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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 146, de 22/06/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 146
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 22 de junio de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Interior (Mayor Oreja), a
petición del Grupo Parlamentario Vasco del Congreso (EAJ-PNV), para
exponer el criterio del Ministerio sobre actuaciones policiales que
suponen vejaciones injustas y trato degradante para las mujeres,
señalándose como ejemplo la violación de una ciudadana brasileña en
una comisaría de Bilbao (Vizcaya), o los comportamientos de
prepotencia machista con mujeres familiares de presos en las
inmediaciones del penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) y, en
general, la utilización de un «plus» de posibilidades de humillación
por el hecho de ser mujer en los interrogatorios policiales. (Número
de expediente del Congreso 213/000749 y número de expediente del
Senado 711/000209.) ... (Página 3084)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días señorías, buenos días señor
ministro de Interior. Bienvenido a la Comisión Mixta de los Derechos
de la Mujer.
Me gustaría conocer por parte de las señoras portavoces si se puede
aprobar el acta de la sesión anterior. (Asentimiento.)
Queda aprobada.
El señor ministro de Interior, excelentísimo señor don Jaime Mayor
Oreja, comparece hoy ante esta Comisión, a petición del Grupo
Parlamentario Vasco del Congreso, para exponer el criterio del
Ministerio sobre actuaciones policiales que suponen vejaciones
injustas y trato degradante para las mujeres, señalándose como
ejemplo la violación de una ciudadana brasileña en una comisaría de
Bilbao o los comportamientos de prepotencia machista con mujeres de
familiares de presos en las inmediaciones del penal de El Puerto de
Santa María y, en general, la utilización de un plus de posibilidades
de humillación por el hecho de ser mujer en los interrogatorios
policiales.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señora
presidenta. Comparezco ante SS.SS. a solicitud del Grupo
Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco para informar sobre
asuntos relacionados con actuaciones policiales que pudieran suponer
un trato degradante para las mujeres.
Quiero también recordar, y me voy a referir muy especialmente a ello,
que en ese texto de la comparecencia se citan los sucesos ocurridos
en una comisaría de Bilbao y los incidentes ocurridos en
inmediaciones de la prisión de El Puerto de Santa María. Los sucesos
ocurridos en la comisaría de Bilbao se remontan a agosto de 1995,
mientras que son más recientes los hechos acaecidos en la prisión de
El Puerto de Santa María.
Con la finalidad de ser lo más esquemático posible, y teniendo en
cuenta que se plantean en la misma comparecencia dos cuestiones
concretas en lugares y momentos diferentes, me van a permitir que,
antes de referirme a esos dos acontecimientos, realice una reflexión
general sobre este asunto para entrar luego, más detalladamente,
primero en los incidentes que se citan y, posteriormente, en una
serie de conclusiones finales que vienen a significar y resumir la
actuación al respecto del Ministerio de Interior en estos años.
Como reflexión inicial me van a permitir una consideración que no por
obvia debe dejar de ser expuesta por mí ante esta Cámara. Quiero
manifestar el rechazo más absoluto a cualquier acto o comportamiento
que suponga una vejación o un trato degradante hacia la mujer. Quiero
además decir que esa preocupación tiene que ser todavía muchísimo
mayor cuando en el relato de algunos de los hechos se cita una
comisaría de Policía o una dependencia del Ministerio como un lugar
donde pudiera haberse producido un hecho de estas características. Al
final de mi intervención trataré de explicar los esfuerzos realizados
desde el Ministerio de Interior para garantizar los derechos y la
asistencia de las mujeres víctimas de agresiones dentro de lo que se
conoce como violencia doméstica. También explicaré a SS.SS. las
medidas que desde el comienzo de la legislatura hemos puesto en
marcha en lo que son aspectos organizativos o formativos de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como actuaciones en los ámbitos
asistencial y operativo.
En esta consideración inicial quiero incluir una reflexión que es la
confianza que quiero expresarles en el comportamiento, con carácter
general, de los funcionarios policiales, que estoy seguro de que
desempeñan sus funciones con un escrupuloso respeto a la normativa
vigente y a los principios básicos de actuación recogidos en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sería injusto
no reconocer la competencia, la abnegada dedicación y la
profesionalidad, con carácter general, de los miembros de nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Evidentemente eso no
significa que no haya hechos perseguibles de carácter, obviamente,
minoritarios, pero que no por ser minoritarios deben dejar de ser
investigados y de tratar de darles la respuesta más ejemplar posible
ante estos hechos, precisamente para que queden en la minoría de la
minoría y para que en modo alguno pueda plantearse la sensación de
que desde la Administración hechos de esta naturaleza no tienen la
respuesta política y administrativa necesaria, porque de otro modo
proliferarían hechos de estas características. Insisto en que
hablamos, sólo faltaba, de supuestos absolutamente excepcionales y,
en general, confirman el respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico
por parte de los funcionarios policiales. Evidentemente es gratuita
la afirmación de que estos comportamientos pueden caracterizar hoy el
funcionamiento de los funcionarios policiales españoles.
Señorías, las denuncias que se citan como razones de esta
comparecencia se refieren a los sucesos ocurridos el 29 de agosto de
1995 en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, y ya entraré en el
desarrollo de los mismos. Los hechos se producen el 29 de agosto de
1995 y hay una determinación del Juzgado de Instrucción número 2 de
Bilbao, que dictó auto el 24 de octubre de 1995, en el que se acuerda
la detención e ingreso en prisión de un funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía como presunto autor de un delito de violación. El
auto se refiere a un delito de violación presuntamente cometido el
día 29 de agosto del mismo año en la persona de doña Rita Margerete
Rogerio durante su estancia en los calabozos de la Jefatura Superior
de Bilbao. Ala vista de las conclusiones de esta resolución judicial,
el entonces director general de la Policía, con fecha 26 de octubre
de 1995, decidió incoar un expediente administrativo en el que se
acordó una medida cautelar de suspensión provisional de funciones del
policía Valentín González González, adscrito a la plantilla de
Bilbao.
Con fecha 31 de enero de 1996 el mismo juzgado dictó auto en el
sumario 2/1996, decretando el procesamiento del señor González
González como presunto autor de un delito de violación, y de los
policías del mismo cuerpo don José Luis Fierro Rodríguez y don Arturo
Sánchez Pérez como cómplices, decretando, al mismo tiempo, su
libertad provisional. Ala vista de este auto, el director general de
la
Policía acordó, con fecha 22 de febrero de 1996, la incoación de
expediente disciplinario de los señores Fierro Rodríguez y Sánchez
Pérez y su acumulación al expediente disciplinario número 469/1995,
seguido en relación con el señor González.
Cuando asumimos las responsabilidades del Gobierno nos encontramos
ante un hecho judicializado que está pendiente de sentencia de la
Audiencia Provincial de Bilbao y, por eso, en esta etapa del Gobierno
se producen dos resoluciones judiciales, en junio de 1998 y en abril
de 1999. Hasta ese momento, las actuaciones seguidas con motivo de
ese incidente, lógicamente, se encontraban sub iudice y cualquier
actuación o finalización de los trámites administrativos
correspondientes estaban supeditados a la resolución judicial. A
partir de ese momento, teniendo en cuenta que la sentencia del
Tribunal Supremo declara que aunque los señores Fierro y González no
fueron cómplices del delito sí infringieron -en la sentencia se
determina- los niveles de custodia, la Dirección General de la
Policía decide adoptar una serie de medidas que más adelante les
expondré. Efectivamente, de estos hechos conoció la Audiencia
Provincial de Vizcaya, que dictó sentencia el 10 de junio de 1998,
que ha sido confirmada -como antes decía- por el Tribunal Supremo el
23 de abril de 1999, en la que se absuelve al señor González González
del delito de violación. Quiero también decir, a efectos de fechas,
que el Tribunal Supremo no notifica directamente a la Policía la
resolución judicial; la Dirección General de la Policía conoce por
los medios de comunicación, el 23 de mayo de 1999, la decisión del
Tribunal Supremo. Pues bien, el Alto Tribunal declara en su
resolución que en la hora en la que los hechos sucedieron estaban
encargados de la guardia en los calabozos don José Luis Fierro
Rodríguez y don Arturo Sánchez Pérez, así como el lugar en donde se
desarrollaba la custodia, lo que impedía que ninguna persona pudiera
pasar a los calabozos sin que ellos la vieran. La resolución judicial
-es verdad- absuelve también a los señores Fierro Rodríguez y Sánchez
Pérez al no resultar acusados, si bien en su fundamentación jurídica
declara que, aunque no está acreditado que ellos cooperaran en el
hecho como cómplices ni supieron que se iba a cometer o se estaba
cometiendo, después de realizado han tenido que saber quién entró a
la hora en que ellos estaban de servicio y violó a la detenida, pese
a lo cual, infringiendo los deberes de policía, no se aseguraron de
que la persona que estaba bajo custodia tuviera debidamente
aseguradas su integridad física y su libertad sexual. De la lectura
del contenido estricto de la sentencia del Tribunal Supremo se
desprende un grave incumplimiento de los deberes profesionales y
principios básicos de actuación por parte de los señores Fierro
Rodríguez y Sánchez Pérez. Estos hechos pudieran ser constitutivos de
falta muy grave, tipificada en el artículo 27.3 de la Ley Orgánica de
13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el
concepto de falta de colaboración manifiesta con los demás miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dado que con su actitud
proteccionista evitaron que el autor de un delito tan grave haya
quedado sin condena. También podría ser calificada de conducta muy
grave, de acuerdo con el vigente reglamento disciplinario, bajo el
concepto de la dejación de facultades o la infracción de
deberes u obligaciones inherentes al cargo en función de cuando se
produzcan de forma manifiesta, que viene a significar la tipificación
más concordante a derecho que se trata de depurar.
Por todo ello, señorías, la Dirección General de la Policía, una vez
conocida la decisión del Tribunal Supremo, acordó, con fecha 27 de
mayo, dos medidas. En primer lugar, la suspensión provisional de
funciones de los señores Fierro Rodríguez y Sánchez Pérez en atención
al contenido de las resoluciones judiciales que declaran como hecho
probado un gravísimo incumplimiento de los deberes de custodia y
colaboración en la investigación de la agresión sexual por parte de
los citados funcionarios y, en segundo lugar, la apertura de una
información reservada para delimitar las responsabilidades
procedentes. Quiero recordarles que no se puede cerrar un expediente
administrativo sin que haya una sentencia penal firme, y es evidente
que la apertura de esa información reservada, que corresponde
estrictamente a la Policía, en este caso se hace sin tutela judicial,
se hace sólo en el ámbito administrativo, sólo en el ámbito de la
Dirección General de la Policía, porque es en estos momentos el único
resquicio que nos queda, una vez conocidas las decisiones de carácter
judicial tanto de la Audiencia de Vizcaya como del Tribunal Supremo.
Evidentemente, de lo que trata esa apertura de información es de que
se esclarezca, en la mayor medida posible, todo lo sucedido y si hay
una posible existencia de otros funcionarios implicados en estos
hechos, que colaboraran por acción o por omisión en la posibilidad de
que ellos se pudiesen desarrollar aquel mes de agosto de 1995.
