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BOCG. Senado, serie II, núm. 84-d, de 01/06/1998
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: 1 de junio de 1998 Núm. 84 (d)
PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 81
Núm. exp. 121/000077)
PROYECTO DE LEY
621/000084 De Cooperación Internacional para el Desarrollo.
INFORME DE LA PONENCIA
621/000084
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento
del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES del Informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la
Comisión de Asuntos Exteriores para estudiar el Proyecto de Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Palacio del Senado, 28 de mayo de 1998.--El Presidente del Senado,
Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.
La Ponencia designada para estudiar el Proyecto de Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, integrada por los Excmos.
Sres. D.ª Rosario Ballester Angulo (GPS), D. José Castro Rabadán (GPS),
D. ngel Colom i Colom (GPMX), D. Carlos Ramírez Pery (GPP), D. Roberto
Soravilla Fernández (GPP) y D. Josep Varela i Serra (GPCIU), tiene el
honor de elevar a la Comisión de Asuntos Exteriores el siguiente
I N F O R M E
En relación con el articulado del Proyecto de Ley la Ponencia ha
adoptado los siguientes acuerdos:
--Incorporar las enmiendas números 145, 146 y 147, suscritas por
todos los Grupos Parlamentarios.
--Incorporar, por mayoría, la enmienda n.º 148 del Grupo
Parlamentario Popular.
--Por razones técnicas, se acuerda corregir la remisión que contiene
el último párrafo del artículo 5 en cuanto que debe entenderse hecha no
al «artículo anterior» sino al «artículo 3».
Tras examinar las enmiendas números 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73, 78,
85, 93, 100 y 101 del Grupo Parlamentario Socialista y 150 del Grupo
Parlamentario Popular, acuerda pronunciarse en relación con las mismas
durante el debate en Comisión.
La Ponencia acuerda incorporar, por acuerdo de todos sus
integrantes, la enmienda n.º 149 del Grupo Parlamentario Popular, que
añade una Disposición Transitoria Tercera nueva.
La Ponencia acuerda igualmente que, durante el debate en Comisión,
se corrija la remisión que contiene la Disposición Derogatoria Unica, en
el sentido de especificar la Disposición Transitoria a la que se refiere.
En cuanto a la Exposición de Motivos, la Ponencia adopta los
siguientes acuerdos:
--Incorporar las enmiendas números 143 y 144, suscritas por todos
los Grupos Parlamentarios.
--Incorporar, por acuerdo de todos sus integrantes, la enmienda nº
57 del Grupo Parlamentario Socialista.
--Tras examinar la enmienda nº 48 del Grupo Parlamentario
Socialista, acuerda buscar durante el debate en Comisión una redacción de
los párrafos primero y tercero de dicha Exposición de Motivos que evite
repeticiones innecesarias.
Los representantes del Grupo Parlamentario Socialista dan por
retiradas las enmiendas números 87, 88, 89 y 92, por coincidir su
contenido con las suscritas por todos los Grupos Parlamentarios que la
Ponencia ha decidido incorporar al Proyecto de Ley.
Finalmente, acuerda que durante el debate en Comisión se realicen
aquellas correcciones técnicas y de estilo que sean necesarias para
mejorar la redacción del Proyecto de Ley.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 1998.--Rosario Ballester Angulo,
José Castro Rabadán, ngel Colom i Colom, Carlos Ramírez Pery, Roberto
Soravilla Fernández y Josep Varela i Serra.
PROYECTO DE LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
EXPOSICION DE MOTIVOS.
I
Antecedentes
La política española de Cooperación para el Desarrollo tiene
básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la
Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su voluntad
de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo
constituye un aspecto fundamental de la acción exterior de los Estados
democráticos en relación con aquellos países que no han alcanzado el
mismo nivel de desarrollo, basada en una concepción interdependiente y
solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se
desarrollan.
A esta concepción de la interdependencia en las relaciones
internacionales y de la necesidad de una política de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, responde específicamente el mandato
contenido en el Preámbulo de la Constitución española de contribuir en el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra.
La progresiva formulación y puesta en práctica de esta política hubo
de tener en cuenta hechos relevantes, como son, entre otros, el ingreso
de España en los distintos Bancos Regionales de Desarrollo (Banco
Interamericano, Banco Africano y Banco Asiático), complementados por
nuestra participación en todos aquellos organismos de carácter económico
y financiero dedicados a la Cooperación para el Desarrollo, en particular
los Fondos y Programas de la Unión Europea. Por otra parte, la creación
por Real Decreto-Ley 16/1976 de 24 de agosto del Fondo de Ayuda al
Desarrollo constituye un instrumento de la mayor importancia dentro de la
cooperación bilateral de España con países menos desarrollados.
Con esta perspectiva, a la que se sumaban las actividades del
Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de Cooperación para el
Desarrollo, tanto el Informe sobre la Cooperación Internacional en España
elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado como la
subsiguiente Moción sobre Cooperación Internacional de España para el
Desarrollo, aprobada por el Pleno de dicha Cámara en 1984, supusieron un
punto de arranque, a partir del cual se abordó primeramente la tarea de
definir la estructura orgánica de la Cooperación para el Desarrollo.
El Real Decreto 1485/1985, de 28 de agosto, por el que se estableció
la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, creó
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, de la que pasaron a depender todos aquellos Centros
directivos y Organismos Autónomos encargados de las relaciones culturales
y económicas y de la cooperación científica y técnica. Posteriormente, el
Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, creó la Comisión
Interministerial de Cooperación Internacional como órgano de apoyo a la
coordinación de la Administración del Estado en la materia.
Con la finalidad de reconducir la dispersión de competencias que
caracterizaba a nuestra Cooperación para el Desarrollo, mediante el Real
Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, se creó la Agencia
Española de Cooperación Internacional, Organismo Autónomo adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que se concentraron las
competencias relativas a la cooperación bilateral con los países en vías
de desarrollo, hasta entonces fragmentariamente atribuidas a diversos
órganos. Esta misma norma creó la Oficina de Planificación y Evaluación,
unidad dependiente directamente del Secretario de Estado, encargada de la
planificación y evaluación de nuestro programa de Ayuda al Desarrollo, en
particular de la elaboración y supervisión de los Planes Anuales de
Cooperación Internacional.
