CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 405



COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICTORINO NUÑEZ RODRIGUEZ



celebrada el martes, 16 de marzo de 1999



ORDEN DEL DIA:



Elección de Secretario Primero de la Mesa (Número de expediente
541/000012).




Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:



--De don Félix Lavilla Martínez (GP Socialista), sobre las cantidades
invertidas en cada una de las eléctricas al amparo del Real Decreto
2657/1996, con especial referencia a las cantidades recibidas por la
provincia de Soria durante los diez últimos años para mejorar su
infraestructura eléctrica, y con indicación de las deficiencias
detectadas durante los cinco últimos años en dicha provincia y las
previsiones de mejora existentes (Número de expediente 681/001399).




--De don Félix Lavilla Martínez (GP Socialista), sobre la cantidad anual
de energía eléctrica que se produce y consume en la provincia de Soria,
con indicación del origen de la producción, la proporción entre
producción y consumo, las previsiones de generación de energía eléctrica
y la valoración del Gobierno a este respecto (Número de expediente
681/001400).




--De don Félix Lavilla Martínez (GP Socialista), sobre las previsiones
del Gobierno con respecto a la implantación de un canon o tasa energética
a las empresas eléctricas en función de la energía eólica producida
(Número de expediente 681/001401).




--De don Félix Lavilla Martínez (GP Socialista), sobre si ha existido
algún contacto entre el Ministerio de Educación y Cultura y el de
Industria y Energía sobre la posible elaboración de un censo de centros
escolares en cuyas proximidades existen líneas de alta tensión, con
indicación de si hay prevista alguna reunión para tratar el tema y
concretando fechas de posibles convenios entre los sectores públicos y
privados afectados, así como sobre si se va a utilizar alguna vía de
financiación europea (Número de expediente 681/001402).

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--De don Heliodoro Gallego Cuesta (GP Socialista), sobre las ayudas
concedidas por el Ministerio de Industria y Energía al proyecto de
Fomento de Energías Renovables Palencia, S. A. (FERPASA), de Salinas de
Pisuerga (Palencia), con cargo a las Ordenes Ministeriales del Programa
de Ahorro y Eficiencia Energética y al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) (Número de expediente 681/001339).




--De doña María Mercedes Pérez Schwartz (GP Socialista), sobre las
previsiones del Gobierno en orden a exigir a la compañía gestora de la
refinería de Santa Cruz de Tenerife un informe exhaustivo sobre la
situación de sus instalaciones, con motivo del vertido de crudo al mar
producido el día 24 de octubre de 1998 (Número de expediente 681/001414).

Dictaminar el Proyecto de ley de tasas y precios públicos por servicios
prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear (Número de expediente
621/000115).




Se abre la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Antes de iniciar el orden del día, voy a pedir autorización a los
miembros de la Comisión para incluir un punto relativo a la elección o
designación de un nuevo Secretario Primero de la Mesa. (Pausa.) Si así se
acepta, esta Presidencia lo agradece.

Por tanto, ahora pregunto si puede entenderse aprobado el borrador del
Acta de la sesión celebrada el 23 de febrero. ¿Alguna objeción al Acta?
(Pausa.) El borrador queda convertido en Acta.




ELECCION DEL SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA (541/000012).




El señor PRESIDENTE: Seguidamente y de acuerdo con la autorización
concedida, teniendo en cuenta que ha causado baja en la Comisión el
Senador Font, que venía desempeñando la Secretaría de la Mesa, y habiendo
sido designado como miembro de esta Comisión el Senador don Ramón
Palacios Rubio, al no haber más candidatos, se propone a este Senador
como miembro de la Mesa. Si la Comisión lo acepta por asentimiento, como
hemos hecho en otras ocasiones, queda elegido como Secretario Primero de
la Comisión el Senador Palacios Rubio, a quien agradecemos que nos dé la
satisfacción de ocupar su puesto en la Mesa.




CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS CANTIDADES INVERTIDAS EN CADA UNA DE LAS ELECTRICAS, AL AMPARO
DEL REAL DECRETO 2657/1996, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS CANTIDADES
RECIBIDAS POR LA PROVINCIA DE SORIA DURANTE LOS DIEZ ULTIMOS AÑOS PARA
MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, Y CON INDICACION DE LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS DURANTE LOS CINCO ULTIMOS AÑOS EN DICHA PROVINCIA
Y LAS PREVISIONES DE MEJORA EXISTENTES (681/001399).




--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA CANTIDAD ANUAL DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE PRODUCE Y CONSUME EN
LA PROVINCIA DE SORIA, CON INDICACION DEL ORIGEN DE LA PRODUCCION, LA
PROPORCION ENTRE PRODUCCION Y CONSUMO, LAS PREVISIONES DE GENERACION DE
ENERGIA ELECTRICA Y LA VALORACION DEL GOBIERNO A ESTE RESPECTO
(681/001400).




--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA IMPLANTACION DE UN
CANON O TASA ENERGETICA A LAS EMPRESAS ELECTRICAS EN FUNCION DE LA
ENERGIA EOLICA PRODUCIDA (681/001401).




El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, en primer lugar,
las preguntas del Senador don Félix Lavilla Martínez. El Senador Lavilla
ha tenido la generosidad de autorizar a esta Presidencia a agrupar las
tres primeras preguntas que figuran en el orden del día. Por tanto, estas
tres preguntas quedan agrupadas y doy la palabra al Senador Lavilla para
su formulación.




El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, considero que en el tema del que vamos a
hablar una imagen vale más que mil palabras. Estas preguntas escritas
proceden de una misma inquietud, de una misma problemática, y es que en
la zona del Moncayo, que es Parque Natural en Aragón, es decir, no
estamos hablando de cualquier entorno, sino de un espacio singular, usted
observará en la fotografía que a tan sólo un milímetro está plagado de
líneas eléctricas, y esto, como digo, en un espacio considerado por parte
de



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la Comunidad Autónoma aragonesa como un Parque Natural.

Teniendo en cuenta estas imágenes, todas estas preguntas forman parte de
un conjunto cuyo objetivo es saber cuál es la voluntad del Gobierno para
controlar que este tipo de actuaciones agresivas con el medio ambiente de
alguna manera puedan ser evitadas y prevenidas.

En la sesión del 2 de marzo de 1999, en el bloque de preguntas que fueron
calificadas por la Mesa como correspondientes a Medio Ambiente pero que
procedían de una misma problemática, que ha generado un rechazo social de
más de 1.500 personas, el Secretario de Estado de Aguas y Costas, señor
Blanco Rodríguez, decía que se iba a poner en contacto con el Ministerio
de Industria para ver cómo estaba el tema y qué se podía hacer.

Literalmente dijo: De su exposición y de los antecedentes que tengo
deduzco que la única competencia estatal directa existente es la
autorización de las líneas. En la medida en que sea competencia estatal,
entiendo que el Ministerio de Industria y Energía tramitará los
expedientes correctamente... Añadía: De todos modos, hablaré con el
Secretario de Estado de la Energía para pedirle una especial atención, si
cabe, a cómo se tramita el expediente.

Señor Secretario de Estado, estamos ante una barbaridad ecológica; es
decir, usted tiene delante de sus ojos una subestación eléctrica que no
ha salido a exposición pública y en la que en pleno verano se inician las
obras sin licencia municipal conocida, habiendo sido denunciado por la
plataforma creada al efecto, sin que nadie haga nada. Y usted dirá: ¿Y
cómo es que nadie hace nada? Pues porque la coartada que tienen las
empresas eléctricas --entiendo que por la complicidad política del
Ministerio de Industria y de otras Administraciones con esas propias
empresas eléctricas-- consiste en decir que hay una dispersión de
competencias.

Es decir, si cogemos, por ejemplo, el Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de
las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica, podemos ver que en sus propias disposiciones generales dice la
Junta de Castilla y León: No existen, por tanto, reglamentos específicos
para tramitar solicitudes para instalaciones de parques y líneas. Es
decir, parece que se le está diciendo al Estado que falta una norma
básica para regular este tipo de instalaciones y que ellos tienen las
competencias que tienen.

Pero vayamos a la Administración municipal. Se permite, dentro de las
normas subsidiarias, solicitar un anejo de impacto ambiental; pero, mire
usted por dónde, una Administración, también gobernada por el Partido
Popular, no lo pide para un proyecto de estas dimensiones, para un
proyecto de más de 31 kilómetros de líneas de alta tensión que afectan a
un gran entorno --entorno que en Aragón está protegido en un territorio
que dista tan sólo un milímetro de la zona de la que estamos hablando-- y
que tiene un volumen equivalente al de siete parques eólicos. Treinta y
un kilómetros de líneas de alta tensión más las líneas de evacuación, que
son responsabilidad del Ministerio de Industria, pero que a su vez
tramita la Junta de Castilla y León. Y nadie hace nada, es decir, no se
pide ese anejo de impacto ambiental.

Pero vayamos también a una pregunta parlamentaria que con fecha 21 de
mayo de 1998 se le formula al Gobierno --concretamente al Ministerio de
Medio Ambiente--, observando ya que esto podía llegar a pasar. Y es que
lo más grave en este tipo de cosas es que, a pesar de que estos proyectos
se pueden realizar sin alterar el medio ambiente, si éste se altera es
debido a que a las empresas eléctricas les cuesta cuatro duros más el
soterrar, por ejemplo, unos 500 metros más la conducción de energía que
va desde donde está ubicada la subestación hasta el punto que resultaría
idóneo, con lo que se evitaría que las torres de alta tensión que se ven
en la fotografía, y que son responsabilidad del Ministerio de Industria,
aparecieran en esa imagen del Moncayo.

Pero el propio Gobierno, como queriendo quitarse también del medio, le
echa la culpa a la Comunidad Autónoma y dice: La Comunidad de Castilla y
León tiene competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de
régimen energético en virtud del artículo 27.1.10 del Estatuto de
Autonomía. Es decir, que aludiendo en la propia respuesta parlamentaria a
una serie de disposiciones, el Gobierno se lava las manos y dice: Esto es
competencia de la Comunidad Autónoma. Pero resulta que hemos leído un
decreto en el que la Comunidad Autónoma dice: Es competencia del Gobierno
que haya una norma básica. Es decir, que en esta respuesta parlamentaria
se puede observar que la Directiva de la Unión Europea 97/11, de 3 de
marzo de 1997, que incluye este tipo de instalaciones, no se ha
desarrollado.

Por lo tanto, estamos hablando de un entorno que está a tan sólo un
milímetro de nuestra Comunidad Autónoma y que sí se protege y, por otra
parte, estamos hablando también de que tenemos vecinos residentes en
nuestra Comunidad que ni siquiera disponen de ninguna arma legal para
poder alegar estos proyectos. Se han levantado las torres porque a las
compañías eléctricas así les ha venido en gana, sin que ninguna
Administración --todas ellas gobernadas por el Partido Popular-- haya
hecho nada.

¿Quiénes son, señor Secretario de Estado, los verdaderos perjudicados por
esta actuación? Creo que es muy fácil saberlo: el medio ambiente, el
entorno y la población que allí vive. Pero, como le digo, lo peor de todo
es que esto se podía haber evitado, pero creo que todavía estamos a
tiempo porque entiendo que son las propias compañías eléctricas las que
han vulnerado el Decreto 8/1994 de la Junta de Castilla y León, Decreto
que de alguna manera regula el estudio de impacto en este tipo de
instalaciones, y que en su artículo 8º dice que todas las instalaciones
que tengan más de 66 kVA y una longitud superior a unos determinados
kilómetros --concretamente dice 15 kilómetros-- deben de realizar un
estudio de impacto ordinario. Es decir, ni siquiera dice simplificado
sino que lo eleva a ordinario.

