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DS. Senado, Comisiones, núm. 531, de 25/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 531
COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Designación del Vicepresidente Primero de la Comisión (Número de
expediente 541/000010).
Dictaminar el Proyecto de Ley sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos (Número de expediente 621/000164).
Comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Excmo.
Sr. D. Jesús María Posada Moreno, para informar:
--A petición del G. P. Socialista:
Sobre la aplicación en España del Reglamento de Desarrollo Rural (Número
de expediente 711/000300).
Sobre la aplicación de multas por superación de la cuota láctea y su
repercusión en el sector, una vez reconocida por la Unión Europea la
insuficiencia de cuota y asignadas nuevas cantidades a España (Número de
expediente 711/000301).
Sobre el descenso de precios para los productores de patatas, su alcance
y su repercusión en las distintas zonas productoras, así como sobre las
medidas específicas y estructurales a adoptar por el Gobierno (Número de
expediente 711/000302).
--A petición de don Pedro Rodríguez Cantero (GPS), para que valore la
aplicación de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva
en la campaña 1998/1999 (Número de expediente 711/000303).
--A petición de don Antonio Bonilla Rodríguez (GPS), sobre el acuerdo de
la Unión Europea con terceros países Mediterráneos y su repercusión en el
sector español de las frutas y hortalizas (Número de expediente
711/000304).
--A petición de don Carlos Alberto González Príncipe(GPS):
Sobre las medidas que adoptará el Gobierno para defender los intereses
nacionales, en relación con el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y
Argentina que expiró en mayo de 1999, así como las medidas de emergencia
pesquera que han sido adoptadas por las autoridades argentinas y que
suponen una clara discriminación para aquellas empresas pesqueras de
capital español y gallego que estaban faenando en esas aguas al amparo
del mencionado acuerdo (Número de expediente 711/000305).
Para que clarifique la posición del Gobierno español en relación al nuevo
acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que está en fase de
negociación actualmente, así como las repercusiones de índole laboral,
social y empresarial que tendrá en nuestro país, con especial mención a
su impacto entre los pescadores de las Comunidades Autónomas de Canarias,
Andalucía y Galicia, los cuales se verán afectados por las consecuencias
de dicho acuerdo (Número de expediente 711/000306).
Contestación por el Gobierno a las siguientes preguntas:
--De don Ignacio Díez González (GPS):
Sobre las garantías y controles que da el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a las carnes de producción española e importadas en
relación a la ausencia de tratamiento con hormonas ilegales (Número de
expediente 681/001581).
Sobre las medidas previstas por el Gobierno para prevenir el abuso que
cometen ciertos laboratorios ilegales que venden hormonas en distintas
Comunidades Autónomas para el engorde rápido del ganado (Número de
expediente 681/001586).
--De don Miguel Prim Tomás (GPP), sobre las previsiones del Gobierno en
orden a iniciar un estudio para poner en práctica, posteriormente, un
seguro de precios mínimos con el fin de garantizar la rentabilidad de las
explotaciones agrarias familiares (Número de expediente 681/001598).
Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
Antes de empezar con el orden del día, quiero informarles de que el
próximo día diez de diciembre vamos a celebrar una sesión de la Comisión
de Agricultura para debatir el proyecto de ley de contratos
agroalimentarios y el proyecto de ley, que acaba de entrar en la Cámara,
y que afecta al régimen jurídico de la protección de obtenciones
vegetales, cuyo plazo de presentación de enmiendas terminará el día
nueve. Dichos proyectos de ley los dictaminaremos el día diez con la
finalidad de que el Pleno de la semana siguiente, el Pleno de
presupuestos del día trece, en el cual se van a debatir diferentes
proyectos de ley que se están discutiendo en las diferentes Comisiones,
pueda aprobarlo.
Además de ello, vamos a intentar que en dicha Comisión pueda comparecer
el Secretario General de Agricultura, a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular, en relación con la problemática del tabaco.
Por lo tanto, les anuncio que recibirán una comunicación para celebrar
dicha sesión el próximo día diez de diciembre. A las once horas se
dictaminarán los proyectos de ley y a las doce se procederá a la
comparecencia del Secretario General de Agricultura, caso de que pueda
ser en esa fecha. Si no pudiera ser así, dejaríamos esta comparecencia
pendiente de ser sustanciada en esta legislatura.
Dicho esto, pasamos al primer punto del orden del día, que es la lectura
y aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 de
octubre de 1999.
Dicha acta ha sido previamente repartida a los portavoces de los grupos
parlamentarios, por lo que, si la Comisión está de acuerdo, ¿podría
aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
--DESIGNACION DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISION (541/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es
la cobertura de la vacante de Vicepresidente Primero existente en la
Comisión por el cese del Senador don Luis Estaún García, que ha pasado al
Grupo Parlamentario Mixto y, por tanto, procede la elección de
Vicepresidente Primero.
Creo que existe una propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: He realizado las consultas oportunas y casi
todos o todos los miembros de la Comisión hemos considerado que el
Senador más conveniente para ocupar este puesto podría ser el Senador
Angel Carlos Bernáldez, esperamos que hasta el final de la legislatura.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Rodríguez Rodríguez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Con mucho gusto apoyaremos esa propuesta,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Como hay asentimiento, queda elegido Vicepresidente
Primero don Angel Carlos Bernáldez. (El señor Bernáldez Rodríguez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bernáldez Rodríguez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Voy a intervenir con toda brevedad para
agradecer a todos los grupos presentes en esta Comisión, especialmente al
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al Grupo
Parlamentario Socialista y al proponente, al Grupo Parlamentario Popular,
la designación por unanimidad de mi persona para la Vicepresidencia de la
Comisión de Agricultura.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernáldez.
Por favor, incorpórese a la Mesa.
--PROYECTO DE LEY SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS (621/000164.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es el
dictamen del proyecto de ley sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, al que se han presentado dos vetos:
El número 1 ha sido presentado por los Senadores don Fermín Román
Clemente y don Manuel Cámara Fernández del Grupo Parlamentario Mixto, y
el veto número 2 por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente para la defensa del veto
número 1.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Tal y como recogemos en nuestra motivación de la propuesta de veto, desde
nuestro punto de vista el proyecto de ley regula conjuntamente la
tenencia de animales pertenecientes a la fauna salvaje y la de animales
domésticos y de compañía, aunque estos últimos estén conceptuados como
potencialmente peligrosos.
Nosotros creemos que es difícil de aceptar, porque es increíble que se
pueda admitir siquiera la posesión de animales de la fauna salvaje, lo
que debería estar absolutamente prohibido para particulares debido a la
potencial amenaza que esto conlleva.
En segundo lugar, el proyecto de ley es ambiguo ya que, si bien pretende
ser aplicable a cualquier animal, subyace su verdadero origen, los perros
peligrosos, en todo el texto, de forma que produce distorsiones por no
ser, entendemos nosotros, ni concreto --en todo caso, sería referido a
perros-- ni general --todos los animales que puedan suponer un riesgo--.
Consideramos que navega y naufraga entre dos aguas, sin que se regulen de
forma clara y precisa las medidas necesarias a adoptar para evitar los
ataques de perros a personas, que es el tema en concreto que ha provocado
la alarma social existente, lo que también es consecuencia de un texto
excesivamente escueto.
En tercer lugar, según se recoge en la Exposición de Motivos, la
peligrosidad canina depende de factores ambientales y no genéticos, de
tal forma que cualquier perro, independientemente de su raza,
convenientemente adiestrado, puede representar un peligro.
Aun reconociendo --y así lo hacemos nosotros-- esta premisa, en ningún
momento el proyecto de ley prohíbe el adiestramiento en defensa y guarda,
ni siquiera para los individuos conceptuados como potencialmente
peligrosos. Consideramos que dicho adiestramiento debería estar única y
exclusivamente reservado a los Cuerpos de Seguridad del Estado y a
empresas de seguridad con autorización oficial.
En cuarto lugar, no regula adecuadamente las actividades de cría, lo que
consideramos fundamental, ya que muchas de las taras psicológicas de
algunos perros provienen de los pocos escrúpulos de muchos criadores, que
abusan indiscriminadamente de la consanguinidad entre individuos cuando
se produce una gran demanda de perros de determinada raza.
En quinto lugar, nos parece una incoherencia total que la determinación
concreta de qué animales están conceptuados como potencialmente
peligrosos se efectúe reglamentariamente y no en esta ley. Nosotros
entendemos que el Gobierno tiene medios suficientes para haber elaborado
una clasificación, que debió y debe incluirse en el texto.
En sexto lugar, se regula la creación de un censo municipal de animales
potencialmente peligrosos y, sin embargo, no existen en la actualidad
censos municipales fiables de animales domésticos en --nosotros lo
consideramos así-- prácticamente ningún ayuntamiento, ni tan siquiera se
ha podido conseguir mediante la obligatoriedad de la vacunación
antirrábica.
Por tanto, las medidas deberán ser otras y estar más relacionadas con el
origen de los animales y con el acceso a su propiedad y adiestramiento.
En séptimo lugar, la identificación de los animales domésticos se debería
exigir con carácter genético y en todas las Comunidades Autónomas
debiéndose crear asimismo un Registro Central Informatizado, de esta
manera se evitaría
el abandono en Comunidades Autónomas distintas de la propia.
En octavo lugar, no se hace referencia alguna a las peleas de perros
(entrenamiento, celebración, organización, participación, etcétera) y a
su consideración como delito en todos los grados de participación, ni a
la consideración de determinados animales como armas ni la
correspondiente modificación del Código Penal.
En definitiva, el proyecto debería haber sido o más específico para
cumplir el fin de combatir las agresiones de determinados perros, o bien
debería haberse presentado un texto más extenso y exhaustivo, aplicable a
las diferentes situaciones, ámbitos y entornos en que se desarrollan las
relaciones entre las personas y los animales.
También quiero en este trámite proceder a la defensa de las enmiendas,
que --como bien pueden suponer sus señorías-- constituyen alguna
alternativa a este proyecto de ley. Las doy por defendidas porque,
aquellas que no sean aceptadas en este trámite de Comisión, serán
mantenidas en el Pleno para tener oportunidad de debatirlas con más
profundidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a debatir el veto del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestra argumentación al veto se parece en gran parte a la que ha
presentado el Senador Román Clemente. Creemos que un tema que causó tanta
preocupación en la sociedad, no sin fundamento, acaba siendo tratado con
muy poca profundidad en cuatro hojas, y da la sensación que se ha hecho
con mucha prisa. Entendemos que una ley de la importancia que proponemos
en nuestras enmiendas requiere que le dediquemos más tiempo y, al igual
que pasó en el Congreso de los Diputados, la constitución de una Ponencia
en la que hubieran comparecido personas relacionadas con este tema.
No terminamos de comprender qué representa la fauna salvaje en este
proyecto de ley; incluso hemos formulado una enmienda al título, porque,
aunque en la Exposición de Motivos se hable de fauna salvaje, en el resto
del texto propuesto no se hace referencia alguna a otro tipo de animal
que no sea el perro. Por tanto, hay un concepto indeterminado de animales
potencialmente peligrosos cuya concreción se relega al ámbito
reglamentario, lo cual provoca una confusión en los conceptos de la
especie canina y hace difícil una aplicación coherente y uniforme del
régimen jurídico de la materia que pretende regular.
Además, no responde a los problemas de fondo relativos al censo y control
de la genealogía y zootécnico de los perros, ni establece garantías sobre
la veracidad de los certificados de origen o de pedigrí.
Tampoco aborda el cumplimiento de las directivas europeas, ni modifica el
uso exclusivo y excluyente de los libros genealógicos caninos en España.
No contempla la prohibición específica del adiestramiento de perros para
peleas, ni las cuestiones relativas a los requisitos referidos al
ejercicio de la profesión de adiestrador canino o al régimen de
reconocimiento (determinación, participación y control de las
asociaciones reconocidas para la crianza de perros en nuestro país.)
Por todo lo expuesto, entendemos que hay suficientes motivos para
presentar este veto, ya que el proyecto de ley en su tratamiento en el
Congreso de los Diputados, no ha sido mejorado en absoluto. Nos da la
sensación, como decía al principio, que ha sido presentado con demasiada
prisa y sin prestar la suficiente atención a un tema tan importante y que
tanta preocupación creó en la sociedad. Pienso que ahora tenemos la
oportunidad de solucionarlo si se cuenta con el apoyo de los grupos de la
Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sánchez Lucas.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: En nuestro turno en contra debería empezar
diciendo que entendemos que la ley cumple con los objetivos que se habían
marcado. Había un mandato del Congreso de los Diputados para que se
hiciera en esta legislatura --mandato al que se da cumplimiento--, pero
es que, además, se atiende a lo que está demandando actualmente la
sociedad. La presentación de los vetos puede hacer que la ley no se
apruebe en esta legislatura, y sinceramente pienso que sería malo atrasar
una solución que se está pidiendo por parte de la sociedad y que
contempla esta ley.
Nosotros entendemos que la ley podía haber sido --como se ha dicho aquí--
más específica y más amplia, pero se ha hecho para dar solución a la
situación y evitando cualquier laguna o el surgimiento de nuevos
problemas. Por eso, es necesario que luego se elaboren los reglamentos
que desarrollan la ley, así como la legislación autonómica o local que
corresponda. Entendemos que si el tema se regula con normalidad en los
reglamentos y leyes autonómicas que puedan surgir, la ley responderá a
las expectativas que todos esperábamos.
Es cierto que se podía haber hecho de otra manera y que todo es
mejorable, pero pensamos que cumple con el objetivo que todos los Grupos
esperábamos de esta ley. Por eso, no entiendo la presentación de los
vetos. Llego a entender la presentación de enmiendas que la mejoraran,
pero no la de los vetos, a los que ya anuncio que nos opondremos.
Quisiera decirle al Senador del Grupo Parlamentario Mixto que en sus
enmiendas y veto quizá haya una obsesiva inclinación a hablar de los
perros con pedigrí y de razas. Yo entiendo que el concepto es mucho más
amplio y que hay que pensar que no todos los perros, potencialmente
peligrosos, pertenecen a unas determinadas razas; algunos no son de raza,
otros son mezcla de razas e incluso los hay de origen desconocido, porque
alguien puede encontrarse
un perro abandonado y criarlo. Por lo tanto, si atendemos a los
argumentos que defiende su señoría podemos dejarnos alguna laguna, al
restringir su aplicación con las especificaciones que señala, y corremos
el riesgo de crear problemas nuevos. Por eso, pienso que sus argumentos
no tienen mucho sentido.
Podía entrar a discutir punto por punto la propuesta de veto que ha
presentado en la Cámara, pero creo que el debate a fondo se ha reservado
para el Pleno, y será allí, si no reconsideran la retirada del veto,
donde lo debatamos con más detalle.
He de decirle, y en eso coincide con lo que ha manifestado el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, que hablan de fauna salvaje como si
estuviésemos refiriéndonos a fieras del tipo de los leones. Yo entiendo
que un animal salvaje no tiene por qué ser peligroso, y por eso no
comparto lo que dice sobre que en el proyecto de ley se incluyen animales
salvajes y que su posesión debería estar prohibida. Sinceramente, no le
veo ningún sentido. Precisamente está aumentando la tendencia a tener
animales exóticos de compañía, y cada vez se encuentran animales más
raros en las tiendas especializadas.
Con esta especificación de animales domésticos o de la fauna salvaje se
quiere decir que no lo restrinjamos sólo a los animales domésticos. Si
existe cualquier moda nueva de tener animales no prohibidos, es decir, de
animales que se permita su tenencia, pretendemos que aunque no tengan la
consideración de domésticos se les aplique la misma legislación que a
éstos. No tendría sentido que la legislación fuera más restrictiva
precisamente para los animales domésticos que para aquellos que
comúnmente no los tenemos aceptados como tales. Por eso, entiendo que ahí
carece de sentido su argumentación y mantendremos las cosas como están.
Decir que en esta ley subyace su verdadero origen que son los perros
peligrosos, no hay que negarlo. Es lógico que la presentación de esta ley
haya sido provocada por los sucesos ocurridos en relación con los ataques
de perros peligrosos y toda la alarma social que de ello ha derivado. El
animal de compañía más extendido que puede producir peligro no sólo en
España, sino en cualquier país europeo y, quizá, del mundo, es el perro.
Luego, esta ley va más enfocada al perro y nace más por el perro. Pero
eso tampoco nos debería obligar a hablar sólo del perro, y lo mismo que
decía antes para la fauna salvaje lo digo ahora para el perro y otros
animales domésticos, porque ¿por qué vamos a restringir sólo al perro que
pueda ser peligroso? Si hay otro animal potencialmente peligroso,
apliquémosle también la misma legislación. Por esta razón, entendemos que
se diga que esto debería haber sido más específico para los perros.
Respecto a los demás argumentos que da, entiendo que sí están
contemplados en la ley. Hay argumentos de los que ha leído dentro de su
propuesta de veto que lo que dice que no se hace en la ley, en el fondo
sí se hace, y más teniendo en cuenta que después viene el desarrollo de
la ley tanto con las normas autonómica como con los reglamentos derivados
de ella.
Por lo tanto, yo mantengo nuestra negativa a aceptar el veto por los
argumentos que he expresado y que contradicen, entiendo, a los esgrimidos
por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En cuanto al veto del Grupo Parlamentario Socialista, más o menos los
argumentos nos pueden valer porque en casi todo coincide --y el propio
portavoz lo ha dicho-- básicamente con el veto del Grupo Parlamentario
Mixto. No voy a repetir lo mismo, pero sí quiero insistir en el término
fauna salvaje. Dicho término no debe entenderse como sinónimo de agresivo
o peligroso, sino como fauna salvaje no doméstica. Por ello tampoco
entiendo los argumentos que me ha dado después.
Con esto creo que he expresado básicamente los argumentos en contra de
los vetos.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Román Clemente pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Acacio.
Iniciamos un turno de réplica.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Román tiene la palabra.
El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Me voy a referir a los argumentos que el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular ha dado --también a los que no ha dado-- para que retiremos
nuestra propuesta de veto.
No me parece que sea argumento que se diga que hay un mandato expreso del
Congreso de los Diputados para que se apruebe una ley. En todo caso,
habrá una responsabilidad compartida entre ambas Cámaras para la
aprobación de una ley nacida por una situación de alarma social, que la
podemos compartir. Pero quiero decir que con precipitación se hacen mal
las leyes, y en este caso hay una precipitación y una limitación en el
proyecto de ley que estamos tramitando, porque, señoría, entre otras
cosas se carece hasta la fecha de una definición jurídica sobre fauna
salvaje.
A mí me resulta extraño eso de las modas de que cada vez sea más
frecuente, por ejemplo, como animal de compañía un león, un tigre o algo
parecido. Señoría, déme otro argumento porque ese no me convence. Hay una
potencialidad de un peligro y, como su señoría debe comprender, ese
peligro no vamos a valorarlo por una moda, que después origine otro tipo
de medidas legislativas. En nuestra propuesta de veto decimos que la
utilización por particulares de este tipo de animales debe estar
absolutamente prohibida precisamente por el potencial peligro que supone.
No me lo justifique como una moda. No entiendo, por ejemplo, como un
perro lazarillo se puede adiestrar para ser utilizado como una potencial
arma. Tampoco entiendo eso que dicen sus señorías de que perros con
pedigrí puedan ser adiestrados para ser utilizados como perro lazarillo.
En definitiva, hay argumentos que no me ha dado, es una ley hecha con
precipitación y es una ley que no contempla lo que debe contemplar. Todo
esto lo hemos querido reflejar en nuestras enmiendas que no entran en
contradicción
con la propuesta de veto, porque la propuesta de veto no es para que no
exista una ley, sino para que se mejore un texto que debe dar solución a
los problemas existentes. Señoría, sabe perfectamente como yo que, de
haber tenido voluntad, se podría haber mejorado el texto legal y que
hubiera podido salir adelante en esta legislatura.
De todas formas, este proyecto de ley es excesivamente específico, no
concreto y no resuelve los problemas que debería resolver.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Muchas gracias, señor Presidente.
No quiero insistir mucho en el tema, pero cuando me refiero a fauna
salvaje no lo hago desde un punto de vista limitativo. En este caso
entiendo perfectamente que haya personas que puedan permitirse tener un
animal considerado como salvaje, y estoy pensando en pumas, en leones o
en tigres. Lo que pasa es que esta ley, en este caso, no responde en
absoluto a este otro tipo de animal, porque no veo que especifique en
ningún artículo la cadena que tiene que llevar un animal de la fauna
salvaje, entendiendo por fauna salvaje estos grandes felinos, ni tampoco
el tipo de bozal. Supongo que las medidas de seguridad que contempla la
ley para perros no serían las mismas para el caso de esos animales.
La ley es una mezcla entre lo que sería ley y reglamento: ni acaba de ser
ley, ni acaba de ser reglamento. Esto simplemente imposibilita --y me
permito decirlo como Alcalde de un pueblo pequeño-- el que se pueda
aplicar. Y si una ley ya, de entrada, es difícil de aplicar, no está bien
hecha. La gracia de las leyes es que se puedan aplicar en el mayor tanto
por ciento posible, y quedan muchas incroncreciones en esta ley que lo
hacen muy difícil, y se va a tener que modificar cada día, como pasó con
la ley francesa, que a pocos meses de estar aprobada tuvieron que
volverla a revisar. Esto nos lo podíamos haber ahorrado aquí, pero, en
este caso, por la fuerza de los votos del partido mayoritario no podrá
ser. A pesar de eso, continuamos entendiendo que es una ley
manifiestamente mejorable en la mayoría de sus aspectos.
Nada más y muchas gracias. (El señor Roig i Grau pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Los demás Grupos quieren intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, quiero anunciar que votaremos en contra del veto,
porque bien es cierto que esta ley es absolutamente mejorable, nosotros
suponemos que con el desarrollo de los diferentes reglamentos y también
de las aportaciones que hagan las Comunidades Autónomas, que quiero
recordar que algunas ya han legislado en este tema, su aplicación podrá
mejorarse sustancialmente.
El mismo Parlament de Catalunya aprobó la Ley 10/1999, de 30 de julio, de
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; a
pesar de que la ley se aprobó por unanimidad, lo cierto es que el debate
se desarrolló en los mismos términos en los que se está produciendo en
estos momentos. La conclusión en aquel caso fue que era una buena ley,
que era un buen marco de principio para empezar a trabajar, pero que
hacía falta mucha más información de todo tipo, especialmente técnica
para mejorarla en el momento oportuno.
Por tanto, insisto en que ésta es una ley absolutamente mejorable, pero
nos parece que en estos momentos tiene que procederse a su aprobación y a
su aplicación con el desarrollo de los respectivos reglamentos.
También, señor Presidente, si me permite, voy a dar por defendidas en sus
justos términos las enmiendas de nuestro Grupo, que son las número 14 y
15.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Roig.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve porque más o menos los argumentos son reiterativos. Sin
embargo, me veo obligado a decir otra vez lo que decía antes porque o no
se me ha entendido, o se me da la vuelta a lo que yo verdaderamente he
dicho.
Cuando yo decía que fauna salvaje no debía entenderse como que se iba a
tener un león, un tigre o algo parecido, se me argumenta que por qué se
puede tener un león o un tigre. Yo he dicho que no es eso. Estamos
hablando de fauna salvaje como fauna no doméstica, es decir, si en vez de
fauna doméstica y fauna salvaje hubiéramos dicho cualquier tipo de
animal, probablemente no estaríamos hablando de esto. Y para evitar
confusiones sobre si se trataba sólo de animales domésticos o si se
extendía a otros animales es por lo que hablábamos de animales domésticos
o de la fauna salvaje. Cuando decía lo de animales exóticos, no estaba
pensando, ni mucho menos, en leones o tigres, que, además, son animales
protegidos y que legalmente no se pueden tener por parte de ningún
particular, sino que estaba pensando como, por ejemplo, en una iguana.
A lo mejor un día decidimos mediante un reglamento específico que la
iguana es peligrosa y entraría a formar parte. ¿Pero la iguana es
doméstica o pertenece a la fauna salvaje? Habrá opiniones para todos los
tipos, pero con esta argumentación está claro que podríamos extender la
aplicación de esta ley a cualquier otro animal que a lo mejor ahora no
tenemos en nuestra mente pero que en su día podría considerarse como
potencialmente peligroso.
Eso es lo que decía yo --lo que quería decir por lo menos-- cuando
hablaba de que la introducción de «fauna salvaje» no era en el sentido
que le estaban dando en algunas enmiendas los diferentes Grupos
enmendantes, y los argumentos se me han vuelto en contra. Si sigo
explicándome mal, que se me diga, pero no estoy pensando ni mucho menos
en leones u otros animales parecidos, ni siquiera en la iguana, que la he
puesto simplemente como un ejemplo porque es lo primero que me ha salido.
En definitiva, creo que sí se entiende el porqué defiendo que se mantenga
el término «fauna salvaje», pero esta es una cuestión que tampoco tiene
tanta trascendencia y que no merece que continuemos con ella.
No he entendido qué me querían decir con lo de los perros lazarillos que
pueden ser agresivos y, por lo tanto, no sé qué contestar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Acacio.
Vamos a pasar a la votación de los vetos.
Votamos primeramente el veto número 1, presentado por los Senadores del
Grupo Mixto don José Román Clemente y don Manuel Cámara Fernández.
Efectuada la votación, dio e/ siguiente resultado: Votos a favor, seis;
en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 1.
Pasamos a la votación del veto número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis;
en contra 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2.
Pasamos al debate de las enmiendas.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Román Clemente han
sido dadas por defendidas. Igualmente han sido dadas por defendidas las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así
como las del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència y
Unió.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
damos la palabra al Senador Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Gracias, señor Presidente.
El veto explica el porqué de las enmiendas y la enmienda a la Exposición
de Motivos lo acaba de completar. Siendo coherente con el veto y con la
enmienda a la Exposición de Motivos, se deduce que las enmiendas van en
este sentido. Dejaremos la discusión en profundidad de la mayor parte
para el Pleno, pero voy a decir lo que, a nuestro juicio, mejoran
nuestras enmiendas, y no de todas porque, como saben, son 30, son muchas
para entrar en ellas una por una detalladamente y ya tendremos tiempo de
hacerlo.
Entendemos que nuestras enmiendas mejoran extraordinariamente el
tratamiento de los libros genealógicos, los registros y la
identificación. Para cualquier control es imprescindible y en la ley no
queda suficientemente reflejado.
Dan más importancia y reconocen las competencias de las Comunidades
Autónomas y de los Ayuntamientos.
Proponen la colaboración de las asociaciones de criadores de animales a
través de un organismo que tendría relación directa con el ministerio:
una federación o confederación a nivel del Estado español.
Pretenden dar garantías suficientes para la adquisición de animales que
entraran dentro de la tipología de animales potencialmente peligrosos.
Regulan el tránsito de perros potencialmente peligrosos procedentes de la
Unión Europea o de terceros países y su permanencia en el territorio
español, cosa que prácticamente no existe en el proyecto de ley.
Mejoran la ley en lo referente a la responsabilidad civil y a la pérdida
o abandono de perros potencialmente peligrosos.
Y hacen más partícipe a la sociedad de la colaboración en el cumplimiento
de esta ley a través de campañas de información y de concienciación,
porque no se puede entender que la ley simplemente se comporte como
restrictiva y, en cambio, no reconozca suficientemente y dé las pautas
para que sea también compatible con el derecho que tienen las personas
para disfrutar de la compañía de un animal de compañía --valga la
redundancia--, en este caso de los perros.
Estas son las líneas argumentales básicas de nuestras enmiendas. En el
Pleno tendremos ocasión de extendernos más, aunque esperemos que esta
Comisión acepte algunas y sólo tengamos que referirnos a las que
permanezcan vivas.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el Senador
Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Brevemente, porque creo que los argumentos ya se
han dado.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que están en
consonancia también con la enmienda de veto, van enfocadas a convertir la
ley en una ley de perros peligrosos, pero vuelvo a repetir que nosotros
creemos que es mejor que el contexto de la ley sea para animales
peligrosos en general.
En cualquier caso, nos reservamos para los argumentos que nos den en el
Pleno a cada una de las enmiendas y anuncio ya nuestra posición en contra
de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Sánchez Lucas.
El señor SANCHEZ LUCAS: Nos confirmamos en la idea de que de lo que se
trataba era de sacar un papel para dar respuesta a algún compromiso que
adquirió el Gobierno
en su día y al que ha tardado excesivo tiempo en dar respuesta.
El Grupo Parlamentario Popular se cierra totalmente --de momento-- a la
posibilidad de llegar a algún acuerdo, pero yo me temo que si en la
Comisión no hay ni el menor atisbo de ganas de llegar a algún acuerdo,
posiblemente en el Pleno tampoco se dé. Ojalá me equivoque, porque vemos
que hay bastantes enmiendas de las presentadas por nuestro Grupo que
pueden ser perfectamente asumibles y que no cambian el fondo de la ley,
que, en definitiva, es lo que todos queremos: dar una serie de pautas, de
garantías, para la seguridad de las personas que dispongan de animales
que se consideren potencialmente peligrosos, básicamente los perros.
