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DS. Senado, Pleno, núm. 31, de 25/02/1997
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 31
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 25 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 11 y 12 de febrero de 1997.
Segundo
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo más breve posible y dentro de las
disponibilidades presupuestarias, elabore un plan de informatización del
servicio de atención primaria del sistema público de salud (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
149, de fecha 24 de febrero de 1997). (Número de expediente 662/000042.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que plantee ante la Unión Europea la necesidad de cumplir íntegramente el
acuerdo pesquero en vigor suscrito con el Reino de Marruecos hasta su
finalización prevista para 1999 (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de
1997). (Número de expediente 662/000039.)
Habilitación del día 14 de marzo de 1997 para la eventual celebración de
la sesión plenaria sobre el estado de las autonomías. (Número de
expediente 550/000015.)
Mociones (continuación):
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a que convenga con la Comunidad Autónoma del País
Vasco el traspaso de la titularidad del tramo de la carretera nacional I
conocido como «Legua del Rey», a que alternativamente convenga con la
Diputación Foral de Alava la financiación de la realización de las obras
de modificación del trazado y el sufragio de los gastos de conservación
del citado tramo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de febrero de 1997).
(Número de expediente 662/000038.)
Tercero
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
realizar ante la Unión Europea las gestiones oportunas, con carácter de
urgencia, para que queden en suspenso las penalizaciones de los cultivos
herbáceos en España en la campaña 1996/1997, en base al compromiso del
Consejo de Ministros de la Unión Europea de noviembre de 1995, así como a
promover y urgir una adaptación de la reglamentación comunitaria respecto
de los cultivos herbáceos, con aplicación retroactiva a la mencionada
campaña y en lo que afecta a España (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de
febrero de 1997). (Número de expediente 671/000015.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
reequilibrar la fiscalidad del ahorro de los sectores más populares,
expresado en las formas de depósitos más usuales en nuestro sistema
crediticio, en relación al tratamiento claramente favorable establecido
en favor de los Fondos de Inversión (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 149, de fecha 24 de
febrero de 1997). (Número de expediente 671/000016.)
Cuarto
Tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los
Diputados:
--Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de
junio de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 34, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número
de expediente S. 610/000034.) (Número de expediente C. D. 110/000034.)
--Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 35, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000035.) (Número de expediente C. D. 110/000035.)
--Acuerdo entre España y Rumania relativo a la readmisión de personas en
situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 36, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000036.) (Número de expediente C. D. 110/000036.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumania en
materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos,
firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 37, de fecha
13 de diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000037.) (Número
de expediente C. D. 110/000037.)
--Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y
los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 38, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000038.) (Número de expediente C. D. 110/000038.)
--Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de
noviembre de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a
formular en el momento de la ratificación (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 39, de fecha
13 de diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000039.) (Número
de expediente C. D. 110/000040.)
--Declaración de Aceptación por parte de España de las Adhesiones de
Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 40, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número
de expediente S. 610/000040.) (Número de expediente C. D. 110/000041.)
--Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el
28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el
momento de la adhesión (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 41, de fecha 13 de diciembre de
1996). (Número de expediente S. 610/000041.) (Número de expediente C. D.
110/000043.)
--Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la
celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid,
9-13/9/96) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 42, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número
de expediente S. 610/000042.) (Número de expediente C. D. 110/000044.)
--Memorándum de Responsabilidades que han de asumir el Reino de España y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 38 Reunión del Grupo Intergubernamental
sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 17/5/96) (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 43, de fecha 13 de
diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000043.) (Número de
expediente C. D. 110/000045.)
--Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España
y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero
de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 44, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número
de expediente S. 610/000044.) (Número de expediente C. D. 110/000046.)
--Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6
de febrero de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 45, de fecha 13 de diciembre de
1996). (Número de expediente S. 610/000045.) (Número de expediente C. D.
110/000047.)
--Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado
en Madrid el 25 de enero de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 46, de fecha 13 de diciembre
de 1996). (Número de expediente S. 610/000046.) (Número de expediente C.
D. 110/000048.)
--Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16
de septiembre de 1995, Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio
de 1996 por el que se subsana un error material en su artículo XVII
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 47, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000047.) (Número de expediente C. D. 110/000049.)
--Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de
Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La
Haya, 25-10-80) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 48, de fecha 13 de diciembre de
1996). (Número de expediente S. 610/000048.) (Número de expediente C. D.
110/000050.)
--Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmados en
Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los
Protocolos relativos a la Adhesión de los Gobiernos de la República
Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa y de la
República Helénica, firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990,
25 de junio de 1991 y 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de
abril de 1995, así como Acuerdo de Adhesión de la República Austriaca al
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirieron la República
Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República
Helénica por los Acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de
1990, el 25 de junio de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, Acta Final y
Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28 de abril de 1995 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
49, de fecha 13 de diciembre de 1996). (Número de expediente S.
610/000049.) (Número de expediente C. D. 110/000051.)
--Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a
disposición del Gobierno del Reino de España un edificio destinado a
centro escolar, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 50, de fecha 20 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000050.) (Número de expediente C. D. 110/000053.)
--Acuerdo euro-mediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Estado
de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de noviembre de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 51, de fecha 20 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000051.) (Número de expediente C. D. 110/000054.)
--Acuerdo para la creación de una Conferencia de Servicios Nacionales de
Meteorología en Europa (EUMETNET), firmado «ad referendum» en Reading
(Reino Unido), el 4 de diciembre de 1995 (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 52, de fecha
20 de diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000052.) (Número
de expediente C. D. 110/000055.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Madrid el 26
de octubre de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 53, de fecha 20 de diciembre de
1996). (Número de expediente S. 610/000053.) (Número de expediente C. D.
110/000056.)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República Libanesa para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado «ad referendum»
en Madrid el 22 de febrero de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 54, de fecha 20 de
diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000054.) (Número de
expediente C. D. 110/000057.)
--Tratado entre el Reino de España y la República de Guatemala sobre el
traslado de personas condenadas, firmado «ad referendum» en Madrid el 26
de marzo de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 55, de fecha 20 de diciembre de
1996). (Número de expediente S. 610/000055.) (Número de expediente C. D.
110/000058.)
--Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por
España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes,
elaborado en Washington en 1970 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 56, de fecha 20 de diciembre
de 1996). (Número de expediente S. 610/000056.) (Número de expediente C.
D. 110/000060.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 11 y 12 de febrero de 1997
(Página 1242)
Se aprueban las Actas.
MOCIONES (Página 1242)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo más breve posible, y dentro de las
disponibilidades presupuestarias, elabore un plan de informatización del
servicio de atención primaria del sistema público de salud (Página 1242)
El señor Bellido Muñoz defiende la moción. El señor Cardona i Vila
defiende una enmienda a la moción, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende una
enmienda a la moción, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Vuelve
a intervenir el señor Bellido Muñoz. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Zamorano Vázquez, por el Grupo Socialista, y
Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la incorporación de la
enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 139 votos a
favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
plantee ante la Unión Europea la necesidad de cumplir íntegramente el
acuerdo pesquero en vigor suscrito con el Reino de Marruecos hasta su
finalización prevista para 1999 (Página 1248)
El señor González Príncipe defiende la moción. El señor Mancha Cadenas
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; González Príncipe, por el Grupo Socialista, y Mancha
Cadenas, por el Grupo Popular.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 87 votos a favor, 122 en
contra y 17 abstenciones.
HABILITACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 1997 PARA LA EVENTUAL CELEBRACION DE
LA SESION PLENARIA SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS (Página 1254)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que convenga con la Comunidad Autónoma del País Vasco
el traspaso de la titularidad del tramo de la carretera nacional I
conocido como «Legua del Rey»; a que alternativamente convenga con la
Diputación Foral de Alava la financiación de la realización de las obras
de modificación del trazado y el sufragio de los gastos de conservación
del citado tramo (Página 1254)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la moción. El señor Rojo
García defiende una enmienda a la moción, del Grupo Socialista. El señor
Presidente anuncia la integración en el texto de la moción de una
propuesta de modificación, firmada por todos los grupos parlamentarios.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y
Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Rojo García, por el Grupo
Socialista. Los señores Gatzagaetxebarría Bastida y Rojo García
intervienen de ntra y 1 abstención.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 1261)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
realizar ante la Unión Europea las gestiones oportunas, con carácter de
urgencia, para que queden en suspenso las penalizaciones de los cultivos
herbáceos en España en la campaña 1996/1997, en base al compromiso del
Consejo de Ministros de la Unión Europea de noviembre de 1995, así como a
promover y urgir una adaptación de la reglamentación comunitaria respecto
de los cultivos herbáceos, con aplicación retroactiva a la mencionada
campaña y en lo que afecta a España (Página 1261)
El señor Rodríguez Rodríguez defiende la moción. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida defiende una enmienda a la moción, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bernáldez Rodríguez defiende un
enmienda a la moción, del Grupo Popular. Vuelve a intervenir el señor
Rodríguez Rodríguez. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el
señor Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 94 votos a favor, 127 en
contra y 10 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
reequilibrar la fiscalidad del ahorro de los sectores más populares,
expresado en las formas de depósitos más usuales en nuestro sistema
crediticio, en relación al tratamiento claramente favorable establecido
en favor de los Fondos de Inversión (Página 1266)
El señor Armet i Coma defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Alierta Izuel, por el Grupo Popular. El señor
Armet i Coma interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 89 votos a favor, 144 en
contra y 1 abstención.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS (Página 1271)
Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de
junio de 1996 (Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez,
por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995 (Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre España y Rumania relativo a la readmisión de personas en
situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996 (Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumania en materia
de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado
en Bucarest el 29 de abril de 1996 (Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y
los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996
(Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre
de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el
momento de la ratificación (Página 1271)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación por parte de España de las Adhesiones de
Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970 (Página 1272)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28
de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el
momento de la adhesión (Página 1272)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la
celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid,
9-13/9/96) (Página 1272)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Memorándum de Responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
con respecto a la 38 Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz
(Sevilla, 14 a 17/5/96) (Página 1273)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum»en Rabat el 6 de febrero
de 1996 (Página 1273)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza
al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum»en Rabat el 6 de
febrero de 1996 (Página 1273)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado
en Madrid el 25 de enero de 1996 (Página 1273)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum»en San Sebastián el 16
de septiembre de 1995, Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio
de 1996 por el que se subsana un error material en su artículo XVII
(Página 1273)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de
Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La
Haya, 25/10/80) (Página 1274)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmados en
Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los
Protocolos relativos a la Adhesión de los Gobiernos de la República
Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la
República Helénica, firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990,
25 de junio de 1991 y 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de
abril de 1995, así como Acuerdo de Adhesión de la República Austriaca al
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirieron la República
Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República
Helénica por los Acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de
1990, el 25 de junio de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, Acta Final y
Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28 de abril de 1995. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
49, de fecha 13 de diciembre de 1996) (Página 1274)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición
del Gobierno del Reino de España un edificio destinado a centro escolar,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 1274)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros,
por una parte, y el Estado de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20
de noviembre de 1995 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la creación de una Conferencia de Servicios Nacionales de
Meteorología en Europa (EUMETNET), firmado «ad referendum» en Reading
(Reino Unido), el 4 de diciembre de 1995 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Madrid el 26
de octubre de 1995 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Libanesa para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado «ad referendum»
en Madrid el 22 de febrero de 1996 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado entre el Reino de España y la República de Guatemala sobre el
traslado de personas condenadas, firmado «ad referendum» en Madrid el 26
de marzo de 1996 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por
España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes,
elaborado en Washington en 1970 (Página 1275)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas de las actas de las sesiones
anteriores, que los portavoces tendrán sobre la mesa. ¿Alguna alegación?
(Pausa.) ¿Se da por aprobada? (Pausa.) Aprobada queda.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE Y DENTRO DE LAS
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS, ELABORE UN PLAN DE INFORMATIZACION DEL
SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DEL SISTEMA PUBLICO DE SALUD. (662/000042.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Mociones. Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que,
en el plazo más breve posible y dentro de las disponibilidades
presupuestarias, elabore un plan de informatización del servicio de
atención primaria del sistema público de salud.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y otra por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra el portavoz del
Grupo firmante por tiempo de veinte minutos.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, siempre he considerado que esta tribuna, como cualquier otra
tribuna parlamentaria o de expresión, tiene su razón de ser no en la
extensión de la palabra que se formule desde ella, sino en su contenido,
y por ello, para ser consecuente con esta opinión, y dado que creo que el
fondo de la iniciativa no necesitará de demasiadas argumentaciones para
convencer a sus señorías de la bondad de la misma, voy a ser muy breve.
El que la medicina sea considerada como una de las ciencias más antiguas
a la hora de ser incorporada por el hombre como objeto de estudio y
desarrollo no debe suponer en modo alguno que el ejercicio de la misma
tenga que ajustarse a los cánones clásicos; muy al contrario, debe
adaptarse día a día a las nuevas condiciones que de todo tipo nos brinde
el entorno al que va dirigido, a fin de que esta ciencia mantenga su
esencia dinámica, que es la que la hace realmente práctica para la
sociedad.
Ese, y no otro, es el objeto de la moción que mi Grupo presenta al Pleno
de la Cámara: conseguir que quienes tienen competencias para poner a
disposición de la sanidad los distintos elementos capaces de mantenerla
en continua progresión realicen el esfuerzo inversor necesario para ello
con la celeridad que la sociedad demanda y sobre la base de los recursos
que la propia sociedad disponga.
Hasta ahora, señorías, la lábil memoria del médico, en muchos casos,
mucho más lábil cuanto mayor es el número de enfermos que debe almacenar
en ella, y, por otra parte, el papel, han sido los tradicionales archivos
de datos que contenían las historias clínicas del paciente, cargadas de
antecedentes personales y familiares, estudios diagnósticos, clínicos,
tratamientos, etcétera; dos tipos de archivos que presentaban serios
inconvenientes a la hora de su rápido y certero manejo en situaciones
como las que venimos viviendo, con una importante carga asistencial a la
que atender, a veces con claras limitaciones horarias.
Si bien es cierto que en atención especializada, lo que denominamos como
medicina hospitalaria, la clásica historia clínica escrita supone un
elemento de trabajo aún válido ante la limitación de enfermos, que viene
ligada, evidentemente, al número de camas, en atención primaria, en
aquella que se lleva a cabo ambulatoriamente, tanto la memoria del
facultativo como el manejo de la historia clínica, cuando se cuenta por
decenas el número de enfermos a asistir diariamente, con una importante
rotación también de enfermos, supone bien una causa de error o de falta
de control hacia el paciente y las circunstancias que le rodean o bien un
factor de lentificación del acto médico, incompatible con el sistema en
el que nos movemos.
Es cierto que la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y
terapéuticas al arsenal asistencial se ha llevado a efecto con gran
celeridad en muchos casos, y me atrevería a decir que con excesiva
celeridad en algunos de ellos, si tenemos en cuenta el bajo índice que
representa en eso el cociente utilidad-coste. Sin embargo, lo que en
medicina especializada ha representado un continuo aporte de medios, en
atención primaria ha venido marcado por su progresiva descapitalización,
lo que ha provocado que se abriesen amplias distancias entre ambos
sectores de la sanidad, convirtiéndolos, en muchos casos, en escasamente
operativos, como hemos venido observando en los últimos años sólo con
acercarnos a las consultas externas masificadas de los centros de
atención primaria, o a las urgencias, las plantas y las listas de espera
quirúrgicas en nuestros hospitales.
Ello nos debe llevar a considerar dos objetivos fundamentales. Por una
parte, el que hace referencia a la racionalización del gasto y de la
gestión en atención especializada, aplicando aquellas metodologías y
recursos que devengen una mayor rentabilidad social sin renunciar por
ello a los avances científicos. Y, por otra, el que hace referencia a la
potenciación de la atención primaria como obligada puerta de entrada a
todo el sistema sanitario, incardinándola, a su vez, por fuertes lazos de
intercomunicación con la especializada de forma que se complementen,
conformando una homogénea y estable estructura capaz de soportar y
adaptarse sin violencia a las distintas situaciones asistenciales que
puedan producirse. Si ambos objetivos están siendo estudiados en su
desarrollo estructural en la Subcomisión creada en el Congreso de los
Diputados para la reforma del sistema sanitario, la moción que les
presento aspira a alcanzarlos, al menos en parte, aportando una medida
técnica que entendemos de primer orden.
En los días previos a este Pleno se me exponía, por parte de algunos
portavoces parlamentarios en este debate, tanto la posibilidad de
intromisión de esta moción en lo que pueda ser competencia de estudios de
la Subcomisión citada como su posible escasa entidad para ser debatida en
Pleno. Como antes he dicho, entiendo que son aspectos estructurales los
que interesan a la Subcomisión aludida y no técnicos como éste que
tratamos, con lo cual, la propuesta que les formulo sería complementaria
a la que el Congreso de los Diputados emita en su informe final y no
interferente con el mismo. Por otra parte, considero que el avance
sustancial que se produciría en la rentabilización de recursos humanos y
materiales con la aprobación y desarrollo de este plan de informatización
en atención primaria justifica sobradamente su inclusión en el orden del
día de este Pleno.
¿En qué fundamentos se sustenta la necesidad de este plan de
informatización? Antes he hablado de lo obsoleto de los archivos que
hasta ahora se han venido utilizando a la hora de almacenar toda la
información clínica de los pacientes. Es evidente que introducir esta
nueva metodología de trabajo informatizado resolvería de manera
sustancial los inconvenientes que hasta ahora se han venido produciendo y
a los que he hecho referencia con anterioridad. Con ello conseguiríamos,
en primer lugar, mejorar la información clínica de la población con lo
que eso tiene de repercusión positiva en el control de los procesos de
enfermedad, de las circunstancias familiares y medioambientales que los
rodean o, incluso, de los errores diagnósticos.
En segundo lugar, no es menos cierta la repercusión que en el ahorro en
el gasto sanitario puede tener esta medida. La no repetición de pruebas
diagnósticas innecesarias o de éstas con una excesiva frecuencia, el
control sobre la medicación prescrita o sobre la titularidad del
beneficiario de la Seguridad Social a fin de evitar el fraude de las
recetas de pensionistas, la obtención de una mayor productividad en el
uso de los recursos humanos del Insalud no transferidos, son ejemplos, no
sólo de la amortización, sino del logro de beneficios de este plan de
informatización.
Existe un tercer aspecto que viene marcado por el indudable valor que una
base de datos tan amplia tiene para campos como la epidemiología o la
investigación.
Por último, yo señalaría un cuarto aspecto que entiendo como primordial:
me refiero a la posibilidad de acceso a una intercomunicación efectiva
entre atención primaria y especializada, de forma que se agilicen las
relaciones entre ambas, coordinándose mucho mejor los flujos de pacientes
y obteniéndose un perfil completo del estado de salud de la población que
ayude a la hora de atender a dicha población desde parámetros de eficacia
y eficiencia, tan demandados en los últimos años.
Entiendo --y con ello concluyo, señorías-- que todo ello apunta en la
dirección de subirnos a ese vagón de la informatización que,
afortunadamente además, no condiciona en modo alguno esa tan apreciada
relación médico enfermo, sino que ayudará a que pueda establecerse aún en
niveles de mayor comunicación. De ahí que les pida el voto favorable para
esta moción.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bellido.
Para la defensa de la primera de las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una
enmienda al texto de esta moción en el sentido de añadir al final: para
el territorio del Insalud, es decir, para la gestión directa del Insalud,
y la justificación de la misma es muy clara: respetar el ámbito de las
competencias transferidas. Con mucha frecuencia --entendemos que con
demasiada-- se olvida que hay materias transferidas y que competen a las
Comunidades Autónomas que las han asumido las medidas correspondientes y
consecuentes para hacer frente al mejor desarrollo de su funcionamiento,
así como a la mejora de su gestión, y es por ello que hemos presentado
esta enmienda.
Dicho eso, también hemos de decir que participamos totalmente en el fondo
de la moción en cuanto a su objetivo, es decir, optimizar la gestión de
los servicios sanitarios ante el incremento de la demanda de los
servicios y, además, ante la limitación de recursos humanos y
presupuestarios --pero fundamentalmente humanos en este caso--, poniendo
a disposición de esta gestión de cuantos medios técnicos podamos
disponer, dentro, naturalmente, de las disponibilidades presupuestarias.
Y en este sentido la informatización --que en nuestra sociedad ocupa ya
en muchos campos un lugar de primera línea de actuación-- puede y debe
suponer en este caso para el sistema público de salud --y más
concretamente para la atención primaria, como se nos pide en la moción--
un buen instrumento de gestión para, en primer lugar, mejorar la calidad
asistencial --objetivo fundamental y primordial de cualquier sistema
sanitario-- y, en segundo lugar, mejorar otros objetivos para ir
perfeccionando la gestión en todo el conjunto del sistema. Por ejemplo,
se trataría de alcanzar una mejor interrelación entre los distintos
niveles de la asistencia sanitaria, especialmente en la asistencia
primaria --como es bien sabido, esta asistencia primaria necesita una
buena interrelación con la asistencia hospitalaria, pues muchas veces esa
falta de buena coordinación es causa de un déficit en la optimización de
los recursos sanitarios--, con una buena base de datos, lo que, en
definitiva, redundaría en beneficio del enfermo o del usuario del sistema
público de salud.
Sin embargo, no queremos dejar pasar la ocasión de manifestar una
relativa objeción. Ya hacía referencia el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo proponente, Senador Bellido, a la
oportunidad del momento de presentación de esta moción. En la actualidad
se están llevando a cabo los trabajos en la Subcomisión del Congreso
sobre la reforma de la sanidad, y todo lo que se pueda decidir ahora
estará en cierta manera a expensas de lo que finalmente se acuerde en el
seno de la misma.
