DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 157



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 27



celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Robles Orozco) para informar sobre:



- La estrategia nacional sobre drogas 2000-2008. A petición propia.

(Número de expediente del Congreso 212/002154 y número de expediente
del Senado 713/000846.) ... (Página 3330)



- El proyecto de las denominadas «narcosalas» en la Comunidad de
Madrid. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente del Congreso 212/002138 y número de expediente del Senado
713/000843.) ... (Página 3344)



- Las relaciones del subdirector del Plan con empresas adjudicatarias
de servicios públicos en el ámbito de la drogodependencia. A
solicitud el Senado-Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente del Congreso 222/000007 y número de expediente del Senado
713/000806.) ... (Página 3351)



Comparecencia de la señora secretaria general de Asuntos Sociales
(Gómez Gómez) para explicar las razones que le llevan a oponerse al
programa de investigación para la administración de heroína a ciertos
drogodependientes. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente del Congreso 212/001465 y número de expediente
del Senado 713/000615.) ... (Página 3358)

Página 3330



Proposiciones no de Ley:



- Sobre concesión de subvenciones a la Coordinadora de Organizaciones
No Gubernamentales que intervienen en drogodependencias. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente del
Congreso 161/001654 y número de expediente del Senado 663/000064.)
... (Página 3362)



- Sobre cumplimiento por parte de las administraciones públicas de
las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio del Interior, a fin de evitar las consecuencias que el
consumo y tráfico de drogas en el extranjero puede tener para los
ciudadanos españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/001681 y
número de expediente del Senado 663/000066.) ... (Página 3365)



Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS (ROBLES OROZCO) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA ESTRATEGIA NACIONALSOBRE DROGAS 2000-2008. A PETICIÓN PROPIA.

(Número de expediente del Congreso 212/002154 y número de expediente
del Senado 713/000846.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

En primer lugar, previamente a la comparecencia de don Gonzalo
Robles, quiero pedir a la Comisión que se pronuncie sobre la
ratificación del trabajo de la ponencia que se ha constituido para el
estudio del Plan de drogas y sobre la prórroga de plazo de dicha
ponencia hasta el final de la legislatura. ¿Estamos de acuerdo?
(Pausa.)
Se aprueban ambas cuestiones por asentimiento.

Ydamos la bienvenida a don Gonzalo Robles, delegado del Gobierno para
el Plan nacional sobre drogas. Como quiera que en el orden del día
figuran cuatro comparecencias y dos de ellas parece que son iguales,
si les parece a SS.SS., podríamos alterar su orden y empezar por la
comparecencia para informar de la estrategia nacional sobre el Plan
de drogas 2000-2008. Después, para mayor celeridad, continuaríamos
con el resto de las comparecencias y posteriormente con las
intervenciones. ¿Estamos todos de acuerdo? (Pausa.)
Señor delegado del Gobierno, tiene usted la palabra.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señorías, con mucho gusto les informo del documento
que la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas ha
remitido a los diferentes grupos. El documento se denomina Estrategia
nacional sobre drogas y realmente
es la configuración de un auténtico nuevo plan nacional sobre drogas.

Las razones fundamentales por las que hemos creído oportuno elaborar
este documento, que llamamos Estrategia nacional sobre drogas para
adaptarlo a la terminología en la que en estos momentos se mueven los
organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas y la Unión
Europea, son básicamente dos, coincidiendo también con el espíritu
que la propia Comisión mixta impulsó de revisión del Plan nacional
sobre drogas y en el que ustedes han estado trabajando durante esta
legislatura. Por una parte, el propio Plan nacional tiene ya una
vigencia de 15 años, surge en el año 1985, y es evidente que en 15
años han cambiado cosas desde el punto de vista de las tendencias,
los consumos y los patrones. La propia estructura de la
Administración ha sufrido importantes cambios y, por esas mismas
razones, era necesario hacer una adaptación a los objetivos, a las
nuevas realidades, y dotar de los instrumentos necesarios y adecuados
la estrategia que comienza el próximo siglo XXI. Pero también porque,
como ustedes conocen, la asamblea extraordinaria de Naciones Unidas,
que se celebró en el año 1998, marcó como una de las condiciones que
los Estados miembros que habían firmado las convenciones tuvieran,
para este período que marcaba Naciones Unidas, del 2000 al 2008, una
estrategia en cada uno de sus países. Además, eso coincide, de forma
redundante, con lo que en estos momentos está haciendo la Unión
Europea, que está a punto de aprobar su próximo plan, entre los años
2000 y 2004, en el que España ha colaborado de una forma muy activa,
lógicamente. Ya disponemos del borrador definitivo de este plan
europeo y, de alguna manera, se trata de ir haciendo congruentes
estos tres niveles de exigencias: los organismos internacionales, la
actualización de las estructuras y de los objetivos del plan
nacional, y los cumplimientos -¿por qué no decirlo?- de gran parte de
esos objetivos que se planteaban en el documento del año 1985.

Por tanto, en esta legislatura, en un primer momento, impulsamos lo
que llamamos un plan de medidas urgentes. Se trataba de desarrollar
básicamente, de dar cumplimiento a los objetivos del informe de la
Comisión Mixta en el año 1995. Y al final de esta legislatura, en
este último año,



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la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas ha
creído oportuno impulsar el trabajo de todos los órganos de dicho
plan para disponer de un documento que nos permitiera tener ideas y
objetivos claros, metas, estructuras y acuerdos básicos entre todos
los actores. Por eso, a principios de 1999 reunimos por primera vez a
la Comisión interautonómica del Plan nacional sobre drogas en
Santiago de Compostela y allí empezamos los trabajos que en este
momento les presento. Ha sido, como digo, un trabajo muy elaborado,
muy consensuado, en el que ha habido una gran participación de los
que de alguna manera van a tener que ser los actores y los ejecutores
de gran parte de este plan.

Una de las cosas fundamentales que ha cambiado a lo largo de estos 15
años es incluso la propia configuración administrativa y política del
Estado. En el año 1985 es evidente que el Estado estaba más
centralizado que a la fecha de hoy. Hoy, con las competencias
transferidas en materia de educación y de sanidad en la mayoría de
las comunidades autónomas, era necesario un acuerdo básico con todas
las comunidades autónomas. Hemos trabajado de una forma muy
importante en el consenso y en los acuerdos con las comunidades
autónomas y, por extensión, también con las fuerzas políticas que han
contribuido decisivamente al desarrollo y al consenso de este
acuerdo. Todas las comunidades autónomas, repito, han participado y
han formado parte del comité de redacción definitiva.

Hemos manejado más de seis borradores distintos a los que en
distintas fases se han ido produciendo sucesivas incorporaciones de
las organizaciones, de los diferentes actores de este plan nacional,
y hemos terminado con un solo documento que la comisión
interautonómica del Plan nacional sobre drogas aprobó en la reunión
del 23 de junio de este mismo año. Ese día la comisión
interautonómica, en primer lugar, después de que la comisión
redactora, en la que había representantes de diferentes comunidades
autónomas, preparara ese documento, aprobó por unanimidad y elevó a
la a la conferencia sectorial el documento que hemos llamado
estrategia nacional sobre drogas. La conferencia sectorial, donde no
sólo están representadas, lógicamente, las comunidades autónomas sino
también la Administración central, los representantes de los
ministerios que forman parte de la comisión interautonómica, ha
aprobado recientemente, y también por unanimidad, el día 26 de
octubre, definitivamente este documento. Esto en lo que se refiere a
la parte de control de la demanda.

Ya saben ustedes que la estrategia tiene dos partes diferenciadas,
además de otros aspectos específicos, como es la cooperación
internacional, como son los temas de investigación. Tiene la parte de
control de oferta. Y está, lógicamente, llevaba un trabajo en
paralelo, a través de los órganos de colegiación de la Delegación del
Gobierno. Así reunimos al Consejo superior de lucha contra el
blanqueo de capitales y al Consejo asesor, que también, en sesión del
15 de noviembre, aprobó -en ese Consejo superior- las propuestas que
elevaría después a la Comisión interministerial. La comisión
interministerial, que es el órgano máximo del Plan nacional sobre
drogas, ha aprobado con carácter definitivo y por acuerdo de todos
los presentes, este documento que es el que se elevará al Consejo de
Ministros.

Les relato todo esto por un afán no sólo de exhaustividad sino
también para que sean ustedes conscientes del período largo en el que
hemos venido trabajando, casi un año, de los múltiples órganos que
han participado en la discusión, en el trabajo y en la redacción, y
el esfuerzo que se ha hecho de mantener un consenso, presente en lo
que significan líneas de trabajo y en lo que significa la garantía de
la ejecución de los objetivos que marca el plan. Ya les he dicho que
esto sería impensable en nuestro país, con la estructura política y
administrativa de que nos hemos dotado, si no hubiéramos sido capaces
de articular el consenso, la voluntad y hasta el entusiasmo de los
que en el futuro tienen que desarrollar este plan nacional. Nos
corresponde a todas las administraciones, la central, la autonómica y
la municipal y también -¡cómo no!- a la sociedad civil. Por tanto,
también hemos implicado en este trabajo a las organizaciones no
gubernamentales. Hemos tenido reuniones de trabajo con ellas y con la
Comisión nacional de prevención y tratamiento de las
drogodependencias en el ámbito laboral, que incluye a representantes
de Comisiones Obreras, de UGT y de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales. En lo que son sus competencias, hemos
contado con el acuerdo y la participación de estas organizaciones.

De modo muy esquemático, porque no hay posibilidad de ser exhaustivo
con un documento de la densidad, de la claridad y la concreción que
tiene esta estrategia, sí quiero decirles cuáles son las
características más importantes de este plan nacional, de esta
estrategia nacional. En primer lugar he de decir que es un plan
participativo e integrador, por lo que ya he señalado. Participativo
porque de la suma de los esfuerzos de todos nosotros ha salido este
documento e integrador porque ha partido de la sensibilidad, de los
intereses, de las particularidades de las fuerzas políticas, de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos, intentando ser capaces
de conjugar al mismo tiempo la prevención, la rehabilitación, la
reinserción social y el control de la oferta. Por tanto, integrador y
participativo. En segundo lugar, es un plan global, que aborda el
fenómeno de las drogas desde una perspectiva global, lo que supone
incorporar todas las sustancias que pueden ser objeto de uso y abuso,
especialmente el alcohol y el tabaco. Ésta es la primera gran novedad
de este plan nacional. Todos hemos estado de acuerdo en que
básicamente el plan nacional que expira en este momento era el de la
heroína. El Plan del año 1985 es un plan que surge por las
necesidades momentáneas de lo que eran los consumos de las drogas en
España y, por tanto, de alguna manera hemos pasado de un plan de la
heroína a un plan de todas las sustancias legales o ilegales y muy
especialmente incorporando el alcohol y el tabaco.

Es un plan que generaliza la prevención escolar. El plan prioriza la
prevención como la estrategia más importante para enfrentarse al
problema de las drogas y tiene muy en cuenta los consumos de carácter
recreativo del fin de semana. De alguna manera, hemos pasado de las
drogas de la marginación a las drogas de la diversión. Ése es el
fenómeno en el que hemos mutado. España, básicamente, ha estado
inmersa en unos consumos dominados y de alguna manera traumatizados,
por el consumo de la heroína, una droga fuertemente marginalizante y
marginalizadora, y hemos pasado a unas drogas que se engloban dentro
de



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otros conceptos. Son las drogas de la diversión, las drogas lúdicas,
las drogas recreativas, es decir donde se integran drogas legales e
ilegales. Propone, por tanto, una prevención basada fundamentalmente
en la educación, en la utilización saludable del ocio para los
jóvenes. Para ello se propugna una generalización de los programas
preventivos a toda la población escolar, superando las actividades
aisladas y puntuales y priorizando los grupos de alto riesgo. Damos
el salto desde lo que hasta ahora han sido enunciaciones, acciones
puntuales, acciones esporádicas y planes pilotos, para que realmente
la prevención se convierta en una acción de carácter general y
universal para todos los jóvenes del territorio nacional español.

En cuanto a la prevención en el medio laboral, se promueve el
establecimiento de acuerdos de colaboración entre los planes
autonómicos de drogas y las organizaciones sindicales y empresariales
semejantes al que ya existe en el plano nacional y dirigidos a
promover la prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral.

Estos programas priorizarán los sectores de producción y los
colectivos de trabajadores en situaciones de riesgo y también
aquellos que, como desempeño laboral, puedan suponer un riesgo para
terceros, como conductores de vehículos, servicios públicos o
profesionales de seguridad. La prevención laboral es también una
incorporación novedosa, activa e importante en el ámbito de la
prevención de drogas. Hasta ahora había sido enunciada y planteada en
algunos casos, pero no había sido realmente desarrollada con la
profundidad que todos hubiéramos deseado.

Normalización de la asistencia a los drogodependientes. Un objetivo
fundamental del nuevo plan nacional sobre drogas consiste en
normalizar las redes asistenciales a drogodependientes, integrándolas
de forma coordinada en los sistemas públicos de salud y de servicios
sociales. Los diferentes recursos que forman parte del denominado
sistema de asistencia e integración social a drogodependientes, sean
públicos o privados, tienen que estar debidamente autorizados
y acreditados y deben caracterizarse por su profesionalización,
interdisciplinariedad y fácil accesibilidad. Este sistema continuará
incidiendo en los programas de reducción del daño e incorporará
estrategias para abordar el tratamiento de los problemas relacionados
con el alcohol, las nuevas drogas y los nuevos patrones de consumo.

En nuestro país hemos avanzado todos de forma que hemos concebido al
drogodependiente como lo que es, un enfermo. En el Plan nacional de
1985 llevamos a cabo un desarrollo muy importante y del que tenemos
que sentirnos extraordinariamente orgullosos. España dispone de una
red de más de 900 centros de asistencia y tratamiento. Se ha hecho un
gran esfuerzo en el pasado por desarrollar este sistema. Bien es
verdad que la historia ha hecho que fuera un sistema específico o
especial, paralelo a lo que sería el sistema nacional normalizado de
salud. El objetivo del plan es mantener la especificidad de la red,
pero coordinarla de una forma más estrecha y más profunda en eso que
hemos llamado el circuito terapéutico, de manera que se integre
dentro del Sistema Nacional de Salud.

El sexto punto es la plena cobertura asistencial. En este nuevo plan,
el Sistema Nacional de Salud garantiza la plena asistencia
ambulatoria a los drogodependientes en el ámbito de su comunidad o de
su ciudad autónoma y, dentro del
área de salud, de su residencia. Igualmente contempla que, cumplidas
las necesidades de cobertura universal asistencial, se preste
especial atención a las desigualdades y muy especialmente a aquellos
colectivos de drogodependientes que no contactan con redes
asistenciales.

El séptimo punto es la integración laboral de los drogodependientes.

Se proponen medidas concretas que faciliten a las personas con
problemas por el uso de drogas, en proceso terapéutico o no, su
incorporación a la sociedad en calidad de miembros activos de la
misma. A estos efectos, los planes autonómicos sobre drogas en
municipios de más de 20.000 habitantes tendrán programas de formación
y empleo normalizados o específicos para drogodependientes. Estos
programas se llevarán a cabo en colaboración con las agencias
públicas de empleo.

Octavo punto: Investigación y formación. Se creará el instituto
nacional de investigación y de formación sobre drogas, dependiente de
la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas. Este
es otro de los temas que realmente suponen una novedad y un gran
impulso. Dentro de la importancia que se quiere dar desde el Gobierno
a los procesos de apoyo a la investigación y el desarrollo, hemos
decidido crear un instituto de formación y de investigación que
potencie todo el potencial -valga la redundancia- de los colectivos
de profesionales españoles que están trabajando en investigación en
universidades españolas y que están trabajando en docencia, y debe
articularse de una forma ordenada. Este mismo año, señorías, en el
presupuesto del Plan nacional sobre drogas, que está en este momento
en la Cámara, ya figura por primera vez un capítulo destinado a un
fondo de investigación nacional en materia de drogodependencias. Creo
que esto va a suponer avanzar tanto en la investigación básica como
en la investigación aplicada y que será un paso importante en el
conocimiento y en el uso de las sustancias y en la formación y en la
investigación en el ámbito español.

El noveno punto es el Observatorio Español sobre Drogas, de reciente
creación, que necesita lógicamente un esfuerzo continuado de impulso
a los sistemas de información y evaluación. Creemos que el
Observatorio es un gran instrumento para el desarrollo de las
políticas de drogas en nuestro país y, por tanto, nos proponemos
completarlo con el sistema de sondas de información, con el sistema
de comités técnicos y científicos y dotándole también de una red de
observatorios en las comunidades autónomas del territorio español.

El décimo punto es el control de la oferta sobre drogas ilícitas, que
se potenciará a través de tres ejes fundamentales: El primero, la
adecuación del marco normativo a las actividades de tráfico de drogas
y blanqueo de capitales producido por el mismo. Se trata de continuar
con un proceso de actualización, de modernización de la legislación
española, que nos permita ser más eficaces en la lucha contra el
narcotráfico. Hay figuras importantes sobre la regulación de
comunicaciones, las intervenciones de comunicaciones, y conceptos
nuevos que no figuran en este momento en la normativa española, como
la interceptación de comunicaciones por Internet, por vía satélite o
por videoconferencias, que necesitan una nueva regulación y
cobertura. Se trata de hacer una actualización de la legislación
española. El segundo eje, dentro del control de la oferta, es



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la coordinación y potenciación de las unidades especializadas en
investigación de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Creo que con el primer desarrollo de las unidades de droga se ha
conseguido un buen resultado. Se trata de desplegar estas unidades en
el resto del territorio nacional, dotarlas permanentemente de medios
materiales y crear un observatorio español de nuevas tecnologías,
asociados precisamente a la lucha contra el crimen organizado. Que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan antes y mejor que los
que están al otro lado de todos los instrumentos tecnológicos
necesarios para ser eficaces en la lucha contra el narcotráfico. El
tercer eje es el incremento del control del tráfico de drogas a
pequeña escala en determinados lugares y épocas del año en los que se
registra un especial aumento de esta actividad. Así como antes me he
referido al crimen organizado a gran escala, creemos que también es
necesario hacer un esfuerzo en el incremento del mapa de puntos
negros que existen en el territorio nacional, que puede significar un
mayor plus de esfuerzo en el tráfico a pequeña escala.

Este es el resumen muy escueto del documento. Si ustedes han tenido
la oportunidad de leerlo con detenimiento se darán cuenta de lo
profundo que es y del detalle al que llega; marca objetivos
específicos, objetivos de proceso, marca fechas de evaluación en dos
etapas muy claras, el año 2003 y el año 2008, y crea instrumentos de
evaluación de esa estrategia para medir las desviaciones que se vayan
produciendo. Insisto en que es un documento fruto de un año de
trabajo, de un esfuerzo de consenso con las administraciones del
Estado, con las fuerzas políticas y con las organizaciones sociales,
un documento que es un orgullo para el conjunto del Estado español.

He tenido la oportunidad de ver ya prácticamente la totalidad de las
estrategias nacionales de los países miembros de la Unión Europea y,
sin tratarse de un exceso de nacionalismo español, tengo una gran
satisfacción por el trabajo realizado por todos los que han
participado en este documento. Creo que es un documento que está a
mucha distancia de los que podemos estar manejando en este momento en
la normativa comparada de otros Estados.

Quiero terminar diciendo que las tres reuniones de dirección del Plan
nacional, la interautonómica, la conferencia sectorial y la
interministerial, han aprobado por unanimidad ese documento, lo que
significa a mi juicio una garantía de que vamos a poder trabajar bien
en el futuro.

Nada más, señor presidente. Estoy a su disposición.




El señor PRESIDENTE: ¿Habíamos acordado al inicio de la sesión que se
haría la intervención continuada sobre las tres comparecencias?
(Pausa.) ¿No?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador don Octavio
Granado.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Señor presidente, gracias por mantener una
ordenación del debate que permita una cierta congruencia en el
sentido de las intervenciones.

Lo primero que tenemos que señalar sobre el documento que hoy nos
presenta el delegado del Gobierno es una queja y no es una queja
simplemente protocolaria, señor delegado. El documento nos ha llegado
la semana pasada y no a los miembros de la Comisión sino a los
portavoces.

Por lo menos en el caso del Senado, he podido contrastar con
senadores de diferentes grupos que no se nos había enviado
prácticamente a ninguno. En este sentido, lo primero que llama la
atención es la ruptura de una tradición parlamentaria. El Plan
nacional sobre drogas, elaborado en 1985 por el Gobierno socialista,
se aprobó después de un trabajo parlamentario de dos años de la
Comisión especial sobre investigación de drogas del Senado de España
y se aprobó en la misma sesión parlamentaria. En este sentido, este
documento se ha elaborado de espaldas al Parlamento. Ha llegado usted
a un acuerdo, en líneas generales, con las comunidades autónomas.

Nosotros no tenemos inconveniente en reconocer que el 90 por ciento
del documento es suscribible por nosotros porque, siendo una política
sobre drogas, una política de Estado, es normal que, en un área de
esta naturaleza y con esta consideración, todas las fuerzas políticas
podamos coincidir en un 90 por ciento con la política que haga
cualquier Gobierno. No obstante, entendemos que la puesta en marcha
del documento tiene, a nuestro juicio, algunos defectos. Yvoy a
intentar señalarlos de la manera más rápida posible.

En primer lugar, éste es un documento que llega tarde. En su primera
intervención ante esta Comisión, señor delegado, usted nos prometió
la revisión del plan para un año y han pasado casi cuatro y usted nos
trae un documento que la Cámara no ha podido discutir. Creo que en el
mejor de los casos la Cámara se puede sentir informada, pero no
consultada, sobre el devenir del documento.

En segundo lugar, esta misma consideración respecto de los grupos
parlamentarios es la que comparten las organizaciones no
gubernamentales más representativas. Usted ha dicho que se ha
mantenido con ellas reuniones de trabajo. En la práctica lo que ha
hecho ha sido presentarles el documento. Ha habido organizaciones que
han presentado sugerencias al documento, en función de la
presentación de los borradores que se le hacían; esas sugerencias han
sido consideradas o no consideradas, pero no discutidas. No ha habido
ningún foro de discusión global, ni multilateral entre las diferentes
organizaciones no gubernamentales con el plan nacional, ni la
coordinadora, como tal, de organizaciones no gubernamentales en el
ámbito de las drogodependencias, ni ninguna reunión específica. En
este sentido existe un déficit de participación democrática que
organizaciones como la UNAD, que engloba a más de 500 asociaciones de
nuestro país, han denunciado; han denunciado que este documento se ha
elaborado sin haberles tenido en cuenta. Anosotros no nos parece
serio que no se haya tenido en cuenta el trabajo de las Cámaras,
porque la soberanía nacional no es simplemente un agregado de
comunidades autónomas, y ni su fuerza política, ni la mía, podemos
aceptar, creo yo, que sean representativos de nuestros pareceres
políticos los diferentes gobiernos autonómicos gobernados por el
Partido Socialista o por el Partido Popular. Los representantes de
los electores españoles del Partido Socialista y del Partido Popular
estamos aquí y nosotros no hemos sido consultados. El documento se
nos ha presentado y no vamos a poder hacer sugerencias al mismo. Va a
salir publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin que ninguna de
SS.SS. haya podido meter o sacar una coma. Esto es grave porque no se
hizo así en el año 1985 y porque en las últimas épocas del gobierno
socialista, y usted es testigo,



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señor delegado, incluso los trabajos parlamentarios eran los que
marcaban la agenda del delegado del Gobierno para el plan. Y el
delegado del Gobierno comparecía en la Comisión para explicar lo que
había hecho en cumplimento de los mandatos parlamentarios, y usted lo
ha hecho, inluso, para dar conocimiento a la Cámara de cómo había
cumplido los mandatos de la Comisión. Y, en esta legislatura, la
Comisión, no es que no le haya realizado mandatos, es que no ha
podido poner o sacar una coma de su documento.




En tercer lugar, el documento no es precisamente un gran documento
innovador. Señor Robles, yo admiro su capacidad de presentar como
ideas nuevas lo que francamente son descubrimientos del Mediterráneo.

El primer Plan nacional sobre drogas se llamaba así porque tenía en
cuenta las drogas legales. Evidentemente, estaba motivado por la
epidemia de heroína, pero tenía en cuenta el alcohol y el tabaco. Las
ideas que usted nos ha expuesto aquí en materia de prevención, de
normalización de la asistencia, de integración laboral de los
drogodependientes son ideas que están repetidas en todos los planes
de las comunidades autónomas, muchas de ellas vienen del primer plan
del gobierno socialista, y ya cuando fueron escritas en esos
documentos estaban copiadas de otros sitios. Son ideas de hace 30
años, que usted nos repite que son ideas extraordinariamente
novedosas, como que hay que hacer educación para la salud, que hay
que normalizar la asistencia en los centros sanitarios regulares, que
es necesario atender a la vez a las drogas legales e ilegales, que el
drogodependiente es un enfermo -vaya un descubrimiento, eso ya lo
tenían escrito algunos hace 40 años-; o que es necesario dar
cobertura universal a la asistencia que se presta a los
drogodependientes, lo cual está en todas las leyes autonómicas. En
este sentido, lo que dice el documento está muy bien. El problema es
que no dice nada nuevo en muchos apartados. En algunos apartados, sin
embargo, es significativo que reconozca que ustedes se han
equivocado. Por ejemplo, todo el diseño de educación para la salud,
partiendo de la consideración de que la drogodependencia es una
circunstancia que tiene más que ver con la conducta del sujeto, del
alumno, que con sus conocimientos. Ustedes han redescubierto la
educación transversal; ustedes han redescubierto que la educación
para la salud no tiene que ser una asignatura, sino que tiene que ser
un conjunto de valores y de actitudes. ¡Enhorabuena! El problema es
que llevan ustedes cuatro años, desde que han llegado al Gobierno,
destruyendo la educación transversal, destruyendo las materias
transversales en el sistema educativo, restándolas importancia,
reduciendo todo el problema de la educación a un problema de
asignaturas, un día con las humanidades, otro con la filosofía, otro
con la ética y la religión. Nosotros nos congratulamos de que, al
cabo de cuatro años, redescubran ustedes la Logse, pero no deja de
ser eso un reconocimiento de que, como bien dijera el señor Fraga,
algunos sólo aciertan cuando rectifican. También hay rectificación en
el tratamiento de la propia Delegación del Gobierno. Ustedes
descubren ahora las virtudes de que la Delegación del Gobierno tenga
estatuto de Secretaría de Estado. ¡Enhorabuena, señor Robles! Pero
secretarios de Estado había y ustedes les convirtieron en director
general. Si ahora tiene que volver a ser secretario de Estado el delegado
del plan para ser más eficaz, es señal de que usted ha tenido
que trabajar con una ineficacia sobrevenida por las decisiones de su
Gobierno o por sus propias decisiones.

Tampoco hay propuestas demasiado innovadoras en materia de
legislación, porque, al margen de las propuestas que se hacen en
cuanto al control de la oferta, parecería razonable indicar qué
medidas legislativas deben adoptarse para garantizar los derechos de
los drogodependientes, y no hay ninguna propuesta legislativa en ese
sentido, o en materia de integración laboral para intentar solucionar
el grave problema que plantea el Estatuto de los Trabajadores. Señor
Robles, usted y yo sabemos que, mientras en España ser alcohólico o
toxicómano sea una causa justificada de despido, va a ser muy difícil
que se desarrollen programas de rehabilitación en el ámbito laboral.

Sin embargo, ustedes siguen sin hacer ninguna referencia a esta
cuestión que ya estaba incluso en los acuerdos parlamentarios de la
última época del gobierno socialista como una cuestión suscitada
unánimemente por todas las fuerzas políticas.

