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DS. Senado, Comisiones, núm. 537, de 09/12/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 537



COMISION DE PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN LERMA BLASCO



celebrada el jueves, 9 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DIA:



--Dictaminar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2000 (Número de expediente 621/000166).




Se abre la sesión a las diez horas y quince minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días, se abre la sesión.

En primer lugar, propongo a sus señorías la aprobación del acta de la
sesión anterior. (Pausa.)
Queda aprobada.

Comenzamos el debate sobre el proyecto de ley de presupuestos generales
del Estado.

En primer término, debate y votación del veto planteado por el Grupo
Parlamentario Socialista. Una vez rechazado o aprobado, pasaremos a
dictaminar el articulado y las secciones del proyecto.

Como ustedes recordarán, siguiendo los criterios de años anteriores, las
enmiendas podrán ser defendidas durante un tiempo mínimo de cinco
minutos, a razón de un minuto por enmienda, hasta un máximo de diez por
los grupos parlamentarios y, en el caso de las enmiendas presentadas
individualmente por los Senadores, podrán ser defendidas durante un
tiempo mínimo de tres minutos, a razón de un minuto por enmienda, hasta
un máximo de cinco minutos.

La votación de todas las enmiendas planteadas tendrá lugar al final del
día. Espero que el desarrollo del acto permita concluir la sesión en el
día de hoy, aunque inicialmente la propuesta prevista era que durara hoy
y mañana.

Empezamos con la discusión del veto presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista y, para su defensa, tiene la palabra su portavoz por un máximo
de cinco minutos.




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El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, entramos a debatir nuestra propuesta de veto
a los últimos Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura,
propuesta que, en nuestra opinión, hace necesario realizar un balance
--aunque éste tendrá que ser breve--, y a pesar de que en los cinco
minutos de tiempo de que disponemos se puede correr el riesgo de incurrir
en simplificaciones excesivas respecto de lo que ha sido la política
presupuestaria del Gobierno central en esta legislatura que está a punto
de acabar.

En este sentido no parece exagerado repetir lo que ya dijo el Gobernador
del Banco de España, que esta legislatura ha coincidido con un período de
la economía española extraordinariamente afortunado, y en la que, sin
embargo, por un lado se han desaprovechado oportunidades, por otro se ha
configurado un país más injusto desde todos los puntos de vista, y en la
que, finalmente, la política presupuestaria ha sufrido un retroceso en lo
que a vigor y fiabilidad se refiere.

Empezando por el final, hoy mismo hemos podido ver de nuevo en la prensa
una de las reiteradas denuncias de los Senadores y Diputados socialistas
en esta legislatura, y es que este presupuesto enmascara, con cosméticas
poco razonables, la situación real de las cuentas públicas de nuestro
país, la cual se ve confirmada por las decisiones y resoluciones del
Tribunal de Cuentas, Tribunal que considerado que éste es el único
ejercicio presupuestario del Gobierno del Partido Popular que desde el
año 1997 ha tenido un déficit público superior en medio billón de pesetas
respecto de las cuentas que se presentaron en el Parlamento. Pero de
hecho, ésta no es la única mala noticia --digámoslo así-- que hemos
tenido sobre nuestras cuentas presupuestarias. La Comisión Europea hace
ya unos meses nos advirtió que la aplicación del sistema europeo de
contabilidad, según la metodología de 1995, significaba que España había
tenido un mayor déficit en los años 1996 y 1997 y un menor déficit de lo
previsto en el año 1995.

Estos días hemos conocido también otras malas noticias relativas a la
situación de la economía española, por ejemplo, la referente al
comportamiento de nuestra balanza de pagos en el exterior y a nuestro
déficit comercial, que ha llegado al máximo histórico según los últimos
datos conocidos. Por otro lado, tenemos también el dato de nuestro
diferencial de inflación con la Unión Europea --evidentemente
preocupante--, lo que indica que la competitividad de la economía
española se está resintiendo en estos momentos por falta de unas
políticas que podrían beneficiarla más.

¿Y en qué contexto presupuestario tiene lugar todo ello? Pues en el
contexto presupuestario del año 2000, en el que se reincide de nuevo en
las mismas prácticas que ya fueron denunciadas en los años 1997, 1998 y
1999: disfrazar gastos e infravalorar partidas que no obstante van a
gastarse. El gasto corriente ha superado todos los años en liquidación en
más del 30 por ciento al inicialmente presupuestado --gasto corriente al
que se refiere el Capítulo II del proyecto de ley de presupuestos--.

Además, este presupuesto configura en su política de ingresos un país
cada vez más injusto, como decía antes. Los impuestos indirectos cada vez
ocupan un peso más importante en lo que es el asentamiento de las cuentas
públicas en detrimento de los impuestos directos, lo cual hace no
solamente que exista injusticia social, puesto que los indirectos los
paga todo el mundo --y no precisamente en función del nivel de riqueza de
cada uno--, sino que, además, en períodos de comportamiento económico
menos favorable el nivel de ingresos de las cuentas públicas pueda
resentirse más.

En lo que a política de gastos se refiere, con estos presupuestos se
vuelve a demostrar por qué las principales reformas que tuvieron que
abordarse en esta legislatura no han tenido éxito. Se disminuyen las
consignaciones para la política de vivienda en tanto que el suelo cada
vez es más caro en este país, y la evolución de los precios de la
vivienda multiplica por cuatro o por cinco el incremento de precios al
consumo; la reforma de la sanidad que se hizo para controlar el gasto
farmacéutico ha resultado un fiasco; la financiación autonómica supone
cada vez un mayor coste para el Estado ya que es necesario compensar a
las Comunidades Autónomas de las bajas recaudaciones del Impuesto sobre
la Renta y esto ya supone un coste de centenares de miles de millones de
pesetas; la financiación de los servicios educativos cada vez es más
deficiente y los sectores afectados denuncian cómo se está deteriorando
especialmente la calidad de los servicios educativos públicos; la
inversión pública sigue soportando la mayor parte de un ajuste que debió
realizarse en su momento en función de otros componentes primarios del
gasto corriente, ajuste que ha sido incapaz de hacer el Gobierno; en lo
que al gasto social se refiere, lo que ha venido haciendo este Gobierno a
lo largo de toda la legislatura ha sido obligar a los trabajadores de
este país a financiar con sus cotizaciones al desempleo las prestaciones
no contributivas del desempleo, e incluso las bonificaciones para la
creación de empleo, y ha obligado asimismo a los trabajadores en activo a
financiar con sus cotizaciones incluso la parte no contributiva de las
pensiones con un abierto incumplimiento del Pacto de Toledo por parte del
Gobierno.

Por todas estas razones, estimamos que estos presupuestos ni van a ser
los que se necesitaría en relación con la coyuntura económica actual
expresada en términos macropolíticos, ni van a ser unos presupuestos que
permitan la mejora de los servicios públicos de nuestro país, ni tampoco
van a dar satisfacción, en relación con esto último, a la consolidación
del Estado de bienestar que debería existir. Son unos presupuestos que
tienen un componente inercial muy fuerte motivado por una política
sostenida a base de cosmética. Incluso el Tribunal de Cuentas viene hoy a
demostrar hasta qué punto esa cosmética es mensurable en centenares de
miles de millones de pesetas, con lo cual, si añadimos la falta de
fiabilidad que muestran las componentes enormemente equivocadas de la
política presupuestaria del actual Gobierno, entendemos que con estos
presupuestos se va a cerrar un ciclo que no ha tenido precisamente unos
resultados positivos.

Esperemos que en futuros ejercicios sea posible la realización de una
política presupuestaria que atienda a las verdaderas necesidades de la
sociedad española.

Nada más y muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias.

En turno en contra tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.

Voy a hacer uso de un breve turno en contra para oponernos a esta
propuesta de veto, que consideramos mal documentada y poco explicitada en
relación con su verdadera finalidad.

Pero no me voy a detener en esta primera cuestión, en esa falta de
argumentación, ya que, como acabo de decir, este turno va a ser
intencionadamente breve puesto que nuestros argumentos más importantes
los reservamos para el debate de totalidad en el Pleno que se celebrará
la próxima semana. En cualquier caso, he de decir que encontramos todavía
menos justificable el hecho de que se utilicen argumentos, si no falaces
--aunque la mayoría lo son, desde luego--, sí manifiestamente erróneos,
es decir, completamente fuera de lo que una mirada al mundo sugiere
respecto de lo que son las cosas.

Consideramos que tan sólo el Grupo Parlamentario Socialista y su
portavoz, el Senador Granado, entienden que el déficit público, en los
términos en que se han ido cerrando los presupuestos de cada ejercicio de
esta legislatura, no es el previsto. Me parece un auténtico ejercicio de
utopía económico-política el desconocer la realidad de las cosas. La
verdad es que, efectivamente, en estos presupuestos para el ejercicio del
año 2000 debemos valorar la acción de Gobierno de toda una legislatura,
pero también hay que decir que el Gobierno se encontró en su momento con
unas cuentas públicas con un déficit superior al 7 por ciento del
producto interior bruto, cifras éstas que, desde luego, nos situaban
totalmente fuera, no ya de cualquier posibilidad de incorporación a la
Unión Monetaria o de estabilidad macroeconómica en definitiva, sino que
nos situaban fuera de cualquier política racional de orientación del
gasto público. Por eso, necesariamente tuvimos que ir trampeando para
conseguir pagar la deuda que se estaba generando con ese déficit público.

Nos encontramos ahora con unas cuentas saneadas, con un déficit público
que es de los más bajos de los países que integran la Unión Monetaria
Europea, que es un área de una estabilidad excepcional dentro del mundo,
y en una posición ventajosa. Siempre hemos entendido que ello se debía a
un esfuerzo de toda la sociedad española, y no únicamente del Gobierno ni
de los grupos parlamentarios que damos apoyo al Gobierno. Creemos que en
este momento la conducción de la política económica tiene un mayor grado
de libertad, es mucho más dúctil y flexible para atender circunstancias
sociales y compromisos electorales, como lo era para nosotros la
reducción de impuestos.

Durante esta legislatura no solamente se han ajustado las cuentas
públicas, no solamente se ha dejado el déficit público en torno a un 1
por ciento del producto interior bruto, sino que además hemos conseguido
una reforma fiscal histórica que ha permitido la reducción de impuestos
para todos los contribuyentes españoles. Al mismo tiempo, se ha atendido
a gastos que nosotros entendíamos prioritarios, como el mantenimiento del
poder adquisitivo para todos los trabajadores, la mejora para las rentas
de pensiones más bajas y una creación de empleo que no se había
registrado en ninguna legislatura de toda la democracia.

Por lo tanto, tenemos una economía con crecimiento sano y sostenible. Se
ha recurrido a la autoridad que el Gobernador del Banco de España sin
ninguna duda tiene para extraer una conclusión que nosotros entendemos
distorsionada. Me refiero a que en la comparecencia celebrada hace unas
semanas ante esta Comisión tuve ocasión de preguntarle si cabía pensar
que había sido la coyuntura internacional la que nos había llevado en
volandas durante toda esta legislatura --tesis que nosotros nunca hemos
compartido pero que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, se ha
divulgado con profusión-- y en su contestación nos vino a decir que no;
explicó que desde el año 1998 se ha producido una crisis financiera
internacional muy grave y que, sin embargo, el comportamiento de la
economía española en ese mismo período ha sido sano y estable. No cabe
duda de que la coyuntura económica española no está desconectada de la
corriente internacional pero sí tiene grados de autonomía, y hemos
conseguido grados de credibilidad que nos han permitido afrontar con
solvencia crisis financieras graves como las registradas
internacionalmente en este período. Por lo tanto, no es verdad que las
oportunidades internacionales nos hayan venido desde fuera y que nos
hayamos limitado a abrir el cesto para recoger lo que de fuera nos
llegaba. Eso no es cierto, es más, les desconocer la realidad.

En cuanto a la cosmética de cuentas públicas, creo que exige una
reflexión adicional. Por un lado, nosotros nos hemos preocupado desde el
principio de esta legislatura de endurecer la legislación sobre normas
presupuestarias, de forma que no fuera posible asistir al juego malabar
al que asistimos, en legislaturas anteriores y con otros gobiernos, de
movimientos de créditos presupuestarios y de facilidades para incrementar
el gasto presupuestario que al final llevaba a un incumplimiento absoluto
de los Presupuestos Generales del Estado, en definitiva de la Ley
aprobada por las Cámaras legislativas. Creo que lo hemos conseguido. El
Senador Granado y el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que el
nuestro, recibió una explicación completa, detallada y realmente
satisfactoria por parte del Secretario de Estado de Presupuestos de
cuáles han sido las desviaciones registradas en el año 1999. No hemos de
llamarnos a engaño, esas desviaciones tienen su justificación en los
créditos extraordinarios que ha aprobado el Parlamento, en los créditos
consecuencia de ingresos generados --se producen por el aumento de
ingresos que están afectados a determinados usos-- y en determinadas
partidas de crédito que se han venido considerando ampliables y que se
recogen así en la Ley de Presupuestos.

Lo cierto es que, como resultado de todo ello, de la coyuntura económica
y de una reforma fiscal que bajaba los impuestos, el déficit público va a
situarse en el año 1999 por debajo de lo previsto. Es decir, la ejecución
presupuestaria, tanto en cuanto a los ingresos como a los gastos, es
intachable respecto al manejo de las grandes cifras. Y lo es también
desde el punto de vista de las prioridades de gasto público que se
atiende con los presupuestos.

Nos sorprende oír argumentos como que los presupuestos para el año 2000
son injustos porque los impuestos indirectos



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están adquiriendo más peso frente a los impuestos directos. Yo le
recomendaría al señor Granado que revisase esta teoría; la vieja teoría,
casi decimonónica, que dice que los impuestos indirectos son más justos
que los impuestos directos. Podría ponerle muchos ejemplos que
demostrarían justamente lo contrario, que un impuesto directo mal
administrado con un fraude fiscal poderoso en torno a él y que solamente
sujeta a impuestos a determinados grupos de individuos y no a otros
resulta ser el impuesto más injusto que concebir se pueda. Por el
contrario, un impuesto indirecto general, como es el Impuesto sobre el
Valor Añadido, que discrimina entre bienes de consumo de primera
necesidad y otro tipo de bienes, puede resultar bastante justo atendiendo
a la distribución de la renta del país. Por eso le digo que esa teoría
hay que revisarla, porque en este momento no la sustenta nadie.

El aumento de peso de impuestos indirectos en la ejecución de 1999 y en
el presupuesto del 2000 tiene una razón de ser y no es el aumento de
impuestos. Este Gobierno no ha aumentado los impuestos en toda la
legislatura, no hemos autorizado un aumento del tipo impositivo del valor
añadido, como se hizo en la legislatura anterior y, sin embargo, está
aumentando la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido. ¿A qué se
debe esto? Fundamentalmente, a la política de control del fraude y al
hecho de que en un escenario de menores impuestos están aflorando al
mundo fiscal empresas y actividades que anteriormente estaban ocultas y
no tributaban. No hay que buscar otra justificación. Los crecimientos de
recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido se sitúan en torno al 15
y 16 por ciento, mientras que la economía en términos monetarios está
creciendo en torno al 6 ó 7 por ciento. En definitiva, aunque el consumo
privado está impulsando fuertemente la actividad económica en 1999, y
esperemos que también lo haga, aunque más atemperadamente, en el año
2000, el crecimiento de recaudación de impuestos indirectos encuentra su
razón de ser en el afloramiento de actividad económica, que se nota
también en la creación de empleo. Nosotros no nos llamamos a engaño;
creemos que se está dando un crecimiento del empleo neto, pero parte del
incremento se debe al afloramiento de un empleo que antes estaba oculto.

Lo mismo ocurre en materia tributaria. Por lo tanto, su argumentación es
falsa y no se le puede calificar de otra manera.

En cuanto a las políticas de gasto, se nos dice que el presupuesto en su
conjunto no encaja porque tenemos una reducción de fondos en política de
vivienda. Recordará el Senador Granado que la política de vivienda estaba
muy vinculada a la financiación de tipos de interés, a la carga de
intereses que llevaba asociada la vivienda adquirida por los ciudadanos
de rentas más bajas; por tanto, una vez que esos tipos de interés se
encuentran a los niveles que actualmente tenemos, la política de vivienda
reduce los apoyos para el pago de intereses. No sucede lo mismo, porque
el Plan cuatrienal de vivienda recoge actuaciones multimillonarias en
términos presupuestarios, en cuanto al apoyo directo a la adquisición de
la vivienda o a las rentas más bajas. Por lo tanto, no es verdad que se
haya reducido la intensidad presupuestaria en la política de vivienda; sí
es cierto que no es necesario el apoyo a tipos de interés porque éstos
ahora se pueden pagar, cosa que no ocurría en el pasado.

Se habla también de deterioro de la calidad educativa, en materia
sanitaria, etcétera. Nosotros entendemos que dicho deterioro --si es que
lo hemos de aceptar, y yo en principio no lo acepto-- no tiene raíces
presupuestarias. Lo cierto es que la educación y la sanidad son políticas
prioritarias que desde el principio de la legislatura han visto crecer
sus presupuestos en magnitudes que a veces duplicaban el crecimiento
general del gasto público presupuestado. En consecuencia, no hay raíz
presupuestaria en esos males, que a veces pueden ser crónicos, de la
educación o de la sanidad españolas. En cuanto a otras políticas donde sí
se percibían tendencias de gasto difíciles de contener, como las
políticas farmacéuticas, quiero recordar a los Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista, y en particular al Senador Granado, el poco
apoyo que han prestado a la hora de adoptar medidas para contener la
tendencia de crecimiento del gasto. Por esa razón, no por falta de apoyo
pero sí porque esas políticas no han recibido el consenso que se
merecían, estas partidas presupuestarias presentan un crecimiento más
dinámico de lo que sería deseable.

Podríamos hablar durante mucho tiempo del gasto social, pero lo voy a
resumir en sólo un par de reflexiones. En primer lugar, nosotros partimos
de la base de que la verdadera política social es la que resuelve
problemas, no el parcheo inconsistente de una paga que no se consolida
para el futuro, que se hace en determinadas fechas y que no tiene más
validez que el puro efecto escaparate que se pretende cuando se
establece; por esa razón, nosotros creíamos que era necesaria una
solución global a los grandes problemas, como son las prestaciones de
todo tipo. Así, en esta legislatura tenemos una Seguridad Social saneada;
ya se pueden dotar fondos de reserva --mientras que anteriormente lo que
había era un déficit que, aunque no amenazaba la estabilidad financiera
puesto que la Seguridad Social será estable siempre y cuando el
presupuesto y la capacidad fiscal del Estado la apoye, y desde luego con
un Gobierno del Partido Popular será así-- y nosotros entendemos que la
estabilidad financiera «per se» de la Seguridad Social y la dotación de
fondos de reserva hacia el futuro garantizan y deben constituir un motivo
de tranquilidad para quienes reciben prestaciones de la Seguridad Social.

Además, las políticas de incentivos a la creación de empleo, que al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista le parece que no solamente
están mal financiadas sino que incluso he oído que estaban mal dirigidas,
hay que valorarlas por sus efectos, y éstos han sido positivos.

En cuanto a la separación de fuentes de financiación de las prestaciones
gratuitas universales, respecto de las prestaciones vinculadas a
cotización, en esta legislatura se ha dado un paso de gigante, cosa que
no se había realizado nunca en el pasado. Hemos desvinculado la sanidad
pública de los presupuestos de la Seguridad Social y se están
desvinculando todas y cada una de las prestaciones que han de ser
prestadas, por su carácter universal, a través de los presupuestos.




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El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, su grupo y todos los
Senadores aquí presentes tienen que entender --como así lo entendemos
nosotros-- que es un uso perfectamente racional de las cotizaciones de
desempleo, en un período en el que el desempleo se está reduciendo muy
rápidamente, el promover políticas activas de creación de empleo. Por
tanto, la crítica que se ha formulado hay que entenderla como pura
objeción porque había que encontrar algún argumento de oposición a los
presupuestos, pero no tiene validez real en cuanto a los efectos de esas
afectaciones presupuestarias para la generación de empleo.

En definitiva, se habla de cosmética y, aunque no quiero recordar épocas
pasadas, les voy a citar como ejemplo unos presupuestos en los que se
hablaba de un 3 por ciento de déficit público y se cerraron por encima
del 6 por ciento, los desequilibrios económicos a los que nos vimos
sometidos por el vaivén de las cuentas públicas en una época en la que la
estabilidad hubiese sido un valor que nos hubiese acercado más
rápidamente a Europa y, por el contrario, entendemos que es precisamente
la política presupuestaria de toda la legislatura, que viene resumida en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, la que ha
permitido que en España nos acerquemos más a la renta media europea,
creciendo bastante más que los países de la Unión Europea y que, al mismo
tiempo, se esté creando empleo. No me atrevo a calificar la política
económica que se ha venido aplicando como la única posible, como se hizo
con muy poca modestia en el pasado, pero sí que es la mejor y más
razonable dadas las circunstancias en las que España se encuentra en este
momento. Así las cosas, no solamente entendemos que hay que votar en
contra de este veto sino, sencillamente, que el veto mismo se apoya en
bases ciertamente muy débiles. Además, las expresiones que ha utilizado
como cosméticas, falta de prioridades, políticas de gasto desajustadas,
etcétera, no dejan de ser adjetivos calificativos muy vagos que encierran
la ausencia de una alternativa y de argumentos convincentes para apoyar
ese veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con brevedad, para anunciar nuestro apoyo al veto, dado
que el del Grupo Mixto, presentado por los Senadores Cámara y Román
Clemente, entró fuera de plazo en el Registro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir también brevemente, para anunciar el voto a favor de
este veto del Partido Aragonés, debido a nuestro descontento --que ya
quedó patente en el Congreso de los Diputados-- con las inversiones
previstas para la Comunidad Autónoma de Aragón y, por supuesto, porque no
ha sido aceptada ninguna de las enmiendas que hemos presentado en el
Congreso de los Diputados.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a intervenir muy brevemente para anunciar nuestro voto
contrario al veto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.

Este voto contrario se sustenta en aspectos de coherencia,
responsabilidad y convicción que, en el debate de totalidad de la semana
próxima en el Pleno, desarrollaremos con mayor amplitud. En cualquier
caso, quiero manifestar nuestro voto contrario al veto.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Para concluir este minidebate previo al del Pleno, aunque tampoco permite
extenderse en argumentaciones, quiero comentar brevemente algunas
cuestiones que, a nuestro juicio, merecen tener un reflejo en esta
ocasión.

Lógicamente, cada grupo parlamentario ve la botella medio llena o medio
vacía en función de la posición que ocupa, bien sea en la oposición o en
el Gobierno, pero yo creo que despachar este tema con afirmaciones como
que son cuestiones vagas o intrascendentes el déficit del sector exterior
de la economía española, nuestro diferencial de inflación con la media de
la Unión Europea, el hecho de que las cifras de empleo estén empeorando
mes a mes o que el Tribunal de Cuentas considere que hubo medio billón de
pesetas mal contabilizados en los Presupuestos Generales del Estado del
año 1997, a nuestro juicio indica que lo que no hay son argumentos para
hablar de estas cuestiones. Por cierto, este medio billón de pesetas
también estará mal contabilizado en los presupuestos del año 1999 y en
los del año 2000 porque los defectos indicados por el Tribunal de Cuentas
se mantienen y no tenemos más que ver partidas como el seguro de cambio
de las autopistas o partidas inherentes a determinadas inversiones
públicas --como la cuestión de las expropiaciones-- para saber ya que los
presupuestos del año 2000 también arrojarán un déficit superior en medio
billón de pesetas o unos defectos de contabilización de medio billón de
pesetas a los previstos por el Gobierno.

Tampoco nos parece que sea muy razonable despachar el fracaso de la
política de vivienda del actual Gobierno diciendo que han bajado los
tipos de interés y, evidentemente,



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los costes que en financiación de sus viviendas tienen las familias
españolas, porque aunque han bajado los tipos de interés el precio de la
vivienda nueva está creciendo 4 veces lo que crece el incremento de
precios al consumo. Esto sí que es una situación absolutamente nueva en
la economía española; el que con una inflación de algo más del 2 por
ciento la vivienda nueva esté creciendo el 10, el 12 o el 15 por ciento
en algunas ciudades de España indica claramente que hay una política
fracasada.

También hay una política fracasada en el ámbito de la sanidad. No
entiendo que se pueda decir que los socialistas no hemos contribuido a
corregir el incremento del gasto farmacéutico en este país cuando la
única Comunidad Autónoma con competencias en asistencia sanitaria
gobernada por el Partido Socialista, que no ha aplicado las medidas
decididas por el actual Gobierno del Partido Popular, tiene incrementos
del coste de farmacia muy inferiores a los del territorio Insalud o los
de otras Comunidades Autónomas. En este sentido, lo que parece que se
indica es que la política farmacéutica de los socialistas es más
razonable que la del Partido Popular.

No se ha hecho ninguna referencia al coste brutal que va a tener la
financiación autonómica. Es un sistema de financiación que está quebrado
y que solamente se sostiene imputando en el presupuesto del Estado
centenares de miles de millones de pesetas en concepto de garantía. Eso
es lo que va a suceder al cabo del quinquenio y nos parece preocupante.

Como también es preocupante lo que está pasando con la inversión pública
en este país. El déficit de inversión se intenta enmascarar conceptuando
como inversión partidas que no tienen esta consideración desde el punto
de vista presupuestario, y realmente lo va a pagar la sociedad española
en los próximos años en forma de menor competitividad.

En cuanto al gasto social, me gustaría hacer dos o tres reflexiones muy
concretas. Si nos atenemos a la propia documentación remitida por el
Gobierno, en términos de producto interior bruto el gasto social ha
bajado en este país en los últimos cuatro años. En relación con el
producto interior bruto el gasto social nunca va a subir, ni siquiera en
los presupuestos del año 2000 en que baja menos que en otros años. El
paso de gigante en la separación de fuentes de la Seguridad Social,
realmente lo es; todos los trabajadores españoles van a pagar las
prestaciones no contributivas en materia de desempleo. Esto no había
pasado nunca en este país y sucede con estos presupuestos. Todas las
prestaciones no contributivas de la Seguridad Social van a estar
financiadas con cotizaciones. Pero es que, además, si hacemos la
referencia de lo que ha subido el gasto social en los últimos cuatro años
y lo que han subido las cotizaciones sociales de los trabajadores,
descubrimos que ambas cifras son exactamente la misma. No hay ni una sola
peseta más de aportación de los Presupuestos Generales del Estado al
gasto social y, por eso, éste baja en términos de relación con el
producto interior bruto.

Es decir, estos presupuestos no se sostienen desde el punto de vista
social, no se sostienen desde el punto de vista de equilibrios
territoriales, no atienden a las principales demandas de la sociedad
española en términos macroeconómicos, y se basan, una vez más, en algunos
presupuestos y presuposiciones, algunas serán falsas y otras ciertas.

