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BOCG. Senado, serie II, núm. 155-d, de 08/11/1999
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
8 de noviembre de 1999
Núm. 155 (d)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 135 Núm. exp. 121/000135)
PROYECTO DE LEY
621/000155 Orgánica de protección de datos.
INFORME DE LA PONENCIA
621/000155
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES del Informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la
Comisión Constitucional para estudiar el Proyecto de Ley Orgánica de
protección de datos.
Palacio del Senado, 4 de noviembre de 1999.--La Presidenta del Senado,
Esperanza Aguirre Gil de Biedma.--La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.
La Ponencia de la Comisión Constitucional del Senado designada en la
sesión del día 18 de octubre de 1999 e integrada por los Senadores Excma.
Sra. Dª Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García (GPS), Excmo. Sr. D.
Manuel Atencia Robledo (GPP), Excmo. Sr. D. Juan Blancas Llamas (GPP),
Excmo. Sr. D. Salvador Capdevila i Bas (GPCIU) y Excmo. Sr. D. Josep
Ramon Mòdol Pifarré (GPS), ha examinado el texto del Proyecto de Ley
Orgánica de Protección de Datos remitido por el Congreso de los
Diputados, así como las 124 enmiendas que al mismo se han presentado en
el Senado y acuerdan elevar a la Comisión Constitucional el siguiente
I N F O R M E
Título del Proyecto de Ley: Ha sido objeto de las enmiendas números 4 del
Grupo Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos y 15 del Grupo
Parlamentario Socialista, (corregida por el Grupo enmendante en el
sentido de suprimir la preposición «de» tras «datos»), ambas de contenido
semejante; el título se mantiene al no incorporarse dichas enmiendas.
Artículo 1: Se mantiene en los términos del Proyecto de Ley, siendo
retirada la enmienda 44 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió,
única a dicho artículo.
Artículo 2: Ha sido objeto de las enmiendas números: 16 del Grupo
Parlamentario Socialista a los apartados 1 y 2; 5 del Grupo Parlamentario
Senadores Nacionalistas Vascos y 45 del Grupo Parlamentario Convergència
i Unió al apartado 2.c); 17 del Grupo Parlamentario Socialista, 46 del
Grupo Parlamentario Convergèncio i Unió y 56 y 57 del Grupo Parlamentario
Popular, al apartado 3. De ellas, la Ponencia acuerda posponer para
trámites parlamentarios posteriores las enmiendas números 5, 16 y 45; e
incorporar parcialmente la enmienda 17 en su párrafo b), en cuanto
coincidente con la enmienda 57 que se aprueba por unanimidad, manteniendo
el Grupo Parlamentario Socialista el resto de la enmienda 17, en lo no
aceptado, para trámites parlamentarios posteriores; asimismo se
incorporan por unanimidad las enmiendas números 46 y 56 del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió y Popular, respectivamente, ambas
coincidentes y de carácter gramatical. De acuerdo con ello resulta
modificado el apartado 3 del artículo 2, en los siguientes términos:
«3.Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente
previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos
de datos personales:
a)Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b)Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén
amparados por la legislación estatal o autonómica sobre la función
estadística pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.m).»
Resto del apartado igual.
La Ponencia no incorpora un nuevo artículo 2 bis propuesto por la
enmienda nº 18 del GPS, que se mantiene.
Artículo 3: Ha sido objeto de las enmiendas números: 19 del Grupo
Parlamentario Socialista que afecta a los apartados b), c), j), k)
(nuevo) y l) (nuevo), que se desestima por mayoría; 58 del Grupo
Parlamentario Popular al apartado a) y que también alude al f), que se
debate exhaustivamente, pues existe coincidencia en su filosofía de
armonizar el lenguaje de ambos apartados y concordarlo con las
expresiones de la Directiva 95/46/CE, aunque la Ponencia opta por
posponer la decisión al respecto para trámites parlamentarios posteriores
para buscar las expresiones más convenientes. La Ponencia incorpora por
unanimidad la redacción inicial del apartado j) que propone la enmienda
nº 60 del Grupo Parlamentario Popular, y, por mayoría, la adición que
contiene la enmienda nº 59 del mismo Grupo referida al mismo apartado j)
y no al f), como indica por error de transcripción la enmienda, que
corrige, en la Ponencia, el Grupo enmendante. En su virtud el artículo 3,
apartado j), resulta modificado en los siguientes términos:
«j)Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta puede
ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma
limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una
contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público,
exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los
términos previstos por su normativa específica y las listas de personas
pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección
e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de
fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios
de comunicación.»
Artículo 4: Se han presentado las enmiendas números 20 y 21, del Grupo
Parlamentario Socialista; 47, 48 y 49 del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió y 61 del Grupo Parlamentario Popular. Los Ponentes
del Grupo Parlamentario Socialista se refieren a la importancia que para
su Grupo tienen estas enmiendas, especialmente la nº 21, cuyo contenido
podría incorporarse al artículo 4 o bien a otros preceptos como el 12 o
el 15; los ponentes debaten sobre tales enmiendas difiriendo su
incorporación o no a trámites parlamentarios posteriores. En cuanto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, la Ponencia
reflexiona sobre si la enmienda 47 tiene o no exclusivamente carácter
sintáctico, por lo que deciden posponer para otros momentos
procedimentales su aceptación o no. Sí incorpora la Ponencia las
enmiendas 48 y 49 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, de
carácter sintáctico, y la nº 61 del G. P. Popular, que corrige una
referencia al articulado, todas ellas por unanimidad. En consecuencia
resultan modificados los apartados 3, 4 y 6 del artículo 4 en la
siguiente forma:
«3.Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma
que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
4.Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos,
en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de
oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin
perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16.»
«6.Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan
el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente
cancelados.»
Artículo 5: Se han presentado las enmiendas números 22 y 23 del Grupo
Parlamentario Socialista y 62, 63 y 64 del Grupo Parlamentario Popular;
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista no se incorporan,
incluyéndose, por unanimidad, las números 62, 63 y 64, del Grupo
Parlamentario Popular, las dos primeras de corrección de errores y la 64
que adiciona un párrafo al artículo 5, apartado 5. Por ello, el texto del
artículo 5, apartados 1, 3 y 5, que propone la Ponencia sería:
«1.Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
(apartados a), b), c) y d) se mantienen)
e)De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en
su caso, de su representante.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el
territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos
medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales
medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin
perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio
responsable del tratamiento.»
«3.No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y
d) del apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la
naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las
circunstancias en que se recaban.»
«5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando
expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines
históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al
interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a
criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico
equivalente, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo
41, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los
datos y a las posibles medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los
datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la
actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada
comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de
los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de
los derechos que le asisten.»
Artículo 6: Ha sido objeto de las enmiendas números 24, (que corrige en
la Ponencia el Grupo enmendante en el sentido de incluir la palabra
«otorgado» tras «entenderse»), 25 y 26 del Grupo Parlamentario Socialista
que la Ponencia no incorpora; y la nº 65 que se aprueba por unanimidad,
por lo que se suprime la palabra «automatizado» en el apartado 1 del
artículo 6, que queda:
«1.El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra
cosa.»
Artículo 7: Las enmiendas números 27 y 28 del Grupo Parlamentario
Socialista no se incorporan, difiriéndose la reflexión a trámites
parlamentarios posteriores. Las enmiendas números 66 y 68 que dan lugar a
un amplio debate, se incorporan por mayoría, sin perjuicio de seguir
estudiando la posibilidad de fórmulas transaccionales, en su caso, en
trámites posteriores; la enmienda 67 se incorpora, por unanimidad, por
coherencia con la enmienda 65 ya aprobada en la misma línea de suprimir
«automatizadamente». De acuerdo con ello el artículo 7, apartados 2, 3 y
6, quedaría:
«2.Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán
ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los
ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias,
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o
miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará
siempre el previo consentimiento del afectado.
3.Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a
la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el
afectado consienta expresamente.»
«6.No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto
de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los
apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación
de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios
sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el
párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el
interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento.»
