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BOCG. Senado, serie II, núm. 70-f, de 02/04/1998
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
Serie II: 2 de abril de 1998 Núm. 70 (f)
PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 74
Núm. exp. 121/000072)
PROYECTO DE LEY
621/000070 General de Telecomunicaciones.
TEXTO APROBADO POR EL SENADO
621/000070
PRESIDENCIA DEL SENADO
El Pleno del Senado, en su sesión del día 25 de marzo de 1998, ha
aprobado el Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente,
Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley General de
Telecomunicaciones, con el texto que adjunto se publica.
Las enmiendas aprobadas por el Senado y el correspondiente mensaje
motivado han sido remitidos al Congreso de los Diputados a los efectos
previstos en el artículo 90.2 de la Constitución.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 31 de marzo de 1998.--El Presidente del Senado, Juan
Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María Cruz
Rodríguez Saldaña.
PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
EXPOSICION DE MOTIVOS
El sector de las telecomunicaciones fue considerado históricamente
uno de los ejemplos clásicos del denominado «monopolio natural». Esta
consideración sufrió la primera quiebra en el ámbito comunitario, como
consecuencia de la publicación, en 1987, del Libro Verde sobre el
desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de
Telecomunicaciones. En este Libro Verde, se proponía una ruptura parcial
de dicho monopolio y una separación entre los servicios de
telecomunicaciones que, hasta entonces, se ofrecían, todos ellos,
asociados entre sí, al servicio telefónico y a su red. Esta separación
permitió comenzar a distinguir entre redes y servicios básicos y otras
redes, equipamientos y servicios. Dentro de esta segunda categoría,
podría, en algunos casos, actuarse en régimen de libre concurrencia.
Establecía el Libro Verde, asimismo, una serie de principios
y criterios para la liberalización de los servicios de telecomunicaciones
en los países de la Unión Europea en años sucesivos.
En paralelo con el Libro Verde y de acuerdo con los principios
recogidos en él, se aprobó en España, en el mismo año, la Ley 31/1987, de
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones que, como su
propio preámbulo señala, supone el primer marco jurídico básico de rango
legal aplicable al sector de las telecomunicaciones y el inicio del
proceso liberalizador en nuestro país.
El carácter dinámico de las telecomunicaciones, la evolución del
proceso liberalizador, tanto en el seno de la Organización Mundial del
Comercio como en el ámbito de la Unión Europea, y la eliminación
progresiva de los vestigios del monopolio natural, hicieron que, en un
corto período de tiempo, la Ley española de 1987 quedase desfasada y
fuera necesario reformarla en profundidad. Así, se llevaron a cabo
sucesivas adaptaciones de la Ley, bien por medio de modificaciones
expresas de ésta, a través de las alteraciones producidas por la Ley
32/1992, de 3 de diciembre, o por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones, o bien como consecuencia de la
aprobación de leyes sectoriales que establecieron un régimen jurídico
distinto para determinados ámbitos concretos, como la Ley 37/1995, de 12
de diciembre, de Telecomunicaciones por Satélite o la Ley 42/1995, de 22
de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
La conclusión, en el seno de la Unión Europea, de las deliberaciones
sobre los principios básicos a aplicar en la liberalización del sector y
sobre el calendario del proceso liberalizador y la firme voluntad del
Gobierno español de agilizar éste, exigen la aprobación de la Ley General
de Telecomunicaciones que sustituye a la de Ordenación de las
Telecomunicaciones de 1987 y establece un marco jurídico único.
La rúbrica de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones, anuncia ya
que, principalmente, lo regulado en ella es un ámbito liberalizado,
disminuyendo el control administrativo que sobre él existía. No obstante,
una de las finalidades esenciales que la Ley persigue es garantizar, a
todos, un servicio básico a precio asequible, el denominado servicio
universal.
El texto de la Ley incorpora los criterios establecidos en las
disposiciones comunitarias, vigentes o en proyecto, principalmente los
contenidos en la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de
1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios
de telecomunicaciones, mediante la realización de la oferta de una red
abierta de telecomunicaciones; en la Directiva 97/51/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la
inicialmente citada y la 92/44/CEE para su adaptación a un entorno
competitivo en el sector de las telecomunicaciones; en la Directiva
92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de
la oferta de red abierta a las líneas alquiladas; en la Directiva
95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la
telefonía vocal, cuya modificación prevé la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de una red abierta
(ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal en las
telecomunicaciones en un entorno competitivo; en la Directiva 96/19/CE de
la Comisión de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva
90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en
los mercados de telecomunicaciones; en la Directiva 97/13/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un
marco común en materia de autorizaciones generales y de licencias
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones; en la
Directiva 97/33/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio
de 1997, relativa a la interconexión en las redes de telecomunicaciones,
para garantizar el servicio universal y la interoperabilidad, mediante la
aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) y en la
Directiva 97/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad.
Del análisis del contenido de la Ley resulta lo siguiente:
1º.Persigue promover la plena competencia mediante la aplicación de
los principios de no discriminación y de transparencia en la prestación
de la totalidad de los servicios (Título I). Al mismo tiempo, se
establecen mecanismos de salvaguarda que garanticen el funcionamiento
correcto y sin distorsiones de la competencia y el otorgamiento a la
Administración de facultades suficientes para garantizar que la libre
competencia no se produzca en detrimento del derecho de los ciudadanos al
acceso a los servicios básicos, permitiendo a aquélla actuar en el
sector, con el fin de facilitar la cohesión social y la territorial
2º.Otra novedad importante es el establecimiento de un sistema de
autorizaciones generales y de licencias individuales para la prestación
de los servicios y la instalación o explotación de redes de
telecomunicaciones (Título II), por el que se adapta el esquema
tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y de autorizaciones
administrativas, al régimen para el otorgamiento de títulos habilitantes,
impuesto por las Directivas comunitarias. También se regula la
interconexión de las redes, con la finalidad fundamental de garantizar la
comunicación entre los usuarios, en condiciones de igualdad y
con arreglo al principio de leal competencia entre todos los operadores
de telecomunicaciones.
3º.Se regulan, en el Título III, las obligaciones de servicio
público, que se imponen a los explotadores de redes públicas y
prestadores de servicios de telecomunicaciones disponibles para el
público, garantizando así la protección del interés general en un mercado
liberalizado. Estas obligaciones incluyen la exigencia de la utilización
compartida de las infraestructuras, para reducir al mínimo el impacto
urbanístico o medioambiental derivado del establecimiento incontrolado de
redes de telecomunicaciones. Destaca en este Título, particularmente, la
regulación del denominado servicio universal de telecomunicaciones, cuyo
acceso se garantiza a todos los ciudadanos. La Ley recoge el contenido
mínimo del servicio universal, pero prevé su ampliación y adaptación
futura, por vía reglamentaria, en función del desarrollo tecnológico.
Además, se incluyen en este Título disposiciones relativas al secreto de
las comunicaciones, la protección de los datos personales y el cifrado,
dirigidas, todas ellas, a garantizar técnicamente los derechos
fundamentales constitucionalmente reconocidos.
4º.También se adapta a la normativa comunitaria, el régimen de
certificación de aparatos de telecomunicaciones (Título IV), y el régimen
de gestión del dominio público radioeléctrico (Título V).
5º.En el Título VI se regula el sistema de distribución de
competencias entre los distintos entes y órganos de la Administración
General del Estado. En particular, se pone especial atención en dotar de
unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a ésta contar
con el apoyo del personal preciso y con los medios económicos adecuados.
6º.Por otro lado, se unifica el régimen de tasas y cánones
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, en el Título VII.
7º.El Título VIII revisa y actualiza el sistema de infracciones y
sanciones, armonizándolo con la nueva distribución de competencias entre
las autoridades administrativas y respetando el principio de la necesaria
tipificación, en sede legal, de las conductas ilícitas.
8º.Por último, es importante destacar que con el cambio profundo de
filosofía que sobre la regulación del sector de las telecomunicaciones se
recoge en esta Ley, se pretenden implantar, de forma gradual, los
mecanismos propios de un régimen plenamente liberalizado. Así, respetando
rigurosamente los plazos fijados por la normativa comunitaria, se
establece un régimen de transición al nuevo sistema para los títulos
otorgados al amparo de la normativa hasta ahora vigente, que habiliten
para la prestación de servicios o para la explotación de redes.
Cierran la Ley once disposiciones adicionales, once transitorias,
una derogatoria y cuatro finales, en las que, entre otros extremos, se
regulan la radiodifusión y la televisión y se establece un cuadro de
normas derogadas, y un anexo en el que se definen determinados conceptos
empleados en el articulado.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Objeto de la Ley
El objeto de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, en
ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde al Estado, de
acuerdo con el artículo 149.1.21ª de la Constitución.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera, se
excluye del ámbito de esta Ley el régimen básico de radio y televisión
que se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia, dictadas
al amparo del artículo 149.1.27ª de la Constitución. No obstante, las
infraestructuras de red que se utilicen como soporte de los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión, estarán sujetas a lo establecido en
esta Ley y, en especial, a lo dispuesto, sobre interconexión y acceso,
respecto a la provisión de redes abiertas, en el Capítulo IV del Título
II.
Artículo 2.Las telecomunicaciones como servicios de interés general
Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se
prestan en régimen de competencia. Sólo tienen la consideración de
servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público,
los servicios regulados en el Artículo 5 y en el Título III de esta Ley.
Artículo 3.Objetivos de la Ley
Los objetivos de esta Ley son los siguientes:
a)Promover, adoptando las medidas oportunas, las condiciones de
competencia entre los operadores de servicios, con respeto al principio
de igualdad de oportunidades, mediante la supresión de los derechos
exclusivos o especiales.
b)Garantizar el cumplimiento de las referidas condiciones.
c)Determinar las obligaciones de servicio público, en la prestación
de los servicios de telecomunicaciones,
en especial las de servicio universal, y garantizar su cumplimiento.
d)Promover el desarrollo y la utilización de los nuevos servicios,
redes y tecnologías cuando estén disponibles y el acceso a éstos, en
condiciones de igualdad, de ciudadanos y entidades e impulsar la cohesión
territorial, económica y social.
e)Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de
telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico, así
como la adecuada protección de este último.
f)Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al
acceso a los servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de
calidad, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los
imperativos constitucionales, en particular, el del respeto a los
derechos al honor, a la intimidad y al secreto en las comunicaciones y el
de la protección a la juventud y a la infancia . A estos efectos, podrán
imponerse obligaciones a los prestadores de los servicios para la
garantía de estos derechos.
Artículo 4.Planes y recomendaciones
En la regulación de la prestación de los distintos servicios de
telecomunicaciones, se tendrán en cuenta los planes y recomendaciones
aprobados en el seno de los organismos internacionales, en virtud de los
convenios y tratados en los que el Estado español sea parte.
Artículo 5.Servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional y la
protección civil
1.Las redes, servicios, instalaciones y equipos de
telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa
nacional integran los medios destinados a la misma, se reservan al Estado
y se rigen por su normativa específica.
2.El Ministerio de Fomento es el órgano de la Administración Civil
del Estado con competencia, de conformidad con la legislación específica
sobre la materia y lo establecido en esta Ley, para desarrollar, en la
medida que le afecte, la política de defensa nacional en el sector de las
telecomunicaciones, con la debida coordinación con el Ministerio de
Defensa y siguiendo los criterios fijados por éste.
En el marco de las funciones relacionadas con la defensa civil,
corresponde al Ministerio de Fomento estudiar, planear, programar,
proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la
defensa nacional, en el ámbito de las telecomunicaciones.
A tales efectos, los Ministerios de Defensa y de Fomento coordinarán
la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, su compatibilidad
con los servicios civiles. Asimismo, elaborarán los programas de
coordinación tecnológica precisos que faciliten la armonización,
homologación y utilización, conjunta o indistinta, de los medios,
sistemas y redes civiles y militares en el ámbito de las
telecomunicaciones. Para el estudio e informe de estas materias, se
constituirán los organismos interministeriales que se consideren
adecuados, con la composición y competencia que se determine
reglamentariamente.
3.En los ámbitos de la seguridad pública y de la protección civil,
en su específica relación con el uso de las telecomunicaciones, el
Ministerio de Fomento cooperará con el Ministerio del Interior y con los
órganos responsables de las Comunidades Autónomas con competencias sobre
las citadas materias, cuando éstas lo soliciten.
4.Los bienes muebles o inmuebles vinculados a los centros,
establecimientos y dependencias afectos a la explotación de las redes y a
la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dispondrán de las
medidas y sistemas de seguridad, vigilancia, difusión de información,
prevención de riesgos y protección que se determinen por el Gobierno, a
propuesta de los Ministerios de Defensa, Interior o Fomento, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias. Estas medidas y sistemas deberán
estar disponibles en las situaciones de normalidad o en las de crisis,
así como en los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio y en la Ley
2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.
5.El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar
la asunción por la Administración General del Estado, de la gestión
directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de
telecomunicaciones, de acuerdo con la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, para garantizar la seguridad
pública y la defensa nacional. Asimismo, en el caso de incumplimiento de
las obligaciones de servicio público a las que se refiere el Título III
de esta Ley, el Gobierno, previo informe preceptivo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones , e igualmente con carácter excepcional
y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General
del Estado de la gestión directa de los correspondientes servicios o de
la explotación de las correspondientes redes. En este último caso, podrá,
con las mismas condiciones, intervenir la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
Los acuerdos de asunción de la gestión directa del servicio y de
intervención de éste o los de intervenir o explotar las redes a los que
se refiere el párrafo anterior,
se adoptarán por el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una
Administración Pública territorial. En este último caso, será preciso que
la Administración Pública territorial tenga competencias en materia de
seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el
mal funcionamiento del servicio o de la red de telecomunicaciones. En el
supuesto de que el procedimiento se inicie a instancia de una
Administración distinta a la del Estado, aquélla tendrá la consideración
de interesada en el mismo y podrá evacuar informe con carácter previo a
la resolución final.
TITULO II
LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL
ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
EN REGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 6.Principios aplicables
La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de
redes de telecomunicaciones podrá realizarse bien mediante autoprestación
o bien a través de su oferta a terceros, en régimen de libre
concurrencia. En este último caso, se actuará conforme a los principios
de objetividad y no discriminación, garantizando, de acuerdo con lo
dispuesto en el Título III de esta Ley, la satisfacción de las
obligaciones de servicio público de telecomunicaciones, especialmente,
las de servicio universal.
Artículo 7.Títulos habilitantes y supuestos en los que no es preceptiva
su obtención
1.Para la prestación de los servicios y el establecimiento o
explotación de las redes de telecomunicaciones se requerirá la previa
obtención del correspondiente título habilitante que, según el tipo de
servicio que se pretenda prestar o de la red que se pretenda instalar o
explotar, consistirá, conforme a este Título, en una autorización general
o en una licencia individual. Ambos títulos habilitantes, podrán permitir
la prestación de servicios de telecomunicaciones entre los distintos
Estados miembros de la Unión Europea.
Se podrán otorgar autorizaciones generales y licencias individuales
provisionales para la realización de pruebas de carácter experimental y
para actividades de investigación. La resolución que, en su caso,
autorice la realización de dichas pruebas y actividades establecerá el
plazo para ello. A falta de resolución expresa, se estará a lo dispuesto,
con carácter general, para las autorizaciones generales y las licencias
individuales en los Capítulos II y III de este Título.
2.No obstante lo dispuesto en el número anterior, quedarán excluidos
del régimen de autorizaciones y licencias establecido en esta Ley:
a)Los servicios de telecomunicaciones y las instalaciones de
seguridad o intercomunicación que, sin conexión a redes exteriores y sin
utilizar el dominio público radioeléctrico, presten servicio a un
inmueble, a una comunidad de propietarios o dentro de una misma propiedad
privada.
b)Los servicios de telecomunicaciones establecidos entre predios de
un mismo titular que no utilicen el dominio público radioeléctrico.
c)Las instalaciones o equipos que utilicen el dominio público
radioeléctrico, mediante su uso común general.
3.La prestación de servicios o la explotación de redes de
telecomunicaciones en régimen de autoprestación y sin contraprestación
económica de terceros, por las Administraciones Públicas o por los Entes
Públicos de ellas dependientes, para la satisfacción de sus necesidades,
no precisará de título habilitante. Cuando para la prestación de los
servicios citados, se utilice el espectro radioeléctrico será requisito
previo la obtención de la correspondiente afectación demanial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la prestación o
explotación en el mercado, de servicios o de redes de telecomunicaciones
por las Administraciones Públicas o sus Entes Públicos, directamente o a
través de sociedades en cuyo capital participen mayoritariamente,
requerirá la obtención del título habilitante que corresponda, de entre
los regulados en este Título. Dicha prestación o explotación deberá ser
autorizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que
establecerá las condiciones para que se garantice la no distorsión de la
libre competencia, y se realizará por la Administración o el Ente
habilitados, con la debida separación de cuentas y con arreglo a los
principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.
Artículo 8.Registros Especiales de Titulares de Licencias Individuales y
de Titulares de Autorizaciones Generales
1.Se crean, dependientes de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, el Registro Especial de
Titulares de Licencias Individuales y el Registro Especial de Titulares
de Autorizaciones Generales.
Dichos Registros serán de carácter público, y su regulación se hará
por Real Decreto. En cada uno de ellos, respectivamente, deberá
inscribirse, de oficio o a instancia del interesado, según proceda, los
datos relativos a los titulares de las licencias individuales a las que
se refieren los apartados 1º y 2º del artículo 15 para prestación de
servicios a terceros y los relativos a los titulares de autorizaciones
generales. En ambos Registros habrán de figurar, también, las condiciones
impuestas a los sujetos habilitados para el ejercicio de la
correspondiente actividad y sus modificaciones.
2.En todo caso, la inscripción en el Registro Especial de Titulares
de Autorizaciones Generales será previa e imprescindible para la
prestación del servicio correspondiente o para el establecimiento o la
explotación de la red de que se trate, sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo segundo del artículo 12.
Artículo 9.Procedimiento de ventanilla única
El procedimiento de ventanilla única asegurará la coordinación
necesaria cuando sea preciso obtener licencias expedidas por más de una
autoridad nacional habilitada o por una distinta de aquélla ante la que
se presente la solicitud. Mediante este procedimiento, los interesados en
prestar servicios o, en su caso, en establecer o explotar redes de
telecomunicaciones, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de
otra Organización Internacional con la que se hayan celebrado acuerdos a
tal efecto, pueden presentar la solicitud para obtener licencias
individuales, o la notificación precisa para disfrutar de autorizaciones
generales, en cualquiera de los organismos que, con tal fin, designen
dichos Estados. Ello se podrá llevar a cabo con independencia del Estado
en cuyo ámbito se pretenda prestar el servicio o, en su caso, establecer
o explotar la red.
Reglamentariamente, se regulará el procedimiento de ventanilla
única.
CAPITULO II
Autorizaciones Generales
Artículo 10.Ambito
Se requerirá autorización general para la prestación de los
servicios y para el establecimiento o explotación de las redes de
telecomunicaciones que no precisen el otorgamiento de una licencia
individual, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo siguiente.
Artículo 11.Condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones
generales
1.Las autorizaciones generales se otorgan de forma reglada y
automática, previa asunción por el interesado de las condiciones que se
establezcan mediante Orden del Ministro de Fomento para cada categoría de
redes y servicios y previa comprobación del cumplimiento por aquél de los
requisitos que se determinen en la misma. Las condiciones indicadas en la
citada Orden, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»,
deberán garantizar los siguientes objetivos:
1º.El cumplimiento por el titular autorizado de los requisitos
esenciales exigibles para la adecuada prestación del servicio o la
correcta explotación de la red, así como de los demás requisitos técnicos
y de calidad que se establezcan, para el ejercicio de su actividad.
2º.El comportamiento competitivo de los operadores en los mercados
de telecomunicaciones.
3º.La utilización efectiva y eficaz de la capacidad numérica.
4º.La protección de los usuarios.
5º.El encaminamiento de las llamadas a los servicios de emergencia.
6º.El acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de
personas discapacitadas o con necesidades especiales.
7º.La interconexión de las redes y la interoperabilidad de los
servicios.
8º.La protección de los intereses de la defensa nacional y de la
seguridad pública.
Estos objetivos sólo serán exigibles en la medida en que su
consecución pueda producirse a través de la red o del servicio de que se
trate.
