DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 147



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 24



celebrada el lunes, 28 de junio de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Acuerdo sobre la solicitud de prórroga de la ponencia que elabore un
informe acerca de las líneas básicas para la información de un nuevo
Plan Nacional sobre Drogas. (Número de expediente del Congreso 154/
000021 y número de expediente del Senado 573/000006.) ... (Página 31009
)



Comparecencia de la señora secretaria general de Asuntos Sociales
(Gómez Gómez) para explicar las razones que le llevan a oponerse al
programa de investigación para la administración de heroína a ciertos
drogodependientes. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente del Congreso 212/001465 y número de expediente
del Senado 713/000615.) ... (Página 3100)



Proposiciones no de ley:



- Sobre la prescripción de estupefacientes. Presentada por el Grupo
Parlamentario federal de Izquierda Unida. (Número de expediente del
Congreso 161/001451 y número de expediente del Senado 663/000057.)
... (Página 3101)

Página 3100



- Sobre autorización de ensayo clínico de prescripción y
administración controlada de heroína en drogodependientes que han
fracasado con otros tratamientos terapéuticos. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente del Congreso
161/001489 y número de expediente del Senado 663/000058.)
... (Página 3101)



- Sobre blanqueo de capitales a través de sociedades establecidas en
Gibraltar. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente del Congreso161/001424 y número de expediente del
Senado 663/000056.) ... (Página 3110)



Se abre la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos.




- ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA PONENCIA QUE ELABORE UN
INFORME ACERCA DE LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMULACIÓN DE UN NUEVO
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. (Número de expediente del Congreso 154/
000021 y número de expediente del Senado 573/000006.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores y Diputados, vamos a
iniciar la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas.

En el orden del día el primer punto es el acuerdo sobre la solicitud
de prórroga de la ponencia que elabore un informe acerca de las
líneas básicas para la formulación de un nuevo Plan nacional sobre
drogas.

La Mesa había acordado la prórroga del tiempo y nos parecía razonable
establecer como fecha tope el 31 de octubre de 1999. ¿Están de
acuerdo? (Asentimiento.) Queda aprobado.




- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES
(GÓMEZ GÓMEZ) PARA EXPLICAR LAS RAZONES QUE LE LLEVAN A OPONERSE AL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HEROÍNA A CIERTOS
DROGODEPENDIENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.

(Número de expediente del Congreso 212/001465 y número de expediente
del Senado 713/000615.)



El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia de la secretaría general de Asuntos Sociales, doña
Amalia Gómez Gómez, para que explique las razones que le llevan a
oponerse al programa de investigación para la administración de
heroína a ciertos drogodependientes.

Según las noticias que todos tenemos, a pesar de que son las once de
la mañana, doña Amalia Gómez Gómez no comparece o no ha llegado.




La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, ¿hay alguna noticia
fidedigna de cuál es su suerte en este
momento, o es simplemente la constatación fáctica de que no está
aquí?



El señor PRESIDENTE: La noticia que tenemos es que no va a venir
porque dice que no ha recibido la comunicación, lo que me parece un
tanto pueril porque se la ha llamado telefónicamente, y, además, está
convocada por el presidente de la Comisión, con la asistencia del
letrado.




La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, quiero dejar constancia
de la estupefacción, que no estupefaciente, de este grupo ante la
incomparecencia de la secretaria de Estado.

Desde luego, la excusa que acaba de transmitir, -estoy segura de que
no es de su autoría- no tiene ninguna justificación, porque me consta
el buen hacer de esta Presidencia en sus tareas de intermediación
entre la Comisión y los comparecientes, y no dudo del exquisito
quehacer profesional de los servicios de la Cámara.

Sólo me queda decir que la incomparecencia de la secretaria de Estado
es sólo imputable a su desprecio total y absoluto por esta Cámara,
desprecio reiterado teniendo en cuenta que las desafortunadas
declaraciones que formuló tuvieron lugar hace ya once meses, desde
cuya fecha está pedida su comparecencia, y hoy nos encontramos con
que no sólo no ha comparecido sino que se produce de una manera
irrespetuosa, no solamente en el fondo sino en la forma para con esta
Cámara, hasta el punto de no tener una comunicación de la secretaria
de Estado, excusándose al menos por no haber venido.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? (Pausa.)
Señora Cava de Llano.




La señora CAVADE LLANO YCARRIÓ: Como portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, lamento la falta de asistencia de la secretaria de Estado
para Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, que intuyo que se puede
deber a dos causas, primera, una descoordinación entre las
comunicaciones que ha habido; segunda, que haya habido una causa de
fuerza mayor que en este momento desconocemos.

Lo que no puedo admitir es que se hable de desprecio por parte de la
secretaria de Estado a esta Comisión porque no hay motivo de que esto
sea así. El hecho de que no haya comparecido, como digo, debe
obedecer a alguna de estas dos razones, porque de todos los
componentes de esta



Página 3101



comisión es conocido el alto grado de sensibilidad de doña Amalia
Gómez para los asuntos sociales.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE ESTUPEFACIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente del
Congreso 161/001451 y número de expediente del Senado 663/000057.)



- SOBRE AUTORIZACIÓN DE ENSAYO CLÍNICO DE PRESCRIPCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN CONTROLADA DE HEROÍNA EN DROGODEPENDIENTES QUE HAN
FRACASADO EN OTROS TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DELCONGRESO. (Número de expediente
del Congreso 161/001489 y número de expediente del Senado 663/
000058.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir conjuntamente, con independencia
de que después se voten por separado, las dos proposiciones no de
ley, que con los números 3 y 4 figuran en el orden del día. La
primera, sobre prescripción de estupefacientes, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la segunda, sobre
autorización de ensayo clínico de prescripción y administración
controlada de heroína en drogodependientes que han fracasado en otros
tratamientos terapéuticos, cuyo autor es el Grupo Socialista del
Congreso.

Iniciamos las intervenciones, dando la palabra al Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que es el proponente de la primera
proposición no de ley, sobre prescripción de estupefacientes.

Tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Voy a intervenir en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar esta
proposición no de ley, que trata de abordar lo que significa la
prescripción de estupefacientes en casos específicos y en aquellos
tratamientos habituales que no han dado resultado y que no se pueden
resolver desde las políticas desarrolladas en la prevención,
información y orientación.

En esta proposición no de ley planteamos que la política europea y la
política nacional en materia de drogas deberían dejar un mayor margen
para experimentos, habida cuenta de que resulta evidente que hoy por
hoy es necesario arbitrar estas actuaciones tanto en el ámbito local
como en el regional.

Nosotros entendemos que el programa de política europea da margen
para que se pueda trabajar en esa dirección. De hecho el propio
programa de prevención de toxicomanías a nivel europeo prevé una red
de ciudades de experimentación para el fomento de la cooperación
técnica en cuanto métodos y medios para reducir la demanda. Por ello,
que, desde las diferentes valoraciones que se hacen en nuestro
entorno, deberíamos ser capaces de autorizar experiencias
en común encaminadas a solucionar problemas tan importantes
como es el tratamiento a drogodependientes, desde un punto de vista
de salud y tratamiento de los propios drogodependientes.

Siendo una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, de
la política local y de la política autonómica, con todas las medidas
legislativas y recursos, que existen en términos objetivos y no
dramáticos, debemos reconocer que la legislación en vigor significa
un avance limitado con relación a los medios que se utilizan con la
heroína, tanto por los delitos y aspectos de seguridad relacionados
con la droga, como por la muerte de los propios toxicómanos y el
fortalecimiento de las redes de narcotráfico. Por ello, debemos
entender que en ocasiones el tratamiento de la propia dependencia
queda superado por la necesidad de preservar la vida en sí misma y la
salud colectiva, teniendo en cuenta el efecto multiplicador de la
problemática y de enfermedades de aquellos drogodependientes que en
cuanto a atención están fuera del sistema.

En estos últimos años se han producido cambios sustanciales en las
estrategias de intervención para trabajar en el tema de las drogas
desde una concepción distinta. En esta dirección se plantea esta
proposición no de ley, ya que estos programas no pretenden demostrar
la eficacia de la prescripción médica de heroína frente a otras
sustancias, otros proyectos y otras actuaciones, a los que en ningún
caso pretende sustituir, sino trabajar en la dirección de buscar
soluciones con actuaciones concretas dirigidas a aquellos
drogodependientes que por su situación están fuera de la atención
sanitaria y clínica, con el fin de actuar en otra dirección.

Por tanto, esta proposición no de ley va en línea de lo que ya se ha
realizado o se está intentando realizar en la Junta de Andalucía,
adelantando que vamos a votar a favor del texto presentado por el
Grupo Socialista.

Se trata de que, desde el Gobierno central fundamentalmente, no se
pongan de forma continua interferencias a proyectos o a programas que
han pasado los suficientes análisis de reflexión para que, desde el
rigor, desde la experimentación clínica y desde los ensayos clínicos,
se puedan dar soluciones en un ámbito local o autonómico determinado.

En este sentido, nosotros planteamos varios puntos. En el primer
punto planteamos una enmienda, la cual expreso en este momento, que
en lugar de decir poner en marcha junto con las comunidades
autónomas, diría: autorizar a las comunidades autónomas que lo
pudieran solicitar, programas experimentales de prescripción de
estupefacientes en el que la heroína se considere un producto en fase
de experimentación clínica para atender a las personas
drogodependientes en esta sustancia.

El resto de la proposición no de ley seguiría en los mismos términos
en que está expresada y el cambio viene fundamentalmente derivado de
que, puesto que ya hay programas y solicitudes en comunidades
autónomas, es bastante más adecuado autorizar a las comunidades
autónomas que lo pudieran solicitar los programas con los
condicionantes que se presenten. Mantendremos la proposición no de
ley con esta enmienda que acabo de expresar y con las enmiendas que
se pudieran plantear desde los otros grupos. Vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley del Partido



Página 3102



Socialista porque entendemos que significa la posibilidad de que,
desde otras comunidades y con similares criterios y condicionantes,
puedan ser autorizados los ensayos clínicos en la misma dirección.

Debería tomarse hoy una solución que, más allá de lo que significa un
recorrido en algunas comunidades autónomas, posibilitase que en el
conjunto de las mismas se planteen experiencias de estas
características sin que, en ningún caso, se dieran elementos de
retraso en las experiencias que están estudiadas y contrastadas desde
las comunidades autónomas. No se puede plantear su obstrucción, como
se ha venido haciendo desde el Plan nacional de drogas o desde el
Ministerio de Sanidad.




Es tiempo para reflejar las diferentes posiciones y para que en esta
Comisión, teniendo en cuenta las condiciones que ya se han
formalizado en algunas comunidades autónomas, se dé un paso hacia
adelante en un tema de salud colectiva, en el tratamiento de
toxicómanos y en lo que pudiera significar un avance en esa
dirección. Ésta es la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida.

Admitiríamos las enmiendas que puedan plantear el resto de los grupos
y vamos a votar favorablemente la otra proposición no de ley, que
puede consolidar todo lo realizado por la Junta de Andalucía, que
puede ser positivo.




El señor PRESIDENTE: Acontinuación, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la diputada doña Isabel Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Señorías, en junio de 1998 la Junta de
Andalucía, a través de su Comisionado Andaluz para la Droga, solicitó
al Ministerio de Sanidad la autorización como producto en fase de
investigación de la entidad clorhidrato monohidratado de heroína para
su utilización en un proyecto de investigación clínica. Al mismo
tiempo, solicitó la aprobación del ensayo clínico de prescripción de
heroína, dentro del sistema sanitario público, a un grupo de
pacientes toxicómanos que habían fracasado en otros tratamientos
terapéuticos, programas de desintoxicación y deshabituación o
programas de tratamientos con metadona. Al presentar el proyecto, se
pretendía atraer al sistema sanitario público a este colectivo de
toxicómanos, gravemente afectados en aspectos médicos psicosociales,
mejorar su integración social, sociolaboral y sociofamiliar,
disminuir las conductas de alto riesgo y aumentar su calidad y sus
esperanzas de vida. Esta solicitud de autorización se realizó
conforme establece y regula la Ley General de Sanidad, de abril de
1986, en su artículo 95; la Ley del Medicamento, de diciembre de
1990, y el Real Decreto 561, de abril de 1993, en el que se
establecen los requisitos y la normativa para la realización de
ensayos clínicos con medicamentos y la autorización, asimismo, de
nuevos productos para utilizar en fase de ensayos clínicos.

