene su Grupo y lo que mantiene el mío.
Pero creo que la enmienda que nosotros presentamos va más allá de una
mejora técnica. Lo decimos con sinceridad y acatando, cómo no, la opinión
mayoritaria de la Cámara. Y es que, como he dicho antes, consideramos que
la ubicación de estas normas en el articulado no se debe sólo a que sea
recomendable que se hagan las leyes de acuerdo con las instrucciones que
existen, sino que se debe también a que cuando los funcionarios que
manejan estas leyes de forma específica, los particulares o los
profesionales tengan que estudiar el procedimiento administrativo, es
evidente que se van a ir a la Ley 30/1992, pero cuando tengan que saber a
qué órgano corresponde resolver todos esos procedimientos
administrativos, a lo que tienen que acudir es a la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, que es la Ley que
atribuye competencias y funciones a cada uno de los órganos de la
Administración. Yo estoy segura de que no van a ir a buscarlo a las
disposiciones adicionales; lo normal es que vayan al articulado ya que es
una norma positiva la que debe atribuirles esa competencia.
No obstante, y puesto que son distintas concepciones, podríamos decir que
nos quedamos en tablas, aunque la votación, sin duda, la ganará usted.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Huidobro.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera aclarar un extremo al Senador de Convergència i Unió.
Señoría, no he querido decir que éste no era el momento sino que no era
el lugar oportuno. La Lofage no es el lugar en que debe regularse esta
participación.
Por lo que se refiere a la intervención de la Senadora socialista, tengo
que decirle que creo no haber dicho que
los organismos públicos tendrán la potestad sancionadora cuando se les
atribuya en una ley, sino que sólo podrán sancionar cuando el hecho esté
tipificado como falta en una ley y la sanción que se le atribuya esté
tipificada como falta en una ley, lo que quiere decir que la relación de
hechos que son falta y la sanción que les corresponde nada tiene que ver
con la creación del organismo público. En la ley que se confeccione, lo
que se atribuye al organismo no es dónde se van a tipificar las faltas,
sino en aquellas que regule la actividad sobre la que se le ha atribuido
la competencia al organismo, por eso podrá ejercer la potestad
sancionadora, porque tiene que actuar sobre una actividad determinada que
es una parte de la materia de la que tiene competencia algún ministerio o
algún departamento determinado.
Respecto al problema de la aplicación del régimen general de los
funcionarios al personal de los organismos autónomos, estoy de acuerdo
con lo que usted dice, pero resulta que en el artículo 62, cuando se
habla de la modificación y refundición de organismos públicos, se admite
en el número 2 la posibilidad de que las modificaciones o refundiciones
de organismos autónomos o entidades públicas empresariales se lleven a
cabo aunque supongan una modificación de la ley de creación. Ruego que
lean lo que yo me acabo de saltar en este momento: «no comprendidas en el
apartado anterior». Y en el apartado anterior dice que no se pueden
modificar por Real-decreto aquellas materias que hagan referencia al tipo
de organismo o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos,
al régimen de personal, al de contratación, al patrimonial y fiscal, lo
que quiere decir que nada que se refiera al régimen de personal puede
modificarse de ningún organismo público por medio de real-decreto, tiene
que hacerse por ley. Por lo tanto, creo que con eso queda suficientemente
garantizado lo que ustedes pretendían respecto a los funcionarios. Usted
me dice que no y yo pienso que sí; puede no quedar garantizada a su
gusto, pero, lógicamente, tendrá que pasar por el debate de una Cámara, y
será el régimen de mayorías el que diga cuál es el régimen del personal,
del funcionario que, siendo el estatuto de la función pública una ley
básica en algunas materias, no podrá salirse de las mismas, especialmente
si en el artículo 1, de los funcionarios, del que estamos hablando se
dice que se regirán por el mismo régimen todo el personal funcionario o
laboral de los organismos públicos. Creo que está suficientemente
garantizada y no es necesario añadir nada más para que el régimen del
personal en los organismos públicos quede garantizado totalmente.
Respecto a las Adicionales, consideran que ustedes tienen razón en cuanto
a su ubicación. Dicen que va a resultar difícil para los funcionarios y
para los ciudadanos buscar la existencia de una norma que modifique una
ley que ya está en vigor, pero tiempo han tenido durante muchos años para
haber puesto en marcha este tipo de refundiciones --aunque luego lo
solicitan--, donde los funcionarios o ciudadanos pudieran encontrar todas
las normas sobre una materia dentro de un solo texto refundido. Resulta
que durante catorce o dieciséis años no se ha podido hacer pero ahora
dicen que habría que hacerse. Creo que es más difícil encontrar dentro de
la Lofage una norma que se refiera al procedimiento común que buscarlo en
una norma adicional; es una opinión personal. De todas las maneras,
nuestro Grupo mantiene que la regulación de los aspectos materiales que
no se refieren a la Administración, sino al procedimiento, deberían estar
fuera del texto, en las Adicionales, y lo que se refiere al texto dentro
del mismo. Esta es la razón por la que pensamos que el texto está bien
como está y por lo que no aceptamos las enmiendas que ustedes presentan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
Pasamos, a continuación, al debate de las enmiendas a las Disposiciones
Adicionales Primera a Decimoséptima, Disposiciones Transitorias Primera a
Tercera, Disposición Derogatoria y Disposiciones Finales Primera y
Segunda.
La Senadora De Boneta y Piedra ha dado por defendida todas sus enmiendas.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente para defender las enmiendas
números 106 a 119.
El señor ROMAN CLEMENTE: Igualmente, señor Presidente, las doy por
defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El voto particular número 5 corresponde al Senador don Victoriano Ríos.
Tiene la palabra para la defensa de su enmienda número 146.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Sólo nos resta la enmienda número 146, por lo que a partir de ahora a los
directores insulares los vamos a llamar los patitos feos de esta ley,
porque no se sabe cuántos van a ser, no se sabe si van a estar en una
isla o en varias. Es una gran incógnita. Por lo visto, el Gobierno
mantiene este «suspense» respecto a saber cómo va ser reglamentariamente
esta situación.
La enmienda número 146 es muy simple. La disposición adicional vigésima,
que pasa a ser la tercera, intenta determinar cuál es la situación
administrativa de los subdelegados del Gobierno en las provincias. Trata
simplemente de que en el punto n) se diga: Cuando sean nombrados
subdelegados del Gobierno en las provincias éstos tendrán la posibilidad
de acogerse a la situación de servicios especiales de los funcionarios.
Nosotros decimos: los subdelegados del Gobierno en la provincia y los
directores insulares. Espero que no sigan siendo permanentemente los
patitos feos de la ley, señor Huidobro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, referente a las enmiendas números 124 a 127.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Respecto a la enmienda número 124, deseo decir que me parece que es
necesario hacer unas breves precisiones para poder justificar la misma
enmienda y una vieja pretensión de nuestro Grupo en relación a los
servicios de información.
En primer lugar, en mi Grupo diferenciamos la seguridad de la información
exterior de la interior. En segundo lugar, ese doble ámbito de actuación
en materia de información implica una dualidad del servicio y, en
consecuencia, una diferenciada dependencia.
