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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 156, de 30/11/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 156
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera del
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE), ejercicio 1995. (Número
de expediente del Congreso 251/000065 y número de expediente del
Senado 771/000064.) ... (Página 3299)
- Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Tajuña
(Madrid), ejercicios 1994 y 1995. (Número de expediente del Congreso
251/000068 y número de expediente del Senado 771/000066.)
... (Página 3304)
- Informe de fiscalización de la gestión financiera del Sistema de
Seguros Agrarios Combinados (SAC), ejercicio 1995. (Número de
expediente del Congreso 251/000070 y número de expediente del Senado
771/000068.) ... (Página 3305)
- Informe de fiscalización de los resultados de la sociedad Agencia
Efe, S.A., ejercicio 1995, aprobado por dicho Tribunal en su sesión
plenaria del día 28 de octubre de 1998. (Número de expediente del
Congreso 251/0000071 y número de expediente del Senado 771/000069.)
... (Página 3305)
Debate sobre:
- Solicitud a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que
recabe de dicho Tribunal una fiscalización integral, desde el año
1995 hasta el momento actual, sobre la gestión económica,
presupuestaria y contable, así como sobre las contrataciones del
Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y de las sociedades participadas
por dicho Ayuntamiento. Formulada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000023 y número de
expediente del Senado 772/000020.) ... (Página 3307)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre
la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable, así como
sobre las contrataciones de la Diputación Provincial de Ourense y del
Inorde, en los ejercicios 1994 a 1996 inclusive. Formulada por el
Grupo anterior. (Número de expediente del Congreso 253/000021 y número
de expediente del Senado 772/000018.) ... (Página 3309)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre
la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable, así como
sobre las contrataciones de la Diputación Provincial de Lugo y del
Instituto Lucense de Desarrollo (Inludes), en los ejercicios 1991 a
1995. Formulada por el mismo Grupo parlamentario. (Número de
expediente del Congreso 253/000022 y número de expediente del Senado
772/000019.) ... (Página 3309)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre
la gestión económica, presupuestaria y contable, así como sobre las
contrataciones del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) y de las
sociedades participadas por dicho Ayuntamiento, entre los años 1991 y
1994. Formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente del Congreso 252/000024 y número de expediente del Senado
772/000021.) ... (Página 3312)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización
específica, con el fin de aclarar la gestión realizada en la
Fundación de competencia estatal Hospital de Alcorcón en el ejercicio
de 1998, en especial para comprobar el sometimiento a la legalidad de
la aplicación de su régimen financiero y el cumplimiento de los
principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto
público, así como la posible depuración de las eventuales
responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados.
Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente del Congreso 253/000025 y número de expediente
del Senado 772/000022.) ... (Página 3315)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización
integral sobre la gestión económica, presupuestaria,
económicafinanciera y patrimonial (le la Agencia Española de
Cooperación Internacional y la gestión en cuanto a con cesión,
aplicación y justificación de las subvenciones concedidas entre los
años 1996 y 1999. Formulada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente del Congreso 253/000027 y número de expediente
del Senado 772/000023.) ... (Página 3317)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización
integral de los fondos entregados al Gobierno en la ciudad autónoma
de Melilla procedentes de los donativos recaudados a favor de los
damnificados de la riada que tuvo lugar en esta ciudad el día 17 de
noviembre de 1997, mediante ingreso en cuentas específicas abiertas a
los efectos en diversos entidades bancarias o por otros medios.
Formulada por el Grupo anterior. (Número de expediente del Congreso
253/000028 y número de expediente del Senado 772/000024.)
... (Página 3319)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal la ampliación de la
fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento
de Oviedo a los años 1996, 1997 y 1998. Formulada por el mismo Grupo
parlamentario. (Número de expediente del Congreso 253/000029 y número
de expediente del Senado 772/000025.) ... (Página 3319)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización
específica con el fin de aclarar la gestión realizada en los
ejercicios
1996, 1997 y 1998 por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Oviedo, en especial por lo que afecta a la empresa municipal Gesuosa
y al sometimiento a la legalidad y a los principios de economía,
eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público de las
actuaciones llevadas a cabo, así como la depuración de las eventuales
responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados.
Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente del Congreso 253/000030 y número de expediente
del Senado 772/000026.) ... (Página 3319)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de la
gestión económica, financiera, presupuestaria y contable, así como
las contrataciones de personal, de obras y servicios, del
Ayuntamiento de Carballedo (lugo), correspondiente a los ejercicios
1994 a 1998. Formulada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente del Congreso 253/000031 y número de expediente del
Senado 772/000027.) ... (Página 3323)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SELECTIVA DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE), EJERCICIO 1995. (Número
de expediente Congreso 251/000065 y número de expediente Senado 771/
000064.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Buenos días, señoras y
señores diputados y senadores, iniciamos la sesión de esta mañana en
esta Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y
de acuerdo con el punto 1 pasamos al debate y votación de las
propuestas de resolución contenidas en esta convocatoria. En primer
lugar, el informe de fiscalización selectiva de la gestión financiera
del Ente Público Radiotelevisión Española.
Para defensa de las propuestas de resolución presentadas por los
distintos grupos y de acuerdo con el reglamento de la Cámara, en
primer lugar, tiene la palabra para defender las propuestas del Grupo
Socialista la diputada doña Carmela Silva.
La señora SILVA REGO: Presentamos a este informe cinco propuestas de
resolución.
En nuestra intervención anterior, con ocasión de la comparecencia del
presidente del Tribunal, pusimos de manifiesto que a pesar de la
gestión financiera realizada por los responsables del Ente Público
Radiotelevisión Española, se generó un relevante déficit económico
que es preciso resolver. El problema es que aquel déficit se ha visto
enormemente incrementado en los últimos tres años -los ejercicios
1996, 1997 y 1998- en los que se produjeron pérdidas de actividades
ordinarias por valor de 99.181 millones, 112.946 millones y 147.574
millones de pesetas, lo que totaliza 359.701 millones de pesetas de
pérdidas en tres años, a los que hay que sumar los aproximadamente
130.000 que se perderán en el año actual y que se están
cubriendo con la venta de activos como ya expusimos en nuestra
anterior intervención.
Con nuestra primera propuesta queremos reforzar la necesidad de
cubrir todos estos déficit, pero al mismo tiempo queremos preguntar
al Grupo Parlamentario Popular si ésta es la magnífica gestión de
estos años a que ellos se refieren, porque las pérdidas en el año
1995, que es el que nos concierne, fueron inferiores a la de
cualquiera de los años mencionados.
No se puede venir aquí y hacer una propuesta, como hace el Grupo
Parlamentario Popular, pidiendo que esta Comisión valore las medidas
de los responsables de Radiotelevisión Española en el período 1996-
99, cuando en esta Comisión estamos considerando las cuentas de 1995
y cuando no tenemos información procedente del Tribunal y
correspondiente a los años a que se alude sobre la que nos podamos
pronunciar. Creo que es necesario un mínimo de rigor. No se puede
estar considerando las cuentas de 1995 y el Grupo Parlamentario
Popular nos proponga que avalemos las cuentas del período 1996 a 1999
que aún no conocemos, y por cierto, el año 1999 que yo sepa aún no
concluyó. En esta Comisión los temas se han tratado siempre con
objetividad, seriedad y rigor. No parece serio proponer una
resolución que nada tiene que ver con el período fiscalizado, cuando
además el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior intervención
dio unas cifras en esta Comisión que nadie negó. Entiendo que dada
esta primera resolución del Grupo Parlamentario Popular, estarán de
acuerdo en votar a favor de nuestra propuesta en el sentido de que se
fiscalicen estas cuentas en los años 1996 a 1999. Así, estamos
seguros de que cuando consideremos este informe podremos felicitar el
Grupo Parlamentario Popular por la máginifica gestión hecha por
Televisión en estos años, o quizás no. En su voto nos lo van a decir
hoy.
Nuestras propuestas números 2 y 3, de carácter técnico de control,
contribuirían a unos mejores mecanismos de registro y a una mejor
contabilización, en toda empresa la contabilidad y la gestión son
siempre mejorables; creemos que así debe ser y así lo recomienda el
Tribunal de Cuentas. Importancia especial tiene nuestra propuesta
número 4, que avala lo hecho por los gestores de Radiotelevisión
Española, y creemos que el Gobierno debería encargarse
de que sea realizada por todos los gestores que manejen deudas.
Señorías, el presidente del Tribunal aludió en su última
comparecencia a su obligación moral para hacer algunas
consideraciones. Mi grupo y yo tenemos nuestra moral a salvo, pero
queremos hacer mención a nuestra obligación política de referirnos a
de aquellas consideraciones porque creo que se cometieron algunas
inexactitudes. Se afirma -y son palabras textuales- que cuando en el
ámbito de una organización no se residencian las pérdidas, surge un
estímulo a la ineficacia o a la negligencia; estoy completamente de
acuerdo, pero no es este caso, y estamos todos aquí obligados a
saberlo. Creo recordar que de las cuentas de las sociedades que
conforman el ente, así como del nombramiento de director de todas las
sociedades que lo conforman, responde el director del ente. Recuerdo
que estamos hablando de la gestión financiera del Ente Público
Radiotelevisión Española, y no de Televisión Española o de Radio
Nacional de España. El propio informe desmiente esta afirmación.
Además, resulta chocante todo esto cuando aquí, en esta Cámara, al
que se exige responsabilidades políticas es al director del Ente
Público Radiotelevisión Española.
Es cierta la afirmación de que el coste de la deuda es mayor para el
ente que lo hubiera sido para el Estado, pero esto es generalizable a
los años 1996, 1997 y 1998 y también a Renfe, a FEVE durante esos
mismos años. Llama la atención el contraste entre lo que dice el
informe en relación con la gestión financiera en cuanto a que la
realización de este tipo de operaciones debe ser considerada de forma
positiva, especialmente porque la adaptación en los mercados no es
típica de actuaciones en el sector público, y la forma en que
relativiza la importancia de esto al afirmar que no es una función
del ente. Creemos que las funciones del ente son todas aquellas que
mejoren su situación financiera, y en este caso, si no las afrontase
sus pérdidas hubieran sido mucho mayores. Cuando se realiza una buena
gestión, ¿por qué no reconocerlo? El informe lo hace.
En la parte final de su intervención, el presidente del Tribunal ha
hablado de los informes de 1983 a 1985, del informe del área de
producción de 1992 a 1993, del informe del área de producción de 1994
a 1996, para concluir que hay un problema de tipo organizativo. El
objetivo de la comparecencia aquí era el informe de 1995, pero el
Grupo Parlamentario Socialista estará encantado de debatir sobre el
informe de 1996, de 1997, de 1998 y de 1999 cuando llegue a esta
Comisión ese informe. La conclusión final que se hacía era que si se
hubiesen adoptado medidas en tiempo y forma y se hubiese cambiado la
estructura organizativa, algo hubiera mejorado. Sinceramente creo que
resulta superficial, porque la cuestión, como manifestamos en nuestra
intervención, era que Radiotelevisión Española no estaba en
disposición de asumir todos los cambios precisos en tan corto espacio
de tiempo; intentó hacer frente a sus competidores manteniendo los
criterios obligados en una televisión pública, a los que hace
referencia Izquierda Unida en su propuesta, y adolecía de cuestiones
que venían de muy atrás.
En relación con las propuestas de los otros grupos, ya me referí a la
primera del Grupo Parlamentario Popular que vamos a votar
negativamente, y la segunda creemos que es
insustancial y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Creo que es mejor que llevemos el informe a la subcomisión de
Radiotelevisión Española y así ahorremos tiempo. Votaremos
favorablemente las propuestas del Partido Nacionalista Vasco; son
propuestas muy razonables, sustanciadas y meditadas. Nos abstendremos
en la de Izquierda Unida, porque aun estando de acuerdo con el
espíritu de la misma y compartiendo el modelo de Radiotelevisión
Española que en ella se define, no compartimos una parte de su
redacción literal. Estoy segura de que tras una breve charla
llegaríamos a un acuerdo sobre la redacción, pero tal y como está
planteada tenemos que abstenernos ya que algunos de los
planteamientos que hacen ni siquiera son competencia del Tribunal de
Cuentas y aquí estamos debatiendo sobre un informe del Tribunal de
Cuentas.
Quiero concluir refiriéndome a la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en la anterior sesión, en la que reflexionaba
sobre el presupuesto del ente para el año 2000 y daba los datos de
las mejoras del próximo año. Seguro que el próximo año va a haber
muchas mejoras, porque a ustedes, señores del Grupo Parlamentario
Popular, en Radiotelevisión Española y en tantos otros sitios siempre
les sucede lo mismo: las mejoras el próximo año.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para
defender las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra para defender las
propuestas de resolución que mi grupo presentó el 26 de noviembre en
el registro de la Cámara relativas al informe de fiscalización de la
gestión financiera del grupo Radiotelevisión Española.
Como tuve ocasión de señalar la semana pasada con motivo del debate
del informe, nosotros concedemos una gran importancia a que este
informe se debata en estos momentos en esta Comisión y en esta
Cámara. Le concedemos una gran importancia porque entendemos que el
informe de fiscalización, si bien se ha centrado en el área
financiera, contiene dos partes. En una de ellas se diagnostican las
razones por las cuales la falta de adopción de medidas por los
gestores de los años 1990 a 1996 han dado lugar a una crisis
económica y financiera muy profunda que ha puesto en peligro la
supervivencia del grupo Radiotelevisión Española. Como ya decía en
aquel momento, las tesis que el informe de fiscalización contiene
respecto al origen de la crisis han sido compartidas por este grupo
parlamentario o son coincidentes con las que este grupo parlamentario
venía haciendo desde el año 1986, es decir hace más de trece años, lo
que indica una muy certera previsión de lo que iba a ocurrir.
Coincidimos plenamente con la opinión del Tribunal de Cuentas cuando
señala a que la crisis del grupo responde a una falta de previsión de
las consecuencias que tendría la voladura del monopolio de venta de
espacios publicitarios en Televisión Española por la aparición de las
televisiones autonómicas al amparo de la Ley de 1983, y las
televisiones privadas al amparo de la ley de 1989. Naturalmente,
nosotros también habíamos manejado cifras que el informe de
fiscalización contiene, como
es que en el período 1990 a 1995 se generó por los gestores nombrados
por los gobiernos anteriores al año 1996, es decir aquellos apoyados
por el Grupo Socialista, un volumen de pérdidas superior a los
400.000 millones, a pesar de que el Estado asumía en las leyes de
presupuestos de los años 1996, 1995 y 1994 más de 200.000 millones de
pesetas de pasivo.
Cuando decimos que es sumamente oportuno en este momento que este
diagnóstico sea ratificado por el órgano máximo que tiene
responsabilidades de fiscalización de las cuentas del Estado y de los
entes públicos, lo hacemos porque durante esta legislatura y en
distintos ámbitos de la Cámara, tanto en la Comisión de control como
en la subcomisión que estudia el modelo de televisión e incluso en el
Pleno, los grupos de la oposición, fundamentalmente el mayoritario,
el Grupo Socialista, ha echado sobre nuestras espaldas la
responsabilidad de la evolución negativa de algunas partidas del
presupuesto de explotación.
La primera propuesta de resolución está vinculada de forma muy
directa con las afirmaciones que el informe del Tribunal reconoce. No
debemos olvidar que cuando el informe de fiscalización comenta
aspectos concretos o hace una valoración concreta de la gestión
financiera del ente durante el año 1995, extrae las conclusiones de
que no existe un modelo para gestionar el área financiera y que la
gestión del área financiera carece de rigor en las anotaciones
contables que faciliten el control. Ello permite concluir que carece
de los criterios de profesionalidad que toda gestión, sea pública o
privada, debe tener.
Cuando la semana pasada se produjo el comentario del informe de
fiscalización, yo recordaba a la Comisión que a principios de esta
legislatura se debatió un informe sobre la gestión del área de
producción y prácticamente se llegaba a las mismas conclusiones. En
aquel momento, y estoy hablando del otoño de 1996, se llegaba a
afirmar que incluso al gestionar el área de producción, con sus
cuantiosos créditos asignados, se llegaba a decir que los gestores no
habían defendido convenientemente los intereses del grupo
Radiotelevisión Española. Luego, según la opinión del Tribunal de
Cuentas, parece que la gestión del grupo Radiotelevisión Española de
los años 1990 a 1995, tanto en el área financiera como en la de
producción, ponía en entredicho de forma muy seria los criterios de
profesionalidad y rigor que deben caracterizar la gestión de
cualquier grupo de empresas. Naturalmente, yo también señalaba y
recordaba que en base a determinados controles que mi grupo ha hecho
sobre la gestión del grupo Radiotelevisión Española en la Comisión de
control, que para eso está, habíamos podido ir comprobando cómo en
muchas áreas de la gestión (el área financiera, la de producción, los
centros territoriales o el área de personal) durante estos tres años
se habían ido adoptando medidas de forma prudente y sensata,
respondiendo a una estrategia y que habían permitido conducir al
grupo Radiotelevisión Española a hacer una presentación en esta
Cámara, con datos que la misma conoce y con un presupuesto que ya ha
aprobado, porque esta Cámara ha aprobado el dictamen de la ley de
presupuestos que contiene el presupuesto del grupo Radiotelevisión
Española poniéndole en una senda de solidez y de mayores
posibilidades de desarrollo futuro por cuanto el presupuesto del 2000
ofrece mejores previsiones lo que habían sido
los años anteriores. Todo ello respondía a las medidas adoptadas con
rigor, con profesionalidad y respondiendo a una determinada
estrategia. Por esa razón nuestra propuesta de resolución pretende el
reconocimiento de ese esfuerzo, de ese rigor y el reconocimiento de
esa profesionalidad.
Respecto de nuestra propuesta de resolución número 2, al existir en
el seno de esta Cámara, por mandato del Pleno, una subcomisión que
hasta el día 31 de diciembre está plenamente vigente y por tanto aún
tiene tiempo para elaborar un informe, nos parece que la información
que ofrece el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas es de
sumo interés, y por tanto desde el punto de vista de mi grupo parece
conveniente que ese informe sea trasladado a la subcomisión
correspondiente a efectos de que todos los grupos allí representados
-también está allí el Grupo Socialista- puedan tener una visión
perfecta y clara de cuál es el origen del problema. Ya había hecho un
recordatorio a los representantes del Grupo Socialista de cuál era
nuestro diagnóstico respecto al origen.
Voy a hacer a continuación una reflexión muy breve respecto a las
propuestas de resolución presentadas por los grupos y que están
sometidas a debate. Naturalmente, las propuestas del Grupo Socialista
no las vamos a aceptar, y ello porque entiendo que de la 1 a la 4
literalmente no son ajustadas a lo que en principio son competencias
del Gobierno. Respecto de la situación deficitaria de Radiotelevisión
Española, en estos momentos debemos ser respetuosos con el mandato
del Pleno y el Gobierno no debe actuar hasta que la subcomisión emita
un informe, para lo cual tiene de plazo hasta el 31 de diciembre. El
Gobierno, salvo modificaciones legales, no puede introducirse para
asegurar los mecanismos de registro del grupo Radiotelevisión
Española porque éste tiene un capítulo entero en el estatuto dedicado
a la autonomía de gestión financiera; y esa misma valoración vale
para las propuestas números 3 y 4.
Respecto a la propuesta de resolución número 5, no tenemos ningún
problema en aceptar la fiscalización; pero como la propuesta del
Grupo Socialista se centra selectivamente en la gestión financiera,
nos parece bastante más interesante para el conjunto de la Comisión,
de la opinión pública y de la Cámara, aceptar la propuesta número 2
(que es la 9 numerada por la Comisión) del Grupo Parlamentario Vasco,
donde se insta al Tribunal de Cuentas a realizar una fiscalización
completa de los años 1996, 1997, 1998 y 1999. Esa propuesta de
resolución va a ser aceptada, y entiendo que incluye la propuesta del
Grupo Socialista. Mi grupo también va a apoyar, naturalmente, la
propuesta de resolución número 3, del PNV. En cambio, la primera
propuesta del Grupo Parlamentario Vasco no se puede aceptar en estos
momentos, más que nada por ser respetuosos con el mandato del Pleno a
la subcomisión, como he indicado antes. No podemos apoyar la
propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por las
mismas razones, es decir por respeto a la subcomisión.