Es evidente que a lo largo del debate tendremos ocasión de valorar
otras cuestiones, como la comparecencia o no en una Cámara
parlamentaria ante hechos judicializados, pero, en cualquier caso, yo
me he limitado a explicar y a relatar las decisiones de carácter
judicial que se han producido en estos años, así como las medidas que
el Gobierno del Partido Popular ha podido encontrar para, una vez
determinada judicialmente la causa, actuar en consecuencia.
Respecto de los otros incidentes, y que se producen el 16 de enero de
1998 en las inmediaciones de la prisión de El Puerto de Santa María,
quiero comunicar lo siguiente. El 16 de enero de 1998, funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos al grupo de información,
establecieron un dispositivo de seguridad en las proximidades del
centro penitenciario. Los funcionarios policiales, en cumplimiento de
las tareas propias del servicio, procedieron a la identificación de
un grupo de personas que se hallaban en las inmediaciones de la
prisión. La identificación de 18 personas y el control de seis
vehículos se realizó sin que en la Dirección General de la Policía se
registrara ningún incidente. En cualquier caso, en relación con estos
hechos, el Juzgado de Instrucción número 4 de El Puerto de Santa
María, con fecha 23 de enero de 1998, solicitó a la comisaría de la
localidad un informe sobre los hechos ocurridos y, además, citó a
declarar a los dos funcionarios que habían intervenido de paisano.
Ese mismo juzgado ha dictado sentencia el 3 de marzo de 1999, por la
que se absuelve a los dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
por los hechos imputados, concretamente por la presunta comisión de
una falta de vejaciones contra los denunciantes.
En la resolución judicial, el titular del juzgado absuelve a los dos
policías nacionales de los cargos que se les imputaban por falta de
acusación de la persona ofendida. Como comprobarán SS.SS., no hay un
informe en la Dirección General de la Policía y hay una resolución
del tribunal que en este sentido no tiene dudas y deja claro, en
nuestra opinión, el incidente de El Puerto de Santa María en relación
con una posible falta de vejaciones o malos tratos por parte de los
funcionarios policiales. No tenemos en estos momentos más
instrumentos de investigación que los que pueden haberse producido
ante esta situación. Por ello, vuelvo a insistir que son casos
sustancialmente distintos; en uno hay una participación en un asunto
judicialmente complejo y, en otro, no hay, por lo que nosotros
conocemos, ningún dato, ni en la vía de la investigación policial ni
en la determinación judicial, que permita extraer consecuencias de
vejaciones y malos tratos. Esos son los relatos que los dos hechos
que sirven de preámbulo para la comparecencia aconsejan en nombre del
Gobierno.
Lo que me importa destacar es lo que el Ministerio de Interior está
haciendo, está protagonizando en el seno de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para que se produzca un correcto tratamiento de
la problemática de la mujer y también en lo que puede significar ser
víctimas de agresiones y delitos. Enumeraré cuatro medidas que
significarán el resumen de las actuaciones que en este terreno
estamos impulsando. Primero, el Ministerio de Interior ha querido
potenciar e intensificar el aspecto asistencial del tratamiento a las
mujeres víctimas de actos violentos. Es evidente que las mujeres
víctimas de actos violentos necesitan un tratamiento singular y
especial, porque no es cualquier delito, no es cualquier agresión, y
por eso hemos creído conveniente en estos tres años reforzar, con las
limitaciones correspondientes, los servicios de atención a la mujer
que, como ustedes saben, se denominan los SAM, en el seno del Cuerpo
Nacional de Policía. Al mismo tiempo, ha creado ex novo los mismos
equipos de mujeres en el seno de la Guardia Civil, con las siglas
Emume. Quiero decir que en el seno del Cuerpo Nacional de Policía no
son meramente palabras las observaciones que estoy haciendo. Desde
mayo de 1996 hasta finales de 1998 se han creado los siguientes
servicios de atención a la mujer: En La Coruña, Palma de Mallorca,
Oviedo, Toledo, Murcia, Valladolid, Logroño, Jaén, Badajoz, Santa
Cruz de Tenerife, Guadalajara, Pamplona y Melilla. En el año 1999 se
han constituido los SAM, servicios de asistencia a la mujer, en
Almería, Huelva, Cádiz, León y Castellón. Se han creado unos
servicios de atención familiar, donde se engloban los servicios a
menores, a mujeres y a ancianos, en Barcelona, Almería, Huelva,
Cádiz, León y Castellón. En cuanto a lo que son ya previsiones del
segundo semestre de 1999, se ha planificado la creación de servicios
de atención a la mujer en Córdoba, Zamora, Salamanca, Cuenca, Ciudad
Real, Lugo, Soria, Pontevedra, Cáceres y Albacete.
En el ámbito de la Guardia Civil existen Emume en todas las
comandancias creadas ex novo desde el año 1996, y en el órgano
central de la Policía judicial. Estos equipos están incardinados
dentro de las unidades orgánicas de Policía judicial y están
integrados exclusivamente
por guardias civiles femeninas, en el convencimiento que por
especial sensibilidad que tenga un hombre guardia civil hay delitos y
hay actuaciones de carácter policial que exigen la presencia de
guardias civiles femeninas, así como miembros del Cuerpo Nacional
femeninos. Quiero decir que en la actualidad, tres años después,
existen estas unidades Emume en todas las comandancias, a excepción
de las de Gerona, es decir, en 54 comandancias. No sé las razones
para que no existan en Gerona, pero todas ellas cuentan con dos
guardias civiles femeninos, salvo Madrid que tiene cuatro guardias en
plantillas de los que tres son mujeres. Eso desde el punto de vista
organizativo.
Desde el punto de vista normativo, el Ministerio de Interior también
ha realizado un esfuerzo para el tratamiento de este tipo de delitos.
La Secretaría de Estado de Seguridad, a través de don Ricardo Martí
Fluxá, ha dictado en estos años dos instrucciones. Instrucción de 10
de abril 1997 sobre atención e información a las víctimas de delitos.
En esta instrucción se hace expresa alusión a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, estableciéndose criterios para
la atención e información de las mismas. Instrucción de 8 de junio de
1998 sobre medidas para la prevención y tratamiento de la violencia
contra la mujer. En esta segunda instrucción se desarrollan los
cometidos asignados al Ministerio de Interior en el Plan de Acción
contra la Violencia doméstica, tales como seguimiento personalizado
de las denuncias, exigencia de personal especializado para estos
temas y medidas cautelares para los agresores, entre otras. Quiero
decir que en estos tres años no ha habido, en lo que nosotros
conocemos, un suceso de las mismas características del de 1995, es
decir, que en este terreno no hay, en la información que tenemos
nosotros, movimientos o posiciones que permitan pensar que estos
hechos se produzcan, ni siquiera minoritariamente, en ningún lugar,
en ninguna dependencia de carácter policial.
Tercero. Se está potenciando algo que es importantísimo, en mi
opinión, no solamente acciones de carácter organizativo sino
fundamentalmente una adecuada formación, tanto profesional como
humanística, a los funcionarios policiales. Estamos incrementando de
manera notable, en los planes formativos de los cuerpos policiales,
lo que son los módulos de capacitación respecto a aquellas
infracciones en las que pueda ser víctima la mujer. Se están
introduciendo también materias relacionadas con atención psicológica
a la mujer, normas de actuación y factores sociológicos que inciden
en los comportamientos violentos, y también en el terreno de la
formación se están diseñando planes formativos para los cuerpos de
Policía local en el marco de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Interior y la Federación Española de Municipios. Se han
impartido durante 1998 cursos sobre violencia doméstica en Madrid,
Las Palmas, Valencia y Santander, y durante 1999 se impartirán tres
cursos en Lugo, Badajoz y Puerto de la Cruz. La cuarta medida que
quiero poner de manifiesto en el día de hoy es que queremos dar una
preferencia a la coordinación y colaboración con otras instituciones.
Se han suscrito convenios entre la Secretaría de Estado de Seguridad,
el Instituto de la Mujer y la Confederación de asociaciones
de vecinos del Estado español. En este último convenio se acuerda la
creación de la figura de las mediadoras sociales.
Con todo ello, señorías, el Ministerio de Interior está tratando de
dar una respuesta concreta, puntual, pero al mismo tiempo global, al
problema de la mujer, y les puedo asegurar que constituye una
prioridad dentro de los planes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Yo sé que todas las medidas que se adopten siempre son
insuficientes, y siempre hay unas manifestaciones de violencia sobre
la mujer que tienen un aspecto especialmente repugnante, que va más
allá de la consideración de un mero delito y, al menos para el
Ministerio de Interior, es casi una obligación moral poner de
manifiesto que, bien desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, o bien combatiendo orgánicamente mejor lo que vienen a
significar estos delitos, podamos dar la respuesta que no sólo las
mujeres sino la sociedad española demanda y exige de una manera muy
clara, y especialmente las nuevas generaciones de españoles que no
quieren ver que este tipo de delitos, este tipo de actuaciones
violentas, puedan ser algo que lamentablemente en ocasiones pasa
desapercibido o en ocasiones no tiene el castigo necesario o el
desprecio social necesario que sin duda estos hechos exigen.
Eso es, señorías, lo que quería trasladarles en este comienzo de
comparecencia.
Estoy a su disposición y agradezco su presencia en el día de hoy para
compartir conmigo estas reflexiones.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene
la palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor ministro, por comparecer
ante esta Comisión.
En primer lugar debo manifestarle mi sincera felicitación. Tiene
usted fama de ser maestro en la utilización de los medios y la puesta
en escena, porque, teniendo pedida esta comparecencia desde hace un
año, ya que la solicité el 30 de julio -tengo aquí el sello de su
entrada en la Cámara-, que venga usted un año después, exactamente en
el mismo día en que se produce el debate sobre el estado de la
Nación, me parece de chapeau. Es un mérito que le reconozco pero, en
todo caso, prefería no retrasarla hasta septiembre.
Señor ministro, decía usted que yo pedía la comparecencia por dos
hechos puntuales. Citaba dos hechos puntuales, pero la comparecencia
la pretendo generalizar más. Me inquietaba más, y por eso he traído
también la comparecencia no a la Comisión de Justicia y sí al seno de
esta Comisión, cómo cuando se hacen esfuerzos por erradicar
desigualdades reales en la mujer van quedando reductos de
profesiones, no sólo de funcionarios de usted dependientes -repito-,
sino por el tipo de profesión que se ejerce en las que se utiliza la
autoridad, incluso la fuerza legítimamente, en las que es más fácil
el abuso o las actitudes machistas; quizás las mujeres estamos
situadas en una situación de inferioridad que, como decía yo en mi
petición de comparecencia, hace más fácil que existan las
posibilidades de humillación por el hecho de ser mujer. Ante una
situación de este estilo, a todos se nos ocurre que es más
fácil calificar a una mujer de determinada manera, lo cual no tiene
parangón con los posibles insultos dirigidos a un hombre.
