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DS. Senado, Pleno, núm. 21, de 20/11/1996
Año 1996 VI Legislatura
Núm. 21
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 20 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 22, de fecha 6 de noviembre de 1996.) (Número de
expediente S. 610/000022.) (Número de expediente C. D. 110/000031.)
--Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra,
firmado en Bruselas el 28 de noviembre de 1994. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 23, de fecha 6 de noviembre
de 1996.) (Número de expediente S. 610/000023). (Número de expediente C.
D. 110/000032.)
--Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 24, de fecha 6 de noviembre de 1996.) (Número de
expediente S. 610/000024.) (Número de expediente C. D. 110/000033.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición
interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de
las empresas (procedente del Real Decreto-Ley 8/1996, de 7 de junio). Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 1, de fecha 18
de noviembre de 1996.) (Número de expediente S. 621/000001.) (Número de
expediente C. D. 121/000004.)
--Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1995. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Sección Cortes Generales, Serie A, número 7, de fecha
26 de junio de 1996, y número 10, de 18 de julio de 1996.) (Número de
expediente S. 780/000001.) (Número de expediente C. D. 260/000001.)
--Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, relativo a la cuenta general del Estado correspondiente al
ejercicio de 1992, así como resolución adoptada por dicha Comisión.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, Serie A, número 21, de fecha 7 de noviembre de 1996.)
(Número de expediente S. 770/000001.) (Número de expediente C. D.
250/000001.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno para que, a la mayor brevedad, elabore y ponga en práctica un
plan de expansión de los efectivos humanos del Servicio de Protección de
la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, que asimismo contemple el
necesario incremento de medios materiales. (Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 90, de fecha 18
de noviembre de 1996.) (Número de expediente 662/000028.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
acordar, con carácter previo, con las Comunidades Autónomas afectadas,
los sindicatos y las empresas del sector, los procesos de reconversión de
la minería energética en nuestro país, la modificación de las condiciones
de abastecimiento de materias primas para la generación de energía
eléctrica, el futuro de las empresas públicas del sector y los planes de
fomento de la actividad económica en las zonas afectadas. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 90,
de fecha 18 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 662/000029.)
Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre para la
tramitación de diversos proyectos de ley. (Número de expediente
550/000012.)
Mociones (continuación):
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que indulte de las sanciones firmes impuestas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los Capitanes de pesca
que trabajaban en diversos buques de la flota arrastrero congeladora y
que se encuentran en fase de ejecución administrativa. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 90, de
fecha 18 de noviembre de 1996.) (Número de expediente 662/000027.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 680)
Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 680)
Intervienen, en turno de portavoces, los señores Bolinaga Bengoa,
González Laxe y Ramírez Pery.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra,
firmado en Bruselas el 28 de noviembre de 1994. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 682)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 683)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 683)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición
interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de
las empresas (procedente del Real Decreto-Ley 8/1996, de 7 de junio). Se
tramita por el procedimiento de urgencia (Página 683)
El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se inicia el debate de totalidad.
El señor Novo Muñoz defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Socialista. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por
el Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Novo Muñoz, por el Grupo Socialista.
Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 88 votos a
favor, 126 en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
22, 23 y 24. El señor Vicepresidente (Rigol i Roig) hace constar que la
enmienda número 9, del Grupo Mixto, ha sido retirada. El señor Gangoiti
Llaguno retira la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 10 y 12,
retirando la número 11, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, hace constar que se dan por
defendidas las enmiendas números 14 a 21, del Grupo Socialista. El señor
Vallines Díaz defiende las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Popular. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Granado
Martínez, por el Grupo Socialista, y Vallines Díaz, por el Grupo Popular.
El señor Cambra i Sánchez interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 22, 23 y 24, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Mixto, por 89 votos a favor, 131 en
contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 204 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 14 a 21, del Grupo Socialista, por 87
votos a favor, 234 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo Popular, por 131 votos a
favor, 88 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas transaccionales sustentadas en las números 10 y
12, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos
a favor, 89 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba la enmienda transaccional sustentada en la número 3, del Grupo
Popular, por 130 votos a favor, 88 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 135 votos a favor, 88 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1995 (Página 694)
El señor Alvarez de Miranda presenta el informe ante la Cámara. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta i Piedra, por
el Grupo Mixto, y los señores Caballero Lasquíbar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Lavilla Martínez, por el Grupo
Socialista, y Barceló Pérez, por el Grupo Popular.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1992, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION
(Página 707)
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Alegre Escuder, por el Grupo Socialista, y Lobo
Asenjo, por el Grupo Popular.
Se aprueba el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas por 221 votos de los 221 emitidos.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
MOCIONES (Página 710)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno para que, a la mayor brevedad, elabore y ponga en práctica un
plan de expansión de los efectivos humanos del Servicio de Protección de
la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil, que asimismo contemple el
necesario incremento de medios materiales (Página 710)
El señor Castro Asensio defiende la moción. El señor López Carvajal
defiende una enmienda a esta moción del Grupo Socialista. El señor
Gatzagaetxebarría Bastida defiende una enmienda a esta moción del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Castro Asensio consume un
turno en contra de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, y Castro Asensio, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 208 votos a favor, 1 en contra
y 2 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
acordar, con carácter previo, con las Comunidades Autónomas afectadas,
los sindicatos y las empresas del sector, los procesos de reconversión de
la minería energética en nuestro país, la modificación de las condiciones
de abastecimiento de materias primas para la generación de energía
eléctrica, el futuro de las empresas públicas del sector y los planes de
fomento de la actividad económica en las zonas afectadas (Página 716)
El señor Alonso Buitrón defiende la moción. El señor Prada Presa da por
defendida una enmienda transaccional, que se sustenta en otra inicial del
Grupo Popular. El señor Alonso Buitrón expone la opinión de su grupo
respecto de dicha enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Franco Gutiez, por el Grupo Socialista, y Prada
Presa, por el Grupo Popular. Los señores Franco Gutiez y Prada Presa
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la modificación
introducida, por asentimiento de la Cámara.
HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA
TRAMITACION DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY (Página 726)
La Cámara aprueba por asentimiento la habilitación todos los días y horas
del mes de diciembre para la tramitación de los proyectos de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, de Cesión de Tributos del Estado a las
Comunidades Autónomas y de Medidas Fiscales complementarias, Orgánica de
modificación parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas y de Medidas de Disciplina
Presupuestaria.
MOCIONES (continuación) (Página 726)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que indulte de las sanciones firmes impuestas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a los Capitanes de pesca
que trabajaban en diversos buques de la flota arrastrero congeladora y
que se encuentran en fase de ejecución administrativa (Página 726)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida retira la moción del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE LITUANIA, POR OTRA, FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995. (S. 610/000022.) (C. D. 110/000031.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El cuarto punto del orden del día
trata de conocimiento por el Pleno
de Tratados y Convenios Internacionales. El primero de ellos es el
Acuerdo Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.
No se han presentado propuestas en relación a este acuerdo dentro del
plazo que al efecto se señaló. ¿Alguna señoría quiere intervenir sobre
este punto? (Pausa.)
El Senador Imanol Bolinaga tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante unos acuerdos, a nuestro entender, muy importantes
dentro de lo que se entiende como el proceso de la construcción europea.
Son, sin duda, acuerdos de hondo calado que merecen una reflexión en voz
alta.
Efectivamente, hoy en día todos hemos llegado a la conclusión práctica de
que Europa es absolutamente necesaria entre nosotros y para nosotros.
Siendo así y teniendo en cuenta los procesos que han venido suscitándose
en cascada durante los últimos años, bien cabe pensar, desde una visión
europeísta, que es precisamente al este de Europa donde Europa se hace
más y más necesaria. Es más necesaria en la Europa del Este poscomunista
en proceso de instauración de una sociedad democrática. En efecto, la
caída reciente de fronteras cuasi estancas y la desaparición del telón de
acero nos han puesto en relación directa y poco menos que de inmediato
con amplias zonas de su desarrollo en términos de estatus crónico, zonas
de vivas tensiones sociales y de enfrentamientos políticos que a su vez
interceden, por razones obvias y por proximidad, en todo nuestro contexto
europeo en nuestra propia casa.
La nueva situación postotalitaria surgida al este del Elba nos revela, de
pronto, un carácter excepcional o distinto, agravado por una extrema
diversidad de orígenes étnicos, de largas tradiciones culturales y
fuertemente oprimidas que en su resurgimiento se muestran más bien con la
frustración que les motiva la lentitud con que se desarrollan las tan
esperadas como ansiadas transformaciones, y la frustración siempre genera
el riesgo de un posible retroceso.
En verdad, señorías, no es difícil constatar los posibles riesgos
generables desde una situación como la descrita, aunque no sea más que en
términos tan someramente expuestos. Veamos algunos de ellos: la tentación
de hacer surgir un populismo simplificador, la tensión generalizada entre
pueblos de culturas diferentes que en el caso ex yugoslavo se ha
traducido en una tremebunda guerra civil cuyas consecuencias reales aún
no son mensurables, el incremento rápido y real del paro, del desempleo,
la disminución del nivel de vida consecutiva a los ajustes de precios, la
acentuación de desigualdades sociales por la nueva y todavía muy parcial
libertad de iniciativa, etcétera.
Todos sabemos, señorías, que la transición desde un socialismo de Estado
arruinado a un sistema de libre economía es dolorosa y traumática, tal
vez por aquello de que los efectos de ajuste y de reconversión hacia una
economía social del mercado son muy lentos, mientras que las dificultades
a las que se debe hacer frente hasta superarlas no hacen sino avivar sus
problemas políticos internos de gestión y dificultar la cohabitación
armoniosa entre minorías, tanto por naturaleza como por herencia de un
régimen de marcado signo totalitario.
Si todas estas circunstancias, y muchas más que no se enumeran en favor
del tiempo que se nos ha concedido, no consiguen ser superadas, es fácil
pensar que el fracaso del esfuerzo empleado pudiera generar un terreno
abonado para el resurgir de un fascismo, bien de derecha, bien de
izquierda, en aquellos países.
Luego, señorías, la pregunta es: la Europa de los Quince, la Europa
Unida, ¿puede vivir tranquila teniendo a sus puertas tales riesgos de
desequilibrios y de problemas en ebullición? ¿Puede uno pensar que el
este de Europa no puede poner en jaque la estabilidad misma de nuestro
continente y de las sociedades que, a pesar de su diversidad, forman
todas ellas parte de la familia europea? Ciertamente, no. Pensemos, pues,
que la contribución de la Unión Europea hacia los países del Este puede
ser esencial para superar sus inmensas dificultades. Europa les debe
ofrecer un modelo, les debe ofrecer una referencia y una guía para la
política económica, etcétera, y debe contribuir a alejar ciertas
tentaciones demagógicas y falsas ilusiones de facilidad para prosperar a
base de actuaciones alejadas de un recto canon de funcionamiento.
Europa, señorías, debe ser un ejemplo excepcional sobre la diversidad
admitida y de la coexistencia armoniosa de culturas muy diferentes,
plenamente aceptadas tal cual son. Europa, en definitiva, debe aportar a
los países del Este una ayuda sustancial en medios económico-financieros
y de todo orden, a fin de elevar el déficit de su nivel de vida y crear
infraestructuras suficientes y tratar de cubrir un extenso número de
necesidades de primer orden.
Bajo esa filosofía, nuestro Grupo se congratula por estos acuerdos de
asociación y colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, como Estonia, Lituania y Moldavia, confiando plenamente en sus
óptimos resultados en la línea un tanto general que hemos apuntado
anteriormente. Quienes representamos a las Cortes Generales del Estado en
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hemos sido testigos de
los enérgicos esfuerzos que estos países han realizado partiendo desde el
nivel cero, y mediante reformas democráticas y de economía de mercado,
para la construcción de un Estado de Derecho y para la asunción de todos
los condicionamientos exigibles desde el Consejo de Europa para su
incorporación a este organismo. Cabe decir que estos países han
demostrado méritos y capacidad para su aproximación a nuestra Europa y
para que ésta les corresponda mínimamente con estos solemnes acuerdos
entre las partes contratantes y a los que este Senado va a otorgar --así
lo espero-- hoy su consentimiento.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos emitirá,
con sumo gozo, su voto favorable al acoger con satisfacción el contenido
y el sentido de estos acuerdos, que suponen, sin duda alguna, un paso
fundamental en el buen entendimiento de los pueblos y que se
sustentan no sólo en una conveniencia protocolaria, sino también en una
necesidad de tipo político, económico, social, cultural y de seguridad,
en pro del diseño de la propia arquitectura europea, que a todos ha de
beneficiarnos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
¿Alguna otra intervención? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador González
Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Solamente intervengo un minuto para mostrar el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista a estos tres convenios de asociación entre la
Unión Europea y los países de Lituania, Moldavia y Estonia. Quiero
recalcar, simplemente, para que conste en el «Diario de Sesiones», los
objetivos de estos convenios de asociación, para que o pasen sin pena ni
gloria por este trámite en el Senado. Dice el artículo 1 de los convenios
que los objetivos de la asociación con estos países son ofrecer un marco
apropiado para el diálogo político entre las partes que permita
desarrollar unas relaciones políticas estrechas; dice, asimismo, que hay
que profundizar en el desarrollo de un área de libre comercio entre la
Comunidad y esos países que cubra sustancialmente todo el comercio entre
ellas; enfatiza la necesidad de fomentar la expansión del comercio y unas
relaciones económicas armoniosas entre las partes, para favorecer así un
desarrollo económico dinámico y la prosperidad en la Comunidad Europea y
en dichos países, y también enfatiza la necesidad de suministrar una base
para la cooperación económica, financiera, cultural y social, así como la
cooperación para la prevención de actividades ilegales y para la
asistencia comunitaria.
Quiere decir, en definitiva, que la Unión Europea va funcionando, se va
ampliando, y hay que enmarcarla en esa concepción histórica que abarcaba
desde el Atlántico a los Urales y que poco a poco se va conformando. Pero
para que los pasos sean sucesivos, tienen que producirse las decisiones
que vayan colocando sucesivamente el camino emprendido hacia esa meta. De
ahí que la Unión Europea haya formalizado acuerdos de asociación con esos
países que estaban colocados en el otro lado de la Europa del Este y que
ahora está ayudando a que el diálogo político, la colaboración, la
cooperación, la integración y la cohesión se puedan desarrollar. De ahí
que el Grupo Parlamentario Socialista haya querido manifestarse en una
sola intervención para estos tres convenios de asociación y mostrar
nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Tiene la palabra el Senador Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Gracias, Presidente.
Señorías, dos palabras nada más para reiterar que, en efecto, se trata de
acuerdos de asociación y de colaboración entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros y los países de las Repúblicas del Este Estonia,
Letonia, Moldavia, Kirguizistán, etcétera.
Estos tratados se refieren al oxígeno básico que requieren estos países:
el libre comercio, el diálogo político, la libre circulación de
mercancías y de personas, la cooperación financiera, es decir, se
consagran en estos textos los principios fundamentales a que estos países
aspiran: independencia nacional, libertad dentro y fuera de sus
fronteras, libres y afectuosas relaciones con la Unión Europea.
Por todo ello, estos tratados pueden considerarse como paradigmáticos
para estos países que están saliendo de la zona crepuscular e indefinida
en que los dejó su nueva independencia a la caída de la Unión Soviética.
Intentan zafarse de la zarpa del oso ruso, que los considera aún como el
exterior inmediato y no se resigna a que se escapen de su férula ni de
su, hasta ahora, omnipresente influencia, por no decir dominio
avasallador e injustificado.
Por ello son tan importantes estos textos legales y sus consecuencias;
para unos, como los países signatarios que desean recuperar su libertad y
dignidad antes perdida y, para Europa, madre de pueblos y libertades, que
les considera así más próximos a poder ser algún día albergados en su
seno. Son razones más que suficientes para que autoricemos al Gobierno su
ratificación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ramírez
Pery.
De las intervenciones de los distintos señores Senadores se puede
concluir que puedo formular por asentimiento la votación a este acuerdo
de asociación. Así es, así consta y, por tanto, se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y
SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE MOLDOVA, POR OTRA,
FIRMADO EN BRUSELAS EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1994. (S. 610/000023.) (C. D.
110/000032.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo de
Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, firmado en
Bruselas el 28 de noviembre de 1994.
No se han presentado propuestas. Tampoco hay petición de palabra.
Propongo que sea votado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Moldova, por otra, firmado en Bruselas
el 28 de noviembre de 1994.
--ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE ESTONIA, POR OTRA, FIRMADO EN
LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995. (S. 610/000024.) (C. D. 110/000033.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo de
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Estonia, por otra, firmado en Luxemburgo el 12
de junio de 1995.
No se han presentado propuestas. Tampoco hay petición de intervenciones.
Propongo que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta y, por tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado en
Luxemburgo el 12 de junio de 1995.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE CORRECCION DE LA DOBLE IMPOSICION
INTERNA INTERSOCIETARIA Y SOBRE INCENTIVOS A LA INTERNACIONALIZACION DE
LAS EMPRESAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1996, DE 7 DE JUNIO). (S.
621/000001.) (C. D. 121/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el de dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de
ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Vamos a tratar el que hace referencia al emitido por la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de medidas
fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las
empresas.
Se ha presentado una propuesta de veto y previamente a su debate se hará
una presentación del dictamen.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, don Roberto Soravilla
Fernández.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de subir a esta tribuna para presentar, en
nombre de la Comisión de Economía y Hacienda, el proyecto de ley de
medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las
empresas.
Este primer proyecto de ley que vamos a debatir a continuación...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Soravilla, espere un
segundo, por favor.
Pido a la Cámara un poco más de silencio del que hay ahora.
Puede usted continuar, señoría.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que este primer proyecto de ley que vamos a debatir a continuación
procede, como sabrán sus señorías, del Real Decreto-Ley 8/1996, de 7 de
junio, y tuvo entrada en el Senado el pasado día 2 de noviembre, siendo
enviado por la mesa de la Cámara a la Comisión de Economía y Hacienda en
esa misma fecha para su debate y votación por el procedimiento de
urgencia, previsto en nuestro Reglamento.
Este proyecto de ley consta de una exposición de motivos, tres artículos,
dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y otra
final.
Por su articulado se modifica la redacción de los artículos números 28,
130 y 131 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades y se introduce uno nuevo con el número 30 bis.
La disposición adicional primera contempla el régimen jurídico del
tributo que grava las revalorizaciones realizadas al amparo del Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas de carácter fiscal y de
fomento y liberalización de la actividad económica.
La disposición adicional segunda trata de la consideración mercantil de
los préstamos participativos, modificando la redacción de una parte del
artículo número 20 del referido Real Decreto-Ley.
La disposición transitoria pretende regular con carácter transitorio
--como así queda indicado-- el régimen de deducción para evitar la doble
imposición interna de dividendos en el Impuesto sobre Sociedades.
Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, se registraron una
propuesta de veto y 24 enmiendas parciales presentadas por todos los
grupos parlamentarios.
La Comisión de Economía y Hacienda se reunió el pasado día 13 y dictaminó
el proyecto de ley que nos ocupa, incorporando cinco enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
Para este debate en Pleno se han mantenido 20 votos particulares, que
corresponden a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista y
otras ocho enmiendas más del mismo Grupo, cuatro del Grupo Parlamentario
Mixto, cuatro del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, una del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y dos del Grupo Parlamentario Popular.
Con esto doy por presentado el dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda a este proyecto de ley, para su debate y posterior votación por
el Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto que será
debatida a continuación.
Para su defensa, tiene la palabra su señoría.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la propuesta de veto al
proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble
imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas que, como todas sus señorías saben,
procede del Real Decreto-Ley 8/1996, de 7 de junio.
Este proyecto de ley --como ya lo contemplaba el Real Decreto-Ley--
aborda las modificaciones en concreto de tres aspectos sobre la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, referentes a la deducción por doble imposición
interna de dividendos, a la deducción por doble imposición internacional
--dividendos y plusvalías de fuente extranjera-- y modificaciones para el
régimen especial aplicable a las entidades de tenencia de valores
extranjeros.
Señorías, la existencia de un Impuesto sobre Sociedades debe perseguir la
neutralidad en el trato que un sistema fiscal debe dar, no solamente a la
sociedad, sino al socio, de forma que sus rendimientos, procedentes de la
realización de actividades económicas, no sufran discriminación fiscal en
razón de si tales actividades son realizadas por cuenta propia o a través
de sociedades, concibiendo la sociedad como un conducto de obtención de
renta para sus socios.
El sistema fiscal español evolucionó de forma importante. Si nos
remontamos al año 1978, con la Ley 61, parece claro que no daba un paso
decisivo en el sentido de una concepción personalista de la sociedad
hacia otra más integracionista. Sin embargo, normativas posteriores
permitieron, por la vía de integración parcial y adoptando la forma de
deducciones en cuota, empezar a contrarrestar los escollos del Impuesto
sobre Sociedades.
Recordarán que en el año 1965, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, para resolver el problema conocido como la doble
imposición de dividendos se introdujo el método llamado imputación
estimativa.
La Ley 43/1995, la nueva Ley del Impuesto de Sociedades --la LIS--,
modificó el sistema de deducción para evitar la doble imposición interna,
amplió los supuestos de deducción al cien por cien y reguló de forma
amplia los conceptos que se consideraban o no como susceptibles de dar
derecho a deducción.
En nuestra opinión, señorías, la Ley de diciembre de 1995 llegaba
adecuada a los tiempos; la regulación era completa y moderna y, sin duda
--ustedes lo saben bien--, fue muy bien recibida por la opinión
interesada en el asunto desde los aspectos doctrinales e intelectuales
hasta los económicos.
Con estas modificaciones que he comentado, no sé si se pretende dar una
nueva imagen de política fiscal u otro motivo que se me escapa.
Refiriéndome en concreto a la deducción por doble imposición interna de
dividendos, con este proyecto de ley se produce --y naturalmente con el
Real Decreto-Ley anterior-- una importante modificación de esta
deducción.
Sin duda, es criticable la precipitación, quizá resultando absurdo
modificar un mecanismo sofisticado en menos de seis meses, en 160 días, y
hasta son cuestionables las razones que, a través del segundo párrafo de
la exposición de motivos, se pretenden justificar. Y leo: Establecer la
deducción por doble imposición no solamente en el momento de la
distribución del dividendo o participación en beneficios, sino también en
el momento de la transmisión de acciones.
Este nuevo enfoque se justifica en que la plusvalía refleja la evolución
del patrimonio de la entidad participada y, por tanto, el socio o
accionista, al transmitir la participación, está obteniendo los
beneficios no distribuidos, generados durante el período de tenencia de
la participación. Señorías, la plusvalía obtenida en la transmisión del
valor no depende sólo de las mayores reservas acumuladas en la empresa.
El valor de las acciones, y ustedes lo saben muy bien, también está
integrado por parámetros de mercado, de clientela, de precios y hasta, si
me apuran, de circunstancias en el tiempo.
La presunción normativa de que los beneficios no distribuidos equivalen a
plusvalía no siempre se acerca a la realidad. La evolución, sobre todo en
el corto y medio plazo, del precio de los títulos en muchas sociedades
obedece a variables, en su gran mayoría ajenas a las que determinan la
propia evolución del valor teórico patrimonial. La consecuencia se
traduce en que la plusvalía extrapatrimonial tampoco resultará gravada,
lo que no responde a la evolución de la situación patrimonial de la
empresa y que sí suele responder con frecuencia a prácticas
especulativas.
Del texto legal no se desprende la equivalencia entre plusvalía y
beneficio no distribuido. El requisito de tener al menos el 5 por ciento
del capital de la participada para poder acceder a la deducción de
plusvalía hace que los beneficiarios de la reforma sean grandes grupos,
tanto industriales como financieros, y no de interés para pequeñas
entidades. Por otra parte, la norma plantea problemas de cálculo, porque
en adquisiciones antiguas determinar el incremento neto de los beneficios
no distribuidos, convendrán conmigo, ofrece arduas dificultades, y las
arduas dificultades no parecen las más adecuadas a las normas
tributarias.
En relación con la deducción por la doble imposición internacional, en el
ordenamiento general se conocen básicamente dos sistemas, como anunciaba
en la Comisión: el régimen de imputación del impuesto extranjero pagado y
el régimen de exención de tales rentas. España ha mantenido
sistemáticamente el régimen de imputación con el límite del importe que
se hubiera pagado, conforme al ordenamiento interno, sobre esas rentas de
fuente extranjera.
El proyecto de ley que nos ocupa opta por el método de exención para
potenciar, se dice, la internacionalización. La realidad es que España es
un país de filiales y de inversiones extranjeras. Se abandona un
apolítica fiscal sin considerar sus efectos en nuestra política de
negociación de convenios de doble imposición. En la práctica, la norma
hace que dejen de tener sentido los regímenes de transparencia fiscal
internacional. Con ánimo de ser neutral, entre la inversión interior y la
exterior se opta por la segunda y nos puede acarrear problemas, sin duda,
ante las directivas comunitarias sobre relaciones fiscales matriz-filial.
La nueva redacción da lugar a un porcentaje de neutralización del
gravamen efectivo para la sociedad española perceptora de dividendos,
tanto mayor cuanto menor sea el tributo satisfecho en el extranjero y eso
lo pueden comprobar, señorías, haciendo un caso práctico, en el que
podrán comprobar que a tasa igual, por ejemplo, de retención del 25 por
ciento puede haber diferencias en el gravamen total de hasta menos el 50
por ciento. Las modificaciones introducidas por este Real Decreto
producen, sin duda, señorías, y ya sé que la cuantía en sus términos
generales para recaudaciones globales tributarias españolas no es
importante, modificaciones a la baja del gravamen en porcentajes
importantes.
En cuanto a las modificaciones introducidas para el régimen especial
aplicable a las entidades de tenencia de valores, en la práctica esas
modificaciones se traducen en la no posible aplicación para las entidades
de tenencia del régimen de trasparencia fiscal internacional, que
endurece las condiciones de tributación para las entidades que posean
participaciones mayoritarias en no residentes, cuya tributación en el
país de origen no supere el 75 por ciento de la que hubiera correspondido
en España por esas mismas rentas y cuando desarrolla determinadas
actividades que se presten a la especulación y a la elusión fiscal.
Si bien es cierto que esta medida en cierto modo favorece la
internacionalización de la economía, también lo es que ésta afecta más a
los capitales que a las empresas, fomentando la realización de
determinadas inversiones de empresas españolas en el extranjero, cuyas
rentas quedarán libres de gravamen en España, aunque procedan de
actividades especulativas, a la vez que encuentran un trato fiscal más
favorable en los múltiples países considerados como paraíso fiscal y que
ustedes, señorías, saben que de alguna manera se combatía.
Quiero terminar mi intervención, señor Presidente, para en esta misma
intervención hacer la defensa de las ocho enmiendas parciales que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, una cosa es el debate
del veto y otra la discusión de la ley. Hay una votación en medio y
confundiríamos los debates.
El señor NOVO MUÑOZ: Lo sé. Simplemente, señorías, señor Presidente, si
me lo permite, es para argumentar que luego no tendré nada que alegar en
la defensa de las enmiendas de texto alternativo, porque, como sus
señorías saben, es remisión literal a la Ley 43/1995 del Impuesto sobre
Sociedades. Por tanto, en todas esas que corresponde la remisión al texto
alternativo originario, no tengo nada más que decir.
Las que se corresponden, y no haré uso de ese turno de palabra cuando
proceda, con la supresión de las disposiciones adicionales, quiero
indicar, señorías, que obedece a que en la discusión en el Congreso de
los Diputados y a través de enmiendas se incorporó al texto del proyecto
de ley estas dos adicionales con ánimo de salvar la inconstitucionalidad
que presentaba la aplicación del Decreto-Ley 7/1996, que no se había
querido discutir por proyecto de ley. Como no fue aceptada su tramitación
como proyecto de ley, dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad por
parte del Grupo Parlamentario Socialista y, sin duda, esa
inconstitucionalidad es evidente dado que se creaba un impuesto de nueva
planta sin regularlo por ley, como es preceptivo, sino que se regulaba
por decreto-ley. Me parece un artificio, una utilización poco grata por
evitar una discusión y una transformación de un decreto-ley en proyecto
de ley y, por tanto, ése es el motivo por el que en nuestras enmiendas
parciales suprimimos las disposiciones adicionales.
Señorías, entiendo que la Ley 43/1995 era moderna, eficaz, buena y
llevaba seis meses de vida, no necesitaba ningún tipo de modificación y
de ahí nuestra postura de propuesta de veto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Novo
Muñoz.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Vallines Díaz.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para oponernos a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista,
debemos indicar, en primer lugar, que este proyecto de ley procede de ese
Decreto 7/1995 y en la consecución de tres objetivos básicos: el primero
de ellos, la corrección de la doble imposición interna intersocietaria
que la Ley 43/1995 corregía vía imposición de dividendos y en el proyecto
de ley que contemplamos incluye los beneficios no distribuidos de las
sociedades, con la particularidad de que en el proyecto de ley se ponía
énfasis en que el que tenga derecho a la deducción sea propietario del
título en el momento en que se producen los beneficios.
El segundo objetivo básico de este proyecto de ley es crear un marco
fiscal que favorezca, o al menos no entorpezca en ese espíritu de
neutralidad fiscal a que hacía mención el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, la presencia o actividad de las empresas
españolas en el extranjero, mejorando su competitividad desde el punto de
vista fiscal. El tercer objetivo es intentar un marco fiscal que
favorezca o, al menos, no entorpezca --igualmente, recurrimos al
principio de neutralidad fiscal-- la presencia de empresas extranjeras en
España por motivos fiscales. Y todo ello, los tres objetivos, dentro del
conjunto de medidas establecidas por el Gobierno de la nación sobre
liberalización y modernización de la economía española y fomento del
desarrollo económico.
Es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista, desde el primer momento,
ha mantenido y defendido la oposición a este decreto-ley y al proyecto de
ley subsiguiente, y ha mantenido que la Ley 43/95, promovida por su
Gobierno en la legislatura pasada y aprobada en diciembre de
1995, es mejor que las alternativas que nosotros planteamos. Pero es
evidente nuestro derecho y nuestro deber a tratar de modificar aquello
que entendemos que debe ser modificado en ese conjunto de medidas,
porque, como digo, lo que pretende el Gobierno es hacer actos para
liberalizar y modernizar la economía española y fomentar el desarrollo
económico.
Para entender el justo alcance de la reforma establecida por el Real
Decreto-Ley 8/96, de 6 de junio, es preciso contemplar los principios en
que esta reforma se basa, que son los siguientes: primero, eliminación de
la doble imposición, y segundo, evitar que las técnicas establecidas a
tal efecto generen supuestos de desimposición. Es decir, el objetivo que
creo que todos pretendemos es que no se pague dos veces por el mismo
beneficio, pero, desde luego, no fomentar los supuestos en los que no
solamente no se haga esto sino que algunas figuras salgan beneficiadas
por el fenómeno de la desimposición.
