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DS. Senado, Pleno, núm. 29, de 11/02/1997
Año 1997 VI Legislatura
Núm. 29
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 11 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 1996:
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a elaborar un proyecto de ley reguladora, con carácter general,
del derecho constitucional de asociación (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha
10 de febrero de 1997). (Número de expediente 662/000036.)
Declaración institucional sobre los sucesos acaecidos en Granada, Madrid
y Tolosa. (Número de expediente 630/000003.)
Mociones (continuación):
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que, con carácter de urgencia, apruebe un Real Decreto-Ley por el que se
adopten medidas para reparar los daños causados por los recientes
temporales de lluvia ocurridos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
para que conceda un crédito extraordinario, en el vigente Presupuesto de
Gastos del Estado, a estos efectos (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de
febrero de 1997). (Número de expediente 662/000037.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a
defender la unidad de la lengua catalana, a entablar conversaciones con
el Gobierno francés a fin de establecer mecanismos de colaboración para
el uso y fomento de esta lengua en las comarcas francesas en las que se
hable, y a editar una sola versión en catalán de
las publicaciones dependientes de cualquiera de sus organismos y
departamentos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 136, de fecha 10 de febrero de 1997). (Número de
expediente 662/000034.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente
Internacional sobre el río Agueda entre las localidades de La Fregeneda
(España) y Barca d½Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el
18 de enero de 1996. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 57, de fecha 26 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000057.) (Número de expediente C. D. 110/000039.)
--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en
Bayona el 10 de marzo de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 58, de fecha 26 de diciembre de 1996). (Número
de expediente S. 610/000058.) (Número de expediente C. D. 110/000042.)
--Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de
la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en
servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión
del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado
(NETMA). Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 59,
de fecha 26 de diciembre de 1996). (Número de expediente S. 610/000059.)
(Número de expediente C. D. 110/000052.)
--Acta de Revisión del Artículo 63 del Convenio de la Patente Europea de
17 de diciembre de 1991. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 60, de fecha 26 de diciembre de 1996). (Número de expediente
S. 610/000060.) (Número de expediente C. D. 110/000059.)
--Informe sobre actividades de la Comisión de Peticiones en el período de
sesiones febrero-junio de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 119, de fecha 19 de diciembre
de 1996). (Número de expediente 871/000001.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 1996
(Página 1118)
Se aprueba el Acta.
MOCIONES (Página 1118)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a elaborar un proyecto de ley reguladora, con carácter general,
del derecho constitucional de asociación (Página 1118)
La señora Rodríguez Saldaña defiende la moción. El señor Nieto Cicuéndez
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, y Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo
Socialista, así como la señora Rodríguez Saldaña, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 117 votos a favor, 6 en contra
y 82 abstenciones.
DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN GRANADA, MADRID
Y TOLOSA (Página 1124)
El señor Presidente da lectura a la declaración institucional, que se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que, con carácter de urgencia, apruebe un Real Decreto-Ley por el que se
adopten medidas para reparar los daños causados por los recientes
temporales de lluvia ocurridos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
para que conceda un crédito extraordinario, en el vigente Presupuesto de
Gastos del Estado, a estos efectos (Página 1125)
El señor Rodríguez Cantero defiende la moción. El señor Santaella Porras
defiende una enmienda del Grupo Popular a esta moción. El señor Rodríguez
Cantero interviene de nuevo al respecto. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Zubia
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Santaella Porras, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la inclusión de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a defender
la unidad de la lengua catalana, a entablar conversaciones con el
Gobierno francés a fin de establecer mecanismos de colaboración para el
uso y fomento de esta lengua en las comarcas francesas en las que se
hable, y a editar una sola versión en catalán de las publicaciones
dependientes de cualquiera de sus organismos y departamentos (Página 1130)
La señora Costa Serra defiende la moción. La señora Virgili i Rodón
defiende una enmienda del Grupo Socialista a esta moción. La señora Costa
Serra interviene de nuevo al respecto. El señor González Pons consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Nieto Cicuéndez y Ferrer Roselló, por el Grupo Mixto; Bolinaga
Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Armet i Coma,
por el Grupo Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular. La señora
Costa Serra interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 100 votos a favor, 127 en contra
y 1 abstención.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1142)
Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente
Internacional sobre el río Agueda entre las localidades de La Fregeneda
(España) y Barca d'Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el
18 de enero de 1996. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1142)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en
Bayona el 10 de marzo de 1995. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 1142)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de la
Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en
servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión
del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado
(NETMA). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1142)
Se aprueba el memorándum por 218 votos a favor y 2 en contra y se
autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.
Acta de Revisión del Artículo 63 del Convenio de la Patente Europea de 17
de diciembre de 1991. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 1143)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Informe sobre actividades de la Comisión de Peticiones en el período de
sesiones febrero-junio de 1996 (Página 1143)
La señora San Baldomero Ochoa presenta el informe. No se consume turno de
portavoces y se da por recibido dicho informe.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 1996.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión.
Entramos en el punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 16,
17, 18, 19 y 20 de diciembre de 1996. Los señores portavoces tienen copia
de la misma.
¿Alguna observación al acta? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A ELABORAR UN PROYECTO DE LEY REGULADORA, CON CARACTER GENERAL,
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ASOCIACION. (662/000036.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día,
mociones.
En primer término, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley reguladora,
con carácter general, del derecho constitucional de asociación.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Rodríguez
Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la moción que presento, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene por objeto instar al Gobierno a que elabore
un proyecto de ley que regule el derecho constitucional de asociación,
con el criterio de ordenar y vertebrar el asociacionismo favoreciendo una
mayor capacidad de acción de las asociaciones, el desarrollo en mejores
condiciones de la colaboración con el sector público y establecer las
bases para articular la normativa estatal, la autonómica y la de las
asociaciones reguladas por el régimen general así como la de las
reguladas por el régimen específico.
Como todos ustedes saben, el reconocimiento constitucional y el
desarrollo normativo del derecho de asociación ha sido una constante
temporal importante en nuestro país desde hace 125 años. El primer
precedente del derecho de asociación lo encontramos en la Constitución de
1869, cuyo artículo 17 establecía que ningún español podrá ser privado
del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no
fueran contrarios a la moral pública. También la Constitución de 1876
estableció en su artículo 13 el derecho de los españoles a asociarse para
los fines de la vida humana. Y más tarde la Constitución de 1931,
reconociendo este derecho de asociacionismo, estableció la obligatoriedad
de la inscripción registral de las asociaciones. El artículo 16 del fuero
de los Españoles de 1945 declaraba que los ciudadanos de España podrán
asociarse para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las
leyes. Ya la Ley de 1964, desarrollada por el Real Decreto de 20 de mayo
de 1965, es la normativa que ha de tenerse en cuenta en lo relativo a la
constitución y funcionamiento de las asociaciones, junto con el Decreto
713 de 1 de abril de 1977, en lo que se refiere a denominación de
asociaciones.
Así, ésta es la legislación general aplicable en la actualidad en esta
materia en todo aquello que no se oponga a la Constitución o esté
regulada por legislación específica. Es fundamental destacar que en la
Constitución Española de 1978 el derecho de asociación está reconocido en
el artículo 22, en el cual, como todos sabemos y simplemente recuerdo por
su importancia, se reconoce el derecho de asociación y se establece que
las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delitos son ilegales; se especifica la obligación de que las asociaciones
constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un
registro a los solos efectos de publicidad; las asociaciones sólo podrán
ser disueltas y suspendidas en sus actividades en virtud de resolución
judicial sentenciada y se prohíben las asociaciones secretas y las de
carácter paramilitar.
Es interesante resaltar la colocación del artículo 22 en el Título I,
Sección 1.ª, Capítulo Segundo, relativo a los derechos y los deberes
fundamentales. Así, el derecho de asociación goza de la máxima protección
dentro de los niveles de garantía que para los derechos y libertades
reconocidas prevé el artículo 53. Sólo por ley orgánica se podrá regular
el ejercicio de tales derechos y libertades, como lo reconoce el artículo
53.1.
El hecho de que la materia asociacionismo no aparezca incluida en el
listado de competencias exclusivas reservadas al Estado en virtud del
artículo 149 de la Constitución ni en el artículo 148 entre aquellas
materias de competencia de las Comunidades Autónomas, hace que pueda
aplicarse el artículo 149.3, que señala que las materias no atribuidas
expresamente al Estado podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en
virtud de sus respectivos estatutos de autonomía.
Por ello, determinados estatutos han incluido entre sus competencias la
materia de asociaciones, especificando que su competencia corresponde a
aquellas con carácter docente, cultural, artístico y
benéfico-asistencial, en tanto desarrollen, principalmente, sus funciones
en el territorio autonómico. Así se ha incluido en cinco estatutos de
autonomía: Cataluña, País Vasco, Valencia, Canarias, Andalucía, así como
en la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, del 10 de agosto de
1982.
No obstante, a pesar de dicha atribución y en virtud del artículo 149.1
de la Constitución, sobre las competencias exclusivas del Estado, está,
en primer lugar, la regulación de las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales. Además,
dada la consideración del derecho de asociación como un derecho
fundamental en nuestra Constitución, cabe entender que el Estado es
competente para fijar el núcleo básico o condiciones mínimas en la
regulación de su desarrollo en previsión de posibles divergencias
sustanciales que pudieran producirse en los distintos territorios, con la
consiguiente falta de garantía de igualdad.
Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que el Parlamento Vasco
aprobó la ley que regulaba el derecho de asociación el 12 de febrero de
1988, y en este momento se encuentra en trámite en el Parlament de
Cataluña un proyecto de ley de asociación para dicho territorio. (Fuertes
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Por ello, es conveniente establecer las
bases para articular la legislación estatal y la autonómica, dadas las
competencias asumidas por las seis Comunidades antes citadas: Canarias,
País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Valencia, o por cualquier otra
que pudiera producirse en el futuro a partir de lo que pudieran asumir en
función de las posibles modificaciones de sus respectivos Estatutos de
Autonomía.
Este proyecto de ley pretende también ser un reconocimiento de las
asociaciones que, cada vez más, juegan un importante papel en nuestra
realidad social. Casi 174.000 asociaciones están inscritas en el Registro
de Asociaciones del Ministerio del Interior, siendo 13.783 las de ámbito
nacional, inscribiéndose una media anual de 14.000 asociaciones. Las
asociaciones, como todos ustedes conocen, son instrumentos de
colaboración entre la iniciativa pública y la privada y los ciudadanos, a
nivel individual, actuando como defensoras de los intereses y necesidades
de determinados sectores de población, realizando una función de
mediación entre los propios ciudadanos con los poderes públicos u otras
organizaciones sociales. Canalizan también iniciativas solidarias a
través de la cooperación en nuestro ámbito territorial o en otros
ámbitos. Detrás de cada asociación hay un impresionante potencial de
acción, como se manifiesta en la pluralidad y la diversidad de los
servicios ofrecidos por estas entidades, que contribuyen a aumentar la
disponibilidad y la capacidad de elección de los ciudadanos, llegando,
sobre todo, a determinados sectores desfavorecidos de la sociedad. Las
asociaciones promueven cada vez más funciones de coordinación dentro de
estructuras federativas o similares, produciéndose estructuras más
complejas, que deben ser objeto, también, de una regulación más completa
en nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, señorías, actualmente, y a pesar del tiempo transcurrido, el
artículo 22 de nuestro texto constitucional aún no ha sido objeto del
correspondiente desarrollo que regule el régimen jurídico general de las
asociaciones, entre las que se encuentran asociaciones de carácter
cultural, social, familiar, vecinal, asociaciones filantrópicas,
asistenciales, recreativas, de ayuda mutua y otras de carácter sectorial.
Sí que tienen regulación posconstitucional en su mayoría las asociaciones
sometidas a regímenes específicos, entre las que se encuentran los
sindicatos, asociaciones profesionales, empresariales, asociaciones de
jueces y magistrados, partidos políticos, asociaciones deportivas,
profesionales, religiosas, asociaciones de estudiantes, mutualidades y
mutuas de previsión social.
La necesidad, por tanto, de actualizar una legislación básica sobre el
derecho de asociación viene determinada, por un lado, por el mandato
constitucional y, por otro, por la necesidad de articular la legislación
general con la específica, así como la de carácter estatal con la de
carácter autonómico. Todo ello considerándolo desde la importancia que en
la vida social ha adquirido el ejercicio de este derecho con el
progresivo desarrollo de asociaciones de todo tipo. (Fuertes rumores.)
Dicha regulación tendría que tener en cuenta, en primer lugar, un aspecto
básico, como es el derecho a asociarse, que implica a su vez los derechos
a constituir asociaciones, a ser miembro de asociaciones y a dejar de
pertenecer a éstas; en segundo lugar, en su correlativa faceta negativa,
el derecho a no asociarse, ya que una asociación obligatoria o coactiva
no sería una verdadera asociación, y la libertad de no asociarse es una
garantía democrática frente a posibles situaciones coactivas; en tercer
lugar, el derecho a establecer la estructura organizativa de las
asociaciones, conforme determinen las leyes.
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Aparte de esto, es clara la importancia de
una regulación actualizada de este derecho fundamental para superar las
lagunas existentes en la normativa vigente a nivel estatal, en aspectos
como: Indicar el número de personas que pueden constituir una asociación,
ya que la Ley de 1964, en su artículo 3 habla del acuerdo de varias
personas naturales con capacidad de obrar, sin significar si en el
término «varias» se hace referencia a dos o tres personas, siendo esta
última opción la exigida por otros ordenamientos, así como por la Ley de
10 de febrero de 1988 del Parlamento Vasco y del proyecto de ley de
asociaciones de Cataluña.
Clarificar si el ejercicio del derecho de asociación queda reservado,
conforme a la interpretación literal del artículo 3 de la Ley de
Asociaciones de 1964, a las personas físicas o si, por el contrario, se
extiende también a las personas jurídicas. Esta posibilidad de que las
personas jurídicas formen parte de entes asociativos se admite en las
normas aplicables a algunos tipos de asociaciones, como las de
consumidores y usuarios o los clubes deportivos, regulados por regímenes
especiales y asimismo en la Ley de asociaciones del País Vasco y en el
proyecto catalán.
Especificar, también de forma clara, el contenido mínimo del acta
fundacional y el momento en el que la asociación adquiere la personalidad
jurídica, si es en el mismo momento de su constitución o si es necesario
otorgar valor registral a la inscripción en este sentido, ya que no
existe acuerdo en la interpretación doctrinal de la actual normativa a
este respecto.
Explicitar a nivel básico el contenido preceptivo del régimen de las
asociaciones y la regulación mínima de los
derechos y deberes de los socios, para evitar, por falta de normas de
este carácter, posibles discriminaciones en esta línea y, por el
contrario, garantizar la eficacia del principio de igualdad. De hecho, la
legislación estatal en vigor no contiene una regulación sistemática en
este sentido, jugando los respectivos estatutos de cada asociación un
papel básico al respecto.
Precisar el alcance exacto de las potestades de las instancias
administrativas en el desarrollo de la actividad registral, así como la
coordinación del registro estatal de asociaciones con los respectivos
registros autonómicos y, en su caso, con los correspondientes a
asociaciones con legislación específica u otras relaciones jurídicas
posibles.
Establecer como derecho de carácter dispositivo normas que regulen de
forma completa la estructura organizativa básica y el funcionamiento de
las asociaciones, con el fin de disponer de un marco jurídico compatible
con el principio de voluntad de autonomía y libertad de los miembros de
las asociaciones, pero que pueda ser aplicable, en defecto de las
posibles previsiones establecidas por los socios fundadores, por la vía
de sus estatutos.
Considerar el marco de la declaración universal de los derechos humanos y
los acuerdos internacionales ratificados por España en la revisión de los
distintos aspectos legales desde una dimensión positiva y democrática.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Saldaña, permítame un momento.
Voy a rogar una vez más silencio para que se pueda escuchar a la persona
que está interviniendo.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Establecer las bases para la articulación necesaria entre la legislación
estatal y la autonómica, así como sobre el fomento y la colaboración de
las asociaciones con los poderes públicos.
Determinar las conexiones entre el régimen general y los regímenes
especiales, así como el carácter supletorio del régimen general respecto
a la legislación reguladora de dichos regímenes especiales.
Finalmente, quiero destacar, frente a la existencia y aumento progresivo
de las federaciones y asociaciones, la parquedad normativa en la
regulación jurídica de la figura de la federación, para la que, de forma
escueta, el artículo 5 del Decreto de 20 de mayo de 1965 se limita a
prever la aplicación de las mismas normas establecidas para la
constitución de las asociaciones, indicando el artículo 7 que las
federaciones deberán asimismo ser objeto de inscripción registral, por lo
que se debería valorar la oportuna regulación en el proyecto de ley de
estas estructuras de forma acorde con la importancia de estas
organizaciones.
Complementariamente, en este repaso sobre la legislación aplicable a las
asociaciones, hay que mencionar lo establecido en el Código Civil, en los
artículos 35 y siguientes, y lo regulado en la Ley 20/1994, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación
privada en actividades de interés general respecto de la posible
declaración de utilidad pública de las asociaciones, si se cumplen los
requisitos. Es destacable la modificación que se opera a través de esta
Ley del artículo 4 de la Ley Reguladora de Asociaciones de 1964, que no
hace sino adelantar, como dice textualmente en su Exposición de Motivos,
lo que habrá de ser el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, a
fin de adecuar de forma plena el derecho de asociación a los imperativos
de la norma constitucional. También son importantes los temas de
exenciones en materia de imposición indirecta, previstos en la Ley del
IVA, de 28 de diciembre de 1992, para las entidades de carácter social
que carezcan de finalidad lucrativa.