Para terminar, tengo que decir que el documento carece de
financiación. Es una estrategia en vez de un plan, porque un plan
tendría que marcar objetivos territoriales, cronológicos
y cuantitativos, de financiación. Es una estrategia, el arte de la
victoria, estrategos, porque no tiene dinero; porque a todo lo que
podemos decir sobre este documento, además, tenemos que añadir que no
tiene otras fuentes de financiación que no sean estrictamente las que
se aprobaron en la última época del Gobierno Socialista, el fondo de
decomisos y las partidas presupuestarias. No hay financiación
añadida. Se ha hablado mucho tiempo de allegar a los programas sobre
drogas parte de los impuestos especiales sobre el tabaco, sobre el
alcohol; se ha hablado de la posibilidad de garantizar un mínimo,
como hacen algunas leyes de comunidades autónomas de los presupuestos
del Estado de la comunidad. No hay ninguna propuesta en ese sentido.

En conclusión, no podemos disentir sobre lo que dice el documento,
como vademécum de medidas teóricas y de medidas prácticas. Podemos
disentir sobre lo que no dice. Dice pocas cosas nuevas. No atiende a
las nuevas necesidades y plantea como nuevas cosas que ya son
bastante antiguas. No ha pasado por las cámaras, tampoco se ha
elaborado consultando precisamente a la sociedad y no tiene aquel
mínimo sustento económico que lo haría viable. Agradecemos, eso sí,
sus rectificaciones; creemos que ustedes hacen bien en rectificar,
nos gustaría que rectificaran en muchas más cosas, pero vemos que se
empieza a ir por el buen camino reconociendo en lo que se equivocaron
hace cuatro años y que ahora tienen que desandar lo andado, y
esperamos que no obstante un nuevo Gobierno en la próxima legislatura
pueda completar las carencias de este documento con un proceso
acabado de consenso parlamentario que permita, al mismo tiempo, que
los principales problemas de la sociedad española se aborden con
ideas nuevas y no simplemente planteando como nuevas ideas muy
antiguas.




El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA ELPLAN NACIONALSOBRE DROGAS
(Robles Orozco):



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Señoría, yo no soy responsable de la forma en que circulan los
documentos en la Cámara. Nosotros hemos enviado el documento a esta
Cámara inmediatamente e inmediatamente significa el día después de
que el Comité interministerial lo aprobara en su reunión plenaria.

Por tanto creo que han tenido ustedes el documento en los plazos en
que se podía tener. En todo caso, creo que ustedes, que son expertos
en la materia, porque es la Comisión para el estudio del problema de
las drogas, han tenido el documento durante 15 días y han tenido
tiempo suficiente para estudiarlo con detenimiento y hacer sus
aportaciones. El tiempo en que usted ha dispuesto de este documento,
señor Granado -y creo que el sistema de las fotocopias funciona para
que el portavoz del Grupo Socialista pueda hacer fotocopias y
distribuir el documento a los miembros de su grupo-, era, a mi
juicio, suficiente para que, si usted tenía alguna idea novedosa, la
pudiera traer aquí. Este era el momento de haber contado cuál era su
opinión. (El señor Granado Martínez: Yo no comparezco.) Le agradezco
mucho que diga que está básicamente de acuerdo con el plan, es lo que
yo esperaba, pero también me hubiera gustado conocer cuáles son sus
opiniones nuevas, qué tiene usted que decir. Aparte de criticar cosas
en las que no tiene usted razón, permítame que se lo diga. Y le voy a
explicar por qué. Este documento -y quiero recalcarlo de nuevo- se ha
hecho con un año largo de trabajo, que significa un año de
participación. No solamente se han sentado los directores generales
o los responsables de las comunidades autónomas y del Plan nacional; ha
habido detrás muchos técnicos, profesionales, colectivos, también en
las comunidades autónomas, que han trabajado previamente en ese
documento. He relatado una secuencia larga de reuniones y cada una de
ellas ha venido precedida de un trabajo muy importante y exhaustivo.

Y cuando se está durante un año trabajando en este documento, con la
secuencia de reuniones que yo le he dicho, créame que algo habrán
aportado los técnicos, los profesionales y los colectivos. Si éste es
el documento que ve la luz, es porque es el documento de consenso
entre los que son profesionales, entre los que conocen realmente qué
hay que hacer en materia de drogas en nuestro país. Por tanto, es un
documento ampliamente participado y ampliamente consensuado. Y lo
digo porque, fíjese usted qué mala suerte, el mismo día que tenemos
convocada la conferencia sectorial, la portavoz, creo que es la
portavoz, del Grupo Socialista en esta Comisión, doña Carmen
Cerdeira, saca un teletipo de una agencia donde dice que el documento
nace sin consenso, exactamente el mismo día que las comunidades
autónomas, gobernadas por el partido que sea, Partido Popular,
Partido Socialista, Convergència, sin ninguna fisura aprobamos el
documento. Todas las comunidades autónomas. Resulta un tanto
esperpéntico que se diga que nace sin consenso un documento que ese
mismo día tiene el apoyo de todas las comunidades autónomas y de
todas las fuerzas políticas que gobiernan en esas comunidades
autónomas y que son, por cierto, las que luego aplican en el día a
día las políticas de drogas; algo tendrán que decir y algo tendremos
que creernos de la responsabilidad con que lo hacen.

De espaldas al Parlamento. Señoría, yo creo que usted debe tener un
lapsus de memoria, porque, cuando hace referencia a que el plan de
1985 surge de una forma distinta
a este, debe ser porque efectivamente surge de una forma radicalmente
distinta, tan radicalmente distinta que no tuvo un proceso de debate
con las comunidades autónomas, que no tuvo un proceso de debate con
las organizaciones sociales, que no vino a esta Cámara, que lo aprobó
el Consejo de Ministros en el año 1985 y después, señoría, hubo
información a esta Cámara. Y perdóneme que le diga que la única
referencia que hay aquí es el acuerdo de la Cámara de hacer un plan
sobre drogas, pero no se analizó con carácter previo el Plan nacional
sobre drogas, que fue un documento elaborado y acordado por el
Consejo de Ministros y sin el consenso, sin la participación, de las
comunidades autónomas. Le pido que me facilite un solo acta donde
haya en ese momento una reunión previa a la elaboración con las
comunidades autónomas, con las organizaciones sociales, antes de
llevarlo al Consejo de Ministros. Dígame usted dónde está esa
documentación. Evidentemente, se ha hecho de una forma muy distinta.

Este documento lleva trabajándose un año, ha habido una gran
participación en él y culmina de la forma que tenía que hacerlo,
viniendo al Parlamento, a esta Comisión, para que sea la Comisión la
que conozca y la que pueda aportar sus opiniones. Por cierto,
señoría, como ocurre con todos los planes que se elaboran desde el
impulso político del Gobierno. Este no es el único plan. Usted sabe
que se aprueban planes de investigación, planes de empleo, planes de
juventud, y es la responsabilidad del Ejecutivo, es la
responsabilidad del Gobierno impulsar estos planes. Hemos creado los
instrumentos y los mecanismos para que desde el Ejecutivo se pueda
impulsar estos planes. Y después viene a información al Parlamento.

Es lo tradicional y lo habitual, es lo que tradicionalmente se ha
hecho y lo que de alguna manera viene a dar soporte a la lógica de
las acciones del Gobierno. Otra cuestión es que la Comisión Mixta
puede haber elaborado un documento de estudio, como fue el del año
1995. La Comisión, en paralelo, puede elaborar el documento que crea
necesario y oportuno. E insisto en que así fue como se trabajó en el
año 1995. Creo que he aclarado que hemos respetado escrupulosamente
los mecanismos de participación del plan, todos los organismos del
Plan, que ha habido un largo consenso y que lo traemos en este
momento al Parlamento para que el Parlamento pueda opinar
ampliamente.




Las organizaciones sociales que usted ha mencionado, le he dado
incluso la fecha en que se reunieron. Ha habido reunión con las ONG
más importantes, incluida UNAD, que ha participado en la discusión de
este documento. No solamente han participado las organizaciones más
importantes, como Cruz Roja, UNAD, Cáritas, Proyecto Hombre, sino que
también han participado los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, y
han aportado sus sugerencias. Es evidente, señoría, que hay cosas que
han sido recogidas y cosas que no han lo sido, pero es que si no no
sería participación, sería imposición; y en un proceso de diálogo y
de participación lo que se hace es que se escucha a las partes y,
lógicamente, se llega a la síntesis y al acuerdo que hace viable que
éste sea el documento de todos. Por tanto, han participado, han
opinado y hemos recogido todo aquello que está en el tronco común del
consenso que había ya previamente con las comunidades autónomas.




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Usted dice que ha habido una forma distinta de trabajar en esta
legislatura. Yo creo haber comparecido en esta Cámara cuantas veces
ustedes me lo han solicitado. He comparecido también muchas veces a
petición propia. Y la gran confusión que usted introduce es el plan
de medidas urgentes que aprobó el Gobierno. Usted dice que no se ha
cumplido el compromiso de haber traído a esta Cámara información
previa de la reforma del plan nacional y yo ya tuve la ocasión de
explicar esto. Yo me comprometí a traer un plan de medidas urgentes
que el Gobierno aprobó en el primer semestre del mandato de este
Gobierno y a lo largo de esta legislatura hemos venido dando
cumplimiento, y yo he comparecido en esta Cámara, a explicar el
cumplimiento del plan de medidas urgentes. ¿Y por qué había que hacer
primero un plan de medidas? Porque usted sabe perfectamente que la
anterior legislatura acabó en diciembre de 1995, en términos reales,
y en ese mismo diciembre fue cuando acabó la Comisión Mixta, su
estudio, su documento. Es decir, el documento de la Comisión Mixta
estaba absolutamente virgen y, por tanto, lo sensato era que el
Gobierno que entrara hiciera un esfuerzo en cumplir y en desarrollar
el documento de 1995, que es lo que hemos hecho. Durante los dos años
y medio primeros hemos desarrollado el cumplimiento del programa de
1995. Una vez cumplido el documento de 1995, ha llegado el momento de
reorganizar el plan nacional y de hacer un documento nuevo.

Señoría, no voy a entrar en la discusión de si se trata de un
documento muy innovador o no. Insisto en que es un documento de
consenso, que abre posibilidades de trabajo que, indiscutiblemente,
hasta ahora no estaban abiertas; aparte de que negar la evidencia me
parece absolutamente innecesario. Usted sabe que hay un gran consenso
en todo el sector de drogas sobre el plan anterior, que ha tenido
grandes virtudes, pero ha tenido también algunos déficit importantes,
y ese gran consenso es que es el plan de la heroína. El plan nacional
hasta esa fecha ha sido el plan de la heroína. Y no significa que no
se hayan hecho enunciados o planteamientos sobre otras cuestiones.

Claro que se ha hablado de prevención. Pero dígame usted si podemos
sentirnos satisfechos todos del grado de implementación y desarrollo
que ha tenido la prevención en España. Yo creo francamente que no. Se
han hecho jornadas, estudios, pero no era un objetivo prioritario la
prevención del plan nacional, porque en aquel momento lo que había
que hacer -y no lo he criticado nunca, al revés lo he justificado-
era un esfuerzo importante de inversión en materia asistencial. Se
hizo, se han alcanzado unas cotas razonables de cobertura asistencial
y, por tanto, en este momento podemos plantearnos unos objetivos que
realmente son novedosos en la medida en que son prioritarios, como es
la prevención, como es la reinserción, como es la potenciación
también de las acciones educativas en la escuela. Porque, señoría,
independientemente de que se esté a favor de una asignatura,
transversal o no transversal, en lo que estaremos de acuerdo es en
que hasta la fecha no se ha hecho lo suficiente en materia educativa.

Precisamente este Gobierno, durante estos cuatro años hemos hecho un
esfuerzo sin precedentes de poner en la escuela programas de
prevención, que se han evaluado y se han presentado. Muy
recientemente se han presentado los resultados de un programa
aplicado
durante todo un curso escolar de forma reglada, de forma estructurada
en los colegios del territorio MEC. Esos son datos concretos. No se
trata de elucubrar, se trata de ver lo que la realidad nos trae. Y la
realidad es que este Gobierno ha sido el que ha implementado con
fuerza precisamente en los colegios el desarrollo de la educación
para la salud. Desconozco lo que usted dice, porque, que yo sepa, en
este momento la Delegación del Gobierno no es una dirección general.

Simplemente es digamos un tema de coherencia a la hora de coordinar
determinados estamentos. No es en este momento una dirección general,
como usted bien sabe.

Todos los demás argumentos, señoría, me parecen un poco forzados por
su parte para intentar distanciarse del documento, que usted sabe que
es exhaustivo; nunca se ha llegado a ese grado de exhaustividad en
nuestro país en un documento de estas características, que marca
importantes novedades, no sólo en los objetivos, sino en la forma de
trabajo, que tiene, además, un instrumento de evaluación y lo más
importante es que mantiene el consenso entre todos los actores que
tienen que desarrollar el Plan nacional sobre drogas: comunidades
autónomas, ayuntamientos, organizaciones sociales y también el propio
Gobierno de la nación. Ese dato me parece extraordinariamente
positivo. Así que, señoría, creo que lo importante es lo que usted ha
dicho al principio, que más del 90 por ciento del documento le gusta
y yo espero sinceramente, por tanto, que contemos también con su
apoyo para poder desarrollar los objetivos que marca este documento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Granado, pero muy
brevemente, por favor.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Señor delegado, no es que nos guste el
documento, es que nos pasa como al feligrés vasco del chiste, que le
preguntaba a su mujer qué había oído decir en misa y decía él: El
cura ha hablado del pecado. Y¿qué ha dicho? Que no era partidario.

Pues nosotros, como no somos partidarios del consumo de drogas,
tenemos que acordar básicamente cualquier documento mínimamente
razonable -y este lo es- que aborde una estrategia nacional contra
los consumos y los problemas derivados de los consumos de drogas. En
ese sentido mantenemos el consenso, señor delegado, a pesar suyo, a
pesar de que usted a este documento no nos va a dejar meterle una
coma. Porque, señor delegado, sus comparecencias no son el
procedimiento por el que este Parlamento hace sugerencias a los
documentos del Gobierno; son casi, permítame que se lo diga, una
descortesía para el Parlamento. Usted me plantea a mí que yo, que no
comparezco en esta sesión, tengo que formular sugerencias al
documento en una intervención de réplica o de crítica a lo que usted
dice, realmente es menoscabo del Parlamento. Si quiere usted que
aprobemos este documento formalmente en el Parlamento, como se hizo
con el Plan nacional de drogas de 1985, tráigalo usted y permita al
Parlamento examinarlo y hacer resoluciones sobre el mismo.

Señor delegado, yo era presidente de la Comisión especial de drogas
del Senado cuando se aprobó el plan del año 1985 y el Gobierno
expresamente delegó en la Comisión de investigación de drogas del
Senado reunirse con las comunidades autónomas, que comparecieron
todas, y con



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las organizaciones no gubernamentales. Nosotros actuábamos en expresa
delegación del Gobierno y el informe de la Comisión se incorporó al
plan, lo modificó y fue aprobado por el Parlamento el mismo día que
el plan. O sea que no me venga usted contando, señor delegado, lo que
yo hacía por aquel entonces. Reconózcame, señor delegado, que mi
memoria sobre lo que yo hago puede estar más fundada que la suya.

En cuanto a algunas cuestiones que ha mencionado, señor delegado, la
educación para la salud ustedes se la han cargado del currículum. Así
de claro. La han hecho desaparecer del currículum, en los tres años y
medio que llevan gobernando, en los textos del Ministerio de
Educación. Se lo puedo demostrar con una multiplicidad de datos. El
fundamental es: dígame usted qué temas de educación para la salud se
han incorporado al currículum de ninguna asignatura. El programa al
que usted hace referencia es un programa de cincuenta centros y ahora
ustedes vuelven a que hay que hacer educación para la salud en todos
los centros y no sólo, como usted bien decía, en programas pilotos.

No me mezcle usted un programa piloto con un programa general.

En materia de integración escolar, lo que les han pedido los
sindicatos es que modifiquen el Estatuto de los Trabajadores
y ustedes no lo han hecho. Y hasta que no lo hagan será imposible hacer
integración laboral en este país. En materia de financiación, ustedes
no ponen ni una sola peseta más. Y en cuanto a los consensos a los
que han llegado con las comunidades autónomas, son consensos
razonables, como a los que usted podría haber llegado con nosotros en
este Parlamento si hubiera querido, pero usted no quiere llegar a
consensos con nosotros en este Parlamento, porque, entre otras cosas,
piensa, y yo creo que se equivoca, que es mejor para usted aparecer
como único padre de la criatura que difuminar la paternidad en el
colectivo de las fuerzas políticas de la Cámara.

En conclusión, señor delegado, no estamos en contra del documento, no
podríamos estarlo ni de este ni del primer borrador que se presentó,
porque además el 90 por ciento de lo que dice ya está dicho en otros
sitios. Cualquier plan de comunidad autónoma es igualmente
exhaustivo, igualmente razonable. Y nosotros hemos aprobado todos. No
podemos estar en contra, pero tampoco podemos estar de acuerdo con su
comportamiento ante esta Cámara y con su comportamiento ante la
sociedad española y le pedimos de verdad que, en lo que queda de
legislatura, después los electores dirán, se comporte usted con un
poquito más de generosidad y con un poquito más de apertura, tanto
con los colectivos sociales como con las fuerzas políticas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra don Jesús Gómez Rodríguez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con el máximo respeto al senador del Grupo
Socialista, que tiene una gran experiencia en el mundo de la droga,
creo que debimos haber aceptado la propuesta de la Presidencia de
unificar las intervenciones, porque son dos temas puntuales
exactamente iguales. Yo respeto la decisión, como también espero que
se respete mi opinión.

Consideramos que este trabajo del Plan nacional sobre drogas, que,
siguiendo una terminología internacional, se denomina Estrategia
Nacional sobre Drogas, supone una culminación del esfuerzo de toda la
colectividad española, tanto privada como pública, y hay que
reconocer que no solamente del Gobierno actual, sino también del
anterior. Hay que ser objetivos, hay que ser ciudadanos con criterio
de justicia. Pero también es innegable que este documento supone, en
su densidad y también en su claridad de exposición, un avance. No es
que sea el desiderátum, porque quizá, dentro de dos o tres años, los
parlamentarios que constituyan esta Comisión mixta añadirán nuevos
criterios, no depende solamente de criterios políticos y sociales.

Estamos en el juego de dos fuerzas, la oferta y la demanda, que, con
las nuevas tecnologías, cambian. Qué diferencia tan grande existe
entre la oferta de hace diez o quince años con la oferta actual, con
los medios técnicos de que se dispone y también con una especie de
invasión de otros campos que no solamente se refieren a la droga y
que van intentando imponer sus condiciones de mercado.

Usted ha analizado en diez apartados este, denso documento. Ha
resaltado que es fruto del diálogo, primero con los municipios y
luego con el apoyo de la Comisión interministerial que va a propiciar
el paso al Consejo de Ministros. Se ha hablado de todos los temas que
están integrados dentro de este trabajo Estrategia Nacional sobre
Drogas, sobre sus diferentes apartados. Usted ha puesto de relieve,
entre ellos, un plan participativo e integrador, la incorporación de
una prevención escolar, advirtiendo que todo lo que se haga en ese
campo es poco porque es el inicio de la entrada de un ciudadano a la
sociedad. Pero también es importante que se haga todo lo posible para
que en el mundo laboral se logre la mayor lucha posible contra el
consumo de esta lacra. Los programas municipales podrán mucho; las
audiencias a las ONG también son fundamentales e importantes, y
consideramos que la creación del instituto de formación de
investigación sobre la droga es un paso, porque se va a lograr que el
mundo universitario, hoy disperso en sus investigaciones, se integre
para conseguir un análisis, unas consecuencias y unos resultados que
propicien la reducción tanto de la demanda como de la oferta.

Deseamos que ese observatorio español sobre la droga siga su camino
hacia adelante y haremos hincapié en que será poco lo que se haga en
la prevención sobre la oferta, no solamente porque hace falta una
adecuación del marco legislativo, una modernización, como usted muy
bien ha dicho, sino también una coordinación de las unidades
policiales -existe en la Guardia Civil y en otras policías- con las
comunidades autónomas, y especialmente, en lo que se refiere al
archipiélago canario, en la cuestión de puertos, costas, con la
policía del mar. La legislación no solamente tiene que ser tuitiva y
punible en este tipo de actuaciones, sino que es necesario reforzar
estas unidades con medios técnicos y con dotaciones de personal
adecuado. Los miles de kilómetros que tienen las costas españolas,
los 700 kilómetros en las costas cantábricas, los 700 en las
atlánticas, los 770 que tienen las islas Canarias y los 1.400 de las
costas mediterráneas, son puntos propicios para la introducción de la
droga que viene de países limítrofes, tanto del norte de África como
de América y África ecuatorial. Nosotros pedimos que se haga hincapié
de una



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forma especial, en el sentido de que toda la legislación, las
declaraciones y los documentos sobre planes nacionales de drogas
estén siempre vigilantes en la lucha contra las ofertas y si no se
consigue que los esfuerzos, las dotaciones en medios humanos y
materiales a las unidades policiales se intensifique de forma muy
importante. Hoy día en Canarias tenemos dos o tres unidades para
luchar contra el mercado de la droga que entra por el mar. Es
poquísimo. Somos siete islas y no tenemos medios suficientes. Pero
como en esta Comisión no estamos tratando un tema local, sino
general, yo finalizo, señor presidente, diciendo que considero un
avance su documento, que supone la consecución de unos criterios de
toda la sociedad española y, por lo tanto, Coalición Canaria tiene
que decirle enhorabuena y, además, gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Simplemente quiero agradecer al señor Gómez la
amabilidad de sus palabras y el tono de su intervención, que además
es coherente con lo que el Gobierno canario ha estado haciendo en la
participación exhaustiva de este documento. Durante meses de trabajo
los técnicos, los políticos, los profesionales del Gobierno de
Canarias han participado muy activamente, ha sido, además, una de las
comunidades más activas en la redacción del documento y, por lo
tanto, tengo que agradecer sus palabras en este momento y por
supuesto en lo que significa de estímulo y de trabajo por parte del
Gobierno de Canarias. Muchas gracias, señoría.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el diputado don José Luis Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Yo sí me he leído detenidamente el documento
que se ha enviado a la Cámara y debo confesar que mi primera
sensación es que es un claro ejemplo de lo que últimamente se produce
con notable frecuencia, y es la brillantez del significante y la
ausencia del significado, en esa vieja división de Saussure. Ustedes
llegan a proponer lo mejor, lo más óptimo, llegan a hacer un
documento que da una sensación favorable pero al final no dicen en
concreto prácticamente nada. Le voy a poner un ejemplo de cómo esa
brillantez del significante alcanza notable grado. En la página 68
dicen ustedes: Proponer la reformas legislativas necesarias para
adaptar la normativa aplicable le a los nuevos requerimientos
producidos por una realidad social cambiante. ¿Quién podría decir que
no a semejante formulación? Pero a continuación, en el siguiente
número 9.3, dicen cosas tan concretas como: Entradas y registros.

Nada más que eso. En el número 9.5 dicen: Ampliar las figuras del
arrepentido y del testigo protegido a las que en los países de
nuestro entorno se conocen como colaboradores de justicia. No
concretan ustedes las medidas, no dicen ustedes nada más que aquello
que deseamos todos.

No voy a detenerme sobre ese problema, porque lo que yo quiero es
plantear de manera clara la cuestión fundamental que en este
documento no aparece, que apenas tiene una referencia en la página
11, donde se manifiesta: Sólo un porcentaje muy escaso se muestra
partidario de la legalización de las drogas como una medida apropiada
para solucionar este tema. ¿Podemos entender que realmente un debate
metido dentro de la sociedad merece tres líneas y además con un
pronunciamiento que no tiene base estadística? Yo creo que hay que
romper con el velo de hipocresía que nos impide plantear de una
manera clara el problema de la droga. La sociedad, el Estado han sido
derrotados por una realidad: no han sido capaces de conseguir vencer
el consumo de la droga, ni de la droga admitida culturalmente como el
alcohol o como el tabaco, ni de aquellas drogas que han tenido una
inserción cultural en momentos históricos determinados y que ahora ya
no la tienen. Todos los estudiantes tomaban anfetas para preparar los
exámenes, ahora la anfetamina se ha convertido en un elemento
pernicioso y perseguido. Por lo tanto, ese velo de hipocresía supone,
en primer lugar, poner en el centro el debate sobre la legalización,
con toda la fuerza. Nuestro grupo rechaza el consumo de las drogas,
es evidente, pero nuestro grupo cada vez está más convencido de que
los esfuerzos que se están realizando, con todas las dificultades que
ello lleva para conseguir clarificarse sobre la legalización de las
drogas, es un punto que no se puede obviar en absoluto. No obstante,
ustedes lo evitan y mientras tanto se están produciendo los efectos
perniciosos de la hipocresía mantenida, que supone que montones de
daños graves que implican no solamente pérdida de la salud, sino en
ocasiones -por cierto demasiado frecuentes también- pérdida de la
vida, están ahí porque no nos enfrentamos con ellos.

En su partido, por ejemplo, hay un cargo público importante, el
alcalde de Madrid, que ha cometido el despropósito -digo esta
palabra, como es lógico, en estricto contenido de crítica- de decir
que las narcosalas bordean la legalidad. Pero mientras no se
implantan las narcosalas la gente está en las alcantarillas, la gente
está en unas condiciones de marginalidad brutal. Ustedes no han dicho
esto. Ustedes han vuelto a plantear la brillantez del lenguaje y la
nulidad en muchas ocasiones de la actuación. En el plan de la
actuación represiva, por ejemplo, veamos qué es lo que dicen ustedes.

Llegan a manifestar que es necesario utilizar un debate y reformas
legales para poder abordar el registro de aeronaves y embarcaciones
que trasladan la droga. ¿Usted cree que la Guardia Civil del Mar
tiene algún problema en las costas de Pontevedra para parar una
lancha rápida y ver lo que tiene dentro? No tiene ningún problema
legal. ¿Sabe qué problema tiene la Guardia Civil del Mar? Que
mientras los traficantes tienen unas planeadoras de una velocidad
impresionante y unos grandes patrones, la Guardia Civil apenas tiene
dos planeadoras que funcionan cuando no le da al delegado del
Gobierno por interferir en la actuación de la Guardia Civil. Ese es
el problema real. Así la Guardia Civil no puede competir en el mar.

Ustedes proponen otra medida curiosa, y por el problema del tiempo me
permitirán que no cite las páginas. Lo leo literalmente: Incrementar
el control de los puntos de venta de droga al pormenor por
representar el último escalón a través del cual las bandas criminales
de traficantes



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pueden desarrollar su actividad. Yo creo que esto parte de un
desconocimiento del señor delegado sobre realidades tan próximas como
las de Madrid. Ha sido su propio partido el que renunció al cerco de
los centros de distribución de droga de la periferia de Madrid,
porque en vez de conseguir reducir el problema de la oferta lo que
consiguieron fue provocar toda una serie de reacciones en los
toxicómanos que llevó a retirar esto. Dése usted un paseo por la
periferia sur de Madrid, por Getafe, por Leganés, por Fuenlabrada
y verá usted allí los puestos de distribución de droga al pormenor y
nadie los toca, porque todos los esfuerzos por tocarlos han sido un
fracaso. No obstante, ustedes siguen utilizando una ley que fue obra
de un ministro de Interior del Partido Socialista, del señor
Corcuera, que a pesar del varapalo recibido en el Tribunal
Constitucional ustedes siguen aplicando. La Guardia Civil rural se
dedica a perseguir a campistas que llevan una pequeña cantidad de
hachís en la mochila y a imponer las correspondientes multas. Eso es
lo que hacen ustedes en muchos aspectos de la represión. Sin embargo,
para golpear los puntos graves, aquellos puntos fundamentales donde
se desarrolla la oferta, tienen ustedes a la Guardia Civil y a la
Policía con unos medios realmente lamentables para responder a ello.