El 5 de enero de 1999, el ministro de Sanidad, a través de la
Dirección General de Farmacia, dictó una resolución por la que
autorizaba el uso de la heroína como producto en fase de
investigación en el tratamiento de heroinómanos fracasados en otras
terapias y, sin embargo, en relación a la solicitud de ensayos
clínicos, hizo una propuesta de resolución en la que establecía dos
consideraciones técnicas de carácter menor, en las que pretendía
justificar posteriormente
la desaprobación del proyecto. La primera hacía mención a la
relación de un análisis intermedio de seis meses en la evaluación del
proyecto que consideraba innecesario realizar por parte de la
Dirección General de Farmacia y, en la segunda, se planteaba la
necesidad de aclarar qué iba a ocurrir con los pacientes en
tratamiento, una vez concluido el ensayo clínico.

En el plazo de alegaciones, la Junta de Andalucía aceptó el primer
punto planteado por la Dirección General de Farmacia, de no realizar
una evaluación a los seis meses y sobre el segundo punto se amplió
suficientemente la información y se remitió a los artículos 23 y 34
del Real Decreto 561, sobre ensayos clínicos, que la Dirección
General de Farmacia parecía ignorar y en los que se regulan cómo debe
continuarse los tratamientos tras finalizar un ensayo clínico. Estas
alegaciones debieron parecerle correctas a la autoridad sanitaria
porque nunca más presentaron objeciones técnicas, éticas,
metodológicas o científicas al proyecto de ensayo clínico presentado
por el Comisionado Andaluz para la Droga, como promotor de este
proyecto, y que cuenta con la evaluación y aprobación del comité
ético de investigación del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada,
que está integrado por un equipo de profesionales y científicos de la
Escuela andaluza de salud pública, altamente cualificado. Pero, en
realidad, señorías, daba igual. El Gobierno había tomado ya una
decisión, como puso de manifiesto en una nota que decía: el Gobierno
informa el 19 de enero de este año, y titulaba: Sanidad deniega la
autorización de la heroína... (Rumores.)



La señora CALLEJA DE PABLO: Presidente, una cuestión de orden: ¿Podía
el presidente pedir silencio? Ni yo, que estoy al lado de la
interviniente, logro mantener la atención.




El señor PRESIDENTE: Hablen un poquito más bajo. Yo la oigo
perfectamente, no sean tan delicados.

Continúe, por favor.




La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente, porque me supone
realmente un esfuerzo mantener el tono de voz para que se pueda oír.




El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.




La señora POZUELO MEÑO: Decía, que el Gobierno había tomado ya una
decisión, como puso de manifiesto en la nota de: El Gobierno informa
el 19 de enero, que titulaba: Sanidad deniega la autorización de la
heroína como ensayo clínico. En esta nota se intentaba explicar de
una forma confusa y utilizando datos claramente erróneos, las razones
de esta negativa y se podía vislumbrar por dónde iban a ir los pasos
siguientes y las argumentaciones que se iban a utilizar. La decisión
estaba ya tomada, una decisión injusta, arbitraria, discriminatoria y
contraria a la ley, que vulnera los principios más elementales de
seguridad jurídica, de igualdad ante la ley y de lealtad entre las
administraciones públicas; una decisión basada exclusivamente en
motivaciones políticas, en razones de confrontación y deataque
permanente a una comunidad autónoma, como la



Página 3103



andaluza, que había tenido la iniciativa de presentar este proyecto
de ensayo clínico.

Señorías, es verdaderamente alarmante que en un asunto como éste, en
la aprobación de un ensayo clínico en el que los únicos elementos de
juicio y valoración deberían haber sido los científicos y
metodológicos, éstos se hayan obviado y prevalezcan exclusivamente
las razones de carácter político, quizá morales y, sin duda, de
protagonismos autoritarios y claramente personalizados. Decía que el
Gobierno había tomado ya una decisión el 19 de enero y, como la
decisión es ilegal y arbitraria, desde ese momento hasta el mes de
mayo, en el que se produce la resolución de la Agencia del
Medicamento, lo único que el Gobierno ha hecho ha sido intentar darle
cobertura administrativa para legitimarla.

Para ello, la única forma que encontró el Ministerio de Sanidad
-administración competente, repito, en la aprobación de un ensayo
clínico y de nuevas sustancias aplicables a estos ensayos- fue
acordar el 16 de febrero -sólo tres días antes de que se cumpliera el
plazo para resolver las alegaciones formuladas por el Comisionado
Andaluz para la Droga, y a las que anteriormente me he referido- la
apertura de un trámite de audiencia en el que se establece que, con
anterioridad a emitir una resolución definitiva, se incorporen nuevos
documentos que serán tenidos en consideración a la hora de tomar la
resolución definitiva. Estos documentos son: el informe de la Junta
Internacional de fiscalización de Estupefacientes, elaborado a lo
largo de varias anualidades, y un informe elaborado por el propio
delegado del Plan nacional sobre la droga; ambos informes se
posicionan claramente en contra del uso de la heroína con fines
terapéuticos y servirán como única justificación para denegar el
proyecto de prescripción y administración de heroína destinado a
estos grupos de pacientes que han fracasado en otros tratamientos
terapéuticos.

Antes de hacer algunos comentarios sobre estos informes, lo primero
que llama poderosamente la atención a mi Grupo es la dejación de
responsabilidades por parte del Ministerio de Sanidad, único
organismo competente, al trasladar la capacidad de decisión de facto
al delegado nacional para las drogas, dependiente del Ministerio del
Interior, que de manera insólita condiciona la aprobación de un
ensayo clínico al que, repito, no han podido presentarse objeciones
de carácter científico. A nuestro grupo puede parecerle muy
respetables, aunque claramente discutibles, algunas de las opiniones
y posiciones del delegado nacional para las drogas, pero lo que nos
parece inadmisible es que se le permita decidir, condicionándolas,
sobre las líneas de investigación que deben seguirse en la
Administración sanitaria pública.

Consideramos que se ha creado un peligroso y grave precedente al
trasladar a otros organismos absolutamente incompetentes -y lo digo
desde el punto de vista competencial y de contenido- la capacidad de
decisión en asuntos de investigación científica. No existen
antecedentes, al menos en nuestra historia reciente, de injerencias
políticas de esta naturaleza en las líneas de investigación
científica.

La resolución tomada, finalmente, por la Agencia Española del
Medicamento, el 26 de mayo, denegando la autorización del ensayo es
un cúmulo de despropósitos y ha sido recurrida por la Junta de
Andalucía. Lo único coherente de
sus fundamentos es reconocer en el punto primero de su resolución que
el proyecto presentado por la Junta de Andalucía se ajusta en su
totalidad a la ley y reúne los requisitos legales y de procedimiento
que se requieren en la solicitud de un ensayo clínico de esta
naturaleza. La resolución dictada incumple claramente la Ley de
régimen jurídico de administraciones públicas, recientemente
modificada en enero de este año, pero, sobre todo, y en primer lugar,
el Real Decreto 561, de 16 de abril de 1993, que regula los ensayos
clínicos cuando establece -leo literalmente- que la autorización del
ensayo clínico, se producirá en una unidad de acto con la
calificación del producto cuando la solicitud de autorización de
dicho ensayo se realiza conjuntamente con la solicitud de
calificación de la sustancia en estudio como producto en fase de
investigación clínica, artículo 26.1. a).

A pesar de la claridad de este artículo, la Dirección General de
Farmacia resolvió el 5 de enero de 1999 autorizar -leo también
literalmente- la calificación de la heroína como producto en fase de
investigación en la indicación expresa de tratamiento y mantenimiento
de heroinómanos que han fracasado en otros tratamientos terapéuticos
mientras, como he dicho anteriormente, que el director de la Agencia
Española del Medicamento resuelve posteriormente, el 26 de mayo de
1999, denegar la autorización de ensayo clínico, que iba
indisolublemente unido a la autorización del producto.

Como queda claro, se ha vulnerado la literalidad de la norma y,
además, la finalidad perseguida por la misma pues al dotar de unidad
de acto a ambos pronunciamientos considera que no pueden disociarse
la calificación de sustancia del ensayo clínico en el que ésta se
inserta.

La resolución de la Agencia va en contra del principio general de
derecho de no ir en contra de los propios actos jurídicos al ignorar
la resolución tomada previamente por la Dirección General de Farmacia
que autorizó la sustancia y en la que tuvo que analizar, para
autorizarla, el ensayo clínico. En segundo lugar, la denegación se
basa únicamente en los informes de la JIFE, organismo que no reúne
los requisitos reconocidos por el convenio de Naciones Unidas para
hacer recomendaciones sobre la aprobación de proyecto de ensayo,
programa, etcétera, sobre tratamiento con droga. El convenio único de
la ONU, aprobado en 1961 y al que se adhiere nuestro país en el año
1966, establece que el único organismo competencial para hacer este
tipo de recomendaciones es el Consejo Económico y Social de esta
propia organización. En cualquier caso, el proyecto que presentó la
Junta de Andalucía cumple con las directrices y el espíritu del
citado Convenio internacional de la organización de Naciones Unidas,
que se ha tenido en consideración, y se han subsanado las
deficiencias que presentaba el proyecto suizo, que fue el primero que
se realizó, de manera que su puesta en marcha podría añadir y aclarar
algunos datos y realizar nuevas aportaciones, cumpliendo así las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su
evaluación sobre el ensayo clínico suizo, que establece el 14 de
abril de 1999 que deben realizarse otro tipo de ensayos clínicos,
aumentarse las investigaciones en esta línea, y que ha permitido que
otros países europeos como Alemania, Holanda -con tres proyectos-, y
Estado Unidos y Canadá amplíen la investigación clínica en este
sentido.




Página 3104



El informe que la Organización Mundial de la Salud hace sobre la
evaluación del informe del ensayo clínico suizo pone de manifiesto -y
voy a referirme muy brevemente a cuatro de los aspectos- conclusiones
muy importantes. En primer lugar establece que la investigación sobre
prescripción médica de heroína debe continuar en las actuales
condiciones. En segundo lugar dice que en estos momentos faltan
estudios clínicos entre las distintas sustancias sustitutorias que
deben examinar futuras investigaciones que se pongan en marcha. En
tercer lugar dice que el medicamento es viable dentro de un programa
de tratamiento con heroína bajo condiciones de alto control y en
cuarto lugar dice que los participantes en el ensayo suizo
registraron mejoras significativas en la salud, situación social y
disminución de comportamientos delictivos y del uso de heroína
ilegal. Éstas son esquemáticamente las conclusiones y las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a las que
remitía la JIFE en su informe, que hizo valer el delegado nacional
para la droga. Además, la Agencia del Medicamento, ante la poca
solidez de sus argumentos, ha remitido a un comité de expertos ya
creado, según el apartado séptimo de la resolución fechada y firmada
el 26 de mayo de 1999 y que el ministro de Sanidad titula un comité
científico, según manifestó en el pleno de esta Cámara el 28 de
abril, que claramente no se ha constituido hasta el 22 de junio de
este año; es decir, la semana pasada se constituyó este comité de
expertos al que hacía alusión el ministro de Sanidad y que ya recoge
la Agencia del Medicamento en su resolución denegatoria.

Aparte de esta chapuza administrativa y jurídica y de la inseguridad
que produce esta forma de actuar, no se sabe realmente ni quién ha
creado esta comisión de expertos ni qué carácter jurídico tiene ni
cuáles son sus funciones ni su cometido ni si tiene un carácter
asesor o serán vinculantes sus decisiones, si es un instrumento de
coordinación, de análisis o de investigación. El cometido que se le
confiere en la resolución es que propondrá nuevos requisitos técnicos
y, a la vista de sus conclusiones, se deberá producir una nueva
solicitud de ensayo clínico.

Después de leer los apartados 8 y 9 de la resolución de la Agencia
Española del Medicamento parece claro que hay una predeterminación
desde el principio de lo que va a ocurrir. Se carece de criterios y
de motivaciones para la denegación de este ensayo clínico y, por lo
tanto, después de generalizaciones e indefiniciones se ignora el
informe preceptivo de un órgano consultivo que ya existía como el
Comité Ético de Investigación Clínica, que, tras ponderar los
aspectos metodológicos, éticos y legales del ensayo propuesto y
realizar un balance de riesgos y de beneficios, ya se había
pronunciado afirmando la idoneidad del ensayo clínico.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó esta proposición
no de ley en el mes de marzo, instando al Gobierno a que resolviera
positivamente las alegaciones presentadas por el Comisionado Andaluz
para la Droga y se autorizara el ensayo a la mayor brevedad posible.

Dado el tiempo transcurrido en el que se han producido nuevas
decisiones administrativas como son la resolución denegatoria de la
Agencia y el recurso de reposición interpuesto por la Junta de
Andalucía, solicito a la Presidencia y al resto de los grupos se
tenga por presentada como enmienda in voce la modificación del
apartado primero de la proposición en el
sentido de que el Gobierno resuelva positivamente el recurso de
reposición en lugar del escrito de alegaciones presentado
anteriormente por la Junta de Andalucía.

