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BOCG. Senado, serie II, núm. 161-a, de 12/11/1999
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
12 de noviembre de 1999
Núm. 161 (a)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 175 Núm. exp. 121/000175)
PROYECTO DE LEY
621/000161 De reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia.
TEXTO REMITIDO POR EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
621/000161
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 12 de noviembre de 1999, ha tenido entrada en esta Cámara el
texto aprobado por la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del
Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación
con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordena la
remisión de este Proyecto de Ley a la Comisión de Economía y Hacienda.
Declarado urgente, se comunica, a efectos de lo dispuesto en el artículo
135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo para la presentación de
enmiendas terminará el próximo día 16 de noviembre, martes.
De otra parte, y en cumplimiento del artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación del texto del mencionado Proyecto de
Ley, encontrándose la restante documentación a disposición de los señores
Senadores en la Secretaría General de la Cámara.
Palacio del Senado, 12 de noviembre de 1999.--La Presidenta del Senado,
Esperanza Aguirre Gil de Biedma.--La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
PREAMBULO
La orientación de la política económica española descansa sobre el
convencimiento de que el crecimiento estable y no inflacionario de la
economía y, consecuentemente, la creación de empleo, requieren otorgar un
papel preponderante al buen funcionamiento de los mercados. Junto a ello,
la integración
de la economía española en el contexto comunitario y, en concreto, en la
Unión Económica y Monetaria condiciona el margen de actuación del
Gobierno sobre el diseño de la política macroeconómica, fundamentalmente
sobre la política monetaria. En este contexto, cobran especial relevancia
las políticas de corte microeconómico y, en especial, la política de
defensa de la competencia.
La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia nació
con el objetivo de dotar a los poderes públicos de un instrumento eficaz
para garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla
frente a todo ataque contrario al interés público, inspirándose en las
normas comunitarias de política de competencia.
La profundización en el proceso de liberalización de los mercados
que afronta la economía española hace necesario potenciar una política de
defensa de la competencia, que garantice la efectividad del esfuerzo
liberalizador, evitando que el comportamiento de los operadores
económicos desvirtúe el adecuado funcionamiento de los mercados y prive a
los consumidores de sus ventajas.
Con este fin, en el Plan de Liberalización aprobado por el Consejo
de Ministros el 21 de febrero de 1997, se fijó como uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno la reforma del sistema de defensa de la
competencia, objetivo al que responde la presente Ley, que culmina el
proceso de reforma iniciado con el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de
abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la
Competencia, en materia de control de concentraciones.
La presente Ley parte de la premisa de que la política de defensa de
la competencia tiene básica y esencialmente un carácter horizontal,
coherente con la competencia exclusiva del Estado en la materia al amparo
de lo dispuesto en los artículos 149.1.6 y 149.1.13 de la Constitución,
lo que aconseja centralizar la tarea de la aplicación de la Ley 16/1989,
modificada por la presente, en órganos de ese mismo carácter con el fin
de asegurar su coherencia, huyendo de su compartimentación sectorial.
La Ley busca asimismo dotar de recursos a los órganos encargados de
la Defensa de la Competencia, ya que en órganos de estas características
la escasez de medios conduce a la imposibilidad práctica de cumplir sus
fines. Sin embargo, en un contexto como el actual de austeridad
presupuestaria se pretende que la mayor dotación de medios no sea
sufragada enteramente por el conjunto de los ciudadanos, para lo cual se
establece una tasa por el análisis de las operaciones de concentración
económica.
La actual reforma no altera, en lo esencial, la tipificación de los
acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia, manteniéndose los
tipos ya establecidos en la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. No
obstante, la aprobación con posterioridad a la Ley 16/1989 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal aconseja establecer
claramente que la actuación de los órganos de competencia en relación con
el artículo siete de la Ley 16/1989 debe limitarse a aquellos actos
desleales que distorsionen gravemente las condiciones de competencia en
el mercado con grave afectación del interés público, dejando a los
tribunales ordinarios el conocimiento y enjuiciamiento de conductas
desleales de otro tipo.
Al objeto de colaborar con la Administración de Justicia, y
posibilitar una más rápida tramitación de los procesos, el Tribunal de
Defensa de la Competencia podrá elaborar, a petición de los órganos
jurisdiccionales competentes, un informe no vinculante sobre los efectos
que las conductas contrarias a la presente Ley pudieran tener sobre los
mercados, sectores y operadores afectados, y, concretamente, sobre la
procedencia y cuantía de un eventual derecho de indemnización de los
daños y perjuicios irrogados.
Con el fin de beneficiar a los operadores económicos de un
procedimiento más ágil, se prevé la posibilidad de que se autoricen
aquellas operaciones que no pongan en peligro las condiciones de
competencia en el mercado, sometidas a compromisos de las partes. Ello
supone introducir en los procedimientos de defensa de la competencia la
posibilidad de terminación convencional prevista con carácter general en
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En materia de ayudas públicas, la experiencia ha demostrado que el
actual artículo diecinueve de la Ley establece un instrumento poco
efectivo de control de aquellas que distorsionan o puedan distorsionar la
competencia. Ello aconseja completar la iniciativa del Ministro de
Economía y Hacienda para que el Tribunal estudie casos de ayudas, con la
posibilidad de que dicho estudio se inicie también de oficio.
