BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VI LEGISLATURA

Serie II: Núm. 2 (c)

PROYECTOS DE LEY 4 de diciembre de 1996 (Cong. Diputados, Serie A,

núm. 14 Núm. exp. 121/000015)

PROYECTO DE LEY

621/000002 De Presupuestos Generales del Estado para 1997.


PROPUESTAS DE VETO

621/000002

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del

Senado, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes

Generales de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1997.


Palacio del Senado, 3 de diciembre de 1996.--El Presidente del Senado,

Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María

Cruz Rodríguez Saldaña.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1

De doña Inmaculada Boneta

Piedra (GPMX).


Inmaculada Boneta Piedra, EA (Grupo Mixto), al amparo de lo previsto en

el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda

a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado

para 1997.


Se solicita su devolución al Gobierno.


JUSTIFICACION

Eusko Alkartasuna plantea la devolución del Proyecto de Ley de

Presupuestos por estimar que, tanto las previsiones de ingresos, como la

estimación del crecimiento del PIB no corresponden o al menos no se

justifican en datos que apoyen una posibilidad real de su confirmación,

al mismo tiempo que los gastos previstos adolecen de un infundado

optimismo a la baja como se va demostrando ya por los giros y las

negociaciones que, desde la presentación del Proyecto, se ha visto

obligado a realizar el Gobierno desde la fecha de presentación del

Proyecto, a las Cortes Generales. Modificaciones en la política

económica, industrial y social que sin duda obligarán a una política de

aumento de gasto, frente a unas previsiones irrealmente optimistas, tanto

en el ingreso, como en el gasto.


Por otra parte el recorte de las inversiones tanto a nivel general, como

en la Comunidad Autónoma




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Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra; las prioridades establecidas

para estas inversiones ya exiguas, la congelación de los salarios de los

funcionarios y empleados públicos, sin acudir a otros criterios de

recorte de gasto en el desarrollo de la actividad administrativa

consustanciales a la necesaria reforma y ajuste de la Administración

General del Estado vinculada a la existencia de un Estado Autonómico con

diversas administraciones públicas dotadas de competencias residenciadas

antes en la Administración Central; la falta de una apuesta clara y una

prioridad en los Presupuestos de investigación y desarrollo, motor

indiscutible de un desarrollo equilibrado y de futuro; la insolidaridad

al presupuestar las ayudas de cooperación al desarrollo que se aleja cada

vez más del objetivo del 0,7% PIB: son todos ellos alguno de los

capítulos de un desacuerdo que justifican esta enmienda de devolución.


Sin olvidar un aspecto fundamental para Eusko Alkartasuna: siguen

plasmadas en los Presupuestos Generales del Estado partidas que se

corresponden a competencias que, diecisiete años después de aprobado el

estatuto de Guernika, son competencias exclusivas de la CAV, sin que se

haya iniciado ningún proceso para su transferencia: la investigación y el

desarrollo científico y técnico; la Seguridad Social, etc.


Palacio del Senado, 2 de diciembre de 1996.--Inmaculada Boneta Piedra.


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,

IU-IC (MIXTO), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento

de Senado, formulan un veto al Proyecto de Presupuestos Generales del

Estado para 1997.


Palacio del Senado, 2 de diciembre de 1996.--José Luis Nieto Cicuéndez y

José Fermín Román Clemente.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2

De don José Luis Nieto Cicuéndez y don José Fermín Román Clemente

(GPMX).


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente,

IU-IC (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento

del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per

Catalunya presenta esta propuesta de Veto al Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1997, puesto que este Proyecto de

PGE-97, así como sus distintas y variadas leyes de acompañamiento

profundizan en un modelo económico que originará previsiblemente efectos

deflacionistas, al someter a la economía a un esfuerzo excesivo de

disciplina económica para presentar en 1997 el balance exigido para

formar parte de los países que inicien la fase definitiva de la Unión

Económica y Monetaria (UEM).


En estos momentos, ni la recuperación del ahorro privado, ni la del

excedente empresarial, ni los tipos de interés a la baja, son suficientes

para compensar la incertidumbre que pesa sobre los trabajadores, sobre el

futuro de sus puestos de trabajo, la precariedad e inestabilidad de buena

parte de ellos, el incierto porvenir de la protección social o, el propio

factor depresivo de la demanda interna que provoca la reducción acelerada

de los déficits públicos, de demanda pública, en buena parte de los

países de la Unión Europea (UE). Esta orientación común de política

fiscal tanto en España como en el resto de la Unión Europea, en un

contexto de alto desempleo, incertidumbres y desaceleración de la demanda

privada, con el consumo creciendo a tasas moderadas y con un crecimiento

ralentizado de la inversión, puede originar graves efectos de carácter

recesivo.