Es más, ustedes hablan también aquí -y vuelvo a ahorrar enumerar la
página- de diseñar y llevar a cabo programas de formación en
prevención de drogas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, actuar en el ámbito de la reorganización y optimización de
las unidades de investigación de los Cuerpos de Seguridad del Estado,
potenciando las unidades especializadas. Ni una sola palabra sobre el
fracaso de las unidades de la Guardia Civil especializadas en la
lucha contra la droga, que provocó la actuación judicial; ni una sola
palabra de cómo se pueden combatir hechos tan absurdos como las
entregas controladas, etcétera. Todo eso es como si fuese una
realidad que no existe.

Podría poner más ejemplos, aunque creo que no es necesario abundar en
ellos, pero sí le haría dos preguntas fundamentales. ¿Cuándo vamos a
debatir sobre la legalización? ¿Se van a preocupar ustedes por ello?
Yo no sé si usted va a volver a ocupar el puesto que ostenta en estos
momentos; es evidente que por puro calendario electoral tiene que
haber cambios, pero si usted vuelve a recibir la confianza del
Gobierno popular, si es que el Partido Popular vuelve a ganar las
elecciones, yo le diría que pensase bien antes las funciones que
tiene su puesto dentro del organigrama del Ministerio del Interior,
porque si es para hacer lo que se sigue haciendo ahora y es para
tener las competencias que tiene ahora es mucho mejor buscar una
reforma de esa inserción antes de seguir enviando a la Cámara estos
documentos, de los que yo no critico el consenso -claro que tiene que
haber consenso en este tema-, ni planteo problemas de si el
Parlamento los ha recibido o no los ha recibido a tiempo, puesto que
esos problemas formales tienen poca importancia en relación con la
tremenda urgencia que supone por ser España uno de los países más
golpeados por el problema de la droga, en el que no hemos avanzado
por la intervención social del Estado sino por la propia reacción de
la sociedad frente al acrecentamiento de los males causados por la
droga y a los efectos perniciosos de marginalidad, de pérdida de
salud y de pérdida de vidas que ello provoca.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Le agradezco, señoría, que por lo menos tenga usted
la amabilidad de calificar de brillante el significante del
documento, lo que representa no un halago para mi persona puesto que
quiero aprovechar la oportunidad para decir, en contestación a las
sugerencias del Grupo Socialista, que no me considero autor personal
de este documento sino simplemente impulsor del mismo. Creo que han
sido tantas las personas, los colectivos y las organizaciones que han
participado que hace que afortunadamente éste sea un documento con
una peternidad muy compartida y creo que eso es lo que le da una gran
virtualidad de presente y de futuro. En todo caso, en lo que se
refiere al gran esfuerzo de trabajo de concreción, me parece ya un
halago, si bien es un poco contradictorio que en las páginas que
usted ha leído por una parte diga que no ve concreción y por otra
parte diga que representa un esfuerzo por resaltar el significante.

La lista que usted mismo ha leído de reformas concretas que se
proponen me parece un esfuerzo de concreción. Es decir, si usted
identifica, por ejemplo, lo que se refiere a comunicaciones, a nueva
regulación de colaboradores, al tema de registros domiciliarios...,
hay una lista detallada y exhaustiva de lo que proponemos, que tiene
que ser un paquete legislativo nuevo, es decir para la legislatura
próxima, que creemos que va a mejorar de forma muy importante la
eficacia de los cuerpos de seguridad. Y no es que lo crea yo,
insisto, lo ha creído un colectivo importante de profesionales que
han trabajado en este documento.

En cuanto al tema recurrente de la legalización, que Izquierda Unida
permanentemente introduce en estos informes, he de decirle, señoría,
que tiene poca relevancia en el documento porque así lo ha
considerado y así lo ha creído oportuno, como decía anteriormente, el
cuerpo que ha venido trabajando en este debate. Usted dice que no
existe base estadística. Sí existe base estadística, señoría.

Contamos con reiterados estudios que siguen poniendo de manifiesto
una y otra vez la escasa importancia que los españoles dan a este
tema como medida interesante en la lucha contra la droga. Otra cosa
muy distinta es que sea un tema recurrente a nivel de opinión, a
nivel de medios de comunicación o a niveles intelectuales en un
momento determinado, pero en cuanto a apoyo de una mayoría de
españoles le puedo garantizar que no, y usted lo sabe bien. Es un
porcentaje muy reducido el que considera que realmente esa es una
alternativa. Lo que sí me atrevo a pedirle, señoría, es que haga
usted ahora, en representación de Izquierda Unida, el mismo ejercicio
de responsabilidad que hizo su grupo en el año 1995 y en años
anteriores, en los que, manteniendo su opinión, que tiene todo el
derecho a hacerlo, en aras del consenso suscribió íntegramente el
documento de 1995 y anteriores, aparcando este tema, no en sus
programas y en sus principios pero sí, de alguna manera, en el
objetivo de este documento. Porque si este documento tiene que
representar el consenso y el acuerdo de todos los que participan en
las políticas de drogas ya ve usted que no es porque el Gobierno lo
haya puesto o no sino simplemente porque los que trabajan en drogas,
que



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son los que han participado en este documento, realmente no dan
relevancia significativa a esta posibilidad. De lo que sí discrepo
radicalmente con usted es de que el Estado, en este entorno, no
solamente no se encuentra más débil sino que se encuentra más fuerte.

Si uno ve realmente lo que es la historia de la lucha contra las
drogas y el impacto que ha tenido en las diferentes sociedades y cómo
en este momento lo hace en nuestra sociedad y en otras sociedades,
uno tiene que llegar a la conclusión de que hemos mejorado. Hemos
mejorado asistencialmente, hemos mejorado en la respuesta social,
hemos mejorado en la percepción del fenómeno, hemos mejorado en la
estructura legal que es capaz de dar respuesta a este fenómeno, hemos
mejorado en el debilitamiento de estas organizaciones -hoy son más
débiles que lo eran hace unos años, no sólo en España sino en todo el
mundo-, e incluso, si hacemos una visión mucho más universal y de
profundidad histórica, Naciones Unidas ha tenido el acierto este año,
en su informe anual, de empezar el mismo recordando a todos el porqué
hace exactamente ahora un siglo se decidió la fiscalización de drogas
y cuál era el impacto que tenían para la salud pública de entonces
determinadas sustancias. Y uno llega a la conclusión de que eso que
muchas veces no se entiende, por qué hacemos determinadas cosas, que
es la política de fiscalización, ha tenido unos resultados realmente
importantes. Es decir, solamente la disponibilidad de droga, por
ejemplo de la heroína, que había a principios de siglo y la que hay
en estos momentos es 10 veces menor; el impacto en la salud pública
es 10 veces menor, lo cual no significa que no tenga impacto en estos
momentos, no significa que no sigamos asustados o preocupados por el
dramatismo que significa para la salud de muchos españoles o de
muchos ciudadanos, pero indiscutiblemente el impacto social hoy es
menor que hace un siglo, y desde luego nuestro Estado hoy es más
fuerte que hace unos años.

Sobre el tema de las narcosalas, señoría, creo que va a haber una
comparecencia. Simplemente le diré que cuando usted hace referencia a
una persona destacada de nuestro partido debería hacerlo de una forma
más equilibrada puesto que usted sabe que las narcosalas han sido
impulsadas precisamente por un gobierno del Partido Popular en la
Comunidad de Madrid y que van a ser financiadas a través del Plan
nacional sobre drogas, es decir por esta delegación del Gobierno. Esa
medida va a ser puesta en marcha por un gobierno del Partido Popular.

Es evidente que hay opiniones y sensibilidades distintas para los
diferentes temas pero, en todo caso, lo importante es que lo vamos a
hacer.

En este debate, que a mí me parece que no conduce a ninguna parte en
estos temas tan importantes, de querer destacar quien es más
supuestamente avanzado o menos avanzado, sí le puedo poner ejemplos
concretos. Fíjese que se ha hablado durante muchos años de las
políticas de reducción del daño, pues bien, ha sido el Gobierno del
Partido Popular el que ha implantado por primera vez un programa de
intercambio de jeringuillas en las prisiones y se ha desarrollado
durante estos años un programa de intercambio de jeringuillas en
prisiones que ha sido un éxito y que se está generalizando a otras
prisiones en España. Yo muchas veces hablé de estos temas en esta
Comisión y usted recordará que la respuesta que se nos daba era que
para qué establecer un programa de intercambios en prisiones
si allí no había drogas, si oficialmente no había drogas en las
prisiones. Eso lo he escuchado yo en esta Comisión. Por lo tanto,
como se negaba la mayor, no hacía falta un programa de intercambio de
jeringuillas. Hoy, el realismo, el pragmatismo, nos lleva a aceptar
que aunque nos gustaría que no hubiese droga en las prisiones, es
evidente que la hay, señorías. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer
es ser lo suficientemente realistas y aceptar la situación. El
programa ha sido un éxito y se está desarrollando adecuadamente. Este
Gobierno ha pasado de 28.000 plazas de metadona a 65.000 y ha pasado
de 2.500 plazas en las prisiones a 12.500. Esos son hechos
incuestionables. No sé cómo hay que definirlo, no sé si eso es más
avanzado o menos, más progresista o menos progresista; sé que hay una
realidad social y es a la que estamos dando respuesta. Cuando usted
habla, por ejemplo, de las personas que están en las alcantarillas,
me gustaría que me dijera dónde estaban antes. Esa es la diferencia
de personas que hay de las 28.000 y las 65.000. Esa diferencia de
personas que va entre las 28.000 plazas que había antes y las 65.000
que hay ahora no estaban en su casa, no estaban en programas libres
de drogas; estaban literalmente en la calle, señoría. Hoy están en un
programa de metadona, pasando por un centro de tratamiento,
haciéndoseles unas analíticas, un programa de vacunación, un programa
de salud y recibiendo diariamente su dosis de un profesional. Eso es
lo que hay que ir haciendo para evitar que se extiendan problemas
mayores.

Yo nunca he estado, señoría, a favor de los cercos -me lo han
escuchado en declaraciones como delegado del Gobierno-, no me parecen
un acierto, pero en todo caso creo que hemos intentado ilustrar con
algunos datos a esta Comisión. Me parecería un error que
consideráramos eso que usted llama los puntos de cercos como al por
menor. Yo he traído datos a esta Comisión en los que creo haber
demostrado que no se puede asimilar la idea de que son puntos al por
menor, sino claramente al por mayor. Se están moviendo miles,
millones de pesetas diariamente. Por tanto, son estructuras con
apariencia de marginación, pero con la realidad factible de un poder
económico importante. Por consiguiente, cuando hablamos de puntos al
por menor lo estamos haciendo de las nuevas sustancias, de las nuevas
drogas que entran, se dispersan en infinidad de puntos pequeños, con
cantidades muy pequeñas, en zonas de diversión, en discotecas, en
pub.

La ley nosotros la cumplimos, señoría. Nosotros no la hicimos, la
hizo efectivamente el anterior Gobierno. Nos ha parecido que sigue
siendo útil aplicar sanciones de carácter administrativo, no penal.

Nosotros no hemos pedido la reforma. El Grupo Socialista,
curiosamente, en este mismo teletipo al que yo he hecho alusión, sí
pide la reforma de su propia ley. Creo que en este momento la ley
puede ser útil y mientras no haya un consenso distinto me parece que
es bueno mantenerla.

En todo caso, sí le puedo decir que lo que usted manifiesta que son
fracasos de las unidades yo los considero éxitos. Si usted mira las
estadísticas, no ya de los decomisos, que indiscutiblemente sería un
criterio incuestionable, comprobará que hemos multiplicado por dos o
por tres los decomisos de sustancias y el número de operaciones. Es
verdad, señoría, que se producen operaciones muy importantes.




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Solamente una cambia la estadística de un año. De repente se pueden
coger 5.000 kilos de cocaína y cambiar la estadística de un año. Pero
lo importante no son los kilos que cogemos, que tiene su importancia,
sino cómo ha progresado el número de operaciones y qué tipo de
operaciones hemos hecho. Señoría, yo creo que todos tenemos que estar
de acuerdo en que ha crecido el número de operaciones, que han sido
de un relieve mucho más importante, que hay personas muy significadas
en este momento en procedimiento penal y eso me parece un dato
importante. Fíjese lo que significa la lucha contra los precursores
químicos. En los últimos dos años hemos hecho 150 operaciones de
control de precursores químicos. En los dos años anteriores hubo
nueve; hemos pasado de nueve a 150, en las que ha habido cooperación
internacional, por supuesto, muy importante. Esa es la tendencia en
la que nos tenemos que fijar y no para una satisfacción infundada,
pues yo no pretendo en este momente hacer una especie de canto a los
éxitos. Hay que tener confianza en las cosas que se hacen bien por
los cuerpos de seguridad y saber que hay una progresión positiva.

En todo caso, a su pregunta concreta, señoría, le tengo que decir que
no sé el tiempo que me queda como delegado del Gobierno, no sé cuáles
serán mis responsabilidades en el futuro, pero no está en las
prioridades de la Delegación del Gobierno plantear en este momento un
debate sobre la legalización; no creo que sea la preocupación en este
momento de la sociedad española, tampoco creo que sea el consenso que
plantean en este momento los técnicos que trabajan en drogas y, por
el contrario, pienso que hay otras vías en las que podemos trabajar
de una forma mucho más eficaz. Para el futuro dejaremos que sean los
responsables próximos, los que surjan de las próximas elecciones, los
que decidan dónde tiene que estar ubicado cada uno de los ámbitos
administrativos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra doña Zoila Riera.




La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Robles, en nombre de mi grupo
parlamentario por su comparecencia. Quiero agradecer también a la
Presidencia y a todas SS.SS. la flexibilidad que han mostrado con
esta portavoz, al permitirme compatibilizar mi representación en dos
comisiones casi al mismo tiempo, que es muy difícil.

Mi grupo parlamentario, señor Robles, valora positivamente el
conjunto del Plan nacional sobre drogas que han presentado a esta
Cámara; lo valora positivamente porque piensa que parte del informe
previo es patrimonio de todos -creo que es importante no perder el
norte en estos temas-, y felicitarnos y congratularnos de que en
política de droga ahora y antes prevalezca lo que son criterios de
unanimidad, criterios en la búsqueda del consenso y criterios de que
entre todos luchemos contra un tema que a todos preocupa. Pienso que
parte de una realidad anterior que, como muy bien ha explicado en su
comparecencia, estuvo diseñado en función básicamente de que en el
conjunto del Estado español teníamos un problema que se centraba
básicamente en la heroína. Las cosas han evolucionado, lo ha hecho la
propia dinámica social de lo que son los patrones y consumo de droga
y ha evolucionado la manera
en que los poderes políticos entendemos que hay que luchar y
enfrentarse a la droga. Por lo tanto, creo que era forzosamente
necesario y conveniente que el nuevo plan, después de 15 años,
modificase, a tenor de lo que he expuesto, los patrones que en su día
sirvieron para diseñar el anterior. Nuestro lo grupo valora, en
líneas generales, de manera positiva y acertada.

Coincidimos con usted en que este plan es el fruto del consenso y del
trabajo de todos los entes y organismos competentes en la materia. Se
ha escuchado, y han participado, a los organismos autónomos, han
tenido su papel y su representación las ONG, las entidades que están
trabajando en el mundo la droga y si alguien se ha visto más
marginado de este plan es el Parlamento. Esto sí que lo tengo que
decir sin especial acritud y ponerlo encima de la mesa. Esta portavoz
tuvo constancia de que se le entregaba este documento el día 22 de
noviembre. Por la importancia del documento que se nos hace llegar, y
ante su comparecencia, es evidente que una semana para estudiarlo y
poder opinar en profundidad no es mucho. Sería lógico que hubiésemos
tenido la oportunidad, además de los que la han tenido hasta ahora,
de contrastar a nivel social la opinión que este documento genera.

Nos hemos convertido en espectadores o receptores de un trabajo que
ha hecho el Ejecutivo, ayudado de otros órganos competentes, que
reitero lo valoramos bien, pero me hubiera gustado, como
parlamentaria que soy, que se hubiese contemplado un mayor juego de
este Parlamento. Y más cuando sabe, señor Robles, que se creó una
subcomisión para el estudio y la problemática de la droga. A mí me
parece absurdo que se hayan hecho trabajos paralelos, sin buscar la
relación de uno con el otro. Esta Cámara puede aprobar el dictamen de
una subcomisión, que puede ser coincidente o no con estrategias que
marque el Plan nacional sobre drogas, por la sencilla razón de que no
lo teníamos ni hemos sido capaces de ir siguiéndolo en el día a día.

Esto lo quiero poner de manifiesto como algo que se hubiera tenido
que mejorar y hubiese sido deseable que se produjese de otra manera.

No obstante, la valoración que hacemos en su conjunto es positiva.

Tenga por descontado el apoyo de nuestro grupo parlamentario, una vez
más, para incorporar aquellas propuestas e implementar aquellas
acciones que todos y cada uno de nosotros, a nivel de ámbito
competencial en nuestras comunidades autónomas, a nivel local,
etcétera, consideremos que deben derivarse de este nuevo Plan
nacional sobre la droga.

Me parece que es muy importante, señor Robles, que se haya dado en
este plan una visión más global de las drogas que están en la calle
día a día, como son básicamente alcohol, tabaco y drogas de síntesis,
que hablemos de educación, de prevención en las escuelas, que dejemos
de hablar de delincuentes toxicómanos y lo hagamos de enfermos
toxicómanos y que hablemos de temas que hasta ahora no se habían
abordado -este plan sí lo hace-, como son los de la reducción del
daño. Pienso que su Gobierno en estos temas ha sido lanzado, por
decirlo con una expresión coloquial, ha sido valiente y ha roto una
lanza a favor de no quedarnos cerrados con ciertas prevenciones o
miedos. Como usted mismo decía, contestando a otros comparecientes,
a veces el hecho de negar la evidencia sólo sirve para que nos pongamos
una venda en los ojos y que seamos



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incapaces de luchar contra males existentes, nos gusten o no nos
gusten.




Nuestra valoración, pues, es positiva y, por la parte que le compete,
le damos nuestra más sincera felicitación.




El señor PRESIDENTE: Señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señoría, le agradezco muchísimo sus amables palabras
y las entiendo como reconocimiento al esfuerzo que han hecho todos
los que han trabajado. Quiero decir una vez más que yo lo he
impulsado, pero quizás haya sido el que menos he trabajado en el
documento; los que más han trabajado en él han sido básicamente todos
los profesionales, los técnicos de las comunidades autónomas en
conjunto con el Plan nacional. Por tanto, creo que a ellos les
corresponden las felicitaciones. Tengo que decir también aquí en la
Comisión, porque es público, que me parece de justicia que no
solamente reconozcamos el esfuerzo que han hecho muchos de los
directores generales, de los técnicos de las comunidades autónomas,
actuales responsables, sino también el de todos los que han hecho
posible que el Plan nacional sobre drogas llegue hasta aquí. Me estoy
refiriendo a todas las personas que, desde el año 1985, han trabajado
y han articulado una política de drogas en España. Sin embargo como
esto -que me gusta decirlo hoy aquí para que quede reflejado en el
«Diario de Sesiones» del Congreso- podría quedar simplemente como una
mera declaración, he adoptado una serie de decisiones que se van a
hacer realidad el día 13 de diciembre. Como ustedes saben, la
Delegación del Gobierno dispone de unas condecoraciones al mérito del
Plan nacional sobre drogas y he decidido otorgar la condecoración al
mérito del Plan nacional sobre drogas a todos los comisionados
actuales y pasados, es decir los que han tenido la responsabilidad de
desarrollar la política de drogas de nuestro país. Por tanto, el día
13 de diciembre, tanto a los actuales comisionados que han
participado muy activamente en esta redacción como a otros que fueron
comisionados históricos del Plan nacional sobre drogas en las
anteriores etapas, vamos a reconocerles de alguna manera su trabajo,
su esfuerzo en lo que ha significado un consenso importante en la
sociedad española en los últimos 15 años.

Le agradezco las palabras sobre el contenido, que es lo realmente
importante. No significa que dé menos importancia al tema, que no es
anecdótico, de si hemos trabajado bien o no con la Comisión,
simplemente me quiero quedar con que efectivamente el documento
genera consenso, con el que podemos trabajar y sentirnos cómodos.

Lamento sinceramente si la Cámara ha tenido la percepción de que
hemos intentado hurtar algo. Quiero recordarles las fechas que he
dado. El día 16 de noviembre se reunió la Comisión interministerial
para aprobar ese documento; tuvimos dos días para poder incorporar
las sugerencias de la Comisión interministerial, que fueron
importantes, y creo recordar que el 18 salía el documento para esta
Cámara. Sé que lo han tenido el 22, ha habido muy poco tiempo para
poderlo estudiar, pero piensen que nosotros mismos nos hemos movido
con esa escasez de tiempo. Aunque sea una vía
informal, me quedo razonablemente tranquilo por una razón, porque sé
que ustedes han estado trabajando en la Comisión mixta, paralelamente
a nosotros, en este documento y que han comparecido en esta Comisión
-he tenido la posibilidad de leer los «Diarios de Sesiones»- los
responsables de comunidades autónomas, los responsables de
organizaciones sociales, que coinciden al cien por cien con los que
nosotros hemos utilizado como interlocutores en muchas de las
cuestiones. Es decir, cuando han comparecido los responsables de
comunidades autónomas, han sido los mismos que después han trabajado
con nosotros; cuando han comparecido en esta Comisión responsables de
ONG, han sido los mismos con quienes hemos tenido la oportunidad de
contrastar opiniones. Por tanto, hemos trabajado en paralelo. Si me
apuran, no es que hayamos corrido más, es que teníamos la obligación
de cumplir el compromiso de que España tuviera una estrategia
elaborada el día 1 de enero, como el resto de los países de la Unión
Europea. Por tanto, hemos hecho todo lo posible para que esos
compromisos se cumplieran y hemos cogido los plazos para llegar al
día 1 de enero con un documento aprobado. No es que yo no dé
importancia, no digo que la vía informal solucione lo que estamos
hablando, pero creo que todos debemos tener la tranquilidad de que,
en ambos procesos, los que han participado en la discusión, en el
enriquecimiento de lo que se ha venido diciendo, son casi al cien por
cien las mismas personas con las que ustedes han trabajado para el
informe de la Comisión y nosotros dentro.

Le agradezco el término de lanzado. No sé si es lanzado o avanzado,
pero sí seguimos creyendo que la política de reducción de daños es
muy importante. Aunque usted no lo ha mencionado, una las
incorporaciones a este documento de las que me siento satisfecho es
precisamente la creación de un instituto nacional de investigación y
formación. Sé que a usted le preocupan las cuestiones de
investigación, el estar realmente al día, el no cerrar ninguna puerta
a las cuestiones. Por tanto, sintiendo esa preocupación que sienten
muchas personas de sondear todas las posibilidades, de distinguir
entre lo que son drogas de abuso y drogas médicas, de lo que son las
oportunidades terapéuticas de las propias sustancias, creo que vamos
a tener un potencial de investigación futura importante. Creo que esa
es una de las medidas que van a dar juego a este Plan nacional sobre
drogas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada la diputada doña María Luisa Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Muchas gracias por su
comparecencia, señor delegado del Gobierno del Plan nacional sobre
drogas.

Quiero decirle, con objetividad, y lo digo de corazón - quien me
quiera creer puede hacerlo y quien no, que no me crea-, que estamos
en presencia de un magnífico documento. Lo he estudiado con
rotundidad, con objetividad, y creo que no se puede pedir más de un
documento. Hay compromisos serios, es un documento riguroso, es un
documento completo, es un documento, como usted ha dicho,
participativo e integrador. Partiendo de lo que ha sido una política
en materia de drogas consensuada por



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todos, como la prevención, no deja por ello de hablar de la
asistencia y de la integración social, del control y la reducción de
la oferta, de la cooperación integral, partiendo de algo que a mí
siempre me ha parecido importantísimo y a lo que muchas veces no se
ha prestado la atención que se debía, y es el principio de la
responsabilidad compartida de todos los Estados. Hoy en día, se vive
la globalización internacional, todos los Estados padecemos el
problema de la droga y creo que el principio de responsabilidad
compartida entre todos debe ser uno de los ejes, de las guías, de los
nortes que debe regir la política en materia de droga. Se hace un
análisis de la situación incorporando al estudio las nuevas drogas y
los nuevos patrones de consumo, se estudia la evolución del plan,
sobre todo en lo que se refiere a la descentralización de
competencias a las comunidades autónomas, y se fijan unos objetivos
que yo llamaría compromisos fechados, puesto que se establece una
diferenciación entre hasta donde hay que llegar hasta el año 2003 y
lo que hay que conseguir hasta el 2008.

Me ha llamado poderosamente la atención la intervención del
representante del Grupo Socialista; ¡menos mal que no está en contra
del documento! Me da la sensación de que se ha visto obligado a
actuar por aquello de que la oposición se tiene que oponer por
sistema, porque conozco la sensibildiad del señor Granado respecto a
los temas de drogas y estoy convencida de que, en su fuero interno,
opina que este es un buen documento, como pensamos los demás. Dice
que no hay novedades, que se ha intentado descubrir el Mediterráneo.

No hemos inventado el Mediterráneo, hemos estudiado el Mediterráneo
y, en base a cómo es ese Mediterráneo, hemos buscado una serie de
compromisos escritos que están ahí. Hablaba de que no hay propuestas
legislativas. Me va a hacer creer que efectivamente no le ha llegado
el documento con el tiempo que usted habría deseado, porque yo me he
fijado especialmente en la página 66 por mi profesión de abogado y
conocedora de estos temas, por suerte o por desgracia, y creo que el
ámbito normativo es uno de los más completos que hay en el documento.

No se lo voy a leer porque me parecería absurdo, y lo digo también
para el señor Núñez, que no está en este momento, y también es
abogado de profesión, que decía que se hablaba de cosas sin
profundizar. Cuando se habla de mantener una producción legislativa
que garantice la respuesta institucional adecuada a las nuevas
modalidades de tráfico ilegal de drogas, no se puede concretar más
porque no sabemos cuáles pueden ser esas nuevas modalidades que
surjan. Como digo, el tema del ámbito normativo, las reformas
legislativas que pueda haber, es uno de los más exhaustivos.

En las intervenciones que he oído, creo que también ha habido una
cierta confusión, lo digo también sobre todo por el representante del
Grupo Socialista, señor Granado, que tiene una clarividencia notoria
en todos los temas en materia de drogas, pero que tiene algo de
confusión mental en discernir lo que es la acción del Ejecutivo con
la acción del Legislativo, es decir, nosotros tenemos aquí clarísimo
una cosa, la famosa división de poderes de Montesquieu, que, aunque
sé que hay alguien de su grupo que dijo que hacía muchos años que
había muerto Montesquieu, para nosotros es importante. Entonces, lo
que no podemos hacer desde el Legislativo es suplantar al Ejecutivo.

Lo que sí
podemos hacer son estudios paralelos que sean tenidos en cuenta por
parte del Ejecutivo a la hora de establecer programas de actuación o
a la hora de establecer estrategias, que es lo que se hizo con el
famoso documento.

También hay otro error en la conceptuación de lo que fue el Plan
nacional de drogas de 1985, de lo que fue la elaboración por parte de
los grupos parlamentarios del documento de 1995. Ahí creo que está la
confusión mental de parte de algunas de las personas que aquí se han
expresado. A raíz del documento consensuado con los grupos
parlamentarios del año 1995, surgió el Plan de medidas urgentes del
Gobierno cuando asumió la responsabilidad de Gobierno el Partido
Popular. Por lo tanto, entiendo que no debemos suplantar al
Ejecutivo, entiendo que hemos de diferenciar cuál es la función o la
acción del Ejecutivo y cuál es la del Legislativo, y espero que
continúe la labor quien sea el próximo delegado del Plan nacional
sobre drogas. El señor Núñez comentaba que no sabe si usted, señor
Robles, tendrá la confianza, pero puede tener la certeza de que tiene
la confianza total, de esta humilde portavoz y ojalá repita usted
como delegado del Plan nacional sobre drogas.