Pues bien, el esquema de tributación resultante de la reforma operada por
el Real Decreto-Ley 8/96 es el siguiente: el beneficio se grava a medida
que se obtiene mediante el Impuesto sobre Sociedades y ese mismo
beneficio se traslada al accionista por dos cauces, a saber, su reparto
como dividendo o su materialización a través del precio de venta de la
participación, generándose en tal caso la correspondiente plusvalía,
evidentemente, por tal hecho, que no por otros motivos de mercado u otras
circunstancias a las que ha hecho alusión el portavoz socialista. Puesto
que tanto el dividendo como la plusvalía tributan en el Impuesto sobre
Sociedades se produce en principio una doble tributación del beneficio
que precisamente se evita a través de las normas previstas, por ejemplo,
en los apartados 1 y 2, del artículo 28, con relación a los dividendos, y
en el apartado 5, de ese mismo artículo 28, para las plusvalías con
relación a la imposición interna. Pues bien, la novedad de la reforma
consiste en eliminar la doble imposición tratándose de plusvalías, cosa
que no recogía la Ley 43/95. Y se hace en el mismo momento en el que se
produce y en la entidad que la sufre, que es lo que se prescribe en ese
apartado 5 del artículo 28 que establece el proyecto de ley que estamos
tratando. En cuanto a dividendos, la novedad consiste en un mayor rigor
en la regulación de los supuestos que pueden conducir a esa imposición a
través de la letra d) del apartado 4 del mismo artículo 28 que estamos
refiriendo, con relación, naturalmente, a la doble imposición interna
intersocietaria en España.
Naturalmente, el esquema descrito se complica --de ahí la dificultad y la
aridez de estos asuntos-- cuando el accionista percibe dividendos con
cargo a beneficios que ya existían en la sociedad participada en el
momento de adquirir la participación. En tal supuesto la distribución de
los beneficios determina, por una parte, la obtención de un ingreso
financiero y, por otra, la depreciación de la participación. En tal caso,
si se concediera al perceptor de dividendo la deducción por doble
imposición, dicho perceptor obtendría una ventaja injustificada, lo que
se conoce como «lavado de dividendo» o «lavado de cupón». Pues bien, la
letra d) que prevé el apartado 4 del artículo 28 --con la enmienda que
nosotros hemos mantenido para este Pleno y que veremos a continuación
todavía queda más claro-- sale al paso de dicho fenómeno, excluyendo en
tal supuesto la deducción por doble imposición. Y en este sentido
entiendo yo, y entiende el Grupo Parlamentario Popular, que la nueva
redacción del artículo 28 es más eficaz que la establecida en la
redacción original de la Ley 43/95.
Por todo lo expuesto en esos principios, es preciso considerar su
relación con los tres objetivos básicos establecidos: en primer lugar, la
correlación de la doble imposición interna intersocietaria; en segundo
lugar, el marco fiscal que favorezca o, al menos, no entorpezca la
presencia de actividades de las empresas españolas en el extranjero, y,
en tercer lugar, un marco fiscal equivalente que favorezca o no
entorpezca las inversiones productivas de empresas extranjeras en España.
Y hemos de reiterar que la persecución de estos objetivos se engloba
dentro del conjunto de medidas establecidas por el Gobierno, entre las
que se encuentran también la política restrictiva presupuestaria, la
propia disciplina presupuestaria, la desregulación de muchos ámbitos de
mercado, etcétera, que permitan la liberalización y la modernización de
la economía española y el fomento del desarrollo económico, y todo ello
generando confianza en los agentes económicos y sociales, que ya están
respondiendo adecuadamente, como ponen de manifiesto los índices básicos
de la economía española de los últimos meses.
Medidas como la que hoy estamos considerando tienen un efecto positivo y
directo en la mejora del empleo y en el nivel de vida de los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Socialista --así lo expresa a través de su veto--
cree que todo estaba bien cuando dejaron la responsabilidad del Gobierno
de la nación, y por eso, su enmienda, su veto y sus enmiendas parciales
lo que proponen es volver a mantener la Ley 43/95. Ellos creen que todo
estaba bien. Nosotros creemos que no. Así, ellos sostienen que esa Ley
43/95, de 6 de junio, es perfecta. Nosotros creemos que no. Por todo
ello, votaremos en contra de su veto al proyecto de ley y en defensa de
su contenido que modifica la Ley 43/95, del Impuesto sobre Sociedades.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallines
Díaz.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar posición desde Izquierda Unida --porque en el Grupo
Parlamentario Mixto, como seguramente todos ustedes saben, hay distintas
opiniones sobre este tema-- para apoyar el veto que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la
filosofía que impregnaba el decreto-ley, que era dar una vuelta de tuerca
más en el sistema de fiscalidad, introducir que cada vez paguen menos los
que más tienen, es decir, la filosofía que tiene el Partido Popular de ir
gravando los impuestos indirectos e ir desgravando los impuestos de
capital. Esa es la filosofía de fondo que impregna
el proyecto y, sin ser satisfactoria para nosotros, como no lo fue la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, es preferible decir: Virgencita de mi
alma, que me dejen como estoy, porque desde nuestro punto de vista no
mejora lo que debe ser una fiscalidad mínimamente justa.
Por otra parte, quería argumentar sobre algo que ha dicho el
representante del Grupo Parlamentario Popular. Es muy recurrente hablar
de que lo que van a hacer estas medidas es generar empleo. Está
demostrado hasta la saciedad que todo lo que sea bajar las rentas del
capital y hacer desgravaciones no genera empleo. Ya los Presupuestos
Generales del Estado de 1995 se desfiscalizaron más de 800.000 millones
de pesetas repartidos entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. ¿Cuál
ha sido el resultado? ¿Generó eso mucho empleo en nuestro país? Nada de
nada. Por lo tanto, aprendan, si quieren emplear el argumento real y
efectivo de cómo se puede crear empleo en este país, de los errores de
los demás, pero no empleen el argumento de que la desfiscalización va a
crear empleo.
Señoría, por todo lo expuesto, nosotros vamos a apoyar el veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, solamente voy a anunciar nuestro voto contrario al veto que
aquí ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, ya que consideramos
que las modificaciones que se introducen a través de este Proyecto de ley
benefician los aspectos objeto del mismo. No obstante, queremos decir
claramente también en este posicionamiento que no dejamos de valorar muy
positivamente la Ley del Impuesto sobre Sociedades que se aprobó en
diciembre de 1995.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sixte
Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Novo.
El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sin duda uno es conocedor de la aritmética parlamentaria --y no
digo, como en la Comisión, de la tozudez parlamentaria en la aritmética,
sino, como mi colega exponía en Comisión, de la tenacidad de la
aritmética parlamentaria--, por lo que simplemente quiero decir que, tal
cual decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, los objetivos que
plantean estas reformas no son ajenos a la propia Ley 43/1995, al igual
que tampoco tengo nada que objetar a su derecho a modificación; es su
derecho, lo pueden hacer y lo están haciendo. Sin embargo, sí voy a hacer
una puntualización más.
Decía yo que no sé a qué obedece este afán de modificación, con tanta
premura, de estos aspectos que, sin duda convendrán conmigo, interesan o
no a demasiados, y añadía que no sé si era por dar una nueva imagen de
política fiscal o por otro tipo de intereses. A mí me da la impresión de
que estas modificaciones están hechas a la demanda: alguien,
especialista, experto, no sé si interesado en sus actividades mercantiles
de asesoramiento, decide que se pueden hacer este tipo de modificaciones,
que afectan a grandes grupos, y proponen esa modificación. No la objeto,
repito, pero en una Ley que sin duda es buena, como todo el mundo
reconoce, y que tiene menos de seis meses de vida cuando se presenta el
Real Decreto-Ley de modificaciones, me parece que se justifican poco las
mismas. Esto era lo único que quería decir.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el veto a este Proyecto de Ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 88; en contra, 126; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. (El señor Vicepresidente, Rigol y
Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Comenzamos con el debate de las
enmiendas.
En primer lugar, voto particular de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román
Clemente, correspondiente a las enmiendas números 22 a 24.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender muy brevemente las tres enmiendas que tenemos presentadas
a este Proyecto de ley, aun reconociendo que en esta tramitación
parlamentaria, a través de las enmiendas transaccionales e incluso
algunas de las que ha mantenido el Grupo Parlamentario Popular, el
Proyecto ha mejorado en algunos aspectos, sobre todo técnicos.
De todas formas, nosotros mantenemos las tres enmiendas, puesto que están
encaminadas, lógicamente, a intentar evitar que se cobre por dos
conceptos, es decir que todavía haya una desgravación mayor de la que ya
contempla la filosofía sobre la que hablaba anteriormente, y también el
peligro existente de empresas españolas que vayan buscando paraísos
fiscales. En definitiva, en vez de ayudar al desarrollo impositivo,
todavía se facilita mucho más lo que ya empieza a ser, desgraciadamente,
una práctica de empresas españolas, que empiezan a buscar ubicaciones en
Hong-Kong, incluso en Marruecos, en otros sitios donde la mano de obra es
más barata y el sistema impositivo más favorable.
Si además les favorecemos, no estamos contribuyendo a desarrollar el
proceso productivo en nuestro país y la política, que era muy recurrente,
de crear empleo porque indudablemente con todas estas medidas no se crea.
Las enmiendas, por lo menos, intentan situarse en el marco de poner
trabas y que no puedan cobrar por dos vías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
El Grupo Parlamentario Popular, ¿acumula el turno en contra?
(Asentimiento.) Muy bien, lo acumulará al final de todas las
intervenciones.
La Senadora Costa Serra, del Grupo Parlamentario Mixto, ha retirado la
enmienda número 9. ¿Es así? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti para defender la enmienda número 1.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, que esta
enmienda queda retirada. La razón es que, a pesar de que nosotros la
considerábamos fundamental, hemos visto que en la tramitación no se
llegaba a un acuerdo con el partido mayoritario de esta Cámara, pero, por
otro lado, apreciamos en sus justos términos la intervención que tuvo su
portavoz en Comisión diciendo que fuera de esta ley, y quizá por otro
conducto o en otra ley, la filosofía de nuestra enmienda podría tener
acogida.
Por lo tanto, nosotros confiamos en la exposición que hizo en su momento
el Senador Vallines y, en consecuencia, retiramos la enmienda.
Antes de acabar y para no utilizar luego el turno de portavoces, quisiera
decir que nuestro Grupo va a votar favorablemente el texto porque,
globalmente, lo consideramos oportuno en estos momentos para las
necesidades de nuestra economía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra para defender las enmiendas números 10
a 13. Debo recordar que las números 10 y 12 soportan una transaccional.
Muchas gracias.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, empleo este turno para defender las cuatro enmiendas que
nuestro Grupo mantiene vivas en el momento de empezar este trámite de
Pleno.
La primera, que es la enmienda número 10, como acaba de decir el señor
Presidente, soporta una enmienda transaccional que ha sido presentada a
la Mesa con la firma de tres grupos parlamentarios. El objetivo de esta
enmienda es reconocer el derecho a la deducción por doble imposición de
las reservas distribuidas que tengan su origen en pérdidas no compensadas
fiscalmente.
Creemos que con la transacción que se ha presentado ese tema queda
resuelto y, por tanto, solicitamos el voto afirmativo para dicha
transacción.
Nuestro Grupo va a retirar la enmienda número 11 porque entendemos que
queda subsumida en la número 3 del Grupo Parlamentario Popular, que
también soporta otra transacción. Por tanto, retiramos la enmienda número
11 en este momento. Simplemente quiero comentar que lo que se persigue
con esta enmienda, así como con la número 3 del Grupo Parlamentario
Popular, es evitar la discriminación fiscal que produce la apertura de
sucursales en comparación con lo que representa constituir filiales en el
extranjero.
Esta era una laguna que quedaba en el proyecto de ley y, por tanto,
creemos que con la transacción presentada a la Mesa resolvemos un
problema que, sobre todo, afectará a compañías que realicen sus
actividades en países que les exigen un soporte directo de la empresa
matriz española en este caso.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 12, que también soporta
una transacción, su objetivo concreto, tal como fue presentada y,
lógicamente, una vez incorporada la transacción, es evitar la imagen de
inseguridad que se produce al mantener el párrafo, que de hecho se
elimina con la enmienda, que dice textualmente: «Reglamentariamente
podrán establecerse relaciones de entidades que estén sujetas a un
impuesto no comparable a este Impuesto.»
Creemos que en la legislación vigente está suficientemente clara la
definición de los paraísos fiscales y, por tanto, esta mención a una
posterior normativa reglamentaria a lo único que llevaría sería a una
inseguridad jurídica.
Por último, respecto a la enmienda número 13, tanto en el trámite del
Congreso como la semana pasada aquí en el Senado en el trámite de
Comisión, se nos ha dicho por parte de los otros grupos que el tema que
trata esta enmienda no debe incluirse en un proyecto de ley que habla de
la doble deducción, perdón, de la doble imposición. Pero sí que creemos
que en el caso de las fusiones impropias se pueden dar casos de doble
imposición.
Por ello, mantenemos viva esta enmienda, ya que lo que perseguimos es que
se clarifique una interpretación que se está dando al artículo 103 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades de diciembre de 1995, que creemos que,
como consecuencia de alguna de las interpretaciones que se da, por un
lado, se contradice el principio de neutralidad; por otro lado, se
beneficia el vaciado de compañías frente a la transmisión de acciones con
consecuencias negativas para Hacienda en cuanto al control de los
contribuyentes, y, en tercer lugar, se desincentivan las fusiones de
reorganización de grupos.
Por ello, seguimos manteniendo la conveniencia de esta enmienda, ya que,
repito, el tema que perseguimos con esta clarificación de la
interpretación puede afectar, de hecho, a casos de doble imposición que,
al fin y al cabo, es el sujeto del proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.
El Senador Novo Muñoz da por defendidas las enmiendas que ha presentado
anteriormente.
Por tanto, queda la defensa de las enmiendas números 2 y 3 por parte del
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Senador Vallines Díaz.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, respecto a nuestra enmienda número 2, entiendo y soy
consciente de que, a la vista de lo expuesto con anterioridad en relación
con los objeto que se pretendían con la reforma, puede causar una cierta
inquietud una enmienda que justamente tiene por objetivo recortar el
ámbito de aplicación de las restricciones previstas en la letra d) del
apartado 4 del artículo 28.
Ahora bien, como espero demostrar seguidamente, dicho recorte tiene una
plena justificación, pues, en efecto, cuando el transmitente de las
acciones o participaciones integra su base imponible de la plusvalía
obtenida en la transmisión y tributan efectivamente sobre la misma,
debemos conceder al adquirente de las mismas el derecho a la deducción,
aunque la participación se deprecie, porque, de lo contrario, se
produciría un supuesto de doble imposición.
Este es el objetivo de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario
Popular.
Lo que he dicho con anterioridad, el sistema para garantizar la no doble
imposición se complica cuando el accionista percibe dividendos con cargo
a beneficios que ya existían con anterioridad en la sociedad a que dicho
adquirente obtuviera la participación.
Se trata, entonces, de mantener un equilibrio siempre difícil entre el
derecho a la deducción por doble imposición y la necesidad de evadir
ventajas fiscales injustificadas. Volvemos a repetir lo del lavado de
dividendo o del cupón que es conocido, y precisamente el deseo de lograr
tal equilibrio conduce a distinguir entre transmitentes personas
jurídicas, que es la letra a') y transmitentes personas físicas, que es
b'), matizando respecto de las primeras su tipo de gravamen, para que no
haya lugar a dudas.
Y es posible, tal como nos indicaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en el debate en Comisión, que, debido a la enorme dispersión
de tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, existan algunas
imperfecciones en el sistema, pero, en su conjunto, no representan un
inconveniente mayor ni en la cuantía de los casos ni en los importes que
pudieran ser objeto de estas imperfecciones.
A modo de resumen de lo expuesto concluyo que la modificación de este
artículo 28 que prevé esta enmienda que presento ante sus señorías, de la
Ley 43/1995, no responde a un cambio radical de los objetivos que
animaron la redacción original. Por el contrario, implica una regulación
más idónea para lograr los mismos objetivos.
Deseo, por último, hacer una breve referencia a las cooperativas, que
también se ven afectadas por esta enmienda. Ellas, en cuanto sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrán derecho también a
deducción por doble imposición de dividendos en los términos previstos en
el artículo 28. Cuestión diferente es que, debido a su especial régimen
tributario, que como es sabido está contenido en la Ley 20/1990, y
considerando la tributación efectiva que se deriva de dicho régimen que,
obviamente, no depende tan sólo del tipo de gravamen, no debamos
incluirlas en las excepciones de las restricciones previstas en la letra
d) del apartado 4 del artículo 28.
Con relación a la enmienda número 3, que ha sido objeto de una
transacción para eliminar exclusivamente la segunda frase del punto 1.a)
donde, con relación a los establecimientos permanentes, se determinaba la
posibilidad de establecer reglamentariamente un registro de entidades
que, en determinados países --no paraísos fiscales--, pudieran dar lugar
a fenómenos de no imposición no deseados por la reforma. Entendemos que
tienen razón los grupos que nos han advertido sobre este asunto y que,
con el párrafo primero, es suficiente. En vez de ese mismo punto 1.a), la
primera frase es suficiente para impedir este tipo de fenómenos, de ahí
la enmienda transaccional que hemos presentado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Octavio Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, las dificultades de tramitación nos obligan
a consumir un turno de portavoces que puede ser interpretado por algunos
de los señores portavoces como un turno en contra, pero era un poco
difícil compartir dicho turno con el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular porque, como es evidente, nuestras posiciones están enfrentadas
en este proyecto de ley.
Tengo que comenzar por decir que me parece que lo más significativo del
debate que está teniendo lugar en estos momentos en la Cámara ha sido el
lapsus de mi querido amigo el Senador Cambra cuando se ha referido a este
proyecto de ley como regulador de la doble deducción, en vez de hablar de
regulador de la doble imposición.
En efecto, estamos ante un proyecto de ley que, más que corregir la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, altera tan profundamente la filosofía del
Impuesto que casi sugeriría a las señorías del partido que está en el
Gobierno que, para empezar, modificáramos el título, no ya de la ley,
sino el de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, porque con este proyecto
de ley estamos llegando al absurdo de que, en algunos supuestos, estamos
concediendo deducciones que son mayores que la tributación que se realiza
por algunas
operaciones financieras. Es decir, que deberíamos convertir la Ley del
Impuesto sobre Sociedades en una ley de impuesto y donativos a las
sociedades, porque en algún caso, a través de esta ley, vamos a regalar
más dinero a las sociedades que tributan por el Impuesto del que se ha
tributado por alguna determinada operación. Estamos sometiendo a tal
vuelta de tuerca, a tal vuelta de tornillo a la legislación en materia de
sociedades que incluso los apartados de la ley y del proyecto que regulan
cuándo no pueden producirse determinadas deducciones, dedican luego más
tiempo a excepcionar cuándo no se pueden producir esas deducciones que a
regular los requisitos que éstas deben cumplir. Es decir, que, al final,
tenemos un apartado 4 de lo que va a ser el nuevo artículo 28 de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, que dice: «La deducción prevista en los
apartados anteriores no se aplicará respecto de...» y a continuación
dedica mucho más espacio a excepcionar cuándo se va a aplicar realmente
la deducción. Y esto con consecuencias tremendamente negativas para
nuestro ordenamiento jurídico, porque estamos sustituyendo un
ordenamiento sistemático por un ordenamiento casuístico. Aquí lo que
estamos haciendo es una ley basada en supuestos, y cada supuesto da
origen a un nuevo precepto de la ley y, al final, nos vamos a encontrar
con efectos inevitablemente perversos, porque como lo que no se está
haciendo es regular una ley basada en supuestos generales sino en
supuestos específicos, amparándose en esos supuestos específicos se van a
producir situaciones indeseables.
En este sentido quiero llamar la atención de las señorías del Grupo
Parlamentario Popular sobre la enmienda transaccional que han firmado con
el Grupo proponente de Convergència i Unió por la cual se suprime del
texto de la ley un párrafo que figuraba en el Decreto convalidado por el
Congreso de los Diputados, párrafo que decía, reglamentariamente, podrán
establecerse relaciones de entidades que estén sujetas a un impuesto no
comparable a este impuesto. Esto se va a suprimir del Decreto convalidado
por el Congreso de los Diputados por transacción entre Convergència i
Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo
Parlamentario Popular. Y paradójicamente se dice que se va a suprimir
para ganar en seguridad jurídica, pero lo que estamos haciendo con esta
modificación es sustituir un reglamento, que es una norma que se va a
publicar en el «Boletín Oficial del Estado», por un concepto que es el de
impuesto no comparable, y en torno a la interpretación de este concepto
va a haber multiplicidad de litigios. Las empresas van a decir que están
sometidas a impuestos comparables y la Administración Tributaria va a
decir que determinados impuestos no son comparables, porque ¿dónde es
comparable un impuesto sobre sociedades de un país en el que el tipo es
el 5 por ciento con el impuesto español, en el que el tipo es el 35 por
ciento? ¿Cuál es el margen de comparación? Si esto se establece en un
reglamento, queda muy claro, queda abiertamente claro qué entidades
pueden o no deducirse determinadas operaciones. Si esto se deja a un
concepto jurídico indeterminado, como es el hecho del impuesto no
comparable, va a dar origen a litigios. ¿Dónde está la inseguridad
jurídica? Lo que pasa es que lo que se intenta con esto, pura y
simplemente es, amparándose en la inseguridad jurídica, aplicarse
deducciones que no proceden. Esto, a lo que va a dar lugar, es a
múltiples litigios en los tribunales. Lo digo para que quede escrito en
el «Diario de Sesiones». Arrieros somos, y dentro de cinco o seis años
veremos si era procedente haber suprimido esta expresión del texto del
Decreto convalidado por el Congreso de los Diputados, basándose en una
transacción. Desde luego, esto no se va a traducir en mayor seguridad
jurídica, sino en mayor inseguridad jurídica y en una doble utilización,
la doble aplicación del Derecho: quienes tienen más medios van a aplicar
los preceptos contenidos en el proyecto de ley que vamos a aprobar de
manera favorable para sus intereses.
Transacción sobre los establecimientos internacionales. Para empezar, el
procedimiento de urgencia que estamos aplicando a la tramitación de este
proyecto de ley nos hace cometer chapuzas inevitablemente. Se añade un
artículo 29 bis, que habla del Impuesto sobre Sociedades para los
establecimientos permanentes en el extranjero. Pero si el artículo 29 del
actual Impuesto sobre Sociedades, que no vamos a modificar, ya habla de
los establecimientos permanentes, deberíamos haber corregido el artículo
29 del actual Impuesto sobre Sociedades. No lo hemos hecho. Primera
chapuza.
Segunda chapuza. En la nueva redacción que se da al artículo 131, de
distribución de beneficios, se habla de las entidades sujetas a este
Impuesto, que podrán aplicar la deducción por doble imposición en los
términos previstos en los artículos 29, 30 y 30 bis. Nos hemos olvidado
de que ya tenemos un nuevo artículo 29 bis.
Tercera chapuza. Con los establecimientos internacionales, de la manera
en que está regulado en el actual artículo 29 del Impuesto y en el
artículo 29 bis, estamos procediendo, «de facto», a aplicar dos criterios
para regular la doble imposición internacional en función de que un
establecimiento tenga o no tenga la categoría de permanente. ¿Quién va a
determinar que los establecimientos tengan o no la categoría de
permanentes? Ahí habrá una nueva fuente de inseguridad jurídica y una
nueva fuente de litigios.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. El Senador
Vallines me permitirá que haga una lectura de su enmienda al artículo 2,
porque creo que es bastante ejemplificadora de lo que está sucediendo con
este proyecto de ley.
El Decreto convalidado por el Congreso de los Diputados establecía
claramente que las deducciones por doble imposición interna, establecidas
en el artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, no se aplicaría
en ningún caso cuando la distribución de dividendos o la participación en
beneficios no determinara la integración de renta de la base imponible o,
integrándola, produjera una depreciación de la participación a efectos
fiscales. El Decreto señalaba que, en este caso, no procede la deducción
por doble imposición.
Ustedes plantean un supuesto que tiene algún viso de razonabilidad. Dicen
que hay veces que el transmitente de esta participación en beneficios, de
estos dividendos, ha tributado en la práctica por un aumento de valor,
bien por
acumulación de reservas, bien por otro concepto, y que de alguna manera
hay que reconocer el derecho a la deducción para evitar la doble
imposición. El criterio que parece que persigue su enmienda es que la
deducción se realice por el importe equivalente a lo que se ha tributado.
Ese es el principio rector de su enmienda.
¿Qué sucede? Que ustedes, además, añaden la consideración expuesta por el
Senador Vallines, es decir, que es necesario que los transmitentes
tributen al tipo general del Impuesto, porque señalan que en el caso de
que se admitiera la deducción por doble imposición cuando medie una
depreciación y el transmitente haya tributado a un tipo reducido, podrían
producirse supuestos de lavado de dividendos.
En primer lugar, ustedes permiten estos supuestos con esta redacción,
porque el tipo del apartado 2 del artículo 26 del Impuesto sobre
Sociedades es un tipo reducido, por lo que esas sociedades pueden
realizar un lavado de dividendos.
En segundo lugar, el tipo de las personas físicas, que por el régimen de
transparencia fiscal tributan en sociedades, es del 20 por ciento.
Siguiendo, pues, su propia lógica, con la defensa por escrito de sus
enmiendas --publicada en el Boletín del Senado-- no evitan el lavado de
dividendos; simplemente, lo constriñen a que puedan realizarlo algunas
sociedades: las que están en régimen de transparencia fiscal y las que
tributan por el apartado 2 del artículo 26 del Impuesto. Como digo, ésas
sí pueden hacerlo, pero no las demás.
¿Por qué las cooperativas no pueden aplicarse este beneficio si tributan
al 20 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades y sí pueden hacerlo las
personas físicas, tributando también al 20 por ciento? Si ustedes
reconocen que los que tributan a un tipo reducido permitirían la
operación de lavado de dividendos aplicándose esta deducción, ¿por qué la
permiten de las sociedades que tributan al 26 por ciento? No hay
explicación, Senador Vallines, porque su lógica les hubiera llevado a que
la enmienda estuviera redactada refiriéndose a los apartados 1 y 7 del
artículo 26 del Impuesto sobre Sociedades.
Pero hay más cosas. De la manera en que está redactada la enmienda, es
perfectamente posible que alguien esté tributando por un importe
equivalente al tipo del 26 por ciento, transmita una participación a una
sociedad que tributa al tipo del 40 por ciento, y la sociedad se deduzca
el 40 por ciento. También puede pasar que alguien esté tributando al tipo
del 20 por ciento del régimen de transparencia fiscal, transmita una
participación a una sociedad que tributa al 35 por ciento, y la sociedad
se deduzca el 35 por ciento. Es decir, es posible que la deducción sea
superior al gravamen efectivo del impuesto, y eso es el colmo de los
colmos en la legislación. El que en una ley que regula impuestos
regulemos deducciones que sean mayores que las deudas tributarias es una
aberración. Habría fórmulas para garantizar que eso no se produjera; lo
que pasa es que esta tramitación tan apresurada de la ley nos va a
impedir dar con esas fórmulas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor GRANADO MARTINEZ: Voy terminando, señor Presidente.
Vamos a producir una auténtica barbaridad.
Incluso es imposible que esto le suceda a las mismas personas físicas.
Ustedes dicen que para calcular la deducción se aplica mecánicamente el
20 por ciento de la operación, y no se dan cuenta de que el tipo de
gravamen por plusvalías, tal como ustedes lo han dejado en el Impuesto
sobre la Renta, es de un máximo del 20 por ciento para las operaciones
que se producen después de dos años. Pero hasta los dos años el tipo
puede ser inferior al 20 por ciento, con lo cual, determinadas
operaciones vuelven a producir el hecho de que la deducción sea superior
al tipo de gravamen que soporta. La deducción del adquirente es mayor que
lo que ha tributado el transmitente.
Qué puedo decir --ya no me queda tiempo-- de lo que hacen con la tasa de
actualización de balances. Ustedes plantearon la actualización de
balances en un Decreto que se negaron a tramitar como proyecto de ley en
el Congreso de los Diputados. El Decreto tenía errores y era susceptible
de interpretaciones perversas que permitían que alguien se apuntara
--digámoslo así-- a los beneficios de la actualización y difiriera el
pago de la tasa. Eso lo han corregido con sus enmiendas; pero fíjense lo
que va a pasar: vamos a corregir y desarrollar reglamentariamente un
Decreto-ley que no se quiso tramitar como ley por el procedimiento
legislativo mediante una disposición adicional de una ley.
Por si eso fuera poco, como no se pudo tramitar como tal Decreto, no
podemos corregir sus errores, sino interpretarlos, y donde el Decreto
hablaba de balance actualizado, ahora queremos referirnos al primer
balance que se cierre con posterioridad a su entrada en vigor, conceptos
que son distintos. No decimos donde dije digo, digo Diego, sino: donde
dije digo, digo quiere decir Diego. Realmente, es el colmo de la chapuza
desarrollar reglamentariamente un Decreto-ley que no se tramitó por ley a
través de una ley, y corregirlo, sin corregirlo, alterando su texto, sin
alterarlo. Es el no va más.
Otras enmiendas del Grupo Popular ya merecieron alguna atención de este
Senador en el debate en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería terminar cuanto
antes.
El señor GRANADO MARTINEZ: Termino en diez segundos, señor Presidente.
Simplemente, quiero decirles que están ustedes consiguiendo retorcer
tanto la legislación en materia de sociedades, que todos los
especialistas que están analizando estas últimas modificaciones sólo
coinciden en una cosa: en que son tremendamente peligrosas por
indeterminadas, en que son tremendamente casuísticas, y que realmente no
son susceptibles de aplicación sistemática.
Este es, como decía bien el Senador Cambra, un proyecto de ley que regula
la doble deducción; la doble, la triple y la cuádruple deducción. Es un
proyecto de ley que consigue que las empresas puedan deducirse todas las
deudas tributarias que tengan con el fisco de cincuenta mil maneras.
Además, en algunos casos incluso superando la deducción
al tipo de gravamen que la misma operación ha hecho soportar a otra
entidad o persona física.
Esto no es poco, y no es poco hacerlo por el procedimiento de urgencia.
Pero arrieros somos, y en el camino nos encontraremos. Antes de un año,
probablemente en la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales
del Estado para 1998, tendremos que volver a modificar esta ley, porque
habremos descubierto que hay muchos gastos. Lo que pasa es que a veces da
la sensación de que quienes permiten los gastos son los que están
introduciendo los preceptos que hoy vamos a aprobar.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Vallines.
El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Granado ha acabado asustándonos y dejándonos con un espíritu de
temor, pero no es para tanto. En mi primera intervención ya le he
reconocido expresamente al Senador Granado que el equilibrio entre el
derecho a la deducción por doble imposición y la necesidad de eludir
ventajas fiscales injustificadas --por ejemplo, el lavado de dividendos--
es difícil, y que incluso hay imperfecciones, al existir una gran
dispersión en los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades.
Pero también he afirmado, y no creo que me lo pueda rebatir --como no lo
ha hecho, lo doy por no rebatido--, que las imperfecciones son pequeñas
en número y más pequeñas todavía en la cuantía de lo posible. Son
supuestos reales, pero muy difíciles de obtener en la práctica y, desde
luego, mucho más difíciles que se produzcan en una cuantía tan
significativa como para que esos tiburones que su señoría veía en el
proceloso mar de las deducciones fiscales pudieran coger alguna presa.
