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DS. Senado, Comisiones, núm. 288, de 18/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 288
COMISION CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA
Sesión Informativa
celebrada el lunes, 18 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia,
Excmo. Sr. don Francisco Alvarez-Cascos Fernández, a petición de doña
Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, para
informar sobre la posición del Gobierno una vez que los municipios de La
Puebla de Arganzón y Condado de Treviño (Burgos) han acordado iniciar el
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico para la segregación y
agregación de este último, respectivamente, a las Comunidades Autónomas
de Castilla y León y del País Vasco (711/000178).
--Del Presidente de la Agencia Efe, don Miguel Angel Gozalo Sainz, a
petición de don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario
Socialista, para informar sobre el funcionamiento de la agencia pública
que preside (713/000539).
--Designación, en su caso, de la Ponencia que ha de informar la
Proposición de Ley reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria (624/000015).
Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de pasar al orden del día, sometemos a lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 29 de
abril.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada.
--COMPARECENCIA, A PETICION DE DOÑA INMACULADA DE BONETA Y PIEDRA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO UNA
VEZ QUE LOS MUNICIPIOS DE LA PUEBLA DE ARGANZON Y CONDADO DE TREVIÑO
(BURGOS) HAN ACORDADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO PARA LA SEGREGACION Y AGREGACION DE ESTE ULTIMO,
RESPECTIVAMENTE, A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CASTILLA Y LEON Y DEL
PAIS VASCO (711/000178).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al orden del día integrado
por la comparecencia, solicitada por la Senadora De Boneta, referente a
la posición del Gobierno respecto del procedimiento en relación con los
municipios de la Puebla de Arganzón y Condado de Treviño; la
comparecencia, solicitada por el Senador Arévalo Santiago, del Presidente
de la Agencia Efe para informar sobre el funcionamiento de dicha Agencia,
y la designación de la Ponencia que informe la proposición de ley
reguladora de la objeción de conciencia y prestación social sustitutoria,
cuyo plazo de enmiendas finalizará el próximo día 20 de mayo, que por los
plazos constitucionales de la Cámara tendría que ir al Pleno de 9 de
junio o como límite al del 23 de junio, por lo que en función de las
enmiendas y el posterior trabajo de la Ponencia, la Comisión debería
dictaminar en la primera semana o como máximo en la tercera semana de
junio. En función de ello, al final, cuando designemos la Ponencia,
estableceremos una aproximación de calendario.
Si no hay objeciones, pasamos a la tramitación del orden del día: el
punto primero es la comparecencia para informar, a petición de doña
Inmaculada de Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno una vez que los municipios de La Puebla de Arganzón
y Condado de Treviño (Burgos) han acordado iniciar el procedimiento
previsto en el ordenamiento jurídico para la segregación y agregación de
este último, respectivamente, a las Comunidades Autónomas de Castilla y
León y del País Vasco.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado compareciente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Presidente, Senadora De Boneta y
señoras y señores Senadores.
Comparezco ante esta Comisión Constitucional del Senado y quiero, en
primer lugar, manifestar mi profunda satisfacción y el honor que
significa comparecer en la Cámara de representación territorial para
informar de un tema que tiene una directísima relación con la
organización territorial del Estado y, en definitiva, con lo que es la
singularidad de esta Cámara de acuerdo con nuestro ordenamiento
constitucional.
En la petición de comparecencia, planteada por la Senadora De Boneta, se
alude a cuál es la posición del Gobierno en relación con las peticiones
de desagregación de los municipios incluidos o incardinados en el enclave
de Treviño, la petición de desagregación de la provincia de Burgos,
perteneciente, como es sabido, a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, y la petición de agregación de esos municipios en la provincia y
territorio histórico de Alava, perteneciente a su vez a la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Quiero manifestar que la posición del Gobierno, en relación con estas
cuestiones, se inscribe plenamente en lo que ha sido la moción asumida
por asentimiento por el Congreso de los Diputados, en fecha 24 de marzo
de los corrientes, moción que fue aprobada, como digo, por asentimiento y
con una enmienda transaccional en el punto 2.º de la misma,
transaccionada, a su vez, entre enmiendas formuladas por diversos grupos
parlamentarios, y donde el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
básicamente a asumir como principios rectores de su actuación en relación
con el enclave de Treviño los contenidos en el informe de la Ponencia del
Senado, de fecha 19 de diciembre de 1995, Ponencia que fue constituida,
como sus señorías saben, para el estudio de la cuestión de los enclaves
y, en particular, las conclusiones de fecha 19 de diciembre de 1995, a
las que llegó la citada Ponencia, relativas a la necesidad de
colaboración administrativa en orden a evitar perjuicios a los ciudadanos
en la prestación de servicios y en la búsqueda de soluciones definitivas
a la situación de los enclaves, de conformidad con los respectivos
estatutos de autonomía.
Me interesa asimismo agregar, porque informa plenamente lo que es la
posición del Gobierno en relación con la cuestión objeto de esta petición
de comparecencia que, como establece el punto 2.º de la moción de
referencia, el pasado 24 de marzo, como he dicho, aprobada por el
Congreso de los Diputados por asentimiento, que las futuras acciones que
en su caso puedan producirse como consecuencia del procedimiento de
segregación, agregación de los municipios del enclave de Treviño se
desarrollen con estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en
los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y del País Vasco,
Disposición Transitoria Séptima, apartado 3.º y artículo 8
respectivamente, teniendo en cuenta la voluntad de las instituciones
implicadas y la de los ciudadanos de los municipios del enclave, es
decir, municipio de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón.
Finalmente, me resta sólo añadir a esta primera respuesta que doy a la
Senadora De Boneta que, de acuerdo con el texto de su petición de
comparecencia, el Gobierno, como es evidente, ha actuado con estricta
sujeción al ordenamiento
jurídico al solicitar, en lo que hace referencia a las peticiones que le
han llegado procedentes del Ayuntamiento del Condado de Treviño,
autorización para celebrar una consulta popular el pasado 8 de marzo,
consulta que dio lugar a un acuerdo del Consejo de Ministros denegando la
citada autorización. La posición no era ideológica ni política, pues el
Gobierno no entró en el fondo de la cuestión. Lo que hizo el Gobierno,
previo acuerdo del Consejo de Ministros, es cumplir y hacer cumplir la
ley, en este caso, el artículo 71 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, que es la disposición legal que determina las
circunstancias que deben concurrir en una petición de estas
características para que el Gobierno, previo acuerdo del Consejo de
Ministros, autorice, en su caso, la consulta popular.
Por las razones que ya el señor Ministro puso de manifiesto en una
comparecencia ante la Comisión de Régimen de Administraciones Públicas
del Congreso de los Diputados de 11 de marzo, que están contenidas en el
citado acuerdo, hago gracia en este momento de los argumentos que
llevaron al Gobierno, adoptando criterios estrictamente jurídicos, a
denegar la citada autorización. Asimismo, quiero manifestar que el
Gobierno, a través del servicio jurídico del Estado y en línea con lo que
he comentado de sujeción estricta a la ley, de cumplir y hacer cumplir la
ley y, sobre todo, de cumplir de manera muy especial leyes cualificadas,
como son los estatutos de autonomía de las dos Comunidades Autónomas
afectadas, la de Castilla y León y el País Vasco, interpuso un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en
Castilla y León en la provincia de Burgos contra los acuerdos del
Ayuntamiento del Condado de Treviño de 15 de enero y 5 de febrero, que
son los que motivaron la celebración de la consulta popular del 8 de
marzo pasado, que son conocidos de todos los aquí presentes y que,
obviamente, debían ser impugnados ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, como hizo el Gobierno sobre la base del
artículo 65.3 de la Ley 7/1985 por infringir el ordenamiento jurídico y
por la obligación que a todo Gobierno le corresponde de manera muy
singular, que es la de cumplir y hacer cumplir la ley.
Por lo demás --como he señalado-- la actuación política del Gobierno se
enmarca --insisto-- en las conclusiones de la Ponencia de enclaves,
contenidas en su dictamen de 19 de diciembre, que se recogen básicamente
en la moción del Congreso del pasado 24 de marzo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Iniciaremos las intervenciones por el Grupo parlamentario peticionario de
la comparecencia que, en este caso, es el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecerle al señor Secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales su presencia en la Comisión. Quiero
también decirle que la razón por la cual esta Senadora solicitó en su día
la comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno, señor
Alvarez-Cascos, en esta Comisión fue porque entendía que el tema que
estamos tratando es eminentemente político. Esta comparecencia se ha
demorado más de lo que era prudente y de lo que esta Senadora estimaba
necesario. No obstante, es de agradecer la disposición del señor
Secretario de Estado de comparecer y manifestar la posición política del
Gobierno sobre el proceso de desagregación del municipio de Treviño, por
decirlo de una forma resumida. Luego me referiré a algunos aspectos del
problema. Yo debo, por tanto, agradecerle sus explicaciones, por otra
parte conocidas, dada la posición del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, reafirmada muy recientemente el día 24 de
marzo, y las manifestaciones que se han hecho sobre este tema.
Señor Secretario de Estado, es evidente que el Gobierno desautorizó en
Consejo de Ministros, en función --tal y como lo ha dicho el señor
Secretario de Estado-- de lo previsto en el artículo 71 de la Ley de
Bases de Régimen Local, la consulta cuando el municipio de Treviño
planteó la posibilidad de realizar una especie de referéndum informal, de
acuerdo con las previsiones estatutarias, para que los ciudadanos del
Condado de Treviño se pudieran pronunciar tanto de la Puebla de Arganzón
como del municipio de Treviño, con lo cual cierran el proceso y no lo
abren. En este caso, no hablamos de un referéndum, sino de algo muy
legítimo, desde el punto de vista de esta Senadora, que es que el
Ayuntamiento preguntara, aunque fuera de forma informal y antes de
iniciar un proceso que habría de ser adoptado por los representantes de
los ciudadanos, esto es, por las corporaciones de Treviño y de la Puebla
de Arganzón, a sus ciudadanos qué opinaban del asunto, puesto que éste es
un tema que tiene una larga historia que comienza en el siglo XVII, siglo
en el que hubo sucesivos intentos de integrar este Condado en la
provincia de Alava, y que continúa por ende, en el siglo XX con su
pretensión de integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca, toda vez que las
razones por las cuales este enclave queda en 1833 separado de la
provincia de Vitoria son puramente de origen cuasi feudal.
No nos vamos a remontar a estos años ni a relatar todas estas historias
porque aquí lo que interesa es la posición del Gobierno central. No
obstante, sí conviene decir que la razón por la cual en 1833 no se hizo
la distribución provincial de Javier de Burgos, y de que el Condado de
Treviño no quedara integrado en la provincia de Alava, es, única y
exclusivamente --como bien sabe el señor Secretario de Estado--, porque
Alava goza de un régimen foral y, por tanto, este territorio, que
pertenece a un señor, tiene como legislación propia el régimen común. Por
esa razón no se integra en 1833 en la provincia de Alava y, por eso,
cuando en julio de 1876 se produce la pérdida foral, surgen casi
inmediatamente los primeros intentos, puesto que ya no hay un
planteamiento de índole jurídico-político y público-privado distinto,
para que el Condado forme parte de su entorno natural, que es la
provincia de Alava.
Hay razones históricas para que esta integración se produzca, pero sobre
todo hay razones prácticas y geográficas. Pero dejemos de remontarnos al
siglo pasado y a los sucesivos intentos que a lo largo de este siglo se
han producido para que se produzca esta desagregación o agregación y
precisemos la cuestión en sus justos términos --ya sabemos que durante
este último siglo se han producido intentos en 1919 y en 1920 y con
posterioridad en los años cincuenta--, puesto que se ve claramente que es
voluntad de los ciudadanos, que no solamente atienden a razones de índole
práctica, sino de costumbre y de pertenencia, que se produzca esa
desagregación y esa integración.
Por tanto, llegamos a los últimos tiempos, y nos encontramos con la
Ponencia citada por el señor Secretario de Estado, que durante más de un
año ha trabajado en el Senado para tratar de resolver los problemas, no
sólo del Condado de Treviño, sino del resto de este tipo de enclaves
territoriales que, en un número aproximado al medio centenar, existen en
el Estado español. Dicha Ponencia, antes de pasar a estudiar este
problemática, consulta a cada uno de ellos acerca de su opinión sobre el
tema. Curiosamente, en el 90 por ciento de los casos no se reciben
respuestas de sus instituciones. Pero en los casos en que eso ocurre, la
respuesta se da en el sentido de que, aunque esa situación pueda ser
producto de una anomalía desde el punto de vista puramente geográfico,
los habitantes de dichos enclaves se encuentran muy satisfechos, y más o
menos se viene a manifestar a la Ponencia del Senado que las cosas se
queden tal cual están.
Sin embargo, eso no sucede en el caso concreto que estamos tratando, en
el cual tienen lugar las comparecencias de los representantes de todas
las instituciones implicadas y hay un enorme interés por el trabajo de
esa Ponencia que, como bien ha dicho el señor Secretario de Estado,
culmina sus trabajos el día 19 de diciembre de 1995 con dos conclusiones
o recomendaciones --como se las prefiera denominar-- muy importantes. En
primer lugar, se habla de que hay que llegar a un acuerdo institucional
para resolver los problemas que se van desgranando a lo largo de las
diversas comparecencias. Y por otro lado, se dice que la resolución de
estos problemas debe producirse en un contexto de consenso
interinstitucional, pero también respetando la voluntad de los ciudadanos
de Treviño.
Llegado el momento que ahora nos ocupa, cuando la Corporación del
municipio de Treviño solicita la autorización del Gobierno para realizar
la consulta popular --llamémosla así-- a la que me he referido, éste se
apresura a tomar un acuerdo en Consejo de Ministros, denegándola. No sé
por qué esta posición del Gobierno --por otra parte, de acuerdo con la
Ley de Bases de Régimen Local, como ha dicho el señor Secretario de
Estado-- se manifiesta tan rápidamente en este caso, ya que eso no ha
ocurrido cuando se han producido otras consultas populares que,
evidentemente, no encajan en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen
Local. Me refiero, por ejemplo, a la celebrada en algún ayuntamiento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las 35 horas semanales de
trabajo. En ese caso no se produjo ninguna reacción, mientras que eso
ocurre rápidamente en el de Treviño, aunque, por otro lado, no tiene el
efecto de impedir, como es lógico, esa consulta sino el de presentar un
recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la decisión
adoptada por el ayuntamiento implicado en la consulta del día 8 de marzo.
Nos encontramos ante una cuestión eminentemente política. Y digo esto, a
pesar de que también hay que tener en cuenta todas las connotaciones
geográficas e históricas; las dificultades que tienen los ciudadanos del
Condado de Treviño para la percepción de servicios en buenas condiciones;
los problemas existentes en la red de carreteras --por ejemplo, en la
famosa «legua del Rey», para la cual parece que hay una dotación para
mejorar su trazado, ya que se han producido graves accidentes; el último,
muy grave, y en el que murieron varias personas, creo recordar que tuvo
lugar el día 4 ó 5 de enero de 1996--; los problemas para el acceso desde
el Condado de Treviño hacia la Comunidad de la Rioja, Peñacerrada,
etcétera; otros problemas de transporte; problemas en cuanto a la
ordenación territorial, toda vez que el Condado de Treviño se está
convirtiendo en una especie de ciudad-dormitorio; problemas de acceso a
la educación, que se deben a la lejanía, y también problemas
administrativos, en cuanto que los ciudadanos del Condado de Treviño
tienen que desplazarse muchos kilómetros para hacer cualquier gestión
oficial --ya que para ello hay que acudir a Burgos--, a pesar de que la
ciudad de Vitoria se encuentre a diez o quince kilómetros de distancia.
En todo caso, a pesar de todas estas dificultades, creo que el problema
de fondo consiste en el deseo manifestado por parte de los ciudadanos de
manera informal y --por decirlo de alguna manera-- «alegal» para que se
inicie este proceso. Y eso es un problema de voluntad política, de
respeto hacia el deseo democrático de esos ciudadanos, y de no querer
entorpecer dicho proceso.
Quiero recordar que a lo largo de la historia --y, desde luego, de la
historia reciente-- se han producido otro tipo de desagregaciones.
Concretamente, en la provincia de Burgos en estos momentos se está
celebrando a bombo y platillo el veinticinco aniversario de la unión de
San Quirce al municipio palentino de Alar del Rey. Y no ha pasado nada.
Pero en el caso de Treviño --y me estoy refiriendo al Condado de Treviño,
no al municipio; es decir, a Treviño municipio y a la Puebla de
Arganzón-- nos encontramos con una situación que creemos que también hay
que resolver por parte del Gobierno central, puesto que los Estatutos
dirán lo que digan, pero creo que en ningún caso pueden impedir que se
respete la voluntad manifestada por los ciudadanos y que esa
manifestación se plasme en un referéndum, previo informe --que no bloquee
la continuación de este proceso-- de las instituciones burgalesas y
castellano-leonesas.
Me gustaría incidir en gran medida en el carácter político de este
problema, y el debate monográfico que sobre este tema se ha producido
recientemente en las Cortes de Castilla y León deja muy patente dicho
carácter, así como que no se trata simplemente de un problema
administrativo, es decir, de mejora de la calidad de vida de estos
ciudadanos, de acercamiento de los servicios, y de mejora de la
colaboración entre las instituciones que pueden prestarles
dichos servicios. Insisto, pues, en que hay un problema político. En este
sentido, absolutamente todas las resoluciones presentadas por todos los
grupos políticos y todas las manifestaciones que se han planteado a lo
largo del debate mantenido en las Cortes de Castilla y León vienen
reiterando el carácter político de esta cuestión.
Por esa razón, parece importante conocer si el Gobierno va a iniciar o a
coadyuvar de alguna manera que la voluntad de los ciudadanos, que es una
cuestión puramente democrática, pueda manifestarse y no quede, como ya ha
ocurrido, cortada en su inicio como consecuencia del bloqueo que se puede
realizar directamente con los informes de las instituciones competentes,
de acuerdo con el Estatuto de Castilla y León, para que se produzca ese
referéndum, momento en que los ciudadanos de Treviño puedan manifestarse
sobre esta cuestión.