Puesto que la ley ha sido ya precipitada y muy poco concreta --como se ha
dicho, y entendemos que es así, es manifiestamente mejorable--, ahora
sería el momento de poderla mejorar en esta Cámara. En cualquier caso, no
lo demos todo por perdido y esperemos que el Grupo Popular del Senado
asuma también la responsabilidad de mejorar una ley que sí se puede
mejorar, y como supongo que tenemos las mismas competencias que tiene el
Congreso, tenemos los mecanismos para que sea mejorable.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sánchez Lucas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: No le quepa duda al portavoz socialista de que,
en la medida en que nosotros veamos que alguna enmienda mejora la ley,
hasta que falte un minuto o menos para que pueda ser posible, estamos
dispuestos a aceptar cualquier mejora. La ley es mejorable, pero
manifiestamente mejorable no lo hemos dicho en ningún momento. De aquí al
Pleno veremos si se puede introducir alguna enmienda sin entorpecer otras
partes de la ley, y si es así, para eso estamos y hemos estado siempre en
esta Cámara y nuestra voluntad ya la conoce, o sea, que no le quepa
ninguna duda en ese sentido.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Acacio.
Pasamos a la votación del dictamen, al que no se ha incorporado ninguna
enmienda, pues han sido rechazadas todas por el Grupo Parlamentario
Popular. (El señor Rodríguez Rodríguez pide la palabra.)
El Senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de pasar a la votación, y dada la prisa que le ha entrado al
Gobierno del Partido Popular que nos obliga a trabajar en esta Cámara con
mucha precariedad, y digo prisa porque en cuatro años de legislatura no
ha entrado ningún proyecto de ley que afecte a la agricultura, si no
recuerdo mal el único que ha entrado afectaba a la pesca, ahora estamos
tramitando este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y, que
yo sepa --a lo mejor me equivoco, el señor Letrado me puede corregir-- no
han sido publicadas las enmiendas en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», por lo que disponemos de un documento interno --veo que sí
han sido publicadas-- en el que figuran distintas enmiendas incluso del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Quisiéramos saber varias cuestiones. Primero, si permanece viva la
enmienda de dicho grupo parlamentario, porque nosotros entendíamos que
había sido parcialmente aceptada en el Congreso, y, una vez que se nos
conteste a esta pregunta, porque de ello va a depender nuestra votación,
pediríamos votación separada de las enmiendas que aparecen en el
documento interno que yo tenía, pero que, por lo que estoy viendo, es
coincidente con la publicación, son enmiendas del Grupo Mixto, del señor
Román Clemente, y figuran con los números 2, 3 y 11.
El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez, por una cuestión de orden. El
trámite parlamentario no permite la votación de las enmiendas. En caso de
que no se aceptara ninguna de las enmiendas, y el Grupo Parlamentario
Popular ha dicho que no va a aceptar ninguna de ningún grupo
parlamentario, el mecanismo parlamentario del Senado es diferente del del
Congreso, y en los dictámenes que se elaboran en las Comisiones
legislativas de esta Cámara no se votan las enmiendas, se vota únicamente
el dictamen, y por ello se pueden mantener vivas a través de votos
particulares mediante el mecanismo, que prevé el Reglamento, de 24 horas
para presentar en el registro aquellas enmiendas que han sido rechazadas
por el Grupo mayoritario, pero lo que se vota es exclusivamente el
dictamen. Por tanto, las enmiendas y su votación quedarían para el Pleno.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido disculpas a la Presidencia de la Comisión por haber interferido en
el normal debate por desconocimiento del Reglamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Queda disculpado, Senador Rodríguez.
Por tanto, vamos a proceder a la votación del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, cinco; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Sin más asuntos que tratar en esta mañana, se suspende la sesión hasta
las cuatro de la tarde.
Eran las doce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Iniciamos la sesión con la propuesta de esta Presidencia para que, en
relación al proyecto de ley sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, designemos como representante de la
Comisión al Senador Angel Carlos Bernáldez, por lo que si sus señorías
están de acuerdo, sería el Vicepresidente Primero de la Comisión quien
defendiera el dictamen aprobado esta mañana ante el Pleno de la semana
que viene.
¿Están ustedes de acuerdo? (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA
INFORMAR:
--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA APLICACION EN
ESPAÑA DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO RURAL (711/000300).
--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA APLICACION DE
MULTAS POR SUPERACION DE LA CUOTA LACTEA Y SU REPERCUSION EN EL SECTOR,
UNA VEZ RECONOCIDA POR LA UNION EUROPEA LA INSUFICIENCIA DE CUOTA Y
ASIGNADAS NUEVAS CANTIDADES A ESPAÑA (711/000301).
--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DESCENSO DE
PRECIOS PARA LOS PRODUCTORES DE PATATAS, SU ALCANCE Y SU REPERCUSION EN
LAS DISTINTAS ZONAS PRODUCTORAS, ASI COMO SOBRE LAS MEDIDAS ESPECIFICAS Y
ESTRUCTURALES A ADOPTAR POR EL GOBIERNO (711/000302).
--A PETICION DEL DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, PARA QUE VALORE LA
APLICACION DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA
EN LA CAMPAÑA 1998/1999 (711/000303).
--DE DON ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ, SOBRE EL ACUERDO DE LA UNION EUROPEA
CON TERCEROS PAISES MEDITERRANEOS Y SU REPERCUSION EN EL SECTOR ESPAÑOL
DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS (711/000304).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al siguiente punto del orden
del día, comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
don Jesús Posada Moreno, para sustanciar las diferentes peticiones de
comparecencia que acordaron la Mesa y portavoces de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara.
Quiero indicar a sus señorías que vamos a agrupar el debate de las
comparecencias de la siguiente manera: en primer lugar, trataremos los
temas agrícolas y ganaderos, es decir, aquellos que conciernen al
Reglamento de Desarrollo Rural, a la cuota láctea y su repercusión en el
sector, al descenso de precios en el sector productor de patata, y el
funcionamiento de la Organización Común de Mercado del aceite de oliva.
Igualmente, existe una petición de comparecencia sobre el sector de
frutas y hortalizas, efectuada por el Grupo Socialista.
Los diferentes grupos parlamentarios podrán intervenir en relación con
todas estas comparecencias a través de sus respectivos portavoces. Esta
Presidencia va a ser generosa en cuanto al tiempo de que va a disponer el
Gobierno para fundamentar y defender sus posiciones y, con un
planteamiento recíproco, también lo será con los diferentes grupos
parlamentarios para que defiendan las posiciones que tengan al respecto.
Tras el desarrollo de estas comparecencias haremos un receso de cinco
minutos, para tratar con posterioridad los temas de pesca, en este caso
aquellos que afectan a los acuerdos pesqueros que la Unión Europea ha
mantenido hasta ahora con Argentina y que tendrá hasta la semana que
viene con Marruecos, con el fin de analizar la problemática que surge en
los ámbitos social, de recursos pesqueros y empresarial, la viabilidad de
las empresas y la situación laboral del sector pesquero español al albur
de esos convenios pesqueros, uno ya agotado en su vigencia, y el otro a
punto de finalizar.
Para sustanciar todas estas cuestiones tenemos hoy al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, don Jesús Posada Moreno, a quien damos
nuevamente la bienvenida, sabiendo que ha sido Senador en representación
de la provincia de Soria, también Diputado, y miembro de la Comisión de
Agricultura en el anterior período de sesiones. (El señor Rodríguez
Rodríguez pide la palabra.)
Antes de que inicie su intervención, y para una cuestión formal, tiene la
palabra el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero solicitar de la Presidencia la exclusión de la quinta
comparecencia del señor Ministro, a petición de don Antonio Bonilla,
sobre el acuerdo de la Unión Europea con terceros países mediterráneos y
su repercusión en el sector español de frutas y hortalizas, dado que
ambos interlocutores han tenido la oportunidad recientemente, en el
transcurso del último Pleno del Senado, de debatir estas cuestiones, que
no han sufrido desde entonces una variación sustancial para reproducir
hoy ese mismo debate. Con ello, en el primer bloque de comparecencias del
señor Ministro sólo se sustanciarían las cuatro primeras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La propuesta hecha por el representante del Grupo Socialista supone una
modificación del orden del día. Por tanto, solicito de sus señorías la
aprobación de esta propuesta. ¿Hay algún inconveniente? (Pausa.)
Estando de acuerdo, pues, tiene la palabra el señor Ministro para que
sustancie las diferentes peticiones de comparecencia.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente, por sus amables palabras al inicio de
esta sesión, que considero muy necesaria ya que los temas para los que se
solicita la comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación son todos ellos importantes.
No es mi estilo, ni lo ha sido nunca, hacer discursos largos y
farragosos, por lo que, aunque voy a intentar ser muy concreto en mis
aseveraciones, me temo que no voy a tener más remedio que extenderme
porque estos temas así lo exigen.
Comenzando por la primera petición de comparecencia, la aplicación en
España del Reglamento de Desarrollo Rural, todos ustedes conocen bien que
en el paquete agrícola de la Agenda 2000 se aprobó el nuevo Reglamento de
Desarrollo Rural. En mi opinión dicho Reglamento es beneficioso para
España y fue fruto de una acertada negociación. Las Comunidades Autónomas
y las diferentes organizaciones profesionales agrarias manifestaron su
satisfacción por el resultado obtenido, y es una muestra, desde luego,
del interés y la enorme importancia que el Gobierno concede a este tema.
En primer lugar, es importante destacar el crecimiento de la aportación
comunitaria logrado para el período
2000-06, especialmente, si la comparamos con la media de lo obtenido en
el período anterior. Para las medidas estructurales, es decir, el
conjunto de las acciones del Reglamento de Desarrollo Rural, excepto las
cuatro medidas de acompañamiento, disponemos de un presupuesto total de
872.000 millones de pesetas para las regiones de Objetivo 1, entre las
que se incluye Cantabria --aunque está en proceso de salida--, y de
292.000 millones de pesetas para las regiones fuera del Objetivo 1, lo
que supone un gasto público total de un billón 164.000 millones de
pesetas.
Este incremento del conjunto de la aportación de los fondos estructurales
para las regiones Objetivo 1 ha sido de un 13,9 por ciento en relación
con el período anterior. En concreto, en lo que al FEOGA Orientación se
refiere, el incremento es aún mayor: de un 23 por ciento anual,
alcanzándose los 4.756 millones de euros para este período.
Para el conjunto de las regiones fuera del Objetivo 1 está prevista una
aportación anual de 459 millones de euros, incluyéndose aquí,
naturalmente, las medidas de acompañamiento por ser de aplicación
horizontal a todo el territorio nacional. Esta cifra representa un
incremento del 36 por ciento sobre la asignación anual de que dispuso
España en el período anterior, y supone un 10,6 por ciento del conjunto
de la Unión Europea frente al 9,4 por ciento obtenido en el período
1994-99.
Por otra parte, este nuevo Reglamento supone una simplificación de la
normativa, la gestión y la programación, y añade flexibilidad a las
distintas líneas de apoyo, permitiendo que encajen una mayor variedad de
actuaciones en el medio rural.
En concreto, en relación con los contenidos de las diferentes líneas de
apoyo, es destacable la significativa mejora lograda en el nivel de
ayuda, destacándose los siguientes. En primer lugar, un incremento de al
menos cinco puntos en la ayuda máxima porcentual para las inversiones en
la modernización de las explotaciones agrarias.
Vamos a publicar, previa consulta a las Comunidades Autónomas y las OPAs,
un nuevo real decreto que actualice el conocidísimo Real Decreto 204.
Para ello, en el presupuesto nacional del año 2000 hemos previsto una
subida del 31,4 por ciento, pasando de 12.000 a 17.000 millones de
pesetas.
Los topes máximos de las ayudas a la instalación de jóvenes aumentan en
cerca de un 70 por ciento, pasando de 5 a 8,3 millones de pesetas de
ayuda por joven entre la prima de instalación y la bonificación de
intereses de préstamos que cubran los costes de esta instalación.
Se amplían las posibilidades de las acciones de formación profesional
agraria, incrementándose sustancialmente las actuales partidas del Fondo
Social Europeo. El Gobierno espera superar los mil millones de pesetas
anuales de aportación neta al total de la inversión.
Se refuerzan los apoyos a los procesos de comercialización y
transformación de los productos agrarios, lo que queda reflejado en el
aumento hasta 7.100 millones que se ha previsto en el presupuesto para el
fomento de la industrialización alimentaria.
El Gobierno ha tenido en cuenta la evolución del consumo hacia los
productos agrarios transformados y preparados y se volcará en la mejora
de la comercialización e industrialización, de modo que ésta se adapte al
mercado y aporte un mayor valor añadido al medio rural.
Para ello, seguimos fomentando el perfeccionamiento de la calidad, la
innovación industrial, el cuidado del medio ambiente, la mejora y
ampliación de los mercados en origen y de los centros de comercialización
de mayoristas, el fomento de la concentración de PYMEs del sector y la
creación entre las mismas de redes de cooperación industrial.
La industria alimentaria de productos de origen de la tierra o las
pequeñas y medianas industrias que se instalen en el medio rural también
contarán con el apoyo del Gobierno.
Las inversiones en regadíos, infraestructuras de gran importancia para
España, durante este año alcanzan los 14.000 millones del Capítulo 6,
además de los 25.000 millones del Capítulo 8, con reembolso comunitario,
destinados a la financiación de las recientemente creadas --ya están
aprobadas en Consejo de Ministros-- sociedades estatales para la
modernización y consolidación del regadío.
Por ello, el Plan Nacional de Regadíos --del que doy una simple
pincelada, aunque es importante para el desarrollo rural-- tiene los
siguientes programas: la actuación en los regadíos existentes sobre las
infraestructuras para el ahorro de agua, etcétera; la finalización de los
regadíos en ejecución; nuevas transformaciones en regadíos con
rentabilidad técnica y económica; regadíos de interés social, y el
fomento de los de iniciativa privada.
Asimismo, se mejoran los límites de ayuda y ámbitos de aplicación para
las medidas de acompañamiento. Los acuerdos con las Comunidades Autónomas
están siendo ultimados en una carrera que, en mi opinión, es la más
rápida de todos los Ministerios. Precisamente porque ya el
1.º de enero hay que aplicar una serie de medidas, estamos avanzando con
mayor rapidez que en ningún otro campo.
Y en lo que respecta al peso ponderado de cada medida --algo que es muy
importante--, existe un acercamiento respecto de algunos porcentajes que
a continuación les voy a dar, aunque no son definitivos ya que estamos
acercando posiciones con las Comunidades Autónomas; por tanto, no se
pueden considerar como tales. Estos porcentajes serían los siguientes:
cese anticipado, 12 por ciento; programas agroambientales, 40 por ciento;
forestación de tierras agrarias, 25 por ciento, e indemnización
compensatoria, 23 por ciento.
Se destinarán un total de 543.000 millones de pesetas para el conjunto de
las medidas de acompañamiento en todo el territorio nacional, incluida la
aportación comunitaria en el período 2000-06. Es decir, que el gasto
público total para la aplicación del Reglamento de Desarrollo Rural --por
tanto, con las medidas cofinanciadas con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación-- será de un billón 812.000 millones de pesetas.
Creo que esto demuestra un interés claro por conseguir los objetivos
expuestos.
Hay algunas mejoras que vamos a introducir en las medidas de
acompañamiento, pero que pongo sobre la mesa para que se opine sobre
ellas. Es nuestra intención avanzar en la reducción a 55 años la edad
mínima de acceso voluntario al cese anticipado de la actividad agraria,
al tiempo que pretendemos aumentar la ayuda en una media próxima al 20
por ciento. Estamos negociando con las Comunidades Autónomas las nuevas
condiciones económicas para la forestación de tierras agrarias y la
mejora de la adecuación de especies a las características del terreno. Es
nuestro objetivo conseguir duplicar el importe actual de la ayuda media
por explotación, por indemnización compensatoria en las zonas
desfavorecidas y de montaña, acercándonos a las medias de los países
comunitarios. Se han ampliado los sectores y ámbitos de aplicación de las
medidas agroambientales.
Quiero detenerme especialmente en estas medidas. El Ministerio está
ultimando en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas --y ésta
va a ser una coletilla que se va a repetir mucho, pero es la verdad-- la
política agraria, y mi opinión es que no puede haber política agraria en
España si no es en colaboración, muy a fondo, con las Comunidades
Autónomas. Incidentalmente puede haber alguna Comunidad Autónoma, en un
tema concreto, que pueda no estar de acuerdo, pero en conjunto no concibo
una actuación en política agraria que no tenga el apoyo y el acuerdo de
las Comunidades Autónomas.
Los diferentes programas medioambientales que se aplicarán durante el
período 2000-2006 en breve plazo serán presentados a las OPAs y al resto
del sector implicado. Para el caso concreto del girasol, de gran
importancia para asegurar el mantenimiento de este cultivo en nuestro
país, se están estableciendo unas condiciones claras, sencillas y fáciles
de aplicar y comprobar. Serán luego las Comunidades Autónomas las
responsables de su ejecución. Pretendemos alcanzar con esta medida unas
800.000 hectáreas de superficie de secano destinadas al cultivo del
girasol, y añado que he leído en informaciones de prensa que, por
ejemplo, el Consejero de Castilla-La Mancha va a pedir determinadas
actuaciones, dentro de ese marco del girasol, y creo que ha habido un
malentendido, porque las peticiones que él hace son las mismas que
propone el Ministerio; por eso digo que quizá ha habido algún borrador
que haya podido filtrarse con otras ideas, pero no son ésas las ideas del
Ministerio.
Nuestro objetivo básico sigue siendo conseguir una mejora de los niveles
de renta y de las condiciones de vida del medio rural en que la
agricultura deberá seguir desempeñando un papel primordial, aunque cada
vez debe tenerse más en cuenta el papel multifuncional de agricultores y
ganaderos. En el medio rural se está consolidando un protagonismo
creciente de las mujeres. El Gobierno, a través de la política de
desarrollo rural, animará y apoyará la participación de la mujer rural en
las esferas profesionales, económicas y de acceso a la plena titularidad
de la explotación agraria. De igual modo, trabajaremos en la búsqueda de
fuentes de rentas alternativas o complementarias a la actividad agraria.
Para ello, potenciaremos un desarrollo endógeno y sostenible, contando
con la cooperación de los protagonistas del proceso de desarrollo.
Quiero insistir una vez más sobre la necesidad de dar al sector agrícola
un papel multifuncional, que no se limite a la producción, sino que
abarque muchos otros ámbitos: turismo rural, artesanía, conservación del
patrimonio cultural, cuidado del medio ambiente, temas todos ellos que
son buenos para el complemento de rentas y encajan en la diversificación
de las actividades del medio agrario rural.
Vamos a estudiar la elaboración de productos alimentarios con
denominaciones de calidad protegidas y el fomento del mantenimiento de la
fabricación artesanal y de la comercialización de los productos típicos
locales de calidad. El Gobierno pondrá en marcha ésta y otras mejoras a
través de programas encuadrados en normas estatales de carácter abierto,
que permitan su desarrollo y aplicación específica en cada Comunidad
Autónoma que así lo decida. Esta actuación del Gobierno no limitará en
ningún caso el libre desarrollo del Reglamento que cada Comunidad
Autónoma desee llevar a cabo, con su propia financiación. La idea es dar
una visión global desde el Ministerio, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y la posibilidad para éstas de desarrollar acciones
propias, si así lo consideran oportuno.
Voy a pasar, señor Presidente, a la segunda comparecencia, solicitada por
don Antonio Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la aplicación de multas por superación de la cuota láctea y su
repercusión en el sector, una vez reconocida por la Unión Europea, la
insuficiencia de cuota y las asignadas nuevas cantidades a España.
Yo agradezco esta posibilidad de explicar aquí, en el Senado, las
actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en estos últimos años para
modernizar y mejorar la competitividad del sector lácteo, muy importante
entre la economía productiva de muchas Comunidades Autónomas, pero sobre
todo en la Cornisa Cantábrica y en el Norte de España, y porque, a su
vez, ante esta Cámara de representación territorial me permite informar
sobre el amplio consenso
y la participación que han tenido las Comunidades Autónomas a la hora de
establecer los criterios y determinar los repartos del incremento de
cuota concedida a España en las negociaciones de la Agenda 2000.
Comenzando por la tasa suplementaria, las medidas adoptadas durante esta
legislatura para modernizar y mejorar la competitividad del sector
lácteo, Real Decreto 1486/1998, son un reflejo de la sensibilidad del
Gobierno ante las dificultades que se plantearon en España para la
aplicación del régimen de tasas suplementario, previsto en la normativa
comunitaria. Para todas las cuestiones relativas al sector lácteo el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha mantenido y mantiene
con el sector y con las Comunidades Autónomas un grado de diálogo y
entendimiento muy importante, como lo demuestra el hecho de que los
asuntos relativos a la leche han sido puntos del orden del día de las
mayorías de las conferencias sectoriales que ha convocado el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y siempre con voluntad de consenso.
España para cumplir los requisitos establecidos por la Unión Europea en
el sector de la leche y de los productos lácteos, tras la reforma de la
reforma de la PAC de 1992, inició la aplicación del régimen de tasas
suplementarias, a partir del período 1993/1994, coincidiendo con la
prórroga de dicho régimen para siete nuevos períodos, a partir del 1 de
abril de 1993. Conviene recordar --y yo no soy partidario de recordar
cosas para achacar males a nadie que haya estado en esta responsabilidad
anteriormente, pero sí para poder comparar-- que el incumplimiento de la
normativa comunitaria hasta 1992 supuso una corrección financiera para el
Estado español de 199.985 millones de pesetas, calculados precisamente en
función del rebasamiento sobre la cuota estimada por la Comisión.
Es conveniente también puntualizar que existen dos cantidades globales
garantizadas --que es algo que el señor Rodríguez conoce perfectamente,
pero deseo que quede constancia de ello en el «Diario de Sesiones»--: una
para entregas a compradores o venta a industria y otra para ventas
directas. España no ha tenido nunca problemas en el caso de las ventas
directas, al no superar éstas el límite fijado. En España sí se han
producido rebasamientos en las cuotas de ventas a industrias y por lo
tanto se ha tenido que practicar la correspondiente liquidación de tasa
en cuatro de los seis períodos de aplicación. Los períodos son 1993-1994,
1995-1996, 1996-1997 y 1998-1999, que es el actual. El rebasamiento se
produjo de la siguiente manera. En 1993-1994, de 30.000 toneladas, luego
pasó a 121.000 en 1995-1996, bajó a 60.000 y en el último ha sido de
40.000. Eso ha supuesto una tasa que, si bien en la primera fue de 1.700
millones de pesetas, en el 1995-1996 fue de 7.100 millones de pesetas, en
el 1996-1997 de 3.500 millones de pesetas y este año de 2.400 millones de
pesetas.
El número de ganaderos también se ha visto afectado. Empezó con 1.000, en
1995-1996 afectó a 27.000, en el 1996-1997, a pesar de bajar, subió el
número de ganaderos a 29.000 y este año ha bajado a 22.900.
La tasa se adeuda por todas las cantidades de leche comercializadas
durante un período, desde el 1 de abril al 31 de marzo de cada año, que
rebasen la cantidad global disponible establecida para España, y se
obtiene sumando a la cuota garantizada fijada cada año por la Unión
Europea los trasvases temporales de cuota para ventas directas a cuotas
para entregas, o viceversa. Una vez conocido el rebasamiento y la tasa
adeudada, ésta debe distribuirse entre los ganaderos, puesto que uno de
los elementos centrales del régimen de aplicación de la tasa
suplementaria es que se repercuta y cobre a los productores, aunque la
liquidación se practique a los compradores, que son los sujetos pasivos.
No todos los ganaderos que hayan sobrepasado su cuota o cantidad de
referencia participan definitivamente en el pago de la tasa adeudada, ya
que se realizan dos procesos de compensación, uno a nivel de comprador y
otro a nivel nacional. En la primera compensación, el comprador utiliza
los sobrantes de cuota de sus propios proveedores para compensar a
aquellos ganaderos que hayan rebasado su cuota. La compensación nacional
se realiza globalmente, a nivel de ganadero, con independencia de la
empresa compradora, utilizando los sobrantes que quedan después de la
primera compensación, así como la reserva nacional no asignada y la cuota
de los ganaderos que no realizan entrega; esta compensación tiene en
cuenta tanto la cuota del ganadero como el rebasamiento de las entregas
con respecto a esta cuestión.
Según la normativa comunitaria recogida en los reglamentos de 1992 y 1993
y la normativa nacional, el Estado miembro debe notificar al comprador,
al ser el responsable del pago de la misma, el importe de la tasa que
debe abonar al organismo competente, que en el caso de España es el Fondo
Español de Garantía Agraria. La problemática que se plantea en España
para la repercusión en el sector de la tasa y el cobro de la misma radica
en el elevado número de recursos que se interponen, tanto en vía
administrativa como jurisdiccional, contra las liquidaciones practicadas,
teniendo en cuenta los derechos y garantías de los contribuyentes
previstos en nuestro ordenamiento jurídico vigente, que yo defiendo, y me
parece perfectamente razonable que utilicen todos los que tengan a su
alcance. Todo ello supone que el cobro de la tasa en España sea muy
lento, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto por la Comisión de
la Unión Europea, exigiendo un mayor esfuerzo de la Administración
española en este sentido.
Para superar todas estas dificultades de cobro y repercusión, desde el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación --y con el apoyo de las
Comunidades Autónomas-- se ha diseñado un sistema de retenciones
obligatorias a cuenta, como anticipo sobre la tasa adecuada que deben
realizar los compradores sobre cualquier entrega de un producto que
exceda su cantidad de referencia. Este sistema, previsto en el Real
Decreto 1486/1998, sobre modernización y mejora de la competitividad del
sector lácteo, permite ir cobrando la tasa a lo largo del período y
evitar el cobro de forma global al final de campaña. Así, para este
período 1998-1999, de los 2.400 millones de pesetas que han tenido que
liquidarse, ya hay una parte muy importante --aproximadamente 1.600
millones de pesetas--
que ha sido pagada por los productores que han tenido liquidada esta
tasa.
La demora por parte de la Administración en practicar las
correspondientes liquidaciones a los ganaderos que no han tenido
sobretasamiento en esta última campaña --y que supongo que es una de las
cuestiones que me planteará su señoría-- se ha debido a la necesidad de
corregir las declaraciones remitidas en un primer momento por los
compradores al FEGA --hasta dos veces-- ha sido preciso realizar nuevas
consultas y aclaraciones para disponer de datos fiables para practicar
las mismas. El plazo para practicar las liquidaciones a los ganaderos que
definitivamente no han sobrepasado su cuota, es de un mes a partir de la
notificación del comprador. Desde el FEGA se ha remitido una carta a los
productores pidiéndoles su número de cuenta para ingresarles la
devolución, naturalmente si procede, lo antes posible. De los datos que
se dispone en este momento, el número de ganaderos que tienen derecho a
devolución se estima en 10.500 y el montante de la devolución está en
torno a los 280 millones de pesetas. Las devoluciones se practicarán
durante el mes de diciembre próximo.
Sin perjuicio de lo anterior, y a la vista de la experiencia de este
primer año de gestión de las retenciones, se va a realizar un estudio de
cara a posibles modificaciones del actual sistema que permita un mayor
ajuste entre las cantidades retenidas y liquidadas.
Voy a entrar en la segunda parte de esta comparecencia, relativa a la
distribución y asignación del incremento de cuota láctea.
Las 550.000 toneladas conseguidas en la Agenda 2000 contribuirán en gran
medida a paliar el déficit de cuota existente en nuestro país y, por lo
tanto, esperemos, los rebasamientos de cuota de algunos productores.
Hay dos elementos que constituyen un importante complemento para los
instrumentos de política lechera que ha desarrollado el Gobierno con el
objetivo de modernizar y mejorar la competitividad del sector lácteo: los
programas de reestructuración basados en el abandono indemnizado y en la
creación de un fondo de cuota, y los programas de mejora de la calidad de
la leche.
Para el reparto de esta cuota suplementaria, además del objetivo de
mantener el equilibrio territorial y la producción de leche en todas las
regiones --objetivo que se contempla en la exposición de motivos de la
reforma de la Comisión-- se ha tenido en cuenta: primero, la resolución
aprobada en el último debate sobre el Estado de la Nación que insta al
Gobierno a que los incrementos productivos de los distintos sectores
agrícolas obtenidos en los acuerdos de la Agenda 2000 --cuota de
producción de leche, prima de vacuno, rendimientos históricos herbáceos y
nuevas plantaciones de viñedo-- se distribuyan en colaboración con las
Comunidades Autónomas y en base a criterios de proporcionalidad, y,
segundo, el interés del Gobierno de alcanzar el mayor grado de acuerdo
posible con las Comunidades Autónomas, dadas las competencias que tienen
asumidas en materia de agricultura y ganadería.
En la Conferencia Sectorial, celebrada en Mérida el pasado día 20 de
septiembre, se acordó la creación de un grupo de expertos para debatir
los criterios de reparto y alcanzar un consenso, a ser posible,
definitivo. Se elaboraron distintas propuestas teniendo en cuenta tanto
las opiniones de las Comunidades Autónomas como las del propio sector
--organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industrias
lácteas-- cuyos representantes han mantenido constantes reuniones con el
MAPA. El calendario de reuniones fue el siguiente: el 30 de septiembre
hablamos con la Asociación de Productores de Leche Certificada; y, en
octubre, el día 7, con la Confederación de Cooperativas Agrarias; el día
13, con la Federación de Empresas Lácteas; el día 14, con ASAJA; el día
20, con ANEL; el día 21, con COAG; el día 22, con UPA; y, el día 28, con
FENIL.