Más recientemente, se han operado una serie de cambios de diverso
alcance en lo que a la estructura orgánica de la Cooperación para el
Desarrollo se refiere. Así, mediante el Real Decreto 1141/1996, de 24 de
mayo, se ha reestructurado la Agencia Española de Cooperación
Internacional, completándose de esta forma la modificación ya realizada
por el Real Decreto 2492/1994, de 23 de diciembre, que refundió los tres
Institutos con rango de Dirección General en los dos actuales, el
Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto de Cooperación con
el Mundo Arabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo.
Por su parte, el Real Decreto 795/1995, de 19 de mayo, en
cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo novena
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, creó el Consejo de Cooperación
para el Desarrollo, como órgano de participación de los diversos agentes
sociales implicados en esta materia.
A la par que se definía su estructura orgánica, las Líneas
Directrices de la Política Española para la Cooperación para el
Desarrollo, aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 1987,
establecieron por vez primera los principios rectores, objetivos, fines,
medios e instrumentos de nuestra Cooperación Internacional para el
Desarrollo. El ingreso de España en el Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, en diciembre de 1991, constituye un hito en la consolidación de
nuestra Cooperación para el Desarrollo, en cuanto nos obliga a adaptarla
y a coordinarla con la de los principales donantes del mundo, miembros
del Comité.
Sin embargo, fue el Congreso de los Diputados, en su Informe sobre
los Objetivos y Líneas Generales de la Política Española de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo, aprobado por el Pleno de la Cámara en noviembre de
1992, el órgano impulsor que, además de marcar las pautas de la nueva
política española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, señaló la
necesidad de aprobar un conjunto normativo adecuado al futuro modelo de
Cooperación, y de adoptar una serie de medidas de organización
administrativa que ayudasen a mejorar la coordinación interna de la
Administración del Estado en este ámbito de actuación. En este mismo
sentido se pronunció el Comité de Ayuda al Desarrollo con ocasión del
examen del programa de ayuda español que realizó en abril de 1994, al
sugerir, entre otros aspectos, la conveniencia de mayores avances en el
desarrollo de la legislación apropiada, una coordinación más ajustada,
una mejor capacidad para la planificación a largo plazo y una
programación de la ayuda más centralizada.
Por último, el Senado, en el Informe de la Ponencia de estudio de la
política española de Cooperación para el Desarrollo de noviembre de 1994,
expresó de nuevo la recomendación de que se procediera a elaborar la
legislación que supliera el vacío normativo existente y que abordase los
principales problemas de la Cooperación española para el Desarrollo.
II
Estado actual de la Cooperación
En los últimos años, la Cooperación española ha experimentado un
desarrollo extraordinario en lo que al incremento de los recursos
destinados a este fin se refiere y al impulso por parte de todas las
Administraciones Públicas, Administración Central, Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales, entre la sociedad civil de los valores de la
Cooperación y solidaridad internacional a través de programas y proyectos
de sensibilización y concienciación de los ciudadanos en relación con los
problemas globales y particulares relacionados con la Cooperación al
Desarrollo, incluyendo el objetivo fijado por Naciones Unidas de destinar
el 1% del PIB a los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, el aumento de los fondos dedicados a cooperación,
muestra de la solidaridad de España y en buena medida propiciado por la
creciente sensibilización del conjunto de la sociedad, no debe ocultar
las graves disfuncionalidades que en ocasiones ha venido padeciendo
nuestro programa de ayuda.
La adopción de una Ley de Cooperación supone la oportunidad de
articular en un único texto el conjunto de medidas e instrumentos que han
ido configurando nuestra política de cooperación al desarrollo. Pero
junto a este esfuerzo de integración normativa, de codificación, es
preciso también revisar y actualizar el marco hoy existente a fin de
responder de manera adecuada a una realidad cambiante. Lo mismo cabe
decir de los principios y objetivos que inspiran nuestra política de
cooperación al desarrollo, que precisan una definición acorde con los
retos actuales del desarrollo. Al mismo tiempo, la Ley de Cooperación no
puede eludir los problemas
que presenta el marco actual: rigidez excesiva en los procedimientos
administrativos, necesidad de una mayor transparencia, mecanismos de
evaluación objetivables, etc.
El alto número de instituciones y entidades participantes en la
política de cooperación, ha propiciado el desarrollo de un programa de
ayuda desconcentrado y descentralizado y donde es preciso alcanzar la
adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las
diferentes Administraciones Públicas y los diferentes actores de la
cooperación, capaz de asegurar y garantizar la mayor eficacia y
coherencia del propio programa de ayuda.
Por otra parte el consenso básico que debe estar en la base de la
política de Cooperación Internacional para el Desarrollo sólo puede
lograrse mediante la activa implicación en la misma de los diversos
agentes sociales operativos con especial mención de las Organizaciones no
Gubernamentales reconduciendo a un esquema eficaz y coherente los
diversos esfuerzos a favor del desarrollo que realiza España.
Esta necesidad de aunar voluntades hace imprescindible que el
Parlamento participe en la formulación de las líneas esenciales y en la
definición de las prioridades estratégicas de esta política. Análogamente
el órgano de Gobierno competente para coordinar la política de
cooperación debe disponer de suficiente rango, medios y atribuciones para
garantizar una mejor sintonía de todos los agentes administrativos
actuantes en el logro de los objetivos fijados, para coordinar la
presencia de España en los organismos internacionales relacionados con la
ayuda al desarrollo y para elaborar con la participación de los diversos
agentes implicados los criterios adecuados dirigidos al establecimiento
de una política eficaz y coherente de desarrollo que se plasmarán en la
planificación plurianual, que es presentada a las Cortes Generales tras
su aprobación por el Gobierno.
A este respecto cabe afirmar que la planificación junto al
seguimiento y evaluación de la cooperación requiere dotarse de
instrumentos que permitan no sólo valorar la programación y asignación
adecuada de los recursos y su debida gestión, sino la eficacia de los
criterios adoptados. El principal mecanismo planificador, el Plan Anual
de Cooperación Internacional, se ha limitado a servir como instrumento
estadístico, centrado en la estimación cuantitativa de los recursos
destinados a cooperación, más que como un auténtico plan válido para
señalar con antelación los objetivos y resultados que esta política debe
alcanzar. Resulta, por tanto, necesario establecer las bases para
planificar, a medio y a corto plazo, nuestro programa de ayuda,
incluyendo en la planificación a la variada gama de agentes que
participan en la Cooperación para el Desarrollo española.
