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DS. Senado, Comisiones, núm. 165, de 30/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1997 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 165
COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES
Sesión Informativa
celebrada el lunes, 30 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
don José Luis Blanco Romero, a solicitud de don Francisco Bella Galán,
del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique la situación de
Doñana y la aplicación del Plan Operativo de Doñana sobre su comarca.
(Número de expediente 713/000250.)
--Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible y en todo caso, dentro del
presente año, adopte las medidas necesarias que hagan posible el comienzo
de las obras de construcción del tramo de la autopista que une Madrid y
Tudela (Navarra), comprendido entre la primera y Guadalajara. (Número de
expediente 661/000093.)
--Designación de la Ponencia que informe el Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres. (Número de expediente
621/000024.)
--Designación de la Ponencia que informe la Proposición de Ley sobre
reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres. (Número de expediente
624/000006.)
--Comparecencia del Ministro de Fomento, don Rafael Arias-Salgado y
Montalvo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para que informe
sobre los términos, criterios y plazos con que piensa abordar la reforma
del texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación
urbana. (Número de expediente 711/000085.)
Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.
--COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,
A SOLICITUD DE DON FRANCISCO BELLA GALAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACION DE DOÑANA Y LA APLICACION DEL
PLAN OPERATIVO DE DOÑANA SOBRE SU COMARCA. (713/000250.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de iniciar la comparecencia del Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, don José Luis Blanco Romero, vamos, en primer lugar,
a aprobar las actas pendientes de aprobación, y que se han remitido en
días o semanas anteriores a los señores portavoces, que son las del 5 de
mayo y las del 3, 9 y 12 de junio. ¿Podemos aprobarlas? (Pausa.) Se
aprueban.
Por otra parte, teniendo en cuenta que esta mañana existen otras
Comisiones en las que se encuentran algunos de los miembros de la
Comisión, principalmente en la Ponencia sobre Residuos Radiactivos,
dentro de la Comisión de Industria, me han solicitado una hora
determinada para votar la moción que viene en el segundo punto del orden
del día, y les he comunicado que la votación se realizará a las 13:45
horas o, en su caso, con posterioridad, en el supuesto de que todavía no
se hubiese llegado al momento de la votación.
Y, sin más preámbulo, entramos ya en este primer punto del orden del día,
comparecencia del Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
don José Luis Blanco Romero, a solicitud de don Francisco Bella Galán,
del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique la situación de
Doñana y la aplicación del plan operativo de Doñana sobre su comarca.
Don José Luis Blanco Romero es Consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía desde las últimas elecciones, desde mayo del pasado año, y, por
tanto, tiene la palabra.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Blanco
Romero): Buenos días, señor Presidente, señorías, quisiera en primer
lugar agradecerles la oportunidad que me brindan para informarles sobre
el grado de ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de
Doñana, así como trasladarles el esfuerzo que el Gobierno andaluz viene
desarrollando en la comarca de Doñana al objeto de armonizar los
planteamientos de desarrollo económico y protección ecológica de este
singular territorio.
Podemos decir que, una vez aprobadas las decisiones de la Comisión de la
Unión Europea, el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana ha entrado en
plena ejecución. Sin embargo, en vista de la complejidad y el elevado
número de fuentes financieras previstas y las diversidad de entes
responsables de los proyectos, el Gobierno andaluz ha articulado
determinados mecanismos especiales de seguimiento y evaluación de las
acciones incluidas en el Plan asignando a la Consejería de Medio
Ambiente, mediante el Decreto 478/1996, de 22 de octubre, la
coordinación, seguimiento y evaluación del conjunto de dichas
actuaciones, así como las funciones de comunicación e información
pública.
El Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de Doñana es la primera
iniciativa de la Unión Europea de aplicación de las recomendaciones del V
Programa de Medio Ambiente a una zona natural y, lo que es más
importante, supone impulsar un modelo de desarrollo para el entorno que
compatibilice la conservación con la generación de empleo y la mejora del
bienestar de los habitantes.
Somos conscientes de las dificultades, obstáculos e incidencias que esta
misión conlleva, dada la elevada tipología de fondos que lo financian y
la diversidad de los entes responsables de los proyectos, lo que exige un
esfuerzo permanente de seguimiento para verificar la realización física y
financiera de las medidas del plan, así como su evaluación para enjuiciar
la validez de las intervenciones conforme a los objetivos previstos. Me
consta la responsabilidad del Gobierno Andaluz en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, pero también quisiera hacer una reflexión.
Doñana es un patrimonio de todos y debe ser cada día más un proyecto de
todos, en torno al cual hay que concitar la sensibilidad, la convicción y
la colaboración de las administraciones, grupos políticos, agentes
sociales y del conjunto de la ciudadanía.
Doñana por su ecosistema único en Europa y su valor ecológico universal
exige de todos los ciudadanos del mundo un esfuerzo para su preservación,
no sólo para que las futuras generaciones puedan gozar de la naturaleza,
sino también para conservar el tesoro de su diversidad genética. Pero
Doñana no es un territorio aislado ni deshabitado, sino que su entorno ha
albergado durante siglos a una población que históricamente ha modelado
sus ecosistemas, teniendo derecho los residentes de estos municipios a
hacer compatible sus legítimas aspiraciones a una vida mejor con la
conservación de estos ecosistemas a partir de una perspectiva de
desarrollo económico sostenible.
En base a su diversidad biológica y a la riqueza de sus ecosistemas, en
1969 se declaró el Parque Nacional, afectando a un total de 39.225
hectáreas; posteriormente, por la Ley 91/1978, de 28 de diciembre, es
ampliado el Parque Nacional hasta 50.720 hectáreas, estableciéndose, en
dicho texto legal, la necesidad de elaborar un instrumento que garantice
la conservación y desarrollo de dicho Parque Nacional; en la actualidad
se está debatiendo una ampliación del Parque Nacional en 11.000
hectáreas.
Asimismo dicha Ley estableció unos preparques o áreas de protección y
exigió la elaboración de un plan rector de uso y gestión, creando un
patronato como garante de su cumplimiento. Aprobado dicho plan por el
Real Decreto 2421/1984, de 12 de diciembre, y agotada la vigencia del
mismo, se elaboró un nuevo plan rector de uso y gestión que se encuentra
en vigor, aprobado por Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre. Dado
que estamos hablando de 1991 y la vigencia del plan era de cinco años,
aunque se ha prorrogado un año, en estos momentos estamos en fase de
redacción de un nuevo plan rector de uso y gestión.
Con la Ley 2/1989 del Parlamento de Andalucía, se declaran como Parque
Natural varias de las zonas limítrofes al mismo, constituyéndose el
entonces denominado Parque Natural del entorno de Doñana, ahora Parque
Natural de Doñana. Dicha Ley apuesta claramente por la conservación de
los ecosistemas andaluces en el marco de una política de desarrollo
ordenado, como garantía de los propios objetivos de conservación. Este
planteamiento se materializa a través del Plan de ordenación de los
recursos naturales y del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural
de Doñana, aprobado mediante el Decreto 2/1997, de 7 de enero, por lo
que, además, se modifican los límites que se amplían en más de 1.000
hectáreas y la denominación de dicho Parque, que a partir de entonces se
llamará Parque Natural de Doñana.
En suma, el Parque Nacional de Doñana, el Parque Natural de Doñana y sus
zonas de influencia constituyen una unidad desde el punto de vista
ecológico y bajo las perspectivas de desarrollo sostenible, representando
en su conjunto un marco adecuado para la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenibles, siempre y cuando se produzca una adecuada
coordinación entre las distintas Administraciones públicas, en general, y
entre los diversos departamentos responsables de ejecutar las políticas
sectoriales.
Consciente de ello, en 1991, el Presidente de la Junta de Andalucía
encargó a un equipo de profesionales un amplio estudio sobre la comarca
de Doñana con objeto de armonizar los planteamientos de desarrollo
económico y protección ecológica, mediante un pacto o acuerdo social, que
hiciera converger las tesis desarrollistas de esta comarca, rodeada de 2
millones de habitantes y caracterizada por una situación socioeconómica
determinada por la presión sobre los recursos hídricos, una agricultura
intensiva, actividad industrial débil, un turismo convencional e
insuficiente y una infraestructura general y de servicios.
Una vez elaborado dicho dictamen, fue en mayo de 1992 cuando se adquirió
el compromiso, a tres niveles de las Administraciones, comunitaria,
central y autonómica, para estudiar la manera de poner en marcha las
acciones necesarias que permitiesen el mantenimiento de un territorio
como el de Doñana, de riqueza natural única en la Comunidad Europea, a la
vez que facilitase a su población participar en un proceso tendente a
mejorar su calidad de vida, de acuerdo con los postulados contenidos
tanto en el dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre el
desarrollo socioeconómico sostenible de Doñana, como en el quinto
Programa de acción para medioambiente y desarrollo de la Comunidad
Europea. Ello confiere a los programas de actuación la característica de
modelo, al hacer suyos los postulados contenidos en el citado quinto
Programa de acción ambiental para la Comunidad Económica Europea, en su
momento, actualmente la Unión Europea.
El Plan de desarrollo sostenible de Doñana 1993-2000 se sustenta en dos
objetivos generales que son: la conservación del medioambiente y el
desarrollo sostenible del entorno de Doñana, incidiendo prioritariamente
en el déficit y retraso que representa esta zona en infraestructuras
básicas viarias y gestión integral del agua. Es un plan plurianual,
multifondo, en el que participan varios instrumentos de intervención en
función de la financiación que sustenta la realización de las acciones y
medidas en él programadas.
El Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana 1993-2000 se
instrumenta en tres etapas. La primera, corresponde al año 1993 y fue
definida por la ejecución del Programa operativo Doñana primera fase,
cofinanciado por los Fondos Feder en el marco comunitario de apoyo
1989-1993. Esa primera fase ha tenido un nivel de ejecución por encima de
las previsiones, en torno al 125 por ciento de las previsiones
contempladas en la misma.
La segunda etapa de la ejecución del Plan corresponde al sexenio
1994-1999, período de realización del actual marco comunitario de apoyo.
Dada la importante participación de la Unión Europea en la financiación
del Plan, el instrumento central de esta etapa es el Programa operativo
Doñana segunda fase, que fue aprobado por decisión de la Comisión Europea
el 6 de diciembre de 1994. El grupo de instrumentos que financian el Plan
en esta segunda etapa se completa por determinados proyectos de los
programas operativos Feoga y el Fondo Social Europeo, con distintas
actuaciones financiadas con cargo al Fondo de Cohesión y con acciones
enmarcadas en diversas medidas de acompañamiento de la nueva política
agraria comunitaria y de regulación hidrológica.
La tercera fase, y última etapa para la realización del Plan, corresponde
al año 2000, no está comprendida en el período de aplicación de los
instrumentos anteriores y, por lo tanto, su financiación no está
garantizada, dado que los Fondos que puedan corresponder a España están
también pendientes del nuevo marco financiero de la propia Unión Europea.
El desglose de las previsiones de programación contempladas en el Plan,
según las distintas etapas y formas de intervención, son los siguientes:
fuentes financieras del Plan: el programa operativo de Doñana primera
fase con 1.679 millones de pesetas; el programa operativo de Doñana
segunda fase con 35.740 millones de pesetas; los fondos procedentes del
Feoga, con una cuantía de 6.137 millones de pesetas; del Fondo Social
Europeo, 716 millones de pesetas; otras actuaciones de diversos fondos,
13.199 millones de pesetas. Las previsiones a incluir en los nuevos
fondos europeos serían, a partir del año 2000, de 5.413 millones de
pesetas. Eso suma un total de 62.884 millones de pesetas.
La estructura del gasto de las inversiones previstas en el plan de
desarrollo sostenible del entorno de Doñana por programas obedece a la
siguiente distribución indicativa por materias: en primer lugar está el
programa de gestión integral del agua que recoge una inversión global de
19.320 millones de pesetas que representa el 30,8 por ciento de la
inversión del plan. El programa de agricultura es de 13.020 millones de
pesetas, lo que representa el 20,7 por ciento del total. El programa de
medio ambiente es de 5.655 millones de pesetas, el 8,9 por ciento del
total. El
programa de turismo es de 1.193 millones de pesetas, el 1,8 por ciento
del total. El programa de equipamiento e infraestructuras viales es de
15.814 millones de pesetas, el 25,1 por ciento del total. Esto quiere
decir que entre el programa de aguas, el 30,8 por ciento del total y el
de equipamiento e infraestructuras, el 25,1 por ciento, se supera más del
50 por ciento de la inversión del plan. El resto de materias lo componen
el programa de fomento de actividades económicas, 3.622 millones de
pesetas, el 5,7 por ciento del total, el programa de formación y
patrimonio cultural, de 3.545 millones de pesetas, el 5,6 por ciento del
total, y las medidas complementarias de planificación y gestión que
ascienden a 645 millones de pesetas, es decir, el 1 por ciento del total.
Esos programas de actuación se concretan en diversos proyectos que
definimos a continuación. El programa integral del agua persigue corregir
la situación de deficiencias de infraestructura de abastecimiento y
saneamiento de aguas dada la enorme incidencia que ésta tiene sobre los
ecosistemas del área. Para ello se programan una serie de acciones
encaminadas a la gestión integral del agua que restablezcan el equilibrio
medioambiental de los ecosistemas acometiendo medidas de protección del
acuífero frente al riesgo de sobreexplotación, fundamentalmente para usos
agrícolas y acudiendo a una serie de recursos hídricos alternativos hasta
ahora utilizados, lo cual supone un trasvase desde la cuenca del río
Chanza a través de una circunvalación de la ciudad de Huelva, así como el
abastecimiento a determinadas poblaciones para evitar que se sigan
nutriendo del acuífero y el saneamiento integral de las cuencas
vertientes a Doñana para evitar la contaminación del Parque.
El programa de agricultura parte del hecho de que ésta constituye la
actividad principal de la zona medido esto en términos de producción y
empleo. Sin embargo, el uso del agua para los cultivos ha planteado
conflictos para la preservación del equilibrio ambiental. La
sobreexplotación de las aguas subterráneas procedentes de acuíferos de
interconexión con que se abastecen los ecosistemas de Doñana y la
localización de cultivos en la periferia e incluso en el interior del
Parque ha determinado una distribución de los mismos y, por consiguiente,
la necesidad de proceder a la reordenación de las explotaciones. Para
ello, las actuaciones con que se dota al programa se centran en el
mantenimiento de forma de producción compatibles con la conservación de
los recursos naturales. En cuanto al fomento de la retirada de la
producción de tierras, ya existe un acuerdo importante con los colonos
del sector en la zona que plantea mayores problemas y consecuencias
debido a la vinculación de esos cultivos en Doñana. El incremento de la
forestación de tierras agrarias va encaminado precisamente a evitar los
arrastres de áridos.
El programa de medio ambiente se dirige fundamentalmente a compatibilizar
la conservación de los ecosistemas de Doñana con la orientación y
estrategias de desarrollo. La gestión de los ecosistemas, su regeneración
y restauración, así como la prevención y mejora de su tratamiento, son
las líneas de actuación principal. Se incluyen actuaciones sobre las
áreas forestales encaminadas a la conservación de las masas forestales
autóctonas existentes de pinares y alcornocales, sustitución de los
eucaliptales por especies autóctonas, dotación de sistemas y servicios de
prevención y extinción de incendios forestales, restauración y
conservación de los ecosistemas, y a maximizar el reciclado y
reutilización de materiales mediante el tratamiento de los mismos en
plantas de residuos sólidos urbanos. Finalmente, fomento del uso público,
así como información y participación por parte de los residentes.
El programa de turismo está orientado a la diversificación de la
actividad turística para gestionar de manera adecuada el turismo de masas
compatibilizándolo a la vez con otro tipo de turismo, por ejemplo, el
ecológico, el cultural o el de interior, es decir no sólo de playa.
También se orienta dicho programa a la mejora de la calidad de los
servicios turísticos y asimismo a la mejora del comportamiento de los
propios turistas referido al respeto del medio natural. De esta forma el
Plan pretende promover un modelo de turismo sostenible que revitalice y
consolide el turismo del litoral promocionando actividades turísticas
complementarias.
El objetivo general del programa de equipamiento e infraestructuras es
dotar a la zona de una red viaria que posibilite una correcta conexión
interna y exterior que favorezca el desarrollo de sus potencialidades
económicas, elimine los puntos conflictivos y mejore la conexión con los
principales ejes de comunicación. Un aspecto prioritario se centra en el
respeto a las necesidades de conservación de especies amenazadas
directamente, como por ejemplo, el lince, por lo que se proponen medidas
especiales de acondicionamiento del viario y singularmente los pasos
subterráneos.
Las actuaciones que se prevén en este programa persiguen un triple
objetivo: superar el estrangulamiento de la red viaria mejorando los
accesos y la propia red con el objetivo de conseguir la diversificación
turística, construir las infraestructuras necesarias para favorecer el
desarrollo de la actividad económica y generar empleo en el sector de la
construcción y obra pública.
El programa de fomento de actividades económicas pretende el desarrollo
de la industrialización y comercialización de las producciones de la
zona, fundamentalmente de la agraria, el uso de tecnologías limpias, la
promoción en el exterior de las producciones de la zona y la creación de
la marca y denominación de origen Doñana.
El programa de formación y patrimonio cultural está dirigido a una
formación orientada a cubrir las necesidades que se requieren para la
preparación, ejecución y desarrollo del propio Plan, aumento de la
cualificación profesional de los trabajadores involucrados en los
sectores de actividades previstas en el mismo, programas de
sensibilización medioambiental y centros de formación e investigación de
los profesionales.
El Plan se completa con unas medidas de planificación y gestión a través
de la coordinación intersectorial, la creación de grupos de trabajo, la
participación de la Administración central del Estado, de las
autonómicas, etcétera, medidas que están ya en fase de ejecución y
seguimiento.
Por otra parte, y siguiendo el dictamen de la Comisión de expertos, se ha
previsto la creación de un órgano cuyo
objetivo principal sea el impulso y la promoción de las actuaciones
públicas y privadas encaminadas al desarrollo sostenible de Doñana y su
entorno. Para ello se crea una fundación para el desarrollo sostenible de
Doñana y su entorno denominada Fundación Doñana XXI, cuyas principales
funciones van dirigidas a la coordinación y seguimiento de las
actuaciones que se vienen desarrollando y muy especialmente a promover la
participación de los agentes económicos y sociales impulsando la
cooperación entre las actuaciones públicas y las privadas.
Igualmente, se encomiendan a la Fundación Doñana XXI las tareas de
sensibilización, difusión y divulgación, así como la de intercambio de
experiencias de desarrollo sostenible con otros espacios naturales
protegidos.
En cumplimiento del Decreto 478/1996, de 22 de octubre, que establece que
las funciones de coordinación estén a cargo de la Consejería de
Gobernación, dicha Consejería ha asumido la coordinación, el seguimiento
y la valoración del conjunto de acciones incluidas en el Plan que
realicen las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, sus
organismos autónomos y las empresas públicas, de acuerdo a las decisiones
de la Comisión de la Unión Europea sobre Doñana y en general de acuerdo a
los contenidos del Plan, correspondiendo además a la Consejería de Medio
Ambiente las funciones de difusión, comunicación e información pública
sobre el Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana.
La evaluación de un Plan como el que nos ocupa no ha sido sólo comprobar
que los recursos financieros disponibles han sido aplicados
correctamente, sino además valorar la oportunidad y utilidad de los
programas para los fines que se pretenden.
Aunque existe la posibilidad de evaluaciones en distintas etapas del
desarrollo del Plan, en este momento de ejecución del mismo y tal como se
plantea en la Comisión de Coordinación constituida, ha correspondido
realizar una evaluación intermedia que permita valorar, detectar y
corregir aquellas deficiencias que se pongan de manifiesto.
Consecuencia de esta evaluación, se han detectado las siguientes
dificultades, que sería necesario resolver para que el Plan tenga el
éxito que todos deseamos.
En primer lugar, hay una lenta acción por los órganos gestores de todas
las administraciones de la prioridad de las acciones recogidas en un
dictamen que se ha considerado en cierta manera externo a las propias
administraciones, que ha emanado de una comisión de expertos de la que no
formaban parte responsables de dichas administraciones.
En segundo lugar, la especificidad medioambiental de Doñana, que siempre
exige estudios previos que retrasan la ejecución, especialmente todo lo
relativo a las evaluaciones de impacto ambiental.
En tercer lugar, se produce una falta de demanda y de movilización de la
iniciativa privada, con una escasa concurrencia a las convocatorias
públicas de ayuda que se han formulado hasta el presente. También hay una
escasa implicación de los agentes económicos y sociales hasta le fecha.
Se produce también un déficit de información y participación de
ayuntamientos y entidades locales, singularmente diputaciones,
mancomunidades y ayuntamientos.
Las prórrogas presupuestarias en la Comunidad autónoma Andaluza de los
años 1995 y 1996 también han incidido en el ritmo de ejecución del Plan.
Se han producido errores, como la programación de acciones con estos
fondos fuera del ámbito del plan que ha sido necesario corregir y todavía
plantean problemas, tales como la asignación en los fondos del Ministerio
de Medio Ambiente de los fondos del Plan de Desarrollo Sostenible del
entorno de Doñana para la construcción de los colectores y de la
depuradora de Huelva que, a todas luces, no forma parte de la comarca del
entorno de Doñana.
El seguimiento contable que se realiza sobre pagos materializados conduce
a un notable retraso en el seguimiento del Plan en relación con la
ejecución real del mismo.
También hemos elaborado unas propuestas para la mejora del seguimiento y
de la ejecución del Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de Doñana.
Dichas propuestas irían conducidas, en primer lugar, hacia un estudio por
parte de la Consejería de Economía y Hacienda sobre la conveniencia de
establecer un programa presupuestario específico para las acciones de los
distintos programas operativos relacionados en el Plan de Desarrollo
Sostenible. Es decir, que el Plan esté contemplado en un programa
presupuestario específico y singularizado.
En segundo lugar, conceder prioridad a la materialización de las órdenes
de pago relativas a las actuaciones del Plan de Desarrollo Sostenible.
En tercer lugar, identificar claramente en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, como en los del Estado, todas aquellas acciones
relacionadas con Doñana, estén cargadas o no a algún programa operativo.
Se completan estas sugerencias con el cumplimiento de la normativa
comunitaria sobre la difusión de las acciones cofinanciadas con fondos
estructurales o de cohesión, a los efectos de que se visualice el
compromiso de la Unión Europea y la aportación de fondos para la
realización de este plan.
Finalmente, se ha solicitado de todas las Consejerías la promulgación de
órdenes o decretos específicos de convocatorias de ayuda para el
territorio de Doñana, sin que esas ayudas deban de considerarse incluidas
en órdenes o decretos de convocatorias de ayudas genéricas para
Andalucía, procurando, insisto, que sean específicos para esa zona.
También se han planteado algunos cambios y reprogramaciones para ajustar
algunas actuaciones en función de las posibilidades reales de ejecución.
A fecha de hoy el Plan operativo de Doñana, segunda fase, está a la
espera de aprobación por la Comisión de la reprogramación propuesta, que
ha sido remitida al Ministerio de Economía y Hacienda, al Ministerio de
Medio Ambiente y a la Unión Europea. Para esa reprogramación quedan
pendientes las propuestas o modificaciones que incorpore el Ministerio de
Medio Ambiente.
Esa reprogramación se ha basado en dos líneas de actuación:
desplazamiento del gasto a las anualidades de segunda mitad del período
en aquellas acciones cuya baja ejecución se ha debido a retrasos
provocados por dificultades en la puesta en marcha de los proyectos, pero
que, subsanadas,
están en condiciones de ser ejecutadas con normalidad; reordenación de
los proyectos, con el fin de incrementar la efectividad de las acciones
del programa operativo y evitar duplicidades.
En ejecución del Decreto 478/1996, de 22 de octubre --ya mencionado--, se
han realizado un conjunto de actividades de relanzamiento en la ejecución
del Plan. Para ello se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Plan, con participación de todas las consejerías, con la presencia en
total de 24 direcciones generales.
Se ha constituido la Comisión Intermunicipal de Seguimiento, que ha
celebrado diversas reuniones desde mayo de 1996.
