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DS. Senado, Comisiones, núm. 472, de 21/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 472
COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTIN CONDE BAJEN
celebrada el martes, 21 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Dictaminar la proposición de ley de concesión del subsidio de desempleo y
garantías de integración sociolaboral para los delincuentes toxicómanos
que hayan visto suspendida la ejecución de su pena de conformidad con lo
previsto en la legislación penal (Número de expediente 624/000025).
Comparecencias:
--Del Presidente del Consejo Económico y Social, Excmo. Sr. D. Federico
Durán López (Número de expediente 713/000827).
--De don Juan Jiménez Aguilar, Secretario General de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (Número de expediente
715/000339).
--De don José María Fidalgo Velilla, Secretario Confederal de Política
Institucional de Comisiones Obreras (Número de expediente 715/000340).
--De don Raúl Cuevas Martínez-Lázaro, Técnico de la Secretaría Confederal
de la Unión General de Trabajadores (Número de expediente 715/000341).
Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Senadores. Se abre la
sesión.
--DICTAMINAR LA PROPOSICION DE LEY DE CONCESION DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO
Y DE GARANTIAS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL PARA LOS DELINCUENTES
TOXICOMANOS QUE HAYAN VISTO SUSPENDIDA LA EJECUCION DE SU PENA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEGISLACION PENAL (624/000025).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día de la convocatoria con
el debate de la enmienda a la proposición de ley de concesión del
subsidio de desempleo y de garantías de integración sociolaboral para los
delincuentes toxicómanos que hayan visto suspendida la ejecución de su
pena de conformidad con lo previsto en la legislación penal.
Para defender la enmienda número 1, en turno a favor, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, Presidente.
Hemos presentado esta enmienda de modificación al artículo 2 porque, una
vez visto cómo quedaba la redacción final que se aprobó en la Comisión
del Congreso de los Diputados, nos dimos cuenta de que no se especificaba
claramente la corresponsabilidad del beneficiario. Por eso hemos
propuesto esta enmienda, que no modifica ni el espíritu ni el objetivo de
la proposición de ley, con el fin de garantizar más y mejor el objetivo
que se persigue, que no es otro que la integración e incorporación social
de los drogodependientes, algo que, a nuestro juicio, es compartido por
el resto de los grupos y por todos aquellos que, en alguna medida, se
dedican a la lucha contra la droga.
Aunque parezca que es una cuestión menor, creemos que no lo es, que
conviene dejar bien especificado el objetivo que se pretende, así como
los medios y los métodos por los que se tiene que llegar a él. Con ese
afán hemos presentado esta enmienda, que esperamos acepte el resto de los
grupos.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, Presidente.
Independientemente de que de aquí al día del Pleno podamos acercar
posturas sobre la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, nuestro Grupo va a rechazar esta enmienda por cuanto pensamos
que la Ley General de la Seguridad Social no ampara situaciones
específicas de determinados colectivos no encuadrados en el nivel
contributivo como el presente. Además, nos parece que no es conveniente
crear, por parte del Instituto Nacional de Empleo, incentivos o becas, o
como quieran llamarse, por el mero hecho de la drogadicción de los
delincuentes que hayan visto suspendida la ejecución de la pena, sin que
antes, por otra parte, se ofrezcan generalizadamente tales incentivos a
todo el colectivo afectado de drogadicción y que no tenga la condición de
delincuentes previos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces.
Ante la ausencia del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.) Renuncia
a hacer uso de su turno.
Tampoco se encuentra en la sala el portavoz del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene su señoría la palabra.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias.
Sólo deseo anunciar que, como es lógico, vamos a mantener la enmienda
para el Pleno, y que, como proponía el Senador Lobo, estamos en
disposición absoluta de llegar a algún acuerdo de aquí a que se celebre
la sesión plenaria. Nosotros creemos que con la redacción que proponemos
se especifica mejor el objetivo, pero tampoco vamos a hacer de esto una
«casus belli», sino que vamos a intentar llegar a un acuerdo. Ante todo
ha de quedar claro que la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista es
aprobar esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Flores.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Por lo tanto, pasamos a votar el texto de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se informa a los Senadores miembros de la Comisión que se ha solicitado
al compareciente don Pedro Díaz Chavero, Secretario Ejecutivo Confederal
de la Unión General de Trabajadores, que en lugar de comparecer a las
dieciocho horas, si fuera posible, lo hiciera a las dieciséis horas, por
cuanto que don José María Fidalgo Velilla, Secretario Confederal de
Política Institucional de Comisiones Obreras ha manifestado la
imposibilidad de asistir a esta Comisión. A fin de poder concentrar los
trabajos de la Comisión lo más posible, estamos en trámite de cambiar la
comparecencia del Secretario de UGT a las cuatro de la tarde y no a las
seis. Del resultado de la gestión se informará a los Senadores miembros
de la Comisión durante la mañana de hoy.
Se suspende la sesión hasta las doce, hora prevista para la
comparecencia. (Pausa.)
COMPARECENCIAS:
--DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (713/000827).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comparece ante esta Comisión el Presidente del Consejo Económico y
Social, don Federico Durán López, a quien concedemos la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (Durán López): Muchas
gracias, señor Presidente. Buenos días a todos.
Lo primero que tengo que decirles en esta comparecencia es que el
problema que motiva la misma y que estudia la Ponencia Especial de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, que es la deuda
institucional de las empresas, públicas y privadas, y la deuda de las
administraciones públicas hacia éstas, no ha sido hasta la fecha tratado
de una manera específica y unitaria por parte del Consejo Económico y
Social.
En el capítulo de los dictámenes del Consejo la problemática representada
por la morosidad de algunas empresas, fundamentalmente con la Seguridad
Social aunque no exclusivamente, y también la problemática representada
por la dilación en los pagos por parte de las administraciones ha sido
objeto sólo de tratamiento parcial o tangencial al hilo de la
consideración de algún anteproyecto normativo, por lo que el Consejo
Económico y Social no ha tenido ocasión todavía de pronunciarse, como he
dicho al principio, sobre el problema global y, por otro lado, tampoco se
ha hecho sobre el mismo ni se ha empezado, hasta este momento, un estudio
monográfico de iniciativa propia.
Ello no quiere decir, obviamente, que el Consejo no haya entrado a
valorar ni haya tomado posición sobre algunos problemas concretos
relacionados con este tema. En realidad, la situación del tejido
empresarial español y el mantenimiento y la mejora de los niveles de
empleo constituyen, como no puede ser de otra forma, dos de los ejes
centrales de la actividad dictaminadora del Consejo y de elaboración de
informes por parte del mismo.
Los diferentes bienes jurídicos e intereses en presencia, como son el
equilibrio financiero del sistema público de Seguridad Social por una
parte, la preservación de la actividad empresarial y de la viabilidad de
los proyectos empresariales por otra, el mantenimiento de los puestos de
trabajo y de los derechos futuros de los trabajadores en materia de
prestaciones sociales, han estado en el centro de los debates y
discusiones del Consejo en múltiples ocasiones, bien de manera directa,
bien de manera indirecta.
Así, siguiendo un orden cronológico, el Consejo Económico y Social ha
abordado el estudio de la situación y perspectivas de la industria
española (Informe 1/94), la regulación jurídica de la responsabilidad
empresarial en orden a las prestaciones del Régimen General de la
Seguridad Social (Dictamen 2/96), los contratos de las administraciones
públicas (Dictamen 5/98), y la realidad, magnitud y efectos de la
economía sumergida en España (Informe 2/99), por citar los ejemplos más
específicamente relacionados con la problemática que nos ocupa.
Yendo a los distintos aspectos de esta problemática, y atendiendo en
primer lugar a la deuda institucional de las empresas, el Consejo se ha
pronunciado inequívocamente en distintas ocasiones sobre la necesidad de
adoptar las medidas necesarias a fin de preservar el equilibrio
financiero del sistema de Seguridad Social, tanto por el lado de la
garantía de los ingresos del mismo con la mejora de los procedimientos de
recaudación y el establecimiento de medidas de lucha contra el fraude,
como del cumplimiento de sus obligaciones, es decir, consolidación y
racionalización del sistema.
Así, el Consejo ha valorado positivamente las nuevas medidas de lucha
contra el fraude, por un lado, y de reclamación y pago de las deudas con
la Seguridad Social, por otro, que se han venido desarrollando en los
últimos años y que han permitido la recuperación de una parte
significativa de la deuda de las empresas por cotizaciones sociales,
tanto en el sector público como en el privado, y el ahorro de cantidades
en concepto de prestaciones indebidamente percibidas. De ello se ocupa la
Memoria relativa al año 1997, páginas 600 y siguientes, y el Informe
sobre la economía sumergida, capítulo 5.
De manera específica cabe citar el Dictamen 2, de 1996, sobre el proyecto
de Real Decreto, por el que se pretendía regular la responsabilidad
empresarial en orden a las prestaciones en el Régimen General de la
Seguridad Social. Dicho proyecto normativo que, como todos ustedes
conocen, finalmente no se aprobó, venía a representar el desarrollo
reglamentario del artículo 126 de la Ley General de la Seguridad Social,
cubriendo un vacío normativo sobre el que ha recaído una abundante
jurisprudencia.
Con ocasión de ese Dictamen, el Consejo debatió en profundidad distintos
aspectos relacionados con la responsabilidad empresarial en orden a las
prestaciones de Seguridad Social derivada de incumplimientos en las
obligaciones de cotización y otras obligaciones. En particular se
discutió la oportunidad de fijar plazos de prescripción a dicha
responsabilidad a partir de la prescripción de las obligaciones de las
que aquélla trae causa. Este problema aparece conectado con otros dos
bienes jurídicos, como son la garantía de los derechos de los
trabajadores (lo que remite a la articulación y alcance del principio de
automaticidad de prestaciones) y, en última instancia, con la necesidad
de garantizar, como he mencionado anteriormente, el equilibrio financiero
del Sistema de la Seguridad Social.
En el Dictamen --transcribo el texto de la observación al artículo 5.3
del anteproyecto por ser de interés para lo que hoy nos ocupa-- se dijo
lo siguiente: «Con relación a dicho precepto, el Consejo discute la
conveniencia o no de establecer, en éste como en otros ámbitos de
determinación de responsabilidad, plazos de prescripción.
«A este efecto, el Consejo estima que cualquier propuesta que pueda
realizarse debe, ante todo, estar condicionada a la garantía de los
eventuales derechos de los trabajadores. Todo lo cual vincula la solución
que pudiera proponerse al significado y alcance que se reconozca en
este marco al principio de automaticidad de las prestaciones.
«En opinión del Consejo, la generalización de este principio resulta en
sí misma deseable. Sin embargo, en la medida en que tal generalización
desvía una parte del riesgo hacia el Sistema de Seguridad Social,
cualquier medida que pueda adoptarse debe dar prioridad a la estabilidad
financiera del referido Sistema.»
El reconocimiento, pues, de un plazo de prescripción situado en este
contexto requiere un análisis previo sobre su posible costo económico.
«El Consejo, por consiguiente, invita al Gobierno a analizar esta
cuestión en su conjunto. En consecuencia, de establecerse con carácter
pleno la vigencia de este principio, por ser económicamente posible, se
propondría la fijación de un plazo prescriptorio, en términos que
resulten razonables.»
«De hacerse así, el Consejo entiende que debería también acordarse el
establecimiento de un régimen de transitoriedad, a partir de una escala
progresiva de reducción del plazo prescriptorio hasta llegar a la
duración que se decida, para evitar así que una aplicación inmediata de
dicho plazo pudiera suponer una liberación de responsabilidad de
determinados incumplimientos llevados a cabo en el pasado.»
Hay que señalar que este Dictamen fue aprobado con los votos a favor de
la mayoría de los Consejeros, pero con la oposición de los Consejeros del
Grupo segundo que representan a las organizaciones empresariales que,
además, presentaron un voto particular defendiendo la necesidad de
someter la responsabilidad empresarial por prestaciones a un plazo de
prescripción de cinco años por razones de seguridad jurídica.
Este aspecto dio lugar a un intenso debate en el Pleno del Consejo el día
20 de marzo de 1996, a raíz de la enmienda presentada por el Grupo
segundo y después de que, al parecer, el tema hubiese sido previamente
objeto de un acuerdo que no se pudo mantener hasta el final.
De estas observaciones y recomendaciones hechas por el Consejo se
desprende que el mismo es consciente de la presencia de distintos bienes
que deben ser protegidos en relación con la materia que nos ocupa, así
como que las soluciones al mismo deben pasar por planteamientos de
ponderación y protección de dichos bienes. Con todo, parece claro que
cualesquiera de las medidas que se adopten deben tener como norte la
preservación de los recursos de que se nutre el Sistema Público de
Seguridad Social, como interés público prevalente.
Sin embargo, la adopción de medidas equilibradas son especialmente
necesarias en relación con las empresas que se encuentran en situación de
dificultad, así como a la hora de afrontar un problema como el que
representa la economía sumergida en nuestro país, que también se está
estudiando en el seno de esta Comisión.
En relación a la economía sumergida, el Consejo Económico y Social
elaboró un informe, «La Economía sumergida en relación a la Quinta
Recomendación del Pacto de Toledo», a raíz del interés por conocer las
consideraciones del Consejo que los representantes de los distintos
grupos parlamentarios en esta misma Comisión me transmitieron en una
anterior comparecencia. En dicho informe, el Consejo proponía, como una
de las prioridades de actuación, que las medidas dirigidas a fomentar la
eficacia del sistema sancionador y de control han de sustentarse en los
principios de equilibrio y equidad. La naturaleza y graduación de las
sanciones han de ser coherentes con los distintos tipos de fraude y
proporcionales a la entidad del incumplimiento. La práctica del sistema
sancionador ha de combinar la efectividad en la ejecución de las
sanciones con la toma en consideración de los factores del entorno en que
se produce el incumplimiento. Por ello, para el Consejo es deseable que
se estudien fórmulas para facilitar la transición hacia la regularidad de
actividades cuya legalización conlleve dificultades de supervivencia y
afecten al nivel de empleo, contemplando en estos casos la posibilidad de
ampliación de los plazos para la regularización.
Estas observaciones del informe sobre la economía sumergida, «mutatis
mutandis», resultan aplicables a los casos más complejos de deuda
acumulada por impago de cuotas sociales y otras obligaciones, frente a
las administraciones públicas, de empresas inmersas en situaciones de
crisis y, para las cuales, parece deseable profundizar en las fórmulas
capaces de facilitar la supervivencia de la actividad empresarial y del
empleo.
Más allá de los mecanismos jurídicos existentes en este terreno, nos
enfrentamos a un problema que demanda soluciones políticas que,
inevitablemente, deberán tener en cuenta una multiplicidad de situaciones
que guardan relación con la propia gestión de las empresas, con las
distintas fases de los ciclos económicos y de las situaciones a que dan
lugar, y con el comportamiento --e incluso la buena fe-- de los gestores,
de cara al cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social; todo
ello, en aras a proporcionar tratamientos diferenciados a la diversidad
de situaciones que presenta la realidad y sin desconocer que, además de
una exigencia de eficiencia en la garantía de supervivencia de las
unidades productivas, debe atenderse a una exigencia de equidad que evite
desincentivar el cumplimiento voluntario y responsable de las
obligaciones y fomentar, en alguna medida, la morosidad.
En cuanto a la segunda de las cuestiones que motivan esta comparecencia,
la deuda de las administraciones públicas con las empresas, cabe decir
que no puede ni debe entenderse como la otra cara de un mismo problema
relacionado con el anterior. El Consejo ha hecho, al respecto, algunas
valoraciones con ocasión, fundamentalmente, de dictaminar el anteproyecto
de ley de modificación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Se trata, por tanto, de valoraciones limitadas por el propio ámbito de la
modificación normativa sobre la que se pronunció el Consejo que, sin
duda, no abarca toda la magnitud de este problema pero que, no obstante,
permiten ilustrar la preocupación del Consejo Económico y Social en
relación con los problemas financieros que supone para numerosas empresas
españolas el hecho de que las administraciones hagan frente al
cumplimiento de sus obligaciones de pago con una dilación excesiva,
derivada frecuentemente
de inadecuadas proyecciones presupuestarias y que, en ocasiones, pueden
poner en peligro la solvencia misma de las empresas.
