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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 144, de 25/05/1999
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1999 VI Legislatura Núm. 144
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 25 de mayo de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA: Comparecencia del señor secretario de Estado de
Política Exterior y para la Unión Europea (De Miguel y Egea) para
informar sobre:
- La aplicación del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados
referido a la participación de las comunidades autónomas en los
Consejos de la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente del Congreso 212/001797 y número de
expediente del Senado 713/000741) ... (Página 3042)
- Temas tratados en el Consejo Europeo informal celebrado en Bruselas
bajo la presidencia alemana de la Unión Europea. A solicitud del
Grupo Solicalista del Congreso. (Número de expediente del Congreso
213/001085 y número de expediente del Senado 713/000784) ... (Página 3045)
Proposiciones no de ley: - Relativa a la aplicación del Derecho
comunitario en las regiones ultraperiféricas en desarrollo del
artículo 299 del Tratado de Amsterdam. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/
001349 y número de expediente del Senado 663/000055) ... (Página 3060)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y
PARA LA UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
REFERIDO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS
CONSEJOS DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente del Congreso 212/001797 y número de
expediente del Senado 713/000741)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Empezamos la sesión número 35 de esta Comisión Mixta con la
comparecencia del Secretario de Estado sobre los dos temas previstos.
En primer lugar, la participación de las comunidades autónomas en los
Consejos de la Unión Europea, y, en segundo lugar, el Consejo Europeo
informal celebrado en Bruselas bajo la Presidencia alemana.
A efectos prácticos, dividiremos la sesión en estas dos
comparecencias y las haremos de forma separada. (El señor Martínez
Casañ, pide la palabra) Señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, quería plantear la
posibilidad de que constase en el «Diario de Sesisones» el
sentimiento y la emoción de esta Comisión por el fallecimiento de
don, Ramón Rubial. La Mesa y portavoces del Congreso de los
Diputados, en señal de duelo, decidieron ayer suspender el Pleno de
la tarde de hoy. En nuestro caso, ya está aquí al secretario de
Estado y sería poco cortés suspender la reunión; por otra parte, no
tenemos muchas fechas disponibles para celebrarla. Sí quiero proponer
a la Comisión, como he dicho al principio, que conste en el «Diario
de Sesiones» el sentimiento de esta Comisión y la emoción por el
fallecimiento de don Ramón Rubial.
El señor PRESIDENTE: En nombre propio y del Partido Socialista, le
agradezco sus palabras. Haremos que conste en el «Diario de
Sesiones».
Tiene a continuación la palabra el señor secretario de Estado.
Dado que a las doce hay un acto sobre el Consejo de Europa en el
Senado y algunos de los presentes tienen que asistir, rogaría a todos
que cumplieran los tiempos previstos en su intervención.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Como representante del Gobierno, también
quisiera unirme al sentimiento de esta Comisión y al pésame expresado
por el fallecimiento de don Ramón Rubial.
Paso a informar sobre la aplicación del acuerdo del Pleno del
Congreso de los Diputados referido a la participación de las
comunidades autónomas en los consejos de la Unión Europea. Mi
comparecencia hoy ante SS.SS. es para volver a informar sobre un
acuerdo cuyo origen más inmediato se sitúa en la proposición no de
ley aprobada en esta Comisión Mixta y ratificada mediante un acuerdo
del Pleno del Congreso de los Diputados en mayo de 1998. Como
recordarán SS.SS., yo mismo tuve la oportunidad de comparecer en esta
comisión el 29 de septiembre del año pasado, para informar sobre este
asunto. Entiendo, por tanto, que la comparecencia de hoy es parte del
oportuno seguimiento que esta Comisión realiza y un proceso que
incide de manera muy directa en sus trabajos, con la intención de
reflexionar sobre la manera más adecuada de integrar a las
comunidades autónomas, tanto en el marco institucional comunitario,
como en el proceso interno de toma de decisiones, aspecto éste
fundamental y básico del ejercicio que estamos llevando a cabo.
En la anterior comparecencia citada, tuve la oportunidad de exponer
el método de trabajo que el Gobierno había propuesto a las
comunidades autónomas y a esta Cámara, para llevar a buen término y
con todas las garantías el mandato parlamentario. A este respecto,
quisiera decir, primero, que nuestra propuesta se fundamentaba en la
necesidad de establecer un diálogo entre la Administración General
del Estado y las administraciones autonómicas sobre este asunto,
puesto que el acuerdo que se alcance debe ratificarse por la
conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas.
Recordando el acuerdo parlamentario, en lo que se refiere a la
participación autonómica en el Consejo, se decía que las Cortes
Generales, a través de esta Comisión Mixta, instan al Gobierno para
que, en el marco de la conferencia para los asuntos relacionados con
las Comunidades Europeas, se inicie un proceso tendente a establecer
una fórmula que permita la presencia de un representante de las
comunidades autónomas en la delegación del Gobierno, en aquellas
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión en las que se traten
asuntos para los cuales tengan competencia exclusiva las comunidades
autónomas.
Este proceso y el diálogo entre la Administración General del Estado
y las administraciones autonómicas fue iniciado por el Gobierno
inmediatamente después de la aprobación de una proposición no de ley.
La primera reunión tuvo lugar el 10 de junio del pasado año y en ella
se puso sobre la mesa lo que nosotros hemos calificado cuestión
previa para avanzar en la búsqueda del acuerdo. A este efecto, el
Ministerio de Administraciones Públicas entregó sendos informes sobre
el reparto de las competencias de acuerdo con el ordenamiento
constitucional español y sobre el tratamiento dado a los asuntos
comunitarios en las diferentes conferencias sectoriales. Meses
después, en octubre, se distribuyó un texto elaborado por encargo de
la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea
por un catedrático especialista de derecho internacional público y
titular de una cátedra de Jean Monnet, don Javier Díez Hochleitner,
en el que se abordaba la cuestión del ejercicio de la competencia por
parte de las instituciones comunitarias, aspecto esencial para
abordar el ejercicio de la participación de las comunidades autónomas
en el
Consejo. Copia de este informe fue remitida a esta Comisión para su
conocimiento y estudio. El 9 de diciembre del mismo año, tuvimos otra
reunión monográfica sobre este tema en la conferencia para asuntos
relacionados con las comunidades europeas. En ella el consejero de
Cantabria informó de la reunión que celebraron los representantes de
las comunidades autónomas en la comisión de coordinadores del día 13
de noviembre, en Santander. De nuevo, la Secretaría de Estado de
Política Exterior y para Unión Europea entregó una segunda parte de
ese importante informe que se había encargado a este grupo de
expertos, sobre el ejercicio de las competencias por parte de las
comunidades autónomas.
Cabe ahora preguntarse, y muchos lo harán, cuál es el momento
procesal en que nos encontramos de cara al cumplimiento del acuerdo
del Pleno del Congreso. Tengo que reconocer ante esta Comisión Mixta
que no se ha avanzado en la dirección que propuso el Gobierno el
pasado 10 de junio. Cuando entregamos los informes, el entonces
ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, solicitó a las
comunidades autónomas que manifestaran su posición sobre la
definición de las competencias exclusivas, con el fin de alcanzar un
acuerdo de cara a la participación autonómica en el Consejo. Ya
expliqué el objeto de este primer paso. Queda claro para todos que
sólo sabiendo de lo que estamos hablando, podemos articular un
procedimiento de participación efectiva en el Consejo. La propia
expresión «competencia exclusiva», que aparece en el texto del
acuerdo del Congreso como factor determinante para poner en marcha
esta participación, es el elemento clave. Lo cierto es que hasta el
momento las comunidades autónomas no han respondido a esta petición
de respuesta por parte del Gobierno. Han recibido todas nuestras
propuestas, han recibido todos los informes, y estamos a la espera de
saber cuál es su posición en relación con el ámbito competencial para
el que estaría prevista la participación directa en el Consejo. Deben
comprender SS.SS. que, si cerramos en falso este punto, o si lo
dejamos abierto, dentro de muy poco tiempo nos encontraremos con una
situación insostenible en la que la reclamación de la participación
no se ajustará ni al mandato del Congreso ni a nuestro propio
ordenamiento constitucional.
En todos los estados en los que la participación de las comunidades
autónomas o interregionales ha tenido lugar, se logró previamente un
acuerdo sobre las formaciones del Consejo en las que se harían
efectivas. No estoy diciendo que esta sea la única cuestión necesaria
para llegar a un acuerdo sobre esta materia. Lo que quisiera subrayar
es que este asunto no puede ser soslayado y debe ser objeto de
acuerdo de todos, fundamentado en el análisis riguroso del ámbito
competencial interno y teniendo muy presente el ejercicio de las
competencias comunitarias por parte de las instituciones de la Unión
Europea.
No puedo concluir más que reiterando que el Gobierno está todavía a
la espera de algo que ya pidió el 10 de junio de 1998, y que ha sido
reiterado en ocasiones posteriores; en todas las conferencias que han
celebrado las comunidades autónomas para los temas de la Unión
Europea se ha dicho siempre lo mismo, que esperamos una respuesta
coherente con el planteamiento que el Gobierno ha puesto encima de la
mesa. Y hasta ahora no ha recibido respuesta.
Lo que no puede hacer el Gobierno, en este asunto tan delicado y tan
difícil, es poner el carro antes de los bueyes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Yo también quiero que esta
intervención en nombre de mi formación política, Eusko Alkartasuna,
sirva de homenaje al gran hombre que fue don Ramón Rubial, entre
cuyas virtudes estuvo la de ser un gran trabajador. Pero para
posibilitar que otros compañeros puedan asistir al homenaje civil,
voy a ser breve.
Como bien señalaba el secretario de Estado, al que agradezco su
presencia, solicitamos la comparecencia por la lógica necesidad y
conveniencia de seguimiento que debe tener cualquier acuerdo
parlamentario. En este caso, no podía ser de otra manera, puesto que
el mandato parlamentario contaba con la unanimidad de los grupos de
esta Cámara y se refiere a una cuestión de gran calado político y
relevancia, especialmente porque se produce trece o catorce años
después de nuestra integración en las Comunidades Europeas en el año
1986. No voy a entrar en todas las reflexiones que se realizaron en
aquellos debates ni en las que hicimos los grupos parlamentarios el
20 de octubre, cuando el Grupo Socialista pidió la comparecencia para
saber cómo iba este proceso de reflexión en la conferencia de asuntos
para las Comunidades Europeas.
Sí quiero, en primer lugar, señalar una cuestión evidente. El señor
secretario de Estado nos ha hablado del procedimiento, nos ha hablado
del método de trabajo y nos ha hablado de cuáles han sido las
actuaciones del Gobierno, como no podría ser de otra manera. A mí me
gustaría que nos dijera -y es una información que le pido- qué
conclusiones ha sacado el Gobierno de los dos informes que ha
presentado a las comunidades autónomas. Qué conclusiones ha sacado el
Gobierno de dos informes muy concretos y precisos, uno, desde el
punto de vista del derecho interno, de la definición de competencia
exclusiva, y otro desde el punto de vista del derecho comunitario, de
articulación de esas competencias exclusivas en el ordenamiento
jurídico comunitario. Y qué presupuestos ha presentado, como
conclusión del cruce de estos dos informes, respecto a las
posibilidades reales de la fórmula que haya de articular. En estas
materias, como en otras, se puede hacer informes desde un lado y
desde el contrario, si vale la expresión coloquial. Pero en todos los
informes, además de definiciones, suele haber unas conclusiones. Eso
es lo que, desde mi punto de vista, no ha dicho todavía el Gobierno:
cuáles son las conclusiones y cuáles las propuestas que hace sobre la
operatividad concreta y práctica de esta cuestión para las
comunidades autónomas en el seno de esta conferencia. A las
comunidades autónomas nos parece relevante saber de qué punto
partimos, para determinar si estamos o no de acuerdo con la fórmula a
aplicar o si el propio análisis de las competencias exclusivas no ha
sido suficientemente amplio o expresivo de cada una de las
competencias. Esa sería la primera cuestión, que es clave, ya tenemos
todos los informes, o al menos el Gobierno considera que ya tiene
todos los documentos que necesitaba, qué conclusiones saca.
Segunda cuestión. Los informes que nos han sido facilitados, no sólo
el que ha encargado el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también
el del Ministerio de Administraciones Públicas, son informes
descriptivos, salvo que falten hojas; con mayor o menor exhaustividad
jurídica. En cuanto al primer informe, el relativo al derecho
interno, hay una serie de reflexiones que hacer en cuanto a la
definición de competencia exclusiva, sin entrar en la materia
propiamente administrativista. Ya dijimos en su momento -y creo que
el señor Gangoiti también lo hará, porque fue él quien lo mencionó en
el debate de esta cuestión en la Comisión Mixta para la Unión
Europea- que no tenía que entenderse la competencia exclusiva como
una cuestión de exhaustividad jurídica y de restricción de las
propias competencias. El representante del Grupo Parlamentario
Popular nos dijo que no iba a ser así, pero curiosamente el informe
alude a una definición prolija y restrictiva de las denominadas
competencias exclusivas.
En tercer lugar, es evidente que el método de trabajo suele ser muy
importante. Antes de entrar en cualquier negociación, la
determinación del método de trabajo puede llevar a una u otra
conclusión o al cumplimiento de uno u otro mandato parlamentario. Nos
gustaría saber por qué se ha elegido este método de trabajo cuando
había muchas más cosas a considerar, no solamente la definición de
las competencias exclusivas y su articulación, dentro del derecho
comunitario, en el órgano de participación que se solicitaba. Había
que determinar la fórmula y ver cómo se podía articular, por ejemplo,
el nivel de representación, el tipo de participación. Muchas más
cosas en las que, al parecer, a día de hoy, el Gobierno no ha entrado
todavía; si no es así, ruego al secretario de Estado que me lo diga.
En esta conferencia no se han presentado, que nosotros sepamos, cosas
como qué piensa en Gobierno, qué tipo de participación, qué nivel de
representación, etcétera.
La cuarta cuestión es que las comunidades autónomas representan
hechos diferenciales distintos, tienen un nivel de competencias
diferente y, por tanto, esto dificulta claramente una respuesta
conjunta. En ese sentido ¿qué es lo que ha propuesto el Gobierno a la
hora de discutir con las comunidades autónomas? Es evidente que
resulta muy complicado entrar en esta dinámica, máxime cuando las
competencias exclusivas son o pueden ser diferentes en muchas
comunidades autónomas, y que dificulta terriblemente el
posicionamiento común en este método de trabajo que ustedes han
considerado oportuno. Algunas comunidades autónomas han propuesto
experiencias piloto, tal como se hace en estos momentos en el plano
europeo -no ha aludido a ello en esta comparecencia-, para determinar
cómo podría articularse esto de la mejor manera posible. Hay
propuestas de varias comunidades autónomas para ver cómo podemos ir
avanzando sin estancarnos en determinaciones o definiciones
doctrinales, todas ellas muy válidas. Parece que no ha habido
respuesta. Estas experiencias piloto serían muy convenientes y en
muchos casos no crearían ningún problema ni dificultad. Por otra
parte, no serían extrañas en este tipo de actuaciones porque en otros
casos, como en los cincuenta y cinco comités de la Comisión, se ha
iniciado esa participación sin que existiera un reglamento
interno que regulara esta materia y articulara cuál tenía que ser
la participación conjunta. Es decir, ya hay precedentes y creemos que
podría ser una buena ocasión para ir más allá.
En definitiva, señor secretario de Estado, lo dijimos el 20 de
octubre, lo dijeron casi todos los grupos de la Cámara, por no decir
todos los grupos, es evidente que cualquier mandato parlamentario ha
de cumplirse. Nos parece que falta voluntad política para llevar
adelante esta cuestión, y permítame la crítica con todo cariño.
Preveíamos que algo de esto podría ocurrir y ya en la moción que
presenté al Pleno de la Cámara hablábamos de un tiempo, aunque el
método de trabajo era distinto. Entendíamos que había que debatir,
negociar e incluso discrepar en muchas cuestiones, pero que era
necesario plantear un tiempo concreto de trabajo, para evitar lo que
nos está ocurriendo ahora. Han pasado catorce meses desde este
acuerdo y seguimos casi donde estábamos, por no decir en el mismo
sitio.
Vuelvo a recuperar esa propuesta de establecer un período de seis
meses. Creo que en seis meses de intenso trabajo casi todo es
posible, especialmente cuando se conocen y se han analizado durante
trece o catorce años las múltiples variantes y las múltiples
cuestiones que han surgido de esta participación o de la deficiente
participación de las comunidades autónomas en lo que se refiere al
ámbito comunitario. No partiríamos de cero, sino de una experiencia
importante, de muchos años de experiencia, y podríamos estar en
situación de que en un tiempo de seis meses -quien dice seis puede
decir siete, cinco, ocho o nueve- pudiéramos llegar a culminar, en
definitiva, lo que contiene ese acuerdo y ese mandato parlamentario.
