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DS. Senado, Comisiones, núm. 201, de 17/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 201
COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES
celebrada el lunes, 17 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Secretario General de Medio Ambiente, Excmo. Sr. don
Juan Luis Muriel Gómez, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, para
informar sobre el plan de desarrollo sostenible del entorno del Parque
Nacional de Doñana (Número de expediente 713/000361).
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
--De don José Castro Rabadán (GPS):
* Sobre la fecha prevista por el Gobierno para acometer la
construcción de la presa de Irueña, en Fuenteguinaldo (Salamanca)
(681/000734).
--De don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida (GPSNV):
* Sobre la fecha prevista por el Gobierno para terminar las obras de
acondicionamiento de los servicios de la playa del municipio de Ondárroa
(Vizcaya) (681/000744).
* Sobre las razones del retraso en la ejecución de las obras de
construcción del paseo marítimo de Ondárroa (Vizcaya) (681/000745).
* Sobre la fecha prevista por el Gobierno para la finalización de las
obras de construcción del paseo marítimo de Ondárroa (Vizcaya)
(681/000746).
* Sobre las previsiones del Gobierno y la fase de ejecución
administrativa en que se encuentra la realización de la obra hidráulica
de construcción del emisario submarino de Monpas en Donostia (Guipúzcoa)
(681/000766).
* Sobre las previsiones del Gobierno y la fase de ejecución
administrativa en que se encuentra la realización de la obra hidráulica
de construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
Loiola, en Donostia (Guipúzcoa) (681/000767).
* Sobre las previsiones del Gobierno y la fase de ejecución
administrativa en que se encuentra la realización de la obra hidráulica
de construcción del emisario terrestre que unirá el emisario submarino
con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Donostia
(Guipúzcoa) (681/000768).
* Sobre las previsiones del Gobierno y la fase de ejecución
administrativa en que se encuentra la realización de la obra hidráulica
de construcción de la presa de abastecimiento de Ibiur, en la provincia
de Guipúzcoa (681/000769).
--De doña Francisca López Yébenes (GPS):
* Sobre la situación administrativa de los expedientes de construcción
de la presa de Montizón II, en la provincia de Ciudad Real, con
indicación de la fecha prevista para la adjudicación de las obras
(681/000765).
--De don José Carracao Gutiérrez (GPS):
* Sobre la fecha prevista por el Gobierno para el comienzo de las
obras de abastecimiento a Jimena de la Frontera y de construcción de
nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de Gibraltar, en
la provincia de Cádiz (681/000771).
* Sobre la fecha prevista por el Gobierno para el comienzo de las
obras de saneamiento y depuración del Campo de Gibraltar, en la provincia
de Cádiz (681/000772).
--De don José Manuel Gómez-Angulo Giner (GPP):
* Sobre la situación en que se encuentra el proyecto de obras
correspondiente a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
Benalmádena (Málaga) y a los colectores de Torremuelle, en la misma
localidad (681/000774).
* Sobre la situación en que se encuentra el proyecto de obras
correspondiente a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y a
los colectores de Rincón de la Victoria (Málaga) (681/000775).
* Sobre la situación en que se encuentra el proyecto de obras
correspondiente a la ordenación de la playa de Poniente, en Málaga
(681/000776).
* Sobre la situación en que se encuentra el proyecto de obras
correspondiente a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y a
los colectores de Vélez-Málaga (Málaga) (681/000777).
--De don Lorenzo Selas Céspedes (GPS):
* Sobre la situación actual del expediente administrativo
correspondiente a la licitación del proyecto de la presa de Los Reznos,
en la provincia de Ciudad Real, con indicación de la fecha prevista para
el comienzo de los trabajos (681/000785).
--De don Heliodoro Gallego Cuesta (GPS):
* Sobre el estado actual del proyecto de construcción de la aportación
de recursos a la cuenca del río Carrión (Palencia) (681/000761).
Dictamen del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (621/000054).
Debate y votación de las siguientes mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para
que exija a la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
S. A. (AUDASA), la construcción de un falso túnel en el tramo de
autopista comprendido entre Rande y Puxeiros (Pontevedra), desde la calle
Subida a Madroa hasta el límite con la parroquia de Sampaio, a la altura
de Fonte das Mozas (661/000108).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
urgir a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) para que,
a partir de enero de 1998, se cubran los servicios de tren de la línea
entre Vigo (Pontevedra) y Oporto (Portugal) con las nuevas unidades de
Regional Diesel, de modo que se oferte un mejor servicio a los ciudadanos
del Eje Atlántico del Noroeste Peninsular (661/000119).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que la Compañía Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) no
suprima las paradas del tren que cubre el trayecto entre Madrid y
Zaragoza a su paso por las localidades de Yunquera de Henares, Humanes,
Espinosa de Henares, Mantillas y Baides (Guadalajara), proporcionando con
ello a sus habitantes el imprescindible servicio de transporte de
viajeros en las horas en las que es más necesario (661/000120).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que asuma el compromiso de incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, la construcción de un túnel en la
carretera nacional N-111 a su paso por el puerto de Piqueras, entre las
Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla y León (661/000105).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que se comprometa a asumir, en su planificación y programación
presupuestaria, la construcción del desdoblamiento del tramo de la
carretera nacional N-120 comprendido entre Logroño (La Rioja) y Burgos y,
particularmente, durante la presente Legislatura, del tramo comprendido
entre las localidades de Navarrete y Nájera (La Rioja) (661/000106).
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno de
la Nación para que lleve a cabo un proyecto para la creación de un Centro
de Aguas en El Rocío, en el municipio de Almonte (Huelva) (661/000115).
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Señorías, buenos días, se abre la
sesión.
En primer lugar, propongo a sus señorías la aprobación del acto de la
sesión anterior, si así lo creen oportuno. (Pausa.) Queda aprobada.
Muchas gracias.
--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA (713/000361).
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Pasamos a continuación a la
comparecencia del Secretario General de Medio Ambiente, a solicitud del
Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre el Plan de desarrollo
sostenible del entorno del Parque Nacional de Doñana.
Tiene la palabra el Secretario General de Medio Ambiente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Buenos
días. Muchas gracias, señor Presidente, pasaré a exponer con brevedad el
estado de la cuestión en que se encuentra el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana.
El Programa operativo de Doñana 2.ª fase, como saben sus señorías, es
continuación del aprobado el 9 de diciembre de 1993 y cuyo período de
vigencia era del 27 de abril de 1993 al 31 de diciembre de 1995. El
actual Programa operativo 2.ª fase fue aprobado el 6 de diciembre de 1994
y su período de vigencia es de 1.º de enero de 1994 a 31 de diciembre de
1999. Ambas fases tienen su origen en un Comité internacional de expertos
creado en su día por el Presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel
Chaves, en concreto en 1990, tras paralizar el proyecto especulativo
Costa Doñana en Matalascañas. En el año 1992 ese dictamen del comité
internacional de expertos se transforma, merced a las labores realizadas
por la Junta de Andalucía, en el Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana. Los dos programas operativos tienen, por tanto, los
años 1994 y 1995 comunes como período de vigencia. Ello ha sido la causa
del retraso de la ejecución de la 2.ª fase en tanto no se cerró la
primera, aunque hay otras causas, también importantes, que explican el
retraso de la ejecución de la 2.ª fase.
Efectivamente, el dictamen de los expertos sobre el desarrollo sostenido
del entorno se materializó por parte de la Junta de Andalucía en una
serie de acciones o proyectos en que gran parte han sufrido retrasos
importantes o no han logrado iniciarse. El conjunto del Plan operativo de
Doñana 2.º fase está realizado a 31 de diciembre de 1996 en un15,10 por
ciento sobre lo previsto en las tres anualidades 1994-96. Como es sabido,
este Programa cuenta con una financiación comunitaria de dos fuentes
distintas: los fondos Feder, 40,66 millones de ecus, y una financiación
extraordinaria de 105,89 millones de ecus. Por razones prácticas una
serie de acciones se atribuyen al Feder y otras, las menores, pero
también más cuantiosas, a la financiación extraordinaria.
Empezando por las actuaciones financiadas por el Feder con cargo al marco
de apoyo comunitario 1994-99, se pueden considerar, en primer lugar, las
dos únicas acciones que en el mismo son competencia del Ministerio de
Medio Ambiente: se trata de la remodelación del Paseo de Matalascañas, a
realizar por la Dirección General de Costas, y el Plan de saneamiento del
Condado. De la primera sólo se han realizado obras de emergencia por
valor de 142 millones de pesetas; algunos problemas de competencias
administrativas han retrasado la ejecución de estas obras, pero se van a
iniciar, esperemos que pronto, con el acuerdo de
todas las Administraciones implicadas junto con otras acciones añadidas.
En cuanto al Plan de saneamiento del Condado, se trata de una actuación
que iba a ser inicialmente ejecutada por la Junta de Andalucía, pero
posteriormente se decidió que la realizara la Dirección General de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente; ésta es la causa de que su
realización sea aún baja.
Las acciones cofinanciadas por el Feder a ejecutar por la Junta de
Andalucía están retrasadas algunas de ellas debido a que se trata de
ayudas a particulares, de las que no se ha registrado aún una demanda
importante. Otras actuaciones de infraestructura urbana se han retrasado
por la complejidad administrativa de los procesos previos y ahora parece
que comienzan a iniciarse con cierto ritmo. En algunos casos los
objetivos y la naturaleza de las obras a realizar no están bien definidos
desde el origen, como el caso del Museo Histórico-religioso del Rocío, el
Parque Dunar o el Centro Internacional de Estudios Ecológicos, por lo que
hasta ahora han estado bloqueados. Diversas actuaciones en materia de
saneamiento han coincidido con una nueva normativa que ha dado lugar a un
reparto de competencias y los consiguientes retrasos; el ejemplo del Plan
de saneamiento del Condado es uno de ellos. Cuestiones de competencia,
como en el caso del Feoga-Orientación, han hecho retirar algunos
proyectos previstos para la regeneración de ecosistemas, quedando
sobredimensionada esta acción y de ahí el retraso aparente que se añade
en ese caso a la situación real. Algunos cambios de planteamiento por
parte del Instituto de Fomento de Andalucía de algunas acciones
inicialmente atribuidas al mismo, y que posteriormente han sido
traspasadas a la Consejería de Medio Ambiente, han producido asimismo
retrasos en el inicio de proyectos.
En cuanto a la financiación extraordinaria, hay una sola acción del
Ministerio de Medio Ambiente a hacer en el entorno de Doñana, que es la
regulación y los transportes de redes hídricas. El importe de las obras
realizadas hasta ahora es un 27 por ciento de lo programado y en la
reprogramación presentada con fecha 26 de mayo de 1997 se pretende
completar esta acción con la inclusión de la presa del Andévalo. Las
acciones que incumben a la Junta de Andalucía en esta financiación
extraordinaria han padecido diversas adversidades debido a la falta de
acuerdo en cuanto a criterios por parte de las distintas Administraciones
implicadas en el entorno de Doñana. El grado de ejecución es de un 5,77
por ciento, pero sin duda la causa de mayor retraso se debe a la
incertidumbre, que todavía pesa, sobre la solución técnica que se va a
dar a la carretera Lebrija-Hinojos en cuanto a su paso por el
Guadalquivir; esta acción, con un presupuesto de unos 9.000 millones de
pesetas, está prácticamente a nivel de informes previos. Otro conjunto de
enlaces, con variantes de población, están condicionados por la carretera
anterior; no obstante, se están ejecutando aquellas obras menos
vinculadas a dichos proyectos. Finalmente, otras acciones de la Junta de
Andalucía relativas a restauración de ecosistemas, fundamentalmente
sustitución de eucaliptal por especies autóctonas, están bastante
retrasadas, pero su ejecución, en teoría, no debe presentar problemas
para realizarse antes del año 1999.
Como saben sus señorías, ante los retrasos por las diversas razones
indicadas que se han ido dando en el programa operativo, se propuso ya en
diciembre de 1995 una primera reprogramación del mismo. Antes de que la
Comisión Europea se pronunciase en mayo de este año se ha presentado una
nueva reprogramación financiera y de actuaciones para relanzar y acelerar
la ejecución del programa sobre bases más realistas, sin que estén
superadas las diferencias competenciales entre las Administraciones
públicas, tanto locales como autonómicas o nacionales.
Voy a hacer un breve resumen del cuadro financiero del Programa. Había
una inversión prevista de 60.177 millones, de los que 42.772
corresponderían a cofinanciación comunitaria. La primera fase del
Programa operativo de Doñana tuvo un coste total de 1.940 millones de
pesetas, de los que 1.131 fueron confinanciados. El Programa operativo de
Doñana 2.ª fase tiene un montante de 34.227 millones de pesetas, de los
que 23.449 van a ser con cofinanciación comunitaria: 6.505 con Feder y
con una cofinanciación aportada adicionalmente de 16.944 millones.
Finalmente, con Fondos de Cohesión iba a haber unos proyectos con un
coste total de 1.851 millones de pesetas, de los que cofinanciados serían
1.572 y a cargo del Feoga-Orientación 21.411 millones de pesetas, en los
que la cofinanciación sería 16.059 millones de pesetas. Todo esto, unido
a una pequeña partida del Fondo Social Europeo, de 747 millones de
pesetas, daba la cifra global de 60.177 millones de pesetas.
En cuanto al grado de ejecución, es el siguiente. En el apartado de la
financiación extraordinaria, en el período 1994-97 el Ministerio de Medio
Ambiente tenía programado la inversión de 58.299.000 ecus. Al 11 de
noviembre de 1997 --es decir, la semana pasada--, el grado de ejecución
era de 15.611.000 ecus, un 26,78 por ciento. La Junta de Andalucía tenía
programado 98,2 millones de ecus entre los años 1994 y 1997, y al 11 de
noviembre de 1997 había ejecutado nueve millones de ecus, lo que supone
el 9,20 por ciento sobre lo programado en inversión real.
Respecto a la financiación Feder, en el período 1994-97 el Ministerio de
Medio Ambiente debía haber invertido 14.195.000 ecus, pero a fecha de hoy
tan sólo ha ejecutado 3.075.000 ecus, es decir, un 21,66 por ciento. La
Junta de Andalucía tenía programado 25.756.000 ecus en el período
1994-97, de los que hay ejecutados 2.956.000 ecus, un 11,48 por ciento de
la inversión prevista.
Por lo que se refiere también a la financiación extraordinaria, y
entrando en algunos detalles, la regulación y transporte de redes
hídricas --programa que acometía el Ministerio de Medio Ambiente-- tenía
programado 58.299.000 ecus, y lo ejecutado ha sido 15.611.000 ecus, un
26,77 por ciento. La Junta de Andalucía había programado obras de
acondicionamiento y mejora de caminos rurales; la construcción de la
carretera de Lebrija a Hinojos; el acondicionamiento y mejora de la H-612
desde la A-49, el acondicionamiento de la carretera HF-6248 y la
restauración de ecosistemas. Todo ello, por un importe total de
98.200.000 ecus, de los que se han ejecutado nueve millones de ecus, un
9,20 por ciento.
Por lo que respecta al Programa operativo, 2.ª fase, y en lo relativo a
la remodelación del paseo marítimo de Matalascañas, durante el período
1994-97 al Ministerio de Medio Ambiente le correspondía haber invertido
4.518.000 ecus, de los que sólo ha ejecutado a fecha de hoy 885.000 ecus,
un 19,59 por ciento.
En el plan de saneamiento del Condado había programado 9.677.000 ecus, y
se han ejecutado 2.190.000, un 22,63 por ciento. A la Junta de Andalucía
le correspondían una serie de proyectos importantes, tales como la
creación del Museo Histórico-religioso del Rocío; del Centro Puerto de
Doñana; carriles de cicloturismo; plantas de reciclaje de residuos de
Huelva y el Condado; proyectos de regeneración y restauración de
ecosistemas; el Centro Internacional de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambientales; el Centro de Formación e Investigación
Forestal; el estudio de fomento y promoción de nuevas líneas de
producción; la revisión del PDTC, etcétera. Todo ello, como decía, por un
importe global de 25.756.000 ecus, de los que sólo se han ejecutado
2.956.000 ecus, un 11,48 por ciento de lo programado. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
En cuanto a las líneas de actuación del Ministerio de Medio Ambiente, y
por lo que respecta a la remodelación del paseo marítimo de Matalascañas,
hasta ahora se ha actuado por valor de 7.513.000 pesetas. Asimismo, se
han hecho obras de emergencia por un importe de 135.295.000 pesetas, y
hay previstas una serie de actuaciones, como la remodelación del paseo
marítimo de Matalascañas en el sector Levante; el acondicionamiento del
extremo oeste de la playa de Matalascañas; el paseo marítimo del balcón
del Atlántico,y la recuperación ambiental de las marismas de Algaida, en
Sanlúcar de Barrameda. Todo ello hará que en el período 1997-99 se
certifiquen obras por valor de 944.690.000 pesetas, con lo que el total
de la actuación se elevará a 1.085 millones de pesetas.
Respecto de las infraestructuras de recursos hidráulicos, hay una serie
de acciones ejecutadas, como el servicio de caminos del Corumbel; la
construcción de los sondeos en la ladera de la presa del Corumbel; el
desdoblamiento de sifones del canal del Piedra; la protección vial del
canal del Piedra; el deslinde y amojonamiento de terrenos expropiados del
Chanza; el acondicionamiento y la reparación del canal del Piedra y la
conducción de zona hasta Huelva; captaciones de la presa del Chanza; la
mejora de instalaciones en la presa del Chanza; la construcción de obras
de regulación del canal del Piedra, etcétera. Todas ellas tienen un
importe certificado al día de hoy de 2.496 millones de pesetas. Está
prevista la inclusión de la presa de Andévalo en el período 1997-99, con
lo que en este período se invertirían 7.673 millones de pesetas más, y la
actuación total sería de 10.169 millones de pesetas.
En cuanto al plan de saneamiento del Condado, al día de hoy está
elaborada en relación de los distintos proyectos. Por lo que se refiere
a la programación para el período 1997-99, se encuentra, en primer lugar,
el control del saneamiento de los pueblos del entorno de Doñana
--mancomunidad de municipios de Aljarafe--, con 550 millones de pesetas;
el saneamiento de la cuenca Arroyo Madre del Rocío, con 1.000 millones de
pesetas; lo que resta del saneamiento de la cuenca del Guadiamar, con
otros 1.000 millones de pesetas, y el saneamiento de la cuenca del Tinto,
con 1.500 millones de pesetas. Al final de 1999 se habrá conseguido una
inversión de 4.073 millones de pesetas.
A estas acciones hay que sumar otras que no se encuentran en el Plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana, pero que, lógicamente,
tienen una incidencia importante en él. En concreto, la depuración y
vertidos en el entorno de Doñana, y en particular, toda la zona del
Aljarafe, que vierte al Guadiamar, con la construcción de una red de
colectores, emisarios y depuradoras. Al día de hoy se han certificado
1.786 millones de pesetas, y en el período 1997-99 se van a certificar
otros 2.484 millones de pesetas, con lo que, al final, la actuación
importará 4.270 millones de pesetas.
Por último, hay algún punto de discrepancia en el comité de seguimiento
del proyecto sobre cómo completar la parte relativa a la aportación
extraordinaria: si hacerlo con la presa del Andévalo, o con otras obras.
En estos momentos, por lo que se refiere a la reprogramación del
programa, se está discutiendo con la Junta de Andalucía la idoneidad de
unos proyectos u otros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muriel, Secretario General de
Medio Ambiente.
Antes de pasar al turno de portavoces, ruego a sus señorías y al señor
compareciente que excusen mi retraso, que se ha debido a las condiciones
climatológicas, lo que ha supuesto la cancelación de algunos vuelos. Por
idénticos motivos, todavía no ha llegado el portavoz del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, quien de momento se encontraba pendiente
de poder tomar un avión hacia Madrid.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular, y normalmente
se concede primero la palabra al portavoz del grupo que la solicita,
pero, dado que también será el último en intervenir, por ser el grupo
mayoritario, si a sus señorías les parece bien, y para evitar
reiteraciones, podríamos dar la palabra, en primer lugar, al portavoz del
Grupo Socialista. ¿Tiene algún inconveniente, Senador Calvo?
El señor CALVO POCH: No, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Bella.
El señor BELLA GALAN: Señor Presidente, preferiría que interviniera en
primer lugar el Grupo Popular, que es el que ha solicitado la
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. En cualquier caso, como ya he dicho, por
ser el grupo mayoritario también intervendrá en último lugar.
cTiene la palabra, Senador Calvo.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto, mi Grupo estaba de acuerdo con la modificación en el orden
de las intervenciones, siempre y cuando también lo estuviera el portavoz
del Grupo Socialista. Pero en ningún caso pretendíamos modificar la
tradición en el desarrollo del debate.
En primer lugar, y como es lógico, queremos agradecer las explicaciones
facilitadas por el Secretario General de Medio Ambiente.
En todo caso, aunque su información ha sido puntual y desgranada en
cuanto al grado de ejecución y, sobre todo, en cuanto al momento actual
en que se encuentran las obras que el Ministerio de Medio Ambiente está
desarrollando dentro de lo que denominamos el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana, tanto las obras financiadas con los
fondos Feder, como las que lo están con lo que llamamos financiación
extraordinaria, a mi Grupo le gustaría conocer con mayor detalle, no
solamente el grado de ejecución de las obras del propio Ministerio, sino
también las que realiza la Junta de Andalucía, ya que la comparecencia es
solicitada para conocer el estado y el desarrollo actual de la segunda
fase del Plan de desarrollo sostenible, que incluye también dichas obras
en mayor número y con mayor dotación económica.
Nosotros tenemos algunos datos que se dieron en la última reunión del
comité de seguimiento. Simplemente queríamos conocer, en la medida en que
el Secretario General nos lo pueda explicar, cuáles son algunos de los
criterios que utilizan las diversas Administraciones que desarrollan
estas obras, porque no sólo se trata de poner en evidencia los distintos
grados de ejecución, ya que son muy distintos los del Ministerio y los de
la Administración autonómica.
Entendemos que para todas las Administraciones existe un problema de
ejecución presupuestaria, ya que muchas de ellas están entrando en la vía
de la reprogramación, pero, en todo caso, nos ha sorprendido que las
diferencias, con todos estos problemas respecto a las ejecuciones, sean
del doble y, sobre todo, que el nivel de ejecución de muchas de las
obras, a fecha de hoy, sea exactamente del 0 por ciento.
Desde nuestro Grupo Parlamentario entendemos que la protección del Parque
y de su entorno es competencia de todos, pero es evidente que el futuro
del Parque y su sostenibilidad dependen, en gran medida, de la gestión
que hagamos de su entorno. Por esa razón existe el Plan de desarrollo
sostenible del entorno del Parque, cuyo objetivo era favorecer el
desarrollo socio-económico de los distintos municipios situados en el
entorno. Nos gustaría saber cuáles son y en qué grado están ejecutadas
las partidas que, de una forma más clara, tienden a favorecer el
desarrollo socio-económico de los municipios del entorno.
Nos preocupa que se sea capaz de ejecutar algunos programas incluidos,
como el de desarrollo, y no otros que sí parece que tan sólo, hasta por
su denominación, podrían incidir de una manera más importante en el
desarrollo socio-económico de la zona, que es de lo que se trata, además
de su conservación medioambiental.
Por tanto, esperamos una explicación más detallada de ese aspecto.
Nuestro Grupo, evidentemente, se reserva la última intervención que le
corresponde como Grupo mayoritario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario General de Medio
Ambiente.
El SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): En primer lugar,
este programa, que tiene su origen, como especifiqué en un dictamen de
una Comisión Internacional de Expertos, entregado al Presidente de la
Junta de Andalucía en el año 1992 y aprobada la primera fase en el año
1993 y la segunda en el año 1994, ha sufrido diversos aconteceres.
Indudablemente, ya se han solicitado dos reprogramaciones, una a finales
del año 1995 y otra en mayo de 1997 y aún no ha sido aprobada por la
Unión Europea.
En mi intervención inicial expuse brevemente por qué algunas de las
cuestiones fundamentales a desarrollar no se han ejecutado. En el caso de
las inversiones del Ministerio, como ya dije, en el Paseo Marítimo de
Matalascañas existe una diferencia de criterios puntual con la
Administración local, que espero que quede pronto resuelta y nos permita
llevar esa reprogramación a la que he aludido en mi intervención, en
concreto terminar dicho paseo y hacer algunas acciones puntuales también
en la costa de Matalascañas.
Sobre el Plan de saneamiento del Condado inicialmente el primer Plan de
desarrollo sostenible presentado era una competencia a cargo de la
Dirección de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía. Posteriormente,
en función del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas, lo ha
asumido el Ministerio de Medio Ambiente. Los proyectos están realizados
y se van a iniciar las obras, que también explicité en mi anterior
intervención en qué importe se van a hacer.
En cuanto a las inversiones de la Junta de Andalucía en este apartado
fundamentalmente había actuaciones de infraestructuras en los municipios
y, dado el necesario proceso de elaboración de convenios con los
ayuntamientos, van bastante retrasadas.
Asimismo hay una serie de proyectos a cargo de la Junta de Andalucía,
como el Museo Histórico-religioso, el Parque Dunar o el Centro
Internacional de Estudios Ecológicos que, al no estar bien definidos, ya
que sólo están esbozadas las ideas, todavía no han madurado. Ha pasado
bastante tiempo sin que estos proyectos se hayan podido concretar y
ahora, recientemente, se han iniciado algunos de ellos, como es el caso
del Parque Dunar, cuyo proyecto ha sido recientemente presentado a la
sociedad del entorno del Parque.
También había una serie de problemas sobre algunos proyectos de
regeneración de ecosistemas, a cargo del Feoga-Orientación, que hasta
ahora no han sido ejecutados, pero que es de esperar que tras encontrar
el adecuado camino se pongan en marcha.
En cuanto a la financiación extraordinaria, al Ministerio de Medio
Ambiente le queda, aproximadamente, un 60 por ciento de sus presupuestos
por invertir y en ello reside la inclusión o no de la presa del Andévalo,
la cual ya tiene hecha su declaración de impacto ambiental favorable,
podría salir a licitación en cualquier momento y, desde nuestro punto de
vista, sería básico para completar todo ese sistema de regulación y
transporte de redes hídricas, desde el sistema del Chanza hacia el
entorno de Doñana, fundamentalmente para sustituir el agua en la
agricultura del subsuelo por este agua que vendría del sistema del
Chanza, tal y como se contemplaba inicialmente en el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana, elaborado por la Junta de Andalucía
sobre el dictamen de la comisión internacional de expertos.
Por tanto, en ese cupo de financiación extraordinaria, el Ministerio de
Medio Ambiente cubriría de sobra sus inversiones en el período 1997-1999.
La Junta de Andalucía tiene un grado de ejecución en esa financiación
extraordinaria de un 5,77 por ciento y, como saben, el principal problema
es la definición del paso del Guadalquivir por la carretera norte, que
uniría a Huelva con Cádiz, carretera de Lebrija a Hinojos, donde se
dirige la mayor parte de la inversión y, dado que aún no está definido
cómo se cruzará el Guadalquivir, es la acción que va más retrasada y que
preocupa más, dado además el volumen de inversión del orden de los 9.000
millones de pesetas.
También hay distintos problemas, fundamentalmente el sustituir
eucaliptales por especies autóctonas en el entorno de Doñana. Este
programa ha estado retrasado hasta ahora; sin embargo, recientemente la
Consejería ha anunciado la puesta en marcha de una inversión del orden de
400 millones de pesetas para este año 1998.
De alguna forma, éstos son los distintos problemas y circunstancias, los
distintos avatares por los que ha pasado el Plan de desarrollo
sostenible.
Bien es cierto que, junto a estas obras de recuperación de ecosistemas,
de dotación de servicios sociales o de infraestructuras, de comunicación
o de depuración y saneamiento de agua, había un buen número de líneas y
programas de actuación, fundamentalmente para poner en marcha nuevas
fórmulas, nuevas actividades económicas compatibles con la conservación
del Parque y que permitieran la generación de empleo y de riqueza en el
entorno de Doñana.
Es decir, se ponían por un lado infraestructuras adecuadas en la comarca,
pero, por otro, se iniciaban unas líneas concretas de actuación para
promover nuevas actividades económicas.
Efectivamente, esta parte del Programa es de las que lleva un grado de
ejecución menor y podría detallar a su señoría los distintos epígrafes:
Oficina de Turismo, programas en la Dirección de recursos turísticos,
estaciones en materia de promoción y creación de empleo, creación de
programas y puesta en funcionamiento de programas de sensibilidad
ambiental, centros de formación e investigación, estudios de fomento y
promoción de nuevas líneas de producción, actuación de difusión y
comunicación social del Plan, etcétera; es decir, toda una serie de
programas donde, al día de hoy, el grado de ejecución ronda, según les he
contado, entre el 3,85 y el 0 por ciento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.
Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el Senador Bella Galán.
El señor BELLA GALAN: Gracias, señor Presidente.
Mis primeras palabras son también para agradecer al compareciente su
presencia ante esta Comisión y el que nos haya facilitado los datos
suficientes como para poder analizar, desde el punto de vista del Grupo
Socialista, el devenir de este Plan de desarrollo sostenible.
Me gustaría hacer un preámbulo, quizás un marco, a través del cual ir
haciendo las distintas aportaciones que desde nuestro Grupo entendemos
que tenemos que hacer en este momento.
El Plan de desarrollo sostenible de la comarca de Doñana surge de la
petición del Presidente de la Junta de Andalucía de un dictamen a una
comisión internacional de expertos, pero este dictamen y el nombramiento
de la propia comisión no sólo se hace por parte de dicha Junta, sino
también por parte del Gobierno Central y de la Unión Europea, hasta el
extremo de que los técnicos o expertos que participan en la comisión,
como digo, no solamente son nombrados por el propio Presidente o por la
Junta, sino por el Gobierno Central, y también por la Unión Europea.
Este detalle, que en muchas ocasiones se obvia y parece que la
responsabilidad del dictamen recae exclusivamente sobre el Presidente de
la Junta de Andalucía es, a mi entender, de bastante interés e
importancia, puesto que el mero hecho de haber formalizado una comisión
internacional de expertos que generara un dictamen sobre la comarca de
Doñana y se hiciera desde tres Administraciones Públicas, supone que el
mismo empieza siendo un compromiso de las tres Administraciones que
realmente lo han encargado.
Los objetivos que se planteaban dentro de dicho dictamen eran,
fundamentalmente, el establecer un marco de actuaciones desde el punto de
vista socioeconómico en la comarca de Doñana, de tal manera que
determinara cuáles iban a ser las posibles actuaciones en el futuro,
desde el punto de vista económico, de desarrollo, de infraestructuras
necesarias para la misma, de tal forma que el binomio
conservación-desarrollo --un debate ampliamente suscitado en el mundo
entero-- pudiera tener una concreción precisamente en la emblemática
comarca de Doñana, por aquello de que el Parque Nacional de Doñana es uno
de los símbolos de conservación de la naturaleza más importantes de
Europa.
Dicho esto, realmente las actuaciones que hay que llevar a cabo en esta
comarca tienen que arrancar de ese principio. Tiene que haber un
principio de consenso y de colaboración fundamental.
Respecto a los números que nos han proporcionado, hay bastantes
diferencias o matices con los que presenta la
Comisión de seguimiento o la propia Junta de Andalucía. Con referencia al
propio Ministerio de Medio Ambiente, hay seis acciones en concreto que le
están encargadas expresamente, que son las siguientes, y que voy a tratar
de explicar no sólo en sus cuantías --como digo, los números bailan
estrepitosamente a la hora de hablar del Plan de desarrollo sostenible--,
sino también el contenido que han de tener las mismas.
Respecto al tema de regulación y transportes de recursos hídricos, el
objetivo que plantea el dictamen de la comisión de expertos, para el cual
se dota el plan operativo, es evitar que se siga sacando agua del
acuífero 27, fundamentalmente, por explotaciones agrícolas. Para evitar
estas extracciones, se determina que lo mejor sería traer aguas
superficiales de otras zonas, aledañas a la comarca de Doñana, en
concreto a la zona del Chanza. Por tanto, hay una serie de inversiones,
como la pretendida sobre la presa del Andévalo, presa fundamental para la
provincia de Huelva, que quizás se pudieran poner en entredicho desde el
punto de vista de ese objetivo. Es decir, podríamos pensar que con el
remedio hídrico que tendríamos que hacer para la regulación del agua
superficial en Doñana evitando las extracciones del acuífero 27, se
podría traer agua incluso de otra cuenca mucho más lejana y, desde ese
punto de vista, estaría justificado. Pero quizá con los presupuestos que
tenemos, que repito son contantes y sonantes y están puestos en ese plan
operativo, lo más lógico sería esforzarse en procurar que con ese dinero
se hiciesen obras sobre la misma comarca y que al final se asegurara que
una vez ejecutados dichos presupuestos, la extracción del acuífero 27 de
Doñana fuera sólo un recuerdo y la actividad agrícola que, por otra
parte, es recomendable desde el punto de vista del dictamen de la
comisión de expertos, pudiera estar garantizada en sí misma.
Respecto al denominado plan de saneamiento de Guadiamar muy importante,
que hasta ahora tiene realizados, aproximadamente, 5.137 millones de
pesetas, hay que tener en cuenta que estas obras se concretaron y
adjudicaron allá por el año 1995. Se han ejecutado entre 1995, 1996 y
1997, este último con 1.500 millones de pesetas. Digo esto porque, a la
hora de valorar y hacer porcentajes sobre cuáles son las realizaciones
hechas por el Ministerio y la Junta de Andalucía --dinámica en la que no
me gustaría entrar, pero que en cierta medida se ha entrado en lo que
hemos escuchado hasta ahora a lo largo de esta comparecencia--, quizás
habría que pensar que esas contrataciones y ejecuciones de obra no se han
hecho todas en el mandado de un determinado Gobierno. Insisto, lo ha
hecho el Gobierno Central pero en varios mandatos, con lo cual, los
porcentajes, más que atribuírselos a la gestión de un Gobierno en
concreto, habría que hacerlo a una Administración concreta. Y repito que
esto no debe servir como parangón o como regla de medir para ver quién ha
hecho más en el plan de desarrollo sostenible o en el plan operativo.
Con referencia al tema del plan de saneamiento del Condado, he de decir
que hubo inversiones que se terminaron de ejecutar en 1996; después, en
1997 no ha habido nada, y para 1998 tampoco está prevista ningún tipo de
actuación.
En cuanto al plan de saneamiento del Arroyo del Partido, aún sin definir,
está dentro del Programa Marcos Generales del propio Ministerio, una
acción que todo el mundo conoce por las inundaciones acaecidas durante
las dos últimas temporadas de lluvia, en el Rocío, en concreto, es un
plan que necesita de una actuación inmediata, toda vez que hay dos
problemas, uno humano, muy importante, de inundaciones y que sensibiliza
mucho a la población, y otro, de enarenamiento dentro de las marismas de
Doñana, lo cual es suficientemente importante como para que se ataje con
la voluntad presupuestaria adecuada.
Hay otro programa, que es el del deslinde de las marismas del
Guadalquivir, también por definir, en el que creo se han gastado
aproximadamente 14 ó 15 millones. Se ha hecho un deslinde sobre unos 11
kilómetros en los dos márgenes y convendría avanzar en él. Tampoco están
determinadas las inversiones previstas durante 1997 y 1998. También está
la remodelación del paseo de Playa de Matalascañas, en el que, al
parecer, se han gastado 141 millones de pesetas en una obra de emergencia
y que no parece que sea lo más adecuado dentro del plan de desarrollo
sostenible o del plan operativo, aunque habitualmente se viene haciendo
en toda la costa de Huelva y de España, en general.