A nadie se le escapa que la morosidad de las administraciones públicas
representa una parte de un problema mucho mayor, que se extiende a la
totalidad de las transacciones comerciales, también en el sector privado,
por más que la deuda del sector público con las empresas tenga
connotaciones especiales y repercuta de manera particularmente grave en
algunos sectores y empresas. Este problema, que además es común a los
países de nuestro entorno, ha motivado iniciativas en el ámbito
comunitario --como las recomendaciones de la Comisión de 12 de mayo de
1995 y de 9 de julio de 1997, sobre los plazos de pago en las
transacciones comerciales-- que, finalmente, se han traducido en la
adopción de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de marzo de 1998, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las transacciones comerciales.
Dicha propuesta, cuyo ámbito de aplicación previsto abarca al conjunto de
las transacciones comerciales, tanto de las empresas privadas entre sí
como de éstas con las administraciones públicas, contempla medidas
específicas referidas al pago por parte de estas últimas. Alguna de tales
medidas, como el pago de intereses de demora, ya existen en la
legislación española, y sobre ellas el Consejo Económico y Social ha
formulado sugerencias que las perfeccionan y profundizan.
Dos son las razones principales que justifican la adopción de medidas
especiales en relación con el sector público, según la propuesta de
directiva: en primer lugar, la morosidad de las administraciones públicas
es un mal ejemplo para todos los agentes económicos. Las instancias
públicas tienen la obligación de perseguir el interés general antes que
el propio y deberían ser muy estrictas en el pago a sus proveedores. Como
un elemento de la política de agilización de los pagos en la Unión, las
administraciones públicas, cuyo volumen de compra ejerce un impacto
considerable en la economía, deberían guiar y conducir toda la economía
hacia una mejora de las prácticas de pago.
En segundo lugar, existe un desequilibrio entre las partes. Un gran
número de empresas depende de los contratos públicos, especialmente en
determinadas industrias --por ejemplo, la construcción y la defensa-- y
teme perder su mejor o principal cliente. Debido a sus posiciones
negociadoras respectivas y a las propias reglas del sector público sobre
las condiciones de pago --que no autorizan o alientan las negociaciones
sobre dichas condiciones-- las empresas no pueden negociar
verdaderamente, en el sentido propio de la negociación, con el sector
público.
Con carácter general, el Consejo Económico y Social se ha pronunciado a
favor de una más decidida simplificación de los procedimientos de
contratación para así favorecer el acceso a la contratación pública de
numerosas empresas, en particular pequeñas y medianas. Esta
simplificación, sin embargo, no debe redundar en una disminución de los
necesarios controles y garantías. En general, el propósito de evitar
limitaciones y perjuicios en la actividad económica de las empresas debe
guiar los procedimientos de contratación y de pago del precio de los
bienes y servicios suministrados.
Más específicamente, el Consejo se ha pronunciado en relación con el
problema que para las empresas representa la morosidad de los entes
locales derivada de prácticas que suponen el incumplimiento de mandatos
legales claros y precisos acerca de disponer de partidas en los
presupuestos de aquéllos para atender prioritariamente obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores, según la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
A estos efectos, el Consejo considera necesario que para corregir la
preocupante y habitual morosidad de muchos entes locales, la
Administración del Estado debería hacer uso de la competencia de control
de la legalidad que le reconoce la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local.
Junto a esta vía judicial contencioso-administrativa, el Gobierno de la
Nación debería promover un estudio sobre este tipo de prácticas, con
evaluación de las irregularidades que se detecten, a fin de adoptar las
medidas que en Derecho correspondan y recabar las responsabilidades
funcionariales pertinentes.
El Consejo, pues, es partidario --y así se ha pronunciado-- de que se
adopten vías de solución efectivas a fin de atajar estas situaciones.
Entre esas medidas no debería descartarse la posible embargabilidad de
determinadas partidas presupuestarias que no tengan relación con gastos
destinados a atender actividades de servicio público.
Otras medidas concretas, sugeridas en su día por el Consejo, van también
en la línea de reforzar el cumplimiento de la obligación legal de pago
del precio por parte de las administraciones. El Consejo considera que la
asunción por las administraciones públicas del pago del precio debido no
es sólo un imperativo legal, sino un deber ético.
En tal sentido, y con el fin de facilitar en la práctica el cobro de
dicho precio, se debería considerar la elevación del interés a abonar, a
partir de una cierta demora en el pago. Ahora bien, el Consejo es
consciente de que los problemas de morosidad se extienden a lo largo de
toda la cadena de actores que intervienen en los contratos públicos, por
lo que entendió que este criterio o propuesta se debía extender también a
las obligaciones de pago del contratista con los subcontratistas o
suministradores.
Por último, también en el terreno de las soluciones concretas, el
Dictamen 5/1997, sobre el anteproyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, sugería la instauración de un
procedimiento reglado de compensación, por cuotas de la Seguridad Social,
de los créditos de las empresas frente a las deudas de la Administración
del Estado y de la Seguridad Social, en línea con el procedimiento
aplicado por Hacienda en sus deudas derivadas de obligaciones fiscales.
Como conclusión, el Consejo Económico y Social, hasta ahora, ha conocido
aspectos particulares de la problemática en estudio en la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social del Senado. La aproximación a la misma ha
sido, por tanto, necesariamente fragmentaria, sin que sea posible, por
ello, formular una posición institucional unitaria
a partir de un diagnóstico específicamente centrado en el estudio de
dicha problemática. Ello no obstante, los problemas planteados por la
deuda institucional de las empresas y de la deuda de las administraciones
con el sector privado, y las eventuales medidas a adoptar en estos
terrenos, entran de lleno en las competencias consultivas del Consejo y
forman parte de sus principales preocupaciones, teniendo en cuenta los
intereses y bienes a los que afectan.
Por ello, el Consejo, en el ejercicio de las competencias de elaboración
de informes que también tiene atribuidas por su Ley de creación, está
abierto a la colaboración con esta Comisión, en la medida en que se
estime necesaria, y a la elaboración de un informe sobre este tema, en
caso de que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado lo
considerara oportuno.
Ello permitiría completar nuestros puntos de vista que, necesariamente
fragmentados y referidos a cuestiones concretas como he dicho
anteriormente, podría, en esta ocasión, atender al conjunto de la
problemática que aquí se presenta, así como a todas las vertientes
jurídicas, económicas y sociales derivadas de la misma.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Consejo
Económico y Social.
A continuación vamos a pasar al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Presidente del CES, por su comparecencia y por las
explicaciones que nos ha aportado.
Sin embargo, me hubiera gustado que su comparecencia hubiera sido --y
perdóneme que comience con este juicio de valor-- menos distante del
asunto que nos ocupa. Quizá lo que usted mismo ha planteado, la
existencia de un conflicto interno en el CES en relación precisamente a
la búsqueda de posibles soluciones en materia del tratamiento de la deuda
institucional, no permite a la institución que usted representa poder
aportar lo que, al modo de entender de nuestro Grupo, deberían ser una
serie de propuestas para que esta Comisión reflexionara sobre ellas, en
la línea de modificaciones legales o desarrollos legislativos de
artículos, de leyes existentes que permitan, tanto a las administraciones
como a los políticos, poder tratar esta cuestión con mayor agilidad y
salir del «impasse» en el que todos nos encontramos.
Estoy de acuerdo con la proclamación de principios realizada por usted,
que nadie discute: la necesidad del equilibrio financiero del sistema; la
necesidad de adoptar medidas precisamente para proteger dicho equilibrio;
todas las medidas relacionadas en la lucha contra el fraude, así como las
medidas de reclamación de la deuda y su consiguiente apoyo. Pero no
creemos que éste sea el objeto de su comparecencia en esta Comisión, sino
precisamente iniciar una reflexión lo más rigurosa y a pie de tierra
posible con objeto de solucionar un problema que pone en peligro muchos
puestos de trabajo, lo que también constituye una de las garantías de los
derechos de los trabajadores. Por esa razón, me voy a fijar en algunas de
sus afirmaciones, sobre las que me gustaría solicitarle una mayor
profundización.
Ha sugerido usted que hacen falta, además de las medidas puramente
legales, soluciones políticas, pero no nos ha dicho cuáles, y me gustaría
--porque seguro que habrá habido reflexiones del CES en esta materia--
que nos fuera apuntando por qué línea podían ir estas soluciones o a qué
acuerdos políticos deberíamos llegar después de una reflexión.
Me gustaría que nos explicara igualmente la situación y las causas o
motivos de este conflicto interno existente en el CES, fundamentalmente
en relación con los plazos de prescripción o al régimen de transitoriedad
que usted ha comentado, en función de los criterios que separan a los
representantes de los trabajadores y a los representantes de los
empresarios precisamente en la búsqueda de posibles soluciones. Este es,
a nuestro modo de ver, uno de los puntos en los que tenemos que avanzar:
el acuerdo entre los agentes sociales. Este aspecto que usted nos plantea
nos deja una cierta preocupación y nos abre una perspectiva donde el
acuerdo parece difícil de obtener.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Voy a comenzar aclarando que hago uso de la palabra por no encontrarse
presente, debido a otras obligaciones parlamentarias, el Senador Díez,
que es nuestro representante en esta Comisión.
Quiero agradecer la presencia del señor Presidente del Consejo Económico
y Social que, con independencia de que haya finalizado su intervención
expresando que no existe una posición institucional unitaria como tal de
dicho Consejo, aprecio que a lo largo de la misma --y teniendo en cuenta
los dictámenes a los que ha hecho referencia sobre los que el Consejo ha
emitido su opinión--, podríamos decir que hay un corpus de pensamiento
aplicable a la materia. En el marco de los trabajos de la Comisión, y de
la buena relación de ésta con el Consejo, me atrevería a rogar que además
de sus aportaciones y del trabajo que subyace en esta intervención, el
trabajo de selección y de doctrina del Consejo, aplicable tanto a la
cuestión de la deuda institucional de las empresas como a la deuda de la
Administración para con los administrados, tuviera a bien remitirnos el
trabajo correspondiente, para de esta forma poder contar con lo que a mi
juicio avanza una serie de propuestas que, por otra parte, coinciden con
muchas de las que se han ido enunciando en las diferentes intervenciones
de la anterior sesión, tanto por parte del Secretario de Estado de la
Seguridad Social como por los restantes intervinientes.
Dicho esto, es evidente que hay una serie de bienes jurídicos en
presencia y una serie de intereses en conflicto, y que es necesario
buscar tanto por parte del legislador como por los responsables públicos,
el equilibrio entre los intereses
en presencia, ya que existen intereses públicos, intereses colectivos e
intereses individuales tanto de empresarios como de trabajadores.
Hay una cuestión en la que puede encontrarse un punto de confluencia, por
así decirlo, conflictivo, que es el concepto de crisis de las empresas.
Hace poco surgió la posible necesidad de producir desde la iniciativa de
la Cámara, desde la iniciativa de los Gobiernos y desde la iniciativa
también --por qué no decirlo-- doctrinal, una homogeneización del
concepto de crisis en las empresas aplicable ya sea desde la perspectiva
del Derecho del Trabajo como desde la perspectiva del Derecho privado
porque nos encontramos con que a la hora de exigir las deudas a las
empresas y a la hora de aplicar distintas soluciones, la crisis es mayor
o menor, según haya existido un comportamiento negligente o descuidado
del empresario para el Derecho del Trabajo mientras que para el Derecho
concursal la crisis lo es por los resultados contables que se presentan a
la hora de la suspensión o de la quiebra.
Por tanto, una sugerencia que puede ir tomando cuerpo en los trabajos de
esta Comisión es avanzar hacia una reforma del Derecho concursal español
que, como es bien sabido, es un Derecho no sólo preconstitucional sino
incluso presocial; derecho que se produjo con carácter previo a la
existencia del Estado social, no sólo en España sino en los países de
nuestro entorno y, por ello, un Derecho que se rige por criterios que se
deberían actualizar.
Dicho esto --y pidiendo, por tanto, una opinión al respecto por parte del
Presidente del CES--, me atrevería a plantear a la Comisión que el
ofrecimiento del Consejo Económico y Social --hecho por boca de su
Presidente-- respecto de elaborar un informe específico sobre las
materias objeto de nuestro trabajo debería ser aceptado. Así pues, habrá
que solicitar, instar o sugerir que se elaborara dicho informe, con
independencia de que el mismo pudiera ser utilizado en el marco de los
trabajos de esta Comisión, es decir, en esta legislatura, o no pudiera
ser utilizado durante la misma. Estoy seguro de que la reflexión del
Consejo al respecto sería valiosa y serviría para encontrar medidas que
tuvieran un carácter definitivo a la hora de plantear una solución global
a los problemas con los que nos estamos enfrentando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz
Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Como no podía ser menos, agradezco la presencia y la información
facilitada a la Comisión por el Presidente del CES. Asimismo, agradezco
el hecho de que el CES se haya puesto a disposición de esta Comisión en
lo que a sus trabajos se refiere, trabajos que considero sumamente
importantes. Como usted bien ha dicho, el CES ha venido trabajando de
forma puntual en algunos temas específicos, pero no de forma global en el
marco de sus competencias. Y creo que éste es el momento oportuno para
ello, por lo que me uno a la petición del portavoz del Grupo Socialista
en ese sentido; sobre todo, porque después de haber recibido el último
informe --como otros muchos-- sobre la economía sumergida --por el cual
le felicito tanto a usted como al CES-- los estudios, informes y
propuestas que se pueden hacer por parte del Consejo Económico y Social
constituirían una gran aportación. Insisto en que eso puede ser algo
sumamente importante.
Usted ha dado una visión general sobre algunos temas, y me gustaría
hacerle algunas preguntas, esperando que pueda contestarlas en estos
momentos. En otro caso, creo que sería importante que obtuviéramos la
respuesta al respecto del CES, porque, como digo, puede ser muy valiosa
para nuestro trabajo. Comparto con usted la opinión sobre las medidas que
se adopten para solucionar este problema, el cual, dicho sea de paso,
entendemos que es difícil de solucionar, aunque en ello estamos. Por
tanto, comparto los principios de igualdad, eficacia, transparencia y,
sobre todo, de unidad de criterio, para solventar este tema.
Su señoría ha analizado la deuda de las empresas con la Administración y
también ha profundizado en las deudas de ésta con las empresas. Y no sé
si estoy equivocado --me gustaría que me lo aclarara--, pero al referirse
a la deuda de las administraciones con determinadas empresas --las cuales
no ha enumerado-- ha dicho que era importante mejorar las prácticas de
pago. Por tanto, me gustaría saber si ustedes han realizado un estudio o
análisis sobre esa cuestión y, si es posible, que nos explicara cuáles
podrían ser esas mejoras de prácticas de pago.
Por otro lado, quisiera saber si usted es partidario de que en este tema
la Administración coordine la flexibilidad con una actuación un poco más
estricta en algunos casos. Digo esto, porque es muy importante que tras
las diferentes comparecencias vayamos contrastando pareceres. En este
sentido, ha existido una opinión generalizada sobre la importancia de la
flexibilidad; sobre todo, porque desde la Administración se entiende que
la flexibilidad en este campo, allá donde sea preciso, mejora los
resultados. En este sentido, considero que dicha flexibilidad ha de
producirse con el consenso social.
No he oído su opinión sobre un tema importante, como es el de las ayudas
al Estado, principalmente, atendiendo al Tratado de la Comunidad Europea
--sobre todo, en lo que se refiere a los artículos 92 y 93--, ya que
existe una gran divergencia entre el Estado español --por cuestiones que
huelga comentar, porque todas las conocemos-- y la propia Comisión, que
reconoce que en dicho Tratado no existe una definición clara y
comunitaria de lo que es una empresa en crisis. Por tanto, quisiera saber
su opinión acerca de los pasos que se deben dar para llegar a un punto de
encuentro con ese Tratado y, sobre todo, con la Comisión.
A nuestro entender existen instrumentos más que suficientes para ir dando
solución a este problema. Coincido con el portavoz del Grupo Socialista
en que parece ser que en el ánimo de todos está el estudiar una reforma
del Derecho concursal. Creo que ésta es una conclusión importante a
priori de esta Ponencia, por lo que quisiera saber los puntos en los que
el CES puede plantear una reforma del Derecho concursal.