Cierto es que también ésta es una cuestión menor en relación con lo que
allí se pueda acordar. Con ello no queremos decir que lo que se propone
sea una cuestión de importancia menor, sino simplemente si no hubiera
sido más conveniente esperar las conclusiones de la mencionada
Subcomisión porque aspectos estructurales, como se decía, pueden afectar
a la forma de la gestión.
En cualquier caso, ello no es obstáculo para que nuestro Grupo apoye la
moción con su voto favorable siempre que, como hemos dicho, se asuma
nuestra enmienda que va en el sentido de aceptar las competencias
transferidas en el territorio que ya no está gestionado por el Insalud y
denominado como gestión indirecta.
Entendemos el Estado de las Autonomías no como una mera descentralización
administrativa, sino como una verdadera desconcentración de competencias
con la toma de decisiones por parte de las Comunidades Autónomas que
tienen esa soberana capacidad de gestión sobre las mismas. En este punto
optaríamos por votar a favor o, de lo contrario, emitiríamos otro voto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.
Para la defensa de la enmienda presentada por su Grupo, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda de
modificación a la moción original del Grupo Parlamentario Popular. Nos
parece que la moción del Grupo Parlamentario Popular es oportuna y no
vemos que deba tener una necesaria vinculación con los trabajos políticos
que se están realizando en la Subcomisión sobre el estudio y la reforma
de la sanidad, porque ésta es una cuestión del día a día, de gestión pura
y dura del sistema de salud público, tanto de los poderes centrales del
Estado
como de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, nos parece oportuno que
se plantee esta moción que incide sobre una cuestión del día a día
gubernamental, como es la prestación del servicio, la autoorganización en
materia de medios informáticos en la organización del sistema público de
salud.
Señor Presidente, nuestra enmienda va dirigida a intentar salvaguardar
una cautela de naturaleza competencial, y es que el Insalud actúa,
obviamente, en el ámbito de su competencia, es decir, ésta es una
cuestión que ni es propiamente competencial, sino que es una materia
englobable dentro de la autoorganización que compete a cada
Administración Pública, y por lo tanto, hace referencia a que lo que
pueda instar esta Cámara se refiera al ámbito de la potestad
autoorganizatoria de la sanidad dependiente del Ministerio, que es el
Insalud.
En este sentido, en el País Vasco ya existe un Plan Estratégico del
Sistema Informático Sanitario vasco, denominado Pesis, que también se ha
analizado en el Parlamento Vasco, y que tiene como objetivo avanzar
cualitativamente en las estrategias que hay que aplicar en el área de
sistemas de información, de forma que se pusieran al servicio de la
mejora de la gestión primaria y dotar a los centros de atención primaria
de herramientas para propiciar la autonomía de gestión en los mismos.
Así, señor Presidente, y como dato curioso, quiero manifestar que en el
País Vasco para llevar a cabo el Plan Estratégico del Sistema
Informático, elaborado en el Parlamento, se han invertido durante los
años 1995 y 1996, 290 millones de pesetas, y esto ha permitido que se
hayan abordado los cableados informáticos en estructuras en centros de
acción primaria de toda la Comunidad Autónoma. En concreto, en los años
1995 y 1996 afecta a 85 centros de atención primaria; en 1997, según la
consignación presupuestaria aprobada en los Presupuestos Generales
autonómicos para el presente año, afecta a 40 centros de atención
primaria y para 1998, con el crédito plurianual previsto para esta
inversión en sistemas informátie la intercomunicación entre los
profesionales de diferentes centros gracias al correo electrónico de la
información sanitaria, además de permitir el acceso al programa Mediline
y a las bases de datos documentales médicas.
Por eso, nuestro Grupo Parlamentario ve bien que el Insalud ponga esto en
marcha, porque ya se está haciendo en otros sitios; ya lo estamos
haciendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ya hay un plan
estratégico aprobado oficialmente en materia de informatización de los
servicios sanitarios. Por tanto, todo lo que suponga optimización de la
asistencia, de la prestación de los servicios sanitarios, el poder contar
con los historiales de los pacientes, los protocolos médicos, la agenda,
las citaciones, los procesos de textos, el correo electrónico, en
definitiva, para la informatización y para poder obtener la información
debida de manera que a uno se le pueda atender en un centro de salud que
no es el suyo habitual únicamente con la aplicación informática
correspondiente, sin necesidad de que se tenga que producir un traslado
de expediente, a nuestro Grupo le parece, obviamente, estar a la altura
de las circunstancias en las que corren los tiempos políticos.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario, por todos estos motivos, va a
votar favorablemente a esta moción, con las consideraciones que
anteriormente he explicitado, señor Presidente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para posicionarnos con respecto a las enmiendas de los Grupos
Parlamentarios de Convergència i Unió y de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Ante todo, diré que el texto original, que ha tenido registro de entrada,
de la moción elaborada por el Grupo Popular es distinto al que aparece en
el orden del día de este Pleno. Dicho texto --y leo-- dice que el Senado
insta al Gobierno a que, en el plazo más breve posible y dentro de las
disponibilidades presupuestarias, elabore un plan de informatización en
atención primaria.
En ese texto no se habla en modo alguno del sistema público de salud y
ello porque nuestro Grupo entiende que no había que añadir lo que ya se
daba por hecho. El artículo 41 de la Ley General de Sanidad ya recoge el
hecho de que las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias
asumidas en los Estatutos o que el Estado les transfiera. De igual forma,
las competencias de las Comunidades Autónomas quedan definidas por
remisión a la Constitución, a los Estatutos y, de forma residual, a lo
que la Ley no declare como básico y competencia del Estado. Este que
tratamos entendemos que es uno de los aspectos que se engloban plenamente
entre las competencias de aquellas Comunidades con sanidad transferida y
ni la Constitución permite que el objeto de esta moción sea de aplicación
a todo el territorio nacional, ni lo iban a permitir los distintos
Estatutos de Autonomía, ni, por supuesto, el Ministerio de Sanidad
actuaría en tal sentido; ni mucho menos, mi Grupo pretendería algo
distinto a lo que la legislación establece.
Por tanto, quiero que quede bien claro que, si no hacíamos referencia en
el texto de la moción a ninguna zona del Estado, era porque entendíamos
que para todos los grupos quedaría explícito que solamente se podría
actuar en aquéllas en las que el Ministerio de Sanidad tuviese
competencias. En cualquier caso, quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo
realizado, tanto por Convergència i Unió, como por el Partido
Nacionalista Vasco, con la presentación de ambas enmiendas.
Sí quisiera matizar algo, porque a lo mejor todavía no tenemos muy claro
lo que significa Insalud. En principio, entiendo que es el Instituto
Nacional de la Salud. Una parte del mismo es Insalud de gestión directa,
aquél que depende
directamente del Ministerio de Sanidad, y otra parte es el Insalud
transferido, aquél que se ubica en aquellas Comunidades que tienen
asumidas las transferencias en materia sanitaria. De ahí que,
considerando la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y al hacer única y exclusivamente referencia al
Insalud, entendemos que se vuelve a hacer referencia al sistema público
de salud, algo que nosotros no queríamos en modo alguno recoger en
nuestra moción.
Sin embargo, es cierto que en la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se hace ya una referencia
directa a Insalud gestión directa. Por ello, podríamos llegar
perfectamente a un acuerdo, y no tenemos inconveniente alguno en asumir
la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, pues creo que recoge el espíritu de la propia
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, Senador Bellido.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Cardona i Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, entendemos que queda mucho más claro con la referencia de
Insalud gestión directa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: El Grupo Socialista no puede votar a favor de
esta moción, como tampoco puede votar en contra, porque entendemos que el
alcance y la intención de esta moción va mucho más allá de lo que es el
contenido real de la misma.
Esta iniciativa no parece responder a una preocupación --que no dudo que
exista-- del Grupo Parlamentario Popular sobre lo que es la atención
primaria de salud. Pero tanto su forma, su contenido y, sobre todo, la
oportunidad política de su presentación, señalan más bien a una operación
de márketing político, a una operación de maquillaje, que trata de
ocultar la situación real a la cual el Grupo Parlamentario Popular y el
Gobierno están conduciendo al Parlamento en general y a esta Cámara en
particular.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular es el que apoya el Gobierno, el
que sostiene al Gobierno, y nos presenta una moción para que se inste al
Ejecutivo a que adopte una serie de decisiones cuando debería ser el
propio Gobierno el que tomara la iniciativa. Sin duda, ésta es una
actuación totalmente legítima, pero el comportamiento, la forma, la
oportunidad de presentarla a la vez que se está discutiendo en la
Subcomisión del Congreso da la impresión de ser un comportamiento más
propio de un grupo de la oposición que de un grupo que sostiene al
Gobierno.
¿Acaso el Grupo Parlamentario Popular es consciente de que este Gobierno
no gobierna y por eso presenta la moción? ¿O tal vez lo considera que
está tan absorto en problemas como el fútbol o la plataforma digital, tan
ocupado y concentrado que desatiende otro tipo de actuaciones? (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ZAMORANO VAZQUEZ: Si no, señorías, no se puede comprender.
Además, señorías, es una moción vacía. Se pretende con esta moción que
esta Cámara inste al Gobierno para que, en el plazo más breve posible
--es decir, cuando tenga a bien--, y dentro de las disponibilidades
presupuestarias --es decir, si tiene a bien--, en definitiva, vamos a
instar a la nada. Señoría, no hace ni dos meses discutimos en esta misma
Cámara los Presupuestos Generales del Estado y fueron aprobados con los
mismos votos del Grupo Parlamentario Popular que ahora presenta esta
moción. Y en esa Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
1997, en el subprograma de atención primaria, que es al que hace
referencia esta iniciativa, se contemplaba un crédito en inversión nueva
para dotación de servicios informáticos de 25 millones de pesetas. ¡Qué
gran plan informático, para todo el Insalud, gestión directa, se puede
hacer con 25 millones de pesetas! ¡Qué gran plan para todos los equipos
básicos de atención primaria del Insalud, gestión directa! ¡Qué gran plan
para todos los centros de salud del Insalud, gestión directa, podemos
realizar con 25 millones de pesetas! Mejor dicho, ¡qué gran brindis al
sol se nos propone con esta moción!
Señoría, el Grupo Parlamentario Popular --y es cierto-- expresa
últimamente una alta valoración por lo que es la atención primaria; una
valoración tan alta que yo la calificaría como el exultante fervor del
converso, pero, desde luego, no es ése el motivo que le ha conducido, en
nuestra opinión, a la presentación de esta moción.
Sin duda, el Grupo Parlamentario Popular, al igual que el Grupo
Parlamentario Socialista y que los demás grupos representados en esta
Cámara, está preocupado por el logro de un mejor control clínico del
enfermo, por la continua mejora de los servicios sanitarios, por el logro
permanente de una mejor calidad asistencial y de un mayor control del
gasto farmacéutico.
También coincidimos en la necesidad de poner a disposición del personal
sanitario los medios diagnósticos-técnicos adecuados y suficientes, y con
el importante valor que debe desempeñar la informática en todo lo que es
la atención sanitaria en general y la atención primaria en particular.
Todas estas afirmaciones están contenidas en la exposición de motivos, y
no me cabe la menor duda de que todos los representantes en esta Cámara
las compartimos, pero, desde luego, esto no se puede afrontar con la
moción que
se presenta y, probablemente, porque tampoco la moción en sí es eso lo
que pretende.
En el ánimo de ir un poco más allá, cabría pensar que de lo que se trata
de conseguir con esta iniciativa es dar amparo, dar cobertura a alguna
decisión que ya ha sido tomada en el Ministerio y que el Ministro, por la
razón que sea, prefiere tener para ello una justificación o un mandato de
esta Cámara.
Si ésta fuese la razón, señorías, éste no puede ser el procedimiento. Si
el objetivo fuese ése, el Ministerio lo que tiene que hacer es dar la
cara; venir a esta Cámara; presentar el plan; decir por qué lo quiere
hacer, qué es lo que quiere hacer, con qué medios cuenta para hacerlo; en
definitiva, asumir su función de Gobierno; presentarnos aquí todo su
plan, y no intentar colar decisiones de este tipo --digamos-- de
tapadillo y sin que nos enteremos. Que se presente el plan en esta
Cámara, señoría, para que todos podamos estudiarlo, analizarlo y, luego,
obrar en consecuencia. Si ése fuese el propósito de la moción y éste
fuese el procedimiento, estaríamos, desde luego, en algo que de por sí ya
representa un intento de perversión del propio papel de este Parlamento
en su conjunto, tanto de lo que es del Grupo que mantiene al Gobierno,
del propio Gobierno, como, incluso, del papel que nos dejarían a la
propia oposición.
Pero no creo que ésta sea la intención, porque el propio portavoz del
Grupo Popular en su anterior exposición ha dado explicaciones sobre la
oportunidad de presentar esta moción, en cuanto a la entidad que podía
tener la misma, e incluso le ha dado un carácter complementario respecto
a lo que pueda salir de la Subcomisión nonata todavía, en cuanto a
conclusiones, del Congreso. El mismo ha reconocido que los planteamientos
que hasta ahora hemos expuesto tal vez no sean aquellos que subyacen en
el fondo de la presentación de la moción.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que esta moción sólo les sirve al
Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular para intentar que esta Cámara
--digámoslo y si me permite la expresión-- siga consumiendo tiempo, de
forma que esta actividad de la Cámara vaya en un sentido de registro
estadístico más que con un auténtico sentido de labor política y
parlamentaria.
Qué lejos han quedado ya aquellas famosas promesas del Partido Popular de
potenciar y rivalizar el Parlamento; qué lejos han quedado ya aquellas
promesas de un mayor control del Ejecutivo por parte del Parlamento.
Señorías, y es en este contexto de promesas incumplidas, en este contexto
en el cual afloran ahora las intenciones nunca declaradas, en este
contexto de intento de adormecimiento de la actividad de la Cámara, donde
hay que situar el auténtico sentido de esta moción. El único propósito
que tiene es realizar una operación de maquillaje en la cual se pretenda
que lo cuantitativo, el mero balance de contenido estadístico suplante a
lo cualitativo, a la auténtica labor parlamentaria, al auténtico trabajo
parlamentario. Esta moción, señorías, se presenta sólo con ese objetivo,
para que el Grupo de la mayoría pueda decir que ha presentado tantas o
cuantas mociones, que ha llegado a tantos o cuantos acuerdos y, en
definitiva, enmascarando el intento de entumecimiento que se está
sometiendo a la actividad política de control y legislativa de las
Cámaras.
Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no puede participar
en operaciones de marketing que sólo representan un brindis al sol. El
Grupo Parlamentario Socialista no puede ser cómplice de esas operaciones
de maquillaje que tratan de encubrir la labor de entumecimiento, de
sopor, a las cuales quieren someter a esta Cámara.
Salvando la mayor de la preocupación que todos tenemos por la atención
primaria, pero siendo conscientes de que no se puede ser cómplices de
este adormecimiento, de este letargo, al cual nos quiere sumir, el Grupo
Parlamentario Socialista se va a abstener.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zamorano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Bellido tiene la palabra.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que lamento el mal rato que esta moción le ha hecho pasar a
mi paisano andaluz, el Senador Socialista.
La verdad es que se trata única y exclusivamente de informatizar la
atención primaria, no hay otra cosa. Yo tengo que agradecer la enorme
confianza, el apoyo y el aplauso incondicional que el portavoz del PSOE
dedica al Ministerio de Sanidad. Ciertamente es mucho lo que diferencia
al actual Ministro de Sanidad en lo que es su trabajo y proyecto de lo
hecho por anteriores Ministros del PSOE. De ahí que haya que valorar el
rasgo de objetividad que ha tenido el portavoz cuando reconoce
implícitamente que con la palabra del Ministro es suficiente para llevar
a cabo este plan de informatización.
Efectivamente, Senador Zamorano, el plan de informatización llega
tardíamente después de trece años de que los distintos Gobiernos del PSOE
no hayan colocado ni una sola terminal de datos en los centros de salud
de atención primaria. Qué cerca queda entonces la promesa del Partido
Popular de aplicar las más modernas tecnologías a la atención primaria
con este plan que ahora proponemos. (El señor Rojo García: ¡Qué
barbaridad!) Yo quisiera decirle, y lo he dicho ya en mi primera
intervención, que el plan no interfiere en modo alguno en lo que es el
trabajo de la Subcomisión creada en el Congreso de los Diputados. Está
claro que son muy distintos los aspectos técnicos de los aspectos
estructurales, como el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos se ha encargado también de resaltar.
Lo que sí está claro es que tanto el Ministerio como el Ministro han dado
la cara continuamente en esta Cámara. Con toda seguridad han dado la cara
en muchas más ocasiones en que la dieron anteriores Ministros de Sanidad
del Partido Socialista y, por supuesto, de distinta manera a como la
dieron la señora Amador o el señor García Vargas cuando tenían un
conflicto sanitario en nuestro país o
como la dio el señor García Valverde por otros motivos que todos
conocemos. (El señor Rojo García: ¡Bueno!) Y han dado la cara no para
maquillar, sino para desmaquillar todo aquello que ustedes a lo largo de
muchos años han venido pintando de mala forma.
Por eso, y a pesar de su oposición, a pesar de su oposición a la propia
atención primaria, nosotros seguiremos trabajando positivamente en
sanidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido.
Entiendo que ha sido admitida la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y también que está de
acuerdo el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió con el texto de la misma. Por tanto, vamos a pasar a votar la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 139; en contra, uno;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE PLANTEE ANTE LA UNION EUROPEA LA NECESIDAD DE CUMPLIR INTEGRAMENTE EL
ACUERDO PESQUERO EN VIGOR SUSCRITO CON EL REINO DE MARRUECOS HASTA SU
FINALIZACION PREVISTA PARA 1999. (662/000039.)
El señor PRESIDENTE. Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a que plantee ante la Unión Europea la necesidad de
cumplir íntegramente el acuerdo pesquero en vigor suscrito con el Reino
de Marruecos hasta su finalización prevista para 1999. (Rumores.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio. Salgan u ocupen los asientos,
por favor.
Su señoría tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Gracias.
Como sabrán todos ustedes, la Unión Europea tiene suscrito, después de
una larga, difícil y, a veces, incomprendida negociación, un acuerdo
pesquero con el Reino de Marruecos que favorece, fundamentalmente, a la
flota española y, más concretamente, a las flotas gallega y andaluza que
pescan con distintas artes distintas especies en el caladero de ese
Reino. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Gracias.
Ese acuerdo, que fue suscrito a finales de 1995, preveía una parada
biológica para permitir la recuperación de las especies en el caladero de
dos meses para las distintas especies y artes. Ese acuerdo pesquero con
Marruecos supuso también una serie de contraprestaciones por parte de la
Unión Europea de tipo material y comercial, es decir, supuso dinero y
facilidades para el desarrollo del sector pesquero y transformador del
Reino alauita.
Pues bien, hoy traemos a su consideración aquí que por parte del Reino de
Marruecos se ha planteado, a finales del año 1996, una revisión del
tratado perjudicial para los intereses pesqueros españoles. En concreto,
sin ningún tipo de documento científico que lo avale, el Reino de
Marruecos planteó la necesidad de ampliar la parada biológica dos meses
más para los cefalópodos o, vulgarmente, para los pulpos, calamares e,
incluso, como dirían los gallegos, para los chocos. (Un señor Senador: Y
también los de Huelva.) Me están diciendo que los de Huelva también. Pues
tomamos nota.
En esa pretensión del Gobierno alauita --insistimos los socialistas--, y
sin ningún informe científico que lo suscriba, en esas condiciones
--digo-- se produjo el apresamiento de determinados buques españoles que
posteriormente fueron puestos en libertad sin ningún tipo de sanción
puesto que no estaban cometiendo ninguna infracción contra los
reglamentos que regulan las artes y las especies a capturar en dicho
caladero. De tal modo, que entre nuestros trabajadores del mar, entre
nuestros marineros y armadores se produjo la sensación de que nuestros
barcos estaban siendo objeto de una persecución irregular, ilegal,
injusta e ilegítima, diría yo, para utilizarlos como elementos de presión
en la mesa negociadora también por parte del Reino de Marruecos.
Mientras que a la flota española se le exige, sin ningún dato científico
que lo avale, que dejemos de pescar dos meses más de los previstos, la
flota de Marruecos y las flotas de países terceros o los barcos
marroquíes que trabajan para países terceros como, por ejemplo, Corea, no
han disminuido su esfuerzo pesquero sino todo lo contrario, señorías.
Incluso en los meses en que supuestamente las especies se reproducen en
determinadas áreas del caladero dado el ciclo biológico de esas especies,
mientras nuestros barcos descansan, se están produciendo capturas no
controladas la mayoría de las veces.
Por tanto, no hay una base científica que permita justificar la
ampliación de la parada biológica que solicitaba nuestro amigo el Reino
de Marruecos. Pero, es más, teniendo en cuenta que la flota española está
en este momento en más de veinte caladeros distintos, teniendo en cuenta
que la flota española de altura está sometida a veinte tratados
internacionales distintos, nos parece poco prudente que un tratado sea
sometido a revisión un año
después de suscrito, nos parece una muestra de inconsecuencia y de
debilidad por parte de la Unión Europea.
Así, si al año de firmar un acuerdo, y sin que haya ningún dato
científico concreto estamos dispuestos a revisarlo, mucho nos tememos,
señorías, que estaremos abriendo una puerta que no debería abrirse. Si
eso se hace, tendremos que lamentarnos en los próximos tres o cuatro años
en esta Cámara de cómo van a ser renegociados los tratados
internacionales de pesca entre la Unión Europea y los países terceros en
contra de los intereses de nuestra flota y sin que se cumplan las
previsiones que justificaron la firma de dichos tratados.