Por tanto, estamos de acuerdo, pero no en cómo ha terminado su
exposición, anunciando que, como consecuencia de estas fugas, esto va a
ser el mar de todas las desdichas. Eso no es así. Usted sabe, como todo
el mundo, y también los expertos, que por ahí pocos resquicios van a
existir.
Nos decía usted que se dedica más tiempo a excepcionar la posibilidad de
acogerse a la deducción para evitar la doble imposición, que al hecho en
sí. Pero es que el hecho se entiende fácilmente; ése es el problema. Es
decir, todos entendemos que un beneficio solamente debe pagar una vez.
Pero todos sabemos también que el sistema fiscal es complejo, como
también lo es el Impuesto sobre Sociedades, y que es difícil, no sólo
para las sociedades españolas en España, sino para las extranjeras que
actúen en España y tengan un régimen fiscal en el extranjero distinto al
del español, o para las españolas que actúen en el extranjero igualmente
con un sistema fiscal distinto, evitar esas ventajas no deseadas por
algunas sociedades. Por eso la excepcionalidad está muy detallada. Fruto
del debate en el Congreso de los Diputados, e incluso como consecuencia
de alguna advertencia formulada por su propio Grupo nos ha llevado a
presentar esa enmienda en el Senado para que esa excepcionalidad
estuviera todavía más clara y evitar ese tipo de cuestiones.
Asimismo, hace también una advertencia de grandes catástrofes de recursos
con relación a la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, que hemos transaccionado, porque evita
un párrafo en donde se establece que, reglamentariamente, podrán
establecerse relaciones de entidades que estén sujetas a un impuesto no
comparable a este impuesto en relación a los establecimientos
permanentes.
Estimamos que se entiende suficientemente con el primer párrafo.
Evidentemente, habrá quien pueda aprovecharse puesto que,
reglamentariamente, la figura en la que se pretende amparar no está
definida, puesto que nos estamos refiriendo a entidades tipo de
actividades económicas de algunos países que no son paraísos fiscales
como, por ejemplo, en Bélgica o Portugal, donde existen algunas entidades
mercantiles con un tratamiento fiscal muy favorable, y ésa es la
excepción en países que no tienen paraíso fiscal.
Pensamos que va a haber muy pocos casos. Esos expertos que usted menciona
saben perfectamente lo que estamos diciendo aquí y lo que hemos dicho con
anterioridad y, por lo tanto, tampoco van a acogerse a algo porque
reglamentariamente no se establezca.
En consecuencia, le digo lo mismo que con las imperfecciones; puede ser
que alguno intente frenar un acta levantada para dilatar el pago de una
inspección realizada como consecuencia de un recurso que haga que no le
debe ser aplicado este precepto. Pero nosotros entendemos que van a ser
muy pocos casos y de cuantía muy pequeña.
Finalmente, la habilidad y la experiencia del Senador Granado ha hecho
posible hablar sobre enmiendas que ya no estamos tratando; es decir,
nuestras enmiendas números 7 y 8, aprobadas e incorporadas al texto del
dictamen de la Comisión sobre la actualización de balances. Aprovechando
que él ha hecho uso de esa habilidad, le voy a reconocer que,
efectivamente, no es el mejor sistema, pero estará de acuerdo conmigo en
que es mejor hacer esto que dejarlo como estaba. Por lo tanto, detectada
una insuficiencia, corrijámosla. Con la aclaración que hacemos al definir
lo que es un balance actualizado, mediante nuestra enmienda número 7,
evitamos que algunos espabilados --o esos tiburones a los que usted hacía
alusión-- puedan aprovecharse de una perfecta definición del concepto de
balance actualizado.
En segundo lugar, el hecho de que el que no ingrese la tributación del 3
por ciento en el primer balance actualizado con la primera declaración
que haga del Impuesto sobre Sociedades pierde el derecho a la
actualización es coercitivo, pero también trata de evitar que algunos
espabilados traten de saltarse lo que la lógica debería imponer.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallines.
(El señor Cambra i Sánchez pide la palabra.) ¿En base a qué solicita la
palabra?
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por el artículo 87, tiene la
palabra por tiempo de un minuto.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por un lado, deseo agradecer al señor Granado que me haya hecho notar que
he tenido un lapsus en mi intervención, porque cuando a uno le pasa esto
el único que no se da cuenta es el propio que lo comete. Por lo tanto, le
agradezco esta observación y deseo que conste en el «Diario de Sesiones»
que mi manifestación ha sido un lapsus. Por otro lado, lamento que haya
sido utilizado como soporte a sus argumentos. Creo que su competencia
parlamentaria está suficientemente contrastada en esta Cámara y no
necesitaba de mi lapsus para dar soporte a sus argumentos.
Nada mas y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador.
Señorías, vamos a someter a votación el proyecto de ley de Medidas
Fiscales Urgentes sobre corrección de la doble imposición interna
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las
empresas.
Sometemos a votación las enmiendas números 22, 23 y 24, de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a
favor, 89; en contra, 131; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Las enmiendas números 9, del Grupo Parlamentario Mixto, la 1, de los
Senadores Nacionalistas Vascos y la 11 de Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió han sido retiradas. Reservamos las
enmiendas números 10 y 12, que dan soporte a unas transaccionales.
Vamos a someter a votación la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a
favor, 14; en contra, 204; abstenciones, cinco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si no recuerdo mal, en la
anterior votación eran 225 los presentes y no se han abierto las puertas.
Puede suceder que haya dos Senadores que no hayan votado.
En consecuencia, queda rechazada esta enmienda.
Pasamos, a continuación, a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista números 14 al 21 inclusive. Si no hay petición de votación
separada, las vamos a votar en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a
favor, 87; en contra, 134; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Dado que la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Popular sustenta a
una transaccional, vamos a someter a votación única y exclusivamente la
enmienda número 2 del mencionado Grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a
favor, 131; en contra, 88; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas firmadas por
tres Grupos de la Cámara, que se sustentan en las números 10 y 12 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a
favor, 131; en contra, 89; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Vamos a someter a votación la enmienda transaccional firmada por tres
Grupos de la Cámara, sustentada con la enmienda número 3 del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 220; a
favor, 130; en contra, 88; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por tanto, queda aprobada.
A continuación vamos a someter a votación del texto del dictamen, los
artículos 1 a 3, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición
transitoria, disposición derogatoria, disposición final y exposición de
motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 224; a
favor, 135; en contra, 88; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. Tal como dispone
el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se
pronuncie sobre las mismas, en forma previa a la sanción del texto
definitivo por su Majestad el Rey.
Suspendemos por un minuto esta sesión para dar entrada al Defensor del
Pueblo en el siguiente punto del orden del día. (Pausa.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1995 (S. 780/000001) (C. D. 260/000001).
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión con el punto sexto del
orden del día: Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la
gestión realizada durante el año 1995.
Tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda y Torres): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y Señores Senadores, cuando el año pasado presenté mi Informe
correspondiente al ejercicio de 1994 procuré tener muy en cuenta la
especificidad de esta Cámara en la que reside, por imperativo
constitucional, la representación territorial de todos los pueblos de
España. Así, mi intervención estuvo condicionada --gratamente
condicionada, dije entonces-- por la adecuación a esta especificidad que
me llevó a referirme preferentemente a los aspectos que podríamos
denominar territoriales de la actividad y actuación del Defensor del
Pueblo, destacando las relaciones con las distintas administraciones
autonómicas y las actuaciones realizadas a lo largo del mismo período con
las administraciones locales.
Puse igualmente, en aquella ocasión, un énfasis especial en describir los
vínculos existentes entre el Defensor del Pueblo y los distintos
comisionados autonómicos, marcados inequívocamente por un talante de
colaboración que no ha hecho más que aumentar a lo largo del ejercicio
que ahora examinamos.
Por último reservé para esta Cámara con mayor amplitud que la que había
tenido en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo todo el amplio
escenario de las relaciones institucionales que desarrolla el Defensor.
Pues bien, dentro del marco general de esta comparecencia en la que
pretendo defender el Informe correspondiente a la gestión de 1995 y
cumplir de ese modo con las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica,
tengo de nuevo el propósito de subrayar algunos aspectos que se refieren
al carácter de representación territorial de la Cámara, animado por la
aceptación que esta característica de mi intervención tuvo el año pasado
y por la benevolencia con la que fue acogido entre los Senadores que la
componían, muchos de los cuales están aquí nuevamente repitiendo mandato
parlamentario.
No obstante, y antes de entrar en ese tratamiento específico de los
aspectos territoriales que les anuncio, permítanme unas breves palabras
sobre las peculiaridades del Informe que en este acto les presento.
A lo largo de 1995 se han producido algunos cambios que, dentro del
carácter permanente de una institución que ha de mantenerse fiel a los
principios de la Ley Orgánica que la regula, han supuesto modificaciones
estructurales exigidas por las demandas de una sociedad abierta,
democrática y en permanente evolución. Una de esas variaciones ha
consistido, de conformidad con el compromiso que adquirí, en la creación
de un área específica dentro de la institución dedicada al medio
ambiente.
Otra modificación afecta a la estructura misma del Informe. Desde mi
llegada a la Institución del Defensor pude constatar que la petición de
cambiar la estructura de dicho Informe era una solicitud bastante
extendida, lo que me llevó a considerar oportuna la necesidad de elaborar
un nuevo texto más fácilmente manejable. La principal novedad del mismo
estriba en el hecho de que las quejas agrupadas por materias reciben un
tratamiento de síntesis, lo que permite efectuar una valoración de las
actitudes de las distintas administraciones.
Con la misma pretensión valorativa han sido seleccionados ocho asuntos
considerados de especial relevancia y que pueden servir como ejemplos
emblemáticos para analizar la situación de los derechos fundamentales en
nuestro país y de oportuna referencia para conocer el funcionamiento de
la Administración.
El primero de estos asuntos se refiere a la Ley de Secretos Oficiales,
cuya dudosa constitucionalidad ha suscitado la preocupación de la
Institución del Defensor, que considera que la nueva disposición que
venga a sustituir a la ley actual deberá ajustarse a las garantías que
exige todo Estado de derecho e impedir que puedan crearse zonas de
impunidad, para lo cual sería preciso someter las materias clasificadas a
algún tipo de control específico, bien sea parlamentario o bien de
carácter judicial, y habrán de ser sus señorías quienes tengan que
determinar las salvaguardias precisas que deberán establecerse cuando
examinen en esta Cámara la futura ley reguladora de los secretos
oficiales.
La situación de los inmigrantes centroafricanos en las murallas de Ceuta
ha sido la segunda de las cuestiones tratadas especialmente en el
Informe. La repetición de éstos o similares acontecimientos en Melilla y
en los demás casos producidos, han impulsado al Defensor a realizar un
estudio monográfico de este problema y a solicitar de la Administración
el establecimiento de las medidas necesarias para lograr que la
aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería y asilo se
efectúe de la manera más correcta posible, bien facilitando la entrada de
aquellos extranjeros que cumplan los requisitos establecidos, bien
procediendo a su devolución a los países de origen, sin que una
prolongada estancia de estas personas en la frontera haga más conflictiva
su ya de por sí difícil situación. Alguna de dichas medidas, como la
creación de centros de extranjería en Ceuta y Melilla, han sido ya
aceptadas, como es sabido, por el Ministerio del Interior.
Otro de los temas tratados singularmente es el referido a la negativa de
los jóvenes a realizar el servicio militar y la prestación social
sustitutoria: la insumisión. Respecto de esta cuestión diré, señorías,
que determinadas circunstancias, como son la tendencia existente en los
países de nuestro entorno a suprimir el servicio militar obligatorio y
el anuncio en nuestro propio país de llevar a cabo una total
profesionalización del Ejército, han acelerado la necesidad de debatir de
nuevo este tema en profundidad. Este Defensor considera, y así figura en
el informe que analizamos, que es en las Cortes Generales, como órgano de
representación de la soberanía popular, en donde deben abordarse todas
las dimensiones del problema de la insumisión, incluso su tratamiento
penal tras la reforma introducida en esta materia por el nuevo Código
Penal.
Los Defensores del Pueblo y Comisionados autonómicos estudiamos esta
cuestión en las X Jornadas de Coordinación, celebradas en Barcelona en
octubre de 1995, y elaboramos, en relación con ella, el siguiente
comunicado: «Los Defensores manifestamos nuestra preocupación por la
respuesta legal que se da en la actualidad a aquellas personas que se
niegan a efectuar el servicio militar o la prestación social
sustitutoria. Los Defensores pensamos que el valor de la
corresponsabilidad en la construcción de la sociedad que un servicio
social ejemplifica no se ve favorecida por la criminalización de los que
lo niegan. En consecuencia, abogamos por la adopción de aquellas medidas
que estimulen su libre cumplimiento.
En este sentido, los Defensores del Pueblo sugerimos que debería
emprenderse el estudio para desarrollar las previsiones del artículo 30.3
de la Constitución, sobre el servicio civil, y configurar la prestación
social como una medida alternativa, en lugar de sustitutoria, al servicio
militar. Mientras tanto, entendemos que el incumplimiento de la
prestación militar o social no debe conllevar pena de prisión y la
sanción que dicha conducta merezca debe ser proporcionada a las lesiones
que supone para los intereses generales.» Este comunicado que les acabo
de leer fue un comunicado conjunto de todos los Comisionados autonómicos
y del Defensor del Pueblo que venía a centrar el tema y pretendía
propiciar, en el seno del Parlamento, el debate al que antes aludí acerca
de tan compleja cuestión.
También ha sido objeto de estudio especial el tema de la protección de
datos personales ante su tratamiento informatizado, cuestión que exige,
sin duda, una atención preferente en esta época de vertiginosos avances
tecnológicos. En esta materia, la institución que presido ha mantenido
ciertas discrepancias con el criterio sostenido por la Agencia de
Protección de Datos en relación con la transferencia de datos personales
que figuran en los ficheros de las entidades bancarias, financieras o de
créditos, y así se lo hizo saber a ese organismo al que se recomendó que
no debe considerarse suficiente la inactividad del interesado para poder
transferir tales datos, sino que debe exigirse, en todo caso, la
autorización expresa del titular de los mismos, habiéndose incorporado
dicho requisito a los nuevos formularios en vigor.
El consumo de alcohol por menores se trata, asimismo, monográficamente en
el informe y afecta de forma especial a las Administraciones autonómicas
que tienen atribuida la competencia, según determina la Ley 1/1992, en la
regulación de los espectáculos públicos y actividades recreativas y
afecta igualmente a las Administraciones locales por su responsabilidad
en el control de los establecimientos dedicados al despacho de bebidas
alcohólicas y la regulación de sus horarios.
Durante el año 1995 ha podido comprobarse la proliferación de casos de
intoxicación etílica de menores de edad. Las noticias en los medios de
comunicación social sobre este tema han ido a la par con otras en la que
el consumo de bebidas alcohólicas aparece como causa principal de
accidentes de tráfico en los que estaban implicados jóvenes e incluso
menores. A lo largo de la investigación de esta cuestión, se ha podido
constatar una lamentable realidad: la convocatoria, por parte de
determinados establecimientos, de competiciones o concursos de
consumición de bebidas, en los que participan fundamentalmente
adolescentes y donde se premia la mayor ingestión de alcohol entre los
concursantes.
En el tratamiento legal de este problema convergen desde distintas
perspectivas, tanto la legislación estatal como la normativa autonómica
y, dada la disparidad de criterios a la hora de regular esta materia,
creo que sería fundamental realizar un esfuerzo no sólo para homogeneizar
las disposiciones actualmente existentes, sino también para adoptar las
medidas oportunas encaminadas a solucionar este problema y salir al paso
de sus graves consecuencias. Pero es necesario pasar de los hechos a las
categorías, y así resulta que más allá de lo que pueda haber ocurrido
este año o los precedentes, lo que aparece tras éstas y otras noticias
referidas a menores es que el principio de que los derechos del niño y
del adolescente son derechos humanos constituye un axioma que fácilmente
se olvida, y de hecho la realidad social así parece confirmarlo
demasiadas veces. No podemos olvidar, señorías, que en tanto en cuanto
las leyes de los países o las normas y costumbres que rigen la
convivencia de las sociedades muestran un interés prevalente por el niño
y sus derechos, así aumenta el respeto general y colectivo por los
derechos de todos los hombres.
También ha sido elegido para su estudio monográfico el tema de los
servicios telefónicos de valor añadido a través de la Línea 07
Internacional. En realidad se trata de un problema similar al que en su
día plantearon las líneas 903, pero con muchas mayores dificultades para
su control, pues la desconexión voluntaria no es tan fácil como en el
caso anterior. Por ello, se dirigió una recomendación a la Secretaría
General de Comunicaciones con el fin de que adoptase las medidas
necesarias para facilitar la desconexión de dicha red internacional a los
abonados que lo soliciten. Hace muy pocos días se ha recibido un escrito
del Ministerio de Fomento comunicando que ha aceptado parcialmente esta
recomendación y que ha procedido a valorar la conveniencia de la
aplicación de una desconexión selectiva.
El informe incluye asimismo una investigación singular acerca de la
situación de deterioro del sistema acuífero de la Mancha occidental,
sobre el que se asienta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, cuyo
proceso de desecación avanza vertiginosamente por efecto de tecnologías
recientes, del espíritu de explotación intensiva surgido de los criterios
desarrollistas y de la aplicación discriminada de unas y otros en el
marco de una normativa obsoleta.
Para cerrar el capítulo relativo a temas monográficos, me referiré al
tráfico urbano, último de los temas emblemáticos elegidos en el informe
para hacer un estudio de síntesis y valoración de la actuación de la
administración.
La regulación de los aparcamientos de vehículos en determinadas calles,
conocida como ORA, OTA, OLA, plantea numerosos problemas, ya que no
existe uniformidad en la normativa que utilizan los ayuntamientos para
establecer esta regulación en sus vías públicas. La aprobación de
ordenanzas municipales de carácter fiscal que pretenden amparar la
potestad de cobrar por estacionar vehículos en la vía pública y la de
sancionar las infracciones cometidas está creando una confusa situación
jurídica, incrementada con evidentes discrepancias interpretativas, que
determina la necesidad de que se dicte una norma que evite las nulidades
de los procedimientos o las desviaciones de poder en que actualmente
están incurriendo algunos ayuntamientos. Así, las meras denuncias
efectuadas por los encargados de controlar el pago del precio público son
equiparadas por las Administraciones locales a las realizadas por los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia de tráfico, a pesar
de que no hacen fe de los hechos denunciados. Igualmente, en ocasiones,
se remiten las notificaciones a los antiguos propietarios de los
vehículos que han cometido las infracciones y que ya habían comunicado a
las respectivas Jefaturas Provinciales de Tráfico sus transferencias. A
este respecto, se considera conveniente que se modifique el artículo 78.1
de la Ley de Seguridad Vial, para que también se comuniquen a los
ayuntamientos respectivos los cambios de titularidad de los vehículos,
así como de los domicilios de los titulares y conductores.
Finalmente, aunque no existe amparo legal alguno, en determinados
ayuntamientos se procede a la retirada por la grúa de los vehículos que
no han pagado el importe de este tipo de estacionamiento, y ello aunque
no perturbe gravemente el tráfico, ya que se considera como tal cobertura
lo que no es sino una regulación del aparcamiento en determinadas calles.
De ahí, insisto, que se precise una normativa legal que regule esta
materia de forma detallada, con la que se puedan subsanar las
deficiencias denunciadas.
Señorías, al analizar el informe, resulta ineludible hacer una referencia
a las quejas que remiten los ciudadanos, ya que constituye el núcleo
sobre el que gravita toda la actividad de la institución. Durante el año
1995 se han recibido 13.060 quejas; si a ellas añadimos las 1.870 que
quedaron pendientes del año anterior, más las 154 abiertas de oficio, y
descontamos las que han quedado pendientes al 31 de diciembre de 1995,
obtendremos el número definitivo de quejas examinadas a lo largo del
pasado año: 14.155. De todas ellas, hay un elevado número --más de
8.000-- que no han sido admitidas. El análisis de las causas de no
admisión revela que en la mitad de los casos o no se ha apreciado
irregularidad administrativa o se trata de asuntos en los que el envío de
información al ciudadano sobre la cuestión planteada podría resolver el
problema. Las restantes inadmisiones se refieren a quejas que plantean
cuestiones sobre las que ha recaído una sentencia firme o se encuentran
sujetas a un procedimiento judicial e, igualmente, a las que reflejan
problemas privados en los que no ha habido intervención de los poderes
públicos.
La gran cantidad de quejas que no han sido admitidas suele producir
extrañeza. Quizá, la propia denominación de «no admitidas» crea una
sensación de rechazo que estaría en contradicción con la función propia
del Defensor, pero esta sensación debería desaparecer cuando se examinan
los motivos de inadmisión, que responden a los criterios claramente
ponderados en la Ley Orgánica y a los que me acabo de referir. Aunque ya
es sabido, hay que repetir que no admisión no significa rechazo; en cada
caso se contesta al demandante explicando las razones de la inadmisión,
acompañadas de información complementaria sobre los cauces y pasos a dar
para resolver la queja.
Sin embargo, he de reconocer que ésta es una cuestión que me preocupa.
Sigo, por ello, creyendo que es necesario aumentar la pedagogía y la
información sobre la institución del Defensor del Pueblo, para evitar que
se acuda inadecuadamente en proporción tan elevada, así como que quienes
no lo hacen, quizá por desconocimiento, sepan realmente lo que la
institución significa en el marco constitucional y garante de los
derechos individuales. Y me propongo iniciar una campaña a nivel de
educación primaria para fomentar el conocimiento de una cultura de la
paz, de los derechos humanos y de la participación en este campo del
Defensor del Pueblo.
Una vez admitida la queja, se inicia su investigación, pero para
determinar el número de quejas investigadas a lo largo de 1995, es
preciso sumar a las admitidas en este ejercicio las que se admitieron y
se encontraban en proceso de investigación al inicio del año, pues, como
saben o pueden suponer sus señorías, hay expedientes que se resuelven en
muy pocos días y otros que permanecen abiertos uno o más años, debido a
la complejidad, a la mayor o menor agilidad o morosidad de las respuestas
administrativas.
A lo largo de 1995 han sido investigadas 15.130 quejas. De ellas, 706 han
sido investigadas ante las distintas Administraciones autonómicas y
1.237, ante los distintos entes de la Administración local. Para valorar
en su verdadera magnitud estas cifras, que se encuentran muy por debajo
de las 7.690 quejas investigadas en la Administración central, hay que
considerar que, al tener los comisionados autonómicos competencias
específicas en su respectiva Comunidad, son ellos mismos, en muchos
casos, los receptores directos de las quejas de los ciudadanos.
Desde la perspectiva de la territorialidad, debo decir que únicamente el
1,4 por ciento de las quejas recibidas tienen su origen en el extranjero;
el resto, es decir, el 98,60 de las mismas, proceden del interior del
Estado. Si atendemos a una distribución de las quejas por Comunidades
Autónomas, la Comunidad de Madrid es la que genera mayor número de
quejas, con casi el 30 por ciento de las mismas. Con pequeñas
oscilaciones, ésta es la media habitual a lo largo de estos últimos años.
Las Comunidades con un menor porcentaje de quejas, inferior al 1 por
ciento, son la Comunidad de La Rioja --el 0,73--, la Comunidad Foral de
Navarra --el 0,72--, siendo característica común de ambas que se trata de
Comunidades uniprovinciales. No obstante, en el porcentaje por
provincias, es Lleida, con el
0,37, la que menos quejas ha promovido, dejando a salvo las ciudades de
Melilla --0,07-- y Ceuta --0,28--, bien entendido que una sola queja en
la ciudad de Ceuta reunió cerca de 17.000 adhesiones.
Cabe deducir de los datos estadísticos recogidos en el informe que el
tipo medio de demandante que acude al Defensor responde al siguiente
retrato: una persona que reside en área urbana, de condición social y
económica media, con un cierto nivel cultural, con predominio de estudios
y, en un alto porcentaje, funcionario o con amplios conocimientos de la
estructura administrativa del Estado. Estos datos me sugieren, o más bien
me hacen temer, la siguiente conclusión: que el sector de la población
más necesitada de la intervención del Defensor, por sus especiales
condiciones de necesidad y desconocimiento de los instrumentos que les
ofrece el Estado de Derecho, es precisamente el que menos acude a él.
También quiero, señorías, dedicar unas palabras a las quejas de oficio
abiertas directamente por el Defensor, que se elevaron, como les dije, a
154 en este ejercicio. Las noticias de los medios de comunicación o el
descubrimiento de alguna posible irregularidad en las visitas o
inspecciones son las causas más frecuentes que motivan la apertura de
estos expedientes. Las quejas de oficio pueden abarcar, desde cuestiones
que afectan a derechos individuales, como los de la viuda de un militar a
la que obligaban a abandonar el hospital en el que estaba ingresada,
hasta derechos de colectividades, como los casos de deficiencias en
promoción de viviendas, la situación de los centros penitenciarios, de
los centros de internamiento para inmigrantes, la saturación de urgencias
en los hospitales de Madrid o las escuchas telefónicas del CESID.
Son numerosos los casos de chabolismo en temas relacionados con la
vivienda, especialmente en relación con los grupos de la población
marginada, que se conoce con la denominación de los «sin techo». Los
malos tratos o tratos vejatorios de la policía local han dado origen
también a la apertura de algunas quejas e, igualmente, situaciones
conflictivas que afectan a menores.
Uno de los instrumentos con que cuenta el Defensor del Pueblo para
corregir las actuaciones irregulares de la Administración, determinados
vacíos normativos o para evitar una confrontación entre normas vigentes,
son las recomendaciones. A través de ellas se manifiesta una resolución
del Defensor del Pueblo dirigida a las distintas administraciones u
órganos legislativos, sobre la conveniencia de rectificar una actuación o
bien de promover o dictar normas legales o modificar las existentes, en
razón de su inadecuación a los principios constitucionales y a los
tratados internacionales ratificados por España.
Este año se incluye un apartado en el que se reflejan todas las
recomendaciones, indicando cuáles han sido aceptadas o rechazadas por la
administración competente en el momento de la presentación del informe
ante las Cortes y haciendo una breve síntesis de su contenido.
Así, habrán podido comprobar sus señorías que el Defensor del Pueblo ha
abarcado un amplio campo de actuación en el que, tras el estudio de
determinados supuestos, ha considerado oportuno recomendar algunos
cambios, bien legislativos, bien de interpretación de normas, bien de
modificación de actuaciones de las distintas administraciones.
Se han dado algunos casos --12, en el momento de elaborar el informe-- en
que la Administración no había aceptado los criterios del Defensor del
Pueblo. Esto ha ocurrido en supuestos tales, como el referido a las
mejoras en el procedimiento de gestión de las ayudas y subvenciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la recomendación
sobre el sistema de baremación en las convocatorias del servicio militar,
en la modalidad de formación de cuadros de mando, y en otras que figuran
en el apartado correspondiente del informe.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha resuelto que no procedía la
interposición de recurso de inconstitucionalidad en las 20 peticiones que
se han formulado ante la institución durante el año 1995. Las
correspondientes resoluciones las encontrarán sus señorías en la tercera
parte del informe.
Finalmente, me queda hacer una pequeña referencia a las distintas
administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del
Pueblo. El informe de este año recoge un listado de todas las
administraciones que han incumplido el deber de contestar por primera vez
o no han atendido a la segunda o sucesivas peticiones de información
solicitadas por el Defensor del Pueblo. Como pueden ver sus señorías, en
todos los casos menos uno, este incumplimiento corresponde a entes de la
Administración local. A pesar de que su número es mínimo en relación con
el volumen total de expedientes y de que se trata en su casi totalidad de
administraciones seguramente con escasos medios, hemos creído oportuno
esta inclusión expresa en el informe para su conocimiento por el
Parlamento.
Para concluir este capítulo, quiero recordar a sus señorías que en la
segunda parte del informe encontrarán todos los aspectos relativos a la
actuación del Defensor del Pueblo en el desempeño de su función de
supervisar la actividad de la Administración. Así, por ejemplo, se
recogen quejas que se refieren a la Administración de Justicia, a la
Administración penitenciaria; otras relativas a la administración
militar, a temas educativos o relacionados con la sanidad pública, con la
Seguridad Social.
Sí me interesa subrayar --pienso que por la importancia del tema-- que se
han efectuado 51 visitas a centros penitenciarios y la institución está
elaborando un estudio relativo a la situación de estos establecimientos.
Como les indiqué al principio, quiero exponerles un segundo capítulo
dedicado a las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los distintos
comisionados autonómicos.
La primera reflexión surge de la diversidad legal en el establecimiento
de estas figuras institucionales y de la proliferación normativa en la
regulación de las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los
comisionados, que comprende desde los estatutos que recogen las
correspondientes normas de coordinación, hasta los diferentes convenios
de colaboración. La Ley 36/1985 estableció de forma clara criterios de
regulación de relaciones y de competencias.
Otra observación se referiría a que la figura de los comisionados
autonómicos obedece, o puede obedecer, al
propósito de reflejar el modelo que la Constitución ha diseñado para el
Estado, acercándolo a la estructura institucional autonómica.
Creo, señorías, que es importante dejar muy claro que nada hay más ajeno
al verdadero espíritu y organización autonómica del Estado que la
multiplicación de figuras e instituciones que no respondan a una
verdadera exigencia o a una certera demanda de los ciudadanos, o bien que
puedan llevar a duplicar o solapar innecesariamente sus tareas.
Pero dicho esto, no es menos cierto que en la práctica las relaciones
entre el Defensor del Pueblo y los comisionados se mantienen con adecuada
fluidez y verdadera colaboración. Y quiero repetir una vez más que ésta
ha sido una de las agradables experiencias con que me he encontrado al
llegar a la institución. A este nivel práctico y de resultado --que es el
aspecto que debemos destacar en esta comparecencia--, la relación ha sido
positiva o, mejor dicho, sigue siéndolo y altamente beneficiosa, creo que
para todas las partes.
Para confirmar lo que vengo afirmando, he de decir que en este año 1995,
como antes dije, se celebraron las X Jornadas de Coordinación de los
Defensores y Comisionados, durante los días 5 y 6 de octubre, en
Barcelona. Entre otros temas que allí se trataron, es de destacar el de
la tolerancia, como valor al servicio de los derechos humanos, que supuso
el mutuo enriquecimiento doctrinal, que siempre aporta la reflexión
común. También se trataron cuestiones relativas a la coordinación de
actividades desarrolladas en el ámbito internacional y se hizo un estudio
específico del funcionario público como reclamante ante los Ombudsman.
Como un signo más de esta colaboración y coordinación, es habitual que el
Defensor del Pueblo acuda a los actos o acontecimientos más
significativos en el quehacer de los comisionados autonómicos. Así tuve
el honor de asistir a la toma de posesión del Procurador del Común, en
las Cortes castellano-leonesas, a la apertura de las oficinas del
Diputado del Común en las islas de la Gomera y Fuerteventura e,
igualmente, a la inauguración de la sede de Justicia de Aragón, en
Zaragoza. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Uno de mis propósitos es incrementar, si cabe todavía más, la fluida y
leal colaboración entre los distintos comisionados parlamentarios y este
Defensor en la tarea común que tenemos encomendada, porque como confirman
las quejas que los comisionados hacen seguir al Defensor, es frecuente
que se acuda al comisionado autonómico con quejas que están fuera de la
competencia del mismo, o bien por desconocimiento de estas competencias o
por considerar que deben de ser similares a las del Defensor del Pueblo.
