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DS. Senado, Comisiones, núm. 461, de 07/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 461
COMISION DE JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
celebrada el martes, 7 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
--De don Ignacio Díez González:
Sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación del
Juzgado de lo Social número dos de Logroño (La Rioja) (Número de
expediente 681/001363).
Sobre las previsiones del Gobierno en relación con el traslado del
Juzgado de lo Social número uno de Logroño (La Rioja) a dependencias
judiciales más adecuadas (Número de expediente 681/001364).
Sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Rioja (Número de
expediente 681/001365).
Sobre las previsiones del Gobierno a fin de aumentar la dotación de
espacios adecuados a las nuevas necesidades de la Administración de
Justicia en la Comunidad Autónoma de La Rioja (Número de expediente
681/001366).
--De don Manuel Caballero Muñoz:
Sobre las previsiones del Gobierno en torno a la creación, puesta en
funcionamiento y ubicación de nuevos Juzgados de lo Penal en la provincia
de Badajoz (Número de expediente 681/001507).
Sobre las previsiones del Gobierno en orden a adoptar medidas que
mejoren la situación de los interinos al servicio de la Administración de
Justicia (Número de expediente 681/001524).
Sobre la opinión del Gobierno en relación con las reivindicaciones
de los funcionarios interinos de la Administración de Justicia acerca de
la situación en la que se encuentran (Número de expediente 681/001525).
--De don Manuel Caballero Muñoz y otros Senadores más:
Sobre el Ministerio al que, en su caso, el Director General de
Relaciones con la Administración de Justicia solicitó un informe jurídico
para solucionar el problema que afecta al colectivo de Secretarios de
Juzgados de Paz, basado en los ceses anunciados en sus puestos de
trabajo, con indicación de sus conclusiones (Número de expediente
681/001572).
Sobre si el Gobierno ha incluido o piensa incluir en los estudios
que se están realizando para la próxima demarcación ordinaria la creación
y puesta en funcionamiento de un Registro de la Propiedad en Montijo
(Bajadoz) (Número de expediente 681/001573).
Sobre si el Gobierno ha incluido o piensa incluir en los estudios
que se están realizando para la próxima demarcación ordinaria la creación
y puesta en funcionamiento de un Registro de la Propiedad en Villafranca
de los Barros (Badajoz) (Número de expediente 681/001574).
Sobre las previsiones del Gobierno en orden a ofrecer alguna
alternativa al colectivo de los oficiales en funciones de Secretarios de
Juzgados de Paz en poblaciones de menos de siete mil habitantes, que
contemple su especial situación y solucione sus problemas, con indicación
de la intención del Ejecutivo acerca de abrir una ronda de conversaciones
con los Grupos Parlamentarios para buscar una solución (Número de
expediente 681/001575).
Dictaminar la Proposición de Ley sobre nombre y apellidos y orden de los
mismos (Número de expediente 624/000024).
Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Mancha Cadenas): Buenas tardes, señorías. Se
abre la sesión.
En primer lugar, y si me lo permiten, quiero recoger el sentir de todas
sus señorías y hacer votos por el restablecimiento del Presidente de esta
Comisión, Senador Moya, cuya salud en un primer momento fue motivo de
preocupación, aunque se ha recuperado completamente y le tendremos entre
nosotros en el próximo Pleno. Asimismo, permítanme que, torpemente,
intente hacer de Presidente en mi calidad de Vicepresidente Primero,
atendiendo, como es lógico, a todos los requerimientos de sus señorías,
así como del Secretario de Estado de Justicia.
Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y los
señores Senadores presentes.
Muchas gracias.
Procede ahora la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior,
celebrada el 15 de junio de 1999, que fue repartida a todos los grupos
parlamentarios. ¿Hay alguna objeción a la misma? (Pausa.)
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Muchas gracias. Queda aprobada.
Damos la bienvenida al señor Secretario de Estado de Justicia, señor
González Montes. Como saben sus señorías, según establece el artículo 168
del Reglamento del Senado, las preguntas pueden ser contestadas, bien por
el Ministro o Ministra, bien por el Secretario de Estado. Y el Gobierno
ha comunicado que para contestar las preguntas de esta sesión
comparecería el Secretario de Estado de Justicia. De acuerdo con lo
prescrito por el mismo artículo 168, en relación con el 167, tras la
formulación de la pregunta por el Senador que la ha presentado contestará
el Secretario de Estado, después de lo cual podrá haber un turno de
réplica y otro de dúplica.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ:
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA CREACION DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE LOGROÑO (LA RIOJA) (681/001363).
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL TRASLADO DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO UNO DE LOGROÑO (LA RIOJA) A DEPENDENCIAS
JUDICIALES MAS ADECUADAS (681/001364).
El señor VICEPRESIDENTE: Comenzamos con la primera pregunta incluida en
el orden del día de esta sesión, presentada por el Senador don Ignacio
Díez González, y relativa a las previsiones del Gobierno con respecto a
la creación del Juzgado de lo Social número dos de Logroño.
Su señoría tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Secretario de Estado.
Asimismo, y si ello es posible, me gustaría agrupar la primera pregunta
con la segunda, al guardar ambas relación con el Juzgado de lo Social de
Logroño.
El señor VICEPRESIDENTE: Por supuesto, señoría. Es de su competencia.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En las sucesivas Memorias del Consejo General del Poder Judicial --y
precisamente esta mañana estaba prevista, aunque al final supimos que no
podría celebrarse, la reunión con el Presidente del Consejo General del
Poder Judicial para conocer la Memoria de 1997-- hemos conocido que hay
una serie de peticiones en relación con la Comunidad Autónoma de La
Rioja. El artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone
que, a tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial remitirá
anualmente al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, una relación
circunstanciada de las necesidades existentes en cada una de las
demarcaciones; en este caso, las correspondientes a La Rioja en el
Tribunal Superior de Justicia.
Durante varios años, y para completar las necesidades de la
Administración de Justicia en La Rioja, se ha venido solicitando la
creación de una plaza de magistrado para la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia; el Juzgado
de lo Social número dos de Logroño, que ya figuraba en la planta judicial
prevista por la ley orgánica correspondiente, y el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos, bien en Haro, bien en La Rioja Alta,
ya que en este caso tenemos alguna duda al respecto. Estas son nuestras
peticiones.
Su señoría conoce perfectamente que se ha venido reiterando la necesidad
del Juzgado de lo Social número dos de Logroño a través de distintas
instancias, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, sino de
las fuerzas sociales, políticas y económicas de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, puesto que las cargas de trabajo del Juzgado de lo Social
número uno que funciona en Logroño así lo requerían. La última memoria
del Consejo General del Poder Judicial estimaba estas cargas de trabajo
por encima de la media nacional, es decir, un 135 por ciento
aproximadamente, lo cual indicaba la necesidad de crear este juzgado,
toda vez que la precariedad de medios materiales y humanos con la que
venía funcionando este juzgado número uno así lo hacían necesario, y
quizá aquí esté el nexo de unión de las dos preguntas.
Las preguntas se hicieron en el mes de diciembre del año 1998 y podemos
decir con satisfacción en este momento que el día 23 del pasado mes de
julio, en el Consejo de Ministros, hubo un decreto por el que se creaban
distintas plazas de magistrado y catorce nuevos juzgados, y entre ellos
podemos congratularnos por la noticia de que se crea el Juzgado de lo
Social número dos, en la localidad de Logroño. Esperábamos esta noticia
desde hacía tiempo y, por tanto, es una satisfacción poder compartirla
con sus señorías en la Comisión de Justicia.
No obstante, sigue vigente la pregunta que formulamos en segundo lugar. A
la vista de la creación de este Juzgado número dos, su señoría conoce que
el número uno está ubicado en unos locales pertenecientes al patrimonio
sindical acumulado, es decir, la antigua AIS, locales que no reúnen las
condiciones para desarrollar su cometido, es decir, donde venía
funcionando la antigua Magistratura de Trabajo, por lo que tan sólo con
definir el nombre nos situamos en un pretérito bastante lejano, y ahí
sigue funcionando el Juzgado de lo Social número uno de Logroño,
precariamente, repito, en cuanto a los medios de que dispone, materiales
y humanos, además de unas condiciones de trabajo difíciles. También hay
que pensar que comparte espacio con oficinas de organizaciones
sindicales, patronales, del propio Instituto Nacional de Empleo, lo que
estimo no es un marco adecuado en este momento para que funcione un
ámbito de la Justicia tan importante como este Juzgado de lo Social.
Evidentemente, tras el decreto de constitución --decisión política del
Gobierno-- del Juzgado de lo Social número dos, mantenemos dudas
razonables; es decir, si para el Juzgado número uno no encontrábamos un
espacio adecuado para que funcionara, ¿qué va a pasar con la creación del
Juzgado número dos? Creo que es razonable la pregunta, y esperamos tener
igualmente una respuesta razonable por parte de la Administración --no lo
dudamos--, al tiempo que deseamos se encuentre un ámbito de trabajo
adecuado para el funcionamiento de estos dos órganos administrativos tan
importantes en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Si me lo permite su señoría, señor Presidente, y aprovechando esta
ocasión, quería preguntar qué previsiones hay para que el Juzgado número
dos esté funcionando, porque una cosa es el decreto de creación y otra
cosa es que esté asentado en una ubicación física, con el personal
adecuado y respondiendo, en definitiva, a las demandas y a las
expectativas creadas.
Nada más; muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Secretario de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Gracias,
señor Presidente. Hago votos y me congratulo por la notable mejoría del
Presidente de esta Comisión, y quiero que así se lo transmita
directamente de mi parte.
Es siempre un placer y un honor para mí comparecer ante este Cámara,
donde, además de tener buenos amigos, el tono institucional que siempre
tiene es muy de mi agrado.
Agradezco la pregunta que me formula su señoría, porque creo poder
responder a todas las incógnitas que ha planteado. En primer lugar --y
por empezar por el principio-- hay una Orden de la Ministra de Justicia
de 26 de julio de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 28 de julio, en la que se dispone que el 1 de diciembre de 1999
entrará en funcionamiento, entre otros, el Juzgado de lo Social número
dos de Logroño. Por tanto, el día 1 de diciembre entra en funcionamiento
el Juzgado de lo Social número dos de Logroño, que era una de las
preguntas formuladas, y por lo que todos nos congratulamos, donde
efectivamente todas las cargas de trabajo y todos los requerimientos que
plantea el Consejo General del Poder Judicial se cumplían en este caso, y
así lo ha hecho el Gobierno.
El Juzgado de lo Social número dos de Logroño, que era tan necesario y ya
se crea, naturalmente tiene que tener una ubicación inmediata. Esa
ubicación ya está buscada y habilitada, concretamente en el Palacio de
Justicia, en la planta baja, y a la planta tercera irá el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo ahora existente en la Comunidad Autónoma de La
Rioja. En consecuencia, se ubicará en unos locales que son espléndidos y
que tienen todos los requerimientos necesarios para poder desarrollar su
labor.