Resaltando la amplitud con que se configura el derecho de asociación en
el artículo 22 de la Constitución, la legislación de desarrollo deberá
enfocarse desde la perspectiva de dejar a la autonomía de la voluntad de
los miembros de las asociaciones el mayor espacio de decisión democrática
sobre su funcionamiento, lo que es perfectamente compatible con el
establecimiento de normas que configuren un marco jurídico apropiado y
que en las materias que proceda actúe como derecho dispositivo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular propone a aprobación del
Pleno de la Cámara la moción, instando al Gobierno a que elabore un
proyecto de ley reguladora, con carácter general, del derecho
constitucional de asociación, y que resulte acorde tanto con las
necesidades actuales del sector asociativo, como con el importante papel
que las asociaciones desempeñan y están llamadas a desempeñar en el
futuro para la participación ciudadana y la cooperación social, sobre
todo en un marco de colaboración con el sector público.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.) por el Grupo Mixto, el Senador Nieto tiene
la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve. Nuestro Grupo va a apoyar esta moción pues consideramos
que todo lo que sea actualizar la legislación es mejor para todos y, por
tanto, en principio, apoyamos esta moción para que el Gobierno presente
un proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador
Zubía tiene la palabra.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para, brevemente y de verdad, fijar la posición del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con la
moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular y hoy defendida por la Senadora Rodríguez
Saldaña.
Efectivamente la Constitución Española reconoce el derecho a la
asociación y lo hace en su artículo 22, es decir, dentro de la Sección
1.ª, del Capítulo Segundo, del Título I, que se refiere a los derechos
fundamentales y a las libertades públicas. Quiere ello significar que
estamos en presencia de un derecho que goza de una serie de garantías,
tal y como reconoce el artículo 53 de la misma Constitución, y entre
ellas la de que sólo por ley podrá regularse su ejercicio; ley que, por
otra parte, como también señala el mismo texto constitucional, deberá, en
todo caso, respetar su contenido esencial.
Partiendo de tales premisas y siendo del todo cierto, como apunta la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que pese al
reconocimiento constitucional de tal derecho el ejercicio no ha sido aún
regulado hasta la fecha en el ámbito estatal, no parecería, en principio,
ilógico y carente de fundamento el que el Gobierno elabore el pertinente
proyecto de ley, y en este sentido en el terreno de los principios por
parte de nuestro Grupo Parlamentario no hay ninguna objeción a que se
inste al Gobierno a ello.
Ahora bien, a la hora de efectuar tal regulación, es preciso tener
presente, como lo tenía la señora Senadora, que hay Comunidades Autónomas
como la del País Vasco, como Cataluña, como Andalucía, como la Comunidad
Valenciana, como Canarias y como la Comunidad Foral de Navarra, que
tienen reconocida la competencia exclusiva en materia de asociaciones en
virtud de sus respectivos estatutos de autonomía. E incluso es preciso
recordar también que una Comunidad Autónoma, la Vasca, precisamente en el
ejercicio de esa competencia exclusiva, se ha ocupado ya de regular el
referido derecho de asociación. Esta regulación que, como también ha sido
recordado, data de 1988, fue no pacífica, sino más bien controvertida,
como lo demuestra el hecho del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Gobierno contra dicha normativa. Pero es que hoy en
día, es decir, casi nueve años después, el alto tribunal sigue sin
pronunciarse.
Ante tal circunstancia, y precisamente por ella, pudiera ser cuando menos
prudente, y así lo entendemos, no urgir en demasía la elaboración del
proyecto de ley que la moción propugna y esperar a que el alto tribunal
sentencie y, por ende, delimite el campo de acción de cada nivel
institucional, y en especial en lo que tiene que ver con lo que debe
entenderse y debe ser el desarrollo directo de las condiciones básicas
del derecho de asociación o con el contenido esencial y básico de este
derecho fundamental.
En definitiva, es por todo ello por lo que nuestro Grupo no va a oponerse
en este trámite a la toma en consideración y a la aprobación de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero sí va a abstenerse en
la votación a fin de llamar la atención sobre todo lo indicado que
entendemos que es algo que, en cualquier caso, no puede obviarse en un
momento como el actual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su señoría.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras, señores Senadores, nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió va a fijar posición en este acto para votar
favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.
Evidentemente, tal y como afirma la Senadora Rodríguez Saldaña, estamos
ante un régimen jurídico, el de las asociaciones, que está afectado de
una parálisis de su ley nuclear, la muy cuestionada Ley 191, de 24 de
diciembre de 1964, Reguladora de las Asociaciones, y que permanece
sorprendentemente vigente, aunque sólo en parte, muy a pesar de los
nuevos postulados de la Constitución Española de 1978 y de las conocidas
y flagrantes insuficiencias que su señoría ha expuesto de una forma
contundente en este acto.
Incluso desde antes de la promulgación de nuestra Carta Magna de 1978, se
viene denunciando en nuestro sistema jurídico la necesidad de contar con
una regulación legal respecto a los derechos de asociación y que, a mayor
abundamiento, a partir de 1978, se vienen proclamando en el artículo 22
de nuestra Constitución, pues su ejercicio plantea cierta dificultad por
su regulación preconstitucional. Tal reconocimiento expreso y
constitucional del derecho de asociación constituye uno de los pilares
básicos de las constituciones democráticas, siendo evidente la
importancia que tiene en la actualidad el derecho de asociación, como se
viene sosteniendo reiteradamente, pues en la medida en que esté
plenamente garantizado tal derecho, se realiza el Estado social y
democrático de Derecho.
Aunque el artículo 22 de la Constitución contenga una disciplina bastante
amplia que regule el derecho de asociación, no por ello, ante la falta de
este desarrollo constitucional de este derecho fundamental, puede suplir
estas evidentes dificultades reiteradamente denunciadas. En su lugar, ha
sido la diversa doctrina asentada por los tribunales superiores, tanto el
Tribunal Supremo como el Constitucional, los que han puesto en evidencia
la escasa utilidad de esta obsoleta y mermada Ley de asociaciones de
1964, resultando inservible para apoyar en ella un régimen completo del
derecho de asociación.
Para que una normativa jurídica sea realmente efectiva es necesario que
sus preceptos se encuentren en continua y constante sintonía con la
realidad social y política que regula la Constitución vigente y con los
valores del sector social en que se vayan a aplicar, y, con toda razón,
deben aplicarse tales principios a un derecho fundamental de tanta
envergadura política y social como el derecho constitucional de
asociación, con tanta vinculación con la conducta social y participación
ciudadana.
La expresada Ley 191, de 1964, como era de esperar, una vez promulgada la
Constitución Española, ha sufrido sustanciales derogaciones en su
articulado y, al entrar en juego la mecánica derogatoria de aquellos
preceptos por la Ley, se ha visto en contradicción con el texto de la
Constitución.
Al margen de ello, también ha venido sufriendo cierto desarrollo por
varias disposiciones legales posteriores. Así tenemos, por citar algunas
de ellas, el Decreto de 20 de mayo de 1965, por el que se dictan normas
complementarias de la Ley de asociaciones, y, lo mismo que ha sucedido
con dicha Ley, este Decreto sufrió importantes derogaciones en su
articulado a partir de la publicación de nuestra Constitución Española,
al hallarse en contradicción con el texto constitucional. Existe,
asimismo, la Orden de 10 de julio de 1965, que regula el funcionamiento
de los registros de asociaciones y que constituye la base del registro de
las mismas, vigente aún en la actualidad, salvo en aquellas Comunidades
Autónomas, como las que ha citado su señoría, cuya competencia en materia
de asociaciones les faculta para tener su propio registro. Existe también
el Real Decreto de 1 de abril de 1977, regulador de las denominaciones de
asociaciones y sobre el régimen jurídico de promotores. En definitiva,
hay un sinfín de disposiciones que en cierto modo aluden a la Ley general
de 1964, como también el Real Decreto de 20 de junio de 1994, sobre
competencias en materias de asociaciones, y la Orden de 11 de octubre de
1990, modificadora a su vez de la Orden de 12 de diciembre de 1988, sobre
competencias y delegación de las mismas en materia de asociaciones, así
como otras muchas normas que remiten, como he dicho antes, a esta
legislación general. Por citar algunas más, existe la que regula las
asociaciones de acción social, la que regula el derecho a la educación,
la que regula las asociaciones de padres de familia, como decía antes, un
sinfín de disposiciones que, evidentemente, necesitan una regulación
urgente, con carácter general, que contemple la totalidad de dichas
disposiciones.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
va a apoyar la moción presentada por el Grupo Popular, al ser sumamente
necesaria la promulgación de una nueva ley reguladora con carácter
general del derecho constitucional de asociación, con sujeción a las
prescripciones establecidas en el artículo 22 de la Constitución
Española. Naturalmente, al tratarse de uno de los derechos fundamentales
reconocidos por la propia Constitución comporta que su desarrollo debe
realizarse a través de una ley orgánica, según dispone el artículo 81.1
de la misma, y en la que deberá contemplarse no sólo el derecho positivo
a asociarse, sino también el negativo, el derecho a no asociarse, y,
obviamente, sin que en tal derecho constitucional se pueda quedar
condicionado o impedido por cargas reales o personales de ningún tipo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Señor Presidente, señorías, cuando
Teófilo Gautier, poeta y dramaturgo del romanticismo francés, visitó
España en 1840 hallaba en cada ciudad una plaza, la más bella, la más
concurrida, dedicada a la Constitución. Sus ojos no le engañaban, y
cuando leyó por primera vez en yeso blanco sobre la piedra secular de un
antiguo palacio «Plaza de la Constitución», el comentario fue tan
venenoso como significativo para los años posteriores al casi siglo y
medio que mediara entre sus palabras y la aprobación de nuestra
Constitución de 1978: Lo que late dentro de las cosas tiene que salir por
algún lado; una Constitución sobre España es un revoco de yeso sobre
granito.
Traigo a colación esta anécdota, señorías, porque hoy a nadie se le
ocurriría pensar que pudiera ser cierta, y tacharíamos de no conocer la
realidad española actual a quien manifestase algo parecido. En la
actualidad, nuestra Constitución es respetada y reconocida como una de
las más completas del mundo. También de las más consensuadas, y de las
más avanzadas en todos los órdenes de nuestra sociedad.
El artículo 22 de la Constitución Española de 1978 dice literalmente: «Se
reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o
utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones
constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un
registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán
ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución
judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de
carácter paramilitar.»
Hasta la fecha, y con la mayoría de edad, aunque no bien explicada por
algunos voceros del Gobierno, estos cinco mandamientos han sido
suficientes para que en nuestra sociedad hayan proliferado multitud de
asociaciones que abarcan todo el espectro social, lúdico, cultural,
deportivo, político, vecinal, sindical, medioambiental, etcétera, que
pueden mover a quienes en un momento determinado consideran que sus
inquietudes, aspiraciones, aficiones, es decir, aquello por lo que son
capaces de luchar en unión con sus semejantes, se pueden desarrollar
mejor si lo hacen dentro de una colectividad a la que ponen un nombre,
dotan de unos estatutos y les sirve para canalizar sus sentimientos más
nobles. Hoy, repito, con estos cinco apartados del artículo 22 de nuestra
Constitución les ha sido suficiente. Como lo fueron los precedentes, que
recordaba la Senadora Rodríguez Saldaña. Precedentes que se recogen en la
moción, aunque alguno, extrañamente, se ha olvidado.
En el artículo 17 de la Constitución de la Monarquía Española, de primero
de junio de 1869, la que permitió la llegada de Amadeo I a España, se
decía textualmente: Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho
a asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios
a la moral pública; enunciado que también recoge la Constitución Federal
de la I República Española de 1873, añadiendo nada más, en el artículo
19, la palabra «reunirse» a la de «asociarse»; igual que la Constitución
de 1876, que en su artículo 13, apartados 2.º y 3.º, consideraba los
derechos de reunirse pacíficamente y asociarse para los fines de la vida
humana, artículo que luego fue derogado por el Real Decreto de 15 de
septiembre de 1923 tras el golpe de Estado que instauró la dictadura del
General Primo de Rivera; o el artículo 39 de la Constitución de la II
República, como recordaba
la Senadora, que literalmente proponía: Los españoles podrán asociarse o
sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana conforme
a las leyes del Estado. Los sindicatos y asociaciones están obligados a
inscribirse en el registro público correspondiente con arreglo a la ley.
Si he reiterado este repaso histórico con la visión que las distintas
Constituciones españolas han tenido del derecho de asociación es para
recordar el carácter conciso y puntualista que todas han poseído, todas,
a la hora de precisarlo, y la escasa regulación que se ha hecho
posteriormente de estas características, pues por todos era entendido que
el derecho de asociación bastaba con relacionarlo a unos fines legales,
altruistas y comprendidos en el carácter de las personas para que por sí
mismo surtiera efecto.
Ahora ustedes quieren regularlo. ¿Vamos a dar la razón a Teófilo Gautier?
No quiero ni pensar que ustedes pretendan escribir sobre yeso adherido a
la piedra noble y secular del artículo 22 de la Constitución Española una
ley que menoscabe los grandes fines que éste recoge, pues, que este
Senador sepa, no han existido grandes discrepancias con los postulados
que se exponen en el artículo 22 de la Constitución vigente, ya que,
además, es de general reconocimiento la magnífica labor que hicieron
quienes dieron forma y fondo al texto constitucional, que a lo largo de
estos años no ha merecido más que el respeto y la ponderación de quienes
opinaron sobre estos asuntos, que es palmario en el caso que nos ocupa
por cuanto las discrepancias que haya podido originar el mencionado
artículo han sido del todo irrelevantes y, por el contrario, ha permitido
desarrollarse a un amplio número de asociaciones de todo tipo,
probablemente ante la libertad que permite el precepto constitucional, el
más amplio, pormenorizado y generoso de cuantos han existido en la
historia constitucional española. Por ello no deja de ser paradójico que
en estos momentos el Grupo Parlamentario Popular nos proponga la
elaboración de una ley orgánica, y que esta propuesta nazca desde el seno
del Grupo Parlamentario Popular, mediante una moción y no por una
proposición de ley, sin mediar, que sepamos, iniciativa del Gobierno
--que, en definitiva, es quien deberá traer a las Cámaras el texto de la
ley-- y además reconociendo, como se hace en la moción, que desde la
aplicabilidad directa del precepto constitucional el derecho de
asociación despliega la plenitud de sus efectos en estos momentos. Quiere
justificarse ahora que esta situación causa ciertos inconvenientes
--algunos se han enumerado--, ante todo por la incertidumbre que ofrece
en determinados aspectos y por su inadecuación a las necesidades actuales
del sector asociativo y organizaciones gubernamentales, que tanto han
evolucionado en los últimos años.
Si no son más explícitos en el enunciado de su moción probablemente sea
porque no pueden serlo. ¿Qué inconvenientes encuentran para su desarrollo
las asociaciones en España? Probablemente los que les ponen aquellos que
tienen el deber de que su labor transcurra de la forma más placentera
posible. ¿Qué incertidumbres encuentran para desarrollar sus labores las
asociaciones en España? Las que les crean quienes tienen el deber de
facilitarles sus tareas.
En definitiva, mi Grupo entiende que hay que ser extremadamente cauto con
las cuestiones que nos ocupan y, sobre todo, que es imprescindible
conocer el texto legal para poder opinar con conocimiento de causa sobre
cuáles son sus verdaderas intenciones a la hora de regular una materia
tan delicada, porque a estas alturas pretender aparecer ustedes como los
paladines del asociacionismo en España causa, cuando menos, cierta
perplejidad, y si nos atenemos a su transcurrir durante los meses que
llevan en el Gobierno, cierta suspicacia.
Nosotros estaríamos dispuestos a reconocer que puede ser necesario
desarrollar conforme a la petición de ley reguladora del derecho el
artículo 22 de la Constitución, pero también somos conscientes de que
hablar de participación ciudadana y cooperación social exclusivamente
origina un problema añadido --y que ahora no tienen-- para la existencia
de numerosas asociaciones cuyos fines son distintos y por ello no menos
interesantes que los de las aludidas. ¿Por qué no hablar de asociaciones
culturales, deportivas, vecinales, campesinas, religiosas, juveniles,
medioambientales --me ha parecido oír a la Senadora que estaban inscritas
164.000 en este momento en España--, y así casi hasta el infinito? ¿Sería
lógico hacer una enumeración exhaustiva de ellas? ¿Las abarcaríamos
todas? La tarea no es fácil, tal vez alguna quedaría fuera, alguna que
ahora, con los principios generales del artículo 22, desarrolla su labor
sin cortapisas y ejerciendo un derecho universal hacia una buena causa.
¿Qué pretenden hacer, poner puertas al campo? Tal parece su pretensión a
la vista de la ambigüedad de la moción y, por qué no decirlo, de sus
hechos del día a día.
Por ello, puesto que hablamos de un derecho de todos los españoles
recogidos en el Título I de la Constitución y, por lo tanto, de un
derecho fundamental, podríamos entender que la moción que debatimos se
limitara a instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley reguladora,
con carácter general, del derecho constitucional de asociación, sin
matices ni cortapisas, y luego, a la vista del proyecto, opinaríamos
sobre la bondad de sus pretensiones y de la ampliación que, como no puede
ser de otra forma, tiene que haber de sus campos de actuación y del papel
que las Administraciones tendrán que jugar para su desarrollo. Lo
contrario sería volver atrás en los logros conseguidos y el movimiento
asociativo nos lo demandaría hasta las máximas consecuencias.
En consecuencia, mi Grupo va a abstenerse en la votación de la moción
presentada, va a esperar hasta conocer el texto del proyecto de ley
propuesto por el Gobierno para estudiarlo y para aportar las ideas
necesarias y vigilar que las grandes premisas que hoy están escritas
directamente sobre el sillar granítico de nuestra Constitución
permanezcan inalterables.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Serrano Alvarez-Giraldo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora
Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, quiero que mis primeras palabras sean de
felicitación en la medida en que todos los grupos políticos que han
intervenido fijando su postura, con algunas matizaciones que podremos
concretar con el Grupo Parlamentario Socialista, han coincidido en el
apoyo a la iniciativa.