Sin más, con las cuestiones que le he expuesto, le ruego, si lo
considera oportuno en este momento, en momentos posteriores o de otra
forma, que me informen, para que podamos avanzar y no nos quedemos
simplemente en el procedimiento y en el método.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor MÚdol. Rogaría que nos limitáramos a los diez minutos como
máximo.
El señor MÒDOL I PIFARRÉ: Así lo voy a hacer, señor presidente.
Quiero agradecer, en primer lugar, la sinceridad del secretario de
Estado cuando reconoce que realmente se ha hecho poco o nada en este
tema y que las discusiones que mantuvimos hace ya un año largo no han
avanzado como esperábamos, o como decía la señora Lasagabaster en el
debate de su moción, parafraseando al señor Guardans, el tema parece
que ha quedado ad calendas graecas. Créame que nos preocupa, porque
nosotros mantuvimos siempre una posición de consenso porque creemos
que este es un tema fundamental e importantísimo.
Ha dicho la señora Lasagabaster -para no repetir- que en realidad los
impedimentos técnicos tienen siempre soluciones políticas y lo que ha
ocurrido es que ha existido una falta de voluntad política por parte
del Gobierno para que este tema se solucione de alguna forma. Lo
recordaba en la discusión de la moción el señor Costa cuando citaba
textualmente las palabras pronunciadas por el señor ministrola semana
anterior en la interpelación. El señor ministro
decía lo siguiente: El sistema sería ingobernable, sería simplemente
un patio de enfrentamientos entre intereses contrapuestos de
distintas comunidades autónomas, y por ello el Estado perdería su
derecho de arbitrar y en consecuencia su derecho de hacer prevalecer
el interés general al margen del deterioro de su autoridad a la hora
de defender las posiciones en el seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea. Son palabras del señor ministro. Decía más. En la
réplica a la señora Lasagabaster decía: Este Gobierno no es
partidario de adoptarlo -se refiere a la propuesta de representación
de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europea-.
Repito -decía el ministro-, esa no adopción no es tanto un problema
de voluntad política como de eficacia del sistema que actualmente
mantenemos en vigor.
Posteriormente a que el Grupo Socialista presentara una enmienda a la
moción de la señora Lasagabaster, el Grupo Popular presentó también
una enmienda. Nosotros creímos que era una enmienda menos clara, que
no dejaba el tema absolutamente solucionado; pero, en cualquier caso,
en aras a ese necesario consenso, votamos a favor de la misma y quedó
aprobado un texto que, repito, no se ha cumplido. Permítanme que les
diga, de pasada, que, en ese mismo Pleno, el señor Martínez Casañ
hizo una intervención de convicción autonomista que nos gustó
muchísimo, convicción autonomista del señor Casañ que se ha visto
desmentida después de más de un año por la actitud del Gobierno. Por
tanto, triste papel el del portavoz del Partido Popular en este caso
cuando se evidencia una vez más que el Parlamento no está por encima
del Ejecutivo a la hora de exigir responsabilidades en el
cumplimiento de sus obligaciones. Y espero que hoy nos hable otra vez
el señor Martínez Casañ de ese convencimiento que tiene.
Señor secretario de Estado, no es de recibo decir que la culpa es de
las comunidades autónomas. En Cataluña, por ejemplo, el 90 por ciento
de los ciudadanos tienen clarísimo qué es una competencia exclusiva y
qué no lo es; lo tienen clarísimo. Un ciudadano de Cataluña sabe,
cuando le paran en la carretera, le hacen soplar o le dicen que ha
cometido un exceso de velocidad, que son los mossos díesquadra,
porque además llevan un uniforme que les delata; un ciudadano de
Cataluña sabe perfectamente que las subvenciones en agricultura
provienen de la Generalitat; un ciudadano de Cataluña sabe con toda
certeza quién administra o quien deja de administrar todos los temas
de la Administración en general. Por tanto, no es de recibo. Pero hay
también -permítame que se lo diga, señor secretario de Estado- una
falta de voluntad política evidente, mucho más grave que la del tema
que nos ocupa hoy aquí, porque efectivamente ustedes han hablado del
Senado como foro posible para resolver estos temas. Todos los
partidos políticos -digo todos y digo bien- llevábamos en nuestros
programas electorales la reforma del Senado; se nos acaba de
contestar por parte de la mayoría absoluta que el Partido Popular
tiene en el Senado que ahora no toca -parafraseando también al
presidente de mi comunidad autónoma-, ahora no toca. Tanto es así,
que seguramente la comisión del Senado más adormilada en este período
de sesiones y en el anterior ha sido precisamente la Comisión de las
Comunidades Autónomas y el señor vicepresidente, que
comparte conmigo esta inquietud, seguramente me dará la razón.
Está bien -y termino- que existan comités de sabios -ahora parece que
se ha puesto de moda en el ámbito de la Unión Europea que existan
sesudos pensadores que nos indiquen por dónde hay que ir-, pero creo
que es mucho más fácil que todo eso, que hay que acudir a los
estatutos de autonomía, que dicen claramente qué competencias tienen
unos y qué competencias tienen otros, hay que acudir a la propia
Constitución y hay que acudir a un organismo como es el Senado, para
que el Ejecutivo cumpla con lo que el Parlamento le ordena,
especialmente si el Parlamento lo ha hecho por práctica unanimidad,
con un voto en contra, probablemente de alguna señoría que se
equivocó al apretar el botón.
Señor secretario de Estado, ofrecemos otra vez nuestra voluntad de
consenso y colaboración en este tema, pero cumplan ustedes con lo que
se les pide, avancen en este proceso, porque ni es culpa de las
comunidades autónomas, ni es culpa del Congreso de los Diputados, ni
es culpa del Senado que no se cumplan unos acuerdos que el Ejecutivo
tiene obligación de cumplir.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor secretario de Estado, en el ámbito
laboral, especialmente en aquellos sectores donde el derecho de
huelga está restringido por el sector de que se trata, básicamente
los servicios públicos, existe un concepto que hemos sufrido muchos
españoles recientemente que es la huelga de celo, que en el caso
concreto de los pilotos de Iberia se ha traducido con esa expresión
que su propio Gobierno ha criticado con dureza, que es el trabajo a
reglamento. Los pilotos de Iberia trabajan a reglamento. Nadie les
puede imputar que no trabajan, puesto que efectivamente están al
frente de la tripulación en cada caso concreto, pero lo que ocurre es
que basta con que una sola de las maletas no tenga las dimensiones
oportunas para que suspendan la salida hasta que aquella maleta haya
sido bajada a la bodega; basta con que ellos consideren que hay una
cortina que esté un poco desplazada para que consideren que, según el
artículo 65 b) de cualquier convenio internacional aplicable a la
seguridad del tráfico aéreo, aquel avión tiene que ser revisado en su
totalidad porque efectivamente peligra la seguridad del tráfico; o
basta con que el plástico de alguno de los botones se considere que
efectivamente podría, atendidas las consideraciones de desgaste de
materiales, fallar durante lo que es ese vuelo Madrid-Barcelona o
Madrid-Santiago de Compostela y por tanto también conviene llamar a
los servicios de mantenimiento del avión para suspender la salida del
vuelo, no vaya a ser que ese botón, antes de que el avión haya
salida, se estropee y corra algún riesgo el pasaje.
En este tema del que estamos hablando, señor secretario de Estado, el
Gobierno está trabajando a reglamento; en lo que es la participación
de las comunidades autónomas en la Unión Europea están ustedes
trabajando a reglamento. Esto nos pone en una situación delicada -tan
delicada como lo está su Gobierno y los ministerios de Trabajo y de
Industria respecto a los pilotos de Iberia-, porque es muy difícil
llevar esta cuestión a un tribunal y por nuestra parte es muy difícil
exigir una responsabilidad política cuando ustedes se cubren con dos
informes jurídicos difícilmente rebatibles, porque en derecho todo es
rebatible con otro informe en sentido contrario, y eso los que somos
juristas lo sabemos muy bien, de eso hemos vivido y seguiremos
viviendo el día que dejemos esta profesión política; de argumentos a
favor y en contra de cualquier tesis viven los juristas, los abogados
y demás, y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno aquí.
El Gobierno tenía y asumió una obligación política que le impuso esta
Cámara, y en lugar de tomarla políticamente, que significa entender
lo que esta Cámara le había impuesto, articular mecanismos para la
participación efectiva de las comunidades autónomas en el ámbito de
las comunidades europeas, lo que hace es atrincherarse ante
razonamientos sofisticados del derecho internacional público, del
derecho constitucional, del examen atento de cada uno de los
estatutos, de esperar que sean las propias comunidades autónomas las
que pongan las soluciones sobre la mesa y, con ello, no ad calendas
graecas, como decía el portavoz socialista, podemos llegar al año
2010 sin que haya avanzado absolutamente nada. Ese es un mecanismo
muy propio del ámbito europeo, es exactamente el mecanismo que la
Comisión Europea utiliza cuando quiere paralizar algo. Por tanto, nos
parece en este caso perfectamente oportuno que el Gobierno, que lo
que quiere es paralizar esto sin que nadie pueda decirle que lo está
paralizando, utilice este tipo de mecanismos. Pero por lo menos
algunos nos reservamos el derecho a protestar. Falta voluntad
política. Si hubiera voluntad política no estaríamos donde estamos,
no se esconderían detrás de esos informes, no se esconderían en que
las comunidades autónomas todavía no han respondido. Hay muchos
frentes donde las comunidades autónomas no responden, y cuando es el
Gobierno el que quiere hacer algo, pone la propuesta sobre la mesa y
arrastra a las comunidades autónomas, porque algunas tienen menor
interés, otras tienen más, incluso las que tienen más interés se
encuentran con que según qué tipo de propuestas hagan pueden ser
menos interpretadas o pueden tener una reacción negativa por parte de
otras. Es el Gobierno el que tiene que actuar.
No voy a entrar en preguntas concretas. Creo que la portavoz y autora
de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, la señora
Lasagabaster, ha hecho una serie de preguntas muy concretas que
comparto, suscribo y hago absolutamente propias. Cuando Escocia ha
celebrado sus elecciones y ha empezado ese proceso que llaman la
devolution, la devolución de poderes, una cierta recuperación de un
grado de soberanía, por ahora, dentro del Reino Unido, el primero de
los temas a día siguiente de las elecciones ha sido este, señor
secretario de Estado, y lo sabe perfectamente. Yo mismo he estado
reunido una hora y media con el vicesecretario para las regiones del
Reino Unido, a unos metros de donde estamos ahora, que venía a
preguntar cómo se veía desde Cataluña, desde los que nos dedicamos a
este tema con una representantividad catalana, la participación de
Cataluña en este caso en el ámbito de la Unión Europea, porque es lo
primero que les viene a la cabeza. Evidentemente, la situación de
Escocia y de Gales en el Reino Unido
es distinta a la de las 17 comunidades autónomas, lo sé y lo sabemos
todos, pero ahí hay voluntad política. Ya veremos cómo lo resuelven,
pero, en todo caso son conscientes de esta que es la primera patata
caliente que tienen en las manos. Una vez que Escocia pasa a tener
una serie de poderes, Escocia tiene que tener voz en la Unión
Europea. No saben jurídicamente cómo articularlo, pero hay voluntad
política de lograr una solución. En el Gobierno español no la hay.
Sólo cuando se está empujando desde el Parlamento se intenta cara a
la galería, porque lo contrario sería un escándalo político, decir
que sí la hay, pero en la práctica hay huelga de celo, trabajo a
reglamento.
Señor secretario de Estado, sé que este es un tema, como otros pero
este muy concretamente, que le trasciende. Por tanto, nunca en mis
intervenciones, pero en esta muy particularmente-, no personalizo en
su figura. Sé que aquí está en juego el Ministerio de
Administraciones Públicas muchas sensibilidades de las que usted en
este momento es portavoz y que quizá no necesariamente comparte. Pero
como representante del Gobierno en este asunto, yo no puedo más que
denunciar esta actitud de pasividad por parte del Gobierno y exigir
que por lo menos se moje -perdone la expresión- contestando las
preguntas concretas que le formula la portavoz del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo vasco, PNV, tiene la palabra
el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: En primer lugar, quiero adherirme
personalmente y como miembro del Partido Nacionalista Vasco al
homenaje a ese gran luchador de la democracia y paisano mío, ese
bilbaíno de Erandio, que ha sido Ramón Rubial y que nos ha dejado.
Dicho esto, seré muy breve porque pienso que los tres grupos que han
intervenido antes prácticamente han dicho lo mismo y mi grupo también
opina lo mismo. Es decir, hay una coincidencia por parte de los
grupos parlamentarios que hemos intervenido en el sentido de que este
tema no ha ido hacia adelente. Ha recordado la diputada Lasagabaster
que en su momento ella presentó una enmienda para que se marcase un
plazo de tiempo. Desgraciadamente no fue aceptado, pero en estos
momentos el tiempo está corriendo, hay un incumplimiento de poner en
marcha esto y, como decía el portavoz del grupo catalán, se están
haciendo unos planteamientos juridicistas en lugar de un
planteamiento político. Por tanto, señor secretario de Estado, le voy
a hacer única y exclusivamente una pregunta. ¿Usted, como secretario
de Estado y representante del Gobierno, nos puede asegurar que antes
de que acabe esta legislatura esa proposición no de ley que se aprobó
y que permitirá la participación de las comunidades autónomas en el
Consejo de Ministros va a ser una realidad o, desgraciadamente, esa
proposición no de ley que se aprobó a mitad de la legislatura no va a
poder ser puesta en marcha durante esta legislatura?
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Yo coincido con un juicio de valor que ha
hecho el señor secretario de Estado
en esta materia al calificarla de asunto delicado y difícil. Pero yo
no sé si se ha producido por parte de algún organismo de la
Administración central del Estado alguna interpretación en el orden
sustitutivo y no en el orden de acompañamiento, como yo interpreté
cuando tomamos posición y votamos favorablemente aquella iniciativa
en el Pleno del Congreso de los Diputados pidiendo esta participación
de las comunidades autónomas en aquellas materias de los consejos de
ministros de la Unión Europea. Al decir esto quiero volver, por
tanto, al texto original, no sea que por parte de la Administración
central se esté complicando la interpretación del acuerdo. El acuerdo
está en la misma línea que han dicho los anteriores portavoces y que
yo suscribo honestamente. Pero en conversaciones que ha mantenido
este diputado con representantes del Ministerio de las
Administraciones Públicas, me pareció que en los primeros tiempos
habían interpretado que se trataba de sustituir la presencia de
representantes de la Administración central del Estado en
determinados consejos. Les diré que no, que lo que habíamos pedido
era que se estudiara una fórmula que permitiera la presencia de un
representante de las comunidades autónomas en la delegación del
Gobierno; no sustituir al ministro ni a nadie con un cargo de
representación directa de Estado y con derecho a voz y voto, sino en
la delegación del Gobierno que va a aquellas reuniones del Consejo de
Ministros de la Unión Europea en la que se debaten acuerdos de
competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La experiencia
desde la Administración de Canarias, en aquellos temas específicos
del derecho comunitario, como las opciones del régimen económico y
fiscal de Canarias, del sistema del Poseican, es decir, de todas las
actuaciones específicas de la Unión Europea para las regiones
ultraperiféricas e insulares, estaba en una línea de colaboración
discreta, tal vez no protocolizada formalmente, pero se asistía para
determinados asuntos específicos como el plátano y otros de nuestra
comunidad e iban unos representantes cualificados técnicos por parte
de la Administración autónoma canaria en coordinación con el
Ministerio responsable.
Por lo que he escuchado al señor secretario de Estado, que está dando
respuesta a este tema que tendría que venir resuelto a nuestro
Ministerio de Asuntos Exteriores, le quiero instar a la cuestión
previa de ponerse de acuerdo la Administración central con las
comunidades autónomas. Con todos los respetos, creo que el Ministerio
de las Administraciones Públicas tiene un mayor grado de
responsabilidad en el retraso que se está produciendo en el
cumplimiento del acuerdo parlamentario. Yo instaría a que esta
iniciativa presentada por la señora Lasagabaster -y le brindaría la
oportunidad a ella- se reitere en sede parlamentaria ante el
Ministerio de las Administraciones Públicas, porque no es el
Ministerio de Asuntos Exteriores el que tiene que estar convocando a
las representaciones de las comunidades autónomas para ponerse
previamente de acuerdo en un tema que es competencia del Ministerio
de las Administraciones Públicas. En el Ministerio de Asuntos
Exteriores dirán que en la reunión que se celebre en Bruselas un
determinado día, se incluirá este asunto que afecta a la competencia
exclusiva de las comunidades autónomas y como afecta a tres, siete o
nueve comunidades, ya se habrán puesto de acuerdo y sabrán a cuál de
ellas -con competencia
exclusiva en esa materia que se va a ver tal día en la agenda
del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas- afecta y,
por tanto, le corresponde asistir porque tenga mayor preemiencia en
el tema, porque hablamos siempre de un representante de las
comunidades autónomas con competencia exclusiva.