Ciertamente nos queda otro problema pendiente. El Juzgado de lo Social
número uno se encuentra en un edificio no adecuado, que además es
patrimonio sindical --en esto coincido con su señoría absolutamente-- y,
aunque no están tan mal sus instalaciones, efectivamente no es el lugar
oportuno para la ubicación de ese Juzgado de lo Social, aparte de que lo
lógico sería que ambos estuvieran juntos en un mismo local. Esto es lo
que se persigue en estos momentos en que están en curso unas
negociaciones, que se iniciaron también con la Delegación del Gobierno y
con la Presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en virtud de las
cuales en muy breve tiempo espero podamos habilitar un local espléndido,
de setecientos metros cuadrados, en el entorno del Palacio de Justicia, y
con setecientos metros cuadrados creo que hay más que suficiente
superficie para dos Juzgados de lo Social, donde también iniciaremos unas
obras y esperamos que en el primer semestre del año 2000 puedan estar
juntos y ya funcionando los dos Juzgados, dejando a su vez el Juzgado de
lo Social número dos un espacio libre para que, quizá en lugar de sedes
judiciales dentro de La Rioja, se utilice para lo que se considere
necesario. Esta es la pretensión del Gobierno. Puedo adelantarle que el
viernes de esta misma semana el Subdirector General de Obras se va a
personar en Logroño para intentar cerrar ya el trámite de ese local de
setecientos metros cuadrados de tal forma que puedan estar allí los dos
Juzgados de lo Social a comienzos del próximo año.
Nada más; muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Para réplica, tiene la palabra el señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
No intervengo para replicar, sino para pedir alguna otra aclaración.
Desde luego reitero mi satisfacción por la creación del Juzgado número
dos y también por el hecho de que este juzgado entre en funcionamiento el
primer día de enero del año 2000.
La duda que tenemos todos --y está latente-- es únicamente la referida a
la ubicación adecuada. Su señoría indica que va a haber un local de
setecientos metros cuadrados cerca del Palacio de Justicia de Logroño, y
he entendido que en el futuro los dos juzgados estarían en este local que
se va a habilitar al efecto, y si, efectivamente, está cerca del Palacio
de Justicia se adelanta una previsión por parte del Gobierno en la
dirección de mantener la actual ubicación del Palacio de Justicia y no
pensar en un futuro, a medio plazo, en otras instalaciones, habida cuenta
de que hay otros órganos judiciales pendientes de ubicar, como puede ser
el Tribunal de Menores, etcétera, pero ésta será ya materia de la última
pregunta que voy a plantear a su señoría para que, en su caso, podamos
tener una idea más clara al respecto.
Sí es verdad que parece lógico que los dos juzgados estén trabajando
conjuntamente. Ahí sí es lógica, razonable y rigurosa la decisión que ha
tomado el Ministerio al respecto. Unicamente deseo señalar que es verdad
que el actual Juzgado de lo Social número uno de Logroño está en unas
condiciones de trabajo no idóneas, y así se ha considerado. Sólo resta lo
que queda de año para que sigan trabajando conjuntamente. Supongo que en
la fecha del 1 de enero del año 2000 a la que se hace referencia, en la
que el Juzgado número dos estará trabajando en Logroño, lo hará en ese
local que de forma provisional se va a habilitar, pero quiero señalar que
esa provisionalidad no se alargue mucho tiempo, y que ese local que se
está buscando, que parece que todavía no se ha decidido por parte de la
Delegación del Gobierno, del Gobierno de La Rioja y del Ministerio de
Justicia, cercano al Palacio de Justicia, sea una realidad; que el
convenio se cierre definitivamente y que esa provisionalidad en el
funcionamiento del Juzgado número dos, en la parte baja del Palacio de
Justicia, dure el menor tiempo posible.
Sí es verdad que el Palacio de Justicia tiene unas instalaciones
modernas, pero también debo indicar a su señoría --creo que la conoce--
que las condiciones de trabajo en dicho Palacio son bastante precarias en
cuanto que hay poco espacio. Hay muchas dependencias, muchos órganos
judiciales y, sin embargo, lo que hace unos años era un Palacio de
Justicia que respondía a las necesidades de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en este momento creo sinceramente --y además esta creencia no es
personal, sino que estoy recogiendo la opinión no sólo de los usuarios
del Palacio de Justicia sino también la de los propios funcionarios y
magistrados-- que se ha quedado pequeño y que requiere una ampliación.
Habrá que buscarla o bien con una nueva sede o bien con la fórmula que
usted ha señalado, que no me parece desacertada. En definitiva, se trata
de buscar una ubicación adecuada y dentro de las posibilidades que
presupuestariamente tiene un Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díez González.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Gracias,
señor Presidente.
Deseo simplemente hacer una precisión sobre una fecha en la que me parece
que ha habido un error. No es el 1 de enero del año 2000 cuando el
Juzgado número dos entrará en funcionamiento, sino el 1 de diciembre de
1999, por tanto, lo va a hacer antes. Lo ha repetido varias veces, y
deseo aclararle que va a entrar antes en funcionamiento. Sí hay ya un
local visto y se está negociando sobre él; no se trata de uno que esté en
el aire. Lo que intentamos es que, a comienzos del año 2000 y lo antes
posible, estén juntos los dos.
No tengo nada más que decir. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON
RESPECTO A LA CREACION DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE
LA RIOJA (681/001365).
El señor VICEPRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González sobre las
previsiones del Gobierno con respecto a la creación del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de La Rioja.
Su señoría puede formularla.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En la pregunta hay un error, pues se omite a La Rioja Alta. Se está
refiriendo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en La Rioja
Alta, y concretamente el Gobierno tiene la previsión de que fuese en la
ciudad de Haro, que es donde funciona el único Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción en La Rioja Alta.
Esta es una petición que hemos venido haciendo reiteradamente en sede
parlamentaria, incluso a través de alguna moción que defendimos en esta
misma Comisión de Justicia. Esta pregunta también se le ha dirigido a la
Ministra de Justicia, y creo que también a su señoría se le formuló en
otro momento.
En relación con las cargas de trabajo soportadas durante 1997, me haré
eco de la memoria del Consejo General del Poder Judicial en relación con
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que funciona en Haro, en
la que se reconoce que aquéllas están por encima de la media nacional.
Los datos facilitados por el órgano al que acabo de hacer referencia,
correspondientes a 1996, hablan de 513 asuntos civiles contenciosos, que
suponen un 150 por ciento sobre la media nacional. Creo que éstas son
razones suficientes para que esta demanda pueda ser atendida por el
Gobierno. Además, es una petición que su señoría sabe que no es gratuita.
Si figura en la relación circunstancial de las necesidades del Consejo
General del Poder Judicial, usted sabe que es una demanda del propio
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, del ámbito de la
Administración de Justicia riojana, pero también es una demanda expresada
por las fuerzas políticas y sociales en la Comunidad Autónoma. Y no
quiero más que recordar a su señoría una moción que a mí siempre me
corresponde mencionar en este momento. Se trata de una proposición no de
ley que se presentó en la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, que se firmó el 24 de octubre de 1995, y que se publicó el 30
de diciembre de 1995 en el Boletín del Congreso de los Diputados
correspondiente, en la que se decía: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a adoptar las medidas necesarias en orden a la creación y
puesta en funcionamiento de un nuevo partido judicial en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, integrado por veinticinco municipios de la comarca
de Santo Domingo de la Calzada, con dotación de un juzgado de primera
instancia e instrucción en dicho municipio. Esta proposición no de ley la
firmaba el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Rodrigo
de Rato Figaredo. Quiere decirse que es una petición no sólo de esta
legislatura y de las pasadas. Otra cosa es la decisión de ubicar este
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Porque es lógico, y su
señoría lo comprende perfectamente, que las cabeceras de comarca en La
Rioja Alta se lo disputen, y creo que de una forma razonablemente
justificada. Otra cosa es la toma de decisiones de la Administración de
Justicia, y estoy refiriéndome en este momento al Ministerio de Justicia.
Pero sí es verdad que en La Rioja Alta es necesario un nuevo Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción toda vez que hasta la memoria del Consejo
General del Poder Judicial así lo expone.
En este sentido deseo preguntar a su señoría qué previsiones tienen al
respecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias.
Creo que en esta cuestión, para conocer bien la historia, quizá habría
que exponer algún antecedente, habría que decir algo sobre lo que sucede
aquí.
En efecto, lo que ocurre en la Ley de Demarcación y Planta de 1988 es que
el partido judicial de Haro tenía un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción y dos juzgados de distrito, uno de ellos ubicado en el
municipio de Santo Domingo de la Calzada concretamente. La citada Ley
estableció para dicho partido una planta de un Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción, de tal manera que el Juzgado de distrito de Haro
fue suprimido y el de Santo Domingo de la Calzada fue hecho juzgado de
paz. Este es un problema que a lo largo de todo el territorio español se
ha planteado en diversas ocasiones porque supone, indudablemente, la
pérdida de un juzgado de distrito en un determinado momento, en una
determinada población, y en la otra también porque, de alguna manera, se
queda sólo uno. Esto provoca una cierta sensibilidad, indudablemente
--ahora sin perjuicio de las cargas de trabajo, de las que hablaré
también--, en la región en cuestión. Yo comprendo eso perfectamente, pero
también hay que comprender
que en este caso el Ministerio de Justicia se tiene que guiar también por
un orden de prelaciones con arreglo al presupuesto con el que cuenta para
la creación de juzgados y de plazas de magistrados y de jueces, que ha
sido muy alta en estos años, y ahí están los números, y luego ver también
si la situación que se daba en un determinado momento y con unos
determinados datos permanece o no permanece. Quiero decir con esto que se
ha aludido a las cifras de la memoria del Consejo General del Poder
Judicial de 1997, pero yo ahora ya tengo otros datos quizá más recientes
y que no son los mismos. Por ejemplo, en asuntos civiles se ingresaron,
en 1998, 386 en ese Juzgado, y en penales, 1.431. ¿Qué quiere decir esto?
Que ya sólo con los módulos del propio Consejo, en el Libro Blanco de la
Justicia, que establece unos 450 asuntos para los civiles y unos 2.500
para los penales, está muy por debajo de los módulos. Y también la
proporción o la incidencia en la media nacional a la que antes se ha
referido, en el año 1998 baja mucho.