Se ha constituido también una Comisión de Seguimiento con los agentes
económicos y sociales, empresarios y sindicatos, que se ha reunido en dos
ocasiones en el último año.
Se ha constituido la Fundación para el Desarrollo Sostenido de Doñana y
su entorno. Doñana XXI, antes mencionada.
Se han celebrado tres reuniones del grupo de expertos internacionales,
que realiza el seguimiento del Plan y en dos ocasiones se ha mantenido
contactos en Bruselas con la Dirección General 11 de Medio Ambiente y la
Dirección General 16, sobre le ejecución del Plan.
Las actuaciones ya realizadas más significativas serían el
acondicionamiento y mejora de caminos rurales, con un presupuesto de
1.500 millones de pesetas; la mejora de infraestructuras agrarias con
1.400 millones de pesetas invertidos y pagados. Estamos hablando de los
fondos sobre los cuales se ha hecho un seguimiento de los pagos
materializados. Otra de las actuaciones son las ayudas a cooperativas,
habiéndose abonado 78 millones de pesetas. En esta área de la agricultura
hay que destacar el acuerdo antes mencionado de abandono de tierras de
cultivos en el Sector II, entre la Consejería de Agricultura con las
cooperativas y concesionarios de tierras de la zona.
En cuanto a las inversiones de la Consejería de Obras Públicas,
fundamentalmente infraestructuras de comunicaciones, la inversión ha sido
de 2.500 millones de pesetas.
En planificación y ordenación del territorio se han pagado 62 millones de
pesetas, fundamentalmente para la redacción de proyectos del Parque,
accesos a Matalascañas, Plan Especial de Reforma Interior de Matalascañas
y la modificación del Plan Director Territorial de Coordinación.
En la Consejería de Medio Ambiente las medidas forestales de
reforestación y tratamientos silvícolas han puesto una inversión de 1.500
millones de pesetas a la fecha, insisto que son pagos materializados. Las
medidas contra incendios han supuesto 1.000 millones de pesetas y el
tratamiento de residuos 750 millones de pesetas.
Otra actuación en esta área ha sido la construcción de carriles de
cicloturismo, con un coste de 140 millones de pesetas, y los programas de
información, sensibilización ambiental e intercambios culturales, por
valor de 74 millones de pesetas.
Para otras actuaciones relacionadas con el empleo y la formación han sido
abonadas hasta la fecha 97 millones de pesetas, y, en fomento económico,
75, millones.
Hay que destacar las gestiones realizadas y la maduración y concreción de
proyectos cuya ejecución está a punto de iniciarse, tales como Puerto
Doñana, para el uso público y el fomento económico, el Centro de
Convenciones, dedicado a la investigación, la formación, la educación
ambiental y el uso público, el Museo Rociero de Hermandades, para el
fomento del turismo y la investigación tecnológica y cultural y los
proyectos turísticos en torno a los poblados forestales.
A título de conclusión y como finalización de esta intervención, quiero
señalar que el Plan de desarrollo sostenible del entorno de Doñana se
pone en marcha con este plan, primera experiencia de desarrollo
sostenible en un territorio, siguiendo las orientaciones del V Programa
comunitario de desarrollo y medio ambiente. Por tanto, el futuro de la
inversión medioambiental, sobre todo a través de un modelo de desarrollo
sostenido en un territorio, va a depender, en definitiva, de la eficacia
y de que este modelo que se pone en marcha en toda Europa para Doñana
tenga el éxito adecuado.
En segundo lugar, el plan combina conservación con desarrollo, actuando
sobre el agua, la agricultura compatible, las infraestructuras turísticas
y de comunicaciones, los equipamientos de uso público, la formación
profesional, la información y educación medioambiental y el fomento
económico. En tercer lugar, quisiera señalar que Doñana, como patrimonio
de la Humanidad, exige el esfuerzo de todos, en un marco de cooperación y
coordinación de las administraciones implicadas, de información y
participación social en todas las actuaciones desarrolladas, en un clima
social positivo y de suma de esfuerzos.
Doñana exige también la movilización de los agentes económicos y sociales
de la zona para que se impliquen en este modelo de desarrollo sostenible,
sin cuyo concurso y participación difícilmente podrá tener el éxito que
merece.
Quisiera señalar por último, que el plan, aunque con retrasos y
dificultades, está en plena ejecución y puede cumplir los objetivos
previstos si se hace un esfuerzo adecuado en los próximos presupuestos
del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Esta situación nos permitirá abordar el año 2000 con la segunda fase del
plan perfectamente ejecutada. Hay que tener presente que los compromisos
se pueden adquirir hasta diciembre de 1999, habiendo dos años más para la
certificación de esos compromisos. Estamos todavía a cuatro años de la
certificación de todas las actuaciones, por tanto, en una marco temporal
suficiente para el cumplimiento de las previsiones del plan. Quizá sea
conveniente llamar la atención respecto a que todavía no está clara la
financiación de la tercera fase del plan, correspondiente al año 2000 y
siguientes, pero éste de forma particular, dado que su dependencia de los
fondos europeos, y al no estar definida tal financiación, el nuevo marco
comunitario hace imposible esa concreción. En consecuencia, debemos
asumir el compromiso de que se clarifique en el futuro y se continúe con
los objetivos previstos en el plan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
En el turno de portavoces, intervendrá, en primer lugar, el grupo
solicitante.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella
Galán.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Mis primeras palabras no pueden ser más que para agradecer al Consejero
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, don José Luis Blanco, su
comparecencia ante esta Comisión y la aportación de los datos que nos ha
dado, que son, además de muy significativos, lo suficientemente
esclarecedores sobre cuál es la situación en la que se encuentra el
denominado plan operativo de la comarca de Doñana.
Sin duda alguna, la petición de la presencia aquí del Consejero está
motivada por dos cuestiones que me parecen fundamentales. La primera de
ellas es que en esta Cámara, y en concreto en esta Comisión, era bueno
que se escuchara hablar de Doñana en un tono diferente del que hasta
ahora lo han hecho los distintos comparecientes que han tenido
oportunidad de hablar sobre el Parque, lo cual creo que es extremadamente
importante y un dato que hay que comparar, como he dicho, con
intervenciones anteriores.
La segunda, que me parece que también es fundamental, es la concepción
que se tiene sobre el problema de Doñana, si hay que asumirlo como tal
problema, y es la consideración de que el factor humano, en una comarca
como la de Doñana, es básicamente fundamental para la Comunidad Autónoma
Andaluza y para su Gobierno en esa consideración especial de que también
existe un ecosistema social en torno a Doñana, y que lo constituye
precisamente la gente que vive allí. Desde esta perspectiva y con esas
dos premisas, me gustaría al mismo tiempo trasladar al Consejero algunas
reflexiones que quisiera hacer sobre esta cuestión. Pero repito que me
parece que hay que resaltar, en primer lugar, el tono de su intervención,
algo a lo que no estamos acostumbrados cuando hablamos de Doñana, pues
siempre se le añade la palabra crispación detrás. Por otra parte, esa
consideración muy especial del factor humano como elemento fundamental
también en el ecosistema y en el equilibrio que hay que hacer en una
comarca como la de Doñana.
Y entro ya en materia. Es evidente que la consideración del plan
operativo no puede ser un punto de llegada. El Consejero lo plantea bien
y lo hace como un punto de partida, porque han sido muchos los debates y
muchos los planes que se han sucedido en esta comarca para que, al final,
se concluya, después de un largo debate y, además, asesorado por un
dictamen de una Comisión de expertos encargado por el propio Presidente
de la Junta de Andalucía, como un punto de partida a través del cual se
intenta resolver el binomio desarrollo-conservación, que tiene una gran
implicación en esta comarca. Y aparece un concepto que hoy en día es
aplicable prácticamente a todos los espacios protegidos, que es el
denominado desarrollo sostenible, concepto que se ha popularizado en
todos los programas electorales, en todas aquellas administraciones
sectoriales encargadas de los asuntos de medio ambiente o de fomento y
que, sin duda alguna, es un concepto que hay que definir en cada una de
las comarcas. Aún no he escuchado una definición genérica de desarrollo
sostenible que pueda aplicarse en el caso, por ejemplo, del Parque
Nacional Picos de Europa o del Parque Nacional de Doñana. El desarrollo
sostenible en los Picos de Europa habría que ejercerlo de una manera
distinta a como habrá que llevarlo a cabo en Doñana.
En cambio, sí hay un concepto que me parece fundamental y que creo que,
en cierta medida, en el espíritu y en la aplicación de ese plan de
desarrollo sostenible por parte de la Junta de Andalucía se está llevando
a cabo, que es el concepto de negocio sostenible. Sin duda alguna, para
conservar la naturaleza es preciso que los habitantes que están cerca de
ella la utilicen como un recurso económico del cual poder sacar las
habichuelas de cada día. Cuando eso llega a hacerse una realidad, es
indudable que hemos conseguido el principal de nuestros objetivos, que es
mantener ese espacio perfectamente protegido, porque ya no hará falta o
significativamente harán falta menos guardas y menos vigilancia de ese
espacio, porque van a ser las propias gentes que viven alrededor de él,
quienes, sacándole un uso económico, sin duda alguna, van a velar para
que aquello esté perfectamente protegido.
Hay una apreciación muy importante que ha hecho el Consejero en esta
comparecencia, que es la de la unidad ecológica entre dos figuras de
protección actualmente en la comarca: la del Parque Nacional de Doñana y
la del Parque Natural de Doñana. Ya en el dictamen de la Comisión de
expertos se hablaba de que era preciso que hubiese una coordinación
administrativa a la hora de acometer cualquier acción sobre la comarca de
Doñana, y es que existían y existen, aproximadamente, veinticinco
administraciones sectoriales en aquella comarca. Indudablemente, para el
poco impulso local de los agentes locales que actualmente existe, es una
pared, es un muro infranqueable el hecho de que haya que dirigirse a
veinticinco administraciones sectoriales a la hora de realizar cualquier
tipo de proyecto. Por lo tanto, la coordinación administrativa es una de
las cuestiones fundamentales en esta comarca, y tiene que ser una
asignatura que se supere inmediatamente para poder poner así las bases de
ese desarrollo o negocio sostenible tan apetecible en esa región.
Una cuestión que también es de máximo interés es la de los tiempos. En
muchas ocasiones las velocidades no son las mismas y no se conciben los
tiempos de igual manera --me consta que la Junta de Andalucía lleva
trabajando en este tema bastante tiempo y el propio Consejero reconoce
que ha habido una cierta lentitud en la aplicación de los programas. Ello
puede deberse a que quizá en muchas ocasiones se tiene una visión muy
administrativa de lo que es el propio Plan, alejándose de la versión
social o la versión conservadora del mismo, y eso hace, evidentemente,
que los tiempos cambien. A mí me parece que lo fundamental sería que
fuéramos a igual velocidad. La Junta de Andalucía ha dejado el guante
encima de la mesa y la Administración central del Estado, en este caso,
debería recoger ese guante y ponerse a la misma velocidad a trabajar en
esta
comarca. Sin duda alguna, mientras haya una distorsión en esos tiempos,
en esa concepción del tiempo, va a ser difícil que se puedan coordinar
las distintas actuaciones, de las que son responsables cada una de las
Administraciones pero que inciden en un mismo territorio.
Otro de los aspectos fundamentales es la financiación, tema clave del
Plan operativo. Yo estoy muy satisfecho con la aclaración que ha hecho el
Consejero ante esta Comisión porque antes se nos había dicho, incluso,
que el Plan operativo de Doñana se había quedado rebajado a treinta y
tantos mil millones y que se habían perdido veintitantos mil por falta de
gestión, y eso, dicho a la opinión pública y dicho además por quien es la
Presidenta del Patronato de Doñana y al mismo tiempo Ministra de Medio
Ambiente, genera una desconfianza tremenda, primero, entre los habitantes
de la zona --que empiezan a desconfiar alarmantemente de cuáles son los
objetivos de este Plan--, y, segundo, entre la opinión pública en
general, porque parece que el baile de miles de millones sobre esta
comarca es algo que se hace de un día para otro, lo cual no parece
bastante serio. Me gustaría que el Consejero nos aclarara estos temas en
el siguiente turno en el que intervenga.
Otro de los aspectos que interviene clarísimamente a la hora de llevar a
cabo un Plan de desarrollo sostenible es el de la evaluación: hay que
establecer unos criterios de evaluación objetiva sobre cuáles son los
niveles de concreción y de realización del propio Plan. Y digo esto
porque, quizás, en muchas ocasiones el tema del desarrollo de un plan de
este tipo lo consideramos desde las Administraciones Públicas como una
cuestión meramente administrativa, por lo que nuestro balance lo
realizamos en función de los niveles de gasto que se han producido con
referencia a este plan o los niveles de ejecución de los programas que
están incluidos dentro del mismo, sin analizar cuáles son los objetivos
que pretendemos conseguir con esas distintas acciones que están
contempladas en él. A mí me gustaría que, si es posible, se nos hablara
de la evaluación objetiva pensando un poco en cuáles son los puestos de
trabajo que está generando este Plan --no sólo en cantidad, sino también
en calidad--, cuáles son los niveles de formación y cómo evolucionan en
la comarca --aspecto fundamental a la hora de que los habitantes de la
misma sean protagonistas de ese futuro y de ese desarrollo sostenible--
y, asimismo, algo sobre lo que se ha hablado hoy aquí, cuál es el nivel
de realización de las distintas infraestructuras que van a propiciar que,
junto con esa formación, se puedan generar los suficientes puestos de
trabajo y, sobre todo, si parten --como he dicho antes-- de ese impulso
local tan necesario cuando se habla de desarrollo sostenible.
Quisiera que el Consejero analizara cuál es la responsabilidad de la
Administración central del Estado en este Plan. Lo mismo que he dicho
antes que no pueden existir dos velocidades a la hora de la ejecución del
Plan, tampoco puede existir descoordinación. Este Senador que le dirige
la palabra ha preguntado por escrito, desde esta Cámara, en innumerables
ocasiones sobre la ejecución de las distintas acciones competencia del
Estado dentro del Plan de desarrollo sostenible y la verdad es que las
respuestas nunca han sido a satisfacción de este Senador, nunca han sido
suficientes, ya que, incluso, en muchas de ellas ni se tiene información
de qué es el Plan operativo de Doñana, lo cual es bastante significativo.
Por lo tanto, me gustaría que se aclarara cuál es la responsabilidad,
cuantificada --es decir, cuántos millones de pesetas tiene que ejecutar
el Ministerio de Medio Ambiente con referencia a este Plan operativo--, y
cuáles son los niveles de coordinación que existen entre ambas
Administraciones.
Fundamentalmente, estamos ante la primera iniciativa de desarrollo
sostenible --y el señor Consejero lo ha remarcado en varias ocasiones--
nacida del V Programa Comunitario de Medio Ambiente, y esto es, sin duda
alguna, una bandera que el propio Ministerio de Medio Ambiente se ha
puesto desde su creación como uno de los objetivos fundamentales:
traspasar la barrera del desarrollo en sí mismo y llevarlo a la situación
de desarrollo sostenible. Entramos en una contradicción si una vez que
tenemos una primera iniciativa de desarrollo sostenible, consensuada
suficientemente entre las Administraciones Públicas españolas y la
Administración comunitaria, no utilizamos precisamente esta experiencia
como un reto que coloque a la cabeza a la Comunidad Autónoma andaluza, al
Estado central español o al Ministerio de Medio Ambiente y a la comarca
de Doñana, puesto que a nivel nacional tenemos bastante necesidad de que
salga bien; es un reto que tenemos ante la propia Unión Europea, pero por
las repercusiones ecológicas que tiene la comarca de Doñana es un reto
ante el mundo el que este primer Plan de desarrollo sostenible aplicado a
un espacio protegido salga bien. Insisto en que, además, tiene que salir
bien y que si los criterios que se aplican son los que el Consejero
establece como fundamentales para que el Plan siga caminando, todos
deberíamos tomar buena nota de ellos: de la cooperación, de la
información y participación y del impulso local, temas claves para que
este Plan se desarrolle, con independencia de que aplicando este tipo de
criterios --tanto el de cooperación, como el de información y
participación-- haya desacuerdos entre las distintas partes, acuerdos que
habrá que ir resolviendo a través de los distintos mecanismos que ya se
han montado para que esos desajustes se puedan apreciar. Porque,
señorías, en muchas ocasiones desde las Administraciones Públicas se
programa y, como bien dice el Consejero, se desatina a la hora de aplicar
esas acciones porque no están conformes con la capacidad empresarial que
existe en la zona o por cualquier otra circunstancia que incide de alguna
manera para que de nuevo se haga una reprogramación de algunas de estas
acciones. Con independencia de ello, prescindiendo de esa polémica, que
no sería más que casuística en este caso, y dejando a salvo esos niveles
generales, esa cooperación, esa información y participación y ese impulso
local se deben tomar como banderas, sostenibles en este caso,
imprescindibles para el desarrollo del propio Plan.
Quisiera que nos contestara a las cuestiones que aquí hemos planteado y
que se incidiera fundamentalmente en esa coordinación, que entendemos que
tiene que ser vital, con la Administración central del Estado, porque,
según noticias que aparecen en la prensa, de momento el Ministerio
no ha accedido a formar parte de la Fundación Doñana XXI y a estar
presente en la misma, Fundación creada a instancias del propio Gobierno
andaluz, que pretende en cierta medida movilizar ese tejido social tan
necesario y que cuando teorizamos sobre este Plan todos admitimos como
una de las claves del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bella.
Para contestar a estas cuestiones, tiene la palabra el señor Consejero.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Blanco
Romero): Señor Presidente, señoría.
Hacia mención su señoría al tono de otras intervenciones, en general
fácil, que se observan en los medios de comunicación cuando hacen
referencia a Doñana como escándalo, como problema, como conflicto, y
raramente como proyecto común, proyecto solidario, proyecto cooperativo.
Esta es una de las constantes de la lógica política que más daño ha hecho
a Doñana y a su desarrollo económico.
La realidad es terca y la realidad dice que de una superficie protegida
de 34.000 hectáreas estamos en más de 50.000; que esas 50.000 se han
visto ampliadas con otras 50.000 más del Parque Natural --por tanto,
estamos hablando de más de 100.000 hectáreas protegidas con un origen de
34.000-- y sobre la mesa del Patronato hay una ampliación en más de
11.000 hectáreas. Sin embargo, eso no ha acallado a los voceros de la
catástrofe, que un año sí y el otro también han reiterado que Doñana se
muere, Doñana tiene no sé cuántos problemas y algo así como un fin a
fecha fija. Hay demasiado alarmismo en las comunicaciones y en el debate
sobre Doñana porque en el fondo lo que hay es un abuso propagandístico
del nombre de Doñana bien para la propaganda política, bien para el
lucimiento personal, y creo que debiéramos dar más la voz y la palabra
para que opinen y hablen de Doñana precisamente a quienes viven en ese
territorio, a quienes lo sienten, lo padecen, lo disfrutan, a quienes, en
definitiva, han conformado su presente y tienen que definir su futuro.
Hay demasiado despotismo ilustrado, científico, técnico o político desde
fuera de Doñana, desde fuera de la provincia de Huelva, desde fuera de
Andalucía incluso.
El Plan de desarrollo sostenible de Doñana tiene que partir, y parte,
fundamentalmente de los propios recursos naturales de la puesta en valor
de Doñana, como marca, en definitiva, como recurso, y no como limitación,
y tiene que descansar precisamente en la formación y en el capital humano
a través de la formación y de la participación de ese capital humano
mediante la adecuada interlocución social y la mejora de la cualificación
profesional.
En relación con lo anterior, también es verdad que hay un discurso de
Doñana que no quiere ser escuchado, ni servir de revulsivo para Doñana,
ni en la comarca de Doñana. hay lo que podríamos llamar un discurso
urbano de Doñana que está más interesado en hacer propaganda política en
Madrid o en Barcelona, en Londres o en París, que realmente abordar la
sensibilidad de la gente del territorio, intentar transformar su
percepción de la realidad y lograr la suma de esos esfuerzos para la
conservación de Doñana y el desarrollo de su entorno. Es una vez más el
uso y abuso del nombre de Doñana para el discurso político destinado a la
urbe que difícilmente identifica ni el lugar, ni las riquezas, ni la
biodiversidad en la riqueza de Doñana.
Efectivamente, como decía a su señoría, hay que considerar el Plan de
Desarrollo Sostenible de Doñana como un punto de partida, como un modelo
que no solamente va a establecer el futuro del Doñana en el que debe
estar garantizada la conservación y el desarrollo y, en definitiva, la
calidad de vida de los ciudadanos, sino que va a significar un punto de
partida para la administración de los recursos públicos en la Comunidad
Económica Europea y también en este país en el futuro. Por primera vez se
pone en marcha un Plan de Desarrollo Sostenible para un territorio,
financiado con fondos europeos, con el compromiso de la propia Unión
Europea, y digamos, modificando las pautas de inversiones, hasta ahora
canalizadas a través de la Dirección General 16, responsable de las
inversiones. Con este Plan accede a los programas de inversión la
Dirección General 11, en definitiva la responsable de Medio Ambiente, y
empezamos a hacer realidad la teoría de que las políticas
medioambientales son de carácter horizontal y tienen que afectar al
conjunto de las políticas sectoriales y no sólo ser una política
singularmente sectorial que no tiene la percepción, la concepción global.
Este Plan tiene la percepción y la concepción global y, por tanto, es una
primera experiencia práctica de horizontalidad de las políticas
económicas, sociales, culturales, etcétera, para un territorio. El éxito
del Plan significa el éxito del modelo de desarrollo sostenible, el éxito
del modelo de inversión pública, de gestión de los dineros públicos a
través de un modelo coherente con los recursos naturales del territorio y
con las potencialidades de ese territorio.
Doñana debe y puede ser entendido como un recurso y no como una condena,
no solamente por los foráneos, sino por los propios residentes, si somos
capaces de ilusionarlos con ese trabajo común y de utilizar realmente el
nombre de Doñana como palanca de su desarrollo económico.
El Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural forman un todo
homogéneo, en definitiva, una realidad natural única que debe superar la
división administrativa o la calificación. Hay que considerar a un
territorio que partiría de un núcleo de reserva, de una zona de
protección y una tercera zona de desarrollo de actividades compatibles,
pero siempre considerada como un todo. De ahí que, una vez que se apruebe
la ley de parques nacionales en el Congreso de los Diputados y cuando sea
debatida en esta Cámara, es intención del Gobierno de Andalucía la
aprobación de una ley de Doñana, respetando, por supuesto, la ley de
ámbito nacional, en la que se contemple la unidad ambiental de Doñana,
así como la unidad de actuación de las Administraciones, la unidad de
gestión para ese territorio.
Quiero repetir una vez más que el Plan de desarrollo sostenido en el
entorno de Doñana se configura en tres etapas; la primera, ya concluida,
correspondiente a 1993; la segunda, en ejecución, que corresponde hasta
1999 en la
fase de asunción de compromisos, y la tercera fase, que corresponde al
año 2000, todavía a falta de definición de los instrumentos financieros
de la misma.
En relación con la financiación del Plan y la disponibilidad de fondos,
nos ha alarmado en gran medida, y traslado a esta Cámara esa
preocupación, el discurso de las pérdidas de fondos del Plan o, en
definitiva, la posibilidad de que se pierdan recursos de ese plan
argumentándolo en razón de la ejecución del mismo. Si hay dificultades o
retrasos en la ejecución lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra
y sacar los proyectos adelante y no empezar a justificar con el discurso
la intencionalidad de desviar fondos de Doñana a otros territorios o a
otras tareas. Y no es sólo una sospecha, es una confirmación del propio
ministerio de Medio Ambiente por escrito porque cuando le pedimos el
compromiso presupuestario de 1997 y sucesivos en relación con el Plan de
Desarrollo Sostenible, se nos dan: la EDAR y los colectores del Aljarafe,
telemando y telecontrol de seguimiento de los recursos hídricos y la EDAR
y los colectores de Huelva. Eso forma parte de un escrito recibido del
Ministerio de Medio Ambiente cuando se le habían requerido los
compromisos de ese Ministerio en relación con el Plan.