Pues bien, nada de esto se ha hecho. Y no dudo, señor Secretario de
Estado, de que habrá recovecos como para decir: No, como es una
competencia estatal..., es decir, para excusar esta tramitación. Pero la
información a la



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gente ha sido nula. La población residente, que son trabajadores en su
mayoría, se ha tenido que desplazar a Soria capital porque la
Administración no ha querido facilitar en ningún momento 200 folios en
los municipios en que se van a desarrollar estos proyectos. Esta es la
transparencia que ha habido por parte de las Administraciones públicas a
la hora de realizar estos proyectos. Y me imagino que usted me va a decir
que la formulación de las preguntas escritas tenía diferente cariz, y es
verdad, pero de alguna forma también completa lo que quería decirle.

Por tanto, es necesario ser solidarios. En unos lugares determinados se
puede y se debe producir energía, pero también es verdad que hay que ser
solidarios con ese entorno. Y esa solidaridad comienza precisamente
siendo respetuosos con ese entorno, pero no ha habido ese respeto.

Lo que precisamente se trataba de demostrar con una de estas preguntas es
que allí se produce mucha energía --y hay que producirla--, pero el caso
es que no se recibe prácticamente ningún tipo de compensación, salvo una
pequeña migaja por aerogenerador que pagan a los ayuntamientos. Y la
generación de empleo es prácticamente nula y vulnera incluso la filosofía
del Decreto de adjudicación de parques eólicos, que dice literalmente lo
siguiente: Para la adjudicación de los mismos, las Administraciones
públicas --habla de todas, de las estatales, de las autonómicas, de las
municipales-- deben velar para que el aprovechamiento de un recurso
energético como la energía eólica se realice en las mejores condiciones
técnicas, económicas, medioambientales y socioeconómicas, por lo que debe
propiciarse la competencia de proyectos.

Es decir, traduciendo aquí la filosofía de este Decreto, se tendría que
haber buscado la empresa o las empresas que mejor hubiesen hecho los
proyectos respetando el entorno y las que más empleo hubiesen generado
--porque las empresas califican de desierto esta zona y para eso no
tienen ningún empacho en cargarse tres empresas que generan más de 1.400
empleos directos, que no es poco en una provincia como Soria, que tiene
10 habitantes por kilómetro cuadrado--. Pero, eso sí, para llegar a la
conclusión de que allí sólo hay cardos y tomillos y de que no hay gente,
de que eso es un desierto, no tienen ningún inconveniente en alterar la
realidad. Ese es el rigor con que se ha realizado ese estudio.

El resultado final, señor Secretario de Estado, lo tiene usted delante de
los ojos: una instalación donde se observan las torres del propio
Ministerio de Industria de 220 kVA con capacidad para más de 500 kVA.

Todo lo cual, con una verdadera previsión, tal y como se le comunicó al
Delegado del Gobierno y a determinados órganos de la Administración, se
podía haber evitado.

Pero más que preguntarle, lo que quiero pedir es que tome cartas en el
asunto y haga todo lo que pueda --dado que se entiende que algunas
actuaciones de estas empresas rayan la ilegalidad-- para que, desde la
propia Administración, se intente corregir esto. Porque es posible, y
además necesario, compatibilizar la realización de estos proyectos y ser
solidarios con el conjunto de zonas que necesitan esta energía. Pero lo
mínimo que se puede pedir a las Administraciones y a las empresas es que,
al menos, sean respetuosas con el entorno que les permite generar esta
energía. Es lo mínimo que se puede pedir, y eso es precisamente lo que le
pido a usted, señor Secretario de Estado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Lavilla.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para contestar a las
preguntas formuladas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris):
Buenas tardes, señorías.

Señor Presidente, en relación con la contestación a las preguntas,
supongo que las cuatro que ha formulado el Senador Lavilla tendré que
responderlas además de contestarle a la intervención que acaba de hacer.




El señor PRESIDENTE: No. Se contesta a las preguntas formuladas por
escrito.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris): De
acuerdo. Pero antes de pasar a la contestación de las preguntas
formuladas por escrito me gustaría hacer alguna reflexión sobre los temas
que ha planteado su señoría. Creo que aquí debemos diferenciar claramente
el ámbito de competencias de cada una de las Administraciones y de cada
uno de los Departamentos con la finalidad, por supuesto, de que el
conjunto de todas ellas salvaguarde en este caso la preocupación que por
el medio ambiente alega el Senador.

Lo que sí querría es hacerle algunas reflexiones. En primer lugar, por lo
que se refiere al ámbito de las competencias medioambientales y al
informe de impacto ambiental, yo creo que esta cuestión ya ha sido
bastante clarificada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal
Constitucional, que ha venido a establecer este reparto de competencias
entre unas y otras administraciones. Así lo que ha venido a declarar el
Tribunal Supremo es que la competencia en la titularidad material viene a
determinar la competencia por lo que se refiere a la emisión de los
informes y de las declaraciones de impacto ambiental. Por tanto,
tratándose de competencias materiales de la Comunidad Autónoma, serán los
órganos medioambientales de las Comunidades Autónomas los que deberán
intervenir, en tanto que si se trata de competencias materiales de la
Administración del Estado serán los órganos medioambientales de la
Administración del Estado los que se tendrán que pronunciar sobre esta
materia. En todo caso, como quiera que usted se ha referido tanto a lo
que son redes como a lo que son instalaciones eólicas, sí que me parece
conveniente precisar o aclarar dos extremos.

Por lo que se refiere a las instalaciones eólicas y todo el régimen
especial, como muy bien sabe usted, es competencia la autorización de
estas instalaciones de régimen especial de las Comunidades Autónomas. Por
lo que se refiere a las redes, como tiene declarado el Tribunal
Constitucional en conformidad con el precepto constitucional y con los
propios Estatutos de autonomía, la competencia



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será de la Administración autonómica o de la Administración estatal,
según las líneas sobrepasen o no el ámbito territorial de cada una de las
Comunidades.

En todo caso, sea la competencia de quien sea, como consecuencia de este
reparto constitucional de competencias, debe tener la seguridad de que en
el supuesto de que estas líneas no excedan del ámbito territorial de la
Comunidad habrán sido autorizadas por ésta, y si exceden del ámbito
territorial habrán sido autorizadas por el Ministerio de Industria y
Energía cumpliendo la totalidad de los requisitos legales.

En todo caso, también es importante destacar que precisamente la energía
eólica es una de las energías renovables que son consideradas de mayor
protección medioambiental y, por lo tanto, indudablemente es cierto que
los aerogeneradores pueden tener un impacto medioambiental, pero no es
menos cierto que en el ámbito del Libro Verde de la Unión Europea uno de
los objetivos de aquí al 2010 es que el 12 por ciento de la energía
renovable participe de esta producción de energía eléctrica y, por lo
tanto, con el pleno respeto al medio ambiente lo que es la incentivación
y el desarrollo de las energías renovables deben ser apoyados por todas
las Administraciones.

Entrando ya en la contestación de las preguntas por escrito, la primera
de ellas es relativa a las cantidades invertidas en cada uno de las
eléctricas, al amparo del Real Decreto 2657/1996, con especial referencia
a las cantidades recibidas por la provincia de Soria durante los diez
últimos años para mejorar su infraestructura eléctrica, y con indicación
de las deficiencias detectadas durante los cinco últimos años en dicha
provincia y las previsiones de mejora existentes.

Ante todo, quiero indicar a su señoría que la provincia de Soria ha
basado hasta ahora su generación de energía eléctrica en el
aprovechamiento de los saltos hidráulicos, y a partir de 1998 se ha
complementado con una instalación eólica de 15 megavatios. Por ello,
realmente no dispone de una producción fija de energía eléctrica, sino
que está basado en las alteraciones climatológicas y en la pluviometría.

No obstante, le puedo indicar que la producción de energía eléctrica de
Soria es de aproximadamente 40.000 megavatios/hora anuales que
representan un 12 por ciento del consumo interno de la provincia, que es
aproximadamente de 350.000 megavatios/hora anuales.

Como he dicho anteriormente, la potencia hidráulica se ha visto
incrementada por el parque eólico de Olvega-Noviercas de la Sierra del
Madero. En una primera fase dispone de 45 aerogeneradores que suman una
potencia instalada próxima a 15 megavatios.

No obstante, el desarrollo de la energía eólica ha tenido un marco
favorable por el desarrollo tecnológico empresarial financiero y
normativo, lo cual prevé un desarrollo continuado e intenso en los
próximos años. Así, en Castilla y León, a 31 de diciembre de 1998, según
la información disponible, las solicitudes de instalación de parques
eólicos presentados ante la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Castilla y León, alcanzan la cifra de 274 parques
que totalizarán una potencia eléctrica del orden de los 5.400 megavatios.

De las solicitudes presentadas en Castilla y León, 75 corresponden a la
provincia de Soria, con una potencia solicitada de aproximadamente 1.500
megavatios. En noviembre de 1998 sólo cuatro parques eólicos habían
recibido autorización administrativa, además del ya construido y en
funcionamiento denominado primera fase parque eólico Sierra del Madero,
Olvega-Noviercas con 15 megavatios de potencia. Es decir, a finales de
1999 pueden ser conectados a la red 83,2 megavatios en la provincia de
Soria, siempre y cuando pueda evacuarse esta potencia por las líneas
actuales o bien se concluya la línea eléctrica en construcción.

Por otro lado, la potencia mencionada como probada para Soria significa
la instalación de unas 140 máquinas eólicas de 600 kilovatios; la
inversión movilizada se situará en 21.000 millones de pesetas y los
puestos de trabajo directos que puede generar dicha actividad indirecta
en relación a la operación y mantenimiento de las instalaciones se deberá
determinar según se vayan ejecutando estos parques.

De las 75 solicitudes presentadas en la provincia de Soria, 30 de ellas
están incluidas dentro de la moratoria de nueve meses que aprobó mediante
Decreto 197/1998, de 4 de junio, la Junta de Castilla y León con objeto
de dimensionar y llevar a cabo en su caso un plan estratégico similar al
realizado en otras Comunidades Autónomas que ordene y permita planificar
la instalación de estos parques en su territorio en función de los
impactos medioambientales, de la capacidad de evacuación de la energía
producida y de la actividad de cierto nivel de actuaciones en el ámbito
del desarrollo local y regional.

El resto, es decir 40 solicitudes, está en fase de tramitación y podrá
obtener autorización administrativa o resolución denegatoria en un plazo
relativamente breve.

En relación con la problemática de la evacuación de la electricidad
procedente de los parques, les puedo citar que el parque eólico primera
fase Sierra del Madero en funcionamiento dispone de un trazado de línea
de evacuación, modificado a finales del año 1996 a petición del grupo
ecologista Asdén, para evitar el paso por una zona arbolada.

Sin embargo, la evacuación de los parques ya autorizados, así como de
otros que pueden autorizarse en el futuro, requiere una nueva línea de
evacuación, habiéndose diseñado una a 220 kilovatios desde la subestación
del Moncayo a Magallón que pasa por la zona de Araviana, y que ha sido
evaluada por los servicios provinciales de industria de Soria y Zaragoza
con informes favorables. Sin embargo, al afectar a dos Comunidades
Autónomas ha sido el Ministerio de Industria y Energía el que ha dado la
autorización administrativa correspondiente para la construcción de dicha
línea, una vez que se ha evaluado el impacto medioambiental y se ha
cubierto la etapa de información pública y resueltas las alegaciones.