Este es un asunto --y lo expongo aquí también-- que tendremos que tener
muy en cuenta en el futuro porque ocurre y está ocurriendo que, en
función de los nuevos órganos jurisdiccionales que se van creando a lo
largo de todo el territorio español, y en función también de las nuevas
leyes que se van aprobando por el Parlamento a instancias del Gobierno,
resulta que ahora determinados juzgados, y en determinadas instancias,
los asuntos están bajando. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la
jurisdicción contencioso-administrativa, donde el número de asuntos que
entraban en las salas de determinados lugares con los juzgados de lo
contencioso-administrativo han bajado, efectivamente, y los módulos van
cambiando.
Esto es lo que sucede en estos momentos con el posible juzgado que se
pudiera crear en La Rioja Alta. Dicho esto, con los datos reales en la
mano y puesto que para crear un nuevo partido judicial es preciso hacerlo
a través de una ley, indudablemente, el momento de abordar esa hipotética
creación sería en la próxima revisión que hiciéramos de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, en donde tendremos muy en cuenta los datos
reales de la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial y si
se reitera por este organismo esta y otras peticiones.
Esto es lo que yo le puedo decir ahora mismo, porque precisamente en la
creación de partidos judiciales y de nuevos juzgados, así como de plazas,
hay que ser muy riguroso para que no se perjudique, en definitiva, a
otros territorios, a otras regiones, a otros lugares donde pudiera hacer
más falta la creación de un órgano jurisdiccional.
Lo que quiero decir con ello es que así como el Juzgado de lo Social
número dos --lo hemos visto antes-- era una cosa indiscutible por la
carga judicial, por el número de asuntos, por todo lo demás, en este caso
es más discutible. Lo que yo puedo afirmar es que en la próxima revisión
que ya estamos realizando de la Ley de Demarcación y Planta Judicial lo
tendremos muy en cuenta con los datos actuales en la mano.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Réplica o contestación al señor Secretario de Estado.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero recordarle al señor Secretario de Estado, que lo conoce
bien, y puesto que ha hecho referencia a la revisión de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, que en esta legislatura hemos tenido
ocasiones para introducirlo, y recientemente hubo una modificación de la
Ley de Demarcación y Planta Judicial. Quizá debido a que desconozco los
datos --su señoría me ha ilustrado con las novedades introducidas, me
imagino, que en el informe del Consejo General del Poder Judicial, sobre
las cargas de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de Haro--, y con los parámetros establecidos en el Libro Blanco, hay
menos posibilidades; ahora bien, en los momentos en que se ha discutido
la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, sí estábamos
hablando con los parámetros a los que me he referido anteriormente y no
hubo ocasión de crear ese nuevo juzgado.
Bien es verdad que usted ha señalado que en la revisión correspondiente
de la Ley puede que se estudie esa posibilidad y, por lo tanto, vamos a
confiar en ello, pero uno tiene la sensación --es una sensación--, señor
Secretario de Estado, de que a veces, en la mejora de la Administración
de Justicia en distintas Comunidades Autónomas suele haber presiones,
razonables por otra parte, por las administraciones autonómicas
correspondientes que, lo mismo que quieren que se construyan más
carreteras o se mejoren los hospitales o la enseñanza, pretenden que la
Administración de Justicia, en su ámbito, mejore, y en este caso me da la
sensación de que, en relación con La Rioja, y en concreto con este
juzgado, hemos perdido algunas ocasiones para que esto fuese así.
Sólo quiero recordarle en este momento que si le corresponde a usted la
reforma, o en la próxima legislatura --no sabemos bajo qué gobierno,
aunque esperamos ser nosotros, evidentemente, desde nuestros escaños,
quienes tengamos esa responsabilidad--, tenga en cuenta que esas
necesidades de la Administración de Justicia en La Rioja son razonables,
rigurosas y, por tanto, creo que su señoría, desde el Ministerio, tiene
que prestar más atención. Es verdad que nos ha costado tres años machacar
en relación con la creación del Juzgado de lo Social número dos de
Logroño y vamos a seguir en la misma tesitura en lo que resta de
legislatura para ver si es posible que este Juzgado de Instrucción y de
Primera Instancia sea una realidad.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Intervendré
muy brevemente.
En primer lugar, las revisiones que ha habido de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial por parte de este Gobierno, y del Ministerio de Justicia
en concreto, han supuesto, en definitiva, atender algunos asuntos de
clara urgencia
o de nueva creación. Pongo como ejemplo los juzgados de lo
contencioso-administrativo, donde ha habido una dotación muy importante
y, efectivamente, las secciones desplazadas de la audiencia, así como
otros ejemplos de creación también de algún nuevo juzgado pero que estaba
sumamente contrastado, sin duda, por el número de asuntos y por todas las
circunstancias que se tienen que dar para la creación de un órgano
jurisdiccional. Este no era el caso en ese momento, ni otros muchos, a
pesar de las presiones que, efectivamente, siempre existen, y yo confío
que en el futuro, si es necesario, se cree, pero también le digo que
ojalá estuviéramos quizá en todas las regiones y en todas las autonomías
al mismo nivel que está La Rioja, tanto por el número de órganos
jurisdiccionales como --y después entraremos en ello-- por las
instalaciones que tienen esos órganos jurisdiccionales. Se lo tengo que
decir, al menos, en términos comparativos. No digo que sean ideales
porque, sin duda, siempre se pueden mejorar, pero en este caso,
afortunadamente, no se ha creado un juzgado que, en este momento,
probablemente no sería necesario y, en cambio, sí se ha creado otro que
era absolutamente necesario.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON IGNACIO DIEZ GONZALEZ SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO A FIN
DE AUMENTAR LA DOTACION DE ESPACIOS ADECUADOS A LAS NUEVAS NECESIDADES DE
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
(681/001366).
El señor VICEPRESIDENTE: Pregunta de don Ignacio Díez González, sobre las
previsiones del Gobierno a fin de aumentar la dotación de espacios
adecuados a las nuevas necesidades de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Su señoría tiene el uso de la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
En las preguntas precedentes hemos visto y analizado cuál es la situación
de los Juzgados de lo Social números uno y dos recientemente creado. Su
señoría nos ha ilustrado también acerca de las previsiones que tiene el
Gobierno al respecto, toda vez que se necesita una ubicación adecuada de
estos dos juzgados. Esto nos hace pensar --no es una ocurrencia de este
Senador, sino que ha sido comentado a distintos niveles, incluso, por qué
no decirlo, de forma oficiosa por algún responsable de la Administración
del Estado, del Gobierno en concreto, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja-- en la posibilidad de crear un nuevo espacio. Ya veo, por la
contestación anterior, que no hay ninguna previsión por parte del
Gobierno de que exista un edificio de nueva planta para la Administración
de Justicia en La Rioja, pero sí hay una preocupación en relación con la
ubicación de los espacios, sobre todo por los nuevos medios materiales y
humanos con los que cuenta la nueva Administración, especialmente los
materiales, que son muy necesarios. La informática está entrando poco a
poco en la Administración de Justicia y, desde luego, requiere una
ubicación adecuada. No quiero hacer comparaciones, pero sí es verdad que
en La Rioja los órganos de la Administración de Justicia tienen unas
dotaciones inferiores en relación con otros órganos de la Administración
del Estado, en definitiva, de la responsabilidad del Gobierno de la
Nación, y eso que aún quedan por ubicar adecuadamente algunos órganos
nuevos que, en el futuro, creemos se deben crear, como puede ser el
juzgado de menores en Logroño, cuestión que hemos planteado alguna vez y
a la que la Memoria del Consejo también se ha referido, e incluso yo
tengo contestaciones parlamentarias del Gobierno en las que se hace
referencia no a la creación a corto plazo del juzgado de menores, pero sí
quizá en un plazo medio.
Es una Comunidad Autónoma que no tiene Juzgado de Menores. Otra cosa es
que dentro de esta pregunta y aprovechando que estamos hablando de esto,
tratemos un poco, si es posible, las previsiones en relación con las
transferencias. Ello quizás pueda ser una explicación razonable --con el
permiso del señor Presidente, que me está haciendo un gesto-- para dar a
entender la no necesidad de ampliar los locales que en este momento tiene
la Administración de Justicia en La Rioja.
Sabemos que en otras Comunidades Autónomas se están haciendo
transferencias en materia de Justicia, en lo que se refiere a
funcionarios, a competencias relativas al plan integral de la mujer, por
ejemplo, en asuntos de malos tratos, etcétera. Se están negociando y
cerrando con algunas Comunidades Autónomas esas transferencias y ello
puede explicar tanto que no haya que ampliar los actuales locales y su
ubicación como que tampoco sea necesario cubrir las necesidades de la
Administración de Justicia en La Rioja en materia de espacio, toda vez
que las previsiones más urgentes están resueltas respecto a los Juzgados
de lo Social números 1 y 2 de Logroño.
Estas son las consideraciones y las preguntas que le quería hacer al
señor Secretario de Estado porque, sinceramente, creo necesario un
esfuerzo. Usted mismo ha señalado que están preocupados por la ubicación
de estos juzgados de reciente creación y del que viene funcionando en un
ámbito no adecuado. De ahí mi preocupación como Senador que también
tienen ustedes como Administración.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Senador, por la mínima cortesía
parlamentaria jamás le diría que no; estaba refiriéndome en ese momento a
otro Senador de mi misma Comunidad y sobre otro tema.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias, señor Presidente.
Me parece que habría que hacer un rápido repaso de cuáles son las
instalaciones judiciales que hay en La Rioja y en qué situación están.
Concretamente en Haro hay un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
en un local con
una superficie de 428 metros cuadrados, suficientemente amplia. No se
requiere ninguna ampliación en este momento y está bastante bien. Desde
esa perspectiva y sin perjuicio de la mayor dotación de medios materiales
y personales, a la que me referiré, como local está bien. En Calahorra,
que cuenta con dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, una
Fiscalía, el Registro Civil y la clínica médico-forense, hay unos locales
de 1.400 metros cuadrados que están repartidos en tres plantas y que
presentan además muy buen estado de conservación, por lo que ahora mismo
tampoco se necesita ampliación alguna. En Logroño, el Tribunal Superior
de Justicia con sus tres salas, la Audiencia Provincial, que tiene una
sección, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y algunos órganos
unipersonales, los contencioso-administrativos y los Juzgados de lo
Penal, está en el Palacio de Justicia. Ese Palacio de Justicia presenta
un buen estado de conservación según el informe de los técnicos y se han
hecho algunas obras, que luego comentaré, de cierta importancia, sobre
todo para habilitación del nuevo Juzgado de lo
contencioso-administrativo, lo cual permite que, pasando a la tercera
planta el Juzgado de lo contencioso-administrativo, el Juzgado de lo
Social pueda estar en la planta baja con toda amplitud en este momento.
Finalmente, el edificio de los juzgados, donde están todos los juzgados
de Logroño, presenta también un buen estado de conservación.