Entre los criterios considerados para elaborar las propuestas que fueron
objeto de discusión y, finalmente, del acuerdo alcanzado en la
Conferencia Sectorial del 25 de octubre, celebrada en Madrid, además de
las citadas anteriormente se han tenido en cuenta tres líneas de
actuación o de pensamiento claves: primero, la necesidad de obtener
explotaciones competitivas para reordenar el sector, con el mantenimiento
de explotaciones con un mínimo de animales y un tamaño que las haga
viables en el futuro; segundo, el mantenimiento de explotaciones que
produzcan leche de calidad y que puedan realizar inversiones para la
obtención, almacenamiento y conservación de la leche en condiciones
higiénicas y sanitarias adecuadas, y, tercero, el mantenimiento de un
conjunto de explotaciones que, si bien tienen un menor tamaño, sirven
para asentar en el medio rural una población en condiciones
socioeconómicas adecuadas. Esta situación es particularmente importante
en la Cornisa Cantábrica y, muy especialmente, en las Comunidades
Autónomas de Asturias, Galicia y Cantabria, regiones en las que existe un
mayor número de explotaciones familiares y de menor tamaño. En estas
zonas es necesario hacer compatible la eficacia productiva y de
competitividad con el resto de las explotaciones europeas, con la
necesidad de dotar a la población rural de unos ingresos adecuados que
permitan su asentamiento en el medio rural.
En la Conferencia se llegó a un acuerdo, que sus señorías sin duda
conocen, pero que yo voy a leer para que conste: Andalucía, 41.000
toneladas; Aragón, 6.830 toneladas; Asturias, 75.500 toneladas; Baleares,
8.800 toneladas; Cantabria, 66.736 toneladas; Castilla-La Mancha, 13.000
toneladas; Castilla y León, 76.176 toneladas; Cataluña, 55.871 toneladas;
Comunidad Valenciana, 3.600 toneladas; Extremadura, 4.366 toneladas;
Galicia, 207.312 toneladas; La Rioja, 1.027 toneladas; Madrid, 7.600
toneladas; Murcia, 1.610 toneladas; Navarra, 16.240 toneladas, y País
Vasco, 26.000 toneladas. Se repartirá con efectos de 1.º de abril del año
2000 la cantidad de 350.000 toneladas --primer tramo de las 550.000--, la
de 1.168 toneladas correspondientes a la reserva nacional, y la parte de
las 10.500 toneladas que puedan incorporarse a la reserva nacional en la
campaña 1999-2000. Por otra parte, se repartirá con efectos de 1.º de
abril del año 2001 la cantidad de 200.000 toneladas --segunda parte-- y
la parte de las 10.500 toneladas que puedan incorporarse a la reserva
nacional en la campaña 2000-2001. De las cantidades acordadas
se detraerá la cuantía que corresponda para atender los recursos que se
presenten.
Este acuerdo consiguió el voto favorable de las Comunidades Autónomas de
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra; la abstención de
Aragón, Asturias y Extremadura, y el voto en contra de Andalucía,
Castilla-La Mancha y País Vasco.
Si bien el acuerdo de la Conferencia sectorial ha dado lugar a una
distribución de cuota por Comunidad Autónoma, es preciso recordar que de
acuerdo con la legislación comunitaria no existen cuotas regionales, sino
que es la de cada uno de los ganaderos de forma individualizada, siendo
la suma de todas estas cuotas individuales la cuota del Estado. De
acuerdo con la legislación actual, las Comunidades Autónomas proponen al
MAPA la cuota que debe recibir cada ganadero, siendo este Ministerio el
responsable último de su asignación.
Por lo tanto, es necesaria la publicación de un real decreto marco
nacional que se elaborará en colaboración con las Comunidades Autónomas y
con las organizaciones agrarias para proceder a las asignaciones
correspondientes. Con esta norma se pretende conseguir un cierto grado
--insisto en lo de cierto grado-- de homogeneidad suficiente y evitar
diferencias importantes de reparto que separen de forma grave
explotaciones del mismo tipo situadas en Comunidades Autónomas distintas,
evitando situaciones que puedan ser consideradas discriminatorias y
puedan ocasionar distorsiones de la competencia. De todas formas, insisto
en lo de cierto grado. He manifestado reiteradamente que la organización
general de la economía es la responsabilidad del Ministerio, pero no
puede considerarse que se rompe esa organización general de la economía
porque en distintas Comunidades Autónomas no se apliquen de forma
idéntica las disposiciones generales. Habrá unas recomendaciones
generales y una visión global en la que estaremos de acuerdo todas las
Comunidades Autónomas y el Ministerio, pero luego en el reparto y en esa
aplicación cada Comunidad Autónoma es responsable y tiene su propia
política. El día 11 se mantuvo una reunión con las Comunidades Autónomas
para debatir estos criterios de reparto y encontrar un punto de
equilibrio entre estas ideas de carácter nacional y las aplicaciones de
cada Comunidad Autónoma.
Finalmente, quiero señalar que este reparto de cuota suplementaria debe
servir para acelerar el efecto de los mecanismos puestos en marcha para
mejorar la competitividad de las explotaciones lecheras y para asegurar
la continuidad de las mismas, condicionada en el futuro, a medio plazo,
por la mayor liberalización del mercado; la nueva Ronda de la
Organización Mundial de Comercio, que no necesito recordar a sus
señorías, que va a tener unos efectos muy importantes en todo el sector,
y en la leche por supuesto; las mayores exigencias de los consumidores y
la incertidumbre respecto al régimen de cuotas, porque será sometido
nuevamente a revisión por el Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea en el año 2003.
Paso ahora a explicarles, que no es sencillo, la situación del sector de
la patata y su repercusión en las distintas zonas productoras.
El sector de la patata se ha caracterizado tradicionalmente por su fuerte
inestabilidad, tanto a nivel nacional como comunitario, registrando de
forma periódica crisis coyunturales caracterizadas por un exceso de
oferta, que provoca una caída de los precios y repercute en la renta de
los agricultores.
Por otra parte, la situación del sector español es más difícil que la de
otros países por su bajo nivel de organización. Los intentos para poner
en marcha una Organización Común de Mercado en la Unión Europea han
fracasado en varias ocasiones por el desacuerdo entre los Estados
miembros, que no ceden en sus posiciones. Una Organización Común de
Mercado de la Unión Europea contribuiría a una gran estabilidad de los
mercados y de las rentas de los agricultores.
En España, por ver la situación del sector, hay alrededor de 150.000
hectáreas dedicadas al cultivo de la patata: un 3 por ciento a patatas
extratempranas, el 20 por ciento a tempranas, el 47 por ciento de media
estación, y el 30 por ciento a las tardías. La producción es del orden de
los 3.500.000 toneladas anuales, oscilando de unas campañas a otras, con
una ligera tendencia a la baja, ya que si bien la superficie está en
disminución, los rendimientos van siendo superiores. El saldo de comercio
exterior es favorable a las importaciones, unas 400.000 toneladas, siendo
preciso importar entre 500.000 y 600.000 toneladas anualmente, mientras
que exportamos, principalmente de patata temprana, unas 150.000
toneladas, de las que un 90 por ciento va al resto de los países de la
Comunidad. Con respecto a la Unión Europea, la producción de España
supone el 8 por ciento del total y el 10 por ciento de la superficie.
Vamos a ver ahora cómo han evolucionado los precios de la patata en la
presente campaña. Al inicio de 1999 los precios fueron muy altos, del
orden de un 50 por ciento superiores a los de la campaña anterior. Esto
fue debido a las pocas existencias a nivel nacional y a unas
importaciones normales, ya que en la Unión Europea tampoco había un
exceso de existencias, lo que favoreció el mantenimiento de los precios a
niveles tan altos. Esta situación varió a partir del mes de mayo a
consecuencia de los elevados rendimientos obtenidos en la patata temprana
y a la concentración de la recolección por las condiciones
meteorológicas. Este exceso de oferta coyuntural hizo que el comercio
perdiera interés en cerrar operaciones y bajasen los precios. Durante el
período mayo-agosto los precios evolucionaron por debajo de la campaña
anterior, aunque a niveles próximos a los de 1997, que puede considerarse
una cosecha normal. Las primeras producciones de patata de media estación
se vendieron a precios bajos, como consecuencia de la inercia del
mercado, sin descartar, por otro lado, la negativa incidencia que tuvo en
el mercado el rumor --insisto, el rumor-- sobre importaciones de terceros
países. Sin embargo, esta caída parece que no estaba justificada, puesto
que esta situación no se estaba produciendo. Actualmente el precio se
encuentra estabilizado, aunque a niveles inferiores a la campaña
anterior, como consecuencia de una baja demanda, y estos precios pueden
considerarse ligeramente por debajo para mantener unas rentas adecuadas
en el sector. No obstante, mi opinión es que las cotizaciones
de la presente campaña no deben ser comparadas con las de la campaña
anterior, debido a que en dicho período fueron anormalmente elevadas, y
aunque en éste estén siendo también anormalmente bajas.
Respecto a la repercusión por regiones, la caída de precios de mayo
afectó principalmente a la patata temprana de Valencia y Andalucía, ante
la concentración de la recolección, la ausencia de contratos previos, y
la escasa iniciativa de exportación hacia nuestros mercados naturales de
la Unión Europea, dada la baja organización del sector, ya que el exceso
de oferta producido era mínimo respecto al consumo nacional y respecto al
consumo de los países de la Unión Europea. Indirectamente, y como
consecuencia de la inercia de las cotizaciones, afectó a los primeros
productos recolectados en las zonas productoras de patata de media
estación, a pesar de que las estimaciones de cosecha que manejábamos en
el Ministerio eran normales. Esto se aplicó principalmente a las zonas de
Castilla y León y de La Rioja.
¿Qué medidas hemos adoptado? Como ya he dicho, los intentos de regulación
que han tenido lugar en la Unión Europea no han llegado nunca a poner en
marcha una Organización Común de Mercado de la patata. Esta propuesta ha
encontrado oposición de casi todos los Estados miembros; unos, como
España, Francia, Italia, Grecia y Portugal, los mediterráneos, no se
ponen de acuerdo para una propuesta de compromiso conjunta por
considerarla insuficiente, y los demás la consideran excesiva o
innecesaria. En conclusión, los intentos de las diversas presidencias del
Consejo para hallar una fórmula de compromiso han resultado siempre
vanas, dada la rigidez de las posiciones, incluida la de la Comisión, por
lo que la situación puede calificarse de bloqueo. Por este motivo, el
Ministerio decidió poner en marcha un sistema de apoyo estructural al
sector, con objeto de que los agricultores españoles alcancen un mayor de
integración en agrupaciones de productores, de forma que dispongan de un
instrumento que les permita mejorar sus estructuras productivas y
comerciales, situando el sector en las mismas condiciones de
competitividad que otros Estados con un nivel de organización más
elevado, y mantener un nivel adecuado de rentas.
Con este fin el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 617/1998, de
17 de abril, que establece las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a las agrupaciones de productores de patata de consumo, limitadas
en el tiempo y compatibles con la legislación comunitaria. En dicho Real
Decreto se establece que las Administraciones públicas sufragarán el 50
por ciento del coste total de las acciones encaminadas a mejora de la
producción, comercialización y normalización de las patatas de consumo,
concentrar la oferta y adaptarla a la demanda, reducir el gasto de
producción, mejorar prácticas y técnicas de cultivo, así como adaptar las
variedades a la demanda. El 50 por ciento restante tiene que ser aportado
por los socios. Asimismo, el importe anual de estas ayudas podrá llegar
hasta el 7,5 por ciento de la facturación registrada en el año anterior.
Mi intención, porque quiero favorecer claramente a estas agrupaciones de
productores, es llegar a duplicar estas ayudas hasta alcanzar el 15 por
ciento de la facturación, para incentivar la constitución de agrupaciones
de productores de patata. Independientemente, y durante las primeras
cinco campañas hay ya ayudas para los gastos de constitución y
funcionamiento administrativo de las agrupaciones de productores, que
pueden llegar hasta un 5 por ciento del valor de las ventas de patata
para los sucesivos años.
El Ministerio considera que la incentivación de la mejora de la
estructuración del sector en agrupaciones de productores es la única
medida eficaz para evitar las crisis que periódicamente se han producido.
Esta mejora de las estructuras productivas y comerciales permitirá
abordar mejor las dificultades de los mercados cuando afectan a toda la
Unión Europea, pero de manera mucho más eficaz en situaciones como la
actual, donde el problema es exclusivo del mercado español, ya que las
existencias y previsiones de cosecha en la Unión Europea no justifican
caídas de precios en los mercados españoles. Por ello puedo anunciar
solemnemente en el Senado la disponibilidad de este Ministerio, y mía
como Ministro, para dialogar con Comunidades Autónomas, organizaciones
profesionales agrarias y las cooperativas para aumentar las ayudas
establecidas en el Real Decreto de abril de 1998. El procedimiento
requiere, además, autorización de la Comisión Europea, con la que ya
hemos establecido conversaciones informales para que conozcan nuestras
intenciones. Coyunturalmente y para la presente campaña, con el fin de
regular la salida de la producción de mercado, se ha establecido por el
Ministerio una ayuda de almacenamiento de patata consistente en
subvencionar con dos pesetas kilo, durante un máximo de dos meses, la
patata de consumo inmovilizada.
Esta ayuda es concedida --quiero hacer hincapié sobre este punto a
entidades asociativas relacionadas con el sector de la patata y de frutas
y hortalizas en general, para insistir en este carácter de las
agrupaciones de productores. Se presentaron solicitudes muy superiores a
la cantidad máxima, que me decidieron a ampliar hasta un máximo de
250.000 toneladas --no quiere decir que fuéramos a llegar a él-- la
cantidad inmovilizada. También amplié, a petición de las Comunidades
Autónomas, el plazo de presentación hasta el 4 de octubre, porque quizá
el primero era realmente muy corto.
Finalmente, se han inmovilizado un total de 170.000 toneladas, inferior a
las 250.000 a las que podríamos haber llegado, lo que parece indicar que
el mercado no presenta en estos momentos excesos de oferta.
En resumen, la idea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
mi idea personal, es insistir en la necesaria organización del sector
basándonos en las agrupaciones de productores, con los incentivos
previstos en el Real Decreto, aumentándolos, y evitando las ayudas
coyunturales que, en campañas de crisis, se vienen aplicando y que son
--y lo digo con toda sinceridad-- de dudosa eficacia a medio y largo
plazo.
No obstante, creo que hemos tenido la sensibilidad de aplicar una medida
coyuntural de apoyo al mercado en beneficio de los productores que, si
bien se ha mostrado habitualmente como una medida poco eficaz para
construir el
futuro, ha supuesto un claro mensaje de apoyo a las rentas de los
agricultores y a la agilización de las operaciones de compraventa ante la
posibilidad de que el agricultor pueda mantener el producto almacenado
hasta la percepción de un precio suficiente.
La cuarta comparecencia es la que hace referencia a la aplicación de la
Organización Común de Mercado del aceite de oliva en la campaña
1998-1999.
El Senador don Pedro Rodríguez recordará muy bien, como yo lo hago, la
interpelación que me hizo en el Pleno y en la que tuvimos ocasión de
debatir sobre esta cuestión. Voy a repasar un poco la situación mirando
hacia atrás, es decir, la aplicación, pero con la intención de dar más
importancia a la segunda parte, que es afrontar el futuro. Creo que,
aunque sea de una forma reducida, conviene recordar un poco lo que
dijimos allí. Por ello me reitero --como no puede ser menos-- en afirmar
que la Organización Común de Mercado del aceite de oliva es una garantía
de futuro, aunque haya que reformarla en 2001, y creo que así se ve por
los olivareros, por el mercado y por las inversiones que están haciendo
los mismos oleicultores. Es decir, que hay una situación de esperanza y
también de preocupación ante qué ocurrirá en el año 2001.
No repetirme mucho, aunque tal vez sí tenga que volver a decir algo de lo
que ya expresé en aquella interpelación. Me gustaría hacer una
comparación entre qué habría ocurrido si no hubiera habido reforma, y qué
si la hubiera habido --aunque es difícil hacerlo porque siempre existen
factores dudosos como la ayuda al consumo, etcétera, que no son fáciles
de evaluar--, pero en aras de la necesaria y, por otra parte, conveniente
brevedad, me voy a saltar --lo digo con sinceridad-- lo que tengo aquí
escrito, toda la historia y la comparación de lo que habría ocurrido sin
nueva organización y con organización. Son nueve páginas, y si el Senador
quiere hablar sobre esta cuestión, en mi réplica las leeré, porque creo
que aquí está muy bien explicado, pero, con sinceridad, a mí no me parece
que después de las intervenciones que tuvimos sea muy interesante volver
sobre ese tema. De todas formas, insisto en que estoy aquí a disposición
de los Senadores, y que si al Senador le parece que debe entrar en ese
asunto, en el turno de réplica también entraré en él y daré mi versión.
En consecuencia, es indudable que mi última consideración final sobre
esto, de acuerdo con esta argumentación que no doy ahora a sus señorías,
es que la reforma de la OCM del aceite de oliva se debe valorar como
favorable para España y que ha sido positiva.
Pero ahora viene el punto crucial: Acciones del Gobierno con vistas a la
próxima negociación de la OCM del aceite de oliva 2000-2001. Aquí es
donde yo querría insistir.
Como manifesté en el Pleno del Senado, el Gobierno está ya desarrollando
actuaciones con vistas a la nueva reforma, que tiene que estar aprobada
antes del 1 de noviembre de 2001, donde recojo el ofrecimiento que su
señoría me hizo de contar con el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista. Como su señoría conoce perfectamente, antes de aprobar la
reforma definitiva en el 2001, la Comisión se ha comprometido a estudiar
a fondo la problemática de las mezclas de aceite y, a propuesta de
España, a revisar las cifras hasta obtener datos fiables.
El Ministerio de Agricultura está profundizando en estudios para
determinar el número de hectáreas de olivar, el número de árboles y el
rendimiento de éstos en aceitunas y aceite. Todos estos estudios
pretenden llegar a la eliminación del fraude y a un mejor conocimiento
del sector. En este sentido, el MAPA ha ultimado un registro oleícola
para determinar el número de olivos y un fichero oleícola informatizado
en el que se concentra toda la información para el oleicultor, que en
materia de controles es necesaria para garantizar el buen fin de la
ayuda.
También se ha elaborado el denominado Proyecto Tierra --precisamente hoy
se presentaba en Toledo y ha acudido el Subsecretario porque yo tenía que
votar en el Congreso una de las varias leyes orgánicas que había,
fundamentalmente la de extranjería, y no podía ausentarme--, al que
nosotros damos una enorme importancia para una mejor información del
oleicultor sobre la situación de las ayudas que solicita, financiado al
cien por cien por el MAPA y llevado a cabo en su totalidad --y lo digo
con toda sinceridad-- en estrecha y ejemplar colaboración con las
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Navarra. En Navarra está ya
instaurado, y hoy se ha presentado en Toledo.
Por otro lado, el MAPA está elaborando un sistema integrado de gestión de
ayudas por mandato de la Comisión, cuya finalidad es el control absoluto
de la ayuda a la producción, sistema que tenemos muy avanzado y que
supone un gasto total de 6.176 millones de pesetas, con una financiación
prevista en la Comisión de 4.900 millones, y el resto del propio
Ministerio. El Ministerio ha hecho un verdadero esfuerzo presupuestario
para llevar a cabo este programa. Esto supone que hemos contribuido con
alrededor de 1.200 millones de pesetas en dos años, y estará terminado
antes de las negociaciones de la OCM.
A través de las campañas de formación estamos informando al consumidor de
la calidad y propiedades saludables del producto, procurando la
modernización de nuestras almazaras y la mejora de la comercialización
para incrementar el valor añadido de nuestro aceite.
Estamos llevando a cabo un programa de calidad del aceite de oliva en
colaboración con las Comunidades Autónomas financiado con fondos de la
Unión Europea. Asimismo, estamos potenciando la estructura y los medios
personales y materiales de la Agencia para el aceite de oliva para poder
llevar a cabo con mayor eficacia las actuaciones de control e inspección
que tiene encomendadas.
Esto se aprobó de acuerdo con una proposición no de ley debatida en la
Comisión de Agricultura del Congreso, y es una de las obligaciones que
tiene el Ministerio y que tenemos que llevar a cabo.
Para un mayor rigor y control del fraude hemos aprobado el Real Decreto
257/1999, de 12 de febrero, por el que se regula la supervisión de las
ayudas comunitarias al aceite de oliva y la aceituna de mesa por la
Agencia para el aceite de oliva. La Agencia para el aceite de oliva ha
mejorado sus resultados y ha detectado casos de fraude.
Para promocionar la calidad de nuestros aceites a través del programa de
promoción e información hemos convocado premios al mejor aceite de oliva
para las cosechas 1997-98 y 1998-99.
Para terminar esta exposición quiero referirme, porque parece de cortesía
hacerlo y, además, lo hago con mucho gusto, a la moción que aquí se
presentó como consecuencia de interpelación y que fue rechazada porque el
Grupo Popular --y yo estoy de acuerdo-- la consideró innecesaria --no
errónea, sino innecesaria--, porque para llevar a cabo el primer punto de
la misma necesitamos esperar a tener datos más fiables en cuanto a número
de olivos, superficie, rendimientos y producción y la propuesta de
Comisión, que previsiblemente será durante el próximo año.
En cuanto a la creación --me pareció interesante-- de una comisión con
representación de las Comunidades Autónomas productoras de aceite, que
era el primer punto de la moción, tengo que decir que a mí, en estos
momentos, me parece innecesario porque la colaboración del MAPA con las
Comunidades Autónomas afectadas es enorme, y más concretamente con la
Junta de Andalucía, que es donde mayor cantidad de producción de aceite
de oliva. Yo no tendría ningún inconveniente en establecer esa mesa, pero
creo que en el ámbito de las conferencias sectoriales y en las reuniones
que vamos teniendo se están resolviendo los problemas adecuadamente. Esto
no quiere decir que siempre coincidamos porque, por muchas mesas que
hagamos, las coincidencias se dan después de mucha discusión y sobre
puntos concretos, pero considero que, dadas las relaciones tan fluidas
que existen entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, resulta
innecesaria la creación de esa mesa.
En cuanto a la transferencia del plan de mejora de la calidad a las
Comunidades Autónomas, que era el segundo punto de la moción, dado que
las acciones se financian con recursos europeos, el MAPA, coordinando
todas las actuaciones que reflejan las indicaciones de las Comunidades
Autónomas, elabora un programa global.
Por otra parte, las actuaciones correspondientes a programas como el de
la lucha contra la mosca del olivo y proyectos de investigación que se
ajustan a los objetivos del programa, se están transfiriendo a las
unidades de las Comunidades Autónomas encargadas de la sanidad vegetal y
de los organismos de investigación que lo han facilitado.
No cabe duda de que hay dos posiciones en esto. Yo considero legítima la
pretensión de las Comunidades Autónomas según el siguiente planteamiento:
cada Comunidad Autónoma tiene una determinada superficie de olivar,
existe una cantidad de dinero específica y, en consecuencia, que se
reparta sin más. A mí me parece que no es tan útil. Yo creo que es mejor
hacer una cuestión global y profundizar en esa colaboración, pero todo
esto está abierto, porque en este punto yo no soy en absoluto dogmático.
Creo que hay que buscar la máxima eficacia posible y es bueno para todos
que haya una cierta corresponsabilidad.
Finalmente, en cuanto a la privatización de la empresa Coosur, que
también preocupaba a su señoría, debo señalar que el Gobierno, desde
luego, no tiene intención, por el momento --cuando digo por el momento me
refiero, como es lógico, a que un gobierno democrático tiene el horizonte
que tiene, y ese horizonte se sitúa en las próximas elecciones, en las
que los españoles dirán lo que les parezca--, de llevar a cabo esa
privatización, aunque no oculto que, dada la política que ha manifestado
el Gobierno reiteradamente, sí se están haciendo estudios --y se lo digo
por si aparece en algún momento en la prensa-- de conocimiento lo más
completo posible de la situación de Coosur, de la situación del mercado,
de su valor, de lo que representa, pero insisto en que la posición del
Ministerio es que desde luego, en esta perspectiva, y hasta marzo que
sean las elecciones, no hay ningún proyecto de privatizar Coosur.
Creo que el otro punto ha sido retirado.
Muchas gracias, señor Presidente, y pido disculpas por si he sido
demasiado extenso, pero era imposible sintetizar en menos tiempo lo que
había que decir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Usted no tiene que pedir disculpas, porque ha sintetizado en una hora
cuatro solicitudes de comparecencia, lo que de por sí ya es suficiente
para hablar eso y de muchísimo más. Por lo tanto, ha dado muestras de su
conocimiento parlamentario para saber sintetizar y concentrar en una
primera intervención los puntos nucleares de los problemas suscitados por
cada una de las solicitudes de comparecencia.
Para responder a esta primera intervención en los temas concernidos
anteriormente por el señor Ministro, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Ministro y
las amplias y abundantes explicaciones que nos ha dado. Al mismo tiempo,
quiero poner de manifiesto que la Mesa conoce mi opinión contraria a
tener que tratar en conjunto todos estos temas, porque a mí me hubiera
gustado muchísimo más haberlos tratado uno a uno y poder debatir con una
cierta amplitud cada una de estas cuestiones, porque daría un margen de
matización mayor. Yo me veré obligado también a sintetizar; lo haré en la
medida de lo posible.
Usted tiene que comprender que sobre todas las cuestiones planteadas,
produciéndose esta comparecencia en las fechas en que se produce, es
decir, a final de legislatura, nos acerquemos desde el Grupo Socialista y
desde cualquier otro que no sea el que apoya al Gobierno con un enfoque o
un cierto aire de balance, lo cual, personalmente, con respecto a su
gestión, resulta razonablemente injusto puesto que usted no es
responsable al cien por cien sino sólo de lo que ha podido decidir desde
que forma parte del Gobierno. En todo caso, son temas de Gobierno y, por
lo tanto, intentaremos, dentro de las mayores matizaciones posibles,
tratar de descifrar las distintas cuestiones.
Sobre el tema de desarrollo rural, y en general sobre la reforma de la
PAC, parece evidente que España ha pintado
más bien poco en la resolución final de Berlín en la Agenda 2000.
Su antecesora, doña Loyola de Palacio, nos decía en esta misma Comisión
que se iban a financiar con cargo al FEOGA-Garantía únicamente temas como
las medidas de acompañamiento y las ICMs y decía que era partidaria
también de incorporar cuestiones relacionadas con catástrofes. Esto no ha
sido así. Es más, el FEOGA-Garantía se ha convertido en una especie de
fondo rural para todos los gastos agrarios de las regiones que no son
Objetivo número 1. De ahí ese porcentaje que a usted le sale de
incremento; hay que decirlo todo.
También me va a permitir que le contradiga en los porcentajes que ha
barajado, puesto que al hacer comparaciones --los números se pueden leer
de muchas maneras, y lo importante es la sustancia-- no se tiene en
cuenta, sobre todo en los instrumentos de desarrollo rural, que la
programación anterior era para cinco o seis años y ésta es para siete
años. Por lo tanto, si hacemos bien la comparación, lo que resulta es lo
que dijo en esta misma sala el Director Adjunto de la Dirección General
VI de la Unión Europea, señor Silva, es decir, que lo que hay es una
variación del 10,4 al 10,6 por ciento en los recursos para fondos rurales
de la Unión Europea con respecto al año 1999, que es lógicamente el que
habría que comparar.
Al margen de estas cuestiones, que son discusiones de matiz --aunque
tienen su importancia, porque estamos hablando de mucho dinero--,
quisiera plantearle aspectos concretos, que es, en definitiva, lo que ha
originado la petición de esta comparecencia.
En este momento está ya aprobado el Reglamento 1257 y los Estados
miembros tienen seis meses para presentar en Bruselas sus programas.
Surge entonces un primer problema de coordinación entre administraciones
porque en este momento están ya aprobados los planes de desarrollo
regional de las distintas Comunidades Autónomas; han pasado por el
Consejo Económico y Social y ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación tiene que preparar y presentar su programa a la carrera
--utilizo su expresión--, rápidamente --y es valorable--, pero, repito,
puede haber un problema de coordinación, ya que nosotros entendemos que
debieran incardinarse y encuadrarse los programas de desarrollo rural
dentro de los de desarrollo regional.
Por tanto, existe un temor de pérdida de recursos y, sobre todo, no
sabemos cómo piensan resolver el principio del partenariado, y usted sabe
perfectamente a qué se refiere.
Usted nos ha dado una serie de cantidades, y yo se lo agradezco, aunque
es difícil tener ideas claras en una comparecencia en la que se
suministran tantos datos, por lo que yo voy a insistir en algo que
pensaba plantearle, que es cómo se priorizan las medidas. Es decir, el
nuevo Reglamento establece dos tipos claramente diferenciados: Las que,
más o menos, coincidían con el desarrollo rural anterior, y las nuevas,
aunque no lo son exactamente, pero que se agrupan en el artículo 33.
