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DS. Senado, Comisiones, núm. 412, de 06/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 412
COMISION DE DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTIN DIAZ DE MERA
Y GARCIA CONSUEGRA
celebrada el martes, 6 de abril de 1999
ORDEN DEL DIA:
Dictaminar el proyecto de ley de régimen del personal de las Fuerzas
Armadas (621/000129).
Contestación por el Gobierno a las siguientes preguntas:
--Del señor Carracao Gutiérrez (GPS) sobre los planes del Ministerio de
Defensa con respecto al monte Dunas de Tarifa (Cádiz), tanto para lo que
esté previsto en la dehesa Punta Paloma como para punta Camarinal (Número
de expediente 681/001359).
--Del señor Gallego Cuesta (GPS):
Sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la modificación de la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, a fin de
equiparar a los policías locales con los demás miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en lo referente a la exención del
servicio militar y el aplazamiento de su incorporación a filas (Número de
expediente 681/001361).
Sobre el uso que se va a dar a las instalaciones en las que se ubicaba el
Centro Táctico número diez de Torquemada (Palencia) (Número de expediente
681/001431).
--De la señora Castro Mateos (GPS):
Sobre las previsiones del Gobierno en relación con la ampliación y
potenciación de la base aeronaval de Rota (Cádiz) (Número de expediente
681/001410).
Sobre las bases militares españolas que están directamente afectadas por
la integración plena de España en la estructura militar de la
Organización del Atlántico Norte (OTAN) (Número de expediente
681/001409).
--Del señor Elorriaga Fernández (GPP):
Sobre los estudios realizados o en fase de realización referentes al
actual concepto estratégico español para definir nuestra posición en la
Cumbre de Washington que se celebrará en abril de 1999 (Número de
expediente 681/001419).
Sobre el grado en el que se encuentran cubiertos o se van a cubrir los
puestos asignados a oficiales españoles en los cuarteles generales de la
Alianza Atlántica (Número de expediente 681/001421).
Sobre los motivos por los que se está prolongando el proceso de selección
y adjudicación de la fabricación de un nuevo fusil de asalto para el
Ejército (Número de expediente 681/001420).
Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días señorías, se abre la sesión.
--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS (621/000129).
El señor PRESIDENTE: Espero que hayan tenido buenas vacaciones de Pascua.
Antes de comenzar los trabajos de la Comisión quiero dar la bienvenida al
Senador don Manuel Marcos Pérez Hernández, Secretario Segundo de la Mesa.
Voy a recordar algunas cuestiones previas al debate del Proyecto de Ley
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Como saben sus señorías,
en función de una generosa interpretación del artículo 116, se decidió en
la anterior Legislatura el procedimiento para debatir y votar en el seno
de Comisión leyes de las características legislativas y de la envergadura
de la que hoy debatimos.
En síntesis, el procedimiento a seguir será el que sigue: El portavoz del
Grupo enmendante, de menor a mayor, procederá a la defensa de sus
enmiendas, y esta Presidencia ruega que se haga en bloque con el fin de
agilizar el debate. Seguidamente intervendrá el Grupo Parlamentario
Popular, para volver a hacerlo el enmendante. De nuevo intervendrá el
Grupo Parlamentario Popular. A continuación se abrirá un turno de
portavoces y cerrará el debate el Grupo Parlamentario Popular.
Finalmente, en función del artículo 116 antes mencionado, se votará el
texto de la Ley, pero no las enmiendas.
¿Quieren alguna aclaración? (Pausa.)
En ese caso, con el fin de que no tengan que permanecer en la Comisión
los señores Senadores que tengan otras actividades, podemos fijar el
momento de la votación entre las doce y media y las doce cuarenta y cinco
de la mañana. Como saben, a la una tendrá lugar una segunda parte de la
Comisión dedicada al control del Gobierno en la que comparecerá el
Secretario de Estado.
Iniciamos el debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré hacer una defensa global de las enmiendas firmadas por mí, así
como de las de los Senadores Román Clemente y Ríos Pérez. Lo haré así en
vez de defender individualmente cada una de las enmiendas para no alargar
mucho el debate. Es más, en algunas enmiendas coincidimos y, por tanto,
haré una defensa conjunta de las mismas.
En principio he de decir que es una ley importante, puesto que se trata
de la normativa de las Fuerzas Armadas de nuestro país, cuyo futuro ya
hemos abordado al dotarla de un carácter profesional. El bloque de
enmiendas que presentamos tiene por objeto contribuir a esa
profesionalización de las Fuerzas Armadas; aspecto que ha sido tratado
con una perspectiva de futuro y conforme a un Estado democrático, y por
eso se plantean una serie de derechos, deberes y garantías que deben
poseer las Fuerzas Armadas modernas.
El primer bloque de enmiendas que paso a defender plantea la
democratización de las Fuerzas Armadas, y en ellas proponemos la
necesidad de solucionar algunos asuntos pendientes, por ejemplo, la
militarización o no de la Guardia Civil. Nosotros creemos que hay que
dotar a la Guardia Civil de un marco propio; por ejemplo, deberían
concedérsele los mismos derechos de asociación que posee la Policía
Nacional. Considero que ésta sería una oportunidad para abordar el
problema de la Guardia Civil, porque creo que es una cuestión que hay que
resolver.
Por otra parte, creemos que las características del ejército que queremos
requiere la fijación de una plantilla de mandos que nosotros situamos en
torno a 30.000. Consideramos importante acordar una cifra concreta a fin
de que el número de mandos sea acorde al tamaño del ejército que
queremos.
Pensamos que debe regularse el tema de las escalas de mandos; las
funciones de los ingenieros técnicos en la Marina, en el Ejército de
Tierra y en el del Aire. Pero hemos de abordar estos asuntos desde la
perspectiva de modernidad y de desarrollo tecnológico que tiene que tener
un ejército. No sería entendible limitar la capacidad de ascenso de los
ingenieros técnicos, mientras que la limitación para otros cargos, por
ejemplo, los capellanes, es casi inexistente. No tenemos nada en contra
de ello, pero creemos que es una discriminación que no contribuye a la
modernización del ejército; tengan en cuenta que hoy en día este
grupo puede ser minoritario dentro del ejército, pero el ejército moderno
del que queremos dotarnos va a necesitar de más escalas técnicas.
Otra serie de enmiendas van encaminadas a la enseñanza militar, aspecto
que consideramos importante situar en un nuevo marco.
Abordamos también el tema de la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas que, aunque ya figura en nuestro ordenamiento, hay que tratarlo
con una perspectiva de futuro y darles mayor amplitud. Pensamos que es
necesario tomar una serie de medidas concretas para no discriminar a este
colectivo, así como para estimular su entrada y para que su peso sea cada
vez mayor en las Fuerzas Armadas. Se trataría de adaptar sus condiciones
a su nueva situación; por ejemplo, las pruebas físicas de los exámenes no
pueden ser similares, porque indudablemente no se puede equiparar a los
varones y a las mujeres en este tipo de pruebas. Creemos necesario
regular estos aspectos y apostar por la discriminación positiva, y para
ello hemos formulado una serie de enmiendas.
Proponemos asimismo todo un conjunto de enmiendas a fin de proporcionar
mayor seguridad jurídica en ciertas actuaciones, por ejemplo, en los
concursos de ingreso. Asimismo, consideramos necesario regular las
excedencias puesto que el ejército invierte mucho dinero en la formación
de su personal y luego son muchos los que optan por trabajar en la
empresa privada; la experiencia demuestra que esto sucede mucho en el
campo de la aviación militar, ya que son muchos los pilotos que, después
de adquirir la formación militar pertinente, pasan a desempeñar su
actividad en el ámbito civil. Esto hay que regularlo, y debería existir
una ley que, sin impedir que eso se pueda producir, obligara al
interesado a resarcir a la sociedad en cierta medida por aprovecharse de
la formación adquirida a través del ejército.
Ya en la perspectiva de unas Fuerzas Armadas profesionalizadas,
proponemos una serie de enmiendas para regular mejor el derecho de la
objeción de conciencia, puesto que ésta es aplicable tanto a los soldados
como a los mandos. Sería conveniente que en la regulación de dicha
objeción de conciencia se previera la existencia --a fin de evitarla-- de
algún tipo de picaresca que haga posible pasar a la reserva y acceder al
ámbito civil. Es necesario que la nueva regulación controle esto al mismo
tiempo que garantice la libertad de conciencia que supone la práctica de
la objeción; pero si se es objetor, se es para ambos casos.
Formulamos también una serie de enmiendas a las disposiciones adicionales
y otras nuevas acordes a la lógica del resto de enmiendas presentadas al
proyecto de ley. Dichas enmiendas están condicionadas por ese marco que
es nuestra manera de entender la articulación y la puesta a punto de las
Fuerzas Armadas.
Hay otra cuestión que no quería pasar por alto, que es la de garantizar
en las Fuerzas Armadas profesionales la libertad religiosa, que está
reconocida en nuestro país. Somos un Estado laico, pero en él hay
distintas religiones, no sólo la católica. Esta es la mayoritaria en el
Ejército, y católicos son sus capellanes, etcétera, pero no hay que
olvidar que en nuestro país también existen otras religiones, aunque sean
minoritarias, por lo que también hay que garantizar a los miembros de las
Fuerzas Armadas el derecho al ejercicio de la libertad religiosa. Dentro
de ese marco o concepción globalizadora es en el que están situadas las
enmiendas, en las que no me voy a detener con detalle, aunque quizá lo
haya hecho más en las mías que en las de Fermín Román Clemente y
Victoriano Ríos.
Con esta intervención doy por defendidas todas ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
Damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Su señoría
tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio no vamos a aceptar este bloque de enmiendas, sin que esto
quiera decir que algunas de las inquietudes manifestadas puedan estar
reflejadas no sólo en nuestras propias enmiendas sino también en las de
otros grupos de esta Cámara que, de alguna forma, pudieran coincidir con
sus puntos de vista, sobre todo en cuestiones concretas.
Creemos que, primero, debe olvidarse todo asunto relativo a la Guardia
Civil en relación con esta ley, puesto que ya está en las Cortes
Generales la ley que afecta a este Instituto, que es en la que tiene que
resolverse los problemas que afecten este colectivo. Es evidente que los
problemas derivados de distintas cifras de mandos o de personal pueden
tener una lógica a partir de las cifras que maneja este grupo de
Senadores, pero nosotros mantenemos nuestras cifras y, por tanto, al
hacerlo, no podemos estar de acuerdo con la aceptación de otro volumen de
Fuerzas Armadas, ya que esto significaría un cambio radical de la ley.
Sabemos que hay problemas sobre los que tendremos que hablar no sólo en
este caso sino en otros, como, por ejemplo, el de las escalas técnicas.
El carácter de éstas es técnico, y no tiene nada que ver con hechos como
el del ascenso a mandos operativos o simbólicos, el qué exista o deje de
existirá un general, etcétera, porque en realidad se trata de personas
que están en unas escalas antes llamadas medias --nosotros hemos
suprimido este calificativo de medias y se llaman simplemente escalas
técnicas de oficiales--, pero en unas condiciones determlnada; no se
puede entremezclar esta cuestión con problemas o aspiraciones
profesionales de colectivos muchísimo más extensos, que es el de estos
profesionales técnicos en el conjunto de la sociedad, en la función
pública, e inclusive en una sociedad civil, no ya sólo en las esferas
públicas. A nivel europeo incluso tienen problemas de titulación. Sería
deseable que tuvieran algún tipo de solución o que se diera acogida a sus
aspiraciones, pero el tratar de resolverlo en una ley militar y con un
sector minoritario de personas que forma parte de un sistema ordenado de
oficialidad, con escala de oficiales y escala superior de oficiales,
entremezclándolas, supondría crear una gran confusión en dicho sistema,
sin resolver con ello el problema que puedan tener estas profesiones
globalmente.
Por supuesto que no somos partidarios de la existencia de ningún
asociacionismo militar que pueda significar una parcialización de las
Fuerzas Armadas. En la ley se prevé la creación de los Consejos Asesores,
que se reglamentarán, y que permitirán la defensa de los intereses ante
el mando de los distintos colectivos de las Fuerzas Armadas, pero nunca
serán asociaciones de carácter reivindicativo o parcial, puesto que lo
más importante para nosotros es mantener esa neutralidad de las Fuerzas
Armadas, que está dando muy buenos resultados. No fue así en otras épocas
de la historia de España, en las que existieron ciertos tipos de
agrupaciones dentro de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, podemos decir
que donde mejor funcionan las experiencias que se viven en el mundo en
este sentido es en aquellos países en que lo hacen de la forma más
parecida a los Consejos Aseseres que trata la ley, sin embargo, donde
avanzan más en ese terreno de la admisión de una cierta agrupación
ideológica dentro de las Fuerzas Armadas, no se han producido más que
consecuencias negativas. Normalmente, los propios políticos y militares
de estos países consideran que no son unas experiencias positivas.
Es evidente que se tendrán en cuenta las cuestiones relacionadas con la
incorporación de la mujer que, por otro lado, está perfectamente
incorporada en estos momentos, y cuyo número crece de manera progresiva.
En cuanto a lo que se refería el Senador sobre la objeción de conciencia,
deseo manifestar que es evidente que en el Ejército profesional no va a
haber objetores de conciencia puesto que no serán admitidos en las
Fuerzas Armadas, ya que la primera condición para ser militar profesional
es no ser objetor de conciencia. No queda más tema relacionado con la
objeción de conciencia que en el caso de que existiesen reservistas
obligatorios en una situación crítica especial, en cuyo caso sí volvería
a plantearse el problema de la objeción de conciencia de estos
reservistas, pero en el Ejército voluntario se entiende que ésta no
existe.
La libertad religiosa está plenamente garantizada en las Fuerzas Armadas,
y las circunstancias del sistema de asistencia religiosa de la Iglesia
católica forma parte de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, lo
cual no quiere decir que no puedan establecerse acuerdos con otras
entidades religiosas si es necesario, pero no parece que haya que
modificar el sistema actual, sino que es un problema de acuerdos
bilaterales entre el Estado y las entidades religiosas que lo soliciten.
Por todo lo expuesto, no vemos fundamento especial para estas enmiendas,
aunque, como he dicho al principio, el espíritu de algunas de ellas
quedará recogido en las resultantes finales de la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias. Voy a ser muy breve.
Entiendo los argumentos del Grupo Parlamentario Popular, pero esto es un
debate, y está, por ejemplo, la cuestión de la objeción sobrevenida. La
objeción de conciencia, en lo que es el núcleo de lo que hoy hay
planteado, se resuelve con la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
pero puede haber un sector minoritario --y no estamos hablando sólo de
soldados profesionales, sino incluso de mandos-- al que, en un momento
determinado de su vida, por la razón que sea, porque les pasa como a San
Pablo, que se caen del caballo y cambian, se le produce una objeción
sobrevenida. Hay que prever esto. Coincido en que va a ser una anécdota,
incluso minoritaria, pero sería bueno preverlo en esta ley. Pienso que no
sería ningún desatino.
En cuanto a la libertad religiosa, todos sabemos que la cultura cambia y
que por fortuna, la sociedad española ha cambiado mucho y han penetrado
en ella, al igual que en el Ejército, las ideas democráticas, pero de
todas formas no podemos olvidar que aquél, por tradición, es mucho más
conservador, y en sectores importantes y mayoritarios del Ejército
todavía se mira con mucho recelo la libertad religiosa. Por lo tanto,
garantizar el derecho a la libertad religiosa en las Fuerzas Armadas
sería una contribución moderna a la vista de lo que queremos que sean las
Fuerzas Armadas españolas y una garantía más del avance de los derechos
democráticos. De todas formas, esperaré al final para ver si ese espíritu
se recoge en sus posiciones.
Para hablar de la escala de los ingenieros técnicos del Ejército español
hay que recurrir al Derecho comparado. Hemos de tener como referencia a
la mayoría de los ejércitos europeos. Tenemos que centrarnos en el marco
en el que nos estamos moviendo y por el que apostamos, al menos este
Senador apuesta por ese marco cada vez mayor de integración en Europa.
Hemos de referirnos, por lo tanto, al Derecho comparado. Hemos de ver
cómo están reconocidas esas escalas técnicas de ingenieros técnicos en la
inmensa mayoría de los ejércitos europeos, en ejércitos profesionales.
Tendríamos que dar una media vuelta a este tema para dar soluciones,
aunque se trate de un colectivo minoritario dentro del ejército. El
talante del legislador, el talante democrático, nos lleva a tener en
cuenta los derechos de esas minorías, que son importantes porque el
ejército profesional va a necesitar cada vez más de mandos técnicos.
Estamos hablando de la informática y de la cibernética. El ejército tiene
que estar técnicamente preparado y, por tanto, necesitará cada vez más de
este tipo de profesionales a los que hay que estimular. Un ingeniero
técnico que está dirigiendo un complejo informático del ejército que
tiene un grado limitado de mando tiene poco estímulo y, como vulgarmente
se dice --aunque afortunadamente eso no va a existir--, un chusquero
cualquiera pueda estar dándole órdenes sin saber de qué va la vaina.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En cuanto a la objeción sobrevenida, que parece que late detrás de este
tema, no es admisible en un ejército profesional. Desgraciadamente, hemos
visto que en estos días de actualidad dramática a un parlamentario que se
permitió decir que lo que tenían que hacer los militares españoles que
estaban actuando en Serbia era objetar de conciencia.
Es absolutamente inadmisible que objetar o no esté al arbitrio o a la
discreción de cada militar. La propia seriedad de la objeción de
conciencia implica que no sea sobrevenida, sino que sea la actitud vital
de una persona que no quiere usar las armas. No es admisible que una
persona, después de haber usado las armas en una determinada ocasión,
diga que no en un caso concreto. Hay que saber qué ejército queremos; si
queremos un ejército eficaz, si queremos un ejército operativo, si
queremos un ejército contundente, no tiene cabida la objeción
sobrevenida.
En cuanto a la libertad religiosa creo que se están dando razones
puramente subjetivas. Se ha hablado de tendencias conservadoras, de
tradicionalismos. En este momento la libertad religiosa está
absolutamente garantizada en las Fuerzas Armadas. Nadie es coaccionado en
ningún sentido e inclusive hay, dentro de esta Ley, normas muy concretas
que plantean el juramento o la promesa a la bandera por razones de
conciencia. No parece necesario, por tanto, que se subraye más esta
cuestión.
En cuanto a las escalas técnicas, he de insistir en que una cosa es el
nivel de aceptación social o el prestigio social que puedan adquirir
determinadas profesiones y otra cosa es la organización de las Fuerzas
Armadas. Nadie ha dicho que las Fuerzas Armadas no tengan que estar
tecnificadas ni que tenga que haber más o menos ingenieros o arquitectos
técnicos. Las Fuerzas Armadas verán los que necesitan. No es ninguna
deshonra pertenecer a una escala de oficiales que tiene un margen igual
al de otras profesiones. No se trata de una situación profesional no
elegida voluntariamente por estas personas. Esta situación profesional no
puede predominar sobre otra situación profesional superior
académicamente, lo cual no quiere decir que no sea absolutamente
respetable que una persona de un cuerpo técnico pueda ser teniente
coronel y que una perteneciente a un cuerpo general de las armas pueda
ser coronel. No hay nada deshonroso en ser comandante, capitán o teniente
coronel. Precisamente, en el carácter técnico de las funciones están
también sus limitaciones en cuanto sean funciones de mando estratégico,
de mando operativo, de organización.
El Senador hablaba, precisamente, de una persona que manejaba los
sistemas informáticos. Para manejar el sistema informático no hay que ser
General. Cada cosa está en su sitio. En todo caso, el replanteamiento de
la consideración profesional en cuanto a los niveles a los que cada
profesión debe llegar en el conjunto de la sociedad es un tema que
corresponde al Ministerio de Educación, que es el que expande los títulos
a los organismos internacionales, y no debe traerse a colación en este
encuadramiento dentro de las Fuerzas Armadas que es el que es, pues hay
miles de personas que están dedicadas a estas funciones y que, como
tales, son muy estimadas y muy apreciadas. Además, tienen el tipo de
carrera que antes correspondía a las llamadas escalas medias y en este
momento a las llamadas escalas técnicas de oficiales. De ahí que esto no
tenga que tener un tratamiento absolutamente diferenciado del que se da
en relación con los niveles de cualquier otro tipo de profesiones. Me
figuro que en otros cuerpos, en el de sanidad por ejemplo, existen
personas que están como oficiales de unas escalas que no son las escalas
superiores y que cumplen su misión perfectamente.
No creo que este tema afecte excesivamente a la organización militar que
queda perfectamente establecida tal y como está contemplada en la ley,
respetando, eso sí, que estos titulados, en la lucha por el
reconocimiento de estos títulos en el conjunto de la sociedad, tengan,
naturalmente, el derecho a aspirar a todo lo que juzguen conveniente.
Pero los que han juzgado conveniente integrarse en estas escalas están
bien donde están. Esta es nuestra opinión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriagá.
Damos ahora, como hemos anunciado, la posibilidad de posicionarse sobre
este bloque de enmiendas a los portavoces del resto de los Grupos
Parlamentarios.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
E1 señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate sobre este grupo de
enmiendas e iniciamos ahora el debate de las enmiendas propuestas por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El grupo de enmiendas que hemos presentado, que comprende las números
166, 167, 175 y 176, se refiere a las previsiones de la movilización de
la reserva. Entendemos que toda movilización de una reserva responde a
una crisis lo suficientemente importante y grave como para que el
Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, tenga un protagonismo
suficiente en dicha movilización. Entendemos, por tanto que, en cualquier
circunstancia, siempre que se vaya a utilizar una reserva, ello deberá
hacerse, no ya sólo con el conocimiento de la Cámara de Diputados, sino
también con su autorización.