2.Igualmente, en el régimen aplicable a las autorizaciones generales
se podrá incluir la determinación de las condiciones impuestas a sus
titulares, relativas al suministro de la información que sea precisa para
comprobar el cumplimiento por ellos, de las obligaciones que se les
impongan, satisfacer necesidades estadísticas, facilitar los datos para
la confección de la guía unificada para cada ámbito territorial y atender
los requerimientos que vengan impuestos por la normativa aplicable.
Con arreglo a los principios de objetividad y de proporcionalidad,
el Ministro de Fomento podrá modificar las condiciones impuestas a los
titulares de autorizaciones generales en la Orden Ministerial a la que se
refiere el apartado 1 de este artículo, para la explotación de una
determinada categoría de redes o la prestación de determinados servicios,
previa audiencia de los interesados y previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. La modificación se realizará mediante
Orden Ministerial que establecerá un plazo para que los explotadores de
redes o los prestadores de servicios que actúen habilitados por las
autorizaciones generales, se adapten a lo en ella dispuesto. Transcurrido
dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, las citadas
autorizaciones quedarán sin efecto, sin tener su titular derecho a
indemnización.
Artículo 12.Procedimiento para la obtención de las autorizaciones
generales
Los interesados en prestar un determindo servicio o, en su caso, en
establecer o explotar una determinada red de telecomunicaciones, deberán
notificarlo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con
sometimiento a las condiciones impuestas en la Orden a la que se refiere
el artículo anterior. Deberán aportar, asimismo, toda la información
necesaria sobre la prestación del servicio o sobre la explotación o el
establecimiento de la red.
Los datos relativos al titular de la autorización general, se harán
constar en el Registro Especial al que se refiere el artículo 8. En todo
caso, no se podrá comenzar la prestación del servicio o las actividades
conducentes al establecimiento o a la explotación de la red, hasta el
momento en que se haya practicado de oficio la correspondiente
inscripción, en el plazo de veinticuatro días desde la recepción de la
notificación. No obstante, a falta de inscripción registral en el plazo
señalado, el interesado podrá comenzar la prestación del servicio o las
actividades dirigidas al establecimiento o a la explotación de la red. El
certificado de inscripción registral acreditará la existencia de la
autorización.
Artículo 13.Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios de las autorizaciones generales Cuando el beneficiario
de una autorización general incumpla de forma muy grave alguna de las
condiciones impuestas para su otorgamiento en la Orden a la que se
refiere el artículo 11, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
cancelará la inscripción registral, previa tramitación del
correspondiente expediente de revocación del título.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderán como
incumplimientos muy graves, además de los previstos en el artículo 79,
los que perjudiquen los intereses generales o las necesidades de la
defensa nacional, los que supongan un daño o un perjuicio para terceros o
los que lesionen los derechos fundamentales o libertades públicas
recogidos en la Constitución.
La revocación de la autorización determinará, para quien fuere su
titular, la prohibición de prestar el servicio correspondiente o de
establecer o explotar el mismo tipo de red con el que viniere realizando
su actividad. También llevará aparejada la imposibilidad de obtener, en
el plazo de un año desde que se produzca, una nueva autorización para la
prestación del mismo tipo de servicio o para la instalación o explotación
del mismo tipo de red.
Artículo 14.Condiciones para la prestación de nuevos servicios
Cuando la prestación de un nuevo servicio o el establecimiento o
explotación de un determinado tipo de red de telecomunicaciones no
hubiese sido aún objeto de regulación, mediante la aprobación de la
correspondiente Orden Ministerial y de acuerdo con lo señalado en el
artículo 11, el Ministerio de Fomento, una vez recibida la solicitud o
recibidas las solicitudes de los interesados para llevar a cabo la
actividad, establecerá las condiciones provisionales que lo permitan y
otorgará o denegará, motivadamente, lo solicitado, en el plazo de treinta
y seis días desde que tengan entrada aquéllas en cualquiera de los
registros del órgano correspondiente del referido Ministerio. A falta de
resolución expresa, la solicitud deberá entenderse estimada.
El Ministerio de Fomento procederá a la determinación de las
condiciones definitivas a las que deberán ajustarse los titulares de las
autorizaciones generales para la prestación, el establecimiento o la
explotación de los referidos servicios o redes. En cuanto al régimen del
otorgamiento de la autorización y las condiciones exigibles a sus
titulares, será de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en los
artículos 11 y 12.
CAPITULO III
Licencias individuales
Artículo 15.Ambito
Se requerirá licencia individual:
1º.Para el establecimiento o explotación de redes públicas de
telecomunicaciones.
2º.Para la prestación del servicio telefónico disponible al público.
3º.Para la prestación de servicios o el establecimiento o
explotación de redes de telecomunicaciones que impliquen el uso del
dominio público radioeléctrico, de acuerdo con lo dispuesto en el
Título V.
Asimismo, el Gobierno, mediante Real Decreto y de conformidad con la
normativa comunitaria, podrá establecer otras actividades para cuya
realización pueda exigirse licencia individual por necesidades de
asignación de recursos limitados, por resultar preciso el otorgamiento al
operador de derechos de servidumbre o el reconocimiento al mismo del
derecho a ser beneficiario de la expropiación forzosa de bienes de
titularidad pública o privada o por imponérsele las obligaciones de
servicio público a las que se refiere el Título III de esta Ley.
Artículo 16.Condiciones que pueden imponerse a los titulares de las
licencias individuales
Las licencias individuales se otorgarán de forma reglada, previa la
acreditación por el solicitante del cumplimiento de los requisitos
exigibles para su concesión y la asunción por él de las condiciones
generales establecidas mediante la correspondiente Orden del Ministro de
Fomento, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Dichas
condiciones podrán estar dirigidas a garantizar, además de los objetivos
señalados en el artículo 11 para las que se impongan a los titulares de
autorizaciones generales, los relativos a:
1º.El cumplimiento de los planes nacionales de numeración.
2º.El uso efectivo y la gestión eficaz del espectro radioeléctrico,
en los términos del Título V. Se podrán tomar en consideración, entre
otros factores, la innovación que supongan los servicios para los que se
solicite licencia o la ventaja económica que se ofrezca.
3º.La observancia de los requisitos específicos establecidos en
materia de protección del medio ambiente, de ordenación del territorio y
de urbanismo, incluidas, en su caso, las condiciones para la ocupación de
bienes de titularidad pública o privada y para el uso compartido de las
infraestructuras.
4º.El respeto a las normas sobre servicio público, de acuerdo con lo
dispuesto en el Título III de esta Ley.
5º.El cumplimiento de las condiciones aplicables a los operadores
que tengan una presencia significativa en el mercado.
6º.El establecimiento de las características, de la zona de
cobertura y del calendario de implantación del servicio, así como las
modalidades de acceso a él, especialmente, por medio de terminales de uso
público.
7º.La confidencialidad de las informaciones transmitidas.
8º.El suministro de circuitos susceptibles de ser alquilados.
9º.Los derechos y obligaciones en materia de interconexión y acceso,
de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de éste Título.
10º.El respeto a las medidas adoptadas por razones de interés
público.
11º.El cumplimiento, en su caso, de las obligaciones contenidas en
los pliegos de bases que rijan la licitación para el otorgamiento de
licencias para la prestación de determinados servicios o el
establecimiento o explotación de redes de telecomunicación.
El Ministerio de Fomento podrá modificar, previa audiencia de los
interesados y previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, las condiciones impuestas para el otorgamiento de las
licencias exigibles para la prestación de una determinada categoría de
servicios o el establecimiento o explotación de un determinado tipo de
redes, en la Orden Ministerial a la que se refiere este artículo. La
modificación se realizará mediante Orden Ministerial por la que se
establecerá un plazo para adaptación a la nueva normativa de los
titulares de las licencias otorgadas antes de su entrada en vigor, de tal
forma que se les permita realizar, ininterrumpidamente, sus actividades.
Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido lugar la adaptación, las
referidas licencias quedarán sin efecto, sin tener su titular derecho a
indemnización.
Artículo 17.Requisitos exigibles a los titulares de licencias
individuales
1.Podrán ser titulares de licencias individuales, las personas
físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea,
o con otra nacionalidad, cuando así esté previsto en los acuerdos
internacionales en los que sea parte el Estado español. Si la titular de
la licencia fuera una sociedad u otra persona jurídica, la participación
en su capital o, en su caso, en su patrimonio, de personas físicas de
nacionalidad no comunitaria o de personas jurídicas domiciliadas fuera de
la Unión Europea, no podrá superar el veinticinco por ciento, salvo que
ello resulte permitido por los acuerdos internacionales celebrados por el
Estado español o se autorice en aplicación del principio de reciprocidad.
El Gobierno podrá autorizar inversiones superiores a la indicada.
Asimismo, con carácter general y a petición de las sociedades u otras
personas jurídicas, titulares de licencias individuales, el Gobierno
podrá aprobar una participación extranjera en su capital social, o en su
caso, en su patrimonio, que exceda del veinticinco por ciento, y con el
límite que al efecto se establezca.
Para las sociedades u otras personas jurídicas, habilitadas para la
prestación de servicios de telecomunicaciones
cuya petición requiera la utilización del dominio público radioeléctrico,
se estará, en cuanto a la participación extranjera en su capital o, en su
caso, en su patrimonio, a lo que se disponga en la normativa específica.
En todo caso, las personas físicas o jurídicas extranjeras titulares
de licencias individuales, deberán tener un representante legal en
España.
2.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones informará
preceptivamente, en los procedimientos iniciados para la autorización de
las operaciones de concentración de empresas o de toma de control de una
o varias empresas del sector de las telecomunicaciones, cuando las mismas
hayan de ser sometidas al Gobierno para su decisión, de acuerdo con la
legislación vigente en materia de defensa de la competencia.
Artículo 18.Procedimiento de otorgamiento de licencias individuales
1.Los interesados en prestar un servicio o en establecer o explotar
una red de telecomunicaciones, presentarán sus solicitudes con la
documentación exigible de acuerdo con lo dispuesto en este artículo,
dirigidas al Ministerio de Fomento o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, según sea competente aquél o ésta para el
otorgamiento del correspondiente título habilitante, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las
Telecomunicaciones. Junto a la solicitud, deberán aportar toda la
información necesaria sobre la red o el servicio de que se trate. En caso
de que el Ministerio de Fomento recibiese una solicitud para cuya
resolución sea competente la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones,la remitirá a ésta. Lo propio hará la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones si recibiese una solicitud cuya
resolución competa al Ministerio de Fomento.
El solicitante deberá acreditar la solvencia técnica y económica
suficiente en los términos fijados en la Orden Ministerial a la que se
refiere el artículo 16, para hacer frente a las obligaciones resultantes
de la prestación del servicio o del establecimiento o explotación de la
red.
2.Las solicitudes deberán contener los datos señalados en el
artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la
asunción formal por el solicitante del cumplimiento de las condiciones y
del respeto a las garantías establecidas en la Orden a la que se refiere
el artículo 16.
3.Recibidas las solicitudes, el Ministerio de Fomento o, en su caso,
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, resolverán sobre el
otorgamiento o denegación de las licencias en el plazo de treinta y seis
días desde que se produzca la entrada de la correspondiente solicitud en
cualquiera de los registros del órgano administrativo competente. Este,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 para los supuestos de
limitación del número de licencias, podrá ampliarse justificadamente,
siempre que el plazo total no supere los cuatro meses. Los plazos citados
podrán prorrogarse cuando sea precisa una coordinación internacional de
frecuencias por el tiempo necesario para alcanzarla . A falta de
resolución expresa en el plazo que, en cada caso, resulte de aplicación,
deberá entenderse desestimada la solicitud.
4.Dentro del plazo para resolver, el Ministerio de Fomento o, en su
caso, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dictarán
resolución motivada, otorgando o denegando al interesado la licencia
solicitada . En función del tipo de servicio para el que se solicitase
licencia, de sus destinatarios, del ámbito de cobertura en el que se
preste o de otra circunstancia que se determine reglamentariamente, dicha
resolución fijará, además de las condiciones generales aplicables al
titular de cualesquiera licencias, las específicas que le sean exigibles
en función de las particularidades del título otorgado. Se respetará, en
todo caso, el principio de proporcionalidad.
Las licencias individuales que impongan a su titular obligaciones de
servicio público o que impliquen el uso del dominio público
radioeléctrico, se otorgarán por el período que se establezca en la Orden
Ministerial a la que se refiere el artículo 16 y que, en ningún caso,
podrá ser superior a treinta años, plazo que será prorrogable por
períodos sucesivos de hasta diez años cada uno. En los demás casos, se
estará al plazo que se establezca en la Orden Ministerial que regule las
condiciones generales exigibles a los titulares de cada categoría de
licencias individuales.
5.El Ministerio de Fomento o, en su caso, la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, podrán modificar las condiciones impuestas a sus
titulares en la resolución de otorgamiento de cada licencia individual,
cuando haya una justificación objetiva para ello y respetando el
principio de proporcionalidad. Dichas modificaciones se especificarán en
resolución motivada y estarán justificadas por razones de interés
general.
Artículo 19.Denegación, revocación, extinción y transmisión de licencias
individuales
1.El Ministerio de Fomento o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en ejercicio de sus
respectivas competencias, podrán denegar el otorgamiento de una licencia
individual, en los siguientes casos:
a)Si el interesado no facilita la información relativa al
cumplimiento de las condiciones que le resulten aplicables.
b)En el supuesto de que, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 20 y 21, el número de licencias sea limitado y quien solicite
una no haya resultado adjudicatario del título en la correspondiente
licitación.
c)Siempre que el interesado no demuestre el cumplimiento de los
requisitos que le sean de aplicación, de acuerdo con esta Ley y la Orden
Ministerial que regule el servicio concreto.
Contra la resolución denegatoria de la licencia, el interesado podrá
interponer recurso contencioso-administrativo.
2.Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo de la letra A
del apartado 1º del artículo 82, respecto de la revocación del título
habilitante por la comisión por su titular de una infracción muy grave,
el Ministerio de Fomento o, en su caso, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
dejar sin efecto las licencias individuales, previa tramitación del
correspondiente expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para la resolución
de los contratos de gestión de servicios públicos. La licencia individual
podrá dejarse sin efecto, cuando su titular no cumpla alguna de las
condiciones impuestas en la Orden Ministerial a la que se refiere el
artículo 16 o en la resolución de otorgamiento del título.
En cualquier caso, cuando se produzcan interferencias que
perjudiquen la adecuada prestación de los servicios o la eficiente
explotación de una red de telecomunicaciones, originadas por un uso
inadecuado o ineficiente de determinadas instalaciones o de otros
servicios o redes, sean o no radioeléctricos, podrán adoptarse medidas
inmediatas para evitarlas.
3.La Orden Ministerial a la que se refiere el artículo 16 de esta
Ley o el pliego de bases al que alude el artículo 21, establecerán las
demás causas por las que podrán dejarse sin efecto y extinguirse las
licencias individuales.A falta de previsión expresa respecto de ellas, se
estará a lo dispuesto en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas en relación con la resolución del contrato de
gestión de servicios públicos y su extinción.
4.En cualquier caso, a la transmisión de licencias, se aplicará lo
previsto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas,
en relación al contrato de gestión de servicios públicos.
Artículo 20.Limitación del número de licencias individuales
1.Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz del espectro
radioeléctrico, el Ministerio de Fomento podrá limitar el número de
licencias individuales a otorgar para la prestación de cualquier
categoría de servicios y para el establecimiento o explotación de redes
de telecomunicaciones.
En tales casos, en la Orden del Ministro de Fomento a la que se
refiere el artículo 16 de esta Ley, se indicará la limitación del número
de licencias individuales y las razones por las que se establece aquélla.
Esta limitación será revisable, total o parcialmente, por el propio
Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en la medida en que
desaparezcan las causas que la motivaron .
2.El Ministerio de Fomento podrá, de oficio o a instancia de parte
interesada, abrir un período de información pública para conocer la
posible existencia de interesados en la prestación del servicio,
suspendiendo, en su caso, el otorgamiento de nuevas licencias. Dicho
período de información pública se iniciará con un anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» y en un diario de difusión nacional, en el
que se establecerá un plazo para que los interesados en la prestación del
servicio o en el establecimiento o explotación de la red, presenten sus
solicitudes. El coste de dicho anuncio será a cargo de las personas
físicas o jurídicas que finalmente obtengan la licencia individual.
Una vez recibidas las solicitudes a las que se refiere el párrafo
anterior, el Ministerio de Fomento examinará si todas ellas pueden
atenderse o no con la capacidad disponible de frecuencias. En el primer
caso, se otorgarán las licencias, con arreglo al procedimiento señalado
en el artículo 18, una vez publicada la Orden Ministerial a la que se
refiere el artículo 16. En el segundo, tras la publicación de dicha Orden
Ministerial, el otorgamiento de las licencias se hará de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo siguiente.
Artículo 21.Procedimiento para el otorgamiento en los supuestos de
limitación del número de licencias individuales
1.Cuando por las razones previstas en el artículo anterior, el
Ministerio de Fomento limite el número de licencias individuales a
otorgar para instalar o explotar una determinada categoría de redes o
prestar determinados servicios de telecomunicaciones, se tramitará un
procedimiento de licitación para el otorgamiento de los títulos
habilitantes.
Para ello, se aprobará, mediante Orden Ministerial, el pliego de
bases correspondiente a la categoría de los servicios o de las redes cuya
prestación, instalación o explotación se sujeta a limitación. En este
caso, el plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de la licencia
será de ocho meses desde la convocatoria de la licitación. A falta de
resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.
2.Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas respecto de las concesiones para la gestión de
servicios públicos, en lo relativo a la convocatoria de la licitación, al
pliego de bases que deba aprobarse y a la adjudicación, a la
modificación, a la extinción y a la formalización de los títulos
habilitantes. Sin embargo, no será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 162 de dicha Ley, salvo cuando se trate de licencias que lleven
aparejadas, para su titular, obligaciones de servicio público, de acuerdo
con lo establecido en el Título III .
CAPITULO IV
Interconexión y acceso a las redes
Artículo 22.Principios de la interconexión
1.Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones estarán
obligados a facilitar la interconexión de éstas con las de todos los
operadores del mismo tipo de redes y servicios telefónicos disponibles al
público, que lo soliciten.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá limitar esta
obligación de interconexión, de forma temporal y caso por caso, cuando
existan alternativas técnica y comercialmente viables a ella y cuando la
interconexión pedida no pueda satisfacerse por insuficiencia o
inadecuación de los recursos disponibles. La resolución de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones limitando la obligación de
interconexión, habrá de ser motivada y publicada, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa que resulte de aplicación a la actuación de
aquélla.
2.Los acuerdos de interconexión se celebrarán libremente entre las
partes. El Gobierno, en el Reglamento al que hace referencia el apartado
6 de este artículo, podrá, con carácter previo a la interconexión,
establecer las condiciones mínimas que le sean aplicables, en particular
las relativas a las exigencias para el mantenimiento de los requisitos
esenciales para la prestación del servicio o para la instalación o
explotación de la red, a las que se refiere el anexo de esta Ley. Estas
condiciones habrán de incluirse en los acuerdos que celebren los
operadores.
Excepcionalmente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá dictar instrucciones a las partes que hayan celebrado un acuerdo de
interconexión, instándolas a su modificación, cuando su contenido pudiera
amparar prácticas contrarias a la competencia o resulte preciso para
garantizar la interoperabilidad de los servicios.
3.Del mismo modo, cuando los titulares de las redes indicados en el
apartado 1 de este artículo no las hayan interconectado, habiéndose
agotado las posibilidades de acuerdo al respecto, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones podrá exigir que se haga efectiva la
interconexión y, cuando proceda, establecer las condiciones para la
misma. La intervención de la Comisión, en este caso, deberá ser la
estrictamente necesaria para conseguir alcanzar el objetivo de proteger
los intereses públicos y se realizará de oficio o a instancia de los
usuarios y previa audiencia de las partes afectadas.
4.Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones facilitarán
la interconexión en condiciones no discriminatorias, transparentes,
proporcionales y basadas en criterios objetivos.
5.La conexión física podrá, en su caso, ser realizada, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, en los propios locales
del titular de la red pública a la que se solicite o bien por líneas de
interconexión.