Por otra parte, me gustaría conocer qué opinión le merecen los
instrumentos que tenemos en la actualidad, como la concesión de
aplazamientos y fraccionamientos de pago, tanto en el ámbito de la
Agencia Tributaria como en el de la Seguridad Social, y si es partidario
de mejorar los acuerdos o convenios concursales o dejarlos como están.
Todo ello, con un objetivo claro, como es el mantenimiento de los puestos
de trabajo y, más aún, el de las empresas que sean viables. Este es un
problema que repercute de forma negativa en el conjunto de la sociedad, y
muy especialmente en la economía.
A la hora de tratar este tema nos encontramos con empresas que están
cotizando al día y que van pagando, aunque con dificultad, su deuda
histórica; por tanto, ha de tenerse un tratamiento específico con ellas.
También nos encontramos con empresas que están al corriente de pago y
parece ser que tienen serios problemas para hacer frente al pago de esa
deuda histórica. Y por último, existe otro sector de empresas que no paga
sus seguros sociales --son deudoras de la Seguridad Social-- y tampoco
está pagando la deuda histórica. Le planteo esta cuestión, porque mi
Grupo entiende que no se puede llevar a cabo un estudio ni dar una
propuesta de solución generalizados, y tampoco se pueden realizar
estudios o propuestas para determinados lugares de nuestra geografía.
Creo que este problema debe tratarse en su conjunto, pero, desde luego,
debe existir un estudio específico dependiendo de los problemas con que
nos encontramos en este tema, tan sumamente difícil de solucionar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Pérez.
Para contestar, tiene la palabra el señor compareciente.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (Durán López): Muchas
gracias, señor Presidente.
Agradezco las intervenciones de todas sus señorías, respecto de las que
trataré de dar algunas aclaraciones.
En primer lugar, el señor Albistur ha comenzado su intervención diciendo
que le hubiera gustado que la comparecencia del Presidente del Consejo
Económico y Social fuese menos distante. En este sentido, creo que esa
distancia se aprecia por la propia naturaleza del Consejo Económico y
Social.
Ha dicho su señoría que esperaba la formulación de algunas propuestas o
modificaciones legales que pudieran orientar los trabajos de la Comisión.
Ya he dicho al final de mi intervención --lo que ha sido recogido por
otros Senadores--, que, como Presidente del Consejo, y hablando en nombre
del mismo, puedo ofrecer esa colaboración, aunque no la puedo traer aquí
sobre la marcha.
El Consejo es una institución muy complicada. Yo soy representante del
mismo y, por tanto, hablo en su nombre, pero el Consejo no es la suma de
las opiniones de las partes que lo componen, sino que es una institución
generadora de consenso y cuya finalidad fundamental es el fomento del
diálogo social y la búsqueda de posturas comunes. Hubiera sido muy fácil
para mí decirles: las organizaciones sindicales piensan esto y las
organizaciones empresariales piensan esto otro; hay un consumidor en el
Consejo que piensa esto, y las asociaciones de cooperativas, lo de más
allá. Además, eso hubiera sido inútil, porque ante esta Comisión va a
comparecer el Secretario General de la CEOE y los representantes de las
organizaciones sindicales, que lo contarán directamente.
En muchas ocasiones, cuando se plantea la institución del Consejo
Económico y Social como una mera yuxtaposición de las posturas de las
organizaciones que lo integran es que no se ha captado el significado
político de la institución. Porque el Consejo trata precisamente de
fomentar la reflexión conjunta, el desarrollo del diálogo social, y
alcanzar propuestas comunes. Precisamente lo que justifica la existencia
del Consejo es que cuando se trata cualquier tema en el mismo, al
principio las posturas de las organizaciones empresariales y sindicales
están muy claras, nítidas y diferenciadas y, al final, hay una postura en
la que coinciden, por lo menos parcialmente, las organizaciones
empresariales y sindicales. Si conseguimos eso, el funcionamiento del
Consejo será adecuado y, si no, éste no será más que una caja de
resonancia de lo que ya son las posturas previas de los agentes sociales.
Esto quiere decir que en esta comparecencia yo no puedo traspasar ciertos
límites; no puedo comparecer aquí como experto, como profesor de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social o como conocedor de ciertas
cuestiones referentes a esta materia, porque mi función no es la de dar
opiniones personales. Tampoco me puedo convertir aquí en portavoz de lo
que piensan las organizaciones representadas en el Consejo, las cuales ya
se ocupan de explicarlo bastante mejor de lo que pueda hacerlo yo.
¿Qué es lo que yo puedo hacer como Presidente del Consejo Económico y
Social? Explicarles los resultados del trabajo de la Institución en las
distintas materias y, lamentablemente, tengo que decir que son muy pocos
en ésta. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado de ella, no la hemos
afrontado. El Consejo es una Institución consultiva del Gobierno y éste
no le ha instado a que estudie esta materia ni el Consejo ha tenido la
iniciativa propia de afrontarla.
He tratado de expurgar en los distintos pronunciamientos del Consejo que
pueden estar relacionados con esta materia, cuáles han sido sus líneas de
reflexión, sus propuestas o sus sugerencias y como algunas materias están
relacionadas con estos aspectos, que han sido tratadas en dictámenes del
Consejo y en informes, yo he intentado, en la medida de lo posible,
articular lo que puede interpretarse --el Senador Rodríguez de la
Borbolla antes hacía referencia a ello-- como el pensamiento, si así
existe en estos momentos, del Consejo sobre esta materia.
La reflexión del Consejo tiene que dar su fruto en un momento posterior.
Si como consecuencia de la comparecencia que ha tenido lugar aquí de las
organizaciones empresariales y sindicales, como consecuencia de la mía o
simplemente de que yo personalmente, como Presidente del Consejo, aprecie
la importancia del tema y considere que el Consejo tiene una obligación
con la sociedad española y con las restantes instituciones políticas de
ofrecer en
la medida de lo posible lo que es el producto de su trabajo, que es la
búsqueda de ese consenso social, nosotros abordamos estas cuestiones,
evidentemente yo no vendría aquí o no les mandaría un informe con
generalidades, sino que les diría cuáles son nuestras propuestas, cuáles
son nuestras iniciativas y cuáles son las modificaciones que creemos
oportunas, que siempre serán el resultado de un proceso de reflexión, de
maduración, de trabajo, de diálogo, de acercamiento y, en definitiva, del
producto de un consenso sobre estas materias.
Nosotros estamos convencidos de que ésa es la base del trabajo del
Consejo. Si la sociedad está fragmentada por una división, que todavía
sigue existiendo, entre intereses de uno y otro signo y si en el seno de
las relaciones laborales esa división está clara entre las organizaciones
empresariales y sindicales, vivimos un momento en que las condiciones
económicas y sociales han ampliado enormemente los espacios posibles para
la búsqueda de entendimiento, de consenso y para las soluciones que, con
la colaboración de todos, traten de mejorar el funcionamiento de la
economía de la sociedad. Pero ése es el producto del trabajo del Consejo.
Con la intervención del Senador se podría pensar que cuando he recibido
la citación para comparecer debería haber puesto en funcionamiento la
máquina del Consejo. El Consejo no es un órgano consultivo del Parlamente
--aunque puede serlo indirectamente--; sólo es un órgano consultivo del
Gobierno. Yo no puedo asumir la responsabilidad de hacer un informe, por
una simple citación para comparecer ante esta Comisión porque ustedes
mismos me podrían recriminar el que interfiriera en el estudio de este
tema, así como podrían hacerlo las organizaciones que forman parte del
Consejo.
Si como consecuencia de mi comparecencia se considera que el Consejo
tendría que decir algo sobre el tema, yo puedo poner en marcha el
funcionamiento de los mecanismos oportunos, sin olvidar --aunque yo
hubiera hecho eso-- que, probablemente, tampoco tendríamos en este
momento el resultado del trabajo, que exige muchas sesiones de búsqueda,
de puntos de coincidencia y de reflexión, como en otras ocasiones se ha
puesto de manifiesto cuando el Consejo se ha tenido que ocupar de
cuestiones relacionadas con esto, como fue el caso de la prescripción de
las obligaciones empresariales en cuanto a las prestaciones en la
Seguridad Social. Creo recordar que ése fue el último dictamen que nos
solicitó el anterior Gobierno; no hubo tiempo de aprobar el decreto
correspondiente y todavía sigue sin desarrollarse el texto de la Ley
General de la Seguridad Social, que es una materia relacionada
indirectamente con estas cuestiones, pero que también tiene su
importancia.
Lógicamente, la postura de las organizaciones empresariales es clara y no
puede ser otra. Hay que establecer un plazo de prescripción por motivos
de seguridad jurídica, el cual debe ser, si es posible, el mismo que el
de las obligaciones de las que trae causa la que ahora se trata. Y las
organizaciones sindicales tratan de declarar que determinados derechos en
materia de Seguridad Social son imprescindibles y que, por tanto, siempre
puede estar abierta la exigencia de responsabilidad. Obviamente, sobre
ello hay que reflexionar, hay que trabajar y hay que buscar un punto de
coincidencia, que yo estoy seguro que se dará en los resultados del
trabajo del Consejo Económico y Social, como hasta ahora ha sucedido.
Rara vez sus trabajos han terminado en un fracaso, entre comillas, aunque
siempre tendría su utilidad transparentar cuál es la opinión de cada una
de las organizaciones, o simplemente dejar constancia de lo que piensa
cada uno o de la inexistencia de acuerdos. Siempre hemos avanzado en el
terreno del acuerdo --unas veces más, otras menos-- y hemos tratado de
llegar a soluciones razonables. A lo mejor, hay una diferencia de
apreciación entre lo que decía el Senador y lo que yo creo que es el
funcionamiento que debo instar del Consejo en ese sentido.
En cuanto a las soluciones políticas, yo hacía referencia a que eran
necesarias y que no bastaba con los mecanismos jurídicos. ¿Cuáles son
esas soluciones políticas? Vuelvo a repetir que yo no me atrevería a
decir personalmente cuáles tienen que ser y que el producto del trabajo
del Consejo, indudablemente, avanzaría en algunas sugerencias al
respecto. Yo sí tengo que decir que existen soluciones políticas para
problemas distintos, pero parecidos en algunos términos. Son soluciones
político-jurídicas, soluciones jurídicas que atienden a la realidad
política que se trata de afrontar. En el ordenamiento español existen
mecanismos para, por ejemplo --puede guardar alguna relación, aunque sea
traído por los pelos--, evitar que un arrendatario de una vivienda pueda
ser desahuciado por dificultades de pago derivadas de su momentánea
situación de desempleo. Es una solución jurídica que trata de aplicar una
medida política, porque los principios jurídicos no la admitirían en
esencia. Las deudas se pagan y el que no las pueda pagar afronta las
consecuencias que, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico,
están establecidas.
A esto es a lo que me refiero y vuelvo a repetir que hay necesidad de
flexibilidad en estas materias y en una normativa jurídica respecto a
todas estas cuestiones se puede establecer sin mayores problemas. Las
Cámaras legislativas pueden elaborar una normativa mucho más avanzada que
la actual, pero, en definitiva, el problema seguirá existiendo mientras
sólo contemos con un conjunto de normas jurídicas, respecto de cuya
gestión no existan las necesarias dosis de flexibilidad, porque nos
encontramos ante problemas económicos y sociales que pueden ser
enormemente graves.
En cuanto a las discrepancias en el seno del Consejo, vuelvo a decir que,
evidentemente, se produjeron en materia de la prescripción de las
responsabilidades empresariales en cuanto al pago de las prestaciones en
la Seguridad Social, pero ése es el trabajo del Consejo, convertir
discrepancias en puntos de acuerdo y en esa línea es en la que tenemos
que trabajar y procurar seguir profundizando.
En definitiva, para terminar con la intervención del Senador Albistur, yo
deduzco de sus palabras, y me adjudico la crítica, que mi comparecencia
es desilusionante, pero tiene que entender que no puede ser de otra
manera en el momento en el que se produce. Insisto en que lo más que
puedo hacer es el trabajo técnico, que he procurado hacer,
de expurgar del Consejo cuáles son aquellas consideraciones o reflexiones
del mismo, que tienen alguna relación con la materia y, desde luego,
ofrecer el trabajo del Consejo para todo lo que permita el desarrollo de
los trabajos de esta Comisión.
Respecto a la intervención del Senador Rodríguez de la Borbolla, que hace
referencia a un corpus de pensamiento, de reflexión, que se desprende de
mi exposición, tengo que decir que hay un texto en el que se contienen
las referencias necesarias, del que he hecho entrega a esta Comisión. Yo
estoy seguro de que el Senador dispone, como todos ustedes, de nuestros
documentos e informes, pero también se le pueden dar los materiales
concretos.
Creo que ha hecho hincapié en una de las cuestiones fundamentales a este
respecto, que es el concepto de crisis de la empresa. Efectivamente, es
el gato al que hay que poner el cascabel. Durante mucho tiempo el Derecho
del Trabajo --y él lo sabe perfectamente porque, además, ha escrito obras
muy valiosas al respecto-- ha funcionado con un concepto de crisis que,
en alguna medida, era casi subjetivo de la actuación empresarial
perniciosa o, mejor dicho, que trataba de excluir del concepto de crisis
esas actuaciones empresariales negligentes o perniciosas. Parecía como si
en España tuviéramos una situación en la que la entrada en el mercado era
libre por parte de las empresas, pero la salida no; sólo cuando uno se
había portado bien podía salir y si se había portado mal o las cosas iban
mal no podía irse. Lo que nadie explicaba es cómo se mantenía en el
mercado esa persona o entidad a la que le iban mal las cosas. Sin
embargo, el Derecho concursal que es, efectivamente, preconstitucional y
cuya reforma es una de las urgencias legislativas más importantes de
nuestro país, sigue con otro concepto de crisis y habría que ir a un
concepto unitario.
Estoy convencido de que hay que ir a ese concepto unitario de crisis de
las empresas y hay que tener un grado de flexibilidad enormemente
importante en la definición de estas materias, porque el peligro que aquí
corremos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de
vista político, es el de concebir en un determinado momento la capacidad
de actuación flexible y adaptable a las exigencias de la empresa como una
vía de restablecer las condiciones de competitividad perdida, y creo que
eso es una vía de actuación equivocada. Las empresas se pueden encontrar
en condiciones coyunturales que exijan una determinada aplicación
flexible de las normas jurídicas y una determinada política legislativa
que tenga en cuenta no sólo las necesidades recaudatorias del sistema
sino también el mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad
propia de la empresa, pero lo que no puede servir es como una vía de
mantener en el mercado a aquellas empresas que son ineficientes (la
experiencia demuestra que ningún tipo de ayudas consigue volver a la
eficiencia a empresas que han caído definitivamente en la ineficiencia,
pues eso sólo arrastra a otras empresas a ese nivel de ineficiencia) ni
tampoco para ayudar a recuperar competitividad a empresas que la han
perdido y que la tenían que recuperar por otra vía no por la de las
ayudas públicas ni por la del incumplimiento o la suavización del
cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal y en materia de
Seguridad Social.
Insisto, lo ha dicho el Senador Rodríguez de la Borbolla, el Consejo está
abierto a cualquier posibilidad de colaboración en este sentido. Las
Cámaras legislativas --y creo que es uno de los defectos de nuestra Ley
reguladora del Consejo-- no pueden instar directamente la actuación del
mismo, porque se configura como órgano consultivo del Gobierno, pero
basta con que yo considere que se ha manifestado un interés para que,
como Presidente, lleve a los órganos correspondientes del Consejo las
propuestas de profundizar o elaborar algunos criterios más detallados en
este sentido.
El Senador Sanz Pérez ha hecho referencia en su intervención a unos
principios compartidos, y efectivamente creo que todos estamos de acuerdo
en determinadas materias. Ha hecho referencia a las deficiencia en las
prácticas de pago por parte de las administraciones públicas, y yo creo
que ése es un problema importante. En muchas ocasiones la morosidad de
las administraciones públicas no tiene ninguna explicación más que la
pura morosidad, no hay ninguna explicación objetiva en virtud de la cual
se tenga que producir esa morosidad. Pienso que hay un deber de
ejemplaridad de las administraciones públicas y sobre todo hay un deber
de actuación para que no abusen --si ustedes me lo permiten, entre
comillas-- de una posición en el mercado en determinados sectores de la
construcción en los que prácticamente la Administración es el único, si
no el principal, cliente de muchas empresas, y por tanto se encuentra en
una situación en la que, como decía en mi intervención anterior,
difícilmente se pueden producir unas condiciones de negociación entre los
suministradores o las empresas que trabajan para la Administración y las
propias administraciones públicas. Haría falta un código de conducta de
la propia Administración Pública para garantizar un cumplimiento ejemplar
en este sentido.