Finalmente, se encuentran en fase de tramitación de autorización
administrativa, concretamente en fase de información pública, una línea
de evacuación que parte de la subestación de Aldehuela hasta la de
Oncala, en la que descargarán cuatro parques eólicos previstos tramitados



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en competencia y que actualmente están en fase de información pública y
declaración de líneas de evacuación. Sin embargo, debo decir, con
respecto a este desarrollo de la energía eólica, que la opinión pública,
los grupos ecologistas, el procedimiento administrativo y, sobre todo, el
masivo número de solicitudes de instalación de parques eólicos hace que
se haya creado una situación confusa y alarmante que sobrepasa el ámbito
local. Es decir, el problema tiene una dimensión cualitativa,
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sensibilidad,
etcétera, y especialmente cuantitativa por el efecto de acumulación en el
tiempo. Por tanto, nos encontramos ante uno de los crecimientos más
importantes del sector energético de la última década que afecta al
sistema económico industrial medioambiental y social. Con el fin de
centrar la problemática que se suscita, la Junta de Castilla y León ha
creído oportuno regular la concesión e implantación de parques eólicos.

Aunque no es competencia de la Administración General del Estado, le
puedo indicar que el procedimiento que se ha aplicado en Castilla y León
es una extensión y adaptación del que se sigue para lograr una
autorización administrativa para una instalación productora de energía
eléctrica, con un tratamiento «ad hoc» debido a las particularidades
propias de un parque eólico que afecta a aspectos especialmente sensibles
del medioambiente, ecosistema visual paisajístico, de infraestructuras de
acceso, de evacuación de líneas, etcétera.

Sin embargo, y especialmente como consecuencia de la avalancha de
solicitudes, la Junta de Castilla y León, debido a la moratoria
establecida en el Decreto 107/1998, ha paralizado la concesión del
régimen especial así como la de autorización administrativa para la
instalación de parques eólicos.

Paralelamente, y en este período de meditación, la Junta está llevando a
cabo un análisis de la situación de los procedimientos de la resolución
de conflictos y, en especial, de las necesidades de infraestructura que
lleva consigo la puesta en marcha de una plan como el propuesto en
algunas comarcas, entre las que cabe señalar como crítica la surgida en
las zonas ventosas del norte de la provincia de Soria.

Actualmente, se está diseñando una evaluación estratégica previa de
proyectos de gran importancia para el desarrollo del plan eólico regional
en Castilla y León, en el que se tendrá en cuenta ciertas consideraciones
sobre la ordenación territorial para la implantación de este tipo de
instalaciones, compaginando la planificación medioambiental con la
programación energética industrial y socioeconómica. Este plan tiene como
objetivos los siguientes: el aprovechamiento del potencial energético
eólico máximo, conservando y protegiendo convenientemente el medio
natural que pueda verse afectado por la implantación de estas
instalaciones y sus infraestructuras, utilizar energías no contaminantes,
favorecer el desarrollo económico general y, en concreto, el regional
ligado a los aspectos tecnológicos industrial y empresarial y, en
definitiva, lograr una mejora de la calidad de la distribución energética
en Castilla y León.

Finalmente, le informo que en 1998 se autorizó una línea de alta tensión
de 220.000 voltios de Eléctricas Reunidas de Zaragoza que une
Magallón-Moncayo y que pasa por la provincia de Soria.

Quiero disculparme porque, como habrán podido comprobar, he tenido una
confusión en el orden de las preguntas y todo lo que acabo de decir está
en relación a la segunda pregunta sobre la cantidad anual de energía
eléctrica que se produce y consume en la provincia de Soria, con
indicación del origen de la producción, la proporción entre producción y
consumo, las previsiones de generación de energía eléctrica y la
valoración del Gobierno al respecto.

En relación con la pregunta que formula el señor Lavilla, deficiencias
contrastadas por el Gobierno en materia de infraestructuras eléctricas en
la provincia de Soria e inversiones realizadas en los últimos años para
garantizar un adecuado suministro, teniendo en cuenta los 10.000 millones
procedentes de los convenios entre el MINER y las Compañías Eléctricas,
suscritos al amparo del Real Decreto 2657/1996, antes de entrar en datos
concretos, me gustaría iniciar la contestación a la pregunta formulada
por su señoría haciendo una valoración general sobre nuestras
infraestructuras eléctricas.

Podemos afirmar que en España la red de transporte y alta tensión está lo
suficientemente dimensionada y cumple con los criterios generales de
seguridad, por lo que no se presentan problemas para atender el
suministro. Esto, por lo que se refiere a las líneas de transporte. Sin
embargo, la red de distribución de media y baja tensión es susceptible de
mejoras. Por lo que respecta a esta mejora de las redes de distribución,
el Ministerio de Industria y Energía ha venido trabajando a lo largo del
tiempo; en primer lugar, con el PLANER, el Plan de Electrificación Rural,
y más recientemente, con el Profine y los planes de mejora de calidad,
iniciados en 1997 al amparo de los convenios suscritos con las
Comunidades Autónomas. A este último aspecto se refiere su pregunta.

A ello se han unido actuaciones de algunas Comunidades que requieren un
mayor esfuerzo en la mejora de la calidad, y que por ello han
instrumentado planes y convenios con las empresas, lo que ha permitido
lograr en los últimos años una mejora sustancial de la calidad del
servicio. Este hecho se puede comprobar a través de los índices de medida
de calidad del servicio, como es el TIEPI, el tiempo de interrupción de
la potencia instalada, cuyo valor medio en España ha pasado de ser de
3,73 horas en 1994 a 3,33 horas en 1997.

En este contexto, quiero resaltar como un impulso a la calidad del
servicio las asignaciones efectuadas a las empresas eléctricas por las
Comunidades Autónomas, fruto de los convenios suscritos entre el
Ministerio de Industria y Energía y las Comunidades Autónomas y las
empresas acogidas al Real Decreto 1538/1987, para la mejora de la calidad
del servicio y la electrificación y mejora de la calidad en el ámbito
rural. Estas asignaciones ascienden a 10.000 millones de pesetas para
1997, según lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 2657/1996,
por el que se establece la tarifa eléctrica para 1997. Con este criterio,
el reparto en millones de pesetas por Comunidades Autónomas



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para 1997 fue el siguiente: Andalucía, 755 millones; Aragón, 221
millones; Asturias, 100 millones; Cantabria, 100 millones; Castilla y
León --Comunidad a la que se refiere su pregunta--, 257 millones;
Castilla-La Mancha, 1.869 millones; Cataluña, 2.074 millones;
Extremadura, 203 millones; Galicia, 3.321 millones; Madrid, 100 millones;
Murcia, 355 millones; Navarra, 100 millones; La Rioja, 100 millones; País
Vasco, 100 millones, y la Comunidad Valenciana, 345 millones.

Para 1998 se realizó la prórroga del convenio de común acuerdo entre las
partes y con las condiciones en que en éste se establece. Y en cuanto a
la propuesta del Ministerio de Industria y Energía para 1998, consistió
en la asignación del mismo reparto de esos 10.000 millones, para lo cual,
el Secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales se dirigió con
este planteamiento a las Comunidades Autónomas y a las empresas, a la
espera de recibir su acuerdo. Aunque la Junta de Castilla y León
consideró insuficiente la cifra, por premura de tiempo dio su conformidad
a la prórroga, si bien manifestó que esperaba un replanteamiento de los
criterios de reparto para 1999.

En cuanto a 1999, de acuerdo con el Decreto 2821/1998, de 23 de
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 1998, se ha
actualizado el valor a 10.201 millones de pesetas, a distribuir entre las
Comunidades Autónomas.

De los 10.000 millones asignados a las empresas eléctricas por
Comunidades Autónomas para la mejora de la calidad del servicio, a
Castilla y León le correspondieron 257 millones, tanto en 1997, como en
1998.

De acuerdo con las certificaciones de obras remitidas por la Comunidad,
en Soria se realizaron proyectos en 1997 con una inversión de 15 millones
de pesetas, siendo la inversión en 1998 de 55 millones de pesetas,
porque, como muy bien sabe su señoría, la mejora de la calidad de la
distribución es competencia de las Comunidades Autónomas. Por tanto,
hemos recibido las certificaciones de las mismas para el suministro de
estos datos. Se espera que dichas inversiones incidan en la mejora de la
calidad del servicio en la provincia de Soria, cuyo indicador, el TIEPI,
tiempo de interrupción de la potencia instalada, es superior a la media
nacional, como su señoría sabe, siendo las áreas rurales y urbanas las
que contribuyen a ello. No obstante, las zonas denominadas semiurbanas,
que comprenden los municipios intermedios, tienen un índice de calidad,
es decir, un TIEPI, inferior a la media nacional. Asimismo, Soria se
encuentra en los niveles medios de Castilla y León en relación con este
índice de calidad, que esperamos que mejore con estas inversiones,
aunque, como su señoría puede comprender, sus efectos no tendrán una
consecuencia a corto plazo.

Por último, quiero informarle de que en la actualidad el Ministerio está
trabajando en la elaboración de un proyecto de reglamento de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el que se dedica
un capítulo específico a la calidad del servicio. Así, la calidad queda
configurada de forma onmicomprensiva, es decir, en todos sus aspectos:
continuidad, características de la onda de tensión y calidad en la
atención y relación con el cliente. Para cada uno de estos aspectos se
definen las exigencias mínimas, tanto a nivel individual como zonal, con
que las empresas deben prestar el servicio. Por debajo de estos límites
las consecuencias que se derivan son, en el caso de incumplimiento de la
calidad individual, la correspondiente rebaja en la factura y, en el caso
de la calidad zonal, los planes que se deban elaborar para lograr los
límites y, en su caso, las consecuencias que de ellos se deriven. Además,
se contempla el seguimiento de la medida de la calidad a través de
índices obtenidos mediante un procedimiento de medida que debe ser
homogéneo para todas las empresas, así como auditado, lo que permitiría
detectar los problemas y, por tanto, proceder a su corrección.

En definitiva, el contenido de la regulación de la calidad del servicio
que se contempla en el borrador del real decreto, tal como se ha
definido, permitirá lograr una adecuada calidad del servicio para todos
los usuarios, esperándose que pueda finalizarse en breve su tramitación.

Finalmente, las perspectivas de mejora en la provincia de Soria están en
función del reparto de esos 10.201 millones de pesetas y de los
incentivos que, en este caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León
pueda dar a las empresas.

Y paso a contestar la siguiente pregunta del Senador Lavilla.




El señor PRESIDENTE: Le agradecería que respondiera con la máxima
brevedad posible a la tercera de las preguntas agrupadas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris): Sí,
señor Presidente.

La tercera pregunta se refiere a las previsiones del Gobierno en cuanto a
la implantación de un canon o tasa energética a las empresas eléctricas
para que abonen un dinero, en función de la producción eléctrica eólica,
a los ayuntamientos que asuman esos parques.

