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DS. Senado, Comisiones, núm. 287, de 14/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1998 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 287
COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUIN ESPERT PEREZ-CABALLERO
celebrada el jueves, 14 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictaminar:
--Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordinación de actuaciones en
materia de infraestructura viaria (Número de expediente 592/000007).
--Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León sobre distribución de actividades en materia
de infraestructura viaria en zonas limítrofes (Número de expediente
592/000008).
--Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
(Número de expediente 605/000004).
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Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 4 de mayo de 1998.
El acta ha sido repartida a los señores portavoces.
¿Podemos entender que es aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Así consta.
--PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON SOBRE COORDINACION DE ACTUACIONES EN
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA (592/000007).
--CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON SOBRE DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN MATERIA
DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN ZONAS LIMITROFES (592/000008).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, dictamen sobre el
Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordinación de actuaciones en
materia de infraestructura viaria y sobre el Convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
sobre distribución de actividades en materia de infraestructura viaria en
zonas limítrofes. (El señor Armet i Coma pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Armet.
El señor ARMET I COMA: Quería hacer una consideración previa, este punto
trata de dos temas, uno es un protocolo y el otro es un convenio. Digo
esto para ser escrupulosos con lo que señala la Constitución y lo que
manda nuestro Reglamento. Separaría la consideración de protocolo porque
es un documento de intenciones que contiene la voluntad de desarrollar el
protocolo en convenio, y para que no hubiera dificultades en el sentido
de que nosotros aprobáramos un protocolo que, después, podría dar lugar a
un convenio con algunas diferencias sustanciales, me parece que sería
aconsejable dejar este protocolo como un acto positivo de avance
significativo y estar a la espera del convenio para hacer la aprobación
pertinente. Rogaría que hiciéramos este tipo de planteamiento para evitar
dos aprobaciones que pudieran parecer excesivas por nuestra parte y que
podrían dar lugar a equívocos posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, para su conocimiento, y sin oponerme
a lo planteado por su señoría, la Mesa de la Cámara ha calificado el
protocolo como convenio entre Comunidades Autónomas para la gestación y
prestación de servicios propios de las mismas, encuadrándolo en aquellos
convenios de colaboración para los que no es necesaria la autorización de
las Cortes Generales sino simplemente la toma de conocimiento.
En cualquier caso, si su señoría lo cree más procedente, podemos dejar
este Protocolo de colaboración en suspenso; separarlo del orden del día y
comunicarlo a la Mesa del Senado para que tome la decisión pertinente,
salvo que las comunidades afectadas tengan algo que alegar al respeto.
¿Quiere alegar algo la señora Consejera? (Pausa.)
La señora CONSEJERA DE OBRAS PUBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA (Muñoz de
Pedro): Sí, señor Presidente.
Como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que
es un protocolo, una declaración de intenciones y de voluntad para fijar
un marco de cooperación «a posteriori» en materia de infraestructuras y
de carreteras con la Comunidad de Castilla y León, y, con todo el
respeto, a pesar de la calificación que ha dado la Mesa, entiendo que
para que llegue a ser un convenio nosotros tendríamos que pasar por una
tramitación previa y formal antes de que como tal documento o como tal
tal convenio pase a tener conocimiento y a dictaminarse por esta Comisión
y por esta Cámara.
Por tanto, entendemos que sería más correcto que, si quieren, hoy lo
tomen en consideración como protocolo, pero nunca como un convenio, ya
que está sujeto a sus propias formalidades de aprobación dentro de la
comunidad correspondiente, y en este caso en Castilla-La Mancha sería
necesario que el desarrollo de este protocolo tuviera un convenio que
fuera aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, cosa que en este
documento que hoy se presenta no se ha realizado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Consejera.
Recogiendo el sentir de los portavoces, vamos a proceder de la forma que
antes he anticipado; es decir, se retira del orden del día este Protocolo
de colaboración y se pondrá en conocimiento de la Mesa del Senado.
Agradecería a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que hiciera
también esas observaciones a la Mesa del Senado para que proceda en
consecuencia.
Por consiguiente, este punto del orden del día queda reducido al dictamen
sobre el Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Madrid y
la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre distribución de
actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes.
La Mesa y portavoces han preparado una propuesta de dictamen, que ha sido
repartida a los señores portavoces, cuya parte dispositiva dice lo
siguiente: la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Constitución española y el
artículo 137.3 del Reglamento del Senado acuerda elevar al Pleno de la
Cámara su dictamen favorable a la toma de conocimiento de la comunicación
de la celebración del Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma
de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sobre distribución
de actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes.
Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie I,
número 463, el 7 de mayo de 1998, sin oponer reparo alguno a la misma.
¿Desea intervenir alguno de los señores portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, simplemente quiero anunciar
el voto favorable de los Senadores socialistas al dictamen elaborado por
la Mesa por entender que este Convenio de colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y la de Madrid, para el
desarrollo de las infraestructuras viarias situadas en los límites de
ambas Comunidades, es un buen modelo que debería tener continuidad,
probablemente, en convenios similares de colaboración en otras
Comunidades Autónomas.
Con frecuencia se ha identificado la existencia de límites como uno de
los factores que dificultan el desarrollo de zonas concretas del
territorio. En Castilla y León, por ejemplo, tenemos muy estudiado el
problema de la raya de Portugal y el impacto que ha tenido la existencia
de la frontera sobre el subdesarrollo de las zonas de nuestra Comunidad
que son fronterizas con el vecino país. Y, evidentemente, la existencia
de dos administraciones públicas, con titularidades diferentes y con
competencias sobre sus propios territorios, en los límites de las dos
Comunidades Autónomas --la de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de
Madrid-- de no alcanzarse acuerdos como el que hoy vemos podría tener ese
impacto también negativo en el desarrollo de actuaciones concretas que
permitieran la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los
vecinos de Castilla y León y de los vecinos de Madrid de las zonas
limítrofes y, en general, de las relaciones de las dos Comunidades
Autónomas.