Los argumentos que ustedes nos han descrito en sus exposiciones creo que
son compartidos por todos nosotros. Evidentemente, es necesaria la
regulación de un derecho elemental, básico, como es el de asociarse, y
todos coincidimos en que la legislación que ahora mismo regula este
derecho es, cuando menos, una legislación del año 1964, con algunas
lagunas, y aunque la cobertura del artículo 22 de la Constitución es de
aplicación directa en algunos de los preceptos que mantiene dicho
artículo para el desarrollo de ese derecho a asociarse, creemos que
muchos ciudadanos están sometidos, diría yo, a una complejidad jurídica a
la hora de interpretar o no determinados artículos, ya que algunos se
prestan a alguna ambigüedad, cuando no a algunas lagunas y carencias
importantes.
Desde la coincidencia en parte de los argumentos y en el deber de regular
este derecho constitucional de asociación, creo que es bueno coincidir en
que, desde las Cortes Generales --y en lo que nos toca en el propio
Senado--, las aportaciones que podamos hacer al proyecto de ley que en su
día el Gobierno remita a esta Cámara deberán ser importantes.
Este proyecto será bien acogido entre los muchísimos ciudadanos que hay
detrás de cada una de esas 164.000 asociaciones. Detrás de ellas hay
muchas inquietudes, muchos proyectos de participación y muchas
intenciones de resolver problemáticas de grupos importantes de ciudadanos
que, en cuanto se vean reflejados en una legislación actualizada y
mejorada en las Cámaras parlamentarias, creo que tendrá también un
reflejo en la propia ejecución de los fines que la asociación marca, así
como en el desarrollo, tanto a nivel operativo como presupuestario
--incluso de reflejo en la propia sociedad--, de lo que estos ciudadanos
realizan a través de las asociaciones.
Nos corresponde velar por el principio de igualdad, y creo que los
ciudadanos de Andalucía o de Galicia en este derecho de asociación tienen
que tener el mismo tratamiento regulador cuando pretendemos, lógicamente,
que haya una norma básica que articule, en su caso, la normativa
existente a nivel autonómico con la normativa a nivel general, o la
regulada por el régimen general o el régimen específico.
Sé que en la Ley del año 1994, que regula las fundaciones, incluso en la
propia Exposición de Motivos, se habló de algún borrador realizado por el
Gobierno anterior que al final no llegó a cristalizar. Por lo tanto, creo
que es necesario incentivar --en este caso promover desde aquí-- para que
el Gobierno, siguiendo, como digo, con esa Exposición de Motivos que nos
viene dada en la Ley de Fundaciones, pueda retomar o poner en marcha
dicha iniciativa.
En cuanto a algunos de los interrogantes que señalaba el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, creo que muchos de ellos los he intentado
despejar en la enumeración del posible contenido de la ley que regulará
el derecho de asociación.
Yo creo que son amplios los motivos y desde luego la posibilidad de
despejar esos interrogantes en cuanto a la inseguridad jurídica, que se
le puede plantear a algunos ciudadanos a la hora de interpretar una norma
que tiene bastantes años de vigencia, anterior a la Constitución de 1978,
como es la Ley de Asociaciones del año 1964.
Yo agradezco de nuevo el apoyo a esta iniciativa y desde luego la
posibilidad de trabajar en la mejora de ese proyecto de ley que remita el
Gobierno, sabiendo que será bien acogido por los ciudadanos y que
contribuirá seguramente a canalizar muchas de sus necesidades y sus
expectativas en estos instrumentos importantes de participación que son
las asociaciones y, asimismo, a facilitar la colaboración con las
Administraciones Públicas a través de unos canales y unas entidades
cohesionadas como son también las asociaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
Sometemos a votación esta moción del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 117; en contra, seis; abstenciones, 82.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN GRANADA,
MADRID Y TOLOSA. (630/000003.)
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la Mesa y la Junta de portavoces esta
Presidencia somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración
institucional:
«Ante los trágicos sucesos acaecidos en Granada, Madrid y Tolosa,
tristemente saldados con la muerte de tres ciudadanos inocentes, el
Senado de España quiere, en primer lugar, enviar un mensaje de profunda y
sentida condolencia a las familias de don Domingo Puente, de don Rafael
Martínez Emperador y de don Francisco Arratíbel, así como a las
instituciones a las que los fallecidos pertenecían.
Igualmente, el Senado quiere manifestar que hechos de esta naturaleza
carecen, ahora y siempre, de cualquier justificación posible. Nada
legitima el terror como nada puede amparar a los terroristas. La vida es
el primero de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, derecho
sin el cual todos los demás carecen de valor y de sentido. La
autoatribución de la capacidad de disponer de la vida de los demás es
justamente aquello que más repugna a la conciencia de las personas de
bien.
Frente a actuaciones de esta índole, el Senado quiere renovar un
llamamiento de unidad y solidaridad democrática a la ciudadanía y a todas
las fuerzas políticas. Sólo el sentimiento profundo de que todos estamos
haciendo un mismo esfuerzo, el de la democracia y el de las libertades,
nos permitirá afrontar serena y responsablemente los absurdos ataques a
un sistema abierto y democrático como el que España disfruta desde hace
años.
Por último, y dada la especial significación de estos luctuosos hechos,
el Senado reafirma una vez más, si necesario fuere, la vigencia del
Estado de Derecho. La aplicación justa y ponderada de las normas y el
convencimiento de que las reglas de un Estado democrático son iguales
para todos no admite excepciones. Las instituciones deben actuar conforme
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En este sentido,
el Senado, legítimo representante del pueblo español, expresa su profunda
solidaridad con quienes vienen constitucionalmente obligados día a día a
hacer más y mejor este Estado de Derecho.»
¿Se aprueba esta declaración? (Pausa.) Aprobada queda. (Aplausos.)
MOCIONES (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE, CON CARACTER DE URGENCIA, APRUEBE UN REAL-DECRETO LEY POR EL QUE SE
ADOPTEN MEDIDAS PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS RECIENTES
TEMPORALES DE LLUVIA OCURRIDOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y
PARA QUE CONCEDA UN CREDITO EXTRAORDINARIO, EN EL VIGENTE PRESUPUESTO DE
GASTOS DEL ESTADO, A ESTOS EFECTOS. (662/000037.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno para que, con carácter de urgencia, apruebe un Real
Decreto-Ley por el que se adopten medidas para reparar los daños causados
por los recientes temporales de lluvia ocurridos en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y para que conceda un crédito extraordinario, en el vigente
Presupuesto de Gastos del Estado, a estos efectos; moción que ha tenido
una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de esta moción, tiene la palabra el representante del
grupo firmante, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista, el
Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el temporal de lluvia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señor Presidente.
Decía que el temporal de lluvia y nieve que durante los meses de
diciembre y enero ha azotado parte del territorio nacional ha tenido
efectos devastadores en Andalucía, tanto por la intensidad y duración del
mismo como por la cantidad de daños producidos y, sobre todo, por las
luctuosas consecuencias. Señorías, diez víctimas mortales son un triste
balance que por sí solo da cuenta de la magnitud de la catástrofe vivida.
(Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Tal ha sido la intensidad del temporal, que
podemos afirmar, sin caer en la exageración, que se encuentra entre los
más graves e intensos del último siglo, si no el que más. En cualquier
caso, los datos meteorológicos ponen de manifiesto que no sólo las
cantidades de agua recogida en el transcurso de los meses de noviembre y
diciembre de 1996 y enero de 1997 son en todas las capitales andaluzas
muy superiores a la media del período de 30 años comprendido entre 1961 y
1990, sino --lo que es más llamativo aún-- que la lluvia caída en el mes
de diciembre en todas las capitales andaluzas ha sido espectacular,
llegando en algunos casos a superar en un 365 por ciento --como ha
ocurrido en Huelva-- la media correspondiente a ese período entre 1961 y
1990.
La magnitud de las precipitaciones registradas, junto a un preexistente
alto grado de saturación hídrica de los suelos, que favoreció una rápida
e intensa escorrentía, y las características edáficas de muchos de esos
suelos, son los factores que, interrelacionados con un nivel de embalse
alto en los pantanos, dan las claves de las causas que explican como
fenómeno natural las inundaciones ocurridas en Andalucía; inundaciones en
las que destaca, por un lado, la intensidad de sus efectos en
determinadas zonas y, por otro, la amplia extensión territorial que se ha
visto afectada.
Señor Presidente, señorías, sin lugar a dudas, esta dolorosa experiencia
debe servir para que todos tomemos mayor conciencia, si cabe, de la
importancia que tiene el seguir avanzando en la planificación para la
prevención de las catástrofes, en una racional ordenación del territorio
y en la exigencia de su carácter decisorio a la hora de ubicar y ejecutar
los proyectos de obras, en el cuidado y en la policía del dominio público
hidráulico y en la organización y coordinación de los servicios de
protección civil.
Pero, siendo eso así, las perspectivas de un obligado debate y
pronunciamiento, que a buen seguro habrá de producirse sobre estos temas
y otros, no nos deben hacer olvidar, señorías, que el temporal, además de
una irreparable pérdida de vidas humanas, ha ocasionado en todas las
provincias andaluzas daños y pérdidas en infraestructuras, en
equipamientos, en patrimonio, en viviendas, en el comercio, en el turismo
y especialmente en la agricultura; daños y pérdidas que en la evaluación
realizada por la Administración central y autonómica a 30 de enero
superaban los 126.000 millones de pesetas, y que hacen necesario adoptar
urgentemente un conjunto de medidas que palien y reparen la situación
creada y contribuyan al restablecimiento de la normalidad en las zonas
afectadas, conjunto de medidas
que de una parte habrán de reconocer la inviabilidad de que la Comunidad
Autónoma Andaluza pueda abordar por sí sola la financiación de los
efectos de la catástrofe sufrida, y de otra, inspirada siempre en el
principio de solidaridad, deberán atender a las razones de urgencia y
suficiencia que le son exigibles.
Desde el Gobierno andaluz se ha sabido articular una respuesta solidaria
y urgente, al límite de sus posibilidades crediticias, concretada en la
disposición de 5.000 millones de pesetas en inversiones y gastos de
emergencia y en la solicitud de autorización al Gobierno de la nación,
acordada con fecha 28 de enero pasado, para elevar en 8.000 millones de
pesetas el límite de endeudamiento correspondiente al ejercicio de 1997,
y todo ello con la finalidad de atender los daños más urgentes
ocasionados por las inundaciones.
Por el contrario, señorías, el Gobierno de la nación ha hecho, eso sí,
declaraciones y anuncios de intención aquí y allá --permítanme que les
diga que más allá que aquí aprovechando las romerías de fin de semana a
las que tan dado es el señor Arenas--, pero hasta ahora no ha aprobado
ninguna norma que contenga las medidas en las que plasme el obligado
principio de solidaridad interregional y el papel reequilibrador que le
otorga la Constitución española. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien,
muy bien!)
En Andalucía, óiganlo bien en los bancos de la mayoría popular, empieza a
sentirse inquietud por esta falta de respuesta del Gobierno del señor
Aznar. No se alcanza a comprender el porqué de la tardanza del Gobierno
en regular las ayudas que hagan frente a la catástrofe, menos aún cuando
existe conciencia de que el instrumento normativo que mejor se adapta a
la actual situación es el decreto-ley y es, por otra parte, sobradamente
conocido por todos la prodigalidad y la diligencia con la que este
Gobierno usa del decreto-ley, incluso en situaciones que, muy al
contrario, no son ni tan extraordinarias ni tan urgentes.
Los andaluces, señor Presidente, señorías, demandamos del Gobierno que
con urgencia apruebe un decreto-ley fijando las reglas del juego, que las
distintas administraciones se comprometan, que se fije qué aportaciones
tienen que hacer desde sus posibilidades y desde el principio de
solidaridad. Demandamos, en definitiva, algo tan constitucional como que
el Estado cumpla con su papel de ser garante de la solidaridad y también
del reequilibrio entre territorios.
Pero en Andalucía tenemos una percepción, y es que parece que en los
últimos meses ese papel se está perdiendo. Se ha perdido con el modelo de
financiación autonómica y parece que también en esas situaciones graves
se quiere poner en entredicho. Por eso, porque el escaldado del agua
caliente huye, en Andalucía hoy se siente la lógica inquietud de quien
sigue a la espera de que el Gobierno de la nación ayude a la Junta de
Andalucía y a los ayuntamientos andaluces a que puedan realizar una
actuación inmediata para paliar los daños.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la
moción que defiendo en su nombre y que insta al Gobierno de la nación
para que con urgencia apruebe un real decreto-ley, por el que se adopten
medidas para reparar los daños causados por los recientes temporales de
lluvia en Andalucía. Y no les pedimos nada extraordinario, sino que les
pedimos un decreto-ley que necesariamente habrá de ser similar al que un
Gobierno socialista aprobó el 1 de diciembre de 1989, justo a los
cuarenta y cinco días de haberse iniciado también un fuerte temporal de
lluvias en Andalucía que causó graves daños.
Exactamente eso es lo que le pedimos y además le adelantamos que, como
marco de referencia, nos parecen adecuadas las medidas presupuestarias,
fiscales, educativas, laborales, crediticias, civiles y de toda
naturaleza que en ese Real Decreto-Ley de 1 de diciembre se contemplan,
sin perjuicio, lógicamente, de la necesidad de adaptarlas en su alcance y
en su cantía la mayor extensión, a la intensidad de los daños ahora
ocasionados o a las nuevas directrices que experiencias anteriores
aconsejen.
En este sentido, permítanme que desde el Grupo Parlamentario Socialista
hagamos algunas precisiones. Primera, aun cuando en el texto de nuestra
propia moción figura declarar zona catastrófica, nosotros creemos que
habría que abandonar esa declaración genérica, hoy prácticamente en
desuso, y sustituirla por otra mucho más concreta y más actual, como es
zona de actuación especial, incluso descendiendo a nivel de comarca, ya
que con ello, aunque sea más laboriosa la delimitación geográfica de la
zona, se atiende mucho mejor a la naturaleza irregular en el reparto de
los daños y, sobre todo, se evita el «apúntese todo el mundo que aquí dan
ayudas», con lo cual esas ayudas serán mucho más justas en su
distribución y mucho más solidarias.
En segundo lugar, entendemos que la subvención de la Administración
central no sólo debe hacerse a los proyectos presentados por los
ayuntamientos, sino también a aquellos proyectos que para la reparación
de los daños presente la Junta de Andalucía en las infraestructuras, en
los equipamientos y en el patrimonio que sean de su titularidad.
La razón no es otra sino que es inviable que desde los presupuestos de la
Comunidad Autónoma por sí solos se pueda hacer frente a la reparación de
esos daños. La Junta de Andalucía recibe transferencias para conservación
y mantenimiento, pero lo recibe para condiciones de normalidad y no de
excepción. Y en este sentido, esperamos que ésta sea la voluntad y el
sentir del Gobierno, contradiciendo así lo declarado por su Delegado en
Andalucía, cuando ha dicho al respecto que cada palo aguante su vela.
Creemos que no debe ser ésa la voluntad del Gobierno y que ésa es simple
y llanamente la opinión particular de un pintoresco personaje, aguerrido
por demás, que está permanentemente haciendo de ariete en la Comunidad
Autónoma andaluza contra la Junta, contra su Presidente, con una actitud
que no tiene precedente en ningún Delegado de Gobierno en la Comunidad
Autónoma andaluza.
De igual manera, y por idénticas razones, también debe extenderse dicha
subvención a la reparación de las redes viarias, titularidad de las
Diputaciones.
En cuanto al sector agrario, y siempre refiriéndome a la explotación
familiar, proponemos dos cosas: una, que las indemnizaciones sean
directas, personalizadas y moduladas y, otra, la reducción de los índices
y módulos del sistema
de estimación en el IRPF. Y en este punto, y sólo como enunciado de unas
demandas del sector que mi Grupo asume, planteamos dos necesidades:
primera, que las explotaciones familiares puedan contar en un futuro
próximo con un seguro integral; segunda, negociar con Bruselas la
modificación o exención de la normativa de siembras de cultivos COP para
permitir aprovechar la siembra de primavera. En concreto, habría que
conseguir para las zonas afectadas que la retirada obligatoria de tierras
pase del 15 al 50 por ciento y que se pueda sembrar girasol en parcelas
que ya lo tuviera el año pasado.
En el sector pesquero, pretendemos también que el Decreto-Ley beneficie a
las empresas pesqueras, especialmente a las de arrastre, que durante los
meses de noviembre, diciembre y parte de enero han tenido que estar
amarradas primero por el temporal y después por el paro biológico.
Creemos que es de justicia reconocer las pérdidas que han tenido.
Por otra parte --y esto sí para que se tenga en cuenta en el Real
Decreto-Ley--, entendemos que es imprescindible que en las zonas de
actuación especial que se establezcan se suprima la exigencia de las 35
peonadas para poder acceder al subsidio de desempleo.
Por último, señor Presidente, señorías, quiero insistir en dos aspectos
puramente económicos y, por tanto, de gran trascendencia. En primer
lugar, hay que resaltar la necesidad de que el Instituto de Crédito
Oficial arbitre préstamos blandos a disposición de las diputaciones y
ayuntamientos, y que estos préstamos no contabilicen para el cálculo de
su carga financiera. Y, en segundo lugar, planteamos la absoluta
necesidad de que el Real Decreto-Ley fije como medida de financiación un
crédito extraordinario al que se debe otorgar la naturaleza de ampliable.
Esta necesidad viene determinada, sobre todo, por la dificultad de
valorar los daños definitivamente, tanto en la agricultura como en los
equipamientos y en las infraestructuras que se asientan sobre suelos
arcillosos, ya que, inevitablemente, habrán de verse incrementados esos
daños una vez que el efecto de retracción de las arcillas que acompañará
al secado los aumente. Es para nosotros, insisto, absolutamente
irrenunciable el carácter ampliable de ese crédito, como también es
irrenunciable que se establezcan previsiones para lograr las necesarias
coordinación y colaboración entre las Administraciones, de tal manera que
los ciudadanos perciban claramente que lo son de un Estado vertebrado y
eficiente.