Por tanto, señor Secretario de Estado, yo le agradecería que, en ese
respeto a las conclusiones de la Ponencia a que ha hecho referencia así
como a la moción aprobada el 24 de marzo por el Congreso de los Diputados
--en ambos casos se está insistiendo en que debe respetarse la voluntad
democráticamente expresada por los ciudadanos--, yo le agradecería,
repito, que nos precisara cuál va a ser desde este momento la trayectoria
del Gobierno o qué acciones va a emprender para coadyuvar a que ese
consenso pueda producirse, para que al final los ciudadanos de Treviño
puedan expresarse libre y democráticamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió sigue
atentamente el debate, pero no nos vamos a pronunciar hasta que haya
soluciones más concretas en las que poder participar más en profundidad
referidas al tema que se debate en la comparecencia de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Secretario de Estado, buenos días. Doy por reproducidos
muchos de los argumentos que tuvimos ocasión de exponer en una y otra
Cámara en relación con este asunto de Treviño, y, por tanto, voy a
intentar concentrar mi intervención, esperando que el señor Secretario de
Estado tenga aquí la misma «auctoritas» que esperábamos de quien estaba
formalmente convocado, porque sí quiero entrar un poco a fondo en esta
cuestión para hacerle, al menos, alguna consideración y alguna propuesta.
Ya dijimos en el debate parlamentario que aquí hay una cuestión de
oposición. A veces hay un sentido no unívoco de los conceptos. Por una
parte, la señora interpelante, la Senadora De Boneta nos explica --y tuvo
ocasión también de hacerlo en el pleno-- que hay una voluntad de los
treviñeses; a continuación añade que hay un deseo de los treviñeses. Me
parece que intentar ponernos de acuerdo aquí sobre el alcance de ambos
conceptos es, para empezar, algo que clarifica nuestros posibles pasos en
común.
Yo puedo entender perfectamente --y creo que a eso tendremos que dar
respuesta-- que exista un deseo de los ciudadanos treviñeses para buscar
soluciones racionales, funcionales, seguramente inspiradas en las
técnicas que llevaron a Javier de Burgos, en contra de los criterios
tradicionalistas, historicistas, a establecer un mapa de provincias con
sentido racional, de inspiración francesa, que ha servicio de base para
la construcción del Estado de las Autonomías, porque el Estado de las
Autonomías no se ha fundamentado en conceptos históricos, lingüísticos,
de homogeneidades, sino que se ha fundamentado en la iniciativa de los
ayuntamientos de las provincias, o sencillamente en las vías de acceso
que ya en la época de la República confirieron «status» autonómico a un
conjunto de provincias que se configuraron como Comunidades Autónomas,
con conciencia de sí mismas y con instituciones. De tal manera que en ese
sentido debemos de ser bastante concretos: voluntad política no entendida
como sujeto político; es decir, no podríamos otorgar ni aceptar otorgar a
un conjunto de ciudadanos que viven en una provincia o en un municipio
una capacidad que fuera a transgredir más allá de lo que está previsto en
la propia legislación, y al final, sea lo que sea lo que digan los
estatutos de autonomía --y debemos respetarlos íntegramente--, son estas
Cortes Generales las que --en varias ocasiones ya lo han hecho--,
mediante ley orgánica, modifican los límites provinciales. (El señor
Vicepresidente, Colsa Bueno, ocupa la Presidencia.)
Ahí podemos entender perfectamente que se pida funcionalidad. ¿Que es un
poco paradójico que exista un enclave de una provincia en el seno de
otra? Sí, es evidentemente paradójico; existe el enclave de Orduña, que
es de otra provincia, dentro de la Comunidad vasca; existe el enclave de
Trucíos. Precisamente en aquellos lugares en los que, efectivamente, la
obra homogeneizadora de Javier de Burgos y del Estado liberal encontró
unos límites, que ahora aceptamos, es donde se detuvo y, fuera cual fuera
el origen histórico del Condado, feudal o no, lo cierto es que aquel
territorio pasó a ser de régimen común, y no pudo integrarse en el
entorno porque éste no era de régimen común, sino de régimen foral.
Por tanto, distingamos entre el deseo de buscar unas soluciones
funcionales, racionales a los problemas que la situación de enclave crea
a los ciudadanos, y la voluntad política entendida ésta como una especie
de vis autodeterminante, porque efectivamente, como tuve ocasión de
exponerle al Ministro, en esto ninguno estaríamos de acuerdo.
Segunda cuestión. Tenemos que dar satisfacción, por tanto, a las
necesidades funcionales de estos ciudadanos, atendiendo a la legalidad y
cumpliéndola, pero alejando la discusión, en mi opinión, de cualquier
polémica sobre la
pertenencia. Yo tengo que decir --y lamento que no haya ningún
representante del Partido Nacionalista Vasco, porque se lo diría
exactamente igual y con la misma corrección-- que estas discusiones sobe
la pertenencia, que hemos tenido ocasión de leer en estas últimas horas,
a un pueblo o a otro, lo único que hacen es dificultar la solución
racional de los problemas. No se puede decir, ni aunque sea con el
pretexto de una campaña electoral, que el problema del País Vasco tendría
mejor solución si no hubiera habido emigración.
Por tanto, en este asunto de Treviño seamos igualmente racionales; es
decir, abandonemos el debate de la pertenencia y busquemos aproximaciones
desde el punto de vista de la funcionalidad, y desde luego respetando
--qué duda cabe, Senadora De Boneta, que éste es un asunto político-- lo
que nos hemos dado a nosotros mismos, es decir, las leyes, los estatutos
de autonomía y, por supuesto y por encima de todo, la Constitución, y
ésta establece claramente cómo se modifican los límites provinciales:
mediante una ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales.
Ahora bien, ¿que existe un problema? Qué duda cabe. ¿Podríamos llegar a
algún punto de conexión? Yo creo que sí, y tendríamos que hacer una
esfuerzo. ¿Podríamos pensar en establecer un proceso de etapas para ir
explorando soluciones, y al mismo tiempo ir enfriando el debate, es
decir, transformándolo en un debate de soluciones funcionales y no un
debate de pertenencias? Pues me atrevo a sugerir al Secretario de Estado
y al Gobierno que tengan en consideración alguna idea como la que me voy
a permitir ofrecerles a continuación, para concluir, y lo digo en mi
condición de Senador por esa provincia de Burgos, pero tal vez por otras
consideraciones, como por ser la persona que afortunadamente hasta ahora
ha sido tenida en cuenta cuando se han definido las posiciones de los
grupos socialistas en relación con esta materia.
Yo propondría que en el período de tiempo que va desde ahora hasta las
elecciones previstas para la primavera de 1999, es decir, cuando en
Castilla y León y en el País Vasco estuvieran de nuevo establecidos, tras
las elecciones parlamentarias, los gobiernos correspondientes, se
pudieran explorar las posibilidades que el acuerdo de la Ponencia del
Senado nos ofrece a todos, con impulso, consultando a los representantes
locales de las dos corporaciones del Condado, teniendo en cuenta al
conjunto de asociaciones y de grupos que existen allí, es decir, explorar
esas posibilidades.
A partir del año 1999 creo que podríamos pensar en explorar otro
horizonte: el establecido por el artículo 145.2 de la Constitución, es
decir, qué posibilidades tendríamos de que la Comunidad vasca y la
Comunidad de Castilla y León pudieran suscribir un acuerdo de
cooperación, de colaboración, de los previstos en el artículo 145, de
aquellos que necesitan por tanto aprobación o autorización de estas
Cortes Generales, que tienen por lo tanto un calado y un sostén jurídico
muy potente, donde podríamos resolver
--habría que estudiarlo-- incluso hasta los problemas que ahora
mismo generan muchos inconvenientes, como son los problemas de
disfunciones en la tributación y en el sistema fiscal, explorar por lo
tanto las vías del artículo 145, así como suscribir si fuera posible un
convenio. Creo que el Gobierno de la nación tendría que hacer un esfuerzo
conjunto con las dos comunidades, pero especialmente con la de Castilla y
León. Castilla y León tiene un problema con sus límites que puede ser
responsabilidad del Gobierno autónomo --no vamos a entrar en eso en estos
momentos--, pero creo que hace falta que el Gobierno de la nación
colabore en la resolución de los problemas de los límites de esta
comunidad con la comunidad vasca y con otras comunidades.
Una vez aprobado ese convenio tendríamos que plantearnos un mecanismo de
prueba y error; darnos un plazo tras la aprobación del convenio, que nos
situaría en el año 2004 ó 2005, es decir antes de las elecciones
parlamentarias posteriores a las inmediatas, y hacernos la pregunta de
si, resueltos o no esos problemas, hay que plantearse otros
procedimientos.
En todo caso, si se estableciera una convergencia de cooperación entre
los dos gobiernos con el Gobierno de la nación y un acuerdo entre los
partidos políticos que estamos presentes en ambas comunidades --nosotros
hemos hecho un esfuerzo con nuestros compañeros socialistas vascos y lo
que estoy exponiendo cuenta también con su comprensión, porque lo hemos
hecho formalmente-- se podrían desactivar las falsas polémicas y el
discurso de las pertenencias, que es el discurso desde el otro lado del
espejo de la exclusión, y se podría llevar un cierto sosiego al conjunto
de los ciudadanos tanto de Alava y de Burgos como, especialmente, de los
dos municipios.
Desde luego, tenemos que hacer un gran esfuerzo de normalización
democrática. Yo tuve la oportunidad de decir que en estos asuntos, cuando
los partidos políticos tenemos problemas por las actitudes o por las
decisiones de nuestros concejales, debemos ser respetuosos. Yo lo pedí
cuando me tocó a mí y lo he pedido cuando le ha tocado al Partido
Popular, porque los alcaldes y concejales no son soldaditos ni
propiedades privadas de los partidos políticos, pero sí son personas a
las que se les debe atender y escuchar, y a los que también hay que
convencer, porque la política es un ejercicio de pedagogía.
De todas formas, señor Secretario de Estado, aun cuando podemos
reconocernos todos en la moción aprobada en el Congreso de los Diputados
tras una interpelación, creo que esto no hace más que establecer un punto
de partida. Sería conveniente que los grupos políticos nos sentáramos en
la mesa; que tras las elecciones vascas empezamos a estudiar la
posibilidad de potenciar lo que aparece en la Ponencia de enclaves del
Senado y que, tras las elecciones previstas para el verano de 1999 en
Castilla y León, ambos gobiernos, con el Gobiernos de la nación y con las
fuerzas políticas, estudiaran la posibilidad de un convenio como dice el
artículo 145. Deberíamos dejar rodar este convenio durante cuatro o cinco
años, exprimir todas sus posibilidades, extraer sus consecuencias y, tras
un período de prueba y error, sentarnos de nuevo para ver si es posible
cerrar definitivamente esta cuestión que tanto nos preocupa con un amplio
acuerdo, porque de otra manera no podrá hacerse.
El señor VICEPRESIDENTE (Colsa Bueno): Muchas gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el Senador Uriarte, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor URIARTE ZULUETA: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Secretario de Estado la forma de transmitirnos la postura del Gobierno en
esta materia, que creo que se puede resumir en dos puntos fundamentales.
El primero, la modestia de la intervención del Gobierno en este problema,
resaltada muy adecuadamente por el Ministro de Administraciones Públicas
en su comparecencia ante la Comisión de Administraciones Públicas del
Congreso, el 11 de marzo de 1998. Las funciones que el Gobierno tiene
asignadas en este proceso de segregación y posterior agregación son dos:
convocar el referéndum cuando se cumplan los trámites necesarios para
ello y presentar un proyecto de ley orgánica cuando se cumplan los
trámites pertinentes para ello. Por tanto, primer punto: modestia de la
intervención del Gobierno en un problema tan delicado y tan sensible como
éste.
Segundo. Otro aspecto que me parece fundamental es el de la no
beligerancia del Gobierno. Hay dos opciones político-administrativas: una
la permanencia de Treviño y la Puebla de Arganzón en Burgos, por lo tanto
en Castilla y León, y otra su anexión al País Vasco. Las dos posturas son
perfectamente legítimas, las dos están reguladas y son posibles con
arreglo a lo establecido en los dos estatutos de autonomía y el Gobierno
no debe interferir a favor o en contra de ninguna de estas dos posturas.
Lo digo en mi doble condición de portavoz del Partido Popular en esta
Comisión y de Senador por Alava, porque no creo que exista alguien en
Alava que no desee la incorporación del Condado de Treviño, si sus
habitantes lo desean. Yo, desde luego, no conozco a nadie y mucho menos a
nadie que sea contrario a esa incorporación en el Partido Popular de
Alava, pero naturalmente con dos condiciones: primera, que los treviñeses
lo deseen y lo manifiesten en un referéndum legal, no en un simulacro de
referéndum, nulo de pleno derecho, como el que se celebró el 8 de marzo,
y, segunda, que ese procedimiento se tramite con estricto cumplimiento de
todos los trámites estatutarios, como está dicho en la moción aprobada
por el Pleno del Congreso, el 24 de marzo de 1998, por asentimiento y,
por tanto, con la conformidad de todos los grupos parlamentarios.
¿Por qué los alaveses deseamos, si es posible, la incorporación a Alava
del Condado de Treviño? Porque realmente, señor Presidente, no hay
ninguna diferencia entre Treviño y la provincia de Alava. Ni Alava ni
Treviño son territorios uniformes. En la mayor parte de Treviño se ha
hablado el euskera como se ha hablado en la mayor parte de las comarcas
alavesas que lo rodean, y ha desaparecido, tanto en Treviño como en
Alava, aproximadamente en los siglos XVII o XVIII, pero ha quedado una
huella clarísima en la toponimia. La mayor parte de los pueblos del
Condado de Treviño llevan nombres vascos: Urquiano, Arrieta, Imiruri,
Obécurri, etcétera. Se dan circunstancias curiosas, me van a permitir
citar una: los dos pueblos se repiten a uno y otro lado del límite. Hay
un pueblecito en Alava que se llama Ascarza, formado por unas pocas
casas, pero que tienen cierto valor histórico, aunque no sea más que
porque allí fue donde el famoso Príncipe de Gales, el Príncipe Negro,
armó caballero a don Pedro I el Cruel. Allí hay un pequeño monumento que
lo recuerda. Pues bien, unos kilómetros más allá, en el Condado de
Treviño, hay otro pueblo que se llama exactamente igual: Ascarza.
Con esto me estoy refiriendo a los orígenes históricos y remotos, pero
¿cuál es la situación actual? Sobre la situación actual voy a indicarles
dos datos que me parecen fundamentales: El Condado limita, a lo largo de
la mayor parte de su extensión, con el término municipal de Vitoria; pero
no solamente limita con él, sino que llega a 8 kilómetros del centro de
la ciudad de Vitoria. Cuando pequeñas poblaciones rurales están a 8
kilómetros de una población de 230.000 habitantes es forzoso que el grado
de integración sea bastante intenso.
Voy a citar también dos casos, a dos efectos muy diferentes pero muy
significativos: Uno, a efectos eclesiásticos: Treviño depende de Alava,
es diócesis de Vitoria; otro, a efectos de la Guardia Civil: la Guardia
Civil del Condado de Treviño depende de la Comandancia de Vitoria.
Otro dato anecdótico, pero que me parece muy significativo, es que hay
dos ayuntamientos en el Condado de Treviño. Pues bien, el alcalde de uno
de esos ayuntamientos vive en Vitoria y trabaja en Treviño, y el otro
vive en Treviño y trabaja en Vitoria. Esto no quiere decir que sus
posturas sean coincidentes, que no lo son, pero indica un grado de
proximidad verdaderamente importante.
Se me podrá decir: ¿Por qué el Condado de Treviño no forma parte de la
provincia de Alava? La verdad es que en este momento no podemos decir por
qué. En el año 1200, Alava, y dentro de ella Treviño, como Guipúzcoa o
como Durango, pasan al Reino de Castilla. Fue una incorporación
voluntaria, los únicos que nos defendimos heroicamente contra la invasión
castellana fuimos los vitorianos, pero al final nos tuvimos que rendir a
las tropas del Rey de Castilla que mandaba, curiosamente --y me van a
permitir que lo diga-- el Señor de Vizcaya. A partir de ese momento y
después de una serie de vicisitudes, a principios del siglo XV, cuando ya
el Señorío de Vizcaya y Guipúzcoa tenían una personalidad clara --Alava
no; Alava era un conjunto de municipios de la zona de allende Ebro, del
Reino de Castilla, sin personalidad propia--, se forma una hermandad con
fines de autodefensa, una institución muy común en el Reino de Castilla.
El primer intento se hace en 1417. Se somete a la aprobación del Rey de
Castilla, Juan II, y éste la aprueba. ¿Quiénes son los promotores de ese
primer intento de constituir una hermandad de Alava? Pues son Vitoria,
Salvatierra y Treviño. Lo que pasa es que esa hermandad no llegó a
existir y, por tanto, Treviño no llegó a formar parte de ella. Cuarenta
años después, en 1458, se forma otra hermandad muy parecida a la anterior
que es el germen y el origen de la actual provincia de Alava. Entonces se
produce una diferencia. Ya Treviño, que había sido uno de los promotores
de la hermandad anterior, no promueve ni se incorpora a la hermandad de
1458 que aprueba Enrique IV de Castilla y que, repito, a través de una
ampliación de competencias, etcétera, es el origen claro de la actual
provincia de Alava.
A lo largo de los siglos siguientes hay un intento que fracasa en el
siglo XVII --al que ya se ha aludido aquí-- de incorporación clara del
Condado de Treviño a Alava al que se opone el Ayuntamiento de Salvatierra
por razones de celos territoriales. Con esto llegamos a un momento clave,
en 1833, el de la creación de la división provincial de Javier de Burgos.
Javier de Burgos asignó Treviño a la provincia de Burgos no porque
existieran semejanzas sino porque era un territorio no exento y, por lo
tanto, lo anexionó a la provincia de régimen común más próxima, que era
la de Burgos. Había otro territorio en circunstancias muy parecidas, el
Condado de Oñate --que estaba en el centro de Guipúzcoa-- pero como era
muy difícil unirlo a Burgos o a Logroño se incorporó a Guipúzcoa, con lo
que el problema quedó resuelto; mientras que en Treviño, por razón de esa
proximidad a Alava, no quedó resuelto y todavía estamos discutiendo sobre
ese tema.