Aunque tal situación debe sugerirnos la necesidad de aumentar los
procesos informativos ante los ciudadanos, para que éstos conozcan la
verdadera dimensión de estas instituciones y, por tanto, de todas las
estructuras del Estado, no deja de ser significativo, en el mejor
sentido, que el ciudadano recurra confiadamente a la institución, sin
importale que se la dé su Comunidad Autónoma o la estatal.
Y debe impulsarnos a mejorar nuestra colaboración, dentro de ese espíritu
que proclamo con satisfacción, nuestro afán de servicio. Significativo
es, en este sentido, el convenio de cooperación que se firmó el 15 de
junio de 1995, con el Sindic de Greuges de Cataluña, con un contenido que
busca la finalidad de evitar duplicidades y cooperar en la investigación
de las quejas que se formulen a través del adecuado intercambio de
información. Posteriormente, en el año 1996 se ha firmado con el
Procurador del Común y está pendiente de suscribir con otros comisionados
autonómicos.
Este es el sendero que debemos --y lo deseo no solamente yo, sino todos
los comisionados-- recorrer a lo largo de los próximos años, con el fin
de conseguir que se haga realidad el propósito formulado en esta misma
Cámara: que la profundización de las garantías y derechos ciudadanos, la
agilización y eficacia de los comportamientos administrativos y la
corresponsabilidad y solidaridad de todo el entramado institucional de
los derechos fundamentales sea el camino de la consolidación de la mejor
convivencia entre todos los españoles.
Tal y como anuncié al principio, voy a referirme a las relaciones
internacionales de la institución. En primer lugar, quiero destacar la
participación en las conferencias, organizaciones, distintos institutos
internacionales que reúnen a los Ombudsman y Defensores del Pueblo de
todos los países. Cada vez más, el acento de estas reuniones va
desplazándose de la mera comunicación y el compartir experiencias, que
sigue siendo una riqueza fundamental de las mismas, hacia la toma de
conciencia de la necesidad de emprender iniciativas de carácter conjunto
y universal, precisamente por el carácter de universalidad de los
derechos humanos; universalidad que no está sólo determinada por el
derecho a los mismos de todos los seres humanos en una dimensión ética y
solidaria, sino porque su vulneración, en cualquiera que sea el lugar que
se produce, tiene consecuencias reales, prácticas e inmediatas en un
mundo tan ampliamente intercomunicado, en el que la información es de
todos y para todos.
Precisamente, por este carácter de universalidad de los derechos humanos
cabría hacer aquí una reflexión sobre los ámbitos en el mundo actual,
susceptibles de intervención por parte de los Ombudsman e, incluso, sobre
cuáles son aquellas áreas en las que una u otra acción del Ombudsman
podría contribuir a su fortalecimiento institucional. Es sabido que
Naciones Unidas se ha referido casi exclusivamente en sus normas a los
derechos civiles y políticos, cuando hoy existe un sentimiento general de
que los derechos socioeconómicos y culturales son igualmente importantes.
Es evidente que la democracia y la paz no pueden subsistir en condiciones
de pobreza crónica y de subdesarrollo. He aquí un gran campo para los
Ombudsman, porque podríamos informar sobre situaciones de violación de
derechos socioeconómicos o culturales, toleradas o realizadas por los
Estados; porque podríamos promover la creación de un sistema de recursos
individuales ante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, único gran tratado universal en la materia; porque
podríamos, por último, impulsar a los gobiernos a que informasen sobre la
aplicación de la nueva concepción que la comunidad internacional tiene
del derecho al desarrollo: la paz como base fundamental, el crecimiento
económico como motor del progreso, el medio ambiente como previsión de
futuro, la Justicia como pilar de la sociedad y la democracia como buen
gobierno.
La serie de instrumentos jurídicos protectores de las minorías y de las
personas que las integran, aprobada en la década de los noventa, tras el
fin de la guerra fría, es prueba de que se está formando un consenso
internacional acerca de que las minorías constituyen una situación de
hecho cuya calificación escapa, en principio, al Estado y que posee
relevancia jurídica internacional. Prácticas como la limpieza étnica o el
etnocidio no pueden ya considerarse como pertenecientes esencialmente a
la jurisdicción interna de los Estados.
La protección de los derechos de las minorías pasa a convertirse así en
otro campo para el fortalecimiento institucional de los Ombudsman,
particularmente en su colaboración con los órganos internacionales de
supervisión del cumplimiento de los instrumentos existentes sobre esta
importante cuestión. Precisamente en estos días estábamos en contacto los
comisionados autonómicos y el Defensor del Pueblo para hacer una
declaración en relación con el asunto que ha surgido en la región de los
Grandes Lagos.
Las personas y grupos vulnerables son la piedra de toque de la real
vigencia de los derechos humanos. Me refiero a los derechos de las
mujeres, a los derechos de los niños, a los derechos de los trabajadores
migrantes y, en definitiva, a la eliminación de todas las formas de
discriminación. Pues bien, los Ombudsman deberíamos subrayar la necesidad
de desarrollar de modo significativo las disposiciones relativas a las
convenciones internacionales que protegen estos derechos, porque estos
instrumentos ofrecen una oportunidad única para coordinar nuestros
esfuerzos en la defensa de los derechos de aquellos grupos.
He aquí, señorías, el objetivo principal: que los Defensores del Pueblo
seamos capaces de coordinar nuestras acciones y criterios, porque así lo
demanda el carácter universal de los derechos humanos. Se trata, en suma,
de tener una voz común y de preconizar con este fin la creación de
organismos de coordinación permanente entre Defensores, bien sea con
carácter regional --por ejemplo, el diseño actualmente en curso de una
estrategia de colaboración entre los Defensores nacionales de la Unión
Europea y de éstos con el Defensor del Pueblo europeo--, bien
interregional --como es la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo, creada en 1995, o la toma de conciencia en el ámbito de la VI
Cumbre Iberoamericana, que se acaba de celebrar, sobre la importancia de
la figura del Defensor del Pueblo en ambas riberas del Atlántico--, o
bien, incluso, a nivel mundial, como son las reuniones del Instituto
Internacional del Ombudsman, cuyo VI Congreso acaba de celebrarse en
Argentina.
Otro ejemplo, en el mismo sentido que antes apuntaba respecto a la
necesidad de tomar conciencia y emprender iniciativas colectivas para
defender el carácter universal de los derechos humanos, fue la
convocatoria de la Conferencia Tricontinental de Instituciones de Defensa
y Promoción de Derechos Humanos, celebrada en Santa Cruz de Tenerife en
noviembre de 1995, a iniciativa del Diputado del Común de Canarias y que
contó con la presencia de Sus Majestades los Reyes. Los acuerdos y
decisiones tomadas en la dirección que indico las pueden encontrar sus
señorías en el informe.
Como un punto específico de las relaciones internacionales, quiero
resaltar las mantenidas por el Defensor del Pueblo con el mundo
iberoamericano. En el informe se recogen los contactos, reuniones y
participaciones del Defensor y los adjuntos y la colaboración prestada en
la tarea de establecer y desarrollar en Iberoamérica instituciones de
comisionados para los derechos humanos, en prolongación de una larga
trayectoria en este sentido.
Una realidad importante que aúna esta relación bilateral con los países
americanos y el principio general de cooperación internacional ha sido la
creación de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, a la
que ya me he referido. Se creó a principios de 1995. Su aprobación
definitiva se hizo en el mismo año y ha sido un hito importante en el
desarrollo de los derechos humanos en estos países, pues su
establecimiento significa un gran apoyo institucional, pero sobre todo
moral, para la acción de los defensores iberoamericanos, que, como se ha
dicho muchas veces, ha de buscar en un amplio proceso asociativo
internacional la fuerza que a veces no encuentran en los propios Estados
o en los propios gobiernos para hacer valer estos derechos.
Para España, y especialmente para este Defensor, será un honor recibir a
todos los Defensores iberoamericanos en la segunda reunión de la
Federación, que tendrá lugar en el mes de abril próximo en Toledo, por
todo lo que supone de acogida y de cumplimiento del propósito de
continuar y, si es posible, acrecentar los esfuerzos de la democracia
española hacia toda Iberoamérica, pues si la vigencia de los derechos
humanos en todos los habitantes de la tierra no es ni puede sernos ajeno,
es claro que más propio nos resulta este esfuerzo en el caso de las
hermanas tierras y naciones americanas.
Termino, señorías, afirmando mi convencimiento de que, al menos en parte,
se ha dado cumplimiento a los objetivos marcados desde esta Cámara en el
debate del pasado ejercicio. Pero también quiero, al agradecer los apoyos
brindados a la Institución, solicitar que hoy más que nunca se haga
efectivo ese amparo, no sólo a través de un contacto más fluido y
constante, sino dotando a la Institución de los medios materiales y
humanos que nos permitan investigar adecuadamente las disfunciones de la
Administración y los posibles atentados a los derechos fundamentales. El
Defensor del Pueblo, señorías, no es un lujo superfluo de nuestro Estado
de derecho, sino garantía de la defensa y goce de esos mismos derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución. Y para poder ser eficaces
y, sobre todo, verdaderamente independientes, necesitamos contar con el
respaldo y la colaboración permanente de todos ustedes.
Señorías, al concluir mi intervención en este mismo Hemiciclo, en la
sesión plenaria del 10 de mayo de 1995,
dediqué mis últimas palabras a pedir la libertad de un ciudadano que
acababa de ser secuestrado. Tristemente, tengo que finalizar hoy con los
mismos términos de entonces y reclamar la liberación de José Antonio
Ortega Lara, Cosme Delclaux y Publio Cordón, que se hallan en estos
momentos privados de su derecho a la libertad por la crueldad terrorista.
Ninguno de nosotros nos sentiremos libres mientras estas personas no
recuperen ese derecho fundamental que consagra la Constitución como uno
de los valores superiores de nuestro Estado de Derecho.
Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría, por su
informe como Defensor del Pueblo.
Vamos a suspender la sesión durante dos segundos para poder despedir como
corresponde al Defensor del Pueblo. Inmediatamente reiniciaremos la
sesión en turno de portavoces. (Pausa.)
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me hubiera gustado agradecerle al Defensor del Pueblo directa y
personalmente su extenso informe y manifestarle que me gustaría comenzar
por donde él ha terminado, porque siempre me parece oportuno recordar,
sobre todo en este momento, a los ciudadanos que están exentos de
libertad por estar secuestrados, y me refiero al funcionario José Antonio
Ortega Lara, a Cosme Delclaux y también a Publio Cordón.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, y por parte de esta Senadora, va a
existir una absoluta y total colaboración con el Defensor del Pueblo y
con los planteamientos que éste ha realizado desde esta tribuna, e
insisto también en que estamos de acuerdo en que a veces la sociedad no
conoce ni percibe suficientemente el papel importante y necesario del
Defensor del Pueblo de cara a ser no sólo intermediador, a efectuar una
serie de intermediaciones ante la Administración en defensa de los
ciudadanos que se consideran de alguna manera perjudicados por la misma o
no suficientemente atendidos por ella, sino que su papel es
imprescindible en el apoyo y en la defensa de los derechos fundamentales
de los ciudadanos sin que éstos tengan necesidad de excitar su propia
actuación.
Quiero referirme también a aspectos puntuales que ha tocado el Defensor
del Pueblo, tales como los que hacen referencia a menores. Quiero apoyar
desde esta tribuna y desde la representación que ostento la campaña que
ha anunciado que quiere iniciar en torno a la difusión del papel del
propio Defensor del Pueblo y la difusión de la cultura de la paz y de los
derechos humanos; campaña que espera realizar a nivel de los menores en
educación primaria. Y quiero conectar esto con el apoyo a las frases del
Defensor del Pueblo en relación a la problemática que sufren los menores,
en general, en todas las sociedades del mundo, pero también en la
nuestra, de lo cual hemos hablado desde esta misma tribuna en relación a
una Comisión que hemos establecido precisamente para el estudio de esta
problemática general.
Otro aspecto que me interesa resaltar de la intervención del Defensor del
Pueblo es la recomendación que ha realizado de su propia visión de no
criminalización de los aspectos relacionados con la insumisión, tanto en
la prestación del servicio militar como en la prestación social
sustitutoria, y la alternativa que ha planteado, que apoya las tesis que
esta Senadora ha defendido desde esta misma tribuna, de despenalización
de la insumisión y de la prestación social exigible, totalmente
desvinculada de cualquier relación con servicio militar o con la
configuración actual de la prestación social sustitutoria.
Hay otros aspectos importantes que se contienen en el informe del
Defensor del Pueblo en relación a la protección de datos personales, o en
los límites que la seguridad pública, la seguridad del Estado, debe tener
en relación a los secretos oficiales frente a los derechos fundamentales.
Me parece necesario recalcar y reincidir en ello toda vez que hemos
debatido aquí esos temas. También me interesa resaltar aspectos que se
contienen en el informe del Defensor del Pueblo, relativos a la
problemática de la masificación de las cárceles y a aquella que impide
que los reclusos puedan cumplir sus condenas en el entorno más cercano a
su domicilio y a su ámbito familiar y social, tal como desde algunos
ámbitos y, concretamente, desde la representación que ostento como
Senadora designada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca y
como Senadora de Eusko Alkartasuna, estamos defendiendo y hemos defendido
desde esta tribuna. Me parece importante esa precisión del Defensor del
Pueblo, así como otros aspectos a los que se refieren tanto su informe
como algunas sentencias de tribunales en relación a las indemnizaciones
de víctimas del terrorismo que a veces, por razón del lugar de comisión
de los delitos, no son suficientemente atendidas, y éstas son cuestiones
que hay que atender.
Por último, me ha satisfecho enormemente, igual que a mi Grupo, su
satisfacción, valga la redundancia, por el nivel de colaboración que se
mantiene desde la Institución del Estado con los comisionados de las
Comunidades Autónomas, con los Defensores de éstas y también con el
Ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca. Y también me han parecido
importantes las referencias que ha hecho a esa colaboración y a esa
interrelación que el Defensor del Pueblo mantiene, quiere mantener y
estrechar con los Defensores del Pueblo a nivel europeo e internacional
en este último ámbito, puesto que hoy día la defensa, como él ha
señalado, de los derechos de las minorías, la defensa de los derechos
socioeconómicos, la lucha contra la discriminación, la problemática que
sufren en algunos países mujeres, niños, marginados, los «sin techo»,
etcétera, desgraciadamente es una problemática a nivel mundial,
internacionalizada y a la que deberá darse respuesta desde la
colaboración de las instituciones correspondientes de los distintos
Estados y, en este caso, desde los Defensores del Pueblo.
Reitero mi conformidad con todo lo que aquí ha manifestado el Defensor
del Pueblo, así como con el conjunto literal de su informe, y termino
como empecé y como el
propio Defensor del Pueblo ha señalado también: recordando que no
solamente existen quejas y problemas derivados de unas disfunciones
administrativas, fundamentalmente concentradas en este caso --y no me voy
a referir a la territorialidad-- en problemas de salud, en problemas de
vivienda y en problemas directamente relacionados con el bienestar social
y con el bienestar del individuo, sino que básica y necesariamente el
Defensor del Pueblo es el defensor de los derechos fundamentales de todos
y de los derechos fundamentales frente a cualquier otra institución, sin
necesidad de que existan previamente esas quejas.
Reitero mi satisfacción por el informe y doy las gracias a la Presidencia
y a sus señorías por escucharme.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora De
Boneta y Piedra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, quiero expresar nuestro agradecimiento
por la labor que realiza el señor Defensor del Pueblo al frente de esta
Institución, reconocimiento y agradecimiento que hacemos extensivos
también a sus colaboradores. Porque, como nos ha recordado el señor
Alvarez de Miranda, es necesario traer a la memoria que esta Institución
constituye una pieza fundamental en nuestro entramado político, cuyo
respeto y cuya consideración derivan de su propia labor y función,
realizada con absoluta imparcialidad y profesionalidad y también, por qué
no decirlo, desde una exquisita sensibilidad democrática. Esto lo ha
configurado como una Institución actora principal de la consolidación,
defensa y garantía del ejercicio de los derechos y libertades, por largo
tiempo anhelados y hoy consagrados en la Constitución.
Esta primera reflexión puede resultar obvia, si bien la realizo porque no
debemos olvidar que la propia creación del Ombudsman surge en sociedades
sin duda democráticas, pero carentes de una jurisdicción que amparara al
administrado ante las actuaciones de la Administración. Frente a este
vacío jurisdiccional, nace el Ombudsman en el entramado institucional de
los países nórdicos, que viene a suplir la tradicional jurisdicción
contencioso-administrativa existente en nuestra cultura política. Si ésta
hubiera sido tan sólo la función encomendada a esta Institución, sus
horas hubieran estado contadas; por contra, el artículo 54 de la
Constitución configura al Defensor del Pueblo como alto comisionado de
las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y
garantía de las libertades de todos los españoles, labor que exige la
función complementaria, y no menos fundamental, de revisión de las
actuaciones de la Administración que incidan en nuestras libertades y en
nuestros derechos.
Esta concepción ha permitido consolidar de forma definitiva la
institución del Defensor del Pueblo en nuestro Estado y su naturaleza
delegada de la soberanía popular --y, en consecuencia, de las Cortes
Generales, a las cuales representa-- merece, por un lado, una necesaria
fiscalización de su función y, en todo caso, una consideración a las
recomendaciones que realiza, que me atrevo a decir que debieran
constituir, no sólo para el Ejecutivo, sino también para el Poder
Legislativo, razones de obligada reflexión. En este sentido, creo que
merece que se le reconozca no sólo su gestión, sino también el propio
contenido del informe que nos ha remitido y debemos felicitarle por el
acierto de su nueva concepción y estructura.
A juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el
texto remitido constituye un documento de consulta necesaria y de
obligada referencia para nuestra propia labor legislativa. El depurado
análisis que, al margen del apasionado y también necesario discurso
político, realiza tanto de la regulación de los secretos oficiales, como
de la protección de datos personales ante su tratamiento automatizado,
así como de la insumisión, constituyen un cúmulo de consejos y
advertencias fundamentales para nuestra labor legislativa, que desde
nuestro Grupo Parlamentario serán tenidos en cuenta a la hora de mejorar
nuestro ordenamiento jurídico.
También quiero hacer mención a la nueva reestructuración de la
Institución que preside, en concreto, a la modificación habida en el área
de Trabajo y Seguridad Social, que incluye en esta nueva etapa el área de
la Atención al menor; decisión esta acertada que, desde nuestro punto de
vista, deberá atender conductas lesivas a los derechos del menor que
vayan más allá del consumo del alcohol por los mismos. Y esto no lo digo
a modo de crítica, sino todo lo contrario, lo digo para ratificar la
sensibilidad democrática de esta Institución del Defensor del Pueblo, a
la que ya he hecho referencia, y mostrar nuestro apoyo a sus propias
intenciones reflejadas en el mismo informe, que no son otras --y cito
textualmente-- que avanzar un paso más en la defensa de los derechos del
menor.
No me voy a extender más sobre este informe, lo doy por conocido y
suficientemente debatido. Concluiré diciendo tan sólo, señor Presidente,
que aprobamos la gestión del Defensor del Pueblo, que ratificamos en esta
Cámara el contenido de la moción de 26 de septiembre del Pleno del
Congreso --trascendental, sin duda, para la Institución del Defensor del
Pueblo-- y que reafirmamos la confianza de nuestro Grupo en la persona
que encarna la Institución.
Por último, hago mías las palabras del señor Alvarez de Miranda en
relación con los secuestrados por ETA. Ciertamente, dudo que las palabras
de los hombres de buena fe hagan mella en personas absolutamente
deshumanizadas, pero, frente a esta barbarie y esta deshumanización,
nosotros, los hombres de buena fe, exigimos la libertad de aquellos que
han sido injustamente privados de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Salvador Capdevila. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a evacuar el trámite que me corresponde ante el informe del Defensor
del Pueblo en esta Cámara ratificando la posición que ya mantuvimos con
ocasión de nuestra intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado que
tuvo lugar el pasado 7 de noviembre actual.
En primer lugar, y aunque ha sido una larga exposición, tengo que
felicitar al Defensor del Pueblo por su informe, sobre todo por la
estructura seguida en este acto, que ha sido modificada respecto a la de
años anteriores. De hecho, con una simple lectura, aunque sea somera, del
cuadro y del índice del libro editado que contiene el informe del
Defensor del Pueblo ya se tiene una idea bastante completa de las
gestiones que se han efectuado en el pasado año, 1995. Por consiguiente,
es de un fácil manejo y todos los Senadores aquí presentes, con una
simple hojeada, podríamos fijarnos en las decisiones que más nos
interesen.
Hace tres años que se vienen emitiendo estos informes, año por año, y
creemos que la institución del Defensor del Pueblo está sobradamente
consolidada. La experiencia adquirida a lo largo de esta trayectoria,
tanto por el Defensor del Pueblo como por sus colaboradores, se refleja
en las investigaciones realizadas --y que constan en el informe--, así
como en las resoluciones a través de las recomendaciones y sugerencias
que se encuentran transcritas en el mismo. Tal y como nos ha dicho el
Defensor del Pueblo, la mayoría de estas sugerencias y recomendaciones
han sido aceptadas por la Administración, encontrándose las mismas
sustentadas por un apoyo jurídico y humano y, sobre todo, por la
Constitución, que prácticamente obliga a que sean aceptadas todas y cada
una de las sugerencias y recomendaciones emitidas por el Defensor del
Pueblo.
El informe ha sido muy extenso y sería arduo debatir aquí los temas uno
por uno, pero, tal como he dicho antes, hay áreas que llaman la atención
porque en ellas se ha concentrado un mayor número de quejas. Destaca el
área de la función pública administrativa, educativa y cultural con 1.569
quejas; la de justicia con 2.262 quejas; bienestar social, trabajo y
atención al menor con el mayor número de quejas, concretamente 2.862, y
el área de Interior con 2.594.
Dentro del estudio que el informe dedica a dichas áreas, son las de
justicia y de bienestar social las que, quitando las multitudinarias que
se presentan a través de entidades y asociaciones, más quejas ha recibido
de forma individualizada.
En cuanto al informe manual presentado, este Senador, en la Comisión
Mixta del pasado día 7 de noviembre hizo hincapié en el retraso existente
en el ámbito de la Administración de Justicia. Se destacó el gran retraso
operado en el Contencioso-administrativo, tanto en la sala tercera del
Tribunal Supremo, como en los tribunales superiores de justicia, haciendo
cierto hincapié en la de Cataluña, y en las salas de los diversos
juzgados y audiencias provinciales. En definitiva, del resumen de las
investigaciones efectuadas por el Instituto del Defensor del Pueblo se
puede colegir, sin lugar a dudas, que el colapso de la Administración de
Justicia es general y abarca a todas las Comunidades Autónomas.
Las medidas y sugerencias que el Defensor del Pueblo solicitaba para
paliar este colapso no han caído en saco roto, sino que el Gobierno ha
tomado parte de estas iniciativas, y así nos lo manifestaron tanto la
señora Ministra en su comparecencia programática de 26 de junio, como el
Secretario de Estado de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de
Justicia de esta Cámara el pasado 17 de octubre de ese año, en la cual se
nos informó de un paquete de medidas en las que el denominador común era
ir en busca de la justicia diseñada por la Constitución y el logro de una
Administración de Justicia ágil y eficaz. Se nos anunciaban una serie de
iniciativas legislativas, entre las que figuran algunas de las sugeridas
por el informe que ahora comentamos. Confiemos en que esto se haga pronto
para evitar el colapso prácticamente generalizado en todos los órganos
judiciales.
Especial mención hice en aquel momento, y reitero ahora, sin menospreciar
los demás temas --que son muchos-- que constan en este informe, a la
objeción de conciencia.
El informe ya prevé, solicita y sugiere la necesidad de adoptar medidas,
sobre todo, de gestión y organización, que permitan disponer, del modo
más rápido posible, de las plazas necesarias para el cumplimiento por los
objetores de la prestación social sustitutoria, y hace hincapié en que el
número de objetores --y es un tema muy conocido por todos-- sigue
aumentando. En 1993 era de 46.144 y en 1994 pasa a ser de 82.068, es
decir, hay un incremento de un 77 por ciento respecto de 1993.
También es importante la sugerencia que hace la Institución acerca de que
el Gobierno adopte las medidas necesarias para evitar la indeterminación
temporal en el cumplimiento de las obligaciones de los objetores de
conciencia entre el momento del reconocimiento de tal condición y la
incorporación a la prestación social sustitutoria.
De nuevo debo felicitar al Gobierno en cuanto a que dichas sugerencias
también se han tenido en cuenta, y así, en la Comisión de Justicia,
celebrada el pasado día 17 de octubre, el Secretario de Justicia nos
anunció la adopción de un plan de choque presentado por el Gobierno el
pasado 24 de julio de 1996, con el fin de normalizar precisamente la
prestación social sustitutoria y evitar esta acumulación de objetores que
están pendientes de realizar la prestación social. En definitiva, se
prevé un incremento de 15.000 plazas anuales hasta llegar a cubrir las
130.000 plazas previstas para 1998.
Asimismo, se toma en consideración aquella sugerencia efectuada por el
Defensor del Pueblo en cuanto a la mejora de gestión, y lo que se prevé
es que se evite ese tiempo muerto existente en la actualidad entre la
apertura del número de plazas vacantes y la toma de posesión de las
mismas. Se prevé igualmente que este llamamiento se haga de forma mensual
en lugar de cuatrimestral con el fin de evitar esta acumulación de plazas
sin cubrir.
Quiero destacar también la aceptación de las sugerencias de la
Institución en cuanto a las indemnizaciones por casos de violencia, por
actos de terrorismo. Entendemos que deberían reglamentarse estos temas y
que las víctimas
de los actos terroristas tuvieran una correcta indemnización por parte
del Estado.
El Defensor del Pueblo, en su comparecencia en la Comisión Mixta antes
comentada, apuntó la necesidad de informar al ciudadano ante la gran
cantidad de quejas que debieron ser rechazadas por no cumplir los
requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo 3/1981,
de 6 de abril. Evidentemente, aparte del tiempo que han tenido que
dedicar los servicios técnicos del Instituto, hay cerca de 8.000 quejas
que han tenido que ser rechazadas por no cumplir estos requisitos. Este
rechazo, tal como ha manifestado el Defensor del Pueblo, ha ido
acompañado de una serie de información aneja para poder cumplimentar por
otros trámites las quejas que han ido recibiendo. Se nos dice en el
informe que se han adaptado, incluso, unas salas de visita en la propia
Institución; hay unos servicios de información de Telefónica, y se ha
puesto en funcionamiento una línea 900 que en lo que iba del año 1995 ya
había recibido la cantidad nada despreciable de 2.907 llamadas que
precisaban, más que nada, una información acerca de las funciones del
Defensor del Pueblo.
Es evidente que estamos de acuerdo con lo que ha manifestado el Defensor
del Pueblo sobre la necesidad de ir complementando dicha información con
una adopción de medidas pedagógicas que muy bien pudieran ser esta
educación primaria.
Asimismo, quisiera dejar constancia en este momento de la existencia en
Cataluña del homólogo «Sindic de Greuges» que, con el fin de expansionar
el área de influencia y promoción de esta Institución, iniciará en breve,
concretamente el próximo lunes 25 de noviembre, una experiencia piloto
destinada a descentralizar este servicio de quejas a los cuidadanos y
acercarlos más a la población. Concretamente, el «Sindic de Greuges» y su
equipo se trasladarán a la ciudad de Girona para atender a quienes hayan
solicitado esa entrevista.
Es una prueba piloto que, posteriormente, se extenderá a las restantes
capitales de provincia, como Tarragona y Lleida, y creemos que esta
experiencia piloto podría adaptarse muy bien, tanto a la propia
Institución, como los demás altos comisionados autonómicos.
Por último, no quisiera olvidarme de resaltar las inmejorables
relaciones, tal y como ha manifestado el Defensor del Pueblo en este
acto, que se mantienen entre esta Institución y la del «Sindic de
Greuges», en Cataluña, y de ésta con los demás Altos Comisionados del
resto de las Autonomías. Creemos que son unas relaciones excelentes. Es
una colaboración que, lejos de comportar una duplicidad, logra que sus
respectivas actuaciones se complementen y coordinen.
Estamos de acuerdo, asimismo, con lo manifestado por el Defensor del
Pueblo en relación con la reiteración de sus relaciones con los
«ombudsmen» internacionales, y le animamos a seguir en esta línea.
Como es evidente, también lamentamos los actos terroristas que han
supuesto el secuestro de estas personas tan queridas, y exigimos su
inmediata puesta en libertad.
Como conclusión, aprobamos la gestión del Defensor del Pueblo durante el
pasado año 1995, que ha sido resumida en este acto, y sobre la que tan
brillantemente, de forma sucinta pero intensa, nos ha informado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al Defensor del Pueblo, don
Fernando Alvarez de Miranda, en esta su segunda comparecencia en el
Senado, así como a sus dos adjuntos, señores Rovira y Uribarri, en la
responsabilidad que han asumido.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista transmitiré nuestra
felicitación por la nueva presentación que se ha adoptado para el informe
en 1995, cuya estructura gana en claridad, organización y simplicidad,
haciendo su lectura más ágil y ordenada.
Tal vez podríamos contemplar el análisis del presente informe desde la
perspectiva del origen normativo del que nace el Defensor del Pueblo. Es
la Constitución española, en su artículo 54, la que regula su creación,
remitiendo después a una ley orgánica para su desarrollo. Es importante
señalar que el artículo 54 de la Constitución se encuadra en el capítulo
cuarto, de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos, y en
el Título I, de los derechos y deberes fundamentales. No es de extrañar
que el presente informe, que el Defensor del Pueblo ha expuesto hoy en
esta Cámara, de manera resumida, se base en lo estipulado en la Ley
Orgánica 3/1991, de 6 de abril, modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de
5 de marzo.
Podemos decir que este informe se ajusta a la finalidad constitucional
que se espera de la Institución del Defensor del Pueblo, resultando un
análisis crítico de la realidad reflejado en el muestreo de casos
presentados, que encajan perfectamente en los derechos y deberes
fundamentales, ubicándose, entre otros, los siguientes: nacionalidad y
derechos de los extranjeros; derecho a la vida y a la libertad --y, en
este concepto, tal y como han expresado ya otros grupos, debemos
solicitar de manera especial la libertad para los secuestrados por la
banda terrorista--, derechos de los reclusos, derechos al honor y a la
intimidad, limitación del uso de la informática, derecho a la educación,
servicio militar y objeción de conciencia, protección de la familia y de
la infancia, protección de la salud, derecho a disfrutar del medio
ambiente y los derechos de consumidores y usuarios, entre otros.