Para terminar, y esperando obtener el voto favorable de los grupos,
quiero hacer mención a que la proposición no de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida nos parece del mayor interés, pero
entendemos que sería un paso posterior, una vez producidos los
ensayos clínicos necesarios y evaluados fehacientemente los
resultados; es decir, cuando haya datos claros y rotundos sobre qué
valor tiene y qué experiencias ha producido el suministro de heroína
de manera controlada en los centros sanitarios. Entonces, sí se
podría solicitar la autorización de ese tratamiento médico a los
toxicómanos que se han beneficiado de estos ensayos clínicos
realizados previamente. Entendemos que esto sería una fase posterior,
por lo que, en principio, la posición del Grupo Socialista en
relación a esta proposición no de ley sería la abstención.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al representante de
Convergència i Unió, quiero decirles que acaban de pasarme una nota
que dice: Ha llamado el asesor parlamentario del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, don César Palacios, para comunicarnos
que, debido a que la secretaria de Asuntos Sociales no ha comparecido
hoy ante la Comisión por error, sería posible que compareciera mañana
ante la misma. ¿Lo aceptamos? Podría ser a la una y media, porque a
las doce y media me parece que comparece el ministro de Sanidad.




La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, el problema es que,
como sabe, el orden del día de mañana es muy largo.




El señor PRESIDENTE: Hay una comparecencia, preguntas, otra
comparecencia, pero, de todos modos, podría ser a la una y media.

¡Sean tolerantes! Dice que se ha equivocado. Ya la hemos regañado,
¿la admitimos mañana a la una y media? ¿Estamos todos de acuerdo?



La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, no es una cuestión de
estar de acuerdo o no.




El señor PRESIDENTE: Pregunto, que no impongo.




La señora CALLEJA DE PABLO: Quiero decir, glosando su pregunta, que
no es una cuestión de estar de acuerdo sobre una determinada materia,
ni siquiera de perdonar la incorrección de hoy y solventarla con la
comparecencia de mañana, sino una cuestión de factibilidad o no y
mañana es un día largo: tenemos la comparecencia de un ministro, que
queremos aprovechar cumplidamente, y del delegado nacional del Plan,
y la sesión de mañana es, como bien sabe la Presidencia, una sesión
escoba o autobús porque queremos dejar todo limpio, por lo que, como
digo, el orden del día está muy cargado. Mi Grupo piensa que, para
una más fructífera comparecencia de la secretaria de Estado,
comparecencia que valoramos mucho, sería mejor dejarla para otra
sesión de la Comisión. Ésa es la opinión del Grupo Parlamentario
Socialista.




Página 3105



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Lógicamente, yo discrepo de las
manifestaciones que acaba de hacer la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, entre otras cosas porque no casan con las
manifestaciones que ha hecho cuando se nos ha advertido de la
incomparecencia de la secretaria de Estado; es decir, si creen que es
tan necesaria la comparecencia -su falta de asistencia ha sido
sometida a numerosas críticas-, si ahora, en un lapso tan ínfimo, de
veinticuatro horas, quiere ser reparada y hay una resistencia por
parte del Grupo Socialista, intuyo que la consideran innecesaria o
poco urgente, o quien efectúa el desprecio a la secretaria de Estado
es el Grupo Socialista y no viceversa, como se ha manifestado
anteriormente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Desde luego, yo creo que queda absolutamente
claro que la incorrección o el problema ha sido de la secretaria de
Estado, no de esta Comisión, ya que estábamos todos aquí. Por tanto,
si estaba avisada, como dice el presidente de la Comisión, este
asunto tiene que quedar zanjado así. Por otra parte, en nombre de mi
Grupo, digo que mañana hay cuatro comparecencias del delegado del
Gobierno para el Plan nacional sobre la droga, la contestación a
nueve preguntas y la comparecencia del ministro de Sanidad, por lo
que me parece que es difícilmente encajable en el orden del día la
comparecencia de la secretaria de Estado.




La señora CALLEJA DE PABLO: Señor presidente, yo no he hecho ningún
juicio de intención cuando he manifestado la posición de este Grupo
sobre la propuesta de la Presidencia para admitir la comparecencia
mañana, pero puesto que la portavoz del Partido Popular lo hace, no
tengo más remedio que entrar al trapo, como diríamos en términos
taurinos, y decir que más bien habría que entender esta propuesta de
venir mañana a las trece treinta horas.




El señor PRESIDENTE: Lo de las trece treinta horas lo he propuesto
yo, aquí no dice hora.




La señora CALLEJA DE PABLO: Pero parece ser que no hay otra hora.

Decía que en la propuesta de venir mañana, teniendo en cuenta el
larguísimo orden del día, que, como es público, lo debe conocer el
asesor parlamentario, y que a las cuatro de la tarde está convocada
la sesión plenaria, más bien habría que intuir una dolosa intención
de hacer una comparecencia meramente simbólica y carente de
contenido. Por tanto, me reitero en las afirmaciones hechas en la
primera ocasión sobre el manifiesto desprecio que supone un error de
agenda, teniendo como tienen asesores parlamentarios y supongo que
habiendo sido avisada hace un mes, que fue cuando tuvimos la reunión
de la Mesa y portavoces. Si entramos en el terreno de los juicios de
intención, hay que concluir que no se trata de ningún error, sino de
circunscribir su presencia en esta Comisión a algo meramente
simbólico.




El señor PRESIDENTE: Al no haber unanimidad, se pospone la
comparecencia hasta que se busque una fecha.

En nombre de Convergència i Unión tiene la palabra el senador don
Jaume Cardona i Vila.




El señor CARDONA I VILA: Vamos a posicionarnos en relación a las dos
proposiciones no de ley con un comentario inicial común, aunque
después nos posicionaremos más concretamente sobre cada una.

Efectivamente, la necesidad de mejorar la esperanza de vida y, sobre
todo, esa calidad de vida de los consumidores de heroína por vía
parenteral, ha aconsejado que se desarrollen una serie de programas,
orientados sobre todo a la reducción de los daños asociados a esta
forma de consumo de drogas y, entre estas intervenciones, los
programas de mantenimiento con metadona han representado un abordaje
especialmente efectivo, que se utiliza en un gran número de casos. La
metadona es un fármaco especialmente efectivo en los tratamientos de
mantenimiento con opiáceos para personas dependientes de la heroína.

A pesar de ello, es posible que otras sustancias también puedan ser
útiles para una cierta proporción de usuarios, sobre todo aquellos
que hacen resistencia a la metadona y que tampoco se pueden incluir
en los programas libres de droga, en definitiva, para aquellos que no
evolucionan favorablemente con este tratamiento con metadona. Así,
por ejemplo, actualmente se investiga la efectividad del laam, un
opiáceo sintético con una vida media más prolongada que la metadona,
y diversas experiencias europeas indican que también la heroína
podría ser utilizada en programas de mantenimiento, aunque
probablemente en un número limitado de casos que no se benefician con
el tratamiento con estas otras sustancias. Por esta razón, en
Andalucía -también Cataluña tiene preparado un ensayo clínico y,
asimismo, se ha planteado en otras comunidades autónomas- se está
estudiando la posibilidad de desarrollar esos experimentos, esos
ensayos clínicos para evaluar el beneficio de los tratamientos de
mantenimiento con heroína en comparación con el beneficio del
tratamiento de mantenimiento con estas otras sustancias. Se trata de
hacer estudios comparativos para poder llegar a conocer cuáles son
los mejores resultados y, en definitiva, buscar la mejor solución, ya
que el objetivo primordial sería llevar a estos enfermos a programas
libres de droga.

Entrando a comentar concretamente la proposición no de ley presentada
por el Grupo de Izquierda Unida, no nos parece oportuno dar el apoyo
a la misma en su redacción actual, que parece llevar implícita una
relativa generalización del tratamiento con heroína -y nos
explicaremos-, aunque sí sería pertinente apoyar las iniciativa
destinadas a autorizar ensayos clínicos -con las advertencias que
después diremos- de un alcance más limitado sobre esta sustancia. La
diputada señora Sabanés ha hecho referencia a una enmienda in voce
sobre autorizar a las comunidades autónomas que lo pidan. ¿Eso qué
quiere decir? ¿Que se pueden autorizar ellas mismas, o que cualquier
petición de cualquier comunidad autónoma lleva implícita la
autorización para llevar a cabo esos experimentos clínicos, esos
ensayos clínicos? Qué más quisiéramos que las comunidades autónomas
lo tuvieran, pero no siendo así, un ensayo clínico ha de valorarse



Página 3106



en función de unos criterios técnicos y científicos, y cada prueba,
cada ensayo clínico, en función de los objetivos que se pretendan y
de las connotaciones que tenga a la hora de llevarlos a la práctica,
será o no adecuado. Por tanto, de una forma generalizada difícilmente
podemos decir sí o no, porque todos y cada uno de ellos tendrán que
valorarse en función de una serie de criterios técnicos y
científicos.

Otra duda que nos presenta el redactado de la proposición no de ley
hace referencia a los párrafos tercero y cuarto, que no nos permiten
apreciar si las medidas propuestas van referidas a los posibles
programas de mantenimiento con heroína o bien a la totalidad de
tratamientos con drogodependientes, incluso aquellos que ya se
realizan actualmente. Por esta razón, quisiéramos comentar brevemente
esos párrafos.

En cuanto al tercer párrafo, actualmente los centros especializados
en Cataluña, integrados en la red de atención de drogodependencias,
ofrecen una atención integral médica, social y psicológica a los
usuarios que atienden. En cuanto a la atención a las
drogodependencias en el conjunto de esta red sanitaria pública, no
parece que las características diversas del sector sanitario público
-centros de atención primaria, hospitales y centros de salud mental-,
por la composición y especialización de los equipos, la
infraestructura física, etcétera, permitan y aconsejen ofrecer una
atención integral médica y psicológica a los drogodependientes. Por
otra parte, en esos centros se están realizando esfuerzos importantes
para conseguir que sus equipos de atención primaria participen en la
detección de consumidores con riesgo, tanto de bebidas alcohólicas
como de otro tipo de drogas, o en el consejo para la moderación del
consumo en aquellos consumidores de riesgos que no necesiten de un
tratamiento específico, o en el tratamiento de la patología orgánica
asociada al consumo de drogas, que con tanta frecuencia se acostumbra
a ver, o dando un soporte o una ayuda a las intervenciones más
específicas, orientadas a la reducción de los daños asociados al uso
de drogas, como son los programas de intercambio de jeringuillas, o
el tratamiento con metadona u otros sustitutos opiáceos.

En cuanto al párrafo cuarto, el sistema de información sobre
drogodependencias por lo que se refiere a Cataluña, permite un
seguimiento trimestral de la actividad asistencial de los centros de
la red de atención de drogodependencias, también incluso a nivel del
Estado, tanto en el Sistema Estatal de Información sobre
Toxicomanías, el SEIT, como en las memorias anuales del propio Plan
sobre drogas, que ofrecen información bastante completa sobre la
atención de las drogodependencias.