Ha dicho S.S. que no han contestado todas las comunidades autónomas;
supongo que alguna habrá contestado. Alguien tendrá que estar
haciendo de receptor de esa correspondencia, de esa respuesta, y yo
entiendo que ese coordinador de esta primera fase previa a la
competencia de la representación del departamento de Asuntos
Exteriores ante la Unión Europea será el Ministerio de la
Administraciones Públicas, que en este momento está fallando
estrepitosamente al haberse tomado esta cuestión como una gestión
previa para establecer la fórmula. Siempre nuestro acuerdo -acuerdo
parlamentario- consistía en establecer una fórmula que permitiera la
presencia previa, luego hay un movimiento previo y formal a la
asistencia de un representante, que consiste en cómo se elige ese
representante, por lo que la pelota está en el terreno de juego del
Ministerio de las Administraciones Públicas, al que mi grupo quiere
hacer en este momento responsable de esa demora o inoperancia en el
acuerdo parlamentario.
Por lo demás, mi grupo está siempre en la línea de máxima
colaboración para que estos temas de interés específico de las
comunidades autónomas se resuelvan de una manera lógica, sensata y
sin hacer difícil y delicado lo que no tendría por qué serlo en un
buen entendimiento entre ambas administraciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Como ha dicho el señor Mardones, yo creo que
se trata de un tema muy delicado, muy importante y en el que es
conveniente seguir una política de pasos, y la secuencia de esta
política de pasos es la que ha explicado el secretario de Estado. Hay
un claro mandato de las Cortes Generales, de marzo de 1998, en el
sentido de instar al Gobierno para que se inicie un proceso tendente
a establecer una fórmula que permita la presencia de un representante
de las comunidades autónomas en la delegación del Gobierno en
aquellas reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en
las que se traten asuntos para los cuales tengan competencia
exclusiva las comunidades autónomas, y la realidad es que el
Gobierno, sin dilación, el 10 de junio, o sea, la primera reunión de
la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, puso
en marcha este procedimiento. El ministro de Administraciones
Públicas presentó los primeros documentos de trabajo, uno sobre
competencias sectoriales y otro sobre el ámbito competencial interno;
en diciembre don Mariano Rajoy completó la entrega con un documento
de reflexión sobre la perspectiva comunitaria y solicitó a los
representantes autonómicos una aportación sobre el término
competencias exclusivas en el sentido amplio de la palabra. No se
pidió una postura común, consciente del problema que significa
intentar encontrar desde el principio una posturacomún, sino una
aportación por parte de las distintas comunidades
autónomas con vistas a ir a acercando posiciones en esta política de
pasos.
Tengo que recordar a los miembros de esta Comisión que no estamos
hablando de un tema de ayer ni de anteayer, sino de un tema que se
trató con anterioridad a 1986, cuando España entró en la entonces
Comunidad Económica Europea, y que fue solamente en 1997 cuando estas
Cortes Generales supieron y pudieron, con el impulso del Gobierno,
encontrar una fórmula para institucionalizar la Conferencia para
asuntos relacionados con la Unión Europea. Por tanto, no es un tema
baladí ni sencillo al mismo tiempo.
Hasta la fecha de hoy, señor presidente, los representantes
autonómicos -como ha dicho el secretario de Estado-, unos por una
serie de razones y otros por otras, no han sido capaces de llevar a
cabo sus aportaciones. Por el contrario, sí ha habido por parte de
algunas comunidades autónomas un abandono de la Conferencia como foro
de búsqueda del acuerdo, apartándose por tanto de la postura de
consenso y del mandato parlamentario. Esta es la realidad. Algunas
comunidades autónomas han abandonado lo que era un debate o una
búsqueda competencial y de participación consensuada y lo han
transformado, por unos u otros motivos, en una pretensión puramente
política e individual de cada comunidad autónoma. Yo tengo que
participar en esto porque interesa a mi comunidad. No se puede decir,
como dicen algunas comunidades autónomas, que quieren participar en
esa Conferencia porque interesa a su comunidad y quieren que las
soluciones sean estas porque interesan a su comunidad y a partir de
ahí que ustedes busquen una base jurídica para desarrollar el asunto
y darle una solución jurídica.
El secretario de Estado ha dicho, y mi grupo lo comparte, que este es
un tema de diálogo entre la Administración general, entre el Estado y
las administraciones autonómicas. Es un tema de todos y la solución
debe ser negociada por todos, para todos y en beneficio de todos. El
señor Martinez Casañ, puesto que me han aludido -o sea, yo mismo-,
continúa siendo profundamente autonómico, autonomista y periférico.
Siempre he sido periférico y continuaré siendo periférico, esa es la
realidad. He sufrido en mi infancia algunas políticas del Estado en
aquellos momentos discriminatorias de la cultura y de la
idiosincrasia de las distintas comunidades españolas. Tengo que decir
que no por eso he sufrido ningún tipo de traumas, pero reconozco que
se ha avanzado, como también reconozco que se tiene que continuar
avanzando en este tema. Tampoco creo en agravios comparativos y por
eso digo que la solución se ha de buscar entre todos, y la actitud de
algunas comunidades autónomas de abandonar la Conferencia e intentar
negociar por su cuenta dificulta y frena la negociación global que de
por sí ya es difícil y con una serie de problemas inherentes que a
ninguno de nosotros se nos escapa. Creo que es un tremendo disparate
que se abandone la Conferencia y que se intente negociar fuera del
ámbito global, porque no hay españoles de primera o de segunda, como
tampoco hay comunidades autónomas de primera o de segunda. Los
españoles somos iguales y las comunidades autónomas son iguales. Y no
se puede escuchar impasible a algún representante autonómico en un
determinado momento negando cualquier competencia del Ministerio de
Agricultura y afirmando que se trata de competencias
exclusivas de la comunidad en concreto. Me parece que esto es un
disparate. Efectivamente falta voluntad política, pero falta voluntad
política por parte de algunas comunidades autónomas para encontrar
una solución global.
Mi grupo parlamentario, señor presidente -y concluyo-, desea y anima
a los representantes autonómicos a unir sus esfuerzos en el seno de
la Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea,
siguiendo el mandato de las Cortes Generales y siguiendo el acuerdo a
que llegamos todos nosotros en el seno de esta Comisión en aras de
una solución que sea buena para todos, para las comunidades autónomas
en su conjunto, para las comunidades autónomas entre sí y para la
defensa de los intereses generales de España en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): En primer lugar, quisiera agradecer las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, pero muy
particularmente la de la señora Lasagabaster, que al ser la ponente
original de esta proposición no de ley tiene una legitimidad especial
para interrogar al Gobierno sobre el cumplimiento de este asunto.
Creo que el espíritu constructivo que ella ha demostrado en su
intervención tiene que ser correspondido por mi parte.
Utilizando la palabra que ella ha utilizado, yo también quisiera
decirle con el mayor afecto que por lo que a mí respecta y por lo que
respecta al Ministerio de Asuntos Exteriores -quisiera también salvar
la responsabilidad del Ministerio de las Administraciones Públicas-
no existe en este asunto tan importante ninguna actuación de
arrastrar los pies, de obstruir, de no hacer. Decía el diputado señor
Guardans que el Gobierno está trabajando aquí a reglamento, y yo le
diré que aunque la comparación con los pilotos de Iberia es muy poco
feliz no hay nada de lo que más me precie, como representante del
Gobierno, que trabajar a reglamento. Precisamente lo que tiene que
ser el Gobierno es profundamente respetuoso con las leyes y con la
Carta Magna, la ley magna, que es la Constitución, que de aquí
emanan, y por lo tanto cada vez que el Gobierno trabaja a reglamento
está respetando al Parlamento. ¿O quieren que el Gobierno trabaje
como le dé la gana, sin ningún marco jurídico y sin respetar las
leyes y la Constitución? Me gustaría que me lo dijera el señor
Guardans porque, si es así, está legitimando actuaciones que el
Parlamento se apresura a criticar cada vez que el Gobierno se separa
de alguna manera del marco legal y constitucional. Y es que el marco
legal y constitucional es vital en esta cuestión, y desde luego -y
respondo a algo que también se ha dicho, lo de las experiencias
piloto- cuando se tocan temas constitucionales hay que ir a la famosa
frase popular española que dice que los experimentos, con gaseosa.
Porque estamos ante una cuestión de extraordinaria trascendencia que
va a la raíz de algo sumamente importante -y en eso coincido también
con el señor Guardans y con otros-, y es que cuando se tiene un
sistema de comunidades autónomas como el que nosotros tenemos, en el
que se tienen competenciasexclusivas y en algunos casos competencias
compartidas,
la posibilidad de que el ejercicio de esas competencias tenga también
un reflejo en el proceso de toma de decisiones a nivel comunitario es
un asunto muy serio; y es un asunto muy serio que por suerte está
planteado ahora. Quisiera recordar al señor Modol que su partido tuvo
tres legislaturas para plantearlo, tres, y que yo sepa no hubo
ninguna iniciativa de este tipo y que la primera vez desde que España
entró en la Unión Europea que ha habido un Gobierno que ha planteado
de manera seria la participación de las comunidades autónomas en los
procesos de Bruselas ha sido precisamente con el Gobierno que lidera
el Partido Popular.
Por tanto, puedo aceptar cualquier reproche, pero desde luego no
podré aceptar nunca que este Gobierno ha sido insensible a esta
cuestión o que yo personalmente no he sido sensible a esta cuestión,
porque tengo en mi haber el haber facilitado durante todo el proceso
de cooperación con las comunidades autónomas una serie de puntos
concretos de trabajo en común entre las comunidades autónomas y la
Administración central que antes eran inexistentes. Ustedes me dicen
que hemos planteado la cuestión de las competencias previas, que
trabajamos a reglamento y que aquí no se hace nada más. Yo les diría
que esta es una cuestión en la que no se puede llegar a una solución
sin un diálogo entre la Administración central y las comunidades
autónomas. Nosotros tenemos un debate en el Parlamento, que yo
respeto mucho, pero me temo que el debate no se sigue con la misma
intensidad en el foro que existe para el diálogo entre las
comunidades autónomas y el Gobierno, que es la Conferencia de asuntos
relacionados con la Comunidad Europea. Lamento, por ejemplo -y lo
tengo que decir aquí-, que desde el día 10 de junio no haya asistido
a esa Conferencia ninguna representación del Gobierno vasco. Yo puedo
tener aquí un diálogo con el diputado señor Gangoiti y con la
diputada señora Lasagabaster, pero la verdad es que el Gobierno vasco
no asiste a la Conferencia. ¿Cómo es posible entonces que tengamos un
diálogo en el seno del órgano donde se tiene que tratar el tema si el
Gobierno vasco se ausenta? Por otra parte, ese diálogo es el que
enriquece. Nosotros hemos puesto encima de la mesa algo que no es una
cuestión baladí y que no quiero que alguien diga que es una cuestión
previa que planteamos para no avanzar, ya que el tema de las
competencias es importantísimo porque se trata del cumplimiento
estricto de la proposición no de ley. Se habla de competencias
exclusivas, pero tenemos que saber dónde están las competencias
exclusivas y aquellas competencias que, aun compartidas, podrían
también dar lugar a una representación de las comunidades autónomas.
Yo estoy dispuesto a todo eso, estoy abierto. Todavía no he recibido
una respuesta, y a mí me gustaría que el interés político que
expresan los grupos, el Socialista, el de Convergència, Eusko
Alkartasuna, PNV y Popular se tradujera en una respuesta
verdaderamente efectiva y en un interés de las comunidades autónomas
en las que gobiernan esos partidos. La verdad es que no ha habido
respuesta de la Comunidad Autónoma catalana, gobernada por
Convergència i Unió, ni de la Comunidad Autónoma vasca, gobernada por
el Partido Nacionalista Vasco, ni de la Comunidad Autónoma andaluza,
gobernada por el Partido Socialista. Tengo una cierta sensación de
que se quiere dejar así la cuestión para mantener un estado de
continua reivindicación política, es decir, que no se hace nada y se
reprocha continuamente al Gobierno no hacer nada, con lo cual estamos
muy bien: las comunidades autónomas no responden, nadie hace nada, y
el Gobierno siempre tiene la culpa. Es una situación ideal, y debo
decir que no es la primera vez que algún partido del arco
parlamentario practica la política de no hacer para luego reprochar.
Por ello, responderé a la pregunta de la diputada Lasagabaster sobre
qué conclusiones ha sacado el Gobierno del informe de las comunidades
autónomas diciéndole que la verdad es que no hemos podido sacar
conclusiones porque no nos han dicho nada. Nos gustaría que nos
dijeran algo, pero no nos han dicho nada.
Respecto a cuál es la definición de competencia exclusiva tenemos que
decir que eso es, precisamente, lo que queremos hacer. Nosotros hemos
dado nuestro concepto de la competencia exclusiva y estamos
dispuestos a verlo con las comunidades autónomas para asignar a cada
competencia exclusiva un consejo comunitario, porque los consejos
comunitarios tienen diferencias. Por ejemplo, si me dice que tienen
competencia exclusiva en materia de fiscalidad, a lo mejor cuando
trata el Ecofin cuestiones de fiscalidad tendría que haber un
representante de las comunidades autónomas, de las que tengan
competencia exclusiva en el sistema autonómico español, que no todas
la tienen. Tenemos que hacer ese ejercicio porque esto no es una
frivolidad, sino que es algo muy serio. Tenemos que ver dónde están
las competencias comunidad por comunidad y peinarlas con la urdimbre
de los consejos comunitarios para saber qué comunidades autónomas
tienen derecho a estar representadas en el Consejo de Cultura, en el
Ecofin o en el Consejo de Industria. Tenemos que hacerlo. Yo no voy a
ser el que diga a cada comunidad autónoma dónde tiene que estar
representada. Espero que las comunidades autónomas me digan cuáles
son sus competencias exclusivas y yo, en diálogo con esas comunidades
autónomas, trataré de aclarar la cuestión, en el marco de la
Conferencia sectorial, consejo por consejo, punto por punto.
Y luego, señora Lasagabaster, entramos en lo fácil, en su pregunta.
El nivel de participación y el tipo de representación está tirado,
eso es facilísimo, se hace en dos minutos, no se necesitan ni seis
meses ni seis días sino media hora. Cada comunidad autónoma tendrá la
facultad de representarse al nivel que quiera y yo le garantizo que
el Gobierno del Estado no le va a regatear el sitio: si efectivamente
tiene derecho a estar en un consejo estará. Normalmente, según la
formación del consejo, si es que no la cambian, hay tres sitios en
primera fila y nuestra idea siempre ha sido que si hay un
representante de las comunidades autónomas esté sentado en el primer
banco con el ministro del ramo correspondiente. Esas son anécdotas.
Muchas veces me pregunto si es la anécdota lo que prima sobre la
sustancia. Yo, como ustedes conocen, tengo una relación muy continua
y fluida con los consejeros de Presidencia de todas las comunidades
autónomas, que son los que asisten a esa Conferencia sectorial, y
hablo con ellos cada lunes y cada martes no solamente de estos temas
sino de todo el quehacer comunitario porque tenemos un procedimiento
de participación, cooperación y colaboración que funciona. Yo he
hablado con el Gobierno vasco hace muy poco para buscar cómo íbamos a
concertar la defensa del régimen fiscal
en el Tribunal de Justicia, de la misma manera que lo he hecho con el
consejero de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha cuando
hablábamos de como había que defender los intereses del vino de dicha
comunidad, y lo mismo con el consejero de la Presidencia de la Junta
de Andalucía cuando se hablaba del aceite de oliva. Yo hablo con
ellos con frecuencia y algunas veces me dicen: ¿Por qué no hacemos
una experiencia: vamos de repente un día a un consejo y nos sentamos
en él? Francamente pienso que no es cuestión de hacerse la foto. Es
algo muy serio ver como las comunidades autónomas participan en ese
proceso legislativo de Bruselas y lo hacen conjuntamente con el
Estado. Además, colaboran en la defensa del interés general porque
está claro que las comunidades autónomas si van al consejo no van a
defender su parroquia sino la parroquia de todos, en el concepto
europeo, y podría darse el caso de que la Comunidad Autónoma de
Andalucía tuviera que defender el concierto foral navarro y la
Comunidad Autónoma de Cataluña tuviera que defender los temas de
pesca que afectan a la Comunidad Autónoma de Galicia, pero todo desde
la visión autonómica. Si aquí estamos pensando que cada representante
de las comunidades autónomas va a ir al consejo a defender su propia
parroquia, su propio interés, estamos totalmente equivocados porque
no es así como lo concebimos, y tampoco lo conciben así los únicos
socios en la Unión que tienen representación, los länder alemanes y
los länder austríacos, más las tres comunidades de Bélgica, ese
sistema bipolar raro con la región de Bruselas en medio.