No negamos, por obvio, que la defensa tenga su propio servicio de
información. Ahora bien, lo que negamos es que su actividad incluya la
seguridad interior del Estado, que, desde nuestro punto de vista, compete
a otras instancias. En consecuencia, mientras esta actividad resida en el
Centro Superior de Información de la Defensa, insistiremos, aunque sea
sin éxito, sobre su integración en la Administración civil del Estado.
La enmienda número 125 también reincide en una permanente pretensión de
mi Grupo. Pretende adecuar la Administración del Estado a la nueva
situación que deriva de un modelo de defensa cuya realidad va a ser
inminente. Si bien es discutible la intervención de nuestros
ayuntamientos en las funciones de reclutamiento en un modelo como el
actual, lo que no admite discusión, desde nuestro punto de vista, es su
falta de competencia cuando de un modelo de Ejército profesional se
trata.
Respecto a la enmienda número 126, íntimamente relacionada con la 122,
que ya ha sido defendida con anterioridad, la doy por defendida en sus
justos términos, así como la número 127.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Voto particular número 2, de Convergència i Unió, relativo a las
enmiendas números 216 y 217. Para su defensa, tiene la palabra su
señoría.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
En la primera de ellas se trata de prever que tanto Puertos del Estado
como Autoridades Portuarias continúen rigiéndose por su legislación
específica, con el objetivo de mantener la exigencia de autonomía de
dichas entidades de Derecho Público.
La última enmienda, la número 217, da un plazo máximo de un año al
Gobierno para que regule la designación de representantes de las
Comunidades Autónomas en las empresas públicas del Estado, organismos
económicos, etcétera, y hace referencia a la enmienda número 215,
defendida con anterioridad. Quizá no habiendo prosperado la enmienda 215
no habría lugar al mantenimiento de ésta, pero por coherencia con el
sentido y el fondo de la enmienda 215, a la que hacía referencia,
continuamos manteniendo la número 217.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Carrera i
Comes.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene un voto particular, el número 6,
que se refiere a las enmiendas números 200 a 210.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, nuestra enmienda
número 200, que lo es a la disposición adicional segunda, es de
supresión. Pretendemos con ella que la referencia que se hace al Consejo
de Estado o se suprima del todo o se lleve a la ley del Gobierno. No
parece que éste sea el sitio adecuado en el que ubicar esta disposición.
Las enmiendas van en desorden --lo digo entre paréntesis-- porque al
haber cambiado el orden de las disposiciones adicionales, las enmiendas
no mantienen el orden correlativo que tenían en un principio.
La enmienda número 201, a la disposición adicional cuarta, es de
supresión, y está en coherencia con otras enmiendas presentadas.
En la enmienda número 202, a la disposición adicional cuarta, volvemos al
tema de los gobernadores civiles. Lo meten de nuevo un poco de tapadillo,
pero se habla de una nueva competencia de los subdelegados del Gobierno.
En las provincias éstos tinen competencia de carácter sanciondor.
Volvemos al debate que ya hemos mantenido antes. Si tienen competencia de
carácter sancionador, ¿qué son los subdelegados del Gobierno? Esta mañana
nos han contestado que no son nada de nada. Algo serán. Si tienen
competencias de carácter sancionador, además de ser los garantes de los
derechos y libertades, de ser los jefes de los miembros de la seguridad
del Estado en las provincias, dígannos de una vez qué son los
subdelegados del Gobierno. Aclárennoslo. ¿Son funcionarios sencillamente
o son políticos? Aclárennos esa confusión que continuamente se está
introduciendo en el debate sobre que una cosa es el Gobierno y otra la
Administración. Sí señor, pero ¿quién es el jefe de la Administración?
¿Dónde está el orden jerárquico? Si está dispuesto en la propia Ley.
Naturalmente, cuando hablamos de los subdelegados como de cualquier otro
miembro de los órganos superiores directivos o que no están incluidos en
ninguno de estos dos, entran dentro de la organización administrativa:
Capítulo II del Título I. Por tanto, aclaren todo públicamente, no porque
yo no esté convencido de por dónde van los tiros.
Las enmiendas números 203 a 208 son de supresión. No repito el debate
porque tendría que reincidir en los argumentos que ya hemos estado
esbozando durante todo el día.
La enmienda número 209, a la disposición transitoria primera, se refiere
al estatuto del personal directivo. Sí quiero insistir en este tema,
sobre todo tal y como llevamos en este momento el debate de la ley. Si
los subsecretarios, directores generales, secretarios generales técnicos,
tienen que ser funcionarios y, además, entrar dentro del capítulo de
órganos directivos, necesitarán un estatuto de personal directivo, lo
mismo que los subdirectores generales, porque en el estatuto de los
funcionarios públicos --que creo que
está en elaboración en el Ministerio correspondiente-- se referirán a los
verdaderos fundionarios. Esa es la diferencia. Por eso, pedimos el
estatuto del personal directivo, porque con esta ley no lo hay ni lo
habrá, aunque tengamos el estatuto de los funcionarios públicos, que
supongo que próximamente conoceremos.
Menciono exclusivamente la enmienda número 210, a la disposición
transitoria segunda.
En nuestro voto particular número 7 pedimos el retorno al texto del
Congreso de los Diputados respecto a la enmienda número 248, del Grupo
Parlamentario Popular, incorporada en Ponencia. Es una enmienda de las
que tienen miga. En el procedimiento legislativo ha tenido que llegar
este proyecto de ley hasta el Senado para que, por medio de una
disposición adicional, el actual organismo autónomo, Correos y
Telefónica, pase a la condición de entidad pública empresarial. Ha tenido
que llegar hasta aquí y, por tanto, debatimos aquí sobre este asunto.
Lo grave no es que el organismo autónomo Correos y Telefónica pase a ser
entidad pública empresarial Eso no es lo grave, lo grave es de lo que
viene rodeado al incorporarle ahora en una disposición adicional. Ahí
está lo grave, porque no se recoge ninguno de los requisitos previstos en
esta misma ley para la creación de entes públicos empresariales, haciendo
de antemano alguna advertencia sobre lo que son las entidades públicas
empresariales, según esta ley. Las entidades públicas empresariales se
rigen por el derecho privado. El personal de las entidades públicas
empresariales se rige por el derecho laboral. Las potestades
administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo
pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que en los
estatutos se les asigne expresamente la facultad. La creación de los
organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se
efectuará por ley. Aquí se efectúa por ley, pero fíjese que a
continuación esta propia ley dice que el anteproyecto de ley de creación
del organismo público que se presente al Gobierno deberá ser acompañado
de una propuesta de estatutos y del plan inicial de actuación del
organismo a los que se refiere el artículo siguiente, y esto metiéndolo
aquí no se cumple. Va directamente en esta ley y en la ley de creación
del organismo --porque esto es una ley de creación--, pasar de organismo
autónomo a ente público empresarial no es una cosa baladí. Ciertamente,
tienen derechos y deberes distintos y tienen una consideración
administrativa distinta, aunque encajen después en otras comunes, pero
son distintas.