La Ponencia no incorpora un nuevo artículo 7 bis, tal y como propone la
enmienda nº 29 del Grupo Parlamentario Socialista, sin perjuicio de
continuar estudiando el contenido de esta enmienda en su formulación o
mediante fórmula transaccional, en trámites parlamentarios posteriores.
La Ponencia no incorpora un nuevo artículo 7 ter, que propugna la
enmienda nº 30 del Grupo Parlamentario Socialista, vinculada a las
enmiendas números 27 y 28 del mismo Grupo, posponiendo la reflexión a
trámites parlamentarios posteriores.
Artículo 8: Se mantiene en los términos del Proyecto de Ley al no
aceptarse la enmienda nº 31 del Grupo Parlamentario Socialista.
Artículos 9 y 10: No enmendados. Se mantienen en los términos del
Proyecto de Ley.
Artículo 11: Objeto de las enmiendas números 6 del Grupo Parlamentario
Senadores Nacionalistas Vascos; 32 del Grupo Parlamentario Socialista; 50
y 51 del Grupo Parlamentario Convergència i Unió y 69 y 70 del Grupo
Parlamentario Popular. De ellas las números 6 y 51, semejantes, y la 50
se estudiarán en trámites parlamentarios posteriores; la enmienda 69 se
incorpora, sin perjuicio de seguir reflexionando sobre la relación y
encaje de este artículo 11.2 con el 21, también referente a la
comunicación de datos entre Administraciones Públicas, lo que da nueva
redacción al apartado 2.a) del artículo e incorpora un nuevo párrafo «e)»
al mismo apartado; de otra parte se incorpora, por unanimidad, un nuevo
párrafo f) al apartado 2, en virtud de la aprobación de la enmienda 70,
automodificada por la Ponencia que, en coherencia con otras enmiendas ya
incorporadas, suprime la palabra «automatizado», de forma que, con ello,
también queda parcialmente incorporada la enmienda nº 32 del Grupo
Parlamentario Socialista en su apartado e), prácticamente igual a la
enmienda nº 70, manteniéndose el resto de la enmienda 32 en lo no
incorporado.
De este modo el artículo 11, en cuyo apartado 2.c) también se corrige un
error mecanográfico en «responsa» por «responda», queda, en dicho
apartado 2:
«2.El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a)Cuando la cesión está prevista en una Ley.
b)Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al
público.
c)Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de
una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la
finalidad que la justifique.
d)Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o
el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene
atribuidas.
e)Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos.
f)Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la
salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a
un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos
establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.»
Artículo 12: Se incorpora la enmienda nº 71, por unanimidad, de modo que
se añade en el apartado 4 la palabra «también» tras «considerado», con el
siguiente tenor:
«4.En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a
otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.»
Artículo 13: Se mantiene al no incorporarse la enmienda nº 33 del Grupo
Parlamentario Socialista.
Artículos 14, 15 y 16: Se mantienen al no haber sido enmendados.
Artículo 17: Resulta modificado en virtud de la aprobación unánime de la
enmienda nº 72 que incorpora a la rúbrica y contenido del artículo
(apartados 1 y 2), el derecho de oposición y de este modo el artículo
quedaría:
«Artículo 17.Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o
cancelación
1.Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así
como los de rectificación y cancelación serán establecidos
reglamentariamente.
2.No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos
de oposición, acceso, rectificación o cancelación.»
Artículo 18: Resulta modificado por la aprobación unánime de las
enmiendas números 73 y 74 del Grupo Parlamentario Popular; la segunda
vinculada a la enmienda 69 ya aprobada que afecta al apartado 2 en el que
se incorpora tras «Organismo competente de cada Comunidad Autónoma», la
expresión «conforme al artículo 41», y la nº 73 que añade un nuevo
apartado 2 bis. De este modo el artículo queda:
«1.Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden
ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de
Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
2.El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de
los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá
ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su
caso, del Organismo competente de cada Comunidad Autónoma conforme al
artículo 41, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de
la denegación.
2 bis.El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de
tutela de derechos será de seis meses.
3.Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá
recurso contencioso-administrativo.»
Artículo 19: Se mantiene en sus términos al no haber sido enmendado.
Artículo 20: Se modifica el apartado 2.h) por la aprobación por mayoría
de la enmienda nº 75 del Grupo Parlamentario Popular. En su virtud dicho
apartado quedaría:
«2....
h)Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o
alto exigible.»
Artículo 21: Ha sido objeto de las enmiendas números 7 del Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos al apartado 1; 34 del Grupo
Parlamentario Socialista al apartado 1 y proponiendo un apartado 4 nuevo;
76 del Grupo Parlamentario Popular al apartado 1 y 77 también del Grupo
Parlamentario Popular que propone la creación de un apartado 4 nuevo. De
ellas la Ponencia, por mayoría, incorpora las enmiendas 76 y 77 y pospone
las demás para trámites parlamentarios posteriores. El Grupo
Parlamentario Socialista propone una enmienda «in voce» tendente a
incorporar un nuevo apartado 1 bis procedente del contenido de la actual
Disposición Adicional Segunda del Proyecto, que no se incorpora. De
acuerdo con lo indicado el artículo quedaría:
«1.Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las
Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán
comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de
competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias
distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las
disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango
que regule su uso, o cuando la comunicación tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos.
2.Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter
personal que una Administración Pública obtenga o elabore con destino a
otra.
3.No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b), la comunicación de
datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a
ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del
interesado o cuando una Ley prevea otra cosa.
4.En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo
no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el
artículo 11 de la presente Ley.»
Artículo 22. La Ponencia no incorpora la enmienda nº 35 del Grupo
Parlamentario Socialista de supresión del apartado 3. Por el contrario sí
se acepta, por unanimidad, la corrección de error que propugna la
enmienda nº 78 del Grupo Parlamentario Popular consistente en sustituir
en el párrafo primero del apartado 4 la palabra «oficiales» por
«policiales».
Artículos 23, 24 y 25. No han sido objeto de enmienda, por lo que se
mantiene el texto del Proyecto de Ley.
Artículo 26: Se han presentado las enmiendas 52, 53 y 54 del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió, todas ellas de carácter semejante, a
los apartados 1, 3 y 5 del artículo, que no se incorporan, reservándose
para trámites parlamentarios posteriores; sí se incorporan las enmiendas
79, 80, 81 y 82 del Grupo Parlamentario Popular que afectan a los
apartados 1, 2 y 4 del artículo que, consecuentemente, quedarían como
sigue:
«1.Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos
de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección
de Datos.
2.Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los
distintos extremos que debe contener la notificación, entre los cuales
figurarán necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del
mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene,
las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean
realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros.
4.El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la
notificación se ajusta a los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se
proceda a su subsanación.»
Artículo 27: Se aprueba la enmienda técnica nº 83, por unanimidad, cuya
pretensión consiste en añadir la referencia al nuevo párrafo e) del
apartado 2 del artículo 11 que se ha incorporado por la adopción de la
enmienda nº 69 a aquel artículo. El apartado 2 del artículo 27 diría:
«2.La obligación establecida en el apartado anterior no existirá en el
supuesto previsto en los apartados 2, letras c), d), e) y 6 del artículo
11, ni cuando la cesión venga impuesta por Ley.»
Artículo 28: Ha sido enmendado con la enmienda nº 36 del Grupo
Parlamentario Socialista, que no se incorpora, y la nº 84 del Grupo
Parlamentario Popular que propugna la supresión de las referencias a los
«repertorios telefónicos» en el artículo, y la incorporación de un
apartado específico nuevo; la Ponencia, al adoptar esta enmienda suprime
la concreta referencia a «repertorios telefónicos» en los apartados 1 y
2, párrafo segundo, sin embargo pospone para otros trámites
parlamentarios la posible supresión de los «repertorios de abonados al
servicio telefónico» inserta en el apartado 2, párrafo primero; de este
modo el artículo quedaría:
«1.Los datos personales que figuren en el censo promocional o las listas
de personas pertenecientes a grupos de profesionales a que se refiere el
artículo 3.j) de esta Ley deberán limitarse a los que sean estrictamente
necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La
inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del
mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del
interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento.
2.Los interesados tendrán derecho a que la entidad responsable del
mantenimiento de los repertorios de abonados al servicio telefónico y de
los Colegios profesionales indique gratuitamente que sus datos personales
no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial.