6.El documento formalizador de los acuerdos de interconexión deberá
ser comunicado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que
lo pondrá a disposición de otros interesados, a petición de éstos,
excepto en aquéllo que pueda afectar al secreto comercial o industrial y
en los términos que se determinen en el Reglamento al que se refiere el
número siguiente de este artículo.
7.El Gobierno fijará por Reglamento las condiciones mínimas
relativas a la interconexión, teniendo en cuenta la normativa comunitaria
sobre la oferta de red abierta. En dicho Reglamento se podrán establecer
las condiciones para que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones pueda eximir de las obligaciones previstas en los
números 4 y 6 de este artículo a los operadores, en función de su
posición en el mercado.
Artículo 23.Operador dominante
1.A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de operador
dominante, en el ámbito municipal, autonómico, estatal o en otro ámbito
territorial determinado, el operador u operadores de redes o servicios
que hayan obtenido en dicho ámbito y en el año inmediatamente
anterior, una cuota de mercado superior al veinticinco por ciento de los
ingresos brutos globales generados por la utilización de las redes o por
la prestación de los servicios.
No obstante lo anterior y en atención a la capacidad de las redes de
un mismo titular, o a la del servicio que éste preste, para influir en
las condiciones del mercado, su volumen de negocios, su control sobre los
medios de acceso a los usuarios finales, su acceso a los recursos
financieros, su experiencia en suministrar productos y servicios o
cualquier otra circunstancia que pueda afectar a las condiciones de la
competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con
carácter individualizado y mediante resolución motivada, podrá establecer
que no tiene posición dominante en el mercado aunque participe en él en
una cuota superior al veinticinco por ciento en el ámbito territorial de
referencia. Del mismo modo y con arreglo a las mismas condiciones, podrá
establecer que sí tiene esa posición dominante el prestador de los
servicios o el titular de red con una cuota de mercado inferior al
veinticinco por ciento, en el ámbito territorial de referencia.
2.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá y
hará pública, anualmente, la relación de los operadores que se consideran
dominantes en el mercado.
3.En el Reglamento al que se refiere el artículo 22.7, se
determinarán qué obligaciones de las impuestas a los operadores
dominantes son exigibles a los operadores de los servicios de telefonía
móvil.
Artículo 24.Principios aplicables al acceso a las redes
1.Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que tengan
la consideración de dominantes deberán facilitar el acceso a sus redes en
condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, a todos los
usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo
soliciten.
Además, deberán atender las solicitudes técnicamente viables y
debidamente justificadas, de acceso a la red en puntos distintos a los de
terminación de red ofrecidos a la generalidad de los usuarios. A estos
efectos, las partes, en función de dichas solicitudes negociarán el
correspondiente acuerdo y, a falta de éste, se estará a lo dispuesto en
el artículo siguiente, en cuanto a la resolución de conflictos por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
2.En el Reglamento al que se refiere el artículo 22.7 se
establecerán los requisitos para el acceso abierto a las redes de
telecomunicaciones, de acuerdo con la normativa comunitaria y con los
principios recogidos en este Capítulo. Asimismo, en dicho Reglamento, se
establecerán las condiciones exigibles para permitir accesos especiales a
las redes a los grupos cerrados de usuarios. Las condiciones deberán
someterse a los criterios de objetividad, transparencia y no
discriminación que se fijan en el apartado anterior y habrán de tomar en
consideración la importancia de la red y de los servicios propios del
grupo cerrado de usuarios y la circunstancia de que éste pueda estar
integrado por una Administración Pública y sus Entes Públicos.
Los elementos a tomar en consideración para la valoración de los
costes para determinar las condiciones de los accesos especiales, serán
similares a los tomados en consideración para los acuerdos de
interconexión.
Artículo 25.Resolución de conflictos
De los conflictos relativos a la ejecución e interpretación de los
acuerdos de interconexión y de los producidos por el acceso a las redes
públicas de telecomunicaciones, conocerá la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Esta, previa audiencia de las partes, dictará
resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el
plazo máximo de seis meses a partir del momento en que se pida su
intervención, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales
hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva. La resolución
adoptada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones será
recurrible en vía contencioso-administrativa.
Artículo 26.Principios aplicables a los precios de interconexión
Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que tengan la
consideración de dominantes en el mercado, deberán atenerse, en la
determinación de los precios de interconexión, a los principios de
transparencia y de orientación a costes.
Además, deberán justificar que los precios de interconexión que
ofrezcan se orientan a los costes reales, así como desglosar los mismos
de forma tal que el peticionario de la interconexión a sus redes, no
sufrague más de lo estrictamente relacionado con el servicio solicitado.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá solicitar a los
citados titulares que justifiquen plenamente los precios de interconexión
que aplican y, cuando proceda, dictará resolución motivada para su
modificación.
Lo dispuesto en este artículo será, igualmente, de aplicación a los
operadores de servicios móviles, aún cuando no tengan la condición de
dominantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, siempre
que dispongan de una posición en el mercado nacional de la interconexión
equivalente a la establecida en el apartado 1 de dicho artículo.
Artículo 27.Contabilidad de costes
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones establecerá los
criterios y condiciones del sistema de contabilidad de costes al que
habrán de ajustarse los titulares de redes a los que se hace referencia
en el artículo anterior, en relación con los precios de interconexión.
También fijará el procedimiento para que, a solicitud de las partes
interesadas, los citados criterios sean conocidos por éstas . Asimismo,
corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comprobar
que el sistema de contabilidad de costes adoptado por los referidos
titulares de redes, se adapta a los criterios por ella establecidos y, en
su caso, dictar las instrucciones para su modificación, preservando la
confidencialidad de la información que pueda afectar al secreto
industrial o comercial.
Artículo 28.Publicidad y transparencia de las ofertas de interconexión
1.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones garantizará que
los titulares de redes públicas que tengan la consideración de
dominantes, publiquen una oferta de interconexión de referencia, en los
términos que se determinen en el Reglamento al que se refiere el artículo
22.7, que deberá estar desglosada por elementos, con arreglo a las
necesidades del mercado y a las condiciones técnicas y económicas que
resulten de aplicación, indicando, entre otros extremos, los precios y
los niveles de calidad.
Dicha oferta podrá incluir el establecimiento de diferentes precios,
términos y condiciones de interconexión para las distintas categorías de
operadores, cuando ello pueda estar objetivamente justificado sobre la
base del tipo de interconexión facilitada o por las condiciones derivadas
de la correspondiente licencia. En todo caso, dichas diferencias no
podrán provocar distorsiones en la competencia, ni atentar contra el
principio de no discriminación.
2.Las ofertas de interconexión de referencia podrán ser modificadas
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante resolución
motivada.
Artículo 29.Normas técnicas La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones velará para que, en los acuerdos de interconexión, se
tengan en cuenta las normas comunitarias que sean de aplicación. En
defecto de éstas, fomentará la aplicación de las normas, de las
especificaciones o de las recomendaciones que se aprueben por los
organismos europeos o, a falta de éstas, de las adoptadas por los
organismos internacionales de normalización. En ausencia de todas ellas,
se tendrán en cuenta las normas nacionales.
CAPITULO V
Numeración
Artículo 30.Principios generales
1.Tendrán derecho a disponer de números e intervalos de numeración
todos los operadores de servicios de telecomunicaciones accesibles al
público que lo necesiten para permitir su efectiva prestación, tomándose
esta circunstancia en consideración en los planes de numeración.
2.Corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el
ejercicio de la competencia estatal de gestión del Espacio Público de
Numeración. También llevará a cabo las facultades de administración y
control, inherentes a la gestión del Espacio Público de Numeración.
3.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones asignará los
recursos públicos de numeración en la forma que reglamentariamente se
determine y en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias.
4.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá recabar de
los titulares de los recursos públicos de numeración, cuanta información
estime necesaria para evaluar la eficiencia de los sistemas de numeración
y el adecuado uso de los recursos asignados. Dichos titulares estarán
obligados a facilitar esta información en los plazos y forma que
reglamentariamente se establezcan. En todo caso, la citada información
deberá ser tratada con absoluta confidencialidad, siendo de aplicación,
respecto de la misma, lo dispuesto en la normativa vigente sobre el
secreto comercial e industrial, y habrá de ser empleada únicamente para
los fines solicitados.
Artículo 31.Planes Nacionales de Numeración
1.Corresponde al Gobierno, mediante Real Decreto y a propuesta del
Ministro de Fomento, la aprobación
de los Planes Nacionales de Numeración; y a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones , su gestión .
Los Planes establecerán, entre otros extremos, los mecanismos de
selección del operador de red. Reglamentariamente, se fijarán las
condiciones para garantizar que, en todo caso, la selección del operador
se realiza de acuerdo con el principio de acceso igualitario.
El contenido de los citados Planes y el de los actos derivados de su
gestión, serán públicos, salvo en lo relativo a materias que puedan
afectar a la seguridad nacional.
2.A fin de cumplir con las obligaciones y recomendaciones
internacionales y para garantizar la disponibilidad suficiente de
numeración, el Ministro de Fomento, de oficio o a instancia de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y mediante resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», podrá modificar la
estructura y la organización de los Planes Nacionales de Numeración. Se
habrán de tener en cuenta, a tal efecto, los intereses de los afectados y
los gastos de adaptación que, de todo ello, se deriven para los
operadores de redes, los prestadores de servicios y los usuarios. Las
modificaciones que se pretendan realizar deberán ser publicadas antes de
su entrada en vigor y con una antelación suficiente .
3.Todos los operadores de redes, los prestadores de servicios y, en
su caso, los fabricantes y los comerciantes, estarán obligados a tomar
las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones que se
adopten por el Ministerio de Fomento o por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias sobre
numeración.
4.Los derechos de numeración otorgados no tendrán la consideración
de derechos o intereses patrimoniales legítimos, a efectos de lo previsto
en el artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954.
Artículo 32.Uso de los recursos públicos de numeración
1.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones velará por la
buena utilización de los recursos públicos de numeración asignados.
Los recursos públicos de numeración no podrán ser transferidos, sin
autorización expresa de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. El autorizado habrá de cumplir las condiciones
establecidas por la Comisión para la transmisión.
2.La utilización de recursos públicos de numeración, no implica la
adquisición de ningún derecho de propiedad industrial o intelectual.
Artículo 33.Conservación de los números telefónicos por los abonados
Los operadores de redes fijas de telecomunicaciones garantizarán, en
los términos, plazos y condiciones que reglamentariamente se determinen,
que los abonados puedan conservar los números que les hayan sido
asignados, cuando, sin modificar su ubicación física, cambien de
operador. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la
red y los de los sistemas necesarios para hacer operativa la conservación
de los números, deberán ser sufragados por cada entidad habilitada, que
no tendrá derecho a recibir indemnización alguna. Los demás costes
ocasionados, se repartirán entre los operadores afectados por el cambio
y, a falta de acuerdo entre éstos, resolverá la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones.
Del mismo modo, en los términos, plazos y condiciones que
reglamentariamente se determinen, se habrán de ofrecer a los abonados los
diferentes medios de conservación de los diferentes tipos de números,
tanto para redes fijas como para redes móviles de telecomunicaciones.
CAPITULO VI
Separación de cuentas
Artículo 34.Separación de cuentas y suministro de información financiera
1.Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los de
servicios de telecomunicaciones disponibles al público que tengan la
consideración de dominantes, tendrán la obligación de presentar
anualmente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones cuentas
separadas y auditadas referidas a las distintas actividades que realicen
.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá solicitar
directamente la comparecencia ante sus órganos, de la persona física o
jurídica que haya auditado las cuentas de un operador con el fin de que
realice las oportunas aclaraciones y aporte la información complementaria
sobre sus estados financieros, la justificación de sus precios de
interconexión y la separación de sus cuentas por actividades y servicios.
En todo caso, se deberán separar, como mínimo, las cuentas de los
servicios telefónicos disponibles al público, las de los servicios de
interconexión, incluidos tanto los servicios prestados internamente como
a terceros, las de los servicios de alquiler de circuitos y las de
cualquier otro que tenga la consideración de obligatorio.
Asimismo, las empresas públicas o privadas que, de acuerdo con la
legislación vigente, posean derechos especiales o exclusivos para la
prestación de servicios en cualquier sector económico y que empleen redes
públicas o presten servicios de telecomunicaciones, disponibles al
público, deberán tener cuentas separadas y auditadas para sus actividades
de telecomunicaciones.
Reglamentariamente, se establecerán los términos, el alcance y las
condiciones de la separación de cuentas y el volumen de negocios anual a
obtener por los operadores para que sea exigible esa obligación. Por
debajo de ese volumen de negocios, los operadores de redes públicas y de
servicios de telecomunicaciones disponibles al público, quedarán exentos
de las obligaciones a las que se refiere este artículo.
2.Reglamentariamente, se regularán las condiciones en las que la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá requerir
información financiera, incluidas las auditorías de sus cuentas, a los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones y de servicios de
telecomunicaciones disponibles al público y las de publicación de dicha
información.
TITULO III
OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO
Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARACTER PUBLICO EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS Y EN LA EXPLOTACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES
CAPITULO I Obligaciones de servicio público
SECCION I
Delimitación
Artículo 35.Delimitación de las obligaciones de servicio público
1.Los titulares de servicios de telecomunicaciones disponibles al
público y los titulares de redes públicas de telecomunicaciones para cuya
prestación, instalación o explotación se requiera licencia individual, de
conformidad con lo dispuesto en el Título II, se sujetarán al régimen de
obligaciones de servicio público, de acuerdo con lo establecido en este
Título.
Asimismo, en los términos contenidos en la Sección IV de este
Capítulo, quienes lleven a cabo determinados servicios de
telecomunicaciones para cuya prestación se requiera una autorización
general, podrán estar sometidos a obligaciones de servicio público.
2.El cumplimiento de las obligaciones de servicio público en la
prestación de servicios y en la explotación de redes de
telecomunicaciones para los que aquéllas sean exigibles, se efectuará con
respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminación,
continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los
criterios de calidad que reglamentariamente se determinen, que serán
objeto de adaptaciones periódicas. Corresponde a la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones el control del cumplimiento de las obligaciones
que se imponen en este artículo.
3.En los términos establecidos en la disposición adicional segunda,
respecto de las obligaciones de prestación del servicio, se aplicará el
régimen establecido para la concesión de servicio público determinado en
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y en las normas que la desarrollan.
Artículo 36.Categorías de obligaciones de servicio público
A efectos de lo dispuesto en esta Ley y sin perjuicio de las
obligaciones recogidas en el artículo 35, se establecen las siguientes
categorías de obligaciones de servicio público:
a)El servicio universal de telecomunicaciones, que será financiado
en los términos contenidos en la Sección II de este Título.
b)Los servicios obligatorios de telecomunicaciones, que se prestarán
en todo o parte del territorio nacional, con arreglo a lo determinado en
la Sección III de este Título.
c)Otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de
interés general, en la forma y con las condiciones establecidas en la
Sección IV de este Título.
SECCION II
El servicio universal de telecomunicaciones
Artículo 37.Concepto y ámbito de aplicación
1.Se entiende por servicio universal de telecomunicaciones, el
conjunto definido de servicios de telecomunicaciones con una calidad
determinada, accesibles a todos los usuarios con independencia de su
localización geográfica y a un precio asequible. En la determinación de
los conceptos de servicio accesible y precio asequible,
se tomará en consideración, especialmente, el hecho insular.
Inicialmente, bajo el concepto de servicio universal de
telecomunicaciones, se deberá garantizar, en los términos que
reglamentariamente se determinen:
a)Que todos los ciudadanos puedan recibir conexión a la red
telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico
fijo disponible para el público. La conexión debe ofrecer al usuario la
posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales y
permitir la transmisión de voz, fax y datos.
b)Que los abonados al servicio telefónico dispongan, gratuitamente,
de una guía telefónica, actualizada e impresa y unificada para cada
ámbito territorial. Todos los abonados tendrán derecho a figurar en las
guías y a un servicio de información nacional sobre su contenido, sin
perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la
protección de los datos personales y el derecho a la intimidad.
c)Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en
el dominio público, en todo el territorio nacional.
d)Que los usuarios discapacitados o con necesidades sociales
especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible al
público, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de
usuarios.
Todas las obligaciones de prestación de los servicios que se
incluyen en el servicio universal, estarán sujetas a los mecanismos de
financiación que se establecen en el artículo 39 .
2.El Gobierno podrá revisar y ampliar los servicios que se engloban
dentro del servicio universal de telecomunicaciones, en función de la
evolución tecnológica, de la demanda de servicios en el mercado o por
consideraciones de política social o territorial. Asimismo, podrá revisar
la fijación de los niveles de calidad en la prestación de los servicios y
los criterios para la determinación de los precios que garanticen su
carácter de asequibles .
El procedimiento y los mecanismos de revisión del ámbito y
condiciones de financiación del servicio universal, serán establecidos
mediante Real Decreto.
Artículo 38.Prestación del servicio universal de telecomunicaciones
1.Para garantizar el servicio universal de telecomunicaciones en
todo el territorio nacional, cualquier operador que tenga la
consideración de dominante en una zona determinada, podrá ser designado
para prestar, dentro de ella, cualesquiera de los servicios incluidos en
el concepto de servicio universal.
2.Reglamentariamente, se establecerán las condiciones y
procedimientos de designación de los operadores encargados de garantizar
la prestación del servicio universal. Dichas condiciones incluirán las
zonas geográficas afectadas, los servicios a llevar a cabo y el período
de su prestación. Asimismo, se determinarán los supuestos en que podrá
prestarse, en una determinada zona geográfica, el servicio universal por
un operador no dominante , siempre y cuando los estándares de calidad y
de precio que ofrezca sean iguales o más beneficiosos para el usuario que
los que oferte el operador dominante.
3.Los términos y condiciones para la prestación del servicio
universal por un operador de telecomunicaciones se regirán, además de por
lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, por lo que
determine la Orden del Ministerio de Fomento por la que se regule la
prestación de cada servicio concreto por los titulares de licencias
individuales.
Artículo 39.Financiación del servicio universal de telecomunicaciones
1.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará si
la obligación de la prestación del servicio universal implica una
desventaja competitiva, o no, para los operadores que la lleven a cabo .
En el primer supuesto, se establecerán y harán públicos los mecanismos
para distribuir entre los operadores el coste neto de dicha prestación,
en los términos previstos en este artículo.
El cálculo de dicho coste será determinado periódicamente, en
función del ahorro neto que el operador conseguiría si no tuviera la
obligación de prestar el servicio universal. Este ahorro neto se
calculará tomando en cuenta el coste que implica suministrar el servicio
a los clientes a los que, bajo consideraciones estrictamente comerciales
y a largo plazo, el operador no lo prestaría por no resultar rentable. A
estos efectos, se tendrán en cuenta en el cálculo del coste neto, por una
parte, el coste incremental en que el operador incurriría al prestar el
servicio a los clientes citados, en condiciones no rentables y, por otra,
los ingresos derivados de dicha actividad y los beneficios intangibles
asociados a la universalidad del servicio.
La determinación del coste neto se realizará por el operador de
telecomunicaciones que, en cada caso, preste el servicio universal, de
acuerdo con los criterios generales establecidos por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. La propia Comisión habrá de
aprobar el resultado del cálculo , previa auditoría realizada por ella
misma o por la entidad que, a estos efectos, designe.
Tanto el resultado del cálculo de los costes como las conclusiones
de la auditoría, estarán a disposición de los operadores que contribuyan
a la financiación del servicio universal, previa su solicitud y de
acuerdo con el procedimiento que se establezca .
2.El coste neto de la financiación de la obligación de prestación
del servicio universal, será soportado por todos los operadores que
exploten las redes públicas de telecomunicaciones y por los prestadores
de los servicios telefónicos disponibles al público.
Una vez fijado este coste, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones determinará las aportaciones que correspondan a cada
uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación
del servicio universal.
Dichas aportaciones se fijarán, en todo caso, de acuerdo con los
principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad,
teniendo en cuenta los parámetros objetivos indicadores de la actividad
de cada operador, que serán determinados por el Ministro de Fomento y se
aplicarán por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En tanto
no se establezcan estos parámetros, se tendrá en cuenta el porcentaje de
los ingresos brutos de explotación que, en proporción al volumen de
negocio total del mercado, obtenga cada operador.