Nosotros hemos dicho reiteradamente en esta Cámara que consideramos la
pesca como una cuestión de Estado. Se trata de una actividad económica,
de una parte de la economía productiva de nuestro país que tiene una
importancia básica en el desarrollo regional de algunas de nuestras
Comunidades Autónomas, pero la pesca es también una de las pocas materias
en que España es un país puntero. Puede decirse que en esto somos una
verdadera potencia, y que a nivel de la Comunidad Europea la pesca es
fundamentalmente una cuestión española. Por eso, al Grupo Popular, que
sustenta al Gobierno, le hemos dicho en repetidas ocasiones que nosotros
consideramos la pesca --repito-- como una cuestión de Estado y que no
vamos a tener ningún miedo, como no lo hemos tenido nunca, en apoyar al
Gobierno en la defensa de nuestra flota y en la defensa de los intereses
de nuestros marineros y armadores. Traemos hoy esta moción para impulsar
la actuación del Gobierno, para que el Gobierno de nuestro país, de
España, asuma más claramente la defensa de los intereses pesqueros de las
flotas que trabajan en el caladero de Marruecos.
¿Qué es lo que planteamos, señorías? Planteamos cosas bien sencillas. En
primer lugar, hay que decir con claridad a la Unión Europea que el
acuerdo con Marruecos, como con cualquier otro país, tiene un período de
vigencia --en este caso hasta el año 1999-- y que, por tanto, no es
serio, no es riguroso, ni desde el punto de vista jurídico ni del
político, que se revise antes de su finalización. En definitiva, el
Gobierno de nuestro país tiene que apostar por un marco de estabilidad en
las relaciones internacionales pesqueras.
En segundo lugar, señorías, nosotros, los socialistas, defendemos el
concepto de pesca responsable. Al Gobierno español, a la flota española,
al sector pesquero español, le interesa más que a nadie que se produzca
una explotación racional de los recursos marinos, una explotación que
tenga en cuenta la recuperación de los caladeros y el normal desarrollo
de los ciclos biológicos de las especies, una explotación económica que
no deje mar arrasado, sino que permita una política pesquera sostenida,
un esfuerzo pesquero sostenido en el tiempo, una explotación económica
racional de las riquezas de las especies marinas.
Por tanto, deben desarrollarse --como proponemos en nuestra moción-- los
estudios científicos necesarios que permitan evaluar el estado real de
los caladeros y las especies afectadas por el Tratado pesquero con
Marruecos. Es un dato fundamental para defender los intereses del sector
pesquero español, para que no se vuelva a hacer una negociación a ciegas,
como han hecho los tecnócratas de Bruselas.
En tercer lugar, solicitamos que a la flota española se le aplique el
mismo criterio, desde el punto de vista del concepto de la pesca
responsable, que a las otras flotas. Si se nos va a pedir algún esfuerzo
más, pídasele también a las flotas de países terceros que actúan en ese
caladero y a la flota marroquí, si se quiere más parada biológica para
preservar las crías, los alevines, de las especies porque no son sólo las
redes y los barcos españoles quienes los destruyen. Si ésa es la razón
nosotros somos los primeros en asumir el coste político y transmitir a
nuestros marinos que hay que parar para la preservación de ese caladero.
Pero también tendremos la autoridad moral y la valentía, señoras y
señores Senadores, de un Gobierno para decir: lo que me aplica a mí,
aplíqueselo también usted a los suyos. Yo soy el primero en dar ejemplo,
pero ustedes también.
En cuarto lugar, pretendemos que el Gobierno español, por los canales
diplomáticos oficiales, le haga saber al Gobierno de Marruecos, al
Gobierno amigo de Marruecos, que no es correcto, que no es de buenas
relaciones entre amigos que se utilice la captura de barcos sin ningún
motivo jurídico, sin que haya ninguna causa de infracción para
utilizarlos como elemento de chantaje o de presión en la mesa de
negociación. Los amigos no nos pueden tratar así, señoras y señores
Senadores.
Y, por último, recogiendo las peticiones del sector --me refiero a las
expresadas, por ejemplo y sin ir más lejos, por mi querido compañero, el
Consejero de Pesca de la Junta de Andalucía, pero también por las
Cofradías de Andalucía, o por asociaciones empresariales de armadores
andaluzas y gallegas, o por los sindicatos de trabajadores del mar de
Andalucía y Galicia-- ha habido un clamor, señoras y señores del Grupo
Parlamentario Popular, diciéndole al Gobierno de la nación que debe
estudiar alguna fórmula para compensar las pérdidas que los paros
biológicos causan, en primer lugar, a los trabajadores del mar y sus
familias --que son los que más me preocupan a mí--, pero también a los
armadores.
Por lo tanto, en esta moción proponemos, y lo hemos hecho con la
intención de que ustedes la puedan suscribir, que se cree una comisión
que estudie una solución. No les obligamos a que comprometan partida
presupuestaria y dinero, simplemente que practiquen esa bella virtud de
la democracia que es el diálogo social y que su Gobierno dice que quiere
practicar. Demuéstrenlo aquí. Siéntense con nuestros marineros, con
nuestros armadores, con nuestras autoridades autonómicas,
fundamentalmente las gallegas y andaluzas, para ver cómo podemos echar
una mano, con esos 22 millones de presupuesto, a los más de 600 barcos
afectados por las medidas del paro biológico y a las más de 3.000
familias que sufren el impacto económico de esos paros biológicos.
Como habrán podido comprobar, señorías, nosotros no solamente pensamos
que la pesca es una cuestión de Estado, sino que además es una cuestión
de diálogo, en la que quisiéramos, como en otras ocasiones y como hemos
venido demostrando desde que se inició la legislatura, coincidir
con todos los grupos de la Cámara, para que los trabajadores del mar y
los armadores sepan que sus representantes, los representantes de la
soberanía popular, estamos atentos y preocupados por el devenir, por el
porvenir de ese sector económico de la pesca, en el que, afortunadamente,
España es la primera potencia en Europa y una de las principales a nivel
mundial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno en contra.
Tiene la palabra el señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Con la venia de la Presidencia.
Señoras y señores Senadores, tengo que reconocer con humildad que es la
primera vez que intervengo desde esta tribuna. He sido y soy
parlamentario andaluz desde hace muchos años, pero en todo ese tiempo no
he escuchado una intervención tan poco ajustada a la realidad, tan lejos
del sector, tan absurda como la que hace un momento ha llevado a cabo el
portavoz socialista.
Como es mi obligación, he oído con atención la intervención del señor
González, la misma atención que presté desde que mi Grupo Parlamentario
me cedió la responsabilidad de posicionarme sobre la iniciativa
socialista, y puedo decir a sus señorías que he comprobado el esfuerzo
que ha tenido que hacer su señoría para intentar vendernos un producto
realizando juegos malabares, permítame que se lo diga con respeto, tan
inseguros y de tan escaso valor que se notaba fácilmente, señor González,
dónde estaba el truco. Y es que resulta muy difícil, señor González --yo
diría que extraordinariamente difícil-- intentar vender lo negro por lo
blanco, lo malo por lo bueno, pero todavía es más difícil cuando uno está
convencido, y usted lo está, de que la intención que esconde esta
iniciativa es negra y es mala. Estamos aquí para razonar y no caer en el
absurdo ejercicio realizado durante largos años por el Grupo
Parlamentario Socialista de oponerse a toda iniciativa por el mero hecho
de que nacía de los bancos de la oposición, por haber nacido de ese punto
geográfico.
Vaya por delante, señor González, que su moción --y lo digo con el máximo
respeto-- va a ser votada en contra por el Grupo que represento, y va a
ser votada en contra --créame-- por coherencia; por coherencia porque
absolutamente todo lo que aquí debatimos --y usted lo sabe, señor
González-- es producto de actos realizados por su anterior Gobierno, por
el Gobierno socialista. No existe ni un ápice de innovación, de
sobreañadido por el Ejecutivo que en la actualidad gobierna esta nación
sobre lo que significaron unas largas, penosas y extraordinariamente
complicadas negociaciones que tuvieron su fin, afortunadamente, en
noviembre de 1995. Y repito, porque me parece de vital importancia, este
punto: no encontramos --y usted me desdecirá en su próximo turno-- en
todos los apartados de su moción ni un solo párrafo que pudiera
significar separarnos de lo que ese negocio significó en el año 1995.
Debemos reconocer, aunque sea telegráficamente, la génesis de los
acuerdos de pesca entre España, primero, y la Unión Europea y Marruecos,
después. Para no cansar a sus señorías, les diré que hasta el 1.º de
marzo de 1988 las conversaciones se desarrollaban bilateralmente entre
los dos reinos, y posteriormente a esa fecha --1988--, los interlocutores
ya no son los dos Estados soberanos, sino la Unión Europea y el Reino
alauita.
Históricamente, los tratados se han inscrito en el marco de acuerdos de
cooperación pesquera que implicaban contrapartidas financieras para el
desarrollo del país vecino y algunas ventajas comerciales en la
introducción de sus productos en los mercados europeos. Pero
refiriéndonos al Tratado de noviembre de 1995, bajo el mandato
socialista, debemos decir --y así lo manifestamos en su momento-- que el
acuerdo nos pareció malo. Nos pareció malo porque reducía las capturas;
nos pareció malo porque conllevaba unas pérdidas de más de 1.650 puestos
de trabajo directos y, asimismo, porque el sector subsidiario perdía
cerca de 12.000 puestos; nos pareció malo porque reducía alarmantemente
la capacidad productiva del sector y nos pareció malo porque significaba
un aumento espectacular de gastos para la flota española. Y ese impacto,
que iba a ser nocivo para los trabajadores del sector extractivo, iba a
ser aún más inquietante para el personal de puertos, en definitiva, para
lonjas, para industrias auxiliares, transformación y congelación.
Asimismo, se preveía, señor González --se le ha olvidado decir esto-- su
nocividad porque a partir del segundo año, concretamente, los
cefalopoderos iban a tener que desembarcar su captura en los puertos de
Marruecos. El resultado alcanzado es fruto --podemos nosotros pensar-- de
la debilidad del Gobierno de entonces. De esta manera --y ahí están las
cifras--, de los 1.653 puestos que se pierden, 955 pertenecen al sector
de cefalópodos, 435 a arrastreros norte y 223 a cerco norte. En ese
puntual momento, con la firma del acuerdo ustedes venden las bondades del
Tratado y venden como un artículo importante que se ha obtenido por
primera vez un acuerdo con vigencia de cuatro años, pero dejan ustedes,
señores socialistas, sin atar demasiados cabos; cabos y flecos tan
importantes, que nos permiten asegurar, sin temor a equivocarnos, que no
existe innovación alguna.
Todo --y ha sido mucho-- lo que el actual Gobierno ha hecho está
supeditado a las cláusulas. Es cierto que estamos ante un convenio que
morirá en 1999, pero ni se contempla la posibilidad de una futura
renovación ni existe tan siquiera mecanismo alguno que garantice que va a
durar cuatro años, por lo que estamos ante un negocio tan precario como
estuvo el anterior. Rogaría a su señoría que leyese el artículo 15 del
convenio.
Pero aún existe algo peor. Escondía el acuerdo --recuérdelo, señor
González-- tremendas cargas de discrecionalidad por parte del Reino de
Marruecos. Y esa puerta falsa, como se preveía, ha sido utilizada por
nuestro Estado vecino. Nos referimos, lógicamente, al artículo 8, que
establece: Las autoridades marroquíes notificarán con la suficiente
antelación toda nueva normativa que pueda afectar al ejercicio de la
pesca. Los buques de la Comunidad deberán obligatoriamente ajustarse a
esa normativa, que es unilateral, en el plazo de un mes.
Quiere decir claramente que se deja al arbitrio del país vecino modificar
o cambiar las reglas del juego cuando bien le plazca. Este es el convenio
que ustedes, o, mejor dicho, su Gobierno, firmó. Y a mayor abundamiento,
refiriéndonos al motivo del debate de hoy, a los cefalópodos, en la ficha
técnica de pesca número 1, categoría de pesca «Cefalópodos», en el punto
cuarto, se dice: Descanso biológico, dos meses: septiembre y octubre. Y
añade: Las partes contratantes, la Unión Europea y Marruecos, podrán
decidir la posibilidad de modificar este período de descanso biológico.
Lo que vienen a decir el artículo 8 y la ficha técnica de pesca número 1
«Cefalópodos», con asombrosa claridad, es que el Reino de Marruecos puede
cambiar los términos del convenio cuando le convenga, bien fijando nuevas
vedas, bien prohibiendo determinadas artes, bien alargando las paradas
biológicas.
A pesar de ello, hemos de decirlo, todos nos congratulamos de la firma
del convenio, porque significaba de lo malo lo mejor. Eso sí, no
entendíamos que ustedes vendiesen a bombo y platillo las bondades del
tratado. Quisiera enumerar, con muchísima rapidez y uno a uno, los puntos
que su señoría presenta en su moción. Pero antes, si me lo permite, voy a
leerle, también brevemente, un fax enviado a este Senador por Asemar, una
asociación que recoge y engloba el 80 por ciento de los barcos españoles.
Dice: Esta ampliación ha sido admitida sin dificultad por tres
circunstancias: primera, porque la flota española la consideró
interesante para el caladero; segunda, porque esta parada está
subvencionada --y usted lo sabe: en el próximo Consejo de Ministros,
100.000 pesetas como mínimo para cada tripulante; y el tonelaje depende
de lo que las propias normas de la Unión Europea establecen, no depende
de nosotros, porque está subvencionada--; y tercero, y más importante --y
aquí se ha equivocado usted, señoría; tiene usted una ignorancia supina,
permítame que se lo diga--, porque en las paradas de pesca de cefalópodos
existe absoluta reciprocidad por parte marroquí, figurando por escrito
--esto lo dice el fax, no lo digo yo-- el compromiso del Gobierno de
Marruecos. Y dice Asemar: Resumiendo, la moción es poco defendible, ya
que la ampliación está contemplada en el convenio, el paro lo respetan
todas las flotas que operan en el caladero, existe un acuerdo entre las
partes y es un paro subvencionado por la Administración.
Señor González, en cuanto al punto primero --prácticamente toda mi
argumentación ha pivotado sobre él-- no encontramos que se haya roto de
ninguna de las maneras la negociación, el acuerdo. En cuanto al punto
segundo --que dice: Desarrollar todos los estudios científicos necesarios
para evaluar el estado real de los caladeros y especies afectadas por el
tratado pesquero entre la Unión Europea y Marruecos--, en el vigente
acuerdo está contemplada la cantidad de 16 mecus como contrapartida
económica destinada a programas científicos, que las autoridades
marroquíes están aplicando a diferentes programas y estudios relacionados
con la conservación de los recursos pesqueros. Con esta misma pretensión
los Estados miembros colaboran con la aportación de expertos en aquellos
grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Mixta destinados a
estudios de las pesquerías. No obstante, y como bien conocen sus
señorías, España lleva colaborando tiempo con el Reino de Marruecos en
diferentes programas científicos que evalúan en determinadas épocas la
evolución de diferentes especies.
En cuanto al punto tercero de su moción, que dice que cualquier
modificación que se quiera introducir en torno al actual acuerdo --que se
contempla en el artículo 8.º-- se podrá hacer sólo sobre la base de los
necesarios y justificados informes científicos, exigiendo reciprocidad a
la parte marroquí y a las flotas de países terceros que también actúan en
esas aguas, señor González, yo creo que quien se lo ha dicho no estaba en
la verdad. Nadie como la Administración española tiene interés en una
política adecuada de gestión y conservación del caladero marroquí.
Una información obtenida del IEO a través de su red de información y
muestreo de los puertos significativos de descarga de esas especies
confirmó que los últimos reclutamientos han sido más bajos de lo normal.
Y fíjese qué cosa más curiosa --y usted lo sabe porque es un experto--:
después de los siete meses de larga negociación, cuando la flota llegó a
pescar el cefalópodo resulta que no existía. ¿Qué había pasado? Usted lo
ha señalado: existía, por un lado, una flota industrial marroquí,
compuesta aproximadamente por 80 embarcaciones, por otro, una flota
española que yo no creo que sea de 600, puesto que la noticia que yo
tengo es que eran 200 y pico barcos, y existían también 3.000 pulperas
ilegales que esquilmaban totalmente la pesca del cefalópodo. Pues bien,
en ese acuerdo del 9 de enero de 1997 --se recogía en el artículo 8.º--
se ha conseguido por primera vez por el Gobierno de España que esa flota
de 3.000 y pico pulperos desaparezca para siempre --fíjese lo que le
digo, para siempre-- en la pesca del pulpo, en definitiva, del
cefalópodo, y que también desaparezca la flota de arrastre marroquí. Si
lo analizamos con seriedad llegamos a la conclusión de que era totalmente
necesaria esa parada biológica de dos meses --extraordinaria y
subvencionada-- y tenemos la plena seguridad de que el año que viene,
1998, no existirá paradado pues trata de las subvenciones-- se recoge que
utilizando los canales diplomáticos usuales haga saber a Marruecos
nuestra queja por los apresamientos injustificados --usted ha dicho que
han sido apresamientos que después no han llevado a cabo ningún pago de
canon y que se han hecho sencillamente para intentar presionar de alguna
manera en la negociación de las nuevas cláusulas--. En cuanto a los
apresamientos, esta cuestión ya ha sido tratada a nivel oficial en el
seno de la Comisión Mixta, concluida el 9 de enero. Como igualmente
conocen sus señorías, es la Comunidad Europea, no España, como parte
firmante del Acuerdo de cooperación en materia de pesca, quien debe
efectuar las gestiones y comprobaciones oportunas en defensa de los
intereses de la flota comunitaria. No obstante, desde el mismo momento en
que la Administración pesquera
española tuvo conocimiento de un apresamiento actuó cerca de la Comisión
de la Unión Europea para localizar al buque apresado y apoyarlo, actuando
nuestra representación diplomática a través de la Consejería en Rabat y
el Consulado correspondiente tanto en apoyo a los armadores como de la
tripulación antes de la liberación del buque.
No obstante, la Administración española ha intervenido efectuando
gestiones al más alto nivel una vez que por parte de los armadores se
hacía indicación expresa de no haber cometido ninguno de los hechos que
se le imputaban. Sólo hay un caso, el buque Vilachan, que fue apresado el
19 de enero y liberado el 25 del mismo mes siendo el motivo imputado el
ciento admitido.
Finalizo, señor Presidente, señorías. Señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor González, se lo vuelvo a decir con toda
corrección, debía usted retirar la moción, pero, si acaso no quisiera
hacerlo --y está en su derecho--, me va a permitir que le diga que
debemos ser más rigurosos y no provocar una innecesaria alarma social de
la que ustedes son verdaderos maestros. Su propuesta no recoge el sentir
del sector --aquí está--, pone piedras en el camino necesario de las
conversaciones y hace un flaco favor a esa importantísima fuente de
producción y de riqueza que es la pesca.
Aquí, como en todo, debemos aunar voluntades, y ahí queda el trabajo
diario de la Ministra Loyola de Palacio, de sus colaboradores y de los
implicados en el sector que intentan día a día echar por tierra lo que en
noviembre de 1995 manifestó lapidariamente la señora Bonino: Es posible
que sea éste el último tratado con Marruecos. E hizo un llamamiento a los
pescadores españoles para que se acostumbraran a esa idea y
reestructuraran la flota. Y terminó diciendo la señora Bonino: Todo el
sector pesquero, desde la flota hasta las industrias de transformación y
canales de comercialización, debe modernizarse para hacer frente al
desafío que supone acomodarse a los recursos existentes y sólo en estas
condiciones puede salvarse el sector.
Todo un desafío en el que debemos estar, sin excepción, absolutamente
unidos. A ello les invito, señores socialistas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Mancha.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El Senador Roig tiene la palabra.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo desde el escaño y muy brevemente para anunciar nuestra
abstención en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
porque, entre otras cosas, y sin entrar en muchas consideraciones por lo
que hace referencia al debate que se ha producido, que me parece que ha
estado absolutamente enriquecido por la intervención del Senador del
Grupo Parlamentario Popular, nos parece que lo que propone la moción son
obviedades, obviedades que legítimamente presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, como son la limitación de la actividad pesquera avalada por
informes científicos, evidentemente; la no utilización de medidas de
presión --ésta es una cuestión que también es obvia--, o el inicio de
conversaciones con el sector pesquero para aminorar las consecuencias de
la modificación del Tratado.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió se abstendrá en la votación de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador González Príncipe tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Nosotros no vamos a entrar en el tono que ha
empleado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero nos empieza a
preocupar que el Grupo que sustenta al Gobierno de la nación, el Grupo
que apoya parlamentariamente al Gobierno de esta nación esté tan poco
cerca de la realidad. Yo no sé si el Senador se atreverá a decir eso que
me ha contado a mí aquí en La Guardia, en Ribeira, en El Morrazo, en Isla
Cristina o en su Cádiz natal. No sé si se atreve a contarlo, si se atreve
a decirle a los marineros de este país que es mejor cuatro meses de
parada que dos, que los socialistas lo hacían muy mal y daban dos y que
ahora llegan los chicos del Partido Popular y, con cuatro, va mejor. ¿Es
esto lo que usted me quiere decir, estimado amigo, que es mejor cuatro
meses que dos? (Rumores.)