Efectivamente, ese edificio es el único que, aunque está bien ahora
mismo, no tiene espacio disponible para nuevos órganos jurisdiccionales.
Pero resulta que en Logroño no hay una previsión en este momento para
crear otro nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción o de lo
Penal, etcétera.
En cuanto al problema de los Juzgados de lo Social, ya hemos dicho que el
Juzgado de lo Social número 1 está en un sitio inadecuado, se le va a
buscar un local de unos 700 metros para que vaya también con el Juzgado
de lo Social número 2, que propiciará que en la planta baja de ese
edificio del Palacio de Justicia, donde se han ido suprimiendo además
algunas viviendas, que es otra política que lleva el Ministerio, queden
habilitados unos locales para lo que se pueda necesitar posteriormente.
Cuando planteaba el tema de los edificios judiciales y los medios daba la
impresión de que el Ministerio de Justicia o el Gobierno se hubieran
descuidado de alguna manera en lo que se refiere a La Rioja. Le voy a
decir algunas de las cosas que se han hecho sólo en este año: por
ejemplo, en obras de transformación hay una obra importante en el Palacio
de Justicia, so pretexto de los Juzgados de lo
contencioso-administrativo, que importa 29.657.000 pesetas. Otra obra
menor de ampliación es la del Juzgado de lo Penal número 1 en la planta
segunda del Palacio de Justicia por un importe de 3.500.000 pesetas. Otra
obra que yo quisiera subrayar aquí es la adecuación del Instituto
Regional de Medicina Legal --institutos importantes que se deben ir
creando-- en las plantas bajas y semisótano del Hospital de La Rioja,
sito, como sabe, en la Avenida de Viana, que ha supuesto un coste total
de 4.876.000 pesetas, casi cinco millones. Además, todas estas obras se
han terminado entre los meses de junio y julio, incluso esta última ha
sido finalizada y entregada en agosto. Y hablando de medios materiales,
estas obras han llevado a un suministro de mobiliario y material clínico
por un importe aproximado de unos 11.811.000 pesetas, lo cual significa
que en este período se han invertido 49.628.000 pesetas, casi 50 millones
de pesetas.
Por tanto, si a esto se une la previsión de ese local de 700 metros para
los Juzgados de lo Social, por el momento estaría más que satisfecho lo
relativo a instalaciones judiciales en La Rioja.
Me pregunta además sobre las transferencias. Nosotros hemos ido haciendo
una serie de transferencias, algunas de gran relevancia, en materia de
Justicia. Quiero subrayar una importantísima transferencia, por un
importe de más de 20.000 millones de pesetas, a la Junta de Andalucía, y
también se han hecho a otras Comunidades Autónomas, de tal manera que en
este momento hemos cerrado un ciclo que probablemente vamos a volver a
abrir en la próxima legislatura, si los votos nos acompañan, que yo
espero que sí, y entonces abriremos la posibilidad de transferir
competencias a otras Comunidades Autónomas donde estaría incluida también
La Rioja. Espero que, además, en el caso de La Rioja no plantee, por su
dimensión, etcétera, especiales problemas como los que pueden plantear
otras Comunidades Autónomas que tienen otra problemática y que son
territorialmente mucho más amplias. Estas son las previsiones del
Gobierno, que creo que cumplen perfectamente con lo que ahora mismo
demanda la justicia en la Comunidad de La Rioja.
Sobre los menores, el proyecto de ley de responsabilidad penal del menor
que se encuentra en el Congreso, importantísimo, que sería una de las
leyes que a nosotros nos gustaría ver aprobada y publicada en esta
legislatura, va a ser un revulsivo para todo el sistema de la justicia
del menor, y va a necesitar, también hay que decirlo, de una inversión
especial no sólo del Gobierno, sino también de las Comunidades Autónomas
y, si acaso, de las entidades locales. Por tanto, es un tema que habrá
que negociar con posterioridad a la aprobación de la ley, que tiene un
largo período de entrada de vigor, como no podría ser menos, para
solucionar ese tipo de problemas. Entonces podremos hablar en cada
supuesto concreto de los juzgados de menores, de las dotaciones de
personal especializado, que indudablemente tiene que ser de otro tipo,
etcétera. Esa es la pretensión del Gobierno y por esta razón ha
presentado ya el proyecto de ley en el Congreso, que ojalá pudiera
aprobarse en esta legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el señor Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Secretario de Estado la precisión de los datos
que me ha facilitado y lo que piensa sobre las necesidades en materia de
locales para la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Comparto la idea de que el Palacio de Justicia se encuentra en
condiciones adecuadas. Sin embargo, el problema
radica en el edificio de los juzgados. Quizá sea excesivamente fuerte
emplear el calificativo de colapso, pero usted mismo ha reconocido que
hay una gran densidad en el trabajo de los funcionarios. De vez en cuando
uno tiene que ir allí por razones de trabajo y se da cuenta de que no
reúne las condiciones adecuadas para que el trabajo tenga una mínima
dignidad desde el punto de vista de la propia Administración de Justicia.
No hay espacios, como usted ya ha señalado.
Por otra parte, quizás sea ésta la pregunta relacionada con las
previsiones en cuanto a las transferencias a las Comunidades Autónomas.
Evidentemente, si hay previsiones en materia de transferencias --y ha
apuntado alguna cuando se ha referido precisamente a los juzgados de
menores--, en este sentido hay una coincidencia. Es lógico que, una vez
que se apruebe la ley, las Comunidades Autónomas, incluso, como bien
señalaba, la Administración local, los ayuntamientos tengan competencias,
y habrá que estudiar a fondo cuáles son las que corresponden a cada cual.
Las Comunidades Autónomas tienen unas competencias ya, en estos momentos
tienen la competencia en política del menor, y, evidentemente, una vez
aprobada la ley, habrá que estudiar qué parte de la responsabilidad en
ese importante capítulo y en esa importante política corresponde a las
mismas.
Creo que ése es un momento --al igual que sucede con otras transferencias
a las que usted no se ha referido, si bien nos ha dicho que en Andalucía
se han hecho transferencias por valor de 20.000 millones de pesetas-- en
el que en alguna medida en Comunidades como La Rioja puede ser factible
que algunas transferencias puedan llevarse a cabo, puedan negociarse
adecuadamente, de manera que la Administración autonómica pueda tener
competencias en materias importantes de Justicia, como hemos señalado
--lo he dicho antes--, como en la política de la mujer, materia en la que
tiene competencias, y que pueda desarrollar una tarea mucho más
importante que la que en estos momentos le tiene asignada Justicia. Lo
mismo ocurre respecto al Juzgado de Familia --no lo olvidemos, aunque no
he hecho referencia a él anteriormente--, que está muy relacionado y en
estos momentos se está repartiendo los asuntos en los juzgados de La
Rioja.
Por tanto, creo que hay materia suficiente, lo que puede explicar que en
alguna medida las dotaciones de locales para la Administración de
Justicia en La Rioja sean adecuadas, aunque mantengo diferencias en
relación a lo que en la actualidad supone la dotación del edificio de los
juzgados.
No tengo más que agradecerle su comparecencia, así como el tono de sus
respuestas. Siempre --tengo que reconocerlo-- la relación con su señoría
ha sido positiva y creo que institucionalmente satisfactoria en el seno
de esta Comisión.
Finalmente, hago votos por que el Presidente de la Comisión en muy breve
plazo esté con nosotros trabajando y presidiendo la Comisión, aunque debo
señalar que el señor Presidente que nos ha presidido hoy lo ha hecho a
plena satisfacción de este Senador. (Risas.)
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díez González. ¡Que Dios
se lo pague! (Risas.)
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Yo le iba a
decir lo mismo. Agradezco la amabilidad y el tono --lo he dicho antes--
con que los miembros de esta Comisión se expresan siempre.
Seguimos con la pequeña diferencia del edificio de los juzgados. Lo que
yo he dicho es que no pueden ir nuevos órganos jurisdiccionales allí,
pero que los que hay están bien.
Salvando ese matiz, por lo demás estoy de acuerdo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Señorías, la siguiente pregunta, del Senador don Manuel Caballero Muñoz,
con el número 1.507, sobre las previsiones del Gobierno en torno a la
creación, puesta en funcionamiento y ubicación de nuevos Juzgados de lo
Penal en la provincia de Badajoz ha sido retirada por su señoría.
--DE DON MANUEL CABALLERO MUÑOZ:
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A ADOPTAR MEDIDAS QUE
MEJOREN LA SITUACION DE LOS INTERINOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA (681/001524).
SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LAS REIVINDICACIONES
DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACERCA DE
LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN (681/001525).
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a debatir, también a instancias del
Senador Caballero Muñoz, dos preguntas, las números 1.524 y 1.525, sobre
las previsiones del Gobierno en orden a adoptar medidas que mejoren la
situación de los interinos al servicio de la Administración de Justicia
--1.524-- y sobre la opinión del Gobierno en relación con las
reivindicaciones de los funcionarios interinos de la Administración de
Justicia acerca de la situación en que se encuentran.
Tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, como usted bien sabe, en marzo del año en que
nos encontramos los interinos al servicio de la Administración de
Justicia denunciaron en la prensa nacional, tanto en la prensa general
como en algún medio escrito especializado en temas de Justicia, lo que
ellos denominaban un trato discriminatorio en comparación
con otros funcionarios e interinos al servicio de otras administraciones
del Estado. En síntesis, lo que denunciaban era ese agravio comparativo
y, fundamentalmente, el que no se contemplara la antigüedad ni como
concepto retributivo ni de cara a los procesos selectivos de personal. Y
como usted bien sabe también, crearon un sindicato y, al parecer, se
reunieron con representantes del Ministerio de Justicia el día 13 de
abril, o en fechas próximas a ese día.
Por ello y en vista de que los planteamientos de esos funcionarios
interinos, que, además, se dirigieron también al Defensor del Pueblo, no
nos parecen en modo alguno descabellados, es por lo que le formulo las
preguntas tal y como han sido planteadas por el señor Presidente de esta
Comisión.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero Muñoz.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo agradezco estas preguntas porque me dan ocasión, quizás en un tema
especialmente sensible, lógicamente, como es la situación de los
funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de Justicia, de
explicar --voy a intentar hacerlo de la forma más clara posible-- no sólo
la problemática, sino las posibles soluciones y el contexto legal en el
que nos encontramos en la Administración de Justicia, porque su señoría
ha subrayado la aparente discriminación que existe entre el trato a los
interinos en la Administración de Justicia y el trato a los interinos en
el resto de la Administración. Y es que la regulación normativa que
existe en un caso y en otro es distinta. Realmente, hoy día en los
Presupuestos Generales del Estado únicamente se admiten interinos en la
Administración de Justicia, no en el resto de la Administración,
precisamente por las peculiaridades y por la normativa que rige en la
Administración de Justicia.
