CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 301



COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICENT BEGUER I OLIVERES



celebrada el miércoles, 3 de junio de 1998



ORDEN DEL DIA:



--Dictaminar el Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de
liberalización de los servicios postales. (Número de expediente
621/000091).




--Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:



* De don Félix Lavilla Martínez (GPS), sobre las previsiones del Gobierno
respecto a la emisión de programación de las televisiones locales a
través de ondas que existe en la actualidad en España. (Número de
expediente 681/000956).




* De don Ignacio Díez González (GPS), sobre la distribución por empresas
de las tarifas del canon, canon de reserva del dominio público
radioeléctrico, por el uso privativo en la Comunidad de Madrid, y del
canon especial radioeléctrico por valor añadido y por empresas en la
Comunidad de Madrid. (Número de expediente 681/001059).




* De don Cándido Armas Rodríguez (GPMX), sobre las acciones que
desarrollará el Gobierno durante 1998 para evitar que se mantengan en el
futuro las deficiencias en las oficinas de la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos en la isla de Lanzarote (Las Palmas). (Número de
expediente 681/001095).




* De don Carlos Alberto González Príncipe (GPS), sobre los criterios que
han llevado al Gobierno a ordenar el cierre de la emisora Radio Amistad
en Vigo (Pontevedra) y otras ocho ciudades españolas. (Número de
expediente 681/001102).




* De don Josep Ramón Mòdol Pifarré (GPS), sobre la relación de sanciones
sustanciadas por el Ministerio de Fomento por incumplimiento del capítulo
III de la Ley 25/1994 por parte de las cadenas de televisión que emiten
en España. (Número de expediente 681/001110).




* De don Arturo González López (GPS), sobre el funcionamiento de los
servicios que presta Teléfonica de España, S. A., en la provincia de
Segovia, con indicación de la valoración del Gobierno a este respecto.

(Número de expediente 681/001118).

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Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar, procederemos a la aprobación del Acta de la sesión
celebrada el día 26 de mayo. ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobada.

En segundo lugar, antes de empezar el primer punto del orden del día, que
es el debate del Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de
liberalización de los servicios postales, daré cuenta a sus señorías de
que en el día de ayer se recibió un escrito del Secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes solicitando el aplazamiento de las preguntas
orales incluidas en el orden del día de la sesión de la Comisión de Obras
Públicas que estamos celebrando en el día de hoy. Entró en el Senado
anteayer, si bien llegó a esta Comisión en el día de ayer. Se comunicó
inmediatamente a los portavoces y a los Senadores que tenían formuladas
preguntas, para su conocimiento y, en su caso, para evitar viajes
innecesarios a los Senadores implicados. En consecuencia, la
comparecencia del Ministro de Fomento queda aplazada para algún otro día
próximo a convenir. En todo caso, para concretar este aspecto y otros
puntos que quedan pendientes antes de acabar el actual período de
sesiones, ruego que al acabar el debate de la ley se queden la Mesa y los
portavoces, con el fin de concretar estos puntos a los que he hecho
referencia. (El señor Gibert i Bosch pide la palabra.)
Adelante, señor Gibert.




El señor GIBERT I BOSCH: Gracias, señor Presidente.

Siento que sea ésta la segunda vez en pocas semanas que debemos iniciar
una sesión de esta Comisión con una protesta formal, y la de hoy es por
doble motivo.

En primer lugar, repitiendo los mismos argumentos que en la última
sesión, cuando se tramitaron en esta Comisión las leyes de residuos y de
telecomunicaciones, quiero reiterar una queja que en su día fue
compartida por todos los grupos, y es que con demasiada frecuencia se
utilizan en los trámites legislativos procedimientos de urgencia; ésa
sería la cuestión en líneas generales. Pero, sobre todo, nos preocupa más
cuando estamos hablando de leyes que tienen un número de enmiendas muy
considerable; en este caso, creo que se han presentado 347 enmiendas. En
estas circunstancias --y creo que estarán de acuerdo conmigo todos los
grupos parlamentarios-- es imposible trabajar con rigor, es poco serio
desde el punto de vista del proceso legislativo y a menudo innecesario, o
al menos así nos lo parece. Esta ley ha estado entre tres y cuatro meses
en el Congreso y por lo visto no ha salido en muy buenas condiciones
después de tanto tiempo, porque la presentación de 347 enmiendas, muchas
de ellas del Grupo Popular, indican que hay modificaciones importantes o
no tanto en relación a la ley. No sólo eso, en virtud de ciertas
negociaciones o pactos de última hora, esta ley se aprobó el día 31 de
abril y se publicó en el Registro de esta Cámara, el 22 de mayo. Dicho de
otra manera, esto significa que ha tardado más días en venir del Congreso
a aquí que el tiempo del que disponemos en esta Cámara para tramitar la
ley; en realidad dos días más. Nos parece, insisto, un procedimiento poco
serio e insostenible, porque así es imposible tratar con rigor el trámite
de esta ley.

El segundo motivo de protesta formal de hoy se refiere a la no presencia
del Ministro, que fue anunciada ayer. Como sus señorías y el señor
Presidente saben, el artículo 169 del Reglamento de la Cámara es
perfectamente claro. En ese sentido, las preguntas escritas deben ser
contestadas por el Gobierno en un plazo de 20 días, y, si no es así, se
tramitarán en la primera sesión de la Comisión competente en la materia.

Cuatro de las seis preguntas que teníamos previsto hacer hoy al Ministro
en esta Comisión proceden de preguntas escritas, que, según el
Reglamento, no son aplazables. Todo esto nos parece que empieza a tener
carácter de burla por parte del Gobierno a la Cámara e incluso al propio
procedimiento de control del Gobierno previsto en un régimen
parlamentario. Sinceramente creemos que el Grupo Popular no sólo debería,
como ha ocurrido en alguna ocasión en relación al tema del trámite de
urgencia, adherirse a nuestras quejas y lamentos, sino que, a nuestro
juicio, debería hablar muy seriamente con el Gobierno y con el Grupo
Parlamentario Popular del Congreso para que estas cosas dejen de ocurrir,
si queremos que el prestigio y la forma de trabajar rigurosa de esta
Cámara pueda funcionar en mínimas condiciones.

De no solucionarse estos problemas estaremos legitimados e incluso
obligados a expresar nuestras protestas de otra forma, y se nos daría la
concesión de hacer uso de lo que podríamos llamar política espectáculo,
algo que, desde luego, no es ni nuestra intención ni nuestra vocación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.

Senador Esteban Albert.




El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días, señorías.

Voy a utilizar un turno, no para replicar a las críticas que ha hecho el
portavoz del Grupo Socialista, que es muy libre de hacer lo que quiera,
sino para hacer algunas reflexiones sobre los dos temas que él ha tocado.

Puede que incluso en algunos momentos y en cierta medida se pudieran
compartir algunos argumentos, si no en su totalidad, en algunos de los
aspectos que ha mencionado. Lo que pasa es que me veo obligado a
intervenir cuando se utilizan vocablos como burla, farsa y algún otro
tipo de término que, con mucho, superan lo que el avatar parlamentario
diario puede traer consigo, aunque excepcionalmente se trate de algún
tema como el que hoy tratamos aquí.

Es cierto que el sistema de utilizar la vía de urgencia para los
proyectos de ley no debe convertirse en una vía habitual, sino que debe
ser, como se establece, una vía excepcional, y no por ello deja de ser
legal y reglamentario. Lo que sí es cierto es que disponemos de poco
tiempo, pero así se regula en la Constitución y en el Reglamento de esta
Cámara; el tiempo lo fija el Reglamento, como sus señorías saben, y a eso
nos tenemos que atener



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no sólo el Grupo Parlamentario Socialista, sino el resto de los grupos.

Pero todo eso carece de valor cuando las enmiendas que se presentan aquí
por determinados grupos son las mismas que las propuestas en el Congreso.

Eso hay que decirlo; es decir, que se tienen más que masticadas y más que
vistas. Por lo tanto, creo que la queja es un exceso. Si se trata de
criticar, puedo llegar a entender su actuación, pero me gustaría que al
menos cuando se critique se diga la verdad; y con esto no digo que lo que
él ha dicho no sea verdad, pero sí que no es toda la verdad.

En cuanto a la presencia del señor Ministro y a las preguntas aplazadas,
no puedo estar más de acuerdo con él en cuanto que es un trámite
reglamentario el que establece la contestación en 20 días y que, en caso
de no cumplirse y tras publicarse el texto de la pregunta en el «Boletín
Oficial del Senado», se trate en la primera sesión de la Comisión
competente. No puede ser aplazable, y en esto estoy de acuerdo, pero no
puede ser aplazable en ningún caso. Lo que no es de recibo es que se
aplace cuando al Senador de turno le interesa, como está ocurriendo en
ésta y en otras Comisiones, y esto es algo que saben el señor Presidente
y la Mesa.

Por lo tanto, vamos a decir todo. Después, lo que realmente ocurre es que
en el trámite de preguntas se utiliza un instrumento que, siendo legal,
puede llegar a ser un abuso legal; de forma que pregunta que no me
contestan a los veinte días, la estoy publicando el día veintiuno para
que vaya a Comisión e intentar torpedear así las intervenciones en
Comisión del Gobierno. Eso, cuando nosotros hemos estado en la oposición,
no lo hemos hecho. Al decir esto no critico la actitud del Grupo
Socialista, simplemente me limito a contrastar una realidad que hoy
también deberíamos haber oído en palabras del portavoz socialista para
dar a conocer toda la verdad.

No obstante, señor Presidente, en la medida en que su Presidencia le
aconseje tomar las actuaciones que crea conveniente, mi Grupo, a través
de nuestro portavoz general, el señor don Pío García-Escudero, enviará al
Gobierno las quejas formuladas por el Grupo Socialista, así como nuestra
esperanza de que esto no se vuelva a repetir.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban Albert.

En cualquier caso, esta Presidencia ha recogido las manifestaciones del
Senador Gibert, que constarán en Acta y serán trasladadas al Gobierno
para hacerle saber que es conveniente mejorar su relación y vinculación
con el Senado.

Recuerdo que al acabar la Comisión se convoca a la Mesa y a los
portavoces para programar --como decía antes-- las sesiones que han de
celebrarse antes de finalizar este período de sesiones.




-- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACION DE
LOS SERVICIOS POStalES. (621/000091)



El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar el debate del Proyecto de Ley del
Servicio Postal Universal y de liberalización de los servicios postales.