Un segundo bloque de enmiendas se refiere a la necesidad de que en todo
momento el contingente de este futuro ejército se establezca por medio de
una ley de plantillas. A nuestro entender, ése fue el criterio que se
adoptó en el dictamen de la Comisión Mixta celebrada al efecto, acuerdo
que, sin embargo, se ignora en el presente proyecto de ley. Seguimos
insistiendo en la necesidad de elaborar una ley de plantillas, ley que
deberá ser aprobada por el Parlamento, y por medio de la cual en períodos
quinquenales --es decir, coincidiendo con las grandes decisiones de la
defensa-- se decidirán las plantillas del futuro ejército español.
Respecto a libertades y derechos, no voy a insistir en esta cuestión
puesto que creo que ya ha sido suficientemente debatida. Por tanto, doy
por defendidas en sus propios términos las enmiendas que hemos presentado
en relación con ello. Se trata de las números 170, 171 y 172, 173 y 174,
esta última referida a los Suboficiales del Cuerpo de Infantería de
Marina. (La señora Vicepresidenta, Martínez Berenguer, ocupa la
Presidencia.)
Por último, quisiera hacer referencia a la enmienda número 177. En ella
solicitamos la inclusión de una nueva disposición adicional en la que se
prevea la necesidad de aceptar el principio vigente en nuestro Código
Penal del derecho de aplicación de la norma más favorable. Y es que, una
vez que se apruebe definitivamente el ejército profesional, nos
encontraremos con que hay un gran número de diligencias penales
instruidas sobre un hecho que, efectivamente, está tipificado en el
Código Penal, pero que a partir de la profesionalización del ejército no
constituirá ya un hecho delictivo. Por tanto, solicitamos la adición de
esa nueva disposición en función del reconocimiento de que, por la
aplicación del principio penal de la ley más favorable, sean revisadas
las diligencias que se estuvieren tramitando por incumplimiento del deber
que existía hasta ese momento.
Todas las demás enmiendas, señora Presidenta, las doy por defendidas en
sus propios términos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
En relación con todo ese conjunto de enmiendas, gran parte de las cuales
han sido defendidas en sus justos términos, he de decir que, como es
lógico, por nuestra parte quedan también no aceptadas en los justos
términos de nuestros puntos de vista en relación con el proyecto de ley.
En cuanto a las autorizaciones parlamentarias para las movilizaciones,
creo que en el proyecto está bien claro cuáles son esas autorizaciones.
Por tanto, no vemos necesidad alguna de modificarlo. Les diré que incluso
hemos pensado plantear en su momento una modificación, posiblemente a
través de enmiendas «in voce», en el sentido de que esta Cámara no quede
excluida de cuantas actualizaciones e informaciones puedan producirse en
el caso de que sea sustituida --como tradicionalmente viene ocurriendo en
otros textos-- la expresión Congreso de los Diputados por la de Cortes
Generales. Pero, a decir verdad, no vemos la necesidad de hacer otros
cambios.
En cuanto a que este proyecto ignora la necesidad de que haya una ley de
plantillas, tengo que decir que, efectivamente, el proyecto no consiste
en hacer una ley de plantillas. Por supuesto que puede ser conveniente
que haya una ley de plantillas, pero este proyecto de ley no tiene por
qué tener la precisión que sí debe existir en una ley de plantillas. El
proyecto incluye unas líneas globales en relación con el número de
cuadros de mando y con el número de componentes de tropa que formará el
ejército profesional, pero la cuestión de las plantillas tendrá que
ajustarse posteriormente a una serie d necesidades y circunstancias mucho
más concretas que, por tanto, exigen otro tipo de formulación que,
evidentemente, llegará a las Cámaras en su momento.
En cuanto a la cuestión de la Infantería de Marina, creemos que eso ha
quedado ya resuelto con las modificaciones que a través de enmiendas se
hicieron en el Congreso de los Diputados.
En relación con lo de la ley penal más favorable, consideramos que ha
habido una manipulación del concepto. Está claro que siempre debe
aplicarse la ley más favorable, pero tengo que decir que no con carácter
retroactivo. Es decir, debe aplicarse la ley más favorable pero siempre
en un concepto horizontal de las leyes vigentes en un momento
determinado, es decir, sin volver hacia atrás para ver qué ley resultaría
más favorable, si una ley posterior en relación con otra anterior. Es
decir, lo que habrá que ver es si las personas que cometieron una
infracción en relación con una ley que estaba en vigor tuvieron o no el
tratamiento correspondiente. Por otra parte, podemos decir también que ha
habido notables avances en este sentido para suavizar la aplicación de
determinadas leyes, por ejemplo, con la reciente supresión de las penas
de privación de libertad. Pero si entramos en este momento a revisar este
tipo de problemas, del mismo modo podríamos tratar de revisar, por
ejemplo, quiénes fueron afrancesados en la Guerra de la Independencia. Es
decir, sería plantear de nuevo un pasado que realmente queda fuera de
toda actualidad con este proyecto de ley.
Nada más, señora Presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero decirle al señor Elorriaga que si nos hemos
referido a la Cámara de Diputados como estamento que debe autorizar las
movilizaciones, es porque nosotros consideramos que existe una urgencia
en esa movilización, urgencia que, lógicamente, exigía un protagonismo
inmediato de la Cámara de Diputados ya que el funcionamiento de dicha
Cámara es más sencillo que el del Senado.
En segundo lugar, en cuanto a lo que su señoría ha dicho sobre los
afrancesados, he de decirle, señor Elorriaga, que estamos hablando de
unas diligencias relacionadas con un número importante de personas,
diligencias que consideramos deben ser revisadas sencillamente porque el
hecho que tipificaba que esas personas están sometidas a las mismas ha
dejado de existir. Pero hay que decir que la ética en el Derecho también
sirve. Es decir, no sólo es válida la ley positiva sino que también lo es
la ética.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: La referencia al Congreso de los Diputados,
Cortes Generales, en absoluto implica una menor o mayor rapidez en la
tramitación. Es decir, según el caso de que se trate, pueden ser válidos
el Congreso, el Senado, una comisión mixta o un Pleno. La cuestión es que
el término «Congreso de los Diputados» parece dar a entender la exclusión
del parlamentarismo bicameral español de una de las dos Cámaras que lo
componen. No se trata de otra cosa. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
En cuanto a que hay personas afectadas por unas leyes determinadas, es
cierto, pero todas esas situaciones estarán más que resueltas desde el
momento en que no existe ya conscripción obligatoria. Con lo cual, los
temas planteados por incumplimientos de las leyes de conscripción
obligatoria mientras éstas estuvieron vigentes en España pueden datar, si
se quiere, de dos siglos antes, de épocas en que había conscripción
obligatoria. Pero no parece que en estos momentos el revisionismo de todo
un problema del pasado conduzca a nada puesto que las consecuencias
derivadas de todo ello son nulas al estar planteado ya este tema y al
haberse reducido las sanciones por incumplimientos hasta unos mínimos
simbólicos que, o ya han sido llevadas a efecto, o han derivado en una
declaración de situación rebeldía legal y nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
A continuación, abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Creo que existe un problema de fondo en el tema planteado por el portavoz
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos respecto de los procesos
pendientes sobre objeción de conciencia, etcétera. A este respecto, una
vez sancionada esta ley no tendría sentido esa disposición --incluso se
podrían agilizar los trámites de la justicia, etcétera--, ya que esos
delitos dejarían de existir por aplicación del carácter retroactivo de la
ley, lo que creo que significa irse poniendo al lado de la sociedad y con
la juventud. Por tanto, no se trata aquí de afrancesados.
Por otro lado, y respecto de la objeción de conciencia sobrevenida,
aprovecho este turno para decirle con todo respeto al Senador Elorriaga
que no creo que la persona que en un momento determinado ingrese en el
Ejército tenga de por vida una mentalidad propia del Ejército.
Afortunadamente, los hombres no somos minerales, sino que evolucionamos,
cambiamos. De hecho, en este país había gente que no tenía cultura
democrática, que, sin embargo, hoy la tiene. Es decir, ha habido un
cambio, se ha evolucionado. Por tanto, ¿por qué vamos a cerrar la puerta
a algo que se encuentra en la vida misma, en la evolución y en el hacerse
del hombre? Insisto en que no creo que se pueda establecer que por el
hecho de que alguien ingrese en el Ejército sea militar para toda la
vida, porque, repito, los hombres no somos minerales.
Así pues, hay que contemplar el supuesto de la objeción de conciencia
sobrevenida, y no crear un conflicto que no tendría sentido en una
sociedad democrática y evolucionada que no establece que alguien nace con
unas determinadas ideas y que éstas no pueden modificarse.
Afortunadamente, la vida es más rica que todo eso. Precisamente por ese
motivo, actualmente los valores democráticos de nuestra sociedad son
ampliamente mayoritarios, aunque también hay que decir que eso no ha sido
así toda la vida. En este sentido, en un debate entre el señor Ruiz
Jiménez y David Jato Miranda --no sé si ustedes recordarán quién era el
señor Jato Miranda--, éste último le recordó todo su pasado, es decir,
que había sido de la Falange, etcétera. Y en su contestación, el señor
Ruiz Jiménez dijo que eso era cierto, pero que él había evolucionado
porque era un hombre, no un mineral. Por tanto, esos argumentos no sirven
desde el punto de vista de una sociedad que encara el futuro en el marco
de la evolución y el cambio de los hombres y mujeres, del género humano,
por lo que hay que contemplar ese supuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.
¿Grupo de Convergencia i Unió? (Pausa.)
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Utilizo este turno porque la intervención del Senador del Grupo Mixto ha
revivido el tema anterior. Por tanto, voy a precisarle nuestra posición.
En primer lugar, los procesos por objeción de conciencia no existen, es
decir, ésta permite que alguien sea objetor de conciencia y que no haya
hecho el servicio militar en su momento. Así pues, ese tema no se plantea
de cara al futuro. De lo que se trata es de las consecuencias penales que
puedan tener actitudes de insumisión por incumplimiento de las leyes,
pero no respecto de la objeción de conciencia.
En cuanto al hecho de que el hombre evolucione, es algo evidente, pero
eso no significa que no existan responsabilidades cuando esa evolución se
produzca. En este sentido, con arreglo a esta ley el militar contrae unos
compromisos determinados, aunque no son para toda la vida, sino
temporales en gran parte de los casos; especialmente, en relación con los
soldados, ya que para empezar hay compromisos de un año. Eso significa
que la persona que incumple sus compromisos es responsable de ese
incumplimiento, pero no quiere decir que no pueda evolucionar, aunque,
insisto, siempre respondiendo por el incumplimiento de sus compromisos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Damos por concluido el debate de las enmiendas presentadas por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos.
A continuación, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el
portavoz del Grupo de Convergència i Unió.
El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario mantiene dos enmiendas en este trámite. La
primera de ellas, la número 178, hace referencia a una nueva disposición
adicional, con objeto de facilitar el escalonamiento de aquellos
militares que, procedentes de la escala de complemento, accedieron a
militar de carrera de la Escala Media del Cuerpo Militar de Sanidad antes
de la entrada en vigor de la Ley de Régimen del Personal Militar
Profesional. En este sentido, el texto de esta nueva disposición
adicional indica que partirán de la escala de origen de militar de
carrera, a efectos de escalonamiento en la Escala de Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad.
En cuanto a la segunda enmienda, la número 179, propone la adición de un
apartado 2 en la disposición adicional octava, por lo que su actual
redacción pasaría a ser el apartado 1. A este respecto, el título de la
disposición adicional octava es el siguiente: Cambio de adscripción a
Cuerpo de los militares de complemento. Se trataría de que los militares
de complemento licenciados en Psicología que soliciten dicho cambio --el
de adscripción-- en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en
vigor de la presente ley, y tras la superación de un curso de formación,
se integrarán en el Cuerpo Militar de Sanidad en la Escala Superior de
Oficiales. Asimismo, se añade que la integración en esta Escala se
efectuará según la títulación requerida para el acceso a la misma a
partir del día siguiente a la entrada en vigor de esta ley y, en todo
caso, antes del 31 de diciembre del 2002. La justificación de esta
enmienda consiste en contemplar este supuesto para el colectivo
perteneciente a los militares que acrediten poseer el título de
psicólogos con objeto de que éstos tengan una opción real para acceder a
la promoción interna. Este es el sentido de esta enmienda, relativa a
todo lo que hace referencia a la promoción interna y que afecta a este
colectivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No vamos a admitir la enmienda número 178, del Grupo de Convergència i
Unió, ya que veremos si tras todo el debate queda modificado el tema del
complemento, no sólo en lo referente a la Escala de Sanidad, sino también
para el conjunto de los militares.
En cuanto a los licenciados en Psicología, a los que se refiere la
enmienda número 179, estamos deseosos de tener en cuenta el espíritu de
la enmienda, por lo que les sugeriría una transaccional a la número 179,
consistente en adicionar un nuevo párrafo a la disposición adicional
octava, con la siguiente redacción; Los militares de complemento
adscritos a la Escala Superior del Cuerpo Militar de Sanidad a los que se
refiere esta disposición quedarán exentos de los límites de edad y empleo
regulados en el artículo 66 de esta Ley para participar en las
convocatorias por promoción interna a dicho Cuerpo, mientras mantengan la
condición de militar de complemento de acuerdo con lo establecido en el
artículo 91 de esta Ley y en el apartado 2 de la disposición adicional
tercera.
Se trata de evitar que, por razones de edad o por diferentes situaciones
de empleo, pueda ser muy estrecho el margen de que disponen para
incorporarse a la escala superior del Cuerpo Militar de Sanidad. Es
decir, fuera de límites de edad y de empleo, su título les sirve para
participar en todas las convocatorias de promoción interna, en tanto que
sigan en activo dentro de las Fuerzas Armadas.
Esta podía ser una solución satisfactoria, pero dejo a criterio del
representante del Grupo Parlamentario Catalán aceptar o no esta
transacción.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra el Senador Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Continuamos manteniendo para el Pleno la enmienda número 178. Analizada
la oferta de enmienda transaccional por parte del Grupo Parlamentario
Popular, he de decir lo siguiente: En primer lugar, he de agradecer el
esfuerzo realizado por este Grupo no sólo en la tramitación general de la
ley, a la que me referiré después en el posicionamiento de la misma, sino
en este caso concreto a nuestra enmienda número 179. Aceptada, repito,
esta línea de colaboración y consenso a que hace referencia su
transaccional, nos gustaría poder estudiarla más a fondo, dado que hemos
conocido el texto en este momento, y solicitaríamos al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que la presente en el trámite de Pleno. Nosotros
mantendríamos también nuestra enmienda con la voluntad de llegar a un
acuerdo definitivo entendiendo que la puerta queda abierta por el mero
hecho de que se nos haya ofrecido esta transaccional.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco mucho la actitud abierta del representante del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado, que ya comprobaremos en el Pleno.
Pero le insisto en que piense bien en la transacción tal y como la
presentamos porque,
efectivamente, da satisfacción a las aspiraciones de los psicólogos
militares, que es lo que se trata de resolver en este caso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Ofrecemos la posibilidad de intervenir ahora sobre este bloque de
enmiendas a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Este es el momento de dar por debatidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a continuación al bloque de enmiendas presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Quiero comunicar a la Presidencia que nuestro Grupo desea dividir el
tiempo de su intervención entre la Senadora María Jesús Castro y yo
mismo.
Voy a comenzar situando el debate de este importante proyecto de ley que
rige al personal de las Fuerzas Armadas diciendo que nuestras Fuerzas
Armadas han estado en constante evolución ene los últimos años desde la
aprobación de la Constitución vigente, y su transformación --hay que
recordar-- ha sido grande. Para ello, se han tenido que realizar
esfuerzos por parte de las fuerzas políticas y sacrificios por parte del
personal de las Fuerzas Armadas que ha tenido que adaptarse a los nuevos
modelos que se han ido poniendo en funcionamiento, y que han tenido como
consecuencia la reducción drástica de las mismas; hace quince años
llegaban a un contingente de 380.000 hombres, mientras que en la
actualidad se encuentran en 180.000, es decir, menos del 50 por ciento,
lo que además ha ido acompañado de una modernización que supone una
democratización de su sistema de funcionamiento, sobre todo en lo que se
refiere a su supeditación al poder político, es decir, a la sociedad
civil.
Este proyecto, como no podía ser de otra forma, engarza directamente con
la actual ley vigente, la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional 17 del año 1989, que ya supuso un avance en la línea que he
señalado. La necesidad de que tengamos que debatirla ahora en los
términos en que vamos a hacerlo viene dada por las resoluciones de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas. Hay un cambio de modelo. Pasamos de un modelo de recluta
obligatorio a un modelo plenamente profesional, y esos nuevos
profesionales necesitan un nuevo marco jurídico que rija su ingreso, su
formación, su carrera y también su salida y, por tanto, una
reincorporación a la sociedad civil en las mejores condiciones posibles.
Voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
encuadrándolas en grandes bloques para no hacer un desarrollo demasiado
prolijo. También quisiera decir que mis compañeros en el Congreso de los
Diputados han mostrado en los debates su satisfacción por la actitud del
Grupo Parlamentario Popular; satisfacción que tengo también que mostrar
aquí en cuanto a su actitud dialogante, que me gustaría asimismo extender
a la expresada por mis compañeros en el Congreso de los Diputados
respecto a las enmiendas aceptadas que supone, a nuestro criterio, una
mejora del texto presentado por el Gobierno. Repito, me gustaría expresar
también esa satisfacción y, por tanto, pido al Grupo Parlamentario
Popular generosidad y flexibilidad a la hora de estudiar las enmiendas
que vamos a defender.
En primer lugar, voy a hacer referencia a lo que nos parecen elementos
quizá más importantes en este momento, que se refieren al contingente de
nuestras Fuerzas Armadas, que nuestro grupo fija, como lo ha hecho
primero en la Ponencia y después en Comisión y Pleno del Congreso y del
Senado, para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas en:
45.000 referido a los mandos de las mismas, y 95.000 los efectivos de
tropa y marinería. Como dije al principio de mi intervención, se ha
realizado un esfuerzo en la reducción de nuestras Fuerzas Armadas que
lógicamente ha de ir acompañado de la modernización de las mismas.
Estamos integrados en una estructura militar europea para la defensa
común de los respectivos territorios y también, como estamos
experimentando en estos momentos, para tratar de llevar a otros lugares
la paz en misiones de solidaridad con el fin de imponer, cuando no es
posible hacerlo por la vía diplomática sí por la fuerza, situaciones que
permitan el respeto de los derechos humanos. Estas fuerzas integradas por
tanto en una estructura más amplia tienen que responder a otro modelo, y
ese modelo ha de ser uno más operativo, más reducido y mejor equipado.
Esta reducción ha tenido lugar en todos los ejércitos europeos, incluido
el nuestro. Pero es necesario, según nuestro criterio, hacer todavía un
esfuerzo para conseguir que nuestras Fuerzas Armadas en conjunto no
superen los 140.000 hombres.
Con respecto a otro tema también emblemático en esta construcción de un
modelo plenamente profesional, se halla el establecimiento de la fecha
para que la plena profesionalización, o lo que es lo mismo, para la
supresión del servicio militar, tenga lugar en el año 2002. Lo hemos
explicado ya en otros debates. Nosotros consideramos posible y
conveniente que esta fecha se fije en el 31 de diciembre del año 2000.
Dicho esto, paso a otro bloque de enmiendas, comenzando por las
competencias del Ministro de Defensa, que en estos momentos consideramos
no tienen un tratamiento adecuado en este proyecto de ley.
En años anteriores se ha hecho un esfuerzo para que el poder político
tuviera una preeminencia en la toma de decisiones dentro del personal de
las Fuerzas Armadas. Consideramos que en este proyecto se produce un
retroceso en este sentido. Varias de estas competencias residenciadas en
el Ministro de Defensa pasan a los Jefes de los Estados Mayores de los
distintos ejércitos y estimamos que el texto puede ser mejorado volviendo
de nuevo a esa concepción que ha supuesto un sacrificio y esfuerzo por
parte de todos
en esa modernización de las Fuerzas Armadas que, lógicamente, pasa por
aceptar el concepto de democratización del sistema de las mismas.
Por ello, estimamos que el Ministro de Defensa debe mantener las
competencias en orden a la clasificación para el ascenso por selección y
a la declaración de no aptitud en los sistemas de antigüedad y selección;
que le debe corresponder la aprobación definitiva de la relación de los
propuestos para asistir a cursos de capacitación para el ascenso y no
solamente para la categoría de Oficiales Generales, así como seguir
ostentando la competencia para determinar los requisitos y limitaciones
para ocupar determinados destinos de los declarados no aptos para el
ascenso.
Otro bloque estaría dedicado a la creación del nuevo cuerpo común de
intendencia militar. Como es sabido, en cada uno de los tres ejércitos
existe un cuerpo específico de intendencia. Consideramos que aplicando la
doctrina que ya emanaba de la Ley Orgánica 6/1980, en la que se decía que
se tendería a la unificación de todos los servicios cuya misión no fuese
exclusiva de un solo ejército para permitir el funcionamiento conjunto
con criterios de eficacia y economía de medios, teniendo además en cuenta
la unificación de cuerpos en épocas precedentes como lo hicieron con el
Cuerpo de Intervención y el Cuerpo Jurídico Militar las leyes 9/1985 y
6/1988 respectivamente, así como la unificación que se produjo con los
cuerpos de sanidad de los tres ejércitos, estimamos que todavía es
posible proseguir en esta línea, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en
día cobra cada vez más importancia el concepto de acción conjunta de los
distintos ejércitos. Además, asumiendo que estas modificaciones entrañan
siempre dificultades, pedimos la unificación de los mismos pero no de una
forma inmediata, sino que establecemos un período máximo de seis meses
para que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto que determine las
condiciones en las que esa integración debe producirse.