Aquí está lo que se relaciona con lo que ya se ha discutido hace muy
pocos minutos respecto a la posibilidad de que una ley sea modificada por
un decreto. Señor Huidobro, ninguna ley, diga lo que diga, tenga la
importancia que tenga, se puede modificar por un decreto. Si la ley dice
que estos bancos tienen que ser azules, tendrá que ser otra ley la que
diga que estos bancos tienen que ser verdes, aunque no tenga ninguna
importancia, pero tiene que ser por ley, no por decreto, como aquí se
dice. Aquí se dice nada menos que se llevarán a cabo, aunque supongan
modificación de la ley de creación, por real decreto. ¿Esto con qué se
come? Sea de lo que sea, tenga la importancia que tenga. Por tanto,
podrían ustedes evitarse pasar a mayores; quítenlo hoy, lo pueden evitar
y así no pasaría nada.
También entra en relación con esta modificación de la disposición
adicional ahora undécima la transitoria tercera, que también la han
cambiado. Han incorporado una enmienda a la disposición adicional tercera
de adaptación de los organismos autónomos y las demás entidades de
derecho público a las previsiones de esta ley. Y cuando lo modifican,
hablan del tiempo de adecuación, y el tiempo de adecuación máximo es de
dos años. Sí, ya sé que a los funcionarios de Correos y Telégrafos se les
mantienen sus derechos conforme a la Ley de Presupuestos de 1991. Sí, ya
lo sé.
Pero qué es lo que pasa cuando se produce la adecuación, teniendo en
cuenta que han evitado situar en la disposición transitoria tercera la
referencia a los artículos 60, 62 y 63. Lo han evitado sabiendo lo que
evitaban. Ponen esta disposición con el fin de dejar el plazo de
adecuación en los dos años y que entonces puedan dictarse las
correspondientes normas. ¿Qué va a pasar entonces con lo que es hoy
organismo autónomo de Correos y Telégrafos? ¿Van a dar un siguiente paso
y lo van a privatizar? Seguramente hoy no tienen pensado si lo van a
privatizar o no, porque tendrán que ver cuáles son los resultados. Quiero
que conste una cosa, y es que este organismo, Correos y Telégrafos, está
necesitado de muchas reformas y necesita adquirir la capacidad
competitiva con otras empresas que hoy se manifiestan en el sector. Es
necesario, pero para eso, aunque pasara a ente público empresarial, no
aprovechen esta circunstancia, para casi de tapadillo meterlo aquí,
modificar una serie de artículos o de disposiciones y, al final, no
sabemos qué es lo que va a pasar con Correos y Telégrafos. Sí que se van
a preservar los derechos adquiridos de los actuales funcionarios, pero lo
que no sabemos es lo que va a pasar después. No sé si su señoría tendrá
la capacidad o si tendrá los datos para podérnoslo aclarar; si así fuera,
le quedaríamos muy agradecidos.
Retiramos, señor Presidente, las enmiendas que habíamos presentado, de
recuperación del texto anterior, a la disposición adicional tercera y a
la disposición adicional decimotercera --me refiero a las que
corresponden a las que fueron enmiendas del Partido Popular números 249 y
250-- y mantenemos la enmienda de vuelta al texto del Congreso, que ha
sido modificado con la 252, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Para defender el voto particular número 8, tiene la palabra el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, señor Presidente, lo doy por defendido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra el Senador Huidobro. Acumulará,
seguramente, el turno en contra con la defensa de esta enmienda.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Gracias, señor Presidente.
El voto particular del Grupo Parlamentario Popular tiene como motivo --y
en este momento haré referencia a otra modificación de tipo parecido-- la
existencia en el número 1 de la disposición transitoria tercera de un
error en la propuesta que en su momento hicimos. Se dice en el texto
actual, que responde a una enmienda del Partido Popular: Sin perjuicio de
la aplicación de las disposiciones contenidas en la misma Ley y de las
competencias de control atribuidas en la misma..., y lo que queremos que
diga el texto es lo que decía el proyecto inicial: Sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones contenidas en el Título I de esta ley...
Esa es la pretensión de nuestro voto particular.
Al mismo tiempo, y después de haber presentado ese voto particular, hemos
advertido, como ya se puso de manifiesto en el debate de Comisión, que
había una disposición adicional, la tercera, en la que se habla de
situación administrativa de los subdelegados del Gobierno en las
provincias, dentro de la cual se hace referencia no solamente a los
subdelegados del Gobierno, sino también a los subsecretarios, secretarios
generales técnicos y directores generales.
Nuestro Grupo propondría corregirlo en ambos casos, puesto que, aunque la
primera tiene un calado mayor, la segunda tiene la simple voluntad de
adecuar el epígrafe al contenido de la disposición adicional. Por eso,
propondríamos una transaccional en la que se dijera que en la disposición
adicional tercera se propone sustituir el epígrafe «Situación
administrativa de los Subdelegados del Gobierno» por «Situaciones
administrativas», y en la disposición transitoria tercera, apartado I, se
propone sustituir la expresión «disposición contenida en la misma Ley»
por «disposiciones contenidas en el Título I de esta ley».
Quiero llamar la atención de los grupos parlamentarios por si creen que
esta enmienda transaccional que proponemos en este momento es aceptable,
para no tener que someter a votación el voto particular del Grupo
Parlamentario Popular y corregir, al mismo tiempo, esa descoordinación
que existe en el epígrafe de la disposición adicional tercera y el
contenido de dicha disposición adicional.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas a las disposiciones
adicionales, me van a permitir sus señorías que cambie algo el tipo de
intervención. Voy a hacer referencia a las disposiciones que han sufrido
enmiendas y a cada uno de los grupos que las han presentado, con el fin
de facilitar este trabajo. La primera de las disposiciones adicionales se
refiere a la organización militar, a la que se ha incorporado la
disposición adicional sexta, con lo cual ahora se añade: «y las
Delegaciones de Defensa». Existen dos enmiendas del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos: la 124, para que el Centro Superior de
Información y la Defensa se regule por esta ley, y no por su legislación
específica, y la 125, para que el único centro de reclutamiento en cada
una de las provincias sean las Delegaciones de Defensa, y no los
ayuntamientos. Ya hicimos una referencia a ambas en la Comisión diciendo
que creemos que el Cesid tiene entidad suficiente para que se siga
rigiendo por la norma de creación y regulación, y no creemos que sea éste
el lugar en el que deba establecerse si los centros de reclutamiento son
los ayuntamientos o las delegaciones de Defensa, razón por la cual
rechazamos ambas enmiendas.
En la disposición transitoria segunda, respecto del régimen jurídico del
Consejo de Estado, el Grupo Parlamentario Socialista cree que estaría
mejor en la ley del Gobierno. Yo pienso que no. En la citada ley no se
hace referencia al Consejo de Estado, no se regula allí. Es un órgano que
puede regularse perfectamente aquí, puede decirse en esta ley que debe
regirse por su normativa. De todas maneras, no creo que tenga importancia
suficiente como para dedicarle más tiempo. Sí es cierto que ambos grupos
creemos que debe mantenerse una regulación específica.