Si un operador de telecomunicaciones ofreciere condiciones
especiales de acceso a usuarios discapacitados o con necesidades sociales
especiales en los términos que se determinen con arreglo al apartado d)
del artículo 37, podrá solicitar la deducción del coste neto de su
prestación de la aportación que deba realizar a la financiación del
servicio universal.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará qué
operadores pueden quedar exentos, de forma transitoria, de la obligación
de contribuir a la financiación del servicio universal, con el fin de
incentivar la introducción de nuevas tecnologías o favorecer el
desarrollo de una competencia efectiva.
Las aportaciones recibidas se depositarán en el Fondo Nacional del
Servicio Universal de las Telecomunicaciones, que se crea por esta Ley,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo.
3.El Fondo Nacional del Servicio Universal de Telecomunicaciones
tiene por finalidad garantizar la financiación del servicio universal.
Los activos en metálico procedentes de los operadores con obligaciones de
contribuir a la financiación del servicio universal, se depositarán en
este Fondo, en una cuenta específica designada a tal efecto. Los gastos
de gestión de esta cuenta serán deducidos de su saldo y los rendimientos
que éste genere, si los hubiere, minorarán la contribución de los
aportantes.
En la cuenta podrán depositarse aquellas aportaciones que sean
realizadas por cualquier persona física o jurídica que desee contribuir,
desinteresadamente, a la financiación de cualquier prestación propia del
servicio universal.
Los operadores de telecomunicaciones sujetos a obligaciones de
prestación del servicio universal, recibirán de este Fondo la cantidad
correspondiente al coste neto, calculado según el procedimiento
establecido en este artículo, que les supone dicha obligación.
Reglamentariamente, se determinará la estructura, la organización y
los mecanismos de control del Fondo Nacional del Servicio Universal de
Telecomunicaciones y la forma y plazos en los que los operadores
realizarán las aportaciones.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se encargará de la
gestión de este Fondo. Además, elaborará y hará público un informe anual
sobre los costes del servicio universal y las aportaciones realizadas al
Fondo para su financiación . A estos efectos, podrá requerir toda la
información que estime necesaria de los operadores implicados.
En caso de que el resultado de este informe indicase que el coste de
la prestación del servicio universal, para operadores obligados a ello,
fuese de una magnitud tal que no justificase los costes derivados de la
gestión del Fondo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
podrá proponer al Gobierno su supresión y, en su caso, el establecimiento
de mecanismos de compensación directa entre operadores.
SECCION III
Servicios obligatorios de telecomunicaciones
Artículo 40.Servicios incluidos dentro de esta categoría
1.El Gobierno, previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y mediante norma reglamentaria, podrá incluir
determinados servicios de los previstos en el número 2 de este artículo,
en la categoría de servicios obligatorios a la que alude el artículo
36.b) 2.Podrán incluirse en esta categoría de servicios:
a)Los servicios de télex, los telegráficos y aquellos otros de
características similares que comporten acreditación de la fehaciencia
del contenido del mensaje remitido o de su remisión o recepción, así como
los servicios de seguridad de la vida humana en el mar y los que
afecten, en general, a la seguridad de las personas, a la seguridad
pública y a la protección civil.
b)Los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento o de
transmisión de datos, los avanzados de telefonía disponible al público,
los de red digital de servicios integrados y los que faciliten la
comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en
circunstancias especiales y estén insuficientemente atendidos y, en
especial, los de correspondencia pública marítima, con la finalidad de
garantizar la suficiencia de su oferta.
3.El reglamento que declare incluidos determinados servicios en esta
categoría deberá, además, indicar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo siguiente, sus formas de financiación, las Administraciones
Públicas o los operadores obligados a prestarlos en virtud de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 35 y los procedimientos para su
determinación.
4.En cualquier caso, el encaminamiento de llamadas a los servicios
de emergencia será a cargo de los operadores, debiendo asumir esta
obligación tanto los que presten servicios telefónicos disponibles al
público como los que exploten redes públicas de telecomunicaciones que
soporten servicios telefónicos. Inicialmente, esta obligación se impondrá
a los operadores respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico
112 de atención a urgencias.
El Gobierno, mediante reglamento, determinará otros números
telefónicos para la atención de servicios de urgencia, a los que será de
aplicación lo establecido en el párrafo anterior.
En todo caso, el servicio de llamadas de emergencia será gratuito
para los usuarios, cualquiera que sea la Administración Pública
responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que
se utilice.
Artículo 41.Prestación y financiación de los servicios obligatorios
1.En la prestación de los servicios a los que se refiere el apartado
2.a) del artículo anterior será de aplicación lo siguiente:
a)El Gobierno, mediante reglamento, determinará la Administración
Pública a la que se encomienda la obligación de prestarlos, en función de
la competencia sectorial que tenga atribuida. La Administración designada
podrá llevarlos a cabo, en todo o en parte, directamente, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.3, o a través de los operadores a los que
se les encomiende su prestación, mediante un procedimiento de licitación
pública.
b)El déficit de explotación o, en su caso, la contraprestación
económica que deba satisfacerse a quien se encomienda la prestación, se
financiarán con cargo a los presupuestos de la Administración que tenga
asignada la obligación de llevar a cabo los servicios obligatorios a los
que se refiere este apartado.
2.En la prestación de los servicios a los que se refiere el apartado
2.b) del artículo anterior será de aplicación lo siguiente:
A)El Gobierno, mediante reglamento, designará los operadores
obligados a suministrar cada tipo de servicio o, en su defecto, los
criterios y procedimientos para su determinación, así como su ámbito
geográfico de actuación o los procedimientos para su delimitación. Cuando
el ámbito geográfico no rebase el de una Comunidad Autónoma, la
designación se realizará previo informe favorable de ésta. El reglamento
citado, deberá tomar en consideración los elementos que a continuación se
indican:
a)El coste de los servicios, que habrá de ser equivalente para los
distintos operadores a los que se impongan obligaciones, no
estableciéndose condiciones discriminatorias entre ellos.
b)La necesaria rapidez de implantación del servicio en la mayor
parte del territorio que se deba cubrir o en parte del mismo.
c)La situación de los operadores en el mercado.
B)El cumplimiento de estas obligaciones de servicio público, se
llevará a cabo, sin contraprestación económica, por los operadores
designados, salvo que el reglamento indicado en el apartado 1.a) de este
artículo establezca su financiación mediante las tasas previstas en los
artículos 72 y 73. Las obligaciones se impondrán, sólo a los titulares de
nuevas licencias que se otorguen tras la aprobación del reglamento. No
obstante, el reglamento que imponga este tipo de obligaciones de servicio
público podrá establecer su exigibilidad a los operadores ya existentes,
una vez transcurrido un determinado plazo desde su implantación que, en
ningún caso, podrá ser inferior a cinco años. Sin embargo, respecto de
los operadores dominantes, el reglamento podrá establecer plazos más
breves.
El Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, desarrollará, mediante Orden Ministerial, lo
previsto en este apartado.
3.La imposición de las obligaciones establecidas en este artículo a
los distintos operadores o Administraciones
Públicas, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria novena.
SECCION IV
Otras obligaciones de servicio público
Artículo 42.Otras obligaciones de servicio público
1.El Gobierno podrá, por necesidades de la defensa nacional y de la
seguridad pública, imponer, mediante Real Decreto, otras obligaciones de
servicio público distintas de las de servicio universal y de los
servicios obligatorios, a los titulares de licencias individuales o de
autorizaciones generales a los que se refiere el artículo 35.1.
El reglamento a que se refiere el párrafo anterior fijará, asimismo,
el procedimiento de imposición de estas obligaciones a los distintos
operadores y su forma de financiación.
2.El Gobierno, mediante reglamento, podrá, asimismo, imponer otras
obligaciones de servicio público a los operadores citados en el apartado
anterior, previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por razones de cohesión territorial o de extensión
del uso de nuevos servicios y tecnologías a la sanidad, a la educación o
a la cultura.
El reglamento que imponga estas obligaciones de servicio público y
fije su forma de financiación, podrá establecer la afectación a dicho fin
de fondos que provengan de las tasas previstas en los artículos 72 y 73
de esta Ley. En este supuesto, será de aplicación el procedimiento
previsto en el artículo 36.2.
CAPITULO II
Derechos de los operadores a la ocupación del
dominio público, a ser beneficiarios en el
procedimiento de expropiación forzosa
y al establecimiento, a su favor, de servidumbres
y de limitaciones a la propiedad Artículo 43.Titulares de los
derechos
Los operadores titulares de licencias individuales para la
instalación de redes públicas de telecomunicaciones a los que, de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I de este Título, les sean
exigibles obligaciones de servicio público, se beneficiarán de los
derechos de ocupación del dominio público, de la aplicación del régimen
de expropiación forzosa y del de establecimiento de servidumbres y
limitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 44.Derecho de ocupación del dominio público
1.Los titulares de licencias individuales para el establecimiento de
redes públicas de telecomunicaciones a los que se refiere el artículo
anterior, tendrán derecho, en la medida en que ello sea necesario para el
establecimiento de la red pública de telecomunicaciones de que se trate.
2. Para el otorgamiento de dicha autorización será requisito previo
el informe del órgano competente del Ministerio de Fomento que acredite
que el operador posee la correspondiente licencia para la instalación de
la red que pretende utilizar y que el proyecto técnico reúne todos los
requisitos exigidos en el título otorgado.
Las condiciones y requisitos que se establezcan por las
Administraciones titulares del dominio público, para la ocupación del
mismo por los operadores de redes públicas, deberán ser, en todo caso,
transparentes y no discriminatorios.
3.Los órganos encargados de la redacción de los instrumentos de
planificación territorial o urbanística deberán recabar del órgano
competente del Ministerio de Fomento el oportuno informe, a efectos de
determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones. Los
diferentes instrumentos de planificación territorial o urbanística
deberán recoger las necesidades de establecimiento de redes públicas de
telecomunicaciones, señaladas en los informes del Ministerio de Fomento.
Artículo 45.Ocupación del dominio público local
En las autorizaciones de uso de dominio público local será de
aplicación, además de lo previsto en el artículo anterior, lo siguiente:
a)Las autorizaciones de uso deberán otorgarse conforme a lo
dispuesto en la legislación de régimen local.
b)Será obligatoria la canalización subterránea cuando así se
establezca en un instrumento de planeamiento urbanístico debidamente
aprobado.
En todo caso, las condiciones que se establezcan para la ocupación
del dominio público local, tanto para la canalización subterránea de las
redes como para su financiación, deberán someterse a los principios de
igualdad de trato y de no discriminación entre los distintos operadores
de redes.
Artículo 46.Expropiación forzosa
1.Los operadores titulares de redes públicas de telecomunicaciones a
las que se refiere el artículo 43, podrán
exigir que se les permita la ocupación de la propiedad privada, cuando
así resulte necesario para la instalación de la red, ya sea a través de
su expropiación forzosa o ya mediante la declaración de servidumbre
forzosa de paso de infraestructurade redes públicas de
telecomunicaciones. En ambos casos, tendrán la condición de beneficiarios
en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la
legislación sobre expropiación forzosa.
2.La aprobación del proyecto técnico por el órgano competente del
Ministerio de Fomento que reglamentariamente se determine, llevará
implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad pública y la
de necesidad de ocupación, a efectos de lo previsto en la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, para la instalación de
redes públicas de telecomunicaciones.
Con carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se
recabará informe de la Comunidad Autónoma competente en materia de
ordenación del territorio, que habrá de ser emitido en el plazo máximo de
quince días desde su solicitud. No obstante, previa solicitud de la
Comunidad Autónoma, este plazo será ampliado hasta dos meses si el
proyecto afecta a un área geográfica relevante.
3.En las expropiaciones que se lleven a cabo para la instalación de
redes públicas de telecomunicaciones, cuyos titulares tengan impuestas
las obligaciones de servicio público indicadas en los apartados a) y b)
del artículo 36, se seguirá el procedimiento especial de urgencia
establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, cuando
así se haga constar en la resolución del órgano competente del Ministerio
de Fomento que apruebe el oportuno proyecto técnico.
4.Las competencias de la Administración del Estado a las que se
refiere este artículo se entenderán sin perjuicio de las que correspondan
a las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio.
Artículo 47.Uso compartido de los bienes de titularidad pública o privada
objeto de los derechos de ocupación regulados en los artículos anteriores
1.Mediante Orden del Ministro de Fomento, podrá establecerse que,
con carácter previo a la resolución que dicte el órgano competente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46, autorizando la
ocupación de bienes de titularidad pública o privada por el procedimiento
de expropiación, se efectúe anuncio público otorgando un plazo de veinte
días a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones para que
manifiesten su interés en su utilización compartida.
2.En el supuesto de que algún operador de redes públicas de
telecomunicaciones manifieste su interés en la utilización compartida de
bienes de propiedad pública o privada, el correspondiente expediente de
ocupación del bien se suspenderá en su tramitación, otorgándose un plazo
de veinte días a las partes para que fijen libremente las condiciones
para ello. En caso de no existir acuerdo entre las partes en el plazo
indicado, a petición de una cualquiera de ellas, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones establecerá, mediante resolución, las
condiciones para el uso compartido.
3.La resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
que establezca la obligación de uso compartido y sus condiciones, deberá
tomar en consideración las siguientes circunstancias:
a)Que la coutilización sea económicamente viable.
b)Que no se requieran obras adicionales de importancia.
c)Que el operador que se beneficie del uso compartido abone el
precio que se fije por la coutilización, a la entidad a la que se otorga
el derecho de ocupación.
4.La resolución del órgano competente para permitir el derecho a la
ocupación del bien de titularidad pública o privada deberá reproducir, en
su caso, el contenido de la dictada por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en la que se establece la obligación de utilización
compartida de los bienes, sus condiciones y el plazo para ello..
5.En la resolución que ponga fin al expediente tramitado para la
ocupación o para la expropiación forzosa de bienes, se recogerá la
obligación del beneficiario de permitir su uso compartido, conforme a lo
establecido en este artículo.
Artículo 48.Otras servidumbres y limitaciones a la propiedad
1.La protección del dominio público radioeléctrico tiene como
finalidades su aprovechamiento óptimo, evitar su degradación y el
mantenimiento de un adecuado nivel de calidad en el funcionamiento de los
distintos servicios de radiocomunicaciones.,
Las limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico
y las servidumbres que resulten necesarias para la protección
radioeléctrica de las instalaciones se establecerán, dentro de los
límites que se señalan en la disposición adicional tercera, por las
normas de desarrollo de esta Ley.
2.A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se podrán imponer
limitaciones y servidumbres a las que se refiere
el apartado 1 de este artículo, con objeto de proporcionar la adecuada
protección radioeléctrica a:
a)Las instalaciones de la Administración que se precisen para el
control de la utilización del espectro radioeléctrico.
b)Las estaciones de socorro y seguridad.
c)Las instalaciones de interés para la Defensa Nacional.
d)Las estaciones terrenas de seguimiento y control de satélites.
e)Las estaciones de investigación espacial, de exploración de la
Tierra por satélite, de radioastronomía y de astrofísica, y las
instalaciones oficiales de investigación o ensayo de radiocomunicaciones
u otras en las que se lleven a cabo funciones análogas.
f)Cualquier otra instalación o estación cuya protección resulte
necesaria para el buen funcionamiento de un servicio público o en virtud
de acuerdos internacionales.
CAPITULO III
Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y
derechos y obligaciones
de carácter público vinculados con las redes
y servicios de telecomunicaciones
Artículo 49.Secreto de las comunicaciones
Los operadores que presten servicios de telecomunicaciones al
público o exploten redes de telecomunicaciones accesibles al público,
deberán garantizar el secreto de las comunicaciones, de conformidad con
los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el artículo 579 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, deberán adoptar las medidas
técnicas que se exijan por la normativa vigente en cada momento, en
función de las características de la infraestructura utilizada.
Artículo 50.Protección de los datos de carácter personal
Los operadores que presten servicios de telecomunicaciones al
público o exploten redes de telecomunicaciones accesibles al público
deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los
datos de carácter personal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal, en las normas dictadas en su desarrollo y
en las normas reglamentarias de carácter técnico, cuya aprobación exija
la normativa comunitaria en materia de protección de los datos
personales.
Artículo 51.Interceptación de las telecomunicaciones por los servicios
técnicos
Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la
exigencia, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de autorización judicial para la interceptación de contenidos,
cuando para la realización de las tareas de control para la eficaz
utilización del dominio público radioeléctrico establecidas en el
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, sea necesaria la
utilización de equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas de
interceptación de señales no dirigidas al público en general, será de
aplicación lo siguiente:
a) La Administración de las Telecomunicaciones deberá diseñar y
establecer sus sistemas técnicos de interceptación de señales en forma
tal que se reduzca al mínimo el riesgo de afectar a los contenidos de las
comunicaciones.
b)Cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas
efectuadas, quede constancia de los contenidos, los soportes en los que
éstos aparezcan no podrán ser ni almacenados ni divulgados y serán
inmediatamente destruidos.
Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado
empleo de las redes y la correcta prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las
facultades que a la Administración atribuye el artículo 61.2.
Artículo 52.Cifrado en las redes y servicios de telecomunicaciones
1.Cualquier tipo de información que se transmita por redes de
telecomunicaciones, podrá ser protegida mediante procedimientos de
cifrado. Podrán establecerse condiciones para los procedimientos de
cifrado en las normas de desarrollo de esta Ley.
2.El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre
sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la
confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de
notificar bien a un órgano de la Administración General del Estado o a un
organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado
utilizado, a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.
Esta obligación afectará a los fabricantes que incorporen el cifrado en
sus
equipos o aparatos, a los operadores que lo incluyan en las redes o
dentro de los servicios que ofrezcan y, en su caso, a los usuarios que lo
empleen.
3.Los operadores de redes o servicios de telecomunicaciones que
utilicen cualquier procedimiento de cifrado deberán facilitar a la
Administración General del Estado, sin coste alguno para ésta y a efectos
de la oportuna inspección, los aparatos descodificadores que empleen, en
los términos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 53.Redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios
1.Con pleno respeto a lo previsto en la legislación reguladora de las
infraestructuras comunes en el interior de los edificios para el acceso a
los servicios de telecomunicación, se establecerán reglamentariamente las
oportunas disposiciones que la desarrollen. El reglamento determinará,
tanto el punto de interconexión de la red interior con las redes
públicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior.
2.Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas
sobre la materia, la normativa técnica básica de edificación que regule
la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios, deberá
tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes
de telecomunicaciones a que se refiere el apartado anterior.
En la referida normativa técnica básica, deberá preverse que la
infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente para
permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma tal
que se facilite la posibilidad de uso compartido de estas
infraestructuras por aquéllos.
Asimismo, el reglamento regulará el régimen de instalación de las
redes de telecomunicaciones en los edificios ya existentes o futuros, en
todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango legal
reguladoras de la materia.
Artículo 54.Derechos de los usuarios
1.Los operadores de telecomunicaciones y los usuarios podrán someter
las controversias que les enfrenten, al conocimiento de Juntas Arbitrales
de Consumo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de
julio, sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en sus normas de
desarrollo.
Para el supuesto de que no se sometan a las Juntas Arbitrales de
Consumo, el Ministerio de Fomento establecerá, reglamentariamente, el
órgano competente de dicho Departamento para resolver las repetidas
controversias, si así lo solicitan voluntariamente los usuarios y el
procedimiento rápido y gratuito al que aquél habrá de sujetarse. La
resolución que se dicte podrá impugnarse ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
2.Las normas básicas de utilización de los servicios de
telecomunicaciones accesibles al público en general que determinarán los
derechos de los usuarios se aprobarán por reglamento que, entre otros
extremos, regulará: a)La responsabilidad por los daños que se les
produzcan.
b)Los derechos de información de los usuarios.
c)Los plazos para la modificación de las ofertas.
d)Los derechos de desconexión de determinados servicios, previa
solicitud del usuario.
e)El derecho a obtener una compensación por la interrupción del
servicio.
3.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
37. b), la elaboración y comercialización de las guías de abonados a los
servicios de telecomunicaciones, se realizará en régimen de libre
competencia, garantizándose, en todo caso, a los abonados el derecho a la
protección de sus datos personales, incluyendo el de no figurar en dichas
guías.
4.En todo caso, los usuarios tendrán derecho a una información fiel
sobre los servicios y productos ofrecidos, así como sobre sus precios,
que permita un correcto aprovechamiento de los mismos y favorezca la
libertad de elección.