Como responsable, en la medida en que lo he sido en mi vida universitaria
y con posterioridad al frente de algunas instituciones de estructuras de
la Administración Pública, siempre he procurado dar ejemplo en cuanto al
cumplimiento y al desarrollo puntual de todas las obligaciones de la
Administración. Creo que deben establecerse unos códigos de
comportamiento y de conducta y en su caso unas exigencias de
responsabilidad a los funcionarios o a los responsables políticos de las
medidas correspondientes.
Yo creo que hay que combinar la flexibilidad con la actuación más
estricta de la Administración en este tema. Creo que la flexibilidad es
importante; si no existiese necesidad de flexibilidad no tendría gran
importancia este problema, sería cuestión de buscar unas normas jurídicas
más o menos acertadas en las que existiese un determinado nivel de
consenso. El problema es que ninguna normativa jurídica en esta materia,
por perfeccionada que sea, garantiza afrontar adecuadamente los problemas
con los que tenemos que enfrentarnos, y por tanto es necesaria esa
aplicación flexible y el establecimiento de esos criterios sobre la base
del consenso social.
Coincido también con la necesidad de reforma del Derecho concursal y con
la necesidad de incluir en el análisis
--yo no lo he incluido porque nosotros no lo hemos considerado hasta este
momento-- el tema de las ayudas de Estado y los condicionamientos que
provienen de la normativa comunitaria en ese sentido, en relación con lo
que yo decía con anterioridad. No hay que olvidar que en muchas
ocasiones, bajo capa de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones por
parte de las empresas, lo que se está produciendo es una intervención de
los poderes públicos que está incidiendo de manera no justificada y no
admisible en el funcionamiento del mercado. Por tanto, hay ocasiones en
las que el sostenimiento por vías indirectas de empresas con fondos
públicos, no tiene ninguna justificación ni es admisible desde el punto
de vista del ordenamiento comunitario.
Los instrumentos actuales desde el punto de vista jurídico se pueden
analizar y considerar. Hay instrumentos de aplazamiento y de
fraccionamiento de pago de cuotas, de obligaciones tributarias y de
condonación en un determinado momento pero, insisto, no creo que el
problema sean los instrumentos jurídicos sino sentar unos criterios y
unas bases de actuación, unos principios, en definitiva, políticos de
gestión de estas materias que combinen la necesaria flexibilidad con el
rigor que es necesario para no incentivar el incumplimiento de
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y para no dar oxígeno
artificial a empresas que en un determinado momento lo mejor que pueden
hacer es desaparecer del mercado porque su propia ineficiencia lleva a
que ésa sea la mejor solución. Hay que mantener, evidentemente, los
puestos de trabajo que sean posibles, pero en mi opinión no es una visión
realista a medio y largo plazo mantener los puestos de trabajo a ultranza
en empresas que están sumidas en el mundo de la ineficiencia. A la larga,
la experiencia económica demuestra que esa empresa lo único que hace es
arrastrar a otras a esas ineficiencias. La empresa tiene que ser
eficiente y tiene que tener capacidad de moverse en el mercado de una
manera competitiva, y en ese sentido tiene que recibir todas las ayudas
públicas que sean precisas. Las ayudas públicas probablemente no están
para alterar las reglas de la competencia ni del mercado. No hay que
pensar que el mercado es algo en lo que se entra y nunca se sale. Las
empresas tienen que entrar en el mercado y salir del mercado en aquellas
ocasiones en las que se vean compelidas a ello, y en esas ocasiones lo
que hay que establecer es la normativa concursal y de todo tipo para
garantizar la debida protección de los intereses públicos y de los fondos
que tienen que nutrir tanto las arcas públicas como las de la Seguridad
Social.
Lamento no poder ir más allá en mis apreciaciones porque mi comparecencia
no es como experto en estas cuestiones, que además estoy lejos de serlo,
sino como Presidente del Consejo Económico y Social, y por tanto, sólo
puedo ser portavoz del resultado de los trabajos del Consejo, y hasta
ahora los trabajos del Consejo en estas materias son muy fragmentarios,
referidos a cuestiones concretas que yo les he transmitido a ustedes y
que si, en su caso, el día de mañana son trabajos que afrontan
abiertamente este tipo de cuestiones, yo con mucho gusto estaré a su
disposición para transmitírselo y para hacerles saber cuál es el
resultado de esos trabajos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se abre un turno para las señoras y señores senadores presentes.
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del CES, no tenía yo ninguna intención de meter el dedo
en el ojo, aunque veo que lo he hecho, pero ha sido sin ninguna malicia.
Yo insisto en que me hubiera gustado haber dispuesto de esa honda
reflexión, quizás más global que la que usted nos dice que puede disponer
el CES, sobre todo porque como político, que ha tenido que actuar como
intermediario entre las empresas, los sindicatos y la Administración en
estos temas, me preocupa que no se aprovechen aquellas instituciones
donde están representados los trabajadores y los empresarios para hacer
una reflexión sobre un tema que es candente, sobre todo cuando tiene como
resultado una deuda de un billón 200.000 millones de pesetas y sobre todo
cuando tiene la demanda de muchas empresas y de muchos trabajadores por
la continuidad de que, pudiendo ser eficientes, la ineficiencia muchas
veces puede venir de no poder atender una deuda que esté pesando sobre
ellas.
Creo que lo mejor en este tema es tratarlo con absoluta tranquilidad y
aceptar la propuesta que usted nos hace de que sea en el seno del CES
donde se haga una reflexión sobre el mismo. Si el resto de los portavoces
están de acuerdo, mi Grupo apoyaría esta propuesta dándole una cierta
urgencia porque el informe sobre la economía sumergida a mi modo de
entender se ha retrasado muchísimo, una cierta urgencia porque el tema
merece no quedar parado y dormido sino que incluso en esta misma
legislatura pudiera tener una cierta aportación, aunque no sea
necesariamente una aportación definitiva, porque creo que todavía quedan
muchos temas para tratar.
No quisiera haberle molestado, sino más bien reconocer su trabajo. La
iniciativa que ustedes mantienen en otros temas, como publicaciones,
etcétera, quizás en este tema también se podría haber dado. La pequeña
crítica que dejo ahí no es a usted personalmente sino a la institución
donde se reúnen las partes afectadas, representantes de trabajadores y
empresarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El señor compareciente quiere contestar?
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (Durán López):
Simplemente quiero aclararle al Senador que en modo alguno me han
molestado sus palabras, ni muchísimo menos, ni me las he tomado en un
sentido negativo, simplemente le he explicado lo que la naturaleza de la
institución exige.
No tengo aquí los datos, pero puede hacer veinte días que yo recibí la
notificación para la comparecencia y es absolutamente imposible en veinte
días que yo proponga la elaboración de un informe, que se discuta, que se
reflexione..., porque el secreto de conseguir el consenso y el
acercamiento de posturas es la reflexión pausada --con las urgencias
oportunas del caso--, el debate, la discusión... ¡Qué más quisiera yo --y
la sociedad española-- que tuviésemos un Consejo más ágil! Pero no creo
que eso sea defecto de funcionamiento de este Consejo o de ningún otro,
sino que la propia naturaleza del funcionamiento de sus trabajos impide
ese tipo de respuesta, por así decirlo, a botepronto, con independencia
de que una vez decidido afrontar un tema, lógicamente, los ritmos del
mismo puedan acelerarse.
Efectivamente, el de la economía sumergida es un informe que se ha
demorado más de lo previsto inicialmente, pero ha sido muy difícil, muy
difícil, llegar a puntos de entendimiento, y siempre he sido partidario
de un escenario de consenso aunque tarde en conseguirse que cerrar
abruptamente un tema poniendo de manifiesto simplemente las posturas de
unos y de otros. Insisto en que para ese viaje en muchas ocasiones no
hacen falta alforjas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Consejo
Económico y Social, por la información dada a esta Comisión de Trabajo y
Seguridad Social del Senado. (Pausa.)
--DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES (715/000339).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente comparece el Secretario General de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, don Juan Jiménez
Aguilar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (Jiménez Aguilar): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar quiero expresarles mi
agradecimiento por la invitación para comparecer ante esta Comisión y
poder manifestarles cómo vemos desde la óptica de las organizaciones
empresariales el tema de la deuda institucional a las empresas y de las
empresas referidas a su relación con las administraciones públicas.
Considero que la iniciativa de constituir una Ponencia con este fin es
muy valiosa, sin duda refleja la preocupación que todos ustedes, o muchos
de ustedes, tienen sobre esta materia, que en una parte muy importante,
por no decir en toda, afecta al empleo y, por tanto, al sistema de
financiación de la Seguridad Social en particular. En nuestra opinión, es
necesario buscar soluciones a la situación en la que se encuentran, o
pueden encontrarse, empresas públicas y privadas que por diferentes
razones se ven abocadas a situaciones de crisis, aunque éstas puedan ser
coyunturales, y que comporta una serie de desequilibrios financieros que
ponen en riesgo muchas veces, o en ocasiones, la propia viabilidad de las
empresas.
Tanto al analizar el problema como a la hora de formular soluciones, las
organizaciones empresariales consideramos importante que se distingan los
comportamientos fraudulentos de algunas empresas --o a veces llamadas
empresas-- de aquellas otras situaciones deudoras de carácter
involuntario y que necesitan a veces ser resueltas para mantener y no
perjudicar la actividad empresarial. Por tanto, las primeras requieren un
tratamiento sancionador preciso en el orden social y en el orden penal, y
entiendo que no forman parte del análisis y del debate que aquí tenemos,
por lo que no voy a tardar ni un solo minuto ni en defender ni en
plantear; tienen un ámbito y es en ese ámbito donde han de resolverse.
Durante los últimos tiempos se viene discutiendo sobre si son o no
elevadas las cotizaciones empresariales en relación con los países de
nuestro entorno europeo, propugnándose desde diversas instancias,
nacionalistas e internacionales, la reducción de las mismas como elemento
dinamizador del empleo y argumentándose en contra de esta medida el
sostenimiento de la recaudación y la viabilidad financiera del sistema.
Recientemente, el anterior Comisario en materia de asuntos sociales, el
señor Flynn, hacía una recomendación explícita con motivo de la
valoración del Plan de empleo del Reino de España. Pues bien, en España
tenemos una reciente experiencia que nos permite extraer conclusiones,
evidentemente, por el momento con cierta provisionalidad, pero
conclusiones.
Fruto de una determinada política económica basada en la estabilidad, la
moderación salarial --de la que de alguna manera somos responsables
empresarios y sindicatos-- y de un fructífero diálogo social también en
ese mismo nivel, en un nivel bilateral, nuestro país ha hecho un esfuerzo
histórico en los dos últimos años en materia de empleo, que ha tenido
como consecuencia el que alcancemos récords de contratación indefinida,
afiliación a la Seguridad Social, recaudación por cotizaciones sociales y
reducción del desempleo. A la consecución de estos logros no han sido
ajenos --como decía anteriormente-- ni los empresarios ni los
trabajadores a través de sus respectivas organizaciones. Y todos ustedes
conocen la firma en 1997 del Acuerdo interconfederal para la estabilidad
del empleo, para dotar de mayor estabilidad al empleo mediante fórmulas
que sin duda fueron innovadoras en materia de contratación y reducción
del coste del despido entre otras medidas --probablemente no se ha
valorado suficiente que en estos dos modelos, en materia de reducción del
coste del despido y en materia de contratación indefinida, empresarios y
sindicatos pudiéramos ponernos de acuerdo en un texto específico y
concreto que diera como resultado que el Parlamento finalmente aprobara
los textos legales correspondientes que han dado a luz el modelo que
estamos analizando. Estas medidas se vieron completadas a través de la
normativa correspondiente en materia de Seguridad Social referida a
bonificaciones en la cotización
como incentivo a la contratación --quédense ustedes como aportación de
esta parte con ese dato: bonificaciones en la cotización como incentivo a
la contratación-- y bonificaciones específicas de la cuota empresarial,
que fue la bonificación que allí se establecía.
Alcanzado el ecuador de los acuerdos de 1997, resulta evidente y fuera
del ámbito de toda duda que dotar de mayores dosis de flexibilidad en las
relaciones laborales, unido a una política de reducción de los costes no
salariales --en este caso de los costos de los empresarios en la
cotización-- se traduce en una forma efectiva de creación de empleo. A
nuestro juicio, el empleo constituye sin duda el principal elemento que
garantiza la sostenibilidad y viabilidad de nuestro sistema de Seguridad
Social, y yo creo que no podría estar mejor traída ni podría haberse
buscado un día mejor --permítanme ustedes que lo diga-- para hacer esta
comparecencia y esta afirmación que el día de hoy.
Aparece en escena, en nuestra opinión, un círculo virtuoso consistente en
aligerar, de un lado, las cargas sociales para crear empleo y allegar más
recursos al sistema, frente al discurso, hasta ahora habitual, de
incrementar las cuotas sociales para financiar la demanda de un mayor
gasto social. De ambos modelos tenemos experiencias recientes con
resultados diametralmente opuestos.
La reducción de las cargas sociales de las empresas contribuye a la
creación de empleo y proporciona mayores recursos al sistema, por lo que,
tal y como indica el informe parlamentario conocido como Pacto de Toledo,
el punto de partida de ese camino debe iniciarse con la separación y
clarificación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Su
aplicación, tal y como está comprometida, debería conllevar que las
cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores financiaran
básicamente el gasto contributivo, y no como viene ocurriendo hasta
ahora, dado que aquellas soportan parcialmente el gasto no contributivo.
Los excedentes resultantes de aligerar las cargas sociales sobre las
cotizaciones debieran comportar una reducción generalizada de las mismas,
adaptando su participación en cuantía y distribución a la media europea,
de forma que no constituyan, como hasta ahora, un obstáculo diferencial
de productividad, y favoreciendo la creación de empleo.
Asimismo, la reducción de los costes sociales comporta también elementos
incentivadores del trabajo regular, en contraposición a la economía
sumergida, permitiendo la afloración del empleo existente.
En nuestra opinión, existe una clara vinculación entre el problema de la
economía sumergida y el sistema de financiación de la Seguridad Social, y
ello porque el excesivo predominio del factor trabajo como fuente
prioritaria de financiación del sistema grava el empleo regular, en
particular en aquellas actividades intensivas en utilización de mano de
obra, por lo que sería necesario una disminución progresiva de tales
costes.
De los aspectos relativos al mercado de trabajo quiero destacar ahora el
de la afiliación al Sistema de la Seguridad Social, con una cifra de
14.400.000 trabajadores ocupados --permítanme ustedes que redondee-- y
afiliados al total del sistema --datos de junio de este año--, que se ha
traducido en un volumen de recaudación sólo por cotizaciones sociales de
4,1 billones de pesetas, con un incremento sobre el año anterior del 7,32
por ciento.
Junto a esta positiva evolución de afiliación y recaudación del sistema
convive una deuda por cotizaciones sociales que ascendía, según datos del
informe estadístico y de gestión de la Tesorería, a diciembre de 1998, a
1,21 billones de pesetas. Hay que señalar que en diciembre de 1997 esta
deuda superaba el billón y medio de pesetas, con lo que ha habido una
reducción en un ejercicio del orden de 300.000 millones de pesetas. Se ha
reducido, pues, el volumen de la deuda pendiente lo cual, sin duda,
guarda conexión con el comportamiento de la recaudación voluntaria y, en
nuestra opinión, con la reducción de los costes, así como con un posible
afloramiento de la economía sumergida.
En la configuración de la denominada deuda histórica de las Seguridad
Social han participado de forma significativa las situaciones de crisis
económica que han afectado a nuestras empresas con diferente intensidad
según los sectores de actividad y los sucesivos procesos de
reestructuración y reconversión industrial a los que han debido
enfrentarse durante la década de los ochenta y hasta 1994 y que, sin
duda, constituye un porcentaje cercano al 80 por ciento de la llamada
deuda histórica.