La disposición adicional cuarta, que habla de los subdelegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, ha pasado a ser los artículos 29 y
29 bis. Y hay una enmienda, la número 106, de los Senadores Nieto y
Román, que solicita la supresión de las referencias a los subdelegados
del Gobierno, planteamiento lógico con la postura que mantienen en cuanto
a la supresión de los citados subdelegados a lo largo de todo el
articulado.
Hay unas enmiendas del Senador Ríos, las números 142, 143, 144 y 146, que
hacen referencia a lo que venimos hablando durante todo el debate de este
proyecto de ley. Insisten especialmente en que los directores insulares
van a ser los «patitos feos», pero nosotros pensamos que éstos ni
siquiera llegan a tener el «rango», como dice el Grupo Parlamentario
Socialista, o el nivel de subdelegados, de ahí que su condición de
funcionarios sea muy clara y no deba aplicárseles la norma de otorgarles
los servicios especiales. Respecto del resto de las enmiendas, ya lo
hemos debatido en los Títulos I y II.
Respecto a la disposición adicional quinta, actualmente la cuarta, la
enmienda número 107, de los Senadores Nieto y Román y 202, del Grupo
Parlamentario Socialista, piden suprimirla por no estar de acuerdo con la
figura del subdelegado del Gobierno. Ya hemos debatido suficientemente, a
lo largo de la tarde de hoy, esta materia, por lo que no voy a hacer
referencia a ella.
A la disposición adicional séptima, que habla de los representantes de
las Comunidades Autónomas ante la Unión Europea, que ahora se ha
trasladado al articulado, la enmienda número 126, del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, pretendía añadir que las delegaciones
y oficinas de representación de las Comunidades Autónomas en la Unión
Europea tendrán, aunque sin carácter diplomático, un estatuto equivalente
al de la organización de la Administración General del Estado en el
exterior. Yo creo que lo que se pide es que sean diplomáticos sin serlo,
porque si tienen su estatuto pero no son Administración General en el
exterior, lo que se pretende es algo inconciliable. Nosotros pensamos que
el avance que se ha dado en los últimos meses respecto del problema de la
participación de las Comunidades Autónomas en la formulación de la
voluntad del Estado y la obligación que se impone en esta ley de
colaborar con las oficinas de las Comunidades
Autónomas en Bruselas, es un paso adelante y que por ese camino se debe
seguir avanzando, sin que podamos admitir esa enmienda en este momento.
La que sigue siendo disposición adicional duodécima se refiere al régimen
jurídico de determinados organismos públicos. El Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene la enmienda número
216, para que los Organismos Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias no queden sujetos a la normativa de esta ley que estamos
debatiendo, sino a su propia legislación. No existe dentro de la
regulación ni del régimen aplicable a estas dos entidades ninguna
circunstancia o característica especial que haga que deban estar
excluidos de la regulación general para otros organismos. Esa es la
postura que mantiene en este momento el Grupo Parlamentario Popular y,
por lo tanto, vamos a rechazar dichas enmiendas.
La disposición adicional decimotercera se refiere al régimen específico
del personal de los organismos autónomos de Correos y Telégrafos. Es
cierto que a lo largo del debate en el Senado esta disposición adicional
ha sufrido una transformación bastante importante, y habría que
relacionarla con la disposición transitoria tercera, como ha hecho el
Grupo Parlamentario Socialista, que ha hablado de ella suficientemente
diciendo que se están vulnerando las normas que se contienen en el texto
de la ley que estamos debatiendo.
Lo que se dice en esta disposición adicional undécima, antes
decimotercera, que trata de Correos, es que el actual Organismo tendrá la
condición de entidad pública empresarial --de momento no se hace más que
esa adecuación de nombre que se está pidiendo para todos los organismos
públicos, que debe estar concluida dentro de dos años-- y que se regirá
por lo dispuesto en la presente Ley --aquí ya hay una modificación
fundamental--. Pero no dice sólo eso, sino que dice que le será de
aplicación la legislación contenida en la Ley de Presupuestos de 1990 en
lo relativo a sus funciones --con lo cual sigue manteniendo las funciones
que tenía--, así como a su régimen patrimonial --con lo cual no ha habido
variación--. Asimismo, de acuerdo con las previsiones de la Ley 13/1995,
de contratos administrativos, también estará sujeto al régimen de
contratación --seguimos sin tener modificación--. Continúa diciendo que
los recursos económicos podrán provenir de cualquiera de los enumerados
en el apartado 1 del artículo 64 de la presente ley --luego no hay nada
especial--. Sigue a continuación: Al personal de la entidad pública
empresarial «Correos y Telégrafos» le seguirá siendo de aplicación el
régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, y sus disposiciones de desarrollo --es decir, le serán de
aplicación las normas que en este momento le son de aplicación--. Y
termina diciendo: En el plazo de seis meses --en vez de dos años--
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá
aprobarse por el Gobierno el Estatuto de la entidad pública empresarial
conforme a las previsiones establecidas en la misma y en la presente
disposición.
Todo ello quiere decir que los cambios en cuanto al tipo de organismo, al
régimen de personal, al régimen de contratación y al régimen de
funcionamiento, tienen que hacerse por ley --por ley está regulado y por
ley se mantiene--, y los estatutos no podrán tocar ninguna de esas
condiciones a las que acabo de hacer referencia. Es decir, el real
decreto que apruebe el estatuto no podrá hacer referencia a ninguno de
los conceptos que en esta ley exigen una norma legal para su aprobación,
y esto guarda relación con lo que se dice en la disposición transitoria
tercera.
Ustedes dicen: se necesita una norma con rango de ley para modificar un
organismo autónomo y, sin embargo, ustedes están violándolo, porque
añaden a la disposición transitoria tercera un número 2 diciendo que la
adecuación de los organismos públicos se llevará a efecto por real
decreto a propuesta conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas
y del Ministerio de Economía y Hacienda en los siguientes casos. ¿Cuáles
son los casos? a) Adecuación de los actuales organismos autónomos al tipo
de organismo autónomo previsto en esta Ley, otras entidades previstas en
el número 1 de la Ley General Presupuestaria al tipo de entidad pública
empresarial. Y ahora dice --y ahí está la garantía, por lo cual no hay
ningún problema--: Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades
respecto del régimen general de cada tipo de organismo en materia de
personal, contratación y régimen fiscal deberá hacerse mediante una norma
con rango de ley. Es decir, no se está eludiendo la norma legal para
ningún tipo de adecuación cuando afecte al personal, cuando afecte a la
contratación o cuando afecte a su régimen fiscal. Pero si la adecuación
no exige ninguno de esos requisitos, se podrá hacer por real decreto,
porque están suficientemente garantizados todos los derechos de los
ciudadanos y de los trabajadores de esos organismos públicos o de esas
entidades empresariales.