5.El Gobierno o, en su caso, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, podrán introducir cláusulas de modificación de los
contratos celebrados entre los operadores y los usuarios, para evitar el
trato abusivo a éstos.
TITULO IV
Evaluación de la conformidad de equipos y aparatos
Artículo 55.Evaluación de la conformidad
1.El Ministerio de Fomento, cuando así lo prevea la normativa
aplicable y previo informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, aprobará las especificaciones técnicas de los equipos
o aparatos de telecomunicaciones, recogiendo los requisitos esenciales
que sean de aplicación. En todo caso, los equipos y aparatos, habrán de
permitir garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios y redes
de telecomunicaciones,
así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico. Se
requerirá una regulación específica por el citado Ministerio para los
equipos y aparatos cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a)Que exista una norma expresa que así lo prevea.
b)Que requieran la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas.
c)Que estén destinados a conectarse directa o indirectamente a los
puntos de terminación de una red pública de telecomunicaciones, con el
objeto de enviar, procesar o recibir señales. d)Que puedan
perturbar el normal funcionamiento de un servicio de telecomunicaciones.
2.La conformidad con las especificaciones técnicas se establecerá
mediante la emisión del certificado de aceptación, tras la verificación
del cumplimiento de dichas especificaciones.
3.La comprobación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
se llevará a cabo en laboratorios de ensayo designados por el órgano
competente del Ministerio de Fomento. La forma de designación de estos
laboratorios será la que venga establecida reglamentariamente y, en todo
caso, deberá hacerse mediante un procedimiento abierto, no
discriminatorio y transparente que permita, antes de llevarse a cabo,
comprobar que aquéllos cumplen los criterios y normas emanados de los
organismos técnicos correspondientes.
4.El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá llevar a cabo las
modificaciones necesarias en el régimen aplicable a los laboratorios de
ensayo designados, con la finalidad de adaptarlo a las disposiciones de
la normativa comunitaria.
5.Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las
especificaciones técnicas de los equipos, aparatos y dispositivos
utilizados por las Fuerzas Armadas se determinarán por el Ministerio de
Defensa, debiendo ser compatibles con las de las redes públicas de
telecomunicaciones para que sea posible su conexión, en los términos
previstos en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 5.
Artículo 56.Procedimiento para la evaluación de la conformidad de los
equipos y aparatos con la normativa aplicable
El procedimiento para la evaluación de la conformidad de los equipos
y aparatos con la normativa aplicable, se establecerá reglamentariamente
y tomará en cuenta:
a)Las diferentes formas de obtención del certificado de aceptación y
los distintos métodos de evaluación para su otorgamiento.
b)El modo en que deban realizarse los ensayos para su verificación.
Artículo 57.Necesidad de la evaluación de la conformidad
1.Para la importación, fabricación en serie, venta o exposición para
la venta, en el mercado interior de la Unión Europea, de cualquier equipo
o aparato de los indicados en el artículo 55, será requisito
imprescindible haber obtenido previamente el certificado de aceptación,
tras la evaluación de su conformidad con la normativa que resulte
aplicable por los procedimientos a los que se refieren los artículos
anteriores.
2.El certificado de aceptación expedido para los equipos y aparatos
destinados a conectarse a los puntos de terminación de una red pública de
telecomunicaciones incluye la autorización administrativa que permite la
conexión del aparato a dicha red.
Artículo 58.Competencias compartidas
Las competencias señaladas en los artículos 55 y 57 se ejercerán por
el Ministerio de Fomento. Ello se entiende sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros Ministerios o a las Comunidades
Autónomas en materia de industria respecto de la normalización,
homologación y certificación. Se habrán de establecer los instrumentos
adecuados para asegurar la coordinación entre las distintas
Administraciones Públicas de las actuaciones a realizar en esta materia.
Artículo 59.Reconocimiento mutuo
Los certificados de conformidad o procedimientos alternativos de
evaluación de la conformidad con las normas comunes armonizadas y las
Reglamentaciones Técnicas Comunes, cuyas referencias se hayan publicado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», expedidos por
organismos designados por los Estados miembros de la Unión Europea, de
acuerdo con la legislación comunitaria, tendrán valor equivalente al
certificado de aceptación para los equipos y aparatos de
telecomunicaciones procedentes de aquéllos o de otros Estados con los que
exista acuerdo sobre la materia. Por ello, será necesario que los equipos
y aparatos estén debidamente marcados conforme se establece en las normas
que incorporen al Derecho
español las Directivas Comunitarias que les sean de aplicación.
Artículo 60.Condiciones a los instaladores
Reglamentariamente, se establecerán, previa audiencia de los
Colegios Profesionales afectados y de las asociaciones representativas de
las empresas de construcción e instalación, las condiciones aplicables a
los operadores e instaladores de equipos y aparatos de telecomunicaciones
a fin de que, acreditando su competencia profesional, se garantice la
puesta en servicio de los equipos y aparatos. Será preciso que, en todo
caso, se mantengan inalteradas las condiciones bajo las cuales fueron
emitidos los certificados de los equipos y aparatos a los que se refieren
los artículos anteriores, sin menoscabo de la evaluación de la
conformidad realizada.
En el reglamento al que se refiere el párrafo anterior se
establecerán los requisitos exigidos a los instaladores, respetando las
competencias de las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial para
el otorgamiento, en su caso, de las correspondientes autorizaciones, o la
llevanza de registro. Asimismo, se regulará, en este supuesto, la
obligación de las Comunidades Autónomas de dar traslado de lo actuado al
Ministerio de Fomento.
TITULO V
DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO
Artículo 61.Gestión del dominio público radioeléctrico
1.La gestión del dominio público radioeléctrico y las facultades
para su administración y control, corresponden al Estado. Dicha gestión
se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este Título y en los
Tratados y Acuerdos Internacionales en los que España sea parte,
atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las
resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.
2.La administración, gestión y control del espectro de frecuencias
radioeléctricas incluyen, entre otras funciones, la elaboración y
aprobación de los planes generales de utilización, el establecimiento de
las condiciones para el otorgamiento del derecho a su uso, la atribución
de ese derecho y la comprobación técnica de las emisiones
radioeléctricas. Asimismo, se integra dentro de la administración,
gestión y control del referido espectro, la inspección, detección,
localización, identificación y eliminación de las interferencias
perjudiciales, irregularidades y perturbaciones en los sistemas de
telecomunicaciones, iniciándose, en su caso, el oportuno procedimiento
sancionador.
3.La utilización del dominio público radioeléctrico mediante redes
de satélites se incluye dentro de la gestión, administración y control
del espectro de frecuencias.
4.Asimismo, la utilización del dominio público radioeléctrico
necesaria para la utilización de los recursos órbita-espectro en el
ámbito de la soberanía española y mediante satélites de comunicaciones,
queda reservada al Estado. Su explotación, estará sometida al derecho
internacional y se realizará, en la forma que reglamentariamente se
determine, mediante su gestión directa por el Estado o mediante
concesión. En todo caso, la gestión podrá también llevarse a cabo
mediante conciertos con organismos internacionales.
Artículo 62.Facultades del Gobierno para la gestión del dominio público
radioeléctrico
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las condiciones de
gestión del dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes
para su utilización y los procedimientos de otorgamiento de los derechos
de uso de dicho dominio, bien mediante autorización administrativa,
concesión demanial o afectación de uso. En dicho Reglamento se regulará,
como mínimo, lo siguiente:
--El procedimiento de determinación de los niveles de emisión
radioeléctrica tolerables y que no supongan un peligro para la salud
pública.
--El procedimiento para la elaboración de los planes de utilización
del espectro radioeléctrico y del Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias, con indicación de los órganos competentes para su
tramitación. En la elaboración de dichos planes se deberán tomar en
consideración las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de
radiodifusión y de televisión en los Planes Técnicos Nacionales y las
necesidades para la defensa nacional del espectro radioeléctrico. Los
datos relativos a esta última materia tendrán el carácter de reservados.
Los planes técnicos, que serán aprobados por el Gobierno, tendrán valor
equivalente al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en ellos se
respetarán los derechos reconocidos a los actuales operadores, con
arreglo a la planificación hasta ahora vigente. Para la elaboración de
los futuros planes técnicos nacionales de radiodifusión y de televisión,
el Gobierno tomará en cuenta las necesidades de cobertura estatal,
autonómica y local. Se procurará que exista una oferta de frecuencias
equivalente para la cobertura estatal y para la autonómica y local, en
función de las específicas necesidades y tomando en cuenta las
especialidades del hecho insular.
--Los procedimientos de adjudicación del uso de dominio público
tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, la tecnología utilizada,
el interés de los servicios, las bandas y su grado de aprovechamiento.
También tendrán en consideración la valoración económica, para el
interesado, del uso del dominio público, que éste es un recurso escaso y
las ofertas presentadas por los licitadores.
--La habilitación para utilizar el dominio público mediante licencia
individual revestirá la forma de concesión o autorización administrativa
y se formalizará conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o conforme a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. El plazo para el otorgamiento
de las licencias individuales para la prestación de servicios o
explotación de redes de telecomunicaciones que impliquen la utilización
del dominio público radioeléctrico será, de conformidad con lo señalado
en el artículo 18.3, de cuatro meses desde la entrada de la solicitud en
cualquiera de los registros del órgano administrativo competente, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 21 para los supuestos de
limitación del número de licencias.
Artículo 63.Títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico
1.El derecho de uso del dominio público radioeléctrico se otorgará
por el órgano o autoridad competente con arreglo a esta Ley, a través de
la afectación demanial o de concesión administrativa.
2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el reglamento al
que se refiere el artículo 62, podrá establecer que la atribución del
derecho al uso del dominio público radioeléctrico no se otorgue por
concesión administrativa, sino por autorización administrativa, en los
siguientes supuestos:
--Si se trata de una reserva del derecho de uso especial no
privativo del dominio público.
--En caso de que se trate de una reserva del derecho de uso
privativo del dominio público radioeléctrico cuando concurran todas las
circunstancias siguientes:
a)Que la utilización del referido dominio se lleve a cabo para la
prestación de servicios de telecomunicaciones distintos de los
disponibles al público en general o para la explotación de redes de
telecomunicaciones no públicas.
b)Que exista información suficiente que permita constatar que la
oferta de dominio público, supera a la demanda previsible.
c)Que dicha información permita determinar que, por razón del
espacio geográfico o el fin a que se destina, no existen problemas
técnicos o económicos para el uso de dicho dominio.
3.En cualquier caso, para el otorgamiento del título concesional o
de la autorización, se podrán establecer los requisitos del artículo 16
del Título II.
4.En el supuesto de que los recursos disponibles de dominio público
radioeléctrico sean o puedan ser presumiblemente inferiores a las
solicitudes que se formulen, podrá limitarse el número de autorizaciones
o el de concesiones. En este supuesto, y respecto de las autorizaciones,
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 20 y 21. El
procedimiento de selección podrá tomar en consideración, entre otros
extremos, las ofertas económicas de los solicitantes, de acuerdo con el
artículo 16.2º.
Artículo 64.Protección del dominio público radioeléctrico
1.Será de aplicación lo dispuesto, con carácter general, en el
Título IV, respecto de las especificaciones técnicas que permitan
garantizar la adecuada utilización del espectro radioeléctrico mediante
el empleo de equipos y aparatos. No obstante lo anterior, podrá
exceptuarse de la aplicación de lo dispuesto en dicho Título, el uso de
determinados equipos de radioaficionados construidos por el propio
usuario y no disponibles para venta en el mercado, conforme a lo
dispuesto en su regulación específica.
2.Reglamentariamente, se establecerán las limitaciones a la
propiedad y las servidumbres necesarias para la defensa del dominio
público radioeléctrico y para la protección radioeléctrica de las
instalaciones de la Administración que se precisen para el control de la
utilización del espectro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
48 y en la disposición adicional tercera.
Artículo 65.Control, inspección y régimen sancionador
Corresponde al Estado, a través de la Inspección de
Telecomunicaciones, el control e inspección del dominio público
radioeléctrico. Respecto de la inspección y del régimen sancionador, se
estará a lo dispuesto
en el Título VIII. La competencia estatal se entenderá sin perjuicio de
las facultades de inspección, control y sanción que correspondan a las
Comunidades Autónomas sobre servicios de comunicación social, si las
concesiones para su prestación han sido otorgadas por ellas.
Con carácter previo a la utilización del dominio público
radioeléctrico, se exigirá, preceptivamente, la inspección o el
reconocimiento de las instalaciones, con el fin de comprobar que las
mismas se ajustan a las condiciones previamente autorizadas. En función
de la naturaleza del servicio, de la banda de frecuencias empleada o de
la importancia técnica de las instalaciones que se utilicen, podrá
sustituirse la inspección previa por una certificación expedida por
técnico competente.
TITULO VI
LA ADMINISTRACION DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Artículo 66.Competencias de la Administración General del Estado
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final primera, la
Administración General del Estado ejercerá sus competencias en materia de
telecomunicaciones con arreglo a la presente Ley y a sus reglamentos de
desarrollo, aprobados a propuesta del Ministerio de Fomento o de otros
Ministerios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 67.Facultades del Gobierno y del Ministerio de Fomento
1.El Gobierno elaborará las directrices básicas para la ordenación y
desarrollo del sector de las telecomunicaciones.
2.El Ministro de Fomento, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros órganos por la presente Ley, propondrá al Gobierno la
política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución de los
servicios públicos de telecomunicaciones a los que se hace referencia en
el Título III y la desarrollará.
El Ministerio de Fomento, en coordinación con el Ministerio de
Asuntos Exteriores, propondrá al Gobierno, para su aprobación, las
directrices aplicables a la participación del Estado español en las
organizaciones internacionales de telecomunicaciones y la política a
seguir en las relaciones con las mismas y con los organismos y entidades
nacionales en materia de telecomunicaciones internacionales.
También corresponden al Ministerio de Fomento, en los términos de la
presente Ley, las competencias en materia de autorizaciones generales o
licencias individuales no atribuidas por la Ley 12/1997, de 24 de abril,
de Liberalización de las Telecomunicaciones a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones.
Artículo 68.Actividades de fomento, investigación y desarrollo
1.Con el fin de facilitar el desarrollo de la sociedad de la
información, el Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias
propias de otras Administraciones y de otros Ministerios, realizará las
siguientes funciones: a)Promover la expansión del conocimiento de los
nuevos servicios de telecomunicaciones y su acercamiento al ciudadano.
b)Colaborar con los demás Ministerios y organismos que dependan de
ellos, en el análisis de los distintos aspectos de los servicios de
telecomunicaciones.
c)Elaborar y difundir, en coordinación con otros Ministerios y
organismos que dependan de ellos, programas de utilización de los nuevos
servicios de telecomunicaciones para la sociedad de la información que
contribuyan a la creación de mejores condiciones para el desarrollo
económico, social y cultural.
El Gobierno establecerá, reglamentariamente, los instrumentos
adecuados para asegurar la coordinación de las actuaciones de los
distintos Ministerios, en el ámbito de las competencias de la
Administración General del Estado.
2.El Ministerio de Fomento, de acuerdo con la vigente legislación y
en coordinación con los organismos competentes en materia de
investigación y desarrollo, llevará a cabo las siguientes actividades:
a)La elaboración, la gestión y la ejecución de los correspondientes
programas sectoriales de investigación y desarrollo en materia de
telecomunicaciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica.
b)La promoción, conjuntamente con otros Departamentos, de la
participación española en los programas internacionales de investigación
y desarrollo en materia de telecomunicaciones, a través de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, en el marco de lo dispuesto en
la citada Ley 13/1986.
c)El fomento de una adecuada política de prototipos.
Artículo 69.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
El régimen jurídico, la composición, las funciones, la contratación,
el personal y el presupuesto de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones se regirán por lo dispuesto en la Ley 12/1997, de 24
de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, por el Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en cuanto sea de
aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 70.El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
1.El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, presidido por el
Ministro de Fomento o por la persona en quien delegue, es el órgano
asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones.
Las funciones del Consejo serán de estudio, deliberación y propuesta
en materias relativas a las telecomunicaciones. Le corresponderá,
igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre
los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El dictamen del
Consejo Asesor de Telecomunicaciones equivaldrá a la audiencia a la que
se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno 2.El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá la
composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de
Telecomunicaciones, cuyos miembros representarán a la Administración del
Estado, a las Administraciones Autonómicas, a la Administración Local a
través de sus asociaciones o federaciones más representativas, a los
usuarios, a los operadores que gestionen servicios de telecomunicaciones
o redes públicas de telecomunicaciones, a las industrias fabricantes de
equipos de telecomunicaciones y a los sindicatos más representativos del
sector.
TITULO VII
TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Artículo 71.Tasa por autorizaciones generales y licencias individuales
para la prestación de servicios a terceros
Sin perjuicio de la contribución económica que pueda imponerse a los
operadores para la financiación del servicio universal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 y en el Título III, todo titular de una
autorización general o de una licencia individual para la prestación de
servicios a terceros, estará obligado a satisfacer a la Administración
General del Estado una tasa anual que no podrá exceder del 2 por mil de
sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los
gastos que se generen, incluidos los de gestión, a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, por la aplicación del régimen de
licencias y autorizaciones generales establecido en esta Ley.
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se entiende por
ingresos brutos el conjunto de ingresos que obtenga el titular de la
licencia o de la autorización, derivados de la explotación de las redes o
de la prestación de los servicios de telecomunicaciones incluidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley.
La tasa se devengará con carácter anual. El procedimiento para su
exacción se establecerá reglamentariamente.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establecerá anualmente, tomando en
consideración la relación entre los ingresos derivados del cobro de la
tasa y los gastos ocasionados por la expedición y el control del
aprovechamiento de las licencias individuales y las autorizaciones
generales, el porcentaje a aplicar sobre los ingresos brutos de
explotación que obtenga el operador, con el límite determinado en este
artículo, para la fijación del importe de la tasa.
La diferencia entre los ingresos presupuestados por este concepto y
los realmente obtenidos, será tenida en cuenta a efectos de reducir o
incrementar el porcentaje a fijar en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año siguiente. Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio
entre los ingresos por la tasa y los gastos derivados de la citada
actividad, realizada por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
Artículo 72.Tasas por numeración
La asignación por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de bloques de numeración o de números en favor de una o varias personas o
entidades, se gravará con una tasa, ingresándose el importe de su
recaudación en el Tesoro Público. Dicho importe estará destinado a
financiar la investigación y la formación en materia de
telecomunicaciones y las obligaciones de servicio público previstas en
los artículos 40 y 42 de esta Ley.
La tasa se devengará anualmente y el procedimiento para su exacción
se establecerá por reglamento. El importe de dicha exacción será el
resultado de multiplicar
la cantidad de números asignados por el valor otorgado a cada número.
El valor de cada número podrá ser diferente, en función del número
de dígitos y de los distintos servicios a los que afecte y se fijará
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A los efectos de esta tasa, se entiende que todos los números están
formados por nueve dígitos. Cuando se asignen números con menos dígitos,
a los efectos del cálculo de la cuantía a pagar en concepto de tasa, se
considerará que se están asignando tantos números de nueve cifras, como
resulte de añadir a cada número un 1 seguido de tantos ceros cuantos sean
necesarios para completar las nueve cifras.
El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa, se destinará a
financiar los gastos que soporte la Administración General del Estado en
la planificación, control y gestión del Espacio Público de Numeración. En
los referidos gastos se incluirán los de la financiación de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, cuando los ingresos a que se
refiere el artículo 75 de esta Ley resultaren insuficientes para ello.
Artículo 73.Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico
1.La reserva de cualquier frecuencia del dominio público
radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades, se gravará
con una tasa anual en los términos que se establecen en este artículo. El
importe de esta tasa estará destinado a financiar la investigación y la
formación en materia de telecomunicaciones y el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público previstas en los artículos 40 y 42 de
esta Ley.
Para la fijación del importe a satisfacer en concepto de esta tasa
por los sujetos obligados, se tendrá en cuenta el valor de mercado del
uso de la frecuencia reservada y la rentabilidad que de él pudiera
obtener el beneficiario.
Para la determinación del citado valor de mercado y de la posible
rentabilidad obtenida por el beneficiario de la reserva, se tomarán en
consideración, entre otros, los siguientes parámetros:
1º.El grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en
las distintas zonas geográficas.