Junto a estos dos aspectos de la política de cooperación para el
desarrollo hay otros dos aspectos que también demanda atención preferente
y que la presente Ley contempla relativos a la definición de los
objetivos y prioridades de la Cooperación Pública española, sus
modalidades e instrumentos, uno de los cuales es la creación de nuevas
modalidades crediticias gestionadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, el personal de cooperación, la definición de las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, el reconocimiento del
régimen fiscal especial aplicable a esas Organizaciones y a las
aportaciones efectuadas a las mismas, así como un tratamiento
presupuestario específico para la cooperación, en el que se contemple la
posibilidad de adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual en
aquellos programas de cooperación que así lo requieran.
III
Estructura de la Ley
La presente Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se
organiza en torno a seis ejes fundamentales, que constituyen los seis
Capítulos en que se integra su articulado. El Capítulo Primero, dedicado
a la política española de Cooperación para el Desarrollo, consagra, en su
Sección Primera, el régimen jurídico, definiéndose en el art. 1 el objeto
de la Ley y su ámbito de aplicación, y en la Sección Segunda se
establecen los principios, objetivos y prioridades de la política
española de Cooperación para el Desarrollo. El Capítulo Segundo se
refiere a la planificación, e incluyendo los instrumentos y modalidades
de la Cooperación Pública española, recoge entre aquéllos la cooperación
técnica y la económico financiera y distingue entre éstas la canalizada
por vía bilateral o multilateral.
Se dedica el Capítulo Tercero a la atribución de competencias de los
órganos operativos en la definición, formulación y ejecución de la
política española de Cooperación para el Desarrollo, recogiéndose en la
Sección Primera los órganos rectores (Cortes Generales, Gobierno,
Ministro de Asuntos Exteriores, otros Ministerios y Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica) y en la Sección
Tercera, los órganos consultivos y de coordinación (Consejo de
Cooperación para el Desarrollo, Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional y Comisión Interterritorial de Cooperación, instancia esta
última creada por la propia Ley y que, al igual que los otros dos órganos
y de acuerdo con lo señalado en el art. 21, será objeto posterior de
desarrollo normativo). La Sección Cuarta, consagrada a los órganos
ejecutivos, se refiere a la Agencia Española de Cooperación
Internacional, cuya organización, fines, funciones y competencias se
regulan por su propia norma específica, y a las Oficinas Técnicas de
Cooperación. En el Capítulo Cuarto se recogen los recursos materiales
asignados a la ejecución de la política española de Cooperación,
distinguiéndose entre los canalizados multilateral y bilateralmente. La
Disposición Adicional Primera incluye la posibilidad del establecimiento
de programas presupuestarios plurianuales. El Capítulo Quinto se dedica
al personal al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de
la Cooperación Oficial para el Desarrollo, distinguiéndose entre personal
en territorio nacional y el destacado en el exterior.
Finalmente, en el Capítulo Sexto, la Ley aborda el contexto social
de la Cooperación, dedicándose la Sección Primera a la Cooperación no
gubernamental, incluyendo la formulación del principio de fomento estatal
de la Cooperación no gubernamental, la definición de las organizaciones
privadas de Cooperación para el Desarrollo y su Registro Público, los
sistemas de ayudas y subvenciones, reglamentados a través de su propia
normativa específica, y el establecimiento de incentivos fiscales.
Por lo que respecta a la regulación del régimen fiscal de las
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y de los incentivos
aplicables a las aportaciones efectuadas a las mismas, la Ley prevé que
se les aplique el régimen contemplado en el Título II de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
participación privada en Actividades de Interés General, siempre que
dichas organizaciones revistan la forma jurídica y cumplan con los
requisitos exigidos por esa norma.
En el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
introducen dos preceptos específicos que dan entrada a la aplicación de
determinadas exenciones a las actividades de Cooperación para el
Desarrollo. Por lo que respecta a las aportaciones efectuadas por
personas físicas y jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, la Ley contempla la posibilidad de aplicar los incentivos
previstos en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, siempre que esas
aportaciones cumplan con las condiciones exigidas en dicha Ley y que se
efectúen en favor de entidades incluidas en su ámbito de aplicación.
Adicionalmente se prevé que las actividades de Cooperación al Desarrollo
puedan ser incluidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de
cada año entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo, a
efectos de la aplicación a las aportaciones que se efectúen a los mismos
de incentivos fiscales incrementados.
La Sección Segunda se dedica al voluntariado al servicio de la
Cooperación para el Desarrollo, la Tercera se refiere a los Cooperantes y
la regulación de su Estatuto, y la Cuarta establece y regula, con
carácter general, el fomento de la participación social en la Cooperación
para el Desarrollo. La Ley se cierra con dos Disposiciones Adicionales,
dos Transitorias, una Derogatoria y tres Finales.
CAPITULO I
La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
SECCION PRIMERA
Artículo 1.Objeto de la ley y ámbito de aplicación
1.La presente Ley tiene como objeto la regulación del régimen
jurídico de la política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Se integran dentro de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo el conjunto de recursos y capacidades que España pone a
disposición de los países en vías de desarrollo, con el fin de facilitar
e impulsar su progreso económico y social, y para contribuir a la
erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones.
La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que
atiendan a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las
Libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y
social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los
países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se
encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus
instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional.
2.En consecuencia, la presente Ley se aplica al conjunto de
actividades que se traducen en transferencias de recursos públicos
materiales y humanos que la Administración General del Estado, por sí o
en colaboración con entidades privadas, destina a los países en vías de
desarrollo directamente o a través de organizaciones multilaterales.
Asimismo, establece los principios, objetivos y prioridades de la
política de Cooperación Internacional para el Desarrollo del conjunto de
las administraciones públicas españolas y los sistemas de relación y
colaboración entre dichas administraciones públicas.
Para que dichos recursos tengan la consideración de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD), deberán cumplir los requisitos marcados por el Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD).