Sin embargo, Bruselas no dice lo que hay que gastar en cada cosa. Usted
nos ha hablado de una serie de porcentajes, pero, después de la
información que nos ha suministrado al respecto a mí no me ha quedado
claro cuáles son las prioridades del Gobierno, incluso sobre otros
aspectos que ya comentaré. Yo creo que en este momento el Gobierno tiene
que tener claras las prioridades de los nueve capítulos de medidas que
contempla el Reglamento. Se citan distintos aspectos, como calidad,
fomento de PYMEs, regadíos, etcétera, y a mí, por ejemplo, me llama la
atención que usted haya citado regadíos cuando en el presupuesto para
este año el capítulo de inversiones baja y de lo presupuestado para el
año pasado, que ahora se vuelve a incluir en el del año que viene, no se
ha gastado ni una sola peseta, según la información que nos han
suministrado a lo largo del debate de los presupuestos. Por tanto, la
pregunta concreta es si tienen una prioridad, en cuanto a las medidas que
se contemplan en el Reglamento, y cuál es, prioridad que debiera estar en
sintonía con el Grupo que sustenta al Gobierno.
Complementario con todo lo anterior, le voy a formular una pregunta muy
específica sobre las medidas agroambientales. Usted conoce que en su
momento éstas constituyeron una especie de cajón de sastre o asidero del
Gobierno para paliar aspectos concretos de insatisfacción o de perjuicio
claro en OCMs que se aprobaron, fundamentalmente dos: la del olivar, con
respecto al marginal, y la de cultivos herbáceos, con respecto al
girasol. Parece que con las medidas agroambientales se iba a compensar
todo lo que la OCM mermaba en las ayudas con respecto a estos sectores.
Quisiera saber qué parte de estas medidas agroambientales se va a
destinar a estos dos sectores, y, por tanto, qué parte va a quedar para
el resto, y si la parte destinada a estos dos sectores en concreto
resuelven al 100 por cien el problema de lo que han dejado pendiente las
OCMs a las que me he referido.
Hay otro aspecto que se ha tocado poco a lo largo de su intervención y
que yo quiero mencionar. Los programas de desarrollo rural han de ser
cofinanciados y creo que tengo que mencionarlo, ya que en esta Casa se ha
justificado que, por ejemplo, bajen las ICMs en la política que siguen
las Comunidades Autónomas. Usted ha hablado aquí de las ICMs con bastante
claridad y racionalidad y creo que ha dicho que España tiene las más
bajas de Europa, y es cierto. Los módulos de ICMs han ido perdiendo
cantidad año tras año. Parece ser que la explicación de los responsables
del Gobierno es que depende del comportamiento de las Comunidades
Autónomas y como estas medidas de las que estamos hablando han de ser
cofinanciadas, generalmente en un 25 por ciento por las regiones Objetivo
número 1 y en un 50 por ciento por las demás, quisiera saber cómo va a
repercutir en la programación y en la presupuestación del Gobierno. A mí
me llama la atención una cosa de todo lo que ha dicho. Me parece percibir
de sus palabras una vocación de apuesta por el desarrollo rural, por
atención a las zonas rurales, pero, sin embargo --en este momento tenemos
en esta Casa los presupuestos y nos encontramos en la parte final de su
tramitación--, el Programa 717.A, de desarrollo rural, tiene un descenso
nominal del 1,92 por ciento que, teniendo en cuenta la inflación
prevista, llegará al 3,4 por ciento del descenso, es decir,
este dato casa mal con el hecho de que el próximo año 2000 sea el primero
en el que se vayan a aplicar las nuevas medidas de desarrollo rural, de
acuerdo con la Resolución de Berlín.
Intimamente relacionado con lo anterior está la asignación por
Comunidades Autónomas. En ambos casos aparece la cuestión de la
distribución autonómica. Yo tengo unos cuadros --ciertamente no
definitivos, ya que simplemente son cuadros-propuesta, estudios-- donde,
a mi modo de ver, la asignación por Comunidades Autónomas no parece
sustentarse precisamente en criterios de objetividad. Por ejemplo, me
llama la atención que Castilla y León aparezca en todos los índices por
encima de cualquier otra Comunidad Autónoma. No sé si tiene alguna
explicación objetiva o subjetiva. Por tanto, quisiera saber si existe
algún criterio o fórmula que nos permita conocer cuál va a ser la
repercusión en las distintas Comunidades Autónomas.
Por último, quiero plantearle dos cuestiones que, aunque puedan parecer
menores, yo sé que preocupan a las personas que se mueven dentro del
ámbito del desarrollo rural. Uno de los instrumentos que mejor ha
funcionado en nuestro país ha sido la iniciativa Leader, aunque a ámbito
comunitario sólo representa el 10 por ciento de todo el importe del
desarrollo rural, pero las personas relacionadas con estos aspectos lo
valoran positivamente. Está a punto de aprobarse --o ya se ha hecho;
usted lo sabrá mejor-- todo lo relacionado con el Leader Plus, pero éste
establece un límite de 20.000 habitantes para entrar en programación, lo
cual quiere decir que en España quedan excluidas muchas zonas, comarcas o
ayuntamientos, dentro de lo que pudiéramos considerar un marco de
homogeneidad natural, lo cual es una dificultad, porque puede obligar a
una organización o programación artificiosa. Quisiera saber cuál es la
posición del Gobierno, qué gestiones ha hecho o puede o piensa hacer y
qué resultado puede obtener al respecto. Asimismo, le pregunto cómo
valora el Gobierno de cara al futuro el hecho de que, aproximadamente, el
50 por ciento de los ayuntamientos no hayan tenido hasta ahora
posibilidad de tener instrumentos de desarrollo rural. Sobre todo, me
gustaría saber si en el Ministerio se piensa o se sabe si habrá más o
menos grupos de desarrollo rural de los que hay actualmente.
Señor Presidente, paso a la segunda de las comparecencias, que trata del
sector lácteo. El señor Ministro ya ha hecho una introducción, pero creo
que no está mal recordar que la producción de leche tiene, en origen, un
valor superior, aproximadamente, a medio billón de pesetas al año, que
aporta más del 20 por ciento de la producción final ganadera y, más o
menos, un 10 por ciento de la agraria. Por tanto, es un sector que está
muy por encima de otros que, a lo mejor, tienen mayor repercusión,
incidencia y publicidad en los medios de comunicación e, incluso, en la
sociedad; es el segundo sector ganadero, detrás del porcino --éste, por
cierto, está sumido en una crisis, a la que no parece vérsele el fin, lo
que es de actualidad--, y, al mismo tiempo, es motor de otros
subsectores, como puede ser la producción de carne, consumidor de
cereales y de forrajes.
¿Por qué hago este preámbulo? Porque en este sector en nuestro país --yo
quisiera que se le diera la importancia que tiene-- arrastra una crisis
--y digo arrastra coincidiendo con algunas de sus apreciaciones--, que yo
creo que se ha ido agravando en los últimos cuatro años en concreto,
porque se ha ido haciendo cada vez más evidente la necesidad palmaria de
una reestructuración global del sector, de su modernización y de poner
coto al descontrol en que ha derivado.
De entrada, anuncio la conclusión que quiero poner sobre la mesa antes de
justificarla. Yo creo que las recientes reformas de la PAC y de la OCM de
la leche no resuelven la situación del sector en España. Todo lo más,
sirven para paliarla, como usted ha dicho --expresión que usted ha
utilizado y que también aparece en respuestas parlamentarias--, y al no
afrontarse una reestructuración intersectorial, lo que ofrece el Gobierno
por la vía de los hechos, aunque no sea de la voluntad, es dejar de
producir y llevar a cabo la política del abandono, lo cual afecta, sobre
todo, a las pequeñas y medianas explotaciones de productores agrarios, de
ganaderos.
Me explico. Hoy no podemos decir que el incremento de las 550.000
toneladas de cuota en España acordadas por la Unión Europea resuelva el
problema del diferencial entre producción y cuota, máxime si tenemos en
cuenta que el consumo supera en más de un millón de toneladas las cifras
oficiales de producción.
El problema subsiste porque, como el sobrepasamiento produce multa --y
éste es un tema que usted conoce perfectamente, porque incluso los medios
de comunicación se hacen eco--, el ganadero acepta vender el
sobrepasamiento a la industria con rebaja --la leche negra-- y así evita
la multa, o acepta que figure oficialmente menos cantidad que la que
entrega realmente --la leche comprimida--. A su vez, la industria, sumida
en un problema de atomización y saturación y presionada por las grandes
distribuidoras, acepta estos mecanismos incluida la comercialización de
materia prima de baja calidad, lo que se traduce en ofertas al consumidor
de leches a precios inferiores a su propio coste de producción. Yo podría
sacarle aquí una página a toda plana de un periódico donde se ofrece
leche a coste inferior al de producción.
Esta perversa cadena, señor Ministro, se ha ido consolidando, y nosotros
pensamos que no se va a romper con el incremento y la distribución de
cuota que se ha hecho. El Gobierno, a través del decreto que llaman de
mejora de la competitividad --irónica denominación, teniendo en cuenta
que es un decreto que regula las retenciones a los productores--, ha
intentado utilizar a las industrias como eje principal de control del
sector, pero lo ha hecho sin tener en cuenta el problema en el que están
sumidas las propias industrias. A esa descripción global hay que añadir
que en este momento ya estén anunciados --con las demoras a las que usted
se ha referido-- 2.400 millones de multa para la campaña 1998-1999; pero
es más, ya aparece en los medios de comunicación que en la campaña
1999-2000 habrá un sobrepasamiento que supondrá una multa de 18.000
millones de pesetas.
Al mismo tiempo, el MAPA ha hecho la distribución que usted nos ha
recordado aquí esta tarde: en total
611.000 toneladas, añadiendo lo de la reserva nacional, y se producen
estas dos situaciones simultáneas: por un lado, la multa y, por otro, el
incremento de cuota. Cuando hay incremento de cuota el ganadero entiende,
y la sociedad también, que es porque está justificado; está claro que la
Unión Europea no lo daría si no hubiera una necesidad real. Pero al
ganadero le resulta difícil que se le diga: Haga usted que sus vacas no
produzcan hasta que le demos la cuota y pague la multa, o siga usted
vendiendo en negro o en comprimido lo que le sobra hasta que
regularicemos la situación con la nueva cuota. Incluso circulan rumores
--quede claro que es rumorología mala-- sobre que aquellos que han pagado
multa no van a tener acceso al nuevo incremento de cuota.
En cualquier caso, estas dos situaciones simultáneas no casan bien. Por
eso, nuestro Grupo --y acepto que viene de una situación preexistente--
le plantea la necesidad de que se establezca un período transitorio en el
que se busquen fórmulas de acuerdo con todos los sectores, no solamente
el productor sino también el comercializador y las industrias, que eviten
que la multa recaiga sobre los ganaderos que en estos momentos están
afectados.
Pero hay otro aspecto que yo quiero plantearle, y es la distribución que
se ha hecho a las Comunidades Autónomas, algo a lo que usted se ha
referido. Se ha hecho una distribución por Comunidades Autónomas, pero no
se han definido las condiciones para hacer el reparto entre los
ganaderos. Yo he puesto mucha atención en lo que usted ha dicho, y al
final me parece que hay ciertas exclusiones pero no una definición clara
entre quiénes van a poder optar a la cuota y quiénes no podrán hacerlo.
Usted sabe que hay sectores que dicen que el reparto que se ha hecho a
las Comunidades Autónomas es inconstitucional, porque se ha hecho con
criterios políticos y no socioeconómicos, es decir teniendo en cuenta los
productores afectados. Lo cierto es que el Gobierno central ha ejercido
sus competencias, es decir ha hecho una distribución; distribución que,
según usted, responde a un amplio consenso, y la realidad es que sólo
está apoyada por los consejeros del propio partido del Gobierno, si
exceptuamos el Cataluña y el de Baleares, que no sé de qué fuerza
política es, pero espero que no sea socialista. El caso es que se ha
hecho esa distribución y el resultado, señor Ministro --éstos son datos
que tiene tener sobre la mesa--, es que han salido mal paradas algunas
Comunidades Autónomas, sobre todo las de la Cornisa Cantábrica y, en
concreto, la mía, Galicia, que teniendo un 53,4 por ciento de las
explotaciones lecheras sólo se lleva el 33,8 por ciento de la nueva cuota
--y tenía un problema de cuota--, y otras Comunidades Autónomas que
tenían, por ejemplo, el 2,9 por ciento de las explotaciones se llevan
casi un 10 por ciento de la nueva cuota --exactamente, para que no haya
discusión sobre las cifras, el 9,1 por ciento.
Este es un tema político que está ahí y que va a seguir dando guerra,
pero yo le quiero plantear algo sobre lo que no tengo información veraz.
Se ha dicho que las explotaciones con menos de 30.000 kilogramos de cuota
anual no van a tener acceso al nuevo incremento de cuota. Yo no quiero
hacer un discurso sobre un supuesto, pero sí quiero ponerle de manifiesto
que esto en mi Comunidad afectaría a cerca de 28.000 explotaciones, y
detrás de cada una de ellas hay familias. Son explotaciones que se han
calificado como umbrales de viabilidad --y esto sí que es oficial, porque
lo he leído en unas declaraciones que hacía un Director de su
Departamento este fin de semana en Santiago de Compostela-- y pese a
ello, durante los últimos cuatro años han pagado las multas --como usted
ha dicho, las han pagado por primera vez--, han hecho inversiones de
modernización pese a tener cuota insuficiente y en base a la promesa que
les habíamos hecho todos del millón de toneladas, y han soportado precios
por debajo de los costes de producción, circunstancia que este año ha
sucedido en dos ocasiones, en la primavera y en el verano. Señor
Ministro, se trata de explotaciones que tienen personas detrás que no
saben o no pueden hacer otra cosa.
Como confío en su talante para abordar los temas con ganas y capacidad de
dialogar, a mí me gustaría escucharle hoy aquí --y pienso que mejor aquí
que en ninguna otra parte, pero si no es aquí que sea donde mejor le
parezca a usted-- que, por un lado, con estos tres interlocutores --el
sector productor, el comercializador y las industrias-- se van a buscar
fórmulas de manera inmediata para que la supertasa no repercuta sobre los
ganaderos porque no es lógico en la nueva situación que se produce y,
sobre todo --a lo mejor es malo plantearlo en este momento, pero alguien
tendrá que plantearlo, no sé si este Gobierno o el que venga--, con
dinero sobre la mesa, se va a plantear de verdad un plan de
reestructuración, no estas medidas de calidad --por cierto, durante los
años 1997 y 1998 no se gastó un duro en mejora de la calidad de la leche;
empezó en 1999 y ahora aparece una cantidad que simplemente se aumenta en
lo que supone la inflación para el año 2000--, para que de verdad podamos
pensar, y sobre todo lo puedan pensar los productores, que el sector
lácteo en España es viable y competitivo a partir de 2005.
Señor Presidente, como sabe usted, no es nuevo que yo plantee estos temas
ni en esta Comisión ni en este Senado y, por tanto, resulta difícil no
hacerlo con el mayor énfasis posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tranquilícese, va a tener el tiempo
que le haga falta para seguir definiendo esas cuestiones que tan bien
conoce como la patata o la cuota láctea. Por lo tanto, usted puede
continuar en el uso de la palabra y profundizando en esos temas, que el
Ministro está para escucharle.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Ya estaba tranquilo, pero sus palabras me
tranquilizan todavía más. (Risas.)
Señor Ministro, el sector de la patata --usted lo ha dicho-- tiene
importancia en la Unión Europea pero también en España. Además es un
sector que tiene un elevado número de productores que se caracterizan
porque su trabajo depende fundamentalmente de este sector, es decir, no
son productores que tengan multifuncionalidad. Pese a esto, en estos
últimos tiempos en España la situación ha derivado --y usted lo ha
reconocido abiertamente-- en una producción
y un mercado sometidos a oscilaciones, a fuertes oscilaciones es la
expresión que yo quiero utilizar. En mi provincia en concreto --yo soy
Senador por la provincia de Orense--, aunque ocurre en Galicia en
general, esto es el día a día; allí hay un montón de pequeñas y medianas
explotaciones en las que lo que estoy planteando tiene una repercusión
casi permanente.
Usted ha mencionado la falta de una OCM. Yo quiero mencionar la
desprotección ante las importaciones de excedentes de otros países de la
Unión Europea y de terceros países --creo que usted ha dicho que somos
deficitarios en la relación producción/consumo, y éste es un aspecto
importante a tener en cuenta a la hora de valorar la continuidad del
sector--, la carencia de mecanismos de intervención y, si me permite
decírselo ahora y luego lo argumentaré un poco más, la ausencia total de
medidas estructurales de verdad --aunque hay algunas por ahí-- durante
estos últimos años para la modernización y la competitividad del sector.
Usted ha dicho que apuesta decididamente por la estructuración del
sector, y yo le digo: Muy bien, hágalo porque es importante,
importantísimo, ahora bien, es condición necesaria pero no suficiente.
Espero que a lo largo de mi intervención pueda ponerlo de manifiesto.
Este año se ha vuelto a producir --usted lo ha dicho-- la caída de
precios por debajo de los costes de producción y ustedes han tenido que
acudir a esa fórmula de ayuda al almacenamiento dos meses/dos pesetas
kilo. Pero, señor Ministro, en cuatro años de Gobierno del Partido
Popular ésta es la segunda campaña en que se produce esta situación y que
acuden a la misma fórmula. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este
hecho? Yo creo que son evidentes. Significa, en primer lugar, que las
medidas que adoptaron por primera vez en el otoño de 1996 --y soy
plenamente consciente de que usted no es responsable de esto, no tiene
absolutamente ninguna responsabilidad--, incluso las posteriores, no han
sido eficaces. Y es cierto que hay un problema coyuntural, pero también
hay que abordar la cuestión a fondo y con medidas estructurales, y no me
estoy refiriendo a la OCM a nivel europeo. Todos conocemos la situación
y, si me permite decírselo, según las informaciones que tenemos hoy mismo
en los medios de comunicación, no creo que este Gobierno sea capaz o
tenga la fuerza suficiente para resucitar este debate en el seno de la
Unión Europea.
Este tema ha sido traído a esta Comisión y al Pleno de esta Casa en
distintas ocasiones --tenemos mociones, incluso del Partido Nacionalista
Vasco-- y, curiosamente, hay una moción en el Congreso de los Diputados
del Grupo Popular, aprobada el 18 de marzo de 1997, que no ha servido
para nada, porque las medidas adoptadas ahora son exactamente las mismas
que las del año 1996, que a su vez eran una copia de un antecedente que
había del Gobierno socialista, y yo ya en el año 1996 a su antecesora le
califiqué aquellas medidas como tardías y manifiestamente insuficientes.
Pasado el tiempo yo creo que es poco discutible que no me faltaba razón,
pero hoy volvemos a tener el mismo sistema de medidas. Usted ha dicho que
no le parecía una solución efectiva --he tomado nota--, y yo se lo
agradezco porque para mí son unas medidas insuficientes, parciales,
costosas e ineficaces, y se lo voy a explicar brevemente.
Son insuficientes por la cantidad, aunque usted ha dicho que no se ha
pedido todo, pero luego le explicaré qué es lo que pasa --seguramente
usted ya lo sabe, pero yo tengo la obligación de decirlo aquí en esta
Comisión--; por otra parte, el importe de las ayudas no alcanza a cubrir
las pérdidas.
Son parciales porque, señor Ministro, aunque usted ha hecho mucho énfasis
en que se concedían a las organizaciones de productores, resulta que
estamos ante la pescadilla que se muerde la cola: éste es un sector que
no está organizado. En respuesta parlamentaria a este Senador ustedes me
dicen que en mi provincia --que no pueden acogerse a las ayudas y que los
productores individuales pierden, según los medios de comunicación, 250
millones por no estar asociados-- ni en el año 1997 ni en el año 1998 se
ha gastado una peseta para el asociacionismo agrario ni para la
integración de entidades asociativas agrarias; entonces, lógicamente, no
pueden acceder a esas ayudas. Este tipo de condiciones --que se podrían
haber matizado; repito, que se podrían haber matizado-- es un buen
estímulo para la asociación, pero no es una buena aplicación, sobre todo
cuando no ha habido capacidad o tiempo --entiéndalo como le parezca-- de
que se haya puesto en marcha este mecanismo.
Son costosas porque no es que la impulsen, pero no evitan la picaresca;
por ejemplo, no hay controles suficientes para impedir que la patata
almacenada no acabe en la industria de transformación.
Y son ineficaces por el propio sistema --usted ha hecho referencia a ello
con datos--, ya que éste es un producto que tiene distintos momentos de
aparición en el mercado a lo largo del año. Este sistema de aparcamiento
temporal y a plazo está condenado de antemano porque puede coincidir --y
de hecho coincide-- simultáneamente la aparición de lo almacenado una vez
que pasan los dos meses con las nuevas producciones, y esto lo que hace
es hundir de nuevo los precios; así, la patata temprana almacenada hunde
los precios de la de media estación, y ésta los de la tardía. Y aparte
está el tema de las importaciones, y de los operadores, que juegan,
lógicamente, con estos plazos --usted hablaba de congelación del mercado
o una expresión parecida.
En definitiva, ustedes conocen el tema y por eso, señor Ministro,
permítame decirle que por segunda vez han adoptado una fórmula que es pan
para hoy --y no mucho-- y hambre para mañana. Y me alegra que usted
coincida en esto porque lo que se requiere son medidas estructurales.
Tengo aquí todo un elenco de propuestas --los miembros de esta Comisión
ya me lo han oído--, y usted, que es abierto al diálogo, tiene un talante
dialogante, debe escuchar a las organizaciones agrarias que tienen todo
un conjunto de asuntos, toda una relación de cuestiones --algunas ya se
las he planteado yo--, como los seguros agrarios --este sector no entra
dentro de los seguros agrarios--, la posibilidad de crear fondos de
compensación... Hay muchas cosas que hacer, señor Ministro, y tiene aquí
una oportunidad incluso de hacer campaña electoral anunciando al sector
que va a haber nuevas medidas y a corto plazo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, espero que haya tenido un feliz viaje a mi tierra. Sé que
estuvo usted el otro día en Jaén, donde tuvo oportunidad de conocer a los
integrantes del Consejo Oleícola Internacional, además de a más personas.
Espero que haya tomado buena nota, aunque alguna afirmación que usted ha
hecho me hace dudar.
Señor Ministro, me apunto a esa mirada al futuro, mi grupo parlamentario
y yo personalmente siempre lo hemos hecho, pero permítame que le diga que
mirar al futuro sin interpretar correctamente el pasado tiene el peligro
de que se repitan los mismos errores.
Una de las cosas que usted y el Grupo Parlamentario Popular
definitivamente tendrían que abandonar es esa realidad virtual que se han
creado sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva. Se lo digo
sinceramente, y no me voy a detener en el pasado. Pero, repito, abandonen
ustedes esa realidad virtual porque cada día hay menos gente que cree en
ella, y, desde luego, el sector no cree. Me parece --no sé si usted lo
entiende así-- que lo más interesante de su comparecencia es que
analicemos las circunstancias por las que ahora está atravesando el
sector, cuáles son los nervios, las amenazas y los peligros que tiene
ahora mismo. En mi opinión, no tiene razón de ser que usted siga
insistiendo en que ésta es la OCM del futuro, porque lo cierto es que en
la actualidad nadie se lo cree.
Señor Ministro, voy a hacer una rapidísima y breve pincelada al pasado, y
ya no volveré a hablar más de él. Espero que usted, en su réplica, no
cometa la deslealtad de volver sobre el tema y, sobre todo, que no cometa
el error --yo no lo voy a hacer-- de hablarme, como siempre lo hacen
ustedes, de miles de millones de pesetas, porque suman churras y merinas,
y porque ésa no es la cuestión. Si usted lo hace, ya le advierto que le
replicaré y volveré otra vez a sacar las mismas cifras que en la
interpelación; cifras oficiales y difícilmente rebatibles, señor
Ministro, y usted lo sabe.
La OCM del aceite de oliva se hace, primero, en contra de la voluntad del
sector español y, además, en contra de sus intereses. Esa es una verdad
incontestable. Nosotros queríamos mantener la ayuda a la producción,
queríamos mantener la ayuda al consumo, queríamos mantener la
intervención, queríamos mantener la cantidad máxima garantizada y no
dividida por cantidades nacionales, queríamos prohibir las mezclas y
queríamos la ayuda a la aceituna. Y de todo ello, se nos ha dejado, de
momento, la ayuda a la producción y se nos ha ofrecido una ayuda a la
aceituna a costa de quitársela al aceite. Esa es la verdad. Lo demás, se
nos ha negado. Por eso digo que esto hay que entenderlo y aceptarlo así
porque no cabe otra interpretación.
Señor Ministro, ¿cuál es la situación que denunciábamos y seguimos
denunciando algunos, a pesar de que no se nos escuchaba? Nosotros
decíamos que si no conseguíamos una cantidad nacional garantizada
suficiente, y hablábamos de un millón de toneladas, si no conseguíamos
mantener la intervención y no conseguíamos prohibir las mezclas,
sinceramente, no habríamos ganado nada en esa negociación. No conseguimos
ninguna de esas tres cosas. Y las consecuencias las estamos sufriendo
hoy, y usted lo sabe perfectamente, mejor que yo.
Hoy, el mercado del aceite está hundido, como usted conoce. En poco más
de un mes ha perdido 100 pesetas por kilo. Por consiguiente, o se
analizan las causas o estamos dando palos de ciego. ¿Cuáles eran éstas?
Ustedes parten de una elevación artificial que producen con el anuncio de
una cosecha baja para salvar las elecciones y conseguir que la reforma
medio se venda, haciendo que el olivarero se ciegue y se deslumbre con
las 202 pesetas que ustedes prometían --que luego no se han cumplido-- y
desmintiendo unos estudios y unas prospecciones de producción que estaban
absoluta y rigurosamente en lo cierto. Y ustedes provocan una subida
artificial del mercado, hasta el extremo de que su antecesora culpó a la
Junta de Andalucía de perjudicar a los olivareros porque estaba diciendo
que la cosecha iba a ser de aproximadamente 900.000 toneladas. ¿Lo
recuerda usted? Si quiere, le puedo traer las referencias de prensa donde
la señora Loyola de Palacio culpaba a la Junta de Andalucía de estar
perjudicando a los olivareros, porque, efectivamente, tenían un magnífico
precio, entre 420 y 435 pesetas por kilo. Y ¿qué ocurrió? Sencillamente,
que los envasadores acudieron a la importación, porque esos precios no se
podían soportar, e importaron 150.000 toneladas de aceite
aproximadamente, usted probablemente me corregirá y me dará la cifra
exacta, porque la tiene. Y cuando en el mes de septiembre ya está más o
menos clara cuál va a ser la producción, los precios entran en picado, y
hasta este momento no han parado de bajar. Hoy día vender una cisterna de
aceite a 320 pesetas el kilo es un mirlo blanco, estoy hablando de aceite
virgen de hasta un grado de acidez. Si usted tiene comprador que pague
esa cantidad, yo le ofrezco --no soy aceitero pero conozco muchas
cooperativas-- todo un tren de cisternas, señor Ministro. Estoy seguro de
que si ahora mismo los llamáramos, se pondrían a tocar las palmas y a
aplaudirle.
Tenemos una cantidad nacional garantizada insuficiente que les va a
penalizar unas 28 pesetas el kilo, sólo en ayuda a la producción, y si
usted quiere le hablo también de la ayuda al consumo que ya no perciben,
con lo cual estaremos rondando las 40 pesetas. Y no hay intervención, y,
como no hay intervención, tampoco hay transparencia en las producciones
declaradas de otros países, y usted conoce también el problema, por
ejemplo, de Grecia, con los stocks y el solape de campaña, que no se lo
cree nadie. Por ello, estamos a merced de lo que quieran las grandes
superficies --le halago los oídos porque usted lo sabe-- que en este
momento no están dando la cobertura de los 30 ó 45 días que normalmente
tienen para sus stocks, sino que están dando dos o tres días y, como
consecuencia, los envasadores no venden, y como no venden los
envasadores,
el problema sigue sin solucionarse. Todo esto es la reforma, señor
Ministro. Y eso ya lo decíamos, y ustedes nos decían que no, que era
catastrofismo y mentiras. Y esto ha ocurrido con una cosecha media. El
año que viene a lo mejor tenemos un respiro porque la sequía nos va a
castigar y la producción quizá sea de más de 600.000 toneladas. Pero no
se olvide de que ahora mismo tenemos un stock de cerca de 460.000
toneladas para el solape. ¿Qué va a pasar cuando entren en la producción,
sin sequía, todos esos miles de hectáreas que usted dice que gracias a
esa OCM del futuro se están poniendo? Señor Ministro, usted olvida muchas
cosas, no olvida, pasa por alto muchas cosas, entre otras que el día uno
de enero el euro es el euro y las pesetas son las pesetas. Usted sabe que
las inversiones que se están haciendo en el olivar se están haciendo con
una brutal reforma de los terrenos de cultivo. El cultivo del olivar está
abandonando las tierras tradicionales y se está dirigiendo a las tierras
de campiña. Pero usted sabe que eso no es debido a la OCM sino que tiene
otras explicaciones, porque, además, con esta OCM sin duda las altísimas
producciones, aunque la ayuda baje, van a permitir que esas plantaciones
superintensivas sobrevivan. Y qué va a ocurrir con el olivar tradicional?
¿Qué va a ocurrir ahora mismo, ya? Paséese usted por los pueblos de
Andalucía donde esas pequeñas y medianas cooperativas ahora mismo no
saben qué hacer con su aceite...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Voy acabando, señor Presidente.