Concluyendo esta primera parte de la intervención, me gustaría preguntar
en concreto al Director General de Medio Ambiente, en primer lugar, cuál
es la justificación real para incluir el tema de la presa del Andévalo y,
en segundo lugar, si hay alguna justificación también para tener incluido
dentro del plan de saneamiento general y del dinero que está pendiente
ahora mismo para la comarca de Doñana la depuradora de Huelva capital.
Qué incidencia puede tener en lo que es la misma comarca.
Para hacer una reflexión un tanto genérica, sin entrar en polémicas que
creo son totalmente estériles, puesto que lo importante de este proyecto
de trabajo que, en definitiva, es el plan operativo, es que haya una
coordinación máxima entre todas las Administraciones que están obligadas
a su cumplimiento, he de decir que en los cuadros de inversión de las
Consejerías de Agricultura y Pesca, de Obras Públicas y Transporte, de
Turismo y Deportes, de Trabajo e Industria, del Instituto de Fomento de
Andalucía, de la de Cultura, de la de Educación y Ciencia, y de la de
Medio Ambiente, todas competentes en el desarrollo del plan operativo de
Doñana, se incluyen cantidades sustanciales de inversión para 1998.
Evidentemente, hay una cuestión en todo esto que no me gustaría que se
pasara por alto. Es decir, el plan de desarrollo sostenible no es sólo
inversiones en infraestructura y en equipamiento. Lo fundamental que se
establece en el dictamen de la comisión de expertos es que si una vez
realizadas todas estas obras en un plazo que tenemos que procurar sea el
que se crea, no se le ha acompañado de medidas tales que al final la
población de la comarca sea la protagonista de todas las actividades de
desarrollo económico que allí se produzcan propiciadas por esas
inversiones, evidentemente, el plan no habrá servido casi para nada. Me
gustaría conocer qué tiene previsto el Ministerio en cuanto a niveles de
cooperación con la Junta de Andalucía y con la Unión Europea para que
realmente
el consenso sea lo fundamental en el desarrollo de este plan. Y también
me gustaría saber qué acciones de cualquier otro tipo del Plan de
desarrollo sostenible o del plan operativo --que no es un plan cerrado,
es decir, las administraciones pueden acompañar con medidas propias para
conseguir esos objetivos-- son las que tiene el Ministerio previsto para
que pasados equis años --pongamos ocho, diez-- la comarca de Doñana tenga
suficiente protagonismo en todo lo que se refiere a su propio desarrollo
económico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Calvo Poch pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Calvo.
El señor CALVO POCH: Querría saber si me corresponde tomar la palabra
como Grupo mayoritario en estos momentos o posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Como la pregunta es larga, el señor Secretario
contestará a la intervención y luego podrá intervenir su señoría. Hay
tiempo para que otros señores Senadores puedan intervenir. Dado que la
intervención del Senador Bella es amplia, es preferible que el Secretario
General conteste directamente a la misma. Luego tendrá su señoría una
nueva oportunidad de intervenir.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Voy a tratar de responder puntualmente a todas las cuestiones planteadas
por el Senador Bella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta
Cámara que ha dado multitud de datos.
El Senador Bella manifiesta que los números bailan. Yo debo decir, señor
Bella, que los números no bailan. La realidad es la que es y a veces
cuando no atendemos sus razones nos llenamos de sorpresa al despertarnos
en la realidad. Los números que le he dado son los que salen de los
ordenadores del Ministerio de Economía y Hacienda a 11 de noviembre de
1997. Eso es lo que hay. Y aprovecho para decirle --dado que la
participación de Hacienda es básica para que haya esa buena colaboración
entre las Administraciones implicadas, fundamentalmente entre la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente con la Unión Europea-- que
entenderá que lo que hay a día de hoy en los ordenadores de Hacienda son
los números reales del Plan de desarrollo sostenible del entorno de
Doñana y que por lo tanto no bailan, sino que son los que son y ésa es la
realidad a la que nos tenemos que atener.
Como su señoría dice, todo el sistema de regeneración hídrica del entorno
de Doñana, de las marismas de Doñana, se basaba en un plan recogido ya,
como su señoría conoce, en el propio dictamen de la comisión
internacional de expertos y recogido después por los técnicos de la
propia Junta de Andalucía en el Plan de desarrollo sostenible del entorno
de Doñana. Se trataba, como bien dice su señoría, de aportar agua de un
sistema exterior al entorno de Doñana para evitar que se siguiera sacando
este agua, fundamentalmente en la agricultura intensiva del entorno de
Doñana, del acuífero. Por consiguiente, al parecer se aprovechaba el
exceso de agua que pudiera haber en el Chanza para traerla mediante un
complicado sistema de canales y sifones a este lado del Odiel, es decir,
al entorno de Doñana.
Estas acciones, que como sabe su señoría se iniciaron en los años 1994 y
1995, se tienen que seguir completando. Sabe su señoría, porque es
Senador por la provincia de Huelva, que la demanda para la zona regable
del Chanza sigue en aumento y, como bien ha dicho, que la construcción de
la presa del Andévalo es un objetivo básico para garantizar la
disponibilidad de agua en la agricultura de esa bella provincia.
Por lo tanto, entiendo que incluir esta obra, la presa del Andévalo, en
este proyecto responde a dos objetivos básicos: en primer lugar,
garantizar que todo el caro sistema, en el que se han invertido del orden
de 2.500 millones de pesetas, de traer agua del sistema del Chanza al
entorno de Doñana tenga utilidad, es decir, que no sólo tengamos el
sistema de transporte sino el recurso, el agua. Desde ese punto de vista,
la presa del Andévalo es básica.
Pero permítame que le haga una segunda observación sobre este asunto, y
es que la segunda fase del Plan de desarrollo sostenible del entorno de
Doñana empieza en el año 1994 y que del año 1994 al de 1997 se han
invertido 2.496 millones de pesetas en este conjunto de obras.
Para completar el cupo que le correspondía a la Administración del Estado
hacían falta proyectos por orden de 10.169 millones de pesetas en este
capítulo. En la Administración del Estado que este Gobierno se encuentra
en 1996, aparte de estos 2.496 millones, no había un solo proyecto más
que presentar ante la Unión Europea, proyecto redactado con los papeles
al día y con las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De ahí
que hayamos pensado que esta obra es importante por dos cosas: en primer
lugar, se garantiza el abastecimiento de agua a la agricultura onubense
y, en segundo lugar, podemos conseguir ese gran objetivo que usted
comparte conmigo de evitar seguir pinchando en el acuífero de Doñana.
Pero le vuelvo a decir que frente a los 10.000 millones, que es el total
de actuación, aquí solamente se han certificado a día de hoy 2.496
millones y no hay proyectos para lo demás. De todas formas, dentro de ese
clima de cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas,
el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando, como su señoría conoce,
con la propia Junta de Andalucía para encontrar un marco idóneo de
colaboración.
Tengo que decirle, señor Bella, que el problema de este programa no es
actuar en el entorno de Doñana. El problema de este programa es traer
agua al entorno de Doñana. Le podrá sorprender que las obras que propone
la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía tampoco estén en el
entorno de Doñana: es el desdoblamiento del sifón de vaciadero y salinas
por un importe de 1.016 millones de pesetas; el cierre de la conducción
del ramal del Tinto y la zona industrial de Huelva por valor de 3.977
millones
de pesetas o el desdoble de ramales principales del Tinto y depósitos de
Huelva por valor de 1.489 millones de pesetas.
Quiero decirle que lo que propone la propia Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía tampoco son obras en el entorno de
Doñana, son obras para completar este sistema de abastecimiento de agua
a la agricultura de Huelva y a la provincia de Huelva, que desde el punto
de vista del Ministerio son básicas y, por nuestra parte, estamos
dispuestos a acometerla. Sí tenemos muy claro que para que sean
encajables en el actual marco de apoyo lo que tenemos preparado y listo
al día de hoy, lo hemos puesto al día en el último año, es el proyecto
del Andévalo y la declaración de impacto ambiental de la presa del
Andévalo. En cuanto a las otras obras, habría que terminar los proyectos
y podríamos caer en algún problema para su vigencia en el marco de apoyo
1994-99.
Por lo tanto, señor Bella, y dentro de ese clima de cooperación y
colaboración, no se trata de hacer obras en la comarca, sino de hacer
obras que ayuden a la comarca. Este podría ser un asunto que podría dar
lugar a malas interpretaciones y como sabe su señoría la mayoría de las
obras que se han realizado ahora por esta Administración y la anterior
son obras fuera de esa comarca por lo que le diría que en aras de ese
consenso, de ese equilibrio comprendiéramos que lo que hay que traer es
agua, es decir, obras que solventen los problemas de esta comarca y no
obras, en este programa concreto, para esta comarca.
Usted me habla también de qué tiene que ver la depuradora de Huelva
capital con el Plan de desarrollo sostenible de Doñana. Que yo sepa,
nada, señoría, y no sé por qué me la cita. Yo solamente le he nombrado
otra obra que no está comprendida en el Plan de desarrollo, pero que sí
tiene una influencia y en concreto le hablaba de la depuración de
vertidos en el entorno de Doñana de la mancomunidad de Aljarafe, cierre
de colectores y emisarios, y le hablaba de que había unos fondos
certificados de 1.786 millones de pesetas y que haría falta desembolsar
en 1997-1999 otros 2.484 millones de pesetas.
Esto al margen de esas otras obras de depuración que usted ha citado
también, que eran las depuradoras propiamente dichas, del sistema del
Guadiamar, de la provincia de Sevilla, y de Hinojos por valor de 5.000
millones de pesetas, que no están en el Plan de desarrollo sostenido del
entorno de Doñana, pero, como su señoría sabe como buen conocedor de
ello, que benefician y redundan en la conservación del parque de Doñana
y también, cómo no, en la calidad de vida de los habitantes que viven en
su entorno.
Yo, señor Senador, he leído los presupuestos de las diversas consejerías
para el año 1998 y en todas ellas hay partidas para el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana. Es cierto. También las había en los
presupuestos de 1997, en los de 1996, en los de 1995 y en los de 1994. El
señor Bella sabe que fui portavoz de estos asuntos en la Cámara andaluza
y todos esos años hubo partidas presupuestarias en los presupuestos de
las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía para éstas y otras
cuestiones.
El problema, señor Bella, es que, al día de hoy, las inversiones
efectuadas por la Junta de Andalucía en todas esas programaciones
presupuestarias es de un 5,77 por ciento. Es decir, usted sabe que en los
presupuestos cabe todo, podemos pintar todo, pero si después no aplicamos
esas cantidades, nos vemos como nos estamos viendo.
Es decir, señoría, el problema no es poner un epígrafe bonito en el
presupuesto de una Administración Pública, sino ejecutarlo después. Desde
ese punto de vista, no me sirve de nada que haya bonitos epígrafes si
después el nivel de ejecución, dentro del Programa de financiación
extraordinaria, es del 5,77 por ciento, y el del Programa operativo 2.ª
fase, el 9,09 por ciento. Por lo tanto, señor Bella, eso no nos puede
llenar de satisfacción ni a usted ni a mí, y una vez corregidos una serie
de problemas iniciales, algunos de los cuales, en plan constructivo, he
comentado al principio de mi primera intervención, parece que van
quedando solucionados y podrán empezar a desarrollarse todos estos
programas de inversión.
También le he leído, señor Bella --si quiere, por no repetir ahora las
cifras, se las volveré a dar al final de la comparecencia--, la
programación que tenemos para el plan de saneamiento del Condado --la
polémica presa del Andévalo sí o no para todo el tema de la
infraestructura de los recursos hidráulicos-- y le he comentado también,
y usted lo conoce porque en otros ámbitos hemos tenido la oportunidad de
debatirlo, cómo afrontar las inversiones relacionadas con la puesta en
valor de la belleza del litoral de Matalascañas.
A usted le consta que hay diversos proyectos sobre la mesa y que hay un
deseo de entendimiento del Ministerio de Medio Ambiente con el
ayuntamiento del que usted es Alcalde-Presidente para una serie de
asuntos que nos impiden finalizar las obras del Paseo Marítimo de
Matalascañas, así como dedicar el sobrante --porque lo hay-- a otras
obras que usted sabe que redundarán en que Matalascañas sea un destino
turístico más agradable para todas las personas que allí veranean o viven
el resto del año, pues hay una buena población estable: obras de
acondicionamiento del este de la playa de Matalascañas, la parte que nos
corresponde del proyecto del Parque Dunar o la remodelación de lo que
queda en el sector levante del Paseo Marítimo de Matalascañas, así como
una pequeña partida de 300 millones de pesetas para la recuperación
ambiental de las marismas de Algaida. Estas son obras que tenemos
reprogramadas para 1997-99 dentro de esa reprogramación última a la que
se presentaron las dos Administraciones, Junta de Andalucía y Ministerio
de Medio Ambiente, ante la Comisión Europea, en mayo de este mismo año.
Por nuestra parte, esas inversiones existen y estamos dispuestos a
acometerlas, dentro, siempre, de ese espacio de consenso, de encuentro,
de colaboración con todas las Administraciones municipales o autonómicas
afectadas. Ese es nuestro objetivo, que haya amplio consenso y líneas de
cooperación estables, y que no haya, por tanto, ningún tipo de incidencia
que pueda provocar que, al menos por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, se pudiera perder alguna de estas cantidades cofinanciadas por
la Unión Europea.
Como sabe su señoría, porque es buen seguidor de las políticas del
Ministerio de Medio Ambiente, hay zonas de actuaciones que tienen
relación con el entorno de Doñana que está poniendo en marcha el
Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, la regeneración norte del
Parque o el Picrha del Arroyo del Ajolí son inversiones importantes, del
orden de los 500 millones de pesetas para el año 1998 y que también se
van a acometer.
Como usted sabe más de 300 personas de la comarca tienen su empleo
directo en el Parque Nacional de Doñana y empresas de su municipio tienen
un importante apoyo de su actividad económica y de creación de empleo en
el mismo, por lo que nos comprometemos con una inversión importante para
este año con la puesta en valor de determinadas zonas, como las obras que
se van a realizar en El Acebuche, y ese atractivo turístico, como
generador de empleo, como creador de riqueza en los municipios del
entorno, va a contar este año con una inversión general de 600 millones
de pesetas.
Por lo tanto, no hay, como su señoría ha manifestado a algún medio de
comunicación, un descenso de las inversiones en el Parque Nacional de
Doñana, sino todo lo contrario, un mantenimiento de las mismas.
Finalmente, debo decirle que es norma habitual del Ministerio de Medio
Ambiente y particular de este Secretario General mantener una magnífica
relación con las Administraciones implicadas, con la Consejería de Medio
Ambiente, con la Fundación Doñana XXI --el instrumento creado por la
Junta de Andalucía con agentes del entorno--, así como con los alcaldes
de la zona. Es decir, esa posición de diálogo constructivo, de encuentro,
de búsqueda de soluciones, la venimos manteniendo desde la constitución
del Ministerio de Medio Ambiente y, por lo tanto, pensamos que en ese
modelo de diálogo con asociaciones, con entidades ciudadanas y con las
Administraciones Públicas es un buen modelo para integrar la realidad del
Parque Nacional de Doñana con los habitantes del entorno.
Esa no es una unidad ajena a ese entorno, sino que forma parte de él, y
el Ministerio de Medio Ambiente hará todo lo que esté en su mano para
que, insisto, con las Administraciones públicas implicadas o interesadas
y competentes en el entorno de Doñana esa relación fructífera y de apoyo
sea una realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General.
¿Qué señores Senadores desean formular preguntas o aclaraciones? (Pausa.)
En primer lugar intervendrá el Senador Bella, después el Senador García
Correa y por último el Senador Calvo, para finalizar con las respuestas
del señor Secretario General.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella
Galán.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario General, voy a plantearle a su señoría varias cuestiones
en función de las respuestas dadas a mi intervención anterior, así como
otras suscitadas a lo largo de su comparecencia.
Señoría, cuando yo digo que los números bailan no me estoy refiriendo a
nada raro, sino a que me parece que hay una descoordinación entre lo que
realmente se está aplicando en la comarca de Doñana, lo que se pretende
aplicar y los datos que se tienen.
Yo no he tenido acceso a la información del ordenador del Ministerio de
Hacienda del día 11 de noviembre de 1997, es decir, rabiosamente
reciente. Pero sí tengo delante un Boletín de esta Comisión, del 17 de
febrero de 1997, cuando comparecía la señora Ministra de Medio Ambiente,
y decía concretamente que con relación a este Plan de desarrollo
sostenible --se estaba refiriendo a la comarca de Doñana-- ya no se
trataba de mantener el compromiso inicial de 63.000 millones de pesetas,
sino que dado que no se habían presentado los programas adecuados al año
y pico, en vista de que faltaban esos proyectos, se reducían a la mitad,
a 37.000 millones de pesetas.
Por lo tanto, digo que los números bailan porque ciertamente es así. Hay
manifestaciones de personas tan autorizadas como, en este caso, la señora
Ministra de Medio Ambiente, que ha hablado en esta Cámara, en esta
Comisión, de que se habían reducido los dineros a la mitad, a 37.000
millones de pesetas.
Según lo entiendo yo, se había utilizado el Plan de desarrollo sostenible
como un arma arrojadiza contra no se sabe muy bien quién, porque, según
he intentado fijar en el marco inicial de mi primera intervención, creo
que el Plan citado o es una cuestión de todos o es algo con lo que sería
muy difícil convivir. En ese sentido es como planteo la diferencia entre
lo manifestado el 17 de febrero y el día de hoy.
En varias preguntas por escrito yo mismo he pedido que se me indique el
estado actual de algunos programas relativos al Plan de desarrollo
sostenible, e incluso en algunas ocasiones se me ha contestado, primero,
que dicho Plan era responsabilidad de la Junta de Andalucía, y, por otra
parte, que había programas que no se sabía muy bien por dónde andaban.
Me parece que hablar acerca de quién ha realizado más o quién ha
realizado menos porcentaje es seguir un poco en esa dinámica, y yo no
creo que se trate de demostrar quién ha realizado más porcentaje de lo
que proporcionalmente corresponde al dinero que se tiene, si uno con
cuarenta y tantos mil millones u otro con diecisiete mil. Habría que
hablar, a mi modo de ver, de los porcentajes contratados por cada una de
las Administraciones, o de los responsables actuales. La mayor parte de
las obras hidráulicas correspondientes al Gobierno central que se han
contratado y se han ejecutado lo hicieron con el Ministerio de Obras
Públicas, no con el Ministerio de Medio Ambiente, y yo reto a dicho
Ministerio a que dé a los miembros de esta Comisión la información que
tiene el ordenador de Hacienda de todas las contrataciones que ha hecho
el Ministerio de Medio Ambiente, y no las que fueron objeto de
contratación y procedimientos administrativos avanzados por parte del
antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En concreto, recuerdo
la sesión del Patronato de Doñana en la que el Director General de Obras
Hidráulicas presentaba la adjudicación de 5.000 millones para el
saneamiento de la Cuenca del Guadiamar, que es un porcentaje muy
importante dentro de los 17.000 que tiene que invertir el propio
Ministerio. Quiero poner en evidencia que esa dinámica es errónea, que no
merece la pena seguir por ahí; lo importante tiene que ser lo que todos
nos preguntamos cuando no tenemos medios de comunicación delante: ¿Qué va
a ocurrir con la comarca de Doñana dentro de siete u ocho años? ¿Cuáles
son las inversiones que se están realizando de verdad? ¿Se está contando
con la gente? Por ahí va un poco la cuestión.
Con respecto a la presa del Andévalo, creo que el Ministerio debería
disponer este año en los presupuestos de dinero suficiente para concluir
todo lo relativo a dicha presa. En los presupuestos es donde de verdad se
ve la voluntad política de hacer las cosas, y hace falta esa inversión
para Huelva. Pero no vinculemos una cosa con la otra. Si las tres
Administraciones públicas, y me refiero a la Unión Europea, a la
Administración Central y a la Administración Autonómica de la Junta de
Andalucía, han decidido hacer un programa sobre la comarca de Doñana, no
dispersemos, porque puede ocurrir que, con muy buenos criterios,
realicemos obras muy importantes en las provincias de Huelva, de Sevilla
o de Cádiz, pero que lo que nos habíamos propuesto inicialmente, que era
solucionar el problema de la comarca de Doñana, lo dejemos exactamente
igual a como estaba al principio; habremos hecho cosas muy buenas, pero
no lo que realmente tendríamos que haber hecho.
Se me ha aludido en varias ocasiones en esta Cámara como alcalde de un
municipio, aunque ahora actúo como Senador, pero como alcalde creo que es
mejor ver reflejados los importes en las anualidades de los presupuestos
a que no figuren. Aunque luego no se cumpla, ya hay un compromiso por
parte de una Cámara, de un Parlamento o de un Gobierno de gastar unas
partidas en los años 1997 y 1998. Es más razonable concretar los dineros
en las partidas y no hacerlo posteriormente sobre la base de globos-sonda
que vamos a lanzar.
La reducción que se ha hecho este año con respecto al Parque Nacional de
Doñana está concretada en los presupuestos. El año pasado se utilizaron
la mayor parte de los 1.760 millones para pagar expropiaciones, y este
año se ha reducido hasta el extremo de que algunos centros de
interpretación, en concreto en Acebuche, se han cerrado en agosto, por
falta de personal, de mantenimiento y de presupuestos. ¿Qué va a ocurrir
en el año 1998 si ni siquiera constan en las partidas esos dineros para
poder mantener los centros abiertos? Yo prefiero que las cantidades estén
diseñadas en los propios presupuestos, aunque luego sean menos o sean
más, pero así al menos hay un compromiso inicial sobre el que se puede
discutir.
Con respecto a otros tipos de programas que se generan, me parece bien
que en un momento dado aludamos a temas importantes que están ocurriendo
en la comarca, en concreto a la Fundación Doñana XXI. Hasta ahora, cada
vez que se ha reunido dicha fundación, la silla de la Administración
Central del Estado ha estado vacía. Por más que hemos preguntado todos
los que nos reunimos qué pasa con la Administración Central del Estado,
no nos han contestado. La Fundación Doñana XXI, auspiciada por la Junta
de Andalucía, tiene el ánimo de consensuar la actuación que se haga sobre
el tejido social de la comarca, toda vez que todos entendemos que no sólo
hay que hacer obras y hay que hacerlas con rapidez, sino que lo
importante es que la población se inmiscuya en todos esos procesos y que
siga siendo la protagonista. Uno de los mecanismos más importantes que
hemos encontrado al respecto es la Fundación Doñana XXI. Me consta, por
responsables de la Administración de la Junta de Andalucía, que se ha
ofrecido en varias ocasiones al Gobierno Central. Me alegra que el
Secretario General de Medio Ambiente valore positivamente el tema de la
fundación y la participación, pero me gustaría conocer de verdad cuál va
a ser la actitud definitiva que el Ministerio, en este caso el Estado, va
a mantener con la Fundación Doñana XXI.
Con respecto al tema del descenso de las inversiones, creo que no es
bueno. En una comarca donde estamos permanentemente aludiendo a grandes
objetivos, a temas de interés, no sólo comarcal, sino nacional e incluso
internacional, no podemos dar una de cal, normalmente con grandes
declaraciones, y otra de arena, vía presupuestos, descenso de
inversiones, etcétera.
Tocando el tema comarcal, un hecho en el que tiene bastante
responsabilidad el Secretario General de Medio Ambiente es la
distribución que se hace en las subvenciones que se otorgan a los
distintos municipios del 18.2. Aunque se pretende conseguir el consenso
con los alcaldes de las distintas zonas, en concreto con la comarca de
Doñana, este año, por parte del Ministerio se ha roto un equilibrio que
veníamos manteniendo los distintos alcaldes. Con respecto a los fondos
que le corresponden a Doñana, diseñábamos un plan que presentábamos al
Patronato, este año al grupo del entorno, y que luego el Ministerio
acataba como tal. Este año no ha sido así, se ha discriminado a un
ayuntamiento, se le ha restado el 60 por ciento de uno de los proyectos
que presentaba, en concreto en mi ayuntamiento. Hemos preguntado en
varias ocasiones a qué es debido, puesto que al resto se le ha mantenido
el 100 por cien de las inversiones, y lo único que hemos encontrado son
declaraciones --y de ahí mi primera expresión de que los números bailan--
muy altisonantes de responsables diciendo en la prensa que el monte
recibe más que nadie y no sé cuántas películas más, que no justifican en
absoluto el hecho de que queramos romper ese equilibrio. Por tanto, en
este marco yo podría ser quizá un poco más claro.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se ha pedido la
comparecencia de la Ministra para hablar de este tema, posteriormente el
Grupo Parlamentario Popular solicitó la comparecencia del Secretario
General de Medio Ambiente, al que agradezco su presencia y su
información, pero esto me plantea una duda tremenda. En la primera
comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente en esta Comisión dijo que
estaba encantada de venir a esta Cámara, más encantada aún de venir a
esta Comisión, y si era
para hablar de Doñana, más todavía. No sé si sólo se quiere hablar de
Doñana cuando lo que se va a preguntar va a tener una fácil respuesta. Si
en realidad de lo que estamos hablando es de la gestión realizada, y creo
que esto forma parte de la gestión que el Ministerio ha hecho sobre
Doñana, entiendo que la Ministra no haya comparecido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bella.
Tiene la palabra el señor García Correa, pero le agradecería que fuera lo
más conciso posible.
El señor GARCIA CORREA: Muchas gracias, señor Presidente, voy a ser
breve.
Quiero decirle al señor Secretario que cuando ha dicho que los
presupuestos pueden quedar muy bonitos, pero que después se cumplen o no,
él cuando fue portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía
bien que atizaba allí como oposición y, además, era su obligación.
Después de casi dos años desde que el Partido Popular ganara las
elecciones, usted ya no está en la oposición, sino que ahora tiene que
presentar la gestión. Por tanto, nos tendrá que permitir a nosotros, que
ahora somos oposición, que critiquemos aquellas cosas que entendemos que
no están bien hechas por parte del Gobierno del Partido Popular.
En comparecencia en esta misma Comisión, de fecha 12 de octubre de 1996,
el Secretario de Aguas y Costas, señor Blanco Rodríguez, contestó a una
serie de preguntas de este Senador sobre el agua, porque ustedes hablan
mucho de la importancia que tiene el agua en Huelva, en lo que estamos
todos de acuerdo, pero desgraciados los onubenses si no fuera por el agua
que está cayendo estos últimos años, porque con las infraestructuras
hidráulicas que ustedes han puesto en marcha, indiscutiblemente
estaríamos fatal.
Recuerdo que a una pregunta sobre el embalse de Andévalo, obra que ya
estaba adjudicada desde primeros de 1996, el señor Blanco dijo, y leo
textualmente el «Diario de Sesiones», que el contrato podría firmarse muy
probablemente antes de que acabara el año 1996, o muy a principios del
año que viene. En consecuencia, se estará en condiciones, a poco de
entrar el año que viene, de empezar materialmente a trabajar. Eso era en
1996, se refería a que a principios de 1997 podrían estar las máquinas
funcionando. Sin embargo, nos encontramos con que los presupuestos, que
asignaron una cantidad muy pequeña para 1997, en la programación
plurianual asignaban casi 2.000 millones para 1998, mientras que ahora en
1998 se asignan 600 millones de pesetas.
Otra obra importante también para el entorno de Doñana es el pantano de
Corunjoso, al que en los Presupuestos de 1997 se le asignaban casi 2.000
millones de pesetas, el 50 por ciento del importe total de la obra, y
todavía no está ni licitado. Ya dijimos en aquella Comisión que nos
extrañaba mucho que para un pantano como el de Andévalo, que estaba
adjudicado, no figurara ni una peseta en los Presupuestos de 1997, y que
a otro que no estaba ni licitado, como era el de Corunjoso, le asignaran
ustedes el 50 por ciento de la inversión total. Allí había trampa, claro,
y se ha demostrado. Estamos a finales de 1997 y esos 1.900 millones de
pesetas no se van a invertir en el pantano de Corunjoso. Para el año 1998
hay solamente unos 200 millones.
Lo último, señor Presidente, hay dos obras que usted ha dicho que no
tienen importancia, son obras de transporte, efectivamente, pero son
importantísimas para el entorno de Doñana. Me refiero a las dos obras que
usted ha mencionado, sobre las que también se preguntó al señor
Secretario de Estado, una es la obra de desdoblamiento de los ramales
principales del Tinto, desde los depósitos reguladores de Huelva, y otra
la obra de cierre de la conducción de agua entre el ramal del río Tinto
y el final de la conducción de la zona industrial de Huelva.
El señor Secretario de Estado dijo que era muy importante para la zona de
Doñana, muy importante para pasar agua de una cuenca a otra, que no había
muchos problemas y que empezarían las obras muy rápidamente. Sin embargo,
al año, viene usted y nos dice que esa obras, en principio, no se
consideran, que tiene prioridad la presa del Andévalo y que en ésta se
verá lo que se hace. En los presupuestos no hay una peseta para ello.
Nosotros lo que miramos son los presupuestos que ustedes mandan a las
Cámaras y en ellos no hay una peseta, si después hay otro dinero por ahí
con el que ustedes piensan acometer las obras, me gustaría que nos lo
dijera.
¿Qué ocurre con el pantano de Corunjoso? ¿Con esos 1.800 millones que
tiene presupuestados en 1997? ¿Qué va a ocurrir con estas dos obras para
transporte de agua de la cuenca del Odiel a la cuenca del Tinto? ¿Y con
el pantano del Andévalo? Porque ahora lo quieren meter en el Plan
Operativo de Doñana y, siguiendo así, no me extrañaría que el AVE que se
quiere construir de Málaga a Sevilla también tuviera un día una partida
y ustedes dijeran que está también dentro de Doñana, porque con el AVE
pueden venir más turistas desde la Costa del Sol a Sevilla y están más
cerca de Doñana.
Entonces, yo creo que ustedes no han hecho absolutamente nada, tiene que
reconocerlo. Es muy difícil venir aquí a contestar estas preguntas; de
ahí que, como ha dicho mi compañero, el Senador Bella, la señora Ministra
no haya querido venir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Correa.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Calvo Poch.
El señor CALVO POCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, en primer lugar, ya que se ha aludido a la solicitud de
comparecencia efectuada por el Grupo Parlamentario Popular en varias
ocasiones, sí me gustaría recordar que es iniciativa del propio grupo
solicitar la comparecencia correspondiente del alto cargo que nosotros
decidamos. Los otros grupos pueden manejar criterios distintos, pero
nosotros entendíamos que, para la información solicitada, la persona que
nos podía dar una información
más detallada era el Secretario General de Medio Ambiente. Pero es que,
además, creíamos complacer a los grupos de la oposición en la medida en
que un Senador de la oposición, no voy a citar su nombre, en una
comparecencia de la Ministra, precisamente el día 17 de febrero de 1997,
decía textualmente: No vamos a pedir a la señora Ministra que sepa más de
Doñana que Paco Bella, que ha nacido y vive en Almonte y que lleva varios
años desempeñando numerosos cargos. Nosotros creíamos que, a lo mejor,
por la procedencia del señor Secretario General de Medio Ambiente, ahora
sí podríamos tener una batalla dialéctica, por lo menos, entre parecidos.
Fuera de bromas, porque éstos son argumentos desde la oposición, pero no
los más importantes, a los que, por supuesto, tiene que contestar el
Secretario General de Medio Ambiente --ya que se había hecho mención a
ello, pongo en evidencia los distintos discursos en función de quién
intervenga en esta Comisión--, lo que sí me gustaría destacar es que, por
los datos que nos ha dado el Secretario General de Medio Ambiente,
podemos coincidir en que los números bailan, los del Ministerio de Medio
Ambiente y, sobre todo, los que permanecen absolutamente inmóviles son
los que debería haber invertido la Junta de Andalucía. Esos ni bailan ni
se mueven ni se invierten ni se ejecutan.
Entendemos que la dinámica de crear siempre cierto debate sobre el Parque
Nacional de Doñana y su entorno puede que sea equivocada, pero en todo
caso es una dinámica que no se provoca ni desde el Gobierno ni, desde
luego, desde el grupo parlamentario al que en estos momentos represento.
Recientemente, un Senador de esta Comisión, de la oposición, afirmaba en
los medios de comunicación que el presupuesto para el Parque Nacional de
Doñana se reducía un 98 por ciento. Si cuando se viene a decir una cosa
en calidad de algo, se exige que no se tomen en consideración sus
responsabilidades en otras Administraciones, evidentemente, puede que
tenga razón, pero, en todo caso, uno debe decir lo mismo y de esa manera
no se encontrará con sorpresas.
Nosotros no queremos demostrar quién ejecuta más, porque es tan evidente
que no pretendemos, ni siquiera, entrar en ese debate; simplemente
queremos ponerlo en evidencia, pero no está de más. Lo que al Grupo
Popular le preocupa es la diferencia de modelo de desarrollo que se
extrae de las diferentes ejecuciones. Es decir, nos preocupa que los
criterios que algunas Administraciones manejan para el desarrollo
sostenible del entorno de Doñana pongan en evidencia que se está
vulnerando en muchas ocasiones el dictamen, que precisamente alguien ha
recordado en esta Comisión, de los expertos de la Unión Europea. Hay
veces en las que desde nuestro grupo parlamentario nos preguntamos --y
quiero saber la opinión del Secretario General-- cuáles son los
criterios, y si son todos iguales, que manejan las distintas
Administraciones para hacer posible la conservación y desarrollo del
Parque y de su entorno. Porque, señor Secretario General, nos preocupa
que algunas Administraciones no sean capaces de ejecutar programas de
desarrollo muy importantes y que, sin embargo, no se pongan obstáculos y,
es más, se retiren obstáculos para acometer otros proyectos que, en
muchos casos, sería dudoso incluir como obras de protección; me refiero
concretamente al grado de ejecución de obras, sin duda, tan importantes
como el Plan de viabilidad de productos forestales, el Plan de
modernización de instalaciones hoteleras, el apoyo a la creación de
infraestructuras turísticas, a la campaña de información y divulgación de
actividades turísticas, al Plan de asistencia gerencial y financiera de
empresas turísticas, a los modelos integrales de servicios de playas, al
centro de formación e investigaciones forestales, a las actuaciones de
difusión y comunicación social del plan del que estamos hablando; es
decir, todas estas actuaciones que acabo de leer tienen un grado de
ejecución cercano al cero por ciento. Esto choca con el grado de
ejecución de otras obras que, sin embargo, están bastante ejecutadas,
como la planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos, como la revisión
del PDTC, el Plan Director Territorial de Coordinación del entorno del
Parque Nacional de Doñana, precisamente una revisión que ha facilitado un
desarrollo urbanístico que ha tenido que sacar a la zona del PDTC porque,
si no, de otra manera, ese modelo de desarrollo no hubiera estado o no
hubiera podido hacerse dentro de ese plan.