¿Mejorará la coyuntura internacional? Es posible. ¿Mejorará el
comportamiento del sector exterior de la economía? No lo sabemos. ¿Se
desacelerará levemente la demanda interna? Esperemos que sí . ¿Va a haber
un control de precios más efectivo? Todos los indicios manifiestan que
no. En función de esta coyuntura el Gobierno del Partido Popular nos
plantea sus últimos presupuestos, que tienen el mismo componente
absolutamente coyuntural que tuvieron los anteriores.

Por último, haré una reflexión sobre la fiscalidad. Es evidente que en
este país el peso de los ingresos tributarios del Estado en relación con
el producto interior bruto sube, o sea, la presión fiscal sube. ¿Que no
se haga en función de modificaciones normativas? Es una verdad a medias.

Se han modificado normas en relación con el IVA, se han creado nuevos
tipos impositivos, como el impuesto de seguros, etcétera, que han
permitido una mayor recaudación en impuestos indirectos. Pero, sobre
todo, y lo más fundamental, ¿cómo es posible que el Gobierno entienda que
se ha producido una mejora en la recaudación del IVA por control del
fraude fiscal, y que esta mejora de la recaudación no se haya desplazado
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? ¿Por qué se ha
controlado mejor el fraude fiscal en IVA que en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas? ¿Por qué el IVA y el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas han tenido un comportamiento absolutamente
separado no sólo desde el punto de vista normativo, sino también desde el
punto de vista de la gestión del impuesto? Porque nosotros entendemos que
el Gobierno no ha dado precisamente prioridad fiscal a la corrección del
fraude en los impuestos directos. Esto también explica que con
crecimientos del producto interior bruto acumulados en los últimos cinco
años de más del 30 por ciento, la recaudación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas baje incluso en términos de pesetas constantes.

En conclusión, pensamos que este Gobierno está realizando con su política
presupuestaria un país fiscalmente más injusto, territorialmente más
injusto, socialmente más injusto, y que sus principales reformas en
materia de suelo, de competencia, educación o sanidad, han configurado
esta legislatura como una magnífica ocasión desaprovechada porque ninguna
de esas reformas ha conseguido, ni siquiera, un mediano éxito.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

En turno de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.

Agradezco el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió a nuestra posición, contraria a este veto, y
lamentamos la posición de Izquierda Unida que, al no presentar veto,
pensábamos que efectivamente habían considerado el hecho de que estos
presupuestos no sólo estabilizaban y promovían una corrección



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del déficit público, en lo que estamos empeñados desde hace años, sino
que al mismo tiempo daban satisfacción a algunas de las demandas
históricas, que no solamente ellos, sino también nosotros habíamos
planteado en materia de gasto social. Creíamos que esto podía ser el
inicio de un camino, pero vemos que no, y que ha sido simplemente un
problema de plazos en la presentación de la enmienda.

En cuanto a la posición contraria del PAR a estos Presupuestos Generales
del Estado, tampoco se han dado argumentos y lamento no poder rebatir en
sentido contrario, puesto que su posición es ciertamente «naïf»,
particular. Sobre el hecho de que no se acepten algunas enmiendas, los
presupuestos exigen encajes complejos, lo cual no quiere decir que no se
tomen en consideración enmiendas que realmente aporten algo, pero
obsérvese que nosotros lo que estamos elaborando aquí es una política de
Estado, del Gobierno de España, y no estamos mirando a ninguna región ni
Comunidad Autónoma en concreto. Por esa razón, algunas de las propuestas
que pueden encontrar su encaje en presupuestos autonómicos o que pueden
recibir apoyo mediante convenios suscritos con el Gobierno de la nación,
no amparan ni justifican un voto contrario a una política de Estado, como
es la de los Presupuestos Generales del Estado. Creo que eso es lo que no
han entendido los Senadores de este Grupo, ahora integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto. Por tanto, no nos extraña su posición contraria a
los Presupuestos Generales del Estado.

El Grupo Parlamentario Socialista insiste en que su veto tiene argumentos
de peso para justificar, pero nosotros seguimos sin entender esos
argumentos. El problema es que cuando se mezclan ideas pueden resultar
cócteles y generarse propuestas realmente extrañas. Recuerdo --por hacer
más gráfica la frase--, y todavía me resuena en los oídos, esa admonición
que se hizo a la reforma fiscal de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que no hace muchos meses fue debatida en el Senado,
donde encontramos argumentos que no solamente demonizaban algunas de las
cuestiones concretas que introducía la reforma del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, sino que, incluso, zaherían y con mucha
violencia el concepto mismo de rebaja fiscal porque se ponían en riesgo
los equilibrios presupuestarios del Estado.

Esas ideas en el debate político condicionan a quienes las emiten, y
hablar ahora de que la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas no sigue el ritmo de la de los impuestos indirectos como
consecuencia de que se persevera menos en el control del fraude fiscal no
deja de ser un argumento absolutamente contradictorio y, desde luego,
demagógico para justificar lo injustificable. El control del fraude
fiscal es una decisión política que afecta a todas y cada una de las
figuras tributarias. Es imposible controlar las ventas sin controlar los
beneficios societarios y sin controlar las rentas que reciben los
particulares o las sociedades.

Por tanto, el control del fraude fiscal es una política única que este
Gobierno y este grupo parlamentario tienen a gala como uno de los logros
principales de esta legislatura. Bajar impuestos no solamente ha
promovido la reactivación económica de España y la creación de empleo,
sino que también ha permitido un mejor control de las declaraciones
fiscales, tanto por impuestos directos como por indirectos. La evolución
del Impuesto sobre Sociedades, la evolución de un Impuesto sobre la Renta
que está creciendo, a pesar de una reforma tributaria que reduce la
recaudación para el año 1999 en 800.000 millones de pesetas por la sola
reforma y, sin embargo, está creciendo en su recaudación, demuestra
precisamente que ese argumento que se ha utilizado es falso.

En cuanto a la situación de la balanza de pagos, Senador Granado,
lógicamente también manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que
una balanza de pagos permanentemente desequilibrada durante un período
largo de tiempo y con problemas estructurales en su seno, es un factor
que degrada la evolución económica de un país, pero no es el caso. La
balanza de pagos ha registrado un deterioro en cuanto a las exportaciones
porque había una crisis económica internacional que sólo hace unas
semanas el Fondo Monetario Internacional ha dado por concluida y, por
tanto, en ese deterioro económico internacional nuestras exportaciones
tenían que resentirse. Aparte de esto, no parecen existir factores que
puedan suponer una amenaza real a la continuidad futura de su equilibrio;
equilibrio razonable para un país en crecimiento y que ve cómo las tasas
de importación aumentan velozmente, cosa, por otro lado, razonable.

Respecto a los precios, no solamente compartimos la preocupación del
portavoz socialista, sino que al mismo tiempo consideramos que se deben
tomar, y se han tomado ya algunas, medidas importantes para la corrección
de los precios. Me quedo con unas declaraciones efectuadas por el Senador
Gibert, del Grupo Parlamentario Socialista, en las que manifestaba que
era imposible el control de inflación mediante reformas estructurales y
esperar que los resultados se produjeran a muy corto plazo. Lo cierto es
que nos estamos enfrentando a una coyuntura adversa internacional, y no
trato con ello de derivar hacia fuera los problemas reales con los que en
este momento nos encontramos, pero es verdad que existe esa coyuntura
adversa en cuanto al precio de energía, en cuanto al precio de alimentos,
etcétera, lo que incide en el índice de precios.

También existe un factor estructural de largo plazo. Una economía en
crecimiento, con fuerte creación de empleo y, por tanto, con un aumento
significativo relevante y rápido de las rentas, lógicamente puede
presentar tasas de inflación algo más altas. Hace poco, el Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, mediante un símil
reflejaba bastante bien la situación: Alemania, país muy estable en
términos de precios, crece muy poco en términos económicos; España, país
con tasas de crecimiento que triplican las alemanas, tiene una evolución
de precios algo más viva. Y nos planteaba: ¿Con qué nos quedamos? ¿Con
una economía parada con los precios muy bien controlados o con una
economía en crecimiento con fuerte creación de empleo y con algo más de
desequilibrio en precios? Creo que todos los que estamos aquí presentes
preferimos la segunda opción a la primera. Pero dentro de esto, insisto
en que consideramos que la tasa de



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inflación ha de ser corregida y que, una vez que desaparezcan esos
factores externos que la impulsan, conseguiremos tasas de inflación
perfectamente homologables con el resto de Europa, sabiendo que los
países que más crecen --y nosotros aspiramos a crecer más-- lógicamente
presentarán algún desequilibrio adicional en términos de precios, pero
manejable.

En cuanto al medio billón que detecta el Tribunal de Cuentas como
desviación presupuestaria en el año 1997, quiero recordarles que el
Tribunal de Cuentas detectaba desviaciones superiores a dos billones de
pesetas a principios de los noventa en la ejecución presupuestaria de los
gobiernos socialistas. Es aleccionador ver cómo el Tribunal de Cuentas
cumple efectivamente con su función y su obligación llevando una
contabilidad de intereses que se ajusta al devengo de los mismos,
adoptando unos criterios de imputación de ingresos y de gastos que todos
los años dan como resultado una desviación respecto a la ejecución en
términos de contabilidad nacional y de contabilidad presupuestaria de los
Presupuestos Generales del Estado. Yo he sido miembro de la Comisión del
Tribunal de Cuentas, ahora no lo soy, pero quiero decir que si alguna
conclusión hemos de sacar quienes hemos formado parte y hemos trabajado
en dicha Comisión es que, de la misma forma que el déficit en términos de
contabilidad nacional difiere del déficit en términos de contabilidad
presupuestaria, por el diferente criterio de imputación de ingresos y
gastos, devengo, también difiere el criterio del Tribunal de Cuentas,
sobre todo en la imputación de intereses y en la imputación de algunos
otros gastos de periodicidad extra anual, plurianual, que normalmente
dicho Tribunal con un criterio restrictivo imputa a un ejercicio
presupuestario concreto. Debemos dejar de hacer demagogia --no la hicimos
en el pasado o a muy bajo nivel-- con desviaciones presupuestarias de
aproximadamente dos billones de pesetas en la ejecución del presupuesto
de algunos años; medio billón es más que satisfactorio en ese sentido, y
en este mismo momento afirmo que ese medio billón me resulta poco
comparado con la trayectoria que teníamos en el pasado. Por tanto, no
utilice este argumento, porque lo cierto es que en términos de
contabilidad nacional, que son los relevantes en comparación
internacional, el déficit de las administraciones públicas españolas --de
todas, no sólo de la del Estado-- está evolucionando mejor de lo que se
esperaba en el Programa de Convergencia de medio plazo presentado hace
tres años en la Unión Europea, y mejor que en el Programa de Convergencia
para el año 2002, que va a dar como resultado un déficit público
ligeramente negativo y, en consecuencia, un equilibrio razonable en las
cuentas públicas que significa disponibilidad de más recursos para
atender gastos sociales y no para pagar intereses de una deuda en
crecimiento. Senador Granado, de otra forma no sería posible. Usted se
está olvidando de la deuda pública. En su argumento hay algo que no
encaja. Si usted dice que todo es puro maquillaje, que se está gastando
más de lo que se dice en las cuentas presupuestarias...




El señor PRESIDENTE: Quiero recordarle que éste es un turno de fijación
de posición. Ya tuvo usted ocasión de debatir en el turno en contra
anterior y, por tanto, le ruego concluya.




El señor UTRERA MORA: Termino en un minuto, señor Presidente.

Usted está ignorando el resultado final de todas esas operaciones, que es
el endeudamiento público, puesto que todo gasto o bien ha de financiarse
con ingresos o bien ha de reflejarse en un aumento del endeudamiento. La
deuda pública española se ha reducido en esta legislatura al 62 por
ciento del producto interior bruto, y las tendencias de reducción nos
sitúan también como un país saneado. No quiero recordarle la hondísima
preocupación que producía la escalada, porque no era un crecimiento sino
una escalada, de deuda pública hace cuatro y cinco años, en los que nos
encontrábamos crecimientos de 4 y 5 puntos porcentuales de producto
interior bruto en el «stock» de deuda que se producía año tras año por la
muy deficiente, entonces sí, ejecución presupuestaria.

Se ha referido usted a los problemas de la educación. Estos problemas son
que ha habido que financiar la LOGSE, ley que ustedes aprobaron pero que
no financiaron en su momento, lo que ha costado mucho dinero. Y se ha
hecho durante estos cuatro años atribuyendo al Departamento de educación
un crecimiento de gasto público muy superior al crecimiento del gasto
presupuestado en su conjunto.

Por último, en cuanto a la política fiscal que ustedes dicen tener,
nosotros la desconocemos, o mejor aún, sabemos que ustedes proponen
aumentos de impuestos, porque así lo han hecho en sus enmiendas al
presupuesto del año 2000 y a presupuestos anteriores. Y fíjese lo que les
digo: esa política precisamente es la que ha demostrado ser absolutamente
incoherente con las necesidades de la economía española. Aumentar
impuestos, como ya ocurrió en el pasado, puede derivar en pérdidas de
recaudación y en mayores desequilibrios presupuestarios. La experiencia
la tenemos muy reciente, de hace solamente cinco años, y pienso que desde
entonces no han evolucionado, y como no lo han hecho, aunque entendemos
su argumentación, no la compartimos y creemos además que es incorrecta.

Hemos debatido mucho sobre la financiación autonómica. No es ésta la
ocasión, pero de todas formas ustedes desde el primero momento la
condicionaron a que hubiera una especie de pacto «stand by», es decir,
que nos quedáramos parados durante un año entero sin hacer nada para que
reflexionaran qué había que hacer, en lugar de realizar una propuesta
concreta de financiación autonómica. Así les podría ir enumerando
políticas.

En definitiva, al final de la legislatura se han dado cuenta de que han
hecho muy poco, que no han propuesto nada y que, desde luego, no han
tenido alternativa. Ahora, embarullando argumentos vienen a decir que no
se han atendido gastos, pero ciertamente se han atendido porque, mal que
le pese, Senador Granado y senadores del Grupo Parlamentario Socialista,
el gasto social en España ha crecido porque no se ha derogado ni se ha
rebajado ningún derecho social y, además, se han consolidado por ley y
por presupuestos derechos sociales como el mantenimiento



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del poder adquisitivo de las pensiones, la mejora de las pensiones más
bajas, las prestaciones de desempleo para promover prestaciones políticas
pasivas y las políticas activas de empleo. Por tanto, se han mantenido
todas las políticas sociales, aunque, si su señoría se refiere a las
prestaciones por desempleo, qué duda cabe que a menor desempleo menores
prestaciones, pero eso no se debe, insisto, a que los derechos hayan
disminuido. Y de la misma forma podríamos hablar por lo que respecta al
resto de las políticas.

Así pues, en nuestra opinión ustedes tienen muy poco que enseñarnos y que
decirnos en materia de gasto social, porque, así como durante pasadas
legislaturas asistimos a retrocesos en política social --algo por otro
lado lógico ya que no se podían pagar porque los presupuestos no daban de
sí--, afortunadamente en ésta los presupuestos no sólo se han reducido en
déficit, se han consolidado, sino que al mismo tiempo han permitido
atender ese gasto social.

Concluyo, señor Presidente, reafirmando nuestro voto contrario a este
veto y volviendo a repetir que seguimos sin encontrar argumentos de peso
que fundamenten una enmienda de totalidad, lo que, en definitiva, es el
veto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.

Señorías, la Presidencia ya les ha advertido al principio de esta sesión
que el debate podía prolongarse durante bastante más tiempo que el
previsto por los portavoces. Y, efectivamente, parece ser que se
prolongará más de lo que se pensaba, ya que no sólo han hecho ustedes un
uso excesivo de su tiempo inicial, sino que posteriormente lo han
excedido con creces en el turno de fijación de posición. Por tanto,
podemos entender razonablemente que ustedes piensan que el debate de
estos presupuestos nos ocupará todo el día de hoy, mañana, y quizá algún
día más.

En cualquier caso, terminada ya la discusión del veto presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista, vamos a someterlo a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Una vez finalizado el debate sobre los vetos, pasamos al de las enmiendas
correspondientes al Título I, artículos 1 a 12, y Anexos I y II.

A este Título se han presentado las enmiendas números 1207, 1208 y 1265,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Este Senador, consciente del acuerdo al que llegamos los portavoces en
Ponencia, da por defendidas las enmiendas al Título I y Anexos I y II,
números 1207, 1208 y 1265, en sus propios términos.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, números 183 a 195, 289 y 290.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, pasamos al debate del Título II, Capítulo I, artículos 13
y 14, y Anexos IV y V.

A este Título se han presentado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista las enmiendas números 196 y 197.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Serrano.




El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.

En realidad son cuatro las enmiendas que hemos presentado a este Título,
cuya defensa voy a acumular en este turno, si la Presidencia no tiene
inconveniente. Son, además de las citadas por el señor Presidente, la 198
y la 199.

Como en años anteriores, hemos presentado enmiendas a la gestión de los
presupuestos docentes. En concreto, la enmienda número 196, al artículo
13, propone la supresión del quinto párrafo del apartado uno, es decir:
«Provisionalmente... Segundo Grado.» Con ello pretendemos que no se
generalice la gratuidad de la enseñanza privada a los niveles no
obligatorios de grado superior.

La enmienda número 197, al artículo 13, apartado cinco, establece la
supresión del final del primer párrafo de dicho apartado: «... así como
la potenciación de los equipos docentes.» Nuestro objetivo es que no se
aumente progresivamente y sin criterios claros y pactados, el número de
profesores de la enseñanza privada y que comprometerá pagar a las
administraciones públicas. Con esta enmienda tratamos de evitar la
posibilidad de financiar el incremento de profesorado en la enseñanza
concertada con fondos públicos, en detrimento del que se destina a la
enseñanza pública y obligatoria.

En cuanto a las dos enmiendas restantes --relativas a la gestión
presupuestaria de la sanidad, también al Título II--, la número 198
propone la modificación del apartado Tres del artículo 16, que tendría la
siguiente redacción: «La determinación y modificación de las condiciones
retributivas del personal de estas Entidades...» --se refiere a las
fundaciones sanitarias-- «... requerirá información favorable conjunta de
los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas. En
cualquier caso la masa salarial de cada ejercicio económico deberá ser
autorizada por los indicados órganos administrativos con carácter previo
a cualquier incremento retributivo.» Con esta enmienda pretendemos que
las condiciones retributivas del personal al servicio de estas entidades
se sometan a los mismos requisitos que figuran en el Título III de este
proyecto de ley.

Por último, la enmienda número 199 propone la adición de un apartado Seis
nuevo al artículo 16, del siguiente tenor.




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«Seis. El Ministerio de Economía y Hacienda dará cuenta a las Cortes
Generales de toda la información recibida de dichas Entidades así como de
los informes emitidos por el Ministerio de Economía.» El objetivo de esta
enmienda es garantizar la información por parte del Congreso y del
Senado, cuestión que no es la primera vez que solicitamos en los
Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Barquero.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a rechazar las enmiendas números 196 y 197, que traen causa de las
correspondientes presentadas por parte del Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso de los Diputados.

La razón de no admitir la enmienda número 196 consiste en que la
disposición tercera, punto 6, de la Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo, LOGSE, establece que los conciertos para ciclos
formativos de grado medio y grado superior podrán suscribirse con
aquellos centros de Formación Profesional que a la entrada en vigor de la
ley tuvieran un concierto para el primero o segundo grado de Formación
Profesional. Por tanto, resulta necesario establecer su forma de
financiación y no parece procedente suprimir el párrafo a que ha hecho
referencia el Senador del Grupo Parlamentario Socialista.

A ello podríamos añadir que la disposición adicional tercera de la LODE,
la disposición adicional sexta del Real Decreto 2377/85, y la disposición
final tercera de la LOPEG conducen también al mantenimiento de la
financiación de aquellos centros que gozaban de subvención o concierto a
la entrada en vigor de la LOGSE. Es decir, como pueden ver, hay varios
artículos legislativos que apoyan el mantenimiento de dicho párrafo en
este proyecto de ley de presupuestos.

La enmienda número 197, como ha explicado el Senador que me ha precedido
en el uso de la palabra, propone la supresión del final del primer
párrafo del apartado Cinco del artículo 13, es decir, la expresión: «...

así como de la potenciación de los equipos docentes.» No se puede
renunciar jamás a la potenciación de los equipos docentes, potenciación
que no conlleva siempre necesariamente el aumento del profesorado. Pero,
además, en los casos en que así ocurriera respondería a la existencia de
sucesivos acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación y Cultura y
las organizaciones patronales y sindicales más representativas de la
enseñanza concertada, en los que se recogen las mejoras de ratio para
paliar la pérdida de empleo en el sector, así como los aumentos de ratio
para recolocar al profesorado del censo de afectados por crisis de cursos
anteriores.

También me gustaría añadir --y con esto termino-- que en este tipo de
cuestiones conviene no caer en contradicciones, porque, por una parte,
tenemos el planteamiento de esta enmienda, y, al mismo tiempo, la queja
en el Congreso de los Diputados --no sé si se repetirá en el Senado-- por
parte de la portavoz del Grupo Socialista manifestando que hay muy pocos
orientadores escolares, orientadores pedagógicos, en los centros que
tienen aulas de enseñanza concertada, es decir, convendría que el Grupo
proponente de la enmienda fuese un poco más coherente y no cayese en este
tipo de contradicciones.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al Título II, Capítulo III, que no ha sido objeto de enmiendas.

Al Título III, de los gastos de personal, artículos 20 a 36, corresponden
las enmiendas 1209 a 1226, del señor Román Clemente y Cámara Fernández,
del Grupo Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Román
Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a dar por defendidas las enmiendas al Título III, de la número 1209 a
1226.

Y aprovechando en este momento el uso de la palabra, señor Presidente,
voy a dar por defendidas las enmiendas que a continuación voy a reseñar:
al Título IV, artículos 37 a 46, al Título VIII, artículos 95 y 96, y
Sección 07, las enmiendas 1227, 1228, 1229 y 1242; al Título V, artículos
47 a 57, Anexo III y Sección 06, las enmiendas 1230 y 1231; al Título VI,
artículos 58 a 74,1as enmiendas 1232 a 1237; al Título VII, artículos 75
a 94, Sección 32 y Sección 33, las enmiendas 1190 a 1197 y 1238 a 1241; y
a las disposiciones adicionales primera a trigésima primera, las
enmiendas 1243 a 1264.

Así, doy por defendidas todas las enmiendas que este Senador tiene
presentadas al texto referido, hasta la entrada en el debate de las
secciones correspondientes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Además se han presentado las enmiendas números 200 a 204, del Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo portavoz tiene la palabra para su defensa.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, respecto a la
oferta de empleo público, es tradicional, puesto que viene sucediendo en
presupuestos anteriores, así como en el presente, que se limite el número
de plazas de nuevo ingreso a una cantidad inferior al 25 por ciento de la
tasa de reposición de efectivos, lo que está produciendo en la
Administración una disminución del número de personas que se dedican al
servicio público y, por otra parte, una disminución en la calidad.

Teniendo en cuenta además, como advertimos en el año 1996 para los
presupuestos de 1997, que la ampliación de la jubilación voluntaria de
los 65 a los 70 años iba a suponer que en los Cuerpos de más alta
categoría, en general, las personas no se jubilan hasta los 70 años y, en
cambio, los de inferior categoría se jubilan a los 65, se produce un
trastorno en la Administración que se aumenta cada año



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cuando la oferta de empleo público se limita al 25 por ciento, y no al 75
por ciento, como nosotros, sin hacer ninguna exageración, hemos venido
proponiendo y proponemos también en los actuales presupuestos.

Asimismo, teniendo en cuenta que la tasa de reposición de efectivos tiene
una serie de excepciones en el propio proyecto de ley, al referirse a las
corporaciones locales de menos de 50.000 habitantes y a la policía local,
llama la atención que se hayan olvidado de los consejos insulares.

Otro aspecto referente a las retribuciones del personal al servicio del
sector público es el complemento de productividad. El aumento de las
retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público
respecto del año 1999 es del dos por ciento y no se pone ningún límite
para el complemento de productividad, que nosotros, una vez más, deseamos
que no supere para cada individuo el 30 por ciento de las retribuciones
establecidas. Hay que tener en cuenta que, de una manera muy aleatoria,
excesiva y muy poco correcta, se viene distribuyendo la cantidad que se
refiere al complemento de productividad entre Cuerpos o sectores de la
Administración, incluso, entre aquellos que tienen una dedicación
política. Además, debería ser público todo lo que se refiere al
complemento de productividad, que en este momento se encuentra en la más
absoluta opacidad.

Otra enmienda también tradicional entre las nuestras es la referida al
servicio militar. Puesto que ya va a desaparecer el servicio obligatorio,
parece que es excesivamente baja la cantidad de 1.500 pesetas mensuales
que actualmente se da a los soldados, que nosotros aumentamos hasta las
10.000 pesetas. (El señor Vicepresidente, Tomey Gómez, ocupa la
Presidencia.)
Y, por fin, en nuestra última enmienda, la número 204, pedimos que se
suprima su apartado tercero, entre otras cosas, porque consideramos que
no hace ninguna falta.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.




El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para anunciar que rechazaremos las enmiendas presentadas por
el Grupo Mixto, las números 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214 y 1226, lo
que se argumentará en el Pleno.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista números
200, 201 y 204, a las que yo voy a referirme, se mantienen en la misma
línea que enmiendas de años anteriores. No se innova ni se presentan
enmiendas nuevas, cuando desde el Gobierno del Partido Popular se
mantienen las mismas políticas de años anteriores, políticas que
entendemos que han dado sus frutos.

Así, como consecuencia de dichas políticas, seguimos defendiendo el
mantenimiento de ese 25 por ciento que plantea el proyecto de ley,
rechazando la elevación de la tasa de reposición que defiende el Grupo
Parlamentario Socialista hasta el 75 por ciento. Entendemos que ese 25
por ciento ha tenido sus frutos y que, desde luego, bajo ningún concepto,
hay una disminución de efectivos, sino todo lo contrario, al tiempo que
consideramos también que con esa tasa de reposición se mantienen
efectivos suficientes en materia educativa, de justicia o seguridad, por
lo que tampoco --hay que decirlo claramente-- hay una restricción
respecto del acceso a los jóvenes a la Función Pública. Por tanto,
mantenemos ese 25 por ciento, que, por otra parte, consideramos que es
una forma de racionalizarse e instrumentalizar la planificación de los
recursos humanos de la Administración.

Respecto a la enmienda 201, se dice que se ha dejado olvidada respecto de
esa tasa de reposición, que no es obligatoria para la administración
local, a los consejos insulares. Desde nuestro punto de vista, no es así,
como se define de forma clara en los apartados tres y cuatro del artículo
21.