Los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamente la exclusión de la
totalidad de sus datos personales que consten en el censo promocional por
las entidades encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.
La atención a la solicitud de exclusión de la información innecesaria o
de inclusión de la objeción al uso de los datos para fines de publicidad
o venta a distancia deberá realizarse en el plazo de diez días respecto
de las informaciones que se realicen mediante consulta o comunicación
telemática y en la siguiente edición del listado cualquiera que sea el
soporte en que se edite.
3.Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o algún
otro soporte físico, perderán el carácter de fuente accesible con la
nueva edición que se publique.
En el caso de que se obtenga telemáticamente una copia de la lista en
formato electrónico, está perderá el carácter de fuente de acceso público
en
el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención.
4.Los datos que figuren en las guías de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público se regirán por su normativa específica.»
Artículo 29: Ha sido objeto de las enmiendas números 85 (en cuyo
encabezamiento se aludía al artículo 28.4, cuando realmente lo es al
29.4, y así fue corregida por los enmendantes en la Ponencia) y 86, ambas
del Grupo Parlamentario Popular, que resultan aprobadas por unanimidad y
mayoría, respectivamente, de la Ponencia.
De este modo el artículo 29 en sus apartados 1 y 4 resultaría:
«1.Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre
la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de
carácter personal obtenidos de los registros, siempre que no lo impida
una norma limitativa, y de las fuentes accesibles al público establecidos
al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o
con su consentimiento.
4.Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis
años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de
aquellos.»
Artículo 30: Se mantiene al desestimarse la enmienda nº 37 del Grupo
Parlamentario Socialista que proponía suprimir su apartado 2; no se ha
llevado a cabo la supresión de la expresión «automatizado» que figura en
el apartado 4 del artículo.
Artículo 31: Se desestima la enmienda nº 38 del Grupo Parlamentario
Socialista que propone la supresión del artículo; y se incorpora por
mayoría, la nº 87 del Grupo Parlamentario Popular que propugna suprimir
en el apartado 1 la referencia a los órganos equivalentes de las
Comunidades Autónomas, y en el apartado 3 la sustitución parcial del
mismo, suprimiendo el derecho de oposición en el documento de
empadronamiento. En virtud de ello, el artículo quedaría del siguiente
modo, en sus apartados 1 y 3:
«1.Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad
de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta
a distancia, prospección comercial u otras actividades análogas, podrán
solicitar del Instituto Nacional de Estadística una copia del censo
promocional, formado con los datos de nombre, apellidos y domicilio que
constan en el censo electoral.
3.La atención a la solicitud de los interesados de no aparecer en el
censo promocional podrá ejercerse en cualquier momento por los cauces que
reglamentariamente se determinen y se prestará gratuitamente mediante la
edición actualizada de la citada lista con una periodicidad trimestral,
excluyendo los nombres y direcciones de quienes así lo hayan solicitado.»
Artículo 32: Ha sido objeto de las enmiendas 88, 89 y 90 del Grupo
Parlamentario Popular de las cuales la nº 88 se aprueba por unanimidad y
las números 89 y 90, por mayoría; los Ponentes se plantean la posibilidad
de llevar a cabo, en su caso, una enmienda «in voce» que clarifique el
objeto de la inscripción prevista en el apartado 3º. El artículo
quedaría, según sugiere la Ponencia, modificado en sus apartados 1 y 3, y
con un nuevo apartado 4, del siguiente tenor:
«1.Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones
de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad privada y las
organizaciones en que se agrupen, podrán formular códigos tipo que
establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento,
procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o
equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la
información personal, sí como las garantías, en su ámbito, para el
ejercicio de los derechos de las personas con pleno respeto a los
principios y disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
3.Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de
buena práctica profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el
Registro General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los
creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas de acuerdo con el
artículo 41 que podrá denegar la inscripción cuando considere que no se
ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia,
debiendo, en este caso, el Director de la Agencia de Protección de Datos
requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
4.Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas notificarán al
Registro General de Protección de Datos las solicitudes de inscripción,
a fin de que el Director de la Agencia de Protección de Datos, requiera
las correcciones que deban efectuarse.»
Artículo 33: No ha sido objeto de enmiendas, se mantiene el texto del
Proyecto de Ley.
Artículo 34: Ha sido objeto de las enmiendas números 39 del Grupo
Parlamentario Socialista y 91 del Grupo Parlamentario Popular, ambas
incorporadas por unanimidad, y que afectan a los apartados j) y k)
respectivamente, que quedarían:
«j)Cuando la transferencia se efectúe, a petición de una persona con
interés legítimo, desde un registro público y aquélla sea acorde con la
finalidad del mismo.
k)Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de la
Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las
Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado
que garantiza un nivel de protección adecuado.»
Artículo 35: Se modifica en virtud de la aprobación por unanimidad de las
enmiendas números 92 y 93 del Grupo Parlamentario Popular, de carácter
técnico. El artículo quedaría:
«1.La Agencia de Protección de Datos es un Ente de Derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que
actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley
y en un Estatuto propio, que será aprobado por el Gobierno.
2.En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que
disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia de
Protección de Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En sus adquisiciones patrimoniales y
contratación estará sujeta al Derecho privado.»
Artículos 36 y 37: No han sido objeto de enmiendas. Se mantiene el texto
del Proyecto de Ley.
Artículo 38: Resulta modificado al aprobarse, por mayoría, las enmiendas
de igual contenido números 40 del Grupo Parlamentario Socialista y 94 del
Grupo Parlamentario Popular y que afectan al antepenúltimo párrafo del
artículo que quedaría:
«Un representante de las Comunidades Autónomas, cuya propuesta se
realizará a través del procedimiento que se establezca en las
disposiciones de desarrollo de esta Ley.»
Artículo 39: Se aprueba por unanimidad la enmienda nº 95, de carácter
técnico, que afecta al apartado 1 del artículo que pasaría a decir:
«1.El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en
la Agencia de Protección de Datos.»
Artículo 40: La enmienda nº 41 del Grupo Parlamentario Socialista se
pospone para posteriores trámites parlamentarios; se incorpora la
enmienda nº 96 del Grupo Parlamentario Popular, por mayoría, sin
perjuicio de seguir reflexionando sobre otras fórmulas posibles que
contemplen rigurosamente el esquema de distribución competencial. El
párrafo primero del apartado 1 del artículo quedaría:
«1.Las autoridades de control, en el ámbito de las competencias que
les atribuye la presente Ley, podrán inspeccionar los ficheros a que hace
referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para
el cumplimiento de sus cometidos.»
Artículo 41: La enmienda nº 42 del Grupo Parlamentario Socialista se
desestima por mayoría, y se incorpora, también por mayoría, la nº 97 del
Grupo Parlamentario Popular, al apartado 2.
«2.Las Comunidades Autónomas podrán crear y mantener sus propios
registros de ficheros para el ejercicio de las competencias que se les
reconoce sobre los mismos, en los términos del apartado anterior.»
Artículo 42: Se desestima la enmienda 55 del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió que proponía suprimir el artículo y se incorpora la
enmienda 98 del Grupo Parlamentario Popular, por unanimidad, para salvar
el error de transcripción en el apartado 1, ya que donde dice
«mandamiento» debe decir, «mantenimiento».
Artículo 43: Se mantiene al no haber sido enmendado.
Artículo 44: Ha sido objeto de las enmiendas 8, 9, 10 y 11 del Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos y 99 a 111 del Grupo
Parlamentario
Popular, de las cuales, se desestiman las números 8, 10 y 11 y se
incorporan las restantes. De acuerdo con esto, el artículo quedaría:
«Artículo 44.Tipos de infracciones
1.Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.
2.Son infracciones leves:
a)No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de
rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento
cuando legalmente proceda.
b)No proporcionar la información que solicite la Agencia de
Protección de Datos en el ejercicio de las competencias que tiene
legalmente atribuidas, en relación con aspectos no sustantivos de la
protección de datos.
c)No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter
personal en el Registro General de Protección de Datos, cuando no sea
constitutivo de infracción grave.
d)Suprimido.
e)Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los
propios afectados sin proporcionarles la información que señala el
artículo 5 de la presente Ley.
f)Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de
esta Ley, salvo que constituya infracción grave.