Por esta razón, queremos manifestar nuestra satisfacción por la firma de
este convenio y, además del voto favorable, anunciar nuestros votos en el
sentido de que convenios como el presente vengan con más frecuencia a
esta Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Granado. (El señor García
Carnero pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta también su posición
favorable, su voto favorable, al Convenio de cooperación entre las
Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León.
Asimismo, y pese a las actuaciones que la Cámara decida formalmente,
queremos manifestar nuestra voluntad favorable al Protocolo de
colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Junta de Castilla y León que, en principio, estaba previsto en el orden
del día.
Señorías, independientemente de las fórmulas, de que el Protocolo se
considere como una declaración de intenciones o de voluntad política, y
el convenio, como expresión ya determinada de las actuaciones concretas,
de las responsabilidades, independientemente de las fórmulas
específicamente determinadas sobre cómo se van a llevar adelante las
actuaciones, en cualquiera de los casos, señorías, a nosotros nos parece
que la coordinación de actuaciones, la promoción conjunta de proyectos,
la búsqueda de mecanismos para impulsar fórmulas de colaboración
económica como son éstas --con el intercambio de experiencias, con el
apoyo técnico entre ambas Comunidades y con el establecimiento de
mecanismos como las Comisiones Permanentes para mantener un periódico
control sobre el desarrollo de estas actuaciones-- constituyen un
perfecto mecanismo de colaboración interregional, y nos parece, además,
que es la manera adecuada de búsqueda de un espíritu constitucional del
Estado de las Autonomías. La búsqueda de estas fórmulas de cooperación es
la interpretación correcta de la propia Constitución en eso que hemos
denominado espíritu constitucional del Estado de las Autonomías.
Señorías, el que el Senado sea además el lugar de encuentro de este tipo
de acuerdos, de convenios suscritos entre Comunidades limítrofes que
tienen problemas comunes que les afectan a ambas, que el establecer rayas
imaginarias que puedan ser motivo de separación o motivo de insuficiente
desarrollo no son más que mecanismos retroactivos, que esto se vea
superado por el espíritu de colaboración entre Comunidades Autónomas y
que esta Cámara y específicamente esta Comisión sean el marco nos parece
que es hacer una interpretación correcta, adecuada, de esa voluntad
reiteradamente expresada de que el Senado sea el lugar de encuentro, la
Cámara de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, señorías, estamos también acostumbrados a ver la actitud
en general de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea el sentido o
el color político de quien las dirija en cada momento, que han mantenido
a lo largo del tiempo --y mantienen-- un espíritu de reivindicación de
competencias y de medios materiales permanentemente ante la
Administración del Estado, y quizá no ha estado suficientemente atendido
este espíritu constitucional de colaboración interregional.
Creemos, señor Presidente, señorías, que estas actuaciones por parte de
las Comunidades de Castilla y León --a la que me honro en representar--,
de Castilla-La Mancha y de Madrid son un buen principio de lo que puede
ser --de lo que debe ser, a nuestro juicio-- el encuentro permanente en
esta Cámara de los problemas y de las soluciones que las propias
Comunidades Autónomas vayan planteando en el quehacer de cada día.
Por tanto, felicitamos a las Comunidades por los acuerdos alcanzados, nos
felicitamos nosotros mismos de esa interpretación correcta del espíritu
constitucional como fórmulas de colaboración interregional y, sobre todo,
por
entender que de esta manera las Comunidades Autónomas asumen plenamente
sus propias competencias, sus propias responsabilidades, se sienten
Estado en definitiva y no se relegan exclusivamente a una función
meramente reivindicativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
¿Por la forma en que han intervenido los portavoces parece ser que hay
conformidad de todos en que se apruebe por asentimiento el dictamen?
(Pausa.) Así consta.
--PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE MURCIA
(605/000004).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: dictamen de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de
junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
Señorías, la Mesa y Portavoces han acordado ordenar el debate de la
siguiente forma: pueden ustedes intervenir en defensa de sus enmiendas y,
al mismo tiempo, posicionarse respecto de la enmienda presentada y viva
del Grupo Parlamentario Socialista. Cada Grupo lo hará en este sentido en
una sola intervención y después procederá el turno de portavoces.
Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 14, tiene la palabra el
Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente, así lo haremos.
Señorías, en primer lugar, como Senador en representación de la Comunidad
Autónoma andaluza quiero expresar el apoyo que desde Izquierda Unida
prestamos a la huelga que hoy vive Andalucía en defensa del olivar.
También quisiera llamar la atención para que el Presidente del Gobierno
asuma de forma firme y decidida la defensa del olivar y no permita una
reforma de la OCM que producirá gravísimas consecuencias a nuestra
agricultura y a nuestro olivar.
Y, señorías, voy a proceder a defender las enmiendas que hemos presentado
a esta proposición de ley. El objetivo que perseguimos con estas
enmiendas es el de mantener los acuerdos a los que se llegó en Murcia, e
independiente de que podamos remitirnos a lo que figura en las
justificaciones de algunas de ellas, sí queremos resaltar tres bloques en
estas enmiendas.