Respecto a la enmienda número 204, que propone suprimir el apartado tres
del artículo 34, referente al abono de sueldos y salarios en concepto de
incentivos al rendimiento por parte de Correos y Telégrafos, le recuerdo
que dicha entidad pública tiene un peculiar régimen en materia de
personal, como su señoría conoce. Cuenta, incluso, con un Reglamento de
personal específico, el Real Decreto 1638/1995, y un Estatuto, como he
dicho anteriormente, el Real Decreto 176/1998, y, por tanto, al gozar de
un grado de autonomía específico, no se debe entrar a regular en este
aspecto.

También plantea la opacidad del complemento de productividad. Creo que el
término opacidad pertenece a un vocabulario al que estamos acostumbrados,
pero constantemente rechazamos dicho término. Y, desde luego, hay una
clara transparencia en todo lo que conlleva las retribuciones del
personal de la Función Pública; transparencia y rigor, en función de un
control presupuestario que repercuta en beneficio de un mejor servicio a
los ciudadanos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Sanz.

Tiene la palabra el Senador Espert, para completar este turno.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Nos oponemos a las enmiendas números 1215 a 1225, ambas inclusive,
presentadas por los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, por las
razones que se expondrán en el Pleno.

Paso a las enmiendas números 202 y 203, del Grupo Parlamentario
Socialista. En cuanto a la primera, el marco normativo para el
complemento de productividad es el mismo para el personal funcionario que
para los altos cargos. Se recoge en la Ley 30/1984 y en las sucesivas
leyes de presupuestos.

En cuanto a la posible opacidad, que también se alega en esta enmienda,
me remito a lo dicho por mi compañero, el Senador Sanz.




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Por último, en cuanto a la enmienda número 203, que propone sustituir las
1.500 pesetas mensuales por 10.000 para los soldados de reemplazo, hemos
de decir que, teniendo en cuenta el número de éstos previsto para el año
2000 en el Real Decreto 1639/1999, de 22 de octubre, la elevación
supondría un incremento del gasto público de más de 10.000 millones de
pesetas, lo cual no es compatible con la necesaria contención del gasto
público, considerada como de carácter preferente en la política económica
del Gobierno.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Espert.

Pasamos al Título IV, artículos 37 a 46; Título VIII, artículos 95 y 96,
y Sección 07.

El Grupo Parlamentario Mixto las ha dado por defendidas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Saavedra para la defensa de las enmiendas.




El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un grupo de enmiendas,
desde la número 205 a la 213, las cuales voy a defender conjuntamente y
de manera muy breve.

Este grupo de enmiendas se refiere, por una parte, a la cuantía de las
pensiones, las no contributivas, las contributivas y su carácter de
mínimos, las clases pasivas, y la residual y conocida como SOVI, seguro
obligatorio de vejez e invalidez.

En este conjunto de pensiones proponemos la elevación en una cantidad de
cómputo anual de 28.000 pesetas. Señalamos para la fijación del
incremento de la cuantía de las pensiones para el año 2000 la
incorporación del diferencial de inflación o desviación de inflación, que
se calcula conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
decimosexta del presente proyecto de ley. Sumando ambos incrementos,
sobre esa base se elevará el 2 por ciento establecido por el proyecto de
ley. Esto es con carácter general, lo relativo a los cuatro grupos de
pensiones a que he hecho referencia.

Hay otras enmiendas que hacen referencia a algo que genera incomodidad y
dificultades entre los pensionistas, que son los reintegros por
cantidades indebidamente percibidas por el titular de la pensión, que se
están exigiendo de tal forma que provoca situaciones muy desagradables
para el pensionista. Nosotros proponemos que ese reintegro se practique
con cargo a sucesivas mensualidades de pensión, pero no excediendo
mensualmente del 5 por ciento de la cuantía a la que asciende la pensión
del beneficiario.

En este grupo de enmiendas también existe la creación de un nuevo
colectivo de beneficiarios por lo que denominamos invalidez permanente
total, que tengan más de 60 años, a los que otorgamos una pensión de
jubilación similar a la que reciben los de menos de 65 años.

Por último, se modifica la pensión de viudedad del menor de 60 años con
cargas familiares, al que se le destina una pensión de cuantía igual a la
que perciben los que están entre los 60 y 64 años.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Saavedra.

Quedan por defender las enmiendas números 237 a 293.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra de nuevo el señor
Saavedra.




El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Las enmiendas números 237, 238 y 239 se
refieren a las cotizaciones sociales. En una se refieren a las de los
trabajadores de Régimen Especial de la Seguridad Social del mar, en
particular, los retribuidos por el llamado sistema «a la parte», para los
que se evita la fórmula introducida por el proyecto de ley, que son unas
tarifas que se diferencian según las categorías de los trabajadores y que
nosotros sustituimos por una base única donde no se tengan en cuenta
topes mínimos y máximos en relación con las distintas actividades.

La enmienda número 238 se refiere a las bases de cotización del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los artistas, añadiendo en la
determinación de las bases máximas de cotización de los grupos quinto y
séptimo la determinación no sólo de la cuantía mensual máxima sino
también, en función de las características del trabajo que presta, la
cantidad de 12.325 pesetas diarias.

Finalmente, en cuanto a la base de cotización del desempleo, en la que el
criterio del Gobiernos es, por una parte, de disminución para incentivar
los contratos por tiempo indefinido y, por otra, de incremento para
penalizar los contratos temporales, nosotros somos favorables a que esta
política se refuerce mediante unas reducciones de los tipos de cotización
mayores que las señaladas por el Gobierno, tanto para los contratos de
tiempo indefinido como para los temporales.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Saavedra.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Senador Fernández
Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, doy por rechazadas las enmiendas de los señores Román
Clemente y Cámara Fernández.

En segundo lugar, señor Presidente, voy a contestar muy brevemente a las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, empezando
por la enmienda número 205, que establece las cuantías de las pensiones
en modalidad no contributiva. Yo quiero recordarles que la cuantía
establecida en el artículo 39 corresponde con la prefijada en el acuerdo
sobre la revalorización de las pensiones mínimas de la Seguridad Social
para el año 2000, suscrito el día 16 de septiembre de 1999 con los
interlocutores sociales, concretamente con los sindicatos mayoritarios.




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En la determinación de los importes contenidos en dicho acuerdo, ya se ha
tenido en cuenta la desviación, que también mencionan, de la variación
del IPC alcanzada en 1999. Por tanto, creemos que estamos cumpliendo el
compromiso antes mencionado.

La siguiente enmienda trata de la regulación definitiva de los
señalamientos provisionales. Quiere decir que cuando el perceptor de la
pensión haya de devolver cantidades percibidas indebidamente, que el
porcentaje no sea superior al 5 por ciento de la cuantía a que asciende
la pensión del beneficiario. Usted sabe que sí se ha dado cumplimiento a
la moción del Congreso de los Diputados del día 16 de julio de 1998, pero
se refería, precisamente, a las devoluciones que debían de hacer
determinados perceptores en los ejercicios de 1994 a 1997. Para los
ejercicios posteriores a 1997 la cantidad límite a devolver queda
establecida por el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, desarrollada a
su vez por la Orden Ministerial de julio de 1997. Por tanto, también la
vamos a reservar.

La cuantía de las pensiones referidas al artículo 39 se fijará para el
año 2000 de acuerdo con los criterios establecidos por dicho precepto. Yo
quiero decirle que los importes de las cuantías mínimas recogidas en la
tabla incluida en el artículo que se pretende modificar se corresponden
con los pactos del acuerdo sobre revalorización de las pensiones mínimas
del sistema de la Seguridad Social para el año 2000, también suscrito en
septiembre con los sindicatos. Y así, prácticamente, como decía el
portavoz socialista, el resto de las enmiendas, hasta la número 213, se
refieren a las pensiones no contributivas, contributivas y las del SOVI,
para las cuales pide similares aumentos sobre las tablas determinadas
para el año 2000.

Respecto a las enmiendas al artículo 95, referido a cotizaciones
sociales, la número 237 establece las bases de cotización para todas las
contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial del Mar, en
las que hacía especial hincapié el portavoz socialista. Quiero recordarle
que en los presupuestos del año 1998 el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos presentó una enmienda por la que se modificó la
cotización para los grupos segundo y tercero del Régimen Especial de los
trabajadores del mar buscando una media porcentual de todas las cofradías
de España y de todas las provincias que participan en la venta y
comercialización de los productos del mar; en aquel momento fue bien
acogida y parece que está dando buenos resultados.

A efectos de las bases de cotización, las contingencias comunes de los
artistas, ustedes saben, aparte de lo que yo les pueda decir, que hay un
acuerdo con la asociación correspondiente, que está conforme con lo que
determina el proyecto. En el Congreso de los Diputados hubo una reforma
del artículo 95, apartado Dos, número 5, que recoge las aspiraciones de
este colectivo.

Respeto al artículo 95, apartado Nueve, se refiere a la cotización por
desempleo, quiero manifestar que las cotizaciones por la contingencia de
desempleo deben hacerse progresivamente sin poner en peligro el
equilibrio del sistema. Quiero recordar que es preceptivo que cuando se
presenta una enmienda a un proyecto de presupuestos que va a afectar a
las partidas económicas se presente una memoria explicativa cuantificando
el importe de esa reforma.

Yo no sé si ha defendido pero en todo caso me voy a referir a ello, una
impugnación a la Sección 07 de las Clases Pasivas, para que el Gobierno
presente otro proyecto donde respete los compromisos asumidos ante la
Cámara. El proyecto de presupuestos en su Sección 07, Clases Pasivas,
incorpora todos los créditos necesarios para hacer frente a las
obligaciones derivadas del abono de las pensiones integradas en la
sección presupuestaria. Para ello se ha tenido en cuenta tanto la
evolución de los diversos colectivos protegidos como la revalorización
prevista legalmente en función de la variación del IPC esperada para el
ejercicio 2000; asimismo se ha valorado el efecto de sustitución de
aquellas pensiones donde tal efecto se presenta. Igualmente, el proyecto
contiene la compensación por la desviación producida por el IPC en el año
1999 por la que se estima que dicho proyecto cumple todos los requisitos
y condiciones para hacer efectivos los compromisos adquiridos en materia
de pensiones. Por todo lo anterior, vamos a votar en contra de este veto
a esta impugnación.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez ): Gracias, Senador Fernández.

Pasamos al Título V, Anexo III y Sección 06.

El Grupo Parlamentario Mixto ha dado por defendidas sus enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Mesa
Ciriza para la defensa de las enmiendas números 214 a 223 y la 291.




El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para defender las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista al Título V, Anexo III de este presupuesto
para el año 2000, con las que pretendemos aumentar la información, la
transparencia y el control de las autorizaciones de crédito y de avales
tanto de organismos públicos como de empresas públicas. Me refiero
concretamente a las enmiendas a los artículos 48, 51, 52 y 53.

En segundo lugar, y como viene siendo tradicional en los últimos
presupuestos presentados por el Gobierno del Partido Popular, se han
presentado enmiendas relacionadas con la financiación del Ente Público
Radiotelevisión Española. No voy a entrar en el fondo de dichas enmiendas
puesto que tendremos oportunidad de debatirlas cuando corresponda el
turno al presupuesto de dicho Ente Público.

Por último, con la enmienda al artículo 56, Fondo de Ayuda al Desarrollo,
pretendemos crear un nuevo fondo para ejecutar contra el mismo las
operaciones relacionadas con el tratamiento de la deuda en el Estado
español de países altamente endeudados, cumpliendo con un compromiso
manifestado por los grupos y fundamentalmente por el Gobierno en foros
internacionales. La aceptación de esta enmienda respondería a esa
intención de toda la sociedad de ayudar y fomentar la solidaridad con
esos países cuyo



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uno de sus graves problemas es la gran deuda exterior que tienen.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Mesa.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para turno en contra, tiene la
palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Respecto a las enmiendas defendidas quiero señalar, en primer lugar, que
la información que se da a las Cortes Generales, concretamente a las
Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado, y que figura en los
distintos artículos que aparecen en este título, posiblemente sea la más
prolija y extensa de todas cuantas aparecen en el proyecto de ley de
presupuestos y posiblemente en cualquier ley que se considere. Esta
información aparece reflejada al menos en cinco o seis artículos, con lo
cual quiero señalar que la posibilidad de información adicional, siempre
buena, es posible en cualquier instancia parlamentaria, sin embargo en
este capítulo existe información suficiente y en numerosas ocasiones.

En segundo lugar, refiriéndome a los asuntos que se han tocado por el
representante del Grupo Parlamentario Socialista, en su momento se
contestará adecuadamente a las enmiendas al presupuesto de
Radiotelevisión Española. Nosotros no compartimos la fórmula de asunción
de deuda que se venía practicando en otros asuntos por entender que no es
la forma de solucionar la financiación de este Ente.

En tercer lugar, respecto a la enmienda que solicita la creación de un
fondo de deuda para países pobres, quiero señalar que es un compromiso
del actual Gobierno, del Grupo y del Partido que lo sustenta, fomentar la
ayuda al desarrollo, que se ha incrementado en nuestro país en términos
absolutos en los últimos años de una forma importante. Los aspectos sobre
los que ya se ha pronunciado el Vicepresidente Segundo del Gobierno están
ya señalados y se les va a hacer frente. Por tanto, no es estrictamente
necesario para atender esas finalidades la creación de un fondo
específico de atención a la deuda de los países pobres, lo cual tampoco
impide que se pudiera crear, pero no es estrictamente necesario que se
cree este fondo para alcanzar esas finalidades que se pretenden. Con los
órganos que actualmente existen pueden atenderse estas finalidades, pero
lo que se debe señalar en este momento preciso es que la creación de un
fondo de esa naturaleza debe hacerse por ley y habría que especificar
cuál es la naturaleza, de qué órganos depende, cómo se va a administrar y
cómo se va a regir, lo cual exigiría una legislación apropiada. Solicitar
en una enmienda una dotación para un fondo legalmente inexistente no
resuelve los problemas, ya que no tendría sentido dar una partida para
una entidad que no existe. Resumiendo diré que pueden atenderse las
finalidades que se pretenden alcanzar sin la existencia de este fondo;
que puede existir este fondo, pero para eso haría falta una legislación
específica, y lo que no tiene gran sentido es dar una dotación para un
fondo inexistente.

Habiendo sido éstos los temas que ha tratado el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, termino mi intervención.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Alierta.

Pasamos al Título VI, artículos 58 a 74.

El Grupo Parlamentario Mixto las ha dado por defendidas.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
la enmienda 1611.

El Senador Cambra tiene la palabra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Como nuestro
Grupo mantiene únicamente tres enmiendas a la totalidad del proyecto de
ley de presupuestos, querría aprovechar este turno para dar por
defendidas las tres en sus justos términos.

Voy a centrarme exclusivamente en la enmienda que corresponde
precisamente al Título VI, que es la 1611, en la cual pretendemos
solventar un tema de una problemática bastante común, que es permitir la
aplicación del tipo reducido del IVA en el caso de que se construyan o
rehabiliten edificaciones, es decir, lo que ya se está aplicando para la
construcción o rehabilitación de edificaciones hacerlo extensivo a la
contratación directa, por parte de comunidades de propietarios dentro de
sus propios terrenos o locales, de la construcción de plazas de
aparcamiento, siempre y cuando el número máximo de estas plazas sea dos
por propietario. Entendemos que sería una medida bastante lógica teniendo
en cuenta que esto es lo que se están encontrando muy a menudo las
comunidades de propietarios.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Cambra.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene las enmiendas 224 a 226.

El Senador Ostos Domínguez tiene la palabra.




El señor OSTOS DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Brevemente para argumentar sobre la enmienda 224 que trata, en
definitiva, de mantener en términos constantes la renta disponible de la
familia no solamente en el plan de la tarifa, que ya iría a todos, de
forma que al que más tiene que pagar más iría deducida, sino también a
que en términos constantes la renta pueda ser deducida también en la
cuota.

Por otra parte, en la enmienda 225 lo que pedimos es que las retenciones
del Impuesto sobre Sociedades en vez del 18 por ciento, sean el 20 por
ciento, para equipararlo un poco con lo que son las deducciones a los
trabajadores. Si a un trabajador con rentas sobre 2 ó 3 millones se le
está reteniendo por encima del 20 por ciento, no entendemos que a una
empresa se le retenga en el primer tramo el 18 por ciento. (El
Vicepresidente, Sánchez Cuadrado, ocupa la Presidencia.)



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Por último la enmienda 226, en coherencia con las decisiones del Ecofin,
pretende el tipo reducido para las empresas de reparación de bicicletas,
calzado, artículos de cuero y prendas de vestir y de ropa blanca,
incluido su arreglo.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Gracias.

Para turno en contra, el Senador Blancas tiene la palabra.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Mixto ha dado por defendidas las enmiendas 1232 a
1237, que afectan a la renta, afectan al IAE, al Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica y al IVA, en concreto. No voy a hacer un estudio
exhaustivo. Le contestaré en el Pleno una a una y detalladamente.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, hay una que es idéntica a la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular; es decir, la 1610 coincide
con la 1569 del Grupo Parlamentario Popular, que ahora defenderé.

Hay otra, la número 1611, que se estudiará y en el debate de Pleno
definiremos la postura del Grupo Parlamentario Popular. Lógicamente
aplicarle el IVA reducido a este tipo de instalaciones, como son los
trasteros, garajes y aparcamientos, no es el sentido de la Ley del
Impuesto del IVA, pero, si efectivamente el 50 por ciento de la
edificación se destina a vivienda, sería razonable estudiar esta enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, en
su caso, apoyarla.

En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la enmienda que
presenta número 224 quiero manifestarle que el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas es un impuesto reciente; que los mínimos personal y
familiar han sido establecidos el año 1999, y no parece adecuado
modificarlos. Lógicamente las tarifas se deflactan y se actualizan con
los coeficientes propios del 2 por ciento.

En cuanto a la enmienda 225, que propone modificar la retención del 18 al
20 por ciento del Impuesto sobre Sociedades, consideramos que no deja de
ser un pago a cuenta, un pago fraccionado, que es lo que se hace con las
retenciones en los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, Ley
43/1995. Lógicamente, el beneficio neto, cuando se determine, como el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sabe, se tributará al 35 por
ciento o al 30, dependiendo del tipo o volumen de la sociedad. Por lo
tanto, no podemos aceptarla.

La enmienda 226, también del Grupo Parlamentario Socialista, solicita la
reducción al IVA reducido del 7 por ciento de cierto tipo de actividades
de servicios dedicados a reparaciones. En parte esta propuesta es lógica
y, en principio, puedo tener simpatía por este tipo de actividades
minoritarias, pero esto modificaría sustancialmente la recaudación del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así que lamento que, aunque
personalmente comparta su teoría y las decisiones del Ecofin, esta
enmienda no pueda ser admitida por el Grupo Parlamentario Popular.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular presenta la enmienda 1569
que modifica el artículo 71 apartado Seis, modificación de la Ley
37/1992, del IVA, concretamente el artículo 91, apartado Uno.2, en el
número 14º. Aquí sí quiero hacer alusión a la enmienda anterior del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la 1161, que
en síntesis se iguala con nuestra enmienda. Efectivamente nos parece
justo que lo que se les aplica actualmente a los servicios de peluquería,
que es el 7 por ciento de IVA, sea también aplicado a los servicios
complementarios de la actividad recogidos en el epígrafe 972.1 que son,
como sus señorías saben, actividades de peluquería de ambos sexos y los
complementos que conlleva la peluquería. Facilita lógicamente la
uniformidad del IVA y así no habrá esta diáspora de la peluquería al 7
por ciento y los complementos el 16 por ciento, situación que se está
dando en la actualidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): La enmienda que está
defendiendo está aprobada.

Además, le comunico que en este Título VI no tiene ninguna enmienda viva
el Grupo Parlamentario Popular.




El señor BLANCAS LLAMAS: En ese caso, nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias.

Pasamos al debate del Título VII.

A este Título están las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del
Senador Román Clemente, que las ha dado por defendidas.

A continuación, figuran las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
227 a 236 y 698 a 712.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo con la mayor brevedad para defender estas enmiendas que vienen
a plantear, como en años anteriores, algunas cuestiones que, a nuestro
juicio, tienen relevancia en cuanto al sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas.

En primer lugar, pretendemos que las Comunidades Autónomas que no
firmaron el actual sistema de financiación no vean condicionada su
situación económica por la aplicación de la ley de presupuestos. Nosotros
entendemos que es necesario, por ejemplo, que no se ponga el plazo del
año 2000 para obligarles a fijar este sistema, sino que se deje la
cuestión abierta. Pretendemos que hasta tanto no se aplique de forma
provisional un sistema pactado por sus respectivas Comisiones Mixtas les
sean aplicables a su participación en ingresos del Estado los mismos
criterios que para la PIG para las Comunidades que firmaron el sistema,
para las Comunidades que tienen su sistema de financiación ya acordado.

Pretendemos que se tengan en cuenta las modificaciones de la población,
porque realmente



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hay un problema en estos momentos de casi medio millón de andaluces que
están a falta de ver cómo su existencia tiene aplicación en los
Presupuestos Generales del Estado por la vía de transferencias del Estado
a la Comunidad Autónoma.

Hemos presentado este año dos enmiendas nuevas y que, a nuestro juicio,
pretenden solucionar problemas directamente relacionados con la
aplicación del sistema de financiación.

A través de la enmienda 233 pretendemos garantizar que la Comunidad de
Madrid, en concreto, en cuanto a su devolución al Estado --en función de
que la Comunidad de Madrid tiene una participación en ingresos generales
del Estado negativa porque la transferencia que se ha realizado en rentas
es mayor que su participación en ingresos del Estado-- su participación
negativa no evolucione por encima de lo que evoluciona el producto
interior bruto en términos nominales. Es un contrasentido evidente que
conforme vaya a mejor la situación económica del Estado español y, por
tanto, se incrementen más los ingresos tributarios ajustados
estructuralmente del Estado, la Comunidad de Madrid vea que esta rúbrica
de sus ingresos, que en la práctica es un pago que hace la Comunidad de
Madrid al Estado, evoluciona en magnitudes que van del 10 al 11 por
ciento. Por eso, pretendemos que esta evolución negativa no sea superior
al producto interior bruto nominal a coste de factores.

Con la enmienda 234, que también es nueva, pretendemos que se empiece a
aplicar uno de los instrumentos de solidaridad que preveía el actual
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, el denominado como
capacidad de cobertura de la demanda de servicios públicos.

Este instrumento de solidaridad preveía que una vez se hubiera realizado
la transferencia de educación al conjunto de las Comunidades Autónomas en
ningún caso la financiación de una Comunidad pudiera ser inferior,
relacionada con sus habitantes, al 90 por ciento de la media que
correspondía a todas las Comunidades Autónomas.

Esto en la práctica supone algunos miles de millones de pesetas a algunas
Comunidades Autónomas, a las Islas Baleares, a la Comunidad Valenciana y
a Madrid, a pesar de que ya se han firmado las transferencias de
educación a todas las Comunidades Autónomas menos a una, que es Asturias,
y que la previsión es que antes del 31 de diciembre se firme la de
Asturias o, en todo caso, antes del 31 de enero, pues el Gobierno no ha
previsto en su proyecto de ley de Presupuestos ninguna partida para dotar
este fondo. En este sentido, parece una abierta paradoja que uno de los
escasos instrumentos niveladores del actual sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas no vaya a cumplirse por la falta de voluntad de
los firmantes de aquel sistema y en la práctica esto quede sin aplicar.

Otra de las enmiendas que aprovecho para defender en este turno y que
tiene relación con esta materia es la planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista al Anexo VI de los presupuestos, la enmienda
292, por la cual pretendemos que las partidas no empleadas en el
ejercicio de 1999 del fondo de nivelación, también previsto en este
acuerdo de financiación de Comunidades Autónomas, y que son 12.000
millones de pesetas, se incorporen para su pago a las Comunidades el año
2000. El fondo de nivelación no se ha gastado ni en el año 1997 ni en
1998 ni en 1999 y estas cantidades se han perdido para las Comunidades
Autónomas.

En relación con las secciones 32 y 33 del presupuesto, que también tiene
su trasunto en correspondientes enmiendas al articulado, pretendemos la
elevación del Fondo de Compensación Interterritorial para mantener el
mismo porcentaje que se mantenía en los presupuestos del año 1999 en
relación con la inversión pública. Pretendemos, asimismo, una dotación
para la deuda histórica que tienen consignada en sus estatutos de
autonomía las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, Senador
Granado.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Tomey.




El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la brevedad que exige este debate presupuestario en Comisión voy a
intentar dar una respuesta global a todas las enmiendas. Por supuesto,
las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto serán contestadas en Pleno al
igual que las del Grupo Parlamentario Socialista. Ambos grupos presentan
unas enmiendas año tras año que tienen como objeto reconocer que al no
haber aceptado el modelo de financiación tres Comunidades Autónomas, el
modelo que han aceptado la inmensa mayoría de las Comunidades, tienen que
presentar estas enmiendas que nosotros rechazamos.

Con el modelo de financiación se consiguieron tres objetivos importantes:
suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad. Lamentamos que tres
Comunidades, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, no se sumaran a
este modelo de financiación que han hecho suyo el resto de las
Comunidades Autónomas porque han dejado de percibir 30.000 millones de
pesetas en estos años.

Por tanto, el foro de discusión del modelo que a través de estas
enmiendas se quiere introducir, y que, lógicamente, tienen las propias
Comunidades Autónomas, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De
ahí que tengamos que rechazar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sánchez Cuadrado): Muchas gracias, señor
Senador.

A continuación, vamos a pasar a las disposiciones adicionales, de la
primera a la trigésimo primera. Las enmiendas presentadas por el Senador
Román Clemente y Cámara Fernández han sido dadas por defendidas.

Las enmiendas 34 y 35 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos decaen puesto que no hay nadie para defenderlas.

La enmienda 1614 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió ha sido ya defendida. A



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continuación, pasamos a las enmiendas 240 a 287 del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra el Senador González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.

El paquete de enmiendas que los socialistas presentamos a las
disposiciones adicionales y transitorias busca mejorar el texto
presentado por el Gobierno y, sobre todo, garantizar una serie de
principios básicos en democracia. Uno de los principios en el que nos
gustaría incidir más es el de igualdad. Se trata de una serie de medidas
destinadas a garantizar la igualdad de trato, por ejemplo, para las
distintas religiones que hay reconocidas en nuestro país y que tienen
derecho a tener un trato similar y proporcional, por su importancia, al
que recibe la Iglesia Católica. Pero también entre las medidas destinadas
a fomentar la igualdad destaca nuestra posición conocida de consolidar
los incrementos de 28.000 pesetas anuales que el año pasado propusimos y
que fueron rechazados por esta Cámara en relación con las pensiones menos
cuantiosas del Sistema. (El señor Vicepresidente, Tomey Gómez, ocupa la
Presidencia.)
El otro paquete de medidas que presentamos tiene que ver con la
transparencia. Se pretende que el Parlamento y la sociedad española en
general pueda tener un control sobre una serie de organismos, uno de
ellos la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Las
enmiendas que presentamos los socialistas nos permitirán conocer a los
ciudadanos y a los representantes de los ciudadanos cuál es su política
real, cuáles son sus inversiones y desinversiones, y nos permitirá
controlar efectivamente una parte del presupuesto que en este momento,
señoría, podríamos decir que está como aquella película, entre la niebla.