3.Son infracciones graves:
a)Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o
iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin
autorización de disposición general, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente.
b)Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o
iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos con
finalidades distintas de las que constituyen el objeto legítimo de la
empresa o entidad.
c)Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar
el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que
éste sea exigible.
d)Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con
conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente
Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya
infracción muy grave.
e)El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos
de acceso y oposición y la negativa a facilitar la información que sea
solicitada.
f)Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan
cuando resulten afectados los derechos de las personas que la presente
Ley ampara.
g)La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de
carácter personal relativos incorporados a ficheros que contengan datos
relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales,
Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para
obtener una evaluación de la personalidad del individuo.
h)Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan
datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que
por vía reglamentaria se determinen.
i)No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones
previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, así como no
proporcionar en plazo a la misma cuantos documentos e informaciones deba
recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos.
j)La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k)No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el
Registro General de Protección de Datos, cuando haya sido requerido para
ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos.
l)Incumplir el deber de información que se establece en los
artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados
de persona distinta del afectado.
4.Son infracciones muy graves:
a)La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
b)La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera
de los casos en que estén permitidas.
c)Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se
refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento
expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el
apartado 3 del artículo 7 cuando no lo disponga una Ley o el afectado no
haya consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el
apartado 4 del artículo 7.
d)No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de
carácter personal cuando sea requerido para ello por el Director de la
Agencia de Protección de Datos o por las personas titulares del derecho
de acceso.
e)La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter
personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para
someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen
un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la
Agencia de Protección de Datos.
f)Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con
menosprecio de los principios y garantías que les sean de aplicación,
cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos
fundamentales.
g)La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de
carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo
7, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin
consentimiento de las personas afectadas.
h)No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
i)No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de
la inclusión de datos de carácter personal en un fichero.
j)Suprimido.»
Artículo 45: Se mantiene, desestimándose la enmienda nº 12 del Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos, sin perjuicio de perfilar
correctamente las cuantías de las multas en trámites parlamentarios
posteriores.
Artículo 46: Se incorpora la corrección que propone la enmienda nº 112
del Grupo Parlamentario Popular, y donde dice en el apartado 1 «El
Director ... citará», debe decir «El Director ... dictará».
Artículo 47: Se mantiene al no haber sido objeto de enmiendas.
Artículo 48: Se mantiene al desestimarse la enmienda 14 del Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos.
Artículo 49: Se efectúa una corrección de errores en virtud de la
enmienda nº 113, consistente en sustituir «la cesión en la utilización»
por «la cesación en la utilización».
Disposición Adicional Primera: Se incorporan por mayoría las enmiendas
114 y 115 del Grupo Parlamentario Popular, de modo que la Disposición
Adicional Primera queda:
«Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos en el Régimen
General de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley
Orgánica dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada en
vigor. En dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán ser
comunicados a la Agencia de Protección de Datos y las Administraciones
Públicas, responsables de ficheros de titularidad pública, deberán
aprobar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la
existente.
En el supuesto de ficheros y tratamientos no automatizados, su adecuación
a la presente Ley Orgánica y la obligación prevista en el párrafo
anterior deberá cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde el
24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación por parte de los afectados.»
Disposición Adicional Segunda: Se modifica en virtud de la aprobación,
por mayoría, de la enmienda nº 116 del Grupo Parlamentario Popular. No se
incorpora la enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario Socialista
tendente a pasar el contenido de esta Disposición modificando el artículo
21 como nuevo apartado 1 bis. Por ello, el texto sería:
«Segunda:Cesiones de datos padronales a las Administraciones Públicas.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración
local podrán solicitar a los Ayuntamientos o al Instituto Nacional de
Estadística, sin consentimiento del interesado, una copia del fichero
formado con los datos del nombre, apellidos, DNI, domicilio, sexo y fecha
de nacimiento que constan en los padrones municipales de habitantes,
correspondientes a los territorios donde ejerzan competencias y
únicamente con el fin del ejercicio de las mismas. También podrán
solicitar las variaciones de los padrones municipales dentro de esos
territorios, con especificación de las bajas
por fallecimientos, bajas por inclusión indebida, bajas por cambio de
domicilio a otro fuera del territorio, cambios de domicilio dentro del
territorio y altas en el territorio.»
Disposición Adicional Tercera: No se modifica al no haber sido enmendada,
si bien requiere rúbrica de la que carece.
La Ponencia, sin perjuicio de abordarlo, si procede, en trámites
parlamentarios posteriores, no incorpora una nueva Disposición Adicional,
que sería la Cuarta nueva, propuesta por la enmienda nº 1 del Senador D.
Victoriano Ríos del Grupo Parlamentario Mixto que afectaría a la
Disposición Transitoria Tercera, apartado 3, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
La Ponencia no incorpora, sin perjuicio de abordarlo, si procede, en
trámites parlamentarios posteriores, una nueva Disposición Adicional
--que sería la Quinta nueva-- propuesta por la enmienda nº 2 del Senador
Victoriano Ríos del Grupo Parlamentario Mixto que afectaría a una nueva
Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Ponencia incorpora una nueva Disposición Adicional, que sería la
Cuarta, por aprobación de la enmienda nº 117 del Grupo Parlamentario
Popular, cuyo texto sería:
«Disposición Adicional Cuarta (nueva):Modificación del artículo 112.5 de
la Ley General Tributaria.
El apartado quinto del artículo 112 de la Ley General Tributaria pasa a
tener la siguiente redacción:
«5.La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de
tratamiento que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme
a lo dispuesto en el artículo 111, en los apartados anteriores de este
artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento
del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a
las Administraciones públicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de
la Ley Orgánica de Protección de Datos».»
La Ponencia incorpora una nueva Disposición Adicional que sería la
Quinta, y a la que faltaría la rúbrica, por aprobación de la enmienda nº
118 del Grupo Parlamentario Popular, cuyo texto sería:
«Disposición Adicional Quinta (nueva)
«Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende sin perjuicio de
las competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos de las
Comunidades Autónomas».»
La Ponencia incorpora una nueva Disposición Adicional que sería la Sexta
y a la que faltaría la rúbrica, en virtud de la aprobación, por mayoría,
de la enmienda nº 119 del Grupo Parlamentario Popular, cuyo contenido
sería:
«Disposición Adicional Sexta (nueva):
Se modifica el artículo 24.3, párrafo 21 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros privados con la
siguiente redacción:
«1.Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que
contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y
la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de
técnica aseguradora. La cesión de datos a los citados ficheros no
requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí la comunicación
al mismo de la posible cesión de sus datos personales a ficheros comunes
para los fines señalados con expresa indicación del responsable para que
se puedan ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación
previstos en la Ley.
2.También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea
prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento
del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación
al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quien sea el
responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación.
3.En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de
tratamiento automatizado con el consentimiento expreso del afectado».»
Disposición Transitoria Primera: Se suprime por la aprobación, por
mayoría, de la enmienda 120 del Grupo Parlamentario Popular de supresión
de esta Disposición Transitoria Primera.
Disposición Transitoria Primera (antes Segunda): Se mantiene al no haber
sido enmendada, variando su número de ordenación.
Disposición Transitoria Segunda (antes Tercera): Se modifica por
aceptación de la enmienda nº 121 del Grupo Parlamentario Popular,
desestimándose la enmienda nº 43 del Grupo Parlamentario Socialista que
pretendía la supresión de esta Disposición Transitoria Tercera. El texto
sería:
«Disposición Transitoria Segunda (antes Tercera).Utilización del Censo
Promocional
Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del
Censo Promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a
disposición de sus solicitantes, y de control de las listas difundidas.
El Reglamento establecerá los plazos para la puesta en operación del
Censo Promocional.»
La Ponencia incorpora una nueva Disposición Transitoria --sería Tercera
por supresión de la Primera-- en virtud de la aprobación por mayoría de
la enmienda nº 122. El texto sería:
«Disposición Transitoria Tercera (nueva).Subsistencia de normas
preexistentes.
Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la Disposición Final
Primera de esta Ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las
normas reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos
428/1993, de 26 de marzo, 1332/1994, de 20 de junio y 994/1999, de 11 de
junio, en cuanto no se opongan a la presente Ley.»