En primer lugar, para Izquierda Unida es importante la asunción de
competencias en el régimen local, y eso estaría justificado precisamente
por las características de la Región de Murcia. Por tanto, algunas de
nuestras enmiendas van dirigidas fundamentalmente a asumir plenamente las
competencias en régimen local.
En segundo lugar, quisiéramos trasladar --y así lo expresamos también en
la justificación de nuestras enmiendas-- competencias que está previsto
ejercer con carácter ejecutivo a competencias con carácter legislativo.
Creemos, señorías, que esto significaría dar mayor consistencia a la
capacidad de autogobierno.
El tercer bloque de nuestras enmiendas quisiera resaltar la necesidad de
la figura del Defensor del Pueblo. Señorías, no entendemos que puedan
existir dos varas distintas de medir: que esta figura pueda estar
contemplada, por ejemplo, en Cantabria o en Aragón y que no sea buena
para la Región de Murcia.
Tenemos otras enmiendas que van dirigidas al régimen electoral, pues
consideramos que es necesario modificar el mismo, como también
consideramos necesario establecer un equilibrio entre las instituciones
y, en todo caso, entre las competencias que tiene el Consejo de Gobierno
y las competencias que deba tener la Asamblea de Murcia. Entendemos que
mejorar y ampliar las competencias de la Asamblea beneficia esos
equilibrios.
Señorías, estos tres bloques justifican la presentación de algunas
enmiendas que yo no voy a pasar a defender, que tienen consecuencia en
éstas que estoy resaltando y que supondrían, por tanto, modificar otros
artículos dentro del artículo Unico.
Quisiera posicionarme también con respecto a la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, y anuncio que Izquierda Unida votará
favorablemente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista porque entendemos que mejora también la modificación del
Estatuto.
Si las enmiendas son tenidas en cuenta, señorías, votaremos
favorablemente el dictamen de la Comisión, si no, pediremos una votación
desagregada del artículo Unico del artículo 10 y del artículo 11.
Votaremos una parte del dictamen favorablemente y votaremos en contra
otra parte del dictamen si, insisto, señorías, no son tenidas en cuenta
estas enmiendas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Román Clemente.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la Propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, concretamente
de adición a su artículo 11, al cual proponemos se añada un nuevo
apartado conteniendo una nueva competencia: aquella referida a las
especialidades de la legislación procesal que pudieran derivarse de las
peculiaridades de derecho consuetudinario.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que desde Izquierda
Unida-Grupo Mixto se manifiesta a esta enmienda, así como lamentar que no
haya sido posible en estos días previos llegar a un acuerdo con el Grupo
Parlamentario Popular, aunque tal vez esta mañana podamos conseguir
llegar a un acuerdo en algunas de las razones
que se han esgrimido. En cualquier caso, quiero dejar patente que la
introducción de esta enmienda no supone en modo alguno menoscabo del gran
y amplio consenso que ha habido entre el Grupo Parlamentario Socialista y
el Grupo Parlamentario Popular para llegar a los acuerdos que han dado
objeto y fundamento a esta reforma del Estatuto. ¿Y por qué digo esto?
Digo esto porque la enmienda que presentamos tiene su sustento en una
previa modificación que se ha hecho del Estatuto, concretamente el
contenido de su artículo 8, y viene a completar este artículo
posibilitando su desarrollo y de forma muy particular en lo que afecta al
Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
El fundamento de esta enmienda lo encontramos, sin duda, en el artículo
149.1.6.ª de la Constitución, que establece que el Estado tiene
competencia exclusiva en la legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las
particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
Nosotros entendemos, señorías, que precisamente éste es el caso que se da
y sufrimos en la Región de Murcia. Dice el artículo 8, incluido en la
Ponencia del Estatuto de Autonomía, que la Comunidad Autónoma prestará
especial atención al derecho consuetudinario de la Región, con particular
referencia a los Tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia
de aguas.
Pues bien, esta especial atención que el propio Estatuto, en esta
reforma, reclama de la Comunidad Autónoma no es posible ejercerla si la
Comunidad no dispone del correspondiente título competencial para
hacerlo. Y es precisamente para enmendar eso por lo que el Grupo
Socialista presenta esta propuesta. Entendemos que se dan los supuestos
contenidos y la excepcionalidad contenida en el artículo 149.1.6.ª de la
Constitución ya que el derecho en materia de aguas es un derecho
sustantivo, y prueba de ello es que esas normas contienen especialidad en
materia procesal y la creación de un propio tribunal para que las
aplique.
A continuación, señor Presidente, paso a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en relación con las catorce enmiendas
presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Mixto. Quiero
decir que la posición de nuestro grupo va a ser la de votar en contra de
todas ellas, excepto de dos: las números 9 y 14, relativas a la creación
y posterior regulación legal de la figura del Defensor del Pueblo.
Respecto a nuestra posición de voto favorable a estas dos enmiendas,
quiero hacer la misma advertencia que hice en relación con la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, y es que entendemos que votar a favor
no supone menoscabo alguno del consenso y acuerdo habido entre el Grupo
Popular y el Socialista, ya que los temas referidos a las instituciones
de autogobierno no han sido acotados en ese acuerdo político previo que
ha habido entre ambos partidos políticos.
Quiero también llamar la atención, y ya lo hacía el Senador que ha
intervenido previamente, sobre que hay razones de fondo para que votemos
a favor de estas dos enmiendas. La primera es la coherencia que debemos
mantener con la posición que el Grupo Parlamentario Socialista ha
mantenido, tanto en la Asamblea Regional de Murcia como en el Congreso.