A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de veto. La
primera, de don José Fermín Román Clemente, y la segunda, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la primera propuesta de veto, tiene la palabra el
Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, el proceso de tramitación no es el que consideramos más
adecuado, pero ya no se trata de criticar, sino de entender que el hecho
de justificar por justificar no nos conduce a ningún sitio. No todas las
enmiendas se corresponden con las presentadas en el Congreso de los
Diputados y buena parte de las enmiendas que presenta el Grupo Popular,
que se dice que son de características técnicas, no lo son tanto y
significan alguna modificación de cierta importancia. Por tanto, no es
cuestión de criticar por criticar el proceso, aunque todos los grupos
estemos de acuerdo en que no es el más adecuado, pero tampoco se trata de
justificar lo que no puede justificarse, que es la falta de tiempo para
trabajar, algo que tendremos oportunidad de descubrir a lo largo de este
debate. Y desde ese punto, buscando la utilidad en el debate y buscando
los recursos suficientes y la tecnología moderna adecuada, presentamos
esta propuesta de veto al Proyecto de Ley del servicio posta universal y
de liberalización de los servicios postales.

Señorías, esta propuesta de veto está sustentada en que el contenido del
Proyecto de Ley debilita, a nuestro entender, el carácter social y
público de la prestación postal pública en favor del sector privado.

Consideramos que esto se ve agravado al encontrarse el correo español en
una situación de partida más desregularizada que el resto de correos
europeos y con un desfase modernizador por la falta de inversiones en
infraestructuras y tecnología que, desde nuestro punto de vista, nos
sitúa en una posición de debilidad estructural frente a sus competidores,
tanto nacionales como europeos. No es algo que se desconozca que desde
1969 se ha producido un proceso liberalizador que ha provocado, insisto,
una desregulación muy superior a la de cualquier país europeo; baste
mirar, por ejemplo, a Alemania, Inglaterra y Francia, donde el sistema
postal tiene una regulación que hoy no se da en España. Señorías, es
necesario regular nuestra realidad postal, es necesario definir un
servicio universal, cómo se puede prestar este servicio desde la óptica
del interés general.

Nosotros entendemos que de mantenerse los contenidos del Proyecto de Ley
en cuanto a la no contemplación de los servicios rentables recogidos en
la directiva europea y la posibilidad de que parcialmente algunos puedan
quedarse fuera del ámbito de la prestación universal, unido a que el
operador público tendrá que operar con unos mecanismos de financiación a
través de un contrato programa que, desde nuestro punto de vista, en nada
se corresponden con la realidad competitiva que debe afrontar, sin el
compromiso por parte del Estado de garantizar la prestación universal, se
terminará por abocar al operador público a la prestación de servicios
poco rentables, lo que, unido también a los elevados costes de
mantenimiento de su estructura por las características y la extensión



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de la red, pondrá en peligro la viabilidad del operador público Correos y
Telégrafos y los puestos de trabajo que de él dependen. Esta situación
hace imprescindible dotar de fórmulas específicas a su financiación y
regulación a la hora de aplicar los postulados de la Directiva postal
europea, y todo esto debe permitir al correo público español adaptarse a
un futuro régimen de libre concurrencia. Asimismo, debemos destacar la
necesidad de que la política inversora pública en infraestructuras se
dedique a superar los desequilibrios de carácter social y territorial que
actualmente existen ya que en ningún caso éstos serán cubiertos por el
mercado, puesto que entendemos que debe ser el Estado el que con su
actividad reguladora y planificadora aproveche las potencialidades del
sector.

El Proyecto de Ley tiene dos grandes limitaciones con respecto a la
Directiva europea. Por una parte, no recoge todas las garantías que el
servicio postal universal debería tener como capacidad de prestar
servicio, ya que hay cosas que quedan excluidas de ese operador
universal, como es el fondo de compensación. Señorías, nosotros
consideramos que para que en el año 2000 el servicio público esté en
condiciones de competir, las necesidades deben estar en torno a unos
80.000-90.000 millones de pesetas.

Por otra parte, señorías, el Proyecto tiene un déficit de control, de
conocimiento y de seguimiento parlamentario. Es algo habitual, que se
viene produciendo en el desarrollo legislativo en estos últimos tiempos,
el ir dejando supeditados ciertos aspectos a una regulación posterior, a
los reglamentos, que en este caso tendrían que ocuparse de los mecanismos
de control e inspección, los requisitos y condiciones de acceso al
mercado y las condiciones de la autoprestación. En definitiva,
consideramos que el Proyecto no recoge cuestiones que debería recoger,
pues cuando se solicita una prestación determinada debe explicarse cuál
es el plan de servicio en las redes, cuál es la cobertura geográfica,
cuáles son las tarifas, cuáles son los precios, la capacidad técnica y
económica que tiene para desarrollarlo, en definitiva, cómo lo va a
desarrollar.

Por todo ello, desde Izquierda Unida planteamos la necesidad de una
reelaboración del texto, una reelaboración basada en el mayor diálogo con
las fuerzas políticas, una reelaboración basada también en poner en
marcha un debate social sobre la realidad que tenemos y la realidad que
queremos tener, y para ello aportamos algunos elementos que podrían
servir. De forma breve, resumida, consideramos que una propuesta más
amplia de regulación del servicio postal debe contener al menos las
siguientes cuestiones: una definición nítida del concepto de
autoprestación, la clarificación del concepto de servicio universal, una
mejora sustancial en el modelo de financiación del operador público
postal, una regulación por ley de la composición del consejo asesor
postal, una regulación más precisa de las materias aplazadas,
salvaguardar el sector público y contrato-programa con recursos posibles
dentro de un marco de inversiones para el operador público.

Por todas estas razones, señorías, presentamos esta propuesta de veto.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Andrés Luis
Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, hago uso de la palabra --atendiendo también las indicaciones de
la Presidencia-- en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
defender la propuesta de veto que mi Grupo ha presentado al Proyecto de
Ley que hoy debatimos del servicio postal universal y de liberalización
de los servicios postales.

Para enmarcarlo en su contexto, conviene decir en principio que la
situación actual de los servicios de correos debe ser encuadrada, por un
lado, en el común carácter público de todos ellos a lo largo del siglo
XIX y, por otro, en el cambio estratégico que se ha producido en las
funciones tradicionales que los servicios de correos vienen realizando a
partir de la segunda mitad del siglo XX.

Los correos públicos, nacidos en torno a las necesidades de comunicación
de los poderes públicos y considerados históricamente como un sector
estratégico, han ido derivando paulatinamente hacia la configuración como
servicios de carácter social capaces de satisfacer demandas, necesidades
de comunicación de la sociedad en su conjunto, y de integrar socialmente
el territorio del Estado mediante una oferta universal de servicios. Este
modelo de correos públicos sociales y universales, que atendían a todo el
territorio y a todas las necesidades de comunicación postales y
telegráficas, han sufrido diversas transformaciones en los últimos 30
años. Si históricamente las necesidades de comunicación de la sociedad
estaban atendidas desde la iniciativa pública por un operador único, hoy
en día el escenario es ya de separación total entre las comunicaciones
escritas --correos-- y las telecomunicaciones, y sobre todo de la
capacidad de éstas para, en su desarrollo tecnológico, sustituir con
ventaja a los productos postales que hasta ahora han supuesto el corazón
de los servicios de correos. La segunda transformación se ha producido en
el sector de medios de transporte y la logística: las posibilidades de
gestionar cada vez con mayor rapidez y eficacia las necesidades de
aprovisionamiento y almacenaje de productos en el sector industrial y
comercial ha dado lugar al nacimiento de importantes empresas de
transporte de mercancías que, lógicamente, han terminado por afectar
directamente a una parte de los productos tradicionales de correos. Y,
finalmente, no se puede ignorar que los correos públicos conservan un
fuerte componente social y los usuarios del correo elevan sus niveles de
exigencia sobre los servicios públicos a medida que progresan las
sociedades en que se desenvuelven.

En consecuencia, los poderes públicos, a fin de superar la encrucijada en
que se encuentran los servicios de correos, pueden optar por diferentes
modelos. Uno de estos modelos es el de un correo social residual con
liberalización total del mercado; pero, claro, el escenario final de este
modelo estratégico es el desmantelamiento del operador postal prestador
de un servicio y de una red universal pública y su sustitución por
operadores privados en el mercado que cubrirán las necesidades de
comunicación



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de los ciudadanos según las reglas de la competencia y el beneficio
empresarial, merced a las cuales los servicios se prestarán allí donde su
rentabilidad lo justifique y cada ciudadano accederá a la red postal
según su capacidad para pagar el coste y la extensión de la misma.

Otro modelo, el de un correo social universal y de calidad con
liberalización parcial del mercado, pasa por acentuar su carácter
comercial y dinámico para competir en un segmento de servicios
completamente liberalizado, mientras que otro segmento, vinculado
básicamente a los servicios tradicionales de correos --la comunicación
escrita que decíamos antes-- se reserva en exclusiva al operador público
a fin de rentabilizar y mantener adecuadamente la red universal de
admisión y distribución. Este modelo tiene diversas variantes, pero todas
ellas se basan en compatibilizar de forma adecuada la función social con
la función comercial.

Y, por último, el modelo derivado de la Directiva comunitaria de
diciembre de 1996 que se trata de trasponer, que opta por un proceso de
liberalización controlado que no ponga en peligro la existencia de un
servicio universal y de una red pública postal universal; que cada
operador de esta red pública no actúe desde una posición absolutamente
dominante en su mercado nacional y que, al mismo tiempo, mejore su
calidad y su interoperabilidad con las demás redes nacionales a fin de
conseguir un servicio universal comunitario más eficaz.

A nuestro juicio, el Gobierno ha optado por el modelo que menos nos
gusta, es decir, el de un correo social residual y con liberalización
total del mercado, y ya hemos esbozado a qué escenario final conduce este
modelo estratégico. Conduce al incremento de la desigualdad entre los
ciudadanos, dañando gravemente un servicio que garantiza la cohesión
económica, social y territorial; conduce a liberalizar, de hecho, todo el
mercado postal al segmentarlo con criterios geográficos; conduce a situar
a Correos y Telégrafos en una posición de debilidad e indefensión;
conduce a introducir un importante desequilibrio entre la carga económica
que se le impone a Correos como prestador del servicio universal y el
valor económico de los derechos exclusivos que se le reservan; conduce a
poner en cuestión el mantenimiento a medio plazo del propio Servicio
Postal Universal; conduce al desmantelamiento de la red postal pública
amenazando muy seriamente su actual nivel de empleo. Todo ello porque el
Gobierno traslada los criterios de la Directiva Postal Europea de forma
parcial, incorrecta y discriminatoria.

Por todo lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
solicito el apoyo de los Grupos de la Cámara para nuestra propuesta de
veto y proceder --como señalaba quien me ha precedido en el uso de la
palabra-- a mejorar el texto a través de las enmiendas que hemos
presentado, que no deberíamos discutir hoy.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Luis Calvo.

Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a utilizar el turno en contra de los dos vetos presentados.