Espero contar con el apoyo mayoritario de los miembros de esta
Comisión para sacar adelante las propuestas de resolución de mi grupo
y las que he mencionado del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Antes de pasar al siguiente
portavoz recuerdo a SS.SS. que
por acuerdo de la Mesa las votaciones de las propuestas de resolución
no se producirán antes de las doce y media del mediodía.
Acontinuación, para defender las propuestas de resolución presentadas
por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señorías, mi grupo parlamentario ya expresó
su opinión sobre la situación financiera del ente Radiotelevisión
Española con motivo del debate en la presentación del informe por
parte del presidente del Tribunal de Cuentas. Por tanto, creo que no
es necesario volver a hacer las reflexiones que en su momento
hicimos. Sí hay una cuestión clara para mi grupo parlamentario: hay
unos hechos demostrados que indican la falta de previsión y de toma
de decisiones por parte de los responsables del ente en el momento
del cambio de situación de monopolio a libre competencia, donde entra
la competencia de la publicidad en las televisiones privadas, y es el
motivo fundamental de la actual situación financiera del ente. No voy
a entrar aquí en responsabilidades porque tampoco se trata de
responsabilizar más a unos que a otros, son los responsables de los
correspondientes gobiernos los que han hecho posible llegar a esta
situación, y por tanto, desde mi punto de vista creo que lo
importante es ser realistas con la verdadera situación del ente y
tomar las medidas necesarias para que se pueda atajar esta situación
y para que el ente Radiotelevisión Española, en primer lugar realice
las funciones de un ente público, y en segundo lugar, tenga el
necesario equilibrio financiero. En esa línea van las propuestas de
resolución presentadas por mi grupo parlamentario. En dos de ellas,
la 9 y la 10, creo que ninguna de SS.SS. podrá poner objeciones. En
una instamos al Tribunal de Cuentas a que fiscalice completamente los
ejercicios desde 1995 hasta el actual, es decir 1996, 1997, 1998
y 1999; queremos conocer la situación de esos ejercicios y la situación
real del ente en estos momentos, no sólo la financiera sino también
la económica. En la propuesta número 10, como se hace habitualmente,
queremos exigir el cumplimiento de las recomendacionesl del Tribunal
de Cuentas que están recogidas en el informe.
La propuesta número 8, que es la primera y a la que el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra, pregunto si hay alguien
que no esté de acuerdo en que a un año (teóricamente, porque al
parecer la subcomisión va a terminar sus trabajos el 31 de diciembre
de 1999), es decir hasta el 31 de diciembre del año 2000, el
Gobierno, cualquiera que sea, a través de los estudios realizados y
del informe de la subcomisión, no va a tener un modelo, donde se
definan los fines, objetivos y funciones que debe de cumplir en Ente
Público Radiotelevisión Española. ¿Van a votar en contra de que no se
presente en un año un modelo al Parlamento y que ese modelo no tenga
la estructura orgánica y funcional necesaria? ¿Puede alguien estimar
que eso no es necesario? Además, eso incluye un plan financiero para
eliminar paulatinamente el endeudamiento, que según el propio plan
aunque no fue aprobado por el ente público establecía en su momento
que para el año 2005 puede ser de 2,3 billones. Exigir a un Gobierno
que presente en un año un plan financiero para la paulatina
eliminación del endeudamiento es algo lógico; y respecto del modelo
futuro de
financiación ¿qué va a pasar con la financiación futura del ente
Radiotelevisión Española? Esa es la propuesta número 8, que al
parecer algún grupo parlamentario no va a votar a favor.
Pido que reflexionen SS.SS. y consideren que en las propuestas de mi
grupo parlamentario ha predominado la lógica, la racionalidad y el
sentido de la responsabilidad que todos hemos de tener para dar
solución al futuro del Ente Radiotelevisión Española, que es
verdaderamente grave.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, en nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y para defender su
propuesta de resolución, tiene la palabra el diputado señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Para defender nuestra única propuesta
empezaré diciendo que todos los grupos estamos preocupados por la
situación del ente Radiotelevisión Española, por su futuro y por el
mantenimiento de su carácter público, pues tenemos serias dudas de
que el Partido Popular quiera mantener.
Voy a empezar haciendo una valoración porque me ha preocupado la
intervención del portavoz del Grupo Popular. No se puede confundir el
papel de la subcomisión, con el trabajo del Tribunal de Cuentas y con
el trabajo de esta Comisión. Cuando le escuchaba valorar las
propuestas y rechazarlas me recordaba aquello que se dijo que cuando
no se quiere hacer nada se creaba en esta casa una subcomisión para
luego justificar que no se hace nada. A estas alturas de la
legislatura, oponerse a unas resoluciones que creemos acertadas
simplemente porque haya una subcomisión, es confundir los papeles
tanto de la subcomisión como de esta Comisión, y sobre todo oculta
realmente no querer comprometerse. Nosotros hemos presentado una
resolución, que es simple y estaríamos dispuestos a matizar, como se
nos planteaba por parte de la portavoz socialista, si fuese posible
para llegar a un acuerdo.
Anosotros más allá de la literatura concreta, nos interesaba, que
esta Comisión dejase claros algunos elementos, independientemente del
trabajo de la subcomisión, porque creemos que estamos perfectamente
capacitados y yo creo que obligados a determinar, a marcar nuestras
posiciones, que además deben ser útiles para el trabajo de la
subcomisión. Por tanto, no es contradictorio que aquí nos
pronunciemos, sino que es positivo de cara a los trabajos de esa
subcomisión.
En nuestra propuesta de resolución queremos dejar claro en primer
lugar, que es necesario impulsar un marco financiero equilibrado y
viable a largo plazo, que es necesario apostar por un servicio
público de calidad, que es necesario apostar por una gestión pública
de servicio, que para eso hace falta mejorar el servicio público y
también buscar una rentabilidad social en la gestión, cosa que en
muchos casos se olvida. Esta propuesta de resolución es perfectamente
asumible por esta Comisión, en la medida que se deduce de las
consideraciones del informe que se nos planteó por parte del
Tribunal. Sería una línea de trabajo para aportar a la subcomisión y,
si no hay más argumentos -y no se han dicho aquí más argumentos- que
el hecho de que ya existe una subcomisión, nos parece que se
está ocultando lo que realmente se quiere decir y es que no se está
de acuerdo con lo que aquí se plantea.
Respecto a las otras propuestas, nos sorprende la planteada por el
Grupo Popular cuando valora positivamente las medidas adoptadas
durante los años 1996 a 1999. Parece que el Grupo Popular no quiere
que termine esta legislatura sin que haya un pronunciamiento sobre su
gestión en Radiotelevisión y esto sí está fuera de lugar porque a
estas alturas hablar en esta Comisión, de los años 1996 a 1999 con
este informe no tiene sentido. El Partido Popular ha tenido un
interés desmedido en que se valorase su gestión. Más positivo hubiese
sido que hubiésemos podido disponer en esta legislatura de alguno de
los informes del período 1996-1999. Por tanto, lo lógico sería que
esta propuesta ni se pasase a votación, ya que no concuerda con nada.
Respecto a las propuestas del Grupo Vasco, creemos que son
interesantes y vuelvo a repetir lo que decía sobre la primera, el
hecho de que el Gobierno insista en presentar en el Congreso de los
Diputados un modelo de Radiotelevisión Española no entra en
contradicción con el trabajo de la subcomisión. Al contrario, puede
hacer una aportación a dicha subcomisión y estamos de acuerdo con lo
que aquí se plantea, salvo -repito- que se quieran ocultar otras
intenciones.
De lo dicho aquí no se deduce que el Grupo Popular tenga argumentos
para oponerse a las resoluciones aquí presentadas, lo que sucede es
que el Grupo Popular en estos momentos, y máxime al final de
legislatura, no es capaz de decir a esta Cámara y a la ciudadanía qué
modelo de Radiotelevisión Española tiene. Prefiere mantener una
situación que no le ha ido mal, no solamente desde el punto de vista
interno sino sobre todo desde el punto de vista político, puesto que
es evidente la instrumentalización que se ha hecho de este ente por
parte del Gobierno y prefiere mantener esta situación de confusión
antes que abordar las soluciones que merece para asegurar su
mantenimiento en el sector público. (El señor Moreno Monrove solicita
la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿A qué efectos solicita la
palabra?
El señor MORENO MONROVE: Para una cuestión de orden en relación con
las propuestas de resolución de este informe de fiscalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Brevemente, para esa
cuestión de orden.
El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, mi grupo considera que la
propuesta de resolución número 6, primera del Grupo Parlamentario
Popular en relación con Radiotelevisión Española, no se puede votar,
no debiera ser posible su votación. No se puede usar el Tribunal de
Cuentas, y lo que representa en relación con este Parlamento, para
hacer una valoración al futuro; es casi como pedir que se dicte una
sentencia sobre que vamos a ser buenos dentro de tres años. Desde
nuestro punto de vista es inadmisible; en un informe de fiscalización
que concluye el 31 de diciembre de 1995 no se puede proponer una
resolución que afecta a un período posterior, es absurdo
y muestra un grado de desfachatez el haberla redactado. Ruego al
presidente y a la Mesa que actúe en consecuencia aplicando la norma
que afecta al desarrollo de nuestra Comisión y al funcionamiento del
Tribunal de Cuentas desde el punto de vista legal. (El señor De Luis
Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, el diputado, señor De Luis, tiene la palabra.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En principio, la intervención del
representante del Grupo Socialista es atípica. Las propuestas de
resolución se someten a trámite, lo que quiere decir que han sido
admitidas por los órganos correspondientes de la Cámara y los grupos
parlamentarios no deben o no pueden hacer manifestaciones sobre la
posible admisión a trámite o no de asuntos sometidos a debate. El
planteamiento que ha hecho hoy el representante del Grupo Socialista
es como si esta tarde en el Pleno de la Cámara se levanta un
representante de mi grupo parlamentario para decir que entiende que
una determinada proposición no de ley que ha sido incluida en el
orden del día por acuerdo de la Junta de Portavoces y que ha sido
admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, no debe ser sometida a
debate porque según su opinión política el asunto no tiene nada que
ver con las competencias de esta Cámara.
En cualquier caso, en la presentación de la primera propuesta de
resolución que tantos comentarios ha suscitado, he señalado que con
las conclusiones del informe de fiscalización en la mano se achacaba
a la gestión del año 1995 en el área financiera escaso modelo, escaso
rigor, escasa posibilidad de control. Todo ello podía concluir, en
opinión de mi grupo, y mi grupo es muy libre en un sistema
democrático de sacar la conclusión que le parezca oportuna, en una
escasa profesionalidad, lo que se entiende por términos de
profesionalidad en gestión de fondos sean públicos o privados, en
gestión empresarial.
Por esas razones, y porque como dije en la primera intervención la
gestión que hemos tenido ocasión de constatar a través de preguntas
formuladas en la Comisión de control de Radiotelevisión Española y
como he señalado esta mañana en el área de personal, en el área
financiera, en el área de producción, en el área de centros
territoriales, ha sido rigurosa, con control y ha sido profesional,
por eso va redactada en esos términos y por eso utilizo el término:
en coherencia con las conclusiones recogidas. Se han mejorado los
instrumentos contables, se han mejorado los instrumentos de control,
se ha mejorado la productividad, se han mejorado una serie de
variables del presupuesto de explotación que sin haber adoptado
medidas traumáticas y siendo respetuoso con el mandato de la Cámara y
con los trabajos de la subcomisión permiten, ir corrigiendo el tiro
-por hablar en términos llanos-, lo que permite al grupo
Radiotelevisión Española hacer un presupuesto para el año 2000
bastante más positivo, mucho más seguro de lo que fue el presupuesto
que nos ocupa del año 1995 y de lo que han sido en los años 1990 a
1996.
Entiendo que la propuesta de resolución es perfectamente coherente
con el sustrato, con las conclusiones y conel eje del informe de
fiscalización, y por eso no puedo compartir
la posición del Grupo Socialista e insisto en que la propuesta de
resolución sea sometida a votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Vamos a suspender la sesión
unos instantes. (El señor Moreno Monrove pide la palabra.) ¿A qué
efectos, señor Moreno?
El señor MORENO MONROVE: Creo que el portavoz del Partido Popular ha
consumido un turno a favor de por qué hace una propuesta de
resolución. Ha hablado poco más o menos de ratios, de la cuenta de
explotación. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Un momento, señores.
El señor MORENO MONROVE: Por eso, mi grupo quiere volver a explicar
que estoy hablando de una cuestión de orden, de la admisibilidad o no
de una propuesta, no sobre el contenido de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Entendido.
Dado el procedimiento establecido esta Cámara para la calificación de
las iniciativas y propuestas presentadas por los distintos grupos y
dada la cuestión de orden planteada por el Grupo Socialista y a la
que se ha referido también el Grupo Parlamentario Popular, esta
Presidencia suspende transitoriamente el desarrollo de esta sesión y
llama a los portavoces y a los miembros de la Mesa para analizar la
cuestión planteada y resolverla inmediatamente.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señorías, reanudamos la
sesión.
Para resolver la cuestión de orden, la Mesa ha acordado, oídos los
portavoces, no admitir a trámite el inciso primero de la resolución
primera presentada por el Grupo Parlamentario Popular en relación con
el informe de fiscalización del Ente Público Radiotelevisión Española
por considerar que no es congruente el contenido de ese inciso con el
informe objeto de debate.
El señor Jordano tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Deseo manifestar la petición de nuestro
grupo de que, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, ya que
esta decisión de la Mesa supone una alteración del orden del día
inicialmente previsto, se someta a votación de la Comisión esa
alteración del orden del día y que sea ella en pleno la que resuelva
si es o no procedente la retirada del orden del día de esa propuesta,
que ya estaba incluida en el mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Procederemos a la votación
de la cuestión planteada a partir de las doce y media, una vez que
las propuestas de resolución se sometan también a votación.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DELAYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA
(MADRID), EJERCICIOS 1994 Y 1995. (Número de expediente Congreso 251/
000068 y número de expediente Senado 771/000066.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Continuamos, pues, el
desarrollo de la sesión, pasando al segundo punto del orden del día,
que es el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Morata de
Tajuña, ejercicios 1994 y 1995.
Para defender la propuesta de resolución presentada por los distintos
grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bastarreche.
El señor ACOSTA CUBERO: Creo que el del Grupo Socialista soy yo,
señor presidente. El señor Bastarreche es del Grupo Popular, todavía.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Muchas gracias, señor
diputado. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra, pues, su
portavoz, el señor Acosta.
El señor ACOSTA CUBERO: Después del intento de suplantación de la
personalidad, voy a defender la propuesta de resolución presentada
por el Grupo Socialista, única propuesta de resolución presentada al
informe de fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Siendo
la única propuesta de resolución, espero que cuente con el apoyo
unánime de esta Comisión.
El señor presidente del Tribunal de Cuentas estuvo aquí el martes
informando de varios proyectos de fiscalización, entre ellos el del
Ayuntamiento de Morata, municipio pequeño, 5.000 habitantes, de la
provincia de Madrid, y en su análisis de la gestión tuvo que dedicar
bastante tiempo a explicar las irregularidades, las arbitrariedades y
las ilegalidades cometidas durante los ejercicios fiscalizados, 1994
y 1995, bajo el mandato del alcalde, Víctor Algora Cabello, extraído
de las listas del Partido Popular.
El informe que nos dio está repleto, pues, repito, en cualquier
apartado fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, de irregularidades,
arbitrariedades e ilegalidades, pero hay un punto concreto sobre el
que establecemos nuestra propuesta de resolución, que son las
contrataciones hechas por el Ayuntamiento los años 1994 y 1995,
adjudicadas a una empresa constructora llamada Pronaves,
fundamentalmente paara dos grandes obras, la casa de la cultura y el
ayuntamiento, y otro tipo de obras que no figuran en concreto en la
fiscalización.
Decía yo el otro día que donde hay mata, es que hay patata, según un
viejo refrán campesino agrario. La mata es que las adjudicaciones del
Ayuntamiento están hechas de manera irregular e ilegal, tanto en la
contratación, como en la ejecución, como en los pagos -la mata-; pero
la patata viene derivada de que el señor Víctor Algora Cabello tiene
relaciones de socio, empresariales, con los propietarios de la
empresa Pronaves, cosa que desconocía entonces el Tribunal de
Cuentas. Por esto pedimos la revisión de la fiscalización sobre la
contratación municipal en estos años en la adjudicación a la empresa
Pronaves para
que el Tribunal de Cuentas determine si ha habido delito de
prevaricación.
Termino destacando que este informe de gestión se podría llamar
también un informe de indigestión del antiguo alcalde.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa) Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Bastarreche tiene la palabra.
El señor BASTARRECHE GRAVALOS: Mi grupo parlamentario ya expresó en
la anterior Comisión la valoración con respecto al informe de
fiscalización del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, que hacía
referencia efectivamente a carencias y deficiencias de las que
adolece este Ayuntamiento, por cierto la mayor parte de ellas como
consecuencia de la falta de recursos y de medios que sufren casi
todos los ayuntamientos pequeños de estas dimensiones. Por otra
parte, la totalidad de las recomendaciones realizadas por el Tribunal
hacen referencia a la implantación, por parte de la institución
muncipal, de mecanismos de control y de la instrucción de
contabilidad para la Administración local. Son recomendaciones
proporcionadas al análisis del informe. Por eso mi grupo no entiende
ni va a valorar la propuesta del Grupo Socialista. Tampoco llegamos a
entender cómo se ha calificado esta propuesta porque no es congruente
con el informe de fiscalización, entre otras razones porque las
manifestaciones del portavoz del Grupo Socialista en estos momentos
las ha hecho sobre datos conseguidos con posterioridad a la relación
del informe; no creemos que dé para más. En cualquier caso, queremos
dejar clara la postura de nuestro grupo que no va a apoyar esta
recomendación del Grupo Socialista.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA DE
SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS (SAC), EJERCICIO 1995. (Número de
expediente Congreso, 251/000070 y número de expediente Senado, 771/
000068.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Pasamos al tercer punto del
orden del día, relativo al informe de fiscalización de la gestión
financiera del sistema de seguros agrarios combinados, ejercicio
1995. Para proceder a la defensa de la propuesta de resolución
presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Silva.
La señora SILVA REGO: Intervengo para mantener nuestra propuesta de
resolución que va en línea con las propuestas del Tribunal de
Cuentas.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Algún grupo quiere fijar su
posición en relación con esta propuesta de resolución? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Alarcón.
El señor ALARCÓN MOLINA: Mi intervención sirve par anunciar a la
Comisión, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, que votaremos favorablemente la propuesta de
resolución sobre los seguros agrarios combinados que ha hecho el
Grupo Socialista. Dicho lo cual, también afirmaré, sin ánimo de abrir
debate, que nos extraña esta propuesta de resolución presentada por
el Grupo Socialista, ya que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, junto con el Ministerio de Hacienda, han doblado los
presupuestos presentados hasta 1995, han sacado la normativa en
tiempo y forma y han mejorado las normas de peritación. En su día
dijimos que el Grupo Parlamentario Popular hacía suyo el informe de
fiscalización sobre seguros agrarios combinados de 1995. El
Ministerio de Agricultura -se podrá constatar a lo largo de los años
y por los propios afectados, agricultores y ganaderos-, ha mejorado
las líneas que venían siendo incorrectas hasta 1995 por parte del
Gobierno socialista. Por todo ello, ya que estamos ante un caso de
aquellos que quedarían enclavados en la frase de que como lo que
abunda no daña, aceptaremos instar al Gobierno para que siga
cumpliendo lo que ya viene haciendo desde que tomó posesión en 1996.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD AGENCIA
EFE, S.A., EJERCICIO 1995, APROBADO POR DICHO TRIBUNAL EN SU SESIÓN
PLENARIA DEL DÍA 28/1098. (Número de expediente Congreso, 251/000071
y número de expediente Senado, 771/000069.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, pasamos a
debatir las propuestas de resolución del informe de fiscalización de
los resultados de la sociedad Agencia EFE, S.A., ejercicio 1995. En
primer lugar, y para defender las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Socialista, suspendemos un instante la
Comisión, para que el vicepresidente me sustituya en la Presidencia.