En primer lugar, hay que señalar que en ninguna etapa del desarrollo de
la energía eólica en España el Gobierno ha implantado canon alguno para
las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables en general y
de energía eólica en particular, sin que el Gobierno tenga ningún
proyecto para implantar un canon al respecto. De hecho la Ley 54/1997,
del Sector Eléctrico, en la que se regula la producción de electricidad,
no contempla posibilidad alguna de establecer ningún canon por parte de
los ayuntamientos en los que se instalen parques eólicos, ni referido al
titular del parque, ni a la empresa distribuidora, al igual que sucede
con el resto de las energías renovables.

Dada la brevedad que me ha solicitado el Presidente, sólo añadiré que la
ubicación sí tiene unos efectos económicos en estos municipios. Así, el
beneficio económico directo, que, de acuerdo con sus atribuciones, puede
percibir la Administración local, procede de las instalaciones de
aprovechamiento de energía eólica y corresponde a los impuestos debidos a
la licencia de obra y a la licencia de apertura e inicio de actividad,
que se perciben una sola vez, así como al Impuesto de Actividades
Económicas, que se



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percibe anualmente durante la explotación del parque eólico.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Pasamos a los turnos de réplica y dúplica, con un tiempo tasado de cinco
minutos, lo que no es ser cicatero, señor Lavilla. Pero tampoco se puede
ser pródigo.

Su señoría tiene la palabra.




El señor LAVILLA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Esperaba que me
concediera más tiempo, dada la importancia de este tema y mi actitud al
formular estas preguntas --no he sido yo quien se ha extendido--, ya que
me he limitado a hacer un planteamiento global de este problema.

Señor Secretario de Estado, yo he comenzado mi intervención con esta
imagen (Mostrando un folleto.). Usted también tiene una copia en color de
una fotografía sobre un entorno, el Moncayo, que es parque natural en
Aragón mientras que en Castilla y León se va a convertir en un parque
eléctrico. Como digo, ahí delante tiene esa imagen. Y le he preguntado
acerca de lo que eso le parece, porque algunas de las torres que se
levantan son competencia de su Ministerio, aunque no sé si usted habrá
firmado o no algo al respecto y si conoce en detalle este proyecto. Por
otro lado, no me voy a extender en subrayar que, tanto el Partido
Socialista, como yo personalmente, somos partidarios de las energías
alternativas. Pero en este caso podríamos poner el ejemplo de la
aspirina: es beneficioso tomarse una si se tiene dolor de cabeza, pero
tomarse cincuenta tal vez no lo sea.

También le he dicho que es posible, además de necesario, que se lleven a
cabo estos proyectos prácticamente sin alterarlos para obtener ese tipo
de energía, que puede suministrarse en otros lugares. Por tanto, si eso
es posible, pero no se hace, ¿dónde está el problema? El problema está,
señor Secretario de Estado, en que no ha existido voluntad política para
afrontar unos proyectos de manera global. Usted me podrá dar una
respuesta de forma más o menos técnica, como así lo ha intentado. Pero,
dado que su Ministerio --y puede que incluso sea su propia
responsabilidad-- no ha cumplido con lo que establece el Reglamento, es
decir, no ha contestado estas preguntas por escrito --con lo cual,
posteriormente, yo hubiera podido formular otras de forma oral que
podrían tener otro perfil--, teniendo en cuenta, como digo, que a usted y
a su Ministerio se les ha pasado el plazo, le agradecería que considerara
este tema como lo que realmente es: un problema que afecta a un entorno
determinado y a la gente que allí vive. ¿Qué es lo que ha pasado? La
«dispersidad» de competencias: el ayuntamiento se lava las manos, la
Comunidad Autónoma, también, y lo mismo hace el Estado. Y al final se
produce lo que usted puede ver en esa fotografía.

Pero eso es inevitable, por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿podemos
hacer algo para corregirlo, o a usted le parece bien esa imagen? Porque
hay que empezar por ahí. ¿Ha cumplido el Estado con la Ley 8/1994, de
impacto ambiental, de Castilla y León, o la ha sorteado? Porque si en
Castilla y León para redes de más de 66 kilovoltios se exige un estudio
de impacto ordinario, como éstas tienen 220, creo que en lugar de un
estudio habría que realizar dos. Si por otro lado desde el Ministerio de
Medio Ambiente se dice que hay que ser cautelosos para evitar daños
irreparables en el medio ambiente, algo habrá que hacer para evitar que
esto suceda, señor Secretario de Estado. Es lo que yo le planteo.

En cuanto a los índices de calidad, me ha dado una serie de datos con los
que se comprueba que en 1998 y en 1999 no hemos recibido un duro de los
10.000 millones de pesetas en Castilla y León. Sólo recibimos 257
millones de pesetas. Será que como Lucas se lleva tan bien con Aznar,
basta con ir a echar la «partidilla» en Quintanilla, y ya está. Este dato
es el que yo le quiero plantear.

El señor Secretario de Estado de Medio Ambiente me remitió al Ministerio
de Industria y Energía por considerar que éste era el organismo
competente y que algo se tendría que hacer. Yo le pregunto si se va a
hacer algo para evitar esto, ya que desplazando 500 metros la subestación
evitamos las líneas de alta tensión en esa zona y el impacto visual sobre
el Moncayo. Yo lo que le pido es que haga algo, pues tiene competencias
para ello, dado que no constan las licencias municipales para la
realización de estos proyectos y que todas las líneas están recurridas.

Solicito que estudie este proyecto con interés, dado que hay un rechazo
social evidente por parte de todos los sindicatos, grupos ecologistas y,
por supuesto, de la oposición. Esto es simplemente lo que le pido porque
a la población que vive allí le afectan de forma global estos proyectos.

Demos un buen ejemplo.

Yo le voy a exponer tan sólo un caso en el que se ha hecho así. En La
Plana, en Aragón, no muy lejos de allí --es verdad que con posterioridad,
tal vez para evitarse problemas--, las propias empresas han tramitado
todos los proyectos de manera global, independientemente de qué
administración fuera la competente. Se van a crear 700 puestos de trabajo
en Zaragoza y van a reutilizar redes existentes. Por tanto, señor
Secretario de Estado, lo que estoy pidiéndole es que hagan lo mismo que
han hecho en otras zonas. ¿Qué pasa con todo este berenjenal de
moratorias que usted me ha leído? Que como las empresas eléctricas fueron
tan listas, aprovecharon el vacío legal --o a saber lo que pasó allí, si
es que la Administración les dejó ese vacío para que hicieran su agosto--
y han hecho esos proyectos. Por tanto, la moratoria no les afecta.

Hablemos claro, señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Ruego que vaya concluyendo.




El señor LAVILLA MARTINEZ: Agradezco su generosidad, señor Presidente.

Simplemente le pido que haga algo, que si hay un problema intentemos
resolverlo. Nada más. No es una cuestión de debate, sino de solución a un
problema.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris): Ante
todo lamento que estas preguntas, que inicialmente eran escritas, se
hayan convertido en orales por transcurso de plazo. Precisamente por eso
he venido a contestárselas. En todo caso también le he de decir que,
desgraciadamente, tengo aquí cuatro preguntas suyas y, quizá, si hubiera
sabido que el tema que me iba a plantear era sobre el Moncayo, Parque
Natural de Aragón, y la subestación, a lo mejor habría podido darle una
mayor información y podríamos haber tenido un intercambio de opiniones
más ciertas y ver exactamente si sobre estas líneas ha existido ya o no
pronunciamiento de algún tribunal sobre si la autorización se adecua o no
a derecho. Quizá lo haya, pero, indudablemente, yo aquí no tengo los
datos. En todo caso me enteraré, pero tenga la seguridad de que yo debo
de pensar en principio que si esa instalación está allí ubicada es porque
reúne todos los requisitos legales y que si ha habido algún tipo de
impugnación se ha obtenido una sentencia favorable. Es lo que tengo que
presumir, pero haremos las comprobaciones oportunas. Como consecuencia de
que no estaba prevista esta pregunta, no puedo darle ahora la información
que usted me solicita.

En relación a la preocupación sobre la problemática medioambiental, por
supuesto que nosotros la tenemos en gran medida respecto a todo lo que es
la actividad energética, ya sea la eléctrica, la de hidrocarburo o la
gasística, y en cualquiera de sus fases, la de generación, transporte o
distribución. Ojalá todas las redes de transporte y de distribución
fueran subterráneas, pues, indudablemente, no tendríamos ningún tipo de
impacto visual ni medioambiental y, por tanto, nos encontraríamos ante
una situación mucho mejor en ese punto; sin embargo, ello tendría un
coste energético que tendríamos que valorar. Decidir si parte de las
redes se hacen subterráneas y parte aéreas, es un tema de equilibrios. A
nosotros, por supuesto, nos preocupa el tema medioambiental tanto como el
coste energético que supone para las empresas la adquisición de la
energía eléctrica, que en este caso son 500 metros y en otro caso pueden
ser 10 kilómetros, por lo que también es importante la competitividad
industrial de las empresas y el que tengan unos costes energéticos
comparables con Europa, que es lo que estamos tratando de hacer. En todo
caso, me enteraré de este expediente en concreto que usted me plantea
ahora de nuevo y le daré la oportuna información.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.




--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI HA EXISTIDO ALGUN CONTACTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
CULTURA Y EL DE INDUSTRIA Y ENERGIA SOBRE LA POSIBLE ELABORACION DE UN
CENSO DE CENTROS ESCOLARES EN CUYAS PROXIMIDADES EXISTEN LINEAS DE ALTA
TENSION, CON INDICACION DE SI HAY PREVISTA ALGUNA REUNION PARA TRATAR EL
TEMA Y CONCRETANDO FECHAS DE POSIBLES CONVENIOS ENTRE LOS SECTORES
PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS, ASI COMO SOBRE SI SE VA A UTILIZAR ALGUNA
VIA DE FINANCIACION EUROPEA (681/001402).




El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a otra pregunta de don Félix
Lavilla Martínez, sobre si ha existido algún contacto entre el Ministerio
de Educación y Cultura y el Ministerio de Industria y Energía sobre la
posible elaboración de un censo de centros escolares.

Tiene la palabra el señor Lavilla Martínez.




El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Le agradezco este interés
porque cuando se resuelva el problema dejará de existir éste. Con la
benevolencia del señor Presidente quiero decirle que supone un coste
mínimo. Estamos hablando de continuar una línea soterrada a 500 metros,
que es una ridiculez. Sin haberse anunciado esa subestación, las empresas
eléctricas la construyeron y trabajaron hasta los domingos para ir a una
política de hechos consumados. Por tanto, revisemos el tema, que supone
un mínimo coste y, tal vez, se pueda encontrar esa solución.

En relación a esta pregunta, señor Secretario de Estado, no hace mucho
tiempo, en relación a otra pregunta mía, se planteó al señor Ministro de
Industria y Energía, don Josep Piqué, la necesidad de elaborar un censo
de centros escolares --tal vez se podría ampliar incluso a edificios
públicos-- ante la posibilidad --digo posibilidad-- de que las líneas de
alta tensión y transformadores no sean buenas para la salud. Tanto los
informes del Parlamento Europeo como el del Defensor del Pueblo de 1996,
que le destina un apartado monográfico, subrayan la existencia de
indicios sobre la influencia negativa en la salud que pueden tener las
líneas de alta tensión. Es verdad que no hay nada demostrado y sería el
debate del vaso medio lleno, medio vacío, pero lo que es evidente es que
hay estudios que dicen que hay que ser precavidos, que hay indicios de
que las líneas de alta tensión pueden potenciar e incrementar algunos
riesgos de cáncer. No se trata de alarmar, ni mucho menos, pero lo que
está claro es que el Defensor del Pueblo hace referencia a la Resolución
30238/94, de 5 de mayo, del Parlamento Europeo y que el Consejo de
Gobierno de las Comunidades ha realizado otro dictamen sobre ella que, a
su vez, ya ha sido corregido, el cual incluso ha sido endurecido para
intentar potenciar y subrayar muchos más aspectos de prevención.