Siguiendo el orden cronológico, daré respuesta, en primer lugar, al señor
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto de Izquierda Unida.

Su señoría está preocupado --y lo plantea así en el texto de su veto--
por el abandono que dice haber sufrido Correos en las últimas décadas,
por su situación económica y el riesgo que corre ante un proceso de
liberalización muy amplio. Compartimos alguno de los criterios que él ha
manifestado en cuanto a la situación de Correos en estos últimos años,
pero tenemos que contar con ella, pues es un hecho real y en función de
ello tenemos que contemplar en este proyecto de ley todos los mandatos
que nos impone la propia Directiva europea.

Hay que recordar la situación de Correos para comprobar que desde hace
muchísimos años hay un sector que está absolutamente liberalizado, como
es el correo urbano hasta un peso determinado, que procede de una
situación antigua. Además, ese servicio ha funcionado en unas condiciones
--se ha denunciado en algunas ocasiones-- si no ilegales, al menos no
contempladas jurídicamente con la suficiente rotundidad. Es una situación
de hecho, amparada, además, en una norma muy antigua que le permitía esa
posibilidad, y retrotraer el servicio de correos a una situación de
monopolio exclusivo pudiera haber dado lugar a una especie de
confiscación administrativa de esos derechos ya establecidos.

Compartimos su criterio en cuanto a la situación en que se hallaba
Correos en estos últimos años, aunque también hay que reconocer que,
recientemente, ha ido progresando y mejorando sus instalaciones. En ese
sentido, el proyecto de ley va encaminado, a través de la incorporación
de la Directiva, a armonizar todo lo que va a suceder en los países que
componen la Unión Europea en estos próximos cuatro años. Recordemos que
se ha dado un plazo de 4 años para abordar la liberalización absoluta de
todo el conjunto, sin operadores exclusivos. Por lo tanto, hay que darle
los medios adecuados.

Es verdad que la política de inversiones en este capítulo va a tener un
desarrollo importante --y el proyecto de ley lo contempla-- para que
cuando llegue el momento de la liberalización total, dentro de cuatro
años, el Servicio Postal de Correos se encuentre con la suficiente
capacidad competitiva. Este período de tiempo nos parece amplio, pero el
tiempo corre a una velocidad extraordinaria y, en consecuencia, hay que
aprovecharlo para estar en las mejores condiciones para poder competir.

Porque si no se han alcanzado los niveles de competitividad, sí se
correrá un grave riesgo.

Su señoría ha enumerado una serie de problemas y puntos muy concretos.

Habla del Servicio Postal Universal frente al fortalecimiento de aspectos
mercantilistas --que también ha mencionado el Senador don Andrés Luis,
del Grupo Parlamentario Socialista--, haciendo hincapié en que la
liberalización es excesiva y que en España se parte de una liberalización
mayor de la que tienen otros países de la propia Comunidad.

Pues bien, es probable que algunos países no hayan alcanzado todavía
estas condiciones de liberalización, pero nuestro Grupo entiende que ello
en lugar de suponer un «handicap» representa una ventaja al ofrecer una
posibilidad mayor de adaptación de nuestro Servicio Postal Universal en
el corto período de cuatro años, dado que al



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partir de unas cotas más avanzadas, se encuentra en las mejores
condiciones de adaptación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en estos momentos, la
Directiva reclama una especie de bipolaridad, con la garantía de dar por
un operador el Servicio Postal Universal --y está contemplado en el
proyecto de ley a quién se le va a adjudicar y quién lo va a realizar--
pero al mismo tiempo, abriéndose a ese proceso liberalizador que se
avecina, sin retrotraernos a una situación de monopolio exclusivo que no
tendría aceptación en los entornos en los que nos movemos.

Consideramos que este proyecto de ley subsana aquellas dudas o
preocupaciones --que de alguna manera compartíamos--, en cuanto a la
autoprestación. Estimo que el concepto está perfectamente definido y está
en consonancia con la Directiva 97/67. Por lo tanto, tenemos que
conseguir el equilibrio concreto al que me he referido con anterioridad.

En cuanto al concepto de servicio universal, el proyecto contempla
básicamente todas estas situaciones. Durante este proceso de
transformación de cuatro años, dentro de dos habrá que hacer una especie
de consulta y, en función de cómo se vaya desarrollando, se posibilitarán
las condiciones de ordenación y adaptación en función de la situación
social del país.

Esa es la razón por la cual no todas las situaciones están reguladas en
el proyecto de ley, sino que habrá que trasladar algunos extremos a la
reglamentación que establezca el propio Ministerio de Fomento. Ahora
bien, básicamente, el proyecto recoge todas las peculiaridades y
necesidades, tanto del Servicio, como de financiación y de su propio
desarrollo. En este sentido, el proyecto recoge las funciones del Consejo
Asesor Postal, y el sector público tiene su ámbito reservado.

Por otra parte, se ha procedido a la modificación del contrato-programa,
que se ha ampliado a cinco años, con lo cual estimamos que se cubrirá
suficientemente el proceso económico desde el punto de vista fiscal. En
definitiva, estimamos que el proyecto de ley, con las modificaciones
introducidas en el proceso de debate en el Congreso y con las
aportaciones que espero lleguemos a establecer en esta Cámara, es un
proyecto adecuado, correcto y el más apropiado para los momentos
actuales, porque deja al Servicio de Correos, una institución con un
patrimonio inmenso en instalaciones y con un gran número de personal en
las mejores condiciones de adaptación, pues, en definitiva, el factor
humano es especialmente merecedor de todas las atenciones que podamos
prestarle para evitar los problemas que puedan plantearse en el momento
de su completa liberalización.

Disentimos del veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista por
las razones que expresaré seguidamente.

En primer lugar, quiero hacer algunas valoraciones. El Grupo
Parlamentario Socialista, que apoya al Partido Socialista, en este caso
ya no es al Gobierno, realmente lo que hace es cambiar su concepto de lo
que ha sido el servicio de correos. Yo les tengo que refrescar la memoria
y comentar que la situación actual de Correos proviene de estos últimos
años. Ha habido una liberalización en casos concretos que se ha impuesto
por unos gobiernos determinados. El hecho de que ahora se quieran
retrotraer a la situación anterior a la liberalización, lo podría
calificar como un deseo coyuntural de posicionarse ante unas protestas
que puedan crear conflictividad o problemas políticos al Partido en el
Gobierno, lo cual no deja de ser una contradicción con sus posturas
anteriores en las responsabilidades de Gobierno.

Me parecen muchísimo más coherentes las propuestas planteadas por el
grupo de Izquierda Unida, en cuanto a que Correos vuelva a tener un
monopolio, prácticamente total, sobre este servicio, porque siempre ha
mantenido una posición ante este sector suficientemente clara y nítida,
manteniendo imperturbables sus criterios en este asunto. Lo sorprendente
es que ahora el Grupo Parlamentario Socialista, a través de sus enmiendas
y de su veto, pretenda volver a unas posiciones de privilegio total y
absoluto, ignorando la situación real y las imposiciones que nos vienen
dadas por la Comisión Europea en sus directivas, que ineludiblemente
tenemos que asumir y aceptar como miembros de la Unión y ajustarnos a lo
que va a venir en un futuro inmediato.

Por ello, esos calificativos que se han hecho a propósito de este
proyecto de ley en cuanto a que puede ser un desastre, que puede suponer
una ultraliberalización que va a repercutir en el desarrollo social y
geográfico, creo sinceramente que no tienen un fundamento lógico si nos
atenemos a la lectura y a los propósitos de este proyecto de ley que, en
definitiva, se limita a ajustar, a ordenar una situación incorrecta, por
no emplear otro término más fuerte, y adaptarla a esas directivas que son
las que, al final, nos van a marcar la pauta a seguir. Pretender obviar
todas estas necesidades y retrotraernos a situaciones anteriores es
simplemente perder el tiempo, haber perdido la óptica adecuada o querer
entrar en una dinámica de controversia política. Creo que en el caso
concreto del correo, de la prestación universal y de los servicios que
ello conlleva, todos deberíamos asumir la máxima responsabilidad y
aplicar las modificaciones necesarias para la mejora del proyecto de ley
en los debates parlamentarios. Pero la supresión del propio proyecto, con
los fundamentos que se presentan en el veto sinceramente, creemos que nos
llevaría a una situación que no sería aceptada ni por el resto de los
miembros de la Comisión, ni por las propias directivas. Además, supondría
ignorar que en este momento nuestro proceso, que ha partido de
irregularidades o situaciones no suficientemente claras legalmente, puede
ser una ventaja por partir en unas condiciones de salida óptimas y con
mejores posibilidades de adaptación a una liberalización respecto del
resto de los mercados europeos o, al menos, con varios de los países que
integran la Unión. En consecuencia, sin entrar en más consideraciones,
creo que la diferenciación política está clara.

Por otra parte, tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista tienen que tener en cuenta que una
representación importantísima de la plantilla de Correos, del orden de
65.000 personas, han podido comprobar que el espíritu de la ley es el de
que se garantice el servicio postal universal, que la institución no deje
de funcionar, que se adapte lo mejor posible, con un objetivo clarísimo:
preservar todo ese potencial, todo ese patrimonio y, sobre todo, lo
fundamental, el personal con el que cuenta, que va a ser el futuro de ese
desarrollo. Pero eso requiere que políticamente



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se le dote de las condiciones legales adecuadas, sin tener añoranzas de
situaciones ya superadas que, en definitiva, no va a ser posible adaptar
a las circunstancias actuales.

Esta es la ley que en estos momentos requiere el servicio postal, y el
Grupo Parlamentario Popular pone de manifiesto su buena disposición para
acoger y analizar con detenimiento las enmiendas que favorezcan el
proyecto en la dirección que he indicado.

En definitiva, por todo lo expuesto, lógicamente el Grupo Parlamentario
Popular va a votar en contra de los dos vetos que se han defendido hasta
el momento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Liso.

Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (El señor
Vicepresidente, Sanz Blanco, ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que todos estamos de acuerdo en que el proyecto de ley del servicio
postal universal y de liberalización de los servicios postales era
necesario. En primer lugar, era necesario porque la legislación española
basada en la Ordenanza Postal de 1960 era el marco de referencia para una
actividad que se había ejercido en forma de monopolio. El cambio, de
facto, del sector en los últimos decenios ha originado una serie de
disposiciones que se han ido produciendo de forma parcial, de una manera
dispersa, que por su rango y por el mercado cambiante en el que nos
encontrábamos no entraban en el fondo y habían llegado a un punto en el
que, ciertamente, había que darle otro rango. Por otra parte, ante la
liberalización del sector y ante la directiva europea, ahora era el
momento de regularlo y darle este rango de ley.