Por lo que se refiere a la proposición no de ley sobre la utilización
de un ensayo clínico y de prescripción y administración del control
de heroína, presentada por el Grupo Socialista, la experiencia que se
ha presentado en Andalucía tenemos que reconocer que a pesar de que
técnica y científicamente no tenemos -no lo conocemos con detalle, ni
somos quien para conocerlo y para juzgarlo- el expediente
correspondiente a la solicitud de esa experiencia clínica, de ese
experimento, de ese ensayo clínico al que hace referencia, no nos
parece razonable, ni probablemente esté ajustado a derecho, instar la
resolución favorable de un procedimiento administrativo, sino que más
bien
podríamos analizar, como se ha hecho, las motivaciones en las que se
apoya la Administración para resolver en contra de la solicitud
presentada por parte de la Junta de Andalucía. Desde el Legislativo
difícilmente tenemos criterios científicos y técnicos, incluso
podemos criticar las justificaciones que he dado, para denegar el
permiso, incluso para apoyar el recurso de reposición. Es un
conflicto entre administraciones y difícilmente desde aquí tenemos la
autoridad científica suficiente para criticarlo o para exigir que el
recurso de reposición sea fallado en un sentido o en otro. Diversas
administraciones han planteado la necesidad de evaluar el posible
beneficio de la heroína y otros opiáceos por algunos usuarios que no
se benefician totalmente con el tratamiento con metadona. La
aprobación o no de estos proyectos, como la de cualquier otro
experimento clínico, tendría que basarse exclusivamente en criterios
éticos, científicos y de legalidad. En este sentido, el que la
Comisión Mixta de Heroína se haya constituido tardíamente se puede
pensar o no que ha sido ex professo para alargar el procedimiento,
para alargar la resolución, pero en cualquier caso, antes de poner a
la venta cualquier medicamento, cualquier específico médico, hace
falta una serie de ensayos. En este sentido, tal vez sería prudente
esperar a lo que diga la Comisión Mixta de la Heroína, y si no había
dicho nada hasta ahora, por lo menos que se pronuncie. No es el único
ensayo clínico que está a la expectativa de que se haga. En cualquier
caso, en base a los criterios técnicos y científicos se pronunciará
en un sentido o en otro la Administración que corresponda. Por eso,
nuestra posición en esta segunda proposición no de ley será de
abstención razonada en lo que acabo de explicar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIÓ: Señorías, el tema de la
prescripción médica de estupefacientes o narcóticos para el
tratamiento de drogodependientes, fundamentalmente heroinómanos, ya
es antiguo y ha suscitado múltiples controversias. El intento de
conseguir sustancias sustitutivas de los opiáceos pero con menor
poder adictivo, ha sido un deseo de los investigadores en los últimos
decenios. Por ello, se emplean unas sustancias, como son la metadona,
el laam, la buprenorfina o la codeína. También se están produciendo
últimamente numerosos ensayos con la heroína, de ahí que el
Comisionado Andaluz para la Droga presentara el 3 de julio de 1998
una solicitud para que la heroína fuera autorizada como producto en
fase de investigación clínica, a lo que accedió la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo el 5 de enero de 1999. Posteriormente, el comisionado andaluz
para Droga presentó, el 16 de julio, una solicitud de ensayo clínico
que se titulaba: estudio comparativo aleatorio abierto entre heroína
intravenosa y metadona oral durante un año, en el mantenimiento de
pacientes con la adición a opiáceos que han fracasado en tratamientos
actualmente disponibles. En relación a esta solicitud hay que indicar
que toda autorización de un ensayo clínico exige lógicamente un
expediente administrativo, que lleva su tiempo y máxime, como en este
caso, cuando se han detectado errores metodológicos importantes que



Página 3107



han obligado a su corrección. El Gobierno español ha demostrado su
seriedad y responsabilidad con relación a la posibilidad de utilizar
ensayos clínicos con estupefacientes. Esta posibilidad ha sido
siempre analizada teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico español
y el necesario respeto a los convenios internacional de Naciones
Unidas, ratificados por nuestro país y que integran nuestro
ordenamiento jurídico interno. Esta prudencia viene, además, impuesta
por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la
JIFE, que es el máximo órgano de control mundial de estas sustancias
y que en reiteradas ocasiones ha recomendado a los gobiernos no
precipitarse a la hora de autorizar estos ensayos clínicos.

Quiero subrayar unas manifestaciones que ha efectuado la señora
Pozuelo, portavoz del Grupo Socialista, ya que parecía que
cuestionara la capacidad o la competencia de la JIFE para estos
asuntos, incluso comentaba que la Convención única de 1961 sobre
estupefacientes reconocía a la Comisión de estupefacientes del
Consejo Económico y Social la competencia de las Naciones Unidas en
materia de fiscalización. Olvida el contenido del artículo 5 de la
tan citada Convención única de 1961 sobre estupefacientes, que
encomienda a la Comisión de estupefacientes del Consejo Económico y
Social y a la JIFE, es decir, a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, las funciones que le son propias,
esto es, vigilar la aplicación, promover el cumplimiento y asistir a
los Estados con este fin en relación con los tratados de las Naciones
Unidas para la fiscalización de drogas.

También quiero referirme a las dudas que parece que se suscitan
respecto al grado de vinculación jurídica de las convenciones de las
Naciones Unidas de 1961 y de 1968. Parece que esto también se ha
cuestionado y quiero recordar que están publicadas en el «Boletín
Oficial del Estado». La Convención única sobre estupefacientes fue
publicada en el «Boletín» de 4 de noviembre de 1981, habiendo sido
anteriormente ratificada por España, y estando en vigor desde el 3 de
febrero de 1977. Lo mismo ocurre con la Convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. ¿Qué
quiero decir con ello? Pues que de acuerdo con el artículo 96 de la
Constitución española, los tratados internacionales válidamente
celebrados, una vez publicados oficialmente en España, caso de estos
dos convenios a los que he hecho mención, forman parte del
ordenamiento interno, tienen efectos jurídicos y generan,
lógicamente, obligaciones internacionales. Es decir, no se trata de
cuestionar la validez o la vinculación jurídica para España porque
entran a formar parte del ordenamiento jurídico interno y son de
obligado cumplimiento.

Usted ha hecho mención a que por parte de las autoridades españolas
se decía que se sometía todo este procedimiento a la evaluación de
los estudios suizos efectuados por la Organización Mundial de la
Salud, incluso la señora Pozuelo ha leído parte del informe de los
expertos, que, por cierto, todavía no ha sido ratificado por la
Organización Mundial de la Salud, aun que sí se ha efectuado por
expertos designados por la OMS. Se hizo público el 19 de abril y ella
ha leído una parte del mismo, pero no otras que considero son
importantes. Sobre todo quiero decir que el informe de los expertos
contratados por la OMS señala que el proyecto de investigación suizo
no reúne los requisitos
metodológicos que toda investigación médica necesita y como tal ha
sido calificado, ya que carecía de rigor científico. Los expertos de
la OMS manifiestan que los estudios suizos no fueron capaces de
examinar si las mejoras en el estado de salud de los heroinómanos
guardaban una relación causal con la prescripción de heroína per se o
eran el resultado del impacto del programa en su conjunto, que
incluía vivienda social, salario social y permanente apoyo médico y
psicológico. Decía también el grupo de expertos de la OMS que la
metodología empleada en los estudios permite atribuir erróneamente a
la heroína unos beneficios que pueden ser debidos simplemente a un
tratamiento no farmacológico. Dice, asimismo, el informe de los
expertos que no se dispone de datos comparativos de la eficacia y
tratamiento con heroína frente al tratamiento con metadona u otros
tratamientos alternativos. Concluye el grupo de expertos diciendo que
no es posible recomendar la implantación del tratamiento con heroína
y que los tratamientos de mantenimiento con metadona siguen siendo
hoy por hoy la mejor opción terapéutica, aunque recomiendan
lógicamente la práctica de los tratamientos de mantenimiento con
opiáceos, incluso habla de los de larga duración, como son los del
laam.

Con todo ello, señora Pozuelo, quiero manifestar que no son rosas
todo lo que dice el informe de los expertos ni muchísimo menos, sino
que también tiene sus aspectos negativos, los cuales llevan a la
conclusión de que se descalifica el proyecto. Quiero decir que, según
manifestaciones del consejero de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía, don Isaías Pérez Saldaña, el proyecto andaluz era calcado
del proyecto suizo. Pues tienen ustedes la descalificación de uno y
otro. (La señora Pozuelo Meño: Eso no es cierto.) Yo quiero mantener
que el Gobierno español defiende una línea de actuación no sólo
prudente, sino también coordinada y consensuada con todos los agentes
políticos, sociales y científicos, como debe ser.

Se han hecho manifestaciones por parte de la portavoz del Grupo
Socialista en el sentido de que el tema se estaba politizando. No,
señora Pozuelo, nosotros no politizamos el tema, son ustedes los que,
por el afán de la Junta de Andalucía, con esa idea de ir de progres
por la vida que tanto les gusta (Risas.), han llegado a aspectos
incluso cómicos, por no decir patéticos. (La señora Romero López: Eso
es muy fuerte.) Me estoy refiriendo a unas declaraciones que han
salido en todos los medios de comunicación, como, por ejemplo, en El
Mundo, de Andalucía, que dice que la Junta culpa al Gobierno de
querer que se mueran los heroinómanos; en el ABC, de 23 de enero de
1999, donde Pérez Saldaña dice que el Gobierno quiere que se mueran
los drogadictos por bloquear el programa de la heroína; en El País de
Andalucía, de 23 de enero de 1999, en el que Saldaña dice que el
Gobierno quiere que se mueran los heroinómanos, o en El Diario de
Andalucía, donde Saldaña dice que el Gobierno busca que los
heroinómanos mueran. Es una serie de bobadas, por no decir
estupideces, porque creo que entran más en el mundo de lo cómico que
de lo trágico, y lo único que pretenden con ello es buscar un
protagonismo que no les corresponde, porque tampoco fueron ustedes
los pioneros, como bien saben, en intentar este ensayo clínico, sino
que fue Cataluña; pero, con la prudencia y el bon seny que demuestra
el pueblo



Página 3108



catalán, ellos no intentaron ese protagonismo que ustedes buscan,
sino que se basaron más en los criterios científicos que en los
políticos, que es como debe ser.

Lógicamente, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición
no de ley por la sencilla razón, además, como ustedes saben, de que
este comité de expertos al que usted se refería, señora Pozuelo, se
creó el 27 de mayo, siendo otra cosa que se constituyera el 22 de
junio. No es lo mismo la creación que la constitución, conceptos que
usted parece ser que confunde. La relación de miembros de esta
Comisión para el estudio y el análisis de la evidencia científica
sobre los ensayos clínicos con heroína y sus efectos sanitarios,
éticos y sociales está integrada por técnicos, por científicos, por
representantes de comunidades autónomas, es decir, por personas que
saben perfectamente que el criterio que se va a seguir por parte de
esta Comisión va a ser científico y no político, como otros muchos
han pretendido.




El señor PRESIDENTE: Doña Isabel Pozuelo, tiene usted la palabra,
pero rápidamente, por favor.




La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, voy a ser muy breve.




Quería aclarar algunos de los comentarios que ha hecho la portavoz
del Partido Popular, pero antes de entrar en ello -ni siquiera sé si
hacerlo- diré que lo que me parece realmente ofensivo son las
palabras que ha pronunciado. Pienso que son despreciables y me
parecen además peligrosas cuando para contrarrestar el que no se den
argumentos y razonamientos políticos por parte del Gobierno, en una
política de confrontación con la Junta de Andalucía, ella misma
utiliza unas palabras de confrontación y de desprecio hacia la
Comunidad Autónoma de Andalucía y hacia todos los andaluces. (El
señor Abejón Ortega: Textual, está entrecomillado.)
Mire usted, señora portavoz del Grupo Popular, podría haber traído,
porque lo tengo, un cúmulo de resúmenes de prensa en los que se dice
de todo. (El señor Abejón Ortega: Pues tráelo.) Lo puedo traer y
pasar aquí el rato que usted quiera, pero no se trata de eso. Estamos
en una Comisión del Parlamento y los argumentos que se dan y las
posiciones que se mantienen deben ser suficientemente serias, sin
apoyarse en las publicaciones que hacen los medios de comunicación
para adjudicárselas mecánicamente a los responsables políticos y
aducir que son las posiciones políticas de los responsables públicos,
sean de ésta o de cualquier otra Comunidad o Administración pública.

De todas maneras, lo que más despreciable me ha parecido es la
comparación cuando al final usted ha dicho que los andaluces y sus
administraciones son bobos (La señora Cava de Llano y Carrió: No he
dicho eso), ya leeremos el «Diario de Sesiones» de la Comisión, y
cuando usted ha contrapuesto eso y que los catalanes son sensatos y
serios y actúan con rigurosidad en sus planteamientos. No he dicho en
ningún momento que la Junta de Andalucía haya sido la pionera, que de
hecho lo ha sido; no lo he dicho, pero de hecho lo ha sido. Yle voy a
decir otra cosa. No dudo de que la Generalitat de Cataluña estuviera
trabajando en una propuesta similar, me parece perfecto y razonable y
nosotros nunca vamos a estar en contra de ello. Nos parece correcto
porque son avances que se están produciendo y nunca vamos a fijar
nuestra posición en contra; lo que les pido es que ustedes tampoco se
pongan en contra de la Junta de Andalucía y del trabajo que la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía está
realizando. Además le digo que en lo que hemos sido pioneros en la
Junta de Andalucía ha sido en la presentación y en la solicitud del
ensayo clínico, que es el único que hasta ese momento se había
presentado. Después la Generalitat de Cataluña ha presentado el suyo,
pero ha sido posteriormente.

Me parecen muy graves las acusaciones y el desprecio con que ha
tratado a la Administración y a los andaluces. Desde mi Grupo
exigiría una rectificación por parte del suyo, porque me parece
inadmisible que se produzcan este tipo de acusaciones y de palabras
despreciables hacia otros ciudadanos y hacia otras administraciones
públicas.