Por último, señor Ministro, le agradezco la referencia que ha hecho usted
a la moción; ésta miraba al futuro y lo sigue haciendo, es decir, nuestra
mano sigue tendida. No entiendo muy bien que si el ministerio está
haciendo todas esas cosas no las pueda hacer junto con las Comunidades
Autónomas productoras que también entienden, también tienen datos y
también tienen estadísticas, que le pueden ayudar a conocer algo que
todavía no conocemos, al menos desde las Comunidades Autónomas, como es
el mercado interior y, sobre todo, el exterior, porque sin conocer el
mercado interior, difícilmente se pueden cruzar datos con otros países
que aseguran tener stocks y consumos internos que nadie se cree. En
definitiva, difícilmente podremos detectar el fraude. Difícilmente
podremos poner en común un sistema de prospección para las cosechas
--mire qué cosa más simple-- para que no haya más discusiones ni más
desavenencias en la previsión y en la prospección de cosechas.
En cuanto al tema del plan de mejora y de calidad, no se trata de
repartir dinero; es una forma bastante simple, permítame usted que se lo
diga, de ver el problema: éstos quieren que les repartamos el dinero, y
como resulta que ellos tienen más olivar, les tocará más. No. Se trata de
dar satisfacción a una competencia que tiene en exclusiva la Comunidad
Autónoma, y, más que dinero, se trata de dejar que la Comunidad Autónoma
ejerza la autonomía que le corresponde en la dirección de su propia
política agraria y en ese aspecto que, repito, es de su exclusiva
competencia. Y para eso lógicamente se necesita el dinero, porque,
además, ese dinero viene de detraer un tanto por ciento de la ayuda al
olivar; no es un dinero que venga del cielo, sino que viene precisamente
como consecuencia de detraerlo de la renta de los agricultores. No le
estamos pidiendo dinero, señor Ministro, de verdad, lo que le estamos
pidiendo es que deje usted que sea la Comunidad Autónoma quien ejerza su
competencia, con la tutela y con el asesoramiento que usted quiera, pero
que sea la Comunidad Autónoma quien decida de verdad.
Una última consideración. Señor Ministro, ha hablado usted del fraude.
Lamentablemente, hemos perdido los mecanismos para el control del fraude;
unos los hemos perdido y otros no nos los han dado; hemos perdido la
ayuda al consumo, que era un magnífico mecanismo de control del fraude, y
ése lo dejamos en la negociación, y no nos han prohibido las mezclas, que
es otro mecanismo por el que el fraude se controlaría. ¿Encontrar fraude
en las ayudas? Sin duda lo hay, pero no sólo en el olivar; también lo
había en el lino, lo habrá en otro tipo de ayudas, pero ésa no es la
cuestión. El fraude que de verdad importa al sector es el de la calidad,
el que desnaturaliza el producto; ése es el que de verdad importa al
sector. El otro, sin duda es importante también, sin duda hay que
corregirlo, pero para la corrección y la persecución de ese fraude del
producto, señor Ministro, en Bruselas nos dejamos lo único o lo poco que
teníamos, que era la ayuda al consumo, y no fuimos capaces de conseguir
la prohibición de las mezclas.
Muchas gracias, señor Ministro. Yo le digo que seguiremos hasta donde las
urnas quieran, usted en el Gobierno y nosotros en la oposición, o al
revés, nosotros en el Gobierno y usted en la oposición. En mi tierra
dicen que con el Gobierno socialista al aceite le va mucho mejor.
Probablemente en su tierra y en su casa digan otra cosa, pero no lo crea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el Senador Acacio.
El señor ACACIO COLLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve y sólo voy a intervenir por cortesía, ya que mi grupo
parlamentario no ha solicitado la comparecencia del señor Ministro; por
tanto, no estamos preocupados, como algunos portavoces --concretamente
del Grupo Socialista-- por estos sectores, pero es que, aunque lo
hubiéramos estado y hubiésemos solicitado la comparecencia, después de
escuchar al señor Ministro habría poco que decir, porque ha hecho una
explicación bastante exhaustiva y correcta sobre su visión de los
sectores que nos ocupan.
En consecuencia, sólo quiero agradecer al señor Ministro su comparecencia
ya que, por la programación de las sesiones, ésta quizá sea la última de
esta legislatura. Quiero decirle que quedamos agradecidos por todas las
atenciones que ha tenido con esta Comisión. Esta sesión está siendo larga
y supondrá un esfuerzo, pero creo que
merece la pena. El Senado siempre ha estado muy preocupado por estos
temas de agricultura y, por tanto, el señor Ministro también estará
encantado de seguir nuestros trabajos.
Señor Ministro, repito que le agradecemos su intervención. Quizá en un
turno posterior, si hay algún tema puntual, intervendremos, y, en
cualquier caso, reiteramos nuestro agradecimiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para dar respuesta, en turno de réplica, tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Para no olvidarme luego, quiero dar las gracias al señor Acacio por el
apoyo que me brinda el Grupo Parlamentario Popular en esta comparecencia,
y agradecer también las intervenciones del Grupo Parlamentario
Socialista, porque se han hecho en un tono constructivo, y voy a
contradecir en algún caso, a matizar en otros y quizá en otros también
estaré de acuerdo, porque hay algunos puntos en los que coincido con sus
señorías.
Empezando por el desarrollo rural y de acuerdo con el preámbulo que hacía
el Senador Rodríguez, me parece lógico que se haga balance. Yo quiero
decir aquí que soy responsable de toda la legislatura; cuando se acepta
un puesto en un gobierno, se acepta todo lo que ha hecho ese gobierno.
Por tanto, yo me siento tan responsable de lo que he hecho yo como de lo
que ha hecho mi antecesora y de lo que ha hecho el Gobierno de José María
Aznar, en su conjunto, durante estos cuatro años. Lo mismo que me apunto
esos éxitos y me siento orgulloso, si alguien tiene que imputar fracasos,
que me los impute a mí también. Por ello, hace muy bien el Senador
Rodríguez Rodríguez en hacer el balance que le parezca y yo estoy aquí
para responder de todo.
En desarrollo regional hay un planteamiento que se repite, y que se hacía
ya en la Agenda 2000. ¿Estos fondos han aumentado, han tenido un aumento
verdaderamente notable o no? Yo creo que sí lo han tenido, pero yo haría
referencia al debate sobre el estado de la Nación, no este último, sino
en el que estuvo el Presidente Aznar con el señor Borrell como candidato,
en el que recuerdo un gesto que hacía continuamente --yo estaba presente
en el Congreso de los Diputados, como Presidente de Comisión-- el señor
Borrell con sus manos mientras hablaba el Presidente Aznar. Y ese gesto
explica todo. Cuando hablamos de comparaciones, si comparamos lo que hay
del 2000 al 2006 con el año 1999, la subida ha sido modesta --y el gesto
sería menos inclinado--; pero si comparamos esta media del 2000-2006 con
la media del 1994-1999, el crecimiento ha sido mayor, con lo cual el
gesto sería diferente. Ese es el punto básico, en general. En el caso del
desarrollo rural hay un aumento claro. No vayamos a discutir en
porcentajes porque las cifras pueden variar, pero creo que un 4 o un 10,6
se puede admitir y es una cifra de aumento.
¿Qué ocurre con la coordinación de las Administraciones? Este tema sí es
muy importante. Este plan está inmerso en el Plan de Desarrollo Regional,
que tiene diez apartados, el séptimo es agricultura, que es el Plan de
Desarrollo Rural, y el octavo es pesca. Nosotros estamos desarrollando
estas actuaciones dentro de ese Plan de Desarrollo Regional. Por eso me
refería a que nosotros quizá estamos corriendo demasiado como Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y como Comunidades Autónomas, es
decir, como administraciones agrarias, porque estamos llegando muy rápido
a distribuir porcentaje cuando en otros aspectos --y algunos más
voluminosos en inversión como transporte, etcétera-- no estamos tan
adelantados. Por tanto, nosotros tenemos siempre presente la coordinación
de Administraciones y dentro del Plan de Desarrollo Regional. Que en un
plan de tal volumen --estamos hablando de 16.000 millones de pesetas-- se
produzcan a veces interferencias o alguna incongruencia es inevitable,
pero, desde luego, siempre tenemos en mente que este gasto tiene que
estar perfectamente coordinado con el Plan de Desarrollo Regional.
Preguntaba qué prioridades establecemos. Debo decir que en un plan cuya
duración es del 2000 al 2006 las prioridades deben ser cuidadosamente
elegidas, y sabiendo que pueden modificarse, porque no sabemos
exactamente qué puede ocurrir en estos seis años. Hoy por hoy señalaría
--después de la distribución que hemos hecho-- como prioridad esencial el
Plan de Regadíos. Ese Plan de Regadíos pretendemos hacerlo para un plazo
más largo, es decir, del 2000 al 2008, porque creemos que debe tener una
perspectiva mayor que el Plan de Desarrollo Regional, y queremos insistir
en lo siguiente: creación de nuevos regadíos, pero sobre todo
modernización de los existentes, que consideramos el punto esencial para
contribuir al desarrollo rural. Para ello hay una inversión de 14.000
millones de pesetas en el presupuesto de este año; ¿puede ser
insuficiente? No, porque los 25.000 millones de pesetas del capítulo 8 de
1999 y los 25.000 millones de pesetas del año 2000, que son 50.000
millones de pesetas, dedicados a las empresas estatales, que ya hemos
aprobado, nos van a permitir hacer una gran obra de modernización desde
el momento en que sufragan el 50 por ciento de la obra, porque el otro 50
por ciento lo sufragan los regantes.
¿Estamos un poco atrasados? Sí, soy consciente porque se acaban de crear
y vamos justos para que reciban el dinero, aunque ya sé que no lo van a
gastar el 1 de enero. Vamos a ir de forma rápida, pero no precipitada.
Hay que crear ese Consejo de Administración de la empresa en el que, a
pesar de ser el capital totalmente de la Administración Central, quiero
que figuren --por poner el ejemplo de las Comunidades Autónomas del sur,
Andalucía, Murcia y Canarias-- un consejero de cada Comunidad Autónoma,
que no aporta dinero; sin embargo, creo que debe haber un consejero
porque se está ordenando el territorio y, por lo tanto, deben estar.
Organizar todo eso llevará un tiempo, pero lo vamos a hacer lo más
deprisa posible. Y a través de este mecanismo ya tenemos la
modernización, con la aportación en otros casos de regantes y Comunidades
Autónomas, y la posibilidad de desarrollar los nuevos regadíos
acordados con las Comunidades Autónomas. Recuerdo a sus señorías que una
de las fórmulas para desbloquear el Plan de Regadíos fue precisamente que
las Comunidades Autónomas, dentro de la envolvente financiera, que yo
marco porque es mi obligación, establecen dónde hay que hacer los
regadíos y cuáles empiezan en el 2000 y en el 2006.
Otra prioridad importante para nosotros es la industrialización. He dicho
antes que vamos a subir el porcentaje hasta cinco puntos. Hay una demanda
enorme por el 204 y hay que reformar esa posibilidad por su importancia
en el campo. Quiero hablar también de las medidas agroambientales, a
ellas vamos a dedicar el 40 por ciento de las medidas de acompañamiento.
Y dentro de ellas, el olivar marginal --en el sentido de dificultad de
producción, no porque se considere de menor valor-- o el girasol van a
tener una financiación importante. Quiero que aquí se aproveche ese
aspecto medioambiental, roturar en zonas de ladera, dar a unos olivos que
necesariamente tienen que tener menos producción, porque no me parece
buena política fomentar la producción masiva --por decirlo de alguna
forma-- de olivos nuevos, sino aprovechar los que tenemos. En cuanto al
girasol, esto va dirigido a complementar su situación.
En el tercer año estas medidas casi compensarán la disminución del
girasol, pero en el primer año van más que a compensar, porque como la
disminución de las ayudas al girasol es progresiva, el primer año en que
ya empiecen a funcionar estas ayudas y todavía no haya descendido para
igualarse a herbáceos más que en un porcentaje, va a ser muy atractivo.
Pretendo que lleguemos a las 800.000 toneladas --lo hemos hablado en el
Ministerio-- con la ayuda, insisto, de las Comunidades Autónomas, y
pudiendo utilizar este cultivo como auténtica alternativa.
En cuanto a las indemnizaciones compensatorias, indudablemente tenemos
que subir y he dicho que vamos a intentar duplicarlas. Creo que es
absolutamente necesario hacerlo. Que haya una disminución en una partida
presupuestaria en el año 2000 no es una incongruencia porque hay otras
partidas en las que pueda haber compensaciones y, sobre todo, estamos
hablando del período 2000-2006. Entonces, en ese período el esfuerzo
tiene que ser mucho mayor.
Ha mencionado usted los criterios para repartir entre Comunidades
Autónomas. No es fácil porque hay unos condicionantes muy diferentes. Yo
estoy muy satisfecho, y lo digo con sinceridad, del grado de comunicación
que existe, no siempre hay acuerdo, pero sí hay un intercambio de puntos
de vista y, al final, se consigue algo que para mí ha sido la máxima que
he apoyado siempre, y ya se lo adelanto para cuando hablemos de la leche:
nadie tiene que manifestarse extraordinariamente contento, pero tampoco
nadie puede estar tan insatisfecho que dé un portazo. Creo que eso lo
vamos consiguiendo.
Dice usted que Castilla y León siempre sale favorecida, desde luego no
será por cuestiones subjetivas, a lo mejor, es que aplicando los
criterios de desarrollo rural, la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
la más grande de Europa, tiene algunas características que le empujan en
esa dirección, pero desde luego si es así se habla y se hablará entre
todos. Por lo tanto, no creo que al final haya ninguna Comunidad
especialmente favorecida; quizá en algún punto alguna Comunidad salga
mejor que otra, pero con criterios objetivos no tiene por qué.
Yo le doy una enorme importancia a las iniciativas Leader porque, además,
se ha comprendido en la Unión Europea la idea y se pide que más del 50
por ciento de los representantes del programa Leader sean agentes
sociales. Creo que esto es avanzar en la buena dirección. Cuando comienza
el programa Leader hace ocho años, inevitablemente tenía que apoyarse
mucho en las corporaciones municipales, en las entidades, porque era más
difícil convencer al ciudadano particular. Pero a medida que va avanzando
para que conseguir el éxito en estas actuaciones tiene que haber una
participación local cada vez mayor. En efecto, hay un problema con los
20.000 habitantes. Se ha conseguido, y ha sido por presión española, que
no sea un límite exacto o estricto, que se considere que puede haber
situaciones en las que ese número no puede alcanzarse y, por tanto, hay
que ser flexibles. Tampoco pasaría nada, a veces bastaría con que se
aumentara la visión comarcal. Sus señorías saben que muchas veces hay una
visión demasiado comarcal, que vista con un poco de perspectiva no tiene
razón de ser. Quizá unos determinados pueblos han pertenecido a otra
comarca por cuestiones históricas o porque en un momento dado
económicamente era así, pero ahora con una visión más amplia no ocurre
nada porque se aumenten un poco los límites del Plan Leader. Desde luego,
ése es el camino que nosotros queremos seguir.
Ahora le hablaré del sector lácteo al que usted le da mucha importancia,
y yo también se la doy. Usted me dice que hay una crisis antigua que
continúa, yo no lo niego. Pero, con sinceridad, no creo que en estos años
se haya agravado. Ha tenido momentos peores y mejores, pero en conjunto
no se ha agravado. Este aumento de cuota, indudablemente, no resuelve la
situación del sector, pero sí va a paliarla, que es un paso, aunque no el
definitivo, en la buena dirección.
Comprendo que es desagradable y que es fácil decir que esta supertasa no
va a recaer en los ganaderos. No me parece el buen camino, acepto y estoy
de acuerdo en que es necesario la interprofesionalidad entre ganaderos,
industria y distribución. Desde el Ministerio, y así se ha trasladado a
todos los sectores, a las OPA, a las industrias, a la distribución,
cuando me he reunido con ellos les he dicho que quiero la
interprofesionalidad. Lo considero absolutamente necesario para organizar
el sector, porque, en efecto, tiene problemas, todos sabemos que los
tiene y hay que afrontarlos. Aunque me podría resultar más fácil o
políticamente más exitoso decir que mientras tanto no se cobra la
supertasa, no lo creo, porque éste es un mecanismo que ha establecido la
Unión Europea y que debe cumplirse, pero no excluye, ni mucho menos, la
interprofesionalidad y que con ella nos planteemos un plan más profundo
de reestructuración. Esto tiene que hacerse con el acuerdo de todos los
sectores. No veo cómo se puede reestructurar en una lucha entre
productores e industria o entre industria y distribuidores. Así podremos
tomar alguna medida, porque
el Gobierno y las Comunidades Autónomas nunca deben renunciar a tomar la
medidas que sean indispensables, pero no se soluciona.
En cuanto a las fechas, me gustaría que las fechas en que entrara esta
distribución de la cuota láctea fueran más próximas, pero las ha fijado
la propia Unión Europea y nos ha marcado cuándo entran las 350.000 y las
otras 250.000 toneladas.
Entrando en el tema del reparto, se hace estando de acuerdo las
Comunidades Autónomas y Administración. Usted me dice que hay quien cree
que es inconstitucional porque se han empleado criterios políticos y no
económicos. Supongo que usted, siendo Senador, no es el que lo dice,
porque todo es política. Ya lo sé yo, cuando nos reunimos los consejeros
y el Ministro estamos hablando de política, pero es que cualquier
criterio económico que se ponga redunda al final en una cuestión
política. Manejamos muchos criterios --yo he citado tres--, del orden de
15 ó 16, y todos ellos influyeron, pero al final había que tener en
cuenta ese acuerdo global, que sí tiene un carácter político en el buen
sentido de la palabra y que yo defiendo. No veo por qué un acuerdo entre
consejeros y Ministro, todos ellos emanados de la voluntad del pueblo que
han votado en unas elecciones, es un acuerdo malo y, en cambio, un
acuerdo hecho entre cooperativistas o industrias, como son técnicos, es
bueno. Hemos hecho lo mejor que hemos podido.
Usted mismo, al señalar el argumento, se refería a la dificultad de
establecerlo.
Se ha referido a Galicia, y yo creo que si una Comunidad Autónoma ha
salido beneficiada --y lo he dicho públicamente-- es Galicia, y creo,
además, que es lógico que así sea por el peso que la producción láctea
tiene en esa Comunidad Autónoma, y si ha salido favorecida es gracias a
las demás Comunidades Autónomas, porque se reparte entre todas. Yo creo
que Galicia ha salido favorecida, pero no extraordinariamente, porque yo
no lo hubiera permitido.
Fíjese en el argumento que usted plantea, que coincide con el que
utilizaba el Conselleiro de la Xunta: hay un 53 por ciento de
explotaciones y creo que recibe el 36 por ciento. Si usted hubiera
preguntado a cualquier persona --no ya a ganaderos o a gente del sector
lácteo, sino a compañeros suyos del Senado, a gente de cooperativas pero
de otros sectores, a gente del sector agrario e incluso del sector
urbano-- a qué proporcionalidad nos referimos cuando hablamos de cuota
láctea todo el mundo le hubiera dicho que de la cuota. Usted sabe que el
95 por ciento le hubiese dado esa contestación. La cuota era de cinco
millones, se daban 500.000, luego hay que subir el 10 por ciento en
proporción. Esa era la idea de todo el mundo.
Cuando se dice que hay que aplicar criterios de proporcionalidad siempre
podremos encontrar un criterio inversamente proporcional, o podemos
encontrar otra comparación, pero la idea global está siempre referida a
la cuota, y Galicia, por ser la mayor productora, tenía una cuota
altísima --me parece que estaba en el 32 por ciento--, y recibe por
encima de lo que proporcionalmente le correspondía en función de su
cuota. Por eso creo yo que Galicia sale beneficiada.
Fíjese que no me refiero tanto a eso, porque es opinable, sino al hecho
de que en una cosa tan obvia para todos como que la proporcionalidad era
con la cuota láctea, de una forma legítima, de una forma razonada,
personas como su señoría, o el Conselleiro de Galicia, dicen que la
proporcionalidad debe ser sobre el número de explotaciones. Esto
demuestra la dificultad que tenía llegar a cualquier acuerdo.
Ahora quiero contestar, para terminar, a esto que me planteaba de ese
rumor que ha podido haber de que no van a tener acceso los ganaderos por
debajo de 30.000 toneladas. No puede ser. Por eso decía antes que
nosotros vamos a dar unos criterios generales de acuerdo con las
Comunidades Autónomas.
Yo sí creo que precisamente las explotaciones entre 30.000 y 100.000
toneladas son económicamente las que merecen más apoyo, porque por encima
se defienden un poco solas y por debajo tienen dificultades. Ahora bien
--y esto me reafirma en mi idea de lo que es el Ministro de
Agricultura--, yo no puedo saber si esta idea, que es global, se cumple
en Orense exactamente igual que en Ciudad Real, entre otras cosas porque
yo en Ciudad Real debo tener dos funcionarios y en Orense tres. Esto es
algo que tienen que analizar las Comunidades Autónomas, que pueden tener
miles de funcionarios en Galicia dependientes de la Consejería de
Agricultura, y muchos en Ciudad Real, ellas son las que tienen que
aquilatar este resultado, porque no es lo mismo en la vida económica
agraria de Galicia quince vacas que en la vida de Ciudad Real, ni es la
misma explotación de quince vacas una cerca de Puertollano que otra en
Galicia. Por lo tanto, en este reparto que deben hacer las Comunidades
Autónomas, debemos establecer unos criterios globales de ordenación de la
economía --creo que ésa es mi obligación y no voy a renunciar a ella--,
pero yo no puedo llegar a decir si esa explotación de quince o veinte
vacas es viable o no, porque ésa es la responsabilidad del Consejero
correspondiente.
Paso al asunto de la patata. Creo que hay una coincidencia muy grande
entre lo que yo digo y lo que plantea su señoría. Usted me dice que se
han repetido las medidas coyunturales que se dieron en 1996 y 1997. ¿Qué
demuestra eso? Demuestra dos cosas que he dicho yo: primera, que este
cultivo es cíclico y que tiene unos altibajos muy grandes y, segundo, que
las actuaciones coyunturales para salvar un poco la situación no tienen
una solución para el futuro. Esto lo he dicho yo. En 1996-97 se hizo una
actuación y eso no garantiza que en 1999 no volviera a ocurrir. Y ahora
digo --y ahí sí contradigo al Senador-- que sí creo que estas actuaciones
coyunturales que hemos tenido en 1999 han tenido un buen efecto
coyuntural en 1999, pero no han arreglado el mercado. Si lo han arreglado
en alguna forma será por el mensaje tan claro, a veces incluso, por lo
que decía su señoría, excesivamente brusco en algún momento, porque
algunos podían haberse organizado y no se les ayudó para que se
organizaran y no han podido participar, pero su señoría me reconocerá que
hemos lanzado un mensaje clarísimo de
que nosotros estamos a favor de las organizaciones de productores.
He dicho que vamos a doblar las ayudas, y sobre todo quiero que el
mercado sepa que cuando a mí me vengan a hablar organizaciones de
productores que tienen un problema en mí van a encontrar una receptividad
muy grande. Si son agricultores individuales que me dicen que están mal
también les recibiré, porque es mi obligación y lo hago encantado, pero
les diré que hay caminos que no se están adoptando.
Por lo tanto, hacia el futuro, eso es lo que yo quiero, y estoy
convencido de que también lo quieren las Comunidades Autónomas y las
organizaciones agrarias porque, en el diálogo que he tenido con ellos,
ése ha sido el elemento esencial. ¿Cómo lo haremos? Ahí es donde hay que
escuchar. Probablemente las organizaciones agrarias pueden decirnos más
cosas y yo, desde luego, estoy encantado de escucharles, pero siempre en
esa dirección, distinguiendo una actuación coyuntural que, sinceramente,
creo que ha sido buena y que ha permitido que el precio de la patata no
se hunda, que se mantenga en un nivel bajo pero no hundido, pero si
queremos resolver este problema en años sucesivos hay que hacer esta
organización, porque al año que viene puede ocurrir que tengamos los
precios de la patata muy altos y pensemos que ya se ha resuelto el
problema y, sin embargo, no será así, y si no hacemos una organización de
productores en el año 2002 volverá a ocurrir esto. Ese es el camino que
vamos a seguir.
Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el Senador
Rodríguez Cantero, relativas al aceite de oliva, le agradezco sus
palabras cuando ha dicho que yo estuve en Jaén. Le voy a decir que no
tomé nota ese día, sino cuando estuve en junio, y en esta visita firmé
con el Presidente de la Diputación y con el alcalde un convenio a través
del cual el Ministerio aporta 243 millones para ampliar Expoliva, o sea,
que yo tomé nota antes y ahora he cumplido. Digo esto porque me alegró
mucho cómo llegamos a ese acuerdo, y yo insisto en las palabras que dije
allí en el sentido de que por encima de las diferencias políticas --que
para eso están las elecciones y cada uno debe competir para ser
elegido--, allí había tres instituciones --la Junta no estuvo en ese
momento pero participa también en estas actuaciones-- que, siendo de
partidos políticos distintos, firmaron un convenio en una actuación
común.
Me parece que su señoría tiene una excesiva fijación por esa gran batalla
que, sin duda, libró en aquellos años, en los que probablemente hizo
muchos mítines hablando de esto y sobre lo que su señoría está
absolutamente convencido --y eso es muy de agradecer, un político con
absoluto convencimiento--, pero, con toda sinceridad, debo decirle que si
yo siguiera por ese camino, tendría que leer esas nueve páginas, que no
lo voy a hacer.
Me dice que no conseguimos todo. Evidentemente, porque estoy convencido
de que, cuando en Europa se plantea estos temas, no se consigue todo.
Visto desde fuera, sin ese sentimiento tan hondo que muestra su señoría,
no obstante, hubo un momento en que parecía que la ayuda por árbol iba a
cambiarse, lo que para nosotros hubiera sido desastroso, y, sin embargo,
eso no ocurrió. Posiblemente, había alguna ayuda que podría haberse
mantenido y no se mantuvo, pero se dieron otras y, en conjunto, creo que
la OCM fue beneficiosa. Y no quiero volver a citar eso que usted dice
sobre los 173.000 millones de pesetas, que fue más que en ningún otro
año, o que jamás se ha recibido tanto. Creo que esto vamos a olvidarlo.
¿Qué pasa ahora en el mercado? Dice usted que el mercado se hundió por
las previsiones. Recuerdo --lo he dicho y no me importa reiterarlo-- que
estuve reunido con el Consejero de la Junta en Jaén, y estuve tomando
nota precisamente sobre este aspecto, y él hizo una previsión y yo otra y
acertó más él y lo he reconocido. (El señor Rodríguez Cantero: «Acertó,
no».) Se acercó más que yo al resultado final. Todavía no lo sabíamos,
porque era una previsión. Pero eso me ha enseñado que no es bueno hacer
previsiones y no haré más previsiones. (Risas.) Lo que sí puedo
manifestar es que no creo que eso tuviera una gran importancia, porque en
esos momentos el precio estaba todavía muy alto.
¿Qué es lo que creo que también ha influido más en el precio? Han
influido también --gracias a Dios y así lo digo-- las lluvias del último
mes de octubre, que han hecho que, de una previsión para la futura
campaña de 500.000 toneladas, ahora se hable de 600.000 toneladas.
Con toda sinceridad, creo que 320 pesetas --no voy a decir que esta
mañana he salido y he estado preguntando por Jaén cómo estaba el precio,
pero hago caso de la información de que dispongo-- no es una cantidad tan
baja. Además, esto no ha repercutido en el consumo, cuestión que como
Ministro me preocupa, es decir, bajando en origen, no está llegando al
consumo como pudiera repercutir.
He dicho y reitero --no sé si su señoría se refería a estas palabras mías
cuando decía que no le había gustado-- que para el aceite de oliva
preferiría un precio alto, remunerador y estable. Y, a lo mejor, el
precio actual es alto, remunerador y estable. Pero, fundamentalmente, lo
que querría es que fuera estable, porque creo que una de las cosas que
más perjudica al aceite de oliva son estas enormes subidas, que el
consumo no aprecia, y que, de pronto, se traducen en un descenso
vertiginoso, porque hay un sector comercializador, al que no voy a
culpar, en absoluto, de nada, para el cual las oscilaciones son
considerablemente menores, es decir, cuando sube mucho el precio, ellos
guardan y esperan y, por tanto, no pagan tanto al agricultor, pero cuando
baja les pagan menos.
Así pues, para el productor, lo interesante es un precio medio y
sostenido, lo que también es bueno para el consumidor, quien puede
calcular más o menos cuál es el precio del aceite de oliva, y, por qué no
decirlo, es también interesante para el conjunto de la economía y el
propio Gobierno, al permitir un IPC estable, ya que, de lo contrario, de
pronto puede verse destruido y dar una idea falsa al subir el aceite de
oliva, o, al revés, puede suceder una bajada enorme del precio del aceite
de oliva que haga parecer que está bajando la inflación, cuando, en
realidad, sólo está bajando un producto, perjudicando a un sector, ya que
en esos casos el precio sí se sitúa por debajo del precio remunerador.
Y, de cara al futuro, creo que tenemos que trabajar en la preparación de
la OCM del 2001.