(Pausa. El señor vicepresidente, García Millán ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Se reanuda la sesión después
de la formalización de cambio de Presidencia, ya que ha de intervenir
el vicepresidente primero en este punto del orden del día relativo al
informe de fiscalización de los resultados de la sociedad Agencia
EFE, S.A., ejercicio 1995. Para la defensa de las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: El Grupo Socialista ha presentado tres
propuestas de resolución a la fiscalización del ejercicio 1995 de la
Agencia EFE, que paso a defender brevemente.
La primera propuesta de resolución se refiere a la recomendación
tercera contenida en el informe de fiscalización de la Agencia EFE,
del ejercicio 1995. Aunque no compartamos plenamente el tenor literal
de los fundamentos de la recomendación del Tribunal de Cuentas, sí
compartimos el espíritu y la finalidad de esa recomendación. Creemos
que es necesario reforzar los mecanismos de control en la Agencia
EFE, especialmente en las delegaciones del exterior. Poresas razones
formulamos esta propuesta de resolución.
Planteamos una segunda propuesta de resolución que se refiere a la
posición de nuestro grupo, que considera que la Agencia EFE debe ser
un elemento estratégico de la presencia de España en el mundo en la
difusión de las noticias y la información, pero también de nuestra
cultura y de nuestra lengua, para facilitar la penetración de
nuestras empresas en un mundo cada vez más globalizado. Ese marcado
carácter estratégico debe ser el núcleo en torno al cual se configure
con rigor un plan de empresa que garantice la viabilidad futura de la
Agencia, que garantice su situación en el ránking de las agencias de
todo el mundo (actualmente la cuarta) y al mismo tiempo se favorezca
una mayor aportación por parte del Estado, dado que desde 1994 el
porcentaje de financiación de los servicios que presta la Agencia
para el Estado en relación con los ingresos totales de la Agencia EFE
ha venido disminuyendo. En este sentido, queremos resaltar que hasta
el año 1995 la financiación del Estado suponía aproximadamente el 43
por ciento en relación con la facturación total de dicha Agencia; en
1996, esa aportación fue congelada y, posteriormente, en 1997,
incluso está recortada en términos absolutos, lo cual ha significado
que descienda de un 43 a un 37,5 por ciento la aportación financiera
del Estado a la Agencia EFE. Como consecuencia de ello, los déficits
de financiación se agudizaron ya a partir del ejercicio de 1996, pero
especialmente en el de 1997, y apenas se ha conseguido rectificar en
los ejercicios posteriores, que es especialmente lo que ha sucedido
en el ejercicio de 1999. Queremos centrar nuestra propuesta de
resolución en ese aspecto, puesto que cuando ante esta Cámara
comparece el presidente de dicha Agencia, todos los grupos
parlamentarios hemos mostrado nuestra conformidad, al menos
inicialmente, aunque luego no vaya acompañada por la aportación
efectiva por parte del Gobierno, para que la financiación del Estado
se sitúe en torno al 50 por ciento. Es lo que están haciendo otros
países y otras agencias que compiten directamente con la agencia EFE.
Creemos que por ese camino hay que continuar. No obstante esa
apuesta, queremos remarcar una vez más el carácter estratégico de la
agencia y, por lo tanto, que ese plan de empresa no condicione de
manera definitiva nuestra presencia en el mundo, la presencia de la
propia Agencia e incluso su expansión.
La tercera propuesta de resolución que hemos formulado se refiere al
negocio audiovisual. Pensamos que es preciso que la Agencia haga en
este sentido un análisis riguroso, pero que esto no condicione
tampoco la cobertura informativa a que está obligada en virtud del
contrato que tiene formalizado con el Estado o ampliaciones que
pudiera formalizar en el futuro.
Respecto de las propuestas de resolución planteadas por otros grupos,
se ha presentado solamente una por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Nosotros la votaremos favorablemente porque creemos
que está recogida en el espíritu y en la filosofía de nuestra
propuesta de resolución segunda que hemos formulado a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (García Míllán): Para defender la propuesta
de resolución presentada por Izquierda Unida, tiene la palabra el
diputado señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Mi grupo comparte la exposición efectuada
por el portavoz socialista sobre la Agencia EFE, que es emblemática
para la presencia de nuestra lengua y nuestra cultura en todo el
mundo; se ha caracterizado por tener prestigio como consecuencia de
la actuación de sus profesionales, por el rigor de sus informaciones.
Esta situación hay que mantenerla y es lógico hacerlo con una
dotación de recursos humanos y técnicos suficientes, que permita
mantener la posición que hasta hace unos años al menos la Agencia
ocupaba a nivel mundial. Nosotros vemos con preocupación que la
dinámica emprendida en los últimos años es de reducción
presupuestaria, de reducción de aportaciones del Estado de un plan de
reestructuración que ha significado, en nuestra opinión,
descapitalizar una parte importante de sus recursos humanos,
(periodistas, técnicos). Por ello, lo que queremos significar
nosotros en esta propuesta de resolución es la necesidad de mantener
e impulsar los servicios que presta la Agencia estatal EFE, siempre
en el marco del sector público estatal, entendiendo esta función de
representación y de presencia de nuestra cultura en el mundo. Para
ello pensamos que el apoyo económico del Estado tiene que ser
superior al que se ha dado en los últimos tiempos, que no es
incompatible con la exigencia de rigor en el control de sus gastos,
en el ejercicio de su papel, de sus funciones como Agencia. Por lo
tanto, se puede abordar el saneamiento financiero de la sociedad,
pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ir encaminado a
mantener las posibilidades de expansión futura y también el
desarrollo creciente de sus recursos humanos, manteniendo un empleo
de calidad y estable, que permita también garantizar la calidad de
sus informaciones en los distintos campos que abarca. Ésta es un poco
la síntesis de la propuesta de resolución.
Quiero decir que vamos a votar también a favor de las presentadas por
el Partido Socialista y que aceptaremos una transacción que será
presentada por otros grupos,aunque nos hubiese gustado más que se
hubiera mantenido nuestro texto.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para fijar su posición con
referencia a las propuestas de resolución presentadas por el Partido
Socialista e Izquierda Unida, ¿algún grupo pide la palabra? (Pausa.)
Por parte del Partido Popular, tiene la palabra el diputado Diego
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Voy a manifiestar nuestra posición respecto
a las distintas propuestas, sin volver a reeditar un debate sobre el
contenido del informe referido al año 1995. No tenemos ninguna
dificultad en admitir la primera propuesta, del Grupo Parlamentario
Socialista. Respecto a la segunda propuesta de resolución de este
grupo parlamentario, para aceptarla requeriría unos ligeros cambios
de redacción. En la segunda línea desearíamos sustituir las palabras
ante la situación de permanente desequilibrio financiero por el
concepto ante la situación de histórico desequilibrio financiero, ya
que el futuro de esa Agencia está condicionado a que se logre un
equilibrio financiero, y en esa línea va el trabajo realizado en el
plan de empresa. Seguir manteniendo el concepto de que debe haber un
desequilibrio financiero permantente es contradictorio
con el resto de la propuesta, ya que las fuentes de financiación
serán por su propia actividad o serán públicas, pero la suma de esas
dos fuentes de financiación tiene que producirse un equilibrio
financiero en la empresa; por tanto, el histórico desequilibrio
financiero arrastrado debe corregirse, si se quiere que la Agencia
tenga una visión de futuro. Casi al final de esta propuesta, cuando
se dice que acometa con rigor y decisión, creemos que es más correcto
decir que siga acometiendo, puesto que el plan de empresa ya está en
marcha en la Agencia EFE y sería más correcto hablar del concepto de
que siga acometiendo y no de que acometa como si fuera algo nuevo que
no se va a hacer, cuando de hecho ya está en marcha. La tercera
propuesta no tiene mayor dificultad y coincidimos en que es
conveniente analizar con rigor el futuro del negocio audiovisual y la
presencia de la Agencia EFE. Creo que es voluntad de todos los grupos
que tenga una permanencia en el marco audiovisual mundial como
Agencia estatal.
En cuanto a las propuestas de Izquierda Unida, para votarlas
favorablemente deberían producirse unas correcciones. Es cierto, y
hay que reconocerlo, que se requiere el apoyo económico del Estado;
lo que no parece tener mucho sentido con las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas y con el propio plan de empresas que ya se ha
utilizado es que ese apoyo financiero tenga que ser superior al que
se ha ofrecido hasta la fecha. También creemos que es contradictorio
mantener el concepto de desarrollo creciente de los medios humanos
con la propia dinámica de medios materiales con que va contando la
información. Cualquiera de los instrumentos de transmisión, tanto de
imágenes como de voz o escritos que se realizan en la actualidad,
implican, como es lógico, una economía de medios humanos para el
propio trabajo de un periodista. Pensemos que antes un periodista
necesitaba una serie de colaboradores para poder mandar una crónica
desde un sitio determinado y hoy lo está haciendo desde un teléfono
móvil y desde él está mandando textos e imágenes. Por tanto, parece
contradictorio con el propio sentido del informe del Tribunal de
Cuentas que planteemos un desarrollo creciente de medios humanos.
Podríamos votar favorablemente esta propuesta de Izquierda Unida si
el texto dijera: manifestar la importancia de mantener e impulsar los
servicios que presta la Agencia estatal EFE, siempre en el marco del
sector público estatal, para lo que se requiere un apoyo económico
del Estado, con el fin de abordar un saneamiento financiero de la
sociedad en la perspectiva de su posible expansión futura.
Incluiríamos también el concepto de posible, porque pensamos que
tampoco se extrae del informe una conclusión necesaria de expansión
territorial. Por ello, debe dejarse ese concepto de expansión futura
a la posibilidad de que se estudie esa expansión con posterioridad.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Como se han planteado dos
propuestas de resolución, la segunda del Grupo Socialista y la cuarta
de Izquierda Unida, preguntaría a sus portavoces, con el fin de
aclararlo para tener después una ágil votación, si admiten las
propuestas del Grupo Popular, hechas por el señor Diego Jordano. Para
responder sobre la la número dos del Grupoo Socialista, tiene la
palabra el diputado señor Julio Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Nosotros hemos analizado con rigor el informe
del Tribunal y consideramos que nuestra propuesta de resolución
recoge congruentemente la filosofía de nuestra posición en relación
con la Agencia EFE y, por lo tanto, no aceptamos las enmiendas que
plantea el Grupo Popular en cuanto a nuestras propuestas de
resolución.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Lo siento, pero no me he
enterado de la conclusión final a la que ha llegado el señor
diputado.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor presidente, reitero que mantenemos
nuestras propuestas de resolución en los propios términos que han
sido formuladas.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, el señor Santiso, para
definirse en el sentido de la propuesta del Grupo Popular.
El señor SANTISO DEL VALLE: Aceptamos la transacción no porque
estemos de acuerdo en la exposición que ha hecho el portavoz del
Grupo Popular, sino porque entendemos que al menos se mantiene
claramente el apoyo económico necesario del Estado y preferimos, al
menos, constatar una parte de nuestra resolución y que pueda ser
aprobada. Insisto en que hay que pensar en una expansión futura y en
mejorar los medios humanos pero, en aras a conseguir al menos uno de
los objetivos, aceptamos la transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para clarificar esa
propuesta de resolución, rogaría a los portavoces, tanto de Izquierda
Unida como del Grupo Popular, que nos hicieran llegar la redacción
final de dicha propuesta de resolución.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN
INTEGRAL, DESDE EL AÑO 1995 HASTA EL MOMENTO ACTUAL, SOBRE LA GESTIÓN
ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, ASÍ COMO SOBRE LAS
CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA (MÁLAGA) Y DE LAS
SOCIEDADES PARTICIPADAS POR DICHO AYUNTAMIENTO. FORMULADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente Congreso, 253/
000023 y número de expediente Senado, 772/000020.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán) : Finalizado el debate de las
propuestas de resolución ubicadas en el orden del día de esta sesión,
pasamos a continuación a debatir diferentes propuestas de
fiscalización. Como han acordado los portavoces, se modifica el orden
de las propuestas de fiscalización y la número 7 pasa a ser la número
5. Comenzamos la solicitud a la Comisión Mixta para relaciones con el
Tribunal de Cuentas para que recabe de
dicho Tribunal una fiscalización integral, desde el año 1995 hasta el
momento actual, sobre la gestión económica, presupuestaria y
contable, así como sobre las contrataciones del Ayuntamiento de
Estepona (Málaga) y de las sociedades participadas por dicho
Ayuntamiento. El autor de dicha propuesta de fiscalización es el
Grupo Socialista en el Congreso.
Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista,
señor Zamorano.
El señor ZAMORANO VÁZQUEZ: Como es bien conocido en esta Comisión
cuando tratamos el tema de Marbella, Gil estableció, tanto en
Marbella como en Estepona, un auténtico entramado de empresas, de
forma que, participando una en otra, pudiesen escapar a cualquier
tipo de control y de fiscalización por parte del Ayuntamiento,
confundiendo en su gestión lo que era el negocio público con negocio
privado, para sus propios intereses. Esto, que fue una pauta al
comportamiento durante todo el mandato de Gil en Estepona, nos obligó
a presentar una solicitud, que es la que hoy debatimos, para poder
tener conocimiento de cuáles eran estas cuentas municipales, tanto en
el Ayuntamiento como en las distintas empresas que se habían creado
por él. Estas empresas no cumplían ni las más mínimas obligaciones
impuestas en las disposiciones de régimen local; en concreto, se
escapaban a los controles de la función interventora, a la función de
control financiero, a la función de control de la eficacia o la
función de la censura de cuentas. Al objeto de poder conocerlas, se
instó un conjunto de preguntas al Gobierno, pero el oscurantismo, el
desconocimiento sobre las mismas era absoluto. Lo cierto es que
cuando se tuvo conocimiento de la presentación de esta solicitud, el
propio Gil envió un comunicado poniendo de manifiesto su deseo de que
fuesen fiscalizadas las cuentas, pero con dos limitaciones. Empezó a
cuestionar la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, llamándolo
también tribunal de control político, y negaba la posibilidad de
fiscalización de las cuentas de estas empresas, centrándose sólo en
el Ayuntamiento, siguiendo la estrategia que se había llevado en
Marbella de que, cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía intentó la
fiscalización de estas empresas, se le denegó.
Lo cierto es que la situación en Estepona ha cambiado desde que se
presentó esta solicitud, y por ello quiero un cambio en la
modificación, si fuese posible, para que la fiscalización se
extendiese hasta el final del presente ejercicio, ya que es bien
conocido que tras las elecciones municipales en Estepona entró un
gobierno de coalición de todas las fuerzas que constituyen el arco
constitucional y se pudo empezar a vislumbrar lo que había sido la
actuación de Gil en este conjunto de empresas.
Es de especial importancia que se pueda analizar lo que sucedió en la
época de transición, en el plazo existente entre las elecciones
municipales y el cambio de corporación el 23 de junio. Como dato se
puede decir que Gil hizo fijos en esa fecha a 343 trabajadores,
muchos de ellos que iban en sus listas electorales o cargos de
confianza, fijos sin ningún tipo de concurso o de mantenimiento de un
principio de legalidad; Gil vendió terrenos municipales, incluso el
mismo día del cambio de la corporación, por unos valores muy
inferiores a los del mercado, lo que está siendo ahora mismo
investigado
por la Fiscalía anticorrupción; Gil repartió retribuciones
multimillonarias entre sus concejales y cargos de confianza con cargo
a las empresas; se vendieron aprovechamientos urbanísticos futuros.
En definitiva lo que había sido un expolio durante los cuatro años se
transformó en un auténtico saqueo al final de la corporación.
Por ello hacemos extensible la solicitud de su fiscalización hasta la
finalización del presente año. Aun cuando las condiciones hayan
cambiado, aun cuando ya el Ayuntamiento de Estepona haya denegado las
cuentas del año 1997 y las haya remitido motu proprio a la Cámara de
Cuentas de Andalucía, es necesario el mantenimiento de esta solicitud
para que sirva de aviso a navegantes, para que todos aquellos que
intentan confundir el negocio privado, sus propios intereses
personales con las cuentas públicas comprendan que el Estado de
derecho, por mucho que intenten burlarlo, por mucho que intenten
establecer mecanismos que traten de oscurecer su gestión, que traten
de eludir cualquier tipo de fiscalización, no lo van a conseguir
y que, en definitiva, será toda la fuerza del Estado de derecho la que
podrá ponerse sobre todos aquellos personajes antisistema que
confunden su vida y sus negocios personales con la Administración
pública.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Como advertí al principio,
por acuerdo de los portavoces de esta Comisión, y dada la extensión
de las solicitudes de fiscalizaciones, rogaría la mayor brevedad
posible,sin pasarse nunca de cinco minutos porque, si no, la sesión
llegaría a altas horas de la tarde.
Dicho, esto, a continuación tiene la palabra en este punto, por el
Grupo de Izquierda Unida, el diputado señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, intentaré limitarme a los
cinco minutos.
Empezaré lamentando que se haya perdido un tiempo que consideramos
interesante porque esta propuesta ya se presentó por nuestro grupo
hace meses y en aquel momento no encontró el apoyo suficiente. La
situación es que ya Marbella se está fiscalizando, lo que podría
pasar también en el Ayuntamiento de Estepona, pero la dicha nunca es
mala aunque llegue tarde.
Es importante el informe que haga el Tribunal de Cuentas, ya que
nosotros solamente tratamos de ver si han existido ilegalidades. El
modelo de gestión que se ha instaurado en diversos municipios de la
Costa de Sol y de la provincia de Cádiz se basa en una serie de
empresas interpuestas, en una confusión entre lo público y lo
privado, en un cobro por parte de los concejales de una manera
anómala y, sobre todo, en una falta de funcionamiento democrático.
Aparte de las ilegalidades, que las hay -de hecho alguna está ya en
los juzgados-, sobre todo, lo que queremos que quede bien claro es el
marco del Estado de derecho en cuanto a la gestión de la
Administración pública y de los fondos públicos. En el Gobierno
creado bajo las siglas GIL se ha entendido que las garantías que
otorga la Constitución para la defensa de los derechos fundamentales
no son otra cosa que trabas a un determinado modelo de gestión. Se ha
entendido que los trámites que garantizan la transparencia y la
equidad en las contrataciones eran
meros formulismos. Se entendía que el funcionamiento democrático de
las instituciones del Ayuntamiento era un obstáculo para el buen
funcionamiento de las mismas. Cuando se entendía todo esto, en
realidad lo que se estaba convirtiendo en norma de funcionamiento era
un modelo fuera de la Constitución, un modelo mucho más cercano a un
régimen fascista, a un régimen dictatorial, que a un régimen
constitucional que debe imperar en todos los municipios españoles.
Por eso, tenemos especial interés en el informe del Tribunal de
Cuentas, no sólo por las ilegalidades sino, sobre todo, porque que se
determine que todas las instancias de la Administración, del Estado
deben poner las medidas necesarias para dejar bien claro que en el
Estado de derecho las garantías jurídicas, los procedimientos
administrativos no solamente no son trabas sino que son la garantía,
la única manera que tienen los ciudadanos de asegurar que la
Constitución se aplique en beneficio de todos.