Entrando con mucha brevedad en alguno de los comentarios que ha
dicho, solamente quiero aclarar alguna cuestión. La JIFE es una
organismo que tiene competencia en el control, en el tránsito
internacional y en la fiscalización de drogas, pero no es el
organismo competente para emitir recomendaciones sobre programas
específicos de carácter médico, ético, científico y social. Hay otra
Comisión dentro de la Organización Mundial de la Salud que tiene la
competencia sobre ello. Le diré más, en el informe que el delegado
nacional para la droga utiliza para denegar el proyecto de ensayo
clínico de la Junta de Andalucía, que - repito- no es un programa de
administración de heroína ni de estupefacientes, estamos hablando de
la aprobación de un ensayo clínico y en ese ámbito debía haberse
circunscrito estrictamente el Ministerio de Sanidad a la hora de
evaluarlo, de tratarlo y de aprobarlo o de denegarlo, el Ministerio
de Sanidad no ha dado ni una sola razón de carácter científico, ético
o metodológico para denegar este ensayo. El delegado nacional para la
droga hacía referencia en el informe de la JIFE que presentaba a que
la propia JIFE esperaba el informe de evaluación de la OMS sobre el
ensayo clínico presentado.

El ensayo solicitado por la Junta de Andalucía no es un calco,
señoría, del desarrollado por Suiza. Sería simplemente una tontería
haber hecho un calco. Está referido inicialmente a ese ensayo, porque
fue el primero que se ha desarrollado y sobre el que existe una
experiencia y posteriormente una evaluación a lo largo de varios años
de trabajo. Es evidente que está basado en ese ensayo, pero el que ha
presentado la Junta de Andalucía ha rectificado, según las propias
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las
consideraciones y los condicionantes de la realización de ese ensayo
clínico. Si la Agencia Española del Medicamento, si la Dirección
General de Farmacia o si el propio ministro de Sanidad tienen algo
que objetar al ensayo clínico, que lo digan. Han tenido un año entero
para decirlo, y en ninguno de los documentos -aquí los tengo todos,
por si usted o cualquiera de SS. SS. quieren revisarlo- en ninguna de
las resoluciones, de las consultas, de los períodos de audiencia que
ha establecido la Dirección General de Farmacia y la Agencia Española
del Medicamento, en ninguno de ellos ha planteado ninguna objeción de
este carácter al ensayo clínico presentado por la Junta de Andalucía.




Página 3109



El señor PRESIDENTE: ¿Don Jaume quiere intervenir?



El señor CARDONAI VILA: Si me lo permite.




El señor PRESIDENTE: Yo permito todo, este es el Parlamento y aquí
todo el mundo puede decir lo que quiera. (Risas).

Le pido, por favor, brevedad y luego finalizará doña María Luisa.




El señor CARDONA I VILA: Todos estábamos a expensas de que se
publicaran las valoraciones de la OMS sobre los ensayos en Suiza para
hacer balance y así poder llevar a cabo otras experiencias clínicas
porque se ha demostrado que los programas de mantenimiento con
metadona tienen sus efectos, pero aún queda un porcentaje de
heroinómanos a quienes no se les soluciona su problema.

Cataluña lo había anunciado, y creo que ha hecho referencia a ello la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero estaría distraído
cuando ha valorado nuestros criterios. En cualquier caso, la
Generalitat de Cataluña tiene preparado un programa de ensayo clínico
que llevará a cabo. Además no serán las dos únicas comunidades
autónomas que lo soliciten. Hasta ahora no sabíamos nada y fue en el
mes de marzo o abril cuando se solicitaron los ensayos. Sin embargo,
aunque no se han publicado los resultados de los ensayos suizos,
tenemos conocimientos de ellos y podremos llevar a cabo algunos
ensayos clínicos, con diferentes variaciones porque así se desarrolla
la experimentación clínica, y porque, aunque fueran pocos estos
enfermos valdría la pena llevar a cabo esos ensayos clínicos.

Este tema no hay que politizarlo porque el simple anuncio por parte
de una comunidad autónoma, sea la que fuere, Cataluña o Andalucía,
que diga que va a llevar a cabo un ensayo de este tipo se traducirá
en una noticia en prensa que dirá: La Generalitat va a tratar a los
heroinómanos con heroína. Tanto en el caso de Cataluña como en el de
Andalucía -y no quiero entrar en valoraciones de otra índole que se
han vertido aquí-, el hecho de anunciar que se va a llevar a cabo un
ensayo clínico sobre 80 pacientes, en un grupo y 80 en otro, daría
lugar a ese titular. Y no es así, se va a hacer un ensayo que dura
seis meses. No podemos salir esta mañana de esta Comisión
preocupándonos por lo que se publica o no en la prensa y descuidando
el fondo de la cuestión. Hagamos todos los ensayos clínicos adecuados
a criterios legales y éticos y fundamentalmente a criterios técnicos,
científicos y médicos. Si no es así, estaremos perdiendo el tiempo y,
lo que es peor, no lo estaremos destinando a nuestra obligación, que
es que, bien sean cuatro, tres, dos o uno, estos enfermos necesitan
de la aportación de estos ensayos. A lo mejor no solucionaremos el
problema, pero tendremos la tranquilidad de conciencia de haber hecho
lo que hemos podido.

No quiero entrar en divagaciones sobre si fue Cataluña o Andalucía la
primera que solicitó estos ensayos. Habrá comunidades autónomas de
todos los colores que presentarán esos ensayos clínicos, pero ha de
tenerse en cuenta que son unos ensayos clínicos que tendrán unos
resultados y según los mismos iremos avanzando en el tratamiento de
esos enfermos. Nadie va a conseguir la solución final. En
cualquier caso, hemos de esforzarnos por tratar de solucionar el
problema desde nuestra vertiente, que es la de representación de la
voluntad popular, para que esa Comisión de heroína, si no se ha
puesto en marcha anteriormente, empiece a trabajar, que con criterios
técnicos juzgue si unos ensayos son adecuados para este tipo de
investigaciones científicas y, en consecuencia, sean autorizados o
no.




El señor PRESIDENTE: Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




La señora CAVADE LLANO YCARRIÓ: Quiero dejar muy claro que en ningún
momento he tildado de bobo al pueblo andaluz. (Varios señores
diputados: ¡Sí, sí!-Protestas.) Allí está el «Diario de Sesiones».




El señor PRESIDENTE: Rogaría a los miembros de la Comisión que
mantuvieran la calma. A ustedes se les ha escuchado con calma
también.




La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: En primer lugar, porque es contrario
a mi pensamiento, ya que quiero y respeto al pueblo andaluz.

Lo que sí he dicho, así figura en el «Diario de Sesiones» y me
reitero, señor presidente, en lo que he dicho, es que el consejero de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, don Isaías Pérez Saldaña,
ha dicho bobadas. Cuando digo que ha dicho bobadas creo que he sido
muy suave en la calificación de sus palabras, pero no las he
calificado de desafuero o infamia. Decir que culpa al Gobierno de
querer que se mueran los heroinómanos y que eso venga recogido en
todos los diarios de este país me parece que como mínimo puede ser
tildado de bobada, y me reitero en bobada para no decir palabras más
fuertes.

Por tanto, que no le salga la vena localista a los parlamentarios del
Grupo Socialista porque quiero, respeto y admiro al pueblo andaluz,
no a los andaluces que injurian al Gobierno español diciendo palabras
de las que luego se tienen que arrepentir. (La señora Pozuelo Meño:
Un mínimo respeto institucional.-Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, está en el uso de la palabra la
portavoz del Grupo Popular. (Pausa.)
Continúe.




El señor De la Encina Ortega: Nos ha ofendido.




El señor Presidente: No ha ofendido a nadie.




La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: En segundo lugar, señor presidente,
quería decirle al señor Cardona, que ha mencionado que no había
estado pendiente de mis palabras cuando me he referido a que no había
sido Andalucía sino Cataluña la pionera en el ensayo clínico del
suministro de la heroína a los drogodependientes que hubieran fallado
en otros programas, que ellos llevan tres ó cuatro años trabajando en
ello, y, sin embargo, el buen seny -esto he dicho y figura en el
«Diario de Sesiones»- del pueblo catalán ha hecho que la prudencia
imperara en su petición y que no quisieran obtener la publicidad que
ha querido tener don Isaías Pérez Saldaña con su propuesta.




Página 3110



Por último, quiero decir que mi grupo parlamentario y el Gobierno al
que apoya están abiertos a cualquier modalidad terapéutica que sea
buena para los drogodependientes, pero siempre que venga avalada por
los comités científicos correspondientes y no por circunstancias
coyunturales en cuanto al mayor o menor protagonismo de una junta, en
este caso la Junta de Andalucía, a efectos electorales. (El señor De
la Encina Ortega: Voy a sacar sus palabras en todos los medios de
Andalucía.-La señora Sabanés Nadal pide la palabra).




El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, un segundo, por favor, no
vayamos a reabrir el debate.




La señora SABANÉS NADAL: Un segundo para protestar porque ya se ha
reabierto el debate. Me parece que este debate se ha conducido cuando
menos al margen de las cuestiones reglamentarias.

Creo que hoy hemos cometido un error importantísimo, no hemos
cubierto el objetivo de la posible autorización a las comunidades
autónomas para programas experimentales de prescripción de
estupefacientes, que había levantado expectativas y que es lo
importante para el objeto de las proposiciones: dar una alternativa a
drogadictos que han fracasado en otros tratamientos. Quiero que
conste en acta.

Aver si mañana, con la presencia del delegado del Plan Nacional sobre
Drogas, logramos hablar de lo que realmente teníamos que haber
defendido hoy aquí, sin entrar en un debate tan irregular como el que
se ha producido.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión cinco minutos antes de
proceder a la votación. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del punto
tercero: Proposición no de ley sobre la prescripción de
estupefacientes, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y lo vamos a votar, si nadie se opone, en los
términos en que aparece asumida la autoenmienda in voce que ha
formulado Izquierda Unida. ¿Estamos todos de acuerdo? (La señora
Calleja de Pablo pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Calleja.




La señora CALLEJADE PABLO: Presidente, ¿podría dar lectura al texto
de la enmienda?



El señor PRESIDENTE: El gobierno de los diputados insta al Gobierno a
autorizar a las comunidades autónomas que lo pudieran solicitar
programas experimentales de prescripción de estupefacientes en los
que la heroína..., y el resto es exactamente igual.




La señora CALLEJA DE PABLO: Presidente, yo comprendo que la lluvia
fina cala tanto que hasta S.S. entiende que este Parlamento está al
servicio del Gobierno. Ha dicho el gobierno de los diputados...,
etcétera. Pido que se corrija y se diga: El Congreso de los
Diputados.




El señor PRESIDENTE: Rectifico, he querido decir Congreso de los
Diputados. Me he equivocado, porque los
del Partido Popular también nos equivocamos, aunque no mucho. (El
señor Cardona i Vila pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Cardona.




El señor CARDONAI VILA: Con la venia, señor presidente, si tenemos
que hilar tan fino, no es el Congreso, serán las Cortes Generales o
la Comisión. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: No tienen ustedes razón, porque es la propuesta
que hace Izquierda Unida, y dicho Grupo dice: El Congreso de los
Diputados, salvo que ellos lo modifiquen.




La señora SABANÉS NADAL: Me he equivocado yo. (Risas.) Es mi culpa.




El señor PRESIDENTE: Entonces, ¿qué digo?



La señora SABANÉS NADAL: Tendrá que decir: La Comisión Mixta.




El señor PRESIDENTE: Bien: La Comisión Mixta Congreso-Senado para el
estudio del problema de las drogas...; el resto ya lo he leído.

Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 19; abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la siguiente proposición no de ley: Sobre autorización de
ensayo clínico de prescripción y administración controlada de heroína
a drogodependientes que han fracaso en otros tratamientos
terapéuticos.

Se ha presentado una enmienda in voce del Grupo Socialista que dice
lo siguiente: Insta al Gobierno... -no pone otra cosa, no sabemos
quién insta, supongo que será la Comisión Mixta-: 1.-Que resuelva
positivamente el recurso de reposición presentado por el comisionado
andaluz para la droga..., etcétera.

Se vota en los términos que acaban de relatarse.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10;
en contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda igualmente rechazado el punto cuarto del
orden del día.




- SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES ATRAVÉS DE SOCIEDADES ESTABLECIDAS EN
GIBRALTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Números
del expediente del Congreso 161/001424 y del Senado 663/000056.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto y último, sobre blanqueo
de capitales a través de sociedades establecidas en Gibraltar, que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra por el Grupo proponente la diputada doña Carmen
Romero.




Página 3111



La señora ROMERO LÓPEZ: Pido que se suspenda la sesión por cinco
minutos, porque el señor Milián acaba de presentarme una
transaccional.




El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión por cinco minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: El grupo proponente es el Grupo Socialista. En
su nombre, tiene la palabra la diputada doña Carmen Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Esta proposición no de ley fue presentada en
el Congreso de los Diputados en noviembre y, posteriormente a su
presentación, se ha visto una semejante en la Comisión de Economía
solicitando al Gobierno que presente un informe sobre las actuaciones
en España de las sociedades instrumentales, llamadas exempt companies
radicadas en Gibraltar, que adopte medidas específicas en el seno de
la Comisión de prevención de blanqueo para actuar contra estas
sociedades y proponga, en el seno del GAFI, la creación de un grupo
de expertos entre España y el Reino Unido para el seguimiento
específico de dichas actividades.