Evidentemente, todo en la vida se puede analizar. Desde luego, sí voy a
defender, como he dicho antes cuando hablaba del desarrollo rural, el
olivar tradicional. Creo que merece esa ayuda y hay que ver cómo, a
través medidas gubernamentales, lo beneficiamos.
¿Qué ocurre con esas actuales plantaciones de olivos excluidas de la
ayuda? Esto está establecido así. Las nuevas plantaciones que hoy en día
se están haciendo están excluidas de la ayuda. ¿Por qué se hace? La
interpretación es libre. Algunos de los argumentos que expresa su señoría
pueden tener su base, no se lo niego, pero, en conjunto, no puede
afirmarse que un sector esté en una situación ruinosa, o mala, o con
pocas perspectivas de futuro, cuando se están haciendo inversiones
importantes en esos cultivos, que no van a recibir ayuda. Incluso, le
admito las matizaciones, como cuando me dice que puede haber otros
factores. Puede haberlos pero creo que también hay que considerar el
punto central.
Y termino respecto de los puntos a que me refería sobre su moción.
No es que diga que el primer punto no podemos llevarlo a cabo con las
Comunidades Autónomas. Mi contestación es que ya lo estamos haciendo, es
decir, las Comunidades Autónomas mantienen una perfecta interlocución con
nosotros. Y, desde luego, me parece innecesario, pero en absoluto algo
sobre lo que pueda decir que no haré, ningún caso. Si en un momento
determinado para el tema del olivar, por parte de las Comunidades
Autónomas --lo que dudo que les interese-- me propusieran separar este
tema de las restantes políticas sectoriales y tratarlo aparte, no tendría
ningún inconveniente. No me crearía ningún problema sustancial, aunque sí
diría que, en mi opinión, no es lo mejor.
Por poner un ejemplo extremo, para el champiñón, un producto de
Castilla-La Mancha y Rioja, jamás han pedido tener una mesa con el
Ministerio. ¿Qué es lo que piden? Que cuando haya un problema sobre el
champiñón se hable en la mesa sectorial. En ese momento, a lo mejor, los
consejeros de otras Comunidades simplemente oyen o se salen a fumar un
cigarrillo, pero es ahí donde se habla de este tema. Por tanto, excluir
el aceite de oliva de la mesa sectorial, para hacer una especial, no me
parece oportuno, pero, desde luego, no tengo ninguna dificultad
sustancial ni de principio para ello.
Y de la misma forma le contesto respecto al Plan de Calidad.
Naturalmente, hablar de dinero es en referencia a las competencias. Nunca
digo que lo que una Comunidad quiera sea el dinero. Lo que quiere es la
competencia y el dinero para desarrollarla.
Tiene ventajas y tiene inconvenientes --y así se ha reconocido por todo
el mundo-- un punto y el otro. Tampoco de este tema voy a hacer cuestión
de gabinete, porque, en este proceso, si en un momento determinado
conviene hacer una transferencia, estoy dispuesto a hacerla.
Y en cuanto a lo de COOSUR, repito lo que ya he dicho. No vamos a
considerarlo hasta las fechas previstas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Vamos a abrir un turno breve para otras preguntas o aclaraciones.
¿Senadores que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez,
brevemente, por favor.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Brevísimamente, señor Presidente.
En primer lugar, para agradecer, sinceramente, al señor Ministro las
explicaciones y aclaraciones que nos ha mostrado. Ha abordado la mayor
parte --algunos se los ha guardado-- de los temas que le había planteado.
Me gustaría que me aclarara algo más, porque he tomado nota de la cifra
de instalación de jóvenes de un 70 por ciento, y, sobre medidas
agroambientales, un 40 por ciento, y no entiendo bien lo que usted quiere
decir, o hay algo que no casa en cuanto a las prioridades en el
desarrollo rural.
Y el último extremo relacionado con esta cuestión es si van a tratar de
incentivar o buscar alguna fórmula para esas zonas, oscuras zonas, que
hasta ahora no han tenido ningún instrumento de desarrollo rural. Creo
que el porcentaje que se ha barajado es que, aproximadamente, entre el 50
y 60 por ciento del territorio español tiene ayuntamientos con
instrumentos de desarrollo rural y el resto no. Por tanto, hay una
importante franja, coincidente, precisamente y en general, con las zonas
más deprimidas, que no tiene capacidad endógena para buscar recursos o
para actuar.
Respecto al sector lácteo, me va a permitir que, con toda cordialidad, le
diga que me defrauda mucho su contestación, porque da poco margen para la
esperanza.
Es cierto que ustedes pueden tener una visión más optimista, más
posibilista, que la que se puede tener desde la oposición. También es
cierto que cuando uno lleva mucho tiempo en el Gobierno se distancia de
la realidad, momento en que se producen los cambios alternativos de
Gobierno y, a lo mejor, en este momento nosotros estamos más próximos a
esa realidad.
Usted me dice que sí a las multas. Yo no puedo decir que no porque la
normativa europea es clara, pero planteo la necesidad de un período
transitorio, en el que se busquen fórmulas con los interlocutores, que
las hay.
No me dice nada sobre la industria y existe un problema serio e
importante. Evidentemente, son empresas privadas, que tienen su propio
régimen, pero el Gobierno tiene capacidad de acción.
Usted me dice que lo mismo en Orense que en Ciudad Real --y utilizo sus
palabras--, y ahí es donde parece que está la base de los que dicen que
el reparto que se ha hecho no es constitucional porque no se ha dado el
mismo tratamiento. Es decir, no tiene el mismo trato de igualdad un
productor de Orense que uno de Ciudad Real, aunque yo reconozco que,
efectivamente, la situación es distinta y que, probablemente, con
desplazar simplemente la competencia de las Comunidades Autónomas no se
resuelven todos los problemas. Por ejemplo, al meter en el mismo saco la
reserva nacional y el
incremento de cuota, yo creo, salvo mejor explicación, que ustedes
incumplen el artículo 15 de la norma reguladora de la reserva nacional.
No sé si lo han previsto o no o si tengo o no tengo razón.
Como consecuencia y en resumen, señor Ministro, yo, por naturaleza, soy
proclive al optimismo porque hay que ser así, pero las pequeñas y
medianas explotaciones en nuestro país --con sus palabras, con las
explicaciones que se dan que, a lo mejor, no es el sitio de darlas; las
darán en un programa electoral o por el medio que se quiera-- tienen un
futuro preocupante, porque todo el mundo habla, desde los consejeros
hasta directores generales, de umbrales de viabilidad, que el que tenga
que estar ahí está pensando en qué tiene que hacer, a dónde tiene que
irse. Aquí al lado se está celebrando estos días una Comisión de
desarrollo rural, que, precisamente, está tratando de evitar el problema
del éxodo rural, y aquí hay un anunciado éxodo rural. ¡Ojalá me
equivoque! Yo no pretendo ser agorero, pero hay un problema que no
parece, o al menos yo no entiendo, que se resuelva con las respuestas o
con las iniciativas que se anuncian. Yo no entiendo que exista un Plan
que se va a revisar en el año 2003 y que podamos llegar al 2005, salvo
que haya otra voluntad, pensando en que vamos a tener un sector
competitivo dentro de una desregularización de los mercados, dentro de
esa apertura que se va a producir. ¡Ojalá que me equivoque!
Por último, con el problema de la patata me ocurre prácticamente lo
mismo. Quiero decir algo, que es claro: Sus medidas se han barajado de
una forma rápida. Yo creo que, además, hay que reconocerle una cierta
agilidad de rectificación de errores. No está el señor Galán, pero en el
Pleno le formuló una pregunta y usted explicó como una sucesión lógica de
acontecimientos lo que no es otra cosa que una rectificación de errores,
de aumentar cantidades presupuestarias y de retirada, pero que es lógico
en función de cómo van surgiendo las circunstancias.
Pero, señor Ministro, se produce una injusticia clara con los productores
que no pueden tener acceso a esas ayudas por ese planteamiento
encorsetado de estar o no asociado. Podían haberlo hecho con ayudas
condicionadas. Hay muchas fórmulas. Es decir, en lugar de promover el
asociacionismo, usted puede promover otras fórmulas para acceder a esas
ayudas condicionadas, que aún lo puede hacer, no excluye a nadie del
sector. Es una clara discriminación e injusticia porque, además, señor
Ministro, se produce el hecho de que almacenistas de la misma localidad,
recogiendo productos de otras Comunidades Autónomas, tienen acceso a las
ayudas. Son situaciones que se producen en la realidad que, lógicamente,
uno no prevé cuando legisla.
Yo creo que si no hay medidas estructurales el año que viene no se va a
solucionar el problema de la patata. Habrá menos producción porque no se
va a sembrar por abaratarse el precio.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Termino ahora mismo.
Sin embargo, al año siguiente el problema se va a producir otra vez por
esta casuística.
Por tanto, yo creo que hay que buscar medidas que permitan alcanzar un
mínimo de estabilidad en este sector.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo le acepto, por el tono cariñoso en que me lo ha dicho,
que tenga fijación por el aceite de oliva. Para los andaluces, y más para
la generación del año 40, el aceite de oliva es como la magdalena mojada
en café para Proust. ¿Comprende? En todo caso, es la fijación que tienen
los habitantes de más de 300 pueblos andaluces y los productores de más
de 700.000 hectáreas de olivar de sierra de baja producción. Es la misma,
y yo la comparto con el mismo cariño, señor Ministro. Yo creo que la
señora ex ministra le ha trasladado la fijación por una realidad virtual
puramente propagandista. Le llevo ventaja. Fijación por fijación, me
quedo con la mía, señor Ministro.
Usted ha descrito la intervención. Ha dicho que el mercado está
desequilibrado, desregulado, lo estrangulan porque compran, no venden y
especulan. Usted ha inventado la misma Intervención que nos dejamos en
Bruselas por una mala negociación, la misma, señor Ministro, que no se ha
dejado ni una sola producción de la Agenda 2000, la misma que hubiéramos
mantenido si se nos hubiera hecho caso a los que decíamos que llevaran la
negociación a la Agenda 2000 y no la aceleraran por motivos puramente
estratégicos. Pero usted la acaba de inventar, recupérela, si es que
puede. Desde luego, le ayudaremos.
Señor Ministro, no se trata de que las nuevas plantaciones no vayan a
tener ayuda. Sabe que sobre el papel es así, pero que, en la práctica no
hay quien ponga puertas al campo. Usted sabrá que meses antes de entrar
la nueva OCM no había plantones de olivo en los viveros, estaban todos en
el campo, señor Ministro. Y esos sí que van a tener ayudas. En cualquier
caso, lo que ni usted ni nadie va a impedir, desgraciadamente, es que
esas plantaciones superintensivas inunden el mercado de aceite, a unos
precios en los que el olivar --insisto, esas 600 ó 700.000 toneladas de
olivar de menor producción-- no pueden resistir, con o sin ayuda. Se está
produciendo, se va a producir, si no se ponen los medios para evitarlo,
una reconversión brutal del olivar.
Señor Ministro, no se trata de que usted elimine el aceite de la
sectorial. La moción del Grupo Parlamentario Socialista iba dirigida a
que se creara una Comisión para determinar muchas cosas que el Ministerio
dice que está haciendo solo. Yo, desde mi sitio, no entiendo por qué no
dan participación total a las Comunidades Autónomas, pero si usted dice
que se hace por mecanismos de coordinación sin esa Comisión, yo
encantado. La Comunidad Autónoma de la que procedo no tiene exactamente
el mismo buen criterio de esa coordinación absoluta porque
es posible que se dé a nivel político, pero, ¿está usted seguro de que
también se da a nivel técnico, señor Ministro?
Por último, yo espero que a usted, que está tan convencido --lo ha dicho
y lo ha vuelto a repetir-- de que esta OCM que se aprobó en 1998 es
garantía de futuro, no se le ocurra decir que no la va a reformar en el
año 2001, porque si tan buena es, alguien podría tener la tentación de
decir en el año 2001 yo no la reformo. Como usted diga eso, va a escuchar
el clamor de los 300 pueblos, de todos los andaluces que tenemos fijación
por el aceite de oliva, señor Ministro. La señora Loyola lo escuchó. No
se le ocurra a usted decir que esa es la garantía de futuro. Se lo dije
al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno y se lo vuelvo a
decir a usted ahora. No diga usted eso, señor Ministro, que va a escuchar
un clamor de protestas. Esta OCM hay que reformarla, y rápidamente. Si
fuera posible mañana, mejor. Si no hay más remedio que esperar hasta el
año 2001, se hará, y esperemos que entonces haya recapacitado y la
fijación por la realidad virtual la transforme en la fijación de Proust,
señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me voy a referir al sector de la patata. Usted acaba de
visitar la Comunidad Autónoma de La Rioja los días 23 y 24 de este mes.
Por cierto, al menos, debo darle las gracias por la sensibilidad que ha
demostrado. Es el único Ministro en esta Legislatura que cuando ha
visitado la Comunidad Autónoma de La Rioja ha invitado a participar en
los actos previstos en la visita a los parlamentarios en Cortes
Generales, lo que es digno de tener en cuenta. Al pan, pan y al vino,
vino. Demuestra, al menos, que su sobriedad soriana no está reñida con la
bonhomía y el buen estilo que ha demostrado. A todas luces ha llamado la
atención precisamente porque sus compañeros de Gabinete no lo han hecho
nunca.
Y aprovechando la situación, me imagino que las organizaciones
sindicales, los representantes de los agricultores y el Gobierno regional
le habrán planteado los problemas que tenemos en el sector de la patata y
que, por cierto, ya han sido suficientemente debatidos en esta Comisión.
Nosotros sacamos la conclusión de que es verdad que el sector está
sometido a actuaciones coyunturales por parte de ambas administraciones,
la autonómica y la central, de la que su Ministerio depende. Consideramos
que el sector necesita de una ordenación rápida ya que no podemos estar
sometidos a los vaivenes que venimos sufriendo siempre que hay
importaciones masivas, siempre que se producen problemas en otros países
de la Unión Europea, y coincidimos con su señoría cuando dice, como
decimos nosotros, que está de acuerdo en que es necesario que las
organizaciones de productores deben ir consolidándose. De todos modos, no
debemos olvidar que mientras no estén consolidadas, las ayudas
condicionadas deberían tenerse en cuenta. Esto lo ha señalado el portavoz
de mi Grupo, y no me cabe la menor duda de que también es una demanda en
La Rioja.
Unicamente quería preguntarle cuáles son los acuerdos y los
planteamientos de este sector que ha podido recoger en su visita.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para dúplica tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Veamos si con cierta rapidez contesto a todo lo que se me ha preguntado.
En cuanto a la aclaración que me pedía el señor Rodríguez Rodríguez a
propósito de los topes máximos de las ayudas a instalaciones de jóvenes
agricultores, debo decirle que lo que yo he dicho es que los topes
máximos de esas ayudas han aumentado en un 70 por ciento. Es decir, la
cifra era antes de cinco millones de pesetas y ahora es de 8,3 millones
de pesetas. (El señor Rodríguez Rodríguez hace signos afirmativos.) Y en
lo que se refiere al reparto porcentual de esos 543.000 millones de
pesetas provenientes de las medidas de acompañamiento --insisto en ello
porque al no estar aún cerrado no quiero que nadie diga que el Ministro
dijo que la oferta es tal y resulta que luego fue cual...--, estamos
barajando que los programas agroambientales se lleven el 40 por ciento,
que la forestación de tierras agrarias se lleve el 25 por ciento, la
indemnización compensatoria el 23 por ciento --este concepto queremos
duplicarlo--, y que el cese anticipado se lleve un 12 por ciento. Pero,
insisto, son porcentajes a los que no hay que dar mayor importancia
aunque me imagino que no variarán demasiado puesto que son bastante
racionales.
En cuanto a cuál es nuestra intención, en efecto, hay zonas a las que aún
no se ha llegado, pero vamos a intentar llegar al cien por cien, a todas
ellas. Por otra parte, probablemente no lo consigamos porque supone una
verdadera dificultad integrar al cien por cien la zona rural en los
Leader Plus, pero repito que nuestra intención es ésa. Queremos que, a
ser posible, ningún grupo de municipios se quede fuera. Consideramos que
éste es un magnífico instrumento de actuación, y más aún cuando esa
actuación nace desde abajo hacia grupos endógenos que tienen su propia
idiosincrasia. Es decir, si algunos de ellos se quedan fuera será porque
no hemos sido capaces de resolverlo o porque ellos mismos no han querido
que eso sea así.
En lo que se refiere al sector lácteo, comprendo que cada uno tiene que
exponer su propia posición. ¿Qué diría yo si en este momento formara
parte de la oposición? A veces me lo pregunto. A lo mejor no estaba
demasiado lejos de lo que decía el Senador Rodríguez Rodríguez, pero,
desde luego, como miembro del Gobierno lo tengo muy claro: multas, sí.
No podemos lanzar el mensaje de que hay dudas respecto de las multas
puesto que las ha establecido la Unión Europea. Lo que sí me ha
preocupado, y por tanto lo voy a investigar, es lo que su señoría ha
dicho antes: que podemos
estar acercándonos a una supertasa de 18.000 millones de pesetas. Repito
que lo voy a investigar y, por supuesto, haremos todos los esfuerzos
necesarios para que eso no sea así. Sería algo verdaderamente grave. No
quiero que quede duda alguna a ese respecto. Cada uno de nosotros debemos
arrostrar aquello que políticamente nos corresponde: el poder debe
arrostrar el poder, y la oposición deberá arrostrar la oposición.
Pero también quiero decirle que, por supuesto, yo creo que las industrias
son muy importantes y que hay que intervenir en ellas. Pero vuelvo a
decir que a mí me gustaría conseguir --lo estoy intentando; y aunque lo
veo muy difícil no creo que sea imposible y hechos como las supertasas
ayudan-- esa interprofesional en la que estemos todos integrados y buscar
la fórmula adecuada. Desde el Ministerio y las Comunidades Autónomas
empujaremos para lograrlo.
Cuando su señoría me dice que Orense debe ser igual que Ciudad Real y que
ése es el tema, efectivamente, ésa es una cuestión que se plantea desde
el principio. Si me lo permite le diré que, independientemente de la
Constitución, es un asunto que divide un poco a los españoles, y es que
hay españoles que consideran que lo justo es que en un pueblo de Huelva
todo el mundo tenga lo mismo que en uno de Gerona, y lo sienten de verdad
--y ni siquiera desde una posición intelectual; sino desde una posición
sentimental--, pero hay también quienes creen --yo soy uno de ellos-- que
eso no tiene por qué ser así. Lo que no puede admitirse es que alguien,
por ser de Huelva, reciba un tratamiento discriminatorio, pero en
determinadas cosas no tienen por qué tener el mismo tratamiento todos los
ciudadanos españoles. Precisamente ésa es la concepción del Estado de las
Autonomías en mi opinión. Y por eso se vota en las Comunidades Autónomas,
para que haya un gobierno que haga unas cosas y deje de hacer otras. Pero
la situación, repito, no tiene por qué ser la misma. Yo comprendo que
esto tiene sus pros y sus contras, y justamente por eso hay quien
defiende una cosa y quien defiende otra. Por eso, cuando decimos que hay
desigualdades, es que quizá las hay.
Me hablaba su señoría de la reserva nacional. Yo introduje esa reserva
porque me parecía una forma mejor para poder hacer el reparto. ¿Que puede
que haya dificultades? Se estudió en su momento y parece que las que
podía haber no eran insuperables, pero como todo en la vida, es
discutible.
Y ahora vamos al punto clave de esta comparecencia: ¿Qué va a pasar ahora
con los pequeños y medianos productores? Señoría, comprendo que es duro,
pero yo defiendo que no se deben dar aumentos a aquellos productores que
no vayan a llegar nunca al umbral de rentabilidad puesto que dárselos
puede incitarles incluso a que los vendan o a que se retiren un poco más
tarde. Y no me estoy refiriendo a los productores que ya sean rentables,
sino a aquellos que están por debajo del umbral que se establece y por
debajo del cual es imposible que sean viables ni ahora ni en el futuro.
Pues bien, aunque en algún caso esto resulte duro, repito que se les
deben dar esos aumentos a los que tienen una posibilidad de viabilidad.
¿Y dónde está ese umbral de viabilidad? Pues precisamente eso es lo que
yo no quiero establecer a nivel nacional porque no creo que exista. Y es
que si pongo un umbral muy alto puede que resulte muy injusto para los
gallegos, en tanto que si lo pongo muy bajo es posible que haya
explotaciones cuya viabilidad sea imposible, por ejemplo, en Castilla-La
Mancha. Por otra parte, para alargar las explotaciones que son viables en
Galicia habría que poner otro umbral distinto. Luego esto es una
demostración de que hay muchas decisiones que tienen que tomarse en las
Comunidades Autónomas. Y no me parece discriminatorio que en una
Comunidad Autónoma el umbral de viabilidad esté fijado en 10 vacas y que
en otra sin embargo se fije en 20. Y es que la situación económica de
cada Comunidad Autónoma puede ser distinta. No tiene por qué fijarse un
mismo número de vacas en todas ellas. Insisto en que ésta es una opinión
política que puede verse desde diferentes puntos de vista.
En cuanto al tema de la patata --y aprovecho para contestar al Senador
Díaz González--, en efecto, ésta cuestión fue una de las que surgió en
las densas reuniones que mantuvimos con el Consejo Agrario. Yo admito
que, como he dicho antes, puede resultar muy duro ese mensaje a la
asociación de productores, pero a la vez considero que es necesario
porque, por ejemplo, la retirada de patatas favorece al que las retira
pero también favorece al mercado en general. Es decir, todo el mundo se
favorece de alguna forma. Más el que lo hace directamente, pero también
aquél que no lo hace.
Y vuelvo a insistir en lo mismo. Al año que viene irán las cosas bien y
al año próximo pueden ir mal. Tenemos que hacer algo, y algo es incitar a
los productores a que se asocien para que podamos trabajar en
cooperativa.
Senador Rodríguez Cantero, cuando le hablaba de fijación no me refería en
absoluto al aceite de oliva. Por cierto, esa fijación del aceite de oliva
de que usted hablaba me parece extraordinaria y admirable. Su señoría
hace muy bien manteniéndola, y más aún siendo usted de la provincia de
Córdoba. Yo me refería a una fijación en un período determinado, a la
lucha política de aquel año o año y medio de OCM sí, OCM no.
¿Qué hacemos con la intervención? En la intervención no existe, pero el
sector privado puede actuar con almacenamiento privado. Hasta ahora se ha
hecho poco, pero el tiempo enseña. Estoy convencido de que en la próxima
campaña habrá más almacenamiento privado que en ésta. ¿Por qué? Porque
todos vamos aprendiendo con la situación, incluidos los privados. Yo
supongo --no lo sé con certeza, pero así lo creo-- que volver a la
intervención es prácticamente imposible. Por lo tanto, más vale que
desarrollemos el almacenamiento privado para que pueda sustituir de
alguna forma a la intervención.
En cuanto a lo que me dice sobre las nuevas plantaciones se hará lo que
se pueda. Estas plantaciones no tendrán ayuda, pero estamos en un régimen
en el que quien quiere plantar olivos sin recibir ayuda puede hacerlo.
¿Puede preverse que en el futuro haya posibilidades difíciles de
controlar? Pues por eso estamos trabajando para tener un control muy
bueno de los olivos con derecho a ayuda, y de ahí el seguimiento
informático que estamos haciendo; seguimiento
--en el que insisto- quiero la máxima colaboración, y creo que las
Comunidades Autónomas la están teniendo. Pero, si me plantean que
técnicamente hay que acometer alguna cuestión para llegar a una mayor
concreción, no tengo ningún inconveniente en que así se haga. De lo que
se trata es de buscar la unión del sector, y cuando luego nos refiramos a
la pesca hablaremos de ese tema. Por ejemplo, si estamos orgullosos de
algo en el tema de Marruecos es de que el sector de las Comunidades
Autónomas afectadas y el Gobierno han ido unidos. Por tanto, yo estoy de
acuerdo con todo lo que suponga acercar posturas.
Para terminar, quiero decirle que hasta el 2001 tenemos tiempo y que
primero hay que ver cuáles son los resultados de los estudios que estamos
haciendo. Le pediría al señor Senador, lo mismo que él me pide a mí, que
intentemos ponernos en el lugar del otro. Yo lo voy a hacer; voy a tener
en cuenta lo que su señoría dice y voy a intentar comprender por qué
tiene razón. Pero su señoría ha de hacer lo mismo; abra la mente y vea si
en algo tengo yo razón. Se trata, pues, de hacer una buena reforma
conjuntamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Vamos a hacer un breve receso de unos minutos para, a continuación,
retomar el debate. (Pausa.)
--A PETICION DE DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE (GPS), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE ADOPTARA EL GOBIERNO PARA DEFENDER LOS INTERESES NACIONALES,
EN RELACION CON EL ACUERDO PESQUERO ENTRE LA UNION EUROPEA Y ARGENTINA
QUE EXPIRO EN MAYO DE 1999, ASI COMO LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA PESQUERA
QUE HAN SIDO ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES ARGENTINAS Y QUE SUPONEN UNA
CLARA DISCRIMINACION PARA AQUELLAS EMPRESAS PESQUERAS DE CAPITAL ESPAÑOL
Y GALLEGO QUE ESTABAN FAENANDO EN ESAS AGUAS AL AMPARO DEL MENCIONADO
ACUERDO (711/000305).
--A PETICION DE DON CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE (GPS), PARA QUE
CLARIFIQUE LA POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACION AL NUEVO ACUERDO
PESQUERO ENTRE LA UNION EUROPEA Y MARRUECOS, QUE ESTA EN FASE DE
NEGOCIACION ACTUALMENTE, ASI COMO LAS REPERCUSIONES DE INDOLE LABORAL,
SOCIAL Y EMPRESARIAL QUE TENDRA EN NUESTRO PAIS, CON ESPECIAL MENCION A
SU IMPACTO ENTRE LOS PESCADORES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CANARIAS,
ANDALUCIA Y GALICIA, LOS CUALES SE VERAN AFECTADOS POR LAS CONSECUENCIAS
DE DICHO ACUERDO (711/000306).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del
orden del día, que es la comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, don Jesús Posada Moreno, a solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista, para debatir las cuestiones relativas a los
acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, y la Unión Europea y
Argentina.
Para exponer la posición del Gobierno sobre estas cuestiones, tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a empezar por el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Argentina.
Efectivamente, el pasado 24 de mayo finalizó el acuerdo en materia
pesquera entre la Unión Europea y Argentina. Hasta esa fecha se habían
constituido al amparo del mismo 22 sociedades mixtas, con 23 barcos y
capital español. Con ocasión del nombramiento del nuevo Comisario, el
señor Fischler, ha habido un intercambio de cartas con el Subsecretario
de Pesca del anterior Gobierno, señor Jorge Cajal, en el que ha quedado
de manifiesto la importancia que tiene para este país el restablecimiento
del diálogo y la reanudación lo antes posible de las relaciones en
materia de pesca, a fin de encontrar un marco de cooperación interesante
para ambas partes.
Es de esperar que el nuevo Gobierno del Partido de la Alianza, que ha
surgido después del triunfo electoral en los pasados comicios del mes de
octubre y que sustituye al actual, mantenga el mismo interés, y yo espero
que lo mejore; de hecho los primeros contactos van en esta dirección.
No haré aquí una historia de lo que ha sido la actuación de nuestro
Gobierno en el acuerdo que ha estado siempre enmarcada en diferentes
comisiones mixtas y participando siempre --debo insistir en ello-- en la
defensa de los intereses españoles en aguas de Argentina.
La negativa de Argentina a aceptar este principio ha llevado a la Unión
Europea a bloquear el último tramo de financiación previsto en el acuerdo
y que alcanzó un monto cercano a los 7 millones de euros.
Una vez que ha finalizado el acuerdo, el margen de actuación en defensa
de los intereses de las empresas o buques con capital españoles tarea muy
delicada, ya que se trata de buques y empresas argentinos en todos los
aspectos y, por tanto, sometidos a control y legislación nacional. Sin
embargo, esto no es óbice para que se hayan hecho todo tipo de gestiones
y que se sigan haciendo en defensa de los intereses españoles en este
país.
Hay una presencia de capital y empresas españoles muy importante: no sólo
los 23 buques aportados, sino que existen más de 60 unidades creadas con
anterioridad. Estamos ante un problema que no se limita a lo acontecido
durante la vigencia del acuerdo pesquero, y necesita un enfoque mucho más
amplio.
Se han hecho una serie de actuaciones para salvaguardar estos intereses,
que paso a enumerar. La visita del Presidente de Gobierno a Argentina en
el mes de julio, en la
que mantuvo reuniones al más alto nivel y dejó clarísima cuál era nuestra
postura, que es el tratamiento igualitario para todas las empresas en
aplicación de las medidas encaminadas a la protección del recurso
merluza. Si hay escasez de recursos, que parece que la hay, que se
aplique a todos igual; es decir, no es negar que haya escasez o que no se
nos pueda aplicar un criterio restrictivo, pero que sea para todos igual.
Se ha coordinado desde nuestra Embajada las reuniones de nuestros
pescadores con el nuevo Gobierno; apoyo a los servicios de la Comisión;
consecución de la autorización para que la flota congeladora arrastrarera
pueda pescar calamar, que palía en parte la pérdida adquirida, e
--insisto-- lo que resulta innegable es el deterioro de los recursos en
las aguas de Argentina. Hay que hacer una reducción del esfuerzo pesquero
y una adecuación de la flota. Pero, repito, lo que hay que conseguir es
que las medidas que se apliquen para la recuperación del caladero sean
homogéneas a todas las flotas.