Termino, señor Presidente, señorías, expresando el convencimiento de que
la moción que acabo de defender merecerá el apoyo unánime de la Cámara,
porque con ella el Grupo Parlamentario Socialista no tiene otra intención
que la de trasladar a los andaluces el mensaje claro de que el Estado
responde con urgencia y adecuadamente a todas las situaciones de
necesidad, y especialmente a las de catástrofes. En la apreciación de la
importancia y la necesidad de ese mensaje espero, señorías, que todos
coincidamos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Como ya he anunciado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda a esta moción.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Santaella, por un tiempo de
diez minutos.
El señor SANTAELLA PORRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, intervengo para defender la enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Manifiesto nuestro acuerdo, cómo no, a la exposición de motivos de la
moción, si bien en la parte dispositiva mostramos nuestro desacuerdo.
Hablar de romería, de arietes y de confrontación en Andalucía con un tema
trágico, con desgracias, con unos daños y con fallecimientos, no viene al
tema ni al contexto, porque ni el señor Arenas en sus romerías ha llevado
el agua, ni el señor Torres, como delegado del Gobierno, ha embestido con
el ariete, sino que más bien están defendiéndose de continuos ataques al
Gobierno central de la nación. (Rumores.)
Empezaron ustedes con la financiación de las Comunidades, continuaron con
la deuda histórica, posteriormente con las inversiones aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado, y lo que mi Grupo no va a permitir es
que también de las inundaciones quieran hacer un campo de confrontación.
Por eso, pedir urgencia hoy, día 11, cuando estamos debatiendo un texto y
una resolución importante para Andalucía, no viene al caso. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Tenemos que desayunar con las reflexiones en prensa del señor Perales,
insigne militante del Partido Socialista en Andalucía, que en el «ABC» de
hoy dice que se retrasa el Real Decreto-Ley porque el señor Aznar quiere
llevarlo como si llevara un conejo a Andalucía. (Rumores.) A esas tramas,
señores del Grupo Parlamentario Socialista, ya estamos acostumbrados.
No pierdan ustedes de vista los dos reales decretos que publicaron
ustedes cuando hubo inundaciones. En primer lugar, se retrasaron al mes
de marzo, cuando el frente de lluvias y de nieves fueron por esta misma
época, pero, además, fíjense lo que pretenden con la moción, y no lo digo
yo aquí, en la tribuna, no hay más que hacer una reflexión de hemeroteca:
La Junta pide al Gobierno que asuma el pago de la totalidad de los daños,
señor Hermosín, la Junta pide al Gobierno central que afronte el costo
íntegro del temporal; el señor Chaves pide al Gobierno Aznar que haga
frente a los daños del temporal en su totalidad. ¿Me quieren ustedes
decir si lo que pretenden con esta moción es precisamente crear otro
campo de confrontación? Yo creo, señores del Partido Socialista, que
ustedes tienen buena conciencia y, ya que me estoy refiriendo a las
hemerotecas, váyanse también a los «Diarios de Sesiones», y fíjense que
el Gobierno se ha puesto inmediatamente a estudiar cuáles han sido los
daños en Andalucía para cuantificarlos. Y nada más ir a evaluarlos ya
montaron ustedes un tinglado con que no había plaza en el helicóptero
para el Consejero de Agricultura para ver los daños. (Rumores.) Ya lo
plantearon en su día. Después el
Delegado del Gobierno les convoca a una reunión con los Consejeros de
Agricultura y de Vivienda para evaluar los daños; llegan a un acuerdo;
cuantifican los daños; se establece que los trabajos y las evaluaciones
estén terminados para el día 15 de enero, y vienen ustedes ahora con una
moción a decir que inmediatamente se apruebe el Real Decreto-ley. Les
digo que se lean el «Diario de Sesiones» porque ha habido comparecencias
muy importantes, como la del Subsecretario de Agricultura y como la del
Subsecretario de Fomento, en el Congreso de los Diputados, donde han
hecho una evaluación y unos reconocimientos expresos al Real Decreto-Ley
que se va a publicar. Señores del Grupo Parlamentario Socialista,
léanselo porque incluso en sus comparecencias, a iniciativa del Gobierno,
se relataban, en rosario de medidas, todas las que se vienen reclamando
desde la tribuna.
Por eso, y voy terminando, señores del Grupo Parlamentario Socialista, le
harían un buen favor a Andalucía si abandonaran el campo de la
confrontación, y les invito a aceptar la enmienda a la moción que le
planteamos, porque, indudablemente, todos juntos debemos buscar medidas
para Andalucía, y no sólo para Andalucía, sino para el resto de las
Comunidades Autónomas, como Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha,
que también han sufrido daños por estas inundaciones.
Por eso, yo invito a los Grupos a que aprueben esta enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y con ello haremos un grato
favor al resto de los andaluces y al resto de las Comunidades Autónomas
del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Santaella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Empezaré por decir al Grupo Parlamentario Popular
que los socialistas estamos dispuestos a que Andalucía tenga un Real
Decreto-Ley y lo tenga ya, y no tenemos ningún inconveniente,
lógicamente, en aceptar, una vez más, esa manifestación de buena voluntad
que ustedes hacen; recoge aspectos que hasta ahora sus representantes en
Andalucía venían negando; se negaba la naturaleza del crédito ampliable;
y me parece bien que ustedes rectifiquen.
Pero le voy a hacer muy brevemente unas precisiones. Usted dice que los
socialistas estamos generando tensión permanentemente en Andalucía. Yo
sólo le voy a hacer una pregunta y usted se la contesta: ¿se imagina lo
que hubiera pasado en Cataluña o en el País Vasco si un Ministro del
Gobierno va a allí durante unas inundaciones y no dice nada a la
Generalitat o al Gobierno Vasco y, además, desprecia la compañía de un
consejero? Contésteme usted; usted me contesta y si dice que eso es crear
tensión, ¡qué le vamos a hacer! Eso ha ocurrido.
A mitad de diciembre, desde un helicóptero, cuidando muy mucho de que
vayan los medios de comunicación con uno y que no vaya el responsable de
la Comunidad Autónoma, no se va a evaluar ni a valorar nada; se va a dar
un paseo, a hacerse una foto y a ganar imagen. Nada más; no se va a otra
cosa. Pero, bueno, ¡qué le vamos a hacer! (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)
Habla usted de tardanza, de que los gobiernos socialistas tardaban. Antes
le he citado un ejemplo. Quizá no he puesto el énfasis y usted no ha
hecho la resta. En el año 1989, las inundaciones empiezan el 14 de
octubre y terminan el 30 de noviembre; y el Real Decreto-Ley de esas
inundaciones tiene fecha 1 de diciembre. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Nosotros con que ustedes hubieran hecho
eso exactamente igual nos hubiéramos conformado. Pero no lo han hecho.
Además, desde el día 7 de enero les estamos diciendo que si ustedes no
urgían el Decreto-Ley, presentaríamos la moción. Luego, no nos diga que
también la moción es para generar tensión o para apuntarse no sé qué
cosa.
Le voy a decir más. Habla de que el Presidente Chaves es exigente. Claro,
porque cuando hay personas que lo han perdido casi todo --su vivienda,
sus enseres, gran parte de sus cosechas y de sus explotaciones-- uno no
se puede sentar a la puerta a ver si cae o no cae un decreto-ley. Un
responsable político, como es Manolo Chaves, tiene la obligación de
exigir la solidaridad del Estado, y exigírsela a quien en este momento
gobierna en la nación, que son ustedes. Lo que pasa es que parece que
ustedes siguen estando en la oposición y todavía quieren criticar a
aquellos que se han pasado años y años en Andalucía, utilizándolo
torticeramente.
Le puedo citar declaraciones del señor Arenas y de responsables políticos
del Partido Popular, hechas en aquellas fechas de las inundaciones, y lo
que decían. Repásenlo. Ni la mitad estamos diciendo los socialistas. No
nos acusen de estar creando tensiones, porque no es verdad. Cuando semana
tras semana, fin de semana tras fin de semana, nuestros representantes
políticos e institucionales tienen que sufrir el desaire permanente que
se les hace desde el Gobierno de la nación, ustedes no están legitimados
para decir que aquí hay tensión alguna. (Rumores.--Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, por favor, pido
silencio. Sus señorías podrán manifestar su asentimiento a la hora de la
votación. Ahora es el momento de escuchar.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Ustedes me tendrán que aceptar que les diga
que, en Andalucía, cuando se lleva esperando impacientemente desde hace
casi un mes ese real decreto-ley, uno tenga la percepción de que es que
el Gobierno está muy ocupado en otras cosas que parece ser que son más
importantes: el fútbol, la plataforma digital (Rumores en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.--Risas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) o, por ejemplo, en una palabra, en instar al
Fiscal
del Estado para que persiga al Gobierno anterior. (Rumores.) Entiendan
que es lógico que tengamos ese sentimiento. ¿Que dicen ustedes que no?
Pues demuéstrenlo. Saquen el decreto-ley. En la enmienda transaccional
utilizan ustedes un lenguaje, primero, administrativista, y segundo, no
sé cómo calificarlo. Primero hablan del trámite del expediente. Este es
un lenguaje administrativista. El trámite del expediente quiere decir que
puede estar tramitado ese año. Yo soy funcionario, así es que lo sé:
años. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y además
dicen: Y el Gobierno del Estado. Les sale una vena extraña: el Gobierno
del Estado. De verdad que esto del Gobierno del Estado me ha llamado la
atención, porque tan Gobierno del Estado es el de la nación como el
autonómico y, sin embargo, ustedes son excluyentes. El Gobierno del
Estado. No, el Estado somos todos. Precisamente porque todos somos
Estado, reclamamos la solidaridad que necesitamos.
Voy a terminar simplemente diciéndoles una cosa. Si el hecho de no sacar
el decreto-ley es un gesto de autoridad para saber quién manda aquí,
nosotros nos callamos, ya no les decimos nada más, y ustedes lo sacan
mañana para que se sepa quién manda. Si el hecho de sacar el decreto-ley
es porque tienen que preparar ustedes la agenda del señor Aznar para
cuando vaya a Andalucía, prepárenla y nosotros abriremos las puertas para
que el señor Aznar vaya a Andalucía y, además, lo acompañaremos. Pero,
por favor, no nos sigan negando a los andaluces una ayuda que
necesitamos, no nos sigan haciendo de menos, no sigan menospreciando a
Andalucía, que luego allí les va muy mal, y si no pregúntenselo a los
responsables de su Partido en Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Cantero.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador
Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para apoyar la moción que se presenta, porque, efectivamente,
graves han sido los daños causados por el temporal en Andalucía, y no
pocos. Es preciso abordar, y no con lejanía, la necesidad de unas
inversiones precisas ya en este momento en Andalucía, y con la lejanía se
tiene la tentación de caer en los recortes. Si estamos de acuerdo en las
necesidades, estaremos sin duda de acuerdo en que éstas se aborden cuanto
antes y con la necesaria coordinación de las administraciones:
Administración provincial, Administración autonómica y Administración
central.
Los daños producidos por el temporal tanto en las redes viarias, como los
de carácter personal y en la agricultura hacen preciso que, habiendo
coincidencia en los análisis de la situación que los ha provocado, lo
haya también en la necesidad urgente de abordar dichos daños.
Por tanto, señorías, estamos de acuerdo con la moción, en la necesidad
urgente de aprobar un Real Decreto-Ley y también, con carácter
perentorio, en que se concedan créditos ampliables para que Andalucía
pueda hacer frente a los graves y cuantiosos daños producidos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, don Joseba Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, tan sólo para manifestar
que mi Grupo celebra --y lo celebra de verdad-- el acuerdo alcanzado
entre el Grupo que ha presentado la moción y el Grupo que apoya al
Gobierno y señalar que también votaremos a favor de la enmienda que ha
sido presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente, después de la exposición formulada y de la ampliación y
concreción que ha expresado también el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, entendemos, pese a algunos puntos del debate, que existe un
acuerdo en el fondo, y es en la realidad, en la desgracia que ha ocurrido
en Andalucía durante estas semanas pasadas y en la necesidad de darla una
pronta cobertura.
A nuestro Grupo la moción le parecía bien y le parece todavía mejor la
propuesta de modificación y, por descontado, tendrá el apoyo de nuestro
Grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista, no se hace uso de la palabra?
(Pausa.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecemos a los grupos parlamentarios el apoyo a la enmienda de nuestro
Grupo, y especialmente al Grupo Socialista, que recoge la enmienda que
presentamos a la moción y que, indudablemente, lo que demuestra es que
intentan rectificar y que entre todos los grupos consigamos para
Andalucía lo mejor.
Ya lo decía el portavoz en el Congreso de los Diputados cuando, con
motivo de una comparecencia del Subsecretario de Agricultura, reconocía
que el marco que debía de establecerse para el Real Decreto-Ley era
parecido al que se aprobó en 1989.
Recordaré también al portavoz socialista que se refiere siempre al primer
Real Decreto que se aprobó, pero no al segundo, aprobado con
posterioridad a los temporales. No obstante, eso es lo de menos. Lo
importante --y usted lo sabe-- es que se aprueben los reales decretos,
que se consigan créditos extraordinarios, que sean ampliables y que se le
dé tiempo al tiempo, porque usted sabe también que hay que modificar los
Presupuestos y que para ello es preceptivo el informe del Consejo de
Estado.
Mi Grupo tiene la certeza y la garantía de lo que en todos los foros han
manifestado los distintos ministros a este respecto, aceptando la
aprobación del Real Decreto-Ley, y no sólo esto, sino las medidas
necesarias, que, incluso, en el Congreso de los Diputados llegaron a ser
un rosario de hasta quince sólo en temas de agricultura.
Mi Grupo lo que espera es que ese Real Decreto-Ley sirva no sólo para
Andalucía, sino para el resto de las Comunidades Autónomas que han sido
afectadas por los temporales. Como muy bien dice el Grupo Socialista a
través de la exposición de motivos, es, precisamente, por medidas de
solidaridad y de reequilibrio que le corresponde al Gobierno actuar en el
resto de los territorios.
Sí espero, al igual que mi Grupo, que en el Real Decreto-ley que en breve
se verá publicado figuren las ayudas a fallecimientos, para reparaciones
de enseres, para reconstrucción de infraestructuras locales, dotaciones
presupuestarias para reparación de infraestructuras estatales agrarias,
hidrológicas, en playas y costas, exenciones tributarias de cuotas de la
Seguridad Social, moratorias crediticias y líneas de créditos
preferenciales para la reparación de las industrias, que es lo que están
esperando fundamentalmente los afectados, no sólo de Andalucía, sino de
otras Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Propongo a la Cámara si esta moción, con la enmienda incluida, puede ser
aprobada por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
DEFENDER LA UNIDAD DE LA LENGUA CATALANA, A ENTABLAR CONVERSACIONES CON
EL GOBIERNO FRANCES A FIN DE ESTABLECER MECANISMOS DE COLABORACION PARA
EL USO Y FOMENTO DE ESTA LENGUA EN LAS COMARCAS FRANCESAS EN LAS QUE SE
HABLE, Y A EDITAR UNA SOLA VERSION EN CATALAN DE LAS PUBLICACIONES
DEPENDIENTES DE CUALQUIERA DE SUS ORGANISMOS Y DEPARTAMENTOS.
(662/000034.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Debate de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a
defender la unidad de la lengua catalana, a entablar conversaciones con
el Gobierno francés a fin de establecer mecanismos de colaboración para
el uso y fomento de esta lengua en las comarcas francesas en las que se
hable, y a editar una sola versión en catalán de las publicaciones
dependientes de cualquiera de sus organismos y departamentos.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Costa Serra.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
En primer lugar, traigo a esta Cámara la presente moción sobre la unidad
de la lengua catalana, moción que tiene su origen en una propuesta de
Esquerra Republicana de Cataluña en el ejercicio de una práctica
democrática al haber quedado esta formación política sin su Senador
propio y ser a la vez uno de los partidos que ha dado su apoyo a la
Agrupación de Electores que represento por las islas de Eivissa y
Formentera, además de ser éste un compromiso de esta Senadora para
canalizar dichas propuestas siempre que estén en el ámbito de su
actuación, y convencida no sólo de lo justa de esta moción, sino también
de la necesidad de su aprobación y apoyo de la mayoría de esta Cámara
para poner y dar un soporte más a la unidad de la lengua catalana.
Al inicio de la transición española, en 1975, diversos estudiosos de las
lenguas románicas, entre los que se encontraban académicos del prestigio
de Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Antonio Buero Vallejo, Miguel
Delibes, Salvador de Madariaga y un largo etcétera, afirmaban que el
catalán era la lengua hablada en las Islas Baleares, en el País
Valenciano, en Cataluña, en Andorra, en una franja de Aragón y en la
ciudad de Alguer, denunciando los intentos de desprestigiar e insultar a
aquellas personalidades que defendían tal unidad. Un año después, se
otorgó reconocimiento oficial al Instituto de Estudios Catalanes como
organismo académico, cultural y científico, cuyo ámbito de actuación
quedaba perfectamente delimitado a las tierras de lengua y cultura
catalanas.
El cuestionamiento de la unidad de la lengua catalana resurge en el País
Valenciano con la redacción de su Estatuto de Autonomía, en el que la
derecha valenciana cuestiona políticamente lo que defendían unánimemente
los romanistas y académicos al respecto. Ya en su día, distintos
Senadores valencianos socialistas preguntaron e interpelaron al Gobierno,
entonces de UCD, sobre la lengua catalana, llegando a afirmar que no se
pueden crear lenguas por decreto y provocar, además, un conflicto
lingüístico que trae como consecuencia la división entre los valencianos.
Más de quince años después, no parece que se tienda a un consenso sobre
la lengua y la cultura catalanas, a un acuerdo de lo que científicamente
no se discute, sino que se utiliza única y exclusivamente como arma
política arrojadiza que intenta confundir en nuestra identidad propia y
que intenta fragmentar y debilitar nuestra lengua.