Me gustaría insistir en esta cuestión. Consideramos que es muy importante
y si no lo hacemos ahora en un futuro la Intendencia será una sola,
porque hay que pensar que en estos momentos en nuestra sociedad existe
una especialización cada vez mayor de los distintos conocimientos y, al
igual que se hace, por ejemplo, con el Grupo de Ingenieros Politécnicos u
otro tipo de especialistas, como los miembros del Cuerpo Jurídico,
Sanitario o de Intervención, que son personas que han obtenido un título
universitario y se integran después mediante una oposición en las Fuerzas
Armadas y pasan por las academias para recibir una formación específica
militar, el Cuerpo de Intendencia debería también nutrirse de
economistas, es decir, licenciados universitarios que se integrasen por
oposición y obtener después una formación militar, pues no llegamos a
entender cuál es la diferencia, cuál es la especificidad que impide que
un intendente del Ejército de Tierra pueda ser intendente del Ejército
del Aire. Consideramos que los conocimientos básicos y específicos de la
Intendencia pueden ser comunes y el desarrollo o las peculiaridades muy
concretas para cada uno de los ejércitos es un tema de carácter menor y
subsanable. A veces se dice que es difícil que un intendente de Tierra
pueda ser embarcado o que un médico del Ejército de Tierra pueda ser
embarcado, y hoy en día los médicos pertenecen a un cuerpo común, que es
el Cuerpo de Sanidad.
Otro bloque de enmiendas al que quiero referirme, sobre el que ya ha
tenido lugar un debate basado en las enmiendas presentadas por el señor
Nieto Cicuéndez, está referido al Cuerpo de Ingenieros Politécnicos.
Existen en nuestras Fuerzas Armadas tres cuerpos de Ingenieros
Politécnicos, uno para Tierra, otro para la Armada y otro para el
Ejército del Aire, pero se fijan dos escalas diferentes: una para los
ingenieros de ciclo largo y otro para los ingenieros de un único ciclo,
cuando las funciones que la ley determina para el Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos de los tres ejércitos son exactamente las mismas, no se
produce ningún tipo de diferenciación y, sin embargo, existen dos escalas
diferentes: a una se la llama Escala Técnica de Oficiales y a la otra
Escala Superior de Oficiales. Ello tiene una repercusión en el nivel al
que puede llegar cada uno de los miembros pertenecientes a estas dos
escalas: en un caso a General de División y en el otro únicamente a
Teniente Coronel.
Estimamos que esta situación debe corregirse en la ley. Si la ley no
diferencia las funciones y además les denomina Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos a los dos y a lo largo de su carrera ingenieros técnicos, es
decir, ingenieros de la Escala Técnica y van a tener mando sobre
ingenieros de la Escala Superior de oficiales --porque pueden llegar a
Teniente Coronel y lógicamente los miembros de la Escala Superior de
Oficiales empiezan en Teniente--, no se comprende por qué a priori se
establece una limitación y los ingenieros técnicos no pueden llegar a
General, lo cual no implica que todos los ingenieros técnicos lleguen a
General, porque tampoco todos los ingenieros de la Escala Superior de
Oficiales van a llegar a General, sino que no se establece a priori una
barrera. A lo largo de su carrera, unos y otros demostrarán su mayor
capacidad, su mayor preparación, su mayor entrega y pasarán los distintos
filtros que tiene la carrera militar para poder llegar a uno de estos
niveles máximos en nuestras Fuerzas Armadas.
Pero es que, además, desde un punto legal existe una base de apoyo, y es
que la Ley 12/1986 atribuye a los ingenieros técnicos las máximas
competencias en el ámbito de su especialidad, y nuestro sistema educativo
lo reconoce como carrera universitaria y por lo tanto como carrera
superior. Dadas estas condiciones, no se comprende esta diferencia.
Además --lo ha señalado el Senador Nieto Cicuéndez anteriormente-- existe
un problema de homologación de nuestros militares con los militares que
tienen las mismas titulaciones en los ejércitos europeos, con los cuales
estamos integrados dentro de la misma organización, dentro de la Alianza
del Atlántico Norte. Estos titulados tienen la posibilidad de llegar a
General y los nuestros se quedan en Teniente Coronel. En consecuencia,
consideramos conveniente hacer un esfuerzo en este sentido.
Como último bloque quiero referirme a las situaciones administrativas, ya
que en este proyecto de ley, y nos parece positivo, se avanza en la
homologación de los militares con los funcionarios civiles en aquellos
casos en que
ambos se dedican a una actividad política desempeñando un cargo de
elección. Pues bien, ahora aquellos militares que son elegidos o se
presentan como candidatos y pasan a una situación de excedencia
voluntaria, perfeccionan trienios y derechos pasivos percibiendo el
importe de los mismos igual que los funcionarios públicos en la misma
condición. Pero nosotros creemos que si bien avanzar en esta línea de
homologación de unos funcionarios con respecto a otros es positivo, la
función militar evidentemente tiene unas especialidades, unas
especificidades, que no aconsejarían ir más allá. No cabe duda de que los
militares son los depositarios de las armas de la nación y, por lo tanto,
se encuentran sometidos a unas condiciones específicas en el ejercicio de
su función diferentes a las de los funcionarios civiles. Además, las
leyes penales son específicas también para la función militar.
No consideramos aconsejable que se pueda hacer un trasvase permanente de
la función militar a la actividad política, y viceversa, sin que haya un
menoscabo para la carrera del militar, y ello para que no existan
agravios comparativos con respecto a aquellos militares que se dedican
única y exclusivamente al ejercicio de su función y, por lo tanto, a la
carrera militar durante toda su trayectoria hasta la edad de retiro. En
consecuencia, nos parece que una serie de artículos que conceden la
situación de servicios especiales para aquellos militares que acceden a
puestos considerados altos cargos en las distintas Administraciones
Públicas, como subsecretarios, directores generales, miembros de
gabinetes, miembros de gobiernos de las Comunidades Autónomas, de Ceuta y
de Melilla, etcétera, deben pasar a la situación de excedencia voluntaria
y no permanecer en la de servicios especiales, que les permite continuar
ascendiendo en la carrera y, por lo tanto, en competencia con aquellos
compañeros suyos que se dedican única y exclusivamente a esa función
militar. Incluso consideramos que esa situación de pase a ocupar puestos
de responsabilidad política no relacionados con la defensa, porque éstos
lógicamente tienen otra situación administrativa diferente, es decir, la
de servicio activo, aunque sean cargos de responsabilidad política, tiene
un plus en el ascenso en su carrera, porque quién le va a impedir a un
subsecretario, a un director general, que ha tenido unas posibilidades de
desarrollo político importantes, llegar a General, y en unas
circunstancias más ventajosas que aquellos compañeros suyos de academia,
de promoción, que se dedican única y exclusivamente a su actividad
militar. Por tanto, estos artículos debieran ser modificados en este
sentido.
No quisiera dejar pasar en este bloque nuestro total desacuerdo con que
los Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos cuando cesan en su cargo,
en lugar de pasar a la reserva, si todavía no llegaron a la edad de
jubilación, o al retiro, si ya llegaron a ella, pasen a una reserva
especial ingresando en la Orden de San Hermenegildo y se mantengan en la
misma durante seis años, con una serie de beneficios económicos que no
tienen el resto de sus compañeros. Para cualquier militar nos parece
suficiente premio llegar a ser el jefe máximo de los distintos ejércitos
y alcanzar, por tanto, la categoría de General de cuatro estrellas, para
que, a mayores, se introduzca esta discriminación con respecto a sus
compañeros, que no vemos lógica ni positiva.
En este apartado también quisiera hacer referencia a una disposición
adicional, enmendada por nosotros, que reconoce la situación de
excedencia voluntaria para aquellos militares que ocupan cargos de
elección, es decir, militares que pueden ser elegidos Diputados o
Senadores y que, con arreglo a la Ley 17/1989, han tenido que pasar a la
situación de excedencia voluntaria. Ahora en esta disposición adicional
se recoge con efectos retroactivos el reconocimiento de los trienios y el
perfeccionamiento del tiempo con respeto a los derechos de las clases
pasivas. Nos parece bien, pero hay también antiguos militares que no ya
por esta ley, sino por una ley predemocrática, la Ley 10/1977, pasaron a
esta misma situación y todavía se hallan en este momento ocupando un
cargo de elección, en estos momentos son Diputados de las Cortes. Creemos
que al igual que se establece en esta ley una disposición con carácter
retroactivo para equipar a aquellos políticos militares que han pasado a
la situación de excedencia voluntaria con la nueva situación, por el
mismo motivo los actuales políticos y antes militares que pasaron a una
situación de retiro de acuerdo con la Ley 10/1977, vigente hasta la Ley
17/1989, también deben de tener una situación similar de excedencia
voluntaria hasta la edad de retiro, si están en el ejercicio de esa
actividad política que resulta incompatible con la militar, o si ya no
están en esa actividad política, en una situación de reserva hasta que
lleguen a la edad de retiro. Nos parece de justicia y debe ser
contemplado por el Grupo Parlamentario Popular.
En este sentido, y respecto a las situaciones administrativas, quisiera
aprovechar este turno para retirar las enmiendas 278 y 279 referidas a la
situación administrativa de los miembros de las Fuerzas Armadas que
ingresan en el Cesid. Ha sido recogida en Ponencia una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular que nos parece adecuada a la situación de estos ex
miembros de las Fuerzas Armadas, al ser personal estatutario del Cesid.
Además quisiera hacer dos referencias concretas a las evaluaciones
psicofísicas, ya que se establece que aquellas personas que no se hallen
en condiciones adecuadas para estar en el servicio activo pasen a la
situación de retiro. Creemos que hay circunstancias psicofísicas que
pueden responder a enfermedades o accidentes y que, por tanto, pueden
tener un carácter transitorio. Aplicar a todos los casos el pase a retiro
nos parece una solución muy drástica. En algunos casos podría optarse por
una situación intermedia, de pase a la reserva, que implica que en
cualquier momento pueda ser llamado de nuevo al servicio activo a las
Fuerzas Armadas. Creemos que hay situaciones después de esas evaluaciones
psicofísicas que recomiendan la no permanencia en el servicio activo,
pero tampoco el pase definitivo a una situación como es la de retiro.
También me gustaría insistir en una enmienda mínima en cuanto a la
modificación del artículo, pero importante desde el punto de vista del
concepto que tiene la dedicación del militar de tropa y marinería a las
funciones específicamente militares. La ley lo señala y, además, la Ley
de
Disciplina de las Fuerzas Armadas, que hemos aprobado hace ya unos
cuantos meses, sanciona con una pena que consideramos suficiente la
transgresión de esta idea de que los militares de tropa y marinería no
puedan dedicarse en ningún momento a otras funciones diferentes a las que
establece la Ley del Régimen de las Fuerzas Armadas, es decir, no puedan
en ningún momento dedicarse a aquellas funciones que antes conocíamos
como de asistente, que eran de carácter doméstico y no militar.
Nos parece que el incidir en esta idea, reforzándola al introducir lo que
proponemos en la enmienda, es abundar y, por lo tanto, no daña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Quería hacer una petición, señor
Presidente.
Quería contestar al Senador Varela antes de que interviniera la señora
Senadora, porque, si no, se va a acumular tal cantidad de enmiendas que
será difícil dar cumplida contestación a todas ellas.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene inconveniente en acceder a
su petición, pero le recuerdo que habíamos convenido previamente que el
procedimiento más ágil sería el de que los dos portavoces hiciesen
primero uso de la palabra para que usted pudiese responderles
conjuntamente.
Si están de acuerdo los demás portavoces, esta Presidencia no tiene
ningún inconveniente. (Asentimiento.)
Su señoría tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias, porque ha sido una exposición muy
prolija y abundante.
En primer lugar, le agradezco mucho su deseo de diálogo y de que el ánimo
dialogante perdure también en el Senado, como en el Congreso. No
obstante, también quiero hacerle notar en esta introducción general que
es más fácil ser dialogante en el Congreso que en el Senado, puesto que
de alguna forma las razones aducidas por su Grupo ya han sido tenidas en
cuenta y las que no lo han sido ya cuentan con el prejuicio de que según
los Diputados no debían ser consideradas. De modo que nuestro esfuerzo
--también vamos a ser dialogantes-- es mucho mayor, aunque con menores
resultados, dado que el Senado es una Cámara de segunda lectura. Creo que
esto es obvio.
En relación ya con las diferentes enmiendas, respecto a la primera parte
de su intervención, sobre el número de militares, en primer lugar, tengo
que decirle que pasar de un ejército de hace unos años de 380.000 hombres
a uno de 170.000 es una reducción realmente drástica. Por tanto, es
difícil de comprender su empeño, por unas cifras que suponen pequeñas
diferencias, de una mayor reducción, como si el objetivo de esta nación,
o de cualquier ejército europeo en estos momentos, complicadísimo además,
fuera por encima de todo el de que sean unos pocos menos. No acabo de ver
clara esta cuestión.
No obstante, quiero decirle a este respecto que vamos a presentar una
modificación que pudiera afectar a este punto. En relación a los 47.000
cuadros de mando, proponemos una enmienda «in voce» que contemple el que
los alumnos de los centros de instrucción militar estén en situación de
excedencia especial cuando son procedentes del Ejército, y no en
situación de excedencia, es decir, en servicios especiales, con lo cual
cuenten, porque de la otra forma no contarían. Por tanto, hay un número
de militares profesionales --suboficiales, oficiales-- que, por razones
de promoción interna pasan por las academias --pueden ser 2.000,
aproximadamente--. Estos alumnos, al estar en situación de servicios
especiales cuentan, y, sin embargo, si se considerasen excedentes, no
contarían. De esta manera, al hacer esta modificación, la diferencia
está, respecto a los 49.000 nuestros, en 2.000 hombres menos, es decir,
nos ponemos a la mitad entre la cifra que presenta el Partido Socialista
y la nuestra.
Por lo demás, ese empeño en una pequeña reducción nos parece una
discusión bizantina. Nosotros tendremos que mantenernos en las cifras
propuestas, puesto que no son unas cifras caprichosas, sino que obedecen
a una planificación de medios humanos necesarios para el mantenimiento de
las bases, los puertos militares, los buques y los aviones, las diversas
instalaciones que debe tener la Fuerza Armada española en relación con
sus compromisos internacionales y sus misiones defensivas. Por tanto, es
producto de un estudio muy detallado y concienzudo, en el que han
colaborado los cuarteles generales, que han llegado a esta conclusión, y
nos consideramos que se deba modificar.
En lo que se refiere a la fecha del año 2002, en el que, por ley, estaría
plenamente operativo el ejército profesional y sería el momento de la
suspensión y desaparición del servicio militara obligatorio, estamos de
acuerdo con el Partido Socialista en que cuanto antes mejor, por
supuesto. Pero se trata de una transición y que ésta tiene que hacerse
sin dejar despoblados los cuarteles o desmanteladas las instalaciones,
por lo que hace falta un período de transición en el que no existe la
seguridad absoluta sobre el número de voluntarios que va a haber,
etcétera, y, sobre todo, se trata de un asunto que depende de una
financiación económica.
Evidentemente, si hubiese una abundantísima financiación económica,
porque la situación económica del país lo permitiese, sería más fácil --y
es lo deseable-- poder adelantar la fecha, como sería deseable, por
ejemplo, hacer grandes campañas de captación para cubrir esos cupos de
ejército profesional, pero es un tema que tenemos que dejar un poco en el
aire, a la vista de la situación económica que lo permita y del ritmo de
voluntariado que se produzca. Esto es así y no es que tengamos
discrepancias respecto a que fuese deseable un adelanto. Por supuesto,
sería deseable y ojalá se produjera y a lo mejor sucede. Pero se dan una
serie de problemas que no hacen fácil fijar ese momento con exactitud.
Por tanto, hay que tener en cuenta que el año 2002 es un tope máximo pero
que hay otras posibilidades.
Respecto a las competencias del Ministro, es clarísima la preeminencia
del Gobierno y la del Ministro de Defensa como representante de aquél y
autoridad normal del Ministerio. Pero esto es distinto a que tenga que
hacer él las propuestas, y no los Jefes de los Estados Mayores, para
clasificar para todos los ascensos, para ver qué persona es apta o no
para el ascenso, para seleccionar los asistentes a los cursos, etcétera.
Lo lógico es que se produzcan propuestas a través de los cuarteles
generales, que es donde conocen al personal y pueden evaluarlo. Al final,
el Ministro siempre puede intervenir y vetar cualquier decisión de
cualquier cuartel general. Por tanto, no es que al Ministro se le limite
en sus competencias. Lo que se hace es evitarle un trabajo innecesario,
que trasladaría casi la actividad del cuartel general al Ministerio de
Defensa, es decir, allí llegaría la gente con sus pretensiones de si
quiere ascender, si se clasifica, si va a un curso, etcétera. Y ésas son
actividades muy propias de los cuarteles generales, lo cual no quiere
decir que el Ministerio no tenga una autoridad superior y una capacidad
de intervención.
Respecto al Cuerpo de Intendencia, otro tema importante, en estos
momentos existe una cierta confusión entre lo que se llama la acción
conjunta de las Fuerzas Armadas, la integración de los tres ejércitos en
la cumbre y en las operaciones, y otro principio de nuestra época, que es
la especialización, es decir, hace falta personal especializado y la idea
de que los intendentes no necesitan especialización es muy dudosa. Usted
ponía el ejemplo de los médicos. Sin embargo, ha habido problemas con
ellos y en estos momentos se considera que deben elegir como especialidad
la sanidad marítima, o la sanidad aérea o la sanidad de tierra, aunque
pertenezcan a un cuerpo común. Pero en el caso de los oficiales de
intendencia es evidente que existe una necesidad de adaptación al medio.
Por ejemplo, no se trata sólo de que embarquen en un buque, porque el
ambiente naval es absolutamente distinto al de tierra, es decir, resistir
un mes en un buque, sin tocar tierra, en unos mínimos espacios, sin
ventanas y aquello balanceándose provoca una serie de situaciones
psicológicas y físicas que requieren de una adaptación. Es muy difícil
poner un barco en la mar con un tripulante que viene de tierra el día
anterior. De alguna manera necesita una formación marinera.
En un momento de combate el buque es una entidad que combate como tal
buque, es decir, todo el mundo ocupa un puesto de combate dentro del
buque, ya sea oficial del cuerpo general o del de intendencia. En una
entidad colectiva de esta naturaleza es muy distinta la actividad de un
oficial de intendencia dentro del buque y también cuando llega a un
puerto extranjero y están mucho más tiempo en el extranjero. La economía
de un barco navegando por distintos mares y países es muy diferente de la
de las personas que se trasladan con todo su ejército por tierra, y, por
supuesto, con combustibles diferentes, etcétera. Es decir, es un mundo
muy diferenciado.
La tendencia a la integración no debe ser confundida con la unificación.
Una cosa es que sean cuerpos que se conozcan unos a otros y que en los
máximos escalones o en los Estados Mayores haya personas que tengan
experiencia de los distintos ejércitos y otra es que el intendente de
Marina no sea marino o que el del Aire no tenga el espíritu de los
aviadores. Es un cuerpo tan directamente relacionado --en todos los
buques hay un habilitado y no sólo en el buque almirante-- con unas
misiones tan diferenciadas y tan características que debe seguir teniendo
un cuerpo de intendencia.
En cuanto a los ingenieros politécnicos que se citaron como ejemplo,
tengo que decir que no es lo mismo un ingeniero naval, un ingeniero
aeronáutico que un ingeniero de caminos, ya que tienen distintas
actividades.
En relación a otra enmienda relativa a los ingenieros politécnicos no es
que nosotros hayamos inventado este tema, sino que fueron los gobiernos
socialistas los que inventaron las escalas medias en su momento y
situaron a estas personas en esas escalas. Ahora están allí porque hay
dos titulaciones. No sé si debe haber o no dos titulaciones de
arquitectos e ingenieros en la vida académica pero las hay, como las hay
en otra serie de profesiones que no son técnicas y que también están en
las Fuerzas Armadas. Estas profesiones no tienen una barrera profesional.
Parece que lo que se pretende es que simbólicamente haya un General para
que se sepa que se puede llegar a General, como dice su señoría, cuando
no van a llegar todos y es un mínimo representativo de que se puede
llegar a General. Las Fuerzas Armadas no están para hacer símbolos, sino
para trabajar, y hay unas titulaciones, hay dos escalas, a semejanza de
todos los demás cuerpos del Ejercito, la de oficiales y la de superiores.
Esta división debe de contemplarse como una consecuencia de la anterior
ley, citada por el Senador, de la función militar que hicieron los
gobiernos socialistas, y ahora nos encontramos en esa situación.
En cuanto a situaciones administrativas, quisiera ante todo proponerle
una transacción sobre el tema de los que fueron militares y que ahora
están en las Cámaras, en la actividad política. Querríamos proponerle una
enmienda transaccional que sería una adición, un párrafo entre segundo y
tercero del apartado 3 de la disposición adicional cuarta, con la
siguiente redacción: Asimismo, a los militares de carrera que por
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1977, de 8 de
febrero, sobre ejercicio de actividades políticas y sindicales por
componentes de las Fuerzas Armadas pasaron al retiro, se les computará el
tiempo permanecido como miembros de elección popular en órganos
representativos públicos a efectos de trienios y derechos pasivos. No sé
si esto daría satisfacción a esta inquietud por estas situaciones
concretas, pero se la proponemos por si puede ser aceptada en esta fase
o, si no, insistiríamos en ello en el Pleno.
En lo referente a otras situaciones administrativas, a las que se ha ido
refiriendo el Senador Varela y que son muy complejas, sobre el tema de
los servicios especiales y la excedencia voluntaria entendemos que
corresponde la excedencia voluntaria a un nivel claramente político que
son los miembros del Gobierno, los Ministros, los Secretarios de Estado,
los Diputados y los Senadores, y los Delegados de Gobierno y nada más,
porque son los que están sellados por una adscripción política o por una
elección política, es decir, forman parte de un aparato político claro.