¿Cuál es el resumen de todo esto? Después de resaltar las enormes
semejanzas y relaciones entre Alava y el Condado de Treviño hay que decir
otra cosa que también es rigurosamente cierta: Treviño, en su actual
configuración nunca ha formado parte de Alava, mientras que ha formado
parte de la provincia de Burgos durante 150 años. Creo que esto es una
realidad que deja una huella y que, por lo tanto, no tenemos más remedio
que respetar.
Creo que en este tema hay que respetar dos asuntos indisolublemente
unidos: por una parte, hay que tener en cuenta la voluntad de los
habitantes y, en segundo lugar, el cumplimiento estricto de todos los
trámites estatutarios, como con tanto acierto está recogido en la moción
del Congreso de 24 de marzo de 1998. Pero, insisto, la voluntad de los
habitantes se tiene que manifestar en un referéndum legítimo, no en una
ficción de referéndum y lo que todavía es mucho más ilegítimo es utilizar
un referéndum radicalmente nulo para prácticamente ningunear, dejar de
cumplir y menospreciar y descalificar el resto de los trámites
estatutarios.
Las normas que regulan la segregación del Condado de Treviño y su
incorporación a Alava son las que son y, siendo las que son, no se podrán
realizar nunca sin llegar al acuerdo, a la convicción de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y eso no lo vamos a conseguir amenazando ni
de ninguna otra forma. Hay que convencer a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de que con la incorporación de Treviño a Alava no pierde
nada en el terreno material ni en el moral y que, además, no va a
representar en absoluto ninguna humillación; pero, esto que parece tan
evidente y claro, no es así. El Diputado General de Alava, que es un
político habitualmente moderado y tranquilo, cuando llegó el informe
desfavorable de Castilla y León se permitió decir que sólo se le ocurría
tacharlo de arbitrario, tendencioso, impresentable y de auténtico
atropello. Palabras muy diplomáticas y propicias para establecer y abrir
cualquier tipo de negociación.
Se han producido circunstancias alarmantes, se está hablando ya de una
huelga de hambre, se ha hablado de una huelga fiscal, de cortes de
carretera, etcétera. Creo que ésta es una situación lamentable por varias
razones, fundamentalmente porque en aquella Comunidad Autónoma no estamos
sobrados de paz y serenidad y cualquier violencia o excitación a las
tensiones puede tener consecuencias que luego todos lamentemos; pero, en
un ámbito más restringido, porque creo que es la mejor forma de no
conseguir nunca, o por lo menos en el horizonte vital de esta generación,
la incorporación del Condado de Treviño a la provincia de Alava.
En ese sentido, a mí me llama extraordinariamente la atención la postura
de los partidos nacionalistas; los partidos nacionalistas tan
legítimamente celosos de sus competencias estatutarias valoran muy poco
las competencias estatutarias de los demás y quieren utilizar al Gobierno
como al primo de Zumosol para que asuste a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Creo que esto no es legítimo y que es la mejor forma
para no llegar a ninguna parte. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Por lo tanto, señor Secretario de Estado, quiero agradecerle sus palabras
y decirle que estamos convencidos de que la decisión del Gobierno es
legal, es profundamente correcta bajo todos los aspectos y que --aunque
ése es un tema que prácticamente sólo afecta a los miembros del PP en la
provincia de Alava o en la Comunidad Autónoma del País Vasco-- que la
política del Gobierno es la única forma para que, quizá no hoy ni mañana,
pero sí en un plazo razonable, podamos pensar en una posible unión o
reintegración del Condado de Treviño a la provincia de Alava.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Tiene la palabra el Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales, señor Fernández Díaz.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Presidente y muchas gracias a
todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, tanto por
el contenido de sus intervenciones como por el tono de las mismas.
En primer lugar, contestando a la Senadora De Boneta, quiero reiterarle
de manera expresa estas palabras que he dirigido en general a todos los
portavoces, para agradecerle el tono de su intervención y también por
haber aceptado mi comparecencia en nombre del Gobierno para informar de
la política del mismo en relación con esta cuestión --que es evidente,
por lo que hemos escuchado aquí y por lo que conocemos aunque no lo
hayamos escuchado aquí en estos momentos-- que suscita pasiones y que, no
voy a ser yo el que niegue lo que ha dicho la señora De Boneta, requiere
para su solución de voluntad política. Requiere mucha voluntad política,
mucho diálogo, mucho acuerdo, mucho consenso porque estamos hablando de
un tema que se remonta a siglos pretéritos y que ya no con ocasión de la
división territorial, provincial del Estado de Javier de Burgos en 1833,
cuando por razones que se han
mencionado aquí, el Condado de Treviño no se incorporó a la provincia de
Alava sino que siguió manteniéndose en el ámbito territorial de la
provincia de Burgos, sino que nos podríamos remontar incluso al año 1200.
Es un asunto que se hunde en la raíz de los tiempos y que tiene mucho que
ver con la historia de un país con tanta historia, con tantas tradiciones
como el nuestro, como España.
Quiero contestar alguna de las cuestiones concretas que, como valoración
política, ha dejado patentes en su intervención la Senadora De Boneta,
más allá de criterios de oportunidades o juicios de intención política.
Por ejemplo, la Senadora De Boneta ha preguntado por qué el Gobierno se
había pronunciado tan rápidamente en relación con la petición planteada
por el Ayuntamiento del Condado de Treviño. Petición que trae causa, como
su señoría sabe, en una sesión plenaria celebrada el 15 de enero y en
donde por unanimidad de los corporativos se adoptó la decisión que todos
conocemos de solicitar al Gobierno la celebración de una consulta
popular, al amparo de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
para que los habitantes del municipio de Condado de Treviño se
manifestaran en relación a si querían o no el referéndum para decidir la
desagregación del Condado de Treviño de la provincia de Burgos y su
incorporación a la provincia que coincide territorialmente en sus límites
con el territorio histórico de Alava.
No hay ninguna rapidez especial, Senadora De Boneta. La comunicación del
alcalde a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se produjo
con fecha 20 de enero; dicha comunicación tuvo entrada oficialmente en el
Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, el 30 de
enero y el acuerdo del Consejo de Ministros es de 20 de febrero, es
decir, se produjo tres semanas después de haber tenido entrada oficial la
petición de consulta popular.
Quiero manifestarle a su señoría que, como bien sabe y ésta es una de las
causas que llevaron a que el Gobierno después impugnará ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa ese acuerdo y el acuerdo del 5 de
febrero, esa consulta popular ya tenía fecha, la del 8 de marzo, con
independencia de que el Gobierno la hubiera autorizado o no.
Por tanto, teniendo en cuenta los trámites que van desde la adopción del
acuerdo por el Consejo de Ministros, la notificación al
Alcalde-Presidente de la corporación municipal del Ayuntamiento de
Condado de Treviño y que ya tenía fecha para la celebración el domingo 8
de marzo, la verdad es que no había mucho margen. El acuerdo del Consejo
de Ministros tiene lugar el 20 de febrero, tres semanas después de la
notificación del Alcalde; el 27 de febrero se le comunica, a través del
Delegado del Gobierno en Castilla y León, al Alcalde de Condado de
Treviño, y el domingo de la semana siguiente se tenía que celebrar el
referéndum, la consulta popular. Lo que quiere decir que se hizo en el
último viernes, fecha habitual de celebración de los Consejos de
Ministros, en el que la prudencia lo hacía posible; si lo hubiéramos
dilatado una semana más, la notificación al Alcalde del acuerdo del
Consejo de Ministros denegatorio de la petición formulada de consulta
popular hubiera sido posterior al 8 de marzo y, por tanto, el citado
acuerdo del Consejo de Ministros no hubiera tenido ni validez política ni
jurídica.
Le digo esto para tranquilizar a su señoría y ponerle de manifiesto que
no ha habido ninguna rapidez en relación con otras consultas populares,
aunque en este caso el acuerdo del Ayuntamiento dejaba en una relativa
indefensión al Consejo de Ministros, en la medida en que no disponía del
plazo de tres meses que establece la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para contestar, puesto que la fecha de notificación del acuerdo a la
Secretaría General de Presidencia del Gobierno fue el 30 de enero y la
fecha adoptada de celebración de la consulta fue un mes y una semana más
tarde. Por tanto, esos plazos tan perentorios y sumarios son los que
condicionaron la actuación del Consejo de Ministros y no al revés. Por
eso no cabe comparación con cualquier otro plazo de adopción de acuerdos
de Consejo de Ministros relativos a autorización o no de petición de
celebración de consultas populares, máxime cuando en este caso ya tenía
fecha fijada el referéndum, cosa que no suele ser habitual en otras
peticiones de estas características porque, como es lógico, los
Ayuntamientos supeditan la fecha y demás condiciones de esas consultas
populares al hecho de que se dé respuesta a la petición formulada. En
todo caso, no tiene ningún sentido que se plantee esa petición.
Insisto en que sí que estoy de acuerdo en que hace falta, como dice la
Senadora De Boneta, mucha voluntad política, mucho diálogo, mucha
negociación y consenso para resolver este asunto, asunto que no ha sido
posible resolver hasta ahora con la Constitución de 1978, pero tampoco en
épocas pretéritas, porque como usted sabe, peticiones de estas
características no son consustanciales con nuestro actual sistema
político democrático, con la existencia de una Constitución que organiza
territorialmente el Estado fundamentalmente, aunque no sólo, en
Comunidades Autónomas, sino que cuando España no era un país democrático
y estaba fuertemente centralizado se produjeron peticiones de estas
características con posterioridad a la división provincial de 1833,
establecida por Javier de Burgos. Hay razones muy profundas que hacen que
la solución no sea fácil, porque si no, obviamente, esa solución ya
habría llegado.
Cuando hablamos de diálogo, de voluntad política, de consenso y de
negociación hemos de tener muy presente quiénes son los actores
fundamentales de ese diálogo, de esa negociación, de ese consenso y de
ese acuerdo, y a estos efectos hemos de reconocer que ahora tenemos un
patrimonio político común muy importante como son las conclusiones a las
que llegó la ponencia sobre enclaves, constituida en la Comisión General
de Comunidades Autónomas de esta Cámara y la Resolución, a la que antes
aludía, aprobada el 24 de marzo por asentimiento de todos los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Ahí se significan
claramente quiénes son las instituciones llamadas a tener el protagonismo
del diálogo, del consenso, de la negociación y del acuerdo, y son las
instituciones implicadas y los ciudadanos de los municipios de
Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón. Sin ningún género de duda,
las instituciones implicadas son: la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, la Comunidad Autónoma del País Vasco y también, por supuesto, la
Diputación Provincial de Burgos como corporación local representativa del
ente local territorial provincial, al que administrativamente pertenece
el enclave de Treviño, y la Diputación Foral de Alava, territorio
histórico de Alava, que es el otro territorio en el que se incardina
geográficamente el enclave de Treviño. Según el Senado y el Congreso de
los Diputados éstas son las instituciones implicadas y, por tanto, son
las llamadas a tener ese diálogo y ese acuerdo.
Usted me pregunta que qué va a hacer el Gobierno para coadyuvar a que esa
negociación y ese acuerdo tenga lugar. Creo que en este caso el Gobierno
ha de ser enormemente prudente. Quizás, como ha dicho el Senador Uriarte,
lo más conveniente es que el Gobierno sea, y permítanme que use la
expresión que ha utilizado el Senador Uriarte, especialmente modesto y
que no pretenda suplantar a las instituciones que están llamadas a tener
el protagonismo de este proceso, que repito que son la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, la del País Vasco, la Diputación Foral de Alava, la
Diputación Provincial de Burgos y, por supuesto, los Ayuntamientos de
Condado de Treviño y de La Puebla de Arganzón. Insisto en que éstas son
las instituciones llamadas a tener ese protagonismo. El Gobierno no
pretende ningún protagonismo en este proceso entre otras cosas porque
entiende que si pretendiera tener protagonismo político lo tendría a
costa de las instituciones que legítimamente están llamadas a asumir ese
protagonismo y esa responsabilidad. Lo que el Gobierno tampoco va a
hacer, obviamente, es pecar por omisión o por inacción política. Se le ha
criticado que no haya autorizado esa consulta popular, pero es que la ley
obliga a que el Gobierno autorice o no una determinada consulta popular,
y, como antes he dicho, el Gobierno cumple la ley. Si cumplir la ley le
lleva a no autorizar la consulta popular, evidentemente no la autoriza;
si hubiesen concurrido todos los requisitos establecidos por la ley, el
Gobierno hubiera asumido su responsabilidad y autorizado esa consulta
popular. En todo caso, la modestia de la actuación institucional del
Gobierno la ha recogido también el Senador Uriarte, pero yo diría que ni
siquiera es necesaria, o por lo menos en uno de los dos supuestos. Sí que
es necesaria en cuanto a la celebración del referéndum, que no es
disponible, y lo exige tanto el Estatuto de Autonomía de Castilla y León
como el del País Vasco, siempre y cuando se hayan cubierto las fases o
requisitos que con sustantividad propia han de preceder a la celebración
de ese referéndum; de acuerdo con la Constitución, el Gobierno debe
convocar dicho referéndum. Pero, por ejemplo, no sería necesario
presentar una iniciativa legislativa para que, en su caso y en su día y
después de haber cumplido todas esas fases, se aprobara por las Cortes
Generales una ley que alterara los límites provinciales, porque podría
hacerse a través de una proposición de ley que presentaran los grupos
parlamentarios como expresión del consenso político al que se hubiera
llegado.
Por tanto, la única iniciativa política e institucional en la que el
Gobierno tiene un protagonismo del que no puede hacer dejación es en la
autorización del referéndum previsto en los estatutos; ha de hacerlo en
el momento procesal y político en que proceda y una vez cumplidos los
trámites previos recogidos en uno y otro Estatuto: en el apartado 3 de la
transitoria séptima de Castilla y León y en el artículo 8º del Estatuto
del País Vasco.
A esos efectos conviene recordar, porque no es baladí que haya pasado
eso, que por medio hay una sentencia del Tribunal Constitucional que
delimita claramente las responsabilidades de cada uno y determina cuál es
el territorio político en el que se debe mover cada una de las
instituciones implicadas. En el año 1983 el Gobierno Vasco y el
Parlamento Vasco interpretaron, y creo que razonablemente, que en base a
su Estatuto podían regular totalmente el procedimiento de desagregación
de la provincia de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León, del
enclave de Treviño, así como su anexión al territorio histórico de Alava,
Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso lo interpretaron en su momento el
Gobierno y el Parlamento Vasco y presentaron recurso de
inconstitucionalidad contra el apartado 3 de la disposición transitoria
séptima del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La sentencia
99/1986, de 11 de julio, determinó claramente la constitucionalidad de
esta disposición contenida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León
y, en definitiva, vino a decir que es absolutamente imprescindible que se
pongan de acuerdo las dos Comunidades Autónomas para que tenga solución
pacífica el contencioso del enclave de Treviño.
Eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 1986, y el Gobierno
sigue pensando que precisamente en el marco de la Comisión
Interinstitucional, creada al amparo de las conclusiones a las que llegó
la Ponencia sobre Enclaves de la Comisión General de Comunidades
Autónomas de esta Cámara, tenemos el ámbito político e institucional más
adecuado para que las dos Comunidades Autónomas, las dos Diputaciones, la
Provincial de Burgos y la Foral de Alava y, por supuesto, con la
participación, muy importante a estos efectos, de los ayuntamientos
implicados, La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño, puedan llegar a
una solución satisfactoria.
Esa es la posición del Gobierno, que será la de felicitarse porque el
diálogo interinstitucional en el seno de esa Comisión sea satisfactorio
para las instituciones implicadas y, por supuesto, para los habitantes o
los ciudadanos de Condado de Treviño, que no pueden ser perjudicados a la
hora de la prestación de los servicios públicos de los que son titulares
y a los que tienen derecho en igualdad de condiciones con el resto de los
ciudadanos españoles, con ocasión de un conflicto como el que hoy nos
ocupa aquí.
A estos efectos, me parece importante la referencia y la iniciativa que
han manifestado aquí el Senador Laborda que, obviamente, conoce muy bien
la problemática que nos ocupa. El Senador Laborda ha aludido a la
necesidad de aparcar, de alejar el debate sobre la pertenencia y abrir el
debate sobre las soluciones funcionales. A mí me parece una iniciativa
que, políticamente, es digna de ser tenida en
cuenta. Incluso ha comentado las diversas etapas que, a partir de este
momento, podían protagonizar el proceso para llegar a la solución
satisfactoria en relación con el enclave de Treviño. En concreto, ha
señalado una primera etapa, que podría alcanzar desde este momento hasta
la fecha de la celebración de las próximas elecciones municipales, que
van a coincidir con elecciones autonómicas en 13 Comunidades Autónomas en
España y, asimismo, con las elecciones europeas, y según la reforma de la
LOREG, adoptada por esta Cámara recientemente, esa fecha va a ser el 13
de junio del año que viene, y es en esta etapa en la que el Senador
Laborda ha aludido a la conveniencia de que se explorara el acuerdo del
Senado, que yo interpreto que significa profundizar en el seno de la
Comisión Interinstitucional en la búsqueda de esas soluciones a las que
el acuerdo del Senado hacía referencia. Una segunda etapa, que sería
posterior a la fecha de celebración de esas elecciones, pasaría por la
formalización de convenios, acuerdos de cooperación, de los previstos en
el artículo 145.2 de la Constitución Española. Una tercera etapa vendría
unos años después de la celebración de la suscripción de ese convenio,
que nos podría llevar hasta los años 2004 ó 2005, donde, siguiendo por el
procedimiento de prueba-error, viéramos la virtualidad o los beneficios
derivados de ese convenio, y, de esa manera, desactivando el discurso de
la pertenencia y explorando el discurso de la funcionalidad, ir avanzando
en la normalización democrática y en la búsqueda de soluciones políticas,
basadas en el diálogo y en el consenso.
Si no lo he interpretado mal, ésta era la iniciativa del Senador Laborda.
En nombre del Gobierno lo que tengo que decir es que cuantas iniciativas
políticas vayan en la línea, insisto, de encontrar una solución
negociada, consensuada y acordada, al Gobierno le parecen bien. Por
supuesto, ya he dicho que hay un patrimonio político que a todos nos
agrupa en estos momentos: las conclusiones de la ponencia del Senado y la
moción aprobada por asentimiento en el Congreso de los Diputados. Todo lo
que sea movernos en el ámbito de esas resoluciones o acuerdos
parlamentarios será bueno.