Quiero quedarme con el mensaje positivo de todo lo que ha sido la
intervención de la mañana, ese consenso importantísismo que se ha
conseguido entre ONG, entre sindicatos, entre la conferencia
interautonómica, entre el consejo superior, entre la comisión
interministerial, entre los grupos políticos, aunque algunos le han
puesto mayor cariño al tema. De todas formas, he oído la palabra
consenso por parte del Grupo Socialista, he oído la palabra consenso
por parte de Coalición Canaria, he oído la palabra consenso y también
aceptación por parte de Convergència i Unió, y he oído la palabra
brillantez, que desde un punto de vista positivo también me anima a
decirle que entiendo que por parte de esta Comisión se da el
beneplácito a este documento, que se le agradece mucho a usted y a
todo su equipo de trabajo este documento, y le digo como le ha dicho
el representante de Coalición Canaria, muchas gracias por todo, señor
Robles.




El señor PRESIDENTE: Señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Muchísimas gracias por sus palabras, no solamente
por el apoyo que nos da al documento y lo que significa de estímulo
sino porque usted ha sintetizado de una forma muy eficaz todo lo que
probablemente yo debería haber hecho mucho mejor de lo que supe
expresarme al principio sobre cuál es el papel del Ejecutivo
realmente, y en función y en relación con las labores de esta
Comisión de estudio, que es la Comisión de estudio del Parlamento.

En todo caso, yo también quiero aprovechar, primero, para darles la
gracias, y, segundo, para terminar resumiendo lo que también creo que
es el sentir de la Cámara, es decir, independientemente de los
matices, que tienen que existir, porque no se trata de un documento
en el que tengamos que hacer una suscripción a ciegas de todos y cada
uno de los puntos sino que se trata de un documento de partida, en el
que existe un tronco amplísimo, que es más de un 90 por ciento en el
que nos sentimos cómodos, nos sentimos partícipes de esos objetivos,
y sobre todo que sabemos que



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detrás hay un trabajo hecho, y apoyado por los que, insisto, tienen
que ser después los actores del Plan nacional sobre drogas.

Creo interpretar el sentir de la Comisión en el sentido de que hemos
hecho un trabajo que va a ser útil para el futuro, y por lo tanto me
quedo con el apoyo de los grupos políticos en ese sentido.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno.

Antes de pasar a la siguiente comparecencia, suspendemos la sesión
cinco minutos. (Pausa.)



- EL PROYECTO DE LAS DENOMINADAS NARCOSALAS EN LACOMUNIDAD DE MADRID.

A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
Congreso 212/002138, y número de expediente Senado 713/000843)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión



Entramos en la comparecencia del delegado del Gobierno para informar
sobre el proyecto de las denominadas narcosalas en la Comunidad de
Madrid.

El señor Robles tiene la palabra.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señor presidente, señorías, efectivamente en este
momento hay un proyecto en marcha que va a ser realizado por la
Agencia Antidroga de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre lo que se
ha denominado narcosalas, que desde un punto de vista más científico
podríamos llamarlos puntos limpios de inyección, o zonas de
venopunción seguras, y que son más acordes a lo que pretende este
proyecto.

Este es un proyecto que nace en el seno del Plan nacional sobre
drogas, en un concepto presupuestario que es el 459, que la
Delegación del Gobierno tiene para poder desarrollar proyectos
piloto, proyectos experimentales, que después de una evaluación pueda
llegarse a la conclusión de si son o no útiles, o si son o no
generalizables al conjunto del territorio nacional. Esto nace en el
contexto de ese grupo de programas que impulsa la Delegación para
poder evaluar la bondad o no de este proyecto y, por tanto, tendrá un
proceso en el que se evaluará el alcance y los resultados de esta
llamada narcosala y, en función de eso, podrá contemplarse como uno
de los proyectos a financiar y a apoyar por el Plan nacional en su
conjunto o por cada una de las comunidades autónomas.

En principio, esta sería una zona de inyección segura, donde lo que
se pretende es que a aquellas personas que han manifestado repetidas
veces su voluntad de no recuperarse, de no entrar en ningún tipo de
programa de rehabilitación y, por tanto, estar en los programas más
bajos de reducción del daño, se les proporcionaría un lugar donde
poder supervisar el proceso por el que se suministran ellos mismos la
heroína; procurarles una mejoría en sus condiciones de salud, es
decir, que trabajemos en lo que significaría
disminuir patologías asociadas; trataríamos de prevenir la
transmisión y la reinfección del VIH; se intentaría, también como un
objetivo, captar a la población drogodependiente para un control
sanitario mejor, especialmente en lo que significaría el control de
la hepatitis y de la tuberculosis; se potenciarían los autocuidados;
se trataría de adiestrar a los heroinómanos sobre técnicas para una
mejor venopunción, y que no se destrocen, como habitualmente hacen,
muchas venas, con las consecuencias que eso tiene para la salud;
favorecer que haya un cambio en la vía de administración, que si es
posible dejen la vía inyectada y pasen a esnifarla o a fumarla; en
todo caso, garantizar una inmediata atención en el caso de
sobredosis; asegurar la recogida de datos que nos permita tener un
mejor control sobre esta población; y, por supuesto, como es otro de
los programas que ya hacemos, el intercambio de jeringuillas.

Si ustedes han seguido y siguen, como yo sé que hacen, lo que son en
este momento otros programas de reducción del daño, tengo que
decirles que esto se enmarca precisamente en uno más de dichos
programas. Tengo que resaltar que es un programa que no está
desconectado del resto, sino que está dentro del conjunto, primero de
modelos y de proyectos terapéuticos, más específicamente dentro del
conjunto de los programas de reducción del daño, y sería un paso más
entre lo que hasta ahora han sido los programas de intercambio de
jeringuillas, que tradicionalmente venimos realizando, y la puesta en
marcha de los centros de emergencia social. Como ustedes saben,
precisamente muy cerca de donde se va a abrir esta narcosala se puso
en marcha el año pasado, también con cargo a este proyecto
presupuestario, un centro de emergencia social en donde se facilita
vestido, alimentación, higiene, cuidados básicos de salud, y donde
hay una primera atención a los toxicómanos, sin ningún tipo de
exigencias de otra naturaleza. Este es un paso más en donde mezclamos
al mismo tiempo el concepto de centro de emergencia y donde podemos
facilitar las jeringuillas, y en este caso concreto un espacio de
inyección. La narcosala va a estar abierta 12 horas, desde las 10 de
la mañana a las 21 horas, todos los días de la semana en principio,
y lo que pretende, como digo, es una primera evaluación de estos
resultados para avanzar en esta política de potenciación de los
programas de reducción del daño.

Esto es cuanto les puedo decir por el momento de la llamada
narcosala.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la diputada doña María Dolores García-Hierro.




La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: En primer lugar, quiero
agradecerle su comparecencia no sin antes manifestar que nos hubiera
gustado que compareciera inmediatamente después de nuestra solicitud,
es decir, hace más de dos meses, porque es en ese momento en el que
el responsable de la Agencia contra la droga de la Comunidad de
Madrid abrió un debate de manera unilateral que suscitó la polémica y
la alarma social debido a la falta de información sobre la puesta en
funcionamiento en Vallecas villa de una narcosala o punto limpio de
venopunción, que contaba con la oposición del propio Ayuntamientode
Madrid, como puede comprobarse por las diferentes



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manifestaciones hechas por el alcalde a los medios de comunicación, y
que aún hoy persisten. Ayer mismo, sin ir más lejos, sigue planteando
que bordean la legalidad y cuestionan la utilidad de este tipo de
centros.

En ese momento, y dentro del marco de sus competencias, puesto que
además se ha dicho que está planteado dentro del Plan nacional,
debería usted haber comparecido y haber expuesto su opinión en un
tema tan controvertido como este tipo de dispositivo, ya que con ello
habría contribuido probablemente a clarificar los aspectos positivos
que pudiera tener para los toxicómanos en fase terminal y que han
rechazado otros tratamientos. En ese momento usted, de acuerdo con
las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas, los
ayuntamientos, ONG y expertos, seguramente ya tenía una opinión
formada, por lo que se vislumbra de su intervención en este momento y
también a principios de septiembre en los medios de comunicación,
comprometiéndose a aportar parte de la financiación de la puesta en
funcionamiento de ese dispositivo. Por eso hubiera sido interesante,
porque sin duda su opinión favorable hubiera contribuido a que al
menos no se iniciara sólo desde la Comunidad de Madrid y generara una
polémica. No obstante, nosotros tenemos que decirle que somos
favorables a este tipo de dispositivos, pero no a que se inicien sólo
y por primera vez por la Comunidad de Madrid, sino a que se extiendan
de manera general y normalizada en todos los puntos y localidades de
España más afectados por la drogadicción.

En aquel momento, en septiembre, hace dos meses, el gerente de la
Agencia contra la droga de Madrid anunció la puesta en funcionamiento
de una narcosala móvil en La Barranquilla, después lo extendería
hasta La Rosilla, sin previa consulta ni a los responsables
municipales ni por supuesto a los vecinos. Esta actitud, alejada del
más mínimo sentido común, excluyendo el diálogo y el consenso entre
todas las fuerzas políticas y sociales, tuvo una reacción inmediata:
el rechazo de los vecinos de Vallecas villa y del Pleno municipal de
la Junta por unanimidad de todos sus grupos. Rechazan que, una vez
más, su distrito se utilice como laboratorio o experimento nuevo,
ante el temor de que este tipo de dispositivos sirviera sólo para
atraer a todos los drogodependientes de Madrid que no se someten
a ningún tratamiento sustitutivo de la heroína, el temor al riesgo de
que su barrio viera cómo aumentaba, no sólo los riesgos sanitarios,
sino también de seguridad. Es un temor que no era ni es infundado,
sino que tienen razones para sentirlo.

Usted recordará cómo a petición de nuestro grupo compareció ante esta
misma Comisión para informar de las actuaciones que estaba llevando a
cabo en la lucha contra el consumo y tráfico ilícito de drogas en La
Rosilla, un núcleo de realojos que, como recordará, se instaló con
unos fines sociales, y cómo las familias que allí residían habían
vendido sus viviendas, o las alquilaban, y alquilan en la actualidad,
para favorecer el tráfico de drogas; una política de realojos
errática, sin programas de prevención, atención e inserción laboral
reales, que concluyó, y sigue persistiendo, en una mayor
concentración de pobreza y marginalidad en la zona sur de Madrid,
como aún hoy se pretende con nuevos realojos, sólo en el sur de
Madrid, con familias en parecidas situaciones a las de La Rosilla o
La Barranquilla.

Ya sé que usted no es el responsable de la política de realojos, pero
sus compañeros del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el
Ayuntamiento sí lo son, y algo tendría que recomendarles al respecto
para no concentrar en los mismo núcleos de población mayor
marginalidad. Recordará que se reconoció el problema después de la
presión ejercida por los vecinos, y es verdad que se está actuando
con mayor intensidad que entonces desde el punto de vista policial y
judicial.

Es comprensible que los vecinos rechazaran la instalación de la
narcosala debido a su experiencia. Como usted sabe muy bien, en ese
momento nosotros contribuimos a serenar los ánimos y a despejar las
preocupaciones con declaraciones en la prensa y con artículos de
opinión. Yo misma tuve oportunidad de decir ante los medios de
comunicación que me parecía una medida parcial, un parche, pero que
era oportuna si contribuía a disminuir el riesgo de la salud de los
afectados, los drogadictos y su entorno social.

Nos parecía y nos parece insuficiente. Es un dispositivo que debe
estar integrado en un proyecto asistencial y social mucho más amplio
y que en ningún caso debería instalarse en un único sitio; hay otras
zonas igualmente afectadas. Deberían recomendar a la Comunidad
Autónoma de Madrid y al Ayuntamiento que realicen un mapa de la
comunidad, que no se centre la actuación sólo en Vallecas villa, que
se establezca un plan consensuado de prevención de riesgos humanos y
sociales en todos los puntos de Madrid donde sea preciso y que la
instalación de las narcosalas se haga con los medios sanitarios
necesarios para garantizar a todos -toxicómanos, profesionales y
vecinos- que no habrá riesgos sanitarios ni de seguridad.

Debe haber un control de las sustancias que se suministran, en qué
condiciones están, análisis previos y apoyo sanitario, psicológico y
social. No debe ser una medida aislada. Si el fin que perseguimos no
es sólo disminuir el sufrimiento de estos enfermos y las secuelas
sobre su salud, si queremos también tratar el problema de fondo,
tendremos que contemplar otras medidas preventivas y asistenciales
dentro del nuevo plan contra las drogas y no seguir apostando sólo
por los tratamiento tradicionales o la metadona.

Incluir las narcosalas como medida no es suficiente; sirven sólo para
que los toxicómanos se inyecten las dosis en mejores condiciones
higiénicas, con control sanitario, y sirven también para ocultar el
degradante espectáculo humano que se observa a diario en estos
barrios: el ir y venir a comprar las dosis y el inyectarse en
condiciones insalubres e inhumanas en las calles, parques,
descampados, etcétera. Tendremos que adoptar medidas más eficaces,
actuar más intensamente contra el narcotráfico haciendo disminuir la
oferta a través de la acción policial y de la incautación de la
droga; además, habrá que aplicar a estos toxicómanos otros
tratamientos alternativos, utilizando las mismas drogas que consumen;
si se hace con el control médico correspondiente, la demanda y la
oferta bajarán. No existe impedimento jurídico alguno, puesto que el
profesional que prescribe la sustancia a un adicto sometido a
tratamiento lo hace defendiendo el bien jurídico de la salud pública
y de la salud del afectado.

Esta posibilidad, vigente como experiencia piloto en otros países de
Europa, y concretamente en Suiza, aceptada



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de manera voluntaria, haría probablemente la oferta asistencial más
atractiva, según los expertos, y disminuiría los problemas violentos
y delictivos que la adquisición de la dosis supone para el afectado y
la sociedad. Como usted conocerá, la prescripción controlada de
heroína es una experiencia con toxicómanos que se está desarrollando
en Suiza y otros países. El tratamiento va dirigido a los drogadictos
que han fracasado con otros tratamientos, como el de metadona, o no
quieren someterse a ellos. Se aplica en Ginebra con éxito desde 1995,
dentro del sistema público de salud y del privado. No se trata de un
centro de distribución indiscriminada de heroína ni una sala de
venopunción, es un tratamiento médico, psíquico y social integrado en
la red pública asistencial, dirigido a la población gravemente
afectada y, a veces, es el camino para llegar a un tratamiento de
desintoxicación. Los resultados son muy positivos: mejora la salud
física y psíquica del toxicómanos, disminuye el consumo de heroína
ilegal, los hechos delictivos, las ganancias del tráfico de droga,
etcétera. El comité de expertos de la Organización Mundial de la
Salud ha reconocido, después de su evaluación, la mejoría clínica y
social de los toxicómanos tratados en Ginebra. Además, la integración
social ha sido muy satisfactoria. Los vecinos conocen el programa y
lo apoyan, lo cual demuestra que con terapias acertadas se puede no
sólo mejorar sino también desintoxicarse e integrarse socialmente.

Esta medida, enfocada desde un punto de vista sanitario y social y no
desde el de la doble moral cínica e hipócrita de drogas legales
permitidas y drogas ilegales rechazables, ayudaría más, a nuestro
juicio, que la instalación de narcosalas.

No obstante, nuestro grupo en la comunidad y en el ayuntamiento se ha
alejado de toda demagogia y de la creación de alarma social, al
contrario de lo que hicieron ustedes oponiéndose a la construcción de
centros de atención a drogadictos en la ciudad de Madrid cuando
estaban en la oposición; la recurrieron incluso ante los tribunales
por su proximidad a núcleos urbanos. Ha contribuido, como no podía
ser menos, desde el sentido común, desde el diálogo con los vecinos,
a serenar los ánimos y a favorecer que, finalmente, en el Pleno de la
Asamblea de Madrid se apruebe una propuesta que plantea la
instalación de la narcosala como un mecanismo parcial más. Nuestra
propuesta ha dado garantía y ha mejorado lo que se planteaba
inicialmente, que era sólo y exclusivamente un centro de venopunción;
se garantiza asistencia médica en todo momento, asistencia social y
que haya programas de inserción para los afectados.

Nos hubiera gustado tener este debate con usted en el Congreso en
lugar de tenerlo en los medios de comunicación a principios de
septiembre. Probablemente, su predisposición a apoyarlo hubiera
ayudado también a rebajar la tensión, teniendo en cuenta que viene
alimentada por el alcalde de Madrid que, con una actitud
absolutamente demagógica y oportunista, mantiene una posición de
rechazo cuando lo que tendría que hacer es sentarse a explicar que se
trata de una solución parcial pero mejor que la de consentir que los
toxicómanos se mueran en las calles y vivan en condiciones inhumanas;
conocemos muy bien el sentido social que tiene el alcalde de Madrid
respecto a cualquier grupo marginal y, por supuesto, si se trata de
drogadictos.

Contrariamente a lo que se dice aquí, nosotros hemos contribuido con
nuestro trabajo en la oposición a serenar los ánimos, a posibilitar
que haya consenso entre los vecinos y entre los grupos políticos y a
que, finalmente, haya una resolución aprobada por unanimidad. No
obstante, nos parece insuficiente. Ustedes no han aceptado que se
vaya más allá en el tratamiento, que los toxicómanos que rechacen
cualquier otro alternativo puedan ser tratados con las drogas que
consumen. Las razones no son de carácter sanitario, puesto que en
otros países se está llevando a cabo el tratamiento y en la comunidad
catalana se ha planteado la cuestión y ustedes la encuentran positiva
y favorable, según han recogido los medios de comunicación; mientras
tanto, niegan esa misma experiencia piloto a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Creo que se debe simplemente a que todavía les parece que
lo lícito, lo legal es el consumo del alcohol, que produce verdaderos
estragos en la familia y violencia doméstica. El documento que he
tenido ocasión de ver ahora, porque no se nos ha distribuido a todos
los diputados, estima que para el 2003 todas las comunidades
autónomas podrán tener al menos el 50 por ciento de los dispositivos
necesarios para atender los casos de violencia doméstica producidos
por el alcohol. Bueno, no es avanzar mucho porque, mientras tanto,
seguirá habiendo muertes por diferentes causas, ésta entre otras. Ya
el 28 de abril de 1998 le dije que la labor que nos correspondía a
todos era profundizar de manera que pudiéramos abordar políticas
eficaces en la lucha contra el narcotráfico y en la ayuda a los
toxicómanos tratándolos como enfermos. No puedo entender que ustedes
se nieguen a que en la Comunidad Autónoma andaluza o en el resto de
las comunidades se puedan aplicar este tipo de terapias que son
sanitariamente aceptables, al menos en cuanto a las referencias que
tenemos en el caso concreto de Ginebra.

Quiero decirle que la situación continúa abierta, y usted lo sabe; no
basta con que los grupos de la oposición en la Comunidad Autónoma de
Madrid hayamos demostrado que tenemos más interés en los ciudadanos y
en los enfermos que en los votos. Ustedes tienen el problema porque
el alcalde de Madrid está creando una sensación en la ciudadanía que
si se sigue manteniendo, va a hacer casi imposible la apertura de ese
centro si se sigue manteniendo. Simplemente quiero darle una opinión,
que no un consejo: haga lo que esté en su mano, haga el esfuerzo por
ir a Vallecas villa -le invité en otra ocasión- y verá que el
problema sigue existiendo. Usted sabe que hay muchas familias que
siguen realojadas, viviendo del tráfico y de la venta de drogas y sé
también de las dificultades que hay para poderlos desalojar. Si
hacemos el esfuerzo pedagógico de ir a razonar, de decir que no se va
a hacer sólo en Vallecas villa sino que se va a hacer previamente un
mapa de dónde es necesario en toda la comunidad de Madrid, quitaremos
el temor que tienen los vecinos de que efectivamente este centro, si
finalmente ve la luz, sirva sólo para que todos los drogadictos de
Madrid, y quizá de algunas comunidades próximas, vengan a recibir
atención, que no va a ser sólo la de inyectarse con control médico,
sino el resto de la asistencia social necesaria.

Creo que tienen que hacer ese esfuerzo, sinceramente se lo pido; y se
lo pido desde la legitimidad que me da el haberme pronunciado en los
medios de comunicación a



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principios de septiembre cuando el gerente de la Agencia contra la
Droga en la comunidad de Madrid, sin haber establecido un diálogo,
sin haber establecido una mínima reunión para tratar el asunto, ya lo
había anunciado y además amenazaba con que se haría con consenso o
sin el. Creo que es una verdadera barbaridad decir que se va a
imponer un asunto como este a unos vecinos a los que ya se les
impusieron unos realojos de unas determinadas características, así
como también el único centro que previsiblemente haya en España como
éste.

De nuevo quiero decir que nuestra mano está tendida para ayudar en un
problema que es gravísimo y que todos tenemos la obligación de
contribuir a minimizar en lo posible, porque no creo que se pueda
erradicar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (
Robles Orozco): Señoría. Me quedo, sobre todo, con este espíritu
navideño que le presiento. Lo que sucede es que me hubiera gustado
mucho que ese espíritu navideño que usted nos expresa ahora, después
de que conoce bien cómo han evolucionado las cosas, lo hubieran
tenido todos ustedes desde el principio, porque puestos a hablar de
contradicciones podríamos echar la vista atrás en las hemerotecas y
ver lo dijeron el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y el
propio Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ya que había
notables diferencias entre lo que opinaba uno y lo que opinaba el
otro, y usted tiene una forma muy peculiar de suavizar y de encontrar
puntos de acuerdo. Yo nunca he visto que se puedan encontrar puntos
de acuerdo con gasolina. Tengo entendido que usted tuvo una serie de
reuniones con los vecinos, de las cuales aparecieron una serie de
declaraciones bastante incendiarias y de las que supongo que usted
tiene algún conocimiento. En todo caso, decir como usted dijo en su
momento, que esto era un parche, creo que no colabora mucho a poner
paz y tranquilidad en un proyecto que nunca se ha pretendido que sea
la panacea de los proyectos terapéuticos, señoría; ustedes suelen
confundir permanentemente, cada vez que anunciamos un tema o que
ustedes lo anuncian, la medida con la totalidad. En este momento este
es un proyecto más, un programa más de reducción del daño, no
pretende sustituir nada de lo demás, no pretende cambiar los
programas de metadona ni cambiar los centros de emergencia ni
cuestiona si hay que hacer o no en el futuro programas de heroína;
este es un programa para lo que es, es decir, para una población
concreta, altamente deteriorada que no está rehabilitándose, que no
quiere rehabilitarse y que va a entrar por primera vez en contacto
con un centro en el que se le van a garantizar unas condiciones
higiénicas, en el que se van a tutelar sus circunstancias de salud y
donde se va a procurar derivarlos hacia otro tipo de programas
sociales, donde por supuesto, señoría, usted lo sabe, va a haber una
supervisión sanitaria, médica y social, donde se les van a facilitar
una serie de condiciones humanas que va a hacer que todos nos
sintamos mejor, no solamente ellos sino todos, al ver que realmente
vamos cerrando el círculo de la atención a los drogodependientes.

Esto no cuestiona lo que es en este momento la red asistencial, los
programas que se están haciendo ni lo que se tenga que hacer en el
futuro. Simplemente hemos pretendido poner en marcha un proyecto para
poderlo evaluar, y ustedes se quieren saltar todos los pasos
intermedios; tan pronto están ustedes recelosos, temerosos y al lado
de supuestas manifestaciones, es decir, que las ponen en tela de
juicio, como de repente dicen ustedes que hay que hacerlo en todos
los sitios sin antes saber qué va a dar de sí este proyecto. Eso no
lo ha hecho nadie, señoría, en ninguna parte del mundo; créanme que
no lo ha hecho nada.

Acabo de estar la semana pasada visitando Amsterdam y he visto muchos
programas, entre ellos una narcosala. En este momento, como usted
sabe -si no se lo digo yo-, el proyecto de las narcosalas en Holanda
no está apoyado por el Gobierno nacional holandés, es un proyecto
apoyado por los gobiernos locales, no está, por tanto, apoyado por la
política nacional holandesa de drogas, está en un proceso de
evaluación y ni siquiera los holandeses que lo han puesto en marcha
los primeros son capaces de aconsejar a nadie si tenemos que
generalizarlo o no, simplemente nos dicen que lo están evaluando y
que cuando haya esa evaluación, que es lo realmente riguroso y
científico, podrán aconsejar, en su realidad y en su contexto, lo que
tenemos que hacer. Creo que aquí lo serio y lo prudente es algo
parecido.

El Plan nacional ha tomado la iniciativa de apoyar esta propuesta,
vamos a desarrollarla durante un tiempo prudencial, va a haber un
proceso de evaluación, y como ha pasado con otros programas o con
otras cuestiones, cuando se llegue a las conclusiones oportunas
decidiremos hacia donde caminamos. Evidentemente, si hay que poner
más narcosalas, se pondrán, porque tengo que recordarle una vez más,
señoría, que es este Gobierno el que ha puesto en marcha y ha
impulsado este proyecto, por tanto, si lo estamos impulsando no
tendremos ningún problema -si se demuestra su utilidad- en
potenciarlas, en apoyarlas y en llevarlas, señorías -eso sí-, a donde
está el problema. No se trata, como algunas veces alguien
demagógicamente dice, de que llevemos la narcosala donde a nosotros
nos apetezca, se trata de llevarla al sitio donde está el problema,
donde están consumiendo en este momento los toxicómanos; se trata de
acercar un servicio y si desgraciadamente en ese lugar del que en
este momento estamos hablando existe ese problema, es allí donde hay
que llevar el recurso. Lo que no pretenderá usted es montar algo tan
irreal como alejarla de ese sitio para que no acuda nadie. Se trata,
insisto, de llevar el recurso donde está el problema. Por eso se
estaba pensando en llevarlo a la Barranquilla, que es donde en este
momento existe ese problema, como se pensó en su momento el centro de
emergencia social y también usted recordará que muchas voces se
alzaron diciendo que era una barbaridad, que una vez más íbamos a
estigmatizar el distrito de Vallecas porque llevábamos todos los
recursos allí. Pues mire usted, el centro de emergencia social lleva
más de un año funcionando y no ha habido ningún conflicto con los
vecinos, se han tenido que ampliar los servicios de ese centro de
emergencia porque ha sido un éxito y por supuesto, señoría, está
plenamente justificado porque el centro de emergencia social se ha
llevado a donde hay un problema.




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Como usted ha reconocido -aunque lo ha hecho con poco entusiasmo y
con la voz baja- hoy hay más eficacia no solamente en la Rosilla sino
en todas las políticas integrales de drogas, tanto del ayuntamiento
como de la comunidad y del Plan nacional, porque no se hace con una
visión parcial sino que se hace con una visión de globalidad,
integradora. Y si en este país hay un ejemplo de ayuntamiento donde
realmente hay un proyecto de plan municipal bien articulado, ese es
el Ayuntamiento de Madrid, señoría. Aquí existe una red importante de
centros de atención, de profesionales, de programas asistenciales, de
programas preventivos, que cubren desde los programas de intercambio
de jeringuillas a los programas de metadona, de bajo umbral, de más
umbral, que cubre ahora el proyecto de ampliar y colaborar en el tema
de la narcosala, los centros de emergencia social, los centros libres
de drogas, los programas de prevención, etcétera. Si hay un modelo
precisamente de programa articulado, señoría, es el Plan municipal de
Madrid, que además ha cubierto durante mucho años un importante
espacio que ojalá la comunidad de Madrid hubiera cubierto en su
momento; tuvo que ser con la creación de la Agencia Antidroga cuando
realmente en la comunidad de Madrid empezó a desarrollarse y a
potenciarse.




Ya he tenido ocasión de comentarle muchas veces, señoría, cuáles son
los datos y las cifras, por ejemplo, de las plazas de metadona en la
comunidad de Madrid antes de la responsabilidad del Partido Popular.