Eso no quiere decir, por otra parte, que no seamos sensibles a ese
problema y que no lo entendamos. Ese problema surge también --bueno es
decirlo-- por la cantidad de interinos que en un determinado momento, a
pesar de las peculiaridades de la Administración de Justicia, hay en
ella. Procedentes de 1995, nos encontramos con una cifra cercana a los
6.000 interinos --concretamente, 5.777--, por darle un dato. Y ustedes
saben que en esta cuestión lo que también hemos hecho ha sido cubrir de
una vez por todas las plazas de interinos en la medida de lo posible ya
que, como digo, en la Administración de Justicia en algunos momentos es
necesario el interino, si bien en el menor número posible añadiría yo.
Así, hemos pasado de casi 6.000 interinos en 1995 a poco más de 3.000 en
1999.
Eso quiere decir que el Ministerio de Justicia y el Gobierno han seguido
una política que ya se anunció respecto a los interinos en la
Administración de Justicia. Y nos encontramos con interinos en esta
Administración incluso por fuera de la categoría de interinos, lo que sí
que es raro, es decir, por fuera de plantilla. No es que estuvieran de
interinos en una plaza porque luego se fuera a cubrir por el titular,
sino que había plazas de interinos que no eran plazas, que es todavía más
difícil.
Dicho esto, le voy a informar lo más puntual y brevemente posible sobre
lo que usted me pregunta.
En primer lugar, en marzo de 1997, concretamente, se solicita por el
Ministerio de Justicia del Ministerio de Administraciones Públicas un
informe sobre la posibilidad de valorar los servicios prestados como
funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de Justicia.
Evidentemente, se solicita ese informe ante la imposibilidad legal, al no
estar contemplado el sistema de concurso-oposición dentro del ámbito de
la Administración de Justicia, como sí estaba, por ejemplo, contemplado
en el ámbito de la Administración General, y esto porque, como bien
sabrá, el Reglamento orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes se regula de otra manera, es decir, sólo hay oposición, o se
cubre por concurso, pero entre funcionarios y, por tanto, no hay
concurso-oposición.
Se inician los trámites necesarios con el Ministerio para la modificación
de ese decreto que regula el Reglamento orgánico antes dicho.
Ese proyecto se somete a informe, en primer lugar, de las Comunidades
Autónomas con competencias asumidas y de las centrales sindicales.
Se recibe informe favorable de las Comunidades Autónomas y, en cambio, se
presentan objeciones muy de fondo al proyecto por parte de las centrales
sindicales, hecha excepción de UGT, también lo tengo que decir,
fundamentalmente porque las demás centrales pensaban que, aprovechando la
coyuntura, se debía hacer una reforma más amplia ya de todo lo que era
ese concepto, que se dice que ideó --aunque antes se hizo
doctrinalmente-- el Tribunal Constitucional, de «Administración de la
Administración de Justicia».
Por tanto, debido a la falta de consenso en un principio y a las
objeciones que se nos planteaban, el Departamento de Justicia optó por
retomar en exclusiva el tema del concurso-oposición y tramitarlo con
independencia del resto de la problemática.
Entonces, respecto al tema del concurso-oposición, que es dar esa
posibilidad, en definitiva, de que se valore de alguna manera el trabajo
realizado anteriormente, que es lo que quieren los interinos, se ha
elaborado un anteproyecto de real decreto que modifica el anterior, en el
que se da cabida al sistema del concurso-oposición por primera vez en el
ámbito de la Administración de Justicia. El sistema tiene que tener
carácter excepcional e indudablemente respetar los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Se ha sometido a informe ese borrador o anteproyecto de real decreto a la
Secretaría General Técnica del Ministerio, que lo emitió el 2 de agosto
de 1999. Lo tenemos ya y, por cierto, en sentido favorable.
Inmediatamente después, porque se requería primero el de la Secretaría
General Técnica, se ha sometido a informe del Consejo General del Poder
Judicial. Por tanto, está en manos del Consejo General del Poder Judicial
en este momento.
Como ya fue sometido a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que lo
reitere, hay la pretensión, en cuanto nos dé el informe el Consejo
General del Poder Judicial, de reunirnos de nuevo con las centrales
sindicales y plantearle a él el tema.
Y una vez concluidas esas negociaciones, ese proyecto estará en
condiciones en breve de ir a la Comisión de Secretarios de Estado y de
Subsecretarios y, luego, al Consejo de Ministros.
Por tanto, diciéndole esto evito cualquier otro comentario sobre qué nos
parecen o nos dejan de parecer las reivindicaciones de los interinos que
tienen el tope legal que tienen, el problema que tienen y que, en
definitiva, nosotros lo que hacemos con este proyecto de real decreto es
intentar solucionarlo en la medida en que lo podemos hacer.
Por tanto, dicho esto, me parece que cualquier comentario que yo le
hiciera sobre el particular está sobrando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias por su contestación, señor
Secretario de Estado.
El señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para agradecer la contestación del señor
Secretario de Estado y decirle que usted empezó diciendo que las normas
regulaban esa situación de una manera, pero las normas se pueden cambiar,
siempre con el tope legal y con el tope constitucional de los principios
de igualdad, mérito y capacidad, que en ningún modo desde este Grupo se
están discutiendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): No tengo
nada que añadir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON MANUEL CABALLERO MUÑOZ Y OTROS SENADORES MAS:
SOBRE EL MINISTERIO AL QUE, EN SU CASO, EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES
CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SOLICITO UN INFORME JURIDICO PARA
SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA AL COLECTIVO DE SECRETARIOS DE JUZGADOS
DE PAZ, BASADO EN LOS CESES ANUNCIADOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO, CON
INDICACION DE SUS CONCLUSIONES (681/001572).
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A OFRECER ALGUNA ALTERNATIVA
AL COLECTIVO DE LOS OFICIALES EN FUNCIONES DE SECRETARIOS DE JUZGADOS DE
PAZ EN POBLACIONES DE MENOS DE SIETE MIL HABITANTES, QUE CONTEMPLE SU
ESPECIAL SITUACION Y SOLUCIONE SUS PROBLEMAS, CON INDICACION DE LA
INTENCION DEL EJECUTIVO ACERCA DE ABRIR UNA RONDA DE CONVERSACIONES CON
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PARA BUSCAR UNA SOLUCION (681/001575).
El señor VICEPRESIDENTE: Pregunta 1.572 acumulada, a iniciativa del
Senador señor Caballero, a la 1.575, siendo la primera sobre el
Ministerio al que, en su caso, el Director General de Relaciones con la
Administración de Justicia solicitó un informe jurídico para solucionar
el problema que afecta al colectivo de Secretarios de Juzgados de Paz,
basado en los ceses anunciados en sus puestos de trabajo, con indicación
de sus conclusiones, y la segunda sobre las previsiones del Gobierno en
orden a ofrecer alguna alternativa al colectivo de los oficiales en
funciones de Secretarios de Juzgados de Paz en poblaciones de menos de
siete mil habitantes, que contemple su especial situación y solucione sus
problemas, con indicación de la intención del Ejecutivo acerca de abrir
una ronda de conversaciones con los Grupos Parlamentarios para buscar una
solución.
Puede formular ambas preguntas, tiene la palabra el señor Caballero
Muñoz.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Secretario de Estado, estas dos preguntas tienen, aunque
de forma colateral, alguna relación con la que he formulado
anteriormente. Es verdad que se han ido cubriendo algunas plazas de
interinos y curiosamente algunas en las que desempeñaban la función de
Secretarios de Juzgados de Paz de poblaciones menores de siete mil
habitantes y, además, con una serie de circunstancias y de coincidencias
que espero que sólo sean eso, circunstancias y coincidencias.
A raíz de la entrada en vigor de la Orden de 25 de noviembre de 1998, que
crea las agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz en Extremadura,
este Senador comenzó a interesarse por este asunto mediante la
formulación en esta misma Comisión de una serie de preguntas en el mes de
noviembre, inquietud que siguió el día 6 de abril con la defensa, también
en esta misma Comisión, de una moción en la que hacíamos votos por una
solución digna para este colectivo, y ahora queremos seguir insistiendo
porque --obvio cualquier mención a la problemática por ser
suficientemente conocida-- pensamos que llevan razón.
Son situaciones muy complejas, situaciones muy complicadas, y
reconociendo también y expresamente el talante que el Ministerio de
Justicia ha tenido para con este colectivo, fundamentalmente en la
persona de don Juan Ignacio
Zoido, Director General de relaciones con la Administración de Justicia,
es por lo que le formulamos las preguntas tal y como las ha leído el
señor Presidente de esta Comisión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias, señor Presidente.
Para abreviar le voy a decir lo siguiente: hay todo un expediente en el
Ministerio relativo a los oficiales interinos de determinados Juzgados de
Paz en poblaciones de menos de siete mil habitantes, por ejemplo, y hay
otros informes también relativos a toda la problemática de los
Secretarios de Juzgados de Paz.
En primer lugar, he de decir a su señoría que todos son informes del
Ministerio de Justicia en sus diversos momentos: empiezan en el año 1995
y llegan hasta 1999. El informe central más largo que analiza todas las
situaciones es un informe, efectivamente, de la Subdirección General de
Medios de Personal al servicio de la Administración de Justicia sobre la
problemática que plantea el Juzgado de Paz en materia de personal, sobre
todo de los Secretarios. Como usted me pide el contenido, yo se lo puedo
remitir tal como es, con lo cual nos ahorraríamos quizás un cierto
tiempo, pero si quiere se lo resumo muy brevemente así como las
conclusiones a las que llega. Este informe distingue muy distintas
situaciones: en primer lugar, hay Secretarios de Juzgados de Paz en
poblaciones de más de siete mil habitantes cuyo problema es que no siendo
licenciados en Derecho quieren integrarse en la tercera categoría de los
Secretarios Judiciales, pero no tienen el título y eso se lo impide la
Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera, la problemática, si acaso, me
la ahorro porque me parece que es suficientemente conocida; hay otros
Secretarios de Juzgados de Paz en poblaciones de menos de siete mil
habitantes en localidades servidas, por una parte, por funcionarios de la
Administración de Justicia y, por otra, por los llamados idóneos que
nombraba en un determinado momento el propio ayuntamiento, etcétera, y
también se hace ahí una consideración sobre este personal y se hace un
análisis de las reivindicaciones de todo el colectivo.
Las conclusiones a las que se llega son las siguientes: en primer lugar,
hay una situación de algunas personas aquí que es prácticamente
insalvable porque significaría, entre otras cosas, una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Es decir, el que quien no es licenciado en
Derecho se integre en la tercera categoría de los Secretarios Judiciales
me parece que eso es exorbitante.