Se aceptaron los dos primeros puntos de nuestra proposición, pero no
el tercero, esgrimiendo, el representante del Partido Popular razones
diplomáticas, que nuestro Grupo no comparte, en contra de la creación
de ese grupo de expertos en el seno del GAFI entre España y el Reino
Unido, un grupo que haría posible un estudio sobre las actuaciones de
estas sociedades instrumentales.

Mi Grupo ha decidido no retirar esta proposición no de ley,
presentada en noviembre y que se ve en junio, debido a que la
problemática de estas sociedades no solamente no ha disminuido sino
que las actuaciones de las mismas siguen por sus fueros. No hay
ningún signo que nos haga retirar dicha proposición no de ley; al
contrario, los signos que tenemos son muy preocupantes. No hace falta
recordar la situación política que estamos viviendo, es difícil saber
si es dinero negro o sucio en gran parte de nuestro territorio, pero,
sobre todo, en las cercanías de Gibraltar. La situación no sólo no ha
variado sino que, además, empeora. Hay representantes de partidos
políticos que hablan de que los planes generales de ordenación urbana
se utilizan para blanquear dinero. Hay abundantes noticias sobre las
mafias rusas y sus conexiones con instituciones. La situación ha
pasado a ser preocupante, y es esta la razón por la que mi Grupo no
solamente cree que esta proposición sigue vigente, sino que los
términos en los que estaba planteada, en el sentido de que el
Gobierno actúe ya con medidas específicas contra estas sociedades,
requeriría actuaciones concretas que no están previstas en el texto
de la proposición no de ley. Son actuaciones perfectamente posibles y
nos extraña que este Gobierno no las haya puesto en marcha hasta este
momento.

El 23 de abril el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 664/
1999, sobre inversiones exteriores, de liberalización, que no sólo no
aumenta los controles sobre estas
sociedades instrumentales sino que disminuye los existentes. Es un
real decreto condicionado por el Tratado de Maastricht y mi Grupo no
tiene nada que objetar a lo que no es más que una consecuencia de la
liberalización de capitales en el mundo. Suprimir la verificación
previa, que es lo que nuestra legislación permitía como mecanismo
para impedir determinadas inversiones, es algo obligado por el
Tratado de Maastricht y por el mundo globalizado, en el que estamos
inmersos. Lo único que ahora mismo existe es una declaración a
posteriori de las inversiones exteriores que forma parte de un
registro, y en el caso de los paraísos fiscales se requiere la
declaración previa. Pasar de una verificación previa, que suponía una
serie de requisitos administrativos, a la simple declaración previa
no es aumentar los controles sino disminuirlos. Mi Grupo no tiene
nada que objetar a este real decreto derivado del Tratado de
Maastricht, pero sí queremos hacer notar que, precisamente porque
esta liberalización se está produciendo, es por lo que el Gobierno
puede adoptar medidas para excepcionalmente poner en marcha
mecanismos que sean capaces de controlar los flujos que se están
produciendo de dineros provenientes no sólo de evasión fiscal sino,
lo que es más grave, y como sabe S.S. es lo que inspira la
proposición de este Grupo, el dinero procedente de tráficos ilícitos,
de droga, en definitiva, dinero sucio.

Existe la posibilidad de adoptar esas medidas excepcionales. Los
países que tienen una problemática semejante -Estados Unidos lo ha
hecho y hay otros países que, con una situación parecida, impulsan
mecanismos semejantes- ponen en marcha mecanismos para situaciones
excepcionales, como la que estamos viviendo.

Señorías, nos ha extrañado mucho que en este real decreto de
liberalización del mes de abril el Gobierno haya suprimido la
declaración previa para las inversiones extranjeras por debajo de 500
millones de pesetas, según la información y lectura que esta diputada
ha hecho de dicho real decreto, lo cual no tiene nada que ver con el
paraíso fiscal de Gibraltar pero sí con posibles inversiones de
mafias rusas en el territorio de la Costa del Sol, Baleares o
Cataluña. Es dinero procedente de cualquier otro país que no pasa por
paraísos fiscales. A mi Grupo le sorprende que se haya suprimido la
declaración previa cuando la inversión es inferior a 500 millones de
pesetas, que es un capital que, repetido, puede ser importante para
la economía de la zona. Por lo tanto, de aumentar los controles,
nada; al contrario, lo que se ha producido con este real decreto es
la supresión de antiguos controles procedentes de situaciones
anteriores y una liberalización que hay que estudiar para poner coto
a posibles situaciones de excepcionalidad que puedan estar
produciéndose.

Mi Grupo piensa que, además de los sistemas preventivos que se
utilizan y de las actuaciones administrativas que se están
produciendo, se pueden impulsar muchas acciones. Una de ellas sería
el estudio de la actuación de estas sociedades y, al mismo tiempo,
seguir impulsando ese grupo de expertos en el seno del GAFI. Ya
sabemos cuál es la opinión de su Grupo, pero creemos que ese informe
debe estar en el Congreso de los Diputados en un plazo mínimo de
tiempo porque esa es una decisión que su Grupo votó afirmativamente
cuando se vio la proposición no de ley en la Comisión de Economía.

Estamos ya a finales de junio y



Página 3112



a estas alturas todavía no se ha presentado en el Congreso de los
Diputados el informe sobre esas sociedades instrumentales, al cual su
Grupo dio su voto afirmativo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que
no demuestra una preocupación muy importante del Gobierno respecto a
la actuación de estas sociedades instrumentales ya que, a estas
alturas, no se ha presentado el informe y no se ha impulsado tampoco
ninguna medida específica para tratar la situación extraordinaria que
mi Grupo cree que se está produciendo en toda esa zona, con todo ese
circuito de dinero sucio. Por consiguiente, mi Grupo cree que es
imprescindible que se requiera de los servicios jurídicos del Estado
un informe para estudiar la posibilidad de llevar eficacia jurídica a
los actos de estas sociedades instrumentales radicadas en Gibraltar.

De acuerdo con los resultados, se impulsarían medidas extraordinarias
de esa naturaleza, lo cual no quiere decir que fuera la única medida
extraordinaria porque la legislación internacional sobre prevención
de narcotráfico contempla también otras medidas extraordinarias y a
mi Grupo le parece increíble que a estas alturas no se hayan
adoptado. Tengo que decir entre paréntesis que es curioso que su
Grupo recuerde siempre lo que significa la JIFE - es decir, la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes- pero no contemple
-y quiero referirme a la proposición no de ley anterior- la
Organización Mundial de la Salud y, en este caso, el GAFI, que son
organismos internacionales específicamente destinados a estudiar el
flujo del blanqueo de capitales procedentes de dinero sucio.

Quisiéramos que el Grupo Popular tuviera el mismo interés por el GAFI
que demuestra por el seguimiento de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes.

Siguiendo con la argumentación, cuando mi Grupo plantea esta
posibilidad aquí, en el Parlamento, tiene detrás abundantes
declaraciones de diputados de su Grupo, del subdelegado del Gobierno
en la provincia de Cádiz, de la diputada Martínez en la provincia de
Cádiz que se autoproclama como defensora y experta en el tema de
blanqueo de capitales, pero hasta este momento no le hemos visto
ninguna iniciativa, ni en esta Comisión ni en ninguna otra, sobre el
tema de blanqueo de capitales; del diputado Jorge Ramos,
parlamentario también por la provincia de Cádiz que habló hasta
incluso de confiscar capitales procedentes de dinero sucio; del
propio ministro Matutes, que ha hecho declaraciones a propósito del
contencioso con Gibraltar sobre la posibilidad de restar eficacia
jurídica a los actos de estas sociedades. Es decir, declaraciones de
representantes del Gobierno a su máximo nivel y de los diputados del
Partido Popular. Por lo tanto, si se han producido estas
declaraciones en pleno contencioso con Gibraltar y, previamente,
cuando se comenzó a ver cuáles eran los efectos de estas sociedades
instrumentales, si se ha producido la voluntad por parte de estos
representantes de que esto se impulse, si estas cuestiones no van
adelante, si el informe no se presenta en la Cámara en los plazos de
urgencia que reclama la situación que estamos viviendo, si el informe
de los servicios jurídicos no se produce, mi Grupo no tiene más
remedio que pensar que pueden existir otras razones, y preferiría no
hacerlo, que ponen en boca de diputados y de representantes del
Gobierno declaraciones de esta naturaleza, porque no es posible que
esta situación sea un tema de campaña electoral, porque no es posible
que esta situación
sea un tema de mercadeo, porque no es posible que esto se ponga en
boca de quien dice tonterías, porque los ministros no dicen tonterías
y el subdelegado del Gobierno no dice tonterías y los representantes
o los diputados del Partido Popular no dicen tonterías. Así que si se
supone que no dicen tonterías y que van a actuar sobre este tema, si
se supone que no lo hacen demagógicamente y que van a actuar sobre
este tema, hay que pensar que no queda solamente sobre el tapete la
declaración de un presidente del Gobierno cuando insulta a toda una
zona como la de Gibraltar diciendo que es un nido de narcotráfico,
como hemos observado en el anterior contencioso, la actuación no
puede quedar en un puro insulto. A partir de ahí no hay ninguna
actuación de la que se deduzca que realmente al Gobierno le preocupa
la actuación de estas sociedades instrumentales, que realmente al
Partido Popular le interesa la repercusión que pueda ocasionar en
nuestra economía la mafia rusa, que realmente interesa perseguir el
flujo de este dinero sucio y que, por lo tanto, no nos encontramos
ante unos diputados demagogos, de un subdelegado del Gobierno
ignorante, de un ministro irresponsable y frívolo y de un presidente
del Gobierno largo de lengua e imprudente. (Protestas.) No nos
encontramos ante esta circunstancia, sino ante otra probablemente
diferente, por lo que espero que el Grupo Popular reconsidere la
situación y acepte la proposición no de ley que hoy mi Grupo plantea
ante las Cortes Generales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Manuel Milián.




El señor MILIÁN MESTRE: Quisiera estar más moderado que la colega,
doña Carmen, y creo, sinceramente, que ha sido muy dura en algunas
frases.

Yo voy a presentar una enmienda a la proposición, pero quisiera hacer
unas consideraciones a lo que ha dicho la diputada y aclarar a esta
Comisión ciertos aspectos que han sido puestos en duda.

En primer lugar, la magnitud del problema, y daré solamente dos
datos. Yo llevó trabajando treinta años sobre la relación entre la
droga y la acción política y puedo decir a doña Carmen que el volumen
del negocio que mueve el narcotráfico es superior al del petróleo.

Por tanto, es muy difícil controlar una masa dineraria de ese
calibre. Segundo, los centros de información internacionales poseen
perfecto conocimiento de los movimientos transatlánticos que se
producen en cuanto al dinero que fluye de tráficos de esta
naturaleza. Tercero, estos mecanismos no solamente han sido
utilizados como medios para especular y enriquecerse, sino para hacer
una política de grave trascendencia. Por ejemplo, en 1981 yo pude
estudiar a fondo un informe de la Asamblea Nacional de San José de
Costa Rica -por cierto, la comisión de investigación estaba presidida
por un comunista- y en él aparecía la vinculación entre los
narcotráficos y ciertas revoluciones centroamericanas a través de
ciertos mecanismos; ciertos aviones cooperaban en el tráfico de
armas: a la ida llevaban las drogas y a la vuelta llevaban las armas.

Por lo tanto, este tema es muy complejo, muy extenso, absolutamente
internacional y no localizable en un punto, por más negocio que sea,
como es el caso Gibraltar.




Página 3113



En segundo lugar, yo creo que se está dando una coyuntura
especialmente hipersensible. Estamos conociendo estos días unos
informes de la Fiscalía Anticorrupción donde aparecen ya claras
denuncias de implicaciones de las mafias italianas y rusas con
ciertos comportamientos judiciales y con ciertos políticos de la
Costa del Sol. Es evidente que esto sensibiliza mucho más una
comisión como ésta y, en ese sentido, yo quiero ponerle a usted la
sordina respecto a ciertas frases que ha dicho, extremadamente duras
respecto a personas y planteamientos del Partido Popular.

En tercer lugar, el problema no viene de los últimos tres años, sino
muy lejano. Tengo que decirle que muchos amigos socialistas me
contaban hace cinco, seis y siete años que había avisos serios de los
institutos policiales y de seguridad internacional italianos acerca
de penetraciones en España de las mafias italianas especialmente en
toda la costa del Mediterráneo, de Cataluña a Cádiz. Por tanto, son
temas que estaban ahí, que había información, que son complicadísimos
y a los que hay que buscar la mejor salida posible para no fracasar,
porque los ingresos son tan altos que a veces, como hemos visto,
acaban destruyendo Estados, verbigracia el de Colombia, para no ir
más lejos.