En segundo lugar, dentro de esas medidas de transparencia, los
socialistas proponemos que el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que
es un órgano tan importante en su opinión, pase a ser un organismo con
control público. Queremos saber el presupuesto. A día de hoy no sabemos
cuál es el presupuesto del Consejo Consultivo. Sus dictámenes no son
públicos. Queremos que se convierta en un ente de derecho público que
pueda ser, por tanto, objeto no solamente de control, sino que pueda ser
sometido a las normas propias de un Estado de Derecho sobre un organismo
público, que no sea un organismo extraño y fuera del control de los
ciudadanos y de las normas, por ejemplo, de un
contencioso-administrativo. Hoy ningún ciudadano o grupo que se sienta
perjudicado puede plantear recursos sobre las resoluciones de ese órgano.

Dentro de esas medidas de transparencia los socialistas proponemos que
los fondos destinados a la reconversión y reindustrialización de las
zonas mineras e industriales se haga teniendo en cuenta la opinión de las
distintas autonomías y de los distintos municipios afectados.

Por último, otro tipo de enmiendas que presentamos refuerzan el carácter
o el principio social de unos presupuestos que para nosotros tendrían que
destinar más recursos, por ejemplo, en materia de universidades. De este
modo se reconocería que las transferencias que se hicieron a las
Comunidades Autónomas del sistema universitario público tienen algunas
insuficiencias. Si hay insuficiencias el Estado debe crear un fondo
transitorio que permita subsanar los errores que se han producido en el
proceso de transferencia de esa competencia a las Comunidades Autónomas.

En concreto, proponíamos un fondo de 7.000 millones de pesetas anuales
durante tres años: 2000, 2001 y 2002.

En materia de educación, señorías, dentro de este contenido social, que
para nosotros es la gran apuesta del siglo XXI, proponemos destinar un
fondo de 100.000 millones de pesetas para garantizar una mejor calidad de
la educación pública, pero tanto en los centros públicos como en los
concertados, sobre todo en las escuelas infantiles con alumnos de cero a
tres años.

Por último, proponemos también una serie de enmiendas destinadas a
consolidar un sistema de protección social universal en el conjunto de
nuestro país.

Los socialistas somos contrarios a la política que está llevando a cabo
el Gobierno en materia de peajes y de prolongación del tiempo de
concesiones. Por eso proponemos las enmiendas que ustedes conocen, que
van destinadas, en primer lugar, a hacer transparente el proceso de
negociación con las empresas concesionarias y a permitir en el futuro el
rescate de las concesiones por el Estado, a un precio más bajo, para que
todos los tramos de las regiones urbanas de nuestro país queden exentos
del peaje; que no sólo se haga eso en determinadas zonas de Cataluña, y
es bueno recordarlo. En Galicia, en este momento, incluso dirigentes
destacados del Partido Popular --por ejemplo en la ciudad donde vivo--,
reclaman la supresión del peaje en un puente que une la ciudad de Vigo
con el otro lado de la ría. Sin embargo, incluso las autoridades de la
Xunta de Galicia han visto cómo ese peaje se ha suprimido en Cataluña, en
algunos tramos urbanos, y no se ha hecho en Galicia.

Lo que pretenden las enmiendas que presentamos aquí los socialistas es
que se dé el mismo trato a todas las zonas urbanas de este país, sin
necesidad de entrar en ningún tipo de mercadeo; que se tenga con todos
los ciudadanos la misma consideración; y que se haga con el menor coste
para las arcas del Estado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Príncipe.

El Grupo Parlamentario Popular tiene una enmienda, la 1573, a una
disposición adicional.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Acacio.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias.

La enmienda 1573 lo es a la disposición adicional decimosexta, relativa
al «Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en el año 2000».

Se trata de una enmienda técnica que mejora el texto, y que está bien
redactada y explicada en el propio texto de la enmienda.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias.

Turno en contra.




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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Acacio.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias.

Después de oír las explicaciones de los diferentes portavoces, supongo
que aquellos que han dado por defendidas sus enmiendas en sus propios
términos, las defenderán con mayor amplitud en el Pleno, donde tendremos
oportunidad de debatirlas con más detalle.

En cuanto al grupo de enmiendas defendidas por el Senador González
Príncipe, creo que ya en otros apartados y en otras secciones se habla de
ellas. Fundamentar la justificación de estas enmiendas en cuestiones de
igualdad o de control me parece excesivo. Las enmiendas son puntos de
vista sobre las diferentes cuestiones que tratan, y que, además, en las
disposiciones adicionales son variopintas, sobre todo en las de adición,
que constituyen casi un cajón de sastre. No digo que estén ni bien ni
mal, sino que son un cajón de sastre en el que, al final, se mete aquello
que no cabe en otro sitio. Insisto, por tanto, en que me parece exagerado
hablar en los términos en que lo ha hecho.

Algunas de las medidas que se pretendían en estas enmiendas sí van a ser
recogidas en algunos puntos concretos de este proyecto de ley, en otros
apartados. Pero, en general, no justifican el discurso que se ha hecho de
que estas enmiendas aportan transparencia y un carácter social, etcétera.

Por lo tanto, votaremos en contra de ellas.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Acacio.

Pasamos a las disposiciones transitorias primera a sexta.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda 288.

Tiene la palabra su señoría.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, se han defendido
conjuntamente con las presentadas a las disposiciones adicionales.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.

La disposición final no ha sido objeto de enmienda.

El Anexo VI ya se ha defendido por el Grupo Parlamentario Socialista y
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El Anexo VII no ha sido objeto de enmienda.

Enmienda 294, del Grupo Parlamentario Socialista, al Estado de Ingresos.

Tiene la palabra su señoría.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Se da por defendida, puesto que es la plasmación de la enmienda de
totalidad al Estado de Ingresos.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra su señoría.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias.

Va a ser un turno breve, sólo para manifestar nuestra posición sobre esta
enmienda.

No es que plasme la defensa de totalidad, señor Presidente; ni muchísimo
menos. Permítanme que dedique dos minutos a explicar en qué consiste esta
enmienda.

Según parece, la enmienda de totalidad es porque estos presupuestos no
cumplen los objetivos y tienen muchos defectos. Esta enmienda, señor
Presidente, señores miembros de la Comisión, propone aumentar la presión
fiscal en 985.000 millones de pesetas, que se dice pronto. No me extraña
que se dé por defendida y que sea una enmienda tipo submarino, es decir,
que se intenta que pase desapercibida.

Con estos 985.000 millones de pesetas financian la partida de «Gastos
Diversos», que figura en la Sección 31, de la que luego se obtienen los
fondos para todas las actuaciones que proponen a lo largo del territorio
nacional. Conviene que, al menos en el «Diario de Sesiones», quede claro
que todas las promesas que el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido
Socialista van haciendo a lo largo y a lo ancho de la geografía española
sobre actuaciones y nuevas actuaciones, se financian a través del
mecanismo del aumento de impuestos. Y, además, un aumento de impuestos
que, una vez estudiadas las partidas y las razones que aportan, se ve que
inciden en las pequeñas y medianas empresas. Porque, en las partidas en
que se habla de cuestiones de plusvalías, teniendo en cuenta cuál era la
recaudación que por este concepto de incremento del patrimonio se obtenía
en la época socialista, la cantidad que se puede obtener es muy reducida
en comparación con el total, luego habrá que explicar que la recaudación
se obtiene mediante presión ejercida en las pequeñas empresas --el
Impuesto sobre Sociedades--, una parte a través de la modificación del
Impuesto y, sobre todo, mediante la reducción de módulos en la estimación
objetiva simplificada, que afecta a los pequeños empresarios. En
resumidas cuentas, señor Presidente, se trata de actuaciones fiscales que
inciden directamente sobre aquellos sectores que en España están creando
empleo en los últimos años, que no son las grandes empresas sino las
pequeñas y medianas empresas.

Esta enmienda socialista, señor Presidente, es un verdadero atentado
contra la creación de empleo, y así ha de señalarse. Todas las promesas
que se están haciendo sobre actuaciones se financian mediantes unos
impuestos que van directamente contra la creación de empleo, y reflejan
claramente cuál es la mentalidad de los socialistas con respecto a los
Presupuestos: más presión fiscal y menos empleo.

Esta enmienda, señor Presidente, habría que enmarcarla y dejarla bien
explicitada, para que todos los españoles supieran cuál es, en última
instancia, lo que los socialistas pretenden, por más que no hayan tenido
la dignidad, en el turno de defensa, de explicar a todos los españoles
qué presentan con esta enmienda y qué es lo que quieren, tratando que
pase inadvertida, casi de una forma clandestina.




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Señor Presidente, posiblemente no salga de esta Comisión con esta
clandestinidad, pero por lo menos que quede constancia en el «Diario de
Sesiones» de que las personas que tenemos que representar a los españoles
nos estudiamos las cuestiones, las conocemos, sabemos y que donde tenemos
que decir algo, lo hacemos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Alierta.

Tiene la palabra su señoría.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, es forzoso que se consuma un
turno. Cuando los portavoces pactamos el debate, acordamos que, cuando no
se defendieran las enmiendas, no se consumiría un turno de oposición,
pero el Senador Alierta, con la contundencia que le caracteriza, ha
intervenido, y ahora me fuerza a mí a hacer lo mismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Lo malo de esto es que luego va a
tener réplica.




El señor GRANADO MARTINEZ: No hay problema, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Les concedo tres minutos para los
dos: minuto y medio para cada uno.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Alierta, usted que, al igual que yo, es un Senador antiguo en
esta Cámara, recordará que cuando ustedes estaban en la oposición --labor
en la que tienen mucha más experiencia que en el Gobierno-- no
financiaban sus enmiendas; ustedes, simplemente, cogían las partidas de
Seguridad Social de los ministerios, las de material de oficina,
etcétera, y con ello financiaban sus enmiendas. En esta legislatura, el
Grupo Parlamentario Socialista ha intentado, por un lado, cuadrar las
enmiendas que presenta al Presupuesto, lo cual es una tarea francamente
imposible para cualquier oposición y, al mismo tiempo, también ha
intentado no presentar enmiendas singulares, es decir, de Senadores a
título individual, como ustedes hacían, mediante las cuales daban de baja
veinticinco veces la misma partida. En este sentido, Senador Alierta,
entenderá usted que yo le diga que, con todos nuestros defectos, nosotros
hacemos la oposición, como el Gobierno, mucho mejor que ustedes, por lo
menos comparando las enmiendas presentadas desde la oposición a los
Presupuestos Generales del Estado por uno y otro grupo.

Pero es que además, Senador Alierta, el que nosotros demos de alta una
determinada partida en los Presupuestos Generales del Estado puede querer
decir varias cosas. En primer lugar, que hacemos una previsión de
ingresos que es diferente a la suya, y tengo que decirle, Senador
Alierta, respecto a nuestras previsiones de ingresos que si usted compara
las cifras de ejecución presupuestaria de los años 1997, 1998 y 1999, a
veces se han ajustado más a la realidad que las previsiones de ingresos
que hacía el Ministerio de Economía. Vamos a poner un ejemplo: si ahora
sometemos a tributación al tipo máximo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas las rentas derivadas del ejercicio del derecho de
opciones sobre acciones habrá un incremento tributario en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Pero además, Senador Alierta, no trate usted con tanto desprecio estas
enmiendas al estado de ingresos del Grupo Parlamentario Socialista porque
en algunas de ellas --y con esto termino, señor Presidente-- hemos dado
ideas que luego el Gobierno --bien es cierto que con dos o tres años de
retraso-- ha utilizado. Por ejemplo, las retenciones sobre los
incrementos de patrimonio que se obtuvieran por venta de participaciones
en fondos de inversión; esto fue una propuesta que nosotros hicimos en el
presupuesto de 1997, que ustedes han aplicado el año 1999 y que ha
supuesto unos ingresos para el Erario Público de 80.000 millones de
pesetas hasta octubre de este año. En este sentido, no hable usted así de
estas enmiendas porque igual dentro de dos años, si resulta que ustedes
--por suerte o por desgracia, en cualquier caso por voluntad de los
electores-- ganan las próximas elecciones acaban aplicando algunas de
esas medidas.

A usted le pasa como le pasó ya con la retenciones de los fondos de
inversión, que lo que dijo usted en esta Comisión luego es utilizado como
argumento por los Senadores socialistas en el Pleno para demostrar cómo
ustedes cuando aplican las ideas de los demás ni siquiera tienen el
mínimo de generosidad para tratarlas con un mínimo decoro. Por eso yo le
digo, con el afecto que sabe que le tengo, Senador Alierta, que reserve
la contundencia para mejor ocasión.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Granado.

Tiene la palabra, Senador Alierta, pero le ruego que con la misma
brevedad del señor Granado.




El señor ALIERTA IZUEL: Muy brevemente, señor Presidente.

He de señalarle al Senador Granado que la versión que nos ha relatado
ahora de la enmienda no coincide con lo que la enmienda dice exactamente.

En primer lugar, porque no se habla de previsión de ingresos; si se
hablara de previsión de ingresos, con la actual legislación tributaria
existe una previsión de ingresos y nosotros tenemos otra previsión de
ingresos. Debo decirle al Senador Granado que en el año 1993 este Senador
ya planteó este problema diciendo que los ingresos que figuraban en los
presupuestos estaban un billón de pesetas exagerados, como luego resultó;
lo que pasa es que seis meses después hubo elecciones generales.

No se trata de previsiones de ingresos, puesto que en la justificación se
dice «... variaciones que en los estados de ingresos y gastos se derivan
de diversas enmiendas. En concreto, tales variaciones son...», y a
continuación se refiere a modificaciones fiscales: unificación del tipo
en el



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Impuesto sobre Sociedades, pago del 20 por ciento en el Impuesto sobre
Sociedades, eliminación, reducción módulos en Estimación Objetiva
Singular del IRPF, retención 25 por ciento rendimientos capital
mobiliario, etcétera. Es decir, introducen modificaciones.

Y me da la razón el señor Granado cuando dice: ¿qué recaudación hay con
el tema de las retenciones?, que es lo que se discutió aquí en sus
tiempos, una cifra de 80.000. Es que aquí son 980.000, luego el resto
será por aumento de la presión fiscal y no por aumento de retenciones, al
menos la mayor parte. Por lo tanto, me reafirmo en todos los argumentos
que he dicho.

Por último, con respecto a lo que hacía el Grupo Parlamentario Popular en
la oposición, es cierto que este Senador, a título particular, presentó
cientos de enmiendas a los presupuestos, pero siempre eran coherentes y
estaban bien explicadas, y nunca se le argumentó que estaban mal
justificadas las bajas, sino que no se admitían por las razones que en su
momento procedieran; pero en ese momento no se producían las bajas.

Señor Presidente, en definitiva, esta enmienda no es una previsión de
ingresos, sino un aumento de la presión fiscal por importe de 985.000
millones de pesetas, cifra que está mucho más allá de los posibles
aumentos de los ingresos como consecuencia de retenciones a cuenta que se
pudieran establecer.

Puedo asegurarle al señor Senador que la mayor parte de las cosas que
aquí están recogidas --por no decir la práctica totalidad-- no las
imitaremos nunca.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Alierta.

Por petición de los grupos, pasamos a la Sección 16, Interior.

Para defender las enmiendas números 19 a 22, del señor Armas Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, en este momento damos por
defendidas estas enmiendas en los términos en que están expresadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias.

Enmiendas números 69 a 82, de los señores Estaún García, Blasco Nogués y
Martínez Sánchez. Para su defensa, tiene la palabra el señor Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Vamos a hacer una breve intervención explicativa de cuáles son los
motivos de nuestras enmiendas en esta Sección.

En concreto, proponemos una serie de inversiones en centros
penitenciarios en Huesca, Zaragoza y Teruel que vengan a solventar las
deficiencias en materia penitenciaria que tienen las capitales de
provincia aragonesas y que también sean un complemento a esa inminente
reapertura de la macrocárcel de Zuera, a la que siempre se ha venido
oponiendo el Partido Aragonés pues consideramos que no solucionará el
problema penitenciario de reinserción de los presos en la sociedad.

También presentamos una enmienda importante que se refiere a planes de
protección civil en las provincias de Huesca y Teruel, con una orografía
y un clima complicados que hacen necesario dotarlas de medios de
intervención rápidos --como podrían ser medios aéreos tales como
helicópteros--, puesto que ahora mismo se está dando la paradoja de que
se intervenga de una manera razonablemente eficaz en los rescates en
actividades de montaña --deportistas que están ejerciendo su ocio en la
montaña--, mientras que los habitantes de estos núcleos rurales de
montaña no tienen acceso a esos medios aéreos de rescate, por lo que en
alguna ocasión puede peligrar su seguridad o su salud por deficiencias en
las comunicaciones de sus centros de residencia.

Otras enmiendas hacen referencia a deficiencias en casas cuartel de la
Guardia Civil en distintas localidades aragonesas: en Alcalá de la Selva,
en Sarrión, en Tamarite de Litera, en Sallent de Gállego y también en
Ansó, una población de Huesca. En este último caso esperamos que sea
asumida la enmienda del Partido Aragonés por el Grupo Parlamentario
Popular ya que coincide prácticamente con una enmienda presentada por
dicho grupo. Esta enmienda ha sido reiteradamente presentada en otras
ocasiones --en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 y de 1999--
y también en el trámite en el Congreso, por lo que nos congratulamos de
que el Grupo Parlamentario Popular se haya hecho sensible a esta
reivindicación del Partido Aragonés, la haya asumido y haya presentado su
correspondiente enmienda a esta sección.

Termino, señor Presidente, haciendo una mención también a una
homologación salarial de la Policía Nacional con las Policías Autonómicas
por valor de 8.000 millones de pesetas. En Aragón, con motivo de la
puesta en marcha del plan «Policía 2000», hemos vivido momentos de
tensión con los propios sindicatos mayoritarios de policía denunciando
las carencias de este plan «Policía 2000»; decían que de alguna manera
estaba vacío de contenido, que era un plan publicitario más que otra cosa
y que constantemente estaban viendo cómo se mermaban sus medios técnicos
para ejercer su labor y también su plantilla y sus medios humanos. Por
tanto, hemos presentado una serie de enmiendas que quieren mejorar ese
despliegue del plan «Policía 2000» en Aragón con 2.000 millones de
pesetas, a la vez que pretenden solventar ese agravio comparativo que
supone que policías que hacen una función similar cobren distintas
cantidades según el territorio donde desempeñen su labor.

Esto es todo, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Estaún.

Senador Román, ¿dan ustedes por defendida la enmienda número 2 del
Senador Padrón Rodríguez?



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El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, damos por defendidas todas las
enmiendas presentadas a las diversas secciones por el Senador don Cándido
Armas Rodríguez, quien no se encuentra presente en la sala puesto que ni
siquiera ha podido llegar a Madrid por motivos de sobra conocidos por sus
señorías.

Doy por defendidas por idéntico motivo las enmiendas presentadas por el
Senador Padrón Rodríguez, y asimismo doy por defendidas todas las
enmiendas formuladas a las diferentes secciones por el Senador Torres
Cardona.

En lo que a mí respecta, luego me pronunciaré sobre las enmiendas que
personalmente he presentado.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Está bien señoría. Tiene la
palabra para defender la propuesta de veto de su grupo parlamentario, así
como las enmiendas números 1318 a 1343, presentadas por su señoría y por
el Senador Cámara Fernández.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Tal y como se acordó en el trámite de Ponencia a petición de los
portavoces de los dos grupos mayoritarios, el ritmo del debate en
Comisión debe ser ágil, efectivamente. Por otra parte, comoquiera que en
el día de hoy, y también mañana, están convocadas una serie de Comisiones
que de hecho nos obligan --especialmente a los portavoces de los grupos
minoritarios-- a defender con suma rapidez las enmiendas que hemos
formulado a los proyectos y proposiciones de ley que habrán de debatirse,
deseo en este trámite --y sin que ello constituya obstáculo para que en
un momento dado pueda entrar a defender las enmiendas que nuestro grupo
ha presentado a otras secciones-- dar por defendida la propuesta de veto
formulada por este Senador a esta Sección 16, y asimismo por mi compañero
el Senador Cámara Fernández, así como las enmiendas que también hemos
presentado a dicha sección.

En cualquier caso, señor Presidente, deseo que su señoría entienda que si
a algún portavoz del Grupo Parlamentario Popular no le parecen nuestras
enmiendas o nuestras propuestas de veto a cualesquiera de las secciones
lo suficientemente motivadas o argumentadas, este Senador no tendrá el
menor inconveniente en entrar a defenderlas en el momento correspondiente
con la intensidad y extensión que considere oportuno. Digo esto porque a
la vista de la argumentación manifestada por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en relación con algunas de las enmiendas por el
Grupo Parlamentario Socialista y referentes a aumentar la presión fiscal
en 985.000 millones de pesetas, qué dirá el Grupo Popular de la
pretensión por parte de mi Grupo de incrementar los ingresos en más de
dos billones de pesetas, pretensión, por otra parte, perfectamente
argumentada a nuestro juicio.

Insisto en que no es nuestra intención dejar de respetar el acuerdo
adoptado por los portavoces en Ponencia, al que me he referido al
principio, de intentar que la tramitación de esta Comisión discurra tal y
como habíamos previsto. Por tanto, doy por defendidas las enmiendas que
hemos presentado a la Sección 16 en nuestra propuesta de veto, así como
las demás enmiendas que nuestro Grupo ha formulado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Muchas gracias, Senador Román
Clemente. Señoría, efectivamente hago constar que las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto a todas las secciones se dan por defendidas, sin que
ello impida que, motivado por alguna intervención de los portavoces de
otros grupos parlamentarios, su señoría haga de nuevo uso de la palabra.

Pasamos a continuación a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario
Socialista y a la defensa de sus enmiendas números 363 a 385.

Tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar
quiero agradecerles el que se haya podido adelantar el debate de la
Sección 16.

Señor Presidente, nuestra impugnación --ya tradicional-- al presupuesto
del Ministerio del Interior, se basa una vez más en que, al tratarse de
un presupuesto de mantenimiento, no puede haber una programación adecuada
de aumentarse tan poco las cantidades para el próximo ejercicio. Y no voy
a poner especial énfasis en el escaso aumento del presupuesto de este
ministerio, pero sí quiero hacer notar que la programación que el propio
ministerio ha hecho para justificar estos presupuestos no conduce a
conseguir los objetivos que se pretenden alcanzar. Así, por ejemplo, los
gastos de personal, que son los que se llevan la mayor parte de estos
presupuestos, siguen careciendo de un sentido razonable en su propia
expresión, y sobre todo no son razonables tampoco en el sentido de que la
dedicación que se le da al complemento de productividad es abusiva y, en
todo caso, no se da explicación alguna a ese respecto ya que siguen
adjudicándose unas cantidades a la Policía y a la Guardia Civil que no
tienen explicación posible porque tampoco se nos dice a qué van a
dedicarse en concreto esas cantidades. Pero al final, ocurrirá lo que en
otros ministerios, y es que el complemento de productividad en realidad
supone una retribución a determinados cuerpos o sectores que en ningún
caso tienen la publicidad y el conocimiento necesarios para que eso sea
así.

En cambio, está justificado que un tercio de los gastos de personal se
dedique a aumento de la segunda actividad. Eso sí está justificado; por
tanto, como decimos lo uno decimos lo otro. Del mismo modo que está
justificado el aumento que se hace para seguridad vial, si bien este
aumento, que ha venido siendo reclamado por nosotros muchas veces, a
nuestro juicio no es suficiente para atender a todas las necesidades que
la seguridad vial requiere. No hay más que ver la cantidad de accidentes
que se producen y que es necesario, por tanto, prestar una mayor atención
a esa cuestión, como mayor atención debe prestarse a la protección civil,
cuyos presupuestos se congelan. No hay aumento alguno para protección
civil, de la misma manera que es escasa la atención que se presta a
Europol y a Interpol.

También llama la atención que seguimos sin saber cuáles son las funciones
que ejerce la Dirección General de



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Administración de la Seguridad. Lo hemos denunciado ya en anteriores
ocasiones y lo hacemos de nuevo en este momento al ver la falta de
eficacia de esa Dirección General, lo que, lamentablemente, denunciamos
cuando se creó.

Agruparé nuestras enmiendas en varios grupos generales. En primer lugar,
mujeres maltratadas. Hemos presentado una serie de enmiendas dedicadas a
las mujeres víctimas de malos tratos. Consideramos que ésta es una
atención preferencial que no se atiende lo suficiente en los
presupuestos. Incluso hay determinados capítulos en los que esta cuestión
debería contemplarse y, sin embargo, no es así. En cambio, son tantas las
veces en que se ha denunciado la falta de atención a esas mujeres, que
llama la atención que en los presupuestos no se conceda una atención
económica a lo que ello representa.

Prisiones. Dedicamos en nuestras enmiendas una especial atención a todo
lo relacionado con la Dirección General de Prisiones, y concretamente a
aquello que tiene que ver con los arrestos de fin de semana, incluyendo
en ello la necesidad de hacer una transferencia a la FEMP y a las
corporaciones locales para que puedan atender a los presos que no están
atendidos, cosa que se denuncia constantemente en todas partes. Este tipo
de arrestos están carentes de una atención suficiente. Creemos que con
nuestras enmiendas se facilita que exista esa atención y, en cambio, en
los presupuestos no se tiene en cuenta lo que para nosotros constituye
una necesidad perentoria, como lo son las atenciones, desde el punto de
vista sanitario, a internos afectados por el sida o que se encuentran en
otras situaciones que precisan también de una atención sanitaria
principal, por ejemplo, los drogodependientes. Se trata de un tipo de
asistencia sanitaria que, en general, no sobra precisamente en los
establecimientos penitenciarios.

Hay también un capítulo dentro de los presupuestos del Ministerio del
Interior que, a nuestro juicio, no está debidamente tratado. Nos
referimos a las drogas. Nosotros siempre hemos presentado programas
alternativos a los del Gobierno en materia de drogodependencia y
corrección de las irregularidades que se están cometiendo en este
terreno. Tenemos que llamar la atención una vez más sobre la necesidad de
proporcionar a los toxicómanos en general, tanto un adecuado tratamiento
sanitario, como su reinserción social. Es una cosa también repetidamente
anunciada y que, sin embargo, nunca se llega a cumplir.

Finalmente, a nuestro juicio, hay defectos en estos presupuestos que no
se deberían haber producido. La ley penal del menor que entrará en vigor
en el ano 2000, no se ha tenido en cuenta en los presupuestos, de tal
manera que dentro de muy poco tiempo nos vamos a encontrar con que no hay
nada presupuestado para atenderla; tampoco se ha tenido en cuenta la
inseguridad ciudadana y la existencia de mafias en la Costa del Sol.