Es preciso que esta fiscalización salga hoy aprobada, como decía el
anterior interviniente, para aviso de navegantes, para que los
ciudadanos se sientan respaldados y vean que la impunidad no es la
norma, aunque la justicia sea lenta, y en algunos casos demasiado;
repito, es un momento en el que el ciudadano debe sentirse respaldado
por las instituciones. Tenemos que apoyar la propuesta de ampliación
que se nos ha hecho porque, si la gestión del grupo GIL en Estepona,
como en Marbella y en otros ayuntamientos, se ha basado en el asalto
en el intento de beneficio privado a costa de la institución pública,
ofreciendo los espectáculos de intentar presionar y cambiar la
voluntad de ciudadana, de los trabajadores que se han hecho fijos y
de los trabajadores municipales que se han vendido, ha sido un
verdadero escándalo que no podemos pasar por alto. Es de agradecer
que la propuesta se amplíe hasta diciembre de este año, porque es la
mejor garantía de que el Ayuntamiento democrático que hay en estos
momentos no tiene ningún miedo a que se amplíe a un período en el que
ya está gestionado por fuerzas democráticas. Por tanto, creo que es
un buen ejemplo que deberían seguir ayuntamientos cercanos, porque un
ayuntamiento nunca debe oponerse a ser fiscalizado por el Tribunal de
Cuentas, y mucho menos las empresas municipales.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el diputado señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular quiere
expresar en este acto el criterio favorable a que se solicite al
Tribunal de Cuentas la fiscalización integral de la gestión
económica, presupuestaria, contable y de las contrataciones del
Ayuntamiento de Estepona y sus sociedades participadas desde el año
1995 hasta el cierre del ejercicio actual. Los ciudadanos tienen
derecho a saber si la gestión del Ayuntamiento esteponero y del
entramado de sociedades municipales participadas se ha ajustado en
estos años a los principios de legalidad, eficacia y economía que
deben guiar la administración de los bienes y caudales públicos. Debe
ser el órgano constitucionalmente habilitado al efecto, el Tribunal
de Cuentas, de cuya independencia nadie duda, el que, tras el
procedimiento fiscalizador
que hoy le vamos a solicitar, y que deberá coordinarse, como es
lógico, con la Cámara de Cuentas andaluza, emita el correspondiente
informe que permita conocer lo que realmente ha ocurrido en el
Ayuntamiento de Estepona por encima de sospechas, rumores, medias
verdades o verdades a medias.
Saben SS.SS. que es criterio de este grupo parlamentario que antes de
solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas en la fiscalización
de algún ente de la Administración local haya un acuerdo previo del
Pleno de la correspondiente corporación, hecho que se cumple en el
asunto que tratamos, ya que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Estepona se solicitó la intervención de la Cámara de Cuentas andaluza
para fiscalizar las cuentas anteriores a la toma de posesión de la
actual corporación. No nos pasa desapercibido que en la actualidad el
Gobierno municipal de Estepona está formado por un acuerdo de todos
los grupos democráticos de Estepona, que intentan lógicamente superar
la situación anterior y que, entendiendo perfectamente cuál es la
voluntad de los ciudadanos de Estepona, quieren saber hasta sus
últimas consecuencias lo que pasó con la gestión de la corporación
anterior.
Por todo ello, mi grupo parlamentario quiere que el Tribunal de
Cuentas intervenga cuanto antes y fiscalice las cuentas del
Ayuntamiento de Estepona y tengamos ocasión de conocer, como he dicho
antes, el resultado del correspondiente informe que nos permita
seguir trabajando en el futuro sabiendo claramente lo que ha pasado
en Estepona en los últimos años.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN SOBRE
LA GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, ASÍ COMO
SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Y DEL
INORDE, EN LOS EJERCICIOS 1994 A 1996 INCLUSIVE. FORMULADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 253/
000021 y número de expediente Senado 772/000018.)
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN SOBRE
LA GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, ASÍ COMO
SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
YDELINSTITUTO LUCENSE DE DESARROLLO (INLUDES), EN LOS EJERCICIOS 1991
A 1995 INCLUSIVE. FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente Congreso 253/000022 y número de expediente
Senado 772/000019.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Finalizadoel debate de esta
fiscalización, pasamos a debatir acumulados
los puntos 5 y 6 que figuran en el orden del día. El número 5 trata
de la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas para que se recabe de dicho Tribunal una
fiscalización sobre la gestión económica, financiera, presupuestaria
y contable, así como sobre las contrataciones de la Diputación
Provincial de Ourense y del Inorde, en los ejercicios 1994 a 1996
inclusive, y su autor es el Grupo Socialista. El número 6 trata de la
solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas para que se recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre
la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable, así como
sobre las contrataciones de la Diputación Provincial de Lugo y del
Instituto Lucense de Desarrollo (Inludes), en los ejercicios 1991 a
1995 inclusive, cuyo autor es también el Grupo Socialista.
Para su exposición acumulada, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Socialista, el diputado don Julio Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor presidente, yo espero que la
Presidencia tenga en cuenta la propuesta que hemos hecho de
acumulación a la hora de distribuir los tiempos. Procuraremos ser
breves en la exposición, pero esperamos esa consideración de la
Presidencia.
Señorías, nosotros hemos presentado una solicitud de fiscalización de
las diputaciones provinciales de Ourense y de Lugo por razones muy
similares; por eso hemos solicitado también la acumulación del debate
en un solo punto. No nos satisface en absoluto que la provincia de
Ourense sea conocida nacional e incluso internacionalmente sólo por
los casos de nepotismo y amiguismo que se producen reiteradamente en
la contratación de personal. Tampoco satisface al Grupo Socialista
que estos hechos se produzcan en una provincia del interior donde
desde el año 1994, cuando empezó el actual ciclo de expansión
económica, se han destruido 29.000 puestos de trabajo mientras en
España se crean 2.300.000 empleos. No nos satisface plantear al
Tribunal de Cuentas estas cuestiones, pero creemos que es obligado
dada la gravedad de la situación, que no es siquiera actual, sino que
se viene produciendo con reiteración desde años anteriores. Esto es
lo que justifica que pase a relatar, aunque sea brevemente, algunas
conclusiones relativas a ejercicios anteriores y algunas
consideraciones también a los ejercicios cuya fiscalización tratamos
que sea considerada por la Comisión Mixta para el Tribunal de
Cuentas.
En relación con el personal, no solamente se vienen denunciando por
nuestro grupo los casos reiterados de hijos de alcaldes del Partido
Popular que acceden a puestos de trabajo en la Diputación, sino que
también actualmente hay otras irregularidades en relación con los
temas de personal. Hay personal contratado que no figura en la
relación de puestos de trabajo; es una de las conclusiones de la
fiscalización que ha hecho el Consello de Contas de Galicia del
ejercicio 1993. Los justificantes de ingresos de algunas nóminas no
aparecen. Tampoco hay autorizaciones y aprobaciones de abono de
dietas de distinto personal de la Diputación Provincial. Aparecen
perceptores de prestaciones económicas que no tienen vinculación
laboral con el organismo provincial. Aparecen diferencias en los
pagos al personal laboral funcionario por distintos conceptos.
También hemos puesto de manifiesto que se nombra personal laboral
fijo con efectos retroactivos, que se contrata personal de empleo
en plazas de personal laboral y se contratan interinos sin oferta de
empleo público. Respecto al personal contratado, hemos constatado que
no hay documentación acreditativa en algunos casos del título del
personal para acceder a los puestos de trabajo ni informes de
existencia de crédito o de plazas en el cuadro de personal. En fin,
existe un continuo cúmulo de irregularidades e ilegalidades presuntas
en la gestión del personal de la Diputación de Ourense.
Respecto a la gestión económica, también consta que no hay
acreditación de perceptor o de habilitado en algunos casos; que se
hacen pagos efectuados con anterioridad a la data de emisión de los
documentos contables; que se hacen pagos en algunos ejercicios
relativos a facturas de gasto de años anteriores o posteriores; que
los pagos que se realizan a profesionales no se efectúan con la
correspondiente retención tributaria; que hay expedientes en los que
faltan facturas y que hay casos en que no está justificado o
especificado el expedidor de las facturas o no coinciden el titular y
el firmante del recibí. En fin, hay un cúmulo de irregularidades que
se vienen produciendo desde hace algunos años en la Diputación
Provincial de Ourense y que continúan produciéndose. Ayer mismo
conocíamos a través de los medios de comunicación y por un infome de
la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia que la Diputación
Provincial de Ourense era la diputación que menos inversiones
realizaba. Un 10 por ciento solamente se dedica a inversiones y el
resto, prácticamente todo, un elevado porcentaje, un 77,60 por
ciento, se diluye en gastos corrientes, en su mayor parte para gastos
de personal, que en otras diputaciones van disminuyendo a lo largo
del tiempo y que sin embargo en 1999 han crecido un 7,26 por ciento.
Es decir, el presidente de la Diputación Provincial de Ourense
ejecuta su presupuesto especialmente en cuanto a volumen en gastos de
personal y éstos configuran una masa de gasto que se utiliza
exclusivamente con fines partidarios, seleccionando siempre a los
amigos y a los hijos de los alcaldes, siendo ésa la noticia que
desgraciadamente lleva siempre a nuestra provincia al contexto
nacional e internacional. Recientemente, además, ha saltado a los
medios de comunicación un escándalo relativo a una transferencia de
30 millones de pesetas desde la Diputación Provincial de Ourense en
el ejercicio 1998 a favor de una sociedad anónima deportiva, el Club
Deportivo Ourense, de cuyo capital social, de las acciones de esa
entidad deportiva, el propio presidente de la Diputación Provincial
tenía un veintitantos por ciento, habiendo adquirido unos meses
después de haber pagado los 30 millones, apenas mes y medio más
tarde, el 95 por ciento del capital social, o sea, ciento cuarenta y
tantos millones en una primera inversión y 30 millones en una
segunda, lo que hace un total de unos 180 millones de pesetas con una
inyección de dinero público desde la Diputación Provincial.
Hay más asuntos que no queremos reproducir en relación con todo esto
y que seguramente serán objeto de noticia por desgracia en los
próximos días, pero creemos que esta Comisión tiene la obligación de
conocer estos datos y también de aclarar ante el Tribunal de Cuentas,
órgano fiscalizador, cuál es la situación real, cuál es la gestión
económica y financiera de contratación de personal, tanto en la
propia Diputación Provincial de Ourense como en el organismo autónomo
existente para el desarrollo económico de la provincia, el denominado
Inorde (Instituto de Desarrollo), por cierto, con un elevado grado de
fracaso dado lo que decía al principio de mi intervención. Mientras
que en España se crean 2.300.000 puestos de trabajo desde el año
1994, en la provincia de Ourense se han destruido durante ese período
29.000, es decir, se han perdido empleos a un ritmo de 5.000 diarios.
La vecina provincia de Zamora puede sentirse orgullosa, porque,
siendo una provincia del interior, es capaz de mantener el tipo en
términos de empleo y de futuro. Desgraciadamente, nosotros creemos
que en la provincia de Ourense se está produciendo una disecación de
la actividad económica y también una desertización en términos
humanos. Estamos perdiendo población a pasos agigantados y, mientras
tanto, lo único que se está haciendo es una irregular gestión de los
fondos públicos, destinándolos especialmente al capítulo de personal
para favorecer a unos amigos exclusivamente.
Termino ya, señor presidente. Para no ampliar más el debate, de la
misma manera y por razones parecidas, aunque no iguales,
evidentemente, para no concretar mucho más, por irregularidades
detectadas por el Concello de Contas de la Comunidad Autónoma de
Galicia en relación con la Diputación de Lugo también hemos
solicitado que se fiscalicen los ejercicios que todavía están sin
hacerlo y que corresponden al periodo 1991-1995. Entendemos que el
Tribunal de Cuentas tiene capacidad y debe hacerlo para tener una
noción global de lo que está ocurriendo en los municipios españoles y
en los organismos locales y provinciales para tener una visión de
conjunto, aparte de que el Tribunal de Cuentas tiene capacidad
técnica y competencia legal. Por lo tanto, dadas las circunstancias y
los hechos que reiteradamente están poniéndose de manifiesto en los
medios de comunicación, es aconsejable que esta Comisión para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas tome en consideración estas
solicitudes y las vote favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para defender estos dos
puntos acumulados, por parte del Grupo Popular se van a compartir los
turnos, teniendo la palabra con referencia a la fiscalización de la
Diputación de Ourense el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: La provincia de Ourense está
donde está, siendo de las cuatro provincias gallegas la única que no
tiene mar. Toda la provincia sufre una disminución de población, al
igual que Lugo y en general las provincias del interior de España,
pero no padece una reducción de población ni la capital, Ourense, ni
las cabeceras de comarca.
No quiero dejar de comentar algunos temas pueriles que se han
expuesto sobre contratación de personal por la Diputación Provincial.
Ella tiene una partida correspondiente, perfectamente legal, lícita,
en sus presupuestos anuales para ese apartado de contratación de
personal. La Diputación de Ourense está llevando a cabo un plan de
amortización de deudas que tiene que ser respetuoso para corregir el
alto grado de deuda que tenía, como he dicho, y los planes de
inversión son extrapresupuesto ordinario.
Pasemos ya al objeto del debate, que me ha sorprendido porque se han
citado actuaciones personales del presidente de la Diputación de
Ourense, el cual está aquí a mi lado, que están fuera del contexto y
de la actuación estrictamente privada del señor Baltar y que no
tienen nada que ver con lo que aquí se plantea, que son los
ejercicios 1994 a 1996 de la Diputación de Ourense y del Inorde. Las
cuentas del año 1993 de la Diputación de Ourense, y del Inorde fueron
auditadas por el Concello de Contas de Galicia a petición del Grupo
Socialista de la Diputación, siendo aprobado en el organismo de la
Diputación Provincial por unanimidad de todos los grupos que se
llevara a cabo esa auditoría. No hay ninguna ilegalidad en las
conclusiones establecidas por el Concello de Contas, existiendo
seguramente defectos en cuanto a completar expedientes, como los que
pueden tener las entidades locales de la mayor parte de España.
Para las cuentas para las que ahora se pide la auditoría no hay un
acuerdo del Pleno de la corporación provincial, aunque podría haberlo
habido, como en los años 1994, 1995 y 1996. No hubo petición ni
acuerdo ninguno del Parlamento gallego y el informe del Concello de
Contas correspondiente al año 1996, que ha cumplido sus obligaciones
en la Diputación de Ourense, como en ejercicios anteriores, fue
presentado por el conselleiro mayor, Carlos Otero, el pasado viernes
al presidente del Parlamento gallego, habiendo cumplido ahí con la
rendición de cuentas y con la auditoría de las cuentas de la
Diputación Provincial ante el Concello de Contas, que es el organismo
autonómico. Nosotros siempre hemos pedido simplificar
administraciones, así como buscar el funcionamiento de la
Administración única. Esto me sorprende enormemente cuando existe un
Consello de Contas de la Comunidad Autónoma de Galicia que, por
obligación legal, todos los años audita y establece sus conclusiones
-que, por cierto, se debaten en el Parlamento gallego, y aquí noto
cierta descoordinación entre el proponente del Grupo Socialista y el
Grupo Socialista en el Parlamento gallego, en la diputación y
seguramente hasta en la Junta local de Ourense-, porque las cuentas
consolidadas de Diputación, Patronato de Turismo y del Iorde son
presentadas y auditadas y en este momento no tienen ninguna
observación y serán vistas y debatidas en el Parlamento gallego.
Por tanto, nuestro grupo, rotundamente, ante esa alarmante reducción
de empleos -5.000 diarios, evidentemente, es un disparate; ha habido
un error en los ceros- considera que podría auditarse la Dirección
Provincial del Inem de Ourense de 1992 a 1995, para ver qué
actividades en generación de empleo y en gestión se llevaron a cabo.
Nuestro grupo, naturalmente, se va a oponer a las auditorías que,
repito, están realizadas por el Consello de Contas de Galicia.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Para culminar este turno
acumulado, por parte del Grupo Popular y respecto a la Diputación de
Lugo, tiene la palabra don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Iniciaba su debate el portavoz del Grupo
Socialista justificando la acumulación de dos debates sobre dos
diputaciones diferentes en una misma propuesta. Habría que decirle
que lo ideal hubiera
sido, en lugar de acumular dos debates sobre dos diputaciones
permanentes, hacer un debate sobre la totalidad de las diputaciones
de España o sobre la totalidad de determinadas áreas de esas
diputaciones, de forma que pudiéramos hacer lo que es conocido como
una fiscalización horizontal y no vertical de un organismo, lo que
nos permitiría ver que los defectos que se observan en determinados
organismos se repiten, básicamente, en todos los demás organismos
y en todas las demás actividades que realizan distintos organismos, sea
cual sea el color político de los gestores de esos organismos.
Pretender señalar exclusivamente a un organismos determinado creo que
rompe en esta Comisión no un principio, pero sí una línea de acuerdo,
una línea de debate que se ha llevado durante muchos años, que es
respetar la autonomía municipal, respetar a las comunidades autónomas
en sus competencias. Cuando se trae aquí por primera vez, sin haber
pasado por ningún otro sitio, una propuesta de fiscalización de un
ayuntamiento, de una diputación provincial, de una empresa de una
autonomía o de la propia autonomía -¿por qué no?-, creo que estamos
excediéndonos en nuestros niveles de competencia.
Distinto es un asunto que ya se ha visto en esta Comisión, el del
Ayuntamiento de Estepona. La mayoría que gobierna en el Ayuntamiento
de Estepona y, por tanto, la mayoría del pleno de esa corporación
está a favor de una revisión de las cuentas de un período
determinado. Es lógico que en ese caso la Comisión de Relaciones con
el Tribunal de Cuentas dé vía libre al trabajo del Tribunal en esa
corporación determinada. Pero cuando no hay acuerdo del pleno, y no
nos consta -al menos no nos consta- que se haya planteado en el pleno
de la Diputación de Lugo esa solicitud de fiscalización, cuando no
hay un acuerdo en la Cámara autonómica para encargar esa
fiscalización al órgano autonómico de control de cuentas, que existe
en el caso de Galicia, creemos que pura y simplemente se quiere
introducir la sensación de que las cuentas locales (si no interviene
específicamente el Tribunal de Cuentas a petición de un grupo
parlamentario determinado, repito) y las cuentas de las diputaciones
son unas cuentas sin control y al mero capricho de sus gestores. Se
transmite una visión errónea a la opinión publica porque se olvida
que las cuentas de todas las diputaciones se remiten al Tribunal. No
recuerdo ahora mismo que en ningún informe anual del sector público,
estatal autonómico o local, realizado por el Tribunal se indique que
alguna diputación española no haya remitido sus cuentas al Tribunal.
De la misma forma, no recuerdo ningún informe del Tribunal de Cuentas
en que se recoja que ayuntamientos de capitales de provincias o de
poblaciones significativas hayan dejado de remitir sus cuentas al
Tribunal en un año determinado. Por tanto, hay que dejar claro, desde
el punto de vista de la información, que las cuentas de todas las
diputaciones de España, las cuentas de la mayor parte de los
ayuntamientos de España y, por supuesto, de todos los de las
capitales de provincia se remiten anualmente al Tribunal de Cuentas,
y que el Tribunal las analiza y las controla en el informe del sector
público estatal, autonómico y local que hace el Tribunal todos los
años y que remite a esta Cámara todos los años.
Es evidente que si existieran anomalías de tal volumen que no se
pueden ocultar en la presentación de unas cuentas anuales de
cualquier corporación, el Tribunal de Cuentas
acordaría fiscalizaciones específicas. Si esto no es así, si no
es una fiscalización específica acordada por el Tribunal en el uso de
sus competencias, nuestro grupo quiere mantenerse en el criterio de
respaldar aquellas auditorías que vengan solicitadas por los plenos
de las correspondientes corporaciones locales. Lo demás es entrar en
una dinámica de utilización política de la Comisión para algo que no
es realmente el control y la mejora del sector público, es entrar en
una utilización, con un tinte electoralista que es correcto pero que
nuestro grupo no respalda.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARAQUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN SOBRE
LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIAY CONTABLE, ASÍ COMO SOBRE LAS
CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM (ALICANTE) Y DE LAS
SOCIEDADES PARTICIPADAS POR DICHO AYUNTAMIENTO, ENTRE LOS AÑOS 1991 A
1994. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente Congreso 252/000024 y número expediente Senado 772/
000021.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Pasamos al punto número 8,
solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre la
gestión económica, presupuestaria y contable, así como sobre las
contrataciones del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) y de las
sociedades participadas por dicho ayuntamiento entre los años 1991 a
1994. El autor es el Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Mixto y de Nueva Izquierda, tiene la palabra don
Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, toda Administración pública debe
actuar con transparencia, especialmente en lo que se refiere al uso
de los fondos, puesto que dichos fondos pertenecen, en definitiva, a
los ciudadanos, son fondos públicos de todos los ciudadanos.