No me refiero sólo a los cefalópodos. Le estoy hablando --en el punto
último-- de algo que reclaman los armadores de Andalucía y los armadores
de La Guardia y de Ribeira, que no están al cefalópodo, y que se
preguntan por qué se le va a pagar a Anafec, a los cefalópodos, la parada
biológica, y a ellos, que su empresa está peor, que tienen menos recursos
financieros, no se les va a ayudar. Esta es la pregunta que no contesta
el Partido Popular. ¡Claro que a los del cefalópodo les va bien! Porque,
de los cuatro meses, de los dos más que les han puesto, dos se los van a
pagar: marzo y abril. Pero lo que pregunto es por qué no hemos pagado en
enero y febrero a los que han tenido paradas biológicas con barcos de
siete y ocho obreros, que se han quedado a la luna de Valencia, o de
Algeciras, sin ir más lejos.
Seamos sensatos. No he utilizado un solo calificativo para caracterizar
su intervención, señor Senador, y usted poco menos que me ha llamado
ignorante y tonto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Como decimos en Galicia, no se alporicen, no se solivianten,
por favor. Vayamos con tranquilidad. Ustedes, además, tienen los votos.
Esto es muy sencillo: al final, nos sentamos en los escaños, le damos a
la maquinita y ustedes ganan.
Ustedes van a vencer, pero no me pueden pedir que me deje convencer por
la sinrazón. No puedo volver a mi provincia, a La Guardia y decir a la
gente, a los armadores y a los marineros que no hay posibilidad alguna de
subvencionarles la parada biológica. Es cierto que ustedes pueden
hacerlo, como lo van a hacer ahora; pero ¿por qué a unos sí y a otros no?
Esta es la pregunta de varios millones. No puedo ir a Ribeira o El
Morrazo, en donde tienen ustedes un Senador, y decir que cuatro meses de
parada biológica es mejor que dos. No hay quien lo defienda. Y por eso no
habló el Senador de El Morrazo. Porque el que corta las calles de El
Morrazo no soy yo. A lo mejor, fue él algún día. Yo no he cortado
ninguna, ni he tirado árboles. ¿Entiende? Vayamos con calma. (Rumores y
protestas.)
La alarma social en este país la crea un grupo que en la oposición
propone que va a repartir panes y peces y cuando se sienta en el Gobierno
lo que reparte es leña, leña sobre las espaldas. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Aplausos en los del Grupo
Parlamentario Socialista.) Este es el problema. Yo no soy culpable de que
ustedes en el año 1995 dijeran que nosotros éramos un Gobierno débil, y
negociamos dos meses, y ustedes, que son la «releche», que son el
gobierno mundial, hayan negociado cuatro. En ocho meses nos han doblado,
lo han hecho doblemente peor.
Señor portavoz del Grupo Popular, hay un dicho que dice: «Virgencita,
Virgencita, que me dejen como estoy.» Ustedes, si siguen así, si
continúan con esa obcecación
--y después les explicaré por qué ustedes hoy día están tratando
política y económicamente así al sector pesquero en el caladero de
Marruecos--, si continúan creyéndose los mejores y no entendiendo lo que
pasa en los puertos, ni poniendo el oído cerca de la gente, seguramente
que no renegocien el acuerdo de 1999, porque lo están haciendo ustedes
tan mal, se les ve tan débiles, que posiblemente les den ustedes la razón
a la señora Bonino. Desde luego, los socialistas apostamos porque en 1999
se renueve el convenio con Marruecos. Aquí queda en las Actas que ustedes
hoy ya lo ponen en duda, que lo sepan los trabajadores de Andalucía y de
Galicia.
Yo soy de puerto de mar --me parece que igual que usted--, del principal
puesto pesquero de Europa, y mi padre siempre me dijo: hijo, mientras
veas gaviotas sobre el Berbés estáte tranquilo porque habrá trabajo en
esta ciudad. Como lo he mamado, como he nacido allí, ¿sabe cuál es mi
problema?, ¿sabe cuál es mi miedo? Que aunque España tiene mucha costa, a
los gobiernos de España, a todos, históricamente les ha costado entender
lo de la pesca. Se lo digo con tranquilidad: a todos. Yo soy un poquito
más sensato que ustedes; creo que siempre es mejorable todo. Como mis
compañeros de Andalucía, que hicieron la Ley de Expropiación para las
fincas manifiestamente mejorables, porque siempre son mejorables. ¿Sabe
cuál es el miedo de la gente de mar o de los que vivimos pegados al mar?
Que en los acuerdos con Marruecos esté pesando más el señor Cuevas y el
«lobby» industrial promarroquí del capitalismo español, y que los
marineros gallegos y andaluces seamos la moneda de cambio. Pues no, con
el voto de los socialistas no van a ser la moneda de cambio para el señor
Cuevas y los capitalistas españoles. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: En primer lugar, debo agradecer el tono
discreto, moderado, del ex alcalde de Vigo, que ya no puede volver a ser
más Alcalde de Vigo. (Rumores.)
Mire usted, Senador González, nuestras tierras, la gallega y la andaluza,
se unen lógicamente en el afán de conseguir lo mejor. Yo le he pedido al
final aunar voluntades: no vamos bien por ese camino. Nosotros nos
congratulamos cuando se firmó el Tratado de 1995. Otra cosa es que
ustedes vendieran --insisto-- a bombo y platillo lo que ni ustedes mismos
se creían.
Nunca jamás una parada biológica ha sido subvencionada, señor González.
La extraordinaria, sí. Usted sabe poquito de esto, no sabe absolutamente
nada de esto. Las paradas biológicas no se subvencionan. Además, eso lo
consiguieron ustedes para los pescadores. Nosotros acabamos de empezar a
gobernar hace nueve meses y estaremos en 1999 y en el 2009 y en el 3000,
no se preocupen ustedes. (Fuertes rumores.--Varios señores Senadores
pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor MANCHA CADENAS: De seguir así, no les quepa a ustedes la menor
duda. Los que consiguieron que las paradas biológicas no se
subvencionaran fueron los socialistas.
En cuanto a si yo tengo contacto con el sector, ¿usted dónde dice que ha
estado, en La Guardia? Yo he estado hablando con Canarias, con Galicia y
voy a Galicia a explicarlo cuando usted quiera; con el señor Fontán, con
el señor Castaño, con los presidentes de todos los armadores, con los
presidentes de las cofradías y me han dicho: Ahora es un buen convenio,
antes no; ahora, cuando han podido ustedes echar --y que me disculpen
nuestros hermanos marroquíes-- a los 3.000 pulperos que había allí y que
a ustedes les gustaba que pescaran.
Yo solamente le pido, señor González, por si alguna vez volvemos a
encontrarnos en estas lides --se lo digo con muchísimo respeto--, que sea
usted un poquito más serio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Mancha Cadenas.
Terminado el debate, vamos a pasar a su votación. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 87; en contra, 122; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--HABILITACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 1997 PARA LA EVENTUAL CELEBRACION
DE LA SESION PLENARIA SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 76 del Reglamento del
Senado, oída la Junta de Portavoces, se solicita al Pleno la habilitación
del día 14 de marzo de 1997 para la eventual celebración de la sesión
plenaria sobre el Estado de las Autonomías. ¿Puede entenderse aprobado
por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE CONVENGA CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
EL TRASPASO DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL I
CONOCIDO COMO «LEGUA DEL REY»; A QUE ALTERNATIVAMENTE CONVENGA CON LA
DIPUTACION FORAL DE ALAVA LA FINANCIACION DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS
DE MODIFICACION DEL TRAZADO Y EL SUFRAGIO DE LOS GASTOS DE CONSERVACION
DEL CITADO TRAMO. (662/000038.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto que es la moción del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta
al Gobierno a que convenga con la Comunidad Autónoma del País Vasco el
traspaso de la titularidad del tramo de la carretera nacional I conocido
como «Legua del Rey»; a que alternativamente convenga con la Diputación
Foral de Alava la financiación de la realización de las obras de
modificación del trazado y el sufragio de los gastos de conservación del
citado tramo.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una, del Grupo
Parlamentario Socialista y, otra, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Para la defensa de la moción original, tiene la palabra el portavoz del
Grupo proponente. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.) El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una moción en relación a la
problemática que se ha suscitado en la carretera de la Nacional I, en
Alava, en el tramo conocido como «Legua del Rey», que pasa por el
territorio conocido como Condado de Treviño. Nuestro grupo parlamentario
presentó esta moción el pasado día 5 de noviembre, con mucha anterioridad
a que acaecieran una serie de conflictos o problemas en la vialidad de
esta carretera, y ha sido por la tramitación parlamentaria ordinaria de
esta Cámara por lo que el debate se sustancia en el día de hoy,
prácticamente cuatro meses más tarde de que se presentara esta iniciativa
sobre cuya oportunidad los acontecimientos nos han dado la razón. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.) Señor Presidente, quiero recordar
que la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con su Estatuto
de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de carreteras y, a
su vez, de conformidad con el sistema de distribución competencial
interno --Estatuto de Autonomía y Ley de Organización de las Relaciones
entre Instituciones Comunes y Territorios Históricos, conocida como Ley
de Territorios Históricos, LTH--, esta competencia es exclusiva de las
Diputaciones Forales. Pero, además de ello, el artículo 37, número 3, del
Estatuto, viene a configurar a las carreteras en el País Vasco como de
exclusiva competencia foral. Es lo que el Tribunal Constitucional en su
sentencia relativa a la constitucionalidad de la LTH, que se residenció
en la jurisdicción constitucional, vino a definir como el núcleo de la
foralidad, es decir, aquella materia intangible sobre la que ni los
poderes centrales del Estado, ni la legislación de esta Cámara, ni la
legislación de las Comunidades Autónomas puede normar o disciplinar. Por
tanto, es absolutamente de competencia foral por el núcleo de la
foralidad, residenciado en el artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía de
Euskadi. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Por ello, señor Presidente, las Diputaciones Forales vascas gestionan
todas y cada una de las carreteras que hay en el País Vasco a excepción
de dos carreteras en régimen de excepción que son las autopistas,
pendientes de transferencia; una de ellas que transcurre íntegramente por
el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y otra que
transcurre también por otra Comunidad Autónoma como puede ser la riojana
o la aragonesa. En este sentido, la carretera Nacional I, Madrid-Irún, en
el territorio histórico de Alava por esta característica de la foralidad
es cogestionada por la Diputación Foral.
Pero en la actualidad, señor Presidente, existe una problemática en
cuanto a un pequeño tramo de carretera, aproximadamente de 6,5
kilómetros, que transcurre por el municipio de La Puebla de Arganzón.
Este tramo de carretera no reúne las características técnicas de trazado
de que dispone el resto de la carretera que es una autovía, razón por la
cual es necesario acometer una serie de obras. Y señor Presidente, si
invocamos la historia, podemos ver que esta carretera forma parte de lo
que se denominó El Camino Real de Postas de Alava. ¿Qué era esto? Era el
territorio, el itinerario oficial a través del cual las postas o correos
venían desde Madrid hasta la frontera de Irún y era la carretera normal,
oficial --entre comillas-- de comunicación entre España y Francia.
Desde el año 1200 hasta el año 1769, aproximadamente, señor Presidente,
en la Alta Edad Media, incluso en
tiempos remotos, la carretera de postas era el itinerario más utilizado
entre Castilla y Francia y venía desde Burgos y Miranda de Ebro hasta
Vitoria, más o menos por el trazado actual de la Nacional I y de allí se
dirigía por Arbulo y Galarreta hasta el Puerto de San Adrián por el que
atravesaba la divisoria montañosa hacia Guipúzcoa y la frontera francesa,
pasando por municipios como Cegama, Beasain, Ordizia, Tolosa, Andoain,
Hernani y Oyarzun.
Esta ruta, señor Presidente, era el itinerario oficial --lo reitero--para
las postas o correo. Se denominada Camino Real de Postas y así figuraba
en los itinerarios de los viajeros de la época. El itinerario del Camino
Real de Postas siempre había discurrido a través del Condado de Treviño,
hoy provincia de Burgos. La reparación del mismo y sus puentes se regía
por un sistema ancestral que existía en Castilla de reparto de los gastos
entre los pueblos situados en 20 leguas a la redonda.
El itinerario, señor Presidente, del nuevo Camino de Postas se construyó
entre los años 1765 y 1770 y supuso un cambio radical del anterior
itinerario entre Vitoria y la villa guipuzcoana de Urretxu, con el
abandono del penosísimo puerto de San Adrián, situado entre Galarreta y
Cegama para sustituirlo por el puerto que atraviesa el municipio de
Salinas de Léniz con una cota mucho más baja. Esta carretera --lo
reitero, señor Presidente--, construida entre 1765 y 1770, se comenzó
siendo Diputado General de Alava Bartolomé José de Urbina, Marqués de
Alameda, y siguiendo el ejemplo de Guipúzcoa que había acometido la
construcción del camino correspondiente a su provincia de acuerdo con el
itinerario de ella.
¿Qué hizo la Diputación Foral de Alava en aquellos años? De conformidad
con la foralidad y con los fueros y normas propias de organización que
tenía el territorio histórico de Alava, se solicitó una autorización Real
y el territorio histórico de Alava se endeudó en 120.000 ducados. El
territorio histórico construyó toda la carretera, pero no fue incluida,
como era natural, por la diferenciación que había con el Condado de
Treviño, la ejecución ni material ni presupuestaria para el tramo de
carretera que atraviesa el Condado de Treviño. Por ello, esta carretera,
que se terminó en 1770, no se construyó en condiciones para recibir la
denominación de Camino Real de Postas en el tramo del Condado de Treviño.
A los pocos años, en 1789, se modifica el trazado en el término de
Rivabellosa, límite con la provincia de Burgos, término municipal de
Miranda de Ebro, y es entonces, año 1789, cuando se termina el Camino
Real de Postas en el tramo de carretera del Condado de Treviño.
Por lo tanto, señor Presidente, entre 1765 y 1770 se construye el Camino
Real de Postas atravesando el territorio histórico de Alava, a excepción
del tramo que corresponde al Condado de Treviño que es culminado en 1789,
pero no con los fondos ni con las características de organización y de
competencias que tenía la Diputación Foral de Alava.
A continuación, la política de comunicaciones cambia, es distinta. En ese
momento, el gobierno central opta por desarrollar la comunicación en
España a través del ferrocarril. Se optó por una decisión política desde
el Ministerio --entonces era Ministerio de Fomento y en la actualidad
también lo es, aunque durante muchos años ha sido Ministerio de Obras
Públicas--, que era la de abandonar aquellas carreteras que discurrían
paralelamente a los ejes ferroviarios de nueva construcción que el
gobierno había dispuesto en diferentes latitudes de la geografía española
en el norte de la península española y, en concreto, en el territorio
histórico de Alava. Es en ese momento cuando, respecto de este tramo de
carretera que había dependido antes de la Corona y después del Ministerio
de Fomento, se dicta una disposición de carácter general, la Orden de 9
de abril de 1870, para que el Estado abandone estas carreteras en favor
de municipios y diputaciones.
Esta Orden de carácter general se concreta, en lo que concierne al
territorio histórico de Alava, con otra Orden posterior, del mismo año,
de 23 de mayo de 1870 de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento. En ese momento se transfiere a la Diputación Foral
de Alava ese tramo de carreteras. Unos años más tarde, el Ministerio de
Fomento cambia nuevamente de política y aprueba lo que sería en España la
primera Ley de Carreteras de 4 de mayo de 1877.
A través de esta Ley de Carreteras aprobada por las Cortes Generales
--fue, por tanto, el primer Plan de Carreteras que se hizo en España-- se
acuerda en una disposición adicional de esa Ley la reversión al Estado de
todas aquellas carreteras que habían sido abandonadas por la política de
implementación del ferrocarril en España por la Orden de 9 de abril de
1870.
Eso ocurre con carácter general, la reversión de la titularidad a los
poderes centrales del Estado --como diríamos en la denominación política
actual--, pero ocurre una excepción en lo que concierne al tramo de
carretera de la «Legua del Rey», que sigue manteniéndose en la gestión
absoluta y plena de la Diputación Foral de Alava. Por tanto, sigue
manteniéndose la vigencia de la Orden Ministerial de 23 de mayo de 1870
del Ministro de Fomento antaño, Ministro en la actualidad con la misma
denominación.
Señor Presidente, hemos narrado la historia de esta cuestión ya que
resulta fundamental para poder entender la problemática que ha devenido
posteriormente sobre este tramo de carretera. Este período temporal desde
la aprobación de la primera Ley relativa al Plan de Carreteras español en
mayo de 1877 es el núcleo esencial que sigue manteniendo la vigencia en
su tabla derogatoria de la Orden de 23 de mayo de 1870 con todas las
actuaciones que efectúa la Diputación Foral de Alava.
Como digo, éstos son los antecedentes históricos de la problemática
suscitada en este tramo de carretera, pero a continuación podemos añadir,
señor Presidente, que en el territorio histórico de Alava se han
realizado, a través de su Diputación Foral, innumerables actuaciones,
innumerables inversiones, innumerables acometidas de infraestructura
sobre este tramo de carretera. Quisiera mencionar, intentando no ser
reiterativo, la reparación efectuada en 1878; la desviación de la
carretera para suprimir los pasos a nivel en el año 1939; la construcción
de la variante entre 1937 y 1938 con esta supresión de pasos de nivel a
través
del municipio de La Puebla de Arganzón; la realización de la doble
calzada en 1965 en los kilómetros 3,25 y 3,31; el afirmado de arcenes y
acondicionamiento de calzada en 1969, pero, sobre todo, la obra de
desdoblamiento, acondicionamiento y refuerzo de firme de 1970 a 1971 en
que la Diputación Foral de Alava interviene, con todos los poderes de una
Administración actuante, con potestad expropiatoria, actuando como
Administración que expropia terrenos en el Condado de Treviño para hacer
este desdoblamiento y acondicionamiento de la carretera en 1971; el
refuerzo de esta carretera en 1975; la reposición de aceras en 1976; la
variante por corrimiento de la carretera de Manzanos en 1981. En
definitiva, un cúmulo de actuaciones que denotan la competencia de
actuación inversora y de gestión sobre este tramo de carretera.
Señor Presidente, volviéndonos ya a la historia reciente diré que en 1989
se aprobó el primer Plan de Carreteras vasco a través de una Ley de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Pues bien, considerando que este tramo
que hoy es objeto de debate no reunía las condiciones exigibles en la
actualidad a una carretera calificada como carretera nacional --la
nacional I--, que tiene una alta densidad de tráfico, con elevados
porcentajes de vehículos pesados, en este Plan General de Carreteras se
previó acometer la modificación, el nuevo acondicionamiento de este
tramo. Pero eso que ya se venía haciendo desde antes fue objeto de una
controversia que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente --el antiguo Moptma, actualmente Ministerio de Medio Ambiente--
sustanció y residenció en el Tribunal Constitucional mediante la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley que aprobaba
el primer Plan de Carreteras vasco que preveía actuaciones sobre este
pequeño tramo al que me refiero.
Hay, por tanto, en este momento un conflicto jurídico ante el Tribunal
Constitucional, y desde la Comunidad Autónoma del País Vasco, por estos
antecedentes histórico-jurídicos que hemos indicado, por estas
actuaciones que se han realizado en la más estricta legalidad --y es que
ninguna de las actuaciones que he mencionado, señor Presidente, ha sido
objeto de conflicto jurisdiccional ni de sustanciación en los tribunales,
por tanto, no se ponía en tela de juicio la actuación ni la competencia
ni se invocaba un vicio de incompetencia en las actuaciones que he
mencionado de la Diputación Foral de Alava-- en la actualidad se
encuentra pendiente de resolución judicial por el Tribunal Constitucional
la controversia sobre la titularidad. Mientras que desde las
instituciones forales del País Vasco se defiende la plena titularidad
sobre este tramo de carretera, desde el antiguo Moptma, actual Ministerio
de Fomento, se defiende, por el contrario, la titularidad de los poderes
centrales del Estado.
Por tanto, hay un conflicto jurídico, que está residenciado en el
Tribunal Constitucional, y si uno analiza la posición del Gobierno
Central y la del Gobierno Vasco, ésos son los parámetros oficiales
puestos en el recurso de inconstitucionalidad y en la contestación a la
demanda al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado del
Estado. Pues bien, ése es el conflicto jurídico que nosotros dejamos
planteado encima de la mesa hasta que haya sentencia firme sobre tal
cuestión.
Por ello, señor Presidente, como reflejo de esta competencia de la
foralidad se encuentra --lo citamos en nuestra moción-- el Real Decreto
3021/78, que venía a establecer que se reservaba el ámbito de competencia
foral sobre las carreteras del territorio histórico de Alava y de la
Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con su régimen tradicional,
puesto que estos dos territorios mantuvieron la competencia plena
--gestión y actuación-- en materia de carreteras durante el período de la
dictadura franquista y, por tanto, incidiendo en el territorio histórico
de Alava, también sobre este pequeño tramo. Así lo reconoce el Real
Decreto antes mencionado cuando dice --cito literalmente, señor
Presidente-- que la inclusión en el catálogo anejo --se refería al de la
red básica de carreteras del Estado-- de las carreteras integrantes de
las redes de Navarra y Alava no supone en modo alguno modificación o
alteración de su titularidad y de los regímenes peculiares de las citadas
provincias, que seguirán rigiéndose en la materia por su legislación
privativa, por la foralidad que caracterizaba a estos territorios y que,
posteriormente, lo adquirieron por la actualización de la disposición
adicional de la Constitución, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa.