2º.El tipo de servicio para el que se pretende utilizar la reserva
y, en particular, si éste lleva aparejadas las obligaciones de servicio
público recogidas en el Título III.
3º.La banda o sub-banda del espectro que se reserve.
4º.Los equipos y tecnología que se empleen.
5º.El valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio
público reservado.
2.El importe a satisfacer en concepto de esta tasa, será el
resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva
radioeléctrica del dominio público reservado, por el valor que se asigne
a la unidad. En los territorios insulares, la superficie a aplicar para
el cálculo de las unidades radioeléctricas que se utilicen para la
determinación de la tasa correspondiente, se calculará excluyendo la
cobertura no solicitada que se extienda sobre la zona marítima. A los
efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por unidad de
reserva radioeléctrica un patrón convencional de medida, referido a la
ocupación potencial o real, durante el período de un año, de un ancho de
banda de un kilohercio sobre un territorio de un kilómetro cuadrado.
3.La cuantificación de los parámetros anteriores, se determinará en
la Orden Ministerial a la que se refiere el artículo 16, salvo cuando
exista limitación del número de licencias, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 20 y 21. En este caso, la cuantificación se establecerá en
la Orden Ministerial que apruebe el pliego de bases que rija para la
correspondiente licitación.
4.En los supuestos de uso especial, se podrá abonar el importe
correspondiente a la tasa mediante una cuota fija periódica, en función
del tipo de uso especial autorizado o a través de una cuota única por el
total del tiempo de vigencia del título habilitante, que coincidirá con
el de validez de la certificación del equipo o equipos autorizados.
5.El pago de la tasa deberá realizarse, tanto por los titulares de
estaciones radioeléctricas emisoras como por los titulares de las
meramente receptoras que precisen de reserva radioeléctrica. Las
estaciones meramente receptoras que no dispongan de reserva
radioeléctrica, estarán excluidas del pago de la tasa. El importe de la
exacción será ingresado en el Tesoro Público.
6.El procedimiento de exacción se establecerá por norma
reglamentaria. El impago del importe de la tasa podrá motivar la
suspensión o la pérdida del derecho a la ocupación del dominio público
radioeléctrico.
7.Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de esta
tasa en los supuestos de reserva de frecuencias del dominio público
radioeléctrico para la prestación de servicios de interés general sin
contraprestación económica. A tal fin, deberán solicitar, fundadamente,
dicha exención al Ministerio de Fomento.
8.El importe de la tasa regulada en este artículo será destinado a
financiar los gastos que se ocasionen por la aplicación del régimen de
licencias previsto en esta Ley, cuando las tasas y cánones a los que se
refieren los artículos 71, 72 y 74, sean insuficientes.
Artículo 74.Tasas de telecomunicaciones
1.La gestión precisa para la emisión de certificaciones registrales,
de certificaciones de cumplimiento de las especificaciones técnicas de
equipos y aparatos de telecomunicaciones, las actuaciones inspectoras o
de comprobación técnica que, con carácter obligatorio, vengan
establecidas en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal y al
otorgamiento de las licencias individuales que se requieran para la
autoprestación de servicios y para el aprovechamiento de redes propias,
darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los
trámites y actuaciones necesarias, con arreglo a lo que se dispone en los
apartados siguientes.
Asimismo, dará derecho a la exacción de las correspondientes tasas
compensatorias, con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes,
la realización de los exámenes para la obtención del diploma de operador
de estaciones de radioaficionados y la expedición de éste.
2.Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación por la
Administración de los servicios necesarios para el otorgamiento de las
certificaciones correspondientes y la realización de las actuaciones
inspectoras o de comprobación técnica señaladas en el número anterior,
así como el otorgamiento de licencias individuales para autoprestación de
servicios o el aprovechamiento de redes propias, la realización de los
exámenes de operador de estaciones de aficionado y la expedición de los
diplomas correspondientes.
3.Serán sujetos pasivos de la tasa, según los supuestos, la persona
natural o jurídica que solicite la correspondiente certificación,aquélla
a la que proceda practicar las actuaciones inspectoras de carácter
obligatorio o solicite una licencia individual para la autoprestación de
servicios de telecomunicaciones o el aprovechamiento de redes propias y
la que se presente a los exámenes para la obtención del título de
operador de estaciones de aficionado o a la que se le expida el
correspondiente diploma.
4.La cuantía de la tasa será de:
a)6.000 pesetas por la expedición de certificaciones registrales.
b)Por la expedición de certificaciones, 47.500 pesetas.
c)Por cada acto de inspección efectuado, 50.000 pesetas.
d)Por el otorgamiento de licencias individuales para el uso de redes
y servicios en régimen de autoprestación, 10.000 pesetas.
e)Por la presentación a los exámenes para la obtención del diploma
de operador de estaciones de aficionado, 2.500 pesetas.
f)Por la expedición del diploma de operador de estaciones de
aficionado, 1.500 pesetas.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud correspondiente.
El rendimiento de la tasa se ingresará en el Tesoro Público o en la
cuenta bancaria habilitada al efecto por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en la forma que reglamentariamente se determine.
La forma de liquidación de la tasa se establecerá
reglamentariamente.
La realización de pruebas o ensayos para comprobar el cumplimiento
de especificaciones técnicas, tendrá la consideración de precio público
cuando aquéllas puedan efectuarse por el interesado, opcionalmente, en
centros dependientes de la Administración de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, de la Administración española, o en centros privados o
ajenos a aquéllas, cuando dichas pruebas sean solicitadas por el
interesado voluntariamente sin que venga obligado a ello por la normativa
en vigor.
Artículo 75.Gestión recaudatoria de tasas por la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones y por el Ministerio de Fomento
1.La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones recaudará las
tasas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones,
integran sus recursos propios. La recaudación de las tasas a las que se
refiere el artículo anterior, le corresponderá cuando su actuación sea
determinante del hecho imponible.
2.En los supuestos no incluidos en el número anterior, corresponderá
la recaudación de las tasas al órgano competente del Ministerio de
Fomento.
TITULO VIII
INSPECCION Y REGIMEN SANCIONADOR
Artículo 76.Funciones inspectoras y sancionadoras
1.Será competencia del Ministerio de Fomento, la inspección de los
servicios y de las redes de telecomunicaciones, de sus condiciones de
prestación, de los equipos, de los aparatos, de las instalaciones y de
los sistemas civiles. También corresponderá al Ministerio de Fomento la
aplicación del régimen sancionador, salvo que corresponda a la Comisión
del Mercado de
las Telecomunicaciones. En materias de competencia de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y a solicitud de ésta, el Ministerio de
Fomento realizará las actividades de inspección que le sean requeridas.
En todo caso, será el Ministerio de Fomento el que ejerza las funciones
inspectoras.
2.Los funcionarios del Ministerio de Fomento adscritos a la
Inspección de las telecomunicaciones tendrán, en el ejercicio de sus
funciones, la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a
través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Los titulares habilitados para la prestación de los servicios, la
instalación o explotación de las redes, o quienes realicen las
actividades a las que se refiere esta Ley, vendrán obligados a facilitar
al personal de la Inspección en el ejercicio de sus funciones, el acceso
a sus instalaciones. También deberán permitir que dicho personal lleve a
cabo el control de los elementos afectos a los servicios o actividades
que realicen, de las redes que instalen o exploten y de cuantos
documentos están obligados a poseer o conservar.
Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior serán también
exigibles a quienes, careciendo de título habilitante, aparezcan como
responsables de la prestación del servicio, de la instalación o de la
explotación de la red o del ejercicio de la actividad
Artículo 77.Responsabilidad por las infracciones en materia de
telecomunicaciones
La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas
reguladoras de las telecomunicaciones será exigible:
a)En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título
habilitante, al titular de éste o a quien instale, haya instalado o
explote la red.
b)En las cometidas con motivo de la prestación de los servicios o el
establecimiento y explotación de las redes de telecomunicaciones sin el
correspondiente título habilitante, a la persona física o jurídica que
realice la actividad o, subsidiariamente, a la que tenga la
disponibilidad de los equipos e instalaciones por cualquier título
jurídico válido en derecho o careciendo de éste.
c)En las cometidas por los usuarios o por otras personas que, sin
estar comprendidas en los apartados anteriores, realicen actividades
reguladas en la normativa sobre telecomunicaciones, a la persona física o
jurídica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido o
a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la
responsabilidad.
Artículo 78.Clasificación de las infracciones
Las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones
se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 79.Infracciones muy graves
Se consideran infracciones muy graves:
1.La realización de actividades o la prestación de servicios de
telecomunicaciones sin título habilitante cuando sea legalmente necesario
o utilizando parámetros técnicos diferentes de los propios del mismo y la
utilización de potencias de emisión notoriamente superiores a las
permitidas o de frecuencias radioeléctricas sin autorización o distintas
de las autorizadas, siempre que, en estos dos últimos casos, se produzcan
daños graves a las redes o a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
2.La instalación de terminales o de equipos conectados a las redes
públicas de telecomunicaciones no homologados o que carezcan, conforme a
los artículos 55 y 59, del certificado de aceptación de las
especificaciones técnicas o de título equivalente, si se producen daños
muy graves a aquéllas.
3.La producción deliberada de interferencias definidas como
perjudiciales en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones,
incluidas las causadas por estaciones de radiodifusión que estén
instaladas o en funcionamiento a bordo de un buque, de una aeronave o de
cualquier otro objeto flotante o aerotransportado que transmita emisiones
desde fuera del territorio español para su posible recepción total o
parcial, en éste.
4.La negativa o la obstrucción a ser inspeccionado, y la no
colaboración con la inspección cuando ésta sea requerida.
5.El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de
servicio público, según lo establecido en el Título III.
6.La interceptación, sin autorización, de telecomunicaciones no
destinadas al público en general.
7.La divulgación del contenido o de la simple existencia, de
mensajes no destinados al público en general, emitidos o recibidos a
través de servicios de telecomunicaciones, a los que se acceda mediante
la interceptación voluntaria o involuntaria, su publicación, o cualquier
otro uso de ellos sin la debida autorización.
8.La importación, la fabricación en serie y la comercialización por
mayoristas de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de
homologación y de aceptación de las especificaciones técnicas que se
establezcan de acuerdo con esta Ley, o que resulten de los
acuerdos o convenios internacionales celebrados por el Estado español.
9.El uso, en condiciones distintas a las autorizadas, del espectro
radioeléctrico que provoque alteraciones que impidan la correcta
prestación de otros servicios por operadores que dispongan del
correspondiente título habilitante.
10.El incumplimiento por parte de las personas físicas o jurídicas
autorizadas para explotar redes públicas de telecomunicaciones o para
prestar servicios de telecomunicaciones accesibles al público, de las
obligaciones en materia de interconexión a las que estén sometidas por la
vigente legislación.
11.El incumplimiento reiterado de la obligación de mantener los
niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios.
12.El incumplimiento de las condiciones determinantes de la
adjudicación y asignación de la asignación de los recursos de numeración
incluidos en los planes de numeración, debidamente aprobados.
13.Permitir el empleo de enlaces procedentes del exterior del
territorio nacional que se faciliten a través de satélites cuyo uso no
haya sido previamente autorizado.
14.El incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones en el ámbito de sus competencias sobre
salvaguarda de la libre competencia en el mercado.
15.El incumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones en el ejercicio de sus funciones,
con excepción de las que lleve a cabo en el procedimiento arbitral,
previo sometimiento voluntario de las partes.
16.El incumplimiento grave o reiterado por los titulares de
autorizaciones generales, de licencias individuales o de concesiones de
las condiciones esenciales que se les impongan o de los acuerdos
adoptados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el
ejercicio de la facultad de interpretación de sus cláusulas generales y
especiales.
17.El incumplimiento reiterado de los requerimientos de información
formulados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o por el
órgano competente de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus
correspondientes funciones.
18.La falta de notificación a la Administración por el titular de
una red de telecomunicaciones, de los servicios que se están prestando a
través de ella, cuando esta información sea exigible de acuerdo con la
normativa aplicable.
19.La transmisión total o parcial de licencias individuales, sin la
preceptiva autorización administrativa.
20.El incumplimiento del porcentaje de participación extranjera en
entidades habilitadas para llevar a cabo actividades reguladas en esta
Ley, conforme a lo establecido en el artículo 17.1.
21.El incumplimiento grave y reiterado por los titulares de los
laboratorios designados, de las obligaciones que reglamentariamente se
establezcan para su funcionamiento o de las derivadas de su acreditación
o concierto, en el proceso de evaluación de los aparatos de
telecomunicaciones, de conformidad con las especificaciones técnicas que
les sean de aplicación. La misma regla resultará de aplicación a las
entidades colaboradoras de la Administración, que presten, en nombre de
ésta, el servicio de evaluación de conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones.
22.La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
graves sancionadas con carácter definitivo.
Artículo 80.Infracciones graves
Se consideran infracciones graves:
1.El incumplimiento de las obligaciones de servicio público, según
lo establecido en el Título III, salvo que deba considerarse como
infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
2.La distribución, la venta o la exposición para la venta de equipos
o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de
aceptación de las especificaciones técnicas que se establezcan conforme a
esta Ley o que resulten de los acuerdos o convenios internacionales
celebrados por el Estado español sobre normalización y homologación, y la
falta de notificación de su cambio de titularidad, cuando deba hacerse.
3.La instalación de terminales o equipos conectados a las redes
públicas no homologados o que carezcan, con arreglo a los artículos 55 y
59, del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas o de los títulos equivalentes, y el incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 53.1 respecto al acceso al interior de los
edificios y a la instalación en ellos de la red.
4.La alteración, la manipulación o la omisión de las características
técnicas, de las marcas, de las etiquetas o de los signos de
identificación de los equipos o de los aparatos de telecomunicaciones.
5.La realización de actividades en el ámbito de las
telecomunicaciones, sin título habilitante cuando sea legalmente
necesario, o utilizando parámetros técnicos diferentes de los exigidos
por el mismo, así como la utilización de potencias de emisión
notoriamente superiores a las permitidas o de frecuencias radioeléctricas
sin autorización o distintas de las autorizadas, siempre que las
referidas conductas, no constituyan infracción muy grave, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 79.1.
6.El incumplimiento por las entidades colaboradoras de la
Administración para la normalización y la homologación, de las
prescripciones técnicas y del contenido de las autorizaciones o de los
conciertos que les afecten, con arreglo a lo que reglamentariamente se
determine.
7.La instalación de estaciones radioeléctricas sin licencia o
autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora de las telecomunicaciones, sean necesarias o de estaciones de
radiodifusión a bordo de un buque, de una aeronave o de cualquier otro
objeto flotante o aerotransportado, que, en el mar o fuera de él, ,
posibilite la transmisión de emisiones desde el exterior para su posible
recepción total o parcial en territorio nacional.
8.Los siguientes actos de colaboración con los usuarios de buques o
aeronaves, ya sean nacionales o de bandera extranjera, efectuados
deliberadamente y que posibiliten la producción de las infracciones
previstas en el apartado 3 del artículo 79 y en el apartado 7 de este
artículo:
a)El suministro, el mantenimiento o la reparación del material que
incorpore el buque o la aeronave.
b) Su aprovisionamiento o abastecimiento.
c)El suministro de medios de transporte o el transporte de personas
o de material al buque o a la aeronave.
d)El encargo o la realización de producciones de todo tipo, desde
buques o aeronaves, incluida la publicidad, destinada a su difusión por
radio.
e)La prestación de servicios relativos a la publicidad de las
estaciones .instaladas en los buques o en las aeronaves.
f)Cualesquiera otros actos de colaboración para la comisión de una
infracción en materia de telecomunicaciones mediante el uso de buques o
aeronaves.
9.La mera producción de interferencias definidas como perjudiciales
en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones que no se encuentren
comprendidas en el artículo anterior.
10.La emisión de señales de identificación falsas o engañosas.
11.La utilización de los servicios de telecomunicaciones por el
habilitado para prestarlos para fines distintos de los autorizados.
12.El uso, en condiciones distintas de las autorizadas, del espectro
radioeléctrico, que provoque alteraciones que dificulten gravemente la
correcta prestación de otros servicios para los que otros operadores
dispongan del correspondiente título habilitante.
13.No atender el requerimiento hecho por la autoridad competente
para el cese de las emisiones radioeléctricas, en los supuestos de
producción de interferencias.
14.El establecimiento de comunicaciones con estaciones no
autorizadas.
15.El incumplimiento por parte de los titulares de autorizaciones
generales o de licencias individuales, de las condiciones esenciales que
les resulten exigibles, salvo que deba considerarse como infracción muy
grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior.
16.La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones
leves.
17.Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones de los
prestadores y usuarios de redes y servicios de telecomunicaciones,
previsto en las leyes vigentes, salvo que deba ser considerado como
infracción muy grave conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 81.Infracciones leves
Se consideran infracciones leves:
1.La producción de cualquier tipo de emisión radioeléctrica no
autorizada, salvo que deba ser considerada como infracción grave o muy
grave.
2.La mera producción de interferencias, cuando no deba ser
considerada como infracción muy grave o grave.
3. No facilitar los datos requeridos por la Administración, cuando
resulte exigible conforme a lo previsto por la normativa reguladora de
las telecomunicaciones.
4.Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas o de precios, cuando
su exhibición se exija por la normativa vigente.
5.Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas a los
explotadores y usuarios de servicios y redes de telecomunicaciones,
previsto en las leyes vigentes, salvo que deba ser considerado como
infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los artículos
anteriores.
Artículo 82.Sanciones
1.El Ministerio de Fomento o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones impondrán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las siguientes sanciones:
A.Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al
infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al
quíntuplo, del beneficio bruto obtenido
como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción;
o, en caso de que no resulte posible aplicar este criterio o de su
aplicación resultare una cantidad inferior a la mayor de las que a
continuación se indican, esta última constituirá el importe de la sanción
pecuniaria. A estos efectos, se considerarán las siguientes cantidades:
el 1 por 100 de los ingresos brutos anuales obtenidos por la entidad
infractora en el último ejercicio o, en caso de inexistencia de éstos, en
el ejercicio actual; el 5 por 100 de los fondos totales, propios o
ajenos, utilizados en la infracción, o 100.000.000 de pesetas.
Las infracciones muy graves, en función de sus circunstancias,
podrán dar lugar a la revocación de la autorización o licencia, en los
términos establecidos en los Capítulos II y III del Título II de esta
Ley.
B.Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor
multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como
consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquéllos o, en caso
de que no resulte aplicable este criterio o de su aplicación resultare
una cantidad inferior a la mayor de las que a continuación se indican,
esta última constituirá la sanción pecuniaria. A estos efectos, se
considerarán las siguientes cantidades: el 0,5 por 100 de los ingresos
brutos anuales obtenidos por la entidad infractora en el último ejercicio
o, en caso de inexistencia de éstos, en el ejercicio actual; el 2 por 100
de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción, o
50.000.000 de pesetas.
Las infracciones graves, en función de sus circunstancias, podrán
llevar aparejada amonestación pública, con publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en dos periódicos de difusión nacional, una vez que
la resolución sancionadora tenga carácter firme.
C.Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una
multa por importe de hasta 5.000.000 de pesetas.
Las infracciones leves, en función de sus circunstancias, podrán
llevar aparejada una amonestación privada.
2.Cuando se trate de infracciones cometidas por prestadores de
servicios de radiodifusión o de televisión, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 5.000.000 de pesetas, las graves con multa
de hasta 50.000.000 de pesetas y las muy graves con multa de hasta
100.000.000 de pesetas.
En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los
límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto
en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, lo siguiente:
a)La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el
sujeto al que se sanciona.
b)La repercusión social de las infracciones.
c)El daño causado.
d)El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la
infracción.
Además, para la fijación de la sanción se tendrá en cuenta la
situación económica del infractor, derivada de su patrimonio, de sus
ingresos, de sus cargas familiares y de las demás circunstancias
personales que acredite que le afectan.
En las infracciones previstas en los apartados 1 del artículo 79 y 5
del artículo 80, además de la sanción correspondiente, el infractor
vendrá obligado al pago de los cánones que hubiere debido satisfacer en
el supuesto de estar autorizado.
3.Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 de este
artículo, el Ministerio de Fomento o la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
adoptar las siguientes medidas:
A.Las infracciones a las que se refieren los artículos 79 y 80
podrán dar lugar a la adopción de medidas cautelares consistentes en el
precintado de los equipos o instalaciones que hubiere empleado el
infractor por un plazo máximo de seis meses.