Hecha esta introducción, quisiera decirle que el Gobierno sí ha
adoptado medidas y el 13 de abril, en el debate que tuvimos, ya le
propuse cosas en relación a esto. Por ejemplo, haciendo memoria, le
diré que estaba creada una comisión de trabajo interministerial,
cuyos primeros borradores se estaban redactando en marzo. Hacia el 15
de febrero tengo conocimiento de un primer borrador y hacia el 23 de
febrero de un segundo borrador; por tanto, se estaba trabajando muy
seriamente en veintitantos departamentos del Gobierno, departamentos
de diferentes ministerios, en la investigación a fondo de este
problema.

En segundo lugar, se habían producido las primeras actuaciones serias
de investigación in situ, es decir, en todo lo que es el ámbito de
influencia gibraltareña. No me limito a hablar de Gibraltar, sino de
una serie de poblaciones a las que ahora me referiré.

En tercer lugar, se había producido ya la detección de movilidad de
capitales en cuantía significativa y datos objetivos que yo aduje en
aquel debate y que podría volver a reproducir.

Yahora, vamos a ver si centramos el debate con serenidad. ¿Qué está
pasando? Está pasando algo muy grave, doña Carmen: que, para
desgracia nuestra, Gibraltar está en los pies de España y Andorra en
la cabeza; es decir, que por arriba y por abajo tenemos sendos
paraísos fiscales, que agravan seriamente el control de estos
movimientos en nuestro país. Consecuentemente, a ciertos grupos
mafiosos les es muy fácil utilizar los mecanismos de oscurantismo que
existen en esos paraísos fiscales, legales según la legislación
británica. Por tanto, competir con algo que es legal in situ, es
decir, en Gibraltar, que todavía es colonia británica, es francamente
difícil. Esto es cierto y afecta -tiene usted toda la razón- a La
Línea, Algeciras, San Roque, Tarifa, Los Barrios; este ámbito está
directamente vinculado al problema de Gibraltar y esto preocupa mucho
más cuando un personaje conocido, el señor Gil, aparece interesado en
entrar en esas zonas y, qué curioso, también en la otra orilla del
Mediterráneo, donde hay claras informaciones
policiales de que gran parte del flujo de capital procede del
hachís que se cultiva en Marruecos. Todo esto empieza a ser realmente
preocupante. Ahora bien, hay datos que son inevitables, como es
nuestra proximidad geográfica con Marruecos o como que somos un punto
estratégico en la ruta del contrabando de hachís, El hachís no sólo
se queda en nuestra península, sino que va hacia Europa, sobre todo
al mercado de consumo.

Por tanto, aquí los puntos están muy claros y está claro cuál es el
fenómeno generatriz, lo que no está tan claro son los mecanismos que
se utilizan y cómo coartar esos mecanismos. Está claro, por ejemplo,
que ha habido una cierta ineficacia en la policía o en el control
aduanero de Gibraltar. Eso es conocido desde hace tiempo y, por
tanto, no es ninguna novedad, pero hay unos cuantos puntos que sí
quiero puntualizar. Primero, hay una participación activa de
ciudadanos gibraltareños en la organización del narcotráfico, y eso
se sabe. Segundo, hay una implicación de esa red en el blanqueo de
capitales producto del tráfico ilícito de estupefacientes,
circunstancia propiciada por su permisiva legislación mercantil. Eso
consta, eso lo denuncia usted. Tercero, hay utilización del puerto de
Gibraltar como refugio de barcos de todo tipo dedicados al tráfico
ilícito de drogas. Eso es patente y han empezado a remitir los
efectos porque el Gobierno ha empezado a aplicar ya una serie de
medidas que han hecho que algunas de las famosas planeadoras vengan a
establecerse en la costa andaluza porque ya tienen problemas con la
policía inglesa. Y, cuarto, es indiscutible que Gibraltar es un
centro de reunión en relación con las operaciones de tráfico ilícito
y de flujos ilícitos de capital.

Si nos referimos al problema específico del blanqueo de capitales,
hay que decir que el Peñón sufrió una importante recesión económica
durante los últimos años. Al desmantelamiento de los astilleros allí
existentes se unió después la disminución sensible de unidades
militares allí radicadas y el abandono de su puerto como base
logística estable por parte de la marina británica. Por lo que, al
amparo de su legislación mercantil, allí existen en torno a 76.000
sociedades, de las cuales la mitad están activas y, de estas últimas,
10.000 son offshore, las cuales, como usted sabe muy bien, únicamente
pagan las famosas 225 libras esterlinas, que, agárrense ustedes,
arrojan un ingreso anual para Gibraltar de 2.300.000 libras
esterlinas. A base de 225 libras esterlinas per capita, una cantidad
pequeña, que es toda la tributación que hacen, fíjense la recaudación
global que supone, 2.300.000 libras esterlinas. Ahí se puede calibrar
objetivamente la magnitud, la dimensión de lo que allí se está
generando. Este dato contrasta llamativamente con el número de
habitantes que posee el Peñón, menos de 30.000. Estamos hablando de
76.000 sociedades y hay 30.000 habitantes.

Un elevado número de estas sociedades estarían directamente
implicadas en el blanqueo de capitales, lo que explica ese fenómeno
de la eclosión y de la multiplicación de toda esta maraña jurídico-
mercantil que se ha establecido en la zona. Algunas de estas
sociedades estarían siendo utilizadas por ciudadanos españoles con
fines claros de evasión fiscal. Usted sabe que algunas de estas
sociedades -y no voy a entrar ahora en el análisis, una por una, de
las diferentesfórmulas-, eximen de toda responsabilidad fiscal direc
ta



Página 3114



al poseedor de la misma, es decir, le excluyen los impuestos. Es
asombroso con qué lubricidad se permite que ahí dentro se arreglen
las cosas con arreglo a la legislación británica; no se inventan
nada, sino simplemente manipulan, manejan los agujeros dejados por la
legislación británica.

Es de resaltar que, según los datos que he podido recabar del año
1997, la frontera fue cruzada por 1.800.000 vehículos y siete
millones de personas en ambas direcciones, lo cual representa una
media diaria de 20.000 personas. Si sumamos lo que es lícito sacar
por cada uno de los viajeros que pasan, veremos que hay una
defraudación fiscal en tabacos y licores que, a lo mejor, llega a los
5.000 ó 6.000 millones de pesetas, solamente, repito, en lo que es
lícito. Imaginemos a qué puede dar lugar un tráfico de personas y
vehículos como el que acabo de señalar. Esto que acabo de señalar,
así como la escasa actualización de los controles legales apropiados
para regular su sistema financiero, facilita de forma extraordinaria
el blanqueo de capitales que maneja el narcotráfico.

Actualmente, ya existen ciertas controversias entre el Reino Unido y
las autoridades de Gibraltar sobre la aplicación de las directivas
comunitarias en materia fiscal, porque, obviamente, la comunidad está
directamente implicada en el problema. puesto que se trata de una
colonia de un país comunitario y existe una evidente y palpable
situación anómala del sector financiero gibraltareño. Esta situación,
pues, constituye una fuente de financiación para la colonia
y compensa la decadencia económica a que me refería al principio de la
intervención y, en consecuencia, se puede estimar que forma parte de
su principal actividad económica. Ésta es, objetivamente, la
realidad.

La problemática del blanqueo de capitales en Gibraltar, si la
concretamos, veremos que tiene los siguientes puntos. Primero,
entrada a la colonia de capital español de forma directa y en
cantidades que no superan el millón de pesetas cada vez. Segundo,
existencia de importantes transferencias bancarias, que generan
fuertes comisiones entre entidades bancarias españolas con sucursales
radicadas en el Peñón. Tercero, depósitos bancarios por parte de los
narcotraficantes más importantes de la zona y eso a veces se utiliza
como mecanismo de blanqueo; la compraventa de oro con posterior
reventa en nuestro país. Éste es un fenómeno de última hora que cada
vez se va incrementando más. Oro que se compra, oro que entra en
España, y con lo cual ya está legalizado ese dinero.

Cuarto, negación absoluta por parte de las autoridades gibraltareñas
a colaborar en las investigaciones relativas al blanqueo de
capitales. Esto es así -y ya discutimos la otra vez si por la vía
diplomática o no-, no quieren saber nada y en cambio aceptan
conversaciones con el señor Gil, lo cual no deja de ser chocante.

Quinto y último, escasa fiabilidad de las autoridades del Peñón para
intercambio de información de carácter reservado.




Éste es el problema específico, y no quiero seguir hablando de los
tráficos. Para que vean SS.SS. a qué punto de desvergüenza se ha
llegado en este proceso: los gibraltareños -y tengo aquí una
fotocopia- no tienen ninguna duda en propiciar tráficos abiertos ya
con exenciones fiscales a la venta, es decir, venga usted a cargar
sus depósitos de fuel de los barcos que están ubicados en Marbella,
en la
zona de la Costa del Sol, a Gibraltar, porque no pagarán ni el IVA
siquiera, y lo anuncian en los periódicos con toda desvergüenza. Aquí
está el Charles Rodríguez and sons. Lo que está ocurriendo allí
abajo, señora Romero, no tengo ninguna duda en que es razonablemente
grave y serio, y el Gobierno como tal lo toma. El Gobierno es
consciente de lo que pasa y está trabajando seriamente, adoptando una
serie de medidas.

En primer lugar, deducción de franquicias a las personas que
atraviesan la frontera en Gibraltar sin que en ellas concurra la
condición de viajeros. Ya se están buscando y aplicando medidas en
ese sentido. La fiscalidad del tabaco ha producido una falla de
recaudación -antes dije de memoria 5.000, lo corrijo- de 6.000
millones de pesetas.

Segundo, el plan de inspección de la AEAT, que está actuando
seriamente. Hay un departamento de inspección que, mediante el
análisis de los datos en su poder, ha identificado en una primera
aproximación -y es una cifra que yo di en la otra comparecencia-
8.466 sociedades gibraltareñas que han tenido alguna actividad en
España, siquiera sea mínima, y de las mismas 84 han sido
contribuyentes por el impuesto sobre renta de sociedades. Sobre esto
le podría dar muchos datos. Por ejemplo, como primera línea de
actuación se han identificado 4.068 fincas susceptibles de ser
investigadas -lo dije en abril-, con un valor de mercado de 88.000
millones de pesetas, así como movimientos de divisas por importe
medio anual de 5.068 millones de pesetas, y transacciones con
Gibraltar por importe medio anual de 4.384 millones, igualmente
cuentas corrientes en España con saldos por importe de 15.676
millones de pesetas. Por tanto, todo eso ya está detectado. El
departamento de inspección está dando prioridad a la creación de un
plan de inspección de no residentes, para buscar todos los datos que
puedan dar lugar, de forma indirecta, a una investigación a fondo y
la detención de todas las bases objetivables jurídicamente para poder
ser reprimidas.

Se están estudiando medidas de incentivos fiscales para buscar
soluciones, así como medidas normativas, como son restricción a la
actuación válida en España de los solicitantes residentes en
Gibraltar, que es justamente lo que usted me está pidiendo en esta
proposición no de ley de hoy. También se están estudiando textos
legales nuevos, como una ley ordinaria para aplicar todo esto. Por
tanto, parte de lo que usted pide se está ya elaborando, para buscar
una solución legal a esas actividades. También se modifica el
capítulo V de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los no
residentes, para suprimir, en todo caso, la exención del gravamen
especial sobre inmuebles de entidades no residentes respecto de todas
las sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Estoy hablando de
todas, las de Andorra también. Lo digo para que nuestros amigos del
noroeste vayan conociendo cómo están las cosas.

Por otro lado, medidas sobre evaluación del grupo de acción
financiera internacional, GAFI, de la OCDE, de la actuación de
Gibraltar en relación con la normativa internacional sobre blanqueo
de capitales. Le estoy diciendo lo que está haciendo ya el Gobierno,
y podría seguir. Por ejemplo, denuncia ante la Comisión de regímenes
tributarios de las sociedades exentas, sociedades calificadas y
sociedades de Gibraltar 1992 y de las sociedades que hayan obtenido
la autorización de ayuda al desarrollo como ayudas



Página 3115



del Estado incompatibles con el Tratado de Roma. Medida sobre
autorización de la Financial Service Commission gibraltareña, la FSC.

Finalmente, licencia única en entidades de crédito.

Todo eso se está haciendo ya. Fíjese usted si están trabajando. Lo
que ocurre es que no se ha llegado todavía al fondo de la cuestión.