La capacidad de vejación sobre mujeres es superior y existe, sobre
todo, en profesiones en las que se utiliza el uso de la fuerza, en
todas las policías y quizá también en las profesiones militares. Por
lo tanto, no lo atribuimos a la exclusiva pertenencia de funcionarios
dependientes de su Ministerio y, por supuesto, conocía que los hechos
citados como primer punto son de una etapa anterior a su toma de
posesión. En todo caso, sí me parecían buenos ejemplos si se
producían en esa época, puesto que yo solicité la comparecencia hace
ahora un año. En ese momento era cuando se había producido la primera
sentencia del asunto de la violación de la ciudadana brasileña en una
comisaría de Bilbao. Creo que acertaba Antonio Gala, cuando en las
páginas de El País calificaba este suceso de historia sencilla
y atroz.
Una ciudadana mujer y, por tanto, también a los efectos que yo le
indicaba, más desprotegida, pero además posiblemente en situación
ilegal, entra en una comisaría, y según declaran los hechos probados
de la sentencia fue violada. Todos estamos por la sacralidad de las
resoluciones judiciales, y como hecho probado se declara que la
violación existió. No pongo en duda ni tengo la más mínima suspicacia
respecto a la defensa de los ciudadanos policías, es decir, yo
reconozco a todo el mundo el derecho de defensa, creo en el Estado de
derecho y en las garantías y tutela de valores que nos hemos dado en
el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, me parece bien que les
amparase la presunción de inocencia hasta un determinado momento, que
estuviesen bien defendidos y que pudiesen hacer valer sus derechos,
puesto que en principio cuando se dirigen frente a uno actuaciones
penales, simplemente es eso , una acusación, y uno tiene derecho al
procedimiento con todas las garantías. Sin embargo, le he oído
manifestar a usted en algún medio que no se conocía este suceso. No
se ha conocido en el ámbito estatal hasta esta fecha, pero con
anterioridad tuvo una extraordinaria relevancia en la prensa vasca.
Tengo delante el artículo escrito en un medio, creo que de su
especial predilección, El Correo Español-El Pueblo Vasco, por una
conocida profesora de Derecho Penal, que es Miren Urtubay, que además
forma parte del staff jurídico del Ararteko, el Defensor del Pueblo,
que se titula Violación en Comisaría. Es un artículo publicado el 30
junio de 1998, que entre los que creemos preocuparnos por la tutela
de derechos, incluso entre los profesores de derecho penal, suscitó
una cierta alarma, puesto que era la primera vez que se hacía un
estudio, desde el punto de vista estricto del derecho penal, de los
contenidos de la sentencia, y ciertamente alarmaba.
Desde mi percepción, repito, no pongo en duda que los policías
tuviesen derecho a la defensa, pero sí creo que en un Estado de
derecho uno tiene derecho a pensar, en primer lugar, que estas cosas
no pasan; en segundo lugar, que, si pasan, los poderes públicos se
van a volcar en la protección de la víctima y en el intento de
averiguación del delito. Y eso es lo que creo que ha faltado en este
caso concreto. En la sentencia, la de primera instancia cuando menos,
sí se evidenciaba que si la Policía judicial o la Policía en
sus funciones de Policía judicial, es decir, de averiguación del
delito, hubiese tenido una mayor diligencia, a lo mejor el resultado
de la sentencia hubiese sito otro. Tampoco se ha visto, y es ahí
donde va mi pega, una conducta de petición de perdón o de sentimiento
por parte de las propias instituciones. Sí ahora, no cuando la
primera sentencia, diciendo que lamentaban enormemente lo sucedido,
que es un hecho realmente execrable en un Estado de derecho, y que se
iba a intentar proteger a la víctima. Debo decir que me rasgo las
vestiduras ante manifestaciones desde sindicatos policiales, en los
que todavía se sigue poniendo en duda hasta la honorabilidad de la
ciudadana que, según los hechos probados de las dos sentencias, sí
fue violada. Eso es lo que me parece inadmisible.
Yo también tengo sentimiento corporativo. Soy funcionaria, pertenezco
al cuerpo de letrados de la Administración vasca y defiendo a capa y
espada este cuerpo, pero si yo tuviese noticia de que uno de sus
miembros había cometido un hecho delictivo, lo mejor que se puede
hacer es pedir perdón a quien se ha ofendido y hacer lo posible por
que inmediatamente se le apliquen las medidas disciplinarias que
correspondan o, incluso, sea expulsado del cuerpo.
Decía usted que hasta conocerse la sentencia no era posible adoptar
medidas sobre el policía concreto, puesto que la sacralidad de los
hechos juzgados en la vía penal vincula cualquier procedimiento
sancionador administrativo. Eso es así, pero también el derecho
administrativo tiene sus propios instrumentos y es posible la
adopción de medidas cautelares. Las medidas cautelares posibles
cuando se dirigen hacia un funcionario policial, no a un funcionario
cualquiera -acciones penales de la magnitud de las que se dirigían en
este caso concreto- hubiesen posibilitado un tratamiento distinto o
un apartamiento, que, si ha existido, no ha trascendido a los medios
de comunicación. Repito, para el ciudadano concreto lo que ha quedado
es que desde los poderes públicos el vuelco se ha producido en la
protección de los funcionarios policiales, no en la tutela a la
víctima ni en la averiguación del delito. Si hubiese habido
diligencia (el número de policías que estaba ese día y a esas horas
en la comisaría no puede ser extraordinario, tienen que ser sólo unos
cuantos) habría arrojado un resultado distinto. Y, vuelvo a
indicarle, señor ministro, yo no pongo en duda que los funcionarios
concretos, respecto de los cuales se dirigían acusaciones, tenían
derecho a la defensa, porque así se lo garantiza el Estado de derecho
y nadie es culpable hasta que no es sentenciado por un procedimiento
judicial firme.
El otro asunto que citaba y que me parece que sí tenía relación con
el anterior, aunque es absolutamente distinto, estaba englobado en
él, o, por lo menos, les unía por la cúspide. El mismo asunto por el
que yo pedía su comparecencia se refiere a la prepotencia o abuso de
la condición de hombre en relación con mujeres. Este tratamiento al
que yo me refería, que se circunscribe en la petición a un día
concreto, pero parece que estaba generalizado, se producía por
policías en las inmediaciones del penal de El Puerto de Santamaría,
en los dos únicos bares que hay cerca de la prisión y siempre en
relación con familiares mujeres de los detenidos. Alos familiares
hombres jamás se les hizo objeto de tratamientos de este estilo. En
el día concreto que se señala, y que fue objeto de denuncia ante la
dirección de
derecho humanos, ante el propio señor ministro, ante el consejero de
Interior, ante el Defensor del Pueblo, se citaba el caso de
funcionarios policiales que, no estando fuera o en las inmediaciones
del establecimiento, sino dentro del bar tomando consumiciones de
Whisky y cerveza, paraban a mujeres, repito, sólo a mujeres, una de
ellas compañera sentimental y otra la mujer de un detenido acusado de
pertenencia a banda armada, se les pedía sus bolsas, se les
registraba, se sacaba su bolsa interior y se empezaba a hacer bromas
respecto a cómo se lo montan o qué hacen con sus parejas en el vis a
vis. Este tratamiento, por eso lo traía yo a esta Comisión, aparte de
ser un abuso policial puesto que no es una detención ni una petición
de documentación, conforme indica la normativa, tenía ese componente
de prepotencia, de hombres frente a mujeres, que se da más en
determinadas profesiones que en otras. Lo más fino que les llamaron,
y perdóneseme por la expresión, fue zorras. Me parece que así consta
en todas las actuaciones.
Permítame, señor ministro, que discrepe de usted. Ha habido sentencia
y, efectivamente, se archivan las diligencias -tengo delante la
sentencia del 3 de marzo- pero porque dieron lugar a un juicio de
faltas, de una falta que sólo es perseguible a instancia de parte, es
decir, sólo era posible celebrar el juicio si las acusadas estaban
presentes. Las acusadas viven en Bilbao -bastante viajan siguiendo
a sus respectivos maridos-, tenían excesiva poca confianza en que
pudiese resultar algo y no se presentaron al acto del juicio. Pero
nadie ha puesto en duda la realidad de los hechos, ni siquiera usted
mismo. Y yo es la segunda vez que se los menciono, porque en una
comparecencia anterior, en la Comisión de Justicia, para hablar de la
situación de las cárceles, salió tangencialmente y no nos negó que
los hechos hubiesen existido. Repito que la petición de comparecencia
o las denuncias de estas mujeres ante tantas instancias alguna
virtualidad han tenido, porque por lo que parece este tipo de
graciosos han desaparecido de las inmediaciones de las prisiones. En
las últimas visitas se me ha dicho que no hay nadie que estorbe o que
haga bromas a las mujeres familiares de presos que en ese momento se
dirigen a la prisión.
Eso es precisamente lo que yo quería: generalizar el asunto y
preguntar qué es lo que pasa en estas profesiones en las que existe
la posibilidad de utilización de autoridad o de fuerza. El largo
tiempo que hace desde que pedí su comparecencia hasta que ha venido
me ha permitido poder recopilar en los medios de comunicación
noticias referidas a situaciones de este estilo. Policías municipales
-repito, no todos son de su directa dependencia- de Melilla acusados
de violar a una joven marroquí. Un juez procesa a un policía por
abusar de una inmigrante detenida. El Gobierno reconoce casos de
acoso sexual en el ejército. Esto se generaliza. Tengo otro supuesto
de Ceuta en el que están en prisión dos guardias civiles por agresión
sexual a dos ciudadanas marroquíes.
Un diario como El Mundo dedicó al asunto un especial un domingo
diciendo que aumentan las denuncias contra policías por agresiones
sexuales a detenidas y todavía más, en el diario El País -para que
vea que no utilizo panfletos sino medios de cierta solvencia- se
habla (esto no es en nuestro ámbito, pero es para que vea que el
problema existe y que es respecto de determinadas profesiones) de que
se
han detectado hasta 50.000 esposas de militares estadounidenses
víctimas de maltrato por sus maridos. Hay profesiones que se prestan
a esto y de ahí que yo le pregunte si se está haciendo lo suficiente,
tanto en el control de estas conductas; es decir, que se utilicen los
procedimientos sancionadores cuando proceden, cuanto en la formación
específica de los funcionarios policiales para educarles, (si es que
no es tarde respecto de determinadas edades para que exista un
comportamiento igualitario, no un abuso de la fuerza o de la
prepotencia) en relación con las situaciones a las que se ven
sometidas las mujeres. Repito, estamos en una situación en la que el
ordenamiento jurídico reconoce la igualdad de la mujer. Se están
haciendo esfuerzos tremendos -y reconozco que en esta etapa de
gobierno así ha sido- por el reconocimiento de la igualdad real en
todos los órdenes. Incluso usted se ha referido al vuelco
importantísimo que se está viendo desde la policía en relación con la
mujer maltratada y así se lo reconozco, pero queda este resquicio; en
determinadas profesiones el machismo existe y el abuso de la
condición de hombre frente a la condición femenina.