También estoy totalmente de acuerdo con lo que decía la ponente
Begoña Lasagabaster de que no todas las comunidades autónomas son
iguales. No pretendemos dar el mismo tratamiento a todas. La
diferencia de tratamiento viene precisamente de la constatación del
análisis de las competencias. Algunas tienen unas competencias
diferentes de otras, algunas tienen transferidas más competencias,
algunas específicas, y habrá que ver cada caso. No es lo mismo Murcia
que las islas Canarias, que por su ultraperificidad y por otras
características tienen condiciones diferentes en su tratamiento con
la Unión Europea que regiones como Murcia o Extremadura. En este
asunto tenemos un compromiso firme. Tampoco quisiera, como decía mi
amigo el señor Mardones, personalizar: ¿Quién tiene la
responsabilidad: el MAP, el Ministerio de Asuntos Exteriores? Este es
un tema de Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene mucho
que decir. Yo no quiero escabullir mis responsabilidades porque la
representación exterior del Estado es algo que compete de manera
exclusiva al Ministerio de Asuntos Exteriores. Naturalmente, el
diálogo con las comunidades autónomas, la política autonómica compete
al ministro para las Administraciones Públicas. Pero es que este
ministro y el de Asuntos Exteriores no son más que parte de un equipo
que es un Gobierno y es el que tiene la responsabilidad ante esta
Cámara, independientemente de lo que hagan unos y otros. Por muy
bueno que fuera uno o mucho que arrastrara los pies el otro, al final
la responsabilidad es del Gobierno y la asumimos.
Me dice el diputado Jon Gangoiti que si yo le puedo asegurar que esta
proposición no de ley va a ser una realidad dentro de esta
legislatura. Yo le respondo al diputado
Gangoiti (Rumores.), perdón, es verdad, al senador; leconozco desde
hace tantos años y ha sido tantas cosas (Risas.) que en esta
brillante carrera política es muy difícil seguirle. Lo que quería
decirle es que lo afirmo enfáticamente que por lo que respecta al
Gobierno desde luego que sí, naturalmente. Entendemos que esta
proposición no de ley hay que ponerla en marcha, y dentro de esta
legislatura. Ojalá lo pudiéramos haber hecho en seis meses, pero
necesitamos en ese diálogo la participación de las comunidades
autónomas. Yo no lo puedo hacer. Contrariamente a lo que dice el
diputado Guardans, el Gobierno no puede por las buenas, por sí y ante
sí, decidir la presencia de las comunidades autónomas en los
consejos. No puede decir: como tengo un mandato y ustedes están
arrastrando los pies, se lo voy a hacer yo. Al día siguiente
tendríamos a todas las comunidades autónomas en contra. Aquí tiene
que haber un acuerdo entre todos. Yo he hecho mis deberes y estoy
dispuesto a seguir haciéndolos. Ustedes son miembros de partidos que
gobiernan comunidades autónomas. Digan a esos partidos y esas
comunidades autónomas que gobiernan que se pongan de verdad a la
tarea, que activen ese tema y ese diálogo, que enriquezcan ese cuadro
de participación que el Partido Popular ha abierto durante esta
legislatura y tendremos resultados como los tuvimos en los comités de
la comisión, como los tuvimos con el representante autonómico y como
los estamos teniendo todos los días en un diálogo realmente
importante y fecundo con todas las comunidades autónomas en este
proceso de participación y cooperación para resolver todos los
problemas del día a día, que son muchos y que se van resolviendo,
porque me parece que hasta ahora no ha habido quejas en el quehacer
de todos los días en la representación de sus intereses.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Veo que todos los grupos quieren intervenir nuevamente. Andamos muy
cortos de tiempo, por lo que les pediría que las intervenciones
fueran mínimas.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: En primer lugar, señor secretario de
Estado, no me considero y creo que los que estamos en esta Cámara
tampoco más listos que el Gobierno, pero no más tontos. En todo caso,
desde el punto de vista de jurista profesional, en lo poco o mucho
que he tenido que ejercer, si hubiera querido anular este
procedimiento hubiera hecho lo mismo que ustedes. Esto es algo que no
se descubre de la noche a la mañana. Lo dije el 20 de octubre y no
voy a decir algo que de repente, con el transcurso de los
acontecimientos, haya descubierto ahora. Dije el 20 de octubre que si
fuera representante de las comunidades autónomas no entraría en esta
dinámica de trabajo. ¿Por qué? Porque sorprende que cuando entramos a
negociar algo no haya siquiera conclusiones para negociar. ¿Vamos a
tener cinco años de entregas de informes jurídicos como de fuegos
artificiales: le doy éste deme usted otro; diecisiete informes
jurídicos a su vez duplicados por cuanto que hacen referencia al
derecho interno y al derecho comunitario, sin ninguna conclusión al
respecto? No me diga que no es ilógico. Me sorprendió y pensé que a
lo mejor, en su momento, habían establecido
ustedes en la Conferencia que a la vista de los informes de expertos
que ustedes consideraban habían llegado a unas conclusiones. Yo puedo
negociar sobre conclusiones, sobre posicionamientos. Lo que no voy a
hacer es discutir un informe jurídico porque no tiene sentido. El
Gobierno no tiene que imponer o establecer. Me parecería lógico que
tuviera unas conclusiones -sin perjuicio del respeto que esta
conferencia nos merece y otras consideraciones y opiniones jurídicas-
que plasma por dónde deber ir este asunto. Si no, de qué vamos a
negociar.
En segundo lugar, es necesario defender a todas las comunidades
autónomas en cualquiera de los temas que suscite su interés. Ninguna
comunidad autónoma pretende ir a Bruselas a hacerse la foto. ¿Cree S.
S. que en lo relativo a las cuestiones fiscales ir al Ecofin sería
para hacerse la foto o para intentar conocer, además de las opiniones
e informaciones que ustedes retransmiten -no dudo de que lo hacen-,
qué es lo que está pasando porque genera una profunda preocupación en
toda la sociedad en aquellas comunidades autónomas que tienen
determinadas especifidades fiscales? ¿Cree que no están lo
suficientemente preocupados como para sólo ir a hacerse la foto?
Nadie quiere hacerse sólo una foto, sino defender los intereses
generales. Por cierto, el interés general del Estado no está reñido
con el interés general de las comunidades autónomas. El interés
general del Estado es el interés general de las comunidades
autónomas. Aquí no hay dos intereses diferentes y todos los
políticos, en cualquiera de sus ámbitos, tienen la suficiente
responsabilidad para defenderlo de esa manera.
En tercer lugar, no pretendo ver quién va más adelante o más atrás.
Cuando hablaba de estas experiencias pilotos no me refería a
experimentos con gaseosa, son experimentos que tratan de cumplir un
mandato parlamentario y, como al Gobierno le gusta señalar, en el
marco de la Constitución y de los estatutos. Lo que se pretende hacer
no va contra nada. En temas constitucionales, señor secretario de
Estado, somos perfectamente conocedores, conscientes y responsables y
estas experiencias pilotos cumplirían los preceptos constitucionales
y los estatutos, con lo cual sería bastante lógico hacerlo. Por
cierto, que se han hecho en otras cuestiones y no parece que a nadie
le haya creado un problema.
En definitiva, aquí no hay un interés de unos representantes que
estamos en el Parlamento y de los de las comunidades autónomas. Voy a
hablarle de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la que también
gobierna Eusko Alkartasuna, donde el interés que subyace no es de
ahora, sino de hace mucho tiempo. Como sabe S.S., es un interés que
se persigue en las mejores vías, en los mejores procedimientos para
que no cree problemas a nadie. Vamos a continuar con este seguimiento
y si no es a través de la conferencia, nos gustaría que lo fuera a
través de otra iniciativa parlamentaria de distinta naturaleza. En
cualquier caso, le pediríamos que nos contara qué conclusiones tiene
el Gobierno. Esta pregunta no tiene ningún retruécano: nos gustaría
saber, en relación con esos informes jurídicos, cuál es la mejor
fórmula de articularlo, porque negociamos sobre posiciones y
conclusiones.
Respecto a los informes jurídicos, son muy bonitos, muy interesantes
y en algunos casos espectaculares, pero ¿vamos a tener 38 informes
jurídicos? Si consideran que
ese es un método oportuno de trabajo a mí me resulta complicado
entenderlo ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que haya 38 informes
jurídicos sin conclusiones? Si ustedes no han sacado conclusiones las
comunidades autónomas no tendrían por qué hacerlo. ¿Sin conclusiones?
No parece muy lógico.
Desde mi punto de vista -esta es una cuestión de iniciativa personal
parlamentaria-, a lo mejor hay que adoptar otra iniciativa. Dado que,
por la razón que sea, parece que no funciona, habrá que poner plazos.
No sé si es mejor o peor. Las cuestiones no marchan como deben y
sería una pena, a la vista del interés de todos los grupos
parlamentarios que apoyaron unánimemente la iniciativa, que
concluyera la legislatura sin que tengamos nada hecho en esta
materia.
El señor PRESIDENTE: Senador Modol.
El señor MÒDOL PIFARRÉ: Quiero decirle al señor secretario de Estado
que seguir apelando a los anteriores mandatos socialistas es un
ejercicio poco creíble. Recuerde lo que le dije con anterioridad: es
posible que nadie haya hecho nada nunca en este país, pero eso no
significa que no haya que hacerlo. Sin embargo, en este tema sí se
hizo. En la legislatura de 1986 a 1989 hubo un trabajo importantísimo
que fue priorizar la trasposición de la legislación europea; había
que adaptar el marco y se hizo. De 1989 a 1993 se creó la conferencia
territorial para la Unión Europea, como reconoció el propio señor
Martínez en el debate de la proposición de ley. Se discutió entonces
el modelo y parecía que el modelo alemán era posible; claro está que
cuenta con un Bundestag y un Bundesrat y nosotros, no. ¿Por falta de
voluntad política de quién? De 1993 a 1996 se hizo un
perfeccionamiento del modelo y lo que el P.P. ha hecho desde 1996
hasta ahora ha sido convertir en una idea aquello en lo que se había
andado, y así lo reconocía el señor Martínez Casañ. Lo que estamos
diciendo es que hay que seguir andando y que eso no se hecho. No se
trata -lo hemos dicho siempre- de que cada autonomía defienda sus
intereses particulares, sino de que las autonomías en su conjunto
tengan voz. Claro que es mucho más fácil ir a negociar uno solo sin
tener que escuchar ninguna otra voz, pero ese modelo no funciona; eso
es hacer trampas jugando al solitario y no sirve como modelo de
Estado. En cuanto a que este es un tema trascendente, claro que lo
es, pero, señor secretario de Estado, algún alto mandatario que hoy
se sienta en los Consejos de Ministros llegó a escribir en 1978 que
el ejercicio constitucional era un experimento peligroso. No ha
salido tan mal, porque desde 1978 aquí las cosas han marchado. ¿Qué
le está pidiendo la señora Lasagabaster y qué le estoy pidiendo yo?
Que hagan una propuesta. No tengo la suerte de ser jurista. Soy un
sociólogo que entiende muy bien una cosa: qué es lo que quiero
políticamente para mi país y me parece que es imprescindible que las
comunidades autónomas, con el modelo que nos hemos dotado, tengan voz
en los temas que les conciernen. No estamos diciendo que
sectorialmente alguien vaya a defender una parcelita de su
territorio, hablamos de otro tema, de la construcción de un modelo
que funcione.
Termino, señor presidente. ¿Qué ocurrió desde el 25 de febrero,
cuando el ministro nos deja por escrito cuál es su voluntad política,
cuando nos dice que esto no sirve para nada y que, además, es
inoperativo? ¿Qué ocurrió una semana después cuando el señor Martínez
Casañ dice lo contrario?, ¿Ha habido un cambio de mentalidad
tremendo? El señor Martínez Casañ nos recuerda muy bien que su voto
entonces fue fruto del pacto de legislatura entre Convergència i Unió
y el Partido Popular y la reunión de Sevilla ¿Qué ocurre una semana
después en que el Parlamento desmiente las palabras del ministro?
Ocurre simplemente que el Partido Popular ve que va a perder una
votación porque sus socios hasta entonces no pueden apoyar esa
negativa a la participación de las comunidades autónomas en los temas
europeos. Ya sé que es una expresión dura, pero seguir empeñado en
argumentos jurídicos o juridicistas es hacer trampas jugando al
solitario.
Termino con un asunto que no tiene nada que ver. No lo he dicho
antes, pero esta es mi última intervención. En nombre de todos los
grupos parlamentarios en el Senado, quisiera agradecer las palabras
de todos los portavoces, de los compañeros del Congreso de los
Diputados, en cuanto a las muy sentidas palabras hacia mi compañero,
amigo y maestro don Ramón Rubial Cavia del que me sentiré siempre
orgulloso de haber podido compartir durante unos años un escaño con
él.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No lo he dicho antes pero, en nombre de mi
grupo, me uno al homenaje que por la vía del trabajo está haciendo
esta Comisión a la persona fallecida de don Ramón Rubial.
Señor secretario de Estado, le agradezco que haya confirmado que está
trabajando a reglamento y que lo asuma, porque esa es la definición
de trabajar a reglamento y es lo propio de quienes están en huelga de
celo el amenazar con catástrofes si no se cumple la teoría de la ley.
No se puede decir que este portavoz está proponiendo que el Gobierno
se salte la Constitución, el derecho vigente. Permítame que siga con
la analogía que utilizaba antes: no pido se supriman los chalecos
salvavidas del vuelo Madrid-Barcelona, aunque no he entendido nunca
su finalidad en dicho vuelo. Me parece muy bien que en el vuelo
Madrid-Barcelona garanticen que haya un chaleco salvavidas debajo de
cada uno de los asientos. Lo que pido es que no cancelen el vuelo
porque el envoltorio de uno de los chalecos salvavidas no esté en
buen estado. Eso es lo que está haciendo el Gobierno aquí. Yo no les
estoy pidiendo que ustedes se salten la Constitución. Me conoce
suficientemente, señor secretario de Estado, para saber que, tanto a
título personal como en nombre de mi grupo, queremos que se cumpla
escrupulosamente la Constitución y los estatutos de autonomía y que
lo que aquí estamos proponiendo tenga un cauce formal, jurídico,
concreto y perfectamente reglamentado. Creemos que limitarse a poner
sobre la mesa un informe jurídico sin propuestas políticas concretas,
sin tomar la iniciativa y esperando que sean los demás los que se
pongan de acuerdo para presentar una fórmula que sea aceptable por el
Gobierno, y no al revés, es trabajar a reglamento.
No ponga usted en nuestra boca que aquí estamos optando por la
anarquía, que le pedimos al Gobierno que tire por la línea de
enmedio, que embarque a las comunidades autónomas, las meta en un
avión y las siente en una silla en el Consejo de Ministros. No es eso
lo que está pidiendo mi grupo. Mi grupo pide voluntad política. Y hay
multitud de ejemplos en las legislaturas anteriores y en ésta donde
el Gobierno actúa primero y luego le da forma jurídica a lo que se ha
hecho en función de esa práctica. Cauces hay. Se nos decía hace un
momento que la propia conferencia sectorial de las comunidades
autónomas empezó a funcionar durante mucho tiempo sin ninguna ley que
le diera amparo. Ninguna. Y cuando llevaba un tiempo funcionando el
Gobierno del Partido Popular decidió, a instancias nuestras o por
acuerdo con nosotros, darle un determinado rango de ley a algo que
llevaba mucho tiempo funcionando. ¿Era ilegal todo lo que se hizo
antes de que llegara al poder en este sector el Gobierno del Partido
Popular? No. Sencillamente, no tenía cobertura de un rango
determinado. Hay fórmulas -y lo sabe perfectamente el señor
secretario de Estado- para empezar a poner en marcha lo que aquí se
pide sin esconder detrás de informes. Falta saber, sobre todo -una
vez más, suscribo íntegramente la intervención de la portavoz del
Grupo Mixto-, qué es exactamente lo que está proponiendo el Gobierno.
Esos informes jurídicos de los que se habla analizan una situación,
son una foto de la situación, pero en la política hace falta un paso
más y decir: el Gobierno del Partido Popular propone esta fórmula
concreta, esta propuesta política y, a partir de ahí, someterla a
votación, a consenso -lógicamente, mejor a consenso- de las distintas
comunidades autónomas. Limitarse a hacer un diagnóstico - diagnóstico
discutible, al fin y al cabo- de cuáles son las competencias de la
Unión Europea, en qué ámbitos puede intervenir y en cúales
intervienen los Estados, y hacer otro diagnóstico constitucional de
qué es lo que se entiende como competencia exclusiva de las
comunidades autónomas es un ejercicio brillante, pero no es una
respuesta política al problema.