En cuanto al procedimiento sancionador, se introducen reformas
concretas, tendentes a lograr una mayor eficacia de los órganos de
defensa de la competencia. A tal fin, se limitan las posibilidades de
recurso contra cuestiones incidentales, sin que ello implique un
perjuicio de los derechos de las partes,
toda vez que su derecho de defensa podrá desenvolverse con total plenitud
en la fase del procedimiento que se desarrolle ante el Tribunal. La
experiencia ha enseñado que la proliferación de recursos sobre cuestiones
incidentales y, a menudo, poco fundadas, obstaculiza enormemente el
procedimiento en detrimento del interés de los propios administrados.
Se establece el carácter especial del procedimiento de aplicación de
la normativa de defensa de la competencia y, en concreto, del
procedimiento sancionador previsto en la misma. Las normas sobre
procedimiento administrativo contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sólo serán de aplicación con carácter supletorio.
Además, se establecen, consecuentemente con la reforma prevista y lo
recogido en otras leyes, las funciones de los órganos de competencia,
delimitándolas con mayor precisión respecto de las encomendadas a otros
órganos e instituciones administrativas, de competencia sectorial.
Por último, se mantiene el estatuto jurídico del Tribunal de Defensa
de la Competencia, con la única novedad de posibilitar la modificación
reglamentaria del número de vocales actuales (ocho).
Artículo 1.Modificación del apartado 3 del artículo Uno.
Se modifica el apartado 3 del artículo Uno de la Ley 16/1989, de 17
de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo Uno.Conductas prohibidas.
3.Los órganos de Defensa de la Competencia podrán decidir no iniciar
o sobreseer los procedimientos previstos en esta Ley respecto de
conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de
manera significativa a la competencia.»
Artículo 2.Modificación del artículo dos.
Se modifica el artículo dos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que
pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo dos.Conductas autorizadas por Ley.
1.Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones
del artículo 1 no se aplicarán a los acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación de una ley.
Por el contrario, serán de aplicación a las situaciones de
restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras
potestades administrativas o sean causadas por la actuación de los
poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal.
2.El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá formular propuesta
motivada al Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda,
para que adopte o inste a la autoridad pública competente, en su caso, la
modificación o supresión de las situaciones de restricción de la
competencia establecidas de acuerdo con las normas legales.»
Artículo 3.Modificación del apartado 2 del artículo tres.
Se modifica el apartado 2 del artículo tres de la Ley 16/1989, de 17
de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo tres.Supuestos de autorización.
2.Asimismo, se podrán autorizar, siempre en la medida en que se
encuentren justificados por la situación económica general y el interés
público, los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se
refiere el artículo 1, o categorías de los mismos, que:
a)Tengan por objeto defender y promover las exportaciones, siempre
que no alteren la competencia en el mercado interno y sean compatibles
con las obligaciones que resulten de los Convenios Internacionales
ratificados por España, o
b)Produzcan una elevación suficientemente importante del nivel
social y económico de zonas o sectores deprimidos, o
c)Atendiendo a su escasa importancia, no sean capaces de afectar de
manera significativa a la competencia.»
Artículo 4.Modificación del apartado 1 y adición de dos nuevas letras, f)
y g), al apartado 2 del artículo seis.
El apartado l del artículo seis de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
queda modificado en los siguientes términos:
1.«Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas:
a)De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.
b)De la situación de dependencia económica en la que puedan
encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de
alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Esta situación
se presumirá cuando un proveedor además de los descuentos habituales,
debe conceder a su cliente de forma regular otras ventajas adicionales
que no se conceden a compradores similares.»
Se añaden dos nuevas letras, f) y g), al apartado 2 del artículo
seis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«2.f)La ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación
comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso
con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba a incumplimientos
graves de las condiciones pactadas por el proveedor o en caso de fuerza
mayor.
g)Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las
relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de
venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación
comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se
tengan pactadas.»
Artículo 5.Modificación del artículo siete.
El artículo siete de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a tener la
siguiente redacción:
«Artículo siete.Falseamiento de la libre competencia por actos
desleales.
1.El Tribunal de Defensa de la Competencia conocerá, en los términos
que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos
de competencia desleal siempre y cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a)Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las
condiciones de competencia en el mercado.
b)Que esa grave distorsión afecte al interés público.
2.Cuando, a juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no
concurran dichas circunstancias, procederá al archivo de las
actuaciones.»
Artículo 6.Adición de nuevos apartados 5 y 6 al artículo diez.
Se añaden dos nuevos apartados, 5 y 6, al artículo diez de la Ley
16/1989, de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo diez.Multas sancionadoras.
5.No se impondrán multas por infracción del artículo 1 si se hubiera
presentado, con anterioridad a la iniciación de una información reservada
previa a la incoación de expediente sancionador, notificación A/B ante
los servicios de la Comisión Europea en aplicación del Reglamento del
Consejo de la CEE nº 17/62, de 6 de febrero.
6.Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores de
este artículo, si el Tribunal de Defensa de la Competencia apreciara mala
fe o grave temeridad en la actuación de alguna de las partes ante los
órganos de defensa de la competencia, podrá imponerle una multa no
superior a 5.000.000 de pesetas ó 30.050,61 euros.»
Artículo 7.Modificación del artículo once de la Ley.
El artículo once de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado
en los siguientes términos:
«Artículo once.Multas coercitivas.