Alegan sus señorías: ustedes dicen que se hará dentro de dos años. No
dice eso la disposición transitoria, sino que dice que dentro de dos años
tendrá que estar terminada esta adecuación. Pero como «Correos y
Telégrafos» está en período de transformación --se está trabajando en
ello y es del dominio público--, lo que se hace en la disposición
adicional undécima es adelantar todo lo posible para que dentro de seis
meses pueda estar hecha esa adecuación, sin violar ninguna de las normas
que para la adecuación se exigen tanto en el texto de la ley como en la
disposición transitoria tercera, en este último caso únicamente respecto
al plazo.
Por lo que se refiere a la disposición adicional decimoquinta, delegación
y avocación de competencias, la enmienda número 110, de los Senadores
Nieto y Román, pide suprimir la exigencia de la aprobación del Ministerio
para llevar a cabo la delegación y avocación de competencias. No parece
lógico que si en un departamento alguno de los organismos dependientes
del mismo está delegando o está avocando competencias, el ministerio no
tenga conocimiento de ello y se haga sin su aprobación. Creemos que debe
mantenerse ese requisito.
El Grupo Parlamentario Socialista, tanto en esta enmienda a esta
disposición adicional, como a las 16, 17, 18, 19 y 20, pretende convertir
estas adicionales en articulado en ese Título IV que se pretendía
incorporar. Hemos hecho
referencia a ello ya y, por lo tanto, no vamos a insistir en esa materia.
Los Senadores Nieto y Román pedían que aquí se incluyera una nueva
disposición en referencia al tiempo para regular las oficinas éticas.
Como hemos rechazado las oficinas éticas, no ha lugar a introducir
modificaciones en la misma.
Como le decía al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, si se ha rechazado la posibilidad de que se regule
la participación de los miembros de las Comunidades Autónomas en esta
Ley, tampoco podremos aceptar que se fije un plazo para que, mediante
Ley, se determine cuál debe ser esa representación y cómo debe hacerse.
Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias, voy a seguir el
mismo sistema.
La Senadora De Boneta presenta la enmienda número 28, para crear una
nueva transitoria en la que se disponga que las delegaciones de defensa
son órganos competentes en exclusiva para los servicios de reclutamiento
del servicio militar. Ya me he referido a ella al contestar a otra
enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por
lo cual no voy a insistir en lo mismo.
Los Senadores Nieto y Román han presentado la enmienda 116, a la
disposición transitoria tercera, párrafo tercero, al final, para incluir
la remisión al Congreso de los Diputados, para su debate de las normas de
adecuación de los organismos autónomos. Efectivamente, cuando afecte a
normas de carácter personal, de contratación y fiscales habrá que
hacerlo, pero en los demás casos se mantiene que no sea a través de una
ley, sino mediante real decreto, es decir, cuando afecte a la
modificación de la esencia de los organismos públicos, deberán ser las
Cámaras las que lo debatan y sometan a votación, pero en los demás casos
supondría introducir una rigidez excesiva para que respecto de los
numerosos organismos públicos que hoy día existen pueda producirse la
adecuación en el plazo de dos años, como señala la disposición
transitoria.
La enmienda 209, del Grupo Parlamentario Socialista, propone crear una
disposición transitoria bis referente al estatuto del personal directivo.
Si hemos dicho que no estábamos de acuerdo con la creación de un estatuto
de personal directivo, mal podíamos estar de acuerdo en que se regulara
un plazo para la creación del mismo.
La enmienda 210, a la disposición transitoria segunda, pretende sustituir
«Subdelegados del Gobierno» por «Delegados Provinciales del Gobierno»,
que afecta fundamentalmente a toda la materia a que estamos haciendo
referencia.
El Grupo Socialista mantiene una enmienda a la disposición adicional
undécima, antes decimotercera, que se refiere al Organismo de Correos y a
la que ya se ha hecho referencia con anterioridad. En cuanto a la
enmienda 248, a la misma disposición, del Grupo Parlamentario Popular,
también hay otra similar del Grupo Parlamentario Mixto, para la que doy
la misma contestación.
Con esto creo haber dado explicación a todos los votos particulares y
enmiendas presentadas.
Al principio de mi intervención he hecho referencia
--y lo repito en este momento-- al voto particular del Grupo
Parlamentario Popular que pretendía en la disposición transitoria
tercera, apartado 1, volver al texto que venía del Congreso de los
Diputados. En este sentido, había redactado una proposición nueva, de
forma que en la disposición adicional tercera, en vez de que se dijese
«situación administrativa de los subdelegados del Gobierno», como el
contenido es distinto, se hablase únicamente de situaciones
administrativas, o, en todo caso, de situaciones administrativas de
algunos o determinados órganos directivos.
Doy lectura a la enmienda que propongo, por si mereciera la aprobación de
la Cámara. En la disposición adicional tercera se propone sustituir el
epígrafe «situación administrativa de los Subdelegados del Gobierno» por
«situaciones administrativas» y en la disposición transitoria tercera,
apartado 1, se propone sustituir la expresión «disposiciones contenidas
en la misma Ley» por «disposiciones contenidas en el Título I de esta
Ley».
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Huidobro.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
Tampoco el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Con extrema brevedad. En cuanto a nuestra enmienda número 216, no
encontramos ninguna justificación para que sea la Lofage la que modifique
una situación ya existente y, por tanto, continuamos manteniendo que
Puertos del Estado, así como las Autoridades Portuarias deben seguir
rigiéndose por su legislación específica. Sólo quiero dejar constancia de
que, si acaso, quedamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla la
nueva ley de puertos, actualmente en trámite, para ver si hay posibilidad
de que se contemple el mantenimiento del «status quo».
Me queda una duda, señor Presidente: en qué trámite debemos manifestarnos
sobre la proposición última del Grupo Parlamentario Popular, sobre la
modificación de un texto, si es ahora o cuando la Presidencia lo crea
oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Creo que debemos de hacerlo una
vez se proponga esta propuesta a la consideración de los grupos.
Tiene la palabra el señor Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Primero, lamento que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular no me haya aclarado ninguna de las interrogantes,
importantes preguntas, que le he formulado. Segundo, me congratulo de
que, por lo que ha dicho y por lo que no ha dicho, coincida
conmigo en los razonamientos que he expuesto en defensa de nuestras
enmiendas. Tercero, lamento que, según deduzco, en lo único en lo que no
estamos de acuerdo es en lo que más podríamos estar, en que una ley, sea
como sea, y diga lo que diga, no se puede modificar por decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Pasamos a continuación al debate de las enmiendas referentes a la
exposición de motivos.
El voto particular número 4, de la Senadora De Boneta y Piedra, se da por
defendido.
Para la defensa del voto particular número 3, tiene la palabra el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Damos por defendidas las enmiendas de este voto particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Para la defensa del voto particular número 6, del Grupo Parlamentario
Socialista, que se refiere a las enmiendas números 147 y 148, tiene la
palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, defiendo las enmiendas números 147 y 148, a la exposición de
motivos. La 147 pretende suprimir el epígrafe III, porque las referencias
que se hacen en él no tienen nada que ver con el contenido de la ley.