Ya sé que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene mucho que decir,
pero, insisto en que en parte el Ministerio de Asuntos Exteriores
está siendo esclavo de algo que es una sensibilidad distinta en el
Ministerio de Administraciones Públicas. Comparto la opinión de que
usted tiene que hacerse responsable del todo, no lo personalizo en
usted, pero políticamente es el secretario de Estado de Política
Exterior y para la Unión Europea quien tiene que tener la iniciativa
de resolver esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero decir que el compromiso del Gobierno
ha sido total desde el principio en la participación de las
comunidades autónomas en el proceso de construcción europea; que en
el ejercicio de este compromiso inequívoco del Gobierno ha habido
siempre una sintonía perfecta entre el Gobierno y el Grupo
Parlamentario que le apoya y que se han hecho muchas más cosas de las
que dice el representante del Grupo Socialista. No sólo hemos
continuado lo hecho con anterioridad sino que el Gobierno, con el
respaldo del grupo parlamentario,
ha sabido llevar a cabo la Ley reguladora de la conferencia para
asuntos relacionados con la Unión Europea, que es el principal foro
de participación. Como ha dicho el secretario de Estado, ha creado la
figura del representante autonómico y la participación de las
comunidades autónomas en los grupos de trabajo de la Comisión,
proceso abierto que todavía no ha finalizado. Algunas de estas cosas
se han hecho, como se ha dicho también, en cumplimiento de los
acuerdos de gobernabilidad. Ha habido un compromiso absoluto del
Gobierno, respaldado por el grupo parlamentario, que ha estado en
sintonía perfecta en todos estos años de Gobierno del Partido
Popular.
De lo que estamos hablando en este momento es sólo del cuarto punto
del mandato parlamentario. Quiero recordar a SS.SS. que el mandato
parlamentario, que todos apoyamos unánimemente y del que nos sentimos
artífices, hablaba en los puntos previos de una profundización y un
desarrollo de la participación interna de las comunidades autónomas
en el proceso de construcción europea, algo que parece ser que a
todos nosotros se nos ha olvidado. No se trata solamente de
desarrollar una pata. Se trata de desarrollar una pata y pero también
las demás porque, si no somos capaces de discutir en el ámbito que a
todos nos interesa, difícilmente podremos llegar a una buena
solución. Continuaba desaprobando la actitud de algunas comunidades
autónomas de abandonar la conferencia como foro de negociación donde
participan el resto y añado que la negociación es global, que en la
búsqueda de soluciones todas las comunidades autónomas son iguales y
que no puede haber ninguna que disponga de un ámbito de negociación
privilegiada al margen del mandato parlamentario, porque esto
supondría imponer la solución final a las demás comunidades autónomas
imponer la solución global subordinando el interés general.
Aquí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. El compromiso
del Gobierno es un compromiso inequívoco; el compromiso del Grupo
Parlamentario Popular es un compromiso inequívoco; y la sintonía es
perfecta. Si en lugar de criticar o hacer un uso demagógico y
político de estos asuntos nos dedicáramos a trabajar e influir en
nuestras distintas comunidades autónomas, en la medida en que
podamos, podríamos progresar en la consecución de una solución que a
todos nos interesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Seré breve porque la mayor parte de las
intervenciones han reiterado los temas que se habían mencionado
antes.
No se deben denigrar esos llamados informes jurídicos como si
estuviéramos en un debate sobre el sexo de los ángeles. Francamente,
esos informes jurídicos son la posición expresada por el Gobierno con
respecto al ámbito competencial y hay algunos temas en los que se
necesita una precisión. Nosotros no pedimos otro informe jurídico,
sino una respuesta de cada comunidad autónoma. El día que tengamos
esas respuestas nos podremos reunir alrededor de la mesa para fijar
el marco, que es lo fundamental. Esto es lo que estoy diciendo. No me
falta voluntad de
hacerlo, lo que pasa es que no me parece que se deba empezar la casa
por el tejado. Hay que empezar sabiendo -es la base de todo- cuáles
son las competencias, cómo y dónde se ejercen. Eso es lo fundamental.
El resto -ya se lo he dicho a la señora Lasagabaster- es una cosa que
se resuelve en un ratito.
Respecto a la presencia de las comunidades autónomas, estamos
deseando que se realice. No vemos el mínimo problema, de la misma
manera que no ha habido ningún problema en la representación de las
comunidades autónomas en los comités de la Comisión -y hay
representación en más de 50 comités-, no recuerdo, hasta el momento,
que haya surgido la mínima fricción, sino todo lo contrario. Lo que
pasa es que en los comités la Comisión pudo rápidamente identificar,
aparte de que los comités de la Comisión son ejecutivos y no
legislativos, que es un tema completamente diferente.
Lamento que estos argumentos que hemos puesto encima de la mesa den
la impresión de ser una cortina de humo para no hacer nada. Lamento
también que la señora Lasagabaster piense que esa sería la excusa que
ella había utilizado para no hacer nada. Señora Lasagabaster, si a mí
las comunidades autónomas me ponen un informe sobre la mesa en quince
días hay una respuesta. No crea que no nos ha costado trabajo
organizar todo, hasta el punto de que hemos tenido que acudir a que
nos asesore un grupo de juristas, dirigido por Javier Díaz
Hochleitner, porque no estaba seguro de poder hacerlo sólo con mis
medios, porque, como saben, son muy limitados, y en el tema jurídico
tienen que dedicarse a la defensa de los intereses del Estado y de
las comunidades autónomas. En cuanto a las competencias fiscales, que
tanto le preocupa a la señora Lasagabaster y a los ciudadanos vascos,
no se debaten en el Consejo sino en el Tribunal de Justicia. Ahí
estaban los juristas del Gobierno vasco y una representación del
Gobierno vasco, mano a mano y codo con codo con el abogado jefe de la
defensa del Estado y con la representación del Estado, dándoles, no
sólo el apoyo, sino todas las facilidades para defender sus
intereses. Ya que es diputada de Eusko Alkartasuna la encargo, para
que tranquilice a los ciudadanos vascos que se preocupan por el
régimen fiscal, que les diga claramente que el régimen fiscal del
País Vasco está siendo defendido por el Estado, codo con codo con la
comunidad autónoma, en la instancia donde se defiende, que es el
Tribunal de Justicia y no en el Consejo, que no trata esos temas.
Me decía el diputado, señor Guardans: Hagan ustedes una propuesta.
Estamos deseando hacerla, pero no la podemos hacer hasta que no
sepamos sobre qué. Necesito saber la base. El ejemplo que me daba era
que la conferencia sectorial antes no era ley y funcionaba. Pero
tenía un reglamento y lo hemos elevado a rango de ley, es decir,
había una base. Yo necesito una base para poder andar. Lo que les
pido a ustedes, que participan en coaliciones de gobierno de
comunidades autónomas, particularmente importantes en este debate, y
que, además, han estado en la vanguardia de este debate, es que nos
respondan. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Yo estoy
dispuesto en cualquier momento. Lo he dicho hasta la saciedad a todo
el que me ha querido escuchar, pero no vamos a empezar la casa por el
tejado. La vamos a empezar por los cimientos, para
hacerlo bien, porque la realidad autonómica no es una anécdota, es la
esencia de este país. Tampoco es una anécdota nuestra pertenencia a
la Unión Europea, porque vamos a ser siempre miembros de la misma.
Por tanto, tenemos que hacerlo bien de una vez por todas. Con esto he
respondido al señor Módol que me pedía una propuesta. Estamos
deseando hacerla. Hemos hecho nuestra primera propuesta, hemos
planteado el tema de las competencias. Esa es nuestra propuesta. Den
ustedes la respuesta y seguiremos construyendo sobre ese tema. Quiero
reiterar lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en esta Comisión: el Gobierno tiene una voluntad clara del
cumplimiento de esta proposición no de ley. No sirve de nada poner
plazos, porque los puede marcar el mismo ritmo que quiera poner la
conferencia sectorial de las comunidades autónomas. Estamos
dispuestos a reunirnos todas las veces que sea necesario, siempre y
cuando vayamos por el camino que hay que ir.
Les agradezco que hayamos tenido la oportunidad de tener este debate
porque me gusta explicar a las fuerzas políticas, particularmente a
aquellas que gobiernan en comunidades autónomas, cuál es nuestra
voluntad sincera de avanzar en este tema. En muchos casos no estamos
avanzando porque no ha habido una respuesta de las comunidades
autónomas, ni hay interés, ni este asunto se evoca en la conferencia
sectorial. No hay iniciativa de ninguna comunidad autónoma de incluir
este tema en el orden día. Cada vez que se ha incluido en el orden
del día ha sido a iniciativa mía. Yo he puesto los papeles sobre la
mesa, nadie ha hecho una contrapropuesta. El reproche que se le puede
hacer al Gobierno en este tema tiene un límite. Espero que de este
debate surja una posición más activa, más constructiva y más
comprometida de las comunidades autónomas, que son las que, de
verdad, tienen que tener ese acceso a una representación en el
Consejo de Ministros de la Unión.
- TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO EUROPEO INFORMAL CELEBRADO EN BRUSELAS
BAJO LA PRESIDENCIA ALEMANA DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente del Congreso
213/001085 y número de expediente del Senado 713/000784)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Temas tratados durante el Consejo Europeo informal de la Presidencia
alemana. Para informar de este segundo punto, tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea.): Quisiera hacer una muy breve referencia
al desarrollo de la reunión informal de jefes de Estado y de
Gobierno, que se celebró en Bruselas el pasado 14 de abril. La
referencia debe ser forzosamente breve, no sólo por la premura del
tiempo, sino porque no merece hacer un discurso profundo sobre algo
que pasó el 14 de abril y que ha sido profusamente reflejado en los
medios de comunicación
y por declaraciones de diferentes jefes de Estado y de Gobierno
y del propio Prodi que asistió a esa reunión. Pero sí es una buena
ocasión para hacerlo en esta Comisión Mixta, que es la competente en
estos temas, precisamente en vísperas de un Consejo Europeo que vamos
a celebrar la próxima semana y demás desarrollos que va a haber,
porque inmediatamente después tenemos las elecciones europeas y el
presidente de la Comisión, señor Prodi, va a proceder a la formación
de la Comisión. Por ello, sí merece que recordemos algunos de los
puntos que destacó el señor Prodi.
En este Consejo Europeo informal se habló fundamentalmente de Kosovo,
y ustedes lo recordarán. En aquel momento estaba en Madrid el
secretario general de Naciones Unidas, señor Kofi Annan. Fue
precisamente en la víspera cuando el presidente del Consejo de la
Unión, el señor Schröder, aprovechando que el señor Kofi Annan estaba
en España, decidió invitarle a que compartiera la mesa con el Consejo
Europeo para tener un intercambio de puntos de vista sobre la crisis
de Kosovo. El mérito de ese Consejo Europeo es que fue la primera vez
que la Unión Europea -y la mayor parte de sus miembros lo son también
de la Alianza Atlántica- empezó a vislumbrar una solución política al
tema de Kosovo a través de Naciones Unidas. Pero esta comparecencia
no va a tratar de Kosovo, y no quisiera entrar en él porque sería
interminable. Me limitaré a hacer algunas observaciones de forma
sucinta, como ya he dicho, sobre el encuentro celebrado con Prodi, en
el entendimiento de que si alguna de SS.SS. necesitara alguna
precisión, podríamos hacerla en turno de réplica.
Brevemente esbozaré las ideas del señor Prodi, tal como las expresó,
porque era el primer encuentro. Recordarán que cuando fue elegido en
Berlín se dijo: Tengamos un encuentro con el nuevo candidato antes de
que lo ratifique el Parlamento Europeo -cosa que ya ha hecho- para
transmitirle las ideas que tiene el Consejo Europeo sobre la nueva
Comisión y sobre el nuevo papel que debe asumir el presidente de la
Comisión, precisamente después de la crisis que sufrió la Comisión
presidida por el señor Santer. Prodi acudió, no sólo para escuchar al
Consejo Europeo, sino para expresar cuáles eran sus ideas respecto a
la Comisión.
Siguiendo la exposición que hizo el señor Prodi señalaré las
siguientes ideas: selección de comisarios. Dijo el señor Prodi que
los criterios fundamentales deberían ser los siguientes: cualidad
personal y profesional, equilibrio político y, dentro de la Comisión,
equilibrio entre presencia de hombres y mujeres. Otro punto clave es
el de la renovación, aunque esto de ninguna manera pretendía excluir
la posibilidad de que algún comisario actual pudiera repetir.
El segundo gran tema es la reforma interna de la Comisión. En opinión
del señor Prodi debería articularse en torno a los principios
siguientes: mayor transparencia, eficacia y responsabilidad de los
servicios; redefinición de la relación entre las direcciones
generales y los gabinetes, que deberían acentuar su carácter
internacional para garantizar una mayor neutralidad política;
reorganización interna, es decir, nueva configuración de la Comisión
con designación de varios vicepresidentes que deberían ser
coordinadores de área, de la cual dependerían algunos comisarios
sectoriales, a fin de asegurar una mejor coordinación en los
dominios estratégicos esenciales para la actividad de la Comisión.
El tercer gran tema es el programa de trabajo de la Comisión. El
presidente Prodi defendió la necesidad de reequilibrar la Europa
económica con la Europa política, lo que exige un desarrollo
ambicioso del segundo y del tercer pilar. En el ámbito de la defensa
común, condición fundamental para el mantenimiento de la paz en
Europa, se pronunció a favor de un modelo gradual y progresivo de
integración de estos temas en la Unión, como ya se ha experimentado
con la unión monetaria. La lucha contra el desempleo, en opinión del
señor Prodi, debe convertirse en una de las prioridades fundamentales
de la Unión, para lo cual será necesario una coordinación cada vez
más intensa de las políticas macroeconómicas y un énfasis en ciertas
políticas microeconómicas apropiadas para combatir el desempleo.
Fundamentalmente citó el desarrollo de recursos humanos, la
investigación y el desarrollo, y el desarrollo de la sociedad de la
información. El presidente Prodi mencionó también la necesidad de
definir en el futuro instrumentos para hacer frente a choques
asimétricos en la zona del euro. Hizo especial mención a la
ampliación que, en opinión del señor Prodi, constituye el gran reto y
la gran ambición para los próximos años, lo que exige, en opinión del
futuro presidente de la Comisión, completar la reforma institucional
que no fue posible acordar en Amsterdam. Ésta fue la intervención del
señor Prodi. Hubo intervenciones de prácticamente todos los jefes de
Estado y Gobierno, pero quizá es de interés que esta Comisión conozca
cuáles fueron las opiniones que vertió el presidente Aznar. En primer
lugar, abogó por la necesidad de una Comisión fuerte e independiente,
que siga siendo el corazón de la construcción europea, y advirtió
sobre el error de centrar la legitimidad de las instituciones
únicamente en el Parlamento Europeo en detrimento de la propia
Comisión o del Consejo. Parece como si la legitimidad en este momento
fuera únicamente el Parlamento y señaló que el Consejo y la Comisión
tienen también, como órganos, su responsabilidad y su parte en la
legitimidad democrática dentro de la Unión.
Por lo que se refiere a las funciones y competencias de la Comisión,
el presidente Aznar consideró que ésta debe seguir fielmente lo
establecido en los tratados y que debe ejercer sin limitaciones todas
las facultades y los poderes que los tratados le confieren. Por lo
que respecta a la futura reforma de la Comisión, el presidente Aznar
le dio un voto de confianza al presidente Prodi. Él es el que ejerce
esa responsabilidad y no cree el presidente Aznar que los gobiernos
tienen que imponerle un modelo de reforma. Al fin y al cabo el
presidente de la Comisión, el señor Prodi, es el que conoce mejor de
qué manera debe reformar la Comisión para hacerla más efectiva.
Al referirse al calendario de trabajo esbozado por el presidente de
la Comisión, el presidente Aznar insistió en la idea de que las
circunstancias actuales aconsejan que en Colonia, además de abordar
la posible reforma interinstitucional, se entre a fondo en las
cuestiones de PESC y, particularmente, en las de seguridad y defensa.
Mencionó que durante la próxima Presidencia finlandesa,
y especialmente en la reunión del Consejo especial de Tampere, vamos a
tener la oportunidad de concentrarnos
en el desarrollo de la gran idea que ya expresó el presidente Aznar
en el Consejo de Florencia, que es la creación de ese espacio de
justicia, libertad y seguridad para los ciudadanos europeos, que
complementa y califica el concepto de ciudadanía europea que ya había
introducido en el Tratado de Maastrich el anterior Gobierno de
España. Era una manera de dar respuesta a las sugerencias de Prodi de
seguir adelante en el segundo y tercer pilar.
El presidente Aznar dijo que la reforma institucional debe respetar
lo acordado en Amsterdam puesto que allí se dijo cuáles eran los
asuntos que no estaban resueltos y los que había que acordar. No
parece que tenga sentido reabrir el Tratado de Amsterdam entero,
dijo, a los pocos meses de su ratificación; como SS.SS. conocen, el
Tratado de Amsterdam entró en vigor el 1 de mayor de este año.
Finalmente, hizo alusión a una materia en la que siempre ha tenido
iniciativa y que ha sido objeto de una comunicación del mismo
presidente Aznar al futuro presidente Prodi reflejada por los medios
de comunicación. Me refiero al ámbito económico-social y a la
creación de empleo. En esa comunicación pedía que la Comisión tomara
iniciativas y que se tuvieran en cuenta la declaración hispano-
británica sobre empleo acordada recientemente y la reforma económica
de Chequers a la hora de articular propuestas. Propuso también que se
considerara la posibilidad de convocar una cumbre especial bajo
Presidencia portuguesa para debatir todas estas cuestiones económicas
y sociales y, particularmente, la creación de empleo.