Teniendo en cuenta el campo de actuación y el texto que presenta, junto
con la eficacia de los instrumentos a su alcance que habrá que mejorar,
voy a intentar resumir de forma general los campos y puntos de actuación
más relevantes que, como iremos viendo, se ajustan a los derechos
fundamentales detallados anteriormente, y que tiene la responsabilidad
constitucional de vigilar.
El informe que hoy nos presenta se estructura en tres partes muy bien
diferenciadas que, a su vez, obedecen, tal y como señala en el prólogo
del informe, a tres principios:
ser un instrumento útil, organizar las quejas bajo el principio de
síntesis y presentarlas en razón de su materia y de su objeto.
En la primera parte, se aborda un asunto importante en esta Cámara, como
es la relación institucional, especialmente en lo referente a su relación
con sus homólogos en las Comunidades Autónomas. También ocupan un papel
relevante las relaciones del Defensor del Pueblo con Iberoamérica.
Por la importancia que él mismo ha señalado de su colaboración con sus
homólogos en las Comunidades Autónomas, destacando y subrayando el nivel
de coordinación y entendimiento que él ha destacado, en este sentido, y
tal y como sugieren los compañeros de Euskadi, quizá sea necesario
regular coordinadamente las recomendaciones oportunas para evitar que la
reducción de tasas universitarias en las universidades privadas incluya a
las familias con tres hijos, y esa colaboración sea posible entre
Defensor y Ararteko.
En esta primera parte, se tratan ocho cuestiones monográficas que el
propio Defensor ha calificado, en su página siete, como preocupación
sustancial de esta Institución a lo largo del año 1995. Desde el prisma
de su repercusión social, relevancia jurídica, impacto ambiental y, en
definitiva, como ya señalé al comienzo de mi intervención dado que son
hechos que afectan a derechos individuales fundamentales de los
ciudadanos, intentaré relacionar, señorías, por no reiterar, el
tratamiento de estos asuntos en cada una de las áreas.
Antes de entrar en el análisis pormenorizado de cada una de las áreas,
quiero subrayar positivamente la aceptación, por parte de la Institución
del Defensor del Pueblo, de algunas recomendaciones que se indicaron en
su presentación ante esta Cámara hace un año. Me estoy refiriendo a la
creación del área de medio ambiente, que recoge textualmente, como un
todo coherente que ha asumido también la atención relativa a urbanismo y
vivienda. En este contexto positivo de aceptación de sugerencias, me
permito la libertad de señalar la necesidad de favorecer las
recomendaciones y actuaciones tendentes a unificar todo lo referente a
los ruidos y la incidencia en el bienestar familiar, compatibilizar el
ocio y el descanso, donde, con un adecuado equilibrio y evitando la
dispersión de responsabilidades de unas instituciones a otras, el
ciudadano se pierde entre las agrestes grietas de la burocracia y el
traslado de responsabilidades.
Señor Presidente, señorías, es importante señalar que el presente informe
es un muestreo de la realidad de todas las administraciones, es un último
recurso mediante el cual, en ocasiones, los ciudadanos tramitan sus
quejas, buscando la esperanza y la agilidad que en ocasiones no
encuentran en otros estamentos o, sencillamente, porque no conocen los
procedimientos administrativos que hay que seguir.
Si analizamos el apartado estadístico, que hay que agradecer a la
Institución que fuera aceptado tras la propuesta socialista que tuvo
lugar en el Pleno del Senado celebrado el 2 de noviembre de 1994, vemos
que nos abre una primera línea de reflexión profunda, puesto que si
examinamos el informe del año 1994, con un 48 por ciento de las quejas
que no pudieron ser tramitadas por la Institución, se señalaba ya una
necesidad de favorecer su mejor conocimiento. Este objetivo se mantiene
para el próximo ejercicio, con un 64,18 por ciento de quejas no
admitidas, no sin antes señalar que incluso el mayor problema puede
radicar en el conjunto de ciudadanos que desconocen la existencia de la
Institución o que, en ocasiones, no conocen el trámite que hay que
seguir.
Señorías, en esta lectura y con afán de mejora, el Grupo Parlamentario
Socialista sugiere dos medidas que han de aceptarse para profundizar en
la Comisión Mixta, en caso de aprobarse. La primera de ellas --hay una
coincidencia con otros grupos-- estaría destinada a reforzar el
conocimiento institucional de la figura del Defensor del Pueblo dentro
del actual sistema educativo, especialmente en los niveles de Primaria y
Secundaria, así como dentro del programa de las personas adultas. La
segunda sería facilitar la tramitación con información previa a través de
los ayuntamientos, institución más cercana a los ciudadanos, bien a
través de los servicios sociales o de la Comisión Municipal de Bienestar
Social o similar, facilitándoles, eso sí, la dotación suficiente. Esto
puede abrir la atención del Defensor del Pueblo a los sectores más
desfavorecidos y con menor conocimiento y, en ocasiones también, de menor
edad. Resaltaremos que, de las 8.722 quejas no admitidas por el Defensor
del Pueblo, en el 30 por ciento se ha proporcionado información al
promotor de la queja. Por ello se podría entender que el ciudadano ha
sido atendido de alguna manera.
En el análisis que hizo el Defensor en el debate en el Senado de la
distribución de las quejas, los calificó de territoriales, como lo ha
hecho en el día de hoy, concediéndoles especial relevancia por el
carácter territorial de esta Cámara, según el artículo 69 de la
Constitución. En la distribución territorial, dadas las diferencias de
densidad de población, analizaremos las quejas por cada 100.000
habitantes, distribuidas por Comunidades Autónomas. De esta distribución
comprobaremos que las cuatro Comunidades cuyos habitantes más quejas han
trasladado han sido Madrid, con 76,37 por ciento; Castilla y León, con
53,57; Ceuta, con 49,17, y Cantabria, con 44,5. Por el contrario, las
tres Comunidades que menos quejas presentan son, por este orden: Melilla,
con 14,14; Cataluña, con 14,65, y el País Vasco, con 14,56.
Por otro lado, existen matices y diferencias en cuanto a la situación
laboral y económica de los ciudadanos y el perfil social de los usuarios.
El dato más relevante es que el 70 por ciento de los ciudadanos que
tramitan sus quejas son varones, mientras que sólo el 30 por ciento son
mujeres. Este dato nos debe llevar a algún tipo de reflexión y acción
correctora, porque parece ser que las desigualdades, aunque existan en
menor medida, todavía prevalecen, lo que daría motivo, por supuesto para
la queja.
En relación con las quejas relativas a la Administración de Justicia, el
Defensor se refiere a la reiteración, por causas estructurales, de las
dilaciones en la administración de la justicia. Se recoge el exceso de
utilización de la prestación de justicia, que provoca una saturación, lo
que está unido a la dilación y lentitud del propio sistema. Tal vez
deban tenerse en cuenta las soluciones que ya se han apuntado en otras
ocasiones, como son las juntas de arbitraje, el descargar de los asuntos
de accidentes de tráfico a los juzgados, y la reforma de la jurisdicción
contencioso-administrativa, aunque ya se ha reconocido su necesidad y, a
la vez, su complejidad.
El informe recoge en su página 81 el problema del impago de pensiones
para numerosos ciudadanos y ciudadanas, que manifiestan las dificultades
en que se encuentran tras un proceso de separación o divorcio para
recibir o pagar algún tipo de pensión económica al cónyuge con el que
convivieron, problema que se agrava cuando existen menores de edad
afectados.
En cuanto al incumplimiento de las resoluciones judiciales en materia de
alimentos tras los procesos matrimoniales, se apunta la creación de un
fondo de alimentos, tal y como planteó en un proyecto de ley el Grupo
Socialista, a lo que el Grupo Popular y otros grupos de la Cámara también
se han comprometido a poner en marcha.
Respecto de la valoración que el informe del Defensor del Pueblo realiza
de la administración penitenciaria, se continúa, en general, con la
mejora de la higiene, de los aspectos sanitarios y de algunos problemas
de la masificación, lo que en parte está motivado por la reducción de
unos 2.000 reclusos y por la puesta en marcha de nuevas plazas
penitenciarias. Existe en el informe un apartado específico que se
refiere a las mujeres presas, que a finales de 1995 ascendían a 4.226
internas, cifra que dista bastante de los 40.972 hombres reclusos. No
obstante, habrá que ir mejorando la adecuación de los espacios y talleres
a la especificidad de las mujeres.
Por lo que respecta a la seguridad pública, se apunta por un necesario
equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos
fundamentales, aspecto que debe incluir la protección de datos personales
ante los imparables avances de la informática.
Se denuncia algún exceso en la intervención policial, asunto que en estos
momentos, a iniciativa del Defensor, está en manos del Ministerio fiscal,
cuyas actuaciones, no concluidas, condicionan las medidas que pudiera
adoptar la institución. Es precisamente en los núcleos urbanos donde se
plantea una mayor necesidad en este aspecto, para lo que habría que
incidir con propuestas globales en las que el apartado policial fuera tan
sólo un componente más.
Otros asuntos tratados por el Defensor en su informe se refieren al
problema de la inmigración, asunto complejo que requerirá de políticas
solidarias de toda la Unión Europea con el Tercer Mundo, para no confiar
en exclusiva este problema a la actuación policial. Una preocupación
especial se recoge de cara a la aplicación de la seguridad pública a los
menores extranjeros.
En el ámbito de tráfico, como ya se ha señalado en esta Cámara, se
recogen múltiples quejas de los ciudadanos. Tan es así, que el Defensor
lleva a incluir el tema monográfico número ocho, sobre la regulación del
aparcamiento de vehículos en determinadas calles, que trata de compaginar
con los derechos de los ciudadanos en espacios limitados regulados por
ordenanzas municipales. A juicio de esta institución, retirar el vehículo
en estas circunstancias puede resultar desproporcionado, al tener un
carácter cautelar. Por ello, el propio informe recoge la necesidad de una
reforma legislativa. Otras quejas en el ámbito de tráfico se refieren a
las notificaciones defectuosas y a cierta indefensión de los ciudadanos.
En cuanto a la Administración militar y la objeción de conciencia, se
recoge la preocupación creciente por la respuesta legal a la insumisión,
como alternativa, fuera de la norma, al servicio militar y la objeción de
conciencia. Por otro lado, podemos deducir el dato positivo de la
disminución de las novatadas.
En el ámbito educativo se reconocen los avances que ha habido,
produciéndose en el sistema educativo una igualación y promoción social
que, dado su extensión y complejidad, no está exento, por supuesto, de
dificultades. En este sentido, el propio Defensor reconoce que se han
recibido muy pocas quejas referidas a las dotaciones educativas. Por otro
lado, existen diversas quejas relativas a la limpieza de centros por
parte de las corporaciones locales, y otros asuntos se refieren a la
escolarización de niños y niñas en las zonas rurales, como consecuencia
de la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria.
Es evidente que este aspecto se ha desarrollado de una manera desigual en
el conjunto del territorio del Ministerio de Educación y Ciencia ante
zonas parecidas. De ahí que, además de las posibles causas de raíces
educativas, existan otras relacionadas con el grado de explicación,
diálogo y negociación. Por otro lado --también es necesario
manifestarlo--, hay otras razones que se suman a las anteriores, que
tienen que ver con el momento electoral en que se producen las tensiones.
Este es un asunto en el que todos los poderes públicos deben velar por la
igualdad de derechos para conseguir una educación de calidad también en
la zona rural. Porque, señorías, ¿sería admisible el ejemplo contrario,
de negar el acceso de la población rural, con todos los servicios
complementarios gratuitos, para que estos niños y niñas se incorporen a
una educación de calidad, a la que tienen derecho? Es evidente que esta
cuestión requiera diálogo, evitar tensiones innecesarias, procurando que
los problemas a solucionar sean exclusivamente de índole educativa y que
los servicios complementarios se ajusten con sensibilidad a unos
parámetros razonables que dicta el sentido común.
Es necesaria la vigilancia para que estos servicios educativos en el
medio rural sean de calidad, al tratarse de una educación básica y
obligatoria a la que tienen derecho todos los niños y niñas del Estado.
Vigilancia que también debería ser objeto de atención prioritaria por
parte del Defensor del Pueblo, al ser un derecho constitucional que los
menores tienen reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
En la página 130 del informe del Defensor, se dice: En definitiva, si los
alumnos perciben que su desplazamiento diario está justificado por la
mejora de la educación que van a recibir --profesorado especialista,
atención personalizada, instalaciones deportivas, materias optativas,
aula de tecnología--, aceptarán el sistema.
En materia sanitaria, se hace referencia a la aceptación por parte del
Insalud de diversas recomendaciones que trasmitió el Defensor del Pueblo,
relativas a desigualdades retributivas, procesos selectivos y diversas
prestaciones de prótesis auditivas y oculares. Continúa, por otro lado,
la lista de espera, cuya reducción deberá ser efectiva, sin menoscabo,
por supuesto, de la atención a los mismos servicios que hasta ahora se
están realizando con carácter preventivo. Tal vez habría que estudiar la
incidencia de la excesiva rotatividad del personal sanitario eventual.
En relación con los secretos oficiales, este tema fue ampliamente tratado
por la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Mixta, Cristina
Alberdi, en su reunión del día 7 de noviembre, en la que se propuso un
equilibrio razonado entre bienes jurídicos en conflicto, y bajo el prisma
del interés general.
Es de significar la problemática del consumo de alcohol de los menores,
que hoy, 20 de noviembre, Día Internacional del Menor, es preciso
reseñar, y que constituye uno de los ocho temas específicos que, dada la
especial protección del menor, requeriría de una decidida y planificada
actuación conjunta de todas la Administraciones con competencias,
implicando a las propias asociaciones de padres y jóvenes, a las que
podrían sumarse otras entidades, algo que también ha recogido el Defensor
del Pueblo esta mañana en el Senado.
La permisividad y tolerancia en el consumo de alcohol de menores es
sinónimo de irresponsabilidad y riesgo; es, además, la causa de un buen
número de accidentes de tráfico. Se imponen alternativas deportivas,
medioambientales, u otras, que requieren, como ya he dicho, un esfuerzo
coordinado de las diversas Administraciones y de las propias familias y
jóvenes. Todas las medidas que se emprendan desde la institución en
defensa del menor serán pocas.
Señor Presidente, sabido es que el Defensor del Pueblo es un órgano
compuesto por un titular y dos adjuntos, cuyo cometido es la defensa de
los derechos de las personas constitucionalmente consagrados. Por sí
solo, el Defensor del Pueblo no puede hacer nada; lo más que puede hacer
es recurrir y denunciar la actividad de la Administración, y esta
denuncia tiene efectos políticos porque tiene publicidad bastante. Y es
que nada de lo que pasa con el Defensor del Pueblo, ni aun, más
ampliamente, con el Parlamento, se entendería si no se piensa en la
relevancia de la publicidad. Ella es, al propio tiempo, origen y fin de
todas las actuaciones parlamentarias.
Como conclusión, debemos señalar que aprobamos su gestión y que toda esta
labor, especialmente desde la Institución del Defensor del Pueblo, debe
ir dirigida a resolver los problemas que afectan a los derechos humanos
de los ciudadanos con la mayor sensibilidad posible.
Así lo creemos y así lo esperamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor BARCELO PEREZ: Señor Presidente, señorías, es para mí un honor
ocupar esta tribuna y ser la voz de mi Grupo, el Grupo Parlamentario
Popular, para fijar la posición y criterio que nos merece el Informe del
señor Defensor del Pueblo.
En mi opinión, este Informe anual no es un mero trámite reglamentario.
Tiene las características de un diagnóstico de la propia sociedad, del
Estado, del estado de salud de nuestra sociedad en general y de la
Administración en particular.
Este Informe puede y debe servir a los Grupos Parlamentarios para
analizar qué espacios están bien atendidos, no sólo por los que se
quejan, sino también por las quejas que, a instancias del propio Defensor
del Pueblo, se han abierto de oficio.
Mi Grupo y yo queremos felicitar al señor Defensor del Pueblo, como Alto
Comisionado de las Cortes Generales, por el trabajo realizado, por su
dedicación y su esfuerzo para poder cumplir con este trámite y salir
airoso de él.
El Defensor del Pueblo ha sido en algunos casos mofado o despreciado por
algunos sectores, probablemente por ignorancia o falta de información y
conocimiento de lo que es y representa. No conocen ni saben que esa
figura institucional es el garante que vigila nuestros derechos
constitucionales comprendidos en el Título I de nuestra Carta Magna, y
hace que éstos no sean vulnerados ni erosionados; derechos que están
inspirados, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Los que así piensan creen que todo se tiene que resolver y dilucidar en
los tribunales, pues para ellos sólo existe el Derecho legal. Ellos no
reconocen que el Defensor del Pueblo es garantía de libertad. Es por eso
por lo que en los Estados en donde los regímenes son totalitarios o
dictatoriales no existe esa figura, pues no hace falta porque no tienen
derechos que defender.
Nuestro país, sin tener tradición del modelo nórdico del Ombudsman, a
pesar de ello, se introdujo en nuestra Constitución en el mismo momento
del advenimiento de la democracia, y con ella la libertad. Es el momento
en que España se convierte en Estado social y democrático de Derecho.
Es probable que hoy tengamos que reflexionar y plantearnos que, dadas las
circunstancias, y habiendo aparecido nuevos comportamientos dentro de
nuestra sociedad, haya que buscar nuevas fórmulas para atajarlas.
Hoy se celebra el Día Internacional del Niño, y no hemos de olvidar los
frecuentes casos trágicos contra los menores, tales como las violaciones.
Para ello, en cualquier caso, siempre tenemos esta Institución, que nos
sirve a todos por igual y nos garantiza que, sin partidismo, sin mirar
nuestro color, sin preguntar por nuestras creencias o formas de hablar,
estará siempre a nuestro servicio y a nuestro lado y, sobre todo, al que
lo precise y lo pida.
Las quejas de oficio tienen una lectura mucho más profunda, porque aparte
de haber sido promovidas a instancias del propio Defensor del Pueblo o de
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, son debatidas, analizadas y
dadas como conclusión en las jornadas de trabajo y coordinación que
anualmente celebran todos los Comisionados autonómicos con el Defensor
del Pueblo.
Hoy hemos de tener en cuenta que todavía existen situaciones en las que
se vulneran los derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud
o el derecho a la intimidad. Me refiero a la invasión de los ruidos en
los hogares, alterando la paz de los habitantes y causándoles grandes y
graves daños. Para ello allí está el Defensor del Pueblo que,
constantemente, cuando esto sucede lo denuncia a las administraciones
correspondientes; o ante la nada deseable situación en la que se
encuentran los enfermos mentales y el entorno familiar tras la reforma
sanitaria.
Señor Presidente, no quiero reiterar lo que los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra han manifestado. Sólo quiero dejar
constancia de nuestro reconocimiento al Alto Comisionado de las Cortes
Generales como garante del respeto al Título I de nuestra Constitución, y
a los recién elegidos Adjuntos, a los cuales quiero felicitar por haber
alcanzado tan alto rango y responsabilidad.
Señor Presidente, permítame ofrecer mi más sincera y estrecha
colaboración al excelentísimo señor don Fernando Alvarez de Miranda como
Defensor del Pueblo y de sus derechos, ya que, sin duda, esa
responsabilidad está depositada en muy buenas manos.
Pero no quiero terminar mi intervención, aunque ha sido muy breve, sin
manifestar el rechazo total y absoluto al hecho de que hoy tengamos que
recordar todavía a ciudadanos que están secuestrados por aquellos que no
respetan los derechos humanos, y hoy precisamente uno de esos
secuestrados, José Antonio Ortega Lara, cumple 30 años. Paradójico
cumpleaños para un secuestrado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barceló.
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS, RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1992, ASI COMO RESOLUCION ADOPTADA POR DICHA COMISION. (S.
770/000001.) (C. D. 250/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo del orden del día: Dictamen
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
relativo a la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de
1992, así como resolución adoptada por dicha Comisión.
La tramitación se inicia con un debate de totalidad, con un turno a favor
y otro en contra por tiempo de quince minutos cada uno. En el mismo
intervendrán los Grupos Parlamentarios que deseen hacerlo.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) En turno de
portavoces, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por un tiempo de diez minutos.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, deseo expresar la posición del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y los criterios que le merece el texto que
se nos ha presentado.
En primer lugar, me gustaría decir que desde hace tiempo se nos presentan
unas cuentas con años de retraso, con inexactitudes, con defectos
contables y con todo tipo de errores. Esto es grave porque, al final, las
cuentas son el reflejo de la administración de los Presupuestos, en
definitiva, de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas.
Es lógico reconocer --y así lo reconocemos-- que en los últimos años ha
mejorado la labor del Tribunal de Cuentas, pero aún queda un largo camino
por recorrer. En consecuencia, se hace cada vez más urgente abordar el
tema para subsanar las actuales situaciones de deficiencia a este
respecto.
Por ello, desde nuestro punto de vista --y así lo proponemos nosotros--
es necesario proceder a una reforma tanto del Tribunal de Cuentas como de
su actual normativa, en definitiva, de la Ley General Presupuestaria.
Esta es, en resumen, la postura del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, respecto al tema que es objeto de debate. Y para
finalizar diré que nuestro Grupo votará favorablemente este texto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizaré este turno de portavoces para fijar la posición de nuestro
Grupo con referencia al dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1992.
Nuestro Grupo ha realizado un estudio en profundidad sobre la base del
Informe del Tribunal y, una vez estudiado, no podemos sino manifestar una
posición crítica en un doble sentido; crítica en el fondo y crítica en la
forma. En la forma, porque estamos ante un debate devaluado en el tiempo.
Es evidente que en noviembre de 1996, cuando están tramitándose ya los
Presupuestos de 1997, tener que trabajar sobre un estudio correspondiente
a las Cuentas de 1992, es un plazo de tiempo excesivo; y, además, es un
debate devaluado por cuanto, desde el cierre del ejercicio de 1992 a la
fecha de hoy, se ha producido un cambio de Gobierno y, aún más, un cambio
de fuerza política en el Gobierno, que aún devalúa más cualquier debate
en profundidad que quisiéramos realizar ahora referente a las Cuentas de
1992.
Aunque quizá nuestra posición crítica más importante está en el fondo de
lo que refleja el Informe. Refleja 18 tipos de anomalías, algunas de
ellas, políticamente graves, que nos hacen llegar a la conclusión, que no
es precisamente intrascendente, de que las Cuentas no reflejan la imagen
fiel de la situación financiera del Estado. Entre
esas anomalías, para no citar las 18, destacamos la falta de rendimientos
de Cuentas por parte de 12 organismos autónomos; defectos formales graves
en la contabilidad de seis organismos autónomos; falta de concordancia
entre las contabilidades de las entidades pagadoras y las receptoras;
discrepancias contables; errores en las cuentas de los inmovilizados
materiales, así como errores en cuanto a la aplicación de la amortización
de dichos inmovilizados; falta y confusión en las cuentas de préstamos de
exención de deudas; defectos en la contabilización de activos ficticios;
excedentes de capital injustificable; cuentas bancarias no registradas,
etcétera.
A partir de ahí nos asaltan dos preguntas: ¿Podrían haberse evitado estas
anomalías con una actuación más estricta de la Intervención General del
Estado? Y recalco lo de más estricta porque damos por sentado que la
Intervención General del Estado tiene una actuación, como mínimo
estricta. Y segunda cuestión, ¿se han impuesto las sanciones
correspondientes a todos aquellos organismos autónomos que no han
presentado las memorias correspondientes?
Esperamos poder evitar en futuros ejercicios críticas como las que
estamos haciendo ahora en esta tribuna y es por ello por lo que
Convergència i Unió ha incorporado unas propuestas de resolución que se
aprobaron en la Comisión con el objetivo de que se puedan ver estos
informes sin tanta separación en el tiempo.
Entendemos que el Gobierno debe tomar las medidas pertinentes para que la
Cuenta General del Estado y de las entidades que lo conforman se ajusten
plenamente a la legislación aplicable y a los principios que deben
informar su rendición y elaboración.
Por parte de Convergència i Unió vamos a tomar las iniciativas
parlamentarias oportunas para que la revisión en Comisión y Pleno de las
Cuentas Generales de 1993 se aceleren al máximo y que ello sea el primer
paso para alcanzar el objetivo de que los actuales plazos entre esta
revisión y el cierre del ejercicio correspondiente se reduzcan, a ser
posible, en un mínimo de un 50 por ciento. Es decir, creemos que en este
momento lo correcto sería estar revisando el Informe correspondiente a
las Cuentas del ejercicio de 1994.
A pesar del posicionamiento expuesto, por la propia devaluación del
debate, vamos a emitir nuestro voto favorable al informe, dentro de lo
que entendemos que es básicamente un trámite parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Alegre.
El señor ALEGRE ESCUDER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente la Comisión Mixta para las relaciones con el
Tribunal de Cuentas estudió por segunda vez el pasado mes de octubre el
Informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado referido a
1992 y, además, trató las propuestas de resolución a que ha hecho
referencia algún Senador. Digo que se estudió por segunda vez por cuanto
ya se había hecho en la pasada legislatura y se vio interrumpido
precisamente por el corte de la misma.
De dicho informe de fiscalización se extraen conclusiones ciertamente
interesantes, a la vista de que existen evidentes mejoras tanto en lo que
respecta a los trabajos del propio Tribunal, como en lo que es el aspecto
fundamental de la cuestión: la rendición de cuentas y la forma en que
éstas se llevan a cabo. Formas que radican incuestionablemente en ir, año
tras año, corrigiendo los defectos que en las mismas pueden existir, en
base siempre a las recomendaciones del propio Tribunal. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Respecto al fondo de la cuestión, es decir, la Cuenta General de Estado
de 1992, a pesar de algún criterio en contrario, hay innegables mejoras
en la presentación, aunque reconocemos, es cierto, que no todas las que
debería haber e, indudablemente, algunos de los aspectos de las mismas
que hoy podríamos criticar se verán corregidos en las correspondientes a
1993.
La Cuenta General del Estado correspondiente a 1992 fue aprobada por
unanimidad en Comisión, por razones suficientes para ello, aun cuando
puedan existir algunas discrepancias referidas, sobre todo, a la
interpretación o a la forma de aplicar algunas normas contables y
presupuestarias. Como detalle de por qué estas Cuentas se aprobaron por
unanimidad, bástenos decir que se rindieron en plazo, teniendo en cuenta
que había 101 organismos pendientes de esa fiscalización y que fueron
únicamente 11 los que no cumplieron este requisito. Lo cual, llevado a
términos de créditos iniciales, no supone más que un cuatro por ciento
del grupo y en uno de los organismos autónomos administrativos solamente
el 0,04 por ciento de los créditos iniciales. Lo que viene a decir que
esto ha representado una mejoría sustancial con respecto a ejercicios
anteriores.
Por otra parte, este informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas,
aunque encuentra algunos defectos formales de importancia, lo hace
solamente en cinco organismos, de forma que esas deficiencias entre
organismos que son a la vez pagadores y receptores de transferencias
internas alcanzan un porcentaje ínfimo, que apenas llega al 4 por ciento
de los importes transferidos, sobre los cuales se ha efectuado la
oportuna conciliación, como no podía ser de otra forma.
Se critican también las modificaciones de crédito efectuadas, diciendo
que el Presupuesto que finalmente se ejecuta tiene poco que ver con el
Presupuesto aprobado inicialmente, pero hay que decir a este respecto,
como en otras ocasiones, que de esa cantidad de más de cuatro billones,
es el propio Tribunal de Cuentas el que elimina más de la mitad de esa
cantidad porque corresponden a operaciones de deuda pública y, en
concreto, a amortizaciones de pagarés del Tesoro, que se tramitan así
porque así lo determina la Ley presupuestaria. En definitiva, esas
modificaciones de crédito afectan solamente a un 11 por ciento de los
iniciales.
Hay diferencias de criterio evidentes en la interpretación de normas
contables entre la Intervención General del
Estado y el Tribunal de Cuentas, las ha habido siempre y continúan
fundamentalmente en la imputación de gastos lo que, indudablemente,
afecta a la liquidación de este ejercicio.
Hay que decir también que el Tribunal no detectó ninguna ilegalidad por
lo que no se ha efectuado ninguna acción en el sentido de establecer
piezas separadas o de alcance contable. Sin embargo, reconocemos que mi
Grupo en su momento presentó en la Comisión 13 propuestas de resolución,
lo cual quiere decir que somos plenamente conscientes de que hay cosas
que mejorar. A pesar de la presentación de estas propuestas, estamos
firmemente convencidos de que la Cuenta del Estado correspondiente a 1992
es conforme en plazo, estructura y contenido y lo suficientemente
homogénea y consistente como para reflejar fielmente la situación
correspondiente a este año 1992.
Por lo que respecta a las propuestas presentadas por otros grupos, hemos
de decir que estuvimos y estamos de acuerdo con las que presentó el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, recogido su
contenido, coincidente con el nuestro, en el Dictamen que sometimos a la
aprobación de este Pleno. Con respecto a las que presentó el Grupo
Parlamentario Popular, lamentamos una pequeña contradicción existente en
su propuesta número 2, que nos impidió votar con ellos la número 1,
aunque en cualquier caso agradecemos sinceramente los cambios en la
redacción de las propuestas que hicieron en su día, que indudablemente
mejoran su contenido y se acercan más al resultado final del Dictamen de
la Comisión.
Obviamente, y como fruto de la resolución entre todos los grupos, estamos
de acuerdo en que se hagan las oportunas comprobaciones o seguimiento de
las recomendaciones del Tribunal para ver el grado de su cumplimiento.
Estamos también de acuerdo en la aplicación de sanciones a los organismos
autónomos que no presenten las cuentas según indica la Ley de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, así como que la Cuenta General
del Estado y las de las demás entidades que la conforman se ajusten a la
legislación aplicable para su rendición y elaboración, e igualmente
estamos de acuerdo con el resto de puntos del Dictamen referidos a la
organización contable, a la ampliación del crédito inmovilizado, al
material de organismos autónomos, al inmovilizado financiero del
Instituto de Crédito Oficial, a las cuentas abiertas en el extranjero a
nombre de agregadurías militares, etcétera.
Por tanto, nuestro voto es favorable al Dictamen de la Comisión Mixta
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que aprueba, primero, la
Cuenta General del Estado de 1992; segundo, las cuentas de los organismos
autónomos, administrativos y comerciales, industriales y financieros, y
tercero, la cuenta de la Seguridad Social para 1992.
Gracias, señorías; gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Alegre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo
Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos hablando hoy aquí, en la Cámara Alta, de unas cuentas;
estamos hablando de una contabilidad presupuestaria; estamos hablando, en
definitiva, de la contabilidad del Estado, es decir, de una contabilidad
que debería partir de las cifras aprobadas por las Cortes Generales para
luego ser desarrolladas por el Gobierno.
Pues bien, por lo que se refiere al ejercicio de 1992, que es el que hoy
se somete a la consideración de sus señorías, lo primero que nos llama la
atención es el nulo rigor presupuestario, es el nulo esfuerzo realizado
por el Gobierno socialista para lograr adaptar el gasto público a lo
acordado por el Parlamento al ser aprobados los Presupuestos Generales
del Estado de aquel año 1992. Nos parece que no fue presentable en aquel
año hacer, en un solo ejercicio, modificaciones de crédito por un importe
superior a los 4 billones de pesetas.