Entendemos que esto que se va a llevar a cabo con el nuevo proyecto de
ley se hace con precisión, señalando claramente que los servicios
postales son servicios de interés general que se prestan en régimen de
competencia y, asimismo, sin lugar a dudas, también define qué servicios
tienen la consideración de servicio público.

El proyecto de Ley establece claramente cuáles son las obligaciones del
operador al que se le encomiende el servicio postal universal y señala
también unos servicios reservados y unos derechos exclusivos. Además,
determina la financiación del operador al que se encomiende el servicio
postal universal, es decir, a la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos, y marca unas pautas, que a nadie deben extrañar, para que
esta entidad sea dirigida como una empresa y tienda a autofinanciarse
mediante una gestión transparente y eficaz.

Por otra parte, el proyecto de ley señala también cuál es el marco
concreto de derechos y obligaciones de aquellas empresas que presten los
servicios no reservados en exclusiva al operador al que se encomienda la
prestación del servicio postal universal. Y todo ello teniendo en cuenta
que tenemos un horizonte relativamente corto, ya que la Unión Europea
marca la liberalización total de este servicio para dentro de cinco
escasos años.

A nuestro entender, por tanto, el proyecto de ley se ajusta a la
Directiva 97/67 de la Comunidad Europea, de 15 de diciembre de 1997, y no
vemos justificación para las propuestas de veto defendidas por los
Senadores Román Clemente y Luis Calvo. No creemos que el sector público
se vaya a debilitar frente al privado, ni que peligren los puestos de
trabajo del sector público y entendemos que se va a garantizar el
funcionamiento y la financiación del ente público.

El planteamiento del Grupo Socialista, de liberalización controlada
frente a esa liberalización total del sector que, según el Senador Luis
Calvo, obliga al ente público a la función social mientras las empresas
privadas quedan liberalizadas para ejercer su actividad empresarial con
absoluta libertad, no lo podemos compartir, puesto que esta
liberalización controlada es, ciertamente, lo que en estos momentos se
plantea. No obstante, es evidente que la liberalización controlada,
además de la tutela y protección que sin duda recibirá del Estado, así
como la financiación necesaria, implica ejercer su actividad en un marco
competitivo, un marco competitivo que lo será todavía más pasados estos
cinco años a que hacíamos referencia, pero que debe serlo también desde
ahora, a pesar de que, insisto, a nuestro juicio ni peligran los puestos
de trabajo, ni peligra la financiación del Estado.

Por lo tanto, creemos que las propuestas de veto formuladas por los
Senadores Román Clemente y Luis Calvo son desproporcionadas y, en
consecuencia, nuestro Grupo las va a votar en contra.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

Sí es verdad que he utilizado la expresión «liberalización controlada»,
como lo utiliza también la Directiva. Pero ahora me voy a permitir decir
--y me van a perdonar si es quizás una expresión más fuerte-- que lo que,
a nuestro juicio, se pretende con este proyecto es una voladura
controlada. Por eso expresamos nuestra preocupación, por el peligro que
supone para el servicio universal la libre concurrencia que el texto
establece. Por eso expresamos nuestra preocupación en lo que se refiere
al correo urbano, porque también en este aspecto se abre, mediante la
autoprestación, una vía tremendamente amplia que va a debilitar
fundamentalmente al operador público y, por lo tanto, también su
capacidad financiera. Por ello, entendemos --y la Directiva da para eso y
para mucho más-- que el proyecto de ley debería ser mucho más restrictivo
en esa cuestión.

Cuando se juega con un tema tan importante como las telecomunicaciones
--y no hace mucho hemos debatido en esta Cámara la Ley General de
Telecomunicaciones--



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y, en concreto, el correo, entendemos que las autorizaciones
administrativas deben ser más exigentes respecto de los operadores
privados y, desde luego, muchísimo más exigentes cuando está en juego un
derecho constitucional fundamental como es la garantía del secreto de las
telecomunicaciones, por más que se haya querido maquillar con alguna
enmienda en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, se debería definir mejor lo que es un operador postal
porque, tal como se establece en la ley, cualquier persona jurídica o
física puede convertirse en operador postal. Asimismo, creemos que las
actuaciones de las juntas arbitrales deberían ser más amplias, así como
referirse tanto en los servicios reservados como en los no reservados.

Tampoco es muy exigente la ley por lo que se refiere a las inscripciones
en el registro, registro en el que debería figurar el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos por la Ley. Estas garantías del
solicitante del operador privado deberían formalizarse a través de
sociedades mercantiles, a fin de que las autorizaciones pudieran ser más
efectivas. No nos agrada en absoluto que la propia ley diga que se puede
modificar por decreto la delimitación del servicio postal universal, lo
que permite abrir vías extremadamente peligrosas para este servicio
público.

No es de recibo que, por vía reglamentaria, se puedan establecer casos
especiales, dado que casos especiales pueden llegar a convertirse en
excepcionalidades. No se puede permitir que, por vía reglamentaria,
dependiendo del lugar de residencia, se llegue a no ofertar el servicio
público universal en las debidas condiciones de igualdad. En concreto,
con este proyecto de ley no está garantizado, por ejemplo, que zonas como
Castilla y León o como Galicia, con la estructura demográfica que tienen,
no se vayan convertir en una excepcionalidad permanente, donde el correo
se reciba una vez a la semana o, incluso, donde los usuarios tengan que
ir a recoger el correo a las oficinas que se consideren más próximas,
posiblemente a varios kilómetros de distancia.

Entre este tipo de arbitrariedades o de amplitud de casos que contempla
la ley sin el rigor suficiente para el servicio universal se encuentra
también una diferencia no justificada conceptualmente entre usuarios y
clientes. Habría que ser más exigentes respecto de las responsabilidades
de los operadores en general en lo que se refiere a los envíos. Puede ser
correcto que solamente se indemnice si los envíos están certificados y,
por tanto, claramente controlados, pero no se puede decir que no existe
responsabilidad por parte de los operadores respecto del envío de
cualquier clase de paquete, tarjeta o envío postal. Si al operador
público, siendo como es una entidad pública empresarial, se le va a
exigir transparencia contable, no entendemos por qué no hay que
exigírsela exactamente igual a los operadores privados en el caso del
servicio universal.

También es cierto que, si se prevé financiar el servicio público con ese
fondo de compensación, habría que ser más exigentes a la hora de cobrar
las tasas a los operadores privados que, precisamente, van a aprovecharse
de los segmentos más sustanciosos del mercado del correo. No es posible
que estos operadores privados que, como decíamos, están en los segmentos
más suculentos del mercado, solamente vayan a mantener el 20 por ciento
del déficit del servicio público postal.

En definitiva, señorías, la ley mantiene tantos aspectos básicos y
fundamentales sin definir que seguimos estando en un terreno abiertamente
peligroso en todos aquellos segmentos del mercado que tienen una
importancia económica fundamental, prácticamente controlados por las
multinacionales, y no entendemos por qué una ley tan abierta a los
operadores privados aparece tan cicatera con el servicio público.

Y, desde luego, Senador Liso, permítanos que mantengamos nuestra propia
postura en cuanto a la defensa de las anomalías que consideramos que hay
en la ley, porque nosotros, desde luego, sí respetamos la defensa que
ustedes hacen del texto que presenta el Gobierno. Decía en mi primera
intervención que son dos modelos diferentes de interpretación de
trasposición de la Directiva, y no estamos de acuerdo con el modelo que
ustedes aplican.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Luis
Calvo.

Tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

En función de las intervenciones que se han sucedido, quiero agradecer al
Senador Beguer su apoyo a la posición del Grupo Parlamentario Popular, en
definitiva, su apoyo al proyecto de ley y a las ventajas que vienen
reflejadas en su articulado.

El Senador Luis Calvo, en su última intervención ha hecho algunas
aseveraciones como la referente a una voludura controlada. Creo que son
frases que quedarán muy bien en el Boletín de la Cámara y a efectos de
alguna intervención periodística, pero sinceramente, tengo que decirle
que utiliza otros mecanismos de visión. Creo que el proyecto de ley es
común para todos y no encuentro en ningún punto algo que pudiera ni
mínimamente suponer que va en contra de lo que es el servicio postal
universal y que pudiera traer como consecuencia alguna voladura
controlada; o sea, que el interés, el afán e incluso el espíritu de este
proyecto de ley fuera precisamente en esa dirección. Creo que es un
interpretación confundida, porque ni muchísimo menos el proyecto de ley
tiene ese espíritu o viene inspirado por ese concepto. Muy al contrario,
el Partido Popular lo que busca con este proyecto de ley es dar las
máximas garantías, las mayores posibilidades para que precisamente el
operador, que va a llevar a cabo el servicio universal en exclusiva en
los territorios que le correspondan, lo haga con el apoyo y la ayuda que
la propia ley contempla en cuanto a lo que va a significar la
financiación, la garantía y las inversiones a llevar a cabo para dotarla
de los mejores mecanismos y medios para lograr esa competitividad que ya
tiene, pero que incluso va a aumentar en muy corto plazo de tiempo.

Repito que no acabo de encontrar justificación a lo de la voladura
controlada y creo que usted está haciendo la acusación de que el Gobierno
que propone este proyecto y los Grupos Parlamentarios que lo apoyan
tenemos la intención precisamente de llevar a cabo semejante hecho.




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Descarto por completo esta situación y esa interpretación.

Paso a comentar otra serie de puntos a los que se ha hecho referencia.

Sobre la autoprestación, creo que en el proyecto está contemplada básica
y suficientemente y en términos muy rotundos y claros. No podemos obviar
que pueda haber alguna circunstancia y que alguno de estos
autoprestadores del servicio luego pueda cometer alguna torpeza, como
ocurre en tantas otras situaciones de la vida cotidiana y normal. Pero
para corregir y compensar estas situaciones están los procesos de
información, de inspección y de control.

Sobre la liberalización del correo urbano le diré que ya está
liberalizado desde hace mucho tiempo y, además, de una manera anárquica,
incontrolada, y se han dado situaciones incluso de economía sumergida,
porque hay personas de las que no se tiene control. Precisamente en este
proyecto de ley lo que se hace es regularizar, ordenar, para que el
sector esté más controlado en el aspecto jurídico, legal, y evitar así
que ocurra lo que está sucediendo ahora, ya que en este aspecto hay
muchas quejas de operadores o de servicios que están funcionando de una
manera efectivamente incontrolada, y sin duda lo estarán en muchos casos.