Esto es todo. Naturalmente, estoy a disposición de lo que SS.SS.
quieran preguntar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
El Grupo Parlamentario Socialista, demandante de la comparecencia,
tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: En primer lugar, quiero agradecer la
información que nos ha suministrado el secretario de Estado sobre el
Consejo informal de la Unión Europea, no por ello menos relevante e
importante ante los acontecimientos que tuvieron lugar en los días
previos: la crisis de la Comisión Europea y la solución adoptada en
Berlín, y el estallido del conflicto en Kosovo.
A pesar de tratarse de un Consejo informal, sin acuerdos formales por
tanto, ha tenido una dimensión pública notable y entendíamos que el
Gobierno debía comparecer ante esta Cámara para informar a los grupos
parlamentarios sobre el resultado del Consejo, los temas tratados y
la valoración que el Gobierno hace. La comparecencia no ha podido
cumplimentarse hasta hoy. En cualquier caso, nos parece correcto que
se haga antes del Consejo ordinario de Colonia donde todos esos temas
van a ser supuestamente recogidos en las conclusiones de la
Presidencia.
Nos gustaría hacer algunas reflexiones, más que sobre la posición del
Gobierno, sobre el análisis de la situación previsible en el futuro y
sobre el acompañamiento con que cuenta la posición del Gobierno en
algunas de estas cuestiones. Intentaré seguir un orden más o menos
parecido al que ha utilizado el secretario de Estado en su
comparecencia. No voy a entrar en el fondo del tema de Kosovo; creo
que ha sido tratado en otras comisiones y entiendo que
debe ser tratado por otras comisiones. Ha habido algunas cuestiones
como el conflicto de los desplazados de Kosovo, de los refugiados,
que fue tratado específicamente. Entiendo que hubo un debate entre
los propios socios de la Unión con posiciones encontradas, posiciones
que hacían referencia básicamente a la filosofía que la Unión Europea
debía seguir en esa materia, si anclarlos en los países fronterizos
con la zona del conflicto con ayuda internacional masiva, o si
desplazarlos y buscar sistemas, por tanto cuotas de desplazamiento
por países y cuotas de financiación de esos desplazados. Eso
aparentemente no se pudo resolver en el consejo informal, quedó
pendiente de una solución definitiva, y en cualquier caso parece que
el método adoptado por la vía de los hechos ha sido más bien el
defendido por el Gobierno español, en ese caso coincidente con
nuestras posiciones, de mantenerlos en el entorno de la zona
fronteriza con Kosovo y atender a realidades específicas de algunos
refugiados que tenían problemas muy concretos para poder restituirlos
en el momento posible a su lugar de origen, ayudarles a regresar que
es el objetivo principal de la intervención armada de la OTAN en ese
conflicto.
Por tanto, abandono ya esta cuestión y pasaré a algunos temas de la
Comisión. En primer lugar si hay un calendario para la reforma del
propio funcionamiento de la Comisión y cómo lo ve el Gobierno.
Efectivamente ya conocíamos su posición, pero quisiera saber si la
posición expresada por el presidente del Gobierno, señor Aznar, en
esta cumbre informal respecto de la necesidad de una Comisión fuerte,
plenamente activa en todas sus competencias, considera el secretario
de Estado que es la mayoritaria en estos momentos.
Hacemos esa pregunta porque nos preocupan seriamente algunas
manifestaciones de primeros ministros o de jefes de Estado de
gobiernos muy importantes dentro de la Unión Europea respecto al
propio método de trabajo de la Comisión y particularmente a la
necesidad de concertar su programa de actuación con el parlamento y
los propios Estados miembros. Aparentemente hay algunos Estados
miembros que quieren una Comisión tutelada por el Consejo. Ya
conocemos la posición española, no la estamos discutiendo, la
conocemos y apoyamos, quiero expresarlo claramente, pero quisiéramos
saber en esa difícil y compleja maquinaria que es la Unión Europea y
el propio Consejo de intereses a veces contrapuestos, cuál es la
posición mayoritaria y la que puede finalmente salir de toda esta
discusión.
El segundo tema que nos preocupa es el reparto de carteras. Sabemos
que no se ha tratado formalmente, pero también conocemos que existen
ya presiones de poderosos Estados miembros de la Unión para intentar
ocupar algunas carteras clave dentro del futuro reparto en la Unión.
Como eso sin duda irá muy vinculado con el nuevo método que establece
el Tratado de Amsterdam a la cualificación de las personas que los
Estados miembros propongan y a las presiones políticas y al poder
político de esos Estados miembros, quiero también en ese tema mostrar
nuestro apoyo al Gobierno para que consiga algunas carteras que
pueden ser de gran interés para nosotros. Sería claramente deseable
poder ocupar una cartera tan importante para España como es la
política regional de la Unión Europea u
otras de similar interés, no estoy señalando una en concreto,
simplemente estoy indicando algunas que nos parecen de un interés
especial para nuestro país. Por tanto, quisiera conocer también hasta
qué punto en esas reuniones se pudo avanzar en esa materia, si
existen compromisos de mantener el peso específico de España o de
incrementar el peso específico de los comisarios españoles dentro de
la Unión.
El siguiente tema que nos preocupa es lo que hace referencia al
programa de trabajo del nuevo presidente de la Comisión, señor Prodi.
Estamos absolutamente de acuerdo en que se tiene que producir un
equilibrio entre la capacidad económica de Europa y su capacidad
política; para ello sin duda es muy importante avanzar en el segundo
pilar de la Unión, decisión que aparentemente se adoptó en ese
Consejo informal, con una progresiva integración de la Unión Europea
Occidental en la Unión Europea. Nos congratulamos de ello. El
Parlamento español se había manifestado ya en esta dirección antes de
la conferencia intergubernamental que dio lugar al Tratado de
Amsterdam; nos congratulamos también de que se avance en el tercer
pilar y esperamos que de la reunión de Tampere salgan conclusiones
concretas, algo más que el documento filosófico y correcto sobre el
espacio de libertad, justicia y seguridad ya adoptado como base de
discusión de esa reunión, pero harán falta avances concretos en esa
materia.
También estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una
mayor coordinación de las políticas económicas, fiscales y sociales,
que añado a la preocupación del Gobierno porque el Gobierno se para
en la coordinación de políticas económicas. Nosotros creemos que es
insuficiente la coordinación de las políticas económicas, tal como se
viene produciendo hasta la fecha, si no se añaden elementos concretos
de una mayor coordinación, de una mayor cooperación en materia fiscal
y en materia social.
Llego con ello a un tema que nos preocupa particularmente, porque el
Parlamento no tiene la información de la que a nuestro entender
debería disponer sobre la iniciativa que ahora mismo nos ha citado el
secretario de Estado respecto de la propuesta del presidente Aznar
sobre una cumbre extraordinaria, una cumbre durante la Presidencia de
Portugal que haría referencia a una propuesta de la Unión Europea
sobre medidas en materia económica y social. ¿Por qué nos preocupa?
Porque el presidente Aznar hace unos días, en un seminario celebrado
fuera de esta Cámara, hablaba de reformas profundas en materia de
sanidad, en materia de desempleo, en materia educativa...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Cuando hacía referencia a esas reformas profundas que son materia
plenamente competencial del Estado español, y,por tanto del
Parlamento y del Gobierno, lo hacía vinculándolas a esa reforma de la
Unión Europea. Entendemos que si el Gobierno quiere abordar esas
reformas tiene que venir primero al Parlamento, tiene que explicarnos
qué instrumentos, qué reformas pretende hacer en esas políticas tan
importantes para los ciudadanos españoles y cuál es la posición que
el Gobierno va a apoyar en esta cumbre extraordinaria
bajo presidencia portuguesa, si finalmente eso es lo que se acuerda.
Acabo, respecto de la reforma institucional, con un comentario sobre
el que le agradecería, si puede, que me aportara alguna aclaración.
He entendido claramente de sus palabras que España se acoge al
Protocolo de Amsterdam que hace referencia a las reformas
institucionales, en donde se especifica y se acotan esas reformas
básicamente al número de votos en el Consejo y al número de
comisarios que deben formar parte de la futura Comisión. Si ello es
así, me gustaría simplemente conocer cuál es la posición mayoritaria
en el Consejo en estos momentos y qué países están a favor de esta
fórmula acotada por Amsterdam, y que usted ha recordado
perfectamente, para abordar esa reforma institucional.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muy brevemente, para agradecer la
información de este Consejo informal, en el que se trataron temas
realmente de calado, al menos las reflexiones fueron sobre materias
importantes, tanto las referentes a Kosovo como el resto. Es verdad
que algunas de las cuestiones que van a ser objeto de debate en el
Consejo Europeo de Colonia ya el ministro en la sesión anterior las
anticipó -no pude estar pero sí he leído las aportaciones que hizo-,
pero no voy a entrar en ello, salvo hacer una pregunta muy concreta
que no sé si ya se habló; es una información que pido al secretario
de Estado en relación a cómo va a ser el procedimiento y calendario
de composición de la nueva Comisión. He oído que el Consejo considera
que para finales de julio podrían estar realizados todos los trámites
necesarios que establece el Tratado de Amsterdam, y si he entendido
bien, el Parlamento considera que hasta mediados o finales de
septiembre no se realizarían dichos trámites. Quiero saber si tiene
una opinión concreta, si se ha establecido ya de manera clara, o si
por el contrario son dos opiniones y habrá que esperar al 13 ó 14 de
junio para determinar el calendario y cuando tendremos cumplimentados
todos los trámites que establece el Tratado de Amsterdam para el
nuevo colegio de comisarios.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quisiera agradecer nuevamente al secretario
de Estado, su presencia en esta Cámara y a través de él felicitar al
Gobierno por la excelente aportación que hizo a la solución de la
crisis institucional de la Unión Europea y su constructiva defensa de
la honradez la profesionalidad de los dos comisarios españoles. Estoy
plenamente convencido de que también en el próximo colegio de
comisarios España continuará presente con personas del mismo
prestigio, integridad y capacidad que los comisarios actuales.
Señor secretario de Estado, este grupo parlamentario ya ha tenido
ocasión de expresar en el Pleno de la Cámara su opinión al respecto,
así como la necesidad de que la futura Comisión, que resultará
constituida tras la elección del próximo Parlamento Europeo, sea una
Comisión fuerte, independiente,
garante de los tratados y del equilibrio institucional.
Asimismo quisiera agradecer al Gobierno la postura que ha adoptado
desde el principio en relación con la crisis del Kosovo y su defensa
de la libertad, de los derechos humanos, de la paz y de la
estabilidad en la región. Es un tema complicado en el que no hay una
solución perfecta, pero en todo caso estamos seguros de que nuestro
país continuará jugando un papel constructivo en la solución final.
Quiero expresar mi satisfacción por la información constante
y periódica de que ha sido objeto este Parlamento en relación con este
tema.
No voy a extenderme respecto a los demás temas tratados por el señor
secretario de Estado, ya que fueron objeto de la intervención del
señor ministro de Asuntos Exteriores con motivo de su comparecencia
en esta misma Comisión hace una semana. Me gustaría desearle al señor
secretario de Estado, y en su nombre al Gobierno, éxito en la próxima
cumbre y reiterarle el apoyo de mi grupo parlamentario en la
negociación. Estoy seguro de que cuando el proceso electoral en el
que nos encontramos inmersos lo permita, y con motivo de la
comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de esta Cámara,
los grupos parlamentarios tendrán otra ocasión de debatir en
profundidad el tema que nos ocupa.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Voy a ser muy breve. En primer lugar,
agradezco las intervenciones de los representantes, y después trataré
de responder a las preguntas que me ha planteado el señor Costa.
Respecto a la primera cuestión que ha evocado, saber si la opinión
mayoritaria dentro del Consejo de la Unión es opinar, como opina el
Gobierno español, que es deseable tener una Comisión fuerte, o si por
el contrario muchos, o la mayoría de, países prefieren una Comisión
tutelada, debo decir que en los debates que han surgido
posteriormente a la dimisión de la Comisión y después del
nombramiento del señor Prodi ha habido una tendencia general a querer
enmarcar la Comisión Europea, a tutelarla y en ese sentido van las
afirmaciones de algunos miembros del Consejo Europeo que incluso han
llegado a decir que había que hacer un programa de trabajo, que el
Consejo tenía que aprobar un programa de trabajo incluso que luego
ese programa de trabajo lo aprobara el Parlamento y entonces se daba
a la Comisión el programa de trabajo para que lo gestionara, es decir
de alguna manera tutelar, recortar los poderes de iniciativa a la
Comisión. Esto se ha dicho pero en ningún caso se ha acordado y no se
podría acordar porque para aprobar un tema del Consejo Europeo se
necesita unanimidad y estas ideas no tienen unanimidad. Aunque España
se quedara sola en este tema, diría claramente que el poder de
iniciativa de la Comisión y la facultad de la Comisión para ser un
organismo fuerte y que pueda ejercer sus competencias dentro de los
poderes que le da el tratado es algo que defenderíamos a ultranza
aunque nos tuviéramos que quedar solos, pero no es el caso porque hay
muchospaíses que opinan lo mismo.
Algunas afirmaciones que se han hecho, en el sentido de querer de
alguna manera encuadrar la acción de la Comisión, hay que entenderlas
en un contexto de crisis institucional, en un momento en que la
Comisión había perdido mucho prestigio; pero a mí me parece que el
señor Prodi, precisamente por su personalidad y por el hecho de haber
tenido ya un apoyo mayoritario en el Parlamento Europeo, apoyo que
creemos revalidara junto con todo el colegio de comisiarios que va a
proponer en el nuevo Parlamento que saldrá elegido de las urnas, hará
que se desvanezcan todos estos intentos de algunos que desean tener
la Comisión bajo tutela, como decía el señor Costa. Por tanto, no nos
parece que sea un tema inquietante y en ningún caso hay propuesta
concreta que se haya discutido y aprobado en ese sentido. Ha habido
sugerencias, ideas que se han lanzado, pero entiendo que estas ideas
van a irse desvaneciendo, como es normal, a medida que el señor Prodi
se reafirme políticamente.
En cuanto al reparto de carteras es un ejercicio ya conocido. Cuando
se va a formar un colegio de comisarios todos los países, no
solamente los poderosos sino también los menos poderosos, siempre
encuentran argumentos muy importantes y piden para sus comisarios las
mayores responsabilidades. Es lógico también que los países grandes,
que de alguna manera llevan el gran peso en el presupuesto de la
Unión y el gran peso en la toma de decisiones, piensen que por lo
menos uno de sus dos comisarios deba tener una cartera de relevancia.
Pero ese debate no es nuevo; pasó cuando se formó la Comisión Delors
y cuando se formaron las comisiones de otros presidentes. Lo que sí
es nuevo en este contexto es, en primer lugar, que el presidente de
la Comisión, con las nuevas disposiciones de Amsterdam tiene mayor
independencia para formar la Comisión por su cuenta. En segundo
lugar, tiene más fuerza y ha dicho claramente que el reparto de
carteras estará fundamentalmente en función de la calidad de los
candidatos que le propongan y que nunca nombrará en una cartera de
responsabilidad a una persona que no reúna las condiciones, por mucho
que venga avalada por la nacionalidad de un gran país de la Unión.
Por tanto, con todo esto los grandes países de la Unión tendrán que
estar atentos a buscar personas competentes no sólo y forzosamente
con gran significación política, pero sí desde luego con gran
competencia personal y profesional en los temas comunitarios para
poder acreditar tener acceso a puestos de responsabilidad dentro de
la Comisión.
Este debate está en la calle. Yo me imagino que en este momento el
señor Prodi tiene presiones de todos los sitios, le hablan en todo
momento, y de aquí hasta que él forme el colegio de comisarios (que
yo creo lo hará inmediatamente después de las elecciones europeas, es
decir, a partir del día 13 de junio) se sucederán todo tipo de
afirmaciones y todo tipo de noticias en la prensa sobre lo que dicen
unos y otros, pero creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay
que dar al nuevo presidente de la Comisión suficiente margen de
independencia para asumir sus responsabilidades y para elegir él su
equipo dentro de lo que le ofrezcan. Desde luego nadie puede aspirar
a tener carta de responsabilidad si no pone gentes de peso y sobre
todo con conocimiento de los temas comunitarios.
Respecto a las carteras puedo decirle que el presidente Aznar ya ha
tenido un encuentro aquí con el presidente Prodi, lo tuvo incluso
antes del consejo informal de Bruselas, además habla con él con
regularidad, y por tanto creo que ya han tenido ocasión de hablar de
las carteras que podrían interesar a España. Naturalmente se puede
abrir un debate interminable sobre cuáles son las que más pueden
interesar a nuestro país. Respeto mucho la opinión del diputado sobre
la importancia que tiene la cartera de política regional, sin embargo
habría otros que podrían decir que la política regional estaría
decidida, y por tanto para gestionarla vale que la gestione otro; a
nosotros nos podrían interesar otras carteras donde haya que definir
políticas que a largo plazo interesasen a España. En fin, ése es un
debate abierto, en el cual naturalmente todas las opiniones cuentan.