Voy a terminar poniéndole dos ejemplos que he tenido ocasión de
constatar, perteneciendo a la subcomisión para el estudio del modelo
policial, que me han parecido absolutamente chocantes en relación con
funcionarios policiales de alto rango. Uno de ellos se produjo en una
comisaría andaluza -no citaré cuál- en la que se nos presentó a una
funcionaria de policía con la que fui hablando mientras recorríamos
las dependencias; me pareció una mujer preparada y enormemente
agradable. En el momento en que esta funcionaria nos fue presentada
por su superior, se nos dijo que hablaba idiomas; es decir, tenía un
plus en relación con sus compañeros, e inmediatamente se hizo un
comentario en relación con que dado lo guapa que era -ciertamente era
una chica de una apariencia realmente agradable- resultaba
inapreciable su labor, puesto que se infiltraba con facilidad en las
mafias que pululan por el sur de España. Un diputado socialista que
estaba a mi lado me comentó: Ten un magnífico historial profesional,
sé una magnífica profesional para que luego te presenten poco menos
que como muy útil como chica de alterne. A ella no le hizo ninguna
gracia, desde luego, ni a mí tampoco.
Otra cuestión que también se produjo en una visita a otra comisaría,
no la misma, fue que una diputada perteneciente al Grupo Popular y yo
misma nos encontramos con la sorpresa de que en una de las paredes
había un póster tremendo de una señorita neumática en pose sugerente.
No tengo nada en contra de este tipo de carteles, sí en contra de que
estén en dependencias públicas. Dado que estas visitas se avisan y
siempre se nos recibe peinados y en perfecto orden de revista, tengo
que pensar que los superiores de esa comisaría consideraban normal la
presencia de este tipo de carteles en las paredes.
Aeste tipo de cuestiones, que por supuesto no tienen la gravedad de
los sucesos que yo anunciaba, es a lo que me refería. Creo que la
tarea de erradicación de las conductas sexistas es mayor en
determinadas profesiones. Evidentemente, la incorporación de la mujer
a estas profesiones significa algo, pero reconocerá conmigo el señor
ministro que es todavía muy pequeña y que falta mucho por avanzar en
esta línea.
Aesto iba dirigida mi petición de comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Esta Presidencia quería aclararle dos
cuestiones, especialmente a usted. El día 30 de julio, que es la
fecha de su petición de comparecencia del ministro de Interior, no es
día hábil en las Cortes Generales y queda registrado el 15 de
septiembre.
En segundo lugar, usted sabe que el orden del día de esta Comisión,
como sucederá en todas, se acuerda en reunión de Mesa y portavoces.
Por tanto, el señor ministro ha comparecido cuando la Mesa y
portavoces han decidido que viniera y le aseguro que por su parte no
había ningún problema ni por parte de ningún grupo tampoco.
La señora URÍA ECHEBARRÍA: Evidentemente no he hecho un cómputo de
los plazos, día a día, como se hace cuando se trata del ejercicio de
acciones ante un órgano judicial. Más o menos me he querido referir a
que yo tengo el sello de 30 de julio, estamos a finales de junio y
más o menos ha pasado un año, once meses. En todo caso, me reconocerá
también la señora presidenta, cuyo matiz admito, por supuesto, que en
cuantas ocasiones se ha reunido la Mesa y portavoces he estado
auténticamente pelma pidiendo que se señalara de una vez la fecha de
mi petición de comparecencia. En todo caso, me alegro de que por fin
se haya producido.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro para
contestar a la señora Uría.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Primero quiero agradecer
la intervención de la diputada del Partido Nacionalista Vasco,
Margarita Uría, porque ha expuesto, evidentemente, algunas
diferencias con la actitud del Gobierno, pero lo ha hecho en un tono
que, en mi opinión permite que en estos momentos tengamos un debate
positivo, constructivo, a efectos de poder determinar lo que podemos
hacer y lo que probablemente no tendremos que volver a repetir ante
estos hechos.
Primero hay una aclaración que le quiero hacer respecto de la fecha
de mi presencia hoy aquí, aunque últimamente su grupo me atribuye
todas las genialidades y todas las artimañas del mundo entero con una
genialidad política extraordinaria y con una capacidad completa de
manipulación en todos los órdenes, pero le puedo asegurar que
probablemente hubiese preferido tener otro día esta intervención, no
precisamente el día que se produce el debate del estado de la Nación.
No hay ningún problema para que el Gobierno comparezca para hablar de
este tema, como trataré de explicar en pocos minutos, así que no
había ninguna estrategia maquiavélica de coincidencia de esta
Comisión con el debate del estado de la Nación.
Pero sí quiero hacer dos reflexiones sobre lo que es el hecho
concreto del mes de agosto de 1995 en cuanto a la respuesta del
Gobierno. Desde el punto de vista administrativo, el Gobierno creo
que no tenía otra alternativa, era un hecho que en ese momento estaba
pendiente de una determinación judicial. Como usted bien sabe, se
puede iniciar un expediente administrativo, pero no se puede
culminarlo hasta que no haya una sentencia penal firme. Es evidente
que el Gobierno lo único que ha hecho en este
caso es esperar esa sentencia penal firme para que, a raíz de ella,
se pueda actuar en el trámite administrativo correspondiente o bien
en el procedimiento civil subsiguiente; en este caso, evidentemente,
lo que hay es un procedimiento administrativo que puede activarse en
su resolución final en el momento en que hay una sentencia penal
firme.
Creo que para el Gobierno no había alternativa en este terreno;
nosotros no podíamos concluir un expediente administrativo hasta que
no hubiese una sentencia penal firme. Se podía incoar un expediente
administrativo, pero ya se hizo, y ha habido dos acciones
administrativas: una, de incoación de expediente, y otra, de
suspensión al supuesto violador. Lo hizo el director general de la
Policía en los años 1995 y 1996, antes de la llegada al Gobierno del
Partido Popular.
Es evidente que lo que debía y podía hacer el Gobierno era esperar a
que hubiese una sentencia penal firme en ese sentido. Eso en cuanto a
lo que es la actuación administrativa que corresponde a este
Gobierno. Pero luego hay otro criterio -tiene usted razón- y que se
puede discutir, que es el criterio político de la comparecencia ante
hechos de estas características. Evidentemente, puedo comparecer en
el Congreso de los Diputados y en el Senado para hablar sobre todo
tipo de hechos, sobre todo porque ustedes me lo piden, o a petición
propia, o a petición de mi grupo parlamentario. Pero la pregunta es
cuál es el criterio político de este Gobierno sobre hechos que están
judicializados, que están pendientes de sentencia definitiva; cuál ha
sido el criterio político del Gobierno en estos temas en estos tres
años. ¿Alguna vez hemos solicitado la comparecencia? Nunca, sobre
ningún tema, porque creemos que con los asuntos que están
judicializados lo importante es saber esperar la sentencia
definitiva. Si nosotros compareciésemos en el Congreso de los
Diputados para hablar sobre hechos pendientes de sentencia firme,
porque mi grupo, el Grupo Popular, lo deseara, estaríamos llevando al
Congreso una serie de cuestiones, algunas más graves, incluso, que la
que en este caso se ha denunciado, y en mi opinión sería un disparate
político monumental. Sí que habría razones en este momento para
acusar al Gobierno de una especie de utilización de una herencia, de
una venganza política con el Gobierno anterior, y en ese terreno me
parece que estaríamos haciendo un Congreso de los Diputados
irrespirable. Imagínese que estuviéramos compareciendo en relación
con hechos que se han producido en gobiernos anteriores y que todavía
están pendientes de determinación judicial. Evidentemente, tendrían
todos mucha razón para decir que en este terreno el Gobierno estaba
tratando de lanzar a la opinión pública cuestiones que únicamente
significan una especie de venganza política respecto del Gobierno
anterior.
Es evidente que esa comparecencia hubiera sido posible, pero le
vuelvo a reiterar que estaríamos enjuiciando, valorando las
actuaciones de carácter administrativo de gobiernos anteriores en
este terreno, y a mí me parece que es un terreno cuanto menos
resbaladizo.
Quiero decir que no es ningún favor al Gobierno anterior. Nadie del
Gobierno me ha pedido que yo no comparezca en ningún caso, en ningún
momento. Pero a mí me parece, como criterio político en este caso,
que hemos hecho exactamente lo que hemos venido haciendo estos
tres años. Yo no he comparecido nunca por un hecho producido antes
del mes de junio de 1996, ni a petición de ningún grupo ni de nadie,
probablemente por una interpretación de las responsabilidades
políticas. Es decir, las responsabilidades políticas corresponden a
los gobiernos sobre hechos que se producen en su mandato o bien sobre
hechos que, en mi opinión, a lo mejor no están judicializados, pero
que pertenecen al ámbito estricto de la investigación interna del
Ministerio del Interior y no bajo la tutela judicial. En esos casos
que se han podido producir con anterioridad es posible que haya que
pedir y exigir al Gobierno, ya que no hay tutela judicial, que asuma
la responsabilidad política de la buena o mala marcha de la
investigación interna sobre hechos ocurridos con anterioridad al
momento de la llegada al Gobierno. Pero sobre hechos judicializados,
con una tutela judicial, con una dirección y un liderazgo judicial de
la investigación, en mi opinión, es una irresponsabilidad la
comparecencia para examinar hechos que se han producido por gobiernos
anteriores.
Esa es la explicación de lo que usted decía una falta de
comparecencia de este año. Cuando se ha producido ya una decisión
judicial, en ese terreno el Gobierno (en el único resquicio de
actuación administrativa que tenía, que era la suspensión provisional
de las responsabilidades de sus policías) ha actuado, porque de los
tres supuestos, el supuesto violador y los dos policías que estaban
vigilando los calabozos, sólo cabe en estos momentos ya una actuación
de carácter administrativo por negligencia, tal y como dice la
sentencia, sobre los dos policías que no vigilaban correctamente los
calabozos aquel día. Es lo único que cabe en cuanto a actuación
administrativa. Evidentemente, la apertura de un expediente ha sido
la segunda medida que les he expuesto a SS.SS., la de que vamos a
seguir investigando este tema una vez que ya judicialmente la
investigación de esas tres personas ha creado un resultado negativo,
para ver si además podía existir una trama, alguien o algunos que
desde otras finalidades trataran de oscurecer, de hacer prácticamente
opaco estos hechos del mes de agosto de 1995.
Desde el terreno político, vuelvo a insistir, creo que hemos
cumplido, desde el sentido común, con nuestra obligación, y desde el
punto de vista administrativo, pienso que hemos actuado en el único
resquicio que nosotros teníamos desde el Ministerio del Interior y
desde la Dirección General de la Policía. Pero me gustaría que me
dijese qué alternativa tenía el Gobierno ante la concatenación de
hechos que se han citado, qué alternativa sobre este hecho concreto y
particular. Vuelvo a insistir en que me parece un disparate que un
gobierno trate, en la explicación de su comparecencia, de buscar
responsabilidades de gobiernos anteriores, es un disparate de primera
magnitud que además no sirve absolutamente para nada. Lo importante
es que del esclarecimiento, en la medida de lo posible, estos hechos
no se vuelvan a producir y volvamos todos, desde todos los foros
posibles y desde todas las instituciones, a tomar las medidas
necesarias para que el sistema siga siendo garantista, pero al mismo
tiempo haya una especial presión, una especial repugnancia por
actuaciones, hechos de estas características. Por eso, vuelvo a
insistir, hay algunas declaraciones que se han hecho en algunos
sindicatos policiales que yo no
hubiese hecho, pero yo no tengo la responsabilidad de la dirección de
los sindicatos policiales. Es posible que en algunos momentos los
sindicatos policiales hayan hecho declaraciones que también tenían su
lógica. Pero yo no puedo hablar en nombre de los sindicatos
policiales, sino del Ministerio del Interior y de quienes dirigen a
la policía, no de los representantes legítimos de unos policías.