Es curioso también que en esta Comisión se pueda afirmar que la presa del
Andévalo no es importante para el entorno y, sin embargo, no haya ninguna
dificultad para que otra Administración ejecute dentro del entorno una
planta de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Es decir, creo que hay
distintas varas de medir. Desde nuestro grupo parlamentario intentamos
aplicar la misma vara de medir a todas las Administraciones, porque,
evidentemente, este plan para todas las Administraciones no es sólo de
infraestructuras y nadie dice que éstas no sean necesarias, pero está
claro que no son las únicas que pueden dar una capacidad de desarrollo al
entorno. La falta de imaginación y la falta de interés por parte de
algunas Administraciones en el desarrollo de este plan operativo es muy
cutre y evidencia no solamente un alejamiento del modelo de desarrollo
que marcó en su día el dictamen de los expertos, sino que pone en
entredicho también la propia viabilidad y el propio futuro del entorno de
Doñana. Nos preocupa que el único desarrollo que algunas Administraciones
creen que es el futuro adecuado para Doñana sea el de la especulación
urbanística e inmobiliaria. Nos preocupa que, sin ningún tipo de
complejo, se extraiga del entorno de Doñana una zona para poder promover
un desarrollo que nosotros entendemos que no es compatible con el
dictamen de los expertos y, sin embargo, se amplíe por otros lados donde,
a lo mejor, la protección estaba siendo suficiente y eficiente.
En todo caso, entendemos que las explicaciones dadas por el Secretario
General sobre la ejecución de lo que corresponde a la Administración
Central son suficientes y también esperamos un enjuiciamiento mayor de
las obras que tienen un grado de ejecución del cero por ciento. Quiero
destacar que no existe ninguna obra que sea competencia del Ministerio de
Medio Ambiente y tenga un grado de ejecución del cero por ciento, sin
embargo, puedo sumar en más de 20 las que corresponde a la Junta de
Andalucía y tienen un grado de ejecución del cero por ciento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Calvo.
Finalmente, tiene la palabra el Secretario General, don Juan Luis Muriel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Doy las gracias a los comparecientes por las cuestiones planteadas. Yo
comprendo que en el caso concreto del Senador García Correa y del Senador
Bella, después de sus intervenciones se habrán quedado muy a gusto y muy
satisfechos, pero, queridos Senadores, aquí venimos un poco a reflejar la
realidad y no a quedarnos más o menos a gusto el compareciente o los
interpelantes,y le digo por qué ustedes han esbozado una teoría en base
a otros «Diarios de Sesiones», a otras comparecencias, a si la señora
Ministra, a si el Moptma. Vamos a ver con los datos, con la realidad, si
eso sirve para que ustedes se queden muy a gusto y digan: ¡Hoy hemos
cumplido, hemos zarandeado al Ministerio y a la Ministra de Medio
Ambiente!, o si lo que estamos diciendo tiene algún reflejo en la
realidad. Me van a permitir sus señorías que les anuncie que tiene poco
reflejo con la realidad.
En primer lugar, no es que este Secretario General pueda disponer de los
datos del Ministerio de Hacienda, en este momento pueden disponer de
ellos cualquiera de sus señorías porque es su derecho y únicamente tienen
que solicitar la correspondiente petición de información al órgano
administrativo competente. Pero es que, además, señoría, claro que es de
rabiosa actualidad, porque para comparecer en la Comisión del Senado
tiene urgencia, tiene importancia traer los últimos datos; no le voy a
traer lo refrito de 1996, tendré que traer los últimos datos, señoría. Se
solicitó a Hacienda y, con fecha 11 de noviembre de 1997, pongo a
disposición de su señoría los últimos datos. Son los que hay y comprendo,
señoría, que les puedan molestar, pero son los que son, porque son los
que hay que tramitar después ante Bruselas para que Bruselas cofinancie.
Eso es lo que hay metido en el ordenador de Hacienda a 11 de noviembre de
1996.
Yo pediría que no hicieran juego de palabras ni lo que la Ministra dijo
o dejó de decir en febrero. Señor Bella, usted es joven en edad, pero
viejo en estas lides y sabe perfectamente que la señora Ministra hacía
referencia al programa operativo segunda fase y, que, según el año en que
hagamos el análisis y según a lo que esté el ecu, a 160 o a 165, serán
34.000 ó 37.000 millones de pesetas. Le he dado la cifra de 34.227
millones de pesetas con el ecu a 160 pesetas; a lo mejor, en febrero
podrían ser 37.000 millones de pesetas. Pero lo que quería decir la
Ministra --y eso es verdad, señoría, me va a permitir que se lo diga-- es
que de esos 37.000 de la segunda fase, o de los 34.000, según a lo que
esté el ecu --porque lo importante es contar en ecus--, y sumando los
1.940 millones de la primera fase, aún quedan 22.000 millones de pesetas
fundamentalmente del Feoga Orientación y del Fondo Social Europeo, 21.411
millones del Feoga Orientación y 747 del Fondo Social Europeo. A esta
misma fecha, 11 de noviembre de 1997, el ordenador de Hacienda dice que
no consta que se haya incluido cantidad alguna de estos fondos en ninguna
forma de intervención o control del gasto, y estamos hablando, señorías,
de 22.000 millones de pesetas.
Señor Bella, usted hace una serie de planteamientos, y no es lo mismo
decir lo que se ha gastado de 40.000 millones, que es lo que tiene que
poner la Junta, que de 17.000, que es lo que tiene que poner el
Ministerio. Por eso que no es lo mismo, le doy porcentajes y no le doy
cifras absolutas. Y mientras el Ministerio está, en concreto, en la cifra
del Feder en el 26,77, la Junta está en el 5,72. Por eso, no le hablo de
números absolutos, de 40.000 ó 17.000, sino de números relativos, 26 por
ciento frente a 5 por ciento. Por lo tanto, creo que tiene una
importancia meridiana.
Iba a decir que me ha molestado, pero no me ha molestado porque es mi
obligación recogerlo, señorías. He manifestado qué obligaciones tiene el
Ministerio de Medio Ambiente en el Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana, y usted me sigue hablando del Plan de saneamiento del
Guadiamar con 5.000 millones de pesetas licitados por el Moptma. Sí, el
Moptma licitó 5.000 millones en el Plan del Guadiamar, pero el Plan del
Guadiamar no está en el Plan de desarrollo sostenible del entorno de
Doñana, y ya se lo he dicho dos veces, señor Bella, ésta es la tercera
vez que le digo que el Plan de saneamiento del Guadiamar tiene
influencias en el entorno del parque, pero que, como tal programa, no es
un programa del Plan de desarrollo sostenible, es un convenio firmado en
su día por el Moptma, como usted dice, con la Junta de Andalucía para
sanear determinados municipios, y ahí entraba la construcción de las
depuradoras de Aznalcázar, Pilas, Hinojos y Villamanrique. Esos son los
5.000 millones de pesetas.
Junto a eso le he dicho que, sin estar tampoco en el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana, había otro programa del Ministerio de
Medio Ambiente, que era terminar todo el tema de colectores y redes, que
suponía del orden de 1.700 millones de pesetas certificados a día de hoy,
y que en el período 1997-99 el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que
poner aún 2.484 millones de pesetas, todo ello a financiar por el Fondo
de Cohesión. Son actuaciones que están próximas o que van a beneficiar al
entorno de Doñana, pero que no están en el Plan de desarrollo sostenible
del entorno de Doñana.
Porque, quede claro una vez más, es competencia del Ministerio de Medio
Ambiente en el Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana la
regulación y transporte de las redes hídricas, la remodelación del paseo
marítimo de Matalascañas y el Plan de saneamiento del Condado. Ahí es
donde se deben englobar esos 17.000 millones de pesetas --usted dice que,
en números redondos, según lo que valga el ecu, serán 17.000 ó 20.000
millones de pesetas-- con los que tiene que contribuir el Ministerio de
Medio Ambiente, la Administración Central, al Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana.
El señor García Correa hace referencia a la presa del Andévalo y me dice
que mi buen amigo y compañero, el Secretario de Estado de Agua y Costas,
anunció en octubre
de 1996, en una comparecencia ante esta Comisión, que la presa iba a
salir a finales de 1996, que estamos en 1997 y que no sabemos nada.
En la Comisión de seguimiento del Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana el Ministerio de Medio Ambiente propuso a la Junta de
Andalucía, en diciembre de 1996, la inclusión de la presa del Andévalo en
este Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana. En primer
lugar, se dijo que sí, y en marzo-abril de este año la Consejería de
Medio Ambiente hace rectificar a la Consejería de Economía y Hacienda y
se dice que la presa del Andévalo no entra en el Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana, según la Junta de Andalucía.
Si nosotros en diciembre de 1996 la queríamos incluir y ustedes nos dicen
en abril-mayo que no, no nos culpen del retraso de la presa de Andévalo,
pónganse de acuerdo las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos el proyecto hecho,
tenemos la disponibilidad de fondos y tenemos la declaración de impacto
ambiental positiva en diciembre de 1996 y ustedes nos dicen que sí,
después nos dicen que no y aún siguen discutiendo, porque en la última
reunión de julio de 1997 no se ha acabado de decir que no a la presa del
Andévalo en el Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana. Vamos
a ver si a cada uno le culpamos de lo suyo y no de lo de los demás.
Ya hemos dicho una y otra vez que, indudablemente, las actuaciones que
tiene que seguir el Ministerio de Medio Ambiente son las tres líneas que
he señalado, y ahí les he explicado también los compromisos
presupuestarios que tenemos para el período 1997-99. El portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Bella, habla de lo que hicieron o
dejaron de hacer en 1994-97, en 1994-95, y toda esa historia. El dice que
no va a caer en la acusación o en la tendencia de decir quién hizo, quién
no hizo, quién va a dejar de hacer o quién no va a dejar de hacer, y acto
seguido dice que el Moptma fue buenísimo y la señora Tocino y el
Ministerio de Medio Ambiente son un desastre. Esa no es la realidad,
señor Bella; se quedará usted muy a gusto diciéndolo, pero ésa no es la
realidad. Me va a permitir que le diga por qué.
En el Programa de infraestructuras y recursos hidráulicos hay 10.169
millones de pesetas previstos para el Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana. ¿Sabe usted cuánto se ha invertido en el período
1994-97? 2.496 millones de pesetas. ¿Sabe usted cuánto queda por
invertir? 7.673 millones de pesetas. ¿Ese es el gran logro del Moptma?
¿El que, además, no haya proyectos redactados y haya que presentar la
presa del Andévalo?
Además, permítame su señoría que lea algunos de los proyectos que usted
dice que tienen relación con el entorno de Doñana, elaborados y
redactados, eso sí, por el Moptma.
En lo que respecta a infraestructuras y recursos hídricos, por ejemplo,
en el año 1995 hay un proyecto con cargo al Plan de desarrollo sostenible
del entorno de Doñana, ejecutado por el Moptma gloriosamente, con 307
millones de pesetas; dice así el epígrafe: Abastecimiento de agua a la
cuenca minera de Huelva, 307 millones de pesetas. ¿Eso es entorno de
Doñana? ¿Esto es desarrollo sostenible en el entorno de Doñana? Señor
García Correa, señor Bella, ¿son inversiones en el entorno de Doñana
abastecer a los pueblos del norte de la provincia y de la cuenca minera?
Serán las obras necesarias, las obras a ejecutar por una administración
pública responsable, pero no dentro del Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana. Para mejorar el Plan de desarrollo sostenible del
entorno de Doñana hay que abastecer a los pueblos del entorno, según la
peculiar teoría esbozada por ustedes dos esta mañana en esta Comisión. No
sé si son ustedes tres, pero incluyo a todos los que ustedes quieran, con
mucho gusto.
Critican ustedes que la presa de Andévalo la vinculemos al desarrollo del
entorno de Doñana. Lo justifico como una necesidad de garantizar el agua
a la agricultura de la provincia de Huelva y compensarla con los recursos
del Chanza. Ustedes saben que el Chanza --lo conocerán por sus
compañeros, los alcaldes de los distintos municipios de aquel sector--
necesita... Señor Correa, ¿quiere hacer alguna pregunta más?
El señor PRESIDENTE: No hay más turno de preguntas. Por lo tanto, ruego
al señor Secretario General que continúe con su exposición.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Su
compañero, el señor Bella, podrá decirle que conozco la zona del Chanza
perfectamente, entre otras cosas, porque llevo 31 años veraneando en el
Rompido. Por lo tanto, ustedes no pueden venir aquí a hacer esa lectura
de las inversiones en el entorno de Doñana. El Senador Calvo ha puesto el
ejemplo de la planta de tratamiento de Villarrasa --por cierto, planta
que costó un dinero y después hubo que cerrar y volver a redimensionar
porque no estaba bien estudiado el proyecto--, que usted sabe que no sólo
es para Villarrasa y los municipios del entorno de Doñana, ya que desde
Ayamonte hasta Huelva capital vierten sus vertidos allí, luego tampoco es
una obra que sea para el entorno de Doñana, y se ha financiado con el
Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana.
El señor Bella Galán me ha hecho todo un alegato sobre la situación del
Parque Nacional de Doñana --no sé si el señor Presidente me permitirá que
entre en la materia--. Me ha preguntado por presupuesto, por inversiones
y no sé si será o no de interés. Sí le diré algunas cosas, si me permite
el señor Senador.
En primer lugar, la actuación de la Administración Central con la
Fundación Siglo XXI está muy clara: hemos dicho que no somos parte de esa
fundación. Sabe el Consejero de Medio Ambiente, señor Blanco, y el
Presidente de la Fundación, que tiene toda la colaboración y el apoyo del
Ministerio, pero entendemos que, como Ministerio de Medio Ambiente, no
tenemos un papel concreto en esa fundación, entre otras cosas, porque
todas las políticas de desarrollo económico en el entorno de Doñana son
competencia de la Junta de Andalucía. No nos pueden incluir en una
fundación para ejercer unas competencias que son propias
del organismo autónomo, en este caso de la Junta de Andalucía.
Sí le puedo decir que ha habido ofrecimientos personales del señor
Consejero para que, si no como Ministerio, algunas personas formáramos
parte de esa fundación, y le hemos dicho que tampoco nos parece oportuno
estar en esa fundación como personas físicas.
Saben el señor Atienza y el señor Blanco que tendrán todo el apoyo y toda
la colaboración en cuantas actuaciones organicen y puedan tener el
respaldo, incluso financiero, de la Administración Central, pero el
desarrollo económico del entorno de Doñana es competencia
fundamentalmente de los agentes sociales --que hacen bien en estar en esa
comarca-- y de la propia Junta de Andalucía.
Señor Senador, el Parque Nacional de Doñana no ha tenido ninguna
disminución de presupuesto en el año 1998. Todo lo contrario, como usted
bien ha dicho, en el año 1997 había consignados 1.700 millones de
pesetas, de los que 1.500 eran para expropiaciones --que al final se ha
llegado a pagar sólo del orden de 1.200 millones-- y 535 eran para pagar
limitaciones de derecho de caza a propietarios del Parque desde el año
1984, que no se habían pagado. Esa cantidad es la que venía consignada en
los Presupuestos de 1997, que usted interpretaba como inversiones en el
Parque Nacional de Doñana.
Su compañera por Granada, la Senadora Pleguezuelos, en la comparecencia
de presupuestos que tuvo lugar el viernes pasado preguntó por estos temas
y demostró que había leído mi comparecencia en el Congreso de los
Diputados. Señor Bella, si usted tiene a bien leer la comparecencia, por
no repetirla aquí, observará cómo queda dotado el Parque Nacional de
Doñana, que este año tiene más presupuesto y que, además --seguramente
será de su interés personal-- se va a acometer, de una forma decidida, la
puesta en valor del centro del Acebuche, que va a ser muy beneficioso
para los distintos agentes económicos de su municipio que operan y tiene
una actividad relacionada con el Parque Nacional de Doñana. Además, se
podrá enterar de que este centro se va a poner en pleno contacto con el
proyecto de Parque Dunar de la Junta de Andalucía, para que las dos
actuaciones sean complementarias y en modo alguno competitivas, y
rentabilizar así algo que tiene un valor importante para esa comarca.
Será del orden de 600 millones la inversión directa este año en el Parque
Nacional de Doñana. El año pasado no hubo esa cantidad.
Cuando su señoría quiere, me hace plenipotenciario de todos los males de
Doñana, y cuando no, me dice que no pinto nada. En concreto, en relación
al 18.2 se empeña en que yo soy el que cojo el lápiz y digo: Almonte, 4,
etcétera. Le tengo que decir, señor Bella, que en el 18.2, como usted
bien dice, tradicionalmente el municipio de España que más dinero recibe
es el suyo, y este año también. El segundo municipio que más recibe es el
de Hinojos, también del mismo entorno, y el tercero el de Aznalcázar,
también del Parque Nacional de Doñana. Con estos datos, no sé si
Senadores de otras circunscripciones se pueden sentir molestos, pero, en
todo caso, no nos acuse de discriminación. Para que no haya dudas y para
quien no conozca la situación, hay que decir que los Alcaldes de
Ayamonte, de Hinojos y de Aznalcázar son alcaldes socialistas, elegidos
democráticamente por sus pueblos y son los tres que más dinero reciben
del 18.2. Luego no diga que actuamos torticeramente en contra de esos
municipios, porque no es verdad. Además, usted sabe que sus dos
compañeros, el Alcalde de Hinojos y el de Aznalcázar, están plenamente
satisfechos con el criterio de distribución de las ayudas del 18.2. Por
lo tanto, no se empeñe usted en buscar persecuciones, malas intenciones
o falta de interés o cariño --si me permite decirlo así-- por su
municipio, sino todo lo contrario.
Me preguntaba el señor García Correa por la presa del Corunjoso. Esta
presa tiene un presupuesto estimado de 2.680 millones y está pendiente de
inclusión en el programa operativo Feder para Andalucía. Es criterio de
la Dirección General de Obras Hidráulicas su posible inclusión por el
sistema alemán, pero también tengo que decir que estamos pendientes de
que, una vez por todas, lleguemos a un acuerdo con la Junta de Andalucía
si vamos a meter esta presa y todos los sifones, desdoblamiento de
canales, etcétera, que usted mencionaba, en la parte que nos queda a la
Administración Central, o la del Andévalo. Cuando cerremos ese acuerdo
con la Junta sabremos si acometemos Corunjoso, el desdoblamiento del
sifón de vaciadero, la conducción ramal Tinto y final de la zona
industrial de Huelva y el desdoble de los ramales principales de Tinto y
depósitos de Huelva, si incluimos esos cuatro proyectos en el programa de
financiación extraordinaria del Plan de desarrollo sostenible o incluimos
la presa de Andévalo. Cuando cerremos la negociación con la Junta de
Andalucía decidiremos si el Corunjoso, que tiene proyectos terminados,
sale por el modelo alemán o va dentro del paquete del Plan de desarrollo
sostenible del entorno de Doñana.
Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me preguntaba por
los criterios que seguía la Junta de Andalucía en la ejecución de sus
proyectos. Tengo aquí un informe elaborado por el Instituto de Desarrollo
Regional de la Fundación... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego no hagan comentarios que no corresponden a la
exposición que debe seguir realizando el señor Secretario General.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Muchas
gracias. Voy terminando, señor Presidente.
Hay un estudio desarrollado por el Instituto de Desarrollo Regional de la
Fundación Universitaria en Andalucía, y concretamente en la página 51, en
los aspectos de organización interna, dice literalmente lo siguiente: La
organización interna de la Administración autonómica supone el obstáculo
fundamental para la buena implantación del seguimiento y evaluación y
posterior desarrollo. Al respecto se identifican varias cuestiones:
definición defectuosa de competencias y responsabilidades,
establecimiento de objetivos de forma vaga e imprecisa o no
establecimiento en absoluto, coordinación costosa e ineficaz, información
inadecuada sobre recursos y resultados.
No sé si este análisis que hace una fundación universitaria andaluza
contesta las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. En todo caso, debo subrayar que es curioso que cuando hay tantos
programas a desarrollar por el Gobierno andaluz, precisamente éste sea el
único que tiene un grado de cumplimiento importante, del 195 por ciento,
superior a lo previsto en la revisión del PDTC del entorno de Doñana. Por
lo tanto, saben sus señorías lo que han hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General de Medio
Ambiente, por su comparecencia para hablar del Plan de desarrollo
sostenible del entorno del Parque Nacional de Doñana.
CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA ACOMETER LA CONSTRUCCION DE LA
PRESA DE IRUEÑA, EN FUENTEGUINALDO (SALAMANCA) (681/000734).
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con la comparecencia
del Secretario de Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco, a quien,
como siempre, damos la bienvenida, calurosa bienvenida porque cuando
comparece ante esta Comisión lo hace de un modo sumamente extenso para
contestar un buen número de preguntas.
Empezamos con la pregunta que figura como primera en el orden del día,
que es la de don José Castro Rabadán, sobre la fecha prevista por el
Gobierno para acometer la construcción de la presa de Irueña.
Senador Castro, tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente y señor Secretario de
Estado.
Por el Gobierno me fue contestada por escrito una pregunta que trataba
sobre la situación del proyecto de construcción de la presa de Irueña, en
Salamanca, en los términos siguientes --he de decirle que dicha pregunta
era de septiembre de 1996--: Las obras de construcción de la presa de
Irueña se encuentran en la actualidad pendientes de adjudicación,
habiéndose procedido recientemente, el pasado 17 de julio de 1996, a la
apertura de las distintas ofertas económicas. Esa era la respuesta que me
dieron a la pregunta en su día, y continuaba: En cualquier caso, se prevé
que los trabajos puedan iniciarse antes de fin de año de 1996,
contemplándose un plazo de ejecución comprometido entre los 31 y 45
meses, dependiendo de la oferta considerada en cada caso.
Como ya le he dicho, la pregunta era de septiembre de 1996, y como cuando
se formuló esta nueva pregunta hubo noticias en los medios de
comunicación referentes a una reunión de alcaldes de la Comarca con el
Secretario de Estado de Aguas y Costas, no se había iniciado ningún tipo
de obras en la presa en tiempo ni se cumplían los plazos comprometidos en
la respuesta dada ni, por otra parte, se conocía en qué situación se
encontraba el expediente de la obra, es por lo que se preguntaba: ¿Para
cuándo cumplirá el Gobierno las promesas y los compromisos adquiridos
respecto a la construcción de la presa de Irueña, que directamente afecta
a los ayuntamientos de Fuenteguinaldo, El Bodón, Robleda, El Saúgo,
Comarca de Ciudad Rodrigo en general, en la provincia de Salamanca?
Por último, he de decirle que esta pregunta era de septiembre y tengo
conocimiento de que el Gobierno ya ha tomado algunas medidas y, por
tanto, puede haber quedado contestada en parte por las noticias que yo
tengo. No obstante, se la reitero ya que estamos en este preciso momento
y hay noticias nuevas que salen hoy en la prensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): En
primer lugar, buenos días.
Respecto a la presa de Irueña, efectivamente, quizá el transcurso mismo
del tiempo ha dejado un poco extemporánea la pregunta, porque el «timing»
administrativo después de la última contestación escrita a la que su
señoría hace referencia continuó con la contratación de la obra el 11 de
diciembre de 1996 y, como ha indicado su señoría mismo al final de su
intervención, las obras se han iniciado hace un mes y medio más o menos
--en concreto se han empezado los trabajos de elaboración de los caminos
auxiliares para acceder a la zona física del comienzo de la obra.
Este Secretario de Estado, como ha hecho referencia su señoría, se ha
reunido durante este año en más de una ocasión con los alcaldes de los
pueblos más directamente servidos en el futuro por la presa a fin de
diseñar, de acuerdo con los representantes municipales, los trabajos y la
presentación a la opinión pública, así como para debatir con ellos las
polémicas que en algún momento han saltado a los medios de comunicación
social sobre esta presa.
Bien es verdad que, debido a las lluvias que ha sufrido gran parte de la
Confederación del Duero en los últimos días, en estos momentos las obras
están paralizadas por la enorme cantidad de agua que anega los terrenos.
Pero tras el contrato que se firmó en diciembre del año pasado, las obras
acaban de comenzar, y se supone que se desarrollarán al ritmo del
contrato, aunque, como digo, en estos momentos estén paradas debido a la
presencia de agua en cantidades que hacen imposible el trabajo físico de
las máquinas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Tiene la palabra, Senador Castro.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, en la prensa de hoy se publica una noticia
sobre esta presa tan conflictiva --como usted ha planteado, y que ha
pasado por muchos avatares--, y se anuncian nuevos recursos por parte de
la CODA y de grupos ecologistas; recursos que se presentarán ante la
Audiencia Nacional con la intención de suspender cautelarmente el
proyecto hasta que se dicte sentencia efectiva sobre el
contencioso-administrativo formulado en su día.
Por tanto, me gustaría saber si se prevé el retraso de las obras, no
debido a motivos propios de las mismas, o a problemas climatológicos,
sino por estos recursos legales interpuestos por parte de algunos grupos
interesados en paralizarlas, con lo que, por otro lado, no estamos de
acuerdo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez).
Gracias, señor Presidente.
Señorías, es difícil que un Secretario de Estado haga previsiones sobre
lo que puedan decidir los tribunales. Sin embargo, puedo decirle que en
el presente caso no hay motivo para que un tribunal acuerde la suspensión
cautelar de las obras, puesto que tal suspensión ya se planteó en su día
y fue rechazada por los tribunales.
En cuanto a lo que pasará con el pleito, tengo la razonable seguridad
jurídica de que las cosas se han hecho lo suficientemente bien, tanto
desde el punto de vista de la tramitación administrativa, como por lo que
respecta a los estudios de impacto ambiental --que, por cierto, y como
seguramente sabrá su señoría, en este caso llevaron a remodelar el
proyecto, precisamente para adecuarlo a las exigencias
medioambientales--. Insisto, pues, en que tenemos la tranquilidad
absoluta de que desde el punto de vista jurídico se ha respetado, tanto
el procedimiento administrativo, como las exigencias derivadas de los
estudios de impacto ambiental.
Así pues, con los datos de que dispongo en estos momentos, no preveo que
pueda haber algún motivo de orden jurisdiccional, decisiones de ningún
tribunal, para que se puedan paralizar las obras cautelar o
definitivamente.
De todos modos, como es un tema que está en los tribunales,
evidentemente, habrá que esperar a lo que éstos decidan. Como usted sabe
perfectamente, hoy en día casi todos los grandes proyectos de obras
hidráulicas de regulación son objeto de pleitos, de reclamaciones en la
vía contencioso-administrativa. Pero hasta ahora no existe ningún
precedente sobre que algún tribunal haya ordenado la paralización de una
obra, salvo cuando se ha planteado una actuación penal; y tenemos un caso
muy reciente, en la Confederación del Tajo. Pero, insisto, no así en la
vía contencioso-administrativa.
Por tanto, no existe motivo para tener una especial preocupación en el
caso de la presa de Irueña, sin perjuicio de que los servicios jurídicos
del Ministerio estén al tanto de las sucesivas fases de los
procedimientos judiciales, defendiendo los intereses de la
Administración. Insisto, pues, en que, sin perjuicio de seguir el pleito
a través de los servicios jurídicos del Ministerio, en estos momentos no
hay ningún motivo de preocupación, ya que no hay ningún vicio en el
procedimiento y ningún defecto en la declaración de impacto ambiental que
lleve a pensar que corre algún riesgo, desde el punto de vista de la
objeción de los tribunales, la continuación de las obras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO
PARA TERMINAR LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAYA
DEL MUNICIPIO DE ONDARROA (VIZCAYA) (681/000744).
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS RAZONES DEL RETRASO EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO MARITIMO DE ONDARROA
(VIZCAYA) (681/000745).
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO
PARA LA FINALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO MARITIMO DE
ONDARROA (VIZCAYA) (681/000746).
El señor PRESIDENTE: A continuación, y si sus señorías no tienen
inconveniente, el Senador Gatzagaetxebarría puede agrupar en distintos
bloques sus preguntas, comenzando por las números dos, tres y cuatro.
¿Hay alguna objeción? (Pausa.)
Por tanto, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, para la
formulación de sus tres primeras preguntas.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos formulado estas preguntas al Gobierno --que va a responder el
Secretario de Estado de Aguas y Costas--, relativas a una obra en el
municipio de Ondárroa, Vizcaya, municipio que tiene una serie de
cuestiones pendientes con el Ministerio.
Se trata de una obra que afecta al dominio público marítimo-terrestre.
Según la Ley de Costas, todas las actuaciones, proyectos y obras que se
materialicen en dicho dominio corresponden --tal como está estructurada
la realización
de potestades públicas sobre este dominio-- a los poderes centrales del
Estado --en este caso, circunscritos al Ministerio de Medio Ambiente--,
tanto en lo que se refiere propiamente a la titularidad del dominio
público marítimo-terrestre, como al uso y la gestión.
El modelo de gestión del dominio público marítimo-terrestre es distinto
al del dominio hidráulico. En éste, por un lado, se encuentra la
titularidad --que corresponde a los poderes centrales del Estado--, con
las facultades inherentes a la misma, mientras que el uso y la gestión
corresponden a las Comunidades Autónomas cuando las cuencas hidrográficas
se encuentren en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
Por tanto, si esta obra fuera hidráulica, fundamentalmente sería una obra
autonómica, pero al afectar al dominio público marítimo-terrestre,
formulamos estas preguntas al representante del Ministerio de Medio
Ambiente.
Las preguntas se refieren a la construcción de un paseo marítimo en el
municipio de Ondárroa, que tuve la oportunidad de conocer porque fui
concejal del mismo. Es un proyecto que viene de muy atrás, con la
anterior Administración, y para un municipio de la envergadura de
Ondárroa es una obra fundamental, importantísima, cuya finalización está
pendiente.
Las obras se iniciaron en febrero de 1995, y su realización se adjudicó
a la empresa Austral. En diciembre de 1995 --es decir, ya se han cumplido
dos años--, la empresa adjudicataria inicialmente suspendió pagos, y
posteriormente se produjo una resolución judicial de quiebra. Por tanto,
desde hace prácticamente dos años las obras están completamente paradas.
Eso ha originado una serie de problemas, ya que se trata de un paseo en
una zona costeras con un tránsito muy importante --sobre todo, en
verano--, al unir la playa de Arrigorri, en Ondárroa, con la de
Saturrarán, en Motrico; es decir, está en el punto geográfico limítrofe
entre Vizcaya y Guipúzcoa. Por otra parte, para un municipio costero de
estas características la diferencia entre que el paseo esté construido o
no lo esté es muy importante a la hora de ofrecer todos sus servicios
terciarios a los visitantes para el esparcimiento y el recreo, algo
propio de los municipios costeros durante las temporadas de primavera y
verano.
Pero además del gravísimo problema de la quiebra, con todos los trámites
burocráticos y administrativos que ello supone, el Ministerio de Medio
Ambiente ha percibido la existencia de un problema en la ladera existente
junto al acantilado. Según las informaciones de que disponemos, el
Ministerio cree que sería conveniente ofrecer una solución en conjunto,
es decir, no sólo realizar las obras del paseo marítimo, sino también el
adecentamiento de la ladera, porque puede haber riesgo de pequeños
desprendimientos.
Por tanto, con esta iniciativa queremos recordar al Gobierno la prioridad
en el cumplimiento de esta obra, que también forma parte de los acuerdos
políticos que, presupuestariamente, suscribió en 1996 el Partido
Nacionalista Vasco con el Partido Popular, para 1997. Conocemos, pues,
perfectamente la consignación presupuestaria que reconoció oficialmente
el Gobierno en los acuerdos suscritos entre el Partido Popular y el
Partido Nacionalista Vasco, pero esta complicación administrativa de la
quiebra está originando un problema muy importante.
Por ello, queremos conocer la fase administrativa o de ejecución en que
se encuentra esta obra. Lo que procedería inicialmente sería la
resolución del contrato, aplicando la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas, una vez que ha quebrado la empresa
adjudicataria. Sabemos que eso tiene que dictaminarlo el Consejo de
Estado; pero, ¿lo ha hecho ya? Si no es así, ¿cuándo lo hará? Queremos
saber para cuándo se prevé la resolución del contrato y la nueva
adjudicación en favor de otra empresa, que terminaría las obras, tal como
las dejó la empresa Austral, y que, además, procedería al adecentamiento
de la ladera.
Por ello, en este momento queremos que el Gobierno nos haga saber cómo se
incardinarían y ensamblarían las dos cuestiones, por un lado, la
terminación de la obra pendiente por haber quebrado la empresa Austral y,
por otro, la obra adyacente que quiere hacer el Gobierno de
adecentamiento de la ladera y que, en definitiva, supondría la
modificación del proyecto, incluso superaría el 20 por ciento de
modificación que permite la ley de Contratos del Estado y, quizás,
tendría que procederse a una adjudicación nueva, incluso con un proyecto
nuevo. Queremos conocer los datos exactos.
La fase administrativa en la que se encuentra actualmente exige un nuevo
proyecto para abordar las dos cuestiones: adecentamiento y terminación
del paseo marítimo y, sobre todo, una vez resuelto el contrato, que por
las informaciones que tenemos hasta ahora, si no se nos dice lo
contrario, estaba pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que se
materialice la ejecución de la obra antes de la temporada del año 1998,
porque ya va a ser el tercer verano que la obra permanece parada y es
urgente su materialización física y el cumplimiento de los acuerdos que
sobre esta materia tenemos suscritos.
En segundo lugar, nuestra pregunta también hace referencia a las obras de
acondicionamiento de los servicios de la playa. Por las informaciones que
tenemos, el Ministerio ha consignado una previsión presupuestaria de 6
millones de pesetas para adecentar y acondicionar la zona de servicios:
vestuarios, duchas, quioscos o bar que hay en la playa de Arrigorri, en
Ondárroa.
Igualmente existe una reclamación pendiente --una petición muy puntual--
en cuanto a los servicios a ofrecer, que es la puesta en marcha y
construcción de una pequeña planta depuradora de las aguas que se
vertieran al mar desde los servicios de la playa. Tenemos entendido que
el Ministerio no tiene previsto, dentro de los trámites administrativos
en que se encuentra esta parte de la obra, la construcción de dicha
planta y nos gustaría saber si efectivamente eso es así y la posibilidad
de que, dentro del acondicionamiento general, se pudiera construir esta
planta depuradora de las aguas que, desde los servicios playeros se
vierten al mar.
En definitiva, lo que solicitamos a través de esta pregunta al Gobierno
es la culminación de las obras que en este momento están pendientes del
municipio de Ondárroa en lo que afecta al dominio público
marítimo-terrestre,
tanto en el paseo marítimo como en los servicios de la playa para la
temporada estival del año 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el Secretario de Estado de Aguas y Costas.
El SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Poco puedo
añadir, en cuanto a información objetiva, a la documentada exposición del
Senador que me plantea la pregunta.
Es un ejemplo típico de las vicisitudes no previstas que sufre con
demasiada frecuencia la obra pública y que hace que se excedan con mucho
los plazos iniciales que se prevén, desde el punto de vista técnico,
cuando se adjudica una obra y se formaliza un contrato.
Efectivamente, en este caso se han mezclado dos circunstancias, que han
hecho que la ejecución material de la obra se complique, desde el punto
de vista administrativo y de los plazos. Por un lado, la quiebra de la
empresa adjudicataria, que lleva a un procedimiento para la resolución
del contrato complejo, con intervención --como ha dicho el Senador
interpelante-- del Consejo de Estado --y aprovecho para contestar a una
de sus preguntas concretas, que seguimos pendientes del informe
preceptivo del Consejo de Estado, que todavía no lo ha emitido, sin que,
evidentemente, yo pueda decir en qué fecha lo hará, dado que es un órgano
independiente y funciona con su propio ritmo y procedimiento-- y, por
otro lado, ha surgido un problema físico, que complica de forma
importante la realización del proyecto, que es esa falta de estabilidad
en el acantilado, en la ladera --como usted lo ha denominado--, que hace
que, incluso en estos momentos, aunque acabásemos el paseo marítimo --y
no estamos en circunstancias de hacerlo por la quiebra de la empresa
constructora--, fuese incluso peligroso para la vida de las personas y
para la integridad física de los visitantes el que se pudiese abrir al
público ese proyecto.