Modificar por decreto-ley el espacio del servicio universal es una
posibilidad que tendría el Ministerio, el Gobierno de turno al tomar
decisiones de interés general, ya que ninguna situación es absolutamente
inamovible. De aquí a dos años, cuando se reúnan nuevamente los
Ministros, los Gobiernos responsables para analizar lo sucedido desde la
entrada en vigor de la Directiva, se darán pautas de comportamiento. Cada
país tendrá que adaptarse a su propia situación --España tendrá sus
condicionantes concretos y otros países posiblemente tengan otros-- y, en
función de eso, ir adaptando las situaciones y las normas. Cuando se
llegue al 2004 o al 2005, si se prorroga para una liberalización
absoluta, los mecanismos que se hayan podido poner, las posiciones para
que el operador sea lo más competitivo posible y cuente con los mejores
mecanismos, a lo mejor requerirán algún tipo de adaptación. Por tanto, es
una medida prudente y cautelar que se contempla en el proyecto para que
se pueda llevar a cabo. Esto lo engarzo un poco con el ejemplo dramático,
que respecto a Castilla y León me afecta a mí también. No veo ningún
riesgo de que vayan a tener ningún perjuicio los habitantes de ninguna de
las dos comunidades, ni los de Castilla y León ni los de Galicia, ni los
de ninguna otra del conjunto de España. No van a tener ningún detrimento
en su servicio. Lo que se espera y en lo que se confía es que
precisamente el operador público, que es al que en definitiva tenemos que
apoyar y darle los mejores instrumentos, va a tener la necesidad, la
obligación de ponerse a unos niveles de servicio y de competitividad
necesarios en la etapa que estamos. Puede parecer muy típico, muy bonito
e incluso en algunos momentos hasta popular a ciertos sectores apoyar
situaciones de algún tipo de privilegio o de monopolio, pero ya es
imposible mantener esas situaciones y efectivamente se va a tener que
ajustar a dar mejores servicios. Si la competencia en otros sectores y en
otros campos ofrece mejores servicios, desde luego a quien se va a
favorecer va a ser siempre el usuario. Eso está clarísimo, en todos los
aspectos lo estamos pudiendo recoger y lo aceptamos, porque cuando hay
esa competitividad los servicios mejoran e incluso se reduce su precio.

Esa es la situación y no creo que tengamos que tener ningún recelo para
que Correos entre en esa necesidad, en esa obligación de adaptarse a unos
tiempos en los que prestar un mejor servicio, prestar una mejor atención,
prestar una mejor calidad en las responsabilidades que tenga vaya a ir en
detrimento del usuario. Al contrario, matemáticamente tiene que ser un
beneficio del usuario; yo estoy absolutamente convencido de ello. A
Castilla y León, Galicia y, repito, algunas otras Comunidades que no se
han mencionado no se les puede transmitir el mensaje de que esto va a
suponer un perjuicio, un deterioro de los servicios que se están
realizando hasta el momento; estoy convencido de que se van a mejorar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Liso.

Pasamos a continuación a la votación de los dos vetos.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, del Senador Román
Clemente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, 15.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazada.

A continuación pasamos a votar la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazada.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Parece ser que se ha llegado al acuerdo de debatir las enmiendas en
bloque y no por articulado. ¿Los portavoces de los Grupos están de
acuerdo? (Pausa.)
Por lo tanto, pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, debatimos las enmiendas del Senador Román Clemente, de
la 1 a la 80, y las del Senador Nieto Cicuéndez y la Senadora Costa
Serra, de la 81 a las 108.

El señor Román Clemente tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos por defendidas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, antes del comienzo de esta
sesión, hacía una propuesta en el sentido de estudiar con más
detenimiento las enmiendas presentadas y antes de la sesión del Pleno
hacer un pronunciamiento sobre aquellas que pudieran ser motivo de
aceptación o transacción o bien de una nueva formulación. Nos parece bien
esta propuesta, en el sentido de disponer de más tiempo del que hemos
podido tener hasta la fecha, para estudiar las numerosas enmiendas
presentadas.




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Por lo tanto, vamos a esperar la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular para pronunciarnos.

Damos por defendidas las enmiendas y, posteriormente, en su caso las
argumentaciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

En cualquier caso, los debates tendrán lugar fuera de la sesión,
lógicamente. En ellos llegarán a los diferentes acuerdos los grupos
parlamentarios.

A continuación pasamos a la defensa de la enmienda número 109 del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda se refiere a la disposición transitoria primera, y como
quiera que igualmente debo manifestar que por parte del Grupo
Parlamentario Popular no ha habido tiempo para estudiar en profundidad
las distintas enmiendas y, en consecuencia, se va a hacer con
posterioridad, no me extenderé en su defensa. En todo caso, será
defendida o negociada en el Pleno en toda su extensión.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.

A continuación pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 110 a 117.

Tiene la palabra su portavoz.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Las damos también por defendidas en sus propios términos. Para no repetir
los criterios que ya han sido expuestos, me adhiero a la propuesta del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Caballero.

Pasamos a las enmiendas números 118 a 124, del Senador don Victoriano
Ríos.

Tiene la palabra el senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, las damos también por
defendidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.

A continuación pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, números 258 a 343.

Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, estamos debatiendo un proyecto de ley con el que se pretende
determinar lo que ha de ser el servicio postal en España. Y la primera
pregunta que debemos plantearnos es qué hay que hacer con el correo
español.

Pues bien, para obtener una respuesta mínimamente satisfactoria, el Grupo
Parlamentario Socialista ha formulado una serie de enmiendas que
pretenden perfilar por un lado y definir por otro cuáles son, desde
nuestro punto de vista, las características fundamentales de lo que ha de
ser un servicio postal universal. Para ello nos basamos en lo que dice la
Directiva comunitaria y en que, a nuestro entender, debe ser un servicio
de carácter esencial, según está reconocido por la Constitución cuando en
ella se dice que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir la
correspondencia, y al encontrarnos con que España es uno de los países
más liberalizados en materia postal desde los años 60, como decía el
Senador Liso, en este momento los socialistas nos planteamos frenar un
poco este proceso liberalizador, adecuarlo a lo que establece la
Directiva comunitaria, y en el año 2003 o 2004, cuando se produzca la
revisión de dicha Directiva, comprobar si las cosas van en una dirección
o en otra.

Por eso el presente debate, a mi juicio, debería servir para ver si entre
todos podemos conseguir un modelo de correo en el que se mantenga un
operador público con una zona reservada a su competencia y con otra que
entre en libre concurrencia con otros operadores privados en cumplimiento
de la Directiva. Sin embargo, observamos algunas dificultades, no
pequeñas, en cómo entiende cada uno la situación, el escenario y los
objetivos.

¿Cuál es la dificultad? Yo creo que la dificultad está en el concepto y
no en lo que se pretende. De entrada nos encontramos con un correo
liberalizado, pero si lo liberalizamos aún más, podemos llegar a vernos
incluso sin correo público de aquí a no mucho tiempo, cosa que a mi Grupo
le preocupa. Entendemos que debe haber un correo que tenga una reserva
especial, que nos viene impuesta por la Directiva, pero la cuestión es
que lo que dice esa Directiva comunitaria tiene poco que ver con lo que
se plantea en el texto de este proyecto de ley. Precisamente por eso las
enmiendas que hemos presentado son numerosas. Como sería largo y
complicado defenderlas una por una, voy a defender solamente los aspectos
más importantes de todo este conjunto de enmiendas.

Las referidas a la exposición de motivos pretenden que ésta se ajuste más
a la realidad de la Directiva comunitaria --realidad que ya es
palpable--, y, naturalmente, que también se ajuste a los criterios que,
entendemos, deben imperar en el proyecto de ley.

En las enmiendas números 264 a 274, al Título I, relativo a las
disposiciones generales de este proyecto de ley, pretendemos definir
cuáles son, desde nuestra perspectiva, los aspectos más destacados que
determinan los servicios postales en España, desde luego en íntima
relación con lo que dice la Directiva comunitaria y con lo que nosotros
entendemos que debe ser el correo en nuestro país. Es decir, que de
acuerdo con el texto constitucional, tiene que haber un correo público y
nuestros ciudadanos tienen derecho a recibir correspondencia en las
mejores condiciones de calidad y plazo.

El objeto de la ley ha de ser la regulación del funcionamiento de esos
servicios postales en un marco de libre competencia determinando, por
tanto, qué tipo de servicios postales son de reserva exclusiva del
Estado, qué tipo son de libre concurrencia con otros operadores privados,
y qué tipo de servicios considerados como servicios



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postales quedan exceptuados del marco de esta ley y pasan a ser regulados
por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Creemos que la
definición que proponemos expresa de manera más nítida el objeto de la
ley y, por otra parte, creemos también que traspone más fielmente el
sentido de la Directiva 97/67.

La enmienda que proponemos al apartado segundo del artículo 1 define de
manera más clara la naturaleza jurídica del servicio postal frente a la
definición del proyecto, en la que, en nuestra opinión, existe una
evidente contradicción entre el contenido que se da a los servicios
postales de interés general, que se prestan en régimen de libre
concurrencia, y la que se da a los servicios reservados al Estado. La
definición que nosotros proponemos es más clara e inequívoca, ya que
solamente hacemos referencia al servicio postal universal como servicio
esencial, tal y como viene recogido en el texto constitucional. Nuestra
creencia en un servicio postal universal, complemento fundamental para
garantizar la cohesión territorial y social, es la que nos mueve a
plantear una enmienda que posibilite la existencia de una red postal
pública que no se vea sometida a los vaivenes financieros que puedan
producirse en la prestación del servicio postal universal. Por ello
queremos que en todo momento exista la garantía de que el equilibrio
financiero del operador postal no va a ser puesto en cuestión
Con estas enmiendas también pretendemos una mayor claridad en lo que se
entiende por servicios postales, ya que nos parece que existe una
evidente confusión en la definición del texto del Gobierno. Queremos
definir en qué consisten los envíos postales, todo ello en perfecta
consonancia con la Directiva comunitaria.

También nos preocupa la definición que se hace en el proyecto del régimen
de autoprestación, ya que, si se mantiene el texto actual, podemos
encontrarnos con que, amparándose en las circunstancias que rodean a la
autoprestación, pueda verse afectado negativamente el contenido de los
servicios postales reservados. Consideramos, por tanto, que el régimen de
autoprestación ha de ser más restrictivo, no puede convertirse en una
justificación por la que se evite el uso de la red postal para la
distribución de la correspondencia a los ciudadanos. De ahí que
consideremos que la autoprestación es una excepción, tan específica y tan
delimitada, que en modo alguno puede ser cobijo de comportamientos que
burlen el uso del servicio postal universal.