Las medidas cautelares fueron adoptadas nada más producirse estos
hechos, en octubre y en noviembre del año 1995. Pero, insisto, son
actuaciones de carácter administrativo que se tomaron en su momento.
De momento no tengo más consideraciones que hacer respecto de esta
persona que fue supuestamente violada. En principio, en ese terreno a
nosotros nos cabe aplicar estrictamente el contenido de la sentencia,
y hay hechos probados, y por eso en estos momentos actuamos como si
de una violación se hubiese tratado. Por eso tomamos las decisiones
que en ese sentido significan esos expedientes de carácter de sanción
administrativa.
Respecto de los actos producidos alrededor de El Puerto de Santa
María, le aseguro que de haber tenido conocimiento de ese trato
vejatorio a estas mujeres que acompañaban a los reclusos se hubiesen
adoptado medidas de carácter disciplinario. Aparte de otras
consideraciones, a mí, personalmente, este tipo de hechos me produce
una especial repugnancia, pero no solamente con las familias de los
presos, sino en los acontecimientos multitudinarios, donde hay muchos
policías, donde hay mujeres y, evidentemente, hay riesgo de que se
puedan producir estos hechos; me producen una especial repugnancia.
Me lo creerá o no, pero le aseguro que, por muchas razones, si los
responsables de este Ministerio conocen actuaciones de estas
características, le aseguro que no habrá un segundo de vacilación en
aplicar toda la carga de las responsabilidades habidas, pero ni un
segundo, y no solamente porque es nuestra obligación y porque nuestra
referencia ha sido el cumplimiento estricto de la ley, sino
sencillamente porque, además, me producen una repugnancia
esencialmente personal y singular y no sólo por ser ministro de
Interior, sino siempre. En cualquier caso, le aseguro que todo lo que
son estos actos, estos hechos de acoso sexual en cualquier ámbito,
tendrán su correspondencia en un impulso político de primera
magnitud, siempre en la medida de las posibilidades, con las
limitaciones que tiene una actuación sobre un colectivo tan
importante de personas. Como usted dice, no sólo en España, sino en
el conjunto del mundo, parece que una representación de la violencia
legal, para entendernos, de la actuación de la ley, siempre tiene
unas tendencias a determinadas dificultades en relación con el abuso
o la prepotencia. Yo creo que eso no es general en España.
Evidentemente, se producirán hechos concretos, pero lo importante es
que todos tratemos sincera y auténticamente de que no se produzcan,
que tratemos de evitarlos en el mayor número posible de casos.
Me parece que el Ministerio del Interior ha adoptado un conjunto de
medidas que marcan una prioridad en el tema de la mujer. Estamos
abiertos a que haya más iniciativas, a que haya más propuestas; sin
duda, el Ministerio del Interior siempre favorecerá iniciativas de
estas características, no hay ninguna razón para no hacerlo y hay un
impulso político para hacerlo, hay una sociedad cada día más exigente,
que cada día demanda más limpieza en estas actitudes por parte
de todos nosotros y por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
con lo cual, señora diputada, no tendrá ningún adversario en este
terreno, no habrá ninguna limitación. Todas las iniciativas que se
puedan adoptar en ese terreno, incluso en el ámbito de la estética
-alguna de ustedes lo ha citado-, les aseguro que se encontrarán con
nuestro esfuerzo permanente en ese terreno.
Esto es, señoría, lo que quería decirle en esta primera respuesta a
su intervención.
La señora PRESIDENTA: En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Aramburu del Río.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Esta comparecencia, absolutamente
necesaria -tardía, pero necesaria-, a la luz de la intervención del
señor ministro, se muestra de alguna manera insuficiente. Creo que la
gran preocupación, las prioridades administrativas e incluso las de
carácter judicial son tremendamente importantes, pero, insisto,
insuficientes si no está bien resuelto el envoltorio político. De
todos modos, no seríamos auténticos representantes del conjunto de la
soberanía popular, mitad mujeres, si no mostráramos nuestra más
enérgica repulsa y denuncia; denuncia, no sólo repulsa, como decía el
ministro en el elemento troncal de su discurso. Creo que hay que
denunciar que a finales del siglo XX, en los albores del siglo XXI,
siguen ocurriendo hechos de esta índole y no, señor ministro, con
carácter de excepcionalidad. Da la impresión o puede dar la impresión
de que a las más altas instancias sólo les llega lo que ha pasado por
un embudo, pero al conjunto de las organizaciones sociales y de las
fuerzas políticas nos llega más información que no atraviesa los
embudos y que muestra que las excepcionalidades son las denuncias. La
gente sigue teniendo miedo, en este país sigue habiendo miedo, miedo
en las cárceles, miedo en los inmigrantes, miedo en las mujeres. Y
usted sabe que el número de denuncias que se producen se acerca
normalmente al 5 o al 10 por ciento. Hechos como el de Bilbao o el de
El Puerto de Santa María no son excepciones; las excepciones son las
denuncias, y mucho más excepcionales aún las denuncias que prosperan.
Hemos dicho en muchas ocasiones -y usted lo ha compartido a veces-
que, por ejemplo, por malos tratos y violencia doméstica hay
aproximadamente 20.000 denuncias y que sólo representan el 10 por
ciento, lo cual significa que son en torno a 200.000 las mujeres
víctimas de la violencia en este país. Lo mismo sucede con las
muertes por malos tratos, que están en torno a cien, pero no es esta
la cifra suministrada, por ejemplo, por la Guardia Civil en algunas
zonas rurales o en algunos pueblos del extrarradio. Por lo tanto,
para atenernos al rigor político en el marco de la transparencia de
la información, hay que decir que no es la norma que se funcione así,
pero no es la excepción; la excepción es la denuncia, y mucho más
excepcional la denuncia que llega a buen fin.
Usted ha señalado la existencia de un parte médico que muestra que ha
habido violación, y que ha habido custodia, pero no aparecen
violadores, entendiéndose que los custodiadores no son violadores.
Son deducciones, pero no confirman el rigor o la respuesta que
necesita el conjunto de lasociedad para que, cuando una persona esté
en una comisaría,
en una cárcel o en una dependencia, pueda estar tranquila porque está
amparada por los poderes. Hay demasiada opacidad en las
investigaciones, sean del carácter que sean, y la integridad física y
psíquica nunca está garantizada en los sitios en los que debería
haber mayor seguridad; siempre hay algún fleco de inseguridad. Eso
sigue pasando todos los días. Ynunca pasa nada; nunca hay medidas
suficientes que puedan quebrar esos flecos de inseguridad que tiene
cualquier ciudadano, cuando está en una dependencia en la que tendría
que tener la máxima seguridad.
Se han mostrado algunos ribetes que identifican bien lo que pasa en
este país, y es que, por ejemplo, al inicio de este evento, el SUP
habló, el SUP gritó y el SUP expuso. Pasaron los días, y, por los
mecanismos internos que se suceden en algunas organizaciones, como el
SUP, aunque se empieza con un volumen alto, se va bajando con el
tiempo. Esto debe responder a algo. Y yo tengo interés en saber qué
pasa y por qué, cuando sucede algo de esta características, en
asociaciones de esta envergadura se denuncia con fuerza y al poco
tiempo se empieza a bajar el tono. No sé si hay miedo, si hay terror,
si hay coacción, si hay amenazas; no sé qué pasa, pero sé que se
produce lo que he dicho. Esto es grave y no debería producirse. En
sindicatos como Comisiones Obreras y UGT no suelen pasar estas cosas;
cuando se reivindica algo, se hace en los mismos términos al
principio que al final. En estas organizaciones hay un nivel de
oscurantismo cuando la presión es fuerte, y no sé si las razones son
sólo corporativas o hay un nivel superior de presión sobre ellas.
Creo que debe usted reconocer que las Fuerzas de Seguridad del
Estado, hoy, en este país, superando el concepto, que no entienden
bien, están profundamente masculinizadas, no por razones biológicas,
sino de cultura política. No hablo de razones biológicas. Puede que
haya muchas mujeres. Usted dice que eso es un logro. Pero yo no estoy
hablando de la incorporación de muchas mujeres, ni mucho menos, no es
sólo eso. Estamos hablando de una cultura masculinizada en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que está impidiendo que se
desarrollen las libertades democráticas en los términos planteados en
la Constitución; que se desarrollen democráticamente, en profundidad.
La democracia o se desarrolla cualitativamente o no está
desarrollada. Yo no hablo de cantidad, hablo de calidad de la
democracia, de cualificar la democracia. No hay que generalizar, pero
hay segmentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo
comportamiento no es ejemplar. Y debería serlo, igual que debe serlo
el de los representantes del pueblo. Son elegidos para eso. Y no se
está cumpliendo con esa función. Además, usted sabe perfectamente, es
un buen conocedor de lo que pasa en la calle porque se preocupa -el
problema es que no se traduzca- que organizaciones sociales no
sospechosas, como pueden ser Amnistía, Derechos Humanos, el Defensor
del Pueblo, etcétera, han puesto el acento sobre lo que está pasando.
Y lo ponen sobre las cárceles, sobre las dependencias y sobre todo el
mundo -no es una cloaca, pero sobre todo el mundo- o el submundo que
rodea este entramado. Hay denuncias serias de los sospechosos de
estar cerca de mis posiciones o de las de cualquiera de las otras
fuerzas políticas de la oposición. En ese sentido no hay demagogia,
hay constatación de la realidad.
Creo que las medidas burocráticas suelen tener un carácter muy
autocomplaciente y muy justificativo. Sucede como en política, cuando
hay descensos electorales, cabe la justificación. Cuando algunos
tenemos descalabros, habrá que rectificar. Lo mismo le digo a usted.
No es que haya pequeños y aislados errores; es que sucesivamente
detectamos que no hay una política adecuada en los segmentos de la
población que deben ser atendidos por las competencias que usted
gestiona. No hay justificación posible y sí debe haber una
rectificación adecuada. Por tanto, medidas burocráticas de mayor
número de mujeres, de las dependencias, etcétera, es mejorar; pero
estamos en un tiempo en el que mejorar es insuficiente y hay que
cambiar algunas cosas porque las que hay no responden a la realidad
de las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía en este
país. Lo que se respira, y además pertenece a una filosofía, es que o
se consensúa, o se llega a un consenso sobre paquetes de mínimos, o
no funciona bien. Y usted lo expresa cuando invierte los miles de
millones que ha invertido para la muralla del Estrecho, para bloquear
a los inmigrantes del sur y que se hable para que vengan los
inmigrantes del norte. Eso es una filosofía política, pero inadecuada
o al menos no suficientemente correcta. Entre todos tendremos que
dibujar cuál es el escenario posible o el mejor de los posibles para
que España sea más democrática y esté menos masculinizada.