En todas estas situaciones el incumplimiento de las obligaciones de pago
con la Seguridad Social se ha planteado, probablemente de forma errónea
en muchos casos, como un mecanismo temporal de subsistencia de la
actividad empresarial ante una situación de crisis que se valora como
coyuntural y que se intenta afrontar y superar. Si esto no se logra, la
propia deuda con la Tesorería General se convierte en un obstáculo más
para la continuidad y viabilidad de la actividad empresarial, dados los
costes añadidos y dificultades que comporta el procedimiento
recaudatorio. Este viene desde hace años reforzándose con significativos
recursos económicos y técnicos, así como con nuevas medidas normativas,
con el fin de mejorar la gestión recaudatoria.
Quiero señalar al respecto que, tras la modificación en 1995 del
Reglamento de recaudación, no se ha interrumpido el permanente goteo de
modificaciones en esta materia, introducidas a través de nuevas normas
específicas o sucesivas y reiteradas modificaciones incorporadas a las
leyes de acompañamiento de los presupuestos generales de cada año. Al
respecto me gustaría invitar a sus señorías a examinar el anteproyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para este
año, en el que, en materia de recaudación de la Seguridad Social, se
recogen al menos cuatro modificaciones de los textos legales vigentes.
Esta práctica legislativa añade complejidad y dificultades al
cumplimiento de las obligaciones empresariales además de una permanente
situación de inseguridad jurídica. Esta consideración se viene reiterando
en informes que elabora --me precedía su Presidente en el uso de la
palabra-- el Consejo Económico y Social sobre las normas de
acompañamiento, reiterando la merma de las garantías jurídicas que
acompañan a la simplificación de los procesos de reclamación de deuda por
cotizaciones.
Las modificaciones que se han introducido en los últimos ejercicios
buscan una progresiva equiparación de los procedimientos recaudatorios de
la Hacienda Pública con los de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Si comparamos los índices o tasas de morosidad de ambas
entidades, veremos que son más bajas las de las empresas con la Seguridad
Social. Igual resultado alcanzamos si comparamos ésta con los índices de
morosidad existentes en las relaciones con las entidades financieras con
respecto a sus clientes. En definitiva, de una forma generalizada, los
empresarios pagan antes la Seguridad Social que sus deudas con la
Hacienda Pública y con el sector financiero. Ello guarda coherencia con
los elevados porcentajes de ejecución del presupuesto de recursos por
cotizaciones del sistema de Seguridad Social en los últimos ejercicios.
La equiparación de los procedimientos recaudatorios debiera realizarse
sin menoscabo de las garantías jurídicas para el deudor. Asimismo,
deberían contemplarse mecanismos de extinción de la deuda, como el de la
compensación, al igual que existe en el ámbito fiscal.
En nuestra realidad empresarial, caracterizada por la existencia de
pequeñas y medianas empresas, en numerosas ocasiones el pequeño
empresario tiene que pedir créditos para hacer frente al pago de su deuda
con la Seguridad Social, soportando a la vez el impago de los créditos
que tiene con la Administración Pública, incluso en ocasiones frente a
entidades integrantes o próximas a la Seguridad Social. Es más, el propio
reconocimiento de la deuda por las citadas entidades ha sido rechazado
como instrumento de aval o de garantía de crédito dada la falta de
credibilidad de algunas administraciones públicas sobre las propias
administraciones públicas, en particular la sanitaria, en sus
obligaciones de pago con los empresarios. Ambas realidades deberían
aunarse a través de un procedimiento reglado que permitiera la
compensación de la deuda de la Seguridad Social frente a las empresas,
con los créditos que tienen las mismas, frente a las administraciones
públicas en general. De esta forma se facilitaría el equilibrio en el
cumplimiento de la obligación de cotizar y el ejercicio de la actividad
empresarial. No en vano estamos hablando de una deuda de 1,1 billón de
pesetas del conjunto de empresas con la Seguridad Social y al día de hoy,
más o menos, estamos hablando de una deuda de las administraciones
públicas con los empresarios del orden de tres billones de pesetas.
Las medidas que finalmente se aprueben o recomienden deberían, en opinión
empresarial, modular algunos aspectos de la regulación actual --recargos,
aplazamientos, garantías, etcétera--, cuya rigidez puede obstaculizar la
viabilidad futura de los proyectos empresariales, introduciendo criterios
más flexibles en la recuperación y cobro de los débitos públicos.
No hay que olvidar que el sector privado contempla con perplejidad cómo,
frente a la rígida normativa prevista en el procedimiento recaudatorio, a
la que acompañan elevados recargos, intereses y sanciones, coexisten
otros procedimientos recaudatorios que debieran aplicarse al sector
público, caracterizado sin embargo por su gran flexibilidad y menores
costes, e incluso procedimientos excepcionales como la última moratoria
para el pago de la deuda de las instituciones sanitarias públicas o sin
ánimo de lucro que, sin duda, facilitan extraordinariamente el
cumplimiento de las obligaciones de pago de esas administraciones
públicas que, por otra parte, debieran ser ejemplares en el cumplimiento
de sus obligaciones, tanto en materia de Seguridad Social como en el pago
de sus deudas con las empresas.
Esta Ponencia tiene como objetivo también analizar esas situaciones.
Lamentablemente éste no es un asunto nuevo, como tampoco es nueva la
enorme preocupación que se deriva de esta situación. Las administraciones
públicas obligan a las empresas a modificar con hechos consumados los
plazos de pago pactados con objeto de aliviar sus propias dificultades
financieras, en ocasiones debidas a una determinada gestión, lo que
origina un deterioro general que afecta a todo el entorno económico
relacionado con la empresa. Las consecuencias de esta situación se
resumen en incremento de gastos financieros, reduciendo el margen de
beneficios; dificultad en la planificación de inversiones y con ello la
creación de puestos de trabajo; expulsión de empresas del mercado,
especialmente PYMEs, por causas ajenas a su propia gestión; situación de
inestabilidad laboral y dificultades en el pago de los salarios a los
trabajadores. Por todo ello, la credibilidad de las administraciones
públicas queda en entredicho ante un mercado único europeo en el que no
caben este tipo de prácticas.
Como conclusión a mi intervención y dado que las organizaciones
empresariales deben buscarse tratamientos específicos a las situaciones
descritas, nos parece oportuno sugerir que entre las medidas que se
adopten se incluyan las siguientes.
Primero. En materia de deuda de las empresas con la Seguridad Social,
dado que se han introducido mecanismos informáticos, como el sistema Red
que comportan la mejora del control y de la gestión recaudatoria, es
posible introducir elementos de flexibilidad y tratamiento singularizado
de las situaciones de dificultad empresarial en la obligación de pago.
Segundo. Corregir los aspectos más rígidos del procedimiento
recaudatorio, como plazos, aplazamientos, garantías, que pueden
convertirse a veces en obstáculos añadidos al pago de la deuda.
Tercero. Hacer llegar a todas las Administraciones Públicas (central,
autonómica y local) un mensaje claro e inequívoco de la inexcusable
obligación del cumplimiento estricto de la Ley de contratos del Estado.
Cuarto. Establecimiento de un plazo cierto, a partir del 1 de enero del
2000, para que todas las administraciones públicas cancelen la deuda que
tienen contraída con las empresas al finalizar este ejercicio. Para ello,
podrían desarrollarse iniciativas como la de modificar y ampliar el
mecanismo de compensación de deudas a todas las administraciones
públicas. Esta solución que, sin duda, reviste cierta complejidad,
debería, a nuestro juicio, articularse mediante la constitución de un
organismo de compensación del sector público en su globalidad o
permitiendo al administrado que compense sus deudas de Seguridad Social
con los créditos correspondientes y otorgando simultáneamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social la
facultad de subrogación en los mismos frente a terceros en un
procedimiento similar al establecido para las deudas por las cuotas del
sector público.
Muchas gracias, señoras y señores Senadores, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Aguilar.
Damos paso al turno de portavoces, comenzando con la intervención del
Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Jiménez Aguilar, por su
exposición.
Quiero agradecerle su intento de plantear los objetivos de esta Ponencia
dentro de la problemática general que atraviesa el mundo empresarial y
laboral. Quizá habría que hacer unas disecciones para establecer cuáles
son las causas y consecuencias de cada uno de los aspectos, pero me
parece interesante que haya tratado de dar a esta Ponencia una visión
compleja de la situación.
Como le he dicho al anterior compareciente, esta Ponencia debe buscar
soluciones; líneas de actuación que deben ser proporcionadas no solamente
por la inteligencia que la naturaleza nos haya dado a los portavoces y
miembros de esta Ponencia, sino también por las sesudas cabezas pensantes
y equipos mucho más preparados que los que tenemos en este Senado, y lo
digo más bien los Senadores, porque el Senado como tal tiene ilustres
letrados y funcionarios, pero los Senadores tenemos que trabajar a menudo
con medios más precarios. Por eso, nos gustaría que nos ofreciesen
planteamientos concretos sobre los que pudiéramos reflexionar.
Usted ha insistido mucho en la flexibilidad de los procedimientos
recaudatorios y, sobre todo, subraya un tema que nuestro Grupo va a mirar
con atención, el relativo a la introducción de más complejidad de la ya
existente en la ley de acompañamiento para los presupuestos del año 2000,
es decir, los que se van a discutir durante el año 1999.
Me gustaría que nos explicitase dónde radicaría para ustedes esa
flexibilidad. Yo creo que las empresas, sobre todo las pequeñas y
medianas empresas --aquellas cuyo empresario no tiene una gran capacidad
de comunicación con la Administración por estar muy ocupado con el día a
día--, están sufriendo la aplicación de un procedimiento inmediato y
riguroso; en muchos casos, se procede al embargo y liquidación de los
bienes de forma rápida, algo de lo que se aprovechan --yo diría que a
veces en connivencia con la recaudación-- otros empresarios con menos
escrúpulos para obtener bienes y activos a precios más baratos. Estoy
hablando de casos muy concretos, pero que realmente se dan por la
aplicación indiscriminada de este tipo de procedimientos a empresas de
diversos tamaños y sectores.
Me gustaría poder escuchar alguna concreción más en torno a esa
flexibilidad sobre la que ha insistido también el Presidente del CES, al
que usted ha hecho alusión en varias ocasiones, porque me parece un
asunto sobre el que debemos reflexionar en esta Ponencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Senador Rodríguez de la Borbolla, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias.
Intervengo con brevedad, en primer lugar, para agradecer la presencia y
la intervención de don Juan Jiménez Aguilar, aunque no podamos
compartirla en todos sus puntos, o al menos en todas sus valoraciones.
El señor Jiménez Aguilar ha hecho una intervención ordenada. Ha comenzado
haciendo una valoración global del modelo de relaciones laborales en
España y del desarrollo último de ese modelo, luego ha pasado a analizar
las consecuencias del mismo en las crisis de las empresas y, finalmente,
ha planteado una serie de propuestas.
Yo voy a abordar mi intervención al revés, siguiendo un orden contrario
al suyo. Empezaré con las propuestas, que más que propuestas concretas
son líneas de actuación: flexibilización y singularización de los
tratamientos. Se trata de corregir los aspectos más rígidos de la
legislación. En total son seis o siete conclusiones finales, que yo
comparto, aunque habrá que trabajar en ello --por una parte, en el seno
de esta Comisión y, por otra, en los ámbitos de diálogo entre el Gobierno
y los interlocutores sociales-- para ir concretando las líneas de
actuación.
Estamos en la segunda sesión de trabajo de esta Ponencia, y, a mi juicio,
ya se han trazado las líneas que pueden orientar nuestras recomendaciones
de futuro, que coinciden con las dadas por los responsables de la
Administración que han venido, el Presidente del CES, el Secretario
General de la CEOE y supongo que representantes de otros sectores. Por lo
tanto, se va elaborando una base sobre la que se puede empezar a
construir una línea de consenso, y me congratulo de que eso sea así.
Para llegar a tales conclusiones, el señor Jiménez Aguilar ha hecho una
valoración del modelo de relaciones laborales y del funcionamiento del
sistema de financiación de la protección social en España. En cuanto a
las líneas cimentadoras de nuestro modelo de protección social, ha
comentado la necesidad y conveniencia, ha saludado la posibilidad, de
bajar las cotizaciones sociales.
Nuestro Grupo piensa --y en los últimos años lo hemos planteado en
reiteradas ocasiones en esta Cámara-- que hay margen suficiente para
avanzar hacia una disminución de las cotizaciones sociales, porque
consideramos que eso puede favorecer el empleo. Pero, señor Jiménez
Aguilar, permítame hacer una reflexión que no sé si compartirá. En los
últimos años en España muchas modificaciones solventes que se han hecho
en nuestro modelo de relaciones laborales y en la ordenación de nuestro
sistema de protección social han sido realizadas espasmódicamente, sin
criterio; es decir, sin método, sin discutir de verdad y a fondo, entre
las partes sociales y el Gobierno, el modelo de ordenación conjunto. Se
ha llegado a una modificación del régimen de despido --disminuyendo los
costes de determinados contratos-- y a una ordenación de la contratación
indefinida pero, dicho sea de paso, tiene reflejos parciales porque, con
independencia de que haya subido la contratación indefinida en los
últimos años, la temporalidad sigue siendo muy elevada en España; es
decir, tiene efectos parciales.
La reflexión y la discusión tienen que ser conjuntas, a fondo,
globalizadoras sobre el modelo de relaciones laborales en España y sobre
las consecuencias de ese modelo integral, no sobre aspectos determinados,
en los que, a veces, es posible llegar a acuerdos y, otras, hay un
permanente desencuentro porque no hay posibilidades de consenso.
La intervención del señor Jiménez Aguilar pone sobre el tapete la
necesidad de que cualquier avance en la modernización --por así decirlo--
del sistema de relaciones laborales en España, cualquier nuevo modelo de
financiación de los sistemas de protección social en España debe
producirse sobre la base de los más amplios consensos y de las más
profundas discusiones. No será flor de una legislatura, seguramente, ni
producto de una discusión de una ley de presupuestos o de leyes parciales
dirigidas a la consolidación del sistema de Seguridad Social o a la
mejora de la contratación sino de una negociación más profunda, que
espero se produzca lo antes posible.
Se ha avanzado en los últimos años en este sentido, pero es necesaria una
visión globalizadora del problema e introducir todas las medidas
concretas dirigidas a mejorar la situación de la deuda institucional de
las empresas con la Seguridad Social y a resolver la deuda de las
administraciones públicas con las empresas. Habrá que ir avanzando en la
adopción de medidas en este campo, pero insertas en una visión más global
y de conjunto, que suponga --y es posible que el señor Jiménez Aguilar no
comparta mi opinión-- la aceptación, por todas las partes, de un modelo
de protección social y de relaciones laborales en España. Este modelo no
nos puede separar del carácter europeo y de la identidad europea, donde
la cuestión social tiene más peso que en otros ámbitos.
Quiero hacerle una pregunta concreta. Teniendo en cuenta que estamos a
las puertas de una serie de medidas que pueden consolidar el Sistema de
Seguridad Social, con ello dar pie a la bajada de cotizaciones sociales,
y por fin dar cumplimiento a la previsión del Pacto de Toledo de la
constitución de un fondo de reserva, ¿estarían las organizaciones
empresariales en condiciones de pensar que 60.000 millones de pesetas son
suficientes para ir avanzando en los diversos sentidos que ha propuesto
el señor Jiménez Aguilar?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Quiero agradecer al señor Jiménez Aguilar,
Secretario General de la CEOE, su presencia y las aportaciones de su
valiosa intervención.
Ha hecho un análisis acertado de la situación actual de nuestro país y,
muy especialmente, del diálogo social que ha dado unos frutos sumamente
importantes, y entiendo que valorados por toda la sociedad española que,
en resumidas cuentas, es la gran beneficiada del alto índice --aunque no
siempre suficiente-- de generación de empleo.