Ustedes me dirán lo que quieran, pero es que los datos son
absolutamente incuestionables. En Madrid existe una población que
necesitaba de programas de intercambio de jeringuillas, que
necesitaba programas de metadona y ha tenido que ser la agencia de la
comunidad en colaboración con el Ayuntamiento la que ha potenciado
esto de una forma espectacular. Hace cuatro años en Madrid había 600
plazas de metadona; ahora hay más de 6.000 y eso lo hemos hecho con
un esfuerzo coordinado de las diferentes administraciones. El alcalde
no es que se oponga, sino que quiere que existan las garantías
suficientes para que el proyecto se desarrolle, y en eso estamos
todos de acuerdo; se está haciendo un gran esfuerzo de consenso y de
acuerdo y, por tanto, las tres administraciones estamos colaborando y
el proyecto será, no tenga ninguna duda, una realidad que vendrá a
sumarse a otros recursos que ya están funcionando. Amí me gustaría
que el Grupo Socialista hubiera tenido la congruencia, la coherencia
de ser capaces de coordinar las posiciones divergentes del
ayuntamiento y de la comunidad; que el Grupo Socialista del
ayuntamiento hubiera escuchado más lo que el Grupo Socialista de la
comunidad le decía y, a lo mejor, hubiéramos tenido menos conflicto.

En todo caso, estos son rifirrafes de carácter político; lo
importante, señoría, es que los toxicómanos altamente deteriorados de
Madrid van a tener un recurso más, vamos a tener la oportunidad de
evaluarlo y, en la medida en que sea un éxito, y todos esperamos que
sea así, el compromiso del Plan nacional y de todas las
administraciones es empujar y apoyar la extensión de estos puntos, de
forma que cuantas más personas entren en contacto con la red
asistencial mayor garantía de éxito tendremos. (La señora García-
Hierro Caraballo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: La señora García-Hierro tiene la palabra, por
favor, muy brevemente.




La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: En primer lugar, quiero recomendar
al señor Robles que cuando haga afirmaciones esté seguro de lo que
dice, porque ha dicho que apago fuegos con gasolina. Yo creo que
usted se ha confundido de persona; se ha confundido porque siempre
habla sobre lo que otros le escriben. Recuerde la polémica del día 4
de septiembre, acompañada de la amenaza por parte de la Agencia
Antidroga de que si no había consenso se llevaría a cabo la
instalación de la narcosala en la Barranquilla. El 7 de septiembre ya
un medio de comunicación pide a nuestro grupo una opinión al respecto
y, a pesar de no haberse dignado ustedes reunir a los vecinos, ni
a la Junta municipal ni a los grupos políticos, nosotros opinamos -está
publicado con esa fecha- que nos parece que las experiencias habidas
son positivas, pero que, en todo caso, son experiencias que se
concretan en una medida absolutamente parcial, que en nada va a
solucionar el grave problema que hay allí, porque el problema existe,
pero, ¿cuándo se creó? Se creó cuando se llevó a determinadas
familias de determinadas características, de las cuales se tenía
conocimiento y se tenía que haber hecho un seguimiento, a realojar en
una zona. El problema es que, en Madrid, los realojos, los
vertederos, las incineradoras, todo se hace en el sur. Luego, allí se
concentra todo tipo de problemas. Al mismo tiempo, disminuyen las
inversiones y los programas sociales y, claro está, de cinco años
para acá se ha ido agravando el problema, porque van allí, donde se
les suministra la droga y los propios cuerpos de policía no pueden
actuar, actúan con muchas limitaciones, con muchas carencias, y eso
lo sabe usted. Es reconocido que, efectivamente, ha habido un avance
después de una enorme presión de los vecinos y de una enorme
denuncia, pero es insuficiente, porque sigue operando la venta de
droga ilegal, por eso van los heroinómanos, y de lo que se trata es
de que se inyecten en condiciones sanitarias más saludables para
ellos, no de otra cosa.

Nosotros hemos defendido que se haga un mapa previo de
localizaciones, que esto no se haga como experiencia piloto sólo en
Vallecas villa porque es allí donde está el problema. Pero, ¿quién
les ha llevado a los vecinos el problema si no esa política de
realojo que ustedes quieren trasladar a otros ayuntamientos del sur,
olvidando siempre los del norte y del este? ¿Por qué tienen que estar
viviendo en esas condiciones tan precarias cuando las familias que se
dedican al tráfico ilícito de droga vivían en los barrios de
Hortaleza o en otras zonas del norte de Madrid? ¿Por qué no actúan en
el fondo del problema de verdad, de raíz y dejan de decir que
nosotros contribuimos a echar leña al fuego? Todo lo contrario;
además está usted confundiendo declaraciones. Nuestro grupo, desde el
primer momento, en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid ha
ayudado a serenar los ánimos de la manera que sabemos hacerlo:
estando en la calle con la gente, hablando, razonando, admitiendo que
tienen razones para estar más que preocupados y para oponerse a hacer
un nuevo experimento.

Simplemente le diré una cosa. Cuando usted habla deun proyecto
articulado en el Ayuntamiento de Madrid obvia decir que ese proyecto
lo llevó a cabo el Partido Socialista



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cuando gobernaba; que desde entonces no se ha construido un solo
centro de atención a drogadictos, de esos que ustedes recurrían
incluso ante el Tribunal Constitucional; que la metadona, a la que
usted hace ahora referencia, era ampliamente criticada, que el señor
Gallardón, hace cinco años, se oponía, como consta en los Diarios de
Sesiones de la Asamblea de Madrid, porque les parecía tan de alto
riesgo como aplicar ahora la heroína. Ustedes van evolucionando en
función de que es un problema con el que no se puede hacer demagogia,
como aprenderán próximamente, cuando pasen de nuevo a la oposición.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Primero, señoría, convendría que usáramos una
terminología que traslade a los posibles sujetos de este plan una
idea equilibrada de lo que queremos hacer; el término de
«experimento», tal como usted lo ha dicho, tiene una connotación
bastante despectiva. Nosotros no vamos a experimentar con nadie,
vamos a hacer un proyecto piloto que nos va a permitir conocer y
evaluar una realidad. Por tanto, me gustaría que tuviera la habilidad
de no repetir esos términos, ya que podríamos inducir a equívocos a
muchas personas. Nosotros no queremos experimentar con nadie y mucho
menos con personas, sino que haya un proyecto serio de atención a
toxicómanos.

Por otra parte, no voy a entrar a discutir sobre si se han puesto en
este momento o no las bases de ese proyecto articulado, pero está
claro que hace tantos años que ustedes no gobiernan en el
Ayuntamiento de Madrid que, aunque se pusieran las bases en su
momento, quien lo ha desarrollado ha sido otra administración; es
decir, es evidente quién ha abierto programas, quién ha puesto
centros de toda naturaleza, quién ha creado programas de prevención
y quién ha desarrollado la metadona en el Ayuntamiento de Madrid, que,
desde luego, no es el Partido Socialista, sino el Partido Popular,
insisto, aunque no sea más que por una cuestión: porque hace tantos
años que ya casi no nos acordamos de cuándo gobernaron ustedes en el
Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, es el Partido Popular quien ha
hecho esto y no solamente en el Ayuntamiento, sino también en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Usted habla de una serie de
declaraciones. Yo le hablo de realidades, de datos. Dígame usted,
desde que funciona la Agencia de Madrid, cómo han evolucionado los
recursos. Se han abierto comunidades terapéuticas, se han abierto
centros de día, se han creado nuevas plazas de metadona, cosa que
antes no existía. Dígame con que fecha se ha hecho todo esto. Yo le
puedo dar esas fechas y es precisamente desde que se ha creado la
Agencia de la Comunidad de Madrid.

Pero ya que la encuentro a usted tan entusiasta de este tema, sí me
gustaría que se comprometieran usted y su grupo en esta Cámara para
que, cuando esto sea un éxito y se puedan evaluar los resultados,
como es nuestro deseo, no sólo concentremos determinados recursos en
el Ayuntamiento de Madrid, sino que se pudieran abrir algunas
narcosalas y prestar algunos otros servicios en algunos municipios
del entorno. Me gustaría que usted, que seguramente
tiene más acceso que yo a algunos alcaldes socialistas del entorno de
Madrid que no han demostrado ningún entusiasmo, más bien al
contrario, se han mostrado muy refractarios, se comprometiera hoy
aquí y no solamente habláramos del alcalde de Madrid, sino que hable
usted con sus compañeros de diferentes ayuntamientos, repito, para
conseguir poner algunas narcosalas en sitios donde hacen falta. No se
trata de inventar el problema, es que allí hacen falta esas
narcosalas. Me gustaría mucho que esos alcaldes socialistas estén
dispuestos a que también haya narcosalas en esos ayuntamientos de la
periferia de Madrid.

En todo caso, hoy no veníamos a hablar de la política de realojos; sí
estoy seguro de que hay una política social integrada, que hay
programas integrados, que hoy ha disminuido el problema, que una
persona que hace unos años deambulaba por la Rosilla, hoy encuentra
un programa de intercambio de jeringuillas, un centro de emergencia
social, una narcosala, un programa de metadona y, por tanto, existen
recursos que tan solo hace unos años no existían. Esos son datos
positivos y lo demás debates de carácter político que no hacen al
caso. Creo que hay que quedarse con los datos. Hoy hay más recursos
que hace unos años y la tendencia va a ser seguir incrementando los
recursos asistenciales por el bien de las personas a las que nos
estamos dirigiendo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la diputada doña Zoila Riera.




La señora RIERA I BEN: Con toda brevedad. No es política de mi grupo
parlamentario interferir, porque es contrario a lo que pensamos, en
cuestiones que competen a otras comunidades autónomas. Por lo tanto,
anuncio que mi intervención no consistirá en decir qué debe hacerse o
no en el Gobierno de Madrid, porque para eso está su Gobierno
autónomo, sino para pronunciarme en el sentido estricto de lo que se
vienen en denominar narcosalas. Mi grupo se ha posicionado
públicamente y en los medios de comunicación a favor de esta
experiencia. Pensamos que el tiempo dictaminará si los resultados
favorables que se espera que tengan se contrastan de la manera en que
todo el mundo prevé o si habrá que aplicar algunas rectificaciones
o ajustes, pero en principio pensamos que es una medida claramente
enfocada a reducir el daño y sobre todo a devolver la dignidad de
seres humanos, a los enfermos drogodependientes que no están
dispuestos a dejar de inyectarse (básicamente heroína) y sobreviven
de cualquier manera, en condiciones no dignas de personas, con lo
cual, al daño propio de su toxicomanía, de su enfermedad, hay que
añadir el daño aparejado por las condiciones sociales de
habitabilidad donde se desarrolla todo su proceso. En ese sentido,
pensamos que la experiencia de las narcosalas puede ser totalmente
favorable. Además, sería bueno que por parte del Gobierno central se
tenga muy en cuenta la capacidad autonómica y local para gestionar
salas de este tipo donde se soliciten y, como muy bien ha dicho
usted, señor Robles, sobre todo en aquellos sitios donde las
características locales de necesidades y demanda así lo aconsejen.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Agradezco el apoyo de su grupo a esa iniciativa que
va a impulsar la Delegación del Gobierno. Ha pronunciado usted una
palabra que redondea lo que realmente es este proyecto, que por una
parte es un programa de reducción del daño, indiscutiblemente, pero
usted ha utilizado la palabra dignidad y de eso se trata, de combinar
las dos cuestiones. Por una parte, que haya una política de reducción
del daño y, por otra, que se devuelva la dignidad como personas
a aquellas que están en condiciones muy lamentables. Si tuviéramos que
reducir en dos palabras de qué se trata, diríamos que consiste en
reducir el daño y devolver la dignidad a las personas que la
perdieron hace tiempo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra don José Luis Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: El pertenecer a un grupo pequeño provoca estar
yendo continuamente de una sala a otra y quizá no he tenido
oportunidad de escuchar al señor delegado. No obstante, creo que en
el último tramo puedo repetir lo anterior -me refiero a mi
intervención de esta mañana- y aprovechar para decir que el señor
delegado quizás no distinga muy bien lo que yo decía de Saussure. Al
no saber correctamente la distinción entre significante y significado
ha tomado como elogio y halago a su plan y a su persona lo que en
realidad era una crítica.

Según mis datos, al parecer el señor delegado se ha limitado a decir
que está a favor de las narcosalas, que recuperan la dignidad de la
persona y que reducen el daño; pero, una vez más, al parecer no se ha
concretado si en las narcosalas se va a disponer de todas las
condiciones de control médico -insisto en esto- para la recuperación
de los heroinómanos y narcodependientes en general. Como yo no
quisiera caer en el mismo error en el que cae el señor delegado, le
hago la pregunta en concreto de cuál es su opinión respecto a la
posibilidad de suministrar bajo control médico, y como es lógico
estrictamente a efectos terapéuticos y de recuperación, dosis de
heroína.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señoría, aunque efectivamente ese no es el motivo de
la comparecencia, viene bien para ser capaces de diferenciar los dos
proyectos. Una de las cosas que no ha beneficiado para nada a esta
polémica es el intento de introducir de nuevo el debate sobre la
oportunidad o no de los programas de heroína al socaire de los
programas de las narcosalas. No existe en este momento ninguna
experiencia en el mundo donde se estén combinando las dos cosas, es
decir, que se mezclen los dos programas. Ni en Suiza ni en Holanda,
donde se están haciendo narcosalas y heroína, se están mezclando los
dos programas. En ninguna de las narcosalas
se suministra heroína. Por lo tanto, son dos proyectos
completamente distintos.

El proyecto que se está haciendo en Holanda de suministro de heroína
es un proyecto experimental similar al de Suiza y lo que pretende es
corregir los errores metodológicos que tuvo el proyecto suizo. Por
eso, cuando se siguen haciendo afirmaciones tan a la ligera de
supuestas evaluaciones positivas, yo tengo que cuestionarlas, porque,
o nadie se ha leído bien el informe o si hay en este momento algún
consenso respecto al proyecto de Suiza es que tiene gravísimos
errores metodológicos que invalidan por completo el proyecto de
investigación. Precisamente por eso es por lo que algunos países -en
este momento reducido básicamente al Gobierno holandés y a unos
länder en Alemania- van a empezar proyectos nuevos de
experimentación, pero sin aventurar resultados. Es un contrasentido,
desde el punto de vista científico, que alguien diga que plantea un
proyecto de investigación y previamente esté condicionando los
resultados. Al revés, parece que montamos el proyecto para tener una
coartada y justificar una posición que previamente queremos defender.

Eso no es serio, no es riguroso, no es científico. En los países
donde lo están haciendo bien están realizando un proyecto de
investigación y no están informando ni hablando todos los días con
los medios de comunicación; están esperando a tener resultados para
poder hacer un análisis serio y riguroso. Lamento que alguien que en
su momento quiso hacer aquí ese planteamiento, antes de que se
conociese la evaluación hubiese paseado por medio país a algunos de
los científicos aventurando los resultados del proyecto.

Desgraciadamente para ellos, la evaluación del mismo no fue buena y
después se dijo que no era eso exactamente lo que se decía, que no
era exactamente igual el proyecto, que se trataba de hacer otra cosa
distinta. Seamos serios. Si se hace un proyecto de investigación hay
que hacerlo. Después, cuando se termina, es cuando hay que presentar
los resultados. Lo que no podemos hacer es pretender tener resultados
desde el primer día en que ponemos en marcha un proyecto, porque eso
no es serio, repito, riguroso ni científico. No se mezclan en ninguna
parte del mundo ambos proyectos. Una cosa es la narcosala y otra cosa
es el suministro de heroína. En ninguna de las narcosalas del mundo,
insisto, se está suministrando en este momento heroína.

Segundo tema. Pregunta usted qué vamos a hacer con la heroína.

Señoría, se ha creado una comisión conjunta entre la Agencia Española
del Medicamento y el Plan nacional sobre drogas, a la que se han
incorporado relevantes investigadores españoles en el ámbito de las
drogas y miembros de las comunidades autónomas que tienen
predisposición a hacer el proyecto, que están avanzando en este
momento en tres ponencias distintas para poder llegar a la conclusión
de si conviene en la realidad española, si es posible en el conjunto
de nuestros compromisos internacionales y,en todo caso, qué modelo de
los que se han planteado en este momento sería el más útil de
investigar en nuestro país. Tengo que decir que nosotros no estamos
cerrados a que haya un proyecto de investigación, pero tenemos que
tener la seguridad del rigor con el que se plantea y hacerlo desde el
punto de vista de la investigación para saber qué se puedeobtener de
ese proyecto terapeutico.




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Por lo tanto, pasos que tenemos que seguir: dejar que trabaje la
comisión; dejar que ésta se pronuncie sobre la idoneidad o no en
nuestro país de realizar este tipo de proyectos, y dentro de eso, si
fuera positivo, que nos dijeran qué tipo de proyecto es el que vamos
a poner en marcha en investigación, entendiendo que se trata de un
proyecto de investigación al que hay que dar su tiempo para tener
después lógicamente los resultados y obtener de ello las
consecuencias que diga la investigación que hemos puesto en marcha.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña María Luisa Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Mi grupo está a favor de la
experiencia piloto que tiene por finalidad que los heroinómanos se
inyecten la droga bajo control asistencial y en mejores condiciones
higiénicas, es una experiencia dirigida a los adictos que deciden por
su propia voluntad seguir pinchándose y lo hacen en parques públicos
o lugares insalubres como alcantarillas, cunetas o tiendas de campaña.

Lo que se pretende es que tengan la oportunidad de inyectarse, si ese
es su deseo, pero sin padecer infecciones, para lo que se les
suministrará una serie de cabinas con material estéril, agua
corriente, iluminación suficiente, etcétera. Lógicamente, se incluye
dentro del programa de reducción de daños, pero para mí tiene algo
importante, que no he oído esta mañana, y es que con ello se va a
intentar acercar a la red asistencial a drogodependientes muy
desarraigados e integrarlos en los programas normalizados.

La representante del Grupo Socialista decía que esta celebración era
extemporánea y que no tiene sentido saber ahora cuál va a ser la
posición del Gobierno de la nación porque hace dos meses que pidió
esa comparecencia. La petición por el Grupo Socialista de la
celebración de esta comparecencia sobre narcosalas se efectuó el 27
de septiembre. Debe ser que la portavoz no lee los medios de
comunicación, pero yo soy una amante de las hemerotecas y voy
guardando todo lo que sale, y ya los medios de comunicación habían
mostrado muy claramente la postura del Gobierno central con respecto
a la instalación del proyecto piloto de la narcosala en la Comunidad
de Madrid. Me refiero -y aquí lo tienen SS. SS.- al ABC del jueves 23
de septiembre. Insisto en que la petición del Grupo Socialista fue
del día 27. Aquí se puede leer: Espaldarazo del Gobierno central a
las narcosalas de la Comunidad de Madrid. Sigue diciendo: Gonzalo
Robles confirmó su apoyo al plan elaborado por el director gerente de
la Agencia Antidroga de la Comunidad, José Cabrera, que quiere abrir
narcosalas donde los toxicómanos..., etcétera. Incluso habla el señor
Robles de que este proyecto será financiado entre el Plan Nacional y
la Consejería de Sanidad. Con ello, quiero decir que no se pueden
hacer manifestaciones extemporáneas, que estaban fabricadas con
antelación, apoyándose en que no se sabía la postura del Gobierno,
cuando en todos los medios de comunicación había salido reflejada.

Incluso había quedado reflejada la postura, el mismo día en que se
presentó la petición de comparecencia, en la revista Cambio 16, en la
que la señora GarcíaHierro tuvo la oportunidad, igual que la tuve yo,
de escribir
un artículo de opinión sobre las narcosalas, que ahora le parece un
proyecto interesantísimo porque son muy progresistas, que las
calificó en aquel momento, como todos ustedes pueden ver, como de
parche.

En consecuencia, pido un mínimo de coherencia y también un poquito de
seriedad y rigor en las manifestaciones sobre otras personas que no
se hallan presentes. Me estoy refiriendo a su postura con respecto al
alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid no ha dicho que no quiere que
se instalen narcosalas en Madrid sino que el 2 de diciembre se reúne
la comisión antidroga -el 2 de diciembre todavía no ha llegado,
señorías- y que ese día tomarán una resolución. No me extrañan las
dudas que pueda tener en un momento dado el alcalde de Madrid si oye
a la señora García- Hierro, que tanto se quejaba de que todo se
instale en el sur. Lógicamente, a un alcalde le preocupa la ubicación
de narcosalas en determinadas zonas, algo avanzado pero polémico y
que puede tener una repercusión social positiva para unos y negativa
para otros. Espero que el alcalde de Madrid no lea la comparecencia
de hoy de la señora García- Hierro no vaya a ser que adopte una
postura que muchos no desearíamos que adoptara.

Tengo que contestar a otra afirmación porque la vehemencia de la
intervención de la señora García-Hierro me obliga a ello. Ha dicho
que al Grupo Socialista le mueve el interés de los enfermos y a
nosotros nos mueven los votos. Esto no es así, y tenemos un ejemplo
muy evidente. Respecto al suministro de heroína, del que se ha
hablado aquí, nosotros hemos actuado con seriedad y rigor, no
vendemos humos ni esperanzas inciertas que no han sido evaluadas,
sino que el Gobierno y el grupo parlamentario que le da apoyo siguen
un camino después de evaluar los informes técnicos y científicos que
garanticen que una terapia es acertada. Por tanto, si la famosa mesa
de la heroína, a la que ha hecho mención el delegado del Gobierno,
toma una resolución afirmativa con criterios científicos, el Gobierno
y el partido que le da soporte estarán ahí y adoptarán esa
resolución.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Muy brevemente, simplemente para expresar, una vez
más, mi agradecimiento al Grupo Popular.




- LAS RELACIONES DEL SUBDIRECTOR DEL PLAN CON EMPRESAS ADJUDICATARIAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA DROGODEPENDENCIA. A
SOLICITUD DEL SENADO-GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente Congreso 222/000007 y número de expediente Senado 713/
000806.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última comparecencia de don Gonzalo
Robles, para que informe sobre las relaciones del subdirector del
Plan con empresas adjudicatarias de servicios públicos en el ámbito
de la drogodepedencia.




Tiene la palabra don Gonzalo Robles.




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El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): La verdad es que habría preferido que tuviera
primero la palabra el senador don Octavio Granados para poder centrar
adecuadamente la información que quiere que le facilite, que lo haré
encantado, porque con ese enunciado tan especial, sobre todo después
de haber leído declaraciones suyas en la prensa, uno tiene dudas
sobre lo que quiere exactamente con esta comparecencia. En todo caso,
voy a suministrarle la información que creo que hace justicia con el
tipo de funciones que tiene el subdirector y también con lo que el
senador solicita.

Como sabe S. S., el subdirector general del Plan, don Emiliano Martín
González, que es psicólogo y funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Madrid, lleva trabajando en el ámbito de las drogodependencias
desde el año 1979, es decir, ahora hace exactamente veinte años que
don Emiliano Martín trabaja como técnico especialista en
drogodependencias, por lo que es una persona sobradamente conocida en
el sector. (La señora vicepresidenta, Romero López, ocupa la
Presidencia.) Durante este tiempo, ha recorrido la mayoría de las
funciones que un profesional de su titulación puede desempeñar ante
esta problemática, desde tareas de prevención comunitaria en barrios
periféricos de Madrid, funciones de asistencia a drogodependientes
y dirección del primer CAD del Ayuntamiento de Madrid, hasta la
planificación y gestión de los recursos durante los diez años que ha
sido jefe del departamento del Plan municipal contra las drogas del
Ayuntmaiento de Madrid. Es a partir del año 1996 cuando se incorpora
a la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas como
subdirector general.

Como puede apreciarse, el subdirector es sobradamente conocido y
conocedor de este sector de la prevención y de la asistencia a
dorgodependientes, muy acotado por lo específico de sus tareas, y
representa sin lugar a dudas uno de los pioneros más reconocidos en
nuestro país. Por tanto, las relaciones que mantiene tanto con las
ONG como con empresas del ámbito de las drogodependencias son,
lógicamente, muy numerosas, de naturaleza absolutamente normal entre
este tipo de entidades y el personal de la Administración en el
ámbito de las competencias que le correspondan por su puesto.

No obstante, ante su pregunta, y sobre todo ante sus afirmaciones en
la prensa, sí debo señalar que su esposa, doña Alicia Acero,
psicóloga y veterana profesional también en el campo de las drogas,
es socia y trabajadora de la sociedad limitada Ática Servicios de
Salud, entidad que, entre otros asuntos relacionados con la salud, se
ocupa de las drogodependencias. Ahora bien, quiero dejar constancia
de que esta entidad nunca ha mantenido, ni mantiene, relación
contractual alguna con la Delegación del Gobierno para el Plan
nacional sobre drogas, del mismo modo que no lo hizo con el Plan
municipal contra las drogas desde el Ayuntamiento de Madrid durante
los diez años en que el subdirector fue jefe del departamento.




La señora VICEPRESIDENTA (Romero López): Tiene la palabra el señor
don Octavio Granado.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Gracias por las explicaciones, señor
delegado, pero no me ha dicho nada que no supiera.

Yo no voy a entrar a poner en cuestión el currículum profesional de
don Emiliano Martín, a quien, como usted sabe, conozco hace muchos
años, pero sí tengo que significarle algunas cuestiones que a lo
mejor usted ha omitido en su escueto pero interesante informe. La
primera es que el señor Martín también es miembro del Consejo de
Administración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, no
se sabe si en función de su cargo en la Delegación del Gobierno para
el Plan nacional sobre drogas.

La segunda cuestión a considerar sería que la Comunidad de Madrid,
como el resto de las comunidades autónomas del Estado español, recibe
subvenciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas para la puesta en marcha de recursos asistenciales. ¿En
qué utiliza la Comunidad de Madrid estas subvenciones del Plan
nacional, entre otras cosas? Pues, entre otras cosas, en adjudicar
a la empresa de la que es socia fundadora y ha sido directiva la mujer
del señor subdirector general del Plan notorios servicios
subvencionados indirectamtne por la Delegacion del Gobierno. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Voy a hacerles simplemente algunas referencias que a lo mejor tienen
interés. En primer lugar, la empresa Ática Servicios de Salud,
Sociedad Limitada, es heredera de una asociación que con el mismo
nombre, Ática -sin servicios de salud-, se constituye con domicilio
social en el entonces domicilio del señor subdirector del plan. Es
decir, la vinculación no es ocasional, no es una empresa creada por
una multitud de trabajadores, sino que es una empresa que tiene el
domicilio social en la casa del señor Martín; luego, cuando la
asociación se transforma en Ática Servicios de Salud ya se busca un
nuevo domicilio social.

En segundo lugar, esta empresa ha recibido adjudicaciones de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid por valor de 232 millones
de pesetas en programas de buses, metabuses y lo que se llama el
Isidrobus, programas que luego han sido complementados con otros 86
millones por encima de su precio de adjudicación en función de
revisiones de contrato, y programas de gestión de centros de día por
valor de 438 millones de pesetas. Es decir, estamos hablando de una
empresa que ha recibido financiación de la Comunidad de Madrid para
la puesta en marcha de recursos asistenciales por un valor superior a
los 700 millones de pesetas; programas que constituyen el eje del
sistema asistencial de la Comunidad de Madrid, y que en ese sentido
son subvencionados por la Delegación del Gobierno, y programas que
han sido adjudicados a esta empresa, casualmente -aquí estaríamos
ante la fábula del burro de Iriarte, que tocó la flauta por
casualidad-, después de que el señor Martín se incorporara al Consejo
de Administración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

Me gustaría saber -a lo mejor el señor delegado tiene ese dato- qué
subvenciones ha recibido de la Comunidad de Madrid esta misma empresa
con anterioridad a que el señor Martín fuera miembro del consejo de
administración de la Agencia Antidroga, para que sepamos si puede
existir alguna relación, aunque sea de mera casualidad, entre su
presencia en el consejo de administración de



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la Agencia Antidroga de la comunidad y la recepción de estas
subvenciones.

Señor delegado, evidentemente estos son datos relativamente
objetivos, que indican que no parece que quepa señalar que no existe
relación ninguna. Si estuviéramos hablando de una adjudicación
aislada yo lo entendería, pero me imagino que el señor Martín se
habrá excluido de toda la tramitación de esas adjudicaciones en el
Consejo de Administración de la Agencia o en los órganos consultivos
en los que participa dicha Agencia, si ha tenido que participar en
alguna de estas decisiones; me imagino que lo habrá hecho. No
obstante, se trata de siete u ocho adjudicaciones de manera
permanente en los dos últimos años. Esta reiteración con una empresa
a la que ha estado tan vinculado llama un poquito la atención.