Por otra parte, en las Illas Balears, si bien no se ha hecho un especial
esfuerzo en la enseñanza, en la educación y, en definitiva, en el uso
normalizado de nuestra lengua, sí tenemos un punto y una base
indiscutible, que es nuestro propio Estatuto de Autonomía, que recoge
expresamente la lengua catalana como la lengua propia de las Illas
Balears y, por tanto, pone de manifiesto la evidencia científica de la
unidad de la lengua.
Pero no basta con la evidencia científica, sino que es necesario que se
tomen decisiones políticas y administrativas. Ya en 1986, en la
Consellería de Educación y Cultura de Baleares se acordó, conjuntamente
con representantes de la Administración catalana y valenciana, la
homologación de las asignaturas de lengua catalana que se impartían en
cada Comunidad y en cada una de sus modalidades. Dos años más tarde, en
1988, representantes de estas tres Comunidades consensuaron y aprobaron
una orden por la que se regulaba la homologación de todas las asignaturas
que, bajo diversos nombres, hacen referencia a la misma lengua, y el
propio Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Orden
Ministerial de 21 de octubre de 1988, determina que los profesores
titulares de las asignaturas de lengua y literatura catalana y valenciana
podrán optar indistintamente a las plazas vacantes de los Cuerpos de
Enseñanzas Medias existentes en Cataluña, Valencia y Baleares en las
mismas condiciones que establece esta propia Orden. Pues bien, y como
decíamos anteriormente, no es suficiente la unanimidad y el consenso
académico, científico y universitario, reforzado en el último extremo
antes mencionado desde un punto de vista administrativo, para una total
pacificación sobre la unidad de la lengua catalana, ya que a nadie se le
escapan los intentos de dividirla con la única finalidad de debilitarla y
no, como se intenta argumentar en ocasiones, con el fin de resaltar o
marcar diferencias con modalidades propias.
Y es curioso que se piense que la potenciación de modalidades o
denominaciones propias pueda enriquecer una determinada lengua. Cuando un
Estado tiene clara la defensa de una lengua determinada, el discurso que
genera en relación con dicha lengua tiende sistemáticamente a poner de
manifiesto su unidad, mientras que cuando han existido políticas
tendentes a acabar con una cultura, éstas han insistido, precisamente, en
criterios que fomentan la división. Así, por ejemplo, las instituciones
siempre ponen de manifiesto la unidad de la lengua castellana, y si
alguna vez ésta fuera puesta en tela de juicio, ¿qué dirían sus señorías
si, por poner sólo un ejemplo, la Junta de Andalucía defendiera el
término andaluz para la denominación oficial de la lengua de su Comunidad
Autónoma? ¿Y qué dirían sus señorías si alguien proclamara que el andaluz
constituye una lengua diferente de la castellana? ¿Sentirían que se
estaban entrometiendo en los asuntos de otra Comunidad Autónoma si
defendieran con una sola voz la unidad de la lengua castellana? Pues
exactamente con este espíritu se siente esta Senadora al defender la
unidad de la lengua catalana, reconocida científicamente por la totalidad
de los romanistas de prestigio y avalada por todo el mundo.
La lengua catalana es una, de Salses a Guardamar y de Fraga a Alguer, por
mucho que durante épocas pasadas y, desgraciadamente, todavía en la
actualidad haya personas interesadas en cuestionar dicha unidad. ¿Qué
intención subyace en la defensa de la disgregación del catalán, por
ejemplo, a través del intento separatista lingüístico valenciano? Nada
más y nada menos que la voluntad de conseguir que el proceso de
sustitución de la lengua catalana, especialmente en el País valenciano,
continúe, desgraciadamente, a buen ritmo, teniendo en cuenta que las
autoridades de esta Comunidad no dedican precisamente sus esfuerzos a
impedirlo.
La lengua catalana ha padecido prácticamente tres siglos de persecución
política. Después de la Guerra de Sucesión y a partir de la promulgación
de los Decretos de Nueva Planta se impuso el uso de la lengua castellana
en ámbitos formales, tanto en el País valenciano como en Baleares y en
Cataluña. Ello ocasionó una situación de bilingüísmo diglósico que
siempre va a la par con el intento al menos de una sustitución
lingüística. Dictaduras y regímenes autoritarios contribuyeron a hacer
más firme este proceso de sustitución, pero, actualmente, y por mandato
constitucional, el Gobierno español se debe encargar también de la
defensa y de la protección de todas las lenguas oficiales de España. Por
lo tanto, se debe encargar de conseguir que la lengua catalana sea
reconocida en toda su plenitud, respetada y promocionada en igualdad de
condiciones con las demás lenguas.
En este contexto nos encontramos con un caso que afecta directamente al
Gobierno español, más si tenemos en cuenta que a su frente se encuentra
el mismo partido que gobierna el País valenciano y también en este caso
Baleares. Se trata de una decisión de responsabilidad o irresponsabilidad
política, de fomentar la unidad o, por el contrario, el secesionismo
lingüístico, sobre todo en la Comunidad Valenciana, anteriormente
mencionada. Fomentar esta disgregación es grave en cuanto que constituye
un atentado contra la unidad de la lengua catalana y en cuanto supone un
intento de continuar en el declive del uso de dicha lengua entre los
valencianos, pero es aún más grave si tenemos en cuenta que dicha
separación provoca incluso una fractura social en dicha Comunidad.
Sociológicamente, la división lingüística valenciana ya la apuntaba en su
momento uno de los intelectuales más acreditados de este siglo en
Valencia, Joan Fuster, quien afirmaba que con la transición democrática
española se produjo el reposicionamiento de los residuos del régimen
franquista; surgieron entonces grupos de extrema derecha que no llegaron
a cuajar. Pero en el País valenciano este fenómeno fue distinto, viendo
tal vez que la creación de grupos de extrema derecha española no conducía
a ninguna parte, se refugiaron en esta especie de populismo que
posteriormente han promocionado y que tiene su seña de identidad
fundamental en un anticatalanismo exacerbado.
En su origen, los métodos y las ideas de dichos grupos son escasamente
democráticos y, a nuestro entender, hoy día, todavía muchos continúan
siéndolo. Si no fuera así, ¿por qué razón se tendría que negar la unidad
lingüística de la lengua catalana, si detrás de esta negación no hubiera
una clara finalidad de manipulación política?
Para acabar con la argumentación científica, creo que debe resaltarse el
manifiesto que, unánimemente, firmaron todos y cada uno de los
componentes del Institut d½Estudis Catalans el pasado 29 de mayo de 1996,
bajo el título «Por el reconocimiento de la unidad de la lengua
catalana». En este manifiesto se proclama que, ante las distintas
manifestaciones en torno a la unidad de la lengua catalana y ante el
inicio de una nueva situación política en el Estado español, los
firmantes ponen de manifiesto públicamente la convicción de que, en
cuestiones de lengua, es conveniente que la acción política esté acorde
con el conocimiento científico, y así solicitaban al Gobierno español y
al de las Comunidades Autónomas implicadas un reconocimiento de la unidad
de la lengua catalana con las consecuencias de orden práctico que se
deriven razonablemente. Y en cumplimiento del artículo 3, párrafo tercero
de la Constitución Española, se solicitaba desde este manifiesto la
protección de que deben ser objeto todas las lenguas del Estado.
Finalmente, quiero adelantar que, en cuanto a la enmienda presentada por
el Grupo Socialista, ésta será aceptada por cuanto no modifica
sustancialmente el contenido de nuestra moción y, probablemente --y en la
línea expresada por el Institut d½Estudis Catalans--, mejore la redacción
de la misma, ya que con esta moción se pretende que el Senado inste al
Gobierno a defender la unidad de la lengua catalana, enriquecida por sus
diferentes modalidades y denominaciones, de ataques que intenten
segregarla, dividirla o fragmentarla en cualquiera de las Comunidades
Autónomas donde es propia.
En segundo lugar, insta a entablar conversaciones con el Gobierno francés
a fin de establecer mecanismos de colaboración para la normalización del
uso, fomento y enseñanza de la lengua catalana en los territorios
catalanoparlantes bajo administración francesa.
En tercer lugar, en coherencia con la unidad de la lengua, insta a editar
una sola versión en dicha lengua de las publicaciones dependientes de
cualquiera de sus organismos y departamentos en el respeto a sus
distintas modalidades y de acuerdo con las respectivas Comunidades
Autónomas.
Para acabar, haré alusión a una cuestión simplemente técnica, aunque
importante, en cuanto a la inadmisión del primer punto de la moción por
parte de la Mesa de la Cámara por no ser de la competencia del Gobierno,
según esta interpretación. Probablemente la redacción de ese párrafo en
los términos expresados haya provocado su desestimación, si bien
entendemos que con el segundo párrafo, que sí se ha admitido, queda
subsanado el objetivo y el fin de esta moción, que es la defensa de la
unidad de la lengua catalana. En cuanto al tercer párrafo, la eliminación
por parte de la Mesa de la referencia al artículo 27, párrafo cuarto, del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, creo que esta interpretación fue del
todo correcta.
Así pues, creo que estamos ante la oportunidad y la posibilidad de lograr
un acuerdo y un consenso que tienda a aunar posiciones y que el tema
lingüístico, la unidad de la lengua catalana, deje de ser un arma
política que esconda otros fines u objetivos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora Senadora.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta
moción. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Carmen Virgili.
La señora VIRGILI I RODON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores, la moción presentada por la Senadora Pilar Costa se
refiere a un tema sobre el que esta Cámara debe tener y tiene una
especial sensibilidad. El Estado de las Autonomías encuentra, como debe
encontrar en este Senado, Cámara territorial, impulso y garantía del
derecho de las nacionalidades y regiones, amparado por la Constitución.
En términos generales, valoramos positivamente el espíritu de la moción
presentada, pero la trascendencia y sensibilidad del tema, pensamos que
obliga a matizaciones y correcciones, que creo permitirán conseguir el
máximo consenso posible. Es, evidentemente, motivo de orgullo y
responsabilidad para todo español, el que nuestra lengua común, el
castellano, sea patrimonio de una comunidad que desborde ampliamente la
realidad política y geográfica de España y se extienda al otro lado del
Atlántico por buena parte de América. Así, escritores de distintas
naciones enriquecen con su actividad creativa este patrimonio común que
es nuestra literatura y nuestra lengua.
También la lengua catalana, evidentemente, a la debida escala, mucho más
reducida, es también patrimonio de una Comunidad que desborda Cataluña
como Comunidad Autónoma. Aussias March, Joanot Martorell, Sanchís Guarner
y Joan Fuster, igual que Ramón Llull, Anselmo Turmeda, Roselló Pórcel y
Joan Alcover, como también Ramón Muntaner, Aribau, Guimera y Foix, forman
parte de un mismo patrimonio cultural que se extiende desde Salses, en el
sur de Francia, a Guardamar de Segura y desde Fraga a Mahón y Alger en
Cerdeña. Este ámbito lingüístico, según las cifras de que disponemos,
comprende casi nueve millones de habitantes, aunque no todos la tienen
como primera lengua, de los que corresponde el 96,2 por ciento a España,
3,21 por ciento a Francia, 0,32 por ciento a Italia y 0,21 por ciento a
Andorra, donde es la única lengua oficial.
En las diferentes regiones de este ámbito lingüístico hay varias
modalidades lingüísticas, más diferentes por su fonética que por las
escasísimas diferencias de su estructura morfológica y sintáctica.
Cuatro son las variedades orientales: el catalán central, hablado en el
centro y oriente de Cataluña, el insular, denominado también balear, el
septentrional del sur de Francia y el algerés, de Alger, al norte de
Cerdeña, y dos las variedades occidentales: la noroccidental, que se
habla en el extremo oeste de Cataluña y zona limítrofe de Aragón, y la
meridional, habitualmente denominada valenciano, que se habla en
prácticamente todo el antiguo Reino de Valencia.
Estas distintas modalidades y denominaciones no son ningún obstáculo para
la unidad de la lengua reconocida siempre por las autoridades científicas
y académicas y,
también, entre otros, como ha sido ya citado anteriormente, por el
manifiesto de la Real Academia Española del año 1977, por el acuerdo de
la Junta de Universidades de 1983 y los decretos que de ella se derivaron
asimilando la lengua y literatura que con distintas denominaciones se da
en Valencia, Baleares y Cataluña a una sola titulación y la mucha más
reciente declaración de 29 de mayo de 1986 sobre la unidad de la lengua
que ha sido firmada --no lo olvidemos-- por todos los rectores de las
universidades de Baleares, Valencia y Cataluña y que insta al Gobierno
español a proteger esta unidad de la lengua como ya ha sido anteriormente
dicho.
Por todo ello, y atendiendo al mandato del apartado tercero del artículo
3 de la Constitución, que indica que las riquezas de las distintas
modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección, presentamos las siguientes
enmiendas a la moción. Al apartado primero, en la primera línea y después
de «unidad de la lengua catalana», nuestra enmienda es enriquecida
añadiendo «por sus diferentes modalidades y denominaciones». En el
párrafo tercero, al final de la misma, añadimos «en el respeto de sus
distintas modalidades y de acuerdo con las respectivas Comunidades
Autónomas». En el párrafo segundo, que he dejado para el final porque el
tema es un poco diferente, donde dice «colaboración para el uso y
fomento» hemos añadido «colaboración para la normalización de uso,
fomento y enseñanza», porque la enseñanza, evidentemente, es la mejor
manera de fomentar el uso. No olvidemos que esta fórmula de colaboración
ya está prevista en el convenio del Consejo de Europa sobre las lenguas
minoritarias, firmado por España, y cuya rectificación nuestro Grupo va a
instar en las próximas semanas. También está contemplado en el convenio
europeo de colaboración transfronteriza, también ratificado por España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Virgili.
Tiene la palabra la Senadora Costa para contestar a la enmienda.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente. Ya había adelantado que esta Senadora
estaba conforme con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Yo creo que todos nos tendríamos que felicitar por el
esfuerzo que se ha hecho de mejora de la redacción en algunos de los
párrafos, mejoras a las que ha hecho ya mención la Senadora Virgili, por
cuanto que en el primer párrafo se incluye «enriquecida por sus
diferentes modalidades y denominaciones». Yo creo que nadie pone en duda
que, evidentemente, existen distintas modalidades, pero tan distinta es
la modalidad que pueda yo hablar ibicenca como la que puedan hablar en
Barcelona, en Valencia, en Lérida, etcétera.
En cuanto al segundo párrafo, la inclusión de la frase «normalización del
uso, fomento y enseñanza» mejora significativamente el texto de la moción
presentada. Por último, en esta enmienda se añade en el tercer párrafo,
en concordancia con el primero, la frase «el respeto a sus distintas
modalidades y de acuerdo con las respectivas Comunidades Autónomas». Por
todo ello, ya lo he mencionado anteriormente, se acepta la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Oída la Junta de Portavoces, la Mesa ha accedido a la petición del Grupo
Parlamentario Mixto... (El señor González Pons pide la palabra.)
Para un turno en contra, pues este Presidente es imparcial, tiene la
palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de los tres partidos a los que la Senadora Costa representa en
esta Cámara, aquel en cuyo nombre habla hoy, que es Ezquerra Republicana
de Cataluña, me gustaría que alguna vez obtuviera representación en las
Cortes Valencianas para que esta Senadora pudiera pronunciar ese discurso
en el foro que le corresponde.
Hace algún tiempo, señorías, tuve ocasión de conocer a un viejo profesor
de Derecho Político que había dedicado su entera vida académica al
estudio de las Constituciones de las llamadas democracias populares del
Este de Europa. El hombre, cuando yo le conocí, estaba desesperado; la
caída del Muro de Berlín le había convertido de la noche a la mañana de
jurista en historiador. Se puede perder un bien inmueble --decía este
profesor--, se puede perder un ser querido y, sin embargo, se puede
continuar viviendo, pero ¿cómo vivir si uno pierde su objeto de estudio?
Esta anécdota es, desde luego, simple y en algún sentido enternecedora,
pero todos aquellos que nos dedicamos por acción o contemplación a las
Ciencias Sociales, desde la Filología hasta el Derecho, deberíamos sacar
alguna conclusión al respecto. Precisamente aquellos que trabajamos sobre
la realidad social regulándola o analizándola, nunca deberíamos olvidar
que su naturaleza es libre, rica, plural y cambiante. Habríamos de tener
siempre presente que si no somos flexibles en nuestra tarea, la propia
realidad puede acabar desbordándonos y terminar por dejarnos fuera de
juego.
Algo de esto sucede con esta moción. Si los españoles no nos hubiéramos
dotado de una Constitución democrática que reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de nuestras nacionalidades y regiones; si el
artículo 3.2 de la Constitución no hubiera remitido a los Estatutos de
Autonomía la determinación del carácter oficial de las lenguas españolas
distintas del castellano; si el artículo 148 de esta misma Constitución
no hubiera atribuido la competencia exclusiva sobre la materia a las
respectivas Comunidades Autónomas; si Cataluña, Valencia y Baleares no
hubieran ejercido su derecho constitucional a identificar y regular sus
particulares señas de identidad, incluida la lengua, en sus respectivos
Estatutos de Autonomía; si estas tres Comunidades Autónomas no hubieran
concretado este derecho en sus respectivas leyes de uso, enseñanza y
normalización
lingüística; si el Tribunal Constitucional en su sentencia 82/1986 sobre
la Ley de Normalización del Euskera no hubiera dejado senado que, y cito
textualmente: No cabe entender que la Constitución habilite al Estado
para regular con carácter general, y ni siquiera en sus aspectos básicos,
la cooficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano y su
consiguiente utilización por los poderes públicos o el derecho al uso de
otras lenguas españolas oficiales por los particulares. Interpretar el
artículo 149.1 con este alcance equivaldría --dice el Tribunal
Constitucional-- a vaciar de contenido las competencias lingüísticas
asumidas por las Comunidades Autónomas. Digo que si todo esto no fuera
como es, podríamos legítimamente, como se pretende, instar la actuación
del Gobierno sobre cualquier lengua distinta del castellano. Ahora bien,
tal y como aquel profesor de Derecho Político, que no podía ya trabajar
sobre lo que no existía, nosotros constitucionalmente, esta Cámara, no
podemos ahora adentrarnos en un debate filológico que constitucionalmente
--insisto-- no nos corresponde.