Lo más positivo es el hecho de que después de unos años de diálogo y
cohesión social y de incremento del empleo --es decir, adoptar medidas
económicas sumamente importantes, con la colaboración de la sociedad en
su conjunto-- hay un saneamiento importante de la Seguridad Social. Hemos
pasado de 1,6 billones de pesetas a finales de 1995 --según nos
comentaba-- a que, afortunadamente, se pueda cumplir el Pacto de Toledo
como consecuencia de una serie de medidas que han llevado al saneamiento
de la Seguridad Social y a la garantía, por lo tanto, de las prestaciones
sociales para las capas más desfavorecidas de nuestro país.
Por lo tanto, compartimos --como no podía ser de otra forma-- esa
valoración y la posibilidad de iniciar el camino que profundice en la
mejora de las relaciones laborales, como le he indicado en mi
intervención. Hay que unir esto con lo que nos ocupa, que es la situación
en la que se encuentran diferentes empresas en sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social,
pero lo importante es que la Administración ha dado un paso para que se
busquen soluciones por parte de esta Ponencia, y así pueda cumplir con
sus obligaciones tanto respecto a las empresas privadas como a las
públicas. Estamos en el camino acertado para resolver un problema que se
arrastra desde hace bastantes años y que, aunque se nos antoja difícil,
después de las dos sesiones celebradas, la primera con el Gobierno y la
segunda con las comparecencias de la mañana de hoy, sabemos que va a
haber colaboración para solucionarlo.
Ha dicho que sería muy importante que esta Ponencia propusiera un
tratamiento singularizado, y no podría ser de otra forma. Si hay una
conclusión clara --y usted ha hecho referencia a ello-- es que no todo el
mundo debe las mismas cantidades ni las deudas surgen como consecuencia
de situaciones iguales para todos. Hay empresas que arrastran una deuda
histórica y que no se ponen al corriente y, por ello, le quiero preguntar
si sería partidario de tomar medidas como la de excluir del tráfico
comercial a las empresas con una deuda sumamente importante con la
Administración y que, al mismo tiempo, no estén al corriente en sus
cotizaciones. Esto se viene haciendo en otros países y está dando
resultados.
Somos partidarios de la singularidad y, por qué no, de tomar medidas en
diálogo social que ofrezcan flexibilidad para el mantenimiento de puestos
de trabajo y para que la economía marche por los cauces que está
marchando, e incluso mejorarlos. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles
para con aquellas empresas que están cumpliendo con su deuda histórica y
para aquellas empresas que están haciendo verdaderos sacrificios y
esfuerzos para ser cada vez más viables.
Me gustaría que profundizara en un tema sumamente importante, el de la
equiparación normativa y, como consecuencia, en el trato de la
Administración con las empresas
y de las empresas con la Administración. A mí me gustaría que, si es
posible, nos apuntara algunas soluciones.
Usted plantea corregir aspectos rígidos y alguna cuestión respecto a la
rebaja de cotizaciones sociales. En las últimas fechas se ha abierto un
debate sobre la rebaja de cotizaciones sociales porque se dan las
circunstancias para que exista este debate y para que exista una rebaja
en las posibles cotizaciones sociales y en la dotación de fondos de
reserva. Estos fondos de reserva se pueden crear --y eso es lo
importante-- como consecuencia del saneamiento del Sistema de Seguridad
Social que garantiza su mantenimiento. Mi pregunta es qué le parecería a
usted esta medida como uno de esos mecanismos de inmediatez en el pago,
sobre todo porque entendemos que hay pequeñas empresas que atraviesan
dificultades, fundamentalmente en los aplazamientos de pago y no pueden
ofrecer bienes o créditos al efecto. ¿Usted considera como una fórmula la
compensación de cuotas sociales para estas pequeñas y medianas empresas
que representan un tanto por ciento elevado, aproximadamente del 80 u 85
por ciento de nuestro país?
Usted plantea también, a través de las cinco medidas que ha aportado, dar
solución a estos problemas y considera una premisa importante la de
apoyar proyectos viables, cuya consecuencia es la creación de puestos de
trabajo reales y no ficticios.
También me gustaría saber si nos puede plantear alguna fórmula sobre un
tema que no ha tocado el Presidente del CES, como es el de las relaciones
y las directrices que nos marca la Unión Europea. Por tanto, las medidas
que se toman ahora y las que puedan surgir como consecuencia de las
diferentes comparecencias, deben tener un eje central, que es el respeto
a las reglas de la competencia.
Me gustaría conocer su opinión sobre los tratados de la Unión Europea,
principalmente en los famosos artículos 92 y 93, sobre todo el apartado 2
del artículo 92, en el cual no se reconoce --porque es importante que lo
empecemos a tratar-- la definición exacta y concreta de empresas en
crisis, cosa que tampoco hace la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor compareciente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (Jiménez Aguilar): Muchas gracias, señor
Presidente.
Voy a tratar de responder en el mismo orden de intervención, mediante las
notas que he ido tomando. Algunas pueden ser comunes, porque ha habido
puntos de coincidencia entre los señores Senadores.
En primer lugar, he planteado la búsqueda y singularización de las
situaciones, a la que prácticamente los tres señores Senadores han hecho
referencia. El empresario se enfrenta en un momento determinado con
deudas a la Administración pública y al sistema financiero. Nadie puede
pensar que el director de una sucursal financiera va a dar un tratamiento
común a todos los señores que tienen una deuda, ni que les va a aplicar
tal o cual recargo a partir del día 60, que al mes y medio les puede
aplicar el procedimiento de embargo, que éste va a conllevar tal recargo
automático, etcétera. El empresario acude al director y le informa de la
situación, éste hace o no causa común con él, solicita unas determinadas
comprobaciones y en función de ello, llega a la solución del problema.
Siempre buscamos la posibilidad de ofrecer una solución a un deudor de la
Seguridad Social que no tiene ánimo defraudador. Olvidémonos de ello.
Hablamos de la persona que ocasionalmente no puede atender un pago de la
Seguridad Social, que se convierte en un costo más de esa empresa, que
tiene que atender puntualmente cada mes y que solicita un tratamiento
adecuado a su problema. Esto es lo que planteamos con la singularización.
No queremos que esto sea un cajón de sastre donde cada responsable de la
Administración pueda hacer lo que estime pertinente, pero sí que pueda
existir el tratamiento singularizado del problema que el empresario
plantee. Además esto suele ocurrir en las empresas intensivas en mano de
obra. No olvidemos que hay empresarios para los que el coste de la
Seguridad Social representa un 7 o un 8 por ciento en su volumen de costo
porque no son intensivos en mano de obra, mientras que para otros
sectores que sí lo son, el costo de la Seguridad Social representa ese
tanto por ciento aumentado en dos y tres veces. Probablemente el problema
surge para el empresario que emplea mucha gente y cuya financiación en un
momento determinado por problemas de tesorería se le complica uno, dos o
tres meses en períodos de baja intensidad, porque no es lo mismo, por
ejemplo, en el mundo de la hostelería atender a una situación en el
período de temporada alta que en los meses de noviembre a marzo.
Por ello, me gustaría que pudiera surgir alguna solución en esta
dirección; es decir, no sirve analizar los 1,21 billones de deuda que
tenga el sistema. Hay que hacer un tratamiento por tipologías de dicha
deuda; comprobar de qué tipo de deuda se trata y cómo está evolucionando,
cosa que a veces nos cuesta trabajo conseguir con la Administración en
general. Hemos insistido muchísimo en que queremos una segmentación por
tipos de empresa y por sectores; que la Seguridad Social nos diga que
empresas de menos de 25 trabajadores están teniendo este comportamiento,
que las de más de 50 tienen otra, así como el sector industrial, el
sector de servicios, etcétera, y que, en definitiva podamos dar una
respuesta adecuada, porque en todas las comparecencias vamos en la línea
de la búsqueda de soluciones al empresario y, evidentemente, también a la
Seguridad Social, no de complicarle los problemas. Es decir, si hay
alguien que tenga más interés en el equilibrio del sistema financiero y
en que las cuentas de la Tesorería de la Seguridad Social funcionen bien
somos nosotros. De ahí que el sistema generalizado y el tratamiento
--déjenme que lo diga con todo cariño-- funcionarial que se le da a esta
situación no resuelve el tema. La Administración también ha de ser
competitiva, modernizarse y contar con un responsable con cara y ojos a
quien pueda acudir el empresario. No que le diga que deba rellenar un
papel con cierto
tiempo, sino que al contarle su problema y su dificultad para cumplir el
pago durante unos meses, le pueda ofrecer la solución a su problema
concreto con las suficientes garantías e, insisto, sin que suponga un
coladero o una situación anómala a lo que debe ser una realidad, como es
la deuda con el Sistema de la Seguridad Social, que no tiene por qué
diferenciarse de cualquier otra que pueda tener un empresario intensivo
en mano de obra que desee mantener sus puestos de trabajo. Esta ha sido
una respuesta para el Senador Albistur, pero permítame que la haga
extensiva a otros Senadores.
¿Por qué insistía en el tratamiento diferenciado? Porque la deuda de una
empresa de 25 ó 50 trabajadores no tiene nada que ver con deudas que
existen incluso históricas en el sistema, algunas de empresas públicas o
semipúblicas, con 1.500 ó 2.000 trabajadores que han solicitado años de
aplazamiento, han tenido una reconversión industrial, etcétera. Por ello
quisiéramos, si ello fuera posible, que existiera un tratamiento
diferenciado.
En ello radica, Senador Albistur, la flexibilidad en el tema de la deuda.
Démosle a la Administración hasta donde pueda llegar un carácter de
relación directa con, permítame la expresión, el cliente y el proveedor;
es decir, siéntense en la mesa y traten de resolver el problema.
El Senador Rodríguez de la Borbolla ha planteado varios temas con los que
estoy totalmente de acuerdo. No me importa coincidir en que se han
resuelto bastantes cuestiones espasmódicamente en las relaciones
laborales. Hay que hacer un gran debate en nuestra sociedad, y
probablemente con prisas pero sin pausas, pero hay que hacerlo entre
todos ya.
Durante estos días se ha puesto de moda el tema de la Seguridad Social, y
creo que ése es un debate muy importante en el que se pueden adoptar
determinadas medidas que considero adecuadas y beneficiosas, incluso la
relativa a que a nosotros nos reduzcan el tipo de cotización. Esa puede
que sea la última medida, si es que se adopta. Asimismo, nos parecen
convenientes la constitución del fondo de reserva y la mejora de las
prestaciones, y creemos que lo importante es el equilibrio financiero del
sistema.
Pero ése es el gran problema, porque no siempre los ciclos son alcistas,
por más que nos gustara --en particular, a los empresarios-- que todos
los años tuviéramos la garantía de que se fueran a crear 300.000, 350.000
ó 400.000 empleos. Porque puede que en un determinado año no se produzca
un incremento, y el equilibrio financiero del sistema es aquel que
permita, tras un estudio proyectado en los años siguientes, garantizar
qué número de pensionistas va a existir, qué atenciones se deben cubrir y
el número de empleos o de puestos de trabajo que se van a necesitar para
financiar el sistema.
Una solución ramplona, como sería la de decir: «cuando llegue el período
bajista subiremos las cotizaciones sociales» probablemente sería una
enorme equivocación, porque, afortunada o desafortunadamente, estamos en
un proceso de globalización, y si unilateralmente subimos las
cotizaciones del Sistema de la Seguridad Social como una medida para
subvenir a los gastos generaremos más desempleo, por lo que, en lugar del
círculo virtuoso al que me he referido --más cotizantes; en consecuencia,
más ingresos y, por tanto, más prestaciones sociales, más fondo de
reserva y más rebaja del tipo de cotización-- se podría producir el
círculo contrario. Esta es, como digo, la dificultad.
Por supuesto, nos gustaría que éste fuera un debate en el que
participaran los interlocutores sociales. En este sentido, señor
Rodríguez de la Borbolla, en los trabajos del llamado Pacto de Toledo los
interlocutores sociales fuimos exclusivamente llamados a comparecer. Y
quiero manifestar aquí, en primer lugar, y después, en los niveles en que
se vaya a hacer --evidentemente, con el Gobierno--, que tenemos interés
--y me consta que no sólo lo tienen los interlocutores sociales que yo
represento, sino también los de la otra parte-- en que haya una
participación --eso sí, sin ningún tipo de obstrucción-- más intensa en
cualquier debate que se produzca para la actualización o renovación del
Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo II, o lo que en definitiva se lleve a
cabo.
No queremos quedar como terceros en la operación, porque algunos van a
ser en general los beneficiarios --los que quieren garantías para cobrar
sus pensiones futuras--, y otros, aparte de que potencialmente también
podamos cobrar las pensiones el día de mañana, financiamos en una parte
muy importante el sistema. Por tanto, si ese debate se produce entre
todos los interlocutores sociales podremos aportar a las Cámaras
elementos importantes, sin que por ello se limiten o coarten en modo
alguno las decisiones del Parlamento.
En cuanto al modelo de carácter europeo, señor Rodríguez de la Borbolla,
entendemos que no se puede llevar a cabo. Los modelos de protección
social en Europa llevan una determinada línea de comportamiento, y van a
tener que seguir manteniéndose unos determinados niveles de protección
social. Por otro lado, los empresarios no aspiramos a que caigan esos
elementos de protección social en nuestra sociedad, porque no sería bueno
para el mundo de las empresas en beneficio de nuestros intereses, y estoy
defendiendo aquí los legítimos intereses de los empresarios. Insisto,
pues, en que no sería bueno que cayera el modelo de protección social.
Ahora bien, cuestión distinta es el modelo de financiación. Por ejemplo,
la financiación de la Seguridad Social o de la protección social en
general de Dinamarca --por busca el polo opuesto-- no tienen
absolutamente nada que ver con la española. Piensen ustedes que en
nuestro caso los costos recaen directamente sobre el empleo. Así, si
alguien toma un trabajador al mes siguiente tiene que cotizar --en el
conjunto-- el 38 por ciento de su remuneración, algo que también hacen
los daneses, pero cotizando un 8 por ciento. Y entre esos dos polos hay
muchos modelos intermedios. Por supuesto, eso supone otro tipo de presión
fiscal y otra reconducción del sistema.
Tampoco sería bueno que nosotros cambiáramos de la noche a la mañana,
porque eso podría producir unos desajustes en el sistema que no serían
buenos. Y tengo la sensación de que no hay nadie que recomiende que el
sistema adecuado de financiación de la protección social consista en que
automáticamente recaigan sobre la empresa y el
puesto de trabajo un costo directo por el hecho de emplear a alguien. A
estas alturas, eso es negativo para el empleo, lo plantee quien lo
plantee.
Y se han buscado sistemas variadísimos. Por ejemplo, en Francia ha
aparecido un llamado impuesto social para todo el mundo, en otros lugares
existen distintos tipos de cotización de IVA, etcétera. Es decir hay
modelos muy diferentes. El debate es, pues, muy profundo, y para el mismo
pueden contar con nosotros con toda seguridad, porque, sin duda, queremos
lo mejor para el país y lo mejor para las empresas; y lo mejor para las
empresas acaba siendo lo mejor para los trabajadores.
En cuanto al Senador Sanz, coincido con muchas de sus apreciaciones.
Respecto de la respuesta sobre el sistema singularizado, ya he dado una
en conjunto. Y en lo relativo a si el fondo de reserva es mucho o poco
--y con esto también contesto al Senador Rodríguez de la Borbolla--,
hasta donde yo sé, actualmente estamos trabajando con un incremento de
pensiones --tras los cálculos que se han hecho en función de los acuerdos
firmados entre los sindicatos y el Gobierno-- del orden de 60.000 ó
70.000 millones. Y si, según dicen los periódicos, el fondo de reserva se
acompasase a esa cifra, estaríamos hablando de otros 60.000 millones. No
sé si algún otro tipo de costo supondría nuevas prestaciones para parados
de larga duración, y tampoco sé qué cifras se pueden estar barajando al
respecto.
En definitiva, parece que estamos hablando de la necesidad de que exista
un excedente para el año que viene en el equilibrio financiero del
sistema de 150.000 ó 200.000 millones de pesetas. Por tanto, con el fondo
de reserva, con la mejora de las prestaciones, etcétera, se podrá hacer
algo que no desequilibre el sistema cuando estamos en el ciclo alcista.