En suma, se trata de unos presupuestos excesivamente optimistas,

voluntaristas, obsesionados con la reducción del déficit público y en

donde el principal problema de la economía española, el desempleo, sigue

sin tener una solución satisfactoria.


Es significativo, además, que no aparezcan en el cuadro de proyecciones

macroeconómicas previsiones o estimaciones de las principales variables

en años posteriores a 1997, parece que ese año es el «fin de la

historia». Pero es imposible ocultar la importancia del «post-1997»:


tanto por las duras condiciones de ajuste macroeconómico en las que se

desenvolverán las economías europeas, cuanto por las decisiones

económicas del gobierno español, que anticipan futuros y mayores

recortes. Recortes que vendrán determinados por




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el denominado «pacto de estabilidad», que establece, en el marco europeo,

la permanencia de cifras de déficit público iguales o inferiores al 3%

como mínimo hasta 1999. Esto supondría, sin crecimientos extremadamente

altos para la economía española, la necesidad de rebajas de prestaciones

públicas dada la imposible perpetua pérdida de poder adquisitivo de los

funcionarios, la cada vez menor aportación de venta de patrimonio público

o el deslizamiento de forma regresiva del sistema fiscal.


En el caso que nos ocupa, las proyecciones macroeconómicas previstas para

el año 1997 se han confeccionado prioritariamente, sobre unos objetivos

que intentan dotar falazmente de un cierto clima de credibilidad y

confianza a los agentes económicos. Así muestran idílicamente, cómo el

déficit del conjunto de las administraciones públicas representará el 3%

del Producto Interior Bruto (PIB), la inflación será del 2,6% y la

economía tendrá un crecimiento del PIB real a tasas del 3%, todo ello

cimentado en la continua moderación o congelación de los costes

laborales, en los recortes de gasto, en una política brutal de

privatizaciones --y no ya sólo de empresas públicas rentables--, en un

aumento de la imposición indirecta, en la desfiscalización de las rentas

del capital, en un elevado aumento de los gastos fiscales, por supuesto,

todo ello, en consonancia con el cumplimiento de los criterios de

convergencia a final de año.


El problema, es que no existen fundamentos sólidos para que en 1997 la

economía española crezca un 3% en términos reales. Por un lado, los

últimos datos de la Contabilidad Nacional certifican la atonía y

ralentización de la actividad económica, y por otro, los ritmos previstos

de crecimiento del consumo y, particularmente, de la inversión, no se

justifican ni con la situación de partida de las diferentes

macromagnitudes, ni con las actuaciones de política económica que se

pretenden aplicar. Así, la previsión de que crezca el consumo cerca de un

2,7% --habida cuenta de la pretensión de congelación salarial de los

empleados públicos, la recomendación de moderación en el sector privado y

las incertidumbres sobre la calidad del empleo y el futuro de otras

prestaciones sociales--; el que la inversión aumente en un 6,9% --con el

recorte brutal de la inversión pública-- o el que la evolución del sector

exterior influya de forma muy positiva en la economía, y teniendo en

cuenta la situación económica y la política fiscal de nuestros

principales socios comerciales, nos parecen unos objetivos no

alcanzables, dada la situación de partida de la economía española.


Al final, todo se reduce al deseo de que el mayor crecimiento de la

economía «vendrá propiciado», tal y como recoge el libro de presentación

de los Presupuestos «por el cambio de las expectativas de los agentes

económicos generado por la determinación del Gobierno de llevar a cabo

las reformas estructurales, por el descenso de la inflación y de los

tipos de interés y por el elevado ahorro de familias y empresas» y en una

continua esperanza de que se produzca un fortalecimiento de la actividad

económica durante 1997, fundamentalmente en Alemania y Francia, lo que

estimularía al resto de economías europeas y, en suma, a la producción y

el empleo en la UE. No obstante, estos deseos entran en flagrante

contradicción con las medidas anunciadas por los gobiernos de los países

de la UE, que obligará a revisar las propias perspectivas de crecimiento

para 1997, porque el objetivo de «consolidación» fiscal de los países

implicados en la convergencia monetaria tendrá efectos multiplicadores

negativos sobre la demanda efectiva y el empleo.


En cuanto a las cifras del presupuesto, es preciso remarcar que es

realmente --por el recorte de gasto que conlleva-- el más duro y

restrictivo desde la Transición: Implica, considerando que el déficit de

las Administraciones Públicas en 1996 se elevará a unos 3,3 billones de

pesetas (un 4,4% del PIB), un intento de reducción en torno al billón de

pesetas, hasta situarlo en 2,3 billones. Esta cifra se espera lograr

sobre la base de unas previsiones de crecimiento del PIB nominal del 6% y

del PIB real del 3%, con un crecimiento del empleo del 2%, y por un

aumento del gasto del 2,1% (sin tener en cuenta los presupuestos de los

Entes Territoriales), cifra sensiblemente menor que el 6,1% de

crecimiento previsto de los ingresos.