El señor Ministro de Industria y Energía, don Josep Piqué, respondió,
creo que en abril de este año, que no descartaba realizar ese censo de
centros escolares. Con todas las cautelas que yo le he dado, con ese
principio de



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prevención que dictamina nuestra Constitución, yo quiero saber si se ha
hecho algo, si se ha avanzado y si se va a hacer. Entendemos que ante los
indicios que existen lo lógico es que esté determinado dónde están esas
líneas y qué hacer para evitar esos posibles riesgos, ya que, señor
Secretario de Estado, no se le escapará a usted que las empresas
eléctricas ganaron en el último año más de 300.000 millones de pesetas y
el Gobierno va a ser extraordinariamente generoso con ellas. Por tanto,
tampoco es desmesurado pedirles que también actúen en el entorno con el
carácter preventivo que marca nuestra Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado para contestar.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris):
Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como usted mismo ha reconocido, nos encontramos ante una
serie de estudios bastante poco claros, pero lo que el señor Ministro de
Industria y Energía manifestó en su comparecencia del 2 de abril de 1998
fue la necesidad de tener un estudio claro sobre esta cuestión.

Precisamente por tal motivo --él desconocía que ya se estaba efectuando
un estudio detallado--, en febrero de 1998 se elaboró un profundo
estudio, se constituyó un grupo de trabajo formado por expertos de
reconocido prestigio en el ámbito del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, adscrito al
Ministerio de Industria y Energía, sobre esta cuestión.

Las conclusiones del informe son extraordinariamente claras. Tras
recopilar la información científica más significativa actualmente
disponible a nivel internacional, dicha información no proporciona
evidencia alguna de que la exposición a campos electromagnéticos
generados por las líneas eléctricas de alta tensión supongan un riesgo
para la salud de las personas o para el medioambiente. Ello no obstante,
como usted muy bien sabe, en la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, y en sus normas de desarrollo, se han tomado una serie
de medidas al respecto. Estas nuevas normas recogen los umbrales de
distancias mínimas establecidas ya en los anteriores reglamentos de alta
tensión. Esta reglamentación constituye ya en sí misma una garantía
adicional para la seguridad de las personas. Estas dos líneas de
actuación que he mencionado fueron enfatizadas por el señor Ministro en
su anterior intervención.

En cuanto al censo de centros escolares supuestamente afectados por la
situación de proximidad de la alta tensión, no se desestimó una posible
utilidad de disponer de tal censo, si bien el señor Ministro subrayó que
la iniciativa, viabilidad y responsabilidad de su posible regulación
afectaría fundamentalmente a otras administraciones y exigiría la
realización de un trabajo adicional, que excede del ámbito de la
Administración General del Estado, para conocer la situación real de cada
uno de estos centros.

Dicho esto, tengo que expresar que somos conscientes de que, fuera de
toda objetividad científica, existe una desproporcionada sensibilidad
pública sobre esta cuestión, y aun no correspondiendo la competencia para
solucionar estos problemas a la Administración General del Estado, y
mucho menos aún a este Ministerio, colaboraremos, dentro de nuestras
posibilidades, para escuchar y tratar de solucionar los temas planteados.

Lo que sí quiero precisarle es lo siguiente. Careciendo de este mapa,
sobre lo que sí debe tener seguridad, como consecuencia de las normativas
y de las normas reglamentarias que existen hasta la fecha, es de que no
es posible que sobre un colegio ya existente se haya extendido una línea
de alta tensión; ni sobre colegios, que nos preocupan como centros
públicos, ni sobre edificios particulares o casas privadas de cualquier
persona. En la normativa anterior no era posible el establecimiento de
líneas de alta tensión sobre centros escolares, sobre lugares de
concentración de población, sobre viviendas unifamiliares, luego,
desgraciadamente, no es un problema de las compañías eléctricas, sino que
es un problema del crecimiento normal de los núcleos urbanos y que, por
lo tanto, en el desarrollo urbanístico de estas extensiones y de estas
ampliaciones de los centros urbanos no se previó una solución para esta
cuestión. En todo caos, lo que sí podemos afirmar --y nos gustaría que,
si hay algún caso en sentido contrario, nos informara de él-- es que
siempre fue primero la línea que cualquier construcción, de los tipos que
usted ha señalado, debajo de ella, y no al revés.

En consecuencia, hay una cosa bastante clara: no corresponde
competencialmente a este Ministerio la cuestión de los colegios, sino que
corresponde, esencialmente, a Comunidades Autónomas. No corresponde a
este Ministerio el desarrollo urbanístico de los planes de ordenación
urbana de los ayuntamientos, sino a los respectivos ayuntamientos y, en
su caso, a las comisiones territoriales de las Comunidades Autónomas,
luego, por lo tanto, deben ser estas administraciones públicas las que
tomen las medidas necesarias, sabiendo de antemano que tendrán toda la
colaboración del Ministerio de Industria y Energía. Pero lo que no es
posible es que, si previamente existía la línea y con posterioridad se
construyó debajo de ella, este coste sea asumido por las compañías
eléctricas o, lo que es lo mismo, por todos los consumidores de energía
eléctrica, porque, a fin de cuentas, es sobre los que recaería este
coste, sino que ese coste debe ser asumido por quien efectuó esa
construcción debajo de las líneas, y existen mecanismos legales para
permitir el desplazamiento de cualquier línea, indudablemente asumiendo
el coste económico que ese desplazamiento supone, sin que tenga que ser
asumido por el sistema, y en definitiva, por todos los consumidores.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.

Para réplica, tiene la palabra el señor Lavilla.




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El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Secretario de Estado, la verdad es que me gustaría tener mucho más
tiempo, porque de su intervención se deducen muchos perfiles que conviene
matizar y en los que habría que profundizar.

Para hablar claro, en este asunto no pueden lavarse las manos el
Ministerio de Industria o el Gobierno --vamos a hablar del Gobierno--,
porque la pregunta que se le plantea es muy clara. Se trata de saber si
se va a elaborar el censo de centros escolares, que es competencia del
Ministerio de Educación y Cultura, que hasta ahora tiene competencias en
bastantes zonas del territorio, y si hay algún contacto con el Ministerio
de Industria. Pero es que el informe del Defensor del Pueblo es bastante
contundente, y atribuye al Ministerio de Industria la responsabilidad
sobre este tema, el cual viene a decir que da lo mismo que las casas se
construyeran después. ¿Por qué? Porque el principio constitucional de
protección de la salud es un principio básico. Dice: La salud pública es
un bien constitucional de carácter prioritario, sobre el que no se admite
ningún tipo de debate. Hay que actuar, y luego habrá que ver quién paga.

Y también hará que ver la responsabilidad de las compañías eléctricas,
porque en asuntos anteriores hemos visto qué alegremente ponen las líneas
y los kilómetros de línea, y ahí se quedan después en el entorno.

Quiero leerle también lo siguiente: La percepción de los riesgos
potenciales sobre la salud son muy recientes. Es probable que
administraciones anteriores, sobre todo los ayuntamientos, al no tener
conocimiento de estos posibles efectos, fueran más tolerantes con la
proximidad de las viviendas a las líneas de alta tensión, pero el
Defensor del Pueblo, también en su informe, dice que el mercado de la
vivienda es lo suficientemente rígido como para que un ciudadano no pueda
elegir dónde quiere vivir, porque el valor del piso lo condiciona
económicamente. La opción ciudadana, por vivir en la proximidad de una
línea de alta tensión, no suprime la obligación de todos los poderes
públicos de velar por la salud pública a través incluso de medidas
preventivas. Y termina el informe del Defensor del Pueblo diciendo: La
supresión de líneas de alta tensión en entornos residenciales como
objetivo programado en el futuro plan y, por ende, la definición de los
términos y límites en ambos proyectos, deben ser llevadas a cabo, y
requiere la participación efectiva de todos los sectores afectados,
incluidas las compañías eléctricas. Sobre la base de estas
consideraciones, esta institución ha formulado una recomendación al
Ministerio de Industria y Energía, que tendrán ustedes y que no voy a
detallar. Pero es que ha dicho usted tantas cosas que no sé si me va a
dar tiempo a contestarle.

Usted se ha referido --creo que los señores Senadores estarán también
interesados en esta cuestión-- al informe del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. Lo tengo aquí
delante. Son 188 páginas que he leído con interés. De este informe se
deduce, incluso después de tener la documentación que me ha llegado
posteriormente, que es demasiado tolerante con las compañías eléctricas y
con sus intereses, pero no descarta en ningún momento --y me he leído
prácticamente todo el texto-- esos posibles efectos; los minimiza más que
la resolución del Parlamento Europeo, pero no los elimina. Por lo tanto,
el carácter preventivo y hacia la salud que debe poseer, tiene que
primar.

Pero, señor Secretario de Estado, ya le he dicho que tengo un documento
en mis manos. La importancia de Internet, de las nuevas redes
tecnológicas, es que te permite conocer, en un tiempo récord y con
agilidad, muchas tramitaciones que tardarían en llegarnos por otros
medios. En las conclusiones que tengo delante precisamente la propuesta
de recomendación del Consejo relativa a la limitación de la exposición de
los ciudadanos, así como el dictamen de la Comisión sobre esa propuesta
de recomendación del Consejo, y todas las enmiendas que se plantean,
señor Secretario de Estado, endurecen la propuesta inicial, es decir, que
van a más, son todavía más duras, porque dice: A la luz de estos
elementos, propongo que los Estados miembros establezcan distancias
mínimas de seguridad respecto a edificios públicos, viviendas o lugares
de trabajo, para la construcción de líneas eléctricas. Se refiere también
--no lo vamos a leer entero-- a las construcciones ya existentes, y habla
precisamente del principio de prevención y de que la salud es un bien
prioritario de todos los Estados miembros de la Unión. Dado lo cual, hay
que actuar con lo que ya está hecho, firmando convenios, pague quien
pague, porque la salud es lo importante, y más vale prevenir que curar, y
allí donde no se previno a tiempo, la salud debe primar sobre otro tipo
de intereses. Este informe viene a subrayar el planteamiento inicial que
el Defensor del Pueblo recogió en su informe monográfico, es decir, que
las cosas no se pueden quedar como están; que es verdad que los usuarios
pagan un dinero, pero pagan el recibo y pagan algunas subvenciones como
las que su Ministerio les va a otorgar a las compañías: un billón 300.000
millones de pesetas. Se les puede pedir un poco más para ser respetuosos
con el medio ambiente, y en aquellos municipios cuya capacidad económica
no llegue, si verdaderamente existe un problema de proximidad de líneas a
edificios públicos --y lo he centrado sobre todo en centros escolares--,
lo que hay que hacer es actuar, porque, como he dicho, la salud es un
bien constitucional sobre el que, por prevención, no se admite ningún
tipo de debates.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris):
Muchas gracias.

Lo que sucede con las disposiciones europeas y comunitarias que usted ha
citado es que ya están plenamente reflejadas en nuestro ordenamiento
jurídico en lo que se refiere a distancias mínimas de seguridad en el
establecimiento de las redes. Por tanto, es una recomendación que podrá
ser de aplicación en otros países, pero afortunadamente no en España. En
la liberalización del sector energético, sector al que usted se ha
referido con la cita de los



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TTC, en España vamos por delante de la mayor parte de los países
europeos.