En cuanto a la iniciativa del Senador Laborda, desde luego al Gobierno le
merece el mayor de los respetos. A nuestro juicio, sería bueno que la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y las Diputaciones Foral de Alava y Provincial de Burgos, junto con
los ayuntamientos directamente afectados, La Puebla de Arganzón y Condado
de Treviño, tomaran en consideración esta iniciativa política, que es la
expresión de la voluntad política de desarrollar esos acuerdos
parlamentarios.
Repito que, tal y como ha señalado el Senador Laborda, conviene recordar
que ese convenio no lo debe suscribir el Gobierno de la nación. Ese
convenio, que es de los previstos en el artículo 145.2 de la
Constitución, es entre Comunidades Autónomas. En todo caso, ha de
aprobarlo las Cortes Generales, y esta Cámara está llamada a tener un
protagonismo especial en cuanto a la autorización de esos convenios. Si
en la Constitución está ese artículo 145.2 es por algo; si hay voluntad
política de avanzar en la celebración de un convenio de esas
características, bienvenido sea, pero repito que no es un convenio que
deba impulsar ni formalizar el Gobierno; es un convenio que deben
impulsar, formalizar y materializar, en su caso, las instituciones
implicadas, como dice la resolución aprobada por el Congreso de los
Diputados, cuya voluntad política debe respetarse, e insisto en que entre
las mismas no se incluye al Gobierno de la nación. No es institución
implicada el Gobierno de la nación; las instituciones implicadas son las
que son, y el Gobierno, con toda modestia, lo que pretende es dejar el
protagonismo a los actores naturales de este proceso, que son las
instituciones implicadas, reiteradamente referidas.
Por último, el Senador Uriarte, como Senador alavés, evidentemente es
partidario de que se produzca esa anexión al territorio histórico de
Alava, pero siempre y cuando, lógicamente, se respeten estricta y
escrupulosamente los trámites contenidos en los dos Estatutos de
Autonomía, el de Castilla y León y el del País Vasco, tal y como ha
recogido la Sentencia 99/1986 del Tribunal Constitucional.
Efectivamente, si se quiere calificar la posición del Gobierno de
modesta, se puede calificar así. En todo caso, yo diría que es una
posición política basada en la prudencia y el respeto al protagonismo que
les corresponde a las instituciones implicadas, entre las que no está,
insisto, el Gobierno de la nación, que en este caso lo que haría sería
celebrar muy mucho que la Comisión Interinstitucional, creada de acuerdo
con las conclusiones a las que llegó la ponencia senatorial --que ha
tenido ya tres reuniones: la primera, constitutiva, el 10 de enero de
1997 en Burgos, una segunda reunión, celebrada el 29 de abril de 1997 en
Vitoria, y la tercera y más reciente, el 27 de octubre del pasado año en
Valladolid-- fuera el ámbito político e institucional que permitiera una
solución satisfactoria para todos y, de manera muy especial, por
supuesto, aunque no sólo, para los ciudadanos del enclave de Treviño que,
evidentemente, son los grandes perjudicados en este proceso; proceso que
lleva ya muchos siglos de historia y que hemos de contribuir entre todos
a que, cuando menos, en el siglo XXI pueda tener una feliz y
satisfactoria solución, evidentemente, desde el más escrupuloso respeto a
la voluntad de los ciudadanos treviñeses, desde el más escrupuloso
respeto al contenido de los Estatutos de Castilla y León y del País Vasco
y, por supuesto, al acuerdo al que se haya llegado desde el diálogo,
desde el consenso y desde la convicción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Vamos a conceder otro turno, pero me gustaría advertir que, como la
siguiente comparecencia ya está aquí presente, debemos procurar ser lo
más breves que sus señorías sean capaces.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Secretario de Estado.
Intentaré ser breve, porque realmente hemos hablado mucho y hemos dado
muy pocos contenidos. Tengo la sensación de que estamos entre un debate
retórico y un debate surrealista, y voy a decir el porqué; porque cuando
hablamos de la voluntad de los ciudadanos, en este caso de Treviño,
cuando hablamos de referéndum y de que se cumplan todos los trámites lo
que hay que decir es que aquí lo que está pasando es que los trámites no
se pueden cumplir, porque se bloquea la posibilidad de esa perfecta
digresión o juego de palabras que ha realizado el Senador portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista al hablar de voluntad y deseo, de modo que
los ciudadanos de Treviño parece que pueden manifestar su deseo, no de
desagregarse o agregarse, sino simplemente de que quieren decir lo que
quieren hacer, es decir, de poder manifestarse democráticamente, de
llegar al referéndum --ése es su deseo--, y ni siquiera les permiten
poner los medios para que ese deseo, más la determinación o la
disposición a poner los medios para cumplirlo, se convierta en una
voluntad política que llegue a hacer verdad ese dicho popular de que
«querer es poder». Pues en el caso de los ciudadanos de Treviño quieren
decir y manifestarse, pero no pueden llegar a manifestarse.
Por eso hablaba de un debate hasta cierto punto surrealista, y más
surrealista aun cuando los mismos partidos que desde luego se muestran,
como nos mostramos todos, respetuosos con la legalidad, en Alava
propugnan o son partidarios de la frase «Treviño Araba da» --en este caso
me estoy refiriendo al Partido Popular, también al Partido Socialista en
cierto modo, pero al menos da algunas soluciones-- y, en cambio, están
utilizando como planteamiento más o menos electoralista o de moneda de
cambio el asunto territorial de Treviño cuando asistimos a debates en las
Cortes de Castilla y León.
Para terminar diré que creo que las soluciones funcionales pueden servir.
En este caso también agradezco al Senador Laborda que haya dado al menos
una especie de solución, aunque no, desde luego, acorde con el deseo de
esta Senadora y del Partido que representa, Eusko Alkartasuna, que cree
que se tienen que liberar o desbloquear las trabas para que los
ciudadanos se manifiesten, pero, al menos, como digo, ha dado una
solución por etapas por la que es posible que en un tiempo bastante
lejano --por cierto, estamos hablando ya del 2004 ó 2005-- a lo mejor dé
algún resultado.
Pero lo que no se puede entender es que todos nos manifestemos
partidarios de que los ciudadanos de Treviño puedan expresar su voluntad,
sobre todo de que vamos a respetar su voluntad, y ni siquiera les dejemos
que la expresen.
Por esa razón creo que el Gobierno, sin salirse de ese papel modesto que
le asigna, en este caso, la ley, puede y debe coadyuvar a llevar adelante
un proceso que simplemente permita que los ciudadanos se manifiesten. No
estamos prejuzgando en qué sentido, y no estamos hablando tampoco de
planteamientos de pertenencia o de vis autodeterminista, a la que creo
que se ha referido el Senador Laborda. Simplemente estamos diciendo que
pueden hacer realidad su deseo de poder manifestarse.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Laborda.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a intentar impulsar algunas de las ideas que se han
puesto encima de la mesa aquí.
Senadora Boneta, yo creo que no nos podemos quejar de este debate, ni
creo que hayan sido afortunadas algunas quejas que se han producido en
relación con el muy equilibrado punto de vista expresado por las Cortes
de Castilla y León en relación con esta cuestión. Creo que hemos
analizado y expuesto todos los conceptos.
Lo que yo creo es que en nombre de la racionalidad no tiene sentido pedir
que Treviño sea Alava, cosa que podríamos entenderlo quienes tenemos
todavía alma girondina, y, luego, en nombre de la historia quejarse de
que la emigración ha cambiado la configuración de la sociedad vasca. A mí
me parece que estas cosas que se han dicho enturbian profundamente el
debate.
No hay bloqueo, sino que lo que hay es cumplimiento de la ley, y la ley
sirve para todos. Es decir --lo dije en la interpelación--, cuando el
líder de una formación política separatista, que quiere sacar a Alava de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, fue a Treviño el día de las
elecciones manifestó que lo estaban haciendo muy bien y que iban a tomar
nota para hacer después lo mismo en Alava. Y quienes estamos defendiendo
que se cumpla la legalidad y que lleguemos a entendimientos, porque aquí
no vamos a poner fronteras cuando no las hay porque son ciudadanos,
queremos que se nos entienda lo que queremos decir.
Señor Secretario de Estado, para terminar le diré --se lo dije también a
su Ministro--: el Gobierno no es un mero administrador; el Gobierno
dirige, y esta cuestión necesita algo más de compromiso del Gobierno.
Bien sé que un convenio elaborado con arreglo al artículo 145 o cualquier
otra iniciativa les corresponde a las instituciones concernidas, las
Comunidades Autónomas, etcétera, pero no nos engañemos: ésta es una
democracia pluralista donde las mayorías se conforman a través de los
partidos políticos y donde quienes no tenemos responsabilidades de
gobierno, pero representamos a los ciudadanos y a nuestros partidos a la
vez, influimos en la toma de decisiones. Después de la intervención de mi
distinguido colega el Senador Uriarte, portavoz del Partido Popular, ésta
es una cuestión que nos preocupa un poquito, porque hemos escuchado
algunas cosas que, repito, nos preocupan un poquito.
No nos quedemos simplemente a verlas venir. ¿De qué habla el Presidente
del Gobierno con el Presidente del Gobierno vasco? Lógicamente tendrán
que hablar de estas cosas. Yo pido que hablen de estas cosas.
¿De qué habla el Presidente del Gobierno con el Presidente del Partido
Nacionalista Vasco, que no está en el Gobierno ni se presenta a las
elecciones? Hablan de estas cosas. Yo pido que hablen de estas cosas y de
otras más,
de las que venimos hablando y nos preocupan mucho más.
Una cosa es que haya buena voluntad, y otra es que tendré seguridad sobre
mis propuestas cuando, efectivamente, vea que alguien, además de decirme
que le parece bien --y se lo agradezco a la Senadora Boneta, al
Secretario de Estado, al Ministro y al Gobierno--, proponga que nos
sentemos alrededor de la mesa, de verdad, antes de que nos ocurra lo que
sucedió anteriormente, es decir, que el Gobierno se encontró con una
propuesta de un referéndum no previsto en las leyes --porque recuerdo que
el referéndum previsto en el Estatuto de Castilla y León es de
ratificación de la decisión-- y se encontró con un problema enojoso, que
lo es para todos los que estamos aquí y, desde luego, para todos los que
hemos intentado resolver esta cuestión buscando la racionalidad.
Desde luego, no hay duda alguna de que los treviñeses tienen derecho como
ciudadanos españoles a que se les resuelvan sus problemas, a que podamos
encontrar lo que hemos sido capaces de encontrar para otros problemas de
enclaves en estas Cortes Generales. Pero es evidente que con
pronunciamientos de esta naturaleza, con el debate de la pertenencia y
con algunas iniciativas, yo creo poco prudentes y poco meditadas,
incluida alguna de la que procede todo este debate, vamos a tener más
dificultades.
La conclusión es que yo pido al Gobierno y, por tanto, al Partido
Popular, que en esto no se limiten a ser meros administradores. Es decir,
nuestra oferta de cooperación, los límites de nuestra crítica no
significan que con esto estemos tan tranquilos viendo al Gobierno que
decide administrativamente y hace lo último que yo creo que en política
hay que hacer, que es irse al juzgado de guardia de lo
contencioso-administrativo para exponer allí los problemas que no hemos
sido capaces de resolver entre todos, y, lógicamente, le incumbe más al
Gobierno, porque tiene más responsabilidades intentar poner las bases
para resolverlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Laborda.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Uriarte tiene la palabra.
El señor URIARTE ZULUETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para clarificar un tema que me parece que es fundamental y que
habitualmente se maneja con una gran ligereza. Aquí no se ha producido
ningún bloqueo sobre el referéndum. Lo que se ha producido es un informe
desfavorable de la Junta de Castilla y León sobre la petición de
segregación de los municipios de La Puebla de Arganzón y de Condado de
Treviño. Ese acuerdo de la Junta de Castilla y León es discutible, como
todas las resoluciones, pero es una decisión que ha adoptado en una
materia de su competencia. Por tanto, merece absoluto respeto, incluso de
quienes no compartimos muchos de esos temas y de esas resoluciones
adoptadas.
El referéndum llegará cuando determinan los Estatutos de autonomía, es
decir, a lo largo de un procedimiento. No se puede votar ni decidir ni
afirmar que se está bloqueando o desbloqueando el referéndum. En este
momento no se está planteando el problema del referéndum. Se está en un
trámite previo, el del informe preceptivo y preceptivamente favorable
sobre la segregación. Insisto en que es una decisión discutible que
algunos no compartimos en absoluto, pero que es perfectamente legítima.
Quisiera decirle al Senador Laborda que, efectivamente, es conveniente
que en esta materia extrememos todos nuestra colaboración, pero son
varios los partidos interesados, y el ayuntamiento de La Puebla de
Arganzón, que no es un ayuntamiento del PNV ni es un ayuntamiento del PP,
no ha adoptado siempre esa actitud de prudencia a la que se refiere el
Senador Laborda; allí se han efectuado pintadas contra los partidarios de
la no segregación; se han negado a borrar las pintadas; ha tenido que
intervenir el Defensor de Castilla y León. Es decir, creo que todos los
partidos interesados en esta materia tenemos que extremar nuestra
delicadeza y nuestra prudencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Si no hay ninguna otra petición de intervención, tiene la palabra el
señor compareciente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque pueda parecer paradójico, sin ánimo --por lo menos lo quiero decir
así-- de reabrir debate con la Senadora Boneta, aunque como ha dicho que
estamos en un debate entre retórico y surrealista, a lo mejor encaja lo
que voy a decirle. ¿Qué quiero decir con eso? Que, ciertamente, no es que
esté bloqueada la posibilidad de que los ciudadanos treviñeses
manifiesten libremente en un referéndum cuál es su voluntad, si la de
seguir perteneciendo a la provincia de Burgos o la de pasar a pertenecer
a la provincia/territorio histórico, provincia en tanto división
territorial del Estado para el cumplimiento de sus fines o territorio
histórico desde la perspectiva de las instituciones forales y pasar a
depender de la Diputación Foral de Alava. Ese proceso no está bloqueado.
Lo que ocurre es que los derechos hay que ejercerlos de acuerdo con la
ley, lógicamente. Y, en este caso, la ley es el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León y el del País Vasco. Además, en la medida en que esas
leyes orgánicas tan cualificadas como los estatutos de autonomía pudieran
suscitar dudas de interpretación de constitucionalidad, el Tribunal
Constitucional lo ha aclarado.
Por tanto, es evidente que los treviñeses no podrán ejercer el derecho a
manifestar libremente cuál es su voluntad mientras no se hayan cumplido
otros trámites previos que, entre otros supuestos, significan que la
Comunidad Autónoma de Castilla y León manifieste su opinión en relación
con esa desagregación y que, asimismo, la Diputación Provincial de Burgos
diga cuál es su opinión al respecto. También
es absolutamente democrático que los legítimos representantes de la
provincia de Burgos y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
manifiesten, desde el punto de vista histórico, social, cultural y
económico, cuáles son los vínculos que tienen los treviñeses con esa
Comunidad Autónoma y con esa provincia, siendo así que históricamente --y
no voy a abrir yo ese debate-- parece que hay algunos vínculos. Todo
derecho tiene que ser ejercido de acuerdo con la ley. El derecho de los
treviñeses a manifestarse en referéndum para ver si quieren o no
desagregarse de la provincia de Burgos y agregarse a la provincia de
Alava puede y debe realizarse siempre y cuando se haga conforme a la ley
en los términos que ha interpretado esa ley, me estoy refiriendo a los
estatutos de autonomía, el Tribunal Constitucional.
Eso nos lleva inevitablemente a que haya un acuerdo político, pero el
acuerdo político tiene que ser eso, un acuerdo y no la imposición de la
voluntad de una de las partes sobre la otra. Tiene que haber un acuerdo
político. Tenemos el marco, que es la Comisión Interinstitucional donde
está la Junta de Castilla y León, donde está el Gobierno vasco, donde
están las dos diputaciones directamente afectadas y donde, sin duda, van
a estar los ayuntamientos. Por tanto, tenemos el marco. Y en el seno de
ese marco debe haber la voluntad política, con valentía, pero con
prudencia, de avanzar en la solución de un problema, la cual no se ha
encontrado durante muchos siglos, pero tampoco --permítame que se lo
diga-- nos debe preocupar en exceso que tarde algún año más en resolverse
si la solución que se da es satisfactoria para todos y aceptada por todas
las instituciones implicadas y por todos los ciudadanos treviñeses. Esta
es la posición del Gobierno. El Gobierno anima a las instituciones
implicadas a que avancen en la búsqueda de ese consenso en el seno de esa
institución que creó esta Cámara de representación territorial, el
Senado.
Por último, el Senador Laborda decía que el Presidente del Gobierno, el
Presidente del Gobierno vasco y el Lehendakari del Gobierno vasco tienen
que hablar de estas cosas. Yo no sé lo que el Lehendakari vasco y el
Presidente del Gobierno de la nación hablan o dejan de hablar en esas
conversaciones de alto nivel, o lo que habla el Presidente del PNV con el
Presidente del Gobierno. Yo no sé si han hablado de estas cuestiones. En
todo caso, le recuerdo que el Partido Socialista forma parte de un
gobierno de coalición en el País Vasco y, por tanto, tiene una
responsabilidad especial. Yo no dudo de que el Partido Socialista de
Euskadi no esté dispuesto a hacer dejación de esa responsabilidad, puesto
que forma parte de un gobierno de coalición en el Gobierno vasco. Por
tanto, tiene una especial responsabilidad, como la tienen de manera muy
especial el Vicelehendakari vasco y el Consejero de Presidencia de la
Junta de Castilla y León que presiden las respectivas representaciones en
el seno de esa Comisión Interinstitucional para que, de la misma forma
que han celebrado ya tres reuniones, celebren, en lo sucesivo, cuantas
sean precisas para llegar a un acuerdo.
El Senador Laborda ha hecho un avance de su posición política. Me parece
muy respetable. Me parece que debemos darle nuestro reconocimiento a
quien ha sido capaz de reflexionar y de plantear públicamente una
iniciativa perfectamente razonable. De acuerdo con el procedimiento que
ha planteado aquí el Senador Laborda o con cualquier otro que las
instituciones implicadas estimen insisto en decir que ojalá esa Comisión
esté en condiciones de llegar a una solución satisfactoria para todos que
el Gobierno, sin ningún género de dudas, bendecirá.