Problemas como los de la violencia doméstica o como la usurpación de
los derechos y de la falta de garantías son tan graves que necesitan
medidas de carácter estructural, no coyuntural. No se trata de la
vieja estrategia de frente a agresión, respuesta: aparece un
conflicto, lo resolvemos y se continúa por el sendero de la
complacencia del España va bien. Pues no. No va bien España, no van
bien las comunidades y no va bien la política que se está llevando a
cabo. Y usted está obligado a administrar las garantías
constitucionales sin discriminación. Eso tiene nombres, apellidos,
políticas, comportamientos, toda una política que tiene que ser
suficientemente consensuada en esta Cámara y también con el conjunto
de las mujeres que representamos algo. Porque usted está obligado a
administrar esas garantías constitucionales.
Efectivamente, sería un mal final de legislatura detectar que se hace
dejación de responsabilidades. Usted nos ha hecho de alguna manera un
emplazamiento importante. Yo pongo el reloj a cero, paso página y
entiendo lo que ha dicho. No sólo eso, lo entiendo, sino que yo,
mañana, a través de mi grupo parlamentario, voy a poner en marcha los
mecanismos necesarios. Ha dicho usted que es posible abordar toda una
serie de mecanismos y llenar alforjas para abordar iniciativas de
consenso. Hasta el día de hoy, señor Mayor Oreja, sólo ha sido
posible consensuar a la baja programas de mínimos con iniciativas
superblandas y no las necesarias. Son insuficientes las medidas
abordadas. Usted dice que estamos en una nueva fase, que es posible
negociar, etcétera. Yo, mañana, voy a plantear en mi grupo
parlamentario la posibilidad de negociar conjuntamente y con el
partido del Gobierno un paquete de medidas de esta índole que al
menos nos permita salir de este impasse primero y generar la
posibilidad de una democracia no masculinizada y sin violación
posible de los derechos en el conjunto de este país, sobre todo en la
dependencia que usted
administra. Porque el abuso de autoridad pertenece al cuerpo, es un
mal que arrastra y no se ha desposeído de él. El abuso de autoridad
se da no sólo en sus dependencias sino cotidianamente, es inherente
al uso de las armas, inherente a la moto, a la porra y al sombrero.
Es toda una cultura masculinizada, que lleva inherente esa cultura
masculina, machista, viril, competitiva, etcétera, que se ejerce en
función de lo heredado. Por lo tanto, hay que cambiar. Usted ha
puesto el acento en lo asistencial y yo creo que eso no es posible
hacerlo cuando lo preventivo está sin resolver. Usted no se puede
convertir en un organismo de perfil casi humanitario, de ONG. Usted
es un organismo absolutamente político y las medidas no pueden ser
sólo asistenciales; tienen que ser fundamentalmente preventivas. Y
para ser preventivas hay que hacer un estudio serio de qué está
pasando y cómo se puede resolver. Y, sobre todo, hay algo
tremendamente importante: no se puede trabajar en un Ministerio de
tal envergadura con declaración de intenciones; hay que trabajar con
financiación, financiación, financiación. Yeso se llama presupuesto,
pero no para gastos de otra índole, sino para gastos de prevención,
para gastos de mujer, de carácter integral. Eso significa mucho en
los presupuestos; significa que para las mujeres hay que destinar el
5 por ciento de los presupuestos. Eso se hace en parte del norte de
Europa y en algunas comunidades de la Unión Europea, pero en España
no se hace ni por aproximación.
De todas maneras, le emplazo a que haga un protocolo serio, pero
sobre todo a que cree un código deontológico en el que estas
características que bordean al cuerpo no sean simplemente anécdotas,
sino profundamente delictivas, desde el punto de vista no sólo
jurídico, sino administrativo y político. Le emplazo a que nos
presente un plan de medidas estructurales fuertes y que tengamos la
posibilidad de negociar un paquete de medidas no blandas, sino alto,
estructuralmente y que posibilite que este país avance hacia una
democracia más cualificada, menos masculinizada, en el que la
administración de las garantías constitucionales se aborde por parte
del conjunto del Estado y también de este Parlamento.
La señora PRESIDENTA: En nombre de Convergencia i Unión, tiene la
palabra la señora Solsona i Piñol.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias al señor ministro del Interior por
su comparecencia ante esta Comisión para intentar esclarecer una
serie de hechos sumamente reprobables y delicados. Estos hechos han
sido magníficamente expuestos, y con todo detalle, por la diputada
del Partido Nacionalista Vasco señora Uría. Queremos concretarnos en
lo referente a la ciudadana Rita Margerete Rogerio. Aunque los
tribunales consideraron como hecho probado y acreditado que fue
violada, los agentes autores o encubridores del hecho fueron
absueltos por la Audiencia de Vizcaya y más tarde por el Tribunal
Superior. El SUP considera inocente a los tres policías enjuiciados y
absueltos por falta de pruebas y se muestra dispuesto a defender su
inocencia.
Señor ministro, hay que investigar hasta el fondo los hechos y hay
que evitar que en un Estado democrático de derecho se produzcan
situaciones de este tipo. La ley exige la protección de todas las
personas, extranjeras inclusive, y
no se puede ocultar a la justicia cuando se conocen hechos
reprochables. Los funcionarios encargados de la custodia de cualquier
detenido deben ser extremadamente respetuosos con los derechos de
éstos, a fin de proteger los derechos fundamentales de la persona y
especialmente el derecho a la libertad. En el presente caso, se trata
de una mujer y extranjera y por tanto más vulnerable a estas
situaciones.
Hay un informe de Amnistía Internacional que señala el aumento de
denuncias por malos tratos y torturas llevados a cabo por
funcionarios del Estado y por miembros de los diferentes cuerpos
policiales. Esto contradice tanto la legislación penitenciaria como
las normas internacionales en materia de derechos humanos. Un solo
acto de tortura, vejación o violencia que se compruebe merece ser
reprobado y sancionado a fondo. En caso de que no hubiera habido
violación, cualquier tipo de agresión permitida o tolerada supone una
actitud gravemente negligente de los agentes, ya que su deber
fundamental es la custodia de un detenido para asegurar su integridad
física. Tenemos conocimiento de la petición de oficio del Defensor
del Pueblo. Esperamos su informe, esperamos la sentencia y que se
tomen las medidas oportunas con la mayor urgencia posible. Por otro
lado, apoyamos a su Ministerio en las medidas que a través de él se
están llevando a cabo para solucionar la violencia contra la mujer,
sobre todo en el empeño de la formación y sensibilización de las
personas responsables de la custodia y defensa de las mujeres o de la
interpretación y aplicación de la ley.
En cuanto a los servicios de atención a las mujeres, ha hecho
referencia el señor ministro a Girona. Ruego a la señora presidenta
que, por alusiones, ya que doña Mercè Amorós es diputada por esta
provincia, la deje intervenir un momento para aclarar este punto.
La señora PRESIDENTA: La señora Amorós tiene la palabra.
La señora AMORÓS I SANS: Simplemente quiero hacer una aclaración al
señor ministro. Hemos recibido dos informaciones de esta índole. En
Girona no existe ninguna comisaría de policía estatal que tenga un
servicio de atención a la mujer y en Girona asumimos las competencias
en ciudadanía desde el año 1996. Esto implica que el servicio de
atención a la mujer y explícitamente en malos tratos lo tengamos
asumido y que tengamos el primer protocolo del Estado español. Se
firmó un convenio de colaboración desde la Fiscalía, el colegio de
abogados y los mossos desquadra para luchar, proteger y erradicar
este tipo de violencia y este tipo de actos en nuestra demarcación.
Digo todo esto para su conocimiento y para que no haya una
información distorsionada, porque las mujeres en Girona estamos
suficientemente protegidas.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Navarro Garzón.
La señora NAVARRO GARZÓN: Hay que empezar reconociendo el trabajo
digno de la mayoría de los funcionarios y funcionarias de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, cuando hay un hecho como el
que estamos tratando esta mañana, las medidas tienen que ser
más contundentes. Más contundentes por la impotencia que supone que
quien tiene que velar por tu seguridad sea precisamente quien la
viole.
Por los datos que tenemos, conocemos que la víctima identificó a su
agresor en trece ruedas de reconocimiento en las que participaron 65
policías. Pero la sentencia entiende que esta prueba debe revestir
especiales cautelas, ya que necesita de un complemento objetivo que
sitúe al policía en cuestión por encima de cualquier duda posible. El
fiscal incluso negó la violación. Ante esta situación cabe pensar
que, por esta regla de tres, las ruedas de reconocimiento en
cualquier otra situación en la que los presuntos violadores no fueran
policías tampoco tendrían sentido. Asimismo, en un lugar tan
específico y con tres personas, que no se pueda llegar a descubrir al
culpable, dado el encubrimiento de los agentes, es preocupante. ¿Se
hubiera tenido la misma consideración con los acusados si la
violación la hubiera realizado un hombre cualquiera, sin ser policía,
y además con dos cómplices? Cabe también preguntarse, si ante un
mismo delito, el tratamiento a los presuntos culpables no es el
mismo, aunque debería ser todo lo contrario, como han puesto de
manifiesto las anteriores portavoces. Deberíamos ser mucho más
contundentes en este caso concreto, precisamente por la condición de
policía, que tiene que implicar el respeto a la dignidad de los
detenidos y detenidas, independientemente del motivo por el que hayan
sido arrestados.
La Unión Federal de Policía, dijo en unas declaraciones, que la
cuerda se había roto por lo más flojo, porque se había suspendido de
empleo y sueldo a estos policías. Decían textualmente: la cuerda se
ha roto por el lado más débil y se encubre a otras redes de
explotación de inmigrantes ilegales en Vizcaya. Son declaraciones de
la Unión Federal de Policía. Si ellos lo dicen, habría que tener en
cuenta por qué lo dicen. Aparte de los datos que nos ha dado esta
mañana, le pedimos una aclaración exhaustiva. Es importante también
recordar la exigencia, la necesidad de que en las comisarías exista
personal femenino para atender este tipo de casos. Usted acaba de
hacernos un repaso esta mañana, no sólo de este hecho concreto, sino
de temas de violencia contra las mujeres. Además de personal
específico femenino, que reciba una formación específica. Porque
muchas veces por el simple hecho de ser mujer no se tiene
conocimiento de la problemática específica que presentan las mujeres
en un momento determinado. Estoy totalmente de acuerdo con las
compañeras que han intervenido anteriormente en que en este caso
concreto la discriminación es doble, no sólo por ser mujer, sino
además por ser inmigrante.
Nos ha dicho que estos son hechos que se producen de manera aislada,
que son hechos excepcionales. Y yo quiero creer que es así. Sin
embargo, señor ministro, después de lo que esta señora, Rita, ha
pasado, depués de ver, incluso, reconociendo que ha habido violación,
su impotencia ante la posibilidad de que estos policías puedan ser
condenados, ¿usted cree que cualquier persona que se vea en las
mismas circunstancias, que se vea agredida, en una comisaría o en
cualquier otro sitio donde tendría que estar especialmente protegida,
siendo las personas encargadas de protegerla las que violen sus
derechos, después de ver el suplicio por el que está pasando esta
mujer, se animará a presentar denuncia? Sinceramente, creo que los
hechos son aislados, pero no tanto.