Además, señor delegado, usted en esto tiene mala suerte. Ya no se
trata solamente de subdirector del plan, es que usted, por ejemplo,
introdujo en la red iberoamericana de organizaciones para las
drogodependencias una organización llamada Pueblos Fraternos, que al
final ha terminado costándole el puesto a su promotor-inventor, el
señor Espinosa, del Ministerio de Asuntos Exteriores; es que usted
está subvencionando a una organización que se llama Carpe Diem, que
se dedicaba al cuidado de ancianos y que cuando el Partido Popular
ganó las elecciones se convirtió en una organización dedicada al
cuidado de las drogodependencias, dirigida además por miembros de la
comisión de drogas del Partido Popular, a la que usted le da
subvenciones este año por un valor superior a las que concede a la
Concapa o a la Ceapa; es que usted tiene una política de fomento de
algunas organizaciones empresariales, como Carpe Diem, que se ha
devenido en Gres o como Ática, que antes era una ONG y ahora es una
empresa; ustedes, en general, llevan a cabo un fomento de algunas
entidades vinculadas empresarialmente con dirigentes del Partido
Popular que nos hace pensar lo peor.

Yademás, como en este mundo es verdad que el número de personas es
reducido, que existen con cierta frecuencia cruces entre
participaciones y es muy normal encontrarse con los mismos nombres en
diferentes entidades, etcétera, hay que distinguir muy bien el trigo
de la paja y hay que distinguir muy bien el trabajo voluntario de los
intereses empresariales. En ese sentido, convendría que las personas
que tienen que tomar alguna decisión sobre las subvenciones que
cobran las comunidades autónomas, o sobre cómo gastan el dinero las
comunidades autónomas, no fueran los maridos o las mujeres o los
socios o los dueños del domicilio en el que se constituyen las
empresas, o los miembros de la comisión de drogas del partido que
concede las subvenciones, etcétera. Convendría que este tipo de
relaciones fueran las menores posibles.

Esa era la razón de mi pregunta. He intentado realizarla con la mayor
corrección. Entienda usted que las dudas no son estrictamente
imputaciones y que, en todo caso, las personas, las presentes y las
ausentes, me merecen el máximo respeto. Pero el máximo respeto a las
personas no quiere decir que comparta ni sus conductas ni sus
actuaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado.

El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Señor Granados, voy a contestarle puntualmente a las
cuestiones que usted ha suscitado, pero también me gustaría una
aclaración por su parte. Yo no sé si cuando habla de dudas está
queriendo hacer algún otro tipo de valoraciones o imputaciones, y
convendría, para la tranquilidad de todos y sobre todo para la
claridad del «Diario de Sesiones», que estableciéramos una diferencia
entre lo que usted llama dudas y posibles irregularidades, porque hoy
ha estado usted muchísimo más moderado de lo que le he leído en la
prensa, y usted en la prensa ha hablado claramente de
irregularidades. A mí me gustaría que usted señale cuáles son esas
irregularidades para que yo le pueda contestar con algunas
apreciaciones de cosas que se han podido hacer en otro momento, a ver
qué le parecen a usted.

Pero voy a contestarle sobre las cuestiones que usted me pregunta.

Usted pregunta sobre la presencia del subdirector en el consejo de
Administración de la Agencia Antidroga. Efectivamente, el subdirector
es miembro del consejo en representación del Plan nacional sobre
drogas, que tiene una serie de puestos y forma parte, por tanto, del
consejo de administración. Lo que usted no ha dicho -quizá no lo
sabe, pero yo se lo aclaro- es que por el consejo de administración
no pasa la adjudicación de los contratos, este es un tema que hace
directamente el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid. El
consejo de administración de la Agencia al que usted se ha referido
no es un consejo que administre, que gestione ni que adjudique
contratos. Por la cuantía de lo que estamos hablando lo hace
exclusivamente el consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Ninguno de los contratos a los que usted ha hecho referencia
ha pasado por el consejo de administración, las adjudicaciones se
preparan por los servicios técnicos de la Agencia Antidroga y se
eleva una propuesta al consejo de gobierno, donde los consejeros
deciden la adjudicación de determinados temas.

Tengo que decirle, además, que no solamente no ha pasado por el
consejo ni tiene competencias el consejo para aprobar estos temas
-que las tiene el consejo de gobierno-, sino que esto no ha sido una
adjudicación directa, sino un concurso, en el que han podido
concursar, valga la redundancia, todas las empresas de servicios, que
hay muchas, de la Comunidad de Madrid. Ypor supuesto podía haber sido
impugnado este concurso, y que yo sepa nadie lo ha impugnado; por
tanto, es de suponer que se da por buena su realización. Por
consiguiente, hablamos de un concurso, no de una adjudicación, que es
competencia del consejo de gobierno, no del consejo de
administración, y la presencia allí del subdirector es para
representar al Plan nacional más sobre cuestiones teóricas, sobre
cuestiones de los principios que deben regir la orientación de la
comunidad. Por ejemplo, en la última reunión se ha hablado
precisamente del tema de las narcosalas, y lo que ha hecho allí el
subdirector ha sido fijar los criterios que tienen que tener las
narcosalas a juicio del Plan nacional sobre drogas, por supuesto no
ha tenido nada que ver con la adjudicación económica.

Usted ha aprovechado para hablar aquí de las otras ONG y de las otras
situaciones. Como son públicas, como las subvenciones, insisto, son
en concurso con otras ONG,



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no tengo nada que decir más que hay una orden del subvenciones, que
se presentan los programas y que nosotros no consideramos que tenga
que haber cuotas para ninguna ONG. Yo me encontré con la sorpresa,
cuando tomé posesión como delegado, de que algunas ONG se presentaron
y poco menos que me insinuaron que había que respetar una especie de
cuota que tenían las ONG estipulada. Yo dije que eso es contrario a
la ley, es decir, todos los años sacamos una orden de subvenciones
para que concursen las ONG, se analizan los proyectos y los
programas, y si un año los programas son buenos, se subvencionan,
pero si el programa no es bueno, no se subvenciona. Por tanto, no
existe ningún derecho adquirido por parte de ninguna organización no
gubernamental, sino que tienen que concurrir todos los años
libremente, presentar sus programas y ser evaluados. Ese es el
criterio por el que se marcan las subvenciones.




En cuanto a la historia de Ática, que voy a intentar completarle,
porque yo estoy seguro de que usted la sabe pero ha omitido algunos
datos, se constituye primero una ONG en el año 1994, que no tiene
nada que ver con una SL; inmediatamente después, prácticamente dos
años después, se disuelve la ONG y se constituye, porque quiere
concursar a una empresa de servicios, en una sociedad limitada. El
subdirector solamente forma parte de la ONG, que no de la sociedad
limitada, entre julio del año 1993 y enero del año 1994; es decir,
durante seis meses el subdirector forma parte de una ONG, que no de
la sociedad limitada, desde 1993 a 1994, y durante esos seis meses no
hay ni un solo ingreso en esa organización de ninguna administración
pública. Por tanto, creo que también ha quedado aclarado. Respecto al
tiempo en el que ha estado Ática funcionando (cuando he ilustrado al
principio el currículum del subdirector y de su esposa lo he hecho
con la intención clara de que se vea que son personas vinculadas al
sector de las drogas desde hace 20 años y que han trabajado como
psicólogos y expertos profesionales para diferentes situaciones y
realidades), durante esos seis años ha tenido contratos con FAD, con
el Proyecto Hombre, con la Agencia de la Comunidad de Madrid, con la
Dirección General de la Juventud, con Renfe, con Aena, con la Femp,
porque es una empresa de servicios y ha sido contratada para
determinadas funciones. Insisto en que en ningún caso, durante el
tiempo en el que el subdirector ha estado en algunas de las
administraciones públicas, ha recibido ningún contrato o subvención
de la Administración en la que estuviera en ese momento prestando sus
servicios, ni del Ayuntamiento de Madrid, ni ahora de la Delegación
del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas. Creo que esto aclara
bastante las cosas.

Usted al principio ha introducido un elemento mucho más sutil, y es
el hecho de que haya una posible financiación de la Delegación del
Gobierno a la Comunidad de Madrid y que indirectamente esas
subvenciones puedan después llegar a organizaciones. Como usted bien
sabe, efectivamente existe una serie de transferencias económicas
desde el Gobierno central a las comunidades autónomas, que están
condicionadas a determinados programas que se pactan en la
conferencia interautonómica. Desde noviembre de cada año, nosotros
pactamos con las comunidades autónomas una serie de transferencias
para determinado tipo de programas. Es evidente que a estas alturas
eso representa probablemente menos del 20 por ciento del presupuesto
de las comunidades autónomas, que hoy tienen un presupuesto
específico del que después gestionan sus centros. Señoría, ninguno de
los programas de los que hemos estado hablando se subvenciona con
cargo a los presupuestos de la Delegación del Gobierno, porque son
gestiones asistenciales y, como usted sabe, nosotros no financiamos
proyectos asistenciales, sino que es el presupuesto de la propia
comunidad autónoma el que lo hace. Ningún dinero del que transferimos
desde el Gobierno central a la comunidad autónoma, directa o
indirectamente, ha servido para otorgar después ningún contrato
-insisto- en concurso.




Austed le deberían sonar estas cuestiones, porque S. S. debería saber
que en algún momento se han hecho cosas de este tipo. Supongo que a
usted el GID le suena, porque es miembro de él. Pues bien, el GID es
una asociación extraordinariamente conocida en el sector de drogas
que, entre los años 1987 y 1996, ha recibido en subvenciones, no en
concurso, más de cien millones de pesetas; y en adjudicaciones
directas, en menos de dos años, más de 25 millones de pesetas. En
esta lista figura usted como socio y el GID sí que ha recibido
subvenciones directamente de la Delegación del Gobierno para el Plan
nacional sobre drogas; subvenciones, contratos y adjudicaciones
directas entre los años 1987 y 1996 a una entidad sobre las drogas,
entre cuyos socios figura usted. Se han realizado trabajos tales como
conferencia y seminarios y con dinero de la Delegación del Gobierno,
que ha subvencionado al GID, se ha pagado a sus socios algún tipo de
colaboración. No sé si es que lo que usted está intentando imputar a
otras personas es algo que a usted personalmente le suena, porque
precisamente con cargo a subvenciones que se daban al GID desde la
Delegación del Gobierno figuran facturas firmadas por don Octavio
Granado en esos años. Si es tan claro, no sé cuál es entonces la
primera parte. Decía yo al principio de su intervención que me habría
gustado que S. S. hubiera concretado, exactamente qué es lo que
quería decir, porque una cosa es que estemos hablando de dudas y,
otra muy distinta, de imputaciones. Precisamente en los temas de
imputaciones -porque usted ha hecho aquí un totum revolutum de ONG,
carpe diem y otras cuestiones- soy especialmente sensible. Me
gustaría dejar las cosas en su sitio y, sobre todo, aclarar dónde ha
habido y dónde no ha habido irregularidades. Lo que a usted le puede
parece una duda, yo se la aclaro pero no estoy dispuesto a aceptar la
más mínima duda sobre la legalidad con que se ha actuado. E insisto,
le he leído a usted en la prensa en un tono bastante distinto al que
ha utilizado en el día de hoy.




El señor PRESIDENTE: Señor Granado, por favor, con brevedad.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Con brevedad, señor presidente, pero
entienda usted que debo consumir dos turnos, uno de réplica y otro
por alusiones. Ahora sí que voy a ser contundente. Usted se quejaba
de mi falta de contundencia -no sé si se quejaba o la agradecía-,
pero ahora me obliga a ser necesariamente contundente.

Irregularidades, señor Robles, las hay y graves. Las denuncias no las
hemos formulado los socialistas, sino que



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las formulan el Consejo de Psicólogos de Madrid y los sindicatos,
representantes del personal de la Agencia Antidroga; y los
socialistas nos hacemos eco de ellas. Hasta tal punto hay
irregularidades, que fíjese usted que la empresa de la que estamos
hablando en estos momentos está compareciendo en un Juzgado de lo
Laboral en Madrid para atender una denuncia de sus trabajadores, que
han denunciado a la empresa por entender que ha mantenido con ellos
una relación irregular.

En cuanto a las adjudicaciones, llama la atención, señor Robles, que
usted diga que no tiene que pasar por el consejo de administración de
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. La Comunidad Autónoma
de Madrid, como el resto de las comunidades autónomas de España,
tiene establecido en su ley de hacienda unos límites de dinero
dispuestos para la adjudicación a través de organismos autónomos,
entes públicos de derecho privado, etcétera, que cuando se sobrepasan
tienen que ser ratificados por su consejo de gobierno. Y si usted
hubiera leído la ley de creación de la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, sabría que el consejo de administración es el
máximo órgano representativo de la Agencia y que lo que hacen los
servicios de la Agencia, que están dirigidos por el consejo de
administración, es preparar los expedientes que van al consejo de
gobierno de la Comunidad de Madrid. El que usted diga que el consejo
de administración no es el que aprueba materialmente unos expedientes
que, en razón de su cuantía, no puede aprobar, es, cuando menos,
pintoresco, porque es lo único que no hace. ¿Usted se cree de verdad
que los consejeros de la Comunidad de Madrid son los que deciden a
quién hay que adjudicar una determinada adjudicación? Los consejeros
de la Comunidad de Madrid obrarán según las propuestas que se les
haga por los servicios técnicos de la Agencia Antidroga. Lo que pasa
es que por motivos exclusivamente de cuantía, no es la propia Agencia
la que puede contratar.

Me dice usted que han sido por concurso y a la baja; que luego se les
han hecho revisiones de precio que en algunos casos ha supuesto el 50
por ciento de incremento de lo que era el valor de la adjudicación; y
que no ha habido impugnaciones. Tiene usted razón. Las empresas que
podían ser concursantes no han impugnado, entre otras cosas, porque
saben perfectamente que si impugnan se van a quedar fuera para
siempre de las adjudicaciones de la comunidad. Quienes sí puede
impugnar son los representantes de las corporaciones profesionales y
de los trabajadores. Lo han hecho el Colegio de Psicólogos, los
sindicatos y la oposición política, ¿quien más quiere usted que
impugne?
Señor delegado, yo conozco de lo que estamos hablando. Ática se crea
primero como ONG y luego como empresa, y sus siglas significan
Atención al tabaquismo e intervención en otras conductas adictivas.

Es una empresa dedicada a realizar cursos sobre tabaquismo. Esos
cursos que usted nos ha contado para la Femp, Renfe, Aena y para no
sé cuál empresa, son sobre tabaquismo. Es una empresa especializada
en tabaquismo que realiza cursos de formación, que tiene un capital
desembolsado de 500.000 pesetas y a la que se le adjudican programas
de cientos de millones de pesetas en los que no tenía ninguna
experiencia, sí la tenían las personas que la constituyeron, pero
como tal
empresa no tenía ninguna experiencia. Y hablando de irregularidades,
permítame que le diga que en algunas de las adjudicaciones a las que
yo he hecho referencia, por ejemplo, para gerenciar algún centro en
una comunidad terapéutica de la Comunidad de Madrid, pues ha habido
que vestir el santo y hacer una unión temporal de empresas entre
alguna de estas sociedades y una empresa de jardinería, para obtener
la cualificación necesaria por la Ley de contratos para ser
adjudicatarios de alguna concesión, lo cual es, como mínimo,
pintoresco.

Que usted me diga que los programas de metadona no son financiados
por el Plan nacional desdice un poquito lo que afirmaba S. S. en la
intervención del punto del orden del día anterior. Usted ha pasado de
ser copartícipe, impulsor, mentor, etcétera de los programas con
metadona a no tener nada que ver. Ninguno de estos programas está
financiado por la Delegación del Gobierno y, por lo tanto, el
subdirector, aunque sea miembro del consejo de administración de la
Agencia, no tiene nada que ver con que la Agencia haya pasado de
encargarle por casualidad centenares de millones de pesetas a la
empresa de su mujer. Si usted no tiene nada más que decir, yo
entiendo que a usted le parece perfectamente regular esta situación,
que el señor Martín va a seguir siendo miembro del consejo de
administración de la Agencia y que ésta va a seguir encargándole
centenares de millones de pesetas a Ática. Enhorabuena, pero ustedes
van a dar pábulo a todo tipo de comportamientos y de sospechas,
porque todo el mundo va a entender que ésta es una relación
absolutamente privilegiada. Como esto, además, sucede no sólo en el
caso de Ática, sino tambiéno de otras empresas vinculadas al Partido
Popular, a personas que ocupan puestos directivos en la Agencia, como
pasa con la señora Grande, de Carpe Diem y ahora Gres, que es
directora adjunta de la Agencia y cuyas sociedades -ahora empresas-
están siendo enormemente beneficiadas por adjudicaciones de la propia
Agencia, entenderá usted que les diga que ustedes son como Juan
Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. Las personas que están en los
consejos de administración o en los puestos directivos de la Agencia
de la Comunidad de Madrid o en el Plan nacional son los familiares o
las representantes de las empresas que reciben las adjudicaciones. Si
a usted le parece esto una situación ejemplear, allá usted con su
conciencia.

Vamos a aclarar -porque en eso sí que tengo especial interés- las
referencias que usted ha hecho, que me parecen, como mínimo, también
pintorescas, porque no le he entendido muy bien. ¿A usted le parece
que yo he cometido alguna irregularidad? Quiere decir esto más tú que
yo. Usted entiende que lo que ha hecho el señor Martín está mal y
dice: Usted también lo ha hecho. Usted no me puede cesar, a mí me
pueden cesar mis electores, cese usted al señor Martín. ¿A usted le
parece que lo que ha hecho el señor Martín es lo mismo que lo que he
hecho yo y que ambas situaciones son defendibles? Porque, si no, no
sé por qué lo trae a cuento, porque ni en la ilegalidad hay igualdad
-es un viejo principio del derecho-, ni mal de muchos es consuelo de
delegados del Gobierno.

Vamos a aclarar un poco mi situación personal, porque esto ya es el
colmo de los colmos. Aquí siempre que uno denuncia una chorizada, al
final, se puede encontrar con el



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funcionamiento del ventilador, ejemplo bastante pintoresco de cómo
ustedes copian algunas malas herencias. Yo asumo mi parte de
responsabilidad, pero ustedes son alumnos muy aventajados. Señor
delegado del Gobierno, mi participación en el GID y en otras
sociedades científicas de prevención de drogodependencias no hace
falta que la busque en los expedientes de la Delegación del Gobierno,
la tiene usted en el libro del Senado en el que viene el currículum
personal de sus miembros, porque yo lo he dicho en la declaración de
actividades como miembro de la Cámara todos los años. El GID, en el
que yo estoy, no es una empresa, es una organización no
gubernamental. Yo no soy socio del GID como lo es la mujer del señor
Martín, de Ática; yo soy socio del GID porque pago mis cuotas. Señor
delegado del Gobierno, yo tengo la desgracia, como miembro de una
organización no gubernamental, de a veces tener que firmar papeles
diciendo que cobro dinero para que mi organización cobre una
subvención del Estado. He tenido la desgracia de hacerlo en
organizaciones de la UNAD y en el GID. Si usted no lo ha hecho es
porque no tiene vida asociativa, porque usted debería saber que las
organizaciones no gubernamentales te invitan con cierta frecuencia a
una conferencia y te dicen: Ahora pon que has cobrado 30.000 pesetas
porque le vamos a cobrar esta subvención a la Administración. Uno lo
hace, paga los impuestos de un dinero que no cobra y ese dinero se lo
queda la organización. Yo a veces lo he hecho, no muchas porque no me
gusta y, además, porque pierdo dinero, encima de perder mi tiempo, lo
cual hago encantado. Lo he hecho por cantidades de 30.000 ó 40.000
pesetas. Señor delegado del Gobierno, ¿es esto comparable a los 700
millones de Ática? ¿Quiere usted que le traiga yo mis declaraciones
de la renta? Pues se las traigo, hombre. Le traigo a usted los
talones y las facturas que usted ha encontrado firmados en esos
expedientes. ¿Usted me va a comparar a mí con el señor Martín? ¿Usted
me va a comparar a mí, que soy un socio que paga sus cuotas en una
organización no gubernamental, con un señor que se beneficia de una
empresa de la que es socia principal su mujer? ¿Qué tiene que ver
poner con recibir? Aquí de lo que estamos hablando es del dinero
público. ¿Adónde va? ¿Y usted me quiere comparar a mí con él para
intentar defenderle a él? ¡Hombre! No tiene ninguna explicación,
señor Robles, y yo creo que ustedes tienen algo que ocultar porque,
si no, no hubiera usted dicho esto. Cuando quiera yo le presento mis
declaraciones, si esto sirve para aclarar algo. Pídale al subdirector
del plan que haga lo mismo, que sepamos todos en cuánto se ha
beneficiado de esas adjudicaciones. Haga lo mismo con las personas
del Partido Popular involucradas en esta triste historia, para que
sepamos todos en qué nos hemos beneficiado y si ha habido beneficio.

Señor delegado del Gobierno -por terminar-, en tres años ustedes
tienen una historia de absoluta arbitrariedad en adjudicaciones y en
subvenciones; no tiene ninguna explicación que entidades con muy
pocos socios, con muy poca historia y muy poca vida en el movimiento
asociativo, pero vinculadas a su partido, reciban cantidades de
dinero más importantes que las que reciben las asociaciones de
vecinos, la propia coordinadora de organizaciones no gubernamentales,
las confederaciones de padres de
alumnos y cincuenta mil organizaciones absolutamente representativas
de la vida asociativa en este país.

Están ustedes entremezclando esta arbitrariedad con una historia más
sucia aún, que es la de adjudicar a sus amigos, a sus parientes
(Rumores.), a sus correligionarios de partido, a sus compañeros de
partido, determinadas actuaciones de la Administración en un tema que
debería ser sagrado. Y esto no se tapa, señor Robles, con acusaciones
pintorescas como la de quién ha percibido 30.000 pesetas por una
conferencia sin cobrarlas.




El señor PRESIDENTE: Señor delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
(Robles Orozco): Lo pintoresco, señor Granado, es que se ponga usted
tan acalorado cuando le afecta a usted (El señor Granado Martínez:
¡Yo no soy un chorizo!). El problema es que usted es un especialista
en este tipo de cosas. Le sigo a usted, desde hace muchos años, como
senador y sé la capacidad que tiene de poner sobre la mesa cosas con
apariencia de pregunta y de duda, para sembrar después la idea de que
hay una corrupción. Eso es algo por lo que yo personalmente no estoy
dispuesto a pasar, señor Granado. Hemos seguido escrupulosamente no
sólo las adjudicaciones, porque la Delegación del Gobierno no hace
adjudicaciones, sino todo el rigor de control presupuestario.

Señoría, yo llevo cuatro años en la Delegación y podría haber
opinado, porque evidentemente uno se encuentra con documentación
sobre cuestiones de las que no he dicho nada durante estos cuatro
años porque me parece que hay que ser constructivo. Es usted el que
en este momento insiste en utilizar palabras como chorizada, vínculos
con el PP, beneficios, etcétera. Cuando alguien tiene la valentía de
hablar de estas cuestiones tiene que explicar en qué consisten. Uno
no puede hacer esas afirmaciones, intentar confundir a la opinión
pública haciendo ver que sus dudas esconden algo de corruptela o de
ilegalidad. Por ahí, insisto, no estoy dispuesto a pasar.

Como no ha habido nada de lo que usted está diciendo, tengo interés
-se lo he dicho al principio al presidente- en que usted me explique
a dónde quiere llegar con esos argumentos. Si lo que usted dice es
que hay subvenciones que indirectamente desde el Plan nacional sobre
drogas han podido beneficiar a otras personas, supongo que eso valdrá
para todos, por eso he dejado para el final la información que le he
dado sobre el GID. Si usted dice como argumento añadido no sólo lo
que ya ha sido directamente adjudicado sino las subvenciones
indirectas, supongo que lo tendrá que aplicar también a su propia
persona, porque usted, directa o indirectamente, se ha beneficiado de
las subvenciones que el GID ha recibido; no en contratos, señoría,
sino en subvenciones directas de adjudicaciones directas. La
diferencia de la que estamos hablando es que unas empresas han tenido
que concurrir y dan servicios, gestionan centros, atienden a
toxicómanos y, que yo sepa, el GID no gestiona ningún centro ni
atiende a toxicómanos. El GID sí que se dedica a hacer estudios,
trabajos, seminarios, etcétera, no es una empresa de servicios; que
yo sepa, no tiene abierto en este momento ningún centro de atención a
toxicómanos, por eso recibe 100 millones de pesetas y



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muchas adjudicaciones directas. Los trabajos más caros que se han
pagado en la Delegación del Gobierno -no se ha vuelto a pagar una
cosa así- han sido para el GID; por un solo trabajo, en adjudicación
directa, 10 millones de pesetas, por un libro que me costó meses
conseguir que me entregaran cuando fui delegado. Eso es el GID. Por
cierto, cuando usted habla de los vínculos familiares, me extraña que
S. S. me diga que una asociación como el GID, de la que todo el mundo
conoce sus simpatías y sus cercanías políticas, precisamente esas
personas están ahora vinculadas al Partido Popular. Tengo aquí una
lista de los socios del GID, entre los que figura usted, y
curiosamente las personas que está usted diciendo estaban con usted
en él hace aproximadamente seis años. ¿Están vinculadas ahora al
Partido Popular, pero cuando estaban con usted en el GID, no? En esa
lista figuran doña Alicia Acero, doña Remedios Comas, don Ángel
Jiménez y también don Emiliano Martín. ¿Ahora resulta que están
vinculados al Partido Popular? Usted sabe bien que eso no es cierto,
son técnicos que llevan trabajando muchos años en cuestiones de
drogas; es injusto y no es ético que usted intente verter ese tipo de
informaciones, no ya sobre las simpatías personales o no -¡sólo
faltaba eso, cada uno puede tener las que quiera!-, sino que no es
cierto y usted bien lo sabe. Son personas que han desarrollado su
carrera profesional, que han trabajado en empresas, en ONG, en y para
diferentes administraciones y usted no tiene derecho a intentar
estigmatizarlas con ciertas simpatías que desprestigien su trabajo o
dar cobertura a no sé qué irregularidad. Han concurrido, cuando han
sido empresas, a concursos públicos con los que no han tenido ninguna
relación a la hora de adjudicarlos y no se han beneficiado de ninguna
adjudicación de la administración en la que han estado.

Usted ha mezclado, al final, temas que no tienen nada que ver. Que en
este momento haya un asunto laboral entre los trabajadores de una
empresa, no tiene nada que ver con la adjudicación. Que los
psicólogos por un tema absolutamente distinto, sobre unas
declaraciones sobre la bondad o no de un programa, se hayan
querellado contra una persona, ¿qué tiene que ver con lo que estamos
hablando? Si de verdad hubiera habido alguna irregularidad, ¿usted
cree que no se hubiera presentado precisamente una impugnación del
concurso? Usted sabe que se hubiera hecho. Se ha hecho
escrupulosamente, como se tenía que hacer.

Señoría, hay otro tema que a usted se le escapa y supongo que
intencionadamente. Es que don Emiliano Martín no es un alto cargo de
la Administración del Estado. Usted sabe que los subdirectores no
tienen consideración de alto cargo. ¿Sabe S. S. lo que significa eso?
Que no tienen capacidad alguna de adjudicar ningún contrato, que no
tienen responsabilidad económica alguna. En el Ministerio del
Interior sólo la tiene el ministro y, por delegación del ministro, el
delegado del Gobierno, que es quien les habla. Si hubiera alguna
responsabilidad, sería la mía, pero no una persona que no tiene ni
siquiera la categoría de alto cargo y que, por lo tanto, no tiene
responsabilidad ni capacidad de administrar o gestionar ningún
recurso; matiz muy importante. No es un alto cargo, no tiene vínculos
con la empresa, no ha obtenido ninguna subvención o adjudicación de
ninguna de las administraciones en las que ha estado y además,
señoría, su trabajo es claramente profesional, de un
técnico que ha trabajo con administraciones del Partido Popular y del
Partido Socialista y que ha estado con usted en otros ámbitos.