SECCION SEGUNDA
Principios, objetivos y prioridades de la política española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 2.Principios
La política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del
pueblo español con los países en desarrollo y particularmente con los
pueblos más desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio
consenso político y social a escala nacional, de acuerdo con los
siguientes principios:
a)El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y
colectiva, como protagonista y destinatario último de la política de
Cooperación para el Desarrollo.
b)La defensa y promoción de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en
condiciones de igualdad para mujeres y hombres y en general la no
discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión y el respeto a
la diversidad.
c)La necesidad de promover un desarrollo humano global,
interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género en
todas las naciones, procurando la aplicación del principio de
corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la
eficacia y coherencia de las políticas de Cooperación al Desarrollo en su
objetivo de erradicar la pobreza en el mundo.
d)La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de
los países acompañada de medidas que promuevan una redistribución
equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de
vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales así
como el bienestar de sus poblaciones.
e)El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los
Organismos Internacionales.
Artículo 3.Objetivos
La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo es parte
de la acción exterior del Estado y se basa en el principio de unidad de
acción del Estado en el exterior.
El principio de unidad de acción del Estado en el exterior se
aplicará conforme a la normativa vigente y en el marco de las
competencias de las distintas administraciones públicas.
La política de Cooperación Internacional para el Desarrollo
determinará estrategias y acciones dirigidas a la promoción del
desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la
erradicación de la pobreza en el mundo a través de los siguientes
objetivos:
a)Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los
países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento
económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo,
favoreciendo las condiciones para el logro de un desarrollo autosostenido
a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una
mejora en el nivel de vida de las poblaciones beneficiarias en general y
de sus capas más necesitadas en particular, y promoviendo mayores
garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres
y hombres.
b)Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas,
estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de
estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional.
c)Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la
prestación de acciones de ayuda humanitaria.
d)Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes
democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
e)Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los
países en vías de desarrollo, desde la coherencia con los principios y
demás objetivos de la Cooperación.
Artículo 4.
Los principios y objetivos señalados en los artículos anteriores
informarán todas las políticas que apliquen las Administraciones Públicas
en el marco de sus respectivas competencias y que puedan afectar a los
países en vías de desarrollo.
Artículo 5.Prioridades
La política española de Cooperación para el Desarrollo, como reflejo
de la diversidad de situaciones sobre las que opera y del diferente grado
de urgencia para acometer las acciones de intervención concretas, se
articula en torno a dos ejes de prioridades que determinarán sus líneas
de actuación preferente:
a)Geográficas, orientadas a las regiones y países que serán objeto
preferente de la Cooperación española.
b)Sectoriales, dirigidas a determinados ámbitos de actuación
preferente.
La definición de estas prioridades, que serán establecidas
periódicamente en los sucesivos Planes Directores cuatrienales a que se
refiere el artículo 8, responderá a los objetivos de la política exterior
del Estado, tendrá en cuenta las consideraciones señaladas en el artículo
3, y aplicará especial atención a la Cooperación con los países de menor
desarrollo económico y social y dentro de éstos a los sectores más
desfavorecidos.
Artículo 6.Prioridades geográficas
1.Marco bilateral.
Sin perjuicio del establecimiento de otras áreas territoriales según
lo establecido en el artículo 5 se considerarán como áreas geográficas de
actuación preferente a los países de Iberoamérica, los países árabes del
Norte de Africa y de Oriente Medio, así como aquellos otros de menor
desarrollo con los que España mantenga especiales vínculos de carácter
histórico o cultural.
2.Marco multilateral.
España impulsará la coherencia de las políticas comunitarias, la
progresiva construcción de la política de Cooperación al Desarrolo de la
Unión Europea y contribuirá a su eficaz aplicación y ejecución, con
especial atención a los países y áreas mencionadas en el apartado
anterior.
Por otra parte, España participará activamente en los Organismos
Internacionales de Cooperación para el Desarrollo de los que sea miembro,
tanto financieros como no financieros y colaborará en la consecución de
sus objetivos adoptando las medidas que resulten más adecuadas.
Artículo 7.Prioridades Sectoriales
La política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en su objetivo de luchar contra la pobreza en todas sus
manifestaciones, se orientará especialmente a las siguientes prioridades
sectoriales:
a)Servicios sociales básicos, con especial incidencia en salud,
saneamiento, educación, obtención de la seguridad alimentaria y formación
de recursos humanos.
b)Dotación, mejoramiento o ampliación de infraestructuras.
Desarrollo de la base productiva y fomento del sector privado.
c)Protección y respeto de los Derechos Humanos, igualdad de
oportunidades, participación e integración social de la mujer y defensa
de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial
atención a la erradicación de la explotación laboral infantil,
refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías).
d)Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad
civil y apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al
ciudadano.
e)Protección y mejora de la calidad del Medio Ambiente, conservación
racional y utilización renovable y sostenible de la biodiversidad.
f)Cultura, con especial incidencia en la defensa de los aspectos que
definan la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno y los que
favorezcan la promoción cultural y el libre acceso a equipamientos y
servicios culturales de todos los sectores de la población potencialmente
beneficiaria.
g)Desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y su
aplicación a los proyectos de Cooperación para el Desarrollo.
CAPITULO II
Planificación, instrumentos y modalidades de la política española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 8.Planificación
1.La política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo se establecerá a través de Planes Directores y Planes Anuales.
2.El Plan Director, elemento básico de la planificación de la
Política Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se
formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices
básicas de la política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo señalando los objetivos y prioridades, así como los recursos
presupuestarios indicativos que orientarán la actuación de la cooperación
española durante ese período, incorporando los documentos de estrategia
relativos a cada sector de la cooperación, zona geográfica y países que
sean objeto preferente de la cooperación.
3.Los Planes Anuales desarrollarán con esa periodicidad los
objetivos, prioridades y recursos establecidos en el Plan Director.
Artículo 9.Instrumentos
La política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
se pone en práctica a través de los siguientes instrumentos:
a)Cooperación técnica.
b)Cooperación económica y financiera.
c)Ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia,
incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por
medio de acuerdos bilaterales o multilaterales.
d)Educación para el desarrollo y sensibilización social.
Artículo 10.Cooperación Técnica
La cooperación técnica para el desarrollo incluye cualquier
modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos del
país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, adiestramiento,
cualificación y capacidades técnicas y productivas en los ámbitos
institucional, administrativo, económico, sanitario, social, cultural,
educativo, científico o tecnológico.
La Cooperación técnica se articula mediante programas y proyectos de
refuerzo de formación y capacitación en todos los sectores y niveles, y
mediante programas y proyectos de asesoramiento técnico con asistencia de
expertos, agentes sociales, Organizaciones No Gubernamentales, empresas
españolas, aportación de estudios o transferencia de tecnologías.