Refiriéndome ya a los interinos, por lo que concierne a las situaciones
sobre las que se hablaba como primera medida de que formaran parte de las
bolsas cuando se fueran cubriendo sus plazas --que se dijo también y se
hizo en algún determinado momento como situación de emergencia para que
luego pudieran volver a ocupar una plaza, pero perpetuando de alguna
manera esa situación de inestabilidad--, me parece que con la solución
que antes se ha aportado de la reforma del Reglamento estaría también
salvada.
Por tanto, la primera es insalvable y la segunda se puede salvar en parte
gracias a la reforma normativa a la que me he referido anteriormente.
Digo esto como conclusiones finales. La cuestión se trata mucho más
ampliamente y con más argumentos en el informe que yo no tengo ningún
inconveniente en hacerle llegar. Me refiero a ese informe último del año
1997 que reitera, precisamente, todos los argumentos que se han dicho.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Su turno, señor Caballero.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta problemática es tan compleja que da lugar a un montón de situaciones
particulares que nos podían llevar mucho más tiempo del imprescindible.
Yo le preguntaba por un colectivo muy concreto cuya problemática usted
conoce seguramente mejor que yo: el de aquellos oficiales en funciones de
Secretarios de Juzgados de Paz en poblaciones de menos de 7.000
habitantes que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Demarcación y
Planta Judicial de 1988 vieron cómo sus plazas se profesionalizaban. A
partir de ahí se genera una situación muy complicada, porque yo dudo,
incluso, de que técnicamente se puedan llamar interinos ya que algunos de
ellos, la mayoría, ocupaban esa plaza desde el inicio, con lo cual no
estaban en interinidad bajo ningún concepto, sino que ocupaban la plaza
desde siempre. Esta es una cuestión técnica que no tiene importancia en
este momento.
Le planteo estas cuestiones porque considero que son importantes. ¿Por
qué? Porque esas personas se quedaron en una situación de precariedad
laboral que fueron denunciando sistemáticamente y se fue aplazando el
problema. Es verdad que en vez de solucionarse se fue aplazando, pero
este problema en algunos casos se acabó solucionando. Así, nos
encontramos con que en algunas Comunidades Autónomas que tienen asumidas
las transferencias en esta materia ese problema --que yo considero que es
político-- se solucionó de forma política, se solucionó dándole una
salida digna desde los poderes políticos y con perspectiva política,
porque también es verdad que hay que considerar las distintas situaciones
en función de cuando vayan bajando en el escalafón.
Comprendo que no es lo mismo una manifestación de 15 personas en Madrid
que una manifestación de 15 personas en Santiago de Compostela o en
Mérida. Sin embargo, yo le preguntaba por ese colectivo concreto porque
quería saber cuáles eran --si las hay-- las posibles soluciones a su
situación.
Este problema dio origen a una enmienda defendida --como usted bien
sabe-- por el señor Ollero en la tramitación parlamentaria de la Ley de
Demarcación y Planta
Judicial y yo considero que por ahí podrían venir las soluciones. Además,
en la Comunidad Autónoma de Extremadura --y a raíz de la entrada en vigor
de la Orden de 25 de noviembre de 1998-- se han dado algunas situaciones
personales y particulares que conozco a la perfección que, desde luego,
no son nada agradables, porque de todas las personas que estaban en esta
situación --si mal no recuerdo en la provincia de Badajoz estaban
afectadas personas de los Juzgados de Paz de Calamonte, de Campanario, de
Puebla de la Cazada y, no estoy seguro, de San Vicente de Alcántara--, la
única plaza que se ha cubierto en propiedad ha sido la del Juzgado de Paz
de Campanario, que, curiosamente, es donde yo vivo y donde desarrollo mi
actividad política. Seguramente será una casualidad de la vida.
Por eso, le he preguntado --y espero que me conteste-- por el colectivo
de oficiales en funciones de Secretarios de Juzgados de Paz en
poblaciones de menos de 7.000 habitantes que vieron profesionalizadas sus
plazas después de la entrada en vigor de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero decirle que lo lógico hubiera sido que en el momento de
la entrada en vigor de la Ley de Demarcación y Planta Judicial se hubiera
tenido muy en cuenta la problemática que se podía ocasionar, y digo esto
por otra razón. El tema es complejo y yo no he querido entrar más en
profundidad, pero se me habla de oficiales en funciones de Secretarios de
los Juzgados de Paz. Y yo le tengo que decir que se llegaron a hacer
nombramientos muy curiosos. Se les dio categoría de auxiliares
administrativos porque algunos no tenían la titulación para ser
oficiales, con lo cual el tema, repito, es mucho más complejo, porque
incluso esto se hizo en contra de algún informe del Consejo General del
Poder Judicial, y esto hay quien lo sabe, hay quien maneja el tema y lo
conoce perfectamente, y ahora se nos piden soluciones milagrosas sobre
temas que vienen renqueando desde hace mucho tiempo y que pudieron tener
su solución en su momento.
Le remito el informe en el que hay hecho, en definitiva, un análisis de
la situación más pormenorizado, que no se puede englobar diciendo que
todos son oficiales porque no es así, y le emplazo a lo siguiente:
Estamos dispuestos a buscar soluciones con posterioridad, si realmente
las hay desde el punto de vista normativo, en esta legislatura, aunque yo
dudo, francamente, a pesar de lo que estamos diciendo, que las pueda
haber. En este momento no se me ocurre ninguna otra.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON MANUEL CABALLERO MUÑOZ Y OTROS SENADORES MAS:
SOBRE SI EL GOBIERNO HA INCLUIDO O PIENSA INCLUIR EN LOS ESTUDIOS
QUE SE ESTAN REALIZANDO PARA LA PROXIMA DEMARCACION ORDINARIA LA CREACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MONTIJO
(BADAJOZ) (681/001573).
SOBRE SI EL GOBIERNO HA INCLUIDO O PIENSA INCLUIR EN LOS ESTUDIOS
QUE SE ESTAN REALIZANDO PARA LA PROXIMA DEMARCACION ORDINARIA LA CREACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN VILLAFRANCA
DE LOS BARROS (BADAJOZ) (681/001574).
El señor VICEPRESIDENTE: Agradezco a sus señorías el despliegue económico
que se ha hecho en cuanto a agrupar preguntas. Abordamos a continuación
las dos últimas de don Manuel Caballero Muñoz y otros Senadores más sobre
si el Gobierno ha incluido o piensa incluir en los estudios que se están
realizando para la próxima demarcación ordinaria la creación y puesta en
funcionamiento de un Registro de la Propiedad en Montijo (Badajoz), y,
asimismo, sobre si el Gobierno ha incluido o piensa incluir en los
estudios que se están realizando para la próxima demarcación ordinaria la
creación y puesta en funcionamiento de un Registro de la Propiedad en
Villafranca de los Barros (Badajoz).
Tiene la palabra, señor Caballero.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El único despliegue económico que esta señoría puede hacer en estos
momentos es el de la economía procesal. Y, por tanto, así lo hago.
El señor VICEPRESIDENTE: A ello me refería, señoría.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Desde el día 22 de diciembre del pasado año
este Senador y otros compañeros de circunscripción de Badajoz venimos
insistiendo en que el Gobierno tuviese un posicionamiento claro en torno
a la futura, deseable y necesaria creación de sendos registros de la
propiedad en Villafranca de los Barros y en Montijo en la provincia de
Badajoz. Son las dos únicas ciudades que son cabeza de partido judicial y
que en la provincia de Badajoz no tienen registro de la propiedad.
Me gustaría hacer hincapié en una serie de cuestiones. En primer lugar,
el Gobierno en sus respuestas escritas a repetidas preguntas de este
Senador condiciona la creación de estos registros a la atribución por
parte de la Junta de Extremadura de las oficinas liquidadoras de
impuestos cedidos. Quiero que me aclare ese extremo porque nosotros
consideramos que en caso de tener algo que ver --que yo
lo dudo-- sería justo al revés, primero la creación del distrito
hipotecario y, en su caso, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
función de una voluntad política que se manifiesta en los convenios que
firma la Comunidad Autónoma con la delegación territorial del Colegio de
Registradores, sería quien atribuiría esa encomienda de gestión a los
registros de la propiedad.
Por tanto, le formulo las preguntas tal y como las ha planteado el señor
Presidente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Muchas
gracias, señor Presidente.
Quizás interese, para aclarar un poco el tema, hacer, brevemente, alguna
consideración previa. Como es sabido, la determinación de las
demarcaciones registrales se hace extraordinariamente cada cinco años y
de forma ordinaria cada diez. Por tanto, la próxima demarcación ordinaria
será en el 2003. Sin duda, entonces se estudiará, aunque ya se está
estudiando; por ejemplo, hemos recibido estas peticiones que se basan en
razones distintas a la del volumen de documentación, que es lo que
aconseja una revisión extraordinaria de la demarcación registral; el
volumen de documentación tiene que superar los 8.000 documentos y hay una
Orden Ministerial que lo regula, la de 29 de julio de 1997, en esos casos
que me está planteando.
En estos momentos ninguno de los registros que se pretende crear en
Extremadura cumplen ese mínimo exigido a nivel general, es decir, no
concurren las circunstancias excepcionales de haber superado un
determinado número de asuntos.
Hay una instrucción, además, de los registros notariales de 23 de
noviembre de 1998 que decretó que una vez recibidos los informes
preceptivos quedaba cerrada la posibilidad. Por tanto, en este caso no
cabría la revisión extraordinaria. Pero vamos a la ordinaria donde,
incluso, ya hay una petición de creación de ambos registros.
Me pide una explicación sobre un tema que es conveniente saber. Los
presupuestos generales mínimos ahora para una demarcación ordinaria, sin
perjuicio del número de asuntos --ya se ha abierto expediente de los
nuevos registros de Villafranca de los Barros y de Montijo--, parten de
un doble requisito. Me parece que sólo se ha referido usted a uno. Por
una parte, que exista en el futuro distrito hipotecario una o más
notarías --en el caso de Villafranca de los Barros no existe y en el caso
de Montijo existe una-- y que los futuros registros estén dotados de
oficina liquidadora también o exista ésta en la capitalidad de los
mismos. La razón --que me parece obvia-- es que difícilmente se facilita
el acceso directo e inmediato al registro a los ciudadanos si se les
obliga a ir a dos municipios distintos para liquidar e inscribir la
adquisición, con el peligro adicional de complicar la gestión de su
documentación y aumentar la inseguridad jurídica que la presentación en
el Registro de la Propiedad otorga a los documentos.