Reflejo de esa polaridad, es que la extensión --es un hecho curioso-- a
través de la foralidad de facultades de gestión de una administración en
materia de carreteras de otro ámbito territorial es poco frecuente, pero
hay un precedente muy importante, y es que la Comunidad Foral de Navarra
ejercita su competencia sobre la carretera, antes comarcal C-133, y en la
actualidad nacional 121, a su paso por Guipúzcoa. He ahí un reflejo más
palpable de que existen precedentes y, por ello, está sustanciada esa
controversia jurídica en el Tribunal Constitucional.
De todas maneras, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario ha sido
consciente de las dificultades, de los peligros, de las disfunciones, de
los accidentes que en los últimos años se han originado en ese tramo de
carretera y, recientemente, este fin e inicio de año, con resultados
incluso de muerte y de numerosos heridos. Por ello, nuestro Grupo
Parlamentario ya en noviembre, consciente de la problemática, presentó
esta moción que se sustancia el día de hoy. Se debate con un cierto
retraso y ha perdido cierta actualidad, pero nosotros ya éramos
conscientes de la necesidad de reformar y de modificar el trazado de esa
carretera. En este sentido también presentamos dos enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, tanto en esta Cámara como en el
Congreso de los Diputados, a la Sección 17, Ministerio de Fomento, por un
importe de 4.000 millones de pesetas que fueron rechazadas por el Grupo
Parlamentario Popular, con la abstención del Grupo Parlamentario
Socialista, creo recordar.
Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario en este momento
ha presentado también una enmienda porque desde el momento en que se
presentó la moción hasta el día de hoy ha habido una serie de
modificaciones políticas, de actualidad, porque los acontecimientos
sociales han devenido el que haya una serie de negociaciones, de
acuerdos, de tomas de contacto entre el Ministerio de
Fomento y la Diputación Foral de Alava, y dejando a un lado la
controversia jurídica sobre la titularidad de esa carretera, que el
Tribunal Constitucional determinará --el Gobierno Central dice que es del
Estado y la Diputación Foral de Alava que es suya--, nuestro Grupo
Parlamentario plantea la necesidad urgente de que haya un convenio para
actuar entre la Diputación Foral de Alava y el Ministerio de Fomento
sobre este tramo de carretera. Ese es el sentir de nuestras enmiendas,
que han sido objeto de una transacción entre los diferentes grupos
parlamentarios, a través de una propuesta de modificación que se ha hecho
llegar a la mesa. Por tanto, estimamos que será aprobada esta tarde.
Por ello, señor Presidente y termino, quiero sensibilizar a la Cámara
sobre la necesidad de dar una solución; solución que, hasta que haya una
resolución judicial firme sobre la titularidad, requiere de una
colaboración y de una participación tanto del Ministerio de Fomento como
de la Diputación Foral de Alava, porque, en definitiva, los ciudadanos no
distinguen si la competencia es de una Administración o de otra, lo que
los ciudadanos ven es que los peligros se mantienen, existen y que
devienen luego en hechos que son irreparables para la vida, para la
integridad de las personas. Por lo tanto, es de sensibilidad y de altura
política que las instituciones públicas --centrales, forales o
autonómicas-- se pongan de acuerdo para solventar tal cuestión, al margen
de la decisión jurídica definitiva que adopte el Tribunal Constitucional.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Francisco Javier Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, quisiera iniciar mi intervención manifestando
que no podemos confundir titularidad con competencia. Una Administración
puede ser titular de un bien, generalmente la titularidad está unida a la
propiedad, y es propietario quien sufragó la obra, pero esto no va unido
indisolublemente a la competencia, que es de quien la ostenta. En el caso
que nos ocupa, es evidente, señorías, que la competencia en materia de
carreteras en la provincia de Burgos podrá ser del Estado, de la
Comunidad, de la Diputación o de los ayuntamientos en función del tipo de
carreteras de que se trate, pero nunca de otra provincia, en este caso de
Alava.
Es cierto que la carretera a su paso por Treviño fue financiada por la
Diputación Foral de Alava en virtud de un convenio firmado en aquel
tiempo por el Estado y es también cierto que a lo largo de muchos años,
prácticamente hasta 1990 que se acabó la obra del paso elevado que salva
el ferrocarril y la carretera de La Puebla en Treviño, la Diputación ha
venido ejerciendo funciones de gestor en dicho tramo de una forma
amistosa, pero sin un sustento legal claro, a no ser la costumbre de
hacerlo así.
No hay que olvidar que la Diputación Foral de Alava dejó de ejercer sus
funciones de gestor --y, por tanto, tácitamente competente-- cuando,
habiendo llegado a los tribunales litigios por invasión de edificaciones
en la zona de protección de la carretera, de acuerdo con la norma foral
correspondiente, éstos decretaron, sin duda, la incompetencia de dicha
norma fuera del territorio histórico de Alava y, por consiguiente, la
falta de legalidad en la exigencia de la misma, tanto por quien la exigía
como por la propia norma foral.
Es curioso recordar que durante muchos años las relaciones entre Alava y
el Estado en materia de carreteras se basaban únicamente en dos
principios fundamentales: uno, si el Estado proyectaba una carretera que
atravesaba el territorio de Alava, se construía el tramo intermedio que
le correspondiera, al menos con las mismas características que el resto.
Y dos, Alava se comprometía a mantener la misma señalización que acordase
el Estado para sus carreteras en las propias de la provincia.
Solamente con estas dos cláusulas durante muchos años se mantuvo la
relación en términos absolutamente pacíficos y fue precisamente como
consecuencia de la primera de ellas por la que Alava construyó a su costa
el tramo alavés de la Nacional-I, pero con unas características
claramente mejores que el resto de la carretera, constituyendo
posiblemente uno de los primeros tramos desdoblados de la red nacional y
también debido a esto negoció más adelante la cesión del tramo de Treviño
con el Estado para paliar la situación de clara desventaja en que se
encontraba y poder homologarlo con el resto del territorio provincial.
Por lo antes expuesto, no parece acertado, señorías, el considerando de
la moción, donde se hace mención a la sorpresa de la Diputación por la
posición del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
hoy Ministerio de Fomento, al apelar al Tribunal Constitucional, ya que
esta posición se produjo ante una clara invasión de competencias de la
Comunidad Autónoma Vasca al incluir dentro de la red objeto del Plan de
carreteras de Euskadi el tramo de la nacional a su paso por Treviño,
aunque parece razonable, desde el punto de vista de la planificación de
carreteras, que ese tramo debe planificarse en consonancia con sus
adyacentes, en este caso los tramos alaveses.
Señorías, todo parece más sencillo una vez analizado de acuerdo con lo
que antecede, pero cabe preguntarse: ¿qué tiene que hacer el Estado como
competente en los tramos estatales de la Nacional-I? Mantenerlos y
mejorarlos y eso reza también para la «Legua del Rey» en Treviño. En el
caso de que fuera necesaria una reforma que supusiese una modificación
sustancial de su trazado, ¿cómo debiera realizarse? Pues, sin duda,
contando con los planes que Alava ya ha establecido para el futuro de sus
redes. Y aquí podríamos recordar, pero a la inversa, aquella cláusula o
compromiso que adquiría Alava con el Estado: en este caso, sería Alava la
que planificaría y el Estado el que se comprometería a hacer la parte
correspondiente a Treviño. ¿Quién debe mantener la carretera y
gestionarla? El que tiene la competencia. Para ello, en este caso, el
Estado, pero sin perder de vista la posibilidad de convenir con la
Diputación estas funciones mediante acuerdo o delegación
de competencias, como se viene haciendo con las Administraciones vecinas,
La Rioja, Burgos, Navarra, para temas de gestiones específicos, como son
los relativos a la vialidad invernal.
Estas son las razones, señorías, por las cuales el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado la enmienda de sustitución a la moción del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que paso a leer a
continuación: Que convenga con la Diputación Foral de Alava la gestión de
la Nacional-I, a su paso por el Condado de Treviño, en orden a mejorar la
eficacia y la eficiencia de las actuaciones a realizar en la misma, bien
por delegación de competencias o bien por acuerdo entre las
administraciones. Dicho convenio fijaría la contraprestación económica
correspondiente. Y dice también: Que si fuera necesario, de acuerdo con
los planes de mejora de la red de carreteras de Alava, la realización de
obras de modificaciones sustanciales al trazado de los tramos adyacentes,
anterior o posterior al conocido por la «Legua del Rey», el Estado se
comprometa a la realización en el territorio de su competencia del tramo
intermedio, con las mismas características técnicas que el resto, en
consonancia con su planificación general.
Acabo, señorías, manifestando que desde el sentido común, la
responsabilidad y primando siempre los intereses generales, tratando de
no generar conflictos innecesarios, entendemos que esta enmienda recoge
los principios antes expuestos y da la solución a los problemas
existentes en la «Legua del Rey», tramo situado en el Condado de Treviño.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para posicionarse respecto a la enmienda, por el Grupo proponente,
Senador Gatzagaetxebarría, ¿quiere usted intervenir?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario no coincide con la
argumentación del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No voy a
ser reiterativo. He dicho que hay un conflicto jurídico respecto del cual
hay dos interpretaciones. Nosotros no vamos a decir en este momento cuál
tiene la razón, porque eso lo dirá el Tribunal Constitucional. Por tanto,
como se habla de que tiene que intervenir una de las Administraciones que
está litigando ante el Tribunal Constitucional, nosotros no podemos
aceptar la enmienda mientras no haya una sentencia firme que cree
jurisprudencia constitucional en relación con la competencia de actuación
y titularidad sobre ese tramo de carretera.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Ha llegado a esta Mesa una propuesta de modificación firmada por todos
los Grupos. Se entiende integrada al texto de la moción. ¿Es así,
Senador? (Pausa.) Muchas gracias.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, la Senadora
doña Inmaculada de Boneta y Piedra tiene la palabra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en este turno para mantener la posición del Grupo
Parlamentario Mixto, en el caso de esta Senadora, de Eusko Alkartasuna,
sobre la moción que plantea el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, incluida, naturalmente, la propuesta de
modificación aceptada por todos los grupos.
Yo creo que en este caso no debemos reiterar la historia que tan
documentadamente ha desgranado el Senador Gatzagaetxebarría. Desde luego,
esta Senadora, y en nombre de Eusko Alkartasuna, ha mantenido siempre, no
solamente en la anterior legislatura, cuando tratábamos en la Ponencia de
enclaves territoriales no solamente los problemas políticos, sino también
los problemas puntuales que hacían referencia al Condado de Treviño y,
concretamente, a estas cuestiones relacionadas con las infraestructuras y
con los servicios que afectaban a los habitantes del mencionado enclave,
sino también cuando tramitábamos los Presupuestos Generales a fines del
pasado año 1996.
Entonces Eusko Alkartasuna planteó una enmienda en el Senado que hacía
referencia precisamente al alto grado de siniestralidad de este tramo de
carretera conocido como «Legua del Rey». Dicha enmienda solicitaba una
dotación económica para la financiación por parte del Ministerio de
Fomento, toda vez que habíamos visto recurrida la planificación de
carreteras planteada por la Comunidad Autónoma vasca de ese tramo en el
que continuamente sucedían accidentes, y accidentes graves.
Lamentablemente, los hechos vinieron a darnos la razón. Muy poquitos días
después de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, no sé
exactamente si el 4 ó el 5 de enero, hubo un grave accidente mortal en
esta zona que afectó --hubiera sido igual la gravedad del accidente-- a
tres vecinos de la Comunidad Autónoma, más concretamente, de Bilbao.
Presentamos con carácter inmediato una pregunta escrita --que, por
cierto, no ha sido contestada en el plazo previsto por el Reglamento del
Senado, y deberé solicitar el amparo de la Cámara, acogiéndome al
artículo 169 del Reglamento, para que sea publicada con carácter
inmediato, si no contestada, en la Comisión correspondiente-- y se
plantearon diversas iniciativas, sobre todo por aquellos Diputados y
Senadores más afectados por la situación, teniendo en cuenta la Comunidad
Autónoma a la que pertenecemos.
Con carácter inmediato se produjeron una serie de declaraciones por parte
del Ministerio de Fomento insistiendo en que se iba a proceder a la
reparación de este tramo y, por lo tanto, se iba a subsanar el problema
de infraestructura, no el jurídico ni el político que, como bien ha dicho
el Senador Gatzagaetxebarría, están pendientes.
Por lo tanto, consideramos muy oportuna y necesaria la moción que se ha
presentado. Voy a apoyarla en nombre de Eusko Alkartasuna, coincidiendo
con el Senador Gatzagaetxebarría en cuanto a mi matización en relación
con la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, toda vez
que no podemos admitir cuestiones de principio con carácter previo al
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, puesto que no ha sido la
Comunidad Autónoma quien ha llevado este tema ante dicho Tribunal, sino
el anterior Gobierno del Estado.
Fijando ya nuestra posición, apoyaremos la propuesta de modificación que
ha sido firmada por todos los grupos, no sin decir antes que, por
supuesto, no colma nuestras aspiraciones en relación a este tema. Sabemos
que las conversaciones entre la Diputación Foral de Alava, la Comunidad
Autónoma Vasca, la Comunidad de Castilla y León y la Diputación de Burgos
se mantienen. Esperemos que lleguen a buen término en el mismo sentido
que la Ponencia de Enclaves de la anterior legislatura, a la que me he
referido, manifestaba en sus conclusiones y, en todo caso, como solución
coyuntural a un problema muy grave que afecta a unos ciudadanos que se
ven infradotados porque los que tradicionalmente han ejecutado las obras
en ese tramo no pueden hacerlas y los que deben hacerlas impiden que las
hagan los que tradicionalmente las venían haciendo.
Por las razones expuestas, insisto en nuestro apoyo a la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con atención, y diría que con deleite, la exposición del
Senador Gatzagaetxebarría, gracias a la cual, además de conocer la
necesidad imperiosa de mejorar un tramo de una carretera, conocido como
«Legua del Rey», en el Condado de Treviño, hemos conocido la historia de
este tramo. Ha sido una moción expuesta de un modo muy agradable, muy
inteligente, y por nuestra parte, evidentemente, vamos a votar
favorablemente --ya lo íbamos a hacer a la moción, pero con mayor motivo
al existir una propuesta de modificación consensuada por todos los
grupos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Francisco Javier Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista va a respaldar la enmienda que apoyamos todos los grupos
porque el único punto que vamos a aprobar en la misma está en el primer
punto de la enmienda que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo tanto, es lógico que la vayamos a apoyar. Pero quisiera dejar
algunas cuestiones claras de la intervención que ha hecho el señor
Gatzagaetxebarría y de la intervención que yo mismo he hecho a la hora de
la defensa de la enmienda socialista.
Yo creo que cuando menos todos deberíamos entender que las competencias
están sobradamente especificadas y claras en todos y cada uno de los
lugares de nuestra Comunidad, y en este caso ya lo he dicho
anteriormente: la carretera de la que estamos hablando está en Treviño y,
por tanto, la competencia la tiene quien la tiene; en este caso la tiene
el Estado y no la tiene la Diputación Foral de Alava. Quiero decir,
señorías, y ya lo he explicado también, que por la vía amistosa, por la
vía del entendimiento entre las Administraciones es como hemos venido
funcionando y nunca ha habido ningún litigio entre Administraciones.
Ahora bien, unos particulares que no estaban de acuerdo con lo que
planteaba la norma foral aprobada por las Juntas Generales de Alava --y
que, evidentemente, trataba de aplicarse en el Condado de Treviño--
fueron los que dijeron que no se les podía aplicar la norma porque no
eran alaveses. Luego cuando menos todos deberíamos tener las ideas claras
para no parecer que unos defienden más el territorio que otros. En este
caso los tribunales dieron la razón, evidentemente, a esos particulares
de la Puebla de Arganzón en el Condado de Treviño. Como consecuencia de
lo anterior, se rompe lo que durante años venía sucediendo en el
entendimiento entre las Administraciones cuando se tenía que hablar de
carreteras en nuestra Comunidad, y es por lo que el Ministerio de Obras
Públicas, analizado el plan de carreteras de la Comunidad Autónoma y
entendiendo que no cumplía aquello por lo cual esos particulares fueron a
los tribunales, va al Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, señor Gatzagaetxebarría, la historia se podrá contar como
se quiera --aquí nadie está poniendo en cuestión la historia--, pero la
realidad es la que es. Nuestro país funciona con el Título VIII de la
Constitución, el Estado de las Autonomías, y funciona hoy como funciona
en el año 1997. No me hable del pasado, no me hable de siglos pasados,
señor Gatzagaetxebarría, hábleme de la realidad, hábleme del hoy, y el
hoy es así y no nos lo hemos inventado nosotros. Dicho esto, me
congratulo de que sea así, entre otras cosas, porque es lo que se está
haciendo; no estamos haciendo aquí nada nuevo, señorías, esto es lo que,
afortunadamente, se estaba haciendo, lo que ha hecho toda la vida la
Administración foral con el Estado, porque siempre lo hemos hecho así.
He acabado mi intervención diciendo: no generemos conflictos donde no
existen conflictos, no generemos dudas donde no hay dudas. Hagamos las
cosas desde el sentido común y desde la responsabilidad, y no apelando a
la historia --siempre, evidentemente, barriendo la historia y contándola
interesadamente.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rojo (El
señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
¿Por qué me pide la palabra, señoría?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, le pido la palabra
por el artículo 87.
Yo no he intervenido en el turno de portavoces, pero he sido
absolutamente contradicho por el portavoz socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene usted la palabra por un
minuto, señoría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que el portavoz socialista ha contado
la historia tal como a él se le antoja.
En segundo lugar, nosotros no hemos hecho una concreción de cuál es la
Administración competente, eso lo decidirá el Tribunal Constitucional,
usted ya está sentando cátedra, incluso está suplantando al Tribunal
Constitucional, porque dice que es una actuación viciada de
incompetencia. Eso no lo puede decir usted, ni esta Cámara, ni ningún
otro tribunal más que el Tribunal Constitucional que, por razón de la
materia, es el único competente.
En tercer lugar, la Diputación Foral de Alava, desde la Orden y de los
antecedentes jurídicos que yo he dado de 1870, está efectuando la
conservación, el mantenimiento y las mejoras de la carretera, por lo
tanto, existe un conflicto jurídico ante el Tribunal Constitucional. Por
ese motivo, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una iniciativa para
darle una solución política, pero sin entrar a decir que la competencia
sea de uno o de otro. Como hay diferencia de parecer, ya lo verá el
Tribunal Constitucional y no el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Rojo por el mismo artículo y por un minuto.
El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creía que había dejado claro no el planteamiento de la competencia, he
explicado, señor Gatzagaetxebarría, que el conflicto se provoca como
consecuencia de que unos particulares que residen en Treviño, tratándoles
de aplicar la norma foral aprobada en las Juntas Generales de Alava,
tratándoles de aplicar la norma foral de carreteras, entendiendo que
siempre se había hecho así, estos señores, estos particulares, van a los
tribunales, y los tribunales les dan la razón. Eso es lo que he querido
decir. Y como consecuencia de que los tribunales dan la razón a estos
particulares, a los que se les dice: son ustedes ciudadanos de Treviño y
no de Alava, no se les puede aplicar la norma foral correspondiente. Eso
he dicho yo, no me lo estoy inventando.
Como consecuencia de eso, cuando se aprueba el Plan de Carreteras en la
Comunidad Autónoma Vasca, se obvia esta cuestión y se trata de meter el
Condado de Treviño dentro del Plan de Carreteras, y automáticamente la
obligación de un Gobierno responsable, sea quien sea, ayer el Partido
Socialista, hoy el Partido Popular, es llevar la cuestión al Tribunal
Constitucional, como previo de lo que he contado anteriormente. No se
puede dar la sensación de que aquí hay unos que defienden más los
intereses que otros, yo estoy hablando estrictamente en términos
jurídicos, señor Gatzagaetxebarría, así fue, entre otras cosas, porque me
tocó a mí llevar el asunto a los tribunales, por eso se lo estoy
contando, porque era el Secretario del Consejo de Gobierno de la
Diputación Foral de Alava, por eso me lo sé.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor Huidobro tiene la palabra.
El señor HUIDOBRO DIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para pronunciarme, como se puede deducir de la firma
de la modificación de la moción que hemos propuesto desde el Grupo
Parlamentario Popular, sobre la moción que en este momento se está
debatiendo.
Me gustaría iniciar esta intervención exactamente donde terminaban las
palabras del Senador Rojo, que decía: hablemos del hoy, olvidemos el
pasado para lo que ahora nos interesa, y lo que se estaba haciendo vamos
a seguir haciéndolo.
Esto es lo que el Grupo Parlamentario Popular se planteó cuando vio la
moción presentada. ¿Teníamos que intervenir o no teníamos que intervenir
en la decisión de quién es la titularidad del tramo de la «Legua del
Rey»? ¿Teníamos que intervenir o no teníamos que intervenir en cuáles
eran las competencias que correspondían a la Diputación Foral o al
Gobierno de la nación sobre esta materia? Nuestro planteamiento era:
Creemos que estando planteada ante el Tribunal Constitucional una
cuestión que no solamente va a tratar sobre la titularidad, sino también
sobre todas las competencias que respecto a esta materia, gestión y
explotación de las carreteras va a dictar el Tribunal Constitucional,
vamos a intentar buscar una solución.
Esta misma solución que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado busca
es la que el Gobierno de la nación está intentando buscar en este momento
en sus encuentros con la Diputación Foral de Alava. Por eso, nosotros
decíamos lo mismo desde el mismo punto del que partía el Grupo
Parlamentario Socialista, sabiendo que, por lo general, la historia que
se ha contado desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos coincide con la realidad y que muchas de las cosas que se han
dicho desde el Grupo Parlamentario Socialista son sustancialmente
ciertas, vamos a preocuparnos de lo que resuelve el problema de los
ciudadanos.