Para ello y por el lado de los ingresos, la previsión de crecimiento,

superior ligeramente a la tasa de crecimiento nominal de la economía,

indica un ligero repunte de la presión fiscal. En primer lugar, cualquier

desviación del crecimiento del PIB sobre el previsto, tendrá un efecto

inmediato sobre la recaudación y --en el contexto en el cual se realiza

la política económica-- una mayor presión a la baja en el gasto público,

es decir, la posibilidad de sufrir nuevos recortes en el gasto público a

lo largo del ejercicio presupuestario, así se viene a recoger en el

Informe Económico y Financiero «si los ingresos no crecen al ritmo

esperado, se adoptarán




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medidas adicionales de reducción del gasto que garanticen el cumplimiento

del objetivo de déficit». En segundo lugar, la carga fiscal se distribuye

de forma regresiva, con un claro cambio en la composición interna de la

presión tributaria, mayor imposición indirecta sobre la directa y un

excesivo aumento de los gastos fiscales: no olvidemos que en el mes de

julio pasado se aumentaron ciertos impuestos especiales (alcohol y

tabaco); se alivió de carga fiscal a las rentas del capital de

contribuyentes con capacidad económica elevada y se aumentó los

beneficios fiscales de sociedades y empresarios individuales, con la

actualización de balances, y creación de nuevas tasas y aumentos en otras

ya existentes, sin atender al principio de capacidad económica.


Por el lado del gasto público se impone una política restrictiva en donde

los ajustes se acometen con criterios antisociales. Este decrece en tasas

reales en un 0,8%. Debemos destacar, la congelación de las retribuciones

de los empleados públicos, la caída de la inversión pública en un 16%, el

recorte en un 1% de los créditos en sanidad, del 4,8% en educación o del

1,7% en vivienda, del 25% en el primer Ministerio del Medio Ambiente y el

ficticio aumento de los de Sanidad, que implican más allá de los reclamos

a la austeridad y al rigor del sector público, una degradación de los

servicios sociales básicos, que en muchos casos irá acompañada de la

privatización de la gestión, con lo que ello significa de beneficios para

sectores empresariales y de potenciación de los servicios privados en

detrimento de los públicos. En suma, recortes presupuestarios que tendrán

efectos negativos sobre la actividad económica y el empleo --caso de la

inversión--, sobre el consumo --congelación salarial-- y sobre el nivel

de satisfacción de necesidades colectivas.


Así, y abundando más en las cifras de los gastos referidas a la Seguridad

Social, éstas muestran una degradación del sistema público de protección

y un endurecimiento en las condiciones para acceder a las prestaciones

--como es el caso de las «incapacidades», o para el subsidio de paro.


El total de gastos crecerá sólo en un 3,4%. El gasto en pensiones, que

representa el 60% del gasto de la Seguridad Social, crecerá un 5,4%, que

engloba una revisión del 2,6% (cuando la inflación en 1996 será del 3,4%)

y de un aumento del 1,8% de los pensionistas. Los gastos del resto de las

prestaciones de la Seguridad Social se verán prácticamente congelados en

términos nominales, cuando no registrarán una disminución, como ocurre

con los del INEM para atender el desempleo. La optimista evolución

prevista del empleo ha dado pie, no ha mejorar la suerte de los parados

cuya tasa de cobertura ha descendido de forma aguda en los últimos

tiempos, sino a prever una reducción del 2,4% de los gastos de este

organismo.


Por último hay que señalar que los drásticos recortes en las subvenciones

a empresas públicas y otros entes públicos, por encima del 20%, abren las

puertas a agresiones laborales muy duras y preparan el terreno para el

desmantelamiento y cierre de muchos de ellos. Se puede concluir que, con

independencia de su cumplimiento en otros aspectos, el presupuesto de

1997, desde el punto de los servicios y prestaciones sociales, asegura un

nuevo golpe al raquítico Estado del Bienestar, respondiendo a las

presiones patronales y haciendo honor a los planteamientos neoliberales

del PP.


Asimismo, es preciso comentar el engaño que supone la utilización de

técnicas de enmascaramiento de la realidad económica, como el adelanto al

ejercicio actual de ingresos futuros, o el no reconocimiento de gastos de

algunas empresas y entes públicos, o el retraso de pagos. De esta forma

se oculta una situación de fondo con grandes tensiones sociales, demandas

insatisfechas, gastos pendientes y agujeros presupuestarios y sólo sirve

para corregir el déficit público de un modo ficticio, ya que antes o

después habrá que hacerse cargo de estas cuentas y de sus efectos

económicos y sociales.