Lo que usted está planteando aquí es qué sucede con aquellas líneas de
alta tensión que están próximas o por encima de los centros escolares.

Usted debe tener la seguridad de que este Ministerio no ha autorizado
ninguna red que sobrevuele un centro escolar. Por lo tanto, hemos de
remontarnos al pasado, a un pasado quizás no muy lejano, en donde durante
mucho tiempo esta cuestión no se pudo solucionar por los anteriores
gestores del Ministerio de Industria y Energía. Es muy fácil ahora venir
aquí a preguntar por qué no se hace nada sobre esta cuestión, cuando
antes tampoco se hizo. Y no se hizo porque los tribunales de justicia han
sido clarísimos en esta materia y, al igual que los anteriores gestores
del Ministerio de Industria y Energía no pudieron resolverlo, nosotros no
podemos imponer un traslado forzoso de las líneas eléctricas, porque los
tribunales, incluso el Tribunal Supremo, han declarado que el traslado
debe ser, si se impone por cualquier administración, compensado
económicamente en tanto en cuanto las compañías tienen derecho a ese
paso. Además, si nosotros impusiéramos --como decíamos antes-- este coste
a las compañías eléctricas, éste recaería sobre todos los consumidores de
energía eléctrica; luego nuestro planteamiento es distinto.

Indudablemente, si una determinada persona quiere urbanizar un suelo no
urbanizable, con carácter previo a la edificación de esa zona debe
desviar las redes de alta tensión que existan, porque en caso contrario
el que efectúe esa promoción inmobiliaria estaría obteniendo un beneficio
al desaparecer esa carga sobre el terreno a costa de todos los
consumidores. Desde luego, lo que no podemos hacer es aceptar ese
planteamiento.

Por último, voy a hacer una precisión a su intervención. Este Ministerio,
este Gobierno o, lo que es mejor, la disposición transitoria sexta de la
Ley del Sector Energético no ha dado ninguna subvención a las compañías
eléctricas por importe de 1,3 billones de pesetas. Lo que ha hecho este
Gobierno ha sido modificar el marco legal y estable. Por lo tanto, de los
ocho billones de pesetas que iban a recibir las compañías eléctricas de
aquí al 2013 sólo recibirán, como consecuencia de esta modificación,
cinco billones más lo correspondiente a TTC. Por lo tanto, no se les ha
dado 1,3 billones, sino que se les ha restado 1,7 billones de pesetas.

Nos gusta hacer esta aclaración.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.




--DE DON HELIODORO GALLEGO CUESTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA AL
PROYECTO DE FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES PALENCIA, S. A. (FERPASA), DE
SALINAS DE PISUERGA (PALENCIA), CON CARGO A LAS ORDENES MINISTERIALES DEL
PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y AL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) (681/000339).




El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la pregunta de don Heliodoro Gallego
Cuesta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las ayudas concedidas
por el Ministerio de Industria y Energía al proyecto de Fomento de
Energías Renovables Palencia, S. A. (Ferpasa), de Salinas de Pisuerga
(Palencia), con cargo a las órdenes ministeriales del Programa de Ahorro
y Eficiencia Energética y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Tiene la palabra el señor Gallego Cuesta.




El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo hubiera preferido --y no es porque tenga nada contra el Secretario de
Estado-- que hubiera venido el Ministro a dar la cara. Debe estar muy
ocupado o no le debe gustar este tipo de temas y mucho menos el que voy a
plantear, porque estamos ante un escándalo; ante un nuevo escándalo del
propio Ministerio, puesto que aprovechándose de que en determinadas zonas
se requieren puestos de trabajo --pero no a cualquier precio-- no ha
medido bien el tema, ha dado manga ancha o ha actuado alegremente o, si
lo prefiere, sin rigor, por lo que tiene confundida a mucha gente.

Esta iniciativa de Ferpasa para hacer en Palencia, en concreto en Salinas
de Pisuerga, una central incineradora de biomasa, es muy polémica, como
antes decía, pues está marcada por una amplia controversia y cuenta con
un rechazo generalizado. En un primer momento todas las administraciones
públicas estaban a favor, la Comunidad Autónoma y algunos ayuntamientos,
pero ahora se muestran totalmente en contra, puesto que no se garantiza
plenamente que los residuos forestales vayan a ser los únicos que se
vayan a quemar, ya que la biomasa que existe en la zona para que se queme
en esta planta supone sólo el 12 por ciento, luego hay consecuencias
directas sobre este tema.

Yo pregunto: ¿Por qué se escurre el bulto por parte del Ministerio? ¿Por
qué se hace un mutis por el foro ante lo que voy a denunciar y que conoce
el Secretario de Estado? En una pregunta formulada por escrito --voy a
sintetizar mucho-- del 12 de febrero de 1998 sobre las ayudas directas
concedidas en la provincia de Palencia para los proyectos de fomento del
uso de las energías renovables y relación de los mismos, se especificó
con el Código 2.889 un proyecto de la empresa Fomento de Energías
Renovables Palencia, S. A., en el municipio de Salinas de Pisuerga para
la consecución de energía eléctrica mediante biomasa forestal, que
suponía una inversión de 6.700 millones, con una subvención de los
Presupuestos Generales del Estado de 119.958.000 pesetas y una subvención
del FEDER de 279.902.000 pesetas; es decir, con una subvención total de
399.860.000 pesetas, que vamos a redondear en 400 millones.

Sorprendentemente se ve que este Ministerio no está muy en sintonía con
la Unión Europea, porque el Comisario



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Papoutsis ha manifestado, respecto a este proyecto de la central de
Salinas de Pisuerga, que las instalaciones están destinadas a la
incineración de residuos forestales. El catálogo europeo de residuos
contiene una entrada específica para este tipo de residuos, los 02, 01,
07, residuos derivados de la explotación forestal. Conviene precisar que
ni el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) --en la respuesta así
me lo indicaban-- ni el Fondo de Cohesión han concedido subvenciones al
proyecto de la central térmica incineradora de Biomasa Forestal de
Salinas de Pisuerga. ¿En qué quedamos? Incluso en el caso de que las
disposiciones actuales sobre la incineración de residuos no fuesen
aplicables a este tipo de incineradoras, debe tenerse presente que en
cambio sí lo es el artículo cuarto de la Directiva 75/442 de la Comunidad
Económica Europea, del Consejo de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos. La provincia de Palencia --siguen manifestando en su
respuesta-- forma parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Comunidad que remitió a la Comisión un plan de gestión de residuos; dicho
plan cubre únicamente los residuos municipales y no incluye la central en
cuestión.

Luego si no cuenta con el apoyo de la Unión Europea, si se trata de una
subvención ilegal no deseada pues aunque tenía las bendiciones iniciales
de la Comunidad Autónoma después se ha retractado, ¿por qué el Ministerio
de Industria no toma las medidas que tiene que tomar y no paraliza
inmediatamente estas subvenciones ilegales, salvo que haya
condescendencia con la empresa? ¿Por qué no toma cartas en el asunto y
suspende inmediatamente este expediente de subvenciones y en su caso lo
revoca?
Mire usted, este expediente está lleno --y con ello acabo, señor
Presidente-- de irregularidades y contradicciones, de peleas entre
ustedes y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hay algunas
resoluciones que son tremendas. No se aclaran ustedes. Yo no sé si, a
pesar de tener el mismo color político, han hablado de este tema.

El Subdirector General de Planificación Energética en una nota interior
manifiesta al Director General de Energía lo siguiente: El texto de la
resolución va explicando los pasos administrativos que hemos ido dando y
por qué creemos que tienen derecho a ver el expediente. La coordinadora
de la central de Salinas, que cuenta con el apoyo de 60 organizaciones,
ha hecho centenares de alegaciones. Ni ustedes ni ninguna administración
les han dado acceso al expediente, porque decían que había que llevarlo
casi con ocultismo. ¿Por qué? ¿Cuándo se cumple la Ley 30/92 o es que no
se conoce esta Ley 30/92?
La historia de esa coordinadora y de esta planta de biomasa es bastante
más larga.

El Subdirector General de Planificación Energética, a quien supongo que
conocerá bien, dijo que para la tramitación de las subvenciones se
presentaron las autorizaciones correspondientes, entre ellas la inclusión
en el régimen especial, concedida en agosto de 1996 por la Junta de
Castilla y León. Posteriormente, en mayo de 1998, la Junta entiende que
dicha inclusión es nula de pleno derecho --y ustedes siguen con las
subvenciones: 400 millones de pesetas--, ya que el punto de enganche está
fuera de la Comunidad Autónoma y la autorización corresponde al
Ministerio. Después, ustedes lanzan la pelota a la Junta de Castilla y
León. ¿En qué quedamos? ¿O es que es un muerto que nadie quiere?
Recientemente, la Dirección General de Energía ha devuelto el expediente
a la Junta por entender que ésta es la competente. ¿Dónde queda la
coherencia, la congruencia? Aunque en el expediente de subvención
aparecen precontratos de suministro de biomasa a la planta, por análisis
posteriores e intercambios de opiniones con expertos, es probable que no
pueda garantizarse el recurso para un normal y regular funcionamiento de
esta central.

Por tanto, si esta central no es viable, ¿qué hacen ahí los 400 millones
de pesetas cuando no se ha realizado ningún estudio de viabilidad, cuando
no existen contratos de suministros, cuando no se han controlado otras
autorizaciones administrativas necesarias y que suponen dinero público,
cuando la empresa ha incumplido los términos de la concesión, y, lo que
es más grave, ha incumplido la Orden Ministerial de 6 de febrero de 1997,
por la que precisamente se aprobaron las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética?
Espero que dé respuestas precisas y concretas, porque, si no es así, este
expediente no va a acabar aquí. Será de escándalo nacional. (Rumores en
los bancos de Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el señor Secretario.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris):
Gracias.

Al amparo de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de
febrero de 1997, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética para el período 1997-1999, y convocadas las del ejercicio de
1997, se otorgó una subvención a la empresa Fomento de Energías
Renovables Palencia, S. A., para la realización del proyecto Planta de
energía eléctrica mediante biomasa forestal de 19,6 megavatios en Salinas
de Pisuerga (Palencia), que, dado se ubicaba en una región objetivo 1 y
en el área de renovables, estaba cofinanciada por los Presupuestos
Generales del Estado y el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional con
unas ayudas de 119.958.000 pesetas y 279.902.000 pesetas respectivamente,
que totalizan 399.860.000 pesetas y que representan una ayuda del 8,2 por
ciento respecto a la inversión elegible total, de 4.900 millones de
pesetas. Por tanto, se ratifica, en este sentido, la información que al
respecto se comunicó a su señoría en respuesta a su anterior pregunta
escrita relacionada con este proyecto.

El objeto del proyecto era la construcción de una central eléctrica que
utilizaría como combustible biomasa forestal, es decir, entresacas de
leña, limpieza de monte y residuos del tratamiento de la industria de la
madera, tales como ramas, leñas o serrines. La producción estimada se



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situaba en 146 gigavatios/hora al año, con unas necesidades de
combustible de unas 170.000 toneladas al año.