Por todas estas razones, impugnamos y enmendamos la Sección 16, con la
esperanza de que el Grupo Parlamentario Popular atienda nuestras razones
y se disponga a modificar estos presupuestos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Tomey Gómez): Gracias, Senador Arévalo.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Sanz.




El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, les anuncio que mi Grupo va a rechazar las enmiendas 19
a 22 del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el Senador Armas; la
número 2, del Senador Padrón, y las números 39 a 42 del Senador Torres
Cardona.

Tengo que decir que coincidimos con alguna de las enmiendas presentadas
por el PAR y que doy por defendidas las números 1578, 1579, 1580 y 1581
del Grupo Parlamentario Popular.

Voy ahora a argumentar nuestro voto en contra al veto que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista a determinadas cuestiones. Hablan de que
éste es un presupuesto de mantenimiento, pero creo que de la lectura
minuciosa y detallada del presupuesto del Ministerio de Interior se
desprende todo lo contrario, y los números lo atestiguan. Hay que decir
que el presupuesto del Ministerio de Interior se incrementa este año un
4,48 por ciento, lo que sumado al 11,43 por ciento que se incrementa para
los organismos autónomos supone un incremento más que razonable y
aceptable; todo esto, en contraposición con lo que se incrementa el
presupuesto consolidado del subsector del propio Estado, que representa
un 3,3 por ciento. Por tanto, bajo ningún concepto se puede hablar de que
hay una «despriorización» --que es la palabra que ha utilizado el
representante del Partido Socialista-- en políticas, en programas y en
áreas tan importantes como la seguridad, instituciones penitenciarias
--que le recuerdo a su señoría que se incrementa un 5,3 por ciento--
mujeres maltratadas y asistencia social.

Los gastos de personal ha seguido definiéndolos --así como el complemento
de productividad-- como abusivos, carentes de publicidad y, por lo tanto,
en palabras del anterior interviniente, de opacos. El presupuesto del
Ministerio de Interior crece un 78,9 por ciento y se incrementa en 25.673
millones, el 4,39 por ciento, frente al 4,4 por ciento del resto del
Capítulo 1, que baja. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Un
tanto por ciento elevado, cerca de 12.000 millones de pesetas, son la
actualización de ese 2 por ciento que es consecuencia del diálogo social
con las organizaciones sindicales mantenido por el Gobierno del Partido
Popular. Por lo tanto, tengo que decir que hay partidas importantes para
Instituciones Penitenciarias, una partida de 1.850 millones que es
consecuencia de ese compromiso dentro del pacto con los sindicatos y,
también, 3.700 millones para el resto de cuerpos del Estado.

En conexión con los gastos corrientes en bienes y servicios, quiero
decirles que para el año 2000 hay presupuestadas partidas importantes,
como las elecciones generales y las autonómicas de Andalucía, la mejora
de la alimentación de la población reclusa --lo que va unido
colateralmente con algunos planteamientos de escasez de medios para
Instituciones Penitenciarias--, los extranjeros, la repatriación de
extranjeros ilegales, así como la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de los vehículos



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y medios necesarios para realizar su trabajo. Creo que es importante que
se diga, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho
todo lo contrario, que decrecen los gastos de protección civil. Deben
releerse los presupuestos para que vean que los gastos de protección
civil se incrementan de forma suficiente. En opinión del Senador Arévalo
debería haber más medios pero, desde luego, desde el Gobierno y desde el
Ministerio de Interior se entiende que el incremento de presupuestos que
se tiene en los diferentes capítulos, partidas y programas es más que
suficiente para atender las necesidades.

Se ha dicho que se dedican pocos recursos, que nosotros definimos como
transferencias corrientes externas, a la Interpol y a Europol.

Lógicamente podría presupuestarse mucho más, pero hay que decir que hay
un incremento en este capítulo, para atender a la Interpol y a Europol,
de 118 millones de pesetas. La partida de cooperación policial extranjera
crece en 115 millones de pesetas y para la atención a los arrestos de fin
de semana --unido a lo que las corporaciones locales necesitan para los
depósitos municipales, que también incluye los arrestos de fin de
semana-- hay una partida que se incrementa en 98 millones de pesetas, lo
que nos parece razonable.

También se ha referido a que crece de forma importante la partida de
seguridad vial. Me congratulo de que usted se alegre por el incremento de
alrededor de 3.000 millones de pesetas. Como decía antes el Senador
Alierta, el número importante de enmiendas que ustedes plantean, cerca de
23, recogen diferentes conceptos económicos y presupuestos y se cargan a
esos cerca de 985.000 millones de pesetas del Capítulo 31 de «Gastos
diversos». No voy a extenderme sobre esta cuestión porque mi compañero,
el Senador Alierta, lo ha defendido mucho mejor de lo que lo podría hacer
yo.

Usted ha hablado del tema de Instituciones Penitenciarias. Como ya le he
dicho, crece de forma razonable, se atienden las necesidades de las
organizaciones sindicales y por lo tanto, del propio personal que ejerce
su trabajo.

En el tema de drogas, un tema que preocupa y ocupa al Gobierno del
Partido Popular, hay programas tan importantes como el 313.G y el 222.C,
que atiende a la población o a los propios ciudadanos españoles que, por
desgracia, están inmersos en este serio problema. Se habla de prevención,
de recursos asistenciales de forma importante, de algo novedoso que se
incrementa en los presupuestos como es la incorporación social de los
drogodependientes y algunas cuestiones más que debatiremos en el Pleno de
presupuestos.

Sobre seguridad ciudadana tengo que decir que con las medidas adoptadas
por la Dirección General de la Policía y el propio Ministerio, por
ejemplo, la policía de proximidad y la dotación de medios para la Guardia
Civil, se vigila muy bien y se ponen las bases para que la seguridad
ciudadana esté más garantizada. Este es un tema que nunca se podrá
solventar al 100 por ciento, pero entendemos que las medidas adoptadas y
los recursos aportados para el año 2000 son más que suficientes.

Nada más, señor Presidente, porque he compartido mi tiempo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la Senadora Alvarez-Arenas.




La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a dar respuesta a la intervención del representante del
Partido Aragonés Regionalista, que ha presentado las enmiendas desde la
número 69 a la 82, aunque esta última coincide con una de las que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, ha sido
aceptada.

De las enmiendas 69, 70 y 71, relativas a centros penitenciarios,
construcciones y reformas, la 69 y la 70 se refieren directamente a
inversiones reales del Programa 144. El cometido de la financiación para
la construcción de edificios en instituciones penitenciarias, como todas
sus señorías saben, lo hace la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios, según los estatutos de esta propia
Sociedad, que aprobó el Consejo de Ministros en febrero del año 1992. Por
lo tanto, es evidente que no podemos aceptar esta enmienda.

Respecto a la enmienda número 71, relativa a inversiones para la reforma
del centro penitenciario en Teruel, ya se contemplan. En el año 1999 se
hicieron obras de mejora --reformas, arreglo de los aseos, etcétera-- y,
además, mi grupo entiende que si fuera necesario acometer cualquier
reparación de urgencia en este centro, se podrían acoger a la partida de
obras urgentes e imprevistas, que está dotado con 564,7 millones de
pesetas y, por lo tanto, tampoco la vamos a poder atender.

El resto de las enmiendas, las números 72 a 82, son con cargo a la
Sección 31, cuyo asunto ya ha sido debatido en esta Comisión por el
Senador Alierta y por mi compañero don Antolín Sanz y, por tanto, no me
voy a referir a las mismas. El PAR lo que hace realmente es desequilibrar
el estado de ingresos y gastos de esta partida y, por consiguiente, no
será posible la aceptación de sus enmiendas.

La enmienda número 72 tiene una importancia directa, pretende 8.000
millones de incremento para el personal, lo que el representante del PAR
ha reconocido muy importante. Y quiero decirle que hay una cuestión de
fondo que ha sido contestada anteriormente por nuestro compañero el señor
Sanz, cuando se ha referido a los incrementos que de manera global tiene
el Capítulo1, de Personal, en su contestación al representante del Grupo
Parlamentario Socialista. Por otra parte, la enmienda que ha presentado
el PAR es al artículo 62, corresponde a gastos de inversión, y no está
relacionado con dicho capítulo, que es completamente distinto. Por tanto,
no cabe siquiera técnicamente su aceptación.

La enmienda número 74, que corresponde a Protección Civil, también tiene
un defecto técnico, y es que se incluye en el Servicio 03 de la Dirección
General de la Policía y no en el 01 de Servicios Generales, que es el que
atiende a Protección Civil y, por tanto, consideramos que está
técnicamente mal planteada.

El Senador representante del PAR ha hablado de la importancia que para
ellos tiene la enmienda número 75, por la que solicitan más medios para
atender al Plan Territorial



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de Protección Civil. Quiero decirle al Senador que, como muy bien sabe,
la Comisión Nacional de Protección Civil homologa los planes
territoriales de cada una de las Comunidades Autónomas y son éstas las
que deben desarrollarlos, dotándolos de medios y recursos, como establece
el propio plan en sus diferentes niveles de ejecución 0, 1, 2 y 3; y en
ocasiones deben ser las propias corporaciones locales las que atiendan
los recursos necesarios para la aplicación de cada uno de estos planes
territoriales de protección civil. En este caso, tengo que decirle al
Senador del PAR, que está en estos momentos en un gobierno de coalición
con el Partido Socialista, que desde la Comunidad Autónoma de Aragón se
deben poner los medios necesarios, helicópteros, medios aéreos a los que
ha hecho referencia, para que el Plan Territorial de Protección Civil
pueda ser correctamente desarrollado en su Comunidad, porque así debemos
hacerlo, y digo debemos porque, en este caso, me siento representante y
con orgullo de la Comunidad Autónoma de Madrid en el Senado.

En general, aparte de las cuestiones de forma a las que me he referido,
el Grupo Parlamentario Popular considera que todas las partidas
presupuestarias están suficientemente dotadas, que la Sección 16 del
proyecto de presupuestos es equilibrada, mantiene un principio de
racionalidad con las necesidades que presenta y atiende a unos criterios
objetivos y equilibrados para el mantenimiento del control del déficit
público. Evidentemente, siempre podría ser mejor, pero hay que atender de
manera global a la distribución racional que del presupuesto se hace en
todas y cada una de las diferentes secciones.

Con el permiso del señor Presidente, voy a manifestar nuestra posición
respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por el
Senador Cámara y que han sido defendidas globalmente por uno de sus
compañeros de grupo. Considero que las ha dado por defendidas y nosotros
nos vamos a oponer a las mismas. No voy a hablar del veto porque ya lo ha
hecho el Senador Sanz cuando ha contestado a la enmienda a la totalidad
del Grupo Parlamentario Socialista. Por consiguiente, me voy a referir a
las presentadas por el Senador Cámara, que van desde la número 1317 a la
1342.

Hay algunas cuestiones de carácter técnico, como he comentado al
representante del PAR, porque se proponen inversiones para instituciones
penitenciarias que no corresponden a la Dirección General, sino a la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.

Existen igualmente incrementos para centros penitenciarios que, a nuestro
juicio, están suficientemente dotados en el proyecto de ley, pero si en
algún momento, a lo largo del ejercicio, fuera necesaria una inversión
más, siempre se podría efectuar con cargo a la partida de obras urgentes
e imprevistas que, como he dicho, cuenta ya con una dotación de 564
millones de pesetas.

La enmienda número 1324 tiene cierta enjundia porque se refiere a la
atención a las víctimas de la violencia doméstica. De manera global, los
presupuestos para el año 2000 contemplan ya 11.000 millones de pesetas a
este fin, en diferentes partidas y secciones. Con esta enmienda se
pretende mejorar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y tengo que decirle que en los presupuestos correspondientes al
año 2000 hay una previsión, a nuestro juicio suficiente, tanto para la
Guardia Civil como para los planes de estudio de la Escuela de Formación
de la Policía en Avila y también en medios materiales, tanto informáticos
como material de intervención, e incluso para la creación de una base de
datos.

En cualquier caso, en líneas generales, reitero lo manifestado respecto a
las enmiendas del PAR. A nuestro juicio, todo el presupuesto de las
Sección 16 mantiene unas prioridades y unos criterios de objetivos que
están en función de las necesidades que presenta la misma pero, a la vez,
tiene sentido de la responsabilidad y lógicamente está sujeta a unas
restricciones presupuestarias que impone el propio control del déficit
público.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

No han sido presentadas enmiendas a las secciones 1 a 5 y 8.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a la Sección 12, Asuntos
Exteriores, han sido dadas ya por defendidas. Hay un veto del Grupo
Parlamentario Socialista, enmiendas números 296 a 306.

Tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tienen por
finalidad conseguir que la cooperación española con los países en vías de
desarrollo llegue a los mínimos porcentuales, concretamente el 0,7 por
ciento, que recomiendan los organismos internacionales y, por tanto, no
son sino diferentes maneras de alcanzar un mismo objetivo.

Me voy a referir de manera particular a la enmienda número 306,
específica del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que no se
introdujo en el Congreso, y que plantea las ayudas a familias de presos
españoles en el extranjero, sobre la que nos gustaría que pudiéramos
llegar a algún tipo de acuerdo porque tiene por causa un trabajo conjunto
desarrollado por los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara, con
especial intensidad, y que se refiere a la situación especialmente
onerosa que para los patrimonios familiares se crea en aquellas familias
de personas sometidas a larguísimos procedimientos judiciales en el
extranjero. En este sentido, nos gustaría que pudiera haber, por acuerdo
entre los diferentes grupos parlamentarios alguna enmienda a los
presupuestos generales del Estado que permitiera este apoyo público a la
situación de estas familias.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno en contra. Tiene la palabra el señor Morales.




El señor MORALES MONTERO: Voy a intervenir muy brevemente para rechazar
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que vienen repitiéndose
año tras año, en los mismos términos en que la han defendido.




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En cuanto a la enmienda número 306, me gustaría que el Senador me pudiera
aclarar si hay o no negociaciones.




El señor GRANADO MARTINEZ: Sí las hay.




El señor MORALES MONTERO: Haberlas haylas. Esperemos entonces que hasta
que se celebre el Pleno podamos llegar a un acuerdo.

Las enmiendas defendidas por los Senadores Román Clemente y Cámara
Fernández las damos por rechazadas en los mismos términos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, pasamos a la Sección 13, Justicia.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado tres enmiendas, que ha dado
por defendidas, más una enmienda de veto. Son las números 1277 a 1288,
que también se han dado por defendidas.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, las enmiendas de los Senadores
Estaún, Blasco y Martínez las defenderá personalmente el Senador Estaún.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estaún para su defensa.




El señor ESTAUN GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para defender las enmiendas números 67 y
68 que presenta nuestro grupo que pretenden solventar una serie de
deficiencias en la Audiencia de Provincial de Zaragoza y en instalaciones
judiciales de la capital aragonesa.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Se dan también por defendidas las enmiendas del Senador Torres Cardona?



El señor ROMAN CLEMENTE: También se dan por defendidas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas números 308 a 311, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo también ha presentado la enmienda número 307, de veto a la
Sección 13, que paso a defender conjuntamente con las números 308 a 311,
ambas inclusive.

Nuestro veto a la Sección 13, Ministerio de Justicia, se basa en
considerar ésta como la plasmación presupuestaria y económica de una
política errónea que el Grupo Socialista no puede compartir ya que no
aborda ni ataja ninguno de los problemas que tiene la Justicia en nuestro
país. En nuestra opinión, supone una copia literal y contable de los
presupuestos de ejercicios anteriores, y aunque se produce un ligero
aumento de las consignaciones, éstas son manifiestamente insuficientes
para hacer frente a las necesidades que demanda una adecuada prestación
del servicio público que es la Justicia. Pensamos que una vez más el
Partido Popular ha perdido la ocasión de apostar por un pacto de Estado
para la Justicia.

Los 158.691 millones de pesetas que se contemplan en el proyecto de
presupuestos para la Sección 13 suponen un aumento de 10.329 millones con
respecto a los presupuestos de 1999, aunque repito que consideramos dicha
cantidad totalmente insuficiente.

Por otro lado, el presupuesto no cumple con las exigencias recogidas en
el Libro Blanco de la Justicia, además de carecer de dotaciones para la
aplicación de la mutilada Ley de Enjuiciamiento Civil y de no contemplar
las consignaciones necesarias para la creación de los órganos
jurisdiccionales precisos, ni para la aplicación de la ley penal del
menor, que esta tarde pasará por el trámite de Comisión en esta Cámara.

Tampoco estamos de acuerdo con la consolidación de los importantes
aumentos que se han producido durante los últimos ejercicios para la
contratación de personal sustituto. Por otra parte, en el presupuesto no
se recogen las dotaciones para cubrir el necesario aumento de abogados
del Estado.

También presentamos una impugnación a la Sección 13, Programa 142.A,
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, al entender que los 141.000
millones consignados no son bastantes.

Así, el capítulo l no recoge las cantidades suficientes para dar
cobertura real, y no ficticia, a las necesarias plazas de jueces,
magistrados, del Ministerio Fiscal, etcétera, ni para la aplicación de la
ley de responsabilidad penal del menor, la cual, como ya he dicho, esta
tarde pasará por el trámite de Comisión en esta Cámara. Asimismo, resulta
claramente insuficiente para el compromiso adquirido por el Gobierno de
creación de 36 nuevas plazas de fiscales.

Respecto del capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios,
continúa con un crecimiento que desde nuestro punto de vista es
desproporcionado, tratando de corregir parcialmente las graves carencias
y desviaciones producidas durante 1997, mientras que, por el contrario,
se consolidan los aumentos de partidas de gastos que no van destinadas a
la mejora del servicios público de Justicia, como pueden ser dietas
gratificaciones, o trabajos realizados por terceros.

En cuanto al capítulo 4, disminuyen las consignaciones para atender los
juzgados de paz, pese a la previsión de creación en el año 2000 de 120
nuevas agrupaciones de juzgados de paz, además de las 49 previstas y
comprometidas en el ejercicio de 1999.

También hay que hacer hincapié en que se consigna una cantidad casi
ridícula, de 76 millones de pesetas, para el Plan Contra la Violencia
Doméstica.

Por todo ello, la enmienda número 309 propone el incremento del Programa
142.A, de la Sección 13, en un importe total de 12.875 millones de
pesetas, cuyo desglose se refleja en la propia enmienda.

En cuanto a las dos últimas enmiendas, la número 310, relativa a la
Dirección General de Objeción de Conciencia,



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establece el incremento en 3.500 millones de pesetas para el haber en
mano de los objetores de conciencia, mientras que la número 311 propone
el aumento de 150 millones en conciertos con corporaciones locales para
la prestación social sustitutoria.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




Para turno en contra, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Ariznavarreta.




El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.

En este turno en contra me ocuparé en primer lugar de la enmienda de
devolución a la totalidad de la Sección, y posteriormente me referiré a
la número 308, que se justifica en la insuficiencia del programa 142.A, y
a la número 309, que propone el aumento de plazas, órganos la realización
de infraestructuras, etcétera.

Pero antes quisiera felicitar cordial y sinceramente a la señora Ministra
y al Gobierno por estos presupuestos, y esta felicitación no deja ser la
mejor argumentación para el rechazo a estas enmiendas.

Señorías, en lo referente a Justicia hay un incremento del 8,52 por
ciento frente a la subida conjunta de los presupuestos, que es del 4,7
por ciento, y este dato ya es significativo por sí solo. No obstante, se
trate del debate de que se trate, el de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
el de una moción, o el que ahora nos ocupa, el de los presupuestos
generales del Estado, siempre nos encontramos con lo mismo: con la
crítica generalizada e indeterminada a todo lo que se trabaja y lo que se
hace en la Administración de Justicia. Pero, señorías, lo queramos o no,
éste es un debate de números, y los números casi siempre cantan, no así
en otras cuestiones, sobre las que podemos tener opiniones más o menos
enfrentadas. Insisto, los números cantan, y en ellos me detendré
posteriormente.

Se nos imputa la continuidad y una copia de los presupuestos de años
anteriores y, efectivamente, se produce la continuidad de una clara y
manifiesta línea ascendente de mejora en la Administración de Justicia,
porque somos coherentes con un claro propósito del Gobierno y de este
Grupo, que no es otro que su modernización mediante la implantación de
más y mejores recursos humanos y materiales al servicio del ciudadano,
los principales objetivos y preocupación de estos presupuestos, al igual
que es la principal prioridad del Gobierno en lo que a la Administración
de Justicia se refiere.

Por parte del Grupo Socialista se solicita un incremento del Programa
142.A de casi 13.000 millones, y esta solicitud no deja de resultarme
curiosa porque, si comparamos el presupuesto para el año 2000 con el
último que el Partido Socialista, y ustedes en concreto presentaron,
vemos que se registra un incremento del 57,74 por ciento. Insisto una vez
más en que los números cantan. Por tanto, si añadimos los 13.000 millones
que ustedes solicitan ¿acaso está usted afirmando que elaboraron tan
rematadamente mal sus últimos presupuestos que para llegar a los mínimos
que ustedes consideran necesarios habría que haber incrementado éste en
casi un 71 por ciento? Usted lo dice; su último presupuesto estaba 74
puntos por debajo del que ustedes pretenden ahora, tan sólo tres años
después.

Por otro lado, el Grupo Socialista vuelve a insistir una vez más en el
pacto de Estado para la Justicia. Pero, señorías, para que verdaderamente
se produzca ese pacto es necesario quererlo, y permítanme que les exprese
mis más serias dudas al respecto porque el pacto que nosotros estamos
defendiendo consiste en la mejora constante de la Justicia desde hace
tres años hasta ahora, cuestión que a ustedes, presentando enmiendas de
devolución y a la totalidad, parece no interesarles absolutamente nada.

Me he referido a los números y vuelvo a hacerlo. En materia de Justicia
hay un incremento respecto del presupuesto anterior de 10.300 millones de
pesetas, un 8,52 por ciento. Se produce un incremento total a lo largo de
la legislatura del 37,14 por ciento, e incluido el ejercicio
presupuestario de 1995, prorrogado en 1996, el crecimiento alcanzaría el
57,4 por ciento.

Entre los objetivos prioritarios ustedes se refieren a la creación y
dotación de plazas. Pues bien, 152 nuevas plazas de jueces y magistrados;
139, de secretarios; 293, de oficiales; 333, de auxiliares; 245, de
agentes judiciales; 130, de personal laboral; 36, de fiscales, y 46, de
médicos forenses, suponen un total de 1.374 nuevas plazas. Y si hablamos
de órganos judiciales podemos citar las 10 secciones de la Audiencia
Provincial que contemplan estos presupuestos; nueve juzgados de primera
instancia; 24 juzgados de primera instancia e instrucción, 26 juzgados de
lo Contencioso-Administrativo; 18 juzgados de lo social; dos, de
vigilancia penitenciaria; 30 juzgados de lo penal; 10 juzgados de
menores, o 120 nuevas agrupaciones de juzgados de paz. ¿Sabe cuántos
órganos figuran en estos Presupuestos? Ciento diecinueve en total. Ese es
el pacto de la Justicia que, desde luego, nos parece fundamental.

Si además de las plazas y de los órganos hablamos de inversiones, este
Presupuesto contempla una inversión en obras y equipamientos de más de
5.600 millones de pesetas. Y en un capítulo tan importante como el de la
informática figuran 2.054 millones de pesetas, al tiempo que la dotación
para inversión en reposición asociada al funcionamiento es de 2.783
millones de pesetas.

Por último, permítame que destaque, en lo que a este capítulo se refiere,
que den lo relativo a registros de fe pública estamos hablando de más de
700 millones de pesetas, lo que nos permitirá continuar con la labor de
informatización de registros civiles, cuestión que se complementa con la
asignación al servicio jurídico del Estado de 3.056 millones de pesetas y
para la objeción de conciencia --sobre la que ustedes han presentado una
enmienda concreta-- figuran 3.951 millones de pesetas.

Entrando en el análisis pormenorizado de las enmiendas presentadas, una
primera corresponde al Senador Torres Cardona, relativa a un nuevo
edificio de juzgados en Ibiza, por importe de 500 millones de pesetas. Se
rechaza la enmienda porque se están realizando gestiones con otras
instituciones para la nueva ubicación de los juzgados de



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Ibiza, sin necesidad de acudir a una inversión para adquisición del
referido local donde se ubicara el edificio.

En cuanto a la enmienda referida a la dotación de personal del juzgado de
paz de Formentera, también del Senador Torres Cardona, la rechazamos
porque entendemos que la dotación de personal es la misma que la del
resto de los juzgados de paz. No existen problemas de dotación, sino más
bien las derivadas de su provisión, y los asuntos que se tramitan no
suponen, por el momento, necesidad de una nueva dotación de personal.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
Partido Aragonés Regionalista, relativas a infraestructura de la
administración de Justicia en Aragón, respecto a la primera de ellas,
sobre financiación de obras en la Audiencia Provincial de Zaragoza por
importe de 225 millones de pesetas, he de decirle, señoría, que
rechazamos la enmienda al considerar que existe en el presupuesto crédito
suficiente para financiar dichas obras y considerar, por otra parte, que
las únicas previsiones realistas son las del Departamento,
fundamentalmente, respecto a la tramitación urbanística y posterior
ejecución en cuanto al edificio en cuestión.

En cuanto a la enmienda relativa al Tribunal Superior de Justicia con
sede en Zaragoza, por importe de 90 millones de pesetas, entendemos que
las anualidades que se reflejan en el proyecto están ajustadas al ritmo
previsible de ejecución de las obras de reforma de dicho Tribunal
Superior, por lo que también rechazaremos esa enmienda.

Hay un conjunto de enmiendas de los Senadores Román y Cámara que hemos
dividido en dos tipos: unas relativas a juzgados e infraestructuras y
otras relativas a la fiscalía.

Las de juzgados e infraestructuras hacen referencia a construcción de
nuevos juzgados. En concreto, la del juzgado de lo social en Mahón la
vamos a rechazar, al igual que el resto, ya que, en el supuesto de reunir
las condiciones previstas en la Ley de Demarcación y Planta y en el caso
de que se crease dicho órgano, en el presupuesto existe crédito
suficiente para asumir su coste.

En igual sentido hemos de expresarnos respecto de la reforma de los
juzgados de lo social de Teruel, ya que existen créditos genéricos en el
artículo 63 del Programa 142.A, crédito suficiente para atender la
reforma propuesta una vez comprobada su necesidad.

En igual sentido también nos referimos a los calabozos del juzgado de
Alcañiz.

La enmienda referente a los nuevos juzgados en Almería y otras
infraestructuras, obviamente, la vamos a rechazar, ya que la competencia
relativa a medios materiales para la Administración de Justicia en
Andalucía fue traspasada mediante el Real Decreto 142/1997.

Se presenta también una enmienda idéntica para la creación del tercer
juzgado de Andújar y otras infraestructuras, que rechazamos por los
mismos motivos.

Hay otro conjunto de enmiendas, bastante amplio, de los mismos Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, relativas todas ellas a la Comunidad
de Murcia.