Tal como se está funcionando en España en estos
momentos, los otros niveles de subsecretarios, de directores generales,
de subdelegados de Gobierno se entiende que son funcionarios públicos y
que, por tanto, están en situación, de excedencia y de servicios
especiales porque tienen el derecho a estar en esa situación y porque,
además, son personas a las que no necesariamente se les exige una
adscripción política. Es posible que en este momento en la Administración
española haya muchos subdirectores generales que sean socialistas y nadie
les ha perseguido por serlo; es decir, hay funcionarios de muy diverso
nivel que no van con el carné en la boca o no son de algún partido. No es
como el tema del Diputado o del Senador que se integra en una lista de un
partido o como el miembro del Gobierno. Es una diferenciación que,
además, va en beneficio del conjunto de los altos funcionarios que,
aunque sean altos cargos no son altos cargos políticos, sino de la
Administración, es decir, sin necesidad de adscripción política, y les
beneficia más poder estar en la situación normal de servicios especiales
que verse en excedencia voluntaria.
En cuanto a los Jefes de Estado Mayor entiendo que el que permanezcan
seis años en una reserva especial como miembros del Consejo de la Orden
de San Hermenegildo es una atención y un honor que se les concede en
relación a las funciones que han desempeñado, honor claramente militar y
austero. Hubo momentos en que se pensaba que siempre a un altísimo cargo
militar había que darle la salida de nombrarle miembro del Consejo de
Administración, por ejemplo, y no era bonito. Ahora se trata de que
dentro de su función conserve un rango la persona que ha mandado a las
Fuerzas Armadas, en el Ejército de Tierra, en el Ejército del Aire o en
la Armada durante un largo mandato y ha cumplido adecuadamente sus
funciones tenga la satisfacción de tener una preeminencia protocolaria
durante unos años en que se le vea en algún acto público, concretamente
en los actos de la Orden de San Hermenegildo, fundamentalmente ya que no
parece que sea excesivo. Lo que tampoco sería lógico es que a estas
personas se les intentase compensar de otra manera. No tienen vuelta a
atrás a las Fuerzas Armadas en ningún caso, después de haberlas mandado
ponerse a las órdenes de otro señor que les sustituye. Por lo tanto,
entiendo que este tratamiento hay que comprenderlo como una atención
protocolaria y afectiva a un contadísimo número de personas que no
siendo, además, normalmente unos niños, sino señores ya bastante mayores,
están en esa situación un período de tiempo breve de seis años, y no
comprendo por qué le parece mal al representante del Grupo Parlamentario
Socialista esta distinción, ya que es eso y nada más.
Me alegro de que retire sus enmiendas 278 y 279 relativas al Cesid.
Respecto a las evaluaciones psicofísicas, estamos hablando precisamente
de eso, de evaluaciones, por lo que, evidentemente, cuando el daño que
sufra la persona sea temporal volverá cuando se cure; es decir, a nadie
lo evalúan definitivamente porque esté un mes en la cama. Se trata de una
evaluación psicofísica que hace pensar que no es reversible la situación
para la vuelta a una actividad física de primera magnitud como es la
militar.
En cuanto a las funciones específicamente militares, sobre las que
insiste el Senador Varela, la Ley de disciplina ya sanciona expresamente
el dar órdenes que no sean de actividades específicamente militares a los
miembros de las Fuerzas Armadas. Ya está ahí recogido y no comprendemos
por qué necesita más énfasis; es un tema que está sobradamente situado en
la Ley de régimen de disciplina de las Fuerzas Armadas que aprobamos hace
pocos meses en esta Cámara y ya está. El énfasis que se le da parece que
da a entender que creyéramos que no se está cumpliendo la Ley de
disciplina de las Fuerzas Armadas y que es necesario reforzarla de alguna
manera. La ley se está cumpliendo normalmente y el tema está
suficientemente recogido en esa ley.
Nada más, con esto doy por terminadas mis respuestas al Senador Varela.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Como hemos adoptado este nuevo procedimiento de debate y como nuestro
instrumento de trabajo fundamental es la palabra, nada más lejos de mi
ánimo que restringir el uso de la misma. No obstante, recuerdo a los dos
portavoces, al socialista y al popular, que se han extendido
considerablemente en la exposición de sus posiciones, a veces encontradas
y a veces no. En consecuencia, por favor, a uno y a otro les ruego que
hagan sus turnos correspondientes brevemente.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente, lo más brevemente
posible, porque no sería cortésmente correcto el no darle respuesta a la
consideración que ha tenido con respecto a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: No son antagónicas la brevedad y la cortesía.
El señor VARELA FLORES: Gracias.
Antes de pasar a tocar cada uno de los bloques planteados, quisiera
hacerle una observación al portavoz del Grupo Parlamentario Popular con
respecto a la enmienda número 238, que habla de la plantilla de cuadros
de mando. Yo sé que esta parte, como él ha anunciado ya, no va a ser
aceptada; sin embargo, creo que otra parte de esta enmienda puede ser
considerada por el Grupo Parlamentario Popular. Ello, además, en
coherencia con una manifestación que hizo el señor Elorriaga en respuesta
a otro de los portavoces, que es la que se refiere al número 4 que
modifica la información que el Gobierno debe dar al Congreso de los
Diputados cuando apruebe un Real Decreto que desarrolle la plantilla, de
forma que en la ley figure que esa información en lugar de al Congreso de
los Diputados se dé a las Cortes Generales, porque --como él decía
también en una intervención anterior-- las Cortes Generales se componen
de las dos Cámaras y, por lo tanto, no sólo debe ser informado el
Congreso de los Diputados. Lo digo por que no vaya a pasarse por alto en
el rechazo de las enmiendas esta parte, en la que es posible que estemos
de acuerdo. (El señor Elorriaga Fernández pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: El no mencionarlo en la contestación ha
sido una omisión por lo prolijo que era el tema y el afán de abreviar, a
pesar de que es muy difícil hacerlo en una ley tan compleja.
Evidentemente, la modificación que introduce el párrafo de la enmienda
número 238 que dice: «El Gobierno informará a las Cortes Generales cada
vez que apruebe un Real Decreto... » es aceptada por nosotros.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.
Puede continuar el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: También le agradezco la transacción que nos
ofrece con respecto a la situación administrativa de aquellos militares
que pasaron a una situación de retiro en aplicación de la Ley 10/1977. Y
le agradezco también que este ofrecimiento de transacción se mantenga
hasta el Pleno, porque en este trámite, dada la premura con que hemos
recibido la información sobre esta materia, nos resulta un poco difícil
posicionarnos en torno a su aceptación o no.
En cuanto a la enmienda que trata sobre el contingente, no creo que deba
hacer mayor defensa de la misma puesto que lo hemos manifestado durante
otros debates. Los ejércitos profesionales deben ser más reducidos que
aquellos que no lo son porque se supone que los soldados profesionales
tienen una mayor preparación y, por lo tanto, son más eficaces. También,
como las habas son contadas para los gastos militares en todos los países
y en todos los ejércitos, es deseable que se produzca una inversión en
los porcentajes de gasto respecto al armamento y personal, de forma que
si hoy está el 60 por ciento dedicado a personal y el 40 por ciento a
armamento es conveniente que se produzca una inversión en los términos y,
por lo tanto, haya una reducción en gastos de personal para permitir un
aumento en gastos de armamento, lo que supondría una mayor modernización
y eficacia de estas Fuerzas. Con una mayor reducción del personal militar
se pueden destinar recursos al acceso a un mejor armamento. Por otro
lado, cuando nosotros hemos establecido estas cifras no lo hemos hecho de
una forma caprichosa; a nosotros los números nos decían que ello era
posible y, por lo tanto, aconsejable.
Y con respecto al período transitorio, yo soy de los convencidos de que
se va a adelantar realmente la supresión del servicio militar. Me
gustaría que figurara en la ley pero sé que no es aceptado por el Grupo
Parlamentario Popular.
Estaríamos de acuerdo con la aceptación de la enmienda «in voce» que
modifica la situación administrativa de los alumnos que acceden a las
academias de forma directa y que pasarían a la situación de excedencia
voluntaria. Si se presenta, nosotros no tenemos ningún inconveniente en
apoyarla.
En cuanto a las competencias del Ministro, el Ministro no propone, según
la ley el Ministro no toma la última decisión, y lo que nosotros deseamos
es que en esta materia que afecta a los ascensos --y que, por lo tanto,
va a determinar qué persona va a llegar a los niveles más altos de mando,
quiénes no, qué persona tiene acceso a los sistemas de formación que
permiten este tipo de ascensos-- la última palabra la tenga siempre el
Ministro. En el caso de este proyecto de ley no le corresponde ya al
Ministro; la ley dice lo que dice y la ley establece que esa última
decisión les corresponde a los Jefes de Estado Mayor.
Respecto a la intendencia, se habla de la acción conjunta. Yo creo que la
logística --que es el problema básico de la intendencia--, el poner a
disposición de las fuerzas combatientes aquellos elementos de todo tipo
que necesitan para llevar a cabo su función, corresponde a la
intendencia; por lo tanto, porque las leyes que rigen la misma deben ser
comunes, responden a una misma estructura científica, la preparación, la
formación, debe ser la misma.
Evidentemente, igual que un médico puede elegir estar en la Armada o
estar en Tierra, tiene esa opción de elegir, y sin embargo pertenece a un
mismo cuerpo unificado de Sanidad, también a un intendente se le puede
permitir --y es lógico que se haga-- solicitar un destino preferentemente
con respecto a otro. Y me parece que las diferencias que existen por la
distinta denominación de los materiales a suministrar a las Fuerzas
Armadas de Tierra, de Aire o de Mar son conocimientos que se adquieren en
un tiempo mínimo y que no impiden que este cuerpo sea único.
Yo reconozco que el tema de los ingenieros técnicos es un problema
complejo, difícil de resolver y que no viene motivado por su
consideración en las Fuerzas Armadas, es decir, no es un problema que se
genera dentro de las Fuerzas Armadas, sino por una situación --que yo
considero esquizofrénica-- del propio sistema educativo, que establece
diferentes titulaciones para los mismos cometidos; cometidos que se
solapan porque unos y otros tienen las máximas competencias en muchas
materias y tendría que producirse, por lo tanto, una reordenación del
sistema educativo. Esto también tendría que afectar, de una manera
importante, a las leyes de la Función Pública y, por tanto, no sólo a las
Fuerzas Armadas. Sin embargo, ya que podemos conseguir un avance y una
mejora para esta situación, nosotros lo aprovechamos con esa intención.
Con respecto a las situaciones administrativas nos parece que los altos
cargos que son de libre designación, y cuya designación la efectúan los
responsables políticos, sí tienen esa connotación política. Se recogen,
por ejemplo, como cargos afectados los Consejeros de las Comunidades
Autónomas. ¿Es que el puesto de consejero de una Comunidad Autónoma no es
un cargo político? ¿No es tan político como el cargo de diputado o de
senador? Yo creo que sí e incluso toma decisiones políticas más
importantes, como son las ejecutivas. Por tanto, nos parece que la mejor
consideración que debe de tener este tipo de cargo es la de excedencia
voluntaria. Pero el concepto más importante para diferenciar una y otra
situación es la interrupción en el servicio activo. Hay unos militares de
carrera que se dedican permanentemente al desarrollo de la misma y hay
otros que la interrumpen en un período más o menos largo. Sin embargo,
después, con la consideración de servicios especiales que se les da, se
incorporan sin merma en el desarrollo de esa carrera con respecto a
aquellos que no han salido de las Fuerzas Armadas. Eso no nos parece
lógico, y por eso hemos realizado esta defensa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra, Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Intentaré ser breve, señor Presidente, pero
he de contestar inevitablemente a todo lo formulado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor Varela insiste en el tema de más armas y menos soldados, y se
olvida que el arma principal es el soldado. ¿Para qué sirven las armas
sin soldados? Es un tema en el que las distancias son tan pequeñas que es
difícil de entender esta discusión. Nosotros tenemos nuestros estudios y
ellos tienen los suyos.
En cuanto al tiempo en que se aplicará la ley, todos coincidimos en que
debe ser cuanto antes, lo que ocurre es que marcar una fecha en una ley
de esta envergadura implica una rigidez, que es la que queremos evitar,
no el espíritu de que sea cuanto antes, ya que en la Comisión Mixta
Congreso-Senado manifestamos todos que fuera así. El problema estriba en
que es difícil pues supone incluir un factor de rigidez que parece
excesivo: poner una fecha determinada en una ley orgánica, y además una
fecha precipitada porque quizá no se pueda cumplir exactamente.
Por otra parte, decir que las competencias del Ministro para efectuar los
ascensos son escasas es no ver la realidad. Yo creo que el Ministro de
Defensa es el que dice la última palabra sobre los ascensos en las
Fuerzas Armadas, sobre todo cuando se trata de posiciones de confianza.
En lo que se refiere al Cuerpo de Intendencia insisto en que una cosa son
los conocimientos, que efectivamente se adquieren rápidamente, y otra
cosa es la adaptación al medio. El oficial de intendencia necesariamente
viaja con los ejércitos, bien en buques, bien por tierra; es un oficial
que está a pie de frente, a pie de combate si es necesario, aunque no
esté en primera línea de fuego. Por ello, es muy lógico que proceda de
las Fuerzas Armadas y no simplemente que se trate de un profesional con
conocimientos.
En cuanto al tema de los ingenieros, ya lo ha dicho el Senador Varela. No
es un problema de las FAS, sino del sistema educativo; no sé por qué lo
vamos a tener que resolver en una ley de las FAS, donde el número de
estos profesionales es mínimo en relación a la enorme proporción que
existe en la sociedad española, tanto en la actividad privada como en la
pública; por ello no podemos aprovechar una ley que pasa por nosotros
para reflejar una reivindicación, que puede ser muy digna y muy
aceptable, pero que no es de las Fuerzas Armadas, sino de unos titulados
que, por lo que se ve, no están de acuerdo con la homologación de sus
titulaciones. Es un problema mucho más general.
En cuanto al tema de los funcionarios le hago notar al señor Varela que
esas designaciones de determinado personal de la Administración se hacen
entre funcionarios, aunque sean de libre designación; por tanto, al darse
esa condición específica de funcionarios, que no pierden, conservan la
situación de excedencia especial. Ahora bien, hay un caso que ha
mencionado, especial y diferenciado, que es el de los consejeros de
Comunidades Autónomas. Estos consejeros no son necesariamente
funcionarios y pueden tener esa consideración política; yo estaría de
acuerdo en que se incluyese a los consejeros de las Comunidades Autónomas
en el capítulo de excedencia voluntaria, y si se pudiera dar por aceptada
esa tesis en ese punto específico y concreto de los consejeros de las
Comunidades Autónomas, la doy por aceptada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Reconozco que han hecho un esfuerzo de síntesis, pero también he de decir
que el mismo no ha sido muy grande. Es el momento del turno de
portavoces. ¿Desea hacer uso de la palabra, Senador Nieto? (Pausa.)
¿Senador Carrera, desea utilizar ahora su turno, o después de la
intervención de la Senadora Castro?
El señor CARRERA I COMES: Después, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Señoría.
Tiene la palabra la Senadora Castro, teniendo en cuenta que vamos mal de
tiempo.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Tendré en cuenta lo mal que vamos de tiempo y trataré --aunque siempre se
dice y luego a veces no se logra-- de ser lo más breve posible. Voy a
continuar defendiendo los bloques de enmiendas por temas, para ordenar un
poco mi intervención, ya que nos encontramos ante una ley bastante
compleja que se ha elaborado, a mi entender, de forma muy desordenada y
con duplicidades claras, lo que ha conllevado un esfuerzo mayor de los
grupos.
Comenzaré defendiendo aquellas situaciones de clara discriminación que
nos han transmitido algunos colectivos de nuestras Fuerzas Armadas, que
se han puesto en contacto con nosotros estos últimos días para pedirnos
que en el trámite del debate de la ley en el Senado intentáramos subsanar
su situación.
Empiezo con la enmienda número 291, que hace referencia a los Cabos
Primeros militares de empleo, de la categoría de tropa y marinería, que
trata de que puedan tener una relación de carácter permanente. La ley
establece esta posibilidad, es decir, que este colectivo pueda permanecer
con carácter permanente en nuestras Fuerzas Armadas, y además lo vamos a
defender por un doble motivo. El primero y principal, como es lógico,
porque pensamos que las Fuerzas Armadas no pueden prescindir de la
experiencia de estos profesionales que han demostrado a lo largo del
tiempo que tienen unos conocimientos importantes y, por
otra parte, porque la salida de nuestras Fuerzas Armadas de un colectivo
de cinco mil personas, aproximadamente, puede tener unas consecuencias de
carácter social importantes, puesto que dada la edad de la mayoría de
estas personas, tienen creadas una familia.
Por estos dos aspectos: el problema social y la profesionalidad que han
demostrado, no debe pasar la ley por esta Cámara sin que se les dé una
respuesta que nosotros consideramos justa: que este importante grupo de
miembros de nuestro Ejército pueda quedarse con carácter definitivo.
Pasando a otro tema, existe un colectivo pequeño, que no llega a medio
centenar de hombres --digo «de hombres» porque, que yo sepa, todos son
hombres--, que se encuentra con un problema que nuestra enmienda número
286 trata de solucionar. Se refiere fundamentalmente a Suboficiales de
Infantería de Marina, aunque quisiera ampliarlo en esta Comisión, «in
voce», a todos los miembros de la Armada que se encuentran en esta
situación, como por ejemplo los escribientes, y quisiera que la enmienda
los recogiera a todos. Este es un colectivo al que, cuando ingresó en las
Fuerzas Armadas, se le exigió el título de diplomado universitario.
Ahora, con la equiparación, se establece que, según las titulaciones, se
integran en unas escalas o en otras. La ley dispone que, con la
titulación de diplomados que tienen estos hombres, deberían integrarse en
la escala de Oficiales. Por tanto, nos parece de justicia que, con la
entrada en vigor de la ley, este pequeño colectivo pueda solucionar su
situación, y sus miembros pasen a ser Oficiales, como el resto de los
miembros que ingresaron en su misma situación y a los que ya se les
solucionó su situación con la ley anterior.
Pasando a otro tema, no estamos de acuerdo con el proyecto del Gobierno
en lo relativo a las escalas. No consideramos necesaria la creación de la
escala técnica de oficiales --en este sentido ya hemos debatido y
presentado una serie de enmiendas--, porque integramos a estos miembros
de las Fuerzas Armadas en otra escala. Por otro lado, el tema de las
escalas me parece un poco lioso, ya que existe una duplicidad de empleos.
Es decir, si las divisas no son diferentes --como yo pienso, porque la
ley no me ha dado a entender otra cosa--, ¿cómo se va a distinguir un
Comandante o un Capitán de Corbeta entre una escala y otra? ¿Cómo sabemos
a qué escala pertenecen? ¿Por qué existe esta diferencia? ¿No sería más
lógico que cada empleo se correspondiese con una sola escala, en vez de
que haya capitanes o comandantes en las dos escalas? Y, si fuera
necesario que estuviesen en las dos escalas, ¿no se podían haber añadido
nombres a estos empleos, como Brigadier o cualquier otro, para que se
supiera que un empleo correspondía a una escala y el otro a otra?
Por último, pensamos que la ley no refuerza los mecanismos de promoción
interna ni la permeabilidad, tan deseable, entre escalas.
Hablando de otro colectivo, el de los psicólogos de nuestro Ejército,
sobre el cual hemos presentado varias enmiendas --trataré de reducir al
máximo esta intervención--, la ley no afecta a su integración directa.
Estamos de acuerdo en que los militares de complemento asciendan, como
norma, por la vía de la promoción interna, pero en estos momentos nos
encontramos ante una situación especial: la creación de la especialidad
de psicología dentro del Cuerpo de Sanidad. Existen antecedentes de
creación de cuerpos que, al entrar en vigor la ley, establecían la
posibilidad de integración directa. El servicio de psicología de las
Fuerzas Armadas, actualmente, está compuesto por un 75 por ciento de
miembros de complemento --actualmente de empleo--, y esto puede tener el
riesgo de que, si no se da acceso a este colectivo, el servicio podría
sufrir consecuencias negativas, ya que tendrían que ocuparlo militares de
carrera, con la titulación que la ley exige, pero que han estado ajenos
totalmente a esta función.
Respecto al colectivo de psicólogos, también existe un pequeño grupo de
suboficiales, con titulación de psicólogos, adscritos a este servicio,
pero a los que no se les exigió la titulación superior para acceder al
cargo que desempeñan. Pensamos que sería el momento de integrar tanto a
los psicólogos de complemento como a los suboficiales, si tienen los
requisitos y la titulación que la ley exige, en la escala superior de
oficiales, y que todos los que tienen la misma experiencia y titulación
pasen a ser compañeros de esa misma escala.
Otro tema de gran calado, que voy a resumir lo más que pueda, es el de la
formación y reinserción laboral. Las estadísticas de las que dispone el
Ministerio demuestran claramente que cada vez existe un menor número de
solicitudes para ingresar como profesionales de tropa y marinería en
nuestro Ejército. El problema es que, después de pasar un tiempo como
militares profesionales, no tienen la posibilidad de quedarse todos ni la
de reincorporarse al mercado laboral. Esto está haciendo que cada vez se
dé un número menor de peticiones, lo cual puede ser un problema grave en
el futuro.
Tenemos que decir que el Grupo Parlamentario Popular ha recogido en el
Congreso enmiendas que presentábamos en este sentido, unas en su
totalidad y otras transaccionadas. El Grupo Parlamentario Socialista
presenta, en esta Cámara, dos propuestas muy importantes, que nos
gustaría mucho que se contemplasen desde una perspectiva fundamental, si
queremos dar fuerza a la alusión que la ley hace, de alguna manera, a la
formación integral y a garantizar una continuidad en el proceso educativo
general. Me refiero a la educación, tanto a distancia como presencial,
que aparece recogida, una, en la enmienda número 264 y, la otra, en la
disposición adicional 13a.