Y el problema de los ciudadanos españoles es el siguiente: que desde que
la carretera Nacional-I entra en los límites de la provincia de Alava,
atravesando Treviño, hasta llegar a Vitoria, necesita de una reparación,
de un mantenimiento especial, para que no sigan ocurriendo los accidentes
que ocurren; accidentes que ocurren no solamente en la Legua del Rey,
sino también en otros tramos de esa carretera nacional, siendo uno de los
puntos quizás más negros el que pasa cerca de Nanclares de Oca.
Supongo --y digo supongo porque no es a este Senador a quien corresponde
hacer referencia a ello-- que el Plan General de Carreteras de Alava da
respuesta a la necesidad de adecuar esa carretera a las necesidades
actuales de circulación y que, dentro de esa adecuación, se necesitará
tanto para los tramos que discurren por la provincia de Alava, como por
los que discurren por la provincia de Burgos. Y si eso es así, qué mejor
que buscar la solución.
Tenemos conocimiento de que desde el Ministerio de Fomento y la
Diputación Foral se están llevando a cabo conversaciones para ver cuál es
la mejor solución para resolver el problema, que es el único que en este
momento interesa a los ciudadanos: que disminuya el número de accidentes
que ocurre en la «Legua del Rey» y en el resto del tramo de la carretera
Nacional-I desde la entrada en la provincia de Alava hasta su llegada a
las cercanías de Vitoria. Y si esas conversaciones están dando fruto en
parte, hagamos lo que se dice en la moción: instemos al Gobierno para
que, lo más rápidamente posible, ponga en marcha ese acuerdo que entre
ambos Gobiernos se va a llevar a cabo para solucionar este problema que
afecta a los ciudadanos. Este es el sentido de la moción que estamos
defendiendo y hemos presentado al resto de los grupos para su firma. ¿Qué
es lo único de lo que quiero dejar constancia? Este problema surge en el
año 1989, cuando el Parlamento vasco aprueba un Plan General de
Carreteras para la Comunidad. Desde entonces hasta ahora se ha roto esa
comunicación fluida que existió tradicionalmente para el arreglo y
mantenimiento de este tramo de carretera. Desde el mes de mayo o junio de
1996 hasta ahora se ha roto esa comunicación. Como ya se ha hecho en una
reunión que ha tenido lugar en Burgos el día 4 de noviembre, en el
Gobierno Civil, vamos a reanudar esas buenas relaciones entre los
Gobiernos y vamos a instar desde esta Cámara para que sea lo más
rápidamente posible, para que la financiación se busque lo más
rápidamente posible y se dé respuesta a lo que en este momento están
solicitando los ciudadanos, que es que por esa carretera se circule en
las mejores condiciones posibles y con el menor número de accidentes
posible.
Por eso, nuestro Grupo apoya esta enmienda transaccional, respaldada por
todos los grupos, a la moción que inicialmente presentó el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Huidobro.
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre la gestión del
tramo de carretera de la Nacional-I, en Alava, conocido como «Legua del
Rey», en los términos de la propuesta de modificación firmada por todos
los grupos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 226; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REALIZAR ANTE LA UNION EUROPEA LAS GESTIONES OPORTUNAS, CON CARACTER DE
URGENCIA, PARA QUE QUEDEN EN SUSPENSO LAS PENALIZACIONES DE LOS CULTIVOS
HERBACEOS EN ESPAÑA EN LA CAMPAÑA 1996-1997, EN BASE AL COMPROMISO DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION EUROPEA DE NOVIEMBRE DE 1995, ASI COMO A
PROMOVER Y URGIR UNA ADAPTACION DE LA REGLAMENTACION COMUNITARIA RESPECTO
DE LOS CULTIVOS HERBACEOS, CON APLICACION RETROACTIVA A LA MENCIONADA
CAMPAÑA Y EN LO QUE AFECTA A ESPAÑA. (671/000015.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto tercero del orden del día,
mociones consecuencia de interpelación. La primera es la que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a realizar
ante la Unión Europea las gestiones oportunas, con carácter de urgencia,
para que queden en suspenso las penalizaciones de los cultivos herbáceos
en España en la campaña 1996-1997, en base al compromiso del Consejo de
Ministros de la Unión Europea de noviembre de 1995, así como a promover y
urgir una adaptación de la reglamentación comunitaria respecto de los
cultivos herbáceos, con aplicación retroactiva a la mencionada campaña en
lo que afecta a España.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, para defender esta moción ahorraré a sus
señorías una prolija descripción del problema que dio origen a la
interpelación que formulé a la señora Ministra de Agricultura en el
último Pleno de esta Cámara sobre la situación de los cultivos herbáceos
en España, porque es de conocimiento de sus señorías, entre otras
razones, por haberlo expuesto con detalle en aquella ocasión.
Para fundamentar la moción, sólo recordaré que en la campaña 1996/97 de
los cultivos herbáceos, que acaba de finalizar, se ha aplicado por parte
de la Unión Europea a nuestro país una penalización de 14.735 millones de
pesetas, y que desde la aplicación de la reforma de la política agrícola
comunitaria de 1992 es ésta la primera vez que se penaliza a nuestro país
por haberse superado la superficie de base del secano en dos regiones, y
también ha habido penalización por haberse superado la superficie de base
de regadío que tiene ámbito nacional. La penalización del secano afecta a
Castilla y León y País Vasco y que es tanto
más improcedente cuanto, por una parte, no se ha llegado a superar la
superficie de base nacional, antes bien, ha habido un sobrante de 380.000
hectáreas sin cultivar, por lo que la Unión Europea se ha ahorrado unos
10.000 millones de pesetas que han dejado de venir a nuestro país. Por
otra parte, existía un compromiso de la Comisión Europea, desde noviembre
de 1995, de reformar el actual reglamento de los cultivos herbáceos en el
sentido de flexibilizar la compensación interregional en un mismo Estado
miembro y de secano a regadío, y que de haberse aprobado dentro de los
seis meses siguientes, como había sido propuesto, no se hubiera producido
la penalización que está en el origen de esta moción. Se trata, por
tanto, de exigir a la Comisión Europea que cumpla sus propios acuerdos y
sus propios compromisos.
El actual sistema, al que se llegó, después de una compleja y complicada
metodología, a través de la que se buscaba el equilibrio del mercado
internacional de cereales, dentro del respeto interno europeo al
principio de neutralidad productiva y financiera, ha asignado unas
superficies de bases nacionales en base a criterios objetivos e
históricos; y los ciudadanos y los agricultores, que lo son, sin duda
alguna, no entienden bien que puedan sobrar 380.000 hectáreas del secano
y, al mismo tiempo, haya penalizaciones en este mismo sector del secano.
En total para España en la campaña 1996/1997, por falta de entendimiento
en la Comisión Europea y con la Comisión Europea por parte del Gobierno
de nuestro país, la aplicación del sistema, antes de su anunciada
reforma, ha supuesto unas pérdidas de más de 25.000 millones de pesetas
entre penalizaciones y pérdidas de ayudas compensatorias.
La moción consta, por tanto, de dos puntos. Mediante el primero esta
Cámara insta al Gobierno a que urja a la Unión Europea el cumplimiento
del compromiso del Consejo de Ministros de noviembre de 1995, y que la
adaptación de la nueva reglamentación comunitaria tenga carácter
retroactivo a la fecha en que estaba previsto, con lo que se producirá la
suspensión de las penalizaciones de la campaña 1996/1997 a nuestro país.
El segundo punto recoge los criterios que deben guiar esa nueva
reglamentación en su aplicación a España, y que en base a los
pronunciamientos realizados por los distintos portavoces, con motivo del
debate de la interpelación, como, asimismo, el pronunciamiento de la
señora Ministra con ocasión de ese debate, constituyen lo que nosotros
entendemos las ideas básicas por las que debe ir la reforma y en las que
hay completa coincidencia, y son: traspasar el exceso de superficie de
secano de algunas Comunidades Autónomas a regadío; establecer una
superficie de base nacional para el secano, deduciendo la parte
traspasada al regadío, y 17 superficies regionales, de manera que si no
se supera la nacional, no se penalicen las regionales que hayan
sobrepasado la suya; incrementar la superficie de regadío como
consecuencia de la aplicación del apartado 1.º, al que me acabo de
referir; fijar una superficie de base nacional, también, para el regadío
y 17 superficies de base regionales con el mismo criterio de aplicación
que para el secano, es decir, que si no se sobrepasa la nacional, no haya
penalización para las regionales que se sobrepasen; modificar el plan de
regionalización para reajustar los rendimientos de algunas comarcas y
modificar los rendimientos al alza.
Nuestro Grupo considera que la aprobación de esta moción, aparte de
resaltar esa importante coincidencia en los puntos básicos de todos los
Grupos Parlamentarios acerca de la política agrícola común respecto a los
cultivos herbáceos en España, constituirá, sin duda, un buen impulso y
apoyo al Gobierno en su posición negociadora ante Bruselas y en la
necesidad de romper el bloqueo a que está sometida esta cuestión, que
está produciendo problemas económicos y sociales.
Sabemos que hay países que se han manifestado totalmente en contra de los
criterios aquí expuestos, por ejemplo, el Reino Unido.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez, se le ha
terminado el tiempo.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Persisten en otros países con problemas coincidentes con el nuestro, como
en España, como para alcanzar la mayoría capaz de desbloquear esta
cuestión, y como no dudamos de la capacidad negociadora del Gobierno, que
deseamos que cada vez sea mayor, vendrá muy bien la aprobación de esta
moción por parte de esta Cámara, para lo cual pido el voto favorable de
todas sus señorías.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, tuvimos ocasión de celebrar un debate muy interesante hace
quince días en relación a la problemática de los cultivos herbáceos y su
vinculación con la reforma de la PAC, con la reforma de la reforma que se
viene a señalar en los términos del conocimiento político agrario.
Evidentemente, esta cuestión está ligada con ese concepto que desde el
Gobierno central ya se ha hablado, que es la necesidad de adecuar la
política agraria común --la reforma se hizo en los tiempos del Comisario
MacSharry-- a la realidad del año 1997. En definitiva, requiere una
desburocratización de la Política Agraria Común y una adecuación de la
misma a realidades agrarias como la que experimenta el Estado español.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda con
diferentes planteamientos a la Cámara, con los que nosotros básicamente
estamos de acuerdo. No obstante, señor Presidente, hemos presentado una
enmienda de modificación donde, como primera cuestión, planteamos la
modificación del Reglamento 1675/1992, que básico en la reforma de la PAC
en lo que concierne a los
cultivos herbáceos y donde lo que planteamos es que se atribuya, se
implique un carácter retroactivo a la supresión de las penalizaciones a
las Comunidades Autónomas, evidentemente a aquellas que han producido un
sobrepasamiento en secano, siempre que no se haya producido un
sobrepasamiento a nivel estatal.
Sabemos que el Gobierno anterior, en los tiempos de Luis Atienza, y el
Gobierno actual, con la Ministra Loyola de Palacio están trabajando
políticamente para que eso se modifique o se cambie, pero también es
justo reconocer que quizás el Gobierno español no ha obtenido los apoyos
políticos necesarios en ese Consejo de Ministros de Agricultura, donde el
cambio de cromos políticos es fundamental y donde verdaderamente somos
conscientes de la problemática que el Gobierno español tiene, con
diferentes frentes políticos abiertos, y que, en definitiva, supone que
un día se cede para una cosa, pero también hay que dar para otro
negociado político. Esa es la dificultad política, siempre poniéndose en
el lugar del interlocutor político, en función de las posiciones de
Gobierno u oposición que ocupan cada uno y es de racionalidad política
entender su posición.
Por ello, nosotros incidiríamos en este punto primero para que se
modifique ese Reglamento, de manera que si no hay sobrepasamiento a nivel
estatal, los sobrepasamientos autonómicos no impliquen con ello ni
penalización, es decir, la aplicación del índice deflactor en cuanto a la
concreción de los rendimientos a aplicar en cada una de las comarcas, ni
la aplicación del barbecho extraordinario que en este momento, con
carácter excepcional, está suspendido.
En segundo lugar, señor Presidente, nosotros planteamos que se establezca
una nueva redistribución en la superficie de secano, puesto que el
sobrepasamiento es originado por el regadío, de manera que antes de que
se produzca esa transferencia de secano a regadío, haya una transferencia
de secano a secano. Es decir, que aquellas Comunidades Autónomas que no
han utilizado toda la superficie para el cultivo herbáceo en secano,
puedan traspasarla a Comunidades Autónomas que la han superado, pero sin
que haya sobrepasamiento a nivel estatal. Por lo tanto, creo que sobre
esto hay un consenso bastante generalizado, incluso la aproximación
transaccional que efectúa el Grupo Parlamentario Popular plantea también
tal cuestión.
En tercer lugar, nosotros planteamos el establecimiento de superficies de
base estatal de secano y 17 autonómicas, de forma que cuando no se
sobrepase la superficie estatal, no se penalice. Es una reiteración y me
remito a los argumentos ya explicitados, señor Presidente, en el punto
número dos.
En cuarto lugar, fijar una superficie base estatal de regadío y 17
superficies autonómicas de regadío. Esto es muy importante, señor
Presidente, porque lo que pretendemos es que si hay una superación a
nivel autonómico y no hay una superación a nivel estatal, no se considere
que hay sobrepasamiento a nivel español, lo mismo que en las superficies
de secano. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Mientras que en secano
se establecieron superficies a niveles autonómicos, en regadíos no se
estableció y cuando se ha establecido a nivel de secano ello ha
conllevado un esfuerzo de control, de vigilancia, de aplicación y de
seguimiento por las Comunidades Autónomas de la superficie autonómica de
secano correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas; mientras
que en regadío como no se ha hecho tal redistribución, se ha dado el
«juego» --entre comillas--, es decir, ha habido un desmadre, porque el
Ministerio ha sido incapaz de controlar el cumplimiento de la superficie
básica estatal en regadío. Por eso es importante implicar a las
Comunidades Autónomas y que haya una redistribución de superficies de
regadío autonómicas, regionales, porque eso implica, valga la
redundancia, la implicación y la contribución de las Comunidades
Autónomas en controlar si hay un sobrepasamiento a nivel de esas
superficies básicas autonómicas. Por tanto, es importante evitar «el
desmadre» --entre comillas-- en cuanto a los cultivos herbáceos en
regadío porque es difícil controlarlos y porque nadie tiene al final la
conciencia de que es necesario el control y evitar el sobrepasamiento,
porque dicen: nosotros para qué nos vamos a controlar, si se van a
sobrepasar en la Comunidad Autónoma de Galicia y los andaluces piensan
que se van a sobrepasar los vascos y los catalanes que van a ser los
aragoneses y los aragoneses los riojanos. En definitiva, al Ministerio se
le escapa el control de las manos. Por eso, es importante, además de la
superficie de base estatal, su regionalización, su autonomización en
Comunidades Autónomas.
En quinto lugar, señor Presidente, nuestra enmienda a la moción busca el
equilibrio financiero entre los rendimientos y pagos compensatorios,
solicitando el incremento de los rendimientos medios del Estado.
Evidentemente, hay que mantener, en la medida de lo posible, si un gran
logro político no lo consigue, la neutralidad financiera.
Los países de la Unión Europea son conscientes del peligro --y ésa es una
de las críticas que se hacen a la política agraria común--, del excesivo
presupuesto que tiene la agricultura en la Unión Europea. La subida del
rendimiento a aplicar al regadío o al secano supondrá una mayor
aplicación de los presupuestos de los fondos europeos a la agricultura
española y, evidentemente, eso no va a ser aceptado. Entendemos, por lo
tanto, los razonamientos que ha hecho la señora Ministra Loyola de
Palacio en esta sesión sobre que eso políticamente en estos momentos es
difícil de obtener. Lo era para este Gobierno y lo era también para el
anterior.
En el caso de que no se produzca el logro político de incrementar los
rendimientos, puesto que los rendimientos españoles son, en definitiva,
los más bajos de Europa, producto también de una negociación que se hizo
con determinadas consideraciones o con determinados parámetros, aunque
ahora no es el momento procesal parlamentario para debatir tal cuestión,
plantearíamos que se produjera un ajuste de manera que pudiera haber una
minoración de los rendimientos en regadío para que se pudiera incrementar
en secano y con ello mantener un equilibrio presupuestario.
Finalmente, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario plantea la
eliminación definitiva del barbecho extraordinario
que no lleva consigo ninguna prima, ninguna ayuda pública. En definitiva,
se le impone un castigo o una penalización impresionante al agricultor
por esa superación, puesto que la retirada de tierras ordinarias de la
PAC conlleva una prima e, incluso, la posibilidad de utilizar esas
tierras para cultivos alternativos con una finalidad no alimentaria. El
barbecho español no lo tiene, pero sabemos que se ha concedido
excepcionalmente su subvención. Por eso, sería positivo su eliminación
definitiva en un Reglamento. El Gobierno plantea en este momento
modificar el 1675/92. Ese es el espíritu, en definitiva, del conjunto de
los puntos de la enmienda de sustitución que nuestro Grupo Parlamentario
plantea a la moción inicial del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de
modificación al texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista como consecuencia de la interpelación que se sometió a la
consideración de este Pleno hace unos días.
Es necesario, ante todo, que sepamos cuál es la propuesta de la Comisión
respecto de la flexibilización del régimen de cultivos herbáceos. La
propuesta de la Comisión dice que cualquier Estado miembro tiene la
posibilidad de acogerse a esta flexibilización estableciendo una o varias
superficies de base nacionales subdivididas en subsuperficies de base
regionales, de tal forma que en una campaña, si las solicitudes de ayuda
no rebasan la superficie de base nacional, no hay penalizaciones aun
cuando se superen algunas subsuperficies de base regional. Si hay
rebasamiento de la superficie de base nacional, la penalización se
aplicará únicamente en las regiones en que haya habido superación de
forma proporcional a la misma.
Este esquema supone, pues, transferencias de superficie en relación uno a
uno entre las subsuperficies de base dentro de una superficie de base
nacional e imposibilidad de cualquier tipo de transferencias entre las
superficies de base distintas, salvo la ya existente en el maíz, hacia
otros cultivos herbáceos en los que se realiza la relación uno a uno.
Alemania tiene establecida superficie de base por lander y rendimientos
históricos también por lander. Actualmente sufre dos problemas. El
primero, no poder compensar rebasamientos y excedentes entre las
superficies de base de los lander y, el segundo, no poder aprovechar
íntegramente su capacidad productiva histórica medida en términos de
toneladas de cereales equivalentes.
Alemania quiere que para hacer compensaciones entre las superficies de
base regionales no sea necesario definir una superficie de base nacional,
y que la compensación entre superficies de base regionales no se haga en
la proporción uno a uno, sino en la proporción que determina la relación
de rendimientos.
Francia define en la práctica cuatro superficies de base de carácter
nacional que no tienen ligazón geográfica ninguna: el secano, el regadío,
el maíz de secano y el maíz de regadío. En las diversas campañas ha
venido sufriendo dos tipos de problemas. En primer lugar, hay
rebasamiento en algunas superficies de base nacional y sobrante en otras,
y no ha podido compensar unas con otras de ninguna forma, ni en la
relación uno a uno ni en la de los rendimientos. En segundo lugar, como
los rebasamientos han sido distintos en las diferentes superficies de
base y la retirada extraordinaria para cada una ha sido distinta, no
cabe, por tanto, que cada explotación pueda verse afectada en cada
campaña por más de una de ellas. Tiene que cumplir con una retirada
extraordinaria, diferente para cada cultivo o sistema de producción
afectado.
El caso de España es distinto. España tiene un plan de regionalización
que produce una situación intermedia entre la de Alemania y la de
Francia. Tenemos problemas de rebasamientos, efectivamente, y superficies
no utilizadas en distintas superficies de base que no se han podido
compensar, ni en la relación uno a uno, ni en la de los rendimientos,
salvo la del maíz, en regadío hacia otros cultivos herbáceos de regadío
que sí está permitida en la relación uno a uno. De ahí que no se haya
podido utilizar la capacidad productiva adecuadamente.
Por otra parte, en cada superficie de base hay varias regiones de
producción homogéneas caracterizadas por rendimientos de cereales
diferentes. Además, el estabilizador de rendimientos, 2,64 toneladas por
hectárea, es nacional. En principio, podríamos acogernos a la propuesta
actual de la Comisión nacionalizando el secano, es decir, estableciendo
una superficie nacional de secano suma de las 17 superficies regionales y
regionalizando el regadío, desglosando las superficies nacionales de maíz
en un total de 17 superficies regionales, aunque la Comisión no ve con
buenos ojos nuestro sistema actual al pretender homogeneizar a toda la
Unión Europea en la definición de las superficies de base y en su ligazón
geográfico-administrativa.
De esa forma podríamos compensar, en la relación uno a uno, rebasamientos
y excedentes dentro de cada superficie de base, con lo que quedaría
resuelto el problema actual de nuestro secano, aunque no el del regadío.
Además, transferiríamos el problema al estabilizador de rendimientos que
afectaría a toda España. Esta situación muestra cómo el regadío
aguantaría su problema íntegramente y, además, parcialmente el del
secano, lo cual es absolutamente injusto. En resumen, ello no permitiría
aprovechar nuestra capacidad productiva adecuadamente.