Tampoco nos parece oportuna la regulación que se plantea en el artículo 5
respecto de las controversias entre usuarios y operadores y operadores
entre sí. La regulación que proponemos delimita más claramente la
aplicación de la Ley 28/1984, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Propiciamos el funcionamiento de las juntas arbitrales, a la vez que
damos participación a los usuarios en el Consejo Asesor del Servicio
Postal Universal y, por otro lado, llevamos las controversias entre
operadores a la Autoridad Nacional de la Reglamentación Postal que la
Directiva obliga a designar. En este proyecto de ley se considera que
esta autoridad tiene que ser el Ministerio de Fomento, pero, a nuestro
juicio, no puede admitirse que quien importa las normas y las pautas de
organización y decisión de un operador público sea a la vez quien
controle su propia vigilancia.

El Título II hace referencia a otro aspecto también fundamental de la
Ley, la prestación de servicios postales en régimen de libre
concurrencia. Creemos que el concepto de servicios postales que había
hasta ahora en España debe tener un tratamiento absolutamente distinto al
que se plantea en el proyecto de ley. ¿Qué tiene que regular esta ley?
Tiene que regular los servicios postales, y más específicamente los
servicios postales universales. Todo lo que no sean servicios postales
universales, todo lo que sea paquetería, todo lo que esté por encima de
los límites que se establecen para lo que entendemos por servicio postal
--es decir, los 2 kilogramos en correspondencia y los 20 kilogramos en
paquetería-- tiene que estar regulado por la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres. Incluso cuando hablamos de los servicios postales
universales en régimen de libre competencia tampoco pasa nada porque sea
la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la que regule
los sistemas para obtener autorizaciones o licencias para funcionar en
este sector.

Por ello, las enmiendas que presentamos al articulado de este Título II,
de la número 275 a la número 292, tienen la pretensión de clarificar todo
este régimen administrativo y adecuarse a lo que establece la Directiva
comunitaria, empezando por la propia terminología. Hay que hablar de
licencias y autorizaciones de carácter individual, porque las
autorizaciones generales vienen reguladas --o por lo menos, así debería
ser-- en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

En la enmienda número 280, al artículo 9, apartado 3, hacemos referencia
a que deberíamos definir de manera muy clara que los servicios que se
encuentran fuera del ámbito del servicio postal universal no son
propiamente servicios postales, sino servicios generales de transporte y
distribución de objetos y mercancías. Por tanto, resulta poco operativo,
confuso e intervencionista someterlos a los requerimientos de control y
prestación propios de unos servicios postales, cuando ello no es
absolutamente necesario. Por ello pedimos la supresión del apartado 3 del
artículo 9. Este es uno de los ejemplos evidentes de la confusión a la
que ya hemos hecho referencia, al mezclar continuamente los servicios no
incluidos en el ámbito del servicio universal con los que sí lo están. No
estamos ante un problema de diferencia de criterios políticos, sino ante
una cuestión técnica en relación con la utilización correcta de los
conceptos postales y lo que éstos significan.

Lo que se regula en este apartado --es decir, el cumplimiento de los
requisitos esenciales y el tratamiento de los envíos en los que ha
existido la imposibilidad de su entrega al destinatario-- son
requerimientos que predican como servicio universal y, por tanto, como
servicios incluidos dentro del servicio postal universal. Puesto que
dicho artículo se está refiriendo a los servicios que no forman parte del
servicio universal, no tiene ningún sentido que se incluyan en el mismo.

Por otro lado, con las enmiendas números 282 y 283 pedimos la
modificación del artículo 10, al entender que el procedimiento para la
obtención de las autorizaciones para operar en el mercado de los
servicios que no forman parte del servicio universal está regulado en la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, como ya he indicado.




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Se trataría, por tanto, de evitar que se genere una inseguridad jurídica
y una duplicidad administrativa, así como molestias, en muchos casos no
justificadas, para los propios operadores postales.

Por lo que se refiere al artículo 11, con nuestras enmiendas números 285
y 286 pretendemos incorporar las definiciones que la Directiva establece
respecto de las dos clases de autorizaciones posibles en el ámbito
postal; definiciones que son claves para la regulación y el desarrollo
posterior del sector y, en concreto, del propio proyecto de ley. A
nuestro juicio, la exigencia de la Directiva vale tanto para el servicio
universal prestado por el operador público, como para los privados,
porque a éstos también les son exigibles unos mínimos de calidad. De ahí
nuestra enmienda 287, al artículo 12. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Parece lógico que la prestación de servicios de interés
público se ajuste a alguna de las formas clásicas de gestión de dichos
servicios, en coherencia con su naturaleza jurídica. Tampoco nos parece
aceptable el silencio positivo en el otorgamiento de las autorizaciones
administrativas singulares que facultan a sus titulares para la
prestación de un servicio público.

Estos son, en líneas generales, y de manera simplificada, los argumentos
de defensa de nuestras enmiendas a la exposición de motivos y a los
Títulos I y II. El resto de las enmiendas, si la Presidencia lo permite,
serán defendidas por el Senador Beltrán.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra, Senador Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLES: Gracias, señor Presidente.

Como sus señorías saben, el Título III de este proyecto de ley trata de
las obligaciones de servicio público, es decir, del servicio postal
universal y otros derechos y obligaciones de carácter público en la
prestación de los servicios postales.

Dicho Título abarca los artículos 14 a 35, ambos inclusive, y al mismo el
Grupo Socialista ha presentado 34 enmiendas que, en principio, tienen su
fundamentación en la tangible impresión de que la prestación del proyecto
de ley de cara a imponer obligaciones especiales en la prestación del
servicio postal público a los operadores que actúen en el mercado al
amparo de una simple autorización administrativa es una pretensión que
nos parece de suma ingenuidad y que, evidentemente, carece de una
perspectiva absolutamente realista, adolece de fundamentos jurídicos
consistentes y objetivamente es de difícil aplicación práctica en el
mundo económico actual.

Nuestra enmienda 293, al artículo 14, tiene el objetivo de reforzar la
posibilidad real de establecer obligaciones de servicio público al
exigirse éstas de aquellos operadores a quienes se haya concedido la
gestión indirecta de un servicio público. Y, como es lógico, se atribuye
el control de su cumplimiento a la Autoridad Nacional de Reglamentación,
tal como mandata la Directiva comunitaria. A este tema se refiere la
enmienda 293, al artículo 14.

La enmienda 294, al artículo 15.1, pretende que el texto legal recoja --y
no lo hace-- que el Estado debe garantizar la prestación del servicio
universal. A nuestro entender, esta característica debe recogerse en su
definición, aparte de que de esta forma el proyecto de ley se ajustaría
en la definición de servicio universal a la que realiza la Directiva
europea en su artículo 3.1.

¿Y por qué decimos que este proyecto crea confusión al no acogerse a lo
definido en la Directiva? Lisa y llanamente, porque los conceptos
barajados por una y otro son diferentes. Mientras una --la Directiva-- se
refiere al servicio postal, el envío postal, el envío de correspondencia
y la publicidad directa, el otro --el proyecto de ley-- utiliza los
viejos conceptos de carta y tarjeta postal, lo cual crea una inseguridad
jurídica para todos los agentes del ámbito postal. Para mayor confusión,
el proyecto incorpora el concepto de publicidad directa en el artículo 15
y señala al final del mismo que los recibos, facturas, estados
financieros, etcétera, no tendrán la consideración de publicidad directa.

Sin embargo, la Directiva establece claramente que ese tipo de envíos son
de correspondencia y, por tanto, envíos postales. A este respecto se
refieren nuestras enmiendas 295 y 296.

Por otro lado, nos encontramos con que, mediante el proyecto de ley, el
Parlamento determina tanto el ámbito y contenido del servicio universal
postal como del servicio reservado. Pero más tarde el mismo proyecto de
ley le sustrae estas facultades para el caso de posteriores
modificaciones y se las otorga directamente al Gobierno, lo que
constituye una deslegalización a futuro de una materia regulada por ley.

En este sentido, el Grupo Socialista cree que residenciar en el
Parlamento la competencia para modificar el contenido del servicio
universal y del servicio reservado da al ciudadano una mayor garantía de
respeto por su derecho a un servicio público universal y ofrece al
operador público una mayor seguridad en cuanto al marco en que ha de
desarrollar su actividad. En esa línea va dirigida nuestra enmienda
número 297.

Señorías, es evidente que el proyecto de ley presentado por el Partido
Popular tiende a desprestigiar el servicio público en beneficio del
privado. En numerosos aspectos --fundamentalmente, en el artículo 16,
apartado 2.a)-- la ley imponer al operador público obligaciones que le
colocan en desventaja respecto de los competidores privados; operadores
que van a actuar en el segmento liberalizado del servicio universal, y
que ya están actuando en aquellos huecos del servicio universal que les
resultan más atractivos y al no tener las obligaciones de prestación
impuestas al operador del servicio universal, no les resultará difícil
privar a aquél de los clientes y los tráficos postales más apetecibles.

En definitiva, con esta ley se encomienda al operador público todos
aquellos envíos en los que los operadores privados no tengan interés en
trabajar; es decir, el tema de la red escoba. A este respecto se refiere
la enmienda 299, al artículo 16.2.a).

Otra de las obligaciones esenciales está establecida en el artículo 3 de
la Directiva sobre condiciones y plazos de distribución y recogida de los
envíos. Sin embargo, ello no figura en el proyecto de ley. Con todo, el
artículo 16 establece el criterio de que puedan determinarse
reglamentariamente zonas geográficas en las que no se garantice la
distribución a domicilio, lo que supone a las claras una discriminación
entre los ciudadanos y ciudadanas de este Estado. A solucionar este
problema van nuestras enmiendas números 300; 301; 302, al artículo 17, y



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las enmiendas 303, 304, 305, 306 y 307, esta última sobre el control de
calidad del servicio, al establecer lo que determina la Directiva
comunitaria.

Esta circunstancia se agrava en el artículo 18, porque el criterio
territorial del proyecto de ley que divide la correspondencia en urbana e
interurbana y que, por tanto, da lugar a tantos mercados postales como
localidades hay en el país, es económicamente irracional, ya que genera
mercados totalmente artificiales y de imposible control. Pero, además, el
criterio territorial que contempla la ley no sólo es malo técnicamente,
sino que política y socialmente es mortal para la existencia de un
servicio universal con garantía, además, de futuro, ya que ataca
directamente al corazón de la red postal pública de distribución
universal, porque la vacía de los envíos con mayor margen económico.

Con la enmienda 311, al artículo 19, queremos señalar que una ley de
interés general, como se supone que es la que estamos debatiendo, no
debería necesitar de enmiendas que pretenden fortalecer los derechos
exclusivos y especiales del operador público.

El proyecto de ley concibe el plan de prestación exclusivamente como un
instrumento de financiación del servicio universal. Este planteamiento se
nos antoja que es una visión corta de miras. Para nosotros, el objetivo
del operador público debe ser autofinanciar el conjunto de sus
actividades y, por tanto, la prestación del servicio universal. Por ello
defenderemos todas las enmiendas anteriores o posteriores que tratan de
regular el mercado postal de modo que el operador público pueda actuar en
él en condiciones de equilibrio financiero. Esta es la justificación de
la enmienda 312 al artículo 20.