Entramos en otro tema fundamental para el Ejército profesional, al que no
tengo más remedio que hacer alusión, que es el de los militares de
complemento. Sabemos, y estamos de acuerdo, que su función debe ser de
carácter temporal y para completar los cuadros de mando, pero, en nuestra
opinión, éstos no se pueden completar sólo con los empleos de Alférez y
de Teniente, como la ley recoge en principio. Si queremos que exista
permeabilidad entre los civiles y los militares, deberíamos abrir
nuestras Fuerzas Armadas a aquellas personas que, viniendo de la
Universidad, deben permanecer como militares de complemento durante un
plazo de tiempo, que nosotros consideramos que debería de ser más largo
que el que la ley recoge. No sólo se debería ampliar el tiempo de
permanencia, sino que, para garantizar su promoción interna, debería
existir
un número de plazas, de un 25 por ciento para alféreces y tenientes, un
15 por ciento para capitanes y un 10 por ciento para comandantes, que
supondría que estos militares de complemento completarían realmente
nuestros cuadros de mando.
No podemos dejar de hacer mención a otro tema que nos preocupa, porque
nos aleja de los ejércitos de nuestro entorno, estoy hablando del
regimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Como sabemos, la Ley de 1989
estableció que a los 58 años de edad o a los 32 años de servicio se
pasaba a la reserva, si no se había ascendido a General. Estamos de
acuerdo en que esta situación produjo una merma de ingresos en una edad
temprana para un colectivo muy importante de nuestro Ejército, como lo
estamos en que, como se ha dicho, esto se corrija y se puedan seguir
cobrando todos los emolumentos, pero eso no significa que pensemos que el
pase deba ampliarse en la edad, sino que consideramos que debe seguir
siendo a los 58 años de edad o a los 32 años de servicio.
La Ley ha hecho alusión a los países del entorno o de la OTAN para
equipararnos en otros aspectos, como divisas, categorías o empleos, pero
nos tememos que con la medida del rejuvenecimiento de nuestras Fuerzas
Armadas no nos equiparamos, sino todo lo contrario y nuestra estructura
de personal va a ser de las más envejecidas de los países que integran la
OTAN.
Finalmente, y ya termino, entramos en un tema que para nosotros es
importante, el del juramento o promesa ante la bandera. Consideramos que
a este acto hay que concederle la importancia y la solemnidad que tiene.
Además, hemos hecho un repaso porque cuando en este país toman posesión
cargos importantes --miembros del Tribunal Constitucional, parlamentarios
nacionales, autonómicos, concejales, cargos de la Administración,
Gobierno, etcétera-- y juran o prometen su cargo, lo hacen de una manera
laica, como consideramos lógico en una democracia. Por tanto, no estamos
de acuerdo respecto a las alusiones a Dios que contempla la ley en este
sentido.
Hemos basado nuestra propuesta en la jura o promesa a la bandera en
cuatro elementos contemplados en el resto de los casos: Jurar o prometer
por nuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de los
cargos, hacerlo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado. Creemos que recoger esos
principios significa dar a la jura o promesa de bandera la categoría que
tiene para la ocasión en cuanto a otros cargos relevantes en nuestro país
recogidos en las disposiciones jurídicas y que es importante.
Tampoco consideramos lógico que el que toma el juramento pueda después
hablar de castigar o premiar sobre el cumplimiento o incumplimiento de
las obligaciones de la persona que ha hecho el juramento o la promesas.
Asimismo, en la ley aparece el juramento o promesa ante la bandera de los
civiles, lo que consideramos que no tiene cabida si estamos hablando de
una ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, damos por defendidas el resto de las enmiendas. He tratado de
ser lo más breve y concisa posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su colaboración, Senadora.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el
Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como planteamiento de fondo, no de detalle a cada uno de los temas --aquí
se ha hablado de discriminaciones--, quiero decir que la filosofía que
nos aleja de sus posiciones es que nosotros no creemos en los
automatismos, sino en la calidad. Es decir, no creemos que nadie deba
ascender a nada automáticamente, por el hecho de tener un título o de
pertenecer a una escala, sino que para eso la ley abre una serie de
procedimientos de promoción interna, en la que estamos dispuestos a ser
muy generosos. Es decir, que la promoción interna tenga reservas de
plazas, múltiples convocatorias, desaparezcan los límites de edad para
poder participar en éstas, etcétera, pero que nunca nadie sea ascendido
por el hecho de estar en una determinada posición porque entendemos que
algunos de los factores básicos del Ejército que queremos son el
esfuerzo, la calidad y el perfeccionamiento profesional.
Por tanto, aunque se pidan esfuerzos pequeños o se otorguen grandes
facilidades, debe de pasarse por esos procedimientos de promoción
interna. Sin embargo, dentro de los mismos, nosotros estamos dispuestos a
hacer una serie de transacciones, que serían muy complejas --pienso que
no van a afectar al Grupo Parlamentario Socialista en esta fase--, pero
tengo que describirlas para que se sepa.
Nosotros estamos dispuestos a mejorar la reincorporación laboral y la
promoción en las Fuerzas Armadas; a conceder --estoy pensando en los
Cabos-- el acceso al sistema educativo general en los estudios de
Bachillerato y ciclos de formación profesional específica hechos por las
Fuerzas Armadas; a la preparación para superar las pruebas reguladas por
las administraciones educativas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica de 3 de octubre, de Coordinación General
del Sistema Educativo; a facilitar el acceso a programas de formación
ocupacional y continua; a reservar al menos un 50 por ciento de las
plazas para los militares profesionales en los organismos dependientes
del Ministerio de Defensa que hayan cumplido al menos tres años de
servicio y a que haya procedimientos de selección para los que se
requiera un mínimo tiempo de servicios de nueve años cumplidos, lo cual
daría una oportunidad especial, precisamente a los Cabos, que son las
únicas personas de la escala de tropa que pueden llevar nueve años en
servicio activo, ya que en el Ejército no hay otras personas con esa
antigüedad.
Todo este conjunto de disposiciones que favorecerían esta reinserción o,
en todo caso, esta fácil promoción por la vía de selección de los Cabos
Primero se podría mejorar si admitiese esta transacción el Grupo
Parlamentario Socialista.
Igualmente, en lo que se refiere a la escala de complemento, también
tendríamos un conjunto de enmiendas transaccionales, que exigiría la
modificación de múltiples concordantes en la ley, pero que daría una
mayor elevación
de empleo en el complemento, que llegaría a capitán; los alféreces y
tenientes militares de complemento, que se incorporasen por promoción
interna, conservarían su graduación, es decir, no se produciría el hecho,
del que se han quejado muchos, de que un señor que ya es teniente de
complemento pasa a ser alférez cuando entra en las Fuerzas Armadas por la
vía de promoción y desciende, sino que conservaría su condición de
teniente.
No quiero exagerar, no sé si estas transacciones se van a aceptar o no,
pero, en todo caso, naturalmente que habría que modificar las
evaluaciones para el ascenso en el empleo de capitán y, de alguna forma,
quedaría mejorado el sistema y la situación de los complementos.
De todas maneras, he de decir que la escala de complemento tenía una
misión más importante en las Fuerzas Armadas antes de aprobarse la Ley de
Función Militar por parte del Gobierno Socialista. Ustedes crearon las
escalas medias y ahora vuelven a ser partidarios de las escalas de
complemento. Nosotros creemos que los complementos son muy importantes,
están reflejados en la Ley, es un elemento flexible --como la palabra
dice-- de complementación de las Fuerzas Armadas según el grado que
necesiten y estamos dispuestos a revisar esta serie de asuntos, si cara a
la celebración del Pleno hubiese una actitud más comprensiva por parte
del Grupo Parlamentario Socialista.
El que no haya escalas medias o que todas deberían ser las mismas o tener
distintivos diferentes es una pura contradicción. Es decir, que o su
señoría los somete a la discriminación máxima, con insignias diferentes y
con títulos diferentes, o a la máxima aspiración de convertirlos en
escala superior. No; es un modelo de carrera creado, entre otras cosas
--insisto-- por el Partido Socialista mientras estuvo en el gobierno, y
que nosotros, en lo posible, tratamos de mejorar y de modificar de forma
positiva y hacia mejor, pero no comprendo por qué estos comentarios no se
hicieron en su día.
En todo caso, sí quiero decir, en cuanto a la integración directa del
personal --y vuelvo a insistir en la cuestión de las promociones
internas, que es lo importante, y en los automatismos--, que, entre otras
cosas, puede haber personal al que no le favorezca en absoluto. Puede
haber personas que tengan un título adquirido en la vida civil, por
ejemplo, aunque sean militares de un Arma, y que no tengan ningún interés
en, por tenerlo, pasar a ocupar un puesto en ese Cuerpo en vez de en el
Arma en que están. Para que una persona pase a una escala o a una
graduación diferente tiene, primero, que querer y que pedirlo, y luego,
además de tener el deseo, tienen que existir las plazas, porque tampoco
se trata de que se creen plazas porque haya personas que están en
determinada situación. No. Plazas habrá las que haya y las que convengan
para las necesidades del Ejército. De modo que, una vez que hay la
voluntad y una vez que hay la plaza, se le ofrece un sistema de
promoción. Esto es lo que creemos que debe ser el sistema.
En cuanto al envejecimiento, no creo que en la época en que vivimos se
pueda pensar que a los sesenta años esté envejecido ningún General. Por
fortuna, el mundo tiene unas grandes esperanzas de vida. España es uno de
los países con grandes esperanzas de vida y con una gran prolongación de
la juventud, y no tiene ningún sentido pensar que se va a envejecer al
Ejército por esto.
En cuanto al juramento, nosotros nos mantenemos en nuestra fórmula,
porque está muy clara la solemnidad del juramento y que éste tiene un
sentido sacro. Si no, no sería un juramento. La opción que existe entre
juramento y promesa es que el que quiere jurar, jura, y el que no,
promete; y el que jura, jura por Dios. Si no, no es un juramento. De
alguna forma está explícito que el que jura pone a algo por testigo de su
juramento. En el caso de los militares españoles es probable que, en su
inmensa mayoría, pondrán por testigo a un dios monoteísta, pienso yo. No
parece fácil que haya muchos que quieran jurar por otra cosa. Pero el que
no quiera jurar, promete por su conciencia y honor. La fórmula es
absolutamente flexible y no hay razón alguna para que ahora cometamos el
error histórico de apear a Dios del juramento. Es totalmente absurdo.
En cuanto a los civiles que juran, aquí no se trata de un problema de
civiles y militares, sino que, de acuerdo con la Constitución, todos los
españoles tiene el derecho y el deber de defender a España. Que en estos
momentos se suspenda la obligación del servicio militar obligatorio no
quiere decir que no pueda reabrirse en algún momento dado, o que una
persona pueda formar parte de las reservas o estar incapacitada por
razones físicas para, aun deseándolo, formar parte del sistema defensivo
de España, pero tiene el deseo moral de mostrar ante sí misma y ante los
demás que es una persona que quiere ser fiel a una bandera. Es un deseo
absolutamente razonable, ¿y por qué no se va a acoger en el juramento a
las personas que lo deseen? De hecho, se viene haciendo desde tiempo
inmemorial, y se debe seguir haciendo. No hay ninguna razón por la cual
una persona que no sea militar profesional no pueda identificarse con el
juramento ante un símbolo de su nación. Es un hecho totalmente voluntario
y digno de elogio. Por tanto, para la buena relación de las Fuerzas
Armadas con la población civil, está muy bien que, cuando éstas celebran
una de estas grandes ceremonias, admitan a los civiles que soliciten de
manera expresa jurar aquella bandera. No comprendo por qué puede molestar
a nadie este hecho. Por consiguiente, nos mantenemos en todo en lo dicho
en relación con el juramento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra la Senadora Castro Mateos.
La señora CASTRO MATEOS: Gracias.
Sólo deseo aclarar algunas cuestiones.
Estoy totalmente de acuerdo en que no se debe ascender de forma
automática sino por promoción interna, pero estábamos hablando de
situaciones que la ley puede arreglar de una forma importante al entrar
en vigor. Primero, una es la relativa al servicio de psicología, que es
una nueva especialidad que aparece, y como no contemplemos la situación
que se da actualmente, el servicio puede dejar de funcionar como lo está
haciendo. Creemos que si otras leyes lo han recogido en otras ocasiones
por el funcionamiento
futuro que va a establecer esa ley, en ésta también se podría recoger.
En cuanto a las pruebas, que yo creo que, al final, era principalmente la
cuestión de los Cabos, en nuestra propuesta les decimos que tienen que
hacer una prueba, y lo único que sucede es que habría que garantizarles
una reserva de plaza. No quiero entrar más en esto, porque me alargaría
mucho.
Por lo que se refiere al complemento, estamos valorando la propuesta de
que se pueda llegar a capitán, porque la hemos conocido hace poco tiempo
y deseamos poder contestar antes del Pleno, pero nos parece que es una
ampliación muy poco generosa en cuanto que llegarían muy pocos a capitán,
porque podrían ascender simplemente por elección, por lo cual sería
ampliar un poco el asunto relativo al militar de complemento, pero de una
manera que nos parece que no se oxigenaría al Ejército como creemos que
debe hacerse para esos militares de complemento, y que habría que llegar
a los cuadros de mando de una manera más importante y con más empleos,
como hemos dicho antes, porque, además, esto lograría que, aparte de
oxigenar al Ejército, aliviaría el presupuesto del personal del
Ministerio de Defensa.
Respecto al envejecimiento, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
dice que, con sesenta años más o menos, no está envejecido ningún
General. Puedo estar de acuerdo, pero lo que yo estaba defendiendo y lo
que mantengo es que, en el resto de los países de la OTAN, los generales
tienen menos de sesenta años, y que, en ese sentido, vamos a terminar
teniendo la estructura más vieja de todos los países que integran la
OTAN.
Por último, está la jura o promesa de bandera. Es verdad que parece que
una jura implica que el juramento sea por Dios, pero lo que yo decía es
que en otras juras no aparece la alusión a Dios aunque se hable de jura,
y que es algo que teníamos que tratar, porque pensamos que es verdad que
la jura de bandera es un acto importante que nosotros compartimos, pero
parece ser que lo que no compartimos es el significado que tiene la
solemnidad para el Grupo Parlamentario Popular y para el Grupo
Parlamentario Socialista. No es más solemne una jura por el hecho de que
allí haya mucho más movimiento. Es más, nosotros creemos que la
solemnidad se le debe dar precisamente en el sentido contrario, y que
incluso hemos argumentado en alguna ocasión que si se quiere hacer muy
solemne pueden estar las banderas de todas las Comunidades Autónomas, que
la promesa o juramento pueda ser más formal, pero no que se haga esa
cierta arenga y que, además, se hable de si se les premia o de si se les
castiga. Nos parece que eso no le da solemnidad, y de hecho, cuando los
altos cargos juran o prometen, no hablan de nada de lo que aquí estamos
diciendo que habría que eliminar.
Respecto a que los civiles puedan jurar o prometer la bandera, hay que
tener en cuenta que ésta es la ley de personal de las Fuerzas Armadas, y
si los civiles pueden hacerlo, puesto que aparezca en otra ley, pero no
en la de los militares, porque esto es personal civil, no militar, y no
creemos que tenga que aparecer esa posibilidad en la ley. Además, si
queremos dar solemnidad y seriedad a este acto, hay que recordar que
cuando aquí nosotros tomamos posesión y todos juramos o prometemos el
cargo, no todas las personas y todos los invitados que están presentes
vienen detrás de nosotros. No sé por qué hay que hacer esta distinción
entre la jura de unas personas que van a acceder a un cargo determinado y
la jura de otras. Lo que yo querría es que esta jura se adecuara lo más
posible a los juramentos o promesas que se hacen en este país con motivo
de la toma de posesión de otros cargos sean éstos cuales sean. Nosotros
así lo vemos, y en ese sentido lo hemos defendido.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Castro.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, empezando por el final,
he de decir que la Senadora ha pronunciado en un determinado momento la
palabra «arenga». Y es que, efectivamente, la ceremonia de la jura de
bandera tiene algo de arenga. En cierto modo es un acto que se hace cara
al público, en formación, con un ritmo, con una eufonía o, si se quiere,
con una métrica de una cierta poesía y con un lenguaje adecuado al acto
de que se trata. Y, por supuesto, ¿por qué no van a jurar los civiles? El
ejemplo que usted pone es absolutamente disparatado. Cuando nosotros
juramos estamos jurando como Senadores, no va a haber nadie que no sea
Senador que venga a jurar, pero cuando se jura defender a la patria juran
todos los ciudadanos de la patria. Eso es completamente distinto, con lo
cual yo no veo que haya ningún problema.
Pero lo que yo quería plantear, aprovechando mi intervención de cierre de
este turno, es que, tanto el representante del Grupo Socialista como yo
mismo, hemos olvidado comentar la enmienda número 299, con la que todos
estamos absolutamente de acuerdo, y en la que se pedía la supresión del
último párrafo del apartado 4 de la disposición derogatoria única, en el
que da la sensación de que se le otorgan al Ministro de Defensa unas
facultades determinadas para derogar una serie de leyes que se mencionan
más arriba --y estoy seguro de que el señor Letrado de la Comisión
recordará perfectamente a qué me estoy refiriendo--. Creo, por tanto, que
ésta es una enmienda de consenso que podemos dar por derogada entre
todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Pasamos al turno de portavoces.
Veo que el representante del Grupo Parlamentario Mixto no desea hacer uso
de la palabra.
Tiene, pues, la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, consumiré tan sólo dos o tres
minutos.
Aunque no voy a entrar en valoraciones globales sobre las enmiendas que
ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, sí quiero dejar
constancia, Senador Varela, de algo que es indudable: que ustedes y
nosotros seguimos separados
básicamente en todo lo que hace referencia al contingente final y al
plazo de aplicación de la nueva ley. Y usted sabe también que ése fue el
caballo de batalla --dicho entre comillas-- que se nos planteó a lo largo
de todo el proceso. Por tanto, en lo que a sus enmiendas se refiere,
continuamos en esa misma línea de separación.
Dicho esto, señor Presidente, quisiera aprovechar este turno para
posicionarme sobre lo que es en realidad el proyecto de ley que estamos
debatiendo en este momento. Sin entrar a comentar el fondo del mismo --ya
que el debate en Pleno nos va a permitir abordar las cuestiones políticas
más importantes que en él se contienen--, sí quisiera decir que este
proyecto de ley ha llegado a esta Cámara modificado --evidentemente en un
sentido positivo-- respecto del texto original que en su día envió el
Gobierno, y ello se ha debido a la voluntad de consenso que han tenido
todos los grupos parlamentarios, y especialmente, sin duda alguna, el
Grupo Parlamentario Popular.
Estamos ante un proyecto de ley que da cumplimiento a lo acordado en el
dictamen sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y estamos
asimismo ante un proyecto que da contenido jurídico a una decisión de
gran relevancia, la finalización del servicio militar y la posterior
puesta en marcha del nuevo modelo de Fuerzas Armadas.
Por tanto, para nosotros ésta es una ley de innovación y de
transformación que también es coherente con la que ha estado vigente en
los últimos diez años. Nuestro Grupo Parlamentario se encuentra
satisfecho, por tanto --y por eso dejo constancia de ello--, del conjunto
de enmiendas que básicamente hemos venido presentando en el Congreso de
los Diputados. Por otra parte, los ejes en que nos hemos mantenido son
los siguientes: un contingente lo más ajustado posible a las necesidades
y posibilidades del Estado español en esta materia; no crear la
obligación de llegar a la cifra de 120.000 profesionales en el año 2002;
facilitar que a mediados o a finales del año 2000 el Gobierno esté en
condiciones de anunciar el fin del servicio militar obligatorio y, por
último, reforzar el ámbito de derechos, libertades y deberes de los
militares y de los ciudadanos en esta materia.
Finalmente diré que este proyecto de ley reconoce y recoge el carácter
plural de España en materia de cultura, lo que para nosotros es
importante y, si me permiten decirlo, también emblemático. Seguramente no
se van a resolver al cien por cien las necesidades que los diversos
colectivos nos han planteado, pero no hay duda de que con la tramitación
de este proyecto de ley efectivamente se ha dado un paso positivo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carrera.
Senador Elorriaga, su señoría tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, quiero presentar tres
enmiendas «in voce», enmiendas que, por el sentido común que de ellas
emana, probablemente serán aceptadas por todos los grupos, aunque de no
ser así serían aceptadas en último extremo por el Grupo Parlamentario
Popular, pero creo que esto no ofrece ninguna duda.
Voy a explicar estas enmiendas, aunque sea de modo breve, para que sus
señorías sepan el motivo por el que las presentamos. El artículo 24.3
dice lo siguiente: Además de su capacidad profesional específica, los
militares de carrera pertenecientes a los Cuerpos Específicos de los
Ejércitos tienen en todo caso la necesaria para desempeñar los cometidos
no atribuidos particularmente a un Cuerpo concreto y para prestar los
servicios de guardia que garanticen el funcionamiento y seguridad de las
unidades, centros y organismos.
Todos los militares de carrera realizarán los servicios y comisiones que
en su categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, centro u
organismo, unidad superior o demarcación territorial a la que
pertenezcan, siempre que no exista ninguna incompatibilidad de acuerdo
con la ley.
Esto viene a insistir en que se pueden prestar servicios de guardia
aunque no se se pertenezca concretamente al cuerpo de las armas, para
entendernos. Es decir, existen una serie de unidades militares que no son
necesariamente unidades armadas, caso, por ejemplo, de un hospital o de
un centro de observación, lugares estos en los que, sin embargo, el
personal que presta sus servicios puede tener que estar de guardia por
diversos motivos: porque haya un servicio de urgencias, porque el radar
tiene que funcionar de noche y de día o por el motivo que sea. Pero al no
estar esto claramente especificado en la ley ha creado algunos problemas
en las Fuerzas Armadas entre personas que han dicho, por ejemplo, que no
tienen por qué hacer guardias porque no pertenecen a ese Cuerpo sino a
aquel otro, etcétera. Es decir, habría que aclarar que los servicios de
continuidad o de seguridad de cualquier establecimiento militar deben ser
cumplidos por el personal que está integrado en los mismos. Ese es el
espíritu de esta enmienda «in voce».