En consecuencia, no cabe aceptar el punto primero de la moción propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista por estar mal formulado, ya que la
suspensión de la penalización no es jurídicamente posible en el marco de
la reglamentación comunitaria y lo posible ya está siendo realizado por
el Gobierno. Aparte de eso, el ajuste citado es necesario. Sigue
manteniéndose y negociándose su consecución siguiendo un modelo abierto,
flexible y definido en coordinación con las Comunidades Autónomas de
manera
que cada una de ellas actúe en función de la modificación reglamentaria
que apruebe el Consejo y que no puede ser prevista en estos momentos.
En consecuencia, dado que el contenido sustancial de la moción lleva ya
tiempo incorporado a la acción del Gobierno y dado que sus objetivos
básicos son coincidentes, se considera innecesario aprobar una moción que
insta al Gobierno a hacer lo que ya viene haciendo, incluso lo que ya
está hecho --recuérdese el punto quinto--, descendiendo, además, a
detalles tan concretos que en algún caso pueden incluso no tener encaje
en la modificación reglamentaria que finalmente se acepta.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto una enmienda cuyo
texto dice literalmente: A fin de corregir determinadas deficiencias en
las negociaciones realizadas por el Gobierno anterior ante las instancias
comunitarias, el Senado insta al Gobierno a que siga defendiendo ante el
Consejo de la Unión Europea la aprobación de una propuesta de la Comisión
para permitir la existencia de superficies de base nacionales con
referencia de base regionales, a que se siga defendiendo la posibilidad
de que la Comisión pueda reducir o suprimir las penalizaciones económicas
derivadas de la superación de las superficies de base y a que se
continúen las conversaciones para la transferencia de una parte de la
superficie de secano a regadío.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Bernáldez.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez para posicionarse sobre ambas
enmiendas.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en razón a que los
puntos que plantean son prácticamente coincidentes con los propuestos en
nuestra moción, con una redacción casi equivalente en varios de ellos,
pero, sobre todo, porque tiene dos añadidos que consideramos
interesantes, como los relacionados con el barbecho extraordinario y con
la compensación secano-secano.
Sin embargo, ni podemos ni vamos a aceptar de ninguna manera la enmienda
planteada por el Grupo Parlamentario Popular por varias razones: en
primer lugar, porque inicia con una falsedad en su planteamiento y porque
nosotros entendemos que no respeta los propios posicionamientos de la
señora Ministra durante el debate de la interpelación, puesto que ella ha
hecho referencia claramente al carácter retroactivo de la modificación
--y lo ha hecho incluso ante la Comisión, como consta en las actas
correspondientes-- que se haga en su momento del Reglamento de los
cultivos herbáceos.
Nos parece que pone en duda la capacidad negociadora del Gobierno, cosa
que nosotros no queremos hacer en este momento hasta que haya un acuerdo
definitivo, porque, además, a nuestro juicio, supone un rebajamiento en
las posiciones mantenidas con anterioridad por parte del Grupo
Parlamentario Popular respecto a este tema.
Por tanto, señor Presidente, la moción que se deberá someter a votación
de la Cámara será la correspondiente a los puntos que figuran en la
enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Rodríguez.
Pasamos al turno de portavoces que todavía no han intervenido en esta
moción.
Por el Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig i Grau.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Subo a la tribuna para defender el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a la moción
consecuencia de interpelación que ha presentado el Senador Rodríguez, así
como a las enmiendas de sustitución presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalista Vascos y por el Grupo
Parlamentario Popular.
Anuncio de antemano nuestra abstención, tanto a la moción como a las
enmiendas de sustitución, concretamente a la del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, que es la que se pasará a votación en
este Pleno. ¿Por qué? En el debate de la interpelación ya fijábamos
nuestro posicionamiento en relación a que cada Comunidad Autónoma debía
aprovechar al máximo la potencialidad de sus datos históricos de
referencia en secano, resolviendo sus situaciones particulares y,
posteriormente, integrar los excedentes en lo que se llamaría una bolsa
estatal. Además, denunciábamos que los desajustes que se habían producido
en la superficie de bases regionales y de referencia no eran producto,
según nuestro entender, de estadísticas erróneas ni de climatología, sino
del incumplimiento de la reglamentación existente.
¿Qué es lo que nos plantea la moción de base que presenta el Senador
Rodríguez, sobre la cual estamos de acuerdo en muchos de los puntos que
plantea? En primer lugar, una suspensión de las penalizaciones. Estamos
de acuerdo en que se cumpla el compromiso del Consejo de Ministros de la
Unión Europea y también --no podía ser de otra forma-- en que se hagan
gestiones, negociaciones para la suspensión de estas penalizaciones, pero
no nos parece correcta esta demanda en el secano por el hecho de disponer
de superficies de base por Comunidades Autónomas. Sí en el regadío,
siempre y cuando se fije una base por Comunidades sobre la referencia de
estos datos históricos, a los que hacía mención, pero en ningún caso una
suspensión generalizada para todo el Estado español, ya que de esta forma
no hacemos nada más que esconder --como ya he dicho-- los evidentes
defectos de aplicación de la reglamentación comunitaria.
En segundo lugar, tampoco podemos estar de acuerdo con un trasvase
automático de superficies sobrantes de base de secano a regadío porque,
además, tal como hemos
dicho, sólo serviría para esconder estas irregularidades y no dejaría
margen para adecuar rendimientos del secano que, en algunas zonas, aún
sufren desajustes en relación con la realidad.
En tercer lugar, establecer una superficie de base nacional para el
secano. Estamos de acuerdo. Nos parece correcto el establecimiento de una
base estatal de secano, siempre que la fijación de esta superficie se
produzca después de que cada Comunidad Autónoma ajuste la situación
interna y el establecimiento «a posteriori» de esta base estatal, a la
que hacía referencia, para transferir luego a regadío, si esto fuera
posible.
Incremento de la superficie de regadío. Sí, pero a partir de la bolsa
estatal de secano y en proporción a los rendimientos de secano y regadío,
porque de otro modo no nos van a salir las cuentas, y negociando además
con la Unión Europea más superficies de base de regadío, tal y como se ha
dicho.
Establecimiento de superficies regionalizadas de regadío. También
estaríamos de acuerdo con el establecimiento de una base de regadío
regionalizada con una referencia estatal, que se habría de fijar sobre la
base de los criterios expuestos en los puntos anteriores.
Modificar el plan de regionalización para ajustar los rendimientos de
algunas comarcas. Nos parece correcto. Estamos absolutamente de acuerdo,
y lo decíamos en la interpelación, pero siempre y cuando no represente
una disminución de dichos rendimientos para reajustar superficies de
base. Por lo tanto, reajuste en comarcas concretas siempre al alza y para
corregir agravios históricos.
Finalmente, la moción plantea modificar los rendimientos al alza. También
estaríamos de acuerdo en el incremento del plan de regionalización,
independientemente de superficies de base.
Por lo expuesto, lamentamos no poder dar nuestro voto favorable a la
moción que presenta el Senador Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista. Tampoco daremos nuestro voto desfavorable, porque estamos de
acuerdo con muchos de los planteamientos que se hacen en dicha moción, ya
que si bien introduce elementos que compartimos absolutamente en relación
a la problemática global de los cultivos herbáceos, entendemos que
finalmente se queda en un aspecto importante pero absolutamente
coyuntural como son las penalizaciones, y lo que nosotros pedimos es que
haya un debate en profundidad sobre este asunto, el de los herbáceos,
porque mucho nos tememos que puede acarrear graves perjuicios a nuestra
agricultura.
En definitiva, señorías, o se establecen mecanismos que garanticen el
cumplimiento de la normativa hoy vigente y se negocian con el máximo
rigor mejoras a nivel de la Unión Europea o los próximos años volveremos
a discutir en este Parlamento el acierto o desacierto del correspondiente
Gobierno en la negociación sobre las penalizaciones que sistemáticamente
nos vaya imponiendo la Unión Europea.
Finalmente, quiero anunciar la presentación de otra iniciativa
parlamentaria por nuestra parte, que tendría como objetivo permitir este
debate en profundidad que reclamábamos y que intentaremos que recoja
muchos aspectos de la moción que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista, un debate en profundidad sobre los herbáceos en España,
iniciativa que intentaremos consensuar al máximo y sin que tenga el telón
de fondo de las penalizaciones.
Gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Roig.
Vamos a llamar a votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la moción. Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 94; en contra, 127; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REEQUILIBRAR LA FISCALIDAD DEL AHORRO DE LOS SECTORES MAS POPULARES,
EXPRESADO EN LAS FORMAS DE DEPOSITOS MAS USUALES EN NUESTRO SISTEMA
CREDITICIO, EN RELACION AL TRATAMIENTO CLARAMENTE FAVORABLE ESTABLECIDO
EN FAVOR DE LOS FONDOS DE INVERSION. (671/000016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción consecuencia de
interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a reequilibrar la fiscalidad del ahorro de los sectores más
populares, expresado en las formas de depósitos más usuales en nuestro
sistema crediticio, en relación al tratamiento claramente favorable
establecido en favor de los Fondos de Inversión.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo proponente, el Senador Armet.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Espere un momento, Senador Armet, a ver si se
tranquiliza esto. Silencio, por favor. (Pausa.)
Senador Armet, tiene la palabra.
El señor ARMET I COMA: Gracias, señor Presidente.
Supongo que hablar de temas de dinero a las siete y diez de la tarde no
produce grandes pasiones, dado el carácter conservador de la materia que
vamos a tratar. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Esta moción consecuencia de interpelación pretende instar al Gobierno a
reequilibrar la fiscalidad del ahorro de los sectores más populares,
expresado en las formas de depósitos más usuales en nuestro sistema
crediticio, en relación al tratamiento de los Fondos de Inversión. Cuando
se dice reequilibrar no se quiere decir equiparar. Reequilibrar quiere
decir que el fuerte desequilibrio de trato fiscal que se produce debe ser
objeto de un trato de reequilibrio por
parte del Gobierno, porque, si no, produciría, evidentemente, unas
derivaciones de actuaciones del consumidor no queridas por los propios
gobernantes.
Muy brevemente, debo recordar que por primera vez en 1996 los depósitos a
plazo se estabilizan, y no tienen el crecimiento de dos billones de
pesetas; que los depósitos a plazo de la banca caen, y caen
cuantitativamente, mientras que los de las cajas, simplemente, se
mantienen; que se produce el «boom» de un nuevo activo financiero, fondos
de inversión, como consecuencia, en gran parte, aparte de los tipos de
interés, de lo que ha sido un trato de fiscalidad favorable; que esto
supone movimientos importantísimos que superan ya los 21 billones de
pesetas y que las expectativas de crecimiento sitúan en seis-siete
billones el potencial de crecimiento para este año.
En cuanto a la fiscalidad de trato en relación a los depósitos a plazo y
fondos de inversión podríamos encontrar todos los modelos posibles, pero
un modelo intermedio nos demostraría que existe un trato fiscalmente
favorable en relación a los fondos de inversión de un 400 por ciento
superior a los depósitos a plazo. Hay que recordar también que se produce
esta situación por la vía de un exceso de demanda de fondos de inversión
que han tenido un comportamiento de rentabilidades muy altas, tanto en
renta fija como, actualmente, en renta variable.
Debo recordar también que los especialistas en el tema hablan de que se
está hinchando el globo y se puede producir una ruptura preocupante; que
en nuestro país los cambios son necesarios, pero que deben hacerse a los
ritmos adecuados, y, sobre todo, que ha existido una discriminación
fiscal clara en relación a las personas, grupos sociales normalmente de
rentas modestas que continúan teniendo sus depósitos de ahorro en las
entidades financieras y que han sido tratados fiscalmente de forma muy
desfavorable: como he dicho, un 400 por ciento de promedio en relación a
los fondos de inversión.
Por supuesto que nosotros podríamos hablar de equiparación, y hacer la
demagogia de pedir rebajas fiscales en todos los campos. Simplemente
utilizamos la expresión «reequilibrio». ¿Por qué? Porque se está
produciendo un desequilibrio acelerado que pone en peligro la propia
estabilidad de un sistema crediticio, especialmente en el reparto de
activos financieros entre la población. Creemos que este tema es
preocupante y debe darse una respuesta adecuada al mismo.
En el caso de Cataluña --lo digo por el Grupo de Convergència, por
ejemplo, aunque podría ser también el caso de Galicia, en donde el peso
de las entidades de ahorro es muy fuerte en relación a la banca-- ha
habido una menor propaganda en relación a los fondos de inversión, lo
cual ha hecho que los ahorradores hayan tenido una propensión mayor a
tener depósitos de ahorro que en otros lugares donde la banca ha incidido
con mucha más fuerza porque tiene un mayor peso específico. Esto quiere
decir que se produce también una discriminación territorial no sólo en
relación a los sectores sociales populares, que se ven claramente
afectados, sino también en aquellas zonas donde las entidades financieras
han jugado con mayor agresividad la política de colocación de los fondos
de inversión.
Estamos ante una situación que exige un tratamiento más equitativo
fiscalmente, que permitiría un reparto más proporcional de la evolución
de los fondos de inversión y de lo que llamamos y se llama técnicamente
«productos financieros con rendimiento explícito», de los que los más
conocidos son los depósitos a plazo. Y, en caso de no producirse esta
situación, se producirá la siguiente: fiscalidad claramente favorable a
un activo financiero: fondos de inversión; fiscalidad que permitirá el
crecimiento sin límites, es decir, fuertemente acelerado de dichos fondos
que ya no irán a la renta fija y a la deuda pública, porque existe ya una
financiación adecuada, sino que, en más de un 50 por ciento, irán a renta
variable en unos mercados en los que ha habido una rentabilidad muy alta,
y se puede producir una situación elemental de baja de rentabilidad, con
los pánicos que esto siempre produce en nuestro país.
Por lo tanto, nos encontramos con una discriminación profunda de lo que
han sido las actuaciones tradicionales de nuestros ahorradores, que
normalmente afectan a la gente que tiene menos medios de información y
que no quiere arriesgarse. Y esta discriminación tiene unas consecuencias
socialmente muy desfavorables desde nuestro punto de vista. Si en su
lugar hubiéramos puesto la equiparación, estaríamos haciendo un
planteamiento poco serio y muy difícil, sobre todo cuando sabemos que
existe una Ponencia que está estudiando este tema. Lo que nosotros
pedimos es iniciar el reequilibrio, porque, de no darse, la
irracionalidad del sistema va a producir una baja de los depósitos a
plazo, un incremento de los fondos de inversión y una baja de la
inversión productiva. Es decir, la inversión de tipo financiero queda
claramente primada delante de lo que son los créditos al sector privado
del propio sistema crediticio, con lo cual, pequeñas y medianas empresas
al margen de lo que son los sistemas financieros conocidos, los sistemas
accionariales conocidos, son claramente discriminadas.
Por lo tanto, los que defendemos sectores sociales populares; los que
queremos defender que hay empresas grandes, pequeñas y medianas; los que
creemos que la competencia debe ser a todos los niveles, cuando vemos que
existe una discriminación clara e inequívoca, lo que debemos hacer, como
mínimo, es iniciar una política de reequilibrio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Armet, por favor.
El señor ARMET I COMA: Termino, señor Presidente.
Soy perfectamente consciente de que esta propuesta, que es sensata,
mesurada, responsable y sobre la que, por desgracia, seguramente el
tiempo nos dará la razón, no va a ser seguida entusiásticamente y va a
producir una unanimidad de posiciones, curiosamente no defendiendo lo que
algunas de esas posiciones han dicho defender en el presente y en el
futuro. Y esto lo lamento profundamente. No me interesa en absoluto
entrar en polémica, simplemente pido una última reflexión antes de fijar
la posición de cada uno de los grupos parlamentarios. Pero sobre todo
desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Popular sí creemos que es
del todo necesario iniciar una política de reequilibrio,
porque si no se nos hunden los depósitos a plazo, entramos en un tema de
fondos de inversión altamente especulativos, con grandes riesgos y la
discriminación, que ya es fuerte en este país, va a seguir siendo fuerte.
Señoras y señores Senadores, me permitirán el pequeño tremendismo que he
utilizado, que obedece, seguramente, a un cierto conocimiento sobre esta
materia y a haber vivido más de una situación de crisis financiera en
nuestro país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, lo primero que quiero decir --y luego lo razonaré-- es que
nuestro Grupo Parlamentario va a votar en contra de esta moción, y yo no
niego --de hecho es con lo que más me identifico de todo el discurso del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- la experiencia que tiene en
estos temas el señor Armet.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos cree, en
primer lugar, que hubo tiempo de hacer estas reformas en el pasado y, en
segundo lugar, que cuando se entra en una situación en la que se reforman
los, por llamarlos de alguna forma, beneficios fiscales para algún tipo
de inversiones o de ahorro, es necesario que eso se extienda a todo tipo
de inversiones.
Cuando se habla de inversiones de clases populares yo me pregunto: ¿es
que quien tiene unos depósitos de dos millones de pesetas a plazo fijo en
una Caja de Ahorros o en un banco representa una clase popular superior a
quien ha conseguido 300.000 pesetas en la privatización de Telefónica?
Nosotros pensamos que el tema es difícil. Por los datos que tenemos del
Gobierno sabemos que 1.200.000 ciudadanos del Estado español han sido
beneficiarios de la OPV de Telefónica. Por lo tanto, señorías, nosotros
no creemos que haya que primar única y exclusivamente el planteamiento
que están haciendo el Senador Armet y el Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros somos conscientes de que si el Estado español entra en el euro
--nuestro Grupo apuesta por ello, la apuesta del anterior Presidente,
señor González, fue por entrar en la primera velocidad y creo que
independientemente del Gobierno que esté ahora tenemos que apostar por
entrar en la primera velocidad en 1999, y yo creo que si las cuentas van
como van y la política va como va vamos a entrar-- el plazo fijo, los
depósitos, van a ir hacia abajo. Señorías, eso es una pérdida para
quienes invierten a plazo fijo; pero, señorías, eso es una gran ventaja
para el consumidor: tanto para quien invierte en un crédito hipotecario,
como en un crédito al consumidor y, desde luego, para las empresas, unas
empresas de nuestro Estado que se incorporan a la Unión Europea con un
déficit tecnológico, con una carga de proteccionismo y con un crédito un
50 por ciento más caro que el que existía en la zona marco y zonas
correspondientes. En cambio, diez años después --y aunque, por supuesto,
ha habido empresas que se han quedado fuera--, toda la Cámara es
consciente de que esa adhesión a la Unión Europea ha sido positiva. Y ha
sido positiva para nuestras empresas cuando teníamos un dinero más caro
y, desde luego, primar unos depósitos, un dinero a plazo fijo, unos tipos
de interés, en definitiva, más fuertes, va en contra de esa generación de
riqueza y de empleo que significan las empresas.
Por lo tanto, nuestro Grupo, por esta serie de razones y por otras que no
quiero explicar ahora para no ampliar mi intervención, va a votar en
contra.
Nosotros sí somos conscientes de que es necesario que el Gobierno
presente una reforma sobre la fiscalidad respecto a todos estos temas,
pero creemos que en la situación actual, en la que hay una bajada
importante de intereses, en la que la Bolsa ha subido de forma
considerable y al final es una forma de que las empresas se financien de
una forma más barata, es un elemento terriblemente positivo para la
riqueza de nuestras empresas, para la riqueza del Estado y, en
definitiva, para la generación de empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Gangoiti.
El Senador Cambra tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto a esta moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el Senador Armet en
concreto. Manifestamos nuestro voto en contra, fundamentalmente, porque
discrepamos en gran parte del análisis que hace el Senador Armet sobre
las consecuencias casi exclusivas de la fiscalidad respecto a cómo se ha
canalizado el ahorro estos últimos años.
Creemos que el principal factor es enormemente positivo; el principal
factor que ha significado la canalización del ahorro hacia los fondos de
inversión ha sido la bajada de los tipos de interés. Es evidente que los
depósitos bancarios han sufrido una importante bajada de interés, se ha
recortado mucho el diferencial entre los tipos de interés y la inflación
y esto es lo que ha hecho que los inversores hayan tomado sus decisiones
de ahorro en un sentido distinto.
La fiscalidad, sin duda, afecta, evidentemente, pero no creemos que tenga
la trascendencia que le da el señor Armet. Por otro lado, tampoco
compartimos los presagios tremendistas sobre lo que pueda suceder en el
sistema financiero y, concretamente, lo que ha anunciado en la última
parte de su intervención. El punto que él ha comentado --y ahí sí que lo
manifestamos hace 15 días cuando la interpelación fue presentada-- que
nos preocuparía a largo plazo, que sería el hecho de que la canalización
inferior de
fondos hacia los recursos bancarios pudiera provocar una cierta
distorsión en el mercado del crédito bancario, por tanto, al mercado que
acude mayoritariamente la pequeña y mediana empresa, creemos que con las
medidas que se han anunciado de que los fondos de inversión podrán
dirigir parte de sus recursos a la desintermediación, por tanto, no
necesariamente a las empresas cotizadas en los mercados de valores, es un
aspecto que, en todo caso, paliaría este efecto negativo que, a largo
plazo, podría ocasionarse.
Compartimos también, lógicamente, como ha manifestado el Senador
Gangoiti, la necesidad de que se revise la Ley del IRPF y en este caso si
la tendencia en la modificación de la Ley va a un reequilibrio en el
tratamiento fiscal de los dos tipos de canalización del ahorro que aquí
se han tratado, la consideraremos positiva. Sin duda, en la línea de
armonizar con los otros países de la Unión Europea, el tema concreto, por
ejemplo, de las retenciones que hoy sufren los depósitos a plazo deberá
ser revisado, ya que no es coherente con lo que se está produciendo en la
Unión Europea de cara a una moneda única como vamos.