Por todo lo dicho hasta aquí entenderán sus señorías que ya no tiene
sentido abrir un nuevo capítulo con la denominación de «Otras
obligaciones y derechos de carácter público en la prestación de los
servicios postales», porque el Capítulo III no es sino una repetición,
como mucho una prolongación, del Capítulo II. A solucionar este problema
va destinada la enmienda 313, al título del Capítulo III.

Señorías, el artículo 23, para el Grupo Parlamentario Socialista es de
suma importancia. Respecto a la afectación de los bienes de la red
pública al servicio universal, el texto recoge el principio, pero de
manera poco consistente. En cuanto al derecho de ocupación del dominio
público no se valora adecuadamente el carácter estratégico de la red
universal postal, que permite llegar todos los días al domicilio de todos
los ciudadanos. Por otro lado, el proyecto garantiza en este punto la
discriminación entre los operadores que compiten con el proveedor del
servicio universal, garantizando a unos el acceso directo a la red y a
los otros el acceso previa negociación. El texto del proyecto de ley nos
aclara los siguientes interrogantes: ¿Cuántas obligaciones? ¿Una, dos,
todas las del servicio universal? ¿Qué obligaciones? ¿Las de información,
las de calidad, las de cobertura de la red, etcétera? A aclarar estas
cuestiones va destinada nuestra enmienda 315, al artículo 23.

Es evidente que el equilibrio financiero del servicio universal es una de
las cuestiones clave de la Directiva comunitaria y cuando encomienda al
Parlamento Europeo y al Consejo avanzar en una mayor liberalización
gradual y controlada del mercado postal señala que uno de los factores
que deben tenerse en cuenta ha de ser, además de los cambios económicos,
sociales y tecnológicos, el equilibrio financiero del proveedor a los
proveedores del servicio universal. El proyecto de ley ignora esta
cuestión. Introduce directamente al operador público en el déficit
crónico, y por ello el artículo 24 no hace un recorrido secuencial por
los diversos mecanismos capaces de asegurar la autofinanciación del
servicio universal, sino que plantea directamente la dependencia
financiera de un fondo de compensación, presentándolo como un derecho del
operador, lo que resulta a todas luces paradójico, pues es tanto como
otorgarle el derecho a la defunción económica. Evidentemente, esta no es
la línea de nuestras enmiendas ni la de la Directiva comunitaria. Me
refiero a las enmiendas 317, al artículo 24; 318, al artículo 26; y 319,
al artículo 27. Cuando los mecanismos normales de financiación del
servicio universal --artículo 24-- no sean suficientes, se articula la
financiación del Estado a través del plan de prestación del servicio
universal al que, con la enmienda al artículo 20, ya se le han atribuido
efectos de convenio entre el operador público y el Estado, lo que hace
innecesaria la figura del contrato-programa.

Asimismo, es conveniente concretar qué elementos son financiables (el
déficit de explotación y en las inversiones del servicio universal), y
establecer que la subvención no puede ser algo estructural sino que es
obligación del operador público recuperar el equilibrio financiero
adoptando las medidas necesarias, cuestiones estas que no contempla el
proyecto de ley; enmienda 320 al artículo 28.

Hay que dar al Consejo Asesor Postal mayor contenido del que le da el
proyecto. Además, no puede darse la impresión de que el Consejo es un
órgano en el que sólo van a abordarse los temas y las informaciones
relacionadas con el operador del servicio universal, pues en este caso no
sería necesario que formaran parte del Consejo las asociaciones
empresariales del sector. Estas también deben aportar información al
Consejo sobre sus asociadas, ya que en caso contrario tendrían una
posición de ventaja informativa sobre el operador público; enmienda 328
al artículo 38, apartado 2.

Hay que requerir del remitente un conocimiento de la situación legal del
operador al que encomienda sus envíos, especialmente si se trata de
remitentes de grandes volúmenes de modo que, si entrega envíos a
operadores no autorizados para su tratamiento, sean éstos reservados o
no, el remitente no quede libre de toda responsabilidad; enmienda 329, al
artículo 40.1 letra d) (nueva).

El objetivo de nuestra enmienda 330, al artículo 41, es incorporar las
infracciones a los sistemas de franqueo, que también forman parte de las
normas de ordenación de los servicios, al uso indebido de la
autoprestación de servicios e introducir algunas mejoras técnicas.

También pretendemos endurecer la sanción por infracción de la reserva de
servicios hecha a favor del proveedor del servicio universal; enmienda
331, al artículo 42.5.

Con la sustitución propuesta en la enmienda 332 al artículo 47, tratamos
de asignar las competencias sancionadas de manera más adecuada
técnicamente de lo que lo



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hace el proyecto de ley, especialmente en el segundo párrafo del
artículo, y recoger la peculiaridad sobre las infracciones en materia de
sistema de franqueo.

Nuestra enmienda 333 pide la supresión de la disposición adicional
segunda, ya que además de ser incorrecto el título de la misma, pues se
refiere a la emisión y distribución de sellos, cuando el contenido no
aborda la emisión, el asunto que se trata no es necesario regularlo por
ley, especialmente después de la enmienda presentada al artículo 19.2.c)
que habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente diversas
cuestiones relacionadas con el sello, entre las que figura la fase de
emisión.

La enmienda 334 lo es a la disposición adicional cuarta. Hay que decir
que dentro de la filosofía del proyecto de ley esta disposición es
contradictoria con la razón de ser de la tasa creada. La tasa se crea
para compensar al proveedor del servicio universal por una carga
financiera injusta, como bien dice el artículo 9.4 de la Directiva, pero
si el proveedor del servicio universal también tiene que gravar sus
servicios con la misma tasa y aportarlo al fondo, ¿en qué consiste el
efecto compensador?
La enmienda 335, de adición, vendría a dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 22 de la Directiva Comunitaria, ya que parece ser que el
proyecto de ley no lo hace.

La enmienda 336 pretende declarar legalmente el carácter de monopolio del
Estado de los sistemas de franqueo y establecer la legislación aplicable
en caso de defraudación o falsificación.

La Directiva comunitaria define --me estoy refiriendo a una disposición
adicional nueva que proponemos en nuestra enmienda 337-- 19 conceptos
postales técnicos que es imprescindible tener en cuenta para una correcta
comprensión e interpretación de esta ley.

En la enmienda 338 proponemos suprimir la disposición transitoria
primera, apartado 2, en coherencia con la enmienda propuesta al artículo
18.2.

La enmienda 340 se justifica en que los servicios ubicados fuera del
ámbito del servicio postal universal deben regularse por la Ley de
Ordenación del Transporte, tal y como ya se planteó en la enmienda al
artículo 4, apartado 2.

La enmienda 341 se propone porque el contenido de la disposición
adicional segunda no tiene nada que ver, a nuestro entender, con los
servicios obligatorios ni puede inferirse del contexto en el que se
incluye esa frase a qué tipo de servicios se pueda referir distintos de
los de servicio universal que ya están contemplados en la propia
disposición transitoria.

Consideramos que el operador público --enmienda 342-- debe recuperar el
control completo del sello en el menor plazo posible, máxime cuando
Tabacalera ha sido completamente privatizada en el año 1998. El sello es
una de las principales fuentes de ingresos del correo público, tanto por
razones de pago de sus servicios como por razones filatélicas. Es un
contrasentido, económico y gerencial, señorías que el control de unos
ingresos que suponen aproximadamente el 20 por ciento del total de la
facturación de Correos y Telégrafos por servicios postales permanezca
durante cuatro años más en manos de una empresa totalmente privatizada,
tal y como propone el Proyecto de Ley.

La enmienda 343, a la disposición final tercera, está claramente
justificada porque es importante transcribir más correctamente las
obligaciones de los artículos 16.6 y 22 de la Directiva europea.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beltrán.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a hacer, en principio, una aclaración en cuanto a la limitación del
tiempo que voy a utilizar en esta intervención. No quisiera que esto se
interpretara como una falta de cortesía a la hora de dar una respuesta al
Grupo que ha hecho una exposición muy detallada del conjunto de las
enmiendas que tiene. Previamente al comienzo de la reunión los portavoces
y el actual Presidente de la Mesa habíamos llegado al acuerdo, por una
serie de circunstancia, de que la defensa de las enmiendas sería
básicamente formal para mantener los votos particulares en el Pleno, lo
cual nos permitiría a todos analizar con más detenimiento el conjunto de
las mismas y ver las mejores posibilidades de acuerdo en algunas de
ellas.

Teniendo en cuenta lo dicho, tengo que cumplir con ese compromiso. Repito
que esto no significa que sea descortés con el Grupo que ha hecho una
utilización lógica del turno a que tenía derecho --supongo que el tiempo
habrá sido el correcto-- para la defensa de sus enmiendas. Para cumplir
ese compromiso, aun cuando fuera informal, con el resto de los
portavoces, puesto que por esa circunstancia algunos ahora no se
encuentran aquí en la sala, voy a manifestar que vamos a votar en contra
de todas las enmienda que se han defendido por los distintos grupos,
incluida, naturalmente, la del Grupo Parlamentario Socialista.

Al mismo tiempo, si el Presidente me lo permite, quiero dar por
defendidas todas las enmiendas del Grupo Popular y proponer su inclusión
en el dictamen.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Beltrán.




El señor BELTRAN MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve en el turno de portavoces. Yo creo que habría que repetir
las veces que haga falta, las suficientes, cuál ha sido el proceso por el
cual este proyecto de ley ha entrado en el Senado, por qué ha estado
parado estos 22 días y por qué hay que estar aquí debatiéndolo en 48
horas, de manera tan urgente, cuando es una ley evidentemente no de
calzones cortos, sino de interés general.

Yo diría al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que,
independientemente del acuerdo al que se ha



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llegado, lo que importa, finalmente, es lo que hay que decir respecto de
esta ley. Nos parece muy bien que ustedes una vez más, como en muchas
otras ocasiones, voten en contra de todas nuestras enmiendas. No hay
problema. Estamos en un proceso democrático y ustedes entienden que la
democracia es cuestión de número y el que tiene más número gana. Pero lo
que es verdad es que esta Ley, señorías, va a suponer a medio plazo
(cuatro, cinco o seis años) la pérdida de más de mil millones de envíos
postales, que van a pasar a las empresas privadas. Lo que se va a
producir --tal como dice la plataforma sindical que está continuamente en
la calle reivindicando esta situación-- en cuestión de 10 años --y no hay
que ser, señor Presidente, un adivino impresionante-- es la pérdida de
entre 16.000 y 20.000 puestos de trabajo.