La segunda enmienda, aún más elemental, está en relación con la
disposición transitoria segunda. Habría que adicionar un apartado primero
que dijera: Los empleos de General del Ejército, Almirante General o
General del Aire --sus señorías saben que son los nuevos empleos que se
crean de cuatro estrellas-- contabilizarán en las plantillas
correspondientes a Teniente General o Almirante. Es decir, no se crean
empleos nuevos sino niveles nuevos en razón de la equiparación de estos
militares a sus colegas de la OTAN sin que ello signifique que ocupen una
plaza especial, con lo cual, no es que haya una nueva plantilla en el
Ejército en la que existan plazas de General del Ejército, de Almirante
General o de General del Aire, sino que están dentro del grupo de
plantilla de Generales que hemos autorizado dentro del conjunto de la
ley.
Presentamos otra enmienda «in voce» que puede calificarse sencillamente
de humana y que se refiere a los mutilados de guerra. A estos mutilados
se les decía que podían tener un contacto voluntario, una especial
vinculación a las Fuerzas Armadas, y que estaban adscritos a un
regimiento o a una unidad donde tendrían un tratamiento como amigos y
compañeros y donde se les recibiría en un plazo máximo
de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Nosotros pensamos que, dado que se trata de personas con grados de
invalidez mayores o menores, personas que en algunos casos tienen ya
edades muy avanzadas y que incluso algunos de ellos viven en pueblos muy
alejados de centros militares, debería suprimirse ese plazo de seis meses
para que pudieran pedirlo cuando lo tuvieran a bien. Es decir, habría que
conseguir que la persona que se encuentra en situación de mutilación, de
sufrimiento en una palabra, y que desea mantener contacto con las Fuerzas
Armadas, lo solicitara sin más, sin que haya necesidad de decirle que se
ha olvidado de hacer su petición justamente en los seis meses siguientes
a la puesta en vigor de la ley. Ese plazo les resultaría algo perentorio
y, por otra parte, incluso es posible que muchos de ellos no tengan
siquiera la posibilidad de viajar hasta un sitio concreto en esos seis
meses.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al trámite final, sería muy necesario
escuchar la opinión de los portavoces con referencia a las tres enmiendas
«in voce» planteadas.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Con respecto a las mismas, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene
ninguna objeción que plantear. Las apoyamos porque nos parece que suponen
una mejora en la redacción y en el fondo de estos artículos. Pero
quisiera aprovechar el uso de la palabra para recordar al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que, entre las enmiendas que nos ha ofrecido
como transaccionales, hay unas partes que no hacen referencia a los
artículos que pretendíamos enmendar, sino a otros e incluso referente a
otras materias. Por ejemplo, si en las enmiendas números 264, 265 y 294
modificamos elementos dedicados a la enseñanza dentro de las Fuerzas
Armadas, nos presentan como transaccional una parte que efectivamente
corresponde a estos artículos; sin embargo, hay otra que se refiere a la
reinserción laboral y que no tiene nada que ver con esto. Por tanto,
querría saber si el Grupo Parlamentario Popular mantiene esta parte como
enmienda «in voce» para incorporar al texto, porque de la misma manera
que pueden presentar ahora tres enmiendas «in voce», también se podrían
presentar 20 más.
Con respecto a la situación administrativa de los alumnos de promoción
interna, consideramos que representa una mejora, de la misma manera que
el Grupo Parlamentario Popular también lo entiende así. Pero no tiene
nada que ver con las enmiendas números 238 y 239 del Grupo Parlamentario
Socialista, con las que trata de transaccionar. Si las presenta también
como enmiendas «in voce» las apoyaríamos.
Además, como existe una lista de erratas en el texto a corregir por
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, planteo a la Mesa si sería
conveniente la suspensión de la Comisión para que se reuniera la Ponencia
a fin de que ésta las integrase en el texto. (Un señor Senador: ¡No!)
El señor PRESIDENTE: Señoría, concédame el privilegio de su atención.
Mi propuesta es la siguiente: Debemos subordinarnos al artículo 116.
Subordinarse al artículo 116 del Reglamento de la Cámara significa votar
el informe de la Ponencia con lo que ha sido aceptado. Y haré un resumen
de lo que ha sido aceptado para después añadir a continuación que lo que
se ha convenido y se estime más conveniente es que lo que no ha sido
aceptado, pero pudiera serlo, se deje para el trámite del Pleno donde
seguramente los grupos podrán acercar sus posiciones. Ello agilizará
naturalmente el trámite en el que nos encontramos y producirá sin duda
los puntos de encuentro que todas las partes desean.
Voy a resumir lo que procede votar, que es lo que hemos convenido y donde
no hay ninguna fisura por parte de ningún grupo. (El señor Elorriaga
Fernández pide la palabra.)
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Estas observaciones del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista pudieran entrar dentro de lo aceptado como
enmienda «in voce», como ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Señoría, debemos coincidir en tiempo real, y tiempo
real significa subordinación hacia el acuerdo de la Mesa y de los
portavoces. El señor Secretario de Estado está citado para el control del
Gobierno a las trece horas. Si conseguimos el tiempo real que el Grupo
Parlamentario Socialista tenga la literalidad del texto por escrito de lo
que se conviene y de lo que se acuerda, esta Presidencia no tiene ningún
inconveniente. Pero si no es ése el caso, procede subordinarse al
artículo 116. ¿Es éste el caso o no lo es?
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Es el caso. Las observaciones efectuadas
por el Senador Varela son las siguientes...
El señor PRESIDENTE: Señoría, cite el artículo porque hay que facilitarle
el trabajo al Letrado.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Se trata del apartado tres de la
disposición final cuarta.
El señor PRESIDENTE: Señoría, diga literal y exactamente el alcance de
esa propuesta para que podamos tener todos conocimiento exacto de lo que
vamos a convenir y acordar.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Se modifica la redacción del apartado 3 de la
disposición final cuarta que queda de la siguiente forma: Tres. En las
convocatorias para el acceso a cuerpos o escalas adscritos al Ministerio
de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho Departamento y de sus
organismos autónomos, que se publiquen de acuerdo con la oferta de empleo
público cuando concurran los supuestos citados en el apartado uno de esta
disposición, se reservará al menos un 50 por ciento de las plazas para
los
militares profesionales que hayan cumplido al menos tres años de tiempo
de servicio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Varela.
¿Están de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular y el resto de los grupos
parlamentarios? (Pausa.)
Muchas gracias.
¿Hay otra enmienda «in voce» que pueda ser expresada en estos términos y
aceptada? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA FLORES: Se trata del artículo 80.3 que se modifica de la
siguiente forma: Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar
conservarán los derechos administrativos inherentes a éste, si bien
estarán sometidos al mismo régimen que el resto de los alumnos. Al
ingresar en los centros militares de formación permanecerán en la
situación administrativa de procedencia cuando el acceso sea por
promoción interna. Cuando lo hagan por acceso directo pasarán a la
situación de excedencia voluntaria en su escala o categoría de origen. Al
acceder a la nueva escala, causarán baja en ella manteniendo los derechos
derivados del tiempo de servicio que tuvieran cumplido.
Con referencia a esta misma disposición, se modifica el artículo 141,
aparado 1.f), que queda de la siguiente forma: Ingresen por acceso
directo como alumnos de los centros docentes de formación de las Fuerzas
Armadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra, para manifestar la posición del Grupo Parlamentario
Popular, el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Expreso mi conformidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Nuestra posición es que hubiéramos preferido
que esta posibilidad se hubiera debatido en el Pleno. Sin duda, si existe
mayoría para su aprobación, nos sumaríamos a ella. Pero quiero dejar
constancia de que hubiera sido mucho mejor que hubiera pasado al Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su colaboración, y por la colaboración
de todos con esta Presidencia.
Antes de proceder a la votación del informe de la Ponencia, voy a
informar de lo que votamos en función de los acuerdos, de las enmiendas y
de las transacciones producidas en esta sesión y en este debate, y que es
lo siguiente: Aceptación parcial de la enmienda número 238 del Grupo
Parlamentario Socialista, al artículo 18 del informe; corrección de
errores y mejoras técnicas, que ha presentado y distribuido el Grupo
Parlamentario Popular; enmienda número 299 de supresión; enmiendas «in
voce» al artículo 24.3 sobre servicios de guardia; enmienda «in voce» a
la disposición transitoria segunda, adicionando el texto que nos ha sido
proporcionado para equiparar a los cargos de la OTAN; enmienda relativa a
los mutilados de guerra para suprimir el plazo de seis meses; enmienda al
apartado tres, disposición adicional cuarta; enmienda al artículo 8.3
modificado; y enmienda al artículo 141.f.
En consecuencia, procedemos a la votación del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El señor Varela Flores pide la
palabra.)
Senador Varela, su señoría tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad quería explicar el sentido de nuestro voto, que ha sido
de abstención. Estando de acuerdo con todas las modificaciones
introducidas en el texto de la Ponencia en este debate, nuestra postura
es de abstención porque mantenemos vivo un grupo importante de enmiendas
al resto del texto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Antes de proceder a suspender por dos minutos la sesión para recibir al
señor Secretario de Estado, someto a su consideración la aprobación del
acta de la sesión de la Comisión celebrada el día 9 de marzo. ¿Podemos
considerarla aprobada? (Pausa.) Así consta.
Muchas gracias. Se suspende la sesión durante dos minutos. (Pausa.)
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--DE D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ (GPS), SOBRE LOS PLANES DEL MINISTERIO DE
DEFENSA CON RESPECTO AL MONTE DUNAS DE TARIFA (CADIZ), TANTO PARA LO QUE
ESTE PREVISTO EN LA DEHESA PUNTA PALOMA COMO PARA PUNTA CAMARINAL
(681/001359).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. Y lo hacemos, como
es habitual y como él se merece, dando la bienvenida a nuestra Casa, al
Senado, al señor Secretario de Estado.
En esta segunda parte de nuestra Comisión vamos a proceder a la sesión de
control al Gobierno. Para ello, damos la palabra al señor Carracao
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula una pregunta
sobre los planes del Ministerio de Defensa con respecto al monte Dunas de
Tarifa (Cádiz), tanto para lo que esté previsto en la dehesa Punta Paloma
como para punta Camarinal.
Su señoría tiene la palabra.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, la información que su señoría pueda
facilitarnos sobre los planes del Gobierno respecto a punta Paloma y
punta Camarinal en Tarifa, creo que va a evitar cierta alarma social que
se produjo en la zona del Campo de Gibraltar, concretamente, en la ciudad
de Tarifa. De esta alarma social se hicieron eco los medios locales. No
le oculto que también tengo un escrito que me ha remitido la Asociación
Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, AGDEN, en el que me
exponen que para la adquisición de esos terrenos había mostrado su
interés un grupo constructor, según AGDEN, del que forman parte algún
alto dirigente del Partido Popular, el señor Marcelino Oreja, y también
algún miembro del Gobierno, el señor Jaime Mayor Oreja. Esto, unido a que
ése es un lugar de extraordinario interés forestal-paisajístico, fue el
motivo de esa cierta alarma que espero que con su información, señor
Secretario de Estado, quede despejada.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Carracao.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente. Gracias, señoría.
Las propiedades militares a las que se refiere su señoría son punta
Paloma Baja, que tiene una extensión de 88.221 m2, Paloma Alta, con una
extensión de 490.000 m2, y punta Camarinal, cuya extensión es de
2.263.699 m2. Están afectadas al Mando de Artillería de Costa del
Estrecho y ocupadas por las baterías de Costa A-5, A-6 y A-4, que
pertenecen al Grupo de Artillería de Costa 2/4.
El Mando de Artillería de Costa del Estrecho tiene por misión, como
conoce su señoría, la vigilancia y defensa de esta llave del
Mediterráneo, que sigue siendo cada vez más un punto vital de la
estrategia de España y de la Alianza Atlántica, a la que pertenecemos.
Dispone de dos baterías de cañones antiaéreos, dos de cañones de costa,
diez del 152,450 y una del 361/45, que tiene un alcance de 36 kilómetros,
además de radares, cámaras ópticas, direcciones de tiro y sistema de
mando y control para el pleno cumplimiento de sus misiones, que ya he
dicho que son misiones actuales.
Esta unidad trabaja habitualmente con la Armada y el Ejército del Aire.
Gracias a sus radares y cámaras desplegadas por toda la costa se puede
conocer al instante cuál es el estado de la navegación del Estrecho que,
como comprenderán sus señorías, es absolutamente fundamental en estos
días.
El Mando de Artillería de Costa del Estrecho mantiene igualmente una
relación con organismos civiles, entre los que se encuentra Salvamento
Marítimo, puesto que a través de las cámaras ópticas y de los sistemas
optimétricos se pueden localizar náufragos y ayudar a la localización de
los desastres marítimos de esa zona.
Dada la importancia que para la Defensa Nacional tiene esta unidad en el
Estado Mayor del Ejército no existen previsiones para una futura
desactivación de las mismas por lo que las citadas propiedades siguen
siendo de interés militar y para la defensa. No consta en el Ministerio
de Defensa que existan solicitudes de compra de las citadas propiedades.
En el caso de que los inmuebles dejasen de tener interés para este
Departamento, que ya digo que no es el caso, se procedería a obrar en la
línea en la que viene actuando el Ministerio, vía gerencia de
infraestructuras desafectarlas, ponerlas a disposición de la gerencia y a
través de ese organismo proceder a su liquidación en las fórmulas
jurídicas establecidas en ese organismo, pero no es el caso. Reitero que
es de absoluto interés para la Defensa y, por lo tanto, no tenemos en
nuestros proyectos ni a corto ni a medio plazo desprendernos de eso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Secretario de Estado.
El Senador Carracao tiene la palabra.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por cortesía parlamentaria quiero agradecer la respuesta del señor
Secretario de Estado y decirle que obviamente va a evitar la alarma
social en la zona. No sé de dónde vinieron aquellas informaciones --no es
el papel de este Senador-- pero realmente sucedió así, como sabe su
señoría, y su respuesta va a venir muy bien para despejar esta duda.
No es el momento ni el motivo de plantear temas relacionados con la
defensa del Estrecho, para lo que tendremos oportunidad en una próxima
sesión de la Comisión en relación con otra pregunta que he planteado para
evitar que las baterías se queden obsoletas como está ocurriendo en un
lugar que ciertamente es centro de gravedad de la defensa para nuestro
país.
Nuevamente le reitero el agradecimiento al señor Secretario de Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Carracao.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, es evidente la importancia geoestratégica del estrecho, y dentro
de los planes que tiene el Ministerio de Defensa está el mejorar la
condiciones operativas de una zona tan importante para la defensa de
España.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Pido permiso a la Comisión para que el Senador Gallego Cuesta pueda
formular la segunda pregunta y, a continuación, la última de las que
figuran en el orden del día. ¿Tenemos su permiso? Muchas gracias.
--DE D. HELIODORO GALLEGO CUESTA (GPS), SOBRE LAS PREVISIONES DEL
GOBIERNO CON RESPECTO A LA MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 13/1991, DE 20
DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO MILITAR, A FIN DE EQUIPARAR A LOS POLICIAS
LOCALES CON LOS DEMAS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO EN LO REFERENTE A LA EXENCION DEL SERVICIO MILITAR Y EL
APLAZAMIENTO DE SU INCORPORACION A FILAS (681/001361).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Gallego Cuesta, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la modificación de la Ley Orgánica 13/1991 del Servicio Militar, a fin
de equiparar a los policías locales con los demás miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo referente a la exención del
servicio militar y el aplazamiento de su incorporación a filas.
El Senador Gallego tiene la palabra.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como el señor Presidente ha enunciado el contenido de la pregunta, tan
sólo voy a hacer tres breves observaciones. (La señora Vicepresidenta,
Martínez Berenguer, ocupa la Presidencia.)
Quiero manifestar que ésta es una petición de la Federación Española de
Municipios y Provincias y que lógicamente está avalada por que se dé un
trato igual a los iguales y, por lo tanto, se equipare a la Policía local
con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
tales como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y las
Policías autonómicas que, como se sabe, tienen la exención del
cumplimiento de la prestación militar al alcanzar los cinco años de
servicio o, en su caso, el aplazamiento de su incorporación a filas. Nos
parece que es justa y necesaria esa petición de la Federación Española de
Municipios y Provincias y estoy seguro de que va a ser avalada con una
respuesta en positivo por parte del Secretario de Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Gracias, Senador.
Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señora Presidenta.
La Constitución, como señalaba su señoría, iguala a todos los ciudadanos
ante la Ley y vela por su no discriminación.
La disposición final tercera de la Ley Orgánica 13/1991 del Servicio
Militar, aprobada en la etapa del Gobierno anterior, establece que la
permanencia en el Cuerpo Nacional de Policía o en las Policías
autonómicas durante un período mínimo de cinco años tendrán los mismos
efectos que la prestación del servicio militar. La citada Ley Orgánica
del Servicio Militar está enmarcada dentro del modelo mixto de Fuerzas
Armadas que se va a modificar por un modelo totalmente profesional cuando
entre en vigor la ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, que
hace unos minutos esta Comisión estaba tramitando.
Por todo ello, al Ministerio de Defensa, que es respetuoso con la
legislación vigente y en coherencia con la futura ley de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas, en principio le parece razonable la
medida propuesta por la Federación de Municipios y Provincias, siempre y
cuando se admitiera en reciprocidad el reconocimiento como mérito o se
concediera prioridad para acceder a los Cuerpos de Policía local a los
aspirantes que hayan realizado el servicio militar. Esta idea ya se
expuso por parte del Subsecretario de Defensa en el Congreso de los
Diputados en respuesta a una pregunta que en tal sentido le fue
planteada.
La profesionalización de las Fuerzas Armadas, de interés preferencial
para toda la nación, plantea la exigencia de ofrecer a los que opten por
integrarse en ella un puesto de trabajo en el mundo laboral al finalizar
su compromiso, requisito imprescindible para asegurar la continuidad en
la demanda de plazas como soldado o marinero. En la difícil situación
actual por la que atraviesa el mercado sería muy positivo poder presentar
como digna salida a los individuos que han realizado el servicio militar
la posibilidad de acceder a una plaza en las Policías locales.
Asimismo, existen algunos inconvenientes para la aplicación de la
propuesta de la Federación de Municipios y Provincias que habría que
estudiar en profundidad para no crear otros agravios comparativos.
En este sentido, tenemos, por un lado, que la diversidad de los
requisitos que para el ingreso en las policías locales se exigen, y que
genera una falta de uniformidad en cuanto a su reglamentación, dificulta
la aplicación de medidas comunes a todos ellos; por otro lado, la
facultad autónoma de los municipios en la creación de puestos para la
policía local, junto con otros que no tienen ese carácter, dificultaría
gravemente la posibilidad de establecer unas normas que regulasen de modo
unitario la equiparación con el servicio militar en los servicios
prestados en cada municipio por personas que en muchos casos no tendrían
la condición de policías locales y cuyo régimen estatutario, al ser
determinado localmente, diferiría grandemente de unas Comunidades
Autónomas a otras.
En estos momentos en los que está todavía en trámite el proyecto de ley
de régimen del personal de las Fuerzas Armadas no se considera oportuno
comenzar la reforma de la citada Ley Orgánica 13/1991, teniendo en cuenta
que lo que se pide está regulada por la Ley Orgánica y su modificación
lleva un trámite que posiblemente daría sus frutos con posterioridad a la
entrada en vigor en funcionamiento del modelo de tropa totalmente
profesional.
No obstante, repito que el Ministerio de Defensa no tiene inconveniente,
sino todo lo contrario, en adoptar una medida que parece razonable dentro
del marco de la reciprocidad, es decir, quienes computan su trabajo como
forma de cumplimiento del servicio militar por el ejercicio de sus
funciones, computan también como mérito para acceder a esos puestos de
trabajo el haber cumplido el servicio militar.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Muchas gracias, señor
Secretario de Estado.
El Senador Gallego tiene la palabra para réplica.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero dar las gracias al Secretario de Estado de la Defensa. De sus
palabras se deduce, en principio, que le parece razonable la medida y,
por lo tanto, la petición que hace la Federación Española de Municipios y
Provincias, y habla de las dificultades para superar esta medida y
ponerla en práctica. De eso todos somos conscientes, pero hasta que el
modelo de tropa totalmente profesional se implante, parece que hay un
agravio comparativo, una discriminación, y usted indirectamente ha hecho
alusión a ella. Si la Policía local se integra dentro del marco de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo lógico es que se dé ese trato igual a
los iguales.
Se me escapa el otro tema de la lógica compensación que debe haber entre
los municipios y el Ejército para que se compute como algo positivo el
tiempo de servicio que se ha prestado dentro de las Fuerzas Armadas y que
esa presencia en las mismas sirva como mérito para ingresar en la Policía
local.
Creo --y con ello concluyo-- que hay que superar todos esos obstáculos y
le veo a usted con buena voluntad; si no se hace así, el colectivo de la
Policía Local, que es muy numeroso, se verá mermado o frustrado en sus
aspiraciones de conseguir esa igualdad con la Policía Autonómica, la
Policía Nacional y la Guardia Civil. Por eso le animo a no abandonar este
tema y, cuanto antes, ponga remedio a esta discriminación.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Gracias, señor Gallego.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el Ministerio de Defensa no solamente no tiene
inconveniente en que esa situación de agravio que existe en estos
momentos se corrija, sino que quiere hacerlo de manera inminente, dentro
de la razonabilidad legislativa que supone que en estos momentos, hoy
precisamente, se esté decidiendo cuál va a ser --y no estamos hablando de
un año-- el nuevo régimen del personal de las Fuerzas Armadas, donde
debería tener tratamiento este aspecto que su señoría señala, y que
nosotros decididamente compartimos, si bien es cierto que con las
matizaciones que hemos hecho, no sea que por no permitir un agravio
comparativo produzcamos algunos otros que vengan derivados de la
organización del Estado en sus diversas Administraciones. Eso por un
lado.