Una coherencia que, además, se ve reforzada, lamentablemente, por el
hecho de que PSOE y PP hayan sido capaces de llegar a acuerdos para que
esta figura institucional se haya contemplado en otras Comunidades
Autónomas como la de Madrid o la de Cantabria; y esto es algo que, si
ustedes lo estiman oportuno, esta mañana podríamos subsanar.
Aunque sea sucintamente, quiero razonar los motivos por los que vamos a
votar en contra del resto de las enmiendas presentadas por Izquierda
Unida. Desde luego, son razones de fondo que han estado presentes en ese
acuerdo y consenso habido entre el resto de los grupos parlamentarios;
pero, además, quiero trasladar aquí algunos de nuestros razonamientos que
van más allá de ese fondo, puesto que han sido introducidas algunas
enmiendas que no fueron admitidas en el Congreso de los Diputados. Haré
algunas precisiones sucintas.
El Grupo Parlamentario Socialista estima que la distribución competencial
que se contiene en el texto de la Ponencia, que, concretamente, intentan
subsanar las enmiendas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de Izquierda
Unida, es más acorde con la interpretación constitucional que hace de los
títulos competenciales quien, según la Constitución, está facultado y
tiene la competencia para ello, que es el propio Tribunal Constitucional.
En relación con la enmienda número 5 quiero decir que el texto de la
Ponencia concuerda bastante mejor que la enmienda con el artículo 92.3 de
la Constitución y con la posibilidad, que se prevé en dicho texto, de una
distinta regulación legal por las Cortes Generales.
En cuanto a la enmienda número 6 he de decir que nos parece adecuado el
distinto rango competencial que el texto de la Ponencia otorga a la
educación y a las materias que dependen del sistema de la Seguridad
Social, porque entendemos que tiene una base, que es su singular sistema
de financiación, asentada, en gran medida, en el principio de caja única
que desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido.
Vamos a rechazar la enmienda número 8 por entender que de las
competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas no se deriva ninguna
de las funciones que están encomendadas legalmente a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado; precisamente, la posibilidad de convenio
se establece para la protección de los bienes y edificios de la Comunidad
Autónoma.
La enmienda número 11 de Izquierda Unida pretende introducir el elemento
de la circunscripción única, criterio que el Grupo Socialista no ha
compartido desde la constitución de la Comunidad Autónoma y la aprobación
del Estatuto. Nosotros somos partidarios de la comarcalización futura de
la Comunidad, y para ello entendemos que es una buena base el
mantenimiento de las circunscripciones que en este momento delimitan el
panorama electoral.
Respecto a la número 12, que afecta a la celebración de elecciones,
nosotros entendemos que el texto de la Ponencia permite la coordinación
de calendarios que puedan aprobar las Cortes Generales, como
recientemente hemos tenido ocasión de aprobar en el último Pleno del
Senado, y consideramos que esa posibilidad de coordinación va a
evitar que deban ser reformados los estatutos de autonomía, como tuvo que
hacerse en su momento con todos los estatutos elaborados en base al
artículo 143.
Por último, en cuanto a la disolución del Parlamento autonómico que
recoge la enmienda número 13 creemos que el texto de la Ponencia es
acertado y ecuánime, así como que compatibiliza muy bien una mayor
autonomía política de los órganos de la Comunidad Autónoma al tiempo que
coadyuva al mantenimiento de una estabilidad electoral en el país.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que vamos a votar a favor las
enmiendas números 9 y 14 y en sentido negativo el resto de enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bascuñana García.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quisiera comenzar mi intervención felicitando a la Asamblea
Regional de Murcia por el trabajo realizado en esta proposición de Ley de
reforma del Estatuto de Autonomía, así como por el alto grado de consenso
conseguido en ello.
Dicho Estatuto ha sido posteriormente mejorado y enriquecido con
modificaciones, todas ellas con un grado de consenso muy importante en el
Congreso de los Diputados. Así, el texto que nos ha sido remitido del
Congreso, que es el recogido en la Ponencia, implica una profundización
en lo que es la autonomía de la Región tanto en temas competenciales como
en temas institucionales.
Paso a hablar de las enmiendas que se proponen. La enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista pretende incorporar al artículo 11
un nuevo apartado referente a desarrollo legislativo, a fin de atribuir a
la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de especialidades
de la legislación procesal que pudieran derivarse de las peculiaridades
del derecho consuetudinario. Con motivo del proceso de ampliación de
competencias concretado en los Pactos Autonómicos de 1992, en el que se
pone de manifiesto la improcedencia de una ampliación competencial en
este ámbito, dado que --como muy bien decía su señoría-- el artículo
149.1.6.ª de la Constitución hay que entenderlo en el sentido de que las
necesarias especialidades procesales habrán de operar únicamente en
aquellas Comunidades Autónomas que posean instituciones de Derecho foral
o especial que no existan en el Derecho común. No se incorporó en el
proceso de ampliación y no se incorpora a la reforma del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, pese a que en la misma --como bien sabe
su señoría-- figuraba como competencia diferida en el artículo 13 y, por
lo tanto, ahora no se justifica.
Quisiera referirme a algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, aunque ninguna de ellas es novedosa porque todas fueron
presentadas, debatidas y rechazadas en el Congreso de los Diputados por
el resto de los grupos parlamentarios, posición que este grupo va a
mantener. En cuanto a la enmienda número 10, que plantea un cambio de
competencias en contra del Ejecutivo y a favor de la Asamblea, es
necesario decir que Izquierda Unida aboga por una política
intervencionista, que no es el deseo expresado por la propia Asamblea
Regional. El tratamiento es más adecuado vía Reglamento que en Estatuto.