Rechazamos la enmienda referente a la creación de un nuevo juzgado en
Yecla por existir crédito suficiente para atender las necesidades de
emplazamiento del nuevo juzgado de primera instancia e instrucción
previsto crear en dicha localidad. En todo caso, las nuevas creaciones de
órganos su ubican, a ser posible, en los mismos edificios judiciales
existentes y, en caso de que fuese necesario, se recurriría, de forma
transitoria, a la figura del arrendamiento.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia de Murcia, rechazamos esa enmienda
al ser las previsiones del Departamento respecto del nuevo edificio
judicial en Murcia las únicas realistas, a la vista de las dificultades
urbanísticas planteadas en los últimos años para acometer una solución
definitiva respecto a la ejecución del edificio en cuestión.

En igual sentido, hay unas enmiendas relativas al Palacio de Justicia de
Cartagena, el nuevo Palacio de Cieza, Mula y Jumilla, que rechazamos por
los mismas razones.

Asimismo, la petición para financiar la creación de plazas de traductores
e intérpretes en el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia
Provincial de Murcia, planteada por los mismos Senadores del Grupo Mixto,
la desestimamos por estar prevista la creación de nuevas plazas de
traductores e intérpretes con cargo al incremento de personal laboral,
respecto del que, como he dicho anteriormente, se prevé 130 plazas, con
dotación suficiente en el presupuesto que nos ocupa.

Y el segundo conjunto de enmiendas de los Senadores Román y Cámara son
relativas a la fiscalía.

En concreto, respecto a la dotación de medios para la Fiscalía Antidroga
del Campo de Gibraltar en Cádiz, rechazamos esa enmienda por entender que
dicha Fiscalía dispone de medios suficientes y existe dotación
presupuestaria para atender cualquier demanda planteada al Departamento
por dicha Fiscalía Especial.

En igual sentido, se pide la creación de nuevas plazas de fiscales para
el Campo de Gibraltar, enmienda que también rechazamos por entender que
la Fiscalía de Algeciras cuenta con plantilla suficiente --nueve
fiscales-- para atender las necesidades de su demarcación, incluido, por
supuesto, el Campo de Gibraltar.

Rechazamos la enmienda que hace referencia a la especialización de
fiscales en materia de violencia doméstica al estar previstos,
precisamente, cursos específicos en esta materia tan importante tanto
para fiscales como para otros Cuerpos de la Administración de Justicia, a
financiar con cargo al presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia. Asimismo, en relación con esta materia, se
firmarán convenios de colaboración con el Instituto de la Mujer.

Hay una enmienda que no hemos englobado en ninguno de los dos apartados
anteriores, de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández, por
cuanto que no es competencia de este Departamento y es la relativa a la
dotación de la adquisición de escáner para mejorar la lucha contra el
contrabando y el narcotráfico. Es la enmienda número 1280, que, en todo
caso, correspondería al Ministerio de Economía y Hacienda, si los
destinatarios fueran los funcionarios de aduanas, o al Ministerio del
Interior, si lo fueran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Finalmente, una breve referencia a las enmiendas 310 y 311, del Grupo
Parlamentario Socialista.




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En cuanto a la enmienda 310, respecto al incremento de 3.500 millones de
pesetas del haber en mano de objetores de conciencia que cumplan la
prestación social sustitutoria, entendemos que es suficiente el crédito
que figura en el proyecto, 1.381 millones de pesetas, que ha sido
minorado respecto al crédito anterior como consecuencia de los convenios
de colaboración en la gestión de la objeción de conciencia suscritos con
Galicia y Cataluña. En todo caso, el importe de la enmienda en realidad
no tiene relación alguna con el número de objetores que realizan la
prestación.

La enmienda 311 hace referencia a un incremento de 150 millones de
pesetas para la suscripción de conciertos con corporaciones locales para
la prestación social sustitutoria de objetores de conciencia. Y en el
mismo sentido he de decirle, señoría, que el crédito que figura en el
proyecto es de 95 millones de pesetas, cantidad que consideramos
suficiente y que ha sido minorada por la misma razón expuesta
anteriormente, esto es, como consecuencia de los convenios de
colaboración en la gestión de la objeción de conciencia suscritos con
Galicia y Cataluña. En todo caso, vuelvo a insistir en que el importe
expresado en la enmienda no guarda relación alguna con la realidad y el
número de objetores que realizan la prestación.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Rogaría al Grupo Parlamentario Popular que, cuando las enmiendas se den
por defendidas, procure ser proporcional en la contestación, porque todos
los grupos han limitado el tiempo de su intervención, en aras de la
brevedad del proceso.

Pasamos a la Sección 14, Defensa.

Hay presentada una enmienda del Senador Padrón Rodríguez, que se da por
defendida.

Hay una enmienda, que sostiene un veto, de los Senadores Román Clemente y
Cámara Fernández, del Grupo Mixto, la número 1289, así como las enmiendas
1290 a 1303, que se dan por defendidas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda 312, que sostiene
un veto, y las números 313 a 322, para cuya defensa tiene la palabra el
Senador González López.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, tenemos una propuesta de veto. Brevemente, diré que,
aunque coincidamos en los objetivos de la defensa de nuestras Fuerzas
Armadas, no lo hacemos en la formas y mecanismos elegidos para conseguir
estos objetivos.

Sinceramente, pensamos que con estos presupuestos no se garantiza
suficientemente el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y,
además, de una forma temeraria, estamos difiriendo los gastos a
ejercicios posteriores, de tal forma que compromisos ya asumidos van a
tener que ser pagados en la próxima década.

En cuanto a las enmiendas números 313 a 322, tres de ellas hacen
referencia al haber en mano de los soldados de reemplazo. Las hemos
venido repitiendo en los últimos ejercicios presupuestarios, en este caso
por un valor de 3.500 millones de pesetas, que es lo mínimo que
entendemos que debe aumentar la partida presupuestaria del haber en mano
para que ningún soldado de reemplazo cobre menos de 10.000 pesetas,
aunque pueden cobrar más porque hay otras partidas presupuestarias. No
son las 30.000 pesetas que el Partido Popular prometió en su programa
electoral y que, al no haberse cumplido estos últimos ejercicios
presupuestarios, ahora mismo produciría una importante distorsión
presupuestaria.

Además, creemos que estas medidas del haber en mano de los soldados
paliaría, de alguna manera, la situación descorazonada que están
sufriendo los soldados de reemplazo, que son los grandes sacrificados de
todo el sistema de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Además,
también ayudaría a solucionar el otro gran problema, el de la objeción de
conciencia, insumisión, prórrogas, etcétera.

Hemos presentado otras dos enmiendas más concretas. Una, trata de la
instalación del sistema de cortacables a todos los helicópteros del
Ejército de Tierra por un valor de 200 millones de pesetas, que persigue
aumentar la seguridad de los helicópteros y de los pilotos, como ya lo
han hecho los ejércitos de nuestro entorno.

Asimismo, hemos presentado una enmienda proponiendo 500 millones de
pesetas para abrir una partida y poder iniciar la construcción de segunda
serie de cazaminas. Es un programa de cuatro unidades. Este año se ha
terminado la primera fase y creemos que es necesario contemplar una
partida, aunque sea simbólica, para dejar la posibilidad abierta y que en
Bazán se siga manteniendo esa carga de trabajo.

El resto de las enmiendas hacen referencia a los presupuestos que el
Ministerio de Industria y Energía destina al Ministerio de Defensa, para
dar un poco de coherencia a lo que venimos defendiendo en estos últimos
presupuestos.

Creemos que no es de recibo que Industria siga manteniendo en sus
presupuestos cantidades que, de alguna manera, sirven para maquillar o
subsanar la falta de inversiones en modernización. Hoy nadie se puede
creer que los más de 170.000 millones de pesetas que todavía aparecen en
Industria sean para Investigación más Desarrollo. Puede que quede algo de
esto, pero la mayor parte de esta cantidad se tiene que dedicar ya al
proceso de producción y fabricación de armas.

Por tanto, entendemos que estos presupuestos tienen que dirigirse a
Defensa, y a Investigación más desarrollo que se dedique lo ya
estipulado, que, aparte de todo, ya está contemplado en los presupuestos
del capítulo 6 para los tres proyectos estrella, EFA, carros Leopard y
las fragatas F-100.

Lo mismo ocurre con los aviones C-295 y el proyecto P-3 Orion, de
modernización de aviones. Estos aviones están en proceso de fabricación y
necesitan tener su presupuesto en Defensa para que se pueda hacer la
contratación directamente a CASA. El Partido Popular presenta una
enmienda porque se ha dado cuenta de lo que iba a ocurrir y que no podría
contratar en caso de seguir manteniendo en Industria estas cantidades que
tienen que ir destinadas a Defensa. Si no las asumimos ahora de una forma
paulatina,



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las tendremos que asumir de golpe entre los años 2003 y 2005, lo que
posiblemente producirá un reventón en los presupuestos de Defensa, que
tendrá que asumir quien menos culpa tenga.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Elorriaga.




El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por no aceptadas por parte de mi Grupo las enmiendas no defendidas en
esta ocasión.

Voy a contestar brevemente a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que están inspiradas básicamente en la filosofía de todos los
años: que la modernización no es suficiente y que está en los créditos
del Ministerio de Industria y no en donde debe estar.

Evidentemente, hay un equilibrio importante entre personal y
modernización. Por otra parte, la política de personal del Ministerio de
Defensa es, evidentemente, de modernización porque el aspecto más
importante de ésta es el factor humano, la modernización del personal y
con el nuevo sistema de soldados profesionales se va a llegar a ello.

Por otro lado, gran parte de las enmiendas aquí numeradas se tratan de
financiar con cargo a un fondo de gastos de diversos Ministerios que, a
su vez, hay que ampliar, y para ello hay que ampliar el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de Sociedades, lo cual no
parece lo más adecuado. Por tanto, no podemos estar conformes con el
espíritu de estas enmiendas. No entro en el detalle de otras porque
depende del orden de prioridades con que se juzguen los hechos. Por
ejemplo, los helicópteros podrían tener los famosos cortacables, pero no
parece que los cuarteles generales responsables de ellos consideren más
urgentes los cortacables que otros gastos de mantenimiento, en los que se
producirían unas bajas.

En definitiva, no estamos conformes con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

Por último --y esto no es en turno en contra, sino a favor--, la enmienda
número 1576, del Grupo Parlamentario Popular, trata de algo importante
para el Ejército del Aire, que es la adquisición de aviones de transporte
medio, los cuales van con cargo a un incremento en los presupuestos de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que ya tiene un
remanente de ingresos y una previsión de aumento de los mismos, debido,
entre otras cosas, a que este organismo, como es sabido, va enajenando
los bienes que son desafectados para uso militar. Y gracias a una gestión
más eficaz y a una mejor situación del mercado inmobiliario, hay una
previsión suficiente de aumento para hacer frente a los 10.000 millones
de pesetas con que se incrementa el presupuesto. Hago esta aclaración
porque me dicen que hay una pequeña errata que habla de 10.000 pesetas y
son 10.000 millones de pesetas.

Con la defensa de esta enmienda doy por terminada mi intervención, señor
Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La enmienda número 1576, a la que usted hacía referencia, ya está
incorporada en el informe de la Ponencia, por lo que no hemos planteado
su defensa.

El punto siguiente es la Sección 15, de Economía y Hacienda. La enmienda
número 1304, de los señores Román Clemente y Cámara Fernández, sostiene
un veto y las enmiendas números 1305 a 1316, de los mismos Senadores, ya
han sido dadas por defendidas.

A continuación, pasamos a las enmiendas números 334, del Grupo
Parlamentario Socialista, que sostiene un veto, y 335 a 361, del mismo
Grupo,
Tiene la palabra para su defensa el señor Granado Martínez.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las defiendo en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular.




El señor BLANCAS LLAMAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo con la brevedad de mis antecesores.

Al Senador Nieto se le contestará debidamente en el Pleno a las enmiendas
a la Sección 15. Y dado que el señor Granado ha sido más que breve, en
los mismos términos se le replicará en el Pleno al veto y a las enmiendas
planteadas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La Sección 16 ya ha sido debatida.

Pasamos a la Sección 17, Ministerio de Fomento.

El Senador Armas García, del Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado
tres enmiendas que se han dado ya por defendidas.

Para la defensa de las enmiendas números 83 a 135, de los señores Estaún
García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez, tiene la palabra el Senador
Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

El Partido Aragonés ha presentado un número importante de enmiendas a
esta Sección 17, Ministerio de Fomento, como consecuencia de las
características de la Comunidad Autónoma aragonesa, una Comunidad
Autónoma que aunque en el cómputo global de población no representa un
peso importante, en el ámbito territorial supone el 10 por ciento de la
superficie del Estado y por tanto tiene unas necesidades y unas carencias
en materia de infraestructuras y de comunicaciones muy significativas.

Con las enmiendas del Partido Aragonés intentamos paliar esas
deficiencias.

Voy a empezar a desgranar una de las infraestructuras más importantes que
defendemos, la autovía Somport-Sagunto. Hemos presentado una serie de
enmiendas que solicitan 150 millones de pesetas para la posible
licitación de diez tramos de esta autovía, cuyos proyectos se terminarán



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de redactar el año que viene. Con esas partidas presupuestarias será
posible agilizar la tramitación de esta autovía, cuyo cansino ritmo de
ejecución, junto a otras deficiencias que se han visto en los
Presupuestos Generales del Estado en lo referente a la provincia de
Teruel, han motivado una movilización histórica en dicha provincia, en la
que 30.000 ciudadanos se han manifestado en un grito desesperado por
llamar la atención del resto del Estado sobre las carencias de una
capital como Teruel, que podría definirse como la peor comunicada por
carretera y por ferrocarril. Me alegro de ver algún rasgo de sensibilidad
en el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado dos enmiendas pero
que se refieren sólo a cuatro de estos diez tramos que nosotros
pretendemos sacar a licitación el año que viene. Por tanto, le pediríamos
que ampliaran esas dos enmiendas y que dieran cobertura a esos diez
tramos, tal como ha hecho el Partido Aragonés.

Como decía, señor Presidente, otro de los motivos que han conducido a esa
histórica movilización de los turolenses son las comunicaciones en
materia ferroviaria. Tenemos la línea Sagunto-Zaragoza, cuya deficiente
conservación, y prácticamente nula inversión, ha provocado una serie de
averías, y como consecuencia de ello los ciudadanos realizan más viajes
en el autobús que en el propio tren. En esas condiciones es razonable ese
grito de atención que los turolenses han dirigido a toda la sociedad, en
concreto al Gobierno. Esperamos que lleguen a sus destinatarios y se
pueda enmendar de alguna manera esas carencias en este proyecto de
inversiones del Ministerio de Fomento.

En materia de ferrocarril presentamos otra enmienda que hace referencia
al tramo Zaragoza-Canfranc. Estos días del puente de la Constitución y de
la Inmaculada en zonas turísticas importantes del Pirineo, en las
estaciones de esquí, se ha provocado una aglomeración de vehículos
particulares, y haciendo una apuesta por los medios de comunicación
públicos, el ferrocarril sería una solución a esa aglomeración a la que
es casi imposible hacer frente por otros medios.

Hacía especial referencia a la provincia de Teruel, pero también en la
provincia de Huesca tenemos un eje de comunicaciones que ha motivado una
cierta reacción social a partir de una contestación del Gobierno a una
pregunta que tuve ocasión de formular en el último Pleno sobre las
previsiones de ejecución de la autovía entre Lérida, Huesca y Pamplona.

El Ministro portavoz del Gobierno, señor Piqué, además de no marcar
ningún plazo en la ejecución entre Lérida y Huesca, puso en cuestión la
oportunidad de ejecutar un tramo de comunicación con característica de
autovía entre Huesca y Pamplona. Eso ha motivado también una cierta
indignación en la sociedad aragonesa y, por tanto, queremos de alguna
manera que los desmentidos que se han producido en el propio Ministerio
de Fomento se plasmen en esa enmienda que va a permitir la agilización en
la redacción de los proyectos y en la licitación de los tramos que se
puedan licitar en la autovía entre Pamplona y Huesca.

Por continuar con las autovías, hemos presentado una enmienda que es una
demanda unánime de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón,
que es el rescate del peaje de la A-68. Hemos visto en estos días cómo el
Gobierno ha aplicado una rebaja sustancial en los peajes en determinados
tramos de las autopistas españolas, mientras que la no liberalización de
este peaje de la A-68 provoca largas retenciones en un corredor
industrial importante de Zaragoza, como es la autovía a Logroño, y hace
que este tramo sea uno de los más peligrosos, un tramo negro en la red de
comunicaciones aragonesas. Por tanto, esa enmienda de 1.000 millones de
pesetas va destinada a que se produzca la liberalización de ese peaje,
tal como se ha producido en otros tramos de autopistas españolas en las
últimas semanas.

En la provincia de Huesca, el eje pirenaico, un eje de comunicaciones
fundamental para vertebrar todo el Pirineo, desgraciadamente lleva un
retraso considerable en el tramo aragonés, y todavía se va a retrasar más
en el proyecto de presupuestos para el año 2000 ya que de los 9.000
millones de pesetas que se pretenden invertir en este tramo y que se
comparten con otras Comunidades Autónomas, Aragón simplemente va a
recibir el 15 por ciento, mientras la Comunidad Autónoma de Cataluña,
comunidad vecina que comparte la mayor parte de este tramo carretero, va
a recibir el 85 por ciento de estas inversiones. Nos congratulamos
también, como he comentado antes en el caso de la autovía
Somport-Sagunto, de que el Grupo Parlamentario Popular haya reaccionado
de alguna manera ante la indignación de la Comunidad Autónoma aragonesa y
haya presentado una enmienda muy contenida y muy prudente de 60 millones
de pesetas para un tramo determinado, pero queremos que se amplíe a otros
tramos que están ya preparados para ser licitados, con los proyectos ya
redactados y aprobados.

Señor Presidente, podría extenderme más porque las carencias en materia
de infraestructuras en la Comunidad Autónoma aragonesa son tremendas y a
ello hace referencia esa larga lista de enmiendas, que supera la
cincuentena y que suponen casi superar los 40.000 millones de pesetas de
inversión. Pero quiero hacer especial hincapié en unas enmiendas que se
refieren a un acuerdo global que se ha alcanzado recientemente en un
Pleno monográfico en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la llegada del AVE
Madrid-Barcelona a su paso por Zaragoza y cómo va a repercutir en las
comunicaciones aragonesas. Se ha llegado a un gran pacto, señor
Presidente, entre todos los grupos políticos que forman el Gobierno del
ayuntamiento más importante de Aragón, Zaragoza, que supondría una serie
de compromisos presupuestarios que nosotros hemos concretado en
enmiendas, una de 2.600 millones de pesetas para la red de cercanías de
Zaragoza, otra para un convenio con la estación norte de Zaragoza, o
concretando partidas para la estación intermodal de las Delicias,
Zaragoza, 2.500 millones de pesetas, o enmiendas de conservación del
ferrocarril entre Sagunto y Zaragoza.

Señor Presidente, ateniéndome a las recomendaciones de brevedad que ha
hecho la Presidencia, éste es un resumen de las demandas del Partido
Aragonés, que desde hace diez años ya no es regionalista, lo que recuerdo
a los señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, que



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con asiduidad recaen en ese apellido. Ese es el sentido de mi
intervención.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

La enmienda número 3, del señor Padrón Rodríguez, ha sido dada por
defendida; la número 1344, que soporta un veto de los señores Román
Clemente y Cámara Fernández, y la número 44, del señor Torres Cardona,
del Grupo Parlamentario Mixto, así como las números 1345 a 1568, se han
dado por defendidas; queda la número 386, que soporta un veto del Grupo
Parlamentario Socialista y las 388 a 424 y 426 a 429, del mismo Grupo,
cuyo portavoz tiene la palabra para defenderlas.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Las damos
por defendidas en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el señor Bris Gallego.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con las enmiendas que han sido dadas por defendidas en sus
justos términos, quiero debatirlas y rechazarlas en sus justos términos,
en este trámite de Comisión, y los argumentos se expondrán en el Pleno
del Senado.

En relación con el PAR, ha presentado, como ha dicho su portavoz, 53
enmiendas que están relacionadas con los números 83 a 135. De ellas
solamente cinco son nuevas, es decir, las 48 restantes son enmiendas que
ya han sido estudiadas, debatidas y rechazadas en el Congreso de los
Diputados.

Las enmiendas afectan de manera especial a los Programas 513 a), que es
de infraestructuras ferroviarias, al 513 b), que es de creación de
infraestructuras y de conservación y mantenimiento de carreteras, y al
431 a) en relación con temas vinculados a la vivienda y rehabilitación de
edificios del Programa 432 a).

Quiero señalar que no entendemos la indignación de la que habla el
portavoz del Grupo del Partido Aragonés, porque realmente las inversiones
que se vienen produciendo en los Presupuestos de este año ascienden a
cerca de 50.000 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta, entre otras
cosas, que con los Presupuestos del Estado se está tratando de una
vertebración de todo el territorio nacional, por lo tanto, hay que mirar
a todos los territorios y ver cómo se evita ese desequilibrio territorial
en materia de inversiones.

El Partido Popular está cumpliendo sus compromisos con Aragón. Nosotros
no vamos a entrar ahora a hablar de cada una de esas infraestructuras que
ha mencionado el Senador Estaún, pero sí quiero decirle que de las seis
enmiendas que se han presentado por parte del Partido Popular a estos
Presupuestos y que han sido incorporadas tres de ellas, es decir el 50
por ciento, hacen mención a Aragón. Por lo tanto, ésa es una preocupación
que se manifiesta con estas propuestas que ha hecho el Partido Popular.

Creemos que las inversiones que se vienen produciendo son importantes.

Lógicamente en ningún lugar de todo el territorio nacional se puede
llegar al 100 por cien de esas inversiones, pero sí se está dando
respuesta a las preguntas que en materia de infraestructuras presenta el
Grupo Aragonés.

Por otra parte, quiero decir que el tren de alta velocidad, en el que ha
habido una fuerte inversión, es importante para todas las provincias y
ciudades por las que va a pasar. Yo, por lo menos, como Alcalde de una
ciudad, Guadalajara, manifiesto mi satisfacción porque sea así. Esa
inversión, que no está incluida entre las que se han manifestado y que es
de varios cientos de miles de millones de pesetas, es para Zaragoza y
para todo Aragón.

En principio, vamos a rechazar las enmiendas presentadas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Pasamos a la Sección 18, Educación y Cultura.

A esta Sección hay presentadas dos enmiendas del señor Armas Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Mixto, que se dan por defendidas. Para la defensa
de las enmiendas 136 a 150 de los señores Estaún, Blasco y Martínez,
tiene la palabra el señor Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas en sus justos términos, tal y como están
planteadas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

La enmienda número 4 del señor Padrón se da por defendida.

Las enmiendas 771 a 867 del señor Román Clemente y Cámara Fernández se
dan por defendidas.

Las enmiendas 45 a 47 y 49 a 51 del señor Torres Cardona, también se dan
por defendidas.

Para la defensa de la enmienda número 434, que soporta un veto, y de las
números 435 a 558 y 560 a 574, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor De la Plata Rodríguez.




El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Tratando de ser lo más breve posible quiero decir que se presenta un veto
a la Sección por una serie de razones que se concretan en una respuesta
presupuestaria en cada una de las enmiendas posteriores a la que sostiene
al veto.

Entendemos que este presupuesto no recoge el compromiso para desarrollar
y para aplicar la reforma educativa en todo lo que la propia Ley indica;
entendemos que no se plasma ese compromiso en cifras económicas en toda
la sección; entendemos que las transferencias de competencia que todavía
quedan a tres Comunidades Autónomas, tanto en Castilla-La Mancha, en
Extremadura, como en Asturias, necesitan mayor dotación presupuestaria;
igualmente entendemos que no prioriza este presupuesto la enseñanza



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pública respecto a la enseñanza privada concertada; que no hay un
esfuerzo por conseguir un equilibrio financiero en nuestras universidades
y, finalmente, las dotaciones en materia de educación, cultura e
investigación son insuficientes. Estos serían, a grandes rasgos, los
argumentos del Grupo Parlamentario Socialista para tratar de enmendar la
totalidad de esta Sección.

El resto de las enmiendas irían, lógicamente, a paliar todas esas
necesidades que he argumentado anteriormente. Concretamente me referiré a
las enmiendas de mayor calado político.

Por ejemplo, como creemos que los Presupuestos no recogen los compromisos
para la aplicación de la reforma educativa, planteamos un plan plurianual
de financiación con un compromiso de dotación de 100.000 millones de
pesetas para el año 2000, donde estarían comprometidas lógicamente las
Comunidades que tienen competencias y las que en este momento las están
negociando.

Entendemos que necesitamos una dotación mayor para la red de escuelas
infantiles públicas o concertadas, para lo que presentamos una enmienda
de 24.000 millones de pesetas. De igual modo planteamos una enmienda con
un importe de 21.000 millones para todo lo que supone la mejora de la
calidad educativa en esas tres Comunidades que van a recibir las
competencias, tanto en inversión, como en construcciones para primaria y
secundaria, junto con programas de inversiones en gasto de
funcionamiento, comedores, transportes, etcétera, que son la suma de las
distintas enmiendas que vamos planteando a cada una de los programas.

La escuela pública entendemos que hay que priorizarla con cifras. En
estos últimos años está creciendo la escuela privada-concertada a un
ritmo y a un porcentaje superior a la pública. Nosotros no estamos en
contra de la concertada, sino a favor de priorizar la escuela pública, y
eso hay que dotarlo en cifras. Estamos financiando por una doble vía la
escuela concertada, que está aumentando la distancia respecto a la
pública, a través de conciertos en niveles no obligatorios como en
enseñanza infantil, por ejemplo, o la continuación en los conciertos de
la FP. Planteamos que haya un aumento en programas destinados
concretamente a potenciar la escuela pública.

Entendemos que debe haber un incremento de programas de becas y ayudas a
estudiantes, y planteamos 15.000 millones de pesetas, exactamente igual
que hacemos una apuesta importante por la gratuidad de los libros de
texto tanto en primaria como en secundaria, dotando la enmienda de 25.000
millones de pesetas para material porque entendemos que es imprescindible
para esta enseñanza obligatoria. Hacemos un planteamiento igual en
investigación científica y técnica.

En cultura entendemos que el presupuesto debe ser más ambicioso y más
inversor, y para esto planteamos enmiendas dirigidas a solventar las
necesidades presupuestarias y las inversiones imprescindibles,
concretamente unos 3.500 millones de pesetas en patrimonio, conservación
y restauración de bienes culturales y hay una lista detallada de bienes
concretos, de promoción y cooperación cultural en torno a 400 millones de
pesetas, y después las grandes áreas de música, danza, teatro,
cinematografía, etcétera, en torno a 1.800 millones de pesetas, al igual
que 2.500 de archivos, bibliotecas y museos.