Comparto y compartimos todos que es importante avanzar en el segundo
pilar. En ese sentido va la idea de integrar la dimensión de defensa
y seguridad. Es más, se va incluso en la idea de subsumir la
Secretaría General de la UEO con la Secretaría General de la PESC, de
la política exterior y seguridad común y a no ser que algún país lo
bloqueara, la tendencia general es tratar de ir uniendo esas
responsabilidades.
Naturalmente no puedo estar de acuerdo con el diputado Costa sobre la
necesidad de coordinar las políticas fiscales y sociales. No voy a
entrar en este debate en ese momento, pero el diputado Costa debe
comprender que la coordinación de las políticas fiscales y sociales
en la Unión se hace al alza, y desde luego si a nosotros nos imponen
mañana el tipo de accisas que tienen los alemanes en petróleo, creo
que al día siguiente, en 24 horas las consecuencias catastróficas
para la economía de este país se verían en la calle. Por tanto, no sé
si podemos compartir ese deseo de armonizar los temas fiscales y
sociales. Desde luego no fue la posición de su Gobierno cuando
durante tres legislaturas representó los intereses de España en la
Unión; y desde luego tampoco es la posición de este Gobierno.
Respecto a esas pretendidas reformas e iniciativas del presidente
Aznar que tanto le inquietan, simplemente le diré que no tiene por
qué inquietarse porque estas iniciativas han dado lugar en tres años
a un crecimiento sostenido superior al 3 por ciento, al cumplimiento
de los criterios de convergencia y a la creación de más de la mitad
de los empleos que se han creado en la Unión en estos últimos tres
años. Por tanto, ojalá se le sigan ocurriendo cosas y siga haciendo
propuestas el señor Aznar porque verdaderamente yo creo que éste es
el camino a seguir.
Desde luego por lo que se refiere al empleo, que es la prioridad
número uno de este Gobierno, le puedo garantizar que si seguimos por
este camino, la tasa de desempleo de España, como siempre tan alejada
de la tasa media de la Unión, será una cuestión de historia.
Estaremos seguramente en la tasa media o por debajo.
Con relación a la posición sobre la reforma institucional, la
posición mayoritaria es ir un poquitín más lejos del Protocolo de
Amsterdam. El Protocolo de Amsterdam decía -y dice claramente- que
quedan por resolver los temas relativos a los votos en el Consejo y
el tema del número de comisarios, la reforma de la Comisión. Sin
embargo, en los debates que se están sucediendo estos días,
el señor Costa tiene razón cuando dice que hay para todos los gustos;
están los que quieren una reforma institucional, abrir el melón
entero, lo que llaman el bing bang, es decir una gran conferencia
intergubernamental en la que se abra todo, y otros son partidarios
del Protocolo de Amsterdam mejorado. Yo creo que esta opinión es de
la mayoría. ¿Y mejorado con qué? Con el paso a la mayoría
cualificada. La mayor parte de los países se inclinan por incluir
votos en el Consejo, número de comisarios, y al mismo tiempo que se
vuelva a dar otra pasada al tema de las mayorías cualificadas.
El tema de las mayorías cualificadas en nuestra opinión ya tuvo su
momento en Amsterdam y si no se concluyó en Amsterdam fue porque hubo
algunos países que dieron marcha atrás sobre las mayorías
cualificadas que ya habíamos acordado todos. Ése fue el resultado de
Amsterdam en julio de 1997. Yo no sé si de nuevo podemos avanzar en
el paso a la mayoría cualificada que no solamente es paso a la
mayoría cualificada, sino paso al sistema de codecisión en el
Parlamento Europeo en algunos temas. España no tiene una posición
cerrada en ese tema, efectivamente en algunos temas y caso por caso,
sí se puede avanzar en el tema de las mayorías cualificadas; sin
embargo nosotros estaremos muy atentos a que el ejercicio de la
conferencia intergubernamental no sea un ejercicio abierto de paso
generalizado a la mayoría cualificada, porque en nuestra idea no se
pueden defender los intereses generales del país y particulares de
algunas comunidades autónomas si ciertos temas se someten al voto
sistemático de mayoría cualificada, porque tememos con razón que
España podría quedar en algunos temas vitales sistemáticamente
minorizada. Por tanto, mientras haya ese riesgo, estamos dispuestos a
contemplar los pasos de mayoría cualificada pero habrá que
contemplarlos caso por caso. Este tema será tratado en el Consejo
Europeo de Colonia, los próximos días 3 y 4 junio. Se va a dar un
mandato al Consejo para que se convoque una conferencia
intergubernamental que empezaría a trabajar a principios del año que
viene con presidencia portuguesa y que pudiera concluirse, es la
idea, en el último Consejo de la presidencia francesa, en diciembre
del año 2000.
Creo que en ese marco la idea de una conferencia intergubernamental
reducida a los temas de Amsterdam más alguna otra cosita, porque
algunos dicen mayoría cualificada pero otros dicen también
responsabilidad individual de los comisarios, algunas cuestiones más,
creo que son temas bastante más realistas que el famoso bing bang,
porque reabrir ahora todos los tratados cuanto se acaban de
ratificar, parece un disparate. Indudablemente también tenemos que
tener in mente que esa gran conferencia intergubernamental tendrá que
venir algún día si efectivamente las negociaciones de ampliación
continúan y si un día vamos a funcionar con 25 ó 30 miembros. En ese
caso habrá que pensar en una reforma institucional más profunda, pero
no parece que esto sea un asunto de ahora, puesto que la ampliación
no es de pasado mañana, la ampliación todavía tardará unos años.
Respecto a la pregunta que me ha formulado la señora Lasagabáster
sobre cuando pensábamos que se podía constituir la Comisión, tengo
que decirle que no hay más que un marco que es el marco establecido
sobre cómo va a empezar a funcionar el nuevo Parlamento. Las
elecciones tienen
lugar el día 13 de junio, el Parlamento se constituye en julio; a
finales de julio, el día 23, ya hay una sesión extraordinaria. Va a
haber un cuestionario que se va a mandar a la Comisión y ya se ha
establecido que las audiencias de los nuevos comisarios tendrán lugar
en la sesión de septiembre para que la nueva Comisión quede
ratificada y aprobada en los primeros días de octubre.
Por tanto, ¿cuándo tiene que anunciar el señor Prodi el nombramiento
de su colegio de comisarios? Entre el 15 de junio y el 15 de julio.
En ese momento procesal tendrá que anunciarlo, porque antes de que se
reúna el pleno tendrá que conocer ya cuáles son los miembros, para
además prepararles el programa en ese Pleno de finales de julio y
hacer las audiencias correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene dos minutos.
El señor COSTA COSTA: Intentaré ser muy breve.
No sabía que el señor De Miguel fuera candidato en las elecciones del
próximo 13 de junio. En general ha estado muy correcto y riguroso,
menos cuando ha hecho referencia a la política económica y los logros
del Gobierno. Estando sentado en esa Mesa, y al lado de quien está,
debía sentir un poco de rubor porque ustedes lo único que han hecho
es vender el patrimonio público que heredaron del último Gobierno.
(Rumores.) Sus reformas económicas y la bonanza económica de que
disfruta el país, no sólo ustedes, tienen su origen en un trabajo
serio, riguroso, a veces políticamente difícil que hizo el Gobierno
anterior y no en lo que ustedes han hecho. Es más, y ahí entro en la
cuestión que quería plantearle, estamos en un nuevo marco y usted me
habla de tres legislaturas. Por Dios, ¡cómo se puede ser tan
demagógico conociendo tan bien como usted los temas europeos, aunque
sólo sea por la asistencia y por la estancia en instituciones
europeas en los últimos años! ¡Cómo se puede hablar de tres
legislaturas de España en política europea cuando usted sabe
perfectamente a qué se han dedicado los gobiernos anteriores, con los
que usted colaboró muy directamente precisamente para llegar a la
situación en que hoy estamos! Usted sabe perfectamente que ahora
tenemos la unión monetaria europea que se diseñó con el Gobierno
anterior, que sus pilares fundamentales se pusieron con el Gobierno
anterior y que genera un marco absolutamente diferente del que
teníamos. Ya no tenemos sólo un mercado único -que también se realizó
bajo el mandato del Gobierno anterior-; ahora tenemos un mercado
único y una unión monetaria. Usted sabe perfectamente, aunque sólo
sea por formación política general, que sin el complemento de una
mayor coordinación de políticas fiscales y sociales, que no es que
mañana entren en vigor sino que se avance en una coordinación, es
imposible seguir funcionando sin que se produzcan choques asimétricos
en las diferentes economías de los Estados miembros de la Unión de
una manera alarmante y muy preocupante para nuestro país. Por tanto
no tiene relación -y concluyo- lo que usted ha manifestado como
posición del Gobierno y lo que manifiesta el señor Aznar en los foros
públicos en que participa fuera de esta Cámara respecto a la
necesidad de reformas de todo el sistema de bienestar a nivel
europeo. Eso es lo que no tiene coherencia. Por tanto
pedimos mayor coherencia por parte del Gobierno y que cuando quiera
tratar temas que en estos momentos son competencia exclusiva del
Gobierno del Estado, venga a esta Cámara a explicar qué reformas
quiere producir y que no lo haga en foros externos a la soberanía
nacional que reside en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casáñ, tiene también tres
minutos.
El señor MARTÍNEZ CASÁÑ: En primer lugar quiero decir que si de algo
puede presumir el presidente del Gobierno es de transparencia y de
estar continuamente informando al Parlamento español en debida forma.
(Rumores.)
Comprendo que el señor Costa, mi buen amigo Costa, que está en plena
campaña electoral por la alcaldía de Santa Eulalia, esté imbuido en
esa especie de discurso electoral, que probablemente convenza a
algunos -espero que no a muchos- ciudadanos de Santa Eulalia, pero
aquí resulta completamente improcedente.
Si su discurso político consiste en convencer a sus votantes de que
1.200.000 de puestos nuevos de empleo son una falacia y de que los
logros conseguidos en inflación, tipos de interés y déficit público
son una falacia, si piensa convencerles de que haber entrado nuestro
país en el euro es un logro de su discurso político y no del Gobierno
actual, no creo que consiga unos buenos resultados electorales o bien
el nivel intelectual de sus votantes será cuando menos bastante
discutible.
En cualquier caso, sí quiero expresar mi falta de acuerdo con lo que
ha dicho. Precisamente, el Gobierno del señor Aznar ha conseguido los
mejores logros para nuestro país y le ha colocado en la primera
velocidad de la construcción europea.
El señor COSTA COSTA: Querría intervenir para una cuestión de orden,
señor presidente, a efectos de que en primer lugar yo había pedido
intervenir porque existía un elemento de debate y discrepancia con el
compareciente cuya presencia ha sido solicitada por nosotros. No he
entendido a qué responde la intervención del señor Martínez Casañ,
porque no estoy en debate con él, pero ya que él lo ha provocado,
solicito tenerlo. Si el nivel intelectual del señor Martínez Casañ,
que como es típico de la derecha de este país piensa que los que no
les votan a ellos no tienen el nivel intelectual suficiente (Un señor
diputado: No ha dicho eso), como habrá quedado grabado en el «Diario
de Sesiones»...(Un señor diputado: ¡Al grano!).
El señor PRESIDENTE: Es un punto de orden. Vayamos al grano y
terminemos.
El señor COSTA COSTA: Simplemente desearía que el señor Martínez
Casañ no produjera estas intervenciones, que nada tienen que ver con
la comparecencia solicitada por mi grupo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Mi intención no ha sido ofender al señor
Costa; simplemente he hablado del discurso político, acertado o
falso. Estoy hablando de la capacidad de convencer con un determinado
discurso político a una mente normal de las bondades o carencias de
un sistema y de un programa.
Gracias, señor presidente
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Señor presidente, con su permiso no
quisiera entrar en esta polémica, pero como me han dicho que yo
debería tener rubor frente al presidente, por alusiones personales
quiero decir que frente al presidente tengo respeto, admiración y
afecto porque ha sido mi jefe y mucho de lo que yo sé lo he aprendido
de él. Rubor desde luego no tengo. Simplemente no tengo nada más que
añadir.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Terminamos este punto y levantamos la sesión por tres minutos para
despedir al secretario de Estado y seguiremos a continuación con la
proposición no de ley. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 299 DEL TRATADO DE
AMSTERDAM.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número expediente
del Congreso 161/001349 y número expediente del Senado 663/000055)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que
es la proposición no de ley relativa a la aplicación del derecho
comunitario en las regiones ultraperiféricas.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, en esta Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea el Grupo Parlamentario
Socialista, en las últimas legislaturas y en la actual, ha venido
defendiendo una serie de iniciativas y un posicionamiento político
acerca del status especial de Canarias en la Unión Europea. La
secuencia temporal marca un concepto que el Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes Generales, a través de los diputados
y senadores que representamos las dos circunscripciones de la comunidad
canaria, ha venido defendiendo y, consiguientemente, marcando una
ruta.
Esta proposición no de ley, relativa a la aplicación del derecho
comunitario en las regiones ultraperiféricas, en desarrollo del
artículo 299 del Tratado de Amsterdam, continúa en esa línea de
coherencia política. En consecuencia, para defender con cierta dosis
de rigor el contenido de la misma, parece conveniente recordar lo
establecido en el
artículo 299 del tratado ya vigente desde el 1 de mayo pasado, el
Tratado de la Unión Europea.
El punto segundo de ese artículo 299 dice textualmente: Las
disposiciones del presente tratado se aplicarán a los departamentos
franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias. No
obstante, teniendo en cuenta la situación estructural, social y
económica de los departamentos franceses de ultramar, las Azores,
Madeira y las Islas Canarias, caracterizados por su gran lejanía,
insularidad, reducida superficie, relieve y clima adverso y
dependencia económica de un reducido número de productos, factores
cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo
-aquí me permito resaltar el contenido de los párrafos siguientes por
cuanto constituyen el núcleo intelectual en el que se apoya la
propuesta que hace el Grupo Socialista en esta proposición no de
ley-, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión
y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas
orientadas en particular a fijar las condiciones para la aplicación
del presente tratado en dichas regiones, incluidas las políticas
comunes.
Añade a continuación, en la misma línea: El Consejo, al adoptar las
medidas pertinentes contempladas en el párrafo segundo tendrá en
cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la
política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y
pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de
bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones
de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales
comunitarios. Y continúa diciendo -resalto el término-: El Consejo
adoptará las medidas contempladas en el párrafo segundo, etcétera.
En consecuencia, señoras y señores diputados, senadores y senadoras,
este punto segundo del artículo 299 ha dado una auténtica estructura
con derecho consolidado en el Tratado de la Unión Europea a las
regiones ultraperiféricas. Ha convertido la declaración vigésimosexta
del antiguo Tratado de Maastricht en derecho originario consolidado
en este artículo. Pero, con ello, resulta obvio que queda por abrir y
confirmar todo un horizonte de desarrollo de negociación entre las
regiones ultraperiféricas y las entidades directoras de la Comisión
Europea.
Hay que insistir, señorías, en que este artículo no marca un
desarrollo temporal, aspecto fundamental. De ahí que en la comunidad
canaria las asociaciones empresariales, los distintos partidos
políticos, los grupos económicos, vengan alertando de que no
solamente en Canarias queda por resolver todo el contenido de la zona
especial canaria, sino otras muchas medidas de diversa índole que
pueden repercutir en la economía canaria, en la producción y en el
empleo, como puede ser el caso del arancel aduanero común, el
recreste de los derechos antidumping, la desaparición de la tarifa
especial, del arbitrio especial insular a la entrada de mercancías,
etcétera. De aquí, señorías, que lo importante conceptualmente sea
tener en cuenta que este artículo al que estoy haciendo referencia
supone y aporta un soporte normativo de buena parte de las medidas
que se han diseñado hasta ahora, que tendrán que modularse en un
futuro para compensar los hándicaps que soporta una región lejana,
reducida y fragmentada como es la comunidad canaria.
Es por ello, señorías, que en la exposición de motivos se recoge que
el ascenso de esta declaración vigesimosexta del Tratado de la Unión
Europea relativo a las regiones ultraperiféricas a la categoría de
derecho originario mediante la introducción de este artículo al que
estamos haciendo referencia constituye sin duda alguna un avance en
la dirección de una integración apropiada de Canarias en la Unión
Europea. No obstante, no podemos olvidar ni perder de vista los
antecedentes, contenidos en el artículo 227.2, del actual artículo
299, relativo a los departamentos franceses de ultramar, que puso de
manifiesto que las especificidades han sido objeto en el pasado de
una interpretación relativamente restrictiva por parte del Tribunal
de Justicia Europeo.