Por tanto, la voluntad del Ministerio es unir la finalización del paseo
marítimo a la realización de las labores necesarias para estabilizar el
acantilado. Sobre esta materia estamos realizando un proyecto --en cuanto
a la estabilización del acantilado-- que, según las informaciones de que
dispongo, está prácticamente a punto de ser concluido. Para finales de
este año se supone que el proyecto entrará en la Dirección General de
Costas para su supervisión y aprobación, en su caso.
Por tanto, no se han cumplido ni con mucho los cinco meses de ejecución
que inicialmente se habían determinado para el paseo marítimo en el
contrato que se adjudicó ya en noviembre del año 1994 y, tres años
después, todavía existen los problemas a los que estamos haciendo
referencia.
En cuanto llegue el dictamen del Consejo de Estado se procederá a la
resolución del contrato, que fue instado formalmente por la propia
empresa quebrada y habrá que proceder a una nueva adjudicación para
culminar las obras. En ese caso, ya se unirían en la nueva adjudicación,
tanto la finalización del proyecto estricto del paseo marítimo, como las
obras de estabilización de las laderas, para evitar cualquier tipo de
riesgos para la integridad física o la vida de los que visiten el paseo.
En cuanto a las obras de acondicionamiento de los servicios de playa, el
único contrato que había en vigor para realizar tales obras por parte de
la Administración ha sido ya concluido. En concreto el acta de recepción
provisional se levantó el 23 de mayo de 1996, también con un importante
retraso respecto al plazo de ejecución inicialmente previsto, dado que el
contrato se formalizó el día 7 de noviembre de 1994 y disponía de un
teórico plazo de ejecución de seis meses y se ha tardado dos años en
finalizar, hasta mayo de 1996.
En este momento no hay prevista nueva inversión mediante ningún contrato
o procedimiento de licitación en marcha para obras de acondicionamiento
de los servicios de playa.
Y si aprovecho para decir que, aunque, efectivamente, como ha dicho en el
inicio de su intervención el Senador interpelante, el dominio público
marítimo-terrestre es estatal, donde las competencias de realización de
obras están reservadas al Estado, sin embargo, el servicio de playa no es
competencia reservada al Estado, más bien en estos momentos están en
manos de las entidades locales, aunque para realizar las intervenciones
que necesitan en ejecución de esta competencia precisen de autorización
o, en algunos casos, concesión por parte de la Administración titular del
dominio público marítimo-terrestre, es decir, de la Administración
central del Estado.
Por tanto, el contrato que se ha venido realizando para el
acondicionamiento de los servicios de playa ya está concluido y las obras
recepcionadas desde mayo de 1996. Y en cuanto a la obra del paseo,
estamos esperando a poder resolver definitivamente el contrato con el
dictamen del Consejo de Estado para adjudicarlo de nuevo y unirlo a ese
proyecto, que se aprobará a finales de este año, de estabilización de las
laderas, y espero que logremos durante el año que viene acabar unas y
otras obras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincidimos ambos en el cruce de informaciones porque, evidentemente, la
situación está así.
Unicamente quiero reiterar la necesidad apremiante de que se resuelva el
contrato a la mayor brevedad posible. Sabemos que el Consejo de Estado es
un órgano independiente, pero también sabemos cómo se funciona muchas
veces respecto a los dictámenes. Cuando existen prioridades, desde el
Gobierno hay cauces administrativos suficientes para recordar que se
emita el dictamen a la mayor brevedad posible. Los que hemos trabajado en
la Administración sabemos cómo se actúa. Los dictámenes del Consejo de
Estado llevan mayor o menor celeridad, en función de la prioridad de
importancia y empuje que el Gobierno,
en algunos casos, puede dar a la tramitación de asuntos administrativos
que legalmente --en este caso la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas-- requieren de informe o dictamen del Consejo de Estado.
Evidentemente, desde la posición del Ministerio, que tiene innumerables
y numerosísimas obras a lo largo y ancho de la geografía española, ésta
es una obra muy puntual y geográficamente muy pequeña, pero a nivel
popular, social y político, en el caso del País Vasco, del municipio de
Ondárroa, tiene una importancia esencial. Por tanto, nosotros, como antes
hemos tenido ocasión de charlar usted y yo, trasladamos la problemática
de los Senadores de provincias a la Cámara, para que, haciendo política
a ras de suelo, se recuerde al Gobierno la realización de aquellas
cuestiones que están pendientes de materialización y que afectan a
ciudadanos españoles. Es decir, estamos hablando de personas que tienen
alma, corazón, ojos y cara, es decir, que afecta a un núcleo importante
de personas que viven allí.
Sé que desde el volumen de contratación pública que tiene el Ministerio,
una obra de esta clase tiene una importancia pequeña, pero desde la
visión del político que representa a una determinada circunscripción
tiene una gran importancia.
Por esta razón, señor Presidente, señor Secretario de Estado, nosotros le
solicitamos dos cuestiones: lograr a la mayor brevedad posible la emisión
del dictamen del Consejo de Estado y por los cauces administrativos
habituales exigirle prioridad y, en segundo lugar, dado ese proyecto
conjunto que tiene que haber, tanto para la terminación del paseo
marítimo, como para el adecentamiento del alcantarillado o de la ladera,
me gustaría que aprovecháramos esta fase temporal de espera del dictamen
del Consejo de Estado para tenerlo preparado, de manera que, con el
dictamen, se proceda a una resolución inmediata y cuando se produzca esté
el proyecto conjunto preparado para que no tengamos que esperar
nuevamente a que, efectuada la resolución del contrato, se culmine su
redacción para la terminación de la obra. Por esta razón, le solicitamos
las dos cosas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Le
aseguro, Señoría, que aunque sea, como se dice, una obra más dentro del
conjunto inversor del Ministerio, intentemos darle a cada obra singular
el impulso que merece, porque somos conscientes de que toda actuación,
sea de un importe económico mayor o menor, al final, porque estamos
también seguros de la racionalidad de las decisiones sobre inversión
pública, tiene una utilidad social muy importante; de cara a nuestra
atención, a perseguir los temas, a impulsar que no haya retrasos, dentro
de lo humana y jurídicamente posible, no hay obras pequeñas ni grandes.
Intentamos, desde el Ministerio, atenderlas todas con la misma
dedicación, incluso me atrevería a decir con el mismo cariño.
Respecto al Consejo de Estado, le aseguro que estamos encima del tema,
dentro de los medios que la legalidad nos permite, para poder contar con
el preceptivo informe cuanto antes y, como he indicado en la primera
parte de mi contestación, ya estamos aprovechando este parón que se ha
producido en la ejecución de la obra por la quiebra de la empresa
contratista para redactar, hasta el punto de que estará terminado
probablemente en menos de un mes, el proyecto que permita, una vez que se
reinicien las obras, actuar en los dos frentes a la vez: la construcción
física del paseo y la estabilización de la ladera. Por tanto, no estamos
--entre comillas-- perdiendo el tiempo, sino aprovechando para el diseño
técnico de la solución definitiva conjunta para las obras en uno y otro
frente. En ese sentido, comparto plenamente la apelación que ha hecho su
señoría a aprovechar este lapso temporal en el procedimiento
administrativo de contratación para avanzar en el diseño técnico de la
fórmula definitiva.
También tengo que decir que el que sus señorías se preocupen de
recordarnos las obras que están en marcha, los compromisos pendientes de
ejecución, aunque a veces nos lleva a pasar por el difícil trago de
reconocer que las cosas no van como uno hubiese deseado al principio, nos
es de gran utilidad, precisamente para que el cúmulo de expedientes
administrativos no haga que alguno se quede bajo una montaña de papeles
sin la atención debida. En ese sentido, repito, las preguntas o
interpelaciones, orales o escritas, de sus señorías, como las de sus
compañeros del Congreso de los Diputados, nos son de gran utilidad como
motivo de impulso y aliciente para que ningún expediente se quede dormido
o aparcado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA (GPSNV), SOBRE LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO Y LA FASE DE EJECUCION ADMINISTRATIVA EN QUE SE ENCUENTRA LA
REALIZACION DE LA OBRA HIDRAULICA DE CONSTRUCCION DEL EMISARIO SUBMARINO
DE MONPAS EN DONOSTIA (GUIPUZCOA) (681/000766).
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA (GPSNV), SOBRE LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO Y LA FASE DE EJECUCION ADMINISTRATIVA EN QUE SE ENCUENTRA LA
REALIZACION DE LA OBRA HIDRAULICA DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE LOIOLA, EN DONOSTIA (GUIPUZCOA)
(681/000767).
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA (GPSNV), SOBRE LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO Y LA FASE DE EJECUCION ADMINISTRATIVA ENQUE SE ENCUENTRA LA
REALIZACION DE LA OBRA HIDRAULICA DE CONSTRUCCION DEL EMISARIO TERRESTRE
QUE UNIRA EL EMISARIO SUBMARINO CON LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES (EDAR) EN DONOSTIA (GUIPUZCOA) (681/000768).
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA (GPSNV), SOBRE LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO Y LA FASE DE EJECUCION ADMINISTRATIVA EN QUE SE ENCUENTRA LA
REALIZACION DE LA OBRA HIDRAULICA DE CONSTRUCCION DE LA PRESA DE
ABASTECIMIENTO DE IBIUR, EN LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA (681/000769).
El señor PRESIDENTE: Las preguntas octava, novena y décima de don Ricardo
Gatzagaetxebarría pueden agruparse.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, solicitamos la agrupación de las preguntas, porque tienen
el mismo soporte ideológico, tanto desde el punto de vista administrativo
como político. Por tanto, vamos a hacer una única intervención general y
luego entraremos a detallar aspectos concretos o materiales de la
problemática en cuestión.
Se trata de una serie de obras hidráulicas a realizar en distintas fases
en el País Vasco, comprometidas por parte del Gobierno Central y, en este
caso, por parte concretamente del Ministerio de Medio Ambiente. Obras
hidráulicas que hay que enlazarlas dentro de unos parámetros legales y
políticos. Estos parámetros, en primer lugar, se concretan a través del
Real Decreto 1551/94, de 8 de julio, a través del cual se materializa la
transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco de la competencia en
materia de obras hidráulicas.
Concretamente, tiene tres aspectos o apartados, uno referente a las obras
hidráulicas que se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma y
sean de su interés, y otro referente a la competencia relativa a la
ordenación, a la concesión de los recursos hidráulicos en las cuencas
comprendidas íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, con todo lo que ello supone: policía de aguas, autorizaciones
respecto a los vertidos, autorizaciones para el aprovechamiento del
dominio público hidráulico.
Nos encontramos con la existencia, en el segundo marco regulador de las
relaciones en materia hidráulica entre el País Vasco y el Gobierno
Central, de una encomienda de gestión, relativa a la ordenación y
concesión de los recursos hidráulicos que exceden de las aguas que
transcurren íntegramente por el territorio de dicha Comunidad Autónoma.
Es decir, aquellas que nacen o mueren, no en exclusiva, en el ámbito de
esta Comunidad. Sobre esta cuestión, repito, existe una encomienda de
gestión respecto a la cual la tramitación administrativa, lo que es la
ordenación y la concesión de los recursos hidráulicos, fundamentalmente,
la policía de aguas, los vertidos y el uso del dominio hidráulico, están
encomendados a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El tercer parámetro en el que hay que enfocar el debate que planteamos
para tener el escenario legal y político claro, es la realización de
obras hidráulicas sobre las cuales en el Real Decreto 1591 ya se contiene
que aquellas que son de interés de la Comunidad Autónoma se realizarán
por ésta, mientras que también se contiene en dicho Real Decreto una
reserva a favor de los poderes centrales del Estado respecto de la
programación y ejecución de obras hidráulicas que excedan del ámbito de
la Comunidad o que tengan un interés general. Pues bien, sobre esta
última cuestión, se llega a un tercer acuerdo entre los poderes centrales
del Estado, el Gobierno Central y la Comunidad Autónoma del País Vasco,
que fue un convenio de colaboración para la ejecución de determinadas
obras en el País Vasco, en cuyo anexo figuraban seis obras públicas
hidráulicas a realizar. Estas seis obras, según consta en el convenio, ya
han sido materializadas, en lo que concierne a su declaración de interés
general, en diferentes leyes de acompañamiento. La última de ellas, que
fue la realización de la presa de Herrerillas fue declarada de interés
general en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales para el
año 1997.
La interpelación que formulamos al Gobierno se refiere a esta tercera
cuestión: El escenario legal y político que disciplina y ordena las
relaciones hidráulicas entre el País Vasco y el Gobierno Central, que son
las obras de interés general. De este anexo de obras, tenemos pendientes
algunas, que son las que nuestro Grupo Parlamentario sustancia en este
momento.
En primer lugar, me voy a referir al tema de la estación depuradora de
aguas residuales de Donostia-Pasaia, que es uno de los compromisos ya
suscritos entre el Gobierno Vasco y el Central, y que también es obra
declarada de interés general. Tiene como finalidad resolver el gran
problema de la falta de depuración de las aguas residuales de toda una
comarca que supera los 300.000 habitantes, que es San Sebastián, Pasaia.
Es la primera gran obra a la que nos referimos.
Por ello, solicitamos del Gobierno el cumplimiento del acuerdo para la
construcción de la estación depuradora (EDAR) de la comarca de
Donostia-Pasaia, San Sebastián, Pasaia, de manera que se ejecutaran las
obras a la mayor brevedad posible, si pudiera ser en el año 1998.
Queríamos conocer la tramitación administrativa en que se encuentra este
compromiso político; compromiso administrativo también, porque está
sustentado en normas legales, incluso en una ley de acompañamiento en los
Presupuestos, y las previsiones presupuestarias, así como la fecha en que
podrían empezarse las obras.
Respecto a la construcción del emisario submarino en la zona de Monpas,
en Donostia, ¿en qué consiste? En la construcción de un túnel, un canal
submarino que una y vierta las aguas depuradas a una distancia aproximada
de 1,5 kilómetros y a 30 metros de profundidad de la zona
marítimo-terrestre. Este también es un compromiso que
tiene asumido el Ministerio de Medio Ambiente. La información que tenemos
es que su coste es de 2.600 millones de pesetas y que se pretende
realizar a través de la nueva regulación contenida en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de ejecución de obras mediante sistema
administrativo de pago diferido al final de la obra, llamada también
coloquialmente modelo alemán. Es decir, la obra se realiza, no hay
consignación presupuestaria, y se paga al final.
Queremos conocer también en qué fase administrativa se encuentra.
Respecto a la construcción del emisario terrestre, es otro canal que
tiene como finalidad enlazar la estación depuradora para las aguas de
Loiola, en San Sebastián, con el emisario submarino. El emisario
terrestre uniría el emisario submarino con la estación depuradora, de
manera que tuviera solución de continuidad. Asimismo, queremos conocer la
fase en la que se encuentra, presupuesto y previsiones de ejecución.
Por último, nos referimos a la construcción de la presa de Ibiur, que
también es un compromiso adquirido, declarada de interés general en la
ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1995
y que corresponde también ejecutarla al Ministerio de Medio Ambiente.
La construcción de esta presa tiene como finalidad abastecer de agua a
toda la zona de Tolosa y a los municipios situados en la zona baja y
media del río Oria, municipios como Villabona, Andoain, Alegría, Irura,
Ibarra e Ikaztegieta, entre otros, y Tolosa, como decía con anterioridad.
Es decir, incluye una comarca guipuzcoana nuclear, que estaría ubicada en
la zona central del territorio histórico de Guipúzcoa y que comprende una
población que ronda los 60.000 habitantes. Se trata de la zona de
Guipúzcoa más afectada por la sequía, por lo que la realización de esta
obra es prioritaria, es urgente.
Tenemos conocimiento de que recientemente se ha adjudicado la realización
de esta obra. Por lo tanto, queríamos conocer el importe de la
adjudicación, la empresa adjudicataria y cuándo, a lo largo de este año,
se va a materializar el inicio exacto y pormenorizado de las obras en lo
que concierne a la construcción de la presa de Ibiur.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Su
señoría me pone en un aprieto, porque tiene tanta información como de la
que dispongo yo, por lo que debo interpretar que sus preguntas son a
efectos de recordar, como decía en la intervención anterior, nuestras
obligaciones más que de obtener una información, cosa que me alegra, por
otra parte, porque estoy satisfecho de la transparencia con la que actúa
el Ministerio hacia las Cámaras, por supuesto, y hacia las
administraciones territoriales, dando información permanentemente, no por
cauces tan formales como la comparecencia en una comisión de esta Cámara,
sino en el intercambio normal de visitas, teléfonos y cartas sobre la
evolución de las obras, en este caso hidráulicas.
Por lo tanto, poco más puedo añadir a los datos que documentadamente su
señoría ya ha expuesto. Por hacer un resumen de la última actuación en
cada una de las obras, le diré sobre el sistema de saneamiento de San
Sebastián-Bahía de Pasajes que, como muy bien ha recordado su señoría,
tenemos tres obras básicas declaradas de interés general y, por
consiguiente, son responsabilidad del Estado, que son la EDAR de Loiola,
el emisario submarino de Monpas en San Sebastián y el emisario terrestre,
que están en muy distinta fase las tres.
Voy a empezar por la que está más adelantada en cuanto al comienzo de su
ejecución real, que es el emisario submarino de Monpas. Como ha indicado
su señoría, el pasado 1.º de agosto, por acuerdo del Consejo de
Ministros, se autorizó la contratación de este emisario por lo que
popularmente se conoce como modelo alemán, es decir, el sistema
contractual de abono total del precio una vez concluida la obra. En
particular, la licitación ha aparecido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» el 23 de septiembre de este año; la presentación de ofertas,
según se determinaba en el pliego correspondiente por parte de los
contratistas candidatos a la adjudicación de la obra, tiene como fecha
límite el 13 del corriente mes de noviembre y la apertura de las ofertas
se analizará el 3 de diciembre. La obra tiene un presupuesto de 2.500
millones, es decir, un poquito menos de lo que su señoría ha indicado en
su primera intervención, y un plazo de ejecución de 28 meses. Si se
produce la adjudicación a finales de diciembre o comienzos de enero, a
partir de ese momento se comenzaría materialmente la obra, que concluirá
en ese plazo dicho de los 28 meses si no hay incidencias. Por tanto, es
una obra a punto de comenzar materialmente en la ejecución.
Por el orden de más rápida iniciación, seguiría al emisario submarino la
EDAR de Loiola. Esta cuenta ya con un presupuesto de ejecución de unos
5.000 millones de pesetas, con un pliego de bases redactado para la
licitación. Las previsiones que tenemos es proceder a la licitación el
primer semestre del año 1998. Para ello, como sabrá su señoría o si no lo
verá próximamente cuando los Presupuestos Generales del Estado para 1998
entren en esta Cámara, le hemos dado cobertura presupuestaria en los
presupuestos del Estado del año que viene si se aprueban en los mismos
términos en que el Gobierno los ha remitido al Congreso de los Diputados.
En concreto, esta estación depuradora cuenta con una partida de 200
millones de pesetas en el programa correspondiente al Plan nacional de
saneamiento y depuración. Por lo tanto, si se licita como está previsto
en el primer semestre, el comienzo de las obras sería para finales del
año 1998, a cargo de esta consignación presupuestaria de 200 millones.
Por último, en el mismo orden de mayor a menor en cuanto a la inmediata
iniciación de la ejecución de las obras, el emisario terrestre está
todavía en una fase de estudio. Como muy bien sabe su señoría, los
efluentes que hay que tratar en el saneamiento conjunto de San Sebastián
y Bahía de Pasajes tienen una gran complicación técnica
por la mezcla de los residuos urbanos con los estrictamente industriales.
Por eso, el traje del sistema de depuración es un traje a medida no
genérico, hecho exactamente para tratar con el rigor que nos exigen las
directivas europeas los efluentes concretos que se producen allí con esa
alta carga industrial contaminante. Para hacernos una idea de lo que
supone esa carga contaminante, así como estamos hablando de unos 360.000
habitantes, traducido a habitantes equivalentes --que es el término que
utiliza tanto la legislación española como la normativa comunitaria para
traducir la suma de consumos urbanos con usos industriales-- se eleva a
prácticamente el doble, estamos hablando de 628.000 habitantes
equivalentes.
En estos momentos, como le digo, está definiéndose técnicamente el
producto que necesitamos para aprobar el correspondiente pliego. Por eso
todavía esta obra no cuenta con consignación presupuestaria en 1998 y
deberá esperar al año 1999, dedicándose el ejercicio de 1998 a esa
definición técnica, que se traducirá en el pliego de bases concreto que
determinará la licitación.
Por lo tanto: emisario de Monpas, inicio inmediato, en diciembre-enero,
por el sistema de abono total del precio contratado en este año, según
acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de agosto; EDAR de Loiola,
licitación en el primer semestre del año que viene, para empezar a final
de año y emisario terrestre, definición durante el próximo ejercicio de
la obra y del pliego de bases para su contratación.
En cuanto a la presa de Ibiur, se sale del sistema de saneamiento para
ser una obra de regulación singular destinada al abastecimiento de una
zona muy importante del País Vasco --como ha hecho usted referencia hace
un momento, en concreto la población estimada servida por la presa de
Ibiur ascenderá a unos 60.000 habitantes-- ha sido adjudicada muy
recientemente, en concreto el pasado 13 de octubre, es decir, hace
escasamente un mes, a una UTE constituida por las empresas Altuna y Uria,
S. A., y Auxini. Por lo tanto, estamos a la espera de la preceptiva firma
del contrato para que los trabajos se inicien en cuanto éste sea firmado.
En el presupuesto de 1998 esta obra cuenta con una consignación
presupuestaria de 1.609 millones, alta porque la obra comenzará muy a
comienzos del año próximo o justo al final, en los últimos días de este
año, probablemente a comienzos del año próximo.
Con este paquete de obras el Estado da un paso importante en cumplir con
su parte obligada en el momento de diseñar ese complejo, no complicado,
reparto de competencias en materia de aguas que existe entre la
Administración Central del Estado y la autonómica del País Vasco, al que
hizo referencia su señoría en el comienzo de su intervención. Decía que
el Estado cumple con las obras de interés general que siguen siendo
obligación suya en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Es un proceso en marcha que durante este año y con estas contrataciones
ha recibido un impulso que considero importante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Me congratulo de la respuesta que nos da. Es nuestra obligación. Usted lo
ha dicho y me alegro políticamente, porque tiene su significación
política, que usted diga que es bueno para el Gobierno. Yo creo que sí lo
es que se le recuerde la materialización de los compromisos, porque nos
encontramos con un Ministerio, como lo es el de Medio Ambiente, con un
volumen de contratación muy elevado, con una gestión administrativa de
obras muy elevada, y que requiere realizar ese control político de
construcción positiva y de recordatorio, porque no solamente le sirve de
recordatorio a usted. Estoy seguro de que cuando usted recibe una
pregunta, una interpelación de un Grupo parlamentario lo que hace es que
la máquina administrativa que depende políticamente de usted funcione
también con celeridad, con rigor, con inmediatez, lo que es bueno para
nosotros, que representamos a los ciudadanos de una circunscripción que
nos transmiten la problemática que allí existe y que queremos que los
problemas se vayan solucionando, como lo quiere usted.
En definitiva, es una relación bilateral recíproca, en la cual ustedes
tienen una responsabilidad y nosotros otra, pero nos une un mismo
cometido político, que es el servicio al ciudadano, la terminación de
unas obras y hacer cosas, porque para eso es para lo que estamos en
política. Me alegro de que usted tenga esa consideración. No pensaba de
otra manera, puesto que conozco desde hace un año el sentir político que
tiene. Vamos a seguir en la labor de política constructiva, de recordar
y de reconocer las cosas que se están haciendo, de cumplimiento de
determinadas obras públicas.
Empiezo por el final, por la obra de la presa de Ibiur, que es una obra
muy deseada en el centro de Guipúzcoa, que afecta a una de las zonas
geográficas que más padece los problemas de la sequía. Por lo tanto, que
se haya adjudicado a una unión temporal de empresas, a una UTE, como ha
dicho, entre Auxini y Altuna y Uria y que ya haya una consignación de
1.609 millones para 1998 en los presupuestos generales del Estado, es una
buena noticia, y creo que en política hay que resaltar las buenas
noticias, es importante y este Parlamento tiene oportunidad, obligación
y derecho de debatir esta serie de cuestiones.
Por consiguiente, a nosotros nos congratula la cuestión que hoy nos ha
notificado, lo mismo que respecto de la estación depuradora de aguas
residuales de Loiola, para la que nos dice que va a haber un presupuesto
de 200 millones de pesetas para 1998 y que se va a intentar que la
licitación se produzca durante ese año. Y lo mismo en cuanto a la
construcción del emisario submarino, que está pendiente de adjudicación,
y, como nos ha indicado su señoría, las plicas se abrirán el próximo 3 de
diciembre.
En definitiva, como digo, es una buena noticia, nos congratulamos de que
se vayan cumpliendo los acuerdos políticos que al respecto se firmaron
entre el Gobierno central y el Gobierno vasco y damos las gracias al
Gobierno por la información que ha suministrado en el día de hoy a la
Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Señoría, no tengo más que añadir salvo la satisfacción de ser controlado
tan amablemente por el señor Senador interpelante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, vamos a posponer para el final la pregunta de don Heliodoro
Gallego Cuesta.
--DE DOÑA FRANCISCA LOPEZ YEBENES, SOBRE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE
LOS EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION DE LA PRESA DE MONTIZON II, EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL, CON INDICACION DE LA FECHA PREVISTA PARA LA
ADJUDICACION DE LAS OBRAS (681/000765).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Francisca López Yébenes, sobre la
situación administrativa de los expedientes de construcción de la presa
de Montizón II, en la provincia de Ciudad Real, con indicación de la
fecha prevista para la adjudicación de las obras.
Tiene la palabra la señora López Yébenes.
La señora LOPEZ YEBENES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, según manifestaron ustedes en respuesta a una
pregunta por escrito respecto de la situación del proyecto y construcción
de la presa de Montizón, situada en el término municipal de
Villamanrique, sobre el río Guadalén, en la provincia de Ciudad Real, que
propiciaría el abastecimiento a 13 municipios del Campo de Montiel, en el
año 1995 se había efectuado el correspondiente estudio de impacto
ambiental y en el año 1996 debería haberse concluido el proyecto
definitivo para la construcción del embalse citado.
Considerando que ya ha pasado tiempo suficiente y dado que no parece que
se tenga intención de realizar las obras mencionadas, pues en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 no se contempla partida
presupuestaria para su ejecución, preocupada esta Senadora por la
situación en la que se encuentran los ciudadanos de estos municipios y su
importante necesidad de agua, preguntamos hoy en esta Comisión al
Secretario de Estado en qué situación se encuentra la tramitación de los
expedientes referidos y la fecha que tiene prevista el Gobierno para la
adjudicación de las obras de la presa de Montizón II. (El señor
Vicepresidente, García Correa, ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en este momento es muy prematuro dar una fecha para la
adjudicación de un proyecto al que todavía le faltan muchos trámites
administrativos, aparte, evidentemente, de la voluntad política de seguir
adelante, que existe, en cuanto a toda la elaboración administrativa
previa.
En concreto, en mayo de este año la Dirección General de Calidad
Ambiental, que es la responsable de la elaboración de las evaluaciones de
impacto ambiental, ha hecho la recepción definitiva de las distintas
observaciones recibidas en el período de información pública para la
evaluación de impacto ambiental, y éstas, según el procedimiento
legalmente establecido al respecto, han sido remitidas a la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, que está
valorándolas. Porque, como usted sabe, el proceso de evaluación
ambiental, desde los estudios iniciales hasta llegar a la declaración,
pasa por un período de información general --y es algo muy importante y
nos lo tomamos muy en serio en el Ministerio--. El proyecto de la obra de
que se trate --en este caso, de la presa de Castillo de Montizón--
circula por una serie de grupos y personas interesadas, que hacen sus
alegaciones u observaciones y que, en muchos casos, nos lleva a corregir
el proyecto. Por ejemplo, antes, en la primera pregunta de las que se me
han formulado, hemos hecho referencia a la presa de Irueña, que,
efectivamente, sufrió cambios importantes a la luz de los estudios y
alegaciones realizadas en el proceso de elaboración de la declaración de
impacto ambiental.
Por lo tanto, estamos en una fase muy previa a lo que es la adjudicación
de un contrato y consiguiente inicio de las obras. Hay que hacer, pues,
esa reelaboración de toda la información recibida en esa fase de
alegaciones; luego hay que formular la declaración de impacto ambiental
como tal, ratificando o corrigiendo los estudios de impacto ambiental
previos, y después hay que pasar a la aprobación técnica del proyecto y
fase de contratación.
Por lo tanto, es una obra que va madurando, dentro de los complejos
trámites administrativos de la obra pública y de la declaración de
impacto ambiental pero para lo que no hay todavía una fecha concreta y,
en consecuencia, tampoco hay una consignación presupuestaria para el año
1998, porque sería dinero perdido en cuanto que es imposible, con todos
los trámites administrativos que quedan, empezar materialmente la obra
durante el ejercicio de 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, señor Secretario
de Estado.
Tiene la palabra la señora Senadora.
La señora LOPEZ YEBENES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, nos está dando usted información de mayo de
1997, y parece ser que ya se han iniciado
los trámites de una manera más seria que a finales de 1995 y a lo largo
de 1996.
Los tres municipios que le acabo de mencionar reúnen, aproximadamente,
26.000 habitantes, que no disponen de agua embalsada puesto que la más
próxima es la del pantano de La Cabezuela, que ya tiene sus pueblos de
abastecimiento. Y yo le formulaba esta pregunta porque en 1995 la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consideraba necesaria la
construcción de un embalse en el paraje de Montizón, habida cuenta de que
estos habitantes no tienen más agua que la generada por los pozos del
entorno y, lógicamente, estos ayuntamientos se ven con unos gastos
aumentados en sus partidas presupuestarias para la perforación de dichos
pozos a fin de poder extraer agua, aunque sea en pequeñas cantidades. De
ahí la necesidad de la construcción, a la mayor brevedad posible de esta
presa, teniendo en cuenta que, si bien en este momento los acuíferos
están en mejores condiciones debido a la pluviometría actual, debemos
tener previsiones para cuando la climatología sea adversa. Hay un dicho
que dice: Quien guarda, halla. Pero para guardar, hay que construir, y
eso es lo que yo le pido ahora mismo al señor Secretario de Estado: que
construyan para poder guardar para el período de sequía que vendrá --como
todos sabemos, se trata de ciclos-- y que podamos tener ese agua tan
necesaria, sobre todo para esos ciudadanos que no disponen más que de lo
que genera el acuífero del entorno del Campo de Montiel.
Hubiera preferido que su señoría me hubiera dado una respuesta un poco
más concisa para poder transmitírselo así a esos 26.000 habitantes: que
en breve espacio de tiempo se van a iniciar las obras para poder guardar
estas aguas, que tan necesarias van a resultar en el próximo ciclo de
sequía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUA Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no puedo dar una respuesta más concisa, en el sentido de
concreta, respecto al plazo porque sería inventarme un dato. Y a veces
cuando uno, de buena fe, da un dato en cuanto a fechas de trámites
administrativos se equivoca, como hemos visto en la evolución de obra
pública a raíz de algunas de las preguntas en las que se ha hablado de
algún paseo marítimo en el País Vasco. Muchas veces la obra pública no
responde a lo que uno prevé a priori. Por lo tanto, en estos momentos
cualquier fecha concreta que yo diese para el comienzo de las obras sería
una arbitrariedad por mi parte. Es imposible hacerlo.
De todos modos, la situación de abastecimiento a poblaciones con cargo a
aguas subterráneas, como muy bien sabe su señoría, es muy normal en esa
zona de España, aunque no sólo en ella. Y un sistema idóneo de gestión
implicará siempre, incluso cuando se construya materialmente una presa
como la de Castillo de Montizón, una gestión conjunta para los
abastecimientos, tanto de aguas subterráneas como de aguas reguladas,
precisamente porque, aunque en estos momentos estemos en una buena
situación pluviométrica, los períodos de sequía se van repitiendo y es
bueno guardar de unas épocas para otras. Por lo tanto, incluso cuando
exista esta presa, habrá que seguir usando razonablemente y en un modelo
de gestión conjunta, según épocas del año y fases del ciclo
climatológico, tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales.
En cuanto al impulso que se le está dando en este momento al proyecto
técnico de la declaración de impacto ambiental para esta obra, no es una
cosa de ahora. Este proyecto viene, en fase de elaboración, desde el año
1991. Han pasado, pues, siete años, pero ése es un período de maduración
bastante normal para las obras hidráulicas, que exigen muchos estudios
previos, muchas definiciones y resolver, a veces, polémicas locales,
porque usted sabrá seguramente mejor que yo cómo este proyecto concreto
ha tenido que superar ciertas diferencias de opinión entre dos
ayuntamientos distintos, que han hecho variar muy sustancialmente,
también por intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el proyecto inicialmente redactado.
Por eso estamos en una fase en la que, corregido el proceso inicial, se
está avanzando razonablemente en cuanto al tiempo. Pero, reitero, no
sería honrado por mi parte dar en este momento una fecha concreta de
inicio de las obras porque no estamos en la fase administrativa que
permite hacer esa previsión temporal tan específica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, señoría.
--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE
ABASTECIMIENTO A JIMENA DE LA FRONTERA Y DE CONSTRUCCION DE NUEVOS
DEPOSITOS REGULADORES EN LA EXPLOTACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR, EN LA
PROVINCIA DE CADIZ (681/000771).
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Pregunta de don José Carracao
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista
por el Gobierno para el comienzo de las obras de abastecimiento a Jimena
de la Frontera y de construcción de nuevos depósitos reguladores en la
explotación del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.
Tiene la palabra el señor Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos en que su señoría ha
expresado y recabo, por tanto, del señor
Secretario de Estado la información que me pueda aportar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Como
es conocido, las competencias en materia de abastecimiento en el caso de
Andalucía desde el año 1984 no corresponden a la Administración del
Estado y, en consecuencia, no corresponden a un organismo autónomo de
ésta, como es la Confederación Hidrográfica del Sur, sino a la Junta de
Andalucía. Por tanto, en cuanto a la construcción de infraestructura para
abastecimiento, como son las que motivan la pregunta que me hace en este
momento, el interlocutor que debe recibir la pregunta en principio es el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Estado, bien es verdad, viene haciendo una labor de apoyo, por razones
históricas, de tradición y de competencia técnica tradicional, a través
de las confederaciones hidrográficas. En el caso que nos ocupa, desde la
Confederación se está intentando --y en este sentido hay negociaciones
abiertas con la mancomunidad de ayuntamientos del Campo de Gibraltar--
negociar que esta mancomunidad puede hacerse cargo de la gestión de las
infraestructuras de abastecimiento, bien es verdad que con apoyo, en el
futuro también en inversión, por parte del Estado. En concreto, en estos
momentos los proyectos que se están estudiando con más detalle por su
inmediatez serían, más que la construcción de nuevos depósitos, las obras
de reparación de los depósitos de La Línea de la Concepción y de
Algeciras, que presentan problemas de mantenimiento, incluso de
salubridad importantes.
¿Qué futuras inversiones hará la Administración Central del Estado a
través de la Confederación Hidrográfica pertinente? Es algo que habrá que
diseñar con detalle, a ser posible con el acuerdo de la Junta de
Andalucía, que es la responsable legalmente de las competencias en la
materia, en el momento en que se pueda acordar --y como su señoría sabe
se está negociando-- esa cesión del sistema de abastecimiento conjunto a
la mancomunidad de ayuntamientos del Campo de Gibraltar.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Para turno de réplica, tiene la
palabra el señor Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo sinceramente que la información que usted me aporta no es la
adecuada, no es la correcta.