El Tribunal de Defensa de la Competencia, independientemente de las
multas sancionadoras, podrá imponer a las empresas, asociaciones, uniones
o agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, multas
coercitivas de 10.000 a 500.000 pesetas ó 60,10 a 3.005,06 euros al día
con el fin de obligarlas:
a)A la cesación de una acción que haya sido declarada prohibida
conforme a lo dispuesto en la Ley.
b)A la remoción de los efectos distorsionadores de las condiciones
de competencia provocados por una infracción.
c)Al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en
el marco de un acuerdo de terminación convencional del procedimiento.
d)Al cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.5 de esta
Ley.» Artículo 8.Modificación del artículo doce.
El artículo doce de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda modificado
en los siguientes términos:
«Artículo doce.Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
1.Prescribirán:
a)A los cuatro años, las infracciones previstas en este texto legal.
El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se
hubiera cometido la infracción.
b)A los cuatro años, las sanciones.
2.La prescripción se interrumpe por cualquier acto del Tribunal o
del Servicio de Defensa de la Competencia, con conocimiento formal del
interesado, tendente a la investigación, instrucción o persecución de la
infracción.
3.La prescripción también se interrumpe por los actos realizados por
los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar los
acuerdos sancionadores.»
Artículo 9.Adición de un nuevo apartado 3 al artículo trece.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo trece de la Ley 16/1989, de
17 de julio, con el siguiente contenido:
«3.El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá, cuando le sea
requerido por órgano judicial competente, emitir un informe sobre la
procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los autores de las
conductas previstas en los artículos primero, sexto y séptimo de la
presente Ley deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen
resultado perjudicados como consecuencia de aquellas.»
Artículo 10.Modificación del artículo diecinueve.
El artículo diecinueve de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo diecinueve.Ayudas públicas.
1.Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea, de la letra c) del
artículo 4 del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y
del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999.
2.A los efectos de esta Ley se entiende por ayuda pública las
aportaciones de recursos a operadores económicos y empresas públicas o
privadas, así como a producciones, con cargo a fondos públicos o
cualquier otra ventaja concedida por los poderes o entidades públicas que
suponga una reducción de las cargas a las que deberían hacer frente los
operadores económicos y las empresas en condiciones de mercado o que no
lleven implícita una contraprestación en condiciones de mercado. También
se considerarán ayudas cualesquiera otras medidas de efecto equivalente
al de las anteriores que distorsionen la libre competencia.
3.El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia
del Ministro de Economía y Hacienda, analizará los criterios de concesión
de las ayudas públicas, en relación con sus efectos sobre las condiciones
de competencia con el fin de emitir un informe que elevará al Consejo de
Ministros. Dicho informe será público. El Consejo de Ministros, a la
vista del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia, decidirá, según los casos, proponer a los poderes públicos
la supresión o la modificación de los citados criterios, así como, en su
caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al
restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las
competencias que en esta materia corresponden a la Comisión Europea.»
Artículo 11.Modificación del artículo veintiuno.
El artículo veintiuno de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado y pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo veintiuno.Composición.
1.El Tribunal de Defensa de la Competencia está integrado por ocho
vocales y un Presidente nombrados por el Gobierno a propuesta del
Ministro de Economía y Hacienda, entre juristas, economistas y otros
profesionales de reconocido prestigio.
2.El nombramiento del Presidente y los Vocales será por cinco años
renovables por una sola vez. Cada dos años y medio se renovará la mitad
de los miembros del Tribunal.
3.Los Vocales del Tribunal tendrán la consideración de altos cargos.
Cuando el nombramiento recaiga en personas al servicio de las
Administraciones Públicas en activo, éstas pasarán a la situación de
servicios especiales o equivalente.
4.El Tribunal elegirá, entre los Vocales, un Vicepresidente. En caso
de empate será elegido el Vocal de mayor antigüedad en el cargo y, a
igualdad de antigüedad, el de mayor edad. El Vicepresidente sustituirá al
Presidente en casos de vacante, ausencia o enfermedad.
5.En tanto no se produzca el nombramiento de Vicepresidente, y en
casos de ausencia del Presidente y el Vicepresidente ejercerá la
Presidencia el vocal de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el
de mayor edad.
6.El Tribunal estará asistido por un Secretario.»
Artículo 12.Modificación del artículo veinticuatro.
El artículo veinticuatro de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo veinticuatro.Funcionamiento del Tribunal.
1.El Tribunal de Defensa de la Competencia se entiende válidamente
constituido con la asistencia del Presidente o Vicepresidente y cinco
Vocales.
2.Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los
asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida.
3.El Tribunal podrá aprobar elaborar un reglamento de régimen
interior en el que regule su organización y funcionamiento interno. Dicho
reglamento interno se publicará en el Boletín Oficial del Estado.»
Artículo 13.Modificación del artículo veinticinco.
El artículo veinticinco de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo veinticinco.Competencia.
Compete al Tribunal de Defensa de la Competencia:
a)Resolver y dictaminar los asuntos que tiene atribuidos por esta
Ley.
b)Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a
que se refiere el artículo 1, en los supuestos y con los requisitos
previstos en el artículo 3.
c)Aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado de la
Comunidad Europea y de su Derecho derivado.
d)Informar sobre las operaciones de concentración económica de
dimensión comunitaria que sean remitidos por la Comisión Europea en
aplicación de las normas comunitarias de control de concentraciones por
la Comisión.
e)Dictaminar los proyectos de apertura de grandes establecimientos
comerciales, según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista.
f)Interesar la instrucción de expedientes por el Servicio de Defensa
de la Competencia.
g)Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de
equidad, que le encomienden las leyes, y en particular las establecidas
en el artículo 7 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, Reguladora de las
emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos
deportivos.
h)Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales
indemnizaciones de daños y perjuicios, prevé el artículo 13 de la
presente Ley.
i)Elaborar el informe que, en materia de ayudas públicas, prevé el
artículo 19 de esta Ley.»