Artículo 11.Cooperación Económica y Financiera
La cooperación económica se expresa a través de aportaciones
destinadas a proyectos de inversión para el aumento del capital físico de
los países beneficiarios y a proyectos de ayuda a los sectores económicos
(agroalimentario, educativo, sanitario, infraestructuras, transporte y
otros).
La cooperación financiera se manifiesta a través de contribuciones
oficiales a organismos internacionales de carácter económico y
financiero, acuerdos financieros de alivio o condonación de deuda
suscritos por vía bilateral o multilateral, donaciones, préstamos o
ayudas instrumentadas para que los países receptores puedan afrontar
dificultades coyunturales de ajuste en sus Balanzas de Pagos, y otros
establecidos en términos concesionales con cargo a que se refiere el art.
28, así como dotaciones a los ya existentes fondos de Ayuda al
Equipamiento, gestionados directamente por la Agencia Española de
Cooperación Internacional con cargo a su propio presupuesto.
Artículo 12.Ayuda humanitaria
La ayuda humanitaria consiste en el envío urgente, con carácter no
discriminado, del material de socorro necesario, incluida la ayuda
alimentaria de emergencia, para proteger vidas humanas y aliviar la
situación de las poblaciones víctimas de catástrofe natural o causadas
por el hombre o que padecen una situación de conflicto bélico. Esta ayuda
la llevan a cabo las Administraciones Públicas directamente o a través de
Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales.
La ayuda humanitaria podrá dar paso a actividades de rehabilitación,
de reconstrucción de infraestructuras, restablecimiento institucional o
de reinserción de poblaciones afectadas, debiendo promoverse la mayor
coordinación posible entre las entidades que colaboren y respecto de las
instituciones u organizaciones locales, a fin de tener en cuenta los
objetivos del Desarrollo a medio y largo plazo. Incluye asimismo este
instrumento, la aportación de productos alimenticios y de implementos e
insumos agrícolas a países en desarrollo con problemas de insuficiencia
alimentaria, con el fin de potenciar su autoabastecimiento y garantizar
su seguridad alimentaria, como base de su proceso de desarrollo.
La Cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario
y asimismo apoyará en este ámbito medidas para la prevención y resolución
de conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento y
consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos bilaterales
o multilaterales.
Artículo 13.Educación para el desarrollo y sensibilización social.
Se entiende por educación para el desarrollo y sensibilización
social el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones
Públicas, directamente o en colaboración con las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo, para promover actividades que
favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que
afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y
cooperación activas con los mismos, por la vía de campañas de
divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las
iniciativas en favor de un Comercio justo y Consumo responsable respecto
de los productos procedentes de los países en desarrollo.
Artículo 14.Modalidades
1.Los programas, proyectos y acciones de cooperación para el
desarrollo pueden financiarse y ejecutarse de forma bilateral o
multilateral.
2.La cooperación bilateral consiste en el conjunto de actividades de
cooperación para el desarrollo realizadas por las Administraciones
públicas directamente con
el país receptor o bien las instrumentadas a través de organizaciones de
desarrollo desprovistas de carácter oficial.
3.La cooperación multilateral es la realizada a través de
transacciones de cualquier tipo o las contribuciones realizadas a
organizaciones internacionales cuyas actividades se dirijan total o
parcialmente a la promoción del bienestar económico y social de las
poblaciones de los países en vías de desarrollo.
El carácter multilateral de dichas organizaciones se determinará a
través de la aplicación de los siguientes criterios:
a)Que se trate de una Agencia, institución u organización cuyos
miembros son Gobiernos.
b)Que sea un fondo gestionado de forma autónoma por uno de los
órganos multilaterales comprendidos en el apartado a).
CAPITULO III
Organos competentes en la formulación y ejecución de la política española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
SECCION PRIMERA
Organos rectores
Artículo 15.Las Cortes Generales 1.A las Cortes Generales corresponde
establecer cada cuatro años en la forma y modo que se determine y a
propuesta e iniciativa del Gobierno, las líneas generales y directrices
básicas de la política española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. A tal efecto, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales,
posteriormente a su aprobación, el Plan Director Plurianual al que se
refiere el artículo 8 para su debate y dictamen.
2.Las Cortes Generales debatirán anualmente, en la forma y modo que
se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política
española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A tal efecto,
el Gobierno remitirá a las Cortes Generales posteriormente a su
aprobación, el Plan Anual al que se refiere el artículo 8 para su debate
y dictamen.
3.Se constituirá una Comisión Parlamentaria Mixta de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de conformidad con lo que dispongan los
Reglamentos de ambas Cámaras. Esta Comisión será informada por el
Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones comprendidos en el Plan Director y el Plan Anual, y
recibirá cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los
resultados que refleje el Documento de Seguimiento del Plan Anual del
ejercicio precedente.
Artículo 16.El Gobierno
El Gobierno define y dirige la política española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, el Gobierno aprueba
el Plan Director y el Plan Anual.
Artículo 17.El Ministro de Asuntos Exteriores
El Ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la ejecución de la
Política Exterior del Estado, es también el responsable de la dirección
de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la
coordinación de los órganos de la Administración General del Estado que,
en el ámbito de sus competencias, realicen actuaciones en esta materia
con observancia del principio de unidad de acción en el exterior.
Artículo 18.Otros Ministerios
Los Ministerios que realicen actividades en materias de Cooperación
Internacional para el Desarrollo serán responsables de la ejecución de
los programas, proyectos y acciones dentro del ámbito de sus
competencias, que serán coordinadas a través de los órganos establecidos
al efecto en esta Ley, con observancia del principio de la unidad de
acción del Estado en el exterior.
Artículo 19.La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica (SECIPI)
1.La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica es el órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores que, por
delegación de su titular, coordina la política de Cooperación para el
Desarrollo, administra los recursos a que se refiere el art. 28.1,
asegura la participación española en las organizaciones internacionales
de Ayuda al Desarrollo y define la posición de España en la formulación
de la política comunitaria de Desarrollo.
2.La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, como órgano superior del Ministerio de Asuntos Exteriores,
asiste al titular del Departamento en la formulación y ejecución de la
política de Cooperación para el Desarrollo y asume la programación,
dirección, seguimiento y control de las actividades consiguientes.