Por último, les diré que la manera de actuar es procurar que el clima sea
el más positivo, dado que la situación es enormemente delicada y
espinosa, por qué no lo vamos a decir. El Gobierno ha procurado con sus
actuaciones apaciguar los ánimos. El Gobierno podía haber enviado,
teóricamente, a la Guardia Civil para impedir que se hubiera celebrado el
referéndum. En el año 1980 se hizo y había un Gobierno democrático. Si un
ayuntamiento solicita permiso para celebrar una consulta popular, se le
deniega y, a pesar de todo, sigue adelante, se puede actuar con
compulsión sobre las personas. Eso está en las leyes y es absolutamente
democrático. Si un ayuntamiento pide al Gobierno que le autorice, de
acuerdo con la ley, una consulta popular y éste, de acuerdo con la ley,
no se la autoriza y, a pesar de todo, el ayuntamiento quiere celebrarla,
es lógico que el Gobierno la impida. Eso hubiera sido democrático. El
Gobierno entendió que hacerlo no era políticamente conveniente, que más
bien lo conveniente era apaciguar los ánimos. Digo esto para que se
reconozca que el Gobierno en la medida de sus posibilidades está echando
agua al vino o, por decirlo de otra manera, está procurando no encrespar
más los ánimos que bastante encrespados están en este tema,
lamentablemente.
La consulta popular se celebró. Y ¿qué hizo después el Gobierno? Lo que
el Gobierno hizo, pese a las dos posibilidades jurídicas que tenía, la de
interponer una impugnación en base al artículo 65.3 de la Ley Reguladora
de las bases de Régimen Local, es decir, por alteración o vulneración del
ordenamiento jurídico, o sobre la base del artículo 66, que era más
contundente, relativo a la vulneración de competencias del Estado, lo que
hizo fue impugnar por la vía suave, presentó una impugnación ante la
jurisdicción contencioso-administrativa por los acuerdos del Ayuntamiento
de Condado de Treviño del 15 de enero y del 5 de febrero.
Eso lo tenía que hacer el Gobierno, porque si el Gobierno cumple y ha de
hacer cumplir la ley, tenía que redondear o cerrar el proceso, es decir,
llevar a los tribunales esos acuerdos que sirvieron de base para que ese
Ayuntamiento tomara una decisión, a juicio del Gobierno, ilegal en la
medida en que no tenía la autorización que la ley exigía, la del Consejo
de Ministros.
Por tanto, el Gobierno ha actuado con prudencia precisamente para
intentar crear el clima de sosiego y de apaciguamiento, y no de debate
fundamentalista, necesario para llegar a una solución aceptable para
todos, para los ciudadanos, pero también --no lo olvidemos-- para las
instituciones implicadas.
Termino, señor Presidente, señorías. Me parece importante que nos leamos
bien no sólo las conclusiones de la ponencia creada en esta Cámara, que
son importantísimas,
sino también la segunda parte de la resolución aprobada por asentimiento
por el Congreso de los Diputados, en la medida en que fue el fruto de la
transacción de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios. La resolución del Congreso de los Diputados no sólo pone
el acento en el respeto necesariamente obligado a la voluntad de los
ciudadanos de los municipios de Condado de Treviño y de La Puebla de
Arganzón, sino también de las instituciones implicadas. Hay que respetar
--ha dicho el Congreso de los Diputados-- la voluntad política de la
Junta de Castilla y León, de la Diputación de Burgos y, por supuesto, de
la Diputación Foral de Alava y del Gobierno vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jorge Fernández.
Le agradecemos muy especialmente sus explicaciones. Esta Comisión quiere
dejar, por tanto, constancia de su testimonio.
Suspendemos la sesión medio minuto para hacer el cambio de
comparecientes. (Pausa.)
--COMPARECENCIA, A PETICION DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE PARA
INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA PUBLICA QUE PRESIDE
(713/000539).
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con el segundo punto
del orden del día: la comparecencia, a petición de don Juan Antonio
Arévalo Santiago, del Presidente de la Agencia Efe, don Miguel Angel
Gozalo Sainz, para que informe sobre el funcionamiento de la agencia
pública que preside.
Por tanto, damos la más cordial bienvenida a esta Comisión a don Miguel
Angel Gozalo, a la vez que le pedimos disculpas por el retraso existente,
lo que quizá se haya debido al apasionamiento con que se ha debatido el
punto anterior del orden del día. Por otro lado, ruego a los señores
Senadores la máxima celeridad --aunque ya sé que esto no es excesivamente
correcto--, dado que el compareciente tiene un compromiso ineludible a
las dos y cuarto de la tarde con el Presidente de la República de Brasil
en el Palacio Real, y no me gustaría que llegara tarde al mismo por
nuestra culpa.
Dicho esto, tiene la palabra el señor Gozalo.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Gozalo Sainz): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, estoy encantado de comparecer ante ustedes. Lamento la
necesidad de asistir a esa comida, pero, en cualquier caso, quiero que
quede claro, señor Presidente, que dedicaremos a este tema el tiempo que
haga falta, por ser más importante que cualquier otra cosa.
Para mí constituye una gran satisfacción comparecer en esta Comisión para
explicar algo tan amplio como es el funcionamiento de la Agencia Efe, en
un momento especialmente importante para la Agencia, ya que éste es el
primer día en el que comentamos --porque hoy nos ha llegado la referencia
oficial-- ese acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de la
Presidencia a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios
futuros y a efectuar la contratación de la prestación de servicios
informativos de interés público con la Agencia Efe.
Dicho acuerdo --sobre el cual el mismo viernes, después del Consejo de
Ministros, enviamos una breve nota al respecto que ustedes habrán visto
publicada en los periódicos--, consiste, en síntesis --como indica dicha
nota--, en que en los próximos cuatro años se nos van a dar 26.603
millones de pesetas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo
que supone el que por primera vez tengamos la posibilidad de planificar
de cara al futuro las actividades de la Agencia.
Como el funcionamiento de la Agencia ya es conocido, les ahorraré el
referirme al mismo. Sin embargo, me gustaría comentar algunas cosas. La
Agencia Efe, la cuarta agencia del mundo, está a punto de cumplir sesenta
años y es una institución del Estado que realiza una labor muy
importante. Y digo que realiza una labor muy importante porque eso es
algo reconocido de forma general. En este sentido, hay que decir que
tiene una gran presencia en Iberoamérica. Desde su fundación, en 1939, ha
intentado vertebrar la información en este país, sometiéndose, como es
natural, a las circunstancias del momento, que ahora, como he dicho, creo
que son excepcionalmente importantes para nosotros, puesto que nos
posibilitan redondear una tarea que no ha empezado ahora ni va a terminar
mañana, pero son circunstancias que suponen disponer de una herramienta
de enorme capacidad para una Agencia que, como digo, tiene un prestigio
reconocido en América, gran credibilidad en la vida española, y que
constituye uno de los instrumentos culturales e informativos más
poderosos de España en el extranjero.
Siempre que hablo de la Agencia Efe me refiero a sus varias etapas, en la
que han estado presentes mis predecesores, ya que realmente yo sólo llevo
dos años al frente, que precisamente se cumplen durante estos días. No
podemos olvidar que la Agencia arranca en 1939, y lo hace con una
filosofía que yo siempre recuerdo, porque me parece que define el
espíritu de la Casa. En un largo informe sobre la Agencia Efe, fechado en
1938, se decía lo siguiente: vaya por delante una afirmación previa. Lo
que en este escrito se propone no es un negocio. Puede serlo, debe
aspirar a serlo, pero la utilidad económica inmediata no es su finalidad
esencial. La vida de un pueblo lleno --como el español-- de vitalidad
creadora no está determinada solamente por fuerzas económicas, sino
también, y fundamentalmente, por fuerzas espirituales a las que aquéllas
se subordinan siempre. Las mismas relaciones comerciales de un país con
los demás no son sino la resultante de un prestigio moral elaborado por
la normalidad interior, por la eficacia y arraigo de sus instituciones
permanentes y por la virtualidad de una unidad interna.
Ese espíritu --naturalmente, adaptado a los tiempos-- se ha mantenido. La
Agencia Efe tiene que ser un negocio,
y para eso, los que tenemos la responsabilidad de gestionarla nos
esforzamos todos los días en que nuestra cuenta de resultados pueda
explicarse con toda transparencia, como así hacemos. Pero, como es
lógico, no podemos olvidar ese compromiso con la historia de España. Y
ese compromiso, como digo, ha pasado por varias etapas. Primero, pasó por
una etapa inicial, en la que la Agencia cumplió con el objetivo de ser
una agencia nacional cuando durante la Guerra Civil se marcharon de
España las agencias internacionales.
Hubo otra etapa posterior, a partir de 1966, en la que la Agencia da el
salto a América y en un tiempo relativamente corto --como hay datos sobre
ese período no voy a abrumarles con esa documentación-- se convierte en
la primera agencia en castellano en ese continente, donde el resto de las
agencias internacionales también operan en nuestro idioma, como es
natural.
Después, con la transición, la Agencia da otro salto y se expande por
todo el mundo. Y durante estos últimos años se ha producido una
consolidación que ha permitido la renovación a la que estamos asistiendo.
Pero dicha renovación tiene que sustentarse en unos presupuestos sólidos,
porque no podemos permitirnos competir en un mundo tan cambiante como el
que vivimos, en el que la información realmente vive una progresión
acelerada, sin las herramientas adecuadas.
Por tanto, para terminar esta primera exposición, me referiré a una serie
de datos. En 1996, cuando el equipo que ahora la dirige llega a la
Agencia, existía, desgraciadamente, un desfase tecnológico que nos
impedía competir y que mantenía nuestra organización interna con
carencias operativas importantes. Los sistemas de transmisión, la
informática de la gestión, las herramientas de edición en la redacción,
la velocidad de transmisión, la definición de nuestra información
gráfica, o la calidad de nuestro parque gráfico, por poner algunos
ejemplos, o no existía, o pertenecía a generaciones tecnológicas de al
menos seis años atrás, lo que, con la competencia en evolución constante
y la técnica avanzando imparablemente, resulta una eternidad.
Desde mi incorporación a la Presidencia la recuperación en ese terreno se
ha llevado a cabo sin interrupción, conscientes de que sólo una agencia
moderna y bien dotada tecnológicamente puede competir y mantener la
posición de privilegio de que actualmente disfruta entre las agencias de
noticias del mundo.
En estos dos años, y a título de ejemplo, se han hecho muchas cosas al
respecto. Por ejemplo, se ha multiplicado por cuatro la velocidad, tanto
de las noticias literarias como de las gráficas, lo que ha supuesto la
posibilidad de enviar más noticias y fotografías --estas últimas en color
y con mayor definición-- hacia los medios.
Se han sustituido los ordenadores que utiliza la redacción central para
su trabajo diario --más de 180-- por otros más modernos y potentes. Esta
actualización ha permitido la incorporación de un nuevo editor, lo que
abre un avance de prestaciones y posibilidades para la tarea de la
Agencia Efe nunca imaginadas y superiores a las que tienen otros medios.
Se ha desarrollado un nuevo «software» de recepción en clientes que
sustituye al existente desde hacía nueve años y que otorga al usuario
todas las posibilidades a la hora de configurar el perfil de la
información que desea.
Se han instalado en todas nuestras delegaciones y corresponsalías en
España nuevos transmisores de telefotografía digitales que garantizan una
mayor fiabilidad y velocidad y una muy alta calidad.
Se ha iniciado la digitalización e informatización del archivo gráfico de
la Agencia Efe, formado por cerca de doce millones de fotografías, y que,
desde 1989, recoge la reciente historia de España, lo que permitirá un
acceso automatizado al mismo desde cualquier punto del mundo. Previendo
este hecho inminente, se han digitalizado y almacenado más de 90.000
imágenes durante este último año.
Se han incorporado y están en pleno uso seis unidades portátiles INMARSAT
para la transmisión de noticias de todo tipo desde zonas conflictivas,
que son las más modernas y potentes del mercado en los momentos actuales.
Se ha renovado casi al completo el anticuado parque de cámaras
fotográficas de que se disponía en la Agencia, incorporándose las
primeras de tipo digital, lo que va a permitir que Efe esté, desde el
principio, en el nacimiento de la nueva tecnología que marcará esta
actividad a partir de ahora. En concreto, la presencia de Efe en el
próximo Mundial de Fútbol será cubierta con equipo digital.
Se está finalizando el proceso de implantación de un modernísimo sistema
informático que hará posible una moderna gestión de nuestros recursos
humanos, así como la generación y el control de los presupuestos anuales,
herramientas ambas de las que sorprendentemente carecía la Agencia Efe y
que hace tiempo son utilizadas por las empresas del nivel de la nuestra.
Para ello se han actualizado 240 ordenadores personales de
características tan antiguas que no podían soportar aplicaciones de este
nivel.
Se está finalizando la renovación y la actualización de la red local que
soporta la gestión en Efe, multiplicando por diez su capacidad, lo que
redundará en una apreciable mejora de la competitividad y en un mayor
aprovechamiento del tiempo de trabajo. En conjunto, no hemos tenido más
remedio que actualizar en estos dos años casi mil ordenadores personales,
entre fijos y portátiles, que pertenecían a generaciones tecnológicas
hace tiempo superadas y que debieron haberse renovado mucho antes.
Creo necesario también referirme a la actuación que en estos dos años
hemos tenido en la adecuación de nuestras delegaciones, muchas de las
cuales se encontraban en un estado lamentable. En España, y por la
imposibilidad material de continuar trabajando en algunas de ellas, se
puso en marcha un plan de actualización de las mismas, de forma que se
han inaugurado --o está a punto de hacerse durante esta etapa-- nuevas
instalaciones en Bilbao, Santiago de Compostela, Granada, Santander,
Toledo y Palma de Mallorca. Se han abierto nuevas delegaciones en
Alicante y Melilla, y se han acometido obras de mejora y
acondicionamiento en Las Palmas de Gran Canaria, todo ello acompañado de
un plan de renovación técnica en el conjunto de todas nuestras
delegaciones nacionales.
En el área internacional se han inaugurado nuevas oficinas en Montevideo
y en Panamá, y se han renovado las de Roma, Caracas y Santiago de Chile,
actualizándose técnicamente las de El Cairo, Río de Janeiro, Roma,
Lisboa, La Paz, Santo Domingo, Washington y Jerusalén.
Un aspecto que quisiera abordar, ya para terminar, es el relativo a los
resultados de la actividad comercial en estos momentos. Las acciones
concretas para propiciar una mayor actividad en este área y una mejor
atención a nuestros clientes llevadas a cabo durante el año pasado, y en
las que no me entretengo, cuyos resultados sobre las consecuencias de
dichas medidas acaban de entregárseme hoy mismo, indican que si
comparamos los resultados del primer cuatrimestre de este año con los del
año pasado se está produciendo una importante mejora de los mismos. La
nueva contratación ha aumentado, como media entre todos los servicios, un
14 por ciento, y producto del notable seguimiento y atención a nuestros
clientes, las bajas de abonados, inevitables en cualquier negocio como el
nuestro, han sido notablemente inferiores a las de un año antes, con casi
un 40 por ciento de diferencia.
Esto es lo que hemos hecho en estos dos años, que no quiere tener ningún
tono de presunción ni autobombo, sino que sencillamente es una realidad.
Ahora, para seguir esta carrera, para que Efe, que fue hace 30 años
pionera en América, pueda seguir en esa misma línea, hemos pedido estos
nuevos presupuestos y hemos pedido a nuestro principal accionista,
Patrimonio del Estado, un contrato --que está en elaboración-- para, con
cargo a una ampliación de capital, poder desarrollar la tarea como
agencia de noticias de televisión, poder desarrollar Internet, y, sobre
todo, poder llevar también la fotografía a América. Esos son los retos
inmediatos, y yo, con mucho gusto, explicaré lo que ustedes quieran en
torno a esto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Angel Gozalo.
En nombre del grupo parlamentario proponente de la comparecencia, tiene
la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente de la Agencia Efe, yo le agradezco su
explicación que naturalmente no cubre, ni mucho menos, las pretensiones
que tenía cuando he solicitado su comparecencia. Quiero empezar por los
acontecimientos más recientes. Hace unos días se ha elaborado un
manifiesto en defensa de la Agencia Efe que dice, entre otras cosas: el
deterioro e incertidumbre crecientes que atraviesa la Agencia informativa
Efe, la empresa pública española que desde hace años es la primera
agencia internacional de noticias de la comunidad hispanohablante y una
de las principales del mundo, obligan a la representación legal de sus
trabajadores y a los demás firmantes de este manifiesto a alertar a la
sociedad y a los poderes democráticos para que tomen conciencia de su
grave situación. Deploramos las censuras y manipulaciones del trabajo de
los periodistas de la Agencia Efe por parte de un equipo directivo cuyo
único afán parece ser prestar un torpe servicio partidista. Consideramos
que la Agencia Efe sólo debería ser noticia por sus muchas y buenas
informaciones, y no por habérsele creado problemas internos, como la
presunta regulación de empleo que preparan sus gestores. Este manifiesto
ha sido firmado por numerosas personas, algunos de los aquí presentes lo
hemos firmado, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que los
trabajadores de la Agencia Efe que firmaron este manifiesto han sido
amenazados, han sido seriamente advertidos para que retiren sus firmas
porque se considera que ese manifiesto es una agresión.
Esto lo han planteado así los directivos de la Agencia Efe, y con estas
advertencias y con esta forma de actuar se demuestran dos cosas: primero,
el deterioro y la incertidumbre en que se encuentra la Agencia Efe;
segundo, de qué manera los directivos de la Agencia se manifiestan e
impiden que lo que es un derecho normal en esta sociedad sea evitado, sea
roto por quienes tienen la obligación de proteger ese derecho.
Hay una preocupación indudable en la Agencia Efe, que es el plan de
empresa, ya que, según la contestación a una pregunta que formuló en el
Congreso de los Diputados doña María Amparo Valcarce, se decía por parte
del Gobierno que este plan de empresa está condicionado por el cierre de
las principales variables para un período que va de 1998 al año 2003; no
prevé plantear en la negociación colectiva una propuesta de disminución
ni un incremento superior al autorizado por el Gobierno para las empresas
públicas deficitarias, y todo el apartado de pluses extraconvenio está
pendiente de la reorganización de la plantilla.
Pues bien, lo que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de la
pasada semana ya no es de 1998 al 2003, sino de 1998 al 2001, es decir,
cuatro años en lugar de los seis que estaban en principio previstos.