La verdad es --y estoy convencido de que lo reconocerán sus señorías--
que por ventura el Estado de las Autonomías en España, en la España
actual, es una realidad tan irrenunciable como inatacable, una realidad
cuya virtualidad convierte hoy en intromisión injustificada cualquier
actuación de las instituciones centrales del Gobierno que sobrepase los
límites del derecho a la autonomía efectivamente ejercido.
Es un hecho que en el presente caso no estamos dilucidando una cuestión
lingüística puesto que no somos el foro constitucionalmente adecuado al
efecto, que lo que está en juego es si el Estado central tiene capacidad
jurídica para condicionar o censurar --como ha hecho la Senadora Costa--
las políticas asumidas con carácter exclusivo por cualquier Comunidad
Autónoma. Tan cierto es lo que estamos diciendo, que la Mesa de la Cámara
ha tenido que eliminar del texto que va a someterse a votación --y ha
sido aceptado por la señora Costa-- la mención que se hacía al artículo
27.4 del Estatuto de Cataluña que, congruentemente con el sentido de
estas afirmaciones, a quien habilita para promocionar la defensa del
catalán es a la Generalitat catalana y a nadie más. Piénsenlo bien sus
señorías, porque si hoy obligamos al Gobierno a mantener una postura
política presumiblemente contraria a la posición de algún gobierno
autónomo competente en la materia, abriremos una puerta por la que mañana
cualquier política exclusiva, lingüística o no, de cualquier Comunidad
Autónoma podría contradecirse por estas Cortes Generales.
La moción pretende transmitirnos la idea de que el catalán necesita ser
defendido, pero no aclara de quién ni por qué. Si nos atenemos a lo que
aquí ha sido expuesto o a la propia exposición de motivos del texto, que
prácticamente ha sido reproducida en su literalidad, parece que la
agresión vendría de la política lingüística desarrollada por la
Generalitat Valenciana. Y soy yo ahora, Senadora Costa, quien pregunta a
sus señorías: ¿acaso no tiene derecho el Gobierno valenciano a establecer
los criterios de su propia política lingüística? ¿Son ustedes, Senadores,
quienes van a negar el derecho al Gobierno valenciano para establecer las
pautas de la política lingüística asumida por su Estatuto de Autonomía?
Soy yo ahora, señorías, quien pregunta: ¿qué dirían los Senadores
nacionalistas catalanes o vascos o la propia Senadora Costa si una moción
de este Senado afectara a las políticas de normalización lingüística
realizadas por sus Comunidades Autónomas? Tanto como justificadamente
pondrían ellos el grito en el cielo, lo ponemos hoy los Senadores
valencianos. Les aseguro que para la inmensa mayoría del pueblo
valenciano su autonomía para decidir su propia política lingüística es
una auténtica cuestión de fuero, con independencia de los
posicionamientos científicos que entre nosotros hayamos podido defender o
vayamos a defender en el futuro.
En este sentido, Senadora Costa, me ha resultado chocante leer, y
volverle a oír, en la exposición de motivos de la moción un apartado que
curiosamente no ha enmendado el Grupo Parlamentario Socialista, donde
usted dice textualmente que el problema de la unidad de la lengua
catalana volvió a surgir cuando el centro-derecha político valenciano
llegó al poder y era hegemónico antes de redactar el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana y después, a raíz de su publicación.
Senadora, seguramente esta afirmación conviene a la pretensión de
demostrar que existe un problema lingüístico relacionado con el Estatuto
de Autonomía valenciano, pero lamentablemente es falsa con toda la
rotundidad.
Estoy convencido de que el Senador Lerma, aquí presente, se habrá
sorprendido al leer que los triunfos electorales de su partido en 1977,
1979, 1982 y 1983 o su Presidencia de la Generalitat son atribuidos a la
hegemonía del centro o a la derecha de la Comunidad Valenciana. A
nosotros, desde luego, nos hubiera gustado que hubiera sido así, pero la
verdad es tozuda y no sólo es que el centro político no obtuvo un triunfo
claro en Valencia hasta 1993, sino es que además no debería olvidar su
señoría que nuestro Estatuto de Autonomía se redactó con el consenso de
todas las fuerzas políticas de la Comunidad, finalmente sin vencedores ni
vencidos, en paz. Es cierto que el proceso de elaboración de la norma
institucional básica del pueblo valenciano fue largo y es cierto que
estuvo lleno de complicaciones, pero no es menos cierto, por otro lado,
que su resultado ha sido más que satisfactorio para todos.
Por eso, señoría, sólo ignorando o lo que es peor, minusvalorando la
capacidad del pueblo valenciano para autoidentificarse a sí mismo y sus
propia señas de identidad en su Estatuto de Autonomía se pueden utilizar,
como hace la exposición de motivos de su moción, citas de ilustres
socialistas valencianos producidas en el tiempo de la división y el
acaloramiento.
De este modo no debe ser ajeno al propósito que se busca con este debate,
seguro que no es casual que todas las expresiones tomadas por la
proponente de la moción a los Senadores Beviá y Cucó sean anteriores,
repito, anteriores al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana,
sean anteriores al pacto constitutivo de la Comunidad Valenciana.
Expresándolo con otra claridad, es como si nuestra actual situación
política estatal alguien pretendiera explicarla desde los
pronunciamientos políticos anteriores al pacto constitucional. En otras
palabras, su señoría
parece que da más valor político a la lucha que antecede a la paz que a
la paz misma. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, permítame un momento,
por favor. Este Presidente tiene que pedir una disculpa porque ahora no
tocaba turno en contra de la moción, ya que cuando hay un enmienda no
corresponde un turno en contra. Para ordenar bien el debate después del
error, me ha parecido que debía darle diez minutos, de forma que fuera un
tiempo parecido al que tiene el enmendante.
Por ello, se le está terminando el tiempo. Lo digo porque no tiene usted
veinte minutos, sino solamente diez, por lo que le pido disculpas, y
luego tendrá turno de portavoces, lógicamente.
(El señor González Pons pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, muchas gracias por la
comprensión.
El señor GONZALEZ PONS: La comprensión es total, Presidente, porque fui
yo quien pidió este turno en contra, y queda demostrada con todo esto la
imparcialidad del Presidente.
Señorías, continúo. No afirmaré que por todo lo expuesto parece como si a
la intención discursiva de la proponente le interesase alentar de nuevo
la separación política entre los valencianos y las valencianas, aunque
pudiera parecérmelo, pero sí diré que al pueblo valenciano le interesa,
sobre todas las cosas, mantener la unidad lograda en torno a su Estatuto
de Autonomía y que desde el Grupo Parlamentario Popular no haremos nada
que pudiera perjudicarla. Diré que la Constitución democrática de 1978
garantizó el derecho de las nacionalidades y regiones a su
autoidentificación y a su autogobierno y que el histórico pueblo
valenciano hizo uso de tal derecho en la letra y en el espíritu de su
Estatuto de Autonomía. Diré que esta Cámara no es el foro adecuado para
cuestionar el contenido del Estatuto de la Comunidad Valenciana y que si
lo que se cuestiona, como parece, no es el Estatuto, sino su aplicación,
ahí están las Cortes Valencianas para solventar legítimamente cuanto
constitucionalmente compete a su Generalitat.
Señorías, no nos engañemos: lo que hoy estamos dilucidando no es un
problema científico ni un problema universitario; esto no es un congreso
de lingüistas ni es un aula de una Facultad. Al Senado se le pide que se
pronuncie sobre un asunto que --tengámoslo claro-- es competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas y que, por ello, afecta a la
libertad de los pueblos de España para determinar la denominación y el
contenido de sus particulares señas de identidad. El Senado, el Estado no
puede entrar en las políticas lingüísticas desarrolladas por las
Comunidades Autónomas que disponen de un idioma propio sin menoscabar su
legítima capacidad de autogobernación. Si hoy nos pronunciáramos sobre
las acciones u omisiones de cualquier gobierno autónomo respecto de
cualquier competencia que ostente con carácter exclusivo, habríamos
establecido --créanme-- un precedente lamentable. El problema, si lo
hubiera, corresponde resolverlo, con carácter constructivo, a las
Comunidades a las que afecta, y nosotros no podemos, no debemos sino ser
respetuosos con el derecho a la autonomía consagrado por la Constitución.
El catalán, señorías, es un bien esencial para la cultura española y para
la cultura europea, y nosotros estamos dispuestos a defenderlo tanto como
fuera necesario y hasta donde fuera necesario, ahora bien, desde el
respeto solemne a las instituciones a las que democráticamente
corresponde velar por su normalización y por su vitalidad.
La moción que hoy debatimos sugiere una situación de peligro para la
lengua catalana, pero no termina de identificar ni en su exposición de
motivos ni en la intervención anterior dónde se encuentra ese peligro;
más o menos, deja caer que ese peligro está relacionado con la política
de las instituciones de gobierno de las que democráticamente se han
dotado los valencianos. Señorías, la cuestión, por tanto, no es hasta
dónde llega científicamente el catalán, sino con qué derecho nos
introducimos en un terreno que no nos corresponde. Créanme, la autonomía
es la cuestión en este momento.
No analizaré los motivos políticos por los que la Senadora Costa presenta
esta moción, pero, desde luego, con el máximo respeto, sí me permitiré
decirle que son la votación que va a producirse a continuación, en la que
la Cámara se dividirá, la lengua catalana, desgraciadamente, saldrá más
perjudicada que beneficiada. Y le diré aún más, estoy convencido de que
la Senadora Costa sabía de antemano que este fraccionamiento de la Cámara
iba a producirse. Sin duda, el haber defendido este texto puede que le
valga algún titular de prensa, pero piense su señoría con cargo a qué
precio para la lengua catalana obtiene ese titular, piense su señoría con
cargo a qué precio, para la vocación de respeto a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que pretende profesar, obtiene ese titular.
Arriesgarse en una votación insegura, trayendo aquí las señas de
identidad de nuestros pueblos es algo que nunca debería suceder, y menos
que nunca deberían ser objeto de intromisión por esta Cámara que se
reconoce a sí misma el título de representación territorial.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería usted terminar
ya.
El señor GONZALEZ PONS: Voy terminando, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): No, debería terminar ya.
El señor GONZALEZ PONS: Termino, señor Presidente, con una breve
referencia a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
En su punto tercero insta al Gobierno, y cito textualmente, en coherencia
con la unidad de la lengua, a editar una sola versión de dicha lengua
--una sola versión-- de las publicaciones dependientes de cualquiera de
sus organismos
y departamentos, en el respeto a sus distintas modalidades y de acuerdo
con las respectivas Comunidades Autónomas. Una sola versión. Pues bien,
sobre este mismo asunto, el anterior Gobierno socialista respondía a una
pregunta del Senador Ferrer i Gironès diciendo lo siguiente, y cito
textualmente: Con independencia del grado de diferencia lingüística que
puede haber entre los idiomas que se hablan en Cataluña, Valencia y
Baleares, la Administración del Estado considera que el catalán, el
valenciano y el catalán propio de las islas Baleares son, a efectos
oficiales, tres lenguas diferentes, ya que así lo establecen los
artículos 3 del Estatuto de Cataluña, 7 del Estatuto de la Comunidad
Valenciana y 3 del Estatuto de las Islas Baleares. Pura legalidad.
La confrontación de los dos textos es demoledora. El texto del Gobierno
socialista y el texto que hoy presenta la oposición socialista son tan
dispares, son tan contradictorios, que sólo caben dos posibilidades: o
sus señorías piensan cosas distintas según están en el Gobierno o en la
oposición, o sus señorías no dicen lo que piensan ni en el Gobierno ni en
la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Pons.
Esta Presidencia ha entendido que ha acumulado sobre el error dicho el
turno de portavoces. Senador González Pons, ha acumulado en su
intervención el turno posterior de portavoces que le correspondía.
(Pausa.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, que, con las debidas licencias, ha
dividido su turno en dos, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez por
tiempo de un minuto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Solamente quería dejar claro y patente que
Izquierda Unida apoya esta moción.
Independientemente de los procesos que se han dado en los Estatutos de
Autonomía, esta Cámara, por ser territorial, sí es competente para tratar
estos temas. Además, creo que dichos procesos nos hacen un gran servicio
porque estamos a tiempo de intentar reformarlos y mejorarlos entre todos,
llegando a acuerdos para que se resuelvan de la mejor manera posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Cicuéndez.
Tiene la palabra por cuatro minutos el Senador Ferrer Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: Gracias, señor Presidente.
Senadora Costa, en cuatro minutos difícilmente puedo explicarle lo que
pienso y mucho menos lo que siento. De todos modos voy a ser muy breve.
Trae a esta Cámara una cuestión que entiendo que es académica, una
polémica que está enfrentando a filólogos, eruditos, autores y
asociaciones culturales y que, no le engaño, en la Comunidad Valenciana
despierta vivo interés. Es ésta una cuestión que puede dar lugar a la
convocatoria de interesantísimos debates, seminarios, congresos,
indudablemente apasionados. Pueden también redactarse tesis doctorales,
interesantísimas también, por supuesto, profundos estudios o ligeros
artículos de opinión. Pero en ningún caso es ésta una cuestión que deba
debatirse en el Senado. No es esta cuestión sobre la que esta Cámara deba
pronunciarse, porque ésta es, señoría, una Cámara legislativa y no una
tertulia literaria.
La cuestión política que sí podría interesarnos, señoría, es precisamente
en este grave problema la única que está resuelta, y además resuelta como
debe resolverse: en Valencia y por valencianos. Y la tenemos resuelta en
nuestro Estatuto de Autonomía, donde establecemos con absoluta,
terminante y clarísima expresión que nuestras lenguas oficiales, que
nuestros idiomas oficiales son el castellano y el valenciano. Y esto,
señoría, es Ley y, por tanto, Ley a cumplir.
Podría dejarlo aquí, pero iré algo más lejos. Cuando decidimos los
valencianos que nuestro idioma oficial fuera el valenciano, habríamos
podido optar, señoría, habríamos podido optar --repito--, estábamos en
nuestro legítimo derecho, por la misma solución por la que optó la
Comunidad Balear; habríamos podido decidir libre, tranquilamente que
nuestro idioma oficial sería el catalán, pero no lo hicimos, señoría, y
no lo hicimos a conciencia, no lo hicimos sabiendo lo que hacíamos.
Quiere esto decir, señoría, que el nuestro no es un idioma que se llame
valenciano por no llamarse de otra manera; es que los valencianos lo
entendemos así, lo queremos así y, por tanto, será de esa manera; y será
de esa manera en su normativa ortográfica que será la propia que nosotros
determinemos, y la autoridad lingüística, no le quepa duda alguna,
señoría, será una autoridad lingüística netamente valenciana.
Ha citado --para terminar-- su señoría al señor Fuster. Decía Aussias
March que él hablaba en valenciano, que él se expresaba en lengua
valenciana; lo decía también San Vicente Ferrer; a este último
comprenderá, su señoría, que yo le siga muy de cerca porque además de que
tenía don de lenguas yo me encuentro o me siento bajo su más directa
advocación.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Como sus señorías saben, San
Vicente Ferrer tenía el don de la conversión también, convertía a mucha
gente. Muchas gracias. (Aplausos.) Muchas gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, uno no ha podido abstraerse al interés con el que se ha
suscitado el presente debate y, desde luego, este Senador no va a entrar
en las políticas de normalización lingüística de cada Comunidad Autónoma
a las que sin duda alguna debo respetar y, por supuesto, respeto.
Ahora bien, al margen de ello, uno es muy libre de opinar y de tratar de
razonar del mejor modo y manera que se
entienda sobre este particular y sobre este tema que entiendo es de sumo
interés.
En efecto, las entidades autónomas y las políticas lingüísticas de cada
cual son las que son. Pero las lenguas, los idiomas también son lo que
son y tienen razón y esencia de cada lugar en el cual son de uso y
utilidad, y dicho sea, además, al margen de cualquier valoración de signo
político.
Por tanto, señorías, y después de cuanto llevamos escuchando, nada
descubriré si digo que la lengua catalana, como tal, evidencia una
irrefutable personalidad y una paladina independencia, y nada nuevo
afirmaré al decir que el catalán posee una estructura propia como lengua
románica o neolatina, ostentando todas las razones lingüísticas de una
lengua, tales como la estructura propiamente dicha, la fonética, la
morfología, la sintaxis, el vocabulario, etcétera.
El idioma catalán, qué duda cabe, es perfecto como lengua de expresión
oral y escrita, y posee valores incontestables para la interlocución y
para el estudio de cualquier materia. Como idioma, es una lengua,
señorías, que se merece todo, se merece absolutamente todo menos el que
tengan que existir razones para que haya podido suscitarse en su entorno
el debate de hoy en esta Cámara, dicho sea sin merma de la libertad
parlamentaria que nos asiste y dicho sea también desde nuestra
perspectiva de mantener en uso un idioma preindoeuropeo, que es nuestro
euskera.
A la vista de este debate, señorías, se me ocurre pensar que, en lo
atinente a la naturaleza de la realidad histórica y a los hechos y demás
circunstancias inherentes, nada hay peor para los frutos de la naturaleza
que tratar de imponer la desnaturalización de aquello que es natural y
correcto.