Quiero dejar claro aquí, atendiendo a su requerimiento, que de acuerdo
con las previsiones del Plan, el compromiso del Ministerio de Medio
Ambiente es de 17.000 millones de pesetas destinados fundamentalmente al
agua, es decir, a completar los recursos mediante el trasvase del Chanza
a la mejora de los abastecimientos urbanos que ahora se nutren del
acuífero, a la realización de la depuración de las aguas residuales que
vierten a Doñana y que, por tanto, afectan a su calidad ambiental. De ese
compromiso la única información que tenemos son el compromiso
presupuestario de 1997 que he mencionado: la EDAR, estación de depuración
de aguas residuales de Aljarafe, 86,2 millones; la estación depuradora de
aguas residuales de Aljarafe, módulo segundo, 200 millones de pesetas;
los colectores del Aljarafe, 810 millones de pesetas; los sistemas de
telemando y control, 48 millones de pesetas; la EDAR de Huelva, 1.100
millones de pesetas y los colectores de Huelva, todavía sin consignación,
pero posteriormente se nos ha informado que sería en torno a 500 millones
de pesetas. Con ello se certifica por parte del propio Ministerio que la
inversión en el Plan de Desarrollo Sostenible en el tema del agua, que es
el más importante o el más delicado de Doñana, es aproximadamente 2.000
millones de pesetas, de los cuales, 1.500, estarían destinados a un
territorio que nunca ha formado parte del entorno de Doñana. Por tanto,
se desvían fondos del entorno de Doñana hacia otros territorios y nos
tememos que pudieran desviarse todavía más allá de la Comunidad Autónoma.
Hemos establecido a partir de 1996, en cuanto al sistema de evaluación y
seguimiento del Plan, con la asignación a la Consejería de Medio Ambiente
de las funciones de coordinación, evaluación y seguimiento del Plan, unos
mecanismos en los que partimos de una coordinación interna de los
distintos departamentos de la Junta de Andalucía, que, como he dicho,
afectan a 24 direcciones generales. También hemos establecido una
plataforma de seguimiento y participación en el Plan con los
ayuntamientos y otra con los empresarios y los sindicatos.
La mejor forma de seguimiento y evaluación del Plan es que no se realicen
sólo desde la óptica de los cuadros macroeconómicos y financieros, de los
departamentos administrativos de Economía y Hacienda o, incluso, desde la
óptica puramente administrativa que pueda realizar la Consejería de Medio
Ambiente y los demás departamentos. El mejor sistema de evaluación y
seguimiento del Plan es la implicación en el seguimiento y en su
ejecución de los agentes económicos y sociales y de los ciudadanos,
porque no puede haber un modelo de desarrollo sostenible que descanse
sólo en la realización de actuaciones públicas, ya sean infraestructuras,
equipamientos o servicios. Es absolutamente imprescindible, para la
realización de un modelo de desarrollo sostenible, la implicación de los
agentes económicos y sociales, de los empresarios, de los sindicatos, de
los sectores culturales, de los educadores, etcétera.
Ese es, en definitiva, el modelo de desarrollo que estamos implantando en
Doñana, desde el convencimiento de que emana de todas las teorías
medioambientales que hoy se manejan, de todos los problemas
medioambientales a los que tenemos que hacer frente y, sobre todo, desde
el convencimiento de que no hay nada escrito, nada establecido, ninguna
receta mágica que fije cuáles deben ser las características de un modelo
de desarrollo sostenible, sino que ese modelo tiene que asentarse sobre
principios de máxima información, máxima transparencia, máxima
implicación de los agentes económicos y sociales y, en consecuencia,
también sobre una máxima cooperación y coordinación de las
Administraciones implicadas. Ese es el mecanismo de seguimiento que hemos
puesto en marcha, y esperamos que en un plazo razonablemente breve,
posiblemente a final de este año, puedan ya verse los primeros resultados
positivos.
Finalmente, quiero informar sobre la Fundación Doñana XXI, que quiere ser
una plataforma en la que se integren todos los interlocutores y agentes
implicados en el Plan, fuera de la rigidez de la legislación y del
procedimiento administrativo y en el marco de cooperación para el fomento
y el desarrollo. En esta Fundación está prevista la participación de
todas las Administraciones, desde la Unión Europea, pasando por la
Administración central, la autonómica y la local, hasta los agentes
económicos y sociales y otras entidades, es decir, empresarios,
sindicatos, instituciones como las Cajas de Ahorro, etcétera.
Hemos invitado al Ministerio de Medio Ambiente a participar en esa
Fundación, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con dos
representantes, sin que se haya contestado a esa invitación en ningún
sentido. Verbalmente existió en un principio el compromiso de la
participación, se fijaron incluso unos requisitos aceptados por el
Ministerio, pero con posterioridad esa participación no se ha hecho
efectiva, y sería muy importante que así fuera.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy las gracias, en mi nombre y en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, por la asistencia del señor Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, y manifiesto al mismo tiempo que es una satisfacción
ver que se ha creado un precedente en la Cámara al solicitar la
comparecencia de Consejeros de Comunidades Autónomas. Yo no sé si esto va
por el camino de ampliar el carácter territorial que tiene que tener esta
Cámara o por lo que, en definitiva, yo creo que no es más que un
instrumento de propaganda.
Quiero pedir disculpas a la Mesa y al señor Consejero por no haber podido
estar presente durante toda la exposición previa que ha hecho en su
comparecencia porque otras responsabilidades en la Cámara me han hecho
ausentarme. Lamento si me he perdido algo importante de su intervención y
pido disculpas por si planteo alguna cuestión que usted ya ha tratado en
ella.
Cuando leí la comparecencia, temí que, en definitiva, no se solicitaba en
realidad, aun cuando así se ha dicho, que se tomara conciencia de lo
importante que es para la comarca de Doñana, para Huelva, el plan
operativo o Plan de Desarrollo Sostenible, como quiera que se le llame,
sino que, como hemos visto, obedeciera más bien a la intención
--permítame, señor Consejero, que se lo diga-- de increpar una vez más a
la Administración central sobre un plan que ha sido presentado en
Andalucía y en Huelva al menos una docena de veces. Para conocimiento de
aquellos que no conozcan la comarca de Doñana o no estén debidamente
familiarizados con el Plan de Desarrollo Sostenible, tengo que decirles
que como consecuencia de ese estudio que encargó precisamente el
Presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves, se acometió el Plan de
Desarrollo Sostenible, allá por el año 1992, y estamos en 1997. Se han
hecho todo tipo de promesas y se han creado todo tipo de esperanzas e
ilusiones sobre este tema.
Lo cierto y verdad es que, estando de acuerdo en algunas de las
cuestiones que el señor Consejero ha expuesto, tengo que decir que ese
Plan está prácticamente paralizado. Yo no sé si de esta comparecencia y
de lo que de ella pueda resultar mañana en la prensa se pueden volver a
movilizar las esperanzas de lo que el Senador Bella ha calificado como el
ecosistema social del entorno. Yo creo que ésta es una cuestión muy
manida en la que prácticamente nadie tiene ya mucha esperanza.
Es cierto que Doñana ha tenido, y tiene, problemas importantes, y también
coincido en que es necesario que se aúnen todos los esfuerzos de las
Administraciones públicas, incluso de los privados, tanto de agentes
sociales como económicos, sindicatos, etcétera, como bien se ha dicho
aquí.
La pregunta que yo planteo, después de escuchar atentamente durante el
tiempo en que he estado presente --y pido nuevamente disculpas por mi
ausencia--, es si el Plan de Desarrollo Sostenible del año 1992-1993 se
está ejecutando a satisfacción o no; si la Junta de Andalucía ha
presupuestado o no los compromisos que había adquirido en esa materia y
si los gobiernos anteriores, igual que éste, vienen o no vienen
presupuestando las acciones que, sin duda, deben desarrollarse en el
entorno de Doñana. Por eso, probablemente, cuando se hace este tipo de
alusiones es característico decir que sobre Doñana siempre hay un
discurso malévolo, pero son otros los que han dicho que, desde que la
Ministra de Medio Ambiente es Presidenta del Patronato, es la ruina del
entorno; eso se ha dicho precisamente en una reunión que hubo en Almonte
con alcaldes de zonas que tienen competencia o interés sobre parques
nacionales.
Es verdad que Doñana siempre ha sido motivo de conflicto; es verdad que
Doñana siempre ha sido motivo de discusión y --por qué no decirlo--,
también, de enfrentamiento; y es verdad también que ha sido con otras
Administraciones, señor Consejero, donde ha habido una invasión de
ganaderos de Doñana, donde ha habido fuego incontrolado, donde ha habido
robos y otro tipo de antecedentes.
Por lo tanto, decir ahora que parece que es en este mismo momento cuando
se vislumbre la solución del entorno de Doñana con ese Plan de Desarrollo
Sostenible, y que el Ministerio de Medio Ambiente no dedica las partidas
presupuestarias necesarias para que esto se lleve a cabo, cuando menos
tendrá usted que convenir comigo en que o no obedece a la realidad o que
tiene cierta componente de frivolidad. La verdad es que --yo que vivo
allí--, señor Consejero, del Plan de Desarrollo Sostenible se ha escrito
mucho, se ha dicho, se ha dicho mucho más y se ha incumplido todo.
Esta comparecencia de mayor gloria y boato, me parece a mí que debíamos
de haberla encaminado, precisamente, dentro de otros parámetros que, en
definitiva, sean los que sí puedan dar satisfacción al desarrollo de ese
ecosistema social --me ha gustado el término-- que, sin duda, están
esperando los ciudadanos del entorno. Aquello no tiene más salida que
ponerse a trabajar en ello.
Decir que la Administración Central es quien provoca todos los
enfrentamientos, que la Administración Central es quien no ha resuelto
nada en este año y que todo lo bueno proviene de lo que se ha estado
haciendo por parte de otras Administraciones públicas también es falso.
Sin duda, todos tendremos que entonar el «mea culpa» --unos con más culpa
que otros-- y saber si efectivamente éste es un problema político que
requiere de una voluntad de ejecución y de llevarlo hacia adelante o, por
el contrario, sigue siendo un motivo de excusa política para intentar
mantener esperanzas y futuros que desgraciadamente no llegan.
Señor Consejero, tengo poco que añadir a lo que he dicho puesto que lo
único que efectivamente parece que se ve en este tema es lo que ya he
pronunciado anteriormente. Usted ha dicho que hay cinco dificultades para
poner en funcionamiento esto: que hay una lenta gestión, que la
especificidad medioambiental de Doñana también --y estoy de acuerdo con
usted-- obliga a tener una atención especial. De los proyectos
presupuestarios y la financiación
--sin duda los Fondos comunitarios también lo son-- ha citado usted dos:
uno, la movilización de la iniciativa privada en este sentido y, otro, el
déficit de información y participación de los entes locales que, de
alguna manera por su cercanía o por sus intereses, debían de haber
actuado.
Me gustaría que, si es posible, ampliara usted más en qué consiste esto y
si esa falta tanto de los entes locales, como de promoción privada --por
decirlo de alguna manera-- son por negligencia --diría yo-- o dejadez o
bien si no han respondido a los estímulos que la Junta de Andalucía con
sus competencias haya podido exponerles, tanto a los entes locales como a
la promoción privada, en este sentido y como consecuencia de ello no
hayan actuado de una manera responsable.
Cabría también, señor Consejero, preguntarse, en definitiva, cuál es la
responsabilidad, que sin ninguna duda deberá ser compartida, pero es
necesario que en esta materia no hagamos alardes políticos, sino que sea
una posición de autocrítica: decir qué ha posibilitado estos retrasos que
se han venido dando y por qué ahora en estos momentos se rescata este
tema como novedoso y vuelve otra vez a la sociedad como elemento de
desarrollo que va a solucionar todos los problemas que tiene planteado el
entorno de Doñana.
Yo quería decirle, señor Consejero, que no es verdad que la
Administración central no haya actuado en el tema fundamentalmente de la
regeneración hídrica, que, como usted bien sabe, es uno de los problemas
que más han afectado al Parque en estos años. Solamente el grupo del Plan
Rector de Uso y Gestión que, como usted sabe es ponente el Secretario
General de Medio Ambiente y que también es andaluz, se ha reunido ya en
cinco ocasiones y ha celebrado esas reuniones en los pueblos del entorno,
invitando --precisamente a eso que nosotros estamos comentando aquí-- a
sus sesiones a sectores sociales, tales como agricultores, ganaderos,
representantes de la Hermandad del Rocío, sociedades de ecoturismo,
etcétera. En la actualidad, ese borrador del Plan rector se encuentra ya
avanzado y está en fase terminal. En relación a ello se han aprobado tres
proyectos fundamentales que, si me permite el señor Presidente, con mucha
brevedad voy a pasar a relatar. El primero, como bien conocerá el Senador
Bella el denominado Plan Picrha, pretende recuperar la cuenca del arroyo
del Partido, iniciándose por el arroyo del Ajolí, cuyo cauce ha sido
alterado gravemente por las grandes avenidas de estos dos años de
intensas lluvias, que al encontrar erosionados los márgenes del arroyo
han arrastrado grandes cantidades de arena cifradas en cientos de
toneladas las ya introducidas en la marisma, uno de los ecosistemas más
importantes y frágiles de Doñana.
Este proyecto va a requerir de una importante inversión y la restauración
del arroyo, de su cauce y márgenes con programas de reforestación, de
recuperación del cauce tradicional, volverle a dar una forma meandriforme
para frenar las avenidas y en fase posterior empezar a eliminar arena del
interior del parque. También en fechas anteriores se inició una mínima
recuperación del Ajolí en las cercanías del Rocío tendente a eliminar
arena del cauce y limpiarlo para facilitar el paso de las Hermandades.
Otro gran proyecto es la regeneración hídrica norte para recuperar los
aportes hídricos que tradicionalmente aportaba el río Guadiana por el
norte del Parque Nacional y que en décadas pasadas fue desviado, lo que
conllevó, como usted bien sabe, una importante pérdida y alteración para
las marismas de Doñana.
El tercer proyecto aprobado consiste en recuperar el Caño Guadiamar
limítrofe con el norte del actual Parque Nacional, devolverle el perfil
original a sus márgenes y a su cauce, reforestarlo y recuperarlo como
hábitat de gran importancia para la avifauna, además de permitir que
introduzca agua en Doñana por la parte norte.
Es necesario --permítame-- destacar que la actual regeneración hídrica
era un proyecto del Patronato que se encontraba realizado desde hace
años, concretamente desde la Presidencia del que fue Presidente del
Patronato don Alfonso Guerra --el primer Presidente del Patronato desde
que el Partido Socialista llegó al poder en 1982--, y que lamentablemente
no solamente él, sino ninguno de los posteriores Presidentes, ni el señor
Azcárate ni el señor Barón, ni el señor Romero, se atrevieron ni pudieron
acometerlo. Por eso quiero decirle, señor Consejero, que este tema es
difícil, como usted bien sabe, es un tema espinoso, que requiere que no
lo utilicemos políticamente unos contra otros, porque la verdad es que en
este tema yo creo que la gestión del Partido Socialista, que ha estado en
el Gobierno de la nación, y la Junta de Andalucía no resistirían un
análisis no sólo riguroso, sino serio. Y no lo resistiría, no porque lo
diga yo así, simplemente, o porque pueda estar en contra de ello o porque
tenga que realizar una labor de oposición en este momento hacia el
Gobierno de la Junta de Andalucía, sino porque ese análisis no lo
resisten los propios ciudadanos del entorno, que ven que se les va
pasando el tiempo, que ven que su capacidad va siendo menor y que ven
también que lo que tanto se ha cacareado y tanto se les ha prometido
nunca les ha llegado.
Y conste que a mí me parece bien que se venga aquí a decir que entre
todos vamos a acometer el Plan de Desarrollo Sostenible, pero que se
vuelva otra vez a intentar vender ese Plan basándose en que ahora sí se
puede llevar a cabo o en que antes no pudo ser, es decir, volviendo a
crear esperanzas e ilusiones entre la ciudadanía, eso me parece algo
terrible.
En cualquier caso, señor Consejero, le brindo en este acto la
colaboración del Grupo Parlamentario Popular y, desde luego, nuestro
acercamiento a la Administración central para colaborar en todo lo que
sea posible ayudando así a que, efectivamente, el entorno de Doñana, la
comarca de Doñana deje de ser permanentemente un elemento de desventura o
de agresión al Parque. Deseamos que los pueblos del entorno de Doñana
puedan seguir viviendo como lo hicieron durante siglos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Esteban.
Tiene la palabra el señor Consejero.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Blanco
Romero): Señor
Presidente, señorías, en relación con el precedente establecido en esta
Cámara para que puedan tener lugar comparecencias como la de hoy, ya he
dicho al principio que agradezco esta oportunidad que se me ha brindado
para comparecer hoy aquí.
Por otra parte, dado que el Parque de Doñana y su entorno es un asunto,
no ya de interés del Estado español, sino de interés mundial, considero
que, efectivamente, por sí mismo éste es un motivo más que suficiente por
su gran importancia como para que comparezca ante sus señorías este
Consejero para que esta Cámara pueda tratar, debatir y estudiar esta
cuestión, pero no sólo en razón de su potenciación como Cámara de
representación territorial, es decir, de interlocución con las diferentes
Comunidades Autónomas, sino por tratarse además de un tema relativo a un
ecosistema de interés nacional e internacional y no sólo de interés para
nuestras Autonomías, ya que hay que partir del hecho de que estamos
hablando de un Parque Nacional declarado Reserva de la Biosfera y
Patrimonio de la Humanidad.
En resumen, puede decirse que todo esto constituye suficiente carta
credencial como para que merezca la atención y la consideración de esta
Cámara.
Su señoría ha dicho que temía que esta comparecencia pudiera utilizarse
para increpar a la Administración central. Señoría, no creo que yo haya
hecho eso. Yo me he limitado a señalar tan solo que algunos han hecho el
discurso de la pérdida de recursos del Plan cuando ellos mismos no
consignaban en los presupuestos los compromisos contraídos y cuando lo
que querían en realidad era contabilizar como inversión del Plan
inversiones concretas que realizaban en otros territorios. Es decir, que
lo que yo he señalado en realidad era tan solo la preocupación de que el
discurso sobre la pérdida de recursos no llegara a ser el antecedente de
una pérdida real de esos recursos. Eso es tan solo lo que yo he querido
hacer y no otra cosa. Por otra parte, creo que es justo señalar que la
tentación de una posible desviación de esos recursos a otras zonas no es
una tentación exclusiva del Ministerio, aunque sí es algo exclusivo del
Ministerio el discurso de la pérdida de fondos. No sé si eso significará
en realidad una preparación de los acontecimientos reales que puedan
ocurrir después, pero por mi parte lamentaría que así fuera y rogaría que
no se produjera esa circunstancia lamentable en mi opinión.
Habla también su señoría del afán propagandístico, de la intención
propagandística que, en su opinión, ha hecho que el Plan se haya
presentado hasta en doce ocasiones. Señoría, creo que uno de los graves
problemas y defectos del Plan ha sido precisamente su carácter
restringido, es decir, la escasa información de que han dispuesto la
gente de la zona y los visitantes. Tenga su señoría en consideración que
el Plan contempla más de 150 millones de pesetas para información,
participación y divulgación, y que prácticamente esos recursos están
todavía sin gastar.
Por tanto, no se alarme porque el Plan se haya presentado doce veces.
Alármese porque no se le haya dado a conocer suficientemente a los
ciudadanos; alármese porque no hayamos conseguido a través de esa
información que, repito, no se nos ha dado, la participación de los
ciudadanos, el compromiso de los agentes económicos y sociales ni, en
definitiva, la configuración de un modelo de desarrollo sostenible que,
insisto, no se puede lograr solamente a través de la actuación de las
Administraciones puesto que requiere de una movilización social y
económica de los ciudadanos.
Señoría, detecto en su intervención un cierto tono de desilusión --que
por otra parte le agradezco en un sentido-- y hasta de desgana ya que
parece que su señoría da por concluido el Plan cuando ni siquiera hemos
llegado aún a la mitad de su ejecución y cuando tenemos todavía recursos
muy importantes para invertir e importantes transformaciones que
realizar.
Quiero decirle que solamente en el último año han tenido lugar más de 35
reuniones de coordinación en relación con el Plan convocadas por esta
Consejería, y es que lo que pretendemos es precisamente sacar el Plan de
los ámbitos exclusivamente administrativos, científicos o técnicos, es
decir, del ámbito de los expertos, que puede decirse han concluido su
tarea, incorporando ya dicho Plan a los ayuntamientos, a los empresarios,
a los sindicatos, a los interlocutores culturales, sociales, etcétera, y
especialmente a la comunidad educativa y a todos aquellos sectores
sociales o culturales que puedan hacer una contribución importante.
Estamos hablando de un modelo de desarrollo sostenible que no es
solamente una carretera, un hospital, un colegio o un sistema de regadío.
Estamos hablando de un modelo de desarrollo que significa un modelo de
vida, un modelo social, cultural, de relaciones y de desarrollo.
Sin ir más lejos, quisiera decirles que el próximo miércoles tendremos
una reunión a la que acudirán representantes de muchos sectores para
tratar de la construcción de equipamientos de uso público. Concretamente
vamos a tratar el tema de la construcción de un museo de cetáceos en el
Parque. Como saben sus señorías, en las playas de Doñana aparecen con
frecuencia ballenas, cachalotes o delfines, animales que constituyen unos
importantes recursos para el futuro museo de cetáceos que seguramente
resultará atractivo para los visitantes y contribuirá al desarrollo
turístico de la zona.
Su señoría ha hecho una comparación entre los Gobiernos anteriores y el
actual. Evidentemente, el corto espacio de tiempo transcurrido no permite
el mismo nivel de exigencia y de responsabilidad a este Gobierno, pero sí
quiero señalar que lo que su señoría ha destacado como aspecto negativo
al referirse al conflicto con los ganaderos o a esos robos --cosa que no
ha terminado del todo puesto que difícilmente puede acabarse ya que
siempre existirá una fricción dialéctica--, precisamente eso que ha
señalado como negativo es quizá uno de los aspectos más positivos. Es
decir, aquella crispación con que se abordó la gestión socialista en el
Parque hoy podemos decir que ha dejado de ser una realidad, y si no se ha
superado al cien por cien, sí se ha canalizado bastante ya, con lo cual,
hace tiempo que no se asiste a situaciones conflictivas como aquéllas.
Por tanto, el análisis que hacemos de la ejecución del Plan no es
triunfalista ni significa que nos miremos el ombligo. Al contrario, hemos
señalado las dificultades, los
problemas planteados y las exigencias de futuro, y hemos reiterado la
coordinación y la cooperación entre las Administraciones. (El señor
Vicepresidente, Sanz Blanco, ocupa la Presidencia.)
Y quiero recordarle a su señoría que mientras que algunos han llevado al
Gobierno de Andalucía a los tribunales, otros, concretamente el Gobierno
de Andalucía, con informes jurídicos propios y ajenos, es decir, algunos
de ellos del Ministerio, se ha abstenido de hacer eso mismo cuando en
realidad esos informes recomendaban que así se hiciera.
Por tanto, en cuanto a la crispación o a los elementos de confrontación
se refiere y de lo que se ha hablado aquí, en unos hay más
responsabilidad que en otros. Un elemento de crispación, por ejemplo, la
judicialización del debate, no es responsabilidad del Gobierno de
Andalucía aunque si lo es de otros y su señoría habla de frivolidad en
los comportamientos en relación con el Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana. En este sentido me gustaría que calificara la presencia del
Partido Popular --junto con Izquierda Unida y algún grupo ecologista-- en
la plataforma «Salvemos Doñana», porque podríamos preguntarnos que de
quién quiere salvar Doñana. Se supone que del propio Ministerio
responsable de su gestión, puesto que hasta que no se apruebe la ley la
responsabilidad de la gestión del Parque descansa en la Administración
central y en el Ministerio de Medio Ambiente. No entendemos, pues, cómo
el Partido que sustenta al Gobierno forma parte de una plataforma --como
digo, junto con Izquierda Unida, que repite esas posiciones en otros
temas-- que tiene precisamente el eslogan «Salvemos Doñana». Insisto,
pues, en que habría que preguntarse si se pretende salvar Doñana del
propio Ministerio o del Gobierno.