Estamos intentando buscar nuevos ámbitos de cooperación pesquera y, desde
luego, quiero decir que el Gobierno español continuará con las gestiones
que viene realizando para intentar resolver este problema bajo esos
principios de respeto a la regeneración de los caladeros, pero sin
aceptar un tratamiento discriminatorio.
Paso a referirme al acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.
Voy a señalar brevísimamente dos puntos que considero esenciales. El
primero es que estamos manteniendo una relación muy profunda entre el
sector, tanto armadores, como tripulantes, las Comunidades Autónomas
afectadas, el Gobierno de la nación --que yo represento, pero no soy yo
sólo-- y los Partidos políticos. Esto ha constituido una fuente de
fortaleza importante, y se han hecho gestiones en todos los ámbitos, no
siempre todos a la vez, naturalmente, pero siempre coordinadas, y hemos
actuado conjuntamente. Yo creo que esto es uno de los grandes valores que
hemos acumulado, y del que no me siento especialmente orgulloso, porque
yo he hecho un esfuerzo como lo han hecho los demás, pero esto hay que
mantenerlo por encima de todo.
Quiero decir cuál es la última situación, porque el resto ya lo conocen.
Hemos hecho gestiones importantes en todas las instancias para conseguir
--eso fue lo primero-- un mandato por unanimidad para el Consejo de la
Unión Europea. Había, como es lógico, países que no estaban interesados
en este tema, pues no lo ven como un interés vital para ellos, y es
lógico, y eso hay que admitirlo. Hemos tenido que convencerles de que es
vital para España y para la Unión Europea, y lo han comprendido. A mí me
parece razonable que al principio tuvieran sus dudas porque era algo que
no les afectaba, pero al final ha habido unanimidad, y es un buen mensaje
para Marruecos.
Por fin tenemos fecha de negociación: el 20 de diciembre, muy tardía,
como ha dicho Fischler y como he dicho yo, pero es mejor tener una fecha
que no tenerla. El Comisario Fischler señaló en la última reunión de
pesca que él se había puesto en contacto con Marruecos para empezar las
reuniones técnicas antes del 20 de diciembre, pero no ha obtenido
contestación. Como he dicho, estaban previstas todas las contingencias, y
por ello es muy probable que el 30 de noviembre amarre la flota.
Hemos hecho un gran esfuerzo los Ministerios, sobre todo, en agilidad
administrativa, para tener --mañana se aprobará en el Consejo de
Ministros-- las disposiciones necesarias para que tanto armadores, como
tripulantes tengan las ayudas adecuadas. Han mantenido reuniones la
Administración pesquera y Trabajo con los sindicatos del sector, y se ha
fijado una cantidad de 151.500 pesetas, que creo que es muy superior a la
de la anterior parada, una cantidad aceptable, pero insisto nadie me
tiene que decir a mí que el tripulante prefiere pescar a recibir esta
cantidad. Eso ya lo sé. No se trata de compensar lo que este hombre hace,
pero sí de paliar su situación.
Esto afecta , como sabemos, a Galicia, Andalucía y Canarias. En Galicia
puede ser del orden de 500 marineros en Santa Eugenia de Ribeira, quizás
otros 150 en La Guardia, y otros 500 en la región del Morrazo. En
Canarias pueden ser 1.000 puestos de trabajo. Quizá en cuanto a
tripulantes, en la que más afecta sea en Andalucía, que viene a suponer
2.000, en Barbate la que más porque depende de esto, Algeciras, Punta
Umbría y Almería. Los pesqueros pueden cifrarse en unos 400, y en
Canarias habría unos 140, en Andalucía 160 y en torno a 100 en Galicia.
Nosotros queremos proporcionar al sector todo tipo de información de
actividades alternativas. Vamos a posibilitar el enrolamiento de aquellos
tripulantes que se hayan visto afectados por el amarre para que puedan
mantener su actividad, pero si ese enrolamiento dura menos de lo que es
el amarre, que inmediatamente vuelvan a cobrar la ayuda. Es decir, que
renunciar a esa ayuda durante un tiempo no les suponga ningún perjuicio
cuando tengan que hacerlo. Vamos a la realización de acciones piloto de
pesca experimental, y podemos encontrar que alguno faene en otro
caladero.
Finalmente quiero decir que siendo conscientes de que la situación de
amarre de la flota no es buena --no voy a decir que sea la situación
ideal-- hemos tomado todas las disposiciones posibles porque nos interesa
a todos llevar esa situación con cierta tranquilidad y porque no es bueno
un acuerdo precipitado que realmente aniquile las posibilidades de pesca.
¿Que hay que esperar un poco para tener un buen acuerdo? Pues habrá que
esperar. Esas ayudas están previstas, insisto, para seis meses que pueden
prorrogarse, pero vamos a ver si en estos seis meses todos tenemos las
perspectivas claras y a ver si podemos firmar ese acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias.
Señor Ministro, si recuerda la primera comparecencia que usted hizo ante
esta misma Comisión recién nombrado Ministro, tratamos estos dos mismos
temas. En el de Marruecos, en aquella ocasión nos pusimos de acuerdo
ustedes y nosotros, como principal fuerza de la oposición --y
usted lo aceptó--, en que las voces de la Comunidad Autónoma y del
sector, trabajadores y armadores, deberían estar incluidas en el proceso
negociador, porque era la única garantía de que este proceso se hiciera
desde una concepción de Estado y desde una concepción estratégica. Por lo
tanto, los socialistas estamos en condiciones de afirmar hoy aquí que
para nosotros la pesca sí es una cuestión de Estado, y desde luego en la
campaña electoral no vamos a utilizar la pesca. Podríamos poner el
retrovisor y ver lo que hicieron otros en los años 1995-1996, seguramente
no saldríamos tan bien parados.
¿Pero por qué vamos a hacer esto? En primer lugar, porque las relaciones
con el Reino de Marruecos son unas relaciones estratégicas para este
país, y no solamente en materia de pesca; en segundo lugar, porque
tenemos a 12-15 kilómetros a millones de seres humanos que tienen que
tener una oportunidad y que deben dejar de ser gente sin esperanza y
convertirse en un país que tenga acceso al desarrollo. En ese sentido,
una de las pocas cosas que Marruecos tiene y que puede explotar son sus
caladeros y, por lo tanto, se debe buscar un equilibrio entre el interés
del sector pesquero, el interés nacional español y el interés marroquí,
esto es, el interés de que también allí se desarrollen mejores
oportunidades de empleo para los trabajadores y para la gente de
Marruecos. Cuanto más tranquila, cuanto mejor vaya la sociedad marroquí,
mejor le irá a España, señor Ministro.
Por eso nosotros en el convenio con Marruecos, como en general en todos
los convenios, lo que sí pedimos es que haya una política de Estado. Los
ciudadanos tendrán la palabra cuando el Presidente Aznar convoque las
elecciones y podrán o no cambiar este Gobierno, pero lo que queremos
decir los socialistas es que no deberíamos cambiar la política pesquera y
debería haber lo que nosotros llamamos una «nueva política pesquera»,
porque no va a ser posible en el siglo XXI seguir haciendo la misma
política que hacíamos en el siglo XX, y eso pasa por un gran acuerdo, no
sólo por el sector extractivo, sino también por el sector
comercializador, las propias Comunidades Autónomas, las autoridades
centrales y las autoridades europeas, y la participación de los
trabajadores.
La experiencia que estamos haciendo en Marruecos debería servir para
profundizar en esa nueva política pesquera, señor Ministro, porque lo que
pase en Marruecos será la vara de medir para los futuros acuerdos, y
nuestro país tiene en el sector pesquero algo más de 30 caladeros fuera
de nuestras aguas. Por lo tanto, tenemos ahí un punto débil y, desde el
punto de vista del interés nacional, deberíamos intentar solucionar los
acuerdos pesqueros de la mejor manera posible.
Nosotros le ofrecemos la colaboración leal para obtener el mejor acuerdo
para España y obtener el mejor acuerdo para los marineros y para los
armadores. En ese sentido, lo que sí pedimos es que la pesca no sea
moneda de cambio. No aceptaríamos que el sector pesquero fuera olvidado
en la negociación y por eso exigimos como contrapartida a nuestra lealtad
institucional y política a los intereses nacionales que el proceso se
culmine sobre la base del diálogo; no sólo el diálogo con Marruecos, que
es necesario e imprescindible, sino el diálogo entre ustedes y nosotros
dándole voz al sector y dándole voz a las Comunidades Autónomas
implicadas.
Por lo tanto, es una posición, como usted podrá comprobar, absolutamente
constructiva y, desde luego, nosotros preferimos --se lo dije en el mes
de mayo-- un buen acuerdo aunque tarde que un mal acuerdo y rápido,
porque Marruecos va a ser el espejo donde se van a mirar la nueva
generación de acuerdos pesqueros de esa nueva política pesquera; por lo
tanto, definámosla y alcancemos ese gran acuerdo de Estado que
necesitamos.
Respecto a Argentina, señor Ministro, sé que usted no es responsable
porque cuando usted llegó estaba como estaba, estaba fatal, pero creo que
sí deberíamos decir que ha sido un fracaso de la diplomacia española y
que ha sido un fracaso de nuestro Gobierno y de nuestro país, porque al
final los gobiernos pasan --igual que los parlamentarios-- y lo que
quedan son los países.
En el tema de Argentina --y se lo dije en la comparecencia de mayo--
teníamos un arma que ustedes --ya sé que no depende de usted, que depende
de Exteriores-- no quisieron utilizar, que era el acuerdo general con
Argentina. Señor Ministro, en este caso ha habido una clarísima
discriminación que las propias autoridades españolas han tenido que
reconocer y la propia Unión Europea ha tenido que reconocer bloqueando al
final una parte de los pagos que tendríamos que hacer por ese acuerdo.
Podríamos decir, señor Ministro, que nos tomaron el pelo, y digo nos
tomaron a todos, porque pusieron en marcha unas medidas que ellos
llamaron de emergencia pesquera que iban exclusivamente destinadas a
impedir que las empresas creadas sobre la base del acuerdo pesquero entre
la Unión Europea y Argentina pudieran seguir faenando.
Nosotros defendemos el principio de pesca responsable, que fue enunciado
por la FAO en los años noventa, que fue sancionado --creo recordar-- en
la Conferencia de Ministros de Pesca de A Toxa en 1991 y que fue adoptado
como una doctrina mayoritaria en la Comunidad Internacional. Por lo
tanto, si un recurso es escaso debe protegerse, es evidente, pero lo que
hizo el Gobierno argentino del señor Menem --veremos lo que hace el
nuevo, del señor De la Rúa-- fue discriminar, justamente impedir que
empresas argentinas con capital español, por razón del capital español,
quedaran fuera de las posibilidades de explotación comercial de los
caladeros, mandándolos a sitios donde no hay pescado o simplemente
inventándose medidas que discriminaban.
¿Cuál es el problema que tenemos, señor Ministro? Usted no lo ha dicho y
me gustaría saber si por parte del Gobierno español se le piensa plantear
a la República Argentina y a la Unión Europea algún tipo de indemnización
o reparación para los daños económicos que han sufrido los trabajadores y
los armadores españoles, porque han sido vulgarmente engañados. Se les
dijo que había unas reglas del juego y de pronto alguien cambió las
reglas del juego, y aquí te dejo. Nosotros proponemos al Gobierno que
plantee alguna compensación, que haya una reparación de los daños
injustamente causados. Y se lo digo no tanto por las
cantidades, sino por el hecho en sí. En nuestra opinión, no puede haber
nueva negociación con Argentina si no se cumple el principio de igualdad
de trato a todas las empresas que están allí radicadas y el de no
discriminación a las empresas y a los trabajadores por el origen del
capital o el origen de los trabajadores. Esa es para nosotros una
condición fundamental. Por lo tanto, antes de empezar la negociación del
nuevo acuerdo habría que reparar lo que se hizo mal en el final del
acuerdo pesquero.
No depende del Ministerio de Agricultura --insisto-- pero tenemos el
acuerdo marco general con la República Argentina, acuerdo comercial, con
el que hay que jugar y que la diplomacia española tiene que poner encima
de la mesa, porque si no da la sensación --que es la que tienen la
mayoría de los marineros y de los barcos en Argentina que son de un
puerto muy concreto, de la ciudad de Vigo, que es el principal puerto
pesquero europeo-- de que nos hemos olvidado de ellos, y me incluyo aun
siendo oposición.
Por eso le planteamos que en el asunto de Argentina tiene que haber una
enérgica exigencia del Gobierno español a la Unión Europea y a la
República Argentina de que antes de empezar a negociar el siguiente
acuerdo se repare lo que se hizo mal; no estoy dispuesto a hacer una
pelea por las cantidades sino por el hecho de que se reconozca que no se
va a volver a hacer lo mismo, que no se van a volver a imponer reglas del
juego discriminatorias contra empresas y trabajadores españoles.
En ese sentido, nosotros le ofrecemos un posible acuerdo. Porque el
precedente de Argentina es malísimo. Si la Unión Europea no se hace
respetar, señor Ministro, va a ser muy difícil que otros países nos
respeten y no sólo en ese acuerdo, porque a lo mejor mañana deciden
extender unilateralmente las 200 millas, que usted sabe que es una teoría
muy en boga en América, desde el norte al sur están deseando ampliar la
zona económica exclusiva. Por eso nos parece que en este asunto de
Argentina, señor Ministro --y sé que a usted no le compete porque dadas
las fechas de su toma de posesión no tiene ninguna responsabilidad--, el
Gobierno de España no anduvo fino, no anduvo rápido ni estuvo bien, señor
Ministro, se podía haber hecho más y mejor, y había que haberlo hecho
porque se vino denunciando desde el año anterior. Y le recuerdo --usted
no era Ministro, pero había una Ministra en este país-- que permitió que
se apresara un barco llamado «El Arpón», y ni visitas del Presidente de
Galicia, ni visitas de no sé quién, los argentinos lo cogieron fuera de
las 200 millas e hicieron con él lo que quisieron. Ahí sentamos un mal
precedente. Por eso le digo que en materia de política de acuerdos
pesqueros, hay que ser rigurosos en la negociación y después exigir que
se cumpla. Que se respete la ley para todos, eso es lo que queremos, nada
más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Chapela.
El señor CHAPELA SEIJO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida, como no podía ser de otra
forma, al Ministro e indicar, en nombre de mi Grupo, que nosotros no
podemos sino recibir sus palabras como unas palabras de aliento al
sector. Tenemos la consideración, que yo creo que es general de todo el
sector pesquero, que va a ser difícil renovar estos tratados pesqueros
con Argentina y con Marruecos, pero tenemos la seguridad de que estos dos
tratados pesqueros van a ser renovados en las mejores condiciones
posibles para nuestro país.
No voy a entrar en el asunto de Argentina, que es más complejo, sin
embargo creo que al final --y en eso coincido con el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-- las diferencias, que derivaban de la propia
situación política que estaba atravesando la República Argentina, con
unas elecciones en ciernes, podrán ser resueltas. Esperamos, dada la
situación peculiar de Argentina, donde fundamentalmente hay empresas
argentinas con participación de capital español, las diferencias puedan
ser resueltas y podamos obtener en aguas argentinas un buen tratado
pesquero. (El señor Vicepresidente, Bernáldez Rodríguez, ocupa la
Presidencia.)
En cuanto a Marruecos, yo creo es necesario esperar para llevar a cabo un
buen tratado pesquero con Marruecos, un tratado donde mantengamos el
mayor número posible de tripulantes y de barcos. Hay que recordar que con
el anterior tratado pesquero se produjo una reducción importantísima de
nuestra flota, de un 40 por ciento.
Esperemos que en esta ocasión, señor Ministro, la Unión Europea y
Marruecos puedan firmar un tratado que no implique reducción alguna.
Creemos, asimismo, que el Gobierno se ha esforzado y se está esforzando,
como el propio Ministro ha dicho en esta comparecencia, en lograr una
unanimidad por parte de todos los países de la Unión Europea, algunos de
los cuales, hay que recordarlo en esta sede, tienen pocos intereses
pesqueros; la pesca no es un tema que les preocupe, pero obviamente, a
España le ha preocupado y debe seguir preocupándole y el Ministro ha dado
recientemente muestras de la importancia que tiene este sector para
nuestro país.
Tengo que aprovechar este turno para manifestarle, en nombre de un amplio
sector pesquero --yo soy de un pueblo que posiblemente es el epicentro de
la provincia más importante en materia pesquera de España--, la
satisfacción de ese sector, de los marineros, de los armadores y de los
gerentes, por los resultados obtenidos en la última reunión de Ministros
de pesca, sabemos que es difícil lograr acuerdos pesqueros fuera de
nuestras aguas territoriales, pero la propia reunión del ICAAT, donde se
han mantenido nuestras capturas de una especie tan importante para
nuestro país como es el atún, el hecho de haber desbloqueado en su
momento la congelación de capturas de otra especie importante, como era
el fletán en las aguas de la NAFO, son una serie de asuntos que
demuestran claramente el interés y la preocupación que para este Ministro
y para su Ministerio tiene nuestro sector pesquero. Por tanto yo no puedo
sino manifestarle desde el Grupo del Gobierno, desde el Grupo
Parlamentario Popular, que va a contar en todo momento con nuestro apoyo
para lograr para nuestra
flota, para nuestros marineros y para nuestra propia economía pesquera
los mejores resultados posibles.
Muchas gracias.
El señorVICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Para responder a las
cuestiones planteadas por los señores portavoces, tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias por las intervenciones de los dos representantes, tanto
del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular.
Veo que hay coincidencias importantes, aunque exista alguna divergencia
en cuanto al asunto de Argentina.
Si empezamos por Marruecos, creo que es un tema estratégico y en el que
todos debemos ir unidos. Le agradezco al Senador representante del Grupo
Parlamentario Socialista que diga que no va a ser moneda electoral. No sé
a quién favorecería, porque estas cosas se sabe como empiezan pero nunca
cómo acaban, pero es igual a quién favoreciera, sería perjudicial. Tengo
que decirle que yo desde el primer momento he dicho que éste no es un
tema electoral y no permitiré que sea electoral aunque firmáramos el día
antes de las elecciones.
Aquí estamos trabajando todos juntos. Yo he celebrado públicamente, y lo
reitero, la visita que hizo el Presidente Chaves, porque hizo una visita
a Marruecos muy significativa y transmitió unas ideas importantes. Yo
también había estado, pero quizá no me reuní con las mismas personas,
porque él lleva muchos años estableciendo unas relaciones, y de ello nos
hemos aprovechado todos. El Presidente Fraga ha ido a Bruselas y ha
mantenido conversaciones con Fischler muy importantes, y yo mismo he
estado con Fischler tratando de este tema en Santiago. Y Camilo Nogueira
ha estado también con unos representantes y ha hecho su labor. O sea que
en este asunto tenemos que ir todos juntos. También digo que, en efecto,
este acuerdo tiene una importancia enorme porque va a ser reflejo para el
futuro, por eso hay que hacer un buen acuerdo. Naturalmente que la pesca
del siglo XXI va a tener que ser distinta de la del siglo XX.
¿Que la pesca no puede ser moneda de cambio? Indudablemente. ¿Debemos
forzar para conseguir lo mejor para la pesca? Sí, pero también le diría
al Senador Chapela que no digamos con esa rotundidad: reducción ninguna,
porque no lo sabemos. Es más, el acuerdo 1995/1999 cada año ha ido
disminuyendo. No se trata tanto de decir: todos los que están tienen que
seguir, éstas son nuestras posiciones. Como posición inicial de diálogo
me parece muy bien, pero de lo que se trata es de hacer un acuerdo
interesante para las dos partes. Yo he dicho y he reiterado --y me alegro
de habérselo oído al Senador González Príncipe-- sus palabras sobre
Marruecos. Este es un tratado en el que la Unión Europea y España tienen
mucho que ganar pero Marruecos también. Marruecos es un país
independiente, es un país que tiene que construir su propio futuro. La
pesca para nosotros es muy importante, al igual que las frutas y
hortalizas y el turismo, pero lo más desastroso para nosotros, España y
la Unión Europea, pero sobre todo para España, es un Marruecos en una
situación de destrucción, de integrismo, de desintegración y de pobreza.
Eso sí que es una amenaza directa a todos nuestros intereses, no sólo
para la agricultura. Por tanto, apoyar a Marruecos es necesario. ¿Quiere
esto decir que debemos dejar de pescar? No, pero hay que llegar a un
acuerdo razonable, y no podemos considerar que Marruecos está actuando de
forma dañina para nuestros intereses cuando lo que quiere es desarrollo.
Esto es algo que debemos defender todos.
El Senador ha hecho algunas apreciaciones de carácter general sobre
Argentina y, como todas ellas, es necesario matizarlas. Yo tendría que
conocer perfectamente bien todo el proceso para decir si hubo o no
oportunidades, qué se hizo o se dejó de hacer antes. Hay un hecho que
hemos de tener en cuenta: cuando un país pesquero como España tiene que
tener flota en los cinco continentes y está haciendo acuerdos con
terceros países para pescar, estadísticamente corre riesgos, si lo
comparamos con un país del norte de Europa que tenga cuatro barcos y
pesque en aguas comunitarias, donde la pesca es sencilla. Esto no
justifica naturalmente que las cosas se hagan mal pero, repito, tenemos
que correr riesgos.
Si en algún momento, por nuestra parte, se quiso disimular el tema de la
discriminación, mal hecho, porque ése es el problema. A nosotros se nos
ha discriminado. La cuestión no puede ser nunca la falta de peces para
pescar, porque si es así, hay que dejar de pescar, y si ello nos
perjudica, tendremos que soportarlo de la forma adecuada, y para eso
están las administraciones, para compensarlo. Nunca se puede pescar hasta
perjudicar o destruir un caladero. Lo que no se puede admitir es que si
hay un caladero en una situación difícil, unos barcos puedan pescar y
otros no. Eso es una discriminación intolerable, y estoy de acuerdo. Sé
que ahora mismo se está llevando a cabo una negociación muy intensa, con
la participación, sobre todo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Estamos en un momento de cambio de gobierno y lo verdaderamente esencial
es crear en él la conciencia de que ese camino era aislacionista y malo
para la propia Argentina, y ellos mismos lo sabían. La Unión Europea les
ha castigado con esos 1.000 millones de pesetas --pero esto sea quizá la
parte menos importante-- porque ha considerado que es un país que toma
decisiones arbitrarias, y esto le produce un perjuicio muy superior al
beneficio que ha conseguido; es decir, en mi opinión, los mercados
mundiales le han castigado muchísimo más que el beneficio que hayan
podido tener por dejar pescar a unos u otros, porque, como es lógico, en
los mercados mundiales las inversiones en general son extraordinariamente
sensibles a la discriminación, no a las situaciones de dificultad, ni
incluso a decisiones injustas que afectan a todos, pero, repito,
extraordinariamente sensibles a la discriminación.
En estos momentos, con un cambio de gobierno en Argentina, procede
restablecer la situación y después será el momento de plantearlo en la
dirección que comentaba el Senador, no tanto desde el punto de vista del
huevo, sino del fuero, es decir, que se reconozca que ha habido una
discriminación para que no vuelva a producirse. Me parece un
buen camino a seguir en el futuro. Hoy por hoy, tenemos que volcarnos en
lo que estamos, esto es, en que el nuevo Gobierno comprenda que no puede
seguir en esta situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Se abre un turno para los
Senadores que deseen intervenir.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
A la vista del interesante y profundo debate de esta tarde sobre aspectos
del sector primario, este Grupo Parlamentario, aprovechando la presencia
del Ministro en esta Cámara --que será la última de esta legislatura--
quiere plantearle una serie de sugerencias, reflexiones, comentarios o
problemáticas que en este momento existen en el ámbito pesquero y que
podrían también enlazar con lo que los Senadores Chapela y González
Príncipe han expuesto, pero que tienen suma actualidad en relación con
los acuerdos que recientemente se han adoptado en la Unión Europea, en el
Consejo de Ministros en el que usted ha participado esta misma semana, y
la situación de los recursos en el ámbito de la Unión Europea.
Los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra representan a
partidos políticos de una provincia eminentemente pesquera como es
Pontevedra y, sobre todo, de una zona como la ría de Vigo, muy
importante. Pero este Senador, representante del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, lo es por la provincia de Vizcaya y de un
municipio del litoral, Ondárroa, que es el primer puerto pesquero del
País Vasco.
Por ello, señor Ministro, quiero hacerle una serie de consideraciones
para que usted me dé una información complementaria sobre las siguientes
cuestiones: Creo entender que el Consejo de Ministros celebrado esta
semana ha fijado como punto a debatir en la siguiente sesión de los días
17 y 18 de diciembre, como puntos a), en los cuales no va a haber debate,
dos cuestiones: en primer lugar, el RAI, Reglamento de Aplicación del
IFOP, que regula los fondos estructurales, y el Reglamento regulador de
la nueva Organización Común de Mercados de Productos de la Pesca.
Las cuestiones que se me plantean están relacionadas con las nuevas
construcciones, sobre las que evidentemente hay una gran preocupación en
el sector pesquero español. Porque en el momento actual, tanto la
legislación europea como la española, establecen que para construir un
nuevo buque pesquero se ha de aportar una misma tonelada de desguace para
construir una nueva. El criterio que está manteniendo la Comisión Europea
era aportar 1,3 toneladas de baja para construir una nueva. Por las
informaciones de que disponemos, y usted nos lo ratificará después, se ha
logrado un aspecto muy positivo: que por una tonelada que se destruya
podrá construirse una nueva, es decir, se mantiene el equilibrio uno por
uno, pero para aquellos países cumplidores del POP, de los Programas de
Orientación Plurianuales, por tanto, España podría mantenerse en una
buena posición; y para aquellos países que no lo respetan en cuanto al
crecimiento en los diferentes segmentos de flota, se mantendría el
criterio de 1,3 toneladas como baja a desguazar por una a construir. Por
consiguiente, creemos que ése puede ser un camino interesante.
La preocupación del sector en esta cuestión que yo le transmito, porque
tuve ocasión de reunirme ayer mismo con representantes del sector de
bajura y altura del País Vasco, es la siguiente: ¿Cómo va a operar el RAI
en España en esta cuestión? Hasta ahora el Ministerio está actuando por
segmentos de flota y con flexibilidad, de manera que en aquellos donde
estamos, evidentemente, muy por debajo del POP, el Ministerio incluso ha
optado por políticas a las que nuestro Grupo Parlamentario instó en su
día y el Ministerio tuvo en consideración, y es que, por ejemplo, en la
flota palangrera o atunera se pueda aportar 0,5 toneladas y construir
una, que se siguiera manteniendo esa flexibilidad que existe en
diferentes segmentos de flota porque es muy importante. Queremos saber si
España va a poder tener ese ámbito de autonomía en la aplicación del
IFOP.
Un dato positivo podría ser la situación de las sociedades mixtas que,
obviamente, por nuestras informaciones, se mantienen como una acción
estructural dentro del IFOP, aunque la prima por aportación de buque a
constituir en la sociedad mixta se ha disminuido. Pero el dato que
queremos conocer es si efectivamente los recursos presupuestarios
destinados en el acuerdo del lFOP a esos efectos se han incrementado; es
decir, por un lado la prima se reduce, pero los fondos que va a haber son
mayores y puede haber mayor constitución de sociedades mixtas.
Otra preocupación que existe, en la flota congeladora, sobre todo a larga
distancia, es la desaparición como acción estructural de las ATP, las
asociaciones temporales de pesca, figura en virtud de la cual las
empresas españolas que iban a faenar a caladeros de terceros países, en
lugar de constituir una sociedad mixta, mediante esta figura intermedia
que era la asociación temporal, cobraban una prima, una subvención por la
Unión Europea.
Este era un paso intermedio, de manera que si la prospección era buena en
ese país, el siguiente podía consistir en la constitución de la sociedad
mixta. Y eso ha desaparecido.
Asimismo, quisiera que se refiriera a cómo va a quedar la organización
común de mercado de productos de la pesca, es decir, el mayor desarme
arancelario. Obviamente, el principio de preferencia comunitaria
prácticamente ya no existe en el ámbito de la pesca, y reflejo de ello es
el sistema de preferencias generalizadas que hay con los países ACP, del
Pacto Andino, etcétera. Y por los datos de que disponemos --e incluso en
su día conocí el borrador del reglamento de esa OCM-- sabemos que se va a
potenciar a las organizaciones de productores de la pesca, como ha
ocurrido en el sector de frutas y hortalizas.
También nos gustaría que nos diera información sobre los acuerdos del
ICAAT, es decir, sobre la cuota del pez espada y de los túnidos, tanto
del Atlántico norte, como del Atlántico sur. Si no nos la pudiera
proporcionar ahora, nos gustaría que lo hiciera en otro momento
parlamentario.
Y por último paso a expresarle una gran preocupación. Como sabe, el
Consejo Internacional para la Explotación
del Mar, el CIEM, organismo científico y asesor de la Unión Europea --en
inglés conocido como ICES--, ha emitido un informe de su consejo
científico --consejo del que forman parte los representantes del
Instituto Español de Oceanografía-- en el que se prevén una serie de
medidas muy preocupantes, aunque supongo que estarán respaldadas como
científicos que son. Por ejemplo, se habla del cierre de la pesquería de
la anchoa en el Golfo de Vizcaya y de una reducción considerable del TAC
de merluza.