Las enmiendas números 12 y 13 no son aceptables, como también apuntaba la
portavoz del Partido Socialista, ya que modifican criterios generales de
coordinación de convocatorias electorales.
En cuanto a la enmienda 11, relativa a la circunscripción única, debo
decir a sus señorías que, en fecha 17 de julio del pasado año 1997, en la
Asamblea Regional se produjo un debate al respecto, y no es conveniente
trasladar a otros Parlamentos lo que ha sido debatido y rechazado en un
Parlamento Regional, puesto que si la Asamblea se ha expresado con toda
claridad y las fuerzas políticas han rechazado esta proposición, no es
lógico, como desea el Grupo Mixto, que esta Cámara, el Senado, con
proyección territorial, donde siempre se han respetado los acuerdos de
todos los Parlamentos autonómicos, vaya contra lo propio que ha decidido
la Asamblea Regional de Murcia.
En cuanto a las enmiendas números 9 y 14, propuestas por el Grupo Mixto
de Izquierda Unida, que según ha expresado aquí apoya el Partido
Socialista, debo decir que la figura del Defensor del Pueblo no aparece
contemplada en la proposición de ley enviada por la Asamblea Regional.
Esta figura, directamente vinculada a las Cámaras legislativas con el fin
de defender los derechos fundamentales de ellas, está contemplada en la
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
No todas las Comunidades Autónomas tienen recogida la figura del Defensor
del Pueblo. Cada Parlamento autonómico habrá optado por lo que haya
creído más conveniente, pero nunca desde las Cortes Generales, nunca
desde el Senado, y menos mediante ley orgánica podremos imponer algo que
el Parlamento Regional --en este caso la Asamblea Regional de Murcia-- no
desea establecer.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señalaba --y así se recoge
en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados-- que el Partido
Popular ha obrado incoherentemente. Señalaba el señor Ortiz Molina
respecto a las enmiendas números 51 y 56 del Congreso de los Diputados
--en el Senado las números 9 y 14--, que el Partido Popular en unas
Comunidades Autónomas mantiene una posición y en otras otra. Ello
significa una falta de coherencia que quizá se deba a que el Partido
Popular no tenga bien definido su modelo de Estado, su modelo de
desarrollo autonómico y consideramos que ello aporta poca coherencia a
sus actuaciones. Son palabras que la portavoz del Partido Socialista ha
venido a repetir en esta sesión.
Quisiera recordar a sus señorías que el 15 de julio de 1994, en la
Asamblea Regional de Murcia --obra en mi poder el «Diario de Sesiones»--,
el portavoz de Izquierda Unida proponía la creación del Defensor del
Pueblo, alegando lo siguiente: El Defensor del Pueblo podrá dirigirse
a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios. El Defensor del
Pueblo supervisará la actividad de la administración de la Comunidad
Autónoma; el Defensor del Pueblo actuará con total independencia...
Seguía diciendo lo que debía hacer el Defensor del Pueblo, y continuaba
añadiendo el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea Regional de
Murcia: Figura, la del Defensor del Pueblo, que goza de un enorme
prestigio ante los ciudadanos y ante la población en general. Estábamos
convencidos de que era necesario de que hubiera sido de gran utilidad en
nuestra Comunidad Autónoma. Pero la falta de sensibilidad del partido
mayoritario, la falta de colaboración del Grupo Parlamentario Socialista
ha hecho que, al final, Izquierda Unida transija provisionalmente.
Ustedes nos están hablando de coherencia, nos están hablando de que
mantengamos coherencia y, en fecha 15 de julio de 1994, no la aceptan.
Voy a decir más, voy a remitirme a las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista: Me querría detener en dos matices. El primero
por el cual el Grupo Parlamentario Socialista plantea al Grupo de
Izquierda Unida y al Partido Popular la posibilidad de sustituir --por
decirlo de alguna forma-- la iniciativa de la creación de la figura del
Defensor del Pueblo murciano por una mejor, mayor y más amplia
reglamentación de la Comisión de Peticiones. A continuación, alega en qué
consiste y por qué se debe potenciar la Comisión de Peticiones y Defensa
del Ciudadano.
Por lo tanto, no hablemos de incoherencia del Partido Popular, puesto que
siempre hemos mantenido el mismo criterio, mantenemos el criterio en la
Comunidad de Murcia y mantenemos a nivel nacional el que sea cada
Parlamento el que defina cuál debe ser la figura del Defensor del Pueblo.
Ustedes sí han mantenido una incoherencia --consta en el «Diario de
Sesiones»-- en el Parlamento autonómico murciano y en las Cortes
Generales.
Señor Presidente, señorías, con el máximo respeto a las enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto, no podemos apoyar ninguna, ya que no se
recoge el sentir expresado en la Asamblea Regional y estamos convencidos
de que tampoco amplían ni enriquecen el texto que nos ha sido remitido,
que es el expresado en la Ponencia.
Por lo tanto, mantenemos el mismo texto de la Ponencia y no aceptamos la
enmienda del Partido Socialista ni las presentadas por el Grupo Mixto de
Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bascuñana.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román
Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo agradecer el voto favorable a las enmiendas números
9 y 14 relativas a la figura del Defensor del Pueblo. En segundo lugar,
debo resaltar que también desde Izquierda queremos valorar el consenso
que se pueda haber alcanzado en otros aspectos de la reforma. Seguimos
manteniendo que con nuestras enmiendas se mejora el texto. No compartimos
el mismo criterio y es bueno, señorías, que en democracia podamos
expresar las discrepancias y lo hagamos con rigor.