Aún no ha sido transferida la Confederación del Sur al Gobierno autónomo,
por tanto no sé cómo el señor Secretario de Estado dice que la
competencia es del Gobierno andaluz y no de la Administración Central.
Honestamente, creo que es un error. En cualquier caso, yo fui contestado
por el Gobierno en septiembre de 1996 a una pregunta escrita en la que me
decían que los proyectos ya citados se encontraban en la actualidad
pendientes de aprobación técnica, incluso hacían referencia a los
presupuestos y a los plazos de ejecución. Esas obras fueron planificadas
por la Confederación Hidrográfica del Sur hace tres o cuatro años, cuando
padecimos una sequía muy pertinaz en toda España, especialmente en
Andalucía, y de ahí el interés y la insistencia por la puesta en marcha
de estos proyectos tan necesarios para la zona.
Creo que decir que llevamos muchos años gestionando desde la Mancomunidad
de municipios del Campo de Gibraltar la transferencia de la red en alta
es evadirse de la responsabilidad. Es cierto, he sido Presidente de esa
institución que usted ha mencionado durante nueve años, y en esa época me
tocó intentar que la Administración Central transfiriese a esta
institución las competencias de la red en alta. No todos los
ayuntamientos han transferido las de la red en baja.
Conozco con detalle, y era una de las cuestiones que me preocupaban, la
situación de los depósitos de La Línea y de Algeciras, pero no creo que
la reparación urgente de estos dos depósitos fuera óbice para la
construcción de nuevos depósitos reguladores para la zona norte de San
Roque y para el Municipio de Jimena de la Frontera y sus núcleos de San
Pablo de Buceite y de San Martín del Tesorillo.
Señor Secretario de Estado, me deja usted muy descorazonado y bastante
desconcertado porque, puedo estar en un error, pero al no haber sido
transferida la Confederación Hidrográfica del Sur, creo --y voy a recabar
toda la información que sea oportuna-- que la competencia en cuanto a la
puesta en marcha de estos proyectos mencionados sigue estando en la
Confederación del Sur, y si es ésta la responsable, subsidiariamente es
a la Administración Central a quien corresponde.
Quisiera que me aclarara estos extremos porque es de enorme interés la
ejecución de estos proyectos que ya se han señalado. En coherencia con la
respuesta que se me da por escrito, quisiera que me contestara nuevamente
a estas cuestiones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, Senador
Carracao.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Lo
que está publicado en el BOE y el reparto de competencias entre la
Administración Central del Estado y las Comunidades Autónomas no es
discutible. A veces plantea fronteras de dudosa interpretación y es el
Tribunal Constitucional el que tiene que ir aclarando las respectivas
competencias. Pero en este caso no hay fronteras dudosas, el tema es
nítido y claro.
La Confederación Hidrográfica del Sur es una cosa y las competencias
respectivas de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma es
otra. Evidentemente, la Confederación Hidrográfica del Sur no está
transferida; se viene negociando con más o menos continuidad en el tiempo
desde hace años su posible transferencia porque responde a los requisitos
constitucionales de unas cuencas internas, dado que su territorio se
corresponde íntegramente
con parte del territorio de la Comunidad Autónoma. Pero no estoy hablando
de transferir la Confederación del Sur, sino de las competencias que
tiene el Estado en materia de obras hidráulicas y de las que tienen las
Comunidades Autónomas. En concreto, la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desde el Real Decreto 1.132/84, de 28 de marzo, publicado en el BOE el 18
de julio del año 1984, tiene las competencias de auxilio y apoyo a las
entidades locales en materia del servicio municipal de abastecimiento de
aguas.
Otra cosa es --repito, porque no quiero negar el hecho-- que
históricamente hemos venido realizando, y seguiremos realizando, una
labor desde la Administración del Estado, de apoyo, impulso y
financiación. En concreto, de los cuatro proyectos que en un momento
histórico anterior a este Gobierno se presentaron desde la Confederación
Hidrográfica del Sur a la Dirección General de Obras Hidráulicas
relativas a depósitos de regulación y conducciones para abastecimientos
en Cádiz, y en particular en la zona del Campo de Gibraltar, sólo uno fue
aprobado en aquella época como proyecto técnico, y en ninguna de estas
obras llegó a producirse la declaración de interés general, que es el
título jurídico que, conforme al artículo 44 de la Ley de Aguas, permite
a la Administración Central, como ejecutora de la política hidráulica del
Estado como tal, hacer suya una obra que inicialmente no es del Estado,
como es el caso de las que tienen que ver con el abastecimiento a
poblaciones.
Por tanto, en este momento --repito, porque la realidad de las cosas
lleva a ello y las necesidades urgentes hay que resolverlas al margen de
las respectivas competencias-- estamos haciendo una labor de apoyo, en
concreto nos planteamos, porque son verdaderas emergencias, esas labores
de reparación de los dos depósitos que he citado y, como muy bien ha
indicado su señoría, no es óbice reparar lo que existe para hacer cosas
nuevas, pero hacer cosas nuevas exigiría, aparte de la aprobación técnica
de los proyectos en la fase administrativa, esa asunción vía declaración
de interés general de una competencia que inicialmente no es de la
Administración del Estado por parte de ésta. Esa declaración de interés
general aún no se ha hecho ni por el Gobierno anterior ni en estos
momentos. Repito, es un tema distinto de que se transfiera o no a la
Comunidad Autónoma de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias.
--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS DE
SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL CAMPO DE GIBRALTAR, EN LA PROVINCIA DE CADIZ
(681/000772).
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Pregunta de don José Carracao
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista
por el Gobierno para el comienzo de las obras de saneamiento y depuración
del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería saber si se han resuelto los problemas derivados del cambio de
ubicación solicitado por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
para la contratación de la estación depuradora de aguas residuales de esa
ciudad, proyecto que estaba contemplado en el saneamiento y depuración
del Campo de Gibraltar dentro del Programa Infraestructura Urbana de
Saneamiento y Calidad del Agua. Querría, lógicamente, saber cuándo el
Gobierno tiene previsto el inicio de esta obra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias.
Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): En
este caso, y por continuar con la línea argumental de la anterior
pregunta, también estamos ante una inversión del Estado que no es
competencia del Estado pero que la vamos a hacer.
Por ratificar la línea competencial que le generaba dudas a su señoría,
diré que las labores correspondientes a la creación de infraestructura
para el saneamiento, fruto de los abastecimientos urbanos es, en
principio, una competencia de las propias entidades locales con el
auxilio de las Comunidades Autónomas. En esta materia, y dado el esfuerzo
inversor para cumplir con una directiva comunitaria que debía realizarse
en un plazo muy corto de tiempo, el Estado asume voluntariamente,
entrando en el ámbito competencial de las entidades locales y de las
Comunidades Autónomas, pero previo pacto con éstas, una obligación que se
traduce, como muy bien sabe su señoría, en esos convenios en ejecución
del Plan Nacional como tal que el Estado tiene con todas las Comunidades
Autónomas y en cuya virtud asume alrededor, aunque hay pequeñas
variaciones de Comunidad Autónoma a Comunidad Autónoma, de un 25 por
ciento del esfuerzo inversor que supone el saneamiento conjunto de todos
los núcleos de población.
En este caso concreto, y en virtud de esa asunción específica de
competencias que ha hecho el Estado mediante la declaración de interés
general en cumplimiento del convenio que desarrolla el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración, el Estado ha asumido, efectivamente, la
obligación de hacer la EDAR de La Línea de la Concepción. Se han
resuelto, como probablemente sabe su señoría igual que yo, los problemas
suscitados por el cambio de ubicación que hubo que hacer respecto a la
previsión inicial y, en estos momentos, ya se ha sometido a información
pública el proyecto y se ha aprobado técnicamente el mismo. En
consecuencia, el expediente se encuentre pendiente de la formalización
del contrato sin más, con lo cual las obras
comenzarán bien a finales de este año, bien a comienzos del próximo. De
hecho, el plazo de ejecución que está previsto es de 18 meses y la
inversión son 658 millones de pesetas, de los cuales más de la mitad
están previstos en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 1998,
que tiene que aprobar esta Cámara todavía, por un importe de 400 millones
de pesetas, lo cual quiere decir que en nuestras previsiones cerca de un
70 u 80 por ciento de la obra se hará materialmente al año que viene y el
resto muy a comienzos del año 1999.
Por tanto, ésta es una obra de comienzo inmediato, de ejecución de una
cuantía muy relevante durante el año 1998 y de finalización a mediados
del año 1999.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias, señor
Presidente.
Tiene la palabra el señor Carracao.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la respuesta al señor Secretario de Estado y decirle
que, probablemente, si el anterior Gobierno no hubiese declarado de
interés general la ejecución de la obra, podríamos encontrarnos en un
caso similar al de la pregunta anterior. Beneficiosamente, en este caso,
para la ciudad de La Línea y para el Plan Integral de Saneamiento del
Campo de Gibraltar, el Gobierno actual no se ha encontrado con ese
impedimento de no haber sido declarado de interés general y esa voluntad,
que ya se había expresado por el anterior Gobierno, no tiene más remedio
que ser cumplida.
Así y todo, esta respuesta del señor Secretario de Estado ya era conocida
y esta pregunta no tenía sino el interés del seguimiento de obras
planificadas en las que, por su necesidad, no debiera existir relax en
cuanto a su puesta en funcionamiento y ejecución.
Nada más y muchas gracias, señor Secretario de Estado. Gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Muchas gracias, señor Presidente.
El anterior Gobierno, efectivamente, manifestó la voluntad, pero este
Gobierno está poniendo el dinero para hacer esta obra en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias. (El señor
Carracao Gutiérrez pide la palabra.) ¿Señor Carracao?
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señor Presidente, es una alusión muy directa
en cuanto a poner el dinero.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Lo siento, pero no le pudo
conceder la palabra. (El señor Carracao Gutiérrez: El dinero no lo pone
uno de su bolsillo, es del dinero de todos.)
--DE DON JOSE MANUEL GOMEZ-ANGULO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE OBRAS
CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE
BENALMADENA, MALAGA, Y A LOS COLECTORES DE TORREMUELLE, EN LA MISMA
LOCALIDAD (681/000774).
--DE DON JOSE MANUEL GOMEZ-ANGULO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE OBRAS
CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) Y A
LOS COLECTORES DE RINCON DE LA VICTORIA, MALAGA (681/000775).
--DE DON JOSE MANUEL GOMEZ-ANGULO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE OBRAS
CORRESPONDIENTE A LA ORDENACION DE LA PLAYA DE PONIENTE, EN MALAGA
(681/000776).
--DE DON JOSE MANUEL GOMEZ-ANGULO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE OBRAS
CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) Y A
LOS COLECTORES DE VELEZ-MALAGA, EN MALAGA (681/000777).
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Pasamos a las preguntas de don
José Manuel Gómez-Angulo, que ha manifestado a la Mesa su intención de
agruparlas y que son: la primera, sobre la situación en que se encuentra
el proyecto de obras correspondiente a la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Benalmádena, Málaga, y a los colectores de
Torremuelle, en la misma localidad. La segunda, sobre la situación en que
se encuentra el proyecto de obras correspondiente a la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) y a los colectores de Rincón de la
Victoria, Málaga. La tercera, sobre la situación en que se encuentra el
proyecto de obras correspondiente a la ordenación de la playa de
Poniente, en Málaga. Y, la cuarta, sobre la situación en que se encuentra
el proyecto de obras correspondiente a la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) y a los colectores de Vélez-Málaga, en Málaga.
Para formular las preguntas, tiene la palabra su señoría.
El señor GOMEZ-ANGULO GINER: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Para irnos centrando en la
cuestión, retomaría las palabras del Senador socialista puesto que,
evidentemente, el anterior Gobierno socialista, en febrero de 1995,
planeó nueve actuaciones de interés general en el Plan Nacional de
Saneamiento, que no puso en marcha, salvo una obra de interés general en
el campo de La Línea y la estación depuradora de Motril-Salobreña.
Para centrarnos, con posterioridad, como no había dinero en aquellas
épocas, y en estos momentos tampoco, parece ser que a instancias del
Ministerio de Medio Ambiente, señor Secretario, se licitaron unas obras
en materia de saneamiento y depuración de aguas mediante una modalidad
nueva, que parecía ser bajada de otros países, de pago diferido. Estas
obras, en la provincia de Málaga, entre las nuevas actuaciones que el
Gobierno anterior planteó allí, en febrero de 1995 --tuvieron un año y
pico más para ejecutarlas o planearlas-- hemos constatado cómo no se
realizaron ni se iniciaron en trámite alguno.
Tenemos entendido, de ahí nuestra pregunta hoy aquí, que en algunas obras
de saneamiento pendientes para la Costa del Sol, de la provincia de
Málaga, tan importantes para el desarrollo turístico, como son las de la
Costa del Sol oriental, en los términos municipales de La Axarquía,
Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria y algunas pendientes de la Costa del
Sol occidental, como Benalmádena, se está poniendo en marcha la
licitación de las obras y los estudios. Al margen de ello, en un tema que
no es de saneamiento, está la situación de la playa de Poniente. De ahí
que quisiéramos preguntarle al Ministerio y, en su nombre, al Secretario
de Estado, si es consciente de la importancia de esta obra para el sector
turístico y si diría usted, como creo recordar que dijo la señora
Ministra en el Congreso, que hay un absoluto compromiso del Gobierno de
acabar estas obras en esta legislatura.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Correa): Muchas gracias.
Para contestar a la pregunta formulada, tiene la palabra el Secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, este Gobierno se ha encontrado con un Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración aprobado formalmente por el Consejo de Ministros
y publicado en el BOE, con una serie de convenios con las Comunidades
Autónomas para precisar la parte de inversión que realizan éstas y, en
algunos casos, los ayuntamientos y la parte que debe realizar el Estado,
con unos plazos que vienen establecidos para el Reino de España como tal,
que es el que es miembro de la Unión Europea por la directiva cuya
traslación al ordenamiento jurídico español es el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración, y con un retraso, por el escaso esfuerzo
inversor hecho en la materia por el Gobierno anterior, en cuanto a la
posibilidad de llegar a ejecutar en los plazos definidos por la directiva
comunitaria las obras que correspondían, llamémoslo así, al cupo estatal
de este Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Por eso, por respeto a las directivas comunitarias, porque estamos en un
Ministerio de Medio Ambiente y, en consecuencia, porque la calidad de las
aguas es para nosotros algo absolutamente prioritario, hemos hecho un
esfuerzo imaginativo, financiero, jurídico y presupuestario importante
para impulsar los recursos estatales vinculados a la ejecución material
de las obras que corresponden a la Administración Central dentro del Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración, que se ha traducido básicamente en
tres actuaciones: la primera, en habilitar esta forma jurídica de
contrato, llamado popularmente el modelo alemán, el modelo del contrato
de precio aplazado, y dedicar prácticamente todo el cupo que tenía el
Ministerio de Medio Ambiente durante el año 1997 para hacer obras por
esta modalidad contractual a obras del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración. En concreto, todas las obras menos tres, dos de costas y otra
del programa 512 A, de obras e infraestructuras hidráulicas, se han
dedicado a obras del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, entre
otras, las que motivan las preguntas concretas de su señoría. En segundo
lugar, hemos hecho un incremento del 64 por ciento respecto a este
ejercicio en los presupuestos del año 1998 en la consignación
presupuestaria para atender a este Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración. Y, en tercer lugar, vamos a dedicar también en el año 1998
una parte muy importante de los contratos que se autoricen por la misma
modalidad contractual, de abono total del precio al final, también a
obras del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
Es decir, le hemos dado un impulso muy importante en presupuestos y en
praxis contractual del Ministerio a la inversión en materia de
saneamiento y calidad de las aguas, para poder cumplir así, alejándonos
de la perspectiva negativa que heredamos por volumen inversor del
Gobierno anterior, los plazos determinados por la directiva comunitaria
en esta materia.
En particular, las obras por las que pregunta su señoría fueron aprobadas
por el Consejo de Ministros mediante acuerdo del pasado 1.º de agosto y,
desde entonces, se ha iniciado ya el proceso de licitación
administrativa, contratación, etcétera. Los datos de que dispongo en este
momento son los siguientes: La EDAR de Vélez-Málaga fue objeto de
licitación en el BOE del 6 de septiembre, con fecha de presentación de
las ofertas para el 6 del presente mes de noviembre, apertura de las
plicas el 26 de noviembre, presupuesto de construcción 1.950 millones de
pesetas, plazo de ejecución 30 meses. La EDAR de Benalmádena se licitó en
el BOE del 2 de octubre, la fecha de presentación de ofertas es el 27 de
noviembre, la apertura de las plicas el 15 de diciembre, presupuesto de
construcción 3.500 millones de pesetas y plazo de ejecución 30 meses
también. Los colectores de Torremuelle fueron licitados en el BOE del 15
de agosto del año 1997, con fecha de presentación de las ofertas para el
16 de octubre, apertura de plicas el 5 de este mismo mes, presupuesto de
construcción 1.897 millones de pesetas y plazo de ejecución 18 meses.
El resto de las obras que fueron autorizadas a contratar por el Consejo
de Ministros, por esta modalidad contractual, siguen saliendo con esta
misma cadencia que se ve según lo que nos exige la elaboración de los
papeles administrativos, llamémoslo así, y van a ser contratadas en los
próximos días y en las próximas semanas.
Creo que con esto se da un gran impulso al Plan Nacional de Saneamiento
y Depuración y, muy específicamente, porque había retrasos considerables,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde eran necesarias inversiones
muy importantes que ya estamos llevando a cabo.
En concreto, respecto a la única obra por la que me ha preguntado su
señoría, que no tiene que ver con el saneamiento y depuración, el
proyecto de la playa de Poniente en Málaga también fue autorizado por el
Consejo de Ministros. Hemos hecho durante este año varios estudios, en
colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, para la definición material de la obra, desde el punto de vista
de dinámica del litoral, más precisa y segura. Esos estudios se han
acabado ya, se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Málaga, y
ya se ha remitido a la Dirección General de Costas por parte del
Ayuntamiento, previo visado y acuerdo con la Demarcación de Costas de
Málaga, el proyecto que será licitado próximamente.
Por tanto, con esta modalidad contractual de abono total del precio
estamos dando un impulso considerable, dentro del rigor presupuestario
que este Gobierno está aplicando al gasto público, a obras muy
importantes en el conjunto del territorio nacional y, específicamente,
para Andalucía, donde hacía falta bastante inversión tanto en costas
--como es este caso-- como en materia de saneamiento y depuración. Con
estas inversiones, razonablemente Andalucía, al menos en lo que al Estado
le corresponde, otra cosa son las responsabilidades de la Comunidad
Autónoma, está en condiciones de cumplir con la Directiva de Saneamiento
en los plazos que ésta fija.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
El señor Gómez-Angulo tiene la palabra.
El señor GOMEZ-ANGULO GINER: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero plantear tres cuestiones puntuales.
En primer lugar, señor Secretario de Estado, como Senador por la
Comunidad Autónoma de Andalucía tengo no que corregirle, pero sí
matizarle que todo el territorio de Andalucía no pertenece a la
Confederación Hidrográfica del Sur. Usted sabe que hay un 0,4 por ciento
de la población que pertenece a la cuenca del Segura y tengo entendido
--y así se lo advierto-- que los propios agricultores de esa zona están
en vías de plantear alguna reclamación al respecto. Se trata de un tema
en el que confío me dé usted la razón.
En segundo lugar, señor Secretario de Estado, respecto a la modalidad de
pago diferido, ¿ha habido alguna disposición europea para que no se
pudiera haber ejecutado por gobiernos anteriores o es algo que la
Directiva comunitaria nos ha posibilitado en año 1996 coincidiendo con la
llegada del Partido Popular?
En tercer lugar, me gustaría saber el coste aproximado de la estación
depuradora del Rincón de la Victoria. No sé si usted tiene los datos, al
menos, no me los ha dado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Perdone su señoría, pero me estaban avisando de una emergencia y me he
distraído.
El señor GOMEZ-ANGULO GINER: Sí, le repito.
En primer lugar, la matización sobre la población andaluza que no está
acogida a la Confederación Hidrográfica del Sur.
En segundo lugar, sobre la modalidad contractual de pago diferido,
¿anteriormente no estaba permitida por la normativa europea o casualmente
cuando el Partido Popular ganó las elecciones se podía realizar y con los
gobiernos anteriores no?
En tercer lugar, me gustaría saber qué presupuesto tiene el Rincón de la
Victoria o si no tiene un coste aproximado en los estudios técnicos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Pido
disculpas por la distracción momentánea durante la segunda parte de la
intervención de su señoría.
En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Sur, evidentemente hay una
pequeña parte de la Comunidad Autónoma que no pertenece a ella, pero se
está desarrollando una vieja negociación, mucho antes de constituirse
este Gobierno, que se ha retomado a petición de la Comunidad Autónoma de
Andalucía recientemente en el seno de las comisiones mixtas que, como
sabe su señoría, trabajan en los procesos de transferencias. Es evidente
que yo no puedo prejuzgar cuál va a ser el resultado de tal negociación
que está abierta y con muchas cuestiones pendientes de definir.
En cuanto a la novedad que puede suponer la modalidad contractual de
abono total del precio, es una modalidad nueva desde el punto de vista
del derecho interno español, puesto que la introdujimos como modificación
legislativa y sus señorías aprobaron en la llamada Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos para el corriente ejercicio 1997, pero es una
modalidad contractual que tiene precedentes teóricos en cuanto al diseño
en otros países de la Unión Europea y que, por lo tanto, podría haberse
puesto en marcha con anterioridad.
Quizá el motivo --y aquí hago un juicio de intenciones por el que nos
hemos esforzado en los Presupuestos y Ley de Acompañamiento tanto del año
pasado como de éste en buscar nuevas modalidades contractuales-- es que
este Gobierno se ha tomado muy en serio --como es público y notorio y,
además, nos sentimos orgullosos de ello-- el riguroso control del gasto
público. Cuando no existía este riguroso
control --y la gestión en materia de aguas es un ejemplo paradigmático al
respecto-- no había que ingeniárselas para contratar y gastar anualizando
de verdad y sin extralimitarse los presupuestos que sus señorías aprueban
a través de la Ley de Presupuestos, sino que bastaba con lanzar nuevas
obras sin cobertura presupuestaria de ningún tipo.
Como sabrá su señoría, porque hemos tenido ocasión de comentarlo en esta
Comisión en algunas ocasiones, en el seno de los programas que se
gestionan en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, en materia de
aguas nos hemos encontrado con muchas decenas de miles de millones de
pesetas gastados sin contabilización de ningún tipo, y con muchas decenas
de miles de millones de pesetas preadjudicados a través del viejo
contrato, hoy desaparecido, gracias a Dios, de la legislación de
contratos de proyecto y obra sin retención de crédito de ningún tipo.
Una vez que nos hemos tomado en serio la labor de gastar sólo las
cantidades que este Parlamento, a través de la Ley de Presupuestos, año
a año nos autoriza, hemos tenido que hacer una programación razonable de
presente en cuanto al gasto de esta anualidad, de pasado en cuanto a
liquidación de esta deudas históricas que no tuvieron cobertura
presupuestaria, y de futuro en cuanto a la anualización de los
compromisos financieros por las obras que se ponen en marcha.
Esa reflexión de limpieza del pasado, rigor en la ejecución del
presupuesto del ejercicio y planificación de futuro nos ha llevado a
buscar fórmulas --una es ésta-- para imputar a ejercicios futuros obras
sin paralizar el proceso inversor, mientras dedicamos fundamentalmente
los créditos que tenemos en este año a limpiar las deudas que hemos
heredado. Por lo tanto, se trata de una planificación rigurosa de respeto
al presupuesto la que nos lleva a buscar estas modalidades contractuales.
En cuanto a los datos, que, efectivamente, no los he dado, del importe
económico de Rincón de la Victoria, la EDAR de Rincón de la Victoria
tiene un importe de 1.600 millones de pesetas y un plazo de ejecución de
24 meses, y los colectores de Rincón de la Victoria tienen un importe
presupuestado de 2.152 millones de pesetas y un plazo de ejecución
también de 24 meses.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
--DE DON LORENZO SELAS CESPEDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
A LA LICITACION DEL PROYECTO DE LA PRESA DE LOS REZNOS, EN LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL, CON INDICACION DE LA FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE
LOS TRABAJOS (681/000785).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Lorenzo Selas Céspedes, sobre la
situación actual del expediente administrativo correspondiente a la
licitación del proyecto de la presa de Los Reznos.
El señor Selas tiene la palabra.
El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su presencia. Recordará
que se va a cumplir ahora ya casi un año cuando en una anterior
comparecencia tuve el honor de formularle una serie de preguntas que
tenían un interés general para nuestra Comunidad Autónoma, y más
concretamente para nuestra provincia, en relación con temas de
abastecimiento de agua a nuestras poblaciones y también con temas de
depuración de aguas residuales.
Señor Secretario de Estado, tengo que confesar, y ya lo hice en aquel
momento, que no salí muy satisfecho del conjunto de las respuestas, pero,
concretamente, sobre esta pregunta de la construcción de la presa de Los
Reznos --también lo dije entonces-- sí quedé satisfecho y contento,
porque después de la exposición de motivos que justificaban la
realización de esta presa, nos alegró ver la coincidencia ante el interés
de su realización.
Tal fue así, que ya en aquella comparecencia el señor Secretario de
Estado, tras manifestar su acuerdo con nuestra exposición, se
comprometía, después de haber superado todas las dificultades que,
lógicamente, tienen los grandes proyectos --como él ha dicho
anteriormente contestando a una pregunta sobre otra presa de nuestra
provincia, y que reconocemos que es así-- y una vez cumplidos todos los
trámites, a que en el primer trimestre de este año saldría publicada en
el Boletín Oficial del Estado la licitación de esta obra, que no habría
ninguna dificultad presupuestaria para su realización, que en este año se
iniciarían las obras y que ya se podrían invertir 325 millones de pesetas
en este año.
Toda aquella satisfacción del momento --que así manifesté a todas las
personas interesadas cuando regresé a Ciudad Real, expresando el interés
que tenía el Gobierno y usted personalmente--, repito, aquella
satisfacción se ha convertido, a finales de este año 1997, en
preocupación y en insatisfacción por ver que aquello que se nos prometió
no se ha cumplido. Nosotros también debemos decirle --como ha manifestado
antes, señor Secretario de Estado-- que nos satisface hacerle
amistosamente un seguimiento del control de las obras pero, al mismo
tiempo, este control debe ser exigente, riguroso, porque son obras muy
importantes para nuestra provincia, sobre todo para los sectores a los
que va destinado este bien final que es el agua.
En consecuencia, querríamos conocer en este momento, señor Secretario de
Estado, cuál es la situación actual de este proyecto y del expediente por
si habría alguna posibilidad de corregir y rectificar nuestra
insatisfacción y convertirla de nuevo en una realidad objetiva, que no es
otra que la de empezar las obras inmediatamente, señor Secretario de
Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Selas.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
cEl señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Debo
reconocer, como mencioné al principio en alguna de las contestaciones al
Senador del Partido Nacionalista Vasco, que el seguimiento de la labor de
control tiene un cierto riesgo, y es que uno pueda comprometer cosas que
luego, a pesar de la buena voluntad y honradez intelectual con que se
hacen las promesas, no se puedan cumplir.
En este caso, no tengo ningún inconveniente en reconocer que el señor
Selas tiene razón. Dije en esta Cámara --aunque no he logrado encontrar
la cita textual en el «Diario de Sesiones» que en su pregunta pone en mis
palabras-- más o menos lo mismo, eso es verdad, y no se ha cumplido. No
se ha cumplido en el sentido de que no se ha licitado la obra en el
primer semestre del año ni estamos en la fase de un comienzo inmediato.
¿Por qué no se ha cumplido? Porque es una de las obras que ha tenido que
dejar paso --en una programación siempre discutible pero imprescindible--
a atender el esfuerzo que se ha realizado durante este año para sanear el
programa 512A relativo a obras e infraestructuras hidráulicas, de las
deudas históricas heredadas sin contabilización de ningún tipo. Este año
el Ministerio de Medio Ambiente, con cargo a los presupuestos del
Programa 512A, que es el que soportaría esta obra, ha tenido que pagar
algo más de 30.000 millones de pesetas de deuda histórica no
contabilizada que hemos heredado.
Por otra parte, también ha habido que atender --les expongo las razones
por las que se ha retrasado esta licitación-- a importantes daños
producidos fruto de los fenómenos tormentosos e inundaciones que ha
habido, por desgracia reiteradamente, en el territorio de la península
durante este año, que ha exigido que rescatemos dinero --como prudente
administrador de las consignaciones que a comienzo de año teníamos
previsto para otras cosas-- para dedicarlo a atender a estas urgencias
que no pueden ser dejadas de lado.
Dado que este Gobierno está empeñado muy en serio --porque creemos que el
interés nacional así lo exige de cara a cumplir los objetivos de
Maastricht-- en anualizar el presupuesto --es decir, que aquí se gasta
todo el dinero que esta Cámara autoriza, pero no más de lo que
autoriza--, cuando surgen necesidades nuevas durante el año --y las
dramáticas consecuencias de los procesos de inundación que hemos sufrido
durante este ejercicio, con víctimas mortales, nos han obligado a
rescatar dinero--, hemos tenido que quitarlo de otro sitio, porque se
acabaron las alegrías tradicionales de gastar ante las emergencias dinero
por la vía del contrato de emergencia, mediante adjudicación directa y
sin consignación presupuestaria previa, ya que todavía hoy estamos
pagando, entre otras cosas, alegrías contractuales de ese estilo
adoptadas en épocas anteriores.
Por lo tanto, como un prudente padre de familia que tiene previsto llegar
hasta final de mes con una serie de gastos y si surge una emergencia --un
hijo tiene que ser operado, el coche se rompe y hay que arreglarlo--
tiene que quitar de otras previsiones y dedicar el dinero a esas
emergencias, nosotros lo hemos hecho durante este año y, tal y como va la
climatología, tendremos que seguir haciéndolo, y eso hace que algunos
proyectos que en la programación interna del Ministerio a principios de
año estaban en condiciones de licitarse durante el ejercicio tengan que
esperar al siguiente. Ese es el caso de la presa de Los Reznos.
Toda la tramitación administrativa está hecha, como usted muy bien sabe;
la cofinanciación de los usuarios industriales regantes gestionada a
través de la Diputación está en nuestras manos, lo cual moralmente
también nos obliga a no retrasar mucho esta obra, porque contamos con
financiación de los usuarios de la misma, pero ha tenido que esperar
--tenga en cuenta que no es el único caso, porque las circunstancias
presupuestarias del año vinculadas a emergencias y daños han sido muy
altas-- un poquito más. Reconozco que le dije una cosa a comienzo de este
año que no hemos podido cumplir, las razones son las que he expuesto, y
sí mantengo que, por la necesidad de la obra y por esa cofinanciación
ofrecida vía aval por los usuarios de la obra, sigue siendo una prioridad
para esta Secretaría de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
El señor SELAS CESPEDES: Me deja frío, señor Secretario de Estado, porque
cuando me respondía, hace casi un año, a lo que yo le preguntaba,
sinceramente yo no le obligué a que me respondiese aquello, fue usted el
que lo hizo, y me imagino que fue desde el conocimiento que le da el que
tiene el manejo del dinero presupuestario del que pueda disponer.
Tal fue así que recordará también, señor Secretario de Estado, que la
pregunta la formulé en el sentido de que nos sorprendía que no viésemos
ninguna partida en los Presupuestos para 1997. Manifestó que ése no era
un problema, que la cuantía de la obra estaba en torno a los 700 millones
de pesetas, y ahora sí cito. Estamos en condiciones de proceder
físicamente a la licitación de la obra. Nosotros tenemos previsto que el
comienzo de la obra se haga durante este año. Desde el punto de vista
administrativo, la podemos considerar como una decisión política
resuelta. Por lo tanto, manifestó que en el primer trimestre las obras se
publicarían en el BOE.
Tengo que decir que es verdad --he de reconocerlo-- que la cita a la que
me refiero en esta pregunta no se ajusta totalmente al plazo --por error
mío--, pero le doy un margen, pues le hablo de seis meses cuando
respondió que en el primer trimestre. El que ahora venga a nosotros, a
los castellano-manchegos, a la provincia de Ciudad Real, argumentando que
ha tenido que coger ese dinero para dedicarlo a otras obras de
importancia, comprenderá, señor Secretario de Estado, que no me voy a
poner a discutir la importancia o no de una obra o la decisión política
que se toma en un momento concreto para determinar de dónde hay que
destinar los recursos que se tienen, pero tengo que manifestar
respetuosamente nuestra queja, porque es una obra, como bien ha
reconocido y yo exponía en aquellos momentos, que cuenta hasta con los
avales de los afectados, y eso es algo muy serio, señor Secretario de
Estado.
Esas personas han hecho el esfuerzo de movilizarse, de gestionar,
etcétera, para presentar los avales según se exige en estos proyectos.
Por lo tanto, a esas personas el pago de esos avales también les está
costando unos intereses. Además de los agravios existentes respecto a que
no se puede disponer del agua para los fines concretos --no se los voy a
repetir porque los conoce perfectamente--, la situación que acabo de
mencionar se agrava, ya que las personas que van a tener esa concesión ya
hicieron el esfuerzo de poner los avales.
No querría pensar, señor Secretario de Estado --lo digo muy
sinceramente--, que el hecho de quitarnos a nosotros este dinero de
nuestra Comunidad Autónoma para otra obra pueda obedecer a otras
cuestiones que no voy siquiera a mencionar. Tampoco querría pensar --sé
que no es ése el propósito-- que es a nosotros, a una Comunidad gobernada
por los Socialistas, a los que se nos quita ese dinero para llevarlo a
otras Comunidades Autónomas gobernadas y pactadas por aquellos que le
están apoyando en el Gobierno y que a ésos son a los que ustedes no les
pueden quitar el dinero, señor Secretario de Estado.
Dicho esto, no voy a entrar en lo que ha mencionado del control de gasto
anterior y en lo del Programa 512, con la deuda histórica, etcétera,
porque, señor Secretario de Estado, son muchas veces las que hemos oído
esto, y si fuésemos a hablarle todos de deuda histórica, de la herencia
histórica y de todo lo que ustedes han recibido, me recuerda a un
personaje que en tiempo fue famoso en nuestro pueblo, sobre todo sus
hijos, que estaban en vida del padre deseosos de recibir la herencia,
hicieron todo lo posible para ello --porque no eran muy buenos hijos-- y,
una vez recibida, al poco tiempo la dilapidaron. Con tanta deuda
histórica y herencia recibida tenemos la sensación de que ustedes están
dilapidando los compromisos anteriores, de que están dilapidando algo
equitativo y de justicia social para distribuir correctamente los escasos
recursos que pueda haber --y que, insisto, sabemos que son escasos-- con
las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, señor Secretario de Estado, me voy muy decepcionado hoy de
aquí porque no ha concretado su respuesta a cuándo van a iniciarse estas
obras y sí que ha dicho que tiene que actuar como padre. Yo también actúo
en casa como padre, tengo hijos y sé lo que es ser padre, pero aquí no
estamos para actuar con paternalismos, aquí estamos para actuar como
políticos, y para actuar como políticos tenemos que buscar también la
justicia social y política que a cada uno de nosotros nos corresponde.