En cultura tendríamos también la respuesta presupuestaria a los
compromisos adquiridos en temas culturales, como, por ejemplo, la
capitalidad europea de la cultura, «Salamanca 2002», que iría con 1.000
millones de pesetas, y las declaraciones de patrimonio de la humanidad
por parte de la UNESCO de algunos edificios y zonas concretas.

Finalmente, en deportes hay algunas partidas que responden a compromisos
concretos. Por ejemplo, tenemos una olimpiada en Sidney en el año 2000
con una dotación de 500 millones de pesetas, o la transferencia a algunas
Corporaciones, como a Almería para celebrar los Juegos del Mediterráneo.

Asimismo, hemos de mencionar el deporte escolar y universitario,
etcétera.

Termino, señor Presidente, refiriéndome a la universidad. Entendemos que
se tiene que hacer un esfuerzo importante para garantizar el equilibrio
presupuestario. Planteamos un plan plurianual y el compromiso para el año
2000 de destinar 7.000 millones de pesetas. Sería un plan a tres años.

Igualmente, se proponen 5.000 millones de aumento para compensar el
acuerdo respecto de la reducción o exención de los precios públicos por
alumnos de familia numerosa. Se propone también aumentar en 500 millones
de pesetas la dotación de la universidad a distancia para el desarrollo
de las últimas tecnologías.

Por tanto, todas las enmiendas van dirigidas a paliar los argumentos que
hemos esgrimido al plantear el veto o la enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.

Intervendré muy brevemente para manifestar nuestro rechazo al veto y
nuestro apoyo a la sección 18 de los presupuestos. No manifiesto nuestro
rechazo al vetos simplemente por una cuestión puramente protocolaria,
sino porque realmente el Grupo Parlamentario Popular se siente
enormemente orgulloso de estos presupuestos de educación y cultura, que
son los presupuestos más elevados en dotaciones, prácticamente en el 99
por ciento de las partidas, de los 10 últimos años.

El veto representa un simple afán de voluntarismo político: me opongo
porque me tengo que oponer o, de una forma más popular, «yo siempre un
huevo más». Transferencias que quedan pendientes insuficientemente
dotadas. Quedan tres transferencias pendientes con dos Comunidades
Autónomas, Extremadura y Castilla-La Mancha, regidas por el Partido
Socialista Obrero Español; el acuerdo es prácticamente total y la
transferencia se va a producir, a efectos de gestión educativa, con fecha
1.º de enero próximo. Queda algún fleco más en el tema de la
transferencia a Asturias, pero el acuerdo está muy cerca también. Usted



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dice que ésta es una de las razones del veto. No se puede entender.

Que ha de haber equilibrio financiero en la universidad y que hay que
hacer un mayor esfuerzo en la universidad, dicho de manera tan general no
se puede ni rebatir porque las competencias universitarias lo son de las
Comunidades Autónomas. Yo no sé si ustedes se están refiriendo al
programa de evaluación de las universidades. No sé si se están refiriendo
al tema de los profesores asociados, que tiene también sus vías de
solución, pero habría que concretar más estas cuestiones. El equilibrio
financiero de la universidad no es una cuestión ni exclusiva ni
prácticamente compartida por el Gobierno de la nación, sino que lo es de
las distintas Comunidades Autónomas.

Podría ir desglosando así cada una de las razones que usted ha dado,
señor portavoz, para justificar lo injustificable, que es el veto a estos
presupuestos.

Se ha hablado de la financiación de la LOGSE. Este año termina la
implantación de la enseñanza obligatoria, del cuarto curso de la ESO.

Está perfectamente financiado. Podíamos seguir hablando del aprendizaje
precoz de un idioma extranjero en la enseñanza infantil. Podíamos
continuar por la enorme dotación que se da a la enseñanza especial.

Podíamos continuar con el enorme aumento de la enseñanza compensatoria,
con el enorme y magnífico programa de Aldea Digital. No solamente no hay
por donde meter el diente a estos presupuestos en educación y cultura,
sino que realmente van a ser difíciles de igualar en el futuro.

Podrá usted estar en desacuerdo con la filosofía. Habla usted del
incremento en becas y ayudas, pero por primera vez se ha pasado de la
cifra de los 100.000 millones de pesetas, con una disminución de alumnos
en la enseñanza obligatoria de más de medio millón. No se sostienen
ninguno de los argumentos.

En cultura, por ejemplo, se pide más inversión para la protección y
conservación del patrimonio histórico. ¡Pero si esa partida concretamente
aumenta más de un setenta por ciento! A mí a veces me da la impresión de
que no se han leído el proyecto porque apuntan, precisamente, a una serie
de datos que verdaderamente son casi el buque insignia del presupuesto.

En deportes, en lo referente a las olimpiadas, se incrementa en un 10 por
ciento la dotación a todas las federaciones que tienen que ver con este
tema.

La UNED sube como no ha subido en los últimos años, casi un 10,5 por
ciento. Sigo sin entender lo del esfuerzo en la universidad, salvo que se
refiera a los profesores asociados, cuestión que está negociando el
Gobierno con las Comunidades Autónomas y con el Consejo de Universidades.

Desde luego, va a ser difícil que la solución de los profesores asociados
pueda venir vía estos presupuestos. Vendrá vía crédito extraordinario.

Tendría que verse la forma de financiarlo porque no puede entrar en el
capítulo 1 porque el personal de las universidades está transferido y
técnicamente no es posible. No encontramos ninguna razón por la que se
pueda poner un veto más que la del voluntarismo político.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Con la conclusión del debate de la sección 18 vamos a terminar esta
primera parte de la sesión. Continuaremos
a las cuatro de la tarde con el debate de las secciones 19
y 60.

Se suspende la sesión.




Eran las catorce horas.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a debatir la Sección 19, Trabajo y Asuntos Sociales, y la Sección
60, Seguridad Social e Imserso.

Se ha presentado la enmienda número 182, de los señores Estaún, Blasco y
Martínez. Para su defensa tiene la palabra el señor Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: La doy por defendida, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, enmienda número 868, de los señores Román Clemente y
Cámara Fernández, que sostiene un veto, más las enmiendas números 869 a
908.




El señor ROMAN CLEMENTE: Las damos todas por defendidas más la propuesta
de veto, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Hay otra enmienda, la número 575, que sostiene un veto del Grupo
Parlamentario Socialista, más las números 576 a 593, más la número 713
que sostiene otro veto del Grupo Parlamentario Socialista, y las números
714 a 716 y 718, para cuya defensa tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.

El veto que formula el Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales responde a las críticas, ya
expresadas esta mañana al texto articulado, a las propuestas e
iniciativas presentadas, al igual que el veto a la Ley de Presupuestos,
expresado por nuestro portavoz.

Aquí estamos enmendando todos los instrumentos para desarrollar una
política de empleo coherente que responda a las necesidades del actual
mercado de trabajo. En los presupuestos del Inem no se da esa
circunstancia; concurren además factores no adecuados, como los de
financiar las políticas activas de empleo con base en los ingresos
obtenidos por las propias cotizaciones; en cambio, esta mañana nosotros
formulábamos la necesidad, la conveniencia de incentivas a través de una
mayor disminución del tipo de cotización por desempleo, la contratación
por tiempo indefinido y penalizar la contratación a tiempo parcial.




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Los mismos datos facilitados esta misma semana sobre el mercado de
trabajo, sobre el paro registrado, ponen de relieve que sólo el 10 por
ciento de los contratos de trabajo efectuados son de carácter indefinido,
y todos los demás están sometidos a la eventualidad, a la temporalidad.

Por eso entendemos que es necesario desarrollar no sólo una política
activa de empleo, sino también ampliar las políticas pasivas dando
respuesta adecuada, manifestando la solidaridad social con aquellos
colectivos que especialmente encuentran mayores dificultades para
incorporarse al mercado de trabajo. A pesar del crecimiento del empleo,
sigue existiendo una situación muy difícil para los denominados parados
de larga duración, que necesitan que se arbitren medidas, aunque no
creemos que vaya a tener unos resultados especiales esa nueva fórmula de
renta social, de inserción social, que se recoge en el proyecto de ley de
Presupuestos con 50.000 millones de pesetas, por cuanto que la situación
del parado de larga duración mayor de 45 años es ya de desánimo, de
desinterés, y por tanto hay que acudir a fórmulas de subsidio, sobre todo
de acuerdo con las cargas familiares a que tenga que hacer frente. Este
es el sentido de nuestra enmienda número 589, donde proponemos un
incremento de 100.000 millones de pesetas, con cargo a la subvención a
transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, y no que se
financie con recursos de la propia Seguridad Social.

En relación con la enmienda a los presupuestos del Instituto Nacional de
Empleo, junto a ese carácter de rechazo general, proponemos medidas
específicas de detalle, que van desde dotar una oficina comarcal en una
provincia como la de Jaén, enmienda número 591, hasta el incremento de 70
millones de pesetas para algo que parece difícil que todavía esté
pendiente de solución, como es la reparación del edificio de la antigua
AISS, para que se les pueda devolver el patrimonio sindical acumulado a
los interlocutores sociales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Que en
estas fechas todavía se tengan que proponer cuestiones de la naturaleza
como la que se refleja en la enmienda número 592, del Grupo Parlamentario
Socialista, pone de relieve el desinterés que hay al descender al plano
de lo que está más próximo a los interlocutores sociales y no a la gran
negociación en el nivel macro, que es algo que crea incomodidad y
desánimo entre dichos interlocutores sociales.

Junto a estas enmiendas al Inem y al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, hay otras relacionadas con la parte relativa a asuntos
sociales. En ese sentido, creemos que en una situación de economía
boyante, como la que se atraviesa, es necesario ser más generosos con los
distintos programas que se han venido poniendo en práctica en la última
década en el campo de los asuntos sociales.

Agrupándose por temas, nos parece que la política en torno a los
migrantes o a las migraciones debería ser objeto de mayor atención por
parte del Gobierno. Por eso, cuando se plantea un programa de retorno de
emigrantes, que es un fenómeno constante que se viene produciendo en los
últimos años, de tal manera que hoy se considera que hay 1.100.000
emigrantes trabajadores españoles fuera de nuestro país, no se le pueden
destinar 17 millones de pesetas, como se consigna en el presupuesto, sino
que el Ministerio debe ser más generoso en esta cuestión.

Junto a esa política de retorno, están también las ayudas a los
emigrantes, las ayudas individuales, a los emigrantes y a sus familias,
así como a los centros y asociaciones existentes en el exterior. Para
ello hay consignada una cantidad de 500 millones de pesetas, que nosotros
proponemos elevarla. ¿Por qué? Pues porque hay un programa que se
consigna en las declaraciones que, en su comparecencia, hizo la
Secretaria de Asuntos Sociales, que me ha facilitado por escrito
información al respecto, y sigo afirmando que los datos que maneja el
Ministerio no son los reales. Me estoy refiriendo a los programas de
prestación sanitaria a los colectivos de emigrantes, especialmente en
América latina. En el proyecto de presupuestos se consigna --y así lo
confirmó la compareciente-- que ya hay tres centros con convenios
firmados, y aludió a un cuarto que se encontraba en fase de negociación,
que es el de México. Pero de esos tres centros, el de Venezuela, por más
que se diga que existe, no es así; no está en funcionamiento. Nos
encontramos ya en el mes de diciembre, y no hay nada cerrado a pesar de
que se señala que ya está en marcha desde el pasado año. Se consigna una
cantidad de 100 millones de pesetas para la prestación sanitaria en
países donde esta asistencia está circunscrita a determinados colectivos,
beneficiados por un sistema de seguros sociales más que de Seguridad
Social o de asistencia sanitaria pública. Es una necesidad sentida en
todos los países de América latina por nuestros compatriotas. De ahí que
consideremos muy importante que se eleve la consignación presupuestaria
para estos programas destinados a los emigrantes.

Pero tenemos que decir exactamente lo mismo de los inmigrantes. El
fenómeno nuevo por el que está atravesando ahora nuestro país, y que está
ahora de máxima actualidad por las cuestiones que se van a tratar en otra
Comisión mañana mismo, pone de relieve que hay una necesidad general,
compartida por gobiernos autónomos más sensibles incluso que el Gobierno
de la nación, de elaborar un plan de integración social para los
inmigrantes. El número de inmigrantes irregulares o sin papeles que este
año han solicitado acogerse al contingente o cupo es de 95.000, y sólo se
han satisfecho 30.000. Ahí hay una bolsa que se ha ido incrementando a
partir de la fecha de presentación de esas solicitudes, a lo que es
necesario dar una respuesta, y la respuesta que encontramos es un
incremento de 150 millones de pesetas en los presupuestos. Con esa cifra,
las necesidades de centros de acogida, en colaboración con las
Comunidades Autónomas de mayor recepción de inmigrantes, junto con las
organizaciones no gubernamentales que vienen prestando una importantísima
tarea a favor de la integración o de la acogida de los inmigrantes, se
ven muy limitadas ante la insolidaridad o la falta de sensibilidad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en este programa. De ahí que
nosotros propugnemos que el incremento en los Presupuestos para el año
2000 no sea sólo de 150 millones de pesetas respecto a los de 1999, sino
que la cantidad se eleve en 1.500 millones de pesetas.

En relación con otros asuntos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales están las medidas o los programas relacionados



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con la tercera edad, tanto el Programa de teleasistencia y de asistencia
domiciliaria, que son, como la mayor parte de estos programas de Asuntos
Sociales, compartidos con las Comunidades Autónomas y gestionados, en
algunos casos, por las corporaciones locales, que requieren un incremento
de las consignaciones, porque vivimos en un país que está envejeciendo,
cuya pirámide de población nos indica que vamos a encontrar, año tras
año, un número mayor de personas que van a necesitar de la solidaridad de
los que estamos en activo. La dotación para ese programa, más otro que
está destinado a la consolidación de centros de servicios sociales, más
otro de extensión de residencias para mayores, junto con las
consignaciones para personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, es
ridícula, y proponemos elevaciones en cifras que no me detengo a
consignar, pero que figuran claramente en nuestras enmiendas.

Junto a estos programas, hay también necesidad de reforzar, de
incrementar las partidas consignadas para el Plan de integración social
del pueblo gitano, porque en estos presupuestos para el año 2000 se
consigna la misma cifra que para el año 1999, y todavía hay carencias que
no encuentran solución ni respuesta en este colectivo de compatriotas.

También debemos defender distintas enmiendas dirigidas a incrementar las
partidas de los programas destinados a la mujer y a la juventud. En lo
que respecta a la mujer, a través de inversiones en centros dedicados a
sus problemas, y que pueden ser de orientación, de acogida de mujeres
maltratadas y también de apoyo a las organizaciones no gubernamentales
que están trabajando con estos colectivos de mujeres con dificultad o con
problemas y, al mismo tiempo, también facilitar el incremento del
porcentaje de la población activa de la mujer, en el que seguimos estando
a la cola de los países europeos, a través de programas de ayudas a la
creación del autoempleo de la mujer o de lo que se denominan
microempresas gestionadas o promovidas por mujeres.

En cuanto a la juventud, es necesario dedicar en serio un programa a la
política de viviendas, un plan compartido con los ayuntamientos que estén
dispuestos a cofinanciar con la Administración General del Estado dicho
plan y que la cifra de 150 millones de pesetas que se consigna en los
Presupuestos es casi simbólica en relación con todos los ayuntamientos
que estarían dispuestos a poner en marcha programas en los que se
compartiese la financiación, para facilitar viviendas de características
adecuadas a lo que necesita la joven pareja y que no tiene por qué seguir
los criterios de los planes nacionales de vivienda.

En relación con la política de juventud, es necesaria una política activa
de empleo destinado a este colectivo, que se encuentra con dificultades
dada la situación actual del mercado de trabajo.

En cuanto a la Sección 60, relacionada con la Seguridad Social, a la que
se refieren las enmiendas 713 a 718, existen igualmente vetos al
Presupuesto de la Seguridad Social, que afectan tanto a los del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el INSS, como a la Tesorería General,
como al Imserso y al Insalud.

En el terreno del INSS, nos parece que es necesario avanzar en el
cumplimiento del Pacto de Toledo y reflejar el buen momento económico con
una muestra de solidaridad a través de una financiación de los
complementos a mínimos en un incremento de 200.000 millones de pesetas.

Esta es la situación que aconseja adoptar esta medida, y se puede hacer
siempre que existan las prioridades racionales en el Gobierno que ha
elaborado el presupuesto, y que no se actúe por otros motivos o por otro
tipo de clientelismo.

Con esto, doy por concluida la defensa de las enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.




El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.

Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida y del Partido Aragonés
Regionalista, ambos a través del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a
darlas por rechazadas en los mismos términos en que las han defendido. No
obstante, quisiera que el portavoz de Izquierda Unida aclarara una
cuestión. Nosotros consideramos que puede haber un error en sus enmiendas
números 880 y 884, ya que nos parece que son exactamente iguales y que
tienen un error en la dotación: en una solicitan 200.000 millones y en
otra son 200. Nosotros estimamos que la dotación que solicitan debe ser
de 200 millones.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
como ya viene siendo costumbre desde hace unos años, este Grupo presenta
enmiendas de veto o de devolución o impugnación --como queramos
llamarlo-- a la Sección 19, al Instituto Nacional de Empleo, y a la
Sección 60, los organismos de la Seguridad Social. Nosotros no vamos a
aceptar estas enmiendas, y no lo vamos a hacer, señorías, porque se está
hablando de una Sección que presupuesta para el año 2000 más de 3
billones de pesetas, con un incremento sobre el año 1999 de 299.000
millones, que representan un aumento de casi el 11 por ciento del
presupuesto. Es un presupuesto el de esta Sección 19 que sube 5,1 puntos
más que el producto interior bruto y que experimenta un crecimiento muy
superior al IPC del año.

Con estos parámetros --que están contenidos todos ellos en la Sección
19-- es muy difícil que se pueda mantener la postura que mantiene el
Grupo Parlamentario Socialista de decir que bajan los gastos sociales.

Nosotros entendemos que más bien es al contrario, los gastos sociales
suben; así, en políticas activas de empleo --que ha criticado el Senador
Saavedra-- se crece un 9,5 por ciento, y si le añadimos --a lo cual no ha
hecho ninguna referencia-- los 50.000 millones que se presupuestan para
rentas activas de inserción, esta subida supone nada menos que un 16 por
ciento.

Por otra parte, ésta es una Sección que pone énfasis en las ayudas a
sectores que aún no han logrado su equiparación con el desempleo europeo
--a lo que también ha hecho referencia el Senador Saavedra--, es decir, a
los jóvenes,



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a los parados mayores de 45 años y a los discapacitados.

Asimismo, en esta Sección se incrementan sustancialmente las partidas
destinadas a escuelas-taller, talleres de empleo y a la economía social,
que supone nada menos que un 26 por ciento de subida del presupuesto.

Igual podemos decir de los gastos sociales, que suben un 13,4 por ciento,
y hay partidas que antes de esta legislatura --el señor Saavedra sabe
perfectamente a cuáles me refiero-- tenían consignadas cero pesetas y en
este momento tienen una asignación presupuestaria cada vez más
importante. En los presupuestos del año 2000 figura el Plan de acción de
discapacitados, el de integración social de inmigrantes --frente a lo que
se ha dicho--, la atención a personas con Alzheimer, el Plan de
voluntariado, la ayuda a familias desfavorecidas, la ayuda a familias en
situación de riesgo social, el Plan integral de ayuda a la familia, el
Plan de malos tratos, el de ayudas a mayores de 16 años, etcétera. Todos
estos planes que antes no tenían dotación en este año no sólo la tienen,
sino que incrementan la que tenían en el año 1999.

Por idénticas razones vamos a rechazar la impugnación que se formula en
la enmienda número 576 al Instituto Nacional de Empleo. Nosotros creemos
que estos presupuestos que van a rechazar son, al igual que los de años
anteriores, los que están permitiendo que en este año 1999 se hayan
creado 450.000 empleos. Son unos presupuestos continuidad de los de 1997
y 1998 que han posibilitado que la economía española creara 1.600.000
puestos de trabajo, y además --como sus señorías saben y como hemos
demostrado-- el empleo ha crecido, y no sólo en cantidad, sino también en
calidad, pese a lo que aún queda por recorrer.

Pues a pesar de ello ustedes insisten y se empeñan en rechazarlos total y
absolutamente, y nosotros pensamos que se equivocan. Ustedes sabrán
cuáles son las razones que tienen para este rechazo y por las que vetan
unos presupuestos que, como digo, al igual que los de 1997, 1998 y 1999,
van a servir para consolidar y potenciar las políticas sociales. Son unos
presupuestos que contemplan una política austera en los gastos
corrientes; son unos presupuestos los de estas dos Secciones, la 19 y la
60, que tienen como principal objetivo la creación de empleo a través de
políticas activas, y son unos presupuestos capaces de repartir el
crecimiento económico incrementando directamente los gastos sociales y
los de solidaridad. Son unos presupuestos que, contrariamente a lo que
aquí se ha dicho, respetan escrupulosamente no sólo el espíritu, sino
también la letra de lo acordado en el Pacto de Toledo.

En cuanto a las enmiendas parciales, como se ha extendido el Senador
Saavedra, merecen una contestación o por lo menos la fijación de nuestra
postura.

Efectivamente, la enmienda número 577 es de modificación y con ella
pretenden incrementar en 1.000 millones la partida de ayudas a emigrantes
y retornados. Nosotros no consideramos necesario tal incremento ya que
estas acciones que se refieren a retornados pueden realizarse a través de
los programas operativos del Fondo Social Europeo, y para el resto de
actuaciones que se proponen a nosotros nos parece suficiente el
incremento que reflejan los presupuestos. Naturalmente, siempre se puede
pedir más, pero creemos que es suficiente con lo que se presupuesta para
este año, contando con que antes no se presupuestaba nada.

La número 578 es, asimismo, una enmienda de modificación que pretende un
incremento de 500 millones para inmigrantes, sus familias y entidades.

Consideramos que esta propuesta tiene un interés social, indudablemente,
pero lo cierto es que el proyecto de ley que debatimos ya recoge un
incremento del 12,5 por ciento para este concepto, con la intención
política, por otra parte, de continuar en sucesivos ejercicios en esta
línea de esfuerzo presupuestario.

Igualmente, vamos a rechazar la enmienda número 579, de la que nos
hablaba el Senador Saavedra y que propone una partida de 25.000 millones
para un programa concertado de teleasistencia y asistencia domiciliaria
con las Comunidades Autónomas y gestionado por las corporaciones locales.

Ante esto nosotros tenemos que decir que el programa que se propone ya
está contenido en las actuaciones que se desarrollan --no sé si el
Senador Saavedra lo sabe-- en la prestación básica de servicios sociales
dentro del programa denominado Plan concertado, con una dotación
presupuestaria de 14.000 millones y con un incremento que supone el 10,23
por ciento con respecto a 1999.

Asimismo, la enmienda número 582 trata de incrementar en 1.500 millones
el Plan de integración social para inmigrantes. También en esta enmienda
compartimos la preocupación por mejorar las dotaciones para este fin, y
por ello el Gobierno, en este proyecto de presupuestos para el año 2000,
contempla un incremento de la partida en relación con el año 1999 de casi
un 43 por ciento.

Así podríamos ir desgranando el resto de enmiendas, pero como todo el
mundo ha tenido la virtud de ser breve en este día, simplemente diré que
vamos a rechazar todas las enmiendas, ya que entendemos que todos los
créditos previstos en el proyecto de ley para estos programas
experimentan incrementos con respecto a los ejercicios anteriores y, por
lo tanto, los consideramos adecuados.

No quiero terminar sin decir que vamos a rechazar la enmienda a la
totalidad de la Sección 60, la que presentan a la Tesorería General de la
Seguridad Social y la que presentan al Imserso, que son las enmiendas
números 713, 714, 715 y 716. Entre otras razones, estas enmiendas nos
parecen inaceptables e inadmisibles por la justificación que se hace de
las mismas, que no es justificación alguna. Se dice que se presente otro
proyecto donde se respeten los compromisos asumidos ante la Cámara y ante
los españoles; ésta es toda la justificación que hace el Grupo
Parlamentario Socialista de sus enmiendas a la Sección 60. Nosotros
tenemos que argumentar que lo que dice la enmienda es falso y nos
recuerda aquello que nos decía --ahora hará pronto cuatro años--, por
ejemplo, don Felipe González: Si el PP gana suprimirá las pensiones y
éstas serán sustituidas por el auxilio social y la sopa boba. Yo creo que
es una cosa muy parecida pero, en fin, nada de esto ha ocurrido. El
presupuesto de esta Sección 60 y las otras impugnadas se formula en
consonancia con el programa de estabilidad,



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con el compromiso de carácter social recogido en la Ley de consolidación
y racionalización del sistema de la Seguridad Social y, por lo tanto, con
el Plan de prestaciones y servicios del mismo.

Este presupuesto recoge importantes avances en el proceso de separación
de fuentes contenido en el Pacto de Toledo y permite afrontar una mejora
del gasto social, como decía antes, y, en particular, una importante
revalorización --tampoco ha hecho mención a ello el Senador Saavedra-- de
las pensiones mínimas no contributivas y del seguro obligatorio de vejez
e invalidez, de acuerdo con el compromiso adquirido con los agentes
sociales.

Este presupuesto, además de mejorar esas pensiones, va a permitir
mantener el poder adquisitivo de las restantes, al tiempo que está
favoreciendo, como en años anteriores, el saneamiento de la Seguridad
Social que, merced a una inmejorable e intachable gestión, no sólo ha
eliminado el déficit que heredamos, sino que contempla para el presente
año un importante superávit.

De ahí, señor Presidente, el apoyo que mostramos a nuestro proyecto de
presupuestos y nuestro rechazo a sus impugnaciones.

Por último, me referiré a la enmienda número 718, que pretende un alta de
200.000 millones para financiar los complementos de mínimos. No podemos
estar de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, ya que los complementos de
mínimos de las pensiones de la Seguridad Social se financiarán, según lo
dispuesto en la Ley de racionalización y consolidación del sistema, en
los términos que se determinan en la Ley de presupuestos para este
ejercicio --que es lo que dice concretamente la Ley-- hasta que se
establezca definitivamente su naturaleza. Como esto es lo que se plantea
en el proyecto, nosotros tenemos que rechazar esa enmienda.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al debate de la Sección 20. Industria y Energía.

A esta Sección se ha presentado la enmienda número 151, de los señores
Senadores Estaún García, Blasco Nogués y Martínez Sánchez.

Para su defensa tiene la palabra el señor Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Señor Presidente, la enmienda queda defendida tal
y como aparece publicada.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, corresponde la defensa de la enmienda número 909, que
sostiene un veto, y de las enmiendas números 910 a 920 y 1345,
presentadas por los señores Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, las damos por defendidas en
sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, debatimos la enmienda número 594, del Grupo Parlamentario
Socialista, que sostiene un veto, más las enmiendas números 595 a 620.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, se dan por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Unceta.