Se está haciendo por aproximación, y ahí están las leyes. Por
ejemplo, el trust, que evita cualquier posibilidad de transparencia,
porque una persona simplemente puede alegar sus bienes y la
naturaleza de la propiedad de una sociedad en una residente
gibraltareña, y ésa no tiene ninguna posibilidad de manejar ninguno
de los recursos, salvo autorización, y jamás puede poner en evidencia
quién es el titular real; por tanto, los fiduciarios son
absolutamente opacos. Esto está legalmente establecido por el
Instituto del Trust inglés y es imposible penetrar en todo eso. Es un
problema de gran dificultad jurídica. Usted dice que por la vía
diplomática, pero es el código mercantil inglés el que evita muchas
veces estas posibilidades.

Por tanto, señora diputada, el tema es muy serio, es muy complejo.

Como usted ha visto, el Gobierno es perfectamente consciente, está
investigando seriamente, se está trabajando correctamente y espero
que el resultado de estos debates aflore para que todo el mundo se dé
cuenta de que realmente no es una frivolité lo que aquí está
ocurriendo, sino una dificultad tremenda en la penetración de
mecanismos jurídicos que cubren la opacidad de las intervenciones
dinerarias, sobre todo los flujos de los grandes capitales.

Dicho todo esto, nosotros hemos propuesto a su proposición no de ley
un texto que quedaría redactado de la siguiente forma: «El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a seguir llevando a cabo las
actuaciones específicas, a través de los sistemas preventivos
establecidos en la legislación española, que impidan en nuestro país
el blanqueo de capitales procedentes de tráficos ilícitos de dichas
sociedades radicadas en Gibraltar».

Este texto recoge prácticamente el espíritu de su proposición
inicial, aunque hemos hecho unas matizaciones en función de todo lo
que yo he argumentado, donde se demuestra que ya se está trabajando
muy en serio. Por tanto, señora diputada, yo creo que no hay que
hacer aspavientos y hay que ser muy respetuosos, porque el tema es
muy delicado, de una enorme magnitud. Entiendo que el Gobierno lo
está haciendo francamente bien y espero que los resultados afloren
antes de que termine la legislatura.




El señor PRESIDENTE: El señor Cardona tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: Con toda brevedad, señor presidente.




No vamos a insistir en lo que se ha dicho tanto por parte del
proponente como por parte del grupo enmendante. Cualquier tipo de
medidas que tengan como objetivo impedir, dificultar, obstaculizar el
blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, nos
parecerán adecuadas, porque tenemos que partir de una base, y es que
las circunstancias geopolíticas de algunas zonas hace que el tema sea
preocupante, sabiendo además que todo lo que hagamos será poco, será
insuficiente. Por tanto, apoyaremos la proposición no
de ley. No se ha dicho si se acepta la enmienda que ha sido defendida
o si se ha podido llegar a un texto transaccional. En cualquier caso,
como no vamos a intervenir ya, interpretando que se va a aceptar este
texto u otro transaccional, como es el que se nos ha comentado
anteriormente y por el cual hemos hecho un pequeño receso, nos parece
bien que se llegue a puntos de vista concretos, que yo creo que
incluso serán unánimes en este caso, no sólo por parte del
proponente, el Grupo Socialista, sino por parte del enmendante, el
Grupo Popular, y de todos los demás grupos.

También quiero felicitar a los dos portavoces que han intervenido.

Esperamos que lleguen a un texto consensuado y en este sentido
agradecemos los esfuerzos que se han hecho tanto por una como por
otra parte.

Quiero anunciar que apoyaremos el texto de la proposición no de ley,
sea éste u otro, porque, en cualquier caso, aunque se llegue más
allá, será todavía insuficiente.




El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Milián, usted utiliza un lenguaje que
ahora está de moda en el Grupo Popular para descalificar la actuación
del resto de los grupos parlamentarios. En este caso usted ha hablado
de aspavientos y yo quiero decirle que el informe cuya elaboración se
aprobó en el mes de abril en la Comisión de Economía no está
presentado a finales de junio en el Parlamento. Usted habla de que se
están adoptando medidas, pero estos grupos parlamentarios no conocen
ese informe ni esas medidas. Por lo tanto, si hay algún tipo de
medidas de esa naturaleza, bienvenidas sean, pero lo que mi Grupo ha
planteado aquí es algo más serio: medidas excepcionales para una
situación excepcional y que no sean sólo de la naturaleza de las que
he hablado. Es decir, no se trata solamente de requerir de los
servicios jurídicos la posibilidad de que haya un informe para negar
eficacia jurídica a las actuaciones de estas sociedades, es que hay
otras actuaciones específicas que otros países que se encuentran en
circunstancias semejantes han puesto en marcha. Desde luego, mi Grupo
estudiará la posibilidad de presentarlo en el Parlamento. No son sólo
esas medidas, que yo calificaría como minucias, porque no van a tener
la repercusión que en este momento está teniendo el fenómeno y, por
lo tanto, hay que pasar ya al estudio de medidas excepcionales.

Esto es lo que mi Grupo ha querido plantear hoy aquí y lo que su
Grupo califica de aspavientos, que por otra parte serán aspavientos
del ministro de Asuntos Exteriores, señor Matutes, o de la sarta de
diputados que también han hablado de esta naturaleza. Así que no
califique una propuesta con ese término, porque sabe S.S. que estamos
tratando un tema muy serio. Mi gGupo está haciendo una propuesta muy
seria que no tiene nada que ver con pequeñas actuaciones, sino con
actuaciones de otra naturaleza, perfectamente contempladas en
legislaciones de otros países y estudiadas en el GAFI, en los grupos
de acción financiera. Eso es lo que está planteando hoy mi Grupo. Si
ese estudio se tiene que elaborar en un mes, en dos o en tres, ¿por
qué vamos a tener que esperar a que finalice el período de sesiones o
la legislatura? Si es un estudio urgente y si realmente a su Grupo le
preocupa la actuación de estas sociedades instrumentales, háganlo y
preséntenlo cuanto antes.




Página 3116



Señor Milián, usted estará de acuerdo conmigo en que el real decreto
al que he hecho referencia es un decreto de liberalización de
inversiones exteriores. Bien, pues fíjese cómo el Gobierno lo vendió
en la prensa cuando salió: El Gobierno aumenta el control sobre la
inversión en el exterior. Usted sabe que esto es exactamente lo
contrario de lo que el real decreto produce, es decir, el real
decreto lo que produce es la disminución de los controles sobre la
inversión exterior. No es que aumenten los controles, es que este
real decreto lo que hace es disminuir los controles que un stock de
una situación anterior mantenía y al cual se ve obligado por el
Tratado de Maastricht. ¿Qué le quiero decir con esto, que el Gobierno
miente, que miente para vender una noticia, que miente para vender un
real decreto al que está obligado? No tenía necesidad. Mi Grupo
comprende que ese real decreto es de liberalización de inversiones,
pero existe una situación nueva y hay que aplicar medidas
excepcionales. Eso es lo que mi Grupo le está pidiendo hoy y de forma
urgente además.




El señor PRESIDENTE: Señor Milián.




El señor MILIÁN MESTRE: Voy a ser muy breve.

Usted conoce mi tono. Yo nunca trato de insultar a nadie, sino todo
lo contrario y, cuando califico, desde luego me olvido absolutamente
de si hay un código de insultos propiciado por un grupo
parlamentario. No sé si habré coincidido con alguien en algún
adjetivo, pero le aseguro que lo que yo digo es de mi cosecha y nadie
me dice que diga esto o lo otro.

Señora diputada, quiero decirle que en este caso el Gobierno está muy
preocupado. Yo no sé cómo el Gobierno vendió lo que nos ha
manifestado, pero usted acaba de reconocer ahora, y, por lo tanto, no
hay que argumentar a favor, sino que son sus propias palabras, que
era un decreto- ley inevitablemente necesario, puesto que era de
mandamiento superior, cual es en este caso los tratados de la
Comunidad Europea. Por lo tanto, el Gobierno tenía que liberalizar,
le gustara o no.

Usted está pidiendo medidas extraordinarias. Yo remito mi información
básica a la obtenida en abril e ignoro si ha habido avances desde
entonces, en este caso en los estudios e informes y en las
investigaciones que está llevando a cabo este equipo interministerial
y estos departamentos policiales y de Hacienda en la investigación
tanto fiscal como de los movimientos ilícitos de capitales. Lo que sí
puedo decirle es que es evidente que se está progresando en ese
terreno. Y es tan evidente que supongo que no habrá ningún desinterés
en no atender algunas proposiciones que puedan ser francamente
razonables, en las cuales el Gobierno tenga que estudiar otras
fórmulas, si es que legalmente las puede aplicar. Consecuentemente,
yo creo que no ha lugar a descalificar lo que usted ha propuesto y,
cuando he dicho aspaviento, me he referido a ciertas frases
concretas, cuando usted ha aludido al jefe de Gobierno actual, y no a
su proposición.

Usted sabe que razonablemente siempre hemos consensuado todo cuanto
en este caso se ha producido, porque no es un problema de un partido,
no es un problema del Partido Popular. No nos engañemos: es un
problema de la sociedad internacional, son nuestros hijos y nuestros
nietos los
que caen en el mundo de la droga y en las consecuencias que
enriquecen a ciertos sinvergüenzas a escala internacional. Ningún
Gobierno, ningún partido que sea mínimamente sensible a un problema
de esta naturaleza puede ser opaco a la hora de aplicar ciertas
medidas que, como usted y yo sabemos, son difíciles de aplicar y,
sobre todo, son difíciles de poder plantear al margen de lo que es la
normativa existente, tanto en las leyes nacionales como en las
internacionales. Que hay que hacerlo, no tengo ninguna duda, y verá
usted como así nos seguimos entendiendo.




El señor PRESIDENTE: ¿Votamos así o había una transaccional?



El señor MILIÁN MESTRE: Nosotros mantenemos nuestra enmienda, es la
señora diputada la que tiene que decir si la acepta o no.




La señora ROMERO LÓPEZ: Nosotros proponemos una transaccional
consistente en que al texto que el Grupo Popular plantea se incluya
un párrafo en el primer renglón que diga: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en primer lugar presente el informe
sobre las sociedades instrumentales radicadas en Gibraltar...




El señor MILIÁN MESTRE: ¿No lo tiene usted escrito, señora Romero?



El señor PRESIDENTE: Sí, está aquí. Un segundo, que lo leo. El texto
deberá quedar redactado como sigue: La Comisión Mixta para el estudio
del problema de la droga insta al Gobierno a: 1) Presentar un informe
al Congreso de los Diputados sobre las actuaciones en España de las
sociedades instrumentales radicadas en Gibraltar, llamadasexempt
companies análogas, antes de que finalice el próximo período de
sesiones; 2) Seguir llevando a cabo las actuaciones específicas a
través de los sistemas preventivos establecidos en la legislación
española que impidan en nuestro país el blanqueo de capitales
procedente de tráficos ilícitos de dichas sociedades radicadas en
Gibraltar, y 3) Requerir de los servicios jurídicos del Estado un
informe sobre la posibilidad de negar eficacia jurídica a los actos
derivados de dichas sociedades instrumentales, igualmente antes de
finalizar el próximo período de sesiones.




La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, para explicar esta enmienda
transaccional, mi Grupo quiere presentar la propuesta al Grupo
Popular de que ambos informes (el primero sobre las sociedades
instrumentales, que lleva ya un retraso desde el mes de abril, y el
segundo, que es un estudio de los servicios jurídicos del Estado
sobre la posibilidad de la negación de la eficacia a las sociedades)
se elaboren en el plazo más breve posible. Imagino que su Grupo
estará de acuerdo también en esta apreciación.




El señor PRESIDENTE: Se pone un plazo tope, pero supongo que si están
antes, mejor.




La señora ROMERO LÓPEZ: Exactamente. Se supone que hay un plazo tope,
pero si los informes se elaboran lo antes posible, su Grupo los
presentará en el Congreso de



Página 3117



los Diputados de forma urgente. Eso es lo que mi Grupo quería decir
en relación con los plazos que están establecidos para los dos
informes.




El señor MILIÁN MESTRE: Por nuestra parte aceptamos la transaccional.




El señor PRESIDENTE: ¿Lo que se acaba de leer?



El señor MILIÁN MESTRE: Aceptamos lo que se acaba de leer.

Simplemente que se establezca un límite, que es el final del próximo
período de sesiones.




El señor PRESIDENTE: Se entiende que con la máxima urgencia y hasta
un tope, que es la finalización del próximo período de sesiones.

El señor MILIÁN MESTRE: Yo no haría una precisión, como límite tope
al final de la legislatura.




La señora ROMERO LÓPEZ: Como plazo límite la finalización de la
legislatura.




El señor PRESIDENTE: Antes de finalizar, está bien.

Antes de finalizar el próximo período de sesiones, se da por
supuesto, se entiende. ¿Estamos todos de acuerdo? (Asentimiento.)
Se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.