Luego, señor Secretario de Estado, después de lamentar la respuesta que
me ha dado, le ruego respetuosa y amistosamente que trate por todos los
medios de que esta obra se empiece cuanto antes en 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, creo que lo único que compartimos es la condición de padre. De
todos modos la paternidad es algo demasiado serio para confundirlo con el
paternalismo, que en correcto castellano tiene connotaciones negativas.
Yo he hablado de la correcta administración para atender las necesidades
familiares en el caso del padre, los intereses generales en el caso de la
Administración del Estado, de un presupuesto escaso, y sí le digo: no
hemos quitado dinero de la presa de Los Reznos para dárselo a ninguna
otra Comunidad Autónoma ni políticamente afín ni no afín, sino para
atender emergencias provocadas por situaciones catastróficas sin más. Si
es criterio del Senador interpelante que se deben dejar de lado las
situaciones catastróficas y la atención desde el Estado de los daños
humanos y en los bienes que provocan para hacer nuevas inversiones, desde
luego no comparto ese criterio. Y, desde luego, en lo que no caeremos es
en la praxis que se dio en otras épocas de atender a las catástrofes por
la vía de emergencia sin consignación presupuestaria alguna; aquí
atendemos con los medios disponibles los daños que se producen reteniendo
el crédito correspondiente para no dejar una deuda no contabilizada a los
gestores futuros.
Por lo tanto, no se ha quitado para dar a nadie. Usted puede sospechar
los motivos que quiera, pero los motivos de actuación del Ministerio en
gestión presupuestaria y en contratación administrativa son discutibles
pero absolutamente claros; no hay motivos ocultos ni actuaciones que no
se puedan enseñar o que no estén controladas por la Intervención General
o por quien procesa, y no es ése el caso de la deuda histórica. Y si yo
me refiero a la deuda histórica --y le aseguro que soy poco proclive a
andar mirando el pasado-- es porque la deuda histórica para mí es una
obligación presente. Yo estoy pagando esa deuda ahora --yo,
evidentemente, gestionando los Presupuestos Generales del Estado en la
parte que me toca--, luego tengo que hablar de ello porque la estoy
pagando, porque lo que no se ha hecho bien en el pasado, los gastos y
obligaciones que se han asumido sin retener el crédito correspondiente,
son en este momento una deuda que grava como una losa la gestión
presupuestaria en materia de obras hidráulicas de la Administración del
Estado. Por lo tanto, para mí no son apelaciones de pasado, sino, por
desgracia, obligaciones de presente que estoy atendiendo.
No creo que haya ningún proceso de dilapidar compromisos históricos por
parte de la Administración del Estado. Sí creo que ha habido un proceso
de asunción de compromisos por el Gobierno anterior --y vuelvo a
referirme al pasado porque usted me lo saca-- bastante poco responsable.
Y le doy un dato que es demostrable matemáticamente a través de la
Intervención General del Estado: sólo en materia de obras hidráulicas hay
100.000 millones de pesetas en contratos licitados y preadjudicados por
el Gobierno anterior sin ni una peseta de retención de crédito. ¿Eso es
hacer promesas responsables? Esos contratos cuando fueron licitados
fueron también políticamente publicitados, las obras que fueron objeto de
licitación se presentaron como obras que se iban a iniciar
inmediatamente. Pues ese volumen de tantas decenas de miles
de millones de pesetas de contratos, no ya sólo anunciados políticamente,
sino licitados en el BOE y preadjudicados, están pendientes de tener
consignación presupuestaria porque el Gobierno que los licitó y los
vendió políticamente no puso ni una peseta para ellos de presupuesto del
Estado. Para mí eso es un modelo de una mala gestión presupuestaria, es
un modelo de asumir compromisos históricos de una forma poco responsable
que ahora estamos paulatinamente intentando liquidar con un «mix» de
compromiso de gasto entre la nueva licitación, la liquidación de estas
deudas históricas, el atender los compromisos asumidos sin consignación
presupuestaria y de paso ir atendiendo --porque han sucedido durante este
año y en cuantías muy importantes en distintas zonas de España--
situaciones catastróficas que por solidaridad nos obligan a hacer frente
al gasto correspondiente.
En cuanto a los compromisos que asume este Secretario de Estado, pienso
mantener la línea que he venido manteniendo en todas mis comparecencias.
Cuando yo, conforme a mis previsiones, piense que voy a poder hacer algo
durante este año lo diré así, y a veces tendré que rectificar porque han
surgido elementos --como ha sucedido este año-- que me impidan cumplir
con esa previsión. Pero creo que la lealtad con el Parlamento, en este
caso con el Senado, me obliga a dar la información que tengo disponible
en el momento en que comparezco, aun a riesgo, evidentemente, de que
alguna de las cosas que diga que vamos a hacer luego se retrasen y tenga
que venir aquí a admitir la, cariñosa o no cariñosa, reprimenda que
reciba; sin embargo creo que debe primar mi transparencia y lealtad hacia
esta Cámara en las previsiones de ejecución del Presupuesto sobre
cubrirme de falsas vanidades en el futuro si en algún caso no puedo
atender los compromisos que razonablemente en el momento que comparezco
digo que van a ser atendidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Queda una pregunta, la de don Heliodoro Gallego, que, toda vez que el
Senador no se encuentra en la sala en este momento, queda decaída.
Repito, muchas gracias por su comparecencia, don Benigno Blanco, y por
las respuestas que ha dado a las preguntas que se le han formulado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de empezar el debate del proyecto de ley de modificación de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, vamos a dejar constancia
del sentimiento de la Comisión por el accidente que se ha producido esta
mañana en Melilla en un depósito de aguas que ha ocasionado diversos
muertos y daños materiales importantes en la ciudad.
--DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 27/1992, DE 24
DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE (621/000054).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el debate del proyecto de ley de
modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.
Se han presentado dos propuestas de veto, una del Grupo Parlamentario
Socialista y otra de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del
Grupo Parlamentario Mixto. La propuesta de veto número uno es la del
Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Tratando de ser breve, sobre todo porque en el trámite del Pleno
tendremos ocasión de debatir con mayor profundidad los motivos que han
llevado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta propuesta de
veto a un proyecto de ley de modificación de la Ley de Puertos del
Estado, que se aprobó en 1992 y que se caracteriza por su estabilidad, no
hace falta nada más que decir que la Ley que durante el Gobierno
Socialista el Parlamento de la nación aprobó en 1992 venía a reformar una
ley de un siglo antes, derogaba una ley de 1880, que aunque es verdad que
por reales decretos había sufrido algunas modificaciones a principios de
siglo, era una ley bastante estable. Por eso, entendemos que la propuesta
del Gobierno Popular de modificación de esta Ley de 1992 con menos de
cinco años, con un desarrollo que creemos adecuado y equilibrado y que ha
proporcionado a los puertos de interés general del Estado un auténtico
marco para llevar a cabo de forma coherente, eficaz y, sobre todo,
competitiva ese desarrollo económico y portuario es inadecuada.
En primer lugar, nos resulta inadecuada porque entendemos que ni siquiera
permite conseguir esos objetivos de autonomía portuaria que propugna.
Para el Grupo Parlamentario Socialista la participación de las
Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos y, desde luego, de
otros agentes que están implicados en la actividad portuaria es
importante, pero creemos que debe hacerse en un modelo coherente y
equilibrado. Un modelo coherente que nos permita a todos saber cómo
dirimir las diferencias y los conflictos que puedan surgir en organismos
comunes de participación y que se haga con la necesaria facilidad y
nitidez para todos. Es decir, un modelo que deje claras las competencias
y las titularidades de cada uno y donde, desde luego, se respeten los
principios constitucionales. En definitiva, un modelo que no despoje,
como lo hace la propuesta del Gobierno Popular en este proyecto de ley,
a la Administración General del Estado de competencias que, en exclusiva,
le atribuye la Constitución y que, desde
luego, impide a Puertos del Estado ejercer las funciones de coordinación
y de tutela que el propio proyecto de ley le reconoce.
Sin duda, el debate más detallado del articulado pondrá de manifiesto que
éstos no son los únicos puntos que a lo largo del trámite parlamentario
debatiremos como elementos diferenciadores respecto a la propuesta del
Gobierno, entre otras cosas porque si lo que el Gobierno pretende es dar
mayor participación a las Comunidades Autónomas y lo que el Grupo
Parlamentario Popular quiere es en realidad un traspaso de la titularidad
y de la gestión --en ese caso, no estaríamos en desacuerdo en poder
debatirlo-- lo que tendría que haber hecho es traer a las Cámaras una ley
orgánica. Saben ustedes que lo que estoy diciendo no lo avala
exclusivamente el Grupo Parlamentario Socialista, lo avalan sendos
informes jurídicos de los letrados de ambas Cámaras, pero por mor del
pacto de gobernabilidad que hizo el Grupo Parlamentario Popular con
algunos grupos nacionalistas nos encontramos con un proyecto de ley que
modifica aspectos sustantivos de la Ley de Puertos de forma que afectan
a principios constitucionales.
Por todo eso y porque también consideramos que las formas no son
adecuadas, hemos presentado este veto para el que pedimos el apoyo al
resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Si les parece, señorías, vamos a concentrar el turno en contra, de forma
que vamos a dar la palabra al Senador Nieto para que exponga su veto y el
del Senador Román.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a unirme a alguna de las manifestaciones hechas por la Senadora
Pleguezuelos que me ha precedido en el uso de la palabra y sólo añadiré
algunas consideraciones más porque, entre otras cosas, comparto todas las
que ella ha hecho.
Efectivamente, éste es un tema importante porque podemos entrar en una
cuestión que roza un poco la constitucionalidad, si lo dejamos al libre
albedrío y deshacemos lo que ha sido el interés general de los Puertos
del Estado. En este sentido, podemos entrar en un reino de Taifas con
tarifas diferenciadas, haciéndose la competencia unos puertos a otros,
sin ordenar un marco regulador. Nosotros somos partidarios de que las
Comunidades Autónomas participen y estén presentes, tanto las que tienen
puertos como las que no los tienen. Entendemos que en el tráfico de
mercancías hay puertos secos, ya que hoy la aviación es también un
elemento importante de transporte, como también lo son las redes rápidas
que puedan ir a los puertos y que afectaría sobre todo a la meseta
central. Tal y como está la ley se puede entrar en una guerra tarifaria
donde, de alguna manera, los puertos pequeños pueden ser víctimas de esta
competitividad sin control y otros puertos mayores pueden serlo en
función de cómo se vaya configurando la Ley de Puertos, si se deja sin
control este tema, tal como está en el informe.
Otro tema importante que quería resaltar es que la ley tal como está
concebida rompe las relaciones laborales que ahora se negocian a nivel
global, como es el caso de los trabajadores portuarios.
Independientemente de que luego se establezca la especificidad, si se va
a que cada puerto, cada empresa, tenga su gestión, se rompe la
negociación colectiva de los trabajadores portuarios y se puede crear una
situación complicada y difícil. Si se aprueba la ley tal y como está,
nosotros consideramos que, en vez de un relanzamiento del empleo, se va
a obligar a algunos puertos a reestructuraciones, etcétera, y todo eso
habría que verlo de manera global. (El señor Vicepresidente, Sanz Blanco,
ocupa la Presidencia.)
No voy a hacer más consideraciones, que las hay. El motivo del veto es
que es una ley que no nos satisface y que, a nuestro juicio, en vez de
mejorar el marco jurídico competencial que existe actualmente o que hace
es empeorarlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Chao.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Daré una respuesta en turno en contra conjunta a las intervenciones de
los Senadores señora Pleguezuelos Aguilar y señor Nieto Cicuéndez.
La Senadora Pleguezuelos considera que esta ley se hace en un momento
inadecuado toda vez que la Ley de 1992, que sustituye a una de 1980,
llevaba poco tiempo en funcionamiento, opinión que no compartimos porque
las leyes hay que modificarlas en el momento en el que se detecta que es
conveniente su modificación, independientemente de que lleven más o menos
tiempo en funcionamiento.
La Senadora sostiene que la participación de las Comunidades Autónomas en
un modelo coherente, fácil y nítido, respetando los principios
constitucionales, debe hacerse en el marco de otro instrumento legal, que
sería una ley orgánica, y alude a sendos informes de los letrados en los
que se hace referencia a esa opinión.
Los informes de los que dispone nuestro Grupo y el Gobierno no coinciden
con que esta ley sea inconstitucional, como se dice, de hecho el informe
del Letrado de esta Cámara señala en su primer apartado que es una
fórmula inédita, lo cual no significa que sea contraria a Derecho, es una
fórmula singular que se ha adoptado y que estamos convencidos de que va
a dar una excelente solución práctica a la nueva estructura de la gestión
de los puertos, manteniendo la unidad del sistema portuario del Estado.
Esa es la opinión de nuestro Grupo y la razón por la cual nosotros nos
oponemos sustancialmente a este veto.
Con respecto a las indicaciones realizadas por el Senador Nieto, no
estamos de acuerdo en que entremos en un reino de Taifas sin un marco
regulador. No, entramos en un
sistema diferente que, tal como se expone en la exposición de motivos,
intenta que el Estado establezca criterios generales para ajustar el
objetivo de llevar a cabo una política económica común y para adecuarla
a las exigencias de la unidad de economía que requiere un mercado único.
De ello se deriva la necesidad de mantener la coordinación del sistema
portuario estatal a través del establecimiento de unas normas comunes de
funcionamiento y de gestión. Este es uno de los objetivos que persigue,
entre otros, esta nueva ley.
Por lo demás, no estamos de acuerdo en que esta ley no sea satisfactoria
y empeore el marco; de hecho pensamos que lo mejora de una manera
sustancial y da cabida a todo aquello que se expone en su exposición de
motivos. Por ello, señoría, nosotros nos oponemos a estos dos vetos
enunciados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Las intervenciones de los portavoces están de acuerdo con la presentación
de los vetos. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Es así?
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Exactamente.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias.
En primer lugar, quiero decir al Senador Chao que yo no he planteado que
la modificación de una ley se desestime por parte de mi Grupo porque no
sea el momento oportuno; cualquier ley, sin duda, es mejorable y admite
modificaciones. Lo que yo he dicho es que si algo ha caracterizado la
legislación portuaria española ha sido la estabilidad, ha durado más de
un siglo una legislación. También he dicho que en la legislación española
actual, la Ley de 1992 es una ley adecuada al mejor desenvolvimiento del
sistema portuario, y le puedo dar datos.
El tráfico portuario ha crecido desde noviembre de 1992, en que se aprobó
la ley, en más de 45.000 millones de toneladas. Eso significa que tiene
una consiguiente correlación en los ingresos y en la disminución de las
tarifas. Las inversiones también se han mantenido por encima de los
40.000 millones de pesetas/año para todo tipo de nuevas infraestructuras,
de dragados y de equipamiento en general de los puertos. Es decir, que
hemos hecho una legislación portuaria que, sin duda, se adecua a lo que
es la demanda y somos, por tanto, competitivos.
Eso quiere decir que la ley nos ha permitido que tengamos un sistema
portuario que es operativo, eficaz, competente y válido. Ustedes quieren
cambiarlo, y ahí viene la segunda parte, en función de los acuerdos de
gobernabilidad. No le he dicho que sea inconstitucional la ley, eso se
determinará si procede. Lo que le he dicho es que las modificaciones que
pretenden plantear debieran haberse hecho por la vía de traer a las
Cámaras una ley orgánica.
Usted me dice que el Gobierno no respalda sendos informes de los letrados
del Congreso y del Senado, porque entiende que éste, sin duda, es un
modelo singular. Yo no dudo que sea singular legislar en desacuerdo con
la modificación de principios constitucionales, sin duda están ustedes
legislando y gobernando de una manera muy singular. Nosotros no estamos
en desacuerdo con que ustedes cambien aquellos aspectos de la ley que
consideren y que su mayoría parlamentaria les permita cambiar, pero
háganlo con las formas adecuadas, respetando el sistema legislativo y
democrático del que todos nos hemos dotado y respetando la Constitución,
y nosotros respetaremos la mayoría de las que ustedes disponen.
El veto no da en ningún caso autonomía de gestión, como ustedes
pretenden, no es verdad que los puertos puedan tener con esta ley más
autonomía. Quiero ponerle algún ejemplo por si le sirve y puede preparar
algún argumento más para el trámite del Pleno. Los Puertos de interés
general del Estado tienen hoy una autonomía que puede decirse que es
heredada de los puertos autónomos con una larga tradición, y además
tienen personalidad jurídica propia, es decir, tienen más autonomía de
gestión que muchos puertos europeos.
El puerto más paradigmático, el de Rotterdam, que mueve más tráfico que
todo el sistema portuario español, no tiene personalidad jurídica propia,
y eso no significa que tenga más o menos autonomía portuaria. Lo que
ocurre es que ustedes juegan con la palabra autonomía utilizándola como
sustantivo si la teoría les viene bien, pero en la práctica no es más que
un adjetivo en su labor legislativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario no va a apoyar el veto porque no está de acuerdo
con el planteamiento que se manifiesta en su fundamentación. Además, la
modificación de la Ley 27/1992 es crónica parlamentaria de unos hechos
anunciados, porque políticamente fue --y uno tiene la experiencia
parlamentaria de haber sido diputado en la legislatura en la que esto se
debatió-- la única ley de la que nuestro Grupo parlamentario tiene
referencia que fue enmendada por todos los grupos parlamentarios, por
todos absolutamente, menos por el Grupo Parlamentario Socialista, que a
la sazón tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en el año
1992. Por tanto, la modificación tiene un soporte político fundamental,
y es que fue una ley rechazada por todos los grupos parlamentarios,
rompía un sistema de funcionamiento portuario anterior con un régimen de
Estatuto
de autonomía en algunos puertos, y en otros con la Junta de Puertos, en
cuyo caso había que hacer una regulación más moderna, pero de ninguna
manera se llegó al consenso. Legítimamente, el Grupo Parlamentario
Socialista tenía mayoría absoluta, tenía la mayoría que el pueblo español
le había dado. Pero cuando las cosas se aprueban como consecuencia de
mayoría absoluta y sin un consenso mínimo con otros Grupos, cuando ésta
se pierde es práctica política habitual --todos tenemos experiencias
políticas en nuestros ámbitos de actuación-- que los Grupos políticos que
no apoyaban esa mayoría absoluta intenten modular o modificar en un
sentido profundo o parcial la ley, la legislación o las iniciativas que
en su día se adoptaron. Ese es el sentido de la iniciativa.
Yo conozco del Grupo Parlamentario Popular dos iniciativas que se
realizaron en la anterior legislatura en el Congreso de los Diputados,
una proveniente del Parlamento de Galicia y otra proveniente del Grupo
Parlamentario Popular; nosotros y el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió también llevamos a cabo iniciativas aunque
no pudieron realizarse, por las razones que fueran, en la legislatura
pasada.
En esta legislatura se está materializando esta modificación que es fruto
del consenso político y, en definitiva, la no existencia de una mayoría
absoluta permite modular y buscar ese consenso que no se logró en su día
y que tuvo la total oposición de todos los Grupos políticos, porque creo
que fue la única ley --hay pocos precedentes-- que recibió la enmienda a
la totalidad de ocho Grupos parlamentarios en el año 1992.
Para nosotros tiene un alcance fundamental en dos sentidos: primero,
porque se avanza en la autonomía portuaria; segundo, porque además de ese
concepto de autonomía portuaria --concepto material, concepto plasmado en
la doctrina y en la legislación española tradicional--, en los órganos de
gestión va a haber mayor participación autonómica, ya que era muy pequeña
la que se preveía en la supremacía del Ente general Puertos del Estado,
lo que en términos coloquiales en el ámbito español se denomina «Puerto
Madrid»; es decir, la supremacía de «Puerto Madrid», donde no hay mar,
sobre el resto de la periferia era absolutamente impresentable.
Era necesaria una autonomía material --vamos a poder ver a lo largo del
articulado en qué ámbitos se profundiza esa autonomía--, pero además van
a tener mayor participación en los órganos de gestión las Comunidades
Autónomas. No porque éstas participen en los órganos de gestión va a
haber más autonomía, son dos cuestiones distintas aunque coloquialmente
pueda parecer que estamos hablando de lo mismo: una cosa es la autonomía
portuaria y otra es la participación en la gestión de determinadas
administraciones, central, autonómica, local, o entidades privadas, que
también se avanza en ello, y es importante.
Por lo tanto, nosotros rechazamos este veto y apoyamos la modificación
del proyecto de ley en consonancia con los criterios políticos que ya
mantuvimos en los debates de 1992 y con la iniciativa parlamentaria de
modificaciones que planteamos el año 1994 en el Congreso de los
Diputados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
no se va a apoyar ninguna de las dos propuestas de veto que se han
defendido por parte de la Senadora Pleguezuelos y del Senador Nieto.
Es evidente que, en primer lugar, tendríamos que hacer referencia a un
acuerdo entre el Gobierno, entre el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en el sentido de que los
acuerdos de gobernabilidad preveían una modificación de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante porque, como ya se ha dicho, la ley de
1992 fue una ley que fue votada a favor de la mayoría parlamentaria que
correspondía en aquel momento al Grupo Socialista pero tenía el veto, el
criterio en contra profundo de la totalidad de los Grupos parlamentarios
de aquel entonces. Estos momentos, a pesar de que a algunos Grupos pueda
no gustarles, tiene un mayor respaldo social --no sé si en número
aritmético de votos será sí o no--, un mayor respaldo político de
distintos Grupos.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió es un proyecto de ley en el que, evidentemente, la
participación de las Comunidades Autónomas es más amplia que en el
anterior. No es necesaria una ley orgánica para hacer esta cesión que al
fin y al cabo es una delegación de competencias que el Estado podría
volver a asumir en cualquier momento a través de otra ley. Por tanto, el
Estado no cede la competencia definitiva, sino que cede o delega la
cesión de la misma y, en consecuencia, nosotros creemos que está
perfectamente legitimado para llevarlo a cabo.
Estamos en un Estado autonómico y, en consecuencia, las autonomías deben
poder participar con mayor profundidad de la gestión de sus puertos;
creemos que en este aspecto la ley avanza. Además, no sólo entendemos que
estamos ante un Estado autonómico, sino que entendemos que la
modificación dentro de la gestión que se lleva a cabo a través de este
proyecto de ley va a ser efectiva para todos los puertos, sin dejar de
tener un fondo de contribución y un fondo de financiación en el que, por
tanto, haya un nivel de solidaridad entre todos ellos y una cierta unidad
de gestión a través del Ente de Puertos del Estado.
La mayor flexibilidad que permite este proyecto de ley, la mayor
participación de los entes económicos el área portuaria de cada uno de
los puertos va a hacer que los puertos del Estado sean más competitivos,
efectivamente competitivos en parte entre ellos, pero teniendo en cuenta
que estamos ante un Estado que podríamos calificar de mundial y que la
competencia ya no es únicamente zonal o regional sino que realmente es
europea, creemos que esta mayor competitividad que puede tener cada uno
de los
puertos va a ser beneficiosa para el conjunto también de los Puertos del
Estado.
Por tanto, la creencia en la convicción de que es perfectamente legítimo
el que se pueda hacer esta modificación sin la necesidad de recurrir a
una ley orgánica; que ante el Estado autonómico la participación de las
Comunidades Autónomas en este caso es superior, y que cada uno de los
puertos va a ser mejor y más competitivo, nos lleva a votar en contra de
las dos propuestas de veto formuladas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Chao, tiene la
palabra.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad, agradeciendo la intervención de los señores
portavoces del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que
en lo sustancial compartimos en todos los aspectos, quiero dar respuesta
a la intervención de la Senadora Pleguezuelos porque merece contestación
y va a ser satisfecha.
En opinión de nuestro Grupo, la continuidad que la Senadora Pleguezuelos
reclama, la continuidad que según ella ha habido con una ley que desde
1880 permaneció hasta 1992 --aunque también con cambios--, en cierta
medida también permanece, porque esta ley no es una ley «ex novo» sino
que va a modificar la ley de 1992, que se mantiene en su mayor parte. Por
tanto, aquí se está produciendo una continuidad y no una ruptura
sustancial.
Debo hacer un pequeño inciso para aclarar a la señora Senadora que la
expresión «fórmula inédita» no es ni de este Senador ni de este Grupo,
sino que es empleada por el propio letrado de la Cámara cuando, en le
párrafo segundo de su informe, dice: El resultado, que supone una fórmula
inédita, por el momento, en nuestro ordenamiento jurídico... Y no sigo
transcribiendo porque lo tienen todos ustedes a su alcance. No es una
expresión nuestra, sino que es una fórmula inédita y no necesariamente
contraria --insistimos-- al derecho constitucional.
Debo decir, para completar, que en nuestro Estado es muy difícil repartir
las competencias, porque nuestra Constitución está estructurada de la
forma en la que lo está. Esta ley busca, como ya se ha expresado ante la
Comisión, la transmisión de la parte sustancial de la gestión
económico-funcional, manteniéndose la coordinación del sistema portuario
estatal --todo lo que se dice en la exposición de motivos-- y
manteniéndose íntegramente la gestión del Estado de multitud de aspectos
vinculados, como pueden ser aduanas, control fitosanitario, Policía,
etcétera. No es necesario que me extienda sobre ello.
De cualquier manera, las competencias del Estado se mantienen porque,
entre otras cosas, son del Estado por un precepto constitucional. Llegado
el momento, el Estado puede modificar en esta Cámara cualquiera de estas
leyes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación a la votación de los dos vetos: el del Grupo
Parlamentario Mixto y el del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor
Chao Gómez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Senador.
El señor CHAO GOMEZ: Gracias.
Señoría, dado que ésta va a ser mi última intervención ante esta
Comisión, quisiera, con su venia, despedirme de todos los compañeros,
Senadoras y Senadores, porque esta semana se va a producir mi dimisión en
esta Cámara.
Quiero decirles a todos que para mí ha sido un placer trabajar con ellos,
que constituye un honor el haberlo hecho y que esta etapa de mi vida
configurará algo imborrable. Los recordaré a todos ustedes con sumo
placer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Chao. Así
se recogerá en el acta de esta Comisión de Obras Públicas,
Infraestructuras y Medio Ambiente, en la que quedará constancia del
sentir de su señoría.
Esta Comisión también le manifiesta nuestro sentir. Estamos convencidos
de que perdemos un compañero, un amigo y un Senador que ha sabido
trabajar, no solamente en esta Comisión, sino también en el resto de las
actividades parlamentarias, en favor de este país que es España.
Muchas gracias.
Pasamos a votar, en primer lugar, el veto número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en
contra, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, me parece que ha tenido que
haber un error en el recuento.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, creo que se refiere a
los votos que apoya la propuesta de veto.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, son 15 en contra y 10 a
favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Es un problema de matemáticas.
Vamos a aclararlo rápidamente.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, que no se convierta esto en un sorteo
de la «mili». (Risas.--Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Ha habido una interpretación no
correcta por parte del Letrado, porque el Senador del Grupo Parlamentario
de Senadores
Nacionalistas Vascos votó en contra del veto, no a favor de él.
El señor BEGUER I OLIVERES: Levantó el brazo y lo bajó enseguida.
Primero, por error.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Desde la visión de esta Mesa, me
consta que levantó el brazo y, además, que corrigió inmediatamente.
Después, cuando llegó el momento de votar en contra, votó en contra del
veto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista. Permítame que le diga
que mi visión es más global que la de sus señorías, que creo que puede
ser un poco deficiente porque está de espaldas a todos ustedes.
Por lo tanto, se rechaza el veto por 10 votos a favor y 15 en contra.
Pasamos a continuación a votar el veto número dos, del Senador Nieto.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda rechazado.
Pasamos al debate sobre las enmiendas.
Propongo a sus señorías que haya una defensa global por cada Grupo de sus
enmiendas; después habrá una intervención en contra de las mismas y, a
continuación, turno de portavoces. (Pausa.) Gracias.
En primer lugar, pasamos a la defensa de las enmiendas del Senador Nieto,
que corresponden a las del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a 21; de
los Senadores Nieto y Román, enmiendas números 59 a 75; del Senador Ríos,
enmienda número 88, y de los Senadores Ríos, Padrón y Armas, enmienda
número 89.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Deseo manifestar que voy a defender las enmiendas en sus justos términos,
tal y como están formuladas. Después del debate que tengamos hoy aquí, y
de aquí al Pleno, veremos la posibilidad de consensuar alguna en función
de las aceptaciones o de los rechazos que se produzcan.
Con esto doy por terminada la intervención.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
números 22 a 58, salvo el cuarto guión de la 39, que fue retirada en
ponencia.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, le había pedido la
palabra porque entendíamos que quizá el Senador Nieto, al no ser él el
proponente de la enmienda, no conocía que se había efectuado una
transaccional con la enmienda número 89, sobre la base de una enmienda
socialista.
La razón de mi petición de palabra era que el Senador Nieto tuviese ese
conocimiento a los efectos oportunos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Yo creo que, en cualquiera de los
casos, será a efectos de la votación posterior.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: De acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Tiene la palabra su señoría.
La señora PEREZ SCHWARTZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, es posible que la intervención que voy a
hacer, que efectivamente va a ser global pero incidiendo fundamentalmente
en los aspectos de la ley que nosotros entendemos que deben ser
modificados, pueda parecer un tanto reiterativa después de la defensa que
ha hecho mi compañera sobre el veto. De cualquier manera, intentaré ser
lo más breve posible para no cansar a sus señorías.
Como decía, nuestra intención al presentar nuestras enmiendas no es otra
que la de introducir coherencia a un número de modificaciones de la ley
anterior, de 1992, que, a nuestro entender, vienen a complicar la gestión
de los Puertos del Estado sin tener en cuenta que son unas
infraestructuras decisivas para nuestra economía.
En la Ley de 1992 se señalaba que en 1990 el sector del transporte
marítimo aportaba anualmente al PIB específico del transporte un 19 por
ciento, que venía a ser el 1,1 por ciento del PIB nacional, generando
empleo para 35.000 personas.
Como ya hemos repetido en anteriores ocasiones, tanto en el Congreso como
en la Ponencia, si lo que pretendía el espíritu de la Ley era una
transferencia efectiva de la gestión de los puertos a las Comunidades
Autónomas, nosotros sostenemos que era necesario elaborar una ley
orgánica, lo que implicaría la transferencia real en la gestión de los
puertos de interés general. Y esto no solamente viene acompañado de una
manifestación política de nuestro Grupo --y creo que es importante hacer
hincapié en ello-- sino que viene sustentado por los informes que aportan
los letrados de las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el
Senado.
Entro ya en lo que es el articulado de la ley. El artículo 1 introduce la
novedad en la nueva ley de regular la designación por las Comunidades
Autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias y nada
más. La enmienda que nosotros presentamos concreta mucho más este
apartado porque dice que --leo textualmente-- se habrá de «regular la
participación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de
Administración de las Autoridades Portuarias y en el Consejo Rector de
Puertos del Estado». Tendrán que reconocer --y solicito que así lo
reconozcan-- que este planteamiento está mucho más acorde con
el artículo 10 de la vigente Ley de 1992, con el ordenamiento jurídico
vigente y con una concepción del Estado absolutamente autonomista.
Nosotros pensamos que esta ley no responde a ningún modelo de
vertebración de lo que entendemos debe ser un conjunto de puertos de
interés general. Esta ley va a contribuir a crear confusión. Hay poca
claridad en la gestión, en la exigencia de responsabilidades y en la toma
de decisiones, es decir, en la imprescindible --y espero que sus señorías
estén de acuerdo conmigo-- coordinación de los puertos de interés
general. Esto no lo deja esta ley en absoluto claro.
Esta ley tampoco responde a un proyecto de Estado coherente. No se ha
pretendido una mejor gestión de los puertos con una participación
efectiva de las Comunidades Autónomas. Se han individualizado los puertos
y no se han tenido en cuenta las áreas de influencia de los puertos de
interés general; máxime cuando las áreas de influencia van más allá del
territorio administrativo en donde se ubican.
Hemos detectado aún más confusiones que he de manifestar en esta Comisión
para intentar arrojar un poco de luz en este próximo debate. La primera
duda que nos urge es: ¿a quién corresponde la gestión? En la ley que el
Grupo Parlamentario Popular propone o que el Gobierno propone se dice que
a las Autoridades portuarias y Puertos del Estado. Pero existe una grave
contradicción, ya que son las Comunidades Autónomas las que realizan los
nombramientos de los Presidentes y de la mayoría de los vocales.
Entonces, ¿a quién hay que pedir responsabilidades en su momento? ¿Serán
los parlamentarios autonómicos los que podrán exigirlas o los
parlamentarios de las Cortes Generales? ¿Vamos a poder preguntar al
Gobierno del Estado sobre los puertos o tendremos que preguntarles a los
Ejecutivos de las Comunidades Autónomas? ¿Qué intereses tienen el Partido
Popular y sus socios de Gobierno en hacer tan oscura la posibilidad del
control de la gestión?
Esta situación la podría denominar «ceremonia de la confusión» cuyo
objetivo --me temo-- sea el no control de la gestión de los puertos. Pero
desengáñense, tanto desde los parlamentos autonómicos, representados por
los parlamentarios socialistas en el Gobierno o en la oposición, como
desde las Cortes vamos a ejercer nuestra obligación de control, aunque
reconocerán que sería mucho más democrático que dicho control quedara
absolutamente definido por la ley.
En cuanto al Presidente de las autoridades portuarias, he de decirles que
volvemos a vivir una situación muy parecida a la anterior. ¿Es vinculante
par el Gobierno del Estado el nombramiento por parte de las Comunidades
Autónomas, tal y como lo recoge la ley que nos presenta el Gobierno? Si
el Gobierno titular del bien no es tal y no publica en el «Boletín
Oficial del Estado» su nombramiento, ¿será éste válido? En caso de cese,
¿qué va a ocurrir?
En esta ley se duplican, señorías, organismos, consejos y comités. ¿Para
qué se crea el Consejo Consultivo de Puertos del Estado? El Comité para
distribuir el fondo de contribución de nueva creación es innecesario
también. ¿Para qué se crea? ¿Se han preguntado los redactores de esta ley
para qué está entonces el Consejo Rector de Puertos del Estado? ¿Cómo
pueden ustedes manifestarnos el deseo de mayores competencias y
participación de las Comunidades Autónomas si en ninguno de estos órganos
de nueva creación participan dichas Comunidades Autónomas? ¿Qué objetivos
se persiguen introduciendo en el artículo 25 lo que antes estaba definido
como objetivos generales y que ahora pasa a llamarse competencias? Las
competencias que se habían delegado en su momento vuelve a tenerlas el
Estado. Al respecto, no solamente se manifiesta en contra nuestro Grupo
político, sino también la Cámara de Comercio de Barcelona que en su
informe manifiesta que esa asunción de competencias está en manos de las
autoridades portuarias y ustedes pretenden pasarlas al Estado.
Nosotros queremos un modelo racional y éste es, fundamentalmente, el
objetivo de nuestras enmiendas. Queremos un modelo racional, claro y
transparente que facilite la gestión de los puertos de interés general y
que no produzca la gran confusión que esta ley va a producir.
Estamos de acuerdo en que debe haber una mayor participación de las
Comunidades Autónomas en la gestión de los puertos, pero --como
manifestábamos antes-- no sólo en la gestión de cada uno de los puertos
pertenecientes a cada Comunidad Autónoma, sino en la gestión de conjunto.
No estamos en absoluto de acuerdo con que en el Consejo Rector de Puertos
del Estado no participen las Comunidades Autónomas y que tampoco lo hagan
en el resto de los nuevos organismos que se crean. Creemos en esa mayor
participación de las Comunidades Autónomas --sé que estoy siendo
reiterativa, pero creo que esto debe quedar bien claro--, pero en un
modelo coherente que pueda dirimir las diferencias y conflictos en
organismos comunes de participación donde queden claras las competencias
y la titularidad de cada uno y donde se respeten los principios
constitucionales.
