BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VI LEGISLATURA

Serie II: 1 de junio de 1998 Núm. 91 (b)

PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 94

Núm. exp. 121/000092)

PROYECTO DE LEY

621/000091 Del Servicio Postal Universal y de liberalización de los

servicios postales.


PROPUESTAS DE VETO

621/000091

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del

Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley del

Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales.


Palacio del Senado, 27 de mayo de 1998.--El Presidente del Senado, Juan

Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz

Rodríguez Saldaña.


El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al amparo de lo

previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la

siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley del Servicio Postal

Universal y de liberalización de los servicios postales.


Palacio del Senado, 5 de mayo de 1998.--José Fermín Román Clemente.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1

De don José Fermín Román Clemente (GPMX).


El Senador José Fermín Román Clemente, IU (Mixto), al amparo de lo

previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la

siguiente propuesta de veto.


Se presenta este veto al texto del Proyecto de Ley del Servicio Postal

Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, porque el

contenido del mismo debilita el carácter social y público de la

prestación postal pública en favor del sector privado, dibuja un mercado

asimétrico e imperfecto, de liberalización excesiva y acelerada, e

insuficientemente regulado.


Esta situación se ve agravada al encontrarse el Correo español con una

situación de partida más desregularizada que el resto de Correos europeos

y con un desfase modernizador por la falta de inversiones en

infraestructuras y tecnologías que lo sitúa en una posición de debilidad

estructural frente a sus competidores tanto nacionales como europeos.


Esta posición de debilidad y desfase en el mercado no sólo no ha sido

corregida por los sucesivos Gobiernos, sino que ha empeorado por el

abandono que éstos han hecho de la situación.


De mantenerse los contenidos del Proyecto en cuanto a la no contemplación

de los servicios rentables, recogidos en la Directiva, y la posibilidad

de que parcialmente algunos puedan quedarse fuera del ámbito de la

prestación universal, junto a que el operador público tendrá que operar

con unos mecanismos de financiación, a través de un contrato-programa,

que en nada se corresponden con la realidad competitiva que deberá

afrontar ni con el compromiso por parte del Estado de garantizar la

prestación universal, terminará por abocar al operador público




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a la prestación de servicios poco rentables, que unido a los elevados

costes de mantenimiento de su estructura, dada su extensa red, pondrá en

peligro la viabilidad del Operador Público Correos y Telégrafos y los

puestos de trabajo que de él dependen.


Esta situación, hace imprescindible el dotar de fórmulas específicas a su

financiación y regulación a la hora de aplicar los postulados de la

Directiva Postal europea y que deberán permitir al Correo Público español

adaptarse a un futuro régimen de libre concurrencia. Asimismo, debemos

destacar la necesidad de que la política inversora pública en

infraestructuras se dedique a superar los desequilibrios de carácter

social y territorial que actualmente existen, ya que en ningún caso éstos

serán cubiertos por el mercado, siendo el Estado el que con su actividad

reguladora y planificadora aproveche las potencialidades del sector.


Por el contrario, el enfoque existente en el Proyecto persigue fomentar

el aspecto mercantilista de las comunicaciones postales relegando los

aspectos relacionados con la prestación del servicio postal universal a

un segundo plano, dejando sin regular o supeditados a posterior

regulación reglamentaria aspectos determinantes del mismo como la

autoprestación, mecanismos de control e inspección para los operadores, o

los requisitos y condiciones para acceder al mercado. Este hecho viene a

mostrar el objetivo perseguido, es decir, un alejamiento de los controles

democráticos que se debe presuponer que existen en una norma en la que se

establece una distribución de competencias públicas. Así que en el texto

no se encuentran cuestiones tan razonables como la obligación del

solicitante de exponer su plan de servicios y redes, la cobertura

geográfica de los mismos, tarifas, precios, capacidad técnica y económica

para desarrollarlos, etcétera, lo que viene a reforzar este razonamiento.


En definitiva, nuestro Grupo Parlamentario propone la reelaboración del

Proyecto de Ley haciendo hincapié en una mejor regulación y

salvaguardando los siguientes planteamientos:


* Definición nítida del concepto de autoprestación.


* Clarificación del concepto del servicio universal.


* Mejora sustancial del modelo de financiación del operador público

postal.


* Regulación por ley de la composición y el funcionamiento del Consejo

Asesor Postal.


* Regulación más precisa, en general, de todas las materias y no acudir

tanto al desarrollo reglamentario, sino dar un giro hacia una regulación

legal de los aspectos más importantes de la ley.


* Salvaguardar el sector público, ya de por sí castigado por la libre

concurrencia a determinados servicios desde los años 60.


* Elaboración de un contrato-programa que permita la cobertura económica

de la prestación de los servicios a largo plazo.


* Llevar a cabo una serie importante de inversiones para permitir al

operador público acceder al futuro mercado libre en igualdad de

condiciones con el resto de competidores privados.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley del

Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales.


Palacio del Senado, 26 de mayo de 1998.--El Portavoz, Juan José Laborda

Martín.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2

Del Grupo Parlamentario Socialista

(GPS).


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de

veto.


JUSTIFICACION

La situación actual de los servicios de Correos debe ser enmarcada, de un

lado, en el común carácter público de todos ellos a lo largo del siglo

XIX y, de otra parte, en el cambio estratégico que se ha producido en las

funciones tradicionales que los mismos vienen realizando a partir de la

segunda mitad del siglo XX.


Los poderes públicos, a fin de superar la encrucijada en que se

encuentran los servicios de Correos, pueden optar por diferentes modelos.


El que deriva de la Directiva comunitaria de diciembre de 1997, opta por

un proceso de liberalización controlado que no ponga en peligro la

existencia de un servicio universal y de una red pública postal

universal; que cada operador de esta red pública no actúe desde una

posición absolutamente dominante en su mercado nacional, y que al mismo

tiempo mejore su calidad y su interoperabilidad con las demás redes

nacionales, a fin de conseguir un servicio universal comunitario más

eficaz.


Sin embargo, el Gobierno ha optado por otro modelo. El de un correo

social residual con liberalización total del mercado. El escenario final

de este modelo estratégico es el desmantelamiento del operador postal

prestador de un servicio y de una red universal pública, y su sustitución

por operadores privados en el mercado, que cubrirán las necesidades de

comunicación de los ciudadanos según las reglas de competencia y

beneficio empresarial, merced a las cuales los servicios se prestarán

allí donde su rentabilidad lo justifique, y cada ciudadano accederá a la

red postal según su capacidad para pagar el coste y extensión de la

misma.


Por ello, y porque, además, el Proyecto de Ley diseña el sector y el

nuevo mercado postal de tal manera que sitúa a Correos y Telégrafos en

una posición de debilidad e indefensión; introduce un manifiesto

desequilibrio entre la carga económica que se le impone a Correos como

prestador del servicio universal y el valor económico de los derechos

exclusivos que se le reservan; liberaliza de hecho todo el mercado postal

al segmentarlo con criterios geográficos; porque incrementa la

desigualdad entre los ciudadanos dañando gravemente un servicio que debe

garantizar la cohesión económica, social y territorial; y porque traslada

los criterios de la Directiva postal europea de forma parcial, incorrecta

y discriminatoria, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta

propuesta de veto para que el Gobierno promueva una redacción distinta de

la Ley que pueda ser aceptada mayoritariamente porque plantee un modelo

distinto.