Por otro, entendemos que sería un momento idóneo para conseguir que un
régimen, no ya tanto de reciprocidad como sí de justicia, desde el punto
de vista de los derechos que se adquieren por el servicio al Estado,
pueda tener un reflejo en una legislación que nos permita además sacar un
proyecto de tanta magnitud y tan importante para la defensa de España
como es la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y no otra cosa se
pretende con ello.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Muchas gracias, señor
Secretario.
--DE D. HELIODORO GALLEGO CUESTA (GPS), SOBRE USO QUE SE VA A DAR A LAS
INSTALACIONES EN LAS QUE SE UBICABA EL CENTRO TACTICO NUMERO DIEZ DE
TORQUEMADA (PALENCIA) (681/001431).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Tiene la palabra
nuevamente el señor Gallego Cuesta, para formular su siguiente pregunta,
relativa al uso que se va a dar a las instalaciones en que se ubica el
Centro Táctico número 10, de Torquemada (Palencia).
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta pregunta ya fue contestada por el Secretario de Estado, precisamente
en esta Comisión, el día 6 de marzo de 1997, en la que manifestó que
cualquier solución que se diera, cuando usted anunció que se iba a cerrar
en 1997 el Centro Táctico número 10, de Torquemada, como consecuencia de
la reestructuración del Ejército, pasaría por el diálogo con las
corporaciones locales, que además creo que es algo elemental.
Estas antiguas instalaciones del Ejército siguen allí y hay interés por
parte de los ayuntamientos en que se dé una solución social, una vez que
se desafecte de los intereses de Defensa, que sirva para crear dinamismo
e impulso en la zona y en la comarca. Por eso resulta cuando menos
extraño que se haga una visita, que se dice que es privada, el día 29 de
diciembre del año pasado, por el señor Consejero de Bienestar Social de
la Junta de Castilla y León, acompañado de parlamentarios y cargos del
Partido Popular, se vaya con los medios de comunicación, y además no se
invite a los alcaldes. Creo que ésta no es manera de proceder por parte
del Ministerio de Defensa. Si se trata de una visita privada no se va con
los medios de comunicación, ni se anuncian allí decisiones que creo que
corresponden al propio Ministerio de Defensa, que es el propietario.
Desde ese punto de vista le elevo la queja; sé que hubo malestar entre
los propios alcaldes, y así lo manifestaron. Pero eso no es lo más
importante, aunque sí le ruego que no se repita y que el Ministerio de
Defensa tenga en cuenta todos los intereses, y que por supuesto no
excluya a los alcaldes de la zona. Una vez manifestada la queja, lo más
interesante
es el futuro; es decir, quiero conocer qué alternativa se va a dar y qué
orientación van a tener estas antiguas instalaciones, una vez se
desafecten. ¿Por qué? Porque se espera que ahí pueda haber un centro que
cree trabajo, que cree empleo. Y para orientar las inversiones en el
mejor sentido posible, se debe hablar con los propios ayuntamientos para
que de esta forma se beneficie la comarca y aquellos pueblos que
directamente han tenido cerca durante mucho tiempo este centro militar,
hasta que fue cerrado.
Me gustaría, por tanto, que me explicara, aunque sea casualmente, cómo es
posible que se haga algo así sin invitar a los alcaldes, excluyéndoles de
esa visita privada del día 29 de diciembre, y anunciándosela momentos
antes. Esta no es manera de proceder, y además había gente del ejército,
por tanto personal militar.
Sobre todo quisiera conocer cuál es la orientación de futuro, cómo van
las cosas para desafectar este antiguo establecimiento militar y si se va
a contar, que yo lo considero imprescindible, con los alcaldes, al menos
dialogando con ellos e informándoles de por dónde van a ir las cosas, una
vez que se desafecte este inmueble militar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Berenguer): Gracias, señor Gallego.
Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias,
señora Presidenta.
En el planteamiento de su pregunta no he entendido quién efectuó la
visita.
El señor GALLEGO CUESTA: Si me lo permite la Presidenta, la efectuó el
Consejero de Bienestar Social y los parlamentarios y cargos orgánicos del
Partido Popular, excluyendo a alcaldes y cualesquiera otros
parlamentarios.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias por
la aclaración. No le constaba a este Secretario de Estado esa visita,
pero sí le consta que en las actuaciones del Ministerio de Defensa, sobre
todo las que se relacionan con la infraestructura, por la vinculación
evidente que existe con las corporaciones locales, no sólo se tiene
presente la necesidad de que concurran las corporaciones locales, sino
que es norma de actuación preferente llegar a acuerdos con estas
corporaciones para, como sabe su señoría, y ya he informado en esta
Cámara en repetidas ocasiones, llegar a acuerdos vía convenio, que son
hoy en día el método básico y fundamental de la gestión de la
infraestructura del Ministerio de Defensa.
En lo que se refiere al Centro Táctico número 10, de Torquemada, cuando
comparecí el día 6 de marzo de 1997 señalé que, una vez que dejase de ser
centro táctico, pasaría a la gerencia de Infraestructuras, que es su vía
natural y jurídica de gestión, y se procedería a la enajenación, según la
legislación vigente, y ése es precisamente el proceso en el que estamos y
que voy a detallar a sus señorías a continuación.
El día 29 de abril de 1998 el Ministerio de Defensa declaró el pase a la
situación previa de desafectación del inmueble denominado Centro de
Transmisiones número 10, de Torquemada. El objeto de esta situación
supone mantener el bien inmueble en un estado de espera, previo a la
desafectación y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, para que este organismo pueda realizar
gestiones y estudios previos orientativos de introducción en el mercado,
que permitan agilizar la gestión posterior del inmueble. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
En estos momentos, se está procediendo a recopilar información catastral,
registral y urbanística, así como la relativa a las características
físicas y, sobre todo, jurídicas del inmueble, para continuar con el
proceso de su depuración y, en su caso, solicitar definitivamente su
desafectación.
Según consta en los archivos de la Dirección General de Infraestructuras,
la propiedad procede de una expropiación, por lo que, previamente a
cualquier actuación con cualquier organismo de la Administración
autonómica o local --a la que no solamente estamos abiertos, sino que
tendemos a gestionarlo de esa manera--, la Gerencia deberá proceder, por
imperativo legal, a iniciar los trámites de reversión a los antiguos
expropiados o sus causahabientes. Por otro lado, si la Administración
local o la autonómica estuvieran interesadas en la adquisición del citado
inmueble, una vez que se haya depurado su situación jurídica, y
concretándose esta situación en que existen los derechos de reversión y
los detentores de esos derechos, deberán adquirir tales derechos de
reversión que resultasen reconocidos por la Gerencia, o bien proceder a
la expropiación de los mismos, previa declaración de utilidad pública.
Por la situación que acabo de describir, comprenderán sus señorías,
particularmente el interpelante, que todavía, hasta que no esté
perfectamente depurada la propiedad, no nos hayamos puesto en contacto
con el Alcalde de Torquemada, en este caso, ni con ningún otro presidente
de corporación local que pudiera estar interesado en la adquisición de
estos terrenos, porque la información que les podíamos dar sobre la
citada finca no era completa. Por tanto, una vez que la tengamos completa
y sepamos cuál es la información precisa, nos pondremos en contacto con
los alcaldes para ver, ante esa situación, cuál es su decisión o cuáles
son sus planes en relación con la finca citada.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Gallego.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario de Estado.
Por lo que veo, esa visita se realizó de manera clandestina --iba a decir
furtiva, pero evito el término porque allí tiene otro tipo de
connotaciones--, aunque, lógicamente, se publicara en los medios de
comunicación. Me sorprende muchísimo lo que ha dicho el Secretario de
Estado; yo lo conocía y sé que el Ministerio no ha variado nunca de
posición y siempre ha manifestado lo que nos acaba de decir él. Esta
visita, que se hizo con tanta privacidad, salió en todos
los medios y se hizo notoria, incluso se agradecieron al Ministerio de
Defensa las facilidades que había dado. Hubo una comitiva que recorrió
las instalaciones pormenorizadamente y, después el propio Consejero de
Medio Ambiente manifestó que allí iba a haber un centro social, con unas
características específicas. Por tanto, se trataba --con la propia
presencia de una organización como es Mensajeros de la Paz-- de vender
algo que, por lo que veo, de momento, es pura teoría o aire. El
Ministerio de Defensa siempre ha procurado hacer las cosas con más
claridad y no vendiendo humo. Por tanto, gracias por su contestación.
También le agradezco la otra información, que ya me la había dado, y que
supone repetir en síntesis lo que había dicho: no cambiar de posición. Sí
quería reafirmarme en que, para cualquier idea o cualquier cosa que hay
al respecto, se tenga en cuenta a las corporaciones locales y que se
sigan los trámites hasta dar una pronta utilidad social, que signifique
un impulso, que se usen esas instalaciones y que no se venda --si se me
permite la expresión-- gato por liebre, porque no es bueno para aquellas
zonas que se venda lo que todavía --como hemos visto-- está en fase de
tramitación.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario de
Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Sólo quería incidir brevemente en este último punto sobre la política que
sigue el Ministerio de Defensa, en dos sentidos: Primero, ya lo he dicho
antes y lo reitero, en mantener informadas a las corporaciones locales,
que para nosotros son un elemento básico de la gestión del patrimonio de
infraestructuras y, segundo, aunque ya he explicado que desconocía esa
visita, en manifestar que las instalaciones militares están abiertas a
todos aquellos que las quieran visitar. Por tanto, repito,
independientemente de que a mí no me constase esa visita, todos, y sobre
todo los miembros de las Cámaras, son bienvenidos a las instalaciones
militares, lo único que hace falta es solicitar la visita.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS (GPS), SOBRE LAS PREVISIONES DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LA AMPLIACION Y POTENCIACION DE LA BASE
AERONAVAL DE ROTA (CADIZ) (681/001410).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Castro Mateos, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la ampliación y potenciación de la base naval de Rota.
Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta en cuestión.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Formulo la pregunta al señor Secretario de Estado en los términos en los
que ya está planteada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
El proceso que ha seguido la propuesta de ampliación y mejora de ciertas
instalaciones en la base naval de Rota, en el que parece que ha habido
algún confusionismo, ha sido el siguiente. En febrero del año pasado, los
Estados Unidos solicitaron autorización para realizar un proyecto de
mantenimiento, consistente en la reparación del firme de la pista de
aterrizaje, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares. Esta
reparación, tal y como se respondió a la pregunta escrita del señor
Diputado don Alfonso Perales, fue aceptada por España y está cerrada.
Posteriormente, el 7 de mayo, los Estados Unidos, a través del segundo
jefe del mando de ese país en Europa, propusieron la ampliación de las
posibilidades que ofrecen algunas de las actuales instalaciones españolas
de apoyo a los Estados Unidos, en la base naval de Rota, con el objeto de
mejorar y potenciar la capacidad de despliegue de sus Fuerzas Armadas,
con una finalidad aún no comunicada oficialmente, lo que supondría una
inversión aproximada de 125 millones de dólares. Las mejoras que
propusieron, de manera amplia, sin detallar, y que deberían realizarse
antes del año 2006, fueron: la ampliación de la actual capacidad de
aparcamiento de aviones de transporte, mejoras en el sistema de
suministro de combustible, organización de un departamento de transporte
aéreo y otras mejoras colaterales que aún no han definido.
La posición inicial de España, con la finalidad de que las instancias
correspondientes de los Estados Unidos pudieran continuar con los
trámites administrativos exigidos por su legislación, de manera que
pudiera financiarse con fondos correspondientes al año fiscal que
finalizaba el 30 de septiembre, fue la de aceptar, en principio, tal
propuesta, aunque, por supuesto, la autorización definitiva deba quedar
pendiente de conocerse el proyecto detallado de obras a realizar, de la
finalidad de la ampliación y del sistema de contratación a emplear y de
su análisis correspondiente en relación a los intereses españoles
involucrados.
Posteriormente, el pasado 9 de febrero, solicitaron la autorización para
realizar el dragado del puerto de la base. A esta última solicitud se ha
dado autorización y supondrá una inversión de 5,7 millones de dólares.
Otro aspecto que también ha creado cierta confusión es el relativo a la
financiación por la OTAN de las obras señaladas. En este sentido, quiero
aclarar que el Congreso de los Estados Unidos exige la presentación de
una propuesta
de prefinanciación de la OTAN para autorizar un gasto fuera del
territorio norteamericano en el área euroatlántica. Por ello, pidieron la
conformidad de España a la prefinanciación OTAN de las propuestas que han
presentado, sin que ello suponga que necesariamente vaya a financiarse
con fondos de infraestructura de la Alianza; de hecho la conformidad se
ha dado a efectos exclusivamente administrativos. Para la financiación
con fondos de infraestructuras de la Alianza es necesario que un mando
OTAN plantee la necesidad operativa que justifique el paquete de
capacidad de las obras a realizar; paquete que necesita ser aprobado por
todos los aliados. Caso de aprobarse, la utilización de la base por los
aliados sería exclusivamente para llevar a cabo las operaciones que
generaron la necesidad de las obras.
En definitiva, señoría, como he explicado, hasta la fecha, el Gobierno de
Estados Unidos no ha presentado oficialmente la propuesta detallada en lo
que se refiere a la ampliación de la base naval de Rota, por lo que el
Gobierno español aún no ha podido tomar ninguna decisión. Sí han
presentado, y se han aceptado porque benefician a los intereses
españoles, otras dos iniciativas de obras, que son la reparación de la
pista y el dragado del puerto, que he descrito con anterioridad.
Asimismo, quiero precisar que lo que España quiere es que exista una
distinción clara entre el apoyo que proporciona la base naval de Rota a
operaciones en el marco de la Alianza y las propias de los Estados
Unidos, que siempre estarán sometidas al convenio existente entre
nuestras dos naciones.
Por otro lado, las partidas económicas que el presupuesto de Defensa del
año 1999 dedica a la base española de Rota entran dentro del
mantenimiento normal de las instalaciones en servicio, y no suponen ni
ampliación ni potenciación de dicha base. En este sentido, la Armada
tiene prevista la realización de obras de mejora en el área de
instalaciones y servicios de la base naval, cuya entidad no debe ser
contemplada como una ampliación o potenciación de la base, sino como la
adecuación de su infraestructura a las necesidades logísticas actuales y
futuras de las nuevas unidades.
Las obras, actualmente en curso, previstas para los dos próximos años en
este sector son: construcción de polvorines en sustitución de los de
Fadricas --que su señoría conoce perfectamente--; ampliación del muelle
número uno en cien metros; construcción de un edificio de parque de
bomberos; ampliación del centro de programas tácticos y centro de
instrucción y adiestramiento para la fragata F-100, y la ampliación del
instituto para acoger alumnos de enseñanza secundaria obligatoria.
Nada más.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra la Senadora Castro.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, cuando preguntamos sobre el tema de la
ampliación de la base de Rota tenemos asumidas, en la provincia de Cádiz,
las servidumbres militares. Estamos acostumbrados a vivir con todo tipo
de instalaciones, como usted bien conoce, pero hay temas que sí nos
preocupan como el que las servidumbres de esta provincia no pueden estar
constriñendo su desarrollo y el que los ciudadanos, en especial de
localidades como Rota o San Fernando, terminen siendo quienes colaboren
de una forma más importante al interés de la defensa nacional sin que
esto tenga ningún tipo de compensación.
La ciudad de Rota tiene 26.000 habitantes y una población activa de 3.539
personas, con un paro registrado de 1.900 e, indudablemente, está pasando
por una situación difícil. Esta localidad, como consecuencia de la
instalación de la base de Rota, ha visto limitado su desarrollo en otros
aspectos que sí tienen las ciudades colindantes --porque el tener una
base de esas características en el término municipal, indudablemente,
limita otro tipo de desarrollos-- pero tenía como ventaja el que creaba
puestos de trabajo ya que había un número importante de ciudadanos y
ciudadanas de Rota empleados allí.
Al hablar de la potenciación, ampliación, mejora --o como queramos
llamarle-- de la base, se está garantizando y se está viendo claramente
que la base se va a seguir utilizando --y de una forma más importante
porque las obras que allí se van a realizar no tendrían si no otro
sentido-- pero, por otro lado, el número de puestos de trabajo de
personal español, es cada vez menor. La plantilla de 1997 era
aproximadamente de 1.500 personas; la actual es de 1.300 y por bajas
incentivadas, prejubilaciones, etcétera, se estima que se van a reducir
los puestos de trabajo en 250, de aquí a muy poco tiempo. Al final, con
estas bajas --más algunos despidos-- la reducción de puestos de trabajo
en la base aeronaval de Rota para el año 2000 será de 155, por lo que si
restamos esta cifra de los 1.300 actuales, nos encontraremos con 1.145
trabajadores.
El seguimiento de este tema es muy complejo porque existe un tratado
bilateral del Reino de España con Estados Unidos en el que se establecen
los derechos que tienen los trabajadores, etcétera. Dicho convenio recoge
que por cada tres trabajadores españoles habrá uno americano, o que por
cada americano tres españoles, pero el comité de empresa nunca logra
saber el número de trabajadores por lo que yo he ido haciendo preguntas
al Gobierno, y tengo sobre la mesa la respuesta a una de ellas en la que
me dicen que en la base de Rota, actualmente, hay 624 empleados
americanos. Si por cada empleado americano tiene que haber tres españoles
y multiplicamos 624 por tres, nos correspondería tener 1.872
trabajadores.
¿Cuál es la conclusión que pongo sobre la mesa y le traslado al señor
Secretario de Estado? Está claro que la base se va a potenciar, a ampliar
y a actualizar, que va a seguir teniendo --por sus instalaciones en la
zona-- una limitación hacia el crecimiento y desarrollo de otras
actividades y que esto tiene que tener dos compensaciones: la del
mantenimiento de los puestos de trabajo que establece el convenio
bilateral; y, si se puede no sólo el mantenimiento de los mismos sino que
habrá que sentarse y ver
cómo se puede compensar a esta zona con alternativas que potencien otras
actividades.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Castro Mateos.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Creo que hay que distinguir dos aspectos en su intervención. El primero
de ellos es que hay que distinguir dos tipos de trabajo, el inducido por
la base y el fijo. Creo que, efectivamente, el Gobierno español lo único
que ha hecho, desde que tiene responsabilidades de gobierno, es exigir el
cumplimiento estricto de lo que está establecido en el convenio bilateral
entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, como no puede
ser de otra manera. Otra cuestión es que se reestructure la base desde el
punto de vista de la eficiencia operativa o de la eficacia en la gestión
y eso suponga una determinada reducción, que no la prohíbe el convenio,
ya que lo que hace el convenio es establecer --como S. S. bien señalaba--
una determinada protección que será la que se deba exigir. Los matices
sobre qué trabajador se equipara con qué y si es uno a tres o si es uno
de un tipo y tres de otro, este compareciente no los conoce, en estos
momentos, pero se brinda expresamente a informar a sus señorías sobre
cuáles son las negociaciones que se llevan en el convenio en ese asunto.
Un segundo aspecto es el relativo al trabajo inducido. Es evidente que
toda obra que se realice, desde el punto de vista de la infraestructura
de la base, tendrá una repercusión en determinadas empresas de la zona,
como ha venido ocurriendo desde el principio de su creación.
Un tercer aspecto --que no he mencionado al principio, pero que creo que
es importante-- es que si bien es cierto que la presencia de una base
impide el crecimiento de otro tipo de actividades para las que podría
utilizarse ese terreno, también es cierto que en la base de Rota hay
acuerdos de puesta a disposición para determinados intereses locales en
aspectos agrícolas, fundamentalmente, por los que se permite --mediante
el acuerdo oportuno-- la utilización de algunos terrenos de la base para
explotaciones agrícolas que, aunque no tienen una orientación de largo
plazo, mientras tanto, están dando unos rendimientos. Creo que eso se
hace de una manera bastante abierta y flexible dentro de la consideración
de lo que tiene ser una base militar.
La base, efectivamente, ha impedido el desarrollo de otro tipo de
actividades pero, por otro lado, convendrá conmigo su señoría, en que
--independientemente de la voluntad del Gobierno de favorecer el
crecimiento de las regiones españolas que más solidarias son con el
interés nacional de la defensa-- también es cierto que la propia defensa
en sí misma es y aporta unos determinados beneficios a las zonas.
Su señoría es de la zona y yo no, pero llevo casi veinte años yendo y
hablando con los naturales del lugar y Rota no era la misma antes de la
base que después. Sí es cierto que es una servidumbre, pero también es
cierto que tiene unos determinados beneficios. Algunas ciudades españolas
de alta tradición militar han tenido que sufrir la desaparición de
unidades militares de su área local y conozco cuáles son las posiciones
de los ayuntamientos, de las corporaciones locales y, sobre todo, de la
ciudadanía cuando las unidades militares tienen que abandonar zonas en
las que históricamente estuvieron instaladas. Lo digo porque, si bien no
discuto el punto de vista de su señoría en cuanto a que la solidaridad
debe comportar solidaridad, también creo que ésta, no solamente en sí
misma, sino a través de las consecuencias que trae, sobre todo
económicamente, está de alguna manera remunerada en las zonas españolas
que atienden a las necesidades militares de la nación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DOÑA MARIA JESUS CASTRO MATEOS (GPS), SOBRE LAS BASES MILITARES
ESPAÑOLAS QUE ESTAN DIRECTAMENTE AFECTADAS POR LA INTEGRACION PLENA DE
ESPAÑA EN LA ESTRUCTURA MILITAR DE LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL
ATLANTICO NORTE (OTAN) (681/001409).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de la Senadora Castro Mateos,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las bases militares españolas
que están directamente afectadas por la integración plena de España en la
estructura militar de la OTAN.
Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta.
La señora CASTRO MATEOS: Señor Presidente, la formulo como la anterior,
en los términos en que está planteada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría.