3.La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y
de la Comisión Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del
Plan Director y del Plan Anual, así como la definición de las prioridades
territoriales y sectoriales a que se refiere el art. 5.
4.La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica evaluará la política de Cooperación para el Desarrollo, los
programas y proyectos financiados con fondos del Estado en curso de
ejecución y los finalizados, desde su concepción y definición hasta sus
resultados. La evaluación tendrá en cuenta la pertinencia de los
objetivos y su grado de consecución, así como la eficiencia y eficacia
alcanzadas, el impacto logrado y la viabilidad comprobada en los
programas y proyectos ya finalizados.
SECCION SEGUNDA Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Artículo 20.Cooperación para el Desarrollo de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales
1.La Cooperación para el Desarrollo que se realice desde las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, expresión solidaria de sus
respectivas sociedades, se inspira en los principios, objetivos y
prioridades establecidas en la Sección Segunda del Capítulo I de la
presente Ley.
2.La acción de dichas Entidades en la Cooperación para el Desarrollo
se basa en los principios de autonomía presupuestaria y
autoresponsabilidad en su desarrollo y ejecución, debiendo respetar las
líneas generales y directrices básicas establecidas por las Cortes
Generales a que se refiere el artículo 15.1 de la presente Ley y el
principio de colaboración entre Administraciones Públicas en cuanto al
acceso y participación de la información y máximo aprovechamiento de los
recursos públicos.
SECCION TERCERA Organos consultivos y de coordinación
Artículo 21.Organos consultivos y de coordinación de Cooperación para el
Desarrollo
Los órganos consultivos y de coordinación de Cooperación para el
Desarrollo:
a)El Consejo de Cooperación al Desarrollo.
b)La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
c)La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
Su composición, competencias, organización y funciones se establecen
por las correspondientes normas de desarrollo reglamentario.
Artículo 22. El Consejo de Cooperación al Desarrollo
1.El Consejo de Cooperación al Desarrollo es el órgano consultivo de
la Administración General del Estado y de participación en la definición
de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
2.En el Consejo de Cooperación al Desarrollo, además de la
Administración, participarán los agentes sociales, expertos,
organizaciones no gubernamentales especializadas e instituciones y
organismos de carácter privado presentes en el campo de la Ayuda al
Desarrollo.
3.El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del
Plan Director del Plan Anual y conocerá los resultados del Documento de
Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la Cooperación.
4.Se someterán a informe previo del Consejo los anteproyectos de ley
y cualquiera otras disposiciones generales de la Administración del
Estado que regulen materias concernientes a la Cooperación para el
Desarrollo. De estos informes se dará conocimiento a la Comisión
Parlamentaria Mixta de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
ambas Cámaras.
5.El Consejo de Cooperación al Desarrollo será dotado con los
recursos necesarios para poder cumplir sus objetivos.
Artículo 23.La Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo
1.La Comisión Interterritorial de Cooperación es el órgano de
coordinación, concertación y coordinación entre las Administraciones
Públicas que ejecuten gastos computables como Ayuda Oficial al
Desarrollo.
2.Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los
siguientes objetivos:
a)La coherencia y complementariedad de las actividades que realicen
las Administraciones Públicas en el ámbito de la Cooperación para el
Desarrollo.
b)El mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación,
formulación y ejecución de programas y
proyectos de Cooperación al Desarrollo impulsados por las distintas
Administraciones Públicas, plenamente autónomas a esos efectos, en el
marco de sus respectivas competencias.
c)La participación de las Administraciones Públicas en la formación
del Plan Director y del Plan Anual, así como en la definición de sus
prioridades.
3.Se someterán a informe previo de la Comisión los anteproyectos de
ley y cualesquiera otras disposiciones generales que regulen materias
concernientes a la Cooperación al Desarrollo.
4.Reglamentariamente se regulará su composición y funcionamiento,
garantizándose la presencia e intervención de las Comunidades Autónomas,
Entidades Locales o de aquellas instancias de coordinación supramunicipal
en quién estos expresamente deleguen.
Artículo 24.La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional
1.La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional es el
órgano de coordinación técnica interdepartamental de la Administración
General del Estado en materia de Cooperación para el Desarrollo.
2.La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional someterá
a la aprobación del Gobierno a través del Ministro de Asuntos Exteriores
las propuestas del Plan Director y Plan Anual y conocerá los resultados
del Documento de Seguimiento del Plan Anual y de la Evaluación de la
Cooperación.
SECCION CUARTA
Organos ejecutivos
Artículo 25.La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
1.La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Organismo
Autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, y presidido por su titular, es el órgano de gestión de la
política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos
ministeriales.
2.El personal al servicio de la Agencia Española de Cooperación
Internacional estará integrado por funcionarios públicos y personal
sometido a Derecho Laboral.
Los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas que
pasen a prestar sus servicios en la AECI quedarán en la situación
administrativa que corresponda de acuerdo con las normas aplicables a su
situación de procedencia. El sistema de cobertura de destinos por parte
del personal funcionario incluirá medidas que tiendan a favorecer su
especialización en tareas de cooperación.
3.En cuanto a su organización, fines, funciones y competencias se
estará a lo que disponga su Estatuto, que será aprobado por el Gobierno,
conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 26.Las Oficinas Técnicas de Cooperación
Las Oficinas Técnicas de Cooperación son unidades adscritas
orgánicamente a las Embajadas que, bajo la dirección de su Jefe de Misión
y la dependencia funcional de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, aseguran la coordinación y, en su caso, la ejecución de
los recursos de la cooperación en su demarcación. Asimismo, colaborarán
con los programas y proyectos impulsados por las demás Administraciones
Públicas.
CAPITULO IV
Recursos materiales
SECCION UNICA
Modalidades de Financiación y Ejecución de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Artículo 27.Colaboración y cofinanciación de programas con Organismos
Internacionales
1.El Gobierno, a fin de coadyuvar al desarrollo de los países menos
favorecidos a través de organizaciones internacionales, fomentará la
participación de los agentes de cooperación en los programas y proyectos
gestionados por esas instancias multilaterales, especialmente los de la
Unión Europea.