Artículo 14.Modificación del artículo veintiséis.
El artículo veintiséis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado como sigue:
«Artículo veintiséis.Funciones consultivas.
1.El Tribunal de Defensa de la Competencia podrá ser consultado en
materia de competencia por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los
distintos Departamentos Ministeriales, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones
empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
2.El Tribunal promoverá y realizará estudios y trabajos de
investigación en materia de competencia.
3.El Tribunal informará los proyectos o proposiciones de Ley por los
que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto
legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo
desarrollen.»
Artículo 15.Modificación del artículo veintisiete.
Queda modificado el artículo veintisiete de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo veintisiete.Competencias del Pleno.
Corresponde al Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia:
a)Elaborar su reglamento de régimen interior, en el cual se
establecerá su funcionamiento administrativo y la organización de sus
servicios.
b)Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente.
c)Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correcciones
disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento grave de sus
funciones por el Presidente, Vicepresidente y Vocales.
d)Nombrar y acordar el cese del Secretario.
e)Proponer o, en su caso, informar el proyecto de relación de
puestos de trabajo del personal al servicio del Tribunal.
f)Preparar el anteproyecto de presupuesto general de gastos del
Tribunal.
g)Elaborar una Memoria anual.
h)Mantener relaciones con otros organismos análogos.»
Artículo 16.Modificación del artículo veintiocho.
El artículo veintiocho de la Ley 16/1989, de 17 de julio, pasa a
tener la siguiente redacción:
«Artículo veintiocho.Funciones del Presidente.
1.Son funciones del Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia:
a)Convocar el Pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos,
tres de los Vocales, y presidirlo.
b)Establecer el criterio de distribución de asuntos entre Salas y
Secciones.
c)Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal.
d)Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal.
e)Resolver las cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
f)Representarlo en las relaciones con otros Organos públicos.
g)Ejercer funciones de jefatura en relación al personal del
Tribunal.
h)Ordenar los gastos del Tribunal.
2.El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente aquellas
facultades que considere convenientes.»
Artículo 17.Modificación del artículo treinta y uno.
El artículo treinta y uno de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo treinta y uno.Funciones del Servicio de Defensa de la
Competencia.
Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia:
a)Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley.
b)Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se
adopten en aplicación de esta Ley, y, en su caso, declarar la
prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de las sanciones
previstas en el artículo doce de esta Ley.
c)Llevar el Registro de Defensa de la Competencia.
d)Las de estudio e investigación de los sectores económicos,
analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así
como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la
competencia. Como consecuencia de los estudios e investigaciones
efectuadas podrá proponer la adopción de medidas conducentes a la
remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción.
e)Las de información, asesoramiento y propuesta en materia de
acuerdos y prácticas restrictivas,
concentración y asociación de Empresas, grado de competencia en el
mercado interior y exterior en relación con el mercado nacional, y sobre
las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia.
f)Las de cooperación, en materia de competencia, con Organismos
extranjeros e Instituciones Internacionales.
g)Llevar a cabo las funciones de colaboración entre la
Administración Española y la Comisión Europea en la aplicación en España
de las reglas comunitarias de la competencia. Estas funciones se
realizarán en coordinación con los Departamentos sectoriales competentes
de la Administración Pública.
h)Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 al 18
de esta Ley en materia de control de concentraciones.
i)Promover y acordar la terminación convencional de los
procedimientos tramitados como consecuencia de conductas prohibidas en
esta Ley.
j)Informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia.
k)Dirigir informes y/o recomendaciones sobre materias de defensa de
la competencia a cualquiera de los Departamentos Ministeriales,
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Cámaras de Comercio y
organizaciones empresariales, sindicales o de consumidores y usuarios.
l)Estudiar y someter al Gobierno las oportunas propuestas de
modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, conforme a los
dictados de la experiencia en la aplicación del Derecho nacional y
comunitario.»
Artículo 18.Modificación del artículo treinta y uno bis.
Se modifica el artículo treinta y uno bis de la Ley 16/1989, de 17
de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo treinta y uno bis.Funciones del Director del Servicio de
Defensa de la Competencia.
1.Corresponde al Director del Servicio de Defensa de la Competencia:
a)Proponer al Ministro de Economía y Hacienda, para su elevación, en
su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de política de defensa
de la competencia en el marco de la política económica de aquél.
b)Proponer al Gobierno, la adopción de reglamentos de exención
previstos en el artículo quinto de esta Ley respecto de las categorías de
acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refieren los
artículo 3.1 y 3.2 de esta Ley.
c)Aprobar un programa anual de evaluación de las consecuencias de la
aplicación de las reglas de competencia que permita orientar la
dedicación de medios, la evolución de la doctrina y los remedios
adoptados.
d)Representar al Servicio de Defensa de la Competencia.
e)Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a los
reglamentos de exención del artículo 5 de esta Ley.
f)Decidir sobre la conveniencia de instar la aplicación de lo
previsto en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento Comunitario de
Control de Concentraciones.
g)Ejercitar las competencias que le atribuyen los artículos 15 y 18
de esta Ley.