Me detengo en la enmienda número 148, que pretende la supresión del
epígrafe VI. Esta parte de la exposición de motivos incide en algunos
aspectos del contenido de la ley o del no contenido, por ejemplo en lo
que se refiere a la Administración única o común.
En este epígrafe VI de la exposición de motivos se dice: Por ello resulta
inconveniente introducir en esta ley el objetivo de la Administración
única o común, y a continuación cita el artículo 150.2 de la
Constitución, ya que en el cuerpo de la ley no se habla de la
Administración única, entre otras cosas porque no se puede hablar, porque
no tiene encaje alguno, porque siguen existiendo las administraciones que
están previstas en la Constitución y, por tanto, no es posible. Por el
artículo 150.2, tampoco, porque lo que éste dice es que el Estado podrá
transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica,
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que, por su
naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. Vean ustedes
como esto tampoco tiene nada que ver. Es decir, han hecho una mención a
la Administración única, no sé si para conformar a alguien, para dejar
tranquilos a otros o para engañar a algún tercero. No lo entiendo, lo
mejor es que no digan nada.
En este mismo epígrafe hablan de que no se considera adecuada la actual
existencia de la figura de los gobernadores civiles. Como han hablado
antes de la Administración única, a continuación hablan de los
gobernadores civiles y, de acuerdo con este perfil, los nuevos
subdelegados del Gobierno no tienen en la ley la condición de alto cargo.
Es de lo único de lo que no tienen condición, de alto cargo. Los
subdelegados del Gobierno ni tienen nada que ver con la Administración
única, ni tienen nada que ver con el resto de las cosas, porque lo único
que no son es alto cargo.
Lo que nos queda por definir es qué es lo que son; no son alto cargo, de
acuerdo, esto ya está claro; lo que no está claro es lo que son, si son
un órgano político, si son un órgano administrativo-funcional o dígame,
cómo les van a tratar, dónde les van a poner en el protocolo, van a tener
tratamiento, no lo van a tener, van a situarse en un sitio o en otro... A
ver si lo aclaran de una vez para no engañar a nadie.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación (El señor
Presidente ocupa la presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la
votación del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.
Títulos I y II. En primer término, votamos el voto particular número 4,
de la Senadora De Boneta y Piedra, que corresponde a las enmiendas 3 a
13, 15, 16, 18, 19 y 21 a 25. En primer lugar, vamos a votar
conjuntamente las enmiendas 11 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 101; en contra, 125; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Tiene la palabra,
Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: ¿Y el resto de las enmiendas de la Senadora De
Boneta? Aprovecho también para pedir votación separada de la número 9.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 93; en contra, 132; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas, 3 a 13, 15, 16, 18, 19, 21 a 25,
excepto la que hemos votado ya.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 10; en contra, 215; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, que corresponde a las enmiendas números 38 a 87 y 89 a 93. (El
señor Aleu i Jornet pide la palabra.) Senador Aleu, tiene la palabra.
El señor ALEU I JORNET: Quiero pedir votación separada de las enmiendas
36, 55, 64 y 75.
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a votar las enmiendas 36, 55, 64 y
75 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 87; en contra, 140; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas que antes he enunciado, las
números 34 a 87 y 89 a 93, menos las que hemos votado separadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, cuatro; en contra, 222; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el voto particular número 5, del Grupo
Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 133 y 137, y
además las números 142, 143 y 144 que se pidió se votaran en este
momento.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 13; en contra, 215.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación del voto particular número 1, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números
121 y 122.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 18; en contra, 207; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 212 y 214.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 20; en contra, 207; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 151, 153 a 176, 178 a 182 y 184 a
188. Están retiradas las números 149, 189, 190 y 191.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 84; en contra, 142; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial de los artículo 11.2, 12.2.a) y
17.1. Están retiradas las enmiendas que piden la vuelta al texto del
Congreso de los artículos números 22, 31.1 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 86; en contra, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de los Títulos I y II según el texto del dictamen.
(El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Señor Presidente, pedimos votación separada de
los artículos números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28,
29 bis, 35, 37 y 39.
El señor PRESIDENTE: Votamos los artículos números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13,
14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29 bis, 35, 37 y 39 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 219; en contra, cinco; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar el resto de los artículos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 143; en contra, 82; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Pasamos a votar los Títulos III y IV, artículos 40 a 66.
En primer término, el voto particular número 4, de la Senadora De Boneta
y Piedra, correspondiente a la enmienda número 26. (El señor Román
Clemente pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, solicito votación separada del
Capítulo II del Título III.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no hemos llegado todavía ahí; estamos
votando sólo las enmiendas.
Votamos la enmienda número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, diez; en contra, 216; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, correspondiente a las enmiendas números 94 a 105. La número 105
les recuerdo que propone la creación de un Título V nuevo.
Procedemos a su votación.
Se inicia la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, tres; en contra, 222; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número
215.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 101; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista,
correspondiente a las enmiendas números 192 a 199.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 86; en contra, 141; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que propone
el mantenimiento de la redacción inicial del artículo 62, volviendo así
al texto remitido por el Congreso de los Diputados
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 86; en contra, 142; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de los Títulos III y IV, según el dictamen.
Senador Román, entendí que lo que se quiere votar separadamente es el
Capítulo II, Título III.
El señor ROMAN CLEMENTE: Sí, entendió bien, señor Presidente: Capítulo
II, Título III.
Gracias. (El señor Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Deseo pedir votación separada y conjunta de los artículos 41 y 46.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En primer lugar, pasamos a votar los artículos 41 y 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 143; en contra, 86.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el Capítulo II, Título III, salvo, lógicamente, lo que ya hemos
votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 225; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de los Títulos III y IV, excepto lo que ya se ha votado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 225; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos las disposiciones adicionales primera y decimoséptima,
disposiciones transitorias primera a tercera, disposición derogatoria y
disposiciones finales primera y segunda.
En primer término, voto particular número 4, de la señora Boneta y
Piedra, que corresponde a las enmiendas números 27 y 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 11; en contra, 214; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, que corresponde a las enmiendas números 106 a 119.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, tres; en contra, 223; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde
a la enmienda número 146, puesto que las demás ya han sido votadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 12; en contra, 217.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Voto particular número uno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 124 a 127.
En primer lugar, vamos a votar de forma separada la enmienda número 126.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 19; en contra, 208; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos a la votación de las enmiendas números 124 a 127, excepto la
anteriormente votada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 11; en contra, 217; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al voto particular número dos, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números
216 y 217.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 18; en contra, 208; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el voto particular número seis, del Grupo Parlamentario
Socialista, que corresponde a las enmiendas números 200 a 210.
En primer lugar, vamos a votar de forma separada la enmienda número 201.
(El Senador Aleu i Jornet pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.