La solicitud de ayuda se evaluó por el Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía, el IDAE, y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, aplicando los criterios de priorización y evaluación establecidos
en la citada Orden Ministerial. Asimismo, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad de la Unión Europea con respecto a los países miembros,
aplicable a la subvención global FEDER-IDAE, se informó a la comisión de
seguimiento, con fecha 23 de julio de 1997, de la concesión de la ayuda
cofinanciada con fondos FEDER.

Sin embargo, cuando el señor Papoutsis contestó, en nombre de la Comisión
Europea, a la pregunta que su señoría menciona, diciendo que ni el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ni el Fondo de Cohesión habían
subvencionado el proyecto de central térmica incineradora de biomasa
forestal de Salinas de Pisuerga, no se había realizado aún ningún pago de
la subvención, ni de fondos de los Presupuestos Generales del Estado ni
de fondos FEDER. Posiblemente, ésta sea la causa de la aparente
discrepancia surgida entre la contestación anterior que dio este Gobierno
y la del Comisario representante de la Comisión Europea, a la que su
señoría alude en su pregunta.

El IDAE, como entidad colaboradora del Miner para la gestión de las
subvenciones PAFE y organismos intermedios para la gestión de la
subvención global FEDER-IDAE, ha mantenido un seguimiento de los
procedimientos seguidos por las diversas administraciones, del avance del
diseño y adquisición de equipos de la planta por parte de Ferpasa, así
como de la evolución de los acontecimientos en relación a las
movilizaciones sociales que el proyecto ha tenido, canalizado a través de
la Coordinadora Central de Salinas, que consiguió que el Ayuntamiento
cancelara la cesión de terrenos que había concedido a Fomento, y decidió
cautelarmente, a instancias del Departamento, mantener sin ejecutar el
pago de la subvención de las anualidades 1997 y 1998, tanto de los fondos
nacionales como europeos, ya que Fomento fue realizando compra de diverso
equipamiento, aunque sin realizar obras de infraestructuras hasta que no
se resolviese el problema competencial en torno a las necesarias
autorizaciones administrativas, planteado como consecuencia de
modificaciones introducidas en el proyecto.

La situación de retraso se ha debido a que la empresa modificó el
proyecto inicial en relación con el punto de conexión de la central a la
red mediante una línea que excede del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, dando lugar a que la Junta remitiera el
expediente al Miner. El Departamento, tras consultar al servicio
jurídico, volvió a remitir el expediente a la Junta de Castilla y León
como administración competente para conceder la condición de instalación
acogida al régimen especial, sin perjuicio de la competencia estatal para
autorizar la línea de conexión de la central a la red, que se
sustanciaría en un procedimiento distinto.

En suma, estaba prevista la ejecución de este proyecto entre 1997 y 1999.

Actualmente, dada la imposibilidad de su ejecución y, por tanto, el
incumplimiento en los términos establecidos en la resolución en cuanto a
los objetivos energéticos --potencia conectada a la red-- y en cuanto a
la planificación de inversiones, el Ministerio ha iniciado la tramitación
para la revocación de la subvención. En concreto, ya se ha dado traslado
a la empresa Fomento de Energías Renovables de Palencia de la propuesta
de resolución de revocación de la subvención, con el pertinente trámite
de audiencia.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.

Tiene la palabra el señor Gallego.




E1 señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos de revocación en revocación. No sé qué rigor y qué fiabilidad puede
tener este Ministerio en cuanto a las subvenciones. Crea expectativas y
después, zamarrazo.

¿Usted cree que esto es serio? Es algo que se inició en 1993 y cuya
revocación pide reiteradamente la Coordinadora. Y quiero que quede
constancia en el «Diario de Sesiones» de que gracias a la Coordinadora ha
sido posible mover las conciencias de muchos.

No me extraña que usted lo esté pasando regular, porque ¡vaya trago de
agua que se ha tenido que tomar! Tendría que haber venido el señor Piqué,
él es quien tenía que haber dado la cara, puesto que lo defendió poniendo
toda la carne en el asador. Siempre le dije que esto no era legal, que no
estaba en sintonía con la Unión Europea, que la empresa se quería
aprovechar de unas circunstancias y de su bondad, porque dan el dinero
sin ningún tipo de control, o, por lo menos, las subvenciones.

Afortunadamente, nos vamos a ahorrar 400 millones de pesetas, aunque
tarde han dicho que había que rectificar, porque desde que muchos
colectivos, como la Coordinadora, lo empezaron a denunciar ha pasado
mucho tiempo. Yo mismo he estado en manifestaciones, porque me parecía
una barbaridad trasladar a la provincia de Palencia este proyecto, en un
entorno maravilloso, donde hay otros programas importantes como la
promoción del turismo rural, la recuperación del oso pardo o el Proyecto
2000. Plantear allí una iniciativa de este tipo supone tener poca cabeza
desde el punto de vista de la diversificación económica.

Señor Secretario de Estado, me ha dado usted una respuesta técnica,
burocrática, y lo único que me interesa de ella es el final: que se ha
iniciado la tramitación para la revocación de la subvención, que es lo
que le venía pidiendo. Y si esto es verdad, vamos a hacer un seguimiento
muy puntual. Después de 1993, largo período han tenido para pensarse este
expediente y revocar. Y vamos de oca en oca. No sé cuál será el próximo
expediente que nos tocará en Palencia, pero lo que sí le digo es que
estos proyectos no son más que farándula. Sólo pretenden perturbar el
medio ambiente.

Ciertamente, la noticia va a ser grata, porque hay 60 colectivos,
centenares de personas, en Salinas de Pisuerga y en las comarcas de
alrededor, detrás de este expediente y



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detrás de que no se conceda dinero a manos libres, con manga ancha y
alegremente.

Yo le pediría, y termino, que me remitiese todo el expediente, ya que no
ha sido capaz de facilitarlo a la coordinadora por mantener cierto grado
de confidencialidad. Así, podré echar un vistazo al compromiso que hoy ha
expuesto con detenimiento en sede parlamentaria.

Hemos estado ante un desaguisado que vamos a evitar en su trámite final,
porque 400 millones son muchos millones de pesetas. Somos partidarios de
que existan ayudas y subvenciones, pero queremos que sean dadas con rigor
y no para proyectos faraónicos que lo único que hacen es crear
expectativas y no generar puestos de trabajo.

Finalmente, señor Presidente, le ruego al Secretario de Estado que
examine con detalle todo el tema de los proyectos, porque está siendo
casi de vía crucis o de manual. ¿Por qué se equivocan tanto? ¿Cómo es que
tienen que rectificar tan pronto?
Cerca de aquella zona se había previsto otro proyecto faraónico que
finalmente han tenido que rectificar, que no es otro que aquel famoso de
los cerdos de ámbito nacional. Ya le dije que si no rectificaba iba a ser
motivo de escándalo a nivel nacional.

¿Ven, compañeros del Partido Popular, que es cierto que no estaba
hablando alegremente y cómo el propio Secretario de Estado ha tenido que
enmendar y rectificar? ¿Qué habrá detrás de todo esto para mantenerlo
durante seis años? Se trata de un caso más del asunto Piqué, y una vez
más el Ministro no da la cara y ha tenido que venir usted. A pesar de lo
satisfactorio que le haya resultado rectificar, siento que tenga que ser
usted el que haga frente a la situación, pero el Ministro ha debido
pensar que este tema no se lo tragaba porque le resultaba poco dirigible.

Transmitir su anuncio en la provincia de Palencia será toda una
satisfacción, porque sólo aciertan cuando rectifican. (El señor Unceta
Antón: Esa frase me suena. Son poco originales.) (Varios Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Pobre Piqué!)
Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para dúplica y cierre del trámite de la pregunta,
tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Serra Peris):
Muchas gracias, señor Presidente.

Ante todo he de decir que no es un compromiso parlamentario el hecho de
iniciar los trámites para la revocación. Ya ha sido notificada la
propuesta de resolución revocando esta subvención, luego es algo que ya
hemos hecho.

En segundo lugar, he de decirle que si se ha revocado la subvención no es
por disconformidad en la misma, sino --quizá no me ha escuchado-- por el
hecho de que el Ayuntamiento ha revocado la cesión de los terrenos sobre
los cuales se iba a ubicar esta instalación. Es esta razón, la
imposibilidad de ejecutar el proyecto, la que conduce a la necesaria
revocación de la subvención, dado el incumplimiento de la finalidad de la
misma. Eso no quiere decir que la subvención estuviera mal tramitada, ni
muchísimo menos. Quiere decir que se pierden los fondos FEDER, pero el
importe no es de 400 millones, ya que, como ha dicho su señoría al
principio de su exposición, había 119 millones de los Presupuestos
Generales del Estado y 279 millones de fondos comunitarios, que son los
que indudablemente no se pueden emplear.

Entiendo que sobre el tema de la energía renovable de biomasa, en donde
hay una incineración de residuos forestales, pueda haber opiniones para
todos los gustos, incluso que haya determinados colectivos que consideren
que medioambientalmente no es una instalación correcta. Pero lo que
resulta indudable es que es una energía renovable que consideramos que
debe ser apoyada, para la que se obtenían fondos comunitarios muy
interesantes y que creaba 77 puestos de trabajo. Por lo tanto, si
nosotros revocamos esta utilización, no es por disconformidad con el
proyecto, sino como consecuencia de que el Ayuntamiento ha revocado la
cesión de los terrenos.

Quiero dejarle algo claro. Nosotros, si alguna vez nos equivocamos, no
tenemos ningún problema en rectificar. (Risas.) Supongo que les hace
gracia estas cosas. (El señor Mancha Cadenas: No están acostumbrados.)
Pero cuando nosotros llegamos todo lo referente a las subvenciones que
usted ha comentado era tratado de muy distinta manera a como se hace
ahora, en cuanto a controles y a seguridad. Sepa que toda nuestra
actuación sólo ha dado lugar a dos sentencias judiciales que han venido a
decir que el Ministerio de Industria y Energía actuó conforme a Derecho
y, por lo tanto, desestimaron determinados recursos en contra de la
política y de la actuación de este Ministerio.

No piensen que este tema es tratado en función de nuestra opinión
unilateral, porque todos estos expedientes se tramitan por un equipo
técnico con participación de la Intervención, y estamos plenamente
convencidos de que los equipos técnicos de los Ministerios actúan
correctamente.

Le he de decir algo más. Usted comentaba que, tras seis años, este
proyecto va a quedar en nada. ¿Ha dicho seis años? (El señor Gallego
Cuesta: Sí. Desde 1993.) Entonces, el tema del apoyo de las energías
renovables no ha sido competencia exclusiva de este Gobierno, es una
conformidad que existe por parte de todas las actuaciones.

Aunque lamento entrar en este tipo de cuestiones, he de decirle otra
cosa. La gestión de este proyecto, que como usted muy bien sabe es de
ahorro y eficiencia energética y, por lo tanto, no tiene nada que ver con
el resto de los proyectos que usted ha mencionado, es gestionado por el
IDAE, entidad al frente de la cual estaba una Directora General que se
encargaba de gestionar todos estos proyectos. Como ha dicho en su
intervención eran gestionados por el IDAE tanto los fondos
presupuestarios como los fondos comunitarios, y nosotros no cambiamos a
la persona encargada de la Dirección General del IDAE, dejamos a la misma
que había con el anterior equipo. Por lo tanto, no vean fantasmas donde
no los hay.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.

La pregunta formulada por doña María Mercedes Pérez Schwartz decae por
ausencia de la autora de la iniciativa. (El señor Franco Gutiez pide la
palabra.)
Sí, Senador Franco.