Para terminar, señor ministro, con la suavidad que le caracteriza, ha
tratado de echar balones fuera diciendo que se trata de algo por lo
que estamos preguntando pero que corresponde a un gobierno anterior,
al Gobierno anterior. Y después ha dicho que las medidas cautelares
se tomaron. Amí me gustaría que me dijera en qué nos quedamos, si en
que es responsabilidad del Gobierno anterior o si en que las medidas
cautelares se tomaron. Las notas que yo tengo son que en agosto del
año 1995 se suspendió de empleo y sueldo a estos funcionarios. Pero
de verdad, como lo plantea de esa manera, tan característica en
usted, con esa suavidad, parece que se trata de pasarle la pelota al
Gobierno anterior. Y lo que yo creo es que lo tenemos que hacer es
esclarecer totalmente en que consistió el hecho. Por darle un dato,
que no es del Gobierno anterior, quiero recordarle que el día de la
toma en consideración del cuarto supuesto de despenalización del
aborto, en la manifestación que hubo en la puerta del Congreso, la
actuación de la policía con las mujeres que se estaban manifestando
fue excesivamente agresiva. Por tanto, insisto en que contra las
mujeres se vuelven a utilizar métodos que no se utilizan
habitualmente en cualquier otra manifestación que haya de hombres y
mujeres o de hombres solos. El sexismo sigue existiendo y, como decía
la portavoz de Izquierda Unida, se actúa con especial virulencia
cuando se trata de mujeres. Y éste es un hecho que no se puede decir
que se produjo con otros Gobiernos. Este hecho se produjo cuando
usted ya era ministro del Interior.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra
la señora Delgado García.
La señora DELGADO GARCÍA: Señor ministro, en primer lugar y en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, deseo hacerle llegar nuestro
agradecimiento por su comparecencia en esta Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer.
En cuanto al motivo que nos convoca hoy, quiero decirle, de entrada,
que nuestro grupo comparte con usted el rechazo de cualquier acto de
violencia que atente contra la libertad y la dignidad de las mujeres.
Por eso agradecemos doblemente sus pormenorizadas explicaciones y nos
satisface comprobar que el 95 por ciento de las denuncias contra
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedan
sobreseídas y archivadas porque, una vez investigadas, se comprueba
que no existe tal falta, como sucede en el caso del incidente
comentado esta mañana, ocurrido en las inmediaciones del penal de El
Puerto de Santa María.
Esto nos hace pensar, señor ministro, que son muchos los casos en que
hay confusión y malas interpretaciones de lo que es una actuación
policial correcta, con un punto de vista subjetivo por parte de
algunos ciudadanos o ciudadanas. Sin embargo, en el otro caso
concreto que se ha comentado, el de la violación de esta joven
brasileña, suceso que se remonta a agosto de 1995, siendo entonces
ministro de Justicia e Interior el señor Belloch, y que -como muy
bien ha comentado- se lo encontró ya judicializado y pendiente de
sentencia, hemos oído también, porque usted nos lo ha explicado con
detalle, cómo, una vez vista esta sentencia, ha sido la propia
Dirección General de Policía la que el pasado
27 de mayo de 1999 ha tomado medidas -nos ha hablado de dos en
concreto- para el total esclarecimiento de estos hechos. Desde
nuestro grupo, señor ministro, consideramos que la actuación
administrativa llevada a cabo por su Ministerio es por lo tanto
correcta e impecable. Pero, además, nos ha parecido también muy
positivo que, desde el punto de vista político, no se haya querido
hacer un uso político, en ningún momento, de hechos desagradables,
como éste, ocurridos en el período del Gobierno anterior. Por eso,
nos han satisfecho sus explicaciones.
Queremos decirle que por supuesto le apoyamos y le animamos a que
siga trabajando, como ha dicho, para seguir combatiendo cualquier
hecho, por aislado que sea, que ocurra dentro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y para erradicar por completo hechos
tan desagradables como éste. Nuestro grupo también ha de decir que
considera muy grave que se hagan afirmaciones como las que se han
hecho a lo largo de la sesión de esta mañana y que se haga uso de
hechos aislados y concretos, de los que ha dicho estar dispuesto a
erradicarlos y luchar contra ellos, para generalizar y poner en
entredicho el buen nombre y el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Es un colectivo muy amplio, que trabaja y vela
por la seguridad de los ciudadanos y en ningún momento debe hacerse
generalizaciones que le pueda perjudicar.
Señor ministro, voy a referirme ahora a otra parte del informe que
nos ha proporcionado en la que nos habla de todos los trabajos
realizados por usted para combatir la violencia contra las mujeres.
Debo decirle que, al preparar esta comparecencia, no me he resistido
a la tentación de volver a leerme su primera comparecencia en esta
Comisión el 17 de febrero de 1999, a raíz de la aprobación por el
Gobierno del III Plan de igualdad de oportunidades. Por cierto,
quiero hacer mención de que, en este Plan de igualdad de
oportunidades, por primera vez en un plan, aparece un área dedicada a
combatir la violencia doméstica. Cuando uno oye hechos como los
comentados esta mañana -el caso de esta muchacha brasileña- piensa lo
acertado que ha estado el Gobierno en contemplar un área así, pues en
España estábamos faltos de esa dedicación tan monográfica como es
combatir la violencia doméstica. He leído los compromisos que
adquirió usted en su Ministerio en aquel momento y, al oír su
intervención de esta mañana, debo manifestarle que nos sentimos
satisfechos porque vemos cómo se han potenciado e intensificado los
servicios de atención a la mujer en las comisarías. Como senadora por
Cuenca, siento satisfacción por su anuncio de que, en el tiempo que
queda hasta finalizar el año 1999, está previsto que se cree uno de
estos servicios en la comisaría de la provincia de la que soy
senadora, lo que agradezco enormemente. Asimismo, se han creado ex
novo los equipos de las Emumes, que, en estos momentos, están
repartidos ya por toda la geografía española.
Me han parecido muy interesantes esas dos instrucciones que van a
ayudar a combatir la violencia doméstica, la colaboración con
distintas instituciones, como el Instituto de la Mujer, así como
crear la figura de medidadoras sociales. En mi provincia ya se está
creando este tipo de cargos que pueden ayudar en las asociaciones de
los barrios al acercamiento las mujeres víctimas de malos tratos.
Quizás, uno de los puntos de los que usted ha enumerado que me ha
parecido enormemente positivo, precisamente por su importancia, son
los cursos de formación que se están dando a hombres y mujeres de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestras Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado cumplen profesionalmente con su cometido de
velar por los derechos de los ciudadanos y defender su seguridad,
pero es importantísimo que tengan cierta sensibilidad para cuando una
mujer llegue a una comisaría, por el motivo que sea,
independientemente de su delito, de su falta o de que sea víctima de
cualquier atentado, y no solamente se encuentra ante un profesional
sino que se vea atendida, escuchada y apoyada, que la puedan atender
personas de sensibilidad, con independencia de que sean hombres o
mujeres, y que reciba ese trato afectivo, humano y psicológico que a
cualquier ser humano nos gusta encontrar en la persona que nos
atiende, sobre todo estando en una situación vulnerable como la de
cualquier mujer que acuda a unas dependencias policiales. Por eso,
quiero decirle que esos cursos de formación nos parecen
verdaderamente importantes y le animamos a que siga incrementando su
aplicación. Señor ministro, quiero pedirle una información y con esto
termino ya. Entendemos que la sensibilidad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado debe estar en el cuerpo en sí mismo,
independientemente de que sean hombre y mujeres -de ahí que
insistiera yo en la importancia de los cursos-, pero también es
verdad que el principio de igualdad de oportunidades pasa por que la
presencia de la mujer esté en todas las facetas sociales y, por
supuesto, en profesiones como la que estamos hablando hoy aquí. Me
gustaría que en el momento en que usted tuviera este dato estadístico
(a veces estos balances de cifras estadísticas se suelen hacer al
finalizar el año) nos informara de cuál ha sido el incremento de la
presencia de mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Para terminar, quiero decirle que cuenta con el apoyo de nuestro
grupo en su esfuerzo, en el trabajo que revierta en combatir la
violencia doméstica y en todo lo que sea apoyar a las mujeres que
resulten víctimas de esta violencia o que, porque hayan cometido
faltas o delitos, tenga que verse en comisarías y ante situaciones
judiciales. Todo lo que haga en favor de este colectivo, contará con
el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: El señor ministro de Interior tiene la palabra
para contestar a las portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Antes de contestar a
cada una de las intervenciones de las distintas portavoces y ante una
indicación que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, quiero
reiterar, de una manera muy clara, el relato de algunos hechos que
ponía un poco en interrogante. Ya sabe usted que había tres policías
afectados: un supuesto violador y dos policías que estaban en aquel
momento en funciones y labores de custodia de la celda
correspondiente. El director general de la Policía, con fecha 26 de
octubre de 1995, incoó un expediente disciplinario, con la adopción
de una medida cautelar de suspensión provisional de funciones, a don
Valentín González González, que era el supuesto violador,
que ha sido absuelto judicialmente con posterioridad. Asimismo, el
director general de la Policía, con fecha 22 de febrero de 1996,
incoó expediente disciplinario a dos policías, señores Fierro
Rodríguez y Sánchez Pérez, que eran los que tenían la
responsabilidad, sin lo que significa suspensión provisional de
funciones.
Una vez que hemos conocido la sentencia el único resquicio en el que
hemos podido introducir una medida de carácter administrativa-
disciplinaria no era precisamente respecto al supuesto violador, que
había sido absuelto por el Tribunal, sino, en base a una conducta
negligente, a los dos policías sobre los que se había incoado un
expediente administrativo de sanción, pero no de suspensión. Esa
suspensión ha llegado hace pocos días, el 27 de mayo, con resolución
de la Dirección de la Policía, que ha decidido apartar del servicio
provisionalmente a esos dos policías por negligencia. Era el único
resquicio que la sentencia nos permitía para actuar en la vía de
carácter administrativo. Lo probable es que procesalmente haya un
recurso a esta decisión de suspensión provisional de empleo y sueldo
de estos dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el director
general de la Policía confirmará la decisión que hasta el momento ha
adoptado el Cuerpo Nacional de Policía y habrá un procedimiento
contencioso-administrativo que zanjará definitivamente la presencia o
no de estos dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Exactamente, los pasos
de carácter procesal que ha dado el Gobierno han sido éstos. Insisto,
el único resquicio que la sentencia nos permitía era la actuación
sobre aquéllos que, por negligencia -no por colaboración con un
delito, del que han sido absueltos-, pudieran ser objeto de una
sanción de carácter administrativo.