Disposición Derogatoria: Se modifica por aprobación de la enmienda 123
del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de suprimir la referencia
a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/82; además se
pone el título exacto de la Ley Orgánica 5/1992. En consecuencia,
quedaría:
Disposición Derogatoria
Unica
«Queda derogada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.»
Disposición Final Primera: Se mantiene.
Disposición Final Segunda: Modifica su contenido por la aprobación de la
enmienda nº 124 del Grupo Parlamentario Popular, modificada en Ponencia
para recoger la referencia a «el último» antes de «inciso», de modo que
quedaría, una vez adecuado su contenido a las modificaciones sugeridas
por la Ponencia:
Segunda.Preceptos con carácter de Ley Ordinaria
«Los títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4 del artículo
36 y VII de la presente Ley, la Disposición Adicional Cuarta, la
Disposición Transitoria Primera y la Final Primera, tienen el carácter de
Ley Ordinaria.»
Disposición Final Tercera: Se mantiene al no haberse incorporado la
enmienda nº 3 del Senador D. Victoriano Ríos Pérez del Grupo
Parlamentario Mixto que será objeto de nuevos análisis en otros trámites
parlamentarios.
Palacio del Senado, 26 de octubre de 1999.--Ana Isabel Arnáiz de las
Revillas García, Manuel Atencia Robledo, Juan Blancas Llamas, Salvador
Capdevila i Bas y Josep Ramon Mòdol Pifarré.
ANEXO
PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo
que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Artículo 2. Ambito de aplicación
1.La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de
tratamiento,
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
2.El régimen de protección de los datos de carácter personal que se
establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación:
a)A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas.
b)A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de
materias clasificadas.
c)A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y
de formas graves de delincuencia organizada.
No obstante, en los casos previstos en la letra c), el responsable del
fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus
características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de
Datos.
3.Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente
previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos
de datos personales:
a)Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b)Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén
amparados por la legislación estatal o autonómica sobre la función
estadística pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.m).
c)Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos
contenidos en los informes personales de calificación a que se refiere la
legislación del Régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
d)Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados
y rebeldes.
e)Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
conformidad con la legislación sobre la materia,
Artículo 3.Definiciones
A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por
a)Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a
personas físicas que permita su identificación directa o indirectamente.
b)Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal,
cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,
organización y acceso.
c)Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias.
d)Responsable del fichero o tratamiento: Persona física o jurídica,
de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida
sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
e)Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que
sean objeto del tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente
artículo.
f)Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales
de modo que la información que se obtengan no pueda asociarse a persona
determinada o determinable.
g)Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente
con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del
tratamiento.
h)Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad,
libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
i)Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de datos realizada
a una persona distinta del interesado.
j)Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta
puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma
limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una
contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público,
exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los
términos previstos por su normativa específica y las listas de personas
pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección
e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de
fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios
de comunicación.
TITULO II
PRINCIPIOS DE LA PROTECCION DE DATOS
Artículo 4.Calidad de los datos
1.Sólo se podrán recoger datos de carácter personal para su tratamiento,
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando tales datos sean
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan
obtenido.
2.Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse
para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos
hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento
posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
3.Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma
que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
4.Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos,
en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de
oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin
perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16.
5.Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de
ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del
interesado durante un período superior al necesario para los fines en
base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por
excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos
de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento
íntegro de determinados datos.
6.Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan
el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados.
7.Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o
ilícitos.
Artículo 5.Derecho de información en la recogida de datos.
1.Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
a)De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios
de la información.
b)Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las
preguntas que les sean planteadas.
c)De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa
a suministrarlos.
d)De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
e)De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en
su caso, de su representante.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el
territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos
medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales
medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin
perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio
responsable del tratamiento.
2.Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida,
figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a
que se refiere el apartado anterior.
3.No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y
d) del apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la
naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las
circunstancias en que se recaban.
4.Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del
interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e
inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de
los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que
ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del
tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en
las letras a), d) y e del apartado 1 del presente artículo.
5.No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando
expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines
históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al
interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a
criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo autonómico
equivalente, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo
41, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los
datos y a las posibles medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los
datos procedan de
fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad
o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija
al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad
del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten.
Artículo 6.Consentimiento del afectado
1.El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el
consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra
cosa..
2.No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal
se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se
refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su
mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos
del artículo 7 apartado 6 de la presente Ley, o cuando los datos figuren
en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del
fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que
no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
3.El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado
cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos
retroactivos.
4.En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado
para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una
Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando
existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación
personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del
tratamiento los datos relativos al afectado.
Artículo 7.Datos especialmente protegidos
1.De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la
Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología,
religión o creencias.
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento
a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca
de su derecho a no prestarlo.
2.Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán
ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la
ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los
ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias,
confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o
miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará
siempre el previo consentimiento del afectado.
3.Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a
la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el
afectado consienta expresamente.
4.Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de
almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.
5.Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones
penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las
Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.
6.No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto
de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los
apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación
de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios
sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona
sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el
párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el
interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento.
Artículo 8.Datos relativos a la salud
Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la
cesión, las instituciones y los centros
sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes
podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser
tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
estatal o autonómica sobre sanidad.
Artículo 9.Seguridad de los datos
1.El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del
tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2.No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan
las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su
integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas y programas.
3.Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que
deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el
tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.
Artículo 10.Deber de secreto
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto
profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular
del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
Artículo 11.Comunicación de datos
1.Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo pondrán ser
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con
el previo consentimiento del interesado.
2.El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a)Cuando la cesión está prevista en una Ley.
b)Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al
público.
c)Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de
una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la
finalidad que la justifique.
d)Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o
el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene
atribuidas.
e)Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos.
f)Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la
salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a
un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos
establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.
3.Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de
carácter personal a un tercero cuando la información que se facilite al
interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos
cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se
pretenden comunicar.
4.El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter
personal tiene también un carácter de revocable.
5.Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga,
por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las
disposiciones de la presente Ley.
6.Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no
será aplicable lo establecido en los apartados anteriores.
Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros
1.No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los
datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio
al responsable del tratamiento.
2.La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar
regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra
forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose
expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los
datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que
no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que
se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento
está obligado a implementar.
3.Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste
algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
4.En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones
del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
TITULO III
DERECHOS DE LAS PERSONAS
Artículo 13.Impugnación de valoraciones
1.Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con
efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa,
que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar
determinados aspectos de su personalidad.
2.El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones
privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único
fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca
una definición de sus características o personalidad.
3.En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del
responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa
utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que
consistió el acto.
4.La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos basada en un
tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición
del afectado.
Artículo 14.Derecho de Consulta al Registro General de Protección de
Datos
Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información
oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de
tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la
identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de
consulta pública y gratuita.
Artículo 15.Derecho de acceso
1.El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente
información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el
origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se
prevén hacer de los mismos.
2.La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos
por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son
objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia,
certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o
códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3.El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser
ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el
interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán
ejercitarlo antes.
Artículo 16.Derecho de rectificación y cancelación
1.El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo
el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de
diez días.
2.Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley
y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
3.La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, jueces y
Tribunales,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el
citado plazo deberá procederse a la supresión.
4.Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados
previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la
rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el
caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá
también proceder a la cancelación.
5.Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los
plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las
relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del
tratamiento y el interesado.
Artículo 17.Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o
cancelación
1.Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así
como los de rectificación y cancelación serán establecidos
reglamentariamente.
2.No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos
de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
Artículo 18.Tutela de los derechos
1.Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser
objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección
de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
2.El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de
los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá
ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su
caso, del Organismo competente de cada Comunidad Autónoma conforme al
artículo 41, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de
la denegación.
2 bis.El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de
tutela de derechos será de seis meses.
3.Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá
recurso contencioso-administrativo.
Artículo 19.Derecho a indemnización
1.Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del
tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán
derecho a ser indemnizados.
2.Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad
se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de
responsabilidad de las Administraciones Públicas.
3.En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se
ejercitará ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.