Por otro lado, no hemos querido dar ningún tipo de excusa en lo que a la
ejecución del Plan se refiere. Aunque hemos hecho una valoración global
positiva y entendemos que es posible cumplir las previsiones, también
hemos señalado todos lo problemas con que nos hemos encontrado en nuestra
evaluación.
Su señoría se ha referido a actuaciones no previstas en el Plan de
Desarrollo Sostenible, como la relativa a la regeneración hídrica de
Doñana. Hay que tener en cuenta que ésta es una medida de conservación,
no de fomento económico; es decir, no se dirige a destinar cultivos a
riego, o a mejorar los abastecimientos, sino a conseguir que Doñana, como
ecosistema, reciba agua suficiente para su preservación natural. En este
sentido, quiero recordar que dicha medida forma parte de un proyecto por
el cual la Administración anterior efectuó una inversión superior a los
5.500 millones de pesetas. Y aunque no ha dado los resultados esperados,
no se puede afirmar que el Gobierno actual es el único que está llevando
a cabo una inversión --que todavía no ha hecho, pero hará--, porque
estamos trabajando conjuntamente para llevar eso a efecto. Por tanto,
aplaudimos y valoramos esa medida, pero insisto en que no es justo
olvidar que ya ha existido una inversión superior a los 5.000 millones de
pesetas, aunque, como digo, no haya dado los resultados esperados.
Por otra parte, los proyectos aprobados lo han sido en el grupo de agua y
por la comisión permanente del Patronato. Por tanto, deben pasar por el
pleno y seguir la tramitación administrativa correspondiente, como se
exige para cualquier actuación relativa o no a Doñana. La aprobación por
el Patronato no significa, pues, que se puedan sortear los procedimientos
administrativos y, por consiguiente, habrá que proceder a la evaluación
del impacto ambiental de dichos proyectos.
En este caso estamos hablando de conocer, una vez llevada a cabo esta
actuación, el comportamiento del cauce público --en un tramo que creo
recordar que es de un kilómetro-- en el arroyo del Partido en relación
con su estado actual, que, como su señoría sabe, en muy malo. Como saben,
en dos años hemos asistido a la desaparición de 800 hectáreas de marismas
debido a las inundaciones y arrastres de arenas. Por tanto, se ha
aprobado el proyecto para la actuación en arroyo del Partido en ese
tramo, así como para la regeneración hídrica a través del Caño de
Guadiamar y del desmontaje del muro de la FAO, lo que permitiría que los
caudales volvieran a entrar en Doñana. Este proyecto también viene a
corregir actuaciones anteriores.
No existe una certeza definitiva sobre el resultado de estos proyectos,
lo que ha llevado a la Estación Biológica, especialmente, y a los
científicos e investigadores a plantear con la máxima reserva y prudencia
estas actuaciones, sin que podamos decir que se trate de soluciones
definitivas. En cualquier caso, vuelvo a insistir en que aplaudimos esos
proyectos y estamos trabajando conjuntamente para sacarlos adelante.
Pero, como digo, ninguno de ellos está contemplado en las previsiones
financieras del Plan de Desarrollo Sostenible. Por tanto, aunque hay que
acometer esas actuaciones, no se van a financiar con ese Plan por no
estar previstas en esos momentos.
Agradezco que su señoría solicite la corresponsabilidad y cooperación de
todas las Administraciones, puesto que ésa es nuestra intención y
motivación. Dicha cooperación es la base para que el compromiso de los
agentes económicos y sociales sea una realidad, porque, en un marco de
confrontación de las Administraciones, difícilmente va a ser posible la
movilización de dichos agentes. En este sentido, aunque la falta de
movilización y de compromiso actual es fruto, en primer lugar, de los
errores que se hayan cometido en la ejecución del Plan, también lo es,
sobre todo, de una realidad histórica y social. Piénsese que estamos
hablando de un medio rural, y en éste no existe tradición empresarial, no
hay una clase empresarial con agilidad en la inversión, preocupada por la
innovación, la mejora, la incorporación a los circuitos comerciales
modernos, etcétera. Como saben, la movilización económica y social en el
mundo rural es más difícil y compleja.
Como he dicho antes, también se ha producido un cierto despotismo
ilustrado, en el sentido de elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible
desde la atalaya de los científicos y expertos --ya sea de la Comisión,
europeos, o internacionales--, con una carencia en lo que se refiere a la
creación de mecanismos de participación, vehículos de compromiso de los
agentes económicos y sociales. Eso es lo que se pretende resolver con la
Fundación Doñana XXI y las plataformas creadas por la Consejería de Medio
Ambiente.
Para finalizar, insisto en lo que he dicho antes: quizá por una excesiva
sensibilidad por mi parte, he creído percibir de sus palabras que da el
Plan por concluido, o lo considera un Plan fallido. Espero que haya sido
sólo una interpretación de quien les habla y no la posición del Partido
que su señoría representa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor Consejero.
A continuación, abrimos un turno de Senadores.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Bella.
El señor BELLA GALAN: Gracias, señor Presidente.
Sin duda, es difícil analizar el tema de Doñana desde un punto de vista
sectorial. Cuando el Grupo Socialista solicitó la comparecencia del
Consejero de Medio Ambiente en esta Comisión, su intención no era sino
analizar el plan operativo de la comarca de Doñana y hacer un balance de
su gestión, es decir, conocer su situación y las dificultades que
actualmente existen. Pero, como ocurre casi siempre, el tema de Doñana se
expande como una mancha de aceite, y al final se acaba hablando de lo
divino y lo humano y no de lo que realmente quisiéramos.
Creo que en el debate sobre Doñana no habría que utilizar una serie de
palabras. Algunas de ellas...
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Perdón, señoría.
Estamos en un turno de intervención de Senadores, no de portavoces. Por
tanto, le ruego que sólo formule preguntas muy concretas y breves.
El señor BELLA GALAN: Sí, señor Presidente.
Pretendo justificar las preguntas que voy a formular. De ahí el
preámbulo.
Como decía, habría que desechar algunos términos de cualquier debate
relativo a un espacio protegido --y más aún en este caso--, como
«frivolidad» o «esperanza», porque se plantean objetivos y proyectos
importantes, pero con el paso del tiempo --sea éste más o menos-- vemos
que no se cumplen, y creo que su cumplimiento sería una condición
fundamental a la hora de desarrollar un programa operativo.
Antes de solicitar la comparecencia del Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, responsable --en la parte que corresponde a la
Junta-- de llevar a cabo el plan operativo, el Grupo Socialista pidió la
comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente para que informara sobre
Doñana, y se nos indicó cuál era su actuación con relación a dicho plan
operativo.
Creo que es importante no dejar pasar por alto una serie de cuestiones.
Por ejemplo, si algunas informaciones no se complementan, alguien puede
interpretar algo distinto de lo que realmente se está queriendo decir. En
este sentido, es cierto que el grupo de relaciones con el entorno del
Parque Nacional se ha reunido cinco veces, pero eso es lo que tiene que
hacer: reunirse. Por tanto, no vayamos a pensar que la buena gestión
radica en reunirse. Creo que en el desarrollo del plan operativo inciden
en gran medida --y me gustaría que el señor Consejero así lo expresara--
sus conclusiones. Pero éstas se han presentado posteriormente como
responsabilidad de ese grupo, y en absoluto lo son; al menos, de muchos
de sus componentes.
Me gustará conocer la actitud con la que cada uno actúa en Doñana,
cuestión que ya hemos planteado. Así, por ejemplo, la mayoría de las
medidas que se han aprobado por unanimidad en el Patronato de Doñana
tuvieron lugar, precisamente, cuando usted, señor Consejero, ejercía de
Presidente --lo cual es muy significativo--; entre otras, el plan de
objetivos para este año; la regeneración hídrica de la marisma y la
acometida de parte de las obras del arroyo del Partido.
Sin entrar en más preámbulos paso directamente a formular los temas y las
preguntas que considero importantes.
Señor Consejero, ¿usted considera que Doñana necesita tranquilidad para
que se pueda ejercitar ese plan operativo o, por el contrario, que
necesita lobos, caperucitas, visitas secretas, incertidumbres o incluso
viajes en patera? Aquí se ha nombrado a anteriores Presidentes del
Patronato de Doñana, al señor Alfonso Guerra, al señor Barón, al señor
Romero, ¿qué hubiera sido de ellos si se les hubiera ocurrido darse un
paseo por las marismas de Doñana montados en una patera?
Por otra parte, a mí me parece que Doñana --también se lo cuestiono-- no
puede ser en absoluto una arma arrojadiza contra el Gobierno Socialista
de la Junta de Andalucía. Voy a hacer una comparación. En Picos de
Europa, en Asturias, hay un gran problema con las cacerías, pero hay un
Gobierno del Partido Popular. En Castilla y León también hay un gran
problema con la carretera de Bulnes, que se quiere hacer en el interior
del Parque Nacional Picos de Europa, y en la zona de Cantabria también
hay una gran preocupación porque se está haciendo un tratamiento de la
rata norteña a base de insecticidas dentro de un parque nacional.
Coincide que las tres Comunidades Autónomas están gobernadas por el
Partido Popular. No he escuchado, salvo mínimas declaraciones, hablar de
este tema; sin embargo, Doñana, un espacio protegido consolidado, que no
sólo ha tenido el reconocimiento nacional, sino que es Reserva de la
Biosfera, que es Patrimonio de la Humanidad, título que, por cierto, no
lo otorga ni el Gobierno español ni la Comunidad Autónoma, sino
organismos internacionales, permanentemente está siendo objeto o arma
arrojadiza contra el Gobierno Socialista.
Creo que Doñana no puede seguir siendo un escaparate --también me
gustaría que lo aclarara--, donde se aparezca exclusivamente para hacer
fotos porque quizás, en ese plan operativo habría que incluir una gran
acción que propiciara que los habitantes del entorno se convirtieran en
fotógrafos, que creo que sería una profesión de futuro para ellos si la
cuestión siguiera así.
Lo que me parece más importante es que existe una cierta esquizofrenia
sobre el tema de Doñana. En esta Cámara y en los medios de comunicación
he escuchado decir a la Ministra que Doñana es un desastre y, al mismo
tiempo, he podido contemplar cómo el Presidente del Gobierno utiliza a
Doñana como tarjeta de presentación internacional.
En un intento de comparación, que ustedes me van a permitir, me parece
una cierta esquizofrenia que por parte de un Ministro se diga que Doñana
está mal y que el Presidente del Gobierno la utilice como tarjeta de
presentación internacional. Aquí hay algo que no funciona bien o, como ya
he dicho, una cierta esquizofrenia que impide en gran parte esa
concepción que debemos de tener de Doñana.
También me gustaría que respondiera a otra cuestión. ¿Cómo se permite que
en el Patronato de Doñana se haga una auditoría y no se haga en el resto
de los parques nacionales? ¿Qué intención puede tener eso?
A mí me parece fundamental su contribución hoy a que en esta Cámara se
hayan utilizado palabras como cooperación, información y participación,
impulso e inquietud local y reto. Yo creo que son las palabras que
realmente deben de prevalecer en el debate de Doñana y no otras. Si no es
así, señor Consejero, ¿usted cree que el Plan Operativo de Doñana podría
llegar a ser eficaz, en el sentido de que dentro de cinco, seis o siete
años los habitantes de la comarca de Doñana pudieran ser los auténticos
protagonistas de ese desarrollo sostenible que, en definitiva, es lo que
persigue este Plan?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bella
Galán.
Tiene la palabra el Senador Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias.
Voy a justificar también las cuestiones que voy a plantear
posteriormente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Voy a intentar ser más claro, aunque sin variar el tono que he empleado
anteriormente, ya que sólo me cabría hablar un poco más alto.
Lo que yo he puesto de relieve sobre la mesa es que el Plan de Desarrollo
Sostenible, al que se ha hecho referencia, no es en ningún caso una
novedad, se lleva gestando durante mucho tiempo, se ha vendido muchísimas
veces y que, prácticamente, está paralizado.
Señor Consejero, yo ni soy optimista ni pesimista respecto a este tema.
Usted dice que se han celebrado 35 reuniones de coordinación; que hay
dinero para información, etcétera. Pero el problema es cuándo se van a
empezar a realizar las gestiones. Querer echar la culpa a la nueva
Administración del Partido Popular, que lleva un año al frente de este
tema, no solamente sería poco serio, sino que sería frívolo. No he dicho
que Doñana y lo que rodea a Doñana sea frívolo, sino que he dicho que el
utilizar eso en contra del Partido Popular --si ésa es la intención--
sería poco serio y, desde luego, frívolo. Me mantengo en esa tesitura.
Yo quiero comentar que efectivamente es un tema que siempre será objeto
de discusión porque hay distintas visiones sobre las cosas y yo creo,
señor Consejero, que hacen mal en no acudir a los tribunales cuando lo
crean conveniente. Por cierto, según tengo entendido tienen recurrido el
nombramiento de la Presidenta, la Ministra de Medio Ambiente. El que
nosotros hayamos ido a los tribunales, que es a lo que usted se refiere y
es por lo que, en definitiva, se ha creado una organización llamada
«Salvemos Doñana», es debido, como usted sabe, a la modificación del Plan
Director Territorial de Coordinación de Doñana --algo habrá que decir
desde los pueblos del entorno--, aprobado por la Junta de Andalucía, con
el único propósito de eliminar de su ámbito de actuación --como sabe muy
bien-- el término de Sanlúcar de Barrameda y con ello posibilitar la
urbanización promovida por un famoso aristócrata europeo, el príncipe de
Hohenhole. Esa actuación es la que ha provocado que vuelva a actuar otra
vez esa asociación, esa coordinadora, que se llama «Salvemos Doñana». ¿Se
acuerda usted cuando actuó anteriormente? Cuando salió el tema de Costa
Doñana. Las dos veces ha luchado esa coordinadora por lo que consideran
conveniente. Si usted cree que es ilegítimo que el Partido Popular pueda
estar en esa situación, intentando sus miembros defender sus posiciones
aun cuando haya en ella miembros de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no hace más que, desde mi punto de vista, demostrar que hay
algunas visiones muy sesgadas sobre este tema.
Pero el problema es el PDTC, no el que salga la coordinadora, la cual no
sale espontáneamente por nada, sino como consecuencia de una modificación
del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana, suprimiéndose de
su ámbito de actuación a Sanlúcar de Barrameda. Eso sí que ha preocupado.
Además se incluyen en la influencia del Plan a localidades cercanas al
entorno de Doñana, pero en la provincia de Huelva. Eso sí que me
preocupa, como onubense y como persona que, sin duda, cree que ese
proyecto urbanístico puede dañar a Doñana.
Señor Consejero, anteriormente le planteé dos cuestiones. En primer
lugar, por qué cree que la iniciativa privada y los entes locales no
están participando, a su juicio, adecuadamente en ese tema, aunque ya ha
dicho usted que la propia estructura de la iniciativa privada, al ser una
empresa de tipo rural, no tiene --he entendido eso y si no es así,
perdóneme por distorsionar sus palabras-- la suficiente entidad o fuerza
como para poder actuar decididamente.
En segundo lugar, en cuanto a las agresiones efectuadas al Parque, algo
habrá que decir sobre la no depuración de aguas que llegaban a él. Esas
sí son agresiones al Parque.
Yo no sé la importancia que puede tener que la señora Ministra se pasee
por las marismas en una patera. Puede ser, teniendo en cuenta lo que se
ha dicho, importantísimo, pero yo tampoco sé la importancia que podía
tener el asunto --todavía no muy aclarado-- de los mosquitos y de los
patos. Vamos a ver daños ecológicos por daños ecológicos.
Sí quiero terminar, señor Consejero, con la misma posición que he
adoptado al principio. Si se quiere, se puede; si hay voluntad, se puede
hacer. Yo le puedo decir, señor Consejo, que nosotros tenemos voluntad de
colaborar y de llegar a ello. No podemos entrar en la administración del
parque diciendo que todo era bueno cuando no lo era. Que es bueno y que
es una joya de la naturaleza, evidentemente. Por eso está declarado, como
decía el Senador Bella, Patrimonio de la Humanidad, pero no porque antes
estuvieran
los socialistas y ahora el Partido Popular. Eso está de siglos. Nada más
faltaba eso. Por lo tanto, tampoco es cuestión de arrogarse autoría en
esa materia.
Quiero insistirle en que nos encontrará con ánimo colaborador, aunque con
la discrepancia política que deba existir, pero que no llegue más allá de
la discrepancia política y, en definitiva, la intención del remover todos
los obstáculos para poder, por un lado, realizar la conservación que
necesita Doñana y, por otro, posibilitar la actuación de un plan
operativo de desarrollo sostenible para el entorno de la comarca.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Esteban.
Para finalizar, tiene la palabra el señor Consejero.
El señor CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Blanco
Romero): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, muy brevemente quiero decir que el trabajo desarrollado en el
grupo de entorno en la confección del Plan rector de uso y gestión es un
trabajo compartido, que valoramos, pero nadie puede pretender quedárselo
en exclusiva. Insisto en que es un trabajo que valoramos y esperamos que
dé resultados dentro de los calendarios legales, puesto que hoy por hoy
el Plan rector de uso y gestión está prorrogado y debe estar aprobado
antes de que finalice el año el nuevo plan. El trabajo en Doñana tiene
que ser un trabajo desde la cooperación y la colaboración, porque ya he
dicho que aproximadamente son unas 50.000 hectáreas de parque nacional,
rodeado de cincuenta y tantas mil hectáreas de parque natural. Esto exige
la consideración de Doñana en términos globales y, por tanto, la
colaboración de todas las administraciones y de todos los implicados en
ese territorio.
Trabajar por Doñana y que ese trabajo resulte eficaz hay que hacerlo en
un ámbito de tranquilidad, lo digo en respuesta a las manifestaciones del
Senador Bella. No es posible trabajar en Doñana cuando se utiliza Doñana
como se ha hecho en la primera etapa y espero que remita, porque Doñana
es un problema de larga distancia y, por tanto, el regate en corto no
sirve de mucho. Siempre vuelve a reaparecer Doñana con sus problemas y
sus circunstancias. Ha sido un arma arrojadiza contra el Gobierno andaluz
y se ha convertido en el protagonista de la gestión de los parques,
cuando no era el mayor de los problemas la gestión en parques naturales.
Aquí se ha señalado lo de Picos de Europa o Aigües Tortes, donde el
Gobierno ni siquiera interviene, o de otros parques nacionales, donde se
plantean problemáticas similares a Doñana o más graves que en Doñana.
Quizá lo reprochable sería que se haya cambiado el criterio. Por ejemplo,
las visitas del anterior Presidente a Doñana eran pecado mortal y el
actual las puede hacer para mayor gloria sin ningún tipo de problema y
que se haya convertido en un motivo de paseo semanal casi permanente de
los parlamentarios del Partido Popular, con recorridos exclusivos y con
fórmulas exclusivas, hasta ahora nadie había dicho nada ni lo había
utilizado como elemento de confrontación. Podría poner como ejemplo el de
los patos. Este año también se han muerto patos en el entorno de Doñana y
han aparecido incidentes puntuales de botulismo y nadie lo ha convertido
en un escándalo, como ocurrió --si su señoría tiene memoria-- por parte
de su partido en ocasiones anteriores. Está claro que se utiliza como
arma arrojadiza y como elemento de confrontación con el Gobierno andaluz,
porque Doñana tiene referencia, es una palabra conocida, está muy bien
valorada, los medios de comunicación están muy atentos a cualquier
mención de ese nombre, a cualquier problema y se ha utilizado un poco
como ariete.
Quiero recordarle o corregirle, en el sentido de que teniendo la razón,
como se ha demostrado con la nueva ley de parques nacionales en el
trámite en el que está actualmente, el nombramiento del Presidente del
Patronato se hizo sin ningún tipo de consulta ni información al Gobierno
de Andalucía y nos enteramos por los periódicos, y eso no estaba en la
anterior ley, en la sentencia del Tribunal Constitucional y no aparece en
la nueva ley que, en definitiva, corrige la posición de la propia
Ministra. Y no recurrimos ese nombramiento. Sí se llevó a los tribunales,
como sabe, el PDTC por parte del Ministerio, buena fórmula de establecer
un clima de cooperación.
Como también es buena fórmula de establecer un clima de cooperación
hacer, como se ha señalado, una auditoría, la única en parques naturales,
en Doñana. Y después, una vez realizada la auditoría, esconderla en el
cajón porque parece que no ha dicho nada extraordinario. Nos gustaría
tener esa auditoría para poder analizar si ha habido errores, problemas y
qué hay que hacer por resolverlo. Se blandió una auditoría, un estudio
que hasta el momento presente nadie ha conocido y, por tanto, sería bueno
que pudiéramos saber si se han detectado todos esos problemas, todos esos
desastres que abonó la Ministra nada más tomar posesión de su cargo de
Presidenta del Patronato.
El Plan de desarrollo sostenible no es una novedad, efectivamente. Quizás
uno de los errores existentes es que para algunos ciudadanos del entorno
sí lo sea y ése es nuestro problema, nuestra preocupación. No está
paralizado, aunque la impresión que tengo de su intervención y de las
intervenciones del Ministerio es de que se han perdido fondos, poniendo
el parche antes que el grano, es decir, de la tentación al menos de
llevarse esos fondos o de la tentación de paralizarlo para hacer
responsable de esa paralización al Gobierno de Andalucía.
A la Plataforma «Salvemos Doñana» le tendrá que explicar su señoría o su
partido la coincidencia de opinión con Izquierda Unida y con algunos
grupos radicales y sobre todo tendrán que explicárselo a sus propios
alcaldes y tendrá que hacer coincidente ese comportamiento radical con
otro, en relación, por ejemplo, con las maniobras militares. Las
maniobras militares se han prohibido en el Plan de ordenación de recursos
naturales, que es un decreto del Gobierno de Andalucía, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Ministerio de Defensa sigue sin cumplirlo, sin tener en cuenta una
norma del Gobierno de Andalucía publicada
en el Boletín y eso es saltarse la ley a la torera y nadie, ni siquiera
el Ejército ni puede ni debe hacerlo. Además, el Ministerio de Medio
Ambiente se dedica a justificarlo y no se trata sólo de que provoquen o
no provoquen impacto. Usted me dirá qué provoca un blindado de cadenas
por encima de una duna. Los proyectiles caen en el agua y no provocan
ningún impacto, pero un blindado de cadena moviéndose por encima de una
duna provoca muchísimo impacto, señoría. Qué casualidad, eso se justifica
por el Ministerio y no le plantea ningún problema.
Sí le plantea problemas la modificación del PDTC, que excluye a un
territorio al otro lado del río y, por tanto, no se ve afectado Doñana en
ningún sentido. Con la modificación del PDTC lo único que hace el
Gobierno de Andalucía, en primer lugar, es cumplir la Ley de ordenación
del territorio, que dice que no hay planes directores territoriales de
coordinación, sino planes subregionales. En segundo lugar, ese documento
de planeamiento es un documento de ordenación del territorio no económica
ni medioambiental. Su señoría tiene que tener en cuenta que, en la
planificación económica que antes estaba en el PDTC, hoy está en el plan
de desarrollo sostenible, que la planificación medioambiental que antes
estaba en el PDTC, hoy está en el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales y, por tanto, lo único que queda por hacer es la aprobación de
un plan subregional, y un plan subregional de ordenación del territorio
se hace para la infraestructura, los equipamientos, los flujos económicos
comerciales y de personas en un territorio.