El señor UNCETA ANTON: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, dadas las circunstancias que concurren en
este momento debido a las condiciones meteorológicas, como me comunicaba
el Senador que ha hecho uso de la palabra anteriormente, el problema es
que el Senador Franco se ha quedado anclado en el aeropuerto de Alicante,
aunque este Senador que les habla también ha tenido que superar hoy por
carretera condiciones, desde luego, no normales, pero como soy el
comandante de mi nave he llegado a puerto y he logrado aterrizar sano,
salvo y en hora en el parking de esta Casa.

Por estas circunstancias, señor Presidente, considero oportuno, por
respeto a la situación creada, remitir el debate a la sesión plenaria de
presupuestos para facilitar al Grupo Socialista la presentación de los
votos particulares que consideren oportunos sobre las enmiendas
presentadas en esta Comisión de Presupuestos.

Señor Presidente, debo indicar que tanto respecto a la enmienda número
594, que supone un veto a la Sección 20, como a las enmiendas
comprendidas entre las números 595 a 620, ambas inclusive, la posición de
nuestro Grupo es de rechazo.

Por las mismas razones --no por las climatológicas--, sobre las enmiendas
presentadas por Izquierda Unida correspondientes a los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández, y defendidas en este momento en sus justos
términos, remitimos su defensa al debate en el Pleno en aras de la
brevedad y por no oírme a mí sólo, sin que haya ningún debate posterior.

Rechazamos también las enmiendas número 909, que supone un veto a la
Sección 20, las comprendidas entre las 910 y la 920, ambas inclusive, y
la enmienda número 1345.

En cuanto a la enmienda número 151, presentada por el Partido Aragonés, a
la Sección 20, en primer lugar, creemos que la modificación propuesta no
puede instrumentarse como ha sido en su forma actual, ya que las
transferencias a otros organismos --creemos que es así-- se realizan a
través del Programa 800.X, transferencia entre subsectores, y además
indicando los programas que, en esta enmienda, no aparecen. De todas
formas, en términos generales, sí le puedo decir que las relaciones
presupuestarias para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras
del carbón han alcanzado en 1998 y en 1999 los valores previstos en el
Plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, es decir, los 60.000 millones en cada uno de los años
mediante la ampliación, además, de un crédito inicial en la aplicación
20.101.741. Programa 751.A, del Presupuesto de Gastos



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del Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

De cara al año 2000, y para su tranquilidad, también está previsto el
carácter ampliable del crédito de la citada aplicación y, en
consecuencia, se prevé alcanzar los 60.000 millones de pesetas partiendo
del crédito inicial de 51.500, con lo cual creemos que con lo expuesto
por este Senador hasta este momento la enmienda número 151 debemos
rechazarla también.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al debate de la Sección 21. Agricultura, Pesca y Alimentación, a
la que se ha presentado la enmienda número 28, del señor Armas, que
sostiene un veto y se da por defendida.

También se ha presentado un veto, que es la enmienda número 921, y las
enmiendas números 922 a 933, de los señores Román Clemente y Cámara
Fernández, que también se dan por defendidas.

Para la defensa de la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por defendida la enmienda número 36 en sus propios términos.

Al hilo de lo que decía el Senador Unceta, desgraciadamente, y también
por razones climatológicas, no he podido asistir a la defensa de las
otras dos enmiendas que teníamos planteadas al respecto, y al tener un
sólo representante en el Grupo, evidentemente, han decaído.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, debatimos la enmienda número 621, que sostiene un veto
del Grupo Parlamentario Socialista, más las enmiendas números 622 a 645.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con toda brevedad para justificar o dar algunas razones
acerca del veto y una somera explicación de las enmiendas.

Nosotros presentamos este veto porque el Gobierno ni siquiera ha cumplido
esta amenaza, que nos hubiera gustado ver realizada, de que este año el
presupuesto de agricultura iba a sufrir una importante transformación, al
menos en su estructura. Esto no se ha producido, y lo que tiene es un
continuismo absoluto con respecto al presupuesto del año 1999 y
presupuestos anteriores, lo cual a nosotros nos parece claramente
improcedente de cara al año 2000, que es el primero en que se aplica la
reforma de la Política Agrícola Común, la PAC, aprobada en Berlín.

Las cantidades nos parecen obviamente insuficientes para el ejercicio en
que se pone en marcha esa nueva política en el período 2000-2006. No se
atiende a los sectores que vienen arrastrando una importante crisis en
nuestro país, como el sector del porcino, el sector avícola, el sector
lácteo, y tampoco se afrontan nuevos problemas que han ido surgiendo en
la política agrícola y alimentaria, como es el tema de las dioxinas, la
peste porcina, etcétera.

Estas son, en síntesis, las razones por las que presentamos el veto.

Las enmiendas parciales tratan de suplir las carencias del Gobierno. En
un sólo ejercicio presupuestario es difícil tratar de reparar la pérdida
del peso que ha ido soportando la agricultura y la pesca española con
respecto a los demás sectores a lo largo de estos cuatro años de
Gobierno, y presentamos enmiendas que tratan de paliar esta situación,
que afectan fundamentalmente a los regadíos. Nos extraña mucho que en un
año de sequía las inversiones en regadío decaigan y pasen de 8.300
millones el año pasado a 6.400 este año, estando incluidos en esa partida
los regadíos de interés social. Nos sorprende muchísimo el mantenimiento
de esa cantidad de 25.000 millones de pesetas en el capítulo 8, cantidad
de la que no se ha gastado ni un duro en el ejercicio de 1999, a pesar de
lo cual se sigue presupuestando exactamente lo mismo para el próximo
ejercicio. Las propias autoridades del Ministerio han reconocido aquí que
no han sido capaces de gastar ni una sola peseta. Por tanto, nos parece
una política errada en materia de regadíos, sobre todo si se tiene en
cuenta el incumplimiento por parte del Gobierno del compromiso electoral
de tramitar parlamentariamente el Plan nacional de regadíos que, a estas
alturas, está claro que no van a cumplir.

También presentamos una serie de enmiendas a los seguros agrarios. Se han
hecho una serie de anuncios referentes al seguro integral o al seguro de
rentas que en absoluto se pueden atender con este presupuesto. En
relación con los sectores en dificultades, que también justifican nuestra
propuesta de veto, presentamos asimismo enmiendas particulares referentes
a todos aquellos que he mencionado.

En cuanto a desarrollo rural, tenemos presentadas enmiendas con vistas a
mejorar las ICMs, el cese anticipado y los instrumentos europeos
denominados Leader y Proder, y asimismo referidas a la articulación del
sector agrario y a las ayudas al fomento del asociacionismo y
cooperativismo. En lo que se refiere a modernización y competitividad en
materia agraria, algunas de nuestras enmiendas van orientadas hacia la
erradicación de enfermedades animales --problema de la peste porcina, de
periódica actualidad--, al apoyo financiero a las pequeñas y medianas
explotaciones por daños de la sequía, que en este presupuesto no se
atienden, y al fomento de la industria agroalimentaria.

Termino refiriéndome a la pesca. Presentamos una serie de propuestas para
ayudas a causa de la paralización de la flota debida a la suspensión de
acuerdos pesqueros, para acciones piloto de pesca experimental, y para
becas de formación e investigación pesquera. Y hay una cuestión que
también es de actualidad, el de la modulación. Ahora el Gobierno nos
anuncia que lo afrontará después de las elecciones generales, pero esto
supone el incluir una serie de



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partidas para el ejercicio del año 2000 que en absoluto aparecen en estos
presupuestos.

Por todo ello, con nuestra propuesta de veto y con nuestras enmiendas
tratamos de que le llegue al sector agrario una parte de la mejora habida
en la economía española ya que consideramos que estos presupuestos no
responden a esa necesidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En turno en contra tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, a la Sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se han presentado dos propuestas de veto correspondientes a
las enmiendas números 621 y 921, y suscritas respectivamente por el Grupo
Parlamentario Socialista y por los señores Román Clemente y Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo se han presentado 26
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Socialista y 12 por parte del
Grupo Parlamentario Mixto además de las siete que presenta el Grupo
Parlamentario Popular.

Me detendré con la mayor brevedad posible, como han hecho los Senadores
que me han precedido en el uso de la palabra, en la explicación de
nuestro rechazo a las argumentaciones expuestas por sus señorías al
defender sus enmiendas.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que el presupuesto
del Ministerio de Agricultura no aumenta suficientemente. Señoría, si
nosotros aumentásemos este presupuesto en la cantidad que ustedes
solicitan, es decir, en un 6,6 por ciento, lo que realmente estaríamos
haciendo sería disminuir la cantidad total que se prevé para ese
Ministerio ya que su presupuesto para el próximo ejercicio aumenta un 7,1
por ciento en su conjunto. Además, si tenemos en cuenta lo que se
contiene en los Capítulos IV, VI y VII del proyecto de ley, el aumento
real es del 7,3 por ciento. Con lo cual, creo que la argumentación de su
propuesta de veto se rechaza por sí misma.

Hablan ustedes también de insuficiencia en relación con cantidades
destinadas a los fondos de retirada de las producciones agrarias y de
ausencia de partidas para la reordenación de sectores en crisis tales
como el lácteo, el porcino o el avícola, así como de la significativa
ausencia de una partida para la modulación de las ayudas, lo cual, en su
opinión, aconseja la devolución de este presupuesto. Nosotros tenemos que
responderles que no puede hablarse de insuficiencias ni de ausencias de
partidas en los presupuestos de la Sección 21 puesto que lo que hay que
considerar es el conjunto de ayudas que se destinan a la ordenación y
regulación de los sectores agrario y ganadero dentro del marco de la
política agraria comunitaria a través del FEOGA-garantía y del
FEOGA-orientación, y también las medidas complementarias a este mismo
respecto por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.

En el presupuesto del MAPA figuran dos programas, el 714.A, de ordenación
de las producciones agrarias, y el 714.B, de regulación de los mercados
agrarios, que incluyen, entre otras partidas, algunas específicas, por
ejemplo, créditos para la ordenación del sector lácteo por una cantidad
de 4.780 millones de pesetas, así como otras genéricas de ayuda a la
producción y para operaciones de intervención, que permitirán acciones
concretas de apoyo durante el año 2000.

Por otra parte, Senador Rodríguez, no entra su señoría a considerar las
importantes políticas que llevará a cabo ese Departamento para el próximo
ejercicio económico, como son, entre otras, una destacada atención a la
investigación y al desarrollo, al Plan nacional de regadíos, al
desarrollo rural, a la competitividad y mejora de la calidad, y al
fomento y promoción de la industria agroalimentaria.

Quisiera recordar brevemente, no sólo al Grupo Parlamentario Socialista,
sino también al portavoz de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario
Mixto, Grupo que ha presentado una enmienda de veto, cuáles son los
objetivos de este presupuesto. En primer lugar, la modernización de
estructuras agrarias dedicando una atención permanente a la
competitividad de las explotaciones y a la apuesta por la calidad de los
productos. Segundo, una reordenación de los sectores productivos --entre
los que destaca el sector productor de leche-- considerando, entre otras
cosas, el abandono de la producción lechera y la compra de cuotas.

Tercero, adaptar las capacidades pesqueras como consecuencia del cambio
de la política común para las estructuras pesqueras llevada a cabo en el
seno de la Unión Europea. Cuarto, mejorar la estructura productiva y
agraria buscando el fortalecimiento de las explotaciones familiares y de
la empresa pesquera en el contexto de competencias que implica el mercado
común europeo. Quinto, desarrollar un programa de diversificación de la
economía rural y de compensación de rentas a los productores agrarios
aplicando las medidas de acompañamiento de la PAC, como son, entre otras,
retirada de tierras, jubilación anticipada y reforestación de tierras
agrarias. Sexto, acelerar la reconversión del tejido industrial y
comercial agroalimentaria y pesquero de cara a aprovechar las
potencialidades como sector de futuro en el contexto productivo español.

Este presupuesto también hace posible la iniciación del Plan nacional de
regadíos, al que se refería su señoría, encaminando el ahorro de aguas y
mejorando su utilización como instrumentos nuevos de actuación a través
de la participación del Estado en la creación de sociedades mercantiles
estatales de infraestructuras agrarias. Con estos presupuestos también se
completa el proceso de saneamiento de la cabaña ganadera española, al
tiempo que se atiende, con carácter prioritario, al Plan nacional de
seguros agrarios combinados, posibilitando así la compensación a los
agricultores por las sequías padecidas en los años 1994, 1995 y más
recientemente por la que hemos tenido en este año de 1999.

Por todo ello hay que decir que estos presupuestos tienen como objetivo
fundamental la asignación de un importante volumen de recursos, como
expresa la cifra consolidada de más de 1,2 billones de pesetas lo que
significa un



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5,4 superior a la del ejercicio para 1999, cifra cuyo componente
fundamental es la aplicación de la nueva política agraria común aprobada
por la Unión Europea en mayo de 1999.

Análogas consideraciones --insisto en ello-- podríamos hacer respecto de
la enmienda de veto presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Quisiera referirme, también muy brevemente, a la enmienda presentada por
el Senador Gangoiti, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, en la que piden dotar con 1.200 millones de pesetas anuales entre
los años 2000-2003 los recursos a transferir a la Comunidad Autónoma
vasca para la ejecución del Plan de regadíos en los territorios de su
competencia con baja en la aplicación destinada a la constitución de
sociedades estatales de infraestructuras agrarias para la ejecución de
obras de regadío.

Señor Senador, lamento decirle que tenemos que rechazar esta enmienda
puesto que las sociedades estatales para la ejecución de obras e
infraestructuras de modernización y consolidación de regadíos se están
constituyendo al amparo del artículo 99 de la Ley 50/1999, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social. En el citado artículo se
prevé que la participación de las Comunidades Autónomas se efectúe a
través de convenios de colaboración en los que se determine la
participación de las mismas en la financiación de las obras. Las obras
públicas que van a ser ejecutadas por las citadas sociedades van a ser
declaradas de interés general, por lo que, al amparo de lo previsto en el
artículo 149.1.24.ª de la Constitución, éstas se encuadran dentro del
ámbito de las competencias estatales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a la Sección 22, Administraciones Públicas, a la que se ha
presentado un veto de los señores Román Clemente y Cámara Fernández,
correspondiente a la enmienda número 934. También se han presentado por
los mismos Senadores las enmiendas números 935 a 944, que dan por
defendidas. Las enmiendas números 52 y 53 del Senador Torres Cardona
también se dan por defendidas.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta un veto que se corresponde con
la enmienda número 646, y también presentan las números 647 y 648, para
cuya defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor GRANADO MARTINEZ: Las damos por defendidas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

En turno en contra tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor GARZARAN GARCIA: Las rechazamos en los mismos términos en que
están formuladas.

Tan sólo he de decir que alguna de las enmiendas de veto justifica el
fracaso del modelo de financiación autonómica con la no generalización
del 30 por ciento, y esto corresponde a la voluntad de las Comunidades
Autónomas ya que éstas pueden asumir las competencias que les asignen en
relación con este tema. El 30 por ciento no lo alcanzan porque no han
adquirido las competencias en educación. Es decir, el modelo es
perfectamente viable y no es cuestionable.

En cuanto a la enmienda socialista, en su momento la defenderemos en el
Pleno. Respecto a las enmiendas parciales, las rechazamos por no ser
coincidentes con los objetivos del Gobierno, por estar incluidas en otras
partidas presupuestarias que ya están en marcha, o ser improcedentes por
existir cooperación con las Comunidades Autónomas a las que se les asigna
estas cantidades.

Sin más que añadir, doy por rechazadas el resto de las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la Sección 23, Medio Ambiente.

Se han presentado dos enmiendas por el señor Armas, las números 29 y 30,
que se dan por defendidas.

Corresponde dar paso a la defensa de las enmiendas números 152 a 174,
presentadas por los señores Estaún, Blasco y Martínez. Tiene la palabra,
señor Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde el Partido Aragonés queremos llamar la atención sobre este grupo de
enmiendas, que tienen un importe global superior a 80.000 millones de
pesetas y que recogen los compromisos que en su día suscribieron todas
las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Aragón en el año
1992 en el denominado Pacto del Agua, que pretendía aportar una cierta
racionalidad y un consenso en el debate hidráulico que en Aragón se vivía
con especial intensidad por esas fechas, y se sigue viviendo. Se sigue
viviendo porque realmente hemos avanzado muy poco en esa ejecución del
Pacto del Agua y, por tanto, estas enmiendas vienen a confirmar las
expectativas que existen ahora de ejecución de determinadas obras de
regulación, y lo hacen poniendo nombre y apellidos a las partidas
presupuestarias que genéricamente existen para obras tan necesarias como
el recrecimiento del Pantano de Yesa o el Pantano de Montearagón, de
forma que se garantice el abastecimiento urbano a la ciudad de Huesca y
posibilite su desarrollo industrial.

Por tanto, queremos facilitar la vuelta al consenso en materia de
política hidráulica, y lo hacemos presentando una serie de enmiendas
dirigidas a obras de reposición y planes de restitución de las zonas
afectadas por las obras de regulación que, en su día, todos los grupos
políticos consideraban necesario ejecutar en Aragón para un uso racional
de los recursos hidráulicos de la Comunidad Autónoma y en la Cuenca
Hidrográfica del Ebro.

Quiero llamar la atención sobre estos planes hidráulicos y sobre dos
enmiendas cuya cuantía es de 500 millones de pesetas respectivamente. La
primera de ellas prevé acometer obras de reposición en el Canal
Aragón-Cataluña, una de las zonas regables más importantes del Estado, y
la segunda se refiere al Canal Imperial, que es el actual abastecimiento
urbano de la ciudad de Zaragoza.




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Termino, señor Presidente, llamando la atención sobre una enmienda muy
modesta, tan sólo contempla 180 millones de pesetas, que pretende
acelerar la redacción de planes de emergencia de presas. Consideramos, y
así lo expusimos en el debate que tuvo lugar en el pasado Pleno con
motivo de una interpelación dirigida a la Ministra de Medio Ambiente, que
su ejecución lleva cierto retraso, y pensamos que tanto las
Confederaciones como el Ministerio de Medio Ambiente deberían agilizar la
redacción y ejecución de estos planes de emergencia.

Finalizo con la defensa de dos enmiendas que dotan con más recursos al
Parque Nacional de Ordesa y al Plan de residuos sólidos urbanos de
Aragón.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Las enmiendas números 5 a 18 del señor Padrón Rodríguez se dan por
defendidas.

Asimismo, el veto, que corresponde a la enmienda número 945, las
enmiendas comprendidas entre la número 946 y la 1134 y la enmienda número
1345 de los señores Román Clemente y Cámara Fernández, se dan por
defendidas.

La enmienda número 43 y las comprendidas entre la 54 y la 59, presentadas
por el señor Torres Cardona, también se dan por defendidas.

Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Se trata de la número 649, que sostiene un veto, y las enmiendas
comprendidas entre la 650 y la 691. Tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Socialista, para su defensa.




El señor GRANADO MARTINEZ: Se dan por defendidas, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Entonces, corresponde el turno en contra del Grupo Parlamentario Popular.




El señor BRIS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular las rechaza, de
acuerdo con la argumentación que dará en el Pleno.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas en sus justos términos.

Pasamos a la Sección 25, Presidencia.

Los señores Román Clemente y Cámara Fernández han presentado un veto, que
corresponde a la enmienda número 1135, y dos enmiendas, las números 1136
y 1137. Todo ello se da por defendido.

Se ha presentado otro veto por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
que coincide con la enmienda número 692, así como la enmienda número 693.

Para su defensa, tiene la palabra su señoría.




El señor GRANADO MARTINEZ. Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas.

Aprovecho este turno para anunciar de antemano que damos por defendidas
todas las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario en las
Secciones que quedan por defender en el debate presupuestario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Oblanca.




El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Rechazamos la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista,
porque consideramos que el presupuesto que presenta el Ministerio de la
Presidencia es continuista en cuanto a objetivos anteriores, con
políticas activas que benefician a los españoles. Precisamente, este
Ministerio contribuye a la estrategia general del proyecto presupuestario
para el año 2000, con disminución de la cuantía final de las cifras. Es
decir, el Ministerio ha hecho un esfuerzo sin precedentes para que las
cifras se mantengan e incluso disminuyan en relación con las aportaciones
del presupuesto del actual ejercicio de 1999.

Por lo tanto, vamos a rechazar las enmiendas propuestas por el Partido
Socialista, así como las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, a
través de Izquierda Unida.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos a la Sección 26, Sanidad y Consumo e Insalud.

Los señores Estaún, Blasco y Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, han
presentado las enmiendas comprendidas entre las números 175 a 181, y las
dan por defendidas.

El veto, correspondiente a la enmienda 1138, y las enmiendas 1140, 1141 y
1143 hasta la 1186 de los señores Román Clemente y Cámara Fernández
también se dan por defendidas.

Las enmiendas que van de la número 60 a la 66, presentadas por el señor
Torres Cardona, se dan por defendidas.

El veto, que corresponde a la 694, y las enmiendas comprendidas entre la
695 a la 697 del Grupo Parlamentario Socialista, podemos darlas por
defendidas de acuerdo con lo manifestado por su portavoz. Asimismo, el
veto, correspondiente a la enmienda 717, y las enmiendas que van de la
número 719 a la 768 se dan también por defendidas. (El señor Bellido
Muñoz pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Señor Presidente, le pediría que hiciésemos
conjuntamente la Sección 26 y la 60.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Para el turno en contra, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Señor Presidente, intervengo con brevedad para
rechazar los vetos del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Mixto presentados a la Sección 26 y a la 60. Entendemos que
el



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acuerdo de financiación sanitaria es suficiente para hacer frente a las
demandas de los distintos servicios de salud, incluido el Insalud. Es
más, algún veto introduce una serie de apreciaciones que, a nuestro
entender, no corresponden al Ministerio de Sanidad porque las
competencias han sido transferidas a las distintas Comunidades Autónomas.

Rechazamos el resto de las enmiendas, tanto a la Sección 26 como a la 60,
por cuanto entendemos que desde el Ministerio de Sanidad se hace un
considerable esfuerzo presupuestario, con crecimientos importantes
superiores al 6 por ciento, tanto en lo que hace referencia a atención
primaria como a atención especializada. Asimismo, las demandas que
realizan los grupos proponentes de estas enmiendas no coinciden
precisamente con las prioridades que el propio Ministerio de Sanidad ha
establecido.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos a la Sección 31, Gastos de diversos Ministerios, a la que sólo
hay presentadas tres enmiendas, del señor Román Clemente y del señor
Cámara Fernández, que se dan por defendidas.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Señor Presidente, intervengo para anunciar que
rechazamos las enmiendas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

La Sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea, no ha sido
objeto de enmiendas.

Al presupuesto de la Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias hay presentadas dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, números 425 y 432, que se dan por defendidas.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Tomey.




El señor TOMEY GOMEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular
intervengo para anunciar que se dan por rechazadas todas las enmiendas
relacionadas con las empresas públicas. La justificación del rechazo se
dará en el Pleno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Al presupuesto de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea se han presentado dos enmiendas, una del Grupo
Parlamentario Mixto y otra del Grupo Parlamentario Socialista, que se dan
por defendidas.

Al presupuesto del Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión
se ha presentado una enmienda del señor Armas Rodríguez, que se da por
defendida.

Al correspondiente al Ente Público Radiotelevisión Española, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas números 216 y 291,
que se dan por defendidas; la número 31, del señor Armas Rodríguez, que
se da por defendida; las números 1198 a 1202, de los señores Román
Clemente y Cámara Fernández, que se dan por defendidas, y el veto del
Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la enmienda número 769,
que también se da por defendida.

A la Entidad Pública Empresarial de Correos y Telégrafos, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado un veto, correspondiente a la
enmienda 387, que se da por defendida.

A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se han
presentado las enmiendas números 1204, 1205, 1206, de los señores Román
Clemente y Cámara Fernández, que se dan también por defendidas.

A la Entidad Pública Empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas
números 430 y 431, que se dan por defendidas.

¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Señor Presidente, las doy por rechazadas en los
términos que se expondrán en el debate en Pleno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El Preámbulo no ha sido objeto de enmiendas.

Terminado el debate, suspendemos la sesión hasta las seis y media, hora
en que tendrá lugar la votación, recomendando que el trabajo de la
Ponencia esté ya para esa hora tal y como supongo que será, dado que no
ha sido admitida enmienda alguna.

Se suspende la sesión hasta la hora indicada. (Pausa.)



Se reanuda la sesión.

La Ponencia ha acordado, por unanimidad, proponer la incorporación al
informe de la enmienda 251, del Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, y por mayoría, acuerda introducir las siguientes
modificaciones.

Corrección a la enmienda 1587, de la Sección 17, que dirá: La baja, que
por importe de 400 millones de pesetas se efectuó en Ponencia en el
proyecto 1.987.23.03.0675, Contratos de Asistencias Técnicas, debe
limitarse a 314 millones de pesetas, y el resto, por importe de 86
millones de pesetas, debe realizarse en el proyecto 1.987.23.03.0670,
Expropiaciones, Revisiones, Modificados, Liquidaciones, etcétera.

En la Sección 32, Crédito: 32.18.911B.453, se añade al literal del
crédito el siguiente texto: ... y para la financiación de los convenios
de colaboración con las Comunidades Autónomas y las Universidades a que
se refiere la disposición adicional vigésima cuarta.

Y en la disposición adicional vigésima cuarta se añade un segundo párrafo
con la siguiente redacción: Igualmente, el Gobierno podrá destinar en
este ejercicio hasta un máximo de 3.000 millones de pesetas para
suscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para la
concesión de ayudas universitarias.




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Por último, la Ponencia propone el ajuste de los artículos 2, 3, 4, 6 y
12 y del Anexo I, que deben incorporar, cifradas, las modificaciones
introducidas.

Este es, finalmente, el informe de la Ponencia que vamos a someter a
votación a continuación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia.

A continuación, pasamos a la designación de la persona que defenderá ante
el Pleno el dictamen de esta Comisión.

¿Existe alguna propuesta? (Pausa.)



El señor UTRERA MORA: Proponemos a don Francisco Tomey.




El señor PRESIDENTE: Si no hay nadie en contra, don Francisco Tomey nos
representará en el Pleno del próximo lunes.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.




CORRECCION DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» número 520, que
contiene la comparecencia del señor Gobernador del Banco de España ante
la Comisión de Presupuestos, previa al debate de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000, en la página 3, donde dice: «Y
unos meses más tarde, por razones en las que ahora me detendré y ese tipo
de interés fue reducido al 2,5 por ciento», debe decir: «Y unos meses más
tarde, por razones en las que ahora me detendré, ese tipo de interés fue
reducido al 2,5 por ciento.»
Asimismo, en la página 8, donde dice: «Pienso, en cambio, a pesar de
todas las dificultades, que la economía de Japón va a acabar saliendo con
una ayuda fiscal muy importante...», debe decir: «Pienso, en cambio, a
pesar de todas las dificultades, que la economía de Japón va a acabar
saliendo adelante con una ayuda fiscal muy importante...»
Por último, en la página 9, donde dice: «De modo que eso va a depender»,
debe decir: «De modo que de eso va a depender.»