Supongo que en aquel momento nadie le preguntaba si era del Partido
Popular, como no lo eran las personas a las que hemos estado haciendo
referencia. No es justo que la labor profesional y técnica de unas
personas se descalifique de esta forma y, sobre todo, que se intente
sembrar dudas donde no las hay, donde hay una transparencia absoluta.

Lo que sucede es que las circunstancias van cambiando y van
apareciendo empresas, servicios y colectivos; hemos procurado ir
abriendo el sector y no hemos querido limitar a nadie.

Usted plantea que una ONG tiene más o menos subvenciones. Ya he
explicado cuál es la razón. Comparecí en esta Comisión para
explicarles que las subvenciones no son una cuota asignada
previamente a ninguna ONG, que hay que ganársela todos los años
presentando buenos programas. Yo me he encontrado con el esperpento
de recibir en mi despacho gente que pretendía que se les asignara una
cantidad por derecho divino, porque se les había dado siempre y eso
no podía ser así, porque la ley no está para eso, está para que todo
el mundo concurse a esa orden de subvenciones y para que los técnicos
evalúen cómo se tienen que hacer los programas. Señoría, me habría
gustado que este trámite hubira sido en otro tono, pero con las cosas
de comer normalmente no se juega.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra don José Luis Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Creo que el debate ha aportado unos datos
distintos a los que figuran en la proposición no de ley (Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Estamos en una comparecencia.




El señor NÚÑEZ CASAL: Pido disculpas, pero mi error es comprensible
porque aquellos grupos que tienen diputados que se pueden permitir
amplias vacaciones nunca se equivocan, mientras que los que estamos
en tres sitios al mismo tiempo podemos equivocarnos. No nos
arrepentimos de la equivocación, sino que, antes al contrario, nos
consideramos satisfechos de no tener vacaciones como otros diputados.

Reconociendo que mi osadía me ha llevado a entrar en un terreno que
me impide argumentar lo que yo deseaba con el suficiente
conocimiento, le agradezco esta oportunidad al señor presidente, pero
debo poner la prudencia por encima de la osadía y, por lo tanto,
finalizar mi intervención y no pronunciarme al respecto por no tener
los datos suficientes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña María Luisa Cava de Llano.




La señora CAVADE LLANO YCARRIÓ: Señor presidente, las explicaciones
que ha dado el delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre
drogas han sido elocuentes



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y han puesto a cada uno en su lugar. De lo que hoy se ha dicho se
deduce que estamos en época preelectoral y se ha hecho bueno el
refrán que dice: Calumnia, que algo queda. Aquí venimos a buscar
soluciones a los problemas que genera la droga y más convendría que
determinadas personas dedicaran su tiempo a presentar alternativas, a
colaborar con ese fin y que no lo desperdicien buscando basura porque
no la van a encontrar. Desde luego, yo no soy partidaria de la teoría
de «tú más», pero muchas veces hay que referirse a la autoridad moral
y a las intenciones de quien formula determinadas denuncias perversas
que no se corresponden con la realidad. Por otro lado, entiendo
aquello de que el gato escaldado del agua huye, porque el
representante del Grupo Socialista ha visto tanta y tanta corrupción
en tiempos pasados, que ve fantasmas donde no los hay.

Con respecto a las adjudicaciones efectuadas a los amigos, no voy a
empezar a hablar de hermanos, de cuñados y de hermanísimos, pero sí
quiero hacer un parangón entre que si hoy está en el Juzgado de lo
Social la sociedad Ática -hecho que ya he dicho desconozco-, también
está la opinión pública pendiente de otro juicio y no precisamente en
el Juzgado de lo Social, sino en los juzgados de lo Penal, por la
utilización de los fondos reservados por el anterior Gobierno
socialista, uno de cuyos imputados se dedicaba a comprar joyas a las
esposas de determinadas personalidades del Partido Socialista, que
gobernaba en aquel momento.

No quiero entrar en esa dinámica, y sólo le digo que no venga aquí a
dar al Grupo Parlamentario Popular ni al Gobierno del Partido Popular
lecciones de moral. Haría mejor en dárselas a su grupo porque le
vendría muy bien.




El señor PRESIDENTE: Agradeciendo a don Gonzalo Robles su
comparecencia, le despedimos con el mayor afecto, como siempre.

Se suspende la sesión durante cinco minutos.




- COMPARECENCIADE LA SEÑORASECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES,
(GÓMEZ GÓMEZ), PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE LE LLEVAN A OPONERSE AL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HEROÍNAA CIERTOS
DROGODEPENDIENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO.

(Número de expediente Congreso 212/001465 y número de expediente
Senado 713/000615).




El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la secretaria general de
Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez Gómez, que comparece en esta
Comisión, a instancias del Grupo Socialista, para explicar las
razones que le llevan a oponerse al programa de investigación para la
administración de heroína a ciertos drogodependientes.

Doña Amalia, tiene la palabra.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Señorías, antes de nada, quiero pedir disculpas a la Comisión -y lo
hago con muchísimo gusto-, porque la vez anterior, al parecer, fui
convocada y la convocatoria no llegó a la Secretaría General. Habida
cuenta del respeto que debo a la Cámara, deseo pedir disculpas a
pesar de que se pudo demostrar que nunca llegó a la Secretaría
General dicha convocatoria.

Como pueden comprender SS.SS., mi comparecencia, desde el punto de
vista de las competencias que tiene la Secretaría General, se limita
exclusivamente a la derivación de los fondos del IRPF para los
programas que deciden el delegado o la Delegación del Plan nacional
sobre drogas y que se acuerdan en la conferencia sectorial de drogas.

Desde la Secretaría General, repito, nos limitamos a la derivación,
eso sí, quiero constatar el incremento de dotación presupuestaria,
que ha pasado de 120 millones en 1995 a 961 millones en 1997.

Las declaraciones que han dado motivo a la petición de esta
comparecencia se producen hace casi dos años. Son unas declaraciones
que hago en Andalucía a preguntas de los medios de comunicación. En
aquel momento no se me pregunta como secretaria general sino por mi
experiencia como ponente de un proyecto de ley que fue tomado en
consideración en el Parlamento andaluz y como portavoz de políticas
en el Plan de lucha contra las drogas en Andalucía y en el Parlamento
andaluz.

En aquel momento mis declaraciones fueron, textualmente, que aquello
suponía tirar la toalla habida cuenta de dos cosas: una, que era
preciso insistir en la evaluación del plan de metadona que se venía
desarrollando; dos, que a la vista de las opiniones acreditadas de
expertos, que decían que era preciso conocer cuál era la opinión no
sólo de la evaluación del programa de Suiza sino también de la
Organización Mundial de la Salud, y a tenor de los convenios
internacionales, sólo la Junta de fiscalización podía pronunciarse al
respecto. En este sentido, era una negativa desde lo que yo entiendo
que es la expectativa de datos, puesto que quiero que sepa la Cámara
que precisamente el consejero de Asuntos Sociales, don Isaías Pérez
Saldaña, se puso en contacto conmigo para que, a su vez, le pusiera
en contacto con el consejero laboral del Gobierno de España en Suiza,
y así tener acceso a las personas que estaban llevando a cabo el
programa de heroína y la evaluación que tenían, como puede ratificar
el propio consejero. Por tanto, fue una declaración desde el
conocimiento que yo tenía de la inexistencia en aquel momento de
evaluación del programa de metadona, en expectativa de las
declaraciones de expertos, y, en tercer lugar, haciéndome eco de
declaraciones de portavoces de otros partidos en el Parlamento
andaluz.

El Partido Andalucista decía en aquel momento que era preciso esperar
los resultados de las conversaciones y el pronunciamiento de la
Organización Mundial de la Salud. Izquierda Unida también decía que
era importante conocer cómo iba el funcionamiento del programa de
metadona, y el representante del Partido Popular, señor García
Trenado, decía lo mismo, decía que era importante conocer de qué
manera se pronunciaba Naciones Unidas en relación con este programa
para tomar posiciones definitivas. Eso es lo que puedo decir,



El señor PRESIDENTE: Sin que sirva de polémica, tengo que dejar
constancia de que los servicios de la Cámara, por lo menos en cuanto
se refiere a la Comisión Mixta



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de la Droga, y me atrevería a decir que con carácter general, siempre
cumplen con su cometido, lo cual significa que la vez anterior hubo
la correspondiente citación. Sin embargo, desconozco cómo funcionan
los servicios de la Secretaría General de Asuntos Sociales. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!) Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra don Salvador de la Encina.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias por su presencia, aunque
tardía, pero nunca es tarde si la dicha es buena, como dicen por
nuestra tierra.

Yo iba a empezar por esto, sin profundizar mucho, porque tampoco
quiero entrar en una polémica que no corresponde con lo que vamos a
debatir, que es lo importante, y es el rechazo de representantes del
Gobierno, aunque a veces les cuesta trabajo separarse de su condición
de ponentes de una ley; pero, al fin y al cabo, usted es un alto
cargo del Gobierno. Este es el fondo del tema, y lo otro es un hecho
en el que ustedes se tendrían que aclarar, porque son del mismo
partido. En este caso el presidente juega un papel institucional,
pero las palabras del presidente en aquella sesión, a la cual usted
no compareció, era que él, personalmente, le había telefoneado. Eso
está escrito en un acta, doña Amelia. Personalmente le había
telefoneado el presidente de la Comisión para decirle que estaba
usted convocada para tal fecha en esta Comisión. Si luego a usted se
le olvidó, quizá hubiera valido la pena reconocer que no tenía
desprecio al Parlamento, que le tiene mucho aprecio y mucho respeto,
pero que, como ser humano, se le olvidó, cosa para mí difícil de
entender pero que puede ocurrir. O podía haber dicho que sus
servicios se olvidaron y descargar la responsabilidad en ellos. Hoy
viene usted aquí y empeora la cuestión diciendo: Que quede claro que
la Cámara a mí no me convocó. El presidente no ha tenido más remedio
(le honra su postura y, aplaudo su valentía) que decir aquí que no,
que los servicios de la Cámara tramitaron, como suele ser habitual,
esa oportuna comparecencia. Y punto, no voy a entrar en más. Creo que
ha quedado claro que en su momento usted no compareció, por los
motivos que quisiera. Es agua pasada. Usted, en todo caso, tendría
que dar una explicación fuera de aquí. Anosotros nos ha quedado
claro, por las palabras del presidente, que usted estaba convocada.

Dicho esto, quiero entrar ya en lo que para nosotros es importante y
es por qué usted, haciendo de pitonisa clarividente, en su momento ya
marca una pauta de lo que van a ser luego todas las manifestaciones
de los representantes del Gobierno ante un plan que quería poner en
marcha la Junta de Andalucía como experiencia piloto. Un ensayo
clínico propuesto por el Gobierno andaluz, con un proyecto
experimental de prescripción de estupefacientes a heroinómanos que no
habían logrado rehabilitarse, que hasta este fecha no ha sido
posible. Ese ensayo clínico propuesto por la Junta cumple con las
directrices y el espíritu del convenio único de 30 de marzo de 1961
sobre estupefacientes, que se elaboró en la conferencia de Naciones
Unidas del 24 de enero al 25 de marzo de 1961. Ese proyecto
experimental clínico que pretendía poner en marcha la Junta de
Andalucía subsanó todas las deficiencias del proyecto suizo, de tal
manera que su puesta en marcha podría aclarar algunos
datos e incluso realizar nuevas aportaciones a éste último, pero
ustedes, representantes del Gobierno y miembros del Partido Popular,
le pusieron la proa y dijeron que este tema no iba a salir adelante.

Usted, por mucho que quiera decir hoy que si secretaria general, que
si ponente de una ley a la salida de un congreso, sin separar esa
cualidad, lo mismo que hizo el señor Arenas y lo mismo que han hecho
otros representantes muy altos del Gobierno entonces y del Partido
Popular, viene aquí ahora con la excusa de que también lo dijeron
Izquierda Unida y el Partido Andalucista. Es que ellos no son del
Gobierno. (Rumores.) Ustedes, en aquella fecha, aquel verano de 1998,
ya dejaron claro que este tema no iba a ir adelante, y usted
metiéndose en un tema que, como bien ha dicho, no es de su
competencia. Yo pensaba que usted era experta en la materia, porque
no se trata de un proyecto baladí sino de un proyecto científico, y
cuando leímos sus declaraciones pensamos que usted, en calidad de
secretaria general, se pronunciaba porque era una experta profunda en
la materia. Hoy dice que no, que ni lo conocía ni tiene competencias.

Anosotros nos hubiera gustado saber por qué usted se pone a valorar
haciendo una premonición de futuro, rechazando algo que luego, en
todos los pasos que se han ido dado, se ha rechazado también, sin
fundamento ninguno, hasta el punto de que se ha tenido que llegar a
los tribunales, en este momento en vía administrativa y
posteriormente a los tribunales, si no se le da la razón a la Junta
de Andalucía con un argumento racional.

Voy a hacer un poco de memoria porque ha pasado mucho tiempo, pero es
bueno recordar. Doña Amalia, para nosotros esto está muy claro, es un
tema más de discriminación con la Junta de Andalucía, lo quieran
ustedes o no, lo mismo que ocurre con el censo en el que no se
reconoce a los 460.000 andaluces más que hay y con el problema de las
autopistas que estamos padeciendo en estos momentos, como usted sabe.

Mientras se liberalizan autopistas catalanas y valencianas, después
de haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía una apuesta de
liberalización, ustedes no liberalizan la autopista Cádiz-Sevilla
porque saben que es una batalla que ha emprendido el Gobierno de la
Junta de Andalucía. Yusted hizo sus manifestaciones ya en aquel
momento, como abanderada de aquella opción de rechazar la propuesta
de la Junta de Andalucía.

La Agencia Española del Medicamento, que corresponde al Ministerio de
Sanidad y Consumo y que era la Administración competente, no da un
razonamiento ni jurídico ni científico a su rechazo. Está claro que
su actuación -eso no lo digo yo, está recogido en el recurso de
reposición- ha venido marcada por la arbitrariedad. No es en absoluto
entendible, sino todo lo contrario, es absolutamente rechazable. Le
voy a decir más, es inconstitucional, porque vulnera los artículos
1.1 y 14 de la Constitución el que se deniegue a la Junta de
Andalucía, a la comunidad autónoma gobernada por los socialistas,
algo que no se le deniega a la comunidad autónoma catalana, algo
similar, aunque no igual, a las narcosalas que ahora no se deniegan
a la comunidad autónoma madrileña. No es constitucionalmente aceptable
que proyectos similares en su concepción y en su formulación se
autoricen a una comunidad y se denieguen a otra. Eso es lo que
ustedes han hecho con el proyecto de ensayo clínico del cloruro
monohidrato de



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heroína. Ustedes, señores del Partido Popular, y usted, como miembro
del Partido Popular -ya que habló como ponente del Partido Popular,
yo le respondo además de como secretaria, como representante del
mismo-, deberían haber tenido más respeto a algo que sobre todo se
tenía que haber ajustado a los principios de buena fe y confianza
legítima. Esos principios fueron vulnerados no sólo por usted, sino
también por su compañero Javier Arenas y por su compañera Teófila
Martínez, candidata ahora a la Junta de Andalucía, en Cádiz, y por un
rosario de manifestaciones que luego, casualmente, se concretaron en
resoluciones negativas de la Administración. Ustedes han vulnerado la
tramitación de esos principios. En lugar de actuar de un modo
objetivo y coherente, han desarrollado actitudes incoherentes y
partidistas. Además, han vulnerado el principio de lealtad
institucional recogido en el artículo 4.1 de la Constitución
española, y no han prestado la colaboración necesaria y diligente
para un proyecto que cumplía con todos los requisitos, en cambio sí
lo han hecho con otras administraciones, como la catalana, y lo van a
hacer ahora con la madrileña. Incluso me atrevería a decir más,
ustedes serán capaces de introducir este proyecto como oferta
electoral en el próximo programa electoral del Partido Popular,
porque, como ha quedado claro en esta Comisión, actitudes similares
han tenido cuando se han planteado proyectos desde la Junta de
Andalucía o proyectos que abanderaba el Gobierno socialista. Esta
mañana se han recordado en esta Comisión el tema de la metadona y
otros proyectos similares, que ustedes, sin rubor, porque no lo
tienen, han abanderado al cabo de los años, diciendo: ¿Se dan cuenta
de lo que estamos haciendo? Cuando, previamente, años atrás, los
castigaron, los dejaron en el camino y, como hizo usted, los
desacreditaron con sus manifestaciones. Porque por mucho que se
quiera separar de su condición de secretaria general de Asuntos
Sociales, usted lo es. Si no, debería usted haber aclarado -que no lo
hizo- que hacía esas manifestaciones como ponente o como destacada
militante del Partido Popular. Por tanto, con esta arbitrariedad de
arrinconar y dejar la vía expedita nada más para el trámite de
recursos contencioso-administrativos, lo que han hecho ustedes, ni
más ni menos, ha sido utilizar una vez más como arma arrojadiza un
tema que era importante para poblaciones como Algeciras o Granada y
para los 300 pacientes a los que iba destinado, con un fin
exclusivamente terapéutico, no político, porque venía de la Junta de
Andalucía. No me extrañaría que ustedes, en las próximas elecciones,
abanderaran este proyecto y lo introdujeran dentro de su programa
electoral, porque no han tenido pudor para hacerlo en otros momentos
y no me extrañaría que lo hicieran ahora.

En definitiva, señora Gómez, ustedes han intentado quitar
protagonismo a la Junta de Andalucía, quizás para trasladar en el
futuro ese protagonismo al Estado, y para eso recurren a lo que han
recurrido, a la argucia de que se dictamine un informe de expertos
que se dará en el mes de febrero. Ahora voy a ser yo quien juegue de
pitoniso: ese informe de expertos dirá que sí, pero dirá que se haga
a través del Estado en todas las comunidades autónomas. Entonces, no
será un proyecto de la Junta de Andalucía, será un proyecto del
Gobierno. ¿Pero sabe que les va a pasar? Que en marzo van a perder
las elecciones, y el
Gobierno lo va a retomar el Partido Socialista. Por lo tanto, les va
a salir el tiro por la culata, y perdón por la expresión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina.

Señora secretaria general.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Cuando he hecho estas declaraciones y puntualizaciones al comienzo de
mi intervención ha sido porque, además de los grupos parlamentarios
que están aquí, hay medios de comunicación. Yo quería matizar la
competencia que tengo sobre el seguimiento directo de los programas,
que, como usted sabe, es ninguna, salvo en lo que se refiere a la
gestión de los fondos. Cuando una persona habla, al menos a mí me
pasa eso, es muy difícil desdoblar la personalidad. Estas
afirmaciones las hice basándome en los siguientes datos: en primer
lugar, en Andalucía, el programa de metadona, a pesar del esfuerzo
realizado, sigue teniendo una ratio que es mejorable tanto desde el
punto de vista de la cobertura como de la eficacia. Por ejemplo, los
centros de dispensación de metadona en Andalucía tienen un gran
número de pacientes en relación con el número de profesionales. Usted
sabe que hay una demanda, y ahí están los debates del Parlamento
andaluz no de cuando yo era diputada, sino recientemente en relación
con la petición de incremento de psiquiatras, médicos y sicólogos, y
vaya por delante mi respeto al trabajo del consejero don Isaías Pérez
Saldaña.

En segundo lugar, el número de horas semanales de atención al usuario
es muy bajo, 42 horas por centro, mientras que en el resto de España
la media está en torno a 50. No digo las comunidades autónomas para
que usted no se pueda molestar pensando que quiero hacer de nuevo una
especie de apropiación del logro de las administraciones.

En tercer lugar, el número de horas semanales de dispensación de
metadona en Andalucía es de ocho, cuando la media en España está por
encima de 20. En cuanto al horario no laboral para dispensación de
metadona, quiero que usted sepa que solamente hay esta disponibilidad
en el 56 por ciento de los centros, mientras que en el resto de
España está por encima del 65 por ciento.

A mí nunca me habían llamado pitonisa, y además es hora de que me lo
llamen, porque las personas que hemos sido diputados en el Parlamento
andaluz estamos muy acostumbradas al cuerpo a cuerpo y ya tenemos
conchas como los galápagos. Que usted me llame pitonisa no lo tomo
como un insulto, ni muchísimo menos, qué más quisiera yo ser pitonisa
y saber cómo se pueden resolver los problemas. Me preocupa menos lo
que pueda pasar en marzo, aunque espero y deseo conseguir la
confianza de los ciudadanos. Pero hay una cosa que sí quiero
recordar. El 15 de enero de 1996 se modifica el Real Decreto 75/1990,
de 19 de marzo, donde se hace el listado de los productos
farmacéuticos que se pueden utilizar, o productos no farmacéuticos
pero de elaboración, y el Gobierno no apostó por la heroína. Usted
sabe que en enero de 1996 sí se conocían los programas suizos de
1994.

Yo lamento que la confrontación venga a las Cámaras, pero usted no me
conoce, nos iremos conociendo porque en Andalucía el territorio es
grande y tengo que decirle que aquí no voy a dar el espectáculo de
dos andaluces de distintos



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partidos enfrentándose por la confrontación. Nunca he creído en ella.

Usted podrá decir que yo he dicho lo de la heroína, y sí que lo dije,
pero jamás le he faltado el respeto a un diputado -ahí están las
actas del Parlamento andaluz-, y tengo que reiterarle y reitero que
creo que a partir de la creación de la Comisión, que se reunió el 17
de noviembre, tendremos mejores pautas para avanzar. También me
hubiera gustado que usted hubiera leído el texto completo de mis
declaraciones, porque yo decía que suponía tirar la toalla sin apurar
hasta el máximo el programa de metadona.

Usted citaba el experimento de Granada y Algeciras. Es verdad que el
Gobierno es el Gobierno y a lo mejor tiene más fuerza lo que diga,
pero yo creo que la valoración de una mujer como Ángela Aguilera, de
Izquierda Unida, que lleva trabajando en el Campo de Gibraltar
muchísimo tiempo, también es importante.

Yo lamento que unas declaraciones que se hacen desde el conocimiento
de la realidad, desde la experiencia de la cobertura de la metadona,
hayan provocado esta especie de conflicto y que usted lo haya tomado
como una especie de confrontación para quitar a la Junta de Andalucía
protagonismo. Muy lejos de mi imaginación, muy lejos de mi intención.

La prueba es que me gustaría que pudiera venir el consejero de
Asuntos Sociales para explicar la colaboración, el entendimiento y la
puesta en común de cosas en las que coincidimos. También hay
discrepancias porque somos partidos políticos, pero quiero que quede
constancia en esta Cámara de que yo jamás, fuera de los ámbitos de
representación de Andalucía, haré de la confrontación un ejercicio de
la política, entre otras cosas porque me importa mucho Andalucía.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De la Encina, pero muy
brevemente.




El señor DE LA ENCINAORTEGA: Amí me importa tanto como a usted, no le
quepa la menor duda, y de hecho ni siquiera pedí yo su comparecencia,
sino una compañera que no está presente, pero sin duda que lo haría
con el mismo criterio que usted acaba de decir, por los andaluces.

(La señora secretaria de Asuntos Sociales, Gómez Gómez: Estoy
segura.)
Quizá usted ha sido en este caso la espoleta de algunas otras
declaraciones en la misma línea, que por cierto luego fueron a
desembocar en una resolución negativa. Cuando yo le llamo pitonisa no
se lo digo en un sentido peyorativo -por tanto, le pido disculpas si
usted lo ha entendido así-, sino en el sentido de que lo que se va
manifestando -y usted es una de las personas que también manifiesta
su criterio- luego se cumple por la Administración, y eso no se ha
cumplido en otros proyectos de otra envergadura, no iguales pero
parecidos. Por tanto, yo no traigo aquí la confrontación por la
confrontación. Esto se planteó además hace cerca de dos años, ni
siquiera estábamos en época electoral. De ahí que deje bien claro que
no se trata de una actitud combativa, ni mucho menos de una actitud
de belicosidad contra usted, Dios nos libre, le tenemos un alto
aprecio y sabemos además de su capacidad de diálogo, porque yo
también soy andaluz, como usted sabe, y la he seguido. Por tanto, no
lo tome como algo personal.

No obstante, a nivel de Administración, no se nos ha dado nunca una
respuesta satisfactoria. De hecho yo creo que a la Junta de Andalucía
no le quedó más remedio que recurrir-y tuve la oportunidad de
hablarlo con el consejero de Asuntos Sociales-, intentó por todos los
medios que no se llegara al recurso, un recurso perfectamente
fundamentado. Cuando antes he manifestado la vulneración de
determinados principios -lo he hecho constar, además- no ha sido de
manera personal, sino que está recogido aquí: vulneración de
principios constitucionales como igualdad de trato, etcétera; está
recogido en 18 folios que los letrados de la Junta de Andalucía
interpusieron hace unos meses.

Lo que le quiero decir, señora Gómez, es que se podía haber
discrepado, pero entendemos que ustedes lo han hecho -y no me refiero
a su persona, sino en términos generales- en unos momentos que no
eran los apropiados porque se estaba tramitando, y con unas maneras
que han levantado recelos y sospechas. El señor consejero de la Junta
de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, hace unos días manifestaba lo que
acabo de decir, que se están aprobando proyectos de otras zonas que
son distintos a las que él pretendía poner pero que se están
aprobando, y que a este ritmo no le extraña que ustedes en el futuro
incluso lo incorporen y lo hagan una bandera propia y no tengan pudor
luego, como he dicho antes, en decir que siempre lo defendieron.

Por cierto, la señora Ángela Aguilera, al igual que Chamizo, Defensor
del Pueblo andaluz, o el presidente de la coordinadora actual que le
sustituyó, Miguel Alberto Díaz, son personas que se han pronunciado
siempre con cautela en este tema, nunca lo han rechazado, nunca le
han dado el apoyo total porque tampoco lo conocen. Es un proyecto
clínico experimental, por tanto, cualquiera que se atreviera
a descalificarlo de una manera contundente estaría cometiendo un error.

Creo, doña Amalia Gómez, que usted cuando hizo esas declaraciones las
hizo en ese tono concluyente y excluyente y a mí me parece, con todos
mis respetos a su planteamiento, que se equivocó porque todavía era
un proyecto que no se había puesto en marcha y que estaba en una fase
no terminada. Hoy lo que queríamos es que usted explicara esto sin
más confrontación entre dos andaluces, porque la confrontación por la
confrontación no conduce a nada.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Amalia Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Cuando citaba las intervenciones de la señora Aguilera y del portavoz
del PA me refería a que tenían las mismas dudas y pedían que se
evaluara el programa de metadona. Me da usted una sorpresa cuando
dice que lo que yo digo sirve para mucho. A mí me parece que es una
estrategia buena, pero qué más quisiera que lo que yo digo, y no en
este caso sino en otros muchos, sirviera. En cualquier caso, le
agradezco el tono contundente pero al mismo tiempo cortés de la
intervención, porque creo que es una buena práctica parlametaria la
firmeza y la contundencia. Y dar este buen ejemplo de Andalucía en el
Congreso.




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El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida tiene la palabra don José
Luis Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Brevísimamente he de decir que Izquierda Unida
lo que ha pretendido en Andalucía, como en otras comunidades, es que
no haya ningún tipo de barrera para contemplar proyectos clínicos que
puedan tener como finalidad la reducción del daño y un mayor
perfeccionamiento terapéutico. En este sentido, nos reafirmamos en
las posturas que tenemos en las distintas comunidades autónomas y
esperamos que en algo tan importante como es conseguir esa reducción
del daño, más allá de episodios concretos, se llegue a un consenso
fundamentado en pautas científicas que vayan superando
confrontaciones políticas que dificulten el mejor despliegue de esos
proyectos.