Respecto de este apartado, quiero agradecer al Grupo Parlamentario
Popular la buena disposición que ha tenido para con la enmienda
presentada por nuestro Grupo parlamentario, sobre la representación y
participación de los cabildos y consejos insulares en Baleares y en
Canarias, al aceptarla y elaborar conjuntamente una enmienda
transaccional en la que, efectivamente, se da participación a los
cabildos insulares y a los consejos, teniendo en cuenta que tanto en
Baleares como en Canarias son órganos de gobierno de la isla.
Esta ley recoge otro asunto de vital importancia. Me refiero al uso
hotelero y a las concesiones. En principio, nos oponemos a los usos
hoteleros porque consideramos que se hace un uso claramente privado de
unas instalaciones públicas que impide el libre acceso de los ciudadanos
a unos ámbitos que tienen que ser de uso general y abierto. También es
cierto que nos han comunicado que en una enmienda transaccional --que
seguramente apoyaremos-- se controla mucho más ese uso y se evita que se
privaticen excesivamente esas zonas que --como decía anteriormente-- son
públicas.
Por otra parte, nos oponemos a la ampliación de los plazos de las
concesiones porque los socialistas, con la ley anterior y otras de
similares características --me refiero a las
concesiones--, ya habíamos conseguido un avance, un avance progresista
desde nuestra óptica, al reducirlas a 30 años. Creemos que en su proyecto
se da un gran paso atrás. Hoy en día el plazo de 30 años es más que
suficiente para amortizar las inversiones. Nos tememos que el
planteamiento de ustedes responde más a la intención de abrir las puertas
a la privatización que a otra cosa. Me estoy refiriendo a no abrir las
puertas, lógicamente, a las privatizaciones de las operaciones
portuarias, en donde podría tener sentido ampliar dichos plazos, sino a
las infraestructuras de los puertos.
Nuestras enmiendas, señorías, sólo pretenden --y espero habérselo hecho
comprender-- que contemos con un sistema portuario estatal coherente, que
defienda los intereses de cada uno de los puertos, pero que no se olvide
del papel que juegan en su conjunto, para lo cual han de contar con una
participación real y efectiva de las Comunidades Autónomas y --como decía
antes-- de los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares, pero
con un objetivo claro. la defensa del interés general como prioridad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, a la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 76 a 80, que
están también firmadas por el Senador Ríos.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender, efectivamente, las enmiendas que tiene presentadas el
Grupo Parlamentario Vasco. La primera de ellas se refiere al artículo
26.1, letra i). Nosotros planteamos --el artículo habla, en concreto, de
la gestión de las sociedades de estiba y desestiba, en colaboración con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-- una modificación puntual a
través de esta enmienda: hacer referencia a la competencia del ente
Puertos del Estado para proponer estrategias y criterios generales. Ello
está en relación con la enmienda que se formula al artículo 37.1,
apartado r), que habla también sobre las sociedades de estiba y
desestiba, y lo que nosotros planteamos es sustituir el término
«proponer» por el de «establecer». Creemos que corresponde al Ente
Puertos del Estado proponer esos criterios de carácter general, y que
corresponde a las Autoridades Portuarias el establecimiento de los
mismos. Nos parece que ése es un modelo de gestión más acorde,
entendiendo, además, que no hay ninguna delegación. Y es que si leemos el
informe del señor Peñaranda, Letrado del Congreso de los Diputados,
veremos que en una de sus conclusiones se dice que difícil encaje puede
tener el planteamiento que se realiza en el proyecto de ley con la
existencia de una delegación, y que en modo alguno existe un traspaso de
medios materiales, económicos o presupuestarios. Eso se dice claramente.
Por otra parte, en el informe elaborado por el Letrado del Senado se
habla de una fórmula inédita y de que se pueden producir efectos
similares.
Pero, señor Presidente, con estas enmiendas hemos de tener claro de qué
estamos hablando, es decir, hemos de ser rigurosos. Estamos hablando de
gestión y no de titularidad. La titularidad viene dada directamente por
la Constitución del Estado, pero en lo que a la gestión se refiere, hay
Estatutos de Autonomía que hablan de que ésta corresponde a los puertos
autonómicos de interés general; de eso estamos hablando. Y puede haber
tres modelos, señor Presidente: el modelo anterior a la ley, del modelo
vigente, en el que el Ente Puertos del Estado tiene la prevalencia y hay
una pequeña participación autonómica, y la subrogación de la Comunidad
Autónoma en la posición del Ente Puertos del Estado. ¿Y qué es lo que se
hace aquí? Pues una fórmula intermedia. No hay una subrogación plena,
sino una participación mayoritaria que la que existía, pero, repito, no
hay una subrogación, cosa que sí cabe en función de la Constitución
puesto que se habla en ella de que la gestión ha de ser totalmente
autonómica, pero aquí no se va a una gestión totalmente autonómica sino
que se va hacia una gestión de carácter autonómico en la que participan
en mayor medida las Comunidades Autónomas respecto de lo que participaban
antes.
Por tanto, nosotros vemos este tema claramente ajustado al bloque
constitucional, es decir, que la titularidad está reservada a un lado. Es
posible que el modelo no se haya entendido porque quizá hay que vivirlo
en el propio litoral, pero otra cosa distinta es la gestión, sobre la que
hay título competencial específico, por ejemplo, en el Estatuto andaluz,
en el catalán, en el vasco o en el gallego, Estatutos estos que hacen
referencia a la gestión íntegra de los puertos de interés general por
parte de las Comunidades Autónomas, pero aquí no hay una gestión íntegra
sino una mayor participación de las Comunidades Autónomas, lo que se está
planteando a través de un decreto de transferencias propiamente dicho.
Nuestro Grupo Parlamentario plantea también la cuestión de la referencia
al régimen legal de los consignatarios de buques a través de nuestra
enmienda al artículo 73. En ella proponemos una modificación de dicho
artículo con una definición legal de la profesión de consignatario de
buques, y asimismo proponemos que se regule mejor el régimen legal de la
responsabilidad extracontractual, bien sea por culpa dolosa o negligente,
de los operadores que actúan en el tráfico marítimo, de tal manera que en
los supuestos en los que la responsabilidad sea del armador o del
fletador quede perfectamente excluida de la ley la responsabilidad del
consignatario.
Creemos que se puede mejorar el régimen jurídico que sobre la figura del
consignatario se contiene en el artículo 73 porque la relación entre el
consignatario y el armador o fletador del buque --es decir, quien
gestiona el buque, bien por titularidad o a través de otra figura
jurídica contractual-- está ligada a través de un contrato mercantil que
es el contrato de agencia. Obviamente, esta regulación del artículo 73
tiene su encaje de legalidad perfecto, pero también es una cuestión de
política legislativa, de concepto. Es decir, se puede regular tal y como
aparece en el artículo 73, o se puede regular esa figura y el régimen
legal de responsabilidad del consignatario de manera que se disgregue el
núcleo de responsabilidades de los operadores portuarios, consignatario
o armador, respecto a las autoridades portuarias de la manera que
nosotros planteamos en la enmienda, que también suscribe el Grupo de
Coalición Canaria. Nos parecía que esta enmienda era más oportuna y por
eso la hemos presentado.
Señor Presidente, también hemos presentado una enmienda en relación con
el artículo 69 que se refiere al canon de prestación de servicios. En
dicho artículo se fija un criterio a la hora de hacer el cálculo del
canon a abonar en función del volumen del negocio facturable, es decir,
que cuando no hay un volumen de tráfico medible se fija un criterio «ex
lege», pero nosotros creemos que eso no es necesario. Por eso planteamos
esta enmienda muy puntual, que hace referencia concretamente al apartado
3, letra e) de dicho artículo 69. En esta enmienda se solicita la
modificación de dicho porcentaje.
Este es el sentir de nuestras enmiendas, señor Presidente. Con ello he
concluido mi intervención.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo presentó en este trámite siete enmiendas, de la número 81
a la número 87.
La enmienda número 86 fue transaccionada en Ponencia y se refería al
período de adaptación de los órganos de gobierno de las Autoridades
Portuarias toda vez que entendemos que dicho plazo debe ser el más breve
posible, es decir, de un máximo de tres meses y no de tres meses como se
dice en el proyecto.
En la enmienda número 87, todavía pendiente, solicitamos que la entrada
en vigor de la ley se produzca el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
También se ha firmado por distintos grupos parlamentarios una enmienda
transaccional a nuestra enmienda número 84 a fin de que la Autoridad
Portuaria pueda ser propietaria de un hotel ya que una cosa es la gestión
o la explotación y otra la propiedad, con lo cual, en casos de reversión
dicha Autoridad Portuaria debería tener la posibilidad de ser propietaria
del mismo. Hemos aceptado esa enmienda transaccional y, por tanto,
esperamos que la ley se vea mejorada.
Las enmiendas números 81 y 82 están relacionadas entre sí. La número 81
se deriva de la número 82 en cuanto que se refiere a las actividades que
puedan llevar a cabo las Autoridades Portuarias. Nosotros agregamos «...
al fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el
tráfico marítimo o portuario...».
En cuanto a la enmienda número 83 --que consideramos interesante--, en lo
que a la prórroga se refiere, es éste un tema ya cuestionado por otros
grupos. Nosotros proponemos la supresión del informe favorable de Puertos
del Estado en la prórroga de estas concesiones de 25 ó 30 años.
En relación con nuestra enmienda número 85, es parecida a la del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos ya que se refiere a los consignatarios.
Entendemos que debe mejorarse el contenido de la Ley original delimitando
el concepto de consignatario, concretando cuál es el régimen jurídico
aplicable al mismo y determinando sus responsabilidades concretas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
A continuación pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera destacar que la
propuesta de este proyecto de ley por parte del Gobierno, al que da
soporte este Grupo Parlamentario, se basa en un espíritu innovador para
tratar de mejorar la eficacia, la rentabilidad y la capacidad de trabajo
del Ente Puertos del Estado, de las Autoridades Portuarias y de todo el
conjunto de puertos de interés general del Estado español.
Es evidente que la Ley de 1992 ayudó en gran manera a esta potenciación
de las actuaciones de los puertos españoles, como también es cierto que
en el contexto europeo actual existen puertos con gran capacidad de
reacción, unos autónomos y otros dependientes del Estado, pero la
realidad es que en estos momentos existen puertos en el área europea con
una alta capacidad de competitividad respecto de nuestros mejores
puertos, tanto los de la península como los de nuestras islas. Por tanto,
debemos intentar mejorarlos.
El Gobierno español siempre ha pensado que lo que importa es tratar de
conseguir que, existiendo ya una unidad económica en la gestión global de
los puertos del Estado, debe conseguirse también que el sistema portuario
estatal esté perfectamente coordinado al proporcionarle una mayor
autonomía de gestión y de funcionamiento mediante las normas que en este
proyecto de ley se establecen.
Es cierto que se ha avanzado mucho desde que tuvo lugar en el Congreso el
primer debate de este proyecto. Creo recordar que inicialmente se
presentaron en dicha Cámara 193 enmiendas, habiendo llegado al Senado 89,
muchas de las cuales ya fueron debatidas en el Congreso, siendo otras
novedosas. Precisamente por ese afán de consenso que había por parte de
todos los grupos parlamentarios, en la Ponencia hemos procurado adaptar
todos aquellos capítulos que eran más sensibles al propio espíritu de la
ley y que a su vez daban satisfacción a determinados grupos políticos.
Qué duda cabe, señor Presidente, que ha habido aproximaciones a lo largo
de las dos reuniones de la Ponencia. El debate de hoy ha sido muy
enriquecedor por parte de todos los representantes de los grupos
parlamentarios que están interviniendo. Yo les garantizo que de aquí al
Pleno, el Grupo Parlamentario Popular seguirá dialogando con los
portavoces de los grupos parlamentarios que lo deseen para tratar de
perfilar, de cara al Pleno del Senado, los ajustes que sean necesarios,
para llegar, sin desvirtuar el espíritu y la coherencia de la ley --que
nosotros, señorías, pensamos que la tiene--, a establecer una nueva Ley
de Puertos y de la Marina Mercante que permita un desarrollo cada vez más
importante de la actividad económica, social, urbanística de nuestros
puertos en todo el territorio español y todo eso en beneficio de una
actividad económica que es altamente importante para el desarrollo de
nuestras potencialidades a todos los niveles y dentro del contexto de
competitividad en el mercado único europeo.
No podemos dejar de intentar --a veces tendremos que intentarlo, aunque
después tengamos que rectificar-- mejorar aquellas leyes que consideramos
que son prioritarias, dado el Estado de las Autonomías en España y su
vinculación al contexto europeo. Tenemos que intentar mejorar esa
representatividad, esa capacidad de gestión, esa autonomía de gestión y
de funcionamiento que permita optimizar y estimular que las autoridades
portuarias intenten competir no solamente entre ellas, sino con los
puertos más importantes del contexto europeo. Creo que esto es lo que
todos deseamos en el fondo.
Hay posibles opciones. Hemos analizado con mucho respeto y con mucho
detalle todas aquellas enmiendas que han tenido a bien aportar los
distintos grupos parlamentarios. Y la verdad, señorías, es que observamos
un estudio delicado de la ley, empezando por el estudio --y lo digo con
toda claridad-- de tipo jurista inicial que ha provocado los dos vetos y
acabando con muchas enmiendas interesantes en materia de aportaciones a
la ley. Así lo hemos interpretado desde el Grupo Parlamentario Popular y
eso demuestra que existe una voluntad de consenso y que el Gobierno --y
nadie me lo negará-- ha tenido una excelente iniciativa al intentar
mejorar esta ley. Y estamos convencidos de que va a ser mejor.
Cuando se analizan las enmiendas, observamos que en el Senado aparecen
ciertos perfiles de tipo semántico en materia de léxico. Cuando hablamos
de mejoras técnicas, vemos que ha habido aportaciones técnicas, por
ejemplo, en la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario Socialista y
vemos que también se insiste en el principio de libertad tarifaria y cómo
se puede controlar ese principio de libertad tarifaria.
También vemos enmiendas que hablan de distribución en distintos apartados
o en la letra h), como la enmienda 35, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el nuevo contenido del apartado al que se refiere la
enmienda coincide básicamente con la letra h) del artículo 29.2, en lugar
de la letra k). Es decir, se ha afinado mucho, se han aportado matices al
texto de la ley. Eso significa que se ha estudiado bien. A nosotros nos
parece que esos matices son importantes, pero en el caso concreto de la
enmienda 35, la aportación de la nueva letra k) nosotros consideramos que
coincide básicamente con la letra h), por lo que no hay por qué incidir
en el asunto ni tratar de provocar cambios no sustanciales en la cohesión
de la ley.
Otras veces se piden más cautelas. A nosotros nos parece que lo que hay
previsto en la ley es suficiente, pero el tipo de redacción provoca la
inquietud de aumentar más las cautelas. También se ha hablado aquí de la
representatividad. La representatividad supone que exista la mayor
democracia posible dentro de la autonomía de gestión y funcionamiento de
los puertos. En la representación empresarial hay matices, yo lo sé, de
colectivos que quieren que figure en la ley su nombre como colectivo
empresarial. En el texto de la ley está perfectamente delimitado, de una
forma genérica, qué tipo de colectivos, sin especificar si son de ámbito
nacional, regional o local, sino de aquellas empresas que tengan
experiencia, necesidad y actuaciones de tipo económico y social en los
distintos puertos españoles.
También hay matices de profesionalidad en cuanto al presidente y director
de los puertos. Evidentemente, son matices importantes, pero entendemos
que en el articulado de la ley existe ya suficiente claridad al respecto
hablando de profesionalidad, de experiencia en cuestiones portuarias.
Afinar más, llegar al detalle de qué tipo de titulaciones, creo que no es
necesario en la ley. Entendemos que es suficiente dar un voto de
confianza a cada autoridad portuaria y a cada consejo de administración,
bajo el control del Ente Puertos del Estado en los casos que remite la
ley, del propio Ministerio de Fomento y en ocasiones, en alguna parte del
articulado, de las Cortes Generales. No se puede decir que no haya
suficiente control, ni suficiente transparencia al respecto.
Nos preocupa la coordinación, al igual que nos preocupa que no haya
discriminaciones. Hay enmiendas que intentan evitar esas
discriminaciones. Por ejemplo, entendemos que la enmienda número 52, del
Grupo Parlamentario Socialista, no añade nada nuevo para evitar rebajas
económicamente injustificadas. Está comprendido en el mandato de evitar
con carácter general actuaciones discriminatorias y otras análogas.
Estamos queriendo decir lo mismo pero con distintas palabras. Es decir,
existen una serie de enmiendas que demuestran el interés por la ley, como
no podía ser menos. La apertura por parte del Grupo Parlamentario Popular
a atender, a escuchar, a analizar es un hecho permanente y por ese motivo
estamos considerando muy seriamente todas las enmiendas y se ha avanzado
bastante en la Ponencia a este respecto.
En cuanto a la representación sindical y si debe estar en el consejo
rector o en el consejo de administración, nosotros pensamos que deben
estar en el consejo de administración de las autoridades portuarias y no
en el consejo rector de puertos del Estado, dadas las competencias y
funciones que el ente público asigna a la Ley de Puertos y Marina
Mercante.
En cuanto a la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los cánones a aplicar a
las actividades humanitarias entendemos que es improcedente. Por nuestra
parte, lo entendemos tal y como está redactado, puesto que el artículo
72.1 ya prevé la posibilidad de establecer exenciones o bonificaciones en
las tarifas portuarias para actividades de relevante interés humanitario
y social. Además, el carácter de tales instituciones y organismos no
gubernamentales sin ánimo de lucro no abonarán canon de actividad alguna.
Es
decir, creemos que ya está comprendido en el articulado, pero nos agrada
corroborar que existe la sensibilidad por parte de los grupos políticos.
En cuanto a la enmienda de los grupos PNV, Mixto y Coalición Canaria,
tengo que decir que para nosotros es importante el vocablo proponer o el
vocablo establecer y hemos respetado el criterio que nosotros tenemos de
que la estiba y desestiba de buque es un servicio público esencial de
titularidad estatal y no de las Comunidades Autónomas. Por eso no podemos
estar de acuerdo en el fondo, aunque en el criterio y en la base
semántica de las palabras proponer o establecer hay algo más de peso,
como es la titularidad estatal sobre el servicio público esencial de
estiba y desestiba.
Me perdonarán sus señorías que no haga un barrido de todas las enmiendas.
Estoy cogiendo solamente alguna de ellas para tratar de explicar en esta
fase de Comisión cuál es nuestro criterio, con las conclusiones a las que
voy a llegar inmediatamente, señor Presidente.
Por supuesto, en el tema de consignatarios se ha mencionado que hay
matices importantes. Pero yo estoy convencido de que habrá posibilidades
de aproximación al respecto de aquí al próximo Pleno en el Senado y que,
en consecuencia, las discrepancias, como es lógico, van a ser mínimas.
En conclusión, señor Presidente, tiene razón la Senadora Pleguezuelos
cuando ha advertido que deberíamos informar al señor Nieto de los
acuerdos que figuran en el informe de la Ponencia, del que creo que todos
estamos en posesión. El resumen es que en la última reunión de la
Ponencia se transaccionaron dos enmiendas, la número 86, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la número
39, del Grupo Parlamentario Socialista, en su guión número cuatro, que
fue retirada de la enmienda global de dicho Grupo y asumida por la
sensibilidad que supone la representatividad y la complicación que
entendemos que existe y va a existir en cuanto a la representatividad de
los consejos de administración en las Islas Baleares y en las Islas
Canarias por la multiplicidad de puertos que existen y por la
multiplicidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma, los Cabildos y los
Consejos Insulares y los múltiples municipios a los que afectan muchos
puertos de las islas, sobre todo en Canarias, motivo por el que se llegó
a ese consenso.
En definitiva, señor Presidente, lo que se ha hablado en materia de
gestión integrada es lo que pretendemos: que haya una gestión íntegra
dentro del respeto, pues para nosotros es muy importante optimizar que el
equilibrio económico del sistema portuario español sea un hecho desde el
ente del Estado, pero que, a su vez, permita los estímulos necesarios
para que las Comunidades Autónomas, sus municipios y sus organizaciones
peculiares, como es el caso de las islas, sean cada vez más
participativos, aun sin evitar que existan problemas, pero que van a
mejorar la ley en la línea del articulado en materia tarifaria, de canon,
de intervención, de fondos y en materia de financiación y solidaridad.
Por supuesto, la ley pretende que exista una financiación apropiada con
una solidaridad apropiada, y hay apartados que nos parecen verdaderamente
suficientes en estos momentos para garantizar que haya un criterio de
solidaridad y de rentabilización de los puertos en todo el territorio
español. En esa línea, señor Presidente, quiero proponer a esta Comisión,
en nombre de mi Grupo Parlamentario, una enmienda transaccional al
informe de la Ponencia, a la enmienda número 84 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al artículo único.23, de
modificación, en relación con el artículo 52.2.
Se propone el texto alternativo que ha sido presentado a la Mesa para el
último inciso del párrafo tercero del artículo 52.2, tal como figura en
el texto que tiene la Mesa y que han firmado prácticamente todos los
grupos parlamentarios, que diría: Artículo 52.2: En ningún caso las
autoridades portuarias podrán participar directa o indirectamente en la
explotación o gestión de las instalaciones hoteleras, de conformidad con
lo previsto en el artículo 37.1.q).
En esta línea, señor Presidente, de aquí al día en que se debata la ley
en el Pleno, seguiremos en contacto para buscar el mayor consenso, como
debe ser para una ley de este estilo, de ámbito nacional, de repercusión
estatal y que, en definitiva, todos queremos que salga de la mejor forma
posible, y el tiempo lo dirá.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para manifestar que, a pesar de los argumentos
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y respetándoselos y
agradeciéndoselos, seguimos pensando que no está clara la participación
de las Comunidades Autónomas, y clarificar, además, si se trata de los
Ejecutivos o de los Legislativos. Este es un aspecto importante que no
puede tratarse genéricamente, como decía en una intervención anterior la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Debemos saber en este trámite final de la ley si vamos a controlar la
acción del Gobierno a través de las Cámaras legislativas, Congreso y
Senado. Y si la participación de las Comunidades Autónomas no queda clara
en esos controles, creemos que la ley, aparentemente, se cubre de
participación, pero ésta queda totalmente diluida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Nieto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Pérez
Schwartz.
La señora PEREZ SCHWARTZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Senadora, señores Senadores, quiero agradecer el buen talante del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto de las enmiendas
presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, así como, de aquí a que se debata la ley en el
próximo Pleno de la Cámara, la posibilidad de aceptar algunas
modificaciones o enmiendas propuestas por los distintos grupos de esta
Cámara.
Si bien es verdad --si no he entendido mal-- que hay una serie de
enmiendas técnicas que no ofrecen ningún problema en su aceptación, sí
rogaría que su Grupo Parlamentario estudiara con detenimiento los
planteamientos de las dudas que hemos formulado hasta el momento, es
decir, el nombramiento de la autoridad portuaria y la representación de
las Comunidades Autónomas en los nuevos órganos que se creen y en el
Consejo Rector de Puertos del Estado, porque entendemos que ésa es la
forma y la vía para que haya una coordinación real y efectiva entre el
Estado y las distintas Comunidades Autónomas en lo que se refiere a los
puertos de interés general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo únicamente para fijar la posición de nuestro Grupo
respecto de la defensa de las enmiendas de los grupos que han presentado
la propuesta de veto, pues de la misma se desprende que tienen una visión
distinta de la nuestra de lo que deben ser los puertos del Estado y, en
consecuencia, nuestro voto será contrario a las enmiendas de los dos
grupos que han presentado las propuestas de veto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para reiterar que, si en el Congreso se
empezó con 193 enmiendas, después del debate en aquella Cámara quedaron
121 vivas, al Senado han llegado 89 y estamos llegando a algunos acuerdos
en la Ponencia, es evidente que la voluntad es clara y se está buscando
el mayor consenso en esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Vamos a votar a continuación el proyecto de ley, entendiendo que la
enmienda número 84, que ha sido objeto de una transaccional, puede
incorporarse al informe de la Ponencia. (Pausa.) Muchas gracias.
Se somete a votación el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en
contra, 10.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Queda aprobado.
Falta designar el representante de la Comisión que presentará el dictamen
ante el Pleno, y propongo que sea el Presidente de la Comisión, Senador
Beguer. (Pausa.) Así queda designado. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar al último punto del orden
del día: Debate y votación de mociones.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE EXIJA A LA EMPRESA AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA,
S. A. (AUDASA), LA CONSTRUCCION DE UN FALSO TUNEL EN EL TRAMO DE
AUTOPISTA COMPRENDIDO ENTRE RANDE Y PUXEIROS (PONTEVEDRA), DESDE LA CALLE
SUBIDA A MADROA HASTA EL LIMITE CON LA PARROQUIA DE SAMPAIO, A LA ALTURA
DE FONTE DAS MOZAS (661/000108).
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
URGIR A LA RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE) PARA QUE, A
PARTIR DE ENERO DE 1998, SE CUBRAN LOS SERVICIOS DE TREN DE LA LINEA
ENTRE VIGO (PONTEVEDRA) Y OPORTO (PORTUGAL) CON LAS NUEVAS UNIDADES DE
REGIONAL DIESEL, DE MODO QUE SE OFERTE UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS
DEL EJE ATLANTICO DEL NOROESTE PENINSULAR (661/000119).
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE LA COMPAÑIA RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES ( RENFE) NO
SUPRIMA LAS PARADAS DEL TREN QUE CUBRE EL TRAYECTO ENTRE MADRID Y
ZARAGOZA A SU PASO POR LAS LOCALIDADES DE YUNQUERA DE HENARES, HUMANES,
ESPINOSA DE HENARES, MANTILLAS Y BAIDES (GUADALAJARA), PROPORCIONANDO CON
ELLO A SUS HABITANTES EL IMPRESCINDIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VIAJEROS EN LAS HORAS EN LAS QUE ES MAS NECESARIO (661/000120).
El señor PRESIDENTE: Señorías, con el fin de facilitar las votaciones,
las efectuaremos todas ellas al final del debate, teniendo en cuenta que
será no antes de las 18 horas 30 minutos.
Pasamos en consecuencia a la primera de las mociones, por la que se insta
al Gobierno a que exija a la empresa Autopistas del Atlántico,
Concesionaria Española, la construcción de un falso túnel en el tramo de
autopista comprendido entre Rande y Puxeiros, en Pontevedra.
Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si me da usted su permiso para hacerlo así, señor Presidente,
y el Reglamento no lo impide --que creo que no--, me gustaría defender en
un solo turno y en este momento las mociones que corresponden a los
puntos del orden del día números 20, para la que su señoría me ha dado la
palabra, y 24 y 25.
La previsión era que las mociones números 20 y 24 fueran defendidas por
el Senador González Príncipe, y la número 25 por el Senador Herranz,
pero, en un caso por problemas de transporte relacionados con la
climatología, y en otro caso por razones que esta mañana no eran
previsibles, no han podido estar presentes. En cualquier caso, para las
mociones correspondientes a los puntos 24 y 25 han llegado a la mesa dos
propuestas de transacción, que ha ofrecido el Grupo Popular, cuyos textos
transaccionales hemos aceptado porque nos parecen razonables, y ése sería
motivo suficiente para no extendernos más en el debate de estas mociones,
que se refieren, la primera de ellas --la correspondiente al punto número
24 del orden del día--, a instar al Gobierno para que Renfe cubra con
unidades de tren regional diesel la línea entre Vigo y Oporto; y la
segunda --la correspondiente al número 25), a instar al Gobierno a que
--también en este caso-- Renfe no suprima las paradas de tren en unas
determinadas estaciones en el trayecto entre Zaragoza y Madrid.
Sin duda, la defensa de la moción que corresponde al punto número 20 del
orden del día en boca del Senador ausente hubiera sido más documentada y
más convincente. En cualquier caso, nos cabe el consuelo de que es poco
probable que la mayor solvencia de la intervención hubiera conseguido
modificar el sentido de la votación del grupo de la mayoría, y por tanto
me limitaré a enunciarla, aunque en realidad ya lo ha hecho el señor
Presidente al darme la palabra, y se refiere a instar al Gobierno para
que la empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.,
construya un falso túnel en el tramo de autopista comprendido entre Rande
y Puxeiros, desde la calle Subida a Madroa hasta el límite con la
parroquia de Sampaio, a la altura de Fonte das Mozas.
Con esta intervención daría por defendidas las tres mociones a las que he
hecho referencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gibert.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En la moción que figura como número 20 que, como ha mencionado el
portavoz del Grupo Socialista, trataba de la construcción de un falso
túnel en el tramo Rande-Puxeiros, desde la Subida a Madroa hasta la
altura de Fonte das Mozas, tenemos que comenzar diciendo que, en lo que
se refiere al preámbulo de la moción, los acontecimientos a los que hace
mención --y es una pena que no esté el Senador González Príncipe-- no
fueron tan graves como realmente parece indicarse. Se produjeron algunos
problemas de inestabilidad en el talud donde se estaba construyendo, pero
que no son más graves de los que habitualmente se vienen produciendo en
obras de estas características.
Lógicamente a todos nos preocupa el impacto medioambiental de esta obra
y existe dentro del proyecto, realizado por la empresa AUDASA, una serie
de medidas correctoras y protectoras para todos los puntos que se
establecen en la declaración de impacto ambiental realizada por la
Dirección General de Política Ambiental, del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, como son la protección de la estructura del territorio,
garantizando la permeabilidad territorial mediante la construcción de un
paso sobre la autopista, en el punto kilométrico 419; una ejecución de
obras de drenaje transversal, que están contempladas en el proyecto y que
permiten mantener el grado de permeabilidad de la nueva vía a las
comunidades faunísticas del entorno, incluso también a los propios
peatones, y una ejecución de medidas de prevención del ruido, lo que se
conoce como muro ecológico vegetal entre los kilómetros 1,065 y 1,465.
Igualmente el proyecto de AUDASA recogía la recuperación, restauración e
integración paisajística a través de la conservación de suelos y
reutilización de tierra vegetal, de vegetación e implantación de cubierta
vegetal herbácea continua, mediante hidrosiembra en taludes de terraplén,
y el muro ecológico señalado en el punto anterior. Igualmente recoge el
estudio y el tratamiento de taludes mediante el relleno con tierra
vegetal y la plantación de especies arbustivas, arbóreas, especialmente
trepadoras.
Posteriormente se han realizado otros dos informes por parte de dos
consultores de ingeniería independiente, como son AEPO y Geoestudios,
donde se analiza que la solución de la construcción de un túnel
artificial, que es lo que está pidiendo el Grupo Socialista en su moción,
en la zona de los desmontes de la Madroa no parece imprescindible, desde
el punto de vista técnico, solución que, de adoptarse, implicaría por
tanto un elevado coste de inversión.
Quizás me haya extendido más de lo que debiera, dada la presentación de
la moción, pero como queda en el «Diario de Sesiones», también el Senador
González Príncipe podrá analizar en qué se basa nuestro grupo para decir
que no a esta moción, que consistiría en la construcción de un túnel de
aproximadamente 1.000 metros de longitud.
Con esto he dado los argumentos por los que nuestro grupo dice no a esta
moción: porque no la consideramos imprescindible para la obra que se está
realizando, según los informes técnicos que obran en el mencionado
expediente.
Las otras dos mociones están transaccionadas, pero si me permite el señor
Presidente voy a decir alguna cosa en relación con las mismas.
En cuanto a la moción que se refiere al servicio ferroviario entre la
línea Vigo-Oporto, le diré que existe actualmente un convenio firmado
entre la Xunta de Galicia y Renfe para la prestación de servicios
ferroviarios regionales en esa Comunidad Autónoma, y en ese convenio
figura el compromiso de adscribir de forma permanente y exclusiva al
corredor de La Coruña-Vigo un determinado número de los nuevos trenes
regionales diesel, que posteriormente podrían ponerse también para la
línea de la cual estamos hablando, es decir, la línea Vigo-Oporto.
En la línea La Coruña-Vigo han empezado a funcionar dos trenes regionales
diesel el día 28 de septiembre, y en este momento se está llevando a cabo
un estudio de las nuevas necesidades y condicionantes que conllevaría a
la prestación del servicio Vigo-Oporto, puesto que como sabemos en 1998
se va a celebrar la Expo en Lisboa, y se considera que pueden ser
numerosos los visitantes y los usuarios de dicha línea.
Por tanto, hemos presentado la moción alternativa que obra en poder de la
mesa que dice lo siguiente: La Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones insta al Gobierno a urgir a Renfe
para que termine, en el menor tiempo posible, los estudios que está ya
realizando para determinar las necesidades y condicionantes que
conllevaría la prestación del servicio con el nuevo tren regional diesel
en la línea Vigo-Oporto, para así poder actuar de acuerdo con el
mencionado informe.
La última moción, también transaccionada, se refiere a la no supresión de
una serie de paradas en uno de los trenes Madrid-Zaragoza --los datos
figuran en la propia moción--. Realmente éste es un tema que a la
provincia de Guadalajara le motivó preocupación hace un par de meses.
Después de las gestiones que se realizaron tanto con el Presidente de
Renfe como con el Director General de Cercanías, el asunto quedó en
cierto modo solucionado. Creemos que también se trataba de una moción que
no tenía ya motivo para su presentación pero, basándonos también en ese
consenso político --que creo que es importante buscar entre los grupos--,
no tenemos inconveniente en hacer y presentar una moción alternativa y
transaccional que dice lo siguiente: La Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transporte y Comunicaciones insta al Gobierno a urgir a Renfe
a continuar con la no supresión de las paradas de este tren --decimos no
supresión porque no se han suprimido las paradas-- en las estaciones de
Yunquera de Henares, Humanes de Mohernando, Espinosa de Henares,
Carrascosa de Henares, Mantillas y Baides, por considerarlas de interés
social e imprescindibles para el servicio de transporte de viajeros de
los pueblos afectados.
Esto es lo que podríamos decir en relación con estas tres mociones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Ningún grupo hace uso de la palabra.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ASUMA EL COMPROMISO DE INCLUIR EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 LA CONSTRUCCION DE UN TUNEL EN LA
CARRETERA NACIONAL N-111 A SU PASO POR EL PUERTO DE PIQUERAS, ENTRE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA RIOJA Y CASTILLA Y LEON (661/000105).
El señor PRESIDENTE: Por tanto, vamos a entrar en la moción siguiente,
que es la número 21, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
insta al Gobierno a que asuma el compromiso de incluir en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 la construcción de un túnel
en la carretera nacional N-111 a su paso por el puerto de Piqueras.
Tiene la palabra, para su defensa, el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta es una moción recurrente en cuanto al debate del asunto que plantea
en esta Comisión. El pasado día 20 de octubre el señor Secretario de
Estado de Infraestructuras, señor Abril Martorell, tuvo ocasión de
contestar a este Senador por la preocupación mostrada no solamente en
relación a lo que hoy constituye esta moción del Grupo Parlamentario
Socialista, sino también en la que posteriormente tendré el honor de
defender en esta Comisión.