El señor ALEU I JORNET: Como consecuencia del rechazo de las enmiendas
números 156, 198 y 199, procedemos a retirar las enmiendas números 204,
206 y 207.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, sí votamos separadamente la enmienda
número 201.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 87; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas números 200, 202, 203, 205, 208, 209 y 210.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 84; en contra, 141; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación del voto particular número siete, del Grupo
Parlamentario Socialista, que propone el mantenimiento de la redacción
inicial de las que en el dictamen de la Comisión figuran como disposición
adicional undécima --se han retirado las enmiendas relativas a la tercera
y a la decimotercera--, así como la disposición transitoria tercera,
volviendo al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 87; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Procedemos a efectuar la votación del voto particular número ocho, de los
Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, que propone el mantenimiento
de la redacción inicial de la disposición adicional undécima, volviendo
así al texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 87; en contra, 140; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 9, del Grupo Parlamentario Popular, que propone el
mantenimiento de la acción inicial del apartado 1 de la disposición
transitoria tercera, volviendo así al texto remitido por el Congreso de
los Diputados.
Hay una enmienda transaccional, sobre la base del voto particular número
9, del Grupo Parlamentario Popular. En la disposición adicional tercera
se propone sustituir el epígrafe situación administrativa de los
subdelegados del Gobierno por situaciones administrativas. En la
disposición transitoria tercera, apartado 1, se propone sustituir la
expresión disposiciones contenidas en la misma ley por disposiciones
contenidas en el Título I de esa ley.
Está firmada por todos los Grupos parlamentarios. (El señor Aleu i Jornet
pide la palabra.)
Tiene la palabra Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Es para aclarar si votamos solamente eso o la
vuelta al texto del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Solamente esto. Lo otro queda eliminado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 224; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de las disposiciones adicionales primera a decimoséptima,
disposiciones transitorias primera a tercera, disposición derogatoria y
disposiciones finales primera y segunda. (El señor Aleu i Jornet pide la
palabra.)
Tiene la palabra Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Pido la votación en un grupo de las disposiciones
adicionales primera, segunda, sexta, octava, novena, décima, duodécima,
decimocuarta, decimosexta, decimoséptima, la disposición transitoria
primera, la disposición derogatoria y la disposición final primera y el
resto en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente todo ese bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 228; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 142; en contra, 85; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Exposición de motivos. Voto particular número 4, de la Senadora De Boneta
y Piedra, que corresponde a las enmiendas números 1 y 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 11; en contra, 213; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 3, de los señores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, que corresponde a las enmiendas números 29 a 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, tres; en contra, 223; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que
corresponde a las enmiendas números 147 y 148.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 86; en contra, 142; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a la votación de la exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 141; en contra, 87; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DEL SUBSIDIO DE GARANTIA
DE INGRESOS MINIMOS (ANTES PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION
AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO
CONTRIBUTIVA). (S. 624/000001) (C. D. 122/000004.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir debatiendo el proyecto siguiente de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en relación con la proposición
de ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos
mínimos (antes proposición de ley sobre recuperación automática de las
pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva). (El señor
Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Para la presentación del
dictamen ha sido nombrado algún Senador? (Pausa.) (Fuertes rumores.)
Silencio, por favor.
Señorías, pido mayor agilidad a los que piensan abandonar el hemiciclo.
El Senador Alonso Buitrón tiene la palabra.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para presentar el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social en relación con la proposición de ley de
recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos.
Esta proposición de ley consta de un título, como no podía ser de otra
forma, de la exposición de motivos y de un artículo único. Se tomó en
consideración por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de julio por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
En el trámite de enmiendas se presentó una por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió que sirvió de base para una
enmienda transaccional en la Comisión de Política Social y Empleo del
Grupo Parlamentario Popular, que dio origen a un nuevo artículo de esta
proposición de ley.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó dos enmiendas que
fueron aceptadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, tanto
en la Comisión como en la Ponencia, y la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social dictaminó por unanimidad de todos los grupos presentes este
proyecto de ley.
Advierto a sus señorías que en el trámite de Ponencia se hizo constar que
parte de esta proposición de ley había sido ya recogida en la Ley de
medidas de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y, por
lo tanto, se retiró el artículo que hacía referencia a esta materia,
quedando solamente lo relativo al subsidio de garantía de ingresos
mínimos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, para no utilizar más tiempo
de intervención, manifestamos nuestro apoyo tanto a la proposición de ley
como a las enmiendas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo únicamente para manifestar nuestra posición
favorable a la aprobación del informe de la proposición de ley y al
presentado por la Ponencia, al que no se han presentado votos
particulares y que esperamos salga adelante.
Creemos que ésta es una iniciativa loable. Ha sido el culmen de un
importante trabajo desarrollado desde que en su día se presentó la
proposición de ley y esperamos que tenga también el refrendo definitivo
en el Congreso de los Diputados para una aplicación que yo creo que es de
justicia y de equidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para dejar constancia de la posición de
nuestro Grupo.
Esta proposición de ley que debatimos hoy, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso, daba cumplimiento a la moción
del mismo Grupo Parlamentario aprobada por unanimidad de todos los grupos
políticos representados en el Senado, en la cual se instaba a que se
regulara la recuperación de manera automática de la prestación económica
no contributiva cuando a los beneficiarios se les extinguiera el contrato
o dejaran de desarrollar una actividad por cuenta propia.
Nuestro Grupo Parlamentario, en vista de la unanimidad producida, aceptó
el texto de la proposición en el sentido mencionado anteriormente, pero
se consideró la conveniencia de plantear adicionalmente una enmienda que
tuviera presente la problemática que sufren ciertos colectivos de
minusválidos en relación a su plena integración en el mercado laboral.
En este sentido se planteó una enmienda mediante la cual se pedía que los
beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, previsto en
la Lismi, pudiesen compatibilizar el cobro del subsidio con la
realización de un trabajo siempre que la suma de los dos conceptos no
superara el salario mínimo interprofesional, y en aquello que sobrepasara
el SMI, se descontaría del citado subsidio. Asimismo, se planteaba la
recuperación automática de la percepción total o parcial, según el caso,
del subsidio cuando cesara en la realización del trabajo.
Esta enmienda no se aprobó en el sentido anteriormente dicho. No
obstante, y en base a ella, se aprobó una enmienda transaccional en la
cual se reconocía para los beneficiarios del subsidio de garantía de
ingresos mínimos la recuperación automática de su subsidio cuando el
contrato finalizara o dejara de desarrollar su actividad laboral,
quedando equiparados pensiones no contributivas.
Para terminar, con la aprobación de esta ley estamos dando un paso
importante a favor del colectivo de los minusválidos, eliminando uno de
los obstáculos que impedía su plena integración al mundo laboral.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Micaela Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Subo a esta tribuna para anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista al dictamen de la Comisión.
Si bien la Proposición de ley de recuperación automática de las pensiones
no contributivas de invalidez fue presentada como moción en la anterior
legislatura por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, fue
apoyada por todos los grupos parlamentarios y fue incluida en el Proyecto
de ley de acompañamiento del Presupuesto del año 1996, como recordarán
sus señorías, fue rechazada en el Congreso. Al inicio de esta nueva
legislatura se presenta por parte del Grupo Parlamentario Socialista como
Proposición de ley, fue aprobada en la Comisión de Política Social y
Empleo del Congreso del día 13 de noviembre de 1996 y el Gobierno del
Partido Popular la ha incorporado en la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos para el año 1997 con un contenido que recoge literalmente la
propuesta socialista del año 1995. El texto que viene recogido en la Ley
de acompañamiento y que ya está en vigor puede ser mejorable, de ahí
nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social del día 17 de febrero, que fue aprobado por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios.