Antes de contestar a la portavoz de Izquierda Unida vuelvo a insistir
en que si algo ha hecho este Gobierno es no pasar el asunto al
Gobierno anterior, porque el tema no era hoy si se pasaba la pelota
al Gobierno anterior. Se hubiese pasado la pelota en el momento en el
que el Gobierno hubiese comparecido, a petición de nuestro grupo,
para que valorara o enjuiciara si aquellas medidas de sanción
administrativa del Gobierno anterior, o las medidas que adoptó,
fueron las correctas. Eso hubiera sido pasar la pelota, pero buscar
responsabilidades políticas en gobiernos anteriores es un disparate
porque el nuevo Gobierno tiene que asumir las responsabilidades
políticas de lo que hace o de los hechos no judicializados que están
en manos de la sanción administrativa, en la investigación interna
sin tutela judicial pero, también tiene la responsabilidad de asumir
hechos que no se han producido en el mandato correspondiente. En los
hechos judicializados tenemos que tener confianza en que los
tribunales de justicia sean los que determinen las responsabilidades
penales correspondientes, porque si no estaríamos trayendo a esta
Cámara todas las cuestiones que están judicializadas de gobiernos
anteriores, en una especie de locura de búsqueda de responsabilidades
políticas que no tendría sentido alguno.
Respecto del discurso de la portavoz de Izquierda Unida, repito que
su análisis no se puede generalizar: lo que S.S. cuenta son casos
aislados y hay un cierto embudo en el terreno de la información de
estos hechos. Yo les vuelvo a solicitar que nos informen directamente
porque no
queremos que haya embudo en estos temas, queremos que haya un
conocimiento de los máximos responsables del Ministerio del Interior
de todos los hechos que se producen en esa cuestión, no hay miedo a
que haya más información. En ese sentido, les reitero nuestra
disposición a que nos informen de todos los sucesos. Luego,
evidentemente, tendrán o no un planteamiento parlamentario, pero
estamos abiertos a conocer mejor todos estos hechos que, según
ustedes, son menos excepción de lo que yo afirmo.
De su intervención debo matizar que hay que separar con más claridad
dos conceptos: una cosa son los hechos de violencia doméstica que
afectan a la mujer y, otra, las actuaciones que en el seno de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden producirse respecto
de las mujeres. La violencia doméstica y lo que sucede en las
comisarías o en las actuaciones policiales respecto de la mujer son
dos cosas distintas, aunque evidentemente todo está relacionado
porque hay una sociedad de la que forman parte las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y en la que hay una cultura determinada que
también afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero
hay que saber separar los planos para en unos casos actuar de una
manera y, en otros, de otra. Yo no participo excesivamente del
concepto de la cultura masculinizada. En mi opinión si se producen
esos hechos son abusos de autoridad y no es estrictamente una cultura
masculinizada. Lo que está haciendo el Gobierno es demostrar con los
hechos que quiere especializar a los policías en el tema de la mujer.
No es que haya más mujeres -que me parece un dato positivo para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que evitará ese riesgo
que usted apunta; con más mujeres, seguro que ese riesgo disminuirá-,
no sólo tratamos de que haya más mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, sino que tratamos de especializarlas en los
delitos relacionados con la mujer. Eso son realidades, otra cosa es
que sea insuficiente o que se siga teniendo demasiadas limitaciones
en el volumen de especialidades que en este terreno se introducen en
el Cuerpo Nacional de Policía, pero se han empezado a poner en marcha
desde el año 1996 con enorme claridad en la Guardia Civil ex novo, y
el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho un esfuerzo importante en
estos tres años.
Usted decía que en este terreno presentía un cierto oscurantismo, que
algo pasaba en los sindicatos policiales, que les dábamos miedo; como
si los dominásemos o dirigiésemos. ¡Ya me gustaría en algunos temas,
no en todos! Le aseguro que los sindicatos policiales tienen una
autonomía y una reivindicación permanente en el seno del Ministerio
del Interior desde hace tres años y probablemente es su obligación.
No tengo nada que decir, pero lo que no quiero es que haya una mínima
sospecha de que los sindicatos, por estar en la policía, estén
mediatizados y más presionados porque ellos saben que no es así y
porque podrán tener una opinión determinada por un hecho al que
quiero hacer referencia ante la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista. Judicialmente este caso ha sido complicado hasta el punto
de que el fiscal en su primer informe lo valora de forma bien
diferente al juez. Judicialmente ha sido complejo y habrá que saber
interpretar las causas de tal complicación, por qué un fiscal
determina un informe
inicialmente de una manera muy distinta a la decisión de carácter
judicial.
Vuelvo a informar a la portavoz de Izquierda Unida de que queremos
poner más el acento en la especialización en este tipo de delitos
porque estoy convencido de que en España cada día se denuncian más y
tenemos la suerte de que se están empezando a denunciar casi todos
los delitos. No digo todos porque es falso, pero el nivel de aumento
en función del clima que se ha creado respecto a la violencia
doméstica ha disparado el número de denuncias, lo cual me parece una
buena noticia. Hay muchos ejemplos que determinan que actos que antes
no se denunciaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hoy
se denuncian, porque no era un temor a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, era un temor social, de humillación, de
vergüenza, de complicación. Yo creo que entre todos -no sólo es la
labor del Gobierno sino también lo que ustedes hacen en esta Comisión
Mixta-, dentro de la tragedia, estamos dando normalidad y naturalidad
a las denuncias, que es lo primero que hay que hacer. Lo primero es
aflorar, que los delitos se conozcan en cantidad y en calidad y por
eso es tan importante la tarea que hacen ustedes y que hacemos todos.
La primera etapa es que se esclarezca el delito, cuando el delito
permanece en la opacidad no hay manera de investigar ni resolver un
hecho endémico. Lo que hace falta es que seamos capaces de hacer
aflorar este tipo de denuncias, aunque aumenten las estadísticas de
violencia doméstica en un año. Prefiero que aumente el número de
denuncias porque es señal de que el miedo y el temor, sean cuales
sean las razones por las que se denuncian estos hechos, es algo que
está anclado en la historia y no tiene nada que ver con el presente
de España.
Respecto de los demás temas el envoltorio político que hay es el que
han querido los españoles. El Ministerio del Interior en estos
momentos trata de facilitar que cada día haya más servicios
especializados en la mujer. No hay envoltorio político que trate de
que aumente el sentimiento corporativo cuando se producen estos
hechos. Nadie podrá decir que ha habido un solo asunto en el que la
estrategia de las instancias políticas principales haya sido echar
tierra encima, otra cosa es que no hayamos podido, en muchas
ocasiones, conocer actos que todavía se pueden seguir produciendo
minoritariamente, pero que pueden y siguen produciéndose en España.
Respecto a la intervención de la portavoz de Convergència i Unió,
tiene razón S.S. La explicación de Girona ha sido muy clara y cuando
he leído el papel he recordado el calendario que en estos momentos
está mucho más avanzado en Girona que en el resto de Cataluña. Ni
siquiera desde el año 1996 se ha creado un servicio de esas
características. Pido perdón porque ha habido un momento en el que no
me acordaba de las fechas del despliegue provincial en Girona.
Coincido plenamente con el diagnóstico de la responsable de
Convergència i Unió, tratamos de estar a la altura de esa
preocupación que ha expuesto, haciendo un elogio de la portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, doña Margarita Uría.
En cuanto a las medidas más contundentes que solicitaba en su
intervención la portavoz del Grupo Socialista le diré que en una
investigación judicial las tiene que adoptar un tribunal. La primera
reacción que estos hechos nos produce
a todas las personas no es sólo de repudia por el delito que
supuestamente se ha cometido, sino también de rabia y de irritación
porque hechos de esta naturaleza tienen en ocasiones ribetes de
impunidad. Hay otras sentencias que nos perjudican en otros terrenos
y lo que hace falta es que cada día seamos más exigentes desde la
sociedad porque entonces habrá una actuación más firme. No sé qué
medidas más contundentes podríamos haber adoptado ante un hecho de
estas características. En ese momento procesal adoptamos un conjunto
de iniciativas, no sé qué otras podríamos haber producido ante este
hecho concreto de Bilbao. ¿Qué alternativa al quehacer del Gobierno,
en el terreno de la sanción administrativa, podríamos adoptar
nosotros? Creo que hemos adoptado la única medida posible en función
de la sentencia firme penal que ya ha sido conocida por todos
nosotros en el mes de mayo de este año.
Evidentemente ha habido un procedimiento judicial complejo y difícil.
A nosotros nos corresponde también investigar por qué el fiscal y el
juez determinan posiciones distintas y hasta qué punto puede haber
algo de la investigación policial. Es verdad que a nosotros también
nos corresponde un trabajo y por eso hay una comisión abierta en
estos momentos, no que investigue a los que ya han sido juzgados,
sino lo que rodea al suceso y a los acontecimientos que se producen
en aquella fecha de agosto del año 1995.
Vuelvo a reiterar (no lo digo aquí, en la Comisión, sino también en
todos los actos, que han sido varios, en los que yo he participado,
hace muy poco tiempo en un congreso en Granada, con policías locales
sobre violencia doméstica y, en general, sobre el tratamiento a
víctimas que en este terreno han sufrido una acción repugnante) que
en este tipo de delitos los policías tienen que demostrar que son
mejores personas que en ningún otro tipo de delito. Más que una
prueba a un profesional competente-que también lo es-, es una prueba
a la persona y a los valores que tiene, porque eso no se administra
con reglas, sino desde la autenticidad en la primera reacción ante un
hecho de estas características. La repugnancia o se produce o no, es
un código de valores que uno tiene muy dentro. Por eso ponemos tanto
el acento en la formación de personas, formación humanista, que sin
duda alguna tiene que caracterizar a los policías. En eso ayuda y
ayudará mucho la presencia de más mujeres en el Cuerpo Nacional de
Policía y en la Guardia Civil. Y no es simplemente una cuestión
anecdótica, es algo muy profundo que irá en beneficio del propio
cuerpo.
Por último, deseo agradecer la intervención de la diputada por Cuenca
del Partido Popular, y comprometerme a que, en la medida que quieran
S.S. y los portavoces de los demás grupos, yo le daré una cifra
estadística global de lo que significa hoy la presencia de la mujer
en el año 1999, las previsiones de los próximos meses, así como una
enumeración exhaustiva de lo que son servicios especializados de
atención a la mujer que han podido abrirse este año y que van a
abrirse en los próximos meses.
Me pongo a su plena y total disposición para esta información.
Muchas gracias a todos.
La Señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro de Interior.
Como ha podido comprobar S.S., todas las portavoces han pedido su
presencia en esta Comisión, aunque la comparecencia haya sido
solicitada en este caso por el Partido Nacionalista Vasco. Sepa S.S.
que cuenta con todas nosostras en cuantas cuestiones pueda
desarrollar su Ministerio en la igualdad entre mujeres y hombres en
España y que nosotras también deseamos compartirlo con el ministro
del Interior. Muchas gracias.
Ruego a las senadoras y diputadas que pertenecen al grupo de trabajo
de la Presidencia europea de la Comisión Mixta de los Derechos de la
Mujer que se queden un momento en la sala para presentarles un plan
de trabajo.
Se levanta la sesión.
Eran las once y veinte minutos de la mañana.