Nosotros consideramos que la figura del Defensor del Pueblo mejora
sustancialmente la protección de los derechos y que es bueno mantener un
criterio que sea coherente. La defensa de los derechos no es algo que
nosotros queramos imponer a la Asamblea de Murcia. No se trata de una
imposición, sino de garantizar los derechos de los ciudadanos. Si se
mantiene un criterio en algunas Comunidades Autónomas por entender que es
bueno para ellas, nosotros también lo mantenemos para la región de
Murcia.
Señorías, la protección y la defensa de los derechos no se puede entender
como una imposición. Todos hemos valorado el papel que puede jugar la
figura del Defensor del Pueblo de España y todos hemos acudido a él.
Quiero recordar recientes acontecimientos donde la figura del Defensor
del Pueblo también ha jugado un papel controvertido en los medios de
comunicación. Es una garantía para los ciudadanos y nosotros defendemos
esa coherencia. Asimismo, defendemos que pueda haber un equilibrio en las
competencias establecidas para la Asamblea de Murcia y el Consejo de
Gobierno. Estimamos que ese equilibrio es bueno para el funcionamiento de
las instituciones. Señorías, consideramos que si hay competencias plenas
en Educación, también podría haberlas en Sanidad. Una vez asumidas
ciertas competencias, el desarrollo de las mismas en materia de salud por
parte de la Asamblea de Murcia mejora la prestación de este servicio
fundamental. (El señor Vicepresidente Segundo, García Miralles, ocupa la
Presidencia.)
Las enmiendas que formulamos suponen una mejora y una asunción de
competencias, sin menoscabo de lo que la Constitución establece, lo cual
beneficiaría la reforma del Estatuto. Así lo mantenemos, lo que no quiere
decir que no valoremos el consenso que se pueda haber alcanzado en otros
aspectos de esta reforma.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para expresar nuestro voto favorable a esta reforma
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, precisamente porque no
podría ser de otra forma, y como consecuencia de tres consideraciones que
voy a exponer muy brevemente. En primer lugar, por nuestra convicción
totalmente autonomista y porque desde nuestro punto de vista eso refuerza
la posición que siempre hemos defendido en nuestro grupo parlamentario.
En segundo lugar, también por solidaridad con otros territorios, en este
caso, con la Región de Murcia, respetando su voluntad manifestada por el
órgano máximo de representación,
que es su Asamblea parlamentaria. Y, en tercer lugar, por constatación de
que la construcción de este Estado de las Autonomías no es un proceso
estático, sino evolutivo, que sólo tiene un límite: los límites
constitucionales. Por tanto, los límites que nos hemos dado en la
Constitución de 1978. Esto no quiere decir que en un futuro pueda ser
otra; en cualquier caso, con esta reforma el Estatuto de Autonomía forma
parte del bloque de constitucionalidad, de la Constitución española, en
este caso concreto su nuevo Estatuto para el territorio de Murcia, una
vez cumpla todo el trámite parlamentario y la modificación ya sea un
hecho.
En caso de que tuviéramos que expresar nuestra posición en cuanto a las
enmiendas --puesto que en estos momentos no sé si se someterán a
votación-- ésta es de respeto a la voluntad mayoritaria de la Asamblea de
Murcia. En este sentido, en este trámite nosotros nos abstendríamos,
precisamente para respetar la voluntad de la Asamblea parlamentaria de la
Región de Murcia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Miralles): Muchas gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
doña María Antonia Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
No era mi intención abrir polémica en relación con el apoyo que mi Grupo
ha manifestado aquí a las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
pero sí creo necesario hacer alguna consideración. Creo que la coherencia
es compatible con la evolución, y los tiempos políticos se agotan en el
tema autonómico cuando se ha agotado el desarrollo y el cumplimiento de
los pactos que el Partido Popular y el PSOE han suscrito.
Quiero recordar a sus señorías que el Pacto Autonómico de 1992, alcanzado
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, fue un pacto de más
competencias para las Comunidades Autónomas. No se abordaron reformas
institucionales que afectaran ni a la Asamblea regional ni a ningún otro
órgano. De ese Pacto está todo cumplido, excepto la transferencia en
materia de educación.
Hasta ahí, el Partido Socialista, y entiendo que el Partido Popular, ha
mantenido las correspondientes posiciones políticas que exigía la
coherencia con los acuerdos firmados entre ambas formaciones políticas,
suscritos por los grupos parlamentarios. Pero su señoría se va al año
1994 y, en coherencia con esa posición del Pacto del 92, en un debate
donde lo que analizábamos era precisamente la figura del Defensor del
Pueblo, la posición del Grupo Parlamentario Socialista --seguramente
hasta yo sería la portavoz-- fue coherente con mantener las posiciones
mantenidas en el Pacto de 1992. En ese momento decíamos que todavía
estaban por explotar las capacidades de la Comisión de Peticiones. Quiero
decir que ésta ha funcionado magníficamente y se está haciendo un trabajo
magnífico en defensa de muchas de las competencias que institucionalmente
están atribuidas al Defensor del Pueblo en los ámbitos autonómicos de
otras Comunidades Autónomas.