2.El Director del Servicio de Defensa de la Competencia ostenta la
jefatura del mismo, pudiendo ejercer todas las competencias que la
presente Ley atribuye al Servicio.»
Artículo 19.Modificación del artículo treinta y dos.
El artículo treinta y dos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado y pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo treinta y dos.Deberes de colaboración e información.
1.Toda persona natural o jurídica queda sujeta al deber de
colaboración con el Servicio de Defensa de la Competencia, y está
obligada a proporcionar a requerimiento de éste, y en un plazo de diez
días, toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación
de esta Ley.
El plazo de diez días a que se refiere el apartado anterior podrá
ampliarse por el Servicio de Defensa de la Competencia, de oficio o a
instancia de la persona requerida, cuando la dificultad de obtención de
datos o informaciones así lo justifique.
2.El incumplimiento de la obligación establecida en el número
anterior será sancionado por el Director del Servicio con multas
coercitivas de 60,10 a 3.005,06 euros por cada día de retraso en el
cumplimiento del deber de aportación en plazo de datos e informaciones a
que se refiere el apartado anterior.
3.La cesión de datos o antecedentes de naturaleza tributaria se
regirá por lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria.»
Artículo 20.Modificación del apartado 2 del artículo treinta y tres.
Se modifica el apartado 2 del artículo treinta y tres de la Ley
16/1989, de 17 de julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo treinta y tres.Funciones de investigación e inspección.
2.Los funcionarios, en el curso de las inspecciones, podrán
examinar, obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos,
incluso de carácter contable y, si procediera, retenerlos por un plazo
máximo de diez días. En el curso de las inspecciones, los funcionarios
podrán, asimismo, solicitar explicaciones verbales in situ.»
Artículo 21.Modificación del artículo treinta y cuatro.
El artículo treinta y cuatro de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo treinta y cuatro.Investigación domiciliaria.
1.El acceso a los locales podrá realizarse con el consentimiento de
sus ocupantes o mediante mandamiento judicial.
2.Si hubiera existido consentimiento de los ocupantes, el
funcionario habilitado mostrará el oficio y entregará copia en que conste
su designación por el Director del Servicio de Defensa de la Competencia,
los sujetos investigados, los datos, documentos y operaciones que habrán
de ser objeto de la inspección, la fecha en que la actuación deba
practicarse y el alcance de la investigación.
3.Cuando haya existido oposición al acceso a los locales o se corra
el riesgo de tal oposición, el Director del Servicio solicitará
autorización de entrada en el domicilio al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en el oficio se harán constar los datos
previstos en el número anterior, así como los necesarios para la adecuada
identificación de los locales en que se pretende la entrada.
El Juzgado competente resolverá en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas.
4.De todas las entradas en locales y de la inspección se levantará
un acta firmada por el funcionario autorizado y por uno de sus ocupantes,
a la que se adjuntará, en su caso, la relación de documentos retenidos
temporalmente.
5.El funcionario expedirá una copia del acta a nombre de la persona
que haya autorizado la entrada en el local. Si la entrada e inspección se
hubieran realizado en virtud de autorización judicial, el original del
acta y los documentos retenidos, en su caso, se entregarán al Juzgado
correspondiente, cuyo secretario diligenciará una copia a nombre del
funcionario que ha llevado a cabo la inspección y otra a nombre del
ocupante ante el cual se ha realizado la investigación. También se
entregará, en su caso, al funcionario la documentación retenida.
6.Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados
para las finalidades previstas en esta Ley.»
Artículo 22.Modificación del artículo treinta y seis.
El artículo treinta y seis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo treinta y seis.Iniciación del procedimiento.
1.El procedimiento se inicia por el Servicio de Defensa de la
Competencia de oficio o a instancia de parte interesada.
La denuncia de las conductas prohibidas por esta Ley es pública;
cualquier persona, interesada o no, puede formularla ante el Servicio,
que iniciará expediente cuando se observen indicios racionales de su
existencia.
2.La denuncia se presentará en la forma y con el contenido que
reglamentariamente se determine que, como mínimo, deberá contener:
--Nombre o razón social y domicilio del denunciante y, en el caso de
que actúe por medio de representante, acreditación de la representación y
domicilio a efecto de notificaciones.
--Nombre o razón social y domicilio del/los denunciado/s.
--Hechos de los que se deriva la existencia de infracción y pruebas,
en su caso, de los mismos.
--Intereses legítimos de acuerdo con el articulo 31 de la Ley 30/92,
para poder ser considerado interesado en el eventual expediente
sancionador.
3.Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, el
Servicio podrá proceder a la instrucción de una información reservada
antes de resolver la iniciación de expediente sancionador, incluso con
investigación domiciliaria de las empresas implicadas. Cuando el Servicio
considere que no hay indicios de infracción de la Ley de Defensa de la
Competencia, podrá no iniciar el procedimiento y acordar el archivo de
las actuaciones.
4.En la providencia en que se acuerde la iniciación del expediente
se nombrará un Instructor y, en su caso, un Secretario, lo que se
notificará a los interesados.
5.Iniciado el expediente, se podrá publicar una nota sucinta sobre
los extremos fundamentales del mismo, al objeto de que cualquiera pueda
aportar información en un plazo que no excederá de quince días.
La referida nota podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado
y, en su caso, en cualquier otro medio de difusión que garantice una
publicidad suficiente.