Recordemos, señorías, que cuando el artículo 227.2 del antiguo
tratado se intentó desarrollar, para los departamentos franceses de
ultramar surgieron una serie de dificultades que condujeron a que el
Gobierno de la República francesa recurriera ante el Tribunal de
Justicia Europeo, y quedaron en cierta indefinición determinadas
cotas que para Martinica y Guadalupe se pretendían conseguir.
La sentencia Hansen permitió, en principio, una aproximación
flexible, salvaguardando la facultad del Consejo de adoptar medidas
específicas con el fin de satisfacer las necesidades de aquellos
territorios de ultramar franceses. Pese a que el Consejo no hizo uso
de esa potestad en el periodo inicialmente fijado de dos años
-debemos tener presente que en el artículo 299.2 no hay plazo
temporal para su desarrollo-, la experiencia pone de manifiesto que
sentencias posteriores del Tribunal de Justicia Europeo limitaron el
amplio alcance de la doctrina Hansen, impidiendo una exención de
carácter general como la que hoy aparece recogida en el artículo
299.2 del Tratado -al que reiteradamente he hecho referencia-, aun
cuando se matiza el hecho de que estas modulaciones se adoptarán sin
atentar a la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico
comunitario, incluido el mercado interior y las políticas comunes.
En consecuencia, siempre que se respete este límite, el nuevo
artículo obliga al Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada -y
enlazo con la reiteración y el hincapié que hice en el contenido del
artículo-, previa propuesta de la Comisión, sobre las nuevas
modalidades de aplicación del derecho comunitario en las regiones
ultraperiféricas. En principio, este acto jurídico se articularía
mediante la adopción del correspondiente reglamento base, cuyo
contenido debería concretarse durante el presente año de 1999.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar claro y patente que
estima fundamental, aprovechando la plataforma jurídica del artículo
299.2, la necesidad de que a lo largo de este año, y poniendo
diciembre de 1999 como fecha temporal referencial máxima, se elabore
el reglamento básico, que coloquialmente en Canarias por parte de
todos los grupos económicos y políticos se ha venido denominando
-quizás impropiamente-, como terminología referencial, estatuto
permanente, concepto esencial que el Grupo Parlamentario Socialista
quiere reiterar. Es necesario que a finales de este año ese
reglamento básico, en el que se sustenten todas las políticas en
desarrollo del contenido del artículo 299.2, sea elaborado,
consensuado, pactado y consolidado, y lo decimos por la experiencia
de lo que
ocurrió con las regiones de ultramar de la República francesa, y con
el recurso de carencia contemplado en el artículo 175 del Tratado de
las Comunidades Europeas contra la inactividad del Consejo o de la
Comisión, porque puede haber inactividad del Consejo o de la Comisión
si los Gobiernos de los países que tienen regiones ultraperiféricas,
como es el caso de España, no producen presión ni presentan
iniciativas ante la Comisión y ante el propio Consejo, puede haber
inactividad porque no hay plazo temporal, y el Tribunal Superior de
Justicia no daría cobijo a posibles iniciativas que grupos económicos
o que la propia comunidad canaria pudiese promover.
Reitero que es necesario la adopción de decisiones, algunas de las
cuales hemos recogido en la exposición de motivos de la proposición
no de ley, que conduzcan a actitudes firmes del Gobierno español en
coordinación con el Gobierno de la comunidad canaria, a efectos de
que antes de finalizar el año se tenga un reglamento básico
consensuado en el que se recojan todos los contenidos y los
ingredientes del desarrollo económico de la comunidad.
Termino, señor presidente, indicando que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado un proyecto de resolución en el que se
recogen -si bien no han sido defendidas aún, porque no les ha
correspondido el turno pertinente a los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-
enmiendas que se han presentado en tiempo y forma ante la Secretaría
de la Cámara. La resolución que se sometería a votación sería la
siguiente: Por todo lo anterior, se insta al Gobierno -introducimos
la propuesta del Grupo Popular- a que continúe...
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, es mejor que termine la
exposición, que los proponentes de enmiendas hagan sus propuestas y
luego tendrá ocasión de exponer sus puntos de vista sobre las mismas.
El señor SEGURA CLAVELL: Lo hacía para sintetizar y acortar el tiempo
de intervención siguiendo las indicaciones anteriores del Presidente,
pero es igual.
En consecuencia, el Grupo Socialista propone a la Cámara: Primero,
realizar negociaciones preliminares con la célula especial de la
Secretaría de la Comisión encargada del seguimiento del Tratado de
Amsterdam para profundizar el desarrollo del artículo 299 y, en
particular, de su apartado segundo, así como con las direcciones
generales de la Comisión Europea más directamente implicadas,
elaborando los estudios e informes apropiados sobre aquellas
cuestiones que interese evocar y, en concreto, presentando un
proyecto de reglamento base que pueda someterse a la consideración
del Consejo tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
En segundo lugar, realizar negociaciones con los Estados miembros, de
forma que pueda garantizarse la consecución de la necesaria mayoría
cualificada que dé luz verde al citado reglamento base. En resumen,
se pide el desarrollo del artículo 299 en el desarrollo temporal del
año 1999, antes de la posible ampliación -sabemos que las
circunstancias han sido modificadas en los últimos tiempos- y en
línea con la reciente resolución del Parlamento Europeo del mes de
diciembre de 1998, en la que se instó a la Comisión
para que actúe en ese sentido en su programa de trabajo para 1999.
Tercero, que todas las referenciadas negociaciones se efectúen en
coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias que
canalizará las aspiraciones de las instituciones y sectores
económicos de esa comunidad.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas in voce, una planteada por el
Grupo de Coalición Canaria y otra por el Partido Popular. ¿Hay algún
inconveniente por parte de algún grupo en que se admitan a trámite?
(Pausa).
Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero agradecer esta cortesía a los
grupos parlamentarios, ya que ayer, al solicitar a los mismos acuerdo
para suspender el Pleno por el fallecimiento del presidente del
Partido Socialista, alguien entendió que afectaba a la cuestión
correspondiente y por eso se presentaron por otro conducto, en
cualquier caso formal y con el acatamiento debido al Reglamento de la
Cámara.
Hemos presentado dos enmiendas, señor presidente, a este texto. Tengo
que empezar diciendo que, en términos generales, Coalición Canaria
está de acuerdo, está en la línea de las gestiones que se vienen
realizando por el Gobierno de Canarias. En la fecha en la que el
Grupo Socialista presenta esta iniciativa, el 19 de enero, no se
habían dado las circunstancias actuales, lo que ha ocurrido en el
Parlamento Europeo, el voto de censura a Santer y al Colegio de
Comisarios y la situación de interinidad en que se encuentra éste.
Esperamos que, bajo la Presidencia del señor Prodi, pueda ya
disponerse, con las elecciones pertinentes al Parlamento Europeo, de
los nuevos órganos que tienen que pronunciarse sobre esta cuestión,
el nuevo Parlamento Europeo y el nuevo Colegio de Comisarios de la
Unión Europea.
Eso va a condicionar, está condicionando y ha condicionado en estos
meses que no se haya avanzado más en regular la modulación; dicho sea
de paso, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se acaba de
realizar hace escasamente tres semanas una vez que se obtuvo la
ratificación de todos los parlamentos europeos. Por tanto, nuestras
observaciones quedan muy condicionadas a esta situación dentro del
seno de las instituciones fundamentales de la Unión Europea, Colegio
de Comisarios y Parlamento Europeo y, sobre todo, con el problema de
la mayoría cualificada. Es un tema difícil, pero tendrá que ir
vinculado.
Apoyamos, por tanto, la petición que se hace aquí. Preferimos apoyar
peticiones de máximos que no tener que rechazar peticiones de
mínimos, sea cual sea la suerte que corran los procedimientos de
decisiones en el Colegio de Comisarios de la Unión Europea y en el
Consejo de Ministros de los países miembros de la Unión Europea sobre
la toma de decisiones por mayorías cualificadas o cualquier otro de
los procedimientos que se insten ahí fundamentalmente.
Hay una enmienda de adición al punto tercero, para que solamente se
tengan en cuenta los sectores económicos, como plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, sino los
interlocutores sociales, los sindicatos, etcétera, que se vienen
pronunciando sobre cuestiones que afectan a la zona especial canaria,
con la reserva o no de plazas para los residentes canarios, etcétera,
y también las repercusiones sobre el mundo del empleo, de la economía
de mercado e incluso las repercusiones sociales.
Por todo lo demás, el Grupo Socialista, como ha manifestado el señor
Segura, acepta esta observación, que está en la línea de lo que viene
realizando el Gobierno de Canarias. Por supuesto, la aprobación de un
reglamento base es tema muy delicado para el Gobierno de Canarias y
para el que salga de las próximas elecciones. Es cuestión de sentido
común y de defensa de la soberanía que radica en el Estatuto de
autonomía de Canarias, y es exigencia de la Constitución española,
que en una decisión económica supranacional y nacional, sea escuchado
el Parlamento autónomo de Canarias, deseando que este reglamento
base, incluso con la traducción que hace el señor Segura de estatuto
permanente, sea aprobado en breve, tras la entrada en vigor del
artículo 299.2, para las regiones ultraperiféricas.
En una línea de colaboración, mi grupo va a aceptar estas enmiendas,
votando favorablemente esta proposición no de ley que ha presentado
el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muy brevemente. Como ya ha puesto
de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista, las llamadas regiones
ultraperiféricas están contempladas en el nuevo artículo 299.2 del
Tratado de Amsterdam y comprende a las regiones ultraperiféricas
francesas de ultramar, Guadalupe, Guayana, Martinica y la Isla de La
Reunión; las Islas Canarias, por parte de España; las Azores y
Madeira, por parte de Portugal.
En todas estas regiones es obvio que la distancia, la lejanía y las
circunstancias especiales que en ellas concurren, ocasiona un
tratamiento especial que ha sido perfectamente comprendido por parte
de la Unión Europea. En todas estas regiones, el producto interior
bruto por habitante es muy inferior a la media comunitaria. Se trata
de poblaciones que están creciendo rápidamente. Hay que indicar que
Canarias es la más poblada de estas regiones, puesto que tiene
1.600.000 habitantes en números redondos, le sigue. La Reunión, que
no llega a 600.000, y, que su economía se basa fundamentalmente en la
explotación de recursos naturales, siendo la agricultura, la
ganadería y la pesca las actividades más importantes, junto al
turismo. Este tratamiento especial comporta que los tres países
implicados por tener estas regiones ultraperiféricas tengan la
necesidad de adoptar todas las medidas encaminadas al desarrollo del
artículo 299 del Tratado de Amsterdam.
El desarrollo de este estatuto, configurado en el artículo 299 del
Tratado de Amsterdan, se inició ya en el año 1998, con el dato de que
el presidente Santer requirió al grupo interservicio de la Comisión
que se llevase a cabo, con carácter previo, una evaluación global de
la situación en que se encuentra la aplicación de las diferentes
políticas comunitarias a dichas regiones.
A partir del momento en que se concluya este ejercicio, la Comisión
tiene previsto realizar visitas a Canarias, a las Azores, a Madeira y
a los departamentos franceses de ultramar,
con el fin de intercambiar puntos de vista y debatir las
posibilidades de desarrollo del citado artículo 299.
Previsiblemente, en el mes de junio de 1999, tendrá lugar una reunión
de partenariado con los tres Estados miembros implicados y las siete
regiones ultraperiféricas, en la que, desde un punto de vista global,
se examinarán las posibles propuestas de acción que propongan -valga
la reiteración- los tres países implicados.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España viene manteniendo
contactos periódicos con el presidente del grupo interservicio, que
ha permitido transmitir a la Comisión el interés del Gobierno de
España en participar activa y constructivamente en todo el proceso de
desarrollo del artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam.
El Ministerio de Asuntos Exteriores está llevando a cabo reuniones de
coordinación con Francia y Portugal, y las llevará en el futuro en la
medida en que sean necesarias para el desarrollo del artículo 299.2,
para que ese desarrollo responda a las posibilidades y expectativas
que contiene, siguiendo el modo de actuación que permitió lograr la
inclusión en el Tratado de Amsterdam de esta base jurídica propia
para las regiones ultraperiféricas y que fue, como es sabido, un
éxito de este Gobierno, a pesar de que algunas voces agoreras
permanentemente han puesto de manifiesto que este Gobierno sería
incapaz de considerar un estatus para las regiones ultraperiféricas,
que sería incapaz de conseguir la homologación del Régimen Económico
y Fiscal, que sería incapaz de conseguir la zona especial de
Canarias, que sería incapaz de conseguir la organización común del
mercado del plátano, y la realidad es que todas estas cosas se van
consiguiendo.
Aunque sabemos que la negociación con la Unión Europea es difícil, es
lenta, la realidad es que se están dando pasos muy importantes y, sin
duda alguna, uno de los éxitos más importantes, a pesar, como digo,
de las voces agoreras que se oyeron en su día, ha sido dar a Canarias
y las demás regiones ultraperiféricas un tratamiento específico en el
Tratado de Amsterdam. El Gobierno de la nación, a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores, viene trabajando en permanente
coordinación con el Gobierno de Canarias en las tareas previas que
exige el futuro desarrollo del tan repetido artículo 299 del Tratado
de Amsterdam.
Por las razones expuestas, resulta evidente que el contenido de la
proposición no de ley del Grupo Socialista, encaminada con la mejor
de las intenciones, no aporta valor añadido alguno sobre las
actuaciones que hasta ahora está realizando el Gobierno y en el
futuro ha de realizar la Administración central, en contacto
permanente con las autoridades de Canarias, en aras a conseguir los
objetivos que se contienen en esta proposición no de ley.
A la vista de todo ello, el Grupo Popular, como no podía ser de otra
forma y como, por otra parte, viene siendo el comportamiento que
siempre hemos tenido en estas cuestiones los grupos con
representación parlamentaria, sólo proponemos una pequeña enmienda.
En la proposición no de ley del Grupo Socialista, se dice: «Por todo
lo anterior, se insta al Gobierno», y luego vienen los puntos 1, 2 y
3. Consiste en añadir «... a que continúe e intensifique las acciones
ya iniciadas encaminadas a:», y luego vendrían los puntos 1, 2 y 3.
Con esto, trato de poner de manifiesto,sin negar la buena intención
de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, que el Gobierno del Partido Popular está actuando y
continuará actuando en esta línea y, en consecuencia, vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley, con esta pequeña matización
a que he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ¿acepta las enmiendas planteadas?
El señor SEGURA CLAVELL: En primer lugar, aceptamos la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular que plantea que se diga: «Por todo lo
anterior, se insta al Gobierno a que continúe e intensifique las
acciones ya iniciadas encaminadas a...», y luego el resto de la
resolución.
En segundo lugar, Coalición Canaria ha planteado dos cuestiones. Por
lo que se refiere a la primera, que pretende que en el punto 2, en
lugar de que se diga, como hemos propuesto nosotros, «realizar las
negociaciones», se diga «coordinar las actuaciones con los otros
Estados miembros». Nos parece perfecto.
En tercer lugar, por lo que se refiere a lo que ha planteado
Coalición Canaria de introducir «y sociales», después de «las
aspiraciones de las instituciones y sectores económicos» también nos
parece muy bien.
En cuarto lugar, en el punto 2 de la resolución, habida cuenta de que
esta proposición no de ley entró en la Cámara el 20 de enero de 1999
y se debate hoy, 25 de mayo, y obviamente en estos meses se han
producido acontecimientos, y así lo indiqué en la defensa de la
proposición o de ley, se justifica que eliminemos «antes de la
ampliación». Con lo cual a mitad del punto 2 se diría que se pide el
desarrollo del artículo 299, en el año 1999, en línea con la reciente
resolución del Parlamento Europeo del mes de diciembre de 1998, ya
que si no esto significaría que se podrían demorar potencialmente las
negociaciones.
Por último, lamento -pero sería algo estéril, desde el punto de vista
de la defensa de los intereses de la comunidad canaria, entrar a
hacer evaluaciones de algunos contenidos
que hieren la sensibilidad política del Grupo Socialista- las
manifestaciones que ha hecho el señor Soriano diciendo que esta
proposición no de ley no añade valor añadido, valga la redundancia.
La realidad es que en esta legislatura...
El señor PRESIDENTE: Estamos ahora en turno de aceptar o no, no
entremos en el debate.
El señor SEGURA CLAVELL: No entramos, señor presidente. No obstante,
añade valor añadido, sin duda alguna.
También sería muy deseable que la fogosidad del señor Soriano le
llevase a incitar al Gobierno a que venga a esta Comisión y explique
las actuaciones que ha llevado a cabo.
El señor PRESIDENTE: Ese es un tema para otro debate.
Para finalizar, se mantiene la propuesta del Grupo Socialista tal
como está, con las enmiendas de Coalición Canaria y del Grupo
Popular, y, como parece que el señor Segura no está convencido de que
ampliemos la Comunidad antes del final del año 1999, se suprime la
frase que está entre comas, después del año 1999, antes de la
ampliación.
Sobre esa base, constatada la mayoría suficiente, vamos a proceder a
la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pido a los portavoces y a la Mesa que queda que se acerquen un
momento.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.