Pero llega un momento, en el año 1997, donde Partido Popular y PSOE
intentan suscribir otro pacto autonómico que, como saben bien sus
señorías, ha sido imposible suscribir a nivel nacional, pero que con
buena voluntad, Comunidad Autónoma a Comunidad Autónoma, Partido Popular
y PSOE entramos en conseguir ese consenso necesario para reformar los
Estatutos del artículo 143. Y en esa reforma, en todas las Comunidades
Autónomas del artículo 143, sí se plantean elementos de reforma
institucional, se amplía el número de miembros de la Asamblea Regional,
como se ha hecho en Murcia, y se pone sobre la mesa una petición que
desde antaño Izquierda Unida venía haciendo en la Asamblea Regional: la
figura del Defensor del Pueblo.
El Partido Socialista Obrero Español, cumpliendo los Pactos de 1992,
evaluando el trabajo hecho por la Comisión de Peticiones, y afrontando un
nuevo tiempo político, plantea la conveniencia de apoyar esta
institución, que entendemos que en la Región de Murcia es beneficiosa y
puede hacer lo que ahora mismo hace la Comisión de Peticiones del
ciudadano y bastantes cosas más. Pero ¿qué sucede? Yo entiendo
perfectamente la actitud del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Quieren ser respetuosos con los aprobado en la
Asamblea Regional, yo también, pero tenemos que ser coherentes con las
posiciones políticas que mantenemos. La voluntad de la Asamblea Regional
de Murcia de traer este proyecto de reforma en el que no está incluido el
Defensor del Pueblo, es el acuerdo mayoritario adoptado por la Cámara
sólo con el voto, grandioso en número, del Partido Popular y con el voto
en contra de PSOE e Izquierda Unida. Por eso, señorías, yo mantenía ese
principio de coherencia con lo actuado allí y lo actuado aquí.
He dicho que hoy teníamos una oportunidad de subsanar esto, ¿por qué?
Porque en esa evolución que desde el Partido Socialista hemos tenido y
desde el Partido Popular también, en esos pactos que se han hecho en cada
una de las Comunidades Autónomas, los frutos no han sido los mismos; y en
unas Comunidades se contempla y se dice sí por el Partido Popular al
Defensor del Pueblo y en otras Comunidades, como la nuestra, se dice no.
Y yo me pregunto, señorías --sin ánimo de crítica, estaba viendo la
posibilidad de subsanar un tema que ha evolucionado después en los
cuerdos de la Asamblea de Madrid, que son posteriores a los de Murcia--,
si el Partido Popular en Cantabria, en Madrid ha evolucionado en el
sentido de reconocer esa institución para esas Comunidades Autónomas,
¿por qué en Murcia no? Digo que aquí tenemos una posibilidad; que
mantiene su criterio, me parece muy legítimo, señor Bascuñana, pero no
hablemos de incoherencias. Yo no he dicho que el Partido Popular fuera
incoherente, lo que he querido es sumarme a la coherencia que se está
manteniendo en relación con otras Comunidades Autónomas, salvando lo que
yo de momento entiendo que puede ser incluso un principio de
discriminación y de desequilibrio un poco institucional. Desde luego, soy
absolutamente respetuosa con la decisión de la Asamblea y con la mayoría
de la que es producto ese acuerdo. Se dice que no, no, pero mi obligación
era poner aquí de manifiesto estas consideraciones.
Haré una breve referencia a la enmienda que presentamos desde el Grupo
Parlamentario Socialista a la reforma del Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia. Yo creo que la interpretación que hace su señoría del
contenido del artículo 149 no es correcta. Estamos en una Comisión donde
las consideraciones jurídicas y constitucionales son esenciales, porque
de ellas depende mucho de lo que decidimos aquí. En ningún momento el
artículo 149 de la Constitución en su apartado sexto hace referencia al
derecho sustantivo contenido en leyes forales. El derecho sustantivo es
derecho sustantivo y se define en los manuales de Derecho como aquel que
tiene la capacidad de crear, modificar, o de extinguir relaciones
jurídicas. Desde luego el derecho de la huerta de Murcia tiene un
contenido total y absolutamente sustancial, consuetudinario y sustancial.
El derecho consuetudinario no es contrario al derecho sustancial. ¿Quién
dice que el único derecho sustancial que existe en las Comunidades
Autónomas es aquel que es foral? Nuestro derecho es sustancial y prueba
de ello, y lo he dicho antes, no es que podrán derivarse especialidades,
como dice la Constitución; es que del derecho de Murcia ya se han
derivado especialidades, y prueba de ello es que tenemos un Tribunal que
va a ser reconocido por las Cortes Generales como tribunal
consuetudinario y que, además, en esa propia legislación están previstas
especialidades procesales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Lo dije en el debate que tuvimos cuando examinamos la toma en
consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
precisamente uno de los débitos de las cuentas pendientes que tiene el
Consejo de Hombres Buenos de Murcia y que ha sido puesto de manifiesto
por tratadistas e insignes juristas de la Región de Murcia, es que hay
algunos temas que tenemos que solventar. Uno de ellos es la segunda
instancia, que hay que acomodar a la jurisprudencia constitucional desde
el máximo respeto al derecho consuetudinario. Con ese ánimo he defendido
la enmienda, que nuestro Grupo a su vez mantendrá en el Pleno, ya que
tenemos los suficientes elementos de juicio para mantener el carácter
consuetudinario y sustantivo del derecho consuetudinario de la Región de
Murcia al entender que ésta se ajusta perfectamente a las reservas que se
establecen en el artículo 149 de nuestra Constitución para conseguir ese
título competencial. Y prueba de ello es que, cuando se aprobó el
Estatuto de Autonomía el día 9 de junio de 1982, esa competencia ya se
contemplaba en él.