En cualquier caso, la creación de la oficina liquidadora depende de la
Comunidad Autónoma y no se trata de ver quién tiene que poner primero el
collar el perro, sino de una estrecha colaboración entre --en este caso--
la Dirección General de los Registros del Ministerio de Justicia y la
Comunidad Autónoma para facilitar que pudiera haber un registro en esas
ciudades y que, en definitiva, se estableciera la oficina liquidadora. No
va a ser una condición sine qua non el que haya oficina liquidadora para
que haya registro, pero sí sería conveniente una estrecha colaboración
con la Comunidad Autónoma para que se pudiera crear --en su caso y si es
necesario-- el registro y la oficina liquidadora por las razones que he
dicho anteriormente, que sería lo conveniente, y eso es competencia de la
Comunidad Autónoma.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO MUÑOZ: Mi intervención va a ser muy breve.
Esa voluntad política de colaboración existe y se pueden poner muchos
ejemplos --como el convenio que se firmó para informatizar los juzgados,
etcétera-- que efectivamente demuestran que la Comunidad Autónoma de
Extremadura tiene una voluntad de colaboración con el Gobierno, siempre y
cuando el Gobierno quiera colaborar con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y sus responsables así lo manifiesten a los responsables
políticos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, encabezados por su
Presidente, el señor Rodríguez Ibarra.
Debo entender que es un error, pero en Montijo sí hay notaría --demarcada
además-- y en Villafranca de los Barros también la hay. En cualquier
caso, eso es un error que no tiene la menor importancia.
Entendemos que debe haber una voluntad de consenso --y no en vano muy
recientemente el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Villafranca se ha dirigido al Alcalde para consensuar una moción conjunta
de todos los grupos políticos--, pero es verdad que durante la
tramitación de mis iniciativas parlamentarias, desde diciembre hasta la
fecha, el tono del debate subió debido al clima preelectoral y, desde
luego, todos dijimos cosas inconvenientes que en otro momento no se
deberían decir. Eso ya pasó y, por nuestra parte, pasamos página de esa
situación y lo que queremos es que para el año 2003, para la próxima
demarcación ordinaria, en Villafranca de los Barros y en Montijo haya
registros de la propiedad porque así se va a mejorar, sin duda, el
tráfico jurídico en dos comarcas que --dicho sea de paso-- son de las más
prósperas de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En cuanto a los convenios que firma la Comunidad Autónoma con la
Delegación Territorial del Colegio de Registradores, quiero decir que,
por ejemplo, en Badajoz, en Mérida, en Cáceres y en Plasencia los
impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma se liquidan en dependencias de
la Junta porque la Comunidad Autónoma no ha renovado el convenio con la
Delegación Territorial del Colegio. De
la respuesta del Gobierno me ha parecido entender que no tendría sentido
la existencia de un registro y no creo que ése sea un argumento tan
importante porque sólo con esos datos se viene abajo como un castillo de
naipes.
Nada más, señor Presidente, señorías, señor Secretario de Estado, muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): En primer
lugar, quiero reconocer mi error porque sí había notaría, y ha sido un
lapsus por mi parte que reconozco públicamente.
En cualquier caso, sin entrar en otro tipo de debate --en el que tampoco
el Ministerio de Justicia ha entrado porque lo que ha hecho únicamente ha
sido abrir expediente de la solicitud de creación de esos registros de
cara a la reforma de la demarcación registral ordinaria, con toda
objetividad, por cierto--, lo que sí sería conveniente, y lo es siempre
aunque haya algunos lugares en que no ocurra, es que, aparte de la
notaría, hubiera una oficina liquidadora y, de hecho, donde hay registro
siempre nos están solicitando para que instemos nosotros la creación de
la oficina liquidadora.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Secretario de Estado, le agradecemos su asistencia y sus
respuestas.
--PROPOSICION DE LEY SOBRE NOMBRE Y APELLIDOS Y ORDEN DE LOS MISMOS
(624/000024).
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, el tercer punto del orden del día es
dictaminar la proposición de ley sobre nombre y apellidos y orden de los
mismos.
Esta proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el día 26 de mayo,
fecha de su publicación en el «BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES».
El plazo de presentación de enmiendas terminó el día 7 de julio del
presente año. A esta proposición de ley se presentaron cinco enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia, integrada por don Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban
(Grupo Parlamentario Popular), don Salvador Capdevila i Bas (Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió), doña
Inmaculada de España Moya (Grupo Parlamentario Popular), don José Antonio
Marín Rite (Grupo Parlamentario Socialista) y doña Micaela Navarro Garzón
(Grupo Parlamentario Socialista), emitió informe el día 23 de junio de
1999. En dicho informe la Ponencia acordó introducir en el texto emitido
por el Congreso de los Diputados las cinco enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular y llevar a cabo, además, una serie de
modificaciones de carácter técnico y de estilo.
En esta fase de procedimiento no subsisten enmiendas a esta proposición
de ley. Por consiguiente, esta Presidencia tiene previsto un turno a
favor y otro en contra y, seguidamente, un turno de portavoces en el
orden habitual, salvo que se estimen innecesarios los turnos a favor y en
contra, en cuyo caso sólo intervendrán los portavoces de los grupos
parlamentarios.
¿Tienen algo que alegar, señorías? (Pausa.)
El señor MARIN RITE: Con la intervención de los portavoces es suficiente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Rite.
Tiene la palabra el señor Ariznavarreta.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos gustaría informar que se ha reunido la Ponencia con carácter previo a
esta Comisión y ha acordado modificar el informe de la misma en los dos
siguientes aspectos que, si su señoría lo considera oportuno, me permito
indicar.
El artículo cuarto del informe de la Ponencia, la adición de una
disposición adicional segunda a la Ley de Registro Civil, se ve
modificado en los siguientes aspectos: Decía el informe de la Ponencia
que «en todas las cuestiones relativas a la nacionalidad y al estado
civil las solicitudes de los interesados no podrán entenderse estimadas
por silencio administrativo», mientras que el texto aprobado ahora dice
que «en todas las peticiones y expedientes relativos a la nacionalidad,
nombre y apellidos las solicitudes de los interesados no podrán
entenderse estimadas por silencio administrativo», lo que voy a facilitar
por escrito.
El segundo aspecto se refiere al párrafo tercero del preámbulo, donde hay
una corrección fundamentalmente gramatical. El texto actual dice lo
siguiente: «lo cual no impide que ante el no ejercicio de las opciones
posibles deba regir lo dispuesto en la Ley», mientras que el texto que ha
quedado aprobado ahora dice: «lo cual no impide que ante el no ejercicio
de la opción posible deba regir lo dispuesto en la Ley». Simplemente son
estas dos cuestiones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ariznavarreta. Lógicamente
por mayoría de los grupos parlamentarios que forman parte de la Ponencia.
(El señor Marín Rite pide la palabra.)
El señor MARIN RITE: Nosotros estuvimos en contra de la enmienda en
general y, lógicamente, no pudimos apoyar su modificación, aunque ésta es
positiva.
El señor VICEPRESIDENTE: Seguidamente, entramos en la fase de
procedimiento de turno de portavoces. No se encuentran presentes en la
Comisión los representantes del Grupo Parlamentario Mixto ni los del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, deseo sumarme a los votos para que pronto veamos
reincorporado a su trabajo al Presidente de la Comisión.
En este turno de portavoces paso a fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa a la
presente proposición de ley que es fruto, como todas sus señoría saben,
de cinco proposiciones de ley sobre el mismo tema de modificaciones del
precepto del Código Civil y de la Ley del Registro Civil sobre el nombre,
apellidos y orden de los mismos.
Ello denota la preocupación de todos los grupos parlamentarios por el
derecho fundamental al propio nombre y al ámbito personal de su
identidad. En definitiva, la presente proposición de ley que hoy
dictaminamos es un conglomerado de aquellas proposiciones tramitadas con
gran consenso.
Se da un paso importante, y así hay que reconocerlo, con la reforma
esencial y relevante que se propugna, dando preponderancia, como se ha
dicho, a la autonomía personal respecto a fijar el nombre y orden de
apellidos, así como su modificación; importante en cuanto a la
identificación de la cultura plurinacional y lingüística de cada
Comunidad con la persona, a través del apartado tercero del artículo
segundo al permitir la sustitución en el Registro del nombre propio en él
figurado por su equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas
españolas. Son muchos y muy variados los casos de apellidos y nombres que
figuran en el Registro con una traducción al castellano muy poco
acertada. Y lo propio también para regularizar ortográficamente los
apellidos, adecuándolos a la gramática y fonética de la lengua española
correspondiente. Sobre dicho particular no está de más significar que ya
en Cataluña se aprobó el Decreto de 30 de julio de 1998 que permite la
adaptación del nombre y apellidos a la forma usual de la lengua catalana
o aranesa. Nos congratulamos de que hoy, a través de esta iniciativa, sea
posible todo ello en el resto de España.
La parte más emblemática es la posibilidad de registrar los nacimientos
con apellidos de la madre cuando así lo establezcan los padres de común
acuerdo. El artículo primero así lo autoriza al permitir que los padres
podrán decidir de común acuerdo el orden de transmisión de su respectivo
primer apellido, obviamente antes de proceder a su inscripción en el
Registro, y ello con una exigencia lógica en aras de la seguridad
jurídica de que el apellido escogido es el que deberá regir en las
inscripciones de nacimiento posteriores. Y como corolario de la
protección de esta libertad de decisión es que el hijo, al alcanzar la
mayoría de edad, pueda solicitar que se altere el orden de sus apellidos.
También es muy importante que dicha elección, al amparo de la disposición
transitoria única, pueda aplicarse a los hijos ya nacidos menores de edad
del mismo vínculo que de común acuerdo decidan anteponer el apellido de
la madre para todos los hermanos. Obviamente, a la mayoría de edad, se
requerirá un expediente gubernativo dando posibilidad de comparecencia a
tales hijos.
Por consiguiente, nuestro Grupo va a votar el dictamen favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín
Rite.
El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente el dictamen que en estos momentos se encuentra
sometido a la consideración de esta Comisión, no mantiene ninguna
enmienda. A pesar de que podía dar la impresión de que ha sido una
tramitación fácil, no ha sido así. Por el contrario, ha sido una
tramitación larga, difícil y compleja. Este texto es fruto de una larga
tarea de consenso en el Congreso de los Diputados por parte de los
distintos grupos parlamentarios, que partieron de cinco proposiciones de
ley presentadas por distintos grupos parlamentarios, entre ellos el
nuestro, donde tanto la Ponencia como la Comisión realizaron una gran
labor por ensamblar y refundir aquella documentación en lo que hoy es el
texto que se encuentra sometido a nuestra consideración.