TITULO IV
DISPOSICIONES SECTORIALES
CAPITULO PRIMERO
Ficheros de titularidad pública
Artículo 20.Creación, modificación o supresión
1.La creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial
correspondiente.
2.Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán
indicar:
a)La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b)Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c)El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d)La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo.
e)Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros.
f)Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g)Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h)Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o
alto exigible.
3.En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros se
establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que
se adopten para su destrucción.
Artículo 21.Comunicación de datos entre Administraciones Públicas
1.Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las
Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán
comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de
competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias
distintas, salvo cuando la comunicación hubiere sido prevista por las
disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango
que regule su uso, o cuando la comunicación tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o
científicos.
2.Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter
personal que una Administración Pública obtenga o elabore con destino a
otra.
3.No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b), la comunicación de
datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a
ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del
interesado o cuando una Ley prevea otra cosa.
4.En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo
no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el
artículo 11 de la presente Ley.
Artículo 22.Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
1.Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
contengan datos de carácter personal que, por haberse recogido para fines
administrativos, deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos
al régimen general de la presente Ley.
2.La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter
personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las
personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de
datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para
la seguridad pública o para la represión de infracciones penales,
debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto,
que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de
fiabilidad.
3.La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los
datos a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán
realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente
necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del
control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de
resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que
corresponden a los órganos jurisdiccionales.
4.Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán
cuando no sean necesarias para las averiguaciones que motivaron su
almacenamiento.
A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el
carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos
hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la
resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la
rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.
Artículo 23.Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y
cancelación
1.Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se
refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el
acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que
pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de
las investigaciones que se estén realizando.
2.Los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública podrán,
igualmente, denegar el ejercicio de los derechos a que se refiere el
apartado anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones
administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de
actuaciones inspectoras.
3.El afectado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de
los derechos mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en
conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos o del
Organismo competente de cada
Comunidad Autónoma en el caso de ficheros mantenidos por Cuerpos de
Policía propios de éstas, o por las Administraciones Tributarias
Autónomas, quien deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de
la denegación.
Artículo 24.Otras excepciones a los derechos de los afectados
1.Lo dispuesto en los apartado 1 y 2 del artículo 5 no será aplicable a
la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte
gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de
las Administraciones Públicas o cuando afecte a la Defensa Nacional, a la
seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o
administrativas.
2.Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 16 no
será de aplicación si, ponderados los intereses en presencia, resultase
que los derechos que dichos preceptos conceden al afectado hubieran de
ceder ante razones de interés público o ante intereses de terceros más
dignos de protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero
invocase lo dispuesto en este apartado, dictará resolución motivada e
instruirá al afectado del derecho que le asiste a poner la negativa en
conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos o, en su
caso, del órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
CAPITULO II
Ficheros de titularidad privada
Artículo 25.Creación
Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de
carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad
u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten
las garantías que esta Ley establece para la protección de las personas.
Artículo 26.Notificación e inscripción registral
1.Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos
de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección
de Datos.
2.Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de los
distintos extremos que debe contener la notificación, entre los cuales
figurarán necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del
mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene,
las medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto
exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean
realizar y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a
países terceros.
3.Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios que
se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable
y en la dirección de su ubicación.
4.El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la
notificación se ajusta a los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se
proceda a su subsanación.
5.Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de
inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto
sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los
efectos.
Artículo 27.Comunicación de la cesión de datos
1.El responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera
cesión de datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando,
asimismo, la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han
sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario.
2.La obligación establecida en el apartado anterior no existirá en el
supuesto previsto en los apartados 2, letras c), d), e) y 6 del artículo
11, ni cuando la cesión venga impuesta por Ley.
Artículo 28. Datos incluidos en las fuentes de acceso público
1.Los datos personales que figuren en el censo promocional o las listas
de personas pertenecientes a grupos de profesionales a que se refiere el
artículo 3 j) de esta Ley deberán limitarse a los que sean estrictamente
necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La
inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del
mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del
interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento.
2.Los interesados tendrán derecho a que la entidad responsable del
mantenimiento de los repertorios de abonados al servicio telefónico y de
los Colegios profesionales indique gratuitamente que sus datos personales
no pueden utilizarse para fines de publicidad o prospección comercial.
Los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamente la exclusión de la
totalidad de sus datos personales que consten en el censo promocional por
las entidades encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.
La atención a la solicitud de exclusión de la información innecesaria o
de inclusión de la objeción al uso de los datos para fines de publicidad
o venta a distancia deberá realizarse en el plazo de diez días respecto
de las informaciones que se realicen mediante consulta o comunicación
telemática y en la siguiente edición del listado cualquiera que sea el
soporte en que se edite.
3.Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o algún
otro soporte físico, perderán el carácter de fuente accesible con la
nueva edición que se publique.
En el caso de que se obtenga telemáticamente una copia de la lista en
formato electrónico, está perderá el carácter de fuente de acceso público
en el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención.
4.Los datos que figuren en las guías de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público se regirán por su normativa específica.
Artículo 29.Prestación de servicios de información sobre solvencia
patrimonial y crédito
1.Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre
la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de
carácter personal obtenidos de los registros, siempre que no lo impida
una norma limitativa, y de las fuentes accesibles al público establecidos
al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o
con su consentimiento.
2.Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por
el creedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se
notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos
de carácter personal en ficheros. en el plazo de treinta días desde dicho
registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les
informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos,
en los términos establecidos por la presente Ley.
3.En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores cuando
el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará
los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo
hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y
dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.
4.Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los
interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis
años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de
aquéllos.
Artículo 30.Tratamientos con fines de publicidad y de prospección
comercial
1.Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de
documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras
actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de
carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al
público o cuando hayan sido facilitados por los propios interesados u
obtenidos con su consentimiento.
2.Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público, de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5.5 de
esta Ley, en cada comunicación que se dirija al interesado se informará
del origen de los datos y de la identidad del responsable del
tratamiento, así como de los derechos que le asisten.
3.En el ejercicio del derecho de acceso los interesado tendrán derecho a
conocer el origen de sus datos de carácter personal, así como del resto
de información a que se refiere el artículo 15.
4.Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin
gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso
serán dados de baja del tratamiento automatizado, cancelándose las
informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.
Artículo 31. Censo Promocional
1.Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad de
recopilación de direcciones,
reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección
comercial u otras actividades análogas, podrán solicitar del Instituto
Nacional de Estadística una copia del censo promocional, formado con los
datos de nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral.
2.El uso de cada lista de censo promocional tendrá un plazo de vigencia
de un año. Transcurrido el plazo citado, la Lista perderá su carácter de
fuente de acceso público.
3.La atención a la solicitud de los interesados de no aparecer en el
censo promocional podrá ejercerse en cualquier momento por los cauces que
reglamentariamente se determinen y se prestará gratuitamente mediante la
edición actualizada de la citada lista con una periodicidad trimestral,
excluyendo los nombres y direcciones de quienes así lo hayan solicitado.
4.Se podrá exigir una contraprestación por la facilitación de la citada
lista en soporte informático.
Artículo 32.Códigos tipo
1.Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones
de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad privada y las
organizaciones en que se agrupen, podrán formular códigos tipo que
establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento,
procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o
equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la
información personal, sí como las garantías, en su ámbito, para el
ejercicio de los derechos de las personas con pleno respeto a los
principios y disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
2.Los citados códigos podrán contener o no reglas operacionales
detalladas de cada sistema particular y estándares técnicos de
aplicación.
En el supuesto de que tales reglas o estándares no se incorporan
directamente al código, las instrucciones u órdenes que los establecieran
deberán respetar los principios fijados en aquél
3.Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de
buena práctica profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el
Registro General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los
creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas de acuerdo con el
artículo 41 que podrá denegar la inscripción cuando considere que no se
ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia,
debiendo, en este caso, el Director de la Agencia de Protección de Datos
requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
4.Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas notificarán al
Registro General de Protección de Datos las solicitudes de inscripción, a
fin de que el Director de la Agencia de Protección de Datos, requiera las
correcciones que deban efectuarse.