Todas estas cuestiones se tienen que tratar en el Consejo de Ministros de
Pesca del próximo 17 de diciembre y, como digo, existe una enorme
preocupación al respecto, aunque también hay que decir que los consejos
científicos siempre plantean unas determinadas reducciones y luego
políticamente se acuerdan reducciones inferiores. Lo mismo ocurre con
especies como la sardina, por lo que quisiéramos saber si se puede
establecer el TAC porque hay una importante polémica al respecto. En
definitiva, nos gustaría que hiciera una aproximación general sobre lo
que se ha tratado en ese Consejo de Ministros, aprovechando que hoy está
presente en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Para responder a las cuestiones planteadas por su señoría, tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco sus preguntas, que me dan la oportunidad de
contarles cómo se ha desarrollado ese Consejo de Ministros, que en mi
opinión ha sido muy importante y que comenzó con negros presagios al
pensarse que no habría acuerdo, aunque al final lo ha habido, ya que en
un caso creo que sólo votaron en contra Inglaterra y Holanda, y en otro,
Dinamarca.
Se realizó un gran esfuerzo, y me siento orgulloso de decir que nosotros
colaboramos en esa búsqueda de acuerdos. Para España --y lo dije
claramente en la reunión que mantuve con el señor Fischler, con el
Presidente, y tras hablar con todas las delegaciones-- había un punto
clave: que los países que habíamos hecho un esfuerzo de reducción
pesquera de acuerdo con lo que se nos había dicho no podíamos ser
tratados de la misma forma que aquellos que no lo habían realizado. Es
decir, yo no aceptaba el borrón y cuenta nueva. Como digo, ése era un
punto esencial, y lo conseguimos. Y, en efecto, el planteamiento de
1,3-1, es decir, 130 toneladas retiradas por cada 100 construidas, se
aplica a los países que no cumplieron, como Holanda e Italia, hasta que
lo hagan. Y en cuanto a los países que hemos cumplido, se nos aplica la
regla 1-1, situación que, si no es excelente, porque tiene sus
dificultades, sí es buena.
También se consiguió, y nosotros lo apoyamos por considerarlo razonable,
que ese 1,3-1 no se le aplique al no cumplidor en todo el espectro, sino
sólo en el segmento en que incumple. No les oculto que desde el punto de
vista de España esta posición también era favorable, porque ahora estamos
cumpliendo, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir, y podríamos pasar de
golpe al 1,3. Pero, indudablemente, eso conlleva el que vayan a disminuir
en cierta medida las posibilidades de renovación de la flota y que exista
un estricto control.
Por tanto, ¿podrá haber en el futuro las posibilidades que han existido
hasta ahora? No me atrevo a contestar en estos momentos, porque en la
Secretaría General de Pesca Marítima tenemos que hacer --aunque ya hemos
empezado-- un profundo trabajo de reflexión. Se dice que ya se ha
aprobado el reglamento, pero ¿cómo será su aplicación inmediata? Yo
interpreto que las reducciones que hemos hecho todavía siguen existiendo.
¿Pero lo interpreta así la Unión Europea? Por tanto no es que no conteste
porque no quiera o no sepa, sino porque no puedo, ya que antes tenemos
que llegar a una conclusión. Pero en general creo que la situación ha
sido buena.
En cuanto a las sociedades mixtas, aunque no conozco exactamente la
proporción, lo importante es que se había hablado de un 70 por ciento del
desguace como cantidad fija de ayuda a una sociedad mixta. Dimos la
batalla; en un momento dado pensé que a lo mejor conseguíamos el 90 por
ciento, en otro, que no nos podríamos mover del 70 por ciento, y al final
hemos conseguido el 80 por ciento.
Y respecto de la descripción de la asociación temporal de productores,
tengo que decirle que como intervine en la última fase de la reunión ese
tema ya no estaba sobre la mesa; debió de tratarse en una reunión
anterior.
Por lo que se refiere a la OCM, es algo en lo que todos los países han
ganado, pero especialmente España. Por ejemplo, se nos ha dado más
porcentaje de acuicultura y hemos conseguido introducir el subsector pez
espada. Y en cuanto a un tema preocupante para nosotros, como era el que
se estableciera un contingente para Italia --según había solicitado ésta
a la Presidencia, que se lo quería dar-- de 10.000 toneladas de lomos de
atún, que se temía que provinieran de países del sudeste asiático por una
serie de motivos sobre los que allí se habló, conseguimos que quedaran
reducidas a 4.000, que es una cantidad aceptable. Y no se trataba de
perjudicarla, porque debo decir que necesitamos dar una batalla junto con
Italia en todo lo relativo a frutas y hortalizas, es decir, que nuestras
relaciones con Italia son buenas, y las mías personales con el Ministro,
especialmente buenas. A cambio, garantizamos que las 6.000 toneladas
restantes se las suministraríamos a precio internacional y en condiciones
internacionales, pero que no habría contingente, lo cual es una situación
bastante positiva.
En cuanto al tratado del Atlántico Norte, no tengo las cifras concretas
pero la situación ha sido satisfactoria, ya que hemos conseguido
bastantes de las cosas que se plantearon y los funcionarios han venido
satisfechos, aunque todavía no he podido despachar con ellos.
Por último, el tema del consejo científico, que es preocupante, lo
trataremos en el mes de diciembre. Como muy bien ha dicho su señoría, no
es la primera vez que el consejo científico da unas cifras un tanto
alarmistas y después la realidad es otra. En cualquier caso, no me quiero
pronunciar sobre ese tema, porque he pedido que se estudie a
fondo. Habrá otros países que dirán que el estudio está bien hecho, pero
yo quiero tener un conocimiento exhaustivo y fundado antes de emitir una
opinión. Pero ya desde este momento me inclino a pensar, como dice su
señoría, que esa posición es demasiado extrema. En todo caso, es en
cierta medida preocupante, porque aunque no fuera tan extrema puede
afectar a la pesca en el Cantábrico el año que viene, eso es indudable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias, señor Ministro.
CONTESTACION POR EL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
A PETICION DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ (GPS):
--SOBRE LAS GARANTIAS Y CONTROLES QUE DA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION A LAS CARNES DE PRODUCCION ESPAÑOLA E IMPORTADAS EN
RELACION CON LA AUSENCIA DE TRATAMIENTO CON HORMONAS ILEGALES
(681/001581).
--SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA PREVENIR EL ABUSO QUE
COMETEN CIERTOS LABORATORIOS ILEGALES QUE VENDEN HORMONAS EN DISTINTAS
COMUNIDADES AUTONOMAS PARA EL ENGORDE RAPIDO DEL GANADO (681/001586).
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Finalizado el trámite de
comparecencias, pasamos al de preguntas.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si me lo permite la Presidencia, y el señor Ministro no tiene
inconveniente, agruparé mis dos preguntas dado que tratan sobre la misma
cuestión y manifiestan una preocupación por parte de la ciudadanía
española, que me consta comparte el señor Ministro.
El pasado mes de septiembre, cuando se formularon las peguntas, estaban,
tanto la Comisión Europea como el Consejo de Ministros de Agricultura,
muy preocupados por estos temas, por los problemas surgidos en Bélgica y
en el Reino Unido; se iniciaba entonces la batalla que los franceses y el
Reino Unido han mantenido sobre estas cuestiones, y parece evidente que
debemos proteger las garantías exigidas a las importaciones de carne, y,
cómo no, a las propias producciones españolas. Se lo planteamos en su
doble responsabilidad de Ministro de la ganadería y también de la
alimentación, responsabilidades importantes que se deben, no solamente
complementar, sino hacer que las medidas partan del Ministerio que usted
dirige.
Creo que todos estamos interesados en que estas garantías no sólo se
refuercen, sino que además los ciudadanos españoles tengan la seguridad
de que los controles de la Administración y de las Comunidades Autónomas
vayan dirigidos a que esa seguridad sea una realidad, y, por qué no, que
tengamos la tranquilidad de que el Gobierno produce las medidas
necesarias para que se den esos controles. De ahí la primera pregunta:
¿qué garantías y controles da el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a las carnes de producción española e importadas, en
relación a la ausencia de tratamiento con hormonas ilegales?
En la misma dirección de esta pregunta, creemos que existe y debería
existir una combinación de acciones, con impulso del Gobierno, tanto del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como del de Interior y
del de Sanidad, que produzca medidas, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, que eviten que los laboratorios ilegales que venden hormonas
para el engorde rápido de ganado puedan desarrollarse, con el daño real
que hemos venido conociendo y que produce la natural alarma. De ahí que
planteemos la segunda pregunta: ¿qué medidas tienen previstas para
prevenir el abuso que cometen ciertos laboratorios ilegales que venden
hormonas para el engorde rápido del ganado en distintas Comunidades
Autónomas?
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias, señor Díez
González.
Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le voy a hacer un enunciado de carácter oral sobre estos temas.
El Gobierno y el Ministro que le habla tenemos especial interés en
incrementar y en llevar al máximo estas medidas de control. Ahora mismo,
el desafío más grande que tenemos, como productores agrarios y ganaderos,
es la desconfianza que puede existir en el consumidor de estos productos.
Por tanto, todo lo que hagamos desde el Gobierno y desde las Comunidades
Autónomas, como ahora se verá, para garantizar esa confianza del
consumidor, será poco. Por ello, en este tema tengo una actitud clara,
pero también debo decirle que no es un tema sencillo de resolver, y me
veo por ello en la obligación --y pido disculpas-- de leerle la
contestación a las dos preguntas, de carácter técnico, porque sería tonto
que yo quisiera improvisar. En cualquier caso, quiero que quede clara la
voluntad política de que estas garantías se lleven a cabo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo y del de
Agricultura, está poniendo todos los medios humanos y técnicos necesarios
para garantizar una alimentación sana a la población y evitar cualquier
tipo de riesgo para la salud.
Durante esta legislatura y con la finalidad de introducir los cambios
dispuestos en la nueva Directiva de la Comisión 96/23/C, y de
intensificar los controles y garantías al
consumidor, hemos aprobado el Real Decreto 1373/1997, que prohíbe la
utilización de determinadas substancias de efecto hormonal y tireostático
así como substancias beta-agonistas, de uso en la cría del ganado
(clembuterol).
Mediante el Real Decreto 1749/1998 hemos creado la Comisión Nacional de
Coordinación de Investigación y Control de Residuos o Sustancias en
Animales Vivos y sus Productos, como órgano de coordinación para la
ejecución de los planes de vigilancia para el control de residuos,
constituida por altos funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo y
del de Agricultura, representantes de las distintas Comunidades Autónomas
y de los diferentes laboratorios.
Con esta nueva normativa se han ampliado los grupos de residuos de
sustancias químicas y la lista de animales y de productos primarios que
se deben investigar. Antes sólo existía la obligatoriedad de tomar
muestras de bovino, caprino, vacuno; ahora se ha extendido a la
acuicultura, a la carne de conejo, de caza, de crías silvestres y otros
productos como la leche, los huevos y la miel. También se ha aumentado el
número de muestras que hay que tomar y de controles que hay que realizar
a nivel de explotaciones y de mataderos.
Una novedad importante que introduce son los autocontroles, que se deben
practicar a lo largo de toda la cadena de producción, y la
responsabilidad de los distintos operadores, con sanciones
administrativas que prevén el sacrificio de los animales que den
positivo, sanciones graves a los responsables, y acciones administrativas
como la pérdida de autorización.
Entre las funciones de la Comisión está hacer, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, un plan anual de investigación de residuos. La
ejecución del plan corresponde a las Comunidades Autónomas, que son las
que tienen los funcionarios, así como la recogida de muestras, la
investigación de las sustancias en los laboratorios implicados, las
encuestas en los lugares de origen y el establecimiento de los posibles
expedientes sancionadores. Las acciones se llevarán a cabo en granjas, en
explotaciones y en otros establecimientos implicados.
Las acciones en mataderos y en el resto de establecimientos donde se
elaboren productos de origen animal se realiza por el personal
perteneciente a los departamentos de Salud o Sanidad. Los controles
aplicables a las importaciones de carnes de terceros países son
realizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de los
puestos de inspección fronterizos. Si después de esto se comprueba la
utilización de sustancias prohibidas o no autorizadas, bien sea en una
explotación ganadera, en un matadero o en cualquier otro establecimiento,
se adoptarán las medidas oportunas por parte de la autoridad competente.
Al propietario se le inicia el correspondiente procedimiento sancionador
y se traslada al fiscal, por si es constitutivo de delito, según el
Código Penal, que en su artículo 364 contempla como delito contra la
salud pública la mala utilización de sustancias para el engorde de
animales.
Respecto a la investigación de sustancias prohibidas --hormonales
xenobióticos, tireostáticos y beta-agonistas-- se ha registrado en los
últimos años un aumento del número de muestras tomado, pasando de 28.667
en 1996 a 32.149 en 1998. Las muestras positivas, en cambio, han ido
descendiendo del 0,98 por ciento en 1996 al 0,37 por ciento en 1998. Esto
parece demostrar una mejora de los resultados obtenidos en el Plan
Nacional de Investigación de Residuos.
En relación con las medidas que se adoptan cuando aparecen muestras
positivas, durante 1998 se han elevado a 173 los expedientes trasladados
a la autoridad judicial, imponiéndose tres penas de privación de libertad
por la cuantía total de 4 años y 8 meses, y a principios de esta semana
hemos conocido la confirmación de una condena por el Tribunal Supremo. El
número de sanciones pecuniarias, también durante 1998, ha sido de tres,
con una cuantía total de 0,9 millones de pesetas.
Por parte de la Unión Europea se prohibió en 1968 el uso de hormonas como
promotoras del crecimiento en los sistemas de producción de carne de
vacuno, por el riesgo para la salud pública que podrían suponer. Como
consecuencia de esa prohibición, se procedió a no admitir la carne
procedente de terceros países donde se utilizaran las sustancias
prohibidas en Europa. Estados Unidos y Canadá vieron afectadas sus
exportaciones hacia el territorio de la Unión. Ambos países solicitaron
un panel ante la Organización Mundial del Comercio, acogiéndose a la
falta de base científica en la decisión europea de restricción comercial.
El panel resolvió que el análisis de riesgo presentado hasta el año 1998
por la Comisión Europea no tiene fundamento científico suficiente para
prohibir la libre circulación, e instaba a la Unión Europea a presentar
en el plazo de quince meses los estudios científicos suficientes que
justificasen su posición, que terminaron el 13 de mayo de 1999.
A pesar de la resolución de la Organización Mundial de Comercio, la Unión
Europea --y yo participé en esa decisión, como Ministro, en la reunión de
Consejo de Ministros-- no ha modificado su legislación y está llevando a
cabo estudios científicos sobre la evolución del riesgo en el uso de
sustancias hormonales como promotoras del crecimiento, estudios que no
estarán disponibles hasta el año 2000. Hay unas restricciones comerciales
que nos ha puesto Estados Unidos en una serie de productos que no tienen
nada que ver con la carne, y a una serie de países que normalmente tienen
poco que ver con los exportadores de carne.
También con relación a las importaciones de carnes procedentes de
terceros países el Real Decreto 1749/1998 establece que para efectuar la
importación de las mismas deberán proceder de países incluidos en listas
comunitarias. Fruto de los controles realizados en la Unión Europea con
respecto a las carnes importadas de Estados Unidos se detectaron, en la
primera mitad del año 1999, hormonas prohibidas en Europa y autorizadas
en Estados Unidos, y hormonas sintéticas prohibidas incluso en Estados
Unidos. Estos envíos venían amparados por un programa de exportación de
carne libre de residuos que la Unión Europea autorizó a Estados Unidos,
lo que motivó que se adoptaran medidas en la Unión Europea para controlar
analíticamente el cien por cien de los envíos procedentes de Estados
Unidos.
Hasta el 15 de diciembre de 1999 Estados Unidos podrá seguir enviando
carne libre de hormonas, analizándose el cien por cien de las partidas
enviadas, y si para entonces no ofrecen garantías suficientes cesarán las
importaciones. Con lo cual, la guerra comercial está servida, y ya
aumentada.
Respondiendo a su segunda pregunta, el Real Decreto 520/1999, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del
Medicamento, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, establece entre
las funciones de la Agencia autorizar y revocar las autorizaciones de los
laboratorios farmacéuticos de medicamentos de uso humano y veterinario.
Se han creado órganos de coordinación: hay una Comisión Nacional de
coordinación que preside el Director General de Política Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo; el Vicepresidente es el Director General
de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y, la
Secretaría, la ostenta el Subdirector General de Sanidad Veterinaria del
MAPA. Por tanto, hay representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo
--el Director General de Salud Pública es el Presidente de la Comisión--,
así como representantes de las Comunidades Autónomas y de los
laboratorios. Entre las funciones de esta Comisión está hacer ese Plan de
residuos y establecer qué laboratorios investigan qué sustancias. Ante la
sospecha de existencia de un laboratorio ilegal de producción de hormonas
son las fuerzas de orden público y la policía judicial las encargadas de
actuar, estando contempladas las penas a imponer en el artículo 34 del
Código Penal: prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses,
inhabilitación especial para la profesión, oficio, industria o comercio
de tres a seis años.
Desde el punto de vista de las sanciones administrativas, las
infracciones cometidas contra lo dispuesto en el Real Decreto tendrán
carácter de infracciones sanitarias --lo cual es importante-- de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley General de Sanidad y en la Ley del
Medicamento, y se graduarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en
las mismas.
Esto es todo lo que puedo decirle. Voy a terminar mi intervención como la
empecé, diciéndole que se han establecido medidas suficientes para
abordar estos temas pero, si no las hubiese, las tomaríamos, porque sigo
creyendo que todo lo que se haga es poco.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Han sido respondidas
conjuntamente las dos preguntas formuladas por el Senador Díez.
¿Desea su señoría hacer uso de un turno de réplica? (Pausa.)
Tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro. Quiero decirle con rotundidad y
sinceridad que estoy de acuerdo con la filosofía que mantiene el Gobierno
y su Ministerio.
Evidentemente, éste es un asunto muy delicado que, muchas veces, provoca
alarma social y, por tanto, hay que cuidar cómo se producen las
informaciones; hay que tener en cuenta que muchas informaciones son
interesadas --como usted ha dicho en la contestación-- y dan lugar a
guerras comerciales que pueden hundir sectores concretos. No voy a poner
ejemplos porque ya los conocemos todos los que estamos en la Comisión en
este momento. Hay que extremar el rigor y adoptar las medidas necesarias
--y usted ha hecho referencia a ello--, porque la picaresca siempre está
por delante de la ley. Hecha la ley, hecha la trampa, es un buen dicho, y
en este terreno mucho más, porque los avances técnicos permiten que
aunque se detecten determinadas drogas haya otras que no se puedan
detectar. Habría que aplicar métodos muy desarrollados científicamente
para procurar estar por delante del delito y extremar los controles en
los laboratorios que delincan o pretendan delinquir. Usted ha hablado de
controles en las propias explotaciones, es decir en el origen y, a mi
juicio, constituirían una medida de prevención mucho más eficaz.
Ustedes tienen su responsabilidad, pero también la tienen las Comunidades
Autónomas que, como Gobierno, pueden y deben impulsar ese tipo de
control. Me alegro de que haya citado los controles en origen, a los que
habrá que dedicar mucho más tiempo.
Desde luego, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y la Fiscalía --y me alegro de que sean los principales actores en
el descubrimiento de esos laboratorios ilegales-- no sólo supone un
obstáculo para la elaboración de esas drogas en España sino también para
el tráfico que pueda venir de fuera. Usted ha puesto el ejemplo de las
carnes importadas de los Estados Unidos de América, que han sido tratadas
porque la legislación de los Estados Unidos es distinta de la nuestra;
lógicamente, habrá que establecer las cautelas precisas para que esto no
ocurra, sin entrar en guerras comerciales, pero respetando la legislación
vigente y --si me permite la expresión-- exagerar, si cabe, los
controles; cautelas y controles que el Gobierno debería hacer públicos y
explicar.
Además, y aquí le voy a tender una mano porque siempre se la tiendo en
estas cuestiones, estos temas son muy delicados y a veces surgen en los
medios de comunicación noticias importantes que no han sido
suficientemente contrastadas --dentro de la importancia que puede tener
para un sector una determinada infracción--, y hay que tener cuidado
porque esa noticia corre, puede generar alarma social ya que afecta a un
tema tan importante como es el de la alimentación humana y se puede hacer
polvo a un sector. Recientemente hemos tenido buena prueba de ello, por
ejemplo, en el sector avícola y, aunque España no era responsable de esas
irregularidades que se han producido en otros países de la Unión Europea,
pudo dañar seriamente la alimentación humana en España y hundió los
precios en un sector tan importante.
Usted lo ha expresado con rotundidad y sinceridad, y confiamos,
evidentemente, en que se adopten las medidas necesarias, que cada palo
aguante su vela y que también lo hagan las Comunidades Autónomas, que
tienen una gran responsabilidad en esta materia.
A mi juicio, puede ser muy importante, como medida de prevención,
incrementar los controles en origen, para
que aquellas explotaciones que quieran jugar con la salud de los
ciudadanos sepan que se puede controlar perfectamente ese ámbito de
producción --la ganadería, el lugar donde se producen los terneros, los
pollos o los conejos-- y que los inspectores pueden hacer que caiga todo
el peso de la ley contra esos productores desaprensivos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias, Senador Díez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias.
Coincido con lo que ha dicho, y me parece que hay que actuar con la
máxima energía.
Sin entrar en la cuestión de competencias de la Administración central y
las Comunidades Autónomas, quiero comentarle que mientras comía con los
miembros del Consejo Agrario de La Rioja le pregunté al Delegado del
Gobierno cuántas personas dependían del Ministerio de Agricultura, me
contestó que 3; y cuando le pregunte cuántos dependían del Consejero, me
dijo que 350. No sé lo que dicen las disposiciones jurídicas, pero si de
él dependen 350 y del Ministerio sólo 3, es obvio que el control lo tiene
que ejercer la Comunidad Autónoma. Ahora bien, la Administración central
y el Ministerio tienen que impulsar esa legislación y esas medidas de tal
forma que cuando un inspector vaya a controlar la calidad de una
explotación no sea por una decisión del Consejero, sino que esté
respaldado por todas las administraciones y por una legislación adecuada.
El respaldo político es de las administraciones, de la Administración
central también, porque no puede ser que el desgaste lo tenga la
Comunidad Autónoma y, en cambio, desde Madrid se legisle muy fácilmente;
no, todos tenemos que estar en el mismo barco.
Hay un aspecto positivo que yo voy notando. La mayoría de los sectores
productores se han dado cuenta del enorme peligro que corren. En el caso
de los pollos de Bélgica, el que dos desaprensivos hicieron este cambio
en la alimentación, ha arruinado a un sector entero. Todos los
productores de pollo belgas prácticamente han ido a la ruina. El Ministro
de Agricultura belga, el pobre fue a la calle, que también es doloroso
que se marche un Ministro, pero el sector se arruinó. Entonces, los
sectores ahora son conscientes de que el corporativismo, o sea, defender
al que está haciendo algo prohibido, sobre todo para la salud humana
--hay que distinguir entre una actividad económicamente ilegal y una
actividad contra la salud humana--, porque todos son productores, es un
error capital. Así es como podemos luchar, cuando el propio sector dice:
¡Cuidado!, que ahí tenemos un foco que nos puede poner a todos en
peligro. Si el propio sector lo encubre, es mucho más difícil. Entonces,
yo noto que los primeros que se están dando cuenta de lo que se están
jugando son los propios productores. Por eso vamos a avanzar, pero,
insisto, no será tampoco un tema fácil, y siempre estaremos sometidos a
un vaivén de opinión creado por una noticia sin ninguna base, que es como
un huracán que arrasa todo, injustamente, pero puede ocurrir. Esto es
algo que no es probable y espero que no ocurra, pero puede suceder en
cualquier sitio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias.
--A PETICION DE DON MIGUEL PRIM TOMAS (GPP), SOBRE LAS PREVISIONES DEL
GOBIERNO EN ORDEN A INICIAR UN ESTUDIO PARA PONER EN PRACTICA,
POSTERIORMENTE, UN SEGURO DE PRECIOS MINIMOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA
RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS FAMILIARES (681/001598).
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): La tercera y última
pregunta del orden del día corresponde al Senador Prim, que tiene la
palabra para formularla.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Me cabe el honor de hacerle una pregunta, la que presumiblemente puede
ser la última de esta legislatura, dirigida en esta Comisión al señor
Ministro de Agricultura, cuya respuesta, como representante del Grupo
Parlamentario Popular, puede abrir una puerta a la esperanza de muchas
explotaciones agrarias familiares. Se trataría, a fin de cuentas, de
garantizar la rentabilidad de dichas explotaciones.
Señor Ministro, en algunos países ya está establecido un sistema de
seguros agrarios que se podría denominar de precios mínimos. Dicho seguro
garantizaría una renta mínima al agricultor o ganadero, que de esa manera
impediría que el umbral de rentabilidad descendiera, consiguiendo hacer
viable su empresa familiar. En la actualidad existen diversas modalidades
de seguros agrarios, todas ellas encaminadas a paliar en parte los daños
producidos por inclemencias climáticas en un importante número de
cultivos y de ganado, pero que no garantizan para nada la estabilidad
económica de la citada explotación familiar.
Por ello, se pregunta al señor Ministro, si tiene pensado el Gobierno
iniciar un estudio para, posteriormente, poner en práctica un seguro de
precios mínimos con el fin de garantizar la rentabilidad de las
explotaciones agrarias familiares.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro tiene la palabra para responder a la pregunta
formulada.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, sí lo tenemos, además no es sólo el deseo de hacer un
estudio, sino de avanzar en paralelo al mismo. Estoy convencido de que el
sistema de seguros agrarios es quizá uno de los planteamientos mejores
para proteger a agricultores y ganaderos.
Ha tenido un desarrollo largo, porque esto empieza hace veinte años, pero
creo que ha llegado un punto en que, junto con las ayudas PAC, puede
permitir garantizar al agricultor y al ganadero --y ahora diré por qué le
doy tanta importancia al ganadero-- que ocurra lo que ocurra, vengan como
vengan de mal las cosas, va a tener una renta mínima que le va a permitir
llegar al año siguiente. Esto es trascendental para el agricultor y para
el ganadero, porque en el campo lo que ha se temido siempre por encima de
todo es ese año desastroso. Muchos de nosotros, que tenemos ya cierta
edad, aunque no hayamos nacido en el año 1945, lo recordamos como el año
del hambre, y quedó durante décadas en la mente de todos porque
desapareció casi una cuarta parte del ganado español, porque no se pudo
mantener. Desapareció la gente y fue la primera vez que hubo un abandono
masivo del campo para las dimensiones de entonces.
Esto ya lo podemos garantizar este año. Hoy he presentado en la Comisión
Delegada el plan de seguros agrarios para el año 2000. Vamos a asegurar
el viñedo, el olivar y el almendro, que se estaba haciendo ya como plan
experimental. Se asegurarán prácticamente todos los cultivos y vamos a
avanzar un poco para que no sea por zonas, sino individualmente.
En el año 2001 tenemos que dar el paso --que a mí me asombra porque no sé
muy bien cómo podemos hacerlo--de asegurar los pastos a los ganaderos
extensivos. Es decir, que una sequía no acabe con un rebaño de ovejas o
con un grupo de vacas, porque se llega a tal punto que el ganadero o
vende el ganado o no puede comer. Esto lo vamos evitar, y el seguro es un
buen camino porque no está cuestionado en la Organización Mundial de
Comercio. Permite ayudar de una forma estructural, sin intervenir en los
precios. Insisto en que ese seguro junto con la ayuda PAC --por ejemplo,
si un ganadero tiene un seguro por sequía y, además, una prima por oveja,
aunque tenga un desastre, haya tenido que echar pienso y prácticamente no
tenga corderos, ese año puede sobrevivir-- no les permitirá sobrevivir
durante tres o cinco años de desastres, pero sí, al menos, durante un
año. Ahora mismo en un año como éste lo van a pasar muy mal los
ganaderos.
Por lo tanto, el avanzar en el seguro como garantía de renta, es una
política que estamos impulsando desde el Ministerio, pero que tiene el
apoyo de todas las Comunidades Autónomas. En sus presupuestos están
aumentando las cantidades que destinan a esta actividad porque han
descubierto que, en efecto, es una fórmula muy buena para avanzar y,
desde luego, goza del apoyo unánime de todas las organizaciones agrarias.
Ustedes ya saben lo difícil que es tener el apoyo unánime en algo de
todas la organizaciones agrarias, pero en este caso lo tenemos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Gracias.
Senador Prim, ¿desea hacer alguna puntualización? (Pausa.)
El señor PRIM TOMAS: Simplemente quiero agradecer su respuesta al señor
Ministro. Espero que se haga realidad el planteamiento de la pregunta:
que se abra una puerta a la esperanza en el futuro de las explotaciones
agrarias familiares. El Grupo Parlamentario Popular está convencido de
que la política económica del Ministerio en los seguros agrarios puede
ser un objetivo fundamental de cara a lograr esa viabilidad.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Bernáldez Rodríguez): Señorías, levantamos la
sesión, que ha sido larga en el tiempo y densa en su contenido.
Eran las veinte horas y veinte minutos.