Con la finalidad de garantizar esa transparencia en el manejo de
dichos fondos, la propia legalidad prevé el funcionamiento permanente
y regular de toda una serie de mecanismos, tanto internos,
correspondientes a la propia Administración de la que se trate, como
externos a esa Administración, bien sean públicos, de una
Administración superior o distinta, o incluso privados, a través de
auditorías. Todo ello se hace, insisto, con la finalidad de
garantizar algo que parece lógico y natural en el propio
funcionamiento del sistema, que los fondos públicos sean plenamente
conocidos por el público que es, en definitiva, a quien pertenecen
esos fondos y sobre quien recaér los mismos.
En esta situación, parece que una petición como la que defiendo hoy
en esta Comisión en nombre de Nueva Izquierda no debería haberse
producido inicialmente, en la medida en que el funcionamiento regular
de las instituciones hubiera permitido y conllevado esa transparencia
que nosotros reclamamos. En todo caso, si no ha sido así,sólo cabe
esperar, en buena lógica, que una petición de
este tipo mereciera el apoyo unánime de todos los grupos y de todas
SS.SS.
Esa voluntad de trasparencia en el funcionamiento de los fondos
públicos parece que era también -y en este sentido recogería las
afirmaciones que realizaba ahora el portavoz del Grupo Popular- la
voluntad inicial del propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Benidorm. En enero de 1994, el Ayuntamiento de Benidorm tomaba el
acuerdo de llevar a cabo una auditoría de las cuentas de los años
1992, 1993 y lo que se pudiera del año 1994. Se decía literalmente en
aquel pleno: Siguiendo con los cometidos que este equipo de Gobierno
se ha planteado en relación al aspecto económico del municipio y una
vez realizada la auditoría que abarcaba el período comprendido entre
los años 1979 y 1991, corresponde ahora, finalizado ya el ejercicio
del año 1993, realizar la misma operación en los años 1992, 1993 y lo
que se pueda de 1994.
Efectivamente, en enero de 1994, se toma el acuerdo de contratar la
realización de esa auditoría. Esa auditoría se contrata, se realiza y
se paga, y sin embargo, señorías, no es conocida. Desde esas fechas
de 1994 se impone una absoluta falta de transparencia en el
funcionamiento de los fondos públicos en el Ayuntamiento de Benidorm.
Buena prueba de ello es, señorías, que ha tenido que intervenir hasta
el propio Tribunal Supremo. Una sentencia de 5 de diciembre de 1995,
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, estima el recurso presentado
por el grupo mayoritario de la oposición en el Ayuntamiento de
Benidorm, el Grupo Socialista, reclamando que se le entreguen
determinados documentos contables que el entonces alcalde de
Benidorm, don Eduardo Zaplana, había negado, alegando el reiterado
criterio mantenido en dicho sentido por el Grupo Popular. Es más, el
23 de diciembre de 1998, el grupo mayoritario de la oposición, el
Grupo Socialista, presenta la solicitud de llevar a cabo una
auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Benidorm. Recuerda en
ese sentido la moción que había sido presentada por la entonces
oposición del Partido Popular, que había sido aprobada por unanimidad
y que había dado lugar a la realización de una auditoría. En aquel
debate -insisto, diciembre de 1998-, se alegaba que la situación
económica de la Hacienda municipal era grave. El continuo
endeudamiento, que ya cuestiona hasta la Hacienda pública, la no
amortización de la deuda y el impago a proveedores, tanto grandes
como pequeños, son el resultado de una gestión económica marcada por
un gasto voluntario, imprudente y sin sentido, que nos aboca a una
situación sin salida posible y que va a hipotecar seriamente la
gestión del futuro Gobierno municipal. (El señor vicepresidente,
Álvarez Gómez, ocupa la Presidencia.)
Frente a este tipo de razones expuestas por el principal grupo de la
oposición, el equipo de Gobierno contesta que les parece normal pedir
auditorías cuando están en la oposición. Dice literalmente: Si el
Partido Popular lo está alguna vez, las pedirá. Hoy no hace falta por
haber transparencia total. Que los grupos políticos que las solicitan
las pidan donde gobiernan. El Partido Popular votará a favor cuando
lo considere necesario, pero en Benidorm, no, porque el dinero se ha
invertido en lo que se ha considerado oportuno.
El desparpajo y la hipocresía que encierra ese discurso requiere,
señorías -y recuerdo lo que se decía anteriormente-, que puesto que
la mayoría municipal se niega a hacer aquellas cosas que la ley
establece, aquellas cosas que el Tribunal Supremo tiene obligación de
recordarle, aquellas cosas que impone en definitiva la lógica del
sistema, sea desde los mecanismos normales del Estado, aunque con
carácter extraordinario, como el Tribunal de Cuentas, desde donde se
lleve a cabo esa actuación que nos permita conocer por qué aquella
voluntad proclamada inicialmente de transparencia se ha tornado en la
absoluta ausencia de la misma.
En nuestra opinión, eso se debe, sin lugar a dudas, a dos causas. Una
de ellas, la lógica del mecanismo de acceso al poder. Saben SS.SS., o
deben saber, que el Grupo Popular accedió a la Alcaldía de Benidorm a
través de una moción de censura que contó con el apoyo de una
concejala del Grupo Socialista, que pasó a apoyar la moción del Grupo
Popular en base a unos acuerdos cuyos contenidos nunca se han
conocido en el momento inicial, aunque sí hemos tenido ocasión de
conocer los hechos posteriores. Quien apoyó esa moción de censura no
ha dejado de prestar servicios desde ese momento para las
administraciones controladas por el Grupo Popular, en los más
diversos puestos y sin tener la menor relación con su capacidad
profesional, sus méritos o sus condiciones de igualdad con otros
ciudadanos, tal como marca la Constitución. Pero no sólo quien firmó
aquella moción de censura, también sus familiares han disfrutado de
idéntica ilegal situación. Sería bueno saber el coste directo que
dicha moción de censura ha supuesto para el conjunto de los
ciudadanos. Esa es una primera razón. Es fácil proclamar que el fin
no justifica los medios, pero la experiencia enseña que efectivamente
es así, y a partir de que se acude a procedimientos espurios para
conseguir un determinado objetivo, los acuerdos que se han hecho
condicionan toda la gestión. Es difícil y es lógico que hoy cueste
mucho a determinados personajes públicos explicar el coste que han
tenido para los ciudadanos los acuerdos a través de los cuales
iniciaron una carrera política que hoy les ha conducido a la
Presidencia de la Generalitat Valenciana, pasando previamente por el
Ayuntamiento de Benidorm.
La segunda razón, en nuestra opinión, es sin lugar a dudas que, desde
el principio, quien alcanzaba esos acuerdos con la tránsfuga
socialista tenía claro que su objetivo no era el Ayuntamiento de
Benidorm, su objetivo era mucho más ambicioso: al día de hoy, la
Presidencia de la Generalitat. Esos objetivos marcaban una gestión
determinada. Ha sido una gestión en la que no se ha dudado en gastar
dinero, millones de los ciudadanos, en las cosas más inverosímiles,
más inauditas. Pueden ustedes imaginarse que, en una relación somera
de gastos que les pueda presentar, aparece, sin lugar a dudas, don
Julio Iglesias, que ya en aquella época trabó unas magníficas -y digo
magníficas, porque le han proporcionado unos resultados económicos
excepcionales- relaciones con quien hoy es presidente de la
Generalitat Valenciana; 21.000.000 de pesetas se pagaron a don Julio
Iglesias por asistir a la inauguración del Ayuntamiento de Benidorm,
en mayo de 1995. Desde luego, ya se indicaba el camino por el que
transcurriría el posterior contrato realizado por la Generalitat
Valenciana
con este cantante para que promocionara, en principio, la Comunidad
Valenciana, a cambio de no sabemos cuántos centenares de millones de
pesetas y a cambio de un número de actuaciones que, finalmente, no se
han llegado a realizar en su totalidad.
De todos es conocido que Benidorm es un destino de turismo
extranjero, británico, que no se caracteriza precisamente por venir a
nuestra comunidad, a nuestro país, por especiales exigencias
culturales ni por la búsqueda de satisfacciones culturales. No
obstante, el Ayuntamiento de Benidorm, dirigido por el señor Zaplana,
no dudó en contratar la Fundación Shakespeare a cambio de decenas de
millones de pesetas. Desde esa perspectiva cultural, es lógico
también que se contrataran las actuaciones de Chiquito de la Calzada
o de Mari Fe de Triana por millones de pesetas.
Durante los años 1991-1995, en los que gobierna el señor Zaplana,
hemos asistido a una gestión absolutamente manirrota. Hasta tal punto
ha sido así que en estos momentos la deuda del Ayuntamiento de
Benidorm supera en cuantía el presupuesto ordinario de esa ciudad, y
estamos hablando de una ciudad que tiene un presupuesto ordinario de
más de 10.000 millones de pesetas. Esta es la situación; una
situación tan grave que hoy el Ayuntamiento de Benidorm no está en
condiciones de llevar a cabo prácticamente ninguna inversión, y las
inversiones necesarias -porque siempre hay necesidades que atender
desde la Administración- son sufragadas por la propia Generalitat
Valenciana, que es quien corre con la partida de las inversiones que
lógicamente tendrían que ser llevadas a cabo por el Ayuntamiento
y que no pueden ser atendidas por el mismo como consecuencia del nivel
de deudas que se contrajeron durante los años de gestión del señor
Zaplana.
Esa situación -y termino, señor presidente- pone de manifiesto la
importancia del tema que nos ocupa. Hoy todos los ciudadanos de la
Comunidad Valenciana están pagando las deudas contraidas de una
manera absolutamente irresponsable por la gestión del señor Zaplana
en el Ayuntamiento de Benidorm. Tengo que decirle, señoría, que y, en
la Generalitat Valenciana ya gobierna el señor Zaplana, pasadas las
elecciones del mes de junio último, se han suspendido todas las
inversiones previstas en el presupuesto de este año porque el gasto
corriente se ha desbordado y ha habido necesidad de tomar una
decisión drástica. Mucho nos tememos, señorías, que o hacemos luz, y
consecuentemente se exigen las responsabilidades públicas a quien tan
alegremente inició una carrera absolutamente irresponsable en
Benidorm, o el futuro nos deparará acontecimientos muy preocupantes.
Por todas las razones expuestas, señorías, desde Nueva Izquierda
consideramos absolutamente necesario, que el Tribunal de Cuentas
lleve a cabo una auditoría objetiva, rigurosa e imparcial de las
cuentas de la Administración pública en dicho municipio.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Por parte del Grupo
Socialista, tiene la palabra el diputado señor Pérez Ferré.
El señor PÉREZ FERRÉ: Es evidente que el Grupo Socialista tiene que
apoyar la solicitud presentada por el
señor Peralta. Vale la pena que el Tribunal de Cuentas fiscalice la
gestión económica de un ayuntamiento que, como se ha dicho, tiene un
presupuesto rondando los 11.000 millones de pesetas y cuya deuda en
este momento -nadie lo sabecon certeza- debe andar entre los 10.000 y
15.000 millones. Nadie lo sabe porque la auditoría encargada y
elaborada, en su día por Arthur Andersen ha desaparecido, no se ha
hecho pública y, es más, se ha negado su existencia. No se sabe nada
porque la oposición no tenía acceso ni tan siquiera a un simple parte
de caja, hasta que un tribunal tuvo que sentenciar a favor de que la
oposición pudiera ejercer el control.
Algo sí sabemos de lo que ocurre en Benidorm. Sabemos desde el
principio, y se ha mencionado aquí, cómo el señor Zaplana accedió al
Ayuntamiento de Benidorm, adquiriendo la voluntad de una concejal
socialista, haciéndola desaparecer hasta el día de la votación de la
moción de censura, concediéndole posteriormente la gestión del área
de cultura y situando, incluso, a su marido con un salario del erario
público. No me estoy equivocando. Geográficamente no me he trasladado
a Ceuta. No, estoy hablando de Ceuta ni de la señora Bermúdez. No.
Estoy hablando de Benidorm, de la señora Sánchez y, eso sí, del señor
Zaplana, que, a principios de la década, fue un claro precursor del
señor Gil.
Para que las señoras y señores diputados y senadores puedan definir
su voto a favor de la fiscalización, además de lo que aquí se ha
dicho muy claramente, me limitaré, para no alargarme, a relatar un
par de hechos que puedan servir como ejemplo de la extravagante
gestión del señor Zaplana al frente del Ayuntamiento de Benidorm.
Había que lanzar el nombre de Benidorm al mundo y qué mejor que un
bajel que a babor y estribor llevara el nombre de Benidorm y de su
santa patrona, la Virgen del Sufragio - ¡qué ironía, Benidorm bajo el
manto protector de la Virgen del Sufragio cuando su primer edil no
cree ni respeta el sufragio. Había que presentar la idea aquí en
Madrid, por todo lo alto, en un hotel de lujo, y todo el mundo estaba
invitado, la Casa Real también, menos mal que tuvo la inteligencia de
no asistir al acto. Había que presentar en París este barco que iba a
dar la vuelta al mundo, llevando el nombre de Benidorm a babor y
estribor, como decía, pero sólo surcó los mares para ir a la vecina
Altea al desguace. Millones a la mar.
En el mundo del deporte también había que lanzar el nombre de
Benidorm por toda España. La solución era fácil. En Alicante había un
equipo de balonmano, campeón de España y de Europa en muchas
ocasiones, el Calpisa, con problemas económicos. El Ayuntamiento de
Benidorm lo esponsoriza; se lleva más de 60 millones, dura un año y
jamás se ha sabido ya de este equipo, que ha desaparecido para
siempre. Así se funcionaba en Benidorm, un ayuntamiento en cuyo
capítulo 1 de personal figuraban 1.500 millones de pesetas. Hoy
supera los 4.000 millones.
Ya se ha dicho demasiado y no quiero extenderme. Creo que estos
ejemplos de original y estrambótica gestión municipal avalan nuestro
voto a favor de la fiscalización y confío que en el de ustedes,
especialmente en el del Grupo Popular, que siempre ha predicado la
transparencia en la gestión, confiando que esa transparencia no se
refiera sólo a los demás. Por tanto, apoyo, en nombre del Grupo
Socialista,
la solicitud de fiscalización que, en nombre de Nueva Izquierda, ha
llevado a cabo el señor Peralta.
El señor VICEPRESIDENTE (Alvarez Gómez): Por parte del Grupo de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intervengo para manifestar también el
apoyo de nuestro grupo a esta propuesta de fiscalización, entendiendo
que los hechos relatados anteriormente son significativos.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Muchas gracias por su
brevedad, señor diputado.
A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Podría ser extremadamente breve, me
bastaría con citarme a mí mismo en relación a la solicitud de la
Diputación de Lugo y aplicar los razonamientos que se han hecho en
esa intervención a la solicitud que se hace ahora, pero añadiendo
algunos matices, primero, el período que se pretende fiscalizar. Se
pretende fiscalizar el período 1991-1994 con las dificultades
considerables que impone referirnos ahora al año 1991- 1992. Hubiera
sido ideal que el Grupo Socialista planteara directamente una
solicitud global del sector público estatal en el año 1992, puesto
que sería explicativa de un modo de hacer las cosas en ese año. Es
difícil contar con antecedentes externos de los años a que se refiere
la solicitud, puesto que tanto bancos como empresas difícilmente van
a mantener archivos correspondientes a tales años. Pero sobre todo es
porque no se trata de exigir una responsabilidad contable, ni
siquiera se trata de exigir una responsabilidad política. Se trata
pura y simplemente, como se dice en la primera frase de la propuesta
de Nueva Izquierda, de buscar en el Ayuntamiento de Benidorm, porque
el alcalde de entonces está ahora al frente de la Generalitat con un
respaldo de mayoría absoluta por parte de los ciudadanos de todas las
provincias valencianas. Por tanto, se trata de desviar la atención e
intentar introducir ahora unos argumentos que conocerá Nueva
Izquierda, Nova Esquerra en el País Valenciano, Izquierda Unida, si
se presentó bajo estas siglas, argumentos que debió explicar
reiteradamente en los distintos procesos electorales que se han
vivido en Benidorm desde el año 1991 y que no han tenido una acogida
mayoritaria por parte de los ciudadanos. Por tanto, nuestro grupo va
a votar que no a esta petición, primero, por la inoportunidad en el
tiempo; segundo, porque el Tribunal de Cuentas ya ha realizado
trabajos en el Ayuntamiento de Benidorm y no aparecen esas
irregularidades y, tercero -volvemos a insistir-, si lo que se
pretende es controlar el capítulo de gastos de personal de las
corporaciones locales, hagámoslo con una auditoria horizontal; si lo
que se pretende es controlar el gasto de promoción de las
corporaciones locales, hagámoslo con una visión global de los
ayuntamientos; si lo que se pretende es controlar los gastos de
relaciones públicas o de cualquier otra naturaleza, hagámoslo en
sentido horizontal, pero no tiene sentido buscar un oportunismo en el
momento y volver a repetir aquí argumentos que no son de la
competencia de esta
Cámara. Si se quiere controlar la gestión del presidente de una
comunidad autónoma, hay Parlamento de la comunidad autónoma para
hacerlo, y pretender hacerlo aquí es una cierta burla a la capacidad
de los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Creo que en esto
tenemos que ser bastante coherentes con lo que decimos en todos los
lados. No se puede ser un defensor a ultranza de las competencias
autonómicas y de la autonomía y, al mismo tiempo, pretender que el
Congreso de los Diputados entre a analizar cosas que son objeto de
análisis en esos parlamentos y, por tanto, suplantar sus
competencias. Ese no es el objeto del Congreso de los Diputados, no
es el objeto de esta Comisión ni es tampoco el objeto del Tribunal de
Cuentas. Por tanto, en el propio texto que nos presenta el señor
Peralta a discusión, se pone de manifiesto que no es su objetivo el
buscar una transparencia a través de un informe del Tribunal de
Cuentas, que sus objetivos son otros y esos objetivos, que son otros,
deben plantearse en el sitio oportuno, que no es precisamente el
Congreso de los Diputados, sino un Parlamento elegido
democráticamente por los ciudadanos que existe en la Comunidad
Valenciana. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Aqué efectos pide la
palabra, señor Peralta?
El señor PERALTA-ORTEGA: Señor presidente, para aclararle al señor
Jordano, que actúa en nombre del Grupo Popular, que la voluntad de
Nueva Izquierda al presentar esta proposición no es controlar aquí ni
al presidente de la Generalitat Valenciana ni al Ayuntamiento de
Benidorm; aquí no vamos a controlar nada. Lo que aquí podemos hacer
es pedir que actúe el Tribunal de Cuentas, que es plenamente
competente para hacerlo. Por tanto, no estamos desbordando nuestras
competencias. Nosotros no vamos a juzgar ni a valorar ni al
Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el señor Zaplana, ni a la
Generalitat Valenciana, actualmente gobernada por el señor Zaplana.
Nosotros lo que solicitamos es que funcione un mecanismo del Estado
de derecho, un mecanismo normal del Estado, que es el Tribunal de
Cuentas, entre cuyas competencias está ésa. Por tanto, la petición
que hacemos es absolutamente normal. Por razones políticas, del tipo
que sean, se querrá o no se querrá, pero no se nos diga que estamos
intentando hacer aquí algo que no queremos hacer aquí. Quien queremos
que lo lleve a cabo es el órgano imparcial, objetivo y riguroso que
lo hace y que, según dice el señor Jordano, ya lo ha hecho, y parece
ser, según dice él, que satisfactoriamente. Si es así, no entendemos
por qué no se quiere que lo siga haciendo.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARAQUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN
ESPECÍFICA, CON EL FIN DE ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA EN LA
FUNDACIÓN DE COMPETENCIA ESTATAL HOSPITAL DE ALCORCÓN EN EL EJERCICIO
DE 1998, EN ESPECIAL PARA COMPROBAR EL SOMETIMIENTO A LA LEGALIDAD DE
LAAPLICACIÓN DE SU RÉGIMEN
FINANCIERO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIAY
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO LA POSIBLE
DEPURACIÓN DE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE
DE LOS HECHOS EXAMINADOS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente Congreso 253/000025
y número de expediente Senado 772/000022.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, pasamos a
debatir la solicitud de fiscalización específica de la gestión
realizada por la Fundación de competencia estatal Hospital de
Alcorcón en el ejercicio de 1998. Para defender la solicitud, y en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el diputado, señor Santiso.