El señor PRESIDENTE: Doña Amalia Gómez.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Le
doy las gracias porque creo que esta intervención da pie para que
desde el consenso y a la vista de los datos científicos se haga lo
que sea mejor para esas comunidades del Campo de Gibraltar, de la
provincia de Almería, y también de algunas zonas de las periferias de
las grandes ciudades. Suscribo totalmente la manifestación del
portavoz de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña María Luisa Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Gracias, señora secretaria general,
por su comparecencia en esta Comisión. Simplemente quiero decirle que
sus manifestaciones fueron acertadas en el contexto y en el momento
en que se hicieron. Las manifestaciones se hicieron en un momento en
que no se conocía cuál era la evaluación que la Organización Mundial
de la Salud efectuaba sobre el proyecto suizo. En consecuencia, se
seguían las instrucciones de la Junta internacional de fiscalización
de estupefacientes, que pedía a todos los países que no hicieran
experimentos consistentes en la administración de heroína hasta que
se hubiera evaluado el programa experimental suizo. Por cierto,
quiero decir que estas recomendaciones vinculaban al Estado español
en tanto que era parte del Convenio de 1961 sobre estupefacientes que
entró en vigor en España en el año 1976. Por tanto, sus
manifestaciones me parecen acertadas. ¿Qué ocurrió después? Ocurrió
que los expertos, una vez evaluado el programa suizo, no fueron
capaces de examinar si las mejorías que se producían en el estado de
salud guardaban una relación causal con la prescripción de la heroína
per se o eran consecuencia de otros impactos adicionales del
programa, como dar a estos drogodependientes una vivienda social, un
salario social, etcétera. ¿Qué ha hecho ahora el Gobierno español? A
la vista de que se considera nula la evaluación por los expertos de
la Organización Mundial de la Salud, que tal como se hicieron las
cosas en Suiza no han podido determinar si es buena la terapia de dar
heroína a los heroinómanos que hayan fracasado en otros programas o
si es mejor otras soluciones como las que usted citaba, por ejemplo
la de la metadona,
lo que ha hecho el Gobierno español es constituir lo que vulgarmente
se conoce como la mesa de la heroína que tuvo su primera reunión- y
no he oído al señor Encina que hiciera mención a ello- el 22 de junio
y la segunda el 17 de noviembre. La mesa de la heroína está integrada
por las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria
y Galicia (el 17 de noviembre se ha unido el País Vasco) y también por
los ministerios de Interior y Sanidad y por sociólogos, médicos,
farmacólogos, juristas y expertos en bioética. Yo le garantizo al
señor Encina que si el resultado de la mesa de la heroína nos lleva a
la conclusión de que es bueno suministrar heroína a los
drogodependientes que hayan fracasado en otros programas se aplicará
en España, no tenga la menor duda, y no porque copiemos nada. Al
señor Encina la copia de los programas electorales le viene ahora muy
de cerca cuando oye al señor Almunia que habla de la supresión del
servicio militar, cuando en catorce años no lo hicieron, o cuando
habla del cierre de las centrales nucleares, cuando en catorce años
no lo hicieron. No, señor Encina. Nosotros somos muy serios. Nosotros
tenemos muy claro que lo que sea bueno para el drogodependiente, para
la mejora en sus condiciones de vida social, económica, física y
mental, ahí estará el Partido Popular, ahí estará el Gobierno del
Partido Popular. Lo que no haremos son experimentos con gaseosa; lo
que no haremos es vender falsas expectativas; lo que no haremos es
vender humo y hacer creer a los familiares de los drogodependientes
que la solución está en proyectos no evaluados que pueden reportar
muchos votos y mucha notoriedad a una comunidad autónoma, pero que
pueden hacer un enorme daño a los drogodependientes. Ahí no nos
encontrarán.




El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Gracias por los datos de la reunión de la mesa de la heroína; yo
solamente conocía la reunión del 17 de noviembre. Espero que sean
unos trabajos que la Comisión siga con interés y que nos lleven
a unas conclusiones basadas en la ciencia, la experiencia, y sobre todo
tendentes a la mejora de las condiciones de vida de las personas
adictas a las drogas, que tienen muy pocas posibilidades de vivir una
vida digna.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a la secretaria general de
Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez Gómez, a la que despedimos con el
afecto, el cariño y la simpatía de siempre. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY.




- SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ALA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES QUE INTERVIENEN EN DROGODEPENDENCIAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente Congreso
161/001654 y número de expediente Senado, 663/000064).




El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Debate y
votación de las siguientes proposiciones no



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de ley. En primer lugar, la proposición no de ley sobre concesión de
subvenciones a la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales
que intervienen en drogodependencias, presentada por el Grupo
Socialista. Inicia el debate el senador señor Granado.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Antes de comenzar el debate y en un tono
más distendido, quería decir a mis ilustres colegas del Grupo
Parlamentario Popular que voy a hacer referencia a las subvenciones
recibidas por diferentes organizaciones no gubernamentales de parte
de la Delegación del Gobierno del Plan nacional sobre drogas en 1999
para advertirles que he descubierto que soy socio de diez de estas
organizaciones. Soy socio de Cruz Roja, he sido patrono de la Crefat,
soy de una asociación de vecinos, y de una asociación de padres y por
tanto de la Ceapa, de un colegio profesional, de tres organizaciones
científicas y de las asociaciones de la UNAD. Quería advertirles que,
contra lo que piensa el delegado del Gobierno, ser socio de estas
organizaciones significa que uno paga una cuota y no que uno recibe
dinero.

La proposición viene motivada por la convocatoria de subvenciones de
1999 y, rompiendo con una tradición que a nuestro juicio era
absolutamente razonable, la Coordinadora de organizaciones no
gubernamentales que engloba a todas las organizaciones que tienen
intervención en materia de drogodependencias se ha visto privada de
subvención. Esta coordinadora engloba desde los sindicatos más
representativos, UGT y Comisiones Obreras, la Confederación de padres
de alumnos, Ceapa, la Confederación de asociaciones de vecinos,
diferentes organizaciones científicas que promueven estudios sobre el
ámbito de las drogodependencias, diferentes organizaciones que son
representantivas de las asociaciones de padres y afectados por el
problema, como la UNAD y el proyecto Hombre, y otro tipo de
organizaciones, hasta llegar a más de 600 en todo el ámbito del
territorio nacional. Sorprende llamativamente cómo se resuelven las
convocatorias de subvenciones por parte de la Delegación del Gobierno
porque las organizaciones científicas más acreditadas reciben
subvenciones de tres o cuatro millones de pesetas, como pasa con la
SET, Sociodrogalcohol, la SIAD y la SEIC. Sorprende que
organizaciones como Carpe Diem, que no tienen ningún tipo de
vinculación científica al mundo de las drogodependencias pero sí una
vinculación específica de sus miembros con el Partido Popular,
reciban trece millones y medio de pesetas y, sin embargo, la
Coordinadora que engloba a todo el sector de ámbito de actuación en
el marco de las drogodependencias no reciba ni una sola peseta. A
nuestro juicio, esto se debe a que la Coordinadora de organizaciones
que engloba a este tipo de representación ha mantenido una posición
crítica con el Gobierno, no ha defendido con el vigor que se le
requería las actuaciones del delegado del Gobierno y se ha permitido,
de una manera bastante prudente y razonable, criticar algunas
actuaciones de la delegación. Como yo creo que la Delegación del
Gobierno, a través de su política de subvenciones, realiza una
política enormemente sectaria que discrimina a las organizaciones que
son críticas con el Gobierno y que premia a aquellas que son más
laudatorias con el propio Gobierno, especialmente a aquellas que son
cercanas al Gobierno del Partido
Popular, la coordinadora ha visto que ninguno de los programas
presentados ha merecido una sola subvención de la Delegación del
Gobierno.

A nuestro juicio sería razonable pensar en institucionalizar, en la
legislatura que va a comenzar el año que viene, algún tipo de
representación de las organizaciones no gubernamentales que actúan en
drogodependencias. Muchas comunidades autónomas tienen constituidos
consejos asesores en donde las organizaciones tienen posibilidad
institucional de oír su voz en todas las actuaciones de la
Administración. En el ámbito del Estado no existe este consejo
asesor. Se había pensado siempre que la Coordinadora de
organizaciones no gubernamentales que actúan en drogodependencias era
una especie de sustituto no institucionalizado pero constituido por
las ONG de manera libre que asumía estas funciones. Desde luego, si
la coordinadora no recibe ningún tipo de subvención de la Delegación
del Gobierno, únicamente va a tener para subsistir las cuotas que
pasan las organizaciones miembros y en este sentido puede mantener
una vida mínimamente precaria, puede mantener una sede abierta y
algún trabajador, pero no va a poder realizar ninguna actuación ni va
a poder emitir ningún tipo de informe mínimamente solvente sobre
todas las importantes cuestiones que están decidiéndose en el ámbito
de las administraciones públicas. Por ello parecería razonable
mantener la subvención. Además, a nuestro juicio, es especialmente
importante que se entienda que el movimiento asociativo debe ser
apoyado por el Gobierno con independencia de que nos guste o no nos
guste. En la coordinadora siempre ha habido una enorme pluralidad de
asociaciones, algunas críticas con el Gobierno, de entonces y de
ahora, y otras más favorables o más de acuerdo con las actuaciones
del Gobierno, de antes y de ahora. Hasta ahora siempre se había
subvencionado a la coordinadora. Apartir de este momento vamos a
entender que la subvención a las coordinadoras, al propio movimiento
asociativo, va a depender del grado de rigor de sus críticas o del
grado de acuerdo de sus actuaciones con las del poder político, y
esto es matar la propia figura del movimiento de las organizaciones
no gubernamentales, que no por casualidad se llaman precisamente así,
organizaciones no gubernamentales. En este sentido, nosotros vamos a
defender siempre que las ONG mantengan su independencia del Gobierno
de turno. Creemos que esa es su razón de existir y que el Gobierno de
turno tiene que apoyarlas para que sean críticas, no a pesar de que
sean críticas; tiene que apoyarlas precisamente porque son la
expresión de una voluntad social que no solamente se refleja votando
cada cuatro años sino a través de la presencia en este tipo de
organizaciones. Como esto no ha sido así, como los argumentos
utilizados por la Delegación del Gobierno en la denegación de la
subvención son insuficientes, porque se dice para desestimar siete de
los ocho programas que ha presentado que la valoración técnica de los
mismos es insuficiente, lo cual a nuestro juicio es un eufemismo que
revela una intención muy clara de no producir la subvención, y en el
octavo se dice que no cumple con los apartados de la orden. Como
entendemos que esta motivación no existe y que lo que encubre es una
voluntad política, solicitamos que la Cámara pida al Gobierno que
siga apoyando a la coordinadora, que siga



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apoyando al movimiento asociativo y que desista de esta política
sectaria en el ámbito de las subvenciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el diputado don José Luis Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Vamos a apoyar la proposición no de ley
presentada y, al mismo tiempo, queremos añadir que es necesario
buscar y conseguir una mayor racionalización en la distribución de
las subvenciones, y eso se aporta no solamente con voluntad política
sino también con el perfeccionamiento de la normativa al respecto
y de las bases sobre las que se fundamenta, evitando de esta manera
cualquier tipo de arbitrariedad que pueda afectar al desarrollo
normal de la distribución. Ahora bien, si a la falta de voluntad
política se une una clara injusticia en cuanto a la distribución,
adquiere mucho mayor sentido la proposición no de ley que en estos
momentos se formula.

Por todo ello, repito, vamos a votar a favor de la proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña Rosa Isabel Díez López.




La señora DÍEZ LÓPEZ: Con relación a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, mi grupo no puede
aceptar como correcta la apreciación de que se ha suprimido en la
resolución de solicitudes de subvención con cargo al capítulo 4 de
los Presupuestos Generales del Estado la subvención que recibió en
ejercicios anteriores la Coordinadora de organizaciones no
gubernamentales actuantes en drogodependencia. En primer lugar, el
hecho de que una entidad haya percibido en otros ejercicios
subvenciones de diversa cuantía no vincula al órgano administrativo
competente para seguir otorgándoselas en ulteriores convocatorias, de
forma que se lleguen a consolidar en tales supuestos a modo de un
derecho adquirido y permanente. En cada convocatoria, los programas
presentados deben valorarse a la luz de los criterios recogidos en
cada norma aplicablel, artículo 1.3 del Real Decreto 2225/1993. En
unas ocasiones, bien la prioridad de un determinado grupo de
actividades en relación con los demás o la calidad técnica de un
programa valorado con relación a otros puede conllevar la subvención
a éste; pero en otras ocasiones la aplicación de estos mismos
parámetros puede determinar su no financiación. Cada convocatoria se
ajusta a unas bases, las cuales pueden ser distintas o similares a
las de años precedentes. A su vez, las prioridades en la financiación
de uno u otro grupo de programas pueden ser diversas y, aunque no lo
fueran, los programas que se presentan en cada convocatoria tienen un
contenido distinto, por lo que su valoración cambia en el tiempo. Los
programas presentados a la orden del año 1999 no han alcanzado la
necesaria valoración técnica que hubiera permitido su financiación.

No es tampoco cierto que la Coordinadora de las ONG que intervienen
en drogodependencia constituye la única estructura que de manera
coordinada permite la interlocución de la sociedad civil con el
Gobierno, aunque durante los últimos cuatro años se ha mantenido un
constante diálogo
y cooperación con esta coordinadora. Existen desde hace varios
años diferentes mecanismos de coordinación de la sociedad civil con
la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas; entre
ellos cabría citar la Unión española de asociaciones de asistencia al
drogodependiente -UNAD-, con la que se mantiene una estrecha
coordinación a través de una comisión mixta específica; la Comisión
nacional de prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral,
que facilita la colaboración con las principales organizaciones
sindicales y empresariales; los recientemente creados comités
técnicos del Observatorio español sobre drogas, de las ONG y de sus
profesionales de intervención en drogodependencias y otros espacios
de carácter más informal que permiten la coordinación con distintas
instancias de las organizaciones sociales. En cualquier caso, desde
la Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas se ha
subvencionado a la citada coordinadora por un total de 67.900
millones de pesetas, durante los últimos tres años, distribuidas del
siguiente modo: en el año 1996, 28.900 millones de pesetas; 19.500
millones correspondieron a apoyo del movimiento asociativo. En el año
1997, 30.000 millones de pesetas; 20.000 correspondieron al apoyo
técnico y económico. En el año 1998, 9.000 millones de pesetas
destinados en su totalidad a apoyo técnico y económico. De igual
modo, en 1997, la coordinadora fue propuesta por la Delegación del
Gobierno ante la Dirección General V de la Comisión Europea como
entidad gestora de la tercera semana europea de la prevención., lo
que representó una aportación de 17.293.347 pesetas procedentes de
los fondos europeos. Por último, habría que tener en cuenta que
durante el último año la Coordinadora de ONG ha entrado en un proceso
de revisión y debate acerca de su misión, objetivos, estructura
organizativa y órganos de dirección. Esta refundación de la
coordinadora, definida en estos términos por miembros de su comisión
permanente, ha representado la práctica paralización de la actividad
dirigida a sus entidades miembros. Todo ello, añadido a lo mencionado
anteriormente referente a la insuficiente valoración técnica de los
programas presentados, ha hecho que por parte de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga se destinara la
financiación a la espera de una pronta resolución de los problemas
apuntados. Por eso mi grupo va a votar en contra de la proposición no
de ley.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Señor presidente, teniendo en cuenta que
lo que se ha consumido es un turno en contra, ¿no tengo un brevísimo
turno de un minuto?



El señor PRESIDENTE: Conozco los brevísimos turnos del señor Granado.




El señor GRANADO MARTÍNEZ: Le prometo que sólo un minuto.

Simplemente quiero significar dos cosas. En primer lugar, los números
leídos por la señora diputada del Partido Popular no se refieren a
millones sino a miles de pesetas, porque no son tantos miles de
millones los aportados a la coordinadora, en cuyo caso me hubiera
parecido muy razonable que no hubiera habido más subvenciones. En
segundolugar, si la señora diputada comprueba lo que ha leído,



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descubrirá que la subvención fundamental que recibía la coordinadora
en los ejercicios de 1996, 1997 y 1998 era el apoyo técnico y humano
a los trabajos de la misma. Ese era el programa. El programa era una
subvención para que la coordinadora mantuviera su estructura. Lo que
pasa este año es que ese mismo programa tiene una subvención de cero
pesetas. No se puede decir que en el año 1999 tiene una valoración
técnica insuficiente el mismo programa, justificado de la misma
manera, que ha sido subvencionado los años 1996, 1997 y 1998. Lo que
pasa es que el Gobierno, como la coordinadora empieza a manifestarse
crítica con el Gobierno, la ha querido ahogar y pura y simplemente la
ha dejado sin subvención. No hay más,no hay criterios técnicos, no
hay nada oculto. En este sentido, es bastante evidente la voluntad
del Gobierno de evitar que las organizaciones no gubernamentales le
puedan criticar y para eso les cierra el grifo.




El señor PRESIDENTE: Don José Luis Núñez y doña Isabel Díez ¿quieren
consumir algún turno? (Denegaciones.)



- SOBRE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE
LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE LA
DELEGACIÓN DELGOBIERNO PARAELPLAN NACIONAL SOBRE DROGAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR A FIN DE EVITAR LAS CONSECUENCIAS QUE
ELCONSUMO YTRÁFICO DE DROGAS EN ELEXTRANJERO PUEDE TENER PARA LOS
CIUDADANOS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN ELCONGRESO. (Número de expediente Congreso 161/001681 y número de
expediente Senado 663/000066)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, a
instancias del Grupo Parlamentario Popular, sobre cumplimiento por
parte de las administraciones públicas de las recomendaciones del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Delegación del Gobierno del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas del Ministerio del
Interior a fin de evitar las consecuencias que el consumo y tráfico
de drogas en el extranjero puede tener para los ciudadanos españoles.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Luisa
Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Ante el distinto tratamiento que se
da al consumo de drogas en los diferentes países, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos
Exteriores editó, en el verano del año 1996, un tríptico donde se
contienen una serie de recomendaciones acerca del consumo de drogas
en el extranjero. El tríptico, titulado más vale prevenir que purgar,
hace referencia a los destinatarios del mismo, que son los viajeros
españoles en el extranjero. ¿Por qué? Porque consideramos que es
conveniente recordar que constituye una obligación ineludible de toda
persona que viaja al extranjero respetar las leyes de los países que
visita, que en muchos casos difieren incluso en aspectos
realmente sustanciales de las leyes españolas. Esta obligación es
especialmente importante en lo que se refiere a la tenencia, consumo
y tráfico de sustancias estupefacientes. Se advierte también en este
tríptico que la inobservancia de la ley local en este ámbito conduce
muchas veces a situaciones que son difíciles e incluso dramáticas,
como pueda ser la detención de personas, el juicio y encarcelamiento
en el extranjero y que una vez detenido en el extranjero nadie, ni
tan siquiera la representación diplomática o la oficina consular de
España en el país que se trate, podrá sustraer al infractor de la
aplicación de la ley local y de la detención y condena, incluso de
cumplir la pena correspondiente al delito cometido. Como ejemplo de
lo anterior, simplemente salvando la posibilidad de que puedan
producirse modificaciones en las mismas, se señalan aspectos
relevantes de determinadas legislaciones extranjeras. Por ejemplo, en
Argelia se recuerda que la pena a imponer en determinados casos es
incluso la pena de muerte y que no se distingue entre posesión y
consumo propio y tráfico. En Bolivia hay penas muy severas de prisión
y no hay posibilidades de indulto por este tipo de delitos de drogas.

En Brasil está penalizado tanto el uso como el tráfico. En los
Emiratos Árabes Unidos el tráfico está castigado con fuertes penas de
prisión, incluida la cadena perpetua, e incluso la pena de muerte. En
Marruecos tampoco existe distinción entre consumo y tráfico. En
Tailandia se distingue entre cinco tipos distintos de drogas, cuyas
penas varían según la droga de que se trate y abarcan desde muy
fuertes condenas de prisión hasta cadena perpetua y pena de muerte,
aunque en la práctica la realidad es que luego se suele conmutar por
la de cadena perpetua. Por tanto, es imprescindible recordar esto a
todas las personas que viajan.

Esta proposición no de ley tiene su origen en un viaje que efectuó un
colectivo de colegiales a un país en el que se creyeron que no era de
aplicación la ley del país en cuestión y que ocasionó unos graves
problemas a estas personas, a sus familiares y al Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Así pues, hay que recordar que las leyes sobre tenencia, consumo y
tráfico son de aplicación territorial y que obligan a todos los que
se hallan en el territorio de un país; que estas leyes pueden variar
sustancialmente de un país a otro y ser muy diferentes a las leyes
españolas, que normalmente suponen un endurecimiento considerable de
las penas con respecto al régimen español y que las garantías
procesales en el extranjero son muchas veces inferiores a las
garantías procesales que tenemos en España.

Por todo ello, se ha presentado la proposición no de ley en la que se
dice textualmente que la Comisión Mixta Congreso- Senado para el
estudio del problema de las drogas insta a las administraciones
públicas y a las entidades privadas que organizan viajes de entidades
españolas al extranjero, especialmente de jóvenes, a que extremen el
cumplimiento de las recomendaciones dadas desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores para evitar las consecuencias del consumo y
tráfico en el extranjero en lo referente a: Primero, transmitir a los
ciudadanos, y muy especialmente a los jóvenes, toda la información
elaborada al respecto por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
rompiéndose así el tópico que ha tenido vigencia durante los últimos
años en nuestro país de que determinados países son máspermisivos que
España en materia de consumo y tráfico de



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drogas. Segundo, extremar por parte de las administraciones públicas
la selección de los monitores responsables de los grupos de jóvenes
que viajan al extranjero formándoles en materia de drogas para que
los propios monitores se conviertan en agentes preventivos del
consumo de drogas y además se promuevan las campañas de información
acerca del consumo y tráfico de drogas que sea necesario.

Señor presidente, es la última intervención que se hace en esta
Comisión de drogas en esta legislatura. Quisiera conseguir el
consenso de todos los grupos políticos y quisiera de una forma muy
especial agradecer a todos los servicios técnicos de la Cámara
-taquígrafos, encargados de megafonía, de audio, de vídeo, al letrado
don Fernando Sáinz Moreno, que fue el primer letrado de la Comisión,
y muy especialmente a don Ignacio Gutiérrez- su objetividad, su
asesoramiento y su sensibilidad en un tema que a todos nos preocupa
tanto como es la lucha contra la droga.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
diputado señor Encina.




El señor ENCINA ORTEGA: Desde el Grupo Socialista básicamente estamos
de acuerdo -digo básicamente porque posteriormente voy a matizar una
serie de cuestiones- con el contenido de esta proposición no de ley,
entre otras cuestiones porque este verano, después de los sucesos que
se produjeron con jóvenes españoles que habían viajado al extranjero,
habíamos anunciado su presentación en esta Cámara y de hecho tenemos
presentada esta iniciativa en la Comisión de Asuntos Exteriores. Por
tanto, estamos básicamente de acuerdo con el contenido.

No estamos de acuerdo con la redacción que se le da y plantearía una
corrección -como decía algún compañero para situarla un poquito más
en el centro, sobre todo el punto segundo- del siguiente tipo. Yendo
ya a lo que es la proposición no de ley, quedaría: La Comisión Mixta
Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga insta a las
administraciones públicas y a las entidades privadas que organicen
viajes de entidades españolas al extranjero, especialmente de
jóvenes, a que extremen el cumplimiento de las recomendaciones que
seguirá editando -repito, que seguirá editando- el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Hago un paréntesis. Digo esto porque estas
campañas se celebraban, pero se dejaron de hacer en 1996 y por tanto
lo que pedimos es que se vuelvan a poner en marcha y que se
actualicen todos los años. No es nuevo, muy al contrario, es algo que
se paralizó en el año 1996 y lo que pedimos es que se sigan editando
y se actualicen esas campañas.

Continúo la redacción: Coma, para evitar las consecuencias del
consumo y tráfico de drogas en el extranjero, para lo que, primero...

A partir de ahí se suprimiría lo de: «especialmente en lo referente
a...» Íntegramente el punto primero, con la salvedad de que donde
dice: «toda la información elaborada», dirá: «toda la información que
se seguirá elaborando. Esto es por ser concordante con lo que acabo
de expresar de seguir editando. El primer punto quedaría igual.

El segundo punto lo modificamos respetando el espíritu con una
redacción que creo que es más acorde, porque la redacción original
plantea: extremar por parte de las
administraciones la selección de los monitores y responsables, ¿cómo
la extremamos? ¿Que se le va a preguntar: Usted está a favor de al
droga o en contra; usted fuma o no fuma? Es muy ambiguo y además
conduce a un camino peligroso por entrometerse en cuestiones de
índole muy personal con ese extremo que pretende el proponente para
la selección de los monitores. Por eso nosotros planteamos lo
siguiente: También se dará traslado de esta información a aquellas
personas que actúen como monitores y responsables de los grupos de
jóvenes que viajen al extranjero. Pensamos que se respeta el espíritu
del punto segundo, pero la redacción, a nuestro entender, mejora la
ambigüedad de lo que se plantea.

Para concluir, estamos básicamente de acuerdo, hasta el punto de que
está presentada ante la Comisión de Asuntos Exteriores una iniciativa
muy similar. Pensamos que es bueno y por eso si se nos acepta esta
enmienda transaccional o de mejora técnica, como se quiera,
estaríamos dispuestos a apoyarlo.

Me gustaría terminar -igual que ha hecho mi compañera del Grupo
Popular-, como viceportavoz del Grupo Socialista y actuando en este
caso como portavoz porque mi compañera Carmen Calleja se encuentra
ausente pero me lo ha trasladado también, felicitando y dando nuestro
agradecimiento a todos los funcionarios de esta casa que durante
estos casi cuatro años han estado aguantando nuestros debates.

Felicitamos también a la Mesa que durante estos cuatro años también
ha estado aguantándonos y siendo a veces muy benevolente en el trato.

En definitiva, también en nombre de otros compañeros que han estado y
no están, como Antonio Martinón, que fue portavoz y se trasladó
a otra Comisión, damos las gracias a todos ustedes y decirles que les
esperamos muy pronto, en la próxima legislatura.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.




El señor NÚÑEZ CASAL: Quería unirme a las palabras que han dicho mis
compañeros de agradecimiento a los funcionarios y a la Mesa y quiero
hacer también algo que me parece de justicia, que es manifestar un
agradecimiento especial al señor presidente por su amabilidad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Agradezco el recordatorio a don
José Luis Núñez porque me había olvidado de dar las gracias al
presidente.

Señor Encina, usted ha dicho que la redacción del texto no le parecía
adecuada y que pediría que nos centráramos. Como usted sabe que el
Partido Popular es un partido de centro, no hay ningún problema en
aceptar su enmienda transaccional. Como portavoz de mi grupo, en el
último punto que se debate en esta Comisión sobre Droga de esta
legislatura, es para m í una satisfacción que se haya conseguido el
consenso de todos los grupos políticos.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de ambas
proposiciones.

En primer lugar, votamos la proposición no de ley que insta el Grupo
Socialista, sobre concesión de subvenciones a la coordinadora de
organizaciones no gubernamentales que intervienen en
drogodependencias.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10;
en contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, pasamos a la votación de la proposición no de ley
sobre cumplimiento por parte de las administraciones públicas de las
recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas del
Ministerio de Interior, a fin de evitar las consecuencias que el
consumo y tráfico de drogas en el extranjero puede tener para los
ciudadanos
españoles, con las modificaciones introducidas por el portavoz
del Grupo Socialista, y con las que parece que estamos todos de
acuerdo.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por asentimiento.




Antes de que se levante la sesión, quería decirles que para mí ha
sido un gran honor ser no el presidente de esta Comisión sino el
primus inter pares, y expreso mi afecto, mi cariño y mi respeto
profundo, absoluto y total a los servicios de esta Cámara, que han
funcionado, como dije antes contestando a la secretaria general, de
maravilla.

Los miembros de la ponencia nos quedamos un momento, por favor.

Se levanta la sesión.