Su señoría sabe que, entre la provincia de Cádiz y la provincia de
Córdoba, a través de Doñana, no hay ningún flujo, porque no se construyó
la carretera precisamente por la oposición del Partido Socialista --no
podrá decir lo mismo su señoría de algunos miembros de su Grupo, que
querían hacer una carretera costera a través de Doñana--. Precisamente
por la falta de comunicaciones no hay relaciones comerciales ni
culturales ni sanitarias ni de ningún tipo en ese territorio. Por tanto,
hay que hacer dos planes subregionales, uno para cada territorio, uno
para la provincia de Huelva y otro para la provincia de Cádiz. Porque el
plan subregional sólo va a regular, de acuerdo con la ley, las relaciones
territoriales, que no va a establecer la protección de zona
medioambiental, que está en el Plan de Ordenación de Recursos del Parque
Nacional y del Parque Natural, ni va a establecer la planificación
económica que ya está en el Plan de desarrollo sostenible. Lo único es
que se vio la posibilidad de utilizar eso como elemento de desgaste y se
utilizó sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de argumentación,
y sólo pretendiendo conservar el PDTC como la vieja herramienta de
planificación global del pasado, olvidando que en Andalucía hay una nueva
ley de protección ambiental, una ley de espacios naturales protegidos,
una ley de ordenación del territorio, lo que pasa es que parece que se
sigue la lógica de no respetar la legislación de la Comunidad Autónoma y
pretender seguir haciendo del PDTC un instrumento de planificación global
cuando ni siquiera en la legislación se contempla ya esa figura de
planteamiento. Es que ha desaparecido el PDTC de la legislación de la
Comunidad Autónoma, señorías. Ya no habrá mas PDTC. Se llaman planes
subregionales, y su señoría debiera conocer esa normativa.
Señorías, contestando su pregunta, creo que es imprescindible la
presencia de la iniciativa privada, de los ayuntamientos, de los agentes
económicos y sociales. Creo que esa participación no ha sido suficiente,
en primer lugar, por la propia conformación económica, social y cultural,
y la historia de un medio rural en el que, por definición, existe escasa
iniciativa. En segundo lugar, por el origen del Plan tienen que tener
presente sus señorías que viene de una comisión de expertos y, por tanto,
la percepción es que lo hacen unos señores que nos visitan, no nosotros.
En tercer lugar, creo que habrá que asumir los errores cometidos en lo
que corresponda. Hay que corregir esos errores y conseguir una presencia
de esos agentes en el plan. Reitero una vez más que Doñana es un asunto
de largo recorrido. Trascendió a los anteriores gobiernos, trascenderá a
éstos y, desde luego, si queremos hacer unas estrategias coyunturales en
relación con esta cuestión, seguramente nos equivocaremos todos y
causaremos daños irreparables a Doñana. Contemplémonos en ese asunto de
largo recorrido, y seguramente haremos un favor a Doñana y nos lo haremos
a nosotros mismos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finaliza aquí el primer punto del orden del día.
Agradecemos a don José Luis Blanco, Consejero de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, la exposición y las respuestas que acaba de formular,
así como la prontitud en presentarse ante esta Comisión tras la solicitud
que le fue formulada.
Despedimos a don José Luis Blanco, e inmediatamente continuaremos con el
segundo punto del orden del día. (Pausa.)
--MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE Y, EN TODO CASO, DENTRO
DEL PRESENTE AÑO, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE HAGAN POSIBLE EL
COMIENZO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA QUE UNE
MADRID Y TUDELA (NAVARRA), COMPRENDIDO ENTRE LA PRIMERA Y GUADALAJARA.
(661/000093.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el segundo punto del orden
del día: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, dentro
del presente año, adopte las medidas necesarias que hagan posible el
comienzo de las obras de construcción del tramo de la autopista que une
Madrid y Tudela (Navarra), comprendido entre la primera y Guadalajara.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
La autovía de Aragón, en su tramo de Guadalajara a Madrid, soporta
diariamente una alta intensidad de tráfico, sobre todo desde Alcalá de
Henares hasta su conexión con la M-40 y el Aeropuerto de Barajas,
llegando a colapsarse este tramo casi todos los días en las horas punta
de la mañana y de la tarde. Este hecho viene determinado porque el
Corredor del Henares es una de las zonas con mayor dinamismo económico de
nuestro país, con altos índices de concentración industrial y
residencial, teniendo como único eje transversal de tráfico por carretera
la autovía de Aragón, sobrecargada cada vez más como consecuencia de los
flujos económicos y de los movimientos pendulares diarios del domicilio
al trabajo. Sin embargo, este corredor del Henares, dinámico, de fuerte
potencial industrial, como he dicho, necesita tener un crecimiento
armónico y equilibrado, porque el tramo de la provincia de Guadalajara se
está estancando y muestra signos de agotamiento, de precariedad y de
deterioro ambiental. La causa viene determinada porque, en la Comunidad
de Madrid, parece estar conformándose una tendencia a que la expansión de
su área metropolitana se desarrolle más cerca del núcleo central que lo
imaginado hace dos décadas, en la medida en que, actuaciones públicas
como la M-40 o la futura M-50, favorecen el desarrollo metropolitano
dentro de sucesivos círculos concéntricos, no haciendo ya tan
imprescindible los asentamientos en forma de ejes radiales.
La evidencia muestra que la dinámica actual del desarrollo espacial del
área metropolitana de Madrid ya no favorece espontáneamente la
localización industrial y residencial a lo largo del eje lineal del
corredor del Henares de la provincia de Guadalajara, siendo, sin embargo,
una zona natural de expansión de Madrid, tanto desde el punto de vista
industrial, como residencial, por su situación geográfica y por sus
condiciones socioeconómicas.
Por esto, la consejería de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, con la colaboración de los ayuntamientos del
Corredor del Henares y la Diputación Provincial de Guadalajara, de las
asociaciones industriales y empresariales de la provincia, de la
Universidad de Alcalá de Henares y de los sindicatos de trabajadores, han
diseñado un plan estratégico del Corredor para jerarquizar y armonizar
todos los instrumentos de desarrollo disponibles, para priorizar las
intervenciones públicas, influir en las decisiones nacionales y europeas
y, asimismo, coordinar todos los niveles de las administraciones en torno
a un proyecto global de futuro que no puede dejar de integrarse en la
configuración económica que el área metropolitana madrileña está
definiendo.
Siguiendo con el desarrollo de esta idea, es imprescindible contar con
una buena red de infraestructuras de transporte para asegurar un
crecimiento equilibrado. Creemos que estas razones son suficientes para
acelerar la construcción de la autopista de peaje Madrid-Tudela en su
tramo Madrid-Guadalajara porque es un proyecto del que depende la
prosperidad de miles de familias de la Comunidad de Madrid y de
Castilla-La Mancha.
En este caso, no se debe pensar en una autopista sólo para ricos. Hay
razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones
de índole social y económico de un proyecto contemplado en un sistema
global de planificación territorial.
El Ministerio de Fomento ha anunciado recientemente que en 10 meses se
licitarán las obras de los 45 kilómetros del tramo Madrid-Guadalajara.
Nosotros pedimos una mayor concreción a la hora de ejecutar las obras de
esta autopista de peaje. Como ustedes saben, en el camino de esta
autopista se interpone una zona de especial protección para la población
de avutardas y otras aves esteparias de los municipios de Daganzo,
Algete, Camarma, Ribatejada y Meco, que ocupan la cepa conocida como
estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares.
Todos sabemos que este área de las avutardas de la Comunidad de Madrid
está seriamente deteriorada por el desarrollo urbanístico de la zona. No
puede ser un problema descatalogar unas pocas hectáreas en la parte sur y
buscar otra zona de compensación, de forma que la protección natural siga
siendo la misma en términos de superficie.
Ninguno de los que apoyamos la construcción de la autopista dudamos de la
necesidad de proteger el medio natural y también las aves. En este caso,
los intereses de las avutardas no tienen por qué entrar en colisión con
los intereses de Guadalajara y con los pueblos del Corredor del Henares.
Esta zona de compensación que se puede añadir existe como alternativa
dentro de la provincia de Guadalajara, que está actualmente sin
protección, localizada en los núcleos avutarderos del Casar de Talamanca,
de Uceda, de Villanueva de la Torre, de Quer, de Cabanillas del Campo y
Usanos, zona de habitual querencia para cría y alimentación de las
avutardas, que son territorios colindantes para enlazar con la cepa
mencionada en la que actualmente no forman parte.
Pero, ¿por qué todavía la Dirección General de la Conservación de la
Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente no ha coordinado los órganos
competentes ambientales de las Comunidades Autónomas de Madrid y de
Castilla-La Mancha para informar a la Comisión Europea de este área de
compensación territorial que se adapta perfectamente a la cepa afectada?
¿Por qué el Gobierno, habiendo anunciado los plazos de licitación de la
autopista, aún no ha pedido a la Comunidad de Castilla-La Mancha que
inicie la ampliación de esta cepa cuando sabe de la buena disposición del
Gobierno regional de Castilla-La Mancha para colaborar en la posible
variación de la cepa y que este asunto compete, fundamentalmente, a la
Comunidad de Madrid? ¿O es que acaso el Gobierno del PP de la Comunidad
de Madrid tiene otros planes de trazado o de diseños diferentes a los
planteados por el Ministerio de Fomento a este tramo de autopista de
peaje?
Estas preguntas es necesario despejarlas lo antes posible porque estoy
seguro de que todos los grupos políticos vamos a buscar la unanimidad
para resolver este problema que ya es serio. Por eso, instamos al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, y, en este caso, dentro
del presente año de 1997, se tomen las medidas necesarias para
comenzar las obras de construcción de la autopista Madrid-Tudela en su
tramo Madrid-Guadalajara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Herranz.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias.
Señorías, señor Presidente, hemos presentado ante la Mesa una moción
alternativa firmada por los dos portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, no es un
turno en contra. Unicamente, quiero destacar la necesidad que tiene en
estos momentos este tramo Madrid-Guadalajara de contar con una autopista,
autopista que ha sido incluida dentro del programa del plan de autopistas
de peajes del Gobierno del Partido Popular, además, con carácter de
prioridad. Esta es una autopista totalmente necesaria por varias razones,
entre ellas, y quizás la más importante, porque es la autovía de España
que más densidad tiene en estos momentos, alcanzando en algunos instantes
los 110.000 vehículos al día en algunos lugares y, como mínimo, los
15.000.
Esta autopista forma parte de un estudio que ya hace muchos años, desde
1989, se puso en marcha y que ha ido avanzando de una manera progresiva
encontrando algunas dificultades como, por ejemplo, cuando la Comunidad
Autónoma de Madrid en el año 1992 declaró una de las zonas importantes
por la que debía atravesar la mencionada autopista como una zona de
especial protección para las aves, lo cual, indudablemente, ha ido
dificultando toda la construcción de la misma.
Con esta moción pretendemos que se tomen las medidas necesarias dentro
del plazo del año 1997 para que, una vez cumplidos los trámites y plazos
legales correspondientes, se pueda llevar a la práctica la construcción
de la autopista. La situación actual de la misma es que está en redacción
el anteproyecto para sacar a licitación la concesión, pues se está
resolviendo el problema medioambiental importante y destacado. Se ha
cursado ya un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores para que
tramite ante la Unión Europea la imperiosa necesidad de que dicha
autopista atraviese la cepa, una cepa que --como decimos-- es de especial
protección de las aves y tiene el nombre concreto de «Cepa de las estepas
cerealistas de los ríos Jarama y Henares».
Simultáneamente --y era otra preocupación del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-- se está adaptando el expediente de
compensación de cepas, que tendrá que tramitarse por las Comunidades
Autónomas respectivas de Madrid y de Castilla-La Mancha. Mediante esta
moción pretendemos precisamente que estos trámites se cumplan dentro del
año 1997 y que después, lógicamente, se cumplan los trámites y los plazos
reglamentarios que nos determina la ley.
Yo creo que esta carretera no solamente es necesaria, sino que es
imprescindible y, desde luego, constituye, a nuestro juicio, un elemento
dinamizador trascendente en una zona muy característica no solamente por
la enorme afluencia de vehículos de la que estamos hablando, sino también
por estar en esa línea de un elemento tan generador de tráfico como puede
ser el aeropuerto de Barajas, así como por la propia congestión que se
produce en la carretera debido a la densidad poblacional que existe en la
misma.
Por lo tanto, nuestro Grupo está de acuerdo en instar al Gobierno en el
sentido en el que se ha presentado la moción alternativa firmada por los
dos portavoces de los grupos políticos y que obra en estos momentos en
poder del señor Letrado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Tiene la palabra el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Agradezco al Senador Bris que haya presentado
esta moción alternativa porque así, de forma responsable, todos haremos
las declaraciones en los medios de comunicación adecuadas y precisas, y
que nadie formule de forma interesada plazos que después no se pueden
cumplir. Así, todos de acuerdo, actuaremos de forma conjunta y coordinada
para resolver un problema que tiene no solamente la Comunidad de Madrid,
sino, sobre todo, los municipios del Corredor del Henares y especialmente
la ciudad de Guadalajara, que necesita de forma urgente una solución.
Los Senadores que utilizamos la autovía de Aragón, especialmente aquellos
que la utilizamos diariamente, sufrimos todos los días esas
consecuencias, y es necesario y urgente construir cuanto antes este tramo
de autopista, tramo de autopista que por muchas obras que se hagan --y
que se están haciendo actualmente-- en la autovía de Aragón, en la zona
de Torrejón, con un tercer carril, que además dificulta más todo este
problema de colapsamiento de tráfico, llegará a estar totalmente
congestionado en un plazo muy breve. Por lo tanto, todos debemos trabajar
para que cuanto antes se realice este tramo de autopista, que es
necesario no sólo para la provincia de Guadalajara, sino para todo el
país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Herranz.
¿Quiere añadir algo el Senador Bris?
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente, señoría.
Este es un problema que, indudablemente, hay que afrontar con realismo y
yo creo que el Gobierno del Partido Popular lo ha afrontado como el mismo
se merece. Estoy de acuerdo en que no se deben hacer declaraciones; desde
el año 1993 estamos siendo objeto de las mismas, cada vez acercando más
los plazos de construcción de la autopista, que realmente en estos
momentos parece ser que está perfectamente encauzada y es lógico también
que dependa de unas decisiones que no solamente competen al Ministerio de
Fomento, sino a otras Administraciones Públicas, concretamente a las
Administraciones
regionales, y sobre todo, de una decisión de la Unión Europea.
Esperemos que ese escollo que existe, y que en estos momentos se está en
trámite de poder superar, sea resuelto con la mayor rapidez porque toda
esta zona lo necesita. Hay que tener en cuenta que el problema de esta
carretera no es sólo la cercanía, sino que también es la que une las dos
capitales más importantes de España, Madrid y Barcelona, y que incluso
tiene en medio otra gran capital, como es Zaragoza. Es cierto que existe
una densidad de vehículos, como hemos señalado, muy importante, vuelvo a
repetir que en la zona mínima suele haber unos 15.000 vehículos diarios y
en la zona máxima sobrepasa con mucho los 100.000. El Gobierno está
haciendo esfuerzos para subsanar estas situaciones, se están haciendo
--como también se ha indicado-- unas obras de un nuevo carril, pero,
indudablemente, para mejorar los aspectos sociales y demográficos de esta
gran población que es Madrid y de su unión con las ciudades y poblaciones
de su entorno, como Guadalajara, Alcalá de Henares, Coslada, San
Fernando, Torrejón, etcétera, se precisa la autopista, que se puede
convertir en un elemento dinamizador de la zona, incluso favorecedor de
la creación de puestos de trabajo. Por todo ello nuestro Grupo va a
votar, como es lógico, a favor de la moción alternativa, esperando y
deseando que la obra de la autopista Madrid-Guadalajara, que forma parte
de la de Madrid-Tudela, sea una realidad en breve plazo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Si bien habíamos fijado la hora de la votación para las trece horas y
cuarenta y cinco minutos, teniendo en cuenta que existe unanimidad
respecto a la propuesta formulada, ¿se puede entender aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
--DESIGNACION DE LA PONENCIA QUE INFORME EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. (621/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, el
tercero: designación de la Ponencia que informe el Proyecto de Ley por la
que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Solicito a los distintos grupos que determinen las personas que han de
formar parte de la Ponencia.
¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: El Senador Francisco Bella y la Senadora
Francisca Pleguezuelos.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?
El señor BRIS GALLEGO: El Senador Arturo Esteban Albert y el Senador
Pedro Calvo Poch.
El señor PRESIDENTE: Se nos ha comunicado que por parte del Grupo
Parlamentario Mixto será la misma Senadora de la Comisión, señora Costa,
por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos el
señor Gatzagaetxebarría y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió el Senador Beguer.
--DESIGNACION DE LA PONENCIA QUE INFORME LA PROPOSICION DE LEY SOBRE
REFORMA DE LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. (624/000006.)
El señor PRESIDENTE: Como punto cuarto del orden del día tenemos la
designación de Ponencia para la Proposición de Ley de reforma de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestres.
¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, considerando que deben
estar en el mismo contexto, son los mismos ponentes.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor BRIS GALLEGO: Exactamente igual, los mismos ponentes.
El señor PRESIDENTE: Por los restantes grupos, Mixto, Senadores
Nacionalistas Vascos y Convergència i Unió, también los mismos ponentes.
Queda por determinar que la Ponencia será convocada en su momento, pero,
con la finalidad de que los trámites se puedan cumplir con fluidez, les
comunico que será en la primera semana de septiembre.
Resta solamente el quinto punto del orden del día, la comparecencia del
Ministro de Fomento, con lo cual se suspende la sesión hasta las seis y
media de la tarde.
Eran las trece horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE FOMENTO, A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE INFORME SOBRE LOS TERMINOS, CRITERIOS
Y PLAZOS
CON QUE PIENSA ABORDAR LA REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE EL
REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA. (711/000085.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del Ministro de Fomento, don Rafael
Arias Salgado, a solicitud de doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del
Grupo Parlamentario Socialista, para que informe sobre los términos,
criterios y plazos con que piensa abordar la reforma del texto refundido
de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana.
Damos la bienvenida al señor Ministro y, sin más preámbulo, don Rafael
Arias Salgado, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente, seré muy breve en esta intervención inicial para
responder con la mayor precisión posible a la cuestión que se plantea en
la solicitud de comparecencia.
En lo que afecta a los términos y plazos, el Gobierno ha abordado ya la
reforma de la Ley del suelo mediante el Proyecto de Ley aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo, cuyo texto se ha adaptado con
un sentido muy estricto a la sentencia del 20 de marzo del Tribunal
Constitucional. Como saben sus señorías, el Gobierno había distribuido
ampliamente el anteproyecto de ley con objeto de recibir las aportaciones
de las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y
Provincias, sectores interesados en el ámbito de la edificación en la
construcción, etcétera. De todos esos sectores se han recogido
aportaciones y se han recogido también algunas de las sugerencias
contenidas en la sentencia del Tribunal Constitucional; se han recogido
en particular todas aquellas que afectaban al anteproyecto de ley, que
eran pocas porque ya el anteproyecto había sido redactado con una
interpretación muy estricta de la delimitación de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Por tanto, las modificaciones que se
han introducido en el Proyecto aprobado sobre el anteproyecto
inicialmente conocido no alteran sustancialmente su estructura y
contenido, aunque sí se ha mejorado sustancialmente la calidad, tanto
desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico,
como consecuencia de las aportaciones que se ha ido recibiendo durante la
tramitación.
En cuanto a los criterios con que se ha abordado la reforma, están
claramente explicados en la exposición de motivos del Proyecto de Ley y
se podrían resumir de la siguiente manera. En primer término, un respeto
absoluto a las competencias urbanísticas de las Comunidades Autónomas,
con limitación expresa de las competencias irrenunciables del Estado
reconocidas por el Tribunal Constitucional y relativas fundamentalmente a
la difinición del contenido básico del derecho de propiedad del suelo de
acuerdo con su función social y la regulación de las condiciones que
garanticen la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio
nacional.
En segundo lugar, se introduce una clasificación del suelo a los efectos
de difinición del régimen jurídico de la propiedad, ya que, como señala
el Tribunal Constitucional en su sentencia, una clasificación de esta
índole no implica la prefiguración del modelo urbanístico y, por tanto,
es posible introducirla en el texto de la ley, en la medida en que, en
última instancia, supone únicamente esa clasificación la regulación
concreta de los derechos y deberes que configuran en cada caso el citado
régimen jurídico.
El tercer criterio es posibilitar el incremento de la oferta de suelo
para contribuir, junto con otras medidas que van por camino distinto a
las del Proyecto de Ley, a la reducción de los precios del suelo,
configurando la definición de las clases de suelo a los efectos del
régimen jurídico aplicable en base a condiciones generales objetivas
básicamente predicables del suelo urbano, suelo consolidado por la
urbanización o por la edificación y del suelo no urbanizable, que es
suelo que, como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, ha de
preservarse del proceso urbanizador y que por ello ha de justificarse en
razones objetivas. El suelo que no tenga la condición de urbano ni tenga
tampoco la condición de no urbanizable tendrá la consideración de
urbanizable y podrá ser objeto de transformación en los términos
establecidos por el planeamiento, que sigue manteniendo su papel de marco
director del desarrollo urbano. Es decir, hay un concepto de suelo urbano
cuya definición es «ex lege», de derecho imperativo y por la ley, y hay
un concepto de suelo no urbanizable que es el que define el planeamiento
municipal teniendo en cuenta criterios históricos, culturales
medioambientales o, en definitiva, aquellos que racionalmente no sean
susceptibles de urbanización o de edificación; por tanto, se conserva la
plenitud de competencia del ayuntamiento para definir lo que es suelo no
urbanizable. Lo que hace la ley, y ésta es la reforma estructural
principal, es que todo aquello que, de acuerdo con el concepto de la ley,
no es suelo urbano y todo aquello que, de acuerdo con el planeamiento, no
es suelo no urbanizable queda automáticamente convertido en suelo
urbanizable, y a partir de ese momento propietarios y promotores pueden
poner en marcha un procedimiento para su urbanización y, por tanto, para
su futura conversión en suelo urbanizado.
Finalmente, el Proyecto de Ley asume el criterio de modificar la
regulación hasta ahora vigente sobre la valoración del suelo según su
clase y condición, y creemos que se hace de una forma más justa y
equitativa desechando fórmulas un tanto simples que están alejadas de la
realidad, y para ello se establecen métodos de valoración en coordinación
con los métodos típicamente catastrales que, por imposición de la propia
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se refieren a los valores
deducidos de estudios de mercado; métodos, por otra parte, ampliamente
utilizados en el mercado inmobiliario --tasaciones hipotecarias, seguros,
etcétera--, criterios que, en última instancia, son los que ha venido
recogiendo una y otra vez la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dejando
convertidos en meramente nominales los criterios de valoración que
contenía la legislación anterior.
En cuanto a los plazos previstos para la reforma legislativa, el Gobierno
declaró la petición de urgencia a las Cámaras para la tramitación del
Proyecto de Ley ya que,
como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, es
absolutamente imprescindible, de una parte, tener el marco legal de
referencia en lo que afecta a las competencias que son indiscutiblemente
del Estado en todo lo que afecta al régimen jurídico del suelo y, al
mismo tiempo, dentro de ese marco estatal, hacer viable la regulación por
parte de las Comunidades Autónomas, que después de la sentencia del
Tribunal Constitucional tienen, obviamente, amplísimas competencias.
Dicho esto, sí debo decir que la sentencia plantea dos problemas desde un
punto de vista práctico. Primero, que declara inconstitucionales muchos
preceptos de la antigua legislación que mezclaban competencias del Estado
y competencias autonómicas. Por consiguiente, hay un problema práctico en
aquellas Comunidades Autónomas que han declarado vigente o han
reproducido como ley autonómica la ley declarada inconstitucional por el
Tribunal Constitucional; hay una serie de preceptos que el Tribunal
considera que tenían un exceso de densidad normativa y que mezclaban
competencia estatal y competencia autonómica. La declaración de
inconstitucionalidad de la totalidad del precepto plantea un problema
jurídico constitucional cuando las Comunidades Autónomas declaran vigente
esa ley poniendo en vigor competencias estatales declaradas
inconstitucionales pero por la vía autonómica y, por tanto, sin capacidad
suficiente para declarar en vigor esas competencias estatales. El
problema jurídico no es menor, pero la sentencia, efectivamente, tiene
muchísimos problemas.