Les rogaría, señorías, que dada la hora de la mañana, no se
prolongara en exceso el debate de las cuestiones que todavía quedan
pendientes. La Presidencia hará uso razonable de los tiempos
disponibles, pero les ruego que sean concisos en la exposición.
El señor SANTISO DELVALLE: Esta petición de fiscalización viene
fundamentada porque el 22 de noviembre de 1996 se autorizó al Insalud
a constituir la Fundación de competencia estatal Hospital de
Alcorcón, aprobándose al mismo tiempo sus estatutos fundacionales. En
mayo de 1998 se firmó el contrato-marco y la cláusula adicional
correspondiente a ese ejercicio entre el Insalud y la Fundación
Hospital de Alcorcón, en la cual lógicamente se contemplaba la
regulación de la prestación de asistencia sanitaria por dicha
fundación a los beneficiarios de la Seguridad Social, así como la
contraprestación económica. A pesar de que la cláusula adicional en
su estipulación cuarta, régimen económico, facturación, punto 4.4,
párrafo cuarto, señalaba que en el supuesto de que la valoración de
la asistencia sanitaria sustitutoria realizada exceda el máximo de
financiación previsto, el exceso no surtirá efectos económicos, a
pesar de esto, con fecha 1 de diciembre de 1998 se incrementó la
financiación en un importe de 1.594 millones de pesetas sobre la
asignación establecida en el mes de mayo.
Por otra parte, en cuanto a la estancia media, indicador fundamental
para el cálculo de la financiación sanitaria, aparecen cifras
contradictorias. El presidente del Insalud, que a su vez lo es del
patronato de la Fundación, decía en este Congreso que era de 5,52
días. Sin embargo, en la memoria explicativa de la Fundación se
justifica el incremento de la dotación económica, punto 1.2,
apuntando que la estancia media global continúa siendo de 7,4 días.
Esta irregularidad documental establece una diferencia que puede ser
del orden de las 19.500 estancias facturadas y podría ser que éstas,
de confirmarse el dato inicial, no se hayan producido. Teniendo en
cuenta, por tanto, que esta estancia supone un promedio de 43.000
pesetas para 1998, puede obtenerse una diferencia en la facturación
en torno a 1.000 millones de pesetas que están todavía sin explicar.
Y teniendo en cuenta que esta Fundación se presenta como el
paradigma de las formas de gestión que el Gobierno popular pretende
introducir en el sistema sanitario, creemos que debe entenderse la
necesidad de explicar estas situaciones y darle la máxima
transparencia a la actuación de la Administración en este asunto. Por
todo ello, pedimos esta fiscalización, entendiendo que puede haber
irregularidades serias en los datos manejados para la financiación de
la Fundación Hospital de Alcorcón.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para las intervenciones de
los distintos grupos parlamentarios, en primer, lugar tiene la
palabra la portavoz del Grupo Socialista la diputada, señora Silva.
La señora SILVA REGO: En el mes de abril de este año, en la Comisión
de Sanidad compareció el presidente del patronato de la Fundación
Hospital de Alcorcón y presidente ejecutivo del Insalud. En aquella
comparecencia quedaron sin respuestas toda una serie de dudas sobre
la rectitud de la gestión en aquel hospital. Hay dudas, hay sombras y
hay inseguridades, y debe intervenir, por tanto, el Tribunal de
Cuentas, porque existen dudas más que razonables.
Además, quiero introducir otra cuestión, que es la de las fundaciones
sanitarias. Las conozco muy bien, nacieron en mi tierra de la mano
del señor Romay, y al igual que el Medtec, son figuras sobre las que
siguen planeando dudas e ineficacias. En el Hospital de Alcorcón
tenemos un caso claro: Una fundación a la que se asigna un
presupuesto para su funcionamiento, como dijo el portavoz de
Izquierda unida, de 5.488 millones y que a los pocos meses tiene que
ser incrementado en 1.594 millones, sin que ni siquiera haya sido
justificado este incremento. Esto provoca rápidamente la pregunta de
para qué se elige un modo de gestión como una fundación si el Estado
tiene que corregir inmediatamente los excesos de gasto en los que
incurre. La situación, a nuestro parecer, es tan grave, como que a
través de una fundación se sustrae la relación directa del hospital
con el Estado para todo menos para pagar los excesos de gasto. Nos
preguntamos entonces cuál es la función y la responsabilidad de la
fundación, para qué nos sirve. Pero es que aún hay más. Hay dudas de
que fuera correcto habilitar por parte del Ministerio la dotación
adicional de 1.594 millones después de haber firmado un contrato con
aquella fundación por una cantidad máxima de 5.488 millones. En román
paladino, a partir de ahora habrá que poner en los convenios la
frase: se le pagará la cantidad que el hospital nos pida, porque eso
es lo que se hizo. Pero es preciso responder de la gestión pública y
por eso apoyamos esta solicitud de fiscalización que plantea el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, para que el Tribunal de Cuentas
estudie, investigue y dictamine, porque esto no es un caso aislado,
es el modelo que se está aplicando y los recursos públicos tienen que
ser bien administrados. A los señores del Grupo Popular se les llena
la boca constantemente con las palabras de que hay que administrar
correctamente los recursos públicos, transparencia, reducir el gasto
, menores costes y mayor calidad de los servicios, ensalza las
maravillosas características de las empresas privadas en
contraposición con lo público, y resulta que hay datos de que esto no
es así. Resulta que en el Hospital de Alcorcón se incrementa
la dotación contraviniendo las cláusulas del contrato y existen
cifras contradictorias en relación a la estancia media, indicador
para el cálculo de la financiación sanitaria.
Ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, tienen la
oportunidad de hacer creíble el modelo teórico de claridad y
transparencia que preconizan. Estoy segura de que votarán en contra
de esta solicitud de fiscalización, contraviniendo así los principios
que dicen defender. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Par fijar la posición en
relación a esta solicitud, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra en relación a la solicitud de fiscalización y creo que habría
que hacer un razonamiento bastante preciso. Lo que se pretende, de
acuerdo con el texto, es que se fiscalice por el Tribunal una gestión
del año 1998 que no llega a consumir ni medio año, puesto que el
contrato de gestión entre el Insalud y la fundación se firma en mayo
del año 1998. Segundo punto, el modelo de fundación sanitaria no es
un sistema en el que el Partido Popular o los gobiernos del Partido
Popular tengan una exclusiva y que sólo lo utilicen en aquellos
sitios donde gobierna el Partido Popular. El modelo de fundación
sanitaria se utiliza por todas y cada una de las comunidades
autónomas que tienen competencias sanitarias, incluida la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Si lo que se pretende es -actuando con rigor- comprobar el modelo de
gestión de las fundaciones sanitarias, si lo que se pretende es
comprobar si el principio de gestión a través de fundaciones produce
o no ahorro en los costos de la sanidad y produce o no una mejora de
gestión y una mayor calidad en la atención al enfermo con los fondos
públicos, planteémoslo seriamente y, no con un ejercicio de seis
meses, sino con al menos dos ejercicios cerrados; planteemos al
Tribunal de Cuentas que haga un análisis horizontal de todo el sector
sanitario que está funcionando en España a través del organismo de
las fundaciones, y en ese momento estaremos hablando con seriedad. Si
no lo hacemos así, estamos buscando la oportunidad de encontrar un
error de gestión en un sitio determinado y ocultar, a la hora de
valorar, que a lo mejor ese error de gestión se repite miméticamente
en cada uno de los organismos de que se trata.
Por tanto, si queremos trabajar con rigor, con seriedad y hacer que
el Tribunal de Cuentas trabaje con rigor y seriedad y que su trabajo
pueda ser utilizado para una mejora del control de la gestión del
sector público, para una mejora del control y de la gestión de los
fondos públicos, hagámoslo con seriedad y con propuestas lo
suficientemente serias. No es serio tratar de analizar exclusivamente
un período de puesta en marcha de seis meses de un nuevo modelo de
gestión sanitaria. Si lo queremos hacer hagámoslo en forma horizontal
y pidámosle al Tribunal de Cuentas que analice la gestión de todos y
cada uno de los hospitales que en España, sea cual sea el gobierno o
el color del gobierno que lo ha acordado, adoptan el modelo de
fundación. Esa propuesta desde luego que sí tendrá el respaldo total
del Grupo Parlamentario Popular. La que se nos plantea,
por las razones expuestas, no va a tener ese respaldo. (El señor
Santiso del Valle pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿A qué efectos pide la
palabra, señor Santiso?
El señor SANTISO DEL VALLE: A efectos de aceptar lo que entiendo que
es una enmienda transaccional. Acepto ampliar la fiscalización a
todas las fundaciones.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN
INTEGRAL SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA, ECONÓMICO-
FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LA GESTIÓN EN CUANTO A CONCESIÓN, APLICACIÓN
Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS ENTRE LOS AÑOS 1996
A 1999. FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente Congreso 253/000027 y número de expediente Senado 772/
000023.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Pasamos a debatir el punto
número 10, solicitud de fiscalización de la Agencia Española de
Cooperación Internacional relativa a los años 1996 a 1999.
Para la presentación de la solicitud de fiscalización y en nombre del
Grupo Socialista que la ha presentado, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: La verdad es que en este caso los tiempos
modifican los argumentos y la justificación de la presentación de
esta petición de fiscalización del Tribunal de Cuentas, y lo digo
porque esta petición de fiscalización se presentó mucho antes del
momento en que se ha producido la dimisión o cese, como se le quiera
llamar, del director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional. A las razones en su día argumentadas por el Grupo
Socialista habría que añadir ahora nuevas razones, en cualquier caso,
quiero clarificar la cuestión concretamente.
En su día se pidió la fiscalización porque hubo un informe del
Tribunal de Cuentas que cuestionaba la gestión o la utilización de
fondos públicos por la persona que se encontraba al frente de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, aunque el
cuestionamiento de la utilización de fondos públicos no tenía nada
que ver con las actividades desarrolladas en esa Agencia. Nuestro
grupo presentó preguntas al Gobierno y argumentó que si el Tribunal
de Cuentas gestionaba la forma de utilización de fondos públicos de
una persona, difícilmente era justificable que a esa persona se le
otorgaran responsabilidades para distribuir fondos públicos. Ese es
el argumento que utilizábamos y no utilizábamos ningún otro
argumento; no era cuestión de si había presentado una denuncia o no
la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en los tribunales, no eraese el
argumento, puesto que obedecía a hechos que no
tenían nada que ver con la gestión de la Agencia. Nuestra petición
obedecía al hecho de que entendíamos que no podía nombrarse a una
persona para distribuir fondos públicos cuando el Tribunal de Cuentas
había cuestionado la forma en que se habían utilizado esos fondos
públicos. En aquel momento ese era el argumento que utilizamos, y
vuelvo a insistir en que no tenía nada que ver con la actividad
desarrollada en la Agencia.
Poco después el Grupo Socialista volvió a presentar preguntas al
Gobierno porque lo que nos temíamos en aquel momento se produjo,
nuestras dudas tuvieron algún viso de realidad porque a la forma en
que se gestionaban los fondos en la Agencia, en nuestra opinión, se
añadían problemas en la forma de utilizarlos, ya en este caso siendo
el secretario general de la Agencia Española de Cooperación la
persona que estaba al frente y la que tomaba las decisiones de cómo
se utilizaban determinados fondos. El problema se planteaba porque se
concedían subvenciones a determinadas ONG que tenían vinculaciones
muy directas con él a nivel personal y también a nivel político. Pero
no sería esta parte última la más importante, sino el nivel personal,
puesto que a las mismas personas sobre las que con anterioridad el
Tribunal de Cuentas había informado que desarrollaban actividades de
dudosa legalidad, posteriormente se les concedían subvenciones por la
persona con la que habían trabajado. Estos temas generaron toda una
polémica, todo un debate y, vuelvo a insistir, nosotros
permanentemente hemos cuestionado la posibilidad de que esta persona
estuviera al frente de esa responsabilidad.
Con posterioridad han ocurrido hechos. El Gobierno contestaba que no
tenían nada que ver las actividades por las que el Tribunal de
Cuentas originariamente había desarrollado una actividad con las que
luego desarrollaba al frente del organismo público en el que se le
había nombrado. Nuestras dudas seguían manteniéndose y nos hemos
encontrado con que aunque ha habido posteriormente hechos judiciales
-y creo que seguirán produciéndose- que han cuestionado la corrección
de determinadas actuaciones de la persona que estaba al frente de la
Agencia Española de Cooperación, el Grupo Socialista no tiene nada
que ver con los planteamientos judiciales, que por supuesto producen
efectos por sí mismos, ni siquiera como consecuencia política de
nuestra actuación o nuestra intervención. Lo que ponemos en duda es
cómo se ha gestionado la actividad desde esa Agencia a la hora de
subvencionar a las organizaciones no gubernamentales.
En ese contexto ahora tenemos muchas más razones para pensar que es
necesaria esa fiscalización, y creo que el Grupo Popular debería
revisar su planteamiento, porque en estos momentos sí que existen
dudas reales de cómo se ha gestionado desde la Agencia la concesión
de subvenciones. Creo que es tan notoria y tan pública la situación
que el Grupo Popular debería hacer un esfuerzo y plantearse la
necesidad de clarificar esa actividad, para que precisamente no se
ponga en cuestión la imagen de la Agencia ni tampoco la imagen de los
actuales responsables de la Agencia, puesto que creo que sin ninguna
duda nada tienen que ver ellos con las responsabilidades en que se
haya podido incurrir con anterioridad. Para clarificar la cuestión,
para que no tengamos ninguna duda nadie y para que la imagen de las
actividades de la cooperación internacional española
sean lo más adecuadas, creo que sería conveniente que el Tribunal de
Cuentas efectuara esa fiscalización, para tranquilidad de todos. Ese
es el único objetivo y el único fin, una vez que ya ha presentado la
dimisión el responsable de la Agencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, para fijar
la posición en relación con el punto que estamos debatiendo, tiene la
palabra por parte del Grupo Popular el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Respecto a la solicitud de fiscalización
que nos ocupa, tengo que decir que no entiendo nada de lo que ha
dicho el señor Gimeno. Porque de lo que ha dicho el señor Gimeno
puede entenderse que esta solicitud tenía sentido en un clima de
presión hacia el Gobierno para que se produjera la dimisión o el cese
del responsable de la Agencia Española de Cooperación y, una vez
producido ese cese, parece que no tiene mucho interés que el Tribunal
realice su trabajo. Al final corrige la dirección que llevaba en la
argumentación y dice que, obstante, sí sigue teniendo interés.
En este planteamiento, desde el principio, se ha producido una clara
maniobra de confusión. El Tribunal de Cuentas, cuando analiza la
gestión del Forcem hasta el año 1995, es decir, los primeros años de
implantación de la actividad del Forcem, pone de manifiesto -y la
Fiscalía inicia unas actuaciones penales- algo que entiende que es
una mala gestión de los fondos del Forcem en una determinada
asociación de empresarios de la Comunidad Autónoma Valenciana. Cuando
el que entonces era secretario -y cuya responsabilidad no era
personal, sino en todo caso colegiada con el resto de responsables de
esa organización- es nombrado para la Agencia Española de Cooperación
Internacional, automáticamente se hacen coincidir los dos extremos y,
en una actitud de coger el rábano por las hojas, introducimos la
sospecha de que si allí hubo una gestión irregular, seguro que la
está habiendo aquí.
Yo creo que estos planteamientos han sido contestados clarísimamente
por el Gobierno en varias ocasiones, no en una sola, y que, por
tanto, esta petición es ya inoportuna. Lo ha dicho el señor Gimeno:
lo que se pretendía era entrar en la dinámica de forzar o bien la
dimisión o bien el cese del responsable de la Agencia. Pues bien, se
ha producido lo que pretendía el señor Gimeno, el Grupo Socialista,
ya no existe ese responsable en un cargo público, existe un vecino
del señor Gimeno al frente de esta Agencia, por lo que debe tener,
aunque sólo sea por el hecho de la vecindad, una valoración positiva
de la buena gestión que se va a realizar en el futuro.
Y quiero introducir un último razonamiento. La Agencia Española de
Cooperacióin Internacional integra sus presupuestos, y en
consecuencia la liquidación de sus presupuestos, en la liquidación de
presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Existe desde el
año 1996, con el Gobierno del Partido Popular, una intervención
previa del gasto que se produce en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y en la Agencia, y existe una liquidación de las cuentas,
y no es la Agencia un organismo que señale el Tribunal que no
presenta sus cuentas en momento oportuno. Por tanto, las cuentas de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
están controladas y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas desde el
año 1996 a 1999, al integrarse en las cuentas del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Si lo que se quiere hacer es una valoración
política de la oportunidad o no de determinadas subvenciones, creo
que hay otros cauces de debate político para plantearlo, pero no vale
extender un ligero velo y decir: como alguna vez se gestionó mal,
seguro que siempre se gestiona mal. Eso cuadra muy poco con
determinados principios que son muy propios de la sociedad
occidental, entre ellos, el de solidaridad, y también el principio de
que hay que aprender a perdonar los errores de las personas y no
excusarnos en esos errores para nunca dar oportunidad de nada. Se
esta usted cargando, señor Gimeno, con esa afirmación todo el
concepto de rehabilitación de la persona, se está usted cargando todo
el sistema penitenciario europeo desde que estaba al frente la señora
Arenal. (Rumores.)
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN
INTEGRAL DE LOS FONDOS ENTREGADOS AL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, PROCEDENTES DE LOS DONATIVOS RECAUDADOS AFAVOR DE LOS
DAMNIFICADOS DE LA RIADA QUE TUVO LUGAR EN ESTA CIUDAD EL DÍA 17 DE
NOVIEMBRE DE 1997, MEDIANTE INGRESO EN CUENTAS ESPECÍFICAS ABIERTAS A
LOS EFECTOS EN DIVERSAS ENTIDADES BANCARIAS O POR OTROS MEDIOS.
FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente
del Congreso 253/000028 y número de expediente del Senado 772/
000024.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Pasamos al punto 11, que se
refiere a la solicitud de fiscalización de los fondos entregados al
Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla procedentes de los
donativos recaudados en favor de los damnificados en la riada del 17
de noviembre de 1997. Defiende la solicitud el Grupo Socialista, en
cuyo nombre tiene la palabra el diputado don Juan Miguel Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Con motivo de la riada que tuvo lugar
en Melilla el 17 de noviembre de 1997 a consecuencia de la rotura del
depósito de abastecimiento de aguas a la ciudad, diversas
instituciones públicas y privadas promovieron una campaña de
recaudación de donativos destinados a socorrer económicamente a los
damnificados de aquella catástrofe con carácter de urgencia. Los
fondos recaudados en diversas cuentas abiertas al efecto en entidades
bancarias fueron entregados a la ciudad autónoma, cuyos responsables
debían proceder al reparto de los mencionados donativos entre los
damnificados. Dos años después de aquel suceso, los afectados siguen
reclamando al Gobierno de la ciudad autónoma las cuentas definitivas
correspondientes a la recaudación global llevada a cabo en aquella
campaña y el detalle del destino dado a estos fondos, así como el
reparto del remanente que proceda.
El malestar entre los damnificados motivado por este hecho se ha
visto agravado por las diferentes cuantificaciones de la recaudación
anunciadas por los responsables de la ciudad autónoma en estos dos
años: 60 millones y más tarde 80 millones, según el señor Velázquez;
100 millones, según el señor Palacios, que sucedió al anterior en la
Presidencia de la ciudad autónoma, y en torno a los 187 millones de
pesetas, según una información publicada por la Cope.
Las declaraciones realizadas por el señor Palacios de que parte de
estos fondos habían sido destinados a actuaciones que tenían que
haber sido sufragadas con cargo a los presupuestos de la ciudad
autónoma o del Estado, tales como gastos en asistencia social,
retirada de escombros, reparaciones de daños ocasionados por la riada
en el mobiliario o en la infraestructura urbana, generaron nuevas
protestas entre los damnificados, a los que, por otra parte, se les
indicó que la cantidad que recibieran con cargo a estos donativos se
detraería del importe de la indemnización otorgada por el Estado en
cada caso.