Reiteramos nuestro voto negativo a la moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Senador Armet, no tiene usted derecho al uso de la palabra porque ya ha
intervenido en esta moción.
El Senador Alierta tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que ha presentado el Grupo Socialista entendemos, a diferencia
de lo que ha manifestado su portavoz desde esta tribuna, que no tiene las
cualidades que él ha subrayado. Creemos que en algunas facetas es
simplista, o incorrecta.
Asimilar hoy en día clases populares con depósitos a plazo o imposición a
plazo, rentas medias-altas a fondos de inversión, nos parece totalmente
desfasado e, incluso, nos extraña que el propio señor Armet sostenga eso
desde esta tribuna, porque, como el otro día él mismo mencionó con
ocasión de la interpelación, cuatro millones y medio de españoles tienen
hoy día fondos de inversión. Entonces, adscribir clases populares a otro
tipo de inversiones y decir que estos cuatro millones y medio de
españoles no son clases populares nos parece una incorrección,
sociológica, por decirlo así. Es decir, en la actualidad cuatro millones
y medio de familias tienen fondos de inversión, por lo tanto, si alguna
inversión hoy día es popular es la de los fondos de inversión. Entonces,
la distinción de que los depósitos a plazo son populares y los otros de
rentas medias y altas nos parece equívoca y simplista.
Es más, señor Armet, si considerase los depósitos a plazo fijo y
conociera cuál es la estructura de los mismos por cuantías, observaría
cómo muchos de estos depósitos a plazo --a seis, doce, dieciocho meses--
representan unas cantidades muy importantes. Hay libretas, cuentas
corrientes con saldos pequeños, pero hay también muchos depósitos,
imposiciones a plazo con saldos muy importantes y, por lo tanto, no sería
correcto asimilar depósitos a plazo con rentas populares si conociera
datos que son confidenciales y que, realmente, las empresas financieras
no suelen dar a conocer, ya que darían a entender que un porcentaje muy
pequeño de sus depositantes significan un porcentaje muy alto de sus
recursos. Incluso, le puedo decir que en una tesis doctoral de Ros
Mombravella, hace muchos años, analizando las cajas de ahorro ya se
demostraba esta estructura de los depósitos. Y no son datos a los que se
tenga fácil acceso, porque las entidades financieras los guardan, pero
insisto, si conociera cuáles son las estructuras de los depósitos a
plazo, todavía se sorprendería mucho más de conocer que a veces un
porcentaje muy importante de los depósitos a plazo no corresponde a lo
que entendemos por clases populares.
En consecuencia, nos parece simplista, en primer lugar, esta distinción.
Las razones por las cuales el Grupo Socialista presenta esto él lo sabrá,
pero no se pueden asumir por personas o grupos que tienen una conciencia
realista de cuál es la situación y el análisis económico.
Nos parece además paradójico que presente esta interpelación porque si
según el Grupo Socialista la rentabilidad fiscal es la que ha impulsado
los fondos de inversión y ha perjudicado a las imposiciones a plazo, como
es conocido y se demostró el otro día --y consta en el «Diario de
Sesiones» --que éste es un efecto que comenzó en el año 1991, tiempo ha
tenido el Grupo Socialista para haber tomado medidas y hacer corregir
este desequilibrio. Nos parece simplista y paradójico que a estas alturas
nos plantee este reequilibrio de lo que viene desequilibrándose desde
hace cinco años.
En tercer lugar, debo decirle que el análisis económico es incorrecto.
Durante los últimos seis meses, los movimientos en los activos
financieros no han sido derivados de movimientos en la fiscalidad. Si
entra en un banco o en una caja de ahorros, le dirán los directores que
las medidas fiscales de los últimos meses no han afectado
fundamentalmente. Han permitido movilidad donde antes existía una
determinada quietud. Es más, hay muchos titulares de fondos de
inversiones que creen que les perjudica esta modificación fiscal, porque
van a tener que pagar el 20 por ciento, cuando antes con el transcurso
del tiempo estarían exentos.
Realmente, lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos meses
en los mercados financieros ha sido un descenso espectacular de los tipos
de interés. Cuando se escriba la historia económica con una cierta
perspectiva, se comprobará que lo que ha pasado en los últimos seis meses
en este país se caracterizará por el descenso espectacular que han tenido
los tipos de interés.
Yo quisiera mostrarles un gráfico --aunque esto es muy difícil desde una
tribuna parlamentaria-- de un periódico de hoy, que recoge la evolución
de los bonos de los gobiernos en los últimos meses. Este que está
subrayado representa a los bonos del Gobierno español en los últimos seis
meses. ¿Ustedes han visto un gráfico que cada seis meses tenga un
descenso de este tipo? Esta raya horizontal es la evolución de Inglaterra
y ésta es la de España. Imagínense
que esto siguiera durante seis meses. Pues bien, en doce meses dejábamos
de tener tipos de interés, es decir, el decrecimiento de los
diferenciales con respecto a los alemanes que ha habido en este país en
los últimos seis meses ha sido espectacular y, en consecuencia --como se
ha señalado anteriormente por otros intervinientes--, si los movimientos
se explican en alguna medida no son por razones fiscales, sino por
descensos en los tipos de interés. Es normal que, ante esta evolución
espectacular de los tipos de interés que ha sucedido en nuestro país
también en los mercados financieros haya habido los movimientos
oportunos, facilitados porque muchos titulares de fondos de inversión en
activos del mercado financiero han podido moverse --porque la nueva
fiscalidad se lo permitía-- para irse a fondos de inversión mobiliaria. Y
es normal que los depósitos a plazo hayan descendido cuando los tipos de
interés han decrecido, de la misma forma que si usted analiza las
estadísticas del Banco de España se encontrará con que crecieron
espectacularmente los depósitos a plazo cuando los tipos en este país
subieron también por encima del 10 por ciento en los años 1992, 1993 y
1994. Hay una relación estrecha entre subidas de tipo de interés, alzas
en los depósitos y bajas en los fondos de inversión; baja de interés,
aumentos en los de fondos de inversión y descenso en los depósitos a
plazo.
Por lo tanto, el análisis que ustedes hacen acerca de cuáles son los
movimientos del mercado financiero son básicamente incorrectos, y no creo
que ningún economista prestigioso lo suscriba --se lo digo con toda
confianza--. Algún día dejaremos de ser Senadores, seguiremos con
nuestras profesiones --al menos yo, economista--, y realmente no podría
suscribir profesionalmente su moción, señor Armet. Porque nadie me
vendría diciendo que, debido a las modificaciones fiscales, he
justificado los movimientos que ha habido en los mercados financieros
cuando realmente lo que es evidente es otra cosa. El boletín del servicio
de estudios «La Caixa», que nos mandan a todos los Senadores, dice que
los movimientos en los fondos de inversión se deben a los tipos de
interés y a la movilidad que ha permitido la nueva modificación fiscal.
Ese es el análisis que suscribirían todas las personas competentes.
En consecuencia, hay un problema en este país, que de alguna manera se
suscita --se suscitó aquí por parte del Ministro y de otros Grupos-- en
el sentido de que es necesario afrontar una reforma global de la
fiscalidad del ahorro; es necesario y conveniente que la fiscalidad sea
neutral para el ahorro; es necesario y conveniente facilitar el ahorro a
largo plazo --esto lo anunció aquí el señor Ministro el otro día--; es
necesario, como se ha señalado, armonizar nuestra fiscalidad en este tipo
de activos con la que puede venir y parece que está programándose en la
Unión Europea; es necesario también tener en cuenta el trabajo que se
está haciendo en las Comisiones del Congreso de los Diputados para
facilitar la aplicación a largo plazo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Alierta, lleva cuatro
minutos de más sobre el tiempo previsto, casi el doble.
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, termino en treinta segundos.
Para alcanzar esos objetivos, lo que hace falta son análisis económicos
correctos y, desgraciadamente, señores socialistas, la moción que ustedes
nos plantean no nos permite unas bases sólidas, desde el punto de vista
del análisis de la realidad y de la interpretación que se hace, para de
allí encontrar las soluciones que sean operativas, que tengan vigencia en
el futuro y que nos permitan alcanzar todos esos objetivos de mejorar la
financiación de nuestras empresas para crear empleo, etcétera, y una
mayor seguridad de nuestros ahorradores que todos pretendemos. Con su
moción, no hay base para alcanzar esas finalidades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
(El señor Armet i Coma pide la palabra.) Señor Armet, en base a qué me
pide la palabra.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, por el artículo 87, porque he
sido directamente aludido 12 veces, con una alusión personal incluida.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene usted la palabra por tiempo
de un minuto.
El señor ARMET I COMA: Muchas gracias.
Yo, señor Senador, nunca utilizaré sus conocimientos profesionales. Tiene
los míos en escritos, en revistas financieras y de política monetaria,
que ha sido mi especialidad durante unos años, y conozco perfectamente el
tema. Pero nunca utilizaré su desconocimiento de los temas porque me
parecería absolutamente absurdo y de un profundo mal gusto; cada uno va a
su estilo.
En primer lugar, lo que se ha hablado aquí siempre es de propensión.
Nunca se ha hecho una dicotomía. Se ha hablado de una propensión, que es
el término económico correcto, y así se ha dicho. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, también quiero decir con toda claridad que el problema
viene a partir de junio de 1996 cuando ustedes establecen la gran
diferencia de fiscalidad, y esta diferencia en rentas comparables, fondos
de inversión-depósitos es del 400 por ciento, y es responsabilidad de
ustedes.
Tercero, aquí lo que se pide es un reequilibrio. No se pide una
adaptación, no una identificación. No entender que existe esta necesidad
de reequilibrio es no entender que es bueno mantener depósitos a plazo,
que no caigan tanto, unos ciertos estímulos e ir con mucha cuenta en
relación a la evolución de los fondos de inversión que según los
directivos que dirigen estos fondos son los que han alertado de los
peligros y de las situaciones que nos podemos encontrar. Quiero decir
esto porque nosotros no hemos hecho un planteamiento de clase; hemos
dicho que los depósitos tienen una proprensión mayor a ser utilizados por
los sectores populares, y los fondos de inversión entusiasman,
obviamente, a quien tiene un diferencial de renta
o un marginal del 56 por ciento y un tipo medio del 40, que salta de
alegría al poder ir a tipos del 20 por ciento de las plusvalías, como es
obvio y lógico.
Por tanto, existe una propensión --expresión económica correcta-- a que
sectores de renta media-alta utilicen más los fondos de inversión.
Y lo que nosotros pedimos es un reequilibrio. Lo digo con todas las
palabras...
El señor PRESIDENTE: Senador Armet, vaya terminando.
El señor ARMET I COMA: Sí, señor Presidente.
Lo digo con todas las palabras porque cuando hay acusaciones de
insolvencia, si realmente no son fundamentadas demuestran la insolvencia
de argumentos de los que la han pronunciado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 89; en contra, 144; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día, Tratados y Convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 26 DE
JUNIO DE 1996. (S. 610/000034.) (C. D. 110/000034.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primero de ellos es el Acuerdo
para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de
España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de
1996.
No se han presentado propuestas. Si no hubiere intervención de los
diversos Grupos, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado. Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo para la
Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de España
y la República del Ecuador, firmado en Quito.
--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPUBLICA DE TUNEZ, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 17 DE JULIO DE 1995.
(S. 610/000035.) (C. D. 110/000035.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente Tratado que
es el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995.
No se han presentado propuestas. Si no hubiere intervención de los
diversos grupos, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo Euromediterráneo por
el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra,
firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995.
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA RELATIVO A LA READMISION DE PERSONAS EN
SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (S.
610/000036.) (C. D. 110/000036.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo entre
España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación
irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996.
Tampoco se han presentado propuestas; no hay petición de turno de
portavoces; pido que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en
situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA EN
MATERIA DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS,
FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (S. 610/000037.) (C. D.
110/000037.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Canje de Notas
constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de
visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en Bucarest el 29
de abril de 1996.
Tampoco se han presentado propuestas; si no hay turno de portavoces, pido
que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de
Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de
supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en
Bucarest el 29 de abril de 1996.
--TERCER TRATADO SUPLEMENTARIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, HECHO EN MADRID EL 12 DE MARZO DE 1996.
(S. 610/000038.) (C. D. 110/000038.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tercer Tratado
Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996.
No se han presentado propuestas, tampoco hay petición de turno de
portavoces. Pido que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Tercer
Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996.
--PROTOCOLO NUMERO 7 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ESTRASBURGO EL 22 DE
NOVIEMBRE DE 1984, ASI COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A
FORMULAR EN EL MOMENTO DE RATIFICACION. (S. 610/000039.) (C. D.
110/000040.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Protocolo
número 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de
1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el
momento de ratificación.
No se han presentado propuestas, tampoco hay intervención de portavoces.
Pido que sea votado por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo
número 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de
1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el
momento de ratificación.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE
LETONIA, ESTONIA Y POLONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS
EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE
MARZO DE 1970. (S. 610/000040.) (C. D. 110/000041.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es la Declaración de
Aceptación por parte de España de las Adhesiones de Letonia, Estonia y
Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
En las mismas condiciones que las anteriores, pido que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de Declaración
de Aceptación por parte de España de las Adhesiones de Letonia, Estonia y
Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, HECHO EN NUEVA YORK EL
28 DE SEPTIEMBRE DE 1954, ASI COMO RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL
MOMENTO DE LA ADHESION. (S. 610/000041.) (C. D. 110/000043.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28 de
septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el
momento de la adhesión.
No hay propuestas, tampoco hay petición de palabra. Pido que sea aprobado
por asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28 de
septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el
momento de la adhesión.
--CANJE DE CARTAS, DE FECHAS 17 DE JULIO DE 1996 Y 19 DE AGOSTO DE 1996,
CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
CELEBRACION DE UN SEMINARIO SOBRE MISIONES DE PEQUEÑOS SATELITES (MADRID,
9/13/9/96). (S. 610/000042.) (C. D. 110/000044.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Canje de
Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la
celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid,
9/13/9/96).
No hay propuestas, tampoco petición de palabra. Pido que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.)
Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de
Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996,
constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la
celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid,
9/13/9/96).
--MEMORANDUM DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION CON RESPECTO A LA 38 REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL ARROZ. (SEVILLA, 14 A 17-5-96.) (S. 610/000043.) (C. D.
110/000045.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es un Memorándum de
Responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto
a la 38 reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz.
No hay propuestas, tampoco petición de palabra. Pido que sea aprobada por
asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta. Por tanto, se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio del Memorándum de Responsabilidades que han de asumir el Reino de
España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 38 reunión del Grupo Intergubernamental
sobre el Arroz. (Rumores.)
Señorías, quedan bastantes más tratados. Se lo digo porque si algunos
tienen interés en levantar mucho la voz, mejor que lo hagan fuera, ya que
representa un sobreesfuerzo para un servidor hablar con este murmullo,
máxime cuando estamos tratando un tema que tiene su importancia, porque
no deja de ser el compromiso de España con otros Estados, frente a los
cuales este Senado tiene una cierta prevalencia en dar su criterio, y
aunque pueda parecer rutinario, les advierto que no lo es. Por lo tanto,
les pido a los que se queden aquí que permanezcan teniendo en cuenta la
importancia que tiene este tema. A los demás, les pediría que se
ausenten.
--ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO
DE 1996. (S. 610/000044.) (C. D. 110/000046.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el acuerdo de
cooperación económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
No se han presentado propuestas, tampoco hay petición de palabra. Por lo
tanto, pido que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.) Así es, así
consta. Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo de cooperación
económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
--ACUERDO EN MATERIA DE PERMISOS DE RESIDENCIA Y TRABAJO ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6
DE FEBRERO DE 1996. (S. 610/000045.) (C. D. 110/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el acuerdo en
materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de
1996.
No hay propuestas ni petición de palabra. Pido que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta. Por tanto, se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio del acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el
Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat
el 6 de febrero de 1996.
--ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO Y
TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO
EN MADRID EL 25 DE ENERO DE 1996. (S. 610/000046.) (C. D. 110/000048.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es un acuerdo
complementario del convenio básico de cooperación científico y técnica
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el
financiamiento de programas y proyectos de cooperación y anexo, firmado
en Madrid el 25 de enero de 1996.
No hay propuestas, tampoco petición de palabra. Pido que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así es, así consta. Por tanto, se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio de acuerdo complementario del convenio básico de cooperación
científico y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos, para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación
y anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.
--ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN SEBASTIAN EL 16
DE SEPTIEMBRE DE 1995, CANJE DE NOTAS DE
8 DE MARZO DE 1996 Y 13 DE JUNIO DE 1996 POR EL QUE SE SUBSANA UN ERROR
MATERIAL EN SU ARTICULO XVII. (S. 610/000047.) (C. D. 110/000049.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es un acuerdo de
coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16 de
septiembre de 1995, Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de
1996 por el que se subsana un error material en su artículo XVII. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.).
El señor PRESIDENTE: No hay propuestas. No hay petición de palabra.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE
HONDURAS, SAN CRISTOBAL Y NIEVES, CHIPRE, ZIMBABWE Y COLOMBIA AL CONVENIO
SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES.
(S. 610/000048.) (C. D. 110/000050.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por parte de España de las
adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y
Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con esta declaración ni
hay petición de palabra. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado.
--PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL ACUERDO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO A LA
SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADOS EN
SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985, TAL COMO QUEDO ENMENDADO POR LOS
PROTOCOLOS RELATIVOS A LA ADHESION DE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA
ITALIANA, DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y DE LA
REPUBLICA HELENICA, FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990,
25 DE JUNIO DE 1991 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE
ABRIL DE 1995, ASI COMO ACUERDO DE ADHESION DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL
CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO A LA
SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN
SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990, AL CUAL SE ADHIRIERON LA REPUBLICA
ITALIANA, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y LA REPUBLICA
HELENICA POR LOS ACUERDOS FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE
1990, EL 25 DE JUNIO DE 1991 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, ACTA FINAL Y
DECLARACION ANEJA, HECHOS EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995. (S.
610/000049.) (C. D. 110/000051.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo de adhesión del Gobierno de la República
Austriaca al acuerdo entre los gobiernos de los Estados de la Unión
Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República
Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes, firmados en Schengen el 14 de junio de 1985, tal como
quedó enmendado por los Protocolos relativos a la adhesión de los
gobiernos de la República Italiana, el Reino de España y de la República
Portuguesa, y de la República Helénica, firmados respectivamente el 27 de
noviembre de 1990, 25 de junio de 1991 y 6 de noviembre de 1992, hecho en
Bruselas el 28 de abril de 1995, así como acuerdo de adhesión de la
República Austriaca al Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de
14 de junio de 1985 entre los gobiernos de los Estados de la Unión
Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República
Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las
fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se
adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República
Portuguesa, y la República Helénica por los acuerdos firmados
respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de junio de 1991 y el 6
de noviembre de 1996, Acta Final y Declaración Aneja, hechos en Bruselas
el 28 de abril de 1995.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo ni hay
anunciada ninguna intervención. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO POR EL QUE EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS PONE A
DISPOSICION DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA UN EDIFICIO DESTINADO A
CENTRO ESCOLAR, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996.
(S. 610/000050.) (C. D. 110/000053.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de
Marruecos pone a disposición del Gobierno del Reino de España un edificio
destinado a centro escolar, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de
febrero de 1996.
No se ha anunciado ninguna enmienda ni hay petición de intervención. ¿Se
puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL ESTADO
DE ISRAEL, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1995.
(S.610/000051) (C. D. 110/000054.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una
parte, y el Estado de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de
noviembre de 1995.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con el Acuerdo ni hay
planteada petición de intervención. ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO PARA LA CREACION DE UNA CONFERENCIA DE SERVICIOS NACIONALES DE
METEOROLOGIA EN EUROPA (EUMETNET), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN READING
(REINO UNIDO), EL 4 DE DICIEMBRE DE 1995. (S. 610/000052) (C. D.
110/000055.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la creación de una Conferencia de
Servicios Nacionales de Meteorología en Europa, firmado «ad referendum»
en Reading (Reino Unido), el 4 de diciembre de 1995.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo ni hay
peticiones de intervención. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EN MADRID EL 26
DE OCTUBRE DE 1995. (S. 610/000053) (C. D. 110/000056.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Letonia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado
en Madrid el 26 de octubre de 1995.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con este Acuerdo ni hay
peticiones de intervención. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA LIBANESA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1996. (S. 610/000054) (C. D. 110/000057.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Libanesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado
«ad referendum» en Madrid el 22 de febrero de 1996.
No se ha presentado ninguna propuesta en relación con este Acuerdo ni hay
peticiones de intervención. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA SOBRE EL
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 26
DE MARZO DE 1996. (S. 610/000055) (C. D. 110/000058.)
El señor PRESIDENTE: Tratado entre el Reino de España y la República de
Guatemala sobre el traslado de personas condenadas, firmado «ad
referendum» en Madrid el 26 de marzo de 1996.
No hay propuesta en relación con este Tratado ni peticiones de
intervención. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
--ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CAPITULO II DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES,
ELABORADO EN WASHINGTON EN 1970. (S. 610/000056) (C. D. 110/000060.)
El señor PRESIDENTE: Por último, Acuerdo por el que se autoriza la
retirada de la reserva formulada por España al Capítulo II del Tratado de
Cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington en 1970.
No hay ninguna propuesta en relación con este Acuerdo ni peticiones de
intervención. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Aprobado queda.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión no sin antes decir que
la de mañana se reanudará a las nueve.
Eran las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.