En definitiva, el Gobierno no encuentra otra vía de reducir el déficit

público que recortando el gasto o privatizando las pocas empresas

rentables, que por su dimensión son las adecuadas para mantener,

fortalecer y garantizar nuestro tejido productivo, además de dar paso a

la privatización de servicios hasta ahora de carácter público. Déficit

público condicionado por la carga financiera derivada de la política

monetaria restrictiva realizada hasta ahora, sin plantearse compromisos

serios contra el fraude impositivo.


En suma, para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, los presupuestos

de 1997 son rechazables por tres objeciones fundamentales: La primera es

que no abordan la imperiosa necesidad de combatir el paro, dado que la

política adoptada implica relegar para mejores tiempos la política

necesaria para disminuir fuertemente la tasa de paro, crear empleo y que

éste sea retribuido adecuadamente. La segunda objeción es que imponiendo

estos presupuestos una política restrictiva,




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los ajustes se acometen con criterios antisociales y la tercera objeción

es que son regresivos fiscalmente dadas las modificaciones fiscales

introducidas en el mismo.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no compartiendo ni los objetivos

ni los medios de estos presupuestos, aboga por una dimensión del Sector

Público que permita dar cumplimiento a su función redistributiva y

garantice el acceso de todos los ciudadanos a unos niveles «ciertos en

calidad y cantidad de servicios públicos». Sin propugnar el mantenimiento

de forma continua de elevados niveles de déficit público, creemos preciso

acompasar la evolución del déficit al ritmo que permita la actividad

económica, evitando el coste deflacionista de una reducción drástica y

real del mismo.


Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa

per Catalunya considera preciso una reelaboración del Proyecto de Ley de

Presupuestos para 1997 que contemple entre otros los siguientes aspectos:


1. El eje fundamental de la política presupuestaria en particular y

económica en general, debe ser la disminución de la insoportable tasa de

paro y la mejora de la distribución de la renta y la riqueza.


Para ello, la política presupuestaria de contención del déficit público,

aún respetando una cierta contención, debe abordarse a medio plazo y

sobre todo partiendo de una política de ingresos progresista, y no en

recortes de políticas activas que deben potenciarse, así la inversión

pública y el desarrollo de un tejido productivo endógeno, junto a una

política monetaria más relajada, y un apoyo a la generación de empleo y

al reparto del trabajo deben contribuir a paliar el desempleo en nuestro

país.


2. Potenciación de un sistema tributario más progresivo, con mayor peso

de la imposición directa, con una reducción de exenciones y gastos

fiscales no ligados al compromiso de generación de empleo y con nuevas

figuras tributarias que equilibren la actual descompensación que sufren

las rentas del trabajo dependiente. Asimismo es imprescindible una

verdadera lucha contra el fraude fiscal, dotando a la inspección

tributaria de los medios humanos, materiales y legales suficientes para

ello.


3. Políticas de inversión pública que fortalezcan nuestro tejido

productivo, dedicando un mayor esfuerzo a la I+D, y a la formación

continua, así como un incremento de los medios de apoyo a la

modernización y reindustrialización y a la capacitación de nuestra

capacidad comercial y turística y a nuestra competencia agroalimentaria,

ganadera y pesquera.


4. Un crecimiento y desarrollo económico compatible y sostenible con el

medio ambiente, haciendo frente a una mayor reforestación y un desarrollo

territorial con comunicaciones vertebradoras del territorio y apostando

por políticas de ahorro y uso eficiente de la energía y del agua.


5. Mejorando la convergencia social con Europa, reduciendo la distancia

que nos separa en cuanto a gasto social y de pensiones con la media

europea, así como a la universalización al cien por cien de la población

con Asistencia Sanitaria.


6. Planteando una recuperación de la capacidad adquisitiva de los

salarios, con cláusulas de revisión salarial para los empleados públicos

y prestaciones sociales, manteniendo la cobertura al desempleo a todos

los trabajadores que se vean en dicha situación.


7. Abordando de forma decidida la superación de la economía irregular y

sumergida por la degradación económica, social y laboral que supone.


8. Abordando una política presupuestaria solidaria a nivel externo,

alcanzando el 0,7% para cooperación y desarrollo del Tercer Mundo,

mejorando en cantidad y calidad la Ayuda a la Cooperación y Desarrollo.


9. Una política Presupuestaria solidaria a nivel de Entes Territoriales.


Por un lado con un incremento del poder competencial y financiero de los

Municipios, así como de su participación en los ingresos del Estado y en

los Fondos de Cohesión. Y por otro, con una mayor autonomía financiera,

corresponsabilidad y solidaridad de las Comunidades Autónomas con

dotaciones presupuestarias para la puesta en marcha de los fondos de

nivelación y deuda histórica, y mayor porcentaje de inversión destinado

al Fondo de Compensación Interterritorial y de la participación en los

Fondos de Cohesión.