En segundo lugar, un problema que, naturalmente, hay que acatar mientras
se desprenda de una sentencia del Tribunal Constitucional --yo creo que
en el futuro hay que tener la esperanza abierta a la posibilidad de
rectificación de ese criterio porque conduce a una configuración del
ordenamiento jurídico extraordinariamente difícil de manejar--, y es la
radicalidad con que el Tribunal Constitucional sienta la tesis de que el
Estado no puede dictar derecho supletorio en aquellas materias que sean
de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Claro está, son
muy pocas las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, como
son muy pocas las competencias exclusivas del Estado; es decir, en un
Estado complejo y descentralizado la mayor parte de las competencias son
concurrentes y, por tanto, a muy poco que se dé un mínimo de concurrencia
entre competencias del Estado y competencias de las Comunidades
Autónomas, la posibilidad de establecer derecho supletorio debería
permanecer en pie. Porque el problema que plantea la sentencia del
Tribunal Constitucional es hasta dónde alcanza el concepto de competencia
exclusiva. No nos olvidemos que tanto la Constitución como los Estatutos
de Autonomía utilizan con una enorme frecuencia la cláusula «sin
perjuicio de». La cláusula de «sin perjuicio de» implica, en definitiva,
una concurrencia de regímenes jurídicos y de ahí la necesidad de que para
coordinar, armonizar y establecer criterios con validez en todo el
territorio del Estado sea imprescindible que permanezca en pie la
posibilidad de dictar derecho supletorio. La fuerza unificadora del
derecho supletorio especialmente para resolver casos concretos --porque
siempre hay insuficiencias en el ordenamiento jurídico estatal y en los
ordenamientos autonómicos-- es un elemento fundamental en un Estado que,
por descentralizado que sea, en definitiva es un Estado.
Esta es la cuestión que quería poner de manifiesto ante sus señorías, en
lo que afecta a criterios --esto último es una disgresión-- en cuanto a
un problema concreto que plantea la sentencia del Tribunal
Constitucional. Personalmente estoy en desacuerdo con ese criterio,
porque plantea más problemas de los que resuelve y, en todo caso, deja
vacío un potencial normativo en determinado tipo de cuestiones que no
podrían resolverse de otra manera si no es a través de la admisión del
título competencial del Estado para dictar derecho supletorio cuando hay
competencias concurrentes, que es en la mayor parte de los casos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
En turno de portavoces, tiene la palabra la señor Pleguezuelos por parte
del grupo parlamentario socialista, solicitante de la comparecencia.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, aunque breve, tengo que agradecer que, tras un año,
podamos de nuevo contar con usted en esta Comisión del Senado, ya que
desde el pasado 24 de junio no hemos podido debatir ni disfrutar --si me
permite la expresión-- de su presencia. Este es un buen momento para
ello, producido por dos hechos. En primer lugar, la solicitud de
comparecencia por parte de mi grupo fue hecha el 20 de marzo, es decir,
al conocer la sentencia y los términos de la misma y, sobre todo, porque
en las manifestaciones que ha hecho la apunta como divergentes --si me
permite la expresión-- del resultado de esa Sentencia las connotaciones
de inconstitucionalidad que en algunos aspectos se recogen y que pueden
coincidir con la Ley 7/1997, la primera de su Gobierno y de su Ministerio
que peca de algunos de los vicios similares. Por lo tanto, estamos ante
una situación de vacío no sólo por el texto refundido de la ley, sino
porque la ley 7/1997, llamada de medidas liberalizadoras en materia de
suelo y de colegios profesionales, también peca de esos vicios y, por lo
tanto, el vacío legal se establece para ambas situaciones.
Ese es el contexto de la formulación de la comparecencia ya que,
obviamente, desconocía cuál iba a ser la actuación de su Ministerio, en
el sentido de si iba a derogar inmediatamente aquellos aspectos de la
propia ley que, vía Decreto, aprobaron las Cámaras, o si iba a traer un
nuevo proyecto de ley, como ha sido el procedimiento iniciado.
Como punto de partida debo decir, en primer lugar, que cuando se
construye la arquitectura del Estado autonómico, mucho más en el sentido
que lo llevamos construyendo desde años todos los españoles en esta
nuestra joven democracia, sin duda se pueden cometer y se han cometido
algunas actuaciones en esa andadura. Creo que la sentencia resuelve una
tensión entre lo que es la igualdad de derechos y los derechos de las
Comunidades Autónomas
al legislar en aquellas materias que son de su competencia.
Por lo tanto, yo, que conozco el borrador --de hecho se ha solicitado en
el Congreso una ampliación en el trámite de presentación de enmiendas y
entendemos que a lo largo del próximo año o finales de éste tendremos ese
texto legal--, me gustaría comentar puntualmente algunas de estas
actuaciones, que entiendo no van a mejorar en absoluto el texto refundido
y que incluso adolecen de algunas otras actuaciones de las que, señor
Ministro, quisiera que tomara buena nota, porque es un debate que no sólo
nos compete y preocupa a las Cortes Generales, sino también a las
Comunidades Autónomas. Hace pocos días se han aprobado algunas leyes
llamadas «puente» o de carácter transitorio para resolver esos problemas
en Comunidades Autónomas como, por ejemplo, en la mía, Andalucía, y hay
otras Comunidades que tienen ya una ley autonómica en este sentido que,
además, se contradice no sólo con el texto refundido, sino con algo que
todavía está vigor y que no se está cuestionando por parte del proyecto
que usted presenta, que es precisamente la Ley 7/1997.
El proyecto de ley es un claro retroceso de la cultura urbana en el
sentido de que, en algunos aspectos, parece que retrocede hasta los años
sesenta y es preocupante porque el resultado es bastante conocido. Los
problemas urbanísticos que fruto de aquellos años todavía padecemos en
muchas ciudades, desregulados totalmente urbanísticamente, es
preocupante.
Puntualmente voy a hacer algunos comentarios, casi con la misma brevedad,
puesto que se ha abierto ya el proceso y el trámite legislativo que puede
culminar en un texto en el que esperamos de la voluntad de su Gobierno
que acepte algunas de las propuestas y mejoras que introduzca el grupo
mayoritario de la oposición, es decir, el grupo socialista.
En primer lugar, un tema que usted ha tocado y que me parece preocupante
es que el proyecto atribuye al suelo no urbanizable un carácter
excepcional, porque invierte la previsión legal vigente. Lo normal, según
el nuevo texto, es que el suelo sea urbanizable y este planteamiento es
incompatible con la función pública de la planificación urbanística.
Obviamente, ello supone una reforma --más que coyuntural o incluso
estructural-- ideológica, legítima, pero que puede tener unos efectos muy
perniciosos para el urbanismo y para las ciudades de nuestro país.
Por otra parte, el proyecto abre la puerta claramente a la urbanización
en suelo rústico, porque como no se exige que se puedan formar núcleos de
población y éste sólo se somete a la autorización municipal, tenemos un
precepto que puede tener incalculables y nefastas consecuencias, algunas
muy previsibles en algunos aspectos que hoy estamos señalando, y en
algunos otros momentos se le ha dicho a su gobierno y a su grupo
parlamentario que lo sustenta.
El proyecto de ley coloca a la acción pública de los ayuntamientos y
poderes locales en situación de meros espectadores de una supuesta y
dinámica iniciativa privada, reflexión que no comparto. Señor Ministro,
no hay ni una sola referencia al urbanismo como función pública y mi
grupo entiende que éste es un elemento prioritario en la regulación
urbanística en nuestras ciudades y pueblos.
Desde luego, con este proyecto se está monopolizando la actividad
urbanística; se está dejando en manos de la propiedad rural del suelo y
es un esquema, si me permite, poco liberalizador, porque tampoco existe
esa referencia, y para poder hablar de una auténtica liberalización se
debería introducir la competencia, pero no entre los propietarios del
suelo, sino entre los agentes urbanizadores, que serían los que realmente
facilitarían esa liberalización y esa competencia leal para urbanizar,
que es el primer precepto que olvida este proyecto.
No contentos con esto, también se reduce de forma importante, en un 33
por ciento, el aprovechamiento susceptible de ser redistribuido entre las
administraciones actuantes para participar en las plusvalías que genera
la acción urbanística de los entes públicos que, como sabe usted,
establece la Constitución, es decir, la suprime en el suelo urbano
consolidado.
Señor Ministro, con este proyecto la valoración del suelo con arreglo a
su valor real y comparándolo con los valores en venta de fincas análogas
--porque hay que recordar que, previamente, hemos declarado todo el suelo
urbanizable-- pueden pasar dos cosas. La primera, que se paralice la
ejecución de la infraestructura por falta de recursos y, la segunda, que
se fomente el enriquecimiento de los propietarios del suelo y, en
definitiva, la especulación. Si me permite, diría que este aspecto es una
reclasificación especulativa del valor legal del suelo.
Estamos ante el caso de un suelo urbano en una situación anterior a la de
1990, es decir estamos prácticamente sin regulación y con una escasez
importante de mecanismos de gestión. Por ejemplo, en los centros urbanos
y en las grandes áreas metropolitanas, que es donde, sin duda, se
concentran los mayores problemas de precio y de necesidad de vivienda
--que ya era una prioridad en el discurso de su señoría y de su Gobierno
en el primer proyecto que trajo a esta Cámara, y ahora lo ha manifestado
también en éste--, no tienen ningún apoyo en esta ley, al contrario, yo
diría que el apoyo es nulo o negativo.
Para terminar, creo que eliminar la posibilidad de patrimonio del suelo
municipal, que ustedes ya iniciaron con la ley anterior, es malo. Y no es
malo porque se aborde o no la financiación de ayuntamientos, sino porque
era un mecanismo que facilitaba los equipamientos, y las reservas de
suelo no urbanizables son prioritarias, como legalmente se había recogido
hasta ahora.
En este sentido, cuando ustedes proponen la expropiación a un valor
inicial para actuaciones de viviendas que no son protegidas, no facilitan
que el precio de las viviendas, y sobre todo para aquellos que más lo
necesitan, sea una realidad, porque la única forma viable y rápida para
conseguir suelo a precio asequible es que se establezca por ley un
porcentaje de reserva de vivienda de protección pública. Esa fórmula
estaba recogida en la Ley de 1990, incluso algunas leyes autonómicas
tienen algo parecido a los planes de vivienda.
Esa podría ser una actuación, y este texto que ustedes presentan en la
Cámaras no la recoge en absoluto. A lo
largo del trámite parlamentario, con un texto alternativo que mi grupo
piensa presentar, y partiendo de que ojalá su Ministerio esté más abierto
que en la anterior ley, esperamos poder tener instrumento tremendamente
importante para el desarrollo normativo de todas las Comunidades
Autónomas y de muchos municipios y cumplir esos objetivos que la
Exposición de Motivos menciona pero que por el articulado parece difícil
que pueda conseguirse.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Pleguezuelos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
En anteriores ocasiones ya hemos tenido ocasión su señoría y yo de
discutir los problemas de fondo que plantea el urbanismo, el suelo y la
vivienda.
Querría contestar brevemente haciendo unas precisiones y una
consideración final de carácter general. Esta Ley se propone realizar una
reforma estructural, y ésta se pone en marcha porque entendemos que la
legislación urbanística española, desde los años cincuenta hasta la
última ley, se basa en un modelo --a pesar de las variaciones
legislativas habidas, sustancialmente el modelo es el mismo-- que no ha
producido un urbanismo ejemplar y que no ha resuelto razonablemente el
problema del acceso a la vivienda en España. Creo que ese resultado no lo
discutiría hoy nadie en las grandes ciudades, ni nuestro urbanismo es
ejemplar, ni el problema de la vivienda está razonablemente bien
resuelto, ni en el acceso a la propiedad ni en el acceso a la vivienda en
régimen de alquiler. (El señor Vicepresidente, Sanz Blanco, ocupa la
Presidencia.)
Estos son los resultados, y frente a ellos este Gobierno se ha propuesto
iniciar un cambio de modelo, y ya le digo a su señoría que esta ley no es
más que uno de los elementos --muy importante, pero es uno de los
elementos, hay otros muchos que se irán poniendo en vigor en el
transcurso de esta legislatura-- que afecta a la fiscalidad, a los fondos
y sociedades de inversión inmobiliaria, al nuevo plan de vivienda que
habrá que poner en marcha y donde habrá que tener muy presente cómo se
favorece la vivienda en régimen de alquiler, etcétera. Pero es
indiscutible que uno de los elementos del cambio de modelo es incrementar
la oferta de suelo urbanizable, porque nadie discute hoy, ni desde una
perspectiva urbanística ni desde una perspectiva económica que la
repercusión del coste del suelo en el precio final de la vivienda es en
España excesiva, y ése es uno de los datos que nos debe llevar a la
consideración y al debate sobre un modelo urbanístico cuyos resultados no
han sido buenos. Se podrían hacer juicios más negativos, pero tampoco
querría yo entrar en una descalificación «per sé». Creo que los dos
resultados a los que antes me he referido ponen de relieve que hay que
cambiar el modelo, porque la vivienda en España es cara, no es asequible
y además hay escasez de viviendas y falta suelo, prueba de ello es que
tiene una repercusión muy alta en el coste final de la vivienda. El
objetivo esencial de la ley es hacer una reforma estructural para
incrementar la oferta de suelo urbanizable como uno de los elementos que
deben tener un efecto positivo en la disminución del coste final de la
vivienda.
El urbanismo como función pública está implícito en todo el proyecto de
ley, porque los dos elementos básicos que servirían para definir la
función pública vienen determinados por dos elementos: primero, la
participación en las plusvalías de la Comunidad, que está garantizada, y
segundo, las obligaciones de los propietarios, no ya de suelo urbano o de
suelo no urbanizable, sino las obligaciones de los propietarios de suelo
urbanizable.
Yo le pediría a su señoría que relea el artículo 18 del proyecto de ley
porque ahí se definen unas obligaciones de los propietarios de suelo
urbanizable extraordinariamente importantes para introducir racionalidad
justamente en el proceso urbanístico que conduce a la construcción de la
vivienda y hacer un urbanismo razonable. Por tanto, si no se emplea el
concepto función pública o no se alude explícitamente a la función
pública del urbanismo o al urbanismo como función pública, no es menos
cierto que la dimensión pública del urbanismo, la dimensión pública del
elemento suelo está permanentemente presente en todo el articulado de la
ley.
Se trata de cambiar el modelo, y con ello, señoría, hago referencia a lo
que usted solicita. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo por aceptar
elementos de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Creo
que mientras mayor sea el apoyo parlamentario que recoja esta ley, mejor.
No va a ser difícil que aproximemos posiciones, porque ustedes están muy
encastillados en un modelo cuyos resultados en el proceso histórico
español, a nuestro juicio, no son buenos. Deberían ustedes aceptar que
hay que cambiar el modelo. No le puedo decir que el modelo que yo
defiendo sea una panacea y la solución definitiva del problema, yo he
ofrecido siempre que debatamos a fondo cómo podemos tener un mejor
urbanismo y cómo podemos ir resolviendo el problema de la vivienda, tanto
de acceso a la propiedad como al régimen de alquiler. Ese es un problema
pendiente de resolución en España.
Si nos empeñamos en mantener el modelo que no ha producido el resultado
apetecido, va a ser muy difícil entenderse. Sé que ustedes tienen un
especial cariño al llamado modelo de la ley valenciana, lo vamos a
estudiar, y probablemente lo vamos a hacer compatible como legislación
autonómica, ya veremos cómo lo podemos hacer técnicamente. No es algo que
se nos escape. Es evidente que el actual Gobierno de la Comunidad
Valenciana, del Partido Popular, está aplicando ese modelo. Por tanto,
para nosotros ése ya es un dato suficiente como para introducir un
elemento de reflexión.
También es posible que ese modelo sea apto, bueno o positivo para la
Comunidad Valenciana, especialmente para Valencia, donde el suelo
urbanizable está muy fragmentado en pequeños solares y donde se dan unas
circunstancias particulares que no se dan en otras Comunidades Autónomas.
Yo no tengo en esto ningún apriorismo; yo creo que hay que liberalizar la
oferta de suelo y que hay que incrementarla. Creo que es necesario hacer
la reforma estructural que se hace para incrementar la oferta de suelo
y reducir el coste de uno de los elementos que inciden de manera más
importante en el precio final de la vivienda. Pero hay otros elementos
que se pueden ir introduciendo en este proyecto de ley o en otros para ir
configurando un modelo que origine un mejor urbanismo y que resuelva,
sobre todo, un problema que es extraordinariamente grave porque es un
problema social, que es que la vivienda en España es muy cara; no hay
viviendas asequibles en número suficiente. Eso no está resuelto, y quien
diga que lo está que se lo pregunte a la inmensa mayoría de jóvenes que,
incluso ya con un trabajo fijo, con un contrato estable y con un sueldo
razonable, no ganan ni de cerca ni de lejos lo suficiente como para poder
ir pagando un precio alto de vivienda, que es el que actualmente existe
globalmente en el mercado español.
Y ya le he dicho que los planes de vivienda, cuyos créditos hipotecarios
se subsidian a través del Ministerio --lo he calificado así muchas veces
y lo repito--, son una medida urgente a un problema acuciante, pero no
son la solución del problema. Y la prueba es que, haciéndose, como se
hacen, 150.000-180.000 actuaciones urbanísticas al año a través de esa
partida de los Presupuestos del Estado, sin embargo, en las grandes
capitales españolas sigue existiendo un problema muy grave de vivienda,
de vivienda accesible, porque viviendas caras las hay y vacías. En
Madrid, el censo da más de 70.000, pero son poco accesibles para la
inmensa mayoría de los ciudadanos, cuyo nivel de renta no alcanza para
poder acceder a esas viviendas.
Por tanto, éste es un debate, señoría, que la ley inicia, y yo puedo
asegurarle que haremos el esfuerzo máximo para recoger todas las
aportaciones positivas, pero no con el deseo de volver a un modelo cuyos
resultados, en conjunto, no han resuelto el problema que deberían haber
resuelto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor Ministro.
Pasamos a continuación al turno de los restantes portavoces, en primer
lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a empezar por la parte final de su exposición. A
nuestro Grupo le parece bien esa posición política de apertura y de
intentar integrar posicionamientos distintos. El que usted diga que en
este momento el Partido Popular está aplicando en la Comunidad Autónoma
del País Valenciano una ley aprobada en los tiempos en que el Partido
Socialista tenía mayoría absoluta es un signo de apertura y de
integración con otras posiciones políticas, y por tanto coincido
principalmente con la parte final de su exposición en la réplica en
cuanto a lo que dice de que van a integrar, porque éste es un tema
importante, las diferentes posiciones para poder alcanzar un consenso
generalizado y, si es posible, unánime, aunque sea difícil.
Luego hace usted una serie de comentarios con los que nuestro Grupo,
modestamente, no coincide, que se refieren a la supletoriedad. Yo creo
que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido recalcar su
reiterada jurisprudencia, empezando por la sentencia 147/1990, que viene
a decir que el artículo 149.3 de la Constitución no es atributivo de
competencias, y por tanto no se pueden dictar leyes en materias sobre las
que no se tiene propiamente la competencia.
Respecto a lo que usted dice sobre competencias concurrentes, el Tribunal
Constitucional lo soluciona diciendo que cada uno puede dictar o legislar
en materia de su competencia. Y aquí la competencia no es propiamente
concurrente. El Estado tiene la competencia del artículo 141.1 en la
regulación del derecho de propiedad y sus condiciones básicas, y las
Comunidades Autónomas tienen otra materia, otro título competencial, que
es muy distinto, que es el urbanismo. Por tanto, hay que discernir
jurídicamente ambos conceptos. Un título competencial es el urbanismo y
otra cosa es el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que es el que
ampara a esta Cámara para que los poderes centrales del Estado puedan
dictar una legislación dirigida a estabilizar el régimen del derecho de
propiedad, ligado, naturalmente, con otro artículo, que es el 149.1.8.ª,
que es el de la legislación civil. Sabe usted, señor Ministro, que no hay
un único derecho de propiedad, sino que existe el derecho de propiedad
civil, pero el derecho de propiedad administrativo tiene diferentes
modulaciones. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma
agraria andaluza lo decía claramente: la posición jurídica de los
ciudadanos españoles ante la Administración, ante los poderes públicos,
no es la misma en todos los lugares del Estado. ¿Por qué? Porque las
Comunidades Autónomas actúan, disciplinan, norman, legislan, dictan
derechos, dictan normas jurídicas que regulan la relación
administrado-administración, y lo hacen de diferente manera, con
diferentes opciones, con diferentes planteamientos. Por tanto, el derecho
de propiedad administrativo no es el mismo en todas las partes del
Estado, y eso lo reconoció el Tribunal Constitucional en la famosa
sentencia relativa a la reforma agraria andaluza, donde admitía la
posibilidad de crear hechos expropiatorios, causas «ex propiandi», en
definitiva, en función de la competencia que se tenga.
Además, se da otra cuestión. Nosotros entendemos la supletoriedad como
integración de las lagunas del derecho, pero en el derecho administrativo
es muy difícil encontrar lagunas. ¿Por qué? Porque el derecho
administrativo se regula en base al principio de legalidad en virtud de
la cual toda actuación de los poderes públicos queda sujeta al
ordenamiento jurídico. Por tanto, la supletoriedad se entiende como
subsanación de problemas de interpretación que pueda haber, y yo creo que
el Tribunal Constitucional ha acertado; y lo único que ha hecho en esta
sentencia es reiterar, es decir, referirse a la densísima jurisprudencia
que tiene la sentencia 147/1990, donde se dice que hay incompetencia del
Estado para dictar legislación en aquellas materias en las que no tiene
título competencial, que son aquellas que los Estatutos de Autonomía han
atribuido, como integrantes del bloque de la constitucionalidad, a las
diferentes Comunidades Autónomas.
Por tanto, eso puede originar un problema de gestión, pero la realidad
del Estado Autonómico es que la competencia
del Estado es el régimen de propiedad del artículo 149.1.1.ª y el
urbanismo es competencia de las Comunidades Autónomas. Obviamente, de
aquí se llega a una conclusión, que es que yo creo que la misma sentencia
se contradice respecto a cómo legisla el Estado sobre esta cuestión.
¿Cuál es el título competencial? La sentencia dice que el artículo
149.1.1.ª no son bases de desarrollo, pero si la analizamos
pormenorizadamente, dice también que el Texto Refundido del año 1992 o la
Ley de 1990, de Valoraciones, sobre la base del artículo 149.1.1.ª, fijan
un mínimo común denominador jurídico. ¿Y qué es eso? Eso, en definitiva,
es la fijación de unas bases.
Por tanto, de una manera no expresa, la sentencia del Tribunal
Constitucional viene a fijar un sistema de bases de desarrollo, y vemos
contradicciones en la misma sentencia, que por un lado dice que el
urbanismo es competencia de las Comunidades Autónomas, pero, por otro
lado, el artículo 149.1.1ª dice que se fija un mínimo común denominador
jurídico susceptible de ser desarrollado por las Comunidades Autónomas.
Yo quería hacer esa reflexión jurídica de la sentencia del Tribunal
Constitucional, ya que, obviamente, por las dificultades técnicas y
jurídicas, el propio Tribunal puede entrar en este tipo de razonamientos
que no se acaban de entender bien.
Se ha originado una situación política que es acorde con el Estado de las
Autonomías que tenemos, y hay Comunidades Autónomas que procedieron a un
desarrollo y a una legislación completa en materia de urbanismo, como
pueden ser Cataluña o Valencia, en las que no hay un problema
propiamente, porque tienen, por esta sentencia del Tribunal
Constitucional, su propia legislación.
El problema, al que usted hacía referencia de pasada, está en aquellas
Comunidades Autónomas que no tienen legislación autonómica, sino que
tienen legislaciones puntuales, legislaciones parciales. Y ahí sí se
puede suscitar un problema, porque si la legislación del texto refundido
es inconstitucional, viciada por incompetencia, ¿cuál es el soporte
jurídico? ¿Cuál es el parámetro jurídico? ¿Con qué texto legal
funcionamos?
En ese tema, el Tribunal Constitucional, en su fallo interpretativo,
mantiene la vigencia del texto refundido de 1976 y aquellos reglamentos
que estuvieran en correspondencia con el mismo y que tendrán vigencia en
la medida en que esos artículos del reglamento coincidan con los
principios de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Y tenemos otro grupo de Comunidades Autónomas que no tienen ningún tipo
de legislación, y en ésas sí habrá verdaderamente que legislar. De hecho,
se están produciendo actuaciones de las Comunidades Autónomas, que están
legislando sobre esta cuestión que es absolutamente necesaria.