De la misma manera no se nos ha explicado, pero seguramente se nos
explicará a lo largo de esta comparecencia, qué hay de las
prejubilaciones obligatorias; hasta dónde puede llegar la inseguridad
laboral, y cómo, con casi 1.200 personas de plantilla, el convenio de
1996 fue congelado. Al mismo tiempo, se han repartido pluses sin
convenio, hay una multa de la Inspección y se está obstaculizando la
negociación colectiva. Le recuerdo que cuando ha habido intención por
parte del Comité de Empresa de entrevistarse con el presidente de la
Agencia Efe, el Presidente ha contestado: no tengo nada que discutir en
estos momentos con el Comité Intercentros, y, en cualquier caso, no creo
que haya que aclarar nada sobre la política informativa. Pues yo creo que
sí, señor Presidente, sí que hay que aclarar con el Comité Intercentros
sobre la política informativa; es su obligación hacerlo y estas
contestaciones son signo evidente de cuál es la actuación y el
comportamiento de la Dirección de la Agencia Efe.
Antes hablaba usted de la mejora de la situación en los presupuestos. Yo
le tengo que recordar algunas cosas. Hasta ahora contaban con la
aportación de Telemadrid, que suponía nada menos que el 63 por ciento
--el 37 por ciento es lo que representaban los ingresos de la Agencia--,
y en adelante, ya no van a disfrutar de ella, porque esa planta
que utilizaba Telemadrid no está ocupada y en estos momentos está
inservible. Si se hubiera llegado a contratar con Sogecable, como se
pretendía, a estas alturas el contrato hubiera supuesto unos ingresos de
1.500 millones de pesetas, con lo que se hubieran beneficiado no sólo la
Agencia Efe, sino también la información en general.
Le recuerdo también que las pérdidas en la Agencia Efe están, en este
momento, multiplicadas aproximadamente por tres respecto a las pérdidas
que había hace dos años, de tal manera que es difícil presentar un
panorama bucólico respecto a la situación actual y la esperanza futura de
la Agencia, cuando la realidad es la contraria.
Le recuerdo también que en los dos últimos años se ha reducido en los
Presupuestos Generales del Estado la cantidad que se dedicaba a la
Agencia Efe. Le pregunto: ¿Cuántos despidos están previstos? Porque esto
llevará a lo otro y es preciso que usted aproveche esta oportunidad para
decir sinceramente cuántos son los despidos que están previstos.
Los comunicados y las denuncias del Comité Intercentros han sido
continuos. Además, en algunos de ellos se hacían denuncias tan graves
como el incumplimiento del acuerdo que desconvocó la huelga que estaba
prevista el año pasado, 1997. Esa huelga se desconvocó precisamente
porque se llegó a un acuerdo que después ha sido incumplido por la
dirección. Esta falta de formalidad no tiene ninguna razón de ser y
ustedes se han quedado impasibles ante ella, como si no tuviera
importancia. Los comunicados son numerosos --no voy a hacer referencia a
ellos en atención a la celeridad que queremos imprimir a esta
comparecencia-- y todos ellos son denuncias graves o muy graves de
contrataciones inapropiadas, inoportunas e injustas, que han venido
siendo presentadas como si fuera la cosa más normal del mundo.
La Agencia Efe, señor Presidente, se ha transformado en estos últimos
años no sé si en la segunda o en la primera oficina de prensa del Partido
Popular. Durante años la calidad, la objetividad y la celeridad eran
reconocidas por todos los abonados. Perdida la objetividad y la
celeridad, la Agencia Efe ha despreciado la calidad.
Los ejemplos de objetividad son muchísimos. Incluso me puedo referir a
alguno de los últimos que han sucedido aquí mismo, en el Senado, muy
recientemente. El día 6 de mayo, en el Pleno, salió una información que
se titulaba: Alcaldes de Las Hurdes critican en el Senado la imagen
sesgada que dio Televisión Española. Salió otra que decía. El PSOE
protesta porque «Informe Semanal» dedicó dos minutos a la visita de los
Reyes. Naturalmente, ninguna de estas noticias fueron después pasadas a
los abonados. Estos son unos ejemplos recientes, pero hay cientos de
ellos.
No le digo nada si nos referimos a las modificaciones que se producen en
el camino respecto de las noticias que se emiten. Si esto fuera un curso
de ética periodística, fíjense lo que pasaría si vemos una noticia de
Bilbao que dice: El PNV denuncia manipulación en Televisión Española y
extrañas informaciones en ABC, y lo que sale es: El PNV no se pronuncia
sobre la entrevista Arzalluz-HB. O esta otra: España, conspiración --dice
la noticia de Madrid--; cintas grabadas comprometen al Vicepresidente en
supuesto complot. Esta sabe usted que no es que se modificara el título,
es que no salió nada.
Recordemos también cómo se retrasan las noticias. Recuerde usted que las
declaraciones de Luis María Anson sobre la conspiración fueron
transmitidas por la Agencia Efe con 48 horas de retraso.
Las modificaciones que se producen en los distintos trabajos
profesionales son continuas, de tal manera que en nada se parecen a lo
que ha sido emitido por el profesional encargado de hacerlo. Nos podía
haber explicado usted cómo se tramita y elabora actualmente una noticia
dentro de la Agencia Efe, cómo, saliendo del profesional, a continuación
pasa por una serie de tamices, de filtros y al final la noticia no se
parece en nada a la que ha sido emitida por el profesional. Hay varios
filtros: el redactor o la redactora jefe, el subdirector, el director de
información, etcétera, que son utilizados como censura y como
manipulación. Profesionalmente no es tolerable que esto se pueda hacer y,
sin embargo, se viene haciendo así desde hace dos años. Yo le reto a una
comparación: Cojamos las noticias de los años anteriores y las actuales,
hagamos la comparación y veamos cuál es el tratamiento que se daba y el
que se da a unas y a otras. Hagamos esa prueba. Le solicito que la
hagamos para que veamos con toda exactitud qué es lo que está pasando
ahora con las noticias que lanza la Agencia Efe. Esto lleva a
continuación a una autocensura de los profesionales, que dicen:
¡Cuidado!, esto me lo van a modificar, me lo van a recortar, y entonces
se autocensuran. Sabemos que esto pasa en cualquier medio que tenga todos
estos filtros y sabemos también que dentro de la Agencia existe un
ambiente extraordinariamente desagradable en los momentos actuales, que
no existía antes y que existe ahora.
Se está perdiendo el prestigio de la Agencia Efe y se están perdiendo los
clientes. Díganos, señor Presidente: ¿Cuántos clientes llevan perdidos?
¿Cuántos de los que eran abonados a las noticias de la Agencia Efe se
están perdiendo en el camino como consecuencia de lo que está sucediendo?
¿Quieren destruir el patrimonio más importante que tiene España en la
comunicación pública? ¿Lo quieren destruir? La Agencia Efe ya no tiene
ninguna credibilidad, ha perdido el prestigio y estaría bien que nos
dijera con sinceridad qué es lo que quieren hacer con ella. No está tan
lejos el tiempo en el que el Premio Príncipe de Asturias fue concedido a
los excelentes profesionales de todas las ideologías que hay en la
Agencia Efe y que no se merecen el desprecio al que son sometidos. Los
muchos abonados que ha venido teniendo la Agencia Efe no se merecen el
mal servicio que se les presta y los ciudadanos no se merecen el
despilfarro del dinero y la malísima información que les llega de la
Agencia Efe.
Peligra la existencia de la Agencia y ustedes lo saben. Se recortan los
presupuestos. No sé si lo que se pretende es aprovechar el momento actual
en beneficio del Partido Popular, mientras esté en el Gobierno, para
dejar a continuación la Agencia Efe en condiciones agónicas y que muera
después en beneficio de otra agencia privada.
Sin duda, usted es consciente de esta situación porque la conoce. Usted
mismo, como ejecutor y colaborador de
las consignas del Gobierno, ha participado para llevarla a esta
situación.
¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le agradecería mucho que contestara con
sinceridad a estos interrogantes, a esta enorme preocupación sobre la
vida de un patrimonio público, medio de comunicación necesario, de gran
prestigio hasta ahora y que sufre una de las situaciones más caóticas que
uno se hubiera podido imaginar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arévalo.
¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias, señor Presidente.
Como el Presidente de la Agencia Efe, al parecer, tiene compromisos de
carácter internacional, no quisiera prolongar excesivamente las
peticiones de antecedentes. Además, va a tener que contestar a un
voluminoso pliego de cargos sobre la Agencia Efe, que funcionaba
maravillosamente hasta ahora pero que, al parecer, ha entrado en barrena
en los dos últimos años.
Quiero decirle que me preocupa mucho lo que ha dicho el Senador Arévalo
sobre la pérdida de la objetividad de la Agencia Efe, sobre todo en
relación con la teoría de la conspiración --tema que naturalmente nos
preocupa a todos muchísimo-- y sobre que la Agencia Efe haya prescindido
de los servicios de Sogecable, lo cual demuestra, evidentemente, la
sensibilidad del Senador interpelante en relación con esta Agencia.
Quisiera decirle dos cosas. Creo que estará en condiciones de
ratificarnos aquí que nadie pretende destruir la Agencia Efe. Ultimamente
estamos asistiendo a un verdadero huracán de la destrucción. Según nos
informó el señor Borrell, el Gobierno pretende destruir la Seguridad
Social y, según se nos acaba de informar aquí, pretende destruir la
Agencia Efe. Confío en que pueda tranquilizarnos y decirnos que no existe
esa destrucción.
Quisiera preguntarle sobre otras cuestiones. ¿Cuáles son las perspectivas
que para la modernización de la Agencia Efe ofrece el acuerdo último
adoptado en el Consejo de Ministros?, ¿cuál es la cuota de mercado de la
Agencia Efe en Iberoamérica?, ¿cuáles son las competencias a que se ve
sometida? y ¿cuáles son las perspectivas de la Agencia Efe en Sudamérica?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Tiene la palabra don Miguel Angel Gozalo.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA Efe (Gozalo Sainz): Como usted
comprenderá, Senador Arévalo, tengo que estar totalmente en desacuerdo
con usted porque si se quisiera destruir la Agencia Efe no creo que
hubiera Gobierno en el mundo que le destinase 26.000 millones de pesetas.
Vivimos este momento en el que se hace un plan a cuatro años y ahora le
explicaré lo de los dos años, que es un aspecto puramente técnico. Sería
mucho más sencillo no darnos dinero y que nos muriésemos, y no es ése el
sentimiento que yo tengo respecto a este gobierno y la Agencia Efe.
Entre usted y yo hay una diferencia que no podemos olvidar, usted es
político y yo no. Yo soy un profesional de la información y usted me
acaba de llamar ejecutor y colaborador de las consignas del Gobierno y no
lo puedo aceptar. Creo que soy una persona relativamente conocida en este
mundo profesional y aunque no tengo ninguna trascendencia, soy un
periodista. Quiero recordar aquí que fui subdirector del diario «Madrid»
cuando fue cerrado por el régimen anterior y fui procesado por el
Tribunal de Orden Público; después he estado en el periódico «ABC», en
Televisión Española en la época de apertura, en la Cadena Ser, en «Diario
16», he colaborado en Onda Cero y en la COPE y soy un periodista. Es
posible que usted, como alguna gente, piense que sabe dónde me aprieta el
zapato; a mí eso no me importa en absoluto, pero yo en mi trabajo en la
Agencia --y eso lo quiero dejar puesto de manifiesto-- no sigo consignas,
no soy ningún colaborador estricto de nada, soy sencillamente una persona
que hace su oficio lo mejor posible.
Como se dice en términos jurídicos en los pleitos, doy por reproducidos
los manifiestos, los comunicados del Comité Intercentros. Usted sólo ha
hablado con el Comité Intercentros; hable usted conmigo. Yo le aseguro
que lo que dice el Comité Intercentros --que es una pelea interna de la
Casa-- no tiene nada que ver con la realidad. El Comité Intercentros
habla de deterioro e incertidumbre y no hay ningún deterioro y se lo voy
a demostrar con cifras que le he traído a usted aquí, y aprovecho para
tranquilizar al Senador Uriarte ya que no hay ningún peligro. Efe en
Iberoamérica ha superado los impactos anteriores; sigue siendo la primera
Agencia en el mundo y en España igual, basta con que lea usted un
periódico de hoy. La Agencia Efe está presente en todos los periódicos
sin ninguna discusión. Nadie pone en cuestión esta Agencia.
Ahora voy a hablar de esos casos puntuales que usted me ha sacado. ¿Cree
usted que a una Agencia que hace un millón de noticias al año se le
pueden sacar tres noticias, de que Herri Batasuna no sé qué...? Yo creo
que eso es una utilización muy sesgada de la realidad por parte del
Comité, que es el que le ha facilitado a usted la documentación. Insisto
en que no hay deterioro ni incertidumbre, no hay censuras y no hay
manipulaciones. Eso lo tengo que decir.
Trabajadores amenazados. Usted ha sacado un comunicado que he visto esta
mañana --no lo había visto antes porque estaba en Asturias cuando salió--
y dice algo así como que es un manifiesto en defensa de la Agencia Efe.
También puede hacer un manifiesto en defensa de la biosfera. Yo firmo lo
que sea para defender a la Agencia Efe, pero el argumento de este
manifiesto, el deterioro e incertidumbre, no existen en absoluto, señor
Senador.
Como he demostrado, la Agencia Efe está mucho mejor que estaba y así se
lo hemos hecho saber al Comité Intercentros
que, por cierto, es un Comité que integran en su mayoría no los
sindicatos representativos de este país --ahí no están mayoritariamente
ni UGT ni Comisiones Obreras-- sino que es un Comité de candidatura
unitaria que tiene --si se me permite decir y no quiero molestar a
nadie-- muy malas costumbres heredadas del pasado y tiene unos hábitos
que no son los que se llevan ahora. Yo lo calificaría de anacrónico. Le
aseguro a usted que en cualquier otra empresa ese Comité tendría más
dificultades de las que tiene en Efe y se permiten cosas como el asunto
de los «chupetines», del cual no le han contado a usted nada. Los
«chupetines» era una práctica, viciada de origen, de utilización de las
libranzas de los festivos que se sumaban a las vacaciones sin haber
trabajado en festivo. Esa era una cuestión absolutamente surrealista que
cuando yo descubrí en época reciente lo comenté con los directivos de la
Casa. ¿Cómo se va a recortar ningún derecho de ningún trabajador? ¡Dios
nos libre! Yo también soy periodista, soy uno de ellos y yo podría estar
en el Comité, ¿por qué no? Mi trabajo es de gestión y, naturalmente,
tengo la obligación de gestionar la Casa de la mejor manera posible, pero
no tengo el menor deseo de perjudicar a mis compañeros periodistas. ¿Qué
sucede? Que hemos dicho que se aplique la ley. El Comité ha planteado
conflicto colectivo y lo ha perdido en los Tribunales. Le han dicho que
tenemos razón. A la vista de eso, la empresa y en todo esto que ahora le
comentaré del plan de empresa futuro y de las posibilidades de bajas
incentivadas --que no despidos-- y de jubilaciones anticipadas, hará la
reforma que hay que hacer en la Casa, la renovación de la Agencia Efe,
pero desde un momento absolutamente nada dramático, nada de deterioro ni
de incertidumbre y, por supuesto, sin ninguna amenaza para los
trabajadores.
Han hecho un manifiesto que se basa en falsedades en el sentido de que se
hacen censuras y manipulaciones por parte de un equipo directivo. ¿Cómo
no va a haber filtros? Esa Casa está dirigida, como supongo que está
dirigido el Senado. Yo he trabajado en muchos medios de comunicación,
pero ¿cree usted que el periodismo se hace a mano alzada? Eso no es así.
Naturalmente hay un redactor, un redactor-jefe, hay editores,
subdirectores, un director de información y hay un presidente.
Usted me ha citado tres noticias. Yo tenía esa documentación preparada
aunque no sabía de qué me iba a hablar usted porque no tengo el don de la
adivinación, como usted supondrá, pero sé lo que dice el comité de
empresa y suponía que el Comité Intercentros iba a venir con esta eterna
matraca de la manipulación. De miles de noticias, ha escogido usted una
relativa a una manifestación de HB. Naturalmente, como usted supondrá a
mí me preocupa la Agencia Efe muchísimo, tanto como a usted y como al
Comité Intercentros, más que a nadie o lo mismo que al que más y cuando
vi esas denuncias pregunté de qué trataban, qué era eso. Pedí al director
de información y al director de nacional que me contaran qué había
pasado. Era sobre una manifestación de HB que querían, naturalmente, que
se diera tal cual, efectuaba una presentación interesaba y la Agencia Efe
adoptó su propio criterio informativo, no el de HB. Lo que estaba en
juego era si Herri Batasuna realizaba la manifestación a los pocos días
del asesinato del concejal Miguel Angel Blanco o si acataba la
prohibición acordada por los tribunales. El acatamiento de la decisión
judicial era la noticia y no el anuncio de un recurso contra la medida,
lo que ni siquiera era noticia. Las noticias, señoría, las hacemos los
periodistas; ésa es nuestra profesión. ¿Por qué vamos a dar un comunicado
íntegro de HB?
Había otra sobre las cintas que comprometen al Vicepresidente; el Comité
de ONU sobre la tortura y las declaraciones de Luis María Anson que usted
ha citado. Usted sabe que es absolutamente falso que se retrasase 48
horas esa información. El diario «El País» las publicó en domingo y esa
revista sale el lunes. Nosotros no tuvimos el ejemplar de la revista
«Tiempo» hasta el lunes por la mañana, momento en que la difundimos.
Quisimos efectuar nuestro propio resumen y nuestra propia noticia y no
trabajar con el resumen efectuado por el diario «El País», puesto que la
Agencia Efe tiene su propio criterio, que no es necesariamente el mismo
que el de un periódico. Por principio el criterio es, salvo que resulte
imposible, trabajar con los documentos informativos originales.
Quiero aclararle al Senador, al Presidente y a todos ustedes que lamento
mi compromiso de hoy al mediodía, pero que estoy dispuesto a venir tantas
veces quieran; es más estaré muy gustoso de venir una vez que tengamos
todos los datos del futuro plan de empresa.