Pero en cuanto a que ese fondo de reserva se corresponda con las
obligaciones de todo el sistema, desde luego, si lo planteamos así el
desequilibrio financiero del sistema está asegurado. Creo que con el
fondo de reserva hay que ser ciertamente cauto. Imagínese lo que pasaría
si verdaderamente quisiéramos constituir un fondo de reserva de garantía
de todas las obligaciones dimanantes del compromiso del Estado en un
sistema de reparto. El señor Rodríguez de la Borbolla conoce bien el
mundo de lo social por su profesión, y sabe que éstas son palabras
mayores.
Insisto, pues, en que sería conveniente que fuéramos cautos para que el
equilibrio financiero del sistema fuera el norte y la guía de las
actuaciones de futuro, sin olvidar que la reducción de las cotizaciones
sociales debe estar --y estaba-- en el frontispicio de los acuerdos que
se plantearon en el Pacto de Toledo.
He hecho alguna referencia a la necesidad de apoyar proyectos viables,
Senador Sanz, y en este sentido puedo utilizar las últimas palabras del
Presidente del CES --del que soy Vicepresidente, en representación de los
empresarios--, quien ha dicho que a veces hay que ayudar a bien morir a
las empresas. Por tanto, cuando hablo de proyectos viables quiero indicar
que, en ese análisis de la singularización del problema, ni el sistema
fiscal ni el de la Seguridad Social deben ayudar a mantener empresas que
probablemente sean proyectos sin futuro. Eso también requiere el
tratamiento adecuado para, en un momento determinado --y sintiéndolo--
ayudar, desde el punto de vista de lo público, a que una empresa resuelva
definitivamente sus problemas y cuando haya que cerrar un centro de
trabajo, por más que nos duela, habrá que hacerlo.
En cuanto a la compensación, para el mundo empresarial es, a veces,
sangrante. Piensen ustedes que ahora solamente en materia de Seguridad
Social se admiten las compensaciones --creo recordar-- por lo que tenga
contraído un empresario por pago delegado con la propia Seguridad Social,
de tal suerte que, como éste nunca es una cantidad mayor que las
cotizaciones que tiene que hacer un empresario cada mes, la compensación
no existe en el sistema. Hay empresarios que mantienen deudas con el
sistema o próximos a él --el mundo del sector sanitario, los proveedores
habituales de la Seguridad Social en determinada materia-- que no pueden
compensarlas y, sin embargo, al día siguiente de la fecha que conmina al
pago entran en recargo del 5 por ciento, a partir de los 60 días del 20
por ciento y, si le hacen una reclamación, puede llegar hasta el 35 por
ciento en incrementos acumulables uno tras otro en función de las normas
establecidas en el sistema. Por ello, un organismos de compensación de
deudas, con todos los problemas que ello puede generar, sería muy
importante para muchísimos empresarios que, insisto, mantienen deudas con
la Seguridad Social y, a su vez, créditos con ésta de mucha importancia.
Termino diciendo que, probablemente, hay que hacer la definición de
empresa en crisis sin apartarnos de lo que dicen los tratados de la
Unión. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo creo que la Unión
Europea no nos va a resolver todavía durante mucho tiempo muchos
problemas y ello no implica que nosotros vayamos tomando, con cierta
autonomía, sin apartarnos de las directivas, nuestras propias decisiones.
Lamento que, a lo mejor, se me hayan podido escapar muchas cosas de su
intervención, pero he contestado a lo más esencial.
Usted hablaba de excluir del tráfico comercial. Yo considero
personalmente que si una empresa tiene un problema determinado, no es
solución la medida de la exclusión del tráfico comercial, salvo que
exista un dolo en la voluntad del empresario para no pagar. La solución
será analizar cómo se resuelve puntualmente ese problema del empresario,
en tanto en cuanto la Seguridad Social sea uno de los acreedores
importantes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Aguilar.
Se abre el turno de intervenciones para las señores y señores Senadores
presentes que deseen hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovechando la presencia del señor Jiménez Aguilar y que está de
actualidad el problema de las pensiones, yo quisiera, no incidir sobre
ello, sino sobre un planteamiento que ha hecho para formularle una
pregunta.
Se trata de participar en el Pacto de Toledo. Naturalmente la CEOE tiene
un interés crucial. El Gobierno ha insistido en reiteradas ocasiones,
cuando nosotros hemos propuesto la subida de las pensiones mínimas para
este año vigente, no para el presupuesto del próximo año, en que el marco
adecuado era la discusión en el Pacto de Toledo porque era el del
consenso.
Sin embargo, el Gobierno y los sindicatos acaban, si no de firmar
exactamente, sí de llegar a unos acuerdos, no sólo sobre las pensiones de
este año, sino además sobre las del año que viene. Simultáneamente
supone, por supuesto, unas previsiones de cómo se va a cerrar la
inflación de este año, que desconocemos absolutamente y sobre la que
somos bastante pesimistas al respecto, como supongo que lo será la CEOE
y, al mismo tiempo, como mínimo dudamos sobre lo que puede ocurrir para
el año próximo, en que las previsiones de inflación no pueden quedar en
el 2 por ciento, según el Gobierno. No sé cómo, ya que este año vamos a
cerrar con una cifra bastante más elevada que la prevista.
Entiendo que todo ello requeriría ese marco de consenso que inicialmente
reclamaba el Gobierno en el Pacto de Toledo.
¿Qué piensa el señor Jiménez Aguilar respecto a cómo ha quedado el Pacto
de Toledo después de este acuerdo y de que el Gobierno se desdijera de su
opinión de que el marco para la subida de pensiones era, precisamente, el
Pacto de Toledo y no el de las proposiciones parlamentarias que nosotros
estábamos haciendo? ¿Dónde está ahora el Pacto de Toledo?
¿Cómo ve la previsión que tenía el Gobierno sobre que el Pacto de Toledo
era exclusivamente para revisar los acuerdos, para garantizar el futuro
de las pensiones, sin tener en cuenta cuál ha sido su proceso de
cumplimiento real?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Hay alguna otra solicitud de palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Dado que hemos hablado del tema de la
flexibilización en el tratamiento singular, ¿cómo se vería --voy a hacer
una pregunta atrevida porque me parece que, a lo mejor, hay que hacérsela
a los empresarios más que a la propia Administración-- la posibilidad de
que ese billón, 200.000 millones de pesetas de deuda pudieran tener
alguna forma de tratamiento público, convertido en un fondo con las
garantías correspondientes, con los compromisos empresariales de no
reparto de dividendos y que éstos fueran garantías de ese fondo? Es
decir, ¿qué actitud adoptaría el empresariado en relación precisamente a
un sistema por el cual la Seguridad Social quitara carga concretamente a
la operatividad diaria de las empresas y pudiera haber un tratamiento, yo
diría que casi solidario --entre comillas-- de la deuda?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
¿Hay alguna otra solicitud de palabra? (Pausa).
Tiene la palabra el señor compareciente para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (Jiménez Aguilar): Muchas gracias por las
preguntas.
El Senador Lerma ha planteado un tema muy importante. Yo quiero decir
desde ahora mismo que cuando he recabado ante ustedes y ante esta
Comisión la importancia que tiene nuestra presencia en los debates sobre,
llamémosle así, el nuevo Pacto de Toledo o el Pacto de Toledo II, es
porque en la ocasión precedente nos limitamos a una mera comparecencia en
una Comisión como ésta, creo recordar que en el Congreso de los
Diputados, en la que dijimos exactamente lo que creíamos oportuno y hasta
que supimos de la existencia de las 14 Recomendaciones.
Ahora querríamos otro papel y yo creo que está justificado. Es previsible
que en el próximo ejercicio se produzca también mayor incremento de
empleo y fijo. Yo creo que las previsiones del Gobierno no están muy
distantes de las que nosotros podamos tener y es posible que ni siquiera
sean excesivas. Por tanto, tenemos la tranquilidad, y sin que nos apremie
inmediatamente la situación, de que en un par de ejercicios pueden tener
equilibrados los resultados de la Seguridad Social y con la generación de
algún excedente. Pero déjenme que les diga que hay que agregar algún
elemento de sensatez porque los compromisos que se toman hoy son para
siempre y consolidados, por lo que a la sociedad española no se le pueden
prometer cosas que dentro de dos o tres años no podamos cumplir. Es muy
serio. Claro que a mí me gustaría --antes lo decía el Senador Rodríguez
de la Borbolla-- hacer un cálculo actuarial de cuál sería la cantidad
idónea para adoptar un fondo de reserva y, a lo mejor, la cifra quedaba
para un Gobierno o para quien la presente, de escándalo. Creo recordar
que recientemente algún interlocutor social hablaba de una cifra curiosa,
500.000 millones de pesetas. ¿Cómo saca esta cifra? Por el producto de
dividir no sé qué entre un mes de obligaciones de sistema. Hagámoslo y
verá qué puede pasar.
El tema es muy serio. Creo que todos deben de participar: Entidades
financieras, del mundo del seguro, los interlocutores sociales, los
sindicatos y los empresarios. Sin duda, ustedes son los primeros y los
que tienen la máxima responsabilidad, pero debiéramos participar todos y,
por supuesto, el Gobierno.
Cuando en las últimas fechas y se empezó a discutir la posibilidad de
existencia de excedentes para el próximo ejercicio --es típica alguna
maldad de alguien que dice: Ya verás, ahora los empresarios se llamarán a
la parte-- tras una debate interno, dijimos: Vamos a hacer tres
reconocimientos: Primero, que hay que ir a una mejora de prestaciones.
¿Por qué? Porque nos parecía que se podía hacer y, por ello, debía
atenderse. El cómo, el cuándo y en qué cantidad, era objeto de un debate,
probablemente más gubernamental, de las Cámaras, del Pacto de Toledo, de
la dimensión que fuera, pero había que hacerlo. Se tenía que
atender a la recomendación la soberanía popular en el pacto de Toledo,
cuando se dijo que había que hacer --recuerdo las recomendaciones--
reservas. No se utiliza la literalidad de fondo de reserva. Es decir,
reservas. Digamos que debían atenderse con reservas las previsiones para
el día de mañana.
Segundo, que junto a ello, no debería olvidarse la adecuación de las
cotizaciones sociales y el reequilibrio de las cuotas entre aportación
del mundo empresarial y del mundo laboral. Ustedes saben que en España es
donde se produce el mayor desequilibrio entre lo que aportan empresarios
y trabajadores a las cotizaciones, y fíjense que yo no planteo la
necesidad de que por esa vía se recorte la capacidad de ganancia de un
trabajador, lo que digo es que con una reestructuración dentro de la
misma mesa, el trabajador debiera ver en su nómina el esfuerzo que hace
él personalmente y el que hace la empresa a la cotización y a la
financiación del sistema. Sería muy bueno que del ámbito de esta Comisión
saliera una recomendación, una solicitud, o como proceda --yo no sé la
fórmula-- al Gobierno diciendo: en el recibo de los salarios debería
incorporarse otra casilla que dijera --ahora no lo dice y ya saben que
los empresarios no tenemos autonomía para poner nada en la Seguridad
Social-- exactamente: aportación de la empresa al sistema de la Seguridad
Social en su caso, para que un trabajador visualizara que la empresa paga
por él 40.000 pesetas cada mes y que él paga 15.000 pesetas. Cosas como
ésa son las que hacen falta para que entremos todos en el debate y lo
hagamos con serenidad.
Evidentemente los pensionistas son importantísimos; los que se jubilan en
la actualidad tienen asegurada su pensión en base a la situación
económica; el problema se presentará el día en que ustedes, nosotros o
cualquiera, traslade el debate a las inquietudes de los que tienen 45, 48
ó 52 años y llevan 30 años cotizando, para que sepan que van a tener
derecho a ella sólo en tanto en cuanto las generaciones de futuro, dentro
de 15 ó 20 años, estén dispuestas a seguir haciendo un esfuerzo para
financiar el sistema, que se financia mes a mes entre lo que entra y lo
que sale. No hay que olvidar que cada día las expectativas de vida son
mayores, que cada día los pensionistas que salen del sistema lo hacen con
una pensión inferior al pensionista que entra y, por tanto, se configura
una línea divergente, por lo que el sistema de financiación es
preocupante.
Por tanto, con mi preocupación en ese sentido y con mi preocupación
compartida en la evolución del IPC --tengo que decir que a la economía no
le interesa en absoluto que se descontrole el IPC--, el sistema público y
los empresarios tendremos que realizar el esfuerzo que corresponda para
intentar evitar que lo que parece inevitable que ocurra este año, y es
que podamos estar en una cifra del 2,3, ó 2,4, se extienda al ejercicio
que viene. Hay que contenerlo como sea, y ahora yo tengo que decir que
con políticas de moderación salarial porque si no faltaría a algo que
está en mis propios genes. Yo reclamo que es mejor hacerlo con el
consenso de los interlocutores sociales, lo que, sin duda, dará al país
una imagen de tranquilidad importante; no es bueno orillar a ninguno:
empresarios, sindicatos --o sindicatos y empresarios, como ustedes
quieran--, el Parlamento y, evidentemente, el Gobierno en primer lugar.
El Senador Albistur ha planteado la creación de un fondo. Me parece una
iniciativa digna de estudio, pero yo me quedo con un análisis segmentado.
Nosotros estamos pidiendo a la Secretaría de Estado en los órganos de
participación de los interlocutores sociales un análisis de la deuda para
saber exactamente de qué estamos hablando. Según nuestros datos --pero
queremos comprobarlos con la Tesorería-- parece que está cayendo la deuda
viva, es decir los compromisos adquiridos en este ejercicio y en los dos
anteriores. Lo que queremos es hacer un análisis y saber exactamente de
qué deudas estamos hablando, porque probablemente va a haber paquetes de
deuda, y debiera haber soluciones para cada uno de ellos. Sin duda, la
deuda de un empresario o de un taller que debe cuatro meses a la
Seguridad Social y la de una gran empresa industrial que ha tenido
procesos de reconversión y que debe no sé cuánto y que tiene tales
aplazamientos e incluso no cumple ahora ni antes, son situaciones
diametralmente opuestas, de tal manera que probablemente no haya una
solución única.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Aguilar por su
presencia en esta Comisión, por su colaboración y por las informaciones y
las opiniones que nos ha dado. Muchas gracias en nombre de todos las
señoras y señores senadores de la Comisión.
Antes de levantar la sesión quiero anunciarles que, tal como les decía al
principio, a las cuatro de la tarde se celebrará la comparecencia del
representante de la Unión General de Trabajadores, por lo cual la
comparecencia prevista para las seis de la tarde no tiene ya efecto. Se
reanudará la sesión a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías se reanuda la sesión.
--DE DON RAUL CUEVAS MARTINEZ-LAZARO, TECNICO DE LA SECRETARIA CONFEDERAL
DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (715/000341).
El señor PRESIDENTE: Comparece ante nosotros don Raúl Cuevas
Martínez-Lázaro, en sustitución de don Pedro Díaz Chavero, Secretario
Ejecutivo Confederal de la Unión General de Trabajadores, debido a su
imposibilidad de concurrir a esta sesión.
Tiene la palabra el compareciente.
El señor CUEVAS MARTINEZ-LAZARO (Técnico de la Secretaría Confederal de
la Unión General de Trabajadores): Gracias.
En primer lugar, quiero excusar a don Pedro Díaz Chavero, quien, por
motivos de agenda, no ha podido venir y trataré sustituirle lo mejor
posible.
Respecto al caso que nos ocupa, el endeudamiento de las empresas con la
Seguridad Social, la UGT quiere manifestar, en primer lugar, pese a la
buena marcha de la gestión recaudatoria, de la que mes a mes se nos
informa en la Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, que en 1992 se recaudaban, vía ejecutiva, 77.000 millones de
pesetas, mientras que a finales de 1998 esta cifra era de 137.000
millones. No obstante, hay que tener en cuenta que el montante global de
la deuda pendiente, según los datos de la Tesorería, en 1992 ascendía a
782.000 millones de pesetas, mientras que para 1998 era de un billón
398.000 millones de pesetas.
Como consecuencia de este incremento, el resultado es que, aun cuando la
gestión hecha en materia de recaudación ejecutiva ha mejorado
sensiblemente, el porcentaje de recaudación sobre la deuda pendiente es
el mismo de 1992 que en 1998, oscilando entre el 8 y el 11 por ciento.