En cuanto al cómo y al por qué desapareció del Estatuto, no creo que sea
éste momento ni ocasión de entrar en ello, pero en cualquier caso creo
que ahora tenemos la oportunidad de remediar un pequeño error que tanto
el Partido Popular como el Partido Socialista cometieron en la anterior
reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Bascuñana.
El señor BASCUÑANA GARCIA: Señor Presidente, parece que, al final, las
enmiendas se han ido centrando más en temas relacionados con el Defensor
del Pueblo y en cuestiones relacionadas con la coherencia que el Partido
Popular está manteniendo en unas Comunidades Autónomas y en otras.
Señoría, yo creo que la coherencia que en estos momentos está manteniendo
el Partido Popular se basa en que cada Parlamento autonómico sea el que
decida si quiere introducir o no la figura del Defensor del Pueblo en su
Comunidad Autónoma, pero lo que creo que no procede es que desde las
Cortes Generales, desde esta Cámara territorial que es el Senado, les
impongamos a las Comunidades Autónomas, es decir, a los Parlamentos
autonómicos, la figura del Defensor del Pueblo. Creo que ni es ésta la
cuestión ni tampoco considero que sea coherente.
Pero le voy a decir más, señoría: ¿Sería coherente --ya que nos acusan de
ello-- que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Murcia votara
en contra de esta propuesta referente al Defensor del Pueblo con que aquí
y ahora aceptáramos la enmienda? ¿Sería eso coherente? Señoría, la
coherencia está en aceptar lo que el Parlamento autonómico en su mayoría
ha propuesto, y lo que ha propuesto es que, de momento, no considera
conveniente adoptar la figura del Defensor del Pueblo.
Por otra parte, sí es cierto que hubo un gran consenso entre todas las
fuerzas políticas representadas en la Asamblea para ampliar las
competencias de la Comisión de Peticiones, lo que, por cierto, está
funcionando muy bien. Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea
regional estamos de acuerdo en ello. Por tanto, creo que debemos
felicitarnos, tanto porque se está haciendo un control del Legislativo,
como porque, además, existe la figura de la Comisión para que, en un
momento determinado, se pueda apoyar o ayudar a cualquier ciudadano.
En cuanto a la cuestión del tribunal consuetudinario, como es lógico, su
señoría está en su derecho de mantener la enmienda para el Pleno y yo no
voy a entrar en ello. Lo que sí entiendo es que le he dado a su señoría
argumentos suficientes a este respecto, pero usted entiende de una forma
el artículo 149 de la Constitución en tanto que nosotros lo entendemos de
otra. Ya tuvimos oportunidad de hablar de ello en su momento, y por eso
no voy a entrar ahora en esta cuestión, pero lo cierto y verdad es que la
Asamblea Regional de Murcia no se lo ha planteado. Por otra parte,
tampoco consta en el texto. Eso es algo que corresponde a la Asamblea, y
lo que nosotros estamos recogiendo es precisamente el sentir mayoritario
de la Asamblea. Repito que no está en el texto que nos ha llegado, y que,
al menos en este momento, tampoco lo consideramos conveniente.
Agradezco al representante de Convergència i Unió los tres puntos que ha
expuesto referentes a la solidaridad con el Parlamento de Murcia y al
respeto a su voluntad. Agradezco, tanto a Convergència i Unió como al
resto de las fuerzas políticas del Senado, ese ánimo de construcción
hacia todas las Comunidades Autónomas que, me imagino, se habrá
demostrado también en su momento en relación con otros Estatutos, con lo
cual, por supuesto que en
el caso del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ese ánimo de
construcción no iba a ser menor.
Lo que sí quiero agradecer a todos, y especialmente a la Asamblea
Regional de Murcia, como decía al principio, es el gran esfuerzo que ésta
ha hecho para conseguir presentar un Estatuto en el que nuestro techo
competencial está prácticamente ya en un 90 ó 95 por ciento, esfuerzo
que, efectivamente, ha supuesto un trabajo ímprobo. A partir de la fecha
en que sea aprobado este Estatuto, la Región de Murcia va a poder contar
con algo que necesitábamos hace tiempo y que todas las fuerzas políticas
estábamos reclamando, con lo cual, creo que todos podremos celebrarlo.
Para nuestra Comunidad esto va a suponer un gran éxito logrado a través
del consenso, a pesar de esas pequeñas diferencias que hemos tenido y que
aún tenemos con Izquierda Unida con ocasión de otras reformas del
Estatuto, el cual, en un 90 por ciento ha sido consensuado por todas las
fuerzas políticas con representación en la Región de Murcia.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bascuñana.
Seguidamente, pasamos a votar las enmiendas. En primer lugar, votamos las
enmiendas números 9 y 14 del Senador Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en
contra, 25; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, votamos las restantes enmiendas del Senador Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 40; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos seguidamente la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, 25; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación el informe de la Ponencia. (El señor Román
Clemente pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señor Presidente, solicitamos votación separada
del artículo único y de los artículos 10 y 11.
El señor PRESIDENTE: Está bien.
Votamos, en primer lugar, el artículo único y los artículos 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 41; en
contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Resta tan sólo designar al miembro de la Comisión que presente el
dictamen de la Comisión ante el Pleno. Esta Presidencia propone que sea
un miembro de la Mesa perteneciente a la Región de Murcia. Así pues, si
no hay inconveniente por parte de sus señorías, esta Presidencia
considera que podría ser el Senador Bascuñana. (Pausa.)
Así pues, el Senador Bascuñana García sería quien presente el dictamen de
la Comisión ante el Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y diez minutos.