Por todo ello, nuestro grupo solicita a esta Comisión que recabe del
Tribunal de Cuentas la fiscalización integral de los fondos
entregados al Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla procedentes
de los donativos recaudados a favor de los daminificados de la riada
que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1997, mediante ingreso en
cuentas específicas abiertas a estos efectos en diversas entidades
bancarias o por otro medios.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Parlamentario Popular va a votar a
favor de la petición que realiza el Grupo Socialista. La razón básica
de nuestro voto estriba en que se trata de controlar que unos
donativos han cubierto su finalidad. Observamos con bastante
reiteración desviaciones de los fondos que gracias a la solidaridad
de una población se aportan para otra población que ha sufrido una
desgracia. Creo que para no debilitar ese sentimiento de solidaridad
es conveniente que los ciudadanos tengan la plena seguridad de que
cuando hacen un donativo para atender a un damnificado, efectivamente
el dinero se emplea en atender a ese damnificado. Por todo ello,
votaremos favorablemente la propuesta.
- SOLICITUD ALACOMISIÓN MIXTAPARALAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS PARAQUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LAAMPLIACIÓN DE LA
FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO
DE OVIEDO A LOS AÑOS 1996, 1997 Y 1998. FORMULADA POR EL GRUPO
SOCIALISTADEL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 253/000029 y
número de expediente Senado 772/000025.)
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARAQUE RECABE DE DICHO TRIBUNALUNA FISCALIZACIÓN
ESPECÍFICA
CON EL FIN DE ACLARAR LA GESTIÓN REALIZADA EN LOS EJERCICIOS 1996,
1997 Y 1998 POR ELEQUIPO DE GOBIERNO DELAYUNTAMIENTO DE OVIEDO, EN
ESPECIAL POR LO QUE AFECTA A LA EMPRESA MUNICIPAL GESUOSAYAL
SOMETIMIENTO A LA LEGALIDAD YA LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA Y
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DELGASTO PÚBLICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS
A CABO, ASÍ COMO LA DEPURACIÓN DE LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES
QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LOS HECHOS EXAMINADOS. FORMULADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
Congreso 253/000030 y número de expediente Senado 772/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A solicitud de los distintos
portavoces de los distintos grupos parlamentarios se acumulan los
puntos 12 y 13 del orden día. En consecuencia, en primer lugar, para
defender la solicitud presentada por el Grupo Socialista en relación
con la fiscalización de la actividad económico-financiera del
Ayuntamiento de Oviedo en los años 1996, 1997 y 1998, tiene la
palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señorías, no es la primera vez que se habla
de esta cuestión en esta Comisión y de este Ayuntamiento, que es el
de Oviedo, y quiero que mis primeras palabras sean de esperanza. Como
nada hay que temer, lo lógico es que estas cámaras impulsen al
Tribunal de Cuentas en su actividad fiscalizadora, que es una
actividad normal. Por tanto, oponerse a esta fiscalización
significaría que hay miedo, aunque no sabemos a qué.
Estas cámaras tienen con los ciudadanos de Oviedo un compromiso de
moralidad. No se puede mirar hacia otro lado cuando son públicas y
notorias las irregularidades de todo tipo que se han venido
cometiendo en los últimos años en el municipio de Oviedo. Con esta
intervención no pretendo incriminar ni colocar al Parlamento a los
pies de los caballos, sino que lo que en Oviedo es un clamor sea
acogido a modo de mandato por esta Comisión; pretendo que todas SS.
SS. pongan voz a los anhelos de miles y miles de ovetenses en esta
materia, pretendo, por consiguiente, que recaben del Tribunal de
Cuentas una fiscalización de la actividad economico-financiera del
Ayuntamiento de Oviedo de los años 1996, 1997 y 1998 y de la empresa
que prácticamente ha tenido el monopolio de la inversión pública de
ese Ayuntamiento, denominada Gestión del Suelo de Oviedo S. A.
(Gesuosa). Al fin y al cabo, esta sede es la instancia adecuada, a la
vista de la relación, del papel y de la función que el Tribunal de
Cuentas tiene con las cámaras legislativas.
Cuando empezamos a denunciar hace muchos años, señor presidente, la
realidad de Marbella no se nos quiso creer, pero, al final, pasó lo
que pasó y esta Comisión tuvo que recabar del Tribunal de Cuentas la
fiscalización de Marbella. Pues bien, Oviedo es Marbella y algunas de
sus irregularidades contables de contratación y de gestión son más
graves que las acaecidas en el municipio de Marbella.
Acaba de conocerse el informe de fiscalización, respecto del cual
esta Comisión deberá pronunciarse, referido a los ejercicios 1994 y
1995 en Oviedo -no vamos a entrar a fondo en ello porque ésta es una
cuestión que debe ser analizada con más profundidad por esta
Comisión-, y algunos responsables municipales han respirado con
cierto alivio porque en el mismo no se concluye que nadie vaya a la
cárcel; se han librado por el momento la cárcel y ésa es la gran
satisfacción que algunos responsables municipales han expresado en
referencia al informe de fiscalización de los ejercicios 1994 y 1995.
Pero las denuncias del Tribunal de Cuentas y del abogado del Estado,
que obran en el expediente en relación con esos ejercicios en Oviedo,
son contundentes. Por ejemplo, se revisaron 872 contratos, por un
importe de 10.730 millones de pesetas, y las conclusiones son
tremendas. Todas las obras adjudicadas en 1994, excepto una, han sido
contratadas directamente; en 1995, el 86 por ciento. Cinco empresas
fueron adjudicatarias del 54 por ciento del importe de la obra
licitada, una empresa se llevó el 20 por ciento del importe; la
modificación por vía de hecho, obras complementarias, excesos de
liquidación, reformados supera el 80 por ciento de las inversiones.
La privatización del cementerio no ha cumplido los requisitos ni los
informes, ha incurrido en importantes motivos de nulidad y ha habido
incluso adjudicaciones directas a una asistencia técnica de todo lo
que ha sido el proceso de cambio de gestión, predeterminando
decisiones y sin dejar claro el interés público de tal iniciativa,
que ha sido en perjuicio de los ciudadanos. Irregular venta -denuncia
el Tribunal de Cuentas-, con menoscabo de la economía pública del
suelo, de lo que es patrimonio municipal, adjudicaciones
predeterminadas, deficiencias e irregularidades en la contabilidad.
Es más, en este expediente, el abogado del Estado -el ponente del
Tribunal de Cuentas tendrá que tomar las decisiones sean de su
competencia- ha denunciado serios perjuicios económicos por encima de
112 millones de pesetas; responsabilidad contable por hecho distinto
de alcance, responsabilidad contable por alcance referidas a obras, a
ventas de parcelas, a honorarios por redacción de proyectos y
dirección de obras adjudicadas a profesionales amigos que se pagaron
de más, al pago indebido de una certificación y liquidación de obras,
a privatización del cementerio, como decía anteriormente, en
perjuicio de los intereses públicos.
Señor presidente, señorías, lo gordo vino después de 1994 y 1995,
vino en los ejercicios de 1996, 1997 y 1998. Voy a darles unas muy
breves pinceladas. La contratación pública se ha caracterizado por un
deficiente cumplimiento de la legislación de contratos del Estado y
la inexistencia de concurrencia en muchos supuestos. Si analizamos
sólo en el año 1998 las obras de más de 10 millones de pesetas,
tenemos que decir que el sistema de contratación más usado entonces
fue el de concurso de proyecto y obra, que se usó de una manera
excesiva, en fraude de ley, incumpliendo además las prescripciones
que la Ley de contratos del Estado establece en esta materia. Sólo en
1998 más de 4.000 millones de pesetas de inversión se adjudicaron por
este sistema de concurso de proyecto y obra, y fíjense los
resultados. La media de empresas que acudieron a estos concursos no
superó el 1,9 por ciento porque, en el fondo, había una conspiración
que hacía que todo el mundo concluyera
que las adjudicaciones estaban predeterminadas. En efecto, cuatro
empresas ejecutaron el 91 por ciento de las obras. Fíjense ustedes,
mientras que en otros sistemas se alcanzan bajas medias próximas al
30 por ciento, por este sistema la baja llegó a un 1,7 por ciento. El
sobrecoste con relación al abuso de este sistema para las obras
municipales ha sido superior a los 1.000 millones de pesetas sólo en
el ejercicio de 1998.
Pero ha habido más escándalos. Esta Comisión ha tenido ya ocasión de
conocer el de una obra faraónica, que era el campo hípico de Oviedo,
una obra que empezó siendo presupuestada por menos de 400 millones y
que ha rebasado de manera muy irregular, con graves infracciones en
el expediente de contratación, los 2.000 millones de pesetas. El
auditorio y el contrato de la dirección de obras ha conocido también
importantes irregularidades en su contratación, como ocurrió con el
Campoamor. Pero más grave aún, con menoscabo a los recursos públicos
municipales, ha sido la actuación en relación con un párking que
impulsó la empresa municipal Gesuosa en el barrio de Ventanielles.
Allí, contra todos los informes técnicos, se autorizó la construcción
de una planta más en el subsuelo de aquel barrio; el resultado ha
sido más de 362 viviendas en ruina, cuya reconstrucción va a costar
al Principado en estos momentos 3.000 millones de pesetas y el
Ayuntamiento de Oviedo va a tener que asumir sus responsabilidades,
tanto civiles como, en su caso, criminales.
El expediente de la Manjoya es otra operación urbanística muy dudosa,
tanto que en la aprobación del Plan general de ordenación urbana el
Principado ha tenido que aparcar esta actuación y dejarla sin
aprobación porque, entre otras irregularidades, se encontró un nivel
alto de contaminación. Estamos hablando de un suelo que el
Ayuntamiento compra, en una dudosa operación a través de Gesuosa, a
la Unión de Explosivos -no sabemos si con los buenos oficios o no del
señor Piqué-, por importe de 1.700 millones de pesetas, libre de
cargas. La realidad actual es que la primera obra de
descontaminación, que se ha pretendido adjudicar a cargo del erario
público cuando no era de su competencia, supera los 97 millones de
pesetas, y se requiere mover más de 19.000 toneladas de terreno para
intentar limpiar unos terrenos que están fuertemente contaminados por
la anterior ubicación de una fábrica de explosivos. El Ayuntamiento,
que lo había comprado libre de cargas y claramente descontaminado, en
estos momentos tiene aparcada la actuación; ha gastado más de 1.700
millones de pesetas y tiene que hacer fuertes inversiones -no sabemos
por qué existe esa dejación de lo que es el interés público- para
descontaminar unos terrenos que han reportado un negocio a Unión
Explosivos y una auténtica ruina al ayuntamiento de Oviedo. Gesuosa,
la empresa de suelo de Oviedo, en estos momentos está en liquidación,
está en disolución. Tal ha sido la vergüenza de su gestión que el
propio equipo gobernante mayoritario, que el propio alcalde de
Oviedo, ha tenido que decretar la disolución de esa empresa.
Señorías, ¿cómo vamos a autorizar, cómo vamos a propiciar que el
Tribunal de Cuentas no fiscalice de forma rigurosa una empresa
pública municipal, que actualmente está en disolución por los muchos
escándalos e irregularidades?
En estos momentos todavía hoy se están sustanciando en los juzgados
de Oviedo causas criminales con relación a la gestión de esta empresa
de gestión del suelo, por una operación llamada Víallafría dentro de
su plan de vivienda. Por tanto, las irregularidades, los indicios son
muy graves.
Señor presidente, señorías, acabo porque el tiempo no me permite
extenderme en el análisis de lo que son los múltiples indicios que
deben ser analizados e investigados desde la fiscalización, tanto
contable como del ejercicio y la gestión de la contratación pública,
por el Tribunal de Cuentas.
Oviedo presenta indicios mucho más graves que los que llevaron a esta
Comisión a fiscalizar en su momento al Ayuntamiento de Marbella.
Oviedo presenta situaciones mucho más graves. Hay una metodología que
es tremendamente sospechosa, que es un auténtico escándalo, y que me
lleva a pedir a todas SS.SS. que se tomen en serio esta iniciativa,
porque aquí, repito, estamos poniendo en marcha mecanismos legales,
estamos pidiéndole al Tribunal de Cuentas que ejercite su
competencia, que amplíe su fiscalización y, sobre todo, intentamos
poner voz a lo que es un clamor y un miedo entre los ciudadanos de
Oviedo. Los ciudadanos de Oviedo quieren tener, y se lo piden a esta
Cámara, garantías de que sus recursos se están administrando bien, y
todo apunta a que no es así.
Creo que un voto en contra de esta fiscalización es demostrar que hay
miedo. No debe haberlo a la moralidad, a la ética de la gestión y a
la recta gestión de los recursos públicos de un Ayuntamiento, porque
es un control. Por tanto, debe haber un mandato claro y concreto al
Tribunal de Cuentas para que fiscalice la gestión de los años 1996,
1997 1998, y la gestión de Gesuosa, del Ayuntamiento de Oviedo.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Para presentar y defender la
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra su portavoz, el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo presentó esta solicitud de
ampliación de fiscalización del Ayuntamiento de Oviedo, al conocer en
su momento las primeras conclusiones, el primer borrador del informe
correspondiente a los años 1994-1995. Ayer entraba en esta Cámara el
informe definitivo, pendiente de pasar por esta Comisión, y en él se
pueden evaluar todas las irregularidades cometidas, en nuestra
opinión, por el señor alcalde de Oviedo, don Gabino de Lorenzo. Lo
personalizo porque el estudio del informe detecta claramente cómo su
gestión se caracteriza fundamentalmente por sacrificar, en nombre de
una supuesta eficacia, los principios de legalidad en la gestión de
los fondos municipales.
Nuestro grupo municipal ha reiterado en distintas ocasiones diversas
denuncias de funcionamiento del Ayuntamiento. Este informe resalta la
necesidad de auditar y extender esta auditoría a los años 1996, 1997
y 1998, prestando especial atención a la empresa municipal Gesuosa;
empresa que ha sido responsable de los proyectos más importantes y
que ha servido de instrumento para intentar bordear la legalidad y
sacar del control del Pleno municipal
asuntos tan importantes como algunos que se han citado, por ejemplo,
el polémico campo hípico, que incluso carecía de aprobación por parte
del plenario, cuando se aborda una obra que finalmente va a superar
los 3.500 millones de pesetas.
Esta auditoría, conocida ayer, demuestra también la falta de control
interno y de una contabilidad digna de tal nombre, con carencias de
todo tipo que impiden la obtención de una imagen fiel de la situación
financiera y patrimonial del Ayuntamiento de Oviedo.
Se han facilitado, por tanto, las discrecionalidades a la hora de la
contratación, con el consiguiente despilfarro de dineros públicos, y
han existido límites a la fiscalización; entre otros, citados por el
propio Tribunal de Cuentas, no aparecen relaciones nominales de
acreedores que contengan información pormenorizada e individualizada
de los saldos de las cuentas, correspondiente a algo básico en una
contabilidad que se precie de tal. Una conciliación de saldos entre
una muestra de 30 de los principales acreedores ha obtenido como
resultado que sólo en tres de los 30 encuestados los saldos contables
coinciden ente acreedor y Ayuntamiento.
Respecto a la falta de control interno, entre otras cuestiones,
podemos hablar de las modificaciones presupuestarias que han sido
incoadas no por las secciones o servicios gestores de los fondos,
como se establece en las bases de ejecución y como sería de todo
punto lógico, sino siempre por el concejal delegado de Economía. No
existen procedimientos escritos reguladores de las diferentes compras
de bienes y contratación de servicios. La contratación y el control
del patrimonio también dependen de la Concejalía de Economía y no,
como debería de ser, de la Secretaría General.
Han funcionado 16 cuentas bancarias abiertas en la Caja de Ahorros de
Asturias, sin incluir los estados de Tesorería, constituyendo en
nuestra opinión fondos reservados, utilizados además por personas
distintas a las legalmente autorizadas.
En cuanto a contabilidad y presupuestos, entre otras cuestiones, el
Tribunal de Cuentas denuncia falta de documentos preceptivos, según
la ley, tanto a la hora de la aprobación de las cuentas generales
como de la aprobación de los presupuestos; entre otras, por ejemplo,
están las cuentas de la Fundación municipal de deportes y Fundación
municipal de cultura, la memoria justificativa del coste-rendimiento
de los servicios públicos, o la memoria demostrativa del grado en que
se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los
previstos y alcanzados con el coste de los mismos.
Podemos resaltar, entre otras muchas cuestiones, que del informe del
Tribunal de Cuentas se deduce que de 7.913 millones de pesetas de
deudas tributarias contabilizadas a final de 1995 tan sólo 3.260
millones se encontraban en recaudación. En contratación hay que
destacar las siguientes prácticas: primero, el procedimiento de
adjudicación fue contratación directa aproximadamente en un 93 por
ciento de los casos; en 1994 sólo se adjudicaron tres contratos por
otro método. Tan sólo cinco empresas se hicieron con el 54 por ciento
del importe de las obras licitadas y a una sola empresa se le
adjudicó el 20 por ciento del importe de las obras licitadas. Se han
vulnerado los principios de
publicidad y concurrencia al fijar el límite para la contratación
directa de las obras de inversión en 75 millones, frente a los 50
millones preceptivos, y ahí está el caso famoso de las farolas de
Oviedo.
Por tanto, entendemos que es necesario continuar la fiscalización en
los años sucesivos, para evaluar el alcance de todas estas
irregularidades, entendiendo que existen posibles indicios de delito,
que afectarían en concreto a posibles delitos de prevaricación
(artículo 404 del Código Penal), a ocultación de documentos (artículo
413 del Código Penal), a falsedad de documentos (artículos 390 y 393
del Código Penal), a posibles delitos relativos a la ordenación del
territorio (artículo 320 del Código Penal) y, por último, a posible
delito de malversación de caudales (públicos, artículo 433 del Código
Penal).
Viendo además que ahora se quiere cerrar Gesuosa, es imprescindible
antes de su cierre, que supondrá la asunción por parte del
Ayuntamiento de Oviedo de una deuda aproximada de 10.000 millones de
pesetas, dado el alcance de la situación de Gesuosa de que habiendo
contratos para un mismo objeto se trocean parcialmente para no
superar la cifra de dos millones de pesetas en muchos casos para el
mismo objeto final; es imprescindible, repito, por parte del Tribunal
de Cuentas, ampliar su estudio de las cuentas del Ayuntamiento de
Oviedo a los ejercicios 1996, 1997, 1998 y en particular a la empresa
Gesuosa.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): A continuación, y en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada Alicia
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, señorías, no voy a entrar
en la sarta de descalificaciones realizada por el portavoz del Grupo
Socialista ni voy a hacer una valoración de las mismas. Simplemente,
voy a hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, yo creo que de
cárceles mejor no hablamos. En segundo lugar, si el portavoz del
Grupo Socialista se refiere permanentemente al clamor existente en
Oviedo, he de indicar que, efectivamente, lo que existe en Oviedo es
un clamor de apoyo al Partido Popular, que por tercera vez
consecutiva revalida unos resultados electorales que le permiten
gobernar con mayoría absoluta. Eso es lo que es un auténtico clamor
en la ciudad de Oviedo.
Señor presidente, me quiero ceñir en mi intervención a lo que
considero que es fundamental. El pasado domingo aparecía en el diario
La voz de Asturias -y cito textualmente- un informe del abogado del
Estado, contundente a la hora de señalar irregularidades y denunciar
que procede denunciar acciones tendentes a depurar responsabilidades.
Este texto se refería a la gestión económica en el Ayuntamiento de
Oviedo entre los años 1994 y 1995. Pues bien, unos días antes, el 23
de noviembre, el portavoz municipal del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Oviedo, don Leopoldo Tolivar Alas, había dado a
conocer la existencia de dicho informe, que mostró ante los medios de
comunicación. Leo literalmente la información que al respecto publicó
el diario La nueva España con esa fecha. Dice este diario: Leopoldo
Tolivar manifestó ayer, tras conocer el documento redactado por
Emilio Jiménez Aparicio, abogado
del Estado, sobre el informe del Tribunal de Cuentas, que su partido
exigirá responsabilidades políticas por la gestión llevada a cabo en
el Ayuntamiento en los ejercicio 1994 y 1995, período de la
fiscalización que contempla el análisis del Tribunal.