Nos encontramos también, señorías, se encuentra, en definitiva, el
Tribunal de Cuentas con que al liquidar el presupuesto de este ejercicio
se recurre, mediante la técnica de desplazar compromisos de pago a
ejercicios posteriores, a un desplazamiento de más de 2 billones de
pesetas, práctica que, por haberse venido aplicando hasta el año 1996, ha
obligado al actual Gobierno a realizar una regularización de las cuentas
del Estado de 741.000 millones de pesetas mediante el mecanismo adecuado,
es decir, mediante la emisión de deuda pública para poder así partir de
cero.
Asimismo, señorías, se observa, como pone de manifiesto el Ministerio
Fiscal en el Informe que une al del Pleno del Tribunal, una serie de
prácticas contrarias a la transparencia contable realizadas con objeto de
que no aparecieran reflejadas en las cuentas una serie de modificaciones
de crédito, de obligaciones originadas en el ejercicio, de cuentas de
titularidad estatal que no están incorporadas a la Cuenta General, de
pérdidas corrientes que no están incluidas en la Cuenta General,
etcétera; es decir, a nuestro juicio y a juicio del Tribunal, de faltas
muy graves desde la postura del rigor con el que debe de ser llevada la
contabilidad del dinero de los contribuyentes, del dinero de todos los
españoles.
Estimamos que es de todo punto rechazable que determinados organismos
autónomos no rindieran en el año 1992 sus cuentas en el momento oportuno,
e incluso lo que es más grave, que quince de ellos no rindieran cuenta
alguna, o que existieran organismos, como el Instituto Nacional de
Turismo o el Icona, en los que el Tribunal de Cuentas aprecia, como ya se
ha dicho esta mañana, activos ficticios.
Pese a todo esto, señorías, he de decir que mi Grupo votará
favorablemente el Dictamen de la Comisión Mixta relativo a la Cuenta
General del Estado correspondiente al ejercicio de 1992, en el que
gobernaba en todo su apogeo el Partido Socialista.
Vamos a dar, señorías, nuestro voto favorable, no porque las cuentas se
merezcan su visto bueno contable, ni para ratificar todo lo que hizo mal
el Gobierno en el año 1992, sino más bien porque entendemos que
rechazarlas
ahora supondría mandatar al actual Gobierno para que las realizara con
criterios diferentes, y esto iba a suponer, a un Gobierno que nada tuvo
que ver con esta contabilidad, un esfuerzo complementario que añadir al
importante esfuerzo que ya se está realizando para intentar poner orden
en lo que se ha recibido e intentar regularizar la situación. Asimismo,
nuestra postura es favorable a las resoluciones adoptadas por la Comisión
Mixta recogidas también en este Dictamen.
Para terminar, quiero reconocer el importante esfuerzo que está
realizando el Tribunal de Cuentas para adaptar el tiempo de análisis que
dedica a las cuentas del Estado a un ritmo normal, es decir para que
todos podamos ver estas cuentas al menos en un tiempo prudencial.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Lobo
Asenjo.
Finalizado el turno de portavoces, vamos a llamar a votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del dictamen con la
resolución propuesta por la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 221.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE, A LA MAYOR BREVEDAD, ELABORE Y PONGA EN PRACTICA UN
PLAN DE EXPANSION DE LOS EFECTIVOS HUMANOS DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
LA NATURALEZA (SEPRONA), DE LA GUARDIA CIVIL, QUE ASIMISMO CONTEMPLE EL
NECESARIO INCREMENTO DE MEDIOS MATERIALES. (662/000028.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
El octavo punto del orden del día corresponde a mociones. La primera de
ellas es la que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por
la que se insta al Gobierno para que, a la mayor brevedad, elabore y
ponga en práctica un plan de expansión de los efectivos humanos del
Servicio de Protección de la Naturaleza, (Seprona), de la Guardia Civil,
que asimismo contemple el necesario incremento de medios materiales.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Castro Asensio.
El señor CASTRO ASENSIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de representar al Grupo Popular para plantear
desde esta tribuna ante la Cámara una moción por la que, de ser aprobada,
el Senado instará al Gobierno a elaborar y poner en práctica un plan de
expansión del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia
Civil, (Seprona), tanto en lo relativo a efectivos humanos como en lo
relacionado con el incremento de medios naturales.
En los finales de la centuria, y aunque hubiera sido deseable antes,
podemos congratularnos del alto nivel de sensibilización cívica a que ha
llegado la mayoría de la población española respecto a los temas
medioambientales, un nivel de concienciación y exigencia que reclama
acciones de Gobierno contundentes en cuanto a la aplicación de políticas
inversoras en materia de prevención y protección del medio ambiente.
Los españoles sabemos que el entorno natural es un bien vital,
peligrosamente desequilibrado y potencialmente sujeto a múltiples y
variadas agresiones, que precisa de especiales atenciones porque de su
continuidad depende, nada más y nada menos, que la supervivencia. Los
ciudadanos españoles son hoy plenamente conscientes de que el cuidado del
medio ambiente es un objetivo preferencial, a la vez que una exigencia,
para hacer efectivo el derecho constitucional contemplado en el artículo
45.1 de nuestra Carta Magna. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
Señorías, no albergo la menor duda de que los problemas medioambientales
en todas sus facetas ocupan en sus mentes, y en las agendas, un lugar
preferente, y tengo fundada esperanza de que otro tanto le ocurre al
Gobierno de la nación, como lo ha puesto de manifiesto al crear un
departamento específico capaz de aplicar políticas sectoriales concretas
y decisivas en materia medioambiental. Por eso, desde el Grupo
Parlamentario Popular nos atrevemos a plantear esta moción seguros de
encontrar un eco decididamente favorable en el Gobierno y con la
esperanza de ser respaldados por el resto de la Cámara que representa, en
definitiva, a un pueblo amplia e intensamente sensibilizado con los
problemas del medio ambiente, como antes indicaba.
Dos son las claves que nos han animado a presentar esta moción en los
términos expuestos. La primera, la necesidad evaluada de la mejora del
Seprona, y la segunda, la eficacia contrastada de este servicio hasta la
actualidad.
Efectivamente, señorías la complejidad, por una parte, del hecho
medioambiental definido en su transversalidad multidisciplinaria,
incrementada exponencialmente con el desarrollo tecnológico y económico
en los últimos tiempos y, por otra, el altísimo riesgo de agresiones a
que se ve sometido el entorno natural, se han convertido en una
preocupación
constante directamente relacionada con el concepto de calidad de vida.
Dicho de otro modo, se precisa ampliar los medios de prevención, de
cuidado, de protección para el medio ambiente. Por lo demás, si en
cualquier aplicación de fondos públicos es necesario intervenir con
criterios de eficacia y optimización de recursos, en este caso, además,
es preciso, por cuestiones de oportunidad y de urgencia, que se ofrezcan
garantías suficientes de que el cuidado del medio ambiente estará
encomendado a quienes realmente lo saben hacer.
Pues bien, señorías, el Estado español cuenta con un activo de calidad
contrastada en la defensa del medio ambiente. Me refiero a la Guardia
Civil, cuyos albores fundacionales contenían una vocación relacionada
eminentemente con el mundo rural, con una específica encomienda de cuidar
los bosques, las aguas, la caza, la pesca, misión que históricamente ha
venido desempeñando con notable éxito.
El devenir de los tiempos, con las exigencias acumuladas antes reseñadas,
desembocaron en 1988 en la necesidad de crear, dentro del seno de la
Guardia Civil, el servicio de protección de la naturaleza, con la misión
específica de velar por el cumplimiento de las normas protectoras del
medio ambiente encomendadas al Cuerpo de la Guardia Civil con demanda
intensa y rápidamente creciente. En los ocho años transcurridos desde su
creación, el Seprona se ha manifestado como un servicio sumamente eficaz
tanto por su operatividad como por la magnífica preparación del personal
asignado. Pero, además, en tan corto espacio de tiempo, esa silueta de
los guardias de la moto vigilando las riberas de los montes, analizando
las aguas de los embalses y pantanos o realizando alguno de los actos que
se pueden considerar como más populares en la defensa de los animales y
de las especies en vías de extinción, se ha convertido en un símbolo de
garantía de protección para los espacios naturales y en una especie de
imagen de seguridad.
Por otro lado, en el transcurso de estos ocho años, el Seprona ha visto
incrementado sus funciones al tiempo que crecía la sensibilidad social
para los temas medioambientales, el decir, inmensamente. De ahí que, por
una parte, sus efectivos aparezcan como insuficientes y, por otra, la
eficacia demostrada por el servicio haya propiciado acuerdos de
colaboración promovidos por algunas de las Comunidades Autónomas, al
objeto de poder contar con la inestimable aportación del Seprona en el
cumplimiento de las competencias que le son propias en materia
medioambiental. Es decir, el Estado cuenta con un instrumento eficaz,
diseñado específicamente para control, prevención y vigilancia del medio
ambiente, cuya trayectoria se ha demostrado eficaz, pero que en la
actualidad ha sido superado en sus medios y posibilidades por las
exigencias crecientes de una demanda social cada día más sensibilizada
con todo lo relacionado con el medio.
Se precisa, por tanto, una urgente modificación de la capacidad operativa
del Seprona, para que pueda dar respuesta, en términos de actualidad, a
tal demanda, como se ha puesto de manifiesto en las Jornadas sobre
Protección Ambiental celebradas en Cervera de Pisuerga, Palencia, hace
pocas fechas. A nuestro juicio, la urgencia no debe suponer precipitación
porque, ciertamente, se precisa rápidamente un incremento de efectivos
humanos y medios materiales que permitan al Seprona desarrollar sus
funciones eficazmente; pero, a su vez, es cierto que la planificación de
este incremento deberá atender sensibilidades, proyectos e intereses de
las Comunidades Autónomas, pero, sobre todo, deberá ajustarse a las
demandas de un sector complejo en sí mismo y, por tanto, precisado de
exquisito tacto en el diseño de su ordenación jurídica, administrativa y
formativa.
Por lo demás, hay un aspecto tradicionalmente poco atendido desde la
Administración que, por sí solo, sustentaría la propuesta de la moción
presente. Me refiero al fenómeno, crónico en nuestro país, del intrusismo
que vienen padeciendo los bienes de titularidad y dominio público,
patente de manera muy especial y significativa en la red general de vías
pecuarias, de manera particular en la red nacional, cuya preservación
depende de las posibilidades reales y, por tanto, de las disponibilidades
de medios adecuados en el Seprona, que tiene en gran medida encomendada
su vigilancia.
Otro tanto cabe decir del intrusismo en las masas forestales ribereñas de
los ríos o en los montes de utilidad pública, así como la inestimable
colaboración del Seprona con el Ministerio de Medio Ambiente y las
Comunidades Autónomas en orden a erradicar el fenómeno del furtivismo o
reforzar las tareas de protección de especies amenazadas.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo
de la Cámara a la presente moción, por la que se insta al Gobierno para
que a la mayor brevedad elabore y ponga en práctica un plan de expansión
de los efectivos humanos del servicio de protección de la naturaleza,
Seprona, de la Guardia Civil, que, asimismo, contemple el necesario
cumplimiento de medios materiales para que dicho servicio pueda cumplir
con las mayores garantías de eficacia las misiones que le son
encomendadas en relación con la protección del medio ambiente.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo
Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Señor Presidente, señorías, una de las señas de
identidad más genuinas de la sociedad española actual es, sin lugar a
dudas, el auge de la conciencia ecológica. La preocupación por la defensa
del medio ambiente, por la conservación de los recursos naturales y por
el mantenimiento del equilibrio de los sistemas ecológicos ha inspirado
en el último decenio un amplio conjunto de normas jurídicas. Basta citar,
a título meramente orientativo: la Ley de Espacios Naturales Protegidos;
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; el Catálogo
General de Especies Amenazadas; la Ley de Aguas; la Ley de Costas, el
Reglamento de Mercancías Peligrosas o la Ley de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
Esto, simplemente, por citar la legislación de carácter básico.
Pero de entre toda esta legislación, y a tenor del tema que en este
momento debatimos, debe destacarse fundamentalmente, a mi criterio, la
reforma del Código Penal, que se llevó a cabo en el año 1983 y que
introdujo el llamado delito ecológico en el artículo 347 bis, y,
posteriormente, la actual reforma del Código Penal vigente, que amplía
las conductas típicas en el Capítulo III, denominado «De los delitos
contra los recursos naturales y del medio ambiente».
Velar por el cumplimiento de este conjunto de disposiciones es una noble
aspiración de la sociedad, sentida en todos los ámbitos, a la vez que un
reto para los poderes públicos que dirimen parte de su credibilidad en el
grado de eficacia con que se cumplan las citadas normas.
En este marco jurídico y social, en junio de 1988, la Dirección General
de la Guardia Civil crea el Servicio de Protección de la Naturaleza,
conocido comúnmente como Seprona. En la Orden de su creación se
especifica que el Seprona velará por el cumplimiento de las disposiciones
que tienden a la conservación de la naturaleza, mediante el desarrollo de
las siguientes actividades: fomentar conductas de respeto a la
naturaleza; comprobar el estado de conservación de los recursos
hidráulicos; colaborar en la prevención de los incendios forestales;
proteger el medioambiente atmosférico, vigilando su grado de
contaminación; realizar las acciones tendentes a favorecer el normal
desarrollo de la flora y fauna continentales; contribuir al correcto
aprovechamiento de los recursos forestales, cinegéticos y piscícolas y,
finalmente, adecuar o facilitar que todo este patrimonio sea disfrutado
por el conjunto de la sociedad española.
El balance de actuaciones del Seprona, desde su origen hasta la fecha,
prueba, evidentemente, que ha sido un acierto, digamos que genuinamente
español, ya que en la actualidad otros cuerpos policiales están
incorporando servicios análogos, como ocurre con la Gendarmería francesa
o con el Cuerpo de Carabineros italiano.
Cualquiera de los balances de las actuaciones de intervención del Seprona
de los años comprendidos entre 1988 y 1996, nos indica palpablemente el
alto índice de eficacia de dicho Servicio.
En el año 1984 hubo un total de 90.000 denuncias; 4.900 atestados; 1.318
actas y 1.530 detenidos; un nivel de actuación que se ha venido
manteniendo prácticamente de manera homogénea durante los años 1995 y
1996.
En mi opinión, estos datos adquieren una especial relevancia si se tienen
en cuenta las múltiples tipologías de las infracciones que comprenden, y
que van desde la caza a las leyes sanitarias, pasando por la pesca o los
espacios protegidos y, sobre todo, por los complejos mecanismos empleados
por los infractores contra las normas vigentes, que exigen controles cada
día más sofisticados, como es el caso de los productos fitosanitarios o
de los vertidos tóxicos.
En definitiva, estamos ante un servicio altamente eficaz y creo que éste
es un momento oportuno para, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, al que represento, hacer constar el reconocimiento a todos
los miembros del Seprona, desde los más altos mandos hasta cualquiera de
los números que intervienen en las patrullas rurales.
De todas formas y no obstante lo expuesto, debe señalarse que la
vigilancia medioambiental en España no se realiza de manera exclusiva por
el Seprona. Todos nosotros conocemos y tenemos la imagen de los antiguos
agentes forestales, que en su día pertenecieron al Icona, que comparten
funciones de vigilancia y de prevención de la legislación, teniendo
incluso capacidad para formular denuncias ante la Administración.
Pero el problema fundamental nace de las policías autonómicas. La Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exactamente en su artículo 38,
apartado 3, determina que las Comunidades Autónomas con capacidad para la
creación de cuerpos de policía, podrán ejercer, a través de éstos, la
vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones que tienden a la
conservación de la naturaleza, los recursos hidráulicos, así como la
riqueza cinegética, piscícola y de cualquiera otra índole relacionada con
el medio ambiente. Esta competencia, dice el referido artículo, se
prestará de forma simultánea e indeferenciada con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Ante esta legislación cabe, indiscutiblemente, hacerse una pregunta: ¿qué
tipo de coordinación existe entre el Seprona y los diferentes cuerpos
autonómicos, que también concurren en sus actuaciones en el medio
ambiente? Al margen de cualquier valoración general, que siempre
resultará dificultosa, yo creo que hay un elemento común,
independientemente del mayor o menor grado de efectividad de la misma, y
es que esta colaboración se desarrolla con carácter estrictamente
discrecional en cualquier parte del territorio nacional.
Yo entiendo que estamos obligados, a la hora de pensar en un desarrollo
del Seprona, que éste tiene que estar armonizado en los miembros y en los
números que intervienen en las actuaciones con la policía autonómica de
cada una de las Comunidades que en este momento tengan competencia o que
en su momento aspiren a tenerla. Por tanto, no sería desmesurado pensar,
incluso, que esta coordinación se llevase a cabo a través de mecanismos
estables que le dieran una regulación pormenorizada. De ahí, señorías, el
sentido que tiene la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
De todas formas, aun cuando hablamos de coordinación, conviene precisar
que esta coordinación nunca puede hacerse en detrimento de lo que la ley
establece como competencia genuina de la Guardia Civil. Concretamente, el
artículo 46 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
determina que en las prestaciones de servicio que se exijan actuaciones
concurrentes, las unidades de la Guardia Civil asumirán la dirección de
las operaciones. De igual modo, la Guardia Civil y, por tanto, los
agentes del Seprona, ostentan en sentido estricto las funciones de
policía judicial, según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto
de regulación de la policía judicial. En sentido contrario, los miembros
de la policía autonómica sólo tienen el carácter de colaboradores.
Hecha esta advertencia, quiero decir, señorías, que entiendo que en la
parte dispositiva de la moción que hoy debatimos
no se incluya ninguna referencia concreta, por imposibilidad del
Reglamento de la Cámara, a cómo va a efectuarse el desarrollo,
fundamentalmente humano, del Seprona. Sin embargo, creo que es obligado,
o debería haber sido obligado por parte del portavoz del Partido Popular,
documentarnos sobre el sentido que para ustedes tiene el desarrollo
humano del Seprona. Yo voy a adentrarme en cuál es la concepción que
tenemos nosotros, adelantando, evidentemente, que vamos a votar
favorablemente la moción presentada por ustedes.
Todos conocemos la estructura actual del Seprona, desde un Coronel
Jefe-Coordinador a las diferentes comandancias provinciales, con un total
de 50 en el conjunto del país, distribuidas todas ellas en diferentes
compañías, cada una de las cuales tiene a su cargo una patrulla del
Seprona, formada por un máximo de entre tres y cuatro miembros. En
conjunto, estamos ante un servicio con una plantilla de 1.200 hombres
aproximadamente.
La posición del Partido Socialista es que, en una primera fase, debería
tender a duplicarse el número de miembros del Seprona. Y éste no es un
criterio arbitrario, sino que coincide plenamente con el que sostienen
los mandos internos del propio servicio, que establecen que en una
primera fase se debe ir a una duplicación de los miembros del Seprona
para llegar --en un futuro, por supuesto, lejano, que no está contemplado
en la presente legislatura-- a 5.000 miembros.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador López Carvajal, termine.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Con su benevolencia, señor Presidente, termino
en un minuto.
Quiero advertir, señoría, que el incremento de los efectivos para que sea
real no puede hacerse en detrimento de los miembros de otros grupos
operativos de la Guardia Civil, llámese grupo fiscal, rural o antidroga y
que un incremento realmente sensato y plausible sería aquel que viniese a
través del mecanismo del incremento de la plantilla presupuestaria del
Seprona.
Señorías, concluyo advirtiendo que, dada la aparente contrariedad o el
sentido confuso que se puede generar en torno a la redacción que presenta
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a retirarla.
Nuestro espíritu trataba de poner énfasis en los mecanismos de
coordinación, pero no queremos que se pueda producir una votación que
pueda cambiar el sentido de colaboración que tenemos respecto de este
particular. La sociedad española en su conjunto, desde los grupos
ecologistas hasta los ayuntamientos y todas las personas con sensibilidad
medioambiental, van a recibir una gran alegría si realmente se pone en
marcha este plan de incremento de los recursos humanos del Seprona, y
esperamos que el Gobierno, de manera gradual, sin prisa pero sin pausa,
lo lleve a efecto a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, nuestro Grupo Parlamentario coincide con la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular porque la complejidad de la sociedad
actual ha dado origen a un sinnúmero de accidentes humanos que pueden
atentar a lo que ahora llamamos el medio ambiente y que en el momento de
la creación del Cuerpo de la Guardia Civil se identificaba con el cuidado
y la vigilancia de los bosques y las aguas, en definitiva, el medio
ambiente en su forma más integrada.
A partir de la identificación de esta función policial, tanto la Guardia
Civil como los Cuerpos de Miñones y Miqueletes, de Euskadi, de los
territorios forales, han venido cumpliendo su misión, acomodándose a las
nuevas formas de agresión del medio ambiente mediante una constante labor
preventiva y, en su caso, represiva, que necesita para una mayor
efectividad, como lo exige el resto de sus funciones principales, una
mejor dotación de elementos humanos y materiales, según plantea el Grupo
Parlamentario Popular.
En ese sentido, nosotros queremos recordar que la competencia en cuanto
al control medioambiental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en el País Vasco no existe, puesto que tenemos una Policía propia,
y el planteamiento que se hacía por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista de ninguna manera es trasladable al País Vasco, en el que las
funciones de protección, de seguridad ciudadana ordinarias, corresponden
a la Policía autónoma del mismo y, por lo tanto, la primacía, en ese
caso, es de la Policía autónoma vasca y, en definitiva, se está
produciendo un ajuste de manera que a medida que se despliega la policía
vasca, se repliega la Guardia Civil o la Policía Nacional. En este
sentido, el Seprona no existe en Euskadi. Nosotros vemos bien que se haga
este planteamiento en la moción del Grupo Parlamentario Popular y la
vamos a apoyar.
No obstante, señor Presidente, queremos hacer referencia a unas enmiendas
que ha presentado nuestro Grupo Parlamentario, a través de las cuales
queremos hacer una adición al texto que se plantea por parte del Grupo
Parlamentario Popular en relación a la problemática que está teniendo
lugar con la protección de la comercialización del pescado. Está
ocurriendo un problema muy serio en diferentes puntos de la geografía
española, en La Mancha, en Andalucía, concretamente en la provincia de
Jaén, donde servicios de la Guardia Civil, en concreto del Seprona, están
incautando importantes cantidades de pescado. Eso está originando unas
distorsiones importantes porque este método de inspección en carretera de
los camiones que transportan pescado de los mayoristas de origen con
destino a los asentadores en los puertos de destino origina grandes
perjuicios económicos, puesto que habitualmente el transporte público del
pescado lleva la carga segmentada o fraccionada, es decir, que puede
haber mercancía en
un camión de transporte público que tenga el carácter o la naturaleza de
inmaduro y otra que no lo tenga, porque dentro de un mismo transporte
público hay diferentes titulares, diferentes mayoristas en origen que han
vendido su mercancía a un asentador de diferentes empresas. ¿Qué supone
eso? Pues que el método de control en carretera, la detención de los
camiones, interrumpe el proceso en frío de la conservación del pescado.
Ha ocurrido --como digo, fundamentalmente en las Comunidades de Andalucía
y La Mancha-- que el control de la descarga del pescado se realice en
auténticos descampados, sin cumplir las exigencias higiénico-sanitarias
y, lo que es peor, provocando la pérdida, en numerosas ocasiones, de la
venta de la subasta pública realizada entre los diferentes licitadores
mayoristas en origen. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Es por ello por lo que nuestro Grupo Parlamentario entiende que se está
incumpliendo una de las características fundamentales en la
competitividad del transporte y del comercio del pescado en España, como
es la distribución rápida y la llegada puntual a los centros de consumo.
Centros comercializadores importantes del Puerto de Pasajes, del Puerto
de Santander y del Puerto de La Coruña están padeciendo estos controles
por parte del Seprona y nuestro Grupo Parlamentario comprende que estas
empresas del transporte estén muy afectadas, lo que, en definitiva,
perjudica al comercio. Nosotros entendemos que se pueda decomisar la
mercancía inmadura, pero no la de aquellas empresas que transportan su
mercancía en camiones, pues al detenerse el proceso de conservación en
frío queda enormemente deteriorada, con la consiguiente anulación del
contrato de compraventa y de suministro entre el mayorista en origen y el
asentador en destino.
En las Comunidades Autónomas afectadas hay diferentes empresas de estos
puertos de la cornisa cantábrica que tienen estos problemas y que, en
definitiva, tienen que soportar todas las responsabilidades que de ello
se derivan, en algunos casos con la pérdida de la mercancía sin tener
ninguna culpa en la comercialización del inmaduro. Acudiendo a un símil y
trasladándolo al ámbito de la navegación o al ámbito de los
ferrocarriles, es como si paráramos un avión y lo forzáramos a que se
hiciera un control en un aeropuerto intermedio, o paráramos un tren de
mercancías en una fase intermedia entre el origen y el destino para
inspeccionar y comprobar el cumplimiento de las condiciones
reglamentarias de la mercancía pesquera transportada.
Pues bien, ¿qué plantea nuestro Grupo Parlamentario para solucionar tal
cuestión? Plantea al Seprona lo siguiente: que el control de la
comercialización se realice en los puntos donde se produzca, bien en el
origen, cuando se licita entre los diferentes mayoristas, o bien en
destino, pero que no se haga en la carretera porque eso está originando
indefensión e innumerables recursos contencioso-administrativos contra
las actuaciones del Gobierno y, en concreto, del Seprona. Ese es, señor
Presidente, el sentido y el alcance de la enmienda que plantea nuestro
Grupo Parlamentario.
No tenemos nada más que añadir, únicamente quiero recordar que
coincidimos en que se pueda dotar de medios materiales y personales al
Seprona --Seprona no existe en el País Vasco y nos parecería bien que
existiese--, pero que su función pública la realice en los centros de
comercialización y no origine estas distorsiones para aquellos
comercializadores de pescado de La Coruña, Santander, Gijón, Pasajes y
Ondárroa que están sufriendo estas actuaciones, por lo que nosotros
solicitamos que se hagan en el puesto de origen, cuando se licita entre
los mayoristas, o en el puesto de destino, cuando llega la mercancía al
asentador.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Castro
Asensio.
El señor CASTRO ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo nuevamente a la tribuna fundamentalmente para contestar, en un turno
en contra necesariamente, a una enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que, en sus términos, es absolutamente
inasumible en relación con la propuesta de moción que aquí se ha
planteado por el Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros entendemos que su enmienda podría tener cabida en una actuación
parlamentaria de otro tipo, pero no en la propuesta concreta que se ha
planteado a la Cámara. Nuestra propuesta concreta --que parece ser que es
asumida también por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos-- tiende a dotar de mayores medios humanos y materiales al Seprona
para cumplir con sus funciones; sin embargo, su enmienda concreta se
presenta en unos términos que desvirtuarían totalmente la moción --que,
por otra parte, parece ser asumida por todos los grupos de la Cámara--,
pues contiene algunos parámetros sobre cuestiones fácticas que podrán ser
contemplados en otros términos --indudablemente, administrativos-- o que,
incluso, pueden ser objeto, como decía antes, de otra actuación
parlamentaria que vaya a instar al Gobierno, a través de este Instituto,
a poner corrección si es que esos datos son ciertos, pero no en estos
momentos, y mucho menos en la atención que la enmienda pretende llevar a
la Cámara y, en definitiva, al Gobierno.
Por lo demás, y aprovechando este momento, quiero agradecer también al
representante del Grupo Parlamentario Socialista que haya retirado la
moción que, en sus propios términos --y me voy a permitir leerla-- era
absolutamente inasumible, porque no sólo desvirtuaba el sentido de la
moción, sino que también venía a hacer algo absolutamente irrealizable.
Proponía lo siguiente: Este plan se desarrollará --decía la enmienda--
buscando la colaboración con los agentes de vigilancia y protección de
medio ambiente de los correspondientes servicios de las Comunidades
Autónomas.
Lógicamente, el Gobierno no podría, en ningún caso, negociar, colaborar,
hacer transacciones con cada uno de los agentes de las Comunidades
Autónomas que tengan encomendada esta función de vigilancia en el medio
natural.
Sin embargo, insisto en que coincidimos plenamente --y antes lo he
manifestado-- en exaltar, valorar en sus términos completos la labor de
la Guardia Civil en su conjunto, pero del Seprona en especial, en este
corto período de tiempo que ha demostrado ser uno de los servicios más
eficaces y demandados por la sociedad.
Es lógico que en el transcurso de 13 años el Partido Socialista haya
legislado ampliamente en este sector, en este ámbito del medio ambiente,
no podía ser por menos dada la demanda social que hay. Precisamente
nosotros queremos profundizar en ello en la primera etapa de gobierno
porque sabemos que, teniendo un Cuerpo eficaz, un Cuerpo que ha
demostrado su valía, se pueden ir incrementado sus funciones y, sobre
todo, incrementando sus medios para que pueda servir a la sociedad
plenamente.
Agradezco, no sólo desde el Grupo Parlamentario Popular, sino
personalmente, la labor que este servicio, el Seprona, está realizando,
pero, sobre todo, agradezco que la Cámara sea sensible a este tema. Y
lamento tener que decir no, quizá por defecto del procedimiento, en
nombre de mi Grupo, a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El señor Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la protección y el cuidado del medio ambiente son temas que
surgen con frecuencia en esta Cámara, como no puede ser menos teniendo en
cuenta la concienciación que en las últimas décadas, en los últimos 20
años y cada vez más, está surgiendo sobre esta problemática que tanto nos
afecta. Y aunque, evidentemente, esta concienciación corresponde a toda
la sociedad, corresponde también en el aspecto legislativo, debe
realizarse asimismo en el ámbito ejecutivo, en el ejecutivo de las
Administraciones Públicas y en el de las empresas, en los ciudadanos, en
todas aquellas acciones que afecten al medio ambiente, pero no sería
suficientemente eficaz si no acabase en el último aspecto, en el de la
inspección, en el de la vigilancia y, en su caso, en el de la sanción.
Es evidente que el servicio de protección de la naturaleza para ser
suficientemente eficaz, para que realmente realice su trabajo con
efectividad en lo que supone de garantía para la conservación de los
espacios naturales, para el control del medio ambiente, para la
vigilancia de la calidad de las aguas, para la vigilancia del aire, debe
estar dotado de los medios necesarios. Ello es lógico, debe ser así y,
por tanto, cuantas medidas se adopten, bien incitando al Ejecutivo a
tomarlas o bien el Ejecutivo de por sí, verdaderamente harán que este
trabajo sea eficaz.
El Senador Gatzagaetxebarría ha dicho antes --independientemente de la
enmienda que presentaba a la moción-- que éste no era exactamente el caso
de Euskadi, en donde la Policía autonómica tiene asumidas competencias
para la protección de la naturaleza. En Cataluña ocurre lo mismo; la
Policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, tienen una unidad
especializada en la protección del medio ambiente, realmente bastante
bien dotada y que está llevando con eficacia su labor.
Por tanto, creo que todos debemos apoyar cualquier actuación al respecto,
y en este caso, la moción del Grupo Popular, para incrementar en la
medida de lo posible los efectivos y medios del Seprona y que éste pueda
realizar de la mejor manera su labor.
La enmienda del Grupo Socialista era bien intencionada, pero no encajaba
exactamente entre los fines y competencias con que cada Administración
debe realizar su labor en este sentido.