Sin embargo, podemos observar que esta deuda en 1998 y previsiblemente
para 1999 va disminuyendo sensiblemente.
No obstante, dado que el montante de la cifra a que nos referimos es
superior al billón de pesetas, la UGT considera necesaria la adopción de
medidas que concilien la agilidad y la efectividad de la recaudación
ejecutiva con el mantenimiento de los derechos de las empresas, evitando,
al mismo tiempo, la adopción de medidas drásticas que lleven a la
desaparición de empresas y, por lo tanto, a la pérdida de puestos de
trabajo.
Dicho esto, he de señalar que, evidentemente, en la Unión General de
Trabajadores estamos de acuerdo e, inclusive, consideramos necesaria la
adopción de medidas tendentes a evitar o paliar en la medida de lo
posible el excesivo endeudamiento que existe con la Seguridad Social.
La cuestión, entonces, se centra en definir cuáles son las medidas
concretas a adoptar. Pero, en primer lugar, queremos manifestar que, en
lo que se refiere a medidas estrictamente técnicas o de modificación de
la legalidad vigente en materia de recaudación, dichas medidas no nos
parecen convenientes, al menos, para flexibilizar aún más el pago de la
deuda empresarial, dado que esta materia ya se ha modificado
continuamente a lo largo de diversas leyes de acompañamiento. Además, hay
que partir de la base de que tales medidas de flexibilidad han de
conciliar la agilidad del procedimiento recaudatorio con la garantía de
los derechos de las empresas y que en ningún caso puede ponerse en
peligro el cobro de la deuda por parte de la Seguridad Social.
Nosotros proponemos otras posibles medidas a adoptar, como las relativas
al incremento de los recursos, tanto humanos, como materiales, en los
órganos encargados directamente de la recaudación, así como las relativas
al control de las posibles situaciones de fraude en materia de
recaudación de cuotas.
Estas medidas pasan por la definitiva constitución de las unidades de
recaudación ejecutiva en todas y cada una de las direcciones
provinciales, constituyéndose, al propio tiempo, nuevas unidades de
recaudación ejecutiva en aquellas direcciones provinciales en que sea
necesario, tanto por el volumen de recaudación, como por la morosidad
existente.
Asimismo, proponemos la ampliación de la plantilla de Inspectores y
Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social --que desde hace algunos
años está congelada--, al objeto de hacer factible un mejor y mayor
control del fraude empresarial. No nos vale el argumento, tan traído y
tan llevado, de la reducción del déficit público, porque en otras
materias de Seguridad Social que atañen principalmente a los
trabajadores, el Gobierno no ha escatimado esfuerzos, como, por ejemplo,
para aumentar la plantilla de los equipos de valoración de incapacidades
para controlar el gasto en incapacidad temporal (IT). Igualmente, el
Gobierno no ha tenido inconveniente en que se contrate, mediante el INEM,
a un buen número de médicos, que parece que este año van a ser
funcionarizados, en los equipos de valoración de incapacidades. Además,
se acuerda con el INSALUD y los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas suscribir acuerdos que tienen un elevado coste para la
Seguridad Social y que no pretenden sino garantizar el cumplimiento de un
deber que en cualquier caso corresponde a los médicos del INSALUD.
Por tanto --y que quede claro--, no estamos en contra de la suscripción
de tales acuerdos, sino muy a favor, puesto que la medida está dando
buenos resultados, dado que el gasto en IT era desorbitado. Pero lo que
también queremos manifestar es que para UGT es inadmisible que deje de
acudirse a cualquier mecanismo, aunque suponga un gasto adicional, para
el control de pago de prestaciones a los trabajadores, y que, sin
embargo, se tengan reparos en invertir, a través de la mejora en
recursos, para controlar la deuda y el fraude empresarial, lo que
realmente no supone un gasto directo, pero sí una falta de ingresos a la
Seguridad Social que repercute directamente en las prestaciones sociales
presentes y futuras de los trabajadores.
En cuanto a la reforma de la Ley de Infracciones del Orden Social nos
parece acertada, máxime teniendo en cuenta que la falta de ingresos de
las cuotas de la Seguridad Social está tipificada como infracción grave y
sancionada con una multa de 250.000 a 500.000 pesetas, en su grado
máximo. Pero, consideramos que el número de trabajadores afectados
debería tenerse en cuenta como circunstancia agravante en esta situación
y que, al propio tiempo, debería incrementarse la cuantía de la multa
prevista para esta circunstancia.
También nos parece acertada la modificación que hay en el anteproyecto de
ley de acompañamiento para los presupuestos generales del año 2000
referente a variar el tipo de interés a aplicar en las deudas en función
del tipo de interés fijado en cada momento.
Asimismo, consideramos acertada la posibilidad de modificación del
artículo 307 del Código Penal. En tal sentido, cabría la posibilidad de
rebajar la cuantía de 15 millones de pesetas exigidas para la
tipificación como delito fiscal de la deuda.
Por último, consideramos apropiada la prohibición de acceso a
subvenciones o ayudas públicas que ha manifestado el Secretario de Estado
pero entendemos que tendrá
escasa efectividad, dado que dicha prohibición está en parte vigente ya
para quienes no se encuentran al corriente de pago en sus deudas con la
Seguridad Social. Sería bueno que existiera una interrelación de datos
entre todas las administraciones públicas y Comunidades Autónomas en el
sentido de evitar que los empresarios morosos tuvieran acceso a cualquier
clase de subvención, bonificación o ayuda procedente de las instituciones
públicas, incluidas las comunitarias.
Para concluir, he de decir que como Sindicato nos preocupa enormemente el
endeudamiento de las empresas a la Seguridad Social, más concretamente el
impago de las cuotas, en la medida que éstas constituyen los recursos
básicos para atender a las prestaciones de los trabajadores derivadas de
las mismas. En este sentido, he de manifestar nuestra preocupación y a la
vez nuestro sincero ofrecimiento para colaborar en cualquier trabajo
preparatorio, ponencia, etcétera, que se lleve a tal efecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al representante de la Unión General de Trabajadores su
presencia esta tarde para hablar sobre este tema. Me quedo sorprendido
por la presentación que UGT ha hecho de esta cuestión, y deseo
agradecerle de nuevo su comparecencia.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias.
Deseo agradecer también al representante de UGT su presencia, su
intervención y su exposición.
El compareciente no tiene por qué saberlo exactamente, pero los intereses
de la Comisión son algo más amplios; es decir, estamos intentando buscar
soluciones para la situación de deuda de las empresas, pero no sólo desde
el comportamiento irregular voluntario o voluntariamente irregular de las
empresas, sino desde la perspectiva de una situación de crisis de las
empresas que impida objetivamente, por circunstancias que muchas veces no
dependen de la voluntad de los directivos de la empresa, estar al
corriente de todas las obligaciones, entre otras, las correspondientes a
la Seguridad Social.
El conjunto de medidas y de líneas de actuación propuestas por el
representante de UGT en relación con la deuda de las empresas, son
válidas en cuanto a que se encuentran dirigidas a comportamientos
irregulares, y se unen a otra serie de propuestas que han ido
representándose en el seno de esta Comisión, tanto por los representantes
de la Administración como por los representantes de la patronal y del
Consejo Económico y Social. Son líneas de trabajo que sumadas todas ellas
pueden ser integradas en un cuadro que, insisto sobre lo dicho esta
mañana, comienza a surgir; una panoplia de medidas que pueden irse
construyendo. Ahora bien, nos interesaría, al menos a nuestro Grupo,
aunque no sea en este momento, conocer por parte del representante de
UGT, qué líneas de trabajo aceptarían y serían asumibles por los
sindicatos para aquellos supuestos en los que exista una deuda originada
por una situación de crisis que puede ser debida a circunstancias del
mercado, coyunturales o estructurales, o incluso a una mala gestión de la
empresa. En esas circunstancias, teniendo en cuenta que el pago y el
montante de la deuda requerido rígidamente puede poner en peligro la
supervivencia de los puestos de trabajo, la opinión que se está
expresando, en general, es la de que en esos casos hay que flexibilizar y
considerar tratamientos diferenciados. Incluso el Secretario General de
la CEOE ha hablado de tratamientos singularizados, dependiendo de los
casos, e incluso tratamientos segmentados por áreas de actividad o por
tamaño o dimensión de las empresas.
En definitiva, desde nuestro punto de vista, se trata --solicito la
opinión del representante de UGT-- de ir buscando procedimientos que
permitan que en circunstancias asumibles política y socialmente se pueda
llegar a mayor flexibilidad en el tratamiento de la deuda, a mayor
flexibilidad en las posibilidades de compensación de la deuda con otras
que puedan existir desde la Administración en otras líneas de trabajo
para con las empresas, como por ejemplo, empresas que deben a la
Seguridad Social, pero que al mismo tiempo la Administración pública les
debe por contrataciones.
Estamos analizando --y también le rogaría su opinión-- la incidencia de
la tardanza en el pago por parte de la Administración a las empresas en
relación con la vida de las mismas y está tomando cuerpo la idea en esta
Comisión de que conviene «rigidizar» --pido perdón si la palabra no
existe en castellano-- y ser más exigente en el tratamiento para con la
Administración en los supuestos en que ésta, muchas veces sin causa
alguna, genera situaciones de debilidad y de crisis financiera en las
empresas por falta de pago de los contratos u obras realizadas por las
empresas contratantes.
No sé si he sido lo suficientemente claro. El compareciente ha
profundizado en una línea de trabajo y nos gustaría conocer su respuesta
en esas otras dos líneas: tratamiento de la crisis de las empresas y
tratamiento de los comportamientos no debidos de la Administración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sanz
Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
El Senador Rodríguez de la Borbolla ha realizado un resumen acertado de
lo que se pretende conseguir en esta Comisión, que inició sus trabajos
hace unos días.
En esa línea se esperaba una aportación por parte de la Unión General de
Trabajadores y lógicamente --lo tengo que decir muy sinceramente--
agradezco al señor Cuevas su participación e información en esta Comisión
de Trabajo y Seguridad Social. Pero es necesario profundizar más en el
tema. El tema que nos ocupa tiene un gran calado político, un gran calado
social y un gran calado económico. Por tanto, como tiene esos calados tan
sumamente importantes a nuestro entender, es necesario que se profundice.
Este portavoz piensa que la Unión General de Trabajadores debe colaborar,
como organización sindical en la línea de cooperación que está prestando
en otros temas sumamente importantes para este país.
Dentro de ese resumen acertado que ha hecho el Senador Rodríguez de la
Borbolla, y con lo escuchado en esta Comisión durante estos días, unido
con lo que usted plantea se contradice un tanto. Si no he entendido mal,
ha dicho usted que no son partidarios de la flexibilidad, sino de la
agilidad en la gestión, de la agilidad en los cobros y del endurecimiento
de los procedimientos recaudatorios en la Seguridad Social, a lo que aquí
nos referimos, pero no olvide que también estamos hablando de algo tan
importante como es la Agencia Tributaria, y de las deudas que tienen las
empresas con la Administración, y viceversa, la Administración con las
empresas. Por tanto, el tema es importante porque estamos hablando de
empresas que son ficticias, que cuentan con un número importante de
trabajadores que están ahí pero que somos conscientes y son conscientes
los comparecientes que han participado en esta Comisión de que no son
nada viables. Nos guste o no nos guste, tendremos que estudiar esto y dar
una solución a ese gran problema; nos guste o no nos guste, habrá que
buscar soluciones flexibles para aquellas empresas que tienen capacidad
de viabilidad y tanto por parte de los empresarios, como de las
organizaciones sindicales, como de los responsables políticos tendremos
que facilitar un camino de viabilidad a esas empresas y una serie de
ayudas.
Con esto quiero decir que no somos partidarios de poner dinero bueno
sobre dinero malo. Póngase el dinero donde se deba de poner y no sobre
dinero malo que no va a ser factible o no va a ser rentable sobre todo y
principalmente para la viabilidad de la empresa y, por lo tanto, de la
economía, y para que sepamos en qué marco nos andamos moviendo. Me
gustaría que profundizara, porque a lo mejor lo he entendido mal, en si
la Unión General de Trabajadores es o no partidaria de tomar medidas
flexibles.
Usted ha hablado de la creación de unidades de recaudación ejecutiva. A
lo mejor estoy mal informado. Creo que se han dado pasos importantes en
este camino. Además, allá por el año 1995, de cara a intentar solventar
parte de este problema, se tomaron medidas y se adoptaron acuerdos y
convenios entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social encaminados a encauzar estos temas mediante la creación
de unidades de recaudación ejecutiva. Quizá pueda usted tener algo de
razón respecto a la ampliación de la plantilla de inspectores de trabajo
de la Seguridad Social, pero creo que ése no es el fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestión es ver que en este país, según los datos que se
nos han facilitado, hay una deuda importante histórica con la Seguridad
Social de un billón 210.000 millones de pesetas, que hay una deuda ya más
o menos encarrilada de las administraciones con la propia Administración
vía convenios --en eso hemos coincidido todos en que eso es positivo--,
pero lógicamente lo que se le pedía era profundizar más en el tema.
Por lo tanto, ustedes, como participantes en el Consejo Económico y
Social y en otro tipos de foros, estoy convencido de que tendrán datos
más que suficientes para que sean aportados a esta ponencia y que podamos
escuchar los resultados de una parte importante, como es la Unión General
de Trabajadores.
Estamos hablando también de lo que nos plantea la incorporación a la
Unión Europea y las directrices a las que estamos sometidos, el respeto a
la libre competencia y otras series de cuestiones y, por lo tanto, yo le
he enumerado esta serie de puntos, directrices o índices para que si es
posible, en la medida que pueda ser, se nos pueda ir facilitando --estoy
convencido que lo tienen-- por parte de la Unión General de Trabajadores
más información porque entiendo que es necesaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz.
Tiene la palabra el compareciente para contestar.
El señor CUEVAS MARTINEZ-LAZARO (Técnico de la Secretaría Confederal de
la Unión General de Trabajadores): Gracias, señor Presidente.
Primeramente quería aclarar un punto que parece que no se me ha entendido
bien, que es el tema de la flexibilidad.
Lo que venimos a decir es que se han tomado medidas flexibilizadoras
durante varios años y no han dado el resultado que se esperaba. Nosotros
cualquier medida flexibilizadora que se ponga sobre la mesa tiene que
tener en cuenta que se tiene que garantizar el cobro de la deuda en la
Seguridad Social. Siempre, y como he empezado diciendo, cualquier medida
que se tome tiene que tener en cuenta la desaparición de las empresas y,
por supuesto, la pérdida de empleos. Para nosotros lo primordial es no
destruir empleo. Quiero que quede claro que la Unión General de
Trabajadores a favor de eso no está.
Respecto a las líneas de actuación, me hubiera gustado profundizar más
aquí, pero quiero pedirles excusas porque estamos en plena vorágine,
después de la negociación del acuerdo de las pensiones mínimas, y no
vengo lo suficientemente informado para contestarles, además de que no
tengo la responsabilidad necesaria como para hablarles de una propuesta
oficial de la UGT que no sea la que tengo
aquí. Quiero simplemente pedirles excusas. Ha sido un problema de agenda.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Se abre un turno de intervenciones para las Senadoras y los Senadores
presentes que deseen hacer uso de la palabra. (Pausa.)
El señor Rodríguez de la Borbolla tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar en nombre propio y también en el de mis compañeros que
entendemos perfectamente la situación en la que ha venido a exponer la
posición de UGT su representante y le agradecemos su presencia.
Como es seguro que la Unión General de Trabajadores tiene que tener unas
líneas de trabajo y de pensamiento sobre esta materia, me atrevo a
rogarle que, en la medida de lo posible, la documentación que puedan
aportar al respecto nos la envíen porque será bienvenida para los
trabajos de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Esta Presidencia quiere agradecer personalmente al señor Cuevas su
comparecencia en esta Comisión y la información suministrada. Haciendo
propia de la Presidencia de la Comisión la sugerencia del Senador
Rodríguez de la Borbolla, le rogaríamos que transmita a la Unión General
de Trabajadores nuestro deseo de que haga llegar a esta Comisión, si es
posible, la documentación que sobre los asuntos que ha visto que son
inquietud y objeto de los trabajos de esta ponencia interesan para el
ulterior desarrollo de la misma.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciséis horas y treinta minutos.