Cuando el infractor carezca de título habilitante o su equipo no
esté homologado, se mantendrán las medidas cautelares previstas en el
párrafo anterior hasta la resolución del procedimiento, o hasta la
homologación.
Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones
comprendidas en los artículos 79 y 80, cuando se requiera título
habilitante para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor,
podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, el precintado o la
incautación de los equipos o aparatos o la clausura de las instalaciones
en tanto no se disponga del referido título.
B.Las infracciones muy graves, en razón de las circunstancias que
afecten al hecho infractor, podrán dar lugar a la revocación definitiva
del título habilitante para la prestación del correspondiente servicio.
Asimismo, podrá acordarse, como medida de aseguramiento de la
eficacia de la resolución definitiva que se dicte, la suspensión
provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las
instalaciones, por un plazo máximo de seis meses.
4.Las cuantías señaladas en este artículo serán actualizadas
periódicamente por el Gobierno teniendo en cuenta la variación de los
índices de precios al consumo.
Artículo 83.Prescripción
1.Las infracciones reguladas en esta Ley prescribirán, las muy
graves, a los tres años; las graves, a los dos años y las leves, a los
seis meses.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse
desde el día en que se hubieran cometido. Interrumpirá la prescripción,
la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes, por causa no
imputable al presunto responsable.
En el supuesto de infracción continuada, el plazo de prescripción no
comenzará a contarse hasta el momento en que deje de realizarse la
actividad infractora. No obstante, se entenderá que persiste la
infracción en tanto los equipos, aparatos o instalaciones objeto del
expediente no se encuentren a disposición de la Administración o quede
constancia fehaciente de su imposibilidad de uso.
2.Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas
por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones
comenzará a computarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la
prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquél está
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 84.Competencias sancionadoras
La competencia sancionadora corresponderá:
1.A la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuando se
trate de infracciones muy graves, graves o leves derivadas del
incumplimiento de las resoluciones, instrucciones y requerimientos de
ellos emanados, de acuerdo con la normativa reguladora de su actividad.
Dentro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la
imposición de sanciones corresponderá:
a)Al Pleno de la Comisión, respecto de las infracciones muy graves y
graves.
b)Al Presidente de la Comisión, en cuanto a las leves.
2.Cuando se trate de infracciones no incluidas en el apartado
anterior y, en el ámbito de competencias de la Administración General del
Estado, la imposición de sanciones corresponderá:
a)Al Consejo de Ministros, respecto de las infracciones muy graves
cometidas por prestadores de servicios de radiodifusión y de televisión,
b)Al Ministro de Fomento, en relación con las infracciones graves
cometidas por prestadores de servicios de radiodifusión y de televisión,
c)Al Secretario General de Comunicaciones, respecto de las
infracciones leves cometidas por los prestadores de servicios de
radiodifusión y de televisión, y de las muy graves, las graves y las
leves , en el resto de los casos,
Artículo 85.Procedimiento sancionador
1. El ejercicio de la potestad sancionadora por el Ministerio de
Fomento, de acuerdo con el artículo 76 de esta Ley, se sujetará al
procedimiento aplicable, con carácter general, a la actuación de las
Administraciones Públicas.
2.Reglamentariamente, se regulará el procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Dicho procedimiento estará basado en los principios
de agilidad y eficacia, sin menoscabo de la aplicación de los recogidos
en el Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Uso especial del espectro radioeléctrico por radioaficionados y
otros derechos de uso sin contenido económico Tendrán la
consideración de uso especial del dominio público, el del espectro
radioeléctrico por radioaficionados y otros sin contenido económico, como
los de banda ciudadana. El derecho de uso se otorgará mediante
autorización administrativa individualizada, en los términos que se
establezcan mediante Orden Ministerial.
Segunda.Aplicación excepcional de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
A los títulos habilitantes para la prestación de servicios de
telecomunicaciones o para el establecimiento o explotación de redes
públicas de telecomunicaciones mediante licencia individual, les será de
aplicación el régimen previsto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas cuando se impongan a sus titulares obligaciones
de servicio público de las recogidas en el artículo 35. Asimismo, será de
aplicación la referida Ley, en lo relativo al procedimiento de
adjudicación, cuando exista limitación del número de licencias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no será de
aplicación a los restantes aspectos de los
títulos habilitantes regulados en esta Ley, salvo en lo que así se
disponga por ella expresamente.
No obstante lo anterior, la Orden ministerial que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 11, regule las autorizaciones generales, podrá,
cuando imponga determinadas condiciones de servicio público a sus
titulares, establecer la aplicación a éstos de determinados artículos de
la citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tercera.Limitaciones y servidumbres
1.Las limitaciones a la propiedad y las servidumbres a las que hace
referencia el apartado 2 del artículo 48 de esta Ley, podrán afectar: a)A
la altura máxima de los edificios.
b)A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e
instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas.
c)A la distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores
radioeléctricos.
Con la excepción de la normativa legal vigente aplicable a la
defensa nacional y a la navegación aérea, no podrán establecerse , por
vía reglamentaria, limitaciones a la propiedad ni servidumbres que
contengan condiciones más gravosas que las siguientes:
--Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la
horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas
receptoras de menor altura de la estación, el punto más elevado de un
edificio, será como máximo de tres grados.
--La máxima limitación exigible de separación entre una industria o
una línea de tendido eléctrico de alta tensión o de ferrocarril y
cualquiera de las antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros.
--La instalación de transmisores radioeléctricos en las proximidades
de la estación se realizará con las siguientes limitaciones:
2.Las limitaciones de intensidad de campo eléctrico se exigirán para
aquellas instalaciones cuyos equipos tengan una alta sensibilidad. Se
entiende que utilizan equipos de alta sensibilidad las instalaciones
dedicadas a la investigación. Para las instalaciones de radioastronomía y
astrofísica estas limitaciones serán las siguientes:
A)Para las estaciones de radioastronomía, la limitación estará en
función de las frecuencias de observación con unos niveles máximos
permitidos de intensidad de campo comprendidos entre los siguientes
valores:
a)Para la observación del «continuum»:
--0175 dB(mV/m) para f=13,385 MHz y --87 dB(mV/m) para f = 270
Ghz.
b)Para la observación de las rayas espectrales:
--178 dB(mV/m) para f=327 MHz y
--105 dB(mV/m) para f=265 GHz.
B)Para la protección de las instalaciones de observatorios de
astrofísica, la limitación de la intensidad de campo eléctrico, en
cualquier frecuencia, será de 88,8 dB(mV/m) en la ubicación del
observatorio.
3.Para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la
Administración podrá imponer, en las instalaciones, la utilización de
aquellos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad radioeléctrica
entre estaciones.
Cuarta.Significado de los términos empleados por esta Ley
A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo
tendrán el significado que allí se les asigna.
Quinta.Modificaciones de la Ley 4/1980, de 10 de enero y de la Ley
46/1983, de 26 de diciembre
1.El párrafo cuarto del artículo 2 de la Ley 4/1980, del Estatuto de
Radio y Televisión, de 10 de enero, quedará redactado del siguiente modo:
«La atribución de frecuencias se efectuará por el Gobierno en
aplicación de los Acuerdos y Convenios Internacionales
y de las resoluciones o directrices de los Organismos Internacionales que
vinculen al Estado español.»
2.El párrafo primero del artículo 5 de la Ley 4/1980, quedará
redactado de la siguiente manera:
«La gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y de
televisión se ejercerá a través del Ente Público RTVE.»
3.La disposición adicional primera de la Ley 46/1983, reguladora del
Tercer Canal de Televisión, de 26 de diciembre, tendrá la siguiente
redacción: «La emisión y transmisión de señales de tercer canal de
televisión se efectuará a través de ondas hertzianas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2, apartados 2 y 4 de la Ley 4/1980, de 10 de
enero.»
Sexta.La Entidad Pública Empresarial de la Red Técnica Española de
Televisión
1.La Red Técnica Española de Televisión, se configura como Entidad
Pública Empresarial, conforme a lo previsto en el artículo 43.1.b) de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. Dicha Entidad queda adscrita al
Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de
Comunicaciones.
2.La Entidad Pública Empresarial de la Red Técnica Española de
Televisión tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y
patrimonio propio y se regirá por lo establecido en esta disposición
adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las demás
normas que le sean de aplicación.
3.Constituye el objeto de la Entidad Pública Empresarial, la
gestión, administración y disposición de los bienes y derechos que
integran su patrimonio, correspondiéndole la tenencia, administración,
adquisición y enajenación de los títulos representativos del capital de
las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La
Entidad Pública Empresarial actuará, en cumplimiento de su objeto,
conforme a criterios empresariales.
Para el cumplimiento de su objeto, la Entidad Pública Empresarial
podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición
previstos en la legislación civil y mercantil. Asimismo, podrá realizar
cuantas actividades comerciales o industriales estén relacionados con
dicho objeto, conforme a lo acordado por sus órganos de gobierno. Podrá
actuar, incluso, mediante, sociedades por ella participadas.
4.El régimen de contratación, de adquisición y de enajenación de la
Entidad, se acomodará a las normas establecidas en derecho privado, sin
perjuicio de lo determinado en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
5.El régimen patrimonial de la Entidad Pública Empresarial se
ajustará a las previsiones del artículo 56 de la Ley 6/1997. No obstante,
los actos de disposición y enajenación de los bienes que integran su
patrimonio, se regirán por el derecho privado.
6.La contratación del personal por la Entidad Pública Empresarial,
se sujetará al derecho laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas
en el artículo 55 de la Ley 6/1997.
7.El régimen presupuestario, el económico-financiero, el de
contabilidad, el de intervención y el de control financiero de la Entidad
Pública Empresarial, será el establecido en la Ley General
Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 y en la
disposición transitoria tercera de la Ley 6/1997.
8.La Entidad Pública Empresarial se financiará con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y mediante los ingresos derivados del
ejercicicio de su actividad.
9.Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá convertir la
Entidad Pública Empresarial en sociedad mercantil.
Séptima.Coordinación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
con el Tribunal de Defensa de la Competencia
El ejercicio de sus funciones por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones se realizará con pleno respeto a las competencias que
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, atribuye a
los órganos de defensa de la competencia.
Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones detecte la
existencia de indicios de prácticas restrictivas de la competencia
prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, lo pondrá en
conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia, aportando todos
los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, un dictamen no
vinculante sobre la calificación que le merecen. Ello se entiende, sin
perjuicio de las funciones que a la propia Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones le atribuye el artículo 1.Dos.2.f) de la Ley 12/1997,
de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
Octava.Modificación de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización
de las Telecomunicaciones
El artículo 1º.Siete.2.b) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de
Liberalización de las Telecomunicaciones queda redactado como sigue:
«Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas por
la realización de actividades de prestación de servicios y de gestión del
espacio público de numeración en el supuesto previsto en el artículo 72
de la Ley General de Telecomunicaciones, y en general, los derivados del
ejercicio de las competencias y funciones a que se refiere el apartado
dos del presente artículo.
En particular, constituirán ingresos de la Comisión las tasas que se
regulan en los artículos 71 y 74 de la Ley General de Telecomunicaciones.
La recaudación de las tasas a que se refiere el apartado anterior
corresponderá a la Comisión, sin perjuicio de los convenios que pudiera
ésta establecer con otras entidades y de la facultad ejecutiva que
corresponda a otros órganos del Estado en materia de ingresos de derecho
público.»
Novena.Régimen de libre concurrencia en la prestación de servicios de
difusión
No obstante lo establecido en la disposición transitoria séptima de
esta Ley, los servicios portadores soporte de servicios de difusión
distintos de los regulados en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión
Privada, en la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y de
la Televisión y en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, Reguladora del
Tercer Canal de Televisión, se prestarán en régimen de libre
concurrencia.
Décima.Régimen especial aplicable a Canarias, en atención a las
circunstancias de lejanía e insularidad
El Gobierno, en atención a las circunstancias de lejanía e
insularidad de Canarias, desarrollará específicamente las condiciones de
otorgamiento y de gestión del derecho de uso del dominio público
radioeléctrico en el archipiélago estableciendo, asimismo, prescripciones
concretas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y en los
Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión y de Televisión que propicien
la integración de las islas entre sí, y con el territorio peninsular
español.
A los efectos de la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones en el archipiélago canario y dentro del principio de
libre competencia y del de igualdad de oportunidades entre operadores, el
Gobierno promoverá acuerdos para que el establecimiento de demarcaciones
territoriales de tarifas o precios en las islas se realice respetando los
criterios previstos en el artículo 10 de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Undécima.Aplicación de la legislación reguladora de las infraestructuras
comunes en los edificios, de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, modificada por
el Real Decreto-Ley 16/1997, de 11 de septiembre, y de la disposición
adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1996, de 30 de diciembre
La legislación, debidamente aprobada, que regule las
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicación, mantendrá su vigencia y no quedará afectada por la
entrada en vigor de esta Ley.
Lo mismo ocurrirá con la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se
incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la
transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales
para la liberalización del sector, modificada por el Real Decreto-Ley
16/1997, de 13 de septiembre y con la disposición adicional cuadragésimo
cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.Derechos reconocidos y títulos otorgados antes de la entrada en
vigor de esta Ley
Respecto de las normas en vigor en el momento de aprobación de esta
Ley y de los derechos reconocidos y los títulos otorgados al amparo de
ellas, será de aplicación lo siguiente:
1.Las normas dictadas y los derechos reconocidos al amparo del
artículo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, y
por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las
Telecomunicaciones, continuarán en vigor en tanto no se aprueben las
disposiciones de desarrollo del Título IV de esta Ley. Los títulos
acreditativos del cumplimiento por los equipos y aparatos de la normativa
hasta ahora vigente y la autorización para su comercialización y su
conexión a la red y los de acreditación de laboratorios, continuarán
vigentes y, asimismo, se podrán otorgar nuevos títulos al amparo de la
citada normativa en tanto no exista una nueva que desarrolle esta Ley.
2.Las normas dictadas al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley
de Ordenación de las Telecomunicaciones para regular los servicios de
valor añadido prestados en régimen de libre concurrencia, continuarán
vigentes, siempre que no se opongan a lo previsto en esta
Ley, hasta tanto se dicte la Orden Ministerial a la que se refiere el
artículo 11. Asimismo, los títulos habilitantes otorgados a su amparo
mantendrán su validez. Se podrán otorgar nuevos títulos con arreglo a las
referidas normas, hasta que entre en vigor la Orden ministerial
anteriormente citada, que deberá establecer el procedimiento y los plazos
de transformación de dichos títulos en autorizaciones generales.
3.Respecto de los títulos habilitantes otorgados al amparo de los
artículos 10 y 23 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones,
conservarán su eficacia, en los términos establecidos en esa Ley. En el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los
interesados, deberán solicitar del órgano que otorgó el título, su
transformación en una autorización general para la instalación o
explotación de una red privada de telecomunicaciones. Todo ello se
entiende, sin perjuicio de lo establecido en el Título V respecto del uso
del espectro radioeléctrico y en el apartado 5 de esta disposición
transitoria.
El título habilitante transformado no amparará la instalación y
utilización de la red como red pública de telecomunicaciones. Esta
utilización tan sólo podrá efectuarse, previa obtención de la
correspondiente licencia individual, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley.
4.Las redes que venían siendo explotadas y los servicios que venían
prestándose, al amparo de los artículos 11 y 12 de la Ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones, continuarán sujetos al mismo régimen, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7.3, párrafo primero, de esta Ley.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que las citadas redes
vayan a ser explotadas como públicas o los referidos servicios prestados
para el público en general, los operadores deberán, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, obtener la correspondiente
transformación del título habilitante en los términos y condiciones
establecidos en el artículo 7.3, párrafo segundo. Igualmente, su titular
estará, en todo caso, sujeto al pago del canon previsto en el artículo
73.
5.En relación con la normativa vigente antes de la entrada en vigor
de esta Ley sobre el uso del dominio público radioeléctrico, será de
aplicación lo siguiente:
a)Las normas de desarrollo de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones sobre el dominio público radioeléctrico, tanto los
reglamentos como los planes de atribución de frecuencias o las órdenes
ministeriales sobre el uso especial del mismo, continuarán en vigor,
siempre que no se opongan a esta Ley y con las salvedades que se
establecen en los párrafos siguientes.
b)El uso común especial del dominio público radioeléctrico,
continuará rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la
publicación de la presente Ley. En particular, en lo que se refiere al
uso del espectro radioeléctrico correspondiente a las bandas asignadas a
los radioaficionados y a la banda ciudadana, mantendrán su validez los
títulos habilitantes anteriormente existentes, pudiendo otorgarse en las
mismas condiciones nuevos títulos, en tanto no se dicte la normativa que
sustituya a la actualmente en vigor, de acuerdo con la disposición
adicional primera.
c)En cuanto al uso privativo del dominio público radioeléctrico sin
limitación del número de titulares, tanto la normativa existente como los
títulos otorgados a su amparo, mantendrán su vigencia. Estos últimos
perderán eficacia en el momento en que finalice el plazo por el que se
hubieren otorgado.
Respecto de los títulos otorgados dentro del plazo de dos años a
contar desde la entrada en vigor de esta Ley, se regirán por los
dispuesto en la normativa existente en el momento de su entrada en vigor
que les sea de aplicación, hasta la finalización de su plazo de vigencia.
No obstante lo anterior, si con anterioridad a la expiración de dicho
plazo hubiera entrado en vigor la normativa de desarrollo de esta Ley,
los títulos otorgados con posterioridad a dicha entrada en vigor, se
regirán por la citada normativa. En todo caso, a los títulos concedidos
con posterioridad al término del citado plazo de dos años les será de
aplicación lo dispuesto en esta Ley.
En el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta
Ley, deberán aprobarse las normas previstas en la misma para el
otorgamiento de las licencias individuales que faculten para el uso del
dominio público radioeléctrico.
d)Respecto del uso privativo del dominio público radioeléctrico con
limitación de frecuencias, se aplicará el régimen de limitación de
licencias. El número de licencias individuales se limitará cuando así se
exija en la normativa dictada al amparo de la disposición adicional
octava de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias actualmente vigente o en los Planes
técnicos Nacionales en vigor en materia de radiodifusión y de televisión.
En los supuestos previstos en el apartado anterior, y hasta que se
apruebe en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta
Ley, el reglamento que establezca el procedimiento de transformación del
título existente en el regulado en el artículo 20, será de aplicación la
normativa vigente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley.
No podrán otorgarse nuevas licencias individuales para el uso del
dominio público radioeléctrico si hay limitación de su número hasta tanto
no se apruebe la Orden Ministerial correspondiente, de conformidad con lo
previsto en los artículos 20 y 21.
6.En cuanto a la normativa aplicable en materia de derechos
especiales o exclusivos y a los títulos habilitantes otorgados a su
amparo, regirán las siguientes normas:
a)A los efectos de esta disposición transitoria, tendrán la
consideración de títulos habilitantes que otorgan derechos especiales o
exclusivos los siguientes:
--Los títulos habilitantes concedidos conforme a los artículos 13 y
siguientes de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en materia
de servicios portadores y finales.
--Los títulos habilitantes otorgados al amparo de la Ley 42/1995, de
22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable, modificada por el
artículo 3 de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las
Telecomunicaciones.
--Los títulos habilitantes concedidos al amparo de la disposición
adicional octava de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones con
limitación del número de concesionarios.
--Cualesquiera otros no referidos en los apartados anteriores que
otorguen derechos para la explotación de las redes o para la prestación
de los servicios de telecomunicaciones con carácter exclusivo o en los
que se haya previsto que el número de prestadores será limitado.
b)La normativa de desarrollo de la legislación vigente hasta la
entrada en vigor de esta Ley tan sólo será de aplicación en lo que no se
oponga a ella y, en especial, a las normas sobre libre competencia.
c)Los títulos otorgados al amparo de la normativa a la que se
refiere la letra b) deberán ser transformados en nuevos títulos de
conformidad con lo previsto en esta Ley, antes del 1 de agosto de 1999.
d)En las demarcaciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, respecto de
las que se hayan adjudicado concursos o se haya iniciado el procedimiento
para su adjudicación antes de la entrada en vigir de esta Ley,
«Telefónica de España, Sociedad Anónima» no podrá iniciar la prestación
del servicio hasta transcurridos dieciséis meses a contar desde la
resolución que otorgue la concesión para la prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable.