Por tanto, fue un trabajo largo, ciertamente complicado y dilatado en el
tiempo también, ya que este trabajo se inició en el año 1997. El texto se
remite al Senado aprobado por unanimidad en el Congreso después de este
esfuerzo grande de consenso. A pesar de ello, nos produjo una gran
extrañeza que el Grupo Parlamentario Popular presentara enmiendas después
de dicho consenso, porque todavía resonaban en nuestros oídos las
durísimas palabras del Senador Prada donde nos tachaba de irresponsables
hace muy poco tiempo, tanto en la Comisión como en el Pleno, por haber
presentado enmiendas en un proyecto de ley que, al igual que éste, venía
consensuado del Congreso de los Diputados.
El Senado tiene una vocación de mejora de las leyes y una iniciativa
legislativa. Ciertamente en la mayor parte de los casos nos encontramos
con un texto legal ya elaborado que remite el Congreso. Pero, como digo,
el Senado tiene una vocación fundamental, como es la mejora de las leyes,
y espero que algún día alguien pueda plasmar en un texto, en una obra
jurídica, esa importantísima labor del Senado respecto de la mejora de
las leyes. Y el hecho de que en el Congreso de los Diputados pudiera
llegarse a algún acuerdo no significa que esa vocación de mejora del
Senado no pueda ejercitarse. Así, hoy mismo, a última hora, el
distinguido Senador Ariznavarreta ha llevado a cabo una mejora de la ley.
Lo que no tendría sentido es ir contra el acuerdo básico, de principio,
que sostiene la otra Cámara, pero siempre debemos mantener esa vocación
irrenunciable de mejora de las leyes que sin duda tiene el Senado.
Estamos en presencia, señor Presidente, de uno de esos casos en los que
la apariencia de la ley no está en consonancia
con su importancia. Creo que esta ley es importante por dos razones
fundamentales. Por una parte, el nombre de las personas, el nombre en su
conjunto, es decir, el nombre y los apellidos, no sólo es un elemento que
identifica jurídicamente a la persona, circunstancia que ya es importante
de por sí, sino que, además tiene una trascendencia social, porque el
nombre también nos identifica como individuos; somos distintos, entre
otras cosas, por el nombre. En realidad estamos ante una cuestión de
importancia jurídica, social e individual para las personas.
Pero, al mismo tiempo, y como ya ha señalado el Senador Capdevila, el
dictamen que en breve vamos a someter a la consideración de la Comisión
supone un paso adelante en ese largo camino --ése sí que es largo-- para
la consecución de la igualdad de la mujer. En este caso estamos ante un
supuesto de igualdad jurídica que algunas veces ha sido menospreciada, en
el sentido de que se trataba de importantes parcelas en las que había
habido menores avances para la igualdad de la mujer, como pueden ser el
terreno familiar, el social, el de la participación de la mujer en lo
público, etcétera. Pero, sin duda, la igualdad jurídica es absolutamente
fundamental para que la igualdad de derechos de la mujer pueda ser real y
efectiva.
Algunos Senadores de los que nos encontramos en esta Comisión hemos
estudiado y manejado un Código Civil en el que se decía: La patria
potestad corresponde al marido. El domicilio conyugal lo fija el marido.
La administración de los bienes de la sociedad de gananciales corresponde
al marido. Con ello se configuraba un entramado en el que la mujer
ocupaba una posición absolutamente subordinada, por lo que ha sido
necesario ir removiendo completamente todas esas cuestiones. Y hoy, el
dictamen que vamos a votar a continuación constituye un paso muy
importante en ese camino por la igualdad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Rite.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Ariznavarreta.
El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Gracias, señor Presidente.
Llega hoy a la Comisión esta proposición de ley sobre nombre y apellidos
y orden de los mismos, que es mucho más importante --en eso sí que
estamos de acuerdo-- de lo que pudiera parecer por el número de enmiendas
o por la tramitación legislativa que haya podido tener la ley. Y digo que
es muy importante por los trascendentales materiales que analiza. Así, en
nuestro sistema jurídico y en nuestro orden civil el nombre y los
apellidos tienen una trascendental importancia.
Afortunadamente, algunos de nosotros no hemos vivido en toda su
extensión, y con la problemática que han generado, muchas de las cosas
que mi querido compañero, el Senador Marín Rite, ha denunciado en su
última intervención. Eso es fruto de que, tanto la sociedad, como nuestro
sistema legislativo, van evolucionando hacia parámetros de igualdad real,
algo que esta proposición de ley viene a implantar de forma absolutamente
clara y sin dejar ningún lugar a la duda.
Como también se ha dicho, esta proposición de ley ha tenido un alto nivel
de consenso. Siempre se destaca el consenso en este tipo de proposiciones
que vienen apoyadas por un número de grupos muy importante, como ocurre
en este caso. Asimismo, ha requerido de mucho esfuerzo y trabajo en el
plano legislativo precisamente por la trascendencia de las materias que
analiza.
Sin entrar en disquisiciones sobre técnica legislativa, porque me parece
que éste no es el ámbito ni el momento para ello --estamos analizando una
proposición de ley sobre el nombre y apellidos y orden de los mismos y no
el papel del Senado o del Congreso, o lo que legislativamente debemos o
no debemos hacer los Senadores y Diputados--, considero que las
aportaciones que se han realizado en el texto por la vía de las enmiendas
han tenido como afán la mejora del mismo en todos los aspectos. Pensamos
que así han sido analizados en la Ponencia y que así se van a incorporar
al texto. No se trata de ir contra nada ni de hacer cosas distintas a las
que han hecho otros, sino, sencillamente, de mejorar lo que
competencialmente les corresponde hacer a los Senadores, a las Comisiones
del Senado y al propio Senado.
En cuanto al fondo de la proposición, voy a ser muy esquemático porque
muchas de las cuestiones ya han sido comentadas por los Senadores que han
intervenido. Por tanto, simplemente diré que llegamos a un texto que
elimina completamente la discriminación que existía en relación con la
mujer y con el orden de los apellidos. Entendemos que la proposición de
ley también pone en práctica una clara apuesta por la responsabilidad
personal de los padres y por su derecho a la libre elección del orden de
los apellidos. Pero esa apuesta por la responsabilidad personal y por el
derecho a la libre elección no puede poner en peligro un principio que,
en nuestra opinión, es fundamental, como es el de la seguridad jurídica,
por lo que se establecen una serie de garantías respecto de ese principio
y la forma y manera en que ese orden y la decisión que tomen los padres
vincule al resto de los hijos, a los mismos padres, etcétera.
Por otro lado, esta ley también se refiere a dos cuestiones fundamentales
ya citadas por nuestro querido compañero, don Salvador Capdevila. Una de
ellas es la relativa a que en este tema se normaliza completamente el uso
de las diferentes lenguas del Estado, con un apoyo claro al
reconocimiento de la riqueza idiomática. La otra, a que se apuesta por
una regularización ortográfica de los apellidos cuando la forma inscrita
en el Registro no se adecue a la gramática y a la fonética. Nos parece
que éstas son las características esenciales de esta proposición de ley,
y consideramos que ha sido precisamente en el Senado donde se ha
producido una mejora y una aportación muy rica en cuanto a su contenido y
forma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ariznavarreta. (La señora
Vindel López pide la palabra.)
¿Qué desea, señoría?
La señora VINDEL LOPEZ: Me gustaría intervenir para una cuestión
aclaratoria.
El señor VICEPRESIDENTE: Puede hacerlo, señoría.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a distraer muy poco tiempo la atención de sus señorías para dejar
claro, a la vista de una intervención anterior, que en el Grupo Popular
nunca hemos considerado que ejercer el derecho reglamentario de presentar
enmiendas a los textos que nos llegan del Congreso sea una
irresponsabilidad, sino todo lo contrario. Sin embargo, nos parece una
irresponsabilidad cuando un texto parlamentario entra en esta Cámara por
segunda vez, por la vía de urgencia, cuando ya ha tenido su segunda
tramitación en el Congreso de los Diputados, y todos los grupos
parlamentarios de la Carrera de San Jerónimo pactan que no se presenten
ulteriores enmiendas para que no se tarde más de lo normal en que un
texto legislativo entre en vigor. Como digo, eso nos parece una
irresponsabilidad, y no lo que ocurre en estos momentos. Desde luego, me
congratula que el inicio de este período de sesiones esta Comisión lo
haya hecho con un texto que ha alcanzado el máximo consenso, y no voy a
ser yo, desde luego, quien retire un solo calificativo, como ha hecho el
Senador Marín Rite, a los portavoces del Congreso de los Diputados, a los
que en la tramitación de estas cinco iniciativas prácticamente ha pintado
como si fueran los héroes del 2 de Mayo. Mis felicitaciones para los
Diputados y --por qué no, señoras y señores Senadores-- también para los
Senadores de esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Marín Rite
pide la palabra.)
Como es lógico, tiene usted la palabra, señoría.
El señor MARIN RITE: Gracias, señor Presidente.
Quiero referirme a la hábil intervención aclaratoria de réplica de la
Senadora Vindel.
Lo que yo he querido poner de manifiesto --y la cosa tampoco tiene mayor
trascendencia de la que se le pudiera dar-- es que hace unos días el
Senador Prada criticaba una situación idéntica a la que hoy se ha
producido aquí, con mayor o menor intensidad en el acuerdo.
Había un acuerdo, y hoy también ha habido un acuerdo que se ha mejorado,
aunque no por ello el señor Ariznavarreta es un irresponsable, que no lo
es en absoluto. Es más, el Grupo Parlamentario Popular no puede tener
razón en las dos ocasiones: o no tenía razón entonces o no la tiene
ahora. Yo creo que la tiene ahora y no la tenía entonces; la tiene ahora
porque ha hecho algo positivo, que es mejorar la ley. Entonces no la
tenía cuando nos llamó irresponsables a nosotros por intentar hacer lo
mismo: mejorar la ley.
Nada más. Muchas gracias. (La señora Vindel López pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: No, señora Vindel, no le voy a conceder de nuevo
la palabra. Apreciamos con satisfacción que han descansado sus señorías
este verano. (Risas.) Muchas gracias.
Finalizado el debate, corresponde pasar a las votaciones. No obstante,
antes de comenzar éstas, ruego a la Ponencia que manifieste a esta
Presidencia si desea introducir ulteriores modificaciones en su informe.
(Denegaciones).
Esta proposición de ley consta de cuatro artículos, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final,
precedidas del correspondiente preámbulo. La votación podría hacerse de
manera agrupada, salvo que haya alguna objeción al respecto. ¿Puede
hacerse de forma agrupada? (Asentimiento.) En ese caso, procedemos a
votar el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado.
Dictaminada la proposición de ley, la Comisión debe designar al
representante de la misma que lleve a cabo la presentación del dictamen
ante el Pleno de la Cámara.
La señora Vindel tiene la palabra.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular
propone a su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE: Deseamos de todo corazón, en cualquier caso, que
sea el señor Moya quien haga la presentación, si a sus señorías no les
importa. (Pausa.)
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y veinticinco minutos.