TITULO V
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DATOS
Artículo 33.Norma general
1.No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos
de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido
recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no
proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente
Ley, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se
obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de
Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas
2.El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de
destino se evaluará por la Agencia de Protección de Datos atendiendo a
todas las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de
transferencia de datos. En particular, se tomará en consideración la
naturaleza de los datos de finalidad y la duración del tratamiento o de
los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final,
las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país
tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión de
la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de
seguridad en vigor en dichos países.
Artículo 34. Excepciones
Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación:
a)Cuando la transferencia internacional de datos de carácter
personal resulte de la aplicación de tratados o convenios en los que sea
parte España.
b)Cuando la transferencia se haga a efectos de prestar o solicitar
auxilio judicial internacional.
c)Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para el
diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento
médicos o la gestión de servicios sanitarios.
d)Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su
legislación específica.
e)Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la
transferencia prevista.
f)Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un
contrato entre el afectado y el responsable del fichero o para la
adopción de medidas precontractuales adoptadas a petición del afectado.
g)Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o
ejecución de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del
afectado, por el responsable del fichero y un tercero.
h)Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público. Tendrá esta consideración la
transferencia solicitada por una Administración fiscal o aduanera para el
cumplimiento de sus competencias.
i)Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.
j)Cuando la transferencia se efectúe, a petición de persona con
interés legítimo, desde un Registro Público y aquélla sea acorde con la
finalidad del mismo.
k)Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de la
Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las
Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado
que garantiza un nivel de protección adecuado.
TITULO VI
AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS
Artículo 35.Naturaleza y régimen jurídico
1.La Agencia de Protección de Datos es un Ente de Derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que
actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley
y en un Estatuto propio, que será aprobado por el Gobierno.
2.En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que
disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia de
Protección de Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En sus adquisiciones patrimoniales y
contratación estará sujeta al Derecho privado.
3.Los puestos de trabajo de los órganos y servicios que integren la
Agencia de Protección de Datos serán desempeñados por funcionarios de las
Administraciones Públicas y por personal contratado al efecto, según la
naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Este
personal está obligado a guardar secreto de los datos de carácter
personal de que conozca en el desarrollo de su función.
4.La Agencia de Protección de Datos contará, para el cumplimiento de sus
fines, con los siguientes bienes y medios económicos:
a)Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
b)Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los
productos y rentas del mismo.
c)Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
5.La Agencia de Protección de Datos elaborará y aprobará con carácter
anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al
Gobierno para que sea integrado, con la debida independencia, en los
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 36. El Director
1.El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia y
ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el
Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.
2.Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad, y no
estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas.
En todo caso, el Director deberá oír al Consejo Consultivo en aquéllas
propuestas que éste le realice en el ejercicio de sus funciones.
3.El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de
la expiración del período
a que se refiere el apartado 1 a petición propia o por separación
acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el que
necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo
consultivo,, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad
sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena
por delito doloso.
4.El Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá la
consideración de alto cargo y quedará en la situación de servicios
especiales si con anterioridad estuviera desempeñando una función
pública. En el supuesto de que sea nombrado para el cargo algún miembro
de la carrera judicial o fiscal, pasará asimismo a la situación
administrativa de servicios especiales.
Artículo 37.Funciones
Son funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a)Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los
derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos.
b)emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus
disposiciones reglamentarias.
c)Dictar, en su caso y sin perjuicio de las competencias de otros
órganos, las instrucciones precisas para adecuar los tratamientos a los
principios de la presente Ley.
d)Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas
afectadas.
e)Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en
materia de tratamiento de los datos de carácter personal.
f)Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos,
previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la
adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en
su caso, ordenar la cesación de los tratamiento y la cancelación de los
ficheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones.
g)Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el
Título VII de la presente Ley.
h)Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones
generales que desarrollen esta Ley.
i)Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e
información estime necesaria para el desempeño de sus funciones.
j)Velar por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos
con carácter personal, a cuyo efecto publicará periódicamente una
relación de dichos ficheros con la información adicional que el Director
de la Agencia determine.
k)Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia.
l)Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en
relación con los movimientos internacionales de datos, así como
desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de
protección de datos personales.
m)Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la
Función Estadística Pública establece respecto a la recogida de datos
estadísticos y al secreto estadístico, así como dictar las instrucciones
precisas, dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los ficheros
constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad
a la que se refiere el artículo 46.
n)Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o
reglamentarias.
Artículo 38. Consejo Consultivo
El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por un
Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
Un Senador, propuesto por la correspondiente Cámara.
Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno.
Un representante de la Administración Local, propuesto por la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma.
Un experto en la materia, propuesto por el Consejo Superior de
Universidades.
Un representante de los usuarios y consumidores, seleccionado del modo
que se prevea reglamentariamente.
Un representante de las Comunidades Autónomas, cuya propuesta se
realizará a través del procedimiento que se establezca en las
disposiciones de desarrollo de esta Ley.
Un representante del sector de ficheros privados, para cuya propuesta se
seguirá el procedimiento que se regule reglamentariamente.
El funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá por las normas
reglamentarias que al efecto se establezcan.
Artículo 39.El Registro General de Protección de Datos
1.El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en la
Agencia de Protección de Datos.
2.Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de
Datos
a)Los ficheros de que sean titulares las Administraciones Públicas.
b)Los ficheros de titularidad privada.
c)Las autorizaciones a que se refiere la presente Ley.
d)Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32 de la presente
Ley.
e)Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el
ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
3.Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento de inscripción de
los ficheros, tanto de titularidad pública como de titularidad privada,
en el Registro General de Protección de Datos, el contenido de la
inscripción , su modificación, cancelación, reclamaciones y recursos
contra las resoluciones correspondientes y demás extremos pertinentes.
Artículo 40.Potestad de inspección
1.Las autoridades de control, en el ámbito de las competencias que les
atribuye la presente Ley, podrán inspeccionar los ficheros a que hace
referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen para
el cumplimiento de sus cometidos.
A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y
datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así
como inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados para el
tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se hallen
instalados.
2.Los funcionarios que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado
anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de
sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan
en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas.
Artículo 41.Organos correspondientes de las Comunidades Autónomas
1.Las funciones de la Agencia de Protección de Datos reguladas en el
artículo 37, a excepción de las mencionadas en los apartados j), k) y l),
y en los apartados f) y g) en lo que se refiere a las transferencias
internacionales de datos, así como en los artículos 46 y 49, en relación
con sus específicas competencias serán ejercidas, cuando afecten a
ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados por las
Comunidades Autónomas y por la Administración local de su ámbito
territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que
tendrán la consideración de autoridades de control, a los que
garantizarán plena independencia y objetividad en el ejercicio de su
cometido.
2.Las Comunidades Autónomas podrán crear y mantener sus propios registros
de ficheros para el ejercicio de las competencias que se les reconoce
sobre los mismos, en los términos del apartado anterior.
3.El Director de la Agencia de Protección de Datos podrá convocar
regularmente a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas
a efectos de cooperación institucional y coordinación de criterios o
procedimientos de actuación. El Director de la Agencia de Protección de
Datos y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas podrán
solicitarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de
sus funciones.
Artículo 42. Ficheros de las Comunidades Autónomas en materia de su
exclusiva competencia
1.Cuando el Director de la Agencia de Protección de Datos constate que el
mantenimiento o uso de un determinado fichero de las Comunidades
Autónomas contraviene algún precepto de esta Ley en materia de su
exclusiva competencia podrá requerir
a la Administración correspondiente que se adopten las medidas
correctoras que determine en el plazo que expresamente se fije en el
requerimiento.
2.Si la Administración Pública correspondiente no cumpliera el
requerimiento formulado, el Director de la Agencia de Protección de Datos
podrá impugnar la resolución adoptada por aquella Administración.
TITULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 43.Responsables
1.Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos
estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley.
2.Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las
Administraciones Públicas se estará, en cuanto al procedimiento y a las
sanciones, a lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2.
Artículo 44.Tipos de infracciones
1.Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.
2.Son infracciones leves:
a)No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de
rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento
cuando legalmente proceda.
b)No proporcionar la información que solicite la Agencia de
Protección de Datos en el ejercicio de las competencias que tiene
legalmente atribuidas, en relación con aspectos no sustantivos de la
protección de datos.
c)No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter
personal en el Registro General de Protección de Datos, cuando no sea
constitutivo de infracción grave.
d)Suprimido.
e)Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los
propios afectados sin proporcionarles la información que señala el
artículo 5 de la presente Ley.
f)Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de
esta Ley, salvo que constituya infracción grave.