El señor FRANCO GUTIEZ: Quería manifestar que la dábamos por decaída
porque ha sido tratada en otra Comisión, por eso no está presente la
Senadora.




El señor PRESIDENTE: Queda aclarado el motivo del decaimiento de la
pregunta.

Suspendemos la sesión dos minutos para despedir al Secretario de Estado,
al que agradecemos su primera comparecencia en esta Comisión. (Pausa.)



--PROYECTO DE LEY DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR
EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (621/000115).




El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: dictaminar el
proyecto de ley de Tasas y precios públicos por servicios prestados por
el Consejo de Seguridad Nuclear.

Vamos a comenzar el turno de defensa de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 11, del Senador Román
Clemente, tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Con brevedad, voy a defender las once enmiendas del Senador Román
Clemente, del Grupo Mixto, con independencia de la posición que tenga
sobre las mismas. Mi condición de portavoz del Grupo Mixto me lleva a
defender las enmiendas aunque algunas de ellas, como posteriormente se
reflejará en el Pleno, no las comparta. Por lo tanto, mis argumentos no
van a ser muy explícitos y simplemente las doy por defendidas en su
totalidad tal y como están planteadas.

Aparte de esto, dado que en la Comisión de Industria se ha formado una
Ponencia que está trabajando sobre el tratamiento de los residuos
nucleares, me gustaría solicitar que sus conclusiones se lleven a Pleno,
independientemente de las posiciones discrepantes que puedan existir al
respecto, ya que es un tema importante, es un tema de Estado. El
tratamiento de los residuos nucleares es un problema muy serio, y dado
que el proyecto de ley que estamos debatiendo tiene mucho que ver, desde
mi punto de vista, con la Ponencia creada dentro de la Comisión de
Industria en relación con el tratamiento de los residuos nucleares,
deberíamos conocer sus conclusiones en sesión plenaria.

Sin más, doy por defendidas las enmiendas, manifestando, para su
constancia en el «Diario de Sesiones», mi preocupación por la materia.

Estos temas no se pueden parcializar de modo que cada central nuclear o
cada Comunidad Autónoma busque su solución, sino que es un problema de
Estado al que hay que buscar una solución globalizadora.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Nieto.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Bueno.




El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.

Debo manifestar que, de las once enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, diez de ellas ya fueron rechazadas en el Congreso; se han
repasado, se han vuelto a revisar convenientemente, pero consideramos que
lo que plantean queda oportunamente reflejado en el proyecto de ley. Por
lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bueno.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador García Correa.




El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero manifestar, en
primer lugar, que este proyecto de ley de tasas y precios públicos
prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear no tuvo ninguna enmienda
por parte de nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados y le votamos
favorablemente. Al llegar al Senado el Grupo Parlamentario Socialista
tampoco ha presentado ninguna enmienda.

Posteriormente, hemos observado que el Grupo Parlamentario Popular había
presentado un paquete de enmiendas...




El señor PRESIDENTE: Debo recordar al señor Senador que estamos
debatiendo las enmiendas del Grupo Mixto.




El señor GARCIA CORREA: He creído entender que estábamos en el turno de
portavoces.




El señor PRESIDENTE: Estamos en el turno de portavoces en relación a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor GARCIA CORREA: Entonces no intervengo ahora.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Abrimos un turno para la defensa de la enmienda número 23.




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Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




El señor BUENO FERNANDEZ: La enmienda número 23 vamos a dejarla viva para
el Pleno. Por lo tanto, el turno de defensa lo utilizamos únicamente para
manifestar esta voluntad.




El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)



El señor GARCIA CORREA: Señor Presidente, turno de portavoces, ¿sobre
qué? Yo creía que el turno de portavoces era sobre el proyecto en su
totalidad.




El señor PRESIDENTE: Es sobre la enmienda. Esta Presidencia podría haber
establecido el debate de la siguiente manera: turno a favor de las
enmiendas, turno en contra y turno de portavoces. Esta Presidencia lo que
ha hecho, y considero que también es correcto, ha sido empezar por la
defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, turno en contra sobre las
enmiendas del Grupo Mixto y turno de portavoces; después: defensa de la
enmienda número 23, turno en contra y turno de portavoces.




El señor GARCIA CORREA: Señor Presidente, este Senador entiende que lo
que estamos debatiendo es el informe de la Ponencia y que esas enmiendas
ya han sido asumidas por la Ponencia.




El señor PRESIDENTE: Excepto la número 23.

En cualquier caso, puede realizar una intervención conjunta, ya que
estamos casi en el final y además hoy tenemos cierta flexibilidad
reglamentaria.




El señor GARCIA CORREA: Señor Presidente, este Senador lo que intentaba
era hacer un solo turno para matizar estas cuestiones.




El señor PRESIDENTE: Debo aclarar que la indicación que le hice
anteriormente era para advertirle que quedaba un turno posterior de
defensa y que no iba a ser usted el último en intervenir. Ese turno ya se
ha realizado y en este momento tiene su señoría la palabra, y ruego
disculpe la interrupción que ha provocado mi intervención, que era sólo
por clarificar el debate.




El señor GARCIA CORREA: No hay nada que disculpar, señor Presidente.

Muchas gracias.

Como he manifestado al principio de mi intervención, mi Grupo tiene que
mostrar su extrañeza por las enmiendas presentadas en el trámite del
Senado por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Nosotros, como ya he dicho, en el Congreso de los Diputados votamos a
favor de este proyecto de ley porque, en definitiva, lo único que
pretendía era la actualización de las tasas que cobra el Consejo de
Seguridad Nuclear por servicios prestados, de ahí que no enmendáramos
este proyecto de ley ni en el trámite del Congreso de los Diputados ni a
su paso por el Senado.

Ahora bien, observamos con extrañeza que el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado una serie de enmiendas, con algunas de las cuales, como
hemos manifestado en Ponencia, podíamos estar de acuerdo por estar
relacionadas con el Consejo de Seguridad Nuclear. Sin embargo existen
otras enmiendas con las que no estamos de acuerdo, no por el fondo de lo
que plantean, donde no vamos a entrar, sino por la forma en la que han
sido presentadas.

No entendemos que a un proyecto de ley que pretende únicamente actualizar
las tasas del Consejo de Seguridad Nuclear se presenten enmiendas que
modifiquen una serie de leyes. Quiero pedir a los señores del Grupo
Parlamentario Popular que me aclaren qué tiene que ver la tasa por
utilización de espacios en museos y otras instituciones del Ministerio de
Educación y Ciencia con el Consejo de Seguridad Nuclear; o qué tienen que
ver con el Consejo de Seguridad Nuclear las modificaciones que hay a la
ley de marcas, o qué tiene que ver la modificación de la Ley 17/1975,
sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad
Industrial, con el Consejo de Seguridad Nuclear.

Señor Presidente, creemos sinceramente que esta actuación no es correcta,
aunque ya existiera con anterioridad, puesto que tenemos que reconocer
que nosotros a veces también hicimos algo parecido. Pero ahora el Partido
Popular tiene mayoría suficiente para presentar desde el principio este
texto en el Congreso de los Diputados, dar la posibilidad a la oposición
de poder enmendarlo y que pueda debatirse, y no debería haberlo
presentado en los minutos de descuento. Este sistema no es bueno, va en
desprestigio de la Cámara. Además, compadecemos a los juristas que tengan
que buscar dónde se ha modificado esto, porque cuando para ver las tasas
de los museos tengan que irse a la ley de actualización de las tasas del
Consejo de Seguridad Nuclear, lo van a tener un poco difícil.

Por estas razones no entramos en el contenido de las enmiendas, con el
que podemos estar de acuerdo, y nos vamos a abstener en Comisión respecto
al informe de la Ponencia para, después, pronunciarnos en el Pleno sobre
las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida, con algunas de las
cuales estamos de acuerdo, y sobre las del Grupo Parlamentario Popular,
con las que ocurre exactamente igual; hay algunas con las que podemos
estar de acuerdo, pero, por supuesto, en lo que no estamos de acuerdo es
la forma en que se han presentado. Esto es algo parecido a lo que se hizo
en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado,
parecido a esos 3 billones con los que se ayuda a las compañías
eléctricas, parecido a lo de las fundaciones para la sanidad pública,
modificaciones que se introdujeron en el último momento aquí, en el
Senado. Ahora, en una ley como ésta, que nos parecía que estaba
consensuada, en la que no iba a haber ningún tipo de problema e iba a ser
votada a favor por el Grupo Parlamentario Socialista, igual que se hizo
en el Congreso, nos duele mucho que se presente esta enmienda.




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Repito que son enmiendas que podrían haber sido asumidas y podrían
haberse presentado a otros proyectos de ley. Estoy convencido de que
habríamos llegado a un acuerdo y se habrían votado por unanimidad, porque
las enmiendas que se han presentado podrían haber sido asumidas por el
Grupo Parlamentario Socialista, pero discrepamos en la forma. Este es un
mal precedente que no se debe repetir, porque no se puede aprovechar
cualquier ley para modificar otras leyes, como ocurre en este proyecto de
ley.

Por lo tanto, termino, señor Presidente, diciendo que presentaremos un
voto particular para que se vuelva al texto del Congreso respecto a la
enmienda 19, que presenta el Grupo Parlamentario Popular, y en el resto;
aquí en Comisión nos abstendremos respecto al informe de la Ponencia y
después en Pleno matizaremos y pediremos votación separada para votar a
favor, en contra o abstenernos, según como quede el texto al final del
debate parlamentario.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

En turno de portavoces, tiene la palabra el señor Bueno.




El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Adelantamos ya que vamos a votar a favor del informe de la Ponencia y que
la enmienda número 23 queda viva para el Pleno. Respecto a las enmiendas
números 20, 21 y 22, que son aquellas a las que se refería el Senador
García Correa, quiero decirle que, como usted mismo reconoce, están de
acuerdo con nosotros en su contenido, que no se discute y no tiene
ninguna trascendencia especial, y que existe una necesidad en cuanto a
tiempos en función del Tratado sobre el Derecho de Marcas, firmado en
Ginebra. En consecuencia con ello, queriendo entender que por parte del
Grupo Parlamentario Socialista no se trata de obstruir o de demorar en el
tiempo una necesidad que tenemos cara a la Unión Europea y, aceptando sus
comentarios acerca de que el contenido de los textos no es exactamente
del Consejo de Seguridad Nuclear, sin embargo, me parecería muy oportuno,
incluso un gesto parlamentario por su parte, que aceptaran estas tres
enmiendas para así dejar resuelta la situación en cuanto a tiempos. Por
descontado, está en su perfecto derecho de hacer las manifestaciones que
crea oportunas, igual que nosotros haremos en el Pleno. Por tanto,
mantenemos el texto de la Ponencia y dejamos viva la enmienda número 23
para el Pleno.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Entonces, podemos votar, en primer lugar, el texto de la Ponencia,
después la exposición de motivos y, luego, preguntaremos sobre la
designación del Senador que represente a la Comisión en la presentación
del proyecto.

Sometemos a votación el dictamen de la Ponencia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos la exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalmente, cabe preguntar a quién se designa para hacer la presentación
del proyecto en el Pleno.




El señor UNCETA ANTON: Por parte del Grupo Parlamentario Popular
proponemos al señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, teniendo en cuenta que hablar en el
Pleno del Senado después de una votación es muy parecido a clamar en el
desierto. (Risas.)
Muchas gracias por su colaboración.

Se levanta la sesión.




Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.