Por otro lado, no vamos a referirnos a la enmienda planteada por el Grupo
Vasco, que probablemente tenga su función específica a través de otra
acción parlamentaria.
Evidentemente, nuestro Grupo va a votar a favor de la moción presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Por el Grupo Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Castro.
El señor CASTRO ASENSIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero agradecer el tono y el fondo de las intervenciones de
los distintos grupos y decir que se ha dado un paso en este tema, debido
a la unanimidad en el criterio que sustenta la sociedad y, como no podía
ser menos, a la unanimidad de la Cámara en cuanto a su sensibilidad hacia
los temas medioambientales.
Con respecto a los grupos con representación en Comunidades Autónomas en
las que no existen competencias del Seprona, por tenerlas asumidas esas
Comunidades, para la vigilancia y prevención de los problemas
medioambientales, también quiero agradecerles su colaboración en este
tema, de importante trascendencia.
Por lo que se refiere al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, estoy
seguro de que su enmienda tendrá cabida en otro ámbito, incluso
parlamentario, y que podrá ser recogida la sensibilidad manifestada en la
misma. Por otro lado, me consta que el Gobierno no sólo tiene
sensibilidad en esta materia, sino que existe la previsión para la
organización del Seprona como un servicio con una reestructuración en la
que haya una colaboración directa con las Comunidades Autónomas, como ya
se ha venido haciendo, pero intensificando su contenido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Teniendo en cuenta que ha sido rechazada la enmienda que ha mantenido el
Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, vamos a pasar a votar la moción tal como ha sido propuesta por el
Grupo Popular. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 208; en contra, uno;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ACORDAR, CON CARACTER PREVIO, CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AFECTADAS,
LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR, LOS PROCESOS DE RECONVERSION DE
LA MINERIA ENERGETICA EN NUESTRO PAIS, LA MODIFICACION DE LAS CONDICIONES
DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA, EL FUTURO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DEL SECTOR Y LOS PLANES DE
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN LAS ZONAS AFECTADAS. (622/000029.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno a acordar, con carácter previo, con las Comunidades
Autónomas afectadas, los sindicatos y las empresas del sector, los
procesos de reconversión de la minería energética en nuestro país, la
modificación de las condiciones de abastecimiento de materias primas para
la generación de energía eléctrica, el futuro de las empresas públicas
del sector y los planes de fomento de la actividad económica en las zonas
afectadas.
Para su defensa, tiene la palabra el Portavoz del Grupo proponente.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
La moción que me cabe la satisfacción de presentar anuncio ya a la Cámara
que, al ser una moción que suscitó gran interés por la grave
conflictividad que ha venido viviendo estos días el sector de la minería
del carbón, ha sido objeto de una enmienda que han firmado todos los
Grupos Parlamentarios y que a nosotros nos produce satisfacción al
recoger las cuestiones principales que nosotros planteábamos. Por lo
tanto, es una enmienda que enriquece la moción y esto es bueno para
todos.
Pero, señorías, lo que verdaderamente hay que destacar es que desde que
el señor Ministro de Industria se hizo cargo de ese Departamento, no ha
hecho otra cosa que agredir y criminalizar el sector de la minería del
carbón, con declaraciones tales como: hoy se cierra Hunosa, y a los tres
días había que ir a Asturias a decir que ya no se cerraba; con
declaraciones como que en este país cada minero le cuesta al Erario
público nueve millones de pesetas; con el intento de retirar el índice de
tolerancia de suministros de carbón que tienen las empresas mineras; con
varios planes de viabilidad que están en la mesa del Ministerio desde
hace más de seis meses, con lo que eso significa de incertidumbre para
muchas familias de este sector y muchas comarcas. Todas esas empresas, al
día de hoy no tienen todavía resueltos los suministros de carbón para el
año que viene. El proyecto de Directiva comunitaria que próximamente se
va a debatir en el Parlamento europeo, viene a suprimir, en cuanto a
consumo de carbón se refiere, un 50 por ciento. Y, por si fuera poco,
señorías, está el Protocolo eléctrico, sobre todo su quinto punto, cuya
firma está próxima, y el Plan de reordenación de la minería del carbón
que el pasado miércoles presentaba el Ministro de Industria en la
Comisión. Todo esto, indudablemente, fue lo que originó la gran
convulsión social que se ha producido en las comarcas mineras.
De estos temas, yo me voy a referir a tres que considero los más
importantes y que son los que verdaderamente amenazan hoy al sector y el
cierre de las minas; el primero es el Protocolo eléctrico. El Protocolo
eléctrico, en resumen, viene a decir que liberaliza los precios del
carbón en el año 1998, que liberaliza los suministros del carbón y
liberaliza las importaciones de carbón. La verdad es que esto lo que
supone es que las empresas eléctricas ya no van a estar obligadas a
comprar carbón a las empresas mineras, va a haber un mercado libre, el
Estado ya no va a marcar los precios, como venía haciendo hasta ahora, y
abre las puertas a la importación del carbón, y sabemos que una tonelada
de carbón importado cuesta entre 6.000 y 8.000 pesetas y la tonelada que
nosotros producimos está entre las 12.000 y las 14.000. Ya pueden suponer
lo que va a ocurrir con el sector del carbón si no se clarifica dentro de
ese Protocolo.
El Plan de reordenación que presentó el Ministro en la Comisión es un
plan de liquidación de la minería porque quiere acabar en ocho años con
las subvenciones que en este momento tiene el sector, que es lo que dice
la Directiva comunitaria, pero hoy las empresas no resisten una reducción
del 12 por ciento anual. Con estas medidas lo que se está haciendo es
obligar ya a las empresas a abandonar la actividad minera, a que no
inviertan ni una peseta más en el sector. Por tanto, señorías, no va a
hacer falta seguir subvencionando el carbón durante ocho años porque las
propias empresas mineras van a ser las que cierren esta actividad.
Todo esto se apoya en una directiva comunitaria que prohíbe a los Estados
miembros de la Unión Europea subvencionar la industria del carbón.
Señorías, esto ya ocurría desde que se fundó la propia CECA, y todas las
directivas comunitarias y todos los reglamentos que se han aprobado han
venido permitiendo que se siga subvencionando el carbón. Por tanto, no
hay que hacer la lectura tan restrictiva que hace el Ministro de
Industria. Yo estoy totalmente convencido de que en el año 2002, cuando
finaliza la vigencia de esta directiva, España si va con fuerza a
negociar una nueva directiva, y lo hace como lo está haciendo Alemania,
habrá conseguido que la industria del carbón siga siendo subvencionada.
El tercer tema que para mí es importantísimo y que va a tener una gran
incidencia es el proyecto de directiva comunitaria
sobre el mercado único de la energía. El Plan Energético Nacional
contempla en este momento que podamos consumir carbón para generación de
electricidad en torno al 31 por ciento; en el año 2000 el Plan Energético
contempla que el consumo de carbón sea del 28,9 por ciento. Señorías, lo
que hace la propuesta de la directiva comunitaria es reducir la
participación del carbón en la generación de energía eléctrica a un 15
por ciento. Solamente esta medida resultaría tan gravosa, que de 18
millones de toneladas de carbón, que son los que en este momento se están
consumiendo en nuestro país, pasaríamos a consumir solamente 9. Por
tanto, señorías, con estas tres medidas, si por una parte se liberaliza,
si por otra se reducen las ayudas en un 12,5 por ciento anual y si por
otra se aplica una directiva comunitaria que lo que va a hacer es reducir
el 50 por ciento del consumo del carbón, nos encontramos con que las
empresas mineras tendrán que cerrar.
Nuestro Grupo interpreta que no se justifica que se cierren las empresas
mineras, y no se justifica por muchas razones, entre otras porque el
Consejo Mundial de la Energía, reunido en Tokio el pasado octubre de
1995, vaticinaba un crecimiento de la demanda energética para los
próximos cincuenta años de aproximadamente un 50 por ciento.
En base a estos datos, la Agencia Internacional de la Energía prevé que
en el año 2020 la participación del carbón en la generación de energía
supondrá 7.000 millones de toneladas, cuando hoy se está participando con
5.000 millones. Y, por otra parte, estoy totalmente convencido de que si
dejamos de consumir carbón nacional, el carbón de importación va a subir,
y eso lo dicen todos.
Las ayudas en un período de tiempo de siete años han descendido en un 7
por ciento, el precio del carbón se ha reducido en estos siete años en un
17 por ciento, y todas sus señorías saben que el precio del carbón sube
todos los años dos puntos por debajo del IPC. Se han hecho grandes
esfuerzos en el sector y esos esfuerzos se vendrían abajo si no se pone
remedio.
¿Qué supondría el cierre de las minas en nuestro país? En Asturias
supondría un 15 por ciento del Producto Interior Bruto; que 13.834
empleos directos se vendrían abajo; en Palencia, más de mil empleos; en
Puertollano, 295 empleos; en Teruel, 1.656 empleos, En Cataluña, 150
empleos; en la provincia de León un 36 por ciento del Producto Interior
Bruto, con lo que podríamos cerrar las persianas de todo lo demás en
nuestra provincia, 8.000 empleos directos y más de 25.000 indirectos; en
total, señorías, de lo que estamos hablando es de más de 26.000 empleos
en todo el Estado español, con la incidencia que tiene de empleos
indirectos y empleos inducidos.
¿Qué supondría para el Estado? Aquí solamente se habla de las ayudas que
recibe el carbón. A nadie hasta ahora le he oído decir qué le sale más
barato al Estado si cerrar las empresas o que las empresas mineras
continúen. Pues miren ustedes, para el Estado supondría que miles de
millones de pesetas que han ido a la reordenación minera quedaran
enterrados, supondría más seguro de desempleo a muchos más trabajadores,
muchas más prejubilaciones, dejar de ingresar por el Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas, y como no podría ser de otra forma, menos
cotizaciones a la Seguridad Social. Yo no soy capaz de hacer la cuenta,
pero creo que es mucho mejor seguir manteniendo las minas abiertas,
aunque sea costoso, que cerrarlas.
Pero, ¿qué supondría para las empresas mineras, señorías, que son las que
han anunciado que si se lleva a efectos el punto quinto del Protocolo, el
Plan de reordenación y esa directiva comunitaria dejarán de invertir y no
gastarán ni una peseta más en las minas? Hay empresas en España --puedo
citar alguna-- como la Hullera Vasco-leonesa, que tiene realizada una
inversión de 38.000 millones de pesetas para garantizar su producción
hasta más allá del año 2012. Esta empresa lo pasaría mal, y todas
aquellas empresas que han planificado inversiones con horizontes
superiores al año 2002 o al año 2005, tal y como se está planteando,
habrían malogrado ese dinero.
Los trabajadores han tenido que soportar sacrificios para reflotar muchas
empresas: muchas veces han firmado convenios por los que durante cuatro
años no han visto incrementado su salario ni en una peseta, como la
empresa Coto minerero Sil, con más de 1.100 trabajadores, o como MSP, y
tantas y tantas otras. Los trabajadores tendrían que abandonar sus zonas,
sus comarcas, sus casas, porque esas zonas quedarían desertizadas. Todo
esto, señorías, en aras de rebajar la tarifa eléctrica.
Soy consciente de que es bueno que se reduzca la tarifa eléctrica, y
nosotros, mientras gobernábamos, hemos hecho esfuerzos para ello. Pero no
pueden pagar solamente los mineros, ni puede pagar solamente la industria
del carbón el precio de la reducción de la tarifa eléctrica. El Ministro
de Industria habla todos los días de lo que nos cuesta cada minero, pero
nunca le he oído decir lo que está costando la moratoria nuclear, no le
he oído decir todavía que, vía regulación tarifaria, en este Protocolo se
contempla que las empresas eléctricas en los próximos diez años van a
recibir 1 billón, 445.000 millones de pesetas. De esto, señorías, se
habla poco.
Como anunciaba al principio, ésta ha sido una moción de consenso, porque
recogía lo que los propios representantes del Partido Popular estaban
diciendo en las zonas mineras, recogía lo que estaban pidiendo los
sindicatos, recogía lo que estaban pidiendo los propios empresarios. Es
una moción abierta, de consenso, y se ha demostrado que, con esfuerzo,
hemos sido todos capaces de consensuarla.
Señorías, porque creo que la sociedad española tiene una deuda con los
hombres y mujeres de la mina, que han visto cómo se deterioraba su
hábitat a través de los años, han visto cómo sus zonas se quedaban con
escombreras, con manantiales cortados y con muy poco futuro; porque creo,
señorías, que esta sociedad tiene un compromiso moral con los hombres de
la mina, que han dedicado su vida y parte de su salud a trabajar en las
entrañas de la tierra para que el desarrollo industrial de este país no
se parase; por todo eso, señorías, es por lo que les pido que voten a
favor de esta moción.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
Ha llegado hasta esta Presidencia una enmienda transaccional soportada
por una enmienda inicial del Grupo Popular.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el Senador Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, doy por defendida la enmienda
transaccional en los propios términos en que está redactada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora la contestación que creo está implícita en la propia
firma de la enmienda transaccional por parte del Grupo proponente de la
moción. ¿Es así? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alonso.
El señor ALONSO BUITRON: Señor Presidente, indudablemente, aceptamos esa
enmienda transaccional porque de la misma se deduce claramente que no
prejuzga lo que las partes puedan acordar en su momento, en este caso
todas las fuerzas sociales a las que se emplaza a esa negociación.
Por tanto, aceptamos dicha enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Albistur por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo esperaba que el representante del Grupo Socialista hubiera
dicho que gracias a la colaboración de don Jaume Cardona, que representa
a Convergència i Unió, y también a un servidor, que represento a un
partido nacionalista, esta enmienda transaccional sale adelante. Sí,
señor Rojo, esta enmienda transaccional sale adelante gracias otra vez a
los nacionalistas, que servimos para algo en este país, en este caso
concreto para tratar un problema de Estado como el que nos trae hoy aquí.
Yo lamento que el representante del Grupo Popular solamente haya sido
explícito para aprobar la enmienda. Quizá su actitud haya sido muy
prudente, pero en esa actitud me parece reconocer un favor.
El tema es muy grave, y ustedes, señores del Grupo Socialista, están muy
flojos. Se lo he dicho de modo individual y se lo digo ahora
colectivamente. Ayer, cuando se hablaba aquí sobre el protocolo del
sector eléctrico, ustedes estaban muy flojos. Nos estamos jugando muchas
cosas, pero estamos pasando como sobre ascuas en dos temas, en el del
protocolo del sector eléctrico y en el de la minería energética.
Señorías, a causa de un conflicto grave que se le creó al Partido
Nacionalista Vasco y a nuestro Grupo de Senadores por parte de la
representación del Partido Popular, Presidencia de la Comisión, se trajo
al Senado al señor Ministro de Industria el pasado día 13 para que
informara --aparentemente en una especie de protagonismo exclusivo--
sobre el proyecto de minería del carbón. Pues bien, nosotros
considerábamos que había otros temas previos a ése. Por ejemplo, cuando
se empezaba a hablar de que había un protocolo entre las empresas
eléctricas y el Ministerio de Industria, nosotros le pedimos al señor
Ministro que compareciera para que nos explicara en qué se basaban las
sospechas que se comentaban por ahí. El señor Ministro convocó
rápidamente una comparecencia en el Congreso, no en el Senado,
comparecencia que se celebró; pero la que nosotros habíamos solicitado,
después de muchas insistencias y también de un enfado con el Presidente
de la Comisión de Industria --enfado que no tenía por qué haberse dado
entre nosotros--, ha quedado aplazada para el día 11 de diciembre, fecha
en que posiblemente Endesa esté ya privatizada, en que posiblemente esté
ya acordado el protocolo del sector eléctrico, en que posiblemente ya se
habrá producido un acuerdo sobre la minería del carbón, y fecha en que
posiblemente las explicaciones ya no valgan para nada.
Este Senado ha quedado, nuevamente, al margen de los verdaderos debates
que se deben tener. Por eso, permítanme ustedes que tenga que llamarles
la atención a los dos grupos mayoritarios sobre este tema.
Este es un problema de Estado. Es un problema de Estado. No es un
problema del sector eléctrico. No es un problema sólo de la minería del
carbón. Es un problema de Estado. Y lo dice un nacionalista, que es un
problema de Estado. Y en esta línea anuncio que vamos a continuar hasta
el debate presupuestario, que debe ser resuelto dentro de los mecanismos
que el Estado tiene, como son los Presupuestos Generales del Estado. Lo
digo así de claro. Y debe ser abordado con el tratamiento específico que
tiene el presupuesto para abordarlo. Lo voy a descubrir en mis siguientes
palabras, permítanmelo ustedes, sin ánimo de ser más listo que ustedes,
sino con el de querer centrar las cosas. Por eso, reivindico y
reivindicaba que, gracias al acuerdo de los nacionalistas, este tema va a
salir aprobado por unanimidad.
Los aspectos relativos al plan de reconversión del carbón deben sacarse
del protocolo del sector eléctrico y se les debe dar un tratamiento
similar al propuesto por la Comunidad Económica para el carbón y para el
acero. Esto es, que las ineficiencias derivadas del sostenimiento del
carbón nacional, que es más caro y contaminante, no carguen en la tarifa
eléctrica. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En el punto quinto de una carta dirigida por nuestro Consejero de
Industria al señor Ministro de Industria le explica la posición de la
Comunidad Autónoma vasca, del Gobierno vasco, Gobierno que, como saben
ustedes, es tripartito, o sea, representado por el Partido Nacionalista
Vasco, PSOE y Eusko Alkartasuna. Dice así: Le apoyo cualquier
planteamiento alternativo al de mantenimiento de la producción nacional
no competitiva y, desde luego, las ayudas que necesite el sector
transitoriamente deben tener un plazo y no deberían pesar en la tarifa
eléctrica de forma que no haya incidencia en el funcionamiento neutro
y transparente de las centrales térmicas, tal y como se establece en la
decisión de la CECA.
¿Qué se quiere decir con todo esto? Como ustedes saben muy bien, la
tarifa eléctrica está soportando diferentes externalidades, como son la
política de carbón, la moratoria nuclear, etcétera. Esto supone, según
diferentes versiones, un sobrecoste que puede alcanzar hasta casi un 30
por ciento del valor de la tarifa. Asimismo, supone una falta de
transparencia tanto de las diferentes políticas desarrolladas con cargo a
dichas externalidades, como de una mayor eficacia del sector energético
en el que el coste del servicio no está determinado por el mercado en sí
mismo, sino que es un sumatorio de costes de diferente procedencia,
incluidos los derivados de la propia política económica.
Por otra parte, la política de gravar la tarifa eléctrica con estos
costes hundidos de la política económica --y ayer tuvimos oportunidad de
discutir con el señor Ministro de política económica general-- supone,
asimismo, un mecanismo cuasi parafiscal que se diluye entre los
contribuyentes en función del consumo sin las garantías mínimas derivadas
de una adecuada política tributaria. Así, dadas las diferencias
existentes entre las tarifas domésticas y otras tarifas industriales, a
veces muy bonificadas, es evidente que la primera, la tarifa doméstica,
la tarifa del consumidor, es la que soporta especialmente las citadas
externalidades. Y como estamos hablando del carbón, supone el coste del
carbón.
La propuesta defendida se basa en que sean los Presupuestos Generales del
Estado los que soporten las decisiones de política económica general
sobre la utilización del carbón nacional y, en su caso, la política
inevitable de reconversión y reindustrialización que deba llevarse a
cabo.
Nuestra Comunidad, la de los asturianos, y posiblemente otras Comunidades
Autónomas han experimentado ya que todo proceso de reconversión pasa por
un proceso de reconversión industrial, por un proceso de
reindustrialización y por un proceso de atención a la problemática
social.
Estos son los temas que nosotros consideramos dignos de abordarse. Pero
el problema que se plantea es que inevitablemente, al incorporar los
costes, que son ahora extrapresupuestarios, a los Presupuestos Generales
del Estado, no caben demasiadas opciones para su cobertura. Tenemos que
abordar bien claramente; o primero, se reducen en los mismos importes de
otros gastos incluidos en los Presupuestos, lo que suponemos que ahora a
las alturas de este año es de difícil solución; segundo, se incrementa el
déficit público, lo que es evidente que afectaría gravemente a los
criterios de convergencia y supondría resolver un problema creando
probablemente otros más graves; o, tercero, no queda más remedio que
incrementar los ingresos de los Presupuestos en el mismo importe que los
nuevos gastos, lo que supone incrementar la presión fiscal con la
creación de un nuevo impuesto. Dejamos estos temas para un debate
posterior porque en el debate presupuestario volveremos sobre ello.
Queremos que se realice un plan estatal para la reconversión de las
cuencas mineras afectadas. Nos parece razonable que se incorpore a la
negociación a los diferentes agentes implicados.
Entendemos que el plan, en cuanto a plan marco, no debe acordarse
solamente con los sindicatos y con las empresas del sector, sino además y
fundamentalmente --subrayo fundamentalmente-- con las Comunidades
Autónomas, porque recursos de las Comunidades Autónomas deberán dedicarse
fundamentalmente al plan para la reconversión de las cuencas mineras
afectadas.
Otra cosa diferente es que a nivel de cada empresa deba realizarse un
plan de reconversión concreto en el que la experiencia nos dice que debe
ser acordado con las diferentes partes implicadas: Administración,
empresarios, comités de empresas y sindicatos. Y ahí estamos de acuerdo
con la Moción presentada. Pero hemos insistido mucho en que se introduzca
un párrafo nuevo, un párrafo que dice expresamente cómo debe discutirse o
dónde debe discutirse además un plan estatal.
El plan de la minería del carbón y desarrollo de las comarcas mineras
deberá suponer el diseño de un marco estable, llámenle como quieran,
plan, en definitiva, en el que la minería del carbón pueda desenvolverse
en el futuro, si es que puede desenvolverse en el futuro.
El Ministerio de Industria y Energía elevará al Gobierno la solicitud de
que promueva en su momento un debate parlamentario que contribuya a dotar
de estabilidad la política que pueda establecerse respecto a la minería
del carbón. Ahí es a donde queremos llegar: estas Cámaras no pueden
quedar hurtadas precisamente al plan marco y a la aprobación de las
medidas presupuestarias que deba abordar la reconversión del sector de la
minería energética.
Señores Senadores, yo creo que estamos --insisto-- ante un plan estatal,
de una grave e importante responsabilidad, cuyo debate y resoluciones no
deben ser hurtados a las Cámaras, Congreso y Senado.
Creo que hoy hemos llegado a un importante acuerdo y que todos debemos
impulsarlo solidariamente, los que no tenemos el problema solidariamente
con quienes lo tienen, porque dos tercios de este Estado no pueden estar
sufriendo a finales del siglo XX una crisis como la que nos está
concerniendo, sobre todo no debe ser sostenida por los consumidores; hay
que buscar una solución que en estos casos empieza a ser de emergencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo participa de las preocupaciones expuestas tanto
por el interviniente del Grupo Socialista, como por el Senador Albistur,
a la vez que constata los esfuerzos que se han hecho por parte de todos
los Grupos para llegar a un acuerdo final, así como por lo que expresa la
moción en sí.
Efectivamente, las perspectivas de la minería del carbón son poco
alentadoras, decepcionantes y tristes, y lamentablemente existen zonas en
que es lógica la intranquilidad
de los ciudadanos ante su futuro. En la comparecencia del señor Ministro,
señor Piqué, el día 13 en la Comisión de Industria, mi compañero de
Grupo, el Senador Simó decía que el proceso de liberación del mercado del
carbón no puede llevarse a cabo si no se establecen garantías suficientes
que eviten una posible subordinación de la actividad minera a los
intereses de las empresas eléctricas, refiriéndose a las cuencas mineras
catalanas, en su caso, del Baix Ebre y Pedraforca, en concreto, pero,
naturalmente, haciéndolo extensivo a todas las cuencas mucho más amplias
a lo largo y ancho de España, porque el problema afecta a todos en
general.
Estamos de acuerdo con que el Gobierno debe contactar con las Comunidades
Autónomas afectadas, con sindicatos y con empresas del sector, con el fin
de discutir los procesos de reconversión de la minería energética, la
modificación de las condiciones de abastecimiento de materias primas para
la generación de energía eléctrica, el futuro de las empresas públicas
del sector, así como los planes de fomento de la actividad económica de
las zonas afectadas.
Afortunadamente, esta recomendación que se pide en la moción ya se ha
iniciado. El pasado lunes, anteayer mismo, el Ministro de Industria,
señor Piqué, tuvo la primera reunión con los representantes sindicales,
con los que se comprometió, en nombre del Gobierno, a negociar con
carácter inmediato los problemas del sector minero, antes de ratificar el
protocolo eléctrico. Tan inmediato, que hoy mismo se ha señalado como
fecha para iniciar las negociaciones. Por tanto, en ello estamos.
La negociación que hoy se inicia no incluye, ciertamente, el contenido
del futuro plan de minería del carbón y desarrollo de las comarcas, que
será pactado en los próximos meses, comprometiéndose, eso sí, el Ministro
a que en el protocolo eléctrico no se incluya ninguna referencia temporal
a dicho plan de minería y desarrollo de las comarcas, que, como decía,
será pactado en los próximos meses.
En todo caso, sindicatos y Ministro han expresado su voluntad de llegar a
un acuerdo que posibilite la entrada en vigor de las nuevas tarifas
eléctricas el próximo 1.º de enero de 1997.
Creemos que se ha iniciado un buen camino que puede contribuir a serenar
los ánimos y a propiciar el clima necesario para que las negociaciones
puedan llevarse a cabo con tranquilidad, con sosiego y sin presión
alguna. Sólo cabe desear que lleguen a buen puerto y a satisfacción de
todas las partes, naturalmente, teniendo en cuenta el problema que
conlleva la situación precaria de ciudadanos y ciudadanas en esas
circunstancias.
Entendemos, por otra parte, que será muy conveniente, como apunta la
moción, que, además de los sindicatos y las empresas del sector --y eso
jamás lo olvidaremos desde la perspectiva de nuestro Grupo
Parlamentario--, el Gobierno no puede olvidarse de las Comunidades
Autónomas afectadas, porque, como muy bien decía el Senador Albistur,
muchas de esas acciones en el plan de reconversión y de desarrollo
tendrán que llevarse a la práctica precisamente por esas Comunidades
Autónomas afectadas, con las que se deberá negociar y tener debidamente
informadas de todo el proceso.
A la presente moción se había presentado en principio una enmienda de
modificación en la que se solicitaba sustituir la palabra «acordar» por
la de «negociar». De hecho, es la que los participantes en esas primeras
reuniones de Gobierno y sindicatos utilizan cuando hablan de negociar con
carácter inmediato los problemas del sector minero o cuando anunciaron
que el día 20, es decir, hoy miércoles, iniciarían las negociaciones.
Por otra parte, tal como decía en su origen la moción, instar a acordar
con carácter previo podría --condicionalmente-- interpretarse como un
veto a la reconversión en tanto en cuanto no hubiera el acuerdo en su
totalidad y finalizado y concluido el plan de desarrollo de las comarcas.
No estamos en contra --entíendase bien--, sino que sólo lo argumentamos
como posible utilización de arma de presión en las negociaciones para no
llegar a un acuerdo y mantener el estado actual que es, como todos
sabemos, insostenible.
Como ya se ha dicho, después de múltiples conversaciones se ha llegado
--repito que con el esfuerzo de todos-- a un acuerdo firmado por todos
los grupos, que suprime la expresión «con carácter previo» y, además,
añade un párrafo, al que se ha hecho referencia. Con ello hemos
conseguido una vez más el consenso y de ello --al menos por la parte que
nos corresponde-- nos felicitamos. Consecuentemente, votaremos
favorablemente la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franco
Gutiez.
El señor FRANCO GUTIEZ: Buenas tardes, señoras y señores Senadores, señor
Presidente.
La verdad es que cuántos sacrificios, cuántos sudores, cuántos esfuerzos
nos hubiésemos evitado si el señor Ministro no se empeñase, junto con
otros profetas del Gobierno, en ponernos --parodiando la película-- al
borde del estado de nervios.
Nosotros hemos intentado con esta moción responder a lo que creo que es
un clamor social en estos momentos. Pónganse de acuerdo todos los que
posibiliten garantizar la esperanza de estas cuencas. Póngase de acuerdo
el que más responsabilidad tiene, que haga un esfuerzo, que tenga
voluntad política: es decir, el Gobierno de la nación.
En segundo lugar, pónganse de acuerdo aquellos que tienen
responsabilidades directas sobre los ciudadanos y sobre los territorios:
las Comunidades Autónomas. Fíjense ustedes, ¿será difícil que se pongan
de acuerdo con el Gobierno de la nación las Comunidades Autónomas,
fundamentales, en manos del Grupo Parlamentario Popular? Creemos que no.
No nos preocupa.
Por eso decimos que apoyaremos, haremos todos los esfuerzos para que las
Comunidades Autónomas --todas--, del color que sean, juntamente con el
Gobierno, intenten enfocar un problema que afecta a miles de ciudadanos,
a miles de familias. Además no es posible dar respuesta al problema de un
sector industrial, por muchas dificultades que tenga, si no se implican
los empresarios y los sindicatos.
Esto es lo que nosotros queremos hacer con esta moción: dar respuesta a
las exigencias de miles de ciudadanos a través de las organizaciones que
ellos han querido que tengan representatividad: empresarios, sindicatos,
Comunidades Autónomas y Gobierno.
Tengan la garantía de que en esta línea apoyaremos todo lo que signifique
el acuerdo y de que nuestro Grupo --el Grupo Parlamentario Socialista--
impulsará todas las energías que permitan --como antes decía-- abrir luz
a unas cuencas que verdaderamente tienen muchas dificultades de
supervivencia. Son unas cuencas que nosotros heredamos. Se han hecho
esfuerzos importantes. Ahora les toca a ustedes. Nosotros hicimos los
esfuerzos, a veces con menos resultados de los previstos, llegando a
acuerdos. Ahora hay un plan, hay un proyecto firmado por los sindicatos y
el Gobierno; hay contratos-programa. Se intentó hacer por parte del
Gobierno lo que ahora ustedes van a seguir intentando hacer también, que
es otra de las cosas que pedimos en nuestra moción: generar industrias
alternativas donde la historia no las ha hecho posibles.
Pero eso es muy difícil. No miren sólo al pasado. Ustedes en estos
momentos tienen la responsabilidad de seguir intentando la
reindustrialización --yo no diría eso--, la diversificación industrial en
unas zonas que viven del monocultivo. Y ustedes saben que es muy
complicado, que es muy difícil, que es enormemente complejo. Por eso
decimos que solamente saldrá adelante este proyecto de futuro si hay
conjunción de voluntades, haciendo los esfuerzos que se tengan que hacer.
Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento que se ha
hecho a la hora de evaluar el sector del carbón; se le ha culpado de casi
todo y ha creado una profunda crisis entre los trabajadores, entre los
ciudadanos, entre las fuerzas políticas que casi han aislado al Gobierno,
incluso el partido que apoya al Gobierno, al Partido Popular.
Desde nuestro punto de vista, es hora de buscar soluciones comunes. ¿Se
acuerdan ustedes? Soluciones comunes. A problemas graves, soluciones; no
a problemas, conflictos, que es lo que, desgraciadamente, ha ocurrido en
los últimos quince días, aunque nos pese a todos, y a nosotros los
primeros.