Entrando más profundamente en el tema del proyecto de ley, vemos que se
plantea un modelo urbanístico distinto al que planteaba la Ley de 1990.
Pero el Tribunal Constitucional no se «carga» totalmente el sistema de
escalera, el sistema de la adquisición gradual de facultades. Obviamente,
éste tenía sus dificultades, sus problemas, y todos vemos las
disfunciones que ha tenido. Pero nosotros estamos reflexionando --no
tenemos una posición definitiva como Grupo Parlamentario-- sobre el
modelo que se plantea en el Proyecto de Ley del Suelo.
Vamos a tener una reunión esta semana en nuestro partido para analizar
esta cuestión. Y vemos que hay un cambio de filosofía del modelo
anterior, del sistema de escalera a otro en el que, mediante la
definición con suelo residual, se va al urbanizable. Hasta ahora, el
suelo residual era el no urbanizable, se definía que era suelo urbano el
urbanizable y residual el no urbanizable. Ahora se opta por una posición
distinta en la que se define lo que es el suelo urbano y el no
urbanizable, y todo lo demás es susceptible de ser urbanizado.
Señor Ministro, nosotros tenemos en este momento un debate interno
abierto sobre esta cuestión. En las enmiendas que se presenten vamos a
intentar ser también flexibles e integrar al Partido Socialista en el
mayor consenso posible, porque creo que es bueno que sobre esta cuestión
podamos lograr el mayor acuerdo posible. Porque en definitiva, la
concepción o el alcance que sobre el derecho de propiedad se dé aquí está
incidiendo y va a modular las legislaciones de las Comunidades Autónomas.
Habría que hacer referencia en la ley a que las facultades no son
solamente las que establece la ley, sino que tienen que venir moduladas
por lo que diga el planeamiento en cada momento, lo cual es importante,
porque el planeamiento también es la posibilidad de ejercer opción
política en cada momento. Yo creo que habrá que introducir enmiendas, y
por los datos que nosotros tenemos, el Grupo Parlamentario Popular podría
coincidir en esas cuestiones.
Entrando ya en algún tema de detalle, a nuestro Grupo Parlamentario le
gustaría puntualizar en el tema del aprovechamiento urbanístico, un tema
puntual que ha tenido enorme repercusión y sobre el que se han centrado
debates y que tiene su importancia, aunque sea relativa. La sentencia
dice: El Tribunal Constitucional no puede fijar una tasa o una cuantía
fija. Y se habla de la posibilidad de la horquilla.
Nosotros entendemos que el criterio a seguir por el legislador debería
ser la fijación de un mínimo y no de un máximo, porque hay que dejar un
margen de actuación a las Comunidades Autónomas y fijarlo como mínimo. De
hecho, hay posicionamientos jurídicos distintos. Nosotros hemos
consultado a tres catedráticos de Derecho Administrativo --no voy a
mencionar los nombres-- que hacen diferentes interpretaciones sobre el
tema de la horquilla y el carácter que ésta ha de tener. Es decir, el
sistema que se plantea en el proyecto de ley: que debe ser un máximo, y
de ahí para abajo; o el criterio distinto: que sea un mínimo, y de ahí
para arriba. Nosotros coincidíamos más con ese planteamiento, y, como
ciencia inexacta que es el Derecho, entiendo que hay diferentes
interpretaciones, y ya tendremos oportunidad de llegar a un acuerdo sobre
tal cuestión.
Sobre el tema de las valoraciones y el de las expropiaciones, tenemos una
serie de discrepancias muy puntuales que se sustanciarán a través de
enmiendas. Obviamente, eso sí forma parte del haz de competencias que
corresponde regular a los poderes centrales del Estado, como el núcleo
del derecho de propiedad, y sobre tal cuestión yo creo que no hay grandes
divergencias.
Para terminar, señor Presidente, en el Título I del proyecto de ley,
Capítulo I, cuando se habla de las clases de suelo, y, sobre todo, en el
Capítulo II, artículos 12 a 20, está el modelo de urbanismo --nosotros
tenemos nuestras dudas--, donde se da ese cambio del sistema de escalera
a un sistema en el que el particular va a tener mayores facultades,
incluso para el ejercicio de la actividad urbanizadora. Nosotros estamos
reflexionando y tenemos experiencia de que no ha resultado muy bien el
sistema anterior. Pero tampoco queremos ir a un modelo liberalizador del
todo, porque creemos en la función social de la propia ley y en la
participación de la Administración, sobre todo en el ejercicio de la
acción urbanizadora. La función que la Administración desempeña en la de
jugar un papel importante y, por lo tanto, intentaremos, desde nuestra
posición, llegar a un consenso con el Grupo mayoritario que apoya al
Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
damos la bienvenida al señor Ministro confiando que en el próximo período
de sesiones podamos celebrar su presencia, si es posible, con mayor
periodicidad, toda vez que su exposición es siempre interesante, no sólo
como Ministro, sino por la concesión y claridad con que la efectúa.
La Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del régimen urbanístico y
valoraciones del suelo, a juicio de Convergència i Unió, a pesar de sus
101 artículos, disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, ha sido
poco útil. Lo advertimos y discutimos fuertemente ya en su momento, y no
sólo por que fuera una ley que laminaba las competencias autonómicas; por
cierto, no con el Ministro Borrell, como erróneamente se ha dicho con
frecuencia en la prensa; y en este aspecto, y sin que sirva de
precedente, tenemos que devolverle la fama al señor Borrell, porque no
era el Ministro que en aquellos momentos ostentaba la responsabilidad del
departamento.
Como digo, considerábamos que no sería útil. Y no lo ha sido. Se
planteaba unos objetivos ambiciosos muy difíciles de llevar a término
dado el desarrollo de la misma. Y, por otra parte, discutibles en
muchísimos aspectos desde el punto de vista autonómico, y así dio la
razón el Tribunal Constitucional a todos aquellos que presentaron el
recurso, entre ellos la Generalitat de Catalunya, a través de la
sentencia del 20 de marzo último.
Por lo tanto, nos parece lógico, y además necesario, modificar la ley.
Por nuestra parte, ya dimos pleno soporte a la breve modificación sobre
la reforma de la Ley del Suelo y de Colegios Profesionales, que se aprobó
hace pocos meses, a través de algunas enmiendas y a través del apoyo
global, porque nos pareció que aquella modificación era necesaria. En
este caso, evidentemente, se trata de adecuar la Ley a la sentencia y, a
la vez, el Ministerio de Fomento plantea algunas modificaciones que en
general nos parecen interesantes. Comprendemos perfectamente la finalidad
de abaratar la vivienda a través del suelo, ya que por otras vías, a
través de créditos hipotecarios subvencionados, ya se realiza lo que
presupuestariamente es posible; comprendemos --repito-- que esta
finalidad es importante, es una finalidad social con la cual estamos de
acuerdo, si bien nos da un cierto miedo el aspecto del desarrollo
edificable que pueda realizarse en un terreno no calificado en un momento
como urbano y, por tanto, como terreno no urbanizable que pueda ser luego
urbanizable en ciertas condiciones. Ciertamente es un tema delicado.
Es cierto --en eso estamos de acuerdo-- que el incremento de oferta
forzosamente ha de abaratar el suelo y, en consecuencia, el precio final
de la vivienda, pero tampoco quisiéramos que ello implicase un desarrollo
urbanístico anárquico, aunque estamos seguros de que tampoco lo quiere
así el señor Ministro ni el Gobierno. En cualquier caso, creemos que en
este aspecto hay que ir con cuidado para que la finalidad que pretende el
Proyecto de Ley se pueda cumplir, pero sin que ello sea una merma de un
buen desarrollo urbanístico, como el que ciertamente en estas últimas
décadas se está llevando a cabo.
Por tanto --y acabo--, nuestro Grupo, señor Ministro, le va a dar todo el
soporte necesario a través de enmiendas, sugerencias e ideas para que el
Proyecto de Ley, cuando se transforme en una ley, realmente cumpla los
objetivos que tiene marcados el Ministerio y, al mismo tiempo, con un
desarrollo urbanístico armónico, como es el que hoy en día se está
realizando.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Beguer.
El señor Bris tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer, cómo no, al señor Ministro de Fomento su presencia y
las explicaciones que está dando a esta Comisión, así como el
enriquecimiento que está suponiendo para la misma. Quiero agradecer
también al Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, los esfuerzos
que está haciendo para conseguir, a través de una serie de medidas que
está adaptando, que este derecho constitucional de todos los españoles a
la vivienda pueda ser no solamente algo escrito en la Constitución sino
algo que realmente pueden ver recogido los ciudadanos españoles.
Quiero recordar que la mala gestión del Gobierno Socialista, al hacer una
ley que no agradaba a casi nadie y con la sentencia que surgió el 19 de
marzo, hizo que existiera un vacío legal dentro de la Ley del Suelo y
dentro de algo tan importante para la dinamización económica, como es
este sector.
En un momento determinado casi existía un vacío legal, puesto que
teníamos que remitirnos al texto refundido del
año 1976 y a la ley, que todavía formalmente no había sido ni mucho menos
recurrida, del 14 de abril de 1997. Por lo tanto, no hay que olvidar que
los problemas que se han suscitado y que han obligado a actuar
urgentemente --y en ese aspecto hay que felicitar al Gobierno por lo bien
y lo rápido que lo ha hecho--, surgen de la mala gestión, como digo, del
Gobierno Socialista, que hizo una ley que realmente ha sido mala y que,
por desgracia, como ha dicho el señor Ministro de Fomento, algunas
Comunidades Autónomas tratan de adoptar directamente, casi sin cambiar su
articulado.
Ha sido y es una ley, a nuestro juicio, obsoleta y caduca que no ha
resuelto los problemas de la sociedad ni ha dado respuesta a los muchos
interrogantes que se venían presentando. No ha logrado esta ley, a lo
largo de siete años, y su reglamento, a lo largo, de cinco, evitar la
especulación, ni evitar el enriquecimiento rápido, ni evitar, lo que es
más importante, el encarecimiento de la vivienda.
En aquel momento, nosotros decíamos que, aparte de estas cuestiones que
ya estábamos denunciando que no podían ser solucionadas con esta ley,
había también en ella algunos principios que atentaban contra otro de los
derechos que marcaba la Constitución Española que es el derecho a la
propiedad. Se invadían competencias de la autonomía municipal, como
podían ser aspectos que se relacionaban con la expropiación o con la
aprobación de los planeamientos urbanísticos, y lo más importante --y es
lo que hay que recalcar-- ha sido ineficaz ante la especulación y,
además, no suponía bajo ningún concepto aumento de la oferta en suelo
público, como se ha podido ver, puesto que en estos momentos sólo el 6
por ciento del territorio nacional es suelo urbanizado, muy por debajo de
los países de la Unión Europea y, por otra, la repercusión del suelo en
el coste de vivienda está cuatro veces por encima de lo que sucede
también en los demás países de la Unión.
Por lo tanto, creemos que es necesario un nuevo modelo que en sus líneas
maestras ha explicado el señor Ministro de Fomento; un modelo que se ha
basado, como es lógico, en el respeto a la sentencia. Se está tratando, a
través de las cesiones del suelo y a través de la simplificación de
calificaciones del suelo, lo que el Ministerio y todos creo que queremos,
y es el aumento de la oferta de suelo, puesto que se ha visto que la
anterior ley ha sido incapaz de conseguir ese mencionado aumento.
Esta nueva ley que está planteando el señor Ministro respeta la autonomía
local, los planeamientos que los ayuntamientos deben de hacer en relación
con lo que quieren que sea su propio municipio, a dónde debe ir dirigido
en los temas urbanísticos y qué es lo que quieren que sea su municipio,
lógicamente dentro del cauce estatal y regional que estamos obligados a
seguir.
Se respeta también el derecho a la propiedad, cosa que no se hacía en la
anterior ley, y los aspectos sociales se ven también reflejados en el
texto que presenta el Gobierno del Partido Popular en dos casos muy
concretos: en la redistribución social de las plusvalías y en la fijación
de los porcentajes en lo que se refiere a las viviendas de protección
oficial. Importante también es lo que ha señalado el señor Ministro en lo
que se refiere a los valores del suelo, basado en valores deducidos de
estudios de mercado.
Por lo tanto, señorías, señor Presidente, no encontramos ante dos modelos
diferentes de leyes que puedan regir el suelo en nuestra nación. Uno lo
hemos considerado intervencionista, rígido y totalmente ineficaz a lo
largo de estos años; no ha dado soluciones ni respuestas a la sociedad.
Mientras que el que se nos presenta ahora es un modelo totalmente nuevo,
flexible y esperanzador. Por lo tanto, esas reticencias que manifestaba
el señor Ministro de Fomento en relación con la rigidez con que el Grupo
Parlamentario Socialista está contemplando el quedarse en sus cuarteles
de invierno y seguir adelante con una ley que se ha demostrado totalmente
ineficaz, lógicamente a nuestro Grupo no le parece que sea lo más
apropiado en estos momentos, ni la respuesta que está esperando la
sociedad española.
Por lo tanto, entre los dos modelos, señor Ministro, apostamos por el
segundo; vamos a apoyarlo al máximo, y queremos que sepa usted y el
Gobierno que cuentan con nosotros para mostrar ese apoyo en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Bris.
Para contestar a los diferentes portavoces, tiene la palabra el señor
Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
En relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, le diría a su señoría de manera muy
escueta lo siguiente. Creo que el debate a que da lugar la configuración
del Estado de las Autonomías a través de una integración armónica de la
Constitución y los Estatutos es un debate que no tiene fin y que, por
cierto, a mí me apasiona. Por tanto, yo estaría siempre dispuesto a
discutir cuál es el perfil básico del modelo constitucional.
Ahora bien, difícilmente se puede negar lo que constituye la doctrina
clásica del Derecho Constitucional en lo que afecta a la definición del
Estado que la Constitución contempla. Como usted sabe, la Constitución
establece dos conceptos de Estado, ambos necesarios. Para entendernos,
hay un concepto estricto o reducido del Estado y un concepto amplio que
comprende a todas las Administraciones territoriales, por tanto,
Autonomías, ayuntamientos, Diputaciones provinciales, etcétera.
Pero hay un concepto estricto, repito, que es el que estudia la doctrina
clásica del Derecho Constitucional, y que se aplica, tanto a los Estados
unitarios, como a los Estados profundamente descentralizados. Y es que el
Estado, como mínimo, está constituido por tres elementos: la población,
la organización y el territorio.
El territorio es un elemento constitutivo del Estado, de todo tipo de
Estado. Sin territorio no es concebible ni imaginable un Estado. Por
tanto, si el territorio es un elemento constitutivo del Estado en el
sentido estricto del término, alguna facultad de ordenación sobre uno de
sus elementos constitutivos ha de tener el Estado.
Me parece, por tanto, que la sentencia del Tribunal Constitucional en ese
sentido va un poco lejos, porque si la aplicamos en sus consecuencias
prácticas, desaparece el territorio como elemento constitutivo del Estado
en sentido estricto.
Pues bien, el debate no tiene fin puesto que se trata de un debate
fundamentalmente doctrinal, pero difícilmente se puede hablar de la
existencia de un Estado --insisto, en el sentido del término, no en el
sentido amplio-- si no se acepta que el territorio es un elemento
constitutivo del Estado. Eso es lo que dice la doctrina clásica del
Derecho Constitucional, que no ha sido sustituida por una moderna
doctrina del Derecho Constitucional. Y digo que es doctrina clásica
porque es doctrina permanente e invariable del Derecho Constitucional de
todos los constitucionalistas.
Pero, en todo caso, señoría, no deja de ser paradójico que la sentencia
del Tribunal Constitucional declare vigente, para lo que sirva una ley
del año 1976, es decir, una ley que es preconstitucional. Me reconocerá
su señoría que, como conclusión de una sentencia, ésta no deja de ser
paradójica. Por mucho desacuerdo que yo pueda tener, y lo tengo, con la
legislación declarada inconstitucional, al menos debe reconocerse que es
una legislación que hace una interpretación de la Constitución que en
algunos aspectos no ha resultado válida desde una perspectiva
jurídico-constitucional, pero no deja de ser singular que lo que la
sentencia deja vigente sea una ley preconstitucional, una ley que no tuvo
en ningún momento en cuenta la existencia de un Estado de las Autonomías
ni la de un Estado descentralizado.
Por tanto, la sentencia hay que acatarla. El proyecto de ley del Gobierno
acata la sentencia y se ajusta con rigor a ella, pero la sentencia
plantea unos problemas que a mí me parece de extraordinario interés que
sean debatidos en las Cámaras puesto que se trata en realidad de un
debate importante que se puede ir desarrollando a medida que se vayan
presentando leyes que puedan afectar a uno u otro modelo, a una u otra
interpretación del Estado de las Autonomías que se deriva de esa
integración sistemática y armónica del texto constitucional y de los
Estatutos de Autonomía.
Para concluir con la intervención de su señoría diré que sí creo que
Valencia y Cataluña tienen un problema con la declaración de
inconstitucionalidad de la legislación del Estado. Claro que lo tienen, a
pesar de tener también una legislación muy completa, y es que no hay que
olvidar que los conflictos, los litigios, los resuelven los tribunales de
Justicia. Y, naturalmente, no hay un problema inmediato para las
Comunidades Autónomas que tienen una legislación urbanística
desarrollada, pero pueden tener un problema los ciudadanos, pueden tener
un problema los promotores, los constructores o los arrendatarios. Es
decir, está claro que puede haber problemas individuales y singulares
cuando se recurre a los tribunales de Justicia.
Creo que la sentencia del Tribunal Constitucional ha generado una
inseguridad jurídica, lo creo sinceramente, porque en estos momentos ha
dado un punto de referencia a una ley que es de 1976. La relación entre
esa ley y las legislaciones de las Comunidades Autónomas es muy distante.
Será difícil, por tanto, hacer una interpretación sistemática y armónica
de una legislación urbanística de 1976 con unas legislaciones autonómicas
posconstitucionales.
Por tanto, el problema está planteado. Claro que hay problemas, y muy
serios, que convendría resolver cuanto antes dando ese marco de
referencia en las cuestiones básicas que son las que trata de resolver el
proyecto de ley del Gobierno.
Finalmente, quiero decir que la sentencia deja una posibilidad abierta a
varias interpretaciones en lo que afecta al porcentaje de cesión de suelo
a la hora de proceder a la urbanización. Creo que es una interpretación
razonable el que el Estado pueda fijar una horquilla aunque después sea
discutible que esa horquilla vaya del 0 al 10 o del 0 al 15. Pero que el
Estado pueda fijar una horquilla y que dentro de ella se puedan mover las
Comunidades Autónomas, parece que es un criterio bastante razonable en
ese punto.
Agradezco también las palabras del Senador Beguer, representante del
Grupo Catalán de Convergència i Unió, en el sentido de que comparte
básicamente la finalidad de la ley: el incremento de la oferta del suelo
por ser éste uno de los elementos que contribuyen a incrementar el coste
de la vivienda por oferta insuficiente. Esto es algo que hoy no discute
nadie en el panorama urbanístico español. Es necesario incrementar la
oferta de suelo, cosa que se puede hacer de una manera más flexible, más
amplia, o menos flexible y menos amplia, pero, en todo caso, parece que
sería un objetivo a compartir el que incrementar la oferta de suelo
supone algo positivo que luego incide, siempre a medio plazo --nos
movemos en temas que no tienen efecto a plazo inmediato--, en el coste
final de la vivienda.
Y también agradezco las palabras del Senador Bris. Creo que,
efectivamente, el Gobierno ha actuado con rapidez. Dos meses para
presentar un proyecto de ley en las Cortes a partir de la fecha de la
sentencia del Tribunal Constitucional es un plazo que demuestra que se ha
trabajado aceleradamente. Se han recogido muchas sugerencias de los
distintos sectores que tienen una relación directa o indirecta con el
suelo. En todo caso, la Cámara está ahora en condiciones de aprobar en el
próximo período de sesiones un marco de referencia que constituye un
factor de ordenación en una materia del que en estos momentos, y desde
una perspectiva jurídica, carece.
Soy absolutamente comprensivo con las iniciativas de las Comunidades
Autónomas para hacer frente a un vacío legal. Esto es evidente. No era
posible resolver este tema por un decreto-ley aunque éste hubiera
intentado consensuarse con una mayoría parlamentaria muy amplia, puesto
que el derecho de propiedad no es susceptible precisamente de ser
regulado por la vía del decreto-ley.
Por eso, se trata de tramitar con urgencia el proyecto de ley del
Gobierno, un proyecto de ley breve que está muy circunscrito a las
competencias del Estado de acuerdo con lo que dice la sentencia del
Tribunal Constitucional.
También discrepo con su señoría del sistema de facultades sucesivas. Creo
que no ha dado buen resultado. Si se hubiera aplicado en todas sus
consecuencias no habría dinero hoy en España para expropiar la cantidad
de suelo que
debería ser expropiado como consecuencia de este sistema que,
efectivamente, creo que ha dado los resultados que ha dado. No sé si el
Grupo Parlamentario Socialista va a mantener en la tramitación de este
proyecto de ley el sistema de facultades sucesivas. Creo que el modelo
valenciano no necesita para nada de ese modelo. Considero que un derecho
de propiedad urbanístico delimitado por su función social es más que
suficiente para poder encontrar un régimen jurídico de suelo que permita
alcanzar el objetivo en el que todos estamos de acuerdo: que haya más
viviendas asequibles, tanto en régimen de propiedad como en régimen de
alquiler.
Si empezamos a sentar las bases para conseguir ese objetivo, creo que
estaremos en el buen camino.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señor Ministro,
por su intervención.
A continuación pasamos a un turno de intervención de Senadores.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero hacer una reflexión, señor Ministro. Efectivamente, ahí está
la teoría clásica del Derecho Constitucional, pero tiene que ser adaptada
a la realidad del Estado de las Autonomías. Usted se ha referido a los
tres principios --organización, población y territorio--, pero no ha
profundizado en el del territorio. Según éste, se tienen las competencias
en función del bloque de la constitucionalidad, y en un Estado de
composición compuesta el bloque de la constitucionalidad atribuye unas
competencias determinadas a unos poderes, y otras, a otros.
Por tanto, el Estado en sentido estricto, o propiamente dicho, tendrá las
competencias que se desprendan del bloque de la constitucionalidad, y
resulta que no las tiene en materia de urbanismo, porque el Parlamento
así lo ha querido al elaborar la Constitución. Y así lo ha dicho también
el Tribunal Constitucional.
Coincido, pues, en que, según la teoría clásica, el Estado propiamente
dicho actúa en el territorio, pero porque en ella no se contempla el
bloque de la constitucionalidad --sino sólo una legislación general--
compuesto, tal como ha definido la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, por la Constitución y los Estatutos de Autonomías. Por
eso, evidentemente, la teoría clásica necesita una adaptación, ya que el
Estado sólo interviene en el territorio en las materias en las que puede
ser competente, como son las reservadas por la Constitución en el
artículo 149, mientras que las comprendidas en el artículo 148 y las
fijadas en los Estatutos de Autonomía corresponden a las Comunidades
Autónomas.
Por otro lado, se ha comentado la problemática de la legislación
preconstitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional dicta una
sentencia interpretativa y en su fallo llega a mantener la vigencia del
texto refundido de 1976. Pero señala algo muy importante: que ni los
poderes centrales del Estado ni las Comunidades Autónomas pueden
desplazar o regular en su totalidad la reglamentación que se establecía
en la Ley del Suelo de 1976, porque en ese momento existía una
construcción clásica del Estado y no había más poderes con potestad sobre
el urbanismo. Por tanto, el Estado podía regular el urbanismo propiamente
dicho, la ordenación del territorio y el régimen de la propiedad. Sin
embargo, ahora el Estado podrá llevar a cabo la regulación del derecho de
la propiedad, mientras que las Comunidades Autónomas tienen competencias
en la legislación en materia de urbanismo.