Además, todas nuestras enmiendas van destinadas a conseguir que el
servicio universal de correos no sume año tras año una cantidad ingente
de déficit que, finalmente, tendremos que pagar todos los españoles, con
lo que pagaremos a las empresas privadas y al operador público el déficit
establecido.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Beltrán.

Tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Escuchada la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
yo debo hacer una aclaración. Nada más dar comienzo la sesión, su
portavoz en ese momento, el Senador Gibert, ha manifestado su queja por
las circunstancias a que usted se refería en cuanto a que este proyecto
ha estado mucho tiempo en el Congreso y ahora se ha introducido por el
sistema de urgencia. Esta era ya una queja explicitada, hecha y concreta,
aunque usted tenía derecho a repetirla. Pero también es cierto que
previamente --insisto una vez más-- se había llegado al acuerdo entre los
distintos portavoces y la Presidencia de la Mesa para defender las
enmiendas de una manera determinada. De forma inesperada ha sucedido lo
que ha sucedido. Con esto ni le estoy reprochando ni le dejo de
reprochar, simplemente describo una situación y los hechos concretos que
han sucedido. Esto ha traído como consecuencia que algunos portavoces
dentro del grupo se hayan ausentado en la creencia o en la confianza de
que eso se iba a mantener y a respetar.

En las intervenciones que ha habido, independientemente de para defender
enmiendas concretas --tampoco muy específicas porque son muchas, aunque
en algunas de ellas se ha hecho más énfasis--, se ha utilizado
básicamente el turno para hacer otra especie de veto o para volver a
plantear en esta ocasión ese fallido proyecto alternativo que se presentó
en el Congreso. Me parece bien y es lógico que lo lleven a cabo, ya que
están en su perfecto derecho parlamentario.

Ha hecho una observación en cuanto a que lo vamos a aprobar porque el
número es más que las razones. Ese tipo de argumentos me retrotrae a
situaciones anteriores, a otras etapas y legislaturas. Llevo aquí un poco
de tiempo y, no sólo lo he oído muchas veces, sino que he visto cómo lo
practicaban. Ya sabe usted a qué me estoy refiriendo; precisamente a su
Grupo Parlamentario y al Gobierno al que daba su apoyo.

Por respeto a lo acordado y, sobre todo, a los parlamentarios y
portavoces que ya no están presentes, reitero lo dicho anteriormente, que
mantenemos nuestras enmiendas y rechazaremos con nuestros votos, si es
posible, el conjunto de lo propuesto por los demás Grupos.

Nada más y muchas gracias. (El señor Gibert i Bosch pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.




El señor GIBERT I BOSCH: Intervengo para hacer una aclaración, señor
Presidente.

Yo ignoro totalmente los acuerdos a los que pudiera haber llegado el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular con los portavoces de otros
grupos. En cuanto a lo que a mí se refiere, una conversación informal,
que ni siquiera tiene acuerdos de ningún tipo, consistía en decir que nos
parecía bien a todos que de aquí al Pleno se estudiaran las posibles
ofertas del Grupo Parlamentario Popular en relación a nuestras enmiendas
o de otros grupos parlamentarios y posibles transaccionales fruto de
esto. Eso es exclusivamente lo que hemos hablado antes de empezar la
reunión y me parecía necesario aclararlo ante la insistencia del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular de que ha habido un acuerdo, que no es
otro, por lo menos en lo que respecta a nosotros, que es el que acabo de
decir. Supongo que estará de acuerdo conmigo. Respeto, evidentemente, el
derecho del Grupo Parlamentario Popular a no contestar a nuestras
intervenciones y seguiremos hablando de todo ello en el Pleno. Creo que
es una aclaración absolutamente necesaria, dada la intervención del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Muchas gracias. (El señor Liso Marín pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Liso.




El señor LISO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento lo que ha dicho el señor Gibert ahora mismo y no acabo de
entender quién es el portavoz del grupo Parlamentario Socialista en esta
sesión. Efectivamente, yo me he dirigido con más énfasis respecto a lo
que se ha comentado con el resto de los portavoces de otros grupos, al
Senador Luis Calvo, entendiendo que era el portavoz --y, de hecho, lo ha
sido en este Proyecto de Ley--, pero si ahora usted le desautoriza o, por
el contrario, debería de haberme dirigido a usted con más detalle,
entiendo que es algo circunstancial sin el menor relieve ni importancia y
desearía que esto no sirviera de polémica ni debate. Simplemente se ha
descrito una serie de situaciones y yo creo que ahora la postura correcta
es entender, mantener y respetar lo acordado de manera informal, pero que
tiene también su valor. (El señor Gibert i Bosch pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: Senador Gibert, daré por usted la explicación. No es
necesario que reabramos el debate.

En todo caso, el Senador Gibert, como portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, creo que no desautoriza al que pueda serlo de la ley, sino
que, en todo caso, hace el planteamiento de su Grupo. Evidentemente, el
Grupo está en su derecho de defender las enmiendas y, en su caso, el
Senador Liso de poder rechazarlas con detalle o, simplemente, señalando,
como ha hecho, que las estudiará para su posible debate y aprobación, en
su caso, en el Pleno. Creo que no es necesario insistir en el debate.

Vamos, por tanto, a comenzar la votación. (El señor Gibert i Bosch pide
la palabra).




El señor PRESIDENTE: ¿Es por una cuestión de procedimiento?



El señor GIBERT I BOSCH: Es sólo un momento.

Durante la conversación a la que me refiero estábamos juntos el señor
Luis Calvo y yo y se ha procedido en los términos en los que me he
expresado. Por tanto, ni siquiera hay posibilidades de desautorización o
de falta de entendimiento entre el señor Calvo y yo.




El señor PRESIDENTE: Supongo que no hay ninguna aclaración por parte del
Senador Liso.

Podemos pasar a la votación de las enmiendas. Se pueden votar en bloque,
salvo que algún Grupo solicite alguna votación separada de algunas de las
enmiendas. Empezaremos por las del Senador Román Clemente, de la 1 a la
80. (El señor Luis Calvo pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, solicito votación separada en tres
bloques.

En primer lugar, las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 6, 20, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 52, 57, 71, 72, 73, 74 y 75.

En segundo lugar, las enmiendas números 7, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 35,
40, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 68, 69, 77, 78, 79 y
80.

En tercer lugar, las enmiendas restantes.




El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la votación del primer grupo de
enmiendas citadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 13; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las citadas enmiendas.

Votación del segundo bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas.

Votación del tercer bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 12;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 81 a 108 de
los Senadores Nieto Cicuéndez y Costa Serra.

Tiene la palabra el señor Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Pretendemos que se voten también en tres bloques.

En un bloque, las enmiendas números 81, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 100,
105 y 107.

En otro bloque las enmiendas números 87, 88, 96, 97, 102, 103 y 104. Y en
otro bloque el resto.




El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir. En el primer bloque, las enmiendas
números 81, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 100, 105 y 107. En el segundo
bloque las enmiendas números 87, 88, 96, 97, 102, 103 y 104. Y en el
tercer bloque las restantes.

Vamos a someter a votación el primer bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 12; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación sometemos a votación el segundo bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente sometemos a votación el tercer bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 12;
abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación la enmienda número 109 del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en
contra, veinte.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Seguidamente, sometemos a votación las enmiendas números 110 a 117 del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el señor Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, quisiéramos votar también en dos
bloques. Las enmiendas números 111, 112, 113, 114 y 116 en un primer
bloque. Y las restantes, 110, 115 y 117 en otro.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación en primer lugar las enmiendas
números 111, 112, 113, 114 y 116.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación el resto de las enmiendas.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 118 a 124 de
don Victoriano Ríos.

Tiene la palabra el señor Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Señor Presidente, quisiéramos votar igualmente en
dos bloques. Uno estaría constituido por las enmiendas números 118, 119,
121, 122 y 123. Y las restantes en el bloque siguiente.




El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas números 118, 119, 121, 122 y
123.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 19;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación sometemos a votación las restantes enmiendas de don
Victoriano Ríos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 11;
abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 125 a 257 del
Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Luis Calvo.




El señor LUIS CALVO: Queríamos también votarlas por separado. Le voy a
dar el número del bloque más corto y así no las enumeramos todas. En un
primer bloque, las enmiendas números 132, 139, 145, 156, 160, 164, 166,
169, 177, 180, 181, 182, 187, 199, 203, 205, 239, 241, 244 y 256. El
resto de las enmiendas, en el otro bloque.




El señor PRESIDENTE: Vamos a repetirlas. En un bloque las enmiendas
números 132, 139, 145, 156, 160, 164, 166, 169, 177, 180, 181, 182, 187,
199, 203, 205, 239, 241, 244 y 256.

En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas mencionadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en
contra, ocho; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Se someten a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Finalmente, sometemos a votación las enmiendas números 258 a 343 del
Grupo Parlamentario Socialista. Van a votarse todas en bloque si no hay
ninguna solicitud al respecto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho;
en contra, 12; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se vota seguidamente el texto remitido por el Congreso de los Diputados,
con las enmiendas incorporadas en esta sesión, del Grupo Popular, pero en
primer lugar vamos a dar lectura a las solicitudes de votación separada
por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
votación que se haría en un solo bloque. Los artículos son los
siguientes: Título I, artículo 2.2. Título III, artículo 15.2.B.d),
artículo 15.4.b), artículo 16.3.a), artículo 17.2, artículo 18.1.b).

Capítulo V, Sección Segunda, artículo 30.4.A.c), y en el Título V,
artículo 42.1, párrafo primero. Todos ellos van a ser votados en bloque.

(El señor Caballero Lasquibar pide la palabra.)
Sí, señor Caballero.




El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.

En referencia al artículo 30, del que pido votación separada, la letra es
la e), en lugar de la c): artículo 30.4.A.e).




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Caballero.

Hemos corregido, se trata del artículo 30.4.A.e).

Vamos a someter a votación, en primer lugar, todos estos artículos
señalados por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y
después votaremos el resto del articulado del texto del Dictamen, todo
ello con las enmiendas incorporadas del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, ocho; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta parte del articulado.

Votamos, a continuación, el resto del articulado, también con la
incorporación de las enmiendas aprobadas del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, ocho.




El señor PRESIDENTE: Se aprueba también esta parte del articulado.

Finalmente, queda por designar al miembro de la Comisión encargado de
presentar el Dictamen ante el Pleno, para lo cual sus señorías tienen la
palabra. (Pausa.) Ya que sus señorías indican que sea el Presidente, lo
acepto gustoso; muchas gracias.

En consecuencia, se levanta la sesión, si bien recordando a Mesa y
Portavoces que permanezcan unos minutos en la sala para programar las
próximas sesiones.




Eran las doce horas y cincuenta minutos.