Este inconcebible e irresponsable hecho (que un concejal del
Ayuntamiento de Oviedo maneje públicamente los informes de la
Abogacía del Estado elaborados para el Tribunal) es el penúltimo acto
de una tremenda campaña de acoso al Ayuntamiento de Oviedo y a su
alcalde, promovida por el Partido Socialista, utilizando, de manera
sorprendente, información confidencial, que se fue lanzando a los
medios de comunicación de manera claramente orquestada, con un plan
estratégicamente elaborado y desde la celebración de las últimas
elecciones municipales. Yo quisiera recordar en este momento que el
artículo 5.1 de la Ley 7/1998, de 5 de abril, que es la de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dice que las deliberaciones
del Tribunal tendrán carácter reservado, debiendo guardar secreto de
las mismas los asistentes y cuantos pudieran conocerlas por razón de
sus funciones en el Tribunal. (El señor vicepresidente, García
Mellán, ocupa la Presidencia.)
Señor presidente, creo que se debe considerar la especial gravedad
que reviste la utilización sesgada, partidista y contraria a las
decisiones del propio Tribunal -de este informe de la Abogacía del
Estado-, en una evidente maniobra de acoso a una opción política
desde otra opción política, el Partido Socialista, que persigue
convertir al Tribunal de Cuentas en el ariete de una estrategia
antidemocrática de agitación y propaganda, lanzada para intentar
torcer la voluntad popular de los ciudadanos que decidieron volver a
depositar su confianza, por mayoría absoluta, en el Partido Popular
de Oviedo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) En el informe de
fiscalización del Ayuntamiento de Oviedo, ejercicios 1994 y 1995, que
finalmente eleva el Tribunal a las Cortes Generales (y quiero hacer
constar que es aprobado por unanimidad de los miembros del Tribunal),
se realiza una serie de recomendaciones encaminadas a subsanar las
deficiencias observadas en la gestión del Ayuntamiento (y quisiera
que me dijesen ustedes qué ayuntamiento en España no comete algún
tipo de deficiencia), sin que efectivamente este informe haya
detectado ni una sola irregularidad que revista gravedad,
señalándose, por el contrario, que el Ayuntamiento ya realizó un
verdadero esfuerzo de modificación en sus actuaciones menos
correctas, tal y como se recomienda en el apartado 8, titulado
precisamente Recomendaciones, y del cual leo textualmente: Si bien
durante las labores de fiscalización se ha constatado que el
Ayuntamiento ha subsanado, con posterioridad al cierre de los
ejercicios fiscalizados o a la conclusión de aquéllos, una parte de
las deficiencias e irregularidades señaladas, en el presente informe
(y nada de lo que aquí se está diciendo es cierto) se recomiendan las
actuaciones que se sintetizan en los siguientes epígrafes. A
continuación pasa a relacionar dichas deficiencias y los mecanismos
para su corrección. El Congreso de los Diputados, señorías, no puede
caer en el patético juego desencadenado desde una organización
municipal, la del Partido Socialista en Oviedo, empeñada en una
estrategia suicida de acoso a la legítima representación de los
ciudadanos.
Ante el veredicto contundente de las urnas, los socialistas de Oviedo
se aferraron a una estrategia basada en el uso torticero de las
instituciones de control de nuestro sistema político, llegando
incluso a tener la osadía de utilizar de una manera sectaria y
especialmente peligrosa para la credibilidad del propio Tribunal
documentación confidencial, con la única intención de confundir a los
ciudadanos - repito- en esa campaña orquestada, pretendiendo
justificar así la impotencia de unos candidatos claramente fracasados
ante la opinión pública de la capital del Principado.
Tomar en consideración las pretensiones de los autores de la
iniciativa no sería otra cosa que contribuir a una vil estrategia de
desgaste de las instituciones a mayor gloria de la frustrada carrera
política de quienes incapaces de encontrar apoyo popular en las urnas
no ven otra manera de dar pábulo a sus ambiciones que llevarse todo
por delante.
En consecuencia, señor presidente, mi grupo va a votar en contra de
las dos iniciativas, por tratarse de una artera maniobra de acoso y
derribo de un ayuntamiento legítimamente constituido. Además
solicito, señor presidente, que por quien corresponda se investigue
lo ocurrido con las infracciones antes señaladas para evitar que se
vuelvan a dar hechos tan graves como el que acabo de denunciar ante
esta Cámara. (Varios señores diputados: Muy bien.)
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS, PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CONTABLE, ASÍ COMO
LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL, DE OBRAS Y SERVICIOS, DELAYUNTAMIENTO
DE CARBALLEDO (LUGO), CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS DE 1994 A
1998.
FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DELCONGRESO. (Número de expediente
Congreso 253/000031 y número de expediente Senado 772/000027.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Entramos en el último punto
del orden del día, que es la fiscalización de la gestión económica,
financiera, presupuestaria y contable del Ayuntamiento de Carballedo
(Lugo), correspondiente a los ejercicios de 1994 a 1998. Para su
intervención como grupo proponente, tiene la palabra el diputado
señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Retomando las palabras de la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el punto anterior, quería decir que el
último punto del orden del día en relación con la fiscalización del
Ayuntamiento de Carballedo, en Lugo, tiene alguna relación con esas
manifestaciones. Se trata de un alcalde, y senador también, que tiene
dos causas pendientes, que se están instruyendo en el Tribunal
Supremo, por la gestión al frente del Ayuntamimento de Carballedo, en
Lugo, que, elección tras elección y merced sobre todo al uso
fraudulento que hace de los fondos públicos, obtiene mayorías
absolutas.
Las mayorías absolutas expresan sin duda la voluntad de los
electores, pero no todos los métodos son lícitos para
conseguir la confianza de los electores y el Tribunal de Cuentas es
un órgano constitucional que está especialmente diseñado no sólo para
fiscalizar y para poner control allí donde no lo hay sino también
para poner las cosas en su sitio y evitar que se vayan deteriorando
cada vez más gestiones irregulares que comienzan bajo ese signo y que
terminan convirtiéndose desgraciadamente en causas pendientes en los
tribunales de justicia.
Si impedimos en esta Cámara, gracias al juego de las mayorías y de
las minorías, que el Tribunal de Cuentas pueda ejercer su función
fiscalizadora, su función de control sobre las distintas entidades e
instituciones públicas, no sólo no estaremos haciendo ningún
beneficio al Estado de derecho, sino que estaremos favoreciendo que
aquellos que impunemente están haciendo un uso fraudulento de los
fondos públicos acentúen cada vez la presión sobre los ciudadanos,
utilizando mecanismos ilícitos para conseguir la confianza de ellos.
Como ya he dicho, la gestión en el Ayuntamiento de Carballedo, en
Lugo, fiscalizado por el Concello de Contas de la comunidad autónoma
gallega en los años 1994 y 1995, dio como resultado que pudiéramos
calificar de caos económico, financiero y contable a ese
Ayuntamiento. Lo que comenzó siendo una gestión ineficiente y opaca,
continuó siendo una labor de obstrucción del trabajo de la oposición,
terminó degradándose y finalizó en los juzgados. Hay una falta
absoluta de control, como reconoce el propio órgano fiscalizador de
la comunidad autónoma, en los años 1994 y 1995. Es imposible conocer
la situación financiera, patrimonial y contable; y es imposible saber
en base a qué se realizan las contrataciones de obras, el
endeudamiento del ayuntamiento, los contratos laborales o la
selección de personal para distintas obras porque, sencillamente, no
hay contabilidad en el Ayuntamiento de Carballedo, en Lugo.
Solicitamos que se fiscalicen los años 1994 a 1998, porque creemos
que es preciso establecer una relación clara entre lo que ha ocurrido
en los años 1995 y 1995, ya fiscalizados por el Consello de Contas, y
lo que siguió sucediendo en los años sucesivos. Sobre todo, lo
pedimos porque creemos que hay que poner fin a un capítulo de caos y
de corrupción en el Ayuntamiento de Carballedo, puesto que el sistema
está establecido de tal manera corrupto que garantiza así las
mayorías absolutas a favor del Partido Popular, pero mayorías
absolutas que están cimentadas, sobre todo, en la corrupción, y eso
es nada más que el elemento perjudicial que mina mismamente los
principios y los fundamentos del Estado de derecho, de la democracia
en sí misma. Dejemos que actúe el Tribunal de Cuentas. Dejemos que
clarifique las cosas. Nosotros nos comprometemos a hacer una lectura
correcta, objetiva e imparcial del informe que haga el Tribunal de
Cuentas. Yo creo que el primer interesado en que se haga esa
fiscalización debe ser el propio Grupo Popular. El propio Grupo
Popular debe tratar de poner freno a aquellos alcaldes que hacen un
uso ilícito de las normas, de los fondos públicos y que terminan
convirtiéndose en un referente negativo para la sociedad, un
referente que lo único que hace es deteriorar la imagen de los
políticos y, en definitiva, minar, aunque sea en la dimensión que le
corresponde a un ayuntamiento con 3.000 habitantes, los principios y
normas básicas de un Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Con extremada brevedad, señor presidente,
porque sirven los razonamientos expuestos con anterioridad, añadimos
un razonamiento específico.
Se pide una actuación del Tribunal de Cuentas sobre unos ejercicio ya
analizados por el Consello de Contas de Galicia. El Consello de
Contas de Galicia, ni ha deducido testimonios por una presunta
responsabilidad penal que, de acuerdo con expresión del portavoz del
Grupo Socialista así debería haber sido, ni ha pedido al Tribunal de
Cuentas que abra un proceso específico sobre actuaciones realizadas
en este ayuntamiento. El Tribunal habrá detectado errores y anomalías
contables, pero no ha observado situaciones que conlleven una
responsabilidad contable de los responsables de este ayuntamiento.
Por tanto, no parece tener sentido volver a duplicar el trabajo del
Tribunal de Cuentas e introducirle en un campo donde ya ha trabajado
el Consello de Contas de Galicia.
Por otra parte, respecto a lo que se ha dicho en cuanto actuaciones
en el Tribunal Supremo, dígase completo. Exprésese en toda su
integridad lo que ha resuelto el Tribunal Supremo. Y debe saber el
portavoz del Grupo Socialista que en una resolución expresa del
Tribunal Supremo respecto al pago o utilización de una serie de
autobuses, dijo que no había responsabilidad penal de ninguna clase
por parte del Ayuntamiento de Carballedo. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular, por ser coherente con los principios que viene
manteniendo respecto a la fiscalización de corporaciones locales, va
a votar en contra de esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (García Millán): Se suspende la sesión cinco
minutos, para reanudarla posteriormente, una vez que se hayan
incorporado todas SS.SS. a la Comisión. (El señor vicepresidente,
Álvarez Gómez, ocupa la Presidencia.-Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Señoras y señores diputados,
reanudamos la sesión suspendida anteriormente y, en primer lugar,
vamos a someter a votación si se acepta o no la inclusión en el orden
del día de la propuesta de resolución primera, inciso primero, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre el informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española, ejercicios 1996 a 1999. A esos efectos,
tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, intervengo para
justificar el sentido del voto que va a realizar el Grupo
Parlamentario Popular y decir que se ha producido un procedimiento
que, a nuestro modo de ver, puede calificarse como anómalo, porque al
inicio de la sesión se daban por calificadas todas las propuestas que
se habían presentado, ya que no había habido una reunión expresa de
la Mesa para calificarlas, pero es que se han debatido esas
propuestas y, una vez debatidas y una vez expresadas por los grupos
sus posiciones respecto a las propuestas, es cuando se ha hecho -a
nuestro modo de ver también- un planteamiento inoportuno respecto a
la admisión a trámite de una de las propuestas. Creemos que,
de acuerdo con el Reglamento, no puede mantenerse en forma alguna
que, una vez debatida una propuesta, no pueda ser sometida a
votación. Ese planteamiento debía de haberse hecho al inicio de la
sesión y no una vez expresadas y debatidas las distintas propuestas.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Sometemos, pues, a votación
la aceptación o no de la inclusión en el orden del día de la
propuesta de resolución primera, inciso primero, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, sobre el informe de fiscalización de
Radiotelevisión Española, ejercicios 1996 a 1999. (Pausa.-Rumores.)
Votamos a favor de que se incluya y que se acepte la resolución de la
Mesa en ese sentido. (Rumores.) Votamos a favor de que se incluya en
el orden del día, que es la propuesta inicial que hizo esta Mesa, la
propuesta de resolución primera, inciso primero, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 18; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobada la inclusión
en el orden del día. (La señora Riera i Ben pide la palabra.)
Sí, señora diputada.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, el Grupo de Convergència i
Unió desearía presentar una propuesta transaccional a la propuesta de
resolución que había planteado el Grupo Parlamentario Popular, con el
ánimo de encontrar el consenso entre todos los grupos. Si S.S. me lo
permite, procedería a su lectura. Mi grupo propone el siguiente
enunciado: La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas entiende conveniente se continúen adoptando medidas que
permitan mejorar los resultados del grupo Radiotelevisión Española,
dentro de los criterios de racionalidad y profesionalidad, en
coherencia con las conclusiones recogidas en el informe de
fiscalización selectiva de la gestión financiera del ente público de
Radiotelevisión Española en el ejercicio de 1995. Esta es la
propuesta, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Le ruego que nos la haga
llegar a la Mesa y, en todo caso, que nos cite si se refiere a la
primera o a la segunda propuesta de resolución.
La señora RIERA I BEN: A la primera, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Sometemos a consideración de
los distintos grupos la transaccional que ha presentado la señora
diputada en los términos que han sido expresados. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aceptada por
unanimidad.
En consecuencia, se somete a votación, en primer lugar, la propuesta
de resolución primera, con la transaccional que acaba de formular la
señora diputada, que quedaría en los términos que ella misma ha
expresado y que repetimos a continuación: La Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas entiende conveniente se
continúen adoptando medidas que permitan mejorar los resultados del
grupo Radiotelevisión Española, dentro de los criterios de
racionalidad y profesionalidad, en coherencia con las conclusiones
recogidas en el informe de fiscalización selectiva de la gestión
financiera del ente público Radiotelevisión Española en el ejercicio
de 1995. Asimismo, entiende conveniente que se continúen adoptando
medidas que permitan mejorar los resultados del grupo de
Radiotelevisión Española, dentro de criterios de racionalidad y
profesionalidad.
Como quiera que estas propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Popular han sido presentadas posteriormente, iniciamos
la votación de las propuestas de resolución por el orden en que han
sido presentadas en el registro de la Cámara. Pasaríamos a votar, en
primer lugar, las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario
Socialista conjuntamente si ningún grupo parlamentario desea votación
separada.
Votamos, en primer lugar, las propuestas de resolución números 1 a 5,
relativas al ente público Radiotelevisión Española, ejercicio 1995,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Quedan rechazadas.
Pasamos, a continuación, a votar dos propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular con la transaccional
que acabamos de citar. Si no hay ninguna petición de voto separado,
votaríamos las dos conjuntamente. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 20.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Quedan aprobadas.
Procedemos a votar las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Vasco, números 8 a 10.
La señora URÍAECHEVARRÍA: Perdón, señor presidente. El Grupo Vasco
ofrecería una transacción a la propuesta de resolución número 8, en
los términos que acercaré a la Mesa y, si me permite, leeré en este
momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Adelante, señoría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: La Comisión Mixta para las relaciones con
el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a presentar al Congreso de
los Diputados el desarrollo del modelo de Radiotelevisión Española
que sea aprobado por la Cámara de los Diputados como consecuencia del
dictamen emitido por la subcomisión para el estudio de un nuevo
modelo de televisión y radio de titularidad pública y cobertura
estatal, a los efectos de dotar al ente público Radiotelevisión
Española de un marco financiero estable y proponer las modificaciones
del Estatuto de la radio y televisión aprobado por la Ley 4/1980, de
10 de enero, que se consideren necesarias.
El desarrollo de este modelo será presentado al Congreso de los
Diputados en el plazo de un año desde la aprobación del informe de la
subcomisión, debiendo contener, entre otras cuestiones, las
siguientes: primera, los fines, objetivos y funciones que cumplirá
como ente público de Radiotelevisión; segunda, estructura orgánica y
funcional; tercera, plan financiero para la paulatina eliminación de
su endeudamiento y el modelo de financiación de futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): ¿Aceptan la transaccional
formulada en los términos que acaban de ser expuestos?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moreno Monrove.
El señor MORENO MONROVE: Por supuesto, aceptamos la tramitación, que
es lo que normalmente hacemos todos los grupos. Nos parece bien que
si hay una transaccional aceptada por más de un grupo, se produzca su
votación, pero en este caso nosotros solicitamos la votación separada
de ésta, que es la transaccional a la número 8.
El señor PRESIDENTE: Quiero entender que pide votación separada de la
número 8 y votar en otro bloque la 9 y la 19.
En consecuencia, procedemos a votar, en primer término, la
transaccional a la número 8, formulada por el Grupo Parlamentario
Vasco, en relación con el expediente de fiscalización del ejercicio
1995 de Radiotelevisión Española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 18.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobada.
Votamos las propuestas de resolución números 9 y 10, del Grupo Vasco.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Quedan aprobadas por
unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 11, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21; abstenciones, 18.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Votamos las propuestas de resolución del Ayuntamiento de Morata de
Tajuña, ejercicios 1994 y 1995. Solamente se ha presentado una
propuesta de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada la propuesta
de resolución.
Pasamos a votar las propuestas de resolución relativas a la gestión
financiera de los seguros agrarios combinados, ejercicio 1995. Se ha
presentado una propuesta de resolución por parte del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobada por
unanimidad.
A continuación, votamos las propuestas de resolución presentadas al
informe de la Agencia EFE, ejercicio 1995. En primer término,
votaremos las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. (El
señor Jordano Salinas pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, con respecto a las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, solicitamos dos
bloques de votaciones; el primero integrado por las números 1 y 3 y
el segundo por la 2. Respecto a la de Izquierda Unida, se entiende
que es la transacción efectuada.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): En consecuencia, votamos en
primer lugar las propuestas de resolución 1 y 3, formuladas por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la Agencia EFE.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos la propuesta de resolución número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta de resolución formulada por el
Grupo de Izquierda Unida con la transaccional que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobada.
Pasamos a votar las solicitudes de fiscalización que figuran en el
orden del día.
En primer lugar, solicitud relativa a la fiscalización de la
Diputación Provincial de Ourense de los ejercicios 1994 a 1996.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Pasamos a votar la solicitud relativa a la fiscalización de la
Diputación Provincial de Lugo, ejercicios 1991 a 1995.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Votaremos, a continuación, la solicitud relativa a la fiscalización
del Ayuntamiento de Estepona, ejercicio 1995.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobada por
unanimidad.
Pasamos a votar, a continuación, el punto 8, la solicitud relativa a
la fiscalización del Ayuntamiento de Benidorm, ejercicios 1991 a
1994.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Votaremos, a continuación, la solicitud de fiscalización de la
Fundación de competencia estatal hospital de Alcorcón, ejercicio
1998.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Solicitud de fiscalización de la Agencia Española de Cooperación
Internacional, ejercicios 1996 a 1999.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada.
Votamos el punto 11, relativo a la solicitud de fiscalización de
donativos al Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, realizados el
17 de noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda aprobado por
unanimidad.
Si los grupos no plantean petición de votación separada, votaríamos
conjuntamente los puntos 12 y 13 del orden del día, relativos a la
solicitud de fiscalización de la actividad económico-financiera del
Ayuntamiento de Oviedo, ejercicios 1996, 1997 y 1998 y de la empresa
Gesuosa en el mismo período.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Quedan rechazadas ambas
solicitudes.
Finalmente, votaremos el punto 14 del orden del día, relativo a la
fiscalización del Ayuntamiento de Carballedo, en Lugo, de los
ejercicios 1994 a 1998.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Álvarez Gómez): Queda rechazada la
solicitud.
Se levanta la sesión.