Dicha sentencia está en coherencia con un sistema de distribución de
competencias en un Estado de composición compuesta, fijado, vuelvo a
insistir, en ese bloque de la constitucionalidad. Así, el régimen de la
propiedad será competencia de los poderes centrales del Estado, mientras
que las Comunidades Autónomas deberán legislar en materia de urbanismo.
Por tanto, ni el Estado puede elaborar una legislación plena, como la Ley
de 1976, ni las Comunidades Autónomas tampoco. Cada uno podrá hacerlo en
su esfera competencial.
Coincido con usted en los problemas jurídicos que eso plantea, pero, en
una interpretación equilibrada y armónica del ordenamiento jurídico, con
su sentencia, el Tribunal Constitucional no pretende plantear efectos «ex
tunc», sino «ex nunc», es decir, efectos hacia adelante, no hacia atrás.
Según el principio de conservación de los actos que inspira el Decreto
Administrativo, se mantendrían todos aquellos actos y gestiones
administrativas realizados sobre la base de la legislación vigente en el
momento en que el acto de gestión urbanístico se realizó --acto que ahora
ha sido declarado inconstitucional--; como digo, eso se debe al principio
de conservación de los actos que inspira el Derecho Administrativo
español. Si no fuera así, llegaríamos a una situación de absurdo
jurídico.
Por tanto, creo que, efectivamente, se ha dado ese problema. Usted ha
manifestado que esta Cámara y el Gobierno tienen voluntad de legislar,
pero lo harán en lo que se refiere al régimen de propiedad, de
valoraciones y de expropiaciones. Hasta ahí llega su competencia.
Coincidamos o no en este momento, ésa es la interpretación del Tribunal
Constitucional, y no es la primera sentencia en que lo hace. En este
sentido, ya he dicho antes que con la sentencia número 147/90 estableció
la columna vertebral sobre por qué los poderes centrales del Estado no
pueden dictar legislación supletoria cuando haya competencias en todas
las Comunidades Autónomas sobre una materia pública aparecida en el
bloque de la constitucionalidad.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senadora López Yébenes.
La señora LOPEZ YEBENES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecer su comparecencia, dirigida
fundamentalmente a la información sobre un proyecto tan importante como
es el de la ordenación del suelo, base para la construcción de viviendas.
En estos momentos
existen importantísimas carencias al respecto, sobre todo, en viviendas
de régimen especial, al ser la demanda social cada día más importante.
Por tanto, me gustaría saber si su Ministerio tiene previsto atender la
ampliación de cupos para 1997 en las viviendas solicitadas desde
Castilla-La Mancha --Comunidad a la que pertenezco--, teniendo en cuenta
el satisfactorio nivel de cumplimiento de esa Comunidad Autónoma a lo
largo del Plan. Y, en especial, quisiéramos saber si se tiene previsto en
la línea de régimen especial a la que me acabo de referir, línea
prioritaria para mi Comunidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Quiero comenzar agradeciendo la presencia, el tono y el contenido de la
intervención del señor Ministro. Esta es mi primera intervención en esta
Comisión --a la que me acabo de incorporar-- y, tal como se están
desarrollando los debates, hay que decir que es gratificante el papel de
representante de los ciudadanos.
Me gustaría hacer dos o tres reflexiones. En primer lugar, percibo una
diferencia entre el tono, la actitud y las palabras del señor Ministro, y
el texto de la ley; entre lo cerrado del texto de la ley, y la abierta
intervención del señor Ministro. Encuentro esto lógico, porque no estamos
hablando sólo de una ley, sino de un problema socioeconómico y de un
problema estructural, no coyuntural, y parece conveniente que en un
problema estructural se alcancen los mayores puntos de encuentro. Por
tanto, sería de agradecer que la actitud que se anuncia desde el Gobierno
pudiera desarrollarse, para llegar a encuentros en lo que se refiere al
texto y el desarrollo normativo concreto.
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional exige desarrollos
rápidos, lo que no impide que sean serenos y pausados. Y me voy a
permitir hacer una reflexión en voz alta: las carencias que hoy pueden
existir por la imposibilidad de dictar derecho supletorio debido al
estricto reparto de competencias quizá debieran abordarse desde una nueva
óptica. No se trata, pues, de ver como exclusiva una u otra competencia,
de verla como excluyente, o de considerar concurrentes las competencias
en esta materia, sino quizá --y también hago esta reflexión para los
representantes del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos-- de buscar
nuevos títulos competenciales que permitan abordar esta materia --la
ordenación urbana, la ordenación territorial-- desde nuevas perspectivas.
Me parece que en la Constitución hay otros artículos para que el Estado
pueda dictar normas, por ejemplo, en materia medioambiental. Así, ¿por
qué no se va a poder ordenar el medio ambiente urbano desde una
perspectiva básica para todo el Estado? Ahí está el artículo 149.1.23ª de
la Constitución, relativo al medio ambiente; el artículo 149.1.13ª,
relativo al desarrollo de las bases y coordinación de la actividad
general de la economía, o el artículo 129 --que creo que también es
desarrollable-- según el cual toda la riqueza del país debe estar
ordenada al interés general. Y me permito una broma al respecto: si el
Gobierno de la nación ha sabido encontrar el interés general a la hora de
ordenar las retransmisiones futbolísticas, ¿por qué no se va a poder
encontrar un cierto interés general a la hora de ordenar el suelo y la
actividad económica en el territorio?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Blanco): Muchas gracias, Senador Rodríguez
de la Borbolla.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero decirle varias cosas, pero procuraré ser breve
porque es verdad que ya hemos debatido sobre este tema en otros trámites.
De todas formas, sí que quisiera hacer algunas consideraciones generales
y formularle alguna pregunta o, por lo menos, pedirle que haga alguna
matización.
La verdad es que cuando por parte de los responsables públicos se ha
hablado de abaratar el precio de la vivienda y relacionarlo con la
escasez o con la suficiencia de suelo, yo creo que ha sido un error
porque, en primer lugar, el primer Decreto-Ley, al que antes hacía
referencia, ya convertido en Ley 7, no ha abaratado el precio de la
vivienda. Estoy segura de que usted conoce y ha leído detalladamente el
informe del Defensor del Pueblo, en el que, además de aportar datos,
habla de los efectos negativos que ha tenido ese Real Decreto-Ley, de 5
de junio de 1996, en materia de suelo. Por cierto, otros, hablan de malas
leyes, cuando ya han pasado varios años desde su promulgación y cuando ni
siquiera ha transcurrido un año de vigencia de esta ley ya podemos decir
que tiene unos efectos negativos tan perversos como los que recoge el
informe, porque la reducción de esa cesión de suelo, en términos de los
objetivos de creación de viviendas protegidas, es tremendamente
complicado. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, vaya por delante que entendemos algo que usted planteaba en su
segunda intervención, que es que la reforma estructural, sin duda, puede
dar soluciones a algunos problemas. No creo que el modelo anterior sea en
absoluto la panacea, ya que, aunque ha funcionado en algunos aspectos,
también habrá tenido, sin duda, otros efectos negativos y la mayor
evidencia es que el antiguo Ministerio, el MOPMA, creó una Comisión de
Expertos para ver y analizar la Ley del año 1990 y la del año 1992. Usted
lo sabe perfectamente porque dispone de esas conclusiones.
Por tanto, no nos acuartelamos, y menos en los cuarteles de invierno,
pero tampoco queremos salir al frío del invierno sin protegernos con los
abrigos. Y este cambio de modelo nos preocupa, sobre todo, porque hay
aspectos en los que no coincidimos radicalmente, que son los que,
lógicamente, destacamos.
Por ejemplo --lo hablamos en el anterior debate de la anterior Ley del
Suelo--, en cuanto a la falta de suelo urbanizable, tenemos postulados
distintos. Entendemos que
lo que falta es suelo urbanizado y el hecho de que ustedes en este
proyecto declaren como normal que el suelo sea urbanizable es, desde
luego, incompatible con la planificación urbanística como función
pública. Este es el primer elemento que ideológicamente nos diferencia y
al que creo --algunos grupos lo han planteado-- que habrá que buscar
soluciones intermedias. Espero, sin duda, que ese talante más abierto que
se ha mostrado pueda facilitar la labor.
Usted decía que el modelo valenciano nos gusta. Sí, nos gusta a nosotros
y al Gobierno Popular de la Comunidad, a los empresarios de las empresas
urbanizadoras, y a los ciudadanos y ciudadanas que acceden a una
vivienda. Por tanto, veamos por qué ese modelo puede funcionar y no se
ponga --si me permite-- usted el parche antes del grano, diciendo que un
modelo puede funcionar en Valencia --que puede ocurrir, pero no creo que
las claves sean tan diferenciadas--, pero no puede funcionar en otro
sitio.
Hay diferencias importantes. La Federación Española de Municipios y
Provincias ya nos ha aportado un documento para la elaboración de las
enmiendas a este texto del proyecto de ley de suelo y valoraciones. Sólo
me voy a referir al mismo artículo que usted me ha citado, el número 18.
Tratan de enmendarlo en su totalidad con un texto alternativo, cuyo
nombre sí que incide en los planteamientos de mi Grupo, que he expuesto a
lo largo de la tarde. El texto alternativo, en el artículo 18.1, se
titula Proceder a la Planificación del Sector, es decir, parten de la
idea de que es fundamental y ustedes no lo recogen.
Respecto a la cesión obligatoria de suelos, el artículo 2 de la Ley 7,
modificaba la cesión --la pasaba del 15 al 10--, y la Disposición Final
Primera declaraba que era una norma básica, vamos a cuestionarlo por la
sentencia del Tribunal Constitucional. Coincido con el Senador del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en que establezcamos
mínimos en esa horquilla, establezcamos máximos, porque no se puede decir
que así se facilite la labor de las Comunidades Autónomas. Desde luego,
en nuestro proyecto alternativo, que le anuncio que será a la totalidad y
que espero sea coincidente en algunos aspectos y que su Ministerio y su
Grupo sean receptivos, se establecerá ese mínimo del 15 por ciento.
Para finalizar, quisiera decirle que las diferencias de modelo responden,
sin duda, a un tono ideológico que es el que se expresa en la exposición
de motivos. Por cierto, ese tono no coincide con el positivismo --si me
permite-- o, mejor dicho, con el carácter abierto que usted ha
manifestado hoy.
Pero hay un planteamiento básico en el que nos puede encontrar. Nosotros
tenemos una serie de principios en esta materia, que creemos que hay que
respetar. Queremos buscar y definir unos objetivos en los que, si
coincidimos, seguro que podremos encontrar esas técnicas y soluciones
eficaces para poder resolver algunos problemas que se han creado a lo
largo de los años en materia de vivienda y, desde luego, también
urbanísticos.
Para ponerse de acuerdo, lo fundamental es respetar los principios y ése
es el debate en el que no coincidimos. Por tanto, ojalá que encontremos
esos principios mutuos a respetar, por parte de su Gobierno y por la
nuestra, pero que, en todo caso, no sea el facilitar la especulación o
legislar para los propietarios de suelo. Es más factible, y ahí nos
encontrará, si promovemos y facilitamos el acceso a la vivienda a través
de que haya más suelo urbanizado y posibilitamos que las empresas
urbanizadoras, de carácter público, privado o mixto, hagan, al final, que
ese suelo sea urbanizado y que, por tanto, la vivienda sea más barata.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bris Gallego.
El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a dar unas breves notas de consideración general y,
desde luego, quiero agradecerle el talante abierto y dialogante de su
intervención.
Por muchas vueltas que estemos dando a la antigua Ley, no se resuelven
los problemas del suelo. Durante estos años ha seguido encareciéndose el
precio de la vivienda y la ha puesto fuera del alcance de la mayoría de
los españoles.
Por otra parte, cuando se habla de suelo público los ayuntamientos no
tienen realmente patrimonio municipal de suelo, no han creado ese
patrimonio municipal de suelo precisamente porque la legislación les ha
permitido, a través de esa posible creación de patrimonio municipal de
suelo, hacer otras cosas con esas cesiones, como inversiones de tipo
local y general.
Quiero recalcar que es cierto que el suelo urbanizado en España es mínimo
--ya lo he dicho en mi primera intervención--, cuando estamos hablando de
un porcentaje aproximado del 6 por ciento del territorio nacional, muy
por debajo de la media de la Unión Europea.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, reiteramos nuestra
satisfacción por los criterios que está siguiendo el Gobierno en la
redacción de este proyecto de ley, es decir, respeto a la sentencia, a
las Comunidades Autónomas y a la autonomía municipal. Es un proyecto de
ley que se dirige a la búsqueda de un marco común, dentro de las
competencias lógicas del Estado, que sirva para dar respuesta a la
sociedad a un derecho que decimos constitucional, tan fundamental como es
el de acceso a la vivienda. Y esperamos que con este nuevo modelo, puesto
que el anterior es realmente obsoleto y caduco y no ha dado respuesta a
la sociedad, se consiga lo que todos queremos, es decir, que los
españoles puedan hacer real ese derecho constitucional, y en esa línea
quiero que sepa el Gobierno que el Grupo Parlamentario Popular está a su
disposición con la seguridad de que él no va a regatear esfuerzos para
conseguir lo que en este momento estamos tratando aquí de aclarar y de
definir.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bris.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Al Senador Gatzagaetxebarría le diría que podríamos tener una
interesantísima y apasionante discusión sobre las competencias que recaen
sobre un mismo territorio y cómo se distribuyen. Usted hace un
razonamiento jurídico formal correcto. Es el bloque de la
constitucionalidad el que determina las competencias del Estado y el que
determina las competencias de las Comunidades Autónomas y con arreglo a
ese bloque de la constitucionalidad se dicta una sentencia que hace una
determinada interpretación del bloque de la constitucionalidad.
Yo lo que creo es que cabe otra interpretación del bloque de la
constitucionalidad más respetuosa con la doctrina clásica que no hay que
adaptar, porque decía que es doctrina clásica en el sentido de
permanente, porque son elementos constitutivos del Estado, de cualquier
tipo de Estado, unitario, descentralizado, federal o confederal. Sin esos
tres elementos, sin territorio, población y organización del poder
público, el Estado no existe. Sin esos tres elementos, el Estado no
existe. Después hay fórmulas distintas, porque con esos mismos elementos
cabe un Estado unitario, un Estado descentralizado. Dentro de la fórmula
de descentralización cabe el regional, el federal y el confederal,
etcétera.
Mi tesis es que si se sacan las consecuencias últimas de la sentencia, el
Estado no tiene ninguna facultad de ordenación sobre el territorio. Y a
mí me parece que cabe otra formulación de la distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De momento, el Tribunal ha
dicho lo que ha creído conveniente decir y a nosotros no nos queda más
que acatar esa sentencia a la hora de redactar el proyecto de ley. Y
dicho esto, digo que sigamos discutiendo sobre ese bloque de la
constitucionalidad y sobre cómo se pueden delimitar las competencias
sobre el territorio.
Yo diría, y contesto con ello al Senador Rodríguez de la Borbolla antes
que a la Senadora López Yébenes, que hay otros títulos competenciales
posibles y en la exposición de motivos del proyecto de ley se hace
referencia al que deriva de las facultades de ordenación de las bases de
la economía, porque con este proyecto de ley se pretende una reforma
estructural que también es susceptible de ser enfocada desde la
perspectiva de la ordenación económica general y no sólo desde la
perspectiva de la ordenación del urbanismo. Por consiguiente, estoy
totalmente de acuerdo, no hay un título competencial único y excluyente.
En todo caso, podría haber varios títulos competenciales. La ordenación
del medio ambiente es uno y la ordenación de la economía es otro, sin
duda ninguna.
El texto de la ley es cerrado. Todo texto en sí mismo es cerrado.
Después, en la tramitación parlamentaria sufre modificaciones. Lo que no
veo fácil es cómo aproximar dos modelos bastante distintos. En la medida
en que el Grupo Parlamentario Socialista se aferre al modelo que estaba
en la anterior legislación, va a ser difícil la aproximación.
Antes de contestar a la Senadora López Yébenes, voy a contestar, si me lo
permite y excúseme su señoría, a la Senadora Pleguezuelos, por lo menos
en un punto muy importante. Yo estoy absolutamente convencido de que
detrás de cualquier modelo urbanístico hay un planteamiento ideológico. Y
yo asumo que en un modelo pragmático también hay un planteamiento
ideológico. Desde luego que hay un planteamiento ideológico en la ley.
Pero yo querría, a efectos dialécticos, reflexionar sobre lo siguiente:
estamos de acuerdo con el objetivo, hay que abaratar el precio de la
vivienda y hay que hacer asequibles las viviendas. Precios razonables en
régimen de alquiler y en régimen de propiedad. ¿Cuáles son los elementos
que influyen en el coste de la vivienda? Suelo, materiales, costes
laborales unitarios, procedimientos urbanísticos y fiscalidad. Desde una
perspectiva pragmática, el Estado, en estos momentos y después de la
sentencia, puede actuar limitadamente sobre el suelo y puede actuar sobre
la fiscalidad. No puede actuar ni sobre los materiales, que están sujetos
al libre mercado, ni sobre los procedimientos urbanísticos, porque han
sido declarados competencia de las Comunidades Autónomas, y puede actuar
sobre la fiscalidad.
Hemos introducido una primera ley que afecta a la fiscalidad de los
fondos de inversión inmobiliaria para favorecer las viviendas en régimen
de alquiler. Todavía no es posible hacer una reforma de la fiscalidad de
la vivienda porque la política de rigor presupuestario, hasta que no se
reduzca el déficit, como su señoría sabe, tiene unos costes fiscales de
recaudación muy fuertes y, por consiguiente, de momento no es posible
tocarlo. Pero el Estado tiene dos posibilidades de actuación claras: el
suelo y la fiscalidad, nada más, para incidir en el coste final de la
vivienda. Nosotros hemos empezado por el suelo, porque creemos que si
bien la escasez es de suelo urbanizado, el suelo urbanizado no existe en
cantidades suficientes si primero no hay suelo urbanizable.
En el proyecto primitivo habíamos regulado un procedimiento rápido,
vinculante para los ayuntamientos, que abriría una posibilidad a
discutir, pero abriría una posibilidad. Hemos tenido que renunciar a una
parte de ese procedimiento como consecuencia de la sentencia, pero en lo
que podemos actuar hoy por hoy como Estado, y el Parlamento es Estado en
sentido estricto, es sobre el suelo, el régimen jurídico de la propiedad,
las valoraciones y, desde otra perspectiva, sobre la fiscalidad. Y no
tenemos competencias para más.
¿Compartimos el objetivo? Sí, abaratar el coste de la vivienda. Si hay
cinco elementos y podemos actuar sobre dos, actuemos sobre ellos. De
momento, podemos actuar sobre uno, no podemos actuar sobre el otro por
razones de rigor presupuestario, pero ésas son las posibilidades reales y
admito que detrás de este planteamiento también hay un enfoque
ideológico, como no podía ser menos. Lo que pasa es que trato de
reducirlo al máximo e ir hacia un planteamiento más pragmático, más
positivista, en el sentido que tiene el positivismo filosófico. No
tenemos más que esos dos elementos sobre los que operar. Vamos a empezar
a operar sobre uno y en su momento operaremos sobre el otro.
Por lo demás, la competencia de planeamiento se respeta, porque el
artículo de la ley que da a los ayuntamientos la potestad de que el
planeamiento defina lo que es suelo no urbanizable es un artículo muy
amplio y son muchos
los motivos por los cuales el planeamiento municipal puede declarar no
urbanizable una parte del suelo. Son muy amplios y flexibles. Por lo
tanto, se respeta primeramente la competencia, lo que pasa es que tendrán
que ser más rigurosos ahora en el planeamiento, porque una vez hecho el
planeamiento es verdad que la ley determina que el resto del suelo es
urbanizable. Por tanto, el planeamiento tiene que ser más riguroso. No
tiene que tener unas perspectivas. Es decir, yo aquí cambio la
calificación cuando me convenga y en función de eso obtengo unos
ingresos. Esta es la cuestión. Eso es lo que con esta ley se restringe y
se limita extraordinariamente. Ciertamente, porque eso ha producido un
resultado, que es incrementar el coste del suelo y, por consiguiente, el
precio final de la vivienda.
El modelo valenciano lo estamos estudiando. Tenemos que ver la posible
compatibilidad de algunos de los elementos del modelo valenciano que
pudieran ser afectados por este proyecto de ley. Ya veremos cómo lo
encajamos y si lo podemos encajar. No es menos cierto, señoría, que la
valoración y la evaluación de los resultados del modelo valenciano está
todavía por hacer, porque tiene poco tiempo de vigencia. Es verdad que
hay una serie de operaciones urbanísticas importantes para Valencia, en
particular, que son susceptibles de una valoración positiva, y así lo
hace el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad valenciana. Lo que
quiero decir es que tampoco hay una valoración general de los resultados
que da este modelo y hay unas determinadas peculiaridades urbanísticas en
Valencia particularmente, respecto de las cuales este modelo puede
resultar extraordinariamente positivas. Por tanto, vamos a ver la
compatibilidad de ese modelo con el marco estatal, que tiene que ser, por
definición, un marco reducido después de la sentencia del Tribunal
Constitucional.
En cuanto a las enmiendas de la Federación Española de Municipios, es
lógico que proponga una alteración profunda del texto. Yo comprendo que
los ayuntamientos, que tienen la obligación de defender sus intereses, no
tienen por qué ser coincidentes con los intereses del Estado a la hora de
la ordenación del territorio y a la hora de valorar o de regular
jurídicamente el régimen del suelo. Los ayuntamientos tienen una
perspectiva necesariamente sesgada de Estado, contemplan más bien los
intereses generales, tienen una perspectiva más general y no tiene por
qué resultar coincidente con la de la Federación Española de municipios.
De todas maneras, nosotros hemos recogido algunas de las sugerencias de
la Federación Española de Municipios y ya veremos si podemos recoger
alguna más. Lo que quiere decir es que no hay por qué elevar a la
categoría de dogma las enmiendas que presente la Federación Española de
Municipios. Son intereses legítimos los de los municipios, no tienen por
qué ser coincidentes con los del Estado, ni siquiera en este terreno.
En cuanto a la horquilla, creo que el proyecto de ley tiene un criterio
razonable. Las cesiones urbanísticas son un factor de encarecimiento del
suelo, esto es evidente. Es difícil negarlo, por tanto, yo creo que es
razonable dejarlo en una horquilla del uno al 10 por ciento.
Tampoco tengo una postura dogmática. Es la que adoptó el Gobierno, porque
creemos que el 10 o el 15 por ciento, sobre todo en los grandes proyectos
de urbanización que confieren muchísimas viviendas, no plantean un
gravísimo problema. En cambio, en pequeños proyectos de urbanización, el
10 o el 15 por ciento supone, sin duda alguna, la elevación del coste
final de la vivienda. También cabe la flexibilidad, pero hay que poner
una horquilla. Plantear con carácter general el 15 por ciento me parece
que es contribuir, en todo caso, a encarecer el suelo. Fijar una
horquilla entre el 0 y el 10 por ciento es rebajar, en todo caso, el
efecto de las cesiones urbanísticas sobre el coste final de la vivienda.
En cuanto a la Senadora López Yébenes, yo le diría que si al final de
este año, como ocurrió en el pasado ejercicio de 1996, como consecuencia
de una mayor bajada de los tipos de interés, se puede ampliar el cupo y,
por consiguiente, incrementar el número de actuaciones en materia de
vivienda y de suelo, trataremos de incrementar el número de actuaciones y
hacer una asignación a las Comunidades Autónomas en función de los
criterios que tenemos acordados y que, en Zaragoza, permitieron ampliar
los cupos como consecuencia de la bajada de los tipos de interés en el
transcurso del ejercicio del año 1996.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Con la finalización de esta sesión acaba hoy, día 30 de junio, la
actividad de la Comisión en este período de sesiones.
Además de desear feliz verano a los miembros de la Comisión, agradecemos
a los servicios de la Cámara el trabajo que han desarrollado, que ha sido
intenso en este período, y concretamente hoy, día último del período
normal de sesiones.
Por descontado, agradecemos al señor Ministro su presencia en este día.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y quince minutos.