3.Son infracciones graves:
a)Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o
iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin
autorización de disposición general, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente.
b)Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o
iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos con
finalidades distintas de las que constituyen el objeto legítimo de la
empresa o entidad.
c)Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar
el consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que
éste sea exigible.
d)Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con
conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente
Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las
disposiciones reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya
infracción muy grave.
e)El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos
de acceso y oposición y la negativa a facilitar la información que sea
solicitada.
f)Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan
cuando resulten afectados los derechos de las personas que la presente
Ley ampara.
g)La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de
carácter personal relativos incorporados a ficheros que contengan datos
relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales,
Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de
solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para
obtener una evaluación de la personalidad del individuo.
h)Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan
datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que
por vía reglamentaria se determinen.
i)No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones
previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, así como no
proporcionar en plazo a la misma cuantos documentos e informaciones deba
recibir o sean requeridos por aquél a tales efectos.
j)La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k)No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el
Registro General de Protección de Datos, cuando haya sido requerido para
ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos.
l)Incumplir el deber de información que se establece en los
artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados
de persona distinta del afectado.
4.Son infracciones muy graves:
a)La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta.
b)La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera
de los casos en que estén permitidas.
c)Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se
refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento
expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado
3 del artículo 7 cuando no lo disponga una Ley o el afectado no haya
consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el
apartado 4 del artículo 7.
d)No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de
carácter personal cuando sea requerido para ello por el Director de la
Agencia de Protección de Datos o por las personas titulares del derecho
de acceso.
e)La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter
personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para
someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen
un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la
Agencia de Protección de Datos.
f)Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con
menosprecio de los principios y garantías que les sean de aplicación,
cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos
fundamentales.
g)La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de
carácter personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo
7, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin
consentimiento de las personas afectadas.
h)No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
i)No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de
la inclusión de datos de carácter personal en un fichero.
j)Suprimido.
Artículo 45.Tipo de sanciones
1.Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100.000 a
10.000.000 de pesetas.
2.Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 5.000.000 a
50.000.000 de pesetas.
3.Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 10.000.000 a
100.000.000 de pesetas.
4.La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de
los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos
efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la
reincidencia y a los daños y perjuicios causados a las personas
interesadas y a terceras personas.
5.El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de
cuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios.
Artículo 46.Infracciones de las Administraciones Públicas
1.Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen
cometidas en ficheros de los que sean responsables las Administraciones
Públicas, el Director de la Agencia de Protección de Datos dictará una
resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o
se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará
al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a
los afectados si los hubiera.
2.El Director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de
actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las
sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre
régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.
3.Se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en
relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados
anteriores.
4.El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las
actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los
apartados anteriores.
Artículo 47. Prescripción
1.Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a
los dos años y las leves al año.
2.El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3.Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante
más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.
4.Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas leves al año.
5.El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción.
6.La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no
imputable al infractor.
Artículo 48.Procedimiento sancionador
1.Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento a seguir para la
determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones a que
hace referencia el presente Título.
2.Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma procederá recurso
contencioso-administrativo.
Artículo 49.Potestad de inmovilización de ficheros
En los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o
cesión ilícita de los datos de carácter personal en que se impida
gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la
Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia de
Protección de Datos podrá, además de ejercer la potestad sancionadora,
requerir a los responsables de ficheros de datos de carácter personal,
tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización
o cesión ilícita de los datos. Si el requerimiento fuera desatendido, la
Agencia de Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada,
inmovilizar tales ficheros a los solos efectos de restaurar los derechos
de las personas afectadas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Ficheros preexistentes
Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos en el Régimen General
de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley Orgánica
dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor. En
dicho plazo, los ficheros de titularidad privada deberán ser comunicados
a la Agencia de Protección de Datos y las Administraciones Públicas,
responsables de ficheros de titularidad pública, deberán aprobar la
pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la existente.
En el supuesto de ficheros y tratamientos no automatizados, su adecuación
a la presente Ley Orgánica y la obligación prevista en el párrafo
anterior deberá cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde el
24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación por parte de los afectados.
Segunda. Cesiones de datos padronales a las Administraciones Públicas
La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración
local podrán solicitar a los Ayuntamientos o al Instituto Nacional de
Estadística, sin consentimiento del interesado, una copia del fichero
formado con los datos del nombre, apellidos, DNI, domicilio, sexo y fecha
de nacimiento que constan en los padrones municipales de habitantes,
correspondientes a los territorios donde ejerzan competencias y
únicamente con el fin del ejercicio de las mismas. También podrán
solicitar las variaciones de los padrones municipales dentro de esos
territorios, con especificación de las bajas por fallecimientos, bajas
por inclusión indebida, bajas por cambio de domicilio a otro fuera del
territorio, cambios de domicilio dentro del territorio y altas en el
territorio.
Tercera
Los expedientes específicamente instruidos al amparo de las derogadas
Leyes de Vagos y Maleantes, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social,
que contengan datos de cualquier índole susceptibles de afectar a la
seguridad, al honor, a la intimidad o a la imagen de las personas, no
podrán ser consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados, o hayan transcurrido 50 años desde la fecha de aquéllos.
En este último supuesto, la Administración General del Estado, salvo que
haya constancia expresa del fallecimiento de los afectados, pondrá a
disposición del solicitante la documentación, suprimiendo de la misma los
datos aludidos en el párrafo anterior, mediante la utilización de los
procedimientos técnicos pertinentes en cada caso.
Cuarta (nueva).Modificación del artículo 112.5 de la Ley General
Tributaria
El apartado quinto del artículo 112 de la Ley General Tributaria pasa a
tener la siguiente redacción:
«5.La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de
tratamiento que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme
a lo dispuesto en el artículo 111, en los apartados anteriores de este
artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento
del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que respecto a
las Administraciones públicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de
la Ley Orgánica de Protección de Datos.»
Quinta (nueva)
Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende sin perjuicio de las
competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos de las
Comunidades Autónomas.
Sexta (nueva)
Se modifica el artículo 24.3, párrafo 21 de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros privados con la
siguiente redacción:
«1.Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que
contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y
la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la
tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de
técnica aseguradora. La cesión de datos a los citados ficheros no
requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí la comunicación
al mismo de la posible cesión de sus datos personales a ficheros comunes
para los fines señalados con expresa indicación del responsable para que
se puedan ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación
previstos en la Ley.
2.También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea
prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento
del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación
al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quien sea el
responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación y cancelación.
3.En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de
tratamiento automatizado con el consentimiento expreso del afectado.»
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.Suprimida Primera (antes Segunda).Tratamientos creados por
Convenios Internacionales
La Agencia de Protección de Datos será el organismo competente para la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos de carácter personal respecto de los tratamientos establecidos en
cualquier Convenio Internacional del que sea parte España que atribuya a
una autoridad nacional de control esta competencia, mientras no se cree
una autoridad diferente para este cometido en desarrollo del Convenio.
Segunda (antes Tercera).Utilización del Censo Promocional
Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del
Censo Promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de
puesta a disposición de sus solicitantes, y de control de las listas
difundidas. El Reglamento establecerá los plazos para la puesta en
operación del Censo Promocional.
Tercera (nueva).Subsistencia de normas preexistentes
Hasta tanto se lleven a efecto las previsiones de la Disposición Final
Primera de esta Ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las
normas reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos
428/1993, de 26 de marzo, 1332/1994, de 20 de junio y 994/1999, de 11 de
junio, en cuanto no se opongan a la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica
Queda derogada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Habilitación para el desarrollo reglamentario
El Gobierno aprobará, o modificará, las disposiciones reglamentarias
necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Segunda.Preceptos con carácter de Ley Ordinaria
Los títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4 del artículo 36
y VII de la presente Ley, la Disposición Adicional Cuarta, la Disposición
Transitoria Primera y la Final Primera, tienen el carácter de Ley
Ordinaria.
Tercera.Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes, contado desde su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado.»