2.España participará en la cooperación multilateral para el
desarrollo a través de las siguientes modalidades:
a)Contribuciones a organizaciones internacionales de carácter
financiero y no financiero.
b)Aportaciones españolas a los programas de Cooperación de la Unión
Europea.
c)Otros programas que se ejecuten en colaboración o en régimen de
cofinanciación con Organismos Internacionales.
Artículo 28.Financiación y ejecución bilateral
La cooperación bilateral para el Desarrollo se financia según las
siguientes modalidades:
1.Recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
vinculados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social
básico de las poblaciones beneficiarias, con cargo a los cuales se
instrumentarán:
a)Dotaciones presupuestarias dirigidas a la concesión de
microcréditos y de créditos rotatorios destinados a la mejora de las
condiciones de vida de colectivos vulnerables y a la ejecución de
proyectos de desarrollo social básico.
b)Donaciones.
c)Los instrumentos previstos en los apartados a), c) y d) del
artículo 9.
2.Recursos gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, con
cargo a los cuales se instrumentan créditos concesionales en los términos
internacionales vigentes en materia de crédito a la exportación con apoyo
oficial.
En el caso de créditos destinados a programas y proyectos de
desarrollo social básico y que estén específicamente destinados a mejorar
las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la población,
y directamente relacionados con el alivio de la pobreza, los recursos se
administrarán conjuntamente por los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Economía y Hacienda con arreglo a la normativa que se elaborará por el
Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
3.Estos recursos se aplicarán a programas y proyectos que se atengan
a los principios, objetivos y prioridades que establece la presente Ley,
garantizándose asimismo su adecuada instrumentación técnico-financiera,
el rigor y el control en aplicación de los criterios de desarrollo para
identificar y seleccionar los proyectos que se propongan financiar a
través de estos créditos y se promoverán mecanismos que faciliten su
adecuada coordinación con los programas de ayuda no reembolsable,
prestando especial atención a los países pobres altamente endeudados.
CAPITULO V
Personal al servicio de la Administración General del Estado en el ámbito
de la Cooperación Oficial para el Desarrollo
Artículo 29.Personal en territorio nacional
Las actividades de la Administración General del Estado realizadas
en España en el campo de la Cooperación para el Desarrollo serán
ejecutadas por personal funcionario en situación de servicio activo,
conforme a lo previsto en la Ley 30/84 de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y por personal laboral de la
Administración del Estado, de acuerdo a lo regulado en su normativa
específica y sin perjuicio de la participación de objetores de conciencia
y de personal voluntario, en los términos que establece la Ley 6/1996 de
15 de enero del Voluntariado.
Artículo 30.Personal en el exterior
1.La Administración del Estado dispondrá de personal destacado en
servicios en el exterior encargado de la realización de funciones en
materia de Cooperación Oficial para el Desarrollo.
2.Los puestos directivos podrán ser desempeñados por personal
contratado bajo una relación de carácter especial de las previstas en el
artículo 2.1. a) del Estatuto de los Trabajadores. A este personal se le
exigirá estar en posesión de titulación universitaria o, en su caso,
acreditar una importante experiencia en la cooperación al desarrollo,
junto a los requisitos que establezca la correspondiente convocatoria
pública. Cuando tales puestos sean ocupados por funcionarios, éstos
pasarán a la situación administrativa que prevé su estatuto.
3.El personal no directivo de la Cooperación Oficial para el
Desarrollo podrá ser contratado en los países donde se realice dicha
Cooperación, de acuerdo con el régimen jurídico local.
4.Asimismo, en la Cooperación Oficial para el Desarrollo podrá
prestar servicios personal desplazado desde España por tiempo
determinado, que se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, en el
caso de que se trate de personal laboral, o quedará en la situación
administrativa que corresponda si se trata de personal funcionario.
5.La Administración del Estado, con la finalidad de favorecer la
estabilidad del personal de Cooperación, establecerá reglamentariamente
las condiciones y plazos aplicables en relación con el desempeño de los
puestos de trabajo de la Cooperación del Estado en el exterior.
6.Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye la
participación de objetores de conciencia y personal voluntario en los
programas y proyectos de Cooperación para el Desarrollo financiados por
la Administración del Estado.
CAPITULO VI
La participación social en la Cooperación Internacional para el
Desarrollo
SECCION PRIMERA
La Cooperación no gubernamental
Artículo 31.Fomento de la Cooperación para el Desarrollo
El Estado fomentará las actividades de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo y sus asociaciones para este fin,
universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros
agentes sociales que actúen en el campo de la Cooperación para el
Desarrollo, de acuerdo con la normativa vigente y la presente Ley,
atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 6 y 7.
Artículo 32.Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
A los efectos de la presente Ley se consideran Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo aquellas entidades de Derecho privado,
legalmente constituidas y sin fines de lucro, que tengan entre sus fines
o como objeto expreso según sus propios estatutos, la realización de
actividades relacionadas con los principios y objetivos de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo habrán de gozar
de plena capacidad jurídica y de obrar, y deberán disponer de una
estructura susceptible de garantizar suficientemente el cumplimiento de
sus objetivos.
Artículo 33.Registro de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo
1.Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo anterior podrán
inscribirse en un Registro abierto en la Agencia Española de Cooperación
Internacional, que será regulado por vía reglamentaria o en los registros
que con idéntica finalidad puedan crearse en las Comunidades Autónomas.
Se articularán los correspondientes procedimientos de colaboración
entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y las Comunidades
Autónomas a fin de asegurar la comunicación y homologación de los datos
registrales.
2.La inscripción en alguno de dichos Registros constituye una
condición indispensable para recibir de las Administraciones Públicas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas o subvenciones
computables como Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicha inscripción será
también necesaria para que las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo puedan acceder a los incentivos fiscales a que se refiere el
artículo 35.
3.El Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
tiene carácter público, en los términos regulados por el artículo 37 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 34.Ayudas y subvenciones
Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y establecer
convenios estables y otras formas de colaboración, con los agentes
sociales descritos en el artículo 31 para la ejecución de programas y
proyectos de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo las
condiciones y régimen jurídico aplicables que garantizarán, en todo caso,
el carácter no lucrativo de los mismos.
Artículo 35.Régimen fiscal de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo y de las aportaciones efectuadas a las mismas
1.El régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos
regulado en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre, resultará aplicable a las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo inscritas en los Registros a que se refiere el artículo 33 de
la presente Ley, siempre que revistan la forma jurídica y cumplan con los
requisitos exigidos en el mismo.