6.El Servicio, por propia iniciativa o a instancia de los
interesados, podrá disponer la acumulación de expedientes cuando entre
ellos exista una conexión directa.
7.El Servicio dará cuenta al Tribunal de Defensa de la Competencia
de las denuncias recibidas, del archivo de las actuaciones, de los
acuerdos de terminación convencional y de las providencias de incoación
de expedientes, sean de oficio o a instancia de parte interesada.»
Artículo 23.Adición de un nuevo artículo treinta y seis bis.
Se añade un nuevo artículo, treinta y seis bis, a la Ley 16/1989, de
17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo treinta y seis bis.Supuestos de inadmisión y terminación
convencional.
1.El Servicio de Defensa de la Competencia podrá:
a)Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la
presunta realización de las conductas prohibidas por los artículos 1 y 6
que, por su escasa importancia, no afecten de manera significativa a las
condiciones de competencia.
b)Acordar la no iniciación de los procedimientos derivados de la
presunta realización de las conductas previstas en el artículo 7 de esta
Ley cuando estime que no concurren las circunstancias previstas en dicho
artículo.
c)Acordar la terminación convencional de una investigación que se
haya iniciado de oficio o a instancia de parte interesada por posible
infracción de los artículos 1, 6 y 7 de la Ley, siempre que la misma no
resulte contraria a lo dispuesto en esta Ley, y esté encaminada a
finalizar las actuaciones administrativas.
2.En los procedimientos de terminación convencional, el Servicio
determinará quiénes son los interesados en el asunto, con el fin de que
puedan ser oídos en el curso del mismo.
La terminación convencional de los procedimientos no podrá acordarse
en aquellos casos en que resulte contraria al ordenamiento jurídico y
resulte perjudicial para terceros. Tampoco podrá acordarse la terminación
convencional una vez notificado el pliego de concreción de hechos.
Los acuerdos para la terminación convencional de una investigación
deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, territorial y temporal, el objeto de
los compromisos y el alcance de los mismos. Dichos acuerdos deberán ser
adoptados por el Director del Servicio y los interesados.
Quienes acrediten interés legítimo, y no hubieren tomado parte en
los acuerdos de terminación convencional, podrán interponer contra los
mismos el recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia previsto
en el artículo 47 de esta Ley.»
Artículo 24.Modificación del artículo treinta y siete.
El artículo treinta y siete de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo treinta y siete.Instrucción del expediente sancionador.
1.El Servicio de Defensa de la Competencia practicará los actos de
instrucción necesarios para
el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán
en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los presuntos
infractores para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y,
en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes, y, cerrado
el período probatorio, efectuar en el plazo de diez días su valoración.
Las pruebas propuestas por los presuntos infractores serán recogidas
en el informe del Servicio, expresando su práctica o, en su caso,
denegación.
2.Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento,
aducir alegaciones, que serán tenidas en cuenta por el Servicio al
redactar el informe al que se refiere el número siguiente.
3.El Servicio, una vez instruido el expediente, lo remitirá al
Tribunal de Defensa de la Competencia, acompañándolo de un informe que
exprese las conductas observadas, sus antecedentes, sus autores, los
efectos producidos en el mercado, la calificación que le merezcan los
hechos y las responsabilidades que corresponden a los autores.
4.Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que
no se ha acreditado la existencia de prácticas prohibidas, redactará la
propuesta de sobreseimiento que se notificará a los interesados para que
en el plazo de 10 días hagan las alegaciones oportunas. Posteriormente el
Servicio, podrá acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de
las actuaciones. Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso conforme
a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de esta Ley.»
Artículo 25.Modificación del artículo treinta y ocho.
El artículo treinta y ocho de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo treinta y ocho.Instrucción del expediente de autorización.
1.El procedimiento para autorizar los acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 3 se iniciará a
instancia de parte interesada.
2.La solicitud de autorización deberá contener, en todo caso, todos
los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la
conducta y, en particular, los datos identificativos de las partes que
intervienen, el objeto de la solicitud y la información sobre el
mercado/s afectado/s.
3.Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de
acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas prohibidas en el
artículo 1, los interesados podrán pedir que se declaren autorizados de
conformidad con el artículo 3.
4.En la tramitación de las autorizaciones el Servicio de Defensa de
la Competencia publicará la nota sucinta prevista en el artículo 36.5 de
esta Ley, realizará las indagaciones necesarias, oirá a los interesados y
remitirá el expediente al Tribunal, en el plazo máximo de treinta días,
con la calificación que le merezca.
5.Cuando el Servicio considere que la información suministrada es
manifiestamente insuficiente para calificar la solicitud, requerirá al
solicitante para que facilite los datos e información necesarios en un
plazo de diez días, quedando suspendido el plazo de treinta días hasta
tanto sea cumplimentado el requerimiento.
6.En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de esta misma
Ley será preceptivo solicitar el informe del Consejo de Consumidores y
Usuarios.»
Artículo 26.Modificación del apartado 2 del artículo cuarenta.
El apartado 2 del artículo cuarenta de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, queda modificado como sigue:
«2.El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime
procedentes siempre que no sean reproducción de las practicadas ante el
Servicio de Defensa de la Competencia, dando intervención a los
interesados.»
Artículo 27.Modificación del artículo cuarenta y siete.
Se modifica el artículo cuarenta y siete de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo cuarenta y siete.Recurso contra los actos dictados por el
Servicio de Defensa de la Competencia.