A partir del año 1999 España participa en la nueva estructura de mando
militar de la OTAN, lo que respecto a la situación anterior significa,
principalmente, que los oficiales españoles desempeñarán funciones de
mando en los cuarteles generales y Estados Mayores de la nueva
estructura.
No existe la relación causa efecto que parece inferirse de la pregunta,
tal y como está formulada. La plena integración de España en la
estructura militar de la OTAN no lleva aparejada la disposición o
utilización de bases e instalaciones militares españolas por parte de la
Alianza de forma diferente a como se han venido realizando nuestras
relaciones con ésta desde nuestra incorporación en el año 1982.
Los planes operativos de la Alianza Atlántica son consecuencia directa de
las misiones que los mandos estratégicos tienen encomendadas. Por ello,
éstos son los que efectúan la determinación de las infraestructuras
necesarias para cumplimentar aquéllas. Estas infraestructuras son
proporcionadas en determinadas ocasiones por los países aliados. Por
tanto, debe entenderse que las instalaciones de diversa naturaleza de
estos países sirven a cometidos concretos de misiones concretas de la
OTAN, es decir, su utilización no debe contemplarse en un plano general,
sino en uno puntual y específico. En base a ello, en principio ninguna
base española estará directamente afectada por esta integración, ya que
ésta no cambia para nada el actual estatus para la utilización de bases
españolas dentro de la OTAN, que se regulan por los acuerdos normalizados
que ya están establecidos desde el año 1982.
Por otro lado, la plena participación de España en la estructura militar
también ha traído consigo la plena participación en el Programa de
Inversiones de Seguridad OTAN, que se encarga de financiar la
construcción, equipamiento y mejora de las infraestructuras puestas a
disposición de la OTAN para desarrollar sus planes operativos. Por tanto,
la puesta en servicio de los mandos de la Alianza de determinadas
instalaciones redunda en beneficio de su mantenimiento y mejoramiento, lo
que, sin duda, es bueno para los intereses de España.
Como es conocido, España contará en su territorio con un cuartel general
de la nueva estructura militar de mandos de la OTAN. Este cuartel general
del mando conjunto subregional sudoeste, que será multinacional y estará
mandado por un oficial general español, se establecerá en Madrid cerca de
Pozuelo. De hecho, ya se están preparando las instalaciones provisionales
que se utilizarán hasta que se construya el edificio definitivo muy cerca
de los provisionales, aprovechando antiguas edificaciones en terrenos del
Ministerio de Defensa.
En otro orden de cosas, y en relación con la defensa aérea, quiero citar
que, formando parte del sistema integrado de defensa de la OTAN, se
establecerá en la base de Torrejón de Ardoz un centro de mando y control,
que será multinacional, para lo que inicialmente se utilizarán
instalaciones nacionales existentes hasta que se establezca la
infraestructura OTAN.
En los Presupuestos Generales del Estado para el año 1999, en el anexo de
inversiones reales, las cantidades previstas para financiar los proyectos
citados totalizan 12.170 millones de pesetas en los cuatro años, de 1999
al 2002, ambos inclusive, y corresponden a los importes de los programas
de inversión y seguridad que he citado antes, mediante la compensación
total por parte de la OTAN o parcial de la contribución española al
programa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra la Senadora Castro.
La señora CASTRO MATEOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería conocer cómo iba a afectar a nuestras bases la plena integración y
con la respuesta del señor Secretario de Estado ha quedado satisfecha la
curiosidad bien entendida que tenía como miembro de esta Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, Senadora.
No tengo nada que añadir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
-- DE D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ (GPP):
SOBRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS O EN FASE DE REALIZACION REFERENTES AL
ACTUAL CONCEPTO ESTRATEGICO ESPAÑOL PARA DEFINIR NUESTRA POSICION EN LA
CUMBRE DE WASHINGTON QUE SE CELEBRARA EN ABRIL DE 1999 (681/001419).
SOBRE EL GRADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN CUBIERTOS O SE VAN A CUBRIR
LOS PUESTOS ASIGNADOS A OFICIALES ESPAÑOLES EN LOS CUARTELES GENERALES DE
LA ALIANZA ATLANTICA (681/001421).
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, con su permiso, incluyo
las dos preguntas que hacen referencia a la OTAN en una sola, aunque los
temas sean diferentes.
El señor PRESIDENTE: Si el señor Secretario de Estado está de acuerdo,
puede formular las dos conjuntamente. (Asentimiento.)
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Obviamente,
estas preguntas estaban planteadas hace muchas semanas y, por tanto, son
anteriores a la crisis de Kosovo y a los problemas que tiene la OTAN en
este momento. Había pensado en la posibilidad de retirarlas. Sin embargo,
dada la enorme actualidad de todos los temas relacionados con la OTAN, he
considerado que era interesante que de alguna manera el señor Secretario
de Estado nos dijese algo en relación con el concepto estratégico
español, se vaya a celebrar o no la Cumbre de Washington, que iba a ser
conmemorativa del 50 aniversario de la OTAN y que creo que está aplazada.
Quisiera saber en qué grado están los estudios sobre el concepto
estratégico y los militares españoles en los puestos oficiales asignados
dentro de la OTAN porque es una información
complementaria, pero importante, en el momento que vivimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría.
Procederé a contestar de la forma en que su señoría solicitaba.
Antes de entrar en la materia específica, sí le puedo decir que las
impresiones que se tienen a estas horas es que, efectivamente, se va a
celebrar la Cumbre de Washington, de acuerdo con lo que estaba previsto,
aunque quizá no en lo que se refiere a las fechas específicas.
El futuro marco estratégico de la Alianza se configurará en esa Cumbre,
de acuerdo con las decisiones que en ella adopten los Jefes de Estado y
de Gobierno de los países aliados.
Está previsto que acuerde una serie de documentos, cuyo contenido
complete el diseño de la nueva OTAN, que comenzó materialmente en la
Cumbre de Bruselas de 1994 y que ha sido impulsado en la de Madrid de
1997. Desde entonces se han ido tomando decisiones y adoptando medidas,
como la nueva estructura de mandos de la OTAN, que citaba su señoría, con
la aplicación del concepto de fuerzas conjunto combinadas adaptables a
cada misión, que han significado los primeros bloques del último
entramado de la OTAN en el final de este siglo.
Si bien estas medidas han venido impuestas por el hecho incuestionable de
un nuevo entorno de seguridad en Europa, no es menos cierto que la OTAN
debería abordar la concepción de su marco de actuación, en el que la
estrategia constituye y debe de constituir uno de sus elementos
fundamentales. La estrategia aliada se materializa en el documento básico
concepto estratégico. Este documento de carácter político-militar define,
no sólo la estrategia militar aliada, sino la propia concepción de la
seguridad que, como organización de defensa, tiene la Alianza. Es
indudable la necesidad de una nueva concepción de la seguridad en la
Alianza, que responda a los dramáticos cambios que ha sufrido el entorno
geoestratégico, la cual se está desarrollando basada en el principio de
que la seguridad en Europa es indivisible y que, por ello, los
acontecimientos que suceden en la periferia de la OTAN son importantes
para la propia seguridad de los países aliados, y como botón de muestra,
Yugoslavia o la ex Yugoslavia.
El segundo principio es la práctica inexistencia de un poder militar que
amenace a la Alianza, lo que conduce a considerar como muy remotas las
posibilidades de que la OTAN se empeñe en misiones de defensa de su
propio territorio. Por ello, la Alianza va a basar su futura estrategia
en una actuación de operaciones más allá de sus fronteras, en defensa de
los intereses aliados de seguridad, mediante la proyección de estabilidad
a través de mecanismos de diálogo, cooperación, asociación, gestión de
crisis y, en caso necesario, de su participación en operaciones de apoyo
a la paz. Todo ello, sin olvidar que la defensa colectiva continúa siendo
su función primordial.
Dentro del abanico de posibilidades que se abren para diseñar esta nueva
estrategia, España ya ha expresado su postura en relación con los
elementos esenciales del debate. Fundamentalmente persigue la renovación
de la Alianza con clara visibilidad pública, pero, al mismo tiempo,
conservando sus esencias tradicionales.
La necesidad de un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
para llevar a cabo operaciones fuera del territorio de Belgrado es, sin
duda, una de las cuestiones que mayor debate suscitan. España, y así ha
sido expresado por los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa,
considera deseable que la actuación de la Alianza esté basada en una
Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
No obstante, la experiencia ha demostrado que existen casos
excepcionales, por ejemplo el que estamos viviendo actualmente en Kosovo,
en los que puede ser necesario actuar con base en el Derecho
internacional. En cualquier caso, estas actuaciones deben ser tratadas
individualmente en función de las circunstancias especiales que las
conforman.
En resumen, España considera deseable poder contar con una resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para operar, pero también
acepta la realidad de que en determinados casos es necesaria cierta
flexibilidad para evitar que la libertad de actuación de la Alianza sea
rehén de los intereses particulares de terceros países.
Respecto a las nuevas misiones OTAN, España aboga por su inclusión entre
las tareas fundamentales aliadas. No obstante, propugna una limitación
funcional y geográfica de las mismas. Limitación funcional en cuanto a la
naturaleza de las misiones, respetando la estructura militar de las
fuerzas aliadas y su empleo en misiones propias de su función. La
Alianza, aunque puede aportar su contribución como cualquier otra
organización internacional, no debe involucrarse directamente en
cuestiones como la lucha contra el terrorismo o el tráfico de drogas.
Geográficamente, la posición española sostiene que la Alianza no debe
ampliar el área de actuación «urbi et orbi». La posición es restringir
dicha área a la zona euroatlántica, definida de una manera más flexible.
La relación de la OTAN con los países del diálogo mediterráneo es un
factor de especial importancia para España. Por ello, se está fomentando
que el concepto estratégico contemple el carácter progresivo de esta
relación, como así figura en su documento fundacional. España desea que
el diálogo actual evolucione hacia una verdadera cooperación,
especialmente en el ámbito militar.
Con respecto al desarrollo de la identidad y seguridad de defensa europea
en el seno de la OTAN, propugnamos la continuidad y refuerzo de su
evolución mediante la asunción de compromisos reales y la adopción de
medidas prácticas a corto plazo. Deseamos que la OTAN, como organización,
permita desarrollar en su seno las principales
disposiciones de las recientes decisiones de Amsterdam y de Maastricht.
La proliferación de armas de destrucción masiva es un elemento de gran
preocupación para España y nuestros aliados. Está previsto que la Cumbre
de Washington adopte una iniciativa específica destinada a incrementar
los esfuerzos para la lucha contra este tipo de riesgos. El concepto
estratégico recogerá también esta preocupación mediante las directrices
oportunas que permitan a la Alianza dotarse de los medios adecuados para
evitar la proliferación.
España continúa defendiendo el papel primordial de las medidas
diplomáticas y preventivas como objetivo fundamental de la OTAN en la
lucha contra la proliferación, y cree necesario un profundo debate antes
de adoptar decisiones de tipo operativo o de adquisición de sofisticados
equipos militares.
Es evidente que un nuevo entorno estratégico y unas nuevas misiones
requieren unas fuerzas aliadas cuya concepción y preparación sean
coherentes con sus funciones. Así, el concepto estratégico servirá de
guía para las autoridades militares aliadas en el desarrollo de la
estrategia de la defensa de la OTAN. España apoya las posturas que
preconizan unas fuerzas militares cuyas características principales sean
la interoperatividad, la movilidad, la capacidad logística continua y la
supervivencia.
En relación con el grado de cobertura de los puestos asignados por la
Alianza Atlántica a los oficiales españoles, quiero comunicar a sus
señorías que en el reparto de puestos de oficiales generales España ha
obtenido --desde el punto de vista del mando se mide de esta manera,
aunque pueda parecer una expresión poco común-- veinte estrellas en lugar
de las once que nos ofrecía la OTAN. Más adelante explicaré este punto
con mayor detalle. Quiero aclarar que, salvo la plantilla de oficiales
generales, que fue aprobada el pasado 17 de diciembre, dada su
trascendencia para las naciones aliadas y su relación directa con la
implantación de los cuarteles generales de la estructura militar de
mando, el resto continúa discutiéndose en el seno de la Alianza.
Por ello, antes de hablar de grados de cobertura de puestos asignados a
España, hay que tener en cuenta que el proceso de negociación para
distribuir los puestos de oficiales y suboficiales en la nueva estructura
de mando está aún en pleno desarrollo y no se espera alcanzar una
solución definitiva hasta finales del primer semestre del año 1999.
Debido a las dificultades para llegar a un acuerdo definitivo sobre las
plantillas y a fin de que el Consejo Atlántico tomara el pasado 1 de
marzo la decisión de actuación de los nuevos cuarteles generales, se
decidió aprobar una plantilla propuesta que muy probablemente sufrirá
cambios. Las previsiones españolas sujetas, naturalmente, a los
resultados de una negociación que desde el principio se adivinaba larga y
compleja, cifraban en torno a 400 oficiales y suboficiales la
contribución española en materia de personal a los distintos cuarteles
generales que conformarán la nueva estructura militar diseñada por los
países miembros de la Alianza.
Con el objetivo de adecuar a los intereses y necesidades nacionales la
incorporación de un contingente tan elevado de componentes de nuestras
Fuerzas Armadas a las plantillas OTAN, el Estado Mayor de la Defensa ha
establecido un plan de incorporación escalonada que facilite una
ocupación paulatina de los puestos de acuerdo con las posibilidades que
tengamos en cada momento y que permitirá a España cubrir los que le hayan
sido asignados en los plazos en los que se estime posible.
La asignación de puestos responde a un reparto en el que España ha
buscado, y continúa buscando, estar allí donde nuestros intereses y
nuestra aportación al esfuerzo común de la Alianza encuentran un punto de
equilibrio. En las negociaciones para la asignación final de los puestos
se evalúan multitud de factores: la contribución económica y militar, las
disponibilidades de personal de los distintos países miembros,
cualificaciones necesarias, intereses nacionales, áreas geográficas de
interés y otros del mismo tenor en función de los cuales se establecerán
las definitivas plantillas.
En la fecha de activación efectiva de los cuarteles generales previstos
para el 1 de septiembre próximo, las plantillas definitivas deberán estar
acordadas, y será entonces cuando se podrán analizar con certeza los
puestos definitivos asignados a España y su plan de cobertura. Hasta esa
fecha las naciones pueden enviar a sus oficiales, como contribución
nacional voluntaria, a cada cuartel general. De acuerdo con el mismo y
utilizando lo que en la OTAN se denomina contribución nacional
voluntaria, España ha ocupado el 58 por ciento de las vacantes que le
corresponderán en la distribución final. En los próximos años llegaremos
a cubrir el cien por cien, según las previsiones del Estado Mayor de la
Defensa.
Por tanto, se puede afirmar que vamos a ver cumplidas nuestras
aspiraciones en lo que a su vertiente cuantitativa se refiere, pero es
aún prematuro hacer evaluación rigurosa alguna del resultado de dichas
negociaciones en lo relativo a puestos y áreas funcionales específicas:
operaciones, inteligencia, logística y otras del mismo tenor.
En consecuencia, por el momento sólo se pueden efectuar valoraciones
sobre la plantilla definitiva de oficiales generales; la citada plantilla
está compuesta por unos 150 generales a distribuir entre diecisiete
naciones, contando los tres nuevos aliados y sin tener en cuenta Islandia
y Luxemburgo. España cubre 13 puestos de oficial general: nueve en el
mando estratégico para Europa y cuatro en el mando Atlántico, lo que
supone casi un 9 por ciento de la cuota total. De estos 13 puestos
conseguidos, siete están adjudicados a España y los seis restantes son
ocupados por España por rotación con otras naciones: cuatro pertenecen al
mando estratégico del Atlántico y los nueve restantes al eurocuerpo. De
los siete puestos asignados a España los más significativos son: el mando
del cuartel general subregional de Madrid; el segundo jefe de mando
regional aliado en Oeiras, Lisboa; el segundo jefe de Estado Mayor del
mando regional de Nápoles; el jefe de Estado Mayor del mando subregional
de Verona y los jefes de logística de los mandos estratégicos de Europa y
el Atlántico.
Es preciso significar que de los veinte cuarteles generales de la nueva
estructura de mando sólo dos, Madrid y Larisa, en Grecia, son de nueva
creación, por lo que el resto de los mandos tienen una plantilla
provisional cubierta y tendrán que irse adaptando progresivamente a la
composición de las plantillas que se acuerde. Lo anterior significa que
el proceso de cobertura se va a realizar teniendo en consideración el
momento del relevo de los puestos que están ocupados y las posibilidades
de la nación correspondiente para ocuparlos en razón --como apunté
anteriormente-- de sus posibilidades económicas y, sobre todo, de
disponibilidad del personal.
No obstante, los resultados que arroja hasta el momento la distribución
final de los llamados puestos claves de la Alianza, generales y
almirantes que ocuparán puestos de la máxima responsabilidad en la
estructura militar, nos permiten ser optimistas sobre la posición de
España en dicha organización.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Senador Elorriaga, tiene la palabra.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Secretario de Estado,
porque considero muy satisfactoria la información que nos ha
suministrado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Elorriaga.
Señor Secretario de Estado, ¿desea intervenir? (Pausa.)
--DE D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ (GPP), SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE
SE ESTA PROLONGANDO EL PROCESO DE SELECCION Y ADJUDICACION DE LA
FABRICACION DE UN NUEVO FUSIL DE ASALTO PARA EL EJERCITO (681/001420).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, formulada por el
Senador Elorriaga, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los motivos por
los que se está prolongando el proceso de selección y adjudicación de la
fabricación de un nuevo fusil de asalto para el Ejército.
Su señoría tiene la palabra para formular la pregunta.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo hacer la observación de que es una pregunta que viene ligeramente
atrasada puesto que en este momento el modelo G-36 E, de la empresa
alemana Hecker & Koch, es el que ha sido seleccionado. Por tanto, ya no
basta con preguntar por la demora en el proceso de selección y
adjudicación, que supongo se debe al desarrollo de los análisis y de los
efectos industriales y a la viabilidad de la ejecución. Simplemente me
gustaría que el señor Subsecretario de Estado nos confirmase su opinión
sobre esa viabilidad y esos efectos industriales.
Muchas gracias, señor Presidente.
E1 señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Elorriaga.
Tiene la palabra el señor Secretario de la Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias,
señor Presidente. Gracias, señorías.
En efecto, se consumió un período de tiempo más largo del previsto
inicialmente para poder llegar a la decisión de declarar de necesaria
uniformidad al sustituto del fusil Cetme, y ese tiempo que se consumió
estuvo basado fundamentalmente en la búsqueda de unas relaciones
industriales, en el contenido industrial del proyecto, que no ha sido en
absoluto fácil de centrar y, sobre todo, nada fácil de cerrar al final.
El 12 de febrero se declara de necesaria uniformidad el fusil Hecker &
Koch, de 5,56 milímetros, G-36, para las Fuerzas Armadas. La trayectoria
de la cooperación industrial que se ha seguido en la negociación, vía
Ministerio de Defensa, ha buscado en todo momento, como ya dijimos al
principio, la fabricación del fusil íntegramente en España. El Ministerio
de Defensa entiende, y lo ha hecho desde un principio, que España tiene
que tener capacidad para fabricar armas ligeras. Las ha habido
tradicionalmente. No han sido en absoluto armas ligeras de mala calidad.
Quizá en el último período el fusil Cetme no satisfizo las necesidades
plenas del Ministerio de Defensa, pero no podemos olvidarnos de una
larguísima tradición industrial española que avala que seamos capaces de
asumir y digerir tecnología exterior y fabricar en España el cien por
cien de los fusiles. En lo que quiero insistir es en que lo que hemos
hecho ahora ha sido declarar un fusil de necesaria uniformidad, y
confirmar que va a ser un programa que iniciaremos este año, porque
pensamos que, por ahora, es de absoluta necesidad en las Fuerzas Armadas,
al menos ante esta primera fase.
Lo que se ha pretendido desde el punto de vista de la cooperación
industrial no sólo es una cesión de tecnología, sino una posible
capacidad para integrarse en un grupo industrial europeo, en línea con lo
que estamos tratando de impulsar desde el Ministerio de Defensa, que es
una capacidad industrial nuestra, en la que podríamos y deberíamos ser
realmente parte importante de lo que sea el entramado industrial europeo
de Defensa. En ese sentido, se ha llevado a cabo una magnífica labor, y
así se ha reconocido por la propia industria. Lo que sí puedo anunciar a
su señoría es que ya, habiendo solventado el problema industrial, el
programa se va a poner en marcha. Serán 115.000 fusiles en los próximos
cinco años, y ahora tendremos que empezar a negociar con quien asuma esa
determinada tecnología, por sus relaciones con la empresa alemán H & K,
el precio, la fórmula de pago y la cadencia de suministro que
necesitemos, de acuerdo, por un lado, con las necesidades operativas y,
por otro, con las posibilidades económicas. Pero sí creo que conviene
resaltar claramente que lo que nosotros hemos hecho ha sido declarar de
necesaria uniformidad un fusil y decir a su adjudicatario que dicho fusil
se fabricará en España. A partir de ahí, las responsabilidades de dónde,
con quién, con qué calidad, pasan ya a ser de la propia empresa
adjudicataria y de la empresa española que quiera unirse a ella para
sacar adelante este proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Gracias.
Sólo deseo hacer constar que agradezco mucho al señor Secretario de
Estado su información.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
¿Desea hacer uso de la palabra, señor Secretario de Estado?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): No,
muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de levantar la sesión, quiero
facilitarles una información y formular una propuesta.
Como saben el débate de la ley de Régimen del personal de las Fuerzas
Armadas tendrá lugar en sesión plenaria el día 13 de abril. Es necesario,
como es habitual, que se produzca una propuesta para que alguien de la
Comisión tenga la posibilidad de presentar ante la Cámara este proyecto
de ley. ¿Hay alguna propuesta concreta o bien, como es habitual, el
Presidente de la Comisión puede aceptar el honor de hacer esta defensa?
(Pausa.)
Cuento con su aprobación. Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.