Entro a hablar del plan de empresa. Inicialmente iba a ser para seis
años, pero la práctica de los contrato-programa es de cuatro años, y así
nos lo hicieron saber. Como se decía antes, en relación con este asunto
ha habido una concurrencia de criterios y contraste de pareceres; nos
parece que cuatro años son suficientes, pero ya veremos después. Una vez
que sabemos que disponemos del dinero para los cuatro años y que se nos
ha concedido una posibilidad de planificación, por parte de la Dirección
General de Patrimonio habrá una ampliación de capital, que completará
esas cantidades que nos permitirán abordar eso que usted insinúa. Pero la
pregunta no debe ser cuántos despidos están previstos. En los estudios
iniciales que hicimos del plan de empresa está previsto aligerar un poco
la plantilla. Tenemos una plantilla sobredimensionada y la nueva
tecnología apunta a que se pueden hacer ciertas cosas con menos gente,
pero paradójicamente este Comité Intercentros que le informa a usted con
tanto detalle no le habrá comunicado que han protestado porque se ha
amortizado una plaza en Nueva York. En Nueva York hemos sustituido una
plaza de un empleado fijo de la empresa por dos colaboradores, lo que
supone más rendimiento y menos coste. Pues esto lo rechaza el comité de
empresa. Nosotros creemos que en la medida en que tenemos una plantilla
de cierta edad podemos proceder, y eso será lo que usted llama despidos,
a realizar las bajas incentivadas. No le puedo decir --y no es que no
quiera, estaría encantado de poder hacerlo-- en qué medida, porque
depende de la cuantía con la que nos movamos finalmente en las cifras
económicas. Nunca será una cantidad exagerada porque, como usted sabe,
tiene que hacerse dentro del marco de un plan laboral, y estamos
trabajando en ello con toda la atención
y con el máximo respeto y cariño a los trabajadores de la Casa.
Usted dirá que qué me pasa con el Comité Intercentros. A mí no me pasa
nada, yo les recibo encantados. Lo que ocurre es que ellos desean todo lo
que les apetece; es lo que he llamado antes, entre comillas y sin ánimo
de molestar, prácticas viciadas anteriores, y ahora toda su obsesión es
que el Presidente les reciba. Pero el Presidente tiene muchas cosas que
hacer y les recibe cuando procede, pero hay unos filtros previos para el
Comité de empresa. Yo les contesté con esa carta que a usted le han
facilitado, que medité y medí mucho, y les sigo diciendo que en este
momento no tengo nada que discutir sobre lo que me querían plantear.
Ellos querían plantear la política informativa, y yo en eso discrepo de
usted, señor Senador, porque la política informativa no tiene nada que
ver con un comité de empresa. El comité de empresa tendrá sus derechos y
podrá opinar en su momento, pero existe un convenio colectivo clarísimo y
esto no es una sociedad de redactores. Le he recordado mi biografía para
que vea que no soy nuevo en esto y que no me han sacado de una oficina de
prensa para que haga aquí un trabajo, además creo que estoy haciendo un
trabajo profesional. Me ha nombrado este Gobierno, y estoy muy orgulloso
y satisfecho de que me hayan dado este puesto y de lo que estoy haciendo.
He conocido la primera sociedad de redactores porque existió en el diario
«Madrid», donde yo trabajé; pero en este caso no hay sociedad de
redactores y, por tanto, el comité de empresa no nos tiene que controlar
las noticias. No se puede hacer el periodismo a mano alzada, pero lo que
ocurre es que ellos quieren hablar de la política informativa, y les dije
que la política informativa no tiene nada que ver. Y no les dije, y
hubiera podido decírselo, que esa permanente difusión de las realidades
de la Casa y de mentiras en torno a la Dirección está minando a la
Agencia Efe. Eso sí que es una política temeraria que, además, incurre en
contradicción y podría ser considerada falta grave según nuestro convenio
colectivo. Hay un artículo que expresamente dice que difundir documentos
internos de la Casa es falta grave, y el comité lo hace permanentemente y
se permite llegar a decirle eso de Sogecable que también le ha chocado al
Senador Uriarte. A mí también me chocó muchísimo en su momento, cuando se
fue Telemadrid, y ésa es la razón de nuestro déficit actual.
Con el señor Leguina como Presidente de la Comunidad, con el señor
sobrado Palomares como Presidente de la Agencia EFE y con don Felipe
González en la Moncloa, se hizo un convenio para que la Agencia EFE fuese
la sede de la Televisión Autonómica Madrileña. La Agencia EFE comenzó las
obras, compró el edificio de al lado, en Espronceda 34, que usted ahora
ha recordado que está infrautilizado, y se procedió a crear en ese
edificio un mini Prado del Rey, para entendernos. Costó mucho dinero, que
se compensaba con un alquiler módico, para lo que cuestan esas cosas, de
1.500 millones de pesetas al año. Ahora, mi responsabilidad me lleva a
decidir qué hacemos con ese instrumental y con ese personal que tenemos
ahí, pero no quiero atacar a mis predecesores porque creo --y usted, que
ha sido experto en el reglamento taurino, lo sabe-- que todo el mundo
torea el toro que sale a la plaza en cada momento. En aquel momento se
tuvo que torear ese toro y lo torearon así, pero el contrato que se hizo
con Telemadrid no era nada beneficioso para la Agencia EFE y nos dejó
--como se dice en el lenguaje coloquial-- colgados de la brocha cuando se
marchó Telemadrid. Decidió marcharse a la Ciudad de la Imagen y nos hemos
quedado con el personal y con poquísima reutilización de nuestro equipo.
Hemos tenido que reinventar lo de Agencia de noticias de televisión, que
es una necesidad de la Casa y para lo cual estamos pidiendo dinero a este
Gobierno, porque queremos darle salida a una vocación informativa como es
la de informar a través de la televisión. Pero desde las instalaciones de
Telemadrid se ha hecho con muchas dificultades, y eso es lo que ha
producido ese agujero en la cuenta de resultados. El déficit endémico de
la Agencia, para entendernos, era de 1.000 millones de pesetas, que se
iba supliendo con ampliaciones de capital; este año, con los 1.500
millones de Telemadrid más otros 500 de otra televisión que estaba
contratada, se pone en los 3.000 millones. Esas son nuestras cifras.
Nosotros estamos gestionándola con la máxima eficacia, que es como
entendemos que hay que hacerlo, y con transparencia porque no hay nada
que ocultar. Lo que sucede es que el contrato con Telemadrid no fue un
buen contrato para la Agencia, y ahora nos obliga a decidir qué hacemos
con esto. En el plan de empresa se contempla la posibilidad de ser no
sólo Agencia de noticias de televisión, que ya lo estamos siendo, sino de
alquilar esos locales, aunque no con Sogecable. ¡Ya me hubiera gustado!
Lo de Sogecable se lo inventaron algunas personas de la Casa, y no me
estoy inventando nada porque está en los comunicados. La historia
completa de la Agencia EFE --una historia que no es la correcta-- se
puede leer a través de los comunidados del Comité; en ellos se cuenta que
por razones políticas el actual Presidente no quería nada de Sogecable.
Yo me he entrevistado con esos señores y estoy esperando su respuesta,
pero en ningún momento han hecho una oferta que yo hubiera aceptado con
mucho gusto, como aceptaré cualquier oferta que me llegue para la
utilización de esas dependencias que, como le decía, están
infrautilizadas. No es un 63 por ciento, eso es un error del Comité, que
a veces no acierta. Aproximadamente en un presupuesto de 14 ó 15.000
millones, 1.500 millones es un diez por ciento, no un 63. Lo que sí
quiero decir es que el 63 por ciento es todo lo que nosotros somos
capaces de conseguir a base de negociar y de vender nuestra información,
que es nuestra actividad.
Respecto a la autocensura; para nada, no hay autocensura. ¿Cómo va a
haber autocensura? Los periodistas hacen su trabajo lo mejor que saben y
yo les estimulo a que lo hagan lo mejor posible. Lo que sucede es que la
Agencia está dirigida y, naturalmente, en ningún periódico pasa esto.
¿Usted cree que en algún periódico, un señor escribe, y eso sale al día
siguiente? Habrá alguien que lo mire y, si no, ya le digo --y no es por
presumir, si acaso de viejo-- que no lo he visto en ninguna parte, eso es
inaudito. En los periódicos hay un informador que trae la información y,
naturalmente, eso no es autocensura, sino una garantía de que las cosas
se hacen bien.
Usted habla de ambiente desagradable; en absoluto. El ambiente en la Casa
es estimulante; el viernes fue un día de enorme satisfacción porque la
gente comprendió las cosas, frente a los sombríos presagios de algunas
personas de la Casa, mínimas. ¿Cómo se va a querer hundir la Agencia?
¿Quién va a querer hundir la Agencia? ¡Es como si quisiéramos hundir el
Museo del Prado! ¡No cabe en cabeza humana! Nosotros estamos encantados y
existe un gran fervor en la mayor parte de los trabajadores, en los que
yo confío y con los que estoy muy a gusto.
Por otra parte, no se ha dado nadie de baja, ya le he dado las cifras. No
sé a qué clientes se refiere, usted dice que Telemadrid, pero estamos
negociando. Le voy a contar lo que sucede con el teletexto, que es muy
ilustrativo. El contrato de teletexto con Telemadrid, EFE-texto, está muy
bien. Cuando yo llegué a la Casa lo hacían 29 personas, hemos conseguido
rebajarlo hasta diez, porque 29 es demasiada gente para hacer este
trabajo, pero es muy difícil bajar de ahí porque, como ustedes saben, es
una información continuada, damos una información muy completa de la
Comunidad, damos aeropuertos, farmacias de guardia, todas las noticias
que van saliendo, y tener diez personas dedicadas a ello es lo mínimo.
Por este servicio Telemadrid no nos paga nada, es así de sorprendente,
era la propina. Yo siempre utilizo la imagen de los restaurantes; cuando
se va a cenar a un restaurante y le ofrecen a uno el pacharán, dicen:
esto por cuenta de la casa. Eso era lo que EFE ponía por cuenta de la
casa a un contrato de 1.500 millones de pesetas, pero, naturalmente, si
no hay contrato, sucede lo mismo que en un restaurante; nadie va a un
restaurante y dice: deme primero la copa que ya veremos si me quedo a
cenar. Pues no, yo les he dicho cordialmente que hagan el favor de
pagarme y estoy en esas negociaciones con los señores de Telemadrid. Yo
les digo: EFE-texto a mí me cuesta diez redactores y estamos encantados
de hacerlo, pero no podemos hacerlo gratis, porque esto no es una ONG; es
una empresa que tiene que ir a explicar al Senado, y va con mucho gusto,
cómo gestiona las cosas.
En ese sentido, podemos haber perdido algún cliente, no tengo la
relación, pero ya le he dicho que hemos subido enormemente y que en
América, por ejemplo, estamos subiendo muchísimo. Estamos haciendo
convenios con empresas extranjeras, como Bloomberg. Estamos intentando
llevar la fotografía a América, para lo cual acabo de celebrar una
reunión en Madrid con los directores de los principales periódicos
iberoamericanos, y a través de Internet quizá lo podamos hacer más
barato.
En fin, eso que ha dicho usted, textualmente, de que la Agencia EFE ya no
tiene ninguna credibilidad, que ha perdido el prestigio, perdóneme,
señoría, pero yo no lo puedo compartir, no es verdad. Sencillamente,
usted está mal informado, y tampoco peligra la Agencia EFE.
En contestación al señor Uriarte le diré que yo creo que usted debe estar
tranquilo. Nuestras perspectivas, por las que usted me preguntaba, son
excelentes. En Iberoamérica aspiramos no sólo a ir con los servicios
fotográficos, que no teníamos y que son muy costosos. Sólo hay tres
agencias de fotografía en América, AP, Reuter y France Press. Nosotros
somos la cuarta agencia, pero perdemos ese enorme ingrediente que es la
fotografía. Para que ustedes estén perfectamente informados me he
permitido traer unos gráficos donde se detallan los créditos de las
agencias internacionales en Iberoamérica al día de hoy y se ve la
evolución de la Agencia EFE y de las demás a lo largo del año. Yo le dejo
al señor Presidente la documentación, que incluye también la de los
periódicos españoles.
La presencia de la Agencia EFE sigue aumentando, no es concebible un
periódico sin nuestros servicios, y en Iberoamérica, en algunos casos, es
abrumadora. Tengo que decirles que hay países, por ejemplo, Bolivia,
donde hay periódicos que sólo están suscritos a la Agencia EFE. Ahí
actuamos también como Agencia nacional, que, quizá, sea algo que haya que
corregir porque no hace falta tener tanta presencia. Es como si aquí, en
Madrid, hubiera un periódico que sólo estuviera suscrito a la Agencia
France Press y no nos tuviera ni a nosotros, ni a la competencia.
En ese sentido, éste es mi resumen, dentro de las dificultades, que yo
acepto, de la pugna laboral, que es lógico que existan, y no quiero
transmitir, en modo alguno, la sensación de que nosotros estamos echando
un pulso permanente al comité. Al comité le hemos dicho que tiene que
moverse en su terreno y que compartimos sus preocupaciones por la
necesidad de hacer las cosas bien, pero ello tiene que hacerse desde la
lealtad y desde la colaboración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gozalo. (El señor Arévalo
Santiago pide la palabra.)
Señor Arévalo, le ruego la mayor brevedad. Tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente de la Agencia EFE, de su intervención se
deducen dos cosas: primero, está usted obsesionado con el Comité de
empresa y con el Comité Intercentros. Por algo debe ser, porque, si no,
no le molestaría a usted tanto. Y, segundo, España va bien, claro, la
Agencia EFE, también.
Pero hay que ser un poco más práctico y sincero. En primer lugar, no debe
usted obsesionarse con el Comité Intercentros, sino, de vez en cuando,
escucharle, no vaya a ser que tenga razón. En segundo lugar, la Agencia
EFE va mal; de sus propios datos se deduce que va mal. Dice usted que con
26.603 millones adicionales se demuestra cuál es el interés del Gobierno.
Pues no es así porque esa cifra existe, pero, naturalmente, hay que
descontar el IVA, el 16 por ciento, y después hay que ver cómo hay que
interpretarlo, porque los 5.725 millones de contrato de servicio con el
Estado para 1998 suponen un incremento de tan sólo el 2 por ciento
respecto a 1995 y 1996. No se modifican los Presupuestos Generales del
Estado, esto es hacia el futuro. O sea, estamos aquí ante una situación
real y de sus propios datos lo deducimos.
Yo no sé si usted tiene, o no, consignas. Lo que sí sé es que el
funcionamiento de la Agencia EFE es sencillamente una oficina de prensa
del Gobierno y del Partido Popular. Y no quiero sacarle más noticias
modificadas, sencillamente
le reto de nuevo: hágase la comparación entre lo que pasaba antes y lo
que pasa ahora. Además, le he dado algunos datos recentísimos del Senado,
de la semana pasada: cómo no han salido unas noticias que en otras
agencias y en muchos medios de comunicación sí han salido. Yo le reto a
que se haga la comparación: ¿qué es lo que pasaba antes y qué es lo que
pasa ahora?
Me gustaría que nos aclarase de una vez, si no va a haber despidos, ¿a
qué llama usted aligerar la plantilla? Si se puede cuantificar en algo,
si el susto que en estos momentos tienen los trabajadores de la Agencia
EFE deben seguir teniéndolo, o hay algún dato para que, al menos, se
pueda modificar o se pueda variar la plantilla.
Yo recibo información de todas partes, ahora la he recibido de usted, del
Presidente de la Agencia EFE; antes la he recibido de otros medios de los
que uno se sirve, porque, además, tienen la buena intención de hacer
llegar estas cosas a donde tienen que llegar, que es al Parlamento y
donde, además, se tienen que plantear las gestiones laborales que se
hagan en los comités correspondientes. Aquí se plantea y aquí es donde
comparece el Presidente, en este caso de la Agencia EFE, donde se le
pregunta y donde tiene que contestar.
En este momento la situación de la Agencia EFE es tan dramática como
usted mismo se ha encargado de subrayar queriendo decir lo contrario. Si
el contrato con Telemadrid, de 1.500 millones de pesetas, ya no existe y
no ha sido sustituido por otro, eso supone un déficit en la gestión y,
por tanto, una pérdida de muy difícil superación en un futuro inmediato.
Si la forma de emitir las noticias en este momento es la que es --y no me
refiero a que la noticia salga exactamente como la manda el redactor,
pero sí a cómo sale en los otros medios y a cómo salía antes en la
Agencia EFE--, es decir, si se cambian de arriba abajo, si se modifican
totalmente --no le leo ninguna más, pero tengo otras, le he expuesto ésas
por ser ejemplos muy conocidos, aunque le podría mostrar muchas más--, y
no sé si llegará el defecto al millón de noticias que emiten, pero le
aseguro que las que conocemos en esta Casa por los teletipos que
constantemente consultamos las vemos tergiversadas, modificadas,
manipuladas --subrayo la expresión: manipuladas-- y no responden a la
realidad de los hechos.
Esperaré a ver cuál es el teletipo que sale con motivo de su
comparecencia. A lo mejor, como estoy diciendo estas cosas, esta vez no
sale mal. Pero esperemos a que salga en esta misma semana con motivo del
Pleno. Las estamos viendo constantemente. Esto no hay más que probarlo.
No hay que hacer ningún tipo de elucubraciones. Se comprueba porque está
en el teletipo.
Me gustaría, señor Presidente de la Agencia EFE, que nos contara de
verdad qué es lo que piensan hacer con esa Agencia. No nos ha contestado
a este respecto. Díganos si creen que debe seguir siendo un patrimonio
del Estado, o si creen que debe acabar con su vida en los próximos
tiempos, pero con datos, con algo más que decir que esto está bien y que,
por tanto, en el futuro todo irá muy bien.
Me quedo completamente intranquilo con su comparecencia, mucho más
intranquilo con su segunda intervención y con su falta de respuesta a mis
preguntas. No ha respondido usted a ni una sola de las cuestiones que le
he planteado. No sé si es que es así y, por tanto, es que no hay
respuesta y se confirma lo que le he dicho, o si, por el contrario, se lo
reserva usted para otra ocasión y, a lo mejor, otro día nos cuenta toda
la verdad de la Agencia EFE. En todo caso, espero que sea antes de que
desaparezca la propia Agencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (La señora Arnáiz de las Revillas García
pide la palabra.)