Entendemos que, en cuanto a lo que se refiere al plano de lo cultural --y
el plano cultural es materia de este foro y, consiguientemente, el tema
de hoy es materia de este foro, según nuestro criterio-- pocas cosas hay
tan graves y lesivas como la utilización de una lengua como arma
arrojadiza en pro o en contra de unos intereses determinados por la
política, siendo como es un elemento profundamente serio y altamente
enriquecedor en sí mismo, y siendo, como es, vehículo de unión y que no
debe ser jamás de separación, según lo define a la perfección la Carta
Europea de Lenguas del Consejo de Europa, aprobada mayoritariamente en
esta misma Cámara en la anterior legislatura, a propuesta de nuestro
Grupo político. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Efectivamente, señorías, una lengua es base cultural de primera magnitud
que ha de ser estimada y valorada en sí misma, sirviendo por igual a
todos cuantos hacen uso natural de ella o deseen aproximarse a la misma
por motivos de erudición o simpatía o bien por mero interés de parte a
efectos de mejor entendimiento o útil comercial.
Sinceramente, confieso a sus señorías que este tipo de debates desazonan
a este Senador y le producen tristeza y preocupación, puesto que una
lengua, cualquiera que sea, es la que es, y encaja a la perfección donde
quiera que sea utilizada, pese a las variantes propias de cada lugar de
su implantación o uso, lo cual también puede merecerse una consideración
específica. Como estudio y adecuación se entronca exclusiva y plenamente
en lo que se denomina ciencia lingüística, nada más y nada menos, y para
desarrollar una actividad lingüística o lingüístico-estructural, situada
en torno a lo que significa y representa una lengua para tratar de
descubrir su estructura o, como suele decirse, su gramática, existen,
señorías, ustedes lo saben, el análisis lingüístico o la lingüística
estructural, sin que para nada sirva la subjetividad de su demarcación
geográfica que, en todo caso, es la que es, y no ofrece mayor valor
antropológico que el de una mayor o menor expansión de una lengua
hablada.
Como quiera que sea y en todo caso, la relación genética de una lengua se
demuestra tan sólo por el llamado método comparativo, en relación si
preciso fuera a la geografía dialectal o la variedad de formas de
expresión, partiendo de sus dos unidades más básicas, el fonema, que se
refiere al sonido, y el morfema, que se refiere al significado. Y a poco
que se hayan seguido los trabajos y las consideraciones de eruditos y
lingüistas, hoy no debe ofrecer la menor duda que el catalán, que, como
hemos dicho, ostenta características lingüísticas de orden específico, es
una de las nueve lenguas románicas o neolatinas que continúan manteniendo
su independencia en exclusiva y su propia esencia. Es una, repito, de las
nueve conocidas. Las otras ocho, reconocidas con la máxima oficialidad
lingüística, son: español, italiano, francés, romano, provenzal,
retrorromano, portugués y gallego. Estas nueve son las que son, ni una
más, ni una menos. Y de esta realidad numérica contrastada
científicamente y en atención directa a una de estas lenguas neolatinas,
el catalán, es de donde surgió el Institut d'Estudis Catalans el año
1907, de cuyo seno salió la nueva ortografía por obra principal, si no me
equivoco, de Pompeu i Fabra, la gramática preceptiva y la restauración de
la lengua literaria.
Si pudieran, señorías, asistir a este debate tan excelsos próceres de la
lengua catalana como, por ejemplo, entre otros muchos lo fueron, el
mallorquín Ramón Llull, escritor de rara fecundidad, el valenciano de
Gandía, Aussias March, poeta de dicción pura y netamente catalana, o el
catalán Joan Maragall, uno de los espíritus más universales de la época
moderna y esencialmente exponente de lo catalán, por no citar también a
los mallorquines Miguel Costa i Llovera y Joan Alcover, que incorporaron
las Baleares decisivamente al recibimiento de las letras catalanas, no
dudo, señorías, de que se harían de cruces y de que se sentirían muy
inquietos, como mínimo, por no decir que abochornados.
A tenor de estas breves consideraciones, señorías, por un principio
fundamental que se enraíza en nuestra propia etnia cultural de vascos,
por el máximo respeto debido a toda lengua en uso y por el obligado
respeto a la ciencia lingüística, me permito anunciar el voto favorable
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a los tres
puntos que se establecen como epílogo de la moción presentada por la
Senadora Pilar Costa Serra, cuyos contenidos definitivos, a nuestro
entender, ha sabido transar con sabiduría y tacto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela, por tiempo de diez minutos.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
El tono que ha tomado el debate, interesante debate suscitado por Pilar
Costa --y nuestro Grupo agradece que haya presentado esta moción--, me
hace compartir los temores que acaba de explicitar el Senador Bolinaga:
quizás, si antiguos próceres que él ha citado estuviesen hoy presentes
estarían inquietos por la marcha del debate, incluso --ha dicho--
abochornados, desazonados. Yo también expreso mi desazón, y un poco mi
bochorno, por cómo se desarrolla este debate.
Nuestro Grupo nunca había tomado iniciativas, y en esto doy la razón al
Senador González Pons, para traer a esta Cámara temas como el de la
unidad de la lengua porque en estos temas que afectan a lo más íntimo del
alma de las personas y de los pueblos o no hay consenso en los pasos en
los que se avanza o es problemático que sea positivo el debate. Es
problemático, pero no imposible, y estamos en la Cámara para expresar
opiniones, actitudes y posiciones, y quizás de este debate, que tiene
hasta ahora una excesiva acritud, se pueda sacar algo positivo. Se ha
dicho: ¿Saldrá perjudicada la lengua? Quizás. O no; depende de nosotros,
de la actitud que tomemos a partir de ahora en nuestros respectivos
territorios. En cualquier caso, sea bienvenido el debate que nos permite
avanzar algo en un tema que, insisto, atañe al alma de los pueblos.
Este no es un debate jurídico, terreno al que usted pretendía llevarlo, y
tampoco es un debate filológico, evidentemente. Aquí no se debate la
unidad de la lengua --por cierto, me hubiera gustado que se explicase por
parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular esta afirmación, la
unidad académica de la lengua, que está absolutamente demostrada y que no
tiene ámbito de discusión; me hubiese tranquilizado mucho oír esta
afirmación explícita--; no estamos para eso, esto no es un debate
filológico ni lingüístico. Pero sí estamos para pedir al Gobierno
acciones de gobierno. Como dice mi compañera Diputada en el Congreso
Carme Laura Gil i Miró, no se puede someter a los políticos a votación
sobre si el teorema de Pitágoras es cierto o no lo es. Eso no es materia
de los políticos, pero sí lo es pedirles acciones de gobierno que afecten
al ámbito que se está debatiendo. Por ejemplo, no entendemos cómo puede
ocurrir ahora en España que un licenciado que haya estudiado catalán en
Cataluña tenga que hacer un examen para ir a dar clases al País
Valenciano. Francamente, no lo entendemos. Lo encontramos humillante y
doloroso. Esas son las acciones que pedimos al Gobierno y que entran de
lleno en el punto primero de la moción. Por lo tanto, no es un debate
lingüístico, pero sí de acciones.
Respecto de la segunda cuestión --para tratar de sacar algo positivo de
este debate-- se han mencionado, tanto por parte de la Senadora Pilar
Costa como de la Senadora Virgili y otros Senadores, todos los escritores
y la riqueza del patrimonio que representa la lengua catalana. No
insistiré en ello, pero sí hemos llegado a una cierta crispación o
polémica lamentable y triste, quizá porque no se entiende cuál es el
ánimo de estas cuestiones. Me voy a permitir leer brevemente, con este
ánimo de intentar aprender y sacar algo positivo de este debate, lo que
decía Pompeu i Fabra en el año veinte: Nosotros, los catalanes, no
pretendemos supeditar ninguna variedad a otra. Se trata simplemente de
que en cada una de las tres regiones de lengua catalana se realice una
obra de depuración, de reforzamiento de la lengua. Cada una de esas
lenguas tiene sus clásicos en nuestra gran literatura medieval. Que cada
una de ellas tome modelos para depurar y fortalecer su variedad
dialectal. Solamente esto haría que, sin salirse de unos y otros, en
nuestro catalán nos encontraríamos escribiendo modalidades muy diferentes
en una misma lengua literaria. Es decir, no existe un ánimo de
supeditarse unas a otras. Todas tienen la misma categoría.
En relación con el primer punto de la moción, respecto del cual aceptamos
las enmiendas a las que se ha referido la Senadora Virgili, hacemos lo
mismo con algunas acciones que ésta ha dicho que podríamos tomar en la
línea de evitar hechos como el que he referido de los profesores que
tienen que volver a examinarse.
En cuanto al segundo punto relativo a iniciar conversaciones con el
Gobierno francés para establecer mecanismos de colaboración para proteger
el idioma en el Rosellón, en el Capcir, éstos son territorios que
Cataluña y España perdieron 50 años antes de perder Gibraltar. Luego,
¿proteger el patrimonio lingüístico en esos territorios no ha de ser
interés de esta Cámara, no ha de ser interés del Gobierno del Estado
proteger este patrimonio que es nuestro? Francamente, no entendemos que
no se vote a favor de este punto.
El tercer punto, urgir que el Gobierno cuide para que las ediciones
oficiales se hagan en una sola versión de esta lengua común, con respeto
a las distintas modalidades --en la moción también se dice de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, por lo tanto, con respeto a las Comunidades
Autónomas--, no solamente nos parece razonable, sino absolutamente
necesaria si se quiere cumplir estricta y sinceramente la Constitución.
Sabemos que entre los diferentes servicios lingüísticos de la Comunidad
catalana, Illas Balears y País Valenciano existen ya tareas de
coordinación que llegan casi siempre a acuerdos razonables para realizar
diversas acciones, tareas de coordinación que son posibles y positivas.
Si ello es así de manera no oficial y no regulada, ¿cómo no va a ser
posible que el Gobierno intente cuidar, con la pulcritud y el tacto que
el tema se merece, que se editen textos oficiales en una sola versión que
respete simplemente las pocas diferencias que exigen las diversas
modalidades lingüísticas?
No hay duda, pues, de que acciones decididas adoptadas por el Gobierno
central, acciones encaminadas a lograr que se viera que no pasa
absolutamente nada en conseguir versiones únicas de los textos oficiales,
serían altamente positivas para reconocer que se avanza de manera
decidida --no formal, sino decidida-- hacia el reconocimiento
sincero del hecho de que España es un Estado plural y que los diversos
pueblos, las diversas lenguas, tienen cabida en él con naturalidad y
comodidad.
Señoras y señores Senadores, este año se celebra el centenario del
nacimiento de Josep Pla para recordar y homenajear al gran escritor que
forma parte del patrimonio cultural de Cataluña y de todo el Estado. Este
escritor --patrimonio, repito, de toda el área cultural y lingüística
catalana--, en el libro «Notes Disperses», acaba con la siguiente frase,
muy breve, que me voy a permitir leer en catalán --luego traduciré,
aunque se entiende perfectamente--. Dice Josep Pla: «Una literatura, en
totes les seves formes, és l'esperit d'una llengua --es el espíritu de
una lengua--. Fondre llengua i poble es donar-li un esperit --fundir
lengua y pueblo es darle un espíritu--. Es la primera obligacció d'un
escriptor. Aquesta feina és la primordial i, si convé sacrificar-hi tres
generacions, cal fer-ho impertorbablemente.» Es decir, esa tarea de
fundir lengua y pueblo es la tarea primordial de un escritor, y si
conviene dedicarle tres generaciones, hay que hacerlo de manera
imperturbable.
Pues bien, señoras y señores Senadores, esto no es solamente tarea de los
escritores, sino también de los políticos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, los
temas de lengua exigen un consenso mayoritario, es cierto, y este
consenso mayoritario, ¿quién lo ha de protagonizar cuando no se produce?
El grupo de la mayoría como mínimo lo ha de intentar, ha de jugar
abiertamente a conseguir el consenso mayoritario. Lo que no puede hacer
es esconderse, salir en el último momento del agujero y lanzar una
diatriba a todo el Senado acusando a todos los Senadores de
irresponsabilidad, cuando su responsabilidad era encabezar, por
responsabilidad institucional, un proceso que hubiera tenido a los
socialistas como colaboradores junto con otros grupos de la Cámara. Estoy
convencido de ello.
Segundo elemento. La Mesa, al examinar la moción, descartó el primer
punto. Estudió a fondo la moción y, al descartarla, quiere decir que, sin
lugar a dudas, entró. Ningún Grupo afirmó ningún elemento complementario
ni ninguna contrariedad, lo cual quiere decir que esta moción, cuando
entra en esta Cámara y ha pasado el filtro de la Mesa, es una moción para
ser debatida en la Cámara. Su idoneidad no puede ser puesta en duda por
nadie; la idoneidad es absoluta, al cien por cien, legítima desde el
punto de vista democrático e institucional. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Es cierto que, en un tema de estas
características, todos los esfuerzos deben ir en la dirección de alcanzar
el máximo consenso posible. Es por esto que nosotros hicimos estas
enmiendas, intentando alcanzar el máximo consenso posible, y con la
esperanza --y lo digo con toda sinceridad y lealtad democrática-- de que
el Grupo Parlamentario Popular pudiera sumarse a este consenso. Por esto
hemos hecho este esfuerzo.
Debo decir también, con mucha claridad, que no podemos estar de acuerdo
con todos los aspectos de la intervención que ha realizado la señora
Senadora, a la que agradecemos su esfuerzo, su moción y su iniciativa.
¿Por qué? Porque ha establecido críticas políticas que posiblemente no
eran prudentes en un debate de estas características, pero la moción no
tiene ningún elemento que sea ajeno a lo que estamos hablando en relación
a la lengua. Desde este punto de vista, nos gustaría deslindar
perfectamente lo que son los contenidos de la moción de lo que puedan
haber sido expresiones libres, por lo tanto, expresadas con toda libertad
en esta Cámara, y puede ser que algún Grupo haya mostrado su desacuerdo.
Está bien claro para todos que estamos debatiendo un tema de importancia.
Aquí sí me gustaría hacer una consideración institucional. ¿Es o no es el
Senado una Cámara que ha de jugar un papel relevante en el impulso de
políticas tendentes al hermanamiento entre Comunidades Autónomas? ¿Es o
no es el Senado, como Cámara territorial? ¿No es nuestra vocación
interpretar de forma positiva, y no dejar sólo para las Comunidades
Autónomas lo que es el artículo 3.3 de la Constitución, cuando dice que
la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección? ¿No
nos corresponde a nosotros velar de forma especial por este elemento
sustancial de nuestra Constitución, que es un elemento de integración
dentro de la diversidad que es la grandeza del Estado de las Autonomías?
Creo sinceramente que ésta es nuestra obligación; ésta es nuestra
respuesta; éstas son nuestras enmiendas y éste es nuestro posicionamiento
delante de esta situación.
Es evidente que en esta moción, por parte de un Grupo, se ha despertado
un conjunto de preocupaciones que forman parte de otra lógica que no está
en el sí de la moción y, por lo tanto, nos gustaría que rectificaran su
posición y se sumaran a ella porque, curiosamente, son los únicos que no
se adhieren a esta posición --con una excepción muy honrosa--. Son el
único Grupo que como tal no se apuntan y no dan soporte a una moción que
es absolutamente razonable desde nuestro punto de vista.
Voy a referirme a ella porque es de lo que estamos hablando realmente. En
el primer punto, cuando se dice: «defender la unidad de la lengua
catalana», nosotros hemos querido establecer: «enriquecida por sus
diferentes modalidades y denominaciones» para dar un asentimiento de
abertura, para que todo el mundo se encontrara cómodo y que no se hiciera
la diferencia lingüística una querida diferencia política, como se ha
hecho en los últimos años en muchas oportunidades y ocasiones. Por lo
tanto, un esfuerzo de sensibilidad de lenguaje que nos puede integrar a
todos los que estamos en esta área lingüística especial pero rica en todo
un conjunto de modalidades.
Hemos hecho este esfuerzo --cremos que es una contribución positiva-- y
agradecemos a la señora Senadora que la haya aceptado, porque creo que
enriquece el primer punto.
Lo que hacemos en el Senado es una declaración enfática defendiendo la
unidad de la lengua con todas sus modalidades. No estamos reinterpretando
nada, no estamos haciendo de academia científica, no estamos diciendo lo
que dicen los rectores; estamos diciendo una obviedad, pero ésta está
situada en un contexto, que es un contexto institucional y encuentra en
el lenguaje de esta moción un vehículo claro para manifestar un
posicionamiento político en torno a este tema.
Segundo punto. Cuando se dice: «entablar conversaciones con el Gobierno
francés...» yo preguntaría: ¿Corresponde o no corresponde al Senado dar
el impulso político al Gobierno para determinadas actuaciones en campos
que son especialmente sensibles o importantes? Nosotros creemos que sí;
no sólo lo creemos, sino que pensamos que es el imperativo moral de la
actuación de las Cámaras Parlamentarias. Desde ese punto de vista creemos
que todo lo que sea impulsar mejoras políticas en determinada dirección
entra plenamente en las actuaciones de nuestra Cámara parlamentaria.
El Gobierno francés, que conviene recordarlo, es un Gobierno de corte, y
lo diré con una expresión francesa, inequívocamente jacobino en el tiempo
y en el espacio y que no ha tenido modulación en sus políticas, ha hecho
unos avances significativos en campos de política regional, pero poco
significativos en el campo de la lengua en el que digamos que ha tenido
una forma muy unitaria de entender la realidad. Seguramente es bueno que
digamos desde este Senado que estamos orgullosos de que el desarrollo
constitucional y autonómico de nuestro país haya permitido un desarrollo
positivo de nuestra riqueza lingüística y que es bueno que el Gobierno
español tenga los contactos pertinentes con el Gobierno francés para que
se pueda establecer una política de mutuo conocimiento; políticas por
otra parte reconocidas por acuerdos del Consejo de Europa que están
aprobados pero aún no ratificados y que hacen referencia evidentemente al
Convenio Europeo de Cooperación Transfronteriza que también nosotros
hemos firmado.