El Gobierno, a propuesta de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, podrá retrasar hasta un máximo de veinticuatro meses
o adelantar la fecha de inicio de las actividades de «Telefónica de
España, Sociedad Anónima» relativas a la prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable, en los mencionados ámbitos territoriales,
en los supuestos en que tal medida resulte necesaria para la existencia
de una competencia efectiva en el referido ámbito y no se perjudiquen los
intereses de los usuarios.
A los efectos previstos en la letra c) , los titulares de
concesiones a los que se refiere este apartado, deberán , antes del 31 de
agosto de 1998, solicitar del órgano administrativo que las otorgó, la
correspondiente transformación del título habilitante.
El órgano administrativo que otorgó la concesión deberá dictar
resolución expresa transformándola, según proceda, conforme a esta Ley,
en licencia individual o en autorización general. En dicha resolución,
deberá hacerse declaración de anulación del título habilitante inicial,
así como expresa referencia a los derechos y obligaciones derivados de
aquél, distintos de los que resultan de la nueva regulación, que se
mantienen. En todo caso, aquellos derechos y obligaciones, no podrán
suponer la conservación de ventajas competitivas para los antiguos
titulares que sean incompatibles con lo establecido en esta Ley o el
menoscabo de las facultades de quienes hubiesen obtenido títulos
habilitantes al amparo de ella. La resolución transformadora podrá
otorgar la prórroga de determinados derechos hasta más allá del 1 de
agosto de 1999, siempre que ello no suponga el mantenimiento de derechos
especiales o exclusivos, ni perjudique a otros operadores.
A efectos de garantizar el equilibrio entre los derechos y
obligaciones de los titulares de licencias otorgadas al amparo de esta
Ley y los que se establezcan para quienes obtengan la transformación de
los títulos anteriormente otorgados, podrán establecerse por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, condiciones para el cumplimiento
de las obligaciones de servicio público. Se tomarán, para ello, en
consideración, las impuestas conforme a la legislación anterior, y las
derivadas de la nueva legislación. También podrán adoptarse medidas
reequilibradoras, en relación con la aplicación de las tarifas
asimétricas, según lo previsto en el artículo 28 y en la disposición
transitoria cuarta.
Los derechos y obligaciones que se establezcan, de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo anterior, no darán derecho a indemnización a
los operadores por alteración del equilibrio económico de las condiciones
en las que se otorgó su título habilitante.
7.A los efectos previstos en la letra c) del apartado anterior,
corresponderá transformar los antiguos títulos habilitantes conforme esta
disposición transitoria, al órgano que, de conformidad con la legislación
anterior, los hubiese otorgado. El órgano competente deberá, en su caso,
comunicar la transformación a la autoridad u órgano que, con arreglo a
esta Ley, lo sea para otorgar títulos de la misma clase que el resultante
de la transformación.
8.Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta
Ley continuarán tramitándose, hasta el 31 de diciembre de 1998, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa anteriormente vigente. No
podrán otorgarse nuevos títulos al amparo de la normativa anterior, a
partir de dicha fecha, debiendo continuarse los procedimientos en curso,
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, convalidándose, en su caso,
las actuaciones ya realizadas.
Segunda.Limitación de licencias en función de la escasez del recurso
público de numeración
Por razones de escasez del recurso público de numeración y en tanto
se efectúen las asignaciones y atribuciones resultantes del vigente Plan
Nacional de Numeración, podrá limitarse, hasta el 1 de agosto de 1998, el
número de licencias para la prestación de los servicios o la explotación
de redes de telecomunicaciones que impliquen la utilización del referido
recurso.
Tercera.Operador inicialmente dominante A los efectos de la
prestación del servicio universal y de acuerdo con lo señalado en el
artículo 38.1, se entenderá que el operador inicialmente dominante es
«Telefónica de España, S.A». No obstante, durante el año 2005, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones determinará si, a partir
del 1 de enero del año 2006, la citada sociedad conserva o no, en cada
ámbito territorial, la consideración de operador dominante.
Cuarta.Fijación de precios y recargo sobre los mismos
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo
informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, podrá
fijar, transitoriamente, precios, fijos máximos y mínimos o los criterios
para su fijación y los mecanismos para su control, en función de los
costes reales de la prestación del servicio y del grado de concurrencia
de operadores en el mercado. Para determinar el citado grado de
concurrencia, se analizará la situación propia de cada uno de los
distintos servicios, de forma tal que se garantice la concurrencia, el
control de las situaciones de abuso de posición dominante y el acceso a
aquellos de todos los ciudadanos a precios asequibles. A estos efectos,
los operadores de redes o servicios estarán obligados a suministrar
información pormenorizada sobre sus costes, atendiendo a los criterios y
condiciones que se fijen reglamentariamente. En todo caso, dicha
información deberá ser relevante a los fines de la regulación de los
precios y, asimismo, deberá suministrarse acompañada de un informe de
conformidad emitido por una empresa auditora independiente.
Igualmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos podrá establecer un recargo transitorio sobre los precios de
interconexión para cubrir el déficit de acceso causado por el
desequilibrio actual de las tarifas, hasta que éstas se reequilibren, y
para contribuir a la financiación del servicio universal , en tanto se
constituya el Fondo Nacional del Servicio Universal de Telecomunicaciones
al que se refiere el Título III de esta Ley. Los citados recargos deberán
aparecer reflejados en la información que se suministre a los usuarios,
individualizándose suficientemente cada uno de ellos y diferenciándose de
los precios de interconexión.
Durante el período transitorio indicado en la Ley 20/1997, de 19 de
junio, por la que se regula la Competencia del Gobierno para la Fijación
de las Tarifas y Condiciones de Interconexión, permanecerá en vigor ésta.
Quinta.Normas reglamentarias reguladoras de la recaudación de tasas y
cánones
Hasta tanto se aprueben y entren en vigor las normas de desarrollo
de los artículos 71, 73 y 74, seguirán siendo de aplicación las
disposiciones reglamentarias vigentes , que establecen los procedimientos
de recaudación de las tasas y de los cánones, en desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre.
Sexta.Régimen aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión
Los artículos 25 y 26 y la disposición adicional sexta de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, relativos a los
servicios de radiodifusión sonora y de difusión de televisión, seguirán
vigentes hasta que se apruebe la normativa específica que regule los
referidos servicios.
Séptima.Servicio portador soporte de los servicios de difusión
1.Hasta la finalización del plazo inicial de diez años a que se
refiere el artículo 11 de la Ley 10/1988,
de 3 de mayo, de Televisión Privada, continuará en vigor el régimen
jurídico de prestación del servicio portador soporte de los servicios de
difusión, regulado por las Leyes 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de
Radio y de la Televisión; 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del
Tercer Canal de Televisión y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión
Privada, y por la disposición adicional duodécima de la Ley 31/1990, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Asimismo, hasta la terminación del referido plazo, se aplicarán las
normas y la normativa dictadas en desarrollo de las disposiciones
citadas. El Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión
continuará prestando los citados servicios portadores, hasta la
finalización del indicado plazo, directamente o a través de la Sociedad
RETEVISION, S.A., de acuerdo con los contratos celebrados entre ambos.
A estos efectos, la prestación del servicio portador de los
servicios de difusión comprenderá el transporte y la distribución de las
señales de difusión de televisión, desde el centro de recepción de la
entidad encargada de prestarlo hasta los centros emisores que constituyen
la red de difusión primaria . También incluirá la emisión de las señales
de esos servicios públicos de difusión, en la correspondiente zona de
servicio, mediante las redes de difusión primaria, constituidas por los
centros emisores, y las redes de difusión secundaria, integradas por los
centros reemisores .
Las Comunidades Autónomas que dispongan de red propia para la
prestación del servicio portador soporte de los servicios de difusión de
programas de carácter autonómico en funcionamiento antes del 1 de enero
de 1997, deberán normalizar su situación, debiendo para ello otorgárseles
frecuencias compatibles con el Plan Técnico Nacional a aprobar por el
Gobierno en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.
Dictada la resolución asignando las frecuencias anteriormente citadas, se
procederá al otorgamiento a dichas Comunidades Autónomas de la
correspondiente licencia individual para la prestación del servicio
portador soporte de los servicios de difusión.
2.Corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, hasta la finalización del plazo al que hace referencia el
número anterior de esta disposición transitoria, la autorización y
modificación de tarifas por la prestación de servicios portadores soporte
de los servicios de difusión de televisión contemplados en las Leyes
4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y Televisión; 46/1986,
de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal y 10/1988, de 3 de mayo,
de Televisión Privada. En consecuencia, lo establecido en la disposición
adicional sexta de esta Ley para el servicio portador de televisión, no
será aplicable hasta el cumplimiento del plazo al que alude el apartado 1
de esta disposición transitoria.
Octava.Contrato del Estado con Telefónica de España, S. A.
1.Si, conforme al apartado 6 de la disposición transitoria primera
de esta Ley, «Telefónica de España S.A.», el 31 de agosto de 1998, no
hubiere solicitado la transformación de su actual concesión formalizada
mediante el contrato celebrado con el Estado, el 26 de diciembre de 1991,
en las correspondientes licencias individuales, se entenderá que el
contenido de aquélla, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley,
continúa vigente, como título habilitante para la prestación de los
servicios a los que se refiere.
2.A efectos de fijar el contenido de los derechos y obligaciones
determinados en el citado título concesional que mantendrían su eficacia
tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa audiencia a
«Telefónica de España, S.A»., informe de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y dictamen del Consejo de Estado, adoptará el oportuno
acuerdo.
3.De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del
Contrato de 26 de diciembre de 1991, formalizador de la concesión
otorgada a Telefónica de España S.A., no darán derecho a indemnización
por alteración del equilibrio económico, las modificaciones derivadas de
la aplicación de esta Ley que afecten al citado título habilitante. En
particular las referidas modificaciones significan la necesidad de
adecuación del régimen de derechos especiales o exclusivos al régimen de
libre concurrencia, la igualdad de trato entre los operadores y la
imposición de obligaciones al operador dominante.
Novena.Prestación de los servicios a los que se refiere el artículo 40.2.
Especial consideración de la Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos, de la Dirección General de la Marina Mercante y de Telefónica
de España, S. A.
1.La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos continuará
prestando directamente, los servicios de telex, telegráficos y otros de
características similares, a los que alude el artículo 40.2 a) de esta
Ley, ajustándose, en su caso, a lo que prevea el Real Decreto al que se
refiere el apartado 3 de dicho artículo. Con tal objeto o con cualquier
otro vinculado a sus fines propios, la referida Entidad Pública
Empresarial,
podrá participar mayoritariamente en sociedades, previa autorización, a
propuesta de su Consejo de Administración, del Ministro de Fomento.
2.Se encomienda a la Dirección General de la Marina Mercante la
prestación de los servicios de seguridad de la vida humana en el mar a
los que alude el artículo 40.2 a). Transitoriamente, durante un período
de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, la citada
Dirección General prestará dichos servicios a través de los operadores o
entidades que los estuvieran ya prestando. Para ello, deberá formalizar
los correspondientes contratos que sustituirán a los actualmente
vigentes.
Hasta que se ponga en marcha el procedimiento para la celebración
del contrato previsto en el párrafo anterior, la compensación al operador
o entidad a través de la que se preste el servicio, se hará de acuerdo
con lo establecido en el apartado siguiente de esta disposición.
3.Los servicios de correspondencia pública marítima establecidos en
el artículo 40.2.b), serán prestados por Telefónica de España, S.A.
durante un período de cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley.
La obligación de llevar a cabo esta prestación, se tendrá en cuenta a los
efectos de establecer los criterios a los que se refiere el artículo
41.2.a), respecto del coste a soportar por los distintos operadores a los
que se impongan obligaciones de servicio público.
Décima.Régimen transitorio para la fijación de las tasas establecidas en
los artículos 71, 72
y 73
Hasta que se fijen, de conformidad con lo que se establece en la
legislación específica sobre tasas y prestaciones patrimoniales de
carácter público, los valores a los que se refieren los artículos 71, 72
y 73 de esta Ley, será de aplicación lo siguiente:
--El importe de la tasa anual que, conforme al artículo 71, los
titulares de autorizaciones generales y de licencias individuales, deben
satisfacer por la prestación de servicios a terceros, será el resultado
de aplicar el tipo del 1,5 por mil a la cifra de los ingresos brutos de
explotación que obtengan aquéllos.
--El valor de cada número para la fijación de la tasa por numeración
a que se refiere el artículo 72, será de 5 pesetas.
--Hasta que se fije el importe de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico a la que se refiere el artículo 73 de esta Ley,
será de aplicación lo establecido en la Orden del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 10 de octubre de 1994, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/1996, de 26 de
enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público
gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos
de ella dependientes.
Undécima.Ejercicio de la potestad sancionadora por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones
Hasta la entrada en vigor del Reglamento de Régimen Sancionador al
que se refiere el artículo 85.2 de esta Ley, la potestad sancionadora que
corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se
ejercerá de acuerdo con la normativa que, con carácter general, rige el
ejercicio, por la Administración General del Estado, de la referida
potestad.
DISPOSICION DEROGATORIA
Derogación normativa
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera
de esta Ley, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
--La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, excepto sus artículos 25, 26, 36 apartado 2 y su
disposición adicional sexta.
--La Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por
Satélite, salvo lo dispuesto para el régimen del servicio de difusión de
televisión. En especial, mantendrán su vigencia su artículo 1.1 en la
parte que afecta a tales servicios y sus disposiciones adicionales
tercera, quinta, sexta y séptima.
--La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por
Cable, a excepción de lo dispuesto para el régimen del servicio de
difusión de televisión. En especial, mantendrán su vigencia el artículo
9.2 primer párrafo, el artículo 10, el artículo 11.1.e), f) y g), el
artículo 12 y los apartados 1 y 2 de la disposición adicional tercera
--Los artículos 2 y 3 y la disposición transitoria segunda de la Ley
12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
--El artículo 170 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o
inferior rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Fundamento constitucional
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.21ª de la
Constitución española, excepto en lo regulado en las disposiciones
transitorias sexta y séptima que tiene la consideración de normativa
básica, conforme al apartado 1.27ª de dicho artículo.
Segunda.Competencias de desarrollo
El Gobierno y el Ministro de Fomento, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán dictar las normas reglamentarias y las
disposiciones administrativas que requieran el desarrollo y la aplicación
de esta Ley.
Tercera.Refundición de textos legales
Se autoriza al Gobierno para dictar, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de las siguientes
normas: las contenidas en esta Ley; las que se establecen en la ley
12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones que
regulan la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y las
disposiciones sobre televisión y radiodifusión establecidas en la Ley
31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones; en la Ley 37/1995, de
Telecomunicaciones por Satélite y en la Ley 42/1995, de las
Telecomunicaciones por Cable.
La refundición a la que se refiere el párrafo anterior, sólo
afectará a las disposiciones referidas al servicio portador de
radiodifusión y de televisión. Transitoriamente, también afectará la
refundición al resto de las disposiciones reguladoras de los servicios de
radiodifusión y de televisión, hasta que se apruebe la normativa
específicia que resulte de aplicación a éstos, conforme a la disposición
transitoria sexta de esta Ley.
Cuarta.Entrada en vigor de la Ley
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO DEFINICIONES
--Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
--Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de
ondas radioeléctricas.
--Red de telecomunicaciones: Los sistemas de transmisión y, cuando
proceda, los equipos de conmutación y demás recursos que permitan la
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante
cable, o medios ópticos o de otra índole.
--Red pública de telecomunicaciones: La red de telecomunicaciones
que se utiliza, total o parcialmente, para la prestación de servicios de
telecomunicaciones disponibles para el público.
--Red privada de telecomunicaciones: La red de telecomunicaciones
que se utiliza para la prestación de servicios de telecomunicaciones no
disponibles para el público.
--Servicios de telecomunicaciones: Servicios cuya prestación
consiste, en su totalidad o en parte, en la transmisión y conducción de
señales por las redes de telecomunicaciones con excepción de la
radiodifusión y la televisión.
--Servicio de telefonía disponible al público: La explotación
comercial para el público del transporte directo y de la conmutación de
la voz en tiempo real con origen y destino en una red pública conmutada
de telecomunicaciones entre usuarios, de terminales tanto fijos como
móviles.
--Requisitos esenciales: Los motivos de interés público y de
naturaleza no económica que lleven a imponer condiciones al
establecimiento o al funcionamiento de las redes públicas de
telecomunicaciones o a los servicios de telecomunicaciones disponibles al
público. Dichos motivos son la seguridad en el funcionamiento de la red,
el mantenimiento de su integridad y, en los casos en que esté
justificado, la interoperabilidad de los servicios, la protección de los
datos, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los
objetivos urbanísticos, el uso eficaz del espectro de frecuencias y la
necesidad de evitar interferencias perjudiciales entre los sistemas de
telecomunicaciones de tipo radio y otros sistemas técnicos de tipo
espacial o terrestres.
La protección de los datos podrá incluir la de los personales y la
de las que afecten a la intimidad y la obligación de confidencialidad
respecto de la información transmitida o almacenada .
--Derechos especiales: Los derechos concedidos a un número limitado
de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o
administrativo que, en una determinada zona geográfica:
a)limiten a dos o más el número de tales empresas con arreglo a
criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios;
b)permitan, conforme a tales criterios, a varias empresas que compitan
entre sí; o
c)reconozcan a una empresa o a varias, con arreglo a los citados
criterios, ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la
capacidad de otra para importar, comercializar, conectar, poner en
servicio o mantener equipos terminales de telecomunicaciones en la misma
zona geográfica y en unas condiciones básicamente similares.
--Derechos exclusivos: Los derechos concedidos a uno o varios
organismos públicos o privados mediante cualquier instrumento legal,
reglamentario o administrativo que les reserve la prestación de un
servicio o la explotación de una actividad determinada.
--Interconexión: La conexión física y funcional de las redes de
telecomunicaciones utilizadas por el mismo o diferentes operadores, de
manera que los usuarios puedan comunicarse entre sí o acceder a los
servicios de los diferentes operadores. Estos servicios pueden ser
suministrados por dichos operadores o por otros que tengan acceso a la
red.
La interconexión comprende, asimismo, los servicios de acceso a la
red suministrados con el mismo fin, por los titulares de redes públicas
de telecomunicaciones a los operadores de servicios telefónicos
disponibles al público.
--Punto de terminación de la red: Conjunto de conexiones físicas o
radioeléctricas y sus especificaciones técnicas de acceso, que forman
parte de la red pública y que son necesarias para tener acceso a ésta y a
los servicios que la utilizan como soporte. El punto de terminación de
red es aquel en el que terminan las obligaciones de los operadores de
redes y servicios y al que pueden conectarse los equipos terminales de
telecomunicaciones.
--Dominio público radioeléctrico: Es el espacio por el que pueden
propagarse las ondas radioeléctricas.
--Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el
funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de
seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el
funcionamiento de un servicio de radiocomunicación, explotado de acuerdo
con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
--Equipo terminal: Equipo destinado a ser conectado a una red
pública de telecomunicaciones, esto es, a estar conectado directamente a
los puntos de terminación de aquélla o interfuncionar , a su través, con
objeto de enviar, procesar o recibir información.
--Especificación técnica: La especificación que figura en un
documento que define las características necesarias de un producto, tales
como los niveles de calidad o las propiedades de su uso, la seguridad,
las dimensiones, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el
empaquetado, el marcado y el etiquetado. Se incluyen dentro de la citada
categoría, las normas aplicables al producto en lo que se refiere a la
terminología.
--Espacio público de numeración: El conjunto de recursos numéricos y
alfanuméricos necesarios para la prestación de determinados servicios de
telecomunicaciones.
--Usuarios: Los sujetos, incluídas las personas físicas y jurídicas,
que utilizan o solicitan los servicios de telecomunicaciones disponibles
para el público.
--Red de acceso: Es el conjunto de elementos que permiten conectar a
cada abonado con la central local de la que depende. Está constituida por
los elementos que proporcionan al abonado la disposición permanente de
una conexión desde el punto de terminación de la red, hasta la central
local, incluyendo los de planta exterior y los específicos.
--Déficit de acceso: Es la parte de los costes de la red de acceso
no cubiertos con los ingresos derivados de su explotación.