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz, por un minuto.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Gozalo, nada más lejos de mi intención que discutir su trayectoria
o su profesionalidad, pero malo cuando empezamos a hablar de lo evidente.
Estamos hablando de pluralismo informativo, de derechos constitucionales
y de un servicio público pagado con dinero público, servicio público
respecto del que me hubiera gustado que se hubiese referido a su Estatuto
público, así como a la absoluta fractura que existe respecto de las
negociaciones laborales, o de los consejos de redacción. Eso sería hablar
de futuro.
Como usted quiere restar credibilidad al comité de empresa --y la verdad
es la verdad, la diga Agamenón o su porquero--, lo único que le digo al
respecto es que reflexione sobre al servicio de quién está poniendo su
profesionalidad, porque es usted el largo brazo de Miguel Angel Rodríguez
y del intento de manipulación de todo tipo de medios informativos en este
país. Usted está al nivel del señor López-Amor o del señor Sáenz de
Buruaga. No soy yo quien pone en entredicho su profesionalidad. La
cuestión es al servicio de quién la ponen ustedes.
Y le voy a hablar desde la perspectiva de la Junta de Andalucía. Esta
tiene firmados con la Agencia EFE dos convenios, uno a través del Centro
árabe, recientemente prorrogado por un año, y otro más, a punto de
renovarse, desde la propia Junta de Andalucía.
En esta Comunidad, otro profesional ha hecho circular una lista negra
pidiendo la filiación de todos los profesionales que trabajan en los
medios de comunicación en cada una de las provincias. Se trata de un
Secretario General del Partido Popular en Andalucía, y supongo que
también habrá llegado a su empresa. Pero, en su caso, usted lo tiene
dentro. Los filtros son ustedes mismos: usted, el señor Miguel Platón y
la señora María José Izquierdo, hermana de un Diputado del Partido
Popular en las Cortes Generales. Son los filtros que directamente tienen
contacto con La Moncloa. Y son ustedes quienes tienen que ver el sentido
de las notas de prensa que se publican en Andalucía, el número de ataques
sistemáticos, con continuidad y alevosía, al Gobierno andaluz y de
exculpación y botafumeiro al Gobierno central. Eso sucede en Andalucía en
el 99 por ciento de los casos de la información política. Y el
protagonismo es así. Y hay una purga de profesionales, aunque no sólo en
Andalucía, sino en muchas otras Comunidades Autónomas. Y usted pretende
que la Junta aporte un dinero
para el aparato de propaganda del Partido Popular --ni siquiera, del
Gobierno del Partido Popular-- en Andalucía y en España.
Por tanto, mi pregunta concreta --aunque también me gustaría que hablase
del Estatuto público de la Agencia EFE, como he dicho antes-- es si
piensa usted, mediante ese convenio que tiene por firmar con la Junta de
Andalucía, que, prácticamente, creo que supone sufragar todos los gastos
de la Agencia EFE en la Comunidad --o entre los dos convenios,
prácticamente, la totalidad de los gastos--, si piensa usted compartir
parte de eso que ha denominado política informativa, la dirección y la
gestión, la administración de los recursos y esa política informativa.
¿Piensa hacer eso con la Junta de Andalucía, a la que también le quiere
pedir dinero? ¿O quiere seguir al cien por cien al servicio del Partido
Popular? Esta es mi pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Arnáiz. (El señor Uriarte Zulueta
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias.
Voy a hacer otra pregunta. El Senador Arévalo nos ha dicho que la Agencia
EFE se ha convertido en la agencia de prensa del PP. Yo le quería
preguntar, después de escuchar lo que ha dicho la Senadora Arnáiz sobre
esos contratos: ¿es que la Agencia EFE se va a convertir en la oficina de
prensa de la Junta de Andalucía?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Tiene la palabra el señor Gozalo.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (Gozalo Sainz): Con mucho gusto,
estoy el tiempo que haga falta; que quede claro.
Senador Arévalo, me dice usted que no he contestado a ninguna pregunta.
Entonces, dígame qué he estado haciendo. ¡Ya me contará! Tal vez sea que
usted no quiere oír lo que yo contesto. Le he contestado que EFE tiene
credibilidad, que tiene más clientes que antes, que no tiene ningún
problema insoluble y que, además, tiene el apoyo del Gobierno, que le
acaba de dar 26.000 millones de pesetas, lo que significa --no los 26.000
millones, naturalmente, con o sin IVA, el dos por ciento, etcétera-- que
este Gobierno confía en la Agencia EFE, en el peor de los casos, hasta
cuatro años más. Es decir, nosotros estamos tranquilos porque por primera
vez esto se hace con cierta planificación, lo que servirá para ordenar la
Agencia, para modernizarla.
Y se refería usted a lo que suceda en el futuro. Ayer, precisamente, leía
una entrevista, muy interesante, a Simon Peres, en el suplemento de «El
País», persona de un Partido con el que ustedes tienen muy buenas
relaciones, quien dice que las gentes prefieren instalarse en el pasado a
imaginar el futuro. Y eso es lo que nos está pasando en la Agencia EFE,
eso es lo que le pasa a alguna gente de la Agencia. Por tanto, sobre que
si antes se hacía de tal o cual manera, le diré que hay que cambiar.
Estamos en una era de cambio, estamos ante la necesidad de transformación
de una Agencia tan importante que todo el mundo en esa Casa, incluso los
menos convencidos de lo que estamos haciendo, desea que siga funcionando.
¿Cómo no vamos a querer que siga funcionando la Agencia EFE?
Me pregunta qué queremos hacer con ella. Lógicamente, que continúe. Es
muy difícil pasar a ser la tercera, porque las otras son agencias muy
poderosas, pero no es inimaginable que, con 400 millones de
hispanohablantes y un potencial creciente en Estados Unidos, donde
contamos con 30 millones de ciudadanos que hablan el castellano, que no
lo pierden y que, además, nos han pedido --y ése es uno de los proyectos
estratégicos de esta Casa-- ser su agencia en la actualidad, no es
inimaginable que algún día seamos como France Press. Es un proyecto muy
ambicioso, pero ¿por qué no vamos a conseguirlo? En cualquier caso, lo
que sí queremos es seguir estando ahí, seguir estando en punta en
Iberoamérica y ser, como he dicho antes, una especie de Museo del Prado
de la comunicación, que nadie pone en cuestión. Eso es lo que pretende la
nueva dirección.
La Senadora se ha referido a filtros y ha mencionado los nombres del
Director de Información, la Directora Nacional, yo mismo. Pero no podemos
luchar contra esos prejuicios, Senadora. ¡Qué quiere que le diga! Esa es
la gente competente que estaba en la Casa. La única persona nueva es el
Director de Información. Pero lo mínimo que se le puede conceder a una
persona que llega a un sitio es que ha sido nombrada por competente, por
acreditada y con una biografía que nadie discute en el terreno
profesional.
Ustedes en eso ven manipulación, una oficina de prensa del PP. ¿Ya me
contará cómo lo hacemos? Porque la credibilidad, que es nuestro
patrimonio, no se pierde, y las relaciones con la Junta de Andalucía lo
prueban también, y ahora se lo voy a explicar. Lea usted los periódicos.
¿Cómo vamos a aceptar que no tiene credibilidad? Entonces no saldrían las
noticias de EFE en los periódicos, las tirarían a la papelera, y no pasa
eso. Hay muchísimas informaciones todos los días. Mi obligación es leer
todos los días serenamente los periódicos, ver dónde hemos fallado y por
qué no ha salido una noticia. Y la mayor parte de los periódicos --en
esas estadísticas que les paso están en los diez periódicos más
importantes de España-- publican una enorme cantidad de noticias; muchas
veces no las firman, ponen agencias, pero son de EFE sin duda.
Naturalmente que nosotros tenemos que servir a «La Vanguardia» y a «El
Periódico», a «El Mundo» y a «El País», al «Marca» y al «As», al «ABC» y
a «El Correo de Andalucía», y naturalmente que hacemos informaciones que
pueden ser publicadas por todos y que nadie nos tacha porque, si no, las
tirarían a la papelera.
Si yo tengo que dejar aquí algún mensaje ante ustedes es, primero, el de
la gestión correcta, transparente y eficaz, desde mi punto de vista, de
la Casa; y, segundo, el de la absoluta credibilidad de la Agencia EFE y
la de su capacidad en un momento tan difícil informativamente como éste,
con tanta competencia.
¿Usted se ha dado cuenta de que la Agencia EFE no está metida en ningún
conflicto? ¡Yo no estoy obsesionado con el comité de empresa, pero es que
es el comité de empresa el que está obsesionado con el Presidente! Yo
quiero ser práctico y sincero y lo he sido en todo momento en esta
comparecencia. ¡Cómo no voy a ser sincero! El comité de empresa es el que
se empeña en ver lo que no ven los demás, es decir, que la Casa
naturalmente tiene que adaptarse a los tiempos nuevos, y para eso
necesita que todos nos sacrifiquemos. De la misma manera que le pedimos
al Gobierno que se sacrifique y que nos ayude, y al Patrimonio del Estado
que nos ayude en esa tarea, también hay que pedirles a los trabajadores
ese sacrificio que consiste, como le he dicho antes, en imaginar el
futuro y no instalarnos en el pasado, que es lo confortable.
Me pregunta usted, Senador, que qué pensamos hacer de la Agencia. Pues
que siga siendo patrimonio del Estado y, como le acabo de decir, un
eficaz instrumento de vertebración de la información en España, un
instrumento objetivo, creíble, competente, capaz de cumplir con su
destino de una manera adecuada. Para eso tiene que tener medios técnicos
y humanos acordes con ese reto.
La pregunta clave es --ésa me consta y nos preocupa a todos--: ¿qué es
aligerar la plantilla? Aligerar la plantilla es intentar que a base de
bajas incentivadas y de jubilaciones anticipadas podamos volver a abrir
la espita de la nueva contratación. No le puedo cuantificar eso, y se lo
digo con toda sinceridad; no le puedo decir 50, 60 personas, 80, porque
no lo sé. Hay una Dirección de Recursos Humanos que trabajará con ello a
partir de los datos del contrato-programa, pero se trata de que personas
que tendrían que jubilarse, a lo mejor, a los 65 años, puedan hacerlo
anticipadamente, mediante la salvaguarda de sus derechos y con todas las
garantías de orden laboral que les asisten, para permitir que ahora que
tenemos eso cerrado, en algunos puntos clave de la Casa en los que
necesitamos personal nuevo y competente lo podamos contratar. Eso es así
de sencillo.
Sobre el pluralismo informativo --terminaré con Andalucía-- en la Casa le
diré que es el mismo. He entrado yo y han entrado otras personas, y
cuando hay que contratar a una persona no le pedimos el carnet de
identidad.
Usted me dice: comparemos las noticias con las de antes. Yo traigo un
dato. ¿Sabe usted cuánto tardó la Agencia EFE en hacerse eco del
escándalo de Juan Guerra? Un mes exactamente, y eso está documentado.
Durante un mes la Agencia EFE de ese asunto no dijo una palabra. Yo estoy
dispuesto, con toda cordialidad, a discutir con usted noticia por
noticia, las que usted traiga y las que yo traiga.
Ya me he referido al pasado. Yo no tengo por qué lanzar sospechas. El
señor Palomares es muy amigo mío, el señor Carlos Mendo es compañero mío,
el señor Luis María Anson también; todos estamos en el mismo oficio y
estamos en la misma profesión. Ellos habrán hecho en su momento lo que
han creído necesario hacer. Yo estoy haciendo lo que creo necesario en
este momento para la Agencia que es salvaguardarla para el futuro, que es
dotarla de los mejores medios técnicos, humanos y profesionales y, sobre
todo, hacer que no pierda la credibilidad, y hacer que usted cuando vea
nuestros despachos haga como los periódicos, diga: ¡qué interesante!
Respecto a la comparecencia de hoy para su tranquilidad le diré que
saldrá el piloto automático; yo ni la veré; supongo que saldrá una
pequeña cosa porque tampoco es tan importante que venga aquí el
Presidente de la Agencia ya que viene a contar sus cosas y usted le pone
sus objeciones, y nada más.
Termino con Andalucía, Senadora. Naturalmente, como muy bien ha dicho el
señor Uriarte, como somos de todos, somos también de la Junta de
Andalucía, ya que la Agencia es plural, nacional e institucional. Tenemos
convenios no sólo con la Junta, sino con más; también lo tenemos con
Castilla y León, como usted sabe. Yo no he inventado los convenios, yo no
soy partidario de los convenios, si me permite esa opinión personal,
porque creo que el ideal sería que con estos 26.000 millones tuviésemos
suficiente, pero ninguna Agencia de prensa de estas dimensiones es
autosuficiente. La media en todo el mundo está en un 50 por ciento. Como
usted decía, en nuestro caso era el 63 por ciento, que ahora tenemos que
sacar por nuestros medios y, naturalmente, con ese 63 se nos produce
algún déficit.
Para llegar a una situación equilibrada --eso pasa en las demás grandes
agencias--, un 50 por ciento de contribución del Estado tendría que ser
más que suficiente, porque, como he leído al principio y por eso siempre
lo repito, vaya por delante una afirmación previa que dijeron los que
inventaron la Agencia: lo que aquí se propone no es un negocio. La
Agencia EFE no es sólo un negocio, aunque tiene que serlo también y no
puede perder dinero. Tenemos que ser muy respetuosos con el
contribuyente, pero nosotros con cuadrar las cuentas nos sentimos
honradísimos. Naturalmente, ese 50 por ciento es el que hace falta, y,
como no lo teníamos en el pasado, ha habido que recurrir a convenios que
ha dicho usted Senadora que nos pagan. ¡Qué más quisiéramos! Pero no lo
desdeño en absoluto. Yo no soy partidario de eso como mecánica, pero si
hace falta dinero, lo sacamos de donde sea.
Y ese convenio ¿qué garantiza? Garantiza, primero, alguna persona más,
como becarios o algún trabajador para dedicar una atención preferente a
ese tipo de actividad que son muy amplias. Y ese convenio --¡fíjese usted
si seremos manipuladores y enemigos de la Junta de Andalucía!-- ha sido
renovado durante este año con este Presidente. Hubiera tenido muy fácil
el Consejero Zarrías, con el cual yo he discutido de este asunto,
pensando que es verdad eso que dice usted, que nos dedicamos a manipular,
que pedimos el carnet de identidad y la afiliación a los colaboradores,
hubiera tenido muy fácil no hacer el convenio. Pues no, porque yo se lo
garanticé, y cuando yo llegué allí nombrando un delegado --me parecía
lógico poner a un delegado nuevo porque las circunstancias estaban
cambiando y hacía más falta un impulso mayor a toda la delegación de
Andalucía-- cuando yo llegué allí le dije que bien y no le pareció mal y
dije: y a las pruebas nos remitiremos.
Ahora, naturalmente, ese convenio se va a volver a renovar y tiene la
incidencia del convenio en árabe. El convenio
en árabe tampoco lo inventé yo, señora Senadora. Lo inventaron mis
predecesores, el señor Chaves que estaba en la Junta y el señor González
estaba en La Moncloa, y en la Agencia EFE estaba el señor Palomares, y
decidieron que era muy importante para la visión de Andalucía y de España
en el norte de Africa y en los países árabes tener un servicio en árabe.
No creo que sea malo, lo que abunda no daña; no me parece que sea malo
tener un servicio en árabe, pero no es una prioridad de la Agencia. Yo lo
que les he dicho ahora es que ese convenio se firma entre tres
instituciones, la Agencia EFE que pone la tarea, el «know how», la Junta
de Andalucía y la Universidad de Granada. A la Universidad de Granada no
le cuesta nada esto; los créditos los da la Junta; y eso es lo pactado
durante cuatro años. Y he aquí que cuando vence el convenio, la
Universidad de Granada dice que lo quiere denunciar porque ya se han
cumplido los fines. Y yo le dije al rector: pero ya me contará usted en
qué consisten los fines. Eso es como el que pone una panadería y la
cierra porque dice que ya se han cumplido los fines. Entonces, deja usted
de fabricar pan. Lo que no es posible es mantener el pan sin la
panadería. No es posible mantener el servicio en árabe sin la caución
cultural que nos da la Universidad de Granada, porque yo creo que es muy
bueno para la Agencia EFE y para todos tener esa presencia de la
Universidad con nosotros.
Hemos discutido eso estos días, lo he discutido justamente hasta esta
mañana, hasta antes de venir aquí he estado hablando con el señor
Camacho. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente en que el convenio
futuro incluya también eso. Por lo que respecta a la Universidad, como no
le cuesta ningún dinero, sólo algunos trámites burocráticos que la pueden
perturbar, la vamos a aliviar de eso. No hay ningún secreto. Seguiremos
con los convenios, pero no por eso se tendrá que decir que somos de la
Junta de Andalucía. Somos de este país, y como tenemos esos convenios,
los tenemos todos.
Yo quiero tranquilizarle, Senador, en el sentido de que estoy dispuesto a
venir aquí a traerle cuanta documentación quiera, pero no hay ningún
peligro para la Agencia EFE. La Agencia EFE goza de una excelente salud
y, naturalmente, está cambiando y quiere hacerlo, pero a mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente de la Agencia EFE, don
Miguel Angel Gozalo. Espero que, aunque nos hayamos alargado, no haya
ningún problema.
Finalizado este punto del orden del día, ruego a los señores miembros de
la Comisión que se queden para completar el siguiente.
DESIGNACION, EN SU CASO, DE LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR LA PROPOSICION
DE LEY REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA (624/000015).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al tercer punto del orden del día:
Designación, en su caso, de la Ponencia que ha de informar la proposición
de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria, tal y como advertí al principio de la sesión.
Ruego a los grupos parlamentarios que designen a los miembros de la
ponencia que han de informar el proyecto y que, según precedentes de esta
Comisión, estaría integrada inicialmente, si no hay oposición, por dos
miembros del Grupo Parlamentario Popular, dos miembros del Grupo
Parlamentario Socialista y uno del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. ¿Están de acuerdo los señores miembros de
la Comisión? (Pausa.) ¿Me pueden facilitar los nombres?
Tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: Gracias.
El Grupo Parlamentario Popular propone para formar parte de la ponencia a
los Senadores Pedro Calvo Poch y Félix Colsa Bueno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Uriarte.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere proponer a don José Antonio
Marín Rite y a don Guillermo Varela Flores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su señoría.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
propone a don Salvador Capdevila i Bas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.