En este dictamen se recoge lo que en realidad vamos a aprobar hoy, que es
la Proposición de ley de recuperación automática del subsidio de garantía
de ingresos mínimos. Si bien es una prestación que en la actualidad ya no
se tramita, hay todavía un gran número de personas que siguen acogidas a
esta modalidad, que tiene la misma finalidad que la pensión no
contributiva por invalidez.
El objetivo social de esta Proposición de ley no es otro que el de
facilitar y estimular la incorporación al mundo laboral de un colectivo
de personas que si bien no es muy numeroso, es bastante significativo.
Con esta ley se elimina la incertidumbre que se provocaba en las personas
acogidas a esta prestación y los trámites burocráticos posteriores a la
terminación de un contrato laboral, quedando en muchos casos
desprotegidos hasta tanto se tramitaba de nuevo el derecho a la
prestación. Finalmente, señorías --y probablemente es lo más
importante--, se favorece la integración social de esos discapacitados,
quienes por miedo a perder su pensión a veces rechazaban un puesto de
trabajo, que en la mayoría de las ocasiones era precario y temporal.
Por este motivo yo pido el voto favorable a este dictamen de la Comisión
y quiero agradecer a los grupos políticos de la Cámara que con sus
propuestas y sus enmiendas han hecho que mejore el texto inicial.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias,
Senadora Navarro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Campo
Piñeiro.
La señora CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para manifestar la opinión del Grupo
Parlamentario Popular, que en esta Proposición de ley coincide con la de
los grupos que me precedieron en el uso de la palabra y que, como ya se
dijo anteriormente, viene a ser consecuencia de una moción, la número 42,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior
legislatura y que había sido aprobada por asentimiento. Ya en aquel
momento, su objetivo era favorecer el empleo en el colectivo de los
minusválidos y así lo expresaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, el Senador Lobo Asenjo, diciendo que no existe mejor integración
laboral de los minusválidos que la integración en el mercado ordinario de
trabajo.
Pasados ya casi dos años desde la anterior aprobación, nos encontramos
ahora con una proposición de ley que tiene el mismo espíritu y cuenta con
el mismo consenso por parte de los diferentes grupos parlamentarios que
conforman las Cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados, como en el
Senado. Asimismo y debido a la gran sensibilidad del actual Gobierno de
la nación por resolver este problema que afecta directamente al colectivo
de minusválidos, hay que destacar la puesta en práctica del artículo
primero de esta proposición de Ley, recogido en la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, más conocida como Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Por esta razón, nuestro Grupo, al igual que el Grupo Socialista y de
Convergència i Unió hemos aprobado por unanimidad en la Ponencia y la
Comisión la modificación del título y de la exposición de motivos, así
como el mantener un artículo único referido a los beneficiarios del
subsidio de garantía de ingresos mínimos, artículo cuya tramitación ya ha
sido incluida en el debate en la Ponencia y la Comisión en el Congreso de
los Diputados a través de una enmienda transaccional del Grupo Popular.
Desde el Grupo Popular creemos importante y necesaria la inclusión de los
perfectores del subsidio de garantía de ingresos mínimos, que son, en
datos relativos a septiembre de 1996, 132.581 ciudadanos, de los cuales
90.493 tienen una minusvalía física, 32.413 una minusvalía psíquica y
13.411 una minusvalía sensorial, ya que si no se incluyesen en este
apartado podría haber un agravio comparativo, atentatorio sobre todo al
principio de igualdad constitucional correctamente entendido, puesto que
en ambos supuestos, pensiones no contributivas y subsidio de garantía de
ingresos mínimos, nos encontramos ante un hecho, que es la realización de
trabajos remunerados de efectos extintivos respecto a los derechos
reconocidos en las respectivas leyes, y no ante supuestos de reducción de
las prestaciones.
Esta es la razón de esta proposición de ley, convertir la extinción en
suspensión y, por tanto, una vez desaparecido el impedimento o el hecho
«obstativo», volver a recuperar automáticamente el derecho, sin
considerar el concepto de suficiencia de ingresos los devengados por
tales trabajos. El problema que se podían encontrar los beneficiarios del
subsidio de garantía de ingresos mínimos sería, en primer lugar, la
imposibilidad jurídica, a priori, de generar un nuevo derecho, ya que la
Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos, está derogada, y,
en segundo lugar, por la posible dificultad de volver a causar derecho de
una pensión no contributiva de invalidez por no reunir todos los
requisitos exigibles
para poder acceder a ella. La solución, por tanto, precisa estimar los
supuestos de realización de trabajos remunerados como supuestos
suspensivos que permitan entonces, una vez finalizados, la restauración
del derecho, sin modificación de su contenido, que seguirá rigiéndose por
la actual y por su legislación específica, en ese caso ya derogada.
Por ello, esta proposición de Ley, con su modificación aprobada ya en
Comisión, beneficia a este colectivo de ciudadanos, no olvidándonos así
de que las personas con minusvalía son nuestra primera obligación. Una
sociedad justa y desarrollada se mide por cómo atiende a sus miembros más
indefensos. Por eso, señorías, debemos ser siempre defensores --y desde
mi Grupo así lo entendemos-- de una política en la que la libertad y la
igualdad de los minusválidos sean reales y efectivas y en donde no se
levanten obstáculos, ni físicos, ni legales, que impidan su participación
en los diferentes ámbitos de la vida real. Y en este caso, señorías, la
integración laboral, el empleo es la mejor protección que les podemos
dar. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
He entendido que podría proponerse que esta proposición de ley se
aprobase por asentimiento general de la Cámara. (Asentimiento.)
Así es y así consta. Y tal como dispone el artículo 90 de la Constitución
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--SOLICITUD DE LOS SEÑORES PORTAVOCES Y DE LA PONENCIA SOBRE LA
ADAPTACION DE LAS NORMAS DE CIRCULACION A LA PRACTICA DEL CICLISMO DE UNA
PRORROGA DE TRES MESES PARA LA CONCLUSION DEL TRABAJO (543/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quiero señalar a la Cámara que en
su sesión plenaria celebrada el 12 de junio de 1996 aprobó una moción por
la que se creaba una ponencia dentro de la Comisión de Interior y Función
Pública sobre la adaptación de las normas de circulación a la práctica
del ciclismo. El plazo establecido para sus trabajos era de seis meses.
Los portavoces y la ponencia solicitan que se apruebe una prórroga de
tres meses en el plazo establecido para poder concluir sus trabajos.
En consecuecia, someto al pleno de la Cámara la solicitud de los señores
portavoces y de la Ponencia sobre la adaptación de las normas de
circulación a la práctica del ciclismo de prórroga de tres meses para la
conclusión del trabajo.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Pausa.)
Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran la veinte horas y cinco minutos.