2.La exención subjetiva prevista en el artículo 45.1.A.c) del Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, resultará de aplicación a las entidades
contempladas en el mismo que realicen las actividades a que dicho
precepto se refiere en el marco de la Cooperación al Desarrollo.
3.Las actividades de Cooperación para el Desarrollo enumeradas en el
artículo 9 de la presente Ley tienen
la consideración de actividades de asistencia social a efectos del
disfrute de la exención prevista en el artículo 20, apartado uno, número
8.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
4.Las aportaciones efectuadas por personas físicas y jurídicas a
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo incluidas en el ámbito de
la aplicación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, darán derecho al
disfrute de los incentivos contemplados en el Capítulo II del Título II
de dicha Ley.
5.El régimen tributario aplicable a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo, cuando no cumplan los requisitos exigidos
en el Capítulo I del Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
será el establecido en el Capítulo XV de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
6.La presente regulación de incentivos fiscales se entiende sin
perjuicio de la que puedan establecer otras Administraciones Públicas en
virtud de la normativa vigente y sus competencias en la materia.
Artículo 36.Incremento a los incentivos fiscales en las Leyes de
Presupuestos
Las Leyes de Presupuestos del Estado de cada año podrán incluir
entre las actividades y programas prioritarios de mecenazgo a que se
refiere el artículo 67 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
determinadas actividades o programas realizados en el marco de la
Cooperación para el Desarrollo, a efectos de la aplicación de los
incentivos fiscales incrementados que dicho precepto contempla.
SECCION SEGUNDA
El Voluntariado
Artículo 37.El Voluntariado al servicio de la Cooperación para el
Desarrollo
1.En la gestión o ejecución de programas y proyectos de Cooperación
para el Desarrollo a cargo de entidades públicas o privadas españolas,
sin ánimo de lucro, podrán participar voluntarios que ejecuten sus
actividades a través de las mismas.
2.Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo deberán ser
informados, por la organización a la que estén vinculados, de los
objetivos de su actuación, el marco en que se produce, sus derechos y
deberes contractuales y legales en el extranjero, su derecho a la
acreditación oportuna, así como su obligación de respetar las leyes del
país de destino.
3.Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo estarán
vinculados a la organización en la que presten sus servicios por medio de
un contrato no laboral que contemple como mínimo:
a)Los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades
básicas en el país de destino.
b)Un seguro de asistencia en favor del voluntario que en todo caso
cubra los riesgos de enfermedad y accidente durante el periodo de su
estancia en el extranjero y gastos de repatriación.
c)Un período de formación, si fuera necesario.
4.Los voluntarios de Cooperación para el Desarrollo tendrán derecho
a las exenciones fiscales, inmunidades y privilegios que se establecen en
los acuerdos internacionales sobre la materia, suscritos por España.
5.En lo no previsto en el presente artículo, será de aplicación
supletoria la Ley del Voluntariado, sin perjuicio de la aplicación de las
normas autonómicas cuando corresponda, de acuerdo con las competencias de
las Comunidades Autónomas en este ámbito.
SECCION TERCERA
Los Cooperantes
Artículo 38
1.Son cooperantes quienes a una adecuada formación o titulación
académica oficial, unen una probada experiencia profesional y tienen
encomendada la ejecución de un determinado proyecto o programa en el
marco de la cooperación para el desarrollo.
2.Se regulará el Estatuto del Cooperante, en el que se fijarán,
entre otros aspectos, sus derechos y obligaciones, régimen de
incompatibilidades, formación, homologación de los servicios que prestan
y modalidades de previsión social.
SECCION CUARTA
Fomento de la participación social en la cooperación para el desarrollo
Artículo 39.Medidas para promover la participación de la sociedad
española en la Cooperación para el Desarrollo
Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias y con cargo a sus presupuestos
ordinarios, promoverán por sí mismas o en colaboración con los agentes
sociales descritos en el artículo 31 de la presente Ley, el fomento del
voluntariado y la participación de la sociedad española en las
iniciativas a favor de los países en desarrollo, así como la conciencia
de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de campañas
de divulgación, servicios de información, programas formativos y demás
medios que se estimen apropiados para tal fin.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Programas Presupuestarios Plurianuales
De acuerdo con lo establecido en el art. 61.2 del Real
Decreto-Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, podrán también
adquirirse compromisos de gastos para financiar programas y proyectos de
Cooperación para el Desarrollo que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se
inicie en el propio ejercicio.
Junto a los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno elaborará
un informe que recoja de manera integrada los créditos de los distintos
Ministerios y Organismos Públicos destinados a financiar programas de
Ayuda Oficial al Desarrollo.
Segunda.Modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
Al artículo 20, apartado uno, número 8.º de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se incorpora la siguiente
letra:
l)Cooperación para el Desarrollo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.Estructura Orgánica del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de
la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional
En tanto no se establezca el desarrollo reglamentario previsto en
esta Ley, seguirá subsistente la estructura orgánica recogida en los
Reales Decretos 795/1995, de 19 de mayo, por el que se crea y regula el
Consejo de Cooperación al Desarrollo, y 451/1986, de 21 de febrero, por
el que se crea la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
Segunda.Regulación de la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al
Desarrollo
Hasta que se elabore la normativa a la que se refiere el artículo
28.2, la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo
seguirá rigiéndose por su regulación específica e informará los proyectos
a que se refiere dicho precepto.
Tercera (Nueva).
Hasta la entrada en vigor de la reglamentación que desarrolle las
disposiciones del artículo 28.1, el Ministerio de Asuntos Exteriores
podrá disponer mediante Resolución Ministerial de los fondos habilitados
anualmente en el Capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado,
para aplicación de dicho artículo 28.1.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.Normas derogadas
1.Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo
que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
2.Sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria, quedan
derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
--Real Decreto 795/1995, de 19 de mayo, por el que se crea y regula
el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
--Real Decreto 451/1986, de 21 de febrero, por el que se crea la
Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
3.Queda asimismo derogada la Disposición Adicional Segunda de la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación
y desarrollo de la presente Ley sean
necesarias, incluidas las relativas al régimen económico y
presupuestario.
Segunda
El Gobierno promoverá cuantas acciones y reformas legislativas sean
precisas para la aprobación en el plazo de un año del Estatuto del
Cooperante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de esta Ley.
Tercera.Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».