Los actos del Servicio de Defensa de la Competencia que decidan
directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, serán recurribles ante el Tribunal de Defensa de
la Competencia en el plazo de diez días.
No se considerará que existe indefensión por la denegación de
práctica de pruebas solicitadas por parte interesada, siempre que dicha
decisión se adopte mediante resolución debidamente motivada y que las
pruebas cuya práctica se solicite sean manifiestamente improcedentes o
innecesarias y, en todo caso, cuando puedan practicarse ante el Tribunal.
En estos casos, y en todos aquellos en que el recurso interpuesto
carezca manifiestamente de fundamento, el Tribunal podrá declarar su
inadmisibilidad en resolución debidamente motivada.»
Artículo 28.Modificación del apartado 1 del artículo cuarenta y ocho.
Queda modificado el apartado 1 del artículo cuarenta y ocho de la
Ley 16/1989, de 17 de julio, en los siguientes términos:
«Artículo cuarenta y ocho.Trámites y Resolución.
1.El recurso se presentará ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia, el cual ordenará al Servicio de Defensa de la Competencia
que le remita el expediente con su informe en el plazo de cinco días.»
Artículo 29.Modificación del artículo cincuenta.
El artículo cincuenta de la Ley 16/1989, de 17 de julio, queda
modificado en los siguientes términos:
«Artículo cincuenta.Supletoriedad de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la
competencia se regirán por su normativa específica y, supletoriamente,
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Artículo 30.Adición de un nuevo artículo cincuenta y uno bis.
Se añade un nuevo artículo, cincuenta y uno bis, a la Ley 16/1989,
de 17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo cincuenta y uno bis.Relaciones con otras Administraciones
Públicas.
1.Los órganos previstos en la presente Ley son los únicos
competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos que en
ella se regulan en materia de defensa de la competencia. En el supuesto
de que otras Administraciones Públicas, por razón de sus funciones,
pudieran tener conocimiento de hechos que considerasen contrarios a las
previsiones de esta Ley, se limitarán a dar traslado de los mismos, y de
la documentación obrante en su poder, al Servicio de Defensa de la
Competencia a fin de que, si procede, pueda iniciarse la tramitación de
los correspondientes expedientes.
2.El Servicio de Defensa de la Competencia, cuando sea necesario
para el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la colaboración de
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Con el mismo fin,
los servicios competentes de las Comunidades Autónomas podrán elaborar
para su remisión al Servicio de Defensa de la Competencia, y a los fines
previstos en este artículo, informes relativos a la existencia de
prácticas, acuerdos o conductas que consideren contrarios a la presente
Ley.»
Artículo 31.Modificación del artículo cincuenta y cuatro.
El artículo cincuenta y cuatro de la Ley 16/1989, de 17 de julio,
queda modificado en los siguientes términos:
«Artículo cincuenta y cuatro.Sanciones.
1.Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley se
entenderán sin perjuicio de otras responsabilidades que en cada caso
procedan.
2.La recaudación en vía ejecutiva de las multas se efectuará
conforme a lo previsto en el Reglamento General de Recaudación.
3.El importe de las multas previstas en esta Ley se ingresará en el
Tesoro Público.»
Artículo 32.Modificación del artículo cincuenta y seis.
Se modifica el artículo cincuenta y seis de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, que pasa a tener el siguiente contenido:
«Artículo cincuenta y seis.Plazos máximos del procedimiento.
1.El plazo máximo de duración de la fase del procedimiento
sancionador que tiene lugar ante el Servicio de Defensa de la Competencia
será de doce meses a contar desde la iniciación formal del mismo hasta la
remisión del expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia o de la
notificación del acuerdo que, de cualquier otro modo, ponga término al
procedimiento tramitado ante el Servicio.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la
posible ampliación del plazo de conformidad con lo establecido en los
apartados 5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En cualquier caso, el plazo a que hace referencia este apartado se
interrumpirá en caso de interposición del recurso administrativo previsto
en el artículo 47 de esta Ley, o del planteamiento de cuestiones
incidentales en que el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común prevé la suspensión, así como cuando
sea necesaria la coordinación con la Unión Europea o la cooperación con
autoridades de competencia de otros países. En tales casos, el Servicio
deberá dar cuenta de la resolución de interrupción a los interesados.
Transcurrido el plazo previsto en este apartado y, en su caso, el
plazo resultante de un acuerdo de ampliación, sin que el Servicio hubiera
remitido el expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia para su
resolución o hubiese acordado su sobreseimiento, se procederá, de oficio
o a instancia de cualquier interesado, a declarar su caducidad.
2.El Tribunal dictará resolución, y la notificará, en el plazo
máximo de doce meses a contar desde la admisión a trámite del expediente.
El plazo se interrumpirá cuando se planteen cuestiones incidentales en
que la Ley prevea la suspensión, se interpongan recursos y se acuerde la
suspensión por el órgano jurisdiccional competente, se acuerde la
práctica de diligencias para mejor proveer por el Tribunal de Defensa de
la Competencia, se deba proceder a cambio de calificación en los términos
del artículo 43.1 de esta Ley o se acuerde la suspensión por la
concurrencia con un procedimiento ante los órganos comunitarios o con la
instrucción de un proceso penal, así como para la presentación de una
cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. También en este caso será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Transcurridos treinta días desde el vencimiento del plazo anterior,
si el Tribunal no ha dictado resolución, procederá de oficio o a
instancia de cualquier interesado, a declarar la caducidad del
procedimiento.»