La carretera nacional N-111 que une La Rioja con la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, concretamente con la provincia de Soria, tiene a lo
largo de su recorrido un obstáculo natural, que es el puerto de Piqueras,
con 1.740 metros de altitud que, lógicamente, tiene dificultades en los
tránsitos y tráficos en la época de invierno que comenzamos, ya que las
condiciones meteorológicas hacen difíciles esos tráficos. Es un elemento
de conexión natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja hacia el sur de
la misma y con el centro de la Península, con la Comunidad de Castilla y
León y con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Lo mismo puede decirse en
relación con la Comunidad de Castilla y León con el norte a través de
Soria y la comunicación que puede establecer con el norte de España a
través de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por lo tanto, hay una
unanimidad de criterios --que hemos podido compartir en esta Comisión en
debates anteriores-- de todos los grupos de la Cámara en el interés que
tiene esta infraestructura que, por otra parte, viene siendo analizada en
ejercicios anteriores. Ya los trabajos previos tanto de anteproyectos
como el proyecto y el desarrollo correspondiente del impacto ambiental
que ocasiona esta obra de infraestructura están suficientemente
superados, e incluso en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
que se está discutiendo en las Cámaras en este momento hay una previsión
plurianualizada para tres años --nos parecía excesivo, y ya se lo hicimos
ver al Secretario de Estado en su momento-- de 200 millones de pesetas
para encargar el proyecto: 25 millones de pesetas para el
año 1998, 100 millones en 1999 y 75 en el año 2000. Pero como así
reconocía el Secretario de Estado no hace un mes en esta misma Comisión,
le parecía extraño que no hubiese ninguna consignación presupuestaria en
los proyectos de presupuestos siguientes al año 2000; es decir, en el año
2001 y en la parte correspondiente de los presupuestos regionalizados, en
el que aparecen las partidas previstas en la plurianualización de las
inversiones, no aparece ninguna partida presupuestaria. Es más, el señor
Secretario de Estado nos afirmaba también en esta Comisión que, en su
momento, se estudiaría si la obra se licitaba o no en función de su
interés en aquel momento.
Y sorprende más aún a este Senador la situación de esta obra cuando muy
recientemente el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en unas
declaraciones públicas en un medio de comunicación de La Rioja, hacía una
referencia expresa a esta inversión diciendo que en la Comunidad Autónoma
de La Rioja no era una obra interesante. Era una obra que más bien
interesaba a la Comunidad de Castilla y León, concretamente a los
sorianos, y que para La Rioja no tenía interés, y leo textualmente:
Estaría bien que esta obra fuera una reivindicación de los sorianos.
Nosotros tenemos muchas otras cosas más interesantes en este momento y si
se hace, bienvenido sea, pero con cargo a la Comunidad de Castilla y
León.
Ya digo que no deja de ser sorprendente cuando hasta ahora ha habido una
unanimidad de criterios compartidos en ambas Comunidades Autónomas. Desde
luego, no comparto en absoluto las manifestaciones del Presidente de La
Rioja en ceder esa prioridad de mi Comunidad, porque sigue siendo una
prioridad por lo menos para el Grupo Parlamentario Socialista. Sin
embargo, creemos que el Presidente y el Gobierno de La Rioja hacen un
flaco favor a una obra que debe de analizarse desde la perspectiva del
interés de comunicación no solamente de la Comunidad de Castilla y León,
sino también de La Rioja, y desde el interés que para la propia cohesión
de España tiene este tipo de obra pública tan importante.
Por lo tanto, éstos son los argumentos que el Grupo Socialista establece
en esta Comisión y pide que ella apoye el instar al Gobierno a que asuma
el compromiso de incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1998 la construcción del túnel del puerto de Piqueras en
la carretera N-111 entre las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla
y León.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que comenzar diciendo que, lógicamente, no puedo hablar de palabras
de personas que no están aquí presentes, aunque se han leído cuestiones
que según se dice han salido de esas personas, pero sí tengo que destacar
el interés que desde el Gobierno regional de La Rioja ha habido en este
asunto, porque precisamente yo he estado en contacto con ellos para
tratar de ver cómo se encontraba la cuestión de esta moción; moción que,
indudablemente, como se ha dicho por el Senador Díez, es recurrente. Tan
recurrente que lleva años y años, y realmente me parece un poco asombroso
que después de 14 años de Gobierno socialista, en los que no se ha hecho
casi nada en relación con este asunto, ahora en un año y medio
aproximadamente de Gobierno se trate de hacer lo que realmente no ha
sabido hacer el Gobierno socialista a lo largo de tantos años.
Que es una preocupación; indudablemente. Esa vertebración de España pasa
porque todas las Comunidades Autónomas estén perfectamente comunicadas,
y sabemos cuál es el obstáculo que en estos momentos constituye el puerto
de Piqueras que, por cierto, yo he utilizado bastantes veces por ser mi
familia cercana a este lugar, concretamente de un pueblecito de la
provincia de Soria.
Las previsiones del Departamento de Obras Públicas --y me parece que lo
dijo también el señor Secretario de Estado-- fueron incluir una partida
en los presupuestos para comenzar a trabajar en lo que es la redacción
del proyecto y, posteriormente, la ejecución de la obra. En esta obra,
como en tantas otras, se han puesto cantidades pequeñas porque es
realmente lo que se va a poder gastar dentro de ese año, que ni mucho
menos refleja la voluntad de no hacer esa obra, sino que, lógicamente, en
presupuestos posteriores se puede llegar a incluir la cantidad necesaria
para la construcción de este túnel importante dentro de la vertebración
del Estado español.
Esta actuación no estaba incluida en ningún documento de planeamiento del
Ministerio de Obras Públicas, ahora Fomento, como programa de actuación
prioritaria, es decir, lo que se llama Papca, Programa de Actuación
Prioritaria de Carreteras, y se va a incluir dentro de un plan sectorial
que en estos momentos se encuentra en avanzada fase de elaboración y en
el que se van a definir, lógicamente, las prioridades de realización, así
como el calendario de las obras en él incluidas.
En relación con el túnel de Piqueras, se ha aprobado el expediente de
información pública, se ha aprobado también el anteproyecto y se halla en
fase previa a la licitación del concurso para la redacción del proyecto
de construcción, toda vez que su orden de estudio data del pasado día 1.º
del mes de junio.
Los trámites administrativos que se han seguido hasta la fecha en
relación con el túnel de Piqueras han sido los siguientes: en el año
1989, orden de estudio de anteproyecto; en el año 1990, redacción del
anteproyecto; en el año 1992, aprobación técnica; en los años 1993 y
1994, información pública; en el año 1995, publicación de la declaración
de impacto ambiental; en el año 1996, aprobación del expediente de
información pública y anteproyecto; y en el año 1997, orden de estudio
para la redacción del proyecto de construcción del túnel de Piqueras.
Se trata de un proyecto que debe incluir un análisis ambiental,
lógicamente, las medidas correctoras y los estudios geotécnicos. La
programación de redacción de este
proyecto es de 12 meses, por lo tanto, estamos todavía en ese período de
redacción de proyecto y el presupuesto aproximado es de 6.400 millones de
pesetas. Estamos hablando de una obra que tiene una longitud aproximada
de 4 kilómetros 200 metros y el túnel aproximadamente 2 kilómetros 850
metros.
Consideramos que en estos momentos se está haciendo todo lo posible para
sacar este proyecto adelante. En el presupuesto de 1998 viene incluida
una cantidad que, indudablemente, no es la que se va a dedicar para ello,
sino para iniciar los primeros estudios del proyecto.
El Gobierno del Partido Popular ha tomado interés en este asunto y está
tratando de solucionar algo que yo diría que es casi histórico, como
también ha manifestado el Senador Díez, por las muchas y constantes
reivindicaciones que se han producido. Pero realmente, vuelvo a repetir,
estamos hablando de una balanza en la que hay 14 años por una parte y año
y medio por la otra.
Por estas razones, comprendiendo la importancia que tiene para la
vertebración del Estado español, tal como está planteada la moción en
estos momentos, en el sentido de que la Comisión de Obras Públicas asuma
el compromiso de incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado la construcción del túnel del puerto de Piqueras, por los
condicionamientos que hemos dicho, porque se están realizando los
estudios y la redacción del proyecto, no creo que sea oportuno aprobarla.
Por lo tanto, vamos a votar en contra, manifestando, lógicamente, el
interés que para nosotros tiene este túnel.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bris.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que hay una contradicción flagrante que se deduce de sus palabras.
Señor Bris, usted hace una referencia al Gobierno socialista; dice que en
14 años ha habido oportunidad de tomar iniciativas en relación a esta
obra, y usted mismo ha hecho referencia --y en el «Diario de Sesiones» se
van a recoger sus palabras-- a iniciativas tomadas con el trámite
administrativo correspondiente respecto a esta obra a partir del año
1990. Son sus propias palabras, yo lo he dicho antes, pero usted ha hecho
una pormenorización de iniciativas y conoce la dificultad de encauzar una
obra pública y los trabajos previos que hay que realizar para que esa
obra pública al final se pueda licitar. Sus palabras vuelven a dar la
razón a este grupo parlamentario, ésta es una obra cuyos trámites ya
había iniciado el Gobierno socialista hace bastante tiempo.
Estamos en el trámite de que la obra pueda licitarse, que es lo que
queremos todos, o casi todos, y digo casi todos porque, a pesar de que
usted afirme que ha hablado con el Gobierno de La Rioja y dice que le
consta su interés, sin embargo, le voy a pasar las declaraciones --que a
mí también me sorprendieron-- del propio Presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja el pasado día 26 de octubre en el diario «La Rioja»,
de Logroño, en las que afirma lo que le he dicho antes, que no tiene
interés para la Comunidad Autónoma de La Rioja y si se hace es por la
presión de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la presión de
los sorianos; dice más, si se hace, bienvenido sea, pero con cargo a
Castilla y León. Le voy a pasar el diario y las declaraciones del
Presidente. A este portavoz también le sorprendió la posición del
Gobierno, puesto que entendía que el Gobierno de La Rioja también apoyaba
el interés de la obra; parece ser que no es así.
Queremos instar al Gobierno a que esta obra no quede solamente en los
trámites que se han hecho hasta este momento, iniciados ya al comienzo de
los años 90, como su señoría ha dicho muy bien, sino que quede constatada
a través de la licitación correspondiente y no quede paralizada, como
prevén los Presupuestos Generales del Estado. Si usted se ha fijado en la
parte correspondiente a cada una de las inversiones previstas y
regionalizadas en los presupuestos, verá que en el año 2001 no hay
ninguna previsión de inversión. Esto es lo que nos preocupa. Y, desde
nuestra perspectiva --que no solamente es hacer oposición, sino impulsar
la acción del Gobierno, y ésta es una iniciativa que trata precisamente
de eso--, esta obra es importante; como lo es que el Gobierno tome la
decisión correspondiente, sobre todo cuando su señoría comparte con
nosotros que, desde el punto de vista de la cohesión territorial y de la
vertebración del Estado, es una obra no solamente de interés para
Castilla y León, sino también para La Rioja y para otras Comunidades
Autónomas. Desde ese punto de vista, vamos a seguir apoyando la moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Díez.
El Senador Bris tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
He leído todas las tramitaciones que se han seguido hasta la fecha, todos
los trámites administrativos que ha tenido este proyecto del túnel de
Piqueras y, vuelvo a repetir: si en 7 años hubiera habido voluntad de
sacarlo adelante, ha habido tiempo más que suficiente, como ha ocurrido
en otras obras, para hacerlo, máxime cuando lo que he leído realmente no
ha supuesto en ningún caso consignación presupuestaria alguna. Habrá
habido un gasto de redacción de algún tipo de estudio, pero consignación
presupuestaria en lo que se refiere a inversiones en los 7 años que he
mencionado no ha existido absolutamente ninguna. Por lo tanto, vuelvo a
reiterar lo que he señalado al principio: llevamos solamente año y medio,
se está trabajando con todo el interés en resolver este problema pero,
indudablemente, es algo que se podía haber hecho si hubiera habido
voluntad en años anteriores, e incluso haber tenido más adelantado todo
el proyecto para que el Partido Popular lo pudiera haber cogido en una
fase de mayor proyección presupuestaria. Por lo tanto, nos reiteramos en
este sentido.
También he de decir que el interés del Partido Popular en este asunto
está claro y, vuelvo a repetir, no puedo poner en mi boca palabras de
otras personas y nosotros --y así lo manifestó el propio Secretario de
Estado-- estamos concienciados con este asunto del túnel de Piqueras. Lo
que se nos pide es un imposible, es decir, que puesto que todavía no
existen los estudios terminados --y la redacción del proyecto finalizaría
en el mes de julio de 1998-- adelantemos ya la consignación
presupuestaria, como pide la moción, en unas cantidades que todavía no
conocemos las que pueden señalarse.
En consecuencia, nuestro Grupo, comprendiendo la importancia del túnel de
Piqueras, tal y como está planteada la moción y en el sentido estricto de
la misma no puede votar a favor de ella.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE SE COMPROMETA A ASUMIR, EN SU PLANIFICACION Y PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA, LA CONSTRUCCION DEL DESDOBLAMIENTO DEL TRAMO DE LA
CARRETERA NACIONAL N-120 COMPRENDIDO ENTRE LOGROÑO (LA RIOJA) Y BURGOS Y,
PARTICULARMENTE, DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA, DEL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE LAS LOCALIDADES DE NAVARRETE Y NAJERA (LA RIOJA) (661/000106).
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente es la moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la
construcción del desdoblamiento del tramo de la carretera nacional N-120
entre Logroño y Burgos.
Tiene la palabra el Senador Díez.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta moción también fue motivo de debate en la Comisión de Obras Públicas
el pasado día 20 de octubre con el señor Secretario de Estado de
Infraestructuras, y nuestra preocupación se concreta en la que presenta
y defiende el Grupo Parlamentario Socialista en este acto y el portavoz
que les habla.
Creemos que uno de los ejes de comunicación vitales, no solamente para la
Comunidad Autónoma de La Rioja, es la carretera nacional 120, y digo no
solamente porque esta carretera nacional nace cerca de Logroño, a 8
kilómetros, y termina en la ciudad de Vigo. Lo que hace esta carretera es
unir, a nuestro juicio, dos ámbitos del Estado español muy importantes,
como son el ámbito geográfico del Mediterráneo: Cataluña y Levante, con
el del nordeste de España, la Comunidad de Asturias y fundamentalmente
Galicia, uniendo una parte muy trascendental de lo que hoy se denomina el
Camino de Santiago.
Tiene un interés económico evidente, no solamente desde el punto de vista
turístico, sino también de las comunicaciones, puesto que los altísimos
tráficos que soporta esta carretera hacen necesaria esta obra de
infraestructura.
Así lo entendió también el antiguo Ministerio de Obras Públicas, teniendo
muy en cuenta la posibilidad de ese desdoblamiento a lo largo de todas
las infraestructuras que ha venido desarrollando en los últimos años,
puesto que muchas obras realizadas como pasos a distinto nivel han tenido
en cuenta el futuro del desdoblamiento de esta vía de comunicación; vía
de comunicación que, como digo, no solamente es importante desde la
perspectiva que podamos tener las Comunidades de La Rioja y Castilla y
León, sino también desde el punto de vista de las comunicaciones del
Levante español con la Comunidad gallega y todas las que a lo largo de
esta ruta se comunican.
Por lo tanto, la cohesión territorial a la que hacíamos referencia en la
anterior moción tiene una gran justificación en la presente moción.
En definitiva, queremos seguir impulsando --como hacíamos anteriormente--
la necesidad de esta obra de infraestructura, máxime cuando observamos en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998 que la
previsión del Gobierno no es clara al respecto, puesto que introduce una
pequeñísima partida presupuestaria con la denominación de
«acondicionamiento y/o desdoblamiento de la nacional 120 entre Logroño y
Burgos». Es decir, incluso el Gobierno no tiene clara --y así lo hacía
ver recientemente el Secretario de Estado de Infraestructuras en esta
Comisión-- la necesidad del desdoblamiento de esta carretera nacional
120, y la partida presupuestaria que prevé en los presupuestos de este
año es muy pequeña, únicamente 20 millones de pesetas; 7.987.000 pesetas
para 1999, en el 2000 no hay ninguna consignación y en el 2001 tampoco.
Por lo tanto, queda en evidencia que el Gobierno en este momento no tiene
ninguna voluntad de asumir la construcción de una autovía sin peaje, que
es la petición que hacemos en este momento con la moción.
Añado, además, que tanto las Comunidades Autónomas de La Rioja como de
Castilla y León tienen un altísimo interés en esta obra constructiva, y
nos llama poderosamente la atención que, sin embargo, el Gobierno de la
nación, a través de lo que conocemos de los Presupuestos Generales del
Estado, no lo contemple, otra cosa es el desarrollo del debate tanto en
el Congreso como en el Senado y si el Grupo Parlamentario Popular tiene
prevista alguna enmienda que aclare el futuro de esta obra de
infraestructura tan importante para ver si esta moción tiene o no
viabilidad.
Espero que el Grupo Parlamentario Popular tenga la ocasión ahora de
apoyar esta moción, puesto que no compromete más que a asumir la
planificación y programación presupuestaria --no entramos en cantidades--
para la construcción del desdoblamiento de la nacional 120 entre Logroño
y Burgos, y que se comprometa en la presente legislatura a programar
presupuestariamente, con los trámites de licitación necesarios, la
construcción del desdoblamiento de la carretera nacional 120 desde el
cruce de Navarrete
hasta la ciudad de Nájera. Es decir, las peticiones de la moción son
modestas, únicamente pretende una clarificación desde la Comisión de
Obras Públicas en este acto parlamentario. No pide un imposible,
demandamos que en esta legislatura se asuma una parte de lo que es el
proyecto constructivo, es decir, desde Logroño hasta la ciudad de Nájera,
y queremos que el Gobierno, en definitiva, asuma la necesidad del
desdoblamiento de esta vía tan importante.
Por lo tanto, creo que hay razones suficientes para que el Grupo
Parlamentario Popular responda a este llamamiento y apoye esta moción,
con lo que el Grupo Parlamentario Socialista se daría por muy satisfecho
y felicitaría al Grupo Parlamentario Popular y nos felicitaríamos todos
porque conseguiríamos un hito importante en esa visión de cohesión de
España en materia de comunicaciones que tiene esta obra de
infraestructuras.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En la exposición de la moción se habla de que el Plan Director de
Infraestructuras prevé una autovía entre Logroño y Burgos, y no es así.
El Plan Director de Infraestructuras, que es muy importante, fue
propuesto por el señor Borrell en su época de Ministro de Obras Públicas
y fue aprobado por las dos Cámaras parlamentarias. En relación con este
itinerario, el Plan Director de Infraestructuras no lo contemplaba como
autovía, sino dentro del programa de acondicionamiento, como un tramo a
acondicionar.
Debo decir, en relación con una pregunta al señor Secretario de Estado
sobre esta materia, que el Ministerio de Fomento está contemplando la
realización de actuaciones en el itinerario de la carretera nacional 120
entre los términos municipales de Logroño y Burgos, que se concretan
precisamente en una orden de estudio, que fue dada con fecha 16 de enero
de 1997, para que se iniciara la redacción de un estudio informativo en
el tramo Navarrete, límite de la provincia de Burgos, de la carretera
nacional 120. Esta carretera sí es importante, puesto que dicho tramo
puede constituir una alternativa a las autopistas A-1, A-68 para las
comunicaciones por carretera entre las ciudades de Burgos y Logroño.
En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 del pasado mes de
septiembre, se ha publicado la licitación del concurso para la redacción
de este estudio informativo, bajo la titulación de: Acondicionamiento de
la carretera nacional 120 en el tramo Navarrete límite de la provincia de
Burgos, con un plazo de doce meses para su redacción a partir de la firma
del contrato.
¿Qué va a recoger el estudio? Va a hacer una recopilación y análisis de
los datos necesarios para que se pueda definir de alguna forma el estado
actual de la carretera nacional 120, de manera especial en el tramo
citado, y se van a evaluar todas las alternativas viables para poder
resolver los problemas que, indudablemente, existen y los que se puedan
ir detectando.
Sobre la base de ese estudio que se está realizando se van a proponer las
actuaciones de acondicionamientos que se consideren oportunas, así como
los tramos en que podría ser necesaria una duplicación de calzada, a la
vista de los estudios de capacidad que, lógicamente, se están realizando.
En ese sentido, habría que señalar que los datos de tráfico de 1995
arrojaban una intensidad máxima de 11.131 vehículos/día en Navarrete. Es
la zona donde existe mayor tráfico y está siendo objeto de
desdoblamiento. El número de vehículos va disminuyendo a medida que se
avanza en el sentido del kilometraje hasta llegar a 4.844 vehículos/día
en la cercanía límite de la provincia de La Rioja con la provincia de
Burgos.
Se está estudiando también la circunvalación a Navarrete y, lógicamente,
en el proyecto cuando se está hablando del desdoblamiento de Logroño a
Navarrete se trata de un desdoblamiento de ocho kilómetros de longitud.
También existe un Plan, el Plan COEX, que prevé diferentes obras de
mejora en el tramo en el límite de la provincia de La Rioja a Burgos,
sobre todo, en la intersección con la Nacional I.
El tramo a estudiar en estos momentos por el Ministerio de Fomento tiene
una longitud de 40 kilómetros, entre los puntos kilométricos 13 y 53 de
la actual carretera, con un presupuesto orientativo de 8.000 millones de
pesetas. Las alternativas que se contemplen en el estudio informativo,
una vez sea redactado, serán sometidas a los preceptivos trámites de
información pública a los efectos de trazado y también medioambientales,
junto con la oportuna declaración de impacto ambiental. Así pues, estamos
tratando de que se tramite y se conozcan lo más rápidamente posible los
resultados del estudio informativo. En este sentido, vamos a seguir
haciendo las actuaciones puntuales que se estimen oportunas y, con el
estudio en la mano, tendremos las condiciones que, lógicamente, debe
reunir esta carretera y estudiaremos los trazados y el desdoblamiento de
la misma en aquellos tramos que se considere oportuno. Por tanto, por
esas razones no podemos aprobar la moción tal y como nos ha sido
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
En el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Díez González.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Bris, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tiene que
hacer su papel; el papel de lanzar balones fuera y responder a las
instrucciones que el Gobierno ha transmitido al grupo parlamentario, eso
parece evidente. Sin embargo, este Senador con su moción no hace sino
coincidir con los argumentos que el señor Bris ha dado en este momento.
Usted ha hecho referencia a la intensidad del tráfico en el cruce entre
Navarrete y Nájera,
que es precisamente lo que pide la moción, y la justificación del
desdoblamiento precisamente en ese tramo.
Con esta moción no le pedimos un imposible al Gobierno ni al Grupo
Parlamentario Popular. Creo que es lo suficientemente favorable como para
que el Gobierno la pueda estudiar en profundidad, puesto que no damos un
plazo perentorio, hablamos de que en esta legislatura tome las decisiones
correspondientes para que, en su caso, se pueda abordar el desdoblamiento
de la carretera N-120 desde Logroño hasta Nájera, desde el cruce de
Navarrete hasta Nájera, puesto que desde Logroño hasta el cruce de
Navarrete está ya desdoblada en este momento.
Creo que es una moción perfectamente asumible por el Grupo Parlamentario
Popular, cuando, además, los datos que nos ha facilitado en esta
Comisión, que proceden del Gobierno, coinciden con los que estamos
manejando en el Grupo Parlamentario Socialista a la hora de proponer algo
posible, real, y que coincide con las demandas de la intensidad de
tráfico a la que su señoría hacía referencia.
Por tanto, creemos que los argumentos que usted ha dado son aquellos en
los que se basa la moción y, por ello, el Grupo Parlamentario Popular no
hace más que un favor a ese interés en relación a la cohesión territorial
de España, que supone desdoblar esta carretera nacional, sobre todo,
teniendo en cuenta que los datos desde el punto de vista de los estudios
de tráfico por parte del Ministerio de Fomento lo avalan e inciden en la
necesidad de esta obra. Repito, el Grupo Parlamentario Socialista no está
pidiendo algo imposible, no está dando unos plazos perentorios, está
dando la suficiente flexibilidad como para que esta moción pueda ser
asumida y el Gobierno tenga el tiempo suficiente para poder planificar
presupuestariamente la obra en los presupuestos que parten de esta
legislatura y que pueden seguir en las siguientes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Díez.
Tiene la palabra el señor Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
En contestación al Senador Díez, quiero recalcar que ese interés en el
desdoblamiento se produce después de la aprobación del PDI, del Plan
Director de Infraestructuras, porque éste no contempla el desdoblamiento
de esta carretera, sino únicamente su acondicionamiento. Por lo tanto, el
Gobierno del Partido Popular se ha hecho eco de ese interés y viene
trabajando en ese sentido.
Ya se ha dicho aquí que el tramo de carretera que tiene más intensidad de
tráfico ya ha sido desdoblado, que es el de Logroño a Navarrete. En estos
momentos se está estudiando la posibilidad de poder realizar la
circunvalación de Navarrete y se está estudiando toda la carretera
tratando de buscar una solución que, lógicamente, dé contestación al
usuario que desea que existan las condiciones necesarias para que sus
viajes se realicen de la mejor manera posible.
Se ha dado ya una orden para que se redacte el estudio informativo. Este
estudio lleva consigo el análisis del estado actual de la carretera, así
como la propuesta de actuaciones y alternativas viables y la apertura del
expediente de información pública. Creemos que es imprescindible para que
una carretera de estas características, un tramo de unos 40 kilómetros
aproximadamente, se haga con los condicionamientos necesarios para que la
obra esté bien hecha y el dinero público bien gastado. Se va a someter al
estudio de evaluación de impacto ambiental y, en este sentido, se ha
tenido ya contacto con la Comunidad y con los ayuntamientos para que,
lógicamente, conozcan y puedan participar en ese estudio informativo del
cual estamos hablando. Dicho estudio informativo también lleva consigo la
identificación de los caminos, de las vías pecuarias, de los accesos,
servidumbres y todos los servicios que puedan resultar afectados por esta
carretera y por las obras que en ella se realicen.
Avanzando y mostrando el interés que el Partido Popular tiene en
continuar adelante con este proyecto, se ha autorizado ya la contratación
de la asistencia técnica necesaria para la redacción de este estudio.
Vuelvo a repetir que la programación del proyecto es de doce meses desde
la adjudicación de la asistencia técnica. Por tanto, mostramos nuestro
interés en la carretera nacional 120. Vamos a seguir trabajando en ella
y estoy seguro de que dentro de los meses necesarios para hacer una obra
de estas características todos nos podremos congratular de ello, pero en
las circunstancias en las que se plantea la moción, no podemos aprobarla
porque muchas de estas cosas ya se están realizando. El Gobierno está
haciendo un esfuerzo importante, sin moción, porque forma parte de los
compromisos que adquiere como equipo de Gobierno. Por tanto, no vamos a
aprobarla, pero sí hemos querido mostrar todos los pasos y trámites que
se han venido efectuando en los últimos tiempos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris. (El señor Díez
González pide la palabra.)
El señor DIEZ GONZALEZ: Señor Presidente, por el artículo 87 quería hacer
una precisión.
El señor PRESIDENTE: Muy breve. Tiene la palabra.
El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero hacer una precisión en relación a la voluntad que tuvo el Gobierno
socialista con este desdoblamiento no solamente en la preparación del
mismo con las obras que se hicieron a distinto nivel a lo largo de esta
ruta, sino en el desdoblamiento del tramo de Logroño a Navarrete en el
que fue el Gobierno socialista el que tomó la iniciativa y consignó las
cantidades presupuestarias necesarias para que éste sea en este momento
una realidad. Lo que pretendemos es continuar con estas acciones, porque
los estudios que el Gobierno del Partido Popular está haciendo parece que
no nos llevan a continuar el desdoblamiento de esta carretera nacional
tan importante.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Por el mismo artículo.
Yo no hablo de voluntades, hablo de realidades; la obra fue ejecutada,
lógicamente, por el Gobierno del Partido Popular y vuelvo a repetir que
el PDI, que era el documento base de todas las infraestructuras que nos
presentó el Gobierno socialista, no hablaba nunca del desdoblamiento de
esa carretera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE
LA NACION PARA QUE LLEVE A CABO UN PROYECTO PARA LA CREACION DE UN CENTRO
DE AGUAS EN EL ROCIO, EN EL MUNICIPIO DE ALMONTE (HUELVA) (661/000115).
El señor PRESIDENTE: Queda, finalmente, el punto número 23, que es la
moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno
de la nación para que lleve a cabo un proyecto para la creación de un
Centro de Aguas en El Rocío, en el municipio de Almonte (Huelva).
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
A estas alturas, el que habla considera que ninguna de sus señorías
tendrá dudas sobre la relación existente entre el Parque Nacional de
Doñana y el agua, son dos conceptos que van íntimamente unidos en todos
los aspectos. Precisamente, la consideración de humedal que tiene el
Parque Nacional de Doñana es la que le otorga su categoría internacional
y lo que lo convierte en un punto estratégico para la conservación de la
biodiversidad existente entre los continentes europeo y africano.
Sin duda, gran parte de la polémica y de los debates surgidos en torno al
Parque Nacional de Doñana tienen siempre una clara relación con el agua
en este territorio. La regulación del agua, la cantidad suficiente o no,
la contaminación de la misma, su calidad, son aspectos que una y otra vez
generan un gran debate en el tema del Parque Nacional de Doñana.
Asimismo, las grandes inversiones que se barajan para el Parque Nacional
están íntimamente relacionadas con el tema del agua y se habla del Plan
de Regeneración hídrica de las marismas del Guadalquivir en su afección
a Doñana, de planes de depuración en las cercanías y en las comarcas de
su alrededor, así como de planes de abastecimiento o de limpieza de
cauces que tienen una estrecha relación con lo que es el sostenimiento
del ecosistema principal del Parque Nacional de Doñana, que es
precisamente su humedal.
Todo esto está condicionado por una estacionalidad muy fuerte en cuanto
a división de las propias estaciones y condiciones climáticas que hacen
referencia a cada una de ellas, así como también a las grandes relaciones
que existen, por una parte, entre Doñana y las aguas superficiales, y por
otra, entre Doñana y las aguas subterráneas o sus acuíferos.
El 19 de febrero del año 1996, el Patronato del Parque Nacional de
Doñana, en amplio consenso, aprobó el proyecto para la realización de un
Centro temático de recursos hídricos dentro del Parque Nacional, a
propuesta del Ayuntamiento de Almonte y con el consenso del resto de los
ayuntamientos, para que se ubicase en El Rocío. Este centro tendría que
realizar en primer lugar una labor de información, una segunda labor de
interpretación de la naturaleza en lo que se refiere al agua y una
tercera labor que haría más hincapié en los temas educativos. Todo eso,
como digo, dentro de un Centro temático de recursos hídricos que, por una
parte, serviría como complemento al uso público ya existente en la zona
y en los distintos centros que existen en el Parque Nacional y, por otra
parte, como un recurso más dentro de la oferta turística de naturaleza
que se viene realizando en dicha comarca.
Hay una serie de objetivos que se intentarán cumplir sobre la base de la
construcción de este Centro que son: por una parte la interpretación que
los distintos visitantes de la comarca y los posibles visitantes pudieran
hacer de todas las cuestiones antes aludidas y relacionadas con el tema
del agua. Al mismo tiempo cabría volcar toda la investigación que se
viene realizando en dicho espacio con referencia al mismo tema, el
aumento del interés turístico de la comarca y, sobre todo, algo que
consideramos de suma importancia, que es la explicación del esfuerzo que
las distintas Administraciones hacen para conservar un espacio de tan
genuina naturaleza, como es el Parque Nacional de Doñana.
A la vista de todas estas circunstancias, de estos antecedentes y del
amplio consenso que sobre este tema se ha suscitado en la propia comarca,
yo apelaría ahora a la sensibilidad de los distintos grupos políticos
presentes en esta Comisión para que, por unanimidad, si fuera posible, se
aprobara con una enmienda transaccional que ha presentado el Partido
Popular, y en la que se ha aceptado el contenido de esta moción que, como
digo, no vendría más que a hacer hincapié en cumplir los objetivos de
interpretación, de información y de educación fundamentales para la
conservación de la naturaleza, toda vez que la conservación de la
naturaleza, tal como se establece en la directiva de Hábitats es algo que
hay que interpretar a largo plazo, y lo que son los temas de educación,
información e interpretación para que la población en general comprenda
de una manera viva, de una manera interactiva lo que es el tema del agua
en el Parque Nacional de Doñana, conllevaría estar asegurando
precisamente la conservación de ese espacio protegido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bella.
Tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincidiendo en gran parte con las explicaciones que ha dado el Senador
Bella Galán, quiero decir que el Ministerio de Medio Ambiente y el Grupo
Parlamentario Popular tienen una gran preocupación por el mantenimiento
y el desarrollo sostenible del Coto de Doñana --se ha podido ver esta
mañana en la comparecencia del Secretario General del Medio Ambiente--,
una de las zonas húmedas más importantes de Europa y la más meridional de
dicho continente.
Teníamos noticia, aunque no de manera oficial, como ha dicho en su
exposición el señor Bella, de que el Ayuntamiento de Almonte había tomado
una iniciativa en el sentido de crear un Centro temático de recursos
hídricos. A nosotros nos parece bien todo aquello que sea investigación,
formación e información sobre temas tan importantes como el del agua,
máxime cuando hemos oído esta mañana en la comparecencia del señor
Secretario General que lo importante del Parque de Doñana es saber de
dónde y cómo se puede mantener dicha agua.
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene en estos momentos los estudios
necesarios para poder adoptar un criterio en el sentido que señala la
moción y, por tanto, tal como se presentaba la misma para su aprobación.
Por ese motivo, coincidiendo con la preocupación que se tiene sobre esta
zona húmeda de España, una de las más características de la misma,
cercana al continente africano, hemos presentado, en una búsqueda de un
consenso y un acuerdo tan necesario en estos temas, una moción
alternativa que obra en poder de la Presidencia, en el sentido de que se
inste al Gobierno para que inicie los estudios, puesto que no existen,
que determinen la necesidad de creación de un centro de estas
características en El Rocío, dentro de las actuaciones que se vienen
desarrollando con el acuerdo de las Administraciones Públicas. Creo que
es importante haber llegado a un acuerdo en un tema tan importante como
éste. Por tanto, estamos satisfechos con la tramitación seguida por la
moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bris.
Concluido el debate de las mociones, como habíamos advertido que las
votaciones no se efectuarían antes de las seis y media de la tarde, vamos
a esperar unos breves minutos para proceder a las mismas. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
Haciendo un breve resumen sobre las seis mociones que se han debatido,
recordaremos que las que corresponden a los números 23, 24 y 25 del orden
del día tienen una propuesta transaccional asumida por los dos Grupos
mayoritarios, y las 20, 21 y 22 son las que, en primer lugar, vamos a
proponer a votación.
Votamos la moción que se corresponde con el número 20 que es la que
indica que se insta al Gobierno para que exija a la empresa Autopistas
del Atlántico, Concesionaria Española, S. A., a la construcción de un
falso túnel en el tramo de autopista comprendido entre Rande y Puxeiros
(Pontevedra).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la moción sobre la construcción de un túnel en la carretera
nacional N-111 a su paso por el puerto de Piqueras.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.
Votamos la moción que insta al Gobierno a que se comprometa a asumir, en
su planificación y programación presupuestaria, la construcción del
desdoblamiento del tramo de la carretera nacional N-120 comprendido entre
Logroño y Burgos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente, están las tres mociones a las que he hecho referencia que
había una propuesta conjunta del Grupo proponente de la moción, del Grupo
Parlamentario Socialista, y del Grupo Parlamentario Popular. Propongo que
estas tres mociones sean aprobadas por asentimiento. ¿Puede entenderse
aprobadas por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobadas.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y treinta y cinco minutos.