Además, y no me gustaría decirlo, casi han criminalizado el sector. Lo
dice hasta el Ministro: no hay que criminalizar el sector. Ustedes
prácticamente han hecho gala desde el Gobierno --o el Gobierno ha hecho
gala y ustedes como partido que lo sustenta-- de culpar a la minería del
carbón de casi todos los males de España. Les voy a poner dos ejemplos:
la culpa de que no se rebajen las tarifas eléctricas, la tiene el costo
de la minería. La culpa de que nuestras industrias no tengan fluido más
barato y no se facilite el desarrollo industrial, la tiene la minería. La
culpa de que los ciudadanos no tengan menos costo en sus recibos, la
tiene la minería.
Por ese procedimiento, nos hundimos o hundimos el país. No es mal
procedimiento éste, y le voy a poner dos ejemplos. ¿Cómo viven nuestros
agricultores de la agricultura continental? ¿Cómo viven muchos de los
trabajadores y ciudadanos españoles en zonas del sur de España? ¿Es
rentable eso? ¿Hay que aplicar la lógica de la rentabilidad y el
beneficio o la lógica social? También aquí hay que plantear la lógica
social. Con su esquema nos cargamos las Castillas y la mitad de Andalucía
y criminalizamos al conjunto del país. Solamente vivirán aquellos que
pueden vivir por su propia posibilidad: las zonas más desarrolladas de
España. Este es el país que nosotros hemos heredado, desde muchos años
atrás, y hay que cuidarlo. A partir de aquí, hay que intentar impulsarlo,
con los errores que hayamos cometido y con los aciertos que vayan a
cometer ustedes, si es que aciertan. Y en este terreno estaremos con
ustedes, pero si van en la dirección que hemos planteado.
¿Qué pedimos en esta moción? Cosas tan elementales como decir qué
queremos hacer con la industria del carbón. Difícil situación, complicada
situación, costosa situación para el país. Y decimos: pónganse de acuerdo
todos aquellos que están dentro del problema y reordenen el sector. El
acuerdo al que lleguen, lo apoyaremos. Pónganse de acuerdo todos los que
están implicados en estas cuencas mineras. ¿Qué vamos a hacer con la
empresa pública y qué vamos a hacer con la empresa privada? El acuerdo al
que lleguen, le apoyaremos. Pónganse de acuerdo en qué otras industrias
son convenientes para la zona, pero no lo digan con frivolidad, porque se
hicieron muchos esfuerzos que han dado pocos resultados, porque en una
sociedad de mercado la gente invierte donde ve rentabilidad inmediata, no
donde ve rentabilidad difícil o complicada.
Por eso, sean ustedes humildes e intenten negociar con los sindicatos,
con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos el impulso, generar
confianza en las cuencas que permita que lleguen los inversores externos,
que permita generar un tejido industrial que garantice el futuro de
aquellas gentes que viven en estas cuencas.
Señorías, todo esto, la reordenación del sector, el plan de
diversificación de industrias, el futuro de la empresa pública y la
empresa privada del sector sería papel mojado si no hay una clara
voluntad política del Gobierno de la nación de ligar el protocolo
eléctrico con el volumen de abastecimiento de las materias primas para
generación de energía eléctrica. Por eso el Gobierno ha tenido ya que
retroceder, y nos felicitamos porque ha facilitado el trabajo. Hace unos
días decía: el protocolo eléctrico lo firmo con las eléctricas y con
nadie más. Qué batalla más absurda. ¿Por qué sólo con las eléctricas un
elemento que afecta más allá de ellas? ¿Quiénes son las eléctricas?
¿Cuántos son los interlocutores financieros de las eléctricas? El que
hay, el que van a privatizar y los que existen.
Me felicito porque el Gobierno ha desgajado del protocolo eléctrico el
condicionante para la minería del carbón. ¿Saben ustedes qué nos dijo el
Ministro Piqué en la Comisión de Industria del Senado cuando yo le
planteaba que era necesario desgajar el punto número 5 del protocolo
eléctrico? Que yo estaba hablando de un papel apócrifo, que no tenía
padre. ¡Qué lamentable el comportamiento del señor Piqué! No quiero hacer
un chiste fácil de lo que dijo, de que no tenía padre. Por eso nos
alegramos de que
el señor Piqué haya dado marcha atrás y no ligue el protocolo al futuro
del carbón. Pero hay más. ¿Saben ustedes cómo nos trató el señor Ministro
en la Comisión porque decíamos que era imposible, que tenía que retirar
esa parte parcial fundamental del sector eléctrico? Nos dijo que éramos
como Goebbels, que a base de decir mentiras intentábamos manipular la
conciencia de los ciudadanos. ¿Ven ustedes cómo a veces la obcecación
impide buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos? También es
verdad que el señor Ministro retiró inmediatamente este comportamiento
insultante.
Por eso nosotros decimos, y queremos dejarlo patente, que no es posible
aprobar el protocolo eléctrico --y en esto quiero trasladar un mensaje
cariñoso al profesor Albistur-- si no se garantiza a los responsables de
esta Comisión que garantice el futuro del sector que su aprobación no
condiciona el futuro del mismo. Nosotros decimos que tiene que haber un
acuerdo básico entre los interlocutores que lo hemos planteado sobre
cuántas toneladas de carbón van a ser producidas por la industria
nacional, cuántas empresas van a estar abiertas en función del volumen de
toneladas, cuántos trabajadores, cuántos «stocks» van a aparecer en 1998,
1999 y siguientes, porque ésa es la única forma de que puedan negociar
con tranquilidad la reordenación del sector, la consolidación de un marco
estable del carbón, con futuro en lo que sea posible, y la
reindustrialización al tiempo o la diversificación de las distintas
cuencas del carbón.
Nosotros decimos claramente desde esta tribuna: el protocolo eléctrico no
puede condicionar el futuro del carbón, porque esta Comisión que
planteamos sería papel mojado. Por consiguiente, antes de que se apruebe
dicho protocolo eléctrico éste tiene que discutirse con los comisionados
para diseñar el futuro del carbón y ver que efectivamente esa aprobación
que se produce no genera situaciones de imposibilidad al proyecto que se
plantea.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, agradecemos la benevolencia
de la Presidencia, porque creemos que éste es un tema de gran
envergadura. Y en segundo lugar, termino. Es necesario mirar al futuro,
converger juntos, y cuando se haya producido ese acuerdo, que venga a
este Parlamento para que los representantes de la soberanía popular
puedan evaluar que el acuerdo que se desarrolla es un acuerdo de futuro,
y así estoy convencido que intentarán hacerlo todos los interlocutores.
Agradecemos a todos los grupos de la Cámara el apoyo a esta moción
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, que no tenía como
objetivo crear crispación, sino buscar soluciones. Desde esta plataforma
se puede iniciar un trámite para que a corto plazo podamos encontrar
solución a uno de los graves problemas que tiene hoy España --hoy en unas
zonas de importante representación ciudadana y otros días en otras--.
Señores del Partido Popular, cuenten con nosotros para encontrar
soluciones; para buscar conflictos ya tienen bastante ustedes. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en
primer lugar quiero referirme a la satisfacción que mi Grupo debe
manifestar ante la Cámara por el hecho de que todos los grupos
parlamentarios hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo global,
acuerdo que, por un lado, entra en el campo de la racionalidad al
suprimirse en la propuesta de moción que efectuó el Grupo Parlamentario
Socialista que los acuerdos que establezca el Gobierno con empresas,
sindicatos o Comunidades Autónomas se efectúen de forma previa a la
negociación y que, por otro lado --como señalaba el Senador del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos--, recoge la importancia
que desde mi Grupo siempre hemos dado a las Cámaras, y más concretamente
a la Cámara Alta, al Senado. Acuerdo, en definitiva --y el último párrafo
de la moción así lo va a indicar--, que no es otro que el que el propio
Ministro ya suscribió con los sindicatos esta misma semana en la reunión
que mantuvo, creo recordar, el pasado lunes.
Señorías, también tengo que manifestar mi orgullo por defender en nombre
del Grupo Parlamentario Popular la posición que en materia de minería
mantienen el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular del Senado,
porque es una oportunidad para demostrar cuál es la defensa de los
intereses del Grupo Parlamentario Popular, cómo defiende el Grupo
Parlamentario Popular los intereses económicos de las cuencas mineras y
cómo defiende los intereses económicos de los ciudadanos que viven en las
provincias o Comunidades Autónomas afectadas por esta problemática de la
minería.
Pero también debo señalar en el comienzo de mi intervención que es de
justicia y necesidad --o, si se quiere, es una obligación y, a su vez, un
derecho-- el hecho de que sus señorías tengan conocimiento puntual y
exacto de cuál es la situación general que ha heredado el Partido
Popular, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno que preside José
María Aznar. Y así, nos encontramos que en el año 1990, es decir,
inmediatamente antes de iniciarse los procesos de reconversión minera,
instrumentados a través de dos Ordenes Ministeriales de 31 de octubre de
1990 y 6 de julio de 1994, la minería del carbón nacional --es decir,
hulla, antracita y lignito negro-- mantenía 45.160 empleos, en unas 226
empresas, con una producción anual de 18 millones de toneladas. A finales
de 1995, es decir, tras la aplicación de las dos reconversiones, esas
magnitudes se cifran en 25.985 empleos, en 87 empresas, con una
producción anual de poco más de 17 millones de toneladas. Se ha
producido, pues, una reducción de empleo del 42,5 por ciento, una
reducción de empresas del 61,51 por ciento y una reducción de la
producción del 8,50 por ciento. Si trasladamos estos datos a la minería
del carbón --que, como sus señorías saben, es hulla y fundamentalmente
antracita--, en 1989 la provincia de León daba empleo a 12.300 personas,
en unas 83 empresas y con una producción anual de 7,5 millones de
toneladas; y en 1995 se mantienen 6.661 empleos, en 43 empresas, que
producen 6,75 millones de toneladas. Por tanto, en León la reducción de
empleo ha sido del 46 por ciento, la del número de empresas
del 49 por ciento y la de la producción anual del 10 por ciento.
Si observamos los datos referidos al Principado de Asturias, podemos
reflejar, como dato significativo --incluso creo que esto lo apuntó el
Ministro en la Comisión a la que han hecho referencia diversos
portavoces--, que en 1990 tenía un producto interior bruto per cápita
equivalente al 102,2 por ciento de la media nacional. Pues bien,
señorías, en 1996 el producto interior bruto per cápita de Asturias es
del 85 por ciento de la media nacional.
Durante este período, es decir, de 1990 a 1996, Asturias ha perdido
22.000 puestos de trabajo en el sector industrial, de los cuales la
tercera parte provienen de la reducción de empleo que se ha efectuado en
la empresa Hunosa.
Si nos referimos, como no puede ser de otra manera --porque también es
una Comunidad Autónoma afectada por la problemática de la minería--, a
Aragón, podemos poner como dato significativo que la actividad minera ha
perdido 5.000 trabajadores desde la década de los 80.
Pero, además, y esto es la auténtica herencia que ha habido en la minería
cuando ha llegado el Gobierno que preside el señor Aznar, sus señorías
deben conocer cuáles son las características especiales que tiene este
sector desarrolladas a través de la legislación que en los últimos 14
años ha establecido el Gobierno de mayoría socialista, y así tenemos un
régimen especial de la Seguridad Social con aplicación de coeficientes
especiales de bonificación de la antigüedad donde se establecen las
edades en función de una edad equivalente contra la edad física, es
decir, prima la edad equivalente sobre la aplicación de la edad física
aplicándose unos coeficientes reductores.
Un régimen especial de la Seguridad Social que establece unas
prejubilaciones y unas jubilaciones anticipadas en donde se garantiza el
76 por ciento del salario en las empresas sin contrato-programa y el cien
por cien en aquellas empresas con contrato-programa.
Un sector con un absentismo tan fuerte como del 17,2 por ciento de media,
cuando la media normal de cualquier tipo de empresas es del 2 por ciento.
Un sector que da empleo a 2.900 personas en función de contratas que se
establecen.
Un sector donde el fraude se ha dado frecuentemente incluso con
procedimientos judiciales abiertos en este momento, fraude en el carbón
importado, se importa carbón como si fuera nacional y se introduce en las
térmicas el carbón a cielo abierto como si fuera carbón de subterráneo.
Un sector donde los empleados jubilados y en activo en aquellas empresas
operativas tienen derecho a un vale de carbón que viene a costar a la
empresa del orden de 3.000 a 5.000 pesetas mensuales.
Un sector donde la deuda con Hacienda y con la Seguridad Social alcanza
ni más ni menos que la cifra de 38.000 millones de pesetas.
En resumen, señorías, la situación del sector tiene una rentabilidad muy
condicionada, por un lado, a unos yacimientos difíciles y, por otro, a la
baja calidad del carbón.
Un sistema de ayudas establecido en el período de tiempo que transcurre
de 1980 a 1996, que podemos definir como poco eficaz, donde se precisa
una producción constante, donde se ha reducido el 50 por ciento el nivel
de empleo y donde el nivel de ayudas ha sido creciente, a pesar del alto
coste del sistema de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas.
Una situación del sector donde la regulación exhaustiva sin controles ha
conllevado, como indicaba, al fraude, y se precisa, señorías, con
urgencia medidas correctoras.
Un sector también, señorías, con limitaciones que ha establecido --y aquí
se ha hecho alguna referencia-- la propia Unión Europea, con la
reestructuración del sector impuesta por la Unión Europea en la famosa
Decisión de diciembre de 1993 donde se establece reducción de costes,
reducción de ayudas, reducción de actividad y la presupuestación de las
ayudas. Podríamos señalar, a título de ejemplo, el comportamiento de
otros países, como Bélgica, Portugal, Francia, Alemania o el Reino Unido.
El Gobierno propone en estos momentos un plan de reordenación que, en
primer lugar, esté negociado --y esta misma tarde han empezado esas
conversaciones-- con los ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, los
sindicatos y las empresas. Pero, fíjense sus señorías. Si han tenido la
oportunidad de oír desde el principio mi discurso, habrán comprobado que
he dicho que el Gobierno del Partido Popular propone un plan de
reordenación, mientras que al hablar de la situación del sector entre los
años 1990 y 1996 --es decir, cuando gobernaba el Partido Socialista--,
mis referencias han sido a la reconversión. Porque, a diferencia de lo
que nos acostumbró el Partido Socialista, el Gobierno del Partido Popular
apuesta porque no se cierre ni una sola empresa minera en tanto en cuanto
no se haya creado previamente un puesto de trabajo alternativo. Esa es la
gran diferencia que existe entre la política que se ha aplicado en las
cuencas mineras en los últimos catorce años, y la que empieza a aplicarse
en las cuencas mineras a partir de mayo de 1996, en que gobierna el
Partido Popular.
Tenemos ejemplos claros de esto. Se nos vendió y se nos dijo que iba a
ver grandes reindustrializaciones en las cuencas mineras, que se iban a
crear no sé cuántos puestos de trabajo, y que se iban a invertir no sé
cuántos miles de millones de pesetas. Pero lo cierto, los datos objetivos
y las cifras del sector son a las que me he referido con anterioridad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular recuerda en esta Cámara su
compromiso con la sociedad española, contenido en su propio programa
electoral, con el que compareció en las últimas elecciones generales.
El Grupo Parlamentario Popular quiere dejar constancia de que respalda la
decisión del Gobierno de negociar con los representantes sindicales y
empresariales los planes de mejora de los rendimientos de extracción de
carbones nacionales para incrementar la competitividad en la empresa
minera, sin partir de plazos predeterminados.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno, en
colaboración con los Gobiernos autónomos, a desarrollar planes de mejora
permanente de seguridad de la explotación minera. Independientemente de
los compromisos del mantenimiento del sector minero del carbón, el Grupo
Parlamentario Popular anima también al Gobierno a presentar el conjunto
de actuaciones proyectadas. En primer
lugar, a acelerar el desarrollo de las infraestructuras para mejorar las
comunicaciones de las cuencas mineras.
También anima al Gobierno a impulsar mediante acuerdos con los
ayuntamientos afectados planes de desarrollo urbanístico integral de los
mismos, habida cuenta de la importancia del suelo como factor de
localización de las iniciativas.
El Grupo Parlamentario Popular anima al Gobierno a poner en marcha
programas de formación profesional que eleven el nivel de cualificación
de los trabajadores y técnicos especializados de manera exclusiva en
tareas vinculadas a la minería, así como a programas de formación de
capital humano orientados a ofrecer alternativas de futuro a los jóvenes
de las comarcas afectadas.
Por último, el Grupo Parlamentario Popular anima al Gobierno a
desarrollar nuevas medidas de apoyo a las que actualmente existen para
fomentar la diversificación de los proyectos empresariales con
posibilidad de implantación en las zonas mineras.
Y para que todo esto no quede en una mera disertación de esta tarde,
puedo anunciarles que, hoy mismo, el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso ha presentado una proposición de ley que recoge todos y cada uno
de los proyectos que he tenido el honor y la oportunidad de señalar. En
todas las intervenciones de los dos portavoces del Grupo Socialista no he
oído ni una sola propuesta alternativa para dar viabilidad al sector de
la minería. Pero el Grupo Parlamentario Popular, a diferencia de lo que
nos acostumbra el Grupo Socialista, sí ofrece un programa que se
desarrolla en puntos concretos, y lo pone en marcha presentando, como
digo, una proposición de ley en el Congreso.
Se trata de un programa de desarrollo de las comarcas mineras, donde
pretendemos que se mejoren las infraestructuras viarias y se dote a las
comarcas con aportaciones anuales de 10.000 millones durante 1997, 1998 y
1999, procedentes de los ingresos consecuencia de las privatizaciones. Un
programa mediante el que se cree una sociedad estatal para las
infraestructuras de las comarcas mineras y que esa sociedad pueda firmar
convenios-marco para la cofinanciación de infraestructuras viarias con
las Administraciones públicas responsables en cada caso. Además, la nueva
sociedad estaría facultada para abordar la financiación de proyectos
plurianuales con obligaciones económicas más allá del año 1999. Y tenemos
una relación de proyectos interrelacionados donde se van a mejorar esas
infraestructuras que, como el propio Gobierno y la Directora General de
Minas ya hizo público, no voy a relatar a sus señorías, pero que dejo a
disposición de las mismas por si quieren tener un contenido detallado de
todo este programa.
Por último, señorías, no quisiera terminar esta intervención sin hacer
una referencia expresa a los sucesos que han ocurrido en los últimos días
y que todavía, lamentablemente, en alguna medida siguen sucediendo en la
provincia de León de donde, como sus señorías saben, soy Senador. En
primer lugar, desde esta Cámara, quiero hacer un llamamiento a todas y
cada una de las personas afectadas por las posibles reordenaciones
mineras, a las personas que viven de la minería y un llamamiento a la
calma y a la tranquilidad, porque el Gobierno ha reflexionado, ha
introducido criterios políticos en la negociación y el Gobierno y el
Ministro de Industria --en estos momentos, insisto-- están abiertos al
diálogo con todas y cada una de las partes implicadas.
Evidentemente, esos sucesos ocurridos en León, como ha dicho el Senador
Alonso, pueden estar condicionados a las interpretaciones que se pueden
dar por parte del Ministro de Industria. Pero deben conocer sus señorías
cómo se originaron esos sucesos.
Es cierto que en el Ministerio de Industria se trabajaba con un borrador
de protocolo. Dicho borrador del protocolo --uno de ellos es éste...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando su señoría.
El señor PRADA PRESA: Termino, señor Presidente. Evidentemente, dicho
borrador de protocolo fue filtrado a los medios de comunicación por un
Diputado y, a su vez, Secretario General del Partido Socialista de León.
Tal y como estaba el borrador, era lógico que causara alarma social,
porque suponía el cierre inmediato de la mina. Y fue el Partido Popular
en su conjunto, de León y de Castilla y León, y fueron los Presidentes
Provinciales de Castilla y León y el Presidente Regional y a su vez
Presidente de la Junta, Diputados y Senadores de la provincia de León,
los que manifestaron su rechazo al borrador de protocolo.
Pero también es cierto --y hay que decirlo--, que este Senador tuvo la
oportunidad de ver un protocolo, el lunes pasado, en el Ministerio de
Industria, que no era el mismo que había filtrado a la prensa un Diputado
del Partido Socialista, con lo cual debe quedar clara la intencionalidad
política de las filtraciones.
Pero también hay que dejar claro que el Partido Socialista, y los
Diputados o Senadores Socialistas, no filtraron a los medios de
comunicación cuál había sido su postura en los últimos tiempos. Y no
filtraron a los medios de comunicación que, con carta que remitió el
Gobierno de España a la Unión Europea, el 6 de febrero de 1996, se decía
textualmente que la Comisión de la Unión Europea tomaba nota del
compromiso de España de hacer lo preciso para que, a más tardar el 31 de
diciembre de 1996, el precio de venta del carbón español sea libremente
acordado por las partes contratantes, teniendo en cuenta las condiciones
que prevalezcan en el mercado mundial.
Señorías, esto está en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
con fecha 6 de febrero, y no tengo que recordar a sus señorías que las
últimas elecciones generales se celebraron en el mes de marzo. Es decir,
cuando gobernaba el Partido Socialista, el Gobierno de España se
comprometió con la Unión Europea a liberalizar la compra del carbón
nacional. Podríamos llegar a la conclusión de que el borrador primitivo
de protocolo que manejaba el Ministro de Industria no era más que el
cumplimiento de lo que el Gobierno de España había asumido con
anterioridad a las últimas elecciones generales. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Senador Prada, le ruego que vaya terminando.
El señor PRADA PRESA: Para terminar, diré que, a pesar de esto, y como he
dicho al principio, evidentemente, el Partido Popular en su conjunto
formó parte --y forma parte-- de la plataforma que se constituyó en León
en defensa de los intereses del carbón.
Se puso a la cabeza de la manifestación en la provincia de León, con
40.000 leoneses detrás, no para apoyar una manifestación contra el
Gobierno, no para hacer una manifestación contra la política del
Gobierno. Se puso a la cabeza de esa manifestación en pro de la minería
de León, en pro y en beneficio de los intereses de los ciudadanos de León
y en pro y beneficio de los intereses económicos de nuestra provincia.
Porque sabemos y nos consta, y no hay que repetirlo, que la minería del
carbón en nuestra provincia supone el 35 por ciento del producto interior
bruto y eso nos afecta absolutamente a todos y, por eso, nos pusimos al
frente de la manifestación. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Y nunca en catorce años de Gobierno socialista,
cuando se hicieron reconversiones en Sagunto, cuando se perdió el 50 por
ciento de los empleos en la minería, nunca vimos a un Diputado o a un
Senador del Partido Socialista encabezar una manifestación de este tenor.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Senador Prada, le ruego que termine.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, permítame que este sentimiento de
las mujeres y los hombres del Partido Popular y esta exposición de por
qué hemos estado al frente de esa manifestación y estamos apoyando todo
lo que significa la minería del carbón, la resuma esta tarde en un dicho
muy popular y muy querido de las comarcas bercianas, de una comarca
eminentemente minera. (Una señora Senadora del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Tiempo, señor Presidente!) Dice así: Minero lo quiero madre
de las minas de León, que aunque el carbón sea negro, las pesetas blancas
son.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--El señor Franco Gutiez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el artículo 87, por un tiempo
de dos minutos.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente esto es una llamada a la calma, a la tranquilidad, para que
las cosas funcionen de forma convergente. Me parece una buena posición.
Lo que es evidente es que quien ha creado este conflicto, lamentable,
triste y desagradable, es el señor Piqué porque habla demasiado.
Afortunadamente, ustedes, al apoyar en estos momentos esta moción donde
se plantea que se llegue a un acuerdo en todo el proceso de la industria
del carbón, rectificando, han acertado y nosotros aplaudimos esa
posición. No somos nosotros solos quienes han puesto a caldo al señor
Piqué. No somos nosotros quienes le han llamado al orden. Ha tenido que
intervenir un Vicepresidente del Gobierno en esta operación, porque se
desmadraba absolutamente, contra un Ministro de ese Gobierno.
Por cierto, señor representante del Grupo Parlamentario Popular, señor
Prada, lo que ustedes plantean ahí son resoluciones que están en estos
momentos en vigor: formación, proyectos urbanísticos y calidad de vida en
las cuencas. Algunos de estos proyectos ustedes los tienen bloqueados.
Antes le dije: no es el momento de que nos tiremos los trastos a la
cabeza porque tienen un fuerte compromiso para reordenar la industria en
esas comarcas. Los intentos que se han hecho han sido por parte de todos,
incluidos los alcaldes, y es complicado porque, como le dije a usted, en
una sociedad de mercado, los inversores van donde tienen confianza. Por
eso, nosotros creemos que la solución al problema del carbón y del futuro
pasa por el acuerdo y ustedes hoy tendrán que reconocerme que están
apoyando una propuesta que intenta decir al Gobierno: negocie, y no
solamente de palabra, sino de hecho y, además, traigan al Parlamento el
acuerdo para que sea discutido. Es un importante compromiso que esta
tarde desde el Senado se presenta al Gobierno de la nación. Hemos
presentado una enmienda transaccional en base precisamente a que presida
este apoyo el consenso de todos los Grupos Parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señoría.
El señor FRANCO GUTIEZ: Acabo ya, señor Presidente.
Ustedes en el proyecto primitivo daban ocho años de vida a la minería.
Nosotros intentamos reordenar y decimos que hay que hacerlo con un futuro
más amplio, lo que se pueda conservar de forma acordada con sindicatos y
el conjunto de los interlocutores institucionales y empresariales. Ahí
hay una profunda diferencia y esto es lo que ha crispado a la sociedad, y
lo que crispa a la sociedad, señor Prada, no es la moción de esta tarde.
Esta tarde lo que encauza el conjunto son las energías colectivas. No es
posible que con la posición, con el intento de diálogo que hemos
mantenido, y usted sabe los problemas que ha habido, venga a esta tribuna
prácticamente de nuevo a criminalizar al sector porque ha hecho el mismo
discurso que el señor Piqué, echarnos la culpa de todo y decir que
ustedes son muy guapos.
Miren ustedes, éste es un tema demasiado serio; éste es un tema, como
decía algún Senador de esta Cámara, el señor Albistur, de Estado. Acabo
ya.
Yo le agradecería, señor Prada, que se calme, que se tranquilice y que de
esta sesión salga el acuerdo de todos los Grupos que ponga en
funcionamiento la necesidad de un acuerdo estable para una industria que
tiene que serlo y que garantice el futuro a miles de gente de las
cuencas. No frivolice y no haga bromas con este asunto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por la importancia del tema este Presidente siempre en defensa del
parlamentarismo intenta ser, no generoso, supergeneroso con todos los
intervinientes, pero yo rogaría a todos que no abusen tampoco de esta
Presidencia porque entonces tendría que pasar a lo contrario, a aplicar
estrictamente los tiempos del Reglamento.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente, ¿tengo la
palabra?
El señor PRESIDENTE: Sí, señoría.
El señor PRADA PRESA: En primer lugar, yo quiero reiterar el
agradecimiento al consenso que hemos conseguido alcanzar y dejar muy
claro que yo no he pretendido crispar y además creo que no es así, es
decir, la viveza del debate parlamentario en absoluto tiene que ver con
la crispación de las movilizaciones en la calle. Las primeras palabras de
este Senador y son las últimas también es el llamamiento a la calma
precisamente para que en este momento que los sindicatos, empresarios y
Comunidades Autónomas han abierto con el Gobierno un proceso de
negociación se continúe ese proceso de negociación sin ningún tipo de
presión exterior ni de violencia, por decirlo de alguna manera, en las
calles de nuestras provincias, de nuestras ciudades.
Senador Franco, ha hecho usted dos referencias que no puedo dejar de
contestar. En primer lugar, usted dice que la culpa de todo esto es
porque el señor Ministro de Industria habla. Evidentemente que habla,
porque está, en primer lugar, en su derecho y, además yo diría más, no
sólo está en su derecho, sino está en su obligación. Y dentro de ese
derecho y de esa obligación el señor Ministro de Industria ha dicho muy
claro que precisamente, y es importante que sus señorías tengan
conocimiento puntual de ello por si no han tenido oportunidad de leer las
noticias de prensa, digo que ha dicho muy claro que el protocolo de
liberalización del sector eléctrico se desvincula total y absolutamente
de toda la problemática del carbón. Esto lo ha dicho el Ministro de
Industria. También ha dicho el Ministro de Industria, y este Grupo
Parlamentario Popular lo asume como suyo, que es buena la liberalización
del sector eléctrico porque va a conllevar una rebaja sustancial en la
tarifa que todos los españoles pagamos en el recibo de la luz. Y de eso
queremos también dejar constancia.
Pero fíjese, señor Franco, frente a la alternativa que este Senador ha
expuesto esta tarde, yo por parte del Grupo Socialista solamente he oído
vaguedades en su discurso.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prada.
Como ya se anunció antes hay una enmienda transaccional que conocen sus
señorías y por el tenor de las intervenciones pregunto a la Cámara si
puede aprobarse por asentimiento de la misma. (Pausa.) Queda aprobada.
--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA
TRAMITACION DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY. (Número de expediente
550/000012.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar a tratar la última moción,
quiero decirles que la Mesa del Senado, en sus reuniones de los días 12 y
19 de noviembre de este año, oída la Junta de Portavoces, ha acordado
solicitar del Pleno la habilitación de todos los días y horas del mes de
diciembre de 1996 para la tramitación del proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para 1997 y asimismo para la de los proyectos de ley
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, de cesión de
tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales
complementarias, orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
y de medidas de disciplina presupuestaria.
¿Se aprueba dicha propuesta? (Pausa.)
Queda aprobada.
MOCIONES (continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE INDULTE DE LAS SANCIONES FIRMES IMPUESTAS POR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION A LOS CAPITANES DE PESCA
QUE TRABAJABAN EN DIVERSOS BUQUES DE LA FLOTA ARRASTRERO-CONGELADORA Y
QUE SE ENCUENTRAN EN FASE DE EJECUCION ADMINISTRATIVA. (662/000027.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por la que se insta al Gobierno a que indulte de
las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a los capitanes de pesca que trabajaban en diversos buques
de la flota arrastrero-congeladora y que se encuentran en fase de
ejecución administrativa.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera manifestar brevemente que nuestro Grupo Parlamentario había
presentado esta moción, pero habida
cuenta de las conversaciones que hemos mantenido en el día de hoy los
diferentes grupos parlamentarios, hemos logrado un consenso entre cuatro
de los grupos. Por otra parte, el colectivo de afectados a que se refiere
la moción presentada nos ha hecho saber que también está de acuerdo con
la misma.
Por tanto, no siendo hoy viable el debate sobre tal cuestión, anunciamos,
señor Presidente, que los cuatro grupos que hemos alcanzado el consenso,
respaldado éste por el colectivo social afectado, presentaremos esta
misma tarde la iniciativa que sustituye a la moción inicial quedando ésta
retirada. Si así procede, el debate de esta nueva iniciativa tendría
lugar en el próximo Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Queda, pues, retirada la moción.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y quince minutos.