Entramos en el tercer punto que seguramente es el más importante y que
nos puede derivar hacia planteamientos que no son correctos. En el tercer
punto se insta al Gobierno, coherentemente con la unidad de la lengua, a
editar una sola versión en dicha lengua de las publicaciones dependientes
de cualquiera de sus organismos y departamentos. Se dice con toda
claridad: en una determinada lengua, en una única lengua. El
planteamiento del trilingüismo, cuatrilingüismo, sería situarnos en un
nivel de incultura en el contexto de las lenguas románicas y dentro de la
cultura mundial, lo que ocurre es que se pone a continuación, y ésta es
nuestra enmienda, en el respeto a sus distintas modalidades y con un
acuerdo institucional, éste sí que es un tema importante, de acuerdo con
las respectivas Comunidades Autónomas. Es decir, las Comunidades
Autónomas toman un papel activo; pueden no estar de acuerdo o jugar el
papel que consideren conveniente. Por tanto, lo que estamos haciendo es
instar al Gobierno a que tome una posición y esta posición es clara en
una dirección; ha de ser respetuosa con unas modalidades y colaboradora
con otras realidades institucionales que son las Comunidades Autónomas.
Creo sinceramente que nosotros con este planteamiento damos una salida
positiva, de impulso, de colaboración, de cooperación, una salida
fraternal. Evidentemente si no avanzamos en estos temas y dejamos que la
lógica, no diré yo legítima, sino absolutamente inculta e interesada
políticamente vaya desarrollándose por el territorio en base a crear
malos entendidos colectivos, no vamos a hacer otra cosa que no cumplir
con los mandatos constitucionales, incumplir la misión que creemos que ha
de realizar nuestra Cámara y no cumplir con un objetivo que los
socialistas creemos básico como es la cooperación y la fraternidad entre
hombres, mujeres y colectividades respetando sus diferencias.
Me gustaría hacer al final de esta intervención algún tipo de reflexión.
Las cuestiones que preocupan en el desarrollo actual de la situación
lingüística son aquellas que se sitúan en puntos límite. Cuando en una
situación geográfica determinada, y no voy a hacer alusiones concretas,
desde un Gobierno se lanza una política de normalización lingüística
determinada y desde el Parlamento se interpreta que ha de haber otra
política de normalización lingüística, hay algo que solucionar entre
todos y hay que poner las bases para solucionarlo porque esto permite
avanzar no sólo en la unidad de la lengua, sino en la unidad
convivencial, porque si no, se sitúan los problemas políticos en el campo
del surrealismo y no en el campo del realismo de objetivos que es donde
se ha de situar siempre la política democrática.
Les diré con toda sinceridad que nuestra máxima ilusión sería que pueda
existir un entendimiento de naturalidad, es decir, que estos procederes
que a veces algunos defienden de que a partir de alcanzar una
responsabilidad en una Comunidad Autónoma se puede hacer lo que se
quiera, se ponen unas puertas y no existe comunicación, que es lo peor
que se puede hacer porque se empobrece el sistema. Una cosa es defender
el autogobierno, las legítimas competencias y libertades y otra abrir las
puertas a todo el aire cultural y la realidad viva de la misma sociedad.
Desde este punto de vista, y acabo con una impresión personal, me
gustaría decirles que la máxima ilusión que tendríamos seguramente muchas
y muchos Senadores sería ver cómo en un amplio territorio en el que hay
distintas Comunidades Autónomas de un ámbito lingüístico común se puede
ser maestro en una y en otra. Existe la normalidad como forma de vida, el
entendimiento como forma de vida, el entendimiento, por tanto, como una
forma de estímulo y de creatividad de cara al futuro. Este es nuestro
objetivo.
Me gustaría, para acabar, decirle al Grupo Parlamentario Popular que no
discuta los elementos del prólogo de la moción y que no discuta el
discurso que ha hecho, en concreto, la Senadora haciendo uso de su plena
libertad, sino que entre en el tema. Y si no quiere votar los tres que lo
diga claramente y que diga por qué. Y si, como mínimo, puede votar uno o
dos, que lo vote --entre todos avanzaremos-- porque si no, no se habrá
producido un retroceso, posiblemente se habrá producido un aviso
importante porque
hoy se ha originado un movimiento en esta Cámara que hace pensar a todos,
y mucho.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Armet. (El señor González Pons pide
la palabra.)
¿Por qué me pide la palabra?
El señor GONZALEZ PONS: Por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Pues por el artículo 87 tiene su señoría dos
minutos.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
He sido requerido por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a
responder a algunas cuestiones, y así me siento en la obligación
parlamentaria de hacerlo.
Por supuesto que nosotros no hemos negado, y no me lo habrá oído usted a
mí, Senador Armet, en ningún caso ni el diálogo ni la confluencia, ni el
que cada cual cumpla con su competencia. Hemos dicho, simple y
llanamente, que el reparto de poderes que hizo la Constitución se hizo
para algo y que debemos respetarlo. Y si hay un problema, éste
corresponde resolverlo a las instituciones que son competentes.
Acabo de oír que usted realizaba dos discursos distintos, uno político y
otro jurídico, y uno y otro eran contradictorios. Por una parte, decía
que a esta Cámara correspondía analizar todas las cuestiones que se
relacionaban con la cultura, etcétera, sin afectar a las Comunidades
Autónomas. Luego ponía ejemplos --no estoy intentando abrir un debate--
en los cuales hacía referencia a políticas de determinadas Comunidades
Autónomas que estoy convencido que su Grupo comparte con el mío la
necesidad de que desde esta Cámara no sean censuradas ni criticadas.
Decía su señoría que el texto de la moción no es el de la Exposición de
Motivos. En nuestra opinión, la Exposición de Motivos condiciona
necesariamente la interpretación que se dé al texto de la moción, tanto
que la Senadora que la ha defendido ha utilizado en su propia
intervención prácticamente de forma literal el texto de la Exposición de
Motivos. Es más, decía su señoría que el punto primero había sido
suprimido y con esto se había pasado un filtro. No en la intención
política de la moción, porque si ha escuchado su señoría atentamente la
intervención de la Senadora Costa, ha dicho textualmente que ese punto
primero lo consideraba incluido en el resto de los puntos de la moción.
Luego si algún inconveniente de inconstitucionalidad se correspondía con
ese punto primero, ese inconveniente de inconstitucionalidad pervive en
la letra de la instancia al Gobierno.
Y permítanme que para terminar también lea yo una cita de un Senador
socialista, el Senador Beviá, que corresponde al debate que se produjo en
esta Cámara cuando se debatía el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana. Decía el Senador socialista Beviá a sus señorías: «Yo querría
que sus señorías fueran conscientes del tremendo esfuerzo que han tenido
que realizar las fuerzas políticas valencianas presentes en la Cámara
para llegar a este acuerdo global. Y si en otros casos ha prevalecido el
respeto del Senado ante las decisiones de los representantes de una
Comunidad, cualquiera que fuere el grado de aceptación de aquellos
concretos proyectos de ley que a ellos solos pudiera afectarles, que hoy
hicieran ese mismo esfuerzo y respetaran la plasmación de nuestra
voluntad de entendimiento en nuestro Estatuto de Autonomía.»
Muchas veces he oído yo en esta tribuna a senadores de distintos ámbitos
territoriales solicitar respeto para los pactos políticos fundacionales
de sus Comunidades Autónomas, respeto para las letras de sus estatutos de
autonomía. Señorías, con mayor o menor vehemencia, este Senador sólo les
ha pedido respeto para la voluntad fundacional contenida en el Estatuto
de Autonomía valenciano.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador. (La señora Costa
Serra pide la palabra.)
La Senadora Costa, ¿por qué solicita la palabra?
La señora COSTA SERRA: Señor Presidente, solicito la palabra en función
del artículo 87 del Reglamento. No sólo he sido aludida sino que, además,
se han interpretado erróneamente mis palabras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por dos minutos. Le ruego se ciña a
ese tiempo.
La señora COSTA SERRA: Sí, señor Presidente. Me atendré a ese tiempo.
Gracias.
Decía que creo que se han interpretado equivocadamente mis palabras
cuando me he referido a la exclusión, por parte de la Mesa de la Cámara,
del párrafo primero, y es que en ningún caso he dicho que entendía
incluido este primer párrafo en la moción ya que, por supuesto, tengo que
respetar --y así lo hago-- la decisión de la Mesa y atenerme a ella como
no podría ser de otra manera. Lo que he dicho es que, en mi opinión, la
finalidad de la moción se entendía en el segundo punto, el referido a la
unidad de la lengua catalana, pero en ningún caso quisiera saltarme nada
puesto que no puedo hacerlo y porque, como he dicho, respeto la decisión
de la Mesa de la Cámara.
También quisiera hacerle una pregunta al portavoz del Grupo Popular,
señor González Pons, en relación con lo que ha dicho sobre que el Senado
no es el foro adecuado para discutir este tema y que estamos ante una
intromisión injustificada. Si ésta no es o no tendría que ser la Cámara
de representación territorial, si no es en esta Cámara donde tenemos que
debatir estos temas, ¿en qué Cámara tendrán que debatirse? Por otra
parte, tenemos que tener en cuenta que la propia Constitución española
(Fuertes rumores.) otorga este mandato al Estado para que pueda
intervenir a efectos de defender todas las lenguas oficiales del Estado
y, por tanto, también la lengua catalana. Es decir, no entiendo muy bien
qué significa el que se diga que no estamos ante el foro adecuado cuando
la propia Constitución española así lo establece en su artículo 3.3.
También quiero decirle a mi colega del Grupo Mixto, Senador Ferrer, que
me parece que es una contradicción que se diga que estamos ante una
cuestión académica y que por otro lado se manifieste que serán los
valencianos o la Comunidad Valenciana quienes determinen la ortografía
que se le quiera dar a la lengua que se habla en esa Comunidad. Creo que
el representante del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha sido muy
claro; ha utilizado una frase muy expresiva cuando ha dicho que las
lenguas son las que son. En este mismo sentido se ha expresado también el
portavoz del Grupo Catalán, Senador Varela, a cuyo Grupo agradezco, igual
que al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el apoyo a esta moción.
Por otra parte, entiendo que en esta Cámara, independientemente de lo que
se vote, el que haya división de votos no supone una división de la
Cámara ni mucho menos que se perjudique la lengua --en este caso la
lengua catalana que es sobre la que estábamos debatiendo-- o se intente
una división de la lengua catalana. (Fuertes rumores.) Por favor,
señorías, estamos precisamente en una Cámara de representación
territorial. Creo que es aquí donde se pueden debatir las ideas,...
El señor PRESIDENTE: Senadora Costa, termine, por favor.
La señora COSTA SERRA: ... creo que es aquí donde podemos hacerlo con
absoluta libertad.
Para finalizar quisiera decir que espero que, partiendo de una actitud
positiva, podremos sacar consecuencias también positivas de este debate
que ha tenido lugar esta tarde en la Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Costa.
Concluido el debate, vamos a pasar a su votación.
Ha sido aceptada la enmienda. Por tanto, votaremos la moción con esa
enmienda incorporada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 100; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. (Rumores.)
Ruego a sus señorías que guarden silencio o abandonen el hemiciclo, por
favor.
--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE
INTERNACIONAL SOBRE EL RIO AGUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA FREGENEDA
(ESPAÑA) Y BARCA D½ALVA (PORTUGAL), FIRMADO «AD RERENDUM» EN MADRID EL 18
DE ENERO DE 1996. (S. 610/000057.) (C. D. 110/000039.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El primero es el Convenio entre
España y Portugal para la construcción de un puente internacional sobre
el río Agueda entre las localidades de La Fregeneda (España) y Barca
d½Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de
1996.
No se han presentado propuestas. Si no hay petición de palabra por parte
de los grupos, propongo que sea aprobado por asentimiento.
Así es y así consta. (Rumores.)
Señorías, es un poco duro tener que hacer este oficio de «speaker»
teniendo a la Cámara con tanta conversación y con tanto ruido. Les ruego,
por favor, que cuando ustedes se comuniquen entre sí lo hagan con la voz
que requiere el ambiente de esta Cámara.
Les agradezco lo que están haciendo en estos momentos.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE
COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN
BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995. (S. 610/000058.) (C. D. 110/000042.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tratado entre el Reino de España
y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades
territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
Tampoco se han presentado propuestas. Si no hubiere petición de palabra,
les propongo que sea aprobado por asentimiento.
Así es y así consta y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del Tratado entre el
Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza
entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA INTEGRACION DE
LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN
SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA DE GESTION DEL DESARROLLO, LA
PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION
DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF2000 Y DEL TORNADO
(NETMA).
(S. 610/000059.) (C. D. 110/000052.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Memorándum de entendimiento
número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del
desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la
Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del
EFA (NEFMA) en la agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y
la logística EF2000 y del Tornado (NETMA). También se tramita por el
procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas ni hay petición de palabra, por lo que
propongo que sea aprobado por asentimiento. (El señor Nieto Cicuéndez
pide la palabra.)
El Senador Nieto Cicuéndez tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Queremos manifestar nuestro voto en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por tanto, sometemos a votación si autorizamos o no que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del Memorándum de
Entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN
de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA
(NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la
logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo,
la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 218; en contra, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto, queda autorizado el
Gobierno según se ha relatado antes de esta votación.
--ACTA DE REVISION DEL ARTICULO 63 DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA DE
17 DE DICIEMBRE DE 1991. (S. 610/000060.) (C. D. 110/000059.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el Acta de
Revisión del Artículo 63 del Convenio de la Patente Europea del 17 de
diciembre de 1991.
No se han presentado propuestas. Si tampoco hubiere turno de portavoces,
pregunto a la Cámara si hay algún inconveniente en que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así se declara y consta que ha sido autorizado en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio del Acta de Revisión del Artículo 63 del Convenio de la Patente
Europea del 17 de diciembre de 1991.
--INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO DE
SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 1996. (871/000001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El cuarto y último punto del
orden del día del pleno de hoy es el informe sobre actividades de la
Comisión de Peticiones en el período de sesiones Febrero-Junio de 1996.
Tiene la palabra la señora San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el curso de la sesión celebrada el día 2 de diciembre de
1996 la Comisión de Peticiones aprobó el informe correspondiente a las
actividades desarrolladas en el período de sesiones, comprendido entre
los días 1.º de febrero y 30 de junio de 1996.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la
Comisión de Peticiones acordó en esa misma sesión elevar a la Presidencia
de la Cámara el informe de referencia donde se ofrece relación de
peticiones presentadas, de las decisiones que se adoptaron sobre las
mismas y de las contestaciones recibidas de las autoridades a las que se
trasladaron. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, espere un momento, por
favor.
Señores Senadores, si hacen la prueba de bajar todos un poco la voz,
verán cómo se pueden comunicar sin el ruido que se está produciendo entre
todos. Hagan la prueba de hablar flojo y verán cómo la señora Senadora
podrá hacer uso de la palabra con el mínimo de dignidad que se requiere.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como en informes anteriores, señorías, se acompaña la relación nominal de
los peticionarios, número de peticiones e indicación sumaria de su
contenido. Dichas peticiones han dado lugar a los trámites siguientes,
cuya totalidad no coincide con la de peticiones presentadas, puesto que
una misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites
simultáneos o sucesivos y, por otra parte, las peticiones recibidas,
después de la última reunión de la Comisión, previa a las vacaciones
parlamentarias, se estudiarán al inicio del segundo período de sesiones:
Archivo, sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, si hay en
el escrito datos que lo permitan, por no tener carácter de petición,
faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto, no
tener otra finalidad que su conocimiento por la Comisión o tratarse de
reiteraciones en temas ya resueltos anteriormente por la Comisión sin que
se aporte ningún elemento de juicio nuevo, 15; traslado a Comisiones del
Senado, por referirse a temas que puedan ser objeto de iniciativa de los
señores Senadores, uno; traslado a los grupos parlamentarios del Senado,
11; traslado a los departamentos ministeriales: a Trabajo y Asuntos
Sociales, 2; a Asuntos Exteriores, 2; a Economía y Hacienda, 4; a
Educación y Cultura, 1; a Justicia, 1, y a Presidencia, 1. Traslado a
otros organismos: Consejo General del Poder Judicial, 3; Colegio de
Abogados de Barcelona, 1; Comunidad Autónoma de Madrid, 2; Ayuntamiento
de Barcelona, 1, y Defensor del Pueblo, 2.
Durante el período de tiempo que comprende el presente informe, se han
recibido respuestas a las siguientes peticiones de la anterior
legislatura que se habían tramitado remitiéndolas a distintos organismos:
215, 216 y 221. Dado el número de peticiones que deben trasladarse a
otros organismos, la Comisión se ha preocupado del seguimiento de las
mismas, y a dicho efecto se cuenta con expedientes individuales de cada
petición, siempre actualizados, que permiten consultar y conocer en todo
momento el estado de la tramitación de los mismos.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señora San
Baldomero.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por tanto, damos por recibido el informe.
Recuerdo a sus señorías que el Pleno empezará mañana a las nueve.
Se suspende la sesión.
Eran las diecinueve horas y treinta minutos.
CORRECCION DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» n.º 25, correspondiente
a la Sesión Plenaria del martes, 17 de diciembre de 1996, en la página
971, el resultado de la votación de las enmiendas números 41, 42, 43, 44,
68, 69, 71, 72, 73 y 74 al proyecto de Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, es el siguiente: Votos emitidos, 247;
a favor, 4; en contra, 242; abstenciones, 101.
En el «Diario de Sesiones» n.º 26, correspondiente a la Sesión Plenaria
del miércoles, 18 de diciembre de 1996, en la página 977, que contiene el
Sumario, el resultado de la votación de las enmiendas números 6 y 7, al
Título II del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, es el siguiente: 101 votos a favor, 135 en contra y 2
abstenciones.
En el «Diario de Sesiones» número 28, correspondiente a la Sesión
Plenaria del viernes, 20 de diciembre de 1996, en la página 1109, que
contiene el Sumario, el resultado de la votación de la enmienda número 31
al proyecto de Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias, es el siguiente: 210
votos a favor y 3 abstenciones.