Artículo 33.Adición de un nuevo artículo cincuenta y siete.
Se añade un nuevo artículo, cincuenta y siete, a la Ley 16/1989, de
17 de julio, con el siguiente contenido:
«Artículo cincuenta y siete.Tasa por análisis y estudio de las
operaciones de concentración.
1.Se crea la tasa por análisis y estudio de las operaciones de
concentración, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y por
las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el
artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del
análisis y estudio de todo proyecto u operación de concentración de
empresas que se lleven a cabo con arreglo al artículo 14 de la presente
Ley.
3.No estará sujeta a la tasa la consulta previa prevista en el
apartado 5º del artículo 15 de esta Ley.
4.Serán sujetos pasivos de las tasas las entidades que resulten
obligadas a notificar la operación de concentración.
5.El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo
presente la notificación obligatoria prevista en el artículo 15 de esta
Ley, por la que se inicia la actividad o el expediente administrativo, el
cual no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
6.La cuantía de la tasa regulada en este precepto será de 500.000
pesetas ó 3.005,06 euros cuando el volumen de ventas global en España del
conjunto de los partícipes en el acuerdo de concentración sea igual o
inferior a 40.000 millones de pesetas ó 240.404.841,75 euros, de
1.000.000 de pesetas ó 6.010,12 euros, cuando sea igual o inferior a
80.000 millones de pesetas ó 480.809.683,51 euros y de 2.000.000 de
pesetas ó 12.020 euros cuando el volumen de facturación sea superior a
80.000 millones de pesetas ó 480.809.683,51 euros.
7.El pago de la tasa se realizará en efectivo, en los términos
previstos en la normativa vigente en materia de recaudación.
8.La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Servicio de Defensa
de la Competencia en los términos que se establezcan en las disposiciones
reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley, que podrán prever la
obligación para los sujetos pasivos de practicar operaciones de
autoliquidación tributaria.»
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Modificación del artículo 1.dos.2.f) de la Ley de Liberalización
de las Telecomunicaciones.
Se modifica el artículo 1.dos.2.f) de la Ley 12/1997, de 24 de
abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones pasa a tener la
siguiente redacción:
«Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de
oferta de servicios, el acceso a las redes de telecomunicaciones por los
operadores, la interconexión de las redes y suministro de red en
condiciones de red abierta y la política de precios y comercialización
por los operadores de los servicios. A estos efectos, la Comisión
ejercerá las siguientes funciones:
1.ºPodrá dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones
dirigidas a las entidades que operen en el sector, que serán vinculantes
una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
2.ºPondrá en conocimiento del servicio de Defensa de la Competencia
los actos, acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener
noticia en el ejercicio de sus atribuciones y que presenten indicios de
resultar contrarios a la Ley 16/1989, de 17 de Julio de Defensa de la
Competencia. A tal fin, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
comunicará al Servicio de Defensa de la Competencia todos los elementos
de hecho a su alcance y, en su caso, remitirá un dictamen no vinculante
de la calificación que le merecen dichos hechos.
3.ºEjercer la competencia de la Administración General del Estado
para interpretar las cláusulas de los títulos habilitantes para la
prestación de servicios de telecomunicaciones que protejan la libre
competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios a
los que se refiere el número 1 del apartado dos de éste artículo.»
Segunda.Modificación del artículo 1.dos.2.g) de la Ley de Liberalización
de las Telecomunicaciones.
Se modifica el artículo 1.dos.2.g) de la Ley 12/1997, de 24 de
abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones que pasará a tener la
siguiente redacción:
«g)Ejercer el control sobre los procesos de concentración de
empresas, de las participaciones en el capital y de los acuerdos entre
los agentes participantes en el mercado de las telecomunicaciones y de
los servicios a los que se refiere el número 1 del apartado dos de este
artículo, al objeto de garantizar, cuando proceda, el cumplimiento del
deber de notificación obligatorio al Servicio de Defensa de la
Competencia en los términos establecidos en los artículos 14 y siguientes
de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia.»
DISPOSICION DEROGATORIA
1.Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente
Ley.
2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto
157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de
17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización
singular y registro de defensa de la competencia y el Real Decreto
1080/1992, de 11 de Septiembre, sobre Procedimiento a seguir por los
órganos de defensa de la competencia en concentraciones económicas y
forma y contenido de su notificación voluntaria seguirán
en vigor hasta que el Gobierno apruebe nuevos textos reglamentarios
adaptados a la presente Ley.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los procedimientos en materia de defensa de la competencia iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y
resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Desarrollo reglamentario de la Ley.
1.Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de dieciocho meses
dicte las disposiciones reglamentarias que regulen los procedimientos en
materia de Defensa de la Competencia.
2.Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año dicte las
disposiciones reglamentarias de desarrollo de lo previsto en el artículo
57 de esta Ley en materia de tasas.
Segunda.Texto Refundido.
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, elabore un texto refundido de la Ley
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia incorporando la
regulación contenida en esta Ley.
La presente delegación incluye la facultad de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
Tercera.Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su completa
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de lo
dispuesto en el artículo 30, en cuanto se refiere al apartado 1 del
artículo 56, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, que entrará en vigor el 1
de enero del año 2001 y en lo relativo al apartado 2 del artículo 56 de
la misma Ley, ya en vigor desde el 1 de enero de